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sentencias-corte-cons-colombia-1992-2021

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T-474-92 Sentencia No Sentencia No. T-474/92 DEBIDO PROCESO/RESOLUCION DE ACUSACION-Circunstancias agravantes La doctrina que no reconoce la obligación - cuya violación entraña nulidad constitucional - de mencionar expresamente en todos los casos las circunstancias específicas de agravación punitiva en el pliego de cargos, no se ajusta a las previsiones de la Constitución. En atención a los efectos de un mayor o menor término de privación de la libertad, a la necesidad de una adecuada y explícita información sobre los cargos que se le imputan a un sindicado para hacer operar en toda su magnitud la presunción de inocencia y a la carga probatoria en cabeza de la parte acusadora, la exigencia de hacer explícitas las circunstancias específicas de agravación en el auto o resolución de acusación es la más acorde con las garantías sustanciales y procesales consignadas en el artículo 29 de la Constitución, al permitir que el sindicado, con la asistencia de su abogado, planee y ejecute autónoma e integralmente su defensa. PRINCIPIO NO REFORMATIO IN PEJUS/PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL La interdicción de la reforma en perjuicio del condenado constituye, igualmente, una garantía procesal fundamental del régimen de los recursos, a su vez contenido en el derecho de defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al superior no le es dable por expresa prohibición constitucional empeorar la pena impuesta al apelante único, porque al fallar ex-officio sorprende al recurrente, quien formalmente por lo menos no ha tenido la posibilidad de conocer y controvertir los motivos de la sanción a él impuesta, operándose por esta vía  una situación de indefensión. Una decisión más gravosa de la pena impuesta al condenado y apelante único que desestime dichas limitaciones, vulnera los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, por lo cual debe ser excluída del ordenamiento jurídico. La interpretación constitucional del artículo 31 de la Carta debe inspirarse en su finalidad garantista y en la primacía del derecho sustancial sobre meras consideraciones y acentos formalistas. En efecto, la expresión "apelante único", requisito necesario para limitar las facultades del juez de segunda instancia, no hace relación exclusiva al número de recurrentes de la sentencia condenatoria, sino a la naturaleza de sus pretensiones. La reformatio in peius también se extiende a lo civil: al Juez o Tribunal de segunda instancia le está vedado decretar la responsabilidad civil que supere el límite de lo ya acordado en la primera instancia, sin obrar la correspondiente petición . ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS/ACCION DE REVISION-Improcedencia Si el artículo 86 de la Constitución hubiera sustraído de la acción de tutela la sentencias de los jueces, en todo caso se habría hecho necesario aplicarla, por entrañar tales derechos garantías inherentes a la persona humana. La denominada "acción de revisión" de la Corte Suprema de Justicia, establecida para revisar sentencias cuando se comprueben casos de prevaricato por parte del fallador, no es un medio alternativo de defensa judicial en este caso. Verificada la violación de los derechos fundamentales mencionados, por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, procede revocar la sentencia denegatoria de la tutela emanada de la Sala Plena y que es materia de revisión. El carácter manifiesto de la vulneración, unido a la índole inhibitoria de la sentencia de tutela dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, lleva a esta Corporación a disponer la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales conculcados, para lo cual se revocará parcialmente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. JULIO 29 DE 1992 REF: Expediente T-1270 Actor: MOISES TUATY ALEXANDER Magistrados Ponentes: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-1270 adelantado por el  señor  MOISES TUATY ALEXANDER contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, del 9 de octubre de 1991, proferida en el proceso penal  contra el señor MOISES TUATY ALEXANDER por el delito de tentativa de estafa. A N T E C E D E N T E S 1. El Juzgado Octavo Superior de Bogotá, mediante auto del 23 de Julio de 1987, llamó a responder en juicio criminal al procesado MOISES TUATY ALEXANDER como coautor de los delitos de Falsedad en Documentos y Estafa. Apelada esta decisión, el Tribunal Superior dispuso su revocatoria en cuanto al delito de falsedad, sobreseyendo temporalmente al procesado, y confirmándola en relación con la tentativa de estafa. 2. Adelantado el juicio penal, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 12 de mayo de 1989, condenó a MOISES TUATY ALEXANDER a la pena principal de dieciocho (18) meses de prisión y multa de diez mil pesos como responsable del delito de estafa en la modalidad de tentativa, concediéndole de otra parte el subrogado de condena de ejecución condicional. Adicionalmente, se le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal y el pago de daños y perjuicios por un millón trescientos treinta y ocho mil trescientos nueve pesos con setenta y dos centavos ($1.338.309.72). En el fallo, el juez de primera instancia se pronunció sobre la dosificación de la pena y expresó lo siguiente: "No hacemos referencia a las circunstancias de agravación (por la cuantía y la naturaleza del ente afectado - agrega esta Corte -) que comentó el doctor Vicente Emilio Gaviria Londoño, apoderado de la parte civil, por cuanto en el auto de proceder éstos no fueron formulados, luego la condenación no estaría en consonancia con los cargos enunciados en el llamamiento a juicio". 3. La apoderada de MOISES TUATY ALEXANDER, interpuso recurso de APELACION contra la providencia condenatoria. Igualmente lo hizo el apoderado de la parte civil en representación del Banco de la República, pero sólo con el objeto de que se modificara el numeral tercero de la sentencia impugnada, por no haber sido condenado el procesado al pago de los perjuicios morales ocasionados con la comisión del ilícito penal. 4. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá mediante sentencia del 15 de agosto de 1989, revocó en todas sus partes la sentencia de primera instancia y absolvió a MOISES TUATY ALEXANDER. En su sentencia el Tribunal señaló: "No se niega que hay una serie de circunstancias no muy bien dilucidadas, tal como se dejó consignado atrás, que en un momento dado permitieron deducir como indicios graves para apuntalar la responsabilidad de TUATY en el auto de proceder. Pero ya hemos visto que la mayoría de circunstancias se orientan solamente hacia el indicio de mentira, el que reanalizado profundamente, no puede tenerse como indicio necesario, porque para ello se requiere que sea tal la correspondencia y la relación entre los hechos, que habiendo existido el uno, no puede menos que haber existido el otro". (Folio 78) 5. Inconforme con la sentencia absolutoria, el apoderado de la parte civil interpuso recurso de casación con apoyo en la causal primera, como  consecuencia del error de hecho en que habría incurrido el Tribunal en su versión de falso juicio de identidad, al limitar, modificando su contenido, la declaración y documentación presentada por el doctor NILSON PINILLA PINILLA, funcionario investigador del Banco de la República. El Procurador Tercero Delegado en lo Penal y la apoderada de MOISES TUATY ALEXANDER se opusieron en su momento al recurso interpuesto y solicitaron que éste fuera desechado. 6. La Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 9 de octubre de 1991, casó la decisión absolutoria del Tribunal Superior y condenó a MOISES TUATY ALEXANDER a la pena de cuatro años y 2 meses de prisión y cien mil pesos de multa como responsable del delito de estafa en la modalidad de tentativa. Además, le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena principal y lo condenó al pago de cuatro millones trescientos treinta y ocho mil trescientos nueve pesos con setenta y dos centavos ($4.338.309.72) por concepto de perjuicios ocasionados como consecuencia de la acción delictiva. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, acogió las tesis del recurrente. En su sentencia anotó: "De acuerdo con esto, la figuración de la cuenta de TUATY en el desarrollo de su actividad ilícita, como receptora final de los dineros fruto del fraude, lo cual aparece ampliamente acreditado con las copias de las órdenes de traslado de las cuentas en Miami, hace indiscutible que de acuerdo con el respectivo plan de autores era acto necesario en la defraudación propuesta. "En este orden de ideas, claro resulta que las exculpaciones en torno al por qué de la intervención de TUATY en el proyecto de desposesión ilícita de la cantidad de dólares ampliamente referida en esta decisión, de la cual se pretendía hacer víctima al Banco de la República, no poseen la virtualidad de quitarle fuerza probatoria a los varios indicios, incluido el de mentira que viene de examinarse, sobre la responsabilidad como coautor de la tentativa de estafa juzgada. ... "Así, entonces, debe concluirse el carácter ostensible de los yerros del Tribunal en el fallo recurrido, razón por la cual ha de disponerse su casación, para en su lugar, al dictar la respectiva sentencia de reemplazo, condenar a MOISES TUATY ALEXANDER como coautor de delito de estafa en forma de tentativa, por reunirse las exigencias contempladas en el artículo 215 del C. de P.P., aplicable al caso. "Para efectos de la tasación de la pena, debe tenerse en cuenta que en contra de TUATY ALEXANDER militan las circunstancias de mayor punibilidad, de carácter específico la del ordinal 1o. del artículo 372 del Código Penal que, no obstante no haber sido deducida en el auto de proceder, por su objetividad evidente y no cuestionamiento en el desarrollo de la causa se hace concurrente, y las de carácter genérico de los numerales 4o. y 7o. del artículo 66 ibídem". En relación con la anterior sentencia de casación, salvó su voto el H. Magistrado doctor JORGE ENRIQUE VALENCIA, quien adujo lo siguiente: "Invariablemente he venido sosteniendo en SALA PENAL que las circunstancias de agravación punitiva pergeñadas en el artículo 66 del Código Penal, deben ser deducidas en el auto que califica el mérito del sumario y en jamás de los jamases en el cuerpo de la sentencia, so pena de quebrantar el derecho de defensa. Como este criterio lo rechaza la mayoría me veo precisado en manifestar mi voto disidente. En este aspecto, me remito a la dialéctica contenida en mis anteriores salvamentos de voto". 7. Posteriormente, el condenado MOISES TUATY ALEXANDER, interpuso acción de tutela contra la sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por considerarla violatoria de los artículos 29 (derecho al debido proceso) y 31 (reformatio in peius) de la Constitución. En su escrito sustentatorio, el apoderado del accionante, doctor JOSE MARIA VELASCO GUERRERO, asevera respecto a la violación del derecho al debido proceso: "Lo anterior vale tanto como decir que - según lo afirma la Sala de Casación Penal - puede el sentenciador sorprender al sindicado con "deducciones evidentes, no cuestionadas en el desarrollo de la causa" y agravarle la pena, a su talante y a espaldas de la defensa, que no tuvo ocasión, en ningún momento, de controvertir aquellas agravantes que ciertamente no le fueron deducidas en el auto de proceder. Y que no podían deducírsele en la sentencia, si esta debe dictarse en consonancia con aquel. Por ello suscribió salvedad de voto el honorable Magistrado Jorge Enrique Valencia M. Considera él que por dicho modo el sentenciador violó los derechos de la defensa que, como garantía suya fundamental, consagra el Artículo 29 de la Constitución Política vigente". Más adelante en su escrito, el petente alega la violación de sus garantías constitucionales que lo amparaban en su condición de apelante único: "A la Corte le estaba vedado - sostiene el doctor JOSE MARIA VELASCO GUERRERO - constitucionalmente agravar la situación jurídica del sindicado. O, mejor aún, dicho en palabras del ya transcrito Artículo 31: "el superior no podrá agravar la pena cuando el sindicado sea apelante único". Este es derecho fundamental suyo, de carácter inviolable. -Sobra decir que el recurso extraordinario de casación, por su naturaleza, difiere ostensiblemente del recurso ordinario de apelación, a cuyo amparo tampoco puede la justicia infringir las prohibiciones de nuestro Estatuto Superior que protegen los derechos fundamentales". 8. Del anterior recurso conoció la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. En sentencia del 30 de enero de 1992, denegó la tutela solicitada. La decisión de la Sala Plena se basó fundamentalmente en la sentencia del 9 de diciembre de 1991 proferida por la Sala de Casación Civil de la misma Corporación. Expone la Sala Plena en la parte motiva de la sentencia denegatoria: "En el sub-lite MOISES TUATY ALEXANDER invoca acción de tutela en razón de que la Sala de Casación Penal le agravó su situación jurídica al revocar el fallo absolutorio emitido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, quien a su vez revocó el fallo del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá. Como esta Sala es distinta de aquella que casó la sentencia del Tribunal y aumentó la pena impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, pero no su superior jerárquico, aunque haya actuado en sede de instancia o como órgano de apelación, no puede atenderse la acción de tutela por existir contradicción e incompatibilidad entre los preceptos constitucionales y el artículo 40 del citado Decreto en los puntos arriba referidos, pues que, reitérase, la Sala Plena de la Corte no es superior jerárquico de ninguna de sus salas especializadas. Por consiguiente, conforme con lo explicado, la petición debe negarse". 9. Finalmente, a juicio de la Sala Plena procedía denegar la tutela y no formular la declaratoria de inhibición para conocer de fondo porque, "aunque en el campo del proceso esa debería ser la decisión por ausencia de un presupuesto", "el trámite de la acción de tutela no tiene la estructura de un proceso" y no le son totalmente aplicables, por tanto, los principios y las reglas de la teoría general del proceso. 10. Impugnada la decisión de la Sala Plena, el recurso de apelación fue desechado mediante auto del 5 de marzo de 1992 con la advertencia de que "por tratarse de una sentencia de Sala Plena contra esa decisión no procede recurso alguno", siendo en consecuencia remitida a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 11. Seleccionada la sentencia de tutela para revisión, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Cargos contra la sentencia 1. Dos son los cargos contra la sentencia de la honorable Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia objeto de la presente acción de tutela. El primero se refiere a la vulneración de los derechos de defensa y al debido proceso (CP art. 29) por la incongruencia entre el auto de llamamiento a juicio (hoy resolución de acusación) proferido por el Juzgado Octavo Superior de Bogotá y la sentencia de casación que finalmente condenara al procesado MOISES TUATY ALEXANDER. El segundo cargo hace relación con el desconocimiento de la prohibición que impide al superior agravar la pena impuesta al condenado cuando éste es apelante único, consagrada en el artículo 31 de Constitución Política, por parte de la Sala de Casación Penal al fallar como tribunal de instancia. Derecho al debido proceso y derecho de defensa 2. Anteriormente contenido en el artículo 26 de la Constitución de 1886, el derecho al debido proceso está consagrado de manera ampliada en el artículo 29 de la nueva Constitución. Su relevancia constitucional obedece a que representa la máxima facultad y posibilidad del individuo para limitar el ius puniendi del Estado. El derecho fundamental del debido proceso es de aplicación inmediata (CP art. 85), vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales. El derecho al debido proceso comprende un conjunto de principios materiales y  formales entre los que se encuentran el principio de legalidad (nemo iudex sine lege), el principio del juez natural o juez legal, el principio de favorabilidad penal y el principio de presunción de inocencia, todos los cuales en estricto rigor responden mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos fundamentales. El artículo 29 de la Carta contempla, además, otros derechos que se entienden contenidos en el núcleo esencial del derecho al debido proceso, como son el derecho de defensa, el derecho de asistencia de un abogado, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, el derecho a presentar y controvertir pruebas, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis in idem). Concordancia entre el auto de proceder y la sentencia 3. El principio de concordancia entre el auto de llamamiento a juicio o auto de proceder (hoy resolución de acusación) y la sentencia, ha sido entendido tradicionalmente como una de las garantías esenciales del procesado para diseñar y ejercer adecuadamente su defensa. Del pliego de cargos, de su claridad y especificidad, depende la posibilidad de una defensa real y efectiva. La incongruencia entre estos dos momentos procesales conlleva la nulidad constitucional o legal de la sentencia, al mismo tiempo que constituye una causal de casación (art. 15 num.2, D.L. 1861 de 1989; art. 220 del nuevo C.P.P.). La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia así lo ha sostenido invariablemente al exigir que la elaboración del pliego de cargos se someta al lleno de estrictos requisitos formales y sustanciales, cuya omisión aparejaría a la existencia de una nulidad. Al respecto ha dicho la Sala de Casación Penal: "Es completamente cierto que la Corporación de manera reiterada ha sostenido que la elaboración del pliego de cargos no es una labor de actividad libre, sino que, por el contrario, se debe someter al lleno de los requisitos formales y sustanciales y entre ellos tiene especial trascendencia la precisión y claridad de los hechos que son motivo de investigación y por los cuales se formula la imputación de la misma manera que las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, y las de agravación punitiva que hayan sido deducidas, la época de la ocurrencia de los hechos, la individualización o identificación de los procesados y la calificación jurídica de dichos hechos, providencia que en la parte motiva debe precisar con claridad en cuanto a la especie delictiva por la cual se formula la acusación. ... "El no cumplimiento de tan estrictas formalidades y requisitos llevaría a la existencia de una nulidad, no sólo del debido proceso, sino del derecho de defensa, puesto que es claro que este último derecho de carácter constitucional no es más que una especie de un exacto y debido proceso y se vulnerarían estos derechos por la existencia de un acto con formulación de cargos anfibológicos, oscuros o contradictorios, puesto que no daría posibilidades defensivas, al no saberse a ciencia cierta cuáles son los cargos de los cuales se debe defender".1 Resolución de acusación y circunstancias de agravación punitiva 4. La jurisprudencia penal no ha sido uniforme sobre la necesidad de consignar de manera expresa las circunstancias de agravación punitiva en el auto de formulación de cargos. Ante todo, debe distinguirse en esta materia entre las circunstancias específicas y genéricas de agravación punitiva. Las primeras hacen parte integrante de los tipos penales; las segundas, en cambio, están consagradas en la parte general del Código Penal y se predican de cualquiera de sus tipos penales. Esta diferencia tiene consecuencias jurídicas que han sido relievadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: "Esta diferencia estructural entre las unas y las otras genera a su vez que las primeras por formar parte de los tipos y por referirse a la conducta del autor al calificar el tipo básico, deben imputarse en el auto de formulación de cargos, de la misma manera que incluidas en el cuestionario presentado al jurado de conciencia y ello debe ser así, porque como tiene especial trascendencia en cuanto a la responsabilidad y a la cuantificación punitiva, es obvio que el procesado las debe conocer para poder defenderse de las mismas; pero no sucede igual con las genéricas, puesto que éstas sólo se tienen en cuenta para los efectos de la dosificación punitiva y por tanto sólo son consideradas en el momento de dictar sentencia, puesto que no hacen parte de la estructura del delito. La Sala ha considerado la conveniencia de que las genéricas sean por lo menos mencionadas en el auto de formulación de cargos".2 No obstante, en otra sentencia , casi coetánea, la Sala de Casación Penal sostuvo una tesis contraria al referirse a la necesidad de explicitar las circunstancias específicas de agravación en el auto de resolución de acusación. Dijo en aquélla oportunidad la Sala de Casación Penal: "No es dable admitir que se dificultó la defensa y que ésta se hizo inoperante o ineficaz, en cuanto a las agravaciones, por falta de entrenamiento de las mismas, por haber fallado la mención de los artículos 350-4; 351-6,9,10 y 372-1 del C. Penal. Menos invocar una ausencia de específico análisis de estos factores de intensificación particularizante de la pena, porque la jurisprudencia ha entendido que esta es deficiencia que no trasciende del terreno de la irregularidad imposible de llevar a los extremos de la anulación, pues cuando la afirmación escueta  (v.gr.: de noche, a las 21:50 horas; dos o más personas, en el caso de autos, etc.) corresponde a un hecho evidente o al menos protuberante, la falta de motivación no tiene eficacia para dificultar la defensa. Sólo cuando esa ausencia de razones sea absoluta y recaiga sobre hechos que para conocerlos se deben desbrozar con ayuda de esfuerzo dialéctico, puede hablarse de atropello efectivo del  derecho de defensa".3 La disparidad de posiciones en torno a la necesidad de mencionar las circunstancias específicas de agravación en el pliego de cargos o resolución de acusación radica en que mientras algunas sentencias exigen prima facie su mención, dado el efecto que dicha calificación punitiva puede tener en la calificación del tipo y cuantificación de la pena, otras la hacen depender de las características del hecho constitutivo de agravación, por considerar que si éste es evidente u ostensible no se produce indefensión por la ausencia de su mención explícita. Perspectiva constitucional del cuestionamiento jurídico penal aludido 5. La pena privativa de la libertad es la más drástica intervención del Estado en los derechos fundamentales del individuo, particularmente de sus derechos a la libertad y al libre desarrollo de su personalidad. Esta intervención se proyecta mucho más allá del tiempo de privación de la libertad, sobre toda la vida posterior del condenado. Por ello, el contenido y características de la pena y la manera de cuantificar su extensión tienen relevancia directa para el derecho constitucional. La prevalencia de la parte dogmática sobre la parte orgánica de la Constitución involucra el principio de la interpretación más favorable para los derechos fundamentales.  La interpretación conforme a la Constitución se traduce, en materia penal, en la limitación de las facultades y del poder punitivo del Estado, en el grado y en la extensión necesarias a fin de garantizar el debido proceso y los demás derechos constitucionales que la Carta consagra en favor de los procesados El principio de favorabilidad penal se encuentra ampliamente reforzado por el principio pro derechos fundamentales. El poder punitivo del Estado ha quedado sujeto, por virtud del nuevo ordenamiento constitucional, a más estrictas y precisas exigencias. Particularmente, en materia probatoria, la presunción de inocencia ha dejado de ser un principio general de derecho que informa la actividad judicial (in dubio pro reo) para convertirse en un derecho fundamental. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, por su carácter de presunción iuris tantum, sólo puede ser desvirtuada merced a una mínima actividad probatoria; no puede, por tanto, trasladarse al acusado "la carga de probar su inocencia", pues ésta inicialmente se presume como cierta hasta que no se demuestre lo contrario, de donde se infiere que la carga probatoria corresponde a los acusadores y la claridad y precisión de las acusaciones al Estado mismo4 . En este marco de referencia deben evaluarse las tesis antagónicas de la jurisprudencia penal. La doctrina que no reconoce la obligación - cuya violación entraña nulidad constitucional - de mencionar expresamente en todos los casos las circunstancias específicas de agravación punitiva en el pliego de cargos, no se ajusta a las previsiones de la Constitución. En atención a los efectos de un mayor o menor término de privación de la libertad, a la necesidad de una adecuada y explícita información sobre los cargos que se le imputan a un sindicado para hacer operar en toda su magnitud la presunción de inocencia y a la carga probatoria en cabeza de la parte acusadora, la exigencia de hacer explícitas las circunstancias específicas de agravación en el auto o resolución de acusación es la más acorde con las garantías sustanciales y procesales consignadas en el artículo 29 de la Constitución, al permitir que el sindicado, con la asistencia de su abogado, planee y ejecute autónoma e integralmente su defensa. Vulneración del derecho de defensa 6. En el caso sub-examine, se ha vulnerado el derecho de defensa del peticionario por la decisión de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de condenar al procesado a una pena mayor a la impuesta inicialmente a pesar de que en primera instancia expresamente se afirmó por parte del juez que no se hacía referencia a las circunstancias de agravación punitiva "por cuanto en el auto de proceder éstos no fueron formulados, luego la condenación no estaría en consonancia con los cargos enunciados en el llamamiento a juicio". La decisión de la Sala de Casación Penal de hacer concurrir con el delito de estafa las circunstancias típicas de agravación (art. 372-1 C. Penal), "no obstante no haber sido deducida en el auto de proceder, por su objetividad evidente y no cuestionamiento en el desarrollo de la causa" - en palabras de la misma Corporación -, vulneró el derecho fundamental del debido proceso al haber afectado las posibilidades y alternativas de defensa del inculpado. No es de modo alguno descartable que el no cuestionamiento en el desarrollo de la causa de la circunstancia específica de agravación indilgada pudo obedecer precisamente a su no inclusión en el auto de llamamiento a juicio proferido por el Juzgado Octavo Superior de Bogotá. La "evidencia y objetividad" de los hechos constitutivos de las causales específicas de agravación no son criterios suficientes para relevar al Estado de su obligación de demostrar su ocurrencia, ni camino para trasladar, de manera sutil, la carga probatoria al sindicado. Su no inclusión en el pliego de cargos libera al procesado de toda obligación de defensa, respecto a los mismos, por lo que resulta desproporcionado y sorpresivo finalmente condenarlo por el descuido o negligencia del Estado al configurar y formalizar la acusación. Cabe aquí señalar que las reglas del derecho procesal representan el precio que se debe pagar por vivir en un estado democrático de derecho. "El Estado no puede (...) investigar la verdad a cualquier precio. Tiene que autolimitarse en lo que se denomina ejercicio de la función jurisdiccional, es decir, en la aplicación del derecho penal en un juicio ordenado penalmente, con el fin de no "igualarse" al delincuente, no caer en la barbarie, demostrando al público que él va a  enjuiciar objetiva e imparcialmente".5 La prohibición del artículo 31 de la Constitución. 7. El artículo 31 de la Constitución viene a completar los derechos fundamentales consagrados en los artículos 28, 29 y 30. Su texto es el siguiente: "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley. El superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único." La consagración en la Carta Política de la prohibición de agravar la pena impuesta al condenado cuando éste es apelante único eleva a nivel constitucional la garantía de la proscripción de la "reformatio in peius" y proyecta su aplicación al derecho penal. Definición y alcance de la "reformatio in peius" 8. La prohibición de la "reformatio in peius" o reforma peyorativa es un principio general del derecho procesal y una garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso (CP art. 29). Ella es consecuencia de la regla ínsita en la máxima latina "tantum devolutum quantum appelatum", en virtud de la cual se ejerce la competencia del juez superior. El ejercicio de las competencias judiciales radicadas en el juez superior y su límite, ambos, se suscitan y a la vez se limitan por virtud de la impugnación y las pretensiones que ella involucra. La interdicción de la reforma en perjuicio del condenado constituye, igualmente, una garantía procesal fundamental del régimen de los recursos, a su vez contenido en el derecho de defensa y en el núcleo esencial del derecho al debido proceso. Al superior no le es dable por expresa prohibición constitucional empeorar la pena impuesta al apelante único, porque al fallar ex-officio sorprende al recurrente, quien formalmente por lo menos no ha tenido la posibilidad de conocer y controvertir los motivos de la sanción a él impuesta, operándose por esta vía  una situación de indefensión. Finalidad de la prohibición 9. Además de limitar el poder punitivo del Estado, de garantizar la efectividad del derecho fundamental de defensa y de favorecer al condenado con la revisión de la sentencia dentro del único marco de las pretensiones solicitadas, la reformatio in peius extendida al plano penal, avala y garantiza la operancia del sistema acusatorio. En efecto, bajo la vigencia del sistema inquisitivo el juez desplegaba al mismo tiempo las facultades de investigación y decisión, correspondiéndole al superior amplias facultades de revisión en las instancias de apelación y, con mayor medida, en ejercicio del control de legalidad que supone la casación. El doble desempeño del juez en dicho sistema reunía en una sóla las tareas de la acusación y de juzgamiento, con lo cual la imparcialidad y objetividad del fallador estaban en tela de juicio. La implantación del sistema acusatorio escinde definitivamente ambas funciones y restringe los poderes del juez en materia de investigación y acusación, las cuales corresponden primordialmente a la Fiscalía General de la Nación. La reformatio in peius refuerza el carácter dispositivo y no "ex-officio" del sistema acusatorio e impone a los cuerpos judiciales superiores límites en la esfera de su poder sancionatorio. La separación entre los planos de la acusación y del juzgamiento explica la estrecha relación entre la prohibición del artículo 31 de la Carta y el derecho de defensa. Al proscribir el sistema acusatorio la indefensión, excluye igualmente toda posibilidad de reforma de la situación jurídica definida en primera instancia que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual, aquel en cuyo daño se produce tal reforma, no tenga ocasión de defenderse. Naturaleza de las pretensiones 10. De la prohibición contenida en el artículo 31 de la Constitución deriva la imposibilidad de un fallo extra-petita, el cual sólo podría constitucionalmente aceptarse si otras partes del proceso penal, dependiendo de la naturaleza de sus pretensiones, recurren la sentencia condenatoria. Aunque el recurso de apelación suscita un "novum iudicium", la libre facultad decisoria del fallador está sujeta a las limitaciones materiales que imponen las pretensiones elevadas por las partes. En estas condiciones, una decisión más gravosa de la pena impuesta al condenado y apelante único que desestime dichas limitaciones, vulnera los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, por lo cual debe ser excluída del ordenamiento jurídico. La interpretación constitucional del artículo 31 de la Carta debe inspirarse en su finalidad garantista y en la primacía del derecho sustancial sobre meras consideraciones y acentos formalistas. En efecto, la expresión "apelante único", requisito necesario para limitar las facultades del juez de segunda instancia, no hace relación exclusiva al número de recurrentes de la sentencia condenatoria, sino a la naturaleza de sus pretensiones. En el proceso penal actual son claramente distinguibles cuatro partes procesales: el acusado, la parte civil, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación. Cualquiera de las tres últimas mencionadas puede pretender legítimamente la condena del acusado; sin embargo, cuando las pretensiones de una de las partes se restringen al plano o interés económico y son, por lo tanto, pretensiones de carácter civil, el ejercicio de recursos en contra de la sentencia condenatoria no conduce a inobservar la interdicción peyorativa o reformatio in peius, salvo en lo relacionado con dicha pretensión. No basta que el juez ad-quem se limite a contabilizar el número de partes recurrentes para concluir, eo ipso, la inexistencia de la prohibición constitucional por registrarse una pluralidad de apelantes. Por el contrario, el juzgador debe establecer la naturaleza de las pretensiones esgrimidas y conformar sus facultades decisorias a lo estrictamente permitido por la Constitución. Sería absurdo, y a la vez inconstitucional, acabar agravando la condena de privación de la libertad del procesado, si habiendo apelado la sentencia, el juez decide finalmente aumentar la pena principal por efecto de la pretensión concurrente, pero de naturaleza estrictamente económica,  elevada por la parte civil. Pretensiones de carácter civil y penal 11. La ocurrencia de un hecho constitutivo de delito genera la posibilidad de ejercer acciones penales o civiles, bien sea conjunta o separadamente. El carácter independiente de las acciones legales no condiciona la existencia de una de ellas a la extinción de la otra. Sin embargo, cuando la acción civil se interpone en el curso de un proceso penal, esto conlleva consecuencias jurídicas para su ejercicio, siendo aplicable respecto a las pretensiones de la parte civil la limitante de la reformatio in peius. No se produce la lesión del artículo 31 de la Constitución e indirectamente del 29, cuando existe una pretensión de signo contrario pero de igual naturaleza, ejercitada por las partes, como en el caso de que la parte civil solicite la condena y el condenado la absolución. De otra parte, la reformatio in peius también se extiende a lo civil: al Juez o Tribunal de segunda instancia le está vedado decretar la responsabilidad civil que supere el límite de lo ya acordado en la primera instancia, sin obrar la correspondiente petición . Prevalencia de la interpretación material o de fondo sobre la formal 12. Los principios de interpretación que privilegian el derecho sustancial sobre el procesal (CP art 228) y que otorgan primacía a los derechos fundamentales (CP art. 2, 85, 377) imponen de igual manera una interpretación material y no simplemente formal de los artículos constitucionales que consagran o garantizan los derechos fundamentales. Es este el caso de la prohibición de reforma en perjuicio del condenado, la cual impide que con fundamento en el petitum estrictamente económico de la parte civil, el órgano judicial superior entienda franqueada la puerta para aumentar la sanción penal del procesado colocándolo en situación de indefensión que riñe con el ordenamiento constitucional. Vulneración del artículo 31 de la Constitución 13. Aplicados los anteriores principios a la sentencia acusada, queda por clarificar si la prohibición de reforma peyorativa del artículo 31 de la Constitución es aplicable respecto de las sentencias de casación de la honorable Corte Suprema de Justicia, en virtud del control de legalidad que le corresponde. En principio, podría estimarse que cuando el artículo 31 se refiere  al superior en ejercicio del recurso de apelación está limitando la garantía constitucional de la reformatio in peius a la segunda instancia y excluyendo, por tanto, las sentencias de casación. Tal sería la conclusión de interpretar el requisito constitutivo de la interdicción, "apelante único", en sentido literal y referible únicamente al recurso de apelación, sin que su aplicación pudiera hacerse efectiva en el campo de la casación. Sin embargo, el principio de efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, que constituye un fin esencial del Estado (CP art. 2), impone otra conclusión. Cuando la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, profiere una sentencia sustitutiva de la decisión casada, actúa como Tribunal de instancia para todos los efectos y se convierte en el Juez "Superior" al cual alude el artículo 31 de la Constitución Política. En dicho sentido, la Sala de Casación Penal está plenamente vinculada a la garantía constitucional de la reformatio in peius, quedando obligada a verificar las circunstancias concretas - partes apelantes, carácter y naturaleza de las pretensiones - a fin de determinar el quantum de la condena y dejar a salvo de esta forma los derechos fundamentales del procesado. Lo anterior no significa desvirtuar la función especialísima del control de legalidad sobre todo el proceso ejercida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, como Tribunal de casación, sino precisar la aplicación de las reglas y principios que rigen la estimación de la pena a imponer cuando se actúa como juez o tribunal de instancia. En el caso sub-lite, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, luego de casar la sentencia recurrida, condenó, en sentencia sustitutiva de la sentencia absolutoria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, al procesado MOISES  TUATY ALEXANDER, a la pena principal de cuatro años y dos meses de prisión y al pago de cuatro millones trescientos treinta y ocho mil trescientos nueve pesos con setenta y dos centavos, a pesar de que el Juzgado Cuarto Penal del Circuito lo había condenado a la pena de dieciocho meses de prisión y al pago de un millón trescientos treinta y ocho mil trescientos nueve pesos con setenta y dos centavos, ostentando este último el carácter de apelante único de la condena penal, mientras que la parte civil había circunscrito su pretensión impugnativa a la mera inclusión de los perjuicios morales derivados de la infracción penal. Así las cosas, la reformatio in peius operaba plenamente en materia de la sanción penal impuesta por el juez de primera instancia, no aconteciendo lo mismo para el caso de los perjuicios materiales y morales, aspectos respecto de los cuales la Sala de Casación Penal no estaba limitada en virtud del recurso interpuesto por la parte civil. En consecuencia, analizados los hechos y siendo manifiesta la vulneración de la garantía fundamental del artículo 31 de la Constitución, así como de los derechos fundamentales de defensa y debido proceso, esta Sala procederá a revocar la sentencia revisada y conceder la tutela solicitada. Vulneración de derechos fundamentales y acción de tutela contra sentencias 14. La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia aquí revisada no entró a fallar de fondo sobre la posible vulneración de los derechos fundamentales aducida por el accionante de tutela, por considerar que carecía de competencia para ello. La Corte Constitucional, en esta ocasión, prohija la tesis sostenida en la sentencia de esta misma Sala del 12 de mayo de 1992, en la cual se examinó con suficiente extensión y detalle la procedencia de la acción de tutela con respecto a sentencias violatorias de derechos constitucionales fundamentales, así como la competencia de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia para conocer de dichas acciones. La regulación legal de la acción y una interpretación estricta de la misma - justamente con el fin de velar por su mantenimiento-, permiten señalar los siguientes requisitos necesarios para que proceda contra sentencias y demás providencias que pongan término a un proceso: a) Que exista una vulneración o amenaza contra un derecho fundamental, en este caso, de aquellos que tienen por destinatario al Juez en su función de interpretar y aplicar el derecho y que generan obligaciones judiciales de hacer o no hacer cuyo incumplimiento no puede carecer de vías de exigibilidad en un Estado Social de Derecho, por ejemplo, los denominados derechos al debido proceso sustancial o derechos fundamentales procesales, que comprenden, entre otros, la prohibición de la pena de muerte, el derecho a la integridad personal y los derechos consagrados en los artículos 29, 31, 33 y 346 de la Constitución Política, excluyéndose como es obvio los que tienen garantías propias como el Habeas Corpus (artículo 30). Estos derechos, particularmente los derechos fundamentales procesales, sino tuvieran la coacción que les otorga la tutela, se volverían prácticamente inútiles, y degenerarían en vacuas declamaciones, quedando desprovistos de un mecanismo jurídico esencial para su eficaz operancia, como reglas sustanciales de derecho y garantías básicas del sistema judicial. Por ello, si el artículo 86 de la Constitución hubiera sustraído de la acción de tutela la sentencias de los jueces, en todo caso se habría hecho necesario aplicarla, por entrañar tales derechos garantías inherentes a la persona humana (artículo 94 Constitución Política). La eficacia de los derechos fundamentales procesales, es tan cara a la humanidad que incluso tiene protección internacional, en el evento de que el Ordenamiento Jurídico Nacional no la consagre. Basta señalar que este efecto podría obtenerse recurriendo al ejercicio de una acción concreta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (artículo 44 de la Convención Americana de Derechos Humanos), por solicitud de cualquier persona o entidad no gubernamental, lo que daría lugar a un procedimiento con la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo 63 de la Convención Americana de Derechos Humanos). b) Que la vulneración o amenaza se produzca por y en la parte resolutiva de la sentencia o providencia, sin que exista otro mecanismo idóneo para reclamar la prevalencia del derecho vulnerado o amenazado. c) Que la violación o amenaza pueda ser deducida de manera clara, directa, manifiesta, ostensible y evidente. d) Por vía negativa, queda excluida la posibilidad de practicar pruebas a fin de determinar el contenido y alcance de la presunta violación o amenaza de un derecho fundamental. e) Que no exista otro mecanismo idóneo de defensa judicial, diferente de la acción de tutela, para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado, del cual pueda predicarse la misma inmediatez y eficacia para la protección efectiva, idónea y real del derecho conculcado. A propósito de esta última exigencia es preciso advertir que la denominada "acción de revisión" de la Corte Suprema de Justicia, regulada en el artículo 232 numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal, establecida para revisar sentencias cuando se comprueben casos de prevaricato por parte del fallador, no es un medio alternativo de defensa judicial en este caso. En efecto, este tipo de procesos exige el trámite previo de un proceso penal que condiciona el inicio de la revisión. Una vez haya condena en firme en el proceso penal se podrá, sólo entonces, iniciar la revisión, perdiéndose así no sólo la existencia de la inmediatez de la protección del derecho constitucional -de que trata el artículo 86-, sino que sería contingente la protección del mismo. Por otra parte, si el fallador que ha violado el derecho ostenta la investidura de Magistrado de las altas Corporaciones, se requiere, además, específica acusación por parte de la Cámara de Representantes ante el Senado, el cual luego remite el acusado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con los artículos 174 y 175.3 de la Constitución. Esta hipótesis, por su inidoneidad absoluta para proteger el derecho constitucional fundamental, debe ser desechada como mecanismo alternativo de defensa judicial. Vulneración manifiesta de derechos fundamentales y justificación del fallo de revisión 15. Verificada la violación de los derechos fundamentales mencionados, por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, lo que se efectúo mediante sentencia suya del 9 de octubre de 1991, recaída en el proceso penal seguido contra el señor MOISES TUATY ALEXANDER por el delito de tentativa de estafa, procede revocar la sentencia denegatoria de la tutela emanada de la Sala Plena y que es materia de revisión. El carácter manifiesto de la vulneración, unido a la índole inhibitoria de la sentencia de tutela dictada por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, lleva a esta Corporación a disponer la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales conculcados, para lo cual se revocará parcialmente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, de fecha ya referida. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del  30 de enero de 1992, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se denegó la tutela solicitada por el señor MOISES TUATY ALEXANDER. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela solicitada por el señor MOISES TUATY ALEXANDER y, con el objeto de dar protección inmediata a sus derechos fundamentales de defensa y al debido proceso, REVOCAR parcialmente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, proferida el nueve (9) de octubre de 1991, por ser violatoria de los artículos 29 y 31 de la Constitución, en lo relativo a la agravación de la pena de privación de la libertad impuesta por el Juzgado de primera instancia. En consecuencia, la mencionada condena queda reducida hasta la máxima privación de la libertad ordenada por el Juez Cuarto Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, es decir, dieciocho (18)  meses de prisión. TERCERO.- LIBRESE comunicación a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y remítase copia de la providencia al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santafé de Bogotá a fin de que obre en el proceso penal respectivo. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Salvamento de voto- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos ). Salvamento de voto a la Sentencia No. T-474 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia (Salvamento de voto) A la luz del mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, no era procedente la acción de tutela y, por tanto, ha debido confirmarse la sentencia  proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Ref.: Sentencia T-474 Actor MOISES TUATY ALEXANDER Magistrados Ponentes: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá,D.C., veintinueve (29) de julio  de mil novecientos noventa y dos (1992). Me he apartado de la decisión mayoritaria adoptada mediante el fallo en referencia por estimar que en el caso examinado, a la luz del mandato contenido en el artículo 86 de la Constitución Política, no era procedente la acción de tutela y, por tanto, ha debido confirmarse la sentencia del 30 de enero de 1992, proferida por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. No estimo necesario extenderme en consideraciones sobre el motivo de mi disentimiento, pues ellas están consignadas en su parte fundamental (improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales que han hecho tránsito a cosa juzgada) en salvamento de voto de fecha 12 de mayo de 1992, relativo a la sentencia No. 6 Sala de Revisión No. 2 (Magistrado Ponente: Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz). JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal . Sentencia del  25 de octubre de 1989. Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas 2 Corte Suprema de Justicia.  Sala de Casación Penal . Sentencia del 9 de noviembre de 1989. Magistrado Ponente: Dr. Edgar Saavedra Rojas 3 Corte Suprema de Justicia.  Sala de Casación Penal . Sentencia del 23 de noviembre de 1989. Magistrado Ponente: Dr.  Gustavo Gómez Velázquez. 4 Tomás y Valiente, Francisco. "In dubio pro reo", libre apreciación de la prueba y presunción de inocencia. Revista Española de Derecho Constitucional. Año 7. Num.20. Mayo-Agosto de 1987 pág. 21. 5 Roxin/Arzt/Tiedemann: Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal. Ed. Ariel, Barcelona, 1989, pág. 226. 6 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 27 de marzo de 1989. MP Fabio Morón Díaz, en la cual se declaró inexequible el Decreto 2490 de 1988, que establecía la cadena perpetua, justamente con base en la idea según la cual un juez no podría desconocer las garantías mínimas constitucionales.

T-475-92 Sentencia No Sentencia T-475/92 DERECHO AL TRABAJO-Naturaleza El derecho al trabajo, por su parte, garantiza al individuo la posibilidad de ejercer libremente una actividad económica con miras a asegurar su existencia material en un plano de sociabilidad. No sólo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad.  La creciente intervención del Estado en la esfera de la personalidad, -principalmente por la complejidad de la vida económica, el desempleo, el desarrollo de la tecnología, el marginamiento y la pobreza- ha llevado al constituyente a consagrar  y proteger este derecho fundamental de aplicación inmediata. LIBERTAD DE ESCOGER  PROFESION U OFICIO/DERECHOS FUNDAMENTALES La libertad de escoger profesión u oficio constituye un límite para el legislador. La ley puede regular su práctica, más no le es lícito regular su escogencia. Esta distinción tiene especial aplicación respecto de las profesiones, cuyo ejercicio puede ser objeto de las competencias administrativas de inspección y vigilancia, así como de las ocupaciones, artes u oficios que pueden verse afectados por la intervención del Estado en diversos campos de la vida económica y social. La escogencia de un oficio es una libertad civil de primer orden. Esta libertad constituye un derecho fundamental de aplicación inmediata que vincula a todas las autoridades. La libertad de opción para ocuparse en una determinada actividad o curso de acción es una manifestación específica del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, como tal, goza de una doble protección como derecho a la autodeterminación laboral y como derecho a desarrollar libremente las vocaciones, aptitudes o habilidades personales. LIBERTAD ECONOMICA El legislador está autorizado para intervenir con miras a delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. El ejercicio de la libertad económica exige, en algunos casos, la obtención de una licencia de funcionamiento. Solamente la plena observancia del procedimiento o trámite para otorgar autorizaciones legitima la intervención de la autoridad en la esfera del derecho a la libertad de empresa. De otra parte, la interdicción de la arbitrariedad y el principio de igualdad ante la ley quedan asegurados cuando se da cumplimiento a las exigencias procedimentales para el ejercicio de un derecho o libertad pública. LIBERTAD DE EMPRESA/ESPACIO PUBLICO/LICENCIA-Otorgamiento/PODER DE POLICIA-Límites La racionalización del uso y disfrute del espacio público es una obligación del Estado que tiene por finalidad conciliar la mera conveniencia individual con las necesidades e intereses de la colectividad. La administración ejerce para ello sus facultades de  policía -en el marco de la ley y demás normas urbanísticas- por medio de las cuales restringe o limita las libertades o derechos de los particulares, sin llegar a desconocerlos. El otorgamiento de licencias para el uso del suelo es un mecanismo de intervención administrativa, el cual excluye el régimen de libre ejercicio. Tal atribución no incide sobre el contenido de la libertad de profesión u oficio ni de la libertad de empresa, sino sobre el ejercicio de dichos derechos. Tiene por objeto establecer un control previo para evaluar si el acto particular se adecúa a las normas urbanísticas. Al petente le fue reconocida una autorización para el uso del suelo con el fin de explotar un establecimiento comercial, situación jurídica ésta que no podía ser desconocida, sin justificación para ello, por la autoridad o los demás particulares, so pena de vulnerar diversos derechos fundamentales y constitucionales suyos, así como los principios de buena fe y racionalidad que rigen las actuaciones de la administración pública. ACTO ADMINISTRATIVO-Estabilidad El principio de la estabilidad de los actos administrativos protege los legítimos intereses y derechos adquiridos de aquellas personas beneficiarias de una decisión oficial particular y concreta. La confianza legítima en la administración se vería lesionada si la permanencia y seguridad de un acto suyo dependiera de la discrecionalidad del funcionario de turno. La ley establece los casos y procedimientos por los cuales hay lugar a suspender o revocar un acto administrativo generador de intereses legítimos o derechos adquiridos. PRINCIPIO DE LA BUENA FE Cuando la administración, luego de conceder una licencia de funcionamiento a una persona para el ejercicio de una determinada actividad, luego, sin justificación objetiva y razonable, procede a suspender o revocar dicha autorización, con el quebrantamiento consecuente de la confianza legítima y la prohibición de "venir contra los propios actos". En el caso sub-examine, la vulneración del principio de la buena fe al cual deben ceñirse las autoridades en todas sus actuaciones se ha concretado por la decisión de la Secretaría de Planeación Municipal de Popayán. DERECHO AL TRABAJO/DERECHO A ESCOGER OFICIO/DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD/LIBERTAD DE EMPRESA Analizados los hechos y las razones expuestas por la administración municipal para impedir la utilización de la licencia de funcionamiento anteriormente concedida por la misma al petente, se concluye la violación manifiesta de su derecho al trabajo. Igualmente, vulneró los derechos del petente a escoger libremente profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad. Vulneró los derechos a la libertad económica y de empresa, aparte de desconocer el derecho subjetivo en cabeza del petente, el cual fue adquirido mediante la expedición de la respectiva licencia con el lleno de los requisitos exigidos por la ley para el efecto. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA Aunque el perjuicio invocado como irremediable no se había consumado en su integridad, esto no significa en modo alguno que la amenaza de ocurrencia del mismo no fuera objetivamente determinable. No existe otro medio judicial diferente de la acción de tutela, que por su carácter y término breve de decisión, atendidas las circunstancias concretas pueda garantizar la protección inmediata de los derechos conculcados al petente y poner término -así sea transitoriamente- a los perjuicios crecientes y en expansión derivados de la arbitraria acción administrativa examinada. ACTO PROPIO-Respeto JULIO 29 DE 1992 Referencia: expediente T-1917 Actor: Jaime Felipe Fajardo Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-1917 adelantado por el señor JAIME FELIPE FAJARDO contra la decisión del 10 de enero de 1992 proferida por la  Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Popayán. A N T E C E D E N T E S 1. La Secretaría de Planeación Municipal de Popayán, mediante Resolución 1041 del 5 de diciembre de 1991, otorgó licencia al señor JAIME FELIPE FAJARDO para el funcionamiento en la calle 28 CN No. 6-02 de esa ciudad de un establecimiento comercial destinado al juego de billar. Esta autorización se expidió previa comunicación a los interesados, habiendo quedado en firme luego de su notificación por edicto, sin que se hubiera presentado impugnación alguna. 2. Posteriormente, los vecinos de la urbanización Galicia, comprendida en el área del establecimiento de billares, elevaron queja ante la Secretaría de Gobierno Municipal por considerar que dicha diversión conllevaba efectos nocivos para sus hijos, así como "la imagen en contra del decoro y la tranquilidad de la comunidad residencial". La Secretaría de Gobierno pidió la revisión del permiso concedido al señor Fajardo, por lo que el 10 de enero de 1992, mediante oficio 10045, la Secretaría de Planeación Municipal le solicitó abstenerse de adelantar la adecuación de su establecimiento. 3. El 13 de enero de 1992, ciudadanos de la zona solicitaron al Secretario de Planeación Municipal de Popayán, reconsiderar la suspensión del permiso de instalación del billar, defendiendo la hidalgía de este deporte. En su escrito rechazaron la afirmación de ser el billar un medio de deshonra y, el establecimiento donde se practica, centro de perversión. Además, afirmaron que con la decisión gubernamental se niega a gran parte del pueblo payanés la oportunidad de una única  diversión, ya que "en el sector no existe ningún complejo deportivo, teatro ni club social". 4. El señor JAIME FELIPE FAJARDO interpuso acción de tutela contra el acto de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Municipal de Popayán por el cual se le suspendió el permiso para ubicar un establecimiento comercial. En su escrito sustentatorio de la acción de tutela, el peticionario solicitó la protección inmediata de su derecho fundamental al trabajo, utilizando para ello la acción de tutela como mecanismo transitorio. El señor FAJARDO sostiene en su petición: "Si la ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN hace efectiva la revocatoria del permiso que me ha sido concedido para trabajar sufriré yo un perjuicio irreparable, pues mientras la justicia contencioso administrativa decide la acción que impetraré, en breve, habré dejado de percibir los frutos económicos de una inversión de dinero cercana a los DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.oo)". 5. El Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, luego de la práctica de algunas pruebas, mediante sentencia del 10 de febrero de 1992, tuteló el derecho del señor JAIME FAJARDO para uso del suelo que le fuera otorgado en la Resolución 1041 de 1991. Para el efecto, suspendió la orden impartida por la Secretaría de Planeación Municipal por oficio No. 10045 del 10 de enero de 1992 y puso de presente al actor de la tutela sobre su deber de recurrir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa. 6. En concepto del fallador, los derechos constitucionales de petición y de trabajo fueron violados por la oficina de Planeación Municipal al solicitarle al señor FAJARDO se abstuviera de adelantar la adecuación del establecimiento, habiendo cumplido con todos los requerimientos necesarios para el funcionamiento del mismo, razón que explica la expedición de la Resolución No. 1041 de 1991 que le concedía permiso para el uso del suelo. 7. El juzgado de primera instancia fundó su decisión de tutelar transitoriamente los derechos del señor FAJARDO en el siguiente argumento: "Si bien es cierto, el actor de este Derecho tiene la facultad de accionar ante la Justicia Contencioso Administrativa para el restablecimiento de su Derecho, no es menos cierto, que al tenor de lo establecido en el art. 7. del decreto 2591, es procedente hacer uso de las medidas provisionales, suspendiendo, la aplicación, del Acto ordenado por la oficina de Planeación Municipal hasta que la Justicia Contencioso Administrativa resuelva sobre el contenido de la Resolución 1041 de 1991". 8. No habiendo sido impugnada la anterior decisión, el expediente de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Seleccionada mediante auto del 10 de abril de 1992, correspondió a esta Sala su revisión. FUNDAMENTOS JURIDICOS Concepto de la vulneración o amenaza 1. El solicitante de tutela acudió ante la autoridad judicial en búsqueda de la protección inmediata de su derecho fundamental al trabajo representado en la explotación de un establecimiento de comercio destinado al juego de billar. El acto contrario a su derecho fundamental provino, en su sentir, de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Mayor de Popayán, quien le solicitó el 10 de enero de 1992 se abstuviera de adelantar la adecuación de su establecimiento, a pesar de que la misma autoridad administrativa le había otorgado la licencia correspondiente de uso del suelo con miras a instalar los billares, mediante resolución 1041 del 5 de diciembre de 1991. Derechos constitucionales conculcados por la decisión administrativa 2. El contenido de la solicitud de tutela, no es óbice para que el juez que conozca del caso proceda a brindar protección por concepto de otros derechos constitucionales que resulten afectados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. En el caso sub-examine, no sólo el derecho fundamental al trabajo del petente podría resultar vulnerado por la decisión de la Secretaría de Planeación. Los derechos fundamentales a la libertad de escoger profesión u oficio (CP art. 26), al libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) y los derechos constitucionales de libre empresa y libertad económica (CP art. 333), también han podido ser restringidos por la autoridad administrativa local. Corresponde a los jueces constitucionales evaluar si la limitación introducida por una determinada acción u omisión estatal se justifica y posee suficiente legitimidad y asidero constitucional o legal o si, por el contrario, ha habido una vulneración o amenaza de los derechos reconocidos por el ordenamiento constitucional, para proceder a tutelar aquellos que ostenten el carácter de fundamentales. Derecho fundamental al trabajo 3. En su significado constitucional, el trabajo es una de las más excelsas proyecciones de la existencia del individuo y de su unión a la sociedad a la que pertenece. En él se funda la existencia material y social del individuo y por su intermedio la persona contribuye a la obtención del producto social, además, de constituir, casi siempre, expresión de sus aptitudes y habilidades y ocasión para reflejar y dar cauce a su creatividad. La producción de bienes y, en general, la satisfacción de necesidades, independientemente de la mera consideración de mercado, absorben energía y tiempo humanos provenientes del individuo y de la sociedad y de ahí que, sujeto y actividad, íntimamente ligados en un proceso de creación de valor social, deban recibir la más decidida tutela por parte del Estado, en su doble condición individual y social, base de la existencia humana, de suerte que dicha protección mire a su dignificación y a la superación - en una sociedad democrática - de su alienación que no se compadece con el desarrollo integral de la persona  y los derechos humanos. El artículo 25 de la Constitución parte de una concepción amplia del trabajo, lo cual se deduce del pensamiento del propio constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente lo definió así: "El trabajo es toda actividad humana libre, consciente y noble, necesaria para la vida y generadora de capital y de instrumento de labores. Es bien del hombre y de la humanidad. De ahí su valor humano. Está superado el concepto de que el trabajo es una mercancía sometida a las leyes del mercado sin consideración a la persona que lo presta. El nuevo concepto de la actividad laboral se aparta de la simple valoración material de ella, elevándola al rango de un derecho consustanciado con la vida y la esencial del ser humano. Por eso llega a la incorporación del trabajo en los nuevos textos constitucionales con alta significación de los valores inmanentes que deben reconocerse y respetarse. El trabajo exige respeto para la dignidad de quien lo presta, o sea, el hombre. Este es un ser con fines propios qué cumplir por sí mismo; no es ni debe ser un simple medio para fines ajenos a los suyos".1 El derecho al trabajo, por su parte, garantiza al individuo la posibilidad de ejercer libremente una actividad económica con miras a asegurar su existencia material en un plano de sociabilidad. En palabras del propio constituyente: "El derecho al trabajo consiste en la facultad que tiene toda persona de emplear su fuerza de trabajo en una ocupación lícita por medio de la cual pueda adquirir los medios necesarios para vivir ella y su familia decorosamente. El derecho al trabajo a conseguir  empleo u oficio; toda persona tiene derecho a que no se le impida trabajar. (...) "El derecho al trabajo no sólo se desprende de la obligación social del trabajo, sino que se origina de otros derechos, como el de la propia subsistencia y el sostenimiento familiar. El derecho a la vida requiere de la necesidad de trabajar y, por consiguiente, nace el derecho al trabajo. Al existir radicalmente el derecho a la vida". 2 No sólo la actividad laboral subordinada está protegida por el derecho fundamental al trabajo. El trabajo no subordinado y libre, aquel ejercido de forma independiente por el individuo, está comprendido en el núcleo esencial del derecho al trabajo. La Constitución más que al trabajo como actividad abstracta protege al trabajador y su dignidad. De ahí el reconocimiento a toda persona del derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas, así como la manifestación de la especial protección del Estado "en todas sus modalidades" (CP art. 25). La explotación de un establecimiento comercial - en este caso dedicado al juego de billar - es una modalidad de trabajo que goza de la especial protección del Estado (CP art. 25). El billar como deporte, arte o juego, es una actividad recreacional, de inteligencia y habilidad que, al ser ofrecida al público en general, constituye el objeto de un trabajo protegido por la Constitución y la ley. El ejercicio del derecho al trabajo supone el acceso al sitio o lugar donde éste se desempeña y la garantía de las condiciones necesarias para desplegar la actividad laboral. El uso del suelo con destinación al funcionamiento de establecimientos comerciales, industriales, institucionales, administrativos y de servicios, trasciende la esfera particular, por lo que requiere de licencias expedidas por la administración local (ley 09 de 1989, art. 63). Es así cómo ciertos trabajos suponen para su desempeño el uso del suelo, el cual, sólo puede ser autorizado por el Estado en aras de la protección de intereses generales relevantes, en particular la tranquilidad, salubridad, moralidad, seguridad y utilidad públicas. La explotación de un establecimiento comercial dedicado al juego de billar es uno de aquellos trabajos que trascienden la esfera individual, razón que justifica la intervención estatal para permitir su ejercicio, claro está, atendiendo a los principios de buena fe y racionalidad en el trámite y ejercicio de todas las actuaciones y competencias de la administración (CP arts. 83 y 84). Libertad de escoger profesión u oficio 4. El artículo 26 de la Constitución protege la libertad individual de escoger profesión u oficio, derecho éste de particular importancia en el contexto de la sociedad moderna, fundada en la división del trabajo. Toda persona tiene derecho a escoger una actividad para la cual se sienta preparado, haciendo de ella parte esencial de su vida. El artículo 26 más que asegurar la libre contratación, busca proteger toda modalidad de trabajo económicamente significativo, en particular aquél practicado como "vocación". La libertad de escoger profesión u oficio constituye un límite para el legislador. La ley puede regular su práctica, más no le es lícito regular su escogencia. Esta distinción tiene especial aplicación respecto de las profesiones, cuyo ejercicio puede ser objeto de las competencias administrativas de inspección y vigilancia, así como de las ocupaciones, artes u oficios que pueden verse afectados por la intervención del Estado en diversos campos de la vida económica y social. Tradicionalmente, los oficios son fruto de la experiencia laboral y de un saber práctico. La dinámica económica de la sociedad supone el ejercicio libre de las ocupaciones, artes y oficios. Al legislador, y más aún a la administración, les está vedado restringir la libre escogencia de los oficios, salvo para prevenir aquellos socialmente riesgosos. La explotación de una empresa comercial puede dar lugar en ocasiones a la configuración de un verdadero oficio, lo cual no significa que las empresas no empleen ni necesiten de profesionales y que éstos no dirijan o ejerzan la actividad comercial. Los oficios, entendidos como las actividades que identifican a las personas en la sociedad, en contraposición a las profesiones, no exigen formación académica y, por lo tanto, son libres, salvo aquellas que impliquen un riesgo social (CP art. 26). La escogencia de un oficio es una libertad civil de primer orden. Esta libertad constituye un derecho fundamental de aplicación inmediata que vincula a todas las autoridades. La libertad de opción para ocuparse en una determinada actividad o curso de acción es una manifestación específica del derecho al libre desarrollo de la personalidad y, como tal, goza de una doble protección como derecho a la autodeterminación laboral y como derecho a desarrollar libremente las vocaciones, aptitudes o habilidades personales. Derecho al trabajo y libre desarrollo de la personalidad 5. El trabajo es un supuesto elemental de una existencia digna y del desarrollo de la personalidad. El hombre adquiere reconocimiento de sí y frente a los otros mediante el trabajo. La dignificación de la persona humana como ser pensante, creativo y necesitado de reconocimiento se realiza en no poca medida mediante el ejercicio de una actividad laboral. La personalidad se forma y desarrolla en la práctica de la reproducción material y simbólica de la vida. Para que este proceso sea plenamente libre y permita la realización individual y social, el ordenamiento jurídico resguarda un espacio fundamental al derecho al libre desarrollo de la personalidad. La creciente intervención del Estado en la esfera de la personalidad, - principalmente por la complejidad de la vida económica, el desempleo, el desarrollo de la tecnología, el marginamiento y la pobreza - ha llevado al constituyente a consagrar  y proteger este derecho fundamental de aplicación inmediata. Libertades económica y de empresa e intervencionismo estatal 6. Simultáneamente a la vulneración y amenaza de los derechos fundamentales antes descritos, la libertad económica y la libertad de empresa se suman a los derechos constitucionales limitados por la decisión de la Secretaría de Planeación Municipal. Establece el artículo 333 de la Constitución: "La libertad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado por mandato de ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación". Del artículo anteriormente transcrito se infiere el reconocimiento de los derechos constitucionales a la libertad económica y a la libertad de empresa, dentro de los límites que imponen el bien común y la función social de esta última. El legislador está autorizado para intervenir con miras a delimitar el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación. Libertad de empresa y espacio público 7. En el caso objeto de la sentencia revisada, la actividad económica representada en la explotación del establecimiento comercial destinado al juego de billar se ejerce en un lugar cuyo uso exige de licencia  de funcionamiento. El uso del suelo no es irrelevante para el Estado; es su deber velar por la integridad del espacio público y por su destinación al uso común (CP art. 82). Tratándose de establecimientos comerciales, la función social que tiene el uso del suelo, autoriza la intervención oficial con miras al cumplimiento de las obligaciones correlativas a su ejercicio. La ley 09 de 1989, o ley de reforma urbana, regula y desarrolla las competencias de la administración en materia de aprovechamiento del espacio público y de su destinación al uso común. La racionalización del uso y disfrute del espacio público es una obligación del Estado que tiene por finalidad conciliar la mera conveniencia individual con las necesidades e intereses de la colectividad. La administración ejerce para ello sus facultades de limitación o de policía - en el marco de la ley y demás normas urbanísticas - por medio de las cuales restringe o limita las libertades o derechos de los particulares, sin llegar a desconocerlos. El artículo 63 de la mencionada ley habilita a las autoridades municipales - entre otras - para intervenir ex ante en las actividades de edificación y en la determinación y supervisión de los variados usos del suelo, de modo que éstos sólo resulten lícitos si se obtiene la debida licencia. El otorgamiento de licencias para el uso del suelo es un mecanismo de intervención administrativa, el cual excluye el régimen de libre ejercicio. Tal atribución no incide sobre el contenido de la libertad de profesión u oficio ni de la libertad de empresa, sino sobre el ejercicio de dichos derechos. Tiene por objeto establecer un control previo para evaluar si el acto particular se adecúa a las normas urbanísticas. La licencia del uso del suelo para el funcionamiento de un establecimiento comercial, es una intervención administrativa local del tipo que implica una prohibición general, pero cuya excepción cabe otorgar a la administración, si el acto se ajusta a las exigencias objetivas del régimen urbanístico. La licencia supone un control estricto de legalidad. Su otorgamiento es una facultad reglada y, por tanto, no discrecional. La autorización o prohibición que ella conlleva depende exclusivamente de si el acto proyectado se ajusta o no a normas del derecho urbano que regulan dicha actuación. Por ello, en la mayoría de los casos, el otorgamiento o la denegación de una licencia para el uso del suelo se decide a partir de una valoración fáctica, que puede traducirse, en la instancia judicial, en el control de los hechos determinantes para el ejercicio de las competencias administrativas. La licencia o autorización administrativa es una acto que se agota con la verificación de la legalidad de la actividad proyectada. Sus efectos no son constitutivos del derecho de uso o goce de la propiedad, el cual se encuentra ya reconocido en las leyes civiles. No obstante, el otorgamiento de una licencia amplía las posibilidades de ejercicio del derecho, en cuanto que levanta la prohibición general cuyo levantamiento, en los términos de la ley y de los acuerdos, administra la autoridad local. Una vez otorgada la licencia se constituye una situación jurídica subjetiva en favor de su titular, quien tiene un interés legítimo en el mantenimiento de la autorización, por lo menos durante el término de la misma, cuyos efectos están cobijados por el principio de irrevocabilidad de los actos administrativos, pudiendo acudir ante la justicia contenciosa en caso de que se pretenda desconocerlos. Margen objetivo de apreciación y otorgamiento de licencias 8. La autoridad pública competente para otorgar licencias de funcionamiento a establecimientos comerciales -en este caso la Alcaldía Municipal de Popayán-, goza de un margen objetivo de apreciación en el cumplimiento de su función. El representante del poder público no debe desviarse de la finalidad para la cual han sido instituidas sus competencias de intervención en la libre actividad económica. Al respecto ya ha advertido esta Corte: "Cuando objetivas consideraciones de mantener el orden público (con el contenido y alcance que atrás hemos señalado) hagan indispensable la regulación del espacio público, es claro que las autoridades locales podrán reglamentar la ubicación de los bares, cantinas, droguerías, farmacias, salones de belleza, panaderías, teatros, heladerías, almacenes, casinos, cementerios, iglesias y otros establecimientos. No en vano, al municipio le corresponde por mandato constitucional ordenar el desarrollo de su territorio (Art. 311) y a los Concejos reglamentar los usos del suelo (Art. 313 # 7). Con todo, en uso de sus facultades, las autoridades de policía local no pueden regular la marca de los licores que se expendan en los bares, o de los productos que se utilicen en los salones de belleza, como tampoco impedir que se vendan drogas genéricas en las droguerías, o disponer que sólo se proyecten películas de color en los teatros de los barrios residenciales".3 La autoridad pública en ejercicio de la facultad de policía administrativa está en capacidad de limitar las libertades individuales cuando la necesidad de preservar el orden público así lo exija, entendido éste como la conservación material de la tranquilidad, seguridad, salubridad o moralidad públicas. La intervención administrativa al otorgar o denegar licencias de funcionamiento se mueve dentro de precisos límites constitucionales y legales, y debe ejercerse según los principios de buena fe (CP art.83) y racionalidad (CP art. 84) de la actividad administrativa. La actuación de la autoridad pública en desarrollo de sus funciones de policía administrativa debe adecuarse a un margen objetivo de apreciación, evitando la desviación o el abuso de las competencias estatales. Los parámetros utilizados para verificar el cumplimiento de los precisos requisitos que habilitan el ejercicio de una libertad individual son aquellos socialmente aceptados, predecibles y racionalmente justificables y, ante todo, proporcionales a la finalidad que se pretende alcanzar. La objetividad de los criterios de apreciación depende del contexto social y del momento histórico en que se encuentra el individuo y la autoridad. Toda exigencia desmedida o requisito extraordinario comporta un abuso del poder y una posible invasión en el ámbito de los derechos individuales que debe ser subsanada por la autoridad judicial competente. Otorgamiento de licencias e intereses legítimos de sus titulares 9. El ejercicio de la libertad económica exige, en algunos casos, la obtención de una licencia de funcionamiento (art. 63 ley 09 de 1989).  Solamente la plena observancia del procedimiento o trámite para otorgar autorizaciones legitima la intervención de la autoridad en la esfera del derecho a la libertad de empresa. De otra parte, la interdicción de la arbitrariedad y el principio de igualdad ante la ley quedan asegurados cuando se da cumplimiento a las exigencias procedimentales para el ejercicio de un derecho o libertad pública. El artículo 65 de la Ley 09 de 1989, fundamento legal de la resolución finalmente suspendida por la Secretaría de Planeación Municipal de Popayán establece: "La solicitudes de licencia y de patentes serán comunicadas a los vecinos, a quienes se citará para que puedan hacerse parte de hacer valer sus derechos, en los términos previstos por los artículos 14 y 35 del Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las solicitudes de licencias y de patentes serán notificados personalmente a los vecinos en la forma prevista por los artículos 44 y 45 del Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). La parte resolutiva de dichos actos también será publicada en el periódico de amplia circulación en el municipio donde se encuentren ubicados los inmuebles, o en cualquier otro medio de comunicación social, hablado o escrito, por cuenta del interesado. El término ejecutorio para el interesado y para los terceros empezará a correr al día siguiente al de la publicación, y en el caso de los vecinos a partir de su notificación. Contra los actos que otorguen una licencia o patente cabrán los recursos de la vía gubernativa que señala el Decreto-Ley 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). Transcurrido un plazo de dos (2) meses contado a partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa y quedará en firme el acto recurrido. Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso interpuesto incurrirá en causal de mala conducta el funcionario moroso". El anterior procedimiento para otorgar licencias o patentes, regula los conflictos de interés que pueden surgir entre el individuo y la comunidad con ocasión del ejercicio de una libertad pública, mediante la publicidad y posibilidad de participación ciudadana en el trámite administrativo correspondiente. Al término de las etapas legales preestablecidas para otorgar la licencia o patente, se profiere finalmente una decisión que, en caso de ser afirmativa, genera consecuencias jurídicas para el solicitante y para los terceros. En efecto, la licencia otorgada a una persona natural o jurídica para el funcionamiento de un establecimiento comercial crea una situación jurídica subjetiva de carácter concreto, que se traduce en la esfera del particular en un interés legítimo, el cual pasa a ser parte integrante del establecimiento de su titular y, por tanto, de claro contenido económico. Por su parte, las demás personas están en la obligación de respetar dicho interés como consecuencia del procedimiento administrativo en el cual pudieron participar. Atendidos los hechos y las circunstancias del caso, es claro que al petente le fue reconocida una autorización para el uso del suelo con el fin de explotar un establecimiento comercial, situación jurídica ésta que no podía ser desconocida, sin justificación para ello, por la autoridad o los demás particulares, so pena de vulnerar diversos derechos fundamentales y constitucionales suyos, así como los principios de buena fe y racionalidad que rigen las actuaciones de la administración pública. Estabilidad de los actos administrativos y renovación de licencias 10. Los actos administrativos que crean o modifican una situación jurídica particular y concreta o un derecho de igual categoría no pueden ser revocados por la autoridad competente sin el consentimiento de su titular (C.C.A. art. 73). El principio de la estabilidad de los actos administrativos protege los legítimos intereses y derechos adquiridos de aquellas personas beneficiarias de una decisión oficial particular y concreta. La confianza legítima en la administración se vería lesionada si la permanencia y seguridad de un acto suyo dependiera de la discrecionalidad del funcionario de turno. Por tal motivo, la ley establece los casos y procedimientos por los cuales hay lugar a suspender o revocar un acto administrativo generador de intereses legítimos o derechos adquiridos. La autoridad puede revocar las licencias por ella otorgadas cuando se llenan los requisitos legales para ello (C.C.A arts. 69 y 74). El ejercicio de una determinada libertad o actividad inicialmente autorizada puede generar situaciones lesivas de los intereses generales cuya protección es un deber del Estado. En estas circunstancias podría, respetando los cauces y procedimientos legales, justificarse la suspensión o revocatoria de un acto para impedir el abuso de los derechos o el incumplimiento de los deberes ciudadanos (CP art. 95). Mientras ello no ocurra no es posible a la autoridad pública, con fundamento en meros temores o preconceptos,  desconocer el principio de estabilidad de los actos administrativos y, por dicha vía, los intereses o derechos individuales protegidos constitucional y legalmente. Principio de buena fe en las actuaciones de la administración 11. La buena fe ha pasado de ser un principio general del derecho para convertirse en un postulado constitucional (CP art. 83). Este trascendental principio exige de los particulares y de las autoridades ceñirse en sus actuaciones a una conducta honesta, leal y acorde con el comportamiento que puede esperarse de una persona correcta ("vir bonus"). La buena fe supone la existencia de una relación entre personas y se refiere fundamentalmente a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada. En las gestiones ante la administración, la buena fe se presume del particular y constituye guía insustituible y parámetro de acción de la autoridad. La doctrina, por su parte, ha elaborado diversos supuestos para determinar situaciones contrarias a la buena fe. Entre ellos cabe mencionar la negación de los propios actos (venire contra factum proprium), las dilaciones injustificadas, el abuso del poder y el exceso de requisitos formales, sin pretender con esta enumeración limitar el principio a tales circunstancias. No es posible reducir la infracción de la buena fe a casos tipificados legalmente. De ahí que la aplicación de este principio suponga incorporar elementos ético-jurídicos que trascienden la ley y le dan su real significado, suscitando en muchas ocasiones la intervención judicial para calificar la actuación pública según las circunstancias jurídicas y fácticas del caso. 12. La administración y el administrado deben adoptar un comportamiento leal en el perfeccionamiento, desarrollo y extinción de las relaciones jurídicas. Este imperativo constitucional no sólo se aplica a los contratos administrativos, sino también a aquellas actuaciones unilaterales de la administración generadoras de situaciones jurídicas subjetivas  o concretas para una persona. El ámbito de aplicación de la buena fe no se limita al nacimiento de la relación jurídica, sino que despliega sus efectos en el tiempo hasta su extinción. 13. El principio de la buena fe incorpora la doctrina que proscribe el "venire contra factum proprium", según la cual a nadie le es lícito venir contra sus propios actos. La buena fe implica el deber de observar en el futuro la conducta inicialmente desplegada, de cuyo cumplimiento depende en gran parte la seriedad del procedimiento administrativo, la credibilidad del Estado y el efecto vinculante de sus actos para los particulares. La revocatoria directa irregular que se manifieste en la suspensión o modificación de un acto administrativo constitutivo de situaciones jurídicas subjetivas, puede hacer patente una  contradicción con el principio de buena fe y la doctrina de los actos propios, si la posterior decisión de la autoridad es contradictoria, irrazonable, desproporcionada y extemporánea o está basada en razones similares. Este es el caso, cuando la administración, luego de conceder una licencia de funcionamiento a una persona para el ejercicio de una determinada actividad, luego, sin justificación objetiva y razonable, procede a suspender o revocar dicha autorización, con el quebrantamiento consecuente de la confianza legítima y la prohibición de "venir contra los propios actos". En el caso sub-examine, la vulneración del principio de la buena fe al cual deben ceñirse las autoridades en todas sus actuaciones se ha concretado por la decisión de la Secretaría de Planeación Municipal de Popayán. Los motivos invocados por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Municipal - queja de los ciudadanos que ven en la práctica del billar en un establecimiento abierto al público un atentado contra las buenas costumbres y la moral de los menores de edad - para solicitar de la primera la suspensión y posterior revocatoria de la resolución 1041 de 1991, no cumplen con los requisitos de racionalidad, proporcionalidad y objetividad necesarios para contradecir legítimamente su propia actuación antecedente. La confianza del titular de la respectiva licencia fue traicionada injustificadamente por la administración, amenazando con causarle cuantiosos perjuicios, dada la inversión hecha por el petente luego de haber obtenido la licencia de funcionamiento. Vulneración concreta de los derechos del accionante 14. Analizados los hechos y las razones expuestas por la administración municipal para impedir la utilización de la licencia de funcionamiento anteriormente concedida por la misma al petente, se concluye la violación manifiesta de su derecho al trabajo. La cuantiosa inversión económica realizada para la adecuación del establecimiento de comercio, el arriendo del local y la compra de las mesas de billar, fueron actuaciones claramente dirigidas a dotar el local escogido con las facilidades necesarias para un trabajo remunerativo y digno. Argumentos como la posibilidad de buscar otro lugar para ejercer su actividad de comerciante, no son atendibles en las circunstancias económicas concretas en que se hallaba el solicitante y dada la naturaleza legítima del oficio por él desempeñado, máxime si se tiene presente que la actuación del administrado se fundaba en el previo otorgamiento de la licencia. De igual forma, la actuación contradictoria de la Secretaría de Planeación Municipal vulneró los derechos del petente a escoger libremente profesión u oficio y al libre desarrollo de la personalidad. Aquél, cabe reiterar, había optado por una actividad que le deparaba una alternativa existencial, en su perspectiva subjetiva, deseable y legítima, tanto para sí como para los amantes del juego de billar. No es exagerado afirmar que la afición al billar, como al ajedrez, se convierte para muchas personas en una profunda motivación vital. La competencia y el deseo de superar los propios límites pasan a formar parte de la personalidad del billarista, logrando adicionalmente el esparcimiento y recreación que acompañan a la práctica de este deporte. Los preconceptos de la comunidad, acogidos por la administración local, en torno al ambiente malsano de estos establecimientos carecen de justificación y de relevancia jurídica para impedir la práctica de este oficio o su explotación económica ofrecida al público en general. Finalmente, la decisión de la autoridad municipal vulneró los derechos a la libertad económica y de empresa, aparte de desconocer el derecho subjetivo en cabeza del señor JAIME FELIPE FAJARDO, el cual fue adquirido mediante la expedición de la respectiva licencia con el lleno de los requisitos exigidos por la ley para el efecto. Carácter irremediable del perjuicio latente 15. El accionante utilizó la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable (CP art. 86 inc. 3). Se infiere de la petición que el señor FAJARDO veía amenazado su derecho fundamental al trabajo por la decisión de la autoridad de impedirle el funcionamiento de su establecimiento comercial. Aunque el perjuicio invocado como irremediable no se había consumado en su integridad, esto no significa en modo alguno que la amenaza de ocurrencia del mismo no fuera objetivamente determinable. En efecto, si se toma en cuenta la inversión realizada por el petente - ampliamente demostrada en el expediente de tutela - como consecuencia de la autorización para hacer uso de la licencia de funcionamiento a él otorgada y el tiempo que dicha inversión se vería retrasada por la decisión de la autoridad de suspender o revocar la resolución respectiva, es claro que el lucro cesante causado era ya cierto y determinable y, en cierto modo, irremediable.  De otra parte, no existe otro medio judicial diferente de la acción de tutela, que por su carácter y término breve de decisión, atendidas las circunstancias concretas pueda garantizar la protección inmediata de los derechos conculcados al petente y poner término -así sea transitoriamente- a los perjuicios crecientes y en expansión derivados de la arbitraria acción administrativa examinada. Como lo ha sostenido anteriormente esta Corporación con respecto a la naturaleza del perjuicio irremediable: "La Corte cree que el perjuicio que la acción de tutela debe evitar en forma transitoria y, por lo tanto, el perjuicio irremediable de que hablan la Constitución y la ley, puede ser parcial, que no es necesario que la potencialidad de la causa dañina se haya agotado o pueda agotarse, y que no es lo mismo daño consolidado o consumado que daño irremediable; por esto, cree la Corte que cuando se hace evidente la posibilidad de un perjuicio que solo sea susceptible de compensación mediante un pago dinerario o cuando tal perjuicio está en curso, aunque no se haya agotado, es precisamente cuando cabe la tutela transitoria, pues se trata cabalmente de impedir que se cause daño en otra forma irreparable o de que continúe produciéndose. En el caso de autos es patente que el perjuicio que surgiría de la inactividad del accionante, si se concluye que es contraria a sus derechos fundamentales, no se ha consumado y es todavía parcial, pero en lo transcurrido es ya irremediable, pues sólo admitiría, en tal supuesto, la indemnización y no su restitución hacia el pasado. La acción de tutela debe, pues, acogerse como mecanismo transitorio".4 En consecuencia, esta Sala encuentra que la decisión del Juzgado de instancia de otorgar la tutela transitoria de los derechos fundamentales del solicitante estuvo adecuadamente tomada, por lo cual procederá a confirmarla, no sin antes tutelar los demás derechos fundamentales amenazados por la decisión de la Secretaría de Planeación Municipal de Popayán. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del  10 de febrero de 1992, proferida por el Juzgado Laboral del Circuito de Popayán, por la cual se concedió la tutela solicitada. SEGUNDO.- ADICIONAR la mencionada sentencia en el sentido de tutelar transitoriamente, hasta el pronunciamiento definitivo de la Justicia Contencioso Administrativa, los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio del señor JAIME FELIPE FAJARDO. TERCERO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Laboral del Circuito de Popayán,  con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado - Salvamento de Voto - ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veintinueve (29) días del mes de julio de mil novecientos noventa y dos ). Salvamento de voto a la Sentencia No. T-475 del Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO ACCION DE TUTELA-Improcedencia/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA/REVISION FALLO DE TUTELA-Objeto (Salvamento de voto) Considero que la situación planteada es, desde el punto de vista jurídico, una de aquellas respecto de las cuales está llamado a operar en toda su plenitud el Derecho Administrativo, cuyos principios y procedimientos tienen la suficiente aptitud para resolver la situación de la persona posiblemente afectada sin necesidad de que ésta se vea precisada a hacer uso del mecanismo subsidiario en que consiste la acción de tutela. La afortunada circunstancia de haberse plasmado en la Constitución de 1991 una figura como la tutela, enderezada a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública o de particulares en los casos previstos por la ley, no puede convertirse en motivo para desmontar instituciones consagradas de tiempo atrás en la legislación colombiana y decantadas por la doctrina y la jurisprudencia, uno de cuyos fundamentos radica precisamente en la garantía de los derechos yen la defensa de los intereses que corresponden a los gobernados frente a las autoridades. La revisión que a esta Corte corresponde debe estar orientada antes que todo a definir si cabía la acción de tutela y si los jueces cuyas decisiones se examinan la concedieron o negaron acertadamente dentro de las reglas constitucionales y legales que rigen la institución. Unicamente después de establecidos esos presupuestos indispensables puede entrar la Corte a formular sus criterios sobre el alcance de los derechos en cuestión y a pronunciarse sobre las medidas concretas que deben ponerse en marcha, si es del caso, para la efectiva y verdadera protección de los derechos fundamentales. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia/PERJUICIO IRREMEDIABLE (Salvamento de voto) El calificativo de irremediable únicamente puede predicarse respecto de aquel daño "que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización", lo cual no ocurre en este proceso, pues el actor podía lograr, por la vía judicial adecuada, el restablecimiento en el ejercicio de sus derechos tanto en la sentencia que fallara de fondo sobre sus pretensiones como en el auto que resolviera sobre su solicitud de suspensión provisional, esto último con una prontitud y una eficacia prácticamente iguales a las que podría buscar por el camino de la tutela. Los jueces de tutela no tienen competencia para suspender actos administrativos. Ref.: Expediente T-1917 Actor: JAIME FELIPE FAJARDO Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Santafé de Bogotá,D.C. veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992). Como puede observarse por la lectura de los antecedentes que relata la sentencia, el actor acudió a la acción de tutela como mecanismo transitorio para obtener la protección inmediata de su derecho fundamental al trabajo en relación con el acto administrativo mediante el cual la Secretaría de Planeación Municipal de Popayán ordenó suspender el permiso que le había sido conferido para hacer uso del suelo e instalar en el área autorizada un juego de billares. Considero que la situación planteada es, desde el punto de vista jurídico, una de aquellas respecto de las cuales está llamado a operar en toda su plenitud el Derecho Administrativo, cuyos principios y procedimientos tienen la suficiente aptitud para resolver la situación de la persona posiblemente afectada sin necesidad de que ésta se vea precisada a hacer uso del mecanismo subsidiario en que consiste la acción de tutela. Debo decir una vez más, como ya lo he repetido en varios proyectos de fallo y como lo he expuesto en diferentes salas de revisión, que la afortunada circunstancia de haberse plasmado en la Constitución de 1991 una figura como la tutela, enderezada a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados o amenazados por la acción u omisión de la autoridad pública o de particulares en los casos previstos por la ley, no puede convertirse en motivo para desmontar instituciones consagradas de tiempo atrás en la legislación colombiana y decantadas por la doctrina y la jurisprudencia, uno de cuyos fundamentos radica precisamente en la garantía de los derechos y en la defensa de los intereses que corresponden a los gobernados frente a las autoridades. Por cuanto alude al Derecho Administrativo no se puede menospreciar el difícil proceso de instauración y fortalecimiento de sus postulados esenciales, ya que él corresponde a uno de los más gloriosos capítulos en la historia de la civilización jurídica. A nadie se oculta que la jurisdicción administrativa hubo de establecerse luego de un intrincado periodo de acomodamiento cuyos orígenes están vinculados con la garantía reconocida a los súbditos del Estado en el sentido de poder impugnar los actos de los gobernantes, como tampoco que en sus inicios el monarca disponía de la llamada "justicia retenida", es decir que, si bien los fallos eran proyectados por su consejo asesor, él era en últimas quien poseía la facultad decisoria, en contravía del principio de equilibrio entre los poderes públicos pues concentraba la función ejecutiva y la jurisdiccional. Más tarde, con el paso a la denominada "justicia delegada", fue el juez administrativo quien autónomamente empezó a vigilar los actos del gobernante, garantizando así a los administrados una vía judicial que permitiera, frente a los excesos en el ejercicio del poder, proteger a los particulares llegando incluso a condenar a los organismos públicos responsables de actividades violatorias de los derechos ciudadanos. En la medida en que se consolidó el Estado de Derecho, se estructuraron los principios que hoy sustentan la posibilidad de que el Estado y sus agentes resulten condenados cuando por su acción o negligencia ocasionan daño a las personas o desatienden los mandatos del orden jurídico al que se encuentran sometidos. Así, pues, el Derecho Administrativo surgió y se ha desarrollado dentro de la idea de someter el poder de la autoridad pública a los dictados del Derecho, mediante el establecimiento de jueces y tribunales especializados a cuyo cargo está, de acuerdo con el respectivo sistema jurídico, el conocimiento y decisión de los actos, hechos y operaciones administrativas adelantadas por las autoridades públicas, señalando los tribunales competentes para conocer de tales asuntos, y también el procedimiento que se ha de seguir y las diferentes acciones que sirven de medio al ciudadano para manifestar su desacuerdo y solicitar no sólo el reconocimiento de los desafueros en que pueda incurrir la autoridad, sino también la respectiva reparación o indemnización por los perjuicios eventualmente causados. En las sociedades civilizadas la actividad de la administración, sometida al control del juez, no goza de un poder arbitrario, pues el pensamiento jurídico ha evolucionado constantemente y la jurisdicción administrativa asume, en el curso de esa evolución, un radio de acción cada vez más amplio, lo cual, correlativamente, limita, condiciona y controla de modo progresivo las actuaciones de quien ejerce el poder. Este se halla obligado, al igual que los particulares, a observar las reglas que impone el ordenamiento jurídico y si las infringe, máxime cuando con esa infracción causa daño a las personas o les conculca sus derechos, es precisamente función de los tribunales la de sancionar los actos contrarios a la ley y la conducta de quienes los ejecutan, cumpliendo así un papel protector de los derechos que corresponden a los gobernados1. Dentro de estos criterios, la jurisdicción administrativa es, así en Colombia como en Francia, elemento esencial del sistema jurídico. A ella se confía la función de preservar la legalidad en ese ámbito de las relaciones entre la administración y los particulares. Dicho sea de paso, cuando se habla en este sentido de legalidad no se quiere significar que el papel de la jurisdicción Contencioso Administrativa excluya la consideración de si la autoridad ha ajustado sus actuaciones a los cánones constitucionales, pues el orden jurídico es uno solo y, tal como en forma reiterada lo han señalado la propia ley, la jurisprudencia y la doctrina, entre las fuentes de la legalidad se encuentran en el primer nivel la Constitución Política, los principios que la inspiran, los derechos, deberes y competencias que consagra. Ahora bien, para el normal desenvolvimiento de la vida en sociedad y con el objeto de que la administración pueda cumplir las funciones que le son propias, los actos administrativos, mientras no sean incompatibles con la Constitución (artículo 4o. C.N.), gozan de la presunción de legalidad, la cual únicamente puede ser desvirtuada por medio de sentencia judicial adoptada, previos los trámites procesales que la ley indique, por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Como quiera que la decisión no es inmediata, por la necesidad de dar cumplimiento al proceso legalmente previsto, la propia Constitución ha autorizado a dicha jurisdicción para suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que la ley establezca, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por la vía judicial (art. 238 de la Carta Política). Se trata cabalmente de obtener que el ostensiblemente contrario al Derecho deje de operar mientras se resuelve de fondo, con lo cual también se está preservando la efectividad de los derechos que puedan resultar conculcados con su aplicación. Puesto que la Constitución Política de 1991 no derogó la jurisdicción Contencioso Administrativa, ni disminuyó sus atribuciones y, por el contrario, destinó el Capítulo 3 del Título VIII a reiterar las disposiciones básicas con arreglo a las cuales fue estructurada por el ordenamiento constitucional anterior, fuerza concluir que la institución de la tutela no vino a sustituirla ni a desplazarla y que resulta indispensable armonizar, en esta como en otras materias, el artículo 36 de la Constitución y las normas del Decreto 2591 de 1991 con los demás preceptos de la Carta y con el resto del ordenamiento jurídico, de modo tal que los diversos ámbitos de competencia se enmarquen dentro de la órbita que el sistema jurídico señala a cada uno, a fin de no desquiciar el Estado de Derecho y asegurar la vigencia de un orden justo, como lo pretende el Preámbulo de la Constitución y la prevalencia del interés general, como lo quiere su artículo 1o. Las consideraciones generales que anteceden me llevan a discrepar del fallo en referencia, no en relación con los argumentos atinentes al trabajo como derecho fundamental, la libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad económica y los demás elementos de fondo que constituyen su motivación, sino respecto de la procedencia de la acción de tutela en el caso controvertido, ya que en mi opinión no era ese el mecanismo que cabía aplicar para la protección de los derechos posiblemente conculcados, mientras que en la sentencia de la cual me aparto esa procedencia se supone en cuanto es confirmado el fallo que concedió el amparo pedido. En efecto, la revisión que a esta Corte corresponde debe estar orientada antes que todo a definir si cabía la acción de tutela y si los jueces cuyas decisiones se examinan la concedieron o negaron acertadamente dentro de las reglas constitucionales y legales que rigen la institución. Unicamente después de establecidos esos presupuestos indispensables puede entrar la Corte a formular sus criterios sobre el alcance de los derechos en cuestión y a pronunciarse sobre las medidas concretas que deben ponerse en marcha, si es del caso, para la efectiva y verdadera protección de los derechos fundamentales. En el presente asunto, ante la existencia de un acto administrativo perfectamente identificable, respecto del cual cabía la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el Código Contencioso Administrativo, el petente había podido acudir a los mecanismos de defensa que el ordenamiento jurídico le otorgaba para obtener la nulidad del acto que lo afectaba y el restablecimiento de su derecho, y también a la solicitud de suspensión provisional de dicho acto, con la consecuencia de que, en el evento de prosperar esta petición, habría quedado sin efecto alguno el acto administrativo que le impedía ejercer su actividad, haciendo innecesaria la acción de tutela. Esta tesis, ya expuesta por la Corte en varias de sus sentencias de revisión2, encuentra sustento en el propio artículo 86 de la Constitución a cuyo tenor "esta acción (la de tutela) solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Tal es el carácter subsidiario o supletorio de la acción de tutela, que se constituye en una de sus características esenciales dentro del ordenamiento jurídico colombiano. La mayoría de la Sala considera que en el caso sometido a examen cabía la tutela aún bajo el expuesto criterio de la norma constitucional, ya que se trata precisamente de una acción instaurada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A ello respondo, apoyado en el artículo 6o., numeral 1o., del Decreto 2591 de 1991, que el calificativo de irremediable únicamente puede predicarse respecto de aquel daño "que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización", lo cual no ocurre en este proceso, pues el actor podía lograr, por la vía judicial adecuada, el restablecimiento en el ejercicio de sus derechos tanto en la sentencia que fallara de fondo sobre sus pretensiones como en el auto que resolviera sobre su solicitud de suspensión provisional, esto último con una prontitud y una eficacia prácticamente iguales a las que podría buscar por el camino de la tutela. En torno a la suspensión provisional, debo reiterar lo que ya aparece consignado de manera perentoria al menos en dos sentencias de esta Corte, en relación con la competencia exclusiva de la jurisdicción Contencioso Administrativa para resolver sobre ella, tal como lo estatuye el artículo 238 de la Constitución, de donde se deriva la incompetencia de los jueces de tutela para suspender los actos administrativos, salvo que en el caso concreto no sea procedente o resulte inútil la suspensión provisional para la protección efectiva del derecho violado o amenazado. Me permito transcribir lo expresado por la Corte Constitucional a ese respecto: - En la sentencia No. T-01 de la Sala Tercera de Revisión se dijo: "De lo dicho se desprende que, en los asuntos al examen de la Corte, los jueces no estaban facultados para invadir la órbita propia de la Jurisdicción Contencioso-administrativa y es evidente que lo hicieron" "Aunque por vía distinta, esas determinaciones judiciales equivalieron, en sus consecuencias jurídicas y prácticas, a la suspensión provisional de los enunciados actos administrativos, la cual únicamente podía provenir de dicha jurisdicción según lo preceptuado por el artículo 238 de la Constitución, que establece: "La jurisdicción de lo contencioso administrativo podrá suspender provisionalmente, por los motivos y con los requisitos que establezca la ley, los efectos de los actos administrativos que sean susceptibles de impugnación por vía judicial". La propia norma constitucional anuncia que la suspensión provisional que decreta la mencionada jurisdicción exigirá motivos y requisitos, lo cual implica que no siempre cabe aplicarla aun por el tribunal competente, lo cual resulta luego desarrollado por el Código Contencioso Administrativo cuando requiere violación, "prima facie", de precepto superior para que sea posible suspender el acto administrativo. Este punto no corresponde estudiarlo a cualquier juez sino, de acuerdo con la Constitución, exclusivamente al que tiene la competencia para decretar la suspensión provisional."3 - En la sentencia No. T-443 de la misma Sala se expresó: "... la atribución de suspender provisionalmente los efectos de los actos administrativos está específicamente conferida por la Constitución a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 238) y mal pueden interpretarse en contra de su perentorio mandato las disposiciones de los artículos 7 y 8 del Decreto 2591 de 1991, aplicables tan solo a aquellos actos contra los cuales no sea procedente dicho mecanismo, de conformidad con las reglas generales. No desconoce la Corte que la última de las disposiciones citadas, al permitir el ejercicio conjunto de la acción de tutela con las pertinentes ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, faculta al juez para ordenar que tratándose de un perjuicio irremediable, se inaplique el acto particular respecto de la situación jurídica concreta cuya protección se solicita mientras dure el proceso, pero es obvio que ésta norma legal parte del supuesto de que en tales casos no procede la suspensión provisional, pues resultaría innecesario, inconveniente e inconstitucional que, siendo ella aplicable para alcanzar el específico fin de detener los efectos del acto cuestionado, se añadiera un mecanismo con idéntica finalidad por fuera del proceso Contencioso Administrativo y a cargo de cualquier juez de la República, con el peligro adicional de decisiones contradictorias, máxime si se tiene en cuenta que también la suspensión provisional se resuelve mediante trámite expedito tal como lo dispone el Código Contencioso Administrativo.4 Los motivos mencionados hacen que disiente de la decisión adoptada en la fecha por esta Sala. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Asamblea Nacional Constituyente. Ponencia para primer debate sobre el trabajo y el trabajador. Guillermo Guerrero, Angelino Garzón, Tulio Cuevas, Jaime Benítez, Guillermo Perry e Iván Marulanda, Gaceta Constitucional No. 45 p. 5. 2 Ibídem. p. 6. 3 Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-425 de Junio 24 de 1992. 4 Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-225 del 17 de junio de 1992. 1 DE LAUBADERE, André: Manual de Derecho Administrativo. Bogotá. Editorial Temis. 1984, Págs. 7, 8 y 9. 2 Cfr. CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Tercera de Revisión. Sentencias números T-01 de abril 3, T-03 de mayo 11, T-07 de mayo 13, T-408 de junio 8, T-460 de julio 15, T-443 de julio 6 de 1992. 3 CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Tercera de Revisión. Fallo No. T-01 de abril 3 de 1992 4 CORTE CONSTITUCIONAL, Sala Tercera de Revisión. Fallo No. T-443 del 6 de julio de 1992.

T-476-92 Sentencia No Sentencia No. T-476/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA Es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino en tanto que son vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en el caso concreto, a criterio razonable del juez de tutela. Para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su representación. Las personas jurídicas son, ciertamente, titulares de la acción de tutela. DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA/ACCION DE TUTELA-Improcedencia El derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica, es una derecho exclusivo de la persona natural; y el Estado, a través del ordenamiento jurídico, tan sólo se limita a su reconocimiento sin determinar exigencias para su ejercicio, y  ésta es una de las constituciones políticas donde la inmensa mayoría de los derechos se otorgan sin referencia a la nacionalidad. El derecho a la personalidad jurídica de la persona moral no constituye  un derecho constitucional fundamental sino un derecho otorgado por la ley si se cumplen los requisitos exigidos por ésta. Las irregularidades que aparentemente ha cometido la Cámara de Comercio  y el no ejercicio de las funciones que el Código de Comercio le otorga al representante legal, para cumplir cabalmente su función,  no constituyen la vulneración de un derecho constitucional fundamental como requisito indispensable para la protección a través del mecanismo de la acción de tutela, porque el artículo 14 de la Constitución, no opera para las personas jurídicas, sino como derecho inherente a la persona natural reconocido por el Estado. DEBIDO PROCESO El debido proceso es un derecho constitucional fundamental predicable de toda persona natural como moral cuando con una actuación judicial o administrativa éste ha sido vulnerado o amenazado. No existe vulneración ni amenaza al derecho constitucional fundamental del debido proceso de la persona moral en la actuación administrativa de la Cámara de Comercio  y si el apoderado de la sociedad no comparte las decisiones de la Cámara de Comercio, sus alegaciones deben ser dirigidas y resueltas por la autoridad competente. JUEZ DE TUTELA Los jueces de tutela deben examinar, antes del tema relativo a la existencia de otros medios judiciales de defensa, si se está, o no, en presencia de un derecho constitucional fundamental, lo cual es un supuesto material y previo a cualquier otro estudio. REF: EXPEDIENTE No. 2069 Peticionario: Julio Fuenmayor Ramos y Mireya Fuenmayor de Tangarife. Procedencia: Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta  -Sala Civil-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., julio veintinueve (29) de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-2069, adelantado por Julio Fuenmayor Ramos  y Mireya Fuenmayor de Tangarife. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 10 de abril del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar Sentencia de Revisión. 1. SOLICITUD. La sociedad "Compañía Andina de Maderas Ltda., "CADEMA LTDA.", fue declarada judicialmente en quiebra, por auto de 29 de agosto de 1991, por el Juzgado Unico Civil del Circuito Especializado en Comercio, del municipio de Cúcuta. Debido a lo anterior, el Juez nombró  al síndico de la quiebra para que actuara como  representante de la sociedad para todos los efectos legales. La junta de socios, a su vez, nombró a un representante legal diferente al síndico, arguyendo que el quebrado mantiene su personería y capacidad en el proceso de la quiebra. Ante lo anterior, la Cámara de Comercio de Cúcuta, por Resolución No. 11 de diciembre 12 de 1991, negó la inscripción del representante legal elegido por la junta de socios, ya que existía ciertamente un síndico en el que se concentraban los poderes de representación de la sociedad. Julio Fuenmayor Ramos y Mireya Fuenmayor de Tangarife, socios únicos de CADEMA LTDA, interpusieron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución citada. La reposición confirmó la resolución; con respecto a la apelación, no se allegó prueba al expediente. Los accionantes impetraron acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta contra la Resolución No. 02 de enero 23 de 1992, que confirma la Resolución No. 11 de diciembre 12 de 1991, de la Cámara de Comercio de Cúcuta, que negó la inscripción del representante legal de la sociedad, decisión que tomaron los socios y que fue elevada a escritura pública. Los peticionarios alegan como vulnerados los artículos 14 (reconocimiento de personalidad jurídica a toda persona) y 29 (debido proceso) de la Constitución Política de Colombia. 2. FALLOS. 2.1. Del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta -Sala Civil- (Providencia de febrero 25 de 1992). En primera instancia el Tribunal considera que la tutela, por su naturaleza excepcional, no cabe en el caso sub-exámine, ya que existían otros medios de defensa judiciales, tanto contra la decisión de la Cámara de Comercio, como contra la providencia del Juzgado Unico Civil del Circuito Especializado en Comercio de Cúcuta. Aún así, considera el juzgador, la tutela comporta una excepción al principio antes señalado, cuando es intentada como medida cautelar para evitar un perjuicio irremediable. En el presente caso, la tutela no fue solicitada como medida cautelar, y no existe un perjuicio irremediable qué evitar. En ese orden de ideas, el Tribunal conviene en declarar improcedente la tutela. 2.2. De la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- (Providencia de marzo 26 de 1992). El ad quem estima, en acuerdo con el a quo, que existen otros medios de defensa judicial contra el acto expedido por la Cámara de Comercio de Cúcuta, ya que es susceptible de ser atacado por la vía contenciosa administrativa. La segunda instancia confirma, pues, el fallo de primera. II.  FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión del fallo dictado por la Sala Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia, con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. De la persona jurídica como titular de la acción de tutela. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la legitimación de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela. En Sentencia T-411 de la Sala Cuarta de Revisión consideró: "Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar; entre otros. Pero otros derechos ya son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes. En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en el caso concreto, a criterio razonable del juez de tutela1 ". Posteriormente, la Sala Tercera de Revisión reafirmó la misma doctrina constitucional en sentencia T-430, en la cual se afirma: "Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que 'toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por si misma o por quien actúe a su nombre...', no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. Observa la Corte, sin embargo, que para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su representación; si bien, como lo dice el artículo 10º del Decreto 2591, los poderes se presumirán auténticos, deben presentarse2 ". En consecuencia esta sala reitera la jurisprudencia establecida y concluye que las personas jurídicas son, ciertamente, titulares de la acción de tutela. 3. Del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica. El sujeto razón y fin de la Constitución de 1991 es la persona humana. No es pues el individuo en abstracto, aisladamente considerado, sino precisamente el ser humano, en su dimensión social, visto en la tensión individuo-comunidad, la razón última de la nueva Carta Política. El artículo 14 de la Constitución establece: "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica". 3.1. Titular del derecho. El derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica a que se refiere el artículo 14 de la Carta Fundamental es una derecho exclusivo de la persona natural; y el Estado, a través del ordenamiento jurídico, tan sólo se limita a su reconocimiento sin determinar exigencias para su ejercicio, y  ésta es una de las constituciones políticas donde la inmensa mayoría de los derechos se otorgan sin referencia a la nacionalidad. Esta afirmación se comprueba al estudiar los instrumentos internacionales sobre el reconocimiento de la personalidad jurídica interpretados a la luz del artículo 93 de la Constitución que determinan quién es el titular del derecho constitucional fundamental establecido en el artículo 14 de la Constitución. El artículo 93 constitucional le confiere a los tratados internacionales sobre derechos humanos el carácter de norma prevalente en el ordenamiento interno, si se ajustan al orden constitucional, y les otorga la condición de criterio de interpretación constitucional para buscar el sentido de los derechos y deberes consagrados en la Carta Fundamental. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por Colombia en virtud de la Ley 74 de 1968,  en su artículo 16 establece: "todo ser humano tienen derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica". La razón jurídica del derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica la encontramos en el Preámbulo del Pacto Internacional que  reconoce: "que estos derechos se derivan de la dignidad inherente a la persona humana". A la misma conclusión se llega por vía de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 1º numeral 2º dice que para los efectos de esta Convención "persona es todo ser humano", y el artículo 3º consagra, "que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica". Como fundamento ideológico orientador de las disposiciones sobre derechos humanos en el mundo, es imperativo hacer mención a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en su artículo 6º establece: "todo ser humano tiene derecho, en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica". Así pues, para la interpretación del artículo 14 de la Constitución se hace necesario recurrir al análisis de los Instrumentos Internacionales y de ellos se deduce claramente que el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica es un derecho inherente a la persona humana y que la labor del Estado es de constanción y no de creación. El tema de discusión se ha centrado en si la personalidad jurídica la reconoce el Estado o éste en un acto de poder, la crea. El positivismo extremo, teniendo como principales exponentes a Hans Kelsen y Giovanny Gentile, consideraron que el Estado como personificación del orden jurídico total (Kelsen) y como todo moral y absoluto ( Gentile), es el creador, a través de las leyes, desde la fundamental hasta la codificada, de toda realidad jurídica, de tal manera, que si algo no es instituido dentro de la categoría personal, en el mundo jurídico no existe. Rene Casin inspirado en Radbruch (Alemania), del Vecchio     (Italia), Holmes, Frank, Cardozo (Realismo Norteamericano), Hart (Inglaterra) y otros en los proyectos de redacción y unificación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, llegó a la siguiente conclusión doctrinaria: El Estado no crea la personalidad jurídica, porque sería absurdo que una entidad cultural como el Estado sea la creadora de una entidad natural como la personalidad jurídica; de tal manera, que el Estado debe reconocer la realidad preexistente al mismo Estado: la personalidad jurídica del ser humano. El reconocimiento jurisprudencial del raciocinio anterior impide la arbitrariedad que se presentó en los regímenes totalitarios, en cuyas legislaciones la personalidad jurídica estaba  restringida a determinados seres humanos. 3.2. La personalidad jurídica de la persona natural. Es necesario que los seres humanos se les reconozca la cualidad de personalidad jurídica en su sentido jurídico-político es decir que el primer derecho de todo hombre es el derecho que le define el estatus de persona jurídica, como lo considera Karl Larenz "la condición de persona es la cualidad que distingue al hombre sobre todos los demás seres vivientes..."3 . El estudio del concepto de persona en la ciencia del derecho civil y en la ciencia del derecho natural nos permite advertir que el concepto jurídico de persona es el más abarcante de los conceptos jurídicos, por ser, precisamente, el fundamento de toda la realidad jurídica. El problema está en definir a la persona si es "ser ante" o "ser por". Si se admite que la persona es un alguien para el derecho, debe de igual modo, aceptarse que su personalidad jurídica simplemente le es reconocida por el ordenamiento jurídico positivo4 . Es decir el derecho no le agrega nada a la estructura óntica de la persona humana, le reconoce y le protege su titularidad natural, así como la dignidad que le corresponde por el derecho de ser persona. En definitiva una persona es una realidad única e irrepetible filosófica y jurídicamente. 4. Argumento subjetivo. En el informe-ponencia5 para primer debate de la Carta de Derechos, Deberes, Garantías y Libertades presentado por el Constituyente Diego Uribe Vargas se expresa que: "El eje primordial de la democracia radica en reconocerle a los ciudadanos y personas que habitan en Colombia, un conjunto de garantías que no sólo dignifiquen el contenido de la vida, sino que favorezcan  progresivamente la formulación de las nuevas libertades que la evaluación contemporánea han ido poniendo en evidencia . Este artículo que aparece en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y que se reproduce igualmente en el Pacto de San Jose de Costa Rica y en los instrumentos referentes a la materia, expresa el reconocimiento del individuo como sujeto principal del derecho, cuyos atributos tienen valor remanente. Los atributos que la doctrina reconoce a la persona son: el nombre, el domicilio, el estado civil, el patrimonio, la nacionalidad y la capacidad. No puede haber personas a quienes se les niegue la personalidad jurídica, ya que ello equivaldría a privarles de capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones." (subrayas fuera del texto) 5. El atributo de la  personalidad jurídica de la persona moral. La condición de personalidad jurídica hace del hombre categoría de sujeto de derecho, no es un estatus exclusivo, la puede otorgar el Estado a otras realidades producto del ser humano en su tensión individuo-sociedad que genera el derecho a la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad y tal como lo establece el artículo 38 de la Constitución Política, lógicamente este derecho estará sometido a las condiciones que el ordenamiento jurídico exige para su otorgamiento. En el derecho colombiano se distinguen dos tipos de personas a saber: las personas naturales y las personas jurídicas (artículo 73 del Código Civil). a) Personas naturales: son absolutamente todos los seres humanos (artículo 74 del Código Civil). b) Personas jurídicas: el artículo 633 del Código Civil las define de la siguiente manera: "Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser respetada judicial y extra judicialmente". El artículo 38 de la Constitución se limita a la garantía del derecho de asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad. La norma efectivamente no contienen ningún tipo de restricción y su otorgamiento está condicionado al objeto social. Esta interpretación se debe realizar a partir del artículo 93 de la Constitución en relación con el artículo 16.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica" que establece ..."El ejercicio de tal derecho [se refiere al derecho de asociación] sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás..." Para el otorgamiento de la personalidad jurídica de la persona moral se requiere de un acto constitutivo, que varía en cada caso, de conformidad con la calidad de la persona jurídica. Es así como a diferencia del reconocimiento de la personalidad jurídica de la persona natural, la persona moral para obtener su personalidad jurídica y ejercer los derechos que le están consagrados en la Constitución (que como ente colectivo representa los derechos fundamentales de las personas naturales que lo integran). En consecuencia, la adquisición de la personalidad jurídica de la persona moral depende del cumplimiento de requisitos, de tal manera que la obtención de actuar jurídicamente -establecimiento de relaciones jurídicas- proviene del reconocimiento externo y formal de la existencia de la parte que se relaciona. Como excepciones al principio  de que la personalidad jurídica es constitutiva, encontramos el artículo 39 de la Carta, que establece que los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituír sindicatos o asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se producirá con la simple inscripción del acta de constitución. Así las cosas, para esta Sala de Revisión y con base en los planteamientos anteriormente expuestos, se concluye que el derecho a la personalidad jurídica de la persona moral no constituye  un derecho constitucional fundamental sino un derecho otorgado por la ley si se cumplen los requisitos exigidos por ésta. 6. Del caso concreto. Manifiesta el peticionario, apoderado de la Sociedad CADEMA Ltda, que la Cámara de Comercio de Cúcuta, al negar la inscripción del representante legal, está violando flagrantemente el derecho constitucional consagrado en el artículo 14 de la Carta Fundamental, que señala que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. Fundamenta su solicitud en la negativa de la Cámara de Comercio a registrar  la escritura pública mediante la cual se designó el representante legal de la sociedad, ésta no puede ejercer el derecho de defensa ante el Juzgado Unico Especializado en Comercio de la ciudad de Cúcuta, en el que cursa el proceso de quiebra de la sociedad ya mencionada. Los peticionarios fundamentan su solicitud en la vulneración de dos derechos fundamentales: a- En el caso concreto el petente es persona moral. El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tendrá acción de tutela. Tanto el artículo 86 de la Constitución como el artículo 10º del Decreto 2591, exigen la vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental como unos de los requisitos para la protección a través de la acción de tutela. Así las cosas, las irregularidades que aparentemente ha cometido la Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta y el no ejercicio de las funciones que el Código de Comercio le otorga al representante legal, para cumplir cabalmente su función,  no constituyen la vulneración de un derecho constitucional fundamental como requisito indispensable para la protección a través del mecanismo de la acción de tutela, porque el artículo 14 de la Constitución, no opera para las personas jurídicas, sino como derecho inherente a la persona natural reconocido por el Estado. No existiendo el derecho constitucional fundamental amenazado o vulnerado y siendo éste un elemento esencial para la protección, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional los hechos descritos por los peticionarios no constituyen vulneración del derecho constitucional fundamental consagrado en el artículo 14 de la Carta y que se refiere al reconocimiento de la personalidad jurídica por cuanto éste sólo es exclusivo de la persona natural y no de la moral como es el caso de la sociedad CADEMA Ltda. b- Por otra parte se refiere igualmente el peticionario al artículo 29 de la Constitución, por considerar que existió una vulneración al debido proceso. El debido proceso es un derecho constitucional fundamental predicable de toda persona natural como moral cuando con una actuación judicial o administrativa éste ha sido vulnerado o amenazado. Así lo entendió el Constituyente de 1991, y en el artículo 29 de la Constitución se hace una clara determinación de la aplicación del debido proceso a toda clase de actuaciones administrativas6 . En el caso concreto y analizadas las pruebas aportadas al expediente se desprende que la Cámara de Comercio de Cúcuta notificó en debida forma la Resolución número 011 de diciembre 12 de 1991, y durante el término de la ejecutoria fue interpuesto el recurso de reposición y en subsidio apelación (del que no se conoce su resultado). Por lo tanto, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, no existe vulneración ni amenaza al derecho constitucional fundamental del debido proceso de la persona moral en la actuación administrativa de la Cámara de Comercio de Cúcuta y si el apoderado de la sociedad no comparte las decisiones de la Cámara de Comercio, sus alegaciones deben ser dirigidas y resueltas por la autoridad competente. Sin ser el argumento central de la Sentencia de Revisión, esta Sala debe ocuparse del argumento expuesto tanto por el Tribunal Superior de Cúcuta -Sala Civil de Decisión- como por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, en relación a la improcedencia de la tutela por encontrarse manifiesta la causal establecida en el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 que consagra la improcedencia cuando existan otros medios judiciales de defensa. En este sentido esta Sala anota que los jueces de tutela deben examinar, antes del tema relativo a la existencia de otros medios judiciales de defensa, si se está, o no, en presencia de un derecho constitucional fundamental, lo cual es un supuesto material y previo a cualquier otro estudio. Esta aclaración se hace en ejercicio de la función pedagógica de la Constitución, de que trata el artículo 41 de la Carta. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.- Confirmar la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, por las razones expuestas en esta Sentencia. Segundo.- A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional enviar copia de esta Sentencia a la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, al Tribunal Superior de Cúcuta - Sala de Decisión Civil-, a la Cámara de Comercio de Cúcuta, a la Superintendencia de Sociedades y a la sociedad peticionaria "Compañía Andina de Maderas Ltda". CADEMA Ltda. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Sustanciador FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado 1 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-411 del 17 de junio de 1.992. 2 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-430 del 24 de julio de 1.992. 3 LARENZ, Karl. Derecho Civil. Parte General (Madrid 1.978), Ed. Revista de Derecho Privado. P. 44. 4 Cfr, HOYOS CASTAÑEDA, Ilva Myriam. El Concepto de persona y los derechos humanos. Universidad de la Sabana. Santa Fe de Bogotá. 1.991. En la obra  citada la autora hace una análisis del concepto jurídico de persona y su dimensión jurídica en las varias teorías. 5 Gaceta Constitucional No. 82, página 10 a 16. 6 Cfr, Sentencia número T-11 del 22 de mayo de 1.992, de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional.

T-480-92 Sentencia No Sentencia No. T-480/92 DERECHO AL BUEN NOMBRE/HABEAS DATA/DERECHO A LA HONRA El derecho al buen nombre que el accionante reclama está instituido como fundamental obliga a todos y en toda clase de relaciones, tanto oficiales como particulares y sean ellas públicas o privadas; su respeto, por supuesto, es más exigente y estricto cuando se trata de relaciones o situaciones públicas, dado el carácter del derecho que se protege, el cual se desenvuelve muy especialmente ante una opinión circundante más o menos amplia y comprensiva de una gran variedad de relaciones personales. La honra es, igualmente, un derecho fundamental. Conforme a estos dos principios, toda persona tiene derecho a que lo que se exprese, sienta y piense de él por los demás corresponda a una estricta realidad de sus conductas y condiciones personales, especialmente de sus bondades y virtudes, de manera que la imagen no sufra detrimento por informaciones falsas, malintencionadas o inoportunas. El petente tiene derecho a que se dé a la publicidad una noticia clara y sincera en este sentido. REF.: EXPEDIENTE No. T-1098 Actor: ENRIQUE MALDONADO SANTOS Derechos: Buen nombre y honra. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No. 5 Santafé de Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  INTRODUCCION. Procede la Corte Constitucional a resolver en vía de revisión sobre la acción de tutela intentada por el señor ENRIQUE MALDONADO SANTOS contra los editores de la publicación mensual llamada "CLAMOR", que es medio de expresión de la organización conocida como COOPDESARROLLO (Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social). II.  LA DEMANDA. Narra el señor Maldonado que en el número 33 de junio 1989 del periódico "CLAMOR", en primera página, se publicó la noticia de que había sido denunciado por los delitos de calumnia e injuria por el señor ADRIANO PRIETO CESPEDES, gerente de la Regional de COOPDESARROLLO en Bogotá; que posteriormente fue absuelto de todo cargo por el Juzgado Tercero Penal Municipal, por lo cual solicitó la respectiva rectificación sin ser atendido por las personas responsables; pide que se ordene tal rectificación. III.  LA INSTANCIA. El 17 de febrero del año en curso, la Sala de Decisión Penal correspondiente del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá pronunció fallo que fue favorable a las pretensiones del actor por cuanto se hallaron probados los hechos y se pensó que: "Encuentra la Sala que el peticionario tiene derecho a que su buen nombre quede a salvo, porque aún cuando las afirmaciones hechas por el mencionado tabloide eran ciertas en su momento, pues evidentemente, se había instaurado una denuncia penal en contra de ENRIQUE MALDONADO por los delitos de injuria y calumnia, y que se le había dictado medida de aseguramiento, cuestiones que fueron conocidas por todas las personas que tuvieron acceso a dicha publicación e información, no es menos cierto que al haber sido favorecido por auto de cesación de procedimiento por esos mismos hechos, en aras a su buen nombre, a su buena imagen, tiene derecho a que con el mismo despliegue que se hizo anteriormente, se publique la información de que en ningún momento cometió los delitos por los que se le acusó". IV.  LOS EFECTOS DEL FALLO. Para dar cumplimiento a la sentencia, según se dice, se publicó la siguiente noticia en "CLAMOR", No. 59, enero-febrero, 1992: "Cesan procedimiento a Enrique Maldonado S." "Como se hizo saber con pretérita oportunidad, el doctor Adriano Prieto Céspedes, a través de apoderado, formuló denuncia penal en contra de Enrique Maldonado Santos por los delitos de injuria y calumnia. El Juzgado 3 Penal Municipal de Bogotá, despacho que adelantó el proceso y en su oportunidad dictó contra el procesado medida de aseguramiento consistente en caución, al calificar el mérito del sumario resolvió cesar el procedimiento en contra de Maldonado Santos, por estimar que sus afirmaciones no materializan una imputación directa, clara y precisa de un hecho punible. Cabe anotar que en el curso del proceso Maldonado Santos negó ser el autor de las especies contenidas en sus propios escritos endilgando tal autoría al señor Juan Jesús Arévalo, funcionario de la Superintendencia Bancaria, quien concurrió al Juzgado y bajo la gravedad del juramento manifestó no constarle nada sobre los hechos investigados". V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. La competencia de la Corte Constitucional se desprende de los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Nacional así como de los artículos 33 y ss. del Decreto 2591 de 1991.  La acción se rituó debidamente. El derecho al buen nombre que el accionante reclama está instituido como fundamental por el artículo 15 de la Carta Política, según el cual "el Estado debe respetarlo(s) y hacerlo(s) respetar", de lo que se deduce que obliga a todos y en toda clase de relaciones, tanto oficiales como particulares y sean ellas públicas o privadas; su respeto, por supuesto, es más exigente y estricto cuando se trata de relaciones o situaciones públicas, dado el carácter del derecho que se protege, el cual se desenvuelve muy especialmente ante una opinión circundante más o menos amplia y comprensiva de una gran variedad de relaciones personales. La honra es, igualmente, un derecho fundamental consagrado en el artículo 21 constitucional. Conforme a estos dos principios, toda persona tiene derecho a que lo que se exprese, sienta y piense de él por los demás corresponda a una estricta realidad de sus conductas y condiciones personales, especialmente de sus bondades y virtudes, de manera que la imagen no sufra detrimento por informaciones falsas, malintencionadas o inoportunas. Grande es ciertamente la importancia de estos derechos porque el hombre necesita de que la opinión social dé apoyo cierto a sus valoraciones de sí mismo, a la prudente evaluación de su persona y al justo orgullo que le permite llevar una vida importante y significativa, a más de que la imagen que se tenga de él determina en alta medida el trato que se le dá por los demás en una muy amplia gama de circunstancias que tienen que ver con toda clase de aspectos de su vida desde los afectivos hasta los económicos. En el caso de autos, el periódico "CLAMOR" publicó en su entrega No. 33 de junio de 1989 que el señor ENRIQUE MALDONADO había sido denunciado por los delitos de calumnia e injuria por el señor ADRIANO PRIETO CESPEDES, gerente de la regional de Bogotá de COOPDESARROLLO, a lo que agregó muy breves informaciones ceñidas a la verdad; esto se hizo en la primera página y en forma destacada.  A su turno, en la edición No. 36 de septiembre de 1989, el mismo periódico, igualmente publicó la noticia de que se había dictado "MEDIDA PREVENTIVA CONTRA ENRIQUE MALDONADO SANTOS" sin comentarios adicionales. Ahora bien, ocurrió que el Juzgado Tercero Penal Municipal de Bogotá por providencia de 28 de junio de 1991 ordenó cesar todo procedimiento en el averiguatorio anunciado por considerar que no se configuraba ninguna conducta delictiva o hecho punible. Es obvio, entonces, que el petente tiene derecho a que se dé a la publicidad una noticia clara y sincera en este sentido, tal como lo ordenó el Tribunal de instancia, efecto al cual en el número 59, enero-febrero de 1992, del periódico dicho se dió a conocer la información respectiva, en sitio y proporciones aceptables, pero con un contenido distorsionado y malintencionado que no satisface los derechos de buen nombre y honra del dolido, especialmente el último párrafo de lo publicado. Por este motivo, la Corte Constitucional confirmará la sentencia que es objeto de revisión pero ordenará que se publique un texto exacto y verdadero, como se redactará en la parte resolutiva. VI.  DECISION. Por todo lo anterior, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.-       SE CONFIRMA la sentencia dictada el 17 de febrero de este año por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la acción de tutela propuesta por el señor ENRIQUE MALDONADO SANTOS  contra el periódico "CLAMOR", órgano de expresión de la Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social (COOPDESARROLLO). SEGUNDO.-       SE ORDENA  al periódico mencionado que en su próxima edición, en su primera página y en la misma forma destacada como se hicieron las publicaciones antecedentes, publique el siguiente texto. "CESAN PROCEDIMIENTO CONTRA ENRIQUE MALDONADO SANTOS "En la entrega No. 33 de junio de 1989, este periódico informó a sus lectores que el señor Enrique Maldonado Santos había sido denunciado por los delitos de calumnia e injuria por el señor Adriano Prieto Céspedes. "Posteriormente, en nuestra edición No. 36 de septiembre del mismo año, informamos que contra dicho señor se habían dictado medidas de aseguramiento, dentro del proceso dicho. "Hoy, con igual criterio, informamos que el juzgado de conocimiento, que lo fue el Tercero Penal Municipal de Bogotá, ordenó cesar todo procedimiento en contra del señor Maldonado, por encontrar que no se configuró un hecho punible en razón de la conducta denunciada." TERCERO.-       Para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, comuníquese al Tribunal de origen. Cúmplase, cópiese y publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado CIRO ANGARITA BARON        EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-481-92 Sentencia No Sentencia No. T-481/92 DERECHO DE PETICION/SILENCIO ADMINISTRATIVO NEGATIVO Consiste no simplemente en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino de que haya una resolución del asunto solicitado, lo cual si bien no implica que la decisión sea favorable, tampoco se satisface sin que se entre a tomar una posición de fondo, clara y precisa, por el competente; por esto puede decirse también que el derecho de petición que la Constitución consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo negativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuación sea posible y no sea bloqueada por la Administración, especialmente con vista en la promoción de las acciones judiciales respectivas, pero en forma ninguna cumple con las exigencias constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad material y sustantiva de resolución y no a una consecuencia meramente formal y procedimental, así sea de tanta importancia. DERECHO AL TRABAJO/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL El derecho al trabajo es un derecho fundamental, él da lugar a una serie de prestaciones que se reflejan en la seguridad social, pero que en este caso, ésta, por ser derivación directa e inmediata del trabajo, no es la seguridad social genérica y programáticamente universal de que trata el artículo 48 ibidem y de cuyo carácter como derecho fundamental puede dudarse.  La pensión de invalidez de que trata este asunto, aunque está enmarcada dentro del régimen de la seguridad social -específica y concreta- es resultado directo e inmediato del trabajo y, como éste, es derecho fundamental y merece especial protección del Estado. REF.: EXPEDIENTE No. T-1820 Actor: GERMAN BRAVO FRANCO. Derecho de petición y derecho al trabajo. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No. 5 Santafé de Bogotá, D.C. diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Séptima de Revisión de acciones de tutela procede a resolver por vía de revisión lo que corresponde en la intentada contra el Instituto de Seguros Sociales por el señor GERMAN BRAVO FRANCO. I.  ANTECEDENTES Y ACTUACION. Por intermedio de apoderado, el señor GERMAN BRAVO FRANCO instauró acción de tutela contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, específicamente en cabeza del Jefe de Prestaciones Económicas de la División del Atlántico, para que se dieran los pasos conducentes al reconocimiento de una pensión por invalidez a la que él creía tener derecho, como se verá. Correspondió el conocimiento al Juzgado Noveno de Instrucción Criminal de Barranquilla, despacho que después de oir bajo juramento al apoderado del actor, practicó tres inspecciones judiciales, a saber, dos a la oficina de Prestaciones Económicas del Instituto, los días 23 y 24 de enero del año en curso, y una a la Oficina de Medicina Legal Laboral en la primera fecha citada, con los resultados más magros y pobres que sea posible imaginar, no por culpa del Juzgado, sino por la vergonzosa desorganización y descuido que imperan en la Oficina de Prestaciones Económicas. Luego el Juzgado falló la acción, denegándola, porque "no procede en este momento", en proveido del 29 de enero con base en el increible, insostenible y censurable argumento que a continuación se transcribe: "En el caso que nos ocupa u (sic) de conformidad con la práctica de las diligencias adelantadas por el despacho en el término señalado por la ley y verificado que está en curso el reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Germán Bravo Franco, lo cual será remitido a Santafé de Bogotá en donde se encuentra centralizado todo lo referente a ese ente adscrito al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social por lo que no ha habido omisión en el trámite para el reconocimiento de su derecho por que el kárdex así lo indica y en próximos días estará resuelto el derecho solicitado". Después, por impugnación formulada por el apoderado del actor, una Sala Unitaria del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla revocó la decisión de primera instancia en providencia cuyo texto íntegro fue después suscrito por la respectiva Sala de Decisión Penal que intervino por orden de esta Corte, que consideró que ésta y no aquella era la manera legal de tomar la decisión tratándose de una sentencia en debida forma. El numeral 1o. de la parte resolutiva dice así: "1.-  Revocar, como en efecto revoca, en todas sus partes el fallo de tutela dictado por el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal, y en consecuencia de ello se ordena con base en el artículo 28, del Decreto 2591, que en el término de 3 días se disponga lo pertinente por el Jefe de Prestaciones Económicas para que se constate en el Kárdex o en los archivos del I. S. S., que forman parte del Departamento de Prestaciones Económicas, si se encuentra el expediente correspondiente a la solicitud de pensión de invalidez correspondiente al señor GERMAN BRAVO FRANCO, a fin de que sea enviado inmediatamente a la oficina que corresponda en la ciudad de Bogotá con la información pertinente para su pronto reconocimiento. De las actividades tendientes a cumplir con lo ordenado en esta decisión, se dará información en el término máximo de 48 horas, como lo ordena esa misma norma". II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. Después de algunos estudios traídos en fotocopia al expediente, el 30 de septiembre de 1990 la Oficina de Medicina Legal Laboral evaluó al señor BRAVO FRANCO y le halló una ceguera bilateral absoluta e irreversible consecutiva a trauma craneano, por lo cual pidió que se le reconociera por parte del Instituto "pensión por gran invalidez", la que fue solicitada por el interesado el 2 de octubre del mismo año, bajo el número 10ll; se estableció que el 24 de enero de 1992 el I. S. S., Oficina de Prestaciones Económicas de la Seccional del Atlántico, ni siquiera sabía dónde y en qué estado se encontraba el expediente respectivo, por lo que las críticas que en el presente fallo se hacen a esa dependencia y al Juzgado de origen que justificó esta situación son fundadas.  A raíz del primer fallo de segunda instancia que así lo ordenó, el asunto fue remitido a la oficina competente del I. S. S. en Bogotá el 16 de marzo, pero se ignora si ha sido resuelto. Dos son los derechos fundamentales que ostensiblemente se violaron al petente, a saber, el de petición (art. 23, C.N.), pues la suya no fue resuelta dentro de los términos legales, pero ni siquiera dentro de periodos humanamente imaginables, como se ha descrito, y se cometió con él una absurda arbitrariedad en todas las formas reprochable; y el del trabajo (art. 25. C.N.) que es uno de los fines del estado y constituye fundamento de la República. En lo pertinente, el artículo 23 de la actual Constitución consagra el derecho de petición en los mismos términos que venían de la anterior, bajo la cual fue concebida en la forma más amplia, pues de él se derivan facultades y poderes tan amplios como los de pedir en contención ante la administración de justicia, por un extremo, hasta los de, mediante su ejercicio, cumplir una función de control de la función pública, de manera que su importancia es manifiesta.  Es de notar que él consiste no simplemente en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino de que haya una resolución del asunto solicitado, lo cual si bien no implica que la decisión sea favorable, tampoco se satisface sin que se entre a tomar una posición de fondo, clara y precisa, por el competente; por esto puede decirse también que el derecho de petición que la Constitución consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo negativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuación sea posible y no sea bloqueada por la Administración, especialmente con vista en la promoción de las acciones judiciales respectivas, pero en forma ninguna cumple con las exigencias constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad material y sustantiva de resolución y no a una consecuencia meramente formal y procedimental, así sea de tanta importancia. En cuanto al derecho al trabajo (Preámbulo y arts. 1, 25, 26, 39, 53, 55 y 56 C.N.), que es sin la menor duda un derecho fundamental, basta decir para los propósitos de este fallo que él da lugar a una serie de prestaciones que se reflejan en la seguridad social, pero que en este caso, ésta, por ser derivación directa e inmediata del trabajo, no es la seguridad social genérica y programáticamente universal de que trata el artículo 48 ibidem y de cuyo carácter como derecho fundamental puede dudarse.  La pensión de invalidez de que trata este asunto, aunque está enmarcada dentro del régimen de la seguridad social -específica y concreta, como se ha dicho- es resultado directo e inmediato del trabajo y, como éste, es derecho fundamental y merece especial protección del Estado. Tal vez esta consideración fue la que llevó al Tribunal, después de extraviar el rumbo y de dudar sobre estos conceptos, a decir: "Pues bien, analizadas las circunstancias por las cuales atraviesa la vida del señor GERMAN BRAVO FRANCO, el suscrito Magistrado (sic) considera posible, inclusive, NECESARIO, reconocer la acción de tutela en su favor", planteamiento que la Corte comparte. La Corte, pues, confirmará la decisión del tribunal, pero la adicionará para que su orden sea más efectiva y célere, como el caso lo amerita y es de justicia, como se verá. III.  DECISION. Por virtud de lo dicho, la Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.-       CONFIRMASE la sentencia dictada el 25 de junio de 1992 por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante la cual se revocó la proferida por el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal radicado el 29 de enero de este año, en la acción de tutela instaurada por el señor GERMAN BRAVO FRANCO contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES (I. S. S.). SEGUNDO.-       SE ADICIONA  el fallo antedicho en el sentido de ordenar al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, OFICINA CENTRAL en Bogotá que sea competente, que resuelva de fondo y en concreto respecto a la pensión de invalidez de que aquí se trata en el término de 15 días hábiles a partir de la notificación de esta sentencia, lo cual acreditará inmediatamente después ante el Juzgado de Primera Instancia, bajo las sanciones legales del artículo 53 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO.-       Por la razón y para los efectos de que trata el artículo 36 ibidem, comuníquese al Juzgado de primera instancia, el cual procederá a notificar este fallo de manera expedita e inmediata tanto a la Seccional del Instituto en Barranquilla como a la Oficina Central en Bogotá y velará por su estricto y oportuno cumplimiento. Cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON            EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado                                      Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-482-92 Sentencia No Sentencia No. T-482/92 ACCION DE TUTELA/TUTELA CONTRA PARTICULARES/SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION La acción de tutela fue instituida como un medio para lograr la protección de los derechos fundamentales, cuando hayan sido vulnerados o amenazados por las autoridades públicas y encomendó a la ley regular en qué casos procede contra particulares, entre los cuales, se incluyó a los encargados de la prestación del servicio público de la educación, de tal manera que la actuación adelantada por la Corporación Universitaria de Boyacá, como institución no oficial de educación superior, será sometida a consideración por esta Corte. DEBIDO PROCESO En el caso sometido a estudio y de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, la medida acogida por el Consejo Académico no se ciñó a lo establecido en el Reglamento Estudiantil expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Universitaria de Boyacá, ya que no precedió comunicación alguna al educando, con el fin de darle a conocer los hechos materia de la investigación, por lo que se le negó la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, exponiendo su caso, controvirtiendo lo que en su contra fue alegado, con audiencia de las directivas de la entidad aquí cuestionada. Hay una verdadera lesión al derecho reglado en el artículo 29 de la C.N. según el cual el debido proceso deberá ser observado en toda clase de actuaciones no solo judiciales sino también administrativas. REF.: EXPEDIENTE No. T-2407 Acción de tutela instaurada por JULIO CESAR RAMIREZ PULIDO contra el Consejo Académico de la Corporación Universitaria de Boyacá. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobado según acta No. 5 Santafé de Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). El señor JULIO CESAR RAMIREZ PULIDO, personalmente, con el fin de lograr el restablecimiento de los derechos constitucionales fundamentales, los que considera le fueron conculcados, presenta acción de tutela y la dirige contra el Consejo Académico de la Corporación Universitaria de Boyacá. I.  FUNDAMENTOS DE LA ACCION. Manifiesta el peticionario que en su condición de estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Corporación Universitaria de Boyacá, fue objeto de una sanción adoptada por el Consejo Académico de la misma, consistente en la cancelación de su matrícula para cursar el cuarto semestre en la citada facultad, a través de la cual se concreta, según su criterio, la lesión de los derechos al debido proceso, a la intimidad y a la educación (arts. 29, 15 y 67 de la C. N.), en razón a que no se le enteró de los hechos que motivaron tal decisión, negándosele de esta forma la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, con violación de lo prescrito en el artículo 143-6 del Reglamento Estudiantil, que exige la expedición de Resolución para la imposición de esta clase de medidas y el que a su vez ordena que debe ser temporal, por cuanto únicamente y para tal efecto recibió una comunicación de fecha 28 de noviembre de 1991 suscrita por el Secretario General de la Corporación, quien verbalmente le manifestó que el castigo era producto de una riña por él promovida, durante la celebración de una fiesta organizada por alumnos del mismo ente, ante lo cual interpuso el recurso de reposición (quedando en firme la determinación).  Igualmente, agrega, que ha sido tildado como persona de mala conducta y en sus propios términos aduce "dañándomen (sic) mi hoja de vida universitaria y social". II.  ACTUACION EN PRIMERA INSTANCIA. El Juez Segundo Civil Municipal de Tunja concedió la tutela interpuesta por las siguientes razones: 1.   Los hechos que se alegaron en contra del petente no ameritaban la decisión tomada ya que ocurrieron fuera de las instalaciones de la Universidad y, por lo tanto, los alumnos que allí se encontraban no la estaban representando oficialmente. 2.   Las directivas del plantel omitieron dar aplicación al Reglamento Estudiantil, en primer término, porque además de no darle a conocer los hechos al estudiante, le cancelaron la matrícula definitivamente y no de manera temporal, tal como allí se estipula; en segundo lugar, no se profirió resolución alguna en la que conste la actuación surtida, lo que se traduce en la transgresión del derecho al debido proceso (art. 29 de la C.N.). 3.   Los argumentos materia del recurso de reposición interpuesto por el alumno, no se tuvieron en cuenta al momento de resolver por lo que sin mayor razón se mantuvo lo decidido. 4.   En cuanto al derecho a la intimidad, el Juez afirma que no se ha conculcado ya que se trata de una relación interna que involucra solamente a la Universidad y al señor Ramírez Pulido, que no invade de manera alguna el ámbito de su vida personal y familiar. III. LA IMPUGNACION. El Doctor OSMAR CORREAL CABRAL, Rector de la Corporación Universitaria de Boyacá, dándose por enterado de la decisión proferida en primera instancia y dentro del término legal, apela y sin comprobar lo aseverado concluye que la misma adolece de errores de hecho y de derecho consistentes en que el debido proceso no es un derecho fundamental; que el accionante cuenta con otros medios administrativos de defensa y que siendo él el Representante de la Entidad demandada, no le fue notificada la decisión. IV.  ACTUACION EN SEGUNDA INSTANCIA. El Juez Tercero Civil del Circuito de Tunja confirmó la decisión del a-quo, en lo relativo a conceder el amparo por haberse infringido el derecho al debido proceso. En cuanto a lo esgrimido en la impugnación, indica que el derecho al debido proceso sí es fundamental y que si bien es cierto que el Rector, como representante de la Corporación Universitaria de Boyacá, no fue quien se notificó del fallo de primera instancia, también lo es que al tener conocimiento del mismo, actuó dentro del trámite de la presente acción, omisión que no puede dar lugar a una declaratoria de nulidad pues se trata de un aspecto puramente formal. V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. Procede la Corte Constitucional, previa selección del caso y de acuerdo a lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución Nacional y los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, a revisar las decisiones proferidas. La acción de tutela fue instituida a través del artículo 86 de la Constitución Nacional como un medio para lograr la protección de los derechos fundamentales, cuando hayan sido vulnerados o amenazados por las autoridades públicas y encomendó a la ley regular en qué casos procede contra particulares, entre los cuales, el artículo 42-1 del Decreto 2591 de 1991 incluyó a los encargados de la prestación del servicio público de la educación, de tal manera que la actuación adelantada por la Corporación Universitaria de Boyacá, como institución no oficial de educación superior, con personería jurídica reconocida por la Resolución número 6553 de 25 de mayo de 1981, será sometida a consideración por esta Corte, con ocasión del amparo invocado por el señor JULIO CESAR RAMIREZ PULIDO, como alumno de dicho plantel, quien además no cuenta con otro mecanismo para lograr el amparo de sus derechos. En la legislación anterior y según el artículo 171 del Decreto-ley 80 de 1980 por el cual se organizó el sistema de educación post-secundaria, se otorgó a las universidades autonomía para dictar sus propios estatutos, de carácter docente y administrativo, entre otros, respetando las garantías constitucionales y legales, principalmente en lo que atañe al debido proceso y al derecho de defensa, lo que ha sido consagrado por la nueva Carta Magna y tal como se desprende del texto del artículo 69. En el caso sometido a estudio y de conformidad con las pruebas allegadas al proceso, la medida acogida por el Consejo Académico no se ciñó a lo establecido en el Reglamento Estudiantil expedido por el Consejo Directivo de la Corporación Universitaria de Boyacá (Acuerdo No. 135 de 28 de noviembre de 1990), ya que no precedió comunicación alguna al educando, con el fin de darle a conocer los hechos materia de la investigación, por lo que se le negó la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, exponiendo su caso, controvirtiendo lo que en su contra fue alegado, con audiencia de las directivas de la entidad aquí cuestionada, según lo dispone su artículo 46 que literalmente establece:  "El estudiante tiene derecho a ser oido y presentar por escrito sus descargos ante las autoridades universitarias, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha que se le cita para tal efecto.  En todos los casos, tendrá derecho a interponer el recurso de reposición....". Igualmente, no se tuvo en cuenta el artículo 143 ibidem, que si bien indica que es al Consejo Académico a quien corresponde imponer la sanción de cancelar la matrícula, como se hizo evidentemente, también consagra que debe ser impuesta mediante Resolución (parágrafo único de la norma citada), pero dicho órgano solo se limitó a comunicar su determinación por intermedio del Rector de la Corporación, quien no solo, no tiene facultad para expedir el acto mencionado, sino que limitó a un (1) año la prohibición de ingresar a la Facultad, distinto de lo afirmado por el ente sancionador, que en escrito enviado al señor Ramírez Pulido señala que el término es indefinido, olvidándose de que la temporalidad es uno de los requisitos de la condena (art. 143-6 de su estatuto), lo que unido a la omisión anotada, constituye una verdadera lesión al derecho reglado en el artículo 29 de la C.N. según el cual el debido proceso deberá ser observado en toda clase de actuaciones no solo judiciales sino también administrativas y el que expresa textualmente: "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio".  Garantía que también se incluyó, entre otros, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que en su artículo 14 expresa "....Toda persona tendrá derecho a ser oida públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley....". Los principios que integran el debido proceso han sido señalados jurisprudencialmente, entre los cuales se enumeran: "1o.        La preexistencia de la norma que defina en forma clara e inequívoca la conducta reprensible y establezca la sanción correlativa.... "2o.        El juzgamiento ante juez competente y con la observancia de las formar propias del juicio establecidas por el legislador.... "3o.        El derecho de defensa que se relaciona directamente con los derechos esenciales de la libertad y que se traduce en la facultad que tiene el inculpado para impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le son adversas....". (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de fecha 22 de noviembre de 1990). Estas garantías han sido desconocidas por la Corporación Universitaria prenombrada, en el caso que se examina. De otra parte, observa la Sala que para efecto de imponer la pena a que se ha hecho referencia, el Consejo Académico fundamentó su determinación en  hechos distintos a los que según ellos originaron la medida impuesta -riña promovida por el estudiante- que consisten en  "antecedentes de mala conducta y bajo rendimiento académico...." (Acta No. 224 de 20 de noviembre de 1991 suscrita por el Rector de la Universidad, folio 29 del expediente), circunstancias que no pueden ser la base de un nuevo juicio, en primer término porque la antigua falta fue objeto de investigación con la consiguiente amonestación, según se consignó en Acta No. 225 de 5 de diciembre de 1991 suscrita también por el Rector y que aparece en el folio 42, lo que constituye una transgresión del principio según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito (base también del debido proceso), antecedentes que solo pueden ser tenidos en cuenta para calificar la llamada reincidencia y agravar consecuencialmente la pena; y en segundo término, porque son los artículos 86 a 90 del Reglamento Estudiantil los que contienen las medidas necesarias para lograr que quienes presentan bajo rendimiento alcancen el promedio exigido, como también las sanciones para quienes no lo logren, a los que no acudieron las directivas del Instituto. Ahora bien, tal como lo afirman los jueces de instancia y según la definición dada por la Constitución Nacional, la Corte no vé cómo puede vulnerarse al actor el derecho a la intimidad ya que la sanción impuesta no toca aspectos de su vida privada y menos aún familiar; como tampoco se puede aducir que se haya lesionado la protección constitucional a su buen nombre, pues como es sabido, toda investigación involucra este aspecto, quedando sujeto al resultado de la misma y sin que ello pueda servir como excusa para que las infracciones no se instruyan. Finalmente, cabe aclarar, que esta decisión no es óbice para que la autoridad competente de la Corporación Universitaria de Boyacá, con la observancia de las garantías y trámites consagrados en sus normas estatutarias y con el fin de que el estudiante pueda ejercer su defensa, imponga la sanción a que haya lugar por los hechos acaecidos, si estos en realidad se cometieron y según su gravedad. En mérito de las consideraciones anotadas, la Sala de Revisión número siete de Tutelas de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : PRIMERO.-       CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Tercero Civil del Circuito de Tunja, de treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante la cual se decidió la segunda instancia, en la acción de tutela de la referencia, instaurada por JULIO CESAR RAMIREZ PULIDO contra la CORPORACION UNIVERSITARIA DE BOYACA y que a su turno confirmó la dictada por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Tunja de veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992). SEGUNDO.-       ORDENAR que por Secretaría  se comunique esta providencia en los términos y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado CIRO ANGARITA BARON            EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-483-92 Sentencia No Sentencia No. T-483/92 DERECHOS FUNDAMENTALES/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Los derechos que protege la Acción de Tutela, son aquellos que la Constitución considera como fundamentales y excepcionalmente serán cobijados los derechos constitucionales que a pesar de no tener el carácter de fundamentales, por su naturaleza en casos concretos, sea posible impedir su vulneración mediante el procedimiento de la tutela. La ley desarrolla el contenido de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política. Entonces es preciso concluir que cuando estos derechos de rango legal son un derivado o resultado del derecho fundamental o están vinculados esencialmente a él, son amparados por la Acción de Tutela cuando su efectividad no puede alcanzarse con el solo empleo del medio judicial ordinario que los garantiza, y se ha producido su vulneración. SALA DE REVISION No. 5 REF:  Expediente  T-2055 Peticionario: JOSE DEL CARMEN FAJARDO BURGOS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá D.C.,   Agosto once (11) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, compuesta por los Magistrados Simón Rodríguez  Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la Revisión de los fallos proferidos en el asunto de la referencia por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito, el 17 de enero de 1992 y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Laboral de Decisión- el 12 de febrero de 1992, teniendo en cuenta los siguientes, ANTECEDENTES 1.   La Petición -  El señor JOSE DEL CARMEN FAJARDO BURGOS, mediante escrito presentado el 13 de Diciembre de 1991 interpuso Acción de tutela contra la dependencia regional de Trabajo y seguridad Social de Bolivar. Acude a este mecanismo por: sentirse "lesionado en mis derechos a que como trabajador de la firma:  Alberto Samudio T. & Cia. Ltda., ya que en la Dependencia: Regional de Trabajo y Seguridad Social de Bolivar, en carta de fecha 24 de Octubre de 1991, siendo ésta una autoridad pública, resulté vulnerado o amenazado por la acción o la omisión de la citada autoridad en los siguientes hechos: 1)   Trabajé con la citada firma: Alberto Samudio T. y Cia. Ltda., por término de dos años. 2)   En los 24 meses laborados, jamás se me concedió descanso reglamentado por la Ley Colombiana. 3)   En mi liquidación final, no aparecen liquidados mis descansos compensatorios, como debe ser cuatro (4) descansos por treinta días laborados, o sean que me adeudan 96 descansos..." -  Como anexo a la solicitud se incorpora el original de un oficio interno de la Dependencia Regional de Trabajo y Seguridad Social de Bolivar, dirigido por el señor Miguel Martínez Jiménez, auxiliar judicial a la Doctora Vivian Fortich de Castellon, jefe Sección Trabajo Inspección y Vigilancia; en este comunicado se rinde concepto sobre la solicitud del Señor JOSE FAJARDO BURGOS, extrabajador de la firma ALBERTO SAMUDIO T. Y CIA. LTDA., en la cual  "solicita se cite a la empresa para efectos de revisar las nóminas de pago para constatar el pago de los domingos y festivos, ya que no recibió los descansos compensatorios que establece la Ley ". El concepto dice que la Empresa ALBERTO SAMUDIO Y CIA. LTDA.  liquidó los domingos y festivos de acuerdo a lo establecido en el Artículo 179 y 55 del C.S.T.. Pero la empresa no suministró el descanso compensatorio, que tenía derecho el trabajador por laborar habitualmente los domingos. Agrega el concepto que: "El señor JOSE FAJARDO reclama los descansos compensatorios que no le fueron concedidos por la empresa, y como es de su conocimiento, el señor Ministro de Trabajo  nos hizo llegar la circular No. 018 de fecha 28 de Mayo de 1991, que establece que por el descanso compensatorio no dá lugar al pago de suma adicional alguna, por la sencilla circunstancia que para los trabajadores que habitualmente laboran en tales días festivos su día de descanso no es el domingo o festivo sino cualquier otro día distinto de la semana". "Por todo lo anterior me permito concluir que para el caso del señor FAJARDO BURGOS,  quién ya no labora en esa empresa, como escogió entender ya no puede hacer uso de esos descansos compensatorios mucho menos cancelarlos puesto que en la circular antes mencionada se establece que según fallo del Consejo de Estado, de fecha Octubre 8 de 1986, el patrono no puede sufragar el valor de cuatro (4) salarios". -  En la petición no se hacen precisiones adicionales, ni argumentaciones jurídicas o de otro tipo sobre el Derecho Constitucional Fundamental violado ni sobre el hecho o la omisión que realizó la Oficina de Trabajo. 2.   El fallo de Primera Instancia El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Cartagena, dictó sentencia el 17 de enero de 1991 denegando la solicitud del señor José del Carmen Fajardo Burgos. El Juzgado en mención practicó como pruebas la declaración verbal del peticionario y solicitó al Director de la Dependencia Regional del Trabajo y Seguridad Social de Bolivar el envío del expediente administrativo relacionado con la solicitud del Señor José del Carmen Fajardo Burgos. El Juzgado Tercero Laboral señaló como principales argumentos para negar la tutela, los siguientes: "En efecto, el supuesto hecho de no habérsele concedido al reclamante descanso durante los dos años que estuvo trabajando con la firma "Alberto Samudio y Cia. Ltda.", en principio estaría quebrantándose normas laborales sustantivas que prevén el descanso remunerado de los trabajadores, tales como las que conforman el Título VII del Código Sustantivo del Trabajo. Pero para ventilar este aspecto en todo su contenido fáctico y jurídico existe una vía judicial propia que lo es la jurisdicción laboral,  la que de conformidad con el artículo 2o. del Código Procesal del Trabajo "Está instituída para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo". Y como de las pruebas arrimadas a este breve y rápido proceso no se desprende que estemos en presencia de un perjuicio que pueda convertirse en irremediable, es claro, que la Acción de Tutela resulta improcedente..." 3.   El Fallo de Segunda Instancia El accionante impugnó la sentencia del Juzgado Tercero Laboral del Circuito y le correspondió al Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Laboral, decidir mediante providencia del 12 de febrero de 1991. El Tribunal confirmó la sentencia de primera instancia indicando que los hechos que aduce el accionante como sustentatorios de su pretensión, los descansos compensatorios, tienen que ver con la posible violación de normas del Código Sustantivo del Trabajo y es ante la Jurisdicción del Trabajo que debe acudir para dirimir esta clase de conflictos jurídicos. De otra parte, al no tratarse de un posible perjuicio irremediable, que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización, no es procedente la tutela en prevención. Procede a decidir la Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutelas, sobre el presente caso, previas las siguientes, CONSIDERACIONES 1.   La Competencia. Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por el señor JOSE DEL CARMEN FAJARDO BURGOS, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9 de la Constitución Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. La Constitución política refleja su orientación teleológica e indica las ideas fuerza que deben guiar la actividad estatal y los deberes y limitaciones de todos los ciudadanos, principalmente en la parte dogmática de la constitución: en los principios fundamentales que guian el estado colombiano y en la carta de derechos. Colombia asume la forma de estado liberal con las innovaciones y características inherentes a las modernas sociedades occidentales; en este sentido, como una manifestación de la evolución del estado liberal clásico al moderno estado social de derecho, inmerso dentro de la revolución tecnológica, se deben interpretar y armonizar los distintos y numerosos derechos y libertades proclamados y garantizados en la Constitución. La jerarquización y diferenciación de derechos y libertades constitucionales, se contempla no solo frente a los derechos de rango legal, sino que se manifiesta incluso dentro de los distintos derechos constitucionales. En este sentido esta misma Sala de Revisión señaló: "La praxis de la libertad ha impuesto una lógica de categorizaciones que se traduce, por virtud de la especialización, en clasificaciones doctrinales y legales, cuya primera consecuencia se encuentra en el abandono del tratamiento de la libertad, como valor singular, propio del pensamiento liberal clásico, para adoptar el reconocimiento de libertades de distinta categoría según el fin perseguido por la autodeterminación, el principio garantizador del Estado y la protección Internacional de derechos humanitarios." Corte Constitucional, Sentencia de mayo 18 de 1992 El progresivo reconocimiento de derechos y libertades se ha realizado simultáneamente con la evolución del Estado de derecho y es así cómo, además de la doctrinaria clasificación historiográfica en derechos de primera, segunda y tercera generación, nuestra Constitución trae una propia contenida en el encabezamiento de los capítulos del título II y otra establecida en el artículo 85 Derechos de Aplicación inmediata, amén de todas aquellas que los doctrinantes o la jurisprudencia tengan a bien elaborar. El Estado Colombiano como Estado Social de derecho ha recogido los principales derechos en el texto de su Constitución en el entendido de que los principios y derechos fundamentales de las personas deben distinguirse jerárquicamente de otros derechos ordinarios. La consagración constitucional les proporciona la característica de la supremacía constitucional, y permite que se asegure su respeto y exigibilidad a todas las personas y a todos los poderes públicos, con toda la perentoriedad jurídica y moral que les otorga el máximo código del Estado. La consagración constitucional de los principales derechos, libertades y garantías también tiene una finalidad pedagógica, pues se pretende forjar una mayor y mejor cultura política que permita proporcionar a todos los nacionales el reconocimiento y respeto de los derechos propios y ajenos. Esta lógica pedagógica es reconocida y estimulada en nuestra constitución cuando en el articulo 41 de la Constitución Nacional establece: "En todas las  instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado divulgará la Constitución." La acción de tutela consagrada en el articulo 86 de la Constitución se enmarca dentro de la sistematización que ubica unos derechos como fundamentales, y son los considerados como tales, los susceptibles de ser protegidos mediante esta institución. El decreto reglamentario de la acción de tutela (D2591/91) señala una excepción a esta regla cuando dispone en el art 2o. que "cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos" la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión. Esto significa que los derechos que protege la Acción de Tutela, son aquellos que la Constitución considera como fundamentales (Art. 86 C.N., arts. 1o y 2o Decreto 2591/91) y excepcionalmente serán cobijados los derechos constitucionales que a pesar de no tener el carácter de fundamentales, por su naturaleza en casos concretos, sea posible impedir su vulneración mediante el procedimiento de la tutela. Ahora bien, hay que tener muy en cuenta que la ley desarrolla el contenido de los derechos fundamentales consagrados en la Carta Política. Entonces es preciso concluir que cuando estos derechos de rango legal son un derivado o resultado del derecho fundamental o están vinculados esencialmente a él, son amparados por la Acción de Tutela cuando su efectividad no puede alcanzarse con el solo empleo del medio judicial ordinario que los garantiza, y se ha producido su vulneración. En el presente caso, el derecho que reclama el accionante señor José del Carmen Fajardo Burgos, el pago de los descansos compensatorios no reconocidos por la empresa para quién laboró, está reconocido y es sustentado por normas del Código Sustantivo del Trabajo. La declaración del mismo debe hacerse por jueces de la Jurisdicción Laboral, de acuerdo al procedimiento y las formas establecidas en el Código de procedimiento Laboral. Es claro que la tutela impetrada no es procedente porque conforme a los términos constitucionales existe un medio judicial de defensa y ya se ha señalado suficientemente (Sentencia No. T-467 de Julio 17 de 1992) el carácter subsidiario que corresponde a la Acción de Tutela. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de tutelas  de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  Confirmar la sentencia del Honorable Tribunal del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Laboral de Decisión- del 12 de Febrero de 1992, que a su vez confirma la del Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, que denegaron la acción de tutela promovida por JOSE DEL CARMEN FAJARDO BURGOS,  por las razones  precedentes. Segundo.-  Comuníquese al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Cartagena, la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo  dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. CUMPLASE.- FABIO MORON DIAZ                       SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-484-92 Sentencia No Sentencia No. T-484/92 DERECHO A LA SALUD/DERECHO A LA VIDA/DERECHOS FUNDAMENTALES/ SIDA/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES El derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que pueden agruparse en dos grandes bloques:  el primero, que lo identifica como un predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que  atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida.  Por estos aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho fundamental.  El segundo bloque de elementos, sitúa el derecho a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales del denominado Estado Social de Derecho, en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas. La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso, pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida. Los derechos fundamentales, solo conservan esta naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto allí del control de tutela.  Como es necesario proteger el derecho a la salud del actor, no cabe duda de que él puede reclamarlo de cualquier institución de asistencia pública, donde se presten tales servicios, en forma gratuita, en virtud del deber general del Estado de garantizar la salud de este tipo de enfermos. Sala de Selección No. 5 REF. Expediente No. 2130 Derecho a la Salud Actor: ALONSO MUÑOZ CEBALLOS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C.,  agosto once (11) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, se pronuncia sobre la acción de la referencia, en el Grado Jurisdiccional de Revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: ANTECEDENTES El señor ALONSO MUÑOZ CEBALLOS, formuló acción de tutela, mediante declaración juramentada ante el Juez Cuarto  Superior de Tuluá Valle, contra el Instituto de los Seguros Sociales, para que se le atienda en todos los servicios médicos que viene utilizando, atención que se ha visto amenazada por la manifestación que le hiciera el médico laboral del Seguro Social de Cali, quien  le expresó que  le daba una prórroga sólo por 30 días.   Aclara luego el demandante que los médicos directivos del Seguro Social de Tuluá le concedieron dicha prórroga por 180 días,  y  para de allí en adelante solicita  se le defina su situación, en el sentido de si tiene derecho o no a la protección de su salud.  El médico de la Institución en Tuluá le dice que  tiene derecho a ser indemnizado y al servicio médico del Seguro Social, en razón de la grave enfermedad que padece. El demandante, pone de presente que cuando adquirió la enfermedad (HIV positivo), ya se encontraba amparado por el Seguro  Social. Igualmente afirma no haber presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos que pretende se le amparen. LA DECISION JUDICIAL El Juzgado Cuarto Superior de Tuluá Valle, en sentencia de marzo veinticinco (25) de mil novecientos noventa y dos (1992), decide sobre la acción de tutela propuesta por el señor ALONSO MUÑOZ CEBALLOS, resolviendo:  "PRIMERO.  ORDENASE al Instituto de Seguros Sociales, que continúe prestando al señor ALONSO MUÑOZ CEBALLOS, los servicios médico-asistenciales a que ha tenido acceso hasta la fecha, mientras esta entidad o la autoridad competente decida de fondo sobre la acción  a instaurar por el  afectado".  "SEGUNDO. "PREVENGASE al solicitante ALONSO MUÑOZ CEBALLOS para que en el término de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de notificación de este fallo instaure la correspondiente petición de interés particular ante  el Instituto de Seguros Sociales y/o la acción contencioso-administrativa ante el  TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE.  El solicitante deberá acreditar que ha cumplido con este requisito legal mediante la presentación debidamente sellada por la autoridad competente de la petición o demanda mediante la cual solicita el reconocimiento del derecho legal a la pensión de invalidez, en caso contrario, es decir si la acción no es ejercida dentro del lapso arriba señalado, cesarán los efectos del punto primero, o sea la prestación del servicio médico asistencial por parte del Instituto de Seguros Sociales.  (Decreto 2591 de 1991, art. 8o.)", previas las siguientes razones: -  Que es competente para conocer de la acción "habida cuenta que la amenaza sobre la prestación del  servicio de salud deprecado por el peticionario, se ha venido facilitando en esta ciudad de Tuluá". -  Que en "la acción de tutela como mecanismo transitorio, no se está controvertiendo (sic) derechos fundamentales, sino  derechos de origen o rango legal surgidos de la relación contractual administrativa entre el señor ALONSO MUÑOZ CEBALLOS como usuario y el establecimiento público, o sea el Instituto de Seguros Sociales". -  Que el "juez de tutela no puede declarar derechos ni obligaciones nacidos del derecho positivo, que es el caso que nos ocupa, pues ello sería de competencia del Tribunal Contencioso Administrativo, pero de las pruebas aportadas y que obran en el proceso se deduce una amenaza que se cierne sobre la prestación médico-asistencial de que aún goza el solicitante por parte del Instituto de Seguros Sociales (véase folio 8 cuaderno principal sobre prórroga servicios). Esto significa que el juez de la tutela debe considerar la solicitud  como mecanismo transitorio para impedir el perjuicio irremediable que supondría la pérdida total del servicio médico que requiere, mientras se define administrativa o judicialmente, si reúnen (sic) los presupuestos fácticos y jurídicos que la ley establece para que se declare en su favor la pensión de invalidez de que trata el decreto No. 758 del 11 de abril de 1990, de acuerdo al origen de la enfermedad, clase de invalidez y el número de semanas cotizadas por parte del afiliado". -   Que "se impone  que el Juzgado proteja integralmente el derecho a la asistencia médica de la que ha venido gozando el solicitante (arts. 13 y 49 C.N.), protegiéndolo transitoriamente mientras instaura la petición de interés particular ante el Instituto de Seguros Sociales y/o la acción contencioso administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, autoridades públicas con competencia funcional para decidir sobre la legitimidad de los intereses o aspiraciones del solicitante como eventual pensionado por invalidez". La providencia anterior, no fue objeto de impugnación. C O N S I D E R A C I O N E S : a.  Competencia. Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por el señor ALONSO MUÑOZ CEBALLOS, de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9 de la Constitución Política,  desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. b.  La Materia La revisión del fallo proferido por el señor Juez Cuarto Superior de Tuluá Valle, en el asunto de la referencia, a fin de evitar un perjuicio grave, permite además fijar los alcances del derecho a la salud, en el presente negocio. LA SENTENCIA QUE SE REVISA La decisión judicial ampara los derechos constitucionales consagrados en los artículos 13 y 49 de la Constitución Política.  El primero de los cuales está contemplado en el capítulo de los que la Carta denomina "fundamentales", mientras que el segundo aparece previsto en el Capítulo 2 del Título II, "De los Derechos Sociales, Económicos y Culturales".  La salud es uno de aquellos bienes que por su carácter inherente a la existencia digna de los hombres, se encuentra protegido, especialmente en las personas que por su condición económica, "física"o mental, se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 C.N.). Este derecho, así entendido, busca el aseguramiento del fundamental derecho a la vida (art. 11 C.N.), por lo cual, su naturaleza asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial por parte del poder público y el legislador, con miras a su protección efectiva.  Este tratamiento favorable permite restablecer las condiciones de igualdad a grupos  o personas que se encuentren  en situaciones desfavorables como resultado de sus circunstancias de debilidad. En desarrollo ulterior del precepto, marcando su acento asistencial, por la ubicación en el sistema de la Constitución Política y por su propio contenido, estableció el Constituyente en el artículo 49 del Estatuto Fundamental,  que la salud es  un servicio público a cargo del Estado, garantizándose en él a todas las personas el acceso al mismo, para la promoción, protección y recuperación de este derecho.  Se agrega que corresponde al poder público organizar, dirigir, reglamentar, establecer políticas para que las personas privadas presten ese servicio, y definir las competencias a cargo de los  distintos órdenes, nacional, de las entidades territoriales y de los particulares, con el fin de que se haga de manera descentralizada y participativa.  También la norma defiere a la ley la definición de las circunstancias en que la salud será gratuita y obligatoria.  Igualmente se establece la obligación para toda persona  de velar por el mejoramiento, conservación y recuperación de su salud personal y la de su comunidad, evitando acciones u omisiones perjudiciales y el desacato a las autoridades de salud pública. No estaba este derecho consagrado expresamente en la  Constitución Política de 1886. En reconocimiento de su carácter esencial, el pacto internacional  de Derechos de las Naciones Unidas, lo consagró postulando "El Derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental".  (art. 12). La declaración constitucional (arts. 13 y 49) responde a la urgencia de encontrar soluciones a las dificultades complejas que se han  manifestado en la prestación de los servicios públicos de la salud.  Muestra la orientación del Constituyente de proveer a esas necesidades y de comprometer acciones del Estado con miras a su atención. El derecho a la salud conforma, en su naturaleza jurídica, un conjunto de elementos que pueden agruparse en dos grandes bloques:  el primero, que lo identifica como un predicado inmediato del derecho a la vida, de manera que  atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida, de allí que, conductas que atenten contra el medio ambiente sano (inc. 1o.  art. 49 C.N.), se tratan de manera concurrente con los problemas de la salud; fuera de que el reconocimiento del Derecho a la Salud prohibe las conductas que las personas desarrollen, con dolo o culpa, que causen daño a otro, imponiendo a los infractores las responsabilidades penales y civiles de acuerdo con las circunstancias.  Por estos aspectos, el derecho a la salud resulta un derecho fundamental.  El segundo bloque de elementos, sitúa el derecho a la salud con un carácter asistencial, ubicado en las referencias funcionales del denominado Estado Social de Derecho, en razón de que su reconocimiento impone acciones concretas, en desarrollo de predicados legislativos, a fin de prestar el servicio público correspondiente, para asegurar el goce no sólo de los servicios de asistencia médica, sino también los derechos hospitalario, de laboratorio y farmacéuticos.  La frontera entre el derecho a la salud como fundamental y como asistencial es imprecisa y sobre todo cambiante, según las circunstancias de cada caso (art. 13 C.N.), pero en principio, puede afirmarse que el derecho a la salud es fundamental cuando está relacionado con la protección a la vida. La temática permite señalar que en punto a los regímenes jurídicos de los Derechos Humanos, siendo los primigenios, los denominados derechos fundamentales, viene  el ejercicio de éstos, en distintos momentos del derecho, a constituir la trama de todos los derechos contenidos en el ordenamiento jurídico.  De aquí que, sea obligado sostener  que los derechos fundamentales, solo conservan esta naturaleza, en su manifestación primaria, y pueden ser objeto allí del control de tutela.  Lo expuesto sin perjuicio, de que circunstancias generales de desarrollo económico y social permitan ampliar los espacios de la libertad y de los derechos inherentes a la persona, o que circunstancias particulares así lo permitan para un caso en especial. En el caso concreto, el accionante afectado por grave enfermedad, (SIDA), viene disfrutando de los servicios de salud que presta el Instituto de los Seguros Sociales, con lo cual se sitúa en la realidad social, en una circunstancia de reconocimiento particular a su derecho a la salud, de cuya atención depende la conservación de su fundamental derecho que un médico laboral del "Seguro Social de Cali", la hiciera al interesado, de que sólo "le daba una prórroga de treinta días", mientras que los médicos del mismo Instituto, en la ciudad de Tuluá, le prorrogaron en 180 días el servicio de atención a su salud, sin perjuicio de prorrogarle en periodos sucesivos, la dicha asistencia médica. La decisión del juez de instancia resulta acertada en cuanto garantiza el derecho a la salud para el accionante, que es el núcleo central del interés en la acción, al ordenar la protección como mecanismo transitorio, mientras la autoridad administrativa declara la posibilidad de seguir disfrutando del derecho, lo que, si resulta negativo, quedará abierto a debate judicial.  Además, como es necesario proteger el derecho a la salud del actor, no cabe duda de que él puede reclamarlo de cualquier institución de asistencia pública, donde se presten tales servicios, en forma gratuita, en virtud del deber general del Estado de garantizar la salud de este tipo de enfermos; en cambio, por sus especiales circunstancias y como el Instituto de Seguros Sociales es sólo una institución de seguridad social sometida a reglamentaciones y procedimientos legales que deben tenerse en cuenta, y no es una institución de asistencia pública abierta, debe someterse a su propio régimen como tal, pero sí es pertinente, en guarda de la protección de un indiscutible derecho fundamental, que esta Corte ordene a esa entidad que defina en concreto los derechos médicos asistenciales y hospitalarios, o relativos a la pensión de invalidez u otra que pudiere corresponderle al actor, en el término de quince (15) días hábiles, a partir de la notificación de esta decisión y que mientras tanto continúe prestándolos. En consecuencia, se confirmará parcialmente la decisión revisada para garantizar el derecho a la salud, por las consideraciones y  circunstancias señaladas, en la presente acción (art. 2o. Dto. 2591/91), y se adicionará en el sentido de proteger efectivamente tal derecho. La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, vistas las anteriores consideraciones, administrando justicia, en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.  SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia del Juzgado Cuarto Superior de Tuluá Valle, del 25 de marzo de 1992, sobre la acción de la referencia. Segundo.   Ordenar al Instituto de Seguros Sociales que defina en concreto los derechos médico asistenciales o relativos a la pensión de invalidez u otra que pudiere corresponderle al actor,  en un término de 15 días hábiles a partir de la notificación de la presente sentencia. Tercero.  COMUNIQUESE al Juzgado  Cuarto Superior de Tuluá Valle, la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo ordena el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y para que informe a esta Corte sobre el cumplimiento de la orden a que se refiere el numeral anterior, dentro de los cinco (5) días siguiente a  la decisión del Instituto de Seguros Sociales. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-485-92 Sentencia No Sentencia No. T-485/92 DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA/REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO No debe confundirse el derecho fundamental a la personalidad jurídica, cuyo contenido, otorga al hombre su condición de ser social, en el nuevo Estado liberal, con los clásicos derechos a la personalidad regulados por el derecho civil y menos aún con el concepto de personas jurídicas o fictas que evoca su idéntica expresión idiomática. Este derecho fundamental a la personalidad jurídica que consagró el Constituyente de 1991 es más una declaración de principio, que acoge a la persona en lugar del individuo, como uno de los fundamentos esenciales del nuevo ordenamiento normativo. El a-quo confundió el contenido del derecho fundamental  a la personalidad jurídica con el derecho a ser inscrito en el registro civil su nacimiento.  Derecho éste último de rango legal, sujeto a los condicionamientos jurídicos previstos en la ley, y que el funcionario encargado de llevar el dicho registro, debe hacerlo o dejarlo de hacer, asegurando su veracidad y demás requerimientos  que determine la ley. Por lo tanto no existe violación del derecho a la personalidad jurídica, cuando razones o interpretaciones de orden legal vienen a limitar el estado civil de las personas; porque son justamente esas razones de legalidad las que buscan ser protegidas por el derecho fundamental que se comenta. JUEZ DE TUTELA-Límites El juez de tutela ha debido indicar que  existen otros recursos o medios de defensa judicial para hacer valer el derecho que se pretende desconocido, y que esos medios  están constituídos por la posibilidad de instaurar proceso  civil ordinario, donde se declare la maternidad natural que pretende el libelista. Se sustituye, sin competencia para ello, al juez ordinario, en la definición de una situación jurídica referida a la filiación del peticionario, que como se ha indicado, no es de su facultad. SALA DE REVISION  No. 5 Ref.:  Expediente No. T-2320 Derecho a la Personalidad Jurídica Actor: CARLOS JULIO BALLESTEROS PACHECO. Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., Agosto once (11) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas procede a resolver en el grado jurisdiccional de revisión, el asunto de la referencia, teniendo en cuenta lo siguiente: A N T E C E D E N T E S El señor CARLOS JULIO BALLESTEROS PACHECO, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, solicita el amparo de sus "derechos constitucionales", frente a la decisión del señor CARLOS TORRADO CLAVIJO en su calidad de Notario Unico del Círculo  de Ocaña, que le niega la inscripción extemporánea de su  nacimiento.  Solicita que se ordene al citado notario, la inscripción, para lo cual suministra los siguientes datos: "Nombres y Apellidos:  CARLOS JULIO BALLESTEROS PACHECO. Nombre de los Padres:  CARLOS JULIO BALLESTEROS CARREÑO y CARMEN ROSA PACHECO. Abuelos Paternos:         CALIXTO BALLESTEROS Y SOCORRO CARREÑO. Abuelos Maternos:        ALEJANDRA PACHECO Nacido en Ocaña el día 22 de noviembre de 1932" Fundamenta su solicitud en las siguientes aseveraciones: -   Que es "hijo legítimo, habido del matrimonio entre CARLOS JULIO BALLESTEROS CARREÑO y CARMEN ROSA PACHECO." -    Que nació en Ocaña el 22 de noviembre de 1932. -   Que su nacimiento no fue inscrito "oportunamente en los libros del Estado Civil de las personas, por cuanto en ese tiempo no era conocida ni se acostumbraba esa formalidad". -   Que fue bautizado en Ocaña, según le comunicó su madre, pero cuando necesitó la partida de bautismo para obtener su cédula de ciudadanía, "no se encontró la misma en los infolios parroquiales".  Ante lo cual, "se verificaron los trámites para la reconstrucción o asentamiento de la susodicha partida, con los datos que mi madre suministró.  Sin embargo, por algún error de impresión caligráfico o tipográfico, o por cualesquiera otra circunstancia ajena a mi voluntad, no lo comprendo, en la partida se dejó constancia que había nacido en mil novecientos veintidós, o sea diez años antes de la verdadera fecha en que mi madre me dió a luz.  Esto dió lugar a que en fecha reciente la Curia haya tomado la decisión de anular esa partida." "Frente a lo anterior, mi situación en el seno de la Iglesia Católica quedó en el aire.  Y por las razones mencionadas, la parroquia dijo que solamente podría asentarse el acta de mi nacimiento si volvía a bautizarme.  Como esta posición es contraria al derecho canónico y a mis propias creencias morales, filosóficas y teológicas, no fue posible". -   Que necesita la "partida de nacimiento"para corregir su cédula de ciudadanía y para otros menesteres propios de su edad, por lo que acudió ante el señor  Notario, "a fin de que, conforme al artículo 49 del Decreto 1260 de 1970, procediera al registro extemporáneo de mi nacimiento.  Para tal efecto, adjunté dos declaraciones extraproceso rendidas por JULIO MARIA MELO y JOSE ALFONSO PINO, personas de edad avanzada y de reconocida honorabilidad." -   Que el Notario negó su solicitud "de manera necia y sin pruebas ni argumentos jurídicos valederos". Ya que el Notario personalmente le comunicó que no puede registrarlo porque examinando la partida de nacimiento de quien dice ser su madre, ésta hubiese tenido nueve años al momento del parto, "afirmación que no es cierta porque mi madre aparece nacida en 1911 y para mi nacimiento en 1932 tenía veintiún años".  Expresa que el Notario le indica que debe buscar un abogado para que inicie en su nombre un proceso de filiación, mientras que la Superintendencia de Notariado y Registro conceptúa que el Notario no puede negarse a efectuar el registro, "teniendo en sus manos dos declaraciones extrajuicio que es el requisito legal." LA PRIMERA INSTANCIA El señor Juez Primero Civil Municipal de Ocaña da trámite a la acción de tutela instaurada por CARLOS JULIO BALLESTEROS PACHECO contra el Notario Unico del Círculo de Ocaña, y, en consecuencia, dispone solicitar al señor Notario se sirva rendir informe en el término de dos (2) días" en forma pormenorizada de las razones que le asisten para negarse a registrar el nacimiento del peticionario, indicando los fundamentos legales o de orden probatorio,   que lo lleven a asumir tal conducta".  Dentro del plazo indicado, el señor Notario rinde el informe que se le solicita (folio 12),  en el cual expone como fundamento de su negativa lo siguiente:  "Es requisito esencial para la inscripción de las personas en el registro de nacimiento del estado civil, fuera de los términos presentes en los artículos 48 y 49 del Decreto-ley 1260 de 1970, presentar o acreditar copia de la acta (sic) de la partida parroquial de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica, tal y como lo dispone el artículo  50 del Decreto-ley 1260/70". "Al observar la partida de Bautismo expedida por la Diócesis de Ocaña, por la Parroquia de Santa Ana de fecha 11 de octubre de 1988, presentada a la vez ante esta Notaría se dice "que CARLOS JULIO BALLESTEROS PACHECO, nació el 22 de noviembre de 1922 y que es hijo de Carlos Julio Ballesteros y Carmen Rosa Pacheco"; y al confrontarla con la cédula de ciudadanía del señor en mención, quien a la vez denunciaba su nacimiento, se aprecia una disparidad de edades que no se ajusta a la verdad, pues la señora CARMEN ROSA PACHECO contaba con 12 años cuando CARLOS JULIO nació, lo que es ginecológicamente imposible". "2.  De conformidad con lo establecido en el Decreto número 10.339 emanado del Gobierno Eclesiástico Diócesis de Ocaña, de fecha 4 de septiembre de 1990 se ordena  la anulación de la Partida de Bautismo de CARLOS JULIO BALLESTEROS, referida en el punto anterior".  Igualmente, solicita recepcionar la cédula de ciudadanía del actor, para que se tenga como medio de prueba conducente a esclarecer los motivos del rechazo de tal inscripción.  Anexa fotocopia autenticada del Decreto 10.399, citado, y, de la partida  de Bautismo (folios 14 y 15). El Juzgado Primero Civil Municipal,  en sentencia del dos (2) de marzo de  mil novecientos noventa y dos (1992), resolvió:  "PRIMERO:   Conceder al (sic) tutela solicitada por CARLOS JULIO BALLESTEROS PACHECO contra el señor NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE OCAÑA por lo expuesto.  SEGUNDO: Ordenar al señor NOTARIO UNICO DEL CIRCULO DE OCAÑA  proceda a hacer dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la solicitud de parte interesada, la inscripción del nacimiento de CARLOS JULIO BALLESTEROS PACHECO con fundamento en declaraciones fundamentadas de dos (2) testigos, so  pena de que el juzgado se dirija a la Superintendencia de Notariado y Registro para que le haga cumplir y abra la correspondiente investigación disciplinaria", luego de considerar: -  Que de "conformidad con el art. 14 de la Carta Magna toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica".  "Al ser humano se le otorga personalidad jurídica, se le reconoce como sujeto de derecho a partir de su nacimiento y con él surgen a la vida jurídica una serie de atributos o cualidades de su personalidad física como son el nombre, el domicilio, el estado civil, etc".  "El estado civil de las personas está constituído por una serie de situaciones jurídicas que relacionan a cada individuo con una familia, con ciertos hechos de su misma personalidad, para identificarlo, para que pueda ser titular de derechos y obligaciones". -  Que en Colombia a toda persona se le debe reconocer un estado civil, el cual "no puede quedar suspendido en el aire, debe constituirse a través de su inscripción en el Registro Civil por la autoridad competente". -   Que entre "los actos de inscripción en el Registro está el nacimiento". -   Que las regulaciones contenidas en los artículos 45, 50, 57 y 58 del Decreto 1260 de 1970 no pueden ser objeto de apreciación fraccionada, de suerte que el notario no  debió considerar como  únicamente válida para esta clase de inscripción la partida de bautismo,  "porque eso implica una evidente transgresión de la disposición legal". -  Que si "bien al peticionario no le era posible aportar la copia de la partida parroquial de bautismo por cuanto esta había sido anulada, lo que implicaba su  imposibilidad de demostrar su filiación legítima, puesto que además del acta matrimonial de sus padres, debía allegar también  tal documento, sí podía solicitar al señor Notario oyera en declaración a dos (2) testigos de su nacimiento porque lo hubieran presenciado o porque pudieran dar fe de él a través del conocimiento que les hubieran suministrado los presuntos padres." -  Que una "vez ante el funcionario de registro, los  respectivos testigos depondrán sobre los hechos de que tengan conocimiento, debiendo el señor notario indagar sobre las cuestiones que interesan, con miras a establecer la verdad de la declaración. De la información relacionada con la maternidad se tomará nota en las hojas especiales habidas para ello, mientras concurren los supuestos progenitores en el término previsto para ello en el art. 59  del Decreto 1260 de 1970". -   Que  "si los declarantes desconocen los nombres  de los padres o estos no comparecen a la citación hecha por la notaría para efectos del reconocimiento, porque no pudiesen o no quisieren, en las copias de las actas de nacimiento que en lo sucesivo se expidan, no se expresará el nombre de los padres, al tenor de la Ley  75 de 1968, artículo 1o., inciso final". -  Que el accionante "solicita que al ordenar la inscripción se suministre por el Juzgado la información relacionada con el nacimiento del  interesado, que obra al folio cuatro (4) de la presente actuación, cosa a la que no puede accederse porque el Despacho no está haciendo en la sentencia ninguna declaración,  los datos que requiere conocer el funcionario de registro los obtendrá a través de las declaraciones que  ante él hagan los testigos". El señor Notario Unico de Ocaña, impugnó, dentro del término legal, la decisión, con fundamento en  "las razones que obran en el proceso" (folio 22). LA SEGUNDA INSTANCIA El Juez Civil del Circuito de Ocaña, en sentencia del siete   (7) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), resolvió la impugnación interpuesta por el señor Notario Unico del Círculo de Ocaña, contra la sentencia de primera instancia, decidiendo:  "Primero.  Revocar la decisión proferida por el Juzgado  1o. Civil Municipal en este asunto".   "Segundo.  En su lugar no acceder a la tutela  solicitada por el señor Carlos Julio Ballesteros", con fundamento en lo siguiente: -  Que "si bien es cierto, que todo ser humano tiene derecho a un nombre y a una personalidad, y que estos son derechos fundamentales, no lo es  menos que para su efectividad se requieren  unas condiciones  o exigencias legales propias  de todo estado de derecho". -  Que el Decreto 1260/70 establece los requisitos que deben concurrir para hacer efectivos esos derechos, de manera que,  "a ellos no puede sustraerse ni el funcionario competente ni los particulares". -   Que el artículo 50 del decreto citado, ordena que cuando exista partida de bautismo, en ella se fundará el notario para hacer la inscripción.  "Empero, que ocurre en este evento?  Que la partida eclesiástica sí existía pero fue declarada nula por el Delegado  de esta Diócesis y por qué razones?  Por muy graves razones, conforme se muestra con las fotocopias  autenticadas de toda la actuación surtida ante esa oficina eclesiástica". -   Que existe demanda presentada ante la autoridad eclesiástica por la  señora ELVA RIZO PACHECO, "quien en su carácter de hija única y legítima de la señora Carmen Rosa Pacheco pone en conocimiento del Reverendo Padre Alejandrino Pérez esta situación, aseverando que el mencionado señor Ballesteros no es hijo de su señora madre sino únicamente de su padre de igual nombre, quien se lo  llevó al nuevo hogar fundado con la señora Carmen Rosa en el año de 1926 y que ya ese niño tenía para la época una edad de cuatro años aproximadamente.  Sustenta su demanda la señora Rizo con tres (3) declaraciones que dan fe sobre la veracidad de lo por ella afirmado, "destacándose entre ellas el testimonio de la señora Josefa María López Vda. de Angarita, quien en su condición de "partera" o "comadrona", manifiesta que la señora Carmen Rosa Pacheco era "primeriza" para el año de 1950 (sic), cuando nació su primera y única hija". -   Que dada "la seriedad, claridad y convicción de los declarantes señores Benjamín León Vega y Emiro Guerrero Castro y de la señora Josefa María López, al Despacho no le queda otra alternativa que encontrar justificada jurídicamente la negativa de la notaría de esta ciudad para asentar civilmente el nacimiento del accionante, teniendo en cuenta las pruebas remitidas por el delegado episcopal, especialmente el hecho de que no está probada la maternidad natural de la señora Carmen Rosa Pacheco con  relación al señor Carlos Julio Ballesteros, lo cual requiere de un proceso ordinario   donde se declare esa maternidad que  hoy reclama el señor Ballesteros Pacheco  respecto de la causante prenombrada.  No es fácil ni posible concebir que habiendo nacido ella en el año de 1910  hubiese tenido éste hijo a los 11 para que el nacimiento de él hubiera podido ocurrir en 1922.  Esto, sin  contar con que cuando ella se casó  en el año de 1926, tenía solamente 16 años.  Aunque en el escrito de tutela se afirma que el peticionario nació en el año de 1932, se estima que esto no es cierto porque tanto en su cédula de ciudadanía como  en la partida anulada aparece el año de 1922 como el de su nacimiento.  Así lo expresan tanto el señor Notario como el Delegado Episcopal, siendo ésta la causa que conllevó a declarar sin valor dicha partida y a la negativa del notario para asentar el correspondiente registro civil.  También en su partida de matrimonio  aparece el año de 1922 como la fecha de nacimiento del señor Carlos Julio Ballesteros". -   Que el accionante "tiene derecho a obtener su registro civil de nacimiento mas no con relación a los señores Carlos Julio Ballesteros y Carmen  Rosa Pacheco, que es lo que constituye el objeto de su petición  de tutela". Visto lo anterior, la Corte Constitucional, decide en Sala de Revisión de tutelas el presente negocio  previas las siguientes, C O N S I D E R A C I O N E S : a.  La Competencia Es competente la Sala para adelantar la revisión de la sentencia proferida por el Juez Civil del Circuito de Ocaña, en la presente causa, en virtud de lo dispuesto por los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política de Colombia, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. b.  La Materia La revisión de la sentencia proferida por el señor Juez Civil del Circuito de Ocaña, el siete (7) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), en el proceso de la referencia,  impone a la Sala aclarar  el alcance del derecho a la personalidad jurídica (art. 33 D.2591/91). EL DERECHO A LA PERSONALIDAD JURIDICA Este derecho se contempla de manera expresa  en la legislación internacional, después de la Segunda Guerra Mundial.  La Convención Americana en su artículo 3o. dice: "Derecho al reconocimiento de la Personalidad Jurídica.  Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica"; la convención Africana en su artículo 5o. manifiesta que "Todo individuo tiene el derecho al respeto a la dignidad propia del ser humano y al reconocimiento de su personalidad jurídica"; la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 6o. reza lo siguiente:  "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica". En el Derecho Constitucional se encuentra consagrado en la Constitución Italiana cuyo artículo 22 dispone: "nadie puede ser privado, por motivos políticos, de la capacidad jurídica, de la ciudadanía y del nombre", y en la Constitución Política de Colombia, cuyo artículo 14 estatuye:  "Toda persona  tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica".  No aparece consagrado en las Constituciones de Alemania, Brasil, Costa Rica, España, Estados Unidos, ni Francia, ni de él se encuentra antecedente en la Constitución Colombiana de 1886. Como resultado de la disminución del valor filosófico del individualismo clásico, del pensamiento liberal contenido en la Declaración de 1789, principalmente por la influencia del pensamiento socialista, en los últimos 50 años se usa de manera preferente la expresión "persona" en vez de la de "individuo" para referirse a los titulares de los derechos humanos.  No se trata simplemente de un juego de palabras.  Esta variación terminológica tiene profundo contenido de filosofía política.  Una precisión previa se impone, en el sentido de que desde los orígenes de la consagración de los derechos humanos  (finales del Siglo XVIII), se mantiene invariable el principio según el cual toda asociación política está organizada para servir al Hombre.  Esta aseveración, requiere una explicación sobre la concepción y trato del Hombre-persona en lugar del hombre-individuo, en dos sentidos:  El reconocimiento de la filosofía personalista, que rechaza la idea de las relaciones del hombre con la sociedad sobre la base de un antagonismo radical, propio del  individualismo de 1789. La noción de persona expresa la imposibilidad de pensar al hombre por  fuera de los grupos a los que está integrado de manera indisociable.  Como el Estado mismo, los grupos no son más que medios  al servicio del hombre.  La Constitución Italiana (art. 2o.), garantiza los derechos del hombre "tanto como  individuo como en las  formaciones sociales en que ejerce su personalidad". Esas formaciones  constituyen en la actualidad,  marcos necesarios para el  crecimiento de la persona, así como límite para su realización.  Sin perjuicio de que en caso de conflictos entre los derechos de los individuos y los de los grupos primen los primeros, según la regla clásica.  En efecto, con frecuencia, el grupo está animado de una voluntad de poder que puede amenazar la libertad del individuo, punto de vista desde el cual la desconfianza de los liberales clásicos frente a las asociaciones no era del todo errónea. El segundo sentido muestra, en la óptica de 1789, el reconocimiento al individuo de la imposición al Estado de  una actitud de abstención frente al juego  de las libertades.  En la perspectiva contemporánea, se imponen al poder público acciones positivas, lo que amplía la primacía reconocida al hombre, en la medida en que son mayores las obligaciones impuestas al  Estado.  De donde se deduce que  no es el individuo sino la persona situada en la sociedad, la  que resulta sujeto de los nuevos derechos sociales y  solidarios. En la primera mitad de este siglo, una circunstancia histórica, particularmente crítica del liberalismo, viene a concurrir con el pensamiento socialista, si se quiere de manera más radical, en  críticas a los Derechos del Hombre de 1789 y al valor mismo de la  libertad individual.  La acusación al liberalismo, por el Fascismo italiano y sobre todo por el Nacional-socialismo alemán, es más radical que la del marxismo, en cuanto éste plantea su crítica a nombre de la libertad, para convertirla en una realidad y no sólo en un postulado teórico.  Lo que aquellos niegan, es el valor del hombre en tanto tal y como destino de las acciones del poder público.  Para ellos, el hombre sólo vale en cuanto pertenece a una raza o a determinado  Estado, y en consecuencia nada valen quienes pertenecen a las "razas inferiores", ni a núcleos o grupos sociales. Expresa esta última concepción, la supremacía del Estado no sólo sobre el hombre individual, sino, también sobre el individuo situado,  como parte de la sociedad, integrando su propia personalidad.  Estas concepciones políticas desconocen la personalidad humana, e imponen el renunciamiento al ejercicio de la libertad en beneficio de los gobernantes, personeros de una forma totalitaria del Estado. De allí que el triunfo de los aliados, venga a infundir un nuevo impulso a la libertad y al reconocimiento de la dignidad  humana, expresada en sus manifestaciones sociales, que implican la combinación del individualismo con las tendencias socialistas, que también  resultan gananciosas en ese conflicto bélico, para dar paso al Estado Social de Derecho, cuyo sujeto social no es más el individuo opuesto a la sociedad, sino referenciado en ésta, en tanto persona, esto es, al reordenarse el principio de legalidad, se dá paso al reconocimiento del derecho a la personalidad jurídica, entendido según las concepciones  anotadas. En efecto, surge el Derecho a la Personalidad Jurídica, que presupone toda una normatividad jurídica, según la cual todo hombre por el hecho de serlo tiene derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, con dos contenidos adicionales: titularidad de derechos asistenciales y repudio de ideologías devaluadoras de la personalidad, que lo reduzcan a la simple condición de cosa. Debe en consecuencia resaltarse que este derecho, confirmatorio del valor de la sociedad civil regimentada por el derecho, es una formulación política básica, que promueve la libertad de la persona humana; y que proscribe toda manifestación racista o totalitaria frente a la libertad del hombre. No debe confundirse este derecho fundamental, cuyo contenido, otorga al hombre su condición de ser social, en el nuevo Estado liberal, con los clásicos derechos a la personalidad regulados por el derecho civil y menos aún con el concepto de personas jurídicas o fictas que evoca su idéntica expresión idiomática. Toda esta legislación, que comprende los denominados atributos de la personalidad, es decir, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil y la capacidad, si bien, en el plano de la legalidad ordinaria implican desarrollos jurídicos que sitúan a la persona humana en la sociedad de modo ordinario, son tutelables por las autoridades encargadas de su declaración, y sólo serían amparables mediante acciones como la presente, cuando esa legalidad pretendiese ser suspendida para dar paso a una concepción de la persona humana distinta a la liberal, que surgió con una fisonomía propia en el Estado Social de Derecho.  Este derecho fundamental a la personalidad jurídica que consagró el Constituyente de 1991 es más una declaración de principio, que acoge a la persona en lugar del individuo, como uno de los fundamentos esenciales del nuevo ordenamiento normativo. En el presente caso, el A-quo equivoca el contenido del derecho a la personalidad jurídica consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional, al considerar que se desconoció ese derecho fundamental, al negarse por el notario único del círculo de Ocaña, la inscripción del demandante en el registro civil de nacimiento, haciendo constar la paternidad de quienes él señala como sus padres, toda vez que dicho parentesco se encuentra impugnado por una hermana, que vendría a serlo legítima suya en caso de que lo que demanda tuviera soporte en la realidad.  Equivocación que consiste en confundir el contenido del derecho fundamental  a la personalidad jurídica con el derecho a ser inscrito en el registro civil su nacimiento.  Derecho éste último de rango legal, sujeto a los condicionamientos jurídicos previstos en la ley, y que el funcionario encargado de llevar el dicho registro, debe hacerlo o dejarlo de hacer, asegurando su veracidad y demás requerimientos  que determine la ley. Por lo tanto no existe violación del derecho a la personalidad jurídica, cuando razones o interpretaciones de orden legal vienen a limitar el estado civil de las personas; porque son justamente esas razones de legalidad las que buscan ser protegidas por el derecho fundamental que se comenta. Asiste fundamento al señor Juez Civil del Circuito al afirmar que para el reconocimiento de los derechos de la personalidad se requieren unas condiciones o exigencias legales propias de todo Estado de Derecho.  Sin embargo, al valorar las pruebas presentadas por la hija legítima de la madre de quien pide el accionante se le tenga igualmente por hijo, incurre en valoraciones  sobre "la seriedad, claridad y convicción de los declarantes...", para concluir que resultó "justificada jurídicamente la negativa de la notaría" al no registrar  el nacimiento del actor, cuando ha debido simplemente, señalar sin entrar en valoraciones declarativas como las anteriores, para lo cual no  es competente el juez de tutela, indicar que  existen otros recursos o medios de defensa judicial para hacer valer el derecho que se pretende desconocido, y que esos medios  están constituídos por la posibilidad de instaurar proceso  civil ordinario, donde se declare la maternidad natural de la señora Carmen Rosa Pacheco que pretende el libelista (art. 6o. D. 2591/91). Tampoco correspondía al Ad quem adelantar el análisis sobre las fechas de nacimiento y matrimonio de la madre, ni las que aparecen  en la cédula de ciudadanía del accionante como de nacimiento de éste y la que declara éste alegando error en el documento para estimar que "esto no es cierto porque tanto  en su cédula de ciudadanía como en la partida anulada aparece el  año de 1922 como el de su nacimiento".  Con lo cual sustituye, sin competencia para ello, al juez ordinario, en la definición de una situación jurídica referida a la filiación del peticionario, que como se ha indicado, no es de su facultad. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.   CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Ocaña, del siete (7) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante la cual se decidió la segunda instancia, en la acción de tutela de la referencia, promovida por el señor CARLOS JULIO BALLESTEROS, por los razones precedentes. Segundo.  COMUNIQUESE al Juzgado Primero Civil Municipal de Ocaña la presente decisión para que sea notificada conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y archívese el expediente. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-486-92 Sentencia No Sentencia No. T-486/92 BANCO DE DATOS/SUPERINTENDENCIA BANCARIA/COMPETENCIA/ASOCIACION BANCARIA No es dable la vigilancia por parte de la Superintendencia Bancaria de los bancos de datos, ni de las personas que los administran, pues se trata de personas jurídicas diferentes a las vigiladas, a las cuales prestan un servicio para la evaluación del riesgo de su clientela. La Asociación Bancaria es una organización civil de carácter gremial sin ánimo de lucro, diferente a las entidades financieras afiliadas a ella; no compete a la Superintendencia Bancaria su control y por ende no tiene facultades relativas a su creación o funcionamiento. ACCION DE TUTELA El otro medio de defensa judicial a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata.  No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela. ASOCIACION BANCARIA/BANCO DE DATOS/HABEAS DATA La Asociación Bancaria de Colombia administra un servicio privado de información del sistema financiero conformado por bases de datos de carácter personal económico y que, como tal, es responsable del manejo de los respectivos archivos. Las personas cuyos datos personales son reportados a dicha Central tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones, de acuerdo con la Constitución o la ley. El ejercicio del derecho a la información en que, según la Asociación Bancaria de Colombia, se fundamenta la Central de Información que dicha entidad administra, no puede conducir en manera alguna a la vulneración de la dignidad humana. Los bancos de datos son objetos  propios de la ciencia de la información que adquieren una particular relevancia en el moderno derecho constitucional por la gran potencialidad que tienen de vulnerar algunos derechos fundamentales, como la intimidad. DATO INFORMATICO/LIBERTAD INFORMATICA El dato es un elemento material susceptible de ser convertido en información cuando se inserta en un modelo que lo relaciona con otros datos y hace posible que el dicho dato adquiera sentido. El dato que constituye un elemento de la identidad de la persona, que en conjunto con otros datos sirve para identificarla a ella y solo a ella, y por lo tanto sería susceptible de usarse para coartarla, es de su propiedad, en el sentido de que tendría ciertos derechos sobre su uso. La libertad informática consiste en la facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR/DERECHO A LA INFORMACION La intimidad, que es una de las manifestaciones más concretas y directas de dicha dignidad, ha adquirido una posición privilegiada en el conjunto de los derechos constitucionales fundamentales. Esto implica, se reitera una vez más, que ante un eventual conflicto insuperable entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad en donde no pueda ser posible un equilibrio o coexistencia, la intimidad deberá prevalecer. REF.: EXPEDIENTE No T-1900 Peticionario: Libardo Molina. Procedencia: Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Civil-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., agosto 11 de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1900, adelantado por Libardo Molina. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día seis (6) de mayo del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar Sentencia de Revisión. 1. Solicitud. El señor Libardo Molina impetró acción de tutela ante el Juez 7º Civil del Circuito de Santafé de Bogotá contra el Banco del Estado y la Asociación Bancaria de Colombia, ASOBANCARIA, con base en los siguientes hechos: El accionante contrajo una deuda que se instrumentó a través de un pagaré, con Promotora Acrocréditos Ltda.; ésta, a su vez, endosó el título-valor a favor del Banco del Estado. El establecimiento bancario anotado, en virtud del pagaré endosado, instauró proceso ejecutivo que cursó en el Juzgado 25 Civil del Circuito de Bogotá. En el mencionado proceso, por providencia de 7 de diciembre de 1988, se declaró probada la excepción de prescripción de la acción cambiaria; el demandante apeló y el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá por providencia de 12 de julio de 1989, confirmó la sentencia del A-quo. Aun así, el Banco del Estado, en carta del 9 de octubre de 1991, reportó al Sr. Libardo Molina ante ASOBANCARIA como codeudor de una obligación castigada. En el expediente de tutela obran como pruebas: -La certificación No. C11187 de noviembre 12 de 1991 de ASOBANCARIA, la cual señala que el señor Libardo Molina figura en los registros vigentes de la Central de Información Comercial. -Copia autenticada de sentencia de 7 de diciembre de 1988 proferida por el Juzgado 25 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. -Comunicación No.000560 del 31 de enero de 1992 de ASOBANCARIA, donde señala el Registro del señor Libardo Molina como codeudor de una cuenta castigada. -Reglamento de la Central de Información de ASOBANCARIA. El peticionario solicita su exclusión de los registros vigentes de la Central de Información Comercial de ASOBANCARIA, ya que considera violado el artículo 15  (derecho a la intimidad) de la Constitución Política de Colombia. 2. Fallos. 2.1. Del Juzgado 7º Civil del Circuito de Santafé  de Bogotá (providencia de febrero 11 de 1992). En principio, el fallador estima que la tutela debe ir dirigida contra ASOBANCARIA y no contra el Banco del Estado, ya que aquélla es la encargada de  la exclusión del actor en forma automática. Luego, el Juzgado establece la naturaleza de la tutela,  determinando que se trata de una acción contra particulares y como tal debe sujetarse a las supuestos del inciso final del artículo 86 de la Carta  y al Capítulo III del Decreto 2591 de 1991. Encuentra el Juzgado que el caso sub-exámine estaría inmerso dentro del numeral 6o. artículo 42 del Decreto antecitado, pero que de la misma manera dicho caso no correspondía al marco  que determina la Constitución para la tutela contra particulares, como son el encargo de la prestación de un servicio público, asunción de conductas que afecten grave y directamente el interés colectivo y estado de indefensión o subordinación. En la decisión judicial se concluye que las circunstancias que podrían darse en el asunto de la referencia son las de subordinación o indefensión, pero que al fin y al cabo no existe ni imperativa dependencia ni vulnerabilidad manifiesta del señor Libardo Molina en relación con ASOBANCARIA. En ese orden de ideas, el juzgador deniega la solicitud de tutela en comento. 2.2. Del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de Decisión Civil- (providencia de marzo 20 de 1992). Estima el Tribunal que el señor Molina sí se encuentra en circunstancias objetivas  y actuales de indefensión, porque el criterio del Banco reportante es mantener al accionante en vigilia de crédito, y además el reglamento interbancario de ASOBANCARIA opera sólo con fuerza entre las partes y no respecto del afectado. Considerando lo anterior, se revoca la decisión de la primera instancia y se concede la tutela del señor Libardo Molina a obtener la rectificación de la información tanto en el Banco de Estado como en ASOBANCARIA, a efecto de que sea excluido definitivamente como deudor moroso de los registros de las entidades mencionadas. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado 42 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, con fundamento en los artículos  86, inciso tercero y 241, numeral noveno de la Constitución Política en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que dicho acto practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Por tratarse de un caso exactamente igual al fallado en la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, y acorde esta Sala Cuarta de Revisión con los postulados allí expuestos, se hace necesario reproducir en su parte pertinente los fundamentos jurídicos. En efecto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, al Revisar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, hizo un análisis de la situación de la persona que por razón de prescripción del título valor ha concluído a su favor el proceso ejecutivo, pero no ha sido excluída de los registros vigentes de la central de información comercial de la Asociación Bancaria, causándole esto grave perjuicio para la continuación de su vida comercial. En aquella oportunidad la Corte dijo en la Sentencia Nro. T-414[1], lo siguiente: "En primer término, es procedente advertir que la Superintendencia Bancaria no ejerce control sobre los bancos de datos que operan al servicio de las entidades financieras y aseguradoras, por no estar facultada para ello como explicará más adelante. 1.  Incompetencia de la Superintendencia Bancaria para ejercer control sobre los bancos de datos del sector bajo su vigilancia. En el entendido de que las entidades públicas sólo están facultadas para realizar aquellas actividades a que la ley expresamente las autoriza, de conformidad con el principio de legalidad de las actuaciones administrativas, consagrado tanto en la Carta anterior como en la Constitución Nacional vigente y revisadas las normas que han regido la estructura y funciones de la Superintendencia Bancaria en el periodo de 1987 a 1992, encontramos que ninguna disposición la ha autorizado para adelantar funciones de control y vigilancia sobre los bancos de datos mencionados. En efecto, el decreto 1339 de 1986, en su artículo 2o. enumera las instituciones sometidas a la vigilancia e inspección de la Superintendencia Bancaria, dentro de las cuales no incluyó los bancos de datos.  El decreto 1033 de 1991 derogatorio del anterior, hizo otro tanto en su artículo 2o. El decreto 1730 de 1991, actual estatuto orgánico del sistema financiero, al relacionar en su artículo 4.1.1.0.2. las entidades vigiladas, tampoco los incluyó. Valga mencionar que el literal c) del mencionado artículo dispone que corresponde a la Superintendencia Bancaria el control de "las demás personas naturales y jurídicas respectivamente" pero hasta la fecha ninguna ley le ha impuesto tal función, con respecto a los bancos de datos. En conclusión, no es dable la vigilancia por parte de la Superintendencia Bancaria de los bancos de datos, ni de las personas que los administran, pues se trata de personas jurídicas diferentes a las vigiladas, a las cuales prestan un servicio para la evaluación del riesgo de su clientela, análisis que es tanto más importante como que la jurisprudencia consideró a la actividad concerniente al manejo del ahorro como servicio público y hoy el artículo 335 de la Constitución la define como "de interés público". 2.  Resultados del control De lo anterior se colige la carencia de una evaluación de las formas y resultados del control, por la inexistencia de competencia para desarrollar tales funciones. 3.  Decisiones de autoridades públicas relacionadas con los bancos de datos Esta Superintendencia no ha recibido noticia oficial sobre el particular. 4. Irregularidades en el manejo de información de los bancos de datos Los clientes del sector financiero, no con poca frecuencia, elevan quejas ante esta entidad relacionadas con el manejo de la información de los bancos de datos que por parte de las entidades financieras se lleva a cabo. La Superintendencia da el trámite que toda queja requiere, cuando interviene una entidad vigilada por nosotros, que consiste en lo siguiente:  una  solicitud de explicaciones a la entidad vigilada. Posteriormente se evalúa la respuesta de ésta y si en ella ha demostrado que la información que trasmitió al banco de datos es fidedigna, el trámite se da por concluído. En caso contrario se requiere a la entidad financiera a efectos de que la información que reporte el banco de datos sea fidedigna. En uno y otro evento el resultado de la actuación se comunica al interesado. Ahora bien, la Superintendencia no puede adelantar actuación alguna frente a la manera como el banco de datos administre la información que contiene, por las razones que se expusieron en el punto 1o. de este escrito, que se resumen básicamente en la carencia de facultades legales para vigilar a las personas jurídicas que los manejan. Si bien es cierto que la Superintendencia Bancaria no tiene facultades para vigilar los bancos de datos, al tema de su manejo no le ha sido ajeno. Es así que por medio de su Oficina Jurídica ha emitido diferentes conceptos, eso si dictados con el alcance que dispone el artículo 25 del código contencioso administrativo. Los pronunciamientos a que hago mención, han tenido como orientación diferentes fuentes de la doctrina, entre los cuales se cuenta el pronunciamiento de la Procuraduría Delegada en lo Civil, proferido el 19 de julio de 1991, expediente 359, cuyo espíritu compartimos pero que en algunos aspectos nos merece observaciones, como se advierte en los comentarios que formulamos en seguida. Recientemente se ha examinado el tema y es oportuno mencionar los criterios a que se ha llegado: El artículo 15 de la Carta constitucionaliza la existencia de los bancos de datos y señala las garantías de las personas en la recolección, tratamiento y circulación de los datos. Así,  pues, el propio constituyente estima que la existencia de tales instituciones no es contraria al derecho de la intimidad. Amén del derecho a la intimidad es de advertir la garantía del derecho a la información en el artículo 20 de la Carta, cuyo rango constitucional es equivalente. Lo anterior hace necesario establecer un equilibrio entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información, que permita la libertad y la dignidad de las personas tanto como el derecho a la información veraz e imparcial. Este equilibrio es tanto más importante cuando se trata de una actividad como la financiera, la cual por concernir al manejo del ahorro de la comunidad, cuyo cuidado depende de la ortodoxia y prudencia con que procedan las entidades del sector, requiere un acervo adecuado de información en materia de evaluación de riesgo. Aquí no huelga recordar que el constituyente calificó a la actividad financiera como de interés público en el artículo 335 de la Carta. 5.  Creación, funcionamiento y control de la central de información de la Asociación Bancaria La Asociación Bancaria es una organización civil de carácter gremial sin ánimo de lucro, diferente a las entidades financieras afiliadas a ella; no compete a la Superintendencia Bancaria su control y por ende no tiene facultades relativas a su creación o funcionamiento. En todo caso, debe señalarse que para la Superintendencia Bancaria es de gran importancia y conveniencia la existencia de mecanismos de información que permitan una mejor evaluación del riesgo crediticio. Tanto es así que para otorgar así y evaluar el crédito esta Superintendencia exige la consulta a centrales de riesgos. 6.  Acciones contra la Superintendencia Bancaria por fallas en el manejo y organización de los Bancos de Datos. El ordenamiento jurídico colombiano no prevé acción alguna contra la Superintendencia Bancaria por perjuicios que se causen por la organización y manejo de los bancos de datos financieros, ya que no corresponde a ésta la vigilancia de los mismos como se ha explicado. Como se desprende de lo anterior, no existe en el ordenamiento nacional el otro medio de defensa judicial señalado por el  Juez 7º civil del circuito de Santafé de Bogotá. Es claro también que la ignorancia o negligencia del fallador de primera instancia, constituye un grave desconocimiento de los principios de prevalencia del derecho sustancial y de la eficacia, que según el artículo 3o. del Decreto 2591 de 1991, deben regir el trámite de la acción de tutela. Representa igualmente un grave irrespeto a la dignidad y tranquilidad del peticionario. Todo lo anterior amerita la intervención de las autoridades competentes, particularmente por cuanto que a partir de la vigencia de la Carta de 1991 no hay duda alguna que el Estado debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio ciego del Estado. Lo ocurrido en el presente caso dá pié para formular algunas consideraciones adicionales acerca del alcance que tiene la expresión "Esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial"  (inciso 3º del artículo 86 de la Carta vigente). Si se repara que en el inciso primero de dicho artículo la acción de tutela aparece consagrada como un procedimiento para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales cuandoquiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública;  que en la función pública de administrar justicia debe prevalecer el derecho sustancial y se observará la debida diligencia (Constitución Nacional, Artículo 228); y que entre los fines esenciales del Estado está el de garantizar la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución (Ibidem art. 2º) está fuera de toda duda que la acción de tutela, por la expresa voluntad del Constituyente de 1991, es el recurso efectivo que consagran los tratados y convenios internacionales para proteger eficazmente los derechos fundamentales. Por tanto, así se ha venido a colmar en el ordenamiento nacional un vacío que justamente venía preocupando a personas y entidades comprometidas en la protección de tales derechos. Siendo esto así, es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente. En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial" a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata.  No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela. De otra parte, es así mismo claro que cuando el Estado colombiano está obligado a hacer la mayor divulgación de la Constitución (Constitución Nacional art. 41) ello no implica solamente una labor formal a través de los diversos medios de comunicación sino también el estímulo concreto a la práctica cotidiana de sus principios y valores por parte de sus funcionarios.  Lo cual supone, entre otras cosas, que el Juez del Estado social de derecho en que se ha transformado Colombia por virtud de lo dispuesto en el artículo 1º. de su nueva Carta, está en la obligación de indicarle al peticionario, con la claridad y precisión que son de presumir en un profesional egresado de una facultad de Derecho aprobada por el Estado, el otro medio de defensa judicial de que puede disponer el afectado para proteger su derecho.  De no ser así, podría estimularse una práctica dilatoria y claramente kafkiana en abierta burla de la dignidad humana.  Tal como ha ocurrido en el presente caso y que bien amerita una investigación por parte de las autoridades competentes. Por todas las consideraciones anteriores, esta Sala reconocerá que en el presente caso el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial y que por tanto es procedente la acción de tutela incoada [como lo estableció el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá]. A.  La dignidad humana, supremo principio de la Constitución de 1991. Con toda razón sus comentaristas ponen de presente que esta Carta consagra una nueva orientación filosófica que ubica al hombre en lugar privilegiado y es el más eficaz instrumento al servicio de la dignificación de la persona humana. Ello se desprende de buena parte de su texto, pero en especial del preámbulo y los artículos 1 al 95, los cuales permean todo el ordenamiento nacional. En virtud de lo anterior, se ha producido pues un cambio cualitativo de amplio espectro que supone necesariamente la revisión de aquellas categorías jurídicas que siempre tuvieron como núcleo la propiedad y no el debido miramiento a la persona humana. Tal revisión se traduce en una neta prevalencia de la categoría del ser sobre la del tener o del haber, dentro del marco de un hondo y genuino humanismo que debe presidir los actos de los encargados de administrar justicia en todos los niveles del sistema jurídico. Por tanto, en Colombia la actividad económica no puede desarrollarse hoy en abierto contraste con los valores fundamentales y las exigencias propias de la libertad humana. Ella prevalece sobre toda pretensión desmesurada de servir los intereses de la productividad y la eficiencia. B.  Las nuevas tecnologías y la libertad personal. Dentro de la perspectiva de crear y definir permanentemente nuevos derechos humanos que respondan a las exigencias de las diversas coyunturas históricas, se habla hoy de una cuarta generación de tales derechos que tendría como finalidad específica la de dar respuesta tanto a los desafíos científicos y del progreso tecnológico como al cuestionamiento producido  por la manipulación genética o por el riesgo de la desinformación universal de los procedimientos ultramodernos de los medios de comunicación. De estas inquietudes muy fundadas se han hecho también eco algunos instrumentos elaborados por organismos internacionales. Así, por ejemplo, en la denominada "Proclama de Teherán", aprobada por la Conferencia Internacional de Derechos Humanos el 13 de Mayo de 1968 se declaró solemnemente que: "Si bien los recientes descubrimientos científicos y adelantos tecnológicos han abierto amplias perspectivas para el progreso económico, social y cultural, esta evaluación puede, sin embargo, comprometer los derechos y las libertades de los individuos y por ello requerirá una atención permanente". También en su "Declaración sobre la utilización del progreso científico y tecnológico en interés de la paz  y en beneficio de la humanidad", proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de noviembre de 1975 se expresa que: "Todos los Estados tomarán medidas apropiadas a fin de impedir que los progresos científicos y tecnológicos sean utilizados, particularmente por órganos estatales, para  limitar o dificultar el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales de la persona consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales pertinentes". Entre tales medidas apropiadas la ONU, a través de sus organismos especializados, ha venido estimulando la adopción de normas para el manejo de bancos de datos y de protección a la intimidad. C. Intimidad y habeas data: aproximación al artículo 15 de la Carta. La Sala estima conveniente señalar en forma muy somera algunos alcances de esta nueva disposición con la cual el Constituyente ha querido, en buena medida, proteger la intimidad la honra y la libertad contra los abusos del poder informático vinculado estrechamente, según se verá, con los adelantos tecnológicos. 1.- La intimidad. Como es bien sabido,  cuando la doctrina[2] se refiere a la intimidad bajo la forma de protección de la vida privada, lo hace tanto en un sentido amplio como en un sentido estricto. En el primero, la expresión designa todas las reglas jurídicas que tienen por objeto proteger la vida personal y familiar.  Este es el alcance que le reconoce la Corte Europea de Derechos del Hombre al artículo 8o. de la Convención sobre la materia. En un sentido más estricto, la expresión se emplea también para designar exclusivamente un conjunto de normas que tiene por fin la protección de las personas contra atentados que afectan particularmente el secreto o la libertad de la vida privada. En algunos pronunciamientos de la jurisprudencia francesa, el profesor Stromholm considera que la intimidad no es otra cosa que el derecho de una persona de manejar su propia existencia como a bien lo tenga con el mínimo de injerencias exteriores [3]. Por su naturaleza manifiestamente individualista y negativa, concepciones como ésta son hoy insuficientes para demandar la protección del ordenamiento ante las embestidas del "poder informático". La misma doctrina destaca también que la intimidad se proyecta en dos dimensiones a saber: como secreto de la vida privada y como libertad. Concebida como secreto, atentan contra ella todas aquellas divulgaciones ilegítimas de hechos propios de la vida privada o familiar o las investigaciones también ilegítimas de acontecimientos propios de dicha vida. Concebida como libertad individual, trasciende y se realiza en el derecho de toda persona de tomar por sí sola decisiones que concierne a la esfera de su vida privada. Planteamientos como éstos han estimulado intentos enderezados a distinguir diversas esferas de la vida privada, a ubicar la intimidad en la porción más interna de la misma, y a precisar que la protección jurídica debe tener por objeto exclusivamente la parte íntima de la vida privada y no simplemente la "privacidad". Pero también parecen dar la razón a quienes estiman inútil y hasta imposible construir una noción clara de intimidad como presupuesto indispensable para su eficaz protección jurídica. El derecho no ha sido ajeno a la protección de la vida privada.  Pero esta meta resulta cada vez más difícil por cuanto en nuestro tiempo los secretos no son simplemente captados por los sentidos sino que el uso de técnicas hace prácticamente ilimitada su revelación a los nuevos medios de comunicación social. Los atentados contra la intimidad pueden provenir tanto de los particulares como del Estado. Entre las prácticas más perturbadoras de los particulares la doctrina señala la exposición pública de fotografías sin el consentimiento del retratado, las vociferaciones para anunciar la venta de mercancía, el asedio inoportuno de periodistas en momentos de extrema pesadumbre, las llamadas telefónicas de anónimos injuriadores, el empleo ilícito de aparatos destinados a espiar detalles de la vida íntima, el empleo abusivo de la informática en el acopio de datos sobre los antecedentes comerciales y la circulación de libros, filmes y videos cuyos argumentos reproduzcan, sin tacto alguno, episodios desgraciados de la vida real de las personas[4]. La creciente utilización de la informática en las actividades propias de la administración pública, particularmente notoria durante la presente década, ha creado grandes esperanzas de encontrar por fin el remedio más eficaz para muchos de sus problemas, algunos de los cuales se remontan al siglo pasado. Este optimismo, tal vez ingenuo, parece haber relegado a un plano secundario  la consideración de un aspecto específico de la informatización del Estado que concierne en grado sumo al ciudadano común, a saber: el uso indebido de una ingente masa de información en manos del Ejecutivo bien puede acarrear consecuencias nocivas para sus derechos en países donde todavía  no existe una regulación adecuada sobre nuevas tecnologías de información como es, precisamente, el caso de Colombia. Dentro de este complejo contexto, se protege la intimidad como una forma de asegurar la paz y la tranquilidad que exige el desarrollo físico, intelectual y moral de las personas, vale decir, como un derecho de la personalidad. Esta particular naturaleza suya determina que la intimidad sea también un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se pueda hacer valer "erga omnes", vale decir, tanto frente al Estado como a los particulares. En consecuencia, toda persona, por el hecho de serlo, es titular a priori de este derecho y el único legitimado para permitir la divulgación de datos concernientes a su vida privada. Su finalidad es la de asegurar la protección de intereses morales; su titular no puede renunciar total o definitivamente a la intimidad pues dicho acto estaría viciado de nulidad absoluta[5]. Es de señalar también que la doctrina moderna ha venido reiterando una nueva y creciente dimensión de la intimidad que la reivindica de su inicial caríz individualista y negativo. Se trata, ni más ni menos, de reconocerle un espacio propio entre las denominadas libertades públicas, vale decir, entre aquellos derechos fundamentales de una sociedad que permiten el desarrollo y mantenimiento de la personalidad y la dignidad humana[6]. De otra parte, en las nuevas condiciones creadas por la emergencia de sofisticadas tecnologías, la intimidad adquiere más y más objetiva naturaleza política como que apunta a lograr un justo equilibrio en la distribución del poder de la información y no exclusivamente, como en el pasado, a garantizar los apetitos de soledad de una persona. 2.-  Intimidad y derecho a la información En casos de conflicto insoluble entre ambos, esta Sala no vacila en reconocer que la prevalencia del derecho  a la intimidad sobre el derecho a la información, es consecuencia necesaria de  la consagración de la dignidad  humana como principio fundamental y valor esencial, a la vez, del Estado social de derecho en que se ha transformado  hoy Colombia,  por virtud de lo dispuesto en el artículo primero de la Carta de 1991. En efecto, la intimidad es, como lo hemos señalado, elemento esencial de la personalidad y como tal tiene una conexión inescindible con la dignidad humana.  En consecuencia, ontológicamente es parte esencial del ser humano. Sólo puede ser objeto de limitaciones en guarda de un verdadero interés general que responda a los presupuestos establecidos, por el artículo 1o. de la Constitución.  No basta, pues, con la simple y genérica proclamación de su necesidad: es necesario que ella  responda a los principios y valores fundamentales de la nueva Constitución entre los cuales, como es sabido, aparece en primer término el respeto a la dignidad humana. 3.- La Central de Información de la Asociación Bancaria De la documentación suministrada por el señor Superintendente se desprende que la Central es un mecanismo de defensa gremial que concentra la información de clientes del sistema financiero en lo relacionado con aspectos que permiten establecer el grado de riesgo que implica un determinado crédito. La información que pueden recibir estos entes está sometida al principio de la reserva bancaria y su manejo se sujeta al deber general de no causar daño a otro. Pero la reserva bancaria no opera respecto de los datos relativos a obligaciones incumplidas comoquiera que es esta una excepción al deber de sigilo de los establecimientos bancarios[7]. En Agosto de 1991, la Asociación Bancaria de Colombia expidió un reglamento de su Central de Información, del cual merecen destacarse los siguientes aspectos: Artículo 1o. Naturaleza.  La Central de Información de la Asociación Bancaria de Colombia es un servicio privado de información del sistema financiero, conformado por las bases de datos de carácter personal económico mencionados en los Acuerdos Interbancarios y los que la Junta Directiva estime necesarios para el logro del propósito que se establece en el artículo siguiente: Artículo 2o. Propósito.  Las bases de datos que conforman la Central de Información tienen el propósito de servir a las instituciones financieras como elementos de juicio para la evaluación de riesgos en los negocios financieros y operaciones activas de crédito que celebren con sus clientes, así como para la aplicación de los acuerdos interbancarios adoptados por la Asamblea de Afiliados a la Asociación. Artículo 4o. Titulares de los datos. Las personas cuyos datos personales hayan sido reportados a la Central son los titulares de los mismos, y en consecuencia tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones, conforme al procedimiento señalado en este reglamento. Artículo 5o. Responsables. La Asociación Bancaria de Colombia es la administradora de las bases de datos que conforman la Central de Información y en consecuencia es responsable de los archivos. Los usuarios serán responsables de la exactitud de los datos y de la actualización o rectificación, así como del buen uso de la información obtenida de la Central. Es claro, pues, que la Asociación Bancaria de Colombia administra un servicio privado de información del sistema financiero conformado por bases de datos de carácter personal económico y que, como tal, es responsable del manejo de los respectivos archivos. De otra parte, las personas cuyos datos personales son reportados a dicha Central tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones, de acuerdo con la Constitución o la ley[8]. Por todo lo anterior, esta Sala encuentra reprochable en grado sumo la conducta de la Asociación Bancaria al no retirar de la lista de deudores morosos [al señor Libardo Molina]. En efecto, en el expediente obra prueba de que por  sentencia debidamente ejecutoriada [el Juzgado 25 Civil del  Circuito de Santafé de Bogotá había declarado prescrita la obligación  y así lo confirmó el Tribunal Superior]. Sorprende igualmente que dicho quejoso haya tenido que impetrar, por medio de apoderado, la presente acción de tutela ante [el Juzgado 7º Civil del Circuito de Santafé de Bogotá] para que se le retirara de la lista de deudores morosos y se actualizara y rectificara la información que sobre él existe en el banco de datos de la Asociación Bancaria. Porque es lo cierto que por virtud de lo dispuesto en el reglamento de la Central, él tenía perfecto derecho a la actualización de las informaciones que le concernían,  en particular,  que su obligación con el Banco del Estado había sido declarada prescrita por sentencia judicial el año de 1989 y no tenía por qué seguir figurando en la condición de deudor moroso de dicha entidad financiera. Como consecuencia de todo lo anterior, esta Sala reitera que es voluntad expresa del Constituyente plasmada en el texto del artículo 1o. la primacía del ser humano con sus atributos fundamentales sobre otras  categorías simplemente accesorias,  como las de haber o tener. Ello quiere decir, en otros términos, que el ejercicio del derecho a la información en que, según la Asociación Bancaria de Colombia, se fundamenta la Central de Información que dicha entidad administra, no puede conducir en manera alguna a la vulneración de la dignidad humana. Tal como ha ocurrido en el caso del señor [Molina] la misma limitación pesa sobre el ejercicio del derecho a la protección del crédito como proyección del derecho de propiedad. 4.- El Dato y su "propiedad" El dato es un elemento material susceptible de ser convertido en información cuando se inserta en un modelo que lo relaciona con otros datos y hace posible que el dicho dato adquiera sentido. En forma muy somera, se puede decir que el sentido en última instancia, lo producen una o varias mentes humanas y este sentido es un determinante de la acción social. Los modelos se plasman en forma de textos y mensajes que consisten en una serie de signos algunos de los cuales les llamaremos datos, organizados de acuerdo a sistemas de reglas o gramática. En la sentencia original se cita el concepto del experto Ernesto Lleras sobre los bancos de datos: "A través de los signos y mensajes los eventos adquieren realidad social.  La realidad expresada a través de mensajes ... es la determinante de la acción social (Lleras et. al p. 6). El dato se constituye entonces en el elemento básico de información sobre eventos o cosas. (Fl. 45). Pero aquí nos importa señalar especialmente la incidencia del dato en la eventual vulneración de la intimidad.  En efecto, el mencionado experto señala también en su concepto que: El dato que constituye un elemento de la identidad de la persona, que en conjunto con otros datos sirve para identificarla a ella y solo a ella, y por lo tanto sería susceptible de usarse para coartarla, es de su propiedad, en el sentido de que tendría ciertos derechos sobre su uso. Datos de este tipo serían sus señales particulares, relaciones de propiedad y de familia, aspectos de su personalidad, y señales de identidad de diversa  índole que van emergiendo en las actividades de la vida. Todos estos datos combinados en un modelo, son equivalentes a una "huella digital" porque el individuo es identificable a través de ellos. Por las características propias de los datos, una vez producidos (codificado un evento u objeto por alguien o eventualmente una máquina) pueden diseminarse con relativa facilidad. Esto hace que puedan ser usados, en combinación con otros de procedencias distintas pero adscribibles a la misma persona. Así se va configurando lo que ha dado en llamar un "perfil de datos de una persona" (Lleras). Estos perfiles pueden construirlos quienes tengan bancos de datos bien sea manuales o sistematizados, y el poder de información y control social que estos tengan depende del uso de la tecnología disponible. El problema del "poder informático" existe siempre que se poseen datos sobre las personas bien sea en forma manual o por medios electrónicos. Con el desarrollo de estos últimos, las posibilidades de acción de ese poder en contra de la libertad de las personas se magnifican y harían necesaria una legislación especial. El "perfil de datos" de la persona se constituye entonces en una especie de "persona virtual" sobre la cual pueden ejercerse muchas acciones que tendrán repercusión sobre la persona real. Desde el envío de propaganda no solicitada, hasta coerción u "ostracismo" social como en el caso que se presenta. Un "buen" manejo de Bancos de Datos permitiría identificar hasta perfiles poblacionales desde distintos puntos de vista, lo cual constituye un evidente peligro de control social de aquellos que ostentan "poder informático", no solamente contra la libertad de las personas individuales sino contra la de sectores sociales más amplios. Por su compleja naturaleza es claro que frente al dato no puede aplicarse en todo su rigor el derecho clásico de propiedad. En verdad, bien miradas las cosas, salta a la vista la existencia de varios sujetos con distintas relaciones. Uno es el sujeto del cual se dice algo o al cual algo le concierne en el universo informativo construído a partir del dato. Otro es el sujeto que, aplicando unos códigos o gramáticas como instrumentos auxiliares, hace que el dato se convierta en información. Pueden existir otros cuya labor específica es la circulación y difusión de la información con destino a los clientes habituales de los medios de comunicación. La labor primordial de estos últimos sujetos es, como se ve, hacer que el dato se convierta en  esa mercancía denominada a veces noticia, apta para el consumo de su clientela que las nuevas tecnologías de información permiten ampliar más y más cada día. En estas condiciones, los diversos sujetos son apenas titulares de algunas facultades que no les confieren necesariamente la calidad de propietarios. Muchas veces no son más que simples depositarios forzosos. De otra parte, la facultad de difusión que es, como se sabe, propia del derecho a la información, adquiere un contenido económico que muy a menudo dificulta establecer un límite claro entre el ejercicio del derecho a la información como dimensión de la libertad política y presupuesto de una democracia participativa y pluralista, y la simple actividad empresarial de producir más y más noticias para una creciente clientela teniendo como materia prima los datos. Algunos se apropian codiciosamente de ellos, como si se tratara de colegiales indisciplinados a la caza de frutos silvestres en predios que consideran baldíos y que son en verdad los huertos de sus iracundos vecinos o colegas. Lo cierto es que por las muy estrechas relaciones entre el dato personal y la intimidad que atrás hemos destacado, la sola búsqueda y hallazgo de un dato no autoriza a pensar que se ha producido simultáneamente su apropiación exclusiva y, por tanto, la exclusión de toda pretensión por parte del sujeto concernido en el dato. De ahí que no pueda hablarse de que existe un propietario del dato con las mismas implicaciones como si se tratara de una casa, un automóvil o un bien intangible. Tampoco cabe pensar que la entidad que recibe un dato de su cliente en ejercicio de una actividad económica, se convierte por ello mismo en su propietario exclusivo  hasta el punto de que es ella quien pueda decidir omnímodamente su inclusión y posterior exclusión de un banco de datos. Esto sería tanto como autorizarlo de lleno a desposeer al sujeto, con todas sus consecuencias previsibles, de los "perfiles virtuales" que, como ya hemos visto, pueden construírse a partir de los datos de una persona. Con las posibilidades que ofrecen hoy las modernas tecnologías de información y, en particular, los bancos de datos computarizados, ello equivaldría también a autorizar a la persona o entidad que recibe el dato a encarcelar "virtualmente" en el banco de datos al sujeto concernido en los mismos. Lo cual, en países que carecen de una legislación específica protectora de la intimidad frente al fenómeno informático, favorecería abiertamente su cotidiana vulneración. Que estos abusos no son simplemente potenciales e imaginarios, lo señala en buena  medida el informe del señor Superintendente. Por eso, a partir de la vigencia del art. 15 de la Carta del 91 y en desarrollo del mismo es indispensable la regulación integral del poder informático para poner coto a sus crecientes abusos. Así lo exige la adecuada protección de la libertad personal frente a los poderosos embates de las nuevas tecnologías. Y así lo ordenará esta Sala. 5-  Los bancos de datos y el derecho constitucional informático Tal como lo señala el profesor Mario G. Losano[9] precursor muy fecundo tanto de la informática jurídica como del derecho informático en Italia, y cuyas obras son ampliamente conocidas en nuestro continente, un banco de datos no es otra cosa que un conjunto de informaciones que se refieren a un sector particular del conocimiento, las cuales pueden articularse en varias bases de datos y ser distribuídas a los usuarios de una entidad que se ocupa de su constante actualización y ampliación. O lo que es fundamentalmente lo mismo, un conjunto de informaciones exhaustivas y no redundantes sobre un determinado tema, manejado por un específico conjunto de programas[10]. Como se ve, pues, los bancos de datos son objetos  propios de la ciencia de la información que adquieren una particular relevancia en el moderno derecho constitucional por la gran potencialidad que tienen de vulnerar algunos derechos fundamentales, como la intimidad. La incidencia de los bancos de datos en el derecho público informático se aprecia con mayor claridad en el surgimiento de conceptos tan específicos como los de poder informático  y libertad informática. Nos referiremos a ellos más adelante, por cuanto son hoy de ineludible referencia para entender a cabalidad los verdaderos alcances del artículo 15 de la Carta de 1991. Es preciso, de otra parte, recordar que a partir de la década del cincuenta máquinas tales como los computadores han hecho posible no sólo crear e interconectar enormes "bancos de datos" que pueden suministrar inmediatamente una vasta cantidad de información personal a grandes distancias y en forma más comprensiva, sino también establecer correlaciones entre datos que aisladamente son las más de las veces inofensivos pero que reunidos pueden descubrir aspectos cuya relevación atenta contra la libertad e intimidad del ciudadano. En efecto, como lo observa agudamente el profesor Losano[11] mediante el denominado software aplicativo el computador se ha convertido para el ciudadano en un delator perfecto de informaciones sin que en la mayoría de los casos el titular de ellas llegue siquiera a enterarse, lo cual representa un peligro evidente para sus derechos, sobre todo en países como Colombia, que carecen de una legislación especial en materia de circulación de datos. Es comprensible, entonces, que la literatura especializada se haya venido ocupando más y más de la dramática e injusta situación del ciudadano que es objeto de una permanente observación por parte del aparato estatal que lo coloca dentro de un virtual acuario de cristal, sin posible escapatoria o salvación.  Aparece así el denominado síndrome del pez rojo[12]. Pero es innegable también que cuantos más servicios pretenda recibir el ciudadano del Estado tanto mayor será la cantidad de datos que deba suministrarse (composición del núcleo familiar, vivienda, salud, educación, lugar de trabajo, necesidades de transporte, seguridad social, etc.), con la obvia consecuencia de que una mayor transparencia de sus beneficiarios, todo lo cual contribuye a reproducir, prolongar y fortalecer la vigencia del síndrome y del poder informático. Como bien lo destaca el profesor Vittorio Frosini, la posibilidad de acumular informaciones en cantidad ilimitada, de confrontarlas y agregarlas entre sí, de hacerle un seguimiento en una memoria indefectible, de objetivizarlas y transmitirlas como mercancía en forma de cintas, rollos o discos magnéticos, por ejemplo, permite un nuevo poder de dominio social sobre el individuo, el denominado poder informático. Como necesario contrapeso, este nuevo poder ha engendrado la libertad informática. Consiste ella en la facultad de disponer de la información, de preservar la propia identidad informática, es decir, de permitir, controlar o rectificar los datos concernientes a la personalidad del titular de los mismos y que, como tales, lo identifican e individualizan ante los demás.  Es, como se ve, una nueva dimensión social de la libertad individual diversa, y por razón de las circunstancias que explican su aparición, de otras clásicas manifestaciones de la libertad. Por su peculiar naturaleza, esta libertad ha sido reconocida en las legislaciones de Estados de democracia liberal mediante estatutos jurídicos especiales, los cuales, establecen nuevos derechos e instituciones de control. En España, Portugal, y Brasil, por ejemplo,tanto la libertad informática como el habeas data han recibido el honor de una clara y explícita consagración constitucional[13]. 6.- La cárcel del alma y el derecho al olvido 1. Con el triunfo definitivo del Estado moderno en el siglo XVIII, depositario de las ideas de la Ilustración y del humanismo racionalista, se impuso una nueva manera de ver las relaciones entre los gobernantes y los gobernados y con ella una nueva manera de ver el castigo. El punto clave de esta última novedad puede ser explicado como un abandono de la preocupación medioeval por punir el cuerpo de los delincuentes -a través de los suplicios- en beneficio de un interés permanente por castigar su alma.  Este cambio de objeto, que Foucault ha descrito en detalle como un cambio estratégico en el ejercicio del poder, se ha ido imponiendo a través de los últimos siglos hasta adquirir hoy plena manifestación en disciplinas sociales basadas en la imposición de reglas comerciales, de métodos de observación, de técnicas de registro, de procedimientos de indagación y de pesquisa, de aparatos de verificación y, en general, de tratamiento de informaciones que condicionan y manipulan el comportamiento ciudadano sin necesidad de ejercer una coacción o una amenaza de coacción física sobre los individuos. El encarcelamiento del alma en la sociedad contemporánea, dominada por la imagen, la información y el conocimiento, ha demostrado ser un mecanismo más expedito para el control social que el tradicional encarcelamiento del cuerpo. Por eso vale la pena preguntarse si estos dos tipos de encarcelamiento se ejercen de manera discriminada y estratégica en Colombia como mecanismo de control frente a dos sectores de población diferente a saber: la cárcel tradicional para la clase marginada del circuito económico y comercial y la cárcel del espíritu contra los demás violadores de las reglas disciplinarias  impuestas por dicho circuito. Los datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación perfiles de "personas virtuales" que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales. De otra parte, es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido. Este derecho le fue abiertamente negado al peticionario tanto por la Asociación Bancaria de Colombia como por el Banco del Estado, con lo cual lo condenaron, sin fórmula de juicio, a una exclusión del sistema crediticio por término indefinido. Ello pese a que ambas entidades sabían que [desde el 12 de julio de  1989 el tribunal Superior de Santafé de Bogotá ], con la autoridad que le confiere la ley declaró prescrita la obligación contraída por el  peticionario con el Banco del Estado (a través del endoso). Por eso es a todas luces censurable la rebeldía del banco a reconocerle efectos a esta sentencia. Como lo es también, en mayor grado, la complicidad manifiesta con dicha conducta por parte de una entidad llamada a velar por los mejores intereses del gremio, como es el caso de la Asociación Bancaria de Colombia. 7.- Creciente informatización social e insuficiente protección jurídica Un censo realizado por el DANE en diciembre de 1987 sobre el desarrollo informático en Colombia, reveló la existencia de 640 empresas oficiales que procesan datos, cifra ésta que contrasta abiertamente con las 2.535 empresas que lo hacen también en el sector privado. Teniendo en cuenta las diversas actividades económicas, es de destacar que en el sector de la agricultura, la silvicultura, la caza y la pesca existían 70 entidades que procesan datos mientras que en la industria manufacturera lo hacen 753, en el comercio 559 y en el sector financiero 628. Por cuanto respecta a la ubicación regional, vale la pena señalar que en tanto que en Bogotá y la región central se concentra  el 68% de los recursos informáticos, en la zona pacífica el porcentaje tan solo llega al 12, y el 20% restante en las regiones atlántica oriental y los territorios nacionales. De otra parte, estudios realizados por la Embajada de los Estados Unidos para estimar el potencial del mercado de los computadores en nuestro país prospectado hacia el año de 1993, indican claramente que en cinco años la adquisición de equipos pasó de 482 a 3.827 con una marcada tendencia al crecimiento en la demanda de microcomputadores la cual constituirá más de la mitad del mercado general de computadores, tanto en valor como en número de unidades. Por cuanto respecta a los diversos equipos importados al país y su utilización en los distintos sectores de la economía nacional, el mencionado estudio estableció también que los "main frames"  serán adquiridos principalmente por el gobierno y por los sectores financiero y manufacturero, los minis por el sector del comercio y el manufacturero y los micros por el sector financiero, el comercio, el manufacturero y el educativo.  Es de destacar también que los gastos hechos en el país por concepto de hardware  de computadores, software y servicios ascienden, respectivamente, a cerca de 270 millones de dólares, 80 y 40.[14]. De otra parte, la presencia de la informática en la sociedad colombiana se percibe también tanto a través de normas de carácter fundamentalmente técnico sobre la utilización de sistemas de información, equipos y servicios de procesamiento de datos como sobre la formulación y aplicación de políticas en materia de sistemas de información[15]  y del servicio de transmisión o recepción de información codificada (datos) entre equipos informáticos[16]. Hace algún tiempo se reguló también la coordinación del programa de informática en el sector público INSEP.  En uno de los considerando de la norma se deja expresa constancia de la necesidad de mejorar los procesos de gestión de la administración pública a todos los niveles, mediante la producción y uso de la información y su vinculación a la planeación  y a la toma de decisiones tanto por entidades públicas como por la comunidad en general[17]. En una investigación reciente realizada por el Centro Nacional de Consultoría con financiación de ACIS la cual abarcó específicamente los sectores del gobierno, la industria, la educación, los servicios, el comercio y la consultoría, se destaca la gran discrepancia que existe entre los resultados obtenidos en dicho estudio y los de otros con respecto a la cantidad de computadores que existen actualmente en Colombia. Se afirma que existe una enorme subestimación del número de microcomputadores[18]. Ante esta creciente informatización de la sociedad colombiana en distintas ocasiones y foros se ha puesto de presente la carencia de instrumentos adecuados en el ordenamiento nacional para proteger la libertad de los ciudadanos contra el uso abusivo de las nuevas tecnologías de información. Recientemente la voz muy autorizada de la Procuraduría General de la Nación expresó su preocupación al respecto en un amplio e iluminante  concepto conque creyó oportuno pronunciarse en defensa de los intereses de la comunidad ante el avance tecnológico de los sistemas y la información computarizada y cuyas siguientes conclusiones esta Sala acoge integralmente: En los países tercermundistas, como el nuestro, se ha de resaltar que al no ser productores de tecnología, siempre habrá una distancia entre la regulación jurídica, el avance científico y la afectación de la sociedad por la técnica, ello se traduce en una legislación deficiente en materia de protección de derechos personalísimos y sucesivamente desadaptada ante los progresos rápidos, permanentes y severos de la ciencia. Es posible señalar algunas conclusiones sobre la situación del país frente al manejo de la información con respecto de las personas: a) La tecnología y la informática son aún temas desconocidos por la mayoría de nuestra población. b) El acceso a esa tecnología es en verdad mínima para un grupo muy selecto de la comunidad, y los últimos adelantos son accedidos solo por las grandes empresas comerciales y financieras para su explotación económica. c) Existe una falta total de difusión y educación acerca de los progresos técnicos para la mayoría de los ciudadanos, además su alejamiento de las Instituciones Estatales, se traduce en el desconocimiento de sus más mínimos derechos, por consiguiente no se exigen. d) En el manejo de la información existe un poder concentrado que no permite la competencia en la práctica y en donde se mueven grandes intereses económicos. e) Las empresas productoras y almacenadoras de datos han venido hasta hoy operando en un ambiente de "absoluta" libertad, precisamente frente a derechos que conceptualmente no aparecían claros en la legislación vigente pudiendo ser desconocidos por la vía de la interpretación. Nuestra legislación no tiene la virtud de poder regular el tema de la intimidad y los derechos personales de los ciudadanos ante el avance informático, pues sólo se preocupó por avenirse a esa realidad normativizando el manejo de datos especialmente en el sector público para racionalizar la inversión en equipos y optimizar su utilización, dejando que los particulares manejen a su acomodo la situación específica y dejando por fuera inexcusablemente, la protección a las personas por el mal manejo o uso que se hiciera de dicha información. En el informe final de un proyecto de investigación interdisciplinaria para la reglamentación de la reserva de los ciudadanos y la responsabilidad en el uso y almacenamiento de información que el gobierno nacional confió a la Universidad de los Andes en 1986, se deja expresa constancia de que el ordenamiento nacional vigente protege la intimidad mediante normas de distinta naturaleza y en áreas tales como la imagen, el domicilio, la correspondencia, las comunicaciones, la interceptación telefónica, el secreto profesional, la salud, la reserva documental, la reserva tributaria, la reserva bancaria, la reserva sumarial, la reserva en ejercicio de funciones públicas, la reserva comercial, el secreto industrial, la seguridad del Estado y la reserva de la información estadística.  Pero también se deja constancia de que estos instrumentos de protección general son hoy manifiestamente insuficientes para proteger debidamente a nuestros compatriotas contra el uso abusivo de las modernas tecnologías de información. Por eso, como resultado final de dicha investigación, se elaboró un esquema preliminar de anteproyecto de regulación de los bancos de datos personales. El objetivo fundamental del anteproyecto de ley fue la protección de los datos personales contra toda recolección, uso, acceso, difusión y transmisión en detrimento de la intimidad de sus titulares. Y la democratización del denominado poder informático. 8.-  Uso responsable de la Informática La irrupción de nuevas tecnologías exige la creación de instrumentos jurídicos adecuados que protejan los intereses comunitarios y del ciudadano medio frente a los eventuales abusos de los titulares, directos beneficiarios de tales tecnologías y establezcan principios adecuados de responsabilidad en el manejo de los datos, vale decir, de la mayor fuente de poder y eventual manipulación de nuestra cultura contemporánea. En el siglo pasado el poder de un Estado se media en términos demográficos y territoriales; posteriormente se hizo necesario completar estos elementos con la dimensión de la riqueza de los recursos naturales y en especial de los recursos minerales. Hoy, el poder de un Estado se mide, ante todo, en términos de conocimiento. El saber necesario para hacer algo, venderlo, utilizarlo etc. ha resultado ser más importante que los insumos indispensables para producirlo. En consecuencia, el ejercicio del poder se ha desplazado del ámbito tradicional al control físico de tierras, armas, hombres, etc, al ámbito de control de la información y a través de ella, del comportamiento de los individuos. Las implicaciones sociales de las nuevas tecnologías no pueden por eso ser ignoradas por la Academia comoquiera que afectan positiva y negativamente la comunidad y el entorno, determinando fenómenos y conductas concernientes a la cultura, a la convivencia social y a la suerte misma de la persona humana. Ante la emergencia de la civilización tecnológica con todas sus vastas implicaciones para la convivencia social, el Abogado no puede menos que actualizar sus conocimientos a fin de ofrecer a sus clientes los servicios profesionales especializados que demanda dicha civilización so pena de marginarse voluntaria o involuntariamente de la posibilidad de servir eficazmente a sus clientes y de comprometer seriamente su responsabilidad profesional. La comunidad, por su parte, debe desarrollar una conciencia que le permita defender eficazmente sus derechos fundamentales frente a los sutiles o descarados embates de las nuevas tecnologías y su incidencia en la vulneración de la dignidad humana. Igualmente y con mayor razón, a los titulares o empresarios de servicios tecnológicos y en particular de tecnologías de información, la naturaleza de su materia prima, vale decir, el dato, impone una diligencia especial en guarda del respeto a la dignidad humana sin que sea óbice el que existan o no relaciones patrimoniales que configuren propiedad.  Es natural que esta diligencia sea mayor cuando se trata de actividades empresariales lucrativas que crean, ingentes riesgos de vulnerar la libertad o la honra de las personas. 9.- El derecho a la información En su informe el señor Superintendente observa, frente al pronunciamiento de la Procuraduría Delegada en lo Civil proferido el 19 de Julio de 1991 (expediente 359), que la Carta garantiza tanto el derecho a la intimidad como el derecho a la información "cuyo rango constitucional es equivalente". Por lo cual es preciso "establecer un equilibrio entre ambos derechos" que permita respetar la libertad y la dignidad de las personas tanto como el derecho a la información veraz e imparcial. "Este equilibrio es tanto más importante cuando se trata de una actividad como la financiera, la cual por concernir al manejo del ahorro de la comunidad cuyo cuidado depende de la ortodoxia y prudencia con que procedan las entidades del sector requiere un acervo adecuado la información en materia de evaluación de riesgo. Aquí no huelga recordar que el constituyente calificó la actividad financiera como de interés público en el artículo 335 de la Carta". Ciertamente, ya desde las labores de las Comisiones preparatorias de la Asamblea Nacional Constituyente fue visible el propósito de que el derecho a la información fuera plenamente compatible con el respeto a la intimidad de las personas pues se quiso evitar en todo momento la intromisión indebida en su vida privada[19]. Posteriormente, con la consagración expresa que se ha hecho de la dignidad humana como el valor supremo del Estado Social de Derecho, (Artículo 1º de la Carta de 1991), la intimidad, que es una de las manifestaciones más concretas y directas de dicha dignidad, ha adquirido una posición privilegiada en el conjunto de los derechos constitucionales fundamentales. Esto implica, se reitera una vez más, que ante un eventual conflicto insuperable entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad en donde no pueda ser posible un equilibrio o coexistencia, la intimidad deberá prevalecer..." La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional al adoptar las anteriores consideraciones de la Sala Primera de Revisión, concluye: a) Se ha vulnerado la intimidad, la libertad personal y la dignidad del petente mediante el abuso de la tecnología informática y del derecho de y a la información. La vulneración de tales derechos constitucionales fundamentales se materializa de un lado en la inclusión del petente en la lista de deudores morosos por parte de la Asociación Bancaria de Colombia, y de otro lado en la omisión del Banco del Estado de actualizar la información  a sabiendas de que un Juez de la República declaró prescrita la obligación del señor Libardo Molina. b) Que en el presente caso no sólo no existe otro medio de defensa judicial, por las razones expuestas en su oportunidad. Por lo anteriormente expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.-  Confirmar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de  Santafé de Bogotá  -Sala de Decisión Civil-, por las razones expuestas en esta Sentencia. Segundo.- Solicitar al Procurador General de la Nación que en uso de su facultad de iniciativa legislativa y en desarrollo del artículo 15 de la Carta y demás normas concordantes, considere la conveniencia de presentar a la brevedad posible ante el Congreso de la República un proyecto de ley que proteja eficazmente la intimidad y la libertad informática de los colombianos. Tercero.- Enviar sendas copias del presente fallo a los señores Superintendente Bancario y Director del Departamento Nacional de Estadística (DANE). Cuarto.-  Ordenar que por Secretaría General de la Corte Constitucional se comunique esta providencia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado [1]Cfr, Sentencia Nro. T-414 de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional de fecha junio 17 de 1.992. Entre corchetes las aclaraciones del Despacho al caso sub-exámine. [2] Cfr. Kayser Pierre. La protection de la vie privée. Protection du secret de la vie privée. Económica París, 1984. pp. 9, 10. [3] Citado por Kayser. Op. Cit., p. 200 [4] Cfr. Molinero César. Libertad de Expresión Privada. Editorial A.T.E., Barcelona, 1981, pp. 63, 69. Citado por Madrid Malo Garizabal Mario, Los Derechos Humanos en Colombia, Documentos ESAP, Bogotá, Abril de 1989, p. 156. [5] Cfr. Roux Andre, La protectión de la vie privée dans les rapports entre l"etat et les particuliers. Económica, Paris 1983, p. 13. [6] Cfr. Roux, op. cit., p. 18. [7] Cfr. Superintendencia Bancaria, Concepto No. 91015226-0 de mayo 9 de 1991. [8] Cfr. arts. 4 y 9 del reglamento. [9] Losano Mario G., Informatica per le scienze sociali Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 1985, pág. 315. [10] Ibidem, pág. 316. [11] Cfr. Losano Mario G., Il diritto publico dell'informatica, Giulio                       Einaudi editore s.p.a., Torino 1986, pp. 7, 8. [12] Ibidem Op. cit.. p. 13 [13] Cfr. Losano Mario G., Il diritto dell'informatica, Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino 1986, pp. 7, 8. [14] Embajada de los Estados Unidos, Empresa de Investigación de Mercados Optimos Ltda., El mercado de los Computadores en Colombia. [15] Cfr. Decretos 131 de 1976 y 1160 de 1976. [16] Cfr. Decreto  2328 de 1982. [17] Cfr. Decreto 473 de 1989 [18] Cfr. ACIS, "Estudio sobre la evolución de la informática en Colombia. En : Sistemas, No. 46 pp. 4, 5. [19] Cfr. Presidencia de la República, Propuestas de las Comisiones Preparatorias. Bogotá, Colombia. Enero de 1991, pp. 226, 227, 321.

T-487-92 Sentencia No Sentencia T-487/92 PRINCIPIO DE LA BUENA FE Con la constitucionalización del principio de la buena fe, se logra que éste se convierta en eficaz instrumento para lograr que la administración obre con el criterio rector de la efectividad del servicio público por encima de las conductas meramente formales que han desnaturalizado su esencia. LIBERTAD DE LOCOMOCION/LIBERTAD DE RESIDENCIA La consagración constitucional de la libertad de locomoción y residencia es fundamental para impedir la intervención indebida de las autoridades estatales o de los particulares, quienes no podrían restringir o entrabar la libre circulación dentro y fuera del País, ni imponer o prohibir un lugar determinado para residir. Este derecho fundamental a la libertad de locomoción y residencia es  de aplicación inmediata, propio de la naturaleza inherente al ser humano y su conquista de éste frente al poder del Estado. Sobre el derecho fundamental existe lo que podríamos denominar el respeto absoluto del Estado por la determinación del ser humano de satisfacer sus necesidades en el lugar por él escogido, con las limitaciones que solamente la ley puede establecer tal como lo determina la Constitución. COBRO JUDICIAL-Procedencia/DERECHO A LA SALUD-Asistencia Médica/HOSPITAL-Prohibición El derecho subjetivo al pago que tiene el acreedor por la obligación jurídica, contiene un límite que son los procedimientos legales para lograr la efectividad, esto es, los mecanismos que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer eficaz el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Los hospitales y clínicas particulares y todas las entidades que presten servicio de asistencia a la salud, sean éstas públicas o privadas, deben tener en cuenta el derecho a la salud, especialmente los derechos de los pacientes y las obligaciones para con éste. RETENCION DE PACIENTE POR PARTE DE HOSPITAL-Caso en que se utilizó como forma de presionar el pago de la obligación por la atención prestada REF: expediente T-2047 Peticionario: Danilo Molina. Procedencia: Juzgado 1º Penal del Circuito -Villavicencio-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., agosto 11 de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-2047, adelantado por el Señor Danilo Molina. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 6 de mayo del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar Sentencia de Revisión. 1. Solicitud. El accionante instaura acción de tutela a favor de Edgar Bustos Carrión, ante el juzgado 1º Penal del Circuito de Villavicencio, contra el Hospital Regional de la localidad. La acción se originó en los siguientes hechos: El señor Edgar Bustos Carrión ingresó en mal estado de salud al establecimiento hospitalario acusado, el día 2 de febrero de 1992, ya que presentaba una herida abdominal y fracturas en la reja costal y en el miembro superior derecho además de presentar anemia aguda.  El mencionado señor fue internado en la sección de pensionados -a su solicitud-, en donde el paciente debe sufragar todos los costos de su atención hospitalaria. El tratamiento al que fue sometido resultó exitoso, dándosele de alta el 22 de febrero de 1992, pero condicionando su salida del hospital al pago de la suma que adeudaba por concepto de las atenciones médicas, hospitalarias y quirúrgicas. El Señor Bustos ante tal requerimiento manifestó que no poseía los recursos suficientes para asumir la deuda contraída con el hospital. Las directivas del hospital impidieron la salida del Señor Bustos hasta que éste cancelara totalmente el monto de la obligación. Finalmente, a través de la acción de tutela logró salir del centro hospitalario. El accionante considera vulnerados los artículos 13 inciso 3º (derecho a la igualdad, protección especial a los débiles) y 49 (atención de la salud a cargo del Estado, garantía de promoción y recuperación de la salud) de la  Constitución Política. 2. Fallo del Juzgado 1º Penal del Circuito de Villavicencio (Providencia de marzo 9 de 1992). Considera el juzgado que no existe norma que faculte a los directores o administradores hospitalarios a retener en el interior de sus establecimientos a los pacientes que no cancelen sus obligaciones contraídas con dichos centros de salud; y si tal norma existiere sería inconstitucional ya que con fundamento en el artículo 28 de la Carta, se  prohibe la detención, prisión o arresto por deudas. El núcleo esencial del artículo es tutelar la libertad humana en todas sus formas. Para el fallador impedir la libre locomoción y desplazamiento del Señor Bustos Carrión, mientras no se lleve a cabo la cancelación de sus deudas, es una ostensible violación del derecho fundamental a la libertad. Lo correcto sería -añade el juez-, acudir a la solicitud de garantías patrimoniales al deudor y finalmente buscar por los medios jurídicos-civiles respectivos, la satisfacción de la obligación. En ese orden de ideas el Juzgado 1º Penal del Circuito  de Villavicencio tuteló el derecho constitucional a la libertad y ordenó la salida del Señor Bustos Carrión del Hospital Regional de Villavicencio. II. FUNDAMENTO JURIDICOS 1. Competencia Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Villavicencio, con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. La actividad de la salud como una función social. El fundamento de la salud como función social se encuentra en el artículo 1º de la Constitución Política, ya que en él se establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran, concepto que desarrolla el artículo 2º de la Carta al prever como uno de los objetos de las Autoridades de la República el de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. El Derecho a la salud tiene  como fundamento los artículos 1º (dignidad humana), 11 (vida), 13 (igualdad) y su desarrollo en los artículos 48 (seguridad social), 49 (la salud como servicio público a cargo del Estado), 50 (atención a los niños menores de un año) y 366 (mejoramiento de la calidad de vida). Igualmente, el artículo 95 numeral 2º de la Constitución impone como deber a todas las personas: obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Con la Constitución de 1991 se introduce un nuevo derecho social de gran trascendencia por ser la salud un bien de interés público. El Estado tiene la obligación de preocuparse por la salud de sus gobernados, a ejemplo de los gobernantes griegos para quienes este punto desplazaba todos los demás. 3. El derecho a la salud El derecho a la salud es un derecho que debe convertirse en una realidad; lo real es necesario, pero hasta lo agradable debe ser tomado de lo real. Proteger la salud del hombre, es proteger su vida, que es derecho constitucional fundamental inalienable. Por ello efectivizar el derecho a la salud es un programa que vincula aquí y ahora a todas las ramas y órganos del poder público. El derecho a la Salud ha sido reconocido como un derecho fundamental en el Pacto Internacional de Derechos de las Naciones Unidas de 1966, en cuyo artículo 12 consagra que los Estados partes reconocen "El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y del goce de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El fundamento ideológico de los instrumentos internacionales es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que señala que toda persona tiene derecho a la asistencia médica. En el artículo 49 se consagra la garantía de las personas en materia de salud. De allí se deriva no sólo el deber del Estado y la solidaridad de la comunidad, sino además, la obligación de los particulares de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Consagrándose así tres destinatarios de este derecho; en primer lugar su propio beneficiario que debe sufragar su gasto si tiene capacidad para ello; la sociedad mediante la solidaridad y el Estado. La atención a la salud la pueden realizar entidades públicas o privadas; en el caso de las privadas el costo del servicio tiene diferentes tipos de tarifas a opción del usuario, en virtud del principio de la libertad de empresa. En las públicas tan solo existen dos modalidades, el servicio gratuito y el de pensionados. La Ley 9ª de 1979 constituye un importante precedente en lo relativo a la concepción de este derecho y a las responsabilidades oficiales y particulares. Ella dispone que: "todo habitante tiene derecho a las prestaciones de salud, en la forma que las leyes y reglamentaciones especiales determinen y el deber de proveer a la conservación de su salud y de concurrir al mantenimiento de la salud de los demás". Con fundamento en los lineamientos trazados por la nueva Constitución, el Ministerio de Salud expidió la Resolución número 13.437 del 1º de noviembre de 1991, por la cual se constituyen los comités de ética hospitalaria y se adopta un decálogo de los derechos de los pacientes. En la mencionada Resolución se determinó: "Primero.- Adoptar como postulados básicos para propender por la humanización en la atención de los pacientes y garantizar  el mejoramiento de la calidad de la prestación del servicio público de salud en las Instituciones Hospitalarias Públicas y Privadas, los derechos de los pacientes que se establecen a continuación: Todo paciente debe ejercer sin restricciones por motivos de raza, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen social, posición económica o condición social: ...3. Su derecho a recibir un trato digno..."(negrillas fuera del texto). Corresponde a la Dirección Nacional del Sistema de Salud, desarrollar las políticas, planes y proyectos y las normas técnico-administrativas para el mejoramiento de la calidad del servicio de salud, que propendan por la humanización de la atención en salud, por ser un servicio público a cargo del Estado. A manera de conclusión, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional comparte los planteamientos hechos por el Segundo Simposio sobre derechos del Paciente: "Los recursos, cuidados y tratamientos previstos para la atención en salud a las personas, deben salvaguardar invariablemente la dignidad personal  y los derechos humanos y civiles, basarse en criterios razonables y técnicos que propendan por la rápida recuperación de la salud. La implementación de los derechos de los pacientes exige respeto a la diferencia y una práctica más democrática."1 (negrillas fuera del texto). 4. Del principio de la buena fe. El artículo 83 de la Constitución establece: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas". La buena fe es considerada por el ordenamiento jurídico con una pluralidad de matices y de consecuencias. Sin pretender hacer una enumeración exhaustiva de las mismas, se pueden destacar las siguientes: a- La buena fe es una causa o creación de especiales deberes de conducta exigibles en cada caso, de acuerdo con la naturaleza de la relación jurídica y con la finalidad perseguida por las partes a través de ella. Sobre esto ha dicho Franz Wieacker: "Las partes no se deben sólo a aquello que ellas mismas han estipulado o escuetamente a aquello que determina el texto legal, sino a todo aquello que en cada situación impone la buena fe".2 b- La buena fe es una causa de limitación del ejercicio de un derecho subjetivo o de cualquier otro poder jurídico. c- La buena fe se considera como una causa de exclusión de la culpabilidad en un acto formalmente ilícito y por consiguiente como una causa de exoneración de la sanción o por lo menos de atenuación de la misma. Para Karl Larenz la buena fe no es un concepto sino un principio, formulado con la forma exterior de una regla de derecho. El ordenamiento jurídico protege la confianza suscitada por el comportamiento de otro y no tiene más remedio que protegerla, porque "...poder confiar, es condición fundamental para una pacífica vida colectiva y una conducta de cooperación entre los hombres, y por tanto, de paz jurídica".3 La buena fe como principio general del derecho, informa la totalidad del ordenamiento jurídico. Las complejas características de la vida moderna, exigen que este principio no sea simplemente un criterio de interpretación y una limitante en el ejercicio de los derechos. Así pues, el querer del Constituyente fue consagrarlo en el artículo 83 de la Constitución como una verdadera garantía. En la ponencia presentada a la Asamblea Nacional Constituyente, los ponentes consideraron que la norma (artículo 83), tiene dos elementos fundamentales: "Primero: que se establece el deber genérico de obrar conforme a los postulados de la buena fe. Esto quiere decir que tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, como las autoridades en el desarrollo de sus funciones, deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio. En el primer caso, estamos ante una barrera frente al abuso del derecho; en el segundo ante una limitante de los excesos y la desviación del poder. Segundo: se presume que los particulares en sus relaciones con el poder público actúan de buena fe. Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido sustituído por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger".4 Con la constitucionalización del principio de la buena fe, se logra que éste se convierta en eficaz instrumento para lograr que la administración obre con el criterio rector de la efectividad del servicio público por encima de las conductas meramente formales que han desnaturalizado su esencia. Vivimos en un mundo en el que se ha olvidado el valor ético de la confianza. Y como ha dicho Larenz "una sociedad en la que unos desconfían de otros se sumergiría en un estado de guerra latente entre todos, y en lugar de paz dominaría la discordia; allí donde se ha perdido la confianza, la comunicación humana está perturbada en lo más profundo".5 Estas palabras recuerdan a Hobbes, cuando afirmaba "homo hominis lupus". Hoy en día la administración pública ofrece un panorama nada alentador. A medida que se agiganta y proliferan sus organismos y dependencias, se hace más fría, más inhumana. Por lo tanto humanizar las relaciones es tarea de todos, actuando con la lealtad, honestidad y confianza que los demás esperan de nosotros. Ello es, en definitiva, lo que el principio de la buena fe comporta. La aplicación del principio de la buena fe ha sido mirada con desconfianza por algunos. Sin embargo, como lo ha dicho Jesús González Pérez a propósito de la aplicación del principio de la buena fe por parte de los jueces, él  "no supone la quiebra de la seguridad jurídica ni el imperio de la arbitrariedad ni disolver la objetividad del derecho, que los jueces, al enfrentarse en cada caso concreto con la actuación de la Administración pública y de los administrados, tengan siempre muy presente, entre los principios generales aplicables, aquel que protege el valor ético de la confianza. Interpretando las normas y actos en el sentido más conforme al mismo, y reaccionando por los medios adecuados frente a cualquier lesión que pueda sufrir, a fin de restablecer el orden jurídico perturbado"6 .7 5. Del Derecho a la libertad. El artículo 28 de la Constitución establece: "Toda persona es libre". La existencia de la libertad es un hecho de experiencia inmediata y universal en la vida humana, que constituye el fundamento de la esencia interna y de la coexistencia social del hombre. Es precisamente por ello que la historia es una lucha incesante por la libertad, ya que  es imposible concebir al hombre sin este derecho que a la vez representa el reflejo de lo que cada persona es. Por ello el mismo Estado y la organización social deben reconocer y respetar a cada uno de sus miembros. En términos generales podemos definir la libertad como el estado existencial del hombre por lo cual él es dueño de sus actos, así puede autodeterminarse concientemente, sin sujeción a fuerza o coacción alguna, pero siempre respetando la libertad de los demás. Esa libertad individual que permite ver al hombre como una entidad que puede marcar y cumplir sus propios fines se complementa con la concientización del Estado, como ente encargado de armonizar los derechos de todos y cada uno de sus afiliados. Así el Estado desde su concepción más antigua de personalización del poder absoluto hasta el concepto moderno de institución, siempre ha buscado como fin último la seguridad, tranquilidad y salubridad de los asociados, dentro del marco del respeto de la libertad de los demás. Hoy la constitución de 1991 en su preámbulo, artículo 1o. (dignidad), y 14 (libre desarrollo de la personalidad), establece como uno de los fines del Estado garantizar la libertad (inciso 2o.). Es por esto que el Estado protege una esfera de la libertad, que es  el derecho o no ser molestado ni en su persona ni en su familia. Además constitucionalmente se establece el deber de todo ciudadano de "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" (artículo 95 Nº 1º). Esa es la esencia misma de la libertad, el límite de mi libertad es la libertad de los demás. En este orden de ideas, para el caso que nos ocupa es preciso entonces concluír que el artículo 28 de la Constitución consagra el derecho a la libertad, el cual tiene como marco general o como telón de fondo el principio fundamental a la dignidad humana, de que tratan el Preámbulo y los artículos 1º y 2º inciso segundo de la Carta, pues sin libertad no hay dignidad. 6. De la libertad de locomoción. El artículo 24 de la Constitución establece: "Todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia". No existía en la Constitución de 1886 una norma que reconociera en forma expresa la libertad de locomoción y residencia. Con el artículo 29 se propuso consagrar dos derechos cuyos titulares fueran los colombianos: la facultad de circulación, que abarca la facultad de desplazamiento por todo el territorio nacional de entrar y salir del País, y la libertad de residencia que es el derecho a determinar el lugar donde se desea fijar tanto la sede principal de los negocios, como el domicilio. La consagración constitucional de estas libertades es fundamental para impedir la intervención indebida de las autoridades estatales o de los particulares quienes no podrían restringir o entrabar la libre circulación dentro y fuera del País, ni imponer o prohibir un lugar determinado para residir. La Constitución establece este derecho fundamental limitándolo únicamente a los colombianos; los extranjeros deben sujetarse a los tratados internacionales, a las normas de inmigración y a las leyes de extranjería, que regulan su ingreso, su permanencia y su salida del territorio nacional. Este derecho fundamental a la libertad de locomoción y residencia es  de aplicación inmediata, propio de la naturaleza inherente al ser humano y su conquista de éste frente al poder del Estado. Sobre el derecho fundamental existe lo que podríamos denominar el respeto absoluto del Estado por la determinación del ser humano de satisfacer sus necesidades en el lugar por él escogido, con las limitaciones que solamente la ley puede establecer tal como lo determina la Constitución. 6.Prohibición de detención, prisión o arresto por deudas. El inciso tercero del artículo 28 de la Constitución se ocupa de la prohibición expresa a que "...En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas,..." Como instrumentos internacionales que se han ocupado de la prohibición contenida en el artículo 28, encontramos: a. El Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, que en su artículo 11 establece: "Nadie será encarcelado por el sólo hecho de no poder cumplir una obligación contractual". En el mismo sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", ratificada por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, en el artículo 7º numeral 7º, establece: "Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita a los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios". 8. De la justicia ejercida por particulares. Una de las características de un Estado de Derecho es que ofrece su jurisdicción a los particulares, como última instancia, para la solución de los conflictos que surgen de las relaciones sociales. Es así como la Constitución de 1991 estableció en el artículo 229 el derecho de toda persona para acceder libremente  a la administración de justicia. La administración de justicia es una función pública, cuyas decisiones son independientes y cuyas actuaciones serán públicas y permanentes, con las excepciones que fije la ley, según el artículo 228 de la Constitución Política. Con el fin de evitar que los procedimientos sean utilizados para obstaculizar la administración de justicia, se dispone que en las actuaciones prevalecerá el derecho sustancial. Así mismo, se establecen los parámetros necesarios para que la justicia sea eficaz, al determinar que los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionable. En consecuencia, la solución coactiva, pero imparcial y pacífica, de las controversias o conflictos, constituye el objeto propio de la función jurisdiccional. El hombre ha realizado con el correr de los tiempos un proceso de racionalización en la forma y en los medios para solucionar sus conflictos, cristalizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades. Es así como pasó de la barbarie inicial a un civilizado monopolio de la fuerza y de la administración de justicia en manos del Estado. Todo lo anterior con el objeto de cumplir con lo determinado en el artículo 2º de la Carta, que   establece como fin esencial del Estado, garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; y de facilitar la realización del principio consignado en el artículo 95 numeral 4º, que consagra los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. Porque la Constitución es la base del nuevo vivir junto. Es así como la inobservancia del principio de llevar a la jurisdicción competente los conflictos surgidos de las relaciones sociales, que no pudieron ser solucionados  por medio de la autonomía de la voluntad, equivale a regresar al estado de naturaleza, a la Ley del Talión, a la venganza incontrolada. Esto fue precisamente lo que quiso prohibir el legislador al consagrar desde el Código Penal de 1837 el tipo penal denominado "Ejercicio arbitrario de las propias razones", que hoy dejó de ser delito y se convirtió en contravención especial. El delito estaba consagrado en estos términos: "El que en lugar de recurrir a la autoridad y con el fin de ejercer un derecho, se haga justicia arbitrariamente por sí mismo, incurrirá en multa de un mil a cincuenta mil pesos.." 9. Del caso concreto. De conformidad con las pruebas aportadas al expediente, los servicios hospitalarios públicos son de dos tipos: el de servicio generales donde las tarifas son bastante económicas y otro el de pensionados con unas tarifas más altas. La elección del servicio la realiza el mismo paciente y sus familiares, previo análisis de las condiciones económicas. En el caso concreto la familia exigió que se ubicara al paciente en la sección de pensionados (habitación individual), porque contaba con los recursos económicos para cancelar los servicios médicos y hospitalarios. Es precisamente el pago de los servicios de "pensionados" una de las fuentes de financiación de los Hospitales Regionales, por lo que sería motivo de descalabro económico avalar el comportamiento de pacientes que después de recibir la atención médica y teniendo conocimiento desde el inicio del tratamiento de su costo, decidan optar por el más costoso a sabiendas de la imposibilidad económica. Es así como el principio de la buena fe ya mencionado en las consideraciones debe estar presente en todas las actuaciones tanto de los funcionarios públicos como de los particulares. Por lo tanto el Sr. Bustos ha debido aclarar con las directivas del centro Hospitalario su situación económica, pues de ser conocida con antelación, la institución debe de conformidad con su presupuesto, asumir los costos y sin desmejorar su calidad por esa circunstancia, atender al paciente hasta lograr -en lo posible-, la recuperación de su salud. Para el caso concreto, en la Resolución número 13.437 del Ministerio de Salud, en el numeral 6º del artículo primero se  establece: " 6. Su derecho a revisar y recibir explicaciones acerca de los costos por los servicios obtenidos, tanto por parte de los profesionales de la salud como por las instituciones sanitarias. Al igual que el derecho a que en casos de emergencia, los servicios que reciba no estén condicionados al pago anticipado de honorarios". Al ser imposible la cancelación inmediata de la obligación contraída con el Hospital Regional de Villavicencio, por parte del Señor Edgar Bustos, las directivas del centro hospitalario, en especial su Director el Dr. Pablo Velásquez, impidieron su salida pues de conformidad con las pruebas -comunicación escrita firmada por el coordinador técnico del Hospital-, se desprende que el paciente se encontraba en buen estado de salud para retirarse del hospital pero que..."El paciente no ha podido salir por no cancelar los servicios del hospital". Por otra parte observa la Corte Constitucional que el derecho subjetivo al pago que tiene el acreedor por la obligación jurídica, contiene un límite que son los procedimientos legales  para lograr la efectividad, esto es, los mecanismos que el ordenamiento jurídico le otorga para hacer eficaz el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. En desarrollo del artículo 229 de la Constitución ya mencionado (vid supra), existen claramente otros medios determinados en los Códigos de Comercio y de Procedimiento Civil, que establecen los trámites  a seguir para lograr el pago de una obligación vencida y el resarcimiento por los perjuicios causados con el incumplimiento. Por esta razón, así como por las expuestas en la parte de las consideraciones jurídicas, ninguna autoridad judicial podrá avalar la  actitud de ejercer justicia por la vía privada. En el caso particular el Director del Hospital podría estar incurso en un delito de Secuestro, establecido en el artículo 268 del Código Penal, cuyo bien jurídico es la protección de la libertad individual, por lo tanto se le dará traslado a la autoridad competente para su investigación. Uno de sus verbos rectores es precisamente el de retener y en el caso del Sr. Bustos Carrión, es clara la "retención" por parte de las directivas del Hospital, ante la precaria situación económica del paciente, con la idea de intimidarlo para lograr de ésa forma el pago de la obligación. Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, los hospitales y clínicas particulares y todas las entidades que presten servicio de asistencia a la salud, sean éstas públicas o privadas, deben tener en cuenta el derecho a la salud, especialmente los derechos de los pacientes y las obligaciones para con éste. No sobra señalar que la lamentable situación económica por la que atraviesan los Hospitales del País -en especial los de provincia-, no puede convertirse en un pretexto para vulnerar derechos constitucionales fundamentales -así se obre con el mejor propósito-, y lo que se necesita es que el Estado cumpla con sus obligaciones también constitucionales, consagradas en los artículos 48 y 49, como son la de seguridad social y atención a la salud, respectivamente. Con los fundamentos anteriormente expuestos, esta Sala de Revisión confirmará la Sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio por encontrar que con la actuación de las directivas del Hospital Regional del Meta se violaron los derechos fundamentales de la libertad (artículo 28) y de la libertad de locomoción (artículo 29). Por lo tanto para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, se dará traslado de la Sentencia a la Fiscalía General (Seccional Meta), para que inicie la investigación por el delito o delitos  en que pueda haber incurrido el Director del Hospital Regional de Villavicencio y a la Procuraduría General de la Nación en lo que respecta a su competencia. Igualmente se enviará copia al Tribunal de Etica Médica, ya que en virtud de la ley 23 de 1981, es competente dicha Corporación para conocer de comportamientos que atenten contra la ética médica. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE: Primero: CONFIRMAR la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito de Villavicencio, con las aclaraciones aquí formuladas y por las razones expuestas en esta Sentencia. Segundo: PREVENIR a las directivas del Hospital Regional del Meta de conformidad con el artículo 24 del decreto 2591 de 1991, para que en ningún caso vuelvan a incurrir en las acciones que dieron mérito para conceder la tutela. Tercero: COMUNICAR el contenido de esta Sentencia a la Fiscalía General (Seccional del Meta), a la Procuraduría General de la Nación y al Tribunal de Etica Medica para lo de su competencia. Cuarto: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia al Defensor del Pueblo, a la Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, al Ministerio de Salud, al Servicio Seccional de Salud del Meta, al Comité de Etica Hospitalaria del Hospital Regional de Villavicencio y a la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina "ASCOFAME". Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                  SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado                                             Magistrado 1 Recomendaciones del Segundo Simposio de Derechos del paciente convocado por la Defensoría del Pueblo, La Consejería Presidencial para la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, el Ministerio de Salud, la Procuraduría, La Facultad de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la O.P.S., la Fundación Forjar, reunido en Santa Fe de Bogotá, durante los días 8 y 9 de julio de 1.992. 2 WIEACKER, Franz. El principio general de la buena fe. Cuadernos de Civitas. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1.986.Página 19. 3 LARENZ, Karl. Derecho Justo. Fundamentos de ética jurídica. Monografías de Civitas. Editorial Cívitas S.A. Madrid. 1.991. Página 91 4 Cfr, Proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia Nro. 24. Título: Buena Fe. Autores: Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional número 19, marzo 11 de 1.991. Página 3. 5 LARENZ, Karl. Derecho Civil. Tomo I. Madrid. 1.978. Página 59 6 GONZALEZ PEREZ, Jesús. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo. Monografías de Civitas. Editorial Cívitas S.A. Madrid 1.983. Página 150. 7 Cfr. Sentencia T-469 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional.

T-488-92 Sentencia No Sentencia No. T-488/92 ACCION DE TUTELA-Objeto/DERECHOS FUNDAMENTALES La acción de tutela está prevista como un mecanismo procesal específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando estos sean violados o se presente  amenaza de su violación, sin que se pueda plantear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo. Es un medio específico, porque se contrae a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, de modo actual e inminente, y no a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado pueda acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/DERECHO A LA EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES No se puede ubicar la  controversia planteada en el ámbito del eventual desconocimiento del Derecho Constitucional a la Educación, consagrado como un derecho de la persona y como un servicio público, si la acción o la omisión del particular no están vinculadas con cualquiera de los derechos fundamentales que enumera el art. 42 del Decreto 2591 de 1991, puesto que la naturaleza social de éste, y su dependencia de la suprema inspección y vigilancia del Estado, no admiten su discusión en sede de tutela si no aparece violación o amenaza de violación contra alguno de aquellos derechos fundamentales. En caso de conflictos de intereses y de obligaciones  sobre  el derecho constitucional a la educación, éstos se resuelven por las vías Administrativa, Disciplinaria o Gubernativa, o llegado el caso, por las vías judiciales ordinarias o contencioso-administrativas. DERECHO DE PROPIEDAD/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho de propiedad reconocido y garantizado por la Carta Política, abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas y los bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de valor, y que se desarrollan en el Código Civil, no cabe duda  de que en este sentido es un derecho fundamental, "aunque es una función social que implica obligaciones", según la precisa evolución política, económica y social. Por virtud de la regulación del ejercicio de este derecho en el CC y demás leyes que lo adicionan y complementan, en casos  como el que se resuelve, existen múltiples mecanismos ordinarios y extraordinarios, jurisdiccionales y administrativos  que garantizan y protegen tal derecho en caso de ser vulnerado o amenazado, y que pueden ser utilizadas por sus titulares. SALA  DE  REVISION No. 5 REF: Expediente No.T-265-22 Acción de Tutela interpuesta contra la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bucaramanga. Peticionario: GERSON GONZALO DAZA BARON Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá D.C., Agosto Once (11) de mil novecientos noventa y dos (1992). La  Sala de Revisión en asuntos de tutela, compuesta por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de la sentencia relacionada con la acción de la referencia, proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga, el 17 de enero de  1992. I. ANTECEDENTES A. La Petición: 1. Con fecha de enero 9 de 1992, GERSON GONZALO DAZA BARON, presentó un escrito en el que interpone la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política contra la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. 2. Los hechos que señala el peticionario como causa del ejercicio de la citada acción, se resumen como sigue: a. El peticionario, en su condición de estudiante de la mencionada Universidad debe cancelar para cursar el primer periodo lectivo correspondiente al año de 1992, la suma equivalente al 50% del valor de la Matrícula fijada; esta obligación económica se fundamenta en la resolución número 399 de 1991 proferida por la misma Universidad que ordena dar por terminado anticipadamente el desarrollo del segundo periodo lectivo del año 1991 y reconocer de los valores pagados en aquel, sólo el 50% e imputarlos para el del siguiente. b. La situación descrita es resultado del conflicto entre los trabajadores y los estudiantes de una parte y las directivas de la Universidad por la otra, que por diversas razones condujo a la parálisis de las actividades laborales y académicas de la Universidad, desde el cinco (5) de Agosto hasta el cinco (5) de Diciembre de 1991. c. Se sostiene que la Universidad eludió sus responsabilidades académicas y administrativas y es por ello responsable de la parálisis de las actividades de la Universidad. 3. El accionante pide que se le garantice el Derecho Constitucional a la Educación y a la Propiedad; que se ordene que la resolución mencionada no produzca efectos y que se le reconozca el 100% del valor de la matrícula pagada para el segundo periodo lectivo de 1991, que no se desarrolló por el conflicto relatado; como imputado al pago del valor de la matrícula correspondiente al primer periodo de 1992. B. La Sentencia que se revisa. 1. El Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga, al que le correspondió el conocimiento y la resolución de la petición formulada, produjo la decisión correspondiente dentro de los términos constitucionales y legales y resolvió no acceder a la tutela solicitada por GERSON GONZALO DAZA BARON. La sentencia que se revisa fundamenta su resolución en los argumentos que pueden resumirse de la siguiente forma: La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y contra acciones u omisiones de particulares; en este caso no se trata de un perjuicio irremediable, y existen otros medios de defensa judicial. El expediente completo sólo fue recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador el dieciseis (16) de Julio. Procede a decidir la Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutela, sobre el presente caso, previas las siguientes, II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera :   La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo  dispuesto por los artículos 86, inciso tercero  y 241, numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del  Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda :   La Materia Objeto de la Revisión En primer término encuentra la Sala que ante los distintos despachos judiciales de Bucaramanga, varios grupos de peticionarios, estudiantes de la Universidad  Cooperativa de Colombia, presentaron otras tantas solicitudes de tutela relacionadas todas con el mismo objeto y con la misma situación jurídica que motivó la acción resuelta por la providencia que se revisa en esta oportunidad;  ahora bien, como dichas solicitudes y los respectivos fallos se ocupan del examen de la misma situación jurídica planteada en el caso de la referencia, procede la Corte a pronunciar su juicio,  y a fijar su interpretación al respecto de la materia en cuestión, sistematizando los argumentos en los que unas y otros se fundamentan. En este apartado cabe hacer un breve resumen de las distintas solicitudes, así: Como se desprende del resumen de los hechos planteados en la solicitud, se encuentra, que se trata de un conflicto de intereses primordialmente económicos, suscitado por la orden  interna de cancelación de un periodo lectivo en una Universidad de carácter privado,  al considerar aquella institución que resultaba imposible adelantar  las labores propias de la actividad académica y administrativa ante el conflicto laboral planteado con los trabajadores y los profesores de dicho Centro Privado, que presta el servicio público de educación. Se demanda principalmente la actuación de las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga -INDESCO-, quiénes ordenaron la cancelación del segundo semestre académico del año 1991 y  la imputación  para el pago de la matrícula del primer semestre académico del año 1992,  sólo del cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula pagada en el semestre cancelado. En líneas generales, se tiene que los peticionarios solicitan la especial protección por la vía de la Acción de Tutela para obtener la defensa de los siguientes derechos que estiman en las solicitudes como constitucionales fundamentales: 1.   El Derecho Constitucional a la Educación, que se estima violado porque, en juicio de los peticionarios, la Universidad contra la que se dirigen impidió su natural ejercicio, al condicionar  el acceso de los estudiantes a un periodo lectivo, al nuevo y adicional pago, así sea parcial, de un derecho que fue cubierto plenamente con anterioridad. Sostienen en este sentido que el nuevo cobro de los derechos de matrícula es un medio para restringir dicho Derecho Constitucional fundamental, pues, una vez pagados los costos correspondientes a un periodo de estudios, el Centro Universitario se encuentra en la obligación constitucional de impartir la educación, y no puede cobrar un incremento como condición  para recibir a los estudiantes, sin eludir el cumplimiento del citado Derecho Constitucional a la Educación. Además, los peticionarios señalan que dicho derecho resultó desconocido porque la Universidad no puso a disposición de los estudiantes, durante el periodo académico cancelado, al personal docente necesario para impartir la educación a que se comprometió. 2.   El Derecho Constitucional a la Propiedad privada, resulta violado en opinión de algunos de los solicitantes porque la Universidad se apropio de parte de los derechos de matrícula correspondientes al semestre académico que no se adelantó ni cumplió por su culpa y causa. Ademas, indican que la Universidad no dispuso adecuadamente los medios docentes necesarios y el personal de profesores requerido para adelantar las actividades para las que se había comprometido, apropiándose de esta manera de los valores pagados como derechos de matricula. Tercera:   La Acción de Tutela contra Particulares y y el Servicio Público de la Educación Encuentra esta Sala de Revisión que la cuestión que se debate en las actuaciones judiciales correspondientes a las acciones de tutela presentadas con ocasión de la fijación y cobro del valor de la matrícula para el primer semestre de estudios de 1992, en la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga, no es de tal naturaleza que afecte en la forma exigida por la Carta el Derecho a la  Educación como derecho constitucional de la persona o como servicio público (arts. 67 y 68 C.N.), ni a la libertad  de enseñanza como derecho constitucional fundamental (art. 27 C.N.), ni tampoco al derecho constitucional a la propiedad (art. 58 C.N.), y por tanto las  peticiones que se intentaron con dicho fin  en el caso del conflicto de la Universidad Cooperativa de Colombia, no debieron prosperar. Además es claro que la acción planteada se ubica dentro del ámbito jurídico-constitucional de la Acción de Tutela contra particulares, regulada de manera especial por el inciso final  del artículo 86 de la Carta y por los artículos 42 a 45 del Decreto 2591 de 1991; por tal razón la Corte Constitucional aborda su examen teniendo como base las características propias de la institución de la Acción de Tutela en su especial modalidad de procedencia contra acciones u omisiones de particulares. También  se circunscribe el examen de esta modalidad de la tutela de origen constitucional o legal al objeto de la relación jurídica que regula, es decir a la protección de los derechos constitucionales fundamentales que pueden resultar afectados por particulares en la prestación del Servicio Público de Educación (art. 67 C.N.). En efecto,  para la Sala, la Acción de Tutela está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal  específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación, sin que se pueda plantear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo. Es un medio específico, porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales afectados, de modo actual e inminente, y nó a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias ordenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional que se demuestra lesionado. En este sentido es necesario destacar, que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de aquellos derechos, cuya autoría debe ser siempre atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No se trata pues, de una vía de defensa de la Constitución en abstracto con fines generales que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una rama del poder público en su conjunto, o contra un acto con vocación general y abstracta para lo cual la Carta y la ley establecen otras vías; ni sobre derechos subjetivos controvertibles judicialmente, por las vías ordinarias o especializadas. Su consagración constitucional se endereza a señalar un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades establecidos en el Capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado siempre identificable específicamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular, en los términos señalados por la ley. De otra parte, la Constitución señala que "La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quiénes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión." (Art. 86 in fine). En este sentido y en obedecimiento de la cláusula constitucional que reserva a la ley la regulación del ámbito de procedencia de la Acción de Tutela  contra particulares, dentro del principio de la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales,  el Decreto 2591 de 1991 establece de modo especial en el Capítulo III (arts. 42 a 45), los casos en los que dicha acción puede ejercerse con aquel fin. Además, en el numeral 1o. del artículo 42 del citado decreto se advierte que procede la acción de tutela "cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículo 13, 15, 16, 18, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución." Pero además, en dicho sentido el artículo 45 del citado Decreto 2591 de 1991, establece como límite al ejercicio de la Acción de Tutela, su no procedencia contra conductas legítimas de un particular, así: "Artículo 45.  Conductas Legítimas.  No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular." Esto significa que, a la luz del inciso final del artículo 86 de la Carta,  la Acción de Tutela procede siempre que la acción o la omisión de un particular encargado de la prestación del Servicio Público de Educación sean de tal alcance que con ellas se viole o amenace violar los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y a la libertad (art. 13);  a la intimidad y al secreto de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (art. 15); al libre desarrollo de la personalidad (art. 16); a la libertad de conciencia o creencias (art. 18), a la libertad de expresión (art. 20); de petición (art. 23), a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (art. 27); al debido proceso (art. 29); a la reunión y manifestación (art.37) y a la libre asociación (art. 38). Así las cosas, también  debe concluirse que en los demás casos en los que la acción o la omisión de un particular que esté  encargado de la prestación del Servicio Público de la Educación, afecten otros derechos constitucionales, legales o contractuales, o intereses legítimos de las personas ajenos a los citados derechos constitucionales fundamentales, o sean producto de su actividad legítima, no puede intentarse la citada acción, sino por el contrario, se debe acudir forzosamente a otras vías judiciales ordinarias.  Pero además, del examen sistemático del inciso 3o. del artículo 86 de la Carta se concluye que si existe otra vía judicial para la protección, en dicha relación especial del Servicio Público de Educación prestado por particulares, en cuanto a  aquellos derechos fundamentales que forman parte de la lista ordenada por el legislador en el artículo 42 del decreto 2591 de 1991,  tampoco puede intentarse la Acción de Tutela, salvo la situación excepcional y transitoria  que se menciona para evitar un perjuicio irremediable.  Sin embargo advierte esta Sala que en este ámbito la virtud garantizadora de la Acción de Tutela adquiere mayor vigor y eficacia por la circunstancia de que históricamente no se ha reglamentado suficientemente, desde el punto de vista legal, la protección  judicial a los mencionados derechos constitucionales a que se refiere esta especial situación, y por tanto tal remedio específico lo incorporó el constituyente con  miras a asegurar la eficacia de estos derechos, con un procedimiento judicial que, como se ha dicho , es preferente, inmediato y sumario. A juicio de esta Sala no puede estar en la razón del Constituyente la confusión de vías y mecanismos judiciales de protección a los derechos constitucionales fundamentales, ni la redundancia ni la falta de coherencia sistemática en los instrumentos de protección judicial a dichos derechos; en efecto, en el orden jurídico constitucional, o lo que es lo mismo, dentro de las normas que forman el texto de la Carta, prevalece el postulado de que el conjunto de las normas constitucionales forman una totalidad sistemática y coherente que excluye las contradicciones y antinomias entre sus distintas disposiciones normativas. En este sentido, es claro que en presencia de la vía judicial ordinaria con la salvedad anotada, o ante la amenaza de lesión o del agravio a otro derecho constitucional distinto de los fundamentales que forman parte de la lista de casos señalados por la ley, o ante intereses legítimos distintos de los que se relacionen con aquellos derechos, no procede la Acción de Tutela contra particulares encargados de la prestación del Servicio Público de la Educación. No queda duda a la Corte sobre la índole y la categoría de los derechos que se cuestionan en el asunto resuelto por la providencia que se revisa;  esto es, se trata principalmente de una controversia contractual de carácter económico en la que lo debatido  es el cumplimiento de muy determinadas obligaciones económicas que surgen de la relación existente entre un centro universitario y algunos de sus estudiantes, que no están conformes con el monto de uno de los extremos del objeto  económico de la relación. También, para fundamentar su petición en dicha controversia, se formulan por los peticionarios, en el estrado de tutela, argumentos fácticos que se enderezan a replantear la controversia laboral interna,  y las relaciones ordinarias entre la institución y los estudiantes frente a la ley y a los reglamentos que regulan dicho Servicio Público.  Ante todo lo anterior, advierte la Corte que la parte del Ordenamiento Jurídico colombiano prevista para regular el ejercicio de la especial competencia del Estado de "inspección y vigilancia del servicio público de Educación", es bien precisa y detallada en lo que hace a acciones, mecanismos, procedimientos y sanciones,  así como a organismos y autoridades administrativas competentes, los que en aquel caso ya se pronunciaron oportunamente sobre la legalidad de la resolución impugnada. Dichas actuaciones administrativas bien pueden ser  controvertidas judicialmente ante los tribunales contencioso-administrativos competentes. En dicha controversia no se encuentra ningún vínculo con el Derecho Constitucional Fundamental consagrado en el artículo 27 de la Carta en términos de Libertad de Enseñanza, Aprendizaje, Investigación y Cátedra, y por tanto, la Acción de Tutela planteada no procede por este aspecto.   En efecto, este derecho puede definirse, en líneas muy generales, como una de las aspiraciones más elevadas de la humanidad y hace relación a las garantías de que debe rodear el Estado Moderno al individuo con el fin de evitar el oscurantismo, el dogmatismo, las doctrinas oficiales impuestas por regímenes autoritarios, monocráticos, totalitarios o de terror;  igualmente, en el mundo contemporáneo se erige como un freno sustancial al imperio de la tecnocracia y al dominio de la ciencia sobre la libertad.  En este sentido, también comprende la actividad de todos los centros públicos y privados organizados con fines científicos, culturales o académicos y de formación profesional, para evitar iguales vicios y deformaciones; aquella  es la libertad que asegura el derecho de educar y de educarse para la libertad y sobre la cual se erigen buena parte de los postulados del Estado de Derecho   y de la Democracia, en sus antiguas y contemporáneas expresiones. Tampoco podría ubicarse la controversia planteada, en el ámbito del eventual desconocimiento del Derecho Constitucional a la Educación, consagrado en el artículo 67 de la Carta como un derecho de la persona y como un servicio público, si la acción o la omisión del particular no están vinculadas con cualquiera de los derechos fundamentales que enumera el citado artículo 42 numeral 1o. del Decreto 2591 de 1991, puesto que la naturaleza social de éste, y su dependencia de la suprema inspección y vigilancia del Estado, no admiten  su discusión en sede de tutela si no aparece violación o amenaza de violación contra alguno de aquellos derechos constitucionales fundamentales.  En caso de conflictos de intereses y de obligaciones sobre aquel derecho, éstos se resuelven y deben resolver por las vías Administrativa, Disciplinaria o Gubernativa,  o, llegado el caso, por las vías judiciales ordinarias o contencioso-administrativas. La petición también se contrae en el fondo a obtener la anulación de un acto de la Universidad que reguló el calendario académico del segundo semestre de 1991 y del primer semestre de 1992, para resolver una situación de conflicto con sus empleados y trabajadores,  que paralizó todas las actividades ordinarias de dicho centro (Resolución 399/91); además, se dirige a obtener, se repite, la anulación de los efectos económicos de la misma actuación administrativa interna, para  que las visicitudes de las obligaciones económicas relatadas (valor, reconocimiento y pago del importe de la matrícula) se resuelvan en favor de los peticionarios. En el primero de los elementos de la petición, como se advirtió,  no se hace presente ninguno  de los derechos constitucionales fundamentales que pueden relacionarse con el Servicio Público de la Educación prestado por particulares para efectos de que proceda la Acción de Tutela;  en el segundo, se trata de una reclamación que por razones económicas busca la anulación de la citada resolución, y no se relaciona tampoco con ningún Derecho Constitucional Fundamental, sino con la pretendida protección de una manifestación contractual del derecho de propiedad. En ninguno de los eventos relatados procede la Acción de Tutela, pues para lograr estos cometidos de protección, el Estado tiene previstos los mecanismos administrativos correspondientes en desarrollo de la "suprema inspección y vigilancia de la Educación" que le corresponde por mandato constitucional desde 1886, reiterado ahora por la Carta de 1991 con el "fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus  fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos";  en estas condiciones, el mismo Estado y los interesados,  que no son sólo los estudiantes, deben actuar conforme a la ley y a los reglamentos y procurar la resolución de aquella clase de controversias por las vías adecuadas, y no por el mecanismo de la Acción de Tutela. De otra parte, encuentra la Sala que en general en el ejercicio de esta Acción de Tutela no existe fundamento en la Carta para invocar como violado el Derecho Constitucional a la Propiedad Privada consagrado  en el Capítulo II del Título Segundo de la Carta (art. 58) como un derecho y una libertad económica.  En efecto, la Carta de 1991 consagra el Derecho de Propiedad Privada como una de las bases fundamentales del sistema jurídico, económico y social, aunque como es lógico recoge también la profunda e importante evolución que se ha cumplido en esta materia por razón de las transformaciones de toda índole que se han llevado a cabo en las instituciones políticas y civiles.  Así el artículo 58 prescribe: "Artículo 58. Se garantizan  la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.  Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. "La propiedad es una función social  que implica obligaciones.  Como tal, le es inherente una función ecológica. "El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. "Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.  Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.  En los casos que determine el legislador,  dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. "Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante  el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.  Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente." Vale la pena recordar a este propósito cómo fue reconocido el Derecho de Propiedad como inviolable y sagrado en las Declaraciones del Derecho  de la Revolución Francesa, así: "-  La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano  de 26 de agosto de 1789; artículo 17: <Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella  sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija claramente, y con la condición de una indemnización justa y previa>. "-   La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 24 de junio de 1793, hablaba en su artículo 1o. de:  que el <Gobierno está instituído para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles> y a continuación señalaba en el artículo 2o.: <Estos derechos son: la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad>." Ahora bien:  ya se ha señalado anteriormente como el concepto de derechos fundamentales es de suyo difícil, y cómo, según prescribe el artículo 94 de la Constitución Nacional: "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos." Asímismo el artículo 2o.  del Decreto 2591 de 1991 señala, en relación con los derechos protegidos por la tutela que "La acción de tutela  garantiza los derechos constitucionales fundamentales.  Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión." Entonces, si se tiene en cuenta  que el derecho de propiedad reconocido y garantizado por la Carta Política, abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas y los bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de valor, y que se desarrollan en el Código Civil, no cabe duda de que en este sentido es un derecho fundamental, "aunque es una función social que implica obligaciones", según la precisa evolución política, económica y social a que se ha aludido más arriba.  Que ello es así lo ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Ley 16 de 1972), la que en su artículo 21 prescribe, en primer término, que "toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes", y, además que "ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley". El análisis global con la salvedad anotada, coincide con la línea doctrinaria que se puede señalar en la Constitución de España de 1978, que siguiendo los antecedentes de la Constitución de 1931, incluye el derecho de propiedad entre los derechos económicos y sociales, que se reglamentan por la ley ordinaria y son garantizados por las acciones ante los Tribunales Ordinarios o ante la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo y que por tanto no le atribuye el carácter de fundamental a este derecho. Este mismo tratamiento es consagrado por la Constitución Italiana (artículos 42, 43 y 44) y por los artículos 14 y 15 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania que, según interpretación de su Tribunal Constitucional  (Sentencia de 18 de noviembre de 1962), no consideran la propiedad un derecho fundamental por sí mismo, sino "en cuanto se encuentra en relación íntima con la libertad  personal" (Parada Vásquez José Ramón, en Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterria.  Tomo II, p. 1271). Otra cosa es que, por virtud de la regulación del ejercicio de este derecho en el Código Civil y demás leyes que lo adicionan y complementan, en casos como el que se resuelve en esta revisión de tutela existan múltiples mecanismos ordinarios y extraordinarios, jurisdiccionales y administrativos que garantizan y protegen tal derecho en caso de ser vulnerado o  amenazado y que por tanto bien pueden ser utilizados por sus titulares, con los señalados fines. En  mérito de lo expuesto, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero:   Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga, el 17 de enero 1992 en el caso de la petición de tutela presentada por GERSON GONZALO DAZA BARON. Segundo:   Comuníquese la presente decisión al Despacho Judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-489-92 Sentencia No Sentencia No. T-489/92 SALA  DE  REVISION No. 5 REF: Expediente No.T-265-22 Acción de Tutela interpuesta contra la Universidad Cooperativa de Colombia seccional Bucaramanga. Peticionario: SAMUEL ENRIQUE BARRERA PUERTO. Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá D.C., Agosto once (11) de mil novecientos noventa y dos (1992). La  Sala de Revisión en asuntos de tutela, compuesta por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de la sentencia relacionada con la acción de la referencia, proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga el 17 de enero de  1992. I. ANTECEDENTES A. La Petición: 1. Con fecha de 9 de enero de 1992, SAMUEL ENRIQUE BARRERA PUERTO, presentó un escrito en el que interpone la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política contra la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. 2. Los hechos que señala el peticionario  como causa del ejercicio de la citada acción, se resumen como sigue: a. El peticionario, en su condición de estudiante de la mencionada Universidad debe cancelar para cursar el primer periodo lectivo correspondiente al año de 1992, la suma equivalente al 50% del valor de la Matrícula fijada; esta obligación económica se fundamenta en la resolución número 399 de 1991 proferida por la misma Universidad que ordena dar por terminado anticipadamente el desarrollo del segundo periodo lectivo del año 1991 y reconocer de los valores pagados en aquel, sólo el 50% e imputarlos para el del siguiente. b. La situación descrita es resultado del conflicto entre los trabajadores y los estudiantes de una parte y las directivas de la Universidad por la otra, que por diversas razones condujo a la parálisis de las actividades laborales y académicas de la Universidad, desde el cinco (5) de Agosto hasta el cinco (5) de Diciembre de 1991. c. Se sostiene que la Universidad eludió sus responsabilidades académicas y administrativas y es por ello responsable de la parálisis de las actividades de la Universidad. 3. El accionante pide que se le garantice el Derecho Constitucional a la Educación y a la Propiedad; que se ordene que la resolución mencionada no produzca efectos y que se le reconozca el 100% del valor de la matrícula pagada para el segundo periodo lectivo de 1991, que no se desarrolló por el conflicto relatado; como imputado al pago del valor de la matrícula correspondiente al primer periodo de 1992. B. La Sentencia que se revisa. 1. El Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga, al que le correspondió el conocimiento y la resolución de la petición formulada, produjo la decisión correspondiente dentro de los términos constitucionales y legales y resolvió no acceder a la tutela solicitada por SAMUEL ENRIQUE BARRERA PUERTO. La sentencia que se revisa fundamenta su resolución en los argumentos que pueden resumirse de la siguiente forma: La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Nacional y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991 sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y contra acciones u omisiones de particulares; en este caso no se trata de un perjuicio irremediable, y existen otros medios de defensa judicial. El expediente completo sólo fue recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador el dieciseis (16) de Julio. Procede a decidir la Corte Constitucional en Sala de Revisión de Tutela, sobre el presente caso, previas las siguientes, II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera :   La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo  dispuesto por los artículos 86, inciso tercero  y 241, numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del  Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda :   La Materia Objeto de la Revisión En primer término encuentra la Sala que ante los distintos despachos judiciales de Bucaramanga, varios grupos de peticionarios, estudiantes de la Universidad  Cooperativa de Colombia, presentaron otras tantas solicitudes de tutela relacionadas todas con el mismo objeto y con la misma situación jurídica que motivó la acción resuelta por la providencia que se revisa en esta oportunidad;  ahora bien, como dichas solicitudes y los respectivos fallos se ocupan del examen de la misma situación jurídica planteada en el caso de la referencia, procede la Corte a pronunciar su juicio,  y a fijar su interpretación al respecto de la materia en cuestión, sistematizando los argumentos en los que unas y otros se fundamentan. En este apartado cabe hacer un breve resumen de las distintas solicitudes, así: Como se desprende del resumen de los hechos planteados en la solicitud, se encuentra, que se trata de un conflicto de intereses primordialmente económicos, suscitado por la orden  interna de cancelación de un periodo lectivo en una Universidad de carácter privado,  al considerar aquella institución que resultaba imposible adelantar  las labores propias de la actividad académica y administrativa ante el conflicto laboral planteado con los trabajadores y los profesores de dicho Centro Privado, que presta el servicio público de educación. Se demanda principalmente la actuación de las directivas de la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga -INDESCO-, quiénes ordenaron la cancelación del segundo semestre académico del año 1991 y  la imputación  para el pago de la matrícula del primer semestre académico del año 1992,  sólo del cincuenta por ciento (50%) del valor de la matrícula pagada en el semestre cancelado. En líneas generales, se tiene que los peticionarios solicitan la especial protección por la vía de la Acción de Tutela para obtener la defensa de los siguientes derechos que estiman en las solicitudes como constitucionales fundamentales: 1.   El Derecho Constitucional a la Educación, que se estima violado porque, en juicio de los peticionarios, la Universidad contra la que se dirigen impidió su natural ejercicio, al condicionar  el acceso de los estudiantes a un periodo lectivo, al nuevo y adicional pago, así sea parcial, de un derecho que fue cubierto plenamente con anterioridad. Sostienen en este sentido que el nuevo cobro de los derechos de matrícula es un medio para restringir dicho Derecho Constitucional fundamental, pues, una vez pagados los costos correspondientes a un periodo de estudios, el Centro Universitario se encuentra en la obligación constitucional de impartir la educación, y no puede cobrar un incremento como condición  para recibir a los estudiantes, sin eludir el cumplimiento del citado Derecho Constitucional a la Educación. Además, los peticionarios señalan que dicho derecho resultó desconocido porque la Universidad no puso a disposición de los estudiantes, durante el periodo académico cancelado, al personal docente necesario para impartir la educación a que se comprometió. 2.   El Derecho Constitucional a la Propiedad privada, resulta violado en opinión de algunos de los solicitantes porque la Universidad se apropio de parte de los derechos de matrícula correspondientes al semestre académico que no se adelantó ni cumplió por su culpa y causa. Ademas, indican que la Universidad no dispuso adecuadamente los medios docentes necesarios y el personal de profesores requerido para adelantar las actividades para las que se había comprometido, apropiándose de esta manera de los valores pagados como derechos de matricula. Tercera: La Acción de Tutela contra Particulares y y el Servicio Público de la Educación Encuentra esta Sala de Revisión que la cuestión que se debate en las actuaciones judiciales correspondientes a las acciones de tutela presentadas con ocasión de la fijación y cobro del valor de la matrícula para el primer semestre de estudios de 1992, en la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bucaramanga, no es de tal naturaleza que afecte en la forma exigida por la Carta el Derecho a la Educación como derecho constitucional de la persona o como servicio público (arts. 67 y 68 C.N.), ni a la libertad  de enseñanza como derecho constitucional fundamental (art. 27 C.N.), ni tampoco al derecho constitucional a la propiedad (art. 58 C.N.), y por tanto las  peticiones que se intentaron con dicho fin  en el caso del conflicto de la Universidad Cooperativa de Colombia, no debieron prosperar. Además es claro que la acción planteada se ubica dentro del ámbito jurídico-constitucional de la Acción de Tutela contra particulares, regulada de manera especial por el inciso final  del artículo 86 de la Carta y por los artículos 42 a 45 del Decreto 2591 de 1991; por tal razón la Corte Constitucional aborda su examen teniendo como base las características propias de la institución de la Acción de Tutela en su especial modalidad de procedencia contra acciones u omisiones de particulares. También  se circunscribe el examen de esta modalidad de la tutela de origen constitucional o legal al objeto de la relación jurídica que regula, es decir a la protección de los derechos constitucionales fundamentales que pueden resultar afectados por particulares en la prestación del Servicio Público de Educación (art. 67 C.N.). En efecto,  para la Sala, la Acción de Tutela está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal  específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación, sin que se pueda plantear en esos estrados discusión jurídica sobre el derecho mismo. Es un medio específico, porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales afectados, de modo actual e inminente, y nó a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias ordenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional que se demuestra lesionado. En este sentido es necesario destacar, que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de aquellos derechos, cuya autoría debe ser siempre atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No se trata pues, de una vía de defensa de la Constitución en abstracto con fines generales que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una rama del poder público en su conjunto,  o contra un acto con vocación general y abstracta para lo cual la Carta y la ley establecen otras vías; ni sobre derechos subjetivos controvertibles judicialmente, por las vías ordinarias o especializadas. Su consagración constitucional se endereza a señalar un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades establecidos en el Capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado siempre identificable específicamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular, en los términos señalados por la ley. De otra parte, la Constitución señala que "La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quiénes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión." (Art. 86 in fine). En este sentido y en obedecimiento de la cláusula constitucional que reserva a la ley la regulación del ámbito de procedencia de la Acción de Tutela  contra particulares, dentro del principio de la prevalencia de los derechos constitucionales fundamentales,  el Decreto 2591 de 1991 establece de modo especial en el Capítulo III (arts. 42 a 45), los casos en los que dicha acción puede ejercerse con aquel fin. Además, en el numeral 1o. del artículo 42 del citado decreto se advierte que procede la acción de tutela "cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículo 13, 15, 16, 18, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución." Pero además, en dicho sentido el artículo 45 del citado Decreto 2591 de 1991, establece como límite al ejercicio de la Acción de Tutela, su no procedencia contra conductas legítimas de un particular, así: "Artículo 45.  Conductas Legítimas.  No se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular." Esto significa que, a la luz del inciso final del artículo 86 de la Carta,  la Acción de Tutela procede siempre que la acción o la omisión de un particular encargado de la prestación del Servicio Público de Educación sean de tal alcance que con ellas se viole o amenace violar los derechos constitucionales fundamentales a la igualdad y a la libertad (art. 13);  a la intimidad y al secreto de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (art. 15); al libre desarrollo de la personalidad (art. 16); a la libertad de conciencia o creencias (art. 18), a la libertad de expresión (art. 20); de petición (art. 23), a la libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (art. 27); al debido proceso (art. 29); a la reunión y manifestación (art.37) y a la libre asociación (art. 38). Así las cosas, también  debe concluirse que en los demás casos en los que la acción o la omisión de un particular que esté  encargado de la prestación del Servicio Público de la Educación, afecten otros derechos constitucionales, legales o contractuales, o intereses legítimos de las personas ajenos a los citados derechos constitucionales fundamentales, o sean producto de su actividad legítima, no puede intentarse la citada acción, sino por el contrario, se debe acudir forzosamente a otras vías judiciales ordinarias.  Pero además, del examen sistemático del inciso 3o. del artículo 86 de la Carta se concluye que si existe otra vía judicial para la protección, en dicha relación especial del Servicio Público de Educación prestado por particulares, en cuanto a  aquellos derechos fundamentales que forman parte de la lista ordenada por el legislador en el artículo 42 del decreto 2591 de 1991,  tampoco puede intentarse la Acción de Tutela, salvo la situación excepcional y transitoria  que se menciona para evitar un perjuicio irremediable.  Sin embargo advierte esta Sala que en este ámbito la virtud garantizadora de la Acción de Tutela adquiere mayor vigor y eficacia por la circunstancia de que históricamente no se ha reglamentado suficientemente, desde el punto de vista legal, la protección  judicial a los mencionados derechos constitucionales a que se refiere esta especial situación, y por tanto tal remedio específico lo incorporó el constituyente con  miras a asegurar la eficacia de estos derechos, con un procedimiento judicial que, como se ha dicho , es preferente, inmediato y sumario. A juicio de esta Sala no puede estar en la razón del Constituyente la confusión de vías y mecanismos judiciales de protección a los derechos constitucionales fundamentales, ni la redundancia ni la falta de coherencia sistemática en los instrumentos de protección judicial a dichos derechos; en efecto, en el orden jurídico constitucional, o lo que es lo mismo, dentro de las normas que forman el texto de la Carta, prevalece el postulado de que el conjunto de las normas constitucionales forman una totalidad sistemática y coherente que excluye las contradicciones y antinomias entre sus distintas disposiciones normativas. En este sentido, es claro que en presencia de la vía judicial ordinaria con la salvedad anotada, o ante la amenaza de lesión o del agravio a otro derecho constitucional distinto de los fundamentales que forman parte de la lista de casos señalados por la ley, o ante intereses legítimos distintos de los que se relacionen con aquellos derechos, no procede la Acción de Tutela contra particulares encargados de la prestación del Servicio Público de la Educación. No queda duda a la Corte sobre la índole y la categoría de los derechos que se cuestionan en el asunto resuelto por la providencia que se revisa;  esto es, se trata principalmente de una controversia contractual de carácter económico en la que lo debatido  es el cumplimiento de muy determinadas obligaciones económicas que surgen de la relación existente entre un centro universitario y algunos de sus estudiantes, que no están conformes con el monto de uno de los extremos del objeto  económico de la relación. También, para fundamentar su petición en dicha controversia, se formulan por los peticionarios, en el estrado de tutela, argumentos fácticos que se enderezan a replantear la controversia laboral interna,  y las relaciones ordinarias entre la institución y los estudiantes frente a la ley y a los reglamentos que regulan dicho Servicio Público.  Ante todo lo anterior, advierte la Corte que la parte del Ordenamiento Jurídico colombiano prevista para regular el ejercicio de la especial competencia del Estado de "inspección y vigilancia del servicio público de Educación", es bien precisa y detallada en lo que hace a acciones, mecanismos, procedimientos y sanciones,  así como a organismos y autoridades administrativas competentes, los que en aquel caso ya se pronunciaron oportunamente sobre la legalidad de la resolución impugnada. Dichas actuaciones administrativas bien pueden ser  controvertidas judicialmente ante los tribunales contencioso-administrativos competentes. En dicha controversia no se encuentra ningún vínculo con el Derecho Constitucional Fundamental consagrado en el artículo 27 de la Carta en términos de Libertad de Enseñanza, Aprendizaje, Investigación y Cátedra, y por tanto, la Acción de Tutela planteada no procede por este aspecto.   En efecto, este derecho puede definirse, en líneas muy generales, como una de las aspiraciones más elevadas de la humanidad y hace relación a las garantías de que debe rodear el Estado Moderno al individuo con el fin de evitar el oscurantismo, el dogmatismo, las doctrinas oficiales impuestas por regímenes autoritarios, monocráticos, totalitarios o de terror;  igualmente, en el mundo contemporáneo se erige como un freno sustancial al imperio de la tecnocracia y al dominio de la ciencia sobre la libertad.  En este sentido, también comprende la actividad de todos los centros públicos y privados organizados con fines científicos, culturales o académicos y de formación profesional, para evitar iguales vicios y deformaciones; aquella  es la libertad que asegura el derecho de educar y de educarse para la libertad y sobre la cual se erigen buena parte de los postulados del Estado de Derecho y de la Democracia, en sus antiguas y contemporáneas expresiones. Tampoco podría ubicarse la controversia planteada, en el ámbito del eventual desconocimiento del Derecho Constitucional a la Educación, consagrado en el artículo 67 de la Carta como un derecho de la persona y como un servicio público, si la acción o la omisión del particular no están vinculadas con cualquiera de los derechos fundamentales que enumera el citado artículo 42 numeral 1o. del Decreto 2591 de 1991, puesto que la naturaleza social de éste, y su dependencia de la suprema inspección y vigilancia del Estado, no admiten  su discusión en sede de tutela si no aparece violación o amenaza de violación contra alguno de aquellos derechos constitucionales fundamentales.  En caso de conflictos de intereses y de obligaciones sobre aquel derecho, éstos se resuelven y deben resolver por las vías Administrativa, Disciplinaria o Gubernativa,  o, llegado el caso, por las vías judiciales ordinarias o contencioso-administrativas. La petición también se contrae en el fondo a obtener la anulación de un acto de la Universidad que reguló el calendario académico del segundo semestre de 1991 y del primer semestre de 1992, para resolver una situación de conflicto con sus empleados y trabajadores,  que paralizó todas las actividades ordinarias de dicho centro (Resolución 399/91); además, se dirige a obtener, se repite, la anulación de los efectos económicos de la misma actuación administrativa interna, para  que las visicitudes de las obligaciones económicas relatadas (valor, reconocimiento y pago del importe de la matrícula) se resuelvan en favor de los peticionarios. En el primero de los elementos de la petición, como se advirtió,  no se hace presente ninguno  de los derechos constitucionales fundamentales que pueden relacionarse con el Servicio Público de la Educación prestado por particulares para efectos de que proceda la Acción de Tutela;  en el segundo, se trata de una reclamación que por razones económicas busca la anulación de la citada resolución, y no se relaciona tampoco con ningún Derecho Constitucional Fundamental, sino con la pretendida protección de una manifestación contractual del derecho de propiedad. En ninguno de los eventos relatados procede la Acción de Tutela, pues para lograr estos cometidos de protección, el Estado tiene previstos los mecanismos administrativos correspondientes en desarrollo de la "suprema inspección y vigilancia de la Educación" que le corresponde por mandato constitucional desde 1886, reiterado ahora por la Carta de 1991 con el "fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus  fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos";  en estas condiciones, el mismo Estado y los interesados,  que no son sólo los estudiantes, deben actuar conforme a la ley y a los reglamentos y procurar la resolución de aquella clase de controversias por las vías adecuadas, y no por el mecanismo de la Acción de Tutela. De otra parte, encuentra la Sala que en general en el ejercicio de esta Acción de Tutela no existe fundamento en la Carta para invocar como violado el Derecho Constitucional a la Propiedad Privada consagrado  en el Capítulo II del Título Segundo de la Carta (art. 58) como un derecho y una libertad económica.  En efecto, la Carta de 1991 consagra el Derecho de Propiedad Privada como una de las bases fundamentales del sistema jurídico, económico y social, aunque como es lógico recoge también la profunda e importante evolución que se ha cumplido en esta materia por razón de las transformaciones de toda índole que se han llevado a cabo en las instituciones políticas y civiles.  Así el artículo 58 prescribe: "Artículo 58. Se garantizan  la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.  Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. "La propiedad es una función social  que implica obligaciones.  Como tal, le es inherente una función ecológica. "El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. "Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa.  Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado.  En los casos que determine el legislador,  dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. "Con todo, el legislador, por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante  el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara.  Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente." Vale la pena recordar a este propósito cómo fue reconocido el Derecho de Propiedad como inviolable y sagrado en las Declaraciones del Derecho  de la Revolución Francesa, así: "-  La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano  de 26 de agosto de 1789; artículo 17: <Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella  sino cuando la necesidad pública, legalmente constatada, lo exija claramente, y con la condición de una indemnización justa y previa>. "-   La Declaración de los Derechos del Hombre y del ciudadano de 24 de junio de 1793, hablaba en su artículo 1o. de:  que el <Gobierno está instituído para garantizar al hombre el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles> y a continuación señalaba en el artículo 2o.: <Estos derechos son: la igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad>." Ahora bien:  ya se ha señalado anteriormente como el concepto de derechos fundamentales es de suyo difícil, y cómo, según prescribe el artículo 94 de la Constitución Nacional: "La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos." Asímismo el artículo 2o.  del Decreto 2591 de 1991 señala, en relación con los derechos protegidos por la tutela que "La acción de tutela  garantiza los derechos constitucionales fundamentales.  Cuando una decisión de tutela se refiera a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, pero cuya naturaleza permita su tutela para casos concretos, la Corte Constitucional le dará prelación en la revisión a esta decisión." Entonces, si se tiene en cuenta  que el derecho de propiedad reconocido y garantizado por la Carta Política, abarca todos los derechos patrimoniales de una persona, esto es, los que recaen sobre las cosas y los bienes, entendidos estos como los objetos inmateriales susceptibles de valor, y que se desarrollan en el Código Civil, no cabe duda de que en este sentido es un derecho fundamental, "aunque es una función social que implica obligaciones", según la precisa evolución política, económica y social a que se ha aludido más arriba.  Que ello es así lo ratifica la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 (Ley 16 de 1972), la que en su artículo 21 prescribe, en primer término, que "toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes", y, además que "ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley". El análisis global con la salvedad anotada, coincide con la línea doctrinaria que se puede señalar en la Constitución de España de 1978, que siguiendo los antecedentes de la Constitución de 1931, incluye el derecho de propiedad entre los derechos económicos y sociales, que se reglamentan por la ley ordinaria y son garantizados por las acciones ante los Tribunales Ordinarios o ante la Jurisdicción de lo Contencioso-administrativo y que por tanto no le atribuye el carácter de fundamental a este derecho. Este mismo tratamiento es consagrado por la Constitución Italiana (artículos 42, 43 y 44) y por los artículos 14 y 15 de la Ley Fundamental de la República Federal de Alemania que, según interpretación de su Tribunal Constitucional  (Sentencia de 18 de noviembre de 1962), no consideran la propiedad un derecho fundamental por sí mismo, sino "en cuanto se encuentra en relación íntima con la libertad  personal" (Parada Vásquez José Ramón, en Estudios sobre la Constitución Española, Homenaje al Profesor Eduardo García de Enterria.  Tomo II, p. 1271). Otra cosa es que, por virtud de la regulación del ejercicio de este derecho en el Código Civil y demás leyes que lo adicionan y complementan, en casos como el que se resuelve en esta revisión de tutela existan múltiples mecanismos ordinarios y extraordinarios, jurisdiccionales y administrativos que garantizan y protegen tal derecho en caso de ser vulnerado o  amenazado y que por tanto bien pueden ser utilizados por sus titulares, con los señalados fines. En  mérito de lo expuesto, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero:   Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de Bucaramanga el 17 de enero 1992 en el caso de la petición de tutela presentada por SAMUEL ENRIQUE BARRERA PUERTO. Segundo:   Comuníquese la presente decisión al Despacho Judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General NOTA DE RELATORIA: Las sentencias Nos, T-488 y T-489 corresponden a la acciones de tutela interpuesta contra la Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga. Se publica únicamente la sentencia T-488, ya que el mencionado fallo se profirió en el mismo sentido.

T-490-92 Sentencia No Sentencia No. T-490/92 DERECHO A LA LIBERTAD-Reserva Judicial/AUTORIDAD JUDICIAL/COMPETENCIA/ALCALDE En materia del derecho a la libertad personal, el constituyente ha estructurado una serie de garantías sin antecedentes en nuestra tradición jurídica. La Constitución establece una reserva judicial en favor de la libertad individual, siendo indispensable el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para que una persona pueda ser reducido a prisión, arresto o detención. En adelante, solamente las autoridades judiciales tienen competencia para imponer penas que conlleven la privación de la libertad. En consecuencia, a la autoridad administrativa le está vedado imponer motu proprio las penas correctivas que entrañen, directa o indirectamente, la privación de la libertad, salvo mandamiento escrito de la autoridad judicial competente. La opción por la libertad que llevó a consagrar el monopolio de las penas privativas de la libertad en cabeza de los jueces, se basa en el principio de la separación de poderes, propio del régimen democrático y republicano. Los jueces son, frente a la administración y al propio legislador, los principales defensores de los derechos individuales. Es inconstitucional la imposición de penas de arresto por parte de autoridades de policía. SANCION/DEBIDO PROCESO La imposición de penas o medidas correccionales por la autoridad de policía debe sujetarse, por tanto, a las garantías procesales del derecho de defensa y contradicción y, en especial, al principio constitucional de la presunción de inocencia. Los principios contenidos en el artículo 29 de la Constitución tienen como finalidad preservar el debido proceso como garantía de la libertad del ciudadano. La presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser oída y ejercer plenamente su defensa. Las garantías materiales que protegen la libertad de la persona priman sobre las meras consideraciones de la eficacia de la administración. las sanciones administrativas impuestas de plano, por ser contrarias al debido proceso están proscritas del ordenamiento constitucional. ARRESTO-Improcedencia El arresto supletorio por el incumplimiento en el pago de una multa de carácter correctivo es una institución del derecho de policía contraria al precepto constitucional que prohibe la detención, prisión o arresto por deudas, además de ser un medio desproporcionado de privación de la libertad respecto de la finalidad buscada, cual es la de garantizar el pago de la obligación pecuniaria pública originada en la sanción de un supuesto contravencional. En efecto, la metamórfosis de la deuda para con el erario público (pago de la multa) en arresto (privación de la libertad) no se compadece con el valor otorgado a la libertad física en el orden constitucional, amén de prescindir, y por tanto tornar ineficaz, el régimen de la jurisdicción coactiva instituido precisamente para exigir el cumplimiento de las obligaciones y cuya actuación permite despojar a la sanción del carácter vindicativo que, aparte de innecesario, no se aviene con su función esencial. PODER DE POLICIA/EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Se inaplican parcialmente los artículos 435 y 436 del Decreto 1889 de 1986, expedido por el Gobernador de Cundinamarca en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8o. de la ordenanza No. 27 de 1985, que facultan a los alcaldes para imponer sanciones de multa o arresto a las personas que incurran en actos de irrespeto a la autoridad, con base en una simple certificación del secretario o la declaración de dos o más testigos presenciales. La sanción de plano establecida en el mencionado artículo es manifiestamente contraria al artículo 29 de la Constitución. Es así mismo evidente la vulneración de los derechos al debido proceso y al derecho de defensa del petente sancionado, habida cuenta que la norma ni siquiera le otorgaba la posibilidad de controvertir las pruebas aducidas por el Alcalde presuntamente agraviado, ni éstas se ajustaban a los requisitos legales exigidos para imponer la mencionada sanción. Igualmente, la eventual conversión de la multa impuesta en arresto es contraria a la prohibición constitucional de la imposición de penas de prisión, arresto o detención por deudas. Las anteriores razones justifican la revocatoria de la sanción impuesta por el Alcalde. ACCION DE TUTELA/ACTO POLICIVO/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Improcedencia Las decisiones mediante las cuales se imponen por los alcaldes, al término de un juicio penal de policía, sanciones o penas correccionales, están excluidas expresamente de la competencia de la jurisdicción contencioso- Administrativa. No existiendo otro medio de defensa judicial frente a las decisiones proferidas en los juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley, es necesario concluir que la acción de tutela constituye, para éstos casos, el único medio idóneo a disposición de la persona agraviada para solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales vulnerados o amenazados. AGOSTO  13  DE 1992 REF: Expediente T-1973 Actor: PEDRO ROMULO GOMEZ PINTOR Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-1973 adelantado por el señor PEDRO ROMULO GOMEZ PINTOR contra las Resoluciones número 020 del 13 de febrero y 052 del 22 de febrero de 1992, proferidas por la Alcaldía Municipal de Sasaima. A N T E C E D E N T E S 1. El Alcalde Especial de Sasaima, Cundinamarca, mediante Resolución 020 del 13 de febrero de 1992, con fundamento en el Decreto 1889 de 1986, expedido por la Gobernación de Cundinamarca, decidió "imponer (...) al señor PEDRO ROMULO GOMEZ PINTOR como medida correctiva  multa equivalente a la suma de DOS MIL PESOS ($ 2.000.oo), o arresto hasta de seis (6) días", por irrespeto a la autoridad. 2. Según la autoridad local: "El día Domingo 19 de enero de 1992 hacia las 5:30 p.m. se presentaron algunos hechos de irrespeto a la Autoridad en mi calidad de Alcalde Especial de esta localidad por parte del señor PEDRO ROMULO GOMEZ PINTOR, al encontrarme parado en la puerta del establecimiento o negocio de mi propiedad ubicado en el perímetro urbano de Sasaima calle principal y al pasar dicho individuo en su vehículo y al verme me lanzó un improperio diciéndome "Alcalde Hijueputa" y continúo su marcha. Horas más tarde en el negocio de cantina de propiedad de la señora MERCEDES ARAQUE DE PICO procedió a hacer dos (2) disparos al aire y se retiró". La sanción se basó en la declaración de la señorita ARGELIA RAMOS LEON y en la declaración del Comandante de la policía de la localidad a quien el Alcalde informó personalmente de lo sucedido. 3. El señor PEDRO ROMULO GOMEZ PINTOR interpuso recurso de reposición contra la Resolución, negando la ocurrencia de los hechos y cuestionando el valor de las pruebas aportadas para sustentarla. Afirmó el recurrente que: "de conformidad con el artículo 217 del Código de Procedimiento Civil la testigo ARGELIA RAMOS LEON  es sospechosa porque ha sido dependiente en el establecimiento comercial de propiedad del señor Alcalde (...) Es normal que la declaración que una persona rinda en esas circunstancias no refleje lo que en la realidad sucedió si no que por el contrario  se incline  en favorecer los fines del interesado". Respecto a la segunda prueba anotó que "testigo presencial no es el uniformado que recibió el informe de parte del Alcalde de lo que sucedió". No obstante, la impugnación fue rechazada mediante resolución 052 del 22 de febrero de 1992, quedando así en firme la decisión. 4. El 3 de marzo del año en curso, el afectado ejerció acción de tutela contra la Resolución sancionatoria, por considerar que con ella se amenazaba su derecho fundamental de la libertad de locomoción y se vulneraban los artículos 29 y 15 de la Constitución. El petente solicitó declarar la ilegalidad de la resolución No. 052 de 1992, que culminó la actuación administrativa, y ordenar al Alcalde abstenerse de ejecutar el mencionado acto. 5. El Juzgado Civil Municipal de Sasaima, mediante providencia del 13 de marzo de 1992, denegó la tutela impetrada. Sostiene el Juzgado: "El interesado cuenta con un mecanismo de defensa judicial para debatir ante el estrado correspondiente la legalidad o ilegalidad de la resolución atacada aquí, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho encaminada a que el acto del señor Alcalde sea declarado nulo y en consecuencia se reparen los daños ocasionados con él. Es la Jurisdicción Contenciosa-administrativa la llamada por la ley a resolver tal controversia. "Tampoco cabe la tutela como mecanismo transitorio, habida razón de que dentro del trámite contencioso administrativo se puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo impugnado, medida tendiente a evitar posibles perjuicios que la ejecución del acto acarrearía". 6. Por no haber sido impugnada la anterior decisión, el proceso fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, siendo seleccionado, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Petitum de la acción de tutela 1. El accionante aduce la vulneración producida a su derecho al buen nombre, al debido proceso y la amenaza de su derecho a la libertad de locomoción por parte del Alcalde Especial de Sasaima, quien mediante resolución le impuso multa de dos mil pesos o arresto hasta por seis días, por irrespeto a la autoridad. Atribuciones del Alcalde como máxima autoridad municipal de policía 2. El Código de Policía de Cundinamarca (Decreto 1889 de 1986, artículo 435) otorga a los Alcaldes la atribución de imponer multa o arresto hasta por seis (6) días, a las personas que les desobedezcan, no cumplan sus órdenes o les falten al respeto debido. El numeral segundo del artículo 435 establece: "Artículo 435.- PENAS CORRECCIONALES. Los funcionarios de policía del Departamento podrán imponer pena correccional a los que los desobedezcan o no cumplan sus órdenes y a los que les falten al respeto debido, en el ejercicio de sus funciones o por razón de ellas, de acuerdo con las reglas siguientes: (...) 2. Los alcaldes municipales con multas o con arresto hasta de seis (6) días; (...)". Para imponer la correspondiente pena correccional el artículo 436 de la misma normatividad exige que "es necesario probar primero la falta, bien con una certificación escrita del secretario, o con declaraciones de dos (2) o más testigos presenciales". En similar sentido, el Código Nacional de Policía consagra la sanción de arresto de uno a treinta días para aquel que desobedezca orden legítima de autoridad u omita sin justa causa prestarle el auxilio que aquella solicite (Decreto 522 de 1971, artículo 18), la cual para poder ser impuesta requiere de un procedimiento previo que garantice el derecho de defensa. Dentro de las razones que históricamente explican la existencia de "sanciones de plano", o sea, aquellas tomadas sin procedimiento alguno ni previa audiencia del acusado, está el interés de dotar a la autoridad de un instrumento de coacción suficiente para ser obedecida. La práctica de este tipo de sanciones fue corriente en el Estado-policía que se prolongara hasta fines del siglo XVIII, finalmente, suprimida como consecuencia de la Revolución Liberal que consagró el principio de la separación de poderes y antepuso los derechos del hombre a las prerrogativas del monarca. No obstante, la doctrina autoritaria que la avala se conserva en forma atenuada en ciertos ámbitos del derecho de policía y aparece revestida con el argumento de ser necesaria para asegurar la efectividad de la función pública, así como para controlar situaciones que requieren la  adopción de decisiones inmediatas. Poder y función de policía 3. La distinción conceptual entre las diversas manifestaciones del poder de policía permite fijar con precisión los límites de las competencias estatales que pueden llegar a restringir los derechos y las libertades públicas. Tradicionalmente, la doctrina ha entendido por poder de policía la atribución o facultad de expedir normas, - leyes o reglamentos -, que limitan o restringen los derechos individuales con la finalidad de conservar el orden público interno y salvaguardar la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad públicas. Esta potestad normativa reposa en el legislativo (CP art. 150-1, 150-2 y 152-a.) y, residualmente, en las Asambleas Departamentales, a las cuales corresponde dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal (CP art. 300 num. 8). La función de policía puede dar lugar al ejercicio de la potestad sancionatoria por parte de las autoridades administrativas. El ejercicio de la función de policía exige el uso racional y proporcionado de la fuerza, así como la escogencia de los medios más benignos y favorables para proteger los derechos fundamentales al momento de contrarrestar los peligros y amenazas que se ciernen sobre la comunidad. Facultad sancionatoria de los Alcaldes y derechos fundamentales 4. Las normas Nacionales y Departamentales que facultan a los Alcaldes para imponer multas o arrestos a las personas que desobedezcan o no cumplan sus órdenes y les falten al debido respeto, deben interpretarse y aplicarse con arreglo a la Constitución política vigente. En este campo, la intervención estatal sólo será legítima si con ella no se vulneran o amenazan los derechos fundamentales. Esta exigencia constituye una mínima garantía en favor de la libertad y del Estado de Derecho, que contribuye a evitar la arbitrariedad y el autoritarismo. En el caso sub-examine, la atribución de imponer multas o arrestos conferida a los Alcaldes busca garantizar la obediencia y el respeto debido a la autoridad, y con ello asegurar la efectividad de la función pública, mediante la afectación del patrimonio del acusado o, en su defecto o reticencia, la privación hasta por seis (6) días de su libertad física. Desde una perspectiva constitucional, la imposición de penas correctivas por parte de la administración no riñe con las normas constitucionales relativas a los derechos fundamentales, siempre y cuando en el procedimiento respectivo sean respetadas las garantías procesales  que protegen la libertad personal y el debido proceso (CP arts. 28, 29 y 31), sin perjuicio desde luego de mantener abierta la posibilidad de recurrir ante los jueces en defensa de sus derechos constitucionales fundamentales (CP art. 86). Aplicación de los principios constitucionales del derecho penal a la actividad sancionatoria de la administración. 5. La imposición de penas de multa o arresto por parte de la administración tenía sustento bajo la Carta de 1886.  El artículo 23 de la antigua Constitución no precisaba la autoridad competente en virtud de cuyo mandamiento escrito una persona podía ser detenida o arrestada. A su vez, el artículo 27 de la misma consagraba excepciones al principio nemo poena sine legale iudicium al permitir, entre otros casos, a los funcionarios que ejercen autoridad o jurisdicción "penar con multas o arrestos a cualquiera que los injurie o les falte al respeto en el acto en que estén desempeñando las funciones de su cargo". Finalmente, el artículo 28 de ese Estatuto fundamental contemplaba la aprehensión y retención administrativas por parte del gobierno nacional de personas contra quienes pesaran graves indicios de que atentaban contra la paz pública. La recuperación de la legitimidad de las instituciones fue una de las ideas fuerza que guió el proceso constituyente de 1991, el cual se tradujo en una nueva concepción del ejercicio de la autoridad. No sólo la primacía de los derechos inalienables de la persona  (CP art. 5) y la consagración de las garantías para su efectividad (CP arts. 84, 85, 86, 93, 94) reflejan la redistribución del poder político en favor de los individuos y las colectividades, sino igualmente la convicción de que el fortalecimiento de la autoridad y de la conciencia institucional se logra por la vía de la protección de los derechos fundamentales y no mediante el ejercicio patrimonialista del poder político, tan severamente cuestionado en el pasado. Es por ello que en el texto constitucional ha quedado plasmada una noción de la autoridad acorde con el principio fundamental de la dignidad humana (CP art. 1), con el acento puesto más en la protección de la libertad (CP arts. 28, 29) que en las ciegas razones de estado. En materia del derecho a la libertad personal, el constituyente ha estructurado una serie de garantías sin antecedentes en nuestra tradición jurídica. La Constitución establece una reserva judicial en favor de la libertad individual, siendo indispensable el mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley, para que una persona pueda ser reducido a prisión, arresto o detención (CP art. 28). En adelante, solamente las autoridades judiciales tienen competencia para imponer penas que conlleven la privación de la libertad. En consecuencia, a la autoridad administrativa le está vedado imponer motu proprio las penas correctivas que entrañen, directa o indirectamente, la privación de la libertad, salvo mandamiento escrito de la autoridad judicial competente. Además de la garantía fundamental de la reserva judicial, se eliminaron de la Constitución las excepciones a la imposición de penas sin juicio previo y  la detención  y retención por orden del Gobierno. De otra parte, el constituyente  elevó a rango constitucional la garantía procesal penal del Habeas Corpus (CP art. 30) y estableció la prohibición de imponer las penas de destierro y de prisión perpetua (CP art. 34). Adicionalmente y como garantía última de la libertad, el artículo 29 de la Carta impone la observancia del debido proceso (v.gr.: el derecho de defensa, la presunción de inocencia, el principio de contradicción), en toda clase de actuaciones administrativas y judiciales, operándose una derogatoria tácita de los procedimientos contrarios a esta exigencia constitucional. Separación de poderes y reserva judicial en materia de restricción de la libertad 6. La opción por la libertad que llevó a consagrar el monopolio de las penas privativas de la libertad en cabeza de los jueces, se basa en el principio de la separación de poderes, propio del régimen democrático y republicano. Los jueces son, frente a la administración y al propio legislador, los principales defensores de los derechos individuales. Por ello su protección inmediata ha sido confiada a la rama judicial, como garantía de imparcialidad contra la arbitrariedad, impidiendo así que la autoridad acusadora acabe desempeñando el papel de juez y parte. Si la autoridad administrativa tuviere la potestad de imponer penas de arresto, sin intervención judicial que las autorice (CP art. 28), la protección del derecho a la libertad personal confiada a ésta última se tornaría innecesaria y carecería de efectividad para cumplir su cometido. El reconocimiento de los derechos fundamentales y su limitación o restricción en la práctica, suponen la intervención de una instancia imparcial, que mediante una decisión motivada, proporcional y razonada, concilie los valores e intereses en pugna, permitiendo la judicialización del conflicto social y evitando la exacerbación de la violencia mediante el uso exclusivo de la coacción. El artículo 113 de la Constitución consagra el principio de la separación de poderes, recogiendo parcialmente el contenido del artículo 55 del anterior texto constitucional pero conservando su esencia al establecer que "los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de los fines del Estado". De otra parte, tratándose de la función jurisdiccional, la misma Constitución establece la posibilidad excepcional de que ésta sea atribuida por la ley en materias precisas a determinadas autoridades administrativas, sin que les sea permitido adelantar la instrucción de sumarios ni juzgar delitos (CP art. 116, inc. 3). Sin embargo, la regulación estatutaria de los derechos fundamentales y de los procedimientos para su protección (CP art. 152) y la reserva judicial respecto a la imposición de penas de prisión, arresto o detención (CP art. 28), constituyen claros límites constitucionales al ejercicio de funciones jurisdiccionales excepcionalmente confiadas por la ley a otro órgano del Estado, todo lo cual representa una garantía insustituible del estado de derecho y de la institución de la libertad. Tránsito constitucional y deber del legislador 7. Las anteriores consideraciones serían suficientes para deducir la inconstitucionalidad de la imposición de penas de arresto por parte de autoridades de policía. No obstante, el fundamento temporal de dicha facultad deriva de lo señalado en el artículo 28 transitorio de la Constitución, el cual establece: "Mientras se expide la ley que atribuya a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía, éstas continuarán conociendo de los mismos". La norma transitoria cobija tanto los hechos punibles de irrespeto o desobediencia a la autoridad, como las demás contravenciones especiales, particularmente las consagradas en la Ley 23 de 1991, cuya competencia está atribuida a las autoridades de policía. Por mandato constitucional, de imperiosa observancia dado el carácter de derecho de aplicación inmediata que ostenta la libertad (CP art.85), corresponde al Legislador, en un término breve, expedir la ley que atribuya integralmente a las autoridades judiciales el conocimiento de estas conductas, so pena de incurrir en inconstitucionalidad por la vía omisiva. Respeto a la autoridad y rechazo al autoritarismo 8. No obstante lo anterior, el constituyente tampoco ignoró al momento de definir la Carta Política colombiana que no se puede tener libertad sin seguridad. Prescindir del ejercicio legítimo de la autoridad es contrario a la conservación misma de la democracia y equivale a la claudicación ingenua ante las fuerzas violentas que pretenden desestabilizar y destruir las instituciones. En tal sentido, la Constitución impone a toda persona el deber de respetar y apoyar a las autoridades legítimamente constituidas (CP arts. 95 y 6). El ejercicio de la autoridad es indispensable para el mantenimiento de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades están instituidas principalmente para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (CP art. 2). Estos, a su vez, tienen el deber de respetar y obedecer a las autoridades (CP arts. 4 y 95). En caso de irrespeto o desacato, las diferentes autoridades tienen a su disposición medios coercitivos cuyo empleo debe ser proporcional a la transgresión. En materia contravencional, la autoridad administrativa está facultada para imponer multas al término de un procedimiento, el cual debe tener por objeto garantizar el debido proceso y el derecho de defensa. Tratándose de la imposición de penas que conlleven la privación de la libertad - detención o arresto -, mientras el legislador expide la ley que atribuya su competencia a las autoridades judiciales, la constitucionalidad de su ejercicio dependerá exclusivamente de la proporcionalidad y racionalidad de la medida y, sobre todo, del estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso (CP art. 29). La efectividad y credibilidad de las autoridades públicas no justifican el uso de medios inadecuados o desproporcionados, menos aún existiendo otros mecanismos alternativos igualmente eficaces para exigir el respeto y la obediencia a la autoridad pero que no desconocen el núcleo esencial de los derechos fundamentales. La libertad personal no debe ser el precio del irrespeto o de la desobediencia. Cuando estas conductas adquieren una magnitud que no es razonable tolerar, la autoridad tiene a su alcance variadas opciones que van desde la imposición de multas hasta la aprehensión y conducción ante un juez de la persona que presuntamente pueda estar incursa en la flagrante comisión de un ilícito penal. La tradicional regulación, proscrita por el artículo 28 de la Constitución, de imponer arrestos por parte de la primera autoridad policiva del municipio, con el fin de hacer valer "su autoridad" y exigir el debido respeto, se compagina más con estados autoritarios donde el poder ejecutivo se confunde con el judicial y la preservación del orden público, en sus manifestaciones abstractas de la tranquilidad, la salubridad y la moralidad, es invocado como fundamento para la represión. Estas características de la autoridad, en el régimen monárquico del Estado Feudal obedecían a la necesidad de afianzar una endeble legitimidad y a inculcar la noción de soberanía y autoridad en la población de los nacientes Estados. En las democracias modernas solamente el juez ostenta la facultad de limitar o restringir la libertad física de las personas, ya que es precisamente la autoridad judicial la encargada de impartir justicia, previo el trámite de un procedimiento con el lleno de las garantías procesales que la Constitución ordena. Sanciones de plano y debido proceso 9. El artículo 29 de la Constitución obliga al respeto del debido proceso en toda clase de actuaciones administrativas. La imposición de penas o medidas correccionales por la autoridad de policía debe sujetarse, por tanto, a las garantías procesales del derecho de defensa y contradicción y, en especial, al principio constitucional de la presunción de inocencia. Los principios contenidos en el artículo 29 de la Constitución tienen como finalidad preservar el debido proceso como garantía de la libertad del ciudadano. La presunción de inocencia sólo puede ser desvirtuada mediante una mínima y suficiente actividad probatoria por parte de las autoridades represivas del Estado. Este derecho fundamental se profana si a la persona se le impone una sanción sin otorgársele la oportunidad para ser oída y ejercer plenamente su defensa. Las garantías materiales que protegen la libertad de la persona priman sobre las meras consideraciones de la eficacia de la administración. Si al procedimiento judicial, instancia imparcial por excelencia, son aplicables las reglas de un proceso legal justo, a fortiori deben ellas extenderse a las decisiones de las autoridades administrativas, en las cuales el riesgo de arbitrariedad es más alto y mayor la posibilidad de "manipular" - mediante la instrumentación personificada - el ejercicio del poder. Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedimiento mínimo que incluya la garantía de su defensa. La sola exigencia de una certificación secretarial o de la declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acusado, prescindiendo de que éste pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo. La prevalencia de los derechos inalienables de la persona humana (CP art. 5), entre los que se encuentra la libertad personal, desplaza la antigua situación de privilegio de la administración y la obliga a ejercer las funciones públicas en conformidad con los fines esenciales del Estado, uno de los cuales es precisamente la garantía de eficacia de los derechos, deberes y principios consagrados en la Constitución (CP art. 2). En consecuencia, las sanciones administrativas impuestas de plano, por ser contrarias al debido proceso (CP art. 29), están proscritas del ordenamiento constitucional. Prohibición de prisión, arresto o detención por deudas 10. El arresto supletorio por el incumplimiento en el pago de una multa de carácter correctivo es una institución del derecho de policía contraria al precepto constitucional que prohibe la detención, prisión o arresto por deudas (CP art. 28 inc. 3), además de ser un medio desproporcionado de privación de la libertad respecto de la finalidad buscada, cual es la de garantizar el pago de la obligación pecuniaria pública originada en la sanción de un supuesto contravencional. En efecto, la metamórfosis de la deuda para con el erario público (pago de la multa) en arresto (privación de la libertad) no se compadece con el valor otorgado a la libertad física en el orden constitucional, amén de prescindir, y por tanto tornar ineficaz, el régimen de la jurisdicción coactiva instituido precisamente para exigir el cumplimiento de las obligaciones y cuya actuación permite despojar a la sanción del carácter vindicativo que, aparte de innecesario, no se aviene con su función esencial. Vulneración de los derechos fundamentales en el caso concreto 11. En el caso sub-examine es palmario que una autoridad administrativa en ejercicio de la función de policía impuso una multa conmutable en arresto a un particular por la supuesta conducta de irrespeto a la autoridad y, luego, confirmó su decisión, sin abundar en otros argumentos ni dar lugar al ejercicio del derecho de defensa. Lo expuesto en los numerales anteriores es suficiente para proceder a revocar dicha resolución, e inaplicar parcialmente los artículos 435 y 436 del Decreto 1889 de 1986, expedido por el Gobernador de Cundinamarca en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8o. de la ordenanza No. 27 de 1985, que facultan a los alcaldes para imponer sanciones de multa o arresto a las personas que incurran en actos de irrespeto a la autoridad, con base en una simple certificación del secretario o la declaración de dos o más testigos presenciales. La sanción de plano establecida en el mencionado artículo es manifiestamente contraria al artículo 29 de la Constitución. Es así mismo evidente la vulneración de los derechos al debido proceso y al derecho de defensa del petente sancionado, habida cuenta que la norma ni siquiera le otorgaba la posibilidad de controvertir las pruebas aducidas por el Alcalde presuntamente agraviado, ni éstas se ajustaban a los requisitos legales exigidos para imponer la mencionada sanción. Igualmente, la eventual conversión de la multa impuesta en arresto es contraria a la prohibición constitucional de la imposición de penas de prisión, arresto o detención por deudas. Las anteriores razones justifican la revocatoria de la sanción impuesta por el Alcalde Especial de Sasaima, mediante resolución 020 del 13 de febrero, confirmada por resolución 052 del 22 de febrero de 1992. Revocatoria del fallo de tutela revisado 12. El Juzgado Civil Municipal de Sasaima, en providencia del 13 de marzo de 1992, denegó la tutela solicitada aduciendo la existencia de otros medios de defensa judicial, en particular, las acciones contencioso-administrativas a disposición de la persona agraviada para hacer valer sus derechos fundamentales. No obstante, las decisiones mediante las cuales se imponen por los alcaldes, al término de un juicio penal de policía, sanciones o penas correccionales, están excluidas expresamente de la competencia de la jurisdicción contencioso- Administrativa por los artículos 1 y 82 del Decreto 01 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). No existiendo otro medio de defensa judicial frente a las decisiones proferidas en los juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley (art. 82 C.C.A.), es necesario concluir que la acción de tutela constituye, para éstos casos, el único medio idóneo a disposición de la persona agraviada para solicitar la protección inmediata de sus derechos fundamentales vulnerados o amenazados (CP art. 86). DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 13 de marzo de 1992, proferida por el Juzgado Civil Municipal de Sasaima, mediante la cual se denegó la tutela solicitada por el señor PEDRO ROMULO GOMEZ PINTOR. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela solicitada por el señor PEDRO ROMULO GOMEZ PINTOR y, con el objeto de dar protección inmediata a sus derechos fundamentales de libertad personal, defensa y debido proceso, INAPLICAR PARCIALMENTE los artículos 435 y 436 del Código de Policía de Cundinamarca (Decreto 1889 de 1986), y REVOCAR las resoluciones número 020 del 13 de febrero y 052 del 22 de febrero de 1992, proferidas por el Alcalde especial de Sasaima. TERCERO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Civil Municipal de Sasaima, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y dos ).

T-491-92 Sentencia No Sentencia No. T-491/92 DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/DERECHOS FUNDAMENTALES-Determinación _ La fundamentalidad de un derecho constitucional no depende solamente de la naturaleza del derecho, sino también de las circunstancias del caso. La vida, la integridad física, la libertad, son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. En cambio, la seguridad social es un derecho constitucional desarrollado en la ley que, en principio, no ostenta el rango de fundamental, salvo que las circunstancias concretas permitan atribuirle esta connotación por su importancia imprescindible para la vigencia de otros derechos fundamentales. DERECHOS FUNDAMENTALES-Conexidad/DERECHO A LA SALUD Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de la salud, que no siendo en principio un derecho fundamental, pasa a gozar de esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su vida. El derecho a la seguridad social está vinculado directamente con el derecho fundamental al trabajo, siendo emanación suya la pensión de vejez. PENSION DE VEJEZ-Indemnización sustitutiva/PRINCIPIO DE IGUALDAD La exigibilidad del derecho, como punto de partida para el cómputo de la prescripción, no podía ser anterior al plazo establecido por la ley como límite para conceder el derecho (10 años). Al invocar el término de prescripción con anterioridad al vencimiento del plazo para el reconocimiento de la indemnización, la administración actuó de manera arbitraria, aplicando una misma norma a situaciones de hecho diferentes, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad. El derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución prohibe al legislador dar un trato distinto a las personas que se encuentran en un mismo supuesto de hecho. El mencionado artículo involucra además el principio de igualdad en la aplicación de la ley, el cual obliga a la aplicación de las normas de modo igual frente a todos aquellos que se encuentren en la misma situación contemplada por ella. La administración por su parte, no tuvo en cuenta la particularidad del supuesto de hecho correspondiente a la indemnización sustitutiva y aplicó un plazo de prescripción destinado a otras situaciones diferentes en las cuales los respectivos derechos ya eran exigibles. ACCION DE TUTELA Aunque le asiste razón a la Sala Laboral respecto a la improcedencia del reconocimiento del derecho de la pensión de vejez por vía de la acción de tutela, no sucede lo mismo respecto de la petición enderezada a lograr el reconocimiento de la indemnización sustitutiva que, por traducir una conducta omisiva de la autoridad pública, puede ser objeto de la acción de tutela. A este respecto cabe anotar, que si bien el ordenamiento contempla otros medios de defensa judicial consagrados en el Código Contencioso Administrativo, los mismos, atendidas las circunstancias analizadas, no son idóneos para asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados. AGOSTO 13 DE 1992 REF: Expediente T-2193 Actor: ROSALBA DUQUE URREGO Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-2193 adelantado por la señora ROSALBA DUQUE URREGO contra el Instituto de Seguros Sociales - Seccional Valle del Cauca-. A N T E C E D E N T E S 1. Mediante Resoluciones 03813 del 24 de noviembre de 1987 y 02155 del 17 de mayo de  1991, la Comisión de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, negó repetidamente a la afiliada ROSALBA DUQUE URREGO el derecho a la pensión de vejez. En la última oportunidad, la entidad pública adujo que la solicitante no cumplía con los requisitos legales necesarios para el reconocimiento de ese derecho, entre ellos, la cotización de un mínimo de 500 semanas, estando acreditadas sólo 345 semanas por parte de la afiliada. Contra la decisión administrativa no fue presentado recurso alguno luego de su notificación personal a la interesada el día 17 de julio de 1991. 2. El 18 de julio de 1991, ante la negativa del I.S.S. a reconocerle su pensión, la señora DUQUE URREGO solicitó la indemnización por el total de semanas cotizadas. El Jefe de la Sección de Prestaciones Económicas, mediante oficio 845 del 28 de agosto de 1991, denegó la solicitud por no ser procedente, "por cuanto ha transcurrido más de un año entre la fecha de retiro (noviembre 28 de 1986 y la fecha de solicitud julio 18 de 1991) de acuerdo al Artículo 50 Acuerdo 049 de 1991 (sic) aprobado por el Decreto 758 de 1991" (sic). 3. La afectada interpuso el día 9 de marzo de 1992 acción de tutela contra el Instituto de Seguros Sociales y solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez "por haber cotizado las 500 semanas al Seguro Social, además de tener la edad, o de lo contrario se ordene la DEVOLUCION DE DINERO DESCONTADOS DE MIS SALARIOS DURANTE EL TIEMPO QUE LABORE Y COTICE AL SEGURO SOCIAL, por ser evidente la violación de un derecho". 4. La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante sentencia del 26 de marzo de 1992, denegó la tutela solicitada con fundamento en el siguiente argumento: "El objeto  con el cual fue instituída la acción de tutela fue el de suplir los vacíos de nuestro Derecho, más no el de suplantar o reemplazar otros mecanismos de defensa consagrados en la legislación y por ello el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 al establecer la causales de improcedencia de tal acción señala entre ellas la de existir otros recursos o medios de defensa judiciales, situación que se presenta en el evento sub examine, ya que la demandante puede acudir a la jurisdicción laboral mediante una acción ordinaria para reclamar la pensión a la que cree derechos, siendo entonces improcedente la acción de tutela. "Pero aún cuando no existiese el anterior escollo se llegaría a la misma conclusión teniendo en cuenta que los derechos amparados por la acción de tutela son únicamente los que la Constitución Nacional consagra como fundamentales en sus artículos 11 a 41, entre los cuales no se encuentra el reclamado por la demandante, aspecto por el que también resulta totalmente improcedente la acción". 5. No habiendo sido impugnada la anterior decisión, el expediente fue remitido a la Corte Constitucional y, previo el proceso de selección, correspondió por reparto a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Solicitud de tutela 1. La peticionaria acudió a la acción de tutela para obtener el reconocimiento y pago de su pensión de vejez o, en subsidio, la devolución de los dineros descontados durante el tiempo de trabajo y cotización en el seguro social. El derecho constitucional que se deduce vulnerado por las resoluciones de la entidad pública es el derecho a la seguridad social (CP arts. 46, 48 y 53), en su modalidad de la pensión de vejez. Fundamentalidad del derecho a la seguridad social 2. Según doctrina constitucional reiterada, la fundamentalidad de un derecho constitucional no depende solamente de la naturaleza del derecho, sino también de las circunstancias del caso. La vida, la integridad física, la libertad, son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. En cambio, la seguridad social es un derecho constitucional desarrollado en la ley que, en principio, no ostenta el rango de fundamental, salvo que las circunstancias concretas permitan atribuirle esta connotación por su importancia imprescindible para la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueran protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos. Es el caso de la salud, que no siendo en principio un derecho fundamental, pasa a gozar de esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su vida. El derecho a la seguridad social está vinculado directamente con el derecho fundamental al trabajo, siendo emanación suya la pensión de vejez. Al respecto se pronunció esta Corporación en los siguientes términos: " (...) La seguridad social que se reclama mediante el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede verse como algo independiente o desligado de la protección al trabajo, el cual es garantizado de manera especial en la Constitución, por considerar que es un principio fundante del Estado Social del Derecho que ella organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento es necesariamente derivación del derecho al trabajo"1 . Regulación legal del derecho a la pensión de vejez 3. El reconocimiento del derecho a la pensión de vejez depende del cumplimiento de los requisitos legales. Su exigibilidad está condicionada a que la persona demuestre tener la edad mínima y haber cotizado el número de semanas requeridas para tener a ella (Decreto 758 de 1990, artículo 12). En el presente evento, la solicitante cree tener cumplidos los requisitos legales, mientras que la autoridad pública sostiene lo contrario. Analizados los argumentos esgrimidos por la solicitante para sustentar su petición, se advierte que su contenido no suscita consideraciones de índole constitucional, toda vez que se contrae a una cuestión puramente probatoria y tiene connotación que necesariamente  debe resolverse y ventilarse a través de la jurisdicción laboral ordinaria. Reconocimiento de la indemnización sustitutiva 4. La segunda pretensión, en cambio, amerita ser estudiada con mayor detenimiento. En efecto, la señora DUQUE URREGO, solicitó el 18 de julio de 1991 a la Comisión de Prestaciones Económicas del I.S.S., Seccional Valle, se le concediera la indemnización sustitutiva de su pensión de vejez, regulada en el artículo 14 del Decreto 758/90. Dicho precepto señala: "Artículo 14. Indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Las personas que habiendo cumplido las edades mínimas exigidas para adquirir el derecho a la pensión de vejez, se retiraren definitivamente de las actividades sujetas al seguro social y no hubieren acreditado el número mínimo de semanas de cotización requeridas para que tal derecho se cause, percibirán en sustitución, por cada veinticinco (25) semanas de cotización acreditadas, una indemnización equivalente a una mensualidad de la pensión por invalidez permanente total que les hubiere correspondido en el supuesto de haberse invalidado al cumplimiento de la respectiva edad. "Para conceder esta indemnización se requiere, que no hayan transcurrido más de diez (10) años entre el periodo a que corresponde la última cotización acreditada y la fecha de cumplimiento de las edades para adquirir el derecho a la pensión de vejez, y que el asegurado tenga acreditadas no menos de cien (100) semanas de cotización. "Parágrafo. Las personas que en cualquier tiempo reciban la indemnización de que trata este artículo, no podran ser inscritas nuevamente en el seguro de vejez, invalidez y muerte. Las semanas tenidas en cuenta para efectos de la indemnización, no se computaran para la pensión de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1983." No obstante, mediante oficio No. 845 de 1991, el Jefe de la Comisión de Prestaciones Económicas le comunicó a la petente la negativa del Instituto de Seguros Sociales a reconocerle la indemnización solicitada, con fundamento en el artículo 50 del acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990, que se transcribe a continuación: "Artículo 50. Prescripción. La prescripción para el reconocimiento de una mesada pensional prescribe en cuatro (4) años; la acción para el reconocimiento de las demás prestaciones y el derecho a cobrar cualquier subsidio, prestación o mesada pensional ya reconocida, prescribe en un (1) año. Las prescripciones consagradas en este artículo comenzarán a contarse a partir de la exigibilidad del respectivo derecho." La justificación de la autoridad pública para denegar la indemnización sustitutiva obedeció a que la respectiva solicitud fue presentada vencido el plazo de prescripción de un año contado a partir de la fecha de retiro. Sin embargo, el mismo artículo establece que dicha prescripción debe contabilizarse a partir de la exigibilidad del respectivo derecho. Antes de proceder a negar la solicitud, la entidad pública debía verificar si el derecho a la indemnización sustitutiva era exigible por encontrarse cumplidos los requisitos legales establecidos para su reconocimiento, o sea que no hayan transcurrido más de diez (10) años entre la última cotización y el cumplimiento de la edad mínima y que el afiliado tenga acreditadas no menos de cien (100) semanas de cotización. En este sentido, la exigibilidad del derecho, como punto de partida para el computo de la prescripción, no podía ser anterior al plazo establecido por la ley como límite para conceder el derecho (10 años). Al invocar el término de prescripción con anterioridad al vencimiento del plazo para el reconocimiento de la indemnización, la administración actuó de manera arbitraria, aplicando una misma norma a situaciones de hecho diferentes, con la consiguiente vulneración del principio de igualdad. Vulneración del principio de igualdad 5. El derecho de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Constitución prohibe al legislador dar un trato distinto a las personas que se encuentran en un mismo supuesto de hecho. El mencionado artículo involucra además el principio de igualdad en la aplicación de la ley, el cual obliga a la aplicación de las normas de modo igual frente a todos aquellos que se encuentren en la misma situación contemplada por ella. El legislador consagró como requisitos para conceder la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez "que no hayan transcurrido más de diez (10) años entre la última cotización acreditada y el cumplimiento de la edad mínima para adquirir el derecho a la pensión de vejez, y que el asegurado tenga acreditadas no menos de cien (100) semanas de cotización". Igualmente, estableció una prescripción de un año, contado a partir de la exigibilidad del respectivo derecho, para la acción de reconocimiento de las prestaciones diferentes a la mesada pensional. La administración por su parte, no tuvo en cuenta la particularidad del supuesto de hecho correspondiente a la indemnización sustitutiva y aplicó un plazo de prescripción destinado a otras situaciones diferentes en las cuales los respectivos derechos ya eran exigibles. En efecto, el artículo 14 condicionó el reconocimiento de la indemnización sustitutiva a los dos requisitos ya mencionados. Luego, la exigibilidad del derecho a la indemnización, sólo nace después de que los mismos se acrediten plenamente. La aplicación de la prescripción de un año contemplada para un evento distinto, contraría el principio de igualdad en la aplicación de la ley. En el caso sub-examine, la respuesta del Jefe de Prestaciones Económicas del ISS, Seccional Valle, consistente en negarse a reconocer a la petente la indemnización sustitutiva de que trata el artículo 14 del Decreto 758 de 1990, invocando para el efecto un término de prescripción no aplicable al referido derecho, constituye una flagrante violación del derecho de toda persona a recibir la misma protección y trato de las autoridades. Revocatoria del fallo revisado 6. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Cali denegó la tutela solicitada aduciendo la existencia de otros medios de defensa judicial (art. 6 del Decreto 2591 de 1991), sin distinguir entre las diversas pretensiones de la peticionaria. Aunque le asiste razón a la Sala Laboral respecto a la improcedencia del reconocimiento del derecho de la pensión de vejez por vía de la acción de tutela, no sucede lo mismo respecto de la petición enderezada a lograr el reconocimiento de la indemnización sustitutiva que, por traducir una conducta omisiva de la autoridad pública, puede ser objeto de la acción de tutela. A este respecto cabe anotar, finalmente, que si bien el ordenamiento contempla otros medios de defensa judicial consagrados en el Código Contencioso Administrativo, los mismos, atendidas las circunstancias analizadas, no son idóneos para asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR en todas sus partes la sentencia de tutela del veintiseis (26) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI, por la cual se denegó la acción de tutela solicitada por la señora ROSALBA DUQUE URREGO contra el Instituto de Seguros Sociales-Seccional Valle del Cauca. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela de su derecho a la igualdad de trato en la aplicación de la ley y demás normas jurídicas de carácter general, a la señora DUQUE URREGO y, en consecuencia, ORDENAR al Jefe de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguros Sociales - Seccional Valle del Cauca -, que en el término de quince (15) días contados a partir de la notificación de esta sentencia, resuelva la solicitud de indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, teniendo en cuenta la totalidad de las semanas cotizadas por la solicitante, incluidas aquellas como trabajadora independiente, lo cual acreditará inmediatamente después ante el Juzgado de primera instancia, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en los artículos 52 y 53 del decreto 2591 de 1991. TERCERO.- COMUNIQUESE por Secretaría a la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase, e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los trece (13) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Corte Constitucional. Sala Séptima de Revisión. Sentencia T-453 del 13 de julio de 1992.

T-492-92 Sentencia No Sentencia No. T-492/92 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION La tutela contra particulares cabe apenas en los casos establecidos por la ley y siempre que aquellas personas contra quienes se intenta estén encargadas de la prestación de un servicio público o su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de ellas el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. AUTONOMIA UNIVERSITARIA/REGLAMENTO UNIVERSITARIO La autonomía universitaria, la cual encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo. El concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley. dentro de la autonomía universitaria debe existir para toda institución de educación superior la posibilidad de estipular, con carácter obligatorio para quienes hacen parte de la comunidad universitaria (directivos, docentes y estudiantes) un régimen interno, que normalmente adopta el nombre de reglamento, en el cual deben estar previstas las disposiciones que dentro del respectivo establecimiento serán aplicables a las distintas situaciones que surjan por causa o con ocasión de su actividad, tanto en el campo administrativo como en el disciplinario. DERECHO A LA EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES/DEBIDO PROCESO/DERECHO DE DEFENSA Del derecho fundamental a la educación se deriva que la persona que se educa goce de una estabilidad mínima en cuanto hace a su permanencia como estudiante en el centro de formación al que se ha vinculado. Ello implica que, mientras se ajuste a las condiciones fijadas en el respectivo reglamento, el estudiante tiene derecho a continuar recibiendo el servicio educativo hasta la culminación de la carrera iniciada. La educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas. El alumno tiene un derecho a que, antes de hacerlo sujeto pasivo de las sanciones contempladas en el reglamento, se dé cumplimiento a los trámites allí mismo señalados en orden a garantizar su defensa y la observancia del debido proceso, pues ninguna razón puede invocarse para justificar la adopción de medidas sancionatorias fundadas en el arbitrio de la autoridad universitaria. ACCION DE TUTELA-Objeto/ACCION DE TUTELA-Hecho consumado La acción de tutela ha sido concebida como procedimiento preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su efectividad reside en la posibilidad de que el juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, imparta una orden para que, como lo dice la Constitución, aquél contra quien se intenta la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Es forzoso concluir que si tal es el objeto de la tutela, ninguna razón se tiene para admitirla cuando ya las situaciones que pueden haber dado lugar o ser consecuencia de hechos u omisiones violatorias de derechos fundamentales quedaron definidas, pues de entenderse lo contrario, se vería desvirtuada la naturaleza de la institución. FALLO DE TUTELA-Contenido/JUEZ DE TUTELA-Límites/JUEZ DE TUTELA-Facultades El objeto propio de la acción de tutela  no es otro que el de proteger el derecho vulnerado o amenazado por la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley, es decir que la orden judicial correspondiente debe estar encaminada a corregir la situación de hecho en cuya virtud es afectado aquél, disponiendo lo pertinente en relación con su contenido material, pero no puede ir más allá, abarcando elementos ajenos a la naturaleza misma del derecho que se pretende amparar o provocando actos o abstenciones que no tiendan al fin propuesto. El juez no podía ordenar, como lo hizo, la entrega del título universitario por cuanto no radicaba allí el verdadero núcleo del problema planteado, referente -se repite- al debido proceso, mientras que su mandato en tal sentido sí interfirió el campo de la autonomía académica del centro docente, cuya decisión sobre si cabe conceder el título profesional al alumno, con autorización del Estado, únicamente puede emanar de las consideraciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios vigentes para la carrera cursada por el estudiante. No significa que esté vedado al juez de tutela proteger derechos no invocados expresamente por el peticionario, pues si los elementos allegados al proceso le permiten colegir que se están quebrantando o amenazando otras garantías fundamentales, no solamente tiene la facultad sino la obligación de declararlo así,  adoptando las medidas adecuadas a ese propósito. Sala Tercera de Revisión Ref.:  Expediente T-1872 Acción de tutela intentada por HAROLD HUMBERTO SARMIENTO RAMIREZ contra la Fundación "Universidad Externado de Colombia". Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala Tercera de Revisión, en Santafé de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  INFORMACION PRELIMINAR El peticionario, mediante apoderado, acudió el pasado diecisiete (17) de enero ante el Juzgado 36 Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., para solicitar que se ordenara a la Universidad "Externado de Colombia", proceder a conferirle el título de Comunicador Social, ya que había sido suspendido definitivamente del centro educativo, luego de adelantarse en su contra un proceso disciplinario en el cual, según él, se violaron sus derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso, garantizados en el artículo 29 de la Constitución Política. Además solicitó el pago de la indemnización por los perjuicios económicos y morales ocasionados por la actuación de las autoridades del centro educativo antes mencionado. Expone como fundamento fáctico de la petición el haber ingresado a la Universidad "Externado de Colombia" en el mes de julio de 1979, permaneciendo hasta el mes de diciembre de 1983, periodo durante el cual cursó y aprobó las asignaturas correspondientes con el fin de obtener el título de Comunicador Social.  Durante los meses de enero a junio de 1984 adelantó el curso de intensificación, completando así los requisitos académicos para ser graduado. Añade que el veintisiete (27) de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), el Decano de la facultad de Comunicación Social le notificó, por escrito, que la Universidad había decidido suspenderlo en forma definitiva de la Institución, por haber alterado una certificación oficial expedida por la Facultad. SARMIENTO RAMIREZ consideró que la sanción impuesta no se encontraba entre las previstas en el artículo 13 del reglamento interno de la Universidad, y además estimó que la decisión fue proferida sin habérsele oído en descargos y sin proceso disciplinario previo, tal como lo exige el artículo 14 del mismo reglamento y el artículo 171, inciso 2º, del Decreto 080 de 1980. En fin, alegó que no le fue otorgada oportunidad para defenderse, razón por la cual fue vulnerado el procedimiento previsto para este tipo de casos. En octubre de mil novecientos noventa (1990), por intermedio de apoderado, el actor acudió ante la jurisdicción ordinaria, correspondiendo el asunto al Juzgado 28 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., despacho que rechazó de plano la demanda por falta de jurisdicción. Apelada la providencia, fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad. Esta circunstancia lo llevó a ejercer la acción de tutela para solicitar del juez correspondiente que le fueran amparados sus derechos, en especial en lo relacionado con la forma en que procedió el establecimiento educativo al sancionarlo sin desvirtuar la presunción de inocencia que la Carta Política le garantiza. II.  TRAMITE JUDICIAL Mediante providencia del diecisiete (17) de enero del presente año, el Juzgado Treinta y Seis Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., asumió el conocimiento y ordenó la práctica y recepción de varias pruebas, principalmente testimoniales, para escuchar al actor, al doctor Fernando Hinestrosa Forero, Rector de la Universidad "Externado de Colombia", y al Jefe de la División de Evaluación Jurídica del ICFES. Continúa el despacho el trámite de la acción ordenando, mediante providencia del veintidos (22) de enero, la recepción y práctica de nuevas pruebas, entre las que se cuentan la solicitud a la Universidad "Externado de Colombia" de remitir el reglamento vigente para la época en que ocurrieron los hechos y la citación a los integrantes del Consejo Directivo, por ser el órgano universitario que conoció del asunto, para escuchar sus declaraciones al respecto. El accionante, en declaración rendida el día veintiuno (21) del mes de enero del presente año, hace una narración de lo acontecido en su caso, la cual puede resumirse como sigue: En el año de 1984 SARMIENTO RAMIREZ terminó estudios de Comunicación Social.  Para obtener el título tuvo que adelantar, durante los meses de enero a julio del mismo año, un curso de intensificación.  En esa época su padre era funcionario de INRAVISION, lo cual le daba derecho a un subsidio educativo. Con el fin de tramitar el mencionado subsidio, solicitó a la Universidad una constancia, según él, en el mes de julio de 1984, la que, presentada en el mes de agosto ante INRAVISION, no fue aceptada como válida, ya que tal documento reconocía su calidad de estudiante durante los meses de enero a julio de ese año. Por ésta razón, dice el actor:  "Autoricé a mi hermana para que cambiara la fecha del certificado a máquina, pero sin enmendaduras, sino con tachones visibles...".  Por este hecho fue suspendido definitivamente de la Universidad faltando tan solo una semana para su graduación. El peticionario fue llamado a INRAVISION, entidad ante la cual reconoció haber adulterado la constancia, razón por la cual se le comunicó que no tenía derecho al pago del subsidio.  Más tarde, cuando se hizo presente a fin de pagar los derechos de grado, fue recibido por el Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad "Externado de Colombia", doctor José de Recasens, quien le notificó la sanción impuesta por las directivas de ese claustro, consistente en la suspensión definitiva. La versión del doctor Fernando Hinestrosa Forero, rector del centro educativo, acerca de los hechos que terminaron con la sanción impuesta al estudiante en el mes de agosto de 1984, da cuenta de cómo, por solicitud de SARMIENTO RAMIREZ, le fue expedida el día once (11) de abril de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), una constancia de estudios; luego, el dieciseis (16) de agosto de ese año, INRAVISION solicitó por escrito que se confirmara la autenticidad de los datos consignados en el mencionado documento, por cuanto presentaba una enmendadura, a lo cual la Universidad respondió manifestando que los datos allí consignados no eran ciertos, confirmó la alteración y envió la información correcta. El día veintiuno (21) de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), la Decanatura de la Facultad de Comunicación Social informó de tales hechos a la Rectoría a efecto de que se tomaran las medidas disciplinarias propias del caso.  Ante la gravedad de la infracción, declara el doctor Hinestrosa Forero, se procedió a excluir al infractor de la Universidad. En cuanto al procedimiento disciplinario adelantado, el rector manifestó que en estos casos la actuación se lleva a cabo en forma oral, razón por la cual no existe constancia escrita del mismo, ni notas de recibo, expresando que la resolución sancionatoria se comunicó verbalmente. Por lo que se refiere a la actuación del Consejo Directivo de la Universidad, el doctor Hinestrosa declaró que el trámite en el presente asunto se adelantó oralmente y que culminó con la imposición de sanción al estudiante. Hecho por el Juzgado un cotejo entre la sanción consistente en "declarar definitivamente separado de la Universidad al señor HAROLD HUMBERTO SARMIENTO RAMIREZ..." y las previstas en el Reglamento Orgánico Interno del centro docente, se estableció que aquélla no figuraba entre las tipificadas en el mencionado estatuto para esta clase de infracciones.  Al respecto, el rector del ente universitario manifestó que la razón para denominar así la sanción impuesta provenía de que la máxima pena, llamada "expulsión", implicaba la comunicación a todas las universidades, de tal modo que ninguna de ellas recibiera en su seno al expulsado.  Otra sanción, la de "cancelación de la matrícula", según lo afirma el rector, supone la exclusión del estudiante durante el periodo correspondiente y en el presente caso SARMIENTO RAMIREZ no estaba matriculado, toda vez que ya había aprobado las asignaturas propias del pénsum académico del periodo que cursaba, motivo por el cual la cancelación de la matrícula carecía de objeto. Por lo anterior, manifestó el rector, se empleó el término "separación definitiva", que no entraña efectos respecto de otras universidades en las cuales el afectado pudiera ser admitido, siendo así menos drástica la sanción impuesta al estudiante. A. Consideraciones del Juez de Primera Instancia Entre las consideraciones del Juzgado para fallar en primera instancia, se encuentra la relacionada con la competencia para imponer las sanciones, ya que el artículo 14 del reglamento universitario únicamente faculta para ello al rector del establecimiento, al paso que en esta ocasión el documento mediante el cual se comunicó a SARMIENTO RAMIREZ una "suspensión definitiva", estaba firmado por el Decano de la Facultad, quien decía actuar siguiendo instrucciones del rector. El mismo artículo 14 señala que "la cancelación de matrícula y expulsión no serán impuestas sin el previo concepto afirmativo del Consejo Directivo de la Universidad, el cual para pronunciarlo, dará oportunidad de descargos al alumno imputado, y en lo posible oirá al Consejo Estudiantil de la Unidad a que aquél pertenezca". La valoración probatoria permitió al Juzgado establecer "que el Consejo Directivo de la Universidad, antes de rendir concepto verbal, no escuchó al alumno en descargos, sino sólo el informe del Decano". De otra parte, el Juzgado estableció mediante oficio del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, que "no existe disposición alguna dentro del Decreto 080 de 1980 y sus normas conexas y complementarias, que consagren que una persona sancionada por una Institución de Educación Superior pierda la posibilidad de acudir a otra para culminar sus estudios", con lo cual consideró desvirtuada la afirmación hecha por el rector en el sentido de que la expulsión entraña efectos externos para la persona sancionada. Según el Despacho, los argumentos expuestos por el rector de la Universidad no fueron probados. En cambio tuvo como ciertos los hechos alegados por el actor y con fundamento en ello resolvió tutelar los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa, que juzgó  vulnerados en este caso. En consecuencia, resolvió el Juzgado ordenar a la Universidad "Externado de Colombia" otorgarle al actor el título de Comunicador Social, y señaló un término de cuarenta y ocho (48) horas para hacer efectiva la determinación.  Al mismo tiempo ordenó en abstracto el pago de una indemnización por daños y perjuicios causados al ciudadano SARMIENTO RAMIREZ. Igualmente se dispuso por el Juzgado que se compulsaran copias de lo actuado ante el Juzgado de Instrucción Criminal -Reparto-, a fin de investigar la eventual comisión del delito descrito en el artículo 224 del Código Penal. Impugnación En representación de la Universidad y dentro del término legal, el rector de la misma impugnó el fallo del Juzgado 36 Penal Municipal, mediante el cual se tutelaron los derechos afectados a SARMIENTO RAMIREZ. Los fundamentos de la impugnación, relacionados con la interpretación del artículo 14 del reglamento universitario, reconocen que el Consejo Directivo debe dar oportunidad al alumno de ser oído en descargos, pero que esto no significa que la corporación en pleno lo haga: "oportunidad de descargo, mas no audiencia directa por parte del Consejo", según el recurrente. Igualmente manifiesta que la Universidad no dejó de oir al alumno, ni se negó a hacerlo, ya que "el doctor Recasens, Decano de la Facultad, escuchó al alumno en descargos, y lo hizo a nombre  y por encargo de la Universidad". El recurso está basado, además, en las "demasías y desaciertos palmarios" en que, según la Universidad, incurre el Despacho al concluir que se violó el derecho de defensa y la garantía de un debido proceso, por cuanto de ser esto cierto la tutela no podría haber ido más allá de ordenar que se rehiciera el proceso correspondiente, sin que pudiera pensarse en ordenar a la Institución que confiriera un título universitario, por cuanto esto significa concesión al actor de derechos no relacionados con el ámbito de la tutela. B. Consideraciones del juez de segunda instancia Mediante providencia del pasado cuatro (4) de marzo, el Juzgado Once Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., procedió a resolver acerca de las peticiones planteadas por el representante del centro educativo. Las razones para modificar el fallo de primera instancia están vinculadas, primeramente, con las discrepancias que se encuentran en dos de las versiones dadas por el actor en relación con sus descargos, ya que en una de ellas dijo que el Decano de la Facultad únicamente le había comunicado la medida disciplinaria y en otra hizo referencia a un diálogo con el Decano y a las recomendaciones por él dadas. En cuanto a la constancia posiblemente alterada, para el juzgado de segunda instancia aparece claro que la misma no pudo ser solicitada, como lo afirma SARMIENTO RAMIREZ, en el mes de julio sino en el mes de abril de 1984, por cuanto de esa época data su expedición. El Despacho, al estudiar el trámite disciplinario adelantado contra el estudiante, encontró que en la producción del acto sancionatorio "no se siguieron los lineamientos del decreto 080 de 1980, normas aplicables ante el vacío existente dentro del Reglamento Orgánico de la Universidad para el año de 1984", concluyendo que se desconoció la garantía constitucional del debido proceso. Consideró el Juzgado que ordenar a la Universidad "Externado de Colombia" otorgar el título al accionante "sería ir más allá de lo que corresponde, ya que la vulneración del derecho de defensa no se predica de los actos posteriores a la sanción disciplinaria, sino de ésta y del trámite seguido para su imposición". Respecto de los documentos adulterados, se ordenó su desglose para remitirlos a la jurisdicción penal ordinaria, a efecto de indagar acerca de la presunta responsabilidad de SARMIENTO RAMIREZ y su hermana en tales hechos. Concluye el Juzgado de segunda instancia que deben tutelarse los derechos fundamentales del debido proceso y de defensa consagrados en el artículo 29 de la Carta, ordenando rehacer la actuación disciplinaria.  Al mismo tiempo se revoca la orden dada a la Universidad en el sentido de otorgar el título de Comunicador Social al accionante. Aclaración de la sentencia Con fecha marzo seis (6) del año en curso, el rector de la Universidad solicitó aclaración y complementación de la sentencia proferida por el Juzgado Once Penal del Circuito, ya que en cumplimiento de la providencia de primera instancia, la Universidad otorgó el título de Comunicador Social al ciudadano HAROLD SARMIENTO RAMIREZ y le hizo entrega del respectivo diploma.  Ante la nueva decisión en el sentido de no graduar al demandante, se pidió oficiar a la Secretaría de Educación de Santafé de Bogotá, D.C., para notificarle el contenido de la mencionada providencia. El Juzgado, mediante auto del once (11) de marzo del presente año, resolvió adicionar y aclarar el fallo de segunda instancia, dejando sin efecto la orden del Juzgado Treinta y seis Penal Municipal.  Al mismo tiempo se ofició a la Secretaría de Educación del Distrito de Santafé de Bogotá, D.C., comunicándole la determinación. El asunto ahora sometido a revisión de la Corte Constitucional, fue recibido en la Secretaría de la Corporación el pasado veintiseis (26) de marzo, sometido a selección y posterior reparto, en aplicación de lo previsto en el Decreto 2591 de 1991. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.  Competencia de esta Sala Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las providencias judiciales mencionadas, con arreglo a lo previsto por los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Carta Política, 31, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2.  Tutela contra particulares Nos encontramos ante un conflicto originado, según el actor, en decisiones adoptadas por una entidad particular como lo es la Universidad "Externado de Colombia". Según el artículo 86, inciso 5º, de la Constitución, la acción de tutela procede no solamente contra autoridades públicas sino también contra particulares cuando por la acción u omisión de éstos se cause agravio o amenaza a los derechos constitucionales fundamentales de una persona. De acuerdo con la norma, a diferencia de lo que ocurre en relación con las autoridades, la tutela contra particulares cabe apenas en los casos establecidos por la ley y siempre que aquellas personas contra quienes se intenta estén encargadas de la prestación de un servicio público o su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de ellas el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, expedido por el Presidente de la República en desarrollo de las facultades que le fueron otorgadas por el literal b) del artículo Transitorio 5 de la Constitución Política y que tiene fuerza de ley según el artículo Transitorio 10 Ibidem, contempló los casos aludidos por el artículo 86 de la Carta.  En su numeral 1 estipuló que la acción de tutela procede contra acciones u omisiones de particulares encargados de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37 y 38 de la Constitución. El de la educación está calificado como servicio público no solamente por ese concepto legal sino por el artículo 67 de la Constitución y es claro que la Universidad "Externado de Colombia" está constitucional y legalmente habilitada para prestar ese servicio a nivel superior. Las violaciones alegadas por el actor consisten en la posible inaplicación en su caso de las reglas propias del debido proceso, es decir que se refieren al artículo 29 de la Constitución, precisamente uno de los indicados dentro de la enunciación que hace el artículo 42, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991. De lo dicho se infiere con entera claridad que en este proceso era procedente la acción de tutela por el aspecto que se considera. 3.  La autonomía universitaria El artículo 67 de la Carta Política consagra la educación como un derecho de la persona.  Se trata sin duda, como ya lo expreso esta Corte1 , de un derecho fundamental e inalienable en cuanto se deriva de la naturaleza racional del hombre. La misma disposición constitucional expresa que la educación es un servicio público que tiene función social, añadiendo que con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás valores de la cultura. Según ese precepto, el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación. De acuerdo con el artículo 70, el Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso de todos los colombianos a la cultura en igualdad de oportunidades, mediante la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional. El Estado puede prestar este servicio público directamente, por medio de sus propios establecimientos.  Dice el artículo 69 que la ley establecerá un régimen especial para las universidades del Estado. Pero la Constitución reconoce también a los particulares la libertad de fundar establecimientos educativos en todos los niveles, dejando en manos del legislador el establecimiento de las condiciones para su creación y gestión (artículo 68) y advirtiendo que corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (artículo 67). En el Informe-Ponencia que sobre este tema se llevó a la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente en abril de 1991 se expresaba: "La Constitución debe contemplar explícitamente un conjunto de derechos y garantías que expresen el reconocimiento que los colombianos otorgamos en nuestro proyecto nacional a la cultura y a la educación, comprendiendo la primera en todas sus manifestaciones -que incluyen la ciencia, la tecnología y el arte- y entendiendo la segunda como el proceso que posibilita, mediante la apropiación sistemática de una cultura, la formación intelectual, ética y estética del individuo y del ciudadano. Se trata de consagrar derechos y deberes que garanticen la igualdad y la equidad en el acceso a los bienes y valores de la cultura, contando con el esfuerzo mancomunado del Estado, la sociedad y los particulares, en el marco de un proyecto nacional. (...) El criterio fundamental que debe guiar las relaciones del Estado con la creación cultural, sistemática y popular, no es el de someter estas actividades a una indebida injerencia de las diversas ramas del poder público: es el de crear condiciones para su libre desarrollo.  La presencia del Estado en la educación busca establecer garantías mínimas y pautas de referencia en materia de orientación y calidad"2 . En ese orden de ideas, por lo que respecta a la educación superior, el artículo 69 de la Constitución garantiza la autonomía universitaria, la cual encuentra fundamento en la necesidad de que el acceso a la formación académica de las personas tenga lugar dentro de un clima libre de interferencias del poder público tanto en el campo netamente académico como en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente educativo. En ejercicio de su autonomía las universidades gozan de libertad para determinar cuáles habrán de ser sus estatutos; definir su régimen interno; estatuir los mecanismos referentes a la elección, designación y periodos de sus directivos y administradores; señalar las reglas sobre selección y nominación de profesores; establecer los programas de su propio desarrollo; aprobar y manejar su presupuesto; fijar, sobre la base de las exigencias mínimas previstas en la ley, los planes de estudio que regirán su actividad académica, pudiendo incluir asignaturas básicas y materias afines con cada plan para que las mismas sean elegidas por el alumno, a efectos de moldear el perfil pretendido por cada institución universitaria para sus egresados. En síntesis, el concepto de autonomía universitaria implica la consagración de una regla general que consiste en la libertad de acción de los centros educativos superiores, de tal modo que las restricciones son excepcionales y deben estar previstas en la ley, según lo establece con claridad el artículo citado. El papel del legislador en la materia es bien importante, ya que es en las normas legales en donde se encuentran los límites de la señalada autonomía, a efecto de que las universidades no se constituyan en islas dentro del sistema jurídico y, por el contrario, cumplan la función social que corresponde a la educación (artículo 67 C.N.) y a la tarea común de promover el desarrollo armónico de la persona. Son de competencia del legislador las funciones de establecer las condiciones necesarias para la creación y gestión de las universidades (artículo 68 C.N.) y de dictar las disposiciones generales con arreglo a las cuales los centros universitarios puedan darse sus directivas y regirse por sus estatutos (artículo 69 C.N.). Dentro de esos lineamientos generales trazados por el legislador corresponderá a la Rama Ejecutiva ejercer la inspección y vigilancia a su cargo para alcanzar los fines indicados en el artículo 67 de la Constitución Política pero sin menoscabo de la autonomía universitaria. En las ponencias que sobre este tema fueron conocidas y debatidas en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente se puede encontrar el propósito básico que se perseguía al dejar expresamente consignada la garantía que se comenta en el texto de la Carta: "Las universidades, a través de la formación, la investigación y la extensión, aseguran el vínculo entre la creación y difusión sistemáticas de cultura en el país y la creación y difusión sistemáticas de cultura en el mundo.  Deben ser académica y administrativamente autónomas para garantizar su función crítica y su necesaria vocación universalista"3 . "La importancia de que tanto en el campo administrativo como académico los centros universitarios puedan adoptar sus propios criterios, ya para la elección de directivas, como para la definición de metas, no sólo es garantía para la libertad de cátedra, sino la manera de evitar que criterios extra universitarios alteren su buena marcha"4 . Ahora bien, por cuanto interesa a los fines de este proceso, dentro de la autonomía universitaria debe existir para toda institución de educación superior la posibilidad de estipular, con carácter obligatorio para quienes hacen parte de la comunidad universitaria (directivos, docentes y estudiantes) un régimen interno, que normalmente adopta el nombre de reglamento, en el cual deben estar previstas las disposiciones que dentro del respectivo establecimiento serán aplicables a las distintas situaciones que surjan por causa o con ocasión de su actividad, tanto en el campo administrativo como en el disciplinario. Razones de justicia y de seguridad jurídica hacen menester que en el correspondiente reglamento se hallen contempladas con entera nitidez las reglas de conducta que deben observar administradores, alumnos y profesores en el desenvolvimiento cotidiano de la vida universitaria; las faltas contra el régimen disciplinario; las sanciones aplicables y, desde luego, los procedimientos que habrán de seguirse para la imposición de las mismas en los casos de infracciones a sus preceptos. Ese reglamento, una vez puesto en vigencia por la autoridad correspondiente, tiene que ser publicado para su conocimiento por parte de quienes se obligan a acatarlo y, obviamente, las actuaciones que se cumplan a partir de su vigencia no pueden ser ajenas a sus dictados, siempre que estos se ajusten a la Constitución y a la Ley. 4.  Sanciones y debido proceso en las instituciones educativas Del derecho fundamental a la educación se deriva que la persona que se educa goce de una estabilidad mínima en cuanto hace a su permanencia como estudiante en el centro de formación al que se ha vinculado. Ello implica que, mientras se ajuste a las condiciones fijadas en el respectivo reglamento, el estudiante tiene derecho a continuar recibiendo el servicio educativo hasta la culminación de la carrera iniciada. Debe señalarse que, según ya lo tiene dicho esta Corporación5 , la educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo. Pero, además del derecho a la educación y en relación específica con el régimen sancionatorio, el alumno tiene un derecho a que, antes de hacerlo sujeto pasivo de las sanciones contempladas en el reglamento, se dé cumplimiento a los trámites allí mismo señalados en orden a garantizar su defensa y la observancia del debido proceso, pues ninguna razón puede invocarse para justificar la adopción de medidas sancionatorias fundadas en el arbitrio de la autoridad universitaria. Aunque no con el rigor propio de los procesos judiciales -pues la naturaleza misma de la labor educativa exige márgenes razonables de discrecionalidad en la apreciación de hechos y circunstancias- la institución debe otorgar al estudiante inculpado la seguridad de que no se lo castigará sin su audiencia, brindándole ocasión adecuada para responder a los cargos que se le imputan, escuchando su versión de los acontecimientos, facilitándole la posibilidad de presentar pruebas en apoyo a sus afirmaciones, permitiéndole que controvierta las que se esgrimen en su contra y dejando que haga uso de los recursos procedentes contra el acto mediante el cual se lo sanciona.  Unicamente así se garantiza que la decisión tenga fundamento en la justicia. El respeto al debido proceso significa el reconocimiento y observancia de los pasos previos a la sanción, partiendo del supuesto de la inocencia de la persona sindicada; el principio consagrado en el artículo 29 de la Carta implica que las normas -en este caso los reglamentos universitarios- deben preservar la transparencia de las actuaciones que precedan al acto sancionatorio. A este respecto señala el profesor Klaus Tiedemann: "... es irrenunciable que el inculpado pueda tomar posición frente a los reproches formulados en su contra, y que se consideren en la obtención de la sentencia los puntos de vista sometidos a discusión.  La exposición del caso del inculpado sirve no sólo al interés individual de éste, sino también al hallazgo de la verdad.  La meta procesal del esclarecimiento de la sospecha se alcanza en la mejor forma por medio de un proceso dialéctico, en el que se pongan a discusión aspectos inculpatorios y exculpatorios, así como argumentos y contra argumentos ponderados entre sí"6 . Cuando se trata de imponer una sanción a una persona, el encargado de aplicarla debe tener señalado de antemano el ámbito de su competencia y claramente establecidas las etapas dentro de las cuales el procesado deberá ser oído, así como las medidas que contra él pueden tomarse a título de sanción en caso de ser vencido.  A este respecto, anota la Corte que el Reglamento no puede prever la imposición de sanciones imprescriptibles, es decir aquellas que implican inexistencia de un término máximo de duración (artículo 28, inciso final, Constitución Política), como sería el caso de que a la expulsión de la Universidad se añadiera la notificación a los demás establecimientos de educación superior pretendiendo impedir el ingreso del estudiante al sistema educativo nacional, lo cual desconocería, además, el mandato contenido en el artículo 67  de la Carta, a cuyo  tenor la educación es un derecho de la persona. 5.  El caso objeto de controversia.  Improcedencia de la tutela contra hechos consumados. En el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, se tiene el caso de un estudiante que, para los fines de un apoyo económico educativo por parte del Instituto Nacional de Radio y Televisión, donde trabajaba su padre, pudo haber incurrido en la comisión de un acto delictivo consistente en la adulteración de un certificado con destino a la Universidad Externado de Colombia, lo cual dió lugar a su exclusión de ese centro de formación superior. Respecto de la responsabilidad penal del sindicado, habrá de pronunciarse la jurisdicción competente.  Sobre ella no podía recaer la decisión de la Universidad ni la de los jueces de tutela, ni tampoco la de esta Corte, razón por la cual el presente análisis se refiere tan solo a los aspectos disciplinarios, que fueron precisamente los que constituyeron motivo para la determinación adoptada por el establecimiento educativo. Para la época en que ocurrieron los hechos que llevaron a las autoridades universitarias a sancionar a SARMIENTO RAMIREZ, el centro docente contaba con un reglamento interno que regulaba el trámite disciplinario previo a la imposición de la sanción.  También para entonces estaba vigente el Decreto 080 de 1980 que señala, en cuanto a lo que el reglamento interno no contemplaba, las disposiciones generales aplicables en materia de recursos, causales de pérdida de la calidad de estudiante y derechos del educando. La Universidad ha debido ceñir el trámite del proceso contra el alumno a dichas disposiciones, a objeto de garantizar que le fueran respetadas las garantías procesales y el derecho de defensa, según queda dicho. La Corte Constitucional no entra, sin embargo, a estudiar los pormenores del procedimiento seguido en el caso concreto de SARMIENTO RAMIREZ, toda vez que los acontecimientos materia de la acción tuvieron ocurrencia y perfeccionamiento durante el año 1984, inclusive mucho antes de entrar en vigencia la Constitución Política de 1991, es decir que para el momento de incoarse la acción de tutela y en el de fallar ya se encontraban consumados, razón por la cual esta Corporación no estima que fuera procedente intentar la acción de tutela respecto de ellos. En efecto, la acción que nos ocupa ha sido concebida como procedimiento preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su efectividad reside en la posibilidad de que el juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, imparta una orden para que, como lo dice la Constitución, aquél contra quien se intenta la tutela actúe o se abstenga de hacerlo. Es forzoso concluir que si tal es el objeto de la tutela, ninguna razón se tiene para admitirla cuando ya las situaciones que pueden haber dado lugar o ser consecuencia de hechos u omisiones violatorias de derechos fundamentales quedaron definidas, pues de entenderse lo contrario, se vería desvirtuada la naturaleza de la institución. Acudiendo al criterio subjetivo en búsqueda de la razón por la cual no se plasmó en la Constitución Política una norma expresa sobre improcedencia de la acción en estos casos, encuentra la Corte que la motivación del Constituyente no radicó en la voluntad de hacer posible la tutela aún sobre hechos consumados sino en el ánimo de hacer menos compleja la redacción de lo que hoy es el artículo 86 de la Carta, según aparece en el Informe-Ponencia para primer debate en la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, que dice: "Con el criterio de simplificar el artículo, en la comisión se suprimieron ciertos aspectos.  Unos, como la referencia expresa a los derechos colectivos, porque serán protegidos de manera especial mediante la consagración de las acciones populares.  Otros, porque se considera que hacen parte de la naturaleza de la institución y no requieren por lo tanto enunciarse expresamente; tal el caso de la no procedencia de la acción frente a las situaciones consumadas o frente a las cuales se haya producido sentencia con fuerza de cosa juzgada. En estos últimos casos es evidente que ya no cabe la protección inmediata de los derechos bien sea porque lo procedente es intentar una acción ordinaria de reparación o porque ya hay una decisión definitiva de la autoridad competente (...).  Por esta razón, consideramos conveniente insistir en que este inciso se suprimió simplemente para simplificar el artículo, pero su precepto es parte consustancial de la figura que se propone y se mantiene implícitamente en la norma tal como se aprobó en la Comisión".7 Con fundamento en las mismas consideraciones, el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 estableció que la acción de tutela no procederá: "(...) 4. Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe la acción u omisión violatoria del derecho". En el caso presente, el peticionario fue excluido de la Universidad Externado de Colombia en desarrollo de acontecimientos consumados hace varios años y la acción correspondiente por parte del establecimiento educativo culminó cuando se profirió el acto ahora impugnado, motivo por el cual, aunque el efecto negativo para el afectado sigue produciéndose por la misma naturaleza de la sanción impuesta, mal puede pensarse que la alegada violación de los derechos fundamentales se haya extendido en el tiempo y siga produciéndose. En consecuencia, no siendo procedente la acción de tutela, tampoco cabe efectuar el análisis sobre el proceso disciplinario cumplido en la Universidad, en cuanto no tendría objeto alguno.  Pese a ello, se dejan consignadas las consideraciones generales por razones de pedagogía constitucional (artículo 41 de la Carta). La improcedencia de la tutela hace que también carezca de fundamento en este caso una decisión judicial que ordene la tasación y pago de posibles perjuicios a favor del estudiante SARMIENTO RAMIREZ, por cuanto ellos únicamente podrían ser reconocidos sobre la base de haber prosperado las pretensiones del actor, según resulta del artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. En relación con la decisión del juez de primera instancia, por medio de la cual se concedió la tutela solicitada ordenando a la Universidad Externado de Colombia expedir el diploma de grado a favor del estudiante SARMIENTO RAMIREZ, debe recordarse que el objeto propio de la acción de tutela  no es otro que el de proteger el derecho vulnerado o amenazado por la acción u omisión de la autoridad pública o de los particulares en los casos señalados por la ley, es decir que la orden judicial correspondiente debe estar encaminada a corregir la situación de hecho en cuya virtud es afectado aquél, disponiendo lo pertinente en relación con su contenido material, pero no puede ir más allá, abarcando elementos ajenos a la naturaleza misma del derecho que se pretende amparar o provocando actos o abstenciones que no tiendan al fin propuesto. Así, en el presente caso, el accionante se quejaba de una violación a su derecho al debido proceso, como consecuencia de la cual le resultaba desconocido también el derecho a la educación.  Los documentos que integran el expediente apuntaban exactamente al tema del derecho de defensa y en modo alguno se estaba controvirtiendo la negativa de la Universidad a otorgar el título de Comunicador Social al peticionario. No siendo ese el derecho afectado, el juez no podía ordenar, como lo hizo, la entrega del título universitario por cuanto no radicaba allí el verdadero núcleo del problema planteado, referente -se repite- al debido proceso, mientras que su mandato en tal sentido sí interfirió el campo de la autonomía académica del centro docente, cuya decisión sobre si cabe conceder el título profesional al alumno, con autorización del Estado, únicamente puede emanar de las consideraciones relacionadas con el cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios vigentes para la carrera cursada por el estudiante. Obviamente, lo anterior no significa que esté vedado al juez de tutela proteger derechos no invocados expresamente por el peticionario, pues si los elementos allegados al proceso le permiten colegir que se están quebrantando o amenazando otras garantías fundamentales, no solamente tiene la facultad sino la obligación de declararlo así,  adoptando las medidas adecuadas a ese propósito.  Tal no es la circunstancia que aquí se considera. IV.  DECISION Por las razones que anteceden, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  Del fallo proferido el día cuatro (4) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992) por el Juzgado Once Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., respecto de la acción de tutela intentada por HAROLD HUMBERTO SARMIENTO RAMIREZ contra la Fundación "Universidad Externado de Colombia", se CONFIRMAN las siguientes partes: a)  El numeral segundo de dicha providencia pero únicamente en cuanto revocó la decisión adoptada por el Juez Treinta y Seis Penal Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., el veintisiete (27) de enero de mil novecientos noventa y dos (1992), mediante la cual se había ordenado a la Fundación "Universidad Externado de Colombia" otorgar el título universitario de Comunicador Social a HAROLD HUMBERTO SARMIENTO RAMIREZ; b)  El numeral quinto, mediante el cual se ordena el desglose de un certificado y se ordena compulsar copias a la justicia penal para lo de su competencia; Segundo.- REVOCANSE las demás decisiones adoptadas por el Juez Once Penal del Circuito de Santafé de Bogotá en el fallo mencionado, por cuanto, según se ha establecido en la presente sentencia, la acción de tutela instaurada era IMPROCEDENTE. Tercero.- CONFIRMASE la providencia del once (11) de marzo de 1992, dictada por el Juez Once Penal del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., aclaratoria de la pronunciada el cuatro (4) de marzo del mismo año. Cuarto.- REMITASE copia de esta sentencia al Ministerio de Educación Nacional, al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES, y a la Secretaría de Educación del Distrito Capital de Santafé de Bogotá. Quinto.-  LIBRESE por la Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr.  Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión.  Fallo Nº 2 del 8 de mayo de 1992.  Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. 2  Cfr.  Asamblea Nacional Constituyente.  Informe-Ponencia.  De la educación y la cultura. Delegatarios Iván Marulanda, Guillermo Perry, Jaime Benítez, Angelino Garzón, Tulio Cuevas y Guillermo Guerrero.  Gaceta Constitucional Nº 45.  Sábado 13 de abril de 1991.  Pág. 14. 3 Asamblea Nacional Constituyente:  Informe-Ponencia citado.  Gaceta Constitucional Nº 45.  Abril 13 de 1991. Pág. 16. 4  Asamblea Nacional Constituyente:  Informe-Ponencia  "Carta de derechos, deberes, garantías y libertades".  Constituyente Diego Uribe Vargas.  Gaceta Constitucional Nº 82.  Mayo 25 de 1991.  Pág. 14. 5  Cfr.  Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión.  Sentencia Nº 02.  Mayo 8 de 1992.  Magistrado Ponente:  Dr. Alejandro Martínez Caballero. 6 TIEDEMANN, Klaus.  "El Derecho Procesal Penal", traducción de Juan-Luis Gómez Colomer, en Introducción al Derecho Penal y al Derecho Penal Procesal, Barcelona, -España-,  Editorial Ariel S.A., 1989, pág. 184. 7 Cfr.  Asamblea Nacional Constituyente.  Informe-Ponencia  "Mecanismos de protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico".  Constituyentes Jaime Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero.  Gaceta Constitucional Nº 77. Mayo 20 de 1991.  Págs. 9 y 10.

T-493-92 Sentencia No Sentencia No. T-493/92 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION La acción de tutela, procede contra particulares en los casos establecidos por la ley; uno de tales casos, se presenta cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación ACCION DE TUTELA/PERJUICIO IRREMEDIABLE Los medios de defensa contemplados, como excluyentes de la acción de tutela, son los judiciales, es decir, están circunscritos a las posibilidades que, dentro del sistema jurídico colombiano, tiene toda persona para acudir ante los jueces de la República.  Así, no son admisibles como medios de defensa judicial las actuaciones que puedan llevarse a cabo ante las autoridades administrativas, aunque también puedan orientarse a la defensa de los derechos.  De lo cual se deduce que no era necesario estructurar la procedencia de la acción de tutela en el asunto que se examina sobre la base del perjuicio irremediable, pues éste únicamente debe ser considerado en el supuesto de que exista otro medio de defensa judicial pero las circunstancias concretas del caso lleven a concluir que se hace indispensable y urgente adoptar la medida de protección del derecho por cuanto el daño que podría causarse de no ser así, tan solo sería susceptible de resarcimiento en su integridad mediante una indemnización. DERECHO A LA EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES/DEBIDO PROCESO Del derecho fundamental a la educación se deriva que la persona que se educa goce de una estabilidad mínima en cuanto hace a su permanencia como estudiante en el centro de formación al que se ha vinculado. La educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio. Queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas. El alumno tiene un derecho a que, antes de hacerlo sujeto pasivo de las sanciones contempladas en el reglamento, se dé cumplimiento a los trámites allí mismo señalados en orden a garantizar su defensa y la observancia del debido proceso, pues ninguna razón puede invocarse para justificar la adopción de medidas sancionatorias fundadas en el arbitrio de la autoridad universitaria. El respeto al debido proceso significa el reconocimiento y observancia de los pasos previos a la sanción, partiendo del supuesto de la inocencia de la persona sindicada. JUEZ DE TUTELA-Facultades El fallo de tutela no está limitado a lo pedido por el accionante, sino que, si el juez encuentra que en efecto están amenazados o que han sido o son vulnerados derechos constitucionales fundamentales distintos de aquellos que el peticionario menciona, así debe manifestarlo y ordenar la protección de los mismos, toda vez que, por su propia naturaleza, esta clase de derechos no puede depender, en cuanto concierne a su defensa, a la exactitud de su mención en el escrito petitorio.  Por el contrario, es la actuación de oficio el medio que permite, en buen número de ocasiones, tutelar intereses constitucionalmente amparados. ESTADO SOCIAL DE DERECHO El concepto de Estado Social de Derecho, hoy incorporado positivamente en nuestra Carta, vincula al Estado con el deber de garantizar a plenitud los derechos y libertades, entre las cuales, aquellas a que nos venimos refiriendo corresponden a la puesta en práctica de prerrogativas individuales reconocidas por la Carta Universal de Derechos Humanos sin distingo de credo, procedencia social, nivel económico, raza o creencias políticas y dentro del supuesto de una igualdad de oportunidades para acceder a las instancias del conocimiento y la formación. LIBERTAD DE APRENDIZAJE-Límites/DERECHO A LA EDUCACION Las libertades de aprendizaje y de investigación no pueden entenderse reconocidas en forma absoluta.  Ellas, como las demás amparadas constitucionalmente, son relativas, pues su ejercicio se encuentra limitado por el orden y el sometimiento debido a la Constitución, la ley y los reglamentos de la Institución de enseñanza. Siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea. LIBERTAD DE CATEDRA El ejercicio de la libertad de cátedra no puede ser recortado en sus alcances restringiéndola a la simple adopción de decisiones sobre aspectos puramente formales. Semejante visión de la libertad de cátedra la desfigura, ya que desconoce el sentido que el Constituyente ha dado a tan preciosa garantía, de la cual hace parte además del elemento instrumental o procedimental (evaluación, metodología, disciplina, organización), entre otros, el aspecto material, relativo a la libre transmisión, discusión y contradicción de ideas y conceptos.  Ello implica la facultad que tienen tanto el docente como el alumno para referirse a los temas sometidos a estudio en completa independencia frente a imposiciones o condicionamientos de ideología o de doctrina. La libertad de cátedra, que tampoco es absoluta, requiere al mismo tiempo responsabilidad en cuanto a los conceptos que se transmiten y se debaten, por lo cual exige del docente constante fundamentación de sus afirmaciones y la seria evaluación sobre oportunidad, pertinencia y contenido de los temas tratados, atendiendo a los factores de lugar y circunstancias y al nivel cultural y académico en el cual se halla el estudiante. Ref.:  Expediente T-1958 Acción de tutela instaurada por JAIME ENRIQUE TARQUINO GALVIS contra la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala Tercera de Revisión, en Santafé de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar el fallo proferido en el asunto de la referencia, por el Juzgado Diecisiete de Instrucción Criminal de Armenia -Quindío-, el día diecisiete (17) de marzo del presente año. I.  INFORMACION PRELIMINAR JAIME ENRIQUE TARQUINO GALVIS, estudiante de la "Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío", dice adelantar sus estudios en la Facultad de Análisis y Programación de Computadores (Sexto Semestre). En el escrito mediante el cual ejerce la acción de tutela, el interesado expresa que dentro de las asignaturas correspondientes al Sexto Semestre están las denominadas "Lenguaje C" y "Comunicaciones" y que, "dentro de la libertad de cátedra contemplada en el reglamento estudiantil", él y sus compañeros llegaron a un acuerdo con los profesores responsables de tales materias para que se aplazaran las horas de clase programadas para los días 12 y 14 de febrero del presente año, para el 22 del mismo mes, acuerdo que en efecto fue cumplido. Narra TARQUINO GALVIS que las directivas de la Escuela produjeron memorandos "en el sentido de no permitir lo que ya estaba estipulado" y posteriormente procedieron a cancelar las asignaturas mencionadas, violando en su sentir las garantías constitucionales del debido proceso, pues él no tuvo la oportunidad de controvertir los cargos al inicio de la  investigación. Alega el actor que con dicha cancelación ve afectado sus derechos de enseñanza, aprendizaje e investigación y se perjudica patrimonialmente en cuanto debe matricularse para el próximo semestre, con lo cual las expectativas de grado se aplazarían. II.  DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION La sentencia que se revisa fue proferida por el Juez diecisiete (17) de Instrucción Criminal de Armenia (Quindío) el diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992).  Mediante ella se resolvió tutelar el derecho fundamental de la libertad de aprendizaje, conculcada, según la providencia, por el acuerdo número 002 del diecisiete (17) de febrero, dictado por el Consejo Académico de la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, consistente en la cancelación definitiva de las asignaturas en cuestión. El juez otorgó a la institución educativa un plazo de veinticuatro (24) horas para continuar con las clases de dichas asignaturas en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar en que se venían dictando. De acuerdo con la conclusión a que llegó el juez, existieron severas irregularidades en la imposición de la sanción, ya que se violó el procedimiento establecido por el reglamento estudiantil y no se respetó el derecho a la defensa de los implicados. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.  Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar la nombrada sentencia, de conformidad con lo previsto por los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, 31 y siguientes del Decreto 2591 de 1991. 2.  Tutela contra particulares La acción de tutela, como lo señala la Constitución Política, procede contra particulares en los casos establecidos por la ley; uno de tales casos, según lo establece el artículo 42, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991, se presenta cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger, entre otros, el derecho consagrado en el artículo 29 de la Constitución. En el asunto ahora sometido a revisión, la petición de tutela fue dirigida por el demandante contra la entidad denominada "Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío", la cual tiene por objeto la prestación del servicio público de educación y se halla supeditada al control que ejerce el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES. A lo anterior se suma el hecho de haberse ejercido la acción para solicitar la protección a la libertad de aprendizaje, garantizada en el artículo 27 de la Carta, norma que también se encuentra entre las mencionadas por el referido artículo del Decreto 2591 de 1991. Por tanto, cabía la acción en lo concerniente al sujeto pasivo de la misma, en los términos constitucionales, pues debe entenderse que la solicitud de tutela presentada contra un particular, corresponde, en el presente caso, a una de las hipótesis normativas descritas en la ley, tal como lo prevé el artículo 86 de la Carta Política. En la providencia proferida el diez (10) de marzo, el juzgado ordenó la suspensión de la aplicación del acto, explicando que tomaba esta determinación porque, "... a pesar de existir otros recursos ante la Secretaría Departamental de Educación (...) de llegar a la aplicación del acto se ocasionaría un perjuicio irremediable". La Corte debe formular a este respecto dos observaciones: una relacionada con los denominados constitucionalmente "otros medios de defensa judicial", y otra referente al concepto de "perjuicio irremediable". De lo manifestado por el juez se desprende que considera otro medio de defensa la posibilidad de acudir ante una dependencia administrativa, como lo es la Secretaría de Educación de un Departamento.  En esta materia la Corte Constitucional ha sido reiterativa en afirmar que los medios de defensa contemplados en el artículo 86, inciso tercero de la Carta, como excluyentes de la acción de tutela, son los judiciales, es decir, están circunscritos a las posibilidades que, dentro del sistema jurídico colombiano, tiene toda persona para acudir ante los jueces de la República.  Así, no son admisibles como medios de defensa judicial las actuaciones que puedan llevarse a cabo ante las autoridades administrativas, aunque también puedan orientarse a la defensa de los derechos.  De lo cual se deduce que no era necesario estructurar la procedencia de la acción de tutela en el asunto que se examina sobre la base del perjuicio irremediable, pues éste únicamente debe ser considerado en el supuesto de que exista otro medio de defensa judicial pero las circunstancias concretas del caso lleven a concluir que se hace indispensable y urgente adoptar la medida de protección del derecho por cuanto el daño que podría causarse de no ser así, tan solo sería susceptible de resarcimiento en su integridad mediante una indemnización (artículo 6º, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991). 3.  Debido proceso para la aplicación de sanciones disciplinarias en establecimientos educativos Sobre la necesidad de que previamente a la imposición de sanciones se otorgue a la persona la plena garantía de su defensa, aunque el proceso de que se trata no sea judicial, la Corte ha tenido ocasión de pronunciarse en fallo de esta misma fecha en los siguientes términos: "Del derecho fundamental a la educación se deriva que la persona que se educa goce de una estabilidad mínima en cuanto hace a su permanencia como estudiante en el centro de formación al que se ha vinculado. Ello implica que, mientras se ajuste a las condiciones fijadas en el respectivo reglamento, el estudiante tiene derecho a continuar recibiendo el servicio educativo hasta la culminación de la carrera iniciada. Debe señalarse que, según ya lo tiene dicho esta Corporación, la educación ofrece un doble aspecto. Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo. Pero, además del derecho a la educación y en relación específica con el régimen sancionatorio, el alumno tiene un derecho a que, antes de hacerlo sujeto pasivo de las sanciones contempladas en el reglamento, se dé cumplimiento a los trámites allí mismo señalados en orden a garantizar su defensa y la observancia del debido proceso, pues ninguna razón puede invocarse para justificar la adopción de medidas sancionatorias fundadas en el arbitrio de la autoridad universitaria.  Aunque no con el rigor propio de los procesos judiciales -pues la naturaleza misma de la labor educativa exige márgenes razonables de discrecionalidad en la apreciación de hechos y circunstancias- la institución debe otorgar al estudiante inculpado la seguridad de que no se lo castigará sin su audiencia, brindándole ocasión adecuada para responder a los cargos que se le imputan, escuchando su versión de los acontecimientos, facilitándole la posibilidad de presentar pruebas en apoyo a sus afirmaciones, permitiéndole que controvierta las que se esgrimen en su contra y dejando que haga uso de los recursos procedentes contra el acto mediante el cual se lo sanciona.  Unicamente así se garantiza que la decisión tenga fundamento en la justicia. El respeto al debido proceso significa el reconocimiento y observancia de los pasos previos a la sanción, partiendo del supuesto de la inocencia de la persona sindicada; el principio consagrado en el artículo 29 de la Carta implica que las normas -en este caso los reglamentos universitarios- deben preservar la transparencia de las actuaciones que precedan al acto sancionatorio". "(...) Cuando se trata de imponer una sanción a una persona, el encargado de aplicarla debe tener señalado de antemano el ámbito de su competencia y claramente establecidas las etapas dentro de las cuales el procesado deberá ser oído, así como las medidas que contra él pueden tomarse a título de sanción en caso de ser vencido"1 . Invocando este derecho en el asunto objeto de revisión y estando de por medio una decisión sancionatoria, es indispensable examinar si en esta materia asiste la razón al demandante. Del material probatorio allegado, en el cual basa su determinación el Juzgado, se desprende que en realidad resultó vulnerado el derecho al debido proceso ya que a los inculpados no se les dió real y eficaz posibilidad para ser oídos en descargos antes de ser sancionados, tal como estaba contemplado en los reglamentos del centro educativo, a lo que se agregan las irregularidades relacionadas con los impropios sistemas de notificación empleados por la Institución y la inobservancia de los términos procesales fijados en el Reglamento Estudiantil. Una vez el despacho judicial advirtió la pretermisión de las reglas de procedimiento, debió ordenar que se rehiciera el trámite a fin de garantizar el debido proceso y hacer efectivo el derecho de defensa conculcado a los presuntos responsables. Lo anterior por cuanto el fallo de tutela no está limitado a lo pedido por el accionante, sino que, si el juez encuentra que en efecto están amenazados o que han sido o son vulnerados derechos constitucionales fundamentales distintos de aquellos que el peticionario menciona, así debe manifestarlo y ordenar la protección de los mismos, toda vez que, por su propia naturaleza, esta clase de derechos no puede depender, en cuanto concierne a su defensa, a la exactitud de su mención en el escrito petitorio.  Por el contrario, es la actuación de oficio el medio que permite, en buen número de ocasiones, tutelar intereses constitucionalmente amparados. 4.  Libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra El petente denuncia como violada su libertad de aprendizaje e investigación por habérsele impuesto una sanción consistente en la cancelación de dos materias.  Al mismo tiempo alega que, en ejercicio de su libertad de cátedra, él y sus compañeros acordaron con dos profesores el cambio de horarios. La Corte estima que se hace indispensable precisar lo que debe entenderse por tales conceptos, pues resulta claro que han sido invocados en este proceso en forma errónea o incompleta. El concepto de Estado Social de Derecho, hoy incorporado positivamente en nuestra Carta, vincula al Estado con el deber de garantizar a plenitud los derechos y libertades, entre las cuales, aquellas a que nos venimos refiriendo corresponden a la puesta en práctica de prerrogativas individuales reconocidas por la Carta Universal de Derechos Humanos sin distingo de credo, procedencia social, nivel económico, raza o creencias políticas y dentro del supuesto de una igualdad de oportunidades para acceder a las instancias del conocimiento y la formación. Para dar cumplimiento al precepto constitucional, corre a cargo de la administración la responsabilidad de crear, desarrollar y sostener sistemas y modalidades mediante los cuales se pueda corresponder con efectividad a las expectativas de las personas, los grupos sociales y etnicos y la sociedad en general en cuanto a las posibilidades que para su progreso ofrecen la cultura, la ciencia y la tecnología. El imperativo de alcanzar niveles de excelencia en la atención de esta necesidad humana ha llevado al Constituyente a calificar a la educación como servicio público cuya prestación es responsabilidad del Estado aunque puede desempeñarse con eficiencia por personas y entidades privadas, bajo su inspección y vigilancia. De allí que el derecho a la educación y la libertad de enseñanza en una sociedad que a diario requiere mayor desarrollo en este campo impliquen la convivencia de instituciones de derecho privado y de derecho público en el sector educativo, siendo de cargo de los estamentos oficiales competentes la responsabilidad de velar por la calidad del conjunto, desde luego sin que las modalidades del control que debe cumplir restrinjan el ámbito de autonomía de los centros académicos. El beneficiario de la garantía -la persona- debe aportar su voluntad y su capacidad intelectual, ya que, de no mediar su concurso, el esfuerzo que deben desplegar el Estado y la sociedad en orden a brindarle oportunidades para su realización resulta frustrado. La Constitución de 1886 garantizaba en su artículo 41 la libertad de enseñanza, concepto éste que, según fue generalmente admitido, sin necesidad de una consagración expresa, aludía tanto al derecho del educador como a las prerrogativas del educando y, en ese sentido, se decía que tal libertad tenía un doble aspecto: el primero consistente en la posibilidad de transmitir conocimientos, ideas y criterios sin injerencias ni cortapisas y, desde luego, con independencia de imposiciones oficiales distintas de las necesarias a la inspección y vigilancia de los institutos docentes en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la mejor formación intelectual, moral y física de los educandos; el segundo, referido al sujeto receptor de la enseñanza, es decir el estudiante, cuya opción de acceso a las fuentes de instrucción y formación reclamaba del Estado las seguridades de un efectivo ordenamiento que hiciera propicio el vínculo con las entidades educativas y, a la vez, exigía de éstas la obligación de brindar al alumno las necesarias facilidades para acceder al conocimiento y profundizar en él. La familia, junto con el Estado y los particulares habilitados legalmente para educar, fue siempre señalada como responsable y al mismo tiempo como beneficiaria de esas garantías, pues al paso que descansaba sobre sus hombros la delicada tarea de iniciar la preparación y formación del individuo y aún de mantenerla y acrecentarla a lo largo del proceso educativo, los progenitores gozaban de autonomía para seleccionar el mejor tipo de educación para sus hijos y el establecimiento más adecuado para conseguirla. A este respecto, resultan del mayor interés los comentarios del profesor Francisco de Paula Pérez en torno al papel del Estado y de las leyes en materia de enseñanza: "El sistema de monopolio del estado viola ese derecho esencialmente democrático.  Debe consagrarse, por lo mismo, la libertad de enseñanza privada, que otorga la seguridad a los padres de familia para escoger el instituto en que quieran educar a sus hijos.  La intervención oficial debe restringirse a los puntos esenciales, como ciertas condiciones para el ejercicio del profesorado y para el adecuado funcionamiento de los centros docentes.  Ampliarla equivale a un atentado que solo es propio de los regímenes totalitarios. De otro lado, las leyes pueden disponer un mínimum de enseñanza obligatoria, procurando que todos los ciudadanos tengan el conocimiento necesario de sus deberes civiles y de sus derechos.  Ese mínimum de enseñanza obligatoria, determinado por la ley, no desconoce la libertad, sino que fija como regla inquebrantable la efectividad de una de las funciones primordiales de los gobiernos, cuando se llenan dentro de normas de justicia"2 . En la Constitución de 1991 las posibilidades de interpretación del artículo 27 se amplían en forma considerable aunque en nada contradicen la elaboración doctrinal y jurisprudencial que se había construído alrededor del precepto comentado. La actual Carta Política impone al Estado la obligación de garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, pero sin dejar las responsabilidades consiguientes en su cabeza exclusiva. Al efecto, el inciso 3º del artículo 67 señala en forma perentoria: "El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica". A lo anterior agrega el 68:  "Los particulares podrán fundar establecimientos educativos.  La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.  La ley garantizará la profesionalización y dignificación de la actividad docente. Los padres de familia tendrán derecho de escoger el tipo de educación para sus hijos menores (...)". Las libertades de aprendizaje y de investigación no pueden entenderse reconocidas en forma absoluta. Ellas, como las demás amparadas constitucionalmente, son relativas, pues su ejercicio se encuentra limitado por el orden y el sometimiento debido a la Constitución, la ley y los reglamentos de la Institución de enseñanza. A este respecto ha dicho esta Corte y estima necesario reiterarlo en el presente proceso: "...siendo la educación un derecho constitucional fundamental, el incumplimiento de las condiciones para el ejercicio del derecho, como sería el no responder el estudiante a sus obligaciones académicas y al comportamiento exigido por los reglamentos, puede dar lugar a la sanción establecida en el ordenamiento jurídico para el caso y por el tiempo razonable que allí se prevea..."3 . En el asunto ahora sometido a revisión se encuentra establecido que los estudiantes, fundando su acuerdo con los docentes en un motivo al margen del reglamento, dejaron de cumplir con las obligaciones propias de su papel como alumnos de una entidad educativa, alterando con ello el normal desarrollo de las actividades académicas. Es responsabilidad de las directivas de todo centro docente velar por el normal funcionamiento de la institución, y para el logro de este objetivo se hallan investidas de poder disciplinario, el cual fue ejercido en el presente caso sin que con ello se hubiere menoscabado la libertad de aprendizaje y de investigación, toda vez que los sancionados podrían posteriormente cursar las materias que, por razón de sus actos de indisciplina, fueron canceladas. Ha de insistirse sobre el tema en que el ejercicio mínimo de la libertad está condicionado al cumplimiento de ciertas formas de organización que se hacen indispensables para que toda comunidad opere. Como se observa, en el caso sometido al estudio de esta Corte, el alcance y el sentido de las garantías en referencia fueron distorsionados en cuanto se pretendió que estaban siendo violadas por el simple hecho de que el centro educativo ejerciera, dentro de la órbita propia de la función a él confiada, las atribuciones de preservar un orden mínimo en su interior y de aplicar los correctivos y sanciones indispensables para evitar que se extendieran las prácticas contrarias.  Otra cosa es que, previamente al acto sancionatorio, se hubieran omitido las necesarias garantías procesales. Es claro para la Corte que en todo establecimiento debe existir una autoridad y que, en cuanto ésta se ejerza dentro de los límites impuestos por la Constitución, la ley y sus reglamentos, la necesidad de acatar sus dictados por quienes de ella dependen es previa al desarrollo mismo de la actividad propiamente académica que le atañe.  Así, la institución contra la cual se instauró la acción de tutela que nos ocupa no podía permitir que, a sus espaldas, un acuerdo entre alumnos y profesores desvertebrara el programa general de clases, so pretexto de la libertad de cátedra. Pero no es únicamente la libertad de enseñanza y su correlativa, la de aprendizaje, la que ha sido invocada por el peticionario en el asunto que se examina. El ejercicio de la libertad de cátedra no puede ser recortado en sus alcances restringiéndola a la simple adopción de decisiones sobre aspectos puramente formales, tal como sucede en el presente caso, cuando el peticionario la invoca como argumento para pactar con sus compañeros y con el docente el cambio de las condiciones normales de calendario y horario establecidas por la institución para desarrollar el curso. Semejante visión de la libertad de cátedra la desfigura, ya que desconoce el sentido que el Constituyente ha dado a tan preciosa garantía, de la cual hace parte además del elemento instrumental o procedimental (evaluación, metodología, disciplina, organización), entre otros, el aspecto material, relativo a la libre transmisión, discusión y contradicción de ideas y conceptos.  Ello implica la facultad que tienen tanto el docente como el alumno para referirse a los temas sometidos a estudio en completa independencia frente a imposiciones o condicionamientos de ideología o de doctrina. Ahora bien, la libertad de cátedra, que tampoco es absoluta, requiere al mismo tiempo responsabilidad en cuanto a los conceptos que se transmiten y se debaten, por lo cual exige del docente constante fundamentación de sus afirmaciones y la seria evaluación sobre oportunidad, pertinencia y contenido de los temas tratados, atendiendo a los factores de lugar y circunstancias y al nivel cultural y académico en el cual se halla el estudiante. Ninguno de estos aspectos de fondo, que estructuran y definen la mencionada libertad, resultó afectado por las directivas del plantel demandado, al menos por lo que resulta de los documentos que obran en el expediente. 5.  Los efectos de este fallo en el caso concreto Las consideraciones que anteceden llevarán a la Corte a revocar la sentencia examinada por cuanto ella muestra equívocos en relación con los derechos afectados y dispone una reiniciación de clases sin restablecer en efecto el debido proceso y desautorizando, en cambio, el papel ordenador y disciplinario que dentro de la institución educativa correspondía cumplir a sus directivas. Entiende la Corte que la revocatoria del fallo ahora revisado no podrá hacerse efectiva en su integridad, debido a que cuando se notifique la presente sentencia, los estudiantes ya habrán cursado las materias canceladas, en virtud de la decisión del juez de tutela; sin embargo, se hace necesario el pronunciamiento de ésta Corporación, no solo en cumplimiento de lo dispuesto por la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991, sobre la revisión eventual de los fallos relativos a acciones de tutela, sino además con el objeto de precisar algunos conceptos en desarrollo del magisterio moral y la pedagogía constitucional que están a cargo de esta Corte. Por otra parte, cabe aquí aplicar lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991 sobre las necesarias prevenciones para que en el futuro no se repitan los acontecimientos ni se vuelvan a dar las situaciones que aquí se han encontrado ajenas al recto entendimiento de la preceptiva constitucional. IV.  DECISION Por las razones expuestas, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero: REVOCASE el fallo proferido el día diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), por el Juzgado Diecisiete de Instrucción Criminal de Armenia -Quindío-, mediante el cual accedió a tutelar la libertad de aprendizaje que consideró había sido conculcada al ciudadano JAIME ENRIQUE TARQUINO GALVIS por la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío. Segundo: ORDENASE al Consejo Académico y al rector de la Escuela de Administración y Mercadotecnia del Quindío, rehacer el proceso disciplinario contra los estudiantes y los docentes presuntamente responsables de actos contrarios a las obligaciones señaladas por el reglamento estudiantil de la Institución. Tercero: PREVIENESE al establecimiento educativo mencionado, a sus profesores y estudiantes, para que en el futuro se abstenga el primero de aplicar sanciones disciplinarias por fuera de las condiciones y requisitos establecidos en la Constitución, la ley y sus propios reglamentos, y a los segundos para que se sujeten al ordenamiento general y al particular de la Institución en el desarrollo de sus actividades académicas. Cuarto: COMUNIQUESE la presente providencia a la Secretaría de Educación del Departamento del Quindío y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior -ICFES-, a fin de que intervengan, dentro del ámbito de sus competencias, en el trámite ordenado. El ICFES deberá hacer circular esta sentencia para que la doctrina contenida en ella sea conocida por los establecimientos educativos. Quinto:  LIBRENSE por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr.  Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión.  Fallo Nº 492.  Agosto 12 de 1992. 2 PEREZ, Francisco de Paula:  Derecho Constitucional Colombiano.  Sexta edición.  Pontificia Universidad Javeriana.  Santafé de Bogotá, D.C., 1992.  Pág. 201. 3 Corte Constitucional.  Sentencia Nº T-02.  Magistrado Ponente: doctor Alejandro Martínez Caballero.  Mayo ocho (8) de 1992.

T-494-92 Sentencia No _Sentencia No. T-494/92 DERECHO A LA POSESION/DERECHOS FUNDAMENTALES No es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es un derecho fundamental. Tiene conexión íntima con el derecho de propiedad, la cual constituye en opinión de esta Corte uno de los criterios específicos para la determinación de esa categoría jurídica abierta que es el derecho constitucional fundamental. La ontología y especificidad de la relación posesoria y sus consecuencias económicas y sociales son de tal relevancia en el seno de la comunidad y para el logro de sus altos fines, que esta Corte reconoce que la posesión tiene, igualmente, entidad  autónoma de tales características y relevancia que ella es hoy, por sí sola, con todas sus consecuencias, un derecho constitucional fundamental de carácter económico y social. DEBIDO PROCESO-Vulneración/ACCION DE TUTELA Constituye violación del debido proceso, el hecho de que la peticionaria, por no ser parte, no pudiera controvertir debidamente las decisiones  tomadas en el juicio sucesorio en contra de sus intereses o derechos. En otras palabras, no podía ser oída ni vencida en juicio para defender su posesión u otras pretensiones. No podía disponer de mecanismos para proteger sus derechos fundamentales, o sea, ejercer en debida forma el derecho a la defensa, pilar fundamental del debido proceso. Esto hace procedente la acción de tutela  ante la amenaza que experimenta la posesión de la peticionaria. El derecho fundamental a la posesión se encuentra amenazado por la acción de los juzgados de Cali, que desconocen el debido proceso, razón por la cual debe concederse la acción impetrada, cuya celeridad es mayor que la de otros instrumentos alternativos de protección. SOCIEDAD DE HECHO-Aportes/TRABAJO DOMESTICO-Valor/DERECHO A LA IGUALDAD El sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria.  Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no significación económica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio.  El desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy  adquirido y mejorado progresivamente, durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer. DOCTRINA CONSTITUCIONAL-Carácter obligatorio En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que exista realmente trabajo doméstico en las relaciones entre hombre y mujer, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá  CARACTER OBLIGATORIO  para las autoridades. Ref: EXPEDIENTE 1909 PETICIONARIO: ESTHER VARELA PROCEDENCIA: SALA DE CASACION                                            CIVIL-CORTE SUPREMA DE                                                            JUSTICIA MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por la señora ESTHER VARELA contra providencias del juzgado 17 Civil Municipal y 9 Civil del Circuito, de la ciudad de Cali. El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo la Corte Suprema para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 6 de Mayo del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. A. La acción. El día 10 de Febrero de 1992,  la señora Esther Varela impetró acción de tutela ante el Tribunal Superior de Cali, por medio de apoderado. 1. Hechos. a) La señora Varela convivió con el señor Hernando Guerrero Trujillo, aproximadamente 24 años, durante los cuales hicieron vida marital. b)  Desde 1970 la peticionaria viene poseyendo la casa en que vive, ubicada en la carrera 17A No. 16-54 del barrio Belalcázar de Cali, adquirida por su compañero con quien pasó a habitarla. Esta posesión sobre el 50% del inmueble ha sido ejercida ininterrumpidamente en los últimos 21 años. c) El señor Guerrero Trujillo falleció el 30 de Marzo de 1989. El respectivo proceso de sucesión se inició en el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, el cual dispuso la adjudicación de sus bienes a la heredera única, Mélida Guerrero Trujillo, hermana del causante. d) Paralelamente al anterior juicio, la señora Varela inició un proceso ordinario de mayor cuantía para que se reconozca que existió una sociedad de hecho entre concubinos, la cual se disolvió con la muerte de su compañero. e) El Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, ordenó la entrega de los bienes adjudicados a la heredera única, comisionando para tal efecto al Juez 17 Civil Municipal de Cali mediante despacho comisorio 190 de Octubre 10 de 1991. f) El apoderado de la señora Varela presentó escrito en el cual se opone a la diligencia de entrega, argumentando el ejercicio de la posesión de su poderdante, hecho éste que la legitima en dicha actuación. i) El artículo 5 del Decreto 2282 de 1989, vigente desde el primero de Junio de 1990, dispuso que los procesos sucesorios de mayor cuantía serán de plena competencia de los jueces de familia. No obstante, el Juez Noveno Civil del Circuito sólo ordenó dicho traslado el 28 de enero de 1992, vale decir, 19 meses después de que entrara en vigencia el decreto aludido. Con todo la orden impartida en el despacho comisorio continua bajo el conocimiento del Juzgado 17 Civil Municipal. 2. Solicitud. Mediante acción de tutela interpuesta el 10 de Febrero de 1992, el apoderado presentó la siguiente solicitud: a) Que se ordene al Juez 17 Civil Municipal de Cali suspender provisionalmente la comisión de entrega de los bienes adjudicados en la sucesión de Hernando Guerrero Trujillo, impartida por el Juzgado Noveno Civil del Circuito de citada ciudad y que dicho despacho comisorio sea remitido conjuntamente con el cuaderno principal de la sucesión intestada al Juez Civil de Familia (reparto). b) Adoptar las demás medidas que se consideren procedentes. 3.Pruebas. El expediente llegó a la Corte Constitucional con las siguientes pruebas: a) Sentencia del Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, que aprueba en todas sus partes el trabajo de adjudicación de los bienes dejados por el causante Hernando Guerrero Trujillo. b) Memorial del apoderado de la señora Varela, dirigido al Tribunal Superior de Cali, referente a un auto del 12 de Febrero del presente año, que ordena continuar  la diligencia de entrega el día 25 de febrero. c) Copia del auto expedido el 28 de enero de 1992, mediante el cual el Juzgado Noveno ordena remitir el expediente al Juez de familia correspondiente, en virtud de las nuevas normas procesales. Además, el Magistrado ponente solicitó las pruebas correspondientes al proceso de reconocimiento de la sociedad de hecho  que se adelanta actualmente en casación ante la Sala Civil de la Corte Suprema. Ellas son: d) Cuaderno de pruebas testimoniales solicitadas por los apoderados judiciales de ambas partes, dentro del mencionado proceso. e) Sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali, quien niega las súplicas de la demanda por no haberse acreditado plenamente los elementos necesarios que conforman la sociedad de hecho alegada. f) Sentencia de segunda instancia, emanada de la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, mediante la cual se confirma la sentencia de primera instancia. C. Sentencia del Tribunal. En decisión del 19 de Febrero de 1992 el Tribunal Superior de Cali negó la acción de tutela por las siguientes razones: 1. La posesión no es un derecho fundamental consagrado en el Título II, Capítulo I de la Constitución Nacional, razón más que suficiente para declarar improcedente la acción invocada. 2. Tampoco es viable la tutela porque existen otros recursos o mecanismos de defensa judicial. Al respecto el Tribunal dijo: "Además, según se dijo, tampoco es viable dicha acción cuando quien reclama el derecho dispone de otros medios de defensa, y en el mismo escrito se dice que la señora Varela reclama ese derecho ante la jurisdicción Civil en proceso Ordinario que actualmente se halla en la H. Corte para que se surta el recurso de Casación. Debe en consecuencia la actora, atenerse a la decisión que finalmente adopte esa Corporación, precisamente la competente para dirimir el litigio ". ( Fl. 29 ). 3. El argumento sobre la violación de las normas de competencia, no es procedente ya que es evidente que ella no constituye derecho constitucional fundamental. Además, el Tribunal se declara incompetente para conocer de providencias proferidas por los jueces municipales, ya que según la interpretación que le dan al artículo 40 del decreto 2591 de 1991, sólo pueden conocer de tutelas contra sentencias o autos que pongan fin a procesos emitidos por los jueces superiores, de quienes es su superior jerárquico. C. Impugnación de la sentencia. En escrito de fecha 24 de febrero de 1992 ( Fls. 52-66 ) el apoderado de la peticionaria impugnó el fallo referido por las siguientes razones: 1. Se presenta una violación al debido proceso, porque solamente dentro del proceso ordinario que se adelanta ante la Corte Suprema, se le puede despojar de la posesión material a la tutelista. Aquí si es parte del proceso, por lo que puede ser oída y vencida en juicio. El proceso sucesorio es ajeno a la peticionaria, por lo que es inadmisible que se tomen medidas, como la adoptada por el Juez Noveno Civil del Circuito, que la afecta directamente. Además, dicha diligencia de entrega material de los bienes no es de la naturaleza del anterior proceso, ya que en éste las entregas son simbólicas. 2. Igualmente, se viola el debido proceso por  falta de competencia del Juzgado Noveno del Circuito y del 17 Municipal, civiles ambos, originada en la reforma del Código de Procedimiento Civil, vigente desde el primero de Junio de 1990. Por virtud de ello se determinó un cambio de competencia para los juicios de sucesiones de mayor cuantía, entre otros, los cuales en adelante serán de conocimiento de los jueces de familia. D. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. En sentencia del 17 de Marzo de 1992, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema,  confirmó la sentencia del Tribunal por las siguientes razones : 1. La acción pretende tutelar el derecho a la posesión, el cual "es obvio que no se da el calificativo de fundamental en la carta magna, y por ende, no tiene previsto en ella protección tutelar". ( Fl. 80 ). 2. "En el caso de la protección tutelar aquí invocada, ella está orientada a que se ordene suspender la diligencia de entrega dispuesta como medida consecuencial de la sentencia firme que fue dictada en el proceso sucesorio de Hernando Guerrero Trujillo, con lo cual se evidencia fácilmente que esa orden no puede ser impartida como fruto de la presente acción de tutela, porque ello implicaría discutir el fallo mismo, atributo que no está al alcance de este mecanismo de defensa excepcional". ( Fl. 78 ). 3. Existe otro medio de defensa judicial, como la oposición a dicha entrega que consagra el Código de Procedimiento Civil, el cual habrá de aceptar o no el Juez de conocimiento. De igual manera, la peticionaria "adelanto proceso de pertenencia que todavía no ha culminado, medio de defensa a través del cual podría eventualmente encontrar protección a sus derechos". ( Fl. 82 ). II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31 . 32 . 33 . del decreto 2591 de 1991. Además, es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o., el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte. Los aspectos fácticos y jurídicos involucrados en el caso sublite exigen determinar sí  la posesión es o no un derecho fundamental (1) si ha habido observancia del debido proceso (2) si existe otro medio eficaz de defensa judicial (3) y si posee relevancia jurídica el trabajo doméstico femenino (4), temas todos estos que constituyen las premisas necesarias del fallo de esta Corporación. 1. La posesión, un derecho fundamental. Obran pruebas en el expediente según las cuales durante la convivencia de la peticionaria con su difunto compañero adquirieron una casa ubicada en la carrera 17A No. 16-54 del barrio Balalcázar de Cali, a la cual le hicieron algunas mejoras y arrendaron habitaciones a inquilinos que pagaban los cánones de rigor. De otra parte, la peticionaria habita en la actualidad en el inmueble y a través de sus apoderados ha manifestado sus pretensiones de propietaria del 50% del mismo, condición ésta que no ha sido debidamente desvirtuada hasta el momento. En estas circunstancias, la peticionaria es, cuando menos, titular activa de una relación posesoria cuya naturaleza esencial conviene dilucidar, a efectos de determinar si ella amerita  o no la protección específica que la Carta de 1991 otorga a los derechos constitucionales fundamentales. El tratamiento de este tema nos llevará a ocuparnos del concepto, naturaleza, efectos, protección, utilidad social y económica de la posesión, en la medida estrictamente necesaria para resolver el caso del presente fallo. En la doctrina nacional  más autorizada la  posesión es concebida como la subordinación de hecho exclusiva total o parcial de los bienes al hombre1 . Para nuestra Corte suprema en el pronunciamiento más trascendental y riguroso que haya hecho sobre esta materia, la posesión es poder físico directo sobre las cosas, en virtud del cual se ejecutan sobre ellas actos materiales de goce y transformación , sea que se tenga el derecho o que no se tenga; por ella obtenemos de los bienes patrimoniales el beneficio señalado por la naturaleza o por el hombre; ella misma realiza en el tiempo los trascendentales efectos que se le atribuyen, de crear y sanear el derecho, brindar la prueba óptima de la propiedad y llevar a los asociados orden y bonanza; y es ella, no las inscripciones en los libros del Registro, la que realiza la función social de la propiedad sobre la tierra, asiento de la especie y cumbre de las aspiraciones de las masas humanas2 . Su naturaleza ha sido objeto de los más amplios debates entre los maestros clásicos, particularmente los estudiosos del derecho romano. Son célebres al respecto las bien conocidas teorías de Saving y Von Ihering, las cuales han merecido siempre la más amplia atención por parte de nuestros juristas. Así, por ejemplo, en su momento el profesor José J. Gómez observó con toda razón Viene discutiéndose todavía acerca de si la posesión es un hecho o un derecho. Más que otra cosa el debate es teórico porque si la ley ampara eficazmente la posesión no tiene importancia que lo haga porque sea un hecho o un derecho. (Subrayado fuera de texto). Lo importante es que la proteja.  Ciertamente las teorías ideadas para explicar la protección posesoria, casi puede decirse que prescinden de ubicar la posesión en uno u otro concepto. Para Savigny, fundador de la escuela subjetivista, es un hecho; para Von Ihering, es un derecho.  Pero al parecer la controversia ha perdido intensidad e interés y hoy apenas sí se alude a ella3 . Luego de una amplia incursión en el campo del derecho comparado, el profesor Valencia Zea concluye que prevalece la doctrina que considera la relación posesoria como un derecho real provisional por cuanto En el derecho moderno es derecho subjetivo todo poder de voluntad que ejerza sobre cosas o en relación con otras personas; poderes de voluntad protegidos por el orden jurídico con pretensiones o acciones,  a fin de hacerlos valer frente a los demás. Los derechos sobre cosas que pueden hacerse valer con acciones reales, son los derechos reales.  La posesión es un poder de hecho que se ejerce sobre cosas y que se encuentra protegida con verdaderas acciones reales (las acciones posesorias). Desde tal punto de vista, es un hecho cierto que la posesión es un derecho real. Pero existe una gran diferencia entre la propiedad y la posesión. La primera constituye un poder jurídico definitivo; la posesión, un poder de hecho  provisional;  provisional en el sentido de que puede caer frente a la acción que se deriva de la propiedad. De ahí que la doctrina actual predique (en forma bastante unánime) que la posesión es un derecho real provisional4 . El más vasto de los efectos de la posesión es el consagrado en el artículo 762 del Código Civil cuando dispone que el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo.  Esta presunción comprende todo tipo de posesión, sin excepción alguna. Entre  las razones clásicas para justificar la protección de la posesión, la más importante que se aduce, es que ella es una exteriorización de la propiedad, una de sus formas más eficaces de prueba y una posición de avanzada de tal derecho, con implicaciones sociales y económicas por su impacto en la creación de riqueza. Es por eso que con sobrada razón observaba Ihering desde el siglo pasado que A menudo la suerte de la propiedad es casi enteramente decidida en la litis sobre la posesión, como con la posesión del título está decidida la suerte del valor al portador. Quien pierde o gana la posesión, pierde o gana en la práctica, en la mayoría de los casos, la propiedad, o sea, lo que la propiedad está llamada a procurarles; la seguridad del goce de las cosas, tanto para el propietario como para el no propietario.5 Ciertamente en un país con los problemas estructurales de pobreza y subdesarrollo, como Colombia, la justicia  a nivel de utilización racional de sus recursos económicos y la función social de los mismos hacen imperativo su ingreso o incorporación efectiva a la economía nacional. Por su naturaleza y alcance, una de las vías más eficaces para lograrlo es, precisamente, el estímulo y protección a formas concretas de posesión material económica,  como instrumento privilegiado de acceso a la propiedad. De consiguiente, la posesión resulta ser un poder de hecho jurídicamente  relevante que por su naturaleza puede ser instrumento efectivo para la adquisición de la propiedad y como tal guarda con este último derecho una conexidad de efectos sociales muy saludables que no pueden ignorarse, especialmente en el ámbito del Estado social  de derecho, cuyas consecuencias y características esta Corte ha tenido ya ocasión de señalar en algunos de sus recientes pronunciamientos. Por todo lo anterior, no es infundado afirmar que en la actual coyuntura colombiana la posesión es un derecho fundamental. En efecto, tiene, como ya se señaló, conexión intima con el derecho de propiedad, la cual constituye en opinión de esta Corte uno de los criterios específicos para la determinación de esa categoría jurídica abierta que es el derecho constitucional fundamental.6 Además, la ontología y especificidad de la relación posesoria y sus consecuencias económicas y sociales son de tal relevancia en el seno de la comunidad y para el logro de sus altos fines, que esta Corte reconoce que la posesión tiene, igualmente, entidad  autónoma de tales características y relevancia que ella es hoy, por sí sola, con todas sus consecuencias, un derecho constitucional fundamental de carácter económico y social. Puesto que en el presente caso la posesión de la peticionaria está amenazada de despojo sin que, como veremos seguidamente, se haya surtido el debido proceso y los medios de defensa judicial no le brindan la protección inmediata que la naturaleza de su derecho exige, esta Corporación considera que las circunstancias ameritan la concesión de la tutela y así  lo decretará. 2. El debido proceso. En diversas sentencias7 , la Corte Constitucional ha expuesto algunas consideraciones sobre la importancia del debido proceso en un Estado Social de Derecho. En ellas se destaca que las competencias de las distintas jurisdicciones deben estar absolutamente regladas, sin perjuicio de acudir a los principios de interpretación en materia procesal cuando sea necesario, para garantizarle a los ciudadanos que las funciones de los jueces se ejecuten en la forma como el ordenamiento jurídico lo ha dispuesto. Se busca también proteger a las personas en su dignidad humana, su personalidad y su propio desarrollo, contra posibles arbitrariedades o abusos en que pueden incurrir las autoridades, con la consabida excusa del ejercicio del poder. Ahora bien, estima la Sala que en el presente caso se ha violado el debido proceso en dos sentidos - formal y sustancial -  en virtud de un desacato de las reglas de competencia que la ley le otorga a los jueces. En primer lugar, se desconoce el debido proceso por el Juzgado Noveno Civil del Circuito cuando se continua tramitando el proceso de sucesión de la referencia, después de la reforma del Código de Procedimiento Civil que dispuso que dichos procesos, y otros, serian en adelante de conocimiento de la nueva jurisdicción de familia. Esta rebeldía a acatar las reglas de competencia duró unos 19 meses, dentro de los cuales se profirió el despacho comisorio 190 de Octubre 10 de 1991 ordenándole al Juzgado 17 Civil Municipal que practicara la mencionada diligencia. Pero además constituye violación del debido proceso, el hecho de que Esther Varela, por no ser parte, no pudiera controvertir debidamente las decisiones  tomadas en el juicio sucesorio en contra de sus intereses o derechos. En otras palabras, no podía ser oída ni vencida en juicio para defender su posesión u otras pretensiones. Todo lo anterior nos lleva a concluir que la peticionaria no podía disponer de mecanismos para proteger sus derechos fundamentales, o sea, ejercer en debida forma el derecho a la defensa, pilar fundamental del debido proceso. Esto hace procedente la acción de tutela  ante la amenaza que experimenta la posesión de la peticionaria. 3. El otro medio de defensa judicial. Como es bien sabido, el inciso tercero del artículo 86 de la Carta dispone expresamente que la tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial. En desarrollo de esta norma, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone como principio general que la existencia del medio de defensa ha de considerarse en cada caso concreto. Igualmente esta Sala de revisión ha señalado que "En virtud de lo dispuesto por la carta del 91, no hay duda que 'el otro medio de defensa judicial' a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela." 8 En virtud de lo anterior, son infundadas las conclusiones a que llegan los falladores de primera y segunda instancia para negar la tutela, arguyendo, entre otras razones la existencia en el ordenamiento legal de otros mecanismos de defensa judicial, como las acciones posesorias y los procesos de reconocimiento de sociedades de hecho. En relación con el proceso posesorio, una simple comparación de sus términos con los de la tutela, nos lleva a concluir que ésta es un mecanismo más eficaz. En efecto, es bien sabido que los términos judiciales son exclusivamente perentorios para las partes y no para el juez, lo que en la practica se traduce en la existencia de trámites y dilaciones, muchas de ellas imprevistas que hacen que dichos procesos duren  meses y meses para culminar en una decisión definitiva.  Los derechos fundamentales, núcleo y manifestación a la vez de la dignidad humana, no pueden someterse a este tratamiento. De otra parte, esta Sala no puede aceptar el argumento de que hay que esperar la sentencia de Casación para dirimir el conflicto. El derecho fundamental a la posesión se encuentra amenazado por la acción de los juzgados de Cali, que desconocen el debido proceso, razón por la cual debe concederse la acción impetrada, cuya celeridad es mayor que la de otros instrumentos alternativos de protección. 4. El trabajo doméstico "femenino" y la desigualdad. Entre los hechos mencionados y probados en el expediente aparecen las diversas actividades que la peticionaria realizó desde el momento mismo en que inició sus relaciones permanentes con su difunto compañero, Hernando Guerrero Trujillo, las cuales se prolongaron por espacio de 24 años. Ellas fueron, entre otras, las labores domésticas propias del hogar, la colaboración en actividades comerciales en las cuales se utilizaron dos vehículos adquiridos durante la unión de hecho, así como también en la explotación conjunta de una casa mediante arrendamiento de piezas a inquilinos, inmueble este  que es actualmente objeto de pleito con la adjudicataria única del difunto, señora Mélida Guerrero Trujillo. Consta así mismo que la peticionaria cuidó permanentemente de la salud de su compañero y que arregló, lavó y planchó ropa fuera del hogar  para contribuir a su sostenimiento. En virtud de todo lo anterior, la peticionaria considera que hubo una sociedad de hecho y ésta Corte advierte que dicho aspecto no será dilucidado por su específica naturaleza y alcance en el presente fallo. Comoquiera que, en el expediente de tutela se alude a un juicio que se adelanta actualmente ante la Corte Suprema de Justicia para definir la existencia de la sociedad de hecho, el Magistrado Ponente estimó necesario solicitar a esa Corporación formalmente el envío de una copia certificada del expediente, en aras de allegar elementos de juicio que le permitieran resolver la acción de tutela impetrada. Es así como en tal expediente  aparece que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Civil de Decisión-  negó la existencia de la sociedad de hecho, aduciendo, entre otras razones, que: A juicio de la Sala, no se reunieron los presupuestos específicos del contrato de sociedad, pues no se estableció que la señora ESTHER VARELA hubiera efectuado algún aporte para la constitución de la sociedad que pretende se reconozca.  En efecto, ninguno de los declarantes indica cual fue el aporte de la demandante, todos se limitan a indicar que ésta colaboraba en las labores domésticas y que realizaba algunos oficios como lavar ropas y cuidar niños que le reportaban algún beneficio económico, pero no indican en que consistió el aporte a la sociedad, si fue en dinero y en qué cuantía, o en especie y qué bienes aportó. (Subrayado fuera de texto).  (Folio 10. Anexo 1). Como se desprende de lo anterior, el sentenciador parece creer que los únicos aportes a una sociedad de hecho deben ser dinero o bienes relevantes en el mercado, con lo cual descarta de plano el denominado aporte de industria.  Seguramente por eso se abstuvo de considerar por un momento siquiera si el trabajo doméstico de la concubina tuvo o no significación económica suficiente para reconocerle, con todas sus consecuencias, la calidad de socio. Al proceder así el Tribunal comulga con quienes estiman que el trabajo doméstico es "invisible"  y como tal , carece de todo significado en la economía del mercado. Esta Corte no puede menos que manifestar su total desacuerdo con dicha visión por cuanto ella estimula y profundiza la desigualdad y la injusticia en las relaciones sociales, hace inequitativo el desarrollo económico y vulnera derechos fundamentales de la persona humana. Es por eso precisamente que,  entidades oficiales tales como el DANE, se hallan hoy empeñadas en la tarea de corregir los índices tradicionales de progreso social y contabilizar dentro del PIB el valor producido por el trabajo doméstico y medir las jornadas reales de trabajo de las personas para ayudar a orientar el proceso de desarrollo hacia el bienestar colectivo, cerrando de alguna manera la brecha entre lo económico y lo social 9 . A nivel internacional, estudiosos serios del aporte de la mujer al desarrollo señalan con toda razón que Las obligaciones tradicionales de la mujer con respecto a la familia y su trabajo no remunerado en el hogar con frecuencia no se reconocen, pese a tratarse de actividades económicas que contribuyen al ingreso del hogar y por ende al ingreso nacional. Estas actividades que no llevan rótulo de precio en efectivo, no son consideradas una variante importante para el desarrollo y no se tienen en cuenta en el momento de la planificación económica10 . Lo anterior lleva a esta Sala a indagar la razón o razones determinantes de la ostensible vulneración del principio de igualdad real consagrado en el artículo 13 de la Carta del 91. Los fundamentos culturales,  ideológicos y estructurales y la lógica de la subordinación sexual que refuerza y prolonga en Colombia tal discriminación  han sido estudiados recientemente en un iluminante trabajo académico, elaborado por las profesoras Elssy Bonilla Castro y Penélope Rodríguez S.  quienes destacan como Los atributos sexuales objetivos fundamentan "biológicamente" la división social del trabajo, que asigna "culturalmente" de manera subjetiva, espacios y responsabilidades que son mutuamente excluyentes para hombres y mujeres. Este primer referente al orden social, opera como si fuera un orden natural incuestionable que se mantiene mediante una jerarquía básica del poder, centrada en la autoridad masculina. Como producto cultural, la división social del trabajo se transforma en el tiempo, pero el uso subjetivo de los atributos biológicos se mantiene paradójicamente en la base, como constante. Este mecanismo reproduce acríticamente el contenido de las diferencias  por el sexo, para sostener una relación formal de subordinación, la cual tiene repercusiones negativas para las mujeres y para la sociedad en su conjunto. . . . La división social del trabajo está relacionada también con una separación entre el trabajo remunerado, identificado  como productivo -aunque una porción importante de las actividades de las mujeres que se orientan hacia el mercado no son remuneradas- y el trabajo doméstico, definido como improductivo al igual que las mujeres que lo realizan, quienes quedan asimiladas con los incapacitados y los inválidos, a pesar de que el bienestar de éstos depende de las actividades de aquellas.  En este sentido, la subordinación de la mujer es una realidad que permea la esfera económica y las relaciones que son externas al hogar y también la esfera doméstica y sus tareas fundamentales en la reproducción biológica, y la reproducción social. El trabajo doméstico es esencial para la economía, aunque está ligado indirectamente al proceso de desarrollo y a la acumulación de capital. El rol y la ubicación de la mujer en el proceso de desarrollo está condicionado en gran medida por su papel primario en la esfera reproductiva (Benería y Sen, 1982).  Este condicionamiento implica que una parte significativa, cuando no todos los trabajos de la mujer, permanecen invisibles. El trabajo productivo no es fácilmente detectado por la sociedad cuando es adelantado por una trabajadora que realiza también labores domésticas11 . De otra parte, los constituyentes de 1991 fueron conscientes no solo de la discriminación salarial de que es hoy víctima la mujer colombiana sino también que muchas de ellas no reciben ningún  pago por su trabajo.  Es por ello que pidieron que se elevara a canon constitucional la eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer y se garantizaran plenamente sus derechos12 . Todos los anteriores elementos permiten afirmar a esta Corte que el desconocimiento del trabajo doméstico de la peticionaria involucrado en la amenaza de despojo, sin debido proceso, del inmueble en que ella habita hoy  adquirido y mejorado progresivamente, durante la unión de hecho y como fruto del esfuerzo conjunto de los concubinos, viola abiertamente los derechos constitucionales de igualdad, debido proceso y no discriminación en contra de la mujer, consagrados, respectivamente, en los artículos  13, 29 y 43 de la Carta vigente.  Por lo cual esta Corte protegerá tales derechos de la peticionaria en la forma que se indicará en la parte resolutiva del presente fallo. III.  CONCLUSION Puesto que la peticionaria ha venido poseyendo el inmueble que actualmente habita, no puede ser despojada de él sin el debido proceso. De otra parte, dicho inmueble fue adquirido durante la unión de hecho como fruto del esfuerzo de ambos compañeros al cual ella  aportó, cuando menos, su trabajo doméstico, derecho protegido por la ley fundamental (art. 25 C.N. ). Puesto que los derechos vulnerados demandan una protección inmediata que otros medios de defensa no le brindan a la peticionaria en el caso concreto, esta Corte revocará la sentencia de la Corte Suprema - Sala de Casación Civil-  y otorgará la tutela impetrada. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO.-  REVOCAR la providencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema del 17 de Marzo de 1992 , por las razones expuestas en la  presente sentencia. SEGUNDO.- Como mecanismo enderezado a la protección inmediata  de los derechos fundamentales conculcados, ORDENAR al  Juez 17 Civil Municipal de Cali que se abstenga de practicar la diligencia de entrega para la cual fue comisionado por el Juzgado Noveno Civil del Circuito, hasta cuando reciba la correspondiente instrucción del Juez  de Familia competente, el cual deberá, en todo caso, respetar el derecho al debido proceso. TERCERO.-  En cualquier futura entrega del inmueble que realice la autoridad competente, deberá respetar  la posesión y los frutos del trabajo de la peticionaria. CUARTO.-  En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que exista realmente trabajo doméstico en las relaciones entre hombre y mujer, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá  CARACTER OBLIGATORIO  para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2591 de 1991. QUINTO.-  ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil- , al Juzgado 9 Civil del Circuito y al 17 Civil Municipal de la Ciudad de Cali, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, Cópiese, Comuníquese, Cúmplase e Insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado - Salvamento de Voto- Sentencia aprobada por la Sala Primera de Revisión, en Santafé de Bogotá a los doce (12) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) Salvamento de voto a la Sentencia No. T-494 CORTE CONSTITUCIONAL-Revisión de Tutela/JUEZ DE TUTELA-Límites (Salvamento de voto) El juez de tutela -y, por tanto, la Corte Constitucional al revisar- no está llamado a efectuar él mismo un acto, ni a proferir una providencia en materia distinta de la propiamente constitucional. No puede aceptarse que la Corte Constitucional, al revisar una sentencia de tutela, decida ordenar que un Juez Civil Municipal se abstenga de practicar la diligencia de entrega de un bien "hasta cuando reciba la correspondiente instrucción del Juez de Familia competente", lo que en realidad representa la suspensión de la práctica de un acto procesal ordenado por un juez a otro, dentro de un juicio civil que tiene en el ordenamiento jurídico vigente sus propias reglas. Implica una intromisión en el ámbito propio de la jurisdicción ordinaria, que no es la de esta Corte, y peligroso antecedente al que podrían acogerse en el futuro litigantes interesados en hacer inter-minables los procesos judiciales o en bloquear las actuaciones de los jueces. Si el problema es la competencia del juez que profirió la decisión cuestionada, el punto debe resolverse de acuerdo con el sistema ordinario y puede dar lugar, además, a consecuencias jurídicas dentro del proceso o fuera de él, ninguna de las cuales corresponde definir a esta Corporación. Existe un medio de defensa judicial consistente en la oposición a la entrega, siendo claro que el efecto práctico de ésta última, en caso de prosperar, sería el mismo que se obtiene mediante la suspensión ordenada en la fecha por la Corte Constitucional. Ref.: Expediente 1909 Magistrado Ponente: CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá,D.C., doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) El suscrito Magistrado, en el proceso de la referencia, debe manifestar su discrepancia en relación con el contenido fundamental y la decisión adoptada mediante la sentencia acogida por la mayoría, teniendo en consideración los siguientes motivos: 1. En el Estado de Derecho no puede funcionario, tribunal ni jurisdicción alguna ejercer funciones distintas de las que le han sido confiadas por el ordenamiento jurídico, lo cual tiene sustento positivo, entre otros, en los artículos 6o., 122 y 123 de la Constitución Política. 2. Por cuanto concierne a las acciones de tutela, a la Corte Constitucional se le ha encomendado (artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución), la tarea de revisar eventualmente los fallos proferidos por los jueces sobre el particular. Esa función, que debe cumplirse en los términos hoy previstos por el Decreto 2591 de 1991, no contempla la posibilidad de resoluciones por medio de las cuales esta Corporación adopte medidas o decisiones que están reservadas por la legislación vigente a otras jurisdicciones. 3. La propia norma constitucional, al referirse a la protección objeto de la acción, alude a "una orden para aquél respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo". Es decir, el juez de tutela -y, por tanto, la Corte Constitucional al revisar- no está llamado a efectuar él mismo un acto, ni a proferir una providencia en materia distinta de la propiamente constitucional. Por ese motivo, el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, titulado "Efectos de la revisión", señala expresamente que las sentencias de la Corte Constitucional mediante las cuales se revise una decisión de tutela "sólo surtirán efectos en el caso concreto y deberán ser comunicadas inmediatamente al juez o tribunal competente de primera instancia, el cual notificará la sentencia de la Corte a las partes y adoptará las decisiones necesarias para adecuar su fallo a lo dispuesto por ésta". 4. Siendo ello así, mal podría aceptarse que la Corte Constitucional, como se ha hecho en este caso, al revisar una sentencia de tutela, decida ordenar que un Juez Civil Municipal se abstenga de practicar la diligencia de entrega de un bien "hasta cuando reciba la correspondiente instrucción del Juez de Familia competente", lo que en realidad representa la suspensión de la práctica de un acto procesal ordenado por un juez a otro, dentro de un juicio civil que tiene en el ordenamiento jurídico vigente sus propias reglas. Resulta preocupante esta determinación, no obstante la bondad de las intenciones que han movido a ella, por cuanto implica una intromisión en el ámbito propio de la jurisdicción ordinaria, que no es la de esta Corte, y peligroso antecedente al que podrían acogerse en el futuro litigantes interesados en hacer interminables los procesos judiciales o en bloquear las actuaciones de los jueces. Si el problema es la competencia del juez que profirió la decisión cuestionada, el punto debe resolverse de acuerdo con el sistema ordinario y puede dar lugar, además, a consecuencias jurídicas dentro del proceso o fuera de él, ninguna de las cuales corresponde definir a esta Corporación. 5. En el caso que se examina, aunque resultan de gran interés las consideraciones consignadas en su ponencia por le H. Magistrado Sustanciador sobre la posesión y en torno al debido proceso, no menos que las relativas al trabajo doméstico femenino, creo que no era necesario formularlas por cuanto, de una manera ostensible, la narración de los hechos conducía a la conclusión de que, por una parte, la Corte Constitucional carece de competencia para entrar a definir el punto cuestionado (viabilidad de una diligencia de entrega dispuesta como efecto de una sentencia en firme) y, por la otra, que la persona afectada tiene a su alcance, como acertadamente lo expresa la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 17 de marzo de 1992, revocada mediante el fallo del cual discrepo, un medio de defensa judicial consistente en la oposición a la entrega, siendo claro que el efecto práctico de ésta última, en caso de prosperar, sería el mismo que se obtiene mediante la suspensión ordenada en la fecha por la Corte Constitucional. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Cfr.  Gómez R. José J.,  Bienes. Edición actualizada por el Dr. Douglas Bernal Saavedra, publicaciones Universidad Externado de Colombia. Bogotá, 1981. p. 342. 2 Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sentencia de 27 de Abril de 1955. Gaceta Judicial. Tomo LXXX No. 2153, p. 87 y ss. 3 Cfr. Ibídem,  pp. 351, 352. 4 Valencia Zea. Naturaleza jurídica de la relación posesoria.  p. 214, 215. 5 Citado por Gómez, José J,  op. cit., p 372. 6 Cfr.  Sentencias Corte Constitucional No. T- 406 y T- 428. Sala Primera de Revisión. 7 Cfr. Sentencias Corte Constitucional No. T- 11, T- 13  y T- 436. 8 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T- 414. Sala Primera de Revisión. 9 Cfr. Cortés Cely Juan Carlos. Trabajo Doméstico. Ensayo de valoración (Documento de trabajo mimeógrafo). Dirección General de Análisis Socioeconómico del DANE. Bogotá, Noviembre de 1991, p. 1. 10 Cfr. Anker Richard y Dixon-Mueller Ruth. Evaluación del aporte económico de la mujer al desarrollo. O.I.T.  Ginebra 1969, p. 13.  Citado por Cortés Cely Juan Carlos. Ob. Cit., p. 2. 11 Cfr. Bonilla Castro Elssy y Rodríguez S. Penélope.  Fuera del Cerco. Mujeres, Estructura y Cambio social en Colombia.  Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional  (ACDI), Santafé de Bogotá,  Colombia. 1992, p. 14, 15. 12 Cfr. Gaceta Constitucional No. 85 mayo 29 de 1991.

T-495-92 Sentencia No Sentencia No. T-495/92 DERECHO DE PETICION-Alcance El único límite que impone la Constitución para no poder ser titular del derecho de obtener pronta resolución a las peticiones, es que la petición se haya formulado de manera irrespetuosa. Es en la resolución, y no en la formulación donde este fundamental derecho adquiere toda su dimensión como instrumento eficaz de la participación democrática, el derecho a la información y la efectividad de los demás derechos fundamentales. El derecho de petición es uno de los instrumentos fundamentales para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se pueden hacer valer muchos otros derechos constitucionales, como el derecho a la información, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad de expresión. ACCION DE TUTELA/DERECHO A LA PROTECCION INMEDIATA/DERECHOS FUNDAMENTALES El juez de tutela debe examinar, en cada caso, si el otro mecanismo de defensa judicial que es aplicable al caso es igual o más eficaz que la tutela. Sólo si la respuesta es afirmativa, podrá rechazar la tutela argumentando esa causal de improcedencia. De otro modo y con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial y los derechos inalienables de la persona humana, deberá conceder la tutela. De no hacerlo, estaría violando el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. El perjuicio causado con esa dilación es claro y evidente. Cualquier otro mecanismo distinto a la tutela carece, en este caso, de la eficacia necesaria para proteger el derecho vulnerado. SALA PRIMERA DE REVISION TUTELA: 2003 PETICIONARIO: OSCAR JEREMIAS                                                        ARAGON GARCÍA PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR                                                 DE ADUANAS DE BOGOTA MAGISTRADO PONENTE: CIRO                                                               ANGARITA BAR0N Santafé de Bogotá,D.C., 12 de agosto de 1992. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Bar0n, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela instaurado por Oscar Jeremías Aragon García contra funcionarios de la Aduana de Bogotá, el cual fue fallado  en primera instancia por el  Juzgado Quinto de Instrucción Penal Aduanera y en segunda instancia por el Tribunal Superior de Aduanas. I. ANTECEDENTES El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con base en los artículos 86 de la Constitucion Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala la cual lo recibió formalmente  el día 6 de Mayo del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. A. Hechos El 20 de Febrero de 1992, el señor Oscar Jeremías Aragon García, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Aduanero. Considera el peticionario que algunos funcionarios de la Aduana de Bogotá han omitido el obligado pronunciamiento respecto de la nacionalización de varias máquinas para el tratamiento de información marca TAB, que habían sido ya declaradas como de no-contrabando por el Juzgado Tercero de Instrucción Penal Aduanero de Bogotá, en providencia del 3 de Noviembre de 1988. En la misma se ordena, además, poner las referidas máquinas a disposición de la Administración de Aduanas de Bogotá para que ésta proceda a los trámites de su nacionalización.  Esa decisión judicial fue comunicada a la Aduana el 23 de Mayo de 1989, después de que el Tribunal Superior de Aduanas la confirmara el 7 de Marzo del mismo año. Según el peticionario, la violación del derecho consiste en que, a pesar de la existencia de esos claros mandatos judiciales y  de los múltiples requerimientos que él ha presentado a la Aduana para que se realice el trámite ordenado, ello no ha ocurrido hasta el presente. En el expediente obran copias de las diversas solicitudes presentadas a la Aduana por parte del peticionario, fundamentadas todas en la decisión judicial a que se ha hecho ya referencia. El Juzgado Quinto de Instrucción Penal Aduanero, conoció en primera instancia de esta tutela, y pudo  comprobar que todos los documentos aportados por el peticionario eran auténticos y que no se había dado trámite a las peticiones impetradas. Es de observar, de otra parte, que el 24 de Febrero de 1992, cuando la tutela estaba ya en trámite, la Aduana de Bogotá expidió la Resolución 350, por medio de la cual decidió autorizar la nacionalización de casi todos los equipos referidos, exceptuando uno cuyo trámite había sido irregular. B. La decisión de Primera Instancia Para el Juzgado Quinto de Instrucción Penal Aduanero es claro que hubo "mora apreciable" por parte de la Administración de Aduanas de Bogotá para dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Tercero de Instrucción Penal Aduanero  y  para atender las consecuentes peticiones del interesado. Esas varias peticiones se presentaron entre Octubre de 1989 y Septiembre de 1991, sin que hubiera respuesta alguna por parte de la Aduana. Esa omisión, según el Juzgado, viola el derecho fundamental de petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitucion Nacional y , en particular, el derecho a la resolución oportuna de las peticiones, lo que además, perjudica los intereses patrimoniales del importador (peticionario en esta tutela), pues la prolongada retención de las máquinas produjo su consecuente obsolescencia. Sin embargo, ante el hecho de que ya se ha producido la resolución tantas veces solicitada por parte de la Aduana de Bogotá, el Juzgado decide declarar procedente la tutela únicamente para efectos de indemnización, (Art. 26 del Decreto 2591 de 1991), y no para efectos de proteger el derecho tutelado. La Aduana impugnó la decisión con base en el argumento de que la tutela no era procedente porque el particular no ejerció "a través de los mecanismos legales previstos al efecto, las acciones o medios de defensa judicial para reparación del daño o restablecimiento del derecho que reputa vulnerado."(Cfr. Fl 9) C. La decisión de segunda instancia El Tribunal Superior de Aduanas, que conoció de la impugnación, revocó la sentencia de primera instancia, pues existían en el caso de autos, otros mecanismos de defensa judicial y eso hacía improcedente la tutela, más aún cuando aquí no se configuraba un perjuicio irremediable que permitiera interponerla como mecanismo transitorio. Fundamenta la anterior afirmación con base en el argumento según el cual, "si bien pueden deteriorarse",  la existencia misma  de las máquinas nunca estuvo en peligro, y por lo tanto, el perjuicio no es irremediable. II CONSIDERACIONES DE LA CORTE Esta Corte ha tenido oportunidad de pronunciarse en distintas ocasiones sobre el ejercicio y alcance del derecho de petición.1 En ellas  ha reconocido su carácter de derecho fundamental.  Igualmente ha destacado que los límites y regulaciones de su ejercicio únicamente pueden estar contenidas en la ley, siempre y cuando ésta no desborde los precisos marcos que la misma Constitucion consagra. Por cuanto respecta a  las modalidades conexas de su  ejercicio, ha establecido,  por ejemplo, que el acceso a los documentos públicos hace parte de su núcleo esencial, siempre y cuando la petición sea razonable. El caso que hoy ocupa a la Corte, se vincula de nuevo con el derecho de petición, pero esta vez desde una nueva perspectiva que surge del texto mismo del artículo constitucional: el derecho a  la pronta resolución de las peticiones. En efecto, la norma constitucional que consagra el derecho de petición, establece que: "Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.  El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales" (Art. 23 C.N. subrayas fuera de texto) De su texto se deducen los límites y alcances del derecho: Una vez formulada la petición, de manera respetuosa, cualquiera que sea el motivo de la misma ( interés particular o general), el ciudadano adquiere el derecho a obtener pronta resolución. El único límite que impone la Constitucion para no poder ser titular del derecho de obtener pronta resolución a las peticiones, es que la petición se haya formulado de manera irrespetuosa. Dicho de otra manera, la petición irrespetuosa exime a las autoridades de resolver prontamente. En cualquier otro caso, es obligación de ellas actuar con prontitud, dentro de los términos que la ley establezca. Puede incluso llegar a afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si sólo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el derecho de petición, si la misma Constitucion no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución. Es en la resolución, y no en la formulación donde este fundamental derecho adquiere toda su dimensión como instrumento eficaz de la participación democrática, el derecho a la información y la efectividad de los demás derechos fundamentales. Esta obligación estatal de resolver prontamente las peticiones existía ya en la constitucion anterior, la cual establecía en su artículo 45  que: "Toda persona tiene derecho de presentar peticiones respetuosas a las autoridades , ya sea por motivos de interés general, ya de interés particular, y el de obtener pronta resolución" Bajo la vigencia de esa norma, los organismos judiciales y, en particular, el Consejo de Estado, fueron estrictos al hacer cumplir el deber de las autoridades de resolver rápido las peticiones, en especial en materia de impuestos. Manuel José Cepeda2 describe la orientación que se le dió en aquel entonces a ese deber, así: "...En 1970 (el Consejo de Estado) confirmó un fallo que revisaba una liquidación efectuada por la administración de manera extemporánea. Para el Consejo, "el derecho de petición es uno de los más naturales, sencillos y sagrados, y de los que más de antiguo han sido reconocidos", sin el cual, faltaría la administración de justicia. Afirmó que la ley debía fijar el término para que la resolución fuera pronta, pues de lo contrario, el derecho podría volverse nugatorio. En tres oportunidades posteriores el Consejo reiteró esta jurisprudencia al fallar asuntos tributarios. "El Consejo de Estado reiteró en varios de sus fallos que el deber de las autoridades de dar pronta resolución a las peticiones no implicaba que debían responder en un determinado sentido. Así lo sostuvo al no declarar la nulidad de unos actos administrativos de la Cámara de Comercio de *Tuluá y de la Superintendencia de Industria y Comercio referentes a la expedición de un certificado de existencia y representación de una sociedad que incluía la constancia de encontrarse embargado el interés de uno de los socios. Para el Consejo el derecho de petición era un derecho de audiencia, que no predeterminaba el sentido de la respuesta, pues lo importante era que ésta se diera." Es evidente que este contenido esencial de la jurisprudencia del Consejo de Estado es también aplicable a la luz de la Constitucion de 1991, puesto que el artículo que establece el derecho de petición se conserva de manera similar, al menos en lo que respecta a las peticiones dirigidas a las autoridades públicas. Sin embargo, es oportuno hacer algunas precisiones adicionales. En primer lugar, lo dicho por el Consejo de Estado es aún más cierto hoy en día, en la medida en que el derecho de petición es uno de los instrumentos fundamentales para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se pueden hacer valer muchos otros derechos constitucionales, como el derecho a la información, el derecho a la participación política y el derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. De tal manera que esa nueva dimensión del derecho de petición hace que su instrumento más eficaz -la pronta resolución- , adquiera también alcances más amplios. En la Asamblea Nacional Constituyente,  el tema de la pronta resolución de las peticiones fus una constante en todos los debates que se presentaron sobre el tema. El proyecto del Gobierno la contemplaba en su artículo 25; en la Subcomisión respectiva de la Comisión primera se hablaba del derecho a obtener "pronta respuesta". La Comisión Primera prefirió el tradicional término "pronta resolución", que se mantuvo desde entonces en la plenaria para primer debate, en la Comisión Codificadora, en la plenaria para segundo debate, en la Comisión de Estilo y, por supuesto, en el texto final y definitivo. El término "pronta resolución" fue objeto de debates en la Asamblea, pues se quiso en algún momento sustituir por el término "pronta respuesta". Finalmente se determinó su alcance . El Constituyente Jaime Arias López, en la Comisión Primera dijo: "Es que respuesta puede ser simplemente decir: recibimos su petición de tal fecha y queda radicada, etc; eso es una respuesta, pero resolución, quiere decir resolver sobre la petición (...) Es un término mucho más amplio y así lo ha entendido la jurisprudencia".3 De todo lo anterior, se infiere claramente lo siguiente: a) Su pronta resolución hace verdaderamente efectivo el derecho de petición. b) Es una obligación inexcusable del Estado resolver prontamente las peticiones presentadas por los ciudadanos. c) Unicamente la ley puede fijar los términos para que las autoridades resuelvan prontamente las peticiones. Ello se desprende del carácter constitucional y fundamental que tiene este derecho. d) Cuando se habla de "pronta resolución", quiere decir que el Estado está obligado a resolver la petición, no simplemente a expedir constancias de que la recibió. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso y, en esa medida, podrá ser positiva o negativa. La obligación del Estado no es acceder a la petición, sino resolverla, tal y como lo ha puesto de presente esta Corte Constitucional: "En lo pertinente, el artículo 23 de la actual Constitucion consagra el derecho de petición en los mismos términos que venían de la anterior, bajo la cual fue concebida en la forma más amplia, pues de él se derivan facultades y poderes tan amplios como los de pedir en contención ante la administración de justicia, por un extremo, hasta los de, mediante su ejercicio, cumplir una función de control de la función pública, de manera que su importancia es manifiesta. Es de notar que él consiste no simplemente en el derecho de obtener una respuesta por parte de las autoridades sino de que haya una resolución del asunto solicitado, lo cual si bien no implica que la decisión sea favorable, tampoco se satisface sin que se entre a tomar una posición de fondo, clara y precisa, por el competente; por esto puede decirse también que el derecho de petición que la Constitucion consagra no queda satisfecho con el silencio administrativo negativo que algunas normas disponen, pues esto es apenas un mecanismo que la ley se ingenia para que el adelantamiento de la actuación sea posible y no sea bloqueada por la Administración, especialmente con vista en la promoción de las acciones judiciales respectivas, pero en forma ninguna cumple con las exigencias constitucionales que se dejan expuestas y que responden a una necesidad material y sustantiva de resolución y no a una consecuencia meramente formal y procedimental, así sea de tanta importancia"4 El caso sublite es un típico ejemplo  de incumplimiento de la obligación estatal de carácter constitucional de resolver prontamente las peticiones. Ese incumplimiento se puede predicar, no sólo de la Aduana de Bogotá, sino también del Tribunal Superior de Aduanas cuando conoció en segunda instancia de la acción de tutela, que es, ni más ni menos, una modalidad particular del derecho de petición. En efecto, el ciudadano interpuso la tutela porque consideraba que un derecho constitucional suyo había sido violado; el juez de primera instancia se preocupó por resolver exactamente esa duda (hay o no hay una violación). En este caso la resolvió positivamente, pero si lo hubiera hecho negativamente, con fundamento, de todas maneras habría satisfecho la petición: la habría resuelto. En lugar de ello, el Tribunal Superior de Aduanas, simplemente se limitó a hacer formulaciones abstractas sobre la tutela y el derecho de petición, para concluir finalmente que no procedía la tutela porque existen otros medios de defensa judicial. ¿Puede  válidamente afirmarse que el Tribunal Superior de Aduanas resolvió (negativa o positivamente) la petición de tutela? Es claro que no. Lo único que supo el peticionario es que para pedir lo que pidió, debió haber utilizado otro medio. De otra parte, la negativa del Tribunal a conceder la tutela contraviene los mandatos del decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia de esta Corte en lo que tiene que ver con el otro medio de defensa judicial. En efecto, el artículo 6 del decreto dice que la tutela no procede cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Sin embargo, la norma agrega que "la existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante." En diversas sentencias de esta Corte,5 se ha insistido en que el juez de tutela debe examinar, en cada caso, si el otro mecanismo de defensa judicial que es aplicable al caso es igual o más eficaz que la tutela. Sólo si la respuesta es afirmativa, podrá rechazar la tutela argumentando esa causal de improcedencia. De otro modo y con miras a hacer prevalecer el derecho sustancial y los derechos inalienables de la persona humana, deberá conceder la tutela. De no hacerlo, estaría violando el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. El Tribunal Superior de Aduanas ni siquiera se preocupó por sugerir en concreto, cual sería ese otro mecanismo de defensa judicial. El argumento en abstracto le es más que suficiente para denegar la tutela. Lo cual no sólo desconoce el derecho del accionante, sino que lo deja sin una ilustración sobre el camino a seguir. Por lo demás, no puede ser de recibo la tesis del Tribunal según la cual, "Tampoco podría predicarse que existe un perjuicio irremediable como consecuencia de la omisión de la Administración de la Aduana en pronunciarse sobre la decisión de la justicia penal aduanera, pues por este debe entenderse tal y como lo señala el Artículo 6 del Decreto 2591, aquel que "sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización" y en el caso materia de estudio las máquinas TAB, son bienes muebles que si bien pueden deteriorarse, también son susceptibles de conservarse en el tiempo y cuya entrega podía ser negada o aprobada sin que se comprometiera su existencia" (Fl 83) Por el contrario, lo cierto y evidente es que la cantidad de años que ha durado esa maquinaria en los trámites de aduana hace que hoy en día sean muy seguramente equipos obsoletos. La obsolecencia es un fenómeno que se presenta rápidamente en el mundo de los equipos electrónicos. Cada año salen al mercado nuevos y más sofisticados equipos, lo que hace que lo viejos modelos sean cada año más difíciles de comercializar. En este aspecto, la Sala comparte en su totalidad el criterio del Juez quinto de instrucción penal aduanera, cuando dice; "Por otra parte, además con la violación del derecho tutelado referido anteriormente se han ocasionado perjuicios al reclamante, como quiera que el mantener retenidas las máquinas durante todo el tiempo sin que la Administración de la Aduana de Bogotá produjera la Resolución autorizando su nacionalización, permitió que las mismas perdieran vigencia, o se quedaran obsoletas, y su improductividad, obviamente, afectaron (sic) el patrimonio económico del señor ARAGON GARCIA en su calidad de representante legal de la firma importadora mencionada."(Fl 47) De otra parte, es cierto también que cuando se surtía el trámite de primera instancia de la tutela, la administración de Aduanas profirió la resolución, autorizando  la nacionalización de las mercancías. Esa situación encaja en el supuesto de hecho del Artículo 26 del decreto 2591 de 1991, según el cual "Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes" Hizo bien el juzgador de tutela en la primera instancia al derivar de ese supuesto la consecuencia jurídica correcta, esto es, declarar fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización, pues, como se vió arriba, el perjuicio es claro y evidente. III. CONCLUSION El derecho fundamental a que se resuelvan prontamente las peticiones presentadas ante las autoridades públicas se vulneró en este caso, por parte de los funcionarios de la Aduana de Bogotá, pues dilataron la resolución de las solicitudes elevadas por el peticionario, todas las cuales estaban fundamentadas en sendas decisiones judiciales. El perjuicio causado con esa dilación es claro y evidente. Cualquier otro mecanismo distinto a la tutela carece, en este caso concreto, de la eficacia necesaria para proteger el derecho vulnerado. Por todo lo anterior, se revocará la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Aduanas y, en su lugar, se confirmará la sentencia de primera instancia del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Aduanera, con las adiciones  que se formularán en la parte resolutiva. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de tutela proferida por el Tribunal Superior de Aduanas, el 19 de Marzo de 1992, en el proceso iniciado por Oscar Aragon García contra funcionarios de la Aduana de Bogotá SEGUNDO.- CONCEDER la tutela instaurada por Oscar Aragón García, en los términos establecidos en la sentencia del Juzgado Quinto de Instrucción Penal Aduanera el 2 de Marzo de 1992, vale decir, únicamente para efectos de indemnización. TERCERO.- ORDENAR la remisión inmediata de toda la actuación a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para los efectos contemplados en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 CUARTO.- En todos los casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que los funcionarios públicos hayan dilatado o postergado injustificadamente la resolución de las peticiones elevadas por los ciudadanos con perjuicio cierto para éstos, la doctrina constitucional establecida en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. QUINTO.- ORDENAR que por Secretaría se hagan las comunicaciones respectivas, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1  Cfr. T- 464 Sala Segunda de Revisión  y T- 473 Sala Primera de Revisión entre otras. 2 Cepeda, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Editorial TEMIS, Bogotá, 1992. pp.246- 247 3 JAIME ARIAS LOPEZ, Comisión Primera, 23 de abril de 1991. Citado por Cepeda, Manuel José Op. Cit. pag. 241 4 Sentencia T-481, Sala Séptima de Revisión, ponente: Jaime Sanín Greiffenstein 5 Cfr, entre otras, T-414, Sala Primera de Revisión, ponente: Ciro Angarita Barón

T-496-92 Sentencia No Sentencia No. T-496/92 DEBIDO PROCESO La figura del debido proceso, es aplicable a toda clase de actuaciones que se realicen en los estrados judiciales e igualmente es válido el debido proceso, para toda actividad de la administración pública en general, sin excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el particular. En el evento sublite es apenas natural que puede la sociedad actora  reclamar que se le desconoce el debido proceso, ya que éste ha de cumplirse en tratándose también de los trámites y procedimientos que se cumplen ante las autoridades administrativas y sin que al efecto tenga que distinguirse si quien adelanta la gestión frente a ellas, sea una persona natural o una persona jurídica.   La administración en uno u otro caso, ha de respetar el debido proceso. ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA/DERECHOS FUNDAMENTALES En principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela. Las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) Indirectamente:  cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas, y b) Directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/CADUCIDAD/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Improcedencia Es incuestionable que los actos administrativos, provenientes de un establecimiento público, como lo es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, caen bajo la órbita de control de la jurisdicción Contencioso administrativa y son pasibles de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Y del mismo modo, son susceptibles de la suspensión provisional de sus efectos, la cual se puede impetrar junto con la demanda y obtener del juzgador, si accediese a ella, a que no se produjeran tales efectos hasta el momento procesal de la sentencia. El derecho concreto que se estima vulnerado por desconocimiento de un derecho constitucional fundamental ha de encontrarse debidamente establecido, esto es, que del mismo sea titular de manera indubitable el actor de tutela.  Mas tampoco es procedente el expediente del mecanismo transitorio en el presente caso, pues no se dan los supuestos que lo autorizan.  En efecto:  no se configura perjuicio irremediable, ya que en caso de prosperar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la situación volvería al estado anterior, inclusive con la obtención de la suspensión provisional. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 2036 Tema:        Violación al Derecho Fundamental                                                del Debido Proceso. Improcedencia de  la acción de                                          tutela por no existir perjuicio                                                irremediable. El derecho   concreto  que se                                         estima vulnerado       por                                         desconocimiento de  un derecho                                            constitucional fundamental  ha de encontrarse   debidamente                                        establecido. Actor:        Sociedad  Comercial Inversiones                                         U.S.S.A. Ltda. Magistrado Ponente: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Santafé de Bogotá, D.C., primero (1) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela proferida  por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, el día 12 de febrero de 1992, por medio de la cual confirmó la providencia del Juzgado Séptimo Civil del Circuito  de Santafé de Bogotá, del día 24 de enero de l991. I. ANTECEDENTES. De conformidad con lo ordenado en los artículos 86 y 241 numeral 6o. de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de l991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional consideró procedente realizar el estudio y evaluación de la acción de tutela de la referencia. Con fundamento en el artículo 34 del Decreto 2591 de l991, entra esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, a dictar sentencia de revisión. A. HECHOS DE LA DEMANDA. La Sociedad Inversiones U.S.S.A. Ltda., domiciliada en Santafé de Bogotá, presentó ante el Juez Séptimo Civil del Circuito de esta ciudad, una petición para que se le diera protección al derecho constitucional fundamental del debido proceso. La Sociedad peticionaria de tutela en su escrito de demanda, señala los siguientes hechos: La Caja de Retiro de las Fuerzas Militares en calidad de arrendador dió en arrendamiento un inmueble de  su propiedad situado en la carrera 13 No. 27-08 de esta ciudad, a la Sociedad Inversiones U.S.S.A. Ltda., contrato que se suscribió el 1o. de enero de l979, con vigencia de un año prorrogable por un período igual si el arrendatario comunicaba esa voluntad con quince (15) días de antelación al vencimiento del plazo. Las partes contratantes durante la vigencia de este negocio jurídico de común acuerdo procedieron a ampliar el término contractual por prórrogas automáticas de un año comprendido entre el 1o. de enero a 31 de diciembre, de conformidad con las estipulaciones jurídicas del negocio  en cuestión, extendiéndose éste hasta el año de l991. Para el último año la entidad administrativa incrementó el canon de arrendamiento de $ 414.000 a la suma de $ 675.000, cantidad ésta que el arrendatario no pagó en su totalidad dentro del término pactado. Por esta razón la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante Resolución No. 1411 del 19 de junio de l991, le decretó la caducidad administrativa al contrato suscrito con la Sociedad Inversiones U.S.S.A. Ltda., en su calidad de arrendataria del local No. 27-08 de la carrera 13 de esta ciudad, por haber incumplido parcialmente con el pago del valor del arrendamiento.  En ese acto administrativo también se le impone una multa a la Sociedad arrendadora en cumplimiento de la cláusula penal pecuniaria establecida en el contrato. La Sociedad afectada interpuso el recurso de reposición contra el mencionado acto administrativo y al efecto  alegó que el aumento considerado en el último año fue excesivo al alcanzar el 60% del valor total, que la Caja de Retiro no comunicó a tiempo el aumento y además que no era procedente para decretar la caducidad administrativa, si se tiene en cuenta que el contrato  es de derecho privado y por esta circunstancia se rige por las normas civiles que existen sobre la materia. Por Resolución No. 2990 del 13 de diciembre de l991, la susodicha Caja resolvió el recurso de reposición, confirmando en todas sus partes, la decisión de declaratoria de la caducidad del contrato a la Sociedad U.S.S.A. Ltda. y lo referente a la imposición de la multa. B. LA ACCION DE TUTELA. La Sociedad Inversiones U.S.S.A. Ltda. incoó la acción de tutela para "proteger el derecho constitucional fundamental del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución y que ha sido violado por el Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, mediante la Resolución 1411 del 19 de junio de l991". También solicita "se declare en el fallo correspondiente que no es procedente lo dispuesto en la mencionada resolución, toda vez que no se ha aplicado el debido proceso". Pide además: "la protección inmediata del Derecho Constitucional Fundamental que ha sido violado por la entidad demandada, para lo cual pidió como MECANISMO TRANSITORIO para evitar un perjuicio irremediable, SUSPENDER LA APLICACION DEL ACTO IMPUGNADO, es decir, el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 1411 del 19 de junio de l991 dictada por el Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, y ordene lo que considere procedente para proteger los derechos de mi poderdante. Para tal efecto solicito se comunique de inmediato tanto al Director General de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, como al Alcalde Menor de Santafé de Bogotá. La no aplicación del acto impugnado debe ser, mientras dure el proceso de NULIDAD DE LA RESOLUCION, (sic) que impetrará mi representada ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Igualmente solicito condenar a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, a que indemnice a mi representada por el daño causado con la resolución dictada". Fundamenta su acción en los siguientes hechos: Que conforme a la ley 19 de l982, en sus artículos 1o., 3o. y 4o., el contrato de arrendamiento es un negocio privado y por lo tanto los conflictos que se deriven de él están sometidos a la jurisdicción civil. Que igualmente el Decreto 222 de l983, en sus artículos 16 y 17 no incluye dentro de su texto los contratos de arrendamiento y que por ese motivo en el contrato suscrito entre esa sociedad y la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, no había necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 25 del Estatuto Contractual y que por el hecho de ser un contrato privado de la administración no hubo necesidad de pactar la cláusula de la caducidad. Que el artículo 65 en concordancia con el 62 del Decreto Ley 222 de l983 y normas pertinentes no contemplan la obligatoriedad de la cláusula de caducidad en el contrato de arrendamiento. Además no se ha dado ninguna de las causales previstas en el artículo 62 porque no se ha causado un verdadero perjuicio a la Caja. Del mismo modo el artículo 61 ib. dice que en  "la cláusula de caducidad deberán señalarse los motivos que den lugar a la declaratoria de caducidad, requisito que no se ha cumplido en razón de que no se pactó tal cláusula". Que el contrato se venía prorrogando año por año, era obligación del arrendador comunicar a esa persona jurídica el monto del reajuste que se debía cobrar lo que no se hizo, por lo que la Sociedad  canceló un valor en el mes de enero que resultó inferior al incremento del costo de vida del año anterior, pero para el mes de febrero pagó el saldo adeudado a la Caja de Retiro. Que la cláusula penal debe ser proporcional y el artículo 71 del Decreto ley 222 habla de la proporcionalidad entre la  multa y el perjuicio. Que con el saldo que dejó de percibir la Caja, equivalente a $ 9.770.oo, no se le causó ningún perjuicio a esa entidad para que tuviera como consecuencia inmediata la declaratoria de caducidad del contrato y la imposición de una multa, que esa entidad ha debido tener en cuenta también que al momento de realizar el pago, el Dane no había determinado el incremento del costo de la vida en el año inmediatamente anterior. Que conforme al Decreto 1376 de l986 el precio mensual  del  arrendamiento  debe estar sujeto al avalúo  catastral del inmueble y ser el 1.5% de dicho avalúo, norma ésta que la Caja ha violado. Reafirma su concepto al considerar el contrato de arrendamiento como de derecho privado y por lo tanto, los litigios que de ellos se deriven son de competencia de la jurisdicción ordinaria. Que en el contrato no se pactó la caducidad, razón por la cual a esta relación contractual no era susceptible de aplicársele la caducidad. Fundamenta la violación del debido proceso en que la administración para este caso ha debido hacer uso del artículo 424 del Código de Procedimiento Civil, que reglamenta esta clase de actuaciones judiciales. Como soporte jurídico invoca los artículos 26 de la Constitución Nacional que consagra la libertad para escoger profesión u oficio y el 86 de la misma norma, que incorpora la acción de tutela al ordenamiento jurídico colombiano y los artículos 5o, 7o, 9o y siguientes del Decreto 2591 de l991. C. PRIMERA INSTANCIA. El Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá,  en  providencia del 24 de enero de l992, negó el amparo del derecho. En ella hace un estudio de los derechos fundamentales constitucionales en los convenios y pactos internacionales, recoge los antecedentes históricos expresados en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente y manifiesta que los derechos susceptibles de ser tutelados son los relacionados en el Título II Capítulo I, los incluidos en el Título II Capítulo V "De los Deberes y Obligaciones", los consignados en tratados y convenios internacionales suscritos por Colombia y los derechos que son inherentes a las personas humanas. Finalmente señala: "Todo lo anterior para reiterar que la acción de tutela ha sido concebida desde sus orígenes, como inherente a la condición de "hombre", de "ciudadano", de "persona humana", de "individuo" de "ser humano" y así fue acogida tanto por el Gobierno como por la Asamblea Nacional Constituyente en donde, según se anotó, dentro del debate correspondiente, emergió inequívocamente la figura de la acción de tutela como mecanismo para la protección de los Derechos Humanos con el fin de hacer expedito el camino de la denominada "Jurisdicción de la libertad". En concepto del fallador por tratarse de una persona jurídica comercial, la Sociedad Comercial Inversiones U.S.S.A. Ltda, no es titular de derechos fundamentales constitucionales. D. IMPUGNACION DEL FALLO. En escrito de 30 de enero de l992 la Sociedad Comercial Inversiones U.S.S.A. Ltda., impugnó el fallo comentado, acción que coadyuvó Martha Erika Camargo González en su calidad de arrendataria del inmueble objeto de la Resolución No. 1411 de l991, porque aquélla fue destinataria de esta última. Sostiene que según el artículo 86 de la Carta, en concordancia con el Decreto 2591 de l991, arts. 1o. y siguientes, toda persona sea natural o jurídica tiene acción de tutela. Solicita en consecuencia que se revoque el fallo del Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá. E. FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA. El Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, Sala Civil, conoció de la impugnación y en sentencia aprobada el 12 de febrero pasado, confirmó la providencia del Juez Séptimo Civil de Circuito de esta ciudad, no por las razones expresadas por éste sino porque  el accionante disponía de otros medios judiciales  de defensa a su alcance como es  la acción de Restablecimiento del Derecho, ante la  jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, a través de la cual puede solicitar la suspensión provisional del acto administrativo acusado. Fundamenta igualmente su decisión en el contenido del artículo 1o. del Decreto 306 de l992, el cual en su literal d) señala que no se considera la existencia de un perjuicio irremediable cuando el accionante tiene a su alcance otro medio de defensa judicial para que se le haga entrega del bien del cual se le quiere despojar en su usufructo a través del acto que le decretó la caducidad del contrato de arrendamiento. II. COMPETENCIA. Esta Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela con fundamento en el contenido en los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral 9o. de la Constitución Nacional, en consonancia con lo establecido en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de l991. III. CONSIDERACIONES. La presente acción de tutela, fue instaurada contra una autoridad  pública  del   orden nacional,  por lo que la  parte demandada es el Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, creada por la ley 75 de l925, como establecimiento público adscrito al Ministerio de Defensa. En consideración a los hechos relatados, estima procedente que los puntos a tratar para esclarecer la presente controversia jurídica, son: 1.      Establecer el carácter del debido proceso como derecho fundamental. 2.      Legitimación de la sociedad actora para ejercer la acción de tutela. 3.      Improcedencia de la presente acción de tutela. Entra esta Sala de Revisión a desarrollar el temario citado, en los siguientes términos: 1.      El debido proceso es un derecho fundamental. En tal sentido se ha pronunciado esta Corte en varias oportunidades.   En  la   presente   Sala de   Revisión  (sentencia de tutela No. 419) dijo lo siguiente que ahora se prohija: "         A.      El debido proceso es derecho fundamental. Los derechos que pueden ser objeto de la acción de tutela son los fundamentales, según lo previene el artículo 86 de la Constitución Nacional. Esta a su vez en su Titulo II denominado "De los derechos, las garantías y los deberes", contempla en su Capítulo I los Derechos Fundamentales, entre los cuales está el del debido proceso. Esta incorporación del Derecho al Debido Proceso de manera explícita en la Carta como derecho fundamental corresponde inconcusamente a la naturaleza de este último. En efecto: Los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite ejercer sus  deseos y apetencias libremente.  De ahí que se le reconozca una dignidad -la dignidad humana-  que lo colocan en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los  cuales  ésta se vería discriminada,   enervada  y  aún   suprimida.     Son  los  derechos fundamentales  que  le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento; salvaguardan su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la educación  y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre asociación y a formar sindicatos, etc. El Presidente de la República en el acto de instalación  de  la  Asamblea  Constituyente el 5 de febrero de 1991 destaca el carácter inmanente de los derechos fundamentales al  decir  que  son "aquellos que por su trascendencia democrática pueden ser aplicados por un Juez porque no requieren una ley que explique sus alcances y su contenido". Mario Madrid-Malo Garizábal caracteriza estos derechos      así: "Los derechos humanos han recibido varias denominaciones a lo largo de los siglos. Primero, por influencia de la teología y del jusnaturalismo, se les llamó derechos naturales. ""Según esta noción -explica Benito de Castro Cid-, enraizada en la doctrina tradicional del derecho natural, los Derechos Humanos son unos atributos o exigencias que dimanan de la propia naturaleza, que son anteriores a la constitución de la sociedad civil  y  que, siendo  previos y superiores al derecho estatal, debe ser reconocidos y garantizados por éste"". "En el siglo pasado surgió el concepto de derechos públicos subjetivos.  Este concepto es fruto de la observación del conjunto de circunstancias originadas en la existencia del hombre, conjunto en el cual quedan abarcadas todas las posibilidades de su actuación como sujeto de derechos y deberes. También se hace referencia a los derechos humanos con el nombre de derechos fundamentales.  Esta expresión se emplea para señalar  aquellos  derechos  del ser humano que por su incorporación en las normas reguladoras de la existencia  y de la organización de un Estado, se incorporan al derecho positivo  como fundamento de la ""técnica de conciliación"" entre el ejercicio del poder público y el de la libertad de los gobernados. El constitucionalismo clásico llamó libertades públicas o  derechos  individuales a lo que hoy conocemos con el nombre de Derechos Humanos Fundamentales. Se trata en todo caso, de la suma de atributos inherentes al hombre, fundados en su naturaleza misma, indispensable para su autoperfeccionamiento. La persona humana es un ser racional y libre que está ordenado aun fin. Tal carácter la reviste de una dignidad esencial, en el cual tiene su raíz y su fundamento ciertas prerrogativas que le permiten defender la plenitud de su identidad. ""La persona tiene una dignidad absoluta -reflexiona  Maritain-   porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su cabal realización"".1 Sobre el Derecho al Debido Proceso discurre Fernando Velásquez V. del siguiente modo: "En sentido amplio el debido proceso es el conjunto no sólo de procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución  administrativa  que se refiera a la libertad individual sean fundamentalmente válida, sino también  para  que se constituya en garantía  del   orden,  de  la  justicia,  de la seguridad en cuanto no se lesione de manera indebida la seguridad propuesta como intangible para el ciudadano en el Estado democrático. En sentido restringido la doctrina define el debido proceso como todo ese conjunto de garantías que protegen al  ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho.  Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso  es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del Derecho Procesal Penal, incluso el del Juez Natural que suele regularse a su lado".2 La Carta Política plasma en su artículo 29 el derecho al debido proceso del siguiente modo: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno  derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". Con el debido proceso se relacionan los artículos 31 y 33 de la Constitución que son del siguiente tenor: Artículo 31. "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagren la ley. El superior no podrá gravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único". Artículo 33. "Nadie podrá   ser   obligado   a declarar   contra  sí mismo o contra su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil". Los artículos 1o., 2o., 10o., 16 del Código de Procedimiento Penal (Decreto No. 2700 de 30 de noviembre de 1991) recogen los mandatos constitucionales precedentes. La Institución  del Debido Proceso está contemplada en todas las legislaciones y ello ha permitido consagrar este principio como pilar fundamental de las tesis que forman el Derecho Procesal Universal.  Ya particularizada la figura del debido proceso se convierte en un derecho fundamental constitucional en beneficio de las personas consideradas partes  dentro de la relación procesal. Jurisprudencialmente en nuestro Estado, también existe la reafirmación de la figura jurídica del debido proceso, al reiterar la Corte Suprema de Justicia en diferentes oportunidades sus criterios en ese sentido, y en aras de ratificar esos señalamientos, se transcribe lo siguiente: "Tiene establecido la Corte, y no de ahora sino por tradición jurisprudencial, que toda disposición   legal  o    de   jerarquía   menor,  procesal o no, penal o no, debe respetar y en su caso garantizar los principios normados en los artículos 10o, 16, 23 y 26 de la Constitución, sobre el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las personas ante la ley y de las partes ante su juzgador. Es indispensable además hacer ver que tantos presupuestos procesales constitucionalizados han sido ya prohijados por el denominado "Derecho Ecuménico" de las naciones civilizadas del orbe,  como una de las pocas conquistas clara de naturaleza universal, plasmadas en cláusulas normativas  multilaterales de naturaleza supralegal, como pactos o tratados internacionales de derecho público". Más adelante señala la Corte en el mismo fallo: "El derecho de defensa emana del artículo 26 de la Carta, porque pertenece al debido proceso.  Más aún esta norma constitucional tiene como objeto principal su garantía, dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se relaciona directamente con los derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad. Es además, un derecho histórico.  Los romanos instituyeron el principio AUDITUR ALTERA PARS, como regulador de todo proceso en garantías de sus partes. No hay sistema procesal alguno que la pueda excluir".3 B.      El debido proceso en la normatividad internacional. En el plano del Derecho Internacional los siguientes instrumentos ratifican y exaltan el debido proceso, como medio de protección al ser humano cuando quiera que fuere objeto de enjuiciamiento: 1.        El principio de la legalidad. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, en sus artículos 7o., 8o. y 9o.. Está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica" del 22 de noviembre de 1969, aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 1o., 7o. -2.,  9o. y 27. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 2o. -2., 4o. -2., 6o. -2,  9o. y 15. En la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991, de conformidad con el artículo 40 No. 2o. literal a). En la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Civiles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución 39 de 1946 de 10 de diciembre de 1984 y aprobada por la Ley 78 de 1986, en sus artículos  6o. -1. y 15. En el Convenio de Ginebra III, de 12 de agosto de 1949 relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, publicado en el Diario Oficial No. 30318 en sus artículos 82 y 89. En el Convenio de Ginebra IV de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, en sus artículos 33, 64, 65 y 70. 2.        Los Derechos del Procesado. La siguiente legislación supranacional, consagra el derecho de los procesados: La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 5o. -4., 7o. -5. y  8o. -2. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 2o.-2, 9o.-3 y 14 - 3. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 literal c). El Convenio de Ginebra III, en su artículo 103. El Convenio de Ginebra IV, artículos 70 y 71. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o., 8o. y 9o. 3.        El principio del Juez Natural. Señalan a nivel universal este principio los siguientes Pactos o Convenios Internacionales: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o., 8o. -1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales,   artículos 2o.-2.,  4o.-2.,   6o.-2. y 14 -10. La  Convención Internacional para la Represión y  el Castigo del Crimen del Apartheid, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución No. 3068 de 30 de noviembre de 1973, aprobada por la Ley 26 de 1987, en su artículo 5o. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas  por Resolución 260 A (III) de 9 de diciembre de 1948 y aprobada según Ley 28 de 1959, en su artículo 6o. acoge el principio del Juez Natural. Convenio de Ginebra I, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña aprobado por la Ley 5a. de 1960, artículo 3o.-1. literal d). Convenio de Ginebra II, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, aprobado por la ley 5a. de 1960, en su artículo 3o.-1. literal d). En el convenio de Ginebra III, en sus artículos 3o.-1. literal d), 84, 87 y 96. En el Convenio de Ginebra IV, en sus artículos 3o.-1. literal d), 43 y 66. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto  de 1949, relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados internacionalmente en su artículo 74 -4. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o. y 9o. 4.        Principio de Favorabilidad. Está consagrado en las siguientes normas internacionales: En la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículo 1o. y 9o. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo establece en sus artículos 2o.-2 y 15 - 1. El Protocolo sobre el Estatuto  de los Refugiados, aprobado por la Ley 65 de 1979, publicado en el Diario Oficial No. 35442, en su artículo 7o. -1. El Convenio de Ginebra III, artículo 83. El protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 consagra el principio de favorabilidad en materia penal, en su artículo 75 -4. literal c). 5.        Prohibición a la Autoincriminación. Establece este principio, las siguientes normas supranacionales: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 1o. y 8o.-2. literal g). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2o. -2. y 14 -3. literal g). La Convención  sobre los Derechos del Niño en el artículo 40 -2. literal a). El Convenio de Ginebra III, consagra la prohibición a la auto-incriminación en su artículo 99. El Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en el artículo 75 -4. literal f) trae expresamente señalada la prohibición de la auto-incriminación. 6.        El Defensor de los Pobres. Este precepto dentro del contexto de las normas que regulan los Tratados y los Convenios Internacionales se encuentra: En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en los artículos 1o. y 8o. -2 literal e). En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículos 2o. -2. y 14 -3. literal d). La Convención de los Derechos del Niño lo consagra en los artículos 37 literal d), 40 -2. literal a). Protocolo sobre el estatuto de los refugiados lo incorpora en el artículo 32 -2. El Convenio de Ginebra III, lo consagra en su artículo 105. El Convenio de Ginebra IV, señala al Defensor de los Pobres  en su artículo 72. 7.        El Derecho a la Protección Judicial. Aparece esta figura jurídica en los siguientes Tratados o Convenios Internacionales: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o, 2o. y 25. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados que lo tipifica en su artículo 16. En la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su artículo 13. En el Protocolo I, adicional a los Convenios de Gine-bra de 12 de agosto de 1949, lo estatuye en su artículo 45 -2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano artículos 7o. y 9o. 8.        El Derecho del Preso. Este principio lo encontramos en la siguiente legislación universal: En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículos 1o. y 5o. -2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala este derecho en sus artículos 2o. -2 y 10o. La Convención sobre los Derechos del Niño lo incorpora en el artículo 37 literal c). En la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el Convenio  de Ginebra III. En el Convenio de Ginebra IV en sus artículos 37, 69, 76, 124, 125 y 126. En el Protocolo II de Ginebra en su artículo 125. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. C.      El Debido Proceso Penal. Se considera el Derecho Penal como una rama  del Derecho Público, por cuanto el hecho punible emerge de una  relación  jurídica pública, que tiene como sujetos en primera instancia, al Estado en su calidad de titular del derecho punitivo y en el otro extremo de esa relación aparece el procesado. Esta afirmación tiene su razón de ser, en el hecho concreto  que  la  infracción de la ley penal ofende no sólo al particular cuyo interés es violado sino a la sociedad, y en aras de conservar el orden jurídico impuesto para gobernar a esa comunidad, se imponen las sanciones y se aplican las penas. Por ese carácter de contenido eminentemente público del Derecho Penal, sus normas son de rigurosa observación, de necesaria aplicación y no pueden ser sustituídas por el libre arbitrio de los asociados. En materia penal, el debido proceso constituye uno    de    los   principios   rectores   de  su procedimiento, que a su vez encuentra sustento en los textos constitucionales antes transcritos. Como marco general de referencia que informa y preside todo el sistema del derecho penal, ha de mencionarse el principio de presunción de inocencia que supone la bondad de actuación del ser humano y por tanto, para privarlo de su libertad, es, menester  que el Estado le demuestre que ha incurrido en responsabilidad penal. Del mismo modo su vinculación a un proceso penal debe estar rodeada de todas las garantías que le faciliten defenderse debidamente, asistido por un abogado con la facultad de poder aducir a su favor las probanzas que demuestren  su  no  culpabilidad y a su vez refutar las pruebas que se esgriman contra él. Es esto lo que se llama el principio de contradicción. Se prohibe la doble sanción por la misma conducta punible (non bis in idem). Igualmente se quiere dar más posibilidades de revisión  de las decisiones al preverse las dos instancias y el grado de jurisdicción de consulta y a la  vez se prohibe la reformatio in pejus. Se proscribe la autoincriminación y del mismo modo se excusa a los familiares allegados del incriminado declarar contra él. Según el principio de legalidad de los delitos y de las penas  -nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege- aquéllos y éstos deben estar previamente consagrados y tipificados en un ordenamiento jurídico.  Es decir, no hay delito ni pena sin ley.  Ello excluye por supuesto la aplicación analógica de delitos que a su vez no estuvieren previstos en la ley, al igual que no permite la  aplicación  de pena  no contemplada para tal hecho criminoso en igual texto y previamente a la perpetración de éste.  Sin embargo cuando la ley posterior es favorable  al imputado se aplicará retroactivamente.   Además,  el  proceso ha de seguirse ante juez competente, es decir, que sea el señalado por la ley para conocer de la conducta criminal.  El proceso  también  ha  de  satisfacer  las formas propias  -que serán las esenciales-  del mismo.  Es riguroso el cumplimiento de estos mandatos procedimentales, pues su omisión dará lugar a nulidades del proceso (Art. 304 del Código de Procedimiento Penal). La Corte Suprema de Justicia en fallo de su Sala Penal de 2 de octubre de 1981 dijo lo siguiente al respecto: "El derecho de defensa emana también del artículo  26  de  la  Carta,   ( art. 29  de la Constitución de 1991) porque pertenece al debido proceso.  Más aún, esta norma constitucional tiene por objeto principal su garantía, dado que el  mismo  derecho  es atributo fundamental de la  persona como tal y se relaciona   directamente   con   los derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad. Es, además, un derecho histórico.  Los romanos instituyeron el principio audiatur altera pers, como regulador de todo proceso en garantía  de sus partes.  No hay sistema procesal alguno que lo pueda excluir. "El derecho de defensa en la práctica se descompone, entre otros, en los derechos  de impugnación, y de contradicción, esenciales a él, y consecuencia jurídico procesal de su aplicación.   Su fuente constitucional  es la misma.  Se encuentran específicamente proclamados  en los "pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos", aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, y convertidos en norma nacional mediante Ley 74 de 1968, donde se determina: Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de funciones oficiales (parte II, art. 2o. 3 C)". El constituyente de 1991, se expresó en estos términos respecto del debido proceso: "Las garantías procesales.  La administración de justicia penal constituye una de las más claras expresiones  de  la  soberanía  del  Estado  frente   al individuo.  Por  ello  los regímenes jurídicos occidentales han procurado, dentro del aspecto de la tutela de los Derechos Humanos, rodear al procesado de una  serie  de garantías que lo protejan de los potenciales abusos del Leviatán en que, según la caracterización de Hobbes, puede verse convertido un Estado de Corte absolutista. Someto, entonces, a consideración de la Asamblea, dos artículos en que se consagra de manera expresa y precisa la garantía, que deben tener todos los asociados de ser juzgados por lo que, en la doctrina contemporánea se designa como Juez Natural, al igual que la presunción de inocencia. La garantía del Juez Natural y el debido proceso se concretan en el respectivo artículo".4 Dentro del contexto del derecho comparado, valga mencionar el célebre caso de Gideon vs. Wainwright (1963) decidido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Se trataba de una persona pobre (Gideon) que fue condenada a 5 años de prisión por un Tribunal de la Florida y como  no  se le proveyó de la asistencia legal de un abogado, alegó y solicitó que se lo  pusiera  en  libertad con fundamento en la enmienda XIV de la Constitución.  A ello accedió la Corte aceptando la tesis del acusado de desconocerse el "due process of law" y anulando la condena pronunciada contra él porque "indigent defendent accused of serious crime must be offered the assignment of counsel". D.      El debido proceso en los procesos civil y administrativo. La vida del hombre en sociedad ha contribuído a sus realizaciones  personales pero también ha dado lugar la generación de conflictos entre ellos mismos y también entre éstos y las instituciones del Estado.  Existen dos caminos para solucionar estos conflictos de interés particular:  arreglarlos como cada quien  estime conveniente (criterio establecido dentro de las sociedades primitivas) o que sea el Estado a través de las autoridades legítimamente constituídas quien dirima el conflicto de intereses puesto en su conocimiento, a través de una serie de actos encaminados a lograr ese fin. Pero como no se puede dejar en manos de las personas la facultad de realizar los actos que a bien tengan para dirimir su controversia, ya que a través de esa forma arbitraria no podría obtenerse el objetivo buscado, se hace  necesaria  la intervención  del  Estado,  quien haciendo uso de su poder de imperio encuentra fundamento para dictar normas que señale tanto a las partes como al juez, que actuaciones deben realizar, como deben llevar a cabo sus cometidos y dentro de que oportunidad pueden aportar sus pruebas y ejecutar sus actos para que tengan validez en el proceso. Con base en las nociones que se han dejado expuestas, bien puede definirse el derecho procesal como el conjunto de normas que establecen el procedimiento que se debe seguir para obtener la actuación de la ley en un caso concreto, que señalan los funcionarios encargados de aplicarlas y las personas que deben someterse a esas normas. Pues bien, el legislador ha querido entonces, que los procesos sean reglados, que tengan preceptos claros por los cuales han de regirse, haciéndose imperioso su cumplimiento tanto para los sujetos procesales como para el juez. Los principios que antes se han expuesto sobre el debido proceso y que están contenidos en los textos constitucionales antes transcritos, también tienen  plena operación mutatis mutandi, en las demás ramas del derecho procesal:  procesal civil (que se extiende a la laboral, etc.) y a las actividad administrativa que comprende tanto la actuación gubernativa como la contencioso administrativa. El tratadista Eduardo J. Couture,5 menciona las siguientes hipótesis que darían lugar a inconstitucionalidades: la privación de audiencia que equivale a condenar a una persona sin haber sido oida y vencida en juicio, la falta de citación, la falta de emplazamiento, la privación de pruebas, la privación de recursos, la privación de revisión judicial. Del artículo 29 constitucional se establece, para efectos del presente caso, que la figura del debido proceso, es aplicable a toda clase de actuaciones que se realicen en los estrados judiciales e igualmente es válido el debido proceso, para toda actividad de la administración pública en general, sin excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el particular. El título V, capítulo I de la Constitución Nacional consagra lo pertinente a la estructura de nuestro Estado. En su artículo 113, señala las ramas del poder público, en el 114 enuncia en forma general la función del Congreso, el 115 expresa quiénes conforman el Gobierno y radica en cabeza del Presidente de la República, la suprema autoridad administrativa del Estado.  Igualmente esta norma determina  que las gobernaciones y alcaldías, así  como la superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, forman parte de la rama Ejecutiva, razón por la cual estas entidades ejercen función administrativa. Los órganos judiciales se encuentran señalados en el artículo 116.  El artículo 117 expresa que los órganos de control de la administración pública nacional son el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.  El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ocupan de la organización electoral. Todas estas entidades que conforman la estructura y organización  estatales ejercen esencialmente,   unas, funciones jurisdiccionales ( rama judicial),    otras ,    funciones   legislativas  ( Congreso ) y ambas pueden también cumplir funciones administrativas.  Y la rama Ejecutiva, en sus órdenes todos: nacional, departamental y municipal, desempeña actividad administrativa por antonomasia.  Del mismo modo a cargo de los particulares pueden estar actividades administrativas". 2.      Legitimación de la sociedad actora. Estima esta Sala que las personas jurídicas están habilitadas para ejercer la acción de tutela, pues como regla general el artículo 86 de la Carta la contempla para toda clase de personas, naturales y jurídicas.  En tal sentido se ha expresado ya esta Corporación en los siguientes términos: "2.       Tutela ejercida por persona jurídica. El artículo 86 de la Constitución establece que toda persona tendrá acción de tutela, así: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales".( Subraya y negrillas fuera del texto). El artículo 10o. del Decreto 2195 de 1991 establece: "La acción de tutela podrá ser ejercida en  todo  momento  y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante...".(Subrayas y negrillas fuera del texto). En el derecho colombiano se distinguen dos tipos de personas a saber:  las personas naturales y las personas jurídicas (artículo 73 del Código Civil). a) Personas naturales: son absolutamente todos los seres humanos (artículo 74 del Código Civil). b)        La persona jurídica: el artículo 633 del Código Civil las define de la siguiente manera: "Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente". Sobre la titularidad de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como  el  derecho  a la vida y la exclusión de la  pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad personal (artículo 15); entre otros. Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran insertos en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes. En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela. Otros derechos constitucionales fundamentales, sin embargo las personas jurídicas los poseen directamente:  es el caso de la inviolabilidad de la correspondencia y demás formas de comunicación privada (artículo 15 de la Constitución), la libertad de asociación sindical (artículo 38); el debido proceso (artículo 29), entre otros. Luego las personas jurídicas poseen derechos constitucionales fundamentales por dos vías: a) Indirectamente:  cuando la esencialidad de la protección gira alrededor de la tutela de los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales asociadas. b) Directamente: cuando las personas jurídicas son titulares de derechos fundamentales no porque actúan en sustitución de sus miembros, sino que lo son por sí mismas, siempre, claro está, que esos derechos por su naturaleza sean ejercitables por ellas mismas. La interrelación entre el Estado y las personas jurídicas se traduce tanto en la participación de los ciudadanos en la organización del Estado, como en una ordenación de entidades de carácter social en cuanto a que su actividad presente un interés público relevante.  Su libre creación y actuación está garantizada tanto en la Constitución (artículos 38, 103 y 355) como en la ley. Esta tesis ha sido adoptada por el derecho comparado, así:  el artículo 162.1.b. de la Constitución española reconoce expresamente la acción de amparo para personas naturales y jurídicas: y la Ley Fundamental alemana, en su artículo 19.III., dispone lo mismo".6 Habrá de tenerse en cuenta, eso sí, que el derecho constitucional fundamental alegado como desconocido, se compadezca con la naturaleza de la sociedad, asociación, corporación u organización de que se trate, o con la situación concreta de la actividad u omisión del ente administrativo o particular, respecto de la cual se invoca el amparo. En el evento sublite es apenas natural que puede la sociedad actora  reclamar que se le desconoce el debido proceso, ya que éste ha de cumplirse en tratándose también de los trámites y procedimientos que se cumplen ante las autoridades administrativas según lo pregona el artículo 29 inciso 1o. de la Constitución y sin que al efecto tenga que distinguirse si quien adelanta la gestión frente a ellas, sea una persona natural o una persona jurídica.   La administración en uno u otro caso, ha de respetar el debido proceso. 3.      IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE TUTELA. En el ordenamiento jurídico colombiano el artículo 86 de la Constitución Nacional que consagra la acción de tutela  para proteger los derechos constitucionales fundamentales, cuando ellos se vean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, mediante un procedimiento preferente y sumario; igualmente  reitera que sólo procede cuando para defender  ese derecho, no existe otro mecanismo de defensa judicial y si éste existe se puede ejercer la acción como un  mecanismo transitorio, para evitar un perjuicio irremediable, el cual define el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 como aquel que sólo puede ser reparado mediante una indemnización. En el caso sublite la acción de tutela se promovió por la agraviada Sociedad Inversiones U.S.S.A. Ltda., porque la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, entidad de derecho público con quien había celebrado un contrato de arrendamiento, de un local ubicado en la cra. 13 No. 27-08 de esta ciudad, le decretó mediante Resolución No. 1411 del 19 de junio de l991 la caducidad administrativa. Esta interpuso el recurso de reposición ante la Caja, el cual le fue adverso a sus pretensiones, pues la entidad administrativa confirmó su decisión por Resolución No. 2920 del 13 de diciembre de 1991. El actor invoca la acción de tutela como mecanismo transitorio y al efecto solicita que "se suspenda la aplicación del acto impugnado", que es la Resolución No. 1411 de 19 de junio de 1991 de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares y ello, "mientras dure el proceso de nulidad de la resolución", la cual habrá de ejercer ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Observa la Corte que la misma sociedad actora es consciente  de  que el acto administrativo por el cual se  le declaró la caducidad de su contrato, es susceptible de las acciones contencioso administrativas, y de ahí que, en primer lugar hubiera interpuesto el recurso de reposición, contra la Resolución No. 1411 mencionada, que fue decidido en el sentido de confirmarla (Resolución No. 2920 de 1991), con lo cual allanó el camino para, agotada en tal forma la vía gubernativa, acudir a la justicia administrativa, como en efecto anuncia que lo va a hacer. Es incuestionable entonces que ambos actos administrativos, provenientes de un establecimiento público, como lo es la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, caen bajo la órbita de control de la jurisdicción Contencioso administrativa (art. 82 C.C.A.) y son pasibles de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contemplada en el artículo 85 del C.C.A..  Y del mismo modo, son susceptibles de la suspensión provisional de sus efectos, la cual se puede impetrar junto con la demanda y obtener del juzgador, si accediese a ella, a que no se produjeran tales efectos hasta el momento procesal de la sentencia (arts. 150 del C.C.A. y 238 de la C.N.). Ha de resaltar esta Corporación además que el derecho concreto que se estima vulnerado por desconocimiento de un derecho constitucional fundamental ha de encontrarse debidamente establecido, esto es, que del mismo sea titular de manera indubitable el actor de tutela.  Cuestión distinta es la que ofrece el evento sub-judice, porque  cabalmente  se plantea por la sociedad demandante  todo un debate jurídico sobre si es procedente o no que por la Caja de Retiros se le hubiera declarado la caducidad del contrato de arrendamiento, si debía o no estar  convenida esta cláusula en el contrato, si se daba la causal de caducidad invocada, si el avalúo del inmueble era el correcto y en fin, si el contrato en cuestión es de derecho administrativo o de derecho privado de la administración. Frente entonces a un derecho incierto, no es susceptible que se pueda reclamar tutela constitucional de él.  Es entonces la justicia administrativa la competente para dilucidar esta contención, según se explicó atrás. Mas tampoco es procedente el expediente del mecanismo transitorio, al cual ha ocurrido la sociedad actora en el presente caso, como se dijo, pues no se dan los supuestos que lo autorizan.  En efecto:  no se configura perjuicio irremediable, ya que en caso de prosperar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, la situación volvería al estado anterior, inclusive con la obtención de la suspensión provisional, pues, la declaratoria de nulidad de las Resoluciones de la Caja, traería las siguientes consecuencias:  Quedaría sin efecto la caducidad decretada, desaparecería la multa que como consecuencia de la caducidad  por incumplimiento del contrato se impuso, y obviamente, no tendría lugar la restitución del inmueble a la Caja. Ha de agregarse a lo dicho que el Decreto 306 de  19 de febrero  de 1992  reglamentario del Decreto 2591 de 1991,  establece que no existe perjuicio irremediable cuando el interesado puede solicitar a la autoridad competente el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de estas medidas, entre otras, orden de entrega de un bien y orden de restitución o devolución de una suma de dinero pagada por razón de una multa (art. 1o. literales d) y e)). Ha de advertirse por último que de acuerdo con el artículo 16 del Decreto Ley 222 de 1983, el contrato de arrendamiento sobre bienes inmuebles celebrado por entidades públicas -cual es el del caso sublite, celebrado por un establecimiento público-  no constituye acto de comercio para todos los efectos legales. Habrá entonces de confirmarse la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C.. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A : Primero: Confirmar la sentencia de 12 de febrero de 1992 proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala Civil, por medio de la cual se acepta en todas sus partes el fallo de tutela de fecha  24 de enero de 1992 proferido por el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., por las razones expresadas en el presente fallo. Segundo: Comunicar al Juzgado Séptimo Civil del Circuito de esta ciudad, la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo ordena el artículo 36 del Decreto 2591 de l991, con entrega a todos ellos de copia de esta sentencia.  Comunicar al Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., Sala Civil, con entrega de copia de este fallo. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN         CIRO ANGARITA BARON Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la Sentencia No. T-496 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO/CONTRATO ADMINISTRATIVO (Salvamento de voto) Si -en gracia de discusión- fuera aplicable la cláusula de caducidad, lo sería también, simultáneamente, el régimen especial que regula los arrendamientos de locales comerciales y, en particular, los derechos del empresario que a título de arrendador haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, en las condiciones previstas en la ley (Código de Comercio Arts. 518 y ss.). Este régimen regula, entre otros aspectos, la estimación de los perjuicios causados al arrendatario-empresario teniendo en cuenta la especial y compleja naturaleza de ese bien mercantil que es el establecimiento de comercio, como conjunto organizado. ACCION DE TUTELA/DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración (Salvamento de voto) Para los efectos de la tutela del derecho fundamental vulnerado, no es indiferente precisar si se trata del arrendamiento de un establecimiento de comercio o de otro bien cualquiera. En el primer caso la protección otorgada debe satisfacer plenamente las exigencias propias de los conjuntos económicos organizados en los cuales se hallan presentes bienes materiales e inmateriales. Entre estos últimos se encuentra todo el conjunto de relaciones jurídicas en que trasciende la clientela, la cual bien puede verse irreparablemente afectada con la terminación injustificada del arrendamiento del local. Sin que quepa argüir que la devolución del mismo que ordenen en su momento las autoridades competentes hace que el perjuicio sea transitorio pero reparable. NO. De una parte la clientela no puede confundirse con el local y, de otra, su especial naturaleza determina problemas que en buena medida hacen particularmente difícil una justa indemnización. Por todo ello, el legislador es plenamente consciente de la necesidad de establecer instrumentos especiales de protección de las actividades y bienes de empresarios tales como los arrendatarios de establecimientos de comercio. Al proceder así, entiende que el trabajo organizado constituye elemento digno de especial tutela. ACCION DE TUTELA/JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Improcedencia (Salvamento de voto) No se puede presumir que en todo contrato de un ente público se halla presente la cláusula de caducidad. O lo que es aún más preocupante: que toda relación entre un ente público y un comerciante se regula exclusivamente por el derecho administrativo. Las consecuencias están a la vista: cuando la entidad peticionaria culmine el proceso ante la jurisdicción contenciosa administrativa y obtenga la justicia que su causa demanda recuperará, probablemente, el local pero no es seguro así mismo, que retorne su clientela. La negación de la tutela como mecanismo transitorio permitirá este atentado contra el trabajo organizado del empresario-arrendatario. ADMINISTRATIVIZACION A ULTRANZA: MANES DEL REY MIDAS Ref.: Expediente T-2036 Magistrado Ponente: Dr. Simón Rodríguez Rodríguez 1. En la sentencia de la cual disiento hay la aceptación implícita e incuestionable de que todos los actos de un ente público -entre ellos los contratos- están regulados por el derecho administrativo, con las consecuencias previsibles. Esta administrativización a ultranza conduce a presumir la existencia de una cláusula de caducidad en el contrato de arrendamiento de un local para un establecimiento de comercio, celebrado entre la entidad peticionaria y la Caja de Retiro de Fuerzas Militares. 2. Lo anterior constituye un desconocimiento abierto de la jurisprudencia del Consejo de Estado, el cual ha reconocido que en el ámbito de un contrato en que intervengan de una parte entidades de derecho público y de otra sujetos que tengan la calidad de comerciantes, pueden operar simultáneamente la caducidad y el régimen propio de la materia mercantil, tal como se desprende, por ejemplo, del siguiente pronunciamiento: "(...) lo referente a esta última cláusula -caducidad- se gobierna por las reglas del derecho público; en cambio, el régimen de los derechos y las obligaciones propios del contrato está regulado por el derecho privado; tal como sucede aquí con el derecho comercial, por cuanto el contratista es una sociedad de comercio, cuyo objeto social gira en torno a la proyección y realización de planes de vivienda con facultad para realizar todos los actos y contratos relacionados con su rol mercantil... Corrobora el anterior aserto (la aplicabilidad del Código de Comercio) el hecho de que el acto sea de naturaleza mercantil para la sociedad vendedora. Este es el alcance del artículo 22 del Código de Comercio".1 3. En el caso sub-exámine lo anterior vendrá a implicar que si -en gracia de discusión- fuera aplicable la cláusula de caducidad, lo sería también, simultáneamente, el régimen especial que regula los arrendamientos de locales comerciales y, en particular, los derechos del empresario que a título de arrendador haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, en las condiciones previstas en la ley (Código de Comercio Arts. 518 y ss.). Este régimen regula, entre otros aspectos, la estimación de los perjuicios causados al arrendatario-empresario teniendo en cuenta la especial y compleja naturaleza de ese bien mercantil que es el establecimiento de comercio, como conjunto organizado. 4. Para los efectos de la tutela del derecho fundamental vulnerado, no es indiferente precisar si se trata del arrendamiento de un establecimiento de comercio -tal como ocurre en el caso de autos- o de otro bien cualquiera. En el primer caso la protección otorgada debe satisfacer plenamente las exigencias propias de los conjuntos económicos organizados en los cuales se hallan presentes bienes materiales e inmateriales. Entre estos últimos se encuentra todo el conjunto de relaciones jurídicas en que trasciende la clientela, la cual bien puede verse irreparablemente afectada con la terminación injustificada del arrendamiento del local. Sin que quepa argüir que la devolución del mismo que ordenen en su momento las autoridades competentes hace que el perjuicio sea transitorio pero reparable. NO. De una parte la clientela no puede confundirse con el local y, de otra, su especial naturaleza determina problemas que en buena medida hacen particularmente difícil una justa indemnización. 5. Por todo ello, el legislador es plenamente consciente de la necesidad de establecer instrumentos especiales de protección de las actividades y bienes de empresarios tales como los arrendatarios de establecimientos de comercio. Al proceder así, entiende que el trabajo organizado constituye elemento digno de especial tutela. Por tanto, no puedo contemplar impasible -como lo hace la decisión mayoritaria- que en una concepción a ultranza de la naturaleza de la actividad administrativa produzca milagros tales que envidiaría el rey Midas, como los de presumir que en todo contrato de un ente público se halla presente la cláusula de caducidad. O lo que es aún más preocupante: que toda relación entre un ente público y un comerciante se regula exclusivamente por el derecho administrativo, en abierto desmedro de todos los principios y consecuencias que una tradición doctrinaria y jurisprudencial -ya secular- ha elaborado en torno al acto de comercio. Las consecuencias están a la vista: cuando la entidad peticionaria culmine el proceso ante la jurisdicción contencioso administrativa y obtenga la justicia que su causa demanda recuperará, probablemente, el local pero no es seguro así mismo, que retorne su clientela. La negación de la tutela como mecanismo transitorio permitirá este atentado contra el trabajo organizado del empresario-arrendatario. Tal injusticia sustenta este salvamento de voto. CIRO ANGARITA BARON Magistrado 1  Mario Madrid-Malo Garizábal. Los Derechos Humanos en Colombia. Instituto de Derechos Humanos. Guillermo Cano. Publicaciones  ESAP 1990. Pág. 28. 2 Fernando Velásquez V.  "Comentarios al nuevo Código de Pocedimiento Penal". Señal Editora. Medellin 1987. Págs. 111 y 12. 3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 62 de 10 de mayo de 1983. Gaceta Judicial No. 2413. Págs. 302 y 303. 4 Gaceta Constitucional No. 23. Proyecto No. 68. Ponencia del Constituyente Armando Holguin. 5 Gaceta Constitucional No. 23. Proyecto No. 68. Ponencia del Constituyente Armando Holguin. 6  Sentencia No. T-411 de 17 de junio de 1992. Sala de Revisión No. 4.  Véase también sentencia T-437 de 24 de junio de 1992 Sala de Revisión No. 3. 1 Sentencia Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Secc. 3a. mayo 13 de 1988.

T-497-92 Sentencia No Sentencia No. T-497/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PENSION DE JUBILACION-Reajuste/DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/DERECHOS FUNDAMENTALES Existiendo instrumentos judiciales que el ordenamiento jurídico contempla no sólo para obtener las pretensiones de índole laboral de que da cuenta el actor, sino también para lograr su pago compulsivamente, a ellos habrá que acudir para obtener  los reajustes pensionales que ahora reclama a través  de acción de tutela.  No se entiende entonces que se ocurra ante el juez de tutela, para que éste reemplace al juzgador administrativo o laboral y haga lo que por competencia legal corresponde hacer a uno u otro según el caso. Ni siquiera puede pensarse  que pudiera ejercerse dicha acción para evitar un perjuicio irremediable, puesto que los reajustes pensionales objeto de ella tienen satisfacción completa a través de las acciones contencioso administrativas y ejecutivas laborales de que se ha dado cuenta, esto es, que los mismos son recuperables en el mismo estado en que pudieran reclamarse si prosperaren los procesos judiciales respectivos y por ello, no tendría cabida indemnización alguna supletoria.  La seguridad social es derecho fundamental amparado por la acción de tutela y ello en virtud de la función de primer orden que cumple en beneficio del ser humano y en este caso, de un servidor del Estado TRAMITOMANIA El peticionario ha tenido que recurrir en repetidas ocasiones a la jurisdicción administrativa primero y luego a la justicia laboral, a través de procesos ejecutivos, para obtener los reajustes pensionales que una administración respetuosa del Estado Social de Derecho, ha debido hacerle y satisfacerle voluntaria y oportunamente. Situación anómala como ésta no se compadece con la protección que a la seguridad social le otorga el Estatuto Máximo de 1991 SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 2160 Acción    de tutela    contra actuación  del  Departamento de Bolivar. Tema: Reajustes pensionales.  Su reconocimiento y pago cuenta con medios  judiciales  de  defensa para    reclamarse  y   hacerse efectivos. Actor:        HERMOGENES MARTINEZ MESA. Magistrado Ponente: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Santafé de Bogotá, D.C.,  trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolivar, el día 27 de marzo de 1992. I.       ANTECEDENTES. A. HECHOS DE LA DEMANDA. a)      El H. Consejo de Estado mediante sentencia de 27 de junio de 1980 al desatar la demanda ejercida por el señor Hermógenes Martínez Meza, para que se le reajustara su pensión de jubilación de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 1221 de 20 de junio de 1975, ordenó lo siguiente: "3o. Como consecuencia de lo anterior, la Caja de Previsión Social de Bolivar reajustará a partir del 1o. de julio de 1975, la pensión de jubilación de que es titular el demandante, en una cuestión mensual equivalente al 33% de su pensión actual". b)      Dicha Caja dictó al efecto anterior la Resolución No. 80-123 de 7 de febrero de 1980, mas desconociendo lo ordenado en la antecitada sentencia, pues reajustó la pensión con el 33% del valor que tenía la pensión en 1o. de julio de 1975 y no con el valor en 27 de junio de 1980, fecha de la aludida sentencia, esto es, "la pensión actual". c)       Posteriormente el Gobernador del Departamento de Bolivar y el Director del Departamento de Servicios Administrativos, Gerente de la referida Caja, dictaron la Resolución No. 467 de 15 de febrero de 1984, modificatoria de la Resolución No. 80-123 arriba citada, con el objeto de efectuar  un nuevo reajuste. Mas tampoco se le dió cumplimiento a la sentencia del H. Consejo  de Estado, pues las cantidades de $ 35.634.84 y $ 11.759.49 fijadas como valor de la pensión en 1980 y su correspondiente 33% no corresponden a "la respectiva liquidación", dado que el H. Consejo de Estado en sentencias de 7 de junio de 1979 y 13 de marzo de 1984 definió que los reajustes de las pensiones de jubilación ordenados  por  la  Ley  4a. de 1976  para  los  años  de 1976 y 1977 eran del 25% más la suma de $390.oo y no del 15% más la suma fija de $180.oo, como fueron aplicados por la susodicha Resolución 467.  Entonces el valor de la pensión en 27 de junio de 1980 "pensión actual", era de $53.420.14, según cifras que se presentan.  El 33% de esta suma es $17.628.64 y con ella debió incrementarse el valor de la pensión en 1o. de julio de 1975. "Desde la expedición de la Resolución No. 467 de 15 de febrero de 1984 he estado solicitando la corrección de los errores cometidos y el reajuste de la pensión en forma debida y como nunca he obtenido respuesta alguna a mis solicitudes, me he visto obligado a acudir a la Justicia Laboral para obtener  la cancelación de las sumas de dinero que por concepto de diferencias entre las sumas que se me debían pagar y las que se me pagaban  como mesadas, se establecían, así hasta lo correspondiente a 1989, y en el último de esos juicios ejecutivos de carácter  laboral que he promovido, la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Justicia de Cartagena, en auto de fecha 22 de noviembre de 1990, dejó constancia de que en el año de 1989 yo debí percibir por concepto de mesadas de jubilación la suma de $ 416.233.oo mensuales". B.      DOCUMENTOS ACOMPAÑADOS A LA DEMANDA Y ALLEGADOS               AL TRIBUNAL DE TUTELA. Reposan los siguientes: a)      Copia de la sentencia del H. Consejo de Estado de 27 de junio de 1980. b)      Copia de la Resolución No. 80-123 de la Caja Departamental de Previsión Social de Bolivar de 7 de octubre de 1980. c)       Copia de la Resolución No. 467 de 15 de febrero de 1984 expedida por el Gobernador del Departamento de Bolivar y el Director  del Departamento de Servicios Administrativos-Gerente de la referida Caja. d)      Copia de la sentencia del H. Consejo de Estado de 7 de junio de 1979. e)       Copia del auto de mandamiento de pago de 16 de marzo de 1990 del Juzgado Primero Laboral del Circuito de Cartagena contra el Departamento de Bolivar, por la suma de $ 3.255.092.90 más los intereses a que haya lugar, por las sumas adeudadas a Hermógenes Martínez Mesa a partir del 1o. de julio de 1988 hasta diciembre de 1989. f)       Copia del auto de 22 de noviembre de 1990 de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bolivar, por el cual se confirmó la providencia mencionada en el literal anterior, mas modificando su cuantía en la de $ 3.203.984.88. g)      Constancias de Juzgados Laborales del Circuito de Cartagena sobre demandas ejecutivas, así: 1.      Del Juzgado Cuarto, sobre que cursó ante él demanda ejecutiva laboral instaurada por Hermógenes Martínez Mesa contra el Departamento de Bolívar y que se le pagó  a  aquél  la  suma  de $ 776.126.34 por concepto de reajustes del 33% desde el 1o. de julio de 1975 hasta agosto de 1980.  Y otra demanda ejecutiva que culminó con el reconocimiento a favor de Martínez de la suma de $ 1.335.005.70 por concepto de diferencia de reajuste de la Ley 4a. de 1976 mediante Resolución No. 407 de 15 de febrero de 1984 por los meses de enero de 1976 hasta diciembre  de 1983 ( fl.43). 2.      Del Juzgado Segundo, sobre el reconocimiento a Martínez Mesa de la cantidad de $ 875.295.50 a título de las sumas dejadas de pagar por reajustes pensionales de julio de 1975 a diciembre de 1984 (fl.44). 3.      Del Juzgado Sexto, acerca de que a Martínez Mesa "le fueron canceladas por concepto de diferencias en el pago de reajustes pensionales, en el tiempo comprendido entre el 1o. de julio  de 1975 al 30 de junio de 1985, con fundamento en la sentencia del H. Consejo de Estado  calendada  el 27 de junio de 1980, la Ley 4a. de 1976 y otra sentencia igualmente emanada del Consejo de Estado fechada el 21 de octubre de 1980, las sumas de $ 3.730.305.88 por capital y $ 2.350.092.60 por intereses.  En este juicio ejecutivo, la pensión de jubilación quedó fijada en la suma de $ 235.903 para el año de 1985" (fl.45). 4.      Del Juzgado Sexto, sobre que se liquidó un crédito a favor de Hermógenes Martínez Mesa por la suma de $ 936.273.02 relacionada con el reajuste de mesadas pensionales en el tiempo comprendido entre el 1o. de julio y el 31 de diciembre de 1986, discriminada así:  $895.955.09 por capital  y $40.317.03 por intereses (fl.46). 5.      Del Juzgado Sexto, acerca de que el cobro por Martínez Mesa fue por la suma de $937.521.84, de la cual $905.818.84 corresponden  a  capital  y   $31.703  a intereses,  por concepto de reajuste de su pensión de jubilación entre los meses de 1o. de enero a julio de 1987 (fl.47). 6.      Del Juzgado Sexto, sobre que el valor del cobro por concepto de reajuste de la pensión de jubilación de Hermógenes Martínez Mesa por los meses de agosto a diciembre de 1987 fue de $ 756.915.78 compuestos así: $724.321.38 por capital y $32.594.40 intereses (fl.48). h)      Memorial dirigido por Hermógenes Martínez Mesa de 13 de enero de 1992 al Gobernador de Bolivar en el que, previa la presentación  de cuadro numérico le solicita el reajuste de su pensión de jubilación "de conformidad con lo ordenado por el H. Consejo de Estado en sentencia de 27 de junio de 1980 y lo establecido por la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Justicia en auto de 22 de noviembre de 1990" (fls. 34 y 35). C. DERECHOS VULNERADOS. No señala el demandante ninguno, como tal. D.      PETICIONES. Expresa el actor que en virtud de los hechos anteriormente expuestos pide al H. Tribunal Contencioso Administrativo  de  Bolivar  "se  sirva  ordenar  que  el Departamento de Bolivar, representado por el señor Gobernador del Departamento, con oficinas en el 2o. piso del  Palacio de  la  Gobernación, cumpla cabalmente en la forma como lo dejo demostrado, o, simplemente, como lo hace constar la Sala Laboral del H. Tribunal Superior de Justicia de Cartagena en auto de 22 de noviembre de 1990, o sea, que el valor de la pensión de 1989 era de $416.233.oo, si el H. Tribunal lo encuentra ajustado (sic)a derecho, la sentencia del H. Consejo de Estado de fecha 27 de junio de 1980". Agrega esta Sala al respecto que el Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar antes de dar curso a la acción de tutela, le pidió a Martínez Mesa a través de la Magistrada Ponente que expresara con claridad sus peticiones ya que de este defecto adolecía la demanda.  A ello contestó él explicando  lo que se ha referido en los hechos de la demanda hasta el punto de que su pensión de jubilación en 27 de junio de 1980, fecha de la sentencia del H. Consejo de Estado, era de $ 53.420.14 y que el 33% de esta cifra es $17.628.64 en que se debió aumentar el valor de la misma en 1o. de julio de 1975.  Y termina diciendo el actor: "Como el Departamento de Bolivar no dió cumplimiento exacto a la sentencia del H. Consejo de Estado me ví obligado en defensa de mi derecho a recurrir a los juzgados laborales para hacerlos valer, de ahí que le acompaño los certificados que sobre estas acciones me han sido expedidos.  En el último de estos juicios la H. Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, en auto confirmatorio del mandamiento de pago, que acompañé a mi petición, señaló  que la cuantía para el año de 1989 era la suma de $416.233.oo mensuales;  esta  providencia tiene fecha  22 de  noviembre de 1990.  Como quiera  que este mandamiento de pago está  en firme, debe tomarse como base, la cuantía de $416.233.oo señalada, la cual hizo el H. Tribunal Superior previa liquidación de los reajustes pensionales correspondientes a dicho año. Mi petición, pues, se contrae a que el Departamento de Bolivar, profiera el Acto Administrativo-Resolución, en el cual se me reajuste la pensión de jubilación, a partir de 1989 tomando como base la cuantía señalada de $416.233.oo y en cumplimiento de los decretos Departamentales respectivos, en un 26% para 1990, en un 26.6% para 1991 y en un 26.4% para 1992". E.      FALLO QUE SE REVISA. Sentencia  del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolivar de 27 de marzo de 1992. Decisión:    No acceder a la petición de tutela. Consideraciones: 1.      De todas las pruebas aportadas a la solicitud de la acción de tutela se desprende que el actor ha acudido tanto a la jurisdicción Contencioso Administrativa como a la jurisdicción ordinaria en procura de que se le resuelva su inconformidad en relación con la cuestión de su pensión vitalicia de jubilación. Igualmente se ha dirigido en varias oportunidades a la Administración Departamental, la última de las cuales fue el 13 de enero de 1992. 2.      No cita el actor en su demanda el derecho constitucional fundamental violado o amenazado, como lo exige el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991. Los derechos constitucionales fundamentales   acreedores de la acción de tutela son los consagrados en el Título II, Capítulo I de la Carta Política y entre ellos no está la revisión de liquidaciones  de pensiones de jubilaciones, cual es lo que plantea el caso sublite. Por lo dicho no es procedente la presente acción de tutela, ni tampoco lo es para hacer  respetar derecho de rango legal, cual lo dispone el artículo 2o.  del Decreto 306 de 19 de febrero de 1992. II.      COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 numeral 9o. de la Constitución Nacional y los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591  "por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" es competente la Corte para conocer en revisión la acción de tutela incoada por el señor Hermógenes Martínez Mesa. III.    CONSIDERACIONES. 1.      Los derechos constitucionales fundamentales no están contemplados restrictivamente en la Carta. Ha de refutar esta Corporación la consideración y conclusión  del  Tribunal  Contencioso  Administrativo de Bolívar acerca de que los derechos constitucionales fundamentales están circunscritos a los  relacionados en el Capítulo I  (arts. 11 a 41) del Título II de la Constitución que trata "De los Derechos, las Garantías y los Deberes", pues existen  varios otros que no estando incluidos allí ostentan tal carácter de fundamentales1, cuales son, entre otros, que han sido objeto de análisis por esta Corte, el derecho a la educación (art.67), el derecho a la seguridad social (art. 48). De todos modos el carácter de fundamental del derecho lo dará su íntima relación con la existencia y desenvolvimiento del ser humano en cuanto poseyendo una dignidad humana que le es inherente, es menester proteger tal derecho porque asi se salvaguarda también dicho ser. En el evento sublite, si bien no se señala concretamente el derecho constitucional fundamental estimado como vulnerado, se advierte claramente que el mismo está relacionado con la seguridad social (art. 48 de la Carta), pues el actor de tutela clama porque se le reajuste su pensión de jubilación, prestación ésta comprendida dentro de las cubiertas por tal seguridad, sistema que mediante el mecanismo de la contribución económica forzosa y periódica de trabajadores y empleadores a un fondo común (Cajas de Previsión, etc.), dispone de los recursos necesarios para atender contingencias de la vida de los primeros (enfermedades, incapacidades laborales, etc.) en el desarrollo de su quehacer laboral. Con todo y como se examinará a continuación, no es procedente la tutela desde el punto de vista que en este acápite se examina, por existir medios de defensa judicial que hacen posible obtener los reajustes pensionales invocados por el actor. 2.      Improcedencia de la acción de tutela en cuanto hace a la petición de reajuste pensional. Según el artículo 86 del Estatuto Máximo, la acción de tutela se le entrega a toda persona para reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos fundamentales constitucionales frente a su vulneración o amenaza, a causa de la acción u omisión  de la autoridad pública o de particulares en los casos señalados en la ley. No procede la tutela si existe otro medio judicial de defensa, salvo que se utilice para evitar un perjuicio irremediable.  Este perjuicio está definido en el Decreto 2591 de 1991 como el que sólo puede ser restablecido en su integridad mediante el reconocimiento de una indemnización (art. 6o.-1). Pues bien, del acervo probatorio obrante en el proceso se advierte  que cabalmente el demandante Hermógenes Martínez Mesa, ha utilizado y exitosamente, tanto la vía contencioso administrativa, como la judicial ordinaria laboral, para obtener  no sólo que se le reconocieran sus reajustes pensionales (sentencia de 27 de junio de 1980 del H. Consejo de Estado), sino también el pago de las normas (véanse los muchos procesos ejecutivos laborales de los juzgados primero, segundo, cuarto, sexto y Tribunal Superior de Bolívar, Sala Laboral). Luego existiendo estos instrumentos judiciales que el ordenamiento jurídico contempla no sólo para obtener las pretensiones de índole laboral de que da cuenta el actor, sino también para lograr su pago compulsivamente, a ellos habrá que acudir para obtener  los reajustes pensionales que ahora reclama a través  de acción de tutela.  No se entiende entonces que se ocurra ante el juez de tutela, para que éste reemplace al juzgador administrativo o laboral y haga lo que por competencia legal corresponde hacer a uno u otro según el caso. Surge por tanto y evidentemente la improcedencia de la acción de tutela y por ello ha de confirmarse la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar que en igual forma lo consideró. De otro lado, ni siquiera puede pensarse  que pudiera ejercerse dicha acción para evitar un perjuicio irremediable, puesto que los reajustes pensionales objeto de ella tienen satisfacción completa a través de las acciones contencioso administrativas y ejecutivas  laborales de que se ha dado cuenta, esto es, que los mismos son recuperables en el mismo estado en que pudieran reclamarse si prosperaren los procesos judiciales respectivos y por ello, no tendría cabida indemnización alguna supletoria. 3.      El derecho de petición como derecho fundamental y su atinencia con el caso subjudice. Este derecho que está incluido entre los denominados fundamentales en nuestra Carta (art. 23)2 y así considerado en fallos de esta Corte, ha de estimarse desconocido en el presente caso, pues obra en el proceso de tutela una solicitud de 13 de enero de 1992 dirigida por Martínez Mesa al señor Gobernador del Departamento de Bolivar para que se le haga un reajuste pensional. Aunque anteriormente se manifestó por esta Sala que existía la justicia apropiada ante quien reclaman por el actor sus pretensiones laborales o exigir coactivamente su cumplimiento, no empece ello para que aceptando, como ahora se hace, la vulneración por la administración de su derecho de petición  -pues no aparece que la solicitud antes mencionada haya sido respondida- , se le ordene al mencionado funcionario para que en breve plazo conteste la solicitud en cuestión, en el sentido de decirle a Martínez Mesa si hay lugar a efectuar el reajuste pensional impetrado, para lo cual se basará en el ordenamiento jurídico nacional y departamental pertinente.  En caso de reconocerse el reajuste (o reajustes) pensional se procederá a efectuarse su pago que incluirá los pendientes hasta la fecha de esta sentencia y los que se causaren de aquí en adelante. 4.      La seguridad social como derecho fundamental. Ha de destacarse asimismo que la seguridad social ha sido ya considerada por esta Corte como derecho fundamental (art. 48 C.N.)3 amparado por la acción de tutela y ello en virtud de la función de primer orden que cumple en beneficio del ser humano y en este caso, de un servidor del Estado, cuandoquiera que es acosado por contingencias en el decurso de su desempeño laboral, como son las enfermedades, las incapacidades laborales, etc. En el presente caso se trata de un pensionado de jubilación a quien la administración departamental en vista de haberle prestado su fuerza laboral por un período de veinte  (20) años y por ello en virtud de lo mandado por la normatividad, ha de contribuir el ente estatal con una suma de dinero mensual a su sostenimiento.   Luego  es inexplicable  y  reprochable, según aparece demostrado en el proceso de tutela que, como todo un Cid Campeador haya tenido Martínez Mesa que recurrir en repetidas ocasiones a la jurisdicción administrativa primero y luego a la justicia laboral, a través de procesos ejecutivos, para obtener los reajustes pensionales que una administración respetuosa del Estado Social de Derecho, ha debido hacerle y satisfacerle voluntaria y oportunamente. Situación anómala como ésta no se compadece con la protección que a la seguridad social le otorga el Estatuto Máximo de 1991, que específicamente previene en el artículo 53 inciso 3o. que "El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones legales".  Este estado aberrante de cosas, multiplicado por los tantos casos similares existentes en la administración pública en sus distintos niveles:  Nacional, Departamental y Municipal, es además causa de la congestión judicial que tiene atascada a nuestra organización jurisdiccional y sobre la cual el Estado desesperadamente ha dictado medidas en los últimos años para hacerle frente. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A  : Primero:    Revocar la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolívar proferida el 27 de marzo de 1992. En su lugar se ordena al señor Gobernador del Departamento  de Bolivar que en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la notificación a él de esta sentencia, proceda a contestar la solicitud que le formuló el señor Hermógenes Martínez Mesa el 13 de enero de 1992 (fls. 34 y 35 del proceso de tutela) sobre un posible reajuste a su pensión de jubilación.  Y en caso de ser procedente tal reajuste, proveer al reconocimiento  y pago del mismo hasta la fecha de este fallo y de aquí en adelante. Segundo:   Del cumplimiento de esta sentencia dará cuenta dicho Gobernador oportunamente al Presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Bolivar. Tercero:     Comuníquese al mencionado Tribunal la presente decisión para que sea notificada a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con entrega a todos ellos de copia de esta sentencia. COMUNIQUESE Y CUMPLASE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN      CIRO ANGARITA BARON Magistrado                     Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Al respecto véanse las sentencias T-02 de 8 de mayo de 1992 (Sala de Revisión No. 4) y T-406 de 5 de junio de 1992   (Sala de Revisión No. 1). 2 Sentencias Nos. T-12, T-426 Y T-464. 3 Sentencia No. t-426. Sala Segunda de Revisión.

T-498-92 Sentencia No Sentencia No. T-498/92 TERMINO JUDICIAL/MORA JUDICIAL/DEBIDO PROCESO-Vulneración/DERECHO DE PETICION-Vulneración Existe una estrecha relación entre el debido proceso y el cumplimiento estricto de los términos procesales. De modo tal que toda dilación injustificada de ellos constituye agravio al debido proceso. Se vulnera no sólo el derecho fundamental al debido proceso, sino el de petición en aquel aspecto que lo hace verdaderamente efectivo: la pronta resolución de la petición. Ref.: Expediente T-2295 PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLIN -SALA PENAL- PETICIONARIO: RAMIRO SANCHEZ ALVAREZ MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA en el proceso de acción de tutela iniciado por Ramiro Sánchez Alvarez contra la Dirección Seccional de Orden Público de Medellín y que fuera resuelta por la Sal Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 13 de mayo del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. A. Hechos El 19 de marzo de 1992, el abogado Miguel Antonio Barón Fernández interpuso acción de tutela en representación de su defendido, Ramiro Sánchez Alvarez, en contra de la dirección seccional de Orden Público de Medellín. En la demanda relata que su defendido se encuentra privado de la libertad en la cárcel de Bellavista de Medellín desde el mes de agosto de 1991. El Juzgado de Orden Público correspondiente envió a la Unidad Investigativa de Orden Público (SIJIN) copia del expediente para la práctica de unas pruebas señaladas expresamente, fijando para ello un término de 60 días. Sin embargo, 120 días después, le fue necesario insistir en que se practicaran esas pruebas. En marzo, se recibió el cuaderno sin que se hubiera recogido siquiera el 10% de las pruebas decretadas, lo que obligó al Juzgado a devolver el expediente por un término de 30 días más. Paralelamente, dice el peticionario, ha habido omisiones del Juzgado de Orden Público, que ha omitido resolver de fondo sendas peticiones de excarcelación. Con todas estas omisiones, el peticionario considera violado el derecho fundamental de su defendido al debido proceso y a la pronta y cumplida justicia. Por ello, interpone la acción de tutela para que se "... apremie a la Jurisdicción de Orden Público para que actúe, para que investigue con celeridad todos los aspectos de la causa, para que se establezcan los verdaderos responsables..." (Cfr. Fl. 2) pues ha habido un "... monstruoso abuso de los términos fijados, con abandono de los sindicados a su suerte en clarísima denegación de justicia..." (Cfr. Fl. 2) El 20 de marzo de 1992, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín admitió la tutela y solicitó en el auto admisorio copia del proceso seguido contra el peticionario e informes sobre el actual estado del proceso. El director seccional de Orden Público hizo saber que el proceso se encontraba en la Fiscalía para concepto sobre una solicitud de revocatoria de la medida de aseguramiento y remitió las copias solicitadas por el Tribunal. B. La sentencia de instancia El treinta de marzo de 1992, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Medellín profirió la sentencia de tutela respectiva, cuyo contenido se puede resumir así: Para el Tribunal resultaron plenamente probados los siguientes hechos: - Que al peticionario se le capturó, junto con otro ciudadano, el 17 de septiembre de 1991 y luego de los trámites de rigor (auto cabeza de proceso, indagatoria) se les dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, por el delito de "concierto para delinquir" contemplado en el artículo 7 del Decreto 180 de 1988. El 2 de octubre se remitió el expediente a la seccional de Orden Público de Medellín. - Que la comisión que el respectivo Juzgado de Orden Público ordenó a la Unidad Investigativa de Orden Público para la práctica de unos testimonios y unas inspecciones judiciales "relativamente sencillas" (Cfr. Fl. 20) se dilató de manera considerable e injustificada. - Que, además, las diversas peticiones que el defensor y el sindicado elevaron para solicitar la revocatoria de la medida de aseguramiento, no fueron resueltas de manera oportuna. Por el contrario, transcurrió más de un mes antes de que se resolvieran negativamente. Con base en esos hechos probados, el Tribunal abordó el estudio jurídico para lo cual consideró lo siguiente: - Que de conformidad con el artículo 37 del decreto 2591 de 1991, era competente para conocer de la acción de tutela; - Que el poder conferido en el proceso penal habilitaba al abogado para interponer la tutela; -  Que el daño no ha sido aún consumado pues las acciones dilatorias. "... continúan manifestándose con violación de los derechos constitucionales" (Cfr. Fl. 23) - Que, si bien en el proceso penal el sindicado cuenta con distintos recursos o medios de defensa, "...lo que aquí se alega es la violación de esos derechos dentro del proceso y por las mismas autoridades que están conociendo de él, por lo que mal se haría en pensar que la protección pueda provenir de los mismos funcionarios que han incurrido en los actos que se censuran, particularmente cuando lo que se critica es la omisión para actuar..." (Cfr. Fl. 24) Ante lo cual no queda alternativa distinta a la acción de tutela. - A todo lo anterior se agrega, según el Tribunal, que la dilación de la investigación procede en buena medida de los autos de cúmplase que aún continúan extendiendo o prorrogando los términos y ese tipo de providencias carecen en absoluto de recursos, lo cual lo lleva a concluir que los otros medios de defensa, atendidas las circunstancias, son en este caso ineficaces. - Que el derecho a la libertad, a que la prisión y arresto se sujeten a las formalidades legales, y al debido proceso público sin dilaciones injustificadas son derechos constitucionales fundamentales garantizados además en diversos instrumentos internacionales ratificados por Colombia, tales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. - Que los decretos que disciplinan la jurisdicción de orden público "... no están exentos de esa obligación ni podrían estarlo ..." (Cfr. Fl. 27) Para el Tribunal, lo que protege la Constitución no es, ciertamente, el estricto cumplimiento de esos términos, sino el que la investigación y el proceso, regidos por ellos, no sean objeto de dilación injustificada. En el caso que se estudia, el Tribunal, atendidas las circunstancias concretas, no encontró ningún factor que justificara la dilación en la práctica de las pruebas. En efecto, el delito que se investiga es uno solo, las pruebas son relativamente sencillas y debían practicarse todas en el mismo lugar donde ocurrieron los hechos, esto es, es Medellín. Las anteriores consideraciones llevaron al Tribunal a conceder la tutela, para lo cual ordenó el envío del expediente al juzgado y el cumplimiento perentorio de los términos. Igualmente, previno a los funcionarios para que no volvieran a incurrir en las conductas que ameritaron a acción de tutela. El fallo no fue impugnado. C. Actuaciones Posteriores En el expediente obra prueba de que los funcionarios dieron cumplimiento a lo ordenado en el término indicado en la providencia y de que el fallo de tutela se remitió a la Procuraduría Departamental, para las investigaciones a que hubiere lugar. También obra en el expediente copia del oficio que el Capitán Carlos Enrique Largo Hernández (Jefe de la Unidad Investigativa Policía Judicial de Orden Público), envió al doctor Pedro Thelmo Echeverri Gómez, Director Seccional de Orden Público de Medellín, en la cual explica que en cumplimiento del fallo de tutela remite el proceso respectivo, pero que quiere dejar claro que hace apenas un mes se encuentra a cargo de esa unidad y que al llegar se topó con una enorme acumulación de procesos que le impiden cumplir los perentorios términos de las comisiones judiciales. Describe en ese oficio el número de diligencias realizadas y resalta el empeño y la voluntad de todo el personal a su cargo para evacuar las pruebas solicitadas en los más de 400 procesos acumulados. A su juicio, esa congestión justifica las demoras que se hayan presentado en el cumplimiento de los términos. Por ello, anuncia que próximamente solicitará prórroga en los términos de todas las comisiones que actualmente se encuentran pendientes de evacuar en la unidad. Por último, obra en el expediente un informe del Jefe de la Sección Jurisdiccional de la Dirección Seccional de Orden Público, enviado al magistrado ponente del Tribunal Superior, en el que informa que el 6 de abril de 1992 se negó la revocatoria de la medida de aseguramiento y se cerró simultáneamente la investigación en el proceso penal que se sigue contra el peticionario de la tutela. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte confirmará la sentencia del Tribunal Superior de Medellín, por las razones que se exponen a continuación. En los hechos del caso se revela la vulneración de diversos derechos constitucionales fundamentales, algunos de los cuales se encuentran mencionados en la sentencia de instancia y otros que serán brevemente reseñados en esta providencia de revisión. En primer lugar, debe señalarse en el caso una vulneración del derecho fundamental al debido proceso. La Constitución de 1991 sistematizó los principios fundamentales del debido proceso que ya se encontraban consagrados en la Constitución anterior y con una redacción más técnica, consagró su contenido esencial en el artículo 291.  Allí se estipula que el debido  proceso debe ser público y sin dilaciones injustificadas. En lo que toca con la práctica de las pruebas, el Jefe de la respectiva Unidad Investigativa afirma que la excesiva congestión explica las demoras que se han presentado en este y otros casos. Esa afirmación explica mas no justifica la dilación, por cuanto el sindicado no tiene por qué soportar las consecuencias de una inadecuada organización logística y administrativa en la administración de justicia, más aún cuando se trata de la práctica de pruebas de ostensible sencillez, como en el presente caso. En relación con el tema de las dilaciones injustificadas en los procesos, esta Corte ha tenido ya oportunidad de pronunciarse en los siguientes términos: "Considera la Corte que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismo ya que él no se concibe como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que, a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia"2 De otra parte, en diversas ocasiones, la Corte Europea de Derechos del Hombre se ha ocupado del tema específico de la duración de algunos procedimientos penales vigentes en países miembros de la convención. Al analizar cuidadosamente si las dilaciones procesales son razonables o no, ha considerado que ello depende en buena medida de la complejidad del negocio y de los numerosos recursos interpuestos por el presunto acusado, asunto que debe analizarse en cada caso concreto.3 En esa línea de pensamiento, para esta Corte Constitucional es claro que existe una estrecha relación entre el debido proceso y el cumplimiento estricto de los términos procesales. De modo tal que toda dilación injustificada de ellos constituye agravio al debido proceso. Al respecto, es importante establecer el papel que la ley y la Constitución le han fijado a la Fiscalía General de la Nación. En efecto, el Decreto 2699 de 1991, por el cual se expide el Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación, establece en su artículo 3 que: "Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: 6. Dirigir y coordinar las funciones de Policía Judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley" El artículo 6 del mismo decreto preceptúa: "Los Fiscales velarán porque las actividades asociadas con el cumplimiento de las funciones de investigación y acusación se adelanten de conformidad con el respeto del derecho de defensa, los derechos humanos, y haciendo prevalecer el derecho sustancial". Y el artículo 21 dispone: "Corresponde al Fiscal General de la Nación, a los Directores Fiscales, Jefes de Unidad y Fiscales dirigir, coordinar, asignar y controlar las investigaciones penales adelantadas directamente por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General, por otros cuerpos de Policía Judicial establecidos por la Constitución o las leyes, o por aquellos facultados temporalmente para el ejercicio de estas funciones. "El Fiscal General, los Directores Fiscales, Jefes de Unidad y Fiscales podrán separar temporal o definitivamente de una investigación a un agente o unidad del Cuerpo Técnico o de Policía Judicial cuando en el curso de la misma se quebranten las normas legales. Para cada caso iniciarán las investigaciones legales y disciplinarias a que haya lugar. La solicitud de un Fiscal para que se inicie una investigación disciplinaria a cualquier miembro del Cuerpo Técnico o de Policía Judicial será obligatoria para la entidad nominadora". En el mismo sentido se otorgan atribuciones a la Fiscalía General de la Nación, en el artículo 120 del Nuevo Código de Procedimiento Penal. Las anteriores normas están en concordancia con el numeral 3 del artículo 250 de la Constitución Nacional, que establece: Artículo 250: Corresponde a la Fiscalía General de la Nación, de oficio o mediante denuncia o querella, investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio. Para tal efecto la Fiscalía General de la Nación deberá: ... 3. Dirigir y coordinar las funciones de policía judicial que en forma permanente cumplen la Policía Nacional y los demás organismos que señale la ley. Todo lo cual lleva a la inequívoca conclusión de que la Fiscalía General de la Nación es, de ahora en adelante, la encargada de coordinar las funciones de Policía Judicial y de investigar y sancionar las violaciones de la ley que ocurran en el transcurso de las investigaciones. Por esa razón, casos como el presente serán, en el futuro, de conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, sin perjuicio de las funciones del Ministerio Público, en particular, las de las Procuradurías delegadas para la Vigilancia Judicial y para la Policía Judicial. Las otras dilaciones presentes en este caso, relativas a la demora en la resolución de peticiones concernientes a la medida de aseguramiento que pesa en contra del peticionario, no encuentran explicación ni justificación alguna. Si en el caso de la práctica de pruebas parece haber un problema estructural organizativo que debe solucionarse a la mayor brevedad, en lo referente a la resolución de las peticiones es evidente que hubo negligencia y desidia que ya ha sido puesta en conocimiento del Ministerio Público. Esa actuación vulnera no sólo el derecho fundamental al debido proceso, sino el de petición en aquel aspecto que lo hace verdaderamente efectivo: la pronta resolución de la petición. Esta Corte ya ha reiterado4 que lo que hace verdaderamente eficaz el derecho de petición ante las autoridades pública es que éstas resuelvan prontamente, en algún sentido o en otro, la petición. Solo de esta manera el derecho de petición adquiere toda su dimensión como instrumento eficaz de participación y de defensa de los derechos fundamentales, como en la eventualidad en la que se ejerce al interior de un proceso judicial. La circunstancia de que la Sala Plena de la Corte Constitucional actualmente estudia, mediante el procedimiento de control automático de constitucionalidad, la procedencia de aplicar el nuevo Código de Procedimiento Penal a los procesos que se adelantan a través de la jurisdicción de orden público, hace que esta Sala se abstenga, en esta oportunidad, de examinar dicha procedencia, en tanto que no es, de otra parte, necesario. En efecto, el examen, independientemente de la norma procesal que gobierne el proceso, debe detenerse a determinar si se ha respetado el debido proceso. Este se vulnera si se presentan de hecho dilaciones injustificadas y esto sí aparece plenamente demostrado. Por este único motivo, la Corte Constitucional confirmará la sentencia de tutela del Tribunal. III. CONCLUSION Los derechos constitucionales fundamentales se aplican a todas las personas que moren o se encuentren de paso en Colombia, cualquiera que sea su condición, antecedentes o situación jurídica. Su ejercicio sólo puede limitarse en la forma establecida en la Constitución. En este caso se vulneró, por negligencia, el debido proceso y el derecho la pronta resolución de las peticiones del sindicado Ramiro Sánchez Alvarez, razón por la cual esta Corte confirmará el fallo de instancia. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Medellín, del 30 de marzo de 1992, por medio del cual se concedió la tutela interpuesta por Ramiro Sánchez Alvarez en contra de la Dirección Seccional de Orden Público de Medellín, con el alcance y por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: ORDENAR que por Secretaría se envíen copias de esta providencia a la Fiscalía General de la Nación, a la Fiscalía Regional de Medellín, a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial y a la Procuraduría Delegada para la Policía Judicial. TERCERO: ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Tribunal Superior de Medellín, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Aprobada según acta de la Sala Primera de Revisión, a los 21 días del mes de agosto de 1992. 1 Para mayor información, Cfr. sentencia T-436, Sala Primera de Revisión 2 Cfr, Sentencia T-431, Sala Tercera de Revisión. Ponente: José Gregorio Hernández Galindo. 3 Cfr. Corte Europea de Derechos Humanos, Sentencia del 22 de junio de 1972 en el caso Rigensein. En: Berger Vincent, Jurisprudence de la Cour Européene des droits de l'homme. 3 édition Sirey, París 1991 pp. 149, 150. 4 Cfr. Sentencia T-495, Sala Primera de Revisión. Ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz

T-499-92 Sentencia No Sentencia No. T-499/92 PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona, sin distinción alguna. La integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal. ACCION DE TUTELA/DERECHO A LA SALUD/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho a la salud, cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela. El nuevo orden constitucional antepone a las trabas, exigencias y requisitos desmesurados de la administración, la prestación de un servicio que se desarrolle con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. PRINCIPIO DE LA BUENA FE La buena fe debe presidir las actuaciones de las autoridades y ella se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante éstas. Esta presunción no se desvirtúa simplemente afirmando que el solicitante no ha demostrado el sustento de su petición, a pesar de basarse en  certificaciones médicas cuya autenticidad también se presume por la ley. La duda  de la entidad pública respecto a la necesidad de reconocer una prestación social, adelantar una acción o abstenerse de hacerlo, debe resolverse de manera razonable, esto es, acudiendo a otros conceptos médicos confiables que confirmen o contradigan el dictamen oficial. AGOSTO  21 DE 1992 REF: Expediente T-2359 Actor: NERY CHIQUIZA LAVERDE Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-2359 adelantado por la señora NERY CHIQUIZA LAVERDE contra una conducta omisiva de la CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES (CAPRECOM). A N T E C E D E N T E S 1. La petente, señora NERY CHIQUIZA LAVERDE, empleada de la Administración Postal Nacional, Regional Tolima, presentó acción de tutela contra el director general de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM). 2. Según versión del apoderado de la accionante, la señora NERY CHIQUIZA LAVERDE sufre de una lesión en la columna vertebral (discos L4 y L5) que eventualmente podría agravarse y generarle un perjuicio irremediable. Con el escrito de tutela fueron aportados conceptos médicos de EDGAR ESTRADA SERRATO, especialista en ortopedia y traumatología de columna, cadera y rodilla, del 3 y 15 de octubre de 1991, en los cuales se dictaminó la necesidad de intervenir quirúrgicamente  a la petente, sin que a la fecha de la presentación de la acción de tutela se hubiera expedido la correspondiente orden de operación por parte de CAPRECOM. 3. En respuesta a la funcionaria investigadora de ADPOSTAL, doctora GLORIA LUCIA CASTILLO CASTILLO, el Director Regional de CAPRECOM, Ibagué, doctor LUIS ALEXANDER MOSCOSO OSORIO, mediante comunicación del 12 de noviembre de 1991, señaló: "Respecto al concepto emitido por el doctor EDGAR ESTRADA SERRATO, Médico Ortopedista y Traumatólogo, una vez revisada la Historia Clínica y las notas de dicho médico en las consultas del día 26 de septiembre/91, octubre 2 y 3/91, no encuentro hasta dicha fecha ningún concepto en el cual especifique o diga que la paciente está incapacitada para subir y bajar escaleras. "En la Historia Clínica de septiembre 15 de 1991, el doctor Estrada, habla que la paciente va por aumento de dolor y la conducta es sintomática, adicionalmente expiden una certificación que según el doctor Estrada, fue dada a solicitud insistente de la paciente, en las cuales expresa que no puede bajar ni subir escaleras, pero en la Historia Clínica no hace ninguna anotación al respecto y el seis (6)  de noviembre de 1991, solicita valoración por medicina laboral para concepto ocupacional. Ultimos datos anotados en su Historia  Clínica". 4. Del escrito sustentatorio  de la acción de tutela se deduce que, en concepto de la solicitante, la omisión de CAPRECOM de expedir la orden de operación se afecta su derecho al trabajo (CP art. 25), a la seguridad social (CP art. 48) y a la salud (CP art. 49), así como el artículo 2 de la Constitucion. En consecuencia, la peticionaria solicitó se ordenara al Director General de CAPRECOM que, en el término de 48 horas, procediera a autorizar la intervención quirúrgica. 5. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, mediante sentencia del 27 de febrero de 1992 denegó la tutela solicitada con base en las siguientes razones: "La seguridad social y el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud son derechos clasificados por la Constitucion como sociales y carecen de la protección tutelar reservada exclusivamente a los derechos fundamentales (art. 86 Const.). "El derecho al trabajo, aunque es fundamental (art. 25 idem) no resulta vulnerado porque a una persona se le atienda o no en una institución asistencial, las normas que regulan la prestación de los servicios de las cajas de previsión tienen rango legal, algunas, y reglamentario, otras, y la tutela resulta improcedente para hacer respetar tal clase de derechos (art. 9o. Decreto 306 de 1992). "De otra parte, como el mandatario de la solicitante lo reconoce, existen otros medios de defensa judicial y puede agregarse que ella no ha acudido a la autoridad administrativa para lograr el fin que desea, ni ha habido negativa del hipotético derecho a la intervención quirúrgica". 6. No habiendo sido impugnada la anterior decisión, el proceso fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, siendo seleccionado, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Principio fundamental de la dignidad humana 1. El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona, sin distinción alguna, de conformidad con su valor intrínseco (CP arts. 1, 5 y 13). La integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal. El principio fundamental de la dignidad humana no sólo es una declaración ética sino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades (CP art. 1). Su consagración como valor fundante y constitutivo del orden jurídico obedeció a la necesidad histórica de reaccionar contra la violencia, la arbitrariedad  y la injusticia, en búsqueda de un nuevo consenso que comprometiera a todos los sectores sociales en la defensa y respeto de los derechos fundamentales. El hombre es un fin en sí mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado social de derecho (CP art. 1). Salud e integridad física 2. La autoridad competente que se niega a impartir una orden médica a una persona afectada física y psicológicamente por una lesión puede, en ciertos casos, vulnerar el derecho a la salud y a la integridad física, psíquica y moral. Una interpretación estrecha y formalista de la Constitucion no tiene en cuenta la función de los derechos fundamentales como límites a las actuaciones u omisiones del Estado. El derecho a la salud (CP art. 49), cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela. Una lesión que ocasiona dolor a la persona y que puede ser conjurada mediante una intervención quirúrgica, se constituye en una forma de trato cruel (CP art. 12) cuando, verificada su existencia, se omite el tratamiento para su curación.  El dolor intenso reduce las capacidades de la persona, impide su libre desarrollo y afecta su integridad física y psíquica. La autoridad competente que se niega, sin justificación suficiente, a tomar las medidas necesarias para evitarlo, omite sus deberes, desconoce el principio de la dignidad humana y vulnera los derechos a la salud y la integridad física, psíquica y moral de la persona. El artículo 5o. de la Convención Americana sobre derechos humanos,  o "Pacto de San José de Costa Rica", establece: "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral". Por su parte, el artículo 94 de la Constitucion impide negar otros derechos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en la Constitucion, con lo cual se reconoce la existencia en nuestro ordenamiento jurídico de derechos como la integridad física, psíquica y moral. El dolor envilece a la persona que lo sufre. Si quien está en el deber de impedirlo no lo hace, incurre con su omisión en la vulneración del derecho a la integridad personal del afectado, quedándole a éste último la posibilidad de ejercer las acciones judiciales para la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Trabajo y seguridad social 3. Una enfermedad grave que no se contrarreste a tiempo se constituye en amenaza del derecho al trabajo hasta el grado de poder impedir su ejercicio. Contrariamente a lo estimado por el juzgador de primera instancia, la atención oportuna de la persona enferma en una institución asistencial puede evitar la vulneración del derecho fundamental al trabajo. No obstante, la gravedad e inmediatez de la enfermedad y su potencialidad para incapacitar a la persona deben ser materia de dictamen de la autoridad médica correspondiente. Omisión de la autoridad pública y principio de buena fe 4.  La accionante aportó con su solicitud un concepto médico de un especialista en ortopedia y traumatología, según el cual requiere de una intervención quirúrgica en la columna vertebral. Sin embargo, el Director Regional de Caprecom, en comunicación del 18 de noviembre de 1991, restó importancia a dicho dictamen, aduciendo que en la historia clínica de la petente no se encuentra ningún concepto "en el cual se especifique o se diga que la paciente está incapacitada para subir y bajar escaleras" . Un concepto médico no puede desecharse simplemente advirtiendo que en la historia clínica del paciente no consta la aseveración que se formula. Aunque la historia clínica sea el principal medio para evaluar el estado de salud de una persona, aquella puede estar incompleta y no incluir datos significativos o actualizados. En cambio, la certificación médica de un profesional que expresamente afirma la necesidad de llevar a cabo una operación, constituye un medio probatorio adecuado para aceptar que la paciente, en principio, sí requiere una determinada intervención o tratamiento. La buena fe debe presidir las actuaciones de las autoridades y ella se presume en todas las gestiones que los particulares adelanten ante éstas (CP art. 83). Esta presunción no se desvirtúa simplemente afirmando que el solicitante no ha demostrado el sustento de su petición, a pesar de basarse en  certificaciones médicas cuya autenticidad también se presume por la ley. La duda  de la entidad pública respecto a la necesidad de reconocer una prestación social, adelantar una acción o abstenerse de hacerlo, debe resolverse de manera razonable, esto es, acudiendo a otros conceptos médicos confiables que confirmen o contradigan el dictamen oficial. El parámetro de acción de las autoridades encargadas de la seguridad social es doblemente exigente tratándose de la protección a la salud y el respeto de la dignidad humana, la solidaridad y la eficacia de los derechos fundamentales. La omisión negligente en estudiar y resolver una petición de una persona afiliada a la entidad de previsión compromete la responsabilidad del funcionario y configura un incumplimiento de los deberes sociales del Estado. El Estado social de derecho y los principios de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad en que éste se funda (CP art. 1) han operado una radical transformación en la relación Estado - Individuo. Al referirse al tema de la finalidad social del Estado, el constituyente afirmó: " (...) es necesario proponer dicho artículo dentro del cual se exprese la necesidad de colocar a la comunidad y a los asociados en general, como utilizadores bien pensados de algo que debe estar a su servicio, cual es el Estado. Así, se desmitifica la figura y se le da su verdadero sentido de servir a los hombres y no someterse éstos a su propia creación, lo que permitiría que la sociedad actual desarrolle valores como el de vivir armoniosamente, con responsabilidades y progreso, teniendo el Estado que identificarse con los fines perseguidos por la sociedad"1 . En consecuencia, el nuevo orden constitucional antepone a las trabas, exigencias y requisitos desmesurados de la administración, la prestación de un servicio que se desarrolle con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad (CP art. 209). Amenaza de los derechos fundamentales y revocatoria del fallo revisado 6. Finalmente, es manifiesto que en el caso sub-examine la negativa de la entidad pública a dar la orden para la intervención quirúrgica amenaza el derecho fundamental al trabajo de la peticionaria, pudiendo ocasionarle un perjuicio irremediable en su salud y en su integridad física. No obstante, no siendo esta Corporación competente para pronunciarse sobre la necesidad y el riesgo de una intervención quirúrgica, no se accede a la petición de ordenarla. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué denegó la tutela solicitada por no versar sobre derechos fundamentales y por existir otros medios de defensa judicial. A este respecto cabe anotar que tratándose de omisiones de las autoridades públicas, las acciones contencioso administrativas consagradas en la ley no son el medio judicial idóneo para asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales amenazados. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 27 de febrero de 1992, proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, mediante la cual se denegó la tutela solicitada por la señora NERY CHIQUIZA LAVERDE. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela solicitada por la señora NERY CHIQUIZA LAVERDE, en el sentido de ORDENAR al Director General de la Caja de Previsión Social de Comunicaciones (CAPRECOM), que en el término de cuarenta y ocho (48) horas luego de notificada la presente providencia, ordene llevar a cabo la totalidad de los exámenes médicos necesarios con el fin de determinar si la señora NERY CHIQUIZA LAVERDE requiere ser intervenida quirúrgicamente y, en caso afirmativo, autorizar de manera inmediata la indicada operación, lo cual acreditará inmediatamente después ante la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en los artículos 52 y 53 del decreto 2591 de 1991. TERCERO.- LIBRESE comunicación a la Sala Laboral del Tribunal Superior de Ibagué, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiun (21) días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y dos). 1 Ponencia para primer debate en Plenaria. Fines del Estado. Constituyente Jaime Arias López, Gaceta Constitucional No. 93, p. 12.

T-500-92 Sentencia No Sentencia No. T-500/92 DEBIDO PROCESO/PRESUNCION DE INOCENCIA/DERECHO A LA EDUCACION Los establecimientos educativos no están exonerados de cumplir el precepto constitucional, aplicable en materia de imposición de sanciones, según el cual nadie puede ser castigado sin que se le hayan brindado la posibilidad de una defensa y las garantías del debido proceso. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a que, en caso de sindicaciones en su contra, no se deduzcan sus responsabilidades sin haberla oído y vencido en el curso de un proceso dentro del cual haya podido, cuando menos, exponer sus propias razones, dar su versión de los hechos, esgrimir las pruebas que la favorecen y controvertir aquellas que la condenan.  La presunción de inocencia tiene que ser desvirtuada como requisito indispensable para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones. Es imprescindible esa garantía en orden a preservar otros derechos fundamentales como el de la educación. DERECHO A LA EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación El derecho a la educación es un derecho fundamental de la persona, razón por la cual el ordenamiento jurídico no puede restringir las posibilidades de su ejercicio a ningún individuo por razón de su edad.  Ello significaría flagrante desconocimiento no solo del precepto en mención sino del principio de igualdad plasmado en el artículo 13 de la Carta. El carácter fundamental de un derecho no depende de la ubicación del artículo que lo consagra dentro del texto constitucional sino que, dentro de una concepción material, son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. Ref.:  Expediente T-2231 Actor:  JOHAN ALEXANDER MARIN RODRIGUEZ contra Colegio Bravo Márquez de Medellín. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Aprobada mediante acta, en Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiun (21) días del mes de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). I. INFORMACION PRELIMINAR El solicitante Johan Alexander Marín Rodríguez invoca la acción de tutela por considerar que el Rector del IDEM Instituto José María Bravo Márquez, de la ciudad de Medellín, violó su derecho a continuar en dicho establecimiento educativo al negarle la matrícula para sexto de bachillerato, no obstante que había aprobado el año lectivo, aduciendo razones de mala disciplina.  Por iguales motivos y en relación con los mismos hechos también ejercieron la acción los estudiantes OMAR DE JESUS HEREDIA, ELKIN DE JESUS BURITICA, DIEGO ALONSO ESCOBAR, ITALI FLOREZ, GERARDO LEON GARCES, BAYRON ELKIN HOYOS, RUBEN DARIO TOBON y JORGE OCTAVIO LOAIZA OSPINA. II.  DECISIONES JUDICIALES Correspondió conocer de la presente acción de tutela en primera instancia al Juez Trigésimo Primero Penal Municipal de Medellín, quien después de analizar los documentos y pruebas allegadas, en fallo del 27 de febrero de 1992 decidió acceder a la solicitud de tutela con base en las siguientes razones: 1.  Encuentra el juez que efectivamente sí existieron violaciones al Reglamento Interno del Colegio por parte de los estudiantes. 2.  También se encuentra que el Colegio no siguió el procedimiento adecuado al imponer las sanciones así como tampoco al calificar la conducta y disciplina de los estudiantes.  No se atendió el llamado que hiciera la Secretaría de Educación contenido en circular Nº 42 del 13 de agosto de 1984 sobre el procedimiento a seguir en relación con los estudiantes que incurrieron en faltas al reglamento. 3.  No se compagina la sanción impuesta por el colegio con la conducta y disciplina de los afectados, la cual no fue calificada de deficiente o mala. 4.  El juez consideró que el IDEM Instituto José María Bravo Márquez violó el derecho a la educación, consagrado en el artículo 67 de la Constitucion Nacional al no aceptar de nuevo en la Institución a los estudiantes actores de la presente acción de tutela. En consecuencia el juzgado ordena al Instituto Bravo Márquez el reintegro de JOHAN ALEXANDER MARIN, OMAR DE JESUS HEREDIA, ELKIN DE JESUS BURITICA, DIEGO ALONSO ESCOBAR, ITALI FLOREZ, GERARDO LEON GARCES, BAYRON ELKIN HOYOS Y RUBEN DARIO TOBON para el año lectivo que se inicio.  No se accede a la petición de JORGE OCTAVIO LOAIZA OSPINA a quien se le encontró una perica (arma) dentro del colegio, lo que no hace recomendable su estadía en el establecimiento, con lo cual se está velando por el interés general y defendiendo la integridad física de las personas que lo rodean. IMPUGNADO el fallo por Jorge Octavio Loaiza Ospina y por el IDEM a través de su Rector, correspondió decidir la impugnación al Juzgado Décimo Primero Penal del Circuito de Medellín.  En Providencia del 27 de marzo de 1992 ese Despacho revocó el fallo de primera instancia en cuanto accedió a la tutela solicitada y lo confirmó respecto de la negativa de concederla en el caso de LOAIZA OSPINA. El juez de segunda instancia fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones: 1.  La educación no puede considerarse como un derecho fundamental pues éstos se encuentran expresa y taxativamente señalados en el Título Segundo, Capítulo I de la Carta y no es posible extender el ámbito de la acción de tutela a otros derechos consagrados en la Constitucion Nacional. 2.  La Constitucion encomendó al Estado la obligación de asegurar la educación de sus habitantes de los 5 a los 15 años (un año de preescolar y nueve de educación básica).  Esta obligación ya se cumplió frente a los peticionarios por lo tanto no se les ha vulnerado tampoco su derecho a la educación. 3.  La tutela es de carácter subsidiario y residual y en el presente caso los afectados pueden hacer efectivos sus derechos acudiendo a la justicia Contencioso Administrativa una vez agoten la vía gubernativa ante la Secretaría de Educación. 4.  Opina el juez que "...es evidente que el señor Rector actuó arbitrariamente, usurpó funciones y desconoció jerarquías al imponer la sanción a los interesados, pues a ninguno de ellos se le adelantó el proceso disciplinario individual, a quien alude (sic) el Decreto 1398 de 1973, parágrafo 5º, violándose la garantía constitucional prevista en el artículo 29 de la C. N., del Debido Proceso...", pero entiende que no puede concederse la tutela por existir otro medio judicial para la defensa de los estudiantes y por cuanto a éstos no se les ha causado un perjuicio irremediable ya que en la ciudad hay otros colegios oficiales y privados donde pueden continuar sus estudios. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Entra esta Corte a revisar los fallos proferidos dentro de la presente acción de tutela por los Juzgados Trigésimo Primero Penal Municipal y Décimo Primero Penal del Circuito de Medellín, ya que goza de competencia para ello, según lo estatuido en los artículos 86 y 241-10 de la Constitucion Política y en el Decreto2591 de 1991. El Debido Proceso Como ya lo ha expresado esta Corporación, los establecimientos educativos no están exonerados de cumplir el precepto constitucional, aplicable en materia de imposición de sanciones, según el cual nadie puede ser castigado sin que se le hayan brindado la posibilidad de una defensa y las garantías del debido proceso. Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia y a que, en caso de sindicaciones en su contra, no se deduzcan sus responsabilidades sin haberla oído y vencido en el curso de un proceso dentro del cual haya podido, cuando menos, exponer sus propias razones, dar su versión de los hechos, esgrimir las pruebas que la favorecen y controvertir aquellas que la condenan.  Como esta misma Sala tuvo ocasión de expresarlo, la presunción de inocencia tiene que ser desvirtuada como requisito indispensable para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones1 . Así lo exige la justicia y lo tiene bien definido la Constitucion en su artículo 29 al consagrar como principio medular de nuestro Derecho la presunción de inocencia. De lo que se trata es de cerrar el paso a la arbitrariedad, a la calificación absolutamente discrecional y unilateral por parte del establecimiento que habrá de aplicar la sanción acerca del grado de responsabilidad del estudiante comprometido y sobre si cabe en el caso concreto aplicar aquélla. Resulta claro para esta Corte que, así como es necesario un debido proceso para definir lo concerniente a la imposición de una pena en materia criminal por cuanto está de por medio el derecho fundamental de la libertad de la persona, también es imprescindible esa garantía en orden a preservar otros derechos fundamentales como el de la educación. Con miras a desarrollar esa garantía debe partirse del principio general de la legalidad de la falta y de la sanción a ella correspondiente, esto es, de la previa y precisa determinación que todo establecimiento educativo debe hacer en su reglamento interno de los hechos u omisiones que contravienen el orden o el régimen disciplinario y de las sanciones que, de acuerdo con la gravedad de las informaciones, puedan imponerse. El mismo reglamento debe contemplar los pasos que habrán de seguirse con antelación a cualquier decisión sancionatoria.  Si bien no tan rigurosos y formales como en los procesos judiciales, los trámites que anteceden a la imposición del castigo deben hallarse consagrados en dicho régimen y en ellos asegurarse que el estudiante goce de una oportunidad adecuada y razonable de defensa. En el caso objeto de estudio se tiene que, sin observar los procedimientos vigentes, el Instituto José María Bravo Márquez impidió la continuidad de la educación a que tenían derecho varios de sus discípulos que han debido ingresar al sexto año de Bachillerato, violando así derechos fundamentales al debido proceso y a la educación. En efecto, tanto el Reglamento Interno del Instituto como los Decretos 1398 de 1973 y 2491 de 1978 expedidos por la Gobernación de Antioquia en cuanto a los centros educativos del Departamento, establecen un procedimiento claro en materia de sanciones y una graduación en la misma, que va desde la simple amonestación por parte del plantel, hasta la exclusión del alumno. Respecto de la sanción últimamente mencionada, las normas aplicables la conciben como un acto complejo en el cual participan, tanto la entidad educativa, como la Secretaría de Educación del Departamento por conducto del Distrito Educativo correspondiente y la Sección de Registros y Diplomas. Así, el parágrafo 5º del artículo 2º del Decreto 1398 de 1973 señala los requisitos que deben seguirse en los casos de cancelación de matrículas y expulsión definitiva del establecimiento educativo.  La disposición prevé que, una vez adoptada la decisión por el Consejo de profesores, debe enviarse tanto el acta de la reunión como la Resolución adoptada al Jefe del Distrito, quien tiene el encargo de ordenar la respectiva investigación. Adelantada la investigación, el Distrito envía sus resultados a la Sección de Registros y Diplomas para que ésta y la Dirección Operativa resuelvan sobre la pertinencia de la sanción.  La norma establece que "sin este requisito la sanción no podrá aplicarse". No aparece en el expediente prueba alguna que demuestre el cumplimiento de estos requisitos, de lo cual se desprende que en realidad el proceso no culminó como estaba previsto en las normas aplicables y que la exclusión de los afectados se produjo irregularmente, razón por la cual habrá de revocarse el fallo de segunda instancia que a su vez revocó el que acertadamente confería el amparo solicitado. Habrá de ordenar la Corte que se otorgue a los estudiantes separados del claustro la plena garantía de su derecho al debido proceso y a una defensa adecuada, con el pleno cumplimiento de las previsiones reglamentarias que rigen para la institución, permaneciendo vinculados al plantel en el curso sexto de Bachillerato mientras el proceso se adelanta, situación que deberá estudiarse por el tribunal competente si los afectados piden la nulidad de las resoluciones proferidas por la entidad educativa. Erróneo enfoque de las sentencias que se revisan sobre el derecho a la educación El juez Penal del Circuito de Medellín expresa en el fallo de segunda instancia, materia de revisión, que la obligación que tienen el Estado, la sociedad y la familia en el sentido de brindar una educación obligatoria entre los cinco y los quince años de edad con un año de preescolar y nueve de educación básica (artículo 67 de la Constitucion) "ya fue satisfecha" en el caso de los peticionarios, "toda vez que su edad supera la enunciada, así como su grado de instrucción", de lo cual concluye que no se les vulneró su derecho a la educación porque esta ya fue cumplida por el Estado en su justo límite. Considera la Corte que la interpretación de la norma constitucional no es precisamente la que así se plantea, pues una cosa es la obligación del Estado, la sociedad y la familia en el sentido de ofrecer al educando las condiciones indispensables para que acceda a su educación en el nivel mínimo mientras llega a la edad en que pueda continuar preparándose por su propia cuenta, y otra muy distinta el derecho que tiene toda persona a educarse o a perfeccionar su formación académica, independientemente de su edad.  Este es un derecho fundamental de la persona, razón por la cual el ordenamiento jurídico no puede restringir las posibilidades de su ejercicio a ningún individuo por razón de su edad.  Ello significaría flagrante desconocimiento no solo del precepto en mención sino del principio de igualdad plasmado en el artículo 13 de la Carta. La educación como derecho fundamental La Corte estima necesario insistir en que el carácter fundamental de un derecho no depende de la ubicación del artículo que lo consagra dentro del texto constitucional sino que, dentro de una concepción material, son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. Al respecto, la Sala Cuarta de Revisión de esta Corte ha formulado precisiones que ahora deben reiterarse, a propósito de la afirmación que hace el juez de segunda instancia en el sentido de que el derecho a la educación no puede considerarse como fundamental por no estar expresamente señalado en el Título II, Capítulo I, de la Carta: "Del análisis de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, publicadas en la Gaceta Constitucional, se concluye, en relación con el artículo 39 del Reglamento, que la Comisión Codificadora entregó los textos por asuntos y materias -títulos y capítulos-, pero que tal tarea no fue aprobada en conjunto, en los términos consagrados en el artículo 44, cuando dice: "Aprobado el texto final de las reformas y su codificación, la Presidencia citará a una sesión especial en la cual dicho texto se proclamará...". "Es decir la propia Constituyente tenía claro que una cosa era hacer normas (con fuerza vinculante) y otra la organización y titulación de dichas normas (fuerza indicativa). Fue pues voluntad del Constituyente de 1991 conferir un efecto indicativo a la ubicación y titulación de las normas constitucionales y en consecuencia ello es una información subsidiaria dirigida al intérprete. Como se podrá observar, el Constituyente no determinó en forma taxativa cuáles eran los derechos constitucionales fundamentales, a diferencia de algunos textos constitucionales de otros países, como es el caso de la Constitucion española de 1978 -artículos 14 a 29 y 30.2- y de la Constitucion alemana -artículos 2º al 17 de conformidad con el apartado 3 del artículo 1º-. En otros países, como por ejemplo en la Constitucion de Guatemala de 1985, en el artículo 20, relativo a las disposiciones transitorias, se establece que los epígrafes que preceden a los artículos de la Constitucion no tienen validez interpretativa y no pueden ser citados con respecto al contenido y alcance de las normas constitucionales. Fuerza concluir que el hecho de limitar los derechos fundamentales a aquellos que se encuentran en la Constitucion Política bajo el título "de los derechos fundamentales" y excluir cualquier otro que ocupe un lugar distinto, no debe ser considerado como criterio determinante sino auxiliar, pues él desvirtúa el sentido garantizador que a los mecanismos de protección y aplicación de los derechos humanos otorgó el Constituyente de 1991"2 . Así pues, no cabe duda sobre el carácter fundamental del derecho a la educación, motivo por el cual se estima pertinente conceder la tutela que se solicita en esta ocasión para hacerlo efectivo. Por las razones expuestas en esta providencia, la Corte Constitucional en Sala de Revisión, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucion, R E S U E L V E : Primero.- REVOCAR la sentencia del 27 de marzo de 1992, proferida por el Juez Décimo Primero Penal del Circuito de Medellín, por medio de la cual se había revocado la pronunciada el 27 de febrero de 1992 por el Juez Trigésimo Primero Penal Municipal de esa ciudad en relación con la tutela solicitada por JOHAN ALEXANDER MARIN RODRIGUEZ, OMAR DE JESUS HEREDIA, ELKIN DE JESUS BURITICA, DIEGO ALONSO ESCOBAR, ITALI FLOREZ, GERARDO LEON GARCES, BAYRON ELKIN HOYOS, RUBEN DARIO TOBON y JORGE OCTAVIO LOAIZA OSPINA. Segundo.- CONCEDER la protección impetrada por los estudiantes mencionados, ordenando al Rector del IDEM Instituto José María Bravo Márquez de Medellín: a)  Iniciar, a más tardar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación de esta sentencia, el proceso disciplinario contra dichos alumnos por las faltas que supuestamente dieron origen a negarles la matrícula para el sexto año de Bachillerato, otorgándoles el derecho de defensa y la plenitud de las garantías del debido proceso y aplicando de manera estricta las normas vigentes para los colegios departamentales de Antioquia y las dispuestas en el Reglamento Interno del Plantel. b)  Matricular a los nombrados estudiantes para el sexto año de Bachillerato y permitirles el normal acceso a las clases mientras se adelanta el proceso. Tercero.-  El Juez Trigésimo Primero Penal Municipal verificará el cabal cumplimiento de lo dispuesto en este fallo, de conformidad con las normas previstas en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.-  El Juez Trigésimo Primero Penal Municipal comunicará esta sentencia al Secretario de Educación de Antioquia para los efectos administrativos a que haya lugar. Quinto.-  Por la Secretaría envíese la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines en él señalados. Cópiese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado 1  Crf.  Corte Constitucional.  Sala Tercera de Revisión.  Sentencia Nº 460 del 15 de julio de 1992. 2 Cfr.  Corte Constitucional.  Sala Cuarta de Revisión.  Sentencia Nº 2.  Mayo 8 de 1992.

T-501-92 Sentencia No Sentencia No. T-501/92 ACCION DE TUTELA-Informalidad La acción de tutela puede ser intentada por cualquier persona, con prescindencia de su edad, origen, raza, nivel económico, social o profesional y, por supuesto, sin que para tramitarla y decidirla sean indispensables los requisitos formales ni las fórmulas exactas y ni siquiera un escrito, por cuanto puede ser verbal. AUTORIDAD PUBLICA-Concepto/EMPLEADO PUBLICO La autoridad es pública cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen. Subjetivamente hablando, la expresión autoridad sirve para designar a quien encarna y ejerce esa potestad. Para el acceso a mecanismos judiciales concebidos para la defensa de los derechos fundamentales, como es el caso del derecho de amparo o recurso extraordinario en otros sistemas, o de la acción de tutela entre nosotros, por "autoridades públicas" deben entenderse todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares. Los jueces son autoridad pública, puesto que ejercen jurisdicción, es decir, administran justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución y de la Ley. COMPETENCIA DE TUTELA/JUEZ MUNICIPAL El hecho de haberse establecido una "competencia especial" para el caso de las providencias judiciales que pongan fin a un proceso, pronunciadas por los organismos allí taxativamente señalados, no está indicando que sólo proceda la tutela contra sus actuaciones, dejando por fuera las de otras instancias judiciales, pues el artículo 40 pretendió establecer una competencia especial para los fallos judiciales de cierto nivel y, además, la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991 establecen la procedencia de la tutela para las actuaciones y omisiones de "cualquier autoridad pública", concepto que, como ya hemos señalado, incluye inequívocamente a los jueces municipales. No existe ni en la Constitución Nacional ni en la ley, disposición alguna que excluya a las actuaciones de los jueces municipales de la protección que puede obtenerse mediante el ejercicio de la acción de tutela. ACCION DE TUTELA-Impugnación/PROCEDIMIENTO DE TUTELA-Informalidad La negativa de trámite a la impugnación se constituye, en sí misma, en una flagrante violación de los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso, y petición, lo cual representa franco desconocimiento de los principios de justicia e igualdad invocados en el Preámbulo de la Constitución Política y de los postulados que plasman sus artículos 1º (respeto de la dignidad humana), 2º (garantía de la efectividad de los derechos constitucionales como fin esencial del Estado) y 5º (reconocimiento constitucional de los derechos individuales de la persona sin discriminación alguna), fuera de la ostensible vulneración del artículo 86 Ibidem. La acción de tutela no exige técnicas procesales ni requisitos formales propios de especialistas, ya que su función no puede asimilarse a la que cumplen las acciones privadas dentro de los esquemas ordinarios previstos por el sistema jurídico, sino que corresponde a la defensa inmediata de los derechos fundamentales.  Su papel es ante todo el de materializar las garantías constitucionales y, por tanto, es de su esencia el carácter sustancial de su fundamento jurídico. Sala Tercera de Revisión Ref.:  Expediente T-2506 Actor:  TOMAS EDUARDO PINEDA HERRERA contra Juez Penal Municipal de Urrao-Antioquia. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., mediante fecha veintiuno (21) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional procede a revisar el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Segunda del 8 de abril de 1992, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por TOMAS EDUARDO PINEDA HERRERA. I.  INFORMACION PRELIMINAR En confuso escrito, el solicitante acude a la acción prevista en el artículo 86 de la Constitucion, alegando la posible comisión del delito de prevaricato por parte del Juez Penal Municipal de Urrao al resolver sobre asunto de su interés. Se transcribe textualmente la narración que hace el actor en torno a los acontecimientos que motivaron su petición: "a-  Formulé denuncio en el Juzgado 41 Penal Municipal contra el señor HUMBERTO QUICENO, por el delito de invación (sic).  Expediente 0157. b-  Manifiesta el Juzgado 41 Penal Municipal que se envió al municipio de Urrao Ant., para su respectiva investigación el año inmediatamente anterior. c-  Me trasladé al municipio de Urrao Ant. para conocer del proceso y me dice el Juez que no puedo constituírme en parte civil, tampoco podía dar un pronunciamiento de este asunto. d-  Pregunté por el número del juzgado y se me dijo que no tenían radicación". "POSDATO.  Pido la indemnización por perjuicios ocasionados por el Juez Penal Municipal del municipio de Urrao Antioquia y lo que la ley emane contra este juez". II.  DECISION JUDICIAL El Tribunal Administrativo de Antioquia Sección Segunda, en pronunciamiento del 8 de abril de 1992 resolvió rechazar por improcedente la presente acción de tutela manifestando: "Como quiera que según el artículo 40 del Decreto Ley 2591 de 1991 contra las actuaciones de los jueces municipales no cabe la acción de tutela y en el evento de las actuaciones jurisdiccionales existe una competencia especial, se rechaza por improcedente la solicitud formulada". Esta decisión fue recurrida en forma oportuna siendo igualmente rechazada por improcedente por el mismo Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Segunda. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1.  Competencia Esta Corporación es competente para revisar la sentencia mencionada con arreglo a lo previsto por los artículos 86 y 241 de la Constitucion Política y por el Decreto 2591 de 1991. 2.  Papel del juez de tutela en la determinación del derecho posiblemente violado. El contenido de los documentos que integran el expediente no permite establecer con exactitud en qué pudo consistir la violación o amenaza de los derechos fundamentales del peticionario, pues en verdad es bien escasa la información suministrada por él en las transcritas líneas, a lo cual se añade la circunstancia de que el Tribunal Administrativo de Antioquia mostró un total desinterés en la obtención de elementos de juicio adicionales sobre el tema.  En consideración de la Corte, se habría podido aplicar la disposición contenida en el artículo 17 del Decreto 2591 de 1991, que impone un deber al juez de tutela y que a la letra dice: "Artículo 17.- Corrección de la solicitud.-  Si no pudiere determinarse el hecho o la razón que motiva la solicitud de tutela se prevendrá al solicitante para que la corrija en el término de tres días los cuales deberán señalarse concretamente en la correspondiente providencia.  Si no la corrigiere, la solicitud podrá ser rechazada de plano. Si la solicitud fuere verbal, el juez procederá a corregirla en el acto, con la información adicional que le proporcione el solicitante". También estaba a su alcance el artículo 14 Ibidem, a cuyo tenor el juez aún en los casos de peticiones verbales, "podrá exigir su posterior presentación personal (la del solicitante) para recoger una declaración que facilite proceder con el trámite de la solicitud, u ordenar al secretario levantar el acta correspondiente sin formalismo alguno". Como nada de eso se hizo en la oportunidad legal, no siendo procedente que esta Corte supla las falencias del Despacho de origen, toda vez que su función no es la que corresponde a un Tribunal de instancia sino que está circunscrita al examen de las sentencias de tutela desde el punto de vista constitucional, habrá de resolverse este caso con los elementos aportados al proceso1 . Ante todo debe indicarse que el papel del juez en esta materia, dado el sentido protector de la institución, no puede ser idéntico al que se cumple ordinariamente en los asuntos judiciales propios de los demás procesos.  Recuérdese que, como ya tuvo ocasión de expresarlo esta Corporación2 , la acción de tutela puede ser intentada por cualquier persona, con prescindencia de su edad, origen, raza, nivel económico, social o profesional y, por supuesto, sin que para tramitarla y decidirla sean indispensables los requisitos formales ni las fórmulas exactas y ni siquiera un escrito, por cuanto puede ser verbal.  Corresponde a los jueces la tarea de buscar, como lo indican las normas citadas y otras del Decreto 2591 de 1991, las informaciones preliminares mínimas para administrar justicia dentro de su competencia, en orden a garantizar la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales.  Dejar de lado las vías que la ley otorga al juez para llegar a una convicción cierta en relación con el caso materia de la solicitud de tutela, equivale a convertir en ilusorio y vano un mecanismo instituido precisamente con el fin deliberado de acercar la teoría del ordenamiento jurídico a la realidad. Aunque resulta evidente que el escrito por medio del cual se instauró la acción es incompleto y oscuro, la Corte puede concluir de su lectura que la queja del petente radica en una falta de respuesta y de trámite a la denuncia por él presentada ante el Juez 41 Penal Municipal de Medellín.  Según el actor, ni en ese Despacho, ni en el Juzgado Municipal de Urrao le han sabido indicar sobre el estado actual del asunto y, además, sostiene que se le ha impedido constituirse en parte civil dentro del proceso penal.  Manifiesta no conocer siquiera el número del expediente por posible carencia de un sistema de radicación. Estos hechos no pueden negarse de plano, sin investigación alguna, ya que está de por medio la afirmación de una persona bajo la responsabilidad de su firma y con plena identificación, dirección y teléfono, siendo posible que su derecho de acceso a la administración de justicia (artículo 229 de la Constitucion) haya sido o esté siendo en efecto conculcado. Bajo el principio de presunción de la buena fe en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas (artículo 83 de la Constitucion), la cual tiene por contrapartida la existencia de responsabilidades y sanciones para quien hace uso indebido de él (artículos 6º y 95, numeral 1º, de la Carta), la Corte Constitucional no puede despachar el caso aduciendo apenas que resulta incomprensible el escrito por el cual se instauró la acción y menos aún con la inaceptable excusa del Tribunal Administrativo de Antioquia, a la que se alude en otro aparte de esta providencia, razón por la cual se ordenará compulsar copias del expediente al Procurador General de la Nación y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que -dentro del ámbito de sus respectivas competencias- verifiquen los sucesos alegados por el demandante y para que se adopten las medidas a que haya lugar con el fin de hacer posible que el petente acceda, con la plenitud de garantías, a la administración de justicia, si es que se establece violación de ese u otro derecho fundamental suyo por acción u omisión de las autoridades judiciales. "Prima facie" no parece existir mayor fundamento en relación con un posible delito de prevaricato, como lo señala el actor, pero advierte la Corte que, en caso de hallarse en las diligencias  mencionadas que algún reato pudo cometerse, ello deberá ponerse en conocimiento inmediato de la autoridad judicial competente. Ahora bien, si es el demandante quien ha utilizado la acción de tutela en forma tendenciosa o temeraria, habrán de aplicarse las disposiciones legales pertinentes. 3.  La enunciación contenida en el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 Debe la Corte referirse a lo afirmado por el Tribunal Administrativo de Antioquia que interpretó inadecuadamente tanto el artículo 86 de la Carta como el Decreto 2591 de 1991, al considerar que no procede la acción de tutela contra las actuaciones de los jueces municipales. De conformidad con el artículo 86 de la Constitucion Nacional, reiterado por el 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procede para pedir la protección inmediata de los derechos fundamentales, "cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". Tal como lo expresara la Corte Suprema de Justicia en fallo del 22 de julio de 1970, "la protección que dispone el artículo 16 de la Constitucion (hoy 2º , inciso 2º) se dispensa mediante la eficaz y oportuna prestación de los servicios o actividades a cargo de las autoridades, término genérico que comprende a todos los gobernantes" (Subrayado). La autoridad, en términos generales y tomada en un sentido objetivo es la potestad de que se halla investida una persona o corporación, en cuya virtud las decisiones que adopte son vinculantes para quienes a ella están subordinados.  Esa autoridad es pública cuando el poder del que dispone proviene del Estado, de conformidad con las instituciones que lo rigen. Subjetivamente hablando, la expresión autoridad sirve para designar a quien encarna y ejerce esa potestad. El artículo 123 de la Carta Política de modo general define quiénes son servidores públicos, denominación ésta que comprende a todos los empleados estatales, abstracción hecha de su nivel jerárquico y de sus competencias específicas. Dice el artículo 123: "Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios". El artículo 1º del Código Contencioso Administrativo hace una enumeración de las "autoridades", incluyendo dentro de ese nombre genérico a los "... órganos, corporaciones y dependencias de las ramas del poder público en todos los órdenes, a las entidades descentralizadas, a la Procuraduría General de la Nación y Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y contralores regionales, a la Corte electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, así como a las entidades privadas, cuando unos y otros cumplen funciones administrativas". Quiere decir esto que mientras las expresiones "servidores públicos" son adecuadas para referirse a todas las personas que laboran para el Estado en cualquiera de las ramas del poder, bien sea en los órganos centrales o en las entidades descentralizadas o por servicios, los términos "autoridades públicas" se reservan para designar aquellos servidores públicos llamados a ejercer, dentro del ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o decisión, cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados. Esta concepción no es extraña en el Derecho Comparado.  Así, en el sistema mexicano "el término autoridades para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen" (Jurisprudencia de la S.C. de J. 1917-1965.  Sexta parte.  Tesis 54, pág. 115). El autor Gabino Fraga refiriéndose al concepto de autoridades señala: "Cuando la competencia otorgada a un órgano implica la facultad de realizar actos de naturaleza jurídica que afecten la esfera de los particulares y la de imponer a éstos sus determinaciones es decir, cuando el referido órgano esté investido de facultades de decisión y ejecución, se está frente a un órgano de autoridad". "Los órganos de la administración que tienen el carácter de autoridad pueden concentrar en sus facultades las de decisión y las de ejecución; pero también puede suceder que solo tengan la facultad de decisión y que la ejecución de sus determinaciones se lleve a cabo por otro órgano diferente"3 . La Constitucion de la República Federativa del Brasil de 1988 (artículo 153) concede el mandato de seguranca "para proteger derecho manifiesto y cierto (...) cuando el responsable por la ilegalidad o abuso de poder fuere autoridad pública o agente de persona jurídica en ejercicio de atribuciones del poder público". Según el artículo 53 de la Constitucion Española de 1978, los derechos y libertades en ella reconocidos "vinculan a todos los poderes públicos". En síntesis, para el acceso a mecanismos judiciales concebidos para la defensa de los derechos fundamentales, como es el caso del derecho de amparo o recurso extraordinario en otros sistemas, o de la acción de tutela entre nosotros, por "autoridades públicas" deben entenderse todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obliguen y afecten a los particulares. Los jueces son autoridad pública, puesto que ejercen jurisdicción, es decir, administran justicia en nombre del pueblo y por autoridad de la Constitución y de la Ley. Por otro lado, respecto de la competencia para conocer de las acciones de tutela el artículo 37, inciso 1º, del Decreto 2591 de 1991, al establecer la regla general de competencia en esta materia expresó: "Artículo 37.- Primera instancia.  Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud". En forma clara el inciso transcrito establece que es competente para conocer de la acción de tutela en principio, cualquier juez o tribunal con jurisdicción en el lugar de los hechos.  No se excluyen, las actuaciones de los jueces municipales, quienes además son también competentes para conocer de las acciones de tutela originadas por violaciones o amenazas contra derechos fundamentales que ocurrieren en el ámbito de su jurisdicción. Esto es lo que pudiéramos denominar "la competencia genérica" en materia de tutela, a la cual se opone una "competencia especial" a que hace referencia el artículo 40 del citado Decreto 2591 de 1991, que expresa: "Artículo 40.- Competencia Especial.  Cuando las sentencias y demás providencias judiciales que pongan término a un proceso, proferidas por los Jueces Superiores, los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente. Cuando dichas providencias emanen de Magistrados, conocerá el Magistrado que le siga en turno, cuya actuación podrá ser impugnada ante la correspondiente sala o sección. Tratándose de sentencias emanadas de una sala o sección, conocerá la sala o sección que le sigue en orden, cuya actuación podrá ser impugnada ante la Sala Plena correspondiente de la misma Corporación". No es el momento para entrar a definir si debe o no proceder la acción de tutela contra sentencias judiciales, pues este pronunciamiento lo hará la Sala Plena de la Corte al decidir sobre la constitucionalidad del artículo transcrito cuya inexequibilidad ha sido demandada. Pero sí debe la Corte precisar el sentido de ese artículo, que se refiere a una competencia "especial", para cuando se trata de providencias judiciales que pongan fin a un proceso y que hubieren sido proferidas por los jueces superiores, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado. En estos casos la competencia ya no será de cualquier juez o tribunal, como en el caso del artículo 37 en mención, sino únicamente del superior jerárquico de quien profirió la providencia, entendiéndose al superior jerárquico en la forma determinada en los incisos 2º y 3º del artículo 40. El hecho de haberse establecido una "competencia especial" para el caso de las providencias judiciales que pongan fin a un proceso, pronunciadas por los organismos allí taxativamente señalados, no está indicando que sólo proceda la tutela contra sus actuaciones, dejando por fuera las de otras instancias judiciales, como equívocamente interpretó el Tribunal que conoció de la presente acción de tutela, pues se repite que el artículo 40 pretendió establecer una competencia especial para los fallos judiciales de cierto nivel y, además, la Constitucion Política y el Decreto 2591 de 1991 establecen la procedencia de la tutela para las actuaciones y omisiones de "cualquier autoridad pública", concepto que, como ya hemos señalado, incluye inequívocamente a los jueces municipales. No existe ni en la Constitucion Nacional ni en la ley, disposición alguna que excluya a las actuaciones de los jueces municipales de la protección que puede obtenerse mediante el ejercicio de la acción de tutela. 4. La negativa de trámite a la impugnación interpuesta El artículo 86 de la Constitucion dispone que el fallo proferido por el juez de primera instancia "podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión". En desarrollo del precepto constitucional los artículos 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991 disponen: "ARTICULO 31.  Impugnación del fallo.  Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión. ARTICULO 32. Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.  El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.  Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato.  Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará.  En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión". Se trata de normas imperativas, obligatorias para el juez, de tal modo que no es de su discrecionalidad aceptar o denegar la impugnación oportunamente interpuesta, ya que ella corresponde a un verdadero derecho constitucional fundamental. En ese orden de ideas, la negativa de trámite a la impugnación se constituye, en sí misma, en una flagrante violación de los derechos de acceso a la administración de justicia (art. 229 de la Constitucion), debido proceso (art. 29 Ibidem), y petición (art. 23), lo cual representa franco desconocimiento de los principios de justicia e igualdad invocados en el Preámbulo de la Constitucion Política y de los postulados que plasman sus artículos 1º (respeto de la dignidad humana), 2º (garantía de la efectividad de los derechos constitucionales como fin esencial del Estado) y 5º (reconocimiento constitucional de los derechos individuales de la persona sin discriminación alguna), fuera de la ostensible vulneración del artículo 86 Ibidem. En el presente caso, obran en el expediente los siguientes documentos: 1.  Sentencia del Tribunal, actuando en primera instancia para resolver sobre la acción de tutela, rechazándola "por improcedente", de fecha 8 de abril de 1992, 2.  Constancia de notificación de la providencia vía télex, del 10 de abril de 1992, 3.  Manuscrito firmado por TOMAS EDUARDO PINEDA HERRERA presentado personalmente al Tribunal Administrativo de Antioquia el 10 de abril de 1992, en el cual expresa el peticionario formula su solicitud en los siguientes términos: "Referencia: Interposición del recurso de reposición. Expediente: 920.405 Manifiesto: Primero: Se me acepte la acción de tutela contra el Juez Penal Municipal de Urrao, por prevaricato. Segundo: Solicito con el respeto que ustedes se merecen den traslado al Honorable Consejo de Estado.  Para su respectivo pronunciamiento". 4.  Providencia del 23 de abril de 1992, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, cuyo único texto, sin motivación, es el siguiente: "Se rechaza por improcedente el recurso de reposición interpuesto en contra de la providencia proferida (folio 9). De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, se ordena enviar el expediente a la Corte Constitucional para su revisión". De todo lo cual resulta que el Tribunal, en un exceso de ritualismo, resolvió rechazar por improcedente el recurso interpuesto. Aunque la providencia en cuestión no expresa razones de la improcedencia, supone la Corte que ésta radica en la impropiedad del actor al denominar como "de reposición" el recurso que presentaba, siendo claro que éste tiene un preciso alcance en materia procesal y muy particularmente en cuanto se refiere a los procesos que se tramitan ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, o quizá por la circunstancia de no haberse sustentado la impugnación. Sin embargo, observa la Corte Constitucional que, por su misma índole, la acción de tutela no exige técnicas procesales ni requisitos formales propios de especialistas, ya que su función no puede asimilarse a la que cumplen las acciones privadas dentro de los esquemas ordinarios previstos por el sistema jurídico, sino que corresponde a la defensa inmediata de los derechos fundamentales.  Su papel es ante todo el de materializar las garantías constitucionales y, por tanto, es de su esencia el carácter sustancial de su fundamento jurídico. La instauración de las acciones de tutela no puede dar lugar al rigor formalista de los procesos ordinarios ni se puede convertir su admisibilidad y trámite en ocasión para definir si se cumplen o no presupuestos procesales o fórmulas sacramentales, ya que con ella no se busca establecer una "litis" sino acudir a la protección oportuna de la autoridad judicial cuando un derecho fundamental es lesionado u objeto de amenaza. Así se consideró desde el comienzo en la Asamblea Nacional Constituyente, según puede verse en el informe-ponencia presentada a la Plenaria para primer debate, en el cual los Delegatarios Jaime Arias López y Juan Carlos Esguerra Portocarrero recalcaron: "Estamos frente a un mecanismo excepcional y sumario para una protección inmediata de los derechos..."4 . Así también lo ha entendido la Corte al efectuar la revisión de sentencias de tutela.  En el fallo Nº T-459 de esta misma Sala, del 15 de julio de 1992, se expusieron los criterios de informalidad que caracterizan esta acción y que se extienden a las impugnaciones instauradas contra los fallos respectivos, en los siguientes términos: "Sobre el particular el artículo 86 de la Carta dispone tan sólo que el fallo "... podrá impugnarse ante el juez competente...", al paso que el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991 se limita a establecer que "dentro  de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente sin perjuicio de su cumplimiento inmediato" y el artículo 35 Ibidem añade que "presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente". Como puede apreciarse, ninguna norma constitucional ni legal exige que quien impugne sustente la impugnación. La expresión "debidamente", utilizada por el artículo 32 que se acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar, único requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constitucion.  Este carácter simple de la impugnación es concordante con la naturaleza preferente y  sumaria que la Constitucion atribuye a la acción de tutela y con la informalidad que,  en consecuencia, subraya el artículo 14 del Decreto 2591 para la presentación de la solicitud, cuando establece inclusive que al ejercitar la acción "no será indispensable citar la norma constitucional infringida, siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado". En este orden de ideas, no es posible equiparar la impugnación del fallo de tutela con los demás recursos consagrados en otras leyes, pues ellos tienen fines distintos y diferente régimen, menos aún con el objeto de impedir su ejercicio haciéndole extensivos "por analogía" requisitos expresamente indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios. Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de tutela, al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento material de los derechos fundamentales (artículos 1, 2 , y 86 de la Constitucion, entre otros), que no se obtiene dentro de una concepción que rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido expresamente consagradas.  Al fin y al cabo,  de lo que se trata es de velar por la prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida por el artículo 228 de la Carta Política. La Constitucion ha conferido la acción  de tutela a todas las personas, es decir que no limita las posibilidades de acudir a ella por razones de nacionalidad, sexo, edad, origen de raza o capacidades intelectuales, razón por la cual es factible que la ejerzan los niños, los indígenas, los presos, los campesinos, los analfabetas y en general todo individuo de la especie humana que se halle dentro del territorio colombiano. Riñe, entonces, con la naturaleza y los propósitos que la inspiran y también con la letra y el espíritu de la Carta, toda exigencia que pretenda limitar o dificultar su uso, su trámite o su decisión por fuera de las muy simples condiciones determinadas en las normas pertinentes"5 . Y lo propio estatuye el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, que subraya la informalidad característica de esta acción en los siguientes términos:  "No será indispensable citar la norma constitucional infringida siempre que se determine claramente el derecho violado o amenazado.  La acción podrá ser ejercida, sin ninguna formalidad o autenticación (...).  No será necesario actuar por medio de apoderado (...).  En caso de urgencia o cuando el solicitante no sepa escribir o sea menor de edad, la acción podrá ser ejercida verbalmente". Son, entonces, la misma naturaleza de la institución y el objetivo que persigue las primordiales razones para considerar que el establecimiento de formas remilgadas y exactas para recurrir al juez en demanda de amparo a los derechos fundamentales es del todo ajeno a ella. No era posible, en consecuencia, denegar al petente la posibilidad de una segunda instancia en materia de tutela por motivos puramente formales, menos aun con base en requisitos no exigidos por la ley para esta clase de actuaciones, tales como la exacta y precisa denominación del recurso o la sustentación del mismo. En el caso sub-judice el actor se equivocó al designar con las palabras "recurso de reposición" lo que en verdad era la impugnación del fallo, pero no se necesita gran esfuerzo para comprender que su deseo era el de obtener un nuevo estudio de su caso en el Consejo de Estado -Superior Jerárquico del Tribunal- y así lo dice expresamente cuando pide "dar traslado" a esa Corporación "para su respectivo pronunciamiento". Sobre esta negativa de trámite a un recurso oportunamente interpuesto habrá de pronunciarse la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Así las cosas, toda vez que resulta imposible a la Corte, al revisar la sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia, establecer con claridad si en efecto se produjeron las violaciones aducidas por el actor, en especial las relativas a los trámites que pueden haberse adelantado o venirse adelantando en los juzgados 41 Penal Municipal de Medellín y Penal de Urrao, respectivamente, no habiendo lugar a una denegación de la tutela si se tienen en cuenta las consideraciones que anteceden, es oportuno revocar la sentencia de primera instancia y conceder la protección impetrada, aunque limitada únicamente a la averiguación que se adelantará, a fin de establecer la veracidad de los hechos. Por las razones expuestas, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucion, R E S U E L V E : Primero.- REVOCAR la sentencia del ocho (8) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sección Segunda, para resolver sobre la acción de tutela instaurada por TOMAS EDUARDO PINEDA HERRERA. Segundo.- TUTELAR los derechos fundamentales del peticionario solicitando a la Procuraduría General de la Nación y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de la órbita de sus respectivas competencias, investiguen y establezcan si en los juzgados 41 Penal Municipal de Medellín y Penal de Urrao se han producido en efecto las irregularidades que aquel denuncia, adoptando las medidas que sean pertinentes según las conclusiones de la investigación. Tercero.-  Envíese inmediatamente al Procurador General de la Nación y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura copia del expediente y de esta sentencia. Cuarto.-  La Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Antioquia será responsable de verificar en concreto que los derechos fundamentales del peticionario quedan debidamente garantizados. Quinto.-  Por la Secretaría líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado 1 Cfr.  Corte Constitucional: Sala Tercera de Revisión.  Sentencia Nº 410 de fecha junio 24 de 1992. 2  Cfr.  Corte Constitucional: Sala Tercera de Revisión.  Sentencia Nº 459 de fecha julio 15 de 1992 3  FRAGA, Gabino.  Derecho Administrativo.  Editorial Porrua S.A. México 1981. Pág. 126 4 Asamblea Nacional Constituyente.  Informe-Ponencia "Mecanismos de protección de los derechos fundamentales y del orden jurídico". Delegatarios Jaime Arias Lopez y Juan Carlos Esguerra Portocarrero.  Gaceta Constitucional.  Número 77.  Mayo 20 de 1991.  Pág. 9. 5 Cfr.  Corte Constitucional.  Sala Tercera de Revisión.  Sentencia T-459 de julio 15 de 1992.

T-502-92 Sentencia No Sentencia No. T-502/92 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia/JUEZ MUNICIPAL Se encuentran excluidas de tutela las sentencias y demás providencias proferidas por los jueces municipales y del circuito, como ésta, por lo cual se denegará la presente tutela. El tema de la competencia de los Jueces para conocer de la solicitud de tutela que se refiera a las sentencias proferidas por los Jueces Municipales o del Circuito, será objeto de pronunciamiento por vía de constitucionalidad . INASISTENCIA ALIMENTARIA La no cancelación de las mesadas, provisional o definitivamente decretadas por el juez civil o de menores, ubica al incumplidor en el marco del tipo penal. Ello no significa que la configuración del hecho punible dependa de la declaración judicial de alimentos o del no pago de las mesadas decretadas, pues él surge realmente desde el mismo día en que, existiendo para el agente la obligación alimentaria, deja de satisfacerla independientemente que una decisión judicial haya reconocido la existencia de aquel deber y haya decretado el monto de las mesadas. Necesario es entonces distinguir el momento en que nace para el agente la obligación de suministrar alimentos y aquel en que tal obligación es judicialmente declarada; si bien la exigibilidad civil de aquella nace a partir del segundo momento, la configuración material del hecho punible emerge desde el primero, porque es el que naturalmente corresponde a la omisión del deber legal de asistencia económica o que el legislador quiso penalmente sancionar. Para despejar cualquier equívoco la misma disposición contempla que la obligación alimentaria surge de la Constitución Política y la ley, sin mediar decisión judicial que obligue a su cumplimiento. REF: EXPEDIENTE No.T-2241 Peticionario: Roberto Ortega López. Procedencia: Tribunal Superior de Cali -Sala Penal-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Santafé de Bogotá, D.C., agosto veintiuno (21) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados: Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela,  radicado bajo el Nº. T-2241. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitucion Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 13 de mayo del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión. 1. Hechos. El desarrollo del proceso de inasistencia alimentaria en el caso concreto se guió por el siguiente esquema general del Procedimiento ordinario: a. Querella. El día 31 de marzo de 1989 formuló querella la Sra. Ascención Altamirano Vergara contra el Sr. Roberto Ortega López y manifestó en su escrito que de la unión libre procrearon dos hijos, por quienes desde hace año y medio su progenitor no responde alimentariamente, siendo ofendidos los menores Alexandra y Roberto Ortega Altamirano. El querellado ya había sido denunciado ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y allí se comprometió a cancelar $3.000 pesos mensuales, obligación que no ha cumplido. b. Auto cabeza de proceso. Este lo dicta el Juzgado 17 Penal Municipal de Cali el 31 de marzo de 1989. c. Pruebas. Obran en el expediente como pruebas los registros civiles de los hijos menores. Además el Juzgado recibió declaraciones a Luz Mary Salazar Arias y a María Salomé Rodríguez. d. Vinculación del procesado a través de indagatoria. La indagatoria fue recepcionada en la ciudad de Popayán por medio de juez comisionado (5° Penal Municipal), quien se limitó a formularle tres preguntas, de las cuatro que en forma concreta se le señalaban en el Despacho Comisorio. Sobre la diligencia de indagatoria es necesario destacar que el artículo 383 del Código de Procedimiento Penal establecía la "ampliación de la indagatoria" -que puede ser solicitada en cualquier momento del proceso, aún en la audiencia pública-, y el juez debe recibirla en el menor tiempo posible. Así lo manifestó la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de octubre 20 de 1987 de la Sala de Casación Penal: "Ha sostenido la corporación en forma reiterada, que si bien pueden concurrir algunas nulidades en la etapa del sumario, en la causa en donde se encuentra su real trascendencia, pues es en ésta donde la actividad defensiva encuentra un concreto campo de acción al tener como fundamento y punto de partida el pliego de cargos que le hace el Estado al sindicado, para lo cual cuenta con la actividad probatoria del juicio e inclusive de la audiencia pública". La indagatoria debe celebrarse con la obligatoria asistencia del apoderado quien velará por el desarrollo de ésta, dentro de un marco de plenas garantías y respeto por el derecho de defensa. Así, no se entiende cómo, si el apoderado del peticionario (en su momento el sindicado) se opuso al interrogatorio por considerar que éste ya en su contenido sugería una respuesta desfavorable al sindicado, no le exigió al juez comisionado la culminación de la diligencia. Si su interés era demostrar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias debidas por ley a sus menores hijos, no le aconsejó demostrar su cumplimiento con documentos que así lo acreditaran ni solicitó la declaración de testigos que corroboraran su manifestación. Tanto apoderado como sindicado guardaron silencio durante toda la etapa sumarial e hicieron valer el error del juzgado comisionado en la primera diligencia de audiencia pública. e. Cierre de la investigación. El 27 de agosto fue clausurada la investigación y la notificación se hizo personalmente al Ministerio Público y por estado a los demás sujetos procesales. f. Calificación del Sumario. El 25 de septiembre de 1990 se dicta resolución de acusación contra el Sr. Roberto Ortega López por el delito de inasistencia alimentaria y se le profiere en la misma providencia medida de aseguramiento de conminación. Se dispone del envío del Despacho Comisorio al Juez Penal Municipal de Popayán para que se lleve a cabo la notificación de ese auto al defensor y al procesado. No fueron presentados alegatos de conclusión por parte de la defensa y la resolución de acusación quedó ejecutoriada sin que se hubiere interpuesto recurso alguno. g. Apertura del juicio a pruebas. Con fecha 20 de noviembre de 1990 se abre el juicio a pruebas, auto que fue notificado al Ministerio Público y a los demás sujetos procesales por estado. Vencido el término no fue solicitada prueba alguna. h. Audiencia pública. La primera fecha de la audiencia pública (24 de diciembre de 1990) no se lleva a cabo por la inasistencia de los sujetos procesales. La segunda fecha se fijó para el 22 de enero de 1991 y no se pudo llevar a cabo porque el defensor no se hizo presente, asistiendo los demás sujetos procesales excepto el procesado (que no es obligatoria su presencia). El Juzgado le nombró un defensor de oficio para continuar el proceso. El día 13 de febrero comparece el procesado y ratifica el poder al Dr. Alonso Muñoz Sánchez, desplazando al defensor de oficio nombrado por el Juzgado. Por tercera vez se fija fecha de audiencia para el 8 de marzo de 1991 y se dá inicio a la audiencia pública. En uso de la palabra el defensor plantea la nulidad por violación del derecho de defensa, basado en que no hubo una verdadera indagatoria y en que su defendido no se le permitió conocer los cargos y las pruebas en su contra. i. Auto que decreta la nulidad. Mediante providencia interlocutoria, el Juzgado decreta la nulidad a partir del auto que dispuso abrir el juicio a pruebas y en consecuencia fueron ordenadas las siguientes: - Declaración de los menores ofendidos. - Declaración de las testigos Luz Mary Salazar y María Salomé Rodríguez. - Ampliación de la indagatoria del Sr. Roberto Ortega López. j. Auto que nuevamente decreta la nulidad. El Juez, de oficio, declara la nulidad de conformidad con el artículo 305 numeral segundo del Código de Procedimiento Penal, porque las pruebas en el juicio fueron ordenadas sin haberse dictado antes el auto de apertura a pruebas. Además el Juez ordena las mismas pruebas que en anterior circunstancia fueron practicadas, excepto la diligencia de ampliación de indagatoria, que no se pudo llevar a cabo por inasistencia del procesado. k. Segunda audiencia pública. Se fijó para el 28 de octubre de 1991 la fecha de audiencia pública y no se llevó a cabo por inasistencia del defensor. El día 5 de junio de 1991 se ordena hacer saber al defensor que se le conminará con multa hasta de dos salarios mínimos mensuales que se le impondrán cada vez que haya renuencia, sin perjuicio de otras sanciones penales. Se lleva a cabo finalmente la audiencia pública y el defensor en su intervención nuevamente vuelve a solicitar la nulidad del proceso a partir del cierre de la investigación por violación del derecho de defensa, ya que éste fue conculcado al no celebrarse correctamente la indagatoria. l. Sentencia. El Juzgado 17 Penal Municipal de Cali resuelve condenar al peticionario de la acción de tutela  a la pena de seis meses de arresto y multa de mil pesos como responsable del delito de inasistencia alimentaria, y al pago de los perjuicios materiales ocasionados. Igualmente en la sentencia se declara nula la venta del 50% de la casa de propiedad del procesado y la querellante. La sentencia se notificó en debida forma y dentro del término de ejecutoria no se interpuso recurso alguno. 2. Solicitud. El accionante impetró acción de tutela ante el Juzgado Catorce Penal del Circuito de Cali contra la sentencia de fecha 22 de noviembre de 1991, proferida por el Juzgado 17 Penal Municipal de Cali dentro del proceso que por el delito de inasistencia alimentaria se tramitó en este último despacho contra él. Como consecuencia de todo lo anterior, el Sr. Roberto Ortega López interpuso acción de tutela, al estimar violado su derecho constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitucion Política. 3. Fallos. 3.1. Del Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali (Valle). Providencia de febrero 11 de 1992. El Juzgado rechazó por improcedente la acción de tutela interpuesta por el peticionario con fundamento en las siguientes consideraciones: 1. A pesar de existir una prohibición expresa en el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, para el conocimiento de las acciones de tutela contra las sentencias proferidas por los jueces del circuito y municipales, existe una competencia general que no discrimina qué clase de acción de tutela conocen a prevención los jueces o tribunales del lugar donde ocurrió la violación o amenaza. En este sentido, el Juez afirmó: " La acción de tutela contra sentencias o providencias que pongan término a un proceso provenientes de un Juez Municipal o del Circuito las puede conocer cualquier juez o magistrado; y que la competencia especial del artículo 40, primero que todo obedece a la naturaleza del delito, de ahí que sólo tenga en cuenta las proferidas por los jueces superiores, los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En este orden de ideas esta instancia es competente para conocer de la acción de tutela interpuesta". 2- De conformidad con el parágrafo primero del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela contra las sentencias y demás providencias que pongan fin al proceso, para que proceda, según el Juzgado, debe reunir los siguientes requisitos: "a- La lesión del derecho debe ser consecuencia directa de la sentencia o providencia que finiquite el proceso por deducirse de manera manifiesta y directa en su parte resolutiva. b- Se hubieren agotado todos los recursos de la vía judicial. c- Que no exista otro mecanismo idóneo para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado. d- Que no se intente por errónea interpretación de la ley, ni para controvertir pruebas". 3- La sentencia hace relación a dos fallos de la Corte Suprema de Justicia que consideran improcedente la tutela frente a sentencias (Fallos del 9 de diciembre de 1991. Magistrado Ponente Dr. Pedro Lafont Pianetta y  del 22 de enero de 1992. Magistrado Ponente Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez). 4- Sobre la vulneración del derecho constitucional fundamental del debido proceso, expresó: "En el presente caso se solicita el restablecimiento de derecho al debido proceso y la defensa, vulnerados dentro del procedimiento, pero como quiera que estos dos derechos fueron debatidos dentro del proceso y además la parte que intenta la acción tuvo en su favor y en el de la defensa técnica todos los mecanismos para garantizarlos, como la notificación, los recursos, la oportunidad de dirigirse al juez de primera o segunda instancia y no hizo uso de ellos y el derecho al debido proceso sólo puede tutelarse si se pide conjuntamente con el recurso procedente, y por todo lo expuesto en esta providencia, la acción de tutela interpuesta por Roberto Ortega López es improcedente". La Sentencia fue impugnada por considerar el peticionario que el a-quo hizo una interpretación equivocada de las disposiciones que consagran las causales de improcedencia de la tutela. 3.2. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle) -Sala de Decisión Penal- (Providencia de marzo 6 de 1992). El Tribunal acoge los planteamientos del Juzgado del Circuito y señala que la acción de tutela como mecanismo de carácter subsidiario y eventualmente accesorio. En la providencia expresó el Tribunal: "sólo es posible para quien no haya tenido ningún otro medio de defensa judicial; lo que es claro no puede ocurrir nunca en el caso de las sentencias y decisiones judiciales que ponen fin al proceso, que como su denominación lo indica, devienen o constituyen la conclusión de un proceso en el que han tenido cabida y acción los distintos sujetos procesales, incluído obviamente aquél contra quien se instauró y va dirigido, y en el que entonces si se ha llegado hasta el fin, se ha tenido acceso a los medios y recursos instaurados por la ley para sanear y corregir los vicios y posibles lesiones de derechos y garantías". En consecuencia el Tribunal confirmó la providencia del a-quo. II- FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle) -Sala de Decisión Penal-, con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitucion Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace en virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Sobre la competencia para conocer de las sentencias dictadas por los jueces municipales es necesario detenerse en el estudio de dos disposiciones. La primera, la contenida en el artículo 86 de la Constitucion que faculta al peticionario para invocar la tutela cuando quiera que sus derechos constitucionales fundamentales resulten vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y la segunda el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, que en el inciso primero dispone: "Cuando las sentencias y demás providencias judiciales que pongan término a un proceso, proferidas por los jueces superiores, los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado amenacen o vulneren un derecho fundamental, será competente para conocer de la acción de tutela el superior jerárquico correspondiente"(subrayas no originales). De una lectura prima facie se observa que se encuentran excluidas de tutela las sentencias y demás providencias proferidas por los jueces municipales y del circuito, como ésta, por lo cual se denegará la presente tutela. El tema de la competencia de los Jueces para conocer de la solicitud de tutela que se refiera a las sentencias proferidas por los Jueces Municipales o del Circuito, será objeto de pronunciamiento por vía de constitucionalidad y la Corte Constitucional hasta el momento no ha dictado la  correspondiente sentencia. En razón al principio de la primacía del derecho sustancial (artículo 228 de la Constitucion Política) y de la necesidad de implantar una pedagogía constitucional (artículo 41 de la Constitucion Política), se iniciará el estudio de fondo del tema debatido. 2. Pedagogía constitucional sobre la familia y su incidencia en los derechos que se desprenden de ella. La familia en la Constitucion de 1991. La familia tiene como fundamento los artículos 2° (fines esenciales del Estado) y 5° (el amparo de la familia); y se desarrolla en los artículos 42 (igualdad de derechos de los hijos), 43 (igualdad de derechos y oportunidades del hombre y la mujer), 44 (derechos fundamentales de los niños), 45 (derechos del adolescente), 46 (obligación del Estado la sociedad y la familia para con la tercera edad) y 95.2 (deberes). El tema de la familia fue en la Asamblea Nacional Constituyente de vital importancia. Así lo expusieron los ponentes: "Especial énfasis merece la necesidad de mantener la armonía y la unidad familiar, fundamento de la convivencia social y de la paz. El respeto recíproco entre los integrantes de una familia será la mejor pauta para el respeto recíproco entre todos los integrantes de la sociedad".1 El artículo 10° del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado mediante la Ley 74 de 1968, establece: "Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección y asistencia posibles, especialmente para su constitucion y mientras sea responsable del cuidado y la educación de los hijos a su cargo" (negrillas no originales). El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, de 1948, dispone que "todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen derecho a igual protección social". También el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, en su artículo 10º, señala que "se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los adolescentes, sin discriminación alguna por razones de filiación o cualquier otra condición" y añade que "debe protegerse a los niños y a los menores contra la explotación económica y social". Igualmente la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", en el artículos 19 establece "todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere, por parte de su familia, de la sociedad y del Estado" y la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Colombia mediante la Ley 12 de enero 22 de 1991. Con fundamento en los anteriores instrumentos internacionales, se crea para la familia una especial protección lo que se traduce en que la legislación penal tipifique la conducta en el delito de inasistencia alimentaria, al llegar incluso a la imposición de la pena de arresto por el incumplimiento injustificado de la obligación. El artículo 28 de la Constitucion Política establece "...En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas". Parecería, prima facie, que la disposición penal contraría el derecho fundamental contenido en el artículo 28, pero no se trata de una "deuda" contraída voluntariamente o como resultado de un negocio jurídico. Esta obligación surge de la constitucion y la ley  que determinan la relación de consanguinidad. Así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", en el artículo 7°, numeral 7°, determina: "Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita a los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios". La familia es la base de la sociedad. Por otra parte la familia es el escenario de la protección y del desarrollo de la especie humana. En efecto, las fratrias o curias fueron el origen de la organización del poder político. Por ello se consagró en la Constitucion Política de Colombia la plena libertad para constituír una familia. De manera tal que en la regulación de la materia no se parte de una definición o modalidad específica ni se crean barreras a la cambiante realidad familiar. Los padres deben obrar con absoluta responsabilidad desde la concepción de los hijos. Velar porque su etapa de niñez y adolescencia cuente con su respaldo afectivo y económico. En Colombia son miles los niños que padecen los rigores de la inasistencia de sus padres y esto es un motivo generador de violencia. El niño no puede ser considerado como un ser aislado; es producto de la maternidad, la familia y la sociedad. Estas condicionan su existencia por cuanto él evoluciona siempre con respecto a ellas, lo cual hace evidente que el niño sea un ser en alto grado indefenso y frágil. Así, en Colombia la tasa de mortalidad infantil ha alcanzado niveles críticos, de ahí que ocupe el puesto 78 dentro de la escala mundial con relación a este problema. Por cada 1.000 niños nacidos en el país mueren 42, la mayoría menores de un año. Por otro lado anualmente son abandonados por sus padres 20.000 niños, 100.000 sufren las consecuencias del maltrato y el abuso sexual y aproximadamente 5.000 entre niños y adolescentes expósitos deambulan por las calles. 3. Del delito de inasistencia alimentaria. El artículo 263 del Código Penal, establece: "El que se sustraiga sin justa causa a la prestación de alimentos legalmente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptante o adoptivo o cónyuge, incurrirá en arresto de seis (6) meses a tres (3) años y multa de un mil a cien mil pesos".(negrillas no originales). Este artículo fue modificado parcialmente por el artículo 270 del Código del Menor (Decreto Ley 2737 de 1989). Esta disposición se encuentra en concordancia con el artículo 411 del Código Civil modificado por la Ley 1° de 1976, artículo 23 y la Ley 75 de 1968, artículo 31). La no cancelación de las mesadas, provisional o definitivamente decretadas por el juez civil o de menores, ubica al incumplidor en el marco del tipo penal. Ello no significa que la configuración del hecho punible dependa de la declaración judicial de alimentos o del no pago de las mesadas decretadas, pues él surge realmente desde el mismo día en que, existiendo para el agente la obligación alimentaria, deja de satisfacerla independientemente que una decisión judicial haya reconocido la existencia de aquel deber y haya decretado el monto de las mesadas. Necesario es entonces distinguir el momento en que nace para el agente la obligación de suministrar alimentos y aquel en que tal obligación es judicialmente declarada; si bien la exigibilidad civil de aquella nace a partir del segundo momento, la configuración material del hecho punible emerge desde el primero, porque es el que naturalmente corresponde a la omisión del deber legal de asistencia económica o que el legislador quiso penalmente sancionar. Para despejar cualquier equívoco la misma disposición contempla que la obligación alimentaria surge de la Constitucion Política y la ley, sin mediar decisión judicial que obligue a su cumplimiento. El verbo "sustraer", que constituye el núcleo de la conducta punible, expresa la idea de separarse de lo que le corresponde por obligación, prescindiendo, en consecuencia, de cumplir ésta. Es una conducta activa, maliciosa, claramente regulada, de modo que deja de incriminarse cuando ocurren descuidos involuntarios o cuando se presentan inconvenientes de los que pueden incluirse dentro de las justas causas. Se entiende por justa causa todo acontecimiento previsto en la ley, o existente fuera de ella, que extingue los deberes, imposibilita su cumplimiento o los excusa temporalmente, y cuya realización desintegra el tipo penal. También es justa causa el hecho o circunstancia grave que se hace presente en el obligado para dificultarle la satisfacción de sus compromisos  a pesar de que no quiere actuar de esa manera. La justicia de la causa es determinación razonable, explicable, aceptable y hace desaparecer la incriminación, cualquiera fuera su origen o lo oportunidad de su ocurrencia. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.- Confirmar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali (Valle) -Sala de Decisión Penal-, con las aclaraciones hechas en esta Sentencia. Segundo.- A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, enviar copia de esta Sentencia al  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala de Decisión Penal-, al Juzgado 14 Penal del Circuito de Cali, al Juzgado 17 Penal Municipal de Cali, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Consejería Presidencial para la mujer y la familia  y al Despacho de la Primera Dama de la Nación. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Sustanciador FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado 1 Informe-poenencia para primer debate en Plenaria. Derrechos de la Familia, el niño, el joven, la mujer, la tercera edad y minusválidos. Gaceta Constitucional número 85. Página 5.

T-503-92 Sentencia No Sentencia No. T-503/92 DEBIDO PROCESO-Vulneración/DERECHO DE DEFENSA El debido proceso  que  por  disposición  de  la Carta  Política, es aplicable también en tratándose de actuaciones administrativas, no se ha cumplido en el presente caso, pues, además de que el Director de la Oficina de Control Urbano nunca contestó las comunicaciones de los actores en donde le pedian que les notificara la licencia de construcción. La inobservancia entonces, de este procedimiento de notificación de solicitud de licencia y del acto administrativo que la concedió, no ha permitido que los vecinos en cuestión puedan ejercer su derecho de defensa de  colindantes de la obra  que realiza la Urbanizadora Pleno Sol y por todo ello, en esta sentencia ha de ordenarse el cumplimiento del mismo, en aras de la aplicación del artículo 29 de la Carta Política. DERECHO AL ESPACIO PUBLICO El   espacio público    es   un   derecho   colectivo,   pues, todo habitante es titular del derecho de utilizar los bienes de que se compone, esto es, los inmuebles públicos y los aspectos de arquitectura y naturales de los inmuebles privados, todos los cuales tienen por finalidad proveer a las necesidades comunes de tránsito, recreación, tranquilidad, seguridad, conservación del patrimonio histórico, cultural, religioso y artístico; cuando tales bienes dejan de servir a la comunidad, todos y cada uno de sus integrantes se ven perjudicados. ACCION DE TUTELA-Informes Los demandantes afirman que parte del terreno en que se construye es "una vía pública", esto es, un espacio público. Dentro del contexto de la acción de tutela, la no contestación a los informes que el Juez de Tutela solicita a las autoridades, presume la certeza de los hechos sobre los cuales se les pregunta. DERECHO DE PETICION/DERECHOS FUNDAMENTALES La facultad que la Constitución colombiana concede a todos los ciudadanos para dirigir peticiones comedidas a los poderes públicos y a las organizaciones privadas en relación con asuntos de interés general o particular, y la obligación que tienen unos y otras de darles respuesta, ha sido ya objeto de pronunciamiento por esta Corte en el sentido de reafirmar el carácter de derecho fundamental del mismo. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No 2335. Acción    de tutela    contra   actuación de funcionarios de la        administración municipal   de Cúcuta. Derecho al   debido proceso en                                       actuaciones administrativas. Tema:        Protección    de  los bienes de                                            uso público  y   del  espacio                                                    público. Actores:     Rafael Antonio Valencia Galvis y                                                  otros. Magistrado Ponente: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C.,  veinticinco (25) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta, el treinta y uno (31) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992). I.       ANTECEDENTES. A. HECHOS DE LA DEMANDA. Según los demandantes habitantes de las Urbanizaciones Gratamira, Zulima III Etapa y La Mar,  en forma abusiva la Urbanizadora Pleno Sol Ltda. violando normas preestablecidas en la Constitución Nacional, Código Civil, Código Nacional de Policía,  Ley 09 de 1989 o "Ley de Reforma Urbana" y la administración del Municipio de Cúcuta, procedió a demarcar y a encerrar un terreno con cercas de alambre  y listones de madera, incluyendo dentro de ellas la vía de uso público identificada en el Catastro Nacional como calle 14 A o calle 15, lo que asalta en sus derechos fundamentales y ocasiona graves perjuicios a los moradores de las citadas urbanizaciones, pues se les tapona una vía alterna que por más de 11 años transitaron a pié y en vehículo para pasar de la avenida Libertadores hacia la Urbanización Zulima III etapa o viceversa. Manifiestan los solicitantes que en varias oportunidades se dirigieron al señor Alcalde de Cúcuta, al Director de la Oficina de Control Urbano y a otros funcionarios para prevenirlos de la situación que se presentaba, sin encontrar respuesta alguna por parte de esos organismos municipales. Señalan además que advirtieron a dichos funcionarios de los perjuicios que se estaban causando a la comunidad y que antes de aprobar cualquier licencia de construcción se debían respetar las vías de uso público y citar personalmente a los vecinos para que éstos a su vez hicieran valer sus derechos frente al proyecto de construcción de las viviendas presupuestadas. No obstante, la respuesta dada fue la de que "eso ya estaba aprobado  así  y  que  nada  se  podía  hacer, pues en el  proyecto de esa urbanización que denominan Libertadores Royal se habían invertido muchos millones". Anotan finalmente  que  hace  dos  meses  empezaron  a hacerse trabajos en el terreno mencionado  a  pesar de que  aún  desconocen el proyecto de urbanización en ciernes, pero desde ya se observan en los inicios que las obras se están ejecutando en las vías públicas y el muro para taponar las dos avenidas adyacentes represará las aguas lluvias en perjuicio de los residentes de esos sectores.  Añaden que reclamaron a los supuestos contratistas para que  no se taponaran las dos avenidas y no se quitara una avenida y una calle, trazadas todas ellas en la carta catastral del Instituto Agustín Codazzi, pero aquéllos  les manifestaron a sus trabajadores  que no les prestaran atención, que el dinero arreglaba todo y que sabían qué hacer si continuaban molestando. B. DERECHOS VULNERADOS. Los artículos 23, 29, 63, 82 y 87 de la Constitución Nacional, esto es, las normas sobre derecho de petición, derecho del debido proceso, protección de los bienes de uso público, garantía del espacio público y control sobre omisiones de las autoridades, respectivamente. C.          PETICION. Los accionantes pretenden se les proteja el espacio público vulnerado por la firma constructora conocida como Urbanizadora Pleno Sol y se haga efectivo el cumplimiento de  la Ley 09 de 1989 que ampara el espacio público y el  derecho de los vecinos a ser notificados personalmente de los actos administrativos que resuelvan las solicitudes de  licencias  y patentes para construcción de viviendas, lo cual presupone la obligación de la administración de publicar en un periódico de amplia circulación la parte resolutiva de la licencia otorgada.  A la par, se pretende a través de la acción de tutela se ordene la inmediata suspensión de la obra y la restitución de la vía de uso público. D.       ACTUACION PROCESAL. Con el fin de ejercer la acción de tutela, los actores anexaron a su escrito de demanda, fotocopia de los siguientes documentos: 1.      Escritos remitidos por los demandantes al Alcalde de Cúcuta, Jefe de Control Urbano y Personería Municipal, en donde se ponen de presente tanto los hechos y riesgos aludidos como el desconocimiento de la ley que prescribe la construcción sobre terrenos donde existen calles y avenidas. 2.      Carta Catastral del Instituto Colombiano Agustín Codazzi Seccional Norte de Santander, que reposa en la oficina Sección Demarcación del municipio y en donde se ubica la zona objeto del litigio. Para efectos de establecer la veracidad de los hechos y  la procedencia o improcedencia de la tutela, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta recaudó las siguientes pruebas: a)      Duplicado del plano de Cúcuta correspondiente al sector  indicado,  Carta  Catastral de la zona señalada y fotocopia del "croquis del predio consignado en el anexo de la ficha predial". b)      Oficio del Director de Planeación Municipal en el cual informa que la oficina que dirige no ha adelantado investigación alguna en relación con la queja presentada por los vecinos de las urbanizaciones Zulima III etapa, La Mar y Gratamira, y que ella no es la encargada de dar las licencias de construcción pues sólo le corresponde a la Oficina de Control Urbano, la cual es la encargada de darle el visto bueno a los proyectos urbanísticos que se adelantan en la comunidad y de velar por el espacio público. c)       Oficio de la Cámara Colombiana de la Construcción        -CAMACOL- que da cuenta al Juzgado de que no posee información en cuanto a la constitución, inscripción, registro y representación de la Urbanizadora Pleno Sol. d)      Diligencia de ratificación y ampliación de la solicitud de tutela por parte de Rafael Antonio Valencia Galvis, residente en la Urbanización Gratamira, en la  cual declara que con la construcción de la obra  se están violando los códigos urbanísticos "y la calle que está planteada" no la van a dejar permanecer, pues  sólo concederán un espacio de ochenta centímetros para zona verde, lo cual, por estrecho, se convertirá en lugar de bandidos y viciosos. Así mismo manifiesta que en principio esa calle no fue de tránsito, pero después cuando se empezó a construir se transitó por ella ya que es un terreno un poco destapado.  Finalmente afirma que la  acción  de  tutela  se dirige concretamente contra la  Urbanizadora Pleno Sol, constructora de la urbanización "Libertadores Royal". El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta anexa al expediente oficio del propio Juzgado, dirigido al Procurador Departamental para informar de la omisión injustificada de la Oficina de Control Urbano de dar contestación a lo pedido por el mismo. Por disposición del Magistrado Sustanciador (auto de 24 de julio de 1992) se allegó al proceso el certificado de constitución y gerencia y de registro mercantil de la sociedad Urbanizadora Pleno Sol Ltda. Además se solicitó al Director de la Oficina de Control Urbano Municipal de Cúcuta la siguiente información que nunca recibió el Despacho: "a)  Si la construcción de la denominada Urbanización "Libertadores Royal" que adelanta la empresa Urbanizadora Pleno Sol, se hace con el respeto del espacio público. b)        Si dicha construcción se está realizando sobre las calles 14 y 15 o sectores colindantes a las urbanizaciones Zulima III Etapa, La Mar y Gratamira. c)        Si las avenidas 15 AE y 15E  del mismo sector, están proyectadas sobre terrenos donde actualmente se efectúa la construcción de la Urbanización "Libertadores Royal". d)        Si con este hecho  se taponan o no dichas vías públicas. 3) Igualmente solicítese al Director de la Oficina de Control Urbano Municipal allegar los siguientes  documentos: a) Resolución o acto administrativo correspondiente y sus antecedentes (planos heliográficos, notificaciones, etc.), mediante la cual se autorizó  a la Urbanizadora Pleno Sol, la construcción de la Urbanización "Libertadores Royal". b)      Queja y su correspondiente  respuesta de los vecinos de las urbanizaciones Zulima III Etapa, La Mar y Gratamira, en cuanto a la construcción denominada "Libertadores Royal" que lleva a cabo la Urbanizadora Pleno Sol". E.      FALLO QUE SE REVISA . Sentencia del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta. Decisión:  Denegar la solicitud de acción de tutela. Consideraciones: Se argumenta por parte del Juzgado lo siguiente: No hay claridad respecto del derecho fundamental  que  se considera  violado. El demandado es un particular contra el cual no procede la tutela en atención a que no se encuentra dentro de las nueve situaciones  descritas en el artículo 42 del Decreto 2591  de 1991, que hacen viable el amparo frente a particulares. El demandante debió agotar en primer lugar la  vía gubernativa de conformidad con los artículos 9o. y 43 del Decreto 2591 de 1991.  Y  dispone además de otros medios de defensa judicial como es "el restablecimiento del derecho" sin que se le avecine un perjuicio irremediable. No hubo impugnación de este fallo y en consecuencia no hubo segunda instancia. II. COMPETENCIA. De  conformidad con  los  artículos  86  inciso 2o y 214 numeral  9o.  de la Constitución Nacional y los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, es competente la Corte Constitucional para conocer en revisión del fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Cúcuta. III. CONSIDERACIONES A.      Destinatarios de la acción de tutela. No obstante que los actores manifiestan en su demanda de tutela que se dirigen contra la Urbanización Pleno Sol, de todo el contexto de ella se desprende claramente que involucran a entidades públicas que por su no actuación han permitido, a su juicio, que se violen los derechos constitucionales fundamentales por ellos invocados. Así que ha de entenderse encaminada la acción contra tales autoridades y respecto de éstas se hará el análisis de la violación de los derechos constitucionales fundamentales alegada por los demandantes. B.      Debido proceso como derecho constitucional fundamental. 1.      Se alega por los demandantes la violación de este derecho.  Adviértese en primer lugar que ya esta Corte ha tenido oportunidad de examinarlo y de considerarlo derecho constitucional fundamental, tal como lo define la propia Carta Política.  Así, entre otras , en sentencia de esta misma Sala de Revisión No. 419 de 17 de junio de 1992, con ponencia del presente Magistrado Sustanciador, dijo lo siguiente: "A.     El debido proceso es derecho fundamental. Los derechos que pueden ser objeto de la acción de tutela son los fundamentales, según lo previene el artículo 86 de la Constitución Nacional. Esta a su vez en su Título II denominado "De los derechos, las garantías y los deberes", contempla en su Capítulo I los Derechos Fundamentales, entre los cuales está el del debido proceso. Esta incorporación del Derecho al Debido Proceso de manera explícita en la Carta como derecho fundamental corresponde inconcusamente a la naturaleza de este último. En efecto: Los derechos fundamentales son los que corresponden  al  ser  humano  en  cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente.  De ahí que se le reconozca una dignidad -la dignidad humana-  que lo colocan en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los  cuales  ésta se vería discriminada,   enervada  y  aún   suprimida.     Son  los  derechos fundamentales  que  le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento; salvaguardan su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la educación  y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre asociación y a formar sindicatos, etc. El Presidente de la República en el acto de instalación  de  la  Asamblea  Constituyente el 5 de febrero de 1991 destaca el carácter inmanente de los derechos fundamentales al  decir  que  son "aquellos que por su trascendencia democrática pueden ser aplicados por un Juez porque no requieren una ley que explique sus alcances y su contenido". Mario Madrid-Malo Garizábal caracteriza estos derechos así: "Los derechos humanos han recibido varias denominaciones a lo largo de los siglos. Primero, por influencia de la teología y del jusnaturalismo, se les llamó derechos naturales. ""Según esta noción -explica Benito de Castro Cid-, enraizada en la doctrina tradicional del derecho natural, los Derechos Humanos son unos atributos o exigencias que dimanan de la propia naturaleza, que son anteriores a la constitución de la sociedad civil  y  que, siendo  previos y superiores al derecho estatal, deben ser reconocidos y garantizados por éste"". "En el siglo pasado surgió el concepto de derechos públicos subjetivos.  Este concepto es fruto de la observación del conjunto de circunstancias originadas en la existencia del hombre,  conjunto  en  el cual  quedan  abarcadas todas las posibilidades de su actuación como sujeto de derechos y deberes. También se hace referencia a los derechos humanos con el nombre de derechos fundamentales.  Esta expresión se emplea para señalar  aquellos  derechos  del ser humano que por su incorporación en las normas reguladoras de la existencia  y de la organización de un Estado, se incorporan al derecho positivo  como fundamento de la ""técnica de conciliación"" entre el ejercicio del poder público y el de la libertad de los gobernados. El constitucionalismo clásico llamó libertades públicas o  derechos  individuales a lo que hoy conocemos con el nombre de Derechos Humanos Fundamentales. Se trata en todo caso, de la suma de atributos inherentes al hombre, fundados en su naturaleza misma, indispensable para su autoperfeccionamiento. La persona humana es un ser racional y libre que está ordenado a un fin. Tal carácter la reviste de una dignidad esencial, en el cual tiene su raíz y su fundamento ciertas prerrogativas que le permiten defender la plenitud de su identidad. ""La persona tiene una dignidad absoluta -reflexiona  Maritain-   porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su cabal realización"".1 Sobre el Derecho al Debido Proceso discurre Fernando Velásquez V. del siguiente modo: "En sentido amplio el debido proceso es el conjunto no sólo de procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución  administrativa  que se refiera a la libertad individual sean fundamentalmente válida, sino también para que se constituya en garantía  del  orden,  de  la  justicia,  de la seguridad en cuanto no se lesione de manera indebida la seguridad propuesta como intangible para el ciudadano en el Estado democrático. En sentido restringido la doctrina define el debido proceso como todo ese conjunto de garantías  que  protegen al  ciudadano sometido a  cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho.  Desde este punto de vista, entonces,  el  debido  proceso   es  el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del Derecho Procesal Penal, incluso el del Juez Natural que suele regularse a su lado".2 La Carta Política plasma en su artículo 29 el derecho al debido proceso del siguiente modo: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno  derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". Con el debido proceso se relacionan los artículos 31 y 33 de la Constitución que son del siguiente tenor: Artículo 31. "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagren la ley. El superior no podrá gravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único". Artículo 33. "Nadie podrá   ser   obligado   a declarar  contra sí mismo o contra su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil". Los artículos 1o., 2o., 10o., 16 del Código de Procedimiento Penal (Decreto No. 2700 de 30 de noviembre de 1991) recogen los mandatos constitucionales precedentes. La Institución  del Debido Proceso está contemplada en todas las legislaciones y ello ha permitido consagrar este principio como pilar fundamental de las tesis que forman el Derecho Procesal Universal.  Ya particularizada la figura del debido proceso se convierte en un derecho fundamental constitucional en beneficio de las personas consideradas partes  dentro de la relación procesal. Jurisprudencialmente en nuestro Estado, también existe la reafirmación de la figura jurídica del debido proceso, al reiterar la Corte Suprema de Justicia en diferentes oportunidades sus criterios en ese sentido, y en aras de ratificar esos señalamientos, se transcribe lo siguiente: "Tiene establecido la Corte, y no de ahora sino por tradición jurisprudencial, que toda disposición  legal  o   de   jerarquía   menor, procesal o no, penal o no, debe respetar y en su caso garantizar los principios normados en los artículos 10o, 16, 23 y 26 de la Constitución, sobre el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las personas ante la ley y de las partes ante su juzgador. Es indispensable además hacer ver que tantos presupuestos procesales constitucionalizados han sido ya prohijados por el denominado "Derecho Ecuménico" de las naciones civilizadas del orbe,  como una de las pocas conquistas clara de naturaleza universal, plasmadas en cláusulas normativas  multilaterales    de naturaleza supralegal, como pactos o tratados internacionales de derecho público". Más adelante señala la Corte en el mismo fallo: "El derecho de defensa emana del artículo 26 de la Carta, porque pertenece al debido proceso.  Más aún esta norma constitucional tiene como objeto principal su garantía, dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se relaciona directamente con los derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad. Es además, un derecho histórico.  Los romanos instituyeron el principio AUDITUR ALTERA PARS, como regulador de todo proceso en garantías de sus partes. No hay sistema procesal alguno que lo pueda excluir".3 B.      El debido proceso en la normatividad internacional. En el plano del Derecho Internacional los siguientes instrumentos ratifican y exaltan el debido proceso, como medio de protección al ser humano cuando quiera que fuere objeto de enjuiciamiento: 1.        El principio de la legalidad. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, en sus artículos 7o., 8o. y 9o.. Está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa  Rica" del 22 de noviembre de 1969, aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 1o., 7o. -2.,  9o. y 27. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 2o. -2., 4o. -2., 6o. -2,  9o. y 15. En la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991, de conformidad con el artículo 40 No. 2o. literal a). En la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Civiles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución 39 de 1946 de 10 de diciembre de 1984 y aprobada por la Ley 78 de 1986, en sus artículos  6o. -1. y 15. En el Convenio de Ginebra III, de 12 de agosto de 1949 relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, publicado en el Diario Oficial No. 30318 en sus artículos 82 y 89. En el Convenio de Ginebra IV de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, en sus artículos 33, 64, 65 y 70. 2.        Los Derechos del Procesado. La siguiente legislación supranacional, consagra el derecho de los procesados: La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,  Humanas o Degradantes. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 5o. -4., 7o. -5. y  8o. -2. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 2o.-2, 9o.-3 y 14 - 3. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 literal c). El Convenio de Ginebra III, en su artículo 103. El Convenio de Ginebra IV, artículos 70 y 71. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o., 8o. y 9o. 3.        El principio del Juez Natural. Señalan a nivel universal este principio los siguientes Pactos o Convenios Internacionales: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o., 8o. -1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales,   artículos 2o.-2.,  4o.-2.,   6o.-2. y 14 -10. La Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución No. 3068 de 30 de noviembre de 1973, aprobada por la Ley 26 de 1987, en su artículo 5o. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas  por Resolución 260 A (III) de 9 de diciembre de 1948 y aprobada según Ley 28 de 1959, en su artículo 6o. acoge el principio del Juez Natural. Convenio de Ginebra I, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña aprobado por la Ley 5a. de 1960, artículo 3o.-1. literal d). Convenio de Ginebra II, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, aprobado por la ley 5a. de 1960, en su artículo 3o.-1. literal d). En el convenio de Ginebra III, en sus artículos 3o.-1. literal d), 84, 87 y 96. En el Convenio de Ginebra IV, en sus artículos 3o.-1. literal d), 43 y 66. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto  de 1949, relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados internacionalmente en su artículo 74 -4. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o. y 9o.. 4.        Principio de Favorabilidad. Está consagrado en las siguientes normas internacionales: En la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículo 1o. y 9o. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo establece en sus artículos 2o.-2 y 15 - 1. El Protocolo sobre el Estatuto  de los Refugiados, aprobado por la Ley 65 de 1979, publicado en el Diario Oficial No. 35442, en su artículo 7o. -1. El Convenio de Ginebra III, artículo 83. El protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 consagra el principio de favorabilidad en materia penal, en su artículo 75 -4. literal c). 5.        Prohibición a la Autoincriminación. Establece este principio, las siguientes normas supranacionales: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 1o. y 8o.-2. literal g). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2o. -2. y 14 -3. literal g). La Convención  sobre los Derechos del Niño en el artículo 40 -2. literal a). El Convenio de Ginebra III, consagra la prohibición a la auto-incriminación en su artículo 99. El Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en el artículo 75 -4. literal f) trae expresamente señalada la prohibición de la auto-incriminación. 6.        El Defensor de los Pobres. Este precepto dentro del contexto de las normas que regulan los Tratados y los Convenios Internacionales se encuentra: En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en los artículos 1o. y 8o. -2 literal e). En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículos 2o. -2. y 14 -3. literal d). La Convención de los Derechos del Niño lo consagra en los artículos 37 literal d), 40 -2. literal a). Protocolo sobre el estatuto de los refugiados lo incorpora en el artículo 32 -2. El Convenio de Ginebra III, lo consagra en su artículo 105. El Convenio de Ginebra IV, señala al Defensor de los Pobres  en su artículo 72. 7.        El Derecho a la Protección Judicial. Aparece esta figura jurídica en los siguientes Tratados o Convenios Internacionales: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o, 2o. y 25. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados que lo tipifica en su artículo 16. En la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su artículo 13. En el Protocolo I, adicional a los Convenios de Gine-bra de 12 de agosto de 1949, lo estatuye en su artículo 45 -2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano artículos 7o. y 9o. 8.        El Derecho del Preso. Este principio lo encontramos en la siguiente legislación universal: En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículos 1o. y 5o. -2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala este derecho en sus artículos 2o. -2 y 10o. La Convención sobre los Derechos del Niño lo incorpora en el artículo 37 literal c). En la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el Convenio  de Ginebra III. En el Convenio de Ginebra IV en sus artículos 37, 69, 76, 124, 125 y 126. En el Protocolo II de Ginebra en su artículo 125. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. C.      El Debido Proceso Penal. Se considera el Derecho Penal como una rama  del Derecho  Público,  por  cuanto  el  hecho punible   emerge de una  relación  jurídica pública, que tiene como sujetos en primera instancia, al Estado en su calidad de titular del derecho punitivo y en el otro extremo de esa relación aparece el procesado. Esta afirmación tiene su razón de ser, en el hecho concreto  que  la  infracción de la ley penal ofende no sólo al particular cuyo interés es violado sino a la sociedad, y en aras de conservar el orden jurídico impuesto para gobernar a esa comunidad, se imponen las sanciones y se aplican las penas. Por ese carácter de contenido eminentemente público del Derecho Penal, sus normas son de rigurosa observación, de necesaria aplicación y no pueden ser sustituídas por el libre arbitrio de los asociados. En materia penal, el debido proceso constituye uno de los principios rectores de su procedimiento, que a su vez encuentra sustento en los textos constitucionales antes transcritos. Como marco general de referencia que informa y preside todo el sistema del derecho penal, ha de mencionarse el principio de presunción de inocencia que supone la bondad de actuación del ser humano y por tanto, para privarlo de su libertad, es, menester  que el Estado le demuestre que ha incurrido en responsabilidad penal. Del mismo modo su vinculación a un proceso penal debe estar rodeada de todas las garantías que le faciliten defenderse debidamente, asistido por un abogado con la facultad de poder aducir a su favor las probanzas que demuestren  su  no  culpabilidad y a su vez refutar las pruebas que se esgriman contra él. Es esto lo que se llama el principio de contradicción. Se prohibe la doble sanción por la misma conducta punible (non bis in idem). Igualmente se quiere dar más posibilidades de revisión  de las decisiones al preverse las dos instancias y el grado de jurisdicción de consulta y a la  vez se prohibe la reformatio in pejus. Se proscribe la autoincriminación y del mismo modo se excusa a los familiares allegados del incriminado declarar contra él. Según el principio de legalidad de los delitos y de las penas  -nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege-   aquéllos y éstos deben estar previamente consagrados y tipificados en un ordenamiento jurídico.  Es decir, no hay delito ni pena sin ley.  Ello excluye por supuesto la aplicación analógica de delitos que a su vez no estuvieren previstos en la ley, al igual que no permite la  aplicación  de pena  no contemplada para tal hecho criminoso en igual texto y previamente a la perpetración de éste.  Sin embargo cuando la ley posterior es favorable  al imputado se aplicará retroactivamente.   Además,  el  proceso ha de seguirse ante juez competente, es  decir,  que  sea  el señalado por la ley para conocer de la conducta criminal.  El proceso  también  ha  de  satisfacer  las formas propias  -que serán las esenciales-  del mismo.  Es riguroso el cumplimiento de estos mandatos procedimentales, pues su omisión dará lugar a nulidades del proceso (Art. 304 del Código de Procedimiento Penal). La Corte Suprema de Justicia en fallo de su Sala Penal de 2 de octubre de 1981 dijo lo siguiente al respecto: "El derecho de defensa emana también del artículo  26  de  la  Carta,   ( art. 29  de la Constitución de 1991) porque pertenece al debido proceso.  Más aún, esta norma constitucional tiene por objeto principal su garantía, dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se relaciona   directamente   con   los   derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad.  Es, además, un derecho histórico.  Los romanos instituyeron el principio  audiatur altera pers, como regulador de todo proceso en garantía  de sus partes.  No hay sistema procesal alguno que lo pueda excluir. "El derecho de defensa en la práctica se descompone, entre otros, en los derechos  de impugnación, y de contradicción, esenciales a él, y consecuencia jurídico procesal de su aplicación.   Su fuente constitucional  es la misma.  Se encuentran específicamente proclamados  en los "pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos", aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, y convertidos en norma  nacional mediante Ley 74 de 1968, donde se determina: Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de funciones oficiales (parte II, art. 2o. 3 C)". El constituyente de 1991, se expresó en estos términos respecto del debido proceso: "Las garantías procesales.  La administración de justicia penal constituye una de las más claras expresiones  de  la  soberanía  del  Estado  frente   al individuo.  Por  ello  los regímenes jurídicos occidentales han procurado, dentro del aspecto de la tutela de los Derechos Humanos, rodear al procesado de una  serie  de garantías que lo protejan de los potenciales abusos del Leviatán en que, según la caracterización de Hobbes, puede verse convertido un Estado de Corte absolutista. Someto, entonces, a consideración de la Asamblea, dos artículos en que se consagra de manera expresa y precisa la garantía, que deben tener todos los asociados de ser juzgados por lo que, en la doctrina contemporánea se designa como Juez Natural, al igual que la presunción de inocencia. La garantía del Juez Natural y el debido proceso se concretan en el respectivo artículo".4 Dentro del contexto del derecho comparado, valga mencionar el célebre caso de Gideon vs. Wainwright (1963) decidido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Se trataba de una persona pobre (Gideon) que fue condenada a 5 años de prisión por un Tribunal de la Florida y como no se le proveyó de la asistencia legal de un abogado, alegó y solicitó que se lo  pusiera  en  libertad con fundamento en la enmienda XIV de la Constitución.  A ello accedió la Corte aceptando la tesis del acusado de desconocerse el "due process of law" y anulando la condena pronunciada contra él porque "indigent defendent accused of serious crime must be offered the assignment of counsel". D.      El debido proceso en los procesos civil y administrativo. La vida del hombre en sociedad ha contribuído a sus realizaciones  personales pero también ha dado lugar la generación de conflictos entre ellos mismos y también entre éstos y las instituciones del Estado.  Existen dos caminos para solucionar estos conflictos de interés particular:  arreglarlos  como cada quien  estime conveniente (criterio establecido dentro de las sociedades primitivas) o que sea el Estado a través de las autoridades legítimamente constituídas quien dirima el conflicto de intereses puesto en su conocimiento, a través de una serie de actos encaminados a lograr ese fin. Pero como no se puede dejar en manos de las personas la facultad de realizar los actos que a bien tengan para dirimir su controversia, ya que a través de esa forma arbitraria no podría obtenerse el objetivo buscado, se hace  necesaria   la intervención  del  Estado,  quien haciendo uso de su poder de imperio encuentra fundamento para dictar normas que señale tanto a las partes como al juez, que actuaciones deben realizar, como deben llevar a cabo sus cometidos y dentro de que oportunidad pueden aportar sus pruebas y ejecutar sus actos para que tengan validez en el proceso. Con base en las nociones que se han dejado expuestas, bien puede definirse el derecho procesal como el conjunto de normas que establecen el procedimiento que se debe seguir para obtener la actuación de la ley en un caso concreto, que señalan los funcionarios encargados de aplicarlas y las personas que deben someterse a esas normas. Pues bien, el legislador ha querido entonces, que los procesos sean reglados, que tengan preceptos claros por los cuales han de regirse, haciéndose imperioso su cumplimiento tanto para los sujetos procesales como para el juez. Los principios que antes se han expuesto sobre el debido  proceso  y  que  están  contenidos en los  textos constitucionales antes transcritos, también tienen  plena operación mutatis mutandi, en las demás ramas del derecho procesal:  procesal civil (que se extiende a la laboral, etc.) y a la actividad administrativa que comprende tanto la actuación gubernativa como la contencioso administrativa. El tratadista Eduardo J. Couture,1 menciona las siguientes hipótesis que darían lugar a inconstitucionalidades:     la privación   de audiencia que equivale a condenar a una persona sin haber sido oida y vencida en juicio, la falta de citación, la falta de emplazamiento, la privación de pruebas, la privación de recursos, la privación de revisión judicial. Del artículo 29 constitucional se establece, para efectos del presente caso, que la figura del debido proceso, es aplicable a toda clase de actuaciones que se realicen en los estrados judiciales e igualmente es válido el debido proceso, para toda actividad de la administración pública en general, sin excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el particular. El título V, capítulo I de la Constitución Nacional consagra lo pertinente a la estructura de nuestro Estado. En su artículo 113, señala las ramas del poder público, en el 114 enuncia en forma general la función del Congreso, el 115 expresa quiénes conforman el Gobierno y radica en cabeza del Presidente de la República, la suprema autoridad administrativa del Estado.  Igualmente esta norma determina que las gobernaciones y alcaldías, así como la superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, forman parte de la rama Ejecutiva, razón por la cual estas entidades ejercen función administrativa. Los órganos judiciales se encuentran señalados en el artículo 116.  El artículo 117 expresa que los órganos de control de la administración pública nacional son el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.  El Consejo Nacional  Electoral  y  la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ocupan de la organización electoral. Todas estas entidades que conforman la estructura y organización  estatales ejercen esencialmente,   unas, funciones jurisdiccionales ( rama judicial), otras, funciones legislativas (Congreso )  y   ambas   pueden   también  cumplir funciones administrativas.  Y la rama Ejecutiva, en sus órdenes todos: nacional, departamental y municipal, desempeña actividad administrativa por antonomasia.  Del mismo modo a cargo de los particulares pueden estar actividades administrativas". 2.      Del examen que se efectuará a continuación surge de manera indubitable la vulneración del debido proceso por el señor Jefe de Control Urbano de Planeación Municipal de Cúcuta, por las razones que se pasan a exponer: Para racionalizar el uso y aprovechamiento del suelo en función  de las necesidades e intereses de la colectividad, se ha creado una ordenación urbanística dentro de la cual se encuadra la licencia o permiso para construir.  Ello constituye una limitación administrativa al ejercicio de los derechos de los súbditos, porque sin tal licencia no se puede efectuar acto de construcción o uso del suelo. Este tema es desarrollado por la Ley 9a. de 1989  (Ley Urbana) "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes" que trata sobre los siguientes aspectos:  De la planificación del desarrollo municipal (Capítulo I), del espacio público (Capítulo II), de la adquisición de bienes  por  enajenación  voluntaria  y por expropiación  (Capítulo III), de la protección a los moradores en los proyectos de renovación urbana (Capítulo IV), de las licencias y de las sanciones urbanísticas (Capítulo VI), de los Bancos de Tierras y de la integración y reajuste de tierras (Capítulo VII), de la extinción del dominio sobre inmuebles urbanos (Capítulo VIII), instrumentos financieros para la reforma urbana (Capítulo IX) y disposiciones varias (Capítulo X). Pues bien, el artículo 65 de dicha Ley exige permiso o licencia expedida por los municipios, áreas metropolitanas, el Distrito Especial de Bogotá o la Intendencia  de  San Andrés y Providencia "para adelantar obras de construcción, ampliación, modificación, adecuación y reparación, demolición de edificaciones o de urbanización y parcelación para construcción de inmuebles, de terrenos en las áreas urbanas, suburbanas y rurales de los municipios". Licencia que de conformidad con el Decreto Reglamentario No. 958 del 10 de junio de 1992 "por el cual se dictan normas  para el trámite y expedición de Licencias de Urbanización, Parcelación y Construcción" y  expedido por el Presidente de la República de Colombia en ejercicio de las facultades  que le confiere el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política y en desarrollo de los artículos 7o., 63 y 65 de la Ley 9a. de 1989 y del artículo 41 de la Ley 3a. de 1991, se define de la siguiente manera: "Licencia: Es el acto administrativo por medio del cual la entidad territorial competente define las normas urbanisticas y/o arquitectónicas, las especificaciones técnicas, y autoriza la construcción, ampliación, modificación, adecuación, reparación o demolición de edificaciones, o la urbanización o parcelación de predios en las áreas urbanas, suburbanas y rurales". Dicho artículo 65 previene que las solicitudes de licencias serán comunicadas a los vecinos, a quienes se citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos, en los términos previstos por los artículos 14 y 35 del Decreto Ley 1 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). Prevención que hace igualmente el inciso final del artículo 11 del Decreto 958 de 1992, cuando señala que "la solicitud de licencia será comunicada a los vecinos, a quienes se citará para que puedan hacerse parte y hacer valer sus derechos, en los términos previstos por los artículos 14 y 33 del Código Contencioso Administrativo". Dicho Decreto 958 en su capítulo I, artículo 1o. consagra que "para todos los efectos previstos en el artículo 65 de la Ley 9a. de 1989, se entiende por vecinos a los propietarios, a los poseedores y a los tenedores de todos los inmuebles colindantes sin distinción alguna". De otra parte, el artículo 65 de la Ley 9a. de 1989, agrega: "...Los actos administrativos por medio de los cuales se resuelvan las solicitudes de licencia y de patentes serán notificados personalmente a los vecinos en la forma prevista por los artículos 44 y 45  del Decreto Ley 1 de 1984 (Código Contencioso Administrativo). La parte resolutiva de dichos actos también será publicada en un periódico de amplia circulación en el municipio donde  se encuentren ubicados los inmuebles o en cualquier otro medio de comunicación social, hablado o escrito, por cuenta del interesado. El término de ejecutoria para el interesado y para los terceros empezará a correr al día siguiente al de la publicación, y en el caso de los vecinos, a partir de su notificación. Contra los actos que otorguen una licencia o patente cabrán los recursos de la vía gubernativa que señala el decreto-ley 1 de 1984 (Código Contencioso   Administrativo). Transcurrido  un  plazo de dos meses, contados a partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se entenderá que la decisión es negativa y quedará en firme el acto recurrido.  Pasado dicho término no se podrá resolver el recurso interpuesto e incurrirá en causal de mala conducta el funcionario moroso. De estas, notificación, publicación y de los recursos hace alusión el Decreto 958 de 1992 en su artículo 15, así: "El acto administrativo por el cual se concede o modifique la licencia, será notificado al titular de la licencia y a los vecinos dentro de los cinco (5) días siguientes a su expedición, de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 45 del Decreto Ley 01 de 1984, y será publicado para que surta sus efectos respecto de terceros en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 9a. de 1989. El término de ejecutoria para el titular y los terceros empezará a correr el día siguiente al de la publicación, y en  el caso de los vecinos a partir de su notificación. El titular, los vecinos y los terceros podrán interponer contra el acto notificado y publicado, según sea el caso, los recursos de la vía gubernativa que señala el Código Contencioso Administrativo. Transcurrido un plazo de dos (2) meses contados a partir de la interposición del recurso sin que se haya notificado decisión expresa sobre ellos, se aplicará lo dispuesto por el inciso 3o. del artículo 65 de la Ley 9a. de 1989. En el caso de inmuebles colindantes sometidos al régimen de propiedad horizontal bastará con notificar personalmente, en los términos previstos  en el presente artículo, al administrador quien actuará en representación de la copropiedad o de la persona jurídica constituida por los propietarios". Obran en el proceso las solicitudes números 000476, 000524 y 000588 de 12, 18 y 25 de febrero de 1991, en su orden  (fls. 7, 13 a 16, y 17 a 19), formuladas al respecto por los demandantes al señor Pedro Pablo Torres, Director de la Oficina de Control Urbano de Cúcuta.  En la solicitud 000524 le ponen de manifiesto su preocupación por el "proyectado encierre y posterior Urbanización de un lote de terreno situado en la avenida los Libertadores frente al lavadero de vehículos Globocar". Que "como es de su conocimiento por los memoriales que hemos allegado a su despacho, la Urbanizadora Pleno Sol ha venido actuando arbitrariamente en la intención de utilizar el terreno a su capricho, como usurpar vías públicas que desde hace más de once (11) años se han utilizado pacíficamente sin que ningún particular haya intentado impedir su libre acceso y goce". La presente Urbanización además "inició la semana pasada el encierre del lote, desconociendo abiertamente el respeto al espacio público que defiende con tanto acierto la Ley 09 de 1989 (Ley de la reforma urbana) y que usted a través del Despacho que dirige, debe proteger por encima   de   los   intereses    particulares.     A    fin    de colaborarle     en    la      correcta aplicación de las leyes nacionales que son de orden público y por tanto de obligatorio cumplimiento, le recordamos que cualquier licencia o permiso para adelantar obras de construcción y similares debe ser  expedida por el municipio". Se transcribe a continuación en la comentada solicitud 000524 el artículo 65 de la Ley Urbana y a renglón seguido se lee: "El Dr. Jairo Slebi Medina, dentro del programa prioritario como alcalde, una vez posesionado, fue enfático en comprometerse a defender el espacio público en cualquier lugar de la ciudad. Usted tiene la obligación política por ser parte de esta administración,  y legal, porque así lo ordena la ley, en impedir la violación de las zonas libres que aún siendo de propiedad particular, pretenden ser utilizadas por sus dueños en forma indebida, sin importarles la violación de los derechos adquiridos por los ciudadanos y sobre todo del espacio público. Solicitamos como prioritaria, su actuación urgente y definitiva para ordenar el desorden que ha implantado en estos días la Urbanizadora Pleno Sol y sus propietarios Hernán Carvajalino y Alfonso Barrientos, que al parecer están acostumbrados a construir sin respetar las normas existentes. Exigimos el respeto de los derechos que la ley consagra a favor de las comunidades y sobre todo del principio universal que reza "El bien general prima sobre el bien particular". Estamos dispuestos en caso de no ser atendidos nuestros justos planteamientos de llegar hasta las últimas consecuencias. De nuestras peticiones están enteradas la personería municipal y verbalmente el señor Alcalde de la ciudad. Los perjuicios que está causando la "Urbanizadora Pleno Sol", desde ya con el encierro del lote se concreta a continuación: 1.        Clausuró la vía que corresponde a la calle 14 A o 15. 2.        Limitó abusivamente la avenida 15 este. 3.        Con las obras que irresponsablemente ha iniciado al haber taponado dicho terreno, las aguas lluvias que caen a las avenidas  15 AE y 15 E, se represan ocasionando inundaciones y graves daños a los muebles y enseres, dificultando en tránsito peatonal y vehicular. En conclusión  ha taponado dos avenidas y quitado una calle y una avenida. Confiamos en que usted, el señor Alcalde, el Honorable Concejo Municipal y los funcionarios  que controlan el desarrollo urbanístico de la ciudad, solucionen urgentemente y de manera definitiva este delicado asunto". En el proceso no aparece que el funcionario Director de la Oficina de Control Urbano de Cúcuta hubiera cumplido  el requisito de notificar tanto la solicitud de la licencia de construcción como el acto administrativo que provee sobre ella, a los vecinos del lugar donde adelantaba sus trabajos la Urbanizadora Pleno Sol, según la descripción anterior de hechos,  a  pesar  de que tal requisito es de obligatorio cumplimiento por esa oficina, por mandato  del artículo 65 de la Ley 9a. de 1989.  Y lo que es más, dicho empleado no contestó el informe que sobre el particular le solicitó el juez de la tutela (fl. 31) ni la petición en el mismo sentido formulada por el Magistrado Ponente de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional (Fls. 55, 56 y 57). Dicho juez se quejó inclusive de la desobediencia del Jefe de la Oficina de Control Urbano ante el señor Procurador Departamental antes de pronunciar su fallo decisorio de la controversia, sin que figure tampoco en el proceso actuación ni respuesta de ese Procurador (Fls. 38 y 43 in fine). El debido proceso que  por  disposición  de  la Carta  Política, es aplicable también en tratándose de actuaciones administrativas, no se ha cumplido en el presente caso, pues, además de que el Director de la Oficina de Control Urbano nunca contestó las comunicaciones de los actores en donde le pedian que les notificara la licencia de construcción comentada, tampoco lo hizo de la orden del Juez 2o. Penal del Circuito de Cúcuta, por lo cual y a términos del artículo 20 del Decreto 2591 de 1991 "si el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendrán por ciertos los hechos y se entrará  a resolver de plano...". Cabalmente con la oportunidad de la notificación a los vecinos de las licencias de construcción, se persigue que ellos manifiesten sus preocupaciones y la violación a sus derechos, si ello fuere el caso.  En el evento sublite, los vecinos  han encontrado que se ha clausurado, con los trabajos realizados por la Urbanizadora Pleno Sol, la vía que  corresponde  a  la   calle  14 A  o  15, que se ha restringido arbitrariamente la avenida 15, se han represado aguas lluvias que ocasionarán inundaciones y se imposibilita el tránsito peatonal y vehicular. La inobservancia entonces, de este procedimiento de notificación de solicitud de licencia y del acto administrativo que la concedió, no ha permitido que los vecinos en cuestión puedan ejercer su derecho de defensa de  colindantes de la obra  que realiza  la Urbanizadora Pleno Sol y por todo ello, en esta sentencia ha de ordenarse el cumplimiento del mismo, en aras de la aplicación del artículo 29 de la Carta Política. Luego de oídos los demandantes en relación con la construcción objeto de litis y satisfecho así el derecho al debido proceso, el señor Jefe de la Oficina de Control  Urbano entrará a decidir sobre la viabilidad de la licencia concedida al efecto por la Sociedad Urbanizadora Pleno Sol Ltda. para lo cual tendrá en cuenta no sólo las peticiones, razones jurídicas y fácticas, y reclamaciones que al respecto han formulado ellos, sino las consideraciones que enseguida hará esta Corporación en torno al derecho al espacio público, así: El derecho constitucional al espacio público. El espacio público como derecho constitucional objeto de protección por parte del Estado. Los derechos de contenido colectivo en sentir del Constituyente,  comprenden  "el conjunto de condiciones y circunstancias que rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la comunidad, y que le permiten, no sólo su supervivencia biológica e individual, sino además, su desempeño normal y su desarrollo integral dentro de su medio social" (Gaceta Constitucional No 19, Asamblea Nacional Constituyente). Estos derechos son los que cubren las necesidades comunes  de tipo colectivo y social.  El quebrantamiento de un derecho  colectivo  no  afecta a una sola persona;  se presenta con características idénticas o parecidas en varias personas del grupo humano en cuyo beneficio se ha establecido ese derecho. El   espacio público    es   un   derecho   colectivo,   pues, todo habitante es titular del derecho de utilizar los bienes de que se compone, esto es, los inmuebles públicos y los aspectos de arquitectura y naturales de los inmuebles privados, todos los cuales tienen por finalidad proveer a las necesidades comunes de tránsito, recreación, tranquilidad, seguridad, conservación del patrimonio histórico, cultural, religioso y artístico; cuando tales bienes dejan de servir a la comunidad, todos y cada uno de sus integrantes se ven perjudicados. El espacio público es un concepto que ha tomado  trascendencia en el Derecho Urbano.  Por ello la Ley 9a. de 1989 o ley de reforma urbana, en su artículo 5o. define el espacio público de la siguiente manera: "Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas  de  retiro  de  las edificaciones sobre las vías como fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y  artísticos,  para  la  conservación y preservación del paisaje  y  los  elementos  naturales  del  entorno de la ciudad,   los   necesarios    para   la   preservación  y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute colectivo." Consagra el artículo 82 el deber del Estado de "velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular".  Y el artículo 88 ibidem defiere a la ley las reglas de las acciones  populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicas, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella.  "También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares.  Así mismo,  definirá  los  casos  de  responsabilidad  civil objetiva por el daño inferido a los derechos e intereses colectivos". 2. Reposan en el proceso los siguientes elementos de juicio en relación con la alegación de los actores  y que obran en el presente proceso: Planos de la ciudad de Cúcuta correspondiente al sector en donde residen los demandantes, el croquis del predio y su ficha catastral en donde al parecer la parte del suelo en donde se construye es una vía pública, documentos aportados por el  Instituto Geográfico  Agustín Codazzi, Seccional de  Norte de Santander. Los demandantes afirman que parte del terreno en que se construye es "una vía pública", esto es, un espacio público. Dentro del contexto de la acción de tutela, la no contestación a los informes que el Juez de Tutela solicita a las autoridades, presume la certeza de los hechos sobre los cuales se les pregunta. En el presente caso, como antes se observó, el funcionario antes mencionado ni contestó a ese Juez, ni a la Corte Constitucional sobre cuestiones relativas a la presente litis. De conformidad con el artículo 63 de la Constitución: "Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables". El Código Civil llama  bienes de la Unión a  aquellos  cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se denominan bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio. Y con el nombre de bienes fiscales  o bienes de la unión se distinguen los bienes de ésta cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes. ( Art. 674). Dicho estatuto civil en los siguientes textos desarrolla la materia de los bienes de uso público: "Artículo 675. Son bienes de la unión todas las tierras que estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño". "Artículo 677. Los ríos y todas las aguas que corren por cauces naturales son bienes de la unión, de uso público en los respectivos territorios. Exceptúanse las vertientes que nacen y mueren dentro de una misma heredad: su propiedad, uso y goce pertenecen a los dueños de las riberas, y pasan con éstos a los herederos y demás sucesores de los dueños." "Artículo 678. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes". "Artículo 679 Nadie podra construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la unión". "Artículo 680. Las columnas, pilastras, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios,  o hagan  parte de ellos, no podrán  ocupar  ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes caminos y demás lugares de propiedad de la unión. Los edificios en que se ha tolerado la practica contraria, estarán sujetos a la disposición de este artículo, si se reconstruyeren". "Artículo 682. Sobre las obras que con permiso de la autoridad competente se construyan en sitios de la propiedad de la Unión, no tienen los particulares que han obtenido este permiso, sino el uso y goce de ellas, y no la propiedad del suelo . Abandonadas las obras o terminado el tiempo por el cual se concedió el permiso, se restituyen ellas y el suelo, por el ministerio de la ley, el uso y goce privativo de la Unión, o al uso y goce general de los habitantes, según prescriba la autoridad soberana. Pero no se entiende lo dicho si la propiedad del suelo ha sido concedida concedida expresamente por la Unión". "Artículo 683. No se podrán sacar canales de los ríos para ningún objeto industrial o doméstico, sino con arreglo a las leyes respectivas". C.  El derecho de petición. Lo consagra como derecho fundamental el artículo 23 en los siguientes términos: "Artículo 23.  Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.  El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales". La facultad que la Constitución colombiana concede a todos los ciudadanos para dirigir peticiones comedidas a los poderes públicos y a las organizaciones privadas en relación con asuntos de interés general o particular, y la obligación que tienen unos y otras de darles respuesta, ha sido ya objeto de pronunciamiento por esta Corte en el sentido de reafirmar el carácter de derecho fundamental del mismo. (Tutelas Nos. 11, 12 y 426 de 22 de mayo, 25 de mayo y 24 de junio de 1992). Como el tema sobre que versa el derecho de petición es el mismo respecto del cual esta Sala ya ha considerado en párrafos precedentes que se vulnera el derecho al debido proceso, el primero de estos derechos no ha de examinarse por sustracción de materia. D.      Investigación de Funcionarios. Ha de darse traslado de esta sentencia a la Procuraduría General de la Nación para que investigue las actuaciones del señor Director de la Oficina de Control Urbano del municipio de Cúcuta, señor Pedro Pablo Torres, o a quien desempeñe este cargo actualmente, o a ambos,  al Procurador Delegado Departamental, doctor Nelson Eduardo Durán Pulido, la Personera municipal de esa ciudad, Carmen Elvira Liendo Villamizar y el ex-alcalde del mismo municipio, señor Jairo Slebi Medina u otros, en relación con los hechos antes relatados. En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero:  Revocar la sentencia del Juez Segundo Penal del Circuito de Cúcuta,  a través de la cual se denegó la acción de tutela incoada por los accionantes RAFAEL ANTONIO VALENCIA GALVIS Y OTROS, por las razones expuestas en este fallo. Segundo:   En su lugar se concede la tutela impetrada por dichos demandantes y para tal fin, el señor Director  de la Oficina de Control Urbano de Cúcuta, señor Pedro Pablo Torres, o el Director actual, en su caso, comunicará a ellos,  en  la forma prevista en el artículo 65 de la Ley 9a. de 1989, tanto la solicitud de licencia presentada por la Sociedad Urbanizadora Pleno Sol Ltda., como el acto administrativo por el cual se resuelve esa solicitud, para adelantar la Urbanización Libertadores Royal con afectación de la calle 14 A o calle 15 de la referida ciudad. Tomará dicho funcionario las medidas pertinentes para que el derecho al debido proceso se proteja debidamente y en este caso concreto encuentre efectiva realización frente a la continuación de la obra que en su momento debía ser puesta en conocimiento por esa autoridad municipal de los moradores de las urbanizaciones colindantes, teniendo en cuenta, además, las consideraciones sobre espacio público de la parte motiva de esta providencia. Para cumplir lo anterior, dicho Director de la Oficina de Control Urbano de Cúcuta, tendrá un lapso de cuarenta (48) horas a partir de la notificación a él de la presente sentencia. Tercero:     Entérese al señor Procurador General de la Nación de esta providencia, de la cual se le enviará copia, para que asuma las investigaciones relacionadas con la actuación referida en la parte motiva de este fallo, de los siguientes empleados de la administración municipal de Cúcuta:  señor Pedro Pablo Torres, Director de la Oficina de Control Urbano, o el director actual de ésta, o a ambos; señora Carmen Elvira Liendo Villamizar, Personera Municipal, señor Jairo Slebi Medina, ex-alcalde de la ciudad de Cúcuta, doctor Nelson Eduardo Durán Pulido, Procurador Delegado Departamental, o de cualquier otro funcionario. Cuarto:      Comuníquese el presente fallo al Juez Segundo Penal del Circuito, para que sea notificado conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, a los demandantes por conducto de los señores Rafael Antonio Valencia y Maritza Quintero y de otro lado al señor Director de la Oficina de Control Urbano de Cúcuta, o a su Director actual, con entrega de sendas copias de la sentencia. Comuníquese también al señor Alcalde de la ciudad de Cúcuta. COMUNIQUESE Y CUMPLASE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN                 CIRO ANGARITA BARON Magistrado                     Magistrado MARTHA V. SACHICA MONCALEANO Secretaria General 1 Mario Madrid-Malo Garizábal. Los Derechos Humanos en Colombia. Instituto de Derechos Humanos. Guillermo Cano. Publicaciones  ESAP 1990. Pág. 28. 2  Fernando Velásquez V.  "Comentarios al nuevo Código de Procedimiento Penal". Señal Editora. Medellín 1987. Págs. 111 y 112. 3 Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 62 de 10 de mayo de 1983. Gaceta Judicial No. 2413. Págs. 302 y 303. 4 Gaceta Constitucional No. 23. Proyecto No. 68. Ponencia del Constituyente Armando Holguin.

T-505-92 Sentencia No Sentencia No. T-505/92 DERECHOS DEL ENFERMO/SIDA El infectado o enfermo de SIDA goza de iguales derechos que las demás personas. Sin embargo, debido al carácter de la enfermedad, las autoridades están en la obligación de darle a estas personas protección especial con miras a garantizar sus derechos humanos y su dignidad. En particular, el Estado debe evitar toda medida discriminatoria o de estigmatización contra estas personas en la provisión de servicios, en el empleo y en su libertad de locomoción. Los derechos a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la salud, entre otros, pueden ser objeto de vulneración o amenaza por parte de las autoridades o de los particulares, en muchos casos, como consecuencia exclusiva del temor que despierta el SIDA. Esta reacción negativa debe ser contrarrestada con una eficaz acción estatal tendiente a suscitar la comprensión y la solidaridad, evitando la expansión de la enfermedad. La Constitución cuenta con mecanismos eficaces para proteger los derechos del enfermo de SIDA, entre ellos la acción de tutela contra particulares encargados del servicio público de la salud, cuando de su prestación dependen los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. El carácter de orden público de las normas epidemiológicas obliga a los centros médicos  a prestar una atención integral a los infectados o enfermos del SIDA. ESTADO SOCIAL DE DERECHO El Estado Social de Derecho, los principios de dignidad humana y de solidaridad social, el fin esencial de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades, guían la interpretación de la Constitución económica e irradian todos los  ámbitos de su regulación -propiedad privada, libertad de empresa, explotación de recursos, producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios, régimen impositivo, presupuestal y de gasto público. SERVICIO PUBLICO DE SALUD-Gratuidad La prestación gratuita del servicio de salud constituye un privilegio que puede estar justificado constitucionalmente dependiendo de la finalidad o de los objetivos buscados. Esta circunstancia se presenta, entre otros casos, cuando para evitar un riesgo mayor -como sería la presencia de un evento epidemiológico-, es indispensable destinar recursos sin posibilidad de una contraprestación. La atención integral y gratuita hace parte de la protección especial a cargo del Estado, cuando la ausencia de medios económicos le impide a la persona aminorar el sufrimiento, la discriminación y el riesgo social que le implica sufrir una enfermedad terminal, transmisible, incurable y mortal. El derecho fundamental a la igualdad, en su modalidad de protección especial a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, es un derecho de aplicación inmediata. El SIDA, como enfermedad mortal, atenta contra la vida misma. La prestación del servicio de salud al enfermo de SIDA es un imperativo que surge de la naturaleza solidaria y respetuosa de la dignidad humana que proclama y busca hacer efectivo nuestro régimen jurídico. REF: Expediente T-2535 Actor: DIEGO SERNA GOMEZ Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-2535 adelantado por el señor DIEGO SERNA GOMEZ contra el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García". A N T E C E D E N T E S 1. El señor DIEGO SERNA GOMEZ instauró acción de tutela contra el Hospital Universitario del Valle "Evaristo García", solicitando ordenar a dicha entidad le suministre "el servicio médico y los exámenes especializados que necesite sin ningún costo, por ser persona carente en absoluto de cualquier patrimonio o renta y estar con la gravísima enfermedad de moda universal denominada SIDA". Como fundamento de su petición, invocó los artículos 13, 23, 49 y 86 de la Constitucion. 2. Según versión del solicitante, en 1991 por quebrantos de salud acudió al Hospital Departamental de Pereira "San Jorge", donde le diagnosticaron el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, SIDA. Estando allí, recibió en todo momento una completa atención, le fueron practicados diversos exámenes y asistió a consultas médicas y psicológicas, siéndole informado que "no estaba obligado a pagar por ser una enfermedad epidemiológica y no tener recursos suficientes para ello". El peticionario relató que inicialmente se hospedó en casa de una hermana, pero debido al rechazo de algunos parientes se vió obligado a regresar a Cali y residenciarse en casa de su progenitora, una anciana de 69 años. Ante el empeoramiento de su salud, acudió a diferentes hospitales de la capital del Valle del Cauca, en todos los cuales se le exigió la cancelación de los servicios médicos, no pudiendo finalmente volver por la carencia de dinero para cubrir los gastos de las consultas médicas, los exámenes y los medicamentos. Por insinuación de un familiar se presentó ante el Superintendente de Salud, quien intentó mediar a su favor y le entregó una nota con destino al Hospital Universitario del Valle, el cual en todo caso le puso de presente que, así fuera favoreciéndolo con un descuento, debía cancelar el valor de los servicios. 3. Mediante providencia  del 24 de enero de 1992, la Sección Primera del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, denegó la solicitud de tutela por no encontrar configurada la vulneración del derecho de igualdad, ni ser el derecho a la salud (CP art.49) un derecho fundamental. Respecto al artículo 13 de la Constitucion el fallador afirmó que: "Entiende la Sala que el artículo transcrito consagra este derecho fundamental de igualdad ante la Ley, con el fin de que todos los ciudadanos sean tratados por las autoridades sin discriminación, sin privilegios, sin prerrogativas; es una garantía que todo individuo posee como persona humana y por lo tanto comporta tratamiento igual para todos, sistema que el Estado está en la obligación de respetar, en este sentido, el que informa al último inciso del artículo citado cuando habla de la protección especial para aquellas personas que se encuentren en circunstancias de debilidad. Quiere decir que ellas, no están por fuera de la garantía consagrada en el artículo que se estudia, no obstante el estado de indefensión en que se encuentren, tanto, que los abusos y maltratos que contra ellas se cometan, son motivos de sanción. Por consiguiente el derecho que el señor SERNA GOMEZ pretende que se le reconozca, no encaja dentro de los lineamientos del Derecho Fundamental consagrado en el artículo 13 de la Carta Política". 4. La anterior decisión fue impugnada por el petente, quien consideró que con ella se le condenaba de antemano a morir sin ninguna atención médica. En su sentir, la salud es un derecho humano inalienable e imprescriptible y no debió ser rechazada su petición de tutela con fundamento en razones formalistas, además de que los artículos 2 y 4 del Decreto 2591 de 1991 permiten el  pronunciamiento por vía de tutela acerca de derechos no señalados expresamente por la Constitucion como fundamentales. 5. El Consejo de Estado, mediante sentencia de la Sala Plena del Contencioso Administrativo del 17 de marzo de 1992, revocó la providencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y accedió a la tutela implorada, ordenándole al Director del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" y al Gobernador del Valle del Cauca que "dispongan lo pertinente para prestarle inmediatamente los servicios necesarios tendientes a proteger la vida y recuperar la salud del señor DIEGO SERNA GOMEZ". Con fundamento en una interpretación sistemática de los artículos 49 y 93 de la Carta, el máximo Tribunal de la Justicia Contencioso-Administrativa resaltó cómo la orientación de los diferentes tratados y convenios de derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica, Protocolo de San Salvador) es la de conceder a los derechos económicos, sociales y culturales el carácter de fundamentales,  "por cuanto las diferentes categorías de tales derechos, 'constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana', características que exigen promoción y protección permanentes con el propósito de obtener su vigencia plena, 'sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros'". Respecto a la solicitud concreta de la prestación gratuita de los servicios médicos y paramédicos para controlar la enfermedad del SIDA, el fallador de segunda instancia concluyó que la conducta omisiva del Hospital Universitario del Valle vulnera el artículo 11 de la Constitucion, por el "inminente peligro que su desatención envuelve para la existencia de la vida del accionante". En concepto de la Sala Plena del Consejo de Estado, "resulta fácil concluir que inmediatamente se solicita la prestación del servicio de salud (art. 49), pero mediatamente se pide tutelar el derecho a la vida (art. 11) y la protección especial que el estado debe prestarle al accionante quien por su condición económica se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta (art. 13 in fine)". 6. Remitido el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión, fue seleccionado y correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Concepto de la vulneración 1. La igualdad y la salud resultan, según el solicitante, los derechos fundamentales vulnerados por la decisión del Hospital Universitario del Valle "Evaristo García", al negarle la prestación gratuita de los servicios médicos y los exámenes especializados que requiere como enfermo de SIDA. La pretensión del señor SERNA GOMEZ de tener derecho a una atención médica gratuita por la circunstancia de sufrir una enfermedad epidemiológica y de ser una persona de escasos recursos, tuvo origen en la información que recibiera de una  Asistente Social del Hospital Departamental de Pereira "San Jorge". Corresponde al juez constitucional establecer si existe una base  constitucional que permita reconocer la pretensión del peticionario por tener asidero en un derecho fundamental que, dadas las circunstancias, requeriría de protección inmediata (CP art. 86). Características del SIDA y estrategia mundial y nacional contra la enfermedad 2. El SIDA constituye un mal de inconmensurables proporciones que amenaza la existencia misma del género humano, frente al cual el derecho no debe permanecer impasible, sino ofrecer fórmulas de solución. La dimensión creciente de la amenaza para la salud pública que representa el SIDA está dada por su carácter de enfermedad epidemiológica, mortal y sin tratamiento curativo. El virus de inmunodeficiencia humana (VIH), a partir de cuyo contagio se desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), se transmite a través de tres formas conocidas: la relación sexual (homosexual o heterosexual) sin protección, el contacto con sangre, productos sanguíneos, órganos o semen donados; y la transmisión de la madre infectada al feto o al recién nacido (transmisión perinatal). El origen del VIH tuvo lugar a fines de los años setenta o principios de los ochenta en grupos de personas homosexuales y bisexuales y de consumidores de drogas de las zonas urbanas de América, Europa occidental y Australia. En América Latina, el modo predominante de transmisión del VIH se presentó en relaciones sexuales entre homosexuales. No obstante, desde mediados de los ochenta la transmisión heterosexual se ha incrementado, con el correspondiente aumento de la transmisión perinatal. Al término de la presente década se registrará un aumento sin precedentes de la infección, particularmente debido a que la epidemia se extenderá al conjunto de la población heterosexual y a los niños. El Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó, al Consejo Ejecutivo en su 87a. reunión del 12 de diciembre de 1990, un informe sobre la estrategia mundial de prevención y lucha contra el SIDA. Según este informe en el año 2.000 habrá entre 15 y 20 millones de adultos infectados por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y se calcula que "el total acumulativo de niños infectados llegará a 10 millones el año 2.000, al par que otros 10 millones de niños no infectados habrán quedado huérfanos por la pérdida de uno o de los dos progenitores a causa del SIDA". La estrategia mundial contra el SIDA se propone como objetivos inmediatos prevenir su infección, reducir su impacto personal y social y unificar los esfuerzos nacionales e internacionales contra la enfermedad. Entre las actividades prioritarias de la OMS para el logro de tales objetivos cabe mencionar las de "seguir preconizando la adopción de criterios de prevención y lucha, basados en sólidos principios de salud pública y habida cuenta de la necesidad de evitar toda discriminación", así como "explorar las posibilidades de mejorar el tratamiento clínico, la asistencia y el apoyo a las personas con VIH/SIDA en los establecimientos médicos o mediante servicios a domicilio de base comunitaria". A nivel nacional, el Ministerio de Salud ha seguido las recomendaciones provenientes de los organismos mundiales de lucha contra el SIDA. El decreto reglamentario No. 559 de 1991, se ocupa extensamente de la prevención, control y vigilancia de las enfermedades transmisibles, especialmente en lo relacionado con el VIH/SIDA. La política nacional de salud pública contra el VIH/SIDA se ha diseñado teniendo en cuenta las diferentes etapas de la enfermedad. Para evitar su contagio, se adelantan campañas preventivas con el objeto de informar sobre los riesgos y formas de contraer la enfermedad (etapa preventiva), así como del deber de auto-cuidado mediante la observancia de las normas, recomendaciones y precauciones destinadas a prevenir su infección. Las pruebas de diagnóstico permiten a cualquier individuo conocer si es seropositivo, es decir, si está infectado o no por el VIH. Los exámenes serológicos cuando son practicados a petición del interesado cuentan con el apoyo y asesoría médica y psicológica para el paciente y sus familiares, y se garantiza la confidencialidad sobre sus resultados (etapa de diagnóstico). La atención y el tratamiento de enfermos de SIDA o de infectados a-sintomáticos por el VIH involucra el conjunto de servicios médicos que se ofrecen a una persona para satisfacer las necesidades que su condición de salud requiera. Según el estado de la enfermedad, se prevé que la atención sea de carácter ambulatorio, hospitalario, domiciliario o comunitario, debiendo la familia participar activamente  en el tratamiento de la enfermedad y en el proceso de "bien morir" de personas en estado terminal (etapa de tratamiento). La estrategia nacional contra el SIDA busca contener la epidemia mediante la prevención y el control de la enfermedad e igualmente la protección del individuo, por medio de un tratamiento médico oportuno. La prevención constituye la medida más importante para el control de la enfermedad. Todas las instituciones y organizaciones, de carácter público o privado, están en el deber de impulsar las campañas de divulgación, educación y orientación para prevenir la infección del SIDA, y están obligadas a tomar las precauciones hospitalarias necesarias para evitar el contagio en el tratamiento de este tipo de enfermos. La emisión de mensajes para informar a la comunidad está a cargo del Ministerio de Comunicaciones. La educación sexual obligatoria - acorde con el respectivo nivel - impartida a estudiantes de primaria, secundaria y enseñanza superior es responsabilidad compartida del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio de Salud. Por su parte, éste último tiene el deber de expedir las normas sobre vigilancia y control epidemiológico, en desarrollo de las cuales se adelanta la prevención, el diagnóstico y el tratamiento del SIDA con la colaboración estrecha de organizaciones no gubernamentales. Los miembros de la comunidad no sólo deben velar por la conservación de su salud mediante el auto-cuidado, sino concurrir a la protección de terceras personas poniendo en práctica las medidas de protección. Al efecto establece el artículo 27 del Decreto 559 de 1991: "Considérase el uso del condón como una medida de carácter preventivo de la infección  por HIV. En consecuencia, las droguerías y supermercados o similares, así como los establecimientos que ofrezcan facilidades para la realización de prácticas sexuales, deberán garantizar a sus usuarios la disponibilidad de condones". La normatividad nacional regula en lo pertinente los mecanismos de diagnóstico de la infección por el VIH/SIDA y se inspira en el respeto por la persona y su autonomía para la realización del examen del SIDA. El consentimiento, libre de presiones y basado en la información apropiada, es indispensable para que la persona se someta a la prueba de detección de la enfermedad, en la seguridad de que contará, en caso de estar infectada, con el consejo médico y el apoyo psicológico necesarios. El diagnóstico de la infección debe realizarse en laboratorios oficiales o privados que cumplan con las normas y pruebas establecidas para el efecto. Los bancos de órganos y de sangre o semen deben realizar a sus donantes la prueba para detectar infección por VIH, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la ley (Decreto 559 de 1991, artículo 23). Las instituciones de salud asistenciales, consultorios y laboratorios deben acatar las recomendaciones que en materia de medidas universales de bioseguridad sean adoptadas por el Ministerio de Salud. Con acierto, la administración en uso de sus atribuciones reglamentarias, tuvo en cuenta  que, dado el carácter de enfermedad infecciosa, transmisible y mortal, el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida suscitan en la sociedad un problema de múltiples facetas, siendo necesario regular las conductas y acciones que las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas, deben observar para la prevención y control de este mal. El artículo 8o. del Decreto reglamentario 559 de 1991 ordena que ningún trabajador o institución de la salud se podrá negar a prestar la atención que requiera un infectado por el HIV o un enfermo de SIDA, so pena de incurrir en las sanciones establecidas por la ley. Por otra parte, el artículo 31 consagra la obligación pública y privada de prestar los servicios preventivo-asistenciales a la persona que lo requiera. Reza el artículo mencionado: "Las personas y entidades de carácter público y privado que presten servicios de salud, están obligadas a dar atención integral a las personas infectadas por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (HIV) y a los enfermos de SIDA, o con posibilidades de estarlo, de acuerdo con el nivel de complejidad que les corresponda, en condiciones de respeto por su dignidad, sin discriminarlas y con sujeción al presente Decreto y a las normas técnico-administrativas y de vigilancia epidemiológica expedidas por el Ministerio de Salud". El Estado, la sociedad y la familia, conjuntamente, participan en el cuidado de la salud de las personas a-sintomáticas infectadas y de los enfermos de SIDA. Con fundamento en el principio fundamental de solidaridad (CP art. 1) todos los integrantes de la comunidad deben unir esfuerzos para hacer más soportable el tratamiento del SIDA, evitando la discriminación del enfermo y teniendo conciencia de la amenaza que para la sociedad representaría su falta de apoyo y atención. Derechos y deberes de las personas infectadas del VIH o enfermas de SIDA 3. El infectado o enfermo de SIDA goza de iguales derechos que las demás personas. Sin embargo, debido al carácter de la enfermedad, las autoridades están en la obligación de darle a estas personas protección especial con miras a garantizar sus derechos humanos y su dignidad. En particular, el Estado debe evitar toda medida discriminatoria o de estigmatización contra estas personas en la provisión de servicios, en el empleo y en su libertad de locomoción. Los derechos a la igualdad, a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo, a la salud, entre otros, pueden ser objeto de vulneración o amenaza por parte de las autoridades o de los particulares, en muchos casos, como consecuencia exclusiva del temor que despierta el SIDA. Esta reacción negativa debe ser contrarrestada con una eficaz acción estatal tendiente a suscitar la comprensión y la solidaridad, evitando la expansión de la enfermedad. La Constitucion cuenta con mecanismos eficaces para proteger los derechos del enfermo de SIDA, entre ellos la acción de tutela contra particulares encargados del servicio público de la salud, cuando de su prestación dependen los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía (Decreto 2591 de 199, art. 42). El daño real y potencial que representa el SIDA para toda la comunidad impone a las personas infectadas o enfermas el cumplimiento irrestricto de los deberes constitucionales (CP art. 95). El parámetro de responsabilidad exigible a estas personas es mayor por la posibilidad de contagio a otros. La consideración hacia el otro y el imperativo ético y jurídico de no abusar de los propios derechos, obligan a los enfermos de SIDA a tomar las medidas necesarias (v.gr. no donar sangre, semen, órganos, tejidos y usar preservativos en las relaciones sexuales) para no poner en peligro o infectar a terceras personas con la enfermedad. El principio de reciprocidad debe primar en la conducta de las personas afectadas con el SIDA: teniendo derecho a exigir una especial protección del Estado, también deben actuar con máximo cuidado y diligencia en las situaciones que impliquen un riesgo para terceras personas. Orden público de la salud 4. El SIDA representa una amenaza actual y creciente contra la salud pública, dado su carácter de enfermedad mortal, transmisible y sin tratamiento curativo. Afortunadamente existe una respuesta normativa a este problema de relevancia constitucional. Las disposiciones legales que regulan la materia cubren las diferentes fases o etapas de desarrollo de la enfermedad y contienen medidas preventivas, de diagnóstico y tratamiento cuyo acatamiento y difusión corresponde a todas las instituciones médico-asistenciales, públicas o privadas. El orden público incorpora la salubridad, por lo que las autoridades deben tomar las medidas necesarias y suficientes para su conservación (CP art. 1). La epidemia del SIDA tiene potencialidad de afectar gravemente el orden público y por ello el aparato estatal debe reaccionar con eficacia ante la amenaza. No sólo el Presidente de la República en cumplimiento del mandato constitucional de conservar el orden público en todo el territorio nacional (CP art. 189-4), sino todas las instituciones médicas, centros educativos, medios de comunicación, están en el deber de intervenir para dar una respuesta unificada y vigorosa al grave problema del constante crecimiento de la enfermedad. La no adopción de las medidas oportunas y necesarias puede desencadenar una calamidad pública, con la consiguiente responsabilidad oficial por omisión. Recursos del Estado deben destinarse prioritariamente al sector de la salud y, en particular, a la lucha contra el SIDA. Por otra parte,  las autoridades, en ejercicio de las funciones de policía, están facultadas  para intervenir en la esfera privada con el objeto de prevenir o  controlar las causas de perturbación de la salubridad pública.  El Estado cuenta para el cumplimiento de esta misión con especiales medios de policía sanitaria (Código Nacional de Policía artículos 2, 11, 182 y artículo 35 del Decreto 522 de 1971). El carácter de orden público de las normas epidemiológicas obliga a los centros médicos  a prestar una atención integral a los infectados o enfermos del SIDA. La prevención no será eficaz si los hospitales públicos o privados se niegan a prestar los servicios preventivo-asistenciales a estas personas. El costo de la atención, aunque no es irrelevante para la asignación de recursos médicos escasos, no puede ser, en materia de lucha contra una enfermedad transmisible y mortal, el factor determinante para la prestación del servicio. Aunque la atención integral no es gratuita, su cobro debe subordinarse a su prestación. La negativa a practicar los exámenes, tratamientos o consultas, hasta tanto no se cancele su costo o se garantice jurídicamente su pago, es contraria al objetivo de orden público buscado de prevenir y controlar una epidemia. Estado Social de Derecho, dignidad humana, solidaridad y gasto público 5. El carácter social de nuestro Estado de Derecho no es una fórmula retórica o vacía. Por el contrario, la naturaleza social que identifica al ordenamiento jurídico tiene clara expresión en la prevalencia de los derechos fundamentales, en la superación de la crisis del Estado de Derecho como sinónimo de la legalidad abstracta y en la inmediata realización de urgentes tareas sociales, todo lo anterior en desarrollo de los principios de solidaridad y dignidad humana. La dignidad humana y la solidaridad son principios fundantes del Estado social de derecho. Las situaciones lesivas de la dignidad de la persona repugnan al orden constitucional por ser contrarias a la idea de justicia que lo inspira. La reducción de la persona a  mero objeto de una voluntad pública o particular (v.gr. esclavitud, servidumbre, destierro), los tratos crueles, inhumanos o degradantes (CP art. 12) o simplemente aquellos comportamientos que se muestran indiferentes ante la muerte misma (p. ej. el sicariato), son conductas que desconocen la dignidad humana y, en caso de vulneración o amenaza de derechos fundamentales, pueden ser pasibles de repulsa inmediata por vía de la acción de tutela, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes. Toda persona tiene el deber constitucional de obrar de conformidad con el principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas (CP art. 95-2). Las autoridades de la República, a su vez, tienen la función de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares (CP art. 2). La omisión de una acción humanitaria que podría evitar la vulneración de derechos fundamentales justifica la intervención judicial y compromete la responsabilidad de la persona renuente. El principio de solidaridad social no sólo se circunscribe a eventos de catástrofes, accidentes o emergencias, sino que es exigible también ante situaciones estructurales de injusticia social, en las cuales la acción del Estado depende de la contribución directa o indirecta de los asociados. La justicia social no es un valor o ideal de libre apreciación por parte de los jueces constitucionales. Las concepciones de la comunidad y lo comúnmente aceptado como correcto o incorrecto son ejes referenciales para el enjuiciamiento y la determinación de lo razonablemente exigible. El juez constitucional no debe ser ajeno a las nociones de lo justo e injusto que tiene la opinión pública, más aún cuando la interpretación constitucional se apoya en los valores y principios consagrados en la Carta Política, bien para reconocerlos ora para promover su realización. El Estado social de derecho mantiene el principio de legalidad, pero lo supera y complementa al señalar entre sus finalidades la de garantizar un orden político, económico y social justo (CP Preámbulo). La naturaleza social del Estado de derecho colombiano supone un papel activo de las autoridades y un compromiso permanente en la promoción de la justicia social. La defensa de los valores supremos del ordenamiento obliga al Estado a intervenir - dentro del marco constitucional - para proteger a las personas en su dignidad humana y exigir la solidaridad social cuando ella sea indispensable para garantizar derechos fundamentales como la vida y la salud. El principio de justicia distributiva según el cual en la asignación de los recursos económicos de una sociedad se deberá tender a privilegiar a los sectores desfavorecidos sirve de fundamento al régimen impositivo, a las reglas de elaboración presupuestal, a la jerarquización del gasto y a la fijación de prioridades en materia de prestación de los servicios públicos. El Estado Social de Derecho, los principios de dignidad humana y de solidaridad social, el fin esencial de promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, deberes y principios constitucionales y el derecho fundamental a la igualdad de oportunidades, guían la interpretación de la Constitucion económica e irradian todos los  ámbitos de su regulación - propiedad privada, libertad de empresa, explotación de recursos, producción, distribución, utilización y consumo de bienes y servicios, régimen impositivo, presupuestal y de gasto público. Las normas constitucionales en materia presupuestal recogen el principio de prioridad del gasto público social sobre cualquier otra asignación (CP art. 350), siendo su aplicación obligatoria en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales.  Con miras a dar solución a las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable (CP art. 366), el constituyente optó por jerarquizar las diferentes prioridades del gasto público y subordinó la constitucionalidad de las respectivas leyes presupuestales a la prevalencia del gasto público social. De otra parte, la Constitucion consagra como deber de toda persona la contribución al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado (CP art. 95-9). Correlativamente, el contribuyente adquiere el derecho a que los ingresos percibidos por el erario se apliquen de manera prioritaria, frente a cualquiera otra destinación, a la satisfacción de las necesidades básicas de la población, de modo que se evite que el déficit de recursos orientados, entre otros sectores a la salud, pueda alterar el orden público y exponerlo a situaciones de peligro para su vida y bienes. Derecho de igualdad y protección especial 6. El peticionario, enfermo de SIDA y sin recursos económicos, consideró vulnerado su derecho a la igualdad y a la protección especial del Estado por negarse el Hospital Universitario del Valle a prestarle, en forma gratuita, el servicio médico-asistencial  requerido. Para el juez de primera instancia "el derecho que el señor SERNA GOMEZ pretende que se le reconozca no encaja dentro de los lineamientos del Derecho Fundamental consagrado en el artículo 13 de la Carta Política". En su sentir, este artículo consagra la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos,  sin que se admita ninguna discriminación, pero tampoco ningún privilegio. La protección especial a las personas en circunstancias de debilidad manifiesta "quiere decir que ellas no están por fuera de la garantía consagrada en el artículo que se estudia, no obstante el Estado de indefensión en que se encuentran". La anterior interpretación fue rechazada por el Consejo de Estado, para el cual, dado que se encontraba comprometido el derecho a la vida del accionante, el Estado debía concederle protección especial. El tribunal de segunda instancia corrigió la errónea interpretación del artículo 13 de la Constitucion. La indiferenciación de las hipótesis contenidas en el artículo llevó al Tribunal Administrativo del Valle, en ejercicio de la jurisdicción constitucional, a ignorar la obligación estatal de promover la igualdad real y efectiva, particularmente mediante la protección especial a las personas colocadas en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13). El propio constituyente en los debates en torno al cambio de concepción de una igualdad formal a una igualdad sustantiva, acorde con la situación real de desigualdad especialmente en los campos económicos, físico y mental, expresó: "(...) El primer párrafo es el principio de la igualdad formal, o sea que la ley misma no pueda permitir que unas personas tengan más privilegios que otras, que es la igualdad ante la ley. Pero como en la práctica esa igualdad no se dá porque la gente nace coja o está inválida o está viejita o es un niño desprotegido, entonces viene el principio de solidaridad, por el cual el Estado está obligado a proteger a todas esas personas que están en circunstancias de debilidad frente a los demás, (...). Si realmente las bases del Estado, las normas y la actividad de las autoridades están dirigidas a que nadie pueda ser discriminado, a que todo el mundo esté en pie de igualdad, pues ya estamos hablando de ese piso. Pero lo otro es que hay gente que de ninguna manera puede competir dentro de esas reglas igualitarias, entonces es ahí donde el Estado está obligado a intervenir, esa es la idea (...)"1 . Algunos sectores de la población colombiana que no son autosuficientes y no tienen acceso a la información sobre los peligros que el SIDA representa, están expuestos a su contagio y requieren por ello de apoyo y protección. El efecto pernicioso de la enfermedad recae predominantemente en sectores desfavorecidos y marginales de la población, golpeando desproporcionadamente a los grupos de bajos ingresos. El indigente que demuestra su condición de debilidad manifiesta (CP art. 13-3), y solicita la solución de la necesidad básica insatisfecha de la salud, hace operante el principio de prioridad del gasto público social que, en virtud de la prevalencia de los derechos fundamentales sobre la parte orgánica de la Constitucion, genera una obligación para la autoridad competente y, correlativamente, un derecho público subjetivo para el solicitante. El servicio público de la salud como recurso escaso 7. La realidad socio-económica del país, el bajo cubrimiento del servicio de salud, el déficit del sector, la demora en las transferencias de las partidas presupuestales hacia las regiones, son algunos de los problemas que impiden la prestación eficiente de este servicio público, convirtiéndolo en la práctica en un verdadero "recurso escaso". La aspiración del pueblo colombiano de alcanzar un orden político, económico y social justo (CP, Preámbulo) y los principios de universalidad, eficiencia y solidaridad en la prestación del servicio de salud (CP art. 49), constituyen el marco axiológico-normativo que debe guiar la distribución del recurso escaso de la salud. La disyuntiva de atender prioritariamente a una persona respecto de otra involucra un juicio ético para la administración y para el médico. En su decisión, sin embargo, debe tenerse en cuenta prioritariamente a las minorías y a los sectores tradicionalmente discriminados o marginados de los beneficios de la sociedad. La prestación gratuita del servicio de salud constituye un privilegio que puede estar justificado constitucionalmente dependiendo de la finalidad o de los objetivos buscados. Esta circunstancia se presenta, entre otros casos, cuando para evitar un riesgo mayor - como sería la presencia de un evento epidemiológico -, es indispensable destinar recursos sin posibilidad de una contraprestación. La atención integral y gratuita hace parte de la protección especial a cargo del Estado (CP art. 13-3), cuando la ausencia de medios económicos le impide a la persona aminorar el sufrimiento, la discriminación y el riesgo social que le implica sufrir una enfermedad terminal, transmisible, incurable y mortal. El derecho fundamental a la igualdad, en su modalidad de protección especial a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta, es un derecho de aplicación inmediata (CP art. 85). El SIDA, como enfermedad mortal, atenta contra la vida misma. La prestación del servicio de salud al enfermo de SIDA es un imperativo que surge de la naturaleza solidaria y respetuosa de la dignidad humana que proclama y busca hacer efectivo nuestro régimen jurídico. Vulneración de los derechos fundamentales y confirmación del fallo revisado 8. En el caso sub-examine, el señor DIEGO SERNA GOMEZ  ha demostrado padecer de SIDA y haber recurrido, sin éxito por causa de su precaria condición económica y la de su familia inmediata, a los servicios médico-asistenciales del Estado. La negativa del Hospital Universitario del Valle de prestarle la asistencia integral exigida por la ley configura una vulneración de la protección especial garantizada igualmente por la Constitucion a personas colocadas en circunstancias de debilidad manifiesta. De no corregirse esta situación, ello redundaría no sólo en una clara discriminación en contra del solicitante, sino además en el aumento del riesgo social que implica no prevenir y controlar la propagación de su enfermedad. Por los anteriores motivos, esta Corte procederá a confirmar la decisión aquí revisada. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 17 de marzo de 1992, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al Tribunal Contencioso Administrativo del Valle, Sección Primera, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y dos ). 1 MARIA TERESA GARCES LLOREDA, Comisión Codificadora, 31 de mayo de 1991 pág. 65. Citada por Cepeda Manuel José en los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Ed. Temis, Bogotá, 1992.

T-506-92 Sentencia No Sentencia No. T-506/92 DERECHOS FUNDAMENTALES-Aplicación Los derechos que son fundamentales por aplicación directa e inmediata son todos aquellos derechos de libertad e igualdad formal y, además, ciertos derechos de igualdad material que se relacionan con la vida y la dignidad humana. Su carácter de derechos de aplicación directa se deriva de su naturaleza general válida en todos los casos. Los derechos fundamentales que son aplicables de manera indirecta son aquellos derechos económicos sociales o culturales, que se encuentran en una estrecha relación de conexidad con los derechos fundamentales de aplicación directa Este tipo de aplicación es resultado de la necesidad de establecer una ponderación de las circunstancias de cada caso concreto y ello, a su vez, se deriva de su naturaleza de derechos que suponen un tratamiento desigual con el fin de lograr cierta  igualdad material. DERECHO A LA PROPIEDAD-Fundamental/DERECHOS FUNDAMENTALES/ACCION DE TUTELA La posibilidad de considerar el derecho a la propiedad como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter  no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad y a la igualdad,  la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dentro de este marco general, el reconocimiento  de la propiedad, entendido como un derecho fundamental se presenta siempre que sea ejercido dentro de los límites que imponen las leyes y el orden social. No puede alegarse la violación de un derecho, en este caso la propiedad, cuando existe duda sobre la adquisición o la licitud del objeto que se busca amparar. PODER DE POLICIA/POLICIA ADMINISTRATIVA/POLICIA JUDICIAL Este carácter fundamentalmente preventivo de la policía administrativa la distingue de la policía judicial encargada fundamentalmente de reprimir  los atentados contra el orden público una vez que ellos hayan ocurrido. La distinción entre ambas policías es importante no sólo por el principio de separación entre autoridades administrativas y judiciales propiamente dichas sino porque en la práctica numerosas acciones de policía son mixtas y su calificación se funda algunas veces en la finalidad de la acción más que en su contenido. Ref: Expediente T 2471 PETICIONARIO: Víctor Narváez Paredes. PROCEDENCIA: Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán. MAGISTRADO PONENTE: Dr. CIRO ANGARITA BARON. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela promovido mediante apoderado judicial por el Señor Hermisul José Vásquez Cuellar contra la SIJIN Grupo Automotores, Seccional Popayán, resuelto desfavorablemente en primera y única instancia por el  Juzgado Penal de Circuito de dicha ciudad. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591, la Sala de Selección número 3 de la Corte Constitucional seleccionó, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Al suscrito Magistrado le correspondió por reparto el presente negocio, cuyo expediente se recibió formalmente el dieciocho (18) de Mayo del año en curso. Puesto que se han agotado todos los trámites constitucionales y legales, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la  Sala Primera de Revisión de la Corte procede a dictar la sentencia correspondiente. A. La acción. El  día de 24 de Marzo del año en curso, el apoderado del señor Vásquez Cuellar impetró por medio de apoderado acción de tutela ante el  Juez Penal del Circuito (reparto), correspondiendo su tramitación  al Juez Primero Penal del Circuito de Popayán. 1. Hechos. El  28 de Octubre de 1991 agentes adscritos al grupo de automotores de la SIJIN del Cauca, inmovilizaron un vehículo marca Nissan, modelo 1977, color Marfil,  Placas PYK 558, por encontrar que se habían adulterado sus sistemas de identificación (número de motor y chasis en lugar distinto al acostumbrado por la fabrica) en forma arbitraria y sin la autorización que para estos casos expide la respectiva oficina de tránsito. ( fl 17). El 17 de Febrero del año en curso, el accionante compró a un deudor suyo el automotor de la referencia, a sabiendas de que se hallaba inmovilizado, pero ignorando las razones concretas de la medida. No hizo indagaciones por cuanto el Instituto de Tránsito del Cauca había expedido el 21 de junio de 1991 una tarjeta provisional que amparaba al automotor con vigencia de un mes, mientras hacia las averiguaciones del caso en tratándose de un vehículo de más de 14 años de fabricación. El peticionario afirma que la actuación de la SIJIN rebasa las funciones que le corresponden como autoridad de policía, por cuanto la decisión de retención sólo podía partir de una autoridad judicial, carácter este que no tiene la institución demandada. Además con dicha actuación quedó vulnerado el derecho de propiedad que le asiste, ya que más que una retención se presentó una confiscación de su bien. 2. Solicitud. El accionante solicita que la SIJIN ponga a disposición del despacho el automóvil objeto de inmovilización y le sea reconocido y protegido su derecho fundamental a la propiedad. 3. Pruebas. a. Tarjeta de propiedad provisional del vehículo. b. Copia de los recibos de impuestos por exportación. c. Certificado de empadronamiento. d. Informe sobre estudio técnico realizado por el grupo de Automotores de la SIJIN. e. Inventario del vehículo. f. Informe acerca del vehículo inmovilizado. g. Informe del Instituto Nacional de Tránsito sobre las razones de la orden de retención. 4. Decisión de primera y única instancia. El Juzgado Primero Penal del Circuito de Popayán, decidió negar la tutela con base en las razones siguientes: 1. A pesar de no ser claro el peticionario en cuanto al derecho objeto de protección, se ha de entender que es la propiedad, el cual no está consagrado como fundamental en la Constitución. Los únicos derechos susceptibles de ser tutelados son los contenidos en el título II, capítulo 2, de la  Carta política. 2. Por otra, el artículo 3o. del Decreto 306 de 1992 establece que un derecho fundamental no se entenderá amenazado por el sólo hecho de que se abra o adelante una investigación. Por cuanto la sentencia no fue apelada, el juzgado correspondiente envió el expediente e esta  Corporación para que proceda a su eventual revisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar la revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241 numeral 9o. de la Constitución Política y 31,32, 33 del Decreto 2591 de 1991. Además es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o., el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte. Esta Sala considera que las circunstancias especiales del caso exigen dilucidar si la propiedad es un derecho fundamental (A) y sus eventuales limitaciones por la autoridad policiva  (B). Algunas consideraciones acerca de los hechos (C) habrán de preceder la decisión. A. EL DERECHO DE PROPIEDAD El derecho de propiedad admite dos tipos de análisis: el primero de ellos tiene que ver con la constatación fáctica de su importancia  social y el segundo con la determinación de su carácter jurídico de derecho fundamental. El primero es un análisis descriptivo, el segundo es un postulado político jurídico de orden constitucional. En cuanto al análisis descriptivo es importante señalar lo siguiente: los principios y valores constitucionales no pueden ser totalmente comprendidos por fuera de la interpretación que hace de la propiedad un supuesto del sistema jurídico-político. La idea de dignidad humana, de trabajo, de solidaridad, de participación política, adquieren sentido  cuando se relacionan con aquello que Madison  llamaba la manzana de la discordia de la sociedad: la propiedad. La propiedad es no sólo determinante en la interpretación del derecho, sino que establece la diferencia entre una sociedad y otra, o entre los distintos sistemas jurídicos. " No es la propiedad, según esto, una institución puramente económica: está en el fondo de los agudos problemas humanos, por eso se afirma con razón, que todas las inquietudes sociales que agitan hoy al mundo descansan sobre dos cuestiones fundamentales, a saber: la propiedad y el trabajo; y si no se regulan con prudencia y con justicia, todo se conmueve y perturba, la política, el derecho, la moral"1 En cuanto al postulado jurídico acerca del carácter de fundamental, valen las siguientes consideraciones: La  protección de los derechos humanos ahora y siempre ha tenido como fundamento la vieja idea según  la cual los hombres son libres e iguales. Estos postulados fueron definidos de manera explícita en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1789. La consagración de estos derechos se extendió rápidamente por todo el mundo y durante algo más de un siglo fue el único parámetro para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, las revoluciones sociales de principios de siglo pusieron en evidencia la imposibilidad de lograr el pleno respeto de los derechos humanos sin el supuesto de cierta realidad en materia de derechos económicos y sociales. Fue la insuficiencia de los  derechos de libertad e igualdad formal  como mecanismos para lograr la efectiva libertad e igualdad  entre los hombres, lo que hizo necesaria la introducción de los derechos económicos y sociales. De manera general, puede afirmarse que los derechos de libertad e igualdad formal, o de primera generación, responden a un propósito liberal de no discriminación, mientras que los derechos económicos sociales y culturales, o de segunda generación, responden a propósitos sociales de diferenciación. Los primeros igualan a los hombres en aquello que es necesario y los segundos los diferencian en aquello que es indispensable para la protección de los derechos de libertad igualdad y demás conexos. La diferencia de origen de estos dos tipos de derechos determina, de cierta manera, la distinta aplicación y efectividad de cada uno de ellos. De acuerdo con esto,  por lo menos dos elementos de distinción pueden  ser definidos. 1. Entre los derechos de  libertad e igualdad formal y los derechos económicos, sociales y culturales, existe una relación de incidencia recíproca, de tal manera que el disfrute de los unos no es posible sin la garantía del ejercicio de los otros y viceversa. De aquí se deriva la idea, respaldada en las declaraciones de derechos humanos, según la cual no puede plantearse una diferencia entre ambos tipos de derecho desde el punto de vista de su importancia. Esta es la razón por la cual la diferencia entre derechos de libertad e igualdad formal y los derechos económicos sociales y culturales ha perdido importancia en beneficio de la clasificación entre derechos fundamentales de aplicación directa  y derechos fundamentales de aplicación indirecta o por conexidad. 2.  Los derechos que son fundamentales por aplicación directa e inmediata son todos aquellos derechos de libertad e igualdad formal y, además, ciertos derechos de igualdad material que se relacionan con la vida y la dignidad humana. Su carácter de derechos de aplicación directa se deriva de su naturaleza general válida en todos los casos. Los derechos fundamentales que son aplicables de manera indirecta son aquellos derechos económicos sociales o culturales, que se encuentran en una estrecha relación de conexidad con los derechos fundamentales de aplicación directa Este tipo de aplicación es resultado de la necesidad de establecer una ponderación de las circunstancias de cada caso concreto y ello, a su vez, se deriva de su naturaleza de derechos que suponen un tratamiento desigual con el fin de lograr cierta  igualdad material. La propiedad es un derecho económico y social a la vez. En consecuencia, la posibilidad de considerarlo como derecho fundamental depende de las circunstancias específicas  de su ejercicio. De aquí se concluye que tal carácter  no puede ser definido en abstracto, sino en cada caso concreto. Sin embargo, esto no significa que tal definición pueda hacerse de manera arbitraria. A la hora de definir el carácter de derecho fundamental de la propiedad en un caso concreto, el juez de tutela debe tener como criterio de referencia a la Constitución misma y no simplemente al conjunto de normas inferiores que definen sus condiciones de validez. Esto significa que, en su interpretación, el juez de tutela debe mirar el caso concreto  bajo la óptica de los principios, valores y derechos constitucionales, de tal manera que ellos sean respetados. Sólo en el evento en que ocurra una violación del derecho a la propiedad que conlleve para su titular un desconocimiento evidente de los principios y valores constitucionales que consagran el derecho a la vida a la dignidad y a la igualdad,  la propiedad adquiere naturaleza de derecho fundamental y, en consecuencia, procede la acción de tutela. Dicho en otros términos, la propiedad debe ser considerada como un derecho fundamental, siempre que ella se encuentre vinculada de tal manera al mantenimiento de unas condiciones materiales de existencia, que su desconocimiento afecte el derecho a la igualdad  y a llevar una vida digna. B. El poder de policía y la propiedad. El  inciso 2 del artículo 2o de la Constitución Nacional establece que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes y creencias. Los organismos de policía dentro de nuestro ordenamiento constitucional y legal cumplen funciones de protección de los derechos y garantías individuales. El artículo 218 de la Constitución establece: " La policía nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a cargo de la Nación cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz" Dentro de este marco general, el reconocimiento  de la propiedad, entendido como un derecho fundamental se presenta siempre que sea ejercido dentro de los límites que imponen las leyes y el orden social. Cuando tiene lugar una violación de las normas jurídicas, en cualquiera de sus ordenes -civil, penal, laboral, etc-, que vulneren derechos legítimos y adquiridos, se hace necesario la intervención  del Estado a través de sus jueces y de la policía, todos ellos encargados de mantener las condiciones necesarias para el ejercicio y disfrute de esos derechos, por expreso mandato constitucional. No puede alegarse la violación de un derecho, en este caso la propiedad, cuando existe duda sobre la adquisición o la licitud del objeto que se busca amparar. Dentro de nuestro sistema existe la policía administrativa y la policía técnico judicial; está última no hace parte de los funcionarios que constitucionalmente están encargados de administrar justicia (Artículo 116 C.N). Por esta razón, sólo excepcionalmente, en virtud de su carácter de auxiliares de la rama jurisdiccional, la policía técnico judicial, puede desarrollar actividades propias de un funcionario judicial. La policía administrativa, se ha definido como " el poder o facultad  que tienen las autoridades públicas para fijar las limitaciones a la actividad de los gobernados, con el fin  de mantener el orden público" 2 La diferencia sustancial entre la policía administrativa y la judicial está en que la primera, tiene una función preventiva, ya que busca evitar el desorden o que éste se agrave, la judicial, como colaboradores de la jurisdicción penal tienen por objeto comprobar la comisión de delitos, identificar autores y reunir las pruebas necesarias para que aquella jurisdicción actúe.3 La distinción entre ambas policías que la doctrina hace es importante, como ya lo ha señalado esta Corte: " Este carácter fundamentalmente preventivo de la policía administrativa la distingue de la policía judicial encargada fundamentalmente de reprimir  los atentados contra el orden público una vez que ellos hayan ocurrido. La distinción entre ambas policías es importante no sólo por el principio de separación entre autoridades administrativas y judiciales propiamente dichas sino porque en la práctica numerosas acciones de policía son mixtas y su calificación se funda algunas veces en la finalidad de la acción más que en su contenido. Sin querer ignorar esta compleja naturaleza, es lo cierto también que el poder de policía, en sus diversas manifestaciones tiene límites claros que se derivan de su objeto específico de mantener el orden público. Es así como de la misma manera que no puede pretenderse la ejecución de un contrato mediante una medida policiva, tampoco puede hoy imponerse limitación alguna a la libertad económica sin autorización de la ley, en virtud de lo dispuesto por el artículo 333 de la Carta vigente."4 No podrá alegarse violación ni ilegalidad de la actuación de los organismos de policía  cuando actuan dentro de los parámetros de la ley para mantener y asegurar el orden público, así, como el respeto y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos. C. El caso. El primer aspecto que surge en relación con el caso sublite, es el de la propiedad del vehículo. El peticionario pretende demostrar su condición de propietario con un contrato de compraventa  realizado con el Señor Marco Tulio Daza el 17 de Febrero del año en curso, quien no figura como propietario del vehículo en la tarjeta de propiedad. Según el  Código Civil, los bienes muebles se adquieren por el acuerdo de las partes entre la cosa objeto de negociación y su precio, vale decir, es  un contrato consensual ( Artículo 1857 y 1550 C.C). En virtud  de la expedición del Código de Comercio se modificó la tradición de automotores, por cuanto el artículo 922 en su parágrafo estableció: " TRADICION DE INMUEBLES Y AUTOMOTORES. Artículo 922: La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa. PAR.  - De la misma manera se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades." Por cuanto respecta a los automotores terrestres, la ley no ha designado la oficina correspondiente para llevar a cabo el registro de tradición. A partir  de la vigencia del Código se han hecho varios intentos para crearla, pero las distintas normas expedidas para tal fin han sido derogadas luego expresamente por otras. Ante esta situación, la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Dr. Germán Giraldo Zuluaga, se ha referido a la prueba del dominio de un automotor para poner de presente que: " No habiéndose acreditado que al comprador se le hizo tradición de la cosa comprada, aunque se hubiera a portado el título de compraventa, el demandante no ha probado su derecho de dominio sobre el automotor litigado, pues por el mero contrato, sólo adquirió  derechos personales exigibles del vendedor, pero no el derecho real de dominio sobre el objeto comprado, el cual sólo nace para el adquirente cuando el título (la compraventa), se completa con la tradición, que es el modo de adquirir en ese caso. El dominio de un automotor comprado, no se prueba, pues, aduciendo la copia del respectivo contrato de compraventa, sino, que es menester demostrar, además el modo de la tradición, lo que aquí no se hizo." 5 Actualmente el artículo 88 del Decreto 1809 establece un registro terrestre automotor en el cual se llevan  los datos necesarios para determinar la propiedad, características y situación jurídica de los vehículos automotores terrestres. Pero existe duda si éste cumple funciones de registro para los efectos del artículo 922 del C. de Co., por las razones que expresara el Dr. Jorge Salcedo Segura en el salvamento de voto a la sentencia referida, a saber: " El registro de automotores terrestres que lleva el Instituto Nacional  Transporte, se refiere únicamente a los efectos que la inscripción produce ante la autoridades de tránsito, para efectos del debido cobro de impuestos de rodamiento, multas, imposición de sanciones por violación de los reglamentos de tránsito y como un principio de prueba sobre quien es el guardián jurídico del vehículo cuando quiera que con el mismo se causen daños a personas y para servir como guía a las autoridades civiles o penales para orientar la investigación, encaminada a establecer responsabilidades. El registro finalmente permite otorgar matricula o licencia de tránsito, documento que en modo alguno es prueba de propiedad." Consta en el expediente que el vehículo fue retenido por la SIJIN porque el Instituto de Tránsito del Cauca tuvo: "... dudas sobre los números de identificación del vehículo ya que la morfología de estos no coincide con los de la marca Nissan Patrol, razón por la cual en una rutina de los agentes de la SIJIN, Grupo Automotores, de policía Nacional, se le pidió averiguar su autenticidad" ( fl 21). Los sistemas a los que hace relación el Instituto, son  el motor y chasis los cuales se identifican con números y letras originales de la casa fabricante colocados en le mismo sitio para diferenciarlos de otras marcas o modelos. Después de realizado el correspondiente experticio técnico se pudo constatar lo siguiente: " 3. Resultados del estudio: Al practicar  la exploración de sistemas de identificación el número de motor, chasis  son regrabados en su totalidad, no corresponden a la ubicación, tipo, dibujo y morfología a (sic) los originales de fábrica, acostumbrados por la casa fabricante. 4. Conclusiones: Vistos los puntos anteriores el automotor materia de estudio queda sin  IDENTIFICACION TECNICA, por presentar adulteración en sus sistemas, que fueron borrados en forma arbitraria para regrabar en otro sitio no acostumbra (sic) los números que posee en la actualidad" (fl 15) Informe ratificado en su totalidad por el perito nombrado por el juzgado que conoció de la tutela quien concluye que: " Tanto el chasis como el motor, han sido regrabados totalmente, por lo tanto este vehículo queda sin identificación". ( fl 35) Las normas son muy claras cuando prohiben expresamente cualquier cambio de los sistemas de identificación, excepto, cuando la autoridad respectiva otorga el permiso correspondiente, actuaciones todas estas que deben aparecer consignadas en el correspondiente registro automotor. El Jefe de la SIJIN informó al juez que conoció de la tutela que: " No aparece registro alguno en la radicación de documentos ante el tránsito que indique el motivo por el cual se efectuó o registro la matricula inicial con estos sistemas, en este caso existe la modalidad delictiva del gemelo que consiste en amparar o registrar  ante las autoridades de tránsito, un automotor de ilegal procedencia utilizando documentos de vehículos legalmente matriculados y para cumplir este propósito, borran los números originales en forma arbitraria y regrabando los guarismos que identifican el vehículo original de fábrica, con este procedimiento obtienen legalmente la matricula (placas), tarjeta de propiedad, seguro, revisado y demás documentos o trámites ante autoridades de tránsito..." (fl 18) Si bien el peticionario puede ser el propietario del vehículo inmovilizado, también es cierto que existen serios indicios por parte de las autoridades acerca de su procedencia. Él mismo afirmó conocer la retención del vehículo sin hacer nada por indagar las verdaderas causas de la retención. Vale decir, incumplió el deber de cuidado y diligencia mínima que debe tener toda persona en el momento de efectuar  transacciones de esta naturaleza. Así, como se reconocen derechos por parte de la Constitución y la ley a las personas, también  tienen obligaciones y cargas que cumplir. En casos, como éste, deben actuar con la diligencia y cuidado posibles para que sus derechos e intereses no resulten vulnerados. Por otra parte, este Despacho tuvo conocimiento que el vehículo objeto de esta tutela se encuentra a disposición del Juzgado Primero Civil Municipal de Popayán, el cual mediante despacho comisorio No 211, ordenó a la Inspección Segunda Superior de Popayán llevar a cabo su embargo y secuestro  en un proceso ejecutivo seguido contra el peticionario por el Señor Libardo Payán Bravo, diligencia esta que se cumplió el 12 de julio del año en curso. III. DECISION En mérito de lo expuesto la Sala Primera de Revisión  de la Corte Constitucional. RESUELVE PRIMERO: Por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de fecha tres (3) de abril del año en curso. SEGUNDO: ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Juzgado Penal del Circuito de Popayán, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Sentencia aprobada mediante acta de la Sala de Revisión No 1, a los veintiun (21) días del mes de Agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 TIRADO MEJIA, Alvaro, op cit, p 143. Informe de comisión que estudio para segundo debate el proyecto reformatorio de la Constitución  " sobre la propiedad, la explotación y el cultivo de la tierra", presentado a consideración de la Cámara el 25 de Julio de 1931 por el representante  Jorge Eliécer Gaitán. 2 RODRIGUEZ, Libardo, " Derecho administrativo General y Colombiano", Editorial Temis, Quinta Edición.1989. pp 376-377. 3 RODRIGUEZ, Libardo, op cit, pp 377. 4 Sentencia No 425. Sala Séptima de Revisión. pp  11.12. 5  Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, Julio 21 de 1983.

T-507-92 Sentencia No Sentencia No. T-507/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PROCESO ELECTORAL/ACCION DE RECLAMACION Para la corrección de las anormalidades mencionadas por los peticionarios, el Código electoral ha puesto a disposición no solo de los testigos electorales, sino de los candidatos inscritos y de sus apoderados, como en el evento que se examina, la llamada Acción de Reclamación que debe ser interpuesta ante la comisión escrutadora correspondiente, en el mismo momento de la elección. Cuentan con la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante la Acción Electoral, con el fin de solicitar la nulidad de la elección y no de las actas de escrutinio, que por ser actos intermedios no pueden ser demandados en forma independiente, sino junto con el acto a través del cual se declara la elección. REF.: EXPEDIENTE No. T-2516 Acción de tutela instaurada por REMBERTO ZUÑIGA, ADOLFO RIASCOS URBANO, MARIA CONSUELO SANCHEZ RUIZ. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según Acta No. 6 Santafé de Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  ANTECEDENTES. Los señores REMBERTO ZUÑIGA, ADOLFO RIASCOS URBANO y MARIA CONSUELO SANCHEZ RUIZ, mediante apoderado judicial, han acudido a este mecanismo de protección con el fin de lograr el restablecimiento del derecho a la participación política (artículo 40 de la nueva Carta Fundamental), y señalan como autor de su transgresión a algunos empleados de la Registraduría Nacional del Estado Civil. A propósito, expresan los petentes a través de su representante, que sus nombres fueron inscritos en los pasados comicios electorales celebrados el 8 de marzo del año que transcurre, con el fin de ser elegidos como miembros del Concejo Municipal de Buenaventura (Valle), pero debido a que los señores MARCO POLO PALMA y FABIO DURAN, en su calidad de Registradores Locales del Estado Civil, omitieron contabilizar un número de sufragios en su favor, no lograron participación alguna en la citada corporación a pesar de que los datos de los resultados parciales les aseguraba una curul, irregularidad que también se presentó con el registro de los votos en blanco, pues en el boletín definitivo aparece un número inferior al arrojado en los cómputos iniciales. De otra parte, alegan, que las actas de votación "casi en 90% han sido adulteradas o borronadas (sic)....". II.  TRAMITE EN PRIMERA INSTANCIA. Por reparto correspondió al Juez Segundo Penal del Circuito radicado en Buenaventura el conocimiento de la presente acción, quien en única instancia y dentro del término legal, decidió denegar la tutela en consideración a que "los interesados pueden solicitar a la autoridad judicial competente (Tribunal Administrativo, Concejo Electoral) que se disponga el restablecimiento o protección del derecho". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE. De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241-9 de la Constitucion Nacional y los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, procede la Corte, previa selección del caso por la Sala correspondiente, a revisar el fallo proferido con ocasión de la solicitud de amparo de la referencia. La intención del Constituyente al crear la llamada acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de nuestra Carta Magna y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 306 de 1992, fue poner a disposición de toda persona un instrumento de fácil acceso mediante el cual se lograra el respeto a sus derechos fundamentales, frente a los abusos de las autoridades públicas y de los particulares en los casos expresamente señalados por la ley, a través de un procedimiento rápido (si se tiene en cuenta, por ejemplo, que el juez dispone de un término de 10 días a partir de la presentación de la solicitud, para decidir), exento de formalidades, ya que puede interponerse directamente por el afectado sin necesidad de procurador judicial, verbalmente o por escrito, y sin que se pretendiera, por lo tanto, suplantar los medios existentes en nuestro ordenamiento jurídico y mucho menos propiciar la inactividad de las partes al no acudir a dichas vías para lograr su protección. Dado que los accionantes cuestionan los resultados arrojados en los comicios electorales llevados a cabo el pasado 8 de marzo en la ciudad de Buenaventura para conformar el Concejo Municipal, al parecer, por contener las actas de escrutinio anomalías consistentes en tachones, enmendaduras, entre otros, la acción interpuesta no es el instrumento idóneo al que han debido acudir para el éxito de sus pretensiones. En efecto, el Decreto 2591 de 1991, al instituir las causales de improcedencia de la acción de tutela, señaló en el artículo 6-1, la existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales, norma que aplicó al juez de primera y única instancia para rechazar la petición incoada en el caso sub-examine, decisión que comparte la Sala. Ahora bien, para la corrección de las anormalidades mencionadas por los peticionarios, el Código electoral ha puesto a disposición no solo de los testigos electorales, sino de los candidatos inscritos y de sus apoderados, como en el evento que se examina, la llamada Acción de Reclamación que debe ser interpuesta ante la comisión escrutadora correspondiente, en el mismo momento de la elección y que se encuentra reglada en el artículo 193 en el que se establece que las reclamaciones "....podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que realizan los Delegados del Consejo Nacional Electoral.  Contra las resoluciones que resuelvan las reclamaciones presentadas por primera vez ante los Delegados del Consejo Nacional Electoral, procederá el recurso de apelación en el efecto suspensivo ante dicho Consejo....", vía a la que no acudieron los petentes, según se desprende de las pruebas que obran en el proceso. No obstante lo anterior, los señores Remberto Zúñiga, Adolfo Riascos Urbano y María Consuelo Sánchez Ruíz, cuentan con la posibilidad de acudir a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante la Acción Electoral, con el fin de solicitar la nulidad de la elección y no de las actas de escrutinio, que por ser actos intermedios no pueden ser demandados en forma independiente, sino junto con el acto a través del cual se declara la elección (artículo 229 de C.C.A.), lo que ha sido reiterado en diferentes pronunciamientos emanados del Consejo de Estado, dentro de los cuales vale citar el auto de fecha 21 de mayo de 1986, proferido por la Sala Contenciosa Laboral,  "....j. Es, pues el acto final y no uno previo o intermedio, el que debe impugnarse y de ahí que no pueda impetrarse la nulidad de tales actos administrativos electorales, en forma autónoma, sino impugnado directamente la nulidad de la declaratoria de elección, aunque los vicios de nulidad se prediquen de tales actos previos o de trámite electoral....". En consecuencia, dado que se trata de un acto complejo y atendidas las circunstancias concretas, consideradas las cuales, la acción de tutela no es el instrumento idóneo, lo pertinente ante lo contencioso administrativo, es solicitar la nulidad del acta de escrutinio junto con el acto que declaró la elección. En mérito de las consideraciones precedentes, la Sala de Revisión número 7 de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucion, R E S U E L V E : PRIMERO.-       CONFIRMAR la sentencia de 3 de abril de 1992 proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Buenaventura, mediante la cual negó la acción de tutela presentada por REMBERTO ZUÑIGA, ADOLFO RIASCOS URBANO y MARIA CONSUELO SANCHEZ RUIZ. SEGUNDO.-       ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia, en los términos y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado CIRO ANGARITA BARON          EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-508-92 Sentencia No Sentencia  No. T-508/92 _ ACCION DE TUTELA La Acción de Tutela  está prevista como un mecanismo procesal complementario, específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación. ACCION POPULAR Las acciones populares, aunque estén previstas para la preservación y protección de determinados derechos e intereses colectivos, pueden abarcar otros derechos de similar  naturaleza, siempre que éstos sean definidos por la ley conforme a la Constitucion, y no contraríen la finalidad pública o colectiva y concreta a que quedan circunscritas estas acciones, por sustanciales razones de lógica y seguridad jurídica. Aunque se enderecen a la protección y amparo judicial de estos concretos intereses y derechos colectivos,  no pueden establecerse ni ejercerse para perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la  autoridad pública o del particular sobre ellos; para estos últimos fines el constituyente erigió el instituto de las acciones de grupo o de clase y conservó las acciones ordinarias o especializadas y consagró como complemento residual la Acción de Tutela. Por su finalidad pública se repite, las Acciones Populares no tienen un contenido subjetivo o individual, ni pecuniario y no pueden erigirse sobre la preexistencia de un daño que se quiera reparar, ni están condicionadas por ningún requisito sustancial de legitimación del actor distinto de su condición de  parte del pueblo. ACCION POPULAR DE GRUPO Las Acciones de Clase o de Grupo no hacen referencia exclusiva a los Derechos Constitucionales Fundamentales, ni sólo a los Derechos Colectivos, pues también comprenden a los Derechos Subjetivos de origen  constitucional o legal y necesariamente suponen la existencia, reclamo y demostración de un perjuicio o daño causado y cuya reparación se puede pedir ante el juez;  empero, exigen siempre que este daño sea de los que son causados en ciertos eventos a un número plural de personas que por sus condiciones y por su dimensión deben ser atendidas con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios. DERECHO AL ESPACIO PUBLICO/ACCION POPULAR DE GRUPO El derecho constitucional al Espacio Público, examinado en su dimensión autónoma es un derecho constitucional de carácter colectivo, que cuenta para su protección también autónoma con la vía judicial de las acciones populares, con fines concretos. ACCION POPULAR/ACCION DE TUTELA-Improcedencia El carácter colectivo del Derecho y del Interés al Espacio Público, en principio excluye la procedencia de la Acción de Tutela por la específica razón de la existencia de otras vías judiciales de protección en los términos de las consideraciones que se señalan más arriba; empero, como se advierte en esta parte de la sentencia, de ser el atentado o la amenaza de violación a un derecho colectivo como el de gozar de un Medio Ambiente Sano o del Espacio Público, de tal naturaleza que en la específica situación se atente de modo directo y eficiente contra un Derecho Constitucional Fundamental, puede intentarse la Acción de Tutela y amparar uno y otro derechos simultáneamente. El ejercicio de las acciones populares es la vía judicial que en principio debe ser utilizada para obtener la protección al Derecho Constitucional al uso y disfrute del Espacio Público; la vía para obtener la protección judicial del Derecho Constitucional al Espacio Público urbano de que trata la petición  de la referencia,  no es la del ejercicio de la Acción de Tutela establecida en la citada norma constitucional, salvo que se invoque como violado y se demuestre la violación directa o la amenaza eficiente de violación de un Derecho Constitucional Fundamental. No toda ocupación del Espacio Público conduce a la violación o a la amenaza de violación de los Derechos Constitucionales como los que señala el peticionario, ni permite la interposición de la Acción de Tutela y, por el contrario, sobran razones de orden fáctico para reconocer que existe una relación compleja de derechos e intereses legítimos de orden constitucional que deben ser regulados conforme al ordenamiento jurídico, como son  el Derecho al Trabajo, la Libertad de Industria y la Seguridad Personal. ACCION DE TUTELA/DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración La relación que se exige entre la violación  o la amenaza de violación a un Derecho Constitucional Fundamental por el desconocimiento de un derecho colectivo u otro derecho de carácter ordinario debe ser de causalidad directa y eficiente, pues no basta que se estime la existencia de una relación remota entre la situación jurídica o de hecho entre una y otra violación o amenaza de violación para que proceda la Acción de Tutela. DERECHO DE PETICION-Vulneración El Alcalde Menor se limitó a ordenar la práctica de visitas de inspección para solicitar la exhibición de licencias de funcionamiento a los ocupantes de los andenes y no dió respuesta formal y efectiva a los escritos presentados por el peticionario, esta Corte considera que se incurrió por omisión en la violación al Derecho Constitucional de Petición. Sala de Revisión No. 5 Expediente No. T-2416 Acción de tutela presentada ante el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá contra la Alcaldía Menor de Engativá. Peticionario: JOSE JOAQUIN OROZCO NIETO Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., Agosto veintiocho (28) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de revisión en asuntos de tutela, compuesta por los señores Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Diaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá el veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  A N T E C E D E N T E S A.   La Petición 1.  El seis (6) de febrero de 1992 el ciudadano JOSE JOAQUIN OROZCO NIETO, presentó ante el Juez Cincuenta y Cuatro (54) Civil Municipal de Santafé de Bogotá, que se encontraba en funciones de  reparto, un escrito con varios anexos en el  que interpone la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitucion Política, contra el Alcalde Menor de Engativá o su superior jerárquico porque en su opinión se ha presentado omisión en la protección del Espacio Público en algunas zonas del Barrio Alamos Norte de Santafé  de Bogotá.  La petición fue repartida en debida forma al Juzgado Séptimo (7o.) Civil Municipal, donde se tramitó la actuación judicial correspondiente. 2.   Los hechos que señala el peticionario como causa de la citada acción se resumen como sigue: a. En su opinión se presentó violación al Derecho Constitucional al Espacio Público por la ocupación de las zonas verdes y andenes de las vías comprendidas entre las calles 72 a 75 de la carrera 96 de la ciudad, ya que propietarios de "servitecas" y talleres de mecánica y "reparadores de automotores" invaden dicho espacio al impedir el paso de transeuntes y al dificultar la salida de vehículos automotores de los garajes de las casas que les dan frente.  Estos hechos obligan a las personas naturales a poner en peligro su integridad física al transitar por vías especialmente diseñadas para vehículos automotores. b.      El peticionario demuestra que en varias oportunidades ha presentado quejas sobre dichos hechos y sobre la situación que se le presenta como habitante de aquella zona residencial; en este sentido señala que el Alcalde Menor de dicha zona no ha tomado las medidas correspondientes que en su opinión deben ser las que lleven al desalojo de los invasores de la zona pública peatonal. c. En su petición sostiene que algunos representantes de la Alcaldía han puesto su nombre en conocimiento de los invasores, lo cual ha generado actitudes agresivas, insultantes y amenazadoras en perjuicio de su patrimonio moral y económico y que en nada positivo se ha transformado su petición. 3.  En su opinión, se han violado los artículos 82 y 88 de la Constitucion Nacional ya que con los hechos descritos se ocupa el Espacio Público en los lugares señalados, y la autoridad pública encargada de desalojar a las personas causantes de la lesión no ha actuado de conformidad con sus deberes. 4.  Eleva su solicitud de tutela en atención a que "existen derechos violados a la comunidad, ya que se corre el riesgo que un peatón sea atropellado por un vehículo, por ser obligados a caminar por la calle." B.  La Sentencia que se revisa Corresponde a esta Sala la revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá, el veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992) en la que se atiende la solicitud de tutela de la referencia. a)  La Decisión Previas algunas diligencias probatorias y de sustanciación, el citado Despacho Judicial resolvió sobre la solicitud formulada y ordenó "Acceder a la tutela formulada ante este Despacho Judicial por el ciudadano José Joaquín Orozco Nieto y en consecuencia ampararlo en su pedimento." Además, el Juez del conocimiento ordenó lo siguiente: "... "Segundo.- Determinar que en el lapso de 48 horas siguientes a la notificación de esta parte resolutiva al Alcalde Zonal de Engativá D.C., esta autoridad proceda a despejar toda la vía correspondiente a la carrera 96 entre las calles 68 a 75 del Barrio Alamos Norte de este Distrito Capital, costado occidental, de los utensilio (sic), bienes, andamios y en general cualquier otro elemento que obstruya, obstaculice e invada la zona peatonal o el espacio público, incluyendo automotores. "Tercero.- Ordenar que el Alcalde Zonal de Engativá Distrito Capital, dicte las medidas conducentes, con el fin de preservar el espacio público y las vías peatonales de la carrera 96 entre las calles 68 a 75 del barrio Alamos Norte de esta Capital, costado occidental, contando, de ser preciso con el apoyo de autoridad necesaria para tal fin. "Cuarto.- Advertir al Alcalde Zonal de Engativá D.C., que lo anteriormente dispuesto, deberá acatarse sin demora, de conformidad con el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 e informar al Juzgado 7o. Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., el resultado de su intervención, dentro de las 48 horas siguientes a la práctica de las mismas. "Quinto.- Disponer que mediante telegrama se le informe al señor personero de la zona de Engativá D.C., acerca de la determinación tomada por este Juzgado, para que este funcionario supervigile el cumplimiento de la orden impartida y también disponga lo que es de su cargo para velar por la preservación del espacio público y evite las invasiones de los andenes y zonas verdes del lugar." "........" b)   Las Consideraciones de Mérito El Despacho Judicial fundamentó su decisión en las consideraciones que se resumen enseguida: 1. El Juzgado estima que la petición se dirige contra personas particulares que violan el Derecho Constitucional a la Libertad de Locomoción consagrado en el artículo 24 de la Carta Fundamental.  En su opinión, esta disposición constitucional es la  "garantía de libertad para todo colombiano, de circular, ir o venir por todo el territorio  de la República, sin limitación alguna.  Este principio recoge las nociones básicas de libertad de movimiento ya consagradas en nuestra anterior Carta Política y que tiene un amplio despliegue normativo legal". 2.   En concepto de aquel Despacho "la libertad de locomoción "es fundamental" para todos los individuos en Colombia, pues toca además con la posibilidad de establecerse en un lugar determinado, es decir de elegir su residencia de desplazarse según su voluntad donde quiera.  La Carta Fundamental colombiana consagró expresamente esta libertad y no le impuso restricciones a su ejercicio, reconociendo a su manera la tutela consagrada en las leyes para la libertad de circular, para la libertad de locomoción que ya se había asignado a las autoridades de policía su correspondiente resguardo y reglamentado además el ejercicio". 3.   Los hechos descritos por el peticionario fueron comprobados por el Juez y sobre ellos concluye que el tránsito de peatones por la vía correspondiente se halla completamente obstaculizado,  empero, la autoridad administrativa a la que el ciudadano José Joaquín Orozco Nieto elevó la petición inicial de protección del Espacio Público se limitó a solicitar a los funcionarios de policía que verificaran si los invasores de aquél tenían o no licencia de funcionamiento de sus establecimientos.  En este sentido, señala la providencia que se revisa que: "La decisión tomada por la autoridad del lugar, Alcalde Zonal de Engativá, no se compagina con la realidad probatoria puesta en su conocimiento por el inspector por él designado, ni en nada aparece congruente con el pedimento formulado por un ciudadano que reclama para sí y para la comunidad la recuperación inmediata del espacio  público, de las vías peatonales, de los andenes y zonas verdes, que al ser invadidas y ocupadas frecuentemente, le burlan y le hacen inefectivo su derecho de locomoción constitucionalmente amparado;  luego la decisión administrativa debe contener los puntos sobre los cuales existe reclamo y no otros diversos, es más, podría  perfectamente hacer pronunciamiento tal autoridad respecto de las licencias de funcionamiento, pero siempre resolviéndole al peticionario o reclamante de las zonas peatonales lo pertinente, ya sea negando o accediendo." 4. El Despacho llegó al convencimiento de que la tutela debe prosperar puesto que el Alcalde debió pronunciarse en favor de la protección del Espacio Público, y porque aquel funcionario incumplió el deber legal de velar por su conservación y preservación y de proteger el Derecho Constitucional Fundamental a la Libre Locomoción. c)  La Impugnación Formulada -  Una vez ejecutoriada y en firme la providencia que se resume en el acápite anterior, el señor Juan José Senior Martínez, obrando en su calidad de Alcalde Menor de la Zona Décima de Engativa del Distrito Capital de Santafé de Bogotá, presentó el 16 de marzo de 1992 escrito de impugnación contra dicho proveído en el que indica que no existió omisión en el cumplimiento de los deberes que le corresponden ya que adelantó todas las actuaciones policivas correspondientes sobre los establecimientos de comercio que de modo intermitente afectan el uso de Espacio Público señalado por el peticionario; advierte  que con la mencionada ocupación no se ha causado perjuicio irremediable alguno y que la violación al uso del Espacio Público por los establecimientos de comercio se corrige con las medidas reguladas por los Códigos Nacional y Distrital de Policía, como son el cierre temporal del establecimiento, la suspensión de la licencia o el cierre definitivo del mismo, medidas todas que ordenó debidamente según consta en oficios cuyas copias aparecen en el expediente. -   Por haberse presentado extemporáneamente, el anterior escrito no fue tramitado en vía de impugnación ante el superior del Juez que conoció de la solicitud de tutela y el expediente fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión sin adelantarse la actuación que pide el mencionado funcionario. II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral  9 de la Constitucion Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 236  del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda.   La Materia Objeto de las Actuaciones a)  En primer término encuentra la Sala que el peticionario de modo expreso solicita por virtud del ejercicio de la  Acción de Tutela que consagra el artículo 86 de la Carta Política y que reglamenta el Decreto 2591 de 1991, la protección del Derecho Constitucional al Espacio Público que se garantiza por los artículos 82 y 88 de la Carta Fundamental; además, en concepto de la Corte la cuestión planteada por el peticionario se contrae específicamente a obtener que se decrete por vía de la citada acción, la protección inmediata de su Derecho a gozar del Espacio Público comprendido en las vías peatonales que  se localizan entre las calles 72 a 75 de la carrera  96 de la ciudad de Santafé de Bogotá, ya que por ser vecino de aquellos sitios y residente en dicho lugar, resulta afectado en el mencionado Derecho Constitucional por fuerza de la ocupación que ejercen algunas personas. b)   En un detenido examen del escrito presentado se encuentra que el peticionario hace radicar la solicitud en la supuesta omisión de una autoridad pública revestida de funciones de Policía en el cumplimiento de su deber de proteger el Espacio Público y, en dicho sentido, aparece implícitamente que el peticionario también reclama la tutela del Derecho Constitucional de Petición, consagrado en el artículo 23 de la Carta.  Esta reflexión, que se dirige a interpretar el contenido sustancial de la petición, la hace la Corte atendiendo a la naturaleza y a la finalidad de la Acción de Tutela, como mecanismo especial de protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, y para asegurar el cabal cumplimiento de la Constitucion. c)   Por último, se tiene que el Despacho Judicial que atendió la petición, fundamenta su actuación y la orden de tutela decretada en la consideración según la cual en los hechos narrados por el interesado y en la situación jurídica planteada, se produjo violación al Derecho Constitucional a la  Libre Locomoción y a la Circulación dentro del territorio, que garantiza el artículo 24 de la Constitucion Nacional. d)    Así pues, conceptualmente son tres los grupos de derechos que aparecen como objeto y materia de las actuaciones comprendidas por la sentencia que se revisa y sobre las que esta Sala habrá de detenerse como se verá mas adelante. Tercera: La Acción de Tutela y el Artículo 86 de la Constitucion   Nacional Como cuestión preliminar y para definir los fundamentos de esta providencia, esta Sala en acatamiento de su jurisprudencia reiterada en fallos anteriores estima  que la Acción de Tutela  está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal complementario, específico y directo  que tiene por objeto la protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación. Como lo ha señalado esta Corporación, dicha acción es un medio procesal específico porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo actual e inminente y no a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias ordenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Adviértase que la Acción de Tutela puede conducir a la indirecta protección de otros derechos de rango constitucional y legal, siempre que su desconocimiento cause de modo directo y eficiente la violación específica de cualquier Derecho Constitucional Fundamental. Como la finalidad prevalente de la Acción de Tutela es la protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, no puede ejercitarse sin que se proponga para dicho fin específico, así este comporte la indirecta y consecuencial protección de otros derechos constitucionales o legales, en el caso concreto. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional fundamental que se demuestra lesionado. Es necesario destacar que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los  derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico  y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección o excepcionalmente, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Es, en efecto, un mecanismo judicial de origen constitucional de evidente carácter residual que está previsto para asegurar la tutela efectiva y sustancial de los derechos constitucionales fundamentales, pues "solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Se establece así un sistema complementario de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el constituyente quiso superar con sus previsiones, determinadas deficiencias de la organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter legislado, no garantizaba la plena, efectiva e integral protección de los derechos constitucionales fundamentales tan caros al Estado Social y Democrático de Derecho y al constitucionalismo en todas sus evoluciones. No se trata de una vía de defensa de la Constitucion en abstracto o con fines generales, que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una Rama del Poder Público en su conjunto, o contra un acto con vocación general y abstracta para lo cual la Carta y la ley establecen otras vías; ni versa sobre derechos subjetivos controvertibles judicialmente por las vías ordinarias o especializadas,  ni sobre la legalidad de los actos administrativos de contenido individual, subjetivo y concreto, atacables ante la jurisdicción constitucionalmente competente de lo contencioso administrativo. Su consagración constitucional se endereza a establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades establecidos en principio en el capítulo I del Título Segundo de la Constitucion y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado, siempre identificable específicamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos señalados por la ley. Cuarta.    El artículo 88 de la Carta y las Acciones Populares 1.  Como una de las tantas innovaciones introducidas por la Carta Política de 1991 al régimen constitucional colombiano de protección judicial de los derechos de las personas, aparecen en los incisos primero y segundo del artículo 88 de la Constitucion el concepto de Acciones Populares con fines concretos y el de Acciones de Clase o de Grupo. Estas disposiciones establecen que: "La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. "También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. "...". Aspecto sustancial de esta innovación es su fundamento constitucional directo y su extensión a ámbitos que no habían sido objeto de regulación antecedente. Empero, cabe destacar que en nuestro sistema jurídico ya se conocía de antaño la figura de las acciones populares consagrada en el orden legal en varias disposiciones del Código Civil, y más recientemente en otras normas pertenecientes a regulaciones alejadas de aquel texto como se verá en detalle más adelante. 2.  No sobra advertir, para los fines apenas ilustrativos de esta parte de la providencia, que las Acciones Populares y Ciudadanas con fines abstractos se conocen en Colombia desde los mismos orígenes de la República como instrumentos para asegurar la legalidad y la constitucionalidad de los actos jurídicos de carácter legislativo y administrativo; aquellas acciones han sido, en su desarrollo práctico, uno de los instrumentos procesales más destacados en toda nuestra historia jurídico-política y aparecen reiteradas en el nuevo texto constitucional como uno de los aportes nacionales a la ciencia constitucional del mundo occidental. 3.   Ahora bien, por el contrario, nuestras acciones populares con fines concretos han sufrido las visicitudes propias de un sistema jurídico típicamente jurisdiccional y legislado, que no ahondó en el fortalecimiento de las competencias del juez y de sus capacidades protectoras de los derechos de las personas y que limitó seriamente las vías de acceso a la justicia; desde luego, este destino histórico no fue sufrido únicamente por nuestro derecho, ya que buena parte de los regímenes similares al nuestro y que seguían sus mismas tendencias, se pueden catalogar dentro de estas características. 4.   Sólo a partir de la segunda mitad de este siglo, el movimiento constitucionalista continental europeo y latinoamericano paulatinamente se ocupó de reexaminar las condiciones estructurales del concepto de acceso a la justicia y recibió parcialmente las influencias del derecho anglo-americano, incorporando en principio, y en distintas formas,  los instrumentos que dan al juez un marco más amplio de competencias enderezadas a los fines propios de la defensa de las personas frente a los poderes del Estado, de la Administración, de los gobiernos y de los grupos económicamente más fuertes dentro de las sociedades fundamentadas en la economía capitalista. Con los mismos fines ilustrativos, se tiene que la Teoría General del Proceso influenciada por el derecho constitucional contemporáneo, se ha ocupado de plantear la problemática judicial derivada de las siempre cambiantes condiciones de las sociedades, y en consecuencia, el viejo concepto de igualdad ha sido reexaminado de tal manera que en sus distintos aspectos, la regulación del proceso ha avanzado de modo notable con instituciones ya recibidas en nuestro ordenamiento jurídico; empero, las más profundas modificaciones en lo que hace a la problemática del acceso a la justicia han exigido al Derecho Constitucional y a la misma Teoría General del Proceso el  abordar nuevos  y más grandes retos, desconocidos e inimaginados inclusive en las primeras etapas de evolución del Estado demoliberal. Lo que caracteriza estas evoluciones no es tanto la consagración de las libertades sino su vigencia por virtud de la actividad procesal;  en otros términos, para el derecho contemporáneo no resulta suficiente consagrar los derechos de las personas en la Constitucion para que estos sean respetados por las autoridades y por las personas en general. 5.   Naturalmente cabe destacar que dentro de nuestra tradición constitucional los remedios judiciales previstos para la protección de los derechos de las personas se han dividido entre los que son específicamente previstos para la protección inmediata de los derechos constitucionales como el Habeas Corpus, las Acciones Públicas de inconstitucionalidad y de nulidad y la Excepción de Inconstitucionalidad, y los que son ordinarios y comprenden los derechos subjetivos y los intereses legítimos como el procedimiento civil y el procedimiento contencioso administrativo;  en este mismo sentido se  pronunció la Carta de 1991, pero por voluntad expresa del Constituyente ésta fue mucho más allá al incrementar no sólo el número de los derechos fundamentales de la persona humana y al hacer extensiva su eventual protección judicial a todas las personas, inclusive en algunas situaciones jurídicas, a la persona moral,  sino al establecer mayores y más efectivos medios específicos de su amparo judicial, como ocurre con la denominada Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta, enderezada de modo complementario pero directo hacia la protección de los derechos constitucionales fundamentales de las personas. Igual predicado se hace sobre las Acciones Populares con fines concretos previstas específicamente para  la protección de los derechos e intereses colectivos (art. 88 inciso primero)  y sobre las Acciones de Grupo o de clase (art. 88 inciso segundo) para proteger todo tipo de derechos que resulten "dañados" en un grupo amplio de personas. Estas disposiciones constitucionales se encuadran obviamente dentro del conjunto armónico y ordenado de las demás vías, instancias y competencias judiciales ordinarias y especializadas que tienen igual fundamento constitucional; en este sentido, es claro el deber del legislador de proveer con sus regulaciones los desarrollos normativos que den a cada uno de estos instrumentos la posibilidad coherente y sistemática de su efectivo ejercicio por todas las personas. Desde esta perspectiva, se tiene que las Acciones Populares, sin ser un instituto desconocido en nuestro medio, ahora aparecen ocupando un lugar preminente que irradia con sus proyecciones constitucionales una nueva dinámica al derecho público colombiano; esto significa, principalmente, que aquellas dejarán de estar en el olvido y que, tanto jueces como ciudadanos en general, podrán ocuparse de estas con mayor efectividad que antes. Ahora, la Corte Constitucional advierte que se hace necesario promover entre los ciudadanos y los operadores del derecho una sólida conciencia cívica para dar a estas previsiones el impulso práctico que merecen en favor de la vigencia de la Carta y de los cometidos garantísticos señalados por el constituyente. Esta consideración se hace teniendo en cuenta la situación jurídica planteada en el caso que se examina, puesto que, como se ha visto, el peticionario pretende en principio y de modo expreso la protección por vía de la Acción de Tutela de un Derecho e Interés Colectivo de los que enumera expresamente la Carta, como se verá enseguida. 6.   En este orden de ideas se observa que el inciso primero del artículo 88 de la Carta, al consagrar las denominadas Acciones Populares como otro de los instrumentos de defensa judicial de los derechos de las personas, señala también el ámbito material y jurídico de su procedencia en razón  de la naturaleza de los bienes que se pueden  perseguir y proteger a  través de ellas;  estas aparecen previstas para operar dentro del marco de los derechos e intereses colectivos que son, específicamente, el patrimonio público, el espacio público y la salubridad pública; igualmente, se señala  como objeto y bienes jurídicos perseguibles y protegidos por virtud de estas acciones, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica.  Esta lista no es taxativa sino enunciativa y deja  dentro de las competencias del legislador la definición de otros bienes jurídicos de la misma categoría y naturaleza. Queda claro, pues, que estas acciones, aunque estén previstas para la preservación y protección de determinados derechos e intereses colectivos, pueden abarcar otros derechos de similar  naturaleza, siempre que estos sean definidos por la ley conforme a la Constitucion, y no contraríen la finalidad pública o colectiva y concreta a que quedan circunscritas estas acciones, por sustanciales razones de lógica y seguridad jurídica. También se desprende de lo anterior que  las acciones populares aunque se enderecen a la protección y amparo judicial de estos concretos intereses y derechos colectivos,  no pueden establecerse ni ejercerse para perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la  autoridad pública o del particular sobre ellos; para estos últimos fines el constituyente erigió el instituto de las acciones de grupo o de clase y conservó las acciones ordinarias o especializadas y consagró como complemento residual la Acción de Tutela. Dentro de este ámbito, a lo sumo, podría establecerse en la ley, como consecuencia de su ejercicio y del reconocimiento de su procedencia, una recompensa o premio a quien en nombre y con miras en el interés colectivo la promueva.  Por su finalidad pública se repite, las Acciones Populares no tienen un contenido subjetivo o individual, ni pecuniario y no pueden erigirse sobre la preexistencia de un daño que se quiera reparar, ni están condicionadas por ningún requisito sustancial de legitimación del actor distinto de su condición de  parte del pueblo. Característica fundamental de las Acciones Populares previstas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitucion Nacional,  es la que permite su ejercicio pleno con carácter preventivo, pues, los fines públicos y colectivos que las inspiran, no dejan duda al respecto y en consecuencia no es, ni puede ser requisito para su ejercicio el que exista un daño o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a través de ellas.  Desde sus más remotos y clásicos orígenes en el Derecho Latino fueron creadas para prevenir o precaver la lesión de bienes y derechos  que comprometen altos intereses colectivos sobre cuya protección no siempre cabe la espera del daño; igualmente buscan la restitución del uso y goce de dichos intereses y derechos colectivos. En verdad, su poco uso y otras razones de política legislativa y de conformación de las estructuras sociales de nuestro país, desdibujaron en la teoría y en la práctica de la función judicial esta nota  de principio.   Los términos del enunciado normativo a que se hace referencia en este apartado, no permiten duda alguna a la Corte sobre el señalado carácter preventivo y restitutorio y se insiste ahora en este aspecto dadas las funciones judiciales de intérprete de la Constitucion que corresponden a esta Corporación. Además, su propia condición permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra los particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre ellas atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni individuales. 7. Ahora bien, el inciso segundo del citado artículo 88 de la Carta preve otro mecanismo de sustancial importancia dentro del campo de las garantías judiciales de los derechos de las personas, conocido como las Acciones de Clase o de Grupo. Estas, igualmente regulables por la ley, no hacen referencia exclusiva a los Derechos Constitucionales Fundamentales, ni sólo a los Derechos Colectivos, pues también comprenden a los Derechos Subjetivos de origen  constitucional o legal y necesariamente suponen la existencia, reclamo y demostración de un perjuicio o daño causado y cuya reparación se puede pedir ante el juez; empero, exigen siempre que este daño sea de los que son causados en ciertos eventos a un número plural de personas que por sus condiciones y por su dimensión deben ser atendidas con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios.  El acceso a la justicia es también en estos casos preocupación fundamental del constituyente que al consagrarlos da nuevas herramientas a la sociedad para la protección de los derechos de las personas en sus  distintos ámbitos. 8.  Señaladas las anteriores observaciones, procede la Sala a formular el examen de los elementos de derecho que se destacan como relevantes y pertinentes en la providencia que se revisa, en especial los que tienen relación con la noción y los elementos del Derecho Constitucional al Espacio Público. Quinta: El Derecho Constitucional sobre el Espacio Publico. (Arts. 82 y 88 C.N.) 1. El derecho de todas las personas al uso del Espacio Público aparece ahora consagrado en los artículos 82 y 88 de la nueva Carta Fundamental de 1991; en este sentido es claro que aquella garantía adquiere carácter de norma constitucional en respuesta a las contemporáneas tendencias del Derecho Publico que son de recibo en nuestro sistema jurídico, en dicho nivel, por los trabajos de la Asamblea Nacional Constitucional. No obstante lo anterior, cabe destacar que en el ámbito de la legislación nacional existen  de antaño disposiciones que aseguran su respeto y garantía y que aun conservan su vigencia e imperio, pero que deben ser examinadas bajo los enunciados de la actual normatividad constitucional con el fin de obtener su cabal entendimiento. Aquellas dos disposiciones regulan la materia de la garantía constitucional del derecho al Espacio Publico  en varias de sus expresiones, así: a) Como deber del Estado de velar por la protección de la Integridad del Espacio Publico. b) Como deber del Estado de velar por su destinación al uso común. c) Por el carácter prevalente del uso común del Espacio Público sobre el interés particular. d) Por la facultad reguladora de las entidades publicas sobre la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. e) Como Derecho e Interés Colectivo. f) Como objeto material de las acciones populares y como bien jurídicamente garantizable a través de ellas. 2.  Así las cosas, se tiene que estas disposiciones constitucionales redefinen la noción de Espacio Público y señalan las características especiales que permiten distinguirla en dicho nivel normativo, de la noción jurídica general y de los elementos materiales del espacio no público. En efecto, aquel concepto esta compuesto por porciones del ámbito territorial del Estado que son afectados al uso común por los intereses y derechos colectivos y de algunos otros de carácter fundamental cuya satisfacción permiten; ademas, comprende partes del suelo y del espacio aéreo, así como de la superficie del mar territorial y de las vías fluviales que no son objeto del dominio privado, ni del pleno dominio fiscal de los entes públicos.  Cabe advertir que desde las mas antiguas regulaciones legales sobre la permisión del uso y del goce público de las construcciones, hechas a expensas de los particulares en bienes que les pertenecen, es de recibo la figura del Espacio Público como comprensiva de los bienes afectados al uso o goce común de los habitantes del territorio. El Espacio Público comprende, pues, aquellas partes del territorio que pueden ser objeto del disfrute, uso y goce de todas las personas con finalidades de distinta índole y naturaleza, que se enderezan a permitir la satisfacción de las libertades públicas y  de los intereses legítimos que pueden radicarse en cabeza de todas las personas de conformidad con el orden jurídico; en principio, en dichas partes del territorio las personas en general no pueden ejercer plenamente el derecho de propiedad o de dominio, sea privado o fiscal. No obstante lo señalado, por virtud de la naturaleza de la institución y por los altos fines a los que obedece su consagración constitucional, el Espacio Público es objeto de la regulación jurídica por virtud de la acción del Estado en sus diversos niveles que van desde las definiciones y prescripciones de carácter legal, hasta las disposiciones, reglamentos y ordenes administrativas. Adquiere esta noción una categoría  especial en el nuevo orden normativo constitucional, pues el constituyente optó por la alternativa de consagrarla en el nivel constitucional para permitir al legislador su desarrollo dentro del marco del Estado y de la Constitucion pluralistas que se inauguran a partir de la entrada en vigencia de la Carta de 1991. Igualmente, las dimensiones sociales de la Carta y la redefinición general de los valores y fines que deben ser objeto del desarrollo legislativo y de la actividad de todos los organismos y entidades del Estado, presuponen que nociones como la que se examina habrán de ser objeto prevalente en la dinámica de la sociedad que se quiere definir y construir, dentro del marco del Estado Social de Derecho y de la Democracia participativa. 3.   El Constituyente puso suficiente atención en la tarea de regular constitucionalmente esta primordial vertiente del ordenamiento jurídico, no solo para atender  a las tradicionales necesidades de las personas en el ámbito del ejercicio de las libertades públicas fundamentales de contenido espiritual y económico que requieren de los espacios y bienes de uso público para procurar la satisfacción de sus anhelos y designios en libertad, sino ademas, para permitir la real y cierta promoción de los nuevos ámbitos de la actividad del  hombre en sociedad, como especie y como sujeto de cultura; en efecto, los fenómenos contemporáneos de la "masificación" de las relaciones en las se ve comprometido el hombre, principalmente en lo que se relaciona con la urbanización y con los sistemas económicos en todos sus elementos como son la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios sometidos a inestables y cambiantes circunstancias, hace que se busquen mejores condiciones físicas de satisfacción racional de los anhelos siempre presentes de libertad. Por esto, garantizar constitucionalmente la protección integral del derecho al Espacio Público es permitir la promoción de nuevos y más efectivos medios de gratificación espiritual al ser humano, que debe poder desligarse y superar los fenómenos propios del postmodernismo. El  derecho urbanístico junto con el derecho ambiental son, en este sentido, la mas decantadas de las elaboraciones jurídicas que se ocupan de estos fenómenos propios de las sociedades contemporáneas y atiende de manera primordial la regulación de los diversos aspectos del Espacio Público como la planeación local,  la  ordenación del espacio urbano, le regulación administrativa de dicho espacio etc.. No cabe duda de que las decisiones básicas sobre el fenómeno del urbanismo se han disociado de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad y que la Administración ha recogido como función pública ineludible la de atender normativa y operativamente sus problemas, lo cual supone el rediseño conceptual del objeto de que se ocupan y la introducción de las reformas suficientes en el ordenamiento jurídico con el propósito de garantizar, bajo el riguroso fundamento de las normas y de la actividad del Estado en general, los requerimientos que se describen, como lo hacen las disposiciones constitucionales que se citan (Arts. 82 y 88 C.N.). Como se verá mas adelante, también el Constituyente ha decidido abordar el complejo y dinámico problema social urbano, y es así  como dispuso, que el ordenamiento de las ciudades, de sus magnitudes, y su configuración, no sean en absoluto asuntos de naturaleza privada sino de eminente proyección pública en el sentido de que no pertenecen al arbitrio exclusivo de los intereses abstractos y subjetivos de los propietarios del suelo o de cualquiera persona en particular. Los fenómenos que comprende el urbanismo son  hechos colectivos de naturaleza especial que interesan a la sociedad entera, ya que se proyectan sobre toda la vida comunitaria, de manera directa, y sus consecuencias tocan con la existencia, financiación, disposición y extensión de los servicios públicos fundamentales como los de salud, vivienda, higiene, transporte, enseñanza, electricidad, agua, alcantarillado y esparcimiento etc.. 4. Ahora bien, con fines ilustrativos se tiene que en las iniciales regulaciones legales sobre el punto del Espacio Publico, históricamente aparecen las disposiciones del Código Civil   contenidas principalmente en los Artículos 674 a 684 ( De los Bienes de la Unión) y 690 (Libertad de Pesca);  estas previsiones legales se contraen, por distintas razones a la regulación del tema de los bienes de uso publico, denominados también por aquel Código como BIENES DE LA UNION DE USO PUBLICO O BIENES PUBLICOS DEL TERRITORIO. Dicha definición legal en esencia y con carácter enunciativo, comprende calles, plazas, puentes, caminos públicos, ríos y lagos y en general todos los bienes de la Unión de uso publico. Además, es claro que para el legislador ordinario en nuestro país, es admisible desde siempre la figura de los bienes de propiedad particular que son destinados o afectados al uso y goce de todos los habitantes de un territorio, como puentes y caminos y cualesquiera otras construcciones, hechos todos a expensas de personas particulares  y en sus tierras y que no son considerados por la ley como bienes fiscales, sino que quedan comprendidos bajo la categoría de bienes de uso publico por permiso del dueño. (art. 676 C.C.). También aparecen especiales regulaciones sobre las aguas que corren por los cauces naturales en más de una heredad y sobre lagos, establecidas por los artículos 677 y 690  del mismo código, pues estas, por definición legal son de uso público y en ellas se podrá pescar libremente dentro de las regulaciones legales y administrativas correspondientes y, por tanto, también caben dentro de la noción  histórica de Espacio Publico. 5. En relación con los Bienes de la Unión que son afectados al uso publico, los artículos 678, 679, 680 y 681, establecen  las principales regulaciones enderezadas a  su protección, así: "Articulo 678. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes." "Artículo 679. Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión." "Artículo. 680.  Las columnas, pilastra, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de la Unión. "Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria, estarán sujetos a la disposición de este artículo, si se reconstruyeren." "Artículo 681.   En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas, no podrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas, balcones, miradores u obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero, ni podrá haberlos más arriba que salgan del dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres decímetros. "Las disposiciones de este artículo se aplicarán a las reconstrucciones de dichos edificios." 6. Desde otro punto de vista, que igualmente corresponde a las más avanzadas tendencias contemporáneas del derecho público a las que se hace referencia en este acápite, se encuentran las regulaciones incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 9a de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones", conocida igualmente como Ley de Reforma Urbana. Este cuerpo normativo se expidió en el marco de la evolución del moderno derecho urbanístico que se produce en atención a los grandes fenómenos sociológicos y económicos típicos de las sociedades de nuestros días y que también afectan nuestro medio; adviértase que sobre dicha disposición legal la Corte Suprema de Justicia tuvo oportunidad de pronunciar varias sentencias en las que se examina su constitucionalidad, y que aún proyectan su influjo sobre la jurisprudencia y la interpretación de dicha ley. Esta última prescripción normativa establece por vía de la definición legal, los elementos jurídicos que integran la noción de Espacio Público, así: "Artículo 5o. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses de los habitantes. "Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana.  Las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso y el disfrute colectivo." "Artículo 6o. El destino de los bienes de uso público incluídos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas metropolitanas o por el consejo intendencial, por iniciativa del alcalde o Intendente de San Andrés y Providencia, siempre y cuando sean canjeados por otros de características equivalentes. "El retiro del servicio de las vías públicas continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes. "Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito." 7. Sin perjuicio de su examen posterior, adviértase que el artículo 8o. de la Ley 9a de 1989, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 5o. del Decreto 2400 de 1989, reglamentario de la anterior, es explícito en señalar como instrumento judicial específico previsto para la protección de los elementos constitutivos del Espacio Público la procedencia de las acciones populares previstas en el artículo 1005 del Código Civil. "Ley 9a. de 1989 "...... "Artículo 8o. Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil.  Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones  de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios. "El incumplimiento de las órdenes que expida el juez en desarrollo  de la acción de que trata el inciso anterior configura la conducta prevista en el artículo  184 del Código Penal de 'fraude a resolución judicial'. "La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá interponerse en cualquier tiempo, y se tramitará por el procedimiento previsto en el num. 8 del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil." "DECRETO 2400 DE 1989 "...... "Artículo 5o. Para efectos del artículo 8o. de la Ley 9a. de 1989, se entiende por usuario del espacio público y del medio ambiente cualquier persona pública o privada que haga uso o pueda llegar a hacer uso de un determinado espacio público o que haya sido afectada o pueda ser afectada por un determinado medio ambiente. "Artículo 6o. La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil, podrá ser ejercitada por los usuarios para la defensa del espacio público y del medio ambiente. "Para determinar el Juez competente, se tendrá en cuenta el carácter público o privado de la persona demandada." 8. De otra parte, se tiene que el Código Nacional de Policía (Decreto No. 1355 de 1970) regula las competencias de los funcionarios y de las autoridades de policía en lo que se relaciona con la protección de los monumentos históricos y de los lugares artísticos de interés general y asigna a dichas autoridades la facultad de prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso público. Igualmente, dicho Código establece de modo especial la competencia de los alcaldes municipales en materia de la restitución de los bienes de uso público como vías públicas urbanas o rurales o zona para el tránsito de trenes en caso de ocupación, previa la determinación por cualquier medio que esté al alcance de dichos funcionarios de la situación de perturbación y de las características de dichos bienes. SEXTA:  El Amparo Judicial del Derecho al Espacio Público. 1. Sentadas las anteriores consideraciones, esta Corporación se ocupa del examen de los aspectos de hecho relacionados con la procedencia y la conducencia de la acción intentada en el ámbito del bien jurídico que se pretende amparar por virtud de la Acción de Tutela. En este sentido cabe advertir, con el fin de brindar elementos de precisión conceptual, que el derecho constitucional al Espacio Público, examinado en su dimensión autónoma es un derecho constitucional de carácter colectivo, que cuenta para su protección también autónoma con la vía judicial de las acciones populares, con fines concretos de que trata el artículo 88 de la Carta Fundamental que se examina mas arriba. Dicho derecho esta consagrado expresamente en los artículos 82 y 88 de la Carta Fundamental bajo el título de los Derechos Colectivos y del Ambiente; además, aparece relacionado en la lista enunciativa que establece el inciso primero del Artículo 88 de la Carta como objeto de las citadas acciones populares. En estas condiciones, los enunciados normativos del inciso segundo del artículo 88 de la Carta, prescriben con claridad que en cuanto entidad jurídica autónoma, el derecho específico al uso y goce común y prevalente sobre el interés particular del Espacio Público, también está garantizado judicialmente por virtud de un instrumento procesal específico y directo de carácter principal y de naturaleza también autónoma, conocido como las acciones populares y, en caso de daño subjetivo pero plural, por virtud de las acciones de grupo o de clase, amen de las vías judiciales ordinarias y de los casos especiales de responsabilidad objetiva que establezca la ley. 2.  Asunto bien diferente es el del impacto de las violaciones al Derecho Constitucional al Espacio Público o al Derecho Constitucional a gozar de un Medio Ambiente Sano sobre el núcleo esencial de los Derechos Constitucionales Fundamentales de la persona humana como son la Salud, la Integridad Física, la Vida o la Libertad de Circulación o de Movimiento, entre otros, los que bien pueden ser protegidos bajo ciertas condiciones de causalidad directa y eficiente por virtud del ejercicio de la Acción de Tutela, con independencia de la existencia de las restantes vías judiciales que, como las acciones populares, están previstas de modo específico para lograr el amparo de aquellos. Sin lugar a duda, se repite, el citado artículo 88 de la Carta señala el carácter colectivo del Derecho y del Interés al Espacio Público, lo cual en principio excluye la procedencia de la Acción de Tutela en los términos señalados por el articulo 86 de la normatividad superior por la especifica razón de la existencia de otras vías judiciales de protección en los términos de las consideraciones que se señalan más arriba; empero, como se advierte en esta parte de la sentencia, de ser el atentado o la amenaza de violación a un derecho colectivo como el de gozar de un Medio Ambiente Sano o del Espacio Público, de tal naturaleza que en la específica situación se atente de modo directo y eficiente contra un Derecho Constitucional Fundamental, puede intentarse la Acción de Tutela y amparar uno y otro derechos simultáneamente. 3.  De lo visto se concluye que el ejercicio de las acciones populares de que trata específicamente el citado artículo 8o. de la Ley 9a. de 1989 es la vía judicial que en principio debe ser utilizada para obtener la protección al Derecho Constitucional al uso y disfrute del Espacio Público; así las cosas, esta Sala de la Corte Constitucional encuentra que de conformidad con lo dispuesto por la Carta y por la Ley 9a. de 1989, la vía para obtener la protección judicial del Derecho Constitucional al Espacio Público urbano de que trata la petición  de la referencia,  no es la del ejercicio de la Acción de Tutela establecida en la citada norma constitucional, salvo que se invoque como violado y se demuestre la violación directa o la amenaza eficiente de violación de un Derecho Constitucional Fundamental, como parece indicarlo el peticionario al señalar que se atenta contra el Derecho a la Vida de los transeúntes de los andenes públicos invadidos, o como concluye el  Despacho de origen, al estimar violado el Derecho Constitucional a la Libre Circulación o al movimiento.  Empero, a juicio de la Corte y en el caso concreto que se examina, dicha relación es solo remota y discutible y no es suficiente para que proceda la Acción de Tutela impetrada en favor del amparo de estos últimos derechos. 4.  Se advierte que en concepto de esta Sala la petición de tutela no debió prosperar por ninguno de estos dos aspectos, aunque si debe concederse por lo que hace a la solicitud de amparo del Derecho Constitucional de Petición (art. 23 C.N.). Además, se repite, en el específico caso formulado por el peticionario no debió prosperar la citada Acción de Tutela por el solo aspecto de la solicitud del amparo judicial del Derecho al Espacio Público consagrado en los artículos 82 y 88 de la Carta Fundamental como en efecto ocurrió,  ya que como se ha reiterado para dicho fin existen otras vías judiciales específicas de protección. Ahora bien, cabe examinar si en el caso concreto procedía la Acción de Tutela por el aspecto de la indirecta amenaza de violación al Derecho Constitucional a la Vida y a la Integridad Personal o a la Libre Locomoción que se dice causada por la ocupación de los andenes públicos. En opinión de la Corte la relación que se exige entre la violación  o la amenaza de violación a un Derecho Constitucional Fundamental por el desconocimiento de un derecho colectivo u otro derecho de carácter ordinario debe ser de causalidad directa y eficiente, pues no basta que se estime la existencia de una relación remota entre la situación jurídica o de hecho entre una y otra violación o amenaza de violación para que proceda la Acción de Tutela.  De admitirse lo contrario, se produciría una cadena ilógica de relaciones y actuaciones por vía del ejercicio de la Acción de Tutela que desquiciaría el orden jurídico y reduciría toda la actividad judicial a la solución de controversias sobre las causas de las causas hasta la causa última de los hechos y situaciones jurídicas sometidos al conocimiento de los jueces.  Tarea esta última que está por fuera de la voluntad del Constituyente y de la actividad jurisprudente de los funcionarios judiciales, comprometidos en la labor de administrar justicia racionalmente conforme a la ley, a la jurisprudencia y a la equidad. En el caso concreto que se examina no se encuentra que exista la relación de causalidad exigida, pues aunque en verdad se obstaculiza el tránsito de las personas por los andenes, como lo comprueba el señor Juez, este hecho en sí mismo no conduce a provocar amenaza o violación al Derecho Constitucional a la Vida, a la Integridad Personal o a Libertad de Locomoción. De lo visto se concluye que los transeúntes pueden en aquel caso optar por circular con mayor cuidado y atención, o evitar los obstáculos optando por circular por otros andenes conectados entre sí, o aprovechar las zonas peatonales para el cruce de calles;  igualmente no aparece que por aquel hecho de perturbación del uso y del goce del Espacio Público queden comprometidos el núcleo esencial o la plenitud de los derechos a la Vida y a la Integridad Personal, los que en el caso bajo examen sólo podrían resultar comprometidos necesariamente por virtud de la presencia de cualquiera otra causa eficiente o de factor distinto de la mera ocupación de los andenes. De prosperar la tesis del peticionario absurdamente no se podrían conceder licencias administrativas para las ventas estacionarias o ambulantes, ni permitirse reunión pública alguna, ni la práctica de actividades culturales de recreación o de esparcimiento, ni el ejercicio de la libertad de industria o de comercio, ni las paradas militares o las manifestaciones públicas, ni las ventas de periódicos o de artículos de consumo corriente o la instalación de puestos permanentes de  policía etc., ni la realización eventual de trabajos públicos o privados o el decreto de restricciones sobre el uso del Espacio Público por razones de seguridad, moralidad, salubridad, tranquilidad u orden público. En otros términos, no toda ocupación del Espacio Público conduce a la violación o a la amenaza de violación de los Derechos Constitucionales como los que señala el peticionario, ni permite la interposición de la Acción de Tutela y, por el contrario, sobran razones de orden fáctico para reconocer que existe una relación compleja de derechos e intereses legítimos de orden constitucional que deben ser regulados conforme al ordenamiento jurídico, como son  el Derecho al Trabajo, la Libertad de Industria y la Seguridad Personal.  Precisamente de estos temas se ocupa la citada ley de Reforma Urbana y el Código Nacional de Policía, que también prevén la creación de mecanismos administrativos de carácter local y reglamentario para regular los usos del suelo y del Espacio Público,  con el fin de conciliar y equilibrar el ejercicio de aquellos derechos e intereses legítimos de rango constitucional o legal, con los postulados y elementos normativos que integran la noción de Espacio Público y de ordenamiento urbano para asegurar el desarrollo comunitario y el de las ciudades. Además, el Derecho Urbanístico y el Derecho de Policía se han ocupado de manera especial de la regulación de estos asuntos y es así como existe todo un conjunto de vías, procedimientos y acciones administrativas y judiciales para la protección de los derechos vinculados con el uso y el goce del Espacio Público, que debieron ser puestos en marcha por la autoridad local a la que se dirigieron las peticiones iniciales, no atendidas con la prontitud debida que señala el Código Contencioso Administrativo. 5.  Por último, encuentra la Corte que en el caso que se examina tampoco debió prosperar la Acción de Tutela para procurar la salvaguarda de los Derechos Constitucionales Fundamentales que se dicen violados o amenazados como la Vida, la Integridad Física o la Libre Locomoción o Movimiento por la razón anotada de la falta de la relación de causalidad directa y eficiente en la supuesta violación, y por tanto, habrá de revocarse el apartado primero de la parte resolutiva de la sentencia que se revisa; más bien, a juicio de la Corte el amparo judicial solicitado debe concederse, como en efecto se ordenará, para tutelar la efectividad del Derecho Constitucional de Petición consagrado en el artículo 23 de la Carta que señala: "Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.  El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales." En efecto, el señor Alcalde no atendió las reiteradas solicitudes del peticionario, y sus actuaciones no se compadecen con el deber constitucional de dar pronta resolución a una petición respetuosa de una persona en interés general, ni con el deber legal de impedir la ocupación de una vía de uso público en los términos del artículo 132 del Código Nacional de Policía, que entrega treinta días para hacer efectiva la resolución de restitución.  No obstante que la ocupación de la zona peatonal a que se refiere el peticionario se produzca sólo en ciertas horas del día, los ocupantes de dicho espacio público son conocidos, sus prácticas son regulares, habituales y continuadas, y comportan la extensión ilegítima o no autorizada de la actividad comercial e industrial que desarrollan en bienes inmuebles de dominio privado y contiguos al espacio ocupado. Dicha ocupación por lo recurrente, abierta y habitual, es y debe ser objeto de la resolución de restitución que compete al Alcalde en los términos del Código Nacional de Policía.  Además, el deber de procurar el respeto al Espacio Público de calles y avenidas, tiene fundamento constitucional y legal como un asunto de interés general pues, es función primordial del Estado  y de los Alcaldes en particular "velar por su integridad y por su destinación al uso común", y en consecuencia deben atenderse, como lo ordena el artículo 23 de la Carta las peticiones, que sean procedentes y que en dicho sentido se les presenten. Como en el caso que se examina el Alcalde Menor de Engativá se limitó a ordenar la práctica de visitas de inspección para solicitar la exhibición de licencias de funcionamiento a los ocupantes de los andenes y no dió respuesta formal y efectiva a los escritos presentados por el señor José Joaquín Orozco, esta Corte considera que se incurrió por omisión en la violación al Derecho Constitucional de Petición.  Al respecto, se reitera que esta Sala de la Corte Constitucional interpretó que el peticionario reclamó implícitamente la protección de su Derecho Constitucional de Petición y por tanto debe admitirse, bajo estas consideraciones, que procede su garantía. En consecuencia, se ordenará a dicho funcionario que en el término de 48 horas dé pronta solución a las peticiones formuladas por el Señor José Joaquín Orozco Nieto en el sentido de la protección a la Integridad y al uso común del Espacio Público que se señala en los escritos a él presentados. En  mérito de lo expuesto, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitucion, R E S U E L V E: Primero.  REVOCAR la sentencia relacionada con la petición de la referencia proferida por el Juzgado Séptimo Civil Municipal de Bogotá el día veintiuno (21) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992). Segundo.  Conceder la tutela al Derecho Constitucional de Petición formulada por el ciudadano JOSE JOAQUIN OROZCO NIETO, contra el Alcalde Menor de Engativá. Tercero.  Ordenar que en consecuencia el Alcalde Menor de Engativá dé pronta resolución a las peticiones formuladas por el ciudadano JOSE JOAQUIN OROZCO NIETO en cuanto hace a la protección del espacio comprendido entre las calles 72 a 75 de la carrera 96 de esta ciudad, para la efectiva protección de sus derechos. Cuarto.  El señor Juez Séptimo (7o.) Civil Municipal de Bogotá informará a esta Corte sobre el cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia. Quinto.  Comuníquese la presente decisión al Despacho Judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-509-92 T-1872 Sentencia No. T-509/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/LEGITIMACION POR ACTIVA EN TUTELA/ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Indefensión El padre de la menor tiene legitimación activa para ejercer la acción de tutela en favor de su hija, dado que es el representante legal de la misma en compañía de la madre, hasta que no se le prive en juicio de la patria potestad. Si bien la acción de tutela se promovió contra un particular, es decir, contra la madre de la menor, considera esta Sala que ella es procedente, dado que la situación objeto de controversia encaja dentro del supuesto del numeral 9o. del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por hallarse la menor en estado de indefensión. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL/PATRIA POTESTAD/CUSTODIA DE LOS HIJOS En el caso sublite, se observa que el actor solicita que el Juez de tutela le haga entrega de su hija, lo cual lleva a esta Sala a considerar que este mecanismo es improcedente,  de  conformidad  con  el  numeral  1o. del artículo anterior, toda vez que los procedimientos a los cuales dicho padre ha debido acudir están específicamente definidos en el Código del Menor -Jurisdicción de Familia-y en el Código de Procedimiento Civil. Con todo ha de hacerse la precisión de que si se presentara situación de peligro para la menor quedarían las puertas abiertas de la tutela por ser medio más eficaz para salvaguardar inmediatamente sus derechos. SALA  DE REVISION  No.  6 Ref.: Proceso de tutela No. 2522 Tema:        Derechos fundamentales de los niños Demandante: JOSE IVAN GOMEZ Magistrado Ponente: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Santafé de Bogotá, D.C.,  veinticuatro (24) de agosto de  mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa el fallo de tutela proferido el 20 de abril de l992 por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), por medio del cual se negó la tutela ejercida por José Iván Gómez contra Alba Inés Villada. I.       ANTECEDENTES. A. HECHOS DE LA DEMANDA. En la demanda de tutela presentada por José Iván Gómez ante el Juez Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, se formulan los siguientes hechos: José Iván Gómez, vivió en forma extramatrimonial con la señora Alba Inés Villada Diez, de cuya unión nacieron dos hijos que responden a los nombres de Jorge Iván y Dora Luz, -esta última de cuatro años de edad- y cuya guarda está a cargo de la madre desde el momento de la separación de los padres. Señala que los menores son objeto de descuido, de malos tratos y ejemplos por parte de la madre, por lo cual tuvo que acudir al Instituto Colombiano de Bienestar familiar de Pereira, para cuando Alba Inés Villada residía en esa ciudad.  Al respecto agrega que "...luego ella se trasladó a residir a la ciudad de Armenia y allí me personé en la oficina de la Defensoría de Menores.  Luego al regresar ella a Santa Rosa, volví a Bienestar Familiar de Dosquebradas en procura de la tutela de mis hijos". Anota que de todo ello obtuvo como concesión especial el que semanalmente podía llevar a sus hijos a la casa de su madre y tenerlos con él  todo el fin de semana; y que en alguna oportunidad, el niño se negó a regresar con Alba Inés Villada, la cual al observar tal comportamiento, aceptó voluntariamente esa decisión. Se sostiene por el demandante que su hija, de cuatro años de edad, permanece la mayor parte del tiempo sola con el compañero de la madre, lo cual constituye un peligro grande para su integridad y que la casa en la cual reside la menor está en peligro de derrumbarse, ya que recientemente se desplomó un barranco que se encontraba a menos de un metro de la misma, y la niña por ser de corta edad no está en condiciones de prever el peligro. B. DERECHOS VULNERADOS. Si bien en el escrito de la demanda no se cita la norma constitucional infringida, de lo allí consignado como hechos, se deduce que los derechos supuestamente amenazados son la vida e integridad de la niña Dora Luz Gómez Villada ( art. 44 C.N.). C. PETICIONES DE LA DEMANDA. Solicita el actor que se le haga entrega de su hija menor Dora Luz Gómez Villada y de esta forma llevarla a casa de la madre del mismo, para que esté en compañía del hermano de ella. D. ACTUACION PROCESAL. Dentro del expediente correspondiente a la acción de tutela, obran las siguientes diligencias: a) Contestación por parte de Alba Inés Villada Diez de la demanda de tutela, en la  cual hizo verbalmente las siguientes manifestaciones: Es cierto que vivió extramatrimonialmente con José Iván Gómez y de esa unión nacieron dos hijos llamados Jorge Iván y Dora Luz.     Tiene  los hijos bajo su cuidado desde diciembre de l991 y aclara que el niño se encuentra con el padre por querer de ella. Ha tenido varios litigios con su excompañero:   Uno en Armenia, sin que le entregaran los niños, sino todo lo contrario, se los dieron a ella y lo obligaron a pagar algún dinero, y no ha querido cumplir y otro en el Bienestar de Dosquebradas, en donde tampoco quisieron entregárselo al padre. También afirma que la visitadora de este Bienestar estuvo en su casa.  Vive sola con un muchacho, el cual la ayuda a sostener la niña y tanto él, ella y sus hijas mayores  tratan bien a la menor.  La niña no corre peligro por parte de los que habitan con ella, ni tampoco en cuanto  hace a la vivienda, ya que la casa es de material, está bien situada y no ofrece riesgos de derrumbarse. Para la verificación de los hechos, pidió una inspección judicial a su sitio de residencia y la recepción de unos testimonios. b)      Providencia de 15 de mayo de 1992 de la Defensoría de Familia del Centro Zonal No. 3 de Dosquebradas en la que se ordena que teniendo en cuenta el Informe Social de la investigación realizada por la Trabajadora Social de dicho Centro, con lo cual se estableció "que los menores no corren peligro al lado de la madre"  se ordena que el padre de los menores, señor José Iván Gómez, la haga entrega de los mismos, Jorge Iván y Dora Luz a la madre, para lo cual se le citará al Despacho y se le notificará la decisión. c) Acta firmada por el José Iván Gómez y por la Defensora de  Familia antes mencionada, en la que se consigna que a ese centro se presentó el padre de los niños Jorge Iván y Dora Luz Gómez Villada, los que se encuentran a su lado provisionalmente mientras se constataba el peligro en que se encontraban los hijos en poder de la madre. Debido a que la trabajadora social comprobó que no había peligro alguno para que los menores estuvieran al lado de su madre, se conceptúa que los niños debían entregarse a ella. Al momento de ponérsele de manifiesto tal circunstancia al padre, este se comprometió a devolvérselos el día 7 de junio de l991, llevándoselos a su casa. Por último, se anota que le es permitido visitar a los niños y gozar de su compañía de vez en cuando, un fin de semana. d) Inspección judicial practicada por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal, a la casa donde reside Alba Inés Villada Diez con su hija menor Dora Luz, y a través de la cual se pudo  verificar que se trata de una vivienda pobre pero entre las viviendas de un barrio deprimido conserva las normas de higiene y aparentemente es segura; además no se observó que " la casa y los terrenos aledaños ofrecieran ruina o peligro inminente. E. SENTENCIA EN REVISION. Sentencia del 8 de abril de l992 proferida por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Decisión: No acceder a las pretensiones del señor José Iván Gómez. Consideraciones: Interpretando que el derecho que se considera amenazado se refiere a la vida de la menor Dora Luz Gómez Villada y previa la práctica de una inspección judicial al lugar donde ésta se encuentre, el Juzgado concluyó que no debe prosperar la tutela en razón a que esta "se encuentra al lado de su madre debidamente vigilada y que la vivienda tiene una infraestructura adecuada" en todos los aspectos. Se consideró además que la niña no corre peligro en su integridad por el hecho de que la madre tenga un compañero y que si lo que el padre pretende, es la suspensión de la patria potestad que ejerce la madre, debe acudir a la vía judicial adecuada, como es la Jurisdicción de Familia. II. CONSIDERACIONES. a) Los derechos de los niños como derechos fundamentales. Los derechos de la menor Dora Luz Gómez Villada, como son la vida, integridad física y moral, tener una familia y no ser separada de ella y ser sujeto de cuidados, atributos que se consideran amenazados, son derechos reclamables por medio de la acción de tutela, en atención a que son fundamentales. El artículo 86 de la Carta ampara estos derechos y el artículo 44 ibidem dispuso: "Artículo 44.   Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". Los derechos de los niños, cuya cualidad de fundamentales atribuye el citado artículo y orientó la mente del Constituyente de l991, se concibieron así en el informe de ponencia de la Comisión Quinta ante la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces se dijo: "El niño  no  puede  ser considerado como un ser aislado. Es producto de la maternidad, la familia y la sociedad. Estas condicionan su existencia por cuanto él evoluciona siempre con respecto a ellos, lo cual hace evidente que el niño es un ser en alto grado indefenso y frágil... "En el siglo veinte, una vez superados los problemas de libertad y saciadas las necesidades primarias del hombre, un despertar de la conciencia social llevó a las naciones industrializadas a pensar en el niño y su protección,  pues se entendió que éste representa y garantiza el futuro de un pueblo, sin embargo, en los paises menos desarrollados el niño continúa siendo el más debil y vulnerable miembro de la comunidad, objeto de malos tratos y desatenciones, a pesar de ser él, quién encarne la conservación de la especie". ".... En este articulado se distinguen los derechos esenciales del niño que garantizan a éste un desarrollo armónico e integral como ser humano. Estos derechos no sólo están relacionados con la vida, la integridad, el nombre y la nacionalidad, sino que también hacen del niño sujeto de derecho, en la medida en que - por medio de la familia, la Sociedad y el Estado- le asegura la salud, la educación y la cultura..." (Ponencia- Informe- COMISION QUINTA, Gaceta Constitucional No. 52, pag. 4). Este carácter fundamental de los derechos de los menores es pregonado por la Convención que sobre el niño fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de l989 y en la cual no sólo se expresa que la infancia tiene derecho a cuidados y asistencias especiales, sino que se advierte lo siguiente: "Teniendo presente que la necesidad de proporcionar  al  niño una protección especial ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra de l924 sobre los derechos del niño y en la Declaración de los Derechos del Niño adoptada por la asamblea general el 20 de noviembre de l959, y reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ( en particular, en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional de Derechos  Económicos,  Sociales  y Culturales  (en particular, en el artículo 10) y en los estatutos e instrumentos pertinentes de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño". b) Legitimidad e interés de los padres para ejercer la acción de tutela a nombre de sus hijos. La Sala  entra  a considerar la legitimidad de José Iván Gómez, padre de la menor Dora Luz Gómez Villada, para  ejercer la acción de tutela a nombre de ésta. El aparte  final  del  inciso  2o. del artículo 44 de la Constitución Nacional, además de consagrar el rasgo que de fundamentales tienen los derechos de los niños, le otorga legitimidad a cualquier persona para exigir de la autoridad competente el cumplimiento de dichos derechos e igualmente pedir que se sancione a los infractores. Siendo José Iván Gómez el padre de la menor y por ello, poseedor de la patria potestad, la cual envuelve la representación legal de la hija, está entonces legitimado para ejercer la tutela de conformidad con el artículo 10o. del Decreto 2591 de l991, el cual expresa que tiene tal legitimidad e interés cualquier persona que sea vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, ya sea actuando por sí misma o a través de representante legal. Al respecto, el artículo 62 del Código Civil dispone que las personas incapaces de celebrar negocios serán representados  por  los  padres,   quienes conjuntamente ejercerán la patria potestad sobre sus hijos menores. Patria Potestad  que implica la representación judicial del hijo, según lo previene el artículo 306 del Código Civil. Los artículos mencionados, disponen: "Art.62. Las personas incapaces de celebrar negocios serán representadas: 1) Por los padres, quienes ejercerán conjuntamente la Patria Potestad sobre sus hijos menores de 18 años...". "Art. 306. La representación judicial del hijo corresponde a cualquiera de los padres..." Dentro de este contexto, el padre de la menor tiene legitimación activa para ejercer la acción de tutela en favor de su hija, dado que es el representante legal de la misma en compañía de la madre, hasta que no se le prive en juicio de la patria potestad. c) El sujeto pasivo de la acción es un particular. Si bien la acción de tutela se promovió contra un particular, es decir, contra la madre de la menor, considera esta Sala que ella es procedente, dado que la situación objeto de controversia encaja dentro del supuesto del numeral 9o. del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por hallarse la menor en estado de indefensión.  Esta norma que se encuentra en el Capítulo denominado "tutela contra particulares", precisa al respecto: Artículo 42. Procedencia.  La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: ...9o. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela". No existe peligro a la vida e integridad de la menor. Considera esta Sala, que la manifestación hecha por el señor José Iván Gómez en la demanda sobre el peligro que padece su hija por encontrarse viviendo en una casa que está  a  punto  de  derrumbarse, carece de veracidad, por cuanto está plenamente demostrado en el proceso de tutela que no existe amenaza alguna que ponga en peligro la vida de la infante, toda vez que el Juzgado haciendo uso deligente de la prueba de inspección judicial contemplada en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil, comprobó que tanto la vivienda en donde habita la menor, como las casas y terrenos aledaños, se ven aparentemente seguras y no ofrecen ruina o peligro inminente. e) Existen otros medios de defensa judiciales. El artículo 86 de la Constitución Nacional  desarrollado por el Decreto 2591 de 1991, no ha dejado a la deriva la potestad de utilizar la acción de tutela en forma ilimitada, sino que le ha señalado los momentos precisos de su procedencia y las circunstancias en las cuales se presenta su  improcedencia. En cuanto a su procedencia, el artículo 5o., dice que es viable contra la acción u omisión de las autoridades públicas, que haya violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos fundamentales a que se refiere el artículo 2o.. En cuanto a su improcedencia dicho Decreto señala en el artículo 6o. las causales para ello de la siguiente manera: "Artículo 6o. Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. Se entiende por irremediable el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización. ...". En el caso sublite, se observa que el actor solicita que el Juez de tutela le haga entrega de su hija, lo cual lleva a esta Sala a considerar que este mecanismo es improcedente,  de  conformidad  con  el  numeral  1o. del artículo anterior, toda vez que los procedimientos a los cuales dicho padre ha debido acudir están específicamente definidos en los decretos 2737 de l989  (Código del Menor) y 2272 de l989 ( Jurisdicción de familia), y en el Código de Procedimiento Civil. En efecto: El Decreto 2737 de l989, contempla en sus artículos 70 y siguiente lo relativo a la custodia o cuidado personal del menor. En éstos se  resalta la figura del Defensor de Familia, funcionario encargado de asignar provisionalmente la custodia o cuidado personal del menor a aquel de los parientes que señala el artículo 61 del Código Civil, que ofrezca mayores garantías para su desarrollo integral. La función que ejerce el Defensor de Familia comporta, entre otras, una misión conciliadora, a la cual se refiere el artículo 47 de la Ley 23 de l991 al otorgarle competencia para  conciliar, entre otros asuntos, "la custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores" cuando los padres lo soliciten. Y esto mismo puede  adelantarse con anterioridad al proceso judicial o durante el trámite del mismo. Si se lleva a cabo la conciliación, se dejará constancia de ello con la firma de las personas que intervinieron. Cuando fracase se puede dar inicio al proceso judicial ante la jurisdicción respectiva. Este procedimiento fue agotado por el demandante como consta en el expediente de tutela, y a consecuencia del cual se comprometió a hacer entrega de sus hijos a la madre, luego de haberlos tenido provisionalmente mientras se constataba el peligro aducido por él mismo cuando solicitó la custodia de los niños y que se encontró que no existía. Dentro de este contexto ha de decirse que no se conocen -no aparece en el proceso- los antecedentes y conducta del padre petente como para saber sí realmente es él la opción mejor para tener a sus hijos. Es pertinente anotar que este proceso cuya competencia corresponde al Instituto de Bienestar Familiar, es de carácter administrativo, mas no judicial, y permite que se vuelva a intentar cuando uno de los padres lo solicite en procura de la defensa y protección del menor. También es necesario indicar que este proceso no es de obligatorio agotamiento, ya que se puede obviar y recurrir a la jurisdicción de familia directamente y solicitar a través de un procedimiento verbal sumario, la custodia de los hijos. Empero, se puede acudir al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando no haya proceso judicial en curso. Al respecto, señala el artículo 16 del decreto 2272 de 1989, lo anterior  así: "Competencia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tendrá, además, las siguientes funciones: 1. Aprobar cuando no haya proceso judicial en curso, las conciliaciones entre cónyuges, padres y demás familiares sobre los siguientes asuntos: ...d) Custodia y cuidado de los hijos, padres o abuelos y alimentos entre ellos, " Cuando el proceso de custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores se ejerce ante la jurisdicción de familia, conocen en primera instancia los jueces de familia de la residencia del menor, y a falta de Juez de Familia o Promiscuo de Familia, con competentes en primera instancia los jueces civiles o promiscuos municipales del lugar. Lo anterior está previsto en los artículos 5o. literal d) y 7o. numeral 2 del Decreto 2272 de l989, que expresan: Artículo 5o. "Competencia. Los Jueces de Familia conocen de conformidad con el procedimiento señalado en la ley, de los siguientes asuntos: ... d)De la custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores..." Artículo 7o. "Competencia de los Jueces civiles y promiscuos municipales. Los jueces civiles y promiscuos municipales también conocen de los siguientes asuntos: ... En primera instancia: ... 2. De los procesos atribuidos a los jueces de familia en única instancia, cuando en el municipio no exista Juez de familia o promiscuo de Familia..." El proceso que se sigue ante la jurisdicción de familia, es el verbal sumario contemplado en el artículo 435 numeral 5o. del Código de Procedimiento Civil, que dice así: "Se tramitarán en única instancia por el procedimiento que regula este capítulo los siguientes asuntos: parágrafo 1o. En consideración a su naturaleza: ... 5o. las controversias que se susciten entre padres o cónyuges o entre aquéllos y sus hijos menores, respecto del ejercicio de la patria potestad; los litigios de igual naturaleza en los que el defensor de familia actúa en representación de los hijos...y en general los asuntos en que sea necesaria la intervención de Juez previstos en la ley 24 de l974, en los decretos 2820 de l974, 206 y 772 de l975...", sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este procedimiento es judicial porque su tramitación y decisión corresponde a los Jueces de Familia. Así entonces, el padre de la infante pudo acudir a los Juzgados de Familia para pedir la custodia y cuidado personal de la menor  o también para solicitar la pérdida o suspensión de la patria potestad que sobre ella tiene Alba Inés Vichada Diez, acorde con el proceso previsto en el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil. Señala este artículo: "Art. 427.  Asuntos que comprende.  Se tramitarán en proceso verbal por el procedimiento consagrado en este capítulo, los siguientes asuntos: Parágrafo 1o. En consideración a su naturaleza: ... 2. Privación, suspensión y restablecimiento de la patria potestad o de la administración de bienes del hijo y remoción del guardador. ...". Así las cosas, el demandante todavía le quedan unos medios procesales por agotar y son precisamente algunos de los judiciales anteriormente descritos, relacionados con la custodia de la menor y la privación y suspensión de la Patria Potestad, que se pueden reclamar respecto de la madre.  Con todo ha de hacerse la precisión de que si se presentara situación de peligro para la menor quedarían las puertas abiertas de la tutela por ser medio más eficaz para salvaguardar inmediatamente sus derechos. De todos modos, la Defensora de Familia mantendrá la debida vigilancia sobre la situación de los menores Dora Luz y Jorge Iván, con el fin de asegurarse que no correrán peligro en su integridad física y moral al lado de su madre.  En caso de que las circunstancias  cambien, esto es, que se presenten hechos que pongan de presente tal peligro, tomará las medidas del caso para evitarlo.  Y así se ordenará en este fallo. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión No. 6 de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero: Confirmar el fallo del Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), por medio del cual se negó la tutela ejercida por José Iván Gómez contra Alba Inés Villada. Segundo:   La Defensoría de Familia de Dosquebradas, Centro Zonal No. 3 o al que corresponda,  mantendrá la debida vigilancia sobre las menores Dora Luz y Jorge Iván a efecto de que en el futuro no corra peligro su integridad física o moral, pues, de lo contrario habrá de adoptar oportunamente las medidas que provean a corregir tal situación en desarrollo del principio del interés superior del menor. Tercero: Comuníquese a la Defensoría a que se refiere el numeral 2o. anterior, con entrega de copias de este fallo. Cuarto:      Comuníquese al Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Risaralda), la presente sentencia para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de l991, con entrega de copia de la misma. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN        CIRO ANGARITA BARON Magistrado                                  Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-512-92 Sentencia No Sentencia No. T-512/92 RECTIFICACION DE INFORMACION/ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PRINCIPIO DE LA BUENA FE/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA Si lo que busca el peticionario es que un medio de comunicación rectifique información inexacta o errónea suministrada al público, está obligado a solicitarla previamente al medio y únicamente en el evento de no ser publicada por éste en condiciones de equidad, podrá acudirse al juez en demanda de tutela.  Así se debe acreditar al presentar la demanda, junto con la transcripción o copia de la información o publicación correspondiente.  De lo contrario no procede la acción. Lo que se busca es dar oportunidad al medio sobre cuya información hay inconformidad, para que rectifique o aclare.  En este como en otros campos, es preciso partir de la base de la buena fe y, siendo posible que el medio de comunicación no hubiese tenido intención o voluntad de agravio, es menester que se le permita corregir lo dicho o escrito antes de plantearle un conflicto judicial. LIBERTAD DE EXPRESION-Alcance En el caso de la libertad de expresión ninguna duda cabe en torno a la coincidencia entre su inclusión dentro de dicho capítulo como derecho fundamental y la sustancia de su contenido como uno de los derechos de mayor trascendencia, tanto desde el punto de vista relativo a la persona como en la perspectiva de la sociedad, en especial dentro de un Estado de Derecho. La Constitución Política de 1991 amplió considerablemente la concepción jurídica de esta garantía y avanzó hacia su consagración como derecho humano que cubre ya no solamente la posibilidad de fundar medios periodísticos y, en general, medios de comunicación, y de acceder a ellos para canalizar hacia la colectividad la expresión de ideas y conceptos, sino que cobija las actividades de investigación, y obtención de informaciones, así como el derecho de recibirlas, a la vez que el de difundirlas, criticarlas, complementarlas y sistematizarlas. La libertad de información así concebida se constituye, pues, en un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades. DERECHO AL BUEN NOMBRE-Informes Periodísticos/DERECHO A LA HONRA/DERECHOS FUNDAMENTALES/DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Vulneración Tanto el buen nombre  como la honra de las personas son derechos fundamentales, instituidos en razón de la dignidad del ser humano, en orden a preservar el respeto que a esos valores, de tanta trascendencia para cada individuo y su familia, deben la sociedad, el Estado y los particulares. Los derechos a la honra y al buen nombre no son los únicos que pueden resultar lesionados por la actividad informativa de un medio de comunicación.  También lo puede ser el derecho a la intimidad personal o familiar protegido en el artículo 15 de la Constitución Política.  Aquí ya no se trata de informaciones falsas o inexactas, susceptibles de rectificación, sino de publicaciones de muy diverso género (caricaturas, fotografías, imágenes transmitidas por televisión, comentarios radiales, informes periodísticos "confidenciales" ampliamente difundidos, etc.), cuyo contenido lesiona el núcleo de vida privada al que tiene derecho toda persona, aunque se trate de un personaje público. Tratándose del derecho a la intimidad, en principio no puede hablarse de rectificación pues la lesión se produce aunque los hechos sean exactos, salvo que, además de invadirse la esfera íntima de la persona o la familia, se están transmitiendo o publicando datos que riñan con la verdad.  Allí habría doble quebranto de la preceptiva constitucional y las consiguientes responsabilidades civiles y penales, en su caso, además de la obligación de rectificar en condiciones de equidad. DERECHO A LA INFORMACION-Límites Los medios de comunicación no pueden invocar el derecho a la información para invadir la esfera inalienable de las situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la persona y de sus allegados, pues ese reducto íntimo hace parte de la necesaria privacidad a la que todo individuo y toda unidad familiar tienen derecho.  Esa prerrogativa es oponible a terceros considerados de manera individual y con mucha mayor razón a los medios masivos, ya que éstos, por la misma función que cumplen, están en capacidad de hacer público lo que de suyo tiene el carácter de reservado por no ser de interés colectivo. DERECHO A LA INFORMACION-Naturaleza/MEDIOS DE INFORMACION El de la información es un derecho de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, como ya se dijo, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas. No siendo un derecho en un solo y exclusivo sentido, la confluencia de las dos vertientes, la procedente de quien emite informaciones y la alusiva a quien las recibe, cuyo derecho es tan valioso como el de aquél, se constituyen en el verdadero concepto del derecho a la información. debidamente probada la infracción del ordenamiento jurídico por un medio de comunicación, ha de poder concretarse en el campo de la responsabilidad penal por los delitos que se cometan no en uso sino en abuso de la libertad en contra de muy diversos intereses, y en el de la responsabilidad civil por los perjuicios debidos a los excesos que se cometan pretextando el ejercicio de la libertad de información, todo sin perjuicio de la responsabilidad ante la opinión pública. SALA TERCERA DE REVISION Ref.:  Expediente T-3999 Acción de tutela IVAN URDINOLA GRAJALES contra medios de comunicación. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Sentencia aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., mediante acta de nueve (9) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Revisará la Corte las sentencias proferidas por el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala Penal- los días siete (7) de abril y dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), respectivamente. I.  ANTECEDENTES IVAN URDINOLA GRAJALES, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda de tutela ante el Juez Penal del Circuito de Cali (Reparto). En el correspondiente escrito, de fecha diez (10) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), el mandatario judicial manifestó que en diversas oportunidades y en diferentes fechas, medios de comunicación hablados y escritos publicaron informaciones temerarias que hacían alusión a conductas criminales cuya autoría era imputada a su poderdante.  Esas imputaciones, según la demanda, nacieron de la "mera presunción", de la mala fe y del "propósito orquestado por autoridades insanas y ejecutores de mala prensa", todo con el propósito de perjudicar el nombre de su representado. El actor adjuntó recortes tomados de las ediciones de los diarios "EL TIEMPO" y "EL ESPECTADOR" de fechas veintisiete (27) de febrero y siete (7) de marzo del presente año y dijo aportar varias grabaciones magnetofónicas ("Casettes") cuyos textos figuran transcritos en el expediente, sobre emisiones sin fechas de los noticieros radiales "R.C.N." y "CARACOL".  En el expediente remitido a la Corte Constitucional no se encuentra "cassette" alguno. La demanda no explicaba los motivos por los cuales se producía la lesión al buen nombre del señor URDINOLA ni formulaba comentario alguno sobre hechos o circunstancias antecedentes o concomitantes a las publicaciones. En el sentir del apoderado, con las informaciones divulgadas se produjo una clara violación del artículo 15 de la Constitución que garantiza el derecho de toda persona a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Solicitó el firmante que, en consecuencia, el Juzgado declarara dicha violación y que tomara las determinaciones pertinentes a efecto de lograr el respeto al buen nombre de su poderdante. Repartido el expediente al Juez Doce Penal del Circuito de Cali, mediante auto del trece (13) de marzo ordenó recibir declaración al presunto agraviado, y allegar a las diligencias el documento de inteligencia de la Dirección de Policía Judicial de Investigación (DIJIN) a la que se refería la información publicada por el Diario "El Tiempo" del veintisiete (27) de febrero y manifestación del Comandante de Policía de Risaralda, acerca de si había puesto en conocimiento de la Rama Judicial los resultados de las investigaciones por los hallazgos de treinta y un (31) cadáveres, encontrados a principios del año flotando en el río Cauca en inmediaciones del corregimiento de Beltrán, municipio de Marsella (Risaralda), especialmente en relación con los cargos atribuidos a IVAN URDINOLA en informe dado al diario "EL ESPECTADOR" el día siete (7) de marzo. En escrito del dieciseis (16) de marzo, el apoderado del demandante solicitó que se citara a los representantes legales de los medios de comunicación a los que aludía el escrito petitorio de la tutela, para que aportaran las precisiones necesarias sobre los hechos. IVAN URDINOLA GRAJALES rindió declaración el diecisiete (17) de marzo.  Durante ella expresó que hasta esa fecha no se había dirigido a los mencionados medios de comunicación para pedir rectificación o aclaración de las informaciones difundidas; que no había sido citado por ninguna autoridad ni tenía conocimiento de que contra él existieran cargos por los hechos objeto de divulgación; que la misma noticia había aparecido en varios periódicos del país como la Tarde, el Espacio, el Caleño y Occidente y que igualmente se había divulgado en México y en Estados Unidos; que no había tenido diferencia alguna con el Comandante de Policía de Risaralda y que ni siquiera lo conocía; que no tenía ningún récord delictivo; que no amenazaba a nadie, sino que únicamente perseguía "dejar en claro" el nombre de su familia y el propio y que, a su juicio, faltaba agregar las grabaciones del 26 de febrero del informativo de televisión "NOTICIERO DE LAS SIETE" y "Q.A.P.", en los cuales se había transmitido la misma información del diario "EL TIEMPO" sobre la amapola y también su fotografía, tomadas de su pasaporte y posiblemente obtenida en la Sección de Pasaportes de la Gobernación del Valle.  Dijo, además, que el perjuicio moral sufrido por él, por su familia y sus negocios había sido muy grande. Por medio de escrito presentado ese mismo día, el apoderado del señor URDINOLA, abogado SILVIO TAMAYO TAMAYO, hizo extensiva la acción de tutela a los informativos "NOTICIERO DE LAS SIETE", "NOTICIERO 90 MINUTOS" de TELEPACIFICO, "NOTICIERO NOTICINCO" de TELEPACIFICO y "NOTICIERO Q.A.P." en relación con varias de sus emisiones.  Anexó igualmente solicitud de rectificación elevada al Procurador General de la Nación, con copia a los ministros de Justicia y Defensa, Director de la Policía, Director del DAS y otras autoridades. II.  LA DECISION JUDICIAL DE PRIMERA INSTANCIA Mediante extensa providencia calendada el siete (7) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), el Juez Doce Penal del Circuito de Cali declaró que en efecto se había vulnerado al actor el derecho consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política y, en consecuencia, resolvió acceder a la tutela impetrada, ordenando las correspondientes rectificaciones a los diarios "EL TIEMPO" y "EL ESPECTADOR" y al informativo de televisión "NOTICIERO DE LAS SIETE", otorgando a dichos medios para ese efecto un plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas.  En la misma providencia se concedió al afectado un término máximo de cuatro (4) meses para que acudiera a la jurisdicción ordinaria para formular las acciones correspondientes, "so pena de que cesen los efectos de la tutela". Consideró el juez que tanto de la declaración juramentada de IVAN URDINOLA, como de las diversas certificaciones aportadas por las autoridades competentes, resultaba que a dicho ciudadano "no le figura ninguna sindicación, mucho menos relacionada con el narcotráfico o los homicidios". "Y si ello es así -concluyó-, como el proceso probatorio obliga a aceptarlo, resulta indiscutible la precipitud de los medios de comunicación al haber lanzado al aire unas imputaciones carentes de todo fundamento probatorio, porque es que aunque la justicia no puede rotular con el sello de verdad absoluta la acrisolada conducta de IVAN URDINOLA porque para ello sería menester un amplio y detenido estudio antecedente de sus actos públicos y privados, lo cual no sería posible frente a ese procedimiento preferencial, breve y sumario (el de la tutela), tampoco puede aceptarse y cohonestarse con que con (sic) simples conjeturas, suposiciones y juicios eminentemente subjetivos se acabe con la reputación de una persona, mucho menos cuando la inocencia como la buena fe son constitucionalmente presumidos (artículo 29 Constitución Nacional)". Según el juzgado, la acción estaba llamada a prosperar por cuanto indiscutiblemente se ha vulnerado un derecho constitucional fundamental (el previsto en el artículo 15 de la Constitución), tanto por parte de funcionarios públicos como de particulares, porque la tutela "es el único medio para evitar un perjuicio irremediable, pues nadie podría estar en capacidad de garantizar que no sigan apareciendo cadáveres en las riberas del Río Cauca, ni en la vecina municipalidad de Marsella o a lo largo y ancho de su curso, ni que se continúe con el cultivo de la amapola, hechos criminosos éstos que sin lugar a dudas continuarían siendo imputados en su autoría intelectual a IVAN URDINOLA GRAJALES". En sentencia se expone que no todos los medios aludidos por el demandante vulneraron el derecho fundamental del señor URDINOLA a su buen nombre, pues varios de ellos no lo identificaron especificamente, de modo que sus afirmaciones fueron de carácter general, impersonal y abstracto, frente a los cuales resulta improcedente el mecanismo de tutela.  En cuanto a otros medios mencionados por el petente, no se anexó transcripción de la información ni copia de la publicación correspondiente.  Así, pues, se circunscribió la orden de rectificación a los medios indicados en la parte resolutiva de la providencia. III.  LA DECISION JUDICIAL DE SEGUNDA INSTANCIA Impugnado el fallo de primera instancia por la sociedad "PROGRAMAR TELEVISION S.A.", responsable del "NOTICIERO DE LAS SIETE" y por LUIS FERNANDO SANTOS CALDERON, representante legal de la "Casa Editorial EL TIEMPO", el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala de Decisión Penal-, mediante providencia del dieciocho (18) de junio, resolvió revocar la sentencia recurrida y compulsar las copias respectivas para efectos de que se investigue al Juez Doce Penal del Circuito de esa ciudad por un presunto delito contra la administración de justicia. Advierte el Tribunal que la acción de tutela es de naturaleza subsidiaria y residual, lo cual indica que es procedente su utilización ante la carencia de otros medios de defensa judicial, cuando se trata de conflictos con las autoridades; o de emplear los mecanismos idóneos cuando se presentan diferencias entre los particulares, de tal modo que si los actos, hechos u omisiones dan lugar a su definición por medio de otra controversia, no es admisible la acción de tutela. Resulta indudable -dice la sentencia- que todas las personas deben estar protegidas en su intimidad, en su fuero interno, en su vida familiar y que tienen derecho a gozar de un buen nombre ante la sociedad.  El Estado, como protector, no solamente debe respetar a sus asociados, sino igualmente velar porque esos derechos no sean vulnerados. La tutela propuesta, que busca la protección del buen nombre de URDINOLA GRAJALES en sentido objetivo y en sentido subjetivo, es un claro conflicto entre particulares, pues fueron medios de comunicación privados lo que hicieron las publicaciones con las cuales se dice afectado el señor URDINOLA. "Si lo anterior es así -concluye la providencia sobre este aspecto- el particular ha debido hacer uso del numeral 7º del a. 42 del Decreto 2591 de 1991, que es el que contempla el caso de que se presenten acciones u omisiones de particulares, a efectos de solicitar la rectificación, puesto que las informaciones resultaban erróneas". Como no fue esa la actividad de URDINOLA, según lo afirmado por él mismo en su declaración jurada ante el Juez Doce Penal del Circuito, expresa el Tribunal: "El Juez entonces, ante esa respuesta, así tenga sus apreciaciones subjetivas sobre la poca eficacia de los medios de información en materia de rectificación, y se respalde en autores que han sufrido esta negligencia, no puede estar en contravía de un dispositivo cuya claridad meridiana no admite interpretaciones". Se refiere el fallo al debido proceso e indica que entre éste y el derecho de defensa hay una identificación plena y que de él surgen los demás principios rectores procesales. En el caso concreto añade el Tribunal que la consagración del artículo 5º del Decreto 306 de 1992 es precisamente el reconocimiento del derecho de defensa, en cuanto a que las personas contra las cuales se dirige la acción deben conocer la situación para ejercerlo. Así, pues, el Juez Doce Penal del Circuito de Cali "ha debido inadmitir la Acción de Tutela, por cuanto no había lugar a ella de acuerdo con la preceptiva del a. 42 del Decreto 2591 de 1991, y por afectación al Debido Proceso, a. 5º del Decreto 306 de 1992". IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1.  Competencia Esta Sala de la Corte es competente para revisar las sentencias mencionadas, en razón de lo dispuesto por los artículos 86 y 241, numeral 9º de la Constitución Política, 31 y siguientes del Decreto 2591 de 1991. 2.  Oportunidad de las decisiones judiciales en revisión Aunque en los documentos que obran en el expediente no aparece constancia sobre la fecha exacta de presentación de la demanda de tutela, observa la Corte que ello ocurrió entre el 11 y el 12 de marzo del presente año, ya que el poder conferido por URDINOLA GRAJALES a su abogado fue reconocido ante el Notario Cuarto de Cali el día 11 de marzo, si bien la demanda se encabeza con fecha 10; el 13 de marzo a las 2:00 p.m. pasó el expediente al Despacho del Juez Doce Penal del Circuito de Cali, según constancia secretarial.  Ese mismo día el Juez profirió el primer auto decretando algunas pruebas. La decisión sobre la tutela solicitada se produjo el día siete (7) de abril, es decir, quince (15) días después. Las notificaciones se efectuaron el trece (13) de marzo y los escritos de impugnación de la "Casa Editorial EL TIEMPO Ltda." y de "Programar Televisión S.A." fueron presentados por el abogado José J. García Riveros en el Juzgado Doce Penal del Circuito de Cali el día catorce (14) de mayo de 1992. Mediante auto del veinticinco (25) de mayo se otorgó el recurso y las diligencias fueron recibidas por la Secretaría del Tribunal el veintisiete (27) de mayo.  Ese mismo día se sometió el asunto a reparto extraordinario.  La Sala de Decisión Penal del Tribunal de Cali profirió la sentencia el dieciocho (18) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Ha insistido la Corte, y vuelve a hacerlo a propósito de este proceso, en el carácter improrrogable que tienen los términos judiciales (artículo 228 C.N.) muy especialmente en materia de tutela (artículo 86 C.N.) habida cuenta de la finalidad que persigue esta figura, que no es otra distinta de proveer en forma inmediata a la protección del derecho fundamental quebrantado o amenazado. La propia norma constitucional señala que "en ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución".  Y, en cuanto a la notificación e impugnación del fallo y el trámite de la impugnación, son igualmente perentorios los artículos 30, 31 y 32 del Decreto 2591 de 1991: "ARTICULO 30.-  Notificación del fallo.  El fallo se notificará por telegrama o por medio expedito que asegure su cumplimiento, a más tardar al día siguiente de haber sido proferido. ARTICULO 31.- Impugnación del fallo. Dentro de los tres días siguientes a su notificación el fallo podrá ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad pública o el representante del órgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato. Los fallos que no sean impugnados serán enviados al día siguiente a la Corte Constitucional para su revisión. ARTICULO 32.- Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el fallo.  El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente.  Si a su juicio el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato.  Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará.  En ambos casos, dentro de los diez días siguientes a la ejecutoria del fallo de segunda instancia, el juez remitirá el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión". Como se observa que en el presente caso no fueron cumplidos algunos de tales términos, se ordenará compulsar copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a la Procuraduría General de la Nación, para lo de sus respectivas competencias. 3.  Carácter excepcional de la acción de tutela contra particulares Por regla general la acción prevista en el artículo 86 de la Constitución procede contra actos u omisiones de las autoridades[1]. Excepcionalmente es posible intentarla contra particulares en los casos que establezca la ley, sobre el supuesto de que se hallen en una de las situaciones previstas por la propia disposición superior: que esos particulares estén encargados de la prestación de un servicio público; que su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o que respecto de ellos el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 desarrolló ese precepto indicando los casos en los cuales procede la tutela contra acciones u omisiones de particulares.  En su numeral 7 contempló la materia que ha dado lugar a la acción de tutela en esta oportunidad: "Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas.  En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma". El carácter a todas luces excepcional de esta norma hace que su interpretación deba ser estricta, de tal forma que, si lo que busca el peticionario es que un medio de comunicación rectifique información inexacta o errónea suministrada al público, está obligado a solicitarla previamente al medio y únicamente en el evento de no ser publicada por éste en condiciones de equidad (artículo 20 de la Carta), podrá acudirse al juez en demanda de tutela.  Así se debe acreditar al presentar la demanda, junto con la transcripción o copia de la información o publicación correspondiente.  De lo contrario no procede la acción. Lo que se busca es dar oportunidad al medio sobre cuya información hay inconformidad, para que rectifique o aclare.  En este como en otros campos, es preciso partir de la base de la buena fe y, siendo posible que el medio de comunicación no hubiese tenido intención o voluntad de agravio, es menester que se le permita corregir lo dicho o escrito antes de plantearle un conflicto judicial. En el caso que se examina, es claro que la pretensión del peticionario radicaba precisamente en que se ordenara a varios medios de comunicación rectificar informaciones relativas a la posible comisión de actos delictivos por IVAN URDINOLA GRAJALES, ya que se entendía violado el derecho fundamental consagrado en el artículo 15 de la Constitución. Un estudio de los antecedentes y de las declaraciones del accionante permiten concluir, como lo hizo el Tribunal de Cali, que si bien se presentaron copias y transcripciones de las publicaciones efectuadas, no hubo la previa solicitud de rectificación a los medios respectivos y prefirió optarse directamente por la vía de la acción consagrada en el artículo 86 de la Constitución.  Así lo dijo el propio URDINOLA GRAJALES en declaración jurada rendida ante el Juez Doce Penal del Circuito de Cali el diecisiete (17) de marzo de mil novecientos noventa y dos (cfr. Fl. 61 del expediente): "PREGUNTADO: Sírvase informar al Despacho si al tener conocimiento de las informaciones suministradas por los medios de comunicación a los cuales se contrae la solicitud de acción de tutela (sic), presentada por usted a través de apoderado, se ha dirigido a los mismos a fin de que sean rectificadas o aclaradas? CONTESTO: No hasta el momento no lo he hecho, no lo he hecho porque primero decidí obrar por medio de la tutela". De ello se deduce que no era procedente conceder la tutela y, por tanto, fue acertada la decisión del Tribunal cuando resolvió revocar la sentencia de primera instancia. 4.  El derecho a la información.  La responsabilidad de los medios de comunicación Pese a que, como queda dicho, en el asunto examinado no procedía la acción de tutela, estima la Corte indispensable reiterar algunos conceptos que, en lo referente a la libertad de información, se derivan de los mandatos constitucionales. El ejercicio de la libertad periodística es ciertamente un derecho amparado por el artículo 20 de la Constitución en cuanto corresponde al desarrollo de la libertad de expresar y de difundir el propio pensamiento y opiniones de dar y recibir información y de fundar medios masivos de comunicación. Dentro del esquema trazado en la Constitución de 1991 en cuanto a los derechos fundamentales y considerada como uno de ellos, la libertad de expresión adquiere relevancia especial, no solo en cuanto se la rodea de garantías y formas de protección específicas, sino por la innovación que representa el hecho mismo de habérsela plasmado explícitamente, lo que no acontecía en la Constitución anterior, pues el antiguo artículo 42 aludía tan sólo a la libertad de prensa, que es una de sus formas. Ya ha señalado esta Corte que la titulación con la cual se encabezan los diferentes capítulos de la Carta no resulta obligatoria en cuanto no fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de conformidad con su reglamento[2].  De tal manera que hay en la Constitución derechos fundamentales no necesariamente incluidos dentro del Capítulo 1º de su Título II. Empero, en el caso de la libertad de expresión ninguna duda cabe en torno a la coincidencia entre su inclusión dentro de dicho capítulo como derecho fundamental y la sustancia de su contenido como uno de los derechos de mayor trascendencia, tanto desde el punto de vista relativo a la persona como en la perspectiva de la sociedad, en especial dentro de un Estado de Derecho. Debe subrayarse en la libertad de expresión, como en los demás derechos de su misma estirpe, el carácter de fundamental, pues su alcance y sentido únicamente resultan explicables si se tienen como derivados de la esencial condición racional del hombre y, por ende, anteceden a cualquier declaración positiva que los reconozca. Pero, además, cuanto toca con la expresión de los pensamientos y las ideas así como con la transmisión de informaciones, importa de modo directo, además del individuo, a la colectividad, cuyo desarrollo e intereses están íntimamente ligados a su preservación.  De allí que ésta forma de libertad haya sido recogida desde los albores del pensamiento democrático, en las declaraciones de derechos y en las cartas políticas, reservando para ella, de manera progresiva, una especial protección y particular celo en su defensa. La Constitución Política de 1991 amplió considerablemente la concepción jurídica de esta garantía y avanzó hacia su consagración como derecho humano que cubre ya no solamente la posibilidad de fundar medios periodísticos y, en general, medios de comunicación, y de acceder a ellos para canalizar hacia la colectividad la expresión de ideas y conceptos, sino que cobija las actividades de investigación, y obtención de informaciones, así como el derecho de recibirlas, a la vez que el de difundirlas, criticarlas, complementarlas y sistematizarlas. La libertad de información así concebida se constituye, pues, en un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades. El artículo 73 de la Carta Política declara que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesionales, mientras el 74 asegura la inviolabilidad del secreto profesional, que interesa en grado sumo a los periodistas, y el derecho de acceso a los documentos públicos como una regla general cuyas excepciones únicamente la ley puede establecer[3]. A todo lo cual se agrega la perentoria prohibición de todas las formas de censura. Los ordenamientos constitucionales de la mayoría de los estados modernos, tal como sucede en el nuestro, parten del supuesto de que la comunicación es inherente a la estructura social y política y que tan solo dentro de un concepto amplio, que reconozca de manera generosa el ejercicio de la libertad para hacer uso de los canales que la hacen posible, puede hablarse de un estado verdaderamente democrático. Esto corresponde a una necesidad sentida de los pueblos y a una instintiva reacción contra las posibilidades de actos que tiendan a recortar o a anular el ejercicio de la libertad. Pero, a objeto de hacer completo el derecho del conglomerado a la comunicación, es necesario reconocer en él, como elemento insustituible que contribuye inclusive a preservarlo, el de la responsabilidad social  que el inciso 2º  del artículo 20 de la Constitución colombiana señala en cabeza de los medios masivos, los cuales, no por el hecho de hallarse rodeados de las garantías que para el desarrollo de su papel ha consagrado el Constituyente, pueden erigirse en entes omnímodos, del todo sustraídos al ordenamiento positivo y a la deducción de consecuencias jurídicas por los perjuicios que puedan ocasionar a la sociedad, al orden público o a las personas individual o colectivamente consideradas, por causa o con ocasión de sus actividades.A propósito de esta responsabilidad, ella crece en la medida en que aumenta la ya de por sí muy grande influencia que ejercen los medios no solamente en la opinión pública sino en las actitudes y aún en las conductas de la comunidad. Un informe periodístico difundido irresponsablemente, o manipulado con torcidos fines; falso en cuanto a los hechos que lo configuran; calumnioso o difamatorio, o erróneo en la presentación de situaciones y circunstancias; inexacto en el análisis de conceptos especializados, o perniciosamente orientado a beneficios políticos o a ambiciones puramente personales, resulta mucho más dañino cuanta mayor es la cobertura (nivel de circulación o audiencia) del medio que lo difunde, pero en todo caso, con independencia de ese factor, constituye en sí mismo abuso de la libertad, lesión muy grave a la dignidad de la persona humana y ofensa mayúscula a la profesión del periodismo, sin contar con los perjuicios, a veces irreparables que causa, los cuales no pueden pasar desapercibidos desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas.La honra y el buen nombre de las personas, que en este caso han sido los derechos invocados por el accionante como desconocidos por los medios de comunicación, constituyen, junto con el derecho a la intimidad los elementos de mayor vulnerabilidad dentro del conjunto de los que afectan a la persona a partir de publicaciones o informaciones erróneas, inexactas o incompletas.  Resulta de gravedad extrema olvidar, en aras de un mal entendido concepto de la libertad de información, el impacto que causa en el conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude a la comisión de actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y el incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos o que el medio se precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la reserva del sumario, o a confundir una investigación con una condena.  Se tiene a este respecto un conflicto entre el derecho del medio informador y el de la persona ofendida, que debe ser resuelto, a la luz de la Constitución, teniendo en cuenta que, frente a la justicia, no puede ser más valioso un distorsionado criterio de la libertad de información que el derecho a la honra, garantizado en favor de toda persona por el artículo 21 de la Carta Política, pues en tales casos no es lícito al medio ni al periodista invocar como justificantes de su acción los derechos consagrados en los artículos 20 y 73 de la Carta.  No puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información. Debe la Corte insistir en que tanto el buen nombre (artículo 15 de la Constitución) como la honra de las personas (artículo 21 de la Carta) son derechos fundamentales, instituidos en razón de la dignidad del ser humano, en orden a preservar el respeto que a esos valores, de tanta trascendencia para cada individuo y su familia, deben la sociedad, el Estado y los particulares. Ya, en torno a estos derechos, ha manifestado la Corte Constitucional: "El derecho al buen nombre (...) está instituido como fundamental por el artículo 15 de la Carta Política, según el cual "el Estado debe respetarlo(s) y hacerlo(s) respetar", de lo que se deduce que obliga a todos y en toda clase de relaciones, tanto oficiales como particulares y sean ellas públicas o privadas; su respeto, por supuesto, es más exigente y estricto cuando se trata de relaciones o situaciones públicas, dado el carácter del derecho que se protege, el cual se desenvuelve muy especialmente ante una opinión circundante más o menos amplia y comprensiva de una gran variedad de relaciones personales. La honra es, igualmente, un derecho fundamental consagrado en el artículo 21 constitucional. Conforme a estos dos principios, toda persona tiene derecho a que lo que se exprese, sienta y piense de él por los demás corresponda a una estricta realidad de sus conductas y condiciones personales, especialmente de sus bondades y virtudes, de manera que la imagen no sufra detrimento por informaciones falsas, malintencionadas o inoportunas. Grande es ciertamente la importancia de estos derechos porque el hombre necesita que la opinión social dé apoyo cierto a sus valoraciones de sí mismo, a la prudente evaluación de su persona y al justo orgullo que le permite llevar una vida importante y significativa, a más de que la imagen que se tenga de él determina en alta medida el trato que se le dá por los demás en una muy amplia gama de circunstancias que tienen que ver con toda clase de aspectos de su vida desde los afectivos hasta los económicos"[4]. Parece evidente que en un Estado de Derecho y más aún, en un Estado Social de Derecho, no puede haber derechos absolutos; el absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juridicidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo en un antiderecho, pues ese sólo concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello a los derechos de los otros y a los de la misma sociedad.En esa perspectiva, conductas periodísticas que representan condena pública anticipada de quien es juzgado, antes de que así lo hayan definido los tribunales del Estado  -únicos competentes para hacerlo, en desarrollo de la presunción de inocencia, que se constituye en otro de los pilares de nuestro ordenamiento-  entrañan flagrante exceso en el uso  del derecho y, en cuanto atañe a la Constitución colombiana, representan motivo de responsabilidad social que, para ser efectiva, tiene que poder ser deducible con efectos jurídicos, bien en el campo civil, ya en el penal. Desde luego, tal sacrificio de la honra y del buen nombre no existe cuando la información está fundamentada en la verdad y esa verdad proviene, tratándose de delitos, de los fallos proferidos por los jueces o tribunales competentes, o de los informes que brinden las autoridades sobre las actividades que adelantan, dentro de sus respectivas órbitas de competencia.  En esas circunstancias, mal puede hablarse de daño a la honra o al buen nombre de la persona a quien aluden las noticias publicadas o transmitidas, pues el medio no hace sino dar cuenta pública de una decisión adoptada conforme a derecho, o de lo certificado por el organismo que tiene a su cargo determinadas atribuciones tendientes a la erradicación del delito.  Si los hechos publicados o difundidos son verdaderos, no es procedente ni lógico pedir la rectificación sencillamente por cuanto no hay nada qué rectificar. En esta materia debe tenerse en cuenta, además, lo ya expuesto por esta Corporación respecto de las informaciones que suministran los organismos de seguridad e inteligencia: "La recopilación y evaluación de la información que realizan la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía Nacional) y el Departamento Administrativo de Seguridad, tienen como fundamento los artículos 217 y 218 de la Constitución, en concordancia con los artículos 1º (dignidad humana y prevalencia del interés general), 4º (respeto y obediencia a las autoridades), 29 (debido proceso), 83 (presunción de la buena fe), en la función de mantener el orden constitucional y la convivencia pacífica y en el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal (colaboración de organismos oficiales y particulares), así como por la Convención Americana de Derechos Humanos, artículos 32 Nº 1 y 2 que consagra la correlación entre derechos y deberes. La labor de inteligencia tiene como finalidad detectar y realizar el seguimiento de conductas determinadas en la ley como punibles y prestar apoyo en la labor de investigación a la Rama Judicial del poder público. Esta función requiere del máximo de discreción que redundará en el éxito de la posterior sanción penal, pues es de todos conocido que la desaparición de las pruebas o su deterioro normal por el transcurso del tiempo inciden en el desarrollo del proceso. Razones suficientes asisten al Estado para mantener reserva en tan delicada labor y poseer no sólo a nivel nacional sino internacional la información que le permita actuar rápidamente frente a las conductas delictivas"[5]. Si son los servidores del Estado encargados de respetar esa reserva quienes la violan y oficialmente entregan a la prensa datos, informaciones o documentos reservados, ellos son responsables, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 332 del Código de Procedimiento Penal, que dice: "La publicación en medio de comunicación de informaciones de carácter reservado constituirá presunción de violación de la reserva, y hará incurrir en sanción a los empleados y sujetos procesales responsables como al medio de difusión". (Subraya la Corte). Ahora bien, los derechos a la honra y al buen nombre no son los únicos que pueden resultar lesionados por la actividad informativa de un medio de comunicación.  También lo puede ser el derecho a la intimidad personal o familiar protegido en el artículo 15 de la Constitución Política.  Aquí ya no se trata de informaciones falsas o inexactas, susceptibles de rectificación, sino de publicaciones de muy diverso género (caricaturas, fotografías, imágenes transmitidas por televisión, comentarios radiales, informes periodísticos "confidenciales" ampliamente difundidos, etc.), cuyo contenido lesiona el núcleo de vida privada al que tiene derecho toda persona, aunque se trate de un personaje público. Considera la Corte que los medios de comunicación no pueden invocar el derecho a la información para invadir la esfera inalienable de las situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la persona y de sus allegados, pues ese reducto íntimo hace parte de la necesaria privacidad a la que todo individuo y toda unidad familiar tienen derecho.  Esa prerrogativa es oponible a terceros considerados de manera individual y con mucha mayor razón a los medios masivos, ya que éstos, por la misma función que cumplen, están en capacidad de hacer público lo que de suyo tiene el carácter de reservado por no ser de interés colectivo. Así, no es aceptable que un medio de comunicación, sin el consentimiento de la persona, dé a la publicidad informaciones sobre hechos pertenecientes al ámbito estrictamente particular, como son los casos de discrepancias o altercados entre esposos, o entre padres e hijos sobre asuntos familiares; padecimientos de salud que la familia no desea que se conozcan públicamente; problemas sentimentales o circunstancias precarias en el terreno económico, pues todo ello importa únicamente a los directamente involucrados y, por ende, ninguna razón existe para que sean del dominio público, a no ser que en realidad, consideradas las repercusiones de la situación concreta, esté de por medio un interés de la comunidad, el cual tendría que ser debidamente probado y cierto para dar paso a la información. Desde luego, tratándose del derecho a la intimidad, en principio no puede hablarse de rectificación pues la lesión se produce aunque los hechos sean exactos, salvo que, además de invadirse la esfera íntima de la persona o la familia, se están transmitiendo o publicando datos que riñan con la verdad.  Allí habría doble quebranto de la preceptiva constitucional y las consiguientes responsabilidades civiles y penales, en su caso, además de la obligación de rectificar en condiciones de equidad (artículo 20 C.N.). Otro aspecto de la cuestión es el referente al derecho que tiene el sujeto pasivo de la información, también protegido y, además, en forma calificada, por la Constitución Política, según la cual se garantiza a toda persona "la libertad de (...) recibir información veraz e imparcial". El caso de las informaciones falsas, tendenciosas, incompletas o parcializadas, revela claramente un quebranto del concepto sobre lo que es la libertad y sobre el derecho de que gozan los destinatarios de esas informaciones, aparte del ya expresado daño que una noticia errónea puede causar en cuanto a la honra, el prestigio y aún la vida de las personas, el orden público, la tranquilidad social, o el normal desenvolvimiento de las actividades económicas, muy sensibles, por su naturaleza, al pánico y a la zozobra.No se trata solamente de establecer si la información que se suministra al público tiene sustento en la realidad. También corresponde a los derechos del receptor de la noticia el de la certidumbre en que la forma de transmisión o presentación de ella sea objetiva, es decir, que se halle despojada de toda manipulación o tratamiento arbitrario; libre de inclinación tendenciosa y deliberada; ajena a la pretensión de obtener de las informaciones efectos normalmente no derivados de los hechos u opiniones que las configuran, considerados en sí mismos, sino del enfoque usado por el medio para distorsionarlas. Repárese en que la libertad en referencia no ha sido concebida exclusivamente en beneficio y para uso de los medios y los periodistas, esto es, de los emisores de pensamiento, opiniones e información, pues no se trata de una libertad de sujetos calificados, sino que -allí radica su carácter de fundamental- cubre a todas las personas, por el hecho de serlo, sin ninguna distinción por razones de sexo, raza, profesión, nivel social o económico (artículo 13 de la Constitución Política).  Dada la naturaleza racional del hombre y su también natural tendencia a la sociabilidad, y habida cuenta de la existencia de la sociedad y de los indispensables vínculos del individuo con ésta, es suficiente ser persona para tener derecho a ejercer y reclamar esa garantía. No es tampoco un derecho político, que pudiera predicarse únicamente de los nacionales en uso de ciudadanía, aunque bien es cierto que la seguridad de una efectiva libertad de expresión condiciona el ejercicio de los derechos políticos y que la posibilidad concreta de ejercer a cabalidad la libertad de expresión se constituye, a la vez, en elemento insustituible de acción política. De allí la importancia de que una Constitución consagre, como lo hace la nuestra en el artículo 111, en aras de una efectiva participación democrática, el derecho de que gozan los partidos y movimientos políticos a utilizar los medios de comunicación del Estado en todo tiempo, conforme a la ley, y en el 112 la garantía para los partidos y movimientos de oposición en el sentido de ejercer libremente la función crítica frente al gobierno, tener efectivo acceso a la información oficial, usar los medios de comunicación social del Estado en proporción a la representación en el Congreso y ejercitar el derecho de réplica en dichos medios.El de la información es un derecho de doble vía, en cuanto no está contemplado, ni en nuestra Constitución ni en ordenamiento ni declaración alguna, como la sola posibilidad de emitir informaciones, sino que se extiende necesariamente al receptor de las informaciones y, más aún, como ya se dijo, las normas constitucionales tienden a calificar cuáles son las condiciones en que el sujeto pasivo tiene derecho a recibir las informaciones que le son enviadas.Como lo destaca el autor español  César Molinero y los franceses Jean María Auby y Robert Ducos-Ader, "el contenido de la libertad de información tiene dos aspectos complementarios de la noción de información. Se trata, en principio, de la libertad de informar, es decir, de difundir el mensaje informativo, cuya actividad también concierne a la libertad para recibir el mensaje informativo. "Evidentemente, la relación informativa lleva implícita una relación jurídica. La evidencia de este vínculo es notoria cuando de la propia información se generan lazos ideológicos, de hecho, y que pueden ampliarse a todas las facetas de la relación humana; y muy especialmente a aquellos que pueden representar violencia o injerencia en los derechos de los demás".[6]Lo cual significa, por lo tanto, que no siendo un derecho en un solo y exclusivo sentido, la confluencia de las dos vertientes, la procedente de quien emite informaciones y la alusiva a quien las recibe, cuyo derecho es tan valioso como el de aquél, se constituyen en el verdadero concepto del derecho a la información. En él mismo aparece, desde su misma enunciación, una de sus limitantes: el derecho a informar llega hasta el punto en el cual principie a invadirse la esfera del derecho de la persona y la comunidad, no ya únicamente a recibir las informaciones sino a que ellas sean veraces e imparciales. De donde surge como lógica e ineluctable consecuencia que las informaciones falsas, parciales o manipuladas no corresponden al ejercicio de un derecho sino a la violación de un derecho, y como tal deben ser tratadas desde los puntos de vista social y jurídico. Debe, entonces, entenderse que, debidamente probada la infracción del ordenamiento jurídico por un medio de comunicación, ha de poder concretarse en el campo de la responsabilidad penal por los delitos que se cometan no en uso sino en abuso de la libertad en contra de muy diversos intereses, y en el de la responsabilidad civil por los perjuicios debidos a los excesos que se cometan pretextando el ejercicio de la libertad de información, todo sin perjuicio de la responsabilidad ante la opinión pública. No obstante lo anterior, cuando se trata de informaciones falsas o erróneas que afectan la honra o el buen nombre de una persona o institución en concreto, puesto que se trata de violaciones a derechos fundamentales, cabe la acción de tutela como mecanismo inmediato, encaminado a su efectiva protección, si bien, como atrás se ha dicho, para acudir a ella es indispensable agotar previamente el mecanismo que la propia Constitución (artículo 20) ha puesto en manos del afectado, consistente en el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.  La tutela en estos casos, sobre la base del error o la falsedad de la información y partiendo del supuesto de que el medio se ha negado a rectificar, habrá de cristalizarse mediante la orden judicial de hacerlo en un término perentorio y en forma tal que se neutralice el efecto de la información negativa, con la misma importancia, despliegue, ubicación en la página en que se publicó la información que se rectifica o en horario similar a aquél en que se transmitió cuando se trate de medio radial o televisivo, a fin de lograr que la rectificación tenga el mismo nivel y trascendencia que merecieron las publicaciones objeto de ella. Obviamente, esta exigencia es válida para aquellas informaciones que son susceptibles de rectificar, puesto que sería un trámite inútil e innecesario el de pedir rectificación cuando, por su propia naturaleza, el material publicado no la admite.  Tal es el caso, por ejemplo, de las caricaturas, en relación con las cuales, si alguna persona estima que mediante ellas se le ha vulnerado los expresados derechos, podrá acudir directamente a la acción de tutela para que se ordene al medio que corrija hacia el futuro sus actuaciones y, si es del caso, para que se ordenen las indemnizaciones a que haya lugar. En el presente proceso, siendo claro que no se cumplió el requisito consagrado en la ley para que procediera la tutela, no correspondía al juez entrar a fondo en el conocimiento de los hechos y, por tanto, tampoco a esta Corporación le compete hacerlo, motivo por el cual no se definirá aquí si los medios contra los cuales se dirigió la acción violaron en algún sentido los derechos a la honra y al buen nombre de URDINOLA GRAJALES, ni tampoco si éste incurrió en la comisión de algún delito, pues ello habrá de ser resuelto por la justicia penal.  Se confirmará el fallo de segunda instancia. V.  DECISION Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitución de la República de Colombia, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.- CONFIRMAR la sentencia de fecha junio 18 de 1992, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali -Sala de Decisión Penal-, por medio de la cual fue revocado el fallo emanado del Juzgado Doce Penal del Circuito de esa ciudad al resolver sobre la acción de tutela instaurada por IVAN URDINOLA GRAJALES. Segundo.-  Envíese copia del expediente y de esta providencia al Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, y al Procurador General de la Nación, para lo de su competencia. Tercero.-  Líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]  Cfr.  Sobre el concepto de autoridades la Sentencia Nº T-501 de esta Sala.  Agosto 21 de 1992. Ponente: Magistrado José Gregorio Hernández Galindo. [2]  Cfr. Corte Constitucional.  Sentencia Nº 2.  Mayo 8 de 1992.  Ponente:  Magistrado Alejandro Martínez Caballero. [3]  Corte Constitucional.  Sentencia Nº T-414.  Junio 16 de 1992.  Sala Primera de Revisión.  Ponente: Magistrado Ciro Angarita Barón. [4]  Corte Constitucional.  Sentencia T-480.  Agosto 10 de 1992.  Sala Séptima de Revisión.  Ponente: Magistrado Jaime Sanín Greiffenstein. [5]  Corte Constitucional.  Sentencia Nº T-444.  Julio 7 de 1992.  Sala Cuarta de Revisión.  Ponente:  Magistrado Alejandro Martínez Caballero. [6]. Cfr.: MOLINERO , César. Libertad de expresión privada. Barcelona. Editorial A.T.E. 1981, pág. 12.

T-515-92 Sentencia No Sentencia No. T-515/92 IMPEDIMENTO-Amistad A pesar del carácter subjetivo que implica la amistad, su reconocimiento a efecto de considerar que pueda conturbar la mente neutral del fallador, requiere no solo de la manifestación por parte de quien se considera impedido, sino además de otra serie de hechos que así lo demuestren.  Tal vínculo afectivo debe ser de un grado tan importante que eventualmente pueda llevar al juzgador a perder su imparcialidad.  Es decir, no todo vínculo personal ejerce influencia tan decisiva en el juez como para condicionar su fallo.  Es precisamente esto lo que debe establecer en el caso concreto la autoridad judicial ante la cual se plantea el impedimento o la recusación. Siendo taxativas las causales de impedimento y recusación, por cuanto el legislador es el único autorizado para establecerlas, son de interpretación estricta y de ningún modo resultan admisibles las extensiones analógicas a situaciones no contempladas por la ley. AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Desconocimiento No podría la Corte Constitucional, ante el ejercicio de una acción con tan precisos objetivos constitucionales como la ejercida en esta oportunidad, obligar a un centro educativo a mantener en su seno personas que al transgredir deberes espontáneamente contraídos, claramente estatuidos en los reglamentos del instituto, alteran la  armonía necesaria para el normal desarrollo de la vida académica.  Ello implicaría desconocer la autonomía que la Carta ha consagrado en favor de las entidades universitarias y desfigurar la institución de la tutela, convirtiéndola en mecanismo protector de quienes perturban el sano desarrollo de la actividad educativa, con notorio perjuicio de los derechos que corresponden al resto del alumnado. ACCION DE TUTELA-Hecho consumado Los acontecimientos ocurrieron y se perfeccionaron no solo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sino mucho antes de que se ejerciera la acción y se profiriera el fallo que ahora se revisa.  Ya que como lo establece el artículo 6º, numeral 4º del Decreto 2591 de 1991 y según lo ha entendido la doctrina de la Corte Constitucional, no es procedente en estos casos la acción de tutela, el juez correspondiente no estaba habilitado para conceder el amparo pedido. ACCION DE TUTELA-Naturaleza La acción de tutela tiene como objeto la protección eficaz e inmediata de los derechos fundamentales, sin que exista razón para predicar su procedencia cuando los hechos que pueden dar lugar a su ejercicio, hayan quedado definidos, ya que la amenaza o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas por el juez. Considerar lo contrario sería desvirtuar la finalidad y la naturaleza de la acción. Sala Tercera de Revisión Ref.:  Expediente T-2587 Acción de tutela intentada por PEDRO HERNAN ROMERO SAENZ contra la Fundación "Universidad Externado de Colombia". Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala Tercera de Revisión, en Santafé de Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional, por intermedio de su Sala Tercera de Revisión, a examinar el fallo proferido el pasado diez (10) de abril, por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., mediante el cual se confirmó la providencia dictada en primera instancia por el Juzgado Doce Civil Municipal de la misma ciudad, agencia judicial que negó la tutela solicitada por el actor. I.  INFORMACION PRELIMINAR Mediante escrito presentado el día doce (12) de febrero del año en curso ante el Juzgado 55 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., el ciudadano PEDRO HERNAN ROMERO SAENZ solicitó se tutelara su derecho a la educación por considerar que la Universidad "Externado de Colombia" le causó perjuicios, amparándose en el poder e influencia de su rector y de algunos profesores y directivos y en el concepto de autonomía universitaria. Estima el demandante que fue injustamente expulsado del claustro desde noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), y que aún habiendo aportado pruebas de su inocencia, se le acusó y sancionó por haber irrespetado a un profesor que, de acuerdo con lo expuesto por el peticionario, actúo respaldado por el decano de la Facultad de Hotelería de la cual era alumno. El actor manifiesta que en el proceso disciplinario adelantado en su contra únicamente se escuchó al profesor, sin que él hubiera tenido oportunidad de ser oído ni de aportar pruebas.  El resultado fue una queja ante el rector de la Universidad quien ordenó la cancelación de la matrícula. 1.  Trámite judicial En la misma fecha de presentación, la demanda de tutela fue repartida al Juzgado 12 Civil Municipal, cuya titular se declaró impedida para conocer del asunto, argumentando la existencia de una amistad íntima entre ella, el rector y algunos profesores de la institución, con quienes dijo conservar lazos de amistad, a lo cual, agregó, se añade la circunstancia de ser egresada de la Universidad Externado de Colombia. Con fundamento en tales motivos se ordenó pasar el asunto a conocimiento del Juzgado Trece Civil Municipal, por ser el siguiente en turno, atendiendo a lo establecido por los artículos 106 y 107 del Código de Procedimiento Penal. El catorce (14) de febrero del presente año, el Juzgado Trece Civil Municipal declaró infundado el impedimento y ordenó el envío de las diligencias al superior jerárquico, como lo señala el inciso segundo del artículo 107 del Código de Procedimiento Penal. Repartido al Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., el asunto fue decidido el dieciocho (18) de febrero, ordenando devolver el proceso al Juzgado Doce Civil Municipal, agencia judicial que avocó el conocimiento mediante providencia del pasado veintiuno (21) de febrero. Una vez adelantado el estudio correspondiente, el Juzgado Doce Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., procedió, a resolver.  Lo hizo el tres (3) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992),  basándose en las consideraciones que se relacionan a continuación: Para el fallador de primera instancia el derecho presuntamente afectado es el de la educación, que se encuentra amparado por los artículos 26 y 67 de la Carta Política.  La acción se halla enmarcada dentro del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, toda vez que ha sido ejercida contra un particular encargado de la prestación del servicio público de la educación, puesto que la sanción impuesta por la Universidad "Externado de Colombia" al accionante, consistió en la cancelación de su matrícula en la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Consideró el despacho judicial que la Universidad actuó en acatamiento a su reglamento interno, sin transgredir derecho constitucional alguno en perjuicio de PEDRO HERNAN ROMERO SAENZ, pues se observaron las normas del procedimiento disciplinario, antes de que el Consejo Directivo tomara la respectiva decisión.  Además en su criterio no se daba el perjuicio irremediable que pudiera afectar al peticionario, dado que éste podía continuar sus estudios en otro centro docente. Con fundamento en tales consideraciones se negó la tutela solicitada, decisión que, notificada el día cuatro (4) de marzo, fue impugnada por el actor concediéndose el recurso ante el Juzgado Civil del Circuito. Mediante fallo proferido el diez (10) de abril del corriente año, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., resolvió acerca del recurso de apelación interpuesto, basándose en las siguientes consideraciones: El análisis del Juzgado de segunda instancia parte del reconocimiento que la Constitución hace de los derechos de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, en ejercicio de los cuales el ciudadano accede a las entidades educativas, pero, en el entendido de que una vez vinculado como alumno debe someterse al reglamento interno de las mismas. De acuerdo con las pruebas aportadas, consideró el Despacho que la Universidad "Externado de Colombia", adelantó la investigación y el trámite sancionatorio dentro de los parámetros establecidos por el artículo 12 de su Reglamento Orgánico Interno. De otra parte, manifestó el Juez de segunda instancia que ante el acto legítimo adelantado por las directivas del mencionado centro educativo y por tratarse de un particular, debía darse aplicación a lo estatuido en el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: "no se podrá conceder la tutela contra conductas legítimas de un particular". Basándose en tales argumentos, mediante providencia del diez (10) de abril, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., confirmó el fallo de primera instancia.  El expediente, una vez recibido en la Secretaría de la Corte Constitucional, fue sometido a la correspondiente Sala de Selección, la cual, en providencia del pasado diecisiete (17) de junio, ordenó su revisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1.  Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las providencias judiciales mencionadas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Carta Política, 31, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2.  Carácter taxativo de las causales de impedimento Dentro del trámite judicial aparece el impedimento que oportunamente fue manifestado por la Juez Doce Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., quien consideró debía apartarse del conocimiento de la acción intentada por existir amistad íntima con el rector y profesores de la Universidad "Externado de Colombia", y además porque en ese centro educativo cursó sus estudios superiores. El Juzgado Trece del mismo grado no aceptó tales razones, correspondiendo, por tanto, al superior decidir de plano conforme lo dispone el artículo 107 del Código de Procedimiento Penal. El impedimento fue planteado de acuerdo con lo establecido por el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, que dispone: "Artículo 39.-  Recusación.  en ningún caso será procedente la recusación.  El juez deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente.  el juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario si fuere el caso". La causal invocada por la Juez en esta ocasión se halla descrita en el Código de Procedimiento Penal de la siguiente forma: "Artículo 103- Causales de impedimento.  Son causales de impedimento: ... 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguno de los sujetos procesales y el funcionario judicial". Como es apenas lógico la persona facultada para decidir un conflicto judicial debe cumplir con determinados requisitos subjetivos, sin los cuales se considera comprometida su parcialidad.  Esos requisitos se derivan de la necesidad de asegurar que la decisión sea objetiva, lo cual ofrece a las partes garantía de verdadera justicia. A pesar del carácter subjetivo que implica la amistad, su reconocimiento a efecto de considerar que pueda conturbar la mente neutral del fallador, requiere no solo de la manifestación por parte de quien se considera impedido, sino además de otra serie de hechos que así lo demuestren.  Tal vínculo afectivo debe ser de un grado tan importante que eventualmente pueda llevar al juzgador a perder su imparcialidad.  Es decir, no todo vínculo personal ejerce influencia tan decisiva en el juez como para condicionar su fallo.  Es precisamente esto lo que debe establecer en el caso concreto la autoridad judicial ante la cual se plantea el impedimento o la recusación. Según la clasificación de Mattirolo, citado por Hernando Morales Molina1, las causas de impedimento provienen de cuatro motivos: afecto, interés, animadversión y amor propio del juez. Una de las razones invocadas en el asunto que ahora ocupa la atención de esta Sala, se encuentra entre aquellas causales motivadas por el afecto y que podría, de no ser manifestada por el juez, perjudicar a la parte contraria a la que tiene con él amistad íntima, la cual en virtud del perentorio mandato consagrado en el artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, se halla imposibilitada para recusar al funcionario judicial. No entra la Corte a estimar si en este caso era fundada esta causal por cuanto el asunto ya fue resuelto por la instancia judicial que tenía competencia para ello y porque, además, carece de elementos de juicio para definir si en verdad se daba la alegada amistad íntima entre la juez y los directivos universitarios. No obstante, ha llamado la atención de la Corte el impedimento planteado por la juez en lo relativo a la circunstancia de haber culminado sus estudios superiores en la universidad contra la cual se enderezaba la acción de tutela. Siendo taxativas las causales de impedimento y recusación, por cuanto el legislador es el único autorizado para establecerlas, son de interpretación estricta y de ningún modo resultan admisibles las extensiones analógicas a situaciones no contempladas por la ley.  Así, la circunstancia de haber egresado de un determinado colegio o universidad no configura en sí misma una razón de impedimento, a no ser que esté unida a otros motivos respecto de los cuales sean aplicables las pertinentes disposiciones legales.  Aunque es de esperar que quien se ha formado en una cierta institución docente conserve hacia ésta sentimientos de gratitud o consideración, ello no siempre ocurre y, además, la naturaleza del vínculo que se establece no tiene el mismo alcance que las amistades o enemistades subjetivas ni condiciona la decisión del juez como tampoco ocurre cuando se pertenece a una determinada religión o a un partido político, a menos que en el caso concreto haya claro y marcado interés del propio juez en el sentido de la resolución que se adopte.  Aceptar que elementos como estos o similares, sin estar consagrados en norma positiva, constituyan causal para que el juez sea separado del conocimiento de un asunto equivaldría a la ampliación indefinida de las causales de impedimento y obstaculizaría en grado sumo la tramitación y decisión de las controversias judiciales. 3.  Derechos, deberes y obligaciones del estudiante El peticionario alega que se ha vulnerado su derecho a la educación en virtud del acto mediante el cual fue expulsado de la Universidad "Externado de Colombia".  La Corte Constitucional ha expuesto, en distintos de sus proveídos, que el derecho a la educación, entendido como garantía reconocida constitucionalmente, corresponde a la posibilidad que debe tener toda persona, en pie de igualdad con las demás, para acceder a los medios de instrucción y formación académica, técnica o científica, pero que al mismo tiempo este derecho no es absoluto, sino que implica obligaciones correlativas por parte del educando2. Tales obligaciones vinculan al estudiante no solo socialmente con los integrantes de la comunidad en general, sino también estatutariamente con los miembros de la colectividad académica en el interior de la cual adelanta su vida de formación. El vínculo contraído con la institución académica en virtud de la matrícula, confiere derechos e impone deberes y obligaciones que cada centro docente, en ejercicio de su autonomía, está llamado a contemplar mediante sus propios estatutos y reglamentos.  Es decir, que la conducta reprochable atribuible a un estudiante dentro del claustro, mientras no signifique transgresión sujeta a la competencia de los jueces, será susceptible de sanción, por el mismo establecimiento, la cual deberá aplicarse de conformidad con el procedimiento señalado por los estatutos que en forma autónoma se haya dado el ente educativo superior. Ahora bien, si, como se ha demostrado que aconteció en este caso, el educando faltó a sus deberes y obligaciones disciplinarios, es legítimo que la institución, por medio de las personas que la representan, adelante el trámite determinado en su reglamento, con el fin de establecer la eventual responsabilidad del inculpado.  Del examen efectuado por los jueces de tutela se ha establecido que la Universidad "Externado de Colombia", antes de imponer la sanción al estudiante ROMERO SAENZ, practicó las diligencias aptas y adecuadas al procedimiento fijado en sus estatutos y, en virtud de ellas, llegó al convencimiento de que el alumno había actuado desconociendo y violando el régimen interno de la institución. No podría la Corte Constitucional, ante el ejercicio de una acción con tan precisos objetivos constitucionales como la ejercida en esta oportunidad, obligar a un centro educativo a mantener en su seno personas que al transgredir deberes espontáneamente contraídos, claramente estatuidos en los reglamentos del instituto, alteran la  armonía necesaria para el normal desarrollo de la vida académica.  Ello implicaría desconocer la autonomía que la Carta ha consagrado en favor de las entidades universitarias y desfigurar la institución de la tutela, convirtiéndola en mecanismo protector de quienes perturban el sano desarrollo de la actividad educativa, con notorio perjuicio de los derechos que corresponden al resto del alumnado. Respecto de los vicios de procedimiento en que, según el peticionario, incurrió la Universidad por no haberlo oído y por no evaluar las pruebas aportadas, es oportuno destacar el especial cuidado con que la Universidad actuó en el proceso que se examina, llegando incluso a designar un funcionario con el encargo de practicar las pruebas necesarias.  Este presentó un detallado informe a las directivas de la Institución y sólo con fundamento en él se determinó que era necesario imponer sanción al estudiante. Ante el procedimiento disciplinario adelantado en forma adecuada al trámite señalado por el estatuto orgánico interno de la Universidad, respetando el orden legal que regula este tipo de actuaciones, puede decirse que el centro educativo superior actuó dentro de la órbita de su competencia y funciones, concluyendo la legitimidad de la conducta desplegada en el asunto sub-lite por sus representantes, lo que implicaba para el juez la imposibilidad de conceder la tutela tal como lo establece el artículo 45 del Decreto 2591 de 1991. 4.  El argumento de "influencia" Entre las razones de violación de su derecho invocadas por el accionante se encuentra la relacionada con la influencia que sobre "la vida del país" ejercen, en su sentir, algunos integrantes de los estamentos directivos de la Universidad "Externado de Colombia", de la cual, según él, se valieron para actuar en su contra.  A este respecto la Corte considera que la posible injerencia ejercida por una entidad, a través de sus agentes, en un ámbito tan indefinido como el señalado por el petente, requiere una serie de condiciones que, como se demuestra a continuación, no se presentan en el caso sometido a revisión. Ejercer influencia sobre un individuo o colectividad conlleva la posibilidad actual, real, eficiente e idónea de disponer de medios que permitan inclinar su voluntad en favor de los intereses, los deseos o los propósitos de quien influye; significa entonces que la persona, natural o colectiva, sobre la que se actúa debe ser susceptible de identificación para así llegar a concluir que sobre ella se ha ejercido una coacción capaz de doblegar su autonomía, y que por lo mismo podría ser ilegal.  Es necesario, para que pueda predicarse la existencia de semejante relación, no solo identificar a la persona o entidad que realiza la actividad de influjo (sujeto activo) sino,  además, establecer sobre quién se ejerce (sujeto pasivo) y concretar que lo decidido o resuelto (objeto o materia de influencia) se debe a la efectividad del influjo y no a motivos diferentes. En este proceso el peticionario afirma que algunas personas vinculadas con la Universidad, a quienes designa por sus nombres y apellidos, ejercen influencia en la vida del país y que han hecho uso de ella para perjudicarlo, excluyéndolo del Claustro. No parece a la Corte que revista seriedad el argumento, pues el efecto de las decisiones adoptadas no se produjo fuera sino dentro de la institución universitaria, razón por la cual no era necesario ejercer ese supuesto poder sobre la sociedad colombiana para aplicar los reglamentos internos del plantel .  Pero, por otra parte, el sujeto pasivo de la influencia alegada es del todo indeterminado y ningún sentido tenía ella, tal como se presenta por el actor, para el objeto en el cual fue presuntamente utilizada. En este aspecto, pues, la acción de tutela carecía de fundamento. 5.  Situaciones consumadas De acuerdo con lo manifestado por el peticionario, los hechos que originaron la acción tuvieron lugar en noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988), es decir que tales acontecimientos ocurrieron y se perfeccionaron no solo con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sino mucho antes de que se ejerciera la acción y se profiriera el fallo que ahora se revisa.  Ya que como lo establece el artículo 6º, numeral 4º del Decreto 2591 de 1991 y según lo ha entendido la doctrina de la Corte Constitucional3, no es procedente en estos casos la acción de tutela, el juez correspondiente no estaba habilitado para conceder el amparo pedido. El medio de defensa judicial referido por el artículo 86 de la Carta tiene como objeto la protección eficaz e inmediata de los derechos fundamentales, sin que exista razón para predicar su procedencia cuando los hechos que pueden dar lugar a su ejercicio, hayan quedado definidos, ya que la amenaza o violación del derecho no existen al momento de proferir el fallo, salvo que los hechos que configuran una u otra persistan y sean actual y ciertamente percibidas por el juez. Considerar lo contrario sería desvirtuar la finalidad y la naturaleza de la acción de tutela. IV.  DECISION Por las razones que anteceden, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero: CONFIRMASE el fallo proferido el diez (10) de abril por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., mediante el cual fue confirmada la providencia que en primera instancia negó la tutela solicitada por el ciudadano PEDRO HERNAN ROMERO SAENZ. Segundo:  LIBRESE por Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr.  Curso de Derecho Procesal Civil, Hernando Morales Molina, Editorial ABC, novena edición, 1985. Pág. 107. 2 Cfr.  Corte Constitucional.  Sala Tercera de Revisión.  Sentencia Nº492  del 12 de agosto de 1992. 3 Cfr.  Corte Constitucional.  Sentencia Nº T-492, agosto 12 de 1992.  Sala Tercera de Revisión.

T-516-92 Sentencia No Sentencia No. T-516/92 DEBIDO PROCESO-Contenido/PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Obligatoriedad El carácter fundamental del derecho al debido proceso proviene de su estrecho vínculo con el principio de legalidad al que deben ajustarse no sólo las autoridades judiciales sino también, en adelante, las administrativas, en la definición de los   derechos de los individuos.  Es pues una defensa de los procedimientos, en especial  de la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, según la fórmula clásica, o lo que es lo mismo, de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. El derecho al debido proceso comprende no solo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites administrativos, sino, también el respeto a las formalidades propias de cada juicio, que se encuentran, en general, contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver. NOTIFICACION-Irregularidad/ACCION DE TUTELA-Improcedencia La Sala interpreta que la tutela no es el único, ni siempre el procedente medio judicial para hacer valer un derecho fundamental. La falta de notificación o la notificación defectuosa, tiene el efecto de que el acto no puede ser ejecutado y en caso de que lo sea, el administrado lesionado puede accionar en defensa de sus intereses desde el momento en que tenga conocimiento del mismo. Sala de Revisión No. 5 REF:  Expediente No. T-2662 Actor: HECTOR DE LOS RIOS MEJIA Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., Septiembre quince (15) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, se pronuncia sobre la acción de la referencia, en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: ANTECEDENTES El señor HECTOR DE LOS RIOS MEJIA, en ejercicio de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y reglamentada por los decretos No. 2591 de 1991 y No. 306 de 1992, solicita que le sea notificado personalmente el decreto 2477 de 11 de Septiembre de 1981, por el cual el señor Presidente de la República, lo destituyó del cargo de Asesor, código 1020- grado 02 de la Subsecretaría de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, "con el objeto de que una vez surtida y agotada la notificación pedida, pueda interponer los recursos y ejercer las acciones que la Constitución y la ley otorgan a los ciudadanos". Igualmente solicita "que de conformidad con el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 se condene en abstracto al Ministerio de Relaciones Exteriores a indemnizarme por el daño emergente derivado de los hechos referidos".  Encuentra sustento a sus peticiones en lo siguiente: -  Que el Ministerio de Relaciones Exteriores al no notificar en legal forma el acto administrativo incurrió en violación a su derecho fundamental al debido proceso (art. 29 C.N.). -  Que el Ministerio de Relaciones Exteriores mediante resolución No. 1967 de 1981, lo destituyó del cargo de Asesor Código 1020 Grado 02 de la Subsecretaría de Política Exterior, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dicho acto fue anulado según sentencia de Consejo de Estado del 2 de Mayo de 1984. -  Que no "obstante el Gobierno Nacional produjo otro acto, el decreto 2477 de fecha 11 de Septiembre de 1981, que nuevamente me destituía y que no me fue notificado personalmente dentro del plazo fijado por la ley, sino que la Jefatura de Personal del Ministerio de Relaciones Exteriores lo hizo por edicto, sin intentar primero la notificación personal como lo ordena la ley, el cual fue desfijado el 10 de diciembre de 1981.  Este decreto no fue conocido por mí sino en el transcurso del proceso de demanda de la Resolución 1967, cuando ya se habían vencido los términos para interponer los recursos legales." -  Que el Ministerio de Relaciones Exteriores no cumplió con lo establecido en el artículo 44 del Código Contencioso-administrativo, en la notificación del D. 2477 de 1981, porque sólo cuando ha sido imposible la notificación personal ésta se puede realizar mediante edicto. La notificación personal no era imposible, por cuanto su dirección era de público conocimiento en el Ministerio y aparecía en la "Guía Diplomática de los años 1979, 1980 y 1981 publicada por el Ministerio de Relaciones Exteriores". LA PRIMERA INSTANCIA El Juez Catorce (14) Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., en sentencia del cuatro (4) de marzo de mil novecientos noventa y dos (1992), resuelve "NEGAR la acción de tutela impetrada por el señor HECTOR DE LOS RIOS MEJIA", luego de considerar lo siguiente: -  Que conforme el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela tiene un "contenido residual".  "Ahora bien, si el extremo accionante, observó que el contenido del Decreto No. 2477 de septiembre 11 de 1981, mediante el cual lo separó del cargo"..., "no le fue notificado en legal forma, ha debido utilizar los mecanismos necesarios para impugnar, anular, etc., dicho acto administrativo, tal como lo prevén los artículos 84, 85 y 86 del C.C.A., por ser una orden de origen presidencial, cuyo control lo establece la normatividad administrativa, por lo tanto, resulta improcedente la acción de tutela elevada por el interesado en esas diligencias, en virtud a que él mismo gozó de la oportunidad para advertir y remediar su inconformidad, atendiendo a los recursos legales para estos eventos, sin que se hubiera hecho uso de "ellos".  Apoya lo anterior en sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 17 de febrero de 1992. la impugnaciOn La decisión relatada fue objeto de impugnación por el accionante, quien expresó: -  "La Notificación no es sustantivamente un acto administrativo, por lo tanto no es susceptible de los recursos enumerados en los considerandos de su decisión (Consejo de Estado, Sección I, auto de agosto 5 de 1975 -Sentencia de Julio 7 de 1982). Es una simple diligencia de trámite que tiene, sin lugar a dudas, importantes consecuencias procesales." -  Que la acción "no está dirigida a desconocer el acto administrativo contenido en el Decreto 2477, sino a tutelar el derecho constitucional violado por un simple acto de trámite, por una gestión o una diligencia dirigida a enterar a los gobernados de los actos de sus gobernantes". LA SEGUNDA INSTANCIA El Juez doce (12) Civil del Circuito de Santafé de Bogotá D.C., en sentencia del diez (10) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), vista la impugnación formulada, resuelve: "CONFIRMAR la providencia del 4 de marzo de 1992, proferida por la señora Juez Catorce (14) Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., que fue materia del presente recurso", Considerando: - Que la notificación está reglamentada legalmente, de suerte que "es indudable que el problema de determinar su legalidad es ajeno a la acción de tutela, pues, como lo establece claramente el artículo 2o. del Decreto 306 de 1992,..." la acción de tutela protege exclusivamente los derechos constitucionales fundamentales, y por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquiera otra norma de rango inferior...". -  Que la acción de tutela "no ha sido establecida para examinar si se dio cumplimiento o no al artículo 162 del Decreto 1950 de 1973; si fue bien o mal interpretada y aplicada la citada disposición, etc., ni mucho menos para hacerla cumplir." Teniendo en cuenta lo anterior, procede la Corporación a decidir, previas las siguientes CONSIDERACIONES LA COMPETENCIA Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por el señor HECTOR DE LOS RIOS MEJIA, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9 de la Constitución Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. LA MATERIA La presente revisión de la sentencia del Juez Doce Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, del 10 de abril de 1992, en el asunto de la referencia comprende además la determinación de la procedencia de la Acción de Tutela contra una indebida notificación de un acto administrativo, por considerarse violado el derecho fundamental al debido proceso. La Acción de Tutela organizada jurídicamente por mandato de la Constitución Política de 1991, permite a toda persona reclamar ante los jueces, sin limitaciones de tiempo ni espacio, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección de sus derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública.  Esta nueva posibilidad judicial de los asociados, por la importancia del objetivo que se propone. -La defensa de los Derechos Constitucionales Fundamentales- ha estimulado de manera masiva, su utilización en forma,  la mayoría de las veces, indiscriminada.  No podía ser de otro modo, en un país como el nuestro que, mantiene aún la garantía de esos derechos apenas como una posibilidad para la mayoría de sus habitantes, realidad esta que el Constituyente dispuso modificar, imponiendo al estado la obligación, entre otras, de promover las condiciones para asegurar una igualdad real y efectiva entre los miembros de la colectividad y en especial a fin de dictar medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Ese anhelo reivindicatorio ha venido a desvirtuar en buena parte la verdadera naturaleza de la Acción de Tutela.  Lo primero que debe puntualizarse, es que la mencionada acción no es el camino o la vía judicial que sirve para obtener la solución judicial de todos los conflictos de interés en que se encuentren los individuos, tal como se ha entendido por buena parte de los accionantes, estimulados por la generalidad y consecuente vaguedad con que se ha expuesto la Nueva Institución, con ánimo en oportunidades, de promoción política, y también de auspicio desinteresado de la libertad.  Generalidad que, sin embargo, no es propia de la tutela en nuestro ordenamiento jurídico, a diferencia de lo que ocurre en otros paises, en los cuales el amparo de los Derechos Humanos, tiene una sola vía judicial, el denominado recurso de amparo, para hacer valer esos derechos.  En efecto, en Colombia, además de la Tutela, existen la acción pública de constitucionalidad, la excepción de inconstitucionalidad, acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, controles automáticos de constitucionalidad de los decretos expedidos durante los estados de excepción, recurso especial de Habeas Corpus, control automático de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de los tratados y del contenido de los mismos, además de una estructura judicial ordinaria y especializada, todas estas, procedimientos y acciones judiciales consagrados en la Carta Fundamental; de manera que, la autorización de su existencia, impone delimitar el alcance de unos y otros y permite concluir que la acción de tutela no puede ser utilizada para sustituirlos, por cuanto si ésta hubiese sido la voluntad del constituyente, pues simplemente no los habría establecido. Más aún, de modo expreso el constituyente preceptuó que la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Igualmente, el legislador autorizado para desarrollarla (D.2591/91 artículo 6o.), dispuso la no procedencia de la acción, "cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable".  De donde se infiere que la tutela tiene el carácter de complemento supletivo de las garantías judiciales a la libertad previstas en el ordenamiento jurídico (ver sentencia T-468, Sala de Revisión No. 5, expediente No. T-1475, julio 17 de 1992, M.P. Dr. Fabio Morón Diaz). El accionante solicita el amparo de su derecho al debido proceso, derecho éste que hace parte de los de naturaleza fundamental, y que extendió sus garantías a la tramitación administrativa en la Constitución Política de 1991.  El carácter fundamental de este derecho proviene de su estrecho vínculo con el principio de legalidad al que deben ajustarse no sólo las autoridades judiciales sino también, en adelante, las administrativas, en la definición de los   derechos de los individuos.  Es pues una defensa de los procedimientos, en especial  de la posibilidad de ser oído y vencido en juicio, según la fórmula clásica, o lo que es lo mismo, de la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Además, el derecho al debido proceso comprende no solo la observancia de los pasos que la ley impone a los procesos judiciales y a los procesos y trámites administrativos, sino, también el respeto a las formalidades propias de cada juicio, que se encuentran, en general, contenidas en los principios que los inspiran, el tipo de intereses en litigio, las calidades de los jueces y funcionarios encargados de resolver. En el presente caso, el accionante alega haber sido notificado ilegalmente del Decreto 2477 de septiembre 11 de 1981, mediante el cual se le destituyó del cargo de Asesor, Código 1020 Grado 02 de la Subsecretaría de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.  En realidad, la notificación se hizo mediante edicto fijado en lugar visible de la Oficina de Personal, por el término de cinco (5) días hábiles, el día dos (2) de diciembre de mil novecientos ochenta y uno (1981) -folio 51-. Según la demanda, se debió notificar personalmente y no por edicto, por cuanto este tipo de notificación sólo está autorizada legalmente, cuando no se disponga de otro medio más eficaz para informar personalmente al interesado, y el Ministerio disponía de su dirección y de medios para notificar el Decreto que lo destituía.  Agrega que sólo vino a enterarse de la existencia y contenido del acto en el curso de un proceso "de plena jurisdicción" (restablecimiento del derecho) contra la resolución No. 1967 de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la cual se le había destituído. Según las circunstancias relatadas, se aprecia por la Sala un caso de "notificación por conducta concluyente". Informado del decreto en el curso de un proceso instaurado por él, sin embargo no inicia de inmediato ninguna impugnación judicial contra el mismo, según manifiesta, porque para ese momento "ya se habían vencido los términos para interponer los recursos legales".  Con esta conclusión, pudo haber incurrido en error sobre la apreciación del término de prescripción de la acción; ya que esta sólo cuenta desde el momento en que se tiene conocimiento del acto. Como lo ha sostenido la jurisprudencia nacional, la falta de notificación o la notificación defectuosa, tiene el efecto de que el acto no puede ser ejecutado y en caso de que lo sea, el administrado lesionado puede accionar en defensa de sus intereses desde el momento en que tenga conocimiento del mismo.  Pero, en el caso, no formuló las acciones que le autorizaba la ley para atacar el acto por falta de notificación, sino que interpone "recurso extraordinario de anulación", contra la sentencia que anuló la resolución inicialmente citada, por no haber dejado sin efectos el Decreto; vía judicial equivocada según decisión del Consejo de Estado de fecha 24 de agosto de 1989 (folio 58 y s.s.). Ahora bien, dispone la Ley (artículo 48 de C.C.A.), que la notificación por conducta concluyente tiene lugar cuando la parte interesada se dá por suficientemente enterada, o conviene en ella o utiliza en tiempo los recursos legales.  En el asunto se utilizó un recurso judicial que no produjo los efectos pretendidos por el accionante frente al Decreto 2477, tantas veces citado, de esta suerte quedó notificado el acto.  Dos hechos quedan claros:  El primero, que el interesado no utilizó los medios legales que tenía para hacer valer el derecho y el segundo, que utilizó de manera equivocada un recurso judicial extraordinario. Se deduce entonces de las precisiones antes hechas que no procedía la acción de tutela, en el negocio de la referencia, como resultado de su carácter subsidiario, ya que existieron otros medios de defensa judicial para hacer valer el derecho y estos no fueron utilizados, y la tutela no es un mecanismo para corregir ese tipo de deficiencias. Finalmente, precisa la Corporación que, efectivamente, la notificación de los actos administrativos es un elemento necesario en el debido proceso administrativo, pero que esto no quiere decir, que su protección sea siempre objeto de la acción de tutela, pues ésta sólo tiene oportunidad cuando no existan otros medios de defensa judicial. En consecuencia, la Sala interpreta que la tutela no es el único, ni siempre el procedente medio judicial para hacer valer un derecho fundamental. Con base en las anteriores consideraciones, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.  Confirmar la sentencia proferida por el Juzgado doce (12) Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el diez (10)  de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), en el asunto de la referencia por las razones expuestas. Segundo.  Comuníquese la presente decisión al Juez Catorce (14) Civil Municipal de Santafé de Bogotá D.C., conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, Comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y Cúmplase. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-518-92 Sentencia No Sentencia No. T-518/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Nos encontramos ante un acto administrativo que, por su naturaleza, es perfectamente demandable ante la jurisdicción correspondiente ya por razones de inconstitucionalidad, o por motivos de ilegalidad, si así lo considera el afectado, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Existe, pues, otro medio de defensa judicial para hacer valer el derecho que se alega como conculcado. LIBERTAD DE LOCOMOCION/DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación La libertad de locomoción es un derecho fundamental, si bien ese carácter no lo deriva, de la ubicación formal del citado artículo dentro del capítulo de los derechos así denominados.  Al respecto esta Corporación tiene bien establecido que dicho criterio no es el único ni el más adecuado para definir el contenido fundamental de un derecho, en especial si se considera que "del análisis de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, publicadas en la Gaceta Constitucional, se concluye, en relación con el artículo 39 del Reglamento, que la Comisión Codificadora entregó los textos por asuntos y materias -títulos y capítulos-, pero que tal tarea no fue aprobada en conjunto, en los términos del Reglamento. El derecho que ahora nos ocupa es fundamental en consideración a la libertad -inherente a la condición humana-, cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos. ESPACIO PUBLICO-Cierre de calles El concepto de "espacio público", comprende mucho más que el de "bienes de uso público". Dentro de la autonomía de cada municipio, se fijan unas reglas atinentes a la actividad urbanizadora y unos criterios con arreglo a los cuales la administración, generalmente por conducto de los departamentos de Planeación, indica cuáles áreas del suelo tendrán el carácter de espacio público. Una vía pública no puede obstruirse privando a las personas del simple tránsito por ella, pues semejante conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general, además de que constituye una apropiación contra derecho del espacio público. Si se alega que el área cerrada tiene carácter privado y no público y fuere realmente indispensable para el afectado como única vía de acceso o de salida, deberá, mediante un proceso civil, solicitar que se establezca una servidumbre de tránsito, prevista en el artículo 905 del Código Civil. Sala Tercera de Revisión Proceso Nº T-2649 Acción de tutela incoada contra Departamento de Planeación Metropolitana de Medellín. Actor:  GONZALO DE JESUS MONTOYA Magistrados: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO (Ponente) Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Dr. FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta, en Santafé de Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  INFORMACION PRELIMINAR El solicitante de la tutela, señor GONZALO DE JESUS MONTOYA considera que, mediante el acto administrativo con Registro 18.087/91, comunicado mediante oficio 11.440 de octubre 17 de 1991, emanado de las secciones de Licencias y aprobación de urbanizaciones del Departamento de Planeación Metropolitana de Medellín se le vulneró el derecho fundamental consagrado en el artículo 24 de la Constitución Nacional, por las siguientes razones: 1.  Mediante el acto administrativo citado, el Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana de Medellín autorizó el cerramiento de la calle 49 de la Urbanización los Caunces, la cual sirve de vía de acceso a las parcelas situadas en la parte posterior. 2.  Agrega el peticionario que lo grave y preocupante es que en el cerramiento pretenden incluir un trayecto de la calle 49 haciendo así prevalecer el interés particular de los habitantes de la urbanización ante el interés general de los moradores de las parcelas contiguas. 3.  Afirma el actor que las solicitudes encaminadas a lograr tal cerramiento obtuvieron inexplicablemente el permiso de Planeación municipal. 4.  La Calle 49 según el peticionario, es vía pública y es la única vía de acceso a las parcelas colindantes con la Urbanización San Lorenzo de los Caunces, en una de las cuales habita el accionante así como 175 familias más, todas las cuales han quedado aisladas del acceso peatonal y vehicular a la Calle 49A, vía arteria, y al resto de la ciudad. 5.  La actuación de Planeación, dice el petente, viola el derecho de locomoción (artículo 24 de la Carta Política) y representa un incumplimiento al deber del Estado de velar por la protección e integridad del espacio público (artículo 82 Constitución Nacional), derechos considerados como fundamentales e indispensables para el desarrollo de la persona humana dentro del contexto social. II.  DECISIONES JUDICIALES Correspondió decidir sobre la presente acción de tutela en primera instancia al Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín, el cual, en providencia del 3 de marzo de 1992, negó la protección solicitada con base en las siguientes razones: 1.  Es bien claro que el artículo 24 de la Constitución Nacional es un derecho fundamental ya que está ubicado en el Capítulo I, Título II que contiene precisamente estos derechos.  No ocurre lo mismo con la obligación del Estado de velar por el espacio público que está contenida en el Capítulo III del Título II de la Carta, relativo a los derechos colectivos y del ambiente. 2.  Debe entenderse que el solicitante actúa en su propio nombre pues no compareció como representante de las otras 175 familias a que alude en su escrito de tutela. 3.  El derecho a la libre circulación por el territorio nacional concierne al paso de todo colombiano por las vías y lugares de uso público y a otros aspectos como la prerrogativa de residenciarse en una u otra municipalidad. 4.  Refiriéndose al cerramiento de la Calle 49 agrega la Juez que "la vía nunca se aprobó para la circulación pública de automotores o vehículos, solo para la peatonal y es bien común de la UNIDAD RESIDENCIAL LOS CAUNCES como tal y no sendero peatonal público".  Además según consta en Resolución expedida por el Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana, el hecho de que a la vía se le haya asignado nomenclatura "no modifica su carácter de bien privado, no la destina al uso público y no la hace bien público de acuerdo con el estatuto de Planeación". 5.  Manifiesta el juzgado que los documentos obrantes en el expediente tienen que recibirse como prueba suficiente del carácter de vía privada que corresponde a la Calle 49 en el tramo que discurre entre los bloques de apartamentos de la Urbanización los Caunces, tramo que precisamente la solicitud de tutela señala como cerrado al acceso peatonal y vehicular. La prueba obtenida muestra que no teniendo esa vía el carácter de pública, el hecho de que se impida el libre acceso a ella no puede constituir un entorpecimiento del derecho consagrado en el artículo 24 de la Constitución Nacional y más bien corresponde a la legítima realización de una de las limitaciones al citado derecho que consiste en que su ejercicio no se extienda al tránsito por propiedades privadas. 6.  Se concluye afirmando que, no siendo pública la vía que resultó cerrada, el cerramiento no puede constituir violación del derecho colectivo del espacio público y menos una amenaza o vulneración de un derecho fundamental del solicitante, por lo cual no procede la protección de tutela. 7.  La forma de amparo alternativa para la situación planteada, no es otra que la imposición de una servidumbre de tránsito que los distintos titulares del dominio de los inmuebles que conforman las parcelas, podrían procurar frente a la Urbanización los Caunces, o algunos dueños de inmuebles con respecto a otros.  Nos encontramos, entonces, frente a un derecho legal que no puede ser protegido a través de la acción de tutela. Impugnado el anterior fallo por el señor Gonzalo de Jesús Montoya, debió decidir en segunda instancia el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Civil, en cuya providencia del 6 de abril de 1992 se confirmó la decisión de primera instancia con los siguientes argumentos: 1.  Es pertinente lo afirmado por el juzgado en el sentido de que al prosperar la acción solo se beneficiará el actor mas no las otras 175 familias ya que no obra poder ni siquiera informal en nombre de ellas. 2.  Tampoco procede la acción de tutela para proteger derechos colectivos; su violación faculta a los ofendidos para que ejerciten las correspondientes acciones populares. 3.  La libertad de locomoción es un derecho fundamental inherente a toda persona humana que permite a todo colombiano circular libremente por el territorio nacional; pero esa libertad de tránsito no es ilimitada ya que se ve restringida por la propiedad privada que también está garantizada por la Constitución y cuyos derechos deben ser respetados a sus titulares. 4.  Ha quedado demostrado que el trayecto peatonal objeto de cerramiento autorizado mediante el acto administrativo demandado, no tiene el carácter de "vía pública" como lo indica el peticionario de la tutela sino que pertenece a la propiedad exclusiva del conjunto multifamiliar URBANIZACION LOS CAUNCES y que la vía es de uso común de los copropietarios, quienes están facultados para su enmallamiento, respetando por supuesto, las reglas urbanísticas. Si se vulneran intereses o derechos generales existe la vía del artículo 905 del Código Civil que por ser vía paralela a la acción de tutela la torna improcedente. "También están las acciones previstas en los artículos 1005 a 1007 del C.C.C". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.  Competencia de la Corte e improcedencia de la acción Puesto que goza de competencia, en los términos de los artículos 86 y 241 de la Constitución, 31, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, procede esta Corte a revisar los fallos emitidos respecto de la acción de tutela en referencia por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín y por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Civil. A cualquier consideración de fondo debe preceder el análisis acerca de la procedencia de la acción de tutela en el presente caso. Evidentemente el derecho que se invoca como presuntamente vulnerado es un derecho fundamental, susceptible, por tanto, de ser defendido en caso de violación o amenaza por el medio instituido en el artículo 86 de la Constitución Política. Ahora bien, en esta oportunidad la acción de tutela está dirigida contra una actuación del Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana de Medellín contenida en oficio 11440 del 17 de octubre de 1991, en el cual se aprueba el cerramiento de una vía o sendero propuesto por la Urbanización los Caunces "por cumplir con las disposiciones de los artículos 157 a 162 del Acuerdo 38/90". Es claro que nos encontramos ante un acto administrativo que, por su naturaleza, es perfectamente demandable ante la jurisdicción correspondiente ya por razones de inconstitucionalidad, o por motivos de ilegalidad, si así lo considera el afectado, mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo.  Existe, pues, otro medio de defensa judicial para hacer valer el derecho que se alega como conculcado, lo cual excluye, en los términos del artículo 86 de la Carta Política, la viabilidad de la tutela. Cabe entonces preguntarse si existe un perjuicio irremediable que hiciera posible la tutela como mecanismo transitorio, no obstante existir otro medio de defensa judicial.  Como se ha reiterado en varias sentencias de esta Corte, en los términos del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, el perjuicio irremediable se configura cuando solo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización.  No es este el caso, puesto que en el evento de prosperar la acción contenciosa ante la justicia administrativa, el afectado podría aspirar no sólo a una indemnización sino fundamentalmente a conseguir la apertura de la vía 49, cerrada con aprobación del Departamento Administrativo de Planeación Metropolitana de Medellín. No era entonces procedente el amparo solicitado mediante la acción de tutela como acertadamente lo señalaron los jueces de primera y segunda instancia, razón suficiente para que sus fallos se confirmen. Pese a ello, la Corte estima indispensable precisar algunos aspectos de singular importancia en cuanto tienen que ver con el derecho fundamental invocado. 2.  La libertad de locomoción Dice el artículo 24 de la Constitución que todo colombiano, con las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él y a permanecer y residenciarse en Colombia. Se trata, como ya se dijo, de un derecho fundamental, si bien ese carácter no lo deriva, como equivocadamente lo afirmó el juez de primera instancia, de la ubicación formal del citado artículo dentro del capítulo de los derechos así denominados.  Al respecto esta Corporación tiene bien establecido que dicho criterio no es el único ni el más adecuado para definir el contenido fundamental de un derecho, en especial si se considera que "del análisis de las actas de la Asamblea Nacional Constituyente, publicadas en la Gaceta Constitucional, se concluye, en relación con el artículo 39 del Reglamento, que la Comisión Codificadora entregó los textos por asuntos y materias -títulos y capítulos-, pero que tal tarea no fue aprobada en conjunto, en los términos del artículo 44 (del Reglamento) cuando dice:  "Aprobado el texto final de las reformas y su codificación, la Presidencia citará a una sesión especial en la cual dicho texto se proclamará..."1 . El derecho que ahora nos ocupa es fundamental en consideración a la libertad -inherente a la condición humana-, cuyo sentido más elemental radica en la posibilidad de transitar o desplazarse de un lugar a otro dentro del territorio del propio país, especialmente si se trata de las vías y los espacios públicos. La libre locomoción está consagrada en varios convenios y pactos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 1948), cuyo artículo 13 señala que "toda persona tiene derecho a circular libremente (...) en el territorio de un Estado", y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por la Ley 74 de 1968, que en su artículo 12 indica:  "Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular libremente por él...".  Añade esta última declaración que el enunciado derecho y los que con él se relacionan "no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto". Aunque, desde luego, no se trata de un derecho absoluto sino susceptible de restricciones como las que indica la norma citada, o como las provenientes de la aplicación de sanciones penales previo proceso judicial, mientras no haya un motivo legal tiene que ser respetado por autoridades y particulares. En ese orden de ideas, el cierre de una calle afecta la libertad de locomoción en cuanto impide a las personas transitar en espacios que, por su carácter público, deben ser accesibles a todos los miembros de la colectividad en iguales condiciones. Repárese en que, aún tratándose de propiedad que en principio pudiera considerarse privada como la que integra los terrenos que habrán de destinarse a una urbanización, deben tenerse en cuenta la función social de la propiedad (artículo 58 de la Constitución) y el predominio del interés general (artículo 1º) como elementos con arreglo a los cuales se ordene el uso del suelo urbano por las autoridades municipales, según pasa a examinarse. 3.  Espacio público y uso del suelo urbano De conformidad con el artículo 82 de la Constitución Política, es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual, refrendando el principio fundamental que consagra el artículo 1º, prevalece sobre el interés particular.  Se trata de la afectación de bienes y áreas al uso y goce común por parte de todos los habitantes del territorio sin discriminación alguna.  Es un derecho típicamente colectivo y es por ello que el artículo 88 de la Carta establece las acciones populares como los mecanismos adecuados para la protección del espacio público desde el punto de vista de los intereses de la comunidad. Como lo ha manifestado la Corte Constitucional en reciente fallo, el concepto del espacio público "está compuesto por porciones del ámbito territorial del Estado que son afectadas al uso común por los intereses y derechos colectivos y de algunos otros de carácter fundamental cuya satisfacción permiten; además, comprende partes del suelo y del espacio aéreo, así como de la superficie del mar territorial y de las vías fluviales que no son objeto del dominio privado, ni del pleno dominio fiscal de los entes públicos"2 . La Ley 9 de 1989 define el espacio público en los siguientes términos: "Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación tanto peatonal como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías y fuentes de agua, parques, plazas y zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como la de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo". Como puede verse, el concepto de "espacio público", a diferencia de lo que entendió el juez de primera instancia (Folio 76 del Expediente), comprende mucho más que el de "bienes de uso público", al cual se refiere el artículo 674 del Código Civil, que dice: "Se llaman bienes de la unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República.  Si además su uso pertenece a todos los habitantes de  un territorio, como el de calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio.  Los bienes de la unión cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la unión o bienes fiscales". El artículo 313, numeral 7º, de la Constitución Política señala como función de los concejos municipales la de "reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda". Quiere esto decir que, dentro de la autonomía de cada municipio, se fijan unas reglas atinentes a la actividad urbanizadora y unos criterios con arreglo a los cuales la administración, generalmente por conducto de los departamentos de Planeación, indica cuáles áreas del suelo tendrán el carácter de espacio público, tal como ya lo había consagrado a nivel legal el artículo 6º de la citada Ley 9 de 1989, al señalar que "el destino de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los Concejos, Juntas Metropolitanas o por el Consejo Intendencial, por iniciativa del Alcalde o Intendente de San Andrés y Providencia, (...)" La misma norma agrega, específicamente en lo relacionado con las vías públicas: "Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito". (Subraya la Corte). Así una vía pública no puede obstruirse privando a las personas del simple tránsito por ella, pues semejante conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general, además de que constituye una apropiación contra derecho del espacio público, esto es, un verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre.  No pueden tampoco ocuparse los andenes -que son parte de la vía pública- ni las áreas de circulación peatonal, espacios que se hallan reservados para el tránsito de toda persona sin interferencias ni obstáculos como, por ejemplo, estacionamiento de vehículos y el levantamiento de casetas de vendedores ambulantes.  Tampoco puede invadirse el espacio público con materiales de construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías, ni con la improvisación de espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro está sin detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales deben ejercerse de tal forma que no lesionen otros derechos y de conformidad con las restricciones que impone el ordenamiento urbano a cargo de las autoridades municipales. Sobre el particular dijo ya esta Corte3 : "Lo anterior supone, en consecuencia, que cuando una autoridad local se proponga recuperar el espacio público ocupado por vendedores ambulantes titulares de licencias o autorizaciones concedidas por el propio Estado, deberá diseñar y ejecutar un adecuado y razonable plan de reubicación de dichos vendedores ambulantes de manera que se concilien en la práctica los intereses en pugna". Ahora bien, si se alega que el área cerrada tiene carácter privado y no público y fuere realmente indispensable para el afectado como única vía de acceso o de salida, deberá, mediante un proceso civil, solicitar que se establezca una servidumbre de tránsito, prevista en el artículo 905 del Código Civil. IV.  DECISION Por las razones que anteceden, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero: CONFIRMAR, por los motivos expuestos en esta providencia, los fallos proferidos dentro de la presente acción de tutela por el Juez Primero Civil del Circuito de Medellín y por el Tribunal Superior de Medellín, Sala de Decisión Civil, de fechas 3 de marzo y 6 de abril de 1992, respectivamente. Segundo:  Por Secretaría líbrese las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr.  Corte Constitucional.  Sala Cuarta de Revisión.  Sentencia T-02.  Mayo 8 de 1992.  Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero. 2 Corte Constitucional.  Sala Quinta de Revisión.  Sentencia Nº T-508.  Agosto 28 de 1992.  Ponente: Magistrado Fabio Morón Díaz. 3 Corte Constitucional.  Sentencia Nº T-225.  Junio 17 de 1992. Magistrado Ponente: Doctor Jaime Sanín Greiffenstein.

T-519-92 Sentencia No Sentencia No. T-519/92 DERECHO A LA EDUCACION-Faltas disciplinarias/DERECHOS FUNDAMENTALES Tanto el derecho a educarse como la libertad de aprendizaje, enseñanza, investigación y cátedra son derechos fundamentales de los que no puede ser privado individuo alguno sin quebrantar los principios y mandatos constitucionales. Si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo. SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION La educación está concebida por el Constituyente como servicio público y, por ende, su prestación tiene que ser permanente, sin que frente a la norma constitucional que así lo declara, sean admisibles las interrupciones, individuales o colectivas, por cuanto con ellas, fuera de afectarse el derecho fundamental de los educandos, se amenaza gravemente a la sociedad.  De allí que sea susceptible de protección por vía de tutela cuanto esté a cargo de particulares como en el caso sub-lite. ACCION DE TUTELA-Hecho superado La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo.  Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío.  Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela. Ref.:  Expediente T-2795 Actores: DIEGO ESCOBAR CUARTAS y ALBA LUCIA DUQUE DE ESCOBAR Magistrados: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO (Ponente) Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Dr. FABIO MORON DIAZ Aprobada en Santafé de Bogotá, D.C., mediante acta del dieciseis (16) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  INFORMACION PRELIMINAR Los señores DIEGO ESCOBAR CUARTAS y ALBA LUCIA DUQUE DE ESCOBAR, en representación de su hijo menor CARLOS MARIO ESCOBAR DUQUE, incoaron la acción de tutela en contra del Colegio Salesiano San Juan Bosco de Dosquebradas, con base en los siguientes hechos: 1.  El menor cursaba sus estudios en el establecimiento educativo demandado desde el año 1986. Como consecuencia de que su rendimiento académico y disciplinario se redujo gravemente, las directivas del colegio decidieron citar a los padres de familia a una reunión durante la cual se les puso en conocimiento lo que estaba ocurriendo al respecto, y advertirles sobre la necesidad de que tal situación variase so pena de no otorgarle cupo al niño para el año lectivo siguiente. 2.  Con posterioridad, se les convocó nuevamente a otra reunión con el objetivo de evaluar los cambios de los alumnos que se encontraban en dichas circunstancias.  A esta segunda reunión no acudieron los peticionarios. 3. En vista de que la conducta del menor Carlos Mario Escobar Cuartas no varió, la institución educativa en mención decidió no otorgarle cupo para el año lectivo 1992. 4. Afirman los solicitantes de la tutela que el día 4 de octubre de 1991 enviaron al Rector del colegio una carta por medio de la cual pedían "se le diera cumplimiento a las actividades de recuperación y refuerzo que son de obligatorio cumplimiento de las instituciones educativas" y que, ante la falta de respuesta, insistieron en el mismo punto mediante comunicación del 20 de noviembre del mismo año. Como la segunda misiva tampoco obtuvo respuesta por parte de dicho plantel, acudieron ante la División Pedagógica de la Secretaría de Educación Departamental. 5. Aducen los peticionarios la falta de adopción de correctivos por parte del Colegio con el consiguiente daño a la educación de su hijo, que se tradujo en la determinación de la pérdida del año y del cupo "sin atención a la equidad ni al derecho del estudiante." II.  DECISIONES JUDICIALES Correspondió decidir en primera instancia la presente acción de tutela al Juez Penal Municipal de Dosquebradas, Risaralda, quien por medio de fallo del 21 de febrero de 1992 concedió la tutela con base en las siguientes consideraciones: 1.  Es procedente la presente acción de tutela en virtud de lo dispuesto en el artículo 42, numeral 1º, del Decreto 2591 de 1991 que consagra la acción de tutela contra particulares. 2.  Las informaciones obtenidas otorgan al juzgado la convicción de que la decisión de no aceptar a CARLOS MARIO ESCOBAR DUQUE en el plantel educativo, no se recogió en acto administrativo y por lo tanto no pudo agotarse el recurso de apelación.  Considera el juzgado que una decisión como la que se trata, no puede ser verbal porque viola el artículo 29 de la Constitución Nacional según el cual "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas". 3. Sin lugar a dudas, afirma el juez, el derecho lesionado es el de la EDUCACION consagrado en el artículo 67 de la Carta Política, pues considera que las causas en que se basó el colegio para negar la matrícula a CARLOS MARIO ESCOBAR DUQUE, consistentes en el mal comportamiento y la pérdida del año, son de poca monta y significación frente al mandato constitucional, ya que el bajo rendimiento académico no es motivo para inadmitir a un alumno en el plantel educativo.  Se funda el Despacho en la Resolución 2800 de 1991 del Gobernador de Risaralda, que en su artículo cuarto establece: "Artículo Cuarto. Ningún alumno podrá ser rechazado o inadmitido en el mismo plantel donde haya cursado sus estudios o en cualquier otro por motivos de repitencia (sic) del año escolar". 4.  Como consecuencia de lo dicho se ordena revocar de inmediato esa decisión pidiendo se le otorgue cupo y se proceda a recibirlo y matricularlo en el establecimiento educativo. Impugnado el fallo por el Rector del Colegio Salesiano "San Juan Bosco", Pbro. José Olmedo González, correspondió conocer de la impugnación al Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien mediante providencia del 4 de marzo de 1992 decidió revocar el fallo de primera instancia, y en consecuencia, no conceder la tutela solicitada por las siguientes razones: 1.  Los accionantes acudieron a la acción de tutela por la pérdida del año y cancelación del cupo; en cuanto al primer aspecto "este Despacho estima que carece no solo de competencia, sino de la idoneidad para en un determinado momento, entrar a valorar las situaciones consignadas, porque un pronunciamiento en uno y otro sentido, sería una intromisión en campos que no atañen a la judicatura en los que no se tienen instrumentos válidos que permitan determinar que el niño ganó o perdió el año".  En lo relacionado con el segundo, podría pensarse que la acción de tutela pierde su objetivo por sustracción de materia ya que el progenitor manifestó bajo la gravedad de juramento que no ha matriculado al niño en el Colegio Salesiano, ni lo va a matricular ya que lo tiene estudiando en otro plantel educativo. 2.  Observó el juzgado que se aplicó en su integridad el procedimiento establecido en el reglamento interno del Colegio y por los órganos competentes para ello, lo cual lleva al fallador a discrepar de las consideraciones de la primera instancia en relación con la afirmación de que se violó el debido proceso,  pues, en su criterio, se siguieron uno a uno los pasos descritos en el reglamento, agotándose los correctivos previamente. 3.  Agrega el Despacho de segunda instancia que los estudiantes tienen no solo derechos, sino también deberes y obligaciones, uno de los cuales es el sometimiento a un reglamento académico y disciplinario que deben acatar. 4.  El menor afectado por la decisión del Colegio Salesiano cursa estudios en otro plantel educativo y según disposiciones legales vigentes puede ser promovido al año siguiente, previo el lleno de algunos requisitos. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1.  Competencia de la Corte y procedencia de la acción Entra la Corte a revisar los fallos de tutela proferidos  por los jueces Penal Municipal de Dosquebradas y Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, respectivamente, con base en la competencia otorgada por los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y por el Decreto 2591 de 1991. Como en varias oportunidades lo ha precisado esta Corporación1, la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación del servicio público de educación, según lo establecido por la propia Carta y, en desarrollo de ella, por el artículo 42, numeral 1º, del decreto mencionado. Esta norma se refiere a los derechos objeto de protección, entre los cuales se encuentran incluidos los que consagran los artículos 27 y 29 de la Constitución, que tienen relevancia en el presente proceso, dentro del cual se debate, además, si ha sido violado o desconocido el derecho fundamental que de modo primario está a cargo de quienes prestan el servicio educativo, es decir el consagrado en el artículo 67 de la Carta Política. 2. Responsabilidades constitucionales en materia educativa La solicitud de tutela dirigida en este caso contra el Colegio Salesiano "San Juan Bosco" de Dosquebradas -Risaralda- se funda en la presunta vulneración del derecho que toda persona tiene a la educación y en la amenaza contra la libertad de aprendizaje del menor ESCOBAR DUQUE, según se deduce del escrito por medio del cual los padres de éste instauraron la acción contra el plantel. Debe expresar la Corte una vez más que tanto el derecho a educarse como la libertad de aprendizaje, enseñanza, investigación y cátedra son derechos fundamentales de los que no puede ser privado individuo alguno sin quebrantar los principios y mandatos constitucionales.  La naturaleza racional del hombre y su dignidad exigen el establecimiento y preservación de condiciones aptas para que la persona, por el hecho de serlo y en igualdad de oportunidades con las demás, acceda a los beneficios de la educación básica y de la formación en los términos plasmados por el artículo 67 de la Carta Política.  La ignorancia es a no dudarlo una forma de esclavitud que no puede tener cabida en el Estado Social de Derecho; ninguna justificación existe para que se niegue a cualquiera de los asociados la opción de superarla, lo cual implica que el sistema jurídico en orden a garantizar la efectividad de este derecho en cabeza de todas las personas, deba establecer, como lo hace el enunciado canon constitucional, que son responsables de dispensarlo tanto el Estado como la sociedad y la familia y que la educación será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad, por lo menos con un año de preescolar y nueve de formación básica. De otra parte, el derecho -también fundamental- al libre desarrollo de la personalidad (artículo 16 de la Carta) no admite limitaciones diferentes a las que imponen los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico, de tal manera que, más allá de la educación mínima garantizada constitucionalmente en los expresados términos, toda persona es libre de perfeccionar su formación académica en las diferentes etapas -preparatoria, técnica, profesional o especializada-, según sus propias inclinaciones y posibilidades. Además, la educación está concebida por el Constituyente como servicio público y, por ende, su prestación tiene que ser permanente, sin que frente a la norma constitucional que así lo declara (artículo 67), sean admisibles las interrupciones, individuales o colectivas, por cuanto con ellas, fuera de afectarse el derecho fundamental de los educandos, se amenaza gravemente a la sociedad.  De allí que sea susceptible de protección por vía de tutela cuanto esté a cargo de particulares como en el caso sub-lite. De la demanda se deduce que, en el sentir de los peticionarios, si bien no lo dicen explícitamente, el Colegio Salesiano era el único responsable del derecho a la educación del menor ESCOBAR DUQUE.  Por ello expresan que en varias ocasiones solicitaron al plantel "dar cumplimiento a las actividades de recuperación y refuerzo" en favor de su hijo y que, al no obtener resultados, pidieron la intervención del organismo oficial correspondiente. En concepto de esta Corte, es erróneo atribuir la responsabilidad de la educación en forma exclusiva al Estado o a la entidad de formación académica, eludiendo los padres o acudientes la parte de compromiso que les atañe en la materia y desconociendo abiertamente los deberes correlativos al derecho, que están a cargo del propio estudiante. Por expresa declaración del Constituyente pero, antes de ello, por la naturaleza de las cosas, en la familia descansa la primera y más importante responsabilidad en cuanto a la orientación y formación de los hijos y en el indispensable seguimiento tanto de las actividades llevadas a cabo por el establecimiento educativo como de las respuestas que a ellas van entregando los menores. Es obvio que el centro docente asume las obligaciones propias de la misión que se le confía y que resulta responsable si no ofrece los medios idóneos para alcanzar los propósitos buscados.  A certificar que así sea en efecto está enderezada la función estatal de "regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo" (artículo 67 de la Constitución). Repárese, sin embargo, en que ninguna de las finalidades enunciadas puede ser lograda por la acción solitaria del Colegio, ni siquiera por la atenta verificación oficial, si no se cuenta con el permanente concurso de la familia. Así, pues, la familia, junto con el Estado y los particulares habilitados legalmente para educar, tiene sobre sus hombros la tarea de iniciar la preparación y formación del individuo y aún de mantenerla y acrecentarla a lo largo del proceso educativo. Los progenitores, quienes gozan de autonomía para seleccionar el tipo de educación para sus hijos y el establecimiento más adecuado para conseguirla (artículo 68 de la Constitución), son a la vez beneficiarios y responsables de las garantías consagradas en el ordenamiento jurídico para la educación. Este concepto, que está explícito en el artículo 67 de la Carta, es reiterado por el 44 al señalar que "la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos". El alumno, por su parte, junto con la conciencia cierta de sus derechos, debe tener bien claro desde el principio que asume unos deberes de los cuales depende su avance académico y el progresivo aquilatamiento de los valores que constituyen la formación que se le dispensa.  Parte de ésta radica precisamente en forjar el hábito de responder por las propias obligaciones, asumiendo las consecuencias negativas de su incumplimiento. Así lo ha señalado ya esta Corte en distintas ocasiones: "(...) la educación ofrece un doble aspecto.  Es un derecho-deber, en cuanto no solamente otorga prerrogativas a favor del individuo, sino que comporta exigencias de cuyo cumplimiento depende en buena parte la subsistencia del derecho, pues quien no se somete a las condiciones para su ejercicio, como sucede con el discípulo que desatiende sus responsabilidades académicas o infringe el régimen disciplinario que se comprometió a observar, queda sujeto a las consecuencias propias de tales conductas: la pérdida de las materias o la imposición de las sanciones previstas dentro del régimen interno de la institución, la más grave de las cuales, según la gravedad de la falta, consiste en su exclusión del establecimiento educativo"2 . Naturalmente la evaluación de los resultados académicos compete al plantel educativo y en el evento de configurarse las causales previstas en el correspondiente reglamento para la pérdida del período que se cursa, así debe declararse, sin que por hacerlo pueda endilgarse al establecimiento la violación de los derechos fundamentales a la educación o al aprendizaje. En consecuencia, para el caso que aquí se considera, mal podía el juez de tutela entrar a cuestionar, como lo hizo el de primera instancia la calificación dada por el Colegio en torno al rendimiento académico del alumno, ni acceder a la petición de invalidar la pérdida del año, pues estos aspectos, en cuanto hacen parte de la autonomía educativa, escapan al objeto de la acción de tutela y deben ser tramitados y resueltos, en caso de actuaciones anormales o abiertamente injustas, por las autoridades administrativas encargadas de ejercer inspección y vigilancia sobre los centros docentes. La pérdida del cupo en el Colegio, como ocurre en el caso sub-examine, más por faltas disciplinarias que por bajo rendimiento académico como se desprende de los documentos que obran en el expediente, no constituye en sí misma una violación al derecho protegido por el artículo 67 de la Carta, pues el afectado tiene la posibilidad de acudir a otro establecimiento para continuar en él sus estudios, como en efecto aconteció en el caso de ESCOBAR DUQUE. A este propósito, la Corte estima pertinente observar que, si bien la educación es un derecho fundamental y el estudiante debe tener la posibilidad de permanecer vinculado al plantel hasta la culminación de sus estudios, de allí no puede colegirse que el centro docente esté obligado a mantener indefinidamente entre sus discípulos a quien de manera constante y reiterada desconoce las directrices disciplinarias y quebranta el orden impuesto por el reglamento educativo, ya que semejantes conductas, además de constituir incumplimiento de los deberes ya resaltados como inherentes a la relación que el estudiante establece con la institución en que se forma, representan abuso del derecho en cuanto causan perjuicio a la comunidad educativa e impiden al Colegio alcanzar los fines que le son propios. Desde luego, la exclusión de un estudiante, según ya lo tiene establecido la doctrina de esta Corporación, ha de estar precedida por la observancia de las reglas que integran el debido proceso según el régimen interno y debe estar contemplada expresamente en los reglamentos como sanción para que pueda aplicarse en esa calidad (artículo 29 Constitución Política). En el caso sub-lite, el reglamento interno del Colegio señala un procedimiento a seguir para las situaciones que surjan a raíz de faltas cometidas por los alumnos y fija sanciones que van desde la simple amonestación verbal en privado o en público hasta la cancelación de la matrícula.  También considera dicho reglamento los efectos de las fallas de conducta y disciplina estudiantil, evaluadas al finalizar el año. El procedimiento, según resulta del expediente, fue observado a cabalidad por el Colegio Salesiano sin que pudiera configurarse una violación al artículo 29 de la Carta como pareció al juez de primera instancia. No existía, entonces, base jurídica para conceder la protección impetrada, lo cual llevará a que esta Corte confirme el fallo proferido en segunda instancia. 3. La protección del derecho como objeto y justificación de la acción de tutela De otro lado, es de la esencia de la acción de tutela el producir -si prospera- una "orden" para que aquél respecto de quien se solicita el amparo actúe o se abstenga de hacerlo, según lo prevé el inciso 2º del artículo 86 de la Carta Política. En el caso que nos ocupa no era procedente ordenar al Colegio conceder un cupo al menor afectado por cuanto éste lo perdió por razones disciplinarias conforme al reglamento del centro docente y además el padre manifestó que no deseaba el regreso de su hijo a ese plantel, ante lo cual ya lo había matriculado en otro establecimiento. Lo anterior muestra a las claras que el ejercicio de la acción en este caso perdió su razón de ser. En efecto, la acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad de un mandato proferido por el juez en sentido positivo o negativo.  Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada acude ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de lo cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiera el juez caería en el vacío.  Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la acción de tutela, pero no obsta para que esta Corte, por razones de pedagogía constitucional, se refiera al alcance y al sentido de los preceptos relacionados con el derecho fundamental de que se trata. Con fundamento en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional de la República de Colombia en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Artículo Primero.-  CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del 4 de marzo de 1992 proferida por el Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la acción de tutela instaurada por los señores DIEGO ESCOBAR CUARTAS y ALBA LUCIA DUQUE DE ESCOBAR como representantes legales del menor CARLOS MARIO ESCOBAR DUQUE. Artículo Segundo.-  Líbrese por Secretaría las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Corte Constitucional.  Sentencia Nº 492.  Sala Tercera de Revisión.  Agosto 12 de 1992. 2 Cfr.  Corte Constitucional.  Sentencia Nº 492 del 12 de agosto de 1992.  Sala Tercera de Revisión.

T-520-92 Sentencia No Sentencia No. T-520/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL/COSA JUZGADA MATERIAL-Proceso de Alimentos Quien ha propuesto la presente acción de tutela tenía ciertamente a su alcance otros medios judiciales para la defensa de su derecho: el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juez Noveno de Familia en el juicio de separación y la posibilidad de iniciar un proceso de revisión de alimentos con el fin de obtener la reducción o exoneración de los determinados en las dos sentencias hasta ahora proferidas.  La última vía enunciada tiene fundamento en que las decisiones judiciales de este tipo, por su misma naturaleza y por la variabilidad de las circunstancias en relación con las cuales han sido pronunciadas, no hacen tránsito a cosa juzgada material, permitiendo posteriores pronunciamientos, los cuales habrán de fundarse en las alteraciones que hayan sufrido los presupuestos fácticos inicialmente considerados. ACCION DE TUTELA-Naturaleza La acción de tutela no es un mecanismo adicional a los ya consagrados por la legislación en orden a solucionar las controversias y conflictos que surgen en diversos campos de la vida en sociedad.  Su función está claramente definida por el artículo 86 de la Carta como procedimiento sumario, preferente e inmediato en materia de derechos fundamentales cuando quiera que éstos se vean conculcados o amenazados por acción u omisión de autoridad pública o de particulares (en los casos previstos por la ley) sin que exista a favor del titular de aquellos un medio de defensa judicial distinto. PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Alcance El postulado non bis in idem se extiende a toda clase de procesos y no únicamente a los penales.  Más aún, también es aplicable en las actuaciones administrativas según perentorio mandato del citado artículo 29 de la Carta. Esta es una forma de protección de la persona y una manera de brindarle certeza en los dictados de los jueces y de la administración.  Es una garantía que prohibe a las autoridades investigar, juzgar o condenar a una persona más de una vez por el mismo hecho respecto del cual ya se tramitó un proceso y se profirió una decisión, constituyéndose en elemento enderezado a realizar los valores de la justicia y la seguridad jurídica, al lado de otros principios como la presunción de inocencia y el derecho de defensa. DEBIDO PROCESO-Alcance/PRESUNCION DE INOCENCIA La garantía del debido proceso no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Todo ello descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones administrativas. Sala Tercera de Revisión Ref:Expediente T-2988 Acción de tutela intentada por JAIME ANTONIO DAZA CARRANZA contra el Juzgado Noveno de Familia de Santafé de Bogotá. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Magistrado Sustanciador- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta de la Sala Tercera de Revisión, en Santafé de Bogotá, D.C., a los dieciseis (16) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). I. ANTECEDENTES El ciudadano Jaime Antonio Daza Carranza, mediante apoderado judicial, instauró la acción de tutela en contra de la providencia que dictó el Juzgado Noveno de Familia de Santafé de Bogotá en un proceso de separación de cuerpos, pues considera que este fallo ha vulnerado su derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Los antecedentes que generaron la proposición de esta acción son los siguientes: - El señor Daza Carranza fue demandado por su cónyuge, Emma González de Daza, en un proceso de aumento de la cuota alimentaria ante el Juzgado Sexto de Familia de esta ciudad, en el que se le condenó al pago de $28.000.oo mensuales por dicho concepto. - Posteriormente, y en virtud de un juicio de separación de cuerpos iniciado por el peticionario de la tutela, su esposa formuló una demanda de reconvención en la que solicitó se condenara al demandado al pago de la obligación alimentaria.  El Juzgado Noveno de Familia de Santafé de Bogotá, al cual le correspondió decidir sobre este asunto, declaró la separación de cuerpos, acogiendo las pretensiones de la señora Emma González de Daza,  y en consecuencia, condenó al señor Daza Carranza al pago de $50.000.oo mensuales, con un incremento anual del 20% por alimentos a favor de su cónyuge. Como consecuencia de que existen dos sentencias condenatorias vigentes sobre el mismo hecho, que prestan mérito ejecutivo, el actor de la presente acción de tutela solicita que "cesen los efectos de la sentencia proferida por el Juzgado 9º de Familia de Bogotá ya que allí no tuvo debate jurídico el aspecto alimentario por no ser petición principal la debatida y se mantenga la sentencia dictada por el Juzgado 6º de Familia de Bogotá que lo condenó a pagar la suma de $28.000.oo mensuales a Emma González de Daza, por cuanto la tasación se hizo con base en un amplio debate de la capacidad económica de cada una de las partes y se ajusta en un todo a la realidad." II. ACTUACION JUDICIAL Mediante providencia del treinta (30) de abril de 1992, la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad decidió no conceder la tutela con base en los siguientes argumentos: - Existe otro medio de defensa judicial, como es el proceso de revisión de alimentos, en el que el peticionario puede solicitar la reducción o exoneración de los mismos. -  El actor no apeló el fallo proferido dentro del proceso de separación de cuerpos, mecanismo idóneo para lograr la modificación de dicha providencia en el punto que ahora se discute. - Además, el peticionario no utilizó la tutela como mecanismo transitorio, consagrado en el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, que le hubiera hecho posible suspender los efectos del fallo, mientras utiliza el procedimiento idóneo para lograr la exoneración de la cuota. - El contenido del último aparte del inciso 4º del artículo 29 de la Constitución Política, es "de raigambre penal, dada la redacción, ubicación y finalidad". Por último, agrega la Sala de Familia del Tribunal, que "es verdad que la señora Juez 9º de Familia al tener conocimiento  de la existencia del proceso autónomo de alimentos que estaba fallado primero ante el Juzgado 37 Civil Municipal que luego de entrar a funcionar la jurisdicción de familia fue remitido al sexto de la especialidad anotada, no debió pronunciarse sobre esta pretensión consecuencial por sustracción de materia y no se puede admitir su ignorancia en torno al punto debatido porque la Sala observa que en el hecho 5º de la demanda principal se afirma que la demandada recibe alimentos de su esposo, hecho que es aceptado por Emma González de Daza al contestar la demanda, agregando que los recibe por intermedio del Juzgado 37 Civil Municipal y frente a la demanda de reconvención en cuya pretensión cuarta se solicita la condena alimentaria nuevamente, no se puede deducir que se esté pretendiendo una modificación tácita de la cuota alimentaria fijada en el proceso autónomo, ya que ésta se presentó en marzo de 1989 y la demanda de aumento de cuota alimentaria se notificó al señor Daza el 21 de septiembre de 1989, es decir, con posterioridad a la presentación de la demanda de reconvención y en aquel proceso se falló el aumento de cuota en forma favorable en sentencia del 31 de julio de 1991". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1.  Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias aludidas, según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución, 31, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2.  Improcedencia de la acción de tutela en el presente caso Antes de cualquier consideración de fondo habrá de definirse si en el asunto sub-examine era procedente instaurar la acción de tutela. Tanto la Constitución como el Decreto 2591 de 1991 consagran como una de las causales de improcedencia de la tutela la existencia de otro medio de defensa judicial. Esos procedimientos, que son los contemplados por la legislación vigente, deben apreciarse en concreto, lo que involucra -como ya lo ha señalado esta Corte1 - una valoración en torno a la efectividad e idoneidad de los mismos para la protección del derecho fundamental vulnerado o amenazado, dependiendo de las circunstancias que rodean el caso. Quien ha propuesto la presente acción de tutela tenía ciertamente a su alcance otros medios judiciales para la defensa de su derecho: el recurso de apelación contra la sentencia proferida por el Juez Noveno de Familia en el juicio de separación y la posibilidad de iniciar un proceso de revisión de alimentos con el fin de obtener la reducción o exoneración de los determinados en las dos sentencias hasta ahora proferidas.  La última vía enunciada tiene fundamento en que las decisiones judiciales de este tipo, por su misma naturaleza y por la variabilidad de las circunstancias en relación con las cuales han sido pronunciadas, no hacen tránsito a cosa juzgada material, permitiendo posteriores pronunciamientos, los cuales habrán de fundarse en las alteraciones que hayan sufrido los presupuestos fácticos inicialmente considerados. A ese respecto, el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 1º del Decreto 2282 de 1989, muestra claramente en su numeral 3º los asuntos a los cuales se aplica el proceso verbal sumario de que trata el Capítulo II de su Título XXIII, uno de ellos el relativo a la cuantificación y modificaciones de las obligaciones alimentarias. Según la norma, se tramitarán en única instancia por el procedimiento en mención, teniendo en cuenta su naturaleza "3.  Fijación, aumento, disminución y exoneración de alimentos y restitución de pensiones alimentarias". 3.  La tutela no sanea los descuidos procesales En cuanto a la apelación de la sentencia mediante la cual se decretó la separación de cuerpos, una de cuyas decisiones volvió a establecer el monto de la obligación alimentaria que ya había sido liquidada en proceso diferente, era el recurso que la ley brindaba al afectado y que, de haber sido interpuesto dentro de la oportunidad legal, habría dado ocasión al superior para establecer si eventualmente tal providencia quebrantaba el ordenamiento jurídico. Considera la Corte que la acción de tutela no es un mecanismo adicional a los ya consagrados por la legislación en orden a solucionar las controversias y conflictos que surgen en diversos campos de la vida en sociedad.  Su función está claramente definida por el artículo 86 de la Carta como procedimiento sumario, preferente e inmediato en materia de derechos fundamentales cuando quiera que éstos se vean conculcados o amenazados por acción u omisión de autoridad pública o de particulares (en los casos previstos por la ley) sin que exista a favor del titular de aquellos un medio de defensa judicial distinto.  De allí que en repetidas ocasiones esta Corte haya resaltado el carácter subsidiario de la acción de tutela como uno de sus elementos esenciales2 . Quien no ha hecho uso oportuno y adecuado de los medios procesales que la ley le ofrece para obtener el reconocimiento de sus derechos o prerrogativas se abandona voluntariamente a las consecuencias de los fallos que le son adversos.  De su conducta omisiva no es responsable el Estado ni puede admitirse que la firmeza de los proveídos sobre los cuales el interesado no ejerció recurso constituya transgresión u ofensa a unos derechos que, pudiendo, no hizo valer en ocasión propicia.  Es inútil, por tanto, apelar a la tutela, cual si se tratara de una instancia nueva y extraordinaria, con el propósito de resarcir los daños causados por el propio descuido procesal. 4.  El principio "non bis in idem", garantía aplicable a todo proceso No hallándose motivo para que el Tribunal de Santafé de Bogotá concediera la tutela impetrada, no es del caso profundizar en el análisis del derecho que se alegó como violado. No obstante, por razones de pedagogía constitucional, la Corte estima necesario señalar el verdadero sentido del artículo 29 de la Constitución en lo relativo al principio conocido como "non bis in idem", según el cual nadie puede ser sometido a juicio dos veces por la misma causa, pues la Sala de Familia del Tribunal Superior declara que el mandato constitucional pertinente "es de raigambre penal, dada la redacción, ubicación y finalidad". La Corte Constitucional no puede compartir ese criterio y juzga, por el contrario, que el postulado en mención se extiende a toda clase de procesos y no únicamente a los penales.  Más aún, también es aplicable en las actuaciones administrativas según perentorio mandato del citado artículo 29 de la Carta. El debido proceso es un conjunto de garantías del cual únicamente pueden ser excluidas aquéllas que por su misma naturaleza y por el papel que cumplen tan solo tienen razón de ser dentro de los procesos penales -como ocurre con la designación de un defensor de oficio-, según ya lo ha establecido la jurisprudencia de esta Corporación, pero no es este el caso del derecho aludido. Dijo la Corte a ese respecto: "La garantía del debido proceso, plasmada en la Constitución colombiana como derecho fundamental de aplicación inmediata (artículo 85) y consignada, entre otras, en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículos 10 y 11), en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre proclamada el mismo año (artículo XXVI) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica, 1969, Artículos 8 y 9), no consiste solamente en las posibilidades de defensa o en la oportunidad para interponer recursos, como parece entenderlo el juzgado de primera instancia, sino que exige, además, como lo expresa el artículo 29 de la Carta, el ajuste a las normas preexistentes al acto que se imputa; la competencia de la autoridad judicial o administrativa que orienta el proceso; la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal; el derecho a una resolución que defina las cuestiones jurídicas planteadas sin dilaciones injustificadas; la ocasión de presentar pruebas y de controvertir las que se alleguen en contra y, desde luego, la plena observancia de las formas propias de cada proceso según sus características. Todo ello descansa sobre el supuesto de la presunción de inocencia, la cual tiene que ser desvirtuada por el Estado para que se haga posible la imposición de penas o de sanciones administrativas. Dentro del marco jurídico trazado por la Carta de 1991, ha perdido su razón de ser la discusión acerca de si el debido proceso es exclusivo de los trámites judiciales o si debe extenderse a los procedimientos y actuaciones que se surten ante la administración (...)" 3 . De lo anterior se concluye que, habiendo sido tan claro el Constituyente al cobijar los varios componentes del debido proceso dentro de un solo haz de garantías constitucionales y al haber expresado de modo terminante que aquél "se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas" (subraya la Corte), excluir el principio mencionado, reservándolo apenas a los procesos penales implica aceptar el doble juzgamiento en las otras ramas del derecho, desatendiendo la nítida letra y el espíritu del mandato constitucional. Esta es una forma de protección de la persona y una manera de brindarle certeza en los dictados de los jueces y de la administración.  Es una garantía que prohibe a las autoridades investigar, juzgar o condenar a una persona más de una vez por el mismo hecho respecto del cual ya se tramitó un proceso y se profirió una decisión, constituyéndose en elemento enderezado a realizar los valores de la justicia y la seguridad jurídica, al lado de otros principios -también fundamentales- como la presunción de inocencia y el derecho de defensa. Así, pues, será confirmada la decisión de instancia, con la expresa aclaración sobre este tema. IV.  DECISION Con fundamento en lo dicho, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala de Revisión, actuando a nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR, por las razones que se dejan expuestas, la providencia del treinta (30) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, D.C., al resolver sobre la acción de tutela instaurada por JAIME ANTONIO DAZA CARRANZA. Segundo.-  Líbrese la comunicación a que se refiere el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr.  Corte Constitucional.  Sala Tercera de Revisión.  Sentencia T-03.  Mayo 11 de 1992.  Ponente: Magistrado José Gregorio Hernández Galindo. 2 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia Nº T-01.  Abril 3 de 1992 3 Cfr.  Corte Constitucional.  Sala Tercera de Revisión.  Sentencia T-460 de julio 15 de 1992.  Ponente: Magistrado José Gregorio Hernández Galindo.

T-521-92 Sentencia No Sentencia No. T-521/92 DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración/INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-Obligaciones/SUSTITUCION PENSIONAL Toda actuación administrativa deberá ser el resultado de un proceso en el que la persona tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones así como de presentar las pruebas que demuestren su derecho, con plena observancia de las disposiciones procesales que lo regulen. No se trata de imponerle al Instituto de Seguros Sociales la obligación de restablecer el servicio médico asistencial, clínico y farmacéutico a la Señora porque se encuentra en peligro la vida del nasciturus sino porque no medió entre la decisión del Seguro Social y la retención de su carné de afiliación (como sanción), Acto Administrativo alguno que hubiere sido el resultado de un proceso, en donde se hubiere probado una de las situaciones que determinan la pérdida de la pensión por sustitución (contraer un nuevo matrimonio o hacer vida marital). CARGA DE LA PRUEBA/ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia/ACCION DE TUTELA Quien tiene la carga de la prueba es el Estado a través del Seguro Social para determinar, si se dieron o no las circunstancias para perder el derecho a la pensión. Pero es erróneo conceder la tutela en forma transitoria, mientras la peticionaria interpone la acción ante la jurisdicción competente. Al no existir un Acto Administrativo del Instituto de Seguros Sociales sobre la pérdida del derecho a la pensión sustituta y que ésta haya sido debidamente notificada a la peticionaria, se concluye que no existe otro medio judicial de defensa que sea eficaz y logre el restablecimiento inmediato del derecho constitucional fundamental vulnerado. REF.: EXPEDIENTE Nº 2868 Peticionario: Gloria Beatriz Barrios de Armenta. Procedencia: Juzgado 6º Superior de Cali. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., septiembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-2868, adelantado por GLORIA BEATRIZ BARRIOS DE ARMENTA. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 18 de junio del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud. La peticionaria presentó acción de tutela ante el Juez Sexto Superior de Cali (Valle), contra un hecho del Instituto de Seguros Sociales Seccional Valle del Cauca (C.A.B. La Flora), que se originó en los siguientes hechos: a) La Comisión de Prestaciones del Instituto de Seguros Sociales del Valle, mediante Resolución 02908 del 22 de Septiembre de 1987, cumplidos los trámites reglamentarios y estudiada la solicitud hecha por la Sra. Gloria B. Barrios de Armenta (en calidad de cónyuge) y en representación de los menores Cecilia y Tomás Armenta Barrios, resolvió conceder la pensión por sustitución del derecho que en vida detentaba su cónyuge Rodrigo Luis Armenta González. b) En goce de la pensión sustituta, la peticionaria quedó en estado de embarazo, sin haber contraído nuevas nupcias ni sostener una vida marital, de conformidad con las declaraciones extrajuicio aportadas al expediente. c) El Instituto de Seguros Sociales le prestó la asistencia médica, hasta el día 17 de marzo de 1992, cuando al solicitar una cita en el CAB de La Flora (dependencia del I.S.S.), la enfermera de turno le retuvo físicamente  el carné de afiliada Nº 041022389-1-03, alegando el estado de gravidez como causal de terminación de la pensión y en consecuencia de las prestaciones en general, particularmente del derecho a demandar servicio médico prenatal, por cuanto se suponía que había contraído matrimonio, o sostenía vida marital, lo cual hacía perder los derechos médicos de pensionada sobreviviente. c) La peticionaria reclama el restablecimiento del derecho a la atención y asistencia médica, clínica y farmacéutica, por parte del Instituto de Seguros Sociales. d) La Señora Barrios de Armenta estima que el hecho acusado constituye violación de los artículos 15 -derecho a la intimidad-, 29 -debido proceso-, 42 -protección a la familia-, 43 -igualdad de la mujer-, 48 -la seguridad social como servicio público-, de la Constitución Política de Colombia. 2. Fallo del Juzgado Sexto Superior de Cali (providencia de abril 21 de 1992). El Juzgado considera que ciertamente se configuró una acción amenazadora de un derecho constitucional fundamental, cual es la vida del que está por nacer. El derecho se amenazó con la acción que se encaminó a privar, a la futura madre, del servicio médico prenatal necesario para un desenlace positivo, es decir, el nacimiento de la criatura. Añade el fallador, que es obvio que la pensión de sobreviviente  es un derecho que tiene la peticionaria y que la faculta para demandar su cumplimiento mediante el procedimiento ordinario laboral, previo agotamiento de la vía gubernativa ante la entidad. Pero por otro lado el Juzgado sostiene que resulta mas acorde con la petición de la ofendida, evitar que se pueda llegar a consumar un  hecho violatorio de los derechos fundamentales, como lo sería la pérdida del feto por falta de controles médicos adecuados. En ese orden de ideas, el Juzgado Sexto Superior de Cali resuelve conceder la tutela en forma transitoria por la amenaza del derecho constitucional fundamental a la vida del que está por nacer, no así por los derechos por ella invocados. Y la concedió en tal efecto mientras se resolvían los recursos ordinarios de defensa. Además de conceder la tutela transitoria el Juzgado ordenó en primer término restablecer el servicio médico asistencial, clínico y farmacéutico a la Sra. Barrios en su calidad de pensionada por el I.S.S. de esta ciudad, durante el término que la autoridad judicial utilice para decidir de fondo el asunto, y en segundo lugar devolver a la peticionaria el carné de afiliación. II- FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado Sexto Superior de Cali (Valle), con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Del derecho a la seguridad social. El Instituto de Seguros Sociales -I.S.S.-, es un establecimiento público vinculado al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, creado con el fin de atender los servicios de atención en salud y el reconocimiento de prestaciones económicas a la población trabajadora que presta sus servicios a empresas o patronos particulares, a los pensionados por el I.S.S., a los trabajadores independientes y, por cuenta propia, a sus derechohabientes y a los demás expresamente contemplados en la ley. La solidaridad como deber, de que trata el artículo 95.2 de la Carta, tiene como contrapartida el concepto de la solidaridad como derecho, que se expresa en la seguridad social. El artículo 48 de la Constitución dice: "La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios en la forma que determine la ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de conformidad con la ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante." Se advierte en primer lugar que fue deseo del constituyente consagrar una definición amplia de la seguridad social. Ello es manifiesto al consultar los antecedentes de la norma en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, donde se afirmó: "Nuestra concepción de la Finalidad Social del Estado debe ir necesariamente más allá de la retórica. La Seguridad Social constituye un elemento indispensable para posibilitar unas condiciones de vida dignas; tal vez no haya instrumento más eficaz para el cumplimiento de la Finalidad Social del Estado. En este sentido es necesario consagrar en la Carta el derecho irrenunciable a la Seguridad Social, garantizado por el Estado a todos los habitantes del territorio Nacional. La seguridad y la previsión social tienen por objeto la protección de la población contra las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica. La seguridad social ha dejado de ser una noción abstracta para convertirse en un derecho concreto reconocido internacionalmente. La declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 22 dice: 'Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la Seguridad Social...' Desde el punto de vista de la cobertura de la Seguridad Social una concepción amplia permite el derecho a toda la población; una más estrecha (sic) únicamente a los trabajadores. Con respecto a las contingencias previstas, la concepción amplia involucra aspectos como recreación, vivienda, desempleo y otros derechos indispensables a la dignidad del ser humano..."1 . Esta concepción de la seguridad social que hace la Constitución de 1991 recoge la tendencia normativa universal, expresada por ejemplo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968 y con fuerza normativa en el derecho interno por disposición del artículo 93 de la Carta, cuyo artículo 9° dice: "Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social." Ahora del artículo 48 superior sobresalen los tres principios que rigen la solidaridad social en Colombia: eficiencia, solidaridad y universalidad. La eficiencia es un principio que tiene como destinatario a los propios organismos responsables de la prestación del servicio público de la seguridad social -el Estado y los particulares-. Ella es reiterada por el artículo 209 de la Carta como principio rector de la gestión administrativa. Así mismo la eficacia implica la realización del control de resultados del servicio. Pero más significativos para el caso que ocupa a esta Sala de revisión de la Corte Constitucional son los principios de solidaridad y universalidad, porque ellos se dirigen tanto a los responsables como a los beneficiarios de la seguridad social. En cuanto a la solidaridad, como se anotó anteriormente, es un principio que aspira a realizar el valor justicia, que bebe en las fuentes de la dignidad humana. En este caso ello es evidente, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, cuando afirmó que "el subsidio familiar es, desde otro punto de vista, un mecanismo para la redistribución de los ingresos, fundamentado en principios universales de bienestar y solidaridad"2 . Y la universalidad es el principio relacionado con la cobertura de la seguridad social: todas las personas. Ello es natural porque si, como se estableció, la dignidad es un atributo y un fin inherente de la persona, no es entonces concebible que unas personas gocen de vida digna y otras no. Las calidades esenciales de la existencia no sabrían ser contingentes. Simplemente, si son esenciales, se predican de todas las personas. Es por ello que la seguridad social es un requisito de la dignidad y la dignidad es un atributo esencial de la persona. 3. De la pensión sustituta. Dentro de las contingencias cubiertas por el I.S.S. está la muerte del afiliado, una de cuyas prestaciones que se ofrecen es la "indemnización sustitutiva de la pensión de sobreviviente", consistente ésta en que desde el día del fallecimiento del pensionado, el cónyuge sobreviviente o el compañero o compañera permanente, los hijos legítimos, naturales y adoptivos menores de 18 años, los inválidos de cualquier edad, los incapacitados por razón de sus estudios, padres del pensionado y en último lugar los hermanos inválidos, tendrán derecho al pago de la pensión de sobrevivientes de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley 33 de 1973, Ley 71 de 1988, Decreto 1160 de 1989 (artículo 5º) y en el Acuerdo 049 de 1990 del Instituto de Seguros Sociales, aprobado mediante el Decreto 758 de 1990. La finalidad de la pensión sustituta es mantenerle al núcleo familiar el ingreso que percibía estando en vida el pensionado y asegurarle a los miembros supérstites de la familia la continuidad de una estabilidad económica ante el fallecimiento de uno de los cónyuges, afiliado al Instituto de Seguros Sociales. Dentro de las funciones del Instituto de Seguros Sociales determinadas en el artículo 48 del Decreto Ley 1650 de 1977 se encuentra la de proteger en forma integral la salud de los afiliados y de sus familias, así como atender al pago de las prestaciones económicas correspondientes. La Ley 33 de 1973 y el Decreto 758 de 1990, regulan lo relacionado con la pérdida y extinción del derecho a la pensión de sobrevivientes, de la siguiente forma: a-  Ley 33 de 1973, parágrafo del artículo 1°: "...la cuota parte de la pensión que devenguen  los beneficiarios acrecerá a la que perciban los demás cuando falte alguno de ellos o cuando el cónyuge contraiga nuevas nupcias o haga vida marital". b- Acuerdo 049 de 1990, artículo 30, que reitera la Ley, así: "Artículo 30.-Pérdida y extinción del derecho a la pensión de sobrevivientes.- Se pierde el derecho a la pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:...2°.- El cónyuge sobreviviente, compañero o compañera permanente, cuando con posterioridad al fallecimiento del causante, contraiga nupcias o haga vida marital...". Así pues, son dos las circunstancias que determinan la pérdida del derecho: - Contraer nuevas nupcias. - Hacer vida marital, que está definida como la convivencia de un hombre y una mujer como si estuvieran casados, sin estarlo.3 En este orden de ideas, si el I.S.S. comprueba debidamente las anteriores situaciones, perderá el beneficiario su derecho, acrecentando los derechos de los demás, que por ley lo conservan. La razón de ser de esto es el hecho de que ambas causales implican la creación tanto de un nuevo núcleo familiar como la participación de nuevos patrimonios. 4. Del debido proceso en actuaciones administrativas. El artículo 29 de la Constitución Política establece que el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Colombia, como Estado de Derecho, se caracteriza porque todas sus competencias son regladas. Por Estado de Derecho se debe entender el sistema de principios y reglas procesales según los cuales se crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal y se protegen y realizan los derechos del individuo, por disposición de una norma. Todo proceso consiste en el desarrollo de particulares relaciones jurídicas entre el órgano sancionador y el procesado o demandado, para buscar la efectividad del derecho material y las garantías debidas a las personas que en él intervienen. La situación conflictiva que surge de cualquier tipo de proceso exige una regulación jurídica y una limitación de los poderes estatales, así como un respeto de los derechos y obligaciones de los individuos o partes procesales. Es decir que cuando de aplicar sanciones se trata, el debido proceso es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende que el servidor público cumpla las funciones asignadas, sino que además lo haga en la forma que lo determina el ordenamiento jurídico. El debido proceso es el mayor celo en el respeto de la forma en los procesos sancionatorios. La verdad no se ha de investigar a cualquier precio, sino protegiendo a la persona con su dignidad, su personalidad y su desarrollo; es por ello que existe una estrecha relación entre el derecho procesal y el derecho constitucional. Toda infracción merecedora de reproche punitivo tiene una misma naturaleza, como idénticas son las consecuencias, no obstante que provengan de una autoridad administrativa o jurisdiccional o que tengan origen en las diferencias formales de los trámites rituales. De consiguiente, los principios que rigen todo procedimiento deben necesariamente hacerse extensivos a todas las disciplinas sancionatorias en las que no ha existido un desarrollo doctrinal en esta materia. El proceso moderno se caracteriza por una progresiva y paulatina ampliación de los derechos de defensa. Por esta razón las constituciones contemporáneas consagran en sus textos disposiciones específicas para la protección de esta garantía jurídico-procesal. Los tratadistas contemporáneos de derecho administrativo, entre ellos García de Enterría y Ramón Parada, sostienen que "los principios inspiradores del ordenamiento penal son aplicables, con ciertos matices, al derecho sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del Estado, tal como lo refleja la propia Constitución".4 Así lo entendió el Constituyente de 1991, y en el artículo 29 se hace una clara determinación del debido proceso a toda clase de actuaciones administrativas, como ya lo ha señalado la Corte Constitucional.5 Así, el Código Contencioso Administrativo, en el artículo 35, dispone: "Habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite...". Por lo tanto, toda actuación administrativa deberá ser el resultado de un proceso en el que la persona tuvo la oportunidad de expresar sus opiniones así como de presentar las pruebas que demuestren su derecho, con plena observancia de las disposiciones procesales que lo regulen. 5. Del caso concreto. La institución de la acción de tutela quedó consagrada en la nueva Carta Política en el artículo 86, al establecer que dicha acción la tendrá toda persona para reclamar ante los juzgados, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública, cualquiera que fuere. En primera instancia esta Sala se ocupará del fallo proferido por el Juzgado 6° Superior de Cali, ya que dicho Despacho consideró como derecho fundamental amenazado, en el caso concreto, el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Constitución, en relación con la vida del hijo -por nacer-, de la peticionaria. En la sentencia que concedió la tutela, se determinó: "NO CABE DUDA DE QUE EL DERECHO QUE SE ENCUENTRA EN JUEGO Y SE AMENAZA EN ESTE CASO, ES EL DE LA VIDA DEL QUE ESTA POR NACER COMO YA LO OBSERVAMOS, DERECHO QUE PUDIERA TAMBIEN PROTEGERSE INCOANDO COETANEAMENTE LA TUTELA DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO LABORAL COMO PROCEDIMIENTO ACCESORIO O MEDIDA CAUTELAR QUE ES,...PERO RESULTA MAS ACORDE CON LA SITUACION DE LA OFENDIDA, TOMAR LAS MEDIDAS PERTINENTES DESDE YA, HABIDA CUENTA DE QUE EL OBJETO DE LA TUTELA ES EL DE PREVENIR, EVITAR QUE SE PUEDAN LLEGAR A CONSUMAR HECHOS VIOLATORIOS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, COMO LO SERIA LA PERDIDA DEL FETO POR FALTA DE CONTROLES MEDICOS ADECUADOS, BASTANDO ESTA RAZON PARA ACTUAR COMO PROTECTOR INMEDIATO Y EFICAZ". Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, son dos los errores del fallador: 1) El razonamiento realizado por el Juzgado Superior, se fundamenta en un derecho constitucional fundamental que en última instancia podría ser determinante para la concesión de la tutela, pero son varias las causas que llevan a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional a apartarse de la decisión y a considerar que el derecho constitucional fundamental que en éste caso concreto se vulneró es el del debido proceso aplicado a las actuaciones administrativas cuyos fundamentos jurídicos ya quedaron expuestos en acápite anterior. El Instituto de Seguros Sociales tiene la obligación de contribuir a la protección de sus afiliados, mediante el amparo contra las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica. En el artículo 49 de la Constitución se consagra la garantía de las personas en materia de salud. De allí se deriva no sólo el deber del Estado y la solidaridad de la comunidad, sino además, la obligación de los particulares de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Consagrándose así tres destinatarios de este derecho; en primer lugar su propio beneficiario que debe sufragar su gasto si tiene capacidad para ello, la sociedad mediante la seguridad social que está bajo la dirección, coordinación y control del Estado y de éste último en subsidio en el caso de la atención básica. Por lo tanto, no se trata de imponerle al Instituto de Seguros Sociales la obligación de restablecer el servicio médico asistencial, clínico y farmacéutico a la Sra. Gloria Beatriz Barros de Armenta por que se encuentra en peligro la vida del nasciturus sino porque no medió entre la decisión del Seguro Social y la retención de su carné de afiliación (como sanción), Acto Administrativo alguno que hubiere sido el resultado de un proceso, en donde se hubiere probado una de las situaciones que determinan la pérdida de la pensión por sustitución (contraer un nuevo matrimonio o hacer vida marital). El paso a seguir es el inicio de la investigación por parte de la División de Prestaciones Económicas, sobre  la existencia o no de un nuevo núcleo familiar  y en caso de ser probado el nuevo matrimonio o la vida marital, perderá el derecho a la pensión que venía disfrutando y como consecuencia se le suspenderán los servicios médicos. Ocurrido lo anterior el derecho de los menores hijos habidos en el matrimonio se acrecentará de conformidad con las disposiciones vigentes. El Instituto de Seguros Sociales está en la obligación de actuar diligentemente, pues al retener la pensión de la Sra. de Armenta y no otorgarla a los hijos menores habidos en el matrimonio, se está enriqueciendo ilícitamente. 2) Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional resulta erróneo el planteamiento del Juzgado Sexto Superior de Cali y más aún la decisión de conceder la tutela en forma transitoria mientras la autoridad judicial competente decida de fondo el asunto, esto es sólo por cuatro (4) meses.  Así, lo expresó el Juzgado: "DEBERA SER PROMOVIDO POR LA AFECTADA [se refiere al proceso laboral] MEDIANTE LA ACCION RESPECTIVA Y PREVIO EL AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA ANTE LA ENTIDAD, EN UN TERMINO MAXIMO DE CUATRO MESES (4) MESES A PARTIR DE ESTE FALLO, CONFORME LO DISPONE EL INCISO 3° DEL ARTICULO 8° DEL DECRETO 2591 DE 1992 (sic). Quien tiene la carga de la prueba es el Estado a través del Seguro Social para determinar, si se dieron o no las circunstancias para perder el derecho a la pensión. Pero es erróneo conceder la tutela en forma transitoria, mientras la peticionaria interpone la acción ante la jurisdicción competente. La solicitud de tutela es procedente en el caso concreto frente a la violación del derecho constitucional fundamental, por los hechos ocurridos el día 17 de febrero de 1992, al acudir la peticionaria al CAB "La Flora" del I.S.S. y retenerle la enfermera de turno el carné de afiliada, al percatarse la funcionaria de su estado de embarazo. En ese instante se vulneró el derecho constitucional fundamental al debido proceso, establecido en el artículo 29 de la Constitución Política. No se trata de una "amenaza" al derecho a la vida del que está por nacer, como lo consideró el Juzgado, sino de una vulneración clara al debido proceso. Al no existir un Acto Administrativo del Instituto de Seguros Sociales sobre la pérdida del derecho a la pensión sustituta y que ésta haya sido debidamente notificada a la peticionaria, se concluye que no existe otro medio judicial de defensa que sea eficaz y logre el restablecimiento inmediato del derecho constitucional fundamental vulnerado. Por lo que para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es realmente equívoca la decisión del Juzgado Superior de Cali, pues si no existe Acto Administrativo y por lo tanto no se ha agotado la vía gubernativa, ¿Qué acto administrativo demanda la Sra. Barrios de Armenta?, ¿En qué se fundamenta su pretensión?. Así pues, se revocará la Sentencia proferida por el Juzgado Sexto Superior de Cali (Valle) y se concederá la tutela en forma definitiva a la peticionaria. Por otra parte, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional tuvo conocimiento de otros hechos análogos a éste, que motivaron a la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional6, para conceder otra tutela por actos arbitrarios del Instituto de Seguros Sociales, Seccional Valle del Cauca, por lo que, tratándose de violaciones reiteradas por parte de una misma agencia estatal, copia de esta sentencia se enviará a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, para lo de su competencia. En razón de la necesidad de verificación del cumplimiento de la decisión tomada por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, ésta comisionará a la misma autoridad que profirió la sentencia revisada a fin de que realice el seguimiento del cumplimiento de este fallo por parte del Instituto de Seguros Sociales e informe a esta Corporación el resultado del mismo o su incumplimiento. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Sexto Superior de Cali (Valle) por las razones expuestas en esta Sentencia. SEGUNDO: CONCEDER la tutela a la Sr. GLORIA BEATRIZ BARROS DE ARMENTA en forma definitiva por la vulneración al derecho constitucional fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución. Y mientras no se le desconozca su estatus de pensionada sustituta a través de dicho debido proceso, mantendrá este estatus con todos sus derechos y prerrogativas. TERCERO: PREVENIR al Gerente y a las directivas del Instituto de Seguros Sociales del Valle del Cauca, para que en ningún caso vuelvan a incurrir en la acción que dio mérito para conceder la tutela, so pena de incurrir en las sanciones pertinentes. CUARTO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia a la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, para lo de su competencia. QUINTO:  A través de la Secretaría General ENVIAR copia de esta Sentencia al Juzgado Sexto Superior de Cali, a la Dirección General del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, a la Regional del Instituto de Seguros Sociales del Valle del Cauca, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Defensor del Pueblo. SEXTO: COMISIONAR al Juzgado Sexto Superior de Cali para que realice el seguimiento del cumplimiento de este fallo de la Corte Constitucional por parte del Instituto de Seguros Sociales e informe a esta Corporación el resultado del mismo o su incumplimiento. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Gaceta Constitucional del 21 de mayo de 1991. Informe Ponencia para Primer Debate en Plenaria, pág 2. 2 Vid, Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 19 de marzo de 1987. MP Dr. Fabio Morón Díaz. Expediente No. 1530. Demanda contra la Ley 21 de 1982. 3 Diccionario del uso del Español, Tomo II H-Z. María Moliner. Editorial Gredos. Madrid. 1.990. Página 1593. 4 Cfr, GARCIA DE ENTERRIA, Eduardo. Curso de Derecho Administrativo II. Editorial Civitas S.A. Madrid. 1.991. Páginas 161 y ss. FERNANDEZ, Tomás Ramón. Derecho Administrativo I. Parte General. Tercera Edición. Marcial Pons. Ediciones Jurídicas S.A. Madrid. 1.991. Páginas 467 y ss. En estos dos libros se encuentra el concepto, clases y naturaleza de las sanciones administrativas. 5 Cfr, Sentencia Nro. T-11 de fecha mayo 22 de 1.992 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional. 6 Sentencia T-491 de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional.

T-522-92 Sentencia No _Sentencia No. T-522/92 DERECHOS DEL INTERNO/DERECHO A LA SALUD-Reconocimiento Las personas privadas de la libertad gozan de todos los derechos inherentes a la dignidad humana en general, y en particular del derecho a la salud. La salud es aquí obligación del detenido y del Estado. Del detenido, en la medida en que debe velar por su integridad. Y del Estado, porque el detenido está bajo su protección y responsabilidad, el cual tiene una obligación de resultado: devolver a la persona en el estado físico en que la recibió, sin perjuicio del deterioro natural del transcurso del tiempo. Se debe velar por la aplicación del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, que aunque se refiere al sindicado debe entenderse también aplicable para el condenado (e incluso al imputado), cuando éste se encuentre privado de la libertad. Es un artículo que contiene los derechos básicos de las personas detenidas. La vulneración al derecho constitucional fundamental se concreta en la omisión de los médicos y directivos de la Penitenciaría Central de Colombia, de suministrarle asistencia médica especializada al peticionario. PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Atención a la salud Cuando un detenido manifiesta padecer una dolencia, los funcionarios deben creerle y tienen el deber de proveer a su atención. Por  esa razón debe atender las solicitudes de los condenados originadas en la necesidad de atención a la salud; no solamente en los casos de enfermedad grave o en peligro de muerte, sino cuando éste así lo requiera. Se debe creer en su palabra y en sus dolencias. REF.: EXPEDIENTE No. 2972 Peticionario: Baldoyno Asprilla Rivas. Procedencia Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Penal-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., septiembre diecinueve (19) de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-2972, adelantado por BALDOYNO ASPRILLA RIVAS. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 18 de junio del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud. El peticionario interpuso acción de tutela ante el Juzgado 21 Superior de Santa Fe de Bogotá, fundamentado en  los siguientes hechos: a) El actor se encuentra interno en la Penitenciaría Central de Colombia "La Picota", por haberse proferido sentencia condenatoria en su contra como resultado del proceso que cursó en el  Juzgado 16 Penal del Circuito, por el delito de hurto calificado y agravado. La condena impuesta fue de pena privativa de la libertad de 50 meses de prisión. b) El condenado elevó petición de tutela fundamentado en la vulneración del derecho constitucional consagrado en el artículo 49 de la Carta (relativo a la atención a la salud) porque al estar privado de la libertad le corresponde al Estado velar por su salud, la que no ha sido debidamente atendida en el centro carcelario. c) Figura en el expediente certificación expedida por el Hospital San Juan de Dios sobre la existencia del glaucoma en el único ojo que le queda, pues anteriormente había perdido el otro, así como prueba  de que no se le ha efectuado el tratamiento adecuado. d) Aunque se le han practicado revisiones y exámenes de laboratorio por el médico encargado, no han sido los pertinentes para confirmar las enfermedades que acusa tener; no se le han suministrado los medicamentos formulados por el galeno que lo atendió allí, ni posee los recursos económicos para adquirirlos. 2. Fallos. 2.1 Del Juzgado 21 Superior de Santa Fe de Bogotá, providencia de 27 de marzo de 1992. El Juzgado decidió negar la solicitud por improcedente, atendiendo a que en el expediente se encuentra copia auténtica de la historia clínica del peticionario y que en ella no se hizo mención alguna a la enfermedad en el ojo que dice padecer el Sr. Asprilla Rivas. Además agrega el Juzgado que efectivamente el médico de la penitenciaría le practicó los exámenes por lo que sí hubo atención médica. El Juzgado expresó que la acción no puede utilizarse para dar cumplimiento a preceptos legales como el contenido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Penal que se refiere a los derechos del aprehendido y las disposiciones del Código Penitenciario, pues  para ello existen otros medios judiciales específicos. Esta decisión fue impugnada por el peticionario y resuelta por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Penal- 2.2. Fallo del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, providencia de 11 de mayo de 1992. Se apoya el Tribunal en los siguientes argumentos para confirmar el fallo del a-quo: a) Lo que realmente se está violando es el derecho a la vida, pero del diagnóstico encontrado en la historia clínica se deduce que el peticionario no se encuentra en peligro de inminente muerte. b) No hay en la historia clínica información sobre las enfermedades que dice padecer el peticionario y que no se le haya dado tratamiento. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Penal-, con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. La dignidad humana. La dignidad humana cuya vulneración pone de presente el peticionario, es en verdad principio fundante del Estado (CP artículo 1°). Mas que derecho en sí mismo, la dignidad es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución. La dignidad, como principio fundante del Estado, tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado bajo ninguna circunstancia, lo que sí ocurre con derechos que necesariamente deben coexistir con otros y admiten variadas restricciones. El respeto a la dignidad humana no sólo es una declaración ética sino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades (C.P. artículo 1°). Su acato debe inspirar a todas las actuaciones del Estado. Por lo tanto, "La dignidad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal".1 Sobre el tema de la dignidad de la persona humana, ha dicho esta Corte, y estima necesario reiterarlo en este proceso, lo siguiente: "El hombre es un fin en si mismo. Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP art. 16). Las autoridades están precisamente instituídas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. Una administración burocratizada, insensible a las necesidades de los ciudadanos, o de sus mismos empleados, no se compadece con los fines esenciales del Estado, sino que al contrario, cosifica al individuo y traiciona los valores fundantes del Estado Social de Derecho (CP art. 1°)"2 . 3. Los derechos de las personas privadas de la libertad. 3.1. Nociones generales. La específica situación jurídica en que se halla el accionante en razón de la sentencia condenatoria que en su contra fue proferida, lleva a la Sala a dilucidar cuáles son los derechos que disfrutan las personas privadas de la libertad y cuál el alcance de los mismos. Los derechos consagrados en la nueva Constitución pertenecen a todas las personas sin discriminación alguna. Mas aún, tratándose de derechos de las personas que se encuentran privadas de la libertad, el Estado debe ser más riguroso en su plena satisfacción, por tratarse de una situación en la que la persona tiene limitado su derecho a escoger y autodeterminarse, dentro del marco del desarrollo de su personalidad. El tema de los derechos de las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión ha sido objeto de preocupación permanente de la humanidad. Es así como los tratados y convenios ratificados por  Colombia que reconozcan los derechos humanos y que prohiban su limitación en los estados de excepción, tienen aplicación en virtud del artículo 93 de la Constitución. A las personas detenidas se les restringen ciertas libertades, pero por su condición de ser humano  merecen el respeto debido a su inherente dignidad. En el ámbito internacional existen tratados que cobijan a los detenidos y declaran sus derechos inalienables, como son: a) El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobados por la Ley 74 de 1968, en el artículo 10°, establece: "1. Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano"(negrillas no originales). b) La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", aprobada por la Ley 74 de 1968, en su artículo 5° preceptúa: "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano" (negrillas no originales). En desarrollo de estos Pactos, en 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Al mismo tiempo reiteró su convicción de que se necesitaban nuevos y sostenidos esfuerzos para proteger el derecho humano básico de no ser sometido a esa clase de penas y pidió a la Comisión de Derechos Humanos que estudiara la formulación de un conjunto de principios  para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión, el cual fue aprobado en la resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988. La finalidad principal del conjunto de principios consiste en establecer normas internacionales, de carácter tanto jurídico como humanitario, para estimar el trato que reciben las personas que se encuentran sometidas a cualquier forma de detención o prisión y proporcionar a los Estados directrices para que mejoren su legislación interna. 3.2. La asistencia médica a las personas privadas de la libertad. Las personas privadas de la libertad gozan de todos los derechos inherentes a la dignidad humana en general, y en particular del derecho a la salud. La salud es aquí obligación del detenido y del Estado. Del detenido, en la medida en que debe velar por su integridad. Y del Estado, porque el detenido está bajo su protección y responsabilidad, el cual tiene una obligación de resultado: devolver a la persona en el estado físico en que la recibió, sin perjuicio del deterioro natural del transcurso del tiempo. Así pues, en el principio 24 del conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión de la Organización de Naciones Unidas, sobre la asistencia médica, se establece: "Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos"3 . Igualmente en las Reglas Mínimas para el tratamiento de los Reclusos4 , se consagra en relación con los servicios médicos: "2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, estos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesarios para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 25. 1) El médico estará encargado de velar por la salud física y mental de los reclusos. deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención"(negrillas no originales). A nivel interno, el Decreto 1817 de 1964 (Código Penitenciario), rige todo lo relacionado con la protección y tratamiento de los reclusos en Colombia. En el artículo 155 se consagra: "Los detenidos y condenados deben gozar de completa asistencia, médica, higiénica, odontológica, farmacéutica y hospitalaria". 3.3. De la obligación de los jueces de velar por la salud de las personas privadas de la libertad. El nuevo Código de Procedimiento Penal creó la figura de los Jueces de Ejecución de penas y medidas de seguridad para que sea este funcionario el encargado de los subrogados penales, la acumulación jurídica de penas, la aplicación de penas accesorias, el aplazamiento o suspensión de la ejecución de la pena y de las rebajas de las mismas a que haya lugar. Así mismo, debe velar por la aplicación del artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, que aunque se refiere al sindicado debe entenderse también aplicable para el condenado (e incluso al imputado), cuando éste se encuentre privado de la libertad. Es un artículo que contiene los derechos básicos de las personas detenidas. Dice así el artículo: "Todo sindicado privado de la libertad tendrá derecho a recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto a los derechos humanos, como los de no ser víctima de tratos crueles, degradantes o inhumanos; a ser visitado por un médico oficial y en su defecto por uno particular, cuando lo necesite..."(subrayas no originales). Dispone el artículo 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal que mientras el Consejo Superior de la Judicatura cree los cargos de jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad,  las atribuciones que el código les confiere serán ejercidas por el juez que dictó la sentencia en primera instancia. Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional el Estado no debe considerar como terminada su misión dentro del proceso penal cuando se haya dictado la sentencia condenatoria. Al contrario aquí debe empezar otro ciclo del procedimiento. El Juez no puede abandonar a la persona en la prisión, no se puede quedar esperando en su Despacho a que dentro de varios años le llegue la solicitud de libertad por pena cumplida o una solicitud de suspensión por enfermedad grave. El Juez no puede olvidar al condenado con sus quebrantos de salud, con sus truncas esperanzas y  con sus perdidas ilusiones. 4. El principio de la buena fe. Como lo estableció esta Corporación en un caso similar al estudiado: "...la buena fe debe presidir las actuaciones de las autoridades y ella se presume de todas las gestiones que los particulares adelanten ante éstas (artículo 83 de la Constitución). Esta presunción no se desvirtúa simplemente afirmando que el solicitante no ha demostrado el sustento de su petición, a pesar de basarse en certificaciones médicas cuya autenticidad también se presume por la ley. La duda de la entidad pública respecto de reconocer una prestación social, adelantar una acción o abstenerse de hacerlo, debe resolverse de manera razonable, esto es acudiendo a otros conceptos médicos confiables que confirmen o contradigan el dictamen oficial".5 (negrillas no originales). El parámetro de acción de las autoridades encargadas de la salud de los detenidos en las cárceles del país es doblemente exigente tratándose de la protección a la salud y el respeto de la dignidad humana, la solidaridad y la eficacia de los derechos fundamentales. La omisión negligente en estudiar y resolver una petición de una persona que no tiene ninguna otra alternativa para acudir al tratamiento médico, compromete la responsabilidad del funcionario y configura un incumplimiento de los deberes sociales del Estado. En consecuencia, cuando un detenido manifiesta padecer una dolencia, los funcionarios deben creerle y tienen el deber de proveer a su atención. Por  esa razón debe atender las solicitudes de los condenados originadas en la necesidad de atención a la salud; no solamente en los casos de enfermedad grave o en peligro de muerte, sino cuando éste así lo requiera. Se debe creer en su palabra y en sus dolencias. Esto no es más que el deseo de la Corte Constitucional por la humanización del derecho penal. 5. Del caso concreto. La institución de la acción de tutela quedó consagrada en la nueva Carta Política en el artículo 86, al establecer que dicho mecanismo de protección  lo tendrá toda persona para reclamar ante los juzgados, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales cuando éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública, cualquiera que fuere. El derecho a la salud consagrado en el artículo 49 de la Constitución Política, cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela. Por lo tanto, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, el derecho a la salud en este caso concreto es un derecho fundamental, pues está de por medio la integridad  física de la persona y el libre desarrollo de su personalidad. Una enfermedad crónica que puede llevar a la pérdida del único ojo y la mala formulación de los lentes, reduce las capacidades del Sr. Asprilla Rivas, impiden su libre desarrollo y afectan su integridad física y psíquica. Además, lo imposibilita para lograr a través de las actividades que se desarrollan en la penitenciaría la rehabilitación y readaptación social. En el caso concreto, la Sala Cuarta de Revisión no comparte el criterio tanto del Juzgado 21 Superior como del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala Penal-, cuando consideraron improcedente e impertinente la solicitud de tutela porque en la historia clínica del peticionario no figuraba el diagnóstico del glaucoma o porque esto no constituye peligro de muerte. El Glaucoma es una enfermedad de los ojos consistente en el endurecimiento del globo ocular debido al aumento de la presión interna, lo que produce disminución de la visión y en los casos más graves  la pérdida de ésta. En el caso del Sr. Asprilla Rivas, perdió uno de los ojos y de conformidad con el diagnóstico del especialista del Hospital San Juan de Dios, en el otro padece de un glaucoma crónico que requiere de tratamiento urgente. Luego está en juego el paso de vidente a no vidente del peticionario. La vulneración al derecho constitucional fundamental se concreta en la omisión de los médicos y directivos de la Penitenciaría Central de Colombia, de suministrarle asistencia médica especializada al Sr. Asprilla Rivas. Tanto el Juzgado como el Tribunal restaron importancia a las manifestaciones del peticionario sobre la enfermedad del ojo, y simplemente se guiaron en la historia clínica de la penitenciaría que no contiene anotación alguna en relación con el "aducido glaucoma". Posteriormente el Sr. Asprilla Rivas aportó al expediente  un certificado médico de un especialista en oftalmología del Hospital San Juan de Dios, según el cual requiere de un "estricto control médico por padecer glaucoma crónico en el ojo único y por utilizar unos lentes distintos a los ordenados", documento que  corroboró su dolencia, por lo que no ha debido desecharse simplemente su malestar con el fundamento de que en la historia clínica del paciente no constaba la aseveración que él aducía padecer. Aunque la historia clínica sea el principal medio para evaluar el estado de salud de una persona, ésta se encuentra incompleta y  no incluye datos significativos ni actualizados del Sr. Asprilla Rivas. La certificación médica de un profesional que expresamente afirma la necesidad de llevar a cabo un "estricto control médico", constituye un medio probatorio adecuado para aceptar que sí requiere de una atención mayor que la que se le ha suministrado en la división de sanidad de la penitenciaría. Sobre la existencia de otro medio judicial de defensa es necesario diferenciar entre la solicitud de suspensión de la condena con el fin de obtener la libertad, caso en el cual es competencia del Juez que dictó la sentencia y previo un examen médico legal y la solicitud de atención médica por requerir un tratamiento especializado. En el caso concreto, el peticionario se refiere a la solicitud de un examen y a un futuro tratamiento, y esto sólo puede ser ordenado a través de la acción de tutela porque ciertamente existió una vulneración de un derecho constitucional fundamental. Por lo tanto reitera esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional que en el caso concreto, el único medio eficaz e idóneo es la vía de la tutela, para que mediante orden de la Dirección General de Prisiones, un médico especialista -oftalmólogo-, examine al peticionario e inicie el tratamiento necesario y urgente para la recuperación de su salud y así evitar la pérdida del único ojo que posee, so pena de quedar ciego. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional revocará el fallo proferido por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Penal-, por las razones expuestas en esta sentencia y concederá la tutela al Sr. Baldoyno Asprilla Rivas con fundamento  en el artículo 408  del Código de Procedimiento Penal, en el artículo 155 del Código Penitenciario y en los Tratados Internacionales ratificados por Colombia sobre la materia, para que la Dirección General de Prisiones lo remita al especialista que considere, y éste  le practique un examen  oftalmológico y se determine el tratamiento a seguir para evitar que pierda el único ojo. En razón de la necesidad de verificar el cumplimiento de la decisión tomada por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, ésta comisionará a la misma autoridad que profirió la sentencia revisada a fin de que realice el seguimiento del cumplimiento de este fallo por parte de la Dirección General de Prisiones e informe a esta Corporación el resultado del mismo o su incumplimiento. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Penal-, del 11 de mayo de 1992, por la cual se denegó la tutela solicitada por el Sr. Baldoyno Asprilla Rivas, por las razones expuestas  en esta Sentencia. SEGUNDO: CONCEDER la tutela solicitada por el Sr. Baldoyno Asprilla Rivas en el sentido de ORDENAR al Director General de Prisiones que en el término de cuarenta y ocho (48) horas luego de notificada la presente providencia, ordene llevar a cabo la totalidad de los exámenes médicos necesarios con el fin de determinar si el Sr. Asprilla Rivas requiere un tratamiento  y, en caso afirmativo, autorizar de manera inmediata el inicio del mismo y su culminación. TERCERO: COMISIONAR a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, para que realice el seguimiento del cumplimiento de este fallo de la Corte Constitucional por parte de la Dirección General de Prisiones e informe a esta Corporación el resultado del mismo o su incumplimiento. CUARTO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia al Juzgado 16 Penal del Circuito, al Juzgado 21 Superior, al Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá -Sala Penal-, al Sr. Ministro de Justicia, a la Consejería para la Defensa de los Derechos Humanos de la Presidencia de la República y al Defensor del Pueblo. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr, Sentencias T-401 y T-499 de las Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional. 2 Sentencia T-499 de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de fecha agosto 21 de 1.992. Páginas 4 y 5. 3 Conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas  a cualquier forma de detención o prisión. Naciones Unidas. Departamento de Información Pública. Nueva York, 1.989. Página 6. 4 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y procedimientos para la aplicación efectiva de las Reglas. Naciones Unidas. Departamento de Información Pública. Nueva York. 1.984. Página 5. 5 Sentencia Nro. T-499 de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional de fecha agosto 21 de 1.992.

T-523-92 Sentencia No Sentencia No. T-523/92 ACCION DE TUTELA-Informalidad/REVISION FALLO DE TUTELA-Alcance La acción de tutela puede ser intentada por cualquier persona, con prescindencia de su edad, origen, raza, nivel económico, social o profesional y, por supuesto, sin que para tramitarla y decidirla sean indispensables los requisitos formales ni las fórmulas exactas y ni siquiera un escrito, por cuanto puede ser verbal. DERECHO A LA FAMILIA-Principio de Unidad Dentro de la concepción individualista, la unidad de familia aparece como el equilibrio entre la libertad de los cónyuges y las exigencias concretas de dicha unidad, en función de  los intereses individuales de sus miembros. Supone, pues,  una paulatina   privatización de las relaciones  familiares dentro de la cual se valora la libertad de aquellos  tanto dentro de la convivencia como en el ejercicio del derecho a la separación, cuando la  primera  no esté ya respaldada por la perduración del  consentimiento. En una concepción solidarista, por el contrario, se reconoce que la privatización no puede llevarse hasta el punto de perjudicar a los sujetos más débiles o a la sociedad civil o perjudicar  la estabilidad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la suerte misma de los niños, los cuales son titulares privilegiados de un interés jurídico superior. Una de cuyas manifestaciones es, hoy  precisamente, el derecho constitucional prevalente a tener una familia y no ser separado de ella. DERECHO DE VISITA-Menores de Edad Por su naturaleza y finalidad la visita es un derecho familiar del cual son titulares conjuntos tanto los padres como los hijos y cuyo ejercicio ha de estar enderezado a cultivar el afecto, la unidad y solidez de las relaciones familiares. Esta Corte no puede menos que recordar a los jueces su inmensa responsabilidad  y cuidado cuando aprueben un régimen de visitas:  de él depende en muy alto grado la recuperación y fortalecimiento de  la unidad familiar o su desaparición total,  en desmedro de los intereses de la prole, la institución misma y la sociedad civil. DERECHOS DE LA MADRE-Visitas/DERECHO A LA IGUALDAD-DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración El derecho de igualdad de la peticionaria resulta vulnerado por cuanto el régimen de visitas no se compadece con su condición de titular conjunta de la potestad parental de sus hijos menores y  la frecuencia y condiciones de las visitas, -agravadas por la  distancia que media entre su hogar y el actual domicilio de su dos menores-  impiden en alto grado que la madre biológica pueda tener un control efectivo sobre la educación de su prole y colaborar eficazmente a su desarrollo emocional. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD Cuando el libre desarrollo de la personalidad se proyecta en el ámbito de la familia y, específicamente, en la función de prolongar la especie su ejercicio debe ser plenamente compatible con los intereses de la institución que atrás se han indicado, comoquiera que esta dimensión es un claro  poder-deber que la Carta vigente reconoce y protege el cual, por su naturaleza, no puede quedar librado a los dictados exclusivos -a veces caprichosos- del ego individual. REF.:  EXPEDIENTE 2598 PROCEDENCIA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  SALA    DE CASACION   CIVIL TEMAS: - La familia en la Constitución de 1991 - El derecho del niño a tener una familia - El régimen de visitas - Los derechos de la madre MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por la señora XX contra providencia del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia, de la ciudad de Popayán. I. ANTECEDENTES El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo la Corte Suprema para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto  correspondió el  negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 17 de Junio del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. En uso de las  facultades  que le otorga el artículo 33 del Decreto 2591 de 1991  y mediante escrito dirigido al presidente de la Corporación el día 25 de Agosto de 1992, el Defensor de Pueblo solicitó la revisión de este negocio. Fundamentó su petición en la  necesidad de que la Corte aclare los derechos de los menores a tener una familia. Asímismo, solicitó que se establezca si la obligación de regular las visitas de los padres a los hijos menores por parte del Juez de Familia es un derecho que existe en cabeza de los hijos o sí, por el contrario de él son titulares los padres. 1. La acción. El día 13 de Enero de 1992, la señora XX impetró acción de tutela ante el Tribunal Superior de Popayán, por medio de apoderado. 2. Hechos. 2.1 El 22 de julio de 1988 la accionante y el señor YY, padres de tres menores,  celebraron en la ciudad de Santafé de Bogotá un acuerdo mediante el cual establecieron el régimen sobre la tenencia y cuidado personal de sus hijos. En dicho documento se estipularon entre otras,  las siguientes materias: a.- En relación con el ejercicio de la patria potestad  se determinó que se ejercería conjuntamente por ambos padres. b.-  La tenencia y el cuidado de dos de los menores quedó en manos del padre, mientras que la de la niña  menor, en las de la accionante. c.-  Los niños podrán salir del país con uno de sus padres, previa autorización del otro, en los términos y con los requisitos legales vigentes. d.-  Los gastos que demande la crianza, educación, alimentación, vivienda, vestuario y salud serán cubiertos en su totalidad por el quien ejerza directamente la tenencia  de los hijos. e.- Asímismo, se reguló el régimen de visitas de la siguiente forma: los menores al cuidado del padre, podrán visitar a su madre un fin de semana cada quince (15) días, desde la tarde del viernes cuando serán recogidos por ésta en el domicilio de los niños, hasta la tarde del lunes, o el martes en caso de puente festivo, cuando regresarán al domicilio del padre. De igual forma la niña menor visitará a su padre. f.-  Respecto de las vacaciones escolares tanto de fin como de mitad de año, se dispuso que serán compartidas por los padres en períodos iguales. En cuanto a  las de semana santa, las disfrutarán un (1) año la madre y el siguiente el padre y así sucesivamente, empezando la madre el disfrute de las de 1989. 2.2.  El Juez Primero Civil de Menores de Santafé de Bogotá, a solicitud presentada por ambas partes, resolvió legalizar  dicho acuerdo y, ordenó la terminación del respectivo proceso de tenencia que se adelantaba en su despacho. 2.3. El 17 de Agosto de 1988,  la señora XX  demandó al señor YY por haber incumplido el acuerdo suscrito. Como pretensión principal se solicitó la reglamentación judicial de las visitas de la madre a los menores, quienes están bajo la tenencia del padre. Igualmente se pidió como medida cautelar que el juez decretara visitas provisionales mientras durara el trámite del proceso. 2.4. El Juzgado Segundo Civil de Menores de Santafé de Bogotá, a quien por reparto le correspondió el conocimiento de la anterior demanda, decretó el día 4 de Febrero de 1989 un régimen provisional de visitas a favor de la demandante. En él se estableció que la madre recogerá a los menores desde el día viernes a las 6:00 P.M.  hasta el domingo a las 7:00P.M. , un fin de semana cada 15 días. 2.5.  Contra la  anterior providencia se interpuso el recurso de reposición por parte del apoderado del señor YY, argumentando básicamente la negativa de los DOS menores para visitar a su madre. Sinembargo, el Juzgado mantuvo en firme la aludida providencia. 2.6. El Juzgado Tercero Civil de Menores, al cual le fue remitido  el proceso por haberse declarado impedido el Juzgado Segundo, conoció de la excepción previa de falta de competencia propuesta por el abogado de la parte demandada. Esta excepción tuvo como fundamento el cambio de domicilio del señor YY, quien de Santafé de Bogotá pasó  a residir en la ciudad de Popayán junto con los menores. . Después de haber practicado unas pruebas de oficio, el día 3 de Noviembre de 1989 el Juez Tercero declaró  probada la excepción interpuesta y procedió a remitir el respectivo proceso a la Jurisdicción de Menores de la ciudad de Popayán. 2.7. El 7 de Mayo de 1990 el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Popayán de 1990, se pronunció  sobre la solicitud de la parte demandada en relación a la suspensión de las visitas provisionales vigentes, y modificó los términos de dicho régimen.  Fue así como dispuso que las mismas se realizarán los últimos días sábado y domingo de cada mes, de las 2:00 P.M. a las 6:00 P.M.,  en el sitio de residencia de los menores, o sea, en Popayán. 2.8. El   22 de Mayo de 1990 el proceso pasó a conocimiento del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Popayán, el cual resolvió el recurso de reposición contra la anterior providencia.   El Juzgado decidió mantener la decisión. 2.9. El 30 de Octubre de 1991 se realizó una audiencia pública de conciliación,  con la presencia de ambas partes y sus respectivos abogados, en la cual no llegaron a ningún acuerdo en torno a las pretensiones aludidas. 2.10. Finalmente, el 15 de Noviembre de 1991 el mismo Juzgado dictó sentencia en la cual decretó un nuevo régimen de visitas de la siguiente manera: el último sábado y domingo de cada mes, en el horario comprendido entre las 10:00 A.M y las 5:00 P.M. Las visitas se realizarán en el domicilio de los dos  menores. 3. Sentencia del Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Popayán. El 15 de Noviembre de 1991, el Juzgado Tercero profirió la sentencia dentro del proceso verbal sumario de regulación de visitas, con los siguientes fundamentos: "Analizadas todas y cada una de las piezas procesales se concluye que a la señora XX, demandante, no se le han desconocido sus derechos como madre y por ende de ver a sus hijos. Desde el comienzo del proceso se establecieron las visitas, las cuales después por una serie de circunstancias y además por el rechazo de los menores a recibir a la madre así como a quedarse en su compañía conforme lo decía el acuerdo suscrito entre las partes." (Folios 280-281). (...) "Si bien en la diligencia de audiencia pública como a lo largo de todo el proceso la señora XX y su apoderado judicial reiteran el desconocimiento de sus derechos como madre por parte de los juzgadores que intervinieron en este proceso, imaginándose elementos extraños para entorpecer esas visitas, así como hasta hacer que la ley y la justicia no sean hermanas sino parientas lejanas afirmaciones éstas que jamás se acercan a la verdad, pues lo cierto es el rechazo sistemático y tenaz de los menores a aceptar a la madre, esta actitud se traduce en su displicencia, indiferencia y temor, de este hecho no tiene la culpa el Juzgado, de ninguna manera se ha manipulado para manejar esta situación, es temerario hacer estas afirmaciones cuando nadie puede dudar de la meridiana rectitud y honestidad de este Despacho." "El amor filial no se compra, no se impone, se gana, con obras, con acciones, con abnegación y con amor". (Folio 281). (...) "Los Juzgados de Familia, deben proteger el núcleo familiar, esa es la esencia de ellos, pero ante todo y sobre todo a los niños, máxime cuando nuestra Carta Magna en su artículo 44, inciso 3o. dice expresamente: "Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". Esta norma se concuerda con lo establecido en el Decreto 2777 de 1989 (Código del Menor) en su artículo 10. Por tanto las actuaciones a lo largo del proceso se ha orientado a proteger a los  dos menores, en su integridad física, psíquica e intelectual." "Pese a estas consideraciones este Despacho estima que no se puede desconocer, como no se ha hecho, los derechos de la madre, el artículo 256 del C.Civil así lo establece y por ello estima conveniente y sano propiciar el acercamiento de la madre a sus menores hijos, estableciendo un régimen de visitas. Suspenderlas no es procedente, con ello se estaría desconociendo los derechos de la señora madre, pero dejando muy en claro que esas visitas no pueden ser impuestas o como una coacción sobre los hijos o una retaliación entre sus progenitores, si es así se estaría violando los derechos fundamentales de los menores tan protegidos en nuestro ordenamiento jurídico actual. Más, teniendo en cuenta que se trata de menores-adultos, con criterios definidos, con dominio de sus facultades dentro de su edad y para quienes el forzamiento no conduciría a una modificación de actitud hacia su madre." "Es oportuno recordar a las partes que los progenitores están en la obligación de buscar el equilibrio emocional de los hijos por lo tanto es conveniente permitir el acercamiento filial, anteponiendo el bienestar de sus hijos a los conflictos de pareja. En consecuencia de esto el padre, esta en la ineludible obligación de propiciar ese acercamiento, ambientar esas visitas, hacer todo lo que esté a su alcance para que los dos menores  no programen nada para los días en que su madre venga a visitarlos. En varias ocasiones él ha manifestado que no se opone a que sus hijos vean y reciban a su madre, no ha influído jamás en la decisión por ellos tomada, por lo tanto esta recomendación no está por demás." "En este orden de ideas el Despacho decretará el régimen de visitas para el último sábado y domingo de cada mes, durante el siguiente horario: De 10:00 A.M., a 5:00 P.M." "No se considera en esta oportunidad a regular las visitas relacionadas con las vacaciones escolares, de semana santa y navidad hasta tanto no haya una verdadera integración materno-filial de los menores y su madre." (Folios 282, 283,284). 4. Solicitud de tutela.. Mediante acción de tutela interpuesta el 13 de Enero de 1992, el apoderado  de la peticionaria "Solicita se ordene a la Juez Tercero Promiscuo de Familia de Popayán decrete un régimen de visitas en el cual la demandante pueda ver a sus hijos en condiciones equitativas que garanticen el desarrollo de su personalidad de mujer y madre, los derechos inherentes y el cumplimiento de los deberes de cuidado, amor y educación de sus hijos menores  en un lugar que garantice las condiciones mínimas de libertad e intimidad familiar".(folio 413). Estima que la aludida decisión judicial viola derechos constitucionales fundamentales tales como " La igualdad sustancial que el Estado debe promover, consagrada en los artículos 13 y 43, en concordancia con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, celebrado (sic) en New York, diciembre 18 de 1979, aprobado (sic) mediante ley 51 de 1980, aplicable por mandamiento del art. 93 de la Constitución, el libre desarrollo de su personalidad en su condición de mujer y madre, consagrada en el art. 16; y los derechos de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, al cuidado y amor de su madre y a la educación que ella les imparta, según el art. 44." (Folio 409). 5.- Sentencia del Tribunal. En decisión del 27 de Febrero de 1992, el Tribunal Superior de Popayán negó la acción de tutela por las siguientes razones: - La demanda no es clara por cuanto no reune el requisito a que se refiere el artículo 75 numeral 5o. del Código de Procedimiento Civil, toda vez que no enuncia lo que se pretende, con precisión y claridad.  En particular "no determina la demanda cuál podría ser ese REGIMEN DE VISITAS que garantice a la demandante ver a sus hijos menores ni señala cuáles podrían ser esas condiciones equitativas, ni el lugar que pueda garantizar las condiciones mínimas de libertad e intimidad familiar (Folio 446). - Que las pretensiones  se vieron satisfechas con la sentencia que el funcionario de conocimiento profirió en el proceso de reglamentación de visitas. - La peticionaria tiene otros medios de defensa judicial para el logro de sus pretensiones, lo cual hace improcedente la acción de tutela por ser éste un mecanismo subsidiario. Los otros sistemas de defensa que consagra el ordenamiento jurídico son el recurso extraordinario de revisión siempre y cuando se configure alguna de las causales a que se refiere el artículo 380 del Código de Procedimiento Civil, o instaurar nuevamente un proceso verbal sumario de regulación de visitas. - " El auto No. 801 de 15 de Noviembre de 1991, que denegó el recurso de apelación contra la sentencia de la misma fecha, proferida por la Sra. Juez Tercero Promiscuo de Familia de Popayán, no es de aquellos que pone fin a un proceso, por eso es evidente que en su contra no procede la ACCION DE TUTELA IMPETRADA.". (Folio 453). - " Las sentencias y providencias judiciales que PONGAN FIN A UN PROCESO, a que se refiere el art. 40 del Decreto 2591 de 1991, en su parte pertinente, debe ser proferida por los funcionarios que en la misma norma se indica, esto es, por los Jueces Superiores, los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, luego, fácil es concluir, que los JUECES DE FAMILIA no están incluidos en tal normatividad." (Folio 455). - Por último, de la parte resolutiva de la sentencia no puede deducirse la lesión de los derechos constitucionales fundamentales a que se refiere la señora XX . La decisión adoptada obedece fundamentalmente a " lograr el equilibrio emocional y psicológico de tales menores, quienes en épocas anteriores se negaban a viajar al domicilio de la madre en Bogotá y se sentían tensos e irritables dentro del transcurso de tales visitas. Pareciera que esa reglamentación no es equitativa, teniendo en cuenta que ellos permanecen al lado de su padre, por razón de ejercer la tenencia y cuidado de los mismos y sean muy restringidas esas visitas, para una madre que desea estar al lado de sus hijos a fin de fomentar su amor maternal y propender por su educación integral, pero esa decisión fue tomada después de evaluar el acervo probatorio, los conceptos de profesionales en Sicología, respecto a la conveniencia o inconveniencia de visitas más próximas". (Folio 454). En virtud de lo anterior, la Sala Laboral del Tribunal deniega la acción de tutela impetrada por la peticionaria. 6.- Salvamento de voto En su salvamento de voto el autor del proyecto de sentencia improbado por el Tribunal, Magistrado Néstor Raúl Charrupi Jiménez, pone de presente que "La reiterada invitación a los niños a declarar por parte de los Jueces de Familia, inclusive con formalidades ajenas para su edad como las del juramento, en lugar de propiciar un acercamiento familiar estimulaban su desintegración, cosa que se puede entender en la medida del endurecimiento de las declaraciones de los niños para con la madre a medida que los citaban.  A los niños hay que advertirles que la vida es un camino de dos vías, una que va y otra que viene, y si los padres tienen obligaciones para con los hijos, éstos en el día de mañana tendrán para con los padres y que socialmente no es permitido a los hijos referirse sin el debido respeto para con los padres" (Folios 475-476). Observa también que hay una serie de indicios de desigualdad tales como el señalamiento a la madres de un horario de visitas casi que carcelario. En estas condiciones, "Una regulación que indicase la igualdad de las partes no podría haber sido inferior, a la Regulación (sic.) acordada entre el señor XX y la señora YY aceptada por el Juzgado Primero Civil de Menores de Bogotá el día 26 de Julio de 1988". (Folio 447). Por todo lo anterior reitera que es procedente conceder la tutela solicitada. 7.- Impugnación de la sentencia. En escrito de fecha 2 de Marzo de 1992, (folios 480-486)   la apoderada de la peticionaria impugnó el fallo referido por las siguientes razones: - En primer término,  considera la demandante que la Sala interpreta el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 en forma restrictiva, como si de él se pudiera deducir que la tutela únicamente procede contra actos jurisdiccionales cuando se trate de sentencias que pongan fin a un proceso y hayan sido proferidas por los Jueces Superiores, los Tribunales, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La interpretación de dicho artículo debe hacerse en concordancia con el artículo 86 de la Carta, lo que lleva a concluir que la tutela sí procede contra actos jurisdiccionales diferentes de los enumerados en la norma sobre competencia especial, ya que para  esos casos se aplica las reglas generales predicables de los actos de toda autoridad que violen o amenacen un derecho fundamental. - En relación a la existencia de los otros medios de defensa judicial descritos por el Tribunal, no se tuvo en cuenta lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 sobre la necesidad de apreciar en concreto el otro mecanismo, con el fin de determinar su verdadera eficacia, teniendo en cuenta las reales circunstancias en que se encuentre el solicitante.  En efecto, iniciar un nuevo proceso judicial significa en la práctica una cantidad de tiempo en una situación que no tolera más dilaciones, por cuanto la relación madre-hijos no puede seguir postergándose, so pena de que se acentúen los daños causados en las relaciones familiares. En cuanto al recurso de revisión, no pareciera que por lo pronto se den las condiciones para interponerlo y no es posible hacer pender de argumentos  y tecnicismos jurídicos, asuntos de la gravedad de los derechos cuyo amparo se solicita. - Igualmente se expresa que la situación en que se colocó a la señora XX frente a sus hijos, por razón de la providencia adoptada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Popayán es a todas luces inhumana. - En conclusión, el Tribunal dejó de analizar y evaluar la gravedad de sus decisiones frente al conflicto familiar del caso, propiciando de esta manera, una dilación injustificada de su solución, desconociendo abiertamente los derechos fundamentales de la peticionaria y la posibilidad de que ella pudiera contribuir al restablecimiento del equilibrio emocional de sus hijos y a evitar que se continuara lesionando su desarrollo personal afectivo y psicológico y a la agravación de un daño prácticamente irreparable. 8.- Solicitud de confirmación. Mediante escrito del apoderado judicial del señor YY  (folio 359-364) solicitó que se confirmara el fallo de tutela de primera instancia proferido por el Tribunal Superior de Popayán, arguyendo fundamentalmente que la tutela no puede confundirse con una tercera instancia y que es improcedente contra las sentencias judiciales. Estima también que no se ha violado el principio de igualdad, el cual debe predicarse ante la ley y no ante los hechos, como tampoco el libre desarrollo de la personalidad comoquiera que el juzgador estudió los elementos indispensables "para que los hijos menores puedan hallar el camino menos difícil para la realización de la persona". 9.- Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. El 1o. de Abril de 1992, (Folios 365-378) la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, confirmó la sentencia del Tribunal por las siguientes razones: - La acción de tutela es un mecanismo de defensa de carácter excepcional que tienen todas las personas contra las acciones u omisiones de cualquier autoridad pública que vulneren o amenacen violar sus derechos fundamentales. Lo anterior significa que, ante la existencia de otro medio de defensa apto para proteger determinado derecho, la tutela no procederá. Ésta no puede contrariar los procedimientos judiciales previamente establecidos en los respectivos códigos ni constituír recurso ordinario o instancia adicional. - En el caso concreto, la sentencia contra quien se dirige la acción de tutela no hace tránsito a cosa juzgada material y, por consiguiente, la solicitante puede iniciar nuevamente el proceso judicial de regulación de visitas.  Este otro medio de defensa le cierra el camino a la tutela. "dentro de la actual concepción familiar (basada ante todo en la unidad dentro de la diversidad, igualdad y autonomía en sus miembros) el aspecto subjetivo de la visita aparece como un derecho familiar de los padres, limitado en su contenido hasta el punto que puede llegar a ser sustituído por el "interés superior del menor"  (Art. 20 del Decreto 2037 de 1989)  pues dado el tratamiento actual de este último, no como objeto o sujeto pasivo de los padres, sino como personas con interés y autonomía funcional distintas a las de este último, el derecho de aquél ha de prevalecer aún a costa del derecho que habrá de corresponder a los padres, tal como ocurría por ejemplo, en aquella situación irregular de abandono o de peligro cuando por la ruptura de los lazos de pareja (por separación de hecho o de derecho, divorcio, nulidad del matrimonio o cualquier otro motivo se afecta la salud física o mental), particularmente cuando con ella se intensifica la angustia y la incertidumbre de su estado o se trata de influír en el menor con el propósito de suscitar aversión o despego hacia alguno de sus progenitores (art. 31, numeral 7 y parágrafo 2o. Código del Menor Citado)." De todo lo anterior la Corte concluye que "no es atendible esta acción en razón a que, como lo manifiesta el Tribunal, la sentencia 314 ya aludida no hace  tránsito a cosa juzgada material y, por ende, la solicitante de tutela puede iniciar nuevamente el proceso judicial de regulación de visitas en los términos arriba mencionados, que por lo mismo es un medio de defensa a su alcance, que le cierra las puertas a esta institución." En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia del 27 de Febrero de 1992, mediante la cual el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán denegó la acción de tutela incoada por la señora XX, mediante apoderado judicial. 10.- Alegato de la actora. Por medio de apoderado judicial, solicitó que se tuvieran en cuenta los argumentos que había planteado ante la Sala de selección de tutela, los cuales se enderezan a rebatir los argumentos de la Corte Suprema para denegar la tutela (folio 575-584). 11.- Alegato del demandado. El 28 de Julio del año en curso, su apoderado presentó ante la Corte Constitucional sus argumentos en los cuales solicita que se  confirme en todas sus partes el fallo proferido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 1o. de Abril de 1992. (Folio 593-597). Luego de considerar intrascendente  la revisión misma y exótico y extravagante el criterio selectivo, entiende que la Corte se ocupe de este asunto sólo a condición de que se inspire en una amplia noción de justicia constitucional. Hace luego en su escrito un  comentario acerca del marco de la tutela y resume las sentencias del Tribunal y la Corte con los cuales se muestra de acuerdo.  Estima improcedente la acción de tutela para modificar sentencias judiciales, básicamente por las razones expuestas por los falladores de instancia. 12. Pruebas. El expediente llegó a la Corte Constitucional con las siguientes pruebas: - Acuerdo realizado por la señora XX y el señor YY sobre el régimen de tenencia y cuidado personal los menores, cuyo contenido se resumió atrás (Folio 15-17 ). - Declaraciones de los dos menores en relación a sus relaciones con su madre, la señora  XX   (Folios. 38, 39, 213, 214, 429). - Conceptos de especialistas sobre el comportamiento de los menores con su madre. (Folios  35, 36, 149, 150, 257). - Informe psicológico de la doctora Olga Velasco de Herrera, quien opina que los menores no pueden vivir en Santafé de Bogotá por cuanto el ambiente es pesado y no hay tranquilidad para ellos. (Folios  40-44). - Visita socio-familiar practicada por una trabajadora social del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el 16 de Marzo de 1989 quien conceptúa que los menores se encuentran en buenas condiciones con su progenitor. (Folio 104). - Estudio psicológico practicado a señor YY , el día 15 de Marzo de 1984 en la ciudad de Santafé de Bogotá. En dicho análisis se estableció la existencia de un transtorno mixto de la personalidad pasivo-agresivo y afectivo. (Folios  241-244). - Memorial presentado por la señora XX el día 17 de Junio de 1991 y dirigido al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Popayán, mediante el cual expresa todas sus consideraciones sobre el problema familiar en que se encuentran envueltos.  (Folios  304-354). 13.- Conceptos  de  expertos. En desarrollo de la facultad consagrada en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, el Magistrado ponente invitó a  la psicóloga BEATRIZ DE LA VEGA (Folios 601-602),  a presentar por escrito su concepto sobre puntos relevantes para la elaboración del fallo. La experta pone de presente que la situación actual de los niños es difícil comoquiera  que una relación tan problemática con la madre hace que los menores carezcan de una parte importantísima de la familia. A esto se agrega el vivir alejados de su hermana menor. La actual crisis en las relaciones de sus progenitores inciden negativamente en los niños por cuanto El conflicto entre los padres separados afecta el desarrollo armónico e integral de cualquier niño. Es menos difícil la situación de los hijos cuando los padres llegan a un acuerdo en relación a ellos y no los involucran en sus conflictos de pareja. Estima, de otra parte, que no existe una situación irremediable en las relaciones de la peticionaria con menores al cuidado del padre porque en verdad Los niños no rechazan a la madre, sino actitudes de ella que los angustia; se percibe en las declaraciones de la niña tristeza por la preferencia de la madre hacia la hija menor. A ambos menores les molesta el ambiente de la casa en Bogotá y se quejan del trato que reciben allí. Los actuales problemas de los niños tienen una causa clara y determinante a saber El conflicto de los menores es originado por la actitud de los padres, no por las decisiones de los jueces.  Los adolescentes han vivido una situación de inseguridad por conflictos legales, que solo se pueden solucionar con un acuerdo entre los padres separados para proteger a los hijos de ambos y permitir una relación normal de la madre. Es de anotar el hecho que no se menciona a la niña menor que vive con la madre en las diferentes etapas de éste problema legal y humano. El efecto es decididamente traumático y negativo puesto que puede perjudicarlos en su estabilidad emocional futura. Pero no se puede solucionar con medidas judiciales que obliguen a dos (2) adolescentes a entrevistas forzadas con su madre, creo que los menores debieran recibir una terapia psicológica que les ayude a superar este problema y a aceptar una relación de visitas con la madre. Seria importante que los dos (2) padres colaboraran para hacer menos difícil la situación a los menores. La intervención de un Psicólogo de familia sería muy útil en éste caso para completar la ayuda que reciban los menores de un profesional idóneo, que se pueda contactar en Popayán. No se trata de evaluaciones sino de un tratamiento de varios meses. La profesora de la Universidad Nacional  Doctora LIGIA ECHEVERRY DE FERRUFINO hace inicialmente algunas consideraciones en torno a la familia como núcleo esencial para la formación y desarrollo de la personalidad humana; también sobre la presencia de inequidad y discriminación en cuanto al régimen de visitas.  Finalmente, formula algunas sugerencias enderezadas  a establecer las relaciones de pareja en defensa del interés superior de los niños. Por cuanto se refiere al concepto sociológico de familia la experta señala que: Se define la familia como un sistema social natural con características propias, tales como el desarrollo de un conjunto de roles y reglas, una estructura de poder, patrones específicos de comunicación y formas de negociación y resolución de problemas, a través de las cuales se despliegan las  funciones inherentes a su naturaleza como grupo y como institución. Dentro de dicho sistema, los individuos están vinculados entre sí por un apego emocional intenso, durable y recíproco, y por lealtades cuya fuerza puede fluctuar en el tiempo, pero que se mantienen a lo largo de la familia. (Goldemberg  y Goldemberg, 1985).  (Folios 605). Observa también que en el régimen de visitas del caso que ocupa la atención de esta Corte Hay discriminación en cuanto a la limitación de las visitas, ya que, en las condiciones estipuladas, éstas no permiten desarrollar una comunicación afectiva y desde luego reduce las responsabilidades de la madre en crianza y educación de sus hijos, a su mínima  expresión. Adicionalmente, considero que la limitación del espacio donde se deben realizar tales visitas, lesiona la estabilidad emocional de la madre y crea una situación de estrés para los hijos,  para la madre y para el padre, de presumible gravedad psicológica. (Folios 608-609). Formula algunos reparos a dicho régimen desde la perspectiva de la equidad por cuanto En conciencia creo que hay un tratamiento inequitativo derivado del régimen de visitas decretado por el Juez.  Es inequitativo  para la madre y para los menores, ya que se impone con demasiada rigidez lo cual, por sí solo, produce estrés a todo el sistema y a cada uno de sus miembros. Si bien toda disolución causa desorganización familiar, ésta se puede minimizar manteniendo interrelaciones maduras y evitando las presiones de toda índole. (Folio 610). En cuanto al régimen de visitas, en particular, sugiere que debe ser más flexible Es necesario que el padre acepte que éstas se realicen cuando y donde  "puedan y quieran"  madre e hijos, para que la comunicación e interrelación no sean confusas.  Considero que si la madre invita a sus hijos menores a su casa o a pasear durante unas vacaciones y ellos pueden y quieren, debe permitirse este tipo de acercamiento.  Lo mismo ocurre con los fines de semana.  No debe señalarse cuál fin de semana, sino dejar abierta la posibilidad de encuentro. Tampoco la madre puede exigir a sus hijos menores aceptación de las visitas. Estas deben darse en un ambiente de acercamiento y de afecto que no puede regularse por decreto. Solamente la comprensión de ambos padres sobre sus responsabilidades en el desarrollo integral de los hijos logrará una decisión acertada en este caso.  Por lo pronto la ley debe velar por la equidad, decretando  mayor flexibilidad al régimen de visitas y exigiendo, si no es posible llegar a un acuerdo, que ambos padres asistan a una orientación familiar, costeada por ellos. (Folios 610-611). El terapista de familia Doctor ROBERTO CHASKEL hizo conocer sus opiniones acerca de la crisis de la familia, las dificultades para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes así como sobre el régimen de visitas actualmente vigente (Folios  612-613). Comienza observando que el caso de análisis existe una familia natural compuesta de la madre, el padre y tres hermanos, pero no una familia que satisfaga las pautas establecidas en el artículo 42 de la Constitución, ya que ha habido una profunda ruptura entre sus miembros no solo en sus relaciones, sino también en los deberes y derechos de la pareja, por ejemplo la escisión en el proceso educativo-afectivo de los hijos. Las relaciones familiares no están permitiendo que opere la igualdad de deberes y derechos de la pareja por cuanto en este grupo familiar no se han mantenido estos derechos y no se han sostenido los deberes en el mutuo acuerdo. Los hijos han tenido que sufrir la distancia geográfica, y muy por encima de ésta, la de actitudes y acciones disfuncionales de los padres. Es por eso que estima conveniente hacer algo para establecer las relaciones de la pareja en defensa del interés superior de los niños es poco, al parecer, lo que se ha hecho por reestablecer las relaciones de la pareja en defensa del interés superior de los hijos. Nótese el distanciamiento entre los hermanos. Esta pareja incluye en su ruptura la ruptura del sistema filial.  Una terapia tendiente a lograr acuerdos básicos será necesaria para evitar aún mayores resquebrajamientos.  Esta terapia puede incluir en diversas sesiones a los distintos componentes de la familia (padres, hijos solos, madre e hijos, padre e hijos o a todos ellos juntos. Finalmente,  formula reparo al régimen de visitas vigente y algunas sugerencias para lograr que sea equitativo y que garantice debidamente los derechos de los miembros de la familia y permita cumplir los deberes de cuidado, amor y educación y estimular el desarrollo armónico integral de la prole. El régimen de visitas no responde a lo anteriormente expuesto, o sea no ayuda a evitar el resquebrajamiento. A pesar de que los adolescentes ya toman sus decisiones y hay cuestiones que no se pueden forzar en ellos, no es apropiado distanciarlos aún más de la madre. En la documentación no hay una proposición de la madre sobre las visitas. La proposición del Juzgado es ambivalente en que simultáneamente propone fórmulas de acercamiento entre la madre y sus hijos pero obliga al distanciamiento cuando define la frecuencia. Un régimen de visitas debe permitir la asistencia de los niños a un sitio neutral o al hogar del padre del cual se encuentran separados. Mínimo debe ser cada 15 días en fin de semana, con una duración mínima  de 4 horas. Parte de las vacaciones escolares deben ser compartidas con cada uno de los padres en forma continua. Lo anterior también se aplica para festividades como navidad y año nuevo. Esto todo es aún más válido cuando más distancia geográfica hay entre los padres y sus hijos.  Esto no garantiza que las influencias sobre los hijos sean equitativas, sobretodo en el cuidado y la educación, pero si posibilita que el afecto se de sin grandes obstáculos. II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31, 32, 33  del Decreto 2591 de 1991. Además es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o. el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte. En consideración a los hechos relatados, esta Sala estima procedente dilucidar, a manera de aspectos previos fundamentales de su decisión si en este caso existe otro medio de defensa judicial (A), la informalidad de la tutela (B), las características fundamentales del régimen jurídico de la familia en la Constitución de 1991 (C), el contenido  específico del derecho constitucional prevalente del niño a tener una familia y no ser separado de ella (D),  la unidad familiar (E), el derecho de visita, su naturaleza y régimen (F) y  los derechos de la madre (G). A. Otro medio de defensa judicial. El caso sub-lite indica muy a las claras que los medios de defensa judicial propios del derecho de familia se han convertido en un verdadero rompe-cabezas para los funcionarios, tal como ellos mismos lo reconocen, hasta el punto de que un proceso verbal sumario de regulación de visitas promovido hace cerca de cuatro años no ha logrado hasta el momento el objetivo supremo de  la paz y la armonía  en tal regulación,   en grave  detrimento de los intereses superiores de la  familia y su prole. En consecuencia, los aludidos medios no han demostrado la eficacia que la naturaleza del presente caso exige. Esta Sala entiende que los derechos de los niños establecidos con carácter prevalente en la Constitución entre otros, el de tener una familia y no ser separado de ella -demandan protección inmediata por cuanto la irrazonable dilación de los procedimientos hasta ahora utilizados está contribuyendo a profundizar más aún la crisis (ya de por sí grave) que  afecta a todos sus miembros y , en particular, a los niños. En virtud de lo anterior, esta Corte estima necesario reiterar una vez más su pronunciamiento acerca de la eficacia equivalente que deben tener los medios alternativos de defensa judicial llamados a sustituir la tutela en el caso concreto, como instrumento de protección de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados. "es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente". "En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la Carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial"  a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata.  No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela"1 . El  argumento según el cual  la petente dispone de otros medios de defensa judicial debido a que el fallo producido dentro del proceso verbal sumario y objeto de la presente acción de tutela, no es de aquellos que hace tránsito a cosa juzgada material, y que por lo tanto puede volver a recurrir a él, resulta incompatible con el contenido material de la Constitución de 1.991. En efecto,  esta Corte ha señalado ya que "La consagración en el texto constitucional de principios generales, valores y derechos en favor de las personas, ha enriquecido indudablemente su contenido material." "(...) El contenido material de la Constitución se erige en criterio de validez del entero ordenamiento jurídico y del universo de las actuaciones de los poderes constituidos, cuya regularidad y pertenencia al derecho estatal no se cumple solamente satisfaciendo criterios orgánicos y formales"2 . Uno de los derechos fundamentales que conforma el contenido material de la Constitución es el derecho a la integridad y supremacía de la Carta Política, el cual: "se traduce en materia de derechos fundamentales en el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. De conformidad con lo estipulado en el artículo 228 de la Constitución, los mecanismos procesales ideados por el constituyente y por el legislador deben interpretarse de manera que prevalezca el derecho sustancial. La acción de tutela -al igual que los restantes mecanismos y procedimientos legales de protección de los derechos fundamentales- deben interpretarse, en consecuencia, buscando el máximo grado de cumplimiento y eficacia de la Constitución que, en este caso, equivale a la mayor efectividad del derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales." Es, pues,  dentro de este contexto donde debe determinarse  la existencia del otro medio de defensa judicial por cuanto que no basta verificar  únicamente "Si el ordenamiento contempla expresamente una posibilidad legal de acción. No se trata de garantizar simplemente el "derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia" (C.N. art. 229), sino el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. En consecuencia, debe determinarse, adicionalmente, si la acción legal alternativa, de existir, es capaz de garantizar la protección inmediata de los derechos vulnerados o amenazados." Después de aclarar que tal interpretación consulta los instrumentos de derecho internacional suscrito por Colombia, como por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos, esta Corte señaló también en su referida providencia que "En este orden de ideas, es importante destacar que las notas de "sencillez", "rapidez" y "efectividad", son determinantes para establecer si un procedimiento legal, diferente a la acción de tutela, tiene aptitud para brindar a los afectados la protección inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados." ..."La sencillez del medio judicial se determina según la mayor o menor complejidad del procedimiento y las limitaciones de orden práctico que ello suponga para que el afectado pueda tener posibilidades reales de iniciar y mantener la correspondiente acción, atendidas sus condiciones socio-económicas, culturales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se encuentre. Las peticiones que a este respecto formulen las personas pertenecientes a los grupos discriminados o marginados deben merecer especial consideración, pues la acción de tutela puede ser una medida de favor que mitigue en algo la desigualdad que tradicionalmente ha acompañado a estos grupos (C.N. art. 13)." "La rapidez del medio judicial está relacionada con la mayor o menor duración del proceso y el efecto que el tiempo pueda tener sobre la actualización de la amenaza de violación del derecho o las consecuencias y perjuicios derivados de su vulneración, para lo cual deberán examinarse las circunstancias del caso." "La efectividad del medio judicial es una combinación de las dos notas anteriores, pero se orienta más al resultado del proceso y por ello se relaciona con la medida de protección ofrecida al afectado durante el proceso y a su culminación. Aquí el juez debe analizar a la luz de los procedimientos alternativos, cuál puede satisfacer en mayor grado el interés concreto del afectado, lo cual en modo alguno implica anticipar su resultado sino establecer frente a la situación concreta, el tipo de violación del derecho o de su amenaza, la complejidad probatoria, las características del daño o perjuicio y las condiciones del afectado, entre otros factores, lo adecuado o inadecuado que puedan ser los medios judiciales ordinarios con miras a la eficaz protección de los derechos lesionados." "Es evidente que si el afectado ha hecho uso de los medios de defensa judiciales ordinarios hasta agotarlos, sin obtener efectiva protección de sus derechos constitucionales amenazados o vulnerados, a su término no dispondrá de "otro medio de defensa judicial" y podrá perseguir esa protección a través de la acción de tutela. En este caso, es necesario que la protección de los derechos se haya planteado de manera expresa ante las diferentes instancias judiciales. La acción de tutela se concibe como medio último y extraordinario de protección al cual se puede recurrir sólo en ausencia efectiva de un medio judicial ordinario capaz de brindarla. Con mayor razón, se abre la vía de la tutela a los afectados que han agotado en vano los medios judiciales ordinarios sin encontrar protección efectiva a sus derechos constitucionales conculcados. Consideraciones de equidad (C.N. art. 230), que se encuentran en la base de la acción de tutela, militan igualmente en favor de su concesión en esta situación extrema, de modo que al término de la vía judicial ordinaria se abra la vía de la Jurisdicción Constitucional. No puede ser de otra manera cuando la Constitución ve en el respeto a la dignidad humana y la consiguiente efectividad de los derechos fundamentales el valor fundante y el fin esencial del Estado." B.-La informalidad de la tutela. En su decisión del 27 de Febrero de 1992 el Tribunal Superior de Popayán negó la acción de tutela, entre otras razones, porque la demanda no reunía el requisito a que se refiere el artículo 75 numeral 5 Código de Procedimiento Civil, toda vez que no enunciaba con precisión y claridad la pretensión concerniente al nuevo régimen de visitas solicitado por la demandante (Folio 445). Por eso,  esta Corte estima conveniente reiterar una vez más su posición acerca del carácter esencialmente informal de la tutela como instrumento  de protección inmediata de  los derechos fundamentales. "Ante todo debe indicarse que el papel del juez en esta materia, dado el sentido protector de la institución, no puede ser idéntico al que se cumple ordinariamente en los asuntos judiciales propios de los demás procesos. Recuérdese que, como ya tuvo ocasión de expresarlo esta Corporación, la acción de tutela puede ser intentada por cualquier persona, con prescindencia de su edad, origen, raza, nivel económico, social o profesional y, por supuesto, sin que para tramitarla y decidirla sean indispensables los requisitos formales ni las fórmulas exactas y ni siquiera un escrito, por cuanto puede ser verbal. Corresponde a los jueces la tarea de buscar, como lo indican las normas citadas y otras del Decreto 2591 de 1991, las informaciones preliminares mínimas para administrar justicia dentro de su competencia, en orden a garantizar la efectividad de los derechos constitucionales fundamentales.  Dejar de lado las vías que la ley otorga al juez para llegar a una convicción cierta en relación con el caso materia de la solicitud de tutela, equivale a convertir en ilusorio y vano un mecanismo instituido precisamente con el fin deliberado de acercar la teoría del ordenamiento jurídico a la realidad." "Aunque resulta evidente que el escrito por medio del cual se instauró la acción es incompleto y oscuro, la Corte puede concluir de su lectura  que la queja del petente radica en una falta de respuesta y de trámite la denuncia por él presentada ante el Juez 41 Penal Municipal de Medellín. Según el actor, ni en ese Despacho, ni en el Juzgado Municipal de Urrao le han sabido indicar sobre el estado actual del asunto y, además, sostiene que se le ha impedido constituirse en parte civil dentro del proceso penal. Manifiesta no conocer siquiera el número del expediente por posible carencia de un sistema de radicación." "( ..... )  Bajo el principio de presunción de la buena fe en todas las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas (artículo 83 de la Constitución), la cual tiene por contrapartida la existencia de responsabilidades y sanciones para quien hace uso indebido de él (artículos 6o. y 95, numeral 1o. de la Carta), la Corte Constitucional no puede despachar el caso aduciendo apenas que resulta incomprensible el escrito por el cual se instauró la acción"3 . C. La familia en la Constitución de 1991 Plenamente consciente de  la precariedad de la protección de la familia consagrada en los artículos 23 y 50 de la Constitución de 1886 que sólo se referían a ella de manera incidental, la Subcomisión 0405 estuvo de acuerdo en que, -como parte fundamental de su labor preparatoria de trabajo para la Asamblea Nacional Constituyente- se estudiaran disposiciones que expresamente se refirieran a la familia,  tomando como punto de partida el ordinal 3 del Artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Prevaleció el propósito de consagrar una expresa y particular protección constitucional de la familia  la cual debería referirse al derecho que le asiste a todo ciudadano a tener una familia, a la inviolabilidad de esa familia y a la protección de las funciones básicas que cumple la familia y que le explican dentro de una sociedad, como núcleo esencial de la misma.  En consecuencia, tal protección no se agotaría en un tipo determinado de familia estructurada a partir de vínculos amparados en ciertas solemnidades religiosas y/o  legales, sino que se extendería también a aquellas relaciones que, sin consideración a la naturaleza o a la fuente del vínculo, cumplen con las funciones básicas de la familia; v. gr. -concubinatos- velando porque la protección en ese caso se extienda a la propia concubina4 . Uno de los miembros  de dicha Subcomisión señaló que el tema era estrictamente supraconstitucional por cuanto de la familia depende el género humano, pero que el Estado tiene la obligación de establecer normas positivas acerca de la creación de familia y la manera como los particulares ejercen su responsabilidad social frente a ellas y a los demás estamentos de la comunidad para evitar desenfrenos individualistas y atropellos a los derechos de los semejantes así como al orden social5 . Luego en la Asamblea Nacional Constituyente,  hubo plena conciencia de la importancia de la familia hasta el punto tal de que no es necesario discutir por qué la familia es el núcleo, principio o elemento fundamental de la sociedad. Se reconoce a ella este lugar de privilegio dentro de la escala social porque todos deberíamos nacer, vivir y morir dentro de una familia6 . De otra parte, fue también clara la importancia que los constituyentes reconocieron a la unidad familiar y su contribución a la paz social, por todo lo cual concluyeron  que especial énfasis merece la necesidad de mantener la armonía y la unidad familiar, fundamento de la convivencia social y de la paz. El respeto recíproco entre los integrantes de una familia será la mejor pauta para el respeto recíproco entre todos los integrantes de la sociedad[1]. En todo lo anterior está presente  la idea de que la familia es el ambiente y el paradigma de relación social primaria más adecuada para el desarrollo humano, por lo cual el Estado debe brindarle toda su protección. Estas ideas, fueron  incorporadas en el texto final del artículo 42 vigente.   Ellas merecieron, pues,  la  adhesión de miembros de las diversas fuerzas políticas representadas en la Asamblea así como de entidades y asociaciones especializadas, tal como se desprende de la  simple consulta de documentos oficiales[2]. Por tanto,  el artículo 42  es la expresión de un acuerdo  sobre lo fundamental de la familia en la visión del Constituyente de 1991. Teniendo en cuenta todos estos antecedentes,  la familia presenta hoy algunas características que bien merecen destacarse para los propósitos específicos del presente fallo, a saber: a.- Como bien corresponde a un Estado que reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana (Art. 7 C. N.) no existe un tipo único y privilegiado de familia sino un pluralismo evidente en los diversos vínculos que la originan,  pues ellos pueden ser tanto de carácter natural como de carácter jurídico. También se le reconoce consecuencias a  la voluntad responsable de conformar una familia. En estas condiciones, la familia legítima originada en el matrimonio es  hoy uno de los tipos posibles. b.-  Es claro, de otra parte, que el Constituyente,  consagró un espacio a la familia de hecho en condiciones de igualdad con otros tipos, en desarrollo de lo dispuesto por el   artículo 13 de la Carta vigente. c.- Tanto el Estado como la sociedad garantizan a la familia una protección integral. d.- La igualdad de derechos y deberes de la pareja y el respeto recíproco entre todos sus integrantes constituyen hoy los fundamentos esenciales de las relaciones familiares. e.- Cualquier forma de violencia destruye la armonía y unidad de la familia y en consecuencia, será sancionada conforme a la ley. f.- Todos los hijos tienen iguales derechos y deberes. g.- Como núcleo fundamental de la sociedad, la familia tiene que cumplir ineludiblemente, junto con la sociedad y el Estado deberes, tales como asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico integral y el ejercicio pleno de todos sus derechos fundamentales prevalentes, consagrados en el inciso 1o. del artículo 44 de la Carta vigente. Entre ellos, primordialmente, el de tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación, y la protección contra toda forma de abandono o violencia. h.- Dentro  de la división de trabajo propia de la organización social, a la familia corresponde la función natural de preparar debidamente las nuevas generaciones y formar la personalidad del menor. i.- Se manifiesta claramente en el ordenamiento constitucional vigente la primacía de la  familia como el ámbito natural dentro del cual deba realizarse el cuidado y preparación de la infancia. Esta labor no puede ser realizada por instituciones públicas o privadas sino en casos verdaderamente excepcionales en que así lo imponga la necesidad de proteger a niños que no tengan una familia o que se hallen separados de ella, en los términos del artículo 42 de la Carta. i.- La unidad de la familia es presupuesto  indispensable para la efectividad de los derechos constitucionales prevalentes del niños. j.- Los derechos de los miembros de la familia deben ser compatibles con los intereses generales prevalentes tanto de la institución misma como de la sociedad colombiana que reconoce  en ella su núcleo fundamental. D.- El derecho constitucional prevalente del niño a tener una familia y no ser separado de ella. Consecuencia obligada  de la importancia que el Constituyente de 1991 atribuyó a la familia, en su carácter de institución fundamental para el normal desarrollo de la personalidad humana,  fue la consagración expresa del derecho de todo niño a tener una familia y no ser separado de ella  expresamente incorporado hoy en la Carta (Art. 44). Cuando se revisan los antecedentes de esta norma resulta claro que el Constituyente plasmó  en ella  su íntima creencia de que La situación perfecta para un hogar es vivir bien, en familia. El ideal de quienes integran en cualquier forma su núcleo familiar es el de vivir unidos para siempre entre sí y con sus hijos. El máximo desarrollo para un niño es el que puede lograr con sus padres y familia[3]. En estas condiciones,  es fácil comprender que el divorcio sea necesario sólo en la medida en que así lo exija el bienestar de la familia y, en particular, el de los niños, por cuanto es preferible el adecuado desarrollo emocional de un niño, que el crecer con la figura simbólica de unos padres cuando estos con su conducta y ejemplo, le proporcionan malformaciones que luego serán la línea de conducta con sus propios hijos[4]. Es claro que a la familia corresponde pues, la responsabilidad fundamental de la asistencia, educación y cuidado de los niños,  tarea en la que habrá de contar con la colaboración de la sociedad y del Estado. Este último cumple una función manifiestamente supletoria,  cuando los padres no existen o cuando no puedan proporcionar a sus niños los requisitos  indispensables para llevar una vida plena. Dentro de este contexto general se entiende porque  la Carta de 1991 privilegia la condición del niño en todo momento y circunstancia, en razón a su especial vulnerabilidad, como un deber del individuo, la sociedad y los poderes públicos, y como interés supremo de la raza humana[5]. Por tanto, estos significativos antecedentes son de particular utilidad para desentrañar el espíritu de las normas constitucionales en materia de los derechos de los niños, particularmente en el momento de su aplicación. Prevalece en ellos  una diada inescindible que compromete y determina la tarea del sentenciador a saber: el niño debe ser ubicado  fundamentalmente en el ámbito de una familia, como condición esencial  para su desarrollo y protección. Esta relación es de tal importancia que el Constituyente la elevó a la naturaleza de derecho fundamental que  rige por encima de  la voluntad  -no pocas veces voluble- de sus progenitores, sobre todo en situaciones típicas de crisis de pareja. Vale decir, el ofrecerle al niño un ambiente familiar  es hoy no solo manifestación natural de afecto y generosidad de sus progenitores, sino también  derecho exigible por el niño,  con todas sus consecuencias y en todas aquellas circunstancias en que así lo demanden su protección  y bienestar. E.- La unidad familiar principio supremo La consagración expresa  del derecho fundamental y prevalente del niño a tener una familia y no ser separado de ella implica que su unidad  constituye  hoy exigencia que desborda la voluntad individual de los miembros del grupo, en aras de la primacía y supervivencia de la institución familiar como el ambiente más adecuado y natural para el desarrollo de la personalidad humana, según la concepción plasmada en la Carta de 1991. Con todo, como bien lo destaca la doctrina la unidad familiar no significa necesariamente indisolubilidad del matrimonio, Unidad de la familia no es solamente y siempre, pues, unión de afectos y sentimientos, unidad espiritual; ni su función se limita exclusivamente a la igualdad de los cónyuges; la unidad tiene una relevancia jurídica tanto en el momento fisiológico como en el patológico de la vida familiar, mientras exista una comunidad, -así sea materialmente separada, que deba perseguir, aún en reducidos rangos-  la función social a que está destinada. En efecto, no parece que la unidad de la familia sea un límite válido "sólo cuando los cónyuges viven unidos", de modo que en régimen de separación personal sería inconcebible hablar de ella. Precisamente, cuando existe desacuerdo la unidad prevalece sobre la igualdad superando "una rígida concepción paritaria entre marido y mujer y simultáneamente sustrayendo a la mayoría de las partes de la autonomía del reglamento. La unidad se convierte en el más genuino instrumento para la actuación del respeto, pleno e integral, de la personalidad de los cónyuges y de la prole; es el fundamento en que debe inspirarse para una interpretación moderna de la exigencia y de la tutela del sujeto en el ámbito de la comunidad familiar. Pero la unidad de la familia no se le puede atribuir un valor exclusivamente formal; debe hacerse el esfuerzo de investigar el interés o los intereses que están en su base: el denominado interés superior de la familia y/o el potenciamiento de la personalidad individual[6]. De otra parte, es claro que la  unidad de la familia adquiere relevancia diversa según que se tenga de ella una concepción individualista o solidarista. Dentro de la primera, la unidad aparece como el equilibrio entre la libertad de los cónyuges y las exigencias concretas de dicha unidad,  en función de  los intereses individuales de sus miembros. Supone, pues,  una paulatina   privatización de las relaciones  familiares dentro de la cual se valora la libertad de aquellos  tanto dentro de la convivencia como en el ejercicio del derecho a la separación, cuando la primera  no esté ya respaldada por la perduración del  consentimiento. En una concepción solidarista, por el contrario, se reconoce que la privatización no puede llevarse hasta el punto de perjudicar a los sujetos más débiles o a la sociedad civil o perjudicar  la estabilidad de la familia como núcleo fundamental de la sociedad y la suerte misma de los niños, los cuales son titulares privilegiados de un interés jurídico superior. Una de cuyas manifestaciones es, hoy  precisamente, el derecho constitucional prevalente a tener una familia y no ser separado de ella. La base fundamental de esta concepción descansa en la importancia que tienen la unidad y la estabilidad de la familia y un ordenado desarrollo de sus relaciones tienen para toda la sociedad civil. No en vano la familia ha sido definida como elemento natural y esencial de la sociedad y de los Estados en el pacto de New York de diciembre 19 de 1966, (artículo 23) aprobado por Colombia mediante la ley 17 de  1968, ratificado el 29 de Octubre de 1969 y que entró en vigor el 23 de Marzo de 1976. Como es apenas natural las anteriores concepciones inciden también   en la forma como deba apreciarse la intolerancia de la convivencia.  En efecto, ella  puede ser medida en sentido estrictamente subjetivo, dejándola a la simple discreción del  quien  la alega. O,  por el contrario,  es posible una apreciación objetiva de la intolerancia fundada en su  gravedad,  el perjuicio que cause la  naturaleza insuperable  de los hechos  que la configuran.  Lo cual permite  concluir que ellos han de ser humanamente insostenibles y nocivos  para la salud física, la serenidad espiritual y el equilibrio mental siempre  que, de otra parte   excedan  las dificultades normales de la vida matrimonial y no puedan remediarse en un término razonable.  En síntesis, hechos que hagan excesivamente penosa la convivencia  de la pareja. Dentro del contexto de la Constitución vigente,  los progenitores  tienen, pues,  el deber ineludible  de ofrecer a su prole un ambiente de unidad familiar que permita y favorezca el desarrollo integral y armónico de su personalidad. En consecuencia, procrear un hijo implica hoy la obligación de depararle un ambiente familiar adecuado, aún después de la crisis o ruptura de las relaciones de pareja. Porque es, precisamente en esos momentos críticos, cuando el niño necesita más apoyo psicológico y moral de su familia para evitar traumas que puedan incidir en su desarrollo emocional. De ahí que esta Corte advierta que la ruptura de la convivencia por hechos graves e irremediables no excluye necesariamente esa unidad esencial e irreductible que la Carta de 1991 consagra y protege contra eventuales manifestaciones de violencia en beneficio directo del núcleo familiar  y  de los niños. Solo así  se  explica que éstos sean titulares de un derecho a tener una familia y no ser separados de ella. La efectividad de tal derecho depende en concreto de la subsistencia de la unidad familiar, condición esta que por su naturaleza no puede quedar librada a la simple voluntad de sus miembros en general o de  la pareja  en  particular.  Ellos no están exentos de ningún modo de la observancia del deber de solidaridad social -consagrado expresamente en el ordenamiento vigente (Art. 95, C. N.) sobre todo cuando sus actos puedan acarrear daños irreparables a la prole en su salud, su vida o su educación. Esto es así porque, al igual que ocurre en otras latitudes, el Constituyente  colombiano de 1991 ha querido que en la jerarquía de los valores del ordenamiento vigente el interés de los menores deba ser tan privilegiado hasta el punto de sacrificar una convivencia tolerable. Se debe llegar a la conclusión coherente en la situación opuesta: vale decir, la exigencia de la convivencia así ella sea intolerable para los cónyuges cuando lo demande  evidentemente el interés de la prole.  No se trata de hacer prevalecer un interés público sobre uno privado, sino de respetar la jerarquía de los valores querida por el legislador entre diversos intereses privados en conflicto[7]. Esta prevalencia absoluta de los altos intereses de la institución familiar sobre lo simplemente individuales de sus miembros se traduce también en las sanciones que los jueces están autorizados a imponer cuando quiera que uno de los progenitores estorbe o pretenda estorbar el ejercicio de sus derechos, en perjuicio de los intereses de la prole.  Es bien clara al respecto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia cuando afirma que: Ninguno de los padres tiene derecho de impedir el ejercicio de los poderes que la ley les otorga de dirigir la formación moral e intelectual de los hijos y su crianza, educación y establecimiento. El artículo 23 del Decreto 2820 de 1974, la Ley 20 de 1974, que permitió la expedición de este decreto y el que reglamentó la materia, disponen en efecto que los litigios que surjan entre los padres, o entre estos y sus hijos por razón de lo dispuesto en el art. 23 del Decreto 2820, excepto lo referente a sustentación cuando se requiera proceso de alimentos, están sometidas al procedimiento verbal regulado en los artículos 442 y 448 del Código de Procedimiento Civil.  En caso de controversia entre los padres por cualquiera de los aspectos, la contención ha de ser decidida por el Juez competente, siguiendo el mencionado procedimiento, y no por los esposos mismos. Si por consiguiente, como se ha mostrado antes, mientras no intervenga decisión judicial en contrario, ninguno de los cónyuges puede impedir el ejercicio de los derechos que la ley otorga sobre los hijos menores, ni puede dejar  de ejercerlos, el marido o la mujer que, con la finalidad de ejercer solo tales derechos, arrebate al hijo del lugar en donde conjuntamente deban ejercerlos, impidiendo de hecho que se cumplan los mandatos legales, esto es, quebrantándolos, ejecuta hecho ilícito contrario al derecho imperante; esa conducta no puede ser alabada ni propicia (sic.) de manera alguna por los Jueces de la República. En concepto de la Sala, la sanción que corresponde a una tal conducta no puede ser distinta a la de que el padre o la madre que contravengan los preceptos legales que regulan la organización de la familia legítima no se les considere dignos de ejercer los derechos que con su procedimiento conculcan. No puede premiárseles con la custodia del hijo que han logrado sólo impidiendo que la ejerza el otro cónyuge. Sí violar el derecho que corresponde a uno de los padres pudiera atribuir algún derecho al otro, de nada servirían los preceptos legales. Quienes tales derechos conculcan por mano propia, no pueden tener, se repite, la custodia de los hijos, pues se hacen indignos para ejercerla. Y esta indignidad constituye a su turno una inhabilidad moral, de aquellas a que se refiere el artículo 254 del Código Civil, para conceder al Juez el poder de confiar entonces, el cuidado personal de los hijos al cónyuge inocente o a otras personas competentes[8]. Como ha tenido ocasión de señalarlo la mencionada Corporación ese culto a la unidad familiar y su consiguiente respeto a la imagen de los progenitores subsiste aún en situaciones de crisis de la pareja  o conductas culposas de algunos de sus miembros Aludiendo a los efectos que respecto de la prole produce la separación personal de los cónyuges, sea que subsista o no el vínculo matrimonial, enseña la doctrina tradicional de la Corte que rigen esta delicada materia  dos principios de cardinal importancia que, en cuanto tales, invariablemente han de ser observados para las frecuentes controversias que en este campo suelen presentarse.  El primero de ellos es el de que la separación, medie o no el divorcio, no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos, incluso en el evento en que la sentencia privase a uno de ellos, o a ambos, del ejercicio de los derechos inherentes a la patria potestad; el segundo indica que el Juez, en el cometido de adoptar cualquier medida provisional o definitiva relacionada con el cuidado y la manutención de los hijos cuando se ha roto la unidad familiar representada por la casa común, ha de estarse a lo que en vista de las circunstancias particulares del caso sea más conveniente para ellos, pues su interés - el de los hijos - siempre habrá de hacerse prevalecer sobre el de los padres, dejándoles aquí la ley un amplio margen al prudente arbitrio de los juzgadores sin acudir a rígidas limitaciones referidas a la culpabilidad establecida en el proceso[9]. F.- El derecho de visita: naturaleza y régimen. Medio eficaz de seguir cultivando el afecto de los hijos y con ello mantener la unidad familiar en circunstancias de deterioro de las relaciones de los progenitores lo es, en grado sumo,  el derecho de visita y su regulación, comoquiera que El otorgamiento de la tenencia de los hijos menores a uno de los cónyuges o a un tercero no priva al otro -o a ambos, en el segundo caso- del derecho de mantener comunicación con aquéllos, el cual se manifiesta especialmente  en el llamado derecho de visita.  Tal derecho consiste en términos generales en la posibilidad de tener entrevistas periódicas con los hijos.  Comprende también el derecho de mantener correspondencia postal o comunicación telefónica con ellos, la que no puede ser controlada o interferida sino por motivos serios y legítimos, en salvaguarda del interés del menor. Fuera de ello, el cónyuge que no ejerce la guarda -en tanto conserve la patria potestad- tiene derecho a vigilar la educación de los menores, derecho que se trasunta especialmente en la facultad -ejercitable en todo momento- de solicitar el cambio de la tenencia, ya que para conferir ésta es elemento de importancia primordial el interés de los propios hijos[10]. Según la misma doctrina -aplicable en nuestro medio- para que las visitas puedan cumplir cabalmente su cometido, deben realizarse en el hogar del progenitor en cuyo favor se establecen, si lo tiene honesto, o en el lugar que él indique.  No deben llevarse a cabo en el domicilio del otro, porque ello supondría someter al que ejerce el derecho de visita a violencias inadmisibles y quitar a la relación el grado de espontaneidad necesario para que el visitante cultive con eficacia el afecto de sus hijos[11]. Algo similar ocurre con la regulación concreta del derecho de visita la cual debe hacerse siempre (.... ) procurando el mayor acercamiento posible entre padre e hijo, de modo que su relación no sea desnaturalizada, y se eviten las decisiones que tiendan a cercenarlo. Debe ser establecido de modo que contemple tanto el interés de los padres como el de los hijos menores, el cual -rectamente entendido- requiere de modo principalísimo que no se desnaturalice la relación con el padre.  Su objeto es el de estrechar las relaciones familiares, y su fijación debe tener como pauta directriz el interés de los menores, que consiste en mantener un contacto natural con sus progenitores, por lo que es necesario extremar los recaudos que conduzcan a soluciones que impliquen sortear todo obstáculo que se oponga a la fluidez y espontaneidad de aquellas relaciones; las visitas no deben ser perjudiciales para los menores, pero tampoco han de desarrollarse de manera de lesionar la dignidad de quien las pide. (....)  Sólo por causas graves que hagan que el contacto con los menores pueda poner en peligro su seguridad o su salud física o moral pueden los padres ser privados de este derecho.  Así, se ha decidido que ni siquiera la pérdida de la patria potestad es suficiente para excluír el derecho de visita, cuando aquélla se debe al abandono del menor; mucho menos la sola culpa en el divorcio o la simple negativa del hijo menor[12]. Es, pues, claro a todas luces que por su naturaleza y finalidad la visita es un derecho familiar del cual son titulares conjuntos tanto los padres como los hijos y cuyo ejercicio ha de estar enderezado a cultivar el afecto, la unidad y solidez de las relaciones familiares. Por todo lo anterior, esta Corte no puede menos que recordar a los jueces su inmensa responsabilidad  y cuidado cuando aprueben un régimen de visitas:  de él depende en muy alto grado la recuperación y fortalecimiento de  la unidad familiar o su desaparición total,  en desmedro de los intereses de la prole, la institución misma y la sociedad civil. G.  Los derechos de la madre. En su demanda de tutela la peticionaria afirma que el régimen de visitas decretado por la Juez Tercera Promiscua de Familia de Popayán viola,  entre otros, sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad sustancial y el libre desarrollo de su personalidad, en su condición de mujer y madre. De otra parte, los expertos consultados han formulado reparos a dicho régimen  desde el ángulo concreto de la equidad e igualdad y de su impacto negativo en la agravación de la crisis familiar. En diversas oportunidades esta Corte se ha pronunciado sobre la noción, características y alcance de los derechos que la peticionaria  estima vulnerados, razón por la cual esta ocasión estima adecuado reiterar su doctrina. En materia de igualdad,  ella no tiene el carácter de algo simplemente formal frente a las disposiciones generales y abstractas de la ley sino que el artículo 13 de la Carta  pretende lograr una igualdad material. Por lo tanto, Ese principio de la igualdad es objetivo y no formal; él se predica de la identidad de los iguales y de la diferencia entre los desiguales. Se supera  así el concepto de la igualdad de la ley a partir de la generalidad abstracta, por el concepto de la generalidad concreta, que concluye con el principio según el cual no se permite regulación diferente de supuestos iguales o análogos y prescribe diferente normación a supuestos distintos. Con este concepto sólo se autoriza un trato diferente si está razonablemente justificado.  Se supera también, con la igualdad material, el igualitarismo o simple igualdad matemática. Hay pues que mirar la naturaleza misma de las cosas, ella puede en sí misma hacer imposible la aplicación del principio de la igualdad formal, en virtud de obstáculos del orden natural, biológico, moral o material, según la conciencia social dominante en el pueblo colombiano. Por ello, para corregir desigualdades de hecho, se encarga al Estado de promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva.  En este sentido se debe adoptar medidas en favor de grupos discriminados o marginados, y proteger especialmente aquellas personas  que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de inferioridad manifiesta, como afirma el artículo 13 en sus incisos 2o. y 3o[13]. En el caso sub-lite el derecho de igualdad de la peticionaria resulta vulnerado por cuanto el régimen de visitas no se compadece con su condición de titular conjunta de la potestad parental de sus hijos menores y  la frecuencia y condiciones de las visitas, -agravadas por la  distancia que media entre su hogar y el actual domicilio de su dos menores-  impiden en alto grado que la madre biológica pueda tener un control  efectivo sobre la educación de su prole y colaborar eficazmente a su desarrollo emocional. De otra parte, es obvio que si las actuales condiciones persisten la figura materna habrá de desdibujarse  en la mente de los hijos cuya tenencia ha sido deferida al padre, en la misma medida que  la niña menor verá desaparecer día a día  la figura de su progenitor distante. En cuanto concierne al  libre desarrollo de la personalidad, es ciertamente un  derecho constitucional fundamental, algunas cuyas características ha tenido ya ocasión de precisar esta Corporación como sigue: Se quiere garantizar con él la libertad general de actuar, de hacer o no hacer lo que se considere conveniente.  Por tanto, se inscribe en el amplio ámbito de la libertad y en todas aquellas manifestaciones en que el ser humano se proponga autónomamente realizar las más diversas metas. Su compleja naturaleza hace que la protección que le depara el ordenamiento cobije las relaciones del hombre en el campo social, político, económico y afectivo, entre otras. En virtud de este derecho el Estado no puede interferir el desarrollo autónomo del individuo sino que, por el contrario, debe procurar las condiciones más aptas para su realización como persona[14]. La más reciente y autorizada doctrina nacional destaca la razón de ser de la consagración de este derecho en la Carta del 91, a saber: El derecho, también conocido como derecho a la autonomía personal, garantiza, en un sentido positivo, la libertad individual para tomar decisiones que conciernen y afectan el desarrollo de la personalidad y la libertad para emprender las actividades individuales o sociales que le permitan a la persona proyectar su visión de sí mismo.  Puesto que la Constitución protege varias facetas de la autonomía mediante el reconocimiento de derechos como la intimidad, la libertad de enseñanza mediante el reconocimiento de derechos como la intimidad, la libertad de enseñanza o la libertad de conciencia y religión, entre otros, en virtud del principio de la especialidad, estos derechos deberán aplicarse con prelación. Así se define el carácter genérico pero omnicomprensivo del derecho a la autonomía consagrado en el art. 16 de la Constitución de 1991, cuya finalidad es comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo, no garantizados en forma especial por otros derechos. En un sentido negativo, el derecho al libre desarrollo de la personalidad impone una prohibición, al Estado y a los terceros, de desconocer la voluntad del individuo en la elección de su manera de ser y de proyectarse en sociedad.  El libre desarrollo de la personalidad es un derecho que coloca en cabeza del individuo la facultad de tomar las decisiones que pueden determinar su desarrollo como personas en el medio social y, en consecuencia, ni la comunidad ni el Estado podrán intervenir en este terreno, salvo para resguardar los límites fijados en el mismo artículo.  Se pretende así respetar el criterio de cada persona sobre la mejor manera de vivir. El derecho a la autonomía personal, al igual que los demás derechos consagrados en la Carta, no es absoluto.  Esta idea la ha querido reafirmar  el constituyente al consagrar dos claros límites a su ejercicio, los cuales obedecen a la necesidad de conciliar intereses legítimos de otras personas o del Estado.  Estos límites son los derechos de los demás y el orden jurídico[15]. Obran en el expediente pruebas de la forma como el régimen de visitas obstaculiza el adecuado desarrollo de la personalidad de la peticionaria  por cuanto él  ha venido estimulando en la práctica un alejamiento de su presencia física y emocional,   frente a   sus hijos. Es claro, por tanto, el desconocimiento que se hace de su voluntad de realizarse como madre, enmarcada  dentro de los límites de los derechos de los demás y el orden jurídico que regula y protege la familia. Con todo, esta Corte estima oportuno señalar que  cuando el libre desarrollo de la personalidad se proyecta en el ámbito de la familia y, específicamente, en la función de prolongar la especie su ejercicio debe ser plenamente compatible con los intereses de la institución que atrás se han  indicado, comoquiera que esta dimensión es un claro  poder-deber que la Carta vigente reconoce y protege el cual, por su naturaleza, no puede quedar librado a los dictados exclusivos -a veces caprichosos- del ego individual. III  CONCLUSIONES PRIMERA.- Para proteger la familia, la Constitución de 1991 ha elevado su unidad a la categoría  de principio fundamental. Esta consagración trasciende luego en el derecho prevalente de los niños a tener una familia y no ser separados de ella, ya que constituye el ambiente natural para su desarrollo armónico y el pleno ejercicio de sus derechos. SEGUNDA.- En virtud de la obligación constitucional que hoy tienen la familia, la sociedad y el Estado de asistir y proteger al niño, las crisis frecuentes en las relaciones de pareja no pueden  constituír óbice para la efectividad de tales derechos.  La unidad familiar en beneficio de la prole debe prevalecer sobre toda circunstancial desaveniencia. TERCERA.- El Estado debe hacer realidad el mandato constitucional de que los niños tengan una familia  y abstenerse de decretar medidas cuyo efecto práctico agudice el deterioro de las relaciones entre  sus miembros. En consecuencia, los jueces y demás funcionarios deben ofrecer toda su colaboración para que las familias puedan encontrar soluciones justas, razonables y pacíficas que marginen a los niños de sus conflictos y favorezca su desarrollo integral. CUARTA.- Puesto que por las razones mencionadas en las consideraciones de este fallo, algunas providencias judiciales vulneran no sólo derechos fundamentales de la peticionaria sino también el interés superior de la unidad familiar, -en perjuicio de los niños- esta Corte dispondrá la revocación de ellas y la adopción de medidas encaminadas a propiciar la solución de sus conflictos. En aras de la protección inmediata de los derechos de la familia, el juez competente ordenará que sus miembros se sometan inmediatamente a una terapia adecuada para lograr acuerdos básicos que solucionen sus conflictos, eviten la ruptura total de su unidad, pongan  término a la actual escisión en el proceso educativo afectivo de sus hijos comunes y favorezcan la estabilidad emocional y la tranquilidad de todos sus miembros. Comoquiera que el régimen de visitas vigente viola los derechos fundamentales de la familia, dicho juez ordenará también que, en la oportunidad futura que estimen más apropiada, el señor YY y la señora XX sometan a su aprobación un proyecto conjunto de régimen de visitas que satisfaga las exigencias de la equidad, la unidad familiar, los poderes-deberes de los padres, las nuevas circunstancias imprevistas y los derechos de sus hijos comunes.  Entre tanto, las visitas se regirán por el acuerdo aprobado por el Juez Primero Civil de Menores de Santafé de Bogotá el 22 de julio de 1988, por cuanto él plasmó claramente la voluntad conjunta de los progenitores puesta al servicio de los intereses de la familia. IV.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERA.-  Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, REVOCAR  la sentencia proferida  por la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil- el  1o. de Abril de 1992 en el proceso de tutela promovido por la señora XX, mediante la cual se confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Popayán  del 27 de febrero de 1992. En consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada. SEGUNDA.- En guarda de los derechos fundamentales de la familia y como mecanismo de protección inmediata  REVOCAR igualmente la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Popayán el 15 de Noviembre de 1991 en la cual decretó un nuevo régimen de visitas. TERCERA.- ORDENAR que en el momento de proferir la sentencia sustitutiva que decrete un nuevo régimen de visitas, el Juez competente respete plenamente los derechos fundamentales tanto de la peticionaria, el padre  como de todos los demás miembros de la familia y para ello proceda de acuerdo con lo señalado en la CONCLUSION  CUARTA de este fallo. CUARTA.- En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que un régimen de visitas vulnere los altos intereses de la unidad familiar, o los derechos fundamentales de los progenitores separados y sus hijos comunes, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del decreto 2067 de 1991. QUINTA.- En guarda de la intimidad de la familia en cuestión, ORDENAR que en toda  publicación de esta providencia  se omitan sus nombres. SEXTA.- Envíense sendas copias del presente fallo al Despacho de la Primera Dama, a los Consejeros Presidenciales para los derechos humanos, la sociedad, la familia y la mujer, así como a la dirección general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. SEPTIMA.- ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia a la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-  al Tribunal Superior de Popayán  y al Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de la misma ciudad, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Salvamento de Voto- MARTHA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Sentencia aprobada por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en Santafé de Bogotá, a los dieciocho (18). días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Salvamento de voto a la Sentencia No. T-523 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia/COSA JUZGADA FORMAL/JUEZ-Autonomía (Salvamento de voto) La acción de tutela, en los términos en que la consagra el artículo 86 de la Constitución Política, no procede contra las sentencias judiciales que ponen fin a un proceso, como sucede en el caso sometido al estudio de la Sala. La naturaleza del asunto hace que la providencia judicial que establece el régimen de visitas de padres separados a sus hijos comunes no haga tránsito a cosa juzgada material, sino simplemente formal, en cuanto es susceptible de un nuevo proceso destinado a regularlas según las nuevas circunstancias. Al prosperar la acción de tutela instaurada, se quebranta de manera grave la autonomía e independencia del juez que dictó la providencia. REVISION DE TUTELA-Alcance (Salvamento de voto) La revisión de las sentencias de tutela por parte de esta Corporación no tienen el alcance de una nueva instancia y menos aún el sentido de un recurso extraordinario. Su razón de ser descansa en la necesidad de unificar la jurisprudencia constitucional, impidiendo que cada juez, al resolver sobre demandas de tutela, interprete de una manera distinta la Constitución Política y, en ese orden de ideas, el carácter eventual de la revisión, según quedó plasmado en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Carta, busca el establecimiento de casos paradigmáticos cuyo análisis constitucional por la Corte permita a ésta dilucidar, con alcance puramente doctrinario, el debido entendimiento de la preceptiva fundamental, especialmente en materia de derechos. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL (Salvamento de voto) El artículo 86 de la Carta excluye la acción de tutela cuando según el ordenamiento jurídico proceda un medio susceptible de ser propuesto ante los jueces y que esté encaminado a la defensa del derecho objeto de violación o amenaza. Excepto el caso del perjuicio irremediable que haya necesario aplicar la tutela como mecanismo transitorio a fin de evitar que aquél se cause, si se ejercita la acción pese a la existencia de procedimiento judicial idóneo, el juez no puede aceptar su procedencia y menos todavía entrar a conceder el amparo solicitado. No habiendo cosa juzgada material, nada obsta para que los interesados acudan de nuevo al juez competente, a fin de obtener una nueva regulación judicial del régimen de visitas previsto en la sentencia que originó la acción de tutela, si es que, como lo dice la parte motiva del fallo proferido pro esta Corte las previsiones que integran el régimen actual han resultado traumáticas para la familia y en especial para los hijos. Ref.: Expediente T-2598 Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón Me permito expresar a continuación los motivos por los cuales he discrepado del fallo en referencia: 1. Reitero una vez más mi profunda convicción en el sentido de que la acción de tutela, en los términos en que la consagra el artículo 86 de la Constitución Política, no procede contra las sentencias judiciales que ponen fin a un proceso, como sucede en el caso sometido al estudio de la Sala. Claro está que en esta ocasión lo que motiva mi disentimiento no es la autoridad de la cosa juzgada que pudiera atribuirse al fallo proferido por el Juez Tercero promiscuo de Familia de Popayán el 15 de noviembre de 1991, ya que, como acertadamente lo indica la Honorable Corte Suprema de Justicia en su sentencia del 1o. de abril de 1992 revocada mediante la decisión de la cual me separo-, la naturaleza del asunto hace que la providencia judicial que establece el régimen de visitas de padres separados a sus hijos comunes no haga tránsito a cosa juzgada material, sino simplemente formal, en cuanto es susceptible de un nuevo proceso destinado a regularlas según las nuevas circunstancias. Mi preocupación en el presente caso estriba en que, al prosperar la acción de tutela instaurada, se quebranta de manera grave la autonomía e independencia del juez que dictó la providencia, desconociéndose francamente el principio consagrado en los artículos 228 y 230 de la Constitución, a cuyo tenor: "Artículo 228.- La administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo". "Artículo 230.- Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley. "La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial" En efecto, al revocar la sentencia pronunciada por el Juzgado de Familia y al ordenar la Corte Constitucional que el juez competente, en el momento de proferir la sentencia que decrete un nuevo régimen de visitas, "respete plenamente los derechos fundamentales tanto de la peticionaria como de todos los demás miembros de la familia y para ello proceda de acuerdo con lo señalado en la CONCLUSION CUARTA  de este fallo" (subrayo), está invadiendo esa órbita de autonomía de que goza el juez al adoptar sus decisiones, pues le impone unas determinadas reglas de análisis jurídico y unos criterios obligatorios (véase numeral cuarto de la parte resolutiva), a los que forzosamente deberá atender so pena de desacato (artículo 52 del Decreto 2591 de 1991). Existe, pues, una abierta intromisión de esta Corte en el ámbito de la competencia funcional del juez, sin que para ello cuente con autorización constitucional y ni siquiera legal. Como he podido expresarlo a propósito de fallos similares, considero que la revisión de las sentencias de tutela por parte de esta Corporación no tienen el alcance de una nueva instancia y menos aún el sentido de un recurso extraordinario. Su razón de ser descansa en la necesidad de unificar la jurisprudencia constitucional, impidiendo que cada juez, al resolver sobre demandas de tutela, interprete de una manera distinta la Constitución Política y, en ese orden de ideas, el carácter eventual de la revisión, según quedó plasmado en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Carta, busca el establecimiento de casos paradigmáticos cuyo análisis constitucional por la Corte permita a ésta dilucidar, con alcance puramente doctrinario, el debido entendimiento de la preceptiva fundamental, especialmente en materia de derechos. Claro está que al cumplir esa tarea, la Corte Constitucional puede encontrar necesario corregir y en muchos casos revocar los fallos de primera o segunda instancia en materia de tutela, lo cual a su vez conlleva la indispensable sentencia que, con efectos exclusivos para el caso concreto (artículo 36 del Decreto 2591 de 1991), ordene las medidas o adopte las decisiones de reemplazo tendientes a reflejar en la solución judicial impartida los mandatos constitucionales. Pero eso no implica que la Corte Constitucional se encuentre autorizada para sustituir a un juez de jurisdicción distinta en la función que éste debe cumplir mediante procedimientos y trámites legalmente establecidos por vía ordinaria o especial, en un ámbito diferente al de la tutela, como en el caso sub lite acontece con la decisión en firme proferida por el juez de familia. 2. El artículo 86 de la Carta excluye la acción de tutela cuando según el ordenamiento jurídico proceda un medio susceptible de ser propuesto ante los jueces y que esté encaminado a la defensa del derecho objeto de violación o amenaza. Excepto el caso del perjuicio irremediable que haga necesario aplicar la tutela como mecanismo transitorio a fin de evitar que aquél se cause, si se ejercita la acción pese a la existencia de procedimiento judicial idóneo, el juez no puede aceptar su procedencia y menos todavía entrar a conceder el amparo solicitado. El motivo de esta restricción radica en la naturaleza misma de esta acción, que pretende, según obra en los antecedentes documentales de la Constitución de 1991, ofrecer solución inmediata a situaciones de hecho en las cuales se vean comprometidos, sin otro remedio a mano, los derechos fundamentales de las personas por acción u omisión de autoridades públicas o de particulares en los eventos previstos por la ley. Es de advertir como en el asunto ahora sometido a revisión de esta Sala, procede, sin que para ello sea necesario un fallo de la Corte Constitucional o del juez de tutela, la vía judicial descrita en el Título XXIII, Capítulo II del Código de Procedimiento Civil, referente al PROCESO VERBAL SUMARIO, que a partir del artículo 435 señala los asuntos que se tramitan por este medio en única instancia. En el numeral 5o. de la norma citada se encuentra comprendida la hipótesis del conflicto relatado en la sentencia que origina este salvamento: "Artículo 435.- Asuntos que comprende. Se tramitarán en única instancia por el procedimiento que regula este capítulo los siguientes asuntos: PAR. 1o. En consideración a su naturaleza: (...) 5. Las controversias que se susciten entre padres o cónyuges, o entre aquéllos y sus hijos menores, respecto al ejercicio de la patria protestad: los litigios de igual naturaleza, en los que el defensor de familia actúa en representación de los hijos; las diferencias que surjan entre los cónyuges sobre fijación y dirección del hogar, derecho a ser recibido en éste y obligación de vivir juntos y salida de los hijos al exterior: la solicitud del marido sobre examen a la mujer a fin de verificar el estado de embarazo: la revisión de la declaratoria de abandono de los hijos menores; y en general los asuntos en que sea necesaria la intervención del juez previstos en la Ley 24 de 1974, en los Decretos 2820 de 1974, 206 y 772 de 1975, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar". No habiendo cosa juzgada material, nada obsta para que los interesados acudan de nuevo al juez competente, a fin de obtener una nueva regulación judicial del régimen de visitas previsto en la sentencia que originó la acción de tutela, si es que, como lo dice la parte motiva del fallo proferido por esta Corte las previsiones que integran el régimen actual han resultado traumáticas para la familia y en especial para los hijos. 3. En la conclusión cuarta de la parte motiva, la ponencia acogida mayoritariamente dice: "En aras de la protección inmediata de los derechos de la familia, el juez competente ordenará que sus miembros se sometan inmediatamente a una terapia adecuada para lograr acuerdos básicos que solucionen sus conflictos, eviten la ruptura total de su unidad, pongan término a la actual escisión en el proceso educativo afectivo de sus hijos comunes y favorezcan la estabilidad emocional y la tranquilidad de todos sus miembros". A su vez, como ya tuve oportunidad de indicarlo, el numeral 3o. de la decisión ordena al juez competente que al proferir sentencia "proceda de acuerdo con lo señalado en la CONCLUSION CUARTA de este fallo". Dudo mucho de la competencia que pueda tener el juez de familia para obligar que los cónyuges -quienes ante él acuden impetrando se defina un régimen de visitas a sus hijos comunes- se sometan a una "terapia adecuada", cuyos alcances son al parecer de carácter sicológico, pero no me cabe ninguna duda de que la Corte Constitucional no puede impartir esta clase de mandatos a propósito de una revisión de fallos de tutela. Fecha ut supra. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO 1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-414. 2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-006. 3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-501. 4 Cfr. Subcomisión preparatoria 0405 Informe final. En: Presidencia de la República. "Propuestas de las Comisiones Preparatorias". Bogotá, Colombia. Enero de 1991 pp. 370,371. 5 Cfr. Gallón Carlos. Intervención en la Subcomisión 0405. En: Presidencia de la República. Op. Cit., p. 371. 6 Cfr. Informe ponencia para primer debate en plenaria. Derechos de la familia, el niño, el jóven, la mujer, la tercera edad y minusválidos. En: Gaceta Constitucional No. 85, Mayo 28 de 1991. p.5. [1] Cfr. Ibídem, p. 5. [2] Cfr. Gaceta constitucional Nos. 21, 34, 52, 85, entre otras. [3] Cfr. Gaceta Constitucional No. 85, p. 6. [4] Cfr. Gaceta Constitucional No. 85, p. 6. [5] Cfr. Gaceta Constitucional No. 85, p. 7. [6] Cfr. Perlingieri Pietro. La personalitá umana nell ordinamento giuridico. Universitá degli Studi di Camerino, Jovene editore, No. 3. Camerino 1972 pp. 195-196. [7] Cfr. Santosuosso Fernando. La separazione personale dei coniugi. En: La riforma del diritto di famiglia dieci anni dopo. CEDAM, Padova 1986, p. 98. [8] Cfr. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 25 de Octubre de 1984. Magistrado ponente: Dr. Hernando Tapias Rocha. [9] Cfr.  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia 031 de Febrero 13 de 1989. Magistrado ponente: Dr. José Alejandro Bonivento Fernández. [10] Cfr. Belluscio Augusto César.  Derecho de Familia. T. III. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1981, pp. 402. [11] Cfr. Ibídem, pp. 463. [12] Cfr. Ibídem, pp. 404-405. [13] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia C-221. pp. 10-11. [14] Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-222. [15] Cfr. Cepeda, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Santafé de Bogotá, Editorial Temis, pp. 145-146.

T-524-92 Sentencia No Sentencia No. T-524/92 DERECHO A LA EDUCACION/DERECHOS FUNDAMENTALES/IGUALDAD ANTE LA LEY-Vulneración Una cosa es la obligación del Estado, la sociedad y la familia en el sentido de ofrecer al educando las condiciones indispensables para que acceda a su educación en el nivel mínimo mientras llega a la edad en que pueda continuar preparándose por su propia cuenta, y otra muy distinta el derecho que tiene toda persona a educarse o a perfeccionar su formación académica, independientemente de su edad.  Este es un derecho fundamental de la persona, razón por la cual el ordenamiento jurídico no puede restringir las posibilidades de su ejercicio a ningún individuo por razón de su edad.  Ello significaría flagrante desconocimiento no solo del precepto en mención sino del principio de igualdad plasmado en el artículo 13 de la Carta. REGLAMENTO EDUCATIVO-Contenido Los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad  de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico cultural y social  principio de práxis general. REF: EXPEDIENTE   2606 PETICIONARIA: GISELA GONZALEZ MARIN PROCEDENCIA: JUZGADO 36 PENAL MUNICIPAL DE MEDELLIN MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados CIRO ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Y JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela promovido por  GISELA GONZALEZ MARIN   contra ALBERTO GALEANO, Rector del IDEM  José Maria Bravo Márquez de la ciudad de Medellín. I.  ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección número 4 de la Corte Constitucional seleccionó para efectos de su revisión la acción de tutela de la referencia. Al suscrito Magistrado Ponente le correspondió por reparto el presente negocio. Se recibió formalmente el expediente el  18 de junio de  1992. Puesto que se han agotado todos los trámites constitucionales y legales, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, la Sala  Primera de Revisión de la Corte procede a dictar la sentencia correspondiente. A. LA ACCION. 1.-  Solicitud. El  26 de febrero de 1992, GISELA GONZALEZ MARIN instauró ante el Juzgado 30 Penal Municipal de Medellín una acción de tutela contra  Alberto Galeano, Rector del IDEM José María Bravo Márquez, institución educativa ubicada en la misma ciudad,  a fin de que reciba nuevamente en ella a su hija OLGA CRISTINA MUÑOZ GONZALEZ para continuar su  último año de  bachillerato. La admisión  le fue negada porque el Rector estimó  que su disciplina era "regular". 2.  Hechos. a) Olga Cristina Muñoz González estudiaba su bachillerato en el IDEM José María Bravo Márquez de la ciudad de Medellín donde cursó y aprobó hasta el décimo grado. b) En Enero del presente año, cuando  adelantaba diligencias para matricularse, el Rector Alberto Galeano le comunicó su decisión de no recibir a alumnos que tuvieran "disciplina regular", como era su caso. c) La disciplina regular de Olga Cristina consistió fundamentalmente en pintarse unas rayitas en los ojos algunos días en que iba al colegio con su uniforme de diario o de gala y llegar a veces tarde, según se desprende de las afirmaciones de la peticionaria, del Rector y algunos profesores del colegio (Folio 1, 8, 41, 42, 43 v.). 3.  Pruebas. a) Declaración de la señora Gisela González Marín:  en su condición de madre de la alumna afirma que el Rector del colegio le dijo en Enero del presente año que no iba a dar cupo a los alumnos que hubieran tenido "disciplina regular"  así ello le costara el puesto (folio 3).  El coordinador  de disciplina solamente la citó una vez para informarle acerca de su hija.  La madre no faltó nunca a las reuniones del colegio ( Fl. 3). b) Declaración de la señorita Olga Cristina Muñoz González:  Afirma que fue algunas veces con pintura en su rostro, a sabiendas de que era prohibido por el reglamento del colegio (folio 4). c)  Declaración del señor Alberto Galeano  Franco:   En su condición de Rector del  Liceo "IDEM"  José María Bravo Márquez refiere que la  alumna Olga Cristina no fue admitida en la institución por su disciplina regular consistente en llegar tarde y pintarse el rostro y no cumplir las reglas mínimas de uniforme. Pone también de presente, que él solicitó que una comisión de supervisores de la Secretaría de Educación determinara imparcialmente los estudiantes que se iban a admitir y que fue dicha comisión la que negó la petición de dicha alumna.  De otra parte, la inadmisión está consagrada en el reglamento y en el Decreto 1331 de 1958, aprobado por la Secretaría de Educación.  Por último estima que a los alumnos con "disciplina regular"  les favorece cambio de colegio, también para que se manejen bien y modifiquen su disciplina (folios 8 y 9). d)  Oficio No. 022 del 28 de febrero de 1992  en el cual el Rector Galeano Franco le informa a la Juez 36 Penal Municipal nuevos aspectos referentes a la inadmisión de la alumna Muñoz González, a saber:  Las características del contrato de matrícula que anualmente celebran los estudiantes y padres de familia con la institución, según el decreto 1331 de 1958.  Consta en el  reglamento que el contrato es conocido y leído por los estudiantes y padres de familia. Además, la disciplina y conducta de la alumna fue  calificada en primera instancia por el Consejo de Profesores,  según consta en el Acta No. 18 de Noviembre 12 de 1991, la cual se anexa (folio 10). En segunda instancia lo hizo una comisión de supervisores autónoma la cual conceptuó que en el caso de Olga Cristina y otros estudiantes sus faltas de rendimiento académico no era el indicado para seguir en la institución que goza de gran prestigio tanto académico como moral dentro de la zona nororiental, además los grupos están en 55 a 60 (folio 11). d) Acta No. 18 del 12 de Noviembre de 1991 en la cual consta que el Consejo de Profesores se reunió para calificar la disciplina de los alumnos y se determinó entre otras cosas, retener la ficha correspondiente a Olga Cristina Muñoz González (folio 24). e)  Informe del rendimiento académico de la alumna Olga Cristina Muñoz González en el  grado 10, cursado en 1991 (folio 32). f)  Declaración de la señorita Blanca Stella Pérez Melguizo.  En su condición de coordinadora femenina, afirma que le revisó los uniformes y le llamó  dos veces la atención por pintura.  Pero observa también que la alumna "es una niña culta, educada, no responde feo a los llamados que uno le hace" (folio 41). Además opina que esa niña puede ingresar al colegio a cursar el grado 11, porque los motivos expuestos por mí no son causal para ser betada (sic)  definitivamente (folio 41). Agrega que esta opinión es también compartida por la coordinadora del grupo. g)  Declaración de la Señorita Ana  Luisa Giraldo Gómez.  En su condición de coordinadora del grupo de Olga Cristina dice que sus faltas que condujeron a calificar su disciplina como "regular" fueron llegadas tarde, la rayita en los ojos no permitida con el uniforme".  No recuerda cuantas veces incurrió en ellas; en todo caso, eran faltas leves. Aclara, además, que a los alumnos que como ella habían tenido disciplina regular siempre se les había recibido en el colegio y que a esta niña "nunca se pensó" que no la iban a recibir este año por la disciplina regular. Observa finalmente que Personalmente yo busqué al Rector para decirle que recibiera a la niña, porque me parecía que era injusto con ella, yo personalmente conocía sus faltas y me parecían leves, además, la mamá me comentó de sus problemas económicos, yo conversé con él sobre eso tres veces y todas las tres veces me rechazó.  Porque la niña no es grosera, no utiliza vocabulario soez, es que incluso la muchachita es muy tímida, es temerosa (folio 42). Agrega  que si bien es cierto que algunos supervisores estuvieron mirando las fichas de los alumnos con disciplina regular, ella no sabe el motivo por el cual no recibieron a esta niña, porque sí permitieron a muchos el ingreso y que tenían disciplina "regular", yo personalmente le dije al Rector que no creía que la ficha de esta niña la habían visto porque no la aceptaban; que sería tal vez porque la mamá no fue a quejarse a la Secretaría de Educación porque sé que la mamá no fue (folio 42 vuelta). Afirma, por último que los alumnos con disciplina regular eran recibidos con un contrato pedagógico. i) Declaración del señor Luis Felipe Osorio Sánchez.  En su condición de supervisor docente del Distrito de Medellín 01, relata que durante las primeras semanas del mes de Febrero del presente año estuvo revisando fichas de alumnos del colegio con disciplina regular en un número aproximado de 30.  En cuanto respecta específicamente a Olga Cristina Muñoz González recuerda que algunos profesores le dijeron: Que esa niña no cumplía nunca el reglamento del colegio, no acata órdenes de los profesores; le dicen que no se presente pintada y se presenta pintada.  Es lo único que recuerdo por lo que está en la ficha. Esta niña no debía de aceptarse porque ellas tienen un reglamento que lo conocen y lo deben cumplir  (folio 43 vuelta). Agrega por último que Espero que se haga justicia y que la tutela, la ratifique, esperando no lo busquen como una alcahuetería para destruir la legislación educativa colombiana (folio 44). j)  Acta No. 1 del 12 de febrero de 1992 en la cual consta el nombre de los alumnos con "disciplina regular"  que fueron admitidos en segunda instancia previa la firma de un contrato pedagógico. Ingresarán a la institución en calidad de asistentes y el Rector enviará después de cada período un informe disciplinario y académico de cada uno de los alumnos al Distrito Educativo 01. Los alumnos que cumplan el contrato "pasarán a realizar su matrícula" (folio 45). 4.- Sentencia de primera instancia. En providencia del 6 de marzo de 1992, el Juzgado 36 Penal Municipal de Medellín,  analizó la petición de la actora, los hechos y las pruebas que obran en el expediente,  y encontró ostensiblemente contradictorias y poco claras las declaraciones juradas de la coordinadora del grupo al que pertenecía Olga Cristina Muñoz González, Señorita Ana Luisa Giraldo Gómez y la educadora Blanca Stella Pérez Melguizo (folio 49). Afirma que la alumna demostró un bajo rendimiento y no concede la tutela  impetrada por las siguientes razones que aparecen en la parte motiva del fallo: a) Es deber de los alumnos someterse rigurosamente  a las disposiciones reglamentarias y Olga Cristina infringió  abiertamente el reglamento interno del Liceo Bravo Márquez por llegar varias veces tarde a clase y "hacerse rayitas en los ojos" algunos días en que vestía el uniforme (folios 49 y 51).  El incumplimiento del reglamento supone también violación del contrato con el colegio y la alumna "no tiene derecho a que se le renueve, que fue lo que ocurrió en el caso que nos ocupa" (folio 51). Cuando una persona hace parte de una institución, cualquiera que sea su fin o su ánimo, debe someterse a un reglamento que hace relación no sólo al horario establecido, sino a la disciplina, porque pasar por alto comportamientos que se salen de los cauces legales establecidos conlleva a que se fomente la indisciplina hasta que se llegue al punto de que nadie respeta a nadie creándose el caos y la pérdida de valores, ya que esa escala de respeto que se había establecido desaparece y ello es lo que no se puede ni debe permitir, máxime en una institución que está educando y formando a las gentes que han de regir los destinos del país en el futuro.  Es que Olga Cristina infringió  el reglamento, se le llamó la atención, se le amonestó, reincidió, se le calificó de regular la disciplina, no demostrando interés en enmendarse en acatar las órdenes superiores, pues si hubiera tenido la intención de superarse, otro hubiese sido su comportamiento, ya que ello dependía única y exclusivamente de la voluntad de la persona misma; téngase en cuenta que Olga Cristina es mayor de edad y goza de sus facultades físicas y mentales sin ningún reparo.  Pero y es que además de lo anterior también su progenitora y quejante en esta acción, fue enterada del comportamiento disciplinario de su hija en cada reunión y llamada una vez por el Coordinador de disciplina, pero ésta en su declaración ni se acuerda y solicita se le interrogue en tal sentido a Olga Cristina, la que niega que ella hubiese sido requerida, pero en el anecdotario está registrado tal hecho (folio 52). b)  Puesto que el artículo 67 del ordenamiento constitucional dispone que la educación será obligatoria hasta los 15 años, "ya por parte del Estado se cumplió con dicha obligación en cuanto a la joven pre-citada,  ya que como se anotó, ésta cuenta con 19 años de edad" (folio 51). c)  Que la decisión del Consejo de profesores en primera instancia y  de la Comisión de supervisores en segunda, es justificada, ya que con esta decisión antes que vulnerarse un derecho, se está velando por el interés general, el que debe primar sobre el particular defendiendo la  moral y la disciplina de un Centro Educativo como el IDEM Bravo Márquez, donde resalta el empeño de sus directivas por sacar adelante una juventud sin vicios, libres del sentimiento de violencia, que respete y acate las reglas propias de una institución que en comunidad simbolice además de la formación académica, los buenos modales, el amor al prójimo, la equidad y con ello la JUSTICIA (Sic.)  (folio 53). El fallo no fue impugnado oportunamente por la peticionaria, razón por la cual en cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 2591 de 1991, fue enviado a esta Corte para su revisión y a ello se procede seguidamente. 5.- Concepto de expertos:  El libre desarrollo de la personalidad. En desarrollo de la facultad consagrada en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991,  el Magistrado ponente invitó a la psicóloga MARIA CONSUELO DE SANTAMARIA, profesora de la Universidad de los Andes, a presentar por escrito su concepto  sobre puntos relevantes para la elaboración del fallo (Fls. 64, 65). Por cuanto respecta a los elementos esenciales para el libre desarrollo de la personalidad la experta observa que: "En primer lugar conviene aclarar que sobre la personalidad, su desarrollo, definición, etc., existen diversas posiciones en la psicología, y una buena parte de las escuelas considera que no hay tal cosa como la personalidad, y se habla más bien de conducta, de madurez, o de integración del yo, según la escuela.  Sin embargo, se entiende por personalidad el temperamento (características estables) modificado en función del ambiente. El uso popular de este concepto, precisa que la personalidad es lo particular e íntegro de cada persona, aquello que la hace ella misma, y que se va desarrollando a lo largo de la vida, en función de la interacción con el medio, haciéndose cada vez más firme, más propio, al punto de que se dice de una persona que "tiene mucha personalidad", o "aún le falta personalidad", etc. Al hablar en la Constitución del derecho al "libre desarrollo de la personalidad", cabe interpretar, que cada persona tiene el derecho a las oportunidades que le permitan expresar su temperamento propio, aquello que le va dando su identidad, su sello personal.  Dada esta interpretación se puede suponer que toda persona debe contar con las posibilidades que le permitan ampliar esta expresión, siempre y cuando, como lo dice la Constitución, respete los derechos de los demás. Al preguntar usted cuáles son los elementos esenciales para el desarrollo de la personalidad, considero que no se puede reglamentar cuales lo son para todas las personas, porque dadas las salvedades anteriores, precisamente teniendo en cuenta lo particular de la expresión de la personalidad, serán diferentes para cada una.  Lo que si parece "esencial"  es que se tenga la posibilidad de expresar lo propio, dentro de los límites ya mencionados.  Es decir, que se permita a toda persona expresar su individualidad ( Fls. 64, 65) De otra parte, el reglamento interno que sirvió de fundamento para sancionar a la peticionaria por su disciplina "regular"  le merece serios reparos desde el punto de vista educativo a saber: Mi opinión personal es que cada colegio puede establecer los parámetros de disciplina que a bien tenga.  Lo que si cuestiono es que la aplicación de la norma por incumplimiento al reglamento lleve a no admitir a una estudiante.  Además, el incumplimiento a cada una de las reglas no podría en mi concepto aplicarse indiscriminadamente a cualquiera de ellas. En este caso, considero que no admitir a la estudiante por este motivo es exagerado. Respecto a la norma misma de no poderse pintar con el uniforme de gala, o de calificar por ello, y por algunos retardos, a la estudiante como que exhibe una disciplina "regular",  me parece, puesto que usted solicita mi opinión, exagerado, y además si el plantel educativo está para educar, precisamente esta sería una oportunidad para "educar"  a la estudiante en cuestión. Considero que esta conducta de la estudiante no amerita la sanción de no recibirla de nuevo en el plantel, porque es una falta menor.  Si esta conducta es una expresión de la personalidad de la estudiante, entendiendo por esto, la expresión de su manera de ser particular, obviamente que lo es.  Si con ello cometió una falta de disciplina en ese plantel educativo, eso es otra cuestión (Folio  65). II.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE Los supuestos fácticos del caso sub-exámine mueven a esta Sala a hacer algunas consideraciones previas acerca de la educación y la Constitución (A),  el estudiante como sujeto del proceso educativo (B),  y los reglamentos de las instituciones educativas,  (C), a manera de fundamentos de su decisión. A. LA EDUCACION EN LA CONSTITUCION Algunos estudiosos caracterizan con razón los desarrollos constitucionales de la educación a partir de 1886 en los siguientes términos: A lo largo de nuestra historia la educación ha sido uno de los temas prioritarios que han ocupado el discurso jurídico y político1 .  En el campo constitucional las previsiones del  constituyente de 1886 sobre la enseñanza fueron una reacción contra el radicalismo liberal, y tenían una orientación filosófica bien definida en la cual se otorgaba un papel trascendental a la Iglesia Católica2 .  La reforma de 1936 introdujo profundos cambios a la orientación confesional de la educación y amplió el radio de la Constitución hacia el proceso de modernización y de masificación de la enseñanza.  La Constitución de 1991 reconoce la importancia de este debate histórico sobre la enseñanza, de tal suerte que introduce disposiciones en materia de libertad religiosa en el ámbito educativo y perfecciona los instrumentos para alcanzar la modernización y masificación de la enseñanza.  Sin embargo, da un paso adelante, al buscar garantizar la protección efectiva de este derecho, al abrir el debate a temas nuevos como el de la investigación y al enmarcar esta libertad dentro del modelo de democracia participativa. A diferencia del art. 41 de la Constitución anterior, en el texto del art. 27, no se consagran facultades de intervención, ni limitaciones de ninguna índole. Lo anterior, constituye un avance notable por cuanto garantiza un mayor respeto por el derecho, el cual ya no se supedita en su contenido a la intervención del Estado en esta materia3 . Esta Corte ha tenido la ocasión de señalar la importancia social de la educación como sigue: La creación y sostenimiento de escuelas pueda entenderse como la realización del propósito deliberado de no dejar al azar la formación de las generaciones futuras y de utilizar instrumentos adecuados para perpetuar, fortalecer y promover aquellas condiciones y valores que la sociedad más estima o, llegado el caso y por la voluntad soberana del pueblo, transformarlos para que se adecúen a las nuevas exigencias sociales. En este último sentido, la escuela realiza el papel de "agente de cambio"  que le reconoce la sociología4 . Más adelante pone de presente su carácter de servicio público reiterado en  la Carta de 1991: Es oportuno señalar que la concepción de la educación como servicio público consagrada en el artículo 67 de la Carta vigente responde adecuadamente a una  sólida tradición de la jurisprudencia nacional. En efecto, es bien sabido que en un pronunciamiento de hace cerca de 20 años la Corte Suprema afirmó que la educación era una actividad encaminada a satisfacer una necesidad de carácter general, en forma contínua y obligatoria, sin importar que su prestación estuviera directamente a cargo del Estado o a cargo de personas privadas5 . De otro lado, la Corporación ha reconocido expresamente que la educación es un derecho constitucional fundamental que puede ser regulado pero no negado en su núcleo esencial, vale decir en la posibilidad que se le reconoce al sujeto de acceso efectivo a sus beneficios6 . En cuanto respecta a la labor concreta de las instituciones que prestan el servicio, esta Corporación ha destacado también que Las instituciones educativas, públicas o privadas, les corresponde, (en razón del carácter de servicio público con función social que tiene la educación en nuestro ordenamiento), una significativa cuota de colaboración para el logro de ese gran propósito y compromiso ineludible con las generaciones presentes y futuras, con el bienestar social, material y cultural y con la dignidad humana, de crear todas las condiciones necesarias para que los niños tengan acceso efectivo a la educación7 . En el fallo del Juzgado 36 penal de Medellín se enfatiza que la peticionaria es persona mayor de edad y como tal  el Estado  cumplió ya con ella la obligación de acceso a los beneficios de la educación (Folio  51),  razón esta que, unida a otras, lleva al fallador de instancia a no conceder la tutela. En virtud de lo anterior,  se  reitera el pronunciamiento reciente de la Corte  en un caso en que, ante similar argumento,  puso de presente entonces que el artículo 67 de la Carta no puede interpretarse como la plena satisfacción del derecho a la educación de los mayores de edad  por cuanto Considera la Corte que la interpretación de la norma constitucional no es precisamente la que así se plantea, pues una cosa es la obligación del Estado, la sociedad y la familia en el sentido de ofrecer al educando las condiciones indispensables para que acceda a su educación en el nivel mínimo mientras llega a la edad en que pueda continuar preparándose por su propia cuenta, y otra muy distinta el derecho que tiene toda persona a educarse o a perfeccionar su formación académica, independientemente de su edad.  Este es un derecho fundamental de la persona, razón por la cual el ordenamiento jurídico no puede restringir las posibilidades de su ejercicio a ningún individuo por razón de su edad.  Ello significaría flagrante desconocimiento no solo del precepto en mención sino del principio de igualdad plasmado en el artículo 13 de la Carta8 . B. EL ESTUDIANTE, SUJETO ACTIVO La Constitución de 1886, depositaria de los principios y valores del constitucionalismo liberal del siglo XIX, establecía una clara delimitación entre los ámbitos civil y gubernamental.  Los canales de comunicación eran mínimos: de un lado, la participación del ciudadano en los asuntos de gobierno se reducía al ejercicio del sufragio universal y, del otro, la intervención del gobierno en la sociedad se reducía a la mínima indispensable para el mantenimiento del orden y de la libertad individual. En el Estado social de derecho,  introducido parcialmente por algunas reformas a la Constitución de 1886 y proclamado y consolidado en la  Constitución de 1991, el sujeto adquiere un nuevo sentido que determina  nuevos tipos de relación con el Estado.  La actitud pasiva, en defensa de su libertad, es reemplazada por una actitud dinámica y participativa. La intervención activa en los asuntos del gobierno por medio de los mecanismos de participación popular se acompaña de una nueva ética civil fundada en la solidaridad y el respeto de los derechos fundamentales. El crecimiento heterogéneo y la complejidad de la sociedad civil pusieron en evidencia la posibilidad de que las personas naturales y jurídicas ajenas al Estado, debido a su relativa posición de superioridad en ciertos ámbitos sociales, pudieran violar ciertos derechos fundamentales como consecuencia del ejercicio arbitrario de su poder.  En la sociedad contemporánea  la persona se encuentra sometida a múltiples relaciones e interdependencias, afectadas por la desigualdad de poder entre las partes, que lo colocan en una situación especialmente vulnerable. El Estado ha crecido y se ha fortalecido;  sin embargo, ha dejado de ser la institución suprasocial por excelencia.  En muchos aspectos de la vida social el Estado compite, y a veces pierde, con el poder de las instituciones civiles. De ahí el propósito de encauzar aquellas actividades civiles bajo los parámetros de la axiología constitucional.  Dicho en otros términos, la importancia de constitucionalizar todos los tipos de dominación social, no sólo aquella que se  origina en el Estado. Esta idea se encuentra también respaldada en el postulado de la democracia participativa, según el cual luego de haber democratizado los procedimientos de adquisición y pérdida del poder en el Estado,  es necesario, ahora, democratizar el ejercicio del poder en la sociedad civil. Esta nueva concepción constitucional irradia también el ámbito social de la educación. Los sujetos que participan en el proceso educativo ya no se encuentran separados entre actores pasivos receptores de conocimiento y actores activos depositarios del saber. El principio constitucional que protege el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la participación de la comunidad educativa, han hecho del estudiante un sujeto activo con deberes y derechos que toma parte en el proceso educativo. A diferencia de la Carta del 86, el sujeto del proceso educativo no es pasivo enteramente, sumiso, carente de toda iniciativa, marginado o ajeno a la toma de decisiones y al señalamiento de los rumbos fundamentales de su existencia. Es, por el contrario, titular privilegiado  de una dignidad humana que pervade y condiciona el contenido del ordenamiento, así como también del derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la educación, a la asociación, a la participación democrática. Pero también debe destacarse que dicho sujeto tiene unos deberes que lo comprometen abiertamente con la solidaridad social. En tales condiciones, el proceso educativo ha de tomar muy en cuenta no sólo las especiales características de sus protagonistas y del nuevo marco jurídico sino también del sentido y alcance que éste reconoce y atribuye a la educación en su conjunto. C.  LOS REGLAMENTOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS En el caso sub-exámine la vulneración del derecho constitucional  fundamental del libre desarrollo de la personalidad de la peticionaria es obra de un instrumento específico - el reglamento de la institución educativa- que establece algunas causales de conducta regular, las cuales pugnan con el aludido derecho y tienen un bien cuestionable valor pedagógico y educativo. En efecto, en el reglamento del IDEM José Bravo Márquez cuyo lema es  "Educar para  pensar libremente"  afectan la conducta todos los actos a juicio del rector o del Concejo (sic.) de Profesores sean considerados como tales (Folio 17), y son faltas disciplinarias "mala presentación personal", "chismes y chistes de mal gusto", "gritos extemporáneos y modales incorrectos", "arrojar basuras al piso", "perder tiempo o hacer perder (sic.) a sus compañeros", "mostrar rebeldía persistente" (Folio 18). De otra parte, consagra también  una cláusula que el rector ha interpretado como el soporte máximo de su obligatoriedad y cuyo tenor es el siguiente: Con la firma de la matrícula aceptamos y nos comprometemos a cumplir el presente reglamento escolar, como un contrato libremente contraido entre el binomio alumno-acudiente por una parte, y el colegio por otra (Folio 21). Es por eso que esta Sala estima necesario hacer algunas consideraciones sobre los reglamentos educativos. Un reglamento que consulte las nuevas realidades del educando no debe ser simplemente un instrumento de autoritarismo irracional llamado a reprimir expresiones de conducta que bien pueden ser  opciones abiertas por la propia Carta como formas alternativas de realizar la libertad de vivir  -que no otra cosa es el derecho al libre desarrollo de la personalidad consagrado en el artículo 16 de la Carta vigente-. Puesto que la democracia participativa  es hoy también un principio fundamental cuya práctica debe ser estimulada en todos los niveles del orden social tampoco un reglamento puede prohibir, reprimir o estorbar estas prácticas.  Ello afectaría en grado sumo la adecuada formación del sujeto para asumir las responsabilidades que habrá de depararle el futuro en una nación comprometida a abrir y ampliar los espacios para el  pleno imperio de la democracia. El reglamento no podrá ignorar tampoco que la educación encarna la más evidente posibilidad de que un ciudadano conozca  a cabalidad todos los deberes que tiene para con la comunidad, en particular, la práctica diaria del respeto a la dignidad humana, el culto al trabajo como uno de sus más importantes medios de realización personal, la convivencia pacífica y la solidaridad, entre otros. En otros términos, los reglamentos de las instituciones educativas no podrán contener elementos, normas o principios que estén en contravía de la Constitución vigente como tampoco favorecer o permitir prácticas entre educadores y educandos que se aparten de la consideración y el respeto debidos a la privilegiada condición de seres humanos tales como tratamientos que afecten el libre desarrollo de la personalidad  de los educandos, su dignidad de personas nacidas en un país que hace hoy de la diversidad y el pluralismo étnico cultural y social  principio de práxis general. Por tanto, en la relación educativa que se establece entre los diversos sujetos, no podrá favorecerse la presencia de prácticas discriminatorias, los  tratos humillantes, las sanciones que no consulten un propósito objetivamente educativo sino el mero capricho y la arbitrariedad. De otra parte,  las instituciones educativas no pueden excluír la aplicación del debido proceso, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte9 . En estas condiciones, las sanciones por conductas que se consideren inapropiadas habrán de ceñirse a parámetros objetivos que excluyan la arbitrariedad y tengan debido miramiento por los derechos constitucionales fundamentales de los educandos. Porque no ha de permitirse que los reglamentos frustren la formación adecuada del sujeto llamado a realizar en su vivencia cotidiana  el preámbulo, los valores, principios y normas de la Carta de 1991. Esta Corte llama la atención a las autoridades competentes a fin de que se utilicen los medios adecuados y compatibles con los propósitos y naturaleza de la educación para que los reglamentos  de las instituciones educativas públicas y privadas contribuyan a hacer realidad viviente el pleno imperio de la Constitución en sus prácticas  pedagógicas cotidianas. Por virtud de todo lo anterior, los reglamentos deben responder en el más alto grado al  claro propósito de un  servicio público -como la educación- con clara función social que busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Para hacer posible el engrandecimiento de la persona humana, el progreso cultural científico y tecnológico y la protección del ambiente, el colombiano debe ser formado en el respeto a los derechos humanos, a la paz, a la democracia, y en la práctica del trabajo  (C. N.,  Art. 67). En este contexto, los reglamentos educativos deben ser también instrumentos al servicio de una viva y paradigmática pedagogía constitucional. III.  CONCLUSION Como derecho de la persona humana y servicio público que tiene una función social el Constituyente ha querido que la educación sea el instrumento por excelencia para formar al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia (C. N. Art. 67). Igualmente en diversas oportunidades esta Corporación ha reconocido que la educación es un derecho constitucional fundamental que puede ser regulado pero no negado en su núcleo esencial y, en consecuencia, es preciso garantizarle a su titular el acceso efectivo a sus beneficios. Dentro de este contexto, las normas que regulan su prestación efectiva no pueden convertirse en instrumentos que la nieguen o distorsionen, bajo el disfraz  de propósitos disciplinarios, frutos muchas veces de caprichosas concepciones acerca de la misión esencial de la educación. Por tanto, el contenido de los reglamentos de las instituciones educativas, su interpretación y aplicación no pueden desconocer los valores, principios y normas de la Constitución y, particularmente los derechos fundamentales de los estudiantes. Porque es precisamente en la escuela donde deben hacerse las prácticas más permanentes, firmes, espontáneas y de pedagogía constitucional. La evaluación de la disciplina de un alumno no ha de hacerse a costas del sacrificio de derechos tales como la educación y el libre desarrollo de su personalidad.  Ello comprometería  gravemente la formación de personas con las calidades necesarias para hacer posible el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.  La escuela no puede renunciar a su misión de convertirse en semillero de buenos ciudadanos y templo vivo para la práctica de los valores sociales recogidos  en la Carta. Por todo lo anterior,  esta Corte revocará la sentencia que niega la tutela a los derechos fundamentales de la peticionaria. IV.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional R E S U E L V E: PRIMERO.-  REVOCAR la  sentencia  proferida el 6 de Marzo de 1992 por el Juzgado 36 Penal de Medellín en el proceso de tutela promovido por Gisela González Marín contra Alberto Galeano, rector del IDEM José María Bravo Márquez de dicha ciudad. SEGUNDO.  Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia ORDENAR  al Rector de dicho plantel que readmita inmediatamente a la alumna   OLGA CRISTINA MUÑOZ GONZALEZ   para que continúe sus estudios de bachillerato. TERCERO.-  En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que el contenido, interpretación y aplicación del reglamento de una institución educativa vulnere derechos constitucionales fundamentales de sus alumnos, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá  CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del decreto 2067 de 1991. CUARTO.-  ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Juzgado 36 Penal Municipal de la ciudad de Medellín, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado  Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Sentencia aprobada por la Sala Primera de Revisión, en Santafé de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de Septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Para una aproximación histórica al tema de la educación se pueden consultar: Silva Renán,  La educación en Colombia, 1880-1930, págs.61-86; Jaime Jaramillo Uribe, La educación durante los gobiernos liberales, 1930-1946, págs. 87-110;  Aline Helg,  La educación en Colombia, 1947-1957, págs. 111-134;  La educación en Colombia, 1958-1980, págs. 135-158;  en Nueva historia de Colombia, t. IV, Bogotá, Editorial Planeta, 1989. Rodrigo Parra Sandoval, "Modernización y educación",  en Historia de Colombia, Bogotá, Salvat Editores, 1988, págs. 1911-1920. 2 Al respecto se puede consultar: Isabel Clemente, "Regeneración y educación", en Texto y contexto, núm. 10,  enero-abril 1987, págs. 87-110. 3  Cfr.  Cepeda, José Manuel.  Los derechos fundamentales en la Constitución de 1991. Bogotá. Editorial Temis, pág. 292. 4 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia   T-429, Sala Primera de Revisión. 5  Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia de 6 de julio de 1972. Magistrado ponente Eustorgio Sarria Morcillo. 6 Cfr.  Corte Constitucional, Sentencia  02,  Sala Cuarta de Revisión. 7 Cfr. Corte Constitucional, Sentencia  T-429. 8 Cfr. Sentencia Corte Constitucional  T- 500. 9 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-500.

T-525-92 Sentencia No Sentencia T-525/92 DERECHOS FUNDAMENTALES-Interpretación/REVISION FALLO DE TUTELA-Alcance Mientras el tema de los derechos fundamentales  no sea interpretado bajo una perspectiva constitucional, la acción de tutela se reducirá a un mecanismo adicional e insuficiente de protección y dejará de cumplir por lo menos uno de sus propósitos esenciales: el de constitucionalizar  todo el ordenamiento jurídico colombiano y, de esta manera, hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales de las personas. Es necesario que los jueces y tribunales tomen conciencia de que cuando se plantea la violación de un derecho fundamental por medio de un acción de tutela,  el parámetro esencial e inmediato de interpretación es el texto constitucional y no la legislación ordinaria vigente. DERECHO A LA VIDA-Protección En materia constitucional, la protección del derecho a la vida incluye en su núcleo conceptual la protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza con tal de que ella sea cierta.  Una perspectiva constitucional, en cambio, muestra bien cómo se vulnera el derecho fundamental a la vida por la realización de actos que ponen en peligro objetivo tal derecho, así el peligro no sea inminente. Estas consideraciones tienen respaldo en la idea de que el derecho penal reduce su ámbito de aplicación a una limitada cantidad de conductas típicas y antijurídicas a las cuales el Estado considera que se justifica la imposición de una sanción penal. Para el resto de violaciones el derecho ha consagrado soluciones alternativas, entre las cuales se encuentra precisamente la tutela para casos de violación de derechos fundamentales. INTELIGENCIA MILITAR-Informes/PRESUNCION DE INOCENCIA La labor realizada por los organismos de inteligencia militar debe estar encaminada a  perseguir y poner a disposición de los jueces a los presuntos delincuentes.  La  presunción de inocencia es un derecho fundamental. Toda información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe adoptar formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta de seguridad  sobre la culpabilidad. Lo anterior no impide que los organismos de inteligencia realicen sus propias investigaciones. Pero lo harán sin vulnerar los derechos fundamentales tales como la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas. Para tal efecto las investigaciones deben adelantarse bajo los estrictos lineamientos impuestos por el principio de la reserva. Los informes destinados a los medios de comunicación provenientes de los organismos de seguridad del Estado deben ser excepcionales y responder siempre a propósitos de seguridad bien precisos. Su divulgación no debe afectar los derechos fundamentales de las personas. Los datos de que disponen los organismos de inteligencia no pueden ser divulgados con criterios de mera información periodística. TUTELA: EXPEDIENTE T-2755 PROCEDENCIA: SALA PENAL TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTA PETICIONARIO: DARIO ANTONIO MEJIA MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala primera de revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA en el  proceso de acción de tutela instaurado por Darío Antonio Mejía contra las Fuerzas Armadas y los organismos de inteligencia, y que fuera resuelto en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. I. ANTECEDENTES El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Tribunal Superior de Bogotá, para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión la acción de tutela de la referencia. Por reparto correspondió el negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 17 de junio del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. 1. Los Hechos El peticionario Darío Antonio Mejía afirma haber participado en las negociaciones de paz con el gobierno del Presidente Cesar Gaviria que culminó con la desmovilización del grupo guerrillero Ejército Popular de Liberación (EPL) y con la participación de dicho grupo en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente. El día 27 de enero de 1992 el periódico "El Espectador"  publica un informe titulado "Las guerras de la Guerrilla" en donde se afirma que Darío Antonio Mejía, con el alias de Iván Morales, era uno de los cerebros de la agrupación subversiva disidente del EPL que no tomó parte en los acuerdos de desmovilización. El peticionario solicitó explicación al periódico El Espectador y allí se le informa de un oficio solicitado por el periódico para la elaboración del artículo, proveniente de las Fuerzas Militares de Colombia con número 55556 del 17 de enero de 1992, en el cual Darío Antonio Mejía aparecía como uno de los cabecillas del grupo guerrillero no desmovilizado EPL. El 28 de enero el periódico El Espectador rectificó en la página 9A la noticia publicada anteriormente e informa que el señor Mejía labora como profesor en la ciudad de Medellín y lideraba el proceso de reinserción de la agrupación ex-guerrillera. 2. Fundamentos de la acción Con base en los anteriores hechos el peticionario solicita lo siguiente: a.- Que se haga una rectificación pública, dentro y fuera de los organismos de defensa, por parte de las personas representantes de las entidades que suministraron la información al periódico El Espectador. Todo esto con el objeto de que se le considere ante los organismos de seguridad y ante la opinión pública como una persona cumplidora de su palabra, sincera y de buena fe. b.-El retiro por parte de los organismos correspondientes del Estado de todos los archivos depositarios de información imprecisa que no tenga en cuenta los acuerdos de paz suscritos entre el Gobierno y el "Ejército de Liberación Popular". c.- La publicación en el periódico El Espectador de lo resuelto por el juzgado en ejercicio de la función rectificadora. d.- La dotación de escolta y protección adecuada para él y para su familia. e.- Una indemnización de 4 mil gramos oro por perjuicios materiales y mil gramos oro por daños morales, si dentro de los seis meses no se presentare la liquidación de que trata el artículo 25 del decreto 2591 de 1991. 3. Sentencia de primera instancia El juez Dieciseis Superior de Bogotá considera que el derecho a la integridad moral es un derecho fundamental y contra él se atenta cuando se hacen imputaciones deshonrosas o punibles contra alguien. Sin embargo, argumenta el juez que si bien el derecho al honor del peticionario fue vulnerado con la publicación en el periódico El Espectador, la acción de tutela no prospera en este caso debido a que no era posible remediar los efectos deshonrosos ocasionados con la publicación. En cuanto a la posibilidad de tutelar el derecho a la vida, el juez considera que para  ello se requiere de una agresión de persona o de autoridad identificable o individualizable y no meramente supuesta, condición ésta que no se cumple en el caso del señor Mejía, afectado por una amenaza eventual, hipotética y no real. Termina el juez Dieciseis Superior de Bogotá diciendo que la acción es improcedente porque, en primer lugar, existen otros medios de defensa, en concreto la acción penal en lo relativo a la injuria y a la calumnia y además porque la amenaza contra el derecho fundamental a la vida es, en este caso, netamente hipotética. 4. Impugnación. En el escrito de impugnación el peticionario afirma que el juez distorsiona los elementos de la acción de tutela al considerar que los organismos de defensa nacional no  son los responsables de la violación, sino el brigadier General Iván Ramírez Quintero, director de inteligencia del Ejército Nacional, reduciendo de esta manera el asunto a una controversia interpersonal. Por otra parte, afirma el peticionario que el juez de instancia subestima la violación relacionada con el honor y que, en cuanto al derecho a la vida, el juez no tiene en cuenta la posibilidad de que la tutela se ejerza en caso de amenazas al derecho fundamental y que, además, el juez desconoce que dichas amenazas no provienen de una persona sino de los organismos del Estado. 5. Segunda instancia. Con base en las pruebas decretadas por el juez de instancia la Sala penal del Tribunal Superior de Bogotá inicia sus consideraciones afirmando como plenamente probados los siguientes hechos: a. El señor Darío Antonio Mejía fue miembro activo del autodenominado Ejército Popular de Liberación (EPL) y figura en las listas del Gobierno nacional como uno de los integrantes de esa agrupación guerrillera que se acogieron a los acuerdos suscritos para la dejación de las armas y la reintegración a la vida civil y política. b. El lunes 27 de enero el periódico El Espectador publica un artículo titulado "las guerras de la guerrilla", en el cual se afirma que darío Antonio Mejía, con el alias de Iván Morales, figura como uno de los cerebros de la fracción disidente del EPL que no quiso participar en los acuerdos de paz. c. La información del artículo publicado en El Espectador sobre el señor Darío Antonio Mejía fue suministrada por el General Brigadier Iván Ramírez Quintero, director de inteligencia del Ejército Nacional. d. A partir de informaciones adicionales entregadas por integrantes del movimiento político Esperanza Paz y Libertad (EPL) al periodista de El Espectador Néstor Fredy Padilla, este diario publica una rectificación de la noticia, en la cual se afirma que el señor Mejía no hace parte del grupo disidente del EPL. e. El Señor Darío Antonio Mejía, en conversación sostenida con el director de inteligencia del Ejército Nacional, le solicita la rectificación dentro y fuera de los organismos de defensa y le advierte de la posibilidad de instaurar una demanda de tutela si su petición no es acogida, ante lo cual el director de inteligencia responde que hará la rectificación luego de presentada la demanda. De acuerdo con estos hechos el Tribunal considera parcialmente errada la apreciación del Juez Dieciséis Superior de Bogotá: el hecho de que haya habido rectificación de la información hace improcedente la acción penal al tenor del artículo 318 del código penal, y, en consecuencia dejaría sin medio de defensa al señor Mejía. Considera el Tribunal que, teniendo en cuenta los hechos demostrados en el proceso, el señor Mejía fue víctima de una violación a su buen nombre y a su derecho de "Habeas data" en vista de que el general Ramírez Quintero director  de inteligencia del Ejército Nacional no estuvo dispuesto a rectificar la información errada sobre el señor Darío Antonio Mejía. Durante el proceso de primera instancia se pudo probar cómo, el oficio suministrado por la dirección de inteligencia militar al periódico El Espectador,  contenía  información falsa sobre  Darío Antonio Mejía y cómo los mecanismos utilizados por el Ejército para la obtención de dicha  información eran insuficientes y poco confiables. De acuerdo con esto, se debe admitir, dice el Tribunal, que "al señor Darío A. Mejía se le  vulneró y se le continuará vulnerando el derecho a su buen nombre que incuestionablemente adquirió cuando resolvió reinsertarse a la vida civil, hasta tanto no se rectifique y actualice la información que reposa en el organismo de seguridad del Estado". Se violó el derecho al buen nombre  por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército al no hacer claridad sobre el carácter de la información contenida en el documento enviado al Espectador, en el sentido de que se trataba de una versión entregada por "un informante" de  la cual no se deriva certeza. En cuanto a  la vulneración del derecho a la vida como consecuencia de las amenazas provenientes de la publicación en El Espectador, el Tribunal comparte lo dicho por el Juez Dieciséis Superior de Bogotá, en el sentido de que se trata sólo de una posibilidad, sin constituir una razón suficiente para estimar como probable que se atente contra la vida del impugnante y mucho menos contra la de sus familiares. Refiriéndose al señor Mejía agrega que "dada la condición de exmilitante de un grupo alzado en armas que con ocasión del proceso de paz adelantado con el Gobierno Nacional terminó dividido por lo menos en dos fracciones, bien difícil sería aceptar que un potencial atentado contra su vida tuviera como causa la noticia inserta en el periódico El Espectador del 27 de enero de 1992". Según el Tribunal, la amenaza debe ser probable, próxima e inminente de acuerdo con lo dicho por el profesor Jorge Arenas Salazar. Con base en la argumentación precedente, el Tribunal revoca el fallo del juez de primera instancia  en relación con el derecho al  buen nombre y a la rectificación y actualización de la información recogida por la Dirección de Inteligencia  del Ejército Nacional. Para tal efecto ordena proceder de la siguiente manera: a.- Oficia al brigadier General Iván Ramírez Quintero, para que dentro de cuarenta y ocho horas proceda a actualizar la información relacionada con el señor Darío Antonio Mejía con la documentación proveniente del Gobierno Nacional sobre los acuerdos de paz con el Ejército Popular de Liberación (EPL). b.- Ordena al director de inteligencia Brigadier Ramírez, que rectifique públicamente y frente a los organismos de seguridad del Estado la información que suministró al periódico El Espectador . Por último, el Tribunal estima que no hay lugar a la indemnización en favor del accionante puesto que la  violación de los derechos al buen nombre  y a la rectificación y actualización de información, no resultó de "una acción clara e indiscutiblemente arbitraria desplegada por el brigadier general Iván Ramírez Quintero en su calidad de director de inteligencia del Ejército Nacional, sino básicamente del desconocimiento que éste acusaba sobre la conducta verdaderamente cumplida por el señor Darío Antonio Mejía, a lo cual se unió el hecho de no  haber precisado y señalado las razones  por las cuales referenciaba al mencionado como integrante de la Dirección Nacional del EPL disidente" 5. Concepto de expertos. En desarrollo de la facultad consagrada en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991 y en vista de la importancia que revisten consideraciones estrictamente fácticas de tipo sociológico y policivo, el Magistrado Ponente consideró necesario solicitar el concepto de algunos expertos acerca de elementos de juicio propios del caso sometido a su consideración. Fue así como envió sendos cuestionarios el doctor Francisco de Roux, director del Centro de Investigación para la Educación Popular (CINEP) y el doctor Rodrigo Uprimny, abogado investigador de la Comisión Andina de Juristas. a. En el concepto del padre Francisco de Roux y presentado por Diego Pérez G. Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del CINEP, se hace una breve referencia al conflicto entre los desmovilizados del EPL y el grupo disidente. Esta información incluye un anexo compuesto por datos estadísticos en los que se muestra un panorama de la violencia originada por este conflicto. El informe continua con explicaciones adicionales, en las cuales se pone en evidencia la responsabilidad de otros grupos armados, especialmente paramilitares, en los asesinatos de desmovilizados. El experto señala su convicción acerca del peligro que representa este tipo de información en relación con la seguridad de las personas que han sido miembro de grupos guerrilleros. Concluye el informe del director del CINEP alertando sobre la gravedad de la información que proviene de los organismos de  seguridad del Estado, en la cual, en lugar de suponer la culpabilidad de las personas, ésta se afirma de manera categórica y sin mayor fundamento, violando así los derechos al buen nombre, a la honra y a la vida. b. El Doctor Uprimny relata en su informe las características de la disidencia del movimiento  guerrillero EPL y sus implicaciones en relación con la seguridad de los desmovilizados. Es de destacar en este punto, dice el experto, la confusión derivada de la participación que grupos paramilitares han tenido en asesinatos cometidos contra miembros del movimiento político Esperanza Paz y Libertad, encubriendo dicha acción bajo la autoría de la disidencia del EPL. En segundo término el doctor Uprimny se refiere a las implicaciones que trae para la seguridad personal el calificativo de guerrillero por parte de la Dirección de Inteligencia Militar. Su concepto incluye una serie de datos estadísticos y de casos específicos de los cuales se deduce una clara conexidad entre la acusación que alguien recibe de ser guerrillero o de estar vinculado con la guerrilla y su posterior asesinato. II.CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución política  y 31, 32, y 33 del decreto 2591 de 1991. El peticionario solicitó que se le tutelara el derecho a la vida consagrado en el artículo 11 de la Carta. Según  el señor Mejía, tal derecho se vió afectado por la situación de amenaza derivada de la publicación en el periódico El Espectador de una información falsa sobre su vinculación con la guerrilla. En opinión del Tribunal Superior de Bogotá la tutela no procede en este caso, porque no se trata de una verdadera amenaza, sino de una mera posibilidad que no constituye razón suficiente para considerar probable un atentado contra la vida del peticionario. Estima además que por ser el EPL un grupo alzado en armas ahora dividido en fracción desmovilizada y fracción disidente, "bien difícil sería aceptar que un potencial atentado contra su vida tuviera como causa la noticia inserta en el periódico El Espectador del 27 de agosto de 1992". En esta consideración se pueden diferenciar dos tipos de argumentos: el primero de ellos está relacionados con una evaluación de los supuestos fácticos del caso y la gravedad real de las amenazas que afectaron al señor Mejía. El segundo se refiere a los supuestos jurídicos del caso, en especial el alcance de la norma constitucional que protege el derecho fundamental a la vida. A continuación se analizarán estos dos aspectos. A. Los supuestos fácticos 1. Las amenazas contra el señor Darío A. Mejía. La situación del señor Mejía no puede ser considerada con independencia de las condiciones históricas y políticas que rodean el proceso de paz con el EPL y su propia desmovilización. Entre estas condiciones son relevantes por lo menos dos elementos: a) la violencia proveniente de la llamada "guerra sucia", y b) el monopolio legal del ejercicio de la fuerza por parte del Estado. En relación con lo primero, la historia colombiana de la última década es suficientemente elocuente. La perspectiva tradicional en el análisis de los factores de violencia, basada en la guerrilla y la delincuencia común, ha debido ser sustituida por un análisis más complejo en el cual deben incluirse elementos de análisis extraídos  de los grupos de autodefensa y los grupos paramilitares. Las causas de estos nuevos factores de violencia son bien conocidas: el poder económico del narcotráfico desestabilizó la situación socio-económica de las regiones localizadas en la frontera agrícola del país, por medio de la compra de tierras y del cultivo y tráfico de drogas. De la compra de tierras se derivó un enfrentamiento entre los movimientos guerrilleros que ejercían un poder determinante en dichas zonas y los nuevos grupos de autodefensa entrenados y pagados por los nuevos propietarios de  tierras. Como se sabe, este nuevo enfrentamiento armado fue escalando nuevos niveles de violencia hasta derivar en la creación de grupos paramilitares rurales y urbanos, que han hecho masacres y cometido asesinatos tristemente recordados por toda la nación. Este breve comentario conduce al análisis de la segunda condición relevante dentro de las circunstancias que rodearon la desmovilización del EPL; se trata de la enorme y creciente dispersión de la violencia en Colombia y del consecuente deterioro del monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. Desde luego, esta situación varía de manera diacrónica y sincrónica: no en todas las regiones, ni en todos los grupos sociales, ni en todos los tiempos, se produce un debilitamiento de estas proporciones. No obstante esta complejidad, el surgimiento y desarrollo de una "guerra sucia" en Colombia, causante de innumerables masacres, asesinatos y desapariciones, todo ello sumado al recrudecimiento del enfrentamiento guerrillero, a la extrema agravación  de la delincuencia común y a la incapacidad de las fuerzas del orden para controlar la situación por los canales de la legalidad, hacen que la sociedad colombiana se encuentre, de hecho, viviendo en una situación de riesgo permanente. La violencia en Colombia tiene el agravante de la  pluralidad de causas que la determinan y de la enorme dificultad para resolver los conflictos en beneficio del orden y de la estabilidad institucional. La multiplicidad de factores, causas y manifestaciones de nuestra violencia, determinan una situación de enfrentamiento de "todos contra todos"  en la cual cada una de las fuerzas  en armas defiende un espacio que se va reduciendo con la prolongación del enfrentamiento y con la atomización de los grupos. De aquí resulta una enorme inestabilidad en las relaciones sociales: la multiplicidad de sujetos y de grupos enfrentados proporciona una gran susceptibilidad a los actores en conflicto frente a las amenazas o las simples acciones o movimientos de los demás actores y, en consecuencia, hace más precaria la acción de las autoridades en su tarea de represión y mantenimiento del orden, por la dificultad de control de la situación y de sus propias fuerzas. 2. La situación de los desmovilizados del EPL. El movimiento político Esperanza Paz y Libertad (EPL), formado por los miembros del Ejército Popular de Liberación desmovilizados en marzo de 1991, ha sido objeto de una campaña de exterminio apenas comparable a la sufrida en años anteriores por el partido Unión Patriótica. De acuerdo con datos entregados por la Comisión de Superación de la Violencia(1), durante el primer año de actividades políticas del movimiento fueron asesinados 46 excombatientes y al cabo de dieciseis meses esta cifra ascendió, según datos proporcionados por el CINEP, a cien muertos. Si bien es cierta la existencia de un enfrentamiento con un grupo del EPL renuente a los acuerdos de paz, ésta no parece ser la única explicación de los asesinatos en dicho movimiento político. Según el CINEP, solo 2 de las 27 víctimas del   primer semestre de 1992 pueden ser atribuidos a la fracción disidente. En el informe rendido a esta Corte el Doctor Rodrigo Uprimny señala la importancia que tiene la explicación de los mismos desmovilizados cuando afirman que el enfrentamiento con la disidencia ha permitido la acción de grupos paramilitares los cuales se escudan en este conflicto para liquidarlos (fl. 2). De lo anterior se deriva una condición de inseguridad natural en la situación de los desmovilizados del EPL, que proviene del conflicto con el grupo guerrillero disidente, por un lado, y de la acción de otros grupos, probablemente paramilitares, empeñados en exterminar a los exguerrilleros, por el otro. Para los grupos paramilitares, que en un principio fueron creados como simples grupos de autodefensa y que posteriormente se convirtieron en organizaciones ofensivas, los movimientos políticos desmovilizados hacen parte del mismo objetivo militar que la guerrilla.  Los grupos paramilitares actuan en todos aquellos casos en los cuales ellos mismos sospechan una vinculación orgánica o personal entre movimientos políticos formados por exguerrilleros y la guerrilla.  En consecuencia, toda información que constituya un indicio de la existencia de dicha vinculación para tales organizaciones paramilitares, es de una importancia capital para determinar la seguridad de las personas desmovilizadas. En el caso del señor Darío Antonio Mejía, la información que lo vinculaba como miembro del grupo guerrillero EPL no acogido a los acuerdos de paz, información difundida por un medio de amplia circulación y con la autoridad y el respaldo del Ejército Nacional, ponía al señor Mejía en una evidente situación de peligro, dada la existencia de grupos paramilitares y su reconocida labor de exterminio de dirigentes políticos de izquierda. La argumentación del juzgado y del Tribunal sobre la ausencia de una verdadera amenaza contra el señor Darío Antonio Mejía es inaceptable tanto en la evaluación que hace de los hechos como en relación con el orden lógico de su razonamiento. En relación con lo primero, es decir, con la evaluación de la gravedad de la situación personal del señor Mejía, obran las consideraciones hechas en lo que precede. En cuanto a las razones expuestas, lo dicho por el Tribunal no corre con mejor fortuna a saber. "dada la condición de ex-militante de un grupo alzado en armas que con ocasión del proceso de paz adelantado con el Gobierno Nacional terminó dividido por lo menos en dos  fracciones, bien difícil sería aceptar que un potencial atentado contra su vida tuviera como causa  la noticia inserta en el periódico El Espectador del 27 de enero de 1992..." (expediente , folio 14). Según esto, la incertidumbre sobre los orígenes de un posible atentado son una razón que debilita la fuerza de la amenaza. En realidad, con semejante argumento, el Tribunal no hace otra cosa que confundir la amenaza contra la vida con el atentado contra la vida, o dicho en otros términos, la posibilidad de que algo ocurra con su ocurrencia misma. Entre lo uno y lo otro existe una  relación de probabilidad y no de necesidad. El hecho de que la consecuencia probable no se produzca, o no se produzca de la manera prevista, no invalida la presunción de probabilidad. Así por ejemplo, la probabilidad de lluvia que no se hace efectiva no desvirtúa el hecho de que dicha probabilidad existía. La verdad o la falsedad de lo probable, y la amenaza es una probabilidad, depende de los elementos de juicio fácticos que conducen a pensar, de manera razonable, en la ocurrencia de un hecho. B. La amenaza contra la vida en la Constitución 1. El carácter de la información militar. Como ya se dijo, la información falsa difundida en El Espectador sobre el señor Darío Antonio Mejía, fue proporcionada por el brigadier general Iván Ramírez Quintero Director de inteligencia del Ejército Nacional. Ahora bien, de acuerdo con la investigación realizada por el juez de instancia y por el Tribunal Superior de Bogotá, no hubo dolo por parte de dicho oficial, en la entrega de la información sino simple y llanamente descuido y desinformación. Así lo insinúa el mismo peticionario cuando en la diligencia de ampliación de querella iniciada por el juzgado Dieciséis  Superior de Bogotá, explica que, luego de conversar con el brigadier Ramírez Quintero sobre el caso, éste le respondió que "se trataba de un error que él mismo estaba dispuesto a rectificar al interior de los organismos de seguridad con una circular interna" (expediente, folio 34). Por su parte el Tribunal Superior de Bogotá  está de acuerdo con este supuesto cuando afirma que, "es claro para la Sala que la actuación cumplida por el señor director de Inteligencia del Ejército Nacional pudo haber estado revestida de muy buena fe, máxime si se tiene en cuenta que, como el propio señor Mejía Agudelo lo narra, el alto oficial del Ejército desconocía que éste se hubiese acogido al programa de reinserción (...). Sin embargo, esta  circunstancia solamente sirve para justificar el comportamiento del señor brigadier general Ramírez Quintero e impedir que su actuación pueda ser calificada  como una acción clara e indiscutiblemente arbitraria y ordenar la investigación correspondiente..." (expediente, folio, 12). Si bien la falta de intención dolosa en la actuación del brigadier general  Ramírez descarta toda consideración sobre la posibilidad de la configuración del delito de calumnia o de injuria, el simple relato de los hechos probados en el expediente denota omisión grave de su parte.  En efecto: no es fácil explicar el hecho de que el director nacional de inteligencia del Ejército nacional, quien debería ser la persona más informada del país en asuntos relacionados con la guerrilla, el proceso de paz y el orden público, no estuviera enterado de que el señor Darío Antonio Mejía, no sólo se acogió  a los acuerdos de paz, sino que, como consecuencia de ello, participó en la Asamblea Nacional Constituyente como uno de los delegatarios de la misma. Por eso sorprende que el Tribunal considere la falta de información sólo como una razón para justificar la buena fe del general Ramírez y haga caso omiso del cargo que desempeña y de la responsabilidad que de él se deriva en relación con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. 2. La constitucionalización concreta del ordenamiento nacional. Una despreocupación semejante por las responsabilidades de los funcionarios del Estado y la protección de los derechos fundamentales, tiene su origen en la ausencia de una  nueva perspectiva constitucional en la argumentación de los procesos de tutela que los jueces y tribunales realizan. Mientras el tema de los derechos fundamentales  no sea interpretado bajo una perspectiva constitucional, la acción de tutela se reducirá a un mecanismo adicional e insuficiente de protección y dejará de cumplir por lo menos uno de sus propósitos esenciales: el de constitucionalizar  todo el ordenamiento jurídico colombiano y, de esta manera, hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales de las personas. Es necesario que los jueces y tribunales tomen conciencia de que cuando se plantea la violación de un derecho fundamental por medio de un acción de tutela,  el parámetro esencial e inmediato de interpretación es el texto constitucional y no la legislación ordinaria vigente. En la adopción de este nuevo punto de vista, aparentemente simple y evidente, se encuentra la clave axiológica que determinó la adopción de la tutela como uno de puntos esenciales  de la constitución de 1991. La tutela de los derechos fundamentales, además de introducir una importante variación formal en la protección de los derechos fundamentales en la medida en que redujo radicalmente los plazos para la decisión judicial, impone una modificación sustancial y sin precedentes, al exigir de los jueces una interpretación de los derechos fundada en el texto constitucional y no simplemente en la confrontación con las normas del área jurídica dentro de la cual se plantea la violación. Si se analiza bajo la óptica constitucional el tema de las amenazas como resultado de información falsa, el concepto de la violación del derecho fundamental a la vida adquiere un sentido diferente, no percibido por  los jueces de tutela que resolvieron el caso. En efecto: mientras en derecho penal una amenaza contra la vida sólo se configura con la iniciación de la etapa ejecutiva del delito, en materia constitucional, la protección del derecho a la vida incluye en su núcleo conceptual la protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza con tal de que ella sea cierta. Una amenaza contra la vida puede tener niveles de gravedad diversos. Pueden ir desde la realización de actos que determinen un peligro adicional mínimo para alguien, hasta la realización de actos de los cuales se derive la inminencia de un atentado. Con independencia de la responsabilidad penal que se deduzca de cada una de estas situaciones, la constitución protege a las personas contra todos aquellos actos que pongan en peligro de manera objetiva la vida de las personas. El hecho de que el peligro sea menor no permite concluir una falta de protección. El Estatuto Fundamental protege el derecho a la vida y dicha protección tiene lugar cuando quiera que se afecte el goce del derecho, no importa el grado de afectación. Así sucede con la protección de todos los derechos fundamentales: una vez determinado el carácter fundamental del derecho y una vez establecida la violación, con independencia de su gravedad, aparece el derecho a la protección. Por ejemplo, la violación del derecho a la participación popular no depende del tamaño de la circunscripción electoral o de la importancia del asunto; tampoco el derecho a la libertad de expresión deja de ser violado cuando se trata censura parcial de las ideas o cuando la censura afecta ideas consideradas como banales o sin importancia. Así como el ejercicio de los derechos admite grados, su vulneración no siempre tiene lugar de manera plena y absoluta. El goce efectivo de los derechos conlleva limitaciones que provienen de la contradicción o de la neutralización entre varios derechos. El principio según el cual los derechos propios llegan hasta donde comienzan los derechos ajenos, refleja bien esta imposibilidad de goce absoluto. Pues bien, esta realidad que muestra un ejercicio limitado de los derechos se compadece con el hecho de que no se requiera una violación absoluta del derecho para que tenga lugar la protección del mismo. En síntesis, el análisis del Tribunal Superior de Bogotá no encuentra violación del derecho a la vida debido a que el criterio de violación que utiliza proviene exclusivamente de la racionalidad interna del derecho penal. Una perspectiva constitucional, en cambio, muestra bien cómo se vulnera el derecho fundamental a la vida por la realización de actos que ponen en peligro objetivo tal derecho, así el peligro no sea inminente. Estas consideraciones tienen respaldo en la idea de que el derecho penal reduce su ámbito de aplicación a una limitada cantidad de conductas típicas y antijurídicas a las cuales el Estado considera que se justifica la imposición de una sanción penal. Para el resto de violaciones el derecho ha consagrado soluciones alternativas, entre las cuales se encuentra precisamente la tutela para casos de violación de derechos fundamentales. 3.  La función constitucional de la inteligencia militar a.  La constitucionalización del derecho incluye obviamente las funciones y prácticas de los organismos del Estado. Esto es especialmente necesario y urgente en el caso de las oficinas de inteligencia militar.  La organización y funcionamiento de la seguridad del Estado colombiano ha obedecido con frecuencia a los principios y esquemas de la razón de Estado y en el mejor de los casos ha actuado de manera ajena e independiente a las exigencias del Estado social de derecho. Una de las manifestaciones más dramáticas de la falta de criterio profesional y constitucional y legal en el funcionamiento de la inteligencia militar, se presenta en el manejo de la información que reciben, procesan y entregan a la opinión estos organismos. Los procedimientos empleados en la búsqueda son a veces poco confiables. El  caso del ex-guerrillero Darío A. Mejía que ocupa a esta Corte, es un buen ejemplo de ello: la información no era verídica y completa, no obstante lo cual se hizo circular, violando con ello derechos del peticionario. Pero la gravedad de estos hechos no se limitan al ámbito de la eficiencia militar. La presentación asertiva de la información recogida por los organismos de inteligencia y la forma  descuidada como ella se distribuye a los medios de comunicación, ponen en peligro los derechos fundamentales de las personas. La trascendencia de estos aspectos ameritan algunas consideraciones adicionales de la Corte acerca del manejo de información de inteligencia. a.- La seguridad del Estado sólo puede ser entendida como una actividad reglada y mediatizada por propósitos independientes al aparato estatal mismo, puesto que su mira fundamental es la protección de los derechos de las personas.  Es un instrumento de protección individual y no un fin en si misma.  De acuerdo con este principio general, la labor realizada por los organismos de  inteligencia militar debe estar encaminada a  perseguir y poner a disposición de los jueces a los presuntos delincuentes. b) La  presunción de inocencia es un derecho fundamental consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 y en el artículo 248 de la Constitución Nacional. En consecuencia, toda información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe adoptar formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta de seguridad sobre la culpabilidad. Esta Corte se ha pronunciado al respecto en la sentencia T-444 de julio 7 de 1992 con ponencia de  del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, en la cual se dijo: "Los organismos de seguridad, pueden y deben contar con toda la información necesaria para el normal, adecuado, eficiente, legítimo  y democrático ejercicio de su función de servicio a la sociedad civil y defensa del orden público y de las instituciones. Pero, eso sí,  dichas instancias estatales no pueden difundir al exterior la información sobre una persona, salvo en el único evento de un "antecedente" penal o contravencional, el cual permite divulgar a  terceros la información oficial sobre una persona" ( fl. 21) c. Lo anterior no impide que los organismos de inteligencia realicen sus propias investigaciones. Pero lo harán sin vulnerar los derechos fundamentales tales como la intimidad, el buen nombre y la honra de las personas. Para tal efecto las investigaciones deben adelantarse bajo los estrictos lineamientos impuestos por el principio de la reserva. Así lo señala la sentencia de la Corte citada anteriormente: "...Luego el Estado debe guardar la absoluta reserva y dar a conocer al interesado sólo aquella parte que pueda conocer, actualizar o rectificar en virtud del artículo 15 de la Constitución (...) Y frente a terceros la reserva es total" . La labor que realicen los organismos encargados de llevar a cabo la investigación, no debe hacerse pública antes de la etapa de juzgamiento (...) por más importante que resulte el hallazgo hecho y mucho menos en "ruedas de prensa" realizadas a fin de explicar a la opinión pública  el método utilizado, o los resultados obtenidos o los presuntos infractores de la ley penal, pues este comportamiento viola el derecho al buen nombre, entorpece el desarrollo de la futura investigación penal y es un mecanismo de presión de un fallo anticipado" . d. Por consiguiente, los informes destinados a los medios de comunicación provenientes de los organismos de seguridad del Estado deben ser excepcionales y responder siempre a propósitos de seguridad bien precisos. Su divulgación no debe afectar los derechos fundamentales de las personas. Los datos de que disponen los organismos de inteligencia no pueden ser divulgados con criterios de mera información periodística. III. CONCLUSION Los supuestos fácticos y jurídicos del caso sub lite indican que hay una amenaza contra la vida del peticionario derivada de una información falsa e incompleta que organismos de inteligencia militar del Estado hicieron circular en forma irresponsable. Si bien es cierto que dicha amenaza constituye una probabilidad, no lo es menos que ella reune las características que la Constitución exige para proteger a las personas contra actos que pongan en peligro de manera objetiva su vida, sin que, por tanto, ella exija un grado específico de peligro o probabilidad. En consecuencia, esta Corte considera que hay méritos suficientes para otorgar la protección impetrada por el peticionario.  Advierte igualmente que la actividad de los organismos de inteligencia militar del Estado debe respetar los derechos constitucionales fundamentales de las personas, particularmente de la recolección, tratamiento y circulación de información. DECISION En mérito de lo anterior, la Sala Primera de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del Tribunal Superior de Bogotá -Sala Penal- proferida el día 10 de abril de 1992, mediante la cual concedió protección inmediata a los derechos del señor Darío Antonio Mejía al  buen nombre, a la rectificación y a la actualización de información de inteligencia militar que a él concierne. SEGUNDO: REVOCAR PARCIALMENTE la aludida providencia del Tribunal Superior de Bogotá, en el sentido de ORDENAR al Director General del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) que proceda a asumir la protección  inmediata del señor Darío Antonio Mejía y de su familia hasta cuando cesen los peligros contra su vida. TERCERO: Condenar en abstracto a la Nación -Ministerio de Defensa- al pago de los perjuicios causados al peticionario que liquiden las autoridades judiciales competentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 del Decreto 2591 de 1991. El Estado repetirá contra sus agentes en aplicación del artículo 90 de la Carta. CUARTO: En todos aquellos casos similares al presente, por sus hechos o circunstancias, siempre que con el incumplimiento la obligación de respetar el derecho al buen nombre, se ponga en peligro la vida de la persona, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. QUINTO: Ordenar al Ministerio de Defensa se sirva remitir copia de la presente providencia a todas las dependencias de inteligencia militar del país, así como a las guarniciones, cuarteles e instalaciones militares, con miras a que la doctrina constitucional en ella contenida sea divulgada y estudiada por los miembros de las Fuerzas Militares. SEXTO: ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia a la Sala Penal de Tribunal Superior de Bogotá en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese , cúmplase e insértese en la Gaceta Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Aclaración de voto- Sentencia aprobada por la sala  primera de revisión, en Santafé de Bogotá, a los días  del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Aclaración de voto a la Sentencia T-525 CORTE CONSTITUCIONAL/REVISION DE TUTELA-Alcance/DOCTRINA CONSTITUCIONAL-Alcance (Aclaración de voto) La función de la Corte Constitucional debe limitarse, en materia de acciones de tutela, a la revisión de las sentencias judiciales desde el punto de vista estrictamente constitucional y con razonamientos de índole jurídica. Los conceptos emitidos en la parte motiva de la providencia no pueden tener el carácter obligatorio que les atribuye el punto cuarto de la parte resolutiva. Esta cláusula debe aludir al sentido auxiliar de la doctrina constitucional para que se logre el objetivo de unificar la jurisprudencia pero sobre la base de que la decisión correspondiente surte efectos tan solo en el caso concreto materia del examen de la Corte. Expediente T-2755 Ponente: Magistrado CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá,D.C. dieciocho (18) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Entendiendo cabalmente las razones por las cuales, en virtud de informaciones inexactas, puede haber peligro para la vida del peticionario si se propaga la versión de que todavía pertenece a grupos guerrilleros, coincido con los demás miembros de la Sala en que cabía la tutela en el presente caso, para proteger el derecho fundamental por excelencia, que no es otro que el garantizado en el artículo 11 de la Constitución. Estimo sin embargo, que para llegar a esa conclusión, cuyos efectos jurídicos están claramente definidos en la propia Carta (artículo 86) y en el Decreto 2591 de 1991, no era necesario entrar en el análisis sobre sociología de la violencia contenido en la parte motiva de la sentencia. Estimo que muchos de los hechos y situaciones que tanto debate han suscitado durante los últimos años en Colombia no ofrecen todavía una suficiente claridad como para hacer afirmaciones generales o para lanzar juicios que serían más propios de otros organismos del Estado, como la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y los jueces penales, dentro de sus respectivas competencias, o de quienes, desde el punto de vista académico, se dedican al estudio de las causas y factores de la violencia en el país, pero que, pienso, no corresponden a la Corte Constitucional, cuya función debe limitarse, en materia de acciones de tutela, a la revisión de las sentencias judiciales desde el punto de vista estrictamente constitucional y con razonamientos de índole jurídica. Me parece, además que los conceptos emitidos en la parte motiva de la providencia no pueden tener el carácter obligatorio que les atribuye el punto cuarto de la parte resolutiva. A este respecto debe recordar, como tuve ocasión de manifestarlo en Sala, que esta cláusula debe aludir al sentido auxiliar de la doctrina constitucional para que se logre el objetivo de unificar la jurisprudencia pero sobre la base de que la decisión correspondiente surte efectos tan solo en el caso concreto materia del examen de la Corte, armonizando así lo dispuesto en los artículos 23 del Decreto 2067 de 1991 y 36 del Decreto 2591 del mismo año y dando cabal aplicación a los artículos 41 y 230 de la Constitución. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Comisión de Superación de la Violencia, Pacificar la Paz, UN, CINEP, CAJ, 1992, p. 98 y ss.

T-526-92 Sentencia No Sentencia No. T-526/92 PRINCIPIO DE LA BUENA FE-Reconocimiento de pensión La buena fé de la peticionaria al solicitar su pensión de jubilación, convencida de que el reconocimiento de su derecho era suficiente para la efectividad del mismo, se vio asaltada por problemas de índole presupuestal  que impidieron el pago de su pensión. Es indispensable que el Estado respalde la confianza de ciudadanos en el derecho y en las instituciones. El caso de la peticionaria, muestra claramente la importancia que tiene la efectividad del derecho en la búsqueda del propósito general de la legitimidad del poder y del derecho, una de cuyas manifestaciones es el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitucion. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL No siempre que se presenten varios mecanismos de defensa la tutela resulta improcedente. Es necesario, además, una ponderación de la eficacia de los mismos a partir de la cual se concluya que alguno de los otros medios existentes, es tan eficaz para la protección del derecho fundamental como la acción de tutela misma. Es necesario reiterar una vez más su pronunciamiento acerca de la eficacia equivalente que deben tener los medios alternativos de defensa judicial llamados a sustituir la tutela en el caso concreto, como instrumento de protección de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados. DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración/PENSION DE JUBILACION-Pago En el caso de los pensionados se está violando directamente el principio de igualdad, al restringir las posibilidades de hacer efectivo el pago de lo debido en caso de incumplimiento, para aquellos trabajadores vinculados con el Estado y no sometidos a un sistema de seguridad social especial.  Según dicho principio, el derecho fundamental al pago de la pensión de jubilación, no puede ser tratado de tal manera que implique una discriminación en relación con unos trabajadores. TUTELA: EXPEDIENTE  T- 2979 PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE SAN  GIL PETICIONARIO: ELVIA VERA BARRAGAN MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA   BARON La Sala primera de revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA en el  proceso de acción de tutela instaurado por Elvia Vero Barragán contra el Director del Hospital Regional de San Juan de Dios y que fuera resuelto en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil. I. ANTECEDENTES A. La acción 1. Los hechos La señora Elvia Vera, cumplió veintiseis años de servicio en el Hospital Regional de San Juan de Dios de San Gil y como consecuencia de ello adquirió derecho a obtener su pensión de jubilación. Relata la peticionaria  los siguientes hechos:  el 9 de Agosto de 1991 solicitó al Director  del Hospital San Juan de Dios de San Gil  la autorización de su pensión de jubilación. El 5 de febrero se le informa que su petición es aceptada y se le solicita su renuncia al cargo de ayudante de enfermería, la cual presenta el 22 de noviembre del mismo año y pide que se le empiece a pagar a partir del 31 de diciembre. El Servicio Seccional de Salud de Santander, luego de diligencias adelantadas por la peticionaria, dió el visto bueno a la solicitud. No obstante lo anterior,  el 27 de marzo de 1992, la peticionaria recibe  respuesta en la cual se le informa que su pensión no ha sido aprobada debido a la circunstancia de que "no existe disponibilidad presupuestal  en la presente vigencia para hacer dicho pago". Dice la peticionaria que las directivas del Hospital Regional San Juan de Dios conocían la situación institucional al aprobar su solicitud de jubilación y debieron haberle advertido de la imposibilidad de hacer efectivo el pago de la pensión, caso en el cual ella habría desistido de su solicitud y habría seguido laborando. Dice además la peticionaria que la función del Servicio Seccional de Salud se limita, en el caso de los "empleados de pago directo", al cual ella pertenece, a otorgar el visto bueno a la solicitud de jubilación, lo cual hizo, y que, en consecuencia, no existe excusa para que el hospital no pague. La falta de asignación presupuestal, dice la señora Elvia Vero, no es razón para negar su pensión legalmente adquirida. De hecho, continúa, el hospital ha pagado pensiones anteriormente en similar situación presupuestal. La peticionaria manifiesta su preocupación en el sentido de tener que esperar hasta 1993 para obtener su pensión si no se afecta inmediatamente el presupuesto del hospital del presente año y que esto tendría consecuencias nefastas para ella y para su familia debido a que dependen de su salario.  Dice además la peticionaria que son muy pocas las posibilidades que tiene de encontrar trabajo en otra institución y que no tiene renta o negocio alguno. 2. Fundamentos de la acción. Con base en los hechos anotados la señora Elvia Vera solicita lo siguiente: 1) la cancelación inmediata a su favor de su pensión de jubilación del mes de abril; 2) la cancelación inmediata a su favor de la suma de dinero correspondiente a la pensión no pagada de los meses enero, febrero y marzo de 1992, y 3) la cancelación futura y cumplida de su pensión. Como fundamento jurídico de su petición la señora Elvia Vero menciona los artículos 25, 53 incisos dos y tres, 13, 43, 46 y 48 de la Constitucion Nacional. 3. Sentencia de primera instancia Le correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de San Gil la decisión de primera instancia de la acción de tutela. El juez, luego de hacer algunas consideraciones generales sobre la tutela, se ocupa de las circunstancias específicas del caso y afirma suscintamente que los hechos están probados y que, en efecto, la peticionaria adquirió el derecho a la pensión de jubilación mediante resolución 981 emanada del director del Hospital de San Juan de Dios de San Gil, en la cual se ordena el pago de 149.930,00 pesos mensuales a la peticionaria por concepto de pensión de jubilación partir de enero de 1992. Sin embargo el Juez niega la acción de tutela considerando que existe la acción ejecutiva laboral como otro mecanismos de defensa judicial. En estos casos, dice, no se aplica la excepción consagrada en el artículo 6 del decreto 2591, pues la acción no se instaura como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. 3. Sentencia de segunda instancia. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito judicial de San Gil conoció de la segunda instancia y en ella reconoce el derecho de la peticionaria a la pensión de jubilación a partir del mes de enero de 1992, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución 981 emanada del director del Hospital Regional San Juan de Dios, con visto bueno de la oficina de presupuesto y control del servicio de salud de Santander. Según el Tribunal, la falta de pago de la pensión a la señora Galeano Porras no viola el artículo 25 de la Constitucion Nacional en donde se consagra el trabajo como un derecho, sino una obligación de orden laboral que consiste en el pago de una prestación reconocida. De acuerdo con esto, el demandante puede acudir  "al cobro ejecutivo sobre los recursos y rentas de bienes propios que tenga el hospital y no tengan el carácter de inembargables". (expediente folio 7). CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitucion política  y 31, 32, y 33 del decreto 2591 de 1991. 1. El carácter fundamental de la pensión de jubilación En las consideraciones hechas por el juez de circuito y por el Tribunal Superior, el derecho a la pensión de jubilación no aparece como fundamental. Este es uno de los argumentos de fondo que ambos falladores tuvieron para negar la tutela. En relación con este tema, la Corte constitucional se ha pronunciado en varias ocasiones a través de sentencias provenientes de diferentes salas de revisión de tutela, de las cuales se desprende una clara y contundente afirmación sobre el carácter fundamental de la pensión. Así  por ejemplo, la Sala Séptima de Revisión se ha referido al tema de la pensión de  jubilación, señalando que, si bien este derecho está consagrado en el artículo 48 de la Constitucion, dentro del capítulo de los derechos económicos, sociales y culturales, ello no significa que se trate de una norma programática de desarrollo progresivo por parte del legislador: "La seguridad social - dice la sentencia-  que se reclama mediante  el reconocimiento de la pensión de vejez, no puede verse como algo independiente o desligado de la protección al trabajo, el cual es garantizado de manera especial en la Constitucion, por considerar que es un principio fundante del Estado social de derecho que ella organiza. Como el derecho controvertido nace y se consolida ligado a una relación laboral, en cuyo desarrollo la persona cumplió los requisitos de modo, tiempo de cotización y edad a los cuales se condicionó su nacimiento es necesariamente derivación  del derecho al trabajo. (...) De esta manera la defensa del trabajo apareja protección de la seguridad social que de él dimana por ser la pensión de vejez una prestación a largo plazo que cubre al trabajador en el curso de su relación laboral y que al decir de KROTOCHIN constituye "salario diferido" que se cobra periódicamente una vez se satisfacen las exigencias legales1. En otra sentencia de la misma  Sala y también con ponencia de Magistrado Sanín2, se hace referencia al carácter fundamental de  la pensión de invalidez, como consecuencia de su derivación directa e inmediata del derecho fundamental al trabajo. Al respecto dice la mencionada providencia: En cuanto al derecho al trabajo (Preámbulo y arts. 1, 25, 26, 39, 53, 55 y 56 C.N.) que es sin la menor duda un derecho fundamental, basta decir para los propósitos de este fallo que él da lugar a una serie de prestaciones  que se reflejan en la seguridad social, pero que en este caso, ésta, por ser derivación directa e inmediata del trabajo, no es la seguridad  social genérica y programáticamente universal de que trata el artículo 48 ibidem y de cuyo carácter como derecho fundamental puede dudarse. La pensión de invalidez de que trata este asunto, aunque está enmarcada dentro del régimen de la seguridad social -específica y concreta, como se ha dicho- es resultado directo e inmediato del trabajo y, como éste, es derecho fundamental y merece  especial protección del Estado" Sobre el mismo tema y en el mismo sentido la Sala Segunda de Revisión, ha dicho lo siguiente: El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitucion como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido en forma genérica en el artículo 48 de la Constitucion, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (CP art. 46 inc. 2), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (CP art. 11), y la dignidad humana (CP art. 1), la integridad física y moral (CP art. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) de las personas de la tercera edad (CP art. 46)"3 . 2. La efectividad de los derechos y la buena fe El derecho sólo tiene sentido como discurso normativo capaz de determinar y encauzar la realidad social. En esta tarea las normas jurídicas no siempre tienen éxito; múltiples factores pueden hacer de las normas postulados intrascendentes. Sin embargo, esta falta de eficacia jurídica, conocida como la brecha o la disociación entre el derecho y la realidad, debe ser entendida por el derecho como una disfunción contra la cual hay que luchar de manera permanente, es decir, como una falla que debe ser corregida. En el Estado social de derecho existe una preocupación especial por la efectividad de los derechos. Tiene su origen en la consagración de una serie de derechos individuales que no dependen, como sucedía en el Estado liberal clásico, simplemente de la abstención del Estado en relación con ciertas conductas, sino de la participación activa del Estado en sus obligaciones de hacer y de dar. Las obligaciones de hacer en el derecho privado están ampliamente protegidas por medio de una gran variedad de acciones a disposición de quien no ha recibido la prestación debida. En el derecho público la adopción de este criterio de exigibilidad ha sido más lento, debido principalmente  a que las obligaciones de prestación por parte del Estado tienen origen reciente. Como resultado de esta transformación, en el derecho administrativo se ha consolidado hoy plenamente la idea de que el Estado tiene una responsabilidad extracontractual frente a las personas. Ahora bien, en derecho público como en derecho privado, la efectividad de las obligaciones sólo se logra si existen los mecanismos judiciales necesarios para que los individuos puedan exigir tales conductas por parte del Estado. De lo contrario, el derecho se convierte en una mera proclamación de propósitos que nadie asume como propios. En el caso de los derechos constitucionales fundamentales se ha establecido la tutela con el fin de hacer efectivos los derechos de manera pronta y adecuada. La acción de tutela es la respuesta instrumental al propósito del constitucionalismo contemporáneo, según el cual las personas deben gozar efectivamente de sus derechos fundamentales. Este propósito se traduce en una serie de normas constitucionales. Es el caso del artículo segundo que consagra la efectividad del derecho como uno de los fines del Estado; del artículo cuarto que establece el carácter normativo de la Constitucion; del artículo quinto sobre la primacía de los derechos inalienables de la persona; del artículo ochenta y seis que consagra la acción de tutela como un mecanismo de protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales y del artículo ochenta y cuatro sobre la prohibición de exigir requisitos adicionales sobre derechos reglamentados de manera general. Por otra parte, es importante tener en cuenta la buena fé de la señora Vera Barragán. Dice la peticionaria que de haber sido advertida acerca de la imposibilidad de hacer efectivo el pago de la pensión,  habría desistido de su solicitud y habría seguido laborando. Se presenta aquí un caso dramático de buena fe derivada de la confianza en el derecho y en los mecanismos institucionales que los  hacen efectivos. En este caso concreto la buena fe de la peticionaria al solicitar su pensión de jubilación, convencida de que el reconocimiento de su derecho era suficiente para la efectividad del mismo, se vio asaltada por problemas de índole presupuestal  que impidieron el pago de su pensión. Ningún Estado puede pretender que las personas desconfíen de  la efectividad de las normas jurídicas a la hora de exigir sus derechos.  Es indispensable que el Estado respalde la confianza de ciudadanos en el derecho y en las instituciones. El caso de la peticionaria, muestra claramente la importancia que tiene la efectividad del derecho en la búsqueda del propósito general de la legitimidad del poder y del derecho, una de cuyas manifestaciones es el principio de buena fe consagrado en el artículo 83 de la Constitucion. 3. El otro medio de defensa judicial. Otro de los argumentos del Tribunal Superior de San Gil y del juez de circuito consiste en afirmar que existen otros mecanismos de defensa y que, en consecuencia, la acción de tutela no procede, tal como lo dispone el artículo sexto del decreto 2591 de 1991. Según el Tribunal la vía procedente para obtener la protección del derecho indiscutiblemente violado, es la acción ejecutiva laboral sobre los recursos y rentas de bienes propios que tenga el hospital San Juan de Dios y que no tengan el carácter de inembargables. De otra parte, el concepto de "existencia del otro medio de defensa" ha sido reiteradamente explicado por esta Corte, en el sentido de que no siempre que se presenten varios mecanismos de defensa la tutela resulta improcedente. Es necesario, además, una ponderación de la eficacia de los mismos a partir de la cual se concluya que alguno de los otros medios existentes, es tan eficaz para la protección del derecho fundamental como la acción de tutela misma. Esta Corte estima necesario reiterar una vez más su pronunciamiento acerca de la eficacia equivalente que deben tener los medios alternativos de defensa judicial llamados a sustituir la tutela en el caso concreto, como instrumento de protección de los derechos constitucionales fundamentales vulnerados. "es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que, por su naturaleza, tiene la acción de tutela. De no ser así, se estaría haciendo simplemente una burda y mecánica exégesis de la norma, en abierta contradicción con los principios vigentes en materia de efectividad de los derechos y con desconocimiento absoluto del querer expreso del Constituyente. En otros términos, en virtud de lo dispuesto por la Carta del 91, no hay duda que "el otro medio de defensa judicial"  a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata.  No basta, pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela4 . En el caso de las pensiones de jubilación, la acción ejecutiva laboral ha resultado inoperante para la defensa de los derechos de los pensionados, debido a la existencia de la norma legal que prohibe la inembargabilidad de los bienes y rentas del presupuesto. La total improcedencia de los argumentos sobre el "otro mecanismo de defensa" de los jueces de tutela que resolvieron el caso de la señora Vera Barragán, proviene de una estrecha concepción  procedimentalista y privatista que contradice la voluntad del constituyente. 4. El derecho a la igualdad. El principio de igualdad es una de las fuentes normativas más importantes de protección de los derechos de las personas y debido a ello ha dado lugar a una amplia jurisprudencia en todos los regímenes constitucionales occidentales, que se extiende desde la clásica concepción formalista según la cual los hombres son iguales ante la ley, hasta la concepción contemporánea que predica y exige la promoción de las condiciones para el logro de una igualdad real y efectiva (art.13 inciso 2 CN). El actual principio de igualdad ha retomado la vieja idea aristotélica de justicia, según la cual los casos iguales deben ser tratados de la misma manera y los casos diferentes de diferente manera. Así, salvo que argumentos razonables exijan otro tipo de solución, la regulación diferenciada de supuestos iguales es tan violatoria del principio de igualdad como la regulación igualada de supuestos diferentes. En el caso de los pensionados se está violando directamente el principio de igualdad, al restringir de manera dramática las posibilidades de hacer efectivo el pago de lo debido en caso de incumplimiento, para aquellos trabajadores vinculados con el Estado y no sometidos a un sistema de seguridad social especial.  Según dicho principio, el derecho fundamental al pago de la pensión de jubilación, no puede ser tratado de tal manera que implique una discriminación en relación con unos trabajadores. El principio de igualdad consagrado en la Constitución obliga no sólo  al tratamiento igual de los casos iguales y diferente de los casos diferentes, sino también a la protección especial  de todas aquellas personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta, con el propósito de hacer de la igualdad un postulado con eficacia real. Dicho esto por la Constitucion, el juez de tutela no puede ser indiferente frente a la situación de los pensionados y no puede dejar de considerar las condiciones específicas de debilidad en las que se encuentran las personas de la tercera edad y la protección especial que la Constitucion y los convenios internacionales les conceden  en el artículo 46. III. Conclusión Hechas las consideraciones anteriores sólo resta exponer una breve conclusión: de la relación entre el análisis de los supuestos normativos y  fácticos, se deduce claramente, la procedencia de la tutela. En efecto de los primeros se infiere que: 1. El derecho a la pensión de jubilación es fundamental debido a su derivación directa del salario y del trabajo, consagrado este último como derecho fundamental en el artículo 25 de la Carta. 2.  El derecho a ser tratado en condiciones de igualdad es un derecho fundamental definido en la Constitución en el artículo 13. 3. La efectividad de los derechos y en especial de los derechos fundamentales es una preocupación constante en la Carta y en ningún caso puede ser limitada o anulada por razones de orden administrativo o procedimental. 4. La Constitución preve una especial protección para las personas de la tercera edad en su artículo 46. 5. Las actuaciones de los particulares se presumen de buena fé según el artículo  83 de la Constitución nacional. En cuanto a los supuestos fácticos es claro que: 1. La señora Vera Barragán obtuvo derecho a la pensión de jubilación y sin embargo, por razones de orden presupuestal, no se le pagó lo debido por este derecho. 2. Esta situación pone en clara desventaja a los pensionados de ciertas instituciones oficiales en relación con otros pensionados, al  permitir que un mismo derecho tenga efectos y tratamientos diferentes.  Pero ella, es aún más dramática si se tiene en cuenta que se trata de los derechos de personas de la tercera edad, que por lo general se encuentran en situación de desprotección. Con el  no pago de su pensión de jubilación, a la señora Vera Barragán se le violaron sus derechos fundamentales al trabajo y a la  igualdad. IV.  DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el 8 de Mayo de 1992 por el  Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil en el proceso de tutela promovido por Elvia Vero Barragán contra el Director Regional del Hospital de San Juan de Dios de San Gil. SEGUNDO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, ORDENAR al  director del Hospital Regional San Juan de Dios la cancelación inmediata de toda suma de dinero debida a la peticionaria por concepto de las mesadas de su pensión de jubilación causadas hasta la fecha, así como el pago oportuno de las mismas en el futuro. TERCERO.- En todos aquellos casos similares al presente, por sus hechos o circunstancias, siempre que se incumpla la obligación de pagar oportunamente las mesadas causadas de pensiones de jubilación, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1.991. CUARTO.- Ordenar que por Secretaría se comunique esta providencia a la Sala Civil del Tribunal del Distrito Judicial de San Gil en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1.991. Notifíquese, comuníquese , cúmplase e insértese en la Gaceta constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Sentencia aprobada por la sala  primera de revisión, en  Santa Fé de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de  Septiembre de mil novecientos noventa y dos . 1 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. 453 de la Sala Séptima de Revisión, p. 8. 2  Cfr. Corte Constitucional. Sentencia  T-481 Sala Séptima de Revisión 3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. 426 Sala Séptima de Revisión. Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. 414. Sala Primera de Revisión. p. 14.

T-527-92 Sentencia No Sentencia No. T-527/92 ACCION DE TUTELA-Naturaleza/ DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA La Acción de Tutela como mecanismo protector de los Derechos Constitucionales Fundamentales tiene un evidente carácter subsidiario y residual, como que no procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El carácter programático de la "especial asistencia y protección" que el Estado debe brindar durante el embarazo y después del parto; así como la ubicación de la norma contentiva de este predicado (Art. 43) dentro del Capítulo 2 del Título II referente a los derechos sociales, económicos y culturales, indican perfectamente el carácter no fundamental del derecho que se pretende hacer valer, y por ende, la improcedencia de la Acción de Tutela en el caso concreto que se examina. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/PERJUICIO IRREMEDIABLE El perjuicio irremediable, no se configura, conclusión a la que es posible arribar al examinar el artículo 1o. del Decreto 306 de 1992, según el cual no se considera de esa clase el perjuicio cuando el interesado puede solicitar a la autoridad "que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de disposiciones como las siguientes: a-  Orden de reintegro ..." que es justamente lo que solicita la actora. Sala de Revisión No. 5 REF:  Expediente No. T-2585 Actor: FANNY GUZMAN HERRERA Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., Septiembre dieciocho (18) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, decide mediante sentencia el asunto de la referencia, en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: ANTECEDENTES FANNY GUZMAN HERRERA, obrando en nombre propio, presentó Acción de Tutela en contra del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, para que se ordene a su Director "Que se me reintegre al cargo de Jefe de Sección grado 14, que desempeñé hasta el día 11 de marzo de 1992 y del cual fuí desvinculada mediante resolución número 0539 de esa fecha, emanada de la Jefe de División de Personal del Departamento Administrativo de Seguridad, decisión que fue adoptada con violación de las garantías sociales del debido proceso" y expone como fundamentos de su petición, las razones de hecho y de derecho que se resumen a continuación: -  Que mediante memorando "del 11 de marzo de 1992, la Jefe de División de Personal del Departamento Administrativo de Seguridad, me informó que mediante Resolución número 0539 del 10 de marzo de 1992, cuyo texto desconozco, emanada de esa misma Dirección, se me declaró insubsistente del cargo de JEFE DE SECCION Grado 14 que venía desempeñando desde el 3 de abril de 1991, según resolución número 1272 de esa fecha." -  Que "contra la referida decisión, y de conformidad con lo previsto en el Código Contencioso Administrativo procedía el recurso de reposición, el cual no fue interpuesto por la suscrita debido a que no contó con la copia de la resolución a efectos de analizar los motivos de la insubsistencia para fundamentar la inconformidad." -  Afirma la accionante que la decisión controvertida constituye una manifiesta violación del principio constitucional del debido proceso contemplado en el artículo 29 de la Constitución Política, norma que "es explícita al indicar que el debido proceso se debe aplicar a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, lo cual implica la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio". -  Considera que en su caso, el debido proceso no se aplicó, ya que "por estar desempeñando el cargo de JEFE DE SECCION Grado 14  yo pertenecía al grupo de los empleados sometidos al régimen ordinario de carrera del Departamento Administrativo de Seguridad conforme al Art. 7o. del Decreto 1932 de 1989". -  Agrega que "aún cuando el cargo me fue asignado en provisionalidad, adquirí la propiedad del mismo por haber transcurrido más de ocho (8) meses sin que se abriera el concurso para esa (sic) cargo ni se proveyera el mismo con persona diferente por el sistema de mérito, conforme al Art. 7 del decreto 2147 de 1989...". -  En sentir de la accionante "conforme al Decreto 2147 de Septiembre 19 de 1989, en su artículo 42, sólo podía ser desvinculada del servicio por las causales indicadas en el Artículo 33 del decreto 2146 de 1989 y según el procedimiento del artículo 44...". -  Que "según la información que tengo respecto de la resolución número 0539 del 10 de Marzo/92 ella no fue motivada, de tal manera que debió antecederle LA EVALUACION PREVIA DE LA COMISION DE PERSONAL EN LA QUE APAREZCA QUE ES INCONVENIENTE MI PERMANENCIA EN EL DEPARTAMENTO.  Esa evaluación previa jamás existió, lo que significa que se incumplió con el literal d) del artículo 44 del mencionado decreto 2147/89", con lo cual, "se violó el debido proceso, afectando en esa forma el principio constitucional consagrado en el Artículo 29 de la Carta". -  Según la accionante la resolución referida violó el artículo 43 de la Constitución Nacional, disposición que "protege mis derechos de trabajadora en estado de embarazo", estado de gravidez que "para el momento de la declaratoria de insubsistencia era conocido no solamente por mi jefe inmediato, y toda la División con la que trabajé, sino oficialmente por el Departamento Administrativo de Seguridad por intermedio del médico especialmente asignado por esa Entidad para la atención de sus empleados, profesional al cual acudí en 20 de enero de 1991 y persona que certificará que en mi historia clínica aparece la consulta referida".  Manifiesta que también la Caja Nacional de Previsión Social "guarda mi historia clínica y en ella el registro de mi embarazo con antelación a la resolución que me desvincula del Departamento Administrativo de Seguridad". -  Estima la accionante que la Acción de Tutela procede como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, por cuanto "a pesar de estar sometida para este evento a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo no me es posible acudir a ellas por no haber agotado la vía gubernativa obligatoria en este caso y consistente en los recursos de reposición y apelación consagrados en ese ordenamiento", razón por la cual, "el perjuicio que me irroga la decisión impugnada sólo puede ser reparado mediante el pago de una indemnización decretada por la Jurisdicción Contencioso Administrativa y previo el trámite de un proceso ordinario circunstancia prevista en el Num. 1o. del Art. 6o. del Decreto 2591 de 1991, para que proceda la Acción de Tutela." LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá mediante providencia de abril veintiuno (21) de mil novecientos noventa y dos (1992) resuelve "DENEGAR la Acción de Tutela formulada por la señora FANNY GUZMAN HERRERA contra el Departamento Administrativo de Seguridad, con base en las consideraciones que se transcriben: -  "Aún cuando en el libelo demandatorio no se cita la norma infringida, de los hechos expuestos se puede deducir que la norma constitucional violada es la del trabajo que se halla consagrada en el art. 25." -  "Tenemos entonces que lo que se pretende a través de la Acción de Tutela por parte de la accionante, es que sea reintegrada al cargo que ocupaba en el Departamento Administrativo de Seguridad (D.A.S)." -  "Sinembargo, la acción demandada no prosperará, como quiera que la señora FANNY GUZMAN HERRERA puede solicitar a la autoridad judicial competente, esto es, mediante un proceso Contencioso Administrativo, la orden de reintegro solicitada como lo dispone el art. 1o. del Decreto 306 de Febrero 19 de 1992." CONSIDERACIONES DE LA SALA a)  La Competencia. Es competente la Corte Constitucional -Sala de Revisión de Tutelas- para conocer de la presente acción, con base en lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política y los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. b)  La Materia Reconoce el artículo primero de la Constitución Política el carácter pluralista como rasgo característico, esencial del Estado Colombiano. La Nueva Carta ha dado expresión normativa a una realidad sociológica latente en el mundo contemporáneo, realidad que, en punto a precisar el sentido del pluralismo, se desdobla en dos dimensiones; una de ellas muestra la insospechada variedad de opiniones que coexisten en el seno de la sociedad.  Ante la imposibilidad e inconveniencia de imponer una sola orientación, que, sin discusiones de ninguna índole deba ser acogida por todos los asociados, el Estado democrático permite y favorece la expresión y difusión de esa diversidad de creencias con múltiples matices, opiniones o concepciones del mundo.  Dentro de la segunda dimensión, se observa la atribución del ejercicio de los poderes públicos a diversas organizaciones estatales, que guardan entre sí la debida correspondencia y armonía, y a la vez permiten el acercamiento del Estado a los diferentes grupos en que el hombre desarrolla su actividad cotidiana y a los cuales pertenece, ya en razón de vínculos naturales, ora porque se ha afiliado a ellos. De ahí surge el reconocimiento de los grupos e instituciones sociales que se erigen en comunidades intermedias entre el individuo y el Estado. Las dos facetas que se han expuesto confluyen para integrar el significado del pluralismo y ambas encuentran amplios desarrollos en el texto constitucional. Así por ejemplo, la primera vertiente, doctrinariamente denominada pluralismo ideológico, se refleja en la consagración de la libertad de expresión (Artículo 20 de la C.N.), la libertad de cultos (Artículo 19 de la C.N.), las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra (Artículo 27 de la C.N.), entre otras; al paso que de la segunda, conocida como pluralismo institucional, se advierten expresiones muy concretas, exempli gratia, en el reconocimiento y protección que el Estado brinda a la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana y a las lenguas y dialectos de los grupos étnicos que son oficiales en los respectivos territorios (Artículo 7 y 10 de la C.N. respectivamente); en la igualdad ante la Ley de todas las confesiones religiosas e iglesias (Artículo 19 inc. 2 C.N.); en la posibilidad de organizarse en Colegios, establecida para las profesiones legalmente reconocidas (Art. 26 C.N.); en la garantía del derecho de libre asociación (Art. 38 C.N.); en la consagración del derecho a constituir sindicatos o asociaciones (Art. 39 C.N.); en el derecho a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas (Art. 40-3 y 107 de la C.N.); en la posibilidad de fundar establecimientos educativos y en el reconocimiento de la autonomía universitaria (Arts. 68 y 69 de la C.N.); en la consagración de un número plural de entidades territoriales (Art. 268), etc.. Ahora bien, una tendencia del constitucionalismo moderno, que compagina perfectamente con el pluralismo institucional, es el reconocimiento de derechos a grupos y organizaciones, configurando, en la práctica, varias modalidades de titulares colectivos; dentro de los cuales se cuentan sindicatos, partidos políticos, agremiaciones profesionales, instituciones académicas, etc.; tendencia esta que ha convertido también a la familia, en titular de derechos y en objeto de especial protección; así, el artículo 5 de la Carta señala que el Estado ampara a la familia como institución básica de la sociedad, proposición reiterada en el artículo 42 que, además, se refiere a la honra, la dignidad y la intimidad de la familia como derechos inviolables, sienta las bases de las relaciones familiares "en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes" y proscribe cualquier forma de violencia que altere o destruya su armonía y unidad. Simultáneamente al otorgamiento de derechos, aparece en algunas normas constitucionales la atribución de precisos deberes a la familia; así pues, en concurrencia con la sociedad y el Estado se le encomienda "la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos" (artículo 44 C.N.); en las mismas condiciones se la encarga de la protección y asistencia de las personas de la tercera edad y de promover su integración a la vida activa y comunitaria (Artículo 46 C.N.). Frente a la consagración de derechos y deberes en favor y cargo de titulares colectivos, se ha impuesto una tendencia, no totalmente divorciada de aquella, orientada al reconocimiento de derechos y atribución de deberes a individuos que forman parte de ciertos sectores sociales identificables a partir de presupuestos tales como la específica situación jurídica en que se encuentran, el sexo, las sucesivas etapas de la vida.  No se trata de derechos o deberes contemplados en abstracto para todas las personas, sino dirigidos a los individuos que en determinado momento se hallan encuadrados dentro de una especial categoría verbi gratia, mujer, niño, adolescente, anciano. Sin embargo, es posible establecer contactos entre ambas tendencias: la atribución a la familia, como titular colectivo, de deberes encaminados a la protección de niños y de ancianos, que la Sala ha reseñado más arriba, es elemento suficiente de persuasión que demuestra cómo resulta imposible analizar la familia en cuanto a sus derechos y deberes sin coordinarlos con el contenido de los derechos y deberes de cada uno de sus miembros, individualmente considerados, trátese del niño, del joven,  o de la mujer en su papel, de esposa y madre. Así lo entendió el Constituyente al consagrar derechos y deberes de la familia (Art. 42 C.N.) y también de los niños (Art. 44 C.N.), de los adolescentes (Art.45), de las personas de la tercera edad (Art. 46 C.N.), de la mujer (Art. 43 C.N.). Lo anterior no quiere significar que para ejercitar o reclamar los derechos reconocidos en favor de los niños, adolescentes, ancianos o mujeres, sea condición indispensable o sine qua non pertenecer a una familia. Una interpretación de tal tipo conduciría a la negación inevitable de esas prerrogativas a personas abandonadas o expósitas; simplemente, la Sala pretende relievar la inter-relación existente entre la familia y sus distintos integrantes y ubicándose dentro de esa perspectiva, destacar como núcleo básico de la organización familiar a la pareja que tiene iguales derechos y deberes, "decide libre y responsablemente el número de sus hijos y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos (Art. 42 C.N.).  Por las especiales circunstancias, propias del peculiar desenvolvimiento histórico a que ha asistido Colombia, circunstancias a las que más adelante se aludirá con mayor detalle, ese reconocimiento de la paridad de derechos y deberes entre el hombre y la mujer denota una revalorización del papel de esta última, en todos los ámbitos de la vida social y especialmente en su condición de esposa y madre. En su acepción más simple el término mujer, comprende a toda persona de sexo femenino, cualquiera que sea su edad o nacionalidad, casada o nó, integrada o no a una familia.  Las urgencias del mundo moderno han llevado a la mujer a asumir un rol multifuncional, situación a la que no son ajenas las previsiones constitucionales en las que es posible detectar reconocimiento de derechos o contemplación de mecanismos protectores,  según se trate de la mujer grávida, de la mujer trabajadora, de la mujer cabeza de familia, de la mujer desempleada o desamparada, en fin, de la mujer esposa y madre; papeles no separados o escíndidos sino que se superponen y se implican recíprocamente.  La Constitución Colombiana establece en su artículo 13 que "todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades, oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo ..." (Se subraya); el artículo 43 señala: "Artículo 43.  La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada. "El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia." Asimismo, para la mujer trabajadora el artículo 53 de la Carta prevé que el estatuto de trabajo que expida el Congreso de la República, deberá tener en cuenta, entre otros principios mínimos, la protección especial a la mujer y a la maternidad. Disposiciones de similar contenido se hallan en variados instrumentos internacionales y en constituciones de otros Estados; el Convenio 3 de 1919, revisado por el artículo 103 de 1952, emanado de la OIT, contiene concretas referencias a las mujeres que laboran en la industria y en trabajos no industriales, a la mujer encinta garantizándole términos mínimos de descanso en las etapas anteriores y posteriores al parto, prestaciones adecuadas y suficientes, posibilidad de amamantar a la criatura; medidas estas que con ligeras variantes se encuentran también en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos, respecto de las mujeres trabajadoras o no, y en las Constituciones de Alemania, Brasil, Guatemala, Italia, México, Perú, Portugal, Venezuela, entre otras. Este esfuerzo patente por elevar la condición de la mujer para el caso colombiano se explica en la situación de discriminación a la que se la sometió durante un largo período de tiempo y a la que sigue sometida, en virtud de circunstancias propias de la idiosincracia del pueblo colombiano, aún no superadas totalmente, pese a los notorios avances incorporados, como preciosas conquistas, primero en la ley y ahora en la Constitución Política. En el Informe-Ponencia para primer debate en la Plenaria de la Asamblea Nacional Constituyente, sobre Derechos de la Familia, el niño, el joven, la mujer, la tercera edad y minusválidos, se lee: "Sin embargo, en naciones como la nuestra, el modelo de docilidad y vulnerabilidad parece no haber sido rebasado, a diferencia de los paises desarrollados en los que gracias a dicho movimiento la mujer ha superado las desigualdades sociales y ha pasado a ser parte integral y  activa de la comunidad a la que pertenece. Las estadísticas muestran cómo en nuestra Patria la mujer tiene menos oportunidades de acceso a la salud, la protección y la educación que el hombre. A su vez en el campo laboral, a pesar de que su participación ha señalado cambios importantes en la estructura del mercado de trabajo (41% en 1989), el 35% de la población femenina urbana percibe una remuneración por debajo del sueldo mínimo, frente a un 16% de los hombres que se encuentran en la misma situación; y si miramos hacía el sector rural encontramos mujeres que, sin ser dueñas de la tierra, trabajan sin paga -la mayoría de las veces, pues su oficio es considerado como una labor de apoyo a su marido, padres o hermanos. Igualmente el desempleo generado por la situación económica actual recae con más fortaleza sobre ella: hoy en día el 50% de los desempleados del país son mujeres." "Por otra parte, diversos motivos, como la violencia -que ha dejado un sinnúmero de mujeres viudas- el abandono del hogar por parte del hombre y la displicencia de éste con respecto a la natalidad, han obligado a la mujer a incorporarse a los roles de producción adquiriendo la responsabilidad de ser la base de sustentación económica de su hogar, sin haber llegado jamás a desprenderse de los patrones culturales que la confinan al espacio doméstico y al cuidado de los hijos." Fue consciente también el Constituyente de la discriminación de la mujer en el campo político que le disminuye considerablemente sus posibilidades de acceso al poder; de la discriminación que surge en razón del estado de embarazo, por lo cual consideró: "... es un error privar a la mujer embarazada 'del  derecho a trabajar' pues con una ocupación ella asegura sus medios de subsistencia, los del ser que está por nacer y los de todas las personas que se encuentran a su cargo.  Por esto, se enfatiza sobre la necesidad de abolir la discriminación por efectos de la maternidad tendiente a que ésta no limite las posibilidades de vinculación de la mujer a la fuerza laboral dependiente". La situación de la mujer cabeza de familia, también llamó la atención del Constituyente: "...un número creciente de hogares tiene jefatura femenina. De acuerdo con los patrones de separación la gran mayoría de éstos están compuestos por mujeres jóvenes, con hijos todavía dependientes.  Según la encuesta nacional de hogares (DANE 1981) un 17% de los hogares en Colombia eran monoparentales, de los cuales el 85% correspondían a mujeres; el censo de 1985 reporta un 17.9% de hogares en esta situación y según el Estudio Nacional de Separaciones Conyugales, llevado a cabo por la Universidad Externado de Colombia en 1986, el porcentaje de mujeres cabeza de familia es del 21%.  Para 1985, la tasa global de participación de la población femenina clasificada por el DANE en estado de miseria era del 22.5%, la más baja por sector social. La situación de pobreza es dramática y tiende a profundizarse por las altas tasas de dependencias concentradas en cabezas de mujeres solas enfrentadas casi todas a gran inestabilidad laboral, baja remuneración y desprovistas del sistema de seguridad social". (Gaceta Constitucional No. 85. Bogotá D.E. Miércoles 29 de Mayo de 1991. Páginas 5 y siguientes). Dentro del proceso de elevación de la condición de la mujer, las distintas formas de discriminación condujeron a la consagración de distintos derechos y formas de protección en beneficio suyo, atendiendo a las situaciones en las que pueda encontrarse. Ese proceso de dignificación de la mujer se emprendió a nivel normativo, hace ya algunas décadas e irradió con su fuerza los espacios social, político, económico, mediante medidas que le concedieron el manejo de sus propios bienes, el gobierno de su persona, el derecho de votar, una autoridad familiar compartida en igualdad de condiciones con el hombre.  La ley 51 de 1981 incorporó la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de discriminación contra las mujeres; el Decreto 1398 de 1990 reglamentario de esa  ley, proveyó los primeros mecanismos con miras a su cumplimiento. A muchas de estas previsiones el Constituyente de 1991 les otorgó rango constitucional, otras tantas continúan vigentes en distintas leyes que regulan la materia, en tanto que, la situación inequitativa que todavía soporta la mujer, impuso a efectos de su superación, la contemplación de una serie de derechos de carácter programático, de acceso gradual, pendientes de su concreción y desarrollo en la medida en que las instancias estatales competentes orienten en tal sentido la definición de sus políticas sociales; tal acontece, por ejemplo, con la asistencia y protección que según el artículo 43 debe dispensar el estado durante el embarazo y después del parto, así como con el subsidio alimentario previsto para la mujer grávida que estuviere desempleada o desamparada; propósitos éstos, cuya eficacia depende de que se instrumenten los medios necesarios a su operatividad, y que se inscriben dentro del marco del Estado Social de Derecho cuyo contenido asistencial impone de acuerdo con las voces del  artículo 13 la promoción de las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, la adopción de medidas en favor de grupos discriminados o marginados y la protección de "aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiestas." Así pues, la protección de la mujer puede lograrse mediante la aplicación de remedios jurídicos ya previstos y eficaces y merced a la implementación de medidas contenidas en la Carta Fundamental cuya concreción gradual, atacará los factores de discriminación, elevando cada vez más mediante su acción protectora la posición de la mujer hasta cristalizar en la práctica, la igualdad real de derechos y deberes entre los dos sexos. C.  La Sentencia que se Revisa: FANNY GUZMAN HERRERA, impetró la Acción de Tutela, como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, con el claro propósito de ser reintegrada al cargo que venía desempeñando en el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, y del cual fue declarada insubsistente encontrándose en estado de embarazo, según ella, conocido oficialmente por la entidad nominadora.  Invoca como violados el Derecho al Debido Proceso y el artículo 43 de la Carta; a su vez, el fallador de primera instancia deduce que la actora estima conculcado su Derecho al Trabajo. En reiteradas jurisprudencias la Corte Constitucional ha señalado que la Acción de Tutela como mecanismo protector de los Derechos Constitucionales Fundamentales tiene un evidente carácter subsidiario y residual, como que no procede cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.  Sobre el particular se consideró: "El recto entendimiento del precepto, lleva a tener por procedente la Acción de Tutela, cuando circunstancias que rodean al solicitante, no le permitan poner en marcha o hacer uso de mecanismos judiciales.  Interpretación distinta, llevaría a reconocer a los jueces de toda la jerarquía judicial, la posibilidad de evaluar, en cada caso, la eficacia del orden judicial, lo cual implicaría no sólo el desquiciamiento de la seguridad y confianza que informa a esas instituciones, sino, a otorgar un poder exorbitante al juez de tutela para sustituir a la justicia ordinaria, cuando según su discreción sea ineficaz". (Sentencia T-468. Sala de Revisión No.5 de Julio 17 de 1992 M.P. Dr. Fabio Morón Díaz). Tanto en el campo de las relaciones laborales particulares, como en el ámbito de la función pública, de tiempo atrás se han formulado previsiones que permiten intentar ante los jueces competentes el reintegro de la trabajadora o funcionaria que hubiese sido despedida encontrándose en estado de gravidez. En el caso sub-exámine la misma accionante manifiesta que "a pesar de estar sometida para este evento a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo no me es posible acudir a ellas por no haber agotado la vía gubernativa obligatoria en este caso y consistente en los recursos de reposición y apelación consagrados en ese ordenamiento", situación que torna improcedente la Acción de Tutela pues la peticionaria tuvo la oportunidad de acudir a otra vía judicial, en procura del reintegro deseado y de corregir la presunta violación del Derecho al Trabajo, toda vez que la decisión de la administración le fue comunicada oportunamente, según se observa dentro del expediente (folio 7). Además, la violación del derecho cuyo amparo solicita, originó un daño que se encuentra consumado, ya que la interesada está desvinculada del cumplimiento de las funciones que desempeñaba; por lo que, es también improcedente la acción, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991. Ahora bien, encuentra esta Sala de Revisión que la hipótesis del perjuicio irremediable, aducida por la actora, tampoco se configura, conclusión a la que es posible arribar al examinar el artículo 1o. del Decreto 306 de 1992, según el cual no se considera de esa clase el perjuicio cuando el interesado puede solicitar a la autoridad "que se disponga el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de disposiciones como las siguientes: a-  Orden de reintegro ..." que es justamente lo que solicita la actora. Finalmente, el carácter programático de la "especial asistencia y protección" que el Estado debe brindar durante el embarazo y después del parto; así como la ubicación de la norma contentiva de este predicado (Art. 43) dentro del Capítulo 2 del Título II referente a los derechos sociales, económicos y culturales, indican perfectamente el carácter no fundamental del derecho que se pretende hacer valer, y por ende, la improcedencia de la Acción de Tutela en el caso concreto que se examina. Por las razones que anteceden, se confirmará la sentencia revisada. En mérito de lo expuesto, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando Justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.  Confirmar el fallo de fecha veintiuno (21) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santafé  de Bogotá mediante el cual se denegó la Acción de Tutela impetrada por FANNY GUZMAN HERRERA, contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD. Segundo.  Comuníquese la presente sentencia al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ           SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-528-92 Sentencia No Sentencia No. T-528/92 ACCION POPULAR La Acción Popular consagrada en el artículo 1005 del C.C., puede ahora, con sobradas y explícitas razones constitucionales, ser interpretada y desarrollada por los jueces en los casos concretos de controversia sobre los bienes y derechos públicos y colectivos para asegurar su amparo judicial específico  y concreto, inclusive sobre el Ambiente. DERECHO AL AMBIENTE SANO/DERECHOS COLECTIVOS/ACCION DE TUTELA/DERECHOS FUNDAMENTALES-Vulneración /DERECHO A LA VIDA-Protección La Carta de 1991 consagra el "Derecho al Goce de un Ambiente Sano",  no como un derecho constitucional fundamental, sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido la Acción de Tutela no es procedente para obtener de manera autónoma su protección, pues aquella procede para obtener el amparo específico de los derechos constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo en los términos de su regulación legal, salvo las hipótesis de la protección indirecta o consecuencial. Se señala de modo indubitable que este Derecho Constitucional Colectivo puede vincularse con la violación de otro Derecho Constitucional de rango o naturaleza fundamental como la salud,  la vida o la integridad física entre otros, para obtener, por vía de la tutela, el amparo de uno y otro derechos de origen constitucional, pues en estos casos prevalece la protección del Derecho Constitucional Fundamental y es deber del juez remover todos los obstáculos, ofensas y amenazas que atenten contra éste. Igualmente, tampoco es un obstáculo para la procedencia de la Acción de Tutela. La relación que se exige entre la violación o la amenaza de violación a un Derecho Constitucional Fundamental por el desconocimiento de un derecho colectivo u otro  derecho de carácter ordinario, debe ser de causalidad directa y eficiente. En el caso concreto se encuentra que existe la relación de causalidad exigida. Este hecho, al hacer INHABITABLE  una zona habitada por determinadas personas y de RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, ANIMAL Y VEGETAL otra, en sí mismo  conduce a provocar amenaza o violación directa al Derecho Constitucional a la Vida, a la Integridad Física, mucho más cuando las dependencias correspondientes no ordenan las medidas que se hacen necesarias, para proteger de modo directo y eficaz la vida de los habitantes y residentes de aquellas zonas. JUEZ DE TUTELA-Facultades Corresponde a los jueces en esta nueva dimensión de las proyecciones de la justicia constitucional, atender a los aspectos sustanciales de la solicitud y subsanar con sus providencias, su prudente juicio de la Carta y su interpretación de las condiciones propias del caso concreto, las deficiencias apenas formales de la petición. ACCION DE CLASE O DE GRUPO Las Acciones de Clase o de Grupo no hacen referencia exclusiva a los Derechos Constitucionales Fundamentales, ni sólo a los Derechos Colectivos, pues también comprenden a los Derechos Subjetivos de origen  constitucional o legal y necesariamente suponen la existencia, reclamo y demostración de un perjuicio o daño causado y cuya reparación se puede pedir ante el juez;  empero, exigen siempre que este daño sea de los que son causados en ciertos eventos a un número plural de personas que por sus condiciones y por su dimensión deben ser atendidas con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios. Sala de Revisión No. 5 Expediente No. T-2679 Acción de tutela presentada contra unas omisiones del Ministro de Salud en el caso de la explotación Carbonífera de El Cerrejón y Tajo Sur por la Asociación Intercor-Carbocol. Contaminación Ambiental, Derecho a la Vida y a un Medio Ambiente Sano. Peticionario: ARMANDO PEREZ ARAUJO Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., Septiembre dieciocho (18) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de revisión en asuntos de tutela, compuesta por los señores Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Tribunal Superior de Riohacha, el día 28 de febrero de 1992  y por la Honorable Corte Suprema de Justicia, en Sala Plena, el día 30 de abril de 1992. I. ANTECEDENTES A.  La Petición 1. Con fecha doce (12) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), el señor Armando Pérez Araújo, Abogado inscrito y en ejercicio, actuando "como agente de los derechos de los habitantes de las veredas de Caracolí y El Espinal", presentó ante el Honorable Tribunal Superior de Riohacha, un escrito en el que interpone la Acción de Tutela, establecida en el artículo 86 de la Carta Fundamental, "para que como mecanismo transitorio se eviten perjuicios irremediables diferentes a los ya registrados, originados por la presencia en sus hogares de niveles insoportables e impermisibles para la vida humana, de material particulado de Carbón y estéril, ruidos y vibraciones ocasionadas por la actividad minera del Complejo Carbonífero El Cerrejón, en el área distinguida con el nombre Tajo Sur". 2. Los hechos que señala el peticionario como causa de la citada acción, se resumen como sigue: a) En su opinión, la actividad minera que se cumple en la citada zona, y la omisión del Ministerio de Salud, ponen en peligro o amenazan la vida de los habitantes de aquella y los hace sujetos de trato degradante e infrahumano por parte del Estado Colombiano.  Sostiene el peticionario que se viola y amenaza violar los Derechos Constitucionales garantizados por los artículos 11 y 12 de la Carta. b) Sostiene el peticionario que el Ministerio de Salud expidió la resolución 02122 del 12 de febrero de 1992 en la que se registra "las gravísimas circunstancias de salud que afectaban a los habitantes del Tajo Sur; además, en aquella resolución se declaró como zona inhabitable la franja comprendida hasta 1000 metros, y zona de riesgo para la salud humana, animal y vegetal, la comprendida entre 1000 y 4500 metros, empero, la omisión de la autoridad administrativa contra la cual se dirige la acción "consiste en no haber ordenado el cese de actividades mineras, para impedir que familias humildes pusiesen en peligro sus vidas, estando, como estaban y están aún, en el derecho pleno de vivir en sus residencias, con la garantía de que el Estado les preserve el derecho a la conservación de sus vidas." c) Advierte el peticionario que resulta inaudito que el Ministerio de Salud haya omitido una medida prohibitiva o al menos conminatoria, máxime si aquel Despacho conoció de las graves violaciones y amenazas a los derechos de las personas habitantes de aquellas zonas; dicho Ministerio se limitó a integrar un Comité "interinstitucional" al cual no pudieron asistir los indígenas y campesinos perjudicados. d) Sostiene el accionante que cabe distinguir entre las violaciones o las amenazas de violación al Derecho a la Vida, de una parte y la violación al Derecho de Vecindad y al Derecho Colectivo al Ambiente de otra; así, sostiene que por lo primero cabe la Acción de Tutela como mecanismo directo, y por lo segundo procede la Acción de Tutela pues se trata de impedir un perjuicio irremediable.  En este sentido señala lo siguiente: " De tal suerte que en el presupuesto fáctico de la vecindad del Tajo Sur (Proyecto Carbonífero El Cerrejón Zona Norte), quiénes estén residenciados en lo que la resolución 02122 de Minsalud llama zona INHABITABLE, estarían encuadrados como quiénes tienen sus vidas amenazadas por la contigüidad de grandes trabajos de minería; los otros serían los que simplemente viven en zona de riesgo para la salud. Pero ambas situaciones constituyen suficiente base para que la autoridad competente tramite y conceda la tutela de los derechos vulnerados y amenazados". B. Las Sentencias que se Revisan. 1. El Tribunal Superior de Riohacha El veintiocho (28) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, dentro de los términos constitucionales y legales, previas algunas diligencias probatorias, resolvió sobre la petición formulada, y ordenó denegar la tutela propuesta por el Doctor Armando Pérez Araújo, contra el Ministerio de Salud por "improcedente". Además, el Tribunal, ordenó comunicar al señor Procurador General de la Nación, al Defensor del Pueblo y al Ministro de Minas y Energía, las irregularidades que detecta en los hechos y actuaciones que examina y que vierte en la parte motiva de la providencia que se estudia. Es necesario destacar que el Tribunal llamó a rendir  declaración al peticionario quien formalmente manifestó que actuaba como agente oficioso de campesinos, indígenas y menores de las veredas de Caracoli y El Espinal, afectados por la contaminación ambiental de la explotación carbonífera de El Cerrejón, en el área del Tajo Sur. En dicho acto, que obra en los folios 124 y 125 del expediente, el Señor ARMANDO PEREZ ARAUJO manifestó expresamente que actuaba como agente oficioso de los campesinos Señores MILTON ORTIZ CARRILLO, su esposa y sus hijos menores, habitantes del predio los Cocos y de DIOMEDES CARDONA habitante de otro predio vecino de la mina; igualmente, el peticionario afirma que actua como  agente oficioso de las personas que como miembros de la comunidad indígena WAYUU del Espinal, corregimiento de Hatonuevo, municipio de Barrancas, aparecen determinadas plenamente en un estudio estadístico y de identificación del componente habitacional indígena de la región que sufre el supuesto impacto de la contaminación ambiental reconocida por el Ministerio de Salud Pública. En la misma diligencia aparece la copia del citado estudio elaborado por la Organización Indígena de la Guajira "YANAMA" y consta de 16 hojas que obran en los folios 126 a 141 del expediente. La sentencia que se revisa fundamenta su resolución en las consideraciones que se resumen, así: - No aparece claramente ningún elemento que acredite la legitimidad del peticionario y los argumentos presentados por el Doctor Armando Pérez Araújo no son convincentes sobre el punto de su calidad del agente oficioso de los Titulares de los derechos que se dicen amenazados o vulnerados; no obstante lo anterior, el Tribunal pasó a estudiar el planteamiento de la tutela como mecanismo transitorio. - Bajo el amparo de las reglas que regulan el ejercicio de la Acción de Tutela, no es procedente la acción propuesta en este caso concreto pues, "la orden procurada para que el Ministro de Salud controle la Salud Ambiental de Caracolí y Espinal, o disponga la reinstalación de los habitantes de estas poblaciones, no se encuentran tipificadas como reparaciones exclusivas de un perjuicio irremediable que daría procedencia a la tutela como mecanismo transitorio. -Según lo dispuesto por los artículos 86 y 88 de la Carta, la protección específica del Medio Ambiente Sano no es objeto de la Acción de Tutela, pues para ello se hallan previstas las Acciones Populares reguladas de conformidad con la Ley, a menos que el peticionario solicite la tutela para impedir un perjuicio irremediable.  Esta última hipótesis no se cumple en el caso planteado por el peticionario, ya que la orden que se pide no se endereza a evitar ningún perjuicio irremediable de aquellos que sólo se reparan íntegramente mediante indemnizaciones. Agrega el Tribunal que "... es apreciable que actualmente no hay un estudio ni un plan de manejo ambiental sobre Caracolí y el Espinal, debidamente controlado por Minsalud que sirvan de fundamento a la decisión favorable de esta Acción de Tutela, sin la prueba plena de la contaminación grave del ambiente de estas poblaciones no es viable ordenarle a Minsalud que adopte los correctivos indispensables, porque no estaría configurada la amenaza a los derechos a la Vida y al Trato Humano consagrados como fundamentales por los artículos 11 y 12 de la Constitución Nacional." - En su concepto "lo que si parece procedente es la Acción de Cumplimiento prevista por el artículo 87 de la Constitución Nacional en cuanto a los Capítulos VIII y XXVI del Código de Minas y la Resolución No. 02122 del 22 de febrero de 1992 del Ministerio de Salud, o una acción por responsabilidad extracontractual". Por último, la decisión que se examina manifiesta que "Es lamentable la conducta Estatal sobre la Contaminación Ambiental de las poblaciones de Caracolí y el Espinal y concretamente la omisión posiblemente prevaricadora, del cumplimiento de las normas defensoras de un Ambiente Sano, lo cual debe ser puesto en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, en relación con su facultad conferida por el artículo 278, núm. 1o. de la Constitución Nacional y del Defensor del Pueblo (Facultad del artículo 282, núm. 1o. y 5o. de la Constitución Nacional), para que se pronuncien sobre las irregularidades que surgen en este asunto atribuibles a los Ministerios de Minas y Energía y Salud Pública." 2. La Impugnación El peticionario impugnó oportunamente la anterior decisión de la Sala Plena del Tribunal Superior de Riohacha para efectos de obtener su revocatoria ante la Sala Plena de la H. Corte Suprema de Justicia;  sus consideraciones en esencia son las que se resumen enseguida: - Ante el argumento que se basa en la falta de plena prueba de la contaminación, el impugnante sostiene que de ninguna manera la Acción de Tutela solicitada es susceptible de discutirse en el terreno de  la prueba plena de la contaminación, "máxime, si la omisión del  Ministro González Posso consiste en no haber producido  la respectiva orden oficial, emanada de sus funciones pública legales, tendiente a evitar la Acción de peligro contra las vidas de unos seres humanos luego de que  el mismo Ministro registrara en diferentes documentos públicos la prueba de la contaminación  al extremo de calificar la zona como inhabitable, una, y de alto riesgo para la salud humana y animal, la otra (resolución 2122/91). "Dicho de otra manera:  como podría haber falta de prueba para tutelar unos derechos, si el mismo Ministro reconoce que están vulnerados y amenazados esos derechos, afirmando que es imposible la vida humana". - El peticionario impugna la providencia con la afirmación según la cual, el Tribunal reconoce la existencia de la omisión que motivó la acción de la referencia y sin ningún criterio explícito se abstiene de ordenar la tutela pedida. 3. La Sentencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Remitido debidamente el expediente ante la  H. Corte Suprema de Justicia, superior jerárquico del Tribunal que conoció en primer término de la solicitud de tutela, aquel alto Tribunal resolvió en término la impugnación y ordenó "confirmar la sentencia de fecha 28 de febrero del  presente año mediante la cual el Tribunal Superior  de Riohacha DENEGO la tutela demandada por el Doctor ARMANDO PEREZ ARAUJO ...". Las razones por las que la Corte Suprema de Justicia resolvió de aquella forma la impugnación, se resumen como sigue: - No es admisible, a la luz de la Constitución que el Ambiente quede comprendido dentro de los derechos fundamentales de inmediata aplicación como lo son los previstos en los artículos 11 y 12 que el actor encuentra vulnerados o amenazados por la presunta omisión del Ministro de Salud en el ejercicio de sus funciones. Afirma la Corte Suprema de Justicia que:  "Estos derechos, fundamentales para todo ser humano, no están relacionados con el Medio Ambiente, la Seguridad y la Salubridad Pública como lo entiende el actor.  En el artículo 11 establece que la vida es inviolable y por ello prohibe al legislador consagrar la pena de muerte, y el artículo 12 de la misma codificación superior, dispone que "nadie podrá ser sometido a desaparición forzada, a torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, es decir, que también prohibe a las autoridades atentar contra la vida de las personas mediante procedimientos contrarios a su dignidad y al legislador consagrar penas de la naturaleza expresamente contemplada". "De conformidad con lo dispuesto por el numeral 3o. del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 y atendiendo al material que se tiene a la vista en el expediente, no se presenta perjuicio irremediable alguno y por el contrario, la resolución del Ministerio de Salud, está dirigida a prevenir ese riesgo que el actor califica como violatorio de derechos constitucionales fundamentales de los habitantes del lugar." - No existe omisión alguna por parte del Ministro de Salud con relación a su obligación de vigilancia del complejo carbonífero de El Cerrejón, y  al no aparecer informe definitivo sobre el riesgo que pueda originar la actividad desarrollada por la Asociación Intercor- Carbocol con relación a la salud de los habitantes de Caracolí y El Espinal, no procede la tutela demandada por el Doctor Pérez Araújo. - Como el mismo actor está adelantando un proceso de protección del Medio Ambiente con el mismo objeto ante la justicia en el municipio de San Juan del Cesar, resulta claro que cuenta con otra vía judicial para hacer valer los derechos, aún los constitucionales fundamentales de sus representados y que lo está haciendo valer; por tanto, no puede prosperar la tutela con carácter preventivo ni como mecanismo transitorio, ya que la vía judicial que procede está en ejecución. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera. La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las sentencias de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral  9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda. La Materia Objeto de las Actuaciones a) En primer término encuentra la Sala que el peticionario de modo expreso solicita por virtud del ejercicio de la Acción de Tutela que consagra el artículo 86 de la Carta Política y que reglamenta el Decreto 2591 de 1991, la protección del Derecho Constitucional a la Vida y del Derecho Constitucional Fundamental al Trato Digno y Humano que aseguran los artículos 11 y 12 respectivamente de la Carta Fundamental. En concepto de la Corte Constitucional la cuestión planteada por el peticionario se contrae especificamente a obtener que se decrete por vía de la citada acción como mecanismo transitorio, la protección inmediata del derecho de sus "representados",  ya que estos resultan afectados en los mencionados derechos constitucionales, por fuerza de la contaminación ambiental que producen las actividades de explotación del carbón por la Asociación Intercor-Carbocol, en un determinado sitio que aparece plenamente identificado, y por la omisión en que incurrió el Ministerio de Salud Pública, al no impedir el desarrollo de las citadas actividades de explotación minera de carácter peligroso y dañino. En otros términos, el peticionario pretende el amparo judicial de unos determinados derechos constitucionales fundamentales amenazados de modo directo por las actividades de explotación minera en vecindades de las veredas de Caracolí y El Espinal  del Municipio de Barrancas en el Departamento de la Guajira y que no han sido objeto del control efectivo que corresponde a unas dependencias y entidades del Estado. b) En un detenido examen del escrito presentado se encuentra que el peticionario hace radicar la solicitud en la supuesta omisión de una autoridad pública revestida de funciones de origen legal y constitucional en el cumplimiento de su deber de proteger el Ambiente Sano y de controlar la contaminación de este. Esta reflexión, que se dirige a interpretar el contenido sustancial de la acción, la hace la Corte Constitucional atendiendo a la naturaleza y a la finalidad de la Acción de Tutela, como mecanismo especial de protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, y para asegurar el cabal cumplimiento de la Constitución. El señor ARMANDO PEREZ ARAUJO, que dice actuar como agente oficioso de algunas personas, tampoco solicitó por vía de la Acción de Tutela la protección directa y autónoma del Derecho Constitucional Colectivo a gozar de un Medio Ambiente Sano, como equivocadamente lo entendió el H. Tribunal Superior de Riohacha, ni reclama la protección judicial del Derecho Constitucional Fundamental de Petición (art.23 C.N.), como podría pensarse inicialmente, ni manifiesta que en oportunidad alguna lo haya ejercido en los términos de la norma constitucional que lo garantiza o que no se le haya dado pronta respuesta. c) No obstante lo anterior, y cómo el despacho Judicial que atendió inicialmente la petición, fundamenta su actuación y la denegación  de tutela solicitada, en la consideración según la cual, si bien por los hechos narrados por el interesado, y que aparecen en la situación jurídica planteada, se produjo una evidente violación al Derecho Constitucional a Gozar de un Ambiente Sano que garantiza el artículo 79 de la Carta de una parte, y aún cuando en su concepto existe una seria infracción en los deberes del Ministerio de Salud en la protección al Derecho Constitucional al Medio Ambiente Sano de otra, ninguna de las situaciones observadas es en su opinión objeto de la Acción de Tutela, ahora debe la Corte Constitucional en este caso examinar la relación que existe entre la resolución del Ministerio de Salud y los deberes constitucionales y legales de las dependencias del Estado, con la situación de los representados en lo que hace a su Derecho Constitucional Fundamental a la Vida y a la Integridad Física de las personas respecto de las que  se dice agente oficioso el Señor PEREZ ARAUJO, y en cuanto hace a la procedencia de la TUTELA reclamada. Del examen de los elementos probatorios que obran en el expediente, como son las intervenciones escritas del representante de Carbocol S.A.  y de Intercor, se encuentra que efectivamente se han adelantado actividades de previsión y de control de los niveles de contaminación ambiental de las zonas aledañas a la explotación minera, las que han contado con la participación de entidades de los Ministerios  de Salud Pública,  Minas y Energía y Agricultura; estas actividades comprenden programas de medición de la calidad del aire y de disminución de las emisiones de polvo generadas por las operaciones de explotación minera.  Empero no aparece que se haya cambiado el concepto técnico emitido por el señor Ministro de Salud y contenido en la resolución 02122 del 22 de febrero de 1991, en la que se señala el carácter de INHABITABLE  Y DE ALTO RIESGO PARA LA VIDA ANIMAL, VEGETAL Y HUMANA  de la zona donde habitan las personas en nombre de las cuales se interpone la tutela de la referencia, y lo cierto es que esta característica continúa presente como causa de la amenaza de violación a los derechos constitucionales cuya TUTELA se reclama. Esta Corporación también se ocupa de determinar si, como lo advierte el citado Tribunal, la petición enderezada a obtener el pronunciamiento del Ministerio de Salud, constituye en verdad el planteamiento de un perjuicio irremediable sobre el que proceda la Acción de Tutela como mecanismo transitorio mientras se adelantan otras acciones judiciales, o si por la misma causa aparece la violación o la amenaza de violación directa y eficiente de algún derecho Constitucional Fundamental que imponga su protección directa. Por último, en esta providencia se examina la calidad de Agente oficioso con la que dice actuar el peticionario y su importancia para los efectos de la tramitación de la Acción de Tutela Tercera: El Amparo Judicial del Derecho a Gozar de un Ambiente Sano. a) El Derecho Constitucional de todas las personas al disfrute de un Ambiente Sano  está consagrado expresamente en el artículo 79 de la Carta bajo el título de los Derechos Colectivos y del Ambiente; además, este derecho aparece relacionado en la lista enunciativa que  establece el inciso primero del artículo 88 de la misma Carta, como objeto de las Acciones Populares con fines concretos. En estas condiciones, los citados enunciados normativos del inciso segundo del artículo 88 de la Carta, prescriben con claridad que en cuanto entidad jurídica autónoma, el derecho  específico al goce de un Ambiente Sano,  está garantizado judicialmente por virtud de un instrumento procesal específico y directo de carácter  principal y de naturaleza también autónoma, conocido como las acciones populares y en caso de daño subjetivo pero plural por virtud de las acciones de grupo o de clase, amén de las vías judiciales ordinarias y de los casos especiales de responsabilidad objetiva que establezca la ley. b) Como aspecto preliminar se detiene esta Corporación en advertir que el Derecho a la Conservación y al Disfrute de un Medio Ambiente Sano y de la promoción y preservación de la calidad de la vida, así como la protección de los bienes, riquezas y recursos ecológicos y naturales, es objeto de grandes reflexiones y preocupaciones  que sólo recientemente han hecho aparición plena en el Derecho Constitucional y en el Derecho Internacional. Es evidente que hoy en día, para determinar los grandes principios que deben regir la vida de las sociedades organizadas y en camino de evolución, ya no puede ignorarse la necesidad de proteger el medio ambiente y de dar a las personas los derechos correlativos;  en este sentido se tiene que después  del año de 1972 en el que se adoptó la Declaración de Estocolmo sobre medio ambiente humano, se ha reconocido en vasta extensión el valor que debe otorgarse a su protección.  Además, en este proceso, y en sus variantes, el camino recorrido muestra que no sólo se incorporó dicho principio general como valor constitucional  interno que se proyecta sobre todo el texto de la Carta, sino que aquel produjo grandes efectos de irradiación sobre las legislaciones ordinarias de muchos paises.  También, después de aquella fecha son varias las naciones que lo incorporaron en sus textos constitucionales, ya como un derecho fundamental, ora como un derecho colectivo de naturaleza social.  Esta consagración permite, además, al Poder Ejecutivo, a la Administración Pública y a los jueces colmar lagunas y promover su expansión ante situaciones crónicas o nuevas; en este mismo sentido, el crecimiento y las crisis de la economía de gran escala industrial  y la expansión del conocimiento sobre la naturaleza y la cultura ha favorecido  el incremento de técnicas, medios, vías e instrumentos gubernativos, administrativos y judiciales de protección del Derecho al Medio Ambiente Sano.  En este sentido se observa que la Carta Fundamental de 1991, también establece como servicio público a cargo del Estado y como específico deber suyo, la atención al saneamiento ambiental, que debe obedecer a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. c) Ahora bien, en el ámbito del Derecho Constitucional  y de la función judicial, se tiene que el principal aporte de este magno proceso de evolución de las sociedades contemporáneas, consiste en desligar su protección no sólo de los tradicionales derechos subjetivos amparables por las vías ordinarias, sino de la dependencia del amparo de los derechos constitucionales fundamentales; adquiere así este principio no sólo el carácter de valor normativo que inspira a toda la actividad estatal y ciudadana (arts. 8, 58 inciso segundo, 79 inciso segundo y 95 numeral 8o. de la C.N.), sino el rango de Derecho Constitucional Colectivo como es el caso colombiano después de la Carta de 1991 (arts. 79 inciso primero y 88 C.N.). d) En nuestro régimen jurídico y a nivel legislativo, encontramos como nota destacable y como ejemplo para todas las naciones del mundo, las nociones y las vías de protección administrativa o policiva que incorporó el Código de Recursos Naturales expedido en 1974 (Ley 23 de 1973 y Decreto 2811 de 1974 y sus reglamentarios, los decretos 02 de 1982 y 2206 de 1983 sobre contaminación del aire), en los que se da un tratamiento extenso y riguroso a este tema; también cabe destacar las previsiones que trae la Ley de Reforma Urbana (Ley 9a. de 1989 art. 8o., Decreto 2400 de 1989 arts. 5o. y 6o.), en materia de la protección del medio ambiente y la extensión de las acciones populares de que se ocupa el artículo 1005 del Código Civil a dicho fin. Además, se encuentran las disposiciones correspondientes a la Ley 9a. de 1979 que establece el Código Sanitario Nacional y que regula el tema de la contaminación  y de la protección del ambiente en lo que se relaciona con el bienestar y la Salud Humana, en especial las que regulan el tema de los residuos sólidos y su almacenamiento a campo abierto y el de las emisiones atmosféricas. Igualmente, cabe tener en cuenta para los efectos del examen de los elementos de derecho que se refieren a la situación jurídica planteada por la petición de tutela de la referencia, que el Decreto 2655 de 1988 "Por el cual se expide el Código de Minas", establece en sus artículos 246 a 250 las principales reglas para regular el tema de la Conservación del medio ambiente, en especial el Artículo 248 que dice textualmente lo siguiente: "El Ministerio de Minas y Energía es el organismo competente para ejercer la vigilancia y control de la forma como se realicen la utilización, conservación y restauración de los recursos naturales renovables y del medio ambiente de las actividades mineras. Las demás autoridades de cualquier orden, deberán poner en conocimiento de ese Despacho cualquier obra o labor minera, que implique el uso indebido de los mismos, y tomarán las medidas preventivas provisionales a que estén facultados por las leyes, para evitar y contrarrestar situaciones de peligro o daño a las personas y  a los bienes públicos o privados que tal uso pueda causar" Además, es deber del Ministerio de Minas y Energía tomar las providencias que eviten o mitiguen los daños causados por la actividad minera a los recursos naturales renovables y del medio ambiente, sea de oficio, a petición de parte o de las autoridades y en coordinación con éstas (art. 249). Estas precisiones de carácter normativo son fundamento de las consideraciones que conducen a  la decisión que se habrá de tomar en la parte resolutiva de esta providencia, porque sientan las bases de la relación entre la violación a un derecho constitucional de carácter colectivo como lo es el de Gozar de un Medio Ambiente Sano y un Derecho Constitucional Fundamental como lo es el Derecho a la Vida y a la Integridad Física de las personas; ademas, dichas normas establecen determinadas responsabilidades de carácter ineludible por parte de los organismos del Estado en cuanto a los derechos que hoy, bajo el amparo de la Carta de 1991, reclaman de los jueces mayor atención y cuidado que en oportunidades anteriores. e) De otra parte, a juicio de la Corte Constitucional aquella Acción Popular consagrada en el artículo 1005 del C.C., puede ahora, con sobradas y explícitas razones constitucionales, ser interpretada y desarrollada por los jueces en los casos concretos de controversia sobre los bienes y derechos públicos y colectivos para asegurar su amparo judicial específico  y concreto, inclusive sobre el Ambiente. Aquellas disposiciones de la actual Ley de Reforma Urbana establecen lo siguiente:" "Ley 9a. de 1989 "...... "Artículo 8o.  Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del Código Civil.  Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones  de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios. "El incumplimiento de las ordenes que expida el juez en desarrollo  de la acción de que trata el inciso anterior configura la conducta prevista en el artículo  184 del Código Penal de 'fraude a resolución judicial'. "La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá interponerse en cualquier tiempo, y se tramitará por el procedimiento previsto en el núm. 8 del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil." "DECRETO 2400 DE 1989 "Artículo 5o.   Para efectos del artículo 8o. de la Ley 9a. de 1989, se entiende por usuario del espacio público y del medio ambiente cualquier  persona pública o privada que haga uso o pueda llegar a hacer uso de un determinado espacio público o que haya sido afectada o pueda ser afectada por un determinado medio ambiente. "Artículo 6o.  La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil, podrá ser ejercitada por los usuarios para la defensa del espacio público y del medio ambiente. "Para determinar el Juez competente, se tendrá en cuenta el carácter público o privado de la persona demandada." Pero además, el artículo 994 del Código Civil, en concordancia con los artículos 988 y 993 del mismo Estatuto, establece la denominada acción judicial  o de querella contra obra nueva o antigua que puede ser ejercitada,  sin que medie prescripción alguna por el que tema que una obra ya hecha corrompe el aire y lo hace conocidamente dañoso.  Esta es una típica Acción  Popular que está prevista en la ley para la protección del Ambiente como derecho colectivo. Obviamente, este es el resultado de una actividad interpretativa que puede y debe tener lugar en su sede judicial natural, mucho más ahora bajo las luces que irradia la nueva Carta sobre la función garantizadora de los jueces con fundamento en la prevalencia de los derechos constitucionales de las personas. No sobra advertir con carácter indicativo que la legislación penal colombiana también establece un sólido cuerpo de disposiciones de carácter punitivo y represor, que se ocupa de la protección judicial de algunos bienes jurídicos relacionados con el Derecho Constitucional a Gozar de un Ambiente Sano, así: - En el título de los delitos contra la seguridad pública se establece como delitos el incendio (art. 189); el daño a obra de defensa común destinada a la captación, conducción, embalse, almacenamiento, tratamiento o distribución de aguas (art. 190); el provocar inundación o derrumbe (art. 191), la perturbación de los servicios de energía y combustible (art. 196); la tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos explosivos inflamables, asfixiante, tóxico, corrosivo o infeccioso (art. 197); el empleo de los mismos contra personas o edificios, o medio de locomoción, o su uso en lugar público o abierto al público (art. 198); la violación o medida sanitaria (art. 293); la propagación de epidemia (art. 204); la contaminación, envenenamiento o alteración de agua (art. 205); la corrupción de alimentos y medicinas (art. 206). - En el título de los delitos contra el orden económico social también se establecen como punibles la explotación, transporte, comercio o beneficio ilícito de los recursos naturales (art. 242); la ocupación ilícita de parques y zonas de reserva forestal (art. 243); explotación ilícita de  yacimiento minero (art. 244); la propagación de enfermedad sobre los recursos naturales (art. 245); la destrucción el daño o la afectación de los recursos naturales (art. 246) y la contaminación ilícita del ambiente (art. 247) f) Ahora bien, la Carta de 1991 es explícita en adoptar el modelo que consagra el "Derecho al Goce de un Ambiente Sano",  no como un derecho constitucional fundamental, sino como un derecho y un interés constitucional de carácter colectivo; en este sentido la Acción de Tutela, cuyos fundamentos se examinan más arriba, no es procedente para obtener de manera autónoma su protección , pues,  como se vio, aquella procede para obtener el amparo específico de los derechos constitucionales fundamentales y no el de otros derechos que, como los colectivos, deben perseguirse judicialmente por virtud del ejercicio de las Acciones Populares o de las Acciones de Clase o de Grupo en los términos de su regulación legal, salvo las hipótesis de la protección indirecta o consecuencial que se explicó más arriba y que ahora  se reiteran. Así, se señala de modo indubitable que este Derecho Constitucional Colectivo puede vincularse con la violación de otro Derecho Constitucional de rango o naturaleza fundamental como la salud,  la vida o la integridad física entre otros, para obtener, por vía de la tutela que establece el  artículo 86 de la Constitución Nacional, el amparo de uno y otro derechos de origen constitucional, pues en estos casos prevalece la protección del Derecho Constitucional Fundamental y es deber del juez remover todos los obstáculos, ofensas y amenazas que atenten contra éste. Igualmente, tampoco es un obstáculo para la procedencia de la Acción de Tutela. g) Por tanto, para que fuera procedente la finalidad de obtener la protección autónoma del Derecho Constitucional a Gozar de un Medio Ambiente Sano el peticionario, bien podía intentar una Acción Popular con fines concretos, como parece que lo hizo, según sus afirmaciones, ante un Juzgado del municipio de San Juan del César en el Departamento de la Guajira;  además, el peticionario bien pudo ejercer la Acción de Tutela basando su petición en el amparo judicial específico de un Derecho Constitucional Fundamental que fuese amenazado o vulnerado de modo concreto, específico, directo y eficaz por la conducta generadora de la contaminación o por la omisión de una autoridad pública en caso de ser demostrada. Lo cierto es que para el caso en que se encuentran los "representados" en la acción de la referencia, no existe vía judicial que les asegure la protección específica de su Derecho Constitucional Fundamental a la Vida y a la Integridad física, en las condiciones de contaminación demostradas. En este sentido cabe observar que no asiste razón al Honorable Tribunal que denegó la petición formulada bajo el supuesto según el cual por estar en la base de la violación señalada, una evidente violación a un derecho constitucional de carácter colectivo, no procedía decretar la TUTELA  pedida, y tampoco por el hecho de reconocerse que se estaba adelantando la acción popular correspondiente en los términos que en esta parte de la providencia se señalan. Obviamente, cabe señalar que inclusive el peticionario equivocó el planteamiento formal  de su solicitud al señalar que la planteaba como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pero dicha falta lo es sólo en un aspecto formal que no enerva la finalidad  de la Acción de Tutela, ni significa razón suficiente para no hacer prevalecer el carácter inmediato de la aplicación de los derechos constitucionales fundamentales. Corresponde a los jueces en esta nueva dimensión de las proyecciones de la justicia constitucional, atender a los aspectos sustanciales de la solicitud y subsanar con sus providencias, su prudente juicio de la Carta y su interpretación de las condiciones propias del caso concreto, las deficiencias apenas formales de la petición. En verdad la planteada no es una solicitud de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; se trata de una petición concreta y específica de la protección de un derecho de rango constitucional fundamental que, a la luz de las previsiones de la Carta y en el caso concreto de que se trata, no esta condicionada al éxito o al adelantamiento previo o posterior de una acción judicial distinta de la especifica que consagra el artículo 86 de la Carta y como tal debió tramitarse con independencia del equivoco apenas formal en que incurrió el peticionario. Sentadas las anteriores consideraciones, esta Corporación se ocupa del examen de los aspectos de hecho relacionados con la procedencia y la conducencia de la acción intentada en el ámbito del bien jurídico que se pretende amparar por virtud de la Acción de Tutela. Cuarta. El Artículo 88 de la Carta y las Acciones Populares Dadas las situaciones jurídicas que fueron objeto de debate en el trámite y resolución de la acción de la referencia, esta Sala se ocupa del examen sistemático de los mecanismos judiciales de origen constitucional y de consagración y desarrollo deferido a la ley, conocido como el instituto de las Acciones Populares, así: a) Como una de las  innovaciones introducidas por la Carta Política de 1991 al régimen constitucional colombiano de protección judicial de los derechos de las personas, aparecen en los incisos primero y segundo del artículo 88 de la Constitución el concepto de Acciones Populares con fines concretos y el de Acciones de Clase o de Grupo. Estas disposiciones establecen que: "La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. "También regulará las acciones originadas en los daños ocasionados a un número plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. "...". Aspecto sustancial de esta institución es su fundamento constitucional directo y su extensión a ámbitos que no habían sido objeto de regulación antecedente; empero, cabe destacar que en nuestro sistema jurídico ya se conocía  la figura de las acciones populares consagrada en el orden legal en varias disposiciones del Código Civil, y más recientemente en otras normas pertenecientes a regulaciones alejadas de aquel texto como se verá en detalle más adelante. b) No sobra advertir, para los fines apenas ilustrativos de esta parte de la providencia, que las Acciones Populares y Ciudadanas con fines abstractos se conocen en Colombia desde los mismos orígenes de la República como instrumentos para asegurar la legalidad y la constitucionalidad de los actos jurídicos de carácter legislativo y administrativo; aquellas acciones han sido, en su desarrollo práctico, uno de los instrumentos procesales más destacados en toda nuestra historia jurídico-política y aparecen reiteradas en el nuevo texto constitucional como uno de los aportes nacionales a la ciencia constitucional del mundo occidental; entre ellos basta mencionar la Acción  Pública Ciudadana de inexequibilidad y la Acción Popular de Nulidad. c) Ahora bien, por el contrario, nuestras acciones populares con fines concretos han sufrido las vicisitudes propias de un sistema jurídico típicamente jurisdiccional y legislado, que no ahondó en el fortalecimiento de las competencias del juez y de sus capacidades protectoras de los derechos de las personas y que limitó seriamente las vías de acceso a la justicia; desde luego, este destino histórico no fue sufrido únicamente por nuestro Derecho, ya que buena parte de los régimenes similares al nuestro y que seguían sus mismas tendencias, se pueden catalogar dentro de estas características. d) Sólo a partir de la segunda mitad de este siglo, el movimiento constitucionalista continental europeo y latinoamericano paulatinamente se ocupó de reexaminar las condiciones estructurales del concepto de acceso a la justicia y recibió parcialmente las influencias del derecho angloamericano, incorporando en principio, y en distintas formas,  los instrumentos que dan al Juez un marco más amplio de competencias enderezadas a los fines propios de la defensa de las personas frente a los poderes del Estado, de la Administración, de los gobiernos y de los grupos económicamente más fuertes dentro de las sociedades fundamentadas  en la economía capitalista.  Este proceso permite a la doctrina elaborar el concepto de jurisdicción constitucional de la libertad y formular los lineamientos básicos del llamado Derecho Constitucional Procesal. Con los mismos fines ilustrativos, se tiene que la Teoría General del Proceso influenciada por el derecho constitucional contemporáneo, se ha ocupado de plantear la problemática judicial derivada de las siempre cambiantes condiciones de las sociedades, y en consecuencia, el viejo concepto de igualdad ha sido reexaminado de tal manera que en sus distintos aspectos, la regulación del proceso ha avanzado de modo notable con instituciones ya recibidas en nuestro ordenamiento jurídico; empero, las más profundas modificaciones en lo que hace a la problemática del acceso a la justicia han exigido al Derecho Constitucional y a la misma Teoría General del Proceso el  abordar nuevos  y más grandes retos, desconocidos e inimaginados inclusive en las primeras etapas de evolución del Estado demoliberal. Lo que caracteriza estas evoluciones no es tanto la consagración de las libertades sino su vigencia por virtud de la actividad procesal;  en otros términos, para el derecho contemporáneo no resulta suficiente consagrar los derechos de las personas en la Constitución para que estos sean respetados por las autoridades y por las personas en general, pues se hace necesario elevar a rango constitucional las garantías básicas que aseguren un más amplio y efectivo acceso a la justicia constitucional. e) Naturalmente cabe destacar que, dentro de nuestra tradición constitucional, los remedios judiciales previstos para la protección de los derechos de las personas se han dividido entre los que son especificamente previstos para la protección inmediata de los derechos constitucionales como el Habeas Corpus, las Acciones Públicas de inconstitucionalidad y de nulidad y la Excepción de Inconstitucionalidad, y los que son ordinarios y comprenden los derechos subjetivos y los intereses legítimos, como son el procedimiento civil y el procedimiento contencioso administrativo;  en este mismo sentido se  pronunció la Carta de 1991, pero por voluntad expresa del Constituyente ésta fue mucho más allá al incrementar no sólo el número de los derechos fundamentales de la persona humana y al hacer extensiva su eventual protección judicial a todas las personas, inclusive en algunas situaciones jurídicas, a la persona moral,  sino al establecer mayores y más efectivos medios específicos de su amparo judicial, como ocurre con la denominada Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta, enderezada de modo complementario pero directo hacia la protección de los derechos constitucionales fundamentales de las personas. Igual predicado se hace sobre las Acciones Populares con fines concretos, previstas especificamente para la protección de los derechos e intereses colectivos (art. 88 inciso primero)  y sobre las Acciones de Grupo o de clase (art. 88 inciso segundo) para proteger todo tipo de derechos que resulten "dañados" en un grupo amplio de personas. Estas disposiciones constitucionales se encuadran obviamente dentro del conjunto armónico y ordenado de las demás vías, instancias y competencias judiciales ordinarias y especializadas que tienen igual fundamento constitucional; en este sentido, es claro el deber del legislador de proveer con sus regulaciones los desarrollos normativos que den a cada uno de estos instrumentos la posibilidad coherente y sistemática de su efectivo ejercicio por todas las personas, y el compromiso de los jueces en su desarrollo y efectividad. Desde esta perspectiva, se tiene que las Acciones Populares, sin ser un instituto desconocido en nuestro medio, ahora aparecen ocupando un lugar preeminente que irradia, con sus proyecciones constitucionales, una nueva dinámica al derecho público colombiano; esto significa, principalmente, que aquellas dejarán de estar en el olvido y que, tanto jueces como ciudadanos en general, podrán ocuparse de estas con mayor efectividad que antes. Ahora, la Corte Constitucional advierte que se hace necesario promover entre los ciudadanos y los operadores del derecho una sólida conciencia cívica para dar a estas previsiones el impulso práctico que merecen, en favor de la vigencia de la Carta y de los cometidos garantísticos señalados por el constituyente. Esta consideración se hace teniendo en cuenta la situación jurídica planteada en el caso que se examina, puesto que, como se ha visto, en concepto del Tribunal Superior de Riohacha, que no comparte la Corte Constitucional, se sostiene que el peticionario pretende en principio y de modo expreso la protección por vía de la Acción de Tutela de un Derecho e Interés Colectivo de los que enumera expresamente la Carta, como se verá enseguida, y porque la Corte Suprema de Justicia, como se consignó mas arriba, resolvió confirmar la providencia del H. Tribunal con base en que no se configuró la situación que permite la utilización de la Acción de Tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, ante la existencia de otras vías judiciales ya puestas en ejercicio. f) En este orden de ideas se observa que el inciso primero del artículo 88 de la Carta, al consagrar las denominadas Acciones Populares como otro de los instrumentos de defensa judicial de los derechos de las personas, señala también el ámbito material y jurídico de su procedencia, en razón de la naturaleza de los bienes que se pueden perseguir y proteger a través de ellas; éstas aparecen previstas para operar dentro del marco de los derechos e intereses colectivos que son, especificamente, el patrimonio público, el espacio público y la salubridad pública; igualmente, se señala  como objeto y bienes jurídicos perseguibles y protegidos por virtud de estas acciones, la moral administrativa, el ambiente y la libre competencia económica. Esta lista no es taxativa sino enunciativa y deja, dentro de las competencias del legislador, la definición de otros bienes jurídicos de la misma categoría y naturaleza, la cual le asigna un gran valor en procura de uno de los fines básicos del Estado  Social de Derecho como es el de la Justicia. Queda claro, pues, que estas acciones, aunque estén previstas para la preservación y protección de determinados derechos e intereses colectivos, pueden abarcar derechos de similar  naturaleza, siempre que estos sean definidos por la ley conforme a la Constitución, y no contraríen la finalidad pública o colectiva y concreta a que quedan circunscritas estas acciones, por sustanciales razones de lógica y seguridad jurídica. También se  desprende de lo anterior que  las acciones populares, aunque se enderecen a la protección y amparo judicial de estos concretos intereses y derechos colectivos, no pueden establecerse ni ejercerse para perseguir la reparación subjetiva o plural de los eventuales daños que pueda causar la acción o la omisión de la  autoridad pública o del particular sobre ellos; para estos últimos fines el Constituyente erigió el instituto de las acciones de grupo o de clase y conservó las acciones ordinarias o especializadas y consagró como complemento residual la Acción de Tutela si se presenta la violación de los Derechos Constitucionales, como en este caso lo propone el peticionario. En consecuencia, para esta Corporación es claro que el peticionario en esta oportunidad no propone la directa protección del Derecho Constitucional a Gozar de un Medio Ambiente Sano, sino la protección de unos derechos específicos de carácter Constitucional Fundamental, que en su opinión se encuentran amenazados por la supuesta omisión de una autoridad administrativa del orden nacional y ante una situación reconocida jurídicamente como de grave amenaza para la vida humana y, por tanto, no se encuentra ninguna incompatibilidad entre la acción popular que se intentó por separado ante los jueces competentes en el municipio de San Juan del Cesar   y la Acción de Tutela intentada ante el Tribunal Superior de Riohacha. En este sentido la Corte Constitucional no comparte las reflexiones que sirvieron para denegar la solicitud de tutela de la referencia, en lo que hace a la supuesta incompatibilidad de objeto y de fin entre lo solicitado y la vía utilizada en el caso concreto. Lo cierto es que el peticionario reclama otro derecho distinto del que se protege con las acciones populares y al examen de la petición debe dársele un sentido conforme con la naturaleza especial de la Acción de  Tutela para no desvirtuar sus cometidos, y así se hará en esta sentencia. g)  Por su finalidad pública se repite, las Acciones Populares no tienen un contenido subjetivo o individual, ni pecuniario y no pueden erigirse sobre la preexistencia de un daño que se quiera reparar subjetivamente, ni están condicionadas por ningún requisito sustancial de legitimación del actor distinto de su condición de  parte del pueblo. Característica fundamental de las Acciones Populares previstas en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Nacional, es que permiten su ejercicio pleno con carácter preventivo, pues, los fines públicos y colectivos que las inspiran, no dejan duda al respecto y en consecuencia no es, ni puede ser requisito para su ejercicio el que exista un daño o perjuicio sobre los derechos que se pueden amparar a través de ellas.  Desde sus más remotos y clásicos orígenes en el Derecho Latino, fueron creadas para prevenir o precaver la lesión de bienes y derechos que comprometen altos intereses colectivos, sobre cuya protección no siempre cabe la espera del daño; igualmente buscan la restitución del uso y goce de dichos intereses y derechos colectivos. En verdad, su poco uso y otras razones de política legislativa y de conformación de las estructuras sociales de nuestro país, desdibujaron en la teoría y en la práctica de la función judicial esta nota  de principio.   Los términos del enunciado normativo a que se hace referencia en este apartado, no permiten duda alguna a la Corte sobre el señalado carácter preventivo y restitutorio y se insiste ahora en este aspecto, dadas las funciones judiciales de intérprete de la Constitución que corresponden a esta Corporación, para evitar y corregir equívocos como el advertido en la primera de las sentencias que se examinan. Además, su propia condición permite que puedan ser ejercidas contra las autoridades públicas por sus acciones u omisiones y, por las mismas causas, contra los particulares; su tramitación es judicial y la ley debe proveer sobre ellas, atendiendo a sus fines públicos y concretos, no subjetivos ni individuales. h) Ahora bien, el inciso segundo del citado artículo 88 de la Carta preve otro mecanismo de sustancial importancia dentro del campo de las garantías judiciales de los derechos de las personas, conocido como las Acciones de Clase o de Grupo.  Estas, igualmente regulables por la ley, no hacen referencia exclusiva a los Derechos Constitucionales Fundamentales, ni sólo a los Derechos Colectivos, pues también comprenden a los Derechos Subjetivos de origen  constitucional o legal y necesariamente suponen la existencia, reclamo y demostración de un perjuicio o daño causado y cuya reparación se puede pedir ante el juez;  empero, exigen siempre que este daño sea de los que son causados en ciertos eventos a un número plural de personas que por sus condiciones y por su dimensión deben ser atendidas con prontitud, inmediatez, efectividad y sin mayores requisitos procesales dilatorios.  El acceso a la justicia es también en estos casos preocupación fundamental del constituyente, que al consagrarlos da nuevas herramientas a la sociedad para la protección de los derechos de las personas en sus distintos ámbitos, y a esta hipótesis de protección judicial de los derechos se hace referencia también con el propósito de promover su entendimiento y su ejercicio. Quinta:   La Acción de Tutela y el Artículo 86 de la Constitución   Nacional a) Para definir otro de los fundamentos de esta providencia, esta Sala, en acatamiento de su jurisprudencia reiterada en fallos anteriores, estima  que la Acción de Tutela  está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal  específico y directo  que tiene por objeto la eficaz protección concreta  e inmediata de  los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación y cuando sean   reclamados de modo concreto y específico, no obstante que en su formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de otra naturaleza y categoría. b) Como lo ha señalado esta Corporación en varias oportunidades, dicha acción es un medio procesal específico porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales afectados de modo actual e inminente,  siempre que estos se hallen radicados en cabeza de una persona o de un grupo determinado de personas y conduce, previa la concreta solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias ordenes de efectivo e inmediato cumplimiento, enderezadas a garantizar su tutela, con fundamento constitucional. c) La Acción de Tutela consagrada en el citado artículo 86 de la Carta Política de 1991 es, en este sentido, una clara expresión de las nuevas competencias de la Justicia Constitucional con fines concretos, enderezada por razones ontológicas y doctrinarias a la protección jurisdiccional de las Libertades de origen constitucional y de rango fundamental, que  complementa, en determinadas situaciones y bajo el imperio de ciertas condiciones, el conjunto de funciones tradicionales y propias  de los jueces de la República, para asegurar la vigencia procesal específica del conjunto de los derechos constitucionales fundamentales. d) Empero, adviértase sobre la procedencia de este mecanismo, que la Acción de Tutela puede conducir a la indirecta y consecuencial protección de otros derechos e intereses legítimos de rango constitucional o legal, siempre que su desconocimiento se cause por  la violación específica de cualquier Derecho Constitucional Fundamental y que la protección de éste sea reclamada en el asunto concreto de que se trate. Igualmente, téngase en cuenta que la violación o el desconocimiento de cualquier otro derecho o interés legítimo de rango constitucional no fundamental o legal puede conducir a la violación directa y especifica de un Derecho Constitucional Fundamental, y que aquellos pueden resultar consecuencialmente comprendidos y amparados por la resolución judicial que decrete la tutela en favor del Derecho Constitucional fundamental, que se demuestra vulnerado o amenazado. Obviamente, téngase en cuenta que esta hipótesis solo es procedente cuando se reclama la Tutela del específico derecho de rango constitucional fundamental y, además, cuando se encuentra que el desconocimiento o la violación del derecho o del interés de otro rango o condición jurídica distinta de aquellos para los que esta previsto el artículo 86 de la Carta, resulta siendo la causa directa y eficiente de la violación o amenaza de que se ocupa la Acción de Tutela. Esto significa, en otros términos, que la Acción de Tutela, aunque esté prevista para la protección específica y directa de los Derechos Constitucionales Fundamentales, no es un mecanismo excluyente de la protección consecuencial e indirecta de los restantes derechos e intereses jurídicos, siempre que en su ejercicio se reclame y se determine la violación o la amenaza de violación directa y eficiente de los derechos constitucionales fundamentales. e) Como la finalidad prevalente de la Acción de Tutela es, se repite, la protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, esta  no puede ejercitarse sin que se proponga así sea de modo concurrente para dicho fin específico; esta consideración se hace por la Corte Constitucional con el fin de señalar que eventualmente pueden concurrir en la petición judicial de amparo constitucional de un Derecho Constitucional Fundamental, otras situaciones de carácter jurídico que resultan comprometidas por la actuación, así esta comporte, en el caso concreto, su indirecta consecuencia. f) Así las cosas, la Acción de Tutela es  instrumento constitucional de carácter directo de protección de los derechos Constitucionales fundamentales, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial de aquellos derechos, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre estos y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional fundamental que se demuestra lesionado. Es necesario destacar que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica, aunque no excluyente, de violación o amenaza de violación de los  derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. g) Se establece así un sistema complementario y residual de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el Constituyente quiso superar con sus previsiones, determinadas deficiencias estructurales de la organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter legislado, no garantizaba la plena, efectiva e integral protección de los derechos constitucionales fundamentales, tan caros al Estado Social y Democrático de Derecho y al constitucionalismo en todas sus evoluciones. Aquella protección judicial tradicional que se pretende reformar y complementar se funda desde sus orígenes en el evidente carácter disponible de los derechos e intereses de rango y naturaleza distintos de los derechos constitucionales fundamentales; empero, estos últimos reclaman a la luz de las nuevas concepciones del Derecho Constitucional, un sistema de garantía especial que aparece ahora consagrado en la institución de la Acción de Tutela. h) De otra parte, obsérvese que no se trata de una vía de defensa de la Constitución en abstracto o con fines generales, que pueda dirigirse contra todos los integrantes o agentes de una Rama del Poder Público en su conjunto, o contra un acto con vocación general y abstracta para lo cual la Carta y la ley establecen otras vías; ni versa sobre la protección especifica o general de los derechos subjetivos controvertibles judicialmente por las vías ordinarias o especializadas,  ni sobre la legalidad de los actos administrativos de contenido individual, subjetivo y concreto, atacables ante la jurisdicción constitucionalmente competente de lo contencioso administrativo. Reiterase la observación interpretativa que se dejó definida más arriba sobre las relaciones de esta acción con la protección consecuencial de otros derechos e intereses jurídicos, y sobre la relación de causalidad exigida entre su violación o desconocimiento y la violación o amenaza de violación causada sobre los derechos constitucionales fundamentales. Por último, téngase en cuenta que su consagración constitucional se endereza a establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades, establecidos en principio, en el capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado, siempre identificable especificamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos señalados por la ley. Asunto bien diferente es el del impacto de las violaciones al Derecho Constitucional a gozar de un Medio Ambiente Sano sobre el núcleo esencial de los  Derechos Constitucionales Fundamentales de la persona humana como son la Salud, la Integridad Física y la Vida , entre otros los que bien pueden ser protegidos como se ha advertido,  bajo ciertas condiciones de causalidad directa y eficiente por virtud del ejercicio de la Acción de Tutela, con independencia de la existencia de las restantes vías judiciales que, como las acciones populares, están previstas de modo específico para lograr el amparo  de aquellos. Sexta: La Situación Planteada en el Caso de la Contaminación Ambiental por la Explotación del Carbón en las Veredas de Caracoli y El Espinal. a) Sin lugar a duda, se repite, los citados artículos 79 y  88 de la Carta señalan el carácter colectivo del Derecho, lo cual en principio excluye la procedencia de la  Acción de Tutela en los términos señalados por el artículo 86 de la normatividad superior, por la específica razón de la existencia de otras vías judiciales de protección en los términos de las consideraciones que se señalan más arriba y como lo advierten en el plano teórico las dos providencias que se revisan; empero, como se advierte en esta sentencia, de ser el atentado o la amenaza de violación a un derecho colectivo como  el de gozar de un Medio Ambiente Sano de tal naturaleza que en la específica situación, se atenta de modo directo y eficiente contra un Derecho Constitucional Fundamental, puede intentarse la Acción de Tutela y amparar uno y otro derechos simultáneamente al demostrarse en las condiciones advertidas, la acción o la omisión atentatoria de unas autoridades públicas contra tales derechos fundamentales. Así las cosas, esta Sala de la Corte Constitucional encuentra que de conformidad con lo dispuesto por la Carta y por la Ley 9a. de 1989, la vía para obtener la protección judicial del Derecho Constitucional al medio ambiente no es la del ejercicio de la Acción de Tutela establecida en la citada norma constitucional,  salvo que se invoque como violado y  se demuestre la violación directa o la amenaza eficiente de violación de un Derecho Constitucional Fundamental, como lo indica el peticionario al señalar que se atenta contra el Derecho a la Vida de los habitantes de las zonas comprendidas por la citada resolución del Ministerio de Salud. A juicio de la Corte y en el caso concreto que  se examina, dicha relación no es remota sino directa,y ni siquiera la relación entre los hechos descritos y la amenaza al Derecho Constitucional Fundamental a la Vida y a la Integridad Física de las personas es discutible a la luz de la resolución 02122 de 1991 del Ministerio de Salud, y es suficiente para que proceda la Acción de Tutela impetrada en favor del amparo de estos últimos derechos, pues nada más evidente que los términos utilizados por tan alta dependencia de Estado. Examinada la legislación correspondiente a las funciones de los Ministerios de Minas y Energía y de Salud Pública, así como de sus dependencias y entidades vinculadas y aun adscritas, se encuentra que existe una clara y notoria omisión en el deber de proteger con medidas especificas y eficaces a las personas señaladas por el peticionario en sus vidas y en su integridad física, afectadas directamente por la contaminación ambiental que se ha probado. b) Así las cosas, en el caso concreto procedía la  Acción de Tutela por el aspecto de la amenaza de violación al Derecho Constitucional a la Vida y a la Integridad Personal  ( art. 11 C.N.),  causada por la contaminación ambiental de la explotación carbonífera. Adviértase nuevamente que en opinión de la Corte la relación que se exige entre la violación o la amenaza de violación a un Derecho Constitucional Fundamental por el desconocimiento de un derecho colectivo u otro  derecho de carácter ordinario, debe ser de causalidad directa y eficiente, pues no basta que se estime la existencia de una relación remota entre la situación jurídica o de hecho entre una y otra violación o amenaza de violación para que proceda la Acción de Tutela. Empero, como se advierte en el caso concreto de la petición que se examina,  se encuentra que existe  la relación de causalidad exigida, pues en verdad por las condiciones de explotación minera que se señalan, se contamina el ambiente tal y como lo comprueba el  Ministerio de Salud y el H. Tribunal Superior de Riohacha. Este hecho, al hacer INHABITABLE  una zona habitada por determinadas personas y de RIESGO PARA LA SALUD HUMANA, ANIMAL Y VEGETAL otra, en sí mismo conduce a provocar amenaza o violación directa al Derecho Constitucional a la Vida, a la Integridad Física, mucho más cuando las dependencias correspondientes no ordenan las medidas que se hacen necesarias, para proteger de modo directo y eficaz la vida de los habitantes y residentes de aquellas zonas. c) De otra parte, como se advirtió en las precedentes consideraciones sobre el artículo  86 de la Carta y la Acción de Tutela, se tiene como uno de los requisitos sustanciales predicados de su procedencia, sin cuyo cumplimiento no se puede acceder a la petición, el que impone al peticionario el deber de señalar sin formulismos o ritualidades especiales el caso concreto de violación o amenaza de violación de los Derechos Constitucionales de una persona o de un grupo determinado de personas y su identificación especifica; en efecto, no basta señalar en abstracto la hipótesis de la  violación o de la amenaza de violación y señalar a la autoridad  supuestamente causante de una acción o responsable de la omisión; es necesario que se señale a la persona o al grupo de personas en cuyo nombre se actúa en calidad de representante o de agente oficioso o, si se presenta en nombre propio, la identificación específica de quien se estima perjudicado o amenazado en sus derechos constitucionales fundamentales. En este sentido el Decreto 2591 de 1991 señala en sus arts. 1o., 10o. y 15,  que toda persona tendrá Acción de Tutela para reclamar sus derechos constitucionales fundamentales, debiendo señalar en la solicitud su nombre y lugar de residencia; igualmente se admite que esta acción sea ejercida por otra persona que actúe en nombre del titular del Derecho Constitucional reclamado, sea como su representante o como su Agente Oficioso.  Esta última hipótesis es admisible cuando el titular de los mismos derechos no esté en condiciones de promover su propia defensa y cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud. Se trata de asegurar por esta vía que exista la más amplia efectividad del mecanismo constitucional de protección judicial a los derechos constitucionales fundamentales y de favorecer el anhelo del Constituyente de promover el acceso a la justicia, en todos los ámbitos de la vida social, mucho más cuando se trata de personas que no cuentan con los medios ni con los recursos para promover la defensa tradicional  de sus derechos. De lo anterior se concluye que el Señor Pérez Araujo bien pudo ejercer la Acción de Tutela en su condición de Agente Oficioso de las personas en cuyo nombre dice actuar y que identifica plenamente en su escrito y en el anexo a que se ha hecho referencia en esta providencia, los cuales no merecen a  la Corte Constitucional ningún reparo en este aspecto bien previsto en la ley. Se ha advertido reiteradamente que la Acción de Tutela es un mecanismo que procura la justicia constitucional en concreto y de modo específico, y no conduce a resoluciones en abstracto y con carácter objetivo, para lo cual existen otras vías de acceso a la justicia constitucional como puede ser la acción de nulidad o las aciones de cumplimiento; en consecuencia, debe presentarse al juez el caso específico de agravio o amenaza en  contra de una o varias personas que reclaman la tutela o el amparo de sus derechos constitucionales fundamentales. Se trata pues de una vía por la cual se puede reclamar en favor del titular de un Derecho Constitucional  Fundamental, la tutela concreta, directa, subjetiva y específica de aquel derecho ante una situación también concreta, subjetiva y especifica de violación y, en este caso el peticionario señala e identifica, por virtud de un medio jurídico expreso y válido, como lo fue la declaración rendida ante el despacho del Magistrado Sustanciador en el Tribunal Superior de Riohacha a las personas en cuyo nombre actúa y, por lo mismo, resulta posible al juez verificar  si la conducta o la omisión atacada, causa o no violación o amenaza de violación a un Derecho Constitucional Fundamental como el Derecho a la Vida o al Trato Digno y Humano. Esta última exigencia se desprende palmariamente del contenido de la parte resolutiva de la Resolución  número 02122 de 1991 del Ministerio de Salud. En consecuencia, bien podía el Juez en este caso comprobar la  amenaza de violación o la violación concreta del Derecho Constitucional Fundamental por el examen de la actuación administrativa que señaló el carácter de INHABITABLE Y DE GRAVE PELIGRO PARA LA VIDA HUMANA, VEGETAL Y ANIMAL de una determinada zona vecina a la explotación minera y proferir la sentencia de amparo o de tutela en concreto y con carácter específico sobre aquellos derechos radicados en cabeza de un grupo también determinado de personas, que han comprobado que residen en dichos lugares y que los reclamaban por la actuación de un agente oficioso que los identifica especificamente. No procede la denegación de la tutela pedida cuando se demuestra por cualquier medio, como en efecto ocurrió en el caso en examen, la violación o la amenaza de violación del Derecho Constitucional Fundamental; en este caso se comprobó efectivamente la violación objetiva a un Derecho Constitucional de tal categoría por la omisión de un deber constitucional y legal de las autoridades públicas, y no basta la simple información a los funcionarios competentes o compulsar las copias que lo ameriten para garantizar la vigencia y eficacia de la Constitución Nacional. La Acción de Tutela no está prevista para atender reclamos de orden  genérico ni de orden social o político desligados de un caso concreto de violación a los derechos constitucionales fundamentales; supone un caso de violación o amenaza de esta índole que se debe enmendar para remover o precaver los obstáculos al goce pleno de aquellos derechos y en este caso se cumplió con esta condición ineludible. En mérito de lo expuesto, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero: REVOCAR las sentencias proferidas por el Honorable Tribunal Superior de Riohacha, el día 28 de febrero de 1992 y por la Honorable Corte Suprema de Justicia el día 30 de abril del mismo año, relacionadas ambas con la Acción de Tutela de la referencia presentada por el Doctor Armando Pérez Araújo, salvo el numeral segundo de la parte resolutiva de la primera de las providencias que se cita, que se confirma. Segundo. Conceder la tutela del Derecho Constitucional Fundamental a la Vida y a la Integridad Personal de MILTON ORTIZ CARRILLO, su esposa y sus hijos menores, de DIOMEDES CARDONA  y su familia, y de las específicas personas y familias residentes en las veredas de Caracolí y el Espinal del Municipio de Barrancas en el Departamento de La Guajira, que aparecen relacionadas en los folios 131, 132, 133 y 134 del expediente contentivos del estudio poblacional elaborado por la Organización Indígena YANAMA, los que se insertan como parte de esta sentencia. Tercero. Ordenar a todas las entidades y dependencias competentes de los Ministerios de Salud Pública y de Minas y Energía que a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes a la comunicación de esta sentencia, tomen todas las medidas, ordenes, resoluciones y provisiones que sean necesarias y adecuadas para garantizar la efectiva protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales a la Vida y a la Integridad Física de las personas y familias afectadas directamente por la situación de contaminación en las veredas de Caracolí y el Espinal del Municipio de Barrancas en el Departamento de la Guajira.  Dichas autoridades y entidades, deberán precaver la conservación de la calidad de la vida y del medio ambiente sano en las mismas veredas en todo lo que se relacione con la contaminación ambiental producto de la actividad de la explotación minera del carbón, teniendo en cuenta el carácter de INHABITABLE y de ALTO RIESGO PARA LA VIDA HUMANA, VEGETAL Y ANIMAL señalado por la resolución número 02122 de 1991 (febrero 22) del Ministerio de Salud. Cuarto: COMUNIQUESE al Tribunal Superior de Riohacha, la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo ordena el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, y para que informe a esta Corte sobre el cumplimiento de las ordenes a que se refieren los numerales anteriores. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ             SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-529-92 Sentencia No Sentencia No. T-529/92 DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Cónyuges El respeto a la vida y a la integridad física de los demás, en un sentido moral y jurídicamente extenso que no se reduce sólo a la prevención policiva o a la represión penal del agresor, comporta el deber de no maltratar, ni ofender, ni torturar, ni amenazar a las personas, mucho menos a aquella con quien se comparten la unión doméstica de procreación y desarrollo de los hijos y de la familia, y la promesa de mutuo fomento material y espiritual. ACCION DE TUTELA-Objeto La finalidad prevalente de la Acción de Tutela es, se repite, la protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, ésta no puede ejercitarse sin que se proponga así sea de modo concurrente para dicho fin específico; esta consideración se hace por la Corte Constitucional con el fin de señalar que eventualmente pueden concurrir en la petición judicial de amparo constitucional de un Derecho Constitucional Fundamental,  otras situaciones de carácter jurídico que resultan comprometidas por la actuación, así ésta comporte, en el caso concreto, su indirecta y consecuencial protección. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Indefensión En el caso de autos se trata de tutelar la vida y la integridad de una persona que ha sido puesta, por el ejercicio de la fuerza reiterada y habitual dentro de su lugar de residencia y en el ámbito familiar, en condiciones de indefensión respecto de quien se interpuso la acción.   Tutelar el Derecho Constitucional Fundamental a la vida que se encuentra amenazada y el Derecho a la Integridad Personal que ha sido violado por uno de los cónyuges que coloca al otro en condiciones de indefensión, no comporta en este caso la exclusión de las competencias de los jueces penales, pues, en juicio de la Corte Constitucional ambas vías judiciales buscan fines diferentes y no son incompatibles.  En estos casos la vía judicial ordinaria no alcanza a garantizar los derechos constitucionales, que se pretenden proteger por vía de la acción de tutela. FALLO DE TUTELA-Cumplimiento Como las acciones policivas no son judiciales sino administrativas y lo que pretende el Constituyente es crear y poner en favor de todas las personas una vía judicial específica, sumaria y preferente con objetivos y fines también específicos, no existe fundamento para enervar la procedencia de esta última por la presencia de aquellas, que sólo son vías administrativas.  Por el contrario, el juez que conoce de la tutela puede ordenar a dichos funcionarios, con todo el carácter y la fuerza de una decisión judicial de inmediato cumplimiento, que con sus recursos y capacidades legales hagan viable y efectiva en un caso concreto, la protección de aquellos derechos constitucionales que se hallan amenazados o vulnerados por la acción de un particular. Sala de Revisión No. 5 Expediente No. T-2710 Acción de tutela presentada ante el Tribunal Superior de Pereira-Sala de Familia- contra GUSTAVO CARDENAS por su esposa. Derecho a la vida y a la integridad física y a la Paz Doméstica entre cónyuges. Peticionario: LUCIA SANCHEZ DE CIFUENTES, apoderada de la Señora BLANCA CECILIA CASTRO LOPEZ. Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., Septiembre dieciocho (18) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de revisión en asuntos de tutela, compuesta por los señores Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Díaz, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira -Sala de Familia- el veintinueve (29) de Abril de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  A N T E C E D E N T E S A.   La Petición 1.  El diez (10) de Abril de 1992 la Abogada LUCIA SANCHEZ DE CIFUENTES apoderada especial de la ciudadana BLANCA CECILIA CASTRO LOPEZ, presentó ante el Honorable Tribunal Superior de Pereira un escrito con varios anexos en el que interpone la Acción de Tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, contra el esposo de su poderdante el Señor GUSTAVO CARDENAS  porque en su concepto se ha presentado violación al Derecho a la Vida y a la Integridad Física, a la Paz Doméstica y a la Intimidad Familiar entre cónyuges por los contínuos golpes y amenazas que éste le inflige a su representada. La petición fue repartida en debida forma a la Sala de Familia del citado Tribunal, donde se tramitó la actuación judicial correspondiente. Por medio de la Acción de Tutela de la referencia, la peticionaria procura proteger los derechos constitucionales fundamentales que estima violados y amenazados, y obtener una orden judicial por la que se obligue al Señor Cárdenas a abandonar la casa de la que también es propietario y en la que habita con su familia. 2.   Los hechos que señala la peticionaria como causa de la citada acción se resumen como sigue: a.   En su opinión se presenta una evidente amenaza contra el Derecho Constitucional a la Vida y a la integridad Física y una grave violación al Derecho Constitucional a la Paz Doméstica y a la Intimidad Familiar de su poderdante por las permanentes actitudes de violencia física, de amenazas y de improperios que tanto en público como en privado le propina su esposo; b.  Sostiene la representante de la peticionaria que la Señora BLANCA CECILIA CASTRO contrajo matrimonio católico con el Señor GUSTAVO CARDENAS el dieciocho (18) de Febrero de mil novecientos setenta y ocho (1978) y que en dicha unión se procrearon tres hijos de nombre Jorge Mauricio, Mónica Viviana y Johanna Catalina todos actualmente menores de edad. c.  Afirma que al año de casados comenzaron por parte del esposo los ultrajes y maltratos para con ella, convirtiéndose en lesiones personales; también indica que ha sido objeto de ultrajes verbales, golpes y heridas físicas durante varios años, los que no cesan. d. Manifiesta además que debió acudir a las autoridades de policía para su protección, en especial ante el "Permanente del sur de Pereira" y ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de la misma ciudad, además, acudió a la "Comisaría de Familia de Pereira" para solicitar protección. e. Con base en los hechos que expone, la señora Blanca Cecilia Castro López instauró demanda de separación de cuerpos cuyo proceso se tramita en el Juzgado Tercero Promiscuo de Pereira. f. Manifiesta que el 29 de marzo pasado, el esposo de la peticionaria la golpeó con un machete, lo que la obligó a abandonar la vivienda en condiciones económicas que le hacen imposible alimentar a su familia, ya que su esposo no aporta nada para sufragar los gastos. Los golpes y las amenazas que se mencionan también se han verificado en plena vía pública hasta donde la persigue y hostiga el esposo. Se observa que en el expediente obran dos (2) testimonios formalmente recibidos en audiencia pública ante el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Pereira el veintiseis (26) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), en los que se manifiesta por personas idóneas para declarar, que las relaciones entre los esposos Cárdenas Castro han llegado al punto en el que las agresiones de todo orden de parte del marido desbordan los límites del trato digno y se convierten en golpes, lesiones, trato inhumano y degradante y en ofensas de toda índole, cometidas incluso en la vía pública y en frente de los hijos menores de la pareja. En dichos testimonios se asegura que los tratos inhumanos están afectando de modo directo a la integridad física de la Señora Castro y ponen en peligro su vida, lo mismo que la condición emocional y sicológica de los menores y demás familiares del agresor. g. Por último, manifiesta que no ha obtenido respuesta ni de la policía para hacer abandonar la vivienda al agresor, entre otras razones porque se le indica que el inmueble también pertenece al agresor. B.  La Sentencia que se revisa Corresponde a esta Sala la revisión de la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Pereira, el veintinueve (29) de Abril de mil novecientos noventa y dos (1992), en la que se deniega la solicitud de tutela de la referencia. a)  La Decisión El citado Despacho Judicial resolvió sobre la solicitud formulada y ordenó denegar la tutela formulada por  BLANCA CECILIA CASTRO LOPEZ contra GUSTAVO CARDENAS. b)   Las Consideraciones de Mérito El Despacho Judicial fundamentó su decisión en las consideraciones que se resumen enseguida: 1. El Tribunal estima que la Acción de Tutela sólo es procedente cuando el peticionario no cuente con otra herramienta jurídica a la cual pueda acudir para proteger sus derechos constitucionales fundamentales y que ella no puede reemplazar las vías judiciales existentes para esa protección. Estima que "no se trata de que por el camino de la celeridad con que debe resolverse la tutela se arrase con otros procedimientos existentes para defender el derecho supuestamente amenazado". 2. En concepto de aquel Despacho las situaciones domésticas que ha expuesto  por intermedio de su apoderada la señora Castro López, no están llamadas a ser resueltas mediante la acción de tutela, pues, "En principio en la misma petición se habla de que la solicitante tramita un proceso de separación de cuerpos contra su esposo Gustavo Cárdenas, lo que indica que ya comenzó a utilizar los medios legales existentes para solucionar sus desaveniencias conyugales. De igual forma relata que ha puesto denuncias penales contra aquél por agresiones de hecho que ha recibido y de las que ha resultado lesionada, es decir, que ya puso en marcha los dispositivos jurídicos penales para su sanción, en caso de demostrarse su responsabilidad. Pero, además, como se queja de los atropellos que en público y en privado le dispensa su cónyuge, debe hacerse notar que su suceso es prevenible mediante la intervención de las autoridades de policía, entre cuyas funciones esta precisamente la de velar porque hechos de tal laya no se susciten". 3.  En lo que se refiere a la concreta petición formulada por la Señora Castro López, relacionada con la solicitud de la orden que prohiba al esposo residir en su casa de habitación, el Tribunal  señala la providencia que se revisa que: "En lo relacionado con que se expulse al Señor Cárdenas de su casa, petición que no fue reiterada pues luego se mencionó que la Señora Castro se vio precisada a abandonarla, no se ve que sin contrariar otros derechos pudiera tomarse medida de esa índole, cuando en el mismo memorial se menciona que Cárdenas es copropietario del inmueble. De modo que la disputa por él más bien tendría que ventilarse ante la jurisdicción civil, si su propiedad es común. No dejándose pasar por alto que los cónyuges están obligados a vivir juntos y a ser recibidos el uno en la casa del otro (Decreto 2820 de 1974), obligaciones que persisten hasta cuando se obtenga la separación, y que en caso de conflictos entre ellos, pueden ser precavidas mediante las medidas policivas ya comentadas". 4. El Despacho llegó al convencimiento de que la petición no debe prosperar, puesto que en su opinión las relaciones familiares entre cónyuges no están consideradas como objeto de la Acción de Tutela contra particulares por las normas que regulan la Acción de Tutela, en especial por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991.  Al no configurarse la relación de permanente  SUBORDINACION o ESTADO DE INDEFENSION respecto de la salvaguardia de su integridad, la peticionaria no puede intentar la acción de la referencia; así, sostiene que: "Es pertinente aludir a que la acción de tutela contra particulares, como la aquí ejercida, sólo procede en los casos taxativamente previstos en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, a ninguno de los cuales se ajustan las circunstancias familiares expuestas por quien ha impetrado el amparo, porque en relación con el numeral 9o. de tal norma no puede decirse que la Señora Castro esté subordinada a su marido o se encuentre en permanente estado de indefensión respecto de la salvaguardia de su integridad, pues no sólo tal hecho no se ha demostrado sino que ya se ha mencionado que existen otros medios legales para obtener la cesación de los escándalos y atropellos de que es o era objeto. Además, tampoco se ha argumentado que la peticionaria se halle en tal circunstancia, la que sólo se presume tratándose de menores de edad, lo que quiere decir que en otros eventos debe demostrarse. Igualmente no se ha mencionado que se halle en peligro inminente, menos ahora que se ha apartado de su cónyuge" 5.  Además, el Tribunal estima que el derecho a la Paz Doméstica no está consagrado como fundamental, pues, en su concepto éste debe considerarse como el entendimiento y la armonía que debe reinar entre quienes han constituído una familia legítima por medio de las nupcias, cuyas relaciones deben basarse en el respeto recíproco y en la igualdad de derechos y deberes, tal como prevé el artículo 42 de la Constitución Nacional; estima el Despacho judicial que la protección de la paz familiar o conyugal no ocasiona la aplicación de la tutela sino de otros mecanismos legales como los que conducen a la separación de cuerpos y del divorcio. También, señala que la "Intimidad Familiar " de que trata el artículo 15 de la Constitución Nacional, protege a todo el núcleo familiar, no excluye a ninguno de sus miembros y no puede conducir a la expulsión de éstos del lugar donde habita y reside la familia. II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 236  del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda.   La Materia Objeto de las Actuaciones a) En primer término encuentra la Sala que la peticionaria de modo expreso solicita por virtud del ejercicio de la  Acción de Tutela que consagra el artículo 86 de la Carta Política y que reglamenta el Decreto 2591 de 1991, la protección del Derecho Constitucional a la Vida y a la Integridad Física que se garantiza por el artículo 11 de la Carta Fundamental; de modo complementario, la peticionaria invoca la protección de otros derechos de carácter constitucional como son el Derecho a la Intimidad Familiar y a la Paz Doméstica consagrados en los artículos 42 y 43 de la Carta Política. En concepto de la Corte la cuestión planteada por la peticionaria se contrae específicamente a obtener que se decrete por vía de la citada acción, la protección inmediata de su Derecho Constitucional a la Vida y a la Integridad Física, no obstante que invoque la violación de otros derechos de naturaleza diversa; esta última circunstancia no enerva, como se verá enseguida, la procedencia de la acción ni impide que se decrete la TUTELA de aquellos derechos de carácter fundamental, como equivocadamente lo entiende el Tribunal, ya que la esencia de este instrumento de protección de los derechos constitucionales fundamentales se ocupa de modo preferente de asegurar a todas las personas el acceso a la justicia constitucional en lo que se relaciona con aquellos derechos constitucionales fundamentales para los que no exista remedio judicial específico, con  independencia de la técnica de su formulación, salvo muy determinados requisitos. b)   En un detenido examen del escrito presentado se encuentra que la peticionaria hace radicar la solicitud de TUTELA en la permanente situación de peligro y de indefensión en que se encuentra, por la relación legal que debe mantenerse al compartir la misma vivienda con su esposo, y por el vínculo familiar que conserva con sus hijos, a quienes debe sostener con su trabajo. También, la peticionaria advierte que de nada le han valido las solicitudes de carácter judicial y policivo que ha impetrado ante varias autoridades públicas revestidas de funciones de Policía. Esta reflexión, que se dirige a interpretar el contenido sustancial de la petición, la hace la Corte atendiendo a la naturaleza y a la finalidad de la Acción de Tutela, como mecanismo especial de protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, y para asegurar el cabal cumplimiento de la Constitución, como es su alta misión judicial. c) Por último, se tiene que el Despacho Judicial que atendió la petición, fundamenta su actuación y denegación de la TUTELA reclamada, en la consideración según la cual en los hechos narrados por el interesado y en la situación jurídica planteada, no se cumple con los requisitos sustanciales de procedencia de la Acción de Tutela, en especial con el de la ausencia de vías judiciales para la protección de los derechos constitucionales reclamados. Igualmente, el Tribunal estima que existiendo las vías policivas de carácter preventivo para proteger el derecho a la vida y a la integridad física, no se cumple con el mismo requisito; por ello, la Corte Constitucional se ocupará del examen de estos asuntos. Tercera: Las Declaraciones y los Testimonios que obran en el expediente. Como se advirtió más arriba, dentro del expediente existe constancia de dos testimonios válidamente depuestos ante autoridad judicial competente, en los que se prueba debidamente que el Señor Gustavo Cárdenas, esposo de la peticionaria, da malos tratos a su esposa, que la ofende de modo indigno y descomedido, que la trata de golpes inhumanos de manera recurrente y habitual, poniendo en peligro su vida y atentando contra su integridad física, produciéndole, además, desmayos y lesiones faciales. Para la Corte Constitucional estas pruebas son suficientes para estimar que existe un grave atentado contra los derechos constitucionales fundamentales que garantizan los artículos 11 y 12 de la Constitución Nacional en favor de todas las personas naturales, lo que de modo indubitable hace procedente la orden  judicial de tutela reclamada. No obstante lo anterior, deben examinarse otros elementos sustanciales de la petición formulada, para efectos de determinar su procedencia, en especial, los que se refieren a la existencia de otras vías judiciales. Cuarta:   La Acción de Tutela, el Artículo 86 de la Constitución   Nacional y el Derecho a la Vida y a la Integridad Personal. a.  Uno de los fundamentos de toda organización jurídico constitucional de naturaleza demoliberal es el de la disposición de las funciones públicas que le son propias, para asegurar a los asociados el respeto a sus vidas y a sus bienes; sin este presupuesto de carácter doctrinario dicha sociedad no tiene Constitución, y así lo expresan las primeras declaraciones de derechos propias del mundo moderno y occidental. En nuestro sistema constitucional esta característica aparece garantizada categóricamente desde el propio Preámbulo de la Carta, que señala que ella se decreta, sanciona y promulga, entre otros fines, para asegurar la vida a los integrantes de la Nación; igualmente, en ésta se señala como uno de los principios doctrinarios fundamentales del Estado el del respeto de la Dignidad Humana que, en juicio de la Corte Constitucional, comprende en sus amplias dimensiones,  tanto a la Vida como la Integridad de todas las personas naturales, sin distingo alguno. Además, en el artículo segundo de la Carta se señala que "las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". También, en el Capítulo I del Título II de la Carta, se asegura como el primero de los derechos constitucionales fundamentales el Derecho a la Vida con carácter de inviolable y se proscribe la pena de muerte; igualmente, y con la misma jerarquía, el artículo 12 de la Carta establece como otro de aquellos derechos constitucionales fundamentales, el de la integridad de la persona humana al establecer que "nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". (Subrayas de la Corte) En sus originarias proyecciones normativas, uno y otro derechos habían sido objeto de regulación conjunta tanto en el orden constitucional como en el ámbito legal; empero, ahora, dadas las proyecciones sociales de los derechos humanos se establece que el derecho a la vida y a la integridad física adquieren dimensiones diversas, que exigen regulaciones e interpretaciones adecuadas a sus propios contenidos y proyecciones. Estos derechos, que son presupuesto sustantivo de la configuración de la personalidad del hombre libre, y son lo mínimo que la sociedad puede reclamar del individuo para superar el  umbral de la barbarie, hacen derivar precisas responsabilidades predicables del Estado, de los jueces y, en general, de todas las personas, inclusive de los cónyuges que a la luz del derecho se deben otras obligaciones adicionales. Así, el respeto a la vida y a la integridad física de los demás, en un sentido moral y jurídicamente extenso que no se reduce sólo a la prevención policiva o a la represión penal del agresor, comporta el deber de no maltratar, ni ofender, ni torturar, ni amenazar a las personas, mucho menos a aquella con quien se comparten la unión doméstica de procreación y desarrollo de los hijos y de la familia, y la promesa de mutuo fomento material y espiritual. Estos derechos no son sólo predicados del inicio o del fin de la vida humana o de la integridad física en sentido material y corporal; además se dirigen a asegurar su intangibilidad y su plenitud, y comportan en todos los ámbitos de la vida social especiales consideraciones relacionadas fundamentalmente con los más altos valores sociales y con la dignidad plena de la persona natural sin distingo alguno. b.  Ahora bien, para definir otro de los fundamentos de esta providencia, esta Sala, en acatamiento de su jurisprudencia reiterada en fallos anteriores, estima  que la Acción de Tutela  está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal  específico y directo  que tiene por objeto la eficaz protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos  sean violados o se presente amenaza de su violación y cuando sean   reclamados de modo concreto y específico, no obstante que en su formulación concurran otras hipótesis de reclamo de protección judicial de derechos de otra naturaleza y categoría. Como lo ha señalado esta Corporación en varias oportunidades, dicha acción es un medio procesal específico porque se contrae a la  protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo actual e inminente, siempre que éstos se hallen radicados en cabeza de una persona o de un grupo determinado de personas y conduce, previa la concreta solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento, enderezadas a garantizar su tutela con fundamento constitucional. La Acción de Tutela consagrada en el citado artículo 86 de la Carta Política de 1991 es, en este sentido, una clara expresión de las nuevas competencias de la Justicia Constitucional con fines concretos, enderezada por razones ontológicas y doctrinarias a la protección jurisdiccional de las Libertades de origen constitucional y de rango fundamental, que  complementa, en determinadas situaciones y bajo el imperio de ciertas condiciones, el conjunto de funciones tradicionales y propias de los jueces de la República, para asegurar la vigencia procesal específica del conjunto de los derechos constitucionales fundamentales. Empero, adviértase sobre la procedencia de este mecanismo, que la Acción de Tutela puede conducir a la indirecta y consecuencial protección de otros derechos e intereses legítimos de rango constitucional o legal, siempre que su desconocimiento se cause por la violación específica de cualquier Derecho Constitucional Fundamental y que la protección de éste sea reclamada en el asunto concreto de que se trate. Igualmente, téngase en cuenta que la violación o el desconocimiento de cualquier otro derecho o interés legítimo de rango constitucional no fundamental o legal puede conducir a la violación directa y específica de un Derecho Constitucional Fundamental, y que aquéllos pueden resultar consecuencialmente comprendidos y amparados por la resolución judicial que decrete la tutela en favor del Derecho Constitucional fundamental, que se demuestra vulnerado o amenazado. Obviamente, téngase en cuenta que esta hipótesis sólo es procedente cuando se reclama la Tutela del específico derecho de rango constitucional fundamental y, además, cuando se encuentra que el desconocimiento o la violación del derecho o del interés de otro rango o condición jurídica distinta de aquéllos para los que está previsto el artículo 86 de la Carta, resultan siendo la causa directa y eficiente de la violación o amenaza de que se ocupa la Acción de Tutela. La Acción de Tutela, aunque esté prevista para la protección específica y directa de los Derechos Constitucionales Fundamentales, no es un mecanismo excluyente de la protección consecuencial e indirecta de los restantes derechos e intereses jurídicos, siempre que en su ejercicio se reclame y se determine la violación o la amenaza de violación directa y eficiente de los derechos constitucionales fundamentales. Como la finalidad prevalente de la Acción de Tutela es, se repite, la protección de los Derechos Constitucionales Fundamentales, ésta no puede ejercitarse sin que se proponga así sea de modo concurrente para dicho fin específico; esta consideración se hace por la Corte Constitucional con el fin de señalar que eventualmente pueden concurrir en la petición judicial de amparo constitucional de un Derecho Constitucional Fundamental,  otras situaciones de carácter jurídico que resultan comprometidas por la actuación, así ésta comporte, en el caso concreto, su indirecta y consecuencial protección. Así las cosas, la Acción de Tutela es instrumento constitucional de carácter directo de protección de los derechos Constitucionales fundamentales, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial de aquellos derechos, salvo que se utilice apenas y excepcionalmente como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre éstos y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional fundamental que se demuestra lesionado. Es necesario destacar que tanto en la norma constitucional, como en su desarrollo legislativo, el ejercicio de la citada acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica, aunque no excluyente, de violación o amenaza de violación de los  derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuída a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario o la persona en nombre de quien se actue debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, pero siempre en ausencia de otro medio judicial de protección.  En consideraciones que se vierten más arriba la Corte se ocupó del examen de este aspecto principal de la acción con el propósito de señalar el criterio que debe aplicarse en estos casos, y para resolver sobre la petición de la Señora BLANCA CECILIA CASTRO LOPEZ. Se establece así un sistema complementario y residual de garantía de aquellos derechos constitucionales fundamentales que, con determinadas características de sumariedad, preferencia y efectividad, impida en dicho ámbito la ausencia de su protección judicial, pues el Constituyente quiso superar con sus previsiones, determinadas deficiencias estructurales de la organización del sistema judicial que, entre otras causas, por su carácter legislado, no garantizaba la plena, efectiva e integral protección de los derechos constitucionales fundamentales, tan caros al Estado Social y Democrático de Derecho y al constitucionalismo en todas sus evoluciones. c.  Aquella protección judicial tradicional que se pretende reformar y complementar se funda desde sus orígenes en el evidente carácter disponible de los derechos e intereses de rango y naturaleza distintos de los de los derechos constitucionales fundamentales; empero, estos últimos reclaman a la luz de las nuevas concepciones del Derecho Constitucional, un sistema de garantía especial que aparece ahora consagrado en la institución de la Acción de Tutela. De otra parte, obsérvese que no se trata de una vía para la protección específica o general de los derechos subjetivos controvertibles judicialmente por las vías ordinarias o especializadas,  ni sobre la legalidad de los actos administrativos de contenido individual, subjetivo y concreto, atacables ante la jurisdicción constitucionalmente competente de lo contencioso administrativo. Reiterase la observación interpretativa que se dejó definida más arriba sobre las relaciones de esta acción con la protección consecuencial de otros derechos e intereses jurídicos, y sobre la relación de causalidad exigida entre su violación o desconocimiento y la violación o amenaza de violación causada sobre los derechos constitucionales fundamentales. Por último, téngase en cuenta que su consagración constitucional se endereza a establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos  derechos y libertades, establecidos en principio, en el capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que, se repite, sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública  o por un organismo del Estado, siempre identificable especificamente como  una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos señalados por la ley. d.  Ahora bien, como la Acción de Tutela también procede contra particulares en los casos precisos señalados por la ley según lo dispone el artículo 86 de la Carta, adviértase que el decreto 2591 de 1991 establece en su artículo 42 las distintas hipótesis en las que es admisible su ejercicio y entre ellas, para el caso de los estados de subordinación e indefensión frente a atentados contra la vida y la integridad de las personas naturales, el numeral 9o de este último dispone que puede intentarse: "cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela". Así las cosas, en el caso que se examina la Corte Constitucional encuentra que existe plena adecuación entre la norma aquí transcrita y los hechos objeto de la petición formulada, puesto que se trata de tutelar la vida y la integridad de una persona que ha sido puesta, por el ejercicio de la fuerza reiterada y habitual dentro de su lugar de residencia y en el ámbito familiar, en condiciones de indefensión respecto de quien se interpuso la acción. e.  Se trata en este caso concreto de un conjunto de relaciones de carácter doméstico en que el marido colocándose en situación de superioridad física, abusa de su presencia en el hogar y despliega la potencia de su habilidad adquirida para someter cualquier resistencia de la mujer; adviértase que ésta situación se configura en el caso de la incapacidad material y física de detener por medios civilizados una agresión de tal índole que, como en el caso que se examina, pone en grave peligro la vida y la integridad personal de la agredida. La indefensión a que hace referencia la norma que se cita esta constituida precisamente por la falta de defensa física o por la carencia de medios físicos para repeler la ofensa contra la vida o la integridad producida por  una persona natural  a la que se  debe respeto, afecto y consideración. En el caso de que se trata en la sentencia que se revisa, la peticionaria demuestra que tanto su derecho a la vida como a su integridad personal, en el aspecto de los tratos degradantes proscritos por la Carta, se encuentran efectivamente amenazados por la conducta violenta, habitual y continuada de su esposo y, por tanto se hace necesario decretar la tutela de aquellos derechos. En efecto, ha sido probado que el esposo de la Señora CASTRO LOPEZ  la maltrata de palabra y obra, la golpea, la insulta, la amenaza, la agrede verbal, física y moralmente, inclusive con el uso de armas contundentes, en público y en privado, y aún ante los hijos menores de su matrimonio y ante otros miembros de su familia. De lo anterior existe plena constancia en el expediente, pues, se repite, los testimonios debidamente recibidos de dos personas que conocen de la situación fundamento de la petición,  no dejan duda de los graves riesgos que comporta para la vida de la peticionaria la conducta de su esposo , y de las graves violaciones a la integridad de la peticionaria  causadas por el comportamiento de éste; ademas, se probó efectivamente que el marido continuamente le aplica tratos inhumanos y crueles a la esposa. De otra parte, la Corte encuentra que no asiste razón para aceptar el argumento sostenido por el Honorable Tribunal Superior de Pereira, según el cual la situación planteada por la petición se  contrae a un asunto típicamente doméstico y familiar, para cuya resolución judicial están previstas las acciones correspondientes ante la jurisdicción de familia, lo cual en  su opinión hace improcedente la Acción de Tutela; en efecto, los hechos narrados y probados muestran que el conflicto intrafamiliar fue desbordado con amplitud por las agresiones y los tratos indignos e inhumanos del marido, poniendo en grave peligro la vida de la mujer y violando ostensiblemente su derecho a la integridad personal. Así, el conflicto a que se refiere la sentencia que se revisa debe ser resuelto ante el juez competente de conformidad con las normas legales aplicables; empero, en la Acción de Tutela se trata de otro asunto, el cual, aun cuando está relacionado con aquel, es perfectamente autónomo para los fines del amparo constitucional. Cabe advertir que esta distinción fáctica debe estar en la base del examen de la procedencia de la Acción de Tutela, pues, como se advirtió, no es voluntad del constituyente refundir o confundir las acciones judiciales, ni mucho menos enervar las competencias ordinarias de los jueces.  Así, pues, la procedencia de la acción que es impetrada en sede de tutela en estos casos, debe medirse por la gravedad de la conducta violenta e inhumana y por su impacto sobre los derechos constitucionales fundamentales, que no pueden quedar desprotegidos en la espera de una resolución judicial que se contrae a decidir en principio sobre el conflicto intrafamiliar, las obligaciones recíprocas  de naturaleza económica y jurídica entre los cónyuges y sobre lo que resulte en torno de los hijos; ocurre  que el juez de familia se ocupa fundamentalmente de otro objeto y no de la protección inmediata del Derecho a la Vida y a la Integridad Física de las personas afectadas de modo inminente y grave por la fuerza violenta, habitual e irresistible de otra, dentro de la unidad doméstica tradicionalmente marcada por algunas indeseables diferencias de sexo, y por el sometimiento absurdo de una parte débil  a otra más fuerte y abusiva, como es el caso que motiva estas actuaciones. Igualmente, cabe señalar que tampoco es obstáculo para la procedencia de la Acción de Tutela la existencia de la vía penal que se surte también ante las autoridades judiciales especializadas, ya que estas actúan en cumplimiento de sus funciones públicas, como  que son titulares de la acción correspondiente de carácter punitivo y represor; así, la jurisdicción penal conoce en este caso de  las conductas específicas de lesiones personales o de las tentativas de homicidio, pero no de los específicos tratos inhumanos y degradantes a los que en este caso somete el marido a la mujer en el seno del hogar doméstico y familiar, y no conduce a su garantía inmediata  y directa, que es el efecto  directo de la orden de TUTELA. Obsérvese que la orden de amparo por vía de las actuaciones en sede de tutela, no enerva ni obstruye las competencias de las autoridades penales de la Rama Judicial, pues estas deben seguir el curso de las actuaciones que les asigna la acción pública de que son titulares ante la comisión de un delito o de una conducta punible, e incluso pueden llegar a ordenar las reparaciones que sean procedentes por vía de la acción civil  y dentro del marco de la correspondiente responsabilidad. Tutelar el Derecho Constitucional Fundamental a la vida que se encuentra amenazada y el Derecho a la Integridad Personal que ha sido violado por uno de los cónyuges que coloca al otro en condiciones de indefensión, no comporta en este caso la exclusión de las competencias de los jueces penales, pues, en juicio de la Corte Constitucional ambas vías judiciales buscan fines diferentes y no son incompatibles.  En estos casos la vía judicial ordinaria no alcanza a garantizar los derechos constitucionales, que se pretenden proteger por vía de la acción de tutela. Por último, el Honorable Tribunal de Pereira advierte que tampoco es procedente la Acción de Tutela por cuanto en su opinión la existencia de las vías policivas para prevenir o precaver conductas como las que describe y prueba la peticionaria, excluyen la posibilidad de impetrar la Acción de Tutela; al respecto se observa que bien definida tiene la doctrina y la jurisprudencia la naturaleza de dichas acciones, que se surten ante las autoridades de Policía a las que se les reconoce su carácter administrativo y no judicial; por tanto, se destaca que no asiste razón en este aspecto a la sentencia que se examina, mucho más cuando lo que señala la Constitución como hipótesis de improcedencia de la Acción de Tutela es la existencia de otras vías judiciales ordinarias erigidas para proteger los derechos constitucionales que resultan vulnerados  o amenazados. Advierte la Corte Constitucional que en lo que se refiere a la concreta  petición de expulsar o retirar del hogar doméstico al esposo de la peticionaria,debe tenerse en cuenta que a éste asiste el derecho de residir en su casa de habitación mientras  no exista orden judicial en contrario, y que para  poder decretar tal medida se hace necesario acudir ante los jueces competentes de familia o civiles ordinarios; además, tal como lo sostiene el Honorable Tribunal Superior de Pereira en principio los cónyuges tienen el deber de vivir juntos y la obligación de ser recibido el uno en la casa del otro hasta tanto no se ordene la separación de cuerpos y de bienes o se decrete el divorcio.   En caso de conflicto como el que se señala en esta providencia, lo procedente es ordenar las medidas policivas y administrativas que correspondan a la gravedad de los hechos destacados y remitir copia formal de las actuaciones en sede de tutela ante los jueces que conocen  tanto de la resolución de las obligaciones matrimoniales como de la conducta punible que resulte;  también, en caso de la comisión de delitos, su juzgamiento, su sanción y las medidas que comprometan la libertad física, de circulación, de movimiento y de residencia del sujeto autor de la conducta, corresponde decretarlas al Juez Penal legalmente competente.  En este sentido la Corte Constitucional ordenará a través del Tribunal Superior de Pereira que se remita copia formal del expediente y de esta sentencia a los Despachos Judiciales que estén conociendo del aspecto penal de la conducta del esposo de la peticionaria para que sea incorporada al material probatorio que obre en los procesos en curso.  Igualmente, podría presentarse la hipótesis que no se haya formulado denuncio penal por distintas razones y que la conducta no esté siendo objeto del conocimiento de la jurisdicción correspondiente; en dichos casos lo procedente es que el juez de tutela de oficio comunique esta decisión judicial al funcionario  penal competente. Como las acciones policivas no son judiciales sino administrativas y lo que pretende el Constituyente es crear y poner en favor de todas las personas una vía judicial específica, sumaria y preferente con objetivos y fines también específicos, no existe fundamento para enervar la procedencia de esta última por la presencia de aquellas, que sólo son vías administrativas.  Por el contrario, el juez que conoce de la tutela puede ordenar a dichos funcionarios, con todo el carácter y la fuerza de una decisión judicial de inmediato cumplimiento, que con sus recursos y capacidades legales hagan viable y efectiva en un caso concreto, la protección de aquellos derechos constitucionales que se hallan amenazados o vulnerados por la acción de un particular.  Así habrá de ordenarlo esta Sala en la parte resolutiva de su providencia de revisión. Téngase en cuenta, además, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de conformidad con sus competencias legales ordinarias está habilitado para tomar las medidas administrativas especiales de protección integral a la Familia, y que en consecuencia dicha entidad debe hacerse parte tomando resoluciones y adelantando actuaciones enderezadas a garantizar la paz y la convivencia doméstica y la vida y la integridad de los miembros de la familia. Igualmente, dicha entidad es titular de varias competencias de impulsión de la función judicial en estas materias, que bien pueden contribuir a la TUTELA de los derechos constitucionales fundamentales. En estas condiciones, al decretarse la TUTELA se ordenará a dicha entidad administrativa que tome todas las medidas que sean conducentes dentro del amplio campo de sus competencias legales y reglamentarias para asegurar que los derechos amparados por esta providencia, sean  efectivamente garantizados. En  mérito de lo expuesto, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero. REVOCAR la sentencia proferida por el Honorable Tribunal Superior de Pereira -Sala de Familia- en la que se decidió sobre la solicitud de tutela presentada por la señora BLANCA CECILIA CASTRO LOPEZ, en el caso de la conducta de su esposo GUSTAVO CARDENAS. Segundo.  TUTELAR los Derechos Constitucionales a la Vida y a la Integridad Personal que reclama por medio de su representante judicial, la ciudadana BLANCA CECILIA CASTRO LOPEZ contra su esposo GUSTAVO CARDENAS Tercero.  Ordenar que las autoridades de policía del Permanente Sur de la ciudad de Pereira, ejerzan dentro de sus competencias legales vigilancia permanente sobre la conducta del citado Gustavo Cárdenas, contra quien se adelantó la Acción de Tutela de la referencia para la efectiva protección de los derechos constitucionales a la vida y a la integridad personal de la Señora Blanca Cecilia Castro López. Igualmente dichas autoridades deben prestar la mayor y más eficaz atención a las solicitudes de apoyo de la Señora Castro López ante la conducta agresiva de su esposo. Cuarto. ORDENAR a las autoridades competentes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la Regional Risaralda que adelanten todas las medidas de protección a los derechos constitucionales a la Vida y a la Integridad Personal de la Señora Blanca Cecilia Castro López, ante la conducta de su esposo y cuyas condiciones personales aparecen referenciadas en el expediente. Quinto. Ordenar que para los efectos que sean del caso, por el Honorable Tribunal Superior de Pereira se remita copia de esta sentencia y de todo el expediente a los despachos judiciales donde se adelantan las acciones penales y de familia en las que son partes BLANCA CECILIA CASTRO LOPEZ Y GUSTAVO CARDENAS. Sexto.  El Tribunal Superior de Pereira informará a esta Corte Constitucional sobre el cumplimiento de lo ordenado en la presente sentencia. Séptimo.  Comuníquese la presente decisión al Despacho Judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ            SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-530-92 Sentencia No Sentencia No. T-530/92 DERECHO DE PARTICIPACION CIUDADANA-Planeación Urbana La autoridad no debe limitarse a aplicar criterios técnicos en la construcción de obras, sin tener en cuenta la totalidad de beneficios y cargas que de ellas se derivan para las personas directamente afectadas por las soluciones urbanísticas. Los derechos políticos reconocidos constitucionalmente incorporan un derecho de participación de los ciudadanos en la construcción y orden de la ciudad, cada vez que ello sea posible y lo permitan la naturaleza y envergadura de las obras y proyectos públicos. La administración no puede ser ciega a las circunstancias individuales o comunales, ni simplemente legitimar su actuación con fundamento en la prevalencia del interés general o en la función social de la propiedad. La construcción de puentes, avenidas, vías peatonales, parques, etc. transforma la relación individuo-espacio y puede tener variadas incidencias en la órbita de los derechos fundamentales. PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD-Planeación Urbana/IGUALDAD DE CARGAS El principio de proporcionalidad aplicado a la planeación urbana exige contrastar los intereses públicos que se pretenden alcanzar con los medios empleados para ello, atendiendo a su adecuación y necesidad. Si el objetivo buscado con el diseño y construcción de una obra pública puede lograrse recurriendo a medios de igual eficacia pero menos gravosos, éstos deben preferirse a aquellos que perjudiquen mayormente a los ciudadanos afectados por la decisión. Un medio escogido para beneficiar a un alto número de personas es necesario si no existen otros medios alternativos que permitan, sin afectar el interés particular y dentro de las posibilidades disponibles, alcanzar el mismo objetivo. No obstante, en ocasiones extremas el sacrificio impuesto al interés particular es de tal magnitud que solamente es dable equilibrar la desigualdad mediante una indemnización. Un criterio de justa proporcionalidad entre beneficios comunitarios y cargas individuales debe guiar el proceso de planeación urbana. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Núcleo esencial La finalidad principal de este derecho es resguardar un ámbito de vida privada personal y familiar, excluido del conocimiento ajeno y de cualquier tipo de intromisiones de otros, sin el consentimiento de su titular. El núcleo esencial del derecho a la intimidad define un espacio intangible, inmune a intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no desea escuchar o ver, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto. SEPTIEMBRE  23 DE 1992 REF: Expediente T-2650 Actor: MARIA DE LAS MERCEDES AVELLA DE BECERRA Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-2650 adelantado por la señora MARIA DE LAS MERCEDES AVELLA DE BECERRA, contra la Alcaldía de Duitama, Secretaría de Obras Públicas. A N T E C E D E N T E S 1. La señora MARIA DE LAS MERCEDES AVELLA DE BECERRA, por intermedio de apoderada, interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio contra la Alcaldía de Duitama, Secretaría de Obras Públicas, para que dicha entidad se abstuviera de continuar la construcción de un puente peatonal frente a su inmueble y se ordenara a esta misma autoridad volver las cosas a su estado anterior, por considerar que la acción de la autoridad pública municipal amenazaba con vulnerar sus derechos a la intimidad y al debido proceso. 2. Los hechos materia del proceso de tutela relatados por la accionante consistieron en que la administración, a través del ingeniero ORLANDO FONSECA, inició el 9 de abril del año en curso la construcción de un puente peatonal frente a su residencia en la Avenida de la Circunvalación del municipio de Duitama, a pesar de existir un gran espacio disponible para realizar la obra sin afectar los derechos de la solicitante. Según su apoderada, "se observa claramente, que la entrada de los servicios del agua y alcantarillado a la misma propiedad se van a ver claramente afectados por dicha construcción, ya que las precitadas entradas de servicios van a quedar como parte de las bases o zapatas del puente peatonal que pretenden construir allí, con los subsiguientes e irremediables perjuicios a mi poderdante". 3. La vulneración del derecho fundamental al debido proceso se originó, en sentir de la peticionaria, en la decisión administrativa que dió como resultado el inicio de la construcción del puente, la cual en ningún momento le fue comunicada a pesar de afectarla en forma directa. 4. De otra parte, la amenaza a su derecho a la intimidad, la explica en los siguientes términos: "es lógico y claro que de conformidad con la ubicación del puente se va a ver vulnerado el derecho a mi poderdante a la intimidad personal y familiar, consagrado por el Art. 15 de nuestra carta fundamental, ya que la circulación de las personas que utilicen el puente, será un continuo ir y venir frente al inmueble de mi representada, y a una distancia tan extremadamente corta que será como si los mismos pasaran por el interior del inmueble haciendo totalmente nugatorio su derecho a la intimidad tanto personal como familiar". 5. El juzgado 21 de Instrucción Criminal de Duitama (Boyacá), al que correspondió el proceso en primera instancia, practicó diversas pruebas. Entre ellas la recepción de declaraciones de parientes y vecinos de la petente, así como de profesores y directivos de colegios aledaños al sitio donde se construía el puente peatonal, de las cuales dedujo el interés general existente respecto a la obra y su contraposición a los intereses particulares de la presunta afectada. Con miras a verificar la situación fáctica planteada en la demanda de tutela, el juzgado llevó a cabo diligencia de inspección judicial, de la que derivó las conclusiones que a continuación se exponen: "(...) en primer lugar que la obra de excavación de huecos fue iniciada en terrenos aledaños a la Avenida Circunvalar y en la parte de arriba, precisamente en terreno contiguo al inmueble de la accionante, pero en lote de propiedad del municipio. El hueco que se encuentra más cerca del inmueble de la accionante, queda a una distancia de cuatro metros cincuenta centímetros, y como ya se dejó dicho en terrenos de propiedad del municipio. Pasando la circunvalar y frente al lugar objeto de la diligencia se observan también trabajos preparatorios para el citado puente peatonal, en terrenos también del municipio, según datos de los vecinos. Recorrida esta zona no observa el Despacho que existan terrenos del municipio propios para un trabajo de esta magnitud. De acuerdo con lo observado el terreno escogido es un terreno o zona escolar, ya que existen varios planteles en sus alrededores, como el Colegio Integrado, Seminario, Salesiano y por lo menos tres planteles más que quedan arriban de la circunvalar. Por otra parte y recorrida la zona parte de arriba de la circunvalar se encuentra mucha construcción, por lo que se deduce que además del estudiantado la utilización de este puente sería considerable ya que está totalmente poblado". De otra parte, la Alcaldía Municipal de Duitama aportó al proceso de tutela prueba del contrato celebrado por el municipio y el contratista ingeniero ORLANDO FONSECA SILVA para la construcción del puente peatonal en la avenida circunvalar  sobre las calles 15 y 16 y, en escrito anexo, defendió la legalidad del mismo, arguyendo que para su celebración "se llenaron todos los requisitos y exigencias a que hace referencia el decreto No. 090 de 1988, contentivo del estatuto fiscal de Duitama". 6. La apoderada de la accionante, doctora Alba Lucía Becerra Avella, en memorial presentado al Juez de tutela con posterioridad a la práctica de la inspección judicial decretada por el Juzgado 21 de Instrucción Criminal, manifestó que entre los huecos para las zapatas del puente y el inmueble median 4,5 Mts., incluyendo el antejardín y el andén, que ocupan 3,5 mts. y sólo dejan una distancia de un metro la que va disminuyendo hasta un punto en que el antejardín y las zapatas se unen, lo cual da lugar a una situación que hace totalmente inminente la vulneración del derecho fundamental consagrado en el artículo 15 de la C.N. Además, sostuvo que los terrenos aledaños a la construcción son de propiedad pública y sobre ellos podría levantarse la construcción sin ocasionar perjuicio alguno a su representada, evitando que las entradas tanto de acueducto como de alcantarillado queden sepultadas por las bases o zapatas del puente. "En caso de daño o revisión de dichos servicios, - agrega la apoderada - ello sería imposible pues habría que derribarse el mismo". 7. El Juzgado 21 de Instrucción Criminal de Duitama, mediante sentencia del 22 de abril de 1992, denegó la tutela impetrada por la señora AVELLA DE BECERRA. Acerca de la vulneración del derecho al debido proceso, el fallador de instancia consideró que "no existe en este evento actuación administrativa, en donde a la quejosa se le hubiera hecho nugatorio en cualquiera de sus formas el derecho a la defensa o a la debida contradicción; en ninguna norma se contempla que deba citarse a los particulares o vecinos de las obras, que pretenda realizar el Municipio, ya que las partes del contrato son el Representante Legal del Municipio y el Contratista". Sobre la posible amenaza al derecho a la intimidad personal y familiar, el juez de tutela tampoco estimó que ésta se encontrara configurada, esgrimiendo las siguientes razones: "El fundamento que movió a la Administración para la construcción de esa obra en ese punto exacto, fue en primer lugar la necesidad de la misma y en segundo lugar, el peligro que conlleva la vía circunvalar para el paso de los estudiantes que diariamente atraviesan la misma, para llegar a sus centros de estudios; éstas mismas razones y otras de interés social fueron aducidas por los Rectores de los Colegios con más número de estudiantes de Duitama como son Colegio Integrado Guillermo León Valencia, de más o menos 5.000 alumnos; Colegio Seminario, con 1.800 alumnos y Colegio Salesiano con 1.700 alumnos". "El derecho a la intimidad y el buen nombre no puede considerarse en peligro porque en el futuro los transeúntes puedan observar hacia el interior de un inmueble, puesto que sencillamente existen medios tan elementales para alejar las miradas curiosas como sería simplemente la colocación de cortinas; no se puede esgrimir esta supuesta violación frente  a la construcción de un medio que dará cierta seguridad a tantos estudiantes". 8. No habiendo sido impugnada la anterior sentencia el expediente de tutela fue remitido a esta Corporación y, seleccionado para su revisión, correspondió a esta Sala su conocimiento. 9. Con el objeto de verificar la distancia que separa el puente peatonal del inmueble de la actora, así como el daño y efecto de la obra sobre las redes de acueducto y alcantarillado, este Despacho mediante auto del 10 de septiembre de 1992, comisionó al Magistrado Auxiliar Rodolfo Arango Rivadeneira para practicar diligencia de inspección judicial en el lugar de los hechos. De la prueba practicada se concluyó - como figura en los planos y fotografías incorporados al expediente -, que no sólo el diseño original del puente fue modificado durante la ejecución del contrato sino que la construcción misma fue desplazada a una distancia de por lo menos un metro del inmueble de la accionante, evitándose así afectar las tuberías de agua y alcantarillado que de lo contrario habrían quedado bajo las bases del puente. El doctor Eduardo González Lamprea, subgerente de EMPODUITAMA, perito al que se le solicitó su comparecencia a la diligencia de inspección judicial, respondió así a la pregunta de si en su concepto el trazado y diseño originales del puente podían haber afectado los servicios de acueducto y alcantarillado: "En un principio tal como se observa, si pudo haber afectado las líneas del acueducto pero posteriormente, se cambió la localización del puente peatonal logrando así evitar algún perjuicio a las redes del acueducto". De la prueba practicada igualmente se pudo establecer que "en efecto de lo observado se puede deducir que el diseño y la construcción inicial del puente peatonal fue modificado, corriéndolo en una distancia aproximada de 1 Mt. respecto de lo que originalmente se planeó, en donde se observa algún material de recebo. Igualmente, es de anotar que una columna de aproximadamente 1½ Mt. se levanta al costado derecho del puente, aparentemente inconclusa, debido al cambio en el diseño del mismo. Como bien se puede apreciar en el plano original del puente una de sus alas o escaleras de ingreso apuntaba directamente hacia el inmueble antes mencionado lo cual originó la inconformidad de la peticionaria. Sin embargo, como también se observa en el plano elaborado por el dibujante, en el puente construido no aparece la mencionada ala o entrada lateral al mismo, sino que la subida es en línea recta". FUNDAMENTOS JURIDICOS Planeación urbana y participación de los miembros de la comunidad en la construcción de su ciudad 1. Del haz probatorio recaudado en el proceso de tutela resulta patente cómo, en la práctica, es posible conciliar a tiempo los intereses generales de la planeación urbana y los derechos individuales de personas posiblemente afectadas por la ejecución de obras públicas en beneficio de la comunidad, y ello gracias a la participación efectiva de los interesados. Del conjunto de actividades públicas de regulación urbanística y ejecución de obras públicas emana una tensión dialéctica entre la gestión burocrática de dichos procesos y la participación ciudadana. La autoridad no debe limitarse a aplicar criterios técnicos en la construcción de obras, sin tener en cuenta la totalidad de beneficios y cargas que de ellas se derivan para las personas directamente afectadas por las soluciones urbanísticas. Los derechos políticos reconocidos constitucionalmente (CP art. 40) incorporan un derecho de participación de los ciudadanos en la construcción y orden de la ciudad, cada vez que ello sea posible y lo permitan la naturaleza y envergadura de las obras y proyectos públicos. El derecho de participar en la construcción y orden de la ciudad se ejerce primariamente a través de los órganos representativos de los ciudadanos a nivel nacional, regional o local, además de articularse a través de su participación directa en las juntas administradoras locales (CP arts. 318, 323, 324). Sin embargo, la participación ciudadana no se restringe a la elección de sus ediles o representantes a juntas administradoras. Es necesario que el legislador consagre mecanismos que permitan la intervención de las personas beneficiadas o afectadas por las políticas públicas y su ejecución para que formulen sus aspiraciones, sugerencias, necesidades o quejas y llamen la atención sobre posibles dificultades no previstas. En este orden de ideas, como manifestaciones concretas del principio participativo, podrían establecerse en el futuro diversas formas de participación ciudadana en el procedimiento de formación o ejecución de planes tales como la divulgación de información pública, con el objeto de permitir a cualquier persona contar con suficientes elementos de juicio y poder expresar su opinión; la encuesta previa antes de adoptar un proyecto; las citaciones a entidades locales, juntas comunales y asociaciones de barrio inclusive, el reconocimiento de una facultad de iniciativa ciudadana con eficacia para promover la revisión o el cambio de algunas situaciones urbanísticas existentes. Aunque es cierto - como lo afirma el juez de tutela de primera instancia - que la actual legislación no prevé ningún instrumento como los anotados para convocar a las personas afectadas en el proceso de diseño y ejecución de obras y planes urbanísticos, la administración no puede ser ciega a las circunstancias individuales o comunales, ni simplemente legitimar su actuación con fundamento en la prevalencia del interés general (CP art. 1) o en la función social de la propiedad (CP art. 58). Derechos individuales y cargas en beneficio de la comunidad 2. Los derechos constitucionales del individuo , v. gr. la propiedad, la igualdad, la intimidad o el trabajo, pueden verse limitados de hecho por la ordenación del suelo a través de la planeación urbana. La construcción de puentes, avenidas, vías peatonales, parques, etc. transforma la relación individuo-espacio y puede tener variadas incidencias en la órbita de los derechos fundamentales. La intervención en la esfera patrimonial y humana del sujeto por el Estado, por lo mismo, no puede ser aleatoria y estar abandonada al arbitrio exclusivo de la autoridad, sino desplegarse siguiendo un razonable sistema de distribución de cargas y beneficios. El resultado final de un proceso de ordenación urbana puede ser la asignación desigual de ventajas y desventajas para los afectados. Por ello, la planeación y ejecución de obras públicas exige incorporar los principios de proporcionalidad, de distribución equitativa de los beneficios y cargas, y de compensación en caso de desigualdades irreductibles, principalmente por vía de la expropiación. El principio de proporcionalidad aplicado a la planeación urbana exige contrastar los intereses públicos que se pretenden alcanzar con los medios empleados para ello, atendiendo a su adecuación y necesidad. Si el objetivo buscado con el diseño y construcción de una obra pública puede lograrse recurriendo a medios de igual eficacia pero menos gravosos, éstos deben preferirse a aquellos que perjudiquen mayormente a los ciudadanos afectados por la decisión. Un medio escogido para beneficiar a un alto número de personas es necesario si no existen otros medios alternativos que permitan, sin afectar el interés particular y dentro de las posibilidades disponibles, alcanzar el mismo objetivo. La distribución equitativa de cargas y beneficios no hace relación a un simple factor cuantitativo. La naturaleza de los derechos vulnerados juega un papel importante en la estimación de lo razonablemente exigible a una persona como carga frente a los beneficios de terceros. No obstante, en ocasiones extremas el sacrificio impuesto al interés particular es de tal magnitud que solamente es dable equilibrar la desigualdad mediante una indemnización. La necesidad reconocida en la ley de utilidad pública o interés social puede dar lugar a que el interés particular deba ceder ante el interés general (CP art. 58), evento en el cual la única vía posible de enderezar las cargas y mantener el principio de igualdad es la compensación, si ese desplazamiento supone no una reducción general de los derechos o beneficios de los miembros de la comunidad sino el sacrificio y privación individualizada del derecho de uno de ellos en aras del beneficio general. No proceder así implica exponer al Estado a tener que indemnizar los daños antijurídicos ocasionados por el desconocimiento del principio de igualdad de cargas para los administrados. Derecho a la intimidad y limitaciones de la planeación urbana 3. Uno de los derechos que puede ser objeto de limitaciones como consecuencia de la construcción de obras públicas es la intimidad. La Constitución reconoce a toda persona el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar (CP art. 15), antes protegida por la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia. La finalidad principal de este derecho es resguardar un ámbito de vida privada personal y familiar, excluido del conocimiento ajeno y de cualquier tipo de intromisiones de otros, sin el consentimiento de su titular. El núcleo esencial del derecho a la intimidad define un espacio intangible, inmune a intromisiones externas, del que se deduce un derecho a no ser forzado a escuchar o a ver lo que no desea escuchar o ver1, así como un derecho a no ser escuchado o visto cuando no se desea ser escuchado o visto. Tradicionalmente, el domicilio es el lugar (fortaleza) de la persona donde se ejerce el derecho a la intimidad. El mundo moderno con el crecimiento de las ciudades, los avances tecnológicos, la expansión de la informática y de las telecomunicaciones, representa para la vida privada del individuo una constante amenaza a su tranquilidad y a la intimidad de su hogar. En el campo de la planeación urbana, antiguos lugares residenciales pueden convertirse en poco tiempo en activas y bulliciosas zonas comerciales. La construcción de obras como túneles o puentes aledaños a inmuebles particulares pueden modificar radicalmente la estética del lugar, aumentar el ruido y la polución, exponer al peligro los bienes, afectar los servicios públicos y producir una mayor o menor desvalorización de las propiedades. El cambio y la movilidad en la construcción de la ciudad es un proceso incontenible al igual que el desarrollo mismo de la sociedad que responde a la reproducción material y simbólica de la vida. Este proceso de reordenamiento urbano lleva implícito una inevitable conflictualidad social, dada la diversidad de intereses afectados por el cambio. Es por ello que se hace imperiosa la intervención del legislador y de las autoridades locales para regular y dirigir la actividad y las consecuencias de la construcción. Mientras no existan normas legales que respondan a esta sentida necesidad, el juez deberá tener en cuenta en la resolución de los litigios sobre la materia los principios de proporcionalidad, de distribución equitativa de cargas y beneficios y de compensación, derivados directamente de los principios constitucionales de legalidad, igualdad y protección de las autoridades. Vulneración de los derechos a la intimidad y a la participación ciudadana por desproporción entre los fines buscados y las cargas impuestas 4. Un criterio de justa proporcionalidad entre beneficios comunitarios y cargas individuales debe guiar el proceso de planeación urbana. En el caso sub-examine, no existe duda sobre el interés general de la comunidad estudiantil en la construcción de un puente peatonal sobre una avenida circunvalar caracterizada por un tráfico de alta velocidad y frecuencia. No obstante, el medio escogido inicialmente para dar solución al problema de inseguridad vial se reveló adecuado pero innecesario. En efecto, como aparece en planos y fotografías, el diseño original del puente con sus entradas laterales y la cercanía de una de ellas al inmueble de la accionante, imponía a la misma una carga extraordinaria consistente en que su derecho fundamental a la intimidad personal y familiar se habría visto vulnerado por la constante e invasora mirada de los transeúntes que, de forma obligada, atisbarían hacía el interior de su inmueble, convertido en centro focal con una enorme pérdida de privacidad para sus moradores. Del estudio del diseño y la construcción del puente peatonal se pudo finalmente concluir que el objetivo de la administración al contratar la obra pudo lograrse sin imponer una carga desproporcionada a la propietaria del inmueble afectado. No es aceptable, en consecuencia, el razonamiento del Juez de tutela de primera instancia en el sentido que la peticionaria podría resolver el problema de las curiosas miradas simplemente con la "colocación de cortinas", respuesta ésta que se revela insensible a la vulneración efectiva del derecho a la intimidad. Contrariamente a lo sostenido por el juez que no encontró vulneración del derecho al debido proceso por no existir norma alguna que obligara a la administración a citar a los particulares o vecinos de la obra, la autoridad municipal - a través del ingeniero constructor - sí permitió la participación de la persona afectada y acabó accediendo a su solicitud de respetar sus derechos fundamentales a la intimidad y a la participación en la construcción y orden de la ciudad, inclusive procediendo a cambiar el diseño del puente y desplazar la construcción un metro para no afectar los servicios de agua y alcantarillado de la peticionaria. Revocatoria del fallo revisado 5. Por las consideraciones expuestas, esta Sala procederá a revocar la sentencia revisada y a conceder la tutela de sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la participación ciudadana en la construcción y orden de la ciudad a la señora MARIA DE LAS MERCEDES AVELLA DE BECERRA. No obstante, como quiera que la administración tomó a tiempo las medidas necesarias para evitar el desconocimiento de los derechos fundamentales de la petente, solamente se prevendrá a la autoridad para que no vuelva a incurrir en la conducta original que motivó esta acción (Decreto 2591 de 1991, art. 24). DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 22 de abril de 1992, proferida por el Juzgado 21 de Instrucción Criminal de Duitama en el proceso de la referencia. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela solicitada por la señora MARIA DE LAS MERCEDES AVELLA DE BECERRA, teniendo en cuenta que la respectiva acción se ejerció con anterioridad a la construcción del puente peatonal y, en consecuencia, PREVENIR a la Secretaría de Obras Públicas de la Alcaldía Municipal de Duitama, para que en el futuro no vuelva a incurrir en las acciones y omisiones que suscitaron la presente tutela. TERCERO.- LIBRESE comunicación al Juzgado 21 de Instrucción Criminal de Duitama con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santafé de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos). 1 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-403 del 3 de junio de 1992.

T-531-92 Sentencia No Sentencia No. T-531/92 PRINCIPIO DE CELERIDAD PROCESAL/JUEZ DE FAMILIA-Facultades El carácter de orden público de las normas sobre menores y la interpretación de las mismas, obligan al juez de familia a impulsar oficiosamente el proceso, no limitándose a decretar las pruebas solicitadas en su oportunidad por las partes sino todas aquellas que conduzcan al esclarecimiento de las circunstancias de posible abandono o peligro del menor. De otra parte, la no valoración por el juez de las pruebas en la sentencia puede configurar una causal de inconstitucionalidad por carencia de motivación de la decisión judicial. En los procesos de privación, suspensión o rehabilitación de la potestad parental, el juez de familia está dotado de amplios poderes para intervenir en defensa de sus intereses, entre ellos se cuenta la posibilidad de iniciar oficiosamente el proceso. DEFENSORIA DE FAMILIA-Funciones Procesales Cabe esperar que cuando la parte demandante ni siquiera ostenta la calidad de representante judicial del menor - por no tener capacidad legal para ello -, sea la Defensoría de Familia la llamada a suplir la función de apoderamiento judicial. Esta última es responsable de interponer los recursos contra las decisiones adversas y así evitar dejar al incapaz en situación de indefensión. Exigirle al agente oficioso del menor el ejercicio oportuno de las vías procesales constituye una carga extraordinaria y contraria a la finalidad de su protección, cuando es la Defensoría de Familia la llamada a ejercer la asesoría legal. DERECHOS DEL NIÑO-Vulneración/DEBIDO PROCESO-Vulneración De las actuaciones y omisiones de las autoridades públicas involucradas en el proceso de suspensión de la potestad parental, se infiere la vulneración del derecho de defensa de la menor por indefensión no atribuible a su tía materna, persona que legítimamente confió en la asesoría dispuesta por el Estado para proteger los intereses de la menor. Los errores de asesoría y la carencia de fundamentación de la sentencia originados en la no evaluación por el juez de las pruebas allegadas al proceso materializaron la vulneración del artículo 29 de la Constitución Nacional. SEPTIEMBRE  23  DE 1992 REF: Expediente T-2981 Actor: SOL ANYUL RIOS ZAPATA Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-2981 adelantado por la señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA, como agente oficiosa de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, contra la sentencia del 20 de enero de 1992 proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín. A N T E C E D E N T E S 1. La señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA, actuando como agente oficiosa de la menor de edad LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, interpuso acción de tutela contra la sentencia del 20 de enero de 1992 dictada por el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, en el proceso de suspensión de la potestad parental y cuidados personales seguido contra EDUARDO ANTONIO GARCIA  ALVAREZ. 2. La accionante acusó la providencia del juzgado de familia de vulnerar o amenazar los derechos fundamentales de la menor (CP art. 44) por ella representada al no haber privado al padre de la potestad parental. En sus propias palabras, "La causa concreta por la cual se promueve esta acción radica en que a mi juicio no se tuvo en cuenta todas las pruebas pues, el padre de la niña fue quien dió muerte a la madre de la menor, este delito es investigado, el Juzgado 56 de Instrucción Criminal de Bello, y el Juez de Familia no indagó por el curso de este proceso. "Además el señor EDUARDO A. GARCIA abandonó la menor desde el momento en que (en) su presencia dió muerte a la madre desde hace 4 años (...) ". 3. La Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín asumió el conocimiento de la acción de tutela y ofició al Juzgado Cuarto de Familia con el fin de que se le suministrara copia auténtica del expediente respectivo. En oficio del 3 de abril de 1992, el mencionado juzgado informó que la sentencia de primera instancia del 20 de enero de 1992, proferida en el proceso de suspensión  de la potestad parental adelantado contra el señor EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ, "no fue apelada por la parte vencida como tampoco fue consultada, pues no se dan los presupuestos del artículo 386 del C. de P. Civil". 4. Del conjunto de documentos aportados por el Juzgado de Familia se estableció que la Defensoría de Menores de Medellín, a petición de la señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA, presentó demanda de suspensión de la potestad parental contra el señor EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ. En la misma manifestó que LUISA FERNANDA GARCIA RIOS es hija extramatrimonial de Eduardo Antonio García Alvarez y Martha Lucía Ríos Zapata, cuya muerte es investigada por el Juzgado 56 de Instrucción Criminal de Bello. Según su propio dicho, la demandante viene brindándole a su sobrina todos los cuidados que requiere, ya que su progenitor huye de la justicia, "pero se cree que se encuentra en la ciudad y que pretende llevarse a su hija". Por lo anterior, el Defensor de Menores solicitó el depósito provisional de la menor en cabeza de la señora Sol Anyul Ríos Zapata. El Juez Cuarto Civil de Menores de Medellín, mediante auto del 12 de julio de 1988, admitió la demanda y decretó "el depósito provisional de la infante Luisa Fernanda en manos de la señora Sol Anyul Rios Zapata, quien tiene a su cuidado actualmente a dicha menor". Posteriormente, mediante auto del 24 de agosto de 1988, el despacho citó y emplazó al señor EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ, mediante edicto publicado en la prensa hablada y escrita, para que se presentara en el término de cinco (5) días a notificarse de la demanda. Transcurrido el término de citación sin que compareciera el demandado, el juzgado le nombró curador ad-litem, por auto del 4 de noviembre de 1988. En el transcurso de los tres años del proceso fueron celebradas varias audiencias públicas y se recibieron testimonios de amigos y familiares cercanos, quienes manifestaron que la señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA y su esposo, se habían hecho cargo de la menor, suministrándole todo lo necesario desde que quedó huérfana cuando tenía un año y medio. Sin embargo, la Defensoría de Familia (antes de menores) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Antioquia, en concepto del dos (2) de diciembre de 1991, solicitó al Juez absolver al demandado por no vislumbrarse ninguna de las causales consagradas  en el artículo 310 del Código Civil. 5. Mediante sentencia del 20 de enero de 1992, el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín no acogió las súplicas de la demanda de suspensión y, en consecuencia, absolvió al señor EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ de los cargos formulados. Según el criterio del fallador, "(...) para suspender al progenitor de los derechos de Potestad parental y cuidados personales debe acreditarse una de las causales determinadas por el art. 310 del C.C. en armonía con el Dcto.. 2820 de 1974. De la lectura de los distintos documentos y piezas procesales que conforman la cartilla procesal, en forma palmar se establece que no se han demostrado las causales invocadas en la demanda, pues existe prácticamente carencia absoluta de prueba que nos permita dar por probados los hechos de la demanda, pues el hecho de la ausencia que se alude en la misma no fue probado y tampoco puede colegirse por el mero hecho de la publicación del edicto referido por el art. 318 del C. de P. Civil y la no comparecencia del accionado al proceso". 6. Igualmente, el juez de tutela solicitó al Juzgado 56 de Instrucción Criminal de Bello, información sobre el estado del proceso abierto por el delito de homicidio de la señora MARTHA RIOS ZAPATA donde obra como sindicado el señor EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ. En la respuesta se señaló que dicho proceso se encontraba en instrucción y que como última actuación habíase declarado reo ausente al sindicado y nombrado defensor de oficio por auto del 3 de abril de 1992. Posteriormente, en acatamiento a una solicitud del fallador de tutela, le fue remitida copia auténtica del auto del 20 de abril de 1992, mediante el cual se resolvió la situación jurídica del sindicado, habiéndosele dictado en su contra auto de detención preventiva como medida de aseguramiento, sin beneficio de excarcelación, y ordenado reactivar la orden de captura. Entre las probanzas para proferir auto de detención contra el sindicado, el Juzgado 56 de Instrucción Criminal tuvo en cuenta la declaración de la testigo presencial del homicidio, señora TERESA SAN PEDRO, gracias a la que se precisaron los hechos a juzgar: "Al apartamento de la difunta llegaron a eso de las diez y quince de la noche y allí la pareja de amantes tuvo una discusión más o menos agria en la que la mujer comentaba que no quería dormir más con ese hijueputa, refiriéndose al hoy sindicado, palabras que acompañó empacando sus pertenencias personales y las de una bebita de ambos, en la maleta, muestras de decisión de abandonarlo que irritaron a tal punto a EDUARDO ANTONIO GARCIA que de un momento a otro y cuando MARTHA LUCIA en medio de su atareamiento se dirigió hacia él, la acometió de manera despiadada a golpes de cuchillo, mandobles que sólo vino a suspender cuando TERESA SANPEDRO que presenciaba el hecho trató de arrebatarle el cuchillo y logró disuadirlo invocando la presencia de la pequeña niña, pero como quisiera al parecer atentar contra la testigo, ésta se dió a la huída y a poco más fue alcanzada por MARTHA LUCIA que mortalmente herida no atinaba a decir más que no la dejaran morir, que la llevaran al hospital". 7. Mediante sentencia del 11 de mayo de 1992, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín denegó la solicitud de tutela formulada por la señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA en su calidad de agente oficiosa de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS. Una vez precisado el cargo contra la providencia impugnada - por no haber tenido en cuenta el sentenciador las pruebas que obraban en el expediente - y la presunta y consecuente desprotección de los derechos fundamentales (CP art. 44) de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín desechó la solicitud de tutela con fundamento en la presunta naturaleza subsidiaria de la acción de tutela (CP art. 86-3) que le impide al sujeto procesal acudir a este mecanismo cuando no ejerce en su oportunidad los medios de defensa establecidos por la ley para atacar sentencias judiciales, además de estar expresamente excluida dicha acción por causa de "errónea interpretación de la ley o para controvertir pruebas". A juicio de la Sala de Familia, "(...) En el caso sub-examine, se advierte que la sentencia cuestionada fue emitida durante el trámite de un proceso verbal (suspensión de la potestad parental, artículo 427-2 Código de Procedimiento Civil) en audiencia pública la cual se llevó a cabo el 20 de enero de 1992 (fs. 60 a 63), por lo que esa providencia se entiende notificada (por estrados) el día de la celebración de dicha diligencia (artículo 325 ibídem), sin que dentro de la oportunidad legal se hubiese interpuesto contra ese pronunciamiento recurso alguno, alcanzando firmeza el 23 de enero siguiente (ver constancia de fl. 63) máxime si en aquella fecha se notificó personalmente ese proveído a la Defensora de Familia (f. 63) la cual guardó silencio, esto es, no acudió a ninguno de los recursos estipulados en el mencionado Cuerpo Procedimental para impugnarla". De otra parte, el fallador de instancia tampoco encontró que el pronunciamiento del juez de familia fuera susceptible de acción de tutela, "porque la que aquí se promueve viene montada sobre la causa consistente en que en esa sentencia 'no se tuvo en cuenta todas las pruebas' (f.7) como lo manifiesta el accionante, es decir, se adujo para 'controvertir pruebas', evento en el cual el mecanismo especial analizado no procede contra la anotada clase de providencias judiciales por expresa prohibición legal (inciso final, parágrafo 1o. artículo 40 del Dto. 2591 de 1991)". 8. No habiendo sido impugnada la sentencia, el expediente respectivo  fue remitido a esta Corte y, previo proceso de selección, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Derecho fundamental del niño a la familia, al cuidado y al amor 1. La Constitución reconoce el valor y la fragilidad de los niños, y por ello consagra expresamente sus derechos fundamentales y la correlativa obligación familiar, social y estatal de prodigarles asistencia y protección (CP art. 44). Entre los derechos fundamentales de los niños se encuentran los derechos a tener una familia, a no ser separados de ella, al cuidado y al amor que deben merecer. La familia, núcleo fundamental e institución básica de la sociedad (CP arts. 42, 5), ofrece al ser humano un sustento afectivo, psicológico y material indispensable para el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) y para la convivencia pacífica (CP arts. 2, 22, 95-4 y 95-6). El cuidado personal, la derivación del sustento en la medida de las  propias capacidades económicas, la educación, el apoyo y el amor, son algunas de las obligaciones de los padres cuyo rango constitucional permite su inmediata exigibilidad en casos de grave incumplimiento que vulnere o amenace los derechos fundamentales del menor. La Constitución y el carácter de orden público de la legislación del menor (Decreto 2737 de 1989, art. 18) sirven de fundamento al principio de prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de los demás y habilitan a cualquier persona para exigir ante la autoridad competente el cumplimiento de las obligaciones que se tengan contraídas con los niños y se sancione a los infractores (CP art. 44). Interpretación de las normas de familia y de menores de conformidad con la Constitución 2. La inclusión de los derechos fundamentales de los niños en la Carta Política es la culminación de una serie de desarrollos legislativos que apuntan todos a la misma finalidad de proteger a la infancia, garantizándole las condiciones mínimas para su integridad y felicidad. El Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas  por las leyes 30 de 1987 y 56 de 1988, expidió los Decretos 2272 de 1989 y 2737 de 1989, por los cuales organizó la jurisdicción de familia y adoptó el Código del Menor, respectivamente. De otra parte, el Congreso de la República,  mediante la ley 12 de 1991, aprobó la Convención de los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. La decisión del Constituyente de elevar a rango constitucional los derechos fundamentales de los niños contribuye a ratificar y perfeccionar el marco normativo preexistente, con miras a asegurar la protección, asistencia y promoción de los menores de edad, resguardando la esperanza de un mundo feliz, pacífico y en armonía. Las normas sustantivas y procedimentales en materia de familia y del derecho de los menores, deben interpretarse en consonancia con los derechos fundamentales del niño consagrados en la Constitución (CP arts. 42 y 44). Esto significa que los padres en el cumplimiento de sus deberes para con los hijos y las autoridades públicas facultadas para intervenir en interés del menor (Instituto de Bienestar Familiar, Defensores de Familia, Jueces de Familia, etc.), deben respetar y efectivamente aplicar el contenido y alcance de los derechos consagrados de forma prevalente en la Constitución, cuyo desconocimiento o amenaza permite a cualquier persona exigir de la autoridad competente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. Concepto de la potestad parental y causales de suspensión de la misma 3. Tradicionalmente, la patria potestad consistía en el reconocimiento que la ley hacía de los derechos del padre sobre sus hijos no emancipados. El Código Civil restringía al varón la facultad de representar judicial y extrajudicialmente a los hijos y administrar sus bienes (CC art. 288). El legislador vino a terminar con esta forma de discriminación, situando en cabeza de ambos padres el conjunto de derechos sobre sus hijos para facilitar el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone (Ley 75 de 1968, art. 19), y disponiendo que a falta de uno de ellos correspondería al otro su ejercicio (D. 2820 de 1974, art. 24). La patria potestad, mejor denominada potestad parental, tiene la función especialísima de garantizar el cumplimiento de los deberes de los padres mediante el ejercicio de determinados derechos sobre la persona de sus hijos (permiso para salir del país, representación del menor, etc.) y sobre sus bienes (usufructo legal y administración del patrimonio). El ejercicio de la potestad parental tiene como finalidad el bienestar emocional y material de los menores no emancipados. En consecuencia, el incumplimiento de los deberes de los padres puede conducir a su pérdida o suspensión. Causales como el maltrato habitual, el abandono, la depravación o la privación de la libertad por pena superior a un año, facultan al juez para decretar la emancipación judicial del hijo, con la consecuente pérdida de la patria potestad del padre condenado (CC art. 315). Además de las anteriores circunstancias, el artículo 310 del Código Civil establece la suspensión de la potestad parental, después de oídos los parientes del niño y el defensor de menores (CC art. 311), en los casos de demencia, mala administración de los propios bienes  y prolongada ausencia de alguno de los padres. Con miras a reforzar el cumplimiento de los deberes de los padres, el Código del Menor consagró una presunción iuris tantum en favor del hijo abandonado. En efecto, cuando el menor no convive con las personas llamadas por ley a tener su cuidado personal (CC art. 253) se presume el incumplimiento de las obligaciones o deberes paternos, configurándose una situación de abandono que conlleva consecuencias jurídicas para los padres y cuya determinación corresponde al Defensor de Familia (D. 2737 de 1989, arts. 31 y 36). Función de la Defensoría de Familia en los procesos de pérdida o suspensión de la potestad parental 4. La ley ha encomendado a los Defensores de Familia delicadas funciones en interés de la institución familiar y del menor. Entre sus atribuciones cabe mencionar las de promover acciones judiciales y extrajudiciales en asuntos de familia, decretar las situaciones de abandono o peligro del menor y tomar las medidas de protección pertinentes según la gravedad de las circunstancias (D. 2737 de 1989, arts. 36 y 57), homologar con efectos vinculantes las conciliaciones entre cónyuges, asistir al menor en las diligencias ante el juez competente y ejercer funciones de policía para asegurar su eficaz protección. Los Defensores de Familia (antes de menores) desempeñan funciones de asesoría legal en representación de los menores en procesos civiles cuyas decisiones pueden afectarlos, remplazando materialmente a los defensores de oficio y a los defensores de pobres aún no instituidos por la ley para proteger los derechos litigiosos de los niños. Los Defensores de Familia pueden promover acciones judiciales en favor de los hijos en situación de abandono o peligro. En ejercicio de esta competencia, pueden presentar demandas - siempre que se configure la respectiva causal - de pérdida o suspensión de la potestad parental. La negligencia de los funcionarios públicos encargados de velar por los intereses del menor puede constituir una forma de indefensión cuando su inactividad o inidoneidad manifiestas durante el proceso civil tienen como consecuencia la desprotección judicial de los intereses del niño. Ello puede suceder, si se dejan de solicitar pruebas de vital importancia para el esclarecimiento de situaciones de abandono o peligro, si no se interponen los recursos ordinarios o extraordinarios que la ley dispone contra providencias adversas a los intereses del menor o, aún más grave, cuando existiendo una presunción legal de abandono ella no se decreta oficiosamente por parte de la autoridad competente para salvaguardar los derechos del niño (D. 2737 de 1989 arts. 31, 36, 57). Deberes del Juez de Familia, principio de impulsión procesal y valoración de las pruebas 5. A los jueces de familia también les ha sido asignada una especial misión para proteger y tutelar los intereses de la familia y del menor en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Esta es la razón que justifica la atribución legal del juez de iniciar oficiosamente el proceso de privación, suspensión o restablecimiento de la patria potestad (CPC art. 446), lo cual no conlleva el desplazamiento de la intervención procesal de otras personas obligadas o legitimadas. El interés público de brindar protección a los menores - contenido en la fórmula constitucional de la prevalencia de los derechos del niño sobre los derechos de los demás -, justifica la consagración legal de una excepción al principio de impulsión procesal consistente en otorgar al juez de familia mismo la posibilidad de intervenir activamente para solventar situaciones de alto riesgo  que puedan traer aparejados graves perjuicios para el menor. La discusión doctrinal sobre si son las partes, particularmente el demandante, o si es el juez a quien o quienes debe dejarse la impulsión del proceso tiene una clara respuesta constitucional tratándose de procesos en los cuales se controvierte el contenido y alcance de los derechos fundamentales del niño, debiendo prevalecer estos últimos. Es así cómo entre el principio dispositivo y el oficioso, debe concederse prevalencia a este último cuando el juez, a través de sus atribuciones legales, puede intervenir efectivamente para garantizar los intereses de la familia y, en el evento de estar ésta destruida, proteger integralmente la vida y el desarrollo futuro del menor. El carácter de orden público de las normas sobre menores y la interpretación de las mismas según su finalidad y de conformidad con los convenios o tratados internacionales sobre la materia (D.2737 de 1989, arts. 18, 19 y 22), obligan al juez de familia a impulsar oficiosamente el proceso, no limitándose a decretar las pruebas solicitadas en su oportunidad por las partes sino todas aquellas que conduzcan al esclarecimiento de las circunstancias de posible abandono o peligro del menor. De otra parte, la no valoración por el juez de las pruebas en la sentencia puede configurar una causal de inconstitucionalidad por carencia de motivación de la decisión judicial (CP arts. 28 y 29). Petitum de la demanda de tutela 6. La accionante aduce la vulneración del artículo 44 de la Constitución - que consagra los derechos fundamentales de los niños - por parte de la sentencia del Juzgado Cuarto de Familia de Medellín al no haber ordenado la suspensión de la potestad parental de EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ sobre la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, a pesar de que "(...) el señor Eduardo A. García abandonó la menor desde el momento en que en su presencia dió muerte a la madre" de la menor. La decisión judicial adversa a sus pretensiones, vulnera y amenaza los derechos fundamentales de la menor, según la petente, y pone de manifiesto el incumplimiento de la obligación estatal de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Sentencia del Juzgado Cuarto de Familia 7. La actuación de la autoridad pública acusada de vulnerar o amenazar los derechos fundamentales de la menor Luisa Fernanda García Ríos, es la plasmada en sentencia proferida por el Juez Cuarto de Familia de Medellín, del 20 de enero de 1992. El proceso de suspensión de la potestad parental promovido por la señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA, al término del cual se pronunció la sentencia cuestionada, es de aquellos que se tramitan a través del procedimiento verbal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 427 del Código de Procedimiento Civil. La intervención obligatoria del Defensor de Familia (antes de menores) en el proceso (C.C. art. 311 y Decreto 2737 de 1989, art. 277), el deber de oír a los parientes del hijo y la audiencia de trámite para que las partes concilien sus diferencias y eviten de esta forma perjudicar a niños inocentes, son trámites o actuaciones especiales que la ley dispone para asegurar la asistencia y plena protección del menor. De otra parte, en los procesos de privación, suspensión o rehabilitación de la potestad parental, el juez de familia está dotado de amplios poderes para intervenir en defensa de sus intereses, entre ellos se cuenta la posibilidad de iniciar oficiosamente el proceso (C.P.C. art. 446). Con mayor razón, el juez de familia está en el deber de promover activamente la práctica de pruebas de oficio con miras a encontrar la solución más benéfica para el bienestar del menor de edad. Las sentencias de suspensión o rehabilitación de la potestad parental, no hacen tránsito a cosa juzgada material, ya que en ellas se deciden situaciones "conductuales" que pueden modificarse y dar lugar a procesos posteriores por las mismas causas y entre las mismas personas. No obstante haber precluído la oportunidad para controvertir la sentencia acusada, la peticionaria interpuso acción de tutela contra la misma, por considerar que con ella se vulneraban y amenazaban derechos fundamentales del niño. Violación del debido proceso por indefensión y carencia de fundamentación de la sentencia 8. La asesoría e intervención deficientes del Defensor de Familia en el proceso civil pueden ser causas de la vulneración del derecho de defensa de los intereses del menor que, según la gravedad del error o la ausencia de asistencia legal, pueden a su turno generar una vulneración del derecho al debido proceso. En el caso sub-iudice, si bien el padre de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS podía estar incurso en una causal de pérdida de la potestad parental (CC art. 315), el Defensor Cuarto de Menores de Medellín solamente presentó demanda de suspensión de la patria potestad contra EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ, con lo cual se configuró de entrada una insuficiente defensa de la menor, dada la gravedad de los hechos. Si bien es cierto que el sindicado García Alvarez goza de la presunción de inocencia (CP art. 29) mientras ella no se desvirtúe en la causa que se sigue en su contra en el Juzgado Cincuenta y Seis de Instrucción Criminal, es igualmente patente la situación de abandono paterno de la menor, como lo reconociera en su oportunidad el Juez Cuarto de Menores al decretar su depósito provisional en cabeza de su tía materna, SOL ANYUL RIOS ZAPATA. Aparte, de que la Defensoría de Familia se abstuvo de solicitar la práctica de pruebas adicionales, limitándose a insistir en las inicialmente solicitadas por la demandante, desconoció, de manera flagrante, la presunción legal existente que impone asumir la existencia de una situación de abandono y atribuirle consecuencias jurídicas por el hecho de no convivir la menor con las personas llamadas por ley a tener su cuidado personal (D. 2737 de 1989 art. 31), como en efecto acaecía con LUISA FERNANDA que habitaba en casa de su tía SOL ANYUL y se encontraba de hecho bajo su cuidado. El concepto final de la Defensora 4a. de Familia de Medellín, doctora Mery Llanos Gutiérrez, que aduce la inexistencia de decisiones en el proceso penal que comprometieran la responsabilidad del padre para, en consecuencia, solicitar su absolución, ignora la existencia de otra causal, ésta sí manifiesta, de pérdida de la potestad parental, como lo era el hecho que la menor vivía desde hace más de tres años en casa de su tía, configurándose así una presunción legal de abandono no desvirtuada en el proceso. Igualmente, la ausencia total de valoración de las pruebas aportadas al proceso, por parte de la funcionaria al servicio del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en su concepto final, denota un incumplimiento de sus deberes profesionales que desembocó en la situación de indefensión de la demandante, quien de forma legítima y razonable confió en la asesoría que se le prestaba. La desprotección jurídica de la menor adquirió un relieve mayor al no ejercer de Defensoría de Familia recurso alguno contra la sentencia del 20 de enero de 1992 que rechazó las pretensiones de condenar a EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ a la suspensión de la potestad parental. El deber de atender y controlar el proceso, a diferencia de otros procesos civiles, en asuntos de familia no radica únicamente en la parte demandante que interviene como agente oficioso del menor, sino también en la institución de la Defensoría de Familia, dotada de plenas potestades legales y de recursos profesionales suficientes para responder a las diferentes situaciones procesales en favor de los intereses del niño. Cabe esperar que cuando la parte demandante ni siquiera ostenta la calidad de representante judicial del menor - por no tener capacidad legal para ello -, sea la Defensoría de Familia la llamada a suplir la función de apoderamiento judicial. Esta última es responsable de interponer los recursos contra las decisiones adversas y así evitar dejar al incapaz en situación de indefensión. Exigirle al agente oficioso del menor el ejercicio oportuno de las vías procesales constituye una carga extraordinaria y contraria a la finalidad de su protección, cuando es la Defensoría de Familia la llamada a ejercer la asesoría legal. Por su parte, la inactividad del Juez Cuarto de Familia y la falta de motivación de la sentencia se constituye en un factor más de indefensión de la menor. Alega el fallador que en el curso del proceso "no se han demostrado las causales invocadas en la demanda, pues existe prácticamente carencia absoluta de prueba que nos permita dar por probados los hechos de la demanda, pues el hecho de la ausencia que se alude en la misma no fue probado y tampoco puede colegirse por el mero hecho de la publicación del edicto referido por el art. 318 del C. de P. Civil y la no comparecencia del accionado al proceso". Sin embargo, una simple lectura del expediente remitido en su momento al juez de tutela de primera instancia permite observar que al proceso se aportaron las declaraciones de amigos de la familia (fs. 46 y 48), así como las declaraciones exigidas por ley (CC art. 311) de los parientes cercanos de la menor (fs. 53 y 54), todas ellas concordantes respecto a que la demandante se hizo cargo de la menor desde el fallecimiento de su madre hace más de tres años, las cuales no fueron desvirtuadas por la curadora ad-litem nombrada para representar al demandado renuente a presentarse en el proceso. Ninguna de las pruebas aportadas y practicadas se analizaron por el juez en la sentencia ni se tuvieron en cuenta al momento de decidir, por lo cual no es acertado afirmar que la acción de tutela en este caso se ejerce para controvertirlas o por causa de su interpretación errónea. Tampoco, el error de la defensoría de familia, al pasar por alto la presunción legal de abandono, tiene la virtud de relevar al juez de su función de hacer justicia teniendo en cuenta el interés prioritario de la menor. La omisión en decretar y practicar oficiosamente pruebas que permitieran establecer las circunstancias en que se hallaba la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, de cinco años de edad, contribuyó a consolidar su situación de abandono. El Juez de Familia tampoco tuvo en cuenta que la dilación del proceso penal - luego de tres años y medio de iniciado no se había resuelto la situación jurídica del padre ni se lo había considerado reo ausente -, podía aumentar el riesgo de la menor ante la amenaza, tampoco desvirtuada de su pretensión de llevársela. Además, el hecho de no haberse presentado al proceso el demandado, primero citado, posterior y finalmente representado por un curador ad-litem, aunque no constituye plena prueba de la ausencia o abandono por parte del padre sí es un indicio grave en su contra que, unido a las demás pruebas, permitía concluir la existencia de la causal invocada para solicitar la suspensión. Vulneración de los derechos fundamentales del niño 9. De las actuaciones y omisiones de las autoridades públicas involucradas en el proceso de suspensión de la potestad parental, se infiere la vulneración del derecho de defensa de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, por indefensión no atribuible a su tía materna, persona que legítimamente confió en la asesoría dispuesta por el Estado para proteger los intereses de la menor. En efecto, los errores de asesoría y la carencia de fundamentación de la sentencia originados en la no evaluación por el juez de las pruebas allegadas al proceso materializaron la vulneración del artículo 29 de la Constitución Nacional. Consecuencia directa de lo anterior, es la desestimación de los derechos a tener una familia, al cuidado y al amor debidos a la menor que, en razón de la anotada inactividad, se produjeron, dejándola expósita aún frente al único ofrecimiento de protección hecho por su tía materna. Revisión de la sentencia de tutela y protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados 10. No comparte esta Sala los argumentos expuestos por el fallador de tutela en primera instancia en cuanto a la improcedencia de la acción de tutela por existir recursos legales contra la sentencia acusada de vulnerar los derechos fundamentales del niño, los cuales no fueron ejercidos en su momento oportuno por la demandante. Es de anotar, que no fue atribuible a esta última la omisión de impugnar la decisión judicial adversa, sino a la contradictoria y errónea asesoría legal de la Defensoría de Familia, con la consecuente desprotección que ello aparejaría para los derechos de la menor. Tampoco es posible aceptar lo sostenido por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín respecto a que la acción de tutela impetrada tenía por objeto "controvertir pruebas", circunstancia ésta excluida expresamente por la ley, ya que fue el propio juez quien omitió evaluar prueba alguna en la sentencia denegatoria de las pretensiones de la demandante. La no protección inmediata de los derechos fundamentales de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, en particular los derechos a una familia, al cuidado personal y al amor, por vía del aseguramiento de unas condiciones económicas mínimas que permitan su goce y ejercicio, representadas en la pensión por el fallecimiento de su madre y en la titularidad del inmueble a ella adjudicado, podría ocasionarle un perjuicio irremediable consistente en la pérdida de estos bienes de contenido patrimonial. En consecuencia, esta Sala procederá a revocar la sentencia de tutela revisada, y ordenará la protección transitoria de los derechos fundamentales de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS mientras el juez de familia competente precede a corregir la decisión revocada en la parte resolutiva de esta providencia. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de tutela del 11 de mayo de 1992, proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín en el proceso de tutela instaurado por la señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA en agenciamiento de los derechos de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS. SEGUNDO.- REVOCAR la sentencia del 20 de enero de 1992 proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín en el proceso de suspensión de la potestad parental instaurado por SOL ANYUL RIOS ZAPATA contra EDUARDO ANTONIO GARCIA ALVAREZ,  y, en consecuencia, ORDENAR al mismo Juzgado que proceda de nuevo a dictar sentencia de forma que se protejan de manera efectiva los derechos fundamentales de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS. TERCERO.- CONCEDER TRANSITORIAMENTE la tutela solicitada por la señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA en favor de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS, durante el término del proceso de suspensión de la potestad parental y hasta que se profiera sentencia definitiva. CUARTO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Cuarto de Familia de Medellín para que se sirva proceder de conformidad con la ordenado en la presente providencia. QUINTO.- REMITASE copia auténtica de la sentencia a la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION para lo de su competencia, así como copia auténtica del expediente de la referencia. SEXTO.- LIBRESE comunicación a la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos). Salvamento de voto de la Sentencia No. T-531 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL (Salvamento de voto) No estimo que la Constitución Política autorice la acción de tutela contra sentencias judiciales, ya que el proceso es, por su misma esencia y por mandato expreso del artículo 29 de la Carta, el medio eficaz de protección consagrado por el sistema jurídico en defensa de los derechos de la persona. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 superior, está excluída la acción de tutela cuando exista otro medio de protección judicial razón por la cual, teniendo en cuenta los hechos relatados en la sentencia, no estimo que en el presente caso fuera aplicable el mecanismo del amparo. El hecho de no haberse interpuesto oportunamente el recurso ordinario de apelación contra la sentencia  no significa que sea la tutela el medio que venga a suplir la atribución no ejercida pero reconocida por la ley colombiana a las partes en litigio. REF.: Expediente T-2981 Magistrado Ponente: Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz El suscrito Magistrado, en el asunto de la referencia, se permite expresar a continuación las razones de su disentimiento con la providencia acogida en forma mayoritaria por la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, por medio de la cual se resolvió REVOCAR  la sentencia proferida el once (11) de Mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) por la Sala de Familia del Tribunal Superior de Medellín, en el proceso de tutela instaurado por la señora SOL ANYUL RIOS ZAPATA en agenciamiento de los derechos de la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS. Como he tenido ocasión de repetirlo a propósito de varias providencias, no estimo que la Constitución Política autorice la acción de tutela contra sentencias judiciales, ya que el proceso es, por su misma esencia y por mandato expreso del artículo 29 de la Carta, el medio eficaz de protección consagrado por el sistema jurídico en defensa de los derechos de la persona. De conformidad con lo preceptuado en el artículo 86 superior, está excluída la acción de tutela cuando exista otro medio de protección judicial razón por la cual, teniendo en cuenta los hechos relatados en la sentencia, no estimo que en el presente caso fuera aplicable el mecanismo del amparo. El hecho de no haberse interpuesto oportunamente el recurso ordinario de apelación contra la sentencia del 20 de enero de 1992, emanada del juzgado 4o. de Familia de Medellín no significa que sea la tutela el medio que venga a suplir la atribución no ejercida pero reconocida por la ley colombiana a las partes en litigio. En efecto, ese recurso ha sido instaurado para que el aparato judicial vuelva a considerar la sentencia (artículo 31 C.N.), de tal modo que, como ya ha tenido ocasión de expresarlo la Corte Constitucional, su interposición oportuna "habría dado ocasión al superior para establecer si eventualmente tal providencia quebrantaba el ordenamiento jurídico"1. De otra parte, en el presente caso los intereses de la menor podían ser defendidos mediante los mecanismos que la ley ha previsto, entre ellos el establecido por el artículo 70 del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989), que dice: "De la custodia o cuidado personal. ARTICULO 70. Sin perjuicio de las acciones judiciales correspondientes, el Defensor de Familia podrá asignar provisionalmente la custodia o cuidado personal del menor a aquel de los parientes señalados en el artículo 61 del Código Civil que ofrezca mayores garantías para su desarrollo integral". En tal sentido había podido resolverse el caso concediendo la tutela, mas no contra la providencia judicial, sino en relación con el descuido en que pudo incurrir el Defensor de Familia, ordenando a este funcionario cumplir con las obligaciones que la ley le impone mientras, según el desenvolvimiento que vayan tomando los hechos, se intenta una acción sobre potestad parental. No es cierto, entonces, como se desprende del contenido del fallo, que la menor LUISA FERNANDA GARCIA RIOS haya quedado sin posibilidad de protección, pues como allí mismo se expresa "las sentencias de suspensión o rehabilitación de la potestad parental no hacen tránsito a cosa juzgada, ya que en ellas se deciden situaciones conductuales que pueden modificarse y dar lugar a procesos posteriores por las mismas causas y entre las mismas personas". Finalmente, discrepo de lo dispuesto en el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo en el cual, además de revocar la sentencia del 20 de Enero de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el Juzgado Cuarto de Familia de Medellín, se ordena a ese despacho proceder "de nuevo a dictar sentencia de forma que se protejan de manera efectiva los derechos fundamentales de la menor...", pues considero que una orden de esta naturaleza atenta contra la independencia de los jueces para decidir (artículo 228 de la C.N.) y rompe, contrariando lo dispuesto en el artículo 29, las formas propias de esta clase de juicios. No desconozco los fundados argumentos contenidos en la sentencia respecto de la precaria asesoría e intervención del Defensor de Menores en el proceso civil, negligencia que condujo al fallo negativo por defensa insuficiente de los intereses de la niña, los cuales han debido ser protegidos de modo especial según los perentorios términos del artículo 44 de la Carta. Al respecto debo manifestar que dentro del ordenamiento jurídico existen vías idóneas para obtener, además del cuidado inmediato de la menor, que se indemnicen los perjuicios a ella ocasionados por las deficiencias de la actividad estatal. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Fecha ut supra. 1 Cfr. Corte Consitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-520 septiembre 16 de 1992.

T-532-92 Sentencia No Sentencia No. T-532/92 DERECHOS FUNDAMENTALES-Determinación El "criterio a rúbrica" no es decisivo ni el único para establecer cuando se está en presencia de un derecho fundamental, debiendo los jueces de tutela aplicar diversos criterios para garantizar una protección efectiva a los derechos fundamentales del solicitante. JUEZ DE TUTELA-Facultades En el memorial presentado al Tribunal de segunda instancia de tutela, el representante y agente oficioso de los peticionarios invocó la posible vulneración del artículo 27 de la Constitución que consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. No obstante, su petición fue rechazada por ser violatoria  de la igualdad y lealtad de las partes en el proceso. Esta Sala no comparte el enfoque  civilista del Tribunal de tutela en cuanto a la invocación de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. El Juez debe hacer un examen integral de los derechos fundamentales virtualmente vulnerados por acción u omisión de la autoridad pública. DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Núcleo Esencial El núcleo esencial de este derecho protege la libertad general de acción, vinculada estrechamente con el principio de dignidad humana, cuyos contornos se determinan de manera negativa, estableciendo en cada caso la existencia o inexistencia de derechos de otros o disposiciones jurídicas con virtualidad de limitar válidamente su contenido. Es un derecho de status activo que exige el despliegue de las capacidades individuales, sin restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico. Se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia. Para que una limitación al derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima y, por lo mismo no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria ponderación valorativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado. LIBERTAD DE CIRCULACION-Restricción/LIBERTAD DE APRENDIZAJE/VISA-Declaración de no Objeción Cuando la eventual restricción del derecho de libre circulación y residencia proviene de una ley extranjera cuya aplicación depende de la potestad del gobierno colombiano, en desarrollo del manejo de las relaciones internacionales, las autoridades competentes deben proceder de tal manera que no vulneren o amenacen los derechos fundamentales de la persona. Si como efecto de la decisión nacional se produce una invasión en la órbita de los derechos individuales, corresponde al juez constitucional determinar si la restricción tiene expreso fundamento en el orden constitucional y legal. Una persona que opta por establecerse, vivir y trabajar en otro país por sus propios méritos y medios económicos, no puede ser obligada a retornar a su patria por simples razones de conveniencia nacional. Tal exigencia vulnera directamente el artículo 16 de la Constitución e indirectamente los derechos fundamentales de libertad de aprendizaje e investigación y de entrar y salir libremente del país. SEPTIEMBRE  23  DE 1992 REF: Expediente T-3007 Actor: JORGE ENRIQUE TOLOSA Y MARIA CLEMENCIA LEIVA Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-3007 adelantado por el señor PRUDENCIO TOLOSA SUAREZ, en representación del señor JORGE ENRIQUE TOLOSA y como agente oficioso de la señora MARIA CLEMENCIA LEIVA contra el EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA en Estados Unidos de América. A N T E C E D E N T E S 1. Prudencio Tolosa Suárez, apoderado general del señor JORGE ENRIQUE TOLOSA A. y agente oficioso de la señora MARIA CLEMENCIA LEIVA DE TOLOSA, interpuso acción de tutela como mecanismo transitorio contra la Ministra de Relaciones Exteriores y el Embajador de la República de Colombia en Estados Unidos de América por considerar que la omisión de este último en continuar el trámite de las solicitudes de visa H-1, ante la AGENCIA DE INFORMACION de los Estados Unidos elevadas por sus representados, vulnera el artículo 70 de la Constitución. 2. Los hechos que dieron origen al presente proceso de tutela involucran a dos médicos colombianos, el señor JORGE ENRIQUE TOLOSA A. y la señora MARIA CLEMENCIA LEIVA DE TOLOSA, estudiantes de post-grado en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de América, quienes habiendo ingresado a los Estados Unidos y obtenido visas J-1 en su calidad de estudiantes extranjeros, solicitaron el 7 de junio de 1991 al Gobierno de Colombia, a través de la Embajada de la República, la expedición de una certificación sobre no OBJECION a permanecer en dicho país. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por intermedio de la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migración, mediante oficios AC.9109 y AC.9108 del 26 de julio de 1991 dirigidos al Cónsul General de los Estados Unidos de América en Santa Fe de Bogotá, manifestó no tener ninguna objeción para que los señores JORGE ENRIQUE TOLOSA A. y MARIA CLEMENCIA LEIVA DE TOLOSA, continuaran en dicho país participando en el programa de estudios de post-grado de la mencionada Universidad. Alegan los interesados que los certificados de no objeción fueron enviados a la Embajada de la República de Colombia en Washington D.C., pero el Embajador Colombiano se abstuvo de proseguir el trámite pertinente. En efecto, el segundo secretario de la Embajada de Colombia en Washington, D.C., mediante comunicación del 2 de octubre de 1991, le envió al señor TOLOSA y a su esposa las respuestas oficiales a la solicitud de expedición de las declaraciones de no objeción, informándole que se había consultado a la Agencia de Información de los Estados Unidos acerca de la posibilidad de la extensión de la visa actual y que, en principio, parecía no existir problema alguno, pero que le harían saber el concepto definitivo de dicha agencia. Posteriormente, en sendas cartas del 26 de septiembre de 1991, el mismo funcionario de la Embajada Colombiana, actuando bajo autorización del señor embajador, le informó al señor TOLOSA y a la señora LEIVA la decisión del Gobierno Nacional de no expedir declaraciones de no objeción que les permitiera ser eximidos de los requisitos de regreso obligatorio a Colombia y permanencia en este país por dos años, dispuesto por la Ley de inmigración de los Estados Unidos para aquellas personas que ingresen con una Visa J-1. A este respecto expresó el Segundo Secretario de la Embajada de Colombia: "es política del Gobierno Nacional no conceder este tipo de certificaciones, toda vez que al hacerlo permite que las personas que se han calificado en disciplinas o actividades que el país ha considerado como necesarias y en las cuales ha solicitado al Gobierno de los Estados Unidos capacitación para sus nacionales, no regresen al país, perdiéndose con ello la finalidad de los programas de intercambio. "Lo anterior no obsta para que, de acuerdo con la Ley de Inmigración y Naturalización de los Estados Unidos, pueda Usted solicitar una extensión de su actual visa J-1, lo que le permitiría terminar con su plan de estudios y aplazar su regreso a Colombia". 3. La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca como Juez de primera instancia de tutela ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores solicitando informes sobre el trámite exigido para obtener visa H-1 por parte de estudiantes colombianos que viajen a los Estados Unidos con visa J-1 y sobre la participación  que en dicha tramitación corresponde al Embajador de Colombia ante ese país. A la anterior solicitud, el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante oficio S.G. 04002 del 10 de febrero de 1992, respondió que el competente para informar sobre los requisitos y trámites para obtener las visas H-1 o J-1 es el Consulado de Estados Unidos, pero que era oportuno aclarar que "en algunas oportunidades el Ministerio de Relaciones Exteriores expedía un documento, como uno de los requisitos para el cambio de la visa J-1, generalmente a H-1, pero sólo porque la legislación de los Estados Unidos así lo contempla. En efecto, relató como la visa J-1 compromete al estudiante, antes de que éste viaje a Estados Unidos, a retornar a su país de origen para que trabaje allí dos años antes de obtener otra clase de visa como trabajador (H-1) o de residente, pudiéndose exceptuar dicho requisito, entre otras razones, cuando el Gobierno del país del estudiante expide una 'declaración de no objeción'." No obstante, el mismo funcionario informó que "el actual Gobierno de Colombia, por motivos de estricta conveniencia nacional, ha decidido no otorgar estos documentos para que los estudiantes capacitados en el exterior aporten sus conocimientos y el país se beneficie de los mismos", decisión ésta que le fue comunicada al Embajador de Colombia en Washington, mediante oficio DM.005353 del 7 de mayo de 1991. Refiriéndose al caso de los señores Tolosa y Leiva, el funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores advirtió que "es cierto que el Subsecretario de Asuntos Consulares y Migración, con oficios A.C. 9109 y AC 9108 ambos del 26 de julio de 1991, dirigidos al Cónsul General de Colombia en los Estados Unidos manifestó que no objeta que el señor Jorge Enrique Tolosa Ardila y su mujer continúen sus estudios en los Estados Unidos, pero no se afirmó que el Gobierno de Colombia acepta que estas personas sean eximidas del requisito de regreso obligatorio por dos años al país". 4. La Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 13 de febrero de 1992 denegó la tutela solicitada por considerar que el artículo 70 de la Constitución Política, que consagra el deber del Estado de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, no es un derecho fundamental dado que no se encuentra contemplado en el Capítulo I del Título II de la Constitución, aparte de que no resultaba aplicable el artículo 2o. del Decreto 2591 de 1991, que permite al juez de tutela referirse a derechos no expresamente señalados por la Constitución como fundamentales, por desbordar la norma constitucional que reglamenta. Bajo un criterio diferente de interpretación, el fallador de primera instancia tampoco encontró que se dieran las condiciones para que prosperara la acción. En su concepto, la obligación estatal a que se refiere el artículo 70 de la Constitución "tiende finalmente a la creación de la identidad nacional concepto que no se aviene con la educación impartida en naciones extranjeras a nuestros compatriotas". En cuanto al proceder del señor Embajador de Colombia en Washington, el Tribunal de primera instancia no encontró vulneración de derecho alguno: "Se puede concluir del oficio que se analiza que el certificado de NO OBJECION expedido por el Gobierno Nacional es uno de los eventos para exceptuar la obligación de regresar por dos años al país, otorgado en ejercicio de la discrecionalidad de nuestro Gobierno e igualmente en tal ejercicio se decidió luego no seguirlo otorgando para aprovechar por lo menos por dos años los conocimientos adquiridos por nuestros compatriotas en el exterior, de lo que se desprende que cuando el Embajador de Colombia en Estados Unidos optó por no continuar el trámite con dichos certificados, no lo hizo como producto de una actitud arbitraria sino en seguimiento de la política adoptada por nuestro Gobierno y que en tal sentido le fue comunicada". De otra parte, para el mismo Tribunal no apareció demostrado el perjuicio irremediable que se podría ocasionar en razón de la omisión de la autoridad pública, ya que existían otras opciones para los peticionarios con miras a permanecer estudiando en los Estados Unidos. En efecto, asevera el Tribunal: "Finalmente no vislumbra la Sala perjuicio derivado de los hechos sobre los cuales se fundamentó la solicitud de tutela, puesto que no aparece documento alguno en donde la universidad extranjera donde adelantan sus estudios les comunique que tan sólo los sigue admitiendo en los mismos con la presentación de la visa H-1 cuando por otra parte la extensión de la visa J-1 es una posibilidad de la cual la Embajada de nuestro país les dió cuenta luego de consulta con las autoridades extranjeras respectivas". 5. El apoderado y agente oficioso de los accionantes impugnó la anterior providencia argumentado que los señores Jorge Enrique Tolosa y María Clemencia Leiva "ingresaron a los Estados Unidos de América procedentes de Inglaterra donde adelantaron estudios de Medicina, en los que para nada intervino el Gobierno de Colombia ni el ICETEX, ni programa alguno de intercambio educativo o con cierto tipo de becas, entre ellas la Fulbright". En consecuencia, en su sentir los petentes no se encuentran dentro de las circunstancias que obligan al retorno al país por dos años, siendo su exigencia atentatoria de la libertad. Igualmente, considera que el Embajador de Colombia en Estados Unidos no podía desconocer la validez del acto administrativo por el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores concedió a los interesados la declaración de no objeción a su permanencia en dicho país para continuar sus estudios de medicina. 6. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo conoció de la impugnación y, mediante sentencia del 13 de marzo de 1992, confirmó la decisión del Tribunal de primera instancia, con fundamento en el siguiente raciocinio: "Como el artículo 70 de la Constitución no está consagrado en el capítulo 1 del Título II que trata de los Derechos Constitucionales Fundamentales, que es a los que se refiere el artículo 86 ibídem, es por lo que la Tutela solicitada no es procedente. "Aunque el artículo 2 del Decreto 2591 de 1991 da a entender que la Acción de Tutela se puede referir a un derecho no señalado expresamente por la Constitución como fundamental, sin embargo, por tratarse de un Reglamento Constitucional con carácter legal del artículo 86 de la Constitución, que lo desborda en forma evidente, pues esta disposición en términos precisos se refiere a los derechos constitucionales fundamentales, en virtud de la excepción de inconstitucionalidad (artículo 4 Constitución Nacional) no puede aplicarse. "Al no ser tutelable el derecho señalado por los interesados como vulnerado es innecesario profundizar en el estudio de la información suministrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores". 7. Notificada la providencia de segunda instancia, el expediente de tutela fue remitido a esta Corporación para su eventual revisión y, habiendo sido seleccionado, correspondió a esta Sala su conocimiento. 8. Mediante memorial del 14 de septiembre de 1992, los peticionarios hicieron llegar a esta Corte certificación del Consejo Británico donde consta que fueron favorecidos por una beca de Cooperación Técnica del Gobierno Británico para adelantar estudios de post-grado por un año y que terminó en septiembre de 1988. Igualmente, presentaron certificaciones de la Universidad de Pensilvania, en las cuales se acredita que fueron financiados en su totalidad, desde 1988 hasta 1991, por la Fundación Rockefeller, entidad sin ánimo de lucro, sin que ninguna entidad o agencia oficial de los Estados Unidos haya contribuido de manera alguna al desarrollo de los estudios de los señores Jorge E. Tolosa y María Clemencia Leiva. 9. En respuesta a solicitud de este Despacho, el Director Regional del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, informó por escrito que en sus registros aparece el doctor Jorge Enrique Tolosa Ardila como preseleccionado por la Comisión Nacional de Becas realizada el 21 de agosto de 1986, y posteriormente seleccionado por el Consejo Británico el día 24 de noviembre de 1986 en desarrollo del concurso efectuado mediante convocatoria pública No. 620986 para realizar estudios de perinatología y salud pública en la Gran Bretaña en el período de abril de 1987 a marzo de 1988, no encontrándose registro respecto a la señora María Clemencia Leiva. FUNDAMENTOS JURIDICOS Derechos fundamentales presuntamente vulnerados 1. Las autoridades están obligadas a ceñir sus actuaciones a los más estrictos patrones de protección y respeto de los derechos fundamentales. Los jueces constitucionales, por la vía de la acción de tutela, tienen la función de velar por una franca sujeción de los funcionarios públicos a la Constitución, con miras a hacer realidad los fines sociales del Estado. Unos y otros, en el cumplimiento de su misión, deben trascender la letra de las normas para dotar de contenido humano y justo las decisiones proferidas. El uso despótico y automático de la ley para resguardar un orden jurídico abstracto y ajeno a las penurias y angustias vitales es contrario al sentido y a la finalidad misma del derecho, que es hallar la justicia y no sepultarla. Bajo la vigencia de la nueva Constitución la legitimidad de las normas no procede exclusivamente de la validez del procedimiento  para su expedición, sino también de la justificación racional de las decisiones, particularmente en el proceso de su aplicación. Un acto u omisión de la autoridad se justifica constitucionalmente cuando la aplicación que se hace de las normas es razonable dentro de las posibilidades jurídicas provistas por la interpretación jurídica. Un enfoque puramente normativista, que desestima las circunstancias de quien acude ante los jueces en procura de justicia, traiciona el espíritu de la Carta cuando desatiende el centro y razón de ser del ordenamiento constitucional mismo: la persona humana y su dignidad. La negativa a examinar  una posible vulneración o amenaza sobre la base de que el derecho invocado por el peticionario no es fundamental puede significar una denegación material de justicia cuando, existiendo otros criterios para establecer la fundamentalidad de un derecho, no se aplican, o sí otros derechos fundamentales diferentes a los señalados por el accionante pueden resultar desconocidos por la misma acción u omisión de la autoridad pública. Los jueces de tutela en primera y segunda instancia sostienen que el derecho presuntamente conculcado es el consagrado en el artículo 70 de la Constitución que, por no pertenecer al Capítulo I del Título II de la Carta, no tiene el carácter de fundamental y, por tanto, no es susceptible de protección inmediata por la vía de la acción de tutela. Al respecto basta recordar que esta Corporación se ha pronunciado repetidamente en el sentido de que el "criterio a rúbrica" no es decisivo ni el único para establecer cuando se está en presencia de un derecho fundamental, debiendo los jueces de tutela aplicar diversos criterios para garantizar una protección efectiva a los derechos fundamentales del solicitante.[1] De la situación fáctica planteada por los petentes se deduce que los mismos, estudiantes de post-grado y de prácticas clínicas en la Universidad de Pensilvania, ven en la obligación de retornar al país - a trabajar por espacio de dos años en el área de su especialización antes de poder obtener visa H-1 (de trabajo) en los Estados Unidos - una exigencia injusta, que en este momento truncaría su desarrollo científico y profesional y los expondría a adoptar opciones vitales no deseadas. Aducen los accionantes que la exigencia legal de retornar al país no cabe ser aplicada en su caso, a pesar de emanar del tipo de visa (J-1) a ellos otorgada, por no haber intervenido el Gobierno Colombiano ni el Estadounidense, ni tampoco ninguna entidad oficial de estos países, en el financiamiento de sus estudios, los cuales fueron pagados en su totalidad por organizaciones privadas sin ánimo de lucro. En el memorial presentado al Tribunal de segunda instancia de tutela, el representante y agente oficioso de los peticionarios invocó la posible vulneración del artículo 27 de la Constitución que consagra las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. No obstante, su petición fue rechazada por ser violatoria  de la igualdad y lealtad de las partes en el proceso. Esta Sala no comparte el enfoque  civilista del Tribunal de tutela en cuanto a la invocación de los derechos fundamentales presuntamente vulnerados. El Juez debe hacer un  examen integral de los derechos fundamentales virtualmente vulnerados por acción u omisión de la autoridad pública. Bajo otra perspectiva, más acorde con el control constitucional concreto o de tutela, es ostensible como los derechos a la igualdad (CP art. 13), al libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) y a la libre entrada y salida del país (CP art. 24), podrían haber resultado vulnerados por la negativa del Gobierno Colombiano, a convalidar y expedir los respectivos documentos de no objeción solicitados por los señores Tolosa y Leiva para permanecer y trabajar en el mencionado país. Posible vulneración del derecho a la igualdad 2. El derecho a la igualdad (CP art. 13), en su expresión más elemental, garantiza al individuo un trato igual que el recibido por otras personas en idéntica situación. Quienes se encuentran en situaciones diferentes solamente pueden recibir un trato igual siempre que exista una justificación objetiva y razonable para ello. Según el criterio de las autoridades colombianas, el hecho de tener una persona la calidad de estudiante con visa J-1, otorgada por las autoridades de inmigración Estadounidenses, conlleva la obligación de retornar al país por dos años antes de poder obtener otro tipo de visa, salvo que el Gobierno Colombiano, en forma discrecional, determine lo contrario, mediante declaración de no objeción, la cual, por el momento, no se expide en atención a una política nacional que procura el regreso temporal de los nacionales para que contribuyan con sus conocimientos al beneficio del país. Los accionantes, por el contrario, sostienen que la mencionada obligación que les impone una carga, sólo es exigible si el Estado ha contribuido directamente a la financiación de sus estudios en el exterior y no en consideración al tipo de visa a ellos otorgado - quizá erróneamente - por las autoridades Norteamericanas. Los supuestos de hecho para obtener una visa J-1 están regulados en la legislación de los Estados Unidos de América y una posible equivocación en la adjudicación de ese tipo de visa debe ventilarse ante las autoridades competentes de dicho país. Mientras el status de extranjero con visa J-1 no sea modificado para los interesados, ellos están sujetos a las consecuencias jurídicas respectivas, no pudiendo por tanto concluirse la vulneración del derecho de igualdad. Libre desarrollo de la personalidad y cumplimiento de los deberes sociales 3. El derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad plantea una relación individuo-sociedad-Estado, a partir de la cual debe precisarse el alcance de los derechos, deberes y obligaciones de unos y otros. El núcleo esencial de este derecho protege la libertad general de acción, vinculada estrechamente con el principio de dignidad humana (CP art. 1), cuyos contornos se determinan de manera negativa, estableciendo en cada caso la existencia o inexistencia de derechos de otros o disposiciones jurídicas con virtualidad de limitar válidamente su contenido. La jurisprudencia constitucional de otros países que han consagrado este derecho, ha incorporado a su núcleo esencial el derecho a la propia imagen, la autodeterminación informática y la libertad sexual, entre otras manifestaciones de la personalidad merecedoras de protección. La autodeterminación se refiere al ser humano y a la potencialidad de desarrollarse según su propia naturaleza y aptitudes y acorde con su dignidad. A diferencia del derecho a la intimidad (CP art. 15), que involucra un derecho a no ser molestado, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho de status activo que exige el despliegue de las capacidades individuales, sin restricciones ajenas no autorizadas por el ordenamiento jurídico. Se configura una vulneración de este derecho cuando a la persona se le impide, de forma arbitraria, alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de vida o valorar y escoger libremente las circunstancias que dan sentido a su existencia. Para que una limitación al derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima y, por lo mismo no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o la facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria ponderación valorativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado. En consecuencia, simples invocaciones del interés general, de los deberes sociales (CP art. 15), o de los derechos ajenos de rango legal,  no son suficientes para limitar el alcance de este derecho. Dentro de las limitaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad se encuentra el necesario cumplimiento de los deberes constitucionales (CP art. 95). Ninguna persona podría pretextar la vulneración o amenaza de este derecho para así incumplir los deberes que la condición de ciudadano colombiano le impone. Nadie estaría justificado para abusar de sus derechos, faltar al principio de solidaridad, irrespetar a las autoridades, destruir los recursos culturales y naturales del país o incumplir las obligaciones tributarias, aduciendo simplemente que la autodeterminación de su personalidad lo autoriza para ello. Por el contrario, la vida en sociedad exige al individuo armonizar debidamente sus intereses y expectativas con el respeto de los valores que sustentan la convivencia pacífica y el respeto de los derechos del otro y de la comunidad misma que lo alberga y nutre material y espiritualmente. Derecho de libre circulación y residencia 4. La Constitución reconoce a todo colombiano, con las limitaciones que la ley establece, el derecho a circular libremente por el territorio nacional, a entrar y salir de él, y a permanecer y residenciarse en Colombia (CP art. 24). De esta manera se recoge y refuerza la protección internacional a la libertad de locomoción, circulación y residencia de las personas en el propio territorio o en el extranjero. La  Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 22) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 12) consagran el derecho de circulación y residencia y circunscriben su limitación a los casos previstos por la ley con miras a proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas y los derechos y libertades de los demás. Cuando la eventual restricción del derecho de libre circulación y residencia proviene de un ley extranjera cuya aplicación depende de la potestad del gobierno colombiano, en desarrollo del manejo de las relaciones internacionales (CP art. 189-2), las autoridades competentes deben proceder de tal manera que no vulneren o amenacen los derechos fundamentales de la persona. La intervención gubernamental permitida por las leyes de un país extranjero, en el trámite de una actuación administrativa que involucra los derechos fundamentales de un nacional colombiano, se sujeta a derecho interno con miras a juzgar la legitimidad de las limitaciones impuestas. Si como efecto de la decisión nacional se produce una invasión en la órbita de los derechos individuales, corresponde al juez constitucional determinar si la restricción tiene expreso fundamento en el orden constitucional y legal (CP arts. 152-a y 214-2). De otra parte, cabe anotar que el Constituyente pretendió corregir la situación de desamparo en que se encuentran los colombianos en el exterior y encomendó la protección de sus derechos al Defensor del Pueblo (CP art. 282-1), de manera que cualquier colombiano residente en el exterior pueda por su intermedio interponer acción de tutela (Decreto 2591 de 1991, art. 51). Reciprocidad de derechos y obligaciones constitucionales 5. En la base de los deberes sociales se encuentra el principio de reciprocidad (CP art. 95). La Constitución reconoce a la persona y al ciudadano derechos y libertades, pero, al mismo tiempo, le impone obligaciones. Los beneficios que representa para el individuo las relaciones conmutativas de la vida en sociedad deben ser compensados por éste a fin de mejorar las condiciones materiales y espirituales de la convivencia social y ampliar permanentemente el número de miembros de la comunidad capaces de gozar de una existencia digna (CP Preámbulo, arts. 1, 95, 58 y 333). En una sociedad pobre, la justicia distributiva no puede ser solamente cometido del Estado, sino actitud y práxis de todos, mayormente de los mejor dotados. La filosofía moral que subyace al ordenamiento jurídico emerge con fuerza normativa vinculante cuando la Constitución faculta a las autoridades para exigir del individuo la superación de su egoísmo, mediante el cumplimiento de sus deberes y obligaciones. Apoyo institucional para el estudio en el exterior y exigencia posterior de un servicio social 6. Uno de los campos en que se aplica el principio de reciprocidad es el de los estudios en el exterior, cuando ellos se realizan gracias al apoyo de instituciones públicas, nacionales o extranjeras. Las personas favorecidas con "becas-préstamo" concedidas por el Instituto Colombiano de Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, o mediante mercedes de Gobiernos extranjeros en desarrollo de convenios de cooperación técnica, generalmente, salvo las excepciones establecidas en la ley, están obligadas a soportar determinadas cargas que su condición de ventaja relativa les impone, como es la de prestar con posterioridad a su terminación, un servicio social por un cierto período. Esta obligación puede consistir en retornar al país, luego de concluidos los estudios, con el objeto de trabajar en la respectiva especialización durante un término mínimo de dos años. La circunstancia descrita justifica precisamente que, tratándose de las relaciones de intercambio académico, técnico y profesional entre Colombia y los Estados Unidos, se otorgue a los estudiantes, en intercambio y con "beca - préstamo", una visa J-1, con las obligaciones y cargas sociales derivadas de esta última. Potestad gubernamental en el manejo de la ayuda educativa proveniente del exterior 7. Todo poder político o potestad atribuida por la Constitución o la ley a una autoridad no puede traducirse en su utilización en el desconocimiento de los derechos inalienables  de la persona (CP art. 5). Toda actuación administrativa, cualquiera sea su materia, es reglada en mayor o menor grado. El artículo 36 del Código Contencioso Administrativo (D. 01 de 1984) ordena que toda decisión discrecional, de carácter general o particular, sea adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa. Se presenta un ejercicio arbitrario de la autoridad pública cuando se impone a una persona una carga desproporcionada o injusta. Existe desproporción en el uso de las competencias constitucionales o legales si es evidente la divergencia entre los fines buscados con el otorgamiento de dicha competencia y los medios empleados para alcanzarlos. En materia de intercambio educativo con los Estados Unidos, el Gobierno Nacional tiene la potestad, según la legislación de dicho país, de otorgar o no documentos de "declaración de no objeción", con el objeto de exceptuar del requisito de retornar al país por dos años antes de poder solicitar un cambio de visa. Se afirma, por parte del Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es política gubernamental, plasmada en instrucciones a los embajadores de Colombia ante Gobiernos extranjeros, la de no otorgar, por razones de conveniencia nacional, este tipo de documentos para que "los estudiantes capacitados en el exterior aporten sus conocimientos y el país se beneficie de los mismos". El fin de esta norma es resguardar al Gobierno un ámbito de decisión para que el estudiante beneficiario de un cupo o programa de cooperación educativa regrese al país por razones de interés general. Ha quedado acreditado a lo largo de este proceso que los señores JORGE ENRIQUE TOLOSA y MARIA CLEMENCIA LEIVA no han recibido ayuda financiera, directa o indirecta, ni apoyo educativo o de cualquier otra índole, en virtud de un programa de cooperación o de intercambio convenido por los gobiernos de Colombia y de los Estados Unidos, para realizar sus estudios de post-grado en medicina en la Universidad de Pensilvania. En consecuencia, no existe tampoco razón para exigir reciprocidad de los mismos y obligarles a retornar al país, con la consecuente vulneración de sus derechos al libre desarrollo de su personalidad (CP art. 16). En este caso no es posible que la forma aniquile el fondo y la justicia abstracta legitime la arbitrariedad. La negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de expedir los documentos de no objeción obedece más a razones formales, v.gr. el tipo de visa (J-1) otorgada a los accionantes, y no se sustenta en un juicioso y detenido análisis de las circunstancias del caso, de las cuales se podía colegir la carencia de apoyo financiero educativo para la prosecución de sus estudios en los Estados Unidos. La política de conveniencia nacional de hacer retornar a los estudiantes colombianos al país no debe desconocer que lo único que la justifica y hace imperiosa es la circunstancia - aquí inexistente - de poner a disposición de la persona recursos públicos propios o extranjeros. En el evento de que ello no sea así, carece de justificación razonable la limitación del desarrollo profesional y existencial de la persona, e imponerla vulnera el artículo 16 de la Constitución Nacional por la manifiesta desproporción entre los fines perseguidos y el sacrificio injustificado de los derechos individuales fundamentales. Los Nacionales son de Colombia y del mundo y, como sujetos libres, son centros soberanos de autodeterminación. El altruismo, lamentablemente, las más de las veces carece de base normativa; quizá por ello cuando se manifiesta enaltece tanto a la persona que lo práctica. A este respecto, el posible egoísmo de los señores Tolosa y Leiva no es inconstitucional. La propuesta de las diferentes autoridades ejecutivas y judiciales a los solicitantes de tutela, en el sentido de sugerirles solicitar una extensión de su visa J-1 hasta finalizar sus estudios, no es una solución válida ya que ella sólo significa diferir en el tiempo el problema de legalizar su permanencia en el extranjero, además de que los priva de la posibilidad de continuar realizando prácticas médicas y simultáneamente trabajar para pagar sus estudios. Una persona que opta por establecerse, vivir y trabajar en otro país por sus propios méritos y medios económicos, no puede ser obligada a retornar a su patria por simples razones de conveniencia nacional. Tal exigencia vulnera directamente el artículo 16 de la Constitución e indirectamente los derechos fundamentales de libertad de aprendizaje e investigación (CP art. 27) y de entrar y salir libremente del país (CP art. 24). DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 13 de marzo de 1992, proferida por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, confirmatoria del fallo de tutela proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera del 13 de febrero de 1992. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela solicitada por el señor PRUDENCIO TOLOSA SUAREZ en representación del señor JORGE ENRIQUE TOLOSA y en agenciamiento oficioso de la señora MARIA CLEMENCIA LEIVA DE TOLOSA y, en consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Relaciones Exteriores, expedir el documento de "declaración de no objeción" al cambio de visa J-1 a H-1 en favor de los señores JORGE ENRIQUE TOLOSA y MARIA CLEMENCIA LEIVA y disponer su tramitación a través de la Embajada de la República de Colombia ante los Estados Unidos de América con destino a las autoridades competentes de dicho país. TERCERO.- LIBRESE comunicación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos). Salvamento de voto a la Sentencia No. T-532 ACTO DE GOBIERNO (Salvamento de voto) La sentencia ordena al Gobierno colombiano la expedición de un documento, pero no se limita a ello -lo cual sería aceptable si se tratara de mora o negligencia, o de violación al derecho de petición- sino que entra a señalar de manera imperativa cuál deberá ser el sentido de ese documento: la "declaración de no objeción" a un cambio de visa. Aquí la Corte asume la posición que constitucionalmente corresponde al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, pues se trata de un acto enmarcado claramente dentro del manejo de las relaciones con otros estados, en el presente caso con los Estados Unidos de Norteamérica. La naturaleza constitucional y política del Jefe de Estado es la de encarnar y representar la unidad estatal, papel que de suyo implica autonomía e independencia en la toma de decisiones y en la fijación de políticas en lo que atañe a la conducción de los asuntos exteriores en los cuales están de por medio intereses o compromisos de la República. FUNCION SOCIAL DE LA EDUCACION (Salvamento de voto) La capacitación de la persona no tiene exclusiva importancia para ella sino que trasciende al interés público, de tal modo que si el Gobienro establece una política en cuya virtud quienes han tenido ocasión de prepararse en determinada área en territorio extranjero deban regresar para hacer su aporte al desarrollo nacional, no está haciendo nada distinto de ejecutar el principio plasmado en el artículo 67 de la Carta. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL/PERJUICIO IRREMEDIABLE (Salvamento de voto) En el proceso de la referencia no cabía la acción de tutela a la luz del artículo 86 de la Constitución, ya que existía otro medio de defensa judicial. La acción de tutela no era procedente ni siquiera como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues la definición que de éste último trae el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 -aquél que no puede ser resarcido en su integridad sino mediante una indemnización- no es aplicable a la circunstancia de los petentes, ya que de obtener éxito en sus demandas ante el Contencioso, el efecto de la nulidad de los actos administrativos sería precisamente la expedición del documento hasta ahora negado. Ref.: Expediente T-3007 Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Me permito expresar los motivos de mi discrepancia con la decisión que ha adoptado, en el asunto de la referencia la mayoría de la Sala. En el fallo se ordena al Gobierno Nacional, representado en el Presidnete de la República y su Ministro de Relaciones Exteriores, expedir el documento de "declaración de NO OBJECION" al cambio de visa J-1 a H-1 en favor de los peticionarios y disponer su tramitación a través de la Embajada de la República de Colombia ante los Estados Unidos de América, "con destino a las autoridades competentes de dicho país para el final otorgamiento de la respectiva visa". Como puede observarse, la sentencia ordena al Gobierno colombiano la expedición de un documento, pero no se limita a ello -lo cual sería aceptable si se tratara de mora o negligencia, o de violación al derecho de petición- sino que entra a señalar de manera imperativa cuál deberá ser el sentido de ese documento: la "declaración de no objeción" a un cambio de visa. Aquí la Corte asume la posición que constitucionalmente corresponde al Presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado (artículo 189, numeral 2o.), pues se trata de un acto enmarcado claramente dentro del manejo de las relaciones con otros estados, en el presente caso con los Estados Unidos de Norteamérica. La naturaleza constitucional y política del Jefe de Estado es la de encarnar y representar la unidad estatal, papel que de suyo implica autonomía e independencia en la toma de decisiones y en la fijación de políticas en lo que atañe a la conducción de los asuntos exteriores en los cuales están de por medio intereses o compromisos de la República. La situación puesta en consideración de la Corte en esta oportunidad, a pesar de que se concreta en el caso de dos personas particulares, involucra la gestión de actos propios de la representación de la República ante otro Estado, pues el documento de cuya expedición se trata -la Visa, en una de sus modalidades- es instrumento jurídico del que se vale aquél, en ejercicio de su soberanía, para definir qué personas extranjeras pueden permanecer dentro de su territorio, en qué condiciones y por cuánto tiempo, todo lo cual está incorporado a una política de gobierno que mira a intereses nacionales del Estado receptor. Es dentro de esa óptica que debe analizarse la consulta que efectúa el Gobierno norteamericano al colombiano en el sentido de si éste objeta o no el cambio de visa a dichas personas de los Estados Unidos. Allí resulta pertinente la verificación de si esa permanencia afecta en alguna forma las políticas que, a su vez, pueda haber trazado el Estado colombiano sobre regreso de aquéllos de sus nacionales que se han ausentado del país con el fin específico de adelantar estudios. La capacitación de la persona no tiene exclusiva importancia para ella sino que trasciende al interés público, de tal modo que si el Gobierno establece una política en cuya virtud quienes han tenido ocasión de prepararse en determinada área en territorio extranjero deban regresar para hacer su aporte al desarrollo nacional, no está haciendo nada distinto de ejecutar el principio plasmado en el artículo 67 de la Carta que dice: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social" (subrayo). Por otra parte, en el proceso de la referencia no cabía la acción de tutela a la luz del artículo 86 de la Constitución, ya que existía otro medio de defensa judicial. En efecto, las comunicaciones mediante las cuales se expresó a los solicitantes que la política gubernamental en esta materia impedía que se produjera la declaración de no objeción para el cambio de visa son actos demandables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo e inclusive pueden ser objeto de suspensión provisional. La acción de tutela no era procedente ni siquiera como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, pues la definición que de éste último trae el artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 -aquél que no puede ser resarcido en su integridad sino mediante una indemnización- no es aplicable a la circunstancia de los petentes, ya que de obtener éxito en sus demandas ante el Contencioso, el efecto de la nulidad de los actos administrativos sería precisamente la expedición del documento hasta ahora negado. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Fecha ut supra. [1]Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-02 del 8 de mayo de 1992.

T-533-92 Sentencia No Sentencia No. T-533/92 DERECHOS DEL INDIGENTE-Protección La Constitución consagra diversos mecanismos tendientes a garantizar a las personas en situación de indigencia los servicios públicos básicos de  salud, seguridad social integral y el subsidio alimentario. En principio, el legislador es la autoridad pública llamada a determinar la forma y la cobertura de su prestación. En casos excepcionales, no obstante, puede haber lugar a la aplicación inmediata de la protección especial a la persona, en particular cuando la marginalidad social y económica la coloca en circunstancias de debilidad manifiesta. Acreditado el carácter de indigente absoluto, cabe reconocer en cabeza del sujeto y a cargo de la entidad pública respectiva, el derecho a recibir la prestación correspondiente, estableciendo - a la luz de las circunstancias - las cargas retributivas a su cargo, las cuales pueden consistir en trabajo social. ASISTENCIA PUBLICA La individualización de la asistencia y protección según las características de los diferentes grupos de la población y la ampliación del concepto y cubrimiento de la seguridad social a todos los habitantes, son las notas distintivas del nuevo marco constitucional de la seguridad social. Mientras el legislador amplia progresivamente la cobertura de la seguridad social, "la familia, la sociedad y el Estado" deben contribuir solidariamente a dar respuesta oportuna y efectiva a las personas colocadas en situación de indigencia que ven amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia exclusiva de su condición económica. ESTADO SOCIAL DE DERECHO El Estado social de derecho, instituido por el constituyente colombiano, define la naturaleza del régimen político, económico y social, identificándolo con los valores y fines enunciados en el Preámbulo de la Constitución. La superación del Estado de derecho como garantía de la libertad y de la igualdad formales tiene lugar en el Estado social de derecho mediante la acentuación de los elementos finalistas que guían la actividad estatal administrativa y política. La persona humana y su dignidad constituyen el máximo valor de la normatividad constitucional, cuyo reconocimiento conlleva importantes consecuencias para el sistema de relaciones económicas y sociales. PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD-Debilidad manifiesta Cuando una persona demuestra la circunstancia de debilidad manifiesta en que se encuentra, debido a su condición económica, física o mental, sin que ella misma o su familia puedan responder, excepcionalmente se genera para el Estado una obligación de proteger especialmente a la persona colocada en dicha situación. En tal evento, se opera una inversión en el orden de exigibilidad del principio de solidaridad social, que obliga al Estado a una prestación directa e inmediata en favor de la persona que se halla en circunstancias de debilidad manifiesta, sin perjuicio del derecho en cabeza de la autoridad estatal, cuando sea del caso, al reintegro posterior de su costo por parte del beneficiario y de su familia. JUEZ DE TUTELA-Facultades/PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS El juez debe proceder a verificar la existencia de los supuestos de hecho que generan a favor del indigente un derecho público subjetivo a una determinada  prestación estatal.El principio de efectividad de los derechos fundamentales, obliga al juez de tutela a definir, dentro del proceso, el medio más eficaz para promover su cumplimiento, máxime cuando la ley no lo contempla o lo hace de manera genérica. Precisamente, la situación de extrema indigencia, presupuesto necesario para tornar exigible una cierta actividad prestacional a cargo del Estado, debe ventilarse en el curso del proceso, así como la circunstancia de ausencia de apoyo familiar y la eventual incapacidad de solucionar de manera autónoma una necesidad vital por el sujeto absolutamente menesteroso. ACCION DE TUTELA-Omisión/DERECHOS PRESTACIONALES-Efectividad Las acciones de tutela cuyo objeto verse sobre la omisión de una conducta activa por parte de una autoridad pública - como ocurre con los derechos prestacionales que, en las condiciones del artículo 13 de la Constitución Política, se actualizan y tornan exigibles, aunque sea en supuestos eminentemente excepcionales -, imponen al juez de tutela el deber de determinar en primer término la real existencia de la situación excepcional y, luego, verificada la configuración del derecho prestacional fundamental, articular la fórmula que de manera más económica, eficiente y adecuada sirva al propósito de hacerlo efectivo, apelando si así lo considera procedente a la solidaridad social. SEPTIEMBRE 23  DE 1992 REF: Expediente T-3038 Actor:RICARDO RIVERA Magistrado Ponente: Dr.EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-3038 adelantado por el señor RICARDO RIVERA contra el Estado Colombiano. A N T E C E D E N T E S 1. El señor RICARDO RIVERA interpuso acción de tutela ante el Juzgado de Instrucción Criminal (Reparto) de la ciudad de Ibagué, Tolima, sin especificar contra quien la dirigía, ni los hechos que la motivaban. En su escrito, el petente se limitó a manifestar que, por carecer de otro recurso, se veía en la necesidad de invocar el artículo 46 de la Constitución. 2. El Juzgado 36 de Instrucción Criminal de Ibagué, al cual le fue repartido el proceso, solicitó al petente ampliar su versión. Este en diligencia posterior manifestó tener 63 años de edad, llevar treinta (30) años de separado y diez (10) de no ver a sus tres hijos y no poder trabajar desde hacía dos años como consecuencia de un problema ocular. El señor RIVERA agregó no haber podido comunicarse con dos de sus hijos para solicitarles ayuda económica y expresó que el tercero se la había negado por no estar en condiciones para ello. En consecuencia, pidió al juez que se le ordenara al Estado Colombiano suministrarle ayuda económica para una operación de los ojos que le posibilitaría recuperar la vista y así poder trabajar. Finalmente, reconoció no haber visitado en esa ciudad ningún centro asistencial para solicitar el servicio médico, pero exhibió una orden de operación de los ojos ordenada por un médico del hospital universitario Evaristo García de la ciudad de Cali. La fecha fijada en dicha orden para la operación era la del 27 de agosto de 1991. 3. El fallador de instancia, mediante providencia del 5 de mayo de 1992, denegó la solicitud de tutela por considerarla improcedente ya que la vía adecuada, a su juicio, era la acción penal por el delito de inasistencia alimentaria. En su concepto, el artículo 46 de la Constitución impone a la familia la obligación de asistir a las personas de la tercera edad, por lo que contra ella debía dirigir sus pretensiones el actor. Respecto de la solicitud de intervención quirúrgica, consideró el juez, que al no existir omisión ni acción por parte de ninguna autoridad de la localidad, no era procedente tramitar tal pretensión. 4. No impugnada la anterior decisión fue remitida a esta Corporación, correspondiendo, previas selección y reparto, a la Sala Segunda su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS La situación de indigencia está contemplada en la Constitución 1. La Constitución es un sistema de normas descriptivo y prescriptivo que refleja la realidad y pretende modificarla de acuerdo con determinados valores. Bajo esta perspectiva, el derecho constitucional reconoce la existencia de factores reales de poder e interviene para redistribuirlos en favor del bienestar general. Existen miembros de la comunidad desfavorecidos en la repartición de los recursos económicos, marginados de la participación política y condenados, por su situación menesterosa, a una vida de penurias y necesidades que ofende la dignidad de la persona humana. Los indigentes son personas que carecen de recursos económicos mínimos para subsistir dignamente y se encuentran incapacitados para trabajar, debido a su edad o estado de salud. Las mas de las veces, no cuentan con una familia que les prodigue apoyo material y espiritual . La pobreza, sin duda, atenta contra la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Sus causas estructurales son combatidas mediante políticas legislativas y macro-económicas. Sus efectos, en cambio, exigen de una intervención estatal directa e inmediata, cuyo fundamento no es otro que la naturaleza social del Estado y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución. La Constitución consagra diversos mecanismos tendientes a garantizar a las personas en situación de indigencia los servicios públicos básicos de  salud (CP art. 49), seguridad social integral (CP arts. 46 y 48) y el subsidio alimentario (CP art. 46). En principio, el legislador es la autoridad pública llamada a determinar la forma y la cobertura de su prestación. En casos excepcionales, no obstante, puede haber lugar a la aplicación inmediata (CP art. 85) de la protección especial a la persona, en particular cuando la marginalidad social y económica la coloca en circunstancias de debilidad manifiesta (CP art. 13). Superación de la asistencia caritativa por el derecho irrenunciable a la seguridad social integral. 2. La Constitución de 1886 establecía en su artículo 19 la asistencia pública como función del Estado que debería prestarse a quienes careciendo de medios de subsistencia y del derecho a exigirla de otras personas estuvieran físicamente incapacitados para trabajar, y atribuía al legislador la facultad de establecer los casos en que el Estado debía concederla directamente. La asistencia pública no tuvo desarrollo legal ni aplicabilidad práctica bajo la vigencia de la Constitución de 1886, y así el Estado mismo contribuyó a aumentar la "deuda social" frente a los sectores más desfavorecidos. La concepción del Estado como mero gendarme de la sociedad, el cual intervenía en la órbita económica o social exclusivamente para suplir los vacíos dejados por los particulares quizá explica la consagración de la asistencia pública como función del Estado pero sin el reconocimiento de los derechos subjetivos correlativos para exigir de las autoridades públicas una determinada prestación. El constituyente colombiano reaccionó en contra de la secular ausencia de respuesta institucional a la miseria y reconoció la responsabilidad de todos en lo que llamó "gran deuda social" con los sectores pobres de la sociedad. "Nuestra opción es por un Estado Social, en sentido estricto, y que como tal no actúa obedeciendo los dictados de la beneficencia y de la caridad sino como respuesta a los más elementales derechos de los ciudadanos. Un Estado como agente de justicia social. La Finalidad Social deberá ser permanente, anticipatoria y prioritaria y no, como hoy, esporádica, reactiva y discrecional. El gasto social en Colombia debe ser prioritario por mandato constitucional, primando el concepto de rentabilidad social sobre el de fríos rendimientos económicos. La gestión social debe ser la piedra angular sobre la cual se construyan los ideales de la paz y de la democracia"1 . La institución constitucional de la asistencia pública fue remplazada en la Constitución de 1991 por el derecho irrenunciable de todos los habitantes del país a la seguridad social. El fundamento de la transformación de los deberes sociales del Estado frente a los miembros pobres de la comunidad radica en el carácter social del Estado, lo cual se traduce en la prestación continua y eficiente de los servicios públicos, la prioridad del gasto social y la intervención oportuna de las autoridades para impedir la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales constitucionales. Las aspiraciones sociales del Estado consagradas en la Constitución tienen como garantía para su realización el mandato al legislador para que desarrolle las reformas necesarias, sobre una base realista. Frente a la alternativa de acoger una concepción amplia que reconoce a toda la población el derecho a la seguridad social y una estrecha que sólo lo hace respecto de los trabajadores, el constituyente optó por una solución intermedia: "Nuestra concepción de la Finalidad Social del Estado debe ir necesariamente más allá de la retórica. La Seguridad Social constituye un elemento indispensable para posibilitar unas condiciones de vida dignas; tal vez no haya instrumento más eficaz para el cumplimiento de la Finalidad Social del Estado. "En este sentido es necesario consagrar en la Carta el derecho irrenunciable a la Seguridad Social, garantizado por el Estado a todos los habitantes del territorio Nacional. La seguridad y la previsión social tienen por objeto la protección de la población contra las contingencias que menoscaban la salud y la capacidad económica". "Creemos que las condiciones actuales del país no permiten realmente un Sistema de Seguridad Social amplio en ambos sentidos. Propugnamos por un sistema de cobertura universal pero inicialmente limitado a la protección de la salud y a la previsión social. "Existe en el país un alto porcentaje de la población afectada por la inequidad. Este no es un mal que con propiedad podamos atribuir a otros. Es responsabilidad de todos de diverso modo, según el grado de insolidaridad o conformismo. Es una deuda social. "Afirmamos que la seguridad social es un servicio público solidario, coordinado en sus políticas, descentralizado en su ejecución, y con participación ciudadana en sus órganos de gestión y control. En otras palabras, este ideal lo construimos todos. Nos hacemos todos responsables de su éxito o de su fracaso"[1]. La progresiva ampliación del servicio público de la seguridad social a todos los habitantes del país que permitirá garantizarles una vida digna es responsabilidad del legislador. La salud y la previsión social tienen prioridad, en especial frente a grupos humanos que merecen especial protección - niños, ancianos, disminuidos físicos y síquicos. La individualización de la asistencia y protección según las características de los diferentes grupos de la población y la ampliación del concepto y cubrimiento de la seguridad social a todos los habitantes, son las notas distintivas del nuevo marco constitucional de la seguridad social. Mientras el legislador amplia progresivamente la cobertura de la seguridad social, "la familia, la sociedad y el Estado" deben contribuir solidariamente a dar respuesta oportuna y efectiva a las personas colocadas en situación de indigencia que ven amenazados o vulnerados sus derechos fundamentales como consecuencia exclusiva de su condición económica (CP arts. 1, 13). Principio de solidaridad social y sistema de protección y asistencia a los desvalidos 3. El principio de solidaridad social ha dejado de ser un imperativo ético para convertirse en norma constitucional vinculante para todas las personas que integran la comunidad (CP art.1). La decisión de elevar a rango constitucional el principio de solidaridad social tuvo su origen en el repudio a la injusticia social y en la convicción de que su gradual eliminación compromete a la sociedad entera y al Estado. Como lo expusiera en sus propias palabras el constituyente: "La suerte feliz o desafortunada de la Nación es la de todos. Por eso tenemos que hacer causa común. Este es el grito del 88% de gentes sin amparo ante un 12% que por lo menos tiene aún el privilegio de que se le remunere el esfuerzo de sus brazos. "Esa ingente muchedumbre sobrante por la inequidad, producto del sistema, yace sumida en la desesperanza y deambula por las calles buscando un porvenir cada día más lejano, anhelando las sobras que una minoría afortunada consume y disfruta con avidez ofensiva de toda austeridad. No sólo hay que dar, sino acertar a compartir. Pero en todo. Y la integridad es eso. Un todo". "Todo esto en suma, no es un mal que con propiedad podamos atribuir responsablemente a otros. Es responsabilidad de todos de diverso modo, según el grado de insolidaridad o conformismo e inercia, particularmente de la sociedad en su conjunto. Por eso es tarea de todos, y es por ello irrenunciable como derecho. Es el bien común"[2]. La primera consecuencia que se desprende de este principio tiene relación con la exigibilidad de los deberes u obligaciones impuestas por la Constitución (CP arts. 44, 46 y 95) o por ley (Código Civil arts. 411 y siguientes) a determinadas personas, bien por la vía de los mecanismos ordinarios, o mediante el ejercicio de la acción de tutela, cuando ello sea necesario para impedir eficazmente la vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental. La sociedad colombiana, fiel a sus ancestrales tradiciones religiosas, sitúa inicialmente en la familia las relaciones de solidaridad. Esta realidad sociológica, en cierto modo reflejada en la expresión popular "la solidaridad comienza por casa", tiene respaldo normativo en el valor dado a la familia como núcleo fundamental (CP. art. 42) e institución básica de la sociedad (CP. art. 5). En este orden de ideas, se justifica exigir a la persona que acuda a sus familiares más cercanos en búsqueda de asistencia o protección antes de hacerlo ante el Estado, salvo que exista un derecho legalmente reconocido a la persona y a cargo de éste, o peligren otros derechos constitucionales fundamentales que ameriten una intervención inmediata de las autoridades (CP art. 13). Paralelamente, todo ciudadano colombiano está en el deber constitucional de obrar conforme al principio de solidaridad social y de prestar su colaboración con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas (CP. art. 95-2). La sociedad se gobierna y, en lo posible, debe actuar siguiendo pautas económicas y sociales redistributivas con el objeto de aminorar las desigualdades materiales y la injusticia social, todo lo cual constituye de otra parte el fundamento del derecho impositivo y las reglas que regulan la elaboración y ejecución presupuestales (CP. art. 350, 355, 359, 366). La solidaridad y el apoyo a la persona que se encuentra en situación de indigencia y sufre quebrantos de salud corresponde prioritariamente a la familia. Los miembros de ésta, determinados por la ley, tienen la obligación jurídica y moral de auxiliar a sus descendientes o ascendientes próximos. No obstante, si la familia se encuentra en imposibilidad material de apoyar a uno de sus miembros, no pueden quedar éstos irremediablemente abandonados a su suerte. El Estado, en desarrollo de sus fines esenciales, está en el deber constitucional de proteger efectivamente los derechos de la persona, correspondiendo a la autoridad pública encontrar las alternativas jurídicas para garantizar su ejercicio y, al mismo tiempo, exigir el cumplimiento de las obligaciones sociales de los particulares (CP art. 2). Transformación del Estado moderno: paso del Estado de Bienestar al Estado Social de Derecho 4. El Estado ocasionalmente está obligado a hacerse cargo de la asistencia de personas expuestas a situaciones de indigencia o desprotección, bien directamente mediante la prestación de determinados servicios o el reconocimiento de derechos públicos subjetivos, o indirectamente mediante la determinación del gasto social. El Estado social de derecho, instituido por el constituyente colombiano, define la naturaleza del régimen político, económico y social, identificándolo con los valores y fines enunciados en el Preámbulo de la Constitución. La superación del Estado de derecho como garantía de la libertad y de la igualdad formales tiene lugar en el Estado social de derecho mediante la acentuación de los elementos finalistas que guían la actividad estatal administrativa y política. La persona humana y su dignidad constituyen el máximo valor de la normatividad constitucional, cuyo reconocimiento conlleva importantes consecuencias para el sistema de relaciones económicas y sociales. El llamado Estado de bienestar o Welfare State, tan criticado por doctrinas contrapuestas como el liberalismo tradicional o la teoría marxista, no es consecuencia necesaria del carácter social de nuestro Estado de derecho. Por el contrario, éste trasciende las contradicciones que el primero evidenció históricamente. En efecto, el Estado de bienestar, que pretendió promover a extensos sectores marginados de los beneficios sociales a través de una política económica basada en la construcción de obras públicas, en el subsidio a diversas actividades de producción y en la extensión de servicios gratuitos, desembocó en muchos casos en crisis fiscal y evidenció sus contradicciones al transferir más poder a los grupos poderosos de la sociedad contratados por el mismo Estado para acometer sus proyectos y liberados por éste de la prestación de otros servicios. A lo anterior se vino a sumar el crecimiento incontrolado del aparato burocrático administrativo y su  ineficiencia para resolver los problemas de una sociedad capitalista  compleja El Estado como instrumento de justicia social, basado en una economía social de mercado, con iniciativa privada, pero en la que se ejerce una cierta intervención redistributiva de la riqueza y de los recursos, permite corregir los excesos individuales o colectivistas. El sistema económico en el Estado social de derecho, con sus características de propiedad privada de los medios de producción, libertad de empresa, iniciativa privada e intervencionismo estatal, está orientado según un contenido humano y por la aspiración de alcanzar los fines esenciales de la organización social. Por ello, el ordenamiento jurídico consagra tanto derechos programáticos, que dependen de las posibilidades presupuestales del país, como derechos prestacionales[3] que dan lugar - cuando se cumplen los requisitos para ello - al ejercicio de un derecho público subjetivo en cabeza del individuo y a cargo del Estado. Derechos programáticos, economía social y prestaciones directas del Estado 5. La Constitución no desconoce que la efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales depende directamente de las condiciones materiales de la sociedad y de su adecuada distribución. La progresividad de su reconocimiento lleva a la doctrina a denominarlos "derechos programáticos". Corresponde al legislador determinar la forma de su realización. No obstante, un significativo avance normativo se ha operado en el manejo de la economía con la introducción, a nivel de la elaboración del Presupuesto Nacional, de los criterios de necesidades básicas insatisfechas y de prioridad del gasto social para darles cubrimiento. En efecto, el legislador debe respetar los parámetros constitucionales establecidos para una más justa y equitativa redistribución de los recursos económicos y sociales con el objeto de favorecer a los grupos tradicionalmente marginados de los beneficios de la riqueza. Además de los cambios de la política macroeconómica, el Estado también está obligado a dar respuestas oportunas a situaciones individuales concretas, en las cuales se haga patente la amenaza a la dignidad humana de la persona y se atente contra alguno de sus derechos fundamentales. Cuando una persona demuestra la circunstancia de debilidad manifiesta en que se encuentra, debido a su condición económica, física o mental (CP art. 13), sin que ella misma o su familia puedan responder, excepcionalmente se genera para el Estado una obligación de proteger especialmente a la persona colocada en dicha situación. Los derechos a la salud (CP art. 49), a la seguridad social integral (CP art. 48), y a la protección y asistencia a la tercera edad (CP art. 46), en principio programáticos, pueden verse actualizados y generar un derecho público subjetivo de inmediata aplicación (CP arts. 13 y 85), si la persona interesada demuestra fehacientemente su condición de debilidad manifiesta y la imposibilidad material de su familia para darle asistencia, en particular cuando la completa ausencia de apoyo lo priva de su derecho al mínimo vital[4]. En tal evento, se opera una inversión en el orden de exigibilidad del principio de solidaridad social, que obliga al Estado a una prestación directa e inmediata en favor de la persona que se halla en circunstancias de debilidad manifiesta, sin perjuicio del derecho en cabeza de la autoridad estatal, cuando sea del caso, al reintegro posterior de su costo por parte del beneficiario y de su familia. Carencia de actividad probatoria del solicitante y consecuencias para la protección efectiva de sus derechos fundamentales 6. Los antecedentes permiten deducir que el señor RICARDO RIVERA es una persona de la tercera edad (63 años), que carece de medios económicos, cuya familia se encuentra materialmente disuelta y sus miembros (esposa e hijos) son de difícil localización. Afirma el petente en su solicitud que la posibilidad de trabajar se supedita a una operación en los ojos para recuperar  la visión, por lo que solicita al Estado suministrarle ayuda económica para su realización. La vigencia de los derechos fundamentales de una persona, en este contexto el derecho a la salud en conexidad con el derecho fundamental al trabajo, no puede quedar al albur de las acciones penales o civiles en contra de las personas legalmente obligadas a prestar su asistencia en estos casos.  El juez debe proceder a verificar la existencia de los supuestos de hecho que generan a favor del indigente un derecho público subjetivo a una determinada  prestación estatal (CP arts. 1, 2, 13 y 46). Obligación estatal de protección especial, audiencia social y determinación de la condición de indigente absoluto 7. Las acciones de tutela cuyo objeto verse sobre la omisión de una conducta activa por parte de una autoridad pública - como ocurre con los derechos prestacionales que, en las condiciones del artículo 13 de la Constitución Política, se actualizan y tornan exigibles, aunque sea en supuestos eminentemente excepcionales -, imponen al juez de tutela el deber de determinar en primer término la real existencia de la situación excepcional y, luego, verificada la configuración del derecho prestacional fundamental, articular la fórmula que de manera más económica, eficiente y adecuada sirva al propósito de hacerlo efectivo, apelando si así lo considera procedente a la solidaridad social. El principio de efectividad de los derechos fundamentales, obliga al juez de tutela a definir, dentro del proceso, el medio más eficaz para promover su cumplimiento, máxime cuando la ley no lo contempla o lo hace de manera genérica. Precisamente, la situación de extrema indigencia, presupuesto necesario para tornar exigible una cierta actividad prestacional a cargo del Estado, debe ventilarse en el curso del proceso, así como la circunstancia de ausencia de apoyo familiar y la eventual incapacidad de solucionar de manera autónoma una necesidad vital por el sujeto absolutamente menesteroso. Adicionalmente, el juez constitucional no puede permanecer indiferente a las condiciones y cargas anejas al ejercicio del derecho subjetivo público de carácter prestacional, en los casos excepcionales en que éste se hace exigible con independencia de una deliberada política estatal pública o social de amplio espectro. En estos casos, el proceso de tutela, por su connotación social, debe llevar al juez a propiciar una audiencia de ese carácter, a la cual se cite a la persona pretendidamente indigente en términos absolutos, sus familiares, la respectiva entidad pública frente a la cual se solicita la realización de una específica prestación y, si es del caso, para promover la práctica de la solidaridad, a otros miembros e instituciones de la sociedad civil. Acreditado el carácter de indigente absoluto - (i) incapacidad absoluta de la persona de valerse por sus propios medios; (ii)  existencia de una necesidad vital cuya no satisfacción lesiona la dignidad humana en sumo grado; (iii) ausencia material de apoyo familiar - cabe reconocer en cabeza del sujeto y a cargo de la entidad pública respectiva, el derecho a recibir la prestación correspondiente, estableciendo - a la luz de las circunstancias - las cargas retributivas a su cargo, las cuales pueden consistir en trabajo social. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 5 de mayo de 1992, proferida por el Juzgado 36 de Instrucción Criminal de Ibagué, que denegó la tutela solicitada por el señor  RICARDO RIVERA. SEGUNDO.- ORDENAR al Juez 36 de Instrucción Criminal de Ibagué, que, de conformidad con lo dispuesto en el fundamento jurídico número 7 de esta sentencia, determine si RICARDO RIVERA tiene el carácter de indigente absoluto y resulta procedente en su caso que reciba por parte de la  autoridad pública respectiva la protección especial contemplada en el inciso 3o. del artículo 13 de la Constitución Política. TERCERO.- LIBRESE comunicación al Juzgado 36 de Instrucción Criminal de Ibagué, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos). 1 Asamblea Nacional Constituyente. Informe-Ponencia para Primer Debate en Plenaria. Finalidad Social del Estado y la Seguridad Social. Ponentes Benítez Tobón Jaime, Cuevas Romero Tulio, Garzón Angelino, Guerrero Figueroa Guillermo, Marulanda Gómez Iván, Perry Rubio Guillermo, Hoyos Naranjo Oscar, Lemos Simmonds Carlos, Lloreda Caicedo Rodrigo, Molina Giraldo Ignacio, Ossa Escobar Carlos, Yepes Parra Miguel Antonio. Gaceta Constitucional No. 78, mayo 1991, p. 2. [1]Idem. p. 2, 3. [2]Asamblea Nacional Constituyente. Informe-Ponencia Seguridad Social Integral. Ponentes Benítez Tobón Jaime, Cuevas Romero Tulio, Garzón Angelino, Guerrero Figueroa Guillermo, Marulanda Gómez Iván, Perry Rubio Guillermo. Gaceta Constitucional No. 46, abril 1991, p. 13. [3]Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-427 del 24 de junio de 1992. [4]Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-426 del 24 de junio de 1992.

T-534-92 Sentencia No Sentencia No. T-534/92 PRINCIPIO DE LA BUENA FE/SERVICIO MILITAR La aplicación efectiva del principio de la buena fe, comporta un aspecto relevante dentro del actual marco nacional. En el caso sub-lite, el soldado  obró dentro de los postulados del principio de la buena fe al momento de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio y durante el tiempo en que estuvo en filas. La buena fe se le presume a los particulares en las actuaciones que ellos realicen ante las autoridades. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL/DERECHO A LA SALUD-Soldados La seguridad social y la salud son derechos fundamentales y que tienen una evidente incidencia en la prolongación de la vida. El soldado colombiano tiene como ciudadano y como servidor de la patria títulos suficientes para que en todo caso, pero particularmente cuando su salud se resienta por actos u omisiones del Estado, se le respete su derecho a que el gobierno le suministre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y los servicios odontológicos y farmacéuticos en los lugares y condiciones científicas que su caso exija. Ref.: EXPEDIENTE 3115 PETICIONARIO: JORGE ALEXANDER MORENO PROCEDENCIA: SALA PENAL -TRIBUNAL SUPERIOR DE CUCUTA MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por JORGE ALEXANDER MORENO contra la omisión del "Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate" No. 5 "Mercedes Abrego" de la Quinta Brigada del Ejército Nacional, con sede en Bucaramanga. I. ANTECEDENTES El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Tribunal Superior de Cúcuta para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 19 de Junio del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. A. La acción. El día 2 de marzo de 1992, el joven Jorge Alexander Moreno interpuso personalmente acción de tutela ante el juzgado de Instrucción Criminal-Reparto de la ciudad de Cúcuta. 1. Hechos 1.1. El peticionario fue incorporado al Ejército Nacional el día 3 de agosto de 1991, para prestar el servicio militar obligatorio en calidad de bachiller. Este acto se llevó a cabo en el Distrito Militar No. 35 de la ciudad de Cúcuta. Previamente se le había practicado el primer examen médico de rigor, en el cual resultó apto para ingresar a filas militares. 1.2. El soldado Moreno Delgado fue trasladado a la Quinta Brigada, "Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate" No. 5 "Mercedes Abrego", con sede en la ciudad de Bucaramanga. 1.3. Una vez iniciada la respectiva etapa de instrucción militar, el accionante comenzó a sentir unos malestares, lo que hacía que su rendimiento físico fuera deficiente. Frente a este hecho, sus superiores militares lo remitían constantemente al dispensario médico del Batallón, donde se limitaban exclusivamente a suministrarle algunos calmantes. 1.4. Aproximadamente unos 30 días después de haberse incorporado al Ejército, y al regreso de unas prácticas militares en "terreno", se le hizo un segundo examen médico por parte de las respectivas autoridades. Nuevamente fue declarado apto para continuar en el servicio militar obligatorio. 1.5. A la compañía militar de la cual hacía parte el soldado Moreno Delgado le fue otorgada una licencia de 9 días, en vísperas del juramento de bandera que tradicionalmente realizan los soldados. Esta es una ceremonia de carácter simbólico en la cual se promete fidelidad a la patria, a la bandera nacional y a los superiores, compañeros y subalternos. 1.6. En el transcurso de dicha licencia y debido al deterioro de su salud el actor decidió acudir al centro médico de urgencias "La Merced" de la ciudad de Cúcuta. Allí le tomaron unas radiografías de pecho y de espalda las cuales mostraron la existencia de "un Linfoma, Teratoma o Ganglio" -canceroso- de carácter maligno. El médico que lo atendió ordenó tomar medidas rápidas y urgentes debido al delicado estado de salud del paciente, que, además, se agravó debido a los fuertes ejercicios físicos realizados en las instrucciones militares. 1.7. Con los anteriores exámenes el peticionario se dirigió al Distrito Militar No. 35 de la ciudad de Cúcuta para exponer su caso. Inmediatamente fue remitido por el jefe del dispensario médico de dicho Distrito al consultorio del doctor Fernando Quintero Torrado, coordinador del servicio de salud de Norte de Santander, quien explicó la situación del paciente en escrito dirigido al jefe de sanidad de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga. 1.8. Después de lo anterior, fue remitido al dispensario médico del batallón donde prestaba su servicio militar en la ciudad de Bucaramanga. Una vez más se le atendió por el médico del mencionado centro, el cual diagnosticó que el estado de salud del paciente era muy delicado y que necesitaba de tratamiento inmediato en el Hospital Militar de Santafé de Bogotá, ya que su caso no se podía tratar en el batallón de Bucaramanga. 1.9. A pesar del anterior concepto médico, las autoridades militares se negaron a facilitarle dichos servicios con el argumento de que el soldado no había jurado bandera, y por lo tanto el Ejército Nacional no tenía ninguna obligación al respecto. 1.10. Finalmente, se le practicó un tercer examen médico en el cual se le declaró como persona no apta para prestar el servicio militar y se procedió a darle de baja. 2. Solicitud Mediante acción de tutela interpuesta el 2 de marzo de 1992, el actor solicitó: - Que se obligue al Ejército Nacional a través de la Quinta Brigada con sede en Bucaramanga, a garantizarle el derecho a la vida, debido a su crítico estado de salud, para lo cual pide que se le otorguen todos los medios disponibles para sus cuidados médicos. - La entrega de la libreta militar de segunda clase sin costo alguno, debido a que no cuenta con medios económicos para adquirirla. 3. Pruebas El expediente llegó a la Corte Constitucional con las siguientes pruebas: - Constancia expedida por el doctor Oscar A. Parada, médico radiólogo del centro de urgencias "La Merced", sobre el resultado de la radiografía tomada al paciente Jorge A. Moreno con su respectiva recomendación sobre el tratamiento a seguir (Folio No. 7). - Concepto médico del doctor Fernando Quintero Torrado, coordinador del servicio de salud del Norte de Santander, dirigido al jefe de sanidad de la Quinta Brigada del Ejército Nacional. En él se solicita que se atienda urgentemente al soldado Moreno Delgado, para determinar si el tumor que presenta en su organismo es maligno (Folio No. 9). - Resultados del tercer examen médico practicado al soldado Moreno Delgado, donde es calificado como personal no apto para continuar prestando el servicio militar obligatorio (Folio No. 37). - Constancia de descuartelamiento proferida por el jefe de personal del "Batallón de Apoyo y servicio para el Combate" No. 5 "Mercedes Abrego", por haber resultado inhábil en el tercer examen médico (Folio No. 14). - Examen médico practicado por el doctor Eduardo Pérez Gómez, jefe del instituto de medicina legal de la Seccional del Norte de Santander, al joven Jorge Alexander Moreno por solicitud del Juzgado Octavo de Instrucción Criminal. Los resultados demostraron la existencia de un tumor maligno derivado del tejido linfático, el cual requiere tratamiento urgente y especializado mediante quimoterapia, debido a la gravedad de la situación, ya que si no se trata a tiempo se disemina por todo el cuerpo hasta producir la muerte del paciente. - Asímismo, obra constancia de la incapacidad del actor para efectuar cualquier actividad física (Folio No. 27). - Diligencia de inspección judicial practicada por el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal el día 6 de marzo en los libros que se llevan en el comando del Distrito Militar No. 35, con sede en la ciudad de Cúcuta (Folio No. 31). - A solicitud del Juzgado, se remitió la historia clínica del paciente Moreno Delgado por el hospital "Erasmo Meoz" de la ciudad de Cúcuta, donde se realizaron los primeros tratamientos médicos. B. Sentencia de primera instancia En decisión del 10 de marzo de 1992, el Juzgado Octavo de Instrucción Criminal de Cúcuta concedió la acción de tutela por las siguientes razones: "Es el derecho constitucional fundamental a la vida de JORGE ALEXANDER MORENO DELGADO, el que resulta amenazado, por cuanto según lo dictamina el Médico Legista, que le practicó el reconocimiento ordenado por esta oficina, en el evento de no prestársele la atención médica o el tratamiento adecuado en forma oportuna, se coloca al paciente en grave peligro de muerte". "La amenaza al derecho constitucional fundamental de la vida del accionante, se concreta por la omisión de la autoridad pública, en el presente caso el Ejército Nacional, representado por el comando del Batallón A.S.P.C., No. 5 'MERCEDES ABREGO', de haber dispuesto lo pertinente para que JORGE ALEXANDER recibiera la atención médica y el tratamiento adecuado en forma oportuna y que su grave enfermedad lo amerita" (Folios Nos. 51-52). C. Impugnación de la sentencia En escrito de fecha 13 de marzo de 1992 el comandante del "Batallón de Apoyo y servicio para el Combate" No. 5 "Mercedes Abrego", teniente coronel Miguel Antonio Morales Avila, impugnó el fallo referido por las siguientes razones: - El Ejército Nacional sólo se hace responsable por la salud de sus soldados cuando la enfermedad la haya adquirido durante el transcurso del servicio militar, pero no por aquellas cuyo origen se presentó con anterioridad a la vinculación a las filas castrenses. - En este orden de ideas, la realización del tercer examen médico a los 90 días después de la fecha de incorporación, tiene como finalidad detectar aquellas enfermedades que, por su naturaleza, son de difícil diagnóstico en los dos primeros exámenes, y que adquirieron los soldados antes de ingresar a la institución militar pero se descubren en el desarrollo de la etapa de instrucción. D. Sentencia de segunda instancia En sentencia del 28 de abril de 1992, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cúcuta, confirmó la sentencia del Juzgado Octavo de Instrucción Criminal por las siguientes razones: "Acá está en juego la vida de un ser humano de escasos veinte años, a quien si no se le trata en forma especializada e inmediatamente, puede fallecer". "El Comando del Batallón Abrego realmente se enteró del estado canceroso del soldado MORENO DELGADO cuando éste regresó a dicha unidad militar con los exámenes practicados en Cúcuta y remitido allí para tratamiento médico por el Batallón Maza No. 5 de esta ciudad. Si el soldado en referencia no hubiese presentado tales dictámenes médicos y se hubiese callado, seguramente hubiere jurado bandera como estaba programado y se habría incorporado oficialmente a filas, toda vez que dos exámenes practicados por los médicos del Ejército lo había declarado apto y después de cumplido el terreno, se encontraba listo, por haber cumplido con todos los requisitos militares, para tal fin". "Puede ser verdad que el origen del tumor maligno no haya sido el servicio militar, pero también lo es, que según el concepto médico forense, lo arduo de las prácticas y lo fuerte de los ejercicios de los terrenos causaron agravamiento notorio en la enfermedad, que hace urgente el tratamiento adecuado, porque tardíamente es ésta incurable, y coloca al paciente en grave peligro de muerte; de donde no es excusa para no cumplir con el tratamiento, lo que se alega en el memorial de impugnación, ya que sobre un texto legal, está el mandato de la Constitución Nacional" (Folios Nos. 94-95). II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. Además, es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o., el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte. 1. El derecho a la vida en la Constitución del 91. En la Carta del 91 el derecho a la vida, más que un reflejo de una obligación estatal -la cual se mantiene (art. 2 C.N.) al igual que en la Constitución de 1886- constituye un derecho fundamental constitucional, con un mayor alcance y autonomía. A esto hay que agregarle la consagración de la acción de tutela como el mecanismo idóneo para protegerlo. El derecho está consagrado de la siguiente manera: Art. 11. "El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte". En un primer sentido, el anterior principio indica que la Constitución protege a las personas contra toda acción u omisión de cualquier naturaleza, que objetivamente ponga en peligro la vida de un ser humano. Ello se fundamenta en la característica de inviolabilidad que es de la esencia misma del mencionado derecho. Esto significa que la vida es un valor ilimitado como correlativamente lo es su protección. En otras palabras, la vida es un derecho absoluto y por consiguiente no admite límites, como sí se establecen para otros derechos fundamentales. Lo anterior se reitera con la prohibición de la pena de muerte que consagra nuestra Carta. Otra característica relevante de este derecho es que la vida constituye la base para el ejercicio del resto de los derechos consagrados, tanto en la Constitución como en la ley. O sea, la vida misma es el presupuesto indispensable para que cualquier sujeto se constituya en titular de derechos u obligaciones. Las anteriores consideraciones conducen a afirmar que el primer deber de un Estado es proteger la vida de los asociados, adoptando todas aquellas medidas que permitan a los ciudadanos vivir en condiciones dignas. Esto es aún más claro si se tiene en cuenta que el Estado social de derecho, como lo ha venido reiterando la jurisprudencia de esta Corte, se funda en el respeto a la dignidad humana y tiene como uno de su fines esenciales garantizar la efectividad de los principios y derechos. Entendido así, el alcance del derecho a la vida y la correlativa obligación absoluta del Estado para protegerla y garantizarla, para esta Corte es evidente que en aquellos casos en que el servicio de salud es necesario e indispensable para salvaguardar el derecho a la vida, el Estado está en la obligación de prestarlo a personas necesitadas en los términos del  artículo 13 de la Constitución. Más aún cuando el ciudadano que requiere el servicio está cumpliendo con una carga cívica y patriótica, como es la prestación del servicio militar obligatorio. En este orden de ideas, las autoridades militares deben poner todo el empeño y diligencia posible para proteger la vida de los soldados colombianos, y hacer todo lo que esté a su alcance para que su estadía de éstos en el Ejército Nacional sea lo más humana, dignificante y enriquecedora. La conducta de los superiores del soldado Moreno Delgado, contrasta con el mínimo respeto y cuidado que se le debe deparar a un ser humano, cuando se encuentra en delicado estado de salud que hace peligrar su vida. 2. El principio de la buena fe La buena fe es un principio general de derecho que fue incorporado a nuestra Constitución Política de 1991. Permite, por razones estrechamente vinculadas a la conducta normal de una persona digna, ampliar el universo de las garantías o, cuando menos, hacerlo más efectivo en cada una de las diversas circunstancias en las cuales se halle presente. En la ponencia presentada a la Asamblea Nacional Constituyente, los ponentes explicaron el alcance de la norma como mecanismo de protección y los dos elementos fundamentes que la componen, a saber: "Primero: que se establece el deber genérico de obrar conforme a los postulados de la buena fe. Esto quiere decir que tanto los particulares en el ejercicio de sus derechos o en el cumplimiento de sus deberes, como las autoridades en el desarrollo de sus funciones, deben sujetarse a los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad que integran el principio. En el primer caso, estamos ante una barrera frente al abuso del derecho; en el segundo ante una limitante de los excesos y la desviación del poder. Segundo: se presume que los particulares en sus relaciones con el poder público actúan de buena fe. Este principio que parecería ser de la esencia del derecho en Colombia ha sido sustituído por una general desconfianza hacia el particular. Esta concepción negativa ha permeado todo el sistema burocrático colombiano, el cual, so pretexto de defenderse del asalto siempre mal intencionado de los particulares, se ha convertido en una fortaleza inexpugnable ante la cual sucumben las pretensiones privadas, enredadas en una maraña de requisitos y procedimientos que terminan por aniquilar los derechos sustanciales que las autoridades están obligadas a proteger" (El subrayado es nuestro)1 La norma constitucional consagra lo siguiente: Art. 83. "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquéllos adelanten ante éstas". La intención del Constituyente colombiano fue la de consagrar un postulado fundamentalmente ético que sirviera como modelo a seguir en las relaciones entre los particulares y las autoridades públicas. Con el cumplimiento de lo anterior, se busca evitar el abuso de los derechos por parte de los particulares y la desviación de poder de las autoridades en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, situaciones éstas que, sin lugar a dudas, tienen la suficiente entereza para amenazar o violar derechos fundamentales de los asociados. De otro lado, la aplicación efectiva del principio de la buena fe en las relaciones ya descritas, comporta un aspecto relevante dentro del actual marco nacional. Es indudable la desconfianza reciproca entre administrados y la administración pública en sus constantes relaciones, lo que produce un distanciamiento entre ellas y una correlativa falta de legitimidad de los ciudadanos hacia el Estado. Frente a este panorama desalentador se hace necesario que ambas partes cambien radicalmente de actitud, actuando con lealtad, honestidad y confianza, para que esos vínculos vuelvan a adquirir su carácter de relaciones entre seres humanos. Acerca de la necesidad de humanizar las relaciones entre gobernantes y gobernados, el tratadista español Jesús Gonzáles Pérez, ha señalado que: "La aplicación del principio de la buena fe permitirá al administrado recobrar la confianza en que la Administración no va a exigirle más de lo que estrictamente sea necesario para la realización de los fines públicos que en cada caso concreto persiga. Y en que no le va a ser exigido en el lugar, en el momento ni en la forma más adecuados, en atención a sus circunstancias personales y sociales, y a las propias necesidades públicas. Confianza, legítima confianza de que no se le va a imponer una prestación cuando sólo superando dificultades extraordinarias podrá ser cumplida. Ni en un lugar en que, razonablemente, no cabía esperar. Ni antes de que lo exijan los intereses públicos ni cuando ya no era concebible el ejercicio de la potestad administrativa. Confianza, en fin en que el procedimiento para dictar el acto que dará lugar a las relaciones entre Administración y administrado, no va a adoptar una conducta confusa y equívoca que más tarde permita eludir o tergiversar sus obligaciones. Y en que los actos van a ser respetados en tanto no exijan su anulación los intereses públicos". "La aplicación del principio de la buena fe, por otra parte, comportará la confianza de la Administración en que el administrado que con ella se relaciona va a adoptar un comportamiento leal en la fase de constitución de las relaciones, en el ejercicio de sus relaciones y en el cumplimiento de sus obligaciones frente a la propia Administración y frente a otros administrados. Como lo ha dicho SAINZ MORENO, la buena fe de la Administración frente al ciudadano consiste en la confianza de que éste, no sólo no va a ser desleal con el comportamiento honesto de la Administración, sino que tampoco va a utilizar a la Administración para obtener en su beneficio resoluciones contrarias a la buena fe de otro ciudadano"2 Esta Corte, por su parte, ha destacado que "Con la constitucionalización del principio de la buena fe, se logra que éste se convierta en eficaz instrumento para lograr que la administración obre con el criterio rector de la efectividad del servicio público por encima de las conductas meramente formales que han desnaturalizado su esencia". ..."Hoy en día la administración pública nos ofrece un panorama nada alentador. A medida que se agiganta y proliferan sus organismos y dependencias, se hace más fría, más inhumana. Por lo tanto humanizar las relaciones es tarea de todos, actuando con lealtad, honestidad y confianza que los demás esperan de nosotros. Ello es, en definitiva, lo que el principio de la buena fe comporta"3 En el caso sub-lite, el soldado Moreno Delgado obró dentro de los postulados del principio de la buena fe al momento de ingresar a prestar el servicio militar obligatorio y durante el tiempo en que estuvo en filas. La buena fe se le presume a los particulares en las actuaciones que ellos realicen ante las autoridades. Durante su permanencia en el batallón militar, el actor se quejó constantemente de fuertes dolores sin que las respectivas autoridades médicas hubiesen podido determinar las causas de los mismos, limitándose al suministro de calmantes ordinarios. Las cosas llegaron a un grado tal, que el peticionario se vio en la necesidad de acudir a consultas médicas particulares que permitieron descubrir la verdadera causa de sus males. Es claro que el soldado Moreno Delgado ignoraba tanto la enfermedad que lo aquejaba como la época en que la contrajo y que no se propuso en ningún momento engañar a sus superiores. Obró pues de buena fe. 3. La salud y seguridad social del soldado Consta en el expediente la práctica de varios exámenes médicos al peticionario, los cuales no pudieron determinar el verdadero estado de su salud. Asimismo, visitó con bastante frecuencia al dispensario médico del Batallón, en busca de alivio a su enfermedad, ya que a medida que pasaban los días y se hacían más intensos los entrenamientos militares, se deterioraba notoriamente su condición física. En estas circunstancias, el actor tuvo a servicios médicos particulares, durante el goce de su licencia, y fue así como los médicos lograron descubrir el cáncer mediante exámenes de radiografías y tomografías computarizadas. Por todo lo anterior, esta Corte acoge las observaciones formuladas por el Tribunal Superior de Cúcuta acerca de la grave negligencia de los servicios médicos del "Batallón de Apoyo y Servicio para el combate" No. 5 "Mercedes Abrego" la cual condujo a que el peticionario fuera obligado a realizar las habituales prácticas de "terreno" cuando es lo cierto que su delicada condición de salud exigía cuidados especiales cuya ausencia ha sido causa determinante de su actual agravación. Como seres humanos dignos que prestan un servicio a la patria, los soldados de Colombia tienen derecho a esperar que el Estado les depare una atención médica oportuna y adecuada, sin eludir responsabilidades mediante consideraciones que ponen en tela de juicio la buena fe del ciudadano que la Constitución presume. La actitud de los superiores del soldado Moreno Delgado es aún más reprochable si se repara en que la agravación de sus actuales dolencias es fruto de una grave deficiencia de los servicios médicos del Batallón, incapaces como fueron desde un principio para diagnosticar acertadamente las dolencias del peticionario, negligencia que se reitera, condujo al deterioro de sus condiciones físicas. Por eso lo justo ahora no es negarle la atención que requiere un soldado -porque eso fue el peticionario, pese a no haber prestado aún el juramento de bandera que es tan solo un acto simbólico-. Lo justo entonces es que el Estado repare su culpa y le brinde la atención médica especializada que su caso requiere, tal como se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia. La presente decisión no excluye la posibilidad de que el peticionario reclame oportunamente las eventuales indemnizaciones ante las autoridades competentes. De otra parte, esta Corte ha reconocido que la seguridad social y la salud son derechos fundamentales y que tienen una evidente incidencia en la prolongación de la vida. En este sentido se ha pronunciado la Sala Segunda de Revisión: "El derecho a la seguridad social no está consagrado expresamente en la Constitución como un derecho fundamental. Sin embargo, este derecho establecido de forma genérica en el artículo 48 de la Constitución, y de manera específica respecto de las personas de la tercera edad (CP art. 46 inc. 2), adquiere el carácter de fundamental cuando, según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales como la vida (CP art. 11), la dignidad humana (CP art.1), la integridad física y moral (CP art. 12) o el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16)..." (el subrayado es nuestro)4. El soldado colombiano tiene como ciudadano y como servidor de la patria títulos suficientes para que en todo caso, pero particularmente cuando su salud se resienta por actos u omisiones del Estado, se le respete su derecho a que el gobierno le suministre la atención médica, quirúrgica, hospitalaria y los servicios odontológicos y farmacéuticos en los lugares y condiciones científicas que su caso exija. III. CONCLUSION Como persona y ciudadano colombiano, el soldado es portador de una congénita dignidad que lo hace acreedor a recibir del Estado atención eficaz y pronta de su salud y su vida, desde le momento mismo que es reclutado y puesto a disposición y órdenes de sus inmediatos superiores. La ausencia de ceremonias simbólicas no puede ser alegada como eximente, menos aún cuando el soldado presta sus servicios a la patria de la mejor buena fe. Dentro de este contexto, todo examen médico de aptitud para el reclutamiento debe ser científicamente serio y exhaustivo para evitar resultados que puedan perjudicar la salud y la vida de candidatos en edad de ingresar al servicio militar. Esta Corte no puede premiar la omisión del Estado en detrimento de la salud y la vida de su juventud. Por tanto, concederá la tutela impetrada por el peticionario para proteger sus derechos constitucionales fundamentales vulnerados. IV. DECISION En mérito de lo expuesto la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO. Por las razones expuestas en la parte resolutiva de la presente sentencia CONFIRMAR la providencia del Tribunal Superior de Cúcuta del 28 de abril de 1992, en el proceso de tutela promovido por Jorge Alexander Moreno Delgado. SEGUNDO. ORDENAR que el Comandante de la Quinta Brigada del Ejército Nacional con sede en Bucaramanga, disponga en el plazo de 48 horas todo lo concerniente al traslado y reclusión del peticionario en el Hospital Militar de Santafé de Bogotá, a fin de que reciba la atención médica que su salud requiere, en condiciones dignas y por todo el tiempo necesario. TERCERO. ORDENAR a la Quinta Brigada del Ejército Nacional que le expida la tarjeta militar al peticionario sin costo alguno. CUARTO. En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que la salud de un soldado se haya visto afectada por acción u omisión del Estado, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. QUINTO. ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Tribunal Superior de Cúcuta, el cual deberá velar por su oportuno cumplimiento, lo mismo que al Comando General del Ejército Nacional, a la Quinta Brigada y al "Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate" No. 5 "Mercedes Abrego", en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, Cópiese, Comuníquese, Cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Sentencia aprobada por la Sala Primera de Revisión, en Santafé de Bogotá, a los 24 días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Cfr. proyecto de acto reformatorio de la Constitución Política de Colombia No. 24, Título: Buena Fe. Autores: Alvaro Gómez Hurtado y Juan Carlos Esguerra Portocarrero. Gaceta Constitucional número 19, marzo 11 de 1991, página 3. 2 GONZALES PEREZ, Jesús. El principio general de la buena fe en el derecho administrativo. Monografía de Civitas. Editorial Civitas S.A. Madrid 1983. Páginas 57, 58, 59 y 60. 3 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T-469. Sala Cuarta de Revisión. 4 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T-426. Sala Segunda de Revisión.

T-535-92 Sentencia No Sentencia No. T-535/92 ACCION DE TUTELA-Hecho Superado La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío. REF: EXPEDIENTE No. 2556. Peticionario: Luis Arteaga  Taquez. Procedencia: Juzgado 4º Superior de Cali. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá, D.C., septiembre veintitres (23) de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Símon Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-2556, adelantado por Luis Arteaga Taquez. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 18 de junio del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1.SOLICITUD. El actor invocó  acción de tutela ante el Juzgado 4º Superior de Cali contra el auto interlocutorio Nº 057 del 30 de septiembre de 1991, proferido por el Juzgado 8° Superior de Cali, y  que se origina en los siguientes hechos: a) El accionante fue condenado por el Juzgado 8° Superior de Cali mediante sentencia Nº 002 de enero 17 de 1985 a la pena principal de dieciseis (16) años de prisión por el delito de homicidio agravado. b) Tal decisión fue impugnada por el apoderado del condenado y el Tribunal Superior -Sala Penal-, mediante fallo de abril 13 de 1985  modificó el de primera instancia y condenó a diceciocho (18) años de prisión. c) Mediante memorial de 16 de septiembre de 1991 el condenado solicitó rebaja de pena con fundamento en el artículo 31 de la  Constitución Política, solicitud que fue negada mediante auto interlocutorio 057 del 30 de septiembre de 1991. Contra esta providencia interpuso los recursos de reposición y apelación. El Despacho confirmó la providencia y concedió la apelación ante el Tribunal Superior. d) El Tribunal confirmó en su integridad la providencia apelada. El señor Artega Taquez denuncia la violación de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 29 -principio de favorabilidad- y 31 -reformatio in pejus-, de la Constitución Política. 2. Fallo del Juzgado Cuarto Superior de Cali (providencia de Marzo 9 de 1992). El Juzgado considera que el peticionario no tiene derecho a una rebaja de pena, y si no se le ha reconocido es por una errónea interpretación judicial, razón que hace improcedente la acción de tutela. Expresa el fallador, que la tutela no constituye un super-recurso ni una tercera instancia, y si se le ha negado esa rebaja es porque los jueces en primera y segunda instancia han considerado que no tiene derecho a la misma. Igualmente esgrime como argumento el artículo 40 del Decreto 2591 de 1.991, que prevé una competencia especial contra sentencias y providencias que pongan fin al proceso, o sea que los autos que no le ponen fin al proceso no quedan comprendidos dentro de esa situación, como en el caso del Sr. Arteaga Taquez. 3. Pruebas solicitadas por la Corte Constitucional en la revisión de la sentencia. Al estudiar el expediente de tutela de la referencia, se presentó la necesidad de solicitar la sentencia del Juzgado Octavo Superior de Cali (Sala Penal) y la proferida por el  Tribunal Superior de Cali, así como de la situación jurídica actual de la condena impuesta al peticionario. 3.1. Sentencia del Juzgado Octavo Superior de Cali (providencia de enero 16 de 1.985). Celebrada la diligencia de audiencia pública con intervención de jurado de conciencia, el juzgado procedió a dictar sentencia. Los argumentos de esta pueden resumirse de la siguiente forma: a) Mediante auto interlocutorio de abril 4 de 1.984, el Juzgado Octavo Superior abrió causa criminal contra el peticionario por el delito de homicidio agravado, providencia que apelada por el defensor del encausado, fue confirmada por el Tribunal el 16 de junio del mismo año. b) Llevada a cabo la diligencia de audiencia pública, durante la misma, el Sr. Agente del Ministerio Público, luego de hacer un análisis de la prueba solicitó el veredicto condenatorio. El defensor, a su vez, requirió la absolución con fundamento en que el único testigo no se hallaba en el lugar de los hechos. c) Por unanimidad, el veredicto del jurado de conciencia fue el de "sí es responsable". d) Manifiesta el mencionado Juzgado Superior en la sentencia que "aceptada pues la autoría del hecho, por parte del mencionado, debe concluírse que el veredicto de responsabilidad emitido por el Jurado en forma unánime, no hizo más que acoger los lineamientos del auto enjuiciatorio, demostrándonos así la perfecta consonancia, que existen los requisitos procedimentales para que el Despacho entre a desarrollar el veredicto, pues tiene suficiente respaldo probatorio en los autos". e) Sobre los agravantes, manifestó el Despacho: "Sobre la base de que el procesado tenía plena conciencia y voluntad de los hechos por él ejecutados, pues es persona imputable o normal, su comportamiento se adecuó en el auto de proceder a la normatividad de los artículos 323 y 324 del Código Penal, por cuanto no sólo se consumó la muerte de una persona sino que además se presentaron circunstancias de agravación del delito que consagra esta última disposición en sus numerales 4º y 7º, adecuación típica que halló eco en el H. Tribunal Superior al confirmar la providencia vocatoria a juicio en todas sus partes". Con los anteriores fundamentos el Juzgado Octavo Superior resolvió: "CONDENAR a José Luis Arteaga Taques...a la pena principal de DIECISEIS AÑOS DE PRISION (16), de conformidad con las consideraciones hechas en el cuerpo de la sentencia". Y en el punto 4º de la parte resolutiva se estableció: "4. Si esta providencia no fuere apelada, CONSULTESE con el H. Tribunal Superior". 3.2. Sentencia del Tribunal Superior de Cali -Sala Penal-, (providencia de abril 13 de 1.985). La apelación interpuesta por el apoderado del condenado se fundamentó en  que el a quo incurrió en nulidad legal, con base en el artículo 210, numeral 5º del Código de Procedimiento Penal, por error en el señalamiento del lugar donde ocurrieron los hechos y nulidad constitucional por conculcarse en el proceso derechos de su defendido al aportarse una prueba por parte del hermano de la víctima. Consideró el Tribunal infundado el primer cargo porque obra en el expediente suficiente material probatorio que determina el lugar donde ocurrieron los hechos. Y en cuanto al segundo cargo, el procesado fue asistido por un profesional del derecho que se desempeñó a cabalidad impugnando pruebas, asistiendo a interrogatorios, interponiendo recursos legales, con lo cual se demuestra que sí hubo una defensa eficaz. El procesado tuvo todas las garantías legales y constitucionales, y fue vencido en juicio con la observancia de la plenitud de las formas propias del proceso. El Tribunal Superior resolvió elevar a 18 años la pena principal de prisión por mediar como circunstancias de agravación punitiva la gravedad del hecho y las condiciones de inferioridad de la víctima (artículo 324 numerales 4º y 7º del Código Penal). 3.3. Auto que concede la libertad condicional. Mediante el interlocutorio 113 de julio 2 de 1.992, el Juzgado 28 Penal del Circuito (antiguo Octavo Superior) otorgó el beneficio de la libertad condicional a José Luis Arteaga Taquez con fundamento en los artículos 530 y 531 del Código de Procedimiento Penal que establecen: "Artículo 530. Reducción de pena por trabajo y estudio. El juez de ejecución de penas y medidas de seguridad concederá la redención de penas por trabajo y estudio a los condenados de penas privativas de la libertad. Artículo 531. Redención de la pena por enseñanza. El recluso que acredite que haya actuado como instructor de otros en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior, tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de trabajo siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias para ejercer la función de instructor y educador". II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado 4°  Superior de Cali (Valle), con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1.991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. La protección del derecho como objeto de la acción de tutela. Se pueden considerar como elementos de la acción de tutela los sujetos y el objeto. Como sujeto o titular de la acción es cualquier persona natural o jurídica que sea amenazada o vulnerada en uno de sus derechos fundamentales. El objeto de la acción de tutela es doble, de una parte se pone en movimiento la función jurisdiccional del Juez para que determine si es o no procedente la reclamación y de otra parte se pretende que mediante decisión del Juez, se obligue al demandado a hacer u omitir lo que sea pertinente para hacer efectivo el predominio de la Constitución en desarrollo del derecho fundamental consagrado en la Carta Política. El primero y más importante criterio para determinar los derechos constitucionales fundamentales es determinar si se trata o no de un derecho esencial de la persona humana. Cuando el Juzgado Superior de Cali decidió favorablemente la solicitud de libertad condicional del Sr. Arteaga Taquez, el ejercicio de la acción de tutela perdió en este caso su razón de ser. La acción de tutela tiene por objeto la protección efectiva y cierta del derecho constitucional fundamental presuntamente violado o amenazado, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido positivo o negativo. Ello constituye a la vez el motivo por el cual la persona que se considera afectada se dirige ante la autoridad judicial, de modo que si la situación de hecho de la cual esa persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que impartiere el juez caería en el vacío. Lo cual implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Constitución y hace improcedente la tutela. El artículo 2º de la Constitución consagra dentro de los fines del Estado el de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes contenidos en la Constitución, y el artículo 86 contempla como mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales  la acción de tutela. Así pues, si desaparece la vulneración o amenaza del derecho, se torna innecesaria la protección de la tutela y por ende el fín específico del Estado de garantizar la efectividad de los derechos, lo que hace que resulte improcedente la solicitud elevada por el peticionario. 3. Del caso concreto. En el caso concreto, el Sr. Arteaga Taquez, presentó solicitud de tutela a fín de lograr la disminución de la condena impuesta por el Tribunal Superior de Cali, ya que esta Corporación modificó la pena de 16 años de prisión que inicialmente le impusiera el Juzgado Superior. La solicitud del Sr. Artega Taquez, iba encaminada a lograr la libertad condicional, beneficio que finalmente obtuvo por aplicación de los artículos 530 y 531 del Código de Procedimiento Penal. De lo anterior la Corte Constitucional tuvo conocimiento por lo que considera que al obtener la libertad y ser ésta la razón de la solicitud de tutela, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que debe confirmarse la sentencia revisada  sin más consideraciones sobre las razones que fundamentaron la petición. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 4° Superior de Cali (Valle) por la cual se denegó la tutela solicitada por el Sr. Luis Arteaga Taquez. SEGUNDO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia al Juzgado 8° Superior de Cali, al Juzgado 4° Superior de Cali y al Tribunal Superior de Cali -Sala Penal-. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado

T-536-92 Sentencia No Sentencia No. T-536/92 DERECHO AL AMBIENTE SANO El ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a  los pueblos, garantizándoles su supervivencia.Existen unos límites tolerables de contaminación que al ser traspasado constituyen un perjuicio para el medio ambiente y la vida, que no pueden ser justificables y por lo tanto exigen imponer unos correctivos. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL Un atentado tan grave e inminente al ambiente, a la salud y a la vida no podría esperar la terminación de una acción popular,  de suerte que la desprotección a tales derechos se entiende en este caso como carente de otros medios de defensa judicial. Ello por cuanto los medios alternativos de protección deben ser tan eficaces como la tutela, para poder desplazarla. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 2610 Acción de   tutela  contra                                             actuación de la Compañía Vicón                                          S.A. Tema:        Protección al medio ambiente y                                            a la salud. Actores: OLINDA BARRAGAN TERESA GONZALEZ Magistrado Ponente: Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., veintitres (23) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia por el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guadua, el 21 de abril de 1992. I.   ANTECEDENTES. A. HECHOS DE LA DEMANDA. La Compañía Vías y Construcciones  Vicón S.A. tiene instalada una planta asfáltica ubicada al margen izquierdo del Río Rioseco (Guadua. Cundinamarca), que con su actividad está contaminando el agua del río por cuanto la Compañía tiene desagües por los que caen materiales asfálticos,   petrolizados,  filtros,  tarros  y  demás basuras; además tiene únicamente una chimenea aproximadamente de metro y medio de altura por donde sale el material en polvo que con el viento se desplaza penetrando a las viviendas cercanas y contaminando la atmósfera. Dicha empresa también pone en funcionamiento las máquinas durante la noche, produciendo un fuerte ruido que intranquiliza a los habitantes circunvecinos. Así mismo ha taponado el paso de las aguas en el Rioseco, en el sitio denominado Cangilones, donde anteriormente existió un balneario, volviéndolo carreteable y  zona de explotación de arrastre. Finalmente ha deforestado la zona de reserva protectora del río. Como consecuencia de estos hechos, las peticionarias afirman que se han visto afectados ya que Rioseco es el único río que existe en esta zona para el consumo humano y para satisfacer todas sus necesidades. Agregan que presentaron denuncia en forma detallada ante el Inderena de Puerto Bogotá, la cual fue remitida al Inderena Regional de Cundinamarca, el cual ordenó una inspección ocular por funcionarios adscritos al Proyecto Protección y Control y Recurso Hídrico. Dicha inspección fue efectuada el 1o de marzo de 1991, y en consecuencia se dictó la Resolución No 00338 de abril 23 de 1991. Posteriormente la doctora Claudia Arias, Jefe de la Sección Jurídica del Inderena, hizo una visita al lugar para efectos de comprobar si se había cumplido la presente Resolución, pero constató que todo había empeorado. Como consecuencia de la contaminación del agua y del medio ambiente se han venido presentando problemas de salud en las personas de esa comunidad, tales como  quemaduras en el cuerpo, alergias, hongos en los pies, resequedad en la garganta y últimamente la deshidratación; como ejemplo de ello se cita el caso de la señora Teresa de González, que vive abajo de las instalaciones de la mencionada expresa,  quien  tuvo  que hospitalizar a su hija de diez años en el hospital de Honda durante 4 días, en el salón de los pacientes que dicen tener cólera, pues los síntomas fueron la deshidratación acuosa y vómito. Agregan las petentes que en todos los hogares al hervir el agua queda una cantidad de color "blancuzco" en el fondo de la vasija y encima del agua queda una nata de polvo. Dicen también que los pozos de almacenamiento de agua en descomposición están construídos dentro de la margen protectora del río, por lo cual se puede apreciar fácilmente el destilamiento del óxido sobre dicho caudal. Solicitan las accionantes que se visite la firma Vicón en horas de trabajo, para que se aprecie el máximo de los problemas descritos. Además que le den estricto cumplimiento a la Resolución del Inderena No.00338 de abril 23 de 1991. B.      DERECHOS VULNERADOS. Los artículos 49, 79 y 366 de la Constitución Nacional, esto es, las normas de protección del medio ambiente, la salud y control sobre omisiones de autoridades, respectivamente. C.      PETICION. Olinda Barragán y Teresa González, vecinas de Rioseco, solicitan se proteja su derecho a disfrutar de un ambiente sano y en consecuencia piden que se ejecute la Resolución No.00338 del 23 de abril de 1991 del Inderena Regional de  Cundinamarca,  por  medio  de la cual se ordenó a la Compañía Vicon S.A cumplir con los parámetros medioambientales establecidos. D.      ACTUACION PROCESAL. Con el fin de ejercer la acción de tutela, los actores anexaron a su demanda fotocopia de los siguientes documentos: a) Carta al Inspector del Inderena de Puerto Bogotá, del 1o de enero de 1991, por la cual los vecinos se unen a la petición hecha por los habitantes de Rioseco y solicitan se haga una visita al sitio para que se constaten los hechos. b)      Carta al Inspector Jefe del Inderena de Puerto Bogotá de enero 27 de 1991 en donde informa el problema que tienen los habitantes de Puerto Bogotá con la contaminación que produce la planta Vicón S.A. c) Inspección ocular del Inderena Regional de Cundinamarca, realizada por los funcionarios Nelson A Castro B. y Rafael Higuera, por medio de la cual se confirman las quejas de los peticionantes y se sugieren los correctivos para el control de aprovechamiento del Recurso Hídrico (sector Villeta). d)      Resolución No 00338, del Inderena Regional de Cundinamarca, de abril 23 de 1991 por la que se impone una multa de $200.000 pesos a la compañía VICON S.A. y se otorga un plazo perentorio de 30 días con el fin de que se corrijan las deficiencias, so pena de tramitarse la caducidad del permiso. E.      FALLO QUE SE REVISA. Sentencia del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guadua. Decisión:             Denegar la solicitud de tutela. Consideraciones: Se argumenta por parte del Juzgado lo siguiente:  se está en presencia de un acto de carácter administrativo cuyo trámite y conocimiento corresponde al Inderena, la cual ya conoce del problema.En efecto, según la Resolución No.00338 de abril 23 de 1991, El Inderena sancionó a la Compañía Vicón S.A. y dispuso las correcciones del caso, aclarando que si continúan los actos de contaminación y violación de las obligaciones por parte de ésta, será nuevamente sancionada. Además no se trata de perjuicio irremediable pues el interesado puede solicitar a las autoridades competentes que dispongan el restablecimiento  o  protección  del   derecho. Aduce también el Juzgado que la tutela no puede ser utilizada para proteger derechos que solo tiene rango legal (art. 40 del Decreto 2591 de 1991 y art. 2o del Decreto 306 de 1992).  De tal manera que rechaza la tutela incoada por las accionantes. No hubo impugnación de este fallo y en consecuencia no hubo segunda instancia. II. COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 numeral 9o. de la Constitución Nacional y los artículos 31, 33, y 34 de Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, es competente la Corte Constitucional para conocer en revisión del fallo del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Guadua. III. CONSIDERACIONES. Dice así el artículo 86 de la Constitución Nacional: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario , por si misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo que será de inmediato cumplimiento podrá impugnarse ante juez competente y en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que a aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso podrán transcurrir más de diez días entre la solicitud de tutela y su resolución. La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". La Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional procede entonces a analizar si en el caso concreto opera la acción de tutela. Para ello es necesario constatar la presencia concurrente de los siguientes requisitos, al tenor del artículo 86 de la Carta: a) Que se trate de un derecho constitucional fundamental. b)  Que dicho derecho sea vulnerado o amenazado. c) Que no exista otro medio de defensa judicial. d) Por último, que la violación del derecho provenga bien de una autoridad pública o bien de un particular. Pero en este último caso la tutela sólo procede de una de las causales enumeradas tanto en el inciso final del artículo 86 como en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. A continuación se procede a estudiar si estos requisitos se reunen en el caso subíndice. A. El medio ambiente como derecho constitucional fundamental. 1. Antecedentes: La Protección al medio ambiente y los recursos naturales se estudió en forma exhaustiva en la Asamblea Nacional Constituyente, debido a la incidencia de estos factores en la salud del hombre y por consiguiente en su vida. "La protección al medio ambiente es uno de los fines del Estado Moderno, por lo tanto toda estructura de éste debe estar iluminada por este fin, y debe tender a su realización."1 Uno de los cambios introducidos a la nueva Constitución fue la concientización de que no solo al Estado es a quien le corresponde la protección del medio ambiente sino que se exige que la comunidad de igual manera se involucre en tal responsabilidad. "La crisis ambiental es, por igual, crisis de la civilización y replantea la manera de entender las relaciones entre los hombres. Las injusticias sociales se traducen en desajustes ambientales y éstos a su vez reproducen las condiciones de miseria"2 2. La Constitución de 1991, el medio ambiente y la salud: La Carta consagra la obligación del Estado de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Así mismo ello obliga a los particulares, pues le atribuye a la propiedad privada una función ecológica, y sobre todo porque figura dentro de los deberes de la persona y del ciudadano el proteger los recursos naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano (artículos 8o., 58, 79, 80, 81 y 95 numeral 8° de la Constitución Nacional). De tal manera que quedó consagrado en la Constitución el derecho de todos a gozar de un ambiente sano. En efecto, dice así artículo 79 de la Constitución: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de esos fines". Es por esto que el Estado deberá proteger la diversidad e  integridad  del  ambiente,   conservar  las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro del mejoramiento de la calidad de vida de la población, siendo el objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, educación, de saneamiento ambiental y agua potable (artículos 79 y 366 de la Constitución Nacional). El saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado; por lo tanto le corresponde  organizarlo, dirigirlo y reglamentarlo, conforme a los principios de eficiencia, universalidad  y solidaridad; deberá entonces el Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados (artículos 49 y 80     de la Constitución Nacional). 3. El carácter de derecho  fundamental: En la Asamblea Nacional Constituyente se habló del medio ambiente como derecho esencial de la persona humana; al respecto la constituyente Aída Abella expuso: "La carta de derechos que se discute en la comisión primera, consigna el derecho que toda persona tiene como un derecho fundamental del hombre y del medio ambiente consagrado no sólo como un problema social -de derecho social-, sino como un derecho fundamental en la parte de los derechos del hombre".3 La Corte Constitucional en la Sentencia T-415  dijo: "El derecho al medio ambiente y en general, los derechos de la llamada tercera generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la comunidad y que le permiten la    supervivencia    biológica   e individual, además de su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social.De esta manera deben tenerse como fundamentales para la supervivencia de la especie humana".4 Así mismo la Corte Constitucional, en Sentencia T- 411 expuso: "De la concordancia de estas normas (normas constitucionales del medio ambiente la salud y la vida), e inscritas en el marco de derecho a la vida, de que trata el artículo 11 de la Carta, se deduce que el ambiente es un derecho constitucional fundamental para el hombre, pues sin él,  la vida misma correría letal peligro".5 En el ámbito internacional se ha discutido si el derecho al medio ambiente es o no un derecho fundamental. Así, en la Declaración de Estocolmo  sobre el Ambiente Humano, se afirmó: "El hombre tiene derecho fundamental a la libertad, la igualdad y adecuadas condiciones de vida, en un medio ambiente de una calidad que permita una vida de dignidad y bienestar."[1] Entre los pactos que ha ratificado Colombia, sobre la conservación  del  medio  ambiente, los cuales en virtud del artículo 93 de la Carta tienen rango supralegal en el orden interno,  tiene relación con este caso en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aprobado mediante la Ley 74 de 1968, que establece, en el artículo 12, lo siguiente: "1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: b) el mejoramiento en todos sus aspectos ... del medio ambiente".[2] La legislación ambiental en Colombia ha evolucionado de acuerdo a los cambios económicos, políticos y científicos que han ocurrido en la posición del hombre y de la sociedad frente al aprovechamiento y conservación de la naturaleza y del "habitat" que ha construido.  Para esta Corte, entonces, no cabe duda que el ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho Constitucional fundamental, pues su violación atenta directamente contra la perpetuación de la especie humana y, en consecuencia, con el derecho más fundamental del hombre: la vida. El derecho a la salud y a la vida son derechos fundamentales porque son esenciales al hombre, la salud se encuentra ligada al medio ambiente que le rodea y que dependiendo de las condiciones que éste le ofrezca, le permitirá desarrollarse económica y socialmente a  los pueblos, garantizándoles su supervivencia. 4. El ambiente y la libertad de empresa. Dice así el artículo 333 de la Constitución Nacional: "La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá la organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado por Mandato de la ley, impedirá se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición  dominante en el mercado nacional. La ley determinará el alcance de la libertad económica cuando así lo exija el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación". Se advierte entonces que la regla general de la libertad de empresa podría ser excepcionalmente limitada por motivos de interés general (artículo 1o. del Código Penal), como es el caso del ambiente. B. La vulneración o amenaza del derecho El derecho constitucional a un ambiente sano, se ha vulnerado por la actividad de la Planta asfáltica de la Compañía Vicon S.A., como se deduce de la inspección realizada por el Inderena Regional de Cundinamarca, en la que se confirma el riesgo para el medio ambiente y en consecuencia para la salud de los habitantes circunvecinos. Existen unos límites tolerables de contaminación que al ser traspasado constituyen un perjuicio para el medio ambiente y la vida, que no pueden ser justificables y por lo tanto exigen imponer unos correctivos. La autoridad competente para la protección del medio ambiental ha establecido en este caso que se han visto comprometidos el derecho a la salubridad y a la vida de  la población.  De esta forma se han visto vulnerados los derechos fundamentales a la salud y a la vida. El artículo 11 de la Carta consagra el derecho a la vida encabezando el Titulo II Capitulo 1. "De los Derechos Fundamentales", considerándolo como un derecho inviolable. C. La ausencia de otros medios de defensa judicial Aunque el medio ambiente es en principio objeto de la acción popular del artículo 1005 del C.C., por cuanto se considera  como  un bien de uso público[3], la crisis ambiental en este caso se manifiesta en la degradación extrema de la  calidad del  sistema  hídrico  y  por consiguiente afectando gravemente la salud de quienes lo circundan. Así lo demuestra el informe del Inderena Regional de Cundinamarca. D. Tutela contra los particulares En principio la tutela procede contra autoridades públicas. Este no es el caso. Excepcionalmente, además, la tutela puede ser interpuesta contra particulares. Es justamente este caso, según se desprende directamente del inciso final del artículo 86 de la Constitución , e indirectamente de los artículos 6o. numeral 3° y 42 numeral 2° del Decreto 2591 de 1991. Dicen así estas tres normas: Artículo 86 inciso final: "La ley establecerá los casos en que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". Artículo 6o. numeral 3°: "La acción de tutela no procederá:...3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo anterior no obsta para que el titular solicite la tutela de sus derechos amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio irremediable". Artículo 42 numeral 2°: "La acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de los particulares en los siguientes casos:... 2.- cuando aquel contra quien se hubiera hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, la intimidad, a la igualdad y a la autonomía". En consecuencia un atentado tan grave e inminente al ambiente, a la salud y a la vida no podría esperar la terminación de una acción popular,  de suerte que la desprotección a tales derechos se entiende en este caso como carente de otros medios de defensa judicial. Ello por cuanto los medios alternativos de protección deben ser tan eficaces como la tutela, para poder desplazarla. La idoneidad absoluta de otros medios de defensa se asimila en consecuencia a su inexistencia. E. El caso concreto La Sala pretende sin embargo dar una solución equitativa al problema ambiental y laboral que podría presentarse en este proceso en caso de llegar al extremo de tener que cerrar la planta, por no cumplir las condiciones mínimas requeridas para la protección del medio ambiente. El alcance de la libertad económica lo establecerá la ley cuando así lo exijan el interés social y el ambiente (artículo 366 Constitución Nacional). Es por ello que se concederá un plazo razonable para que  el  particular simplemente ejecute eficazmente las normas legales pertinentes y la Resolución del Inderena. Esta entidad deberá constatar tal cumplimiento y, en caso contrario, deberá adoptar en un término perentorio las sanciones pertinentes. En este sentido dichas normas son: El Código de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974), Ley 9a. de 1979 o Ley Sanitaria Nacional y su Decreto Reglamentario No. 02 de 1982, por medio del cual se fijan los requisitos mínimos que tienen que cumplir las empresas para proteger el medio ambiente y el Decreto 2206 de 1983 por medio del cual se sanciona a quienes incumplan estos requisitos. Por otra parte es de advertir que el Código Penal en el artículo 247 regula el tipo penal de la  Contaminación Ambiental. Luego el Inderena deberá en este caso velar por el efectivo cumplimiento de estas normas. En mérito de lo expuesto la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de tutelas, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero: Revocar el fallo de instancia y en consecuencia tutelar el derecho al ambiente sano de las peticionarias. Segundo: Ordenar al Inderena para que conmine a la Compañía Vicón S.A a cumplir con la Resolución No 00338 de abril 23 de 1991 en un plazo máximo de dos (2) meses calendario.  En caso de incumplimiento a dicha fecha, el Inderena deberá imponer las sanciones pertinentes en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas. Tercero:     Librar las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para efectos de que se surtan las notificaciones de esta providencia. CUMPLASE, COPIESE Y PUBLIQUESE EN LA GACETA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN         CIRO ANGARITA BARON Magistrado                          Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Luis Guillermo Nieto Roa, Juan Carlos Esguerra Portocarrero, Gaceta Constitucional No 26 pag 2 2 Informe de Ponencia Gaceta Constitucional No 46 pags 4-6 3 Desgravaciones magnetofónicas. Presidencia de la República. Sesión 11 de abril 11 de 1991. Comisión V. 4 Sentencia T-415, Corte Constitucional. 5 Sentencia T-411, Corte Constitucional. [1]Declaración de Estocolmo sobre el Ambiente Humano, 1972. [2] Los Derechos Constitucionales. Fuentes Internacionales para su Interpretación. Consejería para el desarrollo de la Constitución. Presidencia de la República. 1992. pag 31. [3]Sarmiento Palacio, Germán. Las Acciones Populares en el Derecho Privado Colombiano. Banco de la República Departamento Editorial, Bogotá, 1988. pag 60 a 63.

T-537-92 Sentencia No Sentencia No. T-537/92 DERECHO PATRIMONIAL/DERECHOS FUNDAMENTALES El patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitucional porque a falta de él, el hombre no podría cumplir su cometido de ser social, ya que lo necesita para realizarse como tal y ha de contar con él para atender por lo menos las exigencias económicas de supervivencia suya y de su núcleo familiar. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA Es requisito además sine qua non para la procedencia de la acción de tutela que no exista otro medio judicial de defensa, es decir, actuaciones ante los jueces que permitan defender y amparar el derecho correspondiente; mas esto encuentra  una excepción  en el caso de que esté de por medio un perjuicio irremediable, pues en tal caso el afectado podrá utilizar la acción como mecanismo transitorio para evitarlo, en cuyo caso el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 2642 Tema:        Violación    del   Derecho a la                                          propiedad. La acción   de   tutela  como                                        mecanismo transitorio   para                                         evitar un       perjuicio                                          irremediable. Actor: Rosa Inés Valderrama de Patiño Demandado: Gerente   del   Banco   Central                                        Hipotecario, Sucursal Unicentro                                           de Santafé de Bogotá, D.C. Magistrado Ponente: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C.,  veintitres (23) de septiembre           novecientos noventa y dos ( 1992). La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa las acciones de tutelas proferidas por el Juzgado 43 de Instrucción Criminal y el Juzgado 86 de Instrucción Criminal de esta ciudad en sentencias de primera instancia del 19 de marzo de l992 y 20 de abril de l992 respectivamente. I. ANTECEDENTES. De conformidad con lo ordenado en los artículos 86 y 241 numeral 6o. de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de l991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional en reunión de fecha 17 de junio de l992, consideró procedente realizar el estudio y evaluación de la acción de tutela de la referencia. Con fundamento en el artículo 34 del Decreto 2591 de l991, entra esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, a dictar sentencia de revisión. A. HECHOS DE LA DEMANDA. El día 18 de noviembre de l991, Rosa Inés Valderrama de Patiño celebró la compraventa de un titulo valor representado en la cédula hipotecaria No. 41417 por valor de $ 8.500.000 expedida por el Banco Central Hipotecario, -B.C.H.- , con Jaime Hernández Ortíz. En pago de este título valor Jaime Hernández Ortíz le entregó cuatro cheques personales del Banco Internacional a la señora Valderrama de Patiño, para las siguientes fechas y por los valores que se expresan: a) Dos para el dieciocho (18) de diciembre de l991, por valor de Ciento dieciseis mil pesos ( $116.000.oo) M/cte.  y Tres millones ochocientos veinticinco mil pesos ($3.825.000.oo) M/cte. b) Dos cheques para ser cobrados el 30 de enero de l992, por valor de Ciento dieciseis mil pesos ($116.000.oo) M/cte y Tres millones de pesos ($3.000.000) M/cte. El 18 de diciembre, día en que debía consignar los dos primeros cheques, Rosa Inés Valderrama de Patiño recibió una llamada de Hernández Ortíz, en donde le previno para que no fuera a cobrar los cheques, ya que por un problema de la huelga bancaria en el B.C.H., no había logrado hacer unas transacciones para cubrir el valor de esos títulos. La señora trató de localizar al girador para que le arreglara el problema presentado con los cheques girados pero Hernández Ortíz, según declaración de Valderrama de Patiño, eludió su responsabilidad. Se presentó en la única dirección conocida que tiene de Hernández Ortíz que es la de su oficina ubicada en la cra. 13 No. 63-21 -402-, en donde el portero del edificio le comentó que hacía más de una semana que el despacho de ese señor no era atendido por nadie. Esta consignó uno de los cheques en el Banco Popular Sucursal chapinero y el otro que debía consignar el 18 de diciembre pasado, lo había negociado con Soledad Zuluaga, quien a su vez, también había consignado el cheque. Los títulos-valores fueron devueltos por el Banco por carencia  absoluta  de  fondos,  lo  que motivó  que  la  agraviada Rosa Inés Valderrama de Patiño ante el perjuicio irremediable que se cernía sobre su patrimonio en oficio del 26 de diciembre de l991 le solicitó al Gerente del Banco Central Hipotecario sucursal unicentro, para que mediante su intervención "impedirá que se consume al retener las cédulas que nos pertenecen al ser cobrados sus intereses el 5 de enero de l992, o antes o después mediante cualquier transacción hecha con ellas, o en general, el Banco debe tomar cualquier medida preventiva con la prontitud señalada por el artículo 23 de la Constitución, mientras las autoridades judiciales competentes asumen el caso". El día 27 de diciembre pasado, también envió un oficio al señor Gustavo Andrade Gerente de la Bolsa de Bogotá a quien le "solicitan su valiosa intervención para que dichas cédulas no puedan ser negociadas en la bolsa pues quedaríamos sin ningún respaldo económico, dado que era el único capital con que contabamos en la actualidad". En esa misma fecha Rosa Inés Valderrama de Patiño presentó ante la unidad judicial del Chicó, denuncia por el delito de estafa en cuantía de $8.500.000,oo contra el señor Jaime Hernández Ortíz, con fundamento en la cédula hipotecaria No. 41417 que negoció con ese señor por la suma anotada, la cual la respaldó con unos cheques que a la postre resultaron impagados por la causal carencia absoluta de fondos. Que el girador no ha aparecido por ningún lado, que ella ha ido hasta su oficina y no lo ha logrado localizar por lo que ha estimado que ha sido víctima de un timador prevalido de sus buenos modales y labia, de quien ha recibido un perjuicio irremediable en su  patrimonio,  "por  lo   cual   procede a  instaurar formalmente la denuncia ante ya los hechos concretos...". B. ACCION DE TUTELA. En el mismo escrito de la demanda por el delito de estafa que presentó Rosa Inés Valderrama de Patiño ante la unidad judicial del Chicó, contra Jaime Hernández Ortíz, incoó la acción de tutela en los siguientes términos: "Es por esta situación que invoco también la acción de TUTELA ante el primer JUEZ que conosca (sic) de esta denuncia para inparta (sic) las ordenes pertinentes ante el Banco Central Hipotecario y ante la Bolsa de Bogotá, y donde tengan sucursales con el fin de evitar que sea violado nuestro derecho patrimonial, protejido (sic) por la Constitución Nacional actual, dado que a traves (sic) de la TUTELA la protección es inmediata y perdería de no ser a travez (sic) de este beneficio acción de la TUTELA mucho tiempo mientras se reparte la denuncia, la radican, me citan a la ampliación y ratificación, dictan el auto cabeza de proceso, lo que precisamente en ese paso de tiempo bulneraria (sic) completamente mi derecho constitucional...". La denuncia penal y la acción de tutela tuvieron el siguiente trámite: Estas preliminares llegaron al Juzgado 103 de Instrucción Criminal para reparto y con fecha 30 de diciembre de l991 se remitió el expediente al Juzgado 52 de Instrucción Criminal para que conociera de las diligencias pertinentes, las cuales se radicaron en este último despacho judicial el día 31 de diciembre de l991. El Juzgado 52 de Instrucción Criminal, sólo vino a darle trámite a la acción de tutela el 16 de marzo de l992 y propició un doble reparto de esta acción, así: a) Con oficio No. 429 del 16 de marzo de l992, la envió a reparto, oportunidad en la cual llegó para conocimiento del Juzgado 43 de Instrucción Criminal, despacho que la recibió el 17 de ese mismo mes y año a las 11:00 a.m., en un cuaderno de seis folios, el cual radicó el Juzgado bajo el número 005/92, según el informe de Secretaría. Fallo de la tutela del Juez 43. Con las pruebas que vinieron en el expediente, el Juzgado 43 de Instrucción Criminal, falló la acción de tutela, mediante providencia del 19 de marzo de l992, el cual fundamentó, así: "En el caso de ocupación (sic), se le ha dado a la acción de tutela una interpretación errónea y contraria a su verdadero espíritu al pretender con   ello   variar los   cauces   legales  del procedimiento lo cual pugna con la filosofía de dicha institución y, de consiguiente, el amparo de tutela invocado por la Dra. Inés Valderrama de Patiño que centra la atención del Despacho, deberá ser declarado improcedente". La decisión de ese Juzgado fue la de la improcedencia de la acción. A la petente se le requirió mediante marconigrama del 20 de marzo de l992 enviado a la dirección que ella registró en su denuncia, es decir, a la avenida 13 No. 132-90 interior 9 apto 418 de esta ciudad, con el fin de notificarle el fallo. La quejosa no se presentó al Juzgado por lo que la providencia se ejecutorió a través de estado, el 25 de ese mes y año. El expediente con las diligencias del caso, fue enviado a esta Corte Constitucional para su revisión, con oficio No. 527 de 31 de marzo de l992. b) Nuevamente el Juzgado 52 de Instrucción Criminal, sometió a reparto la petición de tutela con oficio No. 515 del 3 de abril de l992, proceso que en esta oportunidad adelantó el juzgado 86 de Instrucción Criminal, el cual recibió ese despacho judicial el día 8 de abril pasado. Dentro del trámite procesal de la acción de tutela, el 9 de abril el Juzgado avocó el conocimiento de los hechos a  través de un auto de esa fecha en el cual se dispuso: Practicar diligencias de Inspección Judicial en el Juzgado 52 de Instrucción Criminal a la denuncia que se radicó con el No. 946, diligencias que se llevaron a cabo ese mismo día a las 10:00 a.m., según acta que reposa en el expediente. Ese despacho judicial determinó oir en declaración a la demandante Rosa Inés Valderrama de Patiño a quien se citó para el 10 de abril, actuación que se cumplió en esa fecha y dentro de la misma, la citada manifestó: "Por estos hechos no existe ( un pro) existen unas preliminares en el Juzgado 52 de Instrucción Criminal, contra el señor Jaime Hernández Ortíz, donde tampoco se ha hecho nada..." El Juez 52 de Instrucción Criminal puso a disposición del Juzgado 86 los siguientes documentos: Fotocopia autenticada del título valor No. 41417 expedido por el Banco Central Hipotecario a su nombre y de Germán Patiño Gómez por valor de Ocho Millones Quinientos Mil pesos ( $ 8.500.000.) M/cte. La correspondencia cruzada entre ellos y el Banco Central Hipotecario y la Bolsa de Bogotá, donde la demandante informó a estas entidades sobre los hechos que han acaecido con respecto a su cédula hipotecaria, y las contestaciones  que sobre el particular le han dado estas  instituciones, y por último, los mensajes que le fueron enviados por el Juzgado 52 de Instrucción Criminal respecto del proceso que adelanta con fundamento en la denuncia instaurada por Rosa Inés Valderrama de Patiño en contra de Jaime Hernández Ortíz por el delito de estafa. Fallo de la tutela del Juez 86. En providencia del 20 de abril de l992, falló la tutela  el Juzgado Ochenta y Seis de Instrucción Criminal el cual lo fundamentó con los siguientes argumentos: Que el artículo 2o. del Decreto 2591 de l991, garantiza los derechos fundamentales y que el título II, capítulo I de la Constitución Nacional no señala al patrimonio económico con esta connotación especial pero ese despacho considera que es de los derechos que merece ser tutelado. Que en la forma en que lo prescribe el artículo 6o. de ese Decreto la tutela en este caso se solicitó como mecanismo transitorio. Al respecto precisó : "Por los hechos antes referidos, la afectada contaba con otros mecanismos de defensa judicial, como instaurar la respectiva denuncia contra el responsable por un posible delito contra el patrimonio económico, como en efecto sucedió sinembargo la acción de tutela que nos ocupa, es procedente  solo  como mecanismo transitorio, y afin de tomarse unas medidas preventivas que eviten el cobro del título valor en mención mientras el Juzgado que conoce de la respectiva denuncia se pronuncie al respecto, buscando por esta forma que mientras se adelanta la investigación no se vaya a vulnerar el Derecho que a éste momento se encuentra en peligro". En la decisión el Juzgado Ochenta y Seis de Instrucción Criminal amparó el derecho patrimonial de Rosa Inés Valderrama de Patiño, y ofició al Banco Central Hipotecario para que se abstuviera de cancelar el título valor No. 41417, mientras dure el proceso que sigue el Juzgado Cincuenta y dos de Instrucción Criminal. En ninguna de las dos oportunidades en las cuales se falló esta acción de tutela hubo impugnación por lo que en cumplimiento del trámite legal establecido en los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de l991, fue enviada la providencia para su revisión a esta Corte Constitucional. II. COMPETENCIA. Es competente la Corte para revisar los presentes fallos de tutela y ello de conformidad con lo prescrito en el artículo 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Nacional, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de l991, que le asignan esta función a la Corte para revisar los fallos de tutela. III. CONSIDERACIONES. Esta acción de tutela fue instaurada contra el Gerente del Banco Central Hipotecario, sucursal Unicentro, quien tiene la calidad de servidor público, en los términos en que lo consagra el artículo 1o. del Decreto 2822 de diciembre 18 de l991, por medio del cual el Gobierno Nacional reformó los estatutos de esa entidad bancaria, en concordancia con el artículo 123 de la Constitución Nacional. Con fundamento en los hechos relatados, esta Sala de Revisión estima procedente que los puntos a tratar dentro de la presente controversia jurídica, son: 1. Establecer el carácter del derecho patrimonial como derecho constitucional fundamental. 2.  La acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En cumplimiento del temario propuesto, entra esta Sala de Revisión a dar desarrollo a cada uno de los puntos señalados, así: 1.      El derecho de propiedad es un derecho constitucional fundamental. A.      En el plano universal en principio se consideró el derecho a la propiedad como un derecho absoluto para su titular sin limitación de ninguna especie, inspirado en las tesis clásicas del liberalismo que tenían por fundamento la libertad absoluta del individuo, para quien la única limitante era la libertad de los demás, junto con el concepto de la soberanía nacional del Estado, del poder del imperio público cuya función primordial era amparar la libertad individual y preservar el orden público interno y externo. Este criterio perduró en Colombia hasta el año de l936, con la Reforma Constitucional de ese año. Tuvo como antecedentes, este acto legislativo respecto de la propiedad, la influencia del pensamiento positivista en el derecho público, especialmente, las teorías expresadas por LEON DUGUIT, que por esa época llegó a inspirar grande influencia en las cátedras de derecho constitucional que se dictaban en las diferentes universidades del país. Para Duguit debe existir una solidaridad social: "La doctrina solidarista añade que desde el momento en que el hombre forma parte de la sociedad, y por este hecho, es un ser social, nace  para  él   una   serie de   obligaciones, especialmente la de desarrollar su actividad física, intelectual, moral y no hacer nada que entorpezca el desarrollo de la actividad de los demás; que por consiguiente, no puede decirse en verdad que el hombre tiene un derecho al ejercicio de su actividad; es preciso decir que tiene el deber de ejercerlo, que tiene el deber de no dificultar la actividad de los demás, el deber de favorecerle y de ayudarla en la medida de lo posible".1 Estos criterios desde luego trajeron una serie de consecuencias respecto de las actividades de los individuos y del propio Estado. Las acciones no deben entenderse realizadas en beneficio particular sino con sentimientos de solidaridad  colectivos y de servicio altruista. Respecto de la propiedad se expresó así León Duguit: "La propiedad capitalista ya no se entiende hoy como el derecho intangible de su titular, sino como una situación que le impone obligaciones. El hombre propietario de un capital no puede dejarlo improductivo. La propiedad es el producto del trabajo, y, a mi modo de ver, una consecuencia  de  la  libertad de  trabajo. El detentador de un capital no puede dejarle improductivo, puesto que él no lo detenta sino para hacerle producir en interés de la sociedad".2 El Gobierno Nacional de la época a través de su Ministro de Gobierno presentó a la Cámara de Representantes, un proyecto de Acto Legislativo para reformar el régimen de la propiedad privada en Colombia y ese propósito lo argumentó de la siguiente manera: "Como veís, honorables Representantes, el proyecto sustituye la concepción excesivamente individualista de los derechos privados que caracteriza la Constitución actual, por otra parte que considere que el derecho individual debe ejercitarse como una función social y debe tener como límite, la conveniencia pública. El derecho privado como función social por oposición al derecho privado absoluto, tal es la última razón del proyecto que el Gobierno somete a vuestra consideración".3 Dentro del proceso legislativo que siguen estos proyectos en el Congreso, éstos fueron algunos de los conceptos expresados por los Representantes que tuvieron el encargo de presentar ponencia sobre esta reforma: "Hacer pues, del interés social una finalidad y a la luz un motivo de progreso, de adaptación a la función protectora del Estado, de contrapeso a la expansión de poderes económicos internos, que funcionan como rueda loca, sin ningún beneficio para la sociedad y sin sujeción a los Poderes Públicos; hacer, en una palabra funcionar a la propiedad de todas las cosas corporales e incorporales, mobiliarias e inmobiliarias, al compás de la necesidad económica y colectiva, es la intención y el alcance del artículo 1o. del acto legislativo que estudiamos."4 Y el ponente en el Senado sobre el mismo tema de la función social de la propiedad, expresó: "El concepto de la propiedad que se habían formado los autores de la Declaración de Derechos y los del Código Civil, no responde ya, ciertamente, al estado actual de derecho. Ya no es la propiedad, incostestablemente, aquel derecho subjetivo del individuo que el Código Civil definía; el derecho de disponer de las cosas de la manera más absoluta: derecho absoluto, manifestación por excelencia de la autonomía individual; derecho que implica para el propietario la facultad plena, omnímoda, de usar, gozar y disponer de la cosa, y al mismo tiempo, el poder de no usar, de no gozar, de no disponer de  la  misma  y,  por consiguiente, de dejar sus tierras sin cultivos, sus casas sin ser habitadas, sus solares urbanos sin construcciones, sus capitales mobiliarios improductivos. Hoy la propiedad tiende a convertirse en función social. Ella implica, para todo detentador de una riqueza, la obligación de emplearla en acrecer la riqueza social, y merced a ella, la interdependencia social. He ahí la finalidad que busco con el artículo propuesto".5 Los anteriores enunciados tienen como fundamento descubrir cual fue el espíritu del legislador al consagrar dentro del Estado Colombiano el derecho a la propiedad e igualmente buscar en esos textos algunas precisiones que señalen el camino para determinar la interpretación histórica de la norma. El artículo incorporado mediante el acto legislativo No. 1 de l936 que vino a formar parte de la Constitución Nacional derogada y que lo codificó bajo el número 30, prescribe los mismos postulados de fondo que el artículo 58 que en la actualidad consigna la propiedad privada, con dos adiciones que esta última disposición señala las cuales se verán en los comentarios que este documento precisará más adelante. En efecto, el derecho a la propiedad privada, se encuentra consagrado en la Constitución Política en el título II, capítulo 2 que consagra los Derechos Sociales, Económicos y Culturales la cual en su artículo 58 dice: " Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa administrativa, incluso respecto del precio. Con todo, el legislador por razones de equidad, podrá determinar los casos en que no haya lugar al pago de indemnización, mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara. Las razones de equidad, así como los motivos de utilidad pública o de interés social, invocados por el legislador, no serán controvertibles judicialmente". La propiedad privada goza de los privilegios que le otorgan el Estado y sus instituciones, amparo a la propiedad que no puede ser menoscabado, violado o vulnerado por leyes posteriores. Luego la propiedad legítimamente constituida tiene todas las prerrogativas legales y está protegida por este ordenamiento constitucional. Pero esa propiedad, aún así concebida, tiene un límite, cuando ella entra en conflicto en razón de un ordenamiento legal con el interés público, aquélla deberá ceder en favor del interés de la colectividad. Porque la propiedad en ningún momento debe cumplir fines ególatras o exclusivistas para quien la posee, sino que  está encaminada a satisfacer necesidades de interés común o social. De ahí que la Constitución establezca que "La propiedad es una función social que implica obligaciones ...". Las obligaciones que determina la norma son del resorte y están radicadas en cabeza del titular de la propiedad y a  través de ella, se debe hacer posible el desarrollo urbano, si se trata de bienes inmuebles citadinos y colaborar con la producción agrícola y ganadera si ellos son aptos para esta clase de menesteres. Persigue el Estado que todos los bienes sean productivos, tanto para el dueño como para la sociedad y que a través de la producción se consigan los ingresos que vayan a influir en el patrimonio particular y en la tributación como medio de alimentación del fisco nacional. El artículo le señala una función ecológica a la propiedad, precisamente porque no se puede abusar de su explotación en contra de claros preceptos para la preservación del medio ambiente. Encaja esta prohibición dentro del concepto social porque así como es dable la utilización de la propiedad en beneficio propio, no es razón o fundamento para que el dueño cause perjuicios a la comunidad como por ejemplo con la tala indiscriminada de bosques, la contaminación ambiental, que van en detrimento de otros derechos de los asociados como lo son el de gozar de un medio ambiente sano, que en últimas, se traducen en la protección a su propia vida. El Estado tiene la obligación de promover y proteger las formas asociativas y solidarias de la propiedad, vale decir que las asociaciones que persigan la explotación y producción de la propiedad también gozan de los beneficios del Estado. Constitucionalmente se precisa que a  la  propiedad también se puede llegar en forma plural,  en forma colectiva, de ahí que las normas civiles y comerciales que regulan la materia determinan la manera y el procedimiento de cómo hacer viable la titularidad de la propiedad colectiva, asociativa o plural. Unos principios básicos del sistema de propiedad privada son la libertad de empresa y la igualdad de oportunidades para que cualquier ciudadano, personas, familias o grupos indistintos de familias y personas, puedan establecer empresas y explotarlas en términos económicos y hacerlas productivas en igualdad de condiciones sin mas restricciones que aquellas que les imponga la ley. Habla también la norma constitucional de la expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa del valor de la propiedad privada. Esta figura jurídica solo es factible por motivos de utilidad pública o de interés social, definidos con antelación por el legislador. Es decir que no puede haber expropiación caprichosamente sino que en aras de brindarle seguridad y protección a la propiedad, el Legislador establecerá unos requisitos previos para poder despojar de sus bienes a los propietarios de buena fe, como principio tutelar del Estado de derecho, en relación con el respeto que se tiene de la propiedad privada. Tan así que la expropiación por vía administrativa puede generar conflictos entre el Estado y el particular que éste puede acudir ante la jurisdicción Contencioso- Administrativa en acción de nulidad y restablecimiento del derecho para que, entre otros casos, le sea devuelta su  propiedad  o  se le pague el precio justo, cuando vea  que su bien ha sido tasado por un menor valor del que cree que en realidad le corresponde. Sólo hay dos casos en el cual la expropiación puede darse sin indemnización previa y es cuando ésta ha sido aprobada por las dos terceras partes tanto del Senado como de la Cámara y en este caso, el sancionado con la medida de la expropiación, no puede alegar o controvertir  judicialmente las razones invocadas por el legislador, esto es, cuando militan razones de equidad, motivos de utilidad pública o de interés social. Cuando el Estado se encuentre en guerra, y sólo para atender los gastos que genere la guerra también puede darse la expropiación sin la indemnización previa. La propiedad inmueble podrá ser ocupada temporalmente, pero siempre el Estado deberá responder por las expropiaciones que haga él directamente, o por conducto de sus instituciones, al decir del artículo 59 de la Constitución Nacional. El artículo 60 de la Carta obliga al Estado a promover en sus diferentes vertientes el acceso a la propiedad y con el fin de democratizarla y evitar la concentración de la riqueza y de los ingresos que generan los grandes monopolios y fomentar el desequilibrio social, cuando las instituciones estatales tengan que enajenar o vender las participaciones que le corresponda en determinada empresa, deben tener en cuenta para ofrecer esas acciones a los trabajadores de la misma sociedad, en condiciones de favorabilidad frente a los demás postores.  Es un ejemplo de la forma  como  el Constituyente previó que se podía colaborar para hacer más democrática la propiedad, para que a través de la distribución equitativa de los bienes privados nacionales, se pueda llegar a una verdadera distribución del ingreso y ciertamente pueda cumplir con su cometido de función social. Todas las formas de propiedad están protegidas constitucionalmente. La propiedad intelectual, la creatividad del hombre, la producción literaria, artística, económica, científica, investigativa, en fin todas aquellas manifestaciones culturales que distinguen al ser humano de las demás especies de la creación gozan de la protección legal del Estado. Así lo establece el artículo 61 al señalar la protección de la propiedad intelectual, propiedad que viene a ser, al fin de cuentas, la más arraigada al hombre porque lo identifica con su propia personalidad y porque es de los bienes intrínsecos de cada quien, dones naturales propios de cada ser humano. Los artículos precedentes que consagra este  derecho real, deben mirarse en concordancia con el contenido del 64 Constitucional porque también señala en precisos términos lo relacionado con la propiedad de la tierra, así: "Artículo 64.- Es deber del Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa, y a los servicios de educación, salud,  vivienda,  seguridad  social, recreación, crédito, comunicaciones,comercialización de sus productos, asistencia técnica y empresarial, con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los colombianos". El precepto dedica su contenido a los trabajadores agrarios y señala que éstos tendrán acceso en forma progresiva, no solo a la explotación de la tierra sino que habrá para ellos la oportunidad de hacerse propietarios de la tierra, bien en forma individual o colectiva. Le asegura la norma una serie de servicios públicos a la clase trabajadora colombiana y especialmente a los campesinos, como la educación, salud, vivienda, seguridad social, recreación, crédito, comercialización de los productos asistencia técnica y empresarial entre otros servicios, de los cuales adolecen los trabajadores agrarios. Se entiende que ésta es una de las clases más marginadas, más subdesarrolladas y por ende, mas propensas a toda clase de contingencias. De ahí que constitucionalmente hoy se tenga una norma que enuncia toda una serie de reivindicaciones sociales para el campesino colombiano, la cual reafirma el criterio que los servicios señalados se le brindarán al trabajador con el fin de mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. El Estado no puede desvincularse de la suerte de sus connacionales  así  como la economía estatal o particular  tampoco puede ser indiferente al patrimonio privado y colectivo de la sociedad, entendida ésta como el núcleo de personas que conforman la nación. De ahí que el Estado se preocupe por el hombre y los conocedores de las ciencias económicas estén atentos a las fluctuaciones patrimoniales de aquél, porque las relaciones en las sociedades de consumo se valoran y se aprecien de conformidad con la disponibilidad de recursos económicos  de cada uno en particular. Con razón algunos analistas de la materia han llegado a expresar: "Los economistas liberales clásicos proclamaban la organización de la vida económica basada en los siguientes fundamentos: el individuo, la libertad, la propiedad privada, el Estado gendarme y las leyes naturales. Para ellos, la sociedad económica era armónica y justa, si al ciudadano se le daba libertad para adquirir, contratar y emprender poniendo en juego su iniciativa, su ingenio y dejándole el incentivo de la ganancia, pues se concebía una identidad total entre el interés individual y el colectivo. El Estado debería permanecer al margen de las actividades de la persona y reducir sus funciones al sostenimiento de la paz interna y externa, a la administración de justicia y a la prestación de algunos servicios que los particulares fueran incapaces de realizar. La economía, como todas las actividades humanas, establece regulaciones por leyes naturales ineluctables que los hombres no pueden ni deben tratar de violentar con instituciones artificiales como el Estado interventor, sino, por el contrario, acomodarse a esas leyes lo más exactamente posible. El mercado libre regula el trabajo, la inversión, el consumo y las aspiraciones y aptitudes infinitamente variadas de los hombres".6 La economía nacional es el compendio del patrimonio de las personas y entidades particulares, sumadas con las de las empresas y medios productivos del Estado. Existe entonces una relación muy estrecha entre la economía nacional y el patrimonio particular. Por esto, el Estado y los órganos de dirección de la producción nacional, no deben ser indiferentes a la suerte del hombre como generador de la productividad nacional. Al respecto, es oportuno la transcripción de los siguientes comentarios: "Todos los que estamos genuinamente interesados en el bienestar del pueblo colombiano, independientemente del sector al cual estemos vinculados, sea éste el político, el sindical, el religioso, el empresarial, o cualquier otro, buscamos y anhelamos el desarrollo nacional tratando de mejorar, tanto el nivel de vida en términos económicos como la calidad de la vida de todos los integrantes de la sociedad. Particularmente nos angustia el grado de miseria y desdicha que tienen que soportar tantos colombianos a los cuales no les han llegado aún los beneficios del siglo en que vivimos. Coincido por ello con el Señor Presidente de la República cuando afirma que " el capital tiene, tanto como el Estado, deberes y obligaciones que cumplir"; pienso como el Señor Presidente de la Cámara cuando manifiesta que "El tipo de sociedad ideal no puede ser otro que el de una comunidad nacional interpendiente en todos sus grupos y clases sociales, y de la cual se haya podido desterrar la miseria que aqueja a las mayorías de nuestra población"; y me identifico con el Presidente de la ANDI cuando dice que los empresarios "no consideramos justo luchar sólo en defensa de los intereses económicos, por más legítimos y benéficos que puedan ser, mientras a nuestro alrededor hay hambre, desnutrición, incultura, analfabetismo". Teniendo  por consiguiente  esos  objetivos y un  común sentimiento de solidaridad es indispensable que busquemos a toda costa la forma más eficaz y digna, pero al mismo tiempo apta para salir del subdesarrollo y mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos".7 El fin primordial dentro de un Estado Social de Derecho (arts. 1 y 2 C.N.), es la prevalencia del hombre como individuo, como persona, como ser social, respecto de los demás objetos desarrollados por la Carta. Con razón dijo el Presidente Gaviria que: "En esta democracia participativa lo mas importante es el poder de cada ciudadano. Por eso, en la Carta de los Derechos se dice claramente que puede hacer un individuo que se sienta discriminado, qué puede hacer una persona que ha sido arbitrariamente tratada o asaltada en su honra, en su intimidad o en su autonomía".8 Precisa el Presidente que en la democracia participativa lo más importante es el poder de cada ciudadano. Se indaga a qué clase de poder se refiere el Presidente y se entiende que es el poder en sentido general. Poder social, poder económico, poder patrimonial, poder para autodeterminarse, poder para decidir y participar en toda la actividad de la vida nacional, poder para formalizar un hogar, para buscar alternativas de subsistencia y en fin,  poder  para  disfrutar  de  la libertad   con  las  restricciones que al hombre le imponen el medio social y las instituciones legítimamente constituídas. Dentro del enfoque de este estudio se ha hablado de la propiedad en los precisos términos en que la consagra la Constitución Nacional de su función social, de sus diferentes clases, de las obligaciones tanto del Estado para brindarle acceso a los particulares para obtenerla, de su democratización, la obligación social de los propietarios para explotarla en forma real y ponerla al servicio de la humanidad, es entonces oportuno precisar el concepto de la propiedad Por ella se entiende "en sentido general cuanto nos pertenece o es propio, sea su índole material o no, y jurídica o de otra especie. Por antonomasia, la facultad de gozar y disponer ampliamente de una cosa. Mas perceptiblemente, el objeto de ese dominio o derecho. En concreto cualquier predio o finca".9 El Código Civil Colombiano en el artículo 669, señala: "El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente, no siendo contra ley o contra derecho ajeno. La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad". Si bien es cierto que el artículo citado sólo hace referencia a este derecho sobre las cosas corporales o materiales, las siguientes normas precisan la propiedad sobre las cosas incorporales. Así lo señala el artículo 670 y reafirma esta tesis el 671, cuando dice: " las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores..." Luego la propiedad en Colombia se predica tanto de los bienes materiales e inmateriales, tangibles e intangibles, corpóreos o incorpóreos. Supone el uso y disposición del bien, siempre y cuando no se perjudique el derecho de los terceros. El derecho de propiedad y el patrimonio son términos afines que se confunden en cuanto a su concepción jurídica. Se considera que el concepto de patrimonio es más amplio que el de propiedad porque el primero incluye no solamente los activos sino los pasivos de su titular. En Derecho Romano durante la República por patrimonio se entendió la universalidad de bienes que pertenecían al pater familias, los cuales conformaban el activo bruto del patrimonio familiar, es decir, que todos los bienes de los miembros de la familia, estaban sometidos a la voluntad del soberano del lar, hoy hogar, que era el pater familias, a quien se le denominó también soberano doméstico. En la época del imperio, se acrecentó la independencia de los miembros de la familia de la jerarquía paternal que había ejercido el pater familia por lo que en igual forma, fueron apareciendo varios patrimonios, conformados por los bienes pertenecientes a una persona. En la época clásica se entendió al patrimonio como los bienes activos valorados en dinero correspondientes a una persona, los cuales pueden estar conformados por derechos crediticios y por derechos reales. No aparecía como parte del patrimonio las deudas u obligaciones de las personas. Hoy se entiende por "patrimonio el conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica.    "Es el conjunto de los derechos y de las cargas, apreciables en dinero, de que una misma persona puede ser titular u obligada y que constituye una universalidad jurídica. La palabra se emplea alguna vez para designar una masa de bienes que tiene una afectación especial, por ejemplo, una fundación (Capitant)"".10 Puede precisarse entonces, ciertas características del patrimonio, como por ejemplo que sólo las personas son titulares de él, sujetos que desde luego, pueden ser naturales o jurídicos. Toda persona posee un patrimonio, así él sólo esté conformado por deudas, pues la mayor o menor cantidad de bienes no significa que una persona tenga varios patrimonios, porque éste se predica  respecto de la persona y por tanto, sólo es titular de un patrimonio y además, no es trasmisible sino por causa de muerte porque nadie en vida puede transferir la totalidad de los bienes que lo conforman. Se dice entonces  que el patrimonio       es personalísimo,       inagotable,  indivisible e inalienable pero sí puede ser objeto de embargo y de expropiación en lo que se refiere a la tenencia de bienes materiales por razones de utilidad pública o de interés social. Desde el punto de vista de la naturaleza humana y sociológico se entiende que el hombre tiene unas necesidades básicas primarias que son inherentes a toda persona y que sin ellas, sería difícil por no decir que imposible, su subsistencia. Son aquellas a las cuales Abraham Maslow denominó necesidades fisiológicas de la persona, porque buscan conservar y perpetuar su vida. Debe el hombre procurarse su alimentación, su vivienda, su salud, debe abrigarse de las inclemencias del tiempo, debe en su condición de ser social buscar la integración con las demás personas y procurarse su bienestar. Es cierto que todas estas necesidades son parte fundamental de la vida del hombre, pero desafortunadamente no todas han sido satisfechas para la comunidad. Los servicios públicos antes enunciados requieren por lo general de una contraprestación económica por parte de la persona que sienta la obligación de obtener estos beneficios, contraprestación que significa una erogación en dinero. Cualquier actividad estatal por efímera que ella sea supone un  costo. Además, cualquier utilización que se haga de los bienes y servicios del mercado en una sociedad de economía capitalista con intervención estatal como la nuestra, lleva implícito un costo económico. Costo que  si las personas no tienen ningún patrimonio o lo tienen escaso, no pueden acceder a los bienes de consumo ni mucho  menos  disfrutar  de  las  mínimas  facilidades de subsistencia; y aún más, se puede afirmar que  hay momentos en que las clases marginadas no gozan ni de los servicios básicos que demanda la condición social del hombre. Como colofán de lo dicho anteriormente, ha de expresarse que el patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitucional porque a falta de él, el hombre no podría cumplir su cometido de ser social, ya que lo necesita para realizarse como tal y ha de contar con él para atender por lo menos las exigencias económicas de supervivencia suya y de su núcleo familiar. B. El Derecho de Propiedad en los Convenios y Tratados Internacionales. El derecho de propiedad ha sido consagrado desde hace mucho tiempo en la legislación internacional como un beneficio del hombre para que a través de ella pueda conseguir el bienestar social y familiar y pueda satisfacer sus necesidades personales. Así consagra la legislación supranacional este derecho: La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Reseña el derecho a la propiedad en su artículo 17, el cual  prescribe:  "Siendo   la propiedad   un   derecho  inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, sino cuando la necesidad pública, legalmente justificada, lo exija evidentemente y a condición de una justa y previa indemnización". La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", aprobada en la Conferencia de los Estados Americanos de San José de Costa Rica el 22 de noviembre de l969 y adoptada por Colombia según ley 74 de l968, señala el derecho a la propiedad en los artículos 1o. y 21, de ese documento. Convenio Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer. Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 34/180, del 18 de diciembre de l979 y aprobado mediante ley 51 de junio 2 de l982, trae el derecho a la propiedad en su artículo 16-1 literal h). Convenio sobre el Estatuto de los Refugiados. Adoptado en Ginebra el 28 de julio de l951 y convertido en la ley de la República No. 35 de l961, determina el derecho a la propiedad en sus artículos 13, 14 y 30. Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Adoptada  y abierta  a  la  firma  y ratificación por la  Asamblea General en su Resolución 2106 A (XX) del 21 de diciembre de l965 y aprobada por la ley 22 de l981 consagra la propiedad privada en el artículo 5o. literales d) y v). Convención Internacional para la represión y el castigo del crimen de Apartheid. Adoptada y abierta a la firma y ratificada por la Asamblea General en su Resolución 3068 (XXVIII), de 30 de noviembre de l973 y aprobada por la ley 26 de l987, prescribe el derecho a la propiedad en su artículo 2o. literal d). Organización Internacional del Trabajo, Convenio No. 29 Relativo al trabajo forzoso u obligatorio. Adoptado el 10 de junio de l930 por la OIT en su decimocuarta reunión y aprobado por la ley 54 de l962, incorpora este derecho en su artículo 19 numeral 2o. Organización Internacional del Trabajo, Convenio No. 107 relativo a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones semitribunales en los países independientes. Adoptado el 5 de junio de l957 por la Conferencia General de la OIT en su cuadragésima reunión y aprobada por la ley 31 de l967, en sus artículos 3-1, 11 y 13 establecen el derecho de propiedad. Convenio de Ginebra I, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña. Del 12 de agosto de l949 y convertido en la ley 5a. de agosto 26 de l960, prescribe el derecho a la propiedad en sus artículos 15, 16, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 50 y 53. Convenio de Ginebra II, para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar. Firmado el 12 de agosto de l949 y aprobado por la ley 5a. de l960, artículos 18, 19 y 51 prescribe el derecho a la propiedad. Convenio de Ginebra III, relativo al trato de prisioneros de guerra. Aprobado el 12 de agosto de l949 y convertido en la ley 5a. de l960, en sus artículos 18, 48, 58, 63, 65, 66, 119 y 130, incorpora este derecho. Convenio de Ginebra IV, relativo a la protección de las personas civiles en tiempo de guerra. Firmado el 12 de agosto de l949 y aprobado mediante ley 5a. de l960, señala el derecho a la propiedad en sus artículos 33, 35, 46, 53, 97 y 98. Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados internacionales. Instrumento internacional que señala el derecho a la propiedad en su artículo 52. Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados sin carácter internacional. Este documento consagra el derecho a la propiedad en los artículos 4-2 literal g) y 8. 2.      La acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Como norma general está consagrada la tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por acción u omisión de la autoridad pública.  El amparo consistirá en ordenar a quien se dirige la tutela que actúe o deje actuar frente al derecho conculcado o amenazado. Es requisito además sine qua non para la procedencia de la acción de tutela que no exista otro medio judicial de defensa,  es  decir,  actuaciones  ante  los  jueces  que permitan defender y amparar el derecho correspondiente; mas esto encuentra  una excepción  en el caso de que esté de por medio un perjuicio irremediable, pues en tal caso el afectado podrá utilizar la acción como mecanismo transitorio para evitarlo, en cuyo caso y a términos del artículo 8o. del Decreto 2591 de 1991 que reglamenta dicha acción, el juez señalará expresamente en la sentencia que su orden permanecerá vigente sólo durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción instaurada por el afectado. La demandante consideró en el evento sublite que el comprador de su cédula hipotecaria la había estafado y por ello lo denunció por el delito correspondiente.  Este hecho punible está tipificado en el artículo 356 del Código Penal, así: "El que induciendo o manteniendo a otro en error, por medio de artificios o engaños, obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, incurrirá en prisión de uno a diez años y multa de un mil a quinientos mil pesos. En la misma pena incurrirá el que en lotería, rifa o juego, obtenga provecho para sí o para otros, valiéndose de cualquier medio fraudulento para asegurar un determinado resultado". Mas con el fin de poner en buen recaudo tal cédula hipotecaria que había sido entregada a su comprador Jaime  Hernández Ortíz, se instauró dentro del proceso penal la acción de tutela para que se impartieran "las órdenes pertinentes ante el Banco Central Hipotecario y ante la Bolsa de Bogotá y donde tengan sucursales con el fin de evitar que sea violado nuestro derecho patrimonial, protegido por la Constitución Nacional" (Fl. 3 vto. denuncia penal).  Al Gerente del Banco Central Hipotecario también le envió la demandante una misiva en la cual le pide evitar que se consume el delito de estafa "al retener las cédulas que nos pertenecen (a ella y a su esposo Germán Patiño Gómez) al ser cobrados sus intereses el 5 de enero de 1992 o antes o después mediante cualquier transacción hecha en general, el Banco debe tomar cualquier medida preventiva con la prontitud señalada en el artículo 23 (sic) de la Constitución, mientras las autoridades competentes asumen el caso.  Le rogamos su pronta y definitiva intervención para evitar un mal que sería irremediable, informándonos a la carrera 6a. No. 6-42 ofc. 511, telf. 3 416161" (fl. 20 ).  Dicho Gerente le contestó en mensaje de 27 de diciembre  de 1991 y comunicación de 2 de enero de 1992; en esta última le dice, luego de citar textos del Código de Comercio, que "...el Banco Central Hipotecario no puede restringir unilateralmente la circulación del mencionado título valor; únicamente lo hará con mandato judicial expreso" (fl. 29). A la Bolsa de Bogotá también le pidió la actora que no negociara la cédula hipotecaria en cuestión y esta entidad publicó en su Boletín Diario de 30 de diciembre de 1991 la información sobre que tal título (41417) se encontraba extraviado (fl. 24). De todo lo dicho, se evidencia que efectivamente, merecía la demandante ser tutelada en su derecho de propiedad, ya que no era suficiente la acción penal promovida por ella contra su comprador ya que mientras se tramitaba y el Juez Penal pudiera tomar la decisión correspondiente de defensa de su interés patrimonial, la cédula hipotecaria objeto de controversia, podía a su vez ser vuelta a enajenar por terceros y sus intereses cobrados, en perjuicio de la señora Rosa Inés Valderrama de Patiño.  Había entonces un peligro inminente de producirse un daño irreparable a ella en ese momento y por ello había necesidad de tomar la decisión que lo impidiera, que fue la adoptada por el Juez Ochenta y Seis de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C. en el sentido de ordenarle al Banco que se abstuviera de cancelar la cédula hipotecaria en cuestión (artículo segundo de su fallo). Ha de decirse de otro lado que según afirmación de la misma actora, dichas cédulas son "el único capital que poseemos (ella y su esposo) actualmente"  y que por tal situación invoca también la acción de tutela.  Esta circunstancia determina especialmente a esta Sala a tutelar el derecho patrimonial invocado y por ello a mantener la decisión del juez de tutela. Y por ello habrá de confirmarse su sentencia y en cambio revocarse la del Juez Cuarenta y Tres de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C., que no accedió a conceder la tutela. Se  adicionará también  la  sentencia del Juez 86 con el artículo cuarto que precisará que la prohibición de su artículo 2o. estará en vigor hasta tanto el Juez 52 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C. o a quien corresponda, se pronuncie sobre el fondo de la denuncia penal formulada por la actora, Rosa Inés Valderrama de Patiño contra Jaime Hernández Ortíz y que de ello informará al Banco. 3.      Ha resultado contrario a procedimientos la actuación del Juez 52 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá que  en dos ocasiones envió a reparto la acción de tutela adelantada por Rosa Inés Valderrama de Patiño dentro del proceso penal instaurado por ésta, todo lo cual derivó en que dos jueces (el 43 y el 86) de instrucción criminal avocaran el conocimiento de la misma tutela y profirieran cada uno su fallo. De todos modos esta Sala de la Corte Constitucional, a la cual le llegaron en revisión ambos fallos, ajena por lo tanto como es a esa irregularidad, habría de pronunciarse sobre ellos y fue así como encontró ajustado a derecho el del Juez 86, con la adición que le introdujo, según lo antes dicho. IV. RECAPITULACION DE LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES. La acción de tutela identificada con el número 2642, se promovió a través de Rosa Inés Valderrama de Patiño para que se le amparara su derecho patrimonial. Este derecho que consagra la Constitución en sus artículos 52, 58, 60 y 61, no aparecen dentro del título II capítulo I en el cual el Constituyente precisó los Derechos Fundamentales y tampoco lo enunció en el artículo 85 como derecho de aplicación inmediata. Dentro de  los  diferentes  estudios  que  ha   realizado   esta Corporación para determinar si un Derecho Constitucional es fundamental o no, se ha atendido el llamado de la Carta para constatar si él se encuentra en ese capítulo, pero también se ha llegado a precisar que hay otros derechos que tienen esta connotación especial de derecho fundamental, que no aparecen en el citado capítulo. El derecho patrimonial como ha quedado señalado en el presente informativo, el cual comprende tanto los activos como los pasivos, los bienes materiales e inmateriales, los corpóreos e incorpóreos, hacen parte del hombre y algunos de ellos como se dijo están tan arraigados a él, que es difícil separarlos, cuando esos bienes patrimoniales hacen parte de su creación, de su intelecto de su propia personalidad. Entendido el derecho patrimonial como aquel de contenido económico, se puede afirmar que él es necesario para la vida del hombre porque como miembro de la sociedad no basta con tener la voluntad o el querer o disposición para hacer las cosas y perfeccionar su ser, sino que  debe contar con los recursos económicos para poder realizarlas. Por  las circunstancias anotadas, fuerza concluír que el  Derecho patrimonial es un Derecho Fundamental Constitucional porque sin él, jamás podrá el hombre realizarse como ser social. La  acción de tutela fue incoada por Rosa Inés Valderrama de Patiño quien negoció la cédula hipotecaria 41417 expedida por el Banco Central Hipotecario sucursal centro con Jaime Hernández Ortíz para que el Gerente de esa sucursal bancaria sacara a ese título-valor de la circulación comercial porque los cheques que le había girado el comprador de la misma, le fueron impagados por la causal carencia absoluta de fondos. Por este antecedente presentó denuncia penal por el hecho punible de estafa  ante la unidad judicial del Chicó el día 27 de diciembre de l991, fecha en la cual y en mismo escrito presentó la acción de tutela. La denuncia penal y la acción de tutela llegaron para reparto al Juzgado 103 de Instrucción Criminal, del cual se pasó para conocimiento del Juzgado Cincuenta y dos de Instrucción Criminal. No hubo separación de estas dos acciones sino hasta el 16 de marzo cuando el último Juzgado citado, con oficio 426, envió para reparto la acción de tutela, la cual llegó para conocimiento del Juzgado Cuarenta y tres de Instrucción Criminal, despacho judicial que negó las peticiones de la demanda en providencia del 19 de marzo de l992, con fundamento en que a través de esta acción no se puede variar el procedimiento penal. El Juzgado Cincuenta y dos de Instrucción Criminal, nuevamente envió para reparto la acción de tutela con oficio 515 del 3 de abril de l992 y llegó para conocimiento del Juzgado Ochenta y seis, despacho que concedió  la tutela con sentencia del 20 de abril pasado. En su fallo reconoce que había otro medio de defensa judicial al alcance del demandante pero le otorga como mecanismo de defensa transitorio, mientras el Juzgado que conoce de la acción penal falla de fondo. La acción de tutela en este caso, es procedente porque aunque la demandante tenía a su alcance medio judicial de defensa, pues la misma agraviada instauró la acción penal por el hecho punible de estafa que tipifica el artículo 356 del ordenamiento penal, se avecinaba un perjuicio irremediable para ella, cuales eran las posibles siguientes enajenaciones de su cédula hipotecaria, lo que no se podría afrontar sino a través del mismo Banco Central Hipotecario, a quien el Juez 86 de tutela le dió la orden de abstenerse de cancelar ese título valor. Además la actora manifestó que acudía también a la tutela porque la cédula hipotecaria era el único bien que junto con su esposo poseía en la actualidad. Con fundamento en lo anterior, esta Sala de Revisión confirmará el amparo del derecho patrimonial solicitado por Rosa Inés Valderrama de Patiño, el cual le fue concedido por el Juzgado Ochenta y seis de Instrucción Criminal en providencia del 20 de abril de l992. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A : Primero:  Confirmar  la sentencia del 20 de abril de 1992 proferida por el Juzgado Ochenta y Seis de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C. que concedió la tutela al derecho patrimonial de Rosa Inés Valderrama de Patiño. Segundo:   Revocar  en consecuencia la sentencia de 19 de marzo de 1992 del Juzgado Cuarenta y Tres de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C. que negó el amparo en cuestión. Tercero:     Adiciónase el artículo 2o. de la sentencia de 20 de abril de 1992 del Juzgado 86 en el sentido de que la prohibición de su artículo 2o. permanecerá hasta cuando el Juez 52 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C. o a quien corresponda, profiera decisión de fondo sobre la denuncia penal de la señora Rosa Inés Valderrama de Patiño, por el delito de estafa, de la cual informará  en su momento al señor Gerente del Banco Central Hipotecario, Sucursal Unicentro, en la ciudad de Santafé de Bogotá, quien procederá de conformidad. Cuarto:     Comunicar a los Juzgados Ochenta y Seis y Cuarenta y Tres de Instrucción Criminal de esta ciudad la presente sentencia, para que sea notificada a las partes conforme lo ordena el artículo 36 del Decreto 2591 de l991, con entrega a cada uno de copia de la misma. Quinto:      Comunicar también al Juzgado 52 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, D.C., el presente fallo, con entrega de copia del mismo. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN      CIRO ANGARITA BARON Magistrado Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Duguit León "Soberanía y Libertad" librería Española y Extranjera Príncipe.Madrid l924. Pag.222. 2 Duguit León. La t ransformación del Estado. Librería Española y Extranjera. Príncipe,Madrid año de l924. Pag.53. 3 Darío Echandía.Exposición de Motivos del Proyecto de Reforma Constitucional al artículo 31 sobre la propiedad privada. Anales del Congreso de septiembre 25 de l934. 4 Anales de la Cámara de Representantes de noviembre 3 de l934. Representantes Ponentes Carlos Lozano y Lozano, Antonio Rocha y Gabriel Peñaranda. 5 Ponencia del Senador Timoleón Moncada en la Comisión Octava del Senado, en la sesión del 3 de septiembre de l935. La Reforma Constitucional de l936. Colección Pensadores Políticos Colombianos. Tomo I. Pags. 295 y 296. 6 La Concentración de la Riqueza y el Poder Económico. Doctor Hernando Agudelo Villa. Colección Pensadores Políticos Colombianos. Cámara de Representantes pág. 92. 7 La concentración de la riqueza y del ingreso. Conferencia del doctor José Alejandro Cortés. Colección Pensadores Políticos Colombianos.Cámara de Representantes. Pags. 109 y 110. 8 Prólogo de la Constitución de l991. Escrito por el Señor Presidente César Gaviria Trujillo. Pag. 6. 9 Diccionario Enciplópedico de Derecho Usual. Editorial Heliasta S.R.L. 18 Edición Tomo VI,Pag.462. 10 Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Op,cit.  Pag. 152.

T-538-92 Sentencia No Sentencia No. T-538/92 DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Correspondencia Se concluye para el caso concreto que la ley, de acuerdo con el artículo 15 de la Carta, puede establecer los casos y la forma como se puede interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, cual lo consagra, según se ha visto, el Decreto 1817 de 1964 o Código Penitenciario; mas para ello de todas maneras y según mandato perentorio de ese mismo texto  constitucional habrá de mediar  siempre orden judicial, la cual se echa de menos en el evento sublite y por ello amerita protegerse el derecho fundamental. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 2690 Tema:        Derecho a   la  intimidad.                                                        Correspondencia en  Centros                                                        Carcelarios. Demandante: NICOLAS MURILLO GUTIERREZ. Magistrado Ponente: SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., veintitres (23) de septiembre  mil novecientos noventa y dos ( 1992). La Corte Constitucional en su Sala de Revisión de Tutelas, se pronuncia sobre la acción de la referencia, en el Grado Jurisdiccional de Revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: I. ANTECEDENTES. A. HECHOS DE LA DEMANDA. El señor Nicolás Murillo Gutiérrez, en ejercicio de la acción  de  tutela  prevista  en  el  artículo  86  de la Constitución Política, demanda actuación del Director de la Penitenciaría rural de  "Peñas Blancas" de Calarcá, Quindio doctor Arcesio Liévano, para lo cual señala que no obstante que todos los convictos colombianos, tienen derecho a la franquicia postal de acuerdo a lo estipulado en el artículo 207 del Decreto 1817 de l964, en ese centro no se le dá cumplimiento al citado artículo permitiéndose por parte de las directivas sólo el envio de correspondencia con franquicia los miércoles de cada       semana ( 2 cartas por reo). Anota que el día 8 del mes y año en curso, se dispuso a hacer uso del derecho de  franquicia enviándole una misiva al Dr. Fernando Jordán Calvo, médico que labora en el hospital de este municipio, comunicación que fue decomisada por el señor Director del Establecimiento, sin que se le hubiere dado una respuesta satisfactoria sobre esta flagrante violación Constitucional, teniéndose en cuenta que pidió una explicación diáfana sobre este particular. Manifiesta además, que muy seguramente se van a esgrimir  argumentos  por  parte  del Director, fundamentados en el artículo 56 del Decreto 1817 de l964 literal h) que lo faculta para cometer esta clase de desafueros. Sin embargo observa que el   contenido  de su carta no llena los presupuestos exigidos por el citado artículo para cimentar una retención de dicha misiva (para el efecto señala solicitar la carta decomisada por el señor Director de fecha abril 8 de l992). Durante  su  estadía  en  ese Centro Penitenciario, se ha visto en la honda obligación de tener que denunciar grandes violaciones de Derechos Humanos cometidas por sus directivas contra los convictos y contra sus familiares. Denuncias que ha hecho ante la Procuraduría del Departamento y ante la Personera Municipal de esta ciudad Dra. Clemencia Niño Patiño, funcionaria  que al finiquitar su investigación sobre dichos tópicos concluyó diciendo: "después de hacer un estudio exhaustivo de todo lo anterior, este Despacho concluyó que los internos son víctimas de una clara violación de los Derechos Humanos y así lo dejé consignado en el informe que se envió a la Procuraduría Departamental...". La presente cita es extraída de una comunicación que la citada funcionaria le envía al suscrito el 23 de diciembre del año próximo pasado. B. DERECHOS VULNERADOS. Se considera por parte del demandante que las directivas del  centro  carcelario  están  poniendo  en práctica una odiosa violación del derecho constitucional consagrado en el artículo 15 de la Constitución Nacional. "Artículo 15. Todas las personas tienen  derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución. La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. Para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley". C. PETICIONES. Formula el actor las siguientes: a. Que se ordene mediante providencia debidamente motivada la restitución del derecho cercenado. b. Que se vigile celosamente el cumplimiento de dicho derecho. c.  Que se admita el presente recurso, por considerar que no se encuentra en las causales de improcedencia del artículo 6o. del Decreto 2591 de l991. d. Que se informe a la Dirección General de Prisiones y al Ministerio de Justicia, sobre la violación de dicho derecho. D. ACTUACION PROCESAL. Reposan en el expediente los siguientes documentos: 1.      Carta de un grupo de internos al Gerente de Postal Nacional, de 24 de marzo de 1992, en donde se hacen llamar presos políticos y haciendo uso del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de nuestra Carta Política señalan: "Que como el Decreto No. 1817 del 17 de julio de l964, por medio del cual se reformó y se adicionó el Decreto Ley 1405 de l934 (Código Carcelario), y se dictan otras disposiciones, se encuentra con la vida jurídica, es decir, está en vigencia, y dentro del Decreto 1817 de l964  propiamente  en  su  artículo  207 que textualmente dice: "Para la correspondencia ordinaria gozarán de franquicia postal los presos  recluídos en las cárceles del país, siempre que en el sobre respectivo se certifique por el Director del establecimiento carcelario, que el remitente se encuentre detenido. Como usted puede observar a la luz del día y a la luz del derecho penitenciario colombiano, en el artículo aquí citado se nos permite el derecho de franquicia sin ninguna restricción, en consecuencia queremos que usted nos informe cuáles son los motivos por lo cual su despacho no permite que nosotros los convictos recluídos en este Centro Penitenciario, hagamos uso del Derecho de Franquicia consagrado en el decreto en mención, pues nosotros  los  internos recluidos en este establecimiento(sic) sólo se nos permite enviar correspondencia los días miércoles de cada semana ( 2 cartas por interno). Es importante informarle a usted que esta es la única penitenciaría del país donde se nos cercena el derecho de franquicia consagrado por las normas penitenciarias colombianas". 2.      Carta del interno Nicolás Murillo Gutierrez al Director del Centro Penitenciario "Peñas Blancas", de abril 9 de 1992 y en donde se  solicita explicación "diáfana y no ambigua como es su estilo" sobre por qué la correspondencia enviada por él el día anterior no figura en la lista de correspondencia enviada, a lo cual el tiene derecho por ley. Dice: "Será que también me va a cercenar usted el derecho a enviar correspondencia?". 3.      Oficio 158 del Juez Civil del Circuito de Calarcá, por el cual solicita al Director de la Penitenciaría de "Peñas Blancas"  le  informe  de  que  modo  está  regulado  lo relativo a la correspondencia de los detenidos e igualmente le envíe copia auténtica de la determinación administrativa tomada al respecto, si la hubiere. 4.      Oficio No. 097 de la Directora (E) de la Dirección General de Prisiones, en donde se informa que la correspondencia con franquicia postal es gratis  y  se recibe los días miércoles de cada semana en horas de la mañana y el mismo día se lleva al correo una guardiana estafeta. Y que la correspondencia ordinaria también es llevada diariamente por la misma persona. De esta correspondencia queda un registro o relación que se coloca en las carteleras de los patios. 5.      Copia de la carta enviada por el señor Nicolás Murillo Gutierrez al doctor Fernando Jordán Calvo, en la cual dice: "... 6.      Oficio No. 128 del Director de la Penitenciaría Peñas Blancas, señor Arcesio Liévano, por medio del cual informa la manera de recoger la correspondencia dentro del centro penitenciario. Señala que una guardiana con el cargo de estafeta la recoge todos los  días  y  la lleva al correo el mismo día,  que los miércoles se recoge la correspondencia que goza de franquicia postal y cada interno tiene derecho a enviar 2 cartas, o sea que al mes cada interno goza de 4 correspondencias con franquicias a pesar de que el artículo 346 literal d) del Decreto 1817 de l964 establece correspondencia una vez cada 15 días para los condenados. Explica que la carta enviada por el interno Nicolás Murillo Gutiérrez al doctor Fernando Jordán Calvo no fue enviada porque trataba aspectos que solamente son de la incumbencia de  los  directivos  del  penal,  que son los encargados de solucionar todo lo relacionado con la droga para el penal de reclusos ante la Dirección General de Prisiones División de Seguridad y Control. Dice que a esta carta no se le dió curso porque no reunía los requisitos  exigidos  en  el artículo  56 literal h) del Decreto  1817  de  l964,  además  de  que,  como se pudo constatar, en el Hospital la Misericordia de Calarcá, el citado doctor ya no labora. Agrega que el artículo 56 literal h) reza "Leer o hacer leer por un empleado, bajo su responsabilidad, toda la correspondencia recibida o enviada por los presos, absteniéndose de dar curso a lo que juzgue inconveniente, conforme a lo establecido en este Decreto, y remitiendo a la autoridad política o judicial la que corresponda o interese a la una o a la otra". El artículo 206 del mismo decreto previene que los internos no pueden recibir ni enviar cartas sin que previamente hayan sido leídas y tengan visto bueno del Director. Señala que "especialmente" las cartas que el actor dirige a la Dirección "no son nada agradables y dejan mucho qué desear". 7.      Oficio 223 de abril de 1992 del Juzgado Segundo Penal del Circuito, por el que se Comunica que en su Despacho se ha promovido una acción de tutela por vía de apelación conocida en primera instancia por el Juez Primero Penal Municipal la cual se resolvió mediante auto interlocutorio  de  10  de  septiembre de l992, y que fue objeto de la acción el derecho a franquicia para la correspondencia del actuante, la cual le fue resuelta desfavorablemente en ambas instancias, por no tratarse de un derecho fundamental según los términos de la Constitución Nacional. 8.      Oficio No. 41 del Juzgado Primero Penal del Circuito, por el cual se informa que en su oficina han cursado dos (2) recursos por la vía de la acción de tutela contra los directores de la Penitenciaría rural Peñas Blancas, los cuales se han despachado desfavorablemente al actor. Uno de ellos fue interpuesto el 13 de febrero de l992  por considerar vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 13 y 15 de la Constitución Nacional y más que todo sobre el control para las visitas conyugales. E. FALLO QUE SE REVISA. Sentencia del Juzgado Tercero de Instrucción Criminal de Calarcá. El Juzgado Tercero de Instrucción criminal de Calarca Quindio, en sentencia de 27 de abril de 1992, decidió resolver desfavorablemente la presente acción de tutela presentada por el señor Nicolás Murillo Gutiérrez, contra el Director de la Penitenciaría Rural de Peñas Blancas Dr. Arcesio Arévalo, previas las siguientes consideraciones: "Que la petición inicial del solicitante en cuanto al cercenamiento del derecho de franquicia ya fue resuelta desfavorablemente   por  los  Juzgados  Segundo Penal del Circuito y Primero Penal Municipal de esta ciudad, respecto de los mismos hechos y derechos por lo cual este punto se rechazará de acuerdo al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991". Que "no encuentra razón alguna el despacho para su pedimento, pues lo explica claramente el señor Director de la Penitenciaría Rural de Peñas Blancas de esta ciudad, la carta no la envió por considerarla en alguno de sus apartes inconvenientes y tal como se puede observar  en la misma trata de aspectos de la incumbencia de la Penitenciaría; debe resaltarse además que el interno no conocía ni distinguía a la persona a quien dirigía la carta para hablar de tales situaciones". Que "El Decreto 1817 de 1964 en su literal h, establece lo siguiente: Art.56 "Son funciones de los Directores de los establecimientos carcelarios... h) Leer o hacer leer  por  un  empleado, bajo su responsabilidad, toda la correspondencia recibida o enviada por los presos, absteniendose de dar curso a la que juzgue inconveniente...". Que "El artículo 206 del mismo estatuto dice "Los detenidos  no  pueden  recibir ni enviar cartas o escritos de ninguna clase, sin que previamente hayan sido leídos y tengan el visto bueno del Director". II.  COMPETENCIA. Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada  por  el  señor  Nicolás Murillo Gutierrez, de acuerdo con lo preceptuado en los artículo 86 inciso 2o y 241 numeral 9o de la Constitución Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. La Materia. La presente decisión comprende además de la revisión de la sentencia que resolvió la acción de tutela instaurada por el señor Nicolás Murillo Gutierrez, el análisis del alcance de las disposiciones constitucionales sobre el derecho a la intimidad a que ha dado lugar la consideración de este caso. III. CONSIDERACIONES. La intimidad como derecho fundamental. A la persona se reconocen ciertos derechos como fundamentales,  esto   es que   como  esenciales  a  él  son susceptibles de protección por la acción de tutela, son aquellos   derechos   inherentes  a la persona humana e   inalienables,  son reconocidos y respetados por el estado, la sociedad y los particulares. Se diferencian de los demás en que son indispensables para el desarrollo de la personalidad. Es el derecho a la intimidad la forma de proteger la familia, la manera de mantener la privacidad en su vida, evitar con esto que su vida privada llegue a traspasar esa barrera de protección y se torne en algo de conocimiento público que llegue a dañar su tranquilidad. Sin embargo estos derechos no conllevan un poder absoluto. Ellos tienen también frenos que son consecuencia de formas adecuadas que le permitan su desarrollo. Las limitaciones en el ejercicio de los derechos  no   debe   sorprender   en  los   centros carcelarios pues si los reclusos tuvieran la misma libertad de una persona libre, podría ello llegar a causar desorganización, inestabilidad y hasta impedir la disciplina de dicho penal, en desmedro de la seguridad carcelaria. Así entonces resulta explicable que una persona que se encuentra  privada de la libertad no pueda gozar de todos los derechos fundamentales propios de los ciudadanos. Al respecto la sentencia No. T-424 Sala de Revisión No.5 con ponencia del Doctor Fabio Morón Díaz, dice: "Puede concluirse con facilidad que el régimen jurídico especial al que se encuentran sometidos los internos en ocasiones, resulta incompatible con ciertos derechos, aún fundamentales, cuyo ejercicio, en consecuencia, se suspende para tornar a él luego de que haya expirado el término de la pena, o según las condiciones fijadas en la ley o en la sentencia. Esto sucede en primer lugar con la libertad  y además con derechos tales como los políticos, el de reunión, locomoción etc., en tanto que otros derechos no se ven especialmente afectados y se conservan en su plenitud, piénsese por ejemplo en el derecho a la vida y a la integridad, en las libertades de conciencia y de cultos; un tercer grupo de derechos está integrado por aquellos que deben soportar limitaciones, tal como acontece con la comunicación oral, escrita o telefónica, que, previos los requisitos del caso resulta restringida". Se encuentra entonces, que aún siendo el reconocimiento de los derechos fundamentales,  garantía en la conducción de la vida en sociedad, se puede decir,  que la libertad para ejercerlos se encuentra de algún modo limitada por el legislador y el constituyente. El derecho a la intimidad está regulado por la Constitución Política en su artículo 15. Para el  caso que concierne a esta Sala, es decir, el registro  e  interceptación  a  la  correspondencia de un recluso, se debe considerar que si bien se trata de un derecho fundamental que se encuentra destinado a salvaguardar la intimidad de la persona, puede ser restringuido en la forma que la ley lo establezca, previa orden judicial. De esta forma el Decreto 1817 de 1964, permite restringir el derecho a la intimidad en materia de correspondencia al establecer en los siguientes artículos: Artículo 56 literal h): "Son funciones de los directores de establecimientos carcelarios: ... h) Leer o hacer leer por un empleado, bajo su responsabilidad, toda la correspondencia recibida o enviada por los presos, absteniéndose de dar curso a la que juzgue inconveniente, conforme a lo establecido en este Decreto, y remitiendo a la autoridad política o judicial la que corresponda o interese a la una o a la otra". Artículo 206. "Los detenidos no pueden recibir ni enviar cartas o escritos de ninguna clase, sin que previamente hayan sido leídos y tengan el visto bueno del Director". Artículo 207 "Para la correspondencia ordinaria gozaran de franquicia postal los presos recluídos en las cárceles del país, siempre que en el sobre respectivo se especifique por el Director del establecimiento carcelario, que el remitente se encuentra detenido". Artículo 346 literal d): "Los condenados a presidio o reclusión podrán enviar correspondencia una vez cada 15 días, y los demás una vez por semana". Derecho a la intimidad, concretamente inviolabilidad de la correspondencia que jurisprudencialmente permitió esta clase de limitaciones. La anterior Constitución en su artículo 38 decía: "La correspondencia confiada a los telégrafos y correos es inviolable. Las cartas y papeles privados no podrán ser interceptados ni registrados sino por la autoridad, mediante orden del funcionario competente, en los casos y con las formalidades que establezca la ley y con el único objeto de buscar pruebas judiciales". Jurisprudencialmente el derecho a la intimidad se ha considerado como un derecho fundamental. "En cuanto a la protección de estos dos aspectos de la intimidad, el tratamiento de una y otra corporación varía.  En relación con el tema de la inviolabilidad de la correspondencia, mientras que el Consejo de Estado admitió restricciones graves a la inviolabilidad de la correspondencia, llegando a considerar como ajustado a la Constitución la existencia de una junta de censura a la correspondencia privada (1952), la Corte Suprema exigió una autorización legal para retener y registrar la correspondencia, la orden de autoridad competente mas no judicial, el cumplimiento de las formalidades legales y, además, que el registro, interceptación o retención de correspondencia tuviera como fin único la obtención de pruebas judiciales...".1 En el seno de la misma Asamblea Nacional Constituyente el "Delegatario Diego Uribe Vargas, se refirió al derecho a la intimidad y dijo: "Así mismo, la correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables y no pueden ser interceptadas ni registradas  sino mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que prescriba la ley. Se exceptua la presentación de libros de contabilidad para efectos tributarios y judiciales, así como los documentos privados en los precisos términos que señale la ley". (Gaceta Constitucional No. 82, 25 de mayo de 1991 pagina 12.). De lo anteriormente expuesto en esta providencia puede concluirse hasta ahora para el caso concreto que la ley, de acuerdo con el artículo 15 de la Carta, puede establecer los casos y la forma como se puede interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de comunicación privada, cual lo consagra, según se ha visto, el Decreto 1817 de 1964 o Código Penitenciario; mas para ello de todas maneras y según mandato perentorio de ese mismo texto  constitucional habrá de mediar  siempre orden judicial, la cual se echa de menos en el evento sublite y por ello amerita protegerse el derecho fundamental del señor Nicolás Murillo Gutierrez.  De ahí entonces que, la interceptación que el Director del Centro Carcelario ha hecho de la misiva enviada por el demandante, resulte violatoria de la Constitución. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A : Primero: Tutélase el derecho a la correspondencia privada que se le ha vulnerado al señor Nicolás Murillo Gutierrez. Segundo:   Para el efecto anterior, se ordena al señor Director de la Penitenciaría Rural de Peñas Blancas de Calarcá, señor Arcesio Liévano o quien desempeñe tal cargo, que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas, haga llegar al doctor Fernando Jordán Calvo la carta que Murillo Gutiérrez, interno de ese Centro, le envió el 9 de abril de 1992. Tercero:     Comuníquese al Juzgado Tercero de Instrucción Criminal de Calarcá, para que notifique esta providencia a las partes de conformidad con el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con entrega de copia de la misma a ellas. Cuarto:      Infórmese al Director General de Prisiones y al Ministerio de Justicia sobre la violación de dicho derecho. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON            AIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado                          Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Manuel José Cepeda. Temis. Pág. 129.

T-539-92 Sentencia No Sentencia No. T-539/92 DERECHO A LA EDUCACION La Educación es un Derecho Fundamental, por lo que es inherente, inalienable, esencial a la persona humana, que realiza el valor y principio material de la igualdad consagrado en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en los artículos 5o. y 13 de la misma Carta Política. La educación está reconocida en forma expresa en el artículo 44 cuando hace referencia a los Derechos Fundamentales de los niños, señalando entre otros, el "Derecho a La Educación y  a la Cultura". El artículo 67 de la Carta Política, no obstante encontrarse fuera del Título II, Capítulo 1 como derechos fundamental, ha sido reconocido como tal por esta característica, habida cuenta que uno de los criterios principales que ha señalado esta Corporación, ha sido el sujeto, razón y fin de la nueva Constitución Nacional, esto es, la persona humana. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL El demandante tenía otro medio de defensa judicial para reclamar su derecho, que consistía en acudir ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa e instaurar la acción de nulidad y la acción de restablecimiento del derecho. ACCION DE TUTELA-Hecho consumado Los hechos que originaron la presente acción de tutela acaecieron en la vigencia de la Constitución anterior y con mucha anticipación a la actual Carta,  los cuales en consecuencia asumen la relevancia de consumados frente a esta última. SALA DE  REVISION  No. 6 Ref.: Proceso de tutela No. 2978 Acción de Tutela   contra                                                actuación del  Ministerio de                                            Educación Nacional. Tema:        La Educación   como   Derecho                                              Fundamental. Demandante: Ernesto Rocha Rodríguez Magistrado Ponente: Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., veintitrés (23) de septiembre de mil novecientos noventa y dos. La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela decidida en sentencia dictada por el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., (el 18 de marzo de l992). I. ANTECEDENTES. Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de l991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional llevó a cabo la selección de la acción de tutela de la referencia. Con base en el artículo 34 del Decreto 2591 de l991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar la sentencia correspondiente. A. HECHOS DE LA DEMANDA. Se fundamenta la demanda de tutela presentada ante el Juez Civil Cuarenta y Cinco del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., en los siguientes hechos: Manifiesta Ernesto Rocha Rodríguez, que ingresó al "Centro Educacional Teusaquillo" (nocturno) en el año de l981, para terminar sus estudios de bachillerato. Refiere que dicho centro se encontraba ubicado en la calle 67 No 16-32 de esta capital, y aprobado oficialmente con el número 13865 del día 17 de Agosto de 1979, donde aprobó los grados 5o. y 6o. de Bachillerato, como consta en el certificado de notas y en el acta de graduación que adjunta a la demanda, firmadas por el secretario y el rector de dicha institución. Comenta que el Centro Educacional le confirió el título de bachiller en el año de 1982 y lo envió a la Secretaría de Educación para la correspondiente legalización, la cual no se pudo realizar porque esa secretaría manifestó que el Centro Educacional Teusaquillo se encontraba en investigación y en consecuencia no era posible expedir diplomas a nombre de éste. Esta respuesta se obtuvo en el año de l986. El Ministerio de Educación Nacional, dió respuesta el 7 de julio de l987 a la solicitud presentada por Ernesto Rocha el día 25 de junio de l987 sobre la legalidad de los certificados de estudios, cursados en dicho Centro en la cual le manifestó que debía ir al Colegio Nacional Nicolás Esguerra para presentar exámenes de admisión de los grados en cuestión para tramitar la expedición de su título y registro del diploma de bachiller. Manifiesta que se presentó al Colegio Nicolás Esguerra y por ser mayor de 21 años de edad, fue enviado al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior-ICFES. Allí se le informó que debía validar los cursos 5o. y 6o. de bachillerato, "lo que hasta el año de l991 realicé". Refiere que ha tenido que dejar sus estudios de derecho en la Universidad Libre de esta capital, mientras valida su bachillerato como consta en el registro y control de la misma Universidad. Pero piensa no hacerlo porque sus derechos adquiridos legalmente están hoy amparados por el artículo 86 de la Constitución Nacional y uno de los derechos fundamentales es el de la educación, "la cual se creó para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales y en el mundo de los hechos, y no de los derechos". Dice que la vigilancia de los planteles educativos está a cargo del Ministerio de Educación Nacional y es éste  el encargado de expedir la aprobación oficial, la resolución para iniciar clases, certificados, y "en quien recae la responsabilidad por su ineficiencia e ineptitud para vigilar los establecimientos y planteles educativos para proteger a los residentes colombianos de los establecimientos piratas y para garantizar el derecho a  una habida (sic)  educación". Por último, reclama daños y perjuicios morales y materiales que deben ser resarcidos por los responsables. B. DERECHOS VULNERADOS. El demandante Ernesto Rocha Rodríguez, aunque no señala en forma precisa el artículo que considera violado, manifiesta que es el derecho a la educación. C. ACTUACION PROCESAL. Se aportaron como pruebas los siguientes documentos: Recibo de pago No. 7551 de mayo 3 de l981, firmado por la Secretaria del Centro Educacional Teusaquillo, por valor de $1.248, equivalente a dos meses de pensión; certificado de notas de quinto y sexto de bachillerato firmado y sellado por el rector y el secretario del Centro Educacional; acta individual de graduación en original expedida por el Centro, constancia de aprobación del grado undécimo de bachillerato expedido por el mismo Centro Educacional y autenticado por el Notario Trece del Circuito de Bogotá; autorización dirigida a la Secretaría de Educación de esta capital para tramitar el diploma de bachiller firmada por el Secretario del Centro Educacional;  citación a examen el día 16 de noviembre de l991 por parte del ICFES y copia del desprendible del recibo de registro SNP No. AC 282 0133900 a nombre de Ernesto Rocha Rodríguez. Reposa en el expediente, contestación del día 9 de Junio de 1987 a la solicitud dirigida por Ernesto Rocha Rodríguez al Ministerio de Educación, donde se le informó que el   plantel   se   encontraba  intervenido  por las autoridades educativas y no era posible la autenticidad y legalidad de esos certificados, lo cual lo obligó de conformidad con los artículos 20 y 27 del decreto 1418 de 1978, a presentar los exámenes de admisión de dichos grados en el Colegio Nacional Nicolas Esguerra (grados 10 y 11), para tramitar la expedición de su título y el registro del diploma de bachiller. Del mismo modo el Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Santafé de Bogotá, practicó las siguientes diligencias: 1. Ofició al Ministerio de Educación Nacional para que se sirviera expedir copia auténtica de la Resolución No. 13865 de mayo 17 de l979, por la cual se dió aprobación oficial al Centro Educacional Teusaquillo. Dicho Ministerio por medio del Director General de la Administración e Inspección Educativa, contestó adjuntando copia auténtica de esa Resolución e igualmente de las Resoluciones 2617 de l986 y 031 de l988 por las cuales se sancionó al Centro Educacional, se cancelaron las licencias de funcionamiento y se ordenó el cierre del establecimiento. 2. Ofició a la Secretaría de Educación del Distrito para que se sirviera informar al Juzgado si, en esa dependencia y bajo el número 1385, se hallaba inscrito el Centro Educacional Teusaquillo (nocturno) y si estaba vigente. A través del Jefe de  la División de Registro y Control de Planteles de la Secretaría de Educación, se dió contestación y se allegaron las siguientes copias: a) Informe en el cual se da cuenta de la historia legal del plantel. b) Resolución No. 31 de enero 28 de l988 que canceló las licencias de funcionamiento y que ordenó el cierre del plantel. c) Resolución No. 33 de enero 29 de l988, que aclara la anterior. d) Informe de fecha 26 de septiembre de l986, presentado por funcionarios de la Secretaría de Educación, sobre la investigación realizada al referido Instituto Docente. 3. Ofició al ICFES para que informara al despacho si en esa entidad y bajo el número 019661 se hallaba inscrito el Centro Educacional Teusaquillo (nocturno) y si dicha inscripción se encontraba vigente. Al respecto, contestó el ICFES que el "Centro Educacional Teusaquillo" (nocturno), no figuraba registrado en ese Instituto como establecimiento de Educación Superior, y que correspondía a las Secretarías de Educación certificar sobre ese punto, ya que al parecer esa Institución impartía educación no formal. 4. Ofició a la Secretaría de Educación del Distrito, sección Registros de Diplomas, para que se sirviera informar al Juzgado la razón por la cual no había  registrado el diploma de bachiller del señor Ernesto Rocha Rodríguez. Respondió la Secretaría de Educación por conducto del Jefe de División Registros de Diplomas que el diploma de bachiller expedido por el Centro Educacional Teusaquillo (Nocturno), a nombre de Ernesto Rocha Rodríguez, nunca ingresó a la Secretaría para el trámite de Registros. De la misma manera expresó que la institución mencionada entró en proceso de investigación desde l983, lo cual obligó a crear una comisión conjunta por parte de la Secretaría y el Ministerio de Educación Nacional, dando como resultado la expedición de la Resolución No.2617 del 18 de marzo de l986, por la cual se sancionó a dicho Centro Educacional con la cancelación de la aprobación No. 13865 del 17 de agosto de l979. 5. Ofició al Centro Educacional Teusaquillo (Nocturno) para que expidiera copia de los certificados de estudio de Ernesto Rocha Rodríguez correspondientes a 5o. y 6o. de bachillerato, equivalente a los grados 10o. y 11, que cursó durante los años l981 y l982. Reposa en el expediente de tutela, constancia de la notificadora del Juzgado en la cual afirma que visitó el Centro Educacional Teusaquillo, y encontró allí a una señora que le manifestó que el Rector de esa Institución había fallecido hacía 2 años y que todos los documentos especiales reposaban en el Ministerio de Educación Nacional. D. PETICIONES DE LA DEMANDA. 1. Solicitó el estudiante Ernesto Rocha Rodríguez que el Ministerio de Educación Nacional ordene a quien corresponda la expedición de su título de bachiller. 2. Que se avalúen los daños y perjuicios ocasionados por la violación de sus derechos y que se ordene a los responsables a pagarle una indemnización. 3. Que se oficie a la Universidad Libre, Facultad de Derecho de Santafé de Bogotá, para que conozca del fallo que en el proceso se concluya y así se le tengan en cuenta los años cursados hasta la fecha y pueda culminar su profesión. 4. Que se condene en costas a la parte vencida. D. DECISIONES. 1. Del Juzgado Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C., marzo 30 de l992. Este Juzgado no accedió a las peticiones de la acción de tutela propuesta por Ernesto Rocha Rodríguez, por considerarla improcedente, de conformidad con los siguientes razonamientos: 1. El derecho cuya tutela se solicitó lo describen los artículos 26, 27 y 67 de la Constitución Nacional al reseñar que toda persona es libre de escoger profesión u oficio, garantizar la libertad de aprendizaje y consagrar la educación como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social, buscando con ella el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los demás bienes y valores de la cultura. 2. El accionante ingresó a estudiar al colegio denominado "Centro Educacional Teusaquillo" (nocturno) con aprobación oficial No. 13865 del 17 de agosto de l979. 3. En el mencionado plantel cursó los años 5o. y 6o. de bachillerato, hoy décimo y once grados, los que aprobó a satisfacción como consta en los certificados que aporta, debidamente expedido por las directivas del colegio. 4. En acta individual de graduación se da fé de tal circunstancia, indicando que consta de 107 alumnos, que comienza con el nombre de Angulo Bulla Claudia y se cierra con el nombre de Villegas Ponce Mario de Jesús. 5. En atención a lo anterior, el referido plantel le confirió el titulo de bachiller en el año de l982 y dispuso el envío a la Secretaría de Educación para la correspondiente legalización, lo cual no tuvo ocurrencia pretextando dicho despacho que el Instituto de marras se encontraba en investigación y que no podían expedir registros a nombre del mismo. 6. Al concurrir a las entidades encargadas del trámite, como la Secretaría y el Ministerio de Educación, éstos le informaron que debía validar el bachillerato, hecho éste que no ha podido realizar. Adujo que requería de sus certificados legalizados para culminar su carrera de Derecho la cual vió truncada al no poder acreditar su título de bachiller, como puede establecerse en registro y control de la Universidad Libre, Facultad de Derecho. 7. De las pruebas que fueron solicitadas por el despacho al Ministerio de Educación Nacional y a la Secretaría de Educación Distrital, se constató que para la época en que el reclamante cursó sus estudios en el plantel mencionado, éste se hallaba aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Pero  posteriormente se revocó la resolución mediante la cual fue aprobado y se le canceló  la licencia de funcionamiento, toda vez que se le comprobó algunas irregularidades. 8. En comunicación emanada del Jefe de la División de Registro y Control de planteles de la Secretaría de Educación del Distrito Capital, se aclaró que el Decreto 1450 de l9 de julio de l988 en su artículo 3o. señala que en los casos de transferencias y expedición de títulos de bachiller de estudiantes provenientes de colegios intervenidos por el Ministerio de Educación Nacional, cuando sean investigados, serán legalizados mediante pruebas en colegios oficiales, previa autorización de la Dirección General de Ordenamiento y Coordinación de la Educación Regional según ley 24 de l988. 9. Que los actos administrativos que le permitieron funcionar al plantel educativo están revocados y los alumnos que figuren en los libros deben validar sus grados para poder solucionar su situación académica. 10. El derecho que se pretendió proteger por el Despacho, es el que consagra la Constitución Nacional en su artículo 67, pero en realidad en ningún momento se vulneró ese derecho, porque  para ingresar a la educación superior se han debido acreditar los requisitos de orden académico que exige el Estado. 11. Tampoco se violó el artículo anterior al no expedirse del diploma de bachiller, ya que para tal evento debió también acreditar ciertos requisitos que las autoridades educativas han reglamentado. 12. Estas autoridades, le están dando la solución al accionante, diciéndole que debe someterse a la validación de sus grados para arreglar su situación académica. 13. Por último dijo que el Estado le estaba indicando el camino a seguir, y por tanto la obligación dependía del interesado acogerse o no a ello. IMPUGNACION. El demandante Ernesto Rocha Rodríguez impugnó el fallo proferido por el Juzgado 45 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, con base en las siguientes razones: 1. Adujo que tenía derecho y razón para que se fallara a su favor porque aunque la educación no estaba plasmada en el título II, capítulo I entre los artículos 11 a 41 de la Constitución Nacional, era un derecho fundamental porque era inalienable y estaba totalmente ligado a las personas y por su naturaleza el derecho a la educación, y y porque estaba consagrado en los Derechos Humanos, Tratados, Convenios y Acuerdos Internacionales, los  cuales tienen primacía en el derecho constitucional colombiano. 2.      Del Juzgado 21 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C., de 30 de abril de 1992. El Juzgado 21 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, confirmó el fallo proferido por el Juzgado 45 Civil del Circuito de esta misma ciudad, basado en los siguientes razonamientos: 1. Dijo el Juzgado que la ponencia presentada a la Asamblea Nacional Constituyente señaló algunos de los elementos de la nueva acción "... La tutela se presenta como un instrumento de naturaleza subsidiaria y residual. Solo procede en ausencia de otros mecanismos adecuados de defensa, con la finalidad de otorgar protección inmediata a los derechos constitucionales fundamentales cuando sean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de una autoridad pública..." 2. Conforme a las prescripciones del artículo 86 de la Constitución Nacional, la acción de tutela sólo procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial "salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". 3. El artículo 6o. del decreto 2591 de l991 desarrolla el anterior precepto constitucional, en la forma allí indicada, de igual forma hace referencia a la precitada disposición los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 306 de l992 reglamentario del decreto 2591 de l991. 4. El Consejo de Estado en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en providencia de 29 de enero de l992, refiriéndose a la norma legal consagratoria de la acción expresó: "Para el caso que ocupa a la Sala debe destacarse la condición que impone el precepto, de la carencia de otro medio de defensa judicial, que es lo que hace que una acción subsidiaria y residual, es decir, que sólo procede a falta de otro medio de defensa y siempre que el derecho fundamental no esté protegido por acción judicial diferente..." 5. Se argumentó que la entidad demandada le estaba vulnerando el derecho a la educación, al no otorgarle el título de bachiller para continuar sus estudios superiores. 6. De los documentos allegados como pruebas, se dedujo, que para la época en que el accionante estudió en dicho plantel, el mismo se encontraba aprobado por el Ministerio de Educación y con licencia para funcionar. 7. Y que el diploma nunca ingresó a la División Registro de Diplomas para el trámite respectivo. 8. Por haber sido intervenido el plantel educativo, el Ministerio de Educación Nacional le ordenó a Rocha Rodríguez presentar los exámenes de admisión en un colegio oficial, sin que el interesado interpusiera recurso alguno. 9. No se violó el derecho a la educación, puesto que no se le impidió su estudio en centro de enseñanza media superior, puesto que para ingresar a alguna de las instituciones educativas, es necesario cumplir un mínimo de requisitos que no se pueden obviar. 10. Existen otros medios de defensa que el accionante  debió utilizar. II. COMPETENCIA. De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 No. 9 de la Constitución Nacional y los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591 de l991 "Por el cual se reglamentó la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política", es competente la Corte para conocer en revisión de la acción de tutela incoada por el señor Ernesto Rocha Rodríguez. III. CONSIDERACIONES El caso en estudio, se refiere a la Acción de Tutela incoada por el estudiante Ernesto Rocha Rodríguez contra el Ministerio de Educación Nacional, para que éste ordene a quien correspondiera la expedición de su título de Bachiller y así poder continuar sus estudios universitarios. 1. El Derecho Fundamental de la Educación. La Educación es un Derecho Fundamental, por lo que es inherente, inalienable, esencial a la persona humana, que realiza el valor y principio material de la igualdad consagrado en el Preámbulo de la Constitución Nacional y en los artículos 5o. y 13 de la misma Carta Política. La educación está reconocida en forma expresa en el artículo 44 cuando hace referencia a los Derechos Fundamentales de los niños, señalando entre otros, el "Derecho a La Educación y  a la Cultura". Un medio de realización de la actividad humana ha sido en todos los tiempos la educación, la formación de criterios de la personalidad y la proyección del hombre en su entorno social. La educación es el acercamiento del hombre con ese espíritu cognoscitivo, con ese afán de saber el porqué y el cómo de las cosas, es tratar de investigar el principio y el fin de su existencia para moldear su futuro de conformidad con las experiencias que se le hayan transmitido. La educación lleva implícito el conocimiento. Se educa para que la persona conozca, para que se prepare para el futuro, para que pueda ser útil a la sociedad, separar al ser humano de lo que la educación le aporta, es alejarlo del mundo social en el cual vive y de la naturaleza propia que constituye su existencia. Es importante anotar, que esta Corte ha manifestado en diversas oportunidades que lo que caracteriza como fundamental un derecho, no es el lugar donde se encuentre ubicado el artículo que lo consagra, sino su carácter de inextricable, es decir aquello que va unido inseparablemente a la existencia del mismo ser humano. Este derecho a la educación lo consagra el artículo 67 de las Carta, así: Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la creación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos"... En este sentido el artículo 67 de la Carta Política, no obstante encontrarse fuera del Título II, Capítulo 1 como derechos fundamental, ha sido reconocido como tal por esta característica, habida cuenta que uno de los criterios principales que ha señalado esta Corporación, ha sido el sujeto, razón y fin de la nueva Constitución Nacional, esto es, la persona humana. Por este motivo la Educación ha sido protegida como derecho fundamental en las relaciones entre los particulares, y entre éstos y el Estado, como también por los  Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia, a la luz del artículo 93 de la Carta Política,reiterado por el artículo 4o del Decreto 2591 de 1991. En efecto son protectoras de este derecho las siguientes normas de carácter internacional: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, expresa en su artículo 26: "Art. 26. 1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser garantizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. "2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá  la  comprensión,  la tolerancia  y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos y religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. "3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos." El artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales dice: "Los Estados parte en este Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. "Convienen en que la educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen así mismo, en que la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz." Así mismo, el decreto 2737 de l989 (Código del Menor) previene que el menor tiene derecho a recibir la información necesaria para su formación integral, y será obligatoria hasta el grado 9o. de educación básica y gratuita cuando fuere prestada por el Estado. José González y Germán Marquínez al referirse a la educación, hacen la siguiente aseveración: "Se podría decir que la educación se coloca al límite de la construcción de una sociedad justa y democrática en el respeto a la dignidad y al derecho de cada persona y de cada colectividad; la educación se considera instrumento eficaz para la creación de mejores condiciones de vida para todos y el establecimiento de la igualdad de oportunidades que aseguren el adecuado desarrollo de la persona y los grupos sociales".1 En este orden de ideas, la educación es exaltada universalmente, pues constituye un instrumento invaluable e indeficiente para que las sociedades puedan evolucionar hacia estadios superiores, para obtener un mayor desarrollo social, político y económico y elevar  su  cultura. Esta Corporación  ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre el derecho fundamental a la educación en sentencias, entre otras: T-440, 492 y 493. 2. Normas que se relacionan con el caso particular. a. Decreto 1418 de l978.2 El Decreto 1418 de l978 expedido por el Presidente de la República, se refiere a los procedimientos sobre validaciones y evaluaciones para la admisión y transferencia de alumnos. Este decreto, define el concepto de validación en su artículo 1o. y dice que "es aquel procedimiento mediante el cual una persona demuestra que ha alcanzado el dominio de los conocimientos, habilidades y destrezas de una asignatura o del conjunto de asignaturas comprendidas en un grado en los niveles y modalidades de educación básica secundaria y medio-vocacional sin necesidad de comprobar su asistencia a clases regulares". Define que las evaluaciones se harán de manera individualizada, y señala que los aspectos evaluables mediante la validación son los conocimientos teóricos o prácticos, las habilidades y destrezas, y los valores y actitudes. También hace referencia a la forma como se realizan las validaciones, cuáles son los aspectos evaluables mediante validación, quiénes pueden validar un grado completo y cuáles son las condiciones para realizarla; quiénes tienen derecho a validar grados completos mediante evaluación ante el ICFES; cuáles son los establecimientos autorizados para efectuar dichas validaciones; quiénes tienen derecho de presentar validaciones del Bachillerato ante el ICFES; casos en los cuales los planteles oficiales pueden autorizar mediante resolución la validación de asignaturas aisladas; qué se entiende y cómo  pueden efectuarse las transferencias; cuáles son los requisitos que deben llenar los planteles para efectuar las validaciones y admisiones y las obligaciones que tienen los establecimientos oficiales de realizar las evaluaciones de que trata el Decreto comentado. El artículo 7o. señala las personas que tienen derecho a validar grados completos mediante evaluación ante el ICFES, y otorgan ese Derecho a las personas mayores de 18 años que hayan suspendido sus estudios regulares por un lapso de 2 años o más de acuerdo con las normas existentes y, a las personas que se encuentren cursando estudios en cualquier grado, ya sea media vocacional o básica secundaria, con base en certificados comprobados como falsos, apócrifos, adulterados etc, previa suspensión de los estudios que esté cursando. Por último el artículo 27 previene que: "El Ministerio de Educación Nacional resolverá sobre los asuntos sometidos a la aplicación de este decreto y sobre los casos de promoción irregular y otros no contemplados en el mismo". b. Decreto 1964 de l987 El Decreto 1964 de octubre 16 de l987, expedido por el Presidente de la República, estableció los procedimientos para la validación de estudios, la transferencia de los alumnos y deroga los decretos 1418 de l978 y 1571 de l983. Desarrolla la definición de validación como un procedimiento por medio del cual una persona demuestra que ha alcanzado el dominio de conocimientos, habilidades y destrezas de las asignaturas y áreas en los períodos, grados o niveles de educación básica primaria, básica secundaria o media vocacional sin necesidad de probar su asistencia a clases regulares. Pueden validar un grado completo las personas menores de 18 años, o las que siendo mayores, estén cursando el bachillerato o hayan dejado de estudiar por un término menor de 2 años cuando cumplan ciertas condiciones que el decreto define. El artículo 3o. de este decreto dispone que podrán validar asignaturas, áreas, períodos, grados o niveles, quienes por cambio de planes oficiales de estudio, de modalidad, de calendario o por haber cursado estudios formales, estén contemplados dentro de los siguientes motivos: "1... 2 .Validación de grados. ... c) Quienes se encuentren cursando estudios de cualquier grado de educación básica secundaria o medio vocacional con base en certificados que no son legales ni pueden acreditarse como tales..." c. Decreto 1450 de l988 dictado por el señor Presidente de la República. El Decreto 1450 de l988  adiciona el decreto 1964 de l987 y establece que la edad mínima establecida en este último Decreto es obligatoria para presentar por primera vez el examen de validación en cualquiera de los grados. Una vez se apruebe el grado validado podrá continuarse con los siguientes sin requisito de edad. Las personas que con anterioridad del decreto 1964 de l987 iniciaron la validación de los cursos completos ante los colegios oficiales señalados para tal fin, se les aceptará las validaciones y continuarán siendo válidas las autorizaciones expedidas por el Ministerio de Educación Nacional hasta el año de l987. En relación con los colegios que sean intervenidos por el Ministerio de Educación por investigaciones administrativas, los casos de transferencia y expedición del título de Bachiller de los estudiantes provenientes de ellos, serán legalizados mediante pruebas de validación en colegios oficiales, previa autorización de la Dirección General de Administración e Inspección Educativa o de la Dirección General de Ordenamiento y Coordinación de la Educación Regional en la estructura que está señalada en la ley 24 de l988. d. Decreto  1196 de 1992, expedido  por el señor Presidente de la República. Reglamenta parcialmente el artículo 20 del Decreto Ley 81 de 1980, en relación con los sistemas de validación para los programas de educación básica primaria, secundaria y media vocacional. Dispone en su artículo 3o que los programas de validación de grados y ciclos de educación básica secundaria y media vocacional se ofrecen a quienes se encuentren entre otras, en la siguiente situación: "...a) Quienes hayan cursado estudios en establecimientos educativos no aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, en colegios intervenidos por autoridades educativas competentes, en colegios que hayan desaparecido o se hayan perdido los archivos..." 3. Improcedencia de esta acción de tutela por existir otros medios de defensa judiciales. Los juzgados, Cuarenta y Cinco Civil Municipal de Santafé de Bogotá y Veintiuno Civil del Circuito de este mismo Distrito Capital, negaron la tutela incoada por Ernesto Rocha Rodríguez, aduciendo la existencia de otros mecanismos de defensa judiciales, con base en lo señalado en el numeral 1o. del artículo 6o. del decreto 2591 de l991. En efecto, señala este artículo en su numeral primero: La acción de tutela no procederá "Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales..." En este sentido, el demandante Ernesto Rocha Rodríguez tenía otro medio de defensa judicial para reclamar su derecho, que consistía en acudir ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa e instaurar la acción de nulidad y la acción de restablecimiento del derecho señalada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de l984), para la época en que se sucedieron los hechos; acción a través de la cual se ha podido dejar sin vigencia el acto administrativo emitido por el Ministerio de Educación Nacional el cual le ordenó la validación de los cursos 10o. y 11o., nulidad que al decretarse, volvería las cosas al estado anterior, es decir, tendría latente el peticionario la expectativa de recibir su título de bachiller debidamente refrendado por la Secretaría de Educación.  Y porque según él reunía  todos  los  requisitos  legales   para hacerse acreedor  al  título de bachiller en un colegio que para aquella ocasión gozaba del visto bueno y de la refrendación oficial del Gobierno Nacional a través del Ministerio del ramo; pero además concomitantemente con la mencionada acción, también podía el accionante de tutela haber solicitado la suspensión provisional del acto administrativo cuestionado que le negó, según él, su derecho adquirido a obtener el registro de su título de bachiller. Petición más rápida y mucho más expedita porque prevenía al Ministerio del error en que presuntamente había incurrido y a la vez, esta agencia oficial podía igualmente subsanar su error culminando en esta forma el proceso iniciado por sustracción de materia. Este mecanismo de defensa prestaba en forma apremiante la eficacia que en ese momento se requería, puesto que era el camino que ofrecía mayor agilidad y se desarrollaba con el fín de proteger el derecho que se le estaba vulnerado. De otro lado observa esta Corte, con base en las pruebas que fueron aportadas por el demandante y que acompaña a la demanda, que el derecho a obtener el título de bachiller no está debidamente establecido o aclarado, dado que, de acuerdo con las investigaciones que realizó la Comisión Mixta integrada por el Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Distrital,  los  sellos  y firmas de las directivas del Centro Educacional (rector y secretario), no correspondían a las registradas en los libros de la Secretaría de Educación, y además de estas anomalías existían otras que permiten concluir que los certificados expedidos por la susodicha Institución no conducen a que se vea con diafanidad la vulneración  del derecho pretendido. Con el fin de buscar una mayor transparencia sobre la petición de tutela, esta Corporación solicitó al demandante que allegara los certificados de 1o. a 4o. de bachillerato, los cuales hasta la fecha de estas conclusiones no se han recibido. Luego no está plenamente determinado el derecho reclamado por parte del demandante Ernesto Rocha Rodríguez, porque si bien se aceptara que cursó y aprobó los años 10o. y 11o., no ha sido capaz de aportar los certificados en cuestión y en consecuencia la Corte no ve nítido, cierto y exigible el derecho reclamado. De todos modos al demandante le queda la alternativa que las autoridades educativas le han dado, consistente  en someterse a la validación de los años 10° y 11°, hecho lo cual quedaría superado el impase para la legalización de su título de bachiller. Por último ha de decirse, que los hechos que originaron la presente acción de tutela acaecieron en la vigencia de la Constitución anterior y con mucha anticipación a la actual Carta,  los cuales en consecuencia asumen la relevancia de consumados frente a esta última. En este  sentido ya se pronunció esta Corporación en sentencia de tutela No. 492 de 12 de agosto de 1992,  Sala de Revisión No. 3,  con ponencia del H. Magistrado doctor José Gregorio Hernández Galindo. El demandante, además, como se dijo, omitió el ejercicio oportuno de las acciones correspondientes con arreglo al Código Contencioso Administrativo. Por lo anteriormente dicho, se confirmarán las sentencias objeto de revisión. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A : Primero:    Confírmase la sentencia del Juzgado 21 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. de 30 de abril de 1992, por la cual se confirmó el fallo del Juzgado 45 Civil Municipal de la misma ciudad. Segundo:   Comuníquese al Juzgado 45 Civil Municipal de Santafé de Bogotá, D.C. la presente decisión, con entrega de su texto, para que sea notificado a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Tercero:     Comuníquese, con entrega del texto de la sentencia, al Juzgado 21 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C.. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente JAIME SANIN GREIFFENSTEIN       CIRO ANGARITA BARON Magistrado                       Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 José González y Germán Marquínez, Educación para el Cambio, Pág. 19, Editorial el Buho,  l989.). 2 Se menciona este Decreto, aunque derogado por el Decreto 1964 de 1987, porque cobija los hechos de la demanda de tutela.

T-540-92 Sentencia No Sentencia No. T-540/92 DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Alcance/SERVICIOS PUBLICOS-Prestación La vinculación sugerida por los peticionarios entre el derecho al debido proceso administrativo y los derechos de participación de los usuarios y consumidores en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios públicos, no existe actualmente. Una vulneración del debido proceso administrativo en esta materia sólo será posible cuando la ley, en el futuro, regule mecanismos imperativos que condicionen la adopción de medidas sobre la prestación de servicios públicos a la intervención efectiva de la comunidad a través de organizaciones de consumidores y usuarios. Mientras ello no suceda, los reclamos ciudadanos en torno a las medidas y políticas adoptadas por las entidades respectivas, sólo podrán ser objeto de acción de tutela si se configura con el acto u omisión de la autoridad pública o del particular encargado de dicha tarea una vulneración o amenaza de otro derecho fundamental diferente al debido proceso. EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS-Relación con el usuario La relación jurídica entre el usuario y las empresas de servicios públicos domiciliarios es, en algunos aspectos y respecto de ciertos servicios, una relación legal y reglamentaria, estrictamente objetiva, que se concreta en un derecho a la prestación legal del servicio en los términos precisos de su reglamentación, sin que se excluya la aplicación de normas de derecho privado en materias no reguladas por la ley. No es entonces exótico que la relación jurídica entre usuario y empresa de servicios públicos sea simultáneamente estatutaria y contractual. En materia de servicios públicos domiciliarios, por el contrario, esta es la regla general, debido a que su prestación involucra derechos constitucionales - salud, educación, seguridad social, etc. - y su reglamentación administrativa obedece a intereses públicos determinados, quedando reservada su gestión, control y vigilancia a los organismos del Estado. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/FUNCION ADMINISTRATIVA-Eficacia No encuentra esta Corporación motivos suficientes que permitan deducir la vulneración de los derechos fundamentales de los petentes como consecuencia de la decisión de facturar y cobrar conjuntamente servicios públicos por parte de las empresas encargadas de su prestación. La técnica de cobro simultáneo de tarifas, siempre que ella no comporte una prestación más gravosa para el ciudadano al momento de presentar reclamos, cancelar individualmente los servicios, etc., no viola la Constitución. Por el contrario, la decisión de hacer más eficiente y efectivo el cobro de tales servicios, es consistente con el artículo 209 de la Constitución, el cual establece el principio de eficacia de la función administrativa, a la vez que redunda en beneficio de la propia comunidad. SEPTIEMBRE 24 DE 1992 REF: Expediente T-3126 Actor: MOISES TARUD HAZBUN Y ROGER PEREZ PACHECHO Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-3126 adelantado por los señores MOISES TARUD HAZBUN y ROGER PEREZ PACHECHO contra la ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. y la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A. ANTECEDENTES 1. La ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO (ELECTRANTA), sociedad anónima de economía mixta, entidad descentralizada indirecta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía, con participación pública mayor al 90% en su capital social, suscribió un convenio con la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA (A.A.A.), sociedad comercial anónima de economía mixta del orden municipal, (85% de capital público) vinculada al municipio de Barranquilla, con el objeto de realizar "la facturación conjunta de los servicios de Energía y Aseo en la ciudad de Barranquilla". Igualmente, acordaron que ese convenio podría extenderse a la facturación de Acueducto y Alcantarillado, previo acuerdo adicional entre las partes. Como fundamento legal del mencionado convenio se invocaron por las entidades encargadas de la prestación de servicios públicos el Decreto 196 de 1989 (art. 15), el Decreto 1842 de 1991 (art.14) y las Resoluciones 033 del 1o. de junio de 1990 y 202 del 11 de octubre de 1991. 2. Los señores MOISES TARUD HAZBUN y ROGER PEREZ PACHECO,  interpusieron acción de tutela, "a fin de que sean suspendidos los efectos presentes y futuros del convenio surtido entre la "SOCIEDAD DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A." y la "ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A.". Invocaron como vulnerado el derecho al debido proceso administrativo (CP art. 29), e implícitamente los derechos de los usuarios o consumidores (CP art. 78). De otra parte, advierten que el mencionado convenio desvirtúa el fin esencial del Estado de facilitar la participación de todos en las decisiones que les afectan (CP art. 2). 3. En su solicitud, los petentes afirman que los usuarios de los servicios públicos domiciliarios tienen el carácter de partes del contrato en virtud del cual se les suministra esos servicios. Consiguientemente, anotan, el principio contractual de bilateralidad hace imperiosa la intervención de los usuarios en la adopción de cualquier acto o decisión que modifique los términos del contrato. Igualmente, observan que la facturación conjunta impone mayores cargas a los usuarios, especialmente al momento de tramitar reclamos y en el evento del incumplimiento en el pago de uno de los servicios. En su criterio: "La facturación conjunta crea traumas innecesarios al usuario: así, por vías del ejemplo, si la facturación del agua por yerro de la "TRIPLE A" es excesivo y el consumidor no puede sufragar su importe, tampoco podrá cancelar la luz y por este hecho sufre el corte, pues el no pago de uno de sus rubros obliga al no pago de los otros. El trasteo de una empresa a la otra y las interminables colas para solucionar el error hacen que el ciudadano además de perder la paciencia, pierda también su tiempo y su dinero. Y como en este Departamento estamos bajo el régimen dictatorial de los funcionarios responsables de la prestación de los servicios públicos, no hay derecho que valga ni reclamo resuelto pronto y eficazmente". 4. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Unitaria de Decisión denegó la tutela solicitada mediante fallo del 2 de abril de 1992. Según el fallador el convenio inter-administrativo celebrado entre ELECTRANTA y A.A.A. se encuentra sometido a las normas de contratación administrativa y, por lo tanto, los petentes disponían de las acciones propias de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Adicionalmente, a su juicio, los derechos involucrados son de rango legal, y no pueden ser objeto de la acción de tutela (Decreto 2591 de 1991). Los petentes TARUD HAZBUN y PEREZ PACHECO impugnaron la anterior providencia alegando que el convenio violaba el derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica (CP art. 14), íntimamente ligado al principio de "la primacía de los derechos inalienables de la persona" (CP art. 5). Consideran que para hacer efectiva la individualidad de cada persona y conceder el debido respeto al reconocimiento de su personalidad jurídica, ese tipo de contratos de adhesión deben prever la participación de los usuarios para el caso de que se pretenda modificar sus cláusulas. 5. Mediante providencia del 29 de mayo de 1992, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión impugnada. En su concepto, "como el acto contra el cual se formula la acción de tutela (convenio), es de carácter general, impersonal y abstracto y, en el evento de lesionar un derecho tendrá el afectado otros medios de defensa judicial a su disposición para proteger el derecho conculcado, la impugnación  formulada se decidirá negativamente". Igualmente, la Corte Suprema de Justicia insistió en la improcedencia de la acción de tutela por existir otros medios de defensa judicial. Al respecto afirmó: "(...) no comparte la Sala los argumentos expuestos por los impugnantes frente a la inexistencia de otros medios defensivos para tutelar el derecho pregonado como transgredido (debido proceso), por cuanto la ley no sólo contempla acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, en la jurisdicción contencioso administrativa, sino también medios procesales de alcance inmediato (suspensión provisional y suspensión automática) a efecto de impedir que actos contrarios al ordenamiento jurídico subsistan en el tiempo". 6. Notificada la providencia de segunda instancia, el expediente de tutela fue remitido a esta Corporación para su eventual revisión y, habiendo sido seleccionado, correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Concepto de la violación según los accionantes 1. Los accionantes, señores MOISES TARUD HAZBUN y ROGER PEREZ PACHECHO, aducen la vulneración del derecho al debido proceso administrativo (CP art. 29) por parte de las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de servicios públicos (ELECTRANTA y A.A.A.), las cuales convinieron la facturación y cobro conjunto de los servicios de energía y aseo en la ciudad de Barranquilla, con la posibilidad de ampliarla a los servicios de agua y alcantarillado, sin la participación de los usuarios de los mismos. Alcance del derecho al debido proceso administrativo 2. El artículo 29 de la Constitución Política consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Esta garantía procesal reconocida a la persona tiene como finalidad que ella no pueda resultar sancionada o perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse. La actuación administrativa que concluye en la adopción de un mecanismo o técnica para la facturación y cobro conjunto de servicios públicos no constituye un acto sancionatorio ni desconoce per se  los derechos subjetivos de la persona. La vinculación sugerida por los peticionarios entre el derecho al debido proceso administrativo y los derechos de participación de los usuarios y consumidores en la toma de decisiones sobre la prestación de servicios públicos, no existe actualmente. Una vulneración del debido proceso administrativo en esta materia sólo será posible cuando la ley, en el futuro, regule mecanismos imperativos que condicionen la adopción de medidas sobre la prestación de servicios públicos a la intervención efectiva de la comunidad a través de organizaciones de consumidores y usuarios (CP art. 78). Mientras ello no suceda, los reclamos ciudadanos en torno a las medidas y políticas adoptadas por las entidades respectivas, sólo podrán ser objeto de acción de tutela si se configura con el acto u omisión de la autoridad pública o del particular encargado de dicha tarea una vulneración o amenaza de otro derecho fundamental diferente al debido proceso. Ahora bien, la trascendencia de los servicios públicos - por su incidencia en la vida de millones de ciudadanos - hace imperativo que esta Corte se pronuncie sobre su contenido y alcance constitucional, particularmente bajo la perspectiva de los derechos de participación ciudadana, expresión directa del principio político de democracia participativa. Noción de servicio público 3. Los servicios públicos no pueden verse como una pesada carga que recae sobre el Estado burocrático sino como un logro conceptual y jurídico de los ciudadanos en su propio beneficio. La noción de servicio público expresa una transformación política que se traduce en la subordinación de los gobernantes a los gobernados. La relación individuo-Estado no es, por tanto, la de vasallo o súbdito y monarca sino la de ciudadano-servidores públicos. El contenido filosófico-político de la noción de servicio público trasciende las diversas posiciones ideológicas abstencionistas, intervencionistas o neoliberales. Dicho contenido refleja una conquista democrática que se traduce en una teoría del Estado cuyo cometido esencial es el cubrimiento de las necesidades básicas insatisfechas de toda la población y el aseguramiento de un mínimo material para la existencia digna de la persona. Los servicios públicos son el medio por el cual el Estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes constitucionales (CP art. 2). El sentido y razón de ser de los poderes constituidos es el servicio a la comunidad,  la satisfacción de sus necesidades y la protección de los derechos individuales de sus miembros. Servicios públicos, Estado social de derecho y principio de solidaridad 4. El Estado social y democrático de derecho tiene una concreción técnica en la noción de servicio público. El Constituyente al acoger esta forma de organización político-social elevó a deber constitucional del Estado suministrar prestaciones a la colectividad. La naturaleza social y democrática del Estado considera a cada ciudadano como un fin en sí mismo, en razon de su dignidad humana y de su derecho a la realización personal dentro de un proyecto comunitario que propugna por la igualdad real de todos los miembros de la sociedad. Por lo tanto, la administración está sujeta a un concepto evolutivo de mayores prestaciones y mejores servicios al público, según las cambiantes necesidades y la complejidad del mundo moderno. La idea de servicio público es el medio para avanzar rápidamente al Estado social y democrático de derecho, en forma pacífica y sin traumas para los grupos de interés que detentan posiciones de ventaja respecto de los sectores mayoritarios de la sociedad con necesidades insatisfechas. La legitimidad del Estado depende del cumplimiento de sus deberes sociales y de la eficacia de la gestión pública. La población es sensible a la efectiva realización de los fines esenciales del Estado, en particular porque sobre ella pesa la carga del régimen impositivo. La corrupción y el fraude generalizados hacen que el ciudadano perciba la presencia del Estado como una carga insoportable y pueden conducir a su destrucción o al desmonte de las prestaciones sociales a su cargo. Por ello los servicios públicos deben mantener un nivel de eficiencia aceptable para dar respuesta a las necesidades sociales, sin perjuicio del principio de la solidaridad social. Los servicios públicos como instancia y técnica de legitimación no son fruto de la decisión discrecional del poder público sino aplicación concreta del principio fundamental de la solidaridad social (CP arts. 1 y 2). A través de la noción de servicio público el Estado tiene el principal instrumento para alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva. Su prestación comporta una transferencia de bienes económicos y sociales con base en el principio de justicia redistributiva que, mediante el pago discriminado de los servicios públicos según estratos y en función de la capacidad económica del usuario, permite un cubrimiento a sectores marginados que, en otras circunstancias, no tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico. De esta forma se garantizan las condiciones materiales para el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) y para la consecución de una igualdad real y efectiva (CP art. 13) de toda la población. Servicios públicos y democracia participativa 5. La participación del usuario en la gestión y fiscalización de los servicios públicos permite al individuo experimentar personalmente  las ventajas de su pertenencia al Estado social de derecho. En la práctica, sin embargo, la posición del ciudadano en la gestión de los servicios públicos deja mucho que desear. Históricamente ha primado una visión despótica del Estado que excluye a los particulares de participar en las decisiones que afectan su vida diaria. La instauración que una democracia participativa debe poner fin a esta situación. No obstante, no basta para asegurar la participación ciudadana, la mera consagración positiva de derechos constitucionales sino que, además, es necesario un desarrollo legislativo que involucre un sistema eficaz de recursos ágiles y sumarios y de mecanismos de participación efectiva. La democracia participativa como principio, finalidad y forma de gobierno (CP Preámbulo, arts. 1 y 2) exige la intervención de los ciudadanos en todas las actividades confiadas a los gobernantes para garantizar la satisfacción de las necesidades crecientes de la población. Sin la participación activa de los ciudadanos en el gobierno de los propios asuntos, el Estado se expone a una pérdida irrecuperable de legitimidad como consecuencia de su inactividad frente a las cambiantes y particulares necesidades de los diferentes sectores de la sociedad. Para hacer realidad el fin esencial de Estado de "facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación" (CP art. 2), el Constituyente previó la posibilidad de que la ciudadanía participe, a través de organizaciones representativas de usuarios y consumidores, en el proceso legislativo de regulación de los servicios públicos (CP art. 78), así como en la gestión y fiscalización de las empresas estatales encargadas de su prestación (CP arts. 369 y 48 transitorio). La Constitución no consagra un derecho fundamental a participar en la toma de decisiones administrativas en materia de servicios públicos. Corresponde al legislador consagrar tales derechos y desarrollar los mecanismos de participación de conformidad con el marco constitucional que regula la materia. Regulación constitucional y legal de los servicios públicos 6. La Constitución define los servicios públicos como inherentes a la finalidad social del Estado e impone a éste el deber de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional (CP art. 365). El constituyente optó por reservar al legislador la regulación de la prestación de los servicios públicos (CP art. 150-23), no sin antes garantizar la participación de las organizaciones de usuarios o consumidores en la materia (CP arts. 78, 334, 365, 367, 369 y 48 transitorio) y confiar a los concejos la reglamentación de las funciones y la eficiente prestación de los servicios a cargo del municipio (CP art. 313-1). De tal forma, se pretendió conciliar la flexibilidad de los mecanismos para la prestación de los servicios públicos con la descentralización y la participación ciudadana, en un área de la actividad estatal que afecta directamente la vida cotidiana de todas las personas. Al respecto, el constituyente expresó: "Introducir en la Carta Constitucional materias que son susceptibles de un desarrollo legislativo detallado, puede crear en el tema que nos ocupa, una camisa de fuerza que impida el desarrollo mismo de los distintos servicios públicos o la ausencia de normatividad en otros servicios que, por su misma naturaleza, requieren de un tratamiento especial. De acuerdo a lo expresado anteriormente, se deja a la ley el desarrollo de los mandatos constitucionales, atendiendo la naturaleza y características de cada uno de los servicios públicos, las dificultades que se presentan entre las empresas y los usuarios, los elementos propios de cada uno de ellos que, inciden en la fijación de las tarifas o en su actualización, etc,. "En los demás servicios (diferentes a la fuerza pública y la administración de justicia) se prevé la participación de los particulares o de las comunidades organizadas en su prestación. Con ello se consagran alternativas distintas a la puramente estatal en su organización y atención, procurando crear condiciones de competencia que, en últimas, conlleven el mejoramiento en el manejo de los recurso y, por ende, en la calidad de los servicios entregados a la comunidad"1 . El Estado está dotado de variados medios de intervención en el campo de los servicios públicos: la nacionalización de determinadas actividades estratégicas o servicios públicos por razones de soberanía o de interés social (CP art. 365); la prioridad del gasto público social para la solución de las necesidades básicas insatisfechas (CP art. 366); el otorgamiento de subsidios presupuestales a personas de menores ingresos para el pago de las tarifas de los servicios públicos domiciliarios (CP art. 368); el reconocimiento de los derechos de participación ciudadana y municipal en la gestión y fiscalización de los empresas estatales que prestan servicios públicos (CP art. 369) y, el ejercicio del control, la inspección y la vigiliancia de los mismos por parte del Presidente de la República, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (CP art. 370). Relación jurídica entre los consumidores o usuarios y las entidades encargadas de la prestación de servicios públicos 7. Los peticionarios sostienen la existencia de una relación contractual de derecho privado entre los usuarios de servicios públicos y las empresas encargadas de su prestación. En particular afirman que se trata de un contrato de suministro con las características de los contratos de adhesión. La naturaleza jurídica de las relaciones entre los usuarios de servicios públicos y las empresas encargadas de su prestación no es un tema pacífico en la doctrina. Por un lado, la tesis privatista, anteriormente vinculada a la distinción de actos de autoridad y actos de gestión de la administración, hoy en auge en razón del movimiento que favorece la privatización de empresas de servicios públicos, postula la aplicación del derecho privado a muchas prestaciones administrativas, en especial las desempeñadas por concesionarios. La tesis de la naturaleza jurídico-pública, de otra parte, sostenida por la doctrina alemana, señala que invariablemente la actividad inherente a todos los servicios públicos no es contractual, sino reglamentaria. Se busca enfatizar la prevalencia de la seguridad jurídica sobre las ventajas individuales de la contratación privada en atención a que la prestación de servicios es una actividad dirigida a la realización del interés público. Ninguna posición unilateral, sin embargo, ha logrado responder cabalmente a las características de los diversos servicios públicos. La relación jurídica entre el usuario y las empresas de servicios públicos domiciliarios es, en algunos aspectos y respecto de ciertos servicios, una relación legal y reglamentaria, estrictamente objetiva, que se concreta en un derecho a la prestación legal del servicio en los términos precisos de su reglamentación, sin que se excluya la aplicación de normas de derecho privado en materias no reguladas por la ley. La variedad de los servicios públicos  - esenciales (CP arts. 56, 366), sociales (CP arts. 46, 48, 64), domiciliarios (CP arts. 367 y ss), comerciales o industriales (CP art. 64) y las variadas modalidades de su prestación - directamente por el Estado o a través de comunidades organizadas o particulares - son criterios que sumados a la decisión del legislador permiten determinar el derecho aplicable en cada caso. La clásica exigencia de someter los servicios públicos a las reglas exorbitantes del derecho público con miras a mantener las prerrogativas del Estado ha perdido vigencia frente a su prestación creciente a través de concesionarios y la superación de la antinomia entre rentabilidad, eficacia y cubrimiento del servicio. La situación jurídica del usuario en parte es contractual y en parte reglamentaria, según lo establezca el propio legislador (CP art. 365). Esta regulación es  más intensa y abarca mayor número de aspectos de las relaciones entre el Estado y los usuarios cuando el servicio asume un carácter acentúadamente más administrativo y se presta directamente por el Estado. Al contrario, tratándose de servicios públicos prestados por particulares, los aspectos o problemas no previstos en la reglamentación administrativa, salvo si de su naturaleza se deduce lo contrario, deben resolverse aplicando criterios contractualistas, más afines a las actividades desarrolladas por los concesionarios de un servicio público. No es entonces exótico que la relación jurídica entre usuario y empresa de servicios públicos sea simultáneamente estatutaria y contractual. En materia de servicios públicos domiciliarios, por el contrario, esta es la regla general, debido a que su prestación involucra derechos constitucionales - salud, educación, seguridad social, etc. - y su reglamentación administrativa obedece a intereses públicos determinados, quedando reservada su gestión, control y vigilancia a los organismos del Estado. Bajo esta óptica le asiste parcialmente razón a los accionantes en el sentido de equiparar la relación usuario-empresa de servicios de energía eléctrica y  aseo a un contrato de suministro regulado por las normas del derecho privado. Sin embargo, tratándose de decisiones de la administración o el concesionario de un servicio público sobre la técnica de cobro de las tarifas, existe reglamentación legal que en principio sustrae en este preciso aspecto la aplicación de normas civiles o comerciales y cuya constitucionalidad depende primariamente del respeto a los derechos constitucionales de los usuarios. En efecto, el Estatuto Nacional de usuarios de los servicios públicos domiciliarios regula la posibilidad de cobro conjunto de servicios en desarrollo de acuerdos institucionales entre las diversas empresas prestatarias (Decreto 1842 de 1991, art. 14). Es claro, entonces, que la formulación conjunta de cuentas de cobro de servicios públicos domiciliarios por parte de las respectivas empresas, encuentra respaldo en la ley que regula esta posibilidad, sin que la decisión administrativa correspondiente vulnere por sí misma derechos constitucionales fundamentales de los usuarios, salvo que ello se demuestre por parte del interesado. Principio de eficacia de la administración y derechos de participación ciudadana 8. En concepto de los petentes, la decisión de las empresas de servicios públicos (ELECTRANTA y A.A.A.) de facturar y cobrar conjuntamente los servicios de energía y aseo vulnera el derecho fundamental al debido proceso, en el cual comprenden - según su criterio - el derecho a participar en las decisiones de la administración que afectan su vida económica y la de la comunidad.  Una de las razones expuestas para sustentar su aserto se refiere al caso eventual de un reclamo por parte de un usuario relativo a un servicio específico que lo expondría a la virtual suspensión de los demás servicios incluidos en el cobro conjunto. Sobre el particular, el convenio se encarga de eliminar, en teoría, este tipo de perjuicios: "Los recibos contendrán dos (2) cupones separables del cuerpo principal, cada uno de los cuales registrará el valor a pagar a favor de cada entidad, de tal manera que se facilite el manejo individual e independiente de cada servicio en relación con los usuarios". No encuentra esta Corporación motivos suficientes que permitan deducir la vulneración de los derechos fundamentales de los petentes como consecuencia de la decisión de facturar y cobrar conjuntamente servicios públicos por parte de las empresas encargadas de su prestación. La técnica de cobro simultáneo de tarifas, siempre que ella no comporte una prestación más gravosa para el ciudadano al momento de presentar reclamos, cancelar individualmente los servicios, etc., no viola la Constitución. Por el contrario, la decisión de hacer más eficiente y efectivo el cobro de tales servicios, a través del medio escogido, es consistente con el artículo 209 de la Constitución, el cual establece el principio de eficacia de la función administrativa, a la vez que redunda en beneficio de la propia comunidad. Precisamente, en atención al indicado principio de eficacia, el convenio suscrito entre la ELECTRIFICADORA DEL ATLANTICO S.A. y la SOCIEDAD DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BARRANQUILLA S.A., perdería sustento constitucional si en la práctica se revelase más gravoso para los usuarios que el anterior sistema del cobro separado. En todo caso, las entidades públicas o privadas a las cuales les ha sido confiada la prestación de un servicio público deben respetar y facilitar la utilización de los mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan a los usuarios, quienes a su vez pueden ejercer las acciones jurídicas a su favor en defensa de sus derechos fundamentales y legales. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 29 de mayo de 1992, proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, confirmatoria del fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Unitaria de Decisión, sin perjuicio de lo que se dispone en el numeral octavo de los fundamentos jurídicos. SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de septiembre de mil novecientos noventa y dos). 1 Ponencia sobre servicios públicos presentada por Eduardo Verano de la Rosa. Asamblea Nacional Constituyente. G.C. No. 51, p. 17.

T-542-92 Sentencia No _Sentencia No. T-542/92 DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD-Alcance/DERECHO DE ASOCIACION El concepto de autonomía de la personalidad comprende toda decisión que incida en la evolución de la persona en las etapas de la vida en las cuales tiene elementos de juicio suficientes para tomarla. Su finalidad es comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo, no garantizados en forma especial por otros derechos, de tal manera que la persona goce de una protección constitucional para tomar, sin intromisiones ni presiones, las decisiones que estime importantes en su propia vida. Es aquí donde se manifiesta el derecho de opción y es deber de las personas respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. Una de las manifestaciones de este derecho es el derecho de asociación pues toda persona puede optar por asociarse o no asociarse y en esa medida lograr los fines de su desarrollo en sociedad. La asociación puede ser permanente o transitoria; que implique renuncia de otras actividades o sea complemento de éstas. Pero si se asocia tiene que respetar y acogerse a las reglas que rigen el funcionamiento de la colectividad. REF.: EXPEDIENTE Nº 3156 Peticionario: Teresa de Jesús Sandoval Santamaría. Procedencia: Juzgado 2º Penal del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá). Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., veinticinco (25) de septiembre de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-3156, adelantado por Teresa de Jesús Sandoval Santamaría. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 25 de junio del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión. 1. SOLICITUD. La accionante impetró acción de tutela ante el Juez 2º Penal del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá) contra actos de el sacerdote católico Marco Antonio Peña Salinas como Prior del Convento Dominicano de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, -Padres Dominicos-, que se originó en los siguientes hechos: El sacerdote dominico Eriberto Santamaría Puerto es tío de la accionante y se encuentra domiciliado en el convento antes mencionado. La señora Sandoval Santamaría denuncia la conducta del particular acusado, en el sentido de que éste no le permite el ingreso al convento para visitar a su tío que se encuentra enfermo, y teme por su salud debido a su avanzada edad. La peticionaria considera que los actos acusados violan los artículos 16 -libre desarrollo de la personalidad- y 24- derecho a la locomoción-, de la Carta Política. 2. Fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Chiquinquirá -Boyacá (Providencia de Mayo 20 de 1992). Estima el Juez 2º Penal del Circuito, que el domicilio de las personas es aquel donde habitan, en el caso de los religiosos su convento, por tanto se le halla razón al Prior del Convento al pedir autorización para poder ingresar al mismo, ya que se trata de la casa de los religiosos. En el fallo se afirma que no aparece prueba alguna que permita suponer que se le haya impedido el ingreso de la señora Sandoval Santamaría al Convento, sólo que lo debe hacer con el concurso del Director del Convento, cuestión esta por demás legal. Añade el juzgador, que por percepción directa -diligencia de inspección judicial-, se pudo comprobar como el padre Santamaría se encuentra bajo el cuidado médico y de los religiosos por su avanzado estado de edad; pero es éste religioso quien manifiesta que si ha sido objeto de visitas. Tomando en consideración lo anterior se denegó la solicitud de tutela. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado 2º Penal del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá), con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Del derecho al libre desarrollo de la personalidad. 2.1. Consideraciones generales. La facultad de una persona de tomar sus decisiones de manera libre y según su propia conciencia es, junto con la dignidad humana (CP Artículo 1º), uno de los principios más importantes del constitucionalismo moderno humanista. Sólo un ordenamiento jurídico que garantice a la persona la facultad de desarrollarse libre y autónomamente puede ser tenido como un régimen verdaderamente democrático. El derecho al libre desarrollo de la personalidad tiene origen en la Declaración Universal de Derechos Humanos (Adaptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), del 10 de diciembre de 1948), que en su artículo 22 consagrada: "Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad" (negrillas no originales). Sobre el derecho a la autonomía personal, en el informe ponencia para primer debate en plenaria en la Asamblea Nacional Constituyente, se estableció: "En la época actual, el desarrollo de la personalidad no sólo tiene trabas y obstáculos que se conocieron en otros tiempos, sino que el individuo pretende ser condicionado  a través de sofisticados medios tecnológicos que han permitido a algunos sociólogos identificar el fenómeno como de alienación. Tal circunstancia llevó a los miembros de la Comisión Primera a consagrar el derecho a la autonomía personal, sin otras limitaciones que las que imponen el respeto a los derechos de los demás y al orden jurídico. El riesgo de manipulación cultural, no deja de ser una de las graves amenazas para que el individuo  desenvuelva cabalmente sus potencialidades intelectivas, y tal es el sentido del artículo que se propone introducir en la Constitución nacional"1 . El artículo 16 de la Constitución Política establece: "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico". El artículo parte del principio material según el cual se debe respetar el criterio de la persona sobre la mejor manera de vivir de acuerdo con el sentido de la propia dignidad, pero sin causar daño a otros o irrespetar el ordenamiento jurídico. Como anota Montaigne,..."Lo más importante del mundo es saber pertenecer a sí mismo"2 . La persona tiene la facultad constitucional de tomar, sin interferencias, decisiones que son desarrollo para el desenvolvimiento de su vida. El concepto de autonomía de la personalidad comprende toda decisión que incida en la evolución de la persona en las etapas de la vida en las cuales tiene elementos de juicio suficientes para tomarla. La escogencia de estudios, la integración de una familia, las inclinaciones religiosas, políticas, culturales, sexuales, familiares y profesionales, son parte del desarrollo de la personalidad; como son procesos que la determinan, es la persona la única que tiene el derecho a decidir. En este sentido, las constituciones  de Alemania, España e Italia, entre otras, consagran el libre desarrollo de la personalidad como un principio que irradia la carta de derechos fundamentales. Así tenemos por ejemplo el artículo 2.1 de la Constitución alemana que establece: "Todos tienen derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad siempre que no vulneren los derechos de otro ni atenten al orden constitucional o la ley moral". Por su parte el artículo 10.1 de la Constitución española, consagra: "La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social". Y, finalmente, la Constitución italiana lo define así: "Artículo 2º. La República reconoce y garantiza los derechos inviolables del hombre, como individuo, o en el seno de las formaciones sociales donde aquél desarrolla su personalidad, y exige el cumplimiento de los deberes inderogables de solidaridad política, económica y social". En comentario al artículo mencionado, manifestó Pizzorusso: "esta garantía [se refiere al libre desarrollo de la personalidad] se concreta en el reconocimiento de una serie de derechos fundamentales que han de encabezarse con la "libertad personal" a la que se refiere el artículo 13 constitucional y que se contraponen a aquellos otros reconocibles a la libertad de opinión, por suponer un compendio de "libertades negativas" dirigidas a impedir interferencias en la esfera individual por parte de la autoridad, sobre todo, aunque también eventualmente por parte de los particulares".3 El artículo 16 de la Constitución Política de Colombia introduce por primera vez en nuestro régimen constitucional el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este derecho se predica de todas las personas naturales exclusivamente ya que las personas jurídicas se rigen por sus propios estatutos y sólo pueden desarrollar el objeto social que ellos determinan. Por otra parte, el libre desarrollo de la personalidad tiene una connotación positiva y otra negativa. El aspecto positivo de este derecho consiste en que el hombre puede en principio hacer todo lo que desee en su vida y con su vida. Y el aspecto negativo consiste en que la sociedad civil y el Estado no pueden realizar intromisiones indebidas en la vida del titular de este derecho más allá de un límite razonable que en todo caso preserve su núcleo esencial. El derecho al libre desarrollo de la personalidad también es conocido como derecho a la autonomía personal. Es un derecho de carácter "genérico y omnicomprensivo"4 cuya finalidad es comprender aquellos aspectos de la autodeterminación del individuo, no garantizados en forma especial por otros derechos, de tal manera que la persona goce de una protección constitucional para tomar, sin intromisiones ni presiones, las decisiones que estime importantes en su propia vida. Es aquí donde se manifiesta el derecho de opción y es deber de las personas respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (CP art. 95.1). El derecho al libre desarrollo de la personalidad no es un simple derecho, es un principio que irradia a todos los derechos contenidos en la Constitución, pues otorga mayor fuerza a su contenido. Debe ser por tanto considerado como principio por cuanto es orientador, integrador y crítico de las normas constitucionales. 2.2. Limitaciones al libre desarrollo de la personalidad. El derecho a la autonomía personal, al igual que los demás derechos consagrados en la Carta, no es absoluto. Esta idea la contiene el artículo 16 al consagrar :"...sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico". Estas dos limitaciones no pueden desconocer el núcleo esencial que es el mínimo vital de este derecho, siguiendo a Häberle, se denomina "contenido esencial" al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas".5 Tanto el concepto "derechos de los demás" como el de "abuso del derecho" están contenidos en la noción de  ordenamiento jurídico, expresión genérica que se refiere al conjunto de normas que comprometen el estado de derecho y deben entenderse como el conjunto de valores, principios y deberes que orientan la organización de la sociedad democrática. Una lectura del texto conduce a afirmar que la solución a los conflictos que se presenten entre el libre desarrollo de la personalidad y otros derechos, deberá solucionarse en cada caso concreto con un criterio razonable que concluya en la protección de ambos derechos. Como ya lo ha sostenido la Corte Constitucional, en Sentencia de la Sala Segunda de Revisión y que se comparte plenamente, "Para que una limitación al derecho individual al libre desarrollo de la personalidad sea legítima, y, por lo mismo no arbitraria, se requiere que goce de un fundamento jurídico constitucional. No basta que el derecho de otras personas o o la facultad de la autoridad se basen en normas jurídicas válidas, sino que en la necesaria valoración ponderativa se respete la jerarquía constitucional del derecho fundamental mencionado. En consecuencia simples invocaciones del interés general, de los deberes sociales (CP art. 15), o de los derechos ajenos de rango legal, no son suficientes para limitar el alcance de este derecho"6. 2.3. El libre desarrollo de la personalidad y el derecho de asociación. Una de las manifestaciones del derecho al libre desarrollo de la personalidad es el derecho de asociación pues toda persona puede optar por asociarse o no asociarse y en esa medida lograr los fines de su desarrollo en sociedad. así el artículo 16.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", establece: "1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole". La asociación puede ser permanente o transitoria; que implique renuncia de otras actividades o sea complemento de estas. Pero si se asocia tiene que respetar y acogerse a las reglas que rigen el funcionamiento de la colectividad. Los límites de la libertad de asociación son aquellos determinados en el artículo 16.2 de la Convención Americana, que consagra: "2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás". La relación entre ambos derechos debe estar correctamente definida porque "el respeto a uno de ellos es un requisito previo para el respeto del otro".7 3. De la acción de tutela frente a particulares. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y  establece en su inciso primero: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales". El caso que ocupa a esta Sala de Revisión está comprendido en lo establecido en el inciso final del  artículo 86 de la Constitución y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por tratarse de una acción de tutela contra una organización privada, más exactamente contra el director de la Orden de los Dominicos. El artículo 86  en su inciso segundo consagra que: "La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión" (negrillas no originales). El inciso citado del artículo 86 dispone los casos en que el particular puede ser objeto pasivo de la acción: - Cuando el particular esté encargado de un servicio público. - Cuando el particular afecte grave y directamente el interés colectivo. - Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolla  la acción de tutela, establece en el numeral 4º  que ésta procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: "4- Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada , contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización". Tanto el artículo 86 de la Constitución como el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 utilizan los términos "subordinación" e "indefensión" que  en su sentido  jurídico significan: "Subordinación": Condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella. En el derecho laboral constituye el elemento característico y el más importante del contrato de trabajo, de tal manera que cuando existe, comienza hacia  esa relación contractual  la tutela del Estado". "Indefensión": La violación del derecho de defensa y su garantía constitucional colocan a la persona en estado de indefensión. La indefensión se produce cuando una persona, sin culpa de su parte, no ha podido defenderse o defender sus derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio"8 . En el numeral 4º se protegen los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados o amenazados por una organización privada con la sola condición de la relación de subordinación o indefensión con tal organización, es decir no se condiciona al ejercicio de determinado derecho, sino que se hace referencia a una situación concreta[1]. 4. Del caso concreto. En primer término esta Sala se ocupará de analizar si la situación de la Sra. Teresa de Jesús Sandoval Santamaría se encuentra dentro de las establecidas en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. La peticionaria es sobrina del sacerdote católico Eriberto Santamaría quien pertenece a la comunidad de los padres dominicos y con el Prior Padre Marco Antonio Peña Salinas no existe como lo establece las disposiciones mencionadas, estado de indefensión ni de subordinación. De conformidad con las pruebas aportadas al proceso de tutela, no existe indefensión por cuanto las visitas han sido realizadas no sólo por la propia sobrina del sacerdote sino por personas allegadas a su familia y que deseaban conocer su estado de salud. Estas nunca fueron negadas, tan sólo la única exigencia del Director de la Orden de los Dominicos fue la de permitir el ingreso al convento previa orden, por tratarse de visitas en la zona reservada para los sacerdotes. El Padre Santamaría optó dentro de la libre escogencia de su profesión, por la vida religiosa, en especial el ingreso a la Orden de los Dominicos, lo que implica la obediencia  a sus reglamentos, y su familia por lo tanto debe respetar no sólo la decisión por él tomada, sino también debe acogerse a las disposiciones disciplinarias de la organización sacerdotal. En su derecho a la escogencia, el padre Santamaría  no ha transgredido  los derechos de su familia por cuanto sus deberes para con ellos  quedaron limitados con su decisión, ni tampoco al orden jurídico, pues la actividad de la comunidad sacerdotal no lo contraría. Si el Padre Santamaría se encuentra en uso de sus facultades, él y solamente él puede decidir sobre sus visitas. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del Juzgado 2° Penal del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá) por la cual se denegó la tutela solicitada por la Sra. teresa de Jesús Sandoval Santamaría con las aclaraciones hechas en esta sentencia. SEGUNDO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia al Juzgado 2° del Circuito de Chiquinquirá (Boyacá) y al Defensor del Pueblo. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Gaceta Constitucional Nº 82, Santa Fe de Bogotá, 25 de mayo de 1.991, pág. 12, informe-ponencia del Delegatario Diego Uribe Vargas. 2 "la chose la plus importante du monde c, est de savoir etre a soi".Essasis Tomo III, París. 1.985. 3 PIZZORUSSO, Alessandro. Lecciones de Derecho Constitucional. Centro de Estudios Constitucionales. Madrid. 1.984, pág. 197. 4 CEPEDA, Manuel José. Los derechos fundamentales en la Constitución de 1.991. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá. 1.992, pág. 146. 5 HÄBERLE, Peter. El contenido esencial como garantía de los Derechos Fundamentales. 6 Cfr, Sentencia Nº T-3007 de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional. 7 PARTSCH, Karl Josef. Principios fundamentales de los derechos humanos. Las dimensiones internacionales de los derechos humanos. Volumen I. Karel Vasak Editor general. Unesco. Barcelona 1.984, pág. 110. 8 Las dos definiciones se encuentran en el Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. Argentina 1.987. Tomos II y III. [1]Cfr, Sentencia Nº T-875 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional.

T-547-92 Sentencia No Sentencia No. T-547/92 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES CLUB SOCIAL-Socios En el numeral 4º del art. 42 del Decreto 2591 de 1991, se protegen los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados o amenazados por una organización privada con la sola condición de la relación de subordinación o indefensión con tal organización, es decir no se condiciona al ejercicio de determinado derecho, sino que se hace referencia a una situación concreta. El requisito de la "subordinación" tampoco es procedente por cuanto la decisión de pertenecer a una determinada corporación social o su desafiliación es voluntaria y no existe subordinación. El hecho de acatar sus estatutos y las decisiones de la Junta Directiva no implican subordinación alguna por lo que tampoco se presenta esta especial circunstancia. REF: EXPEDIENTE T- 3676. PETICIONARIO: JUAN CLAUDIO MORALES GONZALEZ. PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTAFE DE BOGOTA -SALA PENAL-. MAGISTRADO SUSTANCIADOR: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C., dos (2) de octubre de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-3676, adelantado por Juan Claudio Morales González. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 23 de julio del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar Sentencia de Revisión. 1. SOLICITUD. El ciudadano Juan Claudio Morales González en su propio nombre instauró acción de tutela ante el Juez Superior de Reparto de Santafé de Bogotá el 26 de abril del año en curso, para la protección de sus derechos constitucionales fundamentales presuntamente vulnerados y amenazados por la Junta Directiva de la Corporación "Jockey Club", persona jurídica con domicilio en Santafé de Bogotá, representada por el Dr. Alfonso Dávila Ortíz,  por los siguientes hechos: a) Mediante acta Nº 1176 correspondiente a la sesión del día 14 de septiembre de 988, la Junta Directiva del Jockey Club determinó cancelar el carácter de socio a Juan Claudio Morales González, de conformidad con el artículo 8º de los Estatutos, decisión tomada por unanimidad de los miembros presentes en la reunión. La anterior decisión fue comunicada en cartelera el día 20 de diciembre de 1988. b) Considera el peticionario que la Junta Directiva hizo una interpretación de las causales de admisión para proceder a la expulsión y no tuvo en cuenta las causas por las cuales pierde el derecho un socio, que se encuentran contempladas en el artículo 8º de los Estatutos y que son taxativas. c) Por lo tanto estima que es ilegal la decisión de la Junta Directiva y que esta vulnera los derechos fundamentales de la igualdad, buen nombre y la libre asociación. Ante la decisión de la Junta Directiva, Juan Claudio Morales demandó a la Corporación Jockey Club a través de proceso ordinario que culminó con sentencia del Juzgado 3º Civil del Circuito mediante la cual fueron denegadas las pretensiones de la demanda y absuelta a la parte demandada. El demandante apeló ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá y esta Corporación en Sala de Decisión Civil de fecha agosto 15 de 1991 confirmó en su integridad la sentencia proferida por el Juzgado 3º Civil del Circuito. El 27 de agosto de 1991 interpuso el recurso extraordinario de Casación, solicitud que le fue negada por improcedente ya que el valor de la pretensión desfavorable al censor es inferior a catorce millones de pesos. 2.1 Fallo del Juzgado 24 Superior de Santafé de Bogotá (providencia de mayo 7 de 1992). El Juzgado 24 Superior decretó improcedente la acción de tutela instaurada por el ciudadano Juan Claudio Morales González por las siguientes razones: a) De acuerdo a las pruebas recogidas, se establece que la Corporación Jockey Club, es una entidad particular y así lo determinan claramente los estatutos y los testimonios obrantes. En consecuencia la procedencia de la tutela incoada debe analizarse de acuerdo al artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. Según la norma antes mencionada la tutela está limitada en el numeral 6º del artículo 42 , es decir entendiendo que una de las inconformidades del solicitante respecto de la acción de la Junta Directiva del Club es la de ignorar los motivos por los cuales se decidió cancelar su carácter de socio de esa Corporación, por lo cual le asiste el derecho de habeas data, acerca de conocer los motivos y las informaciones que acerca de él se recogió en los archivos del Jockey Club, y el derecho al buen nombre. b) Teniendo en cuenta el acta número 1176 de la reunión de la Junta Directiva del Jockey Club, del catorce de octubre de mil novecientos ochenta y ocho, allí sólo lacónicamente se dice que se toma la determinación de cancelar el carácter de socio, sin que hubiese habido difamación alguna. Lo acontecido es que el peticionario a raíz de algunas divulgaciones por medios periodísticos, donde es cuestionado en su actividad profesional, asocia las mismas con la determinación de la junta del Jockey Club. Así entonces no existe irrespeto a su buen nombre, ni información que sobre él se haya recogido, no vulnerándose por ende ningún derecho fundamental. c) Tampoco existe, como lo solicitó el peticionario discriminación por parte de la Junta Directiva del Jockey Club, porque ella opera por factores de raza, sexo, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. d) El derecho de libre asociación está precisamente representado en la organización de la corporación Jockey Club, en la reunión de sus asociados en la asamblea en donde se toman las decisiones de acuerdo con los estatutos, tales como la desvinculación de un socio. Las decisiones tomadas deben ser aceptadas por todos ya que al ingresar el socio, éste acepta obedecer y cumplir los estatutos y por lo tanto no existe vulneración a la libertad de asociación. Dentro del término establecido, el peticionario impugnó el fallo del Juzgado Superior, con fundamento en: a) En el acta Nº 1176 de la Junta Directiva del Jockey Club no está expresa la causal de expulsión y eso constituye un acto arbitrario. b) Si existe una situación de "indefensión" no sólo del accionante sino de los demás socios frente a la Junta Directiva, pues ésta toma decisiones que no se ajustan a las disposiciones estatutarias. c) Si existe discriminación que no sólo ha sido dirigida contra él sino contra su familia. d) El a-quo desestimó la acción invocada basándose en declaraciones de personas de la Junta Directiva , que dada su edad e interés, no merecen ninguna credibilidad 2.2. Fallo del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá -Sala de Decisión Penal- (providencia de mayo 21 de 1992). El ad quem confirmó en todas sus partes el proveído objeto del recurso de apelación con fundamento en las siguientes consideraciones: a) El Dr. Juan Claudio Morales por intermedio de apoderado judicial, había demandado a través de procedimiento abreviado ante la Justicia Civil, a la Corporación Jockey Club, persona jurídica con domicilio en Bogotá, para que declarara nulo el acto o decisión, por medio del cual, la junta directiva de la mencionada Corporación, declaró la pérdida de la calidad de socio, del Dr. Morales González, en comunicación que se le hizo el 28 de octubre de 1988. b) Quiere decir lo anterior que el caso hizo tránsito a cosa juzgada, tres días después de notificada, porque no obstante que el accionante lo recurrió en casación, tal impugnación le fue negada con proveído de febrero 27 de 1992, por ausencia de interés para recurrir por falta de cuantum, pues el valor de la pretensión desfavorable al censor era inferior a $ 14.000.000.oo. Al carecer de recurso la sentencia está quedando ejecutoria en agosto de 1991 de acuerdo al artículo 331 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, la acción de tutela cuando fue presentada ya había caducado, de acuerdo al artículo 11 del decreto 2591 de 1991, porque habían transcurrido dos meses de ejecutoriada la sentencia correspondiente. c) El artículo 42 del decreto 306 de 1992, establece que no se podrá conceder la acción de tutela contra conductas legítimas de un particular. Tomando como fundamento los estatutos del Jockey Club (artículos. 8º y 37), que están aprobados legalmente y lo expresado por el Tribunal Superior  se llega a la conclusión que la conducta de la Junta Directiva de la Corporación en su decisión que se cuestiona fue legítima y por ende la acción de tutela no prospera. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión del fallo dictado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de Decisión Penal-, con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace en virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. De la tutela frente a particulares. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y  establece: "Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública... ...La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante sea halle en estado de subordinación o indefensión" (negrillas no originales). El anterior texto fue el resultado del análisis de los distintos proyectos estudiados en la Asamblea Nacional Constituyente sobre la viabilidad de la acción de tutela frente a particulares, para la protección de los derechos constitucionales fundamentales frente a terceros, ya que existieron varias posiciones y se impuso finalmente la decisión de garantizarlos. La acción de tutela frente a particulares recoge lo que la doctrina alemana denomina "Drittwirkung der Grundrechte" (literalmente, efecto frente a terceros de los derechos fundamentales), que suele denotar la incidencia de los derechos fundamentales en el derecho privado y en las relaciones jurídicas privadas, cuya fuente es de carácter jurisprudencial desde 1958, a raíz del pronunciamiento del Tribunal Constitucional alemán en la sentencia dictada en el caso "Lüth".[1] En España, la tutela frente a particulares tiene un origen jurisprudencial ya que la cuestión de los derechos fundamentales frente a terceros se resuelve, en un problema de coexistencia de derechos e incluso de valores constitucionales, que no puede resolverse en abstracto y de una vez y para siempre. Corresponde al Juez ponderar los intereses en conflicto, pero, desde luego, sin excluír a priori la eficacia de las libertades en las relaciones entre particulares.[2] La Constitución de 1991 se inspiró en el aporte jurisprudencial alemán que se centró en el hecho de que los derechos constitucionales despliegan un efecto en el tráfico jurídico entre particulares. El Legislador por mandato Constitucional entró a definir los derechos constitucionales fundamentales protegidos en las relaciones entre particulares, mediante el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que establece que la acción de tutela procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: "1- Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de un servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 27, 29, 37, y 38 de la Constitución." Los derechos consagrados en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 son: igualdad ante la ley (13), intimidad personal y familiar, derecho al buen nombre (15), libre desarrollo de la personalidad (16), libertad de conciencia (18), libertad de cultos (19), libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones (20), libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación  y cátedra (27), debido proceso (29), derecho de reunión y manifestación pacífica (37) y libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades (38). El caso que ocupa a esta Sala de Revisión está comprendido en lo establecido en el inciso final del  artículo 86 de la Constitución y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por tratarse de una acción de tutela contra una organización privada, más exactamente contra la Junta Directiva de la Corporación Jockey Club de Santafé de Bogotá. El inciso citado del artículo 86 dispone los casos en que el particular puede ser objeto pasivo de la acción: - Cuando el particular esté encargado de un servicio público. - Cuando el particular afecte grave y directamente el interés colectivo. - Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que desarrolla  la acción de tutela, establece en el numeral 4º  que ésta procederá contra acciones u omisiones de particulares en los siguientes casos: "4- Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada , contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización" (negrillas no originales). Tanto el artículo 86 de la Constitución como el numeral 4º del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 utilizan los términos "subordinación" e "indefensión" que  en su sentido  jurídico significan: "Subordinación": Condición de una persona sujeta a otra o dependiente de ella. En el derecho laboral constituye el elemento característico y el más importante del contrato de trabajo, de tal manera que cuando existe, comienza hacia  esa relación contractual  la tutela del Estado". "Indefensión": La violación del derecho de defensa y su garantía constitucional colocan a la persona en estado de indefensión. La indefensión se produce cuando una persona, sin culpa de su parte, no ha podido defenderse o defender sus derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio"[3]. En el numeral 4º se protegen los derechos fundamentales que pueden ser vulnerados o amenazados por una organización privada con la sola condición de la relación de subordinación o indefensión con tal organización, es decir no se condiciona al ejercicio de determinado derecho, sino que se hace referencia a una situación concreta[4]. 3.  Del caso concreto. El ciudadano Juan Claudio Morales intentó por la vía civil la nulidad  del acto o decisión por medio de la cual la Junta Directiva del Jockey Club declaró la pérdida de la calidad de socio. Proceso que culminó en forma desfavorable al demandante y que a pesar de interponer los recursos ordinarios y extraordinarios no fueron aceptadas sus pretensiones. Por lo tanto en primer lugar el requisito de la "indefensión" no se da en el caso concreto, pues el peticionario agotó la vía judicial y gozó de las garantías procesales establecidas para el procedimiento ordinario. En segundo lugar, el requisito de la "subordinación" tampoco es procedente por cuanto la decisión de pertenecer a una determinada corporación social o su desafiliación es voluntaria y no existe subordinación. El hecho de acatar sus estatutos y las decisiones de la Junta Directiva no implican subordinación alguna por lo que para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional tampoco se presenta esta especial circunstancia. Así pues, lo relativo al la vulneración del derecho al buen nombre, a la honra y a la libertad de asociación no son motivo de pronunciamiento por esta Sala, por cuanto el sólo estudio de la pertinencia de la solicitud hace innecesario todo análisis posterior. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.- Confirmar la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de Decisión Penal-, con las aclaraciones hechas en esta Sentencia. Segundo.- A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, enviar copia de esta Sentencia al  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá -Sala de Decisión Penal-, al Juzgado 24 Superior y a la Junta Directiva del Jockey Club de Bogotá. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Magistrado Sustanciador. FABIO MORON DIAZ. Magistrado. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Magistrado [1]GARCIA TORRES, Jesús y JIMENEZ BLANCO, Antonio. Derechos Fundamentales y relaciones entre particulares. Cuadernos Civitas. Editorial Civitas S.A. Madrid 1.986, Pág.11 [2]Cfr, PRIETO SANCHIS, Luis. Estudios sobre derechos fundamentales. Editorial Debate. Madrid. 1.990, pág. 215. [3]Las dos definiciones se encuentran en el Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. Argentina 1.987. Tomos II y III. [4]Cfr, Sentencia Nº T-875 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional.

T-548-92 Sentencia T-548/92 _Sentencia T-548/92 ACCION DE TUTELA-Informalidad Esta Corte estima pertinente reiterar cuanto ha dicho en diversos pronunciamientos acerca del carácter informal de la tutela que en este caso la solicitud satisface los requisitos que dicho Decreto consagra. DERECHOS FUNDAMENTALES-Precisión/DERECHO A LA SALUD Los derechos constitucionales fundamentales se determinan no sólo por la mención expresa que de ellos haga la Constitución, sino también por su significación misma para la realización de los valores y principios consagrados en ella y, además, por la conexión que tengan con otros derechos fundamentales expresamente consagrados. En la Carta del 91 la salud de los colombianos es -por conexidad- un derecho fundamental cuya efectividad corresponde en buena medida garantizar al Estado, tomando muy en cuenta las específicas necesidades de su titular y los recursos existentes para satisfacerlas. DERECHOS DEL PACIENTE El enfermo tiene derecho a que se le prodiguen cuidados compatibles con su condición de ser humano, vale decir,  un buen trato y diálogo permanente con su médico acerca de la naturaleza, evolución y terapia de su dolencias. El médico debe estar dispuesto a escuchar a su paciente, sus familiares y las opiniones de su colegas por cuanto sólo así podrá contar con todo el aspecto fáctico del caso y establecer el adecuado equilibrio entre los derechos de los pacientes y los principios éticos de su profesión. Dentro de este contexto, una de sus mayores responsabilidades profesionales es proteger el bienestar de su paciente y minimizar los riesgos globales de su terapias. A la peticionaria no se le ha negado el núcleo esencial del derecho a la salud. REF.: EXPEDIENTE 3479 PETICIONARIO: FELIX ABEL ROJAS MUÑOZ PROCEDENCIA: JUZGADO 22 DE INSTRUCCION CRIMINAL DE SANTAFE DE BOGOTA TEMAS: - El derecho a la salud - Los derechos de los pacientes MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá,D.C. 2 de octubre de 1992 La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por FELIX ABEL ROJAS MUÑOZ contra la omisión de la Clínica San Pedro Claver de Santafé de Bogotá. I. ANTECEDENTES El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Juzgado 22 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 7 de julio del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. A. La acción El día 18 de Mayo de 1992, Felix Abel Rojas Muñoz interpuso a nombre de su señora esposa, María Nelly Salazar de Rojas, acción de tutela ante el Juzgado de Instrucción Criminal -Reparto, de la ciudad de Santafé de Bogotá. 1. Hechos - El día 28 de abril del presente año, la señora Salazar de Rojas fue atendida en el centro de urgencias de la Clínica San Pedro Claver por los médicos generales que allí se encontraban. Estos procedieron a hospitalizarla debido a sus condiciones de salud, a pesar de no haber acreditado su calidad de afiliada al Instituto de Seguros Sociales. - La peticionaria duró recluída unos 20 días en tal Clínica, tiempo en el que fue sometida a tratamiento para lumbajia aguda. Se ordenó reposo absoluto y el suministro de antinflamatorios, analgésicos y relajantes musculares. - Posteriormente, sus médicos estimaron que su enfermedad no requería prolongar su hospitalización y que el tratamiento podía ser realizado en su propia casa, razón por la cual se le dió de alta. 2. Solicitud Mediante acción de tutela interpuesta el 18 de mayo de 1992, el señor Rojas Muñoz solicitó: - Que se resuelva quirúrgicamente la enfermedad que padece su señora esposa, por tener derecho a ello, ya que es afiliada al Instituto de Seguros Sociales. - Ordenar el traslado al Hospital Militar de Santafé de Bogotá, en el evento de no existir cupo para la operación en la Clínica San Pedro Claver. 3. Pruebas El expediente llegó a la Corte Constitucional con las siguientes pruebas: - Informe del doctor Tito Perilla Cepeda, coordinador del servicio de neurocirugía de la Clínica San Pedro Claver, sobre la atención médica recibida por la paciente durante el tiempo que estuvo hospitalizada. Igualmente, la orden del galeno para que la señora continuara con el tratamiento en su residencia (Folio No. 15-16). - A solicitud del Juzgado, la Clínica remitió la historia clínica de la señora Salazar de Rojas (Folio No. 18-56). - A solicitud del Juzgado, la Clínica remitió la historia clínica de la señora Salazar de Rojas (Folio No. 18-56) B. Sentencia de Primera Instancia En decisión del 4 de junio de 1992, el Juzgado 22 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá, denegó la acción de tutela por las siguientes razones: "Desde ningún punto de vista se puede abusar del derecho consagrado en el Art. 86 de la C.N., y desarrollado en el Decreto 2591 de 1991, pues pretender que a través de esta acción se puede obligar a realizar una intervención quirúrgica que la paciente no requiere, según el concepto médico especializado, es no tener noción de cuál es el alcance de esta acción". "No se requiere un mayor esfuerzo para concluir, que en el caso materia de estudio no se ha vulnerado ningún bien fundamental por parte de la entidad demandada y que por el contrario se cumplió con parte de su función, toda vez que como se anotó la paciente no acreditó la documentación para demostrar que se encontraba afiliada a la entidad, pero que sin embargo recibió la atención debida y en su oportunidad". (...)"De otra parte podemos afirmar que la solicitud no reune los requisitos contenidos en el Art. 10 del Decreto 2591 de 1991, pues en el caso sometido a estudio quien debería haber presentado tal petición sería la paciente y no su marido o la anterior haber expresado en que no está en condiciones físicas de ejercer la acción". La anterior providencia no fue impugnada. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. Además, es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o. el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte. El fallador de primera instancia afirma que la petición no reune los requisitos exigidos en el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 por cuanto ella ha debido ser hecha por la paciente y no por su marido o, cuando menos haber expresado que no se encontraba en condiciones físicas para ejercer la acción. En virtud de lo anterior, esta Corte estima pertinente reiterar cuanto ha dicho en diversos pronunciamientos acerca del carácter informal de la tutela y se remite a su texto1 para afirmar que en este caso la solicitud satisface los requisitos que dicho Decreto consagra. Los hechos materia del caso sublite conducen a esta Sala a formular algunas consideraciones acerca de dos aspectos fundamentales previos: el derecho a la salud (1) y el derecho concreto de los pacientes (2), los cuales suministran los elementos adecuados para sustentar el presente fallo. 1. El derecho a la salud El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y ratificado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y del goce de los beneficios del progreso científico. En la Asamblea Nacional Constituyente hubo plena conciencia de que el actual sistema nacional de salud. "es profundamente inequitativo, porque los grupos con mayores necesidades de salud reciben menos servicios que el resto de la población".2 La Constitución de 1991 consagra la salud como un derecho fundamental del niño (Art. 44) y un servicio público a cargo del Estado cuyo acceso se garantiza a todas las personas. La norma constitucional, en relación a la salud como servicio público, consagra expresamente lo siguiente: "Artículo 49. La atención a la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud. Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud de los habitantes y de saneamiento ambiental conforme a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad. También, establecer las políticas para la prestación de servicios de salud por entidades privadas, y ejercer su vigilancia y control. Así mismo, establecer las competencias de la Nación, las entidades territoriales y los particulares, y determinar los aportes a su cargo en los términos y condiciones señalados por la ley. Los servicios de salud se organizarán en forma descentralizada, por niveles de atención y con participación de la comunidad. La ley señalará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria. Toda persona tiene el deber de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad". Esta Corte ha señalado -en repetidas oportunidades-, que los derechos constitucionales fundamentales se determinan no sólo por la mención expresa que de ellos haga la Constitución, sino también por su significación misma para la realización de los valores y principios consagrados en ella y, además, por la conexión que tengan con otros derechos fundamentales expresamente consagrados. En concordancia con lo anterior, ha puesto de presente que: "(...) El derecho a la salud (CN, art. 49), cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza de carácter de fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de acción de tutela"3 Todo lo anterior indica que en la Carta del 91 la salud de los colombianos es -por conexidad- un derecho fundamental cuya efectividad corresponde en buena medida garantizar al Estado, tomando muy en cuenta las específicas necesidades de su titular y los recursos existentes para satisfacerlas. 2. Los derechos de los pacientes. El artículo 25 de la declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la asistencia médica. Este derecho se enmarca dentro del amplio universo del derecho a la salud, como que es una concreta proyección del mismo en el nivel en que su titular tiene necesidad de recuperarla efectivamente, en caso de disminución o pérdida. Simultáneamente con los grandes avances de la medicina surgen hoy movimientos encaminados a lograr una creciente humanización de los servicios de salud y una protección eficaz de los derechos de los pacientes que se traduzca en atención de mayor calidad, respeto a su intimidad, creencias y costumbres y el derecho de escoger el médico libremente. Estas inquietudes han encontrado eco en el país, tal como se desprende del texto de la Resolución 13.437 del 1o. de noviembre de 1991 expedida por el Ministerio de Salud. En efecto, ella no sólo establece los denominados comités de ética hospitalaria sino que adopta también el Decálogo de los Derechos de los Pacientes, como un deber ser que el pueblo colombiano debe esforzarse en cumplir en el más amplio ámbito de la promoción y protección de los derechos humanos. Entre los derechos que la Resolución reconoce a todo paciente, sin distinciones de raza, sexo, edad, idioma, religión, opiniones políticas, origen social o posición económica, figuran expresamente: 1. (...) elegir libremente al médico y en general a los profesionales de la salud, como también a las instituciones de salud que le presten la atención requerida, dentro de los recursos disponibles del país. 2. (...) su derecho a que se le preste durante todo el proceso de la enfermedad la mejor asistencia médica disponible...4 De otra parte, los profesionales de las diversas especialidades médicas son hoy más conscientes que nunca de que la promoción, recuperación y conservación de la salud son las razones éticas de la medicina y cualquier acción que las contraríe riñe abiertamente con ella. Además, el enfermo tiene derecho a que se le prodiguen cuidados compatibles con su condición de ser humano, vale decir,  un buen trato y diálogo permanente con su médico acerca de la naturaleza, evolución y terapia de sus dolencias. El médico debe estar dispuesto a escuchar a su paciente, sus familiares y las opiniones de su colegas por cuanto sólo así podrá contar con todo el aspecto fáctico del caso y establecer el adecuado equilibrio entre los derechos de los pacientes y los principios éticos de su profesión. Dentro de este contexto, una de sus mayores responsabilidades profesionales es proteger el bienestar de su paciente y minimizar los riesgos globales de su terapias. El paciente, a su vez, debe respetar la autonomía del médico y no pedirle cosas que contradigan los parámetros normales de su ciencia o sus convicciones éticas. En el caso sub-exámine la paciente fue hospitalizada y examinada en una institución del Estado, a pesar de no haber demostrado su condición de afiliado a los Seguros Sociales. Los respectivos diagnósticos indican que su dolencia es de aquellas que bien puede controlarse mediante un tratamiento ambulatorio. En consecuencia, a la peticionaria no se le ha negado el núcleo esencial del derecho a la salud. Tampoco ha habido desconocimiento de sus derechos de paciente dentro de las actuales posibilidades concretas del Estado colombiano, ya que la señora Salazar de Rojas fue atendida de una manera adecuada y oportuna por los médicos de la Clínica San Pedro Claver. Por tanto, esta Corte estima que no hay mérito para conceder la tutela impetrada y así dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia. III. CONCLUSION Los derechos derivados de la salud, particularmente los específicos del paciente, deben coexistir con las exigencias propias de los principios científicos de las profesiones médicas y los deberes imperativos de la ética profesional, siempre y cuando que unos y otros no vulneren derechos constitucionales fundamentales de los pacientes. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO.- Por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia, CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 22 de Instrucción Criminal el día 4 de junio de 1992 mediante la cual se denegó la tutela impetrada por la peticionaria. SEGUNDO.- En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que un paciente haya recibido atención médica pero no comparta -sin fundamento alguno- el diagnóstico y la terapia de su médico, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991. TERCERO.- ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia al Juzgado 22 de Instrucción Criminal de Santafé de Bogotá y a la Clínica San Pedro Claver de la misma ciudad, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, Cópiese, Comuníquese, Cúmplase e Insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr. Sentencias Corte Constitucional No. T-501 y T-523, Sala Tercera y primera de Revisión, respectivamente. 2 Cfr. Gaceta Constitucional No. 78, Mayo 21 de 1991 3 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T-499, Sala Segunda de Revisión. 4 Cfr. Resolución 13.437 del 1o. de noviembre de 1991, artículo 1o. Ministerio de Salud

T-550-92 Sentencia No Sentencia No. T-550/92 DEMANDA DE TUTELA-Rechazo/PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA Hizo bien la Sala Penal de la Corte Suprema en rechazar la acción instaurada, para dar oportunidad al peticionario de acceder al medio de defensa en que consiste la impugnación.  Lo anterior no significa que el petente perdiera la posibilidad de ejercer la acción de tutela, ni que ésta se entendiera agotada, pues la negativa de trámite tiene lugar en defensa de las garantías procesales de la persona y por tanto de ella no podría derivarse el perjuicio al derecho cuyo ejercicio se pretende asegurar. ACCION DE TUTELA-Desistimiento/PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL Así como se reconoce el derecho a impugnar que asistía a la persona, también debe insistirse en el carácter público que adquiere el trámite de la tutela cuando se refiere a puntos que, como en el presente caso, afectan el interés general. Ese el motivo para que esta Sala halle inadmisible el desistimiento de la acción o de la impugnación correspondiente se en su decisión, como aquí ocurre, están comprometidos aspectos relacionados con el bien colectivo, pues en tales situaciones, por aplicación del principio consagrado en el artículo 1º de la Carta, debe prevalecer el interés general, ya que no están en juego exclusivamente las pretensiones individuales del actor.  Pues es cierto que éste no se halla obligado a impugnar, pues como antes se dice, se trata de un derecho o prerrogativa que la Constitución le confiere, pero una vez presentada la impugnación, el juez o tribunal competente para resolver sobre ella debe poder proferir su fallo sin estar limitado por el querer individual del impugnante. LIBERTAD DE LOCOMOCION-Vulneración/ESPACIO PUBLICO-Cierre de calles Tanto la actuación de autoridad no competente como la del particular que se adueña del espacio público lesionan dos derechos consagrados en la Constitución:   el individual de libre locomoción  y el colectivo, que corresponde a toda la comunidad, relativo al uso del espacio público. No queda al arbitrio de cada institución estatal, o del funcionario que la dirige o administra disponer el cierre de sus vías adyacentes o de las que le dan acceso a sus edificios o instalaciones, puesto que compete a las autoridades locales resolver lo pertinente, siendo factible, eso sí, que éstas confieran autorizaciones especiales con base en las consideraciones ya expresadas. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD-Cierre de Calles La resolución de apertura de las vías aledañas únicamente tendrá efecto transcurrido un plazo razonable para que el  DAS obtenga autorización especial de  la autoridad distrital competente con el objeto de mantener el cierre de las vías. En caso de no obtenerse autorización distrital para mantener cerradas las vías, la aludida libertad de locomoción en la zona puede ser objeto de restricciones -tal como lo estipulan los tratados internacionales en mención- diseñando medios de control que impliquen la certidumbre de las autoridades en el sentido de que quienes allí transiten estén desarmados y no representen peligro alguno para las vidas y los bienes potencialmente afectados por actos terroristas, para lo cual es lógico que se los registre y se los identifique plenamente por la autoridad.  Al fin y al cabo el derecho a la vida, aquí altamente comprometido como ya lo han probado los acontecimientos que motivaron el cierre objeto de la acción, es el primero de los derechos y prevalece sobre todos los demás. ACCION DE TUTELA/ACCION POPULAR Tratándose de asuntos que comprometen tanto el bien de la colectividad como el derecho fundamental de la persona considerada individualmente, la existencia de la acción colectiva no excluye la de tutela en cuanto una y otra tienen finalidades constitucionales distintas. Quien instaure la acción de tutela alegando su propio perjuicio o la amenaza de su derecho debe probarlo pues en caso de no poder hacerlo, se concluye que no es su propio  interés el que está en juego, excluyéndose así  la vía de la tutela y dando paso a la acción popular. SALA TERCERA DE REVISION Expedientes: T-3573 y T-3129 Actores:  JAIME ENRIQUE LOZANO contra el DAS. Magistrado Ponente: Dr. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los siete (7) días del mes de octubre de mil  novecientos noventa y dos (1992). I.  INFORMACION PRELIMINAR La Corte Constitucional fallará sobre los dos procesos de la referencia en una sola sentencia, ya que se trata de igual acción de tutela, intentada por el mismo ciudadano, en ambos casos contra el DAS y por idénticos motivos. El actor es el señor JAIME ENRIQUE LOZANO, quien recurre a la acción de tutela en relación con los siguientes hechos: 1.  Considera el señor LOZANO que con el cierre de las calles 18 y 19 entre carreras 28 y 27 y demás vías adyacentes a la actual sede del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, se le está vulnerando el derecho fundamental a la libre locomoción consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política.  Estima que también se violan los artículos 1, 2, 4, 6 y 13 de la Carta Política. 2.  Solicita la inmediata restitución de las vías públicas derribando los obstáculos existentes (vallas, casetas, cercas), que impiden el libre paso de personas y vehículos. Esta acción de tutela fue presentada inicialmente ante la H. Corte Suprema de Justicia, cuya Sala Penal en providencia del 30 de marzo de 1992 se negó a resolver el amparo solicitado por considerar que la demanda debió incoarse ante jueces de inferior categoría para que al tramitarse una posible impugnación pueda conocerla este Tribunal como superior jerárquico.  Dijo la Sala: "Ello es así porque si la acción de tutela se invoca directamente ante la Corte Suprema de Justicia, por no tener superior jerárquico, el actor se verá privado de una instancia...". Impugnado este pronunciamiento correspondió a la Sala Plena decidir sobre el particular.  En fallo del 28 de mayo de 1992, la Corte denegó la impugnación con los siguientes argumentos: -  Los Magistrados integrantes de las respectivas salas especializadas tienen la misma jerarquía institucional y no resulta posible que una de ellas pueda revisar las decisiones adoptadas por otra Sala. -  Existe una notoria contradicción entre la disposición que reglamenta la acción de tutela y la propia Constitución, lo que conduce a una completa falta de competencia por parte de la Corte para decidir sobre las impugnaciones interpuestas contra las decisiones de una de sus salas. Remitido el expediente para la eventual revisión de la Corte Constitucional, fue radicado bajo el número T-3573. El interesado, ante la decisión adoptada por la H. Corte Suprema de Justicia, presentó nuevamente demanda de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, Sala Laboral, la cual decidió mediante providencia del 24 de abril de 1992. Para entonces no se había resuelto aún la impugnación por él solicitada en su primera acción ante la Corte Suprema de Justicia. El Tribunal Superior denegó la tutela solicitada con base en los siguientes argumentos: 1.  La libertad de circulación no es absouta sino que tiene limitaciones.  El hecho de encontrar una vía cerrada "no constituye una afrenta al derecho consagrado por el artículo 24 de la Carta, por tratarse de un acto impersonal...". 2.  La causa de la violación puede constituir más bien una contravención especial de Policía por obstaculizarse el tránsito de personas o vehículos en vía pública, es decir que existen otros medios de defensa judicial. 3.  El derecho fundamental constitucional no ha sido en ningún momento vulnerado pues se trata de una conducta más de orden policivo y por eso no hay razón para tutelar un derecho que aparece incólume en la persona del señor LOZANO. El accionante impugnó la anterior decisión pero posteriormente desistió del recurso que debía surtirse ante la Corte Suprema de Justicia. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La acción de tutela instaurada directamente ante los altos tribunales de justicia Ya que es competente, según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Carta, 31, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, entra  la Corte Constitucional a revisar los fallos proferidos por las autoridades judiciales frente a la presente acción de tutela. Analiza inicialmente esta Corte las providencias emanadas de la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal y  Sala Plena. La Sala Penal denegó la acción por haber sido interpuesta directamente ante esa instancia lo cual, en su criterio, anulaba cualquier posterior impugnación por carecer ese organismo de superior jerárquico ante el cual pudiera surtirse el citado recurso. Al respecto, manifiesta la Corte Suprema: "...si la acción de tutela se invoca directamente ante la Corte Suprema de Justicia, por no tener superior jerárquico, el actor se vería privado de una instancia que, tal como lo dejó consignado anteriormente, se halla consagrada en el artículo 31...". La decisión fue confirmada por la Sala Plena de la Corporación. La Corte Constitucional comparte el criterio que se acaba de transcribir puesto que entiende la posibilidad de impugnación del fallo de tutela como un derecho inalienable de la persona, concedido en forma directa y para todos los casos por el Constituyente. La consecuencia lógica de esa concepción -en particular si se tiene en cuenta la declaratoria de inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 que consagraba normas especiales sobre impugnación respecto de fallos de los altos tribunales1 - es el reconocimiento de la situación que surgirá ante la inexistencia de superior jerárquico que pudiera resolver sobre la impugnación del fallo si este ha sido proferido por una de las cabezas de la Rama Judicial del poder público, bien en la jurisdicción ordinaria, ora en la de lo Contencioso Administrativo, pues dentro de la estructura consagrada en la Constitución (Título VIII), ni la Corte Constitucional, ni la Corte Suprema de Justicia, ni el Consejo de Estado tienen superior jerárquico que pudiera gozar de jurisdicción o de competencia para confirmar o revocar sus providencias por la vía de la impugnación.  La Corte Suprema y el Consejo de Estado únicamente pueden ser tribunales de segunda instancia y, en el caso de la Corte Constitucional, como ella lo tiene dicho en reiterada jurisprudencia, su función en la materia se contrae exclusivamente a la revisión eventual de los fallos de primera y segunda instancia, según perentorio mandato de los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política. Hizo bien, entonces, la Sala Penal de la Corte Suprema en rechazar la acción instaurada, para dar oportunidad al peticionario de acceder al medio de defensa en que consiste la impugnación.  Lo anterior no significa que el petente perdiera la posibilidad de ejercer la acción de tutela, ni que ésta se entendiera agotada, pues la negativa de trámite tiene lugar en defensa de las garantías procesales de la persona y por tanto de ella no podría derivarse el perjuicio al derecho cuyo ejercicio se pretende asegurar.  En otras palabras, era admisible y ajustado a la Constitución que el accionante presentara de nuevo su demanda de tutela ante un Tribunal de Distrito Judicial, como en efecto lo hizo. Procede entonces la Corte a revisar el fallo proferido por este Tribunal respecto de la acción de tutela instaurada en la segunda ocasión por el ciudadano Jaime Enrique Lozano. Advierte esta Corporación que, así como se reconoce el derecho a impugnar que asistía a la persona, también debe insistirse en el carácter público que adquiere el trámite de la tutela cuando se refiere a puntos que, como en el presente caso, afectan el interés general.  Ese el motivo para que esta Sala halle inadmisible el desistimiento de la acción o de la impugnación correspondiente se en su decisión, como aquí ocurre, están comprometidos aspectos relacionados con el bien colectivo, pues en tales situaciones, por aplicación del principio consagrado en el artículo 1º de la Carta, debe prevalecer el interés general, ya que no están en juego exclusivamente las pretensiones individuales del actor. Pues es cierto que éste no se halla obligado a impugnar, pues como antes se dice, se trata de un derecho o prerrogativa que la Constitución le confiere, pero una vez presentada la impugnación, el juez o tribunal competente para resolver sobre ella debe poder proferir su fallo sin estar limitado por el querer individual del impugnante. Derechos que afecta el cierre de una vía pública.  Libertad de locomoción. Espacio  Público. Competencias El cierre de una vía pública, con independencia de su origen, tiene como efecto práctico el imposible tránsito de peatones y vehículos por el área demarcada o limitada mediante obstáculos, tapias, alambrados u otras formas de obstrucción. El cierre puede provenir de orden emanada de autoridad pública o de la decisión unilateral de una o varias personas que, de hecho, establecen barricadas para impedir el paso. En la primera hipótesis habrá que determinar, como se hace en el presente fallo, la competencia de esa autoridad para adoptar la determinación, de lo cual resultará la validez o invalidez de ésta y el alcance de la restricción impuesta, que en todo caso no puede ir más allá de lo previsto en la Constitución y la ley, mientras que en el segundo evento es ostensible, como ya esta Sala lo ha manifestado, una apropiación contra derecho del espacio público y, por ende, un abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre2. Tanto la actuación de autoridad no competente como la del particular que se adueña del espacio público lesionan dos derechos consagrados en la Constitución:   el individual de libre locomoción  y el colectivo, que corresponde a toda la comunidad, relativo al uso del espacio público. La libertad de locomoción, a la cual alude el artículo 24 de la Carta, implica que toda persona, salvo las limitaciones que establezca la ley, tiene derecho a circular libremente por el territorio. Según se infiere de la norma y de las disposiciones consagradas en convenios y pactos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Ley 74 de 1968), únicamente la ley puede introducir restricciones, generalmente vinculadas con razones de seguridad, orden público, salud pública o aplicación de decisiones judiciales, todas las cuales se encuadran dentro de los criterios a cuyo amparo el derecho mencionado no es absoluto y está supeditado al interés general reconocido por el legislador. En cuanto al espacio público, es claro que las vías públicas forman parte esencial del mismo pues están concebidas  para cumplir un fin de interés público y han sido reservadas para el libre tránsito de los habitantes, de lo cual se desprende que su disponibilidad  no puede quedar librada a la voluntad de los particulares ni a la decisión de organismos administrativos a los cuales no se confía por la Constitución la responsabilidad atinente a la normación, planificación y regulación de su uso. Al tenor del artículo 82 de la Carta, es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación  al uso común, el cual -agrega la misma norma- prevalece sobre el interés particular. El artículo 313 de la Constitución atribuye a los concejos municipales la función de reglamentar los usos del suelo, mientras que el artículo 315 encomienda a los alcaldes las funciones de cumplir y hacer cumplir en el respectivo municipio las normas constitucionales y legales así como las que expida el Concejo (numeral 1º), actuar como primera autoridad de policía (numeral 2º) y dirigir la acción administrativa en el municipio (numeral 3º), todo lo cual lleva a concluir que es del resorte de las autoridades  municipales, dentro de sus respectivas órbitas de competencia, lo relacionado con apertura, disposición y uso de las vías públicas, sin que en ello tengan injerencia autoridades nacionales o departamentales, de lo cual se concluye  que el DAS en el presente caso no gozaba de competencia para ordenar el cierre de las calles a que se refiere el demandante. Ahora bien, las vías públicas, por expresa disposición legal, "no podrán ser encerradas en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito" (Ley 9a. de 1989), lo cual no obsta para que, por las expresadas razones de seguridad,  salubridad y orden  público, las autoridades competentes  -que lo son las municipales- otorguen permisos o profieran actos administrativos, dentro de las prescripciones legales, para permitir  o establecer el cierre de ciertas vías o para limitar o restringir el paso de vehículos o personas, de acuerdo con las circunstancias específicas. De conformidad con lo expuesto, no queda al arbitrio de cada institución estatal, o del funcionario que la dirige o administra disponer el cierre de sus vías adyacentes o de las que le dan acceso a sus edificios o instalaciones, puesto que compete a las autoridades locales resolver lo pertinente, siendo factible, eso sí, que éstas confieran autorizaciones especiales con base en las consideraciones ya expresadas. Las vías públicas frente al poder de policía Como referencia específica al asunto sub-examine, debe resaltarse, además, que los alcaldes, a quienes según se vió está confiada la función de actuar como cabeza de la policía local, están habilitados para definir en concreto los mecanismos que deban operar en situaciones que, por representar amenaza de daño a la comunidad, a la vida o a los bienes de las personas o al patrimonio de las propias entidades públicas, ameriten limitaciones al ejercicio del derecho al uso del espacio público o a la libertad de locomoción en determinados sectores o en ciertos momentos.  Así lo ha reconocido de tiempo atrás el Consejo de Estado, cuyo criterio en esta materia acoge la Corte Constitucional: "De conformidad con la Constitución y la Ley, las libertades públicas han sido reguladas por un conjunto normativo al que suele denominarse Derecho o Régimen de Policía, el cual tiene por objeto determinar el campo de acción de tales libertades de modo que la sociedad no resulte perjudicada por su desordenado o arbitrario ejercicio.  De ahí que sea considerado como elemento determinante del orden público..."3 . Según puede observarse, los alcaldes están investidos de autoridad suficiente tanto para disponer, en caso de ocupación, la restitución de bienes de uso público, entre los cuales se encuentran las vías públicas urbanas o rurales, de conformidad con el Código Nacional de Policía (artículo 132), como para señalar restricciones en lo relativo a su uso por razones de interés común, sin que el razonable ejercicio de esta facultad represente desconocimiento de  derechos o garantías constitucionales. El desempeño de funciones como las descritas corresponde por antonomasia  al  papel que juega la autoridad local y en forma preferente el alcalde, pues concierne a la administración concreta y efectiva de asuntos que tocan con el interés directo de quienes habitan  el municipio , para hacer realidad dentro de éste los mandatos constitucionales de protección a las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades y de seguridad en el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (artículo 2º C.N); garantía  de la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo (Preámbulo y artículo 2º) y prevalencia del interés general (artículo 1º). Ahora bien, sobre el carácter y los efectos del proceso policivo, la Corte comparte el criterio del Consejo de Estado al interpretar el inciso final del artículo 82 del Código Contencioso Administrativo, a cuyo tenor "la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, no juzga las decisiones proferidas en juicios civiles o penales de policía regulados especialmente por la ley".  Dijo así esa Corporación:  "Del mismo modo el órgano ejecutivo sin entrabar la misión del órgano judicial, cumple funciones propias de esta rama del poder, cuando por medio de sus funcionarios de policía dicta sentencias civiles o penales.  Es en estos casos precisamente cuando encontramos, sin que ello pueda reputarse de insólito, jueces ubicados dentro del poder ejecutivo. Naturalmente que con esto no se quiere significar en modo alguno que se desconozca la esencia y la filosofía de la separación de los poderes. Vemos también cómo para el mejor éxito de la gestión del Estado aquellas controversias menores, que por cierto son muy abundantes, deben ser tramitadas y falladas por autoridades ejecutivas del orden policial, pues de otra manera se afectaría el mismo orden público, puesto que el aparato judicial por sí recargado, no estaría en condiciones ni en capacidad de resolver esta multiplicidad de asuntos menores que desde luego revisten gran importancia en la vida de relación. Y precisamente porque las decisiones de los funcionarios de policía son verdaderas sentencias, la ley las excluye como materia acusable ante esta jurisdicción como lo hacía el artículo 73 de la Ley 167 de 1941 y ahora lo hace el artículo 82 del Decreto 001 de 1984.  Y el legislador fue sabio cuando estableció esta excepción, pues las decisiones jurisdiccionales como deben reputarse las dictadas por funcionario ejecutivos, distinguiéndose así de las dictadas por el órgano judicial que deben llamarse judiciales por ser la especie, tienen fuerza de cosa juzgada, que según los doctrinantes consiste en que no hay remedio de derecho directo o indirecto para poner en discusión lo decidido, y que el juez no puede por su propia iniciativa modificar su esencia.  Además, toda autoridad debe tener en cuenta el fallo y ceñir a él sus actos y decisiones, obligación que comprende a todas las autoridades.  En síntesis, pues, lo que tiene fuerza de cosa juzgada debe tomarse como verdadero y no puede ser materia de discusión en ninguna jurisdicción"4 . Examen de este caso La situación considerada por la Corte en esta oportunidad se refiere al cierre de las calles 18 y 19 entre carreras 28 y 27 en  Santa Fe de Bogotá, D.C., adyacentes a las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, que por ser vías públicas encajan dentro del concepto de espacio público Dadas estas condiciones,  no tenía competencia el Director del DAS, como organismo del orden nacional, para resolver sobre su cierre u obstrucción  para el tránsito de personas y vehículos, pues cualquier decisión sobre  uso del suelo urbano corresponde a las autoridades municipales, con mayor razón si se trata de ejercer el poder de policía. Que el indicado organismo tenga a su cargo la función técnica de la seguridad  como integrante del Gobierno nacional en lo que se refiere a esa materia (artículo 115, inciso 2º, de la Constitución Política) en nada modifica la preceptiva constitucional en relación con las responsabilidades confiadas a otras agencias estatales, concretamente las del nivel  local, en punto de la utilización , integridad y preservación del espacio público y en cuanto al uso del suelo urbano. Pese a las funciones que le son propias, tampoco era de competencia de este  Departamento estatuír limitaciones a la libertad de locomoción por vía general, es decir, sin referencia a determinadas personas sino con efecto  para  todas las que pudieran necesitar o querer transitar por el sector. Así, pues, se revocará la decisión judicial que denegó la tutela y se ordenará en su lugar que las mencionadas vías sean abiertas al libre tránsito de personas y vehículos. Pero, desde luego, no escapa la Corte que la situación hoy existente en el caso particular de la sede del DAS en la capital de República tiene clara y justificada motivación en antecedentes ampliamente conocidos relacionados con la actividad criminal de grupos terroristas que incursionaron en las inmediaciones del edificio para cumplir nefastos designios que cobraron en su momento una elevada cifra de víctimas y causaron enormes perjuicios materiales. Mal podría esta Corporación desatender el criterio de seguridad, apenas natural cuando se trata de la delicada misión que corresponde cumplir a tal organismo para beneficio de toda la comunidad.  Los riesgos son muy grandes y las medidas de precaución indispensables. Pero, claro está, la determinación del uso del suelo y el desarrollo de las políticas de urbanismo en cada municipio o distrito atañe a las autoridades locales. En consecuencia, la resolución de apertura de las vías aledañas únicamente tendrá efecto transcurrido un plazo razonable para que el Departamento Administrativo de Seguridad , DAS, obtenga autorización especial de  la autoridad distrital competente con el objeto de mantener el cierre de las vías por los motivos ya expuestos. Obviamente, vencido el plazo sin que se hubiere otorgado el aludido permiso, se abrirán las vías mencionadas para que tengan cabal aplicación  las garantías constitucionales que mediante esta sentencia se protegen. Dichas garantías no excluyen las medidas de seguridad que dentro de sus competencias y atribuciones, pueden establecer el DAS y las autoridades distritales para la adecuada defensa de las personas, residencias, despachos públicos y establecimientos comerciales e industriales que operan en el sector.  Por el contrario, así lo exige la misma función estatal referida en el inciso 2º del artículo 2º de la Carta Política. Por ejemplo, en caso de no obtenerse autorización distrital para mantener cerradas las vías, la aludida libertad de locomoción en la zona puede ser objeto de restricciones -tal como lo estipulan los tratados internacionales en mención- diseñando medios de control que impliquen la certidumbre de las autoridades en el sentido de que quienes allí transiten estén desarmados y no representen peligro alguno para las vidas y los bienes potencialmente afectados por actos terroristas, para lo cual es lógico que se los registre y se los identifique plenamente por la autoridad.  Al fin y al cabo el derecho a la vida, aquí altamente comprometido como ya lo han probado los acontecimientos que motivaron el cierre objeto de la acción, es el primero de los derechos y prevalece sobre todos los demás. Los otros medios de defensa judicial Sobre la existencia de otro medio de defensa judicial que pudiera hacer improcedente la tutela en aplicación de lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución, la Corte se aparta de la perspectiva a partir de la cual resolvió el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá.  En efecto, según ya se expresó y tal como lo afirma el Tribunal, el Código  Nacional de Policía establece en el artículo 132: "Cuando se trate de restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes, una vez establecido, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días.  Contra esta resolución procede recurso de reposición y también de apelación para ante el respectivo gobernador". La disposición constitucional establece que la acción de tutela solo procede "cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial" (subraya la Corte), que según el concepto del Tribunal lo es en este caso el proceso policivo ante la alcaldía correspondiente. Al respecto debe puntualizar la Corte que el objeto del enunciado mecanismo difiere del atribuído por el Constituyente al procedimiento preferente y sumario consagrado en el artículo 86 de la Carta.  No se trata de la protección efectiva del derecho que tiene toda persona a la libre locomoción como derecho constitucional fundamental -en cuyo caso podría aceptarse como medio de defensa judicial excluyente de la tutela- sino de la vía jurídica oponible por parte del Estado a quienes han invadido u ocupado bienes de uso público. En consecuencia, si no era el peticionario en el caso concreto sino la comunidad por conducto de autoridad pública quien contaba con la opción indicada por el Tribunal como forma idónea e inmediata de obtener la garantía cierta de su derecho, aquél tenía expedita la acción de tutela con miras a impetrar que ese derecho desde el punto de vista individual le fuera amparado judicialmente. En el mismo sentido debe tomarse la vía que, también en interés de la colectividad ha sido prevista expresamente por la Ley 9 de 1989, en su artículo 8º: "Artículo 8º. Los elementos constitutivos del espacio público y el medio ambiente tendrán para su defensa la acción popular consagrada en el artículo 1005 del  Código Civil. Esta acción también podrá dirigirse contra cualquier persona pública o privada, para la defensa de la integridad y condiciones de uso, goce y disfrute visual de dichos bienes mediante la remoción, suspensión o prevención de las conductas que comprometieren el interés público o la seguridad de los usuarios. El incumplimiento de las órdenes que expida el juez en desarrollo de la acción de que trata el inciso anterior configura la conducta prevista en el artículo 184 del Código Penal  de "fraude a resolución judicial". La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil podrá interponerse en cualquier tiempo, y se tramitara por el procedimiento previsto en el numeral 8 del artículo 414 del Código de Procedimiento Civil". Desarrollando esta disposición, el artículo 6º del Decreto 2400 de 1989 prescribe: "Artículo 6º La acción popular de que trata el artículo 1005 del Código Civil, podrá ser ejercida por los usuarios para la defensa del espacio público y del medio ambiente. Para determinar el juez competente se tendrá en cuenta el carácter público o privado de la persona demandada". Este medio de defensa judicial, que se inscribe dentro de la previsión genérica de las acciones populares contempladas en el artículo 88 de la Constitución, no está destinado a la protección concreta de la persona afectada cuando se vulnera o amenaza su libertad fundamental de locomoción, sino que tiene por objeto el interés colectivo en que consiste el espacio público, "su uso, goce y disfrute", como lo dice la misma norma legal, de manera similar a como acontece con el derecho al ambiente sano. Sobre el tema ya ha tenido ocasión de señalar esta Corte que, tratándose de asuntos como los mencionados, que comprometen tanto el bien de la colectividad como el derecho fundamental de la persona considerada individualmente, la existencia de la acción colectiva no excluye la de tutela en cuanto una y otra tienen finalidades constitucionales distintas. Ha declarado al respecto esta misma Sala: "Como se observa, la defensa del ambiente sano concierne a la comunidad en cuanto tal y para el amparo de los derechos que a ella corresponden ha sido previsto el mecanismo de las acciones populares que, en ese sentido, tienen un objeto diferente al de la acción de tutela.  Eso explica el porqué de la norma contenida en el artículo 6º, numeral 3, del Decreto 2591 de 1991, a cuyo tenor no procede la acción de tutela cuando se pretenda proteger los derechos mencionados en el artículo 88, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable. Pero si, además, una persona individualmente considerada puede probar que la misma causa (perturbación del medio ambiente) está afectando o amenazando de modo directo sus derechos fundamentales o los de su familia, al poner en peligro su vida, su integridad o su salubridad, cabe la acción de tutela en cuanto a la protección efectiva de esos derechos fundamentales en el caso concreto, sin que necesariamente el amparo deba condicionarse al ejercicio de acciones populares. El artículo 86 de la Constitución contempla expresamente la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales como las razones que hacen jurídicamente idónea la acción de tutela, siendo claro que la acción popular no necesariamente obra como medio de defensa judicial adecuado a la eficaz protección de los derechos del individuo, en especial cuando está de por medio la circunstancia de un perjuicio irremediable que podría prevenirse por la vía de la tutela, sin detrimento del uso colectivo de aquella para los fines que le son propios, según lo dicho. Desde este punto de análisis se considera que una acción de tutela instaurada por persona directa y ciertamente afectada (artículo 10 del Decreto 2591 de 1991) puede prosperar en casos como el que se estudia, claro está sobre la base de una prueba fehaciente sobre el daño soportado por el solicitante o respecto de la amenaza concreta por él afrontada en el campo de sus derechos fundamentales (artículo 18 Decreto 2591 de 1991).  Igualmente deberá acreditarse el nexo causal existente entre el motivo alegado por el peticionario para la perturbación ambiental y el daño o amenaza que dice padecer.  Unicamente de la conjunción de esos tres elementos puede deducirse la procedencia de la acción de tutela para que encaje dentro del artículo 86 de la Constitución"[1]. Claro está que, como allí mismo se indica, quien instaure la acción de tutela alegando su propio perjuicio o la amenaza de su derecho debe probarlo pues en caso de no poder hacerlo, se concluye que no es su propio  interés el que está en juego, excluyéndose así  la vía de la tutela y dando paso a la acción popular. Empero, en el asunto que ahora ocupa la atención de la Corte, la misma naturaleza de la libertad de locomoción, que extiende el escenario de su ejercicio a todo el territorio nacional (artículo 24 de la Constitución) la sola circunstancia del cierre de una vía lleva implícito el efecto de que se afecte o disminuya  el derecho a circular libremente.  Otra cosa es que la restricción en el  caso y en la zona de que se trata  tenga justificación y sea aplicable válidamente según las disposiciones legales; determinarlo corresponderá  precisamente al juez que resuelva sobre la acción. Fluye entonces sin dificultad la consecuencia de que una persona en particular puede verse afectada por el cierre de la vía pública y que su interés no sea adecuadamente protegido por la acción popular que busca preservar, por definición, los generales.  Ello hace idónea y pertinente la acción de tutela, tal como acaece en el proceso que nos ocupa. IV.  DECISION Por las razones expuestas, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero: REVOCAR el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Laboral de Santa Fe de Bogotá dentro de la presente acción de tutela el 24 de abril de 1992. Segundo:   CONCEDER  la tutela  impetrada, ordenando al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que, en un término razonable que no podrá exceder de 30 días comunes contados a partir de la notificación de esta providencia, solicite, tramite y obtenga -si ya  no lo ha hecho- permiso especial de la autoridad  distrital competente para continuar aplicando la medida de cierre de las calles 18 y 19 entre carreras 28 y 27 de Santa Fe de Bogotá, aledañas a las instalaciones en las cuales funciona dicho Departamento. Tercero-  Si el permiso se concede, el uso del espacio público en el sector aludido deberá ajustarse a las instrucciones que imparta la autoridad competente al concederlo.  Si, por el contrario, transcurre el término otorgado sin haberse obtenido la autorización, deberán abrirse las citadas vías para el uso público, con las debidas precauciones y medidas de seguridad que el propio Departamento Administrativo determine según la ley y dentro de la órbita de sus competencias. Cuarto-  La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá tendrá a su cargo la responsabilidad de velar por el adecuado cumplimiento de esta providencia. Cópiese, notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia  Nº C-547 del 1º de octubre de 1992. Magistrado Ponente: Dr. José Gregorio Hernández Galindo 2 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia No.T-518  del 16 de septiembre de 1992. 3 Cfr. Consejo de Estado. Concepto 0546 del 4 de junio de 1990.  Sala de Consulta y Servicio Civil. Consejero Ponente: Doctor Javier Henao Hidrón. 4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 12 de abril de 1985. [1]Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo NºT-437 del 30 de junio de 1992.

T-551-92 Sentencia No Sentencia No. T-551/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA La forma de protección que a los derechos constitucionales fundamentales brinda el artículo 86 de la Carta Política no comprende únicamente a las personas naturales, sino que se extiende a las personas jurídicas. REVOCACION DE ACTO ADMINISTRATIVO El predominio del interés general es consagrado por el precepto legal como motivación imperativa ineludible para que el funcionario competente proceda a revocar el acto que riñe con aquél, no ya sobre el supuesto de consideraciones de índole jurídica sino sobre la base de la oposición real entre la permanencia de dicho acto y las conveniencias del bien colectivo. El acto administrativo de carácter general puede haber favorecido intereses de personas particulares habida cuenta de las circunstancias peculiares en que se hallen éstas. Pero en modo alguno convierte el acto administrativo en particular, individual y concreto, ni lo ampara en la previsión normativa del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, de lo cual se deduce con entera claridad que, para revocar por motivos de interés público ese acto de carácter general, la Administración no requería consentimiento expreso y escrito de la Asociación CALATRAVA. Esta no era titular de un derecho subjetivo oponible a la decisión de revocatoria; su beneficio no podía prevalecer sobre la necesidad pública representada en el uso de la vía ni sostenerse por la autoridad pese al sacrificio colectivo que implicaba el cierre. DERECHO DE DOMINIO-Función Social/DERECHOS ADQUIRIDOS-Inexistencia Aún en el caso de haberse consolidado en cabeza de una persona un derecho constitucionalmente reconocido como el de dominio, sobre éste pesa una función social que implica obligaciones y que razones de utilidad pública o de interés social pueden dar lugar a la expropiación como desarrollo del mismo principio inspirador del Derecho Público a que se viene aludiendo. Si ello es así tratándose de propiedad privada, con mucha mayor razón impera el interés público frente a la pretendida pero imposible adquisición de derechos particulares sobre bienes destinados por mandato de la Constitución y de la ley al servicio de la comunidad como acontece con las vías públicas. En el caso sub-examine no había derecho adquirido alguno que reclamar por parte de la sociedad demandante y, por ende, ningún motivo válido podía invocar para sostener ante el juez de tutela que se le estaban desconociendo las garantías constitucionales. ESPACIO PUBLICO/LIBERTAD DE LOCOMOCION/ACCION POPULAR El cierre de vías públicas o su obstrucción en cualquier forma afecta la libertad de locomoción y que el ejercicio de esta es un derecho fundamental a cuya defensa están obligadas las autoridades públicas. La obstaculización de tales vías quebranta el derecho que tiene la colectividad al uso del espacio público a cuya protección está obligado el Estado y que se constituye por tanto en abuso inaceptable, bien que provenga de particulares o de la decisión de autoridades o funcionarios carentes de la competencia para regular el uso del suelo urbano. La restitución a la comunidad del espacio que había sido ocupado ilegalmente o limitado en virtud de decisión administrativa que luego se encuentra opuesta al interés público, es no solamente una potestad sino una verdadera obligación de las autoridades, susceptible de impetrarse por medio de las acciones populares o de la acción de tutela desde la perspectiva del individuo cuyos derechos fundamentales resultan vulnerados por el cierre. SALA TERCERA DE REVISION Ref.: expediente T-3524 Acción de tutela instaurada por ASOCIACION CALATRAVA contra IDU Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO - Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante Acta en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los siete días (7) del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). Revisa la Corte la sentencia del once (11) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, para resolver sobre la demanda de tutela incoada por el doctor Diego Tobón Echeverri en representación de la Asociación CALATRAVA, domiciliada en esta ciudad. I.  INFORMACION PRELIMINAR Narra el apoderado de la Asociación peticionaria que, previo ejercicio del derecho de petición, el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, reconoció en favor del Barrio CALATRAVA, representado por la persona jurídica de Derecho Privado ya mencionada, el derecho a que no se conectara la calle local 128B con la Avenida Boyacá. El reconocimiento aludido aparece en oficio 210-3902 del 19 de octubre de 1991, suscrito por el Doctor Camilo Nassar, Director del IDU para la época, mediante el cual se manifestó por escrito a la Asociación CALATRAVA lo siguiente: "(...) 6. Sobre no permitir los accesos a la Avenida Boyacá, le informo que la calle 128B costado Oriental, no tendrá comunicación directa con la Avenida Boyacá y que el separador de la vía será contínuo para no permitir el cruce ortogonal de la calle 128 con la Avenida Boyacá". Dice el apoderado que, sin notificación previa ni controversia jurídica alguna, el actual Director del IDU, Arturo Ferrer Carrasco, "decidió mediante un acto administrativo nuevo ARRASAR con los derechos reconocidos en acto administrativo anterior". La referencia del actor recae sobre el oficio número 210-117 del 7 de mayo de 1992, que en su parte pertinente dice: "Por solicitud de algunos residentes de la Urbanización Calatrava, se contempló inicialmente el cierre del costado oriental de la boca-calle 128B por Avenida Boyacá, sabiendo que cuando fuesen construídas las paralelas ésta sería abierta. Debido a que los residentes de la Agrupación de Vivienda El Tirol mediante comunicación con radicación IDU-2240/92, solicitaron que se dejara abierta y en ese mismo sentido nos ha llegado la solicitud de las Religiosas Dominicas de Nuestra Señora de Nazareth de fecha 29 de abril/92. Por lo anterior y de acuerdo a los análisis de flujos relacionados con la movilidad que genera el Colegio Helvetia es necesario organizar el tráfico del sector, se ha determinado la apertura de la boca-calle mencionada". Alega el representante de la Asociación CALATRAVA que, al no existir un acto administrativo que revocara el oficio inicial, se ha producido con el nuevo "un virtual despojo de nuestros derechos REALES" y que ha sido violado el principio constitucional del respeto por los derechos adquiridos, así como también el deber de los funcionarios del Estado de respetar las decisiones de la Administración. En su sentir, han sido transgredidas las reglas del debido proceso, entre las cuales incluye aquella según la cual se presume la legalidad de los actos administrativos "MIENTRAS NO SEAN REVOCADOS con observancia de las formas propias del mismo y con la oportunidad de controvertir la decisión", pues nadie puede ser condenado sin ser vencido en juicio. Solicita, en consecuencia, que el IDU suspenda las decisiones derivadas del oficio 210-117 del 7 de mayo de 1992 "hasta tanto no revoque VALIDAMENTE las decisiones contenidas en el oficio 210-390 del 19 de octubre de 1991" y que suspenda las obras que viene adelantando en desarrollo del acto acusado. II.  LA DECISION JUDICIAL EN REVISION El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del once (11) de junio del presente año, resolvió negar por improcedente la acción de tutela instaurada. A juicio del Tribunal, de los derechos invocados por la Asociación demandante solo es fundamental el del debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta. En relación con el caso concreto afirma que "la apertura de la boca-calle 128B por Avenida Boyacá en nada contradice el que la calle 128B costado Oriental, no tendrá comunicación directa con la Avenida Boyacá y que el separador de la vía será contínuo para no permitir el cruce ortogonal de la calle 128 con la Avenida Boyacá". Según el Tribunal, la comunicación directa de la calle 128B por Avenida Boyacá implicaría la ruptura del separador para permitir la entrada y salida de vehículos desde ambos costados de ésta, Oriental y Occidental, mientras que la apertura de la boca-calle sólo permite la entrada y salida de vehículos por el costado Oriental. En torno a la aplicación de los principios constitucionales al asunto controvertido, señala que el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, como entidad pública ejecutora de los deberes del Estado, al destinar un espacio público para uso común con prevalencia sobre el interés particular de la Asociación CALATRAVA, no viola la garantía del debido proceso, puesto que el IDU no podía reconocer un derecho particular y concreto sobre un área de uso público debido a que su uso corresponde a la comunidad en general. Advierte, por otra parte, que, según su criterio, cuando el artículo 86 de la Constitución Política señala a toda persona como titular de la acción de tutela, debe entenderse que hace referencia a la persona humana, pues sólo de ésta se predican los derechos del hombre o derechos fundamentales, razón por la cual la Asociación CALATRAVA no podía pedir la protección de sus derechos por esta vía. Finalmente expresa que el artículo 88 de la Constitución establece las acciones populares, aplicables en casos como el debatido, al paso que la ley 9 de 1989 en su artículo 8° remite a la acción popular para la defensa de los elementos constitutivos del espacio público, "pero en tal acción no encaja la situación planteada, faltando por tanto que la ley regule esos aspectos". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1  Competencia La Corte es competente para revisar la sentencia mediante la cual se resolvió sobre esta acción de tutela, según lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991. 2.  Acción de tutela intentada por personas jurídicas Una vez más debe insistir la Corte en que la forma de protección que a los derechos constitucionales fundamentales brinda el artículo 86 de la Carta Política no comprende únicamente a las personas naturales, como erróneamente lo ha entendido el Tribunal de Cundinamarca en el fallo materia de revisión, sino que se extiende a las personas jurídicas. En efecto, el precepto superior no distingue y, por el contrario, los fines que él persigue, que coinciden con una de las metas señaladas al Estado por el artículo 2° de la Carta, quedarían frustrados o, cuando menos, realizados de modo incompleto si el alcance del amparo se restringiese por razón del sujeto que lo invoca, dejando expósitas a las personas jurídicas. Estas también son titulares de derechos reconocidos por la preceptiva constitucional y no existe razón alguna para impedirles que se acojan al mecanismo preferente y sumario diseñado por el Constituyente precisamente para lograr su efectividad. Ha expresado la Corte al respecto: "Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que "toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública", no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas"1 . A lo cual añade: "Como lo expresa el Preámbulo de la Carta, una de las motivaciones del Constituyente al expedirla consistió en la necesidad de garantizar un orden político, económico y social justo. En perfecta concordancia con ese propósito, el artículo 1° de la Constitución define a Colombia como Estado Social de Derecho, al paso que el 2° le señala a ese Estado, como dos de sus fines esenciales, el de asegurar la efectividad de los principios, derechos y deberes y el de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. El artículo 4° subraya el carácter supralegal de la Constitución y su prevalencia en todo caso de conflicto con normas de nivel jerárquico inferior. La acción de tutela no puede entenderse como una figura ajena al sistema jurídico fundado en la Constitución y, por el contrario, debe ser concebida con criterio teleológico, es decir, como instrumento al servicio de los fines que persiguen la organización política y el ordenamiento fundamental, uno de los cuales radica en la eficacia de las normas superiores que reconocen los derechos esenciales de la persona (artículo 5°). Desde luego, la persona humana es sociable por su misma naturaleza y no es posible una verdadera protección de ella desechando ese carácter ni prescindiendo de su innegable inserción dentro del contexto colectivo en cuyo medio se desenvuelve". Así, pues, la Asociación CALATRAVA sí podía, desde el punto de vista enunciado, ejercer en este caso la acción de tutela para defender derechos suyos que creía le estaban siendo vulnerados, particularmente la garantía del debido proceso. 3. Improcedencia de la acción de tutela por existir otros medios de defensa judicial Como resulta de la información preliminar que ofrece el expediente, la acción de tutela fue instaurada por una asociación privada para obtener que el Instituto de Desarrollo Urbano de Santa Fe de Bogotá suspendiera su decisión de abrir una boca-calle que el mismo organismo había comunicado a los peticionarios que mantendría cerrada. Tanto la determinación inicial como la posterior son actos administrativos respecto de los cuales la asociación petente, si los estimaba contrarios al ordenamiento jurídico, podía ejercer la acción prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo: "Toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño (artículo 15 del Decreto 2304 de 1989). Ya que, según expresa disposición del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, no era éste el mecanismo adecuado a las pretensiones de la asociación actora, la cual ha debido hacer uso de la acción pertinente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Tampoco se configura en este caso la hipótesis del perjuicio irremediable que pudiera hacer aplicable la tutela como mecanismo transitorio, por cuanto el medio judicial enunciado, en el evento de prosperar, permitiría a la demandante alcanzar el objetivo de mantener cerrada la vía cuya apertura ha ordenado el Instituto de Desarrollo Urbano, lo cual escapa a la noción que del daño irreparable consagra el artículo 6°, numeral 1°, del Decreto 2591 de 1991: "...el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización". Así las cosas, es evidente que no podía darse curso a la acción instaurada, motivo suficiente para que esta Corte confirme la decisión adoptada en primera instancia. Existen, sin embargo, consideraciones adicionales, relacionadas con el fondo mismo del alcance dado por el apoderado de la peticionaria a la normativa fundamental, que se hace preciso exponer para fijar el cabal sentido de ésta en la materia que nos ocupa. 4.  La prevalencia del interés general como postulado básico de nuestro sistema jurídico Expone el apoderado de la demandante que el segundo acto administrativo del IDU ha debido revocar expresamente el anterior para poder ordenar la reapertura de la vía a que se refiere la controversia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca responde con razón a ese argumento afirmando que la entidad pública, al destinar un espacio público para uso común con prevalencia sobre el interés particular, no violó el debido proceso en cuanto no podía reconocer un derecho particular y concreto sobre un área de uso público cuyo uso corresponde a la comunidad. La Corte Constitucional respalda este criterio, que tiene firme sustento en los principios y preceptos de la Carta y en las definiciones que para el caso específico de la revocatoria de actos administrativos han puntualizado tanto la ley como la jurisprudencia. La Constitución declara solemnemente en su Preámbulo que los fines buscados por el Constituyente al sancionarla y promulgarla no son otros que los de "fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo", expresiones todas estas del bien común como desideratum de la sociedad y del Estado. El artículo 1º de la Carta desarrolla esa voluntad del Constituyente cuando, al enunciar los fundamentos del Estado Social de Derecho, incluye la prevalencia del interés general como una de las características esenciales de la organización política. Ese principio aparece ratificado en varios preceptos constitucionales, especialmente en el artículo 58, a cuyo tenor "cuando de la aplicación de una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público o social", con lo cual se ratifica en el ordenamiento superior el postulado que plasmara desde 1886 el artículo 30 de la Constitución anterior. Los órganos que integran las ramas del poder público y las demás dependencias del Estado han de tener este principio constitucional como criterio básico en el ejercicio de sus atribuciones y competencias. De ahí que los servidores públicos, tal como lo declara el artículo 123 de la Constitución, estén al servicio del Estado y de la comunidad". La actividad de la administración pública tiene que cumplirse, entonces, dentro de una perspectiva en la cual no se pierda de vista y, por el contrario, se persiga de manera constante y prioritaria el beneficio colectivo, con la óptica social que lo anteponga a intereses individuales o de grupo. Tal es la concepción que debe presidir toda actuación administrativa y, para el caso que nos ocupa, la expedición, modificación y revocatoria de los actos administrativos mediante los cuales las  entidades  públicas cumplen sus funciones. Por lo que hace a la revocatoria, es menester que se recuerde la precisa ubicación legal y doctrinaria de tal institución dentro del sistema jurídico vigente, que ya no la concibe como resultado del ejercicio de un recurso extraordinario sino como deber impuesto por la ley a la Administración cuando quiera que, de oficio o a solicitud de parte, ella encuentre que un determinado acto se opone manifiestamente a la Constitución Política o a la ley, no se acomoda al interés público o social o causa agravio injustificado a una persona (artículo 69 del Código Contencioso Administrativo). Según puede observarse, el predominio del interés general es consagrado por el precepto legal en comentario como motivación imperativa ineludible para que el funcionario competente proceda a revocar el acto que riñe con aquél, no ya sobre el supuesto de consideraciones de índole jurídica sino sobre la base de la oposición real entre la permanencia de dicho acto y las conveniencias del bien colectivo. En otros términos, el acto administrativo que lesiona o contradice el interés público no puede subsistir y ello aunque el origen de la confrontación sea sobreviniente, tal como lo entendió en su momento la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia cuando, al distinguir entre las figuras de la nulidad y la revocatoria, señaló que la conformidad del acto con la ley encierra el criterio de legitimidad, al paso que si aquella se predica del interés público, el criterio relevante es el de conveniencia: "(...) el acto que en su origen fue conveniente por coincidir con el interés general y favorecer el bien común puede ulteriormente tornarse en inconveniente por llegar a ser incompatible o inarmónico con el interés público y aún contrario al bien común. La dinámica social ha hecho que estos cambien y, por tanto, el acto original, por no satisfacerlos, tórnase desueto y aun nocivo, por lo cual reclama la abrogación"2 Ahora bien, el acto administrativo de carácter general puede haber favorecido intereses de personas particulares habida cuenta de las circunstancias peculiares en que se hallen éstas.  Así, en el asunto que se examina, la decisión  inicialmente tomada por el Instituto de Desarrollo Urbano,  aunque se haya  puesto de presente  en  una carta-respuesta a inquietudes formuladas por la Asociación CALATRAVA, tuvo indudable carácter general en cuanto afectó a toda una comunidad urbana e impuso restricciones a cualquier eventual transeúnte por el sector -de allí su choque con el interés público- pero pudo favorecer los intereses de cierto número de habitantes, representados por la persona jurídica nombrada. Ello en modo alguno convierte el acto administrativo en particular, individual y concreto, ni lo ampara en la previsión normativa del artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, de lo cual se deduce con entera claridad que, para revocar por motivos de interés público ese acto de carácter general, la Administración no requería consentimiento expreso y escrito de la Asociación CALATRAVA. Esta no era titular de un derecho subjetivo oponible a la decisión de revocatoria; su beneficio no podía prevalecer sobre la necesidad pública representada en el uso de la vía ni sostenerse por la autoridad pese al sacrificio colectivo que implicaba el cierre. 5. Imposibilidad de adquirir derechos privados sobre las vías públicas El apoderado de la sociedad demandante pretendió que esta tenía unos supuestos derechos adquiridos, que él denominó "reales", sobre la vía contra cuya apertura interpone la acción de tutela. Semejante posición resulta insostenible no solamente por lo inusitado del argumento ante el carácter imprescriptible e inenajenable de los bienes de uso público (artículo 63 C.N.) sino por la errónea concepción que delata en lo que respecta al alcance de la protección constitucional que en nuestro sistema tienen los derechos adquiridos. Olvida el accionante que aun en el caso de haberse consolidado en cabeza de una persona un derecho constitucionalmente reconocido como el de dominio (artículo 58 de la Carta Política), sobre éste pesa una función social que implica obligaciones y que razones de utilidad pública o de interés social pueden dar lugar a la expropiación como desarrollo del mismo principio inspirador del Derecho Público a que se viene aludiendo. Si ello es así tratándose de propiedad privada, con mucha mayor razón impera el interés público frente a la pretendida pero imposible adquisición de derechos particulares sobre bienes destinados por mandato de la Constitución y de la ley al servicio de la comunidad como acontece con las vías públicas. Por ello resulta cuando menos insólito que una asociación privada acuda a la acción de tutela, no para impetrar el amparo judicial de sus derechos fundamentales, sino con la desmedida aspiración de alcanzar un "statu quo" contrario a la Constitución en cuanto lesivo del interés común, con la peregrina tesis de que le fueron vulnerados "derechos adquiridos" al cierre de una vía pública. La ya citada sentencia proferida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia afirmó enfáticamente, en términos que esta Corporación comparte, la prevalencia del interés público como principio aún en presencia de derechos adquiridos -que no son absolutos- e hizo la distinción, para lo referente a la revocatoria de los actos administrativos, entre la regla general y la excepción atemperada: "(...) al reparar en el límite del poder de revocación de los administradores frente al óbice de los derechos adquiridos de los administrados surge la pregunta de rigor: ¿conforme al ordenamiento jurídico nacional existen derechos "absolutos"? Los llamados derechos adquiridos, por serlo, y dada su estirpe, ¿son acaso "un intocable", "un tabú"? Al menos en lo que al derecho colombiano se refiere la respuesta debe ser negativa. Siendo como es todo derecho subjetivo un interés que el derecho objetivo reconoce y protege, el reconocimiento y protección que el último procura al primero también tiene un límite. Ese límite es el interés público, el cual (...) prevalece, en caso de conflicto, sobre el interés privado. En las relaciones simplemente generales de poder entre el Estado y los ciudadanos todos los derechos y deberes son recíprocos, formando, por ello, lo que se denomina "la relación jurídica compleja". Así, por ejemplo, el Estado garantiza la propiedad y los derechos adquiridos, pero sobre la propiedad versan las obligaciones emanadas de su función social, y el interés privado que se acoraza con los derechos subjetivos debe ceder al interés público o social". Citando a ZANOBINI el aludido fallo afirmó: "Los derechos y los intereses privados, sea cual fuere su origen (la ley, la concesión, el acto administrativo, etc) si entran en conflicto con el interés público deben subordinarse a éste. Si aquellos han nacido de un acto administrativo, "donde se verifique semejante conflicto, sea porque el interés público fue mal apreciado en la emisión de la disposición, sea porque haya sufrido una sucesiva modificación, tales derechos e intereses deben caer". "(...)" "En suma, el interés de la comunidad está siempre por encima del interés del individuo, sea cual fuere el origen de su reconocimiento y protección jurídica. Si aun en las concesiones de naturaleza contractual el concesionario particular está sujeto a las modificaciones reglamentarias producidas por la administración concedente en atención a las exigencias del servicio público o a los imperativos del interés social, con mayor razón el titular de los derechos subjetivos derivados de una resolución administrativa sólo podrá estar precavido contra la revocación o reforma de ésta mientras su interés privado no entre en pugna con el interés público o social".3 Se repite que en el caso sub-examine no había derecho adquirido alguno que reclamar por parte de la sociedad demandante y, por ende, ningún motivo válido podía invocar para sostener ante el juez de tutela que se le estaban desconociendo las garantías constitucionales. Tampoco acierta el petente cuando afirma que la revocatoria del primer acto no se produjo pues, si bien es cierto que tal palabra no se utilizó en el oficio 210-117 suscrito por el Director del IDU, no puede negarse que, por su contenido y por sus efectos, este segundo acto hizo cesar los efectos del anterior y dispuso exactamente lo contrario de lo que mediante él se ordenaba, invocando motivos de interés público. La Corte Constitucional ha sostenido en varias de sus providencias4 , y lo hace ahora una vez más, que el cierre de vías públicas o su obstrucción en cualquier forma afecta la libertad de locomoción y que el ejercicio de esta es un derecho fundamental a cuya defensa están obligadas las autoridades públicas. También ha reiterado la Corte que la obstaculización de tales vías quebranta el derecho que tiene la colectividad al uso del espacio público a cuya protección está obligado el Estado (artículo 82 de la Constitución) y que se constituye por tanto en abuso inaceptable, bien que provenga de particulares o de la decisión de autoridades o funcionarios carentes de la competencia para regular el uso del suelo urbano (artículo 313 y 315). En el caso presente debe afirmar, además, que la restitución a la comunidad del espacio que había sido ocupado ilegalmente o limitado en virtud de decisión administrativa que luego se encuentra opuesta al interés público, es no solamente una potestad sino una verdadera obligación de las autoridades, susceptible de impetrarse por medio de las acciones populares consagradas en el artículo 88 de la Constitución o de la acción de tutela desde la perspectiva del individuo cuyos derechos fundamentales resultan vulnerados por el cierre (artículo 86 C.N.) Si ello es así, la lógica indica que no es posible utilizar esos mismos instrumentos jurídicos, como se ha hecho en esta oportunidad, para lograr efectos contrarios a los queridos por la Constitución. Decisión En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en Sala de Revisión, actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.  Con base en las consideraciones que anteceden, CONFIRMARSE la sentencia de fecha once (11) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Primera-. Segundo.  Líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO       FABIO MORON DIAZ                  Magistrado Magistrado 1  Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia No.437. Junio 24 de 1992. 2 Corte Suprema de Justicia, Sala Constitucional. Sentencia de mayo 5 de 1981. Magistrado Ponente: Dr. Jorge Vélez García. G.J. Tomo CXLIV. 1981. Pág. 134. 3 Corte Suprema de Justicia. Sala Constitucional. Sentencia citada. 4  Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión- Sentencias 518 y 550 de fechas 16 de septiembre/92 y 7 de octubre/92. Sala Quinta de Revisión. Fallo 508 del 28 de octubre de 1992.

T-552-92 Sentencia No Sentencia No. T-552/92 DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Finalidad La Constitución Política de 1991, a más de consagrar en forma expresa el  derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, lo consagra para las actuaciones administrativas, con lo cual se produce una innovación que eleva a la categoría de Derecho Fundamental, un derecho de los asociados que, tradicionalmente, tenía rango legal, y no hacía parte del concepto original propio del derecho al debido proceso. Debe entenderse por "proceso" administrativo un conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de distinto género.  Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, relacionados entre sí de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo con la disposición que de ellos realice la ley. DEBIDO PROCESO-Vulneración/ACTO ADMINISTRATIVO-Incumplimiento/PRESUNCION DE LEGALIDAD El incumplimiento del despacho comisorio por el funcionario de policía (Inspector), viola flagrantemente el debido proceso administrativo en tanto derecho fundamental, porque los actos administrativos se encuentran amparados por una presunción de legalidad, trasladándose de manera ordinaria al  particular la carga de probar lo contrario.  Esta presunción tiene una contrapartida, y es la de que los actos que generen situaciones particulares y concretas, también son de obligatorio cumplimiento por parte de la  administración, a diferencia de los actos reglamentarios que ella puede modificar o revocar en cualquier tiempo. Así, los actos administrativos son ejecutivos una vez queden en firme.  La presunción de legalidad y su atributo, su obligatorio cumplimiento, hace que, en este tipo de actos no le sea admisible a la administración su incumplimiento, como ocurrió con la interrupción ilegal del acto, o de los actos, por la administración. DECISION JUDICIAL-Incumplimiento Las decisiones judiciales son para cumplirlas, y estas actuaciones a destiempo, e impertinentes no consultan la recta interpretación de la ley.  Por lo tanto esta Corporación ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación a fin de que  investigue las conductas oficiales antes señaladas.  Sobre todo por la circunstancia de que no era posible solicitar aclaración al juez sobre la ejecución de su propio acto o actos, y, por el eventual desacato a la providencia judicial. FALLO DE TUTELA/QUERELLA DE POLICIA La decisión de la última querella se encuentra amparada por una decisión de tutela, cuya jerarquía como acto, es superior a las resoluciones administrativas de las procesos policivos citados, en razón de su jerarquía constitucional y del objetivo prevalente, la defensa de los derechos fundamentales, que busca garantizar.  En consecuencia, debe mantenerse el Statu-quo, hasta cuando la justicia ordinaria defina los titulares de la posesión y del  dominio del predio en cuestión. REF.: Expediente No. T-3197 Debido proceso administrativo. Actores: ALONSO ABUCHAIBE ABUCHAIBE JAIME BARRETO BARRETO RAFAEL GUTIERREZ CESPEDES Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C.,  Octubre siete (7) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, procede en Sala de Revisión de Tutelas  a decidir, en el grado jurisdiccional de revisión, el asunto de la referencia, teniendo en cuenta lo siguiente: I.  ANTECEDENTES Los señores ALONSO ABUCHAIBE ABUCHAIBE, mediante apoderado, JAIME BARRETO BARRETO y RAFAEL GUTIERREZ CESPEDES, actuando en su propio nombre, en ejercicio de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta, COMO MECANISMO TRANSITORIO, demandan que se "ordene al señor Inspector del Rodadero o a quien corresponda el cumplimiento de la medida de policía proferida mediante la resolución del 8 de agosto de 1991 por la Secretaría Distrital de Santa Marta: Statuo-Quo y restablecimiento de las cosas en el estado en que se encontraban al momento de practicar la inspección judicial en el predio denominado "CARTAGO", en el  sector del aeropuerto de esta jurisdicción, distinguido con la matrícula inmobiliaria No. 080-0010041, resolución ratificada por la del 16 de octubre de 1991"; y que se adopten las "medidas previas del caso". Para fundamentar sus peticiones, relata que como consecuencia de un proceso policivo de amparo de la posesión del predio indicado, la Alcaldía Mayor del Distrito Turístico de Santa Marta, por medio de su Secretaría de Gobierno, profirió la resolución de fecha 8 de agosto de  1991, en la cual se ordenó: "Art. 3o. dejar en libertad a las partes para que acudan a la justicia ordinaria...", No amparar la posesión solicitada por la Sra. Lourdes Noguera de Riasco "ART.4o. Decretar el Statuo-Quo restableciendo y preservando la situación existente en el momento que se realizó la  inspección ocular..."; momento en el cual "no existía plantación ni mejora alguna en el terreno o predio de nuestra propiedad denominado Cartago".  Que el Statu-Quo "fue violentado y quebrantado" por los señores Riascos especialmente por el señor MIGUEL ARIAS RIASCO NOGUERA, familiares de la sra. LOURDES NOGUERA DE RIASCO, quien además ha iniciado un proceso temerario de pertenencia el cual cursa en el Juzgado 3o. Civil del Circuito de Santa Marta". "El 16 de octubre de 1991 el Secretario de Gobierno Dr. JORGE SUMBATOFF, profirió nueva resolución, ordenando el cumplimiento de la resolución de agosto 8 de 1991 a que nos hemos referido.  La resolución de octubre 16 de 1991 no fue cumplida o materializada por ERROR  del Inspector comisionado".  Este funcionario, con posterioridad solicita el envío  de su expediente para corregir su error, solicitud que le es negada en la resolución de fecha noviembre 29 de 1991 y expedida por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía que "en su art. 3o. veladamente niega el cumplimiento de la medida policiva proferida mediante la Resolución del 8 de 1991, de agosto (sic)". Que la Alcaldía Mayor del Distrito de Santa Marta estaba obligada a cumplir su propio acto, sin dilaciones.  Como disposiciones aplicables se citan artículos 29 y 127 del C. Nal. de P., artículo 264 del C.P.C. y Decreto 2591/91,  artículos 8,  13, 18, 22, 23 y 30 y conc. artículos 29 y 86 C.N.. LA PRIMERA INSTANCIA El Juzgado 2o. Penal Municipal  de Santa Marta, en sentencia del veinticuatro (24) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1992), en el asunto de la referencia "DECRETA: PRIMERO:  NEGAR  la acción de TUTELA solicitada por los Doctores JAIME BARRETO BARRETO, ALONSO ABUCHAIBE  ABUCHAIBE  y RAFAEL GUTIERREZ CESPEDES", luego de considerar: Que "para concluir con esta acción de TUTELA presentada por los antes mensionados (sic) el Juzgado es del criterio al fallo que profirió la Alcaldía Mayor de Santa Marta por el Secretario de Gobierno Distrital Dr. HENRY SOLANO IBARRA donde se debe decir que este conflicto o debate debería  pasar a un Juzgado Civil del Circuito amén de que la matrícula inmoviliaria (sic) no está diciendo que hay un proceso en un Juzgado Civil del Circuito y este es el que tiene que resolver dicho conflicto ya que administrativamente ni lo hizo  la Alcaldía y ninguna otra autoridad en el momento de presentarse esta acción de TUTELA,  -por la sencilla razón y a las pruebas que se aportaron en dicho expediente, con las inspecciones judiciales  realizadas, se nota que ninguna de las dos (2) partes parece no ser dueño del terreno que está ubicado en el sector del aeropuerto dicho predio denominado CARTAGO y que  sus características ya se dijeron anteriormente en esta providencia.  Por lo tanto este Despacho Judicial niega la acción de TUTELA  o solicitada o presentada por los doctores JAIME BARRETO BARRETO, ALONSO ABUICHAIVE ABUCHAIVE (sic), RAFAEL GUTIERREZ CESPEDES ya que en este conflicto se encuentra un proceso en un Juzgado Civil del Circuito como reza en las matrículas inmoviliarias (sic) emanada de la Oficina de Instrumentos Públicos y Privado (sic) como última actuación". LA IMPUGNACION El accionante JAIME R. BARRETO BARRETO, impugna la providencia anterior (folios 47 y 55), luego de ser notificada en legal forma, alegando la necesidad de que se le tutele su derecho al "Debido  proceso -que viene siendo violentado por  la Secretaría de Gobierno y Alcaldía de Santa Marta", considerando que en el fallo no se consultó la realidad de los hechos narrados y debidamente  probados. Agrega que "el art. 29 del Código Nal. de Policía nos enseña quienes deben cumplir las órdenes y decisiones de jueces y demás autoridades, así mismo el art. 127 de la  misma obra dice que las medidas de policía se mantienen mientras el Juez no decide otra cosa". LA SEGUNDA INSTANCIA El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta, en providencia del 27 de abril de 1992, resuelve:  "PRIMERO:  Revocar en todas sus partes el auto de fecha febrero 24 de 1992 proferido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de esta Ciudad. SEGUNDO:  Conceder el Derecho de Tutela solicitado por los doctores JAIME BARRETO BARRETO, ALONSO ABUCHAIBE ABUCHAIBE  y RAFAEL GUTIERREZ CESPEDES. TERCERO:  Ordenar al señor Alcalde Mayor de esta ciudad, para que directamente o por medio del funcionario que corresponda haga efectivo el Statu-Quo decretado mediante las resoluciones de 8 de agosto y 16 de octubre de 1991. Debiendo  comunicar al Juzgado Segundo Penal Municipal de esta ciudad el cumplimiento de tal decisión", previas las siguientes consideraciones: -  Que la Alcaldía Mayor del Distrito Turístico de Santa Marta, por medio de su  Secretaría de Gobierno Distrital-División Justicia-  profirió la resolución fechada 8 de agosto de 1991, que ordena: "Abstenerse de amparar la posesión solicitada" y "...el Statu-Quo restableciendo y preservando la situación existente en el  momento en que se realizó la inspección ocular...". -  Que la misma autoridad pública señalada en el punto anterior expidió con fecha 16 de octubre de 1991  "la resolución vista a folios 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del C.O., en la que se decidió entre tantas cosas lo siguiente:  "Artículo  4o. Comisionar al Inspector Turístico y de Policía de El Rodadero para que previa notificación y con la intervención del señor Personero se entre a restablecer el Statu-Quo establecido en este Despacho y quebrantado por la parte querellante a fin de que se mantengan las cosas en el Estado (sic) en que se encontraban al momento de la  Inspección Ocular". -   Que a pesar de la resolución de fecha 29 de noviembre de 1991 procedente de la Alcaldía Mayor de Santa Marta, "podemos afirmar que las decisiones  tomadas con respecto del Statu-quo y la obtención al amparo de la posesión que mencionamos en los dos numerales anteriores no han variado  en lo  más mínimo, por lo tanto en razón a encontrarse en firme tales decisiones deben cumplirse sin más dilaciones".  Que esta última resolución no revoca las anteriores, cuyo cumplimiento no puede verse afectado por el reparo u objeción para su cumplimiento por parte del Inspector Turístico y de Policía del Rodadero. -  Que la Alcaldía debe cumplir sus propios actos. -  Que los argumentos del A-quo "no se compaginan con la solicitud  invocada. Decimos esto porque la columna vertebral del objeto de esta acción de tutela es precisamente el hecho de darle cumplimiento o no al Statu-quo ordenado por la Alcaldía Mayor de esta ciudad por intermedio de la Secretaría de gobierno Distrital y sobre ello y únicamente ésto se debió basar la decisión del A-quo, sin importar la situación en cuanto a que si una u otra parte era propietaria o poseedora o nó del terreno denominado "Cartago", ya que no se trata de dilucidar asuntos que tienen que ver con estos fenómenos o situaciones jurídicos del inmueble cuestionado, lo que se trataba era de decidir si tenían o no los impugnantes ahora, y solicitantes en un principio, razón respecto del cumplimiento del Statu-quo". Visto lo anterior, procede la Sala a decidir, previas las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: a)   La Competencia Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por  los señores JAIME BARRETO BARRETO, ALONSO ABUCHAIBE ABUCHAIBE y RAFAEL GUTIERREZ CESPEDES, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, desarrollados en los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. b)   La Materia La presente revisión de la sentencia del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Santa Marta, del veintisiete (27) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992), en el asunto de la referencia, permite además precisar el alcance del Derecho fundamental al debido  proceso administrativo consagrado en el artículo 29 de la Carta. EL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO La Constitución Política de 1991, a más de consagrar en forma expresa el  derecho al debido proceso en las actuaciones judiciales, lo consagra para las actuaciones administrativas, con lo cual se produce una innovación que eleva a la categoría de Derecho Fundamental, un derecho de los asociados que, tradicionalmente, tenía rango legal, y no hacía parte del concepto original propio del derecho al debido proceso.  En efecto, se distinguía entre una y otra realidad jurídica, en tanto ese derecho buscaba, en sus primeros tiempos asegurar la libertad física, y, sólo gradualmente se extendió a procesos de naturaleza no criminal, a las demás formas propias de cada juicio, según el texto constitucional anterior; ahora, sigue aumentando su espectro este derecho, que comprende como el que más la necesidad de consultar el principio de legalidad en las actuaciones públicas judiciales y en adelante las administrativas, ampliando su ámbito garantizador. El proceso administrativo, denominado antes procedimiento administrativo, para diferenciarlo del proceso judicial, en tanto, este último, tenía por finalidad la cosa juzgada; comprende el conjunto de requisitos o formalidades anteriores, concomitantes o posteriores, que establece el legislador para el cumplimiento de la actuación administrativa, y los procedimientos, o pasos que debe cumplir la administración para instrumentar los modos de sus actuaciones en general. Resultan inútiles, para la definición del objeto del derecho fundamental al debido proceso administrativo, el detenerse en distinciones tales como las de "procedimiento" por oposición a "proceso", según las cuales el primero es el conjunto de modos como se va desarrollando el segundo, o que éste es la unidad o totalidad de la actuación, mientras aquel toma los actos procesales en  sí mismos y no el proceso. En realidad, lo que debe entenderse por "proceso" administrativo para los efectos del artículo 29 de la Constitución Política, es un conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados y para la validez de sus propias actuaciones, ya que su inobservancia puede producir sanciones legales de distinto género.  Se trata del cumplimiento de la secuencia de los actos de la autoridad administrativa, relacionados entre sí de manera directa o indirecta, y que tienden a un fin, todo de acuerdo con la disposición que de ellos realice la ley. Las tendencias más recientes del derecho administrativo muestran la organización de procedimientos para la función administrativa, de la misma manera que de tiempo atrás se venían organizando procedimientos para la función judicial, y existía el procedimiento a que debían ceñirse las corporaciones públicas para el cumplimiento de la función legislativa. Los procesos administrativos, sin tener la complejidad formal de los procesos judiciales, no están carentes de formalidades. La flexibilidad mayor proviene de la propia naturaleza de su impulsor, mientras el juez, está investido de cierta dignidad de tercero, en el caso de la administración esta es al mismo tiempo juez y parte; y sus actuaciones están sometidas de ordinario al control jurisdiccional, toda vez que se trata fundamentalmente del desarrollo de una gestión más que  del dictum del derecho. La multiplicidad de actuaciones de la administración, de organización y gestión, reglamentarias y cuasi judiciales, de nominación y ejecución, de suministro de servicios y de recaudo, dificulta una descripción exhaustiva del proceso administrativo; incluso, por la variedad de formas que adopta la actuación de la administración, más bien debería hablarse de los procesos administrativos, algunos de ellos, como los aludidos en el presente negocio (amparo posesorio), equiparables a los procesos judiciales. Desde el punto de vista material, los procesos administrativos han sido clasificados en declarativos y constitutivos, estos últimos  producen un efecto de nacimiento, modificación o extinción de situaciones subjetivas, mientras que los primeros cualifican jurídicamente cosas, personas o relaciones, como ocurre en los expedientes para la expedición de títulos académicos; organizativos, como los que tienen por objeto actos de creación, modificación o extinción de personas jurídicas o la actividad de control; sancionadores, mediante los cuales la administración ejerce su potestad sancionatoria; contractuales, los necesarios para la celebración de contratos por la administración; ejecutivos que son los que permiten materializar los contenidos de los actos administrativos y que hacen posible la ejecución de los mismos, categorías éstas las más usuales. De otra parte, según su oportunidad, el concepto de proceso administrativo, contiene una triple proyección en sus contenidos, que permite distinguir entre elementos anteriores a la actuación, elementos concomitantes de forma y trámite y elementos posteriores de ejecutividad y eficacia de las mismas. Es justamente en este último grupo de elementos, en el que se sitúa la problemática de la actuación administrativa que ocupa a la Sala; se trata del incumplimiento por parte de la administración sus propios actos.  La Alcaldía mayor del Distrito Turístico de Santa Marta, Secretaría de Gobierno Distrital-Divisón de Justicia en fecha 8 de agosto de 1991, decide la querella civil de policía No. 131, formulada por la señora LOURDES NOGUERA DE RIASCOS, para que se le amparase la posesión sobre un predio denominado "Cartago", resolviendo abstenerse de amparar la posesión solicitada, por no encontrarse probada esta por ninguna de las partes intervinientes en ese proceso; dejar en libertad a las partes para que acudan a la justicia ordinaria y controviertan  los derechos que alegan; y decretar el Statu-quo, restableciendo y preservando la situación existente en el momento en que se realizó la inspección ocular hasta que la justicia ordinaria no decida otra cosa y advertir a las partes que debían abstenerse de realizar ningún acto de perturbación sobre el inmueble.  La misma autoridad, en resolución del 11 de octubre de 1991, decreta la nulidad de las actuaciones del Inspector Turístico y de Policía del  Rodadero, por no haber cumplido el primer acto, en debida forma al no notificar a las partes antes de  proceder a cumplir los ordenado en el proveído.  En esta segunda oportunidad, la administración no accede a la solicitud de interesado de revocar el acto de 8 de agosto de  1991, y si por el contrario comisiona nuevamente "al Inspector Turístico y de Policía de El Rodadero para que previa notificación y con la intervención del señor Personero se entre a restablecer el Statu-quo establecido por este Despacho y quebrantado por  la parte querellante a fin de que se mantengan las cosas en el estado en que se encontraban al momento de la diligencia de inspección ocular".  Nuevamente, produce un acto la Alcaldía, el 26 de noviembre de 1991, en el cual, confirma lo decidido en las dos anteriores resoluciones.  Sin embargo, la ejecución de lo ordenado en estos actos no se lleva a cabo, procediendo los accionantes de la referencia a instaurar la acción de tutela. El incumplimiento del despacho comisorio por el funcionario de policía (Inspector), viola flagrantemente el debido proceso administrativo amparado constitucionalmente en el artículo 29 de la Carta, en tanto derecho fundamental, porque los actos administrativos se encuentran amparados por una presunción de legalidad, trasladándose de manera ordinaria al  particular la carga de probar lo contrario.  Esta presunción tiene una contrapartida, y es la de que los actos que generen situaciones particulares y concretas, también son de obligatorio cumplimiento por parte de la  administración, a diferencia de los actos reglamentarios que ella puede modificar o revocar en cualquier tiempo.  Así, los actos administrativos son ejecutivos una vez queden en firme.  El artículo 73 del C.C.A., preceptúa que "cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular. Y no existe duda sobre la situación particular, que en la querella No. 131 se definió por las 3 resoluciones, las dos (2) últimas confirmatorias de la primera, en el sentido de no reconocer la posesión a una de las partes en detrimento de la otra, sino, de abstenerse y decretar una suspensión de esos derechos, manteniendo el Statuo-quo desde el momento de la diligencia de "Inspección Ocular, hasta cuando la Justicia ordinaria definiera las pretensiones de cada una de ellas. La presunción de legalidad y su atributo, su obligatorio cumplimiento, hace que, en este tipo de actos no le sea admisible a la administración su incumplimiento, como ocurrió con la interrupción ilegal del acto, o de los actos, por la administración. De otra parte observa la Sala que con motivo de la decisión expedida por el señor Juez Penal del  Circuito, se han presentado conductas que contrarían  las disposiciones legales, por el apoderado del Dr. Miguel Riascos Noguera quien plantea la nulidad de la providencia, obstaculizando la orden judicial, que como bien lo afirma el funcionario (folio 100), la misma "es inmutable, con la sola excepción del recurso extraordinario de Revisión". Más grave aún, resulta la conducta del señor Alcalde Mayor, Dr. ALVARO ANTONIO ORDOÑEZ VIVES, al "Inhibirse o suspender el cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado Tercero Penal del Circuito", y al solicitar, "con base en el artículo 31 de la Constitución Nacional en el sentido de aclarar si se debe cumplir lo ordenado antes de que se resuelva la nulidad solicitada", por el apoderado citado en el párrafo anterior. Las decisiones judiciales son para cumplirlas, y estas actuaciones a destiempo, e impertinentes no consultan la recta interpretación de la ley.  Por lo tanto esta Corporación ordenará oficiar a la Procuraduría General de la Nación a fin de que  investigue las conductas oficiales antes señaladas.  Sobre todo por la circunstancia de que no era posible solicitar aclaración al juez sobre la ejecución de su propio acto o actos, y, por el eventual desacato a la providencia judicial (folio 114). En la diligencia de cumplimiento del fallo que se revisa, el apoderado del Dr. MIGUEL RIASCOS NOGUERA, presenta un certificado de la Jefe de la División de Justicia de la Secretaría de Gobierno, del Distrito Turístico Cultural e  Histórico de Santa Marta, en el cual consta que en este predio se realizó una diligencia de lanzamiento por ocupación de hecho impetrada por el señor JAIRO TIRADO ULLOA contra MIGUEL RIASCOS NOGUERA, "diligencia según este certificado se efectuó en el predio que hoy es objeto del cumplimiento de la ACCION DE TUTELA ORDENADO (sic) por el JUZGADO TERCERO PENAL DEL CIRCUITO.  En dicha certificación consta que se acepto la oposición del querellante MIGUEL RIASCOS NOGUERA en el momento de diligencia ce (sic) lanzamiento como poseedor de el (sic) mismo" (folio 143). En memorial fechado 30 de septiembre de 1992, dirigido al Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Honorable Presidente de la Corte Constitucional, el  Dr. MIGUEL RIASCOS NOGUERA, anexado al expediente por intermedio de la Secretaría, se acompañan los siguientes documentos: -  Copia de los alegatos presentados dentro del proceso de pertenencia de Lourdes Noguera de Riascos contra Rafael Gutierrez, Jaime Barreto Barreto y otros. -   Copia de la certificación en donde se acepta la oposición dentro de la querella presentada contra Miguel Riascos. -   Copia de la resolución del 3 de agosto de 1992, emanada de la Alcaldía Mayor de Santa Marta. -   Copia de la resolución del 10 de septiembre de 1992, emanada de la Alcaldía Mayor de Santa Marta. Se relata en ellos la existencia de un proceso de prescripción adquisitiva de dominio, ante la justicia ordinaria que tomará las decisiones definitivas sobre los derechos que pretenden tener los  intervinientes; la existencia de la querella civil policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, No.179, en donde se reconoció la posesión al Dr. MIGUEL RIASCOS NOGUERA, según certificación de la Dra. ANA MARGARITA VEGA VIVES, Jefe de la División de Justicia de la Alcaldía.  Se observa sobre esto que la misma autoridad que ordenó mantener el Statu-quo y negar la posesión al  Dr. Riascos, ahora, en esta última querella se la reconoce, apareciendo un acto, de naturaleza posterior, aunque de idéntica jerarquía que el que dió por terminada la querella No.  131.  La decisión de esta última se encuentra amparada por una decisión de tutela, cuya jerarquía como acto, es superior a las resoluciones administrativas de las procesos policivos citados, en razón de su jerarquía constitucional y del objetivo prevalente, la defensa de los derechos fundamentales, que busca garantizar.  En consecuencia, debe mantenerse el Statu-quo, hasta cuando la justicia ordinaria defina los titulares de la posesión y del  dominio del predio en cuestión. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutela, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.  CONFIRMAR la parte resolutiva de la sentencia proferida por el señor Juez Tercero Penal del Circuito de Santa Marta, del veintisiete (27) de abril  de mil novecientos noventa y dos (1992), en el negocio de la referencia, por las razones expuestas. Segundo.  Oficiar a la Procuraduría General de la Nación a fin de que investigue los hechos que se señalan en la parte motiva de la presente providencia. Tercero.  Comuníquese la presente decisión al Juez Segundo Penal Municipal de Santa Marta, conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.  Ordénesele al Juez Tercero Penal del Circuito de Santa Marta que informe a esta Corte sobre el cumplimiento de lo decidido en esta sentencia. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ              SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-554-92 Sentencia No Sentencia No. T-554/92 SENTENCIA-Obligación de hacer/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Efectividad Cuando una sentencia condena a una persona jurídica pública a realizar una conducta en desarrollo de sus competencias, si ésta se niega a cumplir no es factible jurídicamente autorizar la ejecución del hecho por otra entidad a expensas de la primera, pues se arriesga con ello el principio de legalidad. En el proceso ejecutivo contra la administración por obligación de hacer sólo existe la alternativa indemnizatoria cuando la entidad oficial no se allana a cumplir la sentencia. Si el cumplimiento de la obligación es imposible jurídicamente, v.gr. por haber perdido la autoridad competencia sobre la materia objeto de la condena, resta únicamente la compensación dineraria por el sacrificio individual, no siendo posible pretender la protección de los derechos fundamentales por esta vía. SENTENCIA-Cumplimiento obligatorio La misión de los jueces de administrar justicia mediante sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico. El obligado cumplimiento de lo resuelto por los jueces y tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho y, al mismo tiempo, un derecho fundamental de carácter subjetivo. DERECHO A LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS/PRINCIPIO DE LA BUENA FE Los derechos procesales fundamentales no restringen su efectividad a la existencia de un proceso. Ellos incluyen tanto el derecho a acceder a la justicia como el derecho a la ejecución de las sentencias en firme. Lo contrario llevaría a restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas hueras, carentes de contenido. Bajo una perspectiva constitucional, las obligaciones emanadas de una sentencia adversa a la nación no son transmisibles a otra entidad territorial, por implicar ello una vulneración de los derechos procesales fundamentales reconocidos a las personas jurídicas de derecho público, además de significar una afectación presupuestal para una entidad ajena a la condena. La persona favorecida con una sentencia ejecutoriada que obliga al Estado al cumplimiento de una prestación espera y confía legítimamente que la autoridad respectiva ejecute, sin dilaciones y en sus estrictos términos, lo ordenado por la decisión judicial. Los privilegios que protegen a la administración no la sitúan por fuera del ordenamiento jurídico, ni la eximen de dar cumplimiento a lo ordenado por los jueces. DERECHOS ADQUIRIDOS-Cambio de normatividad Un cambio de competencias de orden legal no modifica, nova o extingue una obligación reconocida mediante sentencia en firme. Aunque el Alcalde Municipal con capacidad nominadora puede válidamente oponerse al cumplimiento de una condena que no ha sido impuesta a la entidad territorial que representa, la autoridad pública obligada no puede sustraerse al cumplimiento y aducir para ello su falta de competencia legal. Una interpretación armónica de las normas constitucionales y legales correspondientes impide desconocer derechos adquiridos de rango constitucional mediante la aplicación retroactiva de una Ley que sustrajo a la entidad pública la competencia necesaria para cumplir una obligación impuesta con anterioridad al cambio normativo. REINTEGRO AL CARGO-Incumplimiento/DERECHO A LA IGUALDAD-Vulneración/DEBIDO PROCESO-Vulneración/DERECHO AL TRABAJO-Vulneración/PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA El incumplimiento de la orden de reintegro - de suyo generadora de cargas económicas para la Nación como consecuencia del pago dinerario por concepto de indemnización - por razones desconocidas, no imputables al interesado quién oportunamente solicitó el cumplimiento de la sentencia y luego recurrió al cobro ejecutivo de los sueldos y demás emolumentos dejados de percibir, además de constituir una omisión de la autoridad pública que vulnera el derecho a la igualdad, también desconoce el derecho fundamental al debido proceso y el derecho al trabajo del actor. Los principios de seguridad jurídica - que supone el cumplimiento de las sentencias -, y de legalidad presupuestal, requieren ser armonizados para evitar que la administración pueda diferir indefinidamente la ejecución de una orden judicial más allá del tiempo indispensable para obtener, actuando con la debida diligencia, las partidas presupuestales necesarias para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales del solicitante. OCTUBRE 9 DE 1992 Ref. : Expediente T-3238 Actor: CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los doctores Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero ha pronunciado EN NOMBRE  DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela T-3238 adelantado por el señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA contra el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL. ANTECEDENTES 1. El señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA, por intermedio de apoderado, interpuso acción de tutela contra el MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL por la omisión de éste en dar cumplimiento a la sentencia del 15 de febrero de 1980, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y confirmada en todas sus partes por la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante fallo del 6 de junio de 1980. En la citada sentencia, la justicia administrativa dispuso la nulidad de la Resolución No. 1345 de marzo 30 de 1976 del Ministerio de Educación Nacional por la que se declaraba al accionante insubsistente del cargo de profesor en el Colegio Simón Araujo de Sincelejo (Sucre), y ordenó a dicho ministerio reintegrar al actor dentro del término previsto en el artículo 121 del C.C.A., vigente a la fecha, al cargo que desempeñaba o a otro de igual o superior categoría. 2. El peticionario adujo la violación de su derecho fundamental al trabajo porque a pesar de haber solicitado reiteradamente el reintegro, doce (12) años después todavía no se había dado cumplimiento a la sentencia. En consecuencia, solicitó ordenar al Ministerio de Educación Nacional proceder a decretar su reintegro inmediato en cumplimiento del fallo del 15 de febrero de 1980. Como prueba de lo expuesto, se aportó al proceso de tutela copia auténtica de las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y del Consejo de Estado, carta dirigida al Ministerio de Educación Nacional, División de Personal, del 4 de abril de 1988 contentiva de algunos datos para el reintegro, certificación de la Gobernación de Sincelejo, Sucre, del 12 de noviembre de 1991 en la cual consta que el accionante no ha sido reintegrado al Instituto Nacional "Simón Araujo de Sincelejo, o a Centro Docente alguno" y oficios D.P.K. 3.3.-126 y D.P.K. 3.3.-160 del 24 de marzo y 1 de abril de 1992 respectivamente, mediante los cuales el Ministerio de Educación Nacional, División de Personal, responde negativamente a la solicitud del profesor CHAMORRO ESPRIELLA para ser reintegrado en un cargo de Coordinador, Supervisor o docente en un plantel nacional, "debido a no existir plaza vacante en la categoría solicitada" y además que "en desarrollo de la descentralización educativa, establecida en la ley 29 de 1989, los planteles nacionales fueron entregados a la Secretaría de Educación de Santa Fe de Bogotá el 17 de marzo". 3. La Sección Segunda - Sub-Sección B - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 26 de mayo de 1992 denegó la tutela solicitada, en razón de su improcedencia por existir otro medio de defensa judicial como es el proceso ejecutivo ante la Jurisdicción ordinaria para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias condenatorias contra la administración. Acerca de la idoneidad del otro medio de defensa judicial del derecho fundamental del accionante, el fallador de instancia expuso: "Podría argumentarse que las mencionadas sentencias además de contener la condena de tipo económico en favor del accionante, contiene la orden de reintegrarlo al mismo cargo de donde había sido separado, la cual constituye una obligación de hacer a cargo de la administración sobre las cuales se han expuesto criterios encontrados en relación con la viabilidad de su cumplimiento por la vía ejecutiva, pero debe recordarse que ésta ya es una decisión adoptada por la autoridad judicial competente en forma integral con la condena de orden económico, que se halla debidamente ejecutoriada y a la cual no puede sustraerse para hacerla cumplir el juez autorizado legalmente para ello". 4. Con posterioridad a la sentencia de tutela fue remitida a la Corte Constitucional la contestación del Ministerio de Educación Nacional a la solicitud hecha por el Tribunal de Primera instancia, mediante auto del 15 de mayo de 1992, en el sentido de informar sobre el cumplimiento del fallo de febrero de 1980 o, en caso negativo la causa para no haber procedido a ello, así como sobre el cumplimiento de la condena económica contenida en el numeral tercero de la referida sentencia. El Jefe de la División de Negocios Generales del Ministerio de Educación, en oficio 5.2-517 del 9 de junio de 1992, manifestó que en el archivo de esa oficina no aparece solicitud del señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA pidiendo se le reintegre al cargo que venía ocupando y que "casi nunca los beneficiarios de las sentencias solicitan reintegro en cumplimiento de fallos, únicamente se limitan a demandar". Igualmente, señaló que al llegar a esa oficina sentencias que ordenan reintegros y pagos "se remite inmediatamente copia de la sentencia a la autoridad nominadora para que mediante acto administrativo ordene el reintegro en los términos establecidos en la misma" y, si se condena al pago de sueldos, prestaciones sociales, etc. se envía copia de la sentencia al Jefe de la Oficina Jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. De otra parte, la Jefe de la División de Personal del Ministerio de Educación respondió a la solicitud del Tribunal; en los siguientes términos: "De acuerdo a los registros de novedades de personal que se llevan en el Kárdex de la División, sobre la Planta de Personal del Colegio Nacional Simón Araújo de Sincelejo en el área de Filosofía y Psicopedagogía, especialidad del citado señor CHAMORRO ESPRIELLA, desde octubre de 1986 al 1o. de febrero de 1990, fecha en la cual se entregaron los planteles nacionales al Alcalde del Municipio de Sincelejo en desarrollo de la descentralización educativa establecida por Ley 29 de 1989, no se presentaron vacantes en esa especialidad. Es de anotar, que en abril del presente año, el doctor ENRIQUE ROMAN ESTRADA apoderado del profesor a reintegrar, elevó solicitud a este Despacho en el sentido que se efectuara dicha novedad en algún plantel de esta ciudad o como supervisor nacional, petición que no se pudo satisfacer debido a que los planteles nacionales ubicados en Santa Fe de Bogotá fueron entregados al Alcalde Mayor en marzo 16 de 1992". 5. No habiendo sido impugnada la sentencia, el expediente respectivo fue remitido a esta Corte y, previo proceso de selección, correspondió a esta Sala su conocimiento. 6. Con el objeto de conocer el trámite administrativo de las sentencias que ordenan el reintegro, el Magistrado Ponente comisionó mediante auto del 5 de octubre de 1992, al Magistrado Auxiliar Rodolfo Arango Rivadeneira para realizar diligencia de inspección judicial en el Ministerio de Educación Nacional, en la cual se pudo establecer que el accionante había solicitado reiteradamente el reintegro ordenado judicialmente. En efecto, al reasumir las funciones de registrar las novedades de personal, antes ejercidas por las divisiones que dependen de la Dirección General de Administración e Inspección Educativa, la División de Personal del Ministerio de Educación Nacional recibió la relación del personal pendiente de reintegro a 30 de mayo de 1988, en la que se encontraba el señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA. Aunque muchos de los docentes pendientes de reintegro fueron reubicados en diferentes planteles no sucedió lo mismo con el accionante, sin que se hubiere observado constancia alguna en los archivos relativo a trámite o solicitud para obtener su reintegro, y dar cumplimiento a la sentencia del 15 de febrero de 1980. Igualmente, pudo establecerse que a partir de la descentralización educativa (Ley 29 de 1989), el Ministerio de Educación Nacional dejó de tener competencia para atender los reintegros de docentes en planteles educativos nacionales -como lo es el Colegio "Simón Araujo" de Sincelejo-, quedándole la posibilidad de solicitar a los Alcaldes Municipales respectivos, su colaboración con miras a reintegrar a los docentes favorecidos por sentencia judicial anterior a la reforma. Actualmente, según obra en el proceso, el petente ostenta el máximo grado en el Escalafón Docente (Grado 14), al cual fuera promovido por la Resolución No. 307 de abril 30 de 1990, tiene 49 años de edad y aspira a ser reintegrado en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, donde reside con su familia, en algún cargo equivalente o de mayor categoría al que desempeñaba en el Colegio "Simón Araujo" de Sincelejo, Sucre. 7. Finalmente, a solicitud del Despacho fue remitido con destino al proceso copia de los oficios dirigidos por la Procuraduría General de la Nación - Segunda Regional, Departamento Laboral - a la oficina jurídica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en los años 1983, 1984, 1985 y 1988, en los cuales aparece que el señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA ha hecho diversos cobros por vía ejecutiva, con fundamento en las sentencias inicialmente mencionadas, por concepto de sueldos y demás emolumentos dejados de percibir. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Objeto de la acción interpuesta El señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA instauró acción de tutela con el fin de obtener protección inmediata de su derecho fundamental al trabajo (CP art. 25), la cual debería concretarse mediante orden al Ministerio de Educación Nacional con el objeto de que diera cumplimiento a la sentencia condenatoria de reintegro. El actor limita su petición a la consecución del reintegro en un cargo equivalente en grado o superior al que venía ejerciendo en el año 1976 cuando fuera ilegalmente declarado insubsistente por dicho Ministerio, sin pretender se condene a ningún pago dinerario como indemnización o por otro concepto, y buscando hacer efectivo el ejercicio de su derecho al trabajo. 2. El otro medio de defensa judicial El Tribunal de instancia negó la tutela por considerar improcedente la acción dada la existencia de otro medio judicial, en este caso, la posibilidad de exigir el cumplimiento de la sentencia por vía ejecutiva ante la justicia ordinaria. Aunque inicialmente el tribunal de instancia dudó sobre la idoneidad de este mecanismo de defensa judicial por tratarse de una obligación de hacer a cargo de la administración sobre la cual "se han expuesto criterios encontrados en relación con la viabilidad de su cumplimiento por la vía ejecutiva", lo cierto es que lo encontró apto por haberse adoptado la decisión judicial "en forma integral con la condena de orden económico, que se halla debidamente ejecutoriada y a la cual no puede sustraerse para hacerla cumplir el Juez autorizado legalmente para ello". Aparte de la irrelevancia de la relación entre la forma en que se adoptó la sentencia condenatoria, la conexidad entre las condenas dineraria y de reintegro y la viabilidad de exigir su cumplimiento a través de un proceso ejecutivo contra la administración, teóricamente es correcto afirmar que una entidad pública puede ser sujeto pasivo de acciones ejecutivas  por obligaciones de hacer. Sin embargo, no basta una simple verificación de la existencia in abstracto u objetiva de un medio de defensa judicial. Es fundamental determinar si éste es adecuado para tal fin, según las circunstancias concretas del caso (D 2591 art. 6 num. 1) para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales invocados y respecto de los cuales se impetra una vulneración o amenaza. Los artículos 177 a 179 del Código Contencioso Administrativo y 334 a 339 del Código de Procedimiento Civil, establecen claramente la posibilidad de exigir la ejecución de providencias judiciales ejecutoriadas impuestas a una entidad pública, incluidas aquéllas por obligaciones de hacer como sucede con la condena al reintegro de quien fuera ilegalmente desvinculado de su actividad laboral. En este evento, el juez ordena al deudor en el mandamiento de pago a que ejecute el hecho dentro de un plazo prudencial (CPC art. 500), que de no cumplirse deja abierta la posibilidad de condenar en perjuicios o de autorizar la ejecución por un tercero a expensas del deudor, siempre y cuando la obligación de hacer no sea de aquellas personalísimas que sólo puedan ser cumplidas por un individuo específico. Al aplicar la normatividad procesal civil a la ejecución de una entidad pública las alternativas de solución se restringen. Ninguna autoridad con funciones establecidas en la ley puede sustraerse al cumplimiento de las mismas por decisión voluntaria o discrecional, sin que con ello deje de verse comprometida la responsabilidad estatal, además de la responsabilidad personal del servidor público. De otra parte, cuando una sentencia condena a una persona jurídica pública a realizar una conducta en desarrollo de sus competencias, si ésta se niega a cumplir no es factible jurídicamente autorizar la ejecución del hecho por otra entidad a expensas de la primera, pues se arriesga con ello el principio de legalidad. En consecuencia, en el proceso ejecutivo contra la administración por obligación de hacer sólo existe la alternativa indemnizatoria cuando la entidad oficial no se allana a cumplir la sentencia. Si el cumplimiento de la obligación es imposible jurídicamente, v.gr. por haber perdido la autoridad competencia sobre la materia objeto de la condena, resta únicamente la compensación dineraria por el sacrificio individual, no siendo posible pretender la protección de los derechos fundamentales por esta vía. Un simple examen de los argumentos de la autoridad demandada y de las normas invocadas para justificar su negativa a cumplir lo ordenado por sentencia del 15 de febrero de 1980 - pérdida de competencia legal -, revelan la inidoneidad del medio de defensa judicial sugerido por el Tribunal de instancia para garantizar la efectividad del derecho fundamental al trabajo del solicitante. La remisión del Código Contencioso Administrativo a las normas del procedimiento civil, en lo concerniente a la ejecución de sentencias condenatorias de la administración que tienen por objeto obligaciones no dinerarias, es procedente en la medida que el proceso ejecutivo respectivo sea un medio para posibilitar el cumplimiento de las mismas. Por razones de principio, una entidad pública está en el deber constitucional y legal de ejecutar las sentencias en firme (C.C.A. art. 176). La misión de los jueces de administrar justicia mediante sentencias con carácter obligatorio exige de los entes ejecutivos una conducta de estricta diligencia en el cumplimiento de las mismas, con el fin de mantener vigente el Estado de Derecho, actuar en concordancia con sus fines esenciales e inculcar en la población una conciencia institucional de respeto y sujeción al ordenamiento jurídico. La legitimidad de cualquier Estado se vería resquebrajada si los mismos órganos del poder público, ya por su inactividad ora por su  indolencia, estimulan el desacato de las decisiones de los jueces y la práctica de hacer caso omiso del imperativo constitucional de colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado (CP art. 113). Es atentatorio de los derechos fundamentales condicionar la efectividad de éstos a exigencias o procedimientos contrarios a los fines esenciales del Estado y a la función de los servidores públicos (CP arts. 2 y 123). Ello sucede, cuando una entidad oficial es condenada a reintegrar laboralmente a una persona y no lo hace, a pesar de quedar obligado el Estado a indemnizar integralmente al afectado mientras no se de cumplimiento efectivo a la sentencia. Cumplimiento de las sentencias en el nuevo marco constitucional 3. La acción de tutela impetrada tiene como finalidad obtener el cumplimiento de una sentencia contra la administración. El ordenamiento jurídico está inspirado en la idea de asegurar, entre otros, el valor de la justicia (CP Preámbulo). Para su consecución, el Constituyente estableció entre los fines esenciales del Estado el de "asegurar la vigencia de un orden justo", condición indispensable para la convivencia pacífica (CP art. 2). Los derechos o intereses de las personas reconocidos o declarados en una sentencia, no serían efectivos sin la obligación correlativa de la administración de cumplir las sentencias judiciales. El obligado cumplimiento de lo resuelto por los jueces y tribunales es una garantía institucional del Estado de Derecho y, al mismo tiempo, un derecho fundamental de carácter subjetivo que se deduce de los artículos 29 y 58 de la Constitución. La obligación de toda persona de cumplir la Constitución y las leyes (CP art. 95) se realiza - en caso de reticencia - a través de la intervención del poder judicial. No es posible hablar de Estado de Derecho cuando no se cumplen las decisiones judiciales en firme o cuando se les atribuye un carácter meramente dispositivo. La ejecución de las sentencias es una de las más importantes garantías de la existencia y funcionamiento del Estado social y democrático de Derecho (CP art. 1) que se traduce en la final sujeción de los ciudadanos y los poderes públicos a la Constitución. El incumplimiento de esta garantía por parte de uno de los órganos del poder público constituye un grave atentado al Estado de Derecho. El sistema jurídico tiene previstos diversos mecanismos (CP arts. 86 a 89) para impedir su autodestrucción. Uno de ellos es el derecho fundamental al cumplimiento de las sentencias comprendido en el núcleo esencial del derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas consagrado en el artículo 29 de la Constitución (CP. Preámbulo, arts. 1, 2, 6, 29 y 86). Los derechos procesales fundamentales no restringen su efectividad a la existencia de un proceso. Ellos incluyen tanto el derecho a acceder a la justicia1 (CP art. 228) como el derecho a la ejecución de las sentencias en firme (CP arts. 1, 2 y 29). Lo contrario llevaría a restarle toda fuerza coercitiva a las normas jurídicas, convirtiendo las decisiones judiciales y la eficacia de los derechos en ellas reconocidos, en formas hueras, carentes de contenido. La capital importancia que para el interés público tiene el cumplimiento de las sentencias obliga a los jueces y tribunales adoptar las medidas necesarias y  adecuadas para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales, lo mismo que a la autoridad condenada al cumplimiento oportuno. Descentralización educativa y transmisibilidad de las obligaciones de la administración nacional 4. En virtud de las leyes 24 de 1988 y 29 de 1989 se operó en Colombia la descentralización educativa, y en su virtud a los Alcaldes Municipales se asignaron "las facultades de nombrar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales y nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales correspondientes". (L. 24 de 1988 art. 54, modificado por la Ley 29 de 1989, art. 9). Como consecuencia de la reforma educativa, el Ministerio de Educación Nacional perdió competencia para nombrar docentes en los planteles de educación anteriormente administrados desde el nivel central. Ante el cambio normativo en materia de la provisión de plantas de personal docente y administrativo cabe preguntarse si las obligaciones a cargo de la Nación fueron automáticamente transferidas al municipio. Bajo una perspectiva constitucional, las obligaciones emanadas de una sentencia adversa a la nación no son transmisibles a otra entidad territorial, por implicar ello una vulneración de los derechos procesales fundamentales reconocidos a las personas jurídicas de derecho público2 , además de significar una afectación presupuestal para una entidad ajena a la condena. Hacer extensible al Municipio la obligación impuesta a la Nación de reintegrar a un docente- a través del Ministerio de Educación - además de afectarlo jurídica y presupuestalmente no respondía una solución adecuada al problema debido a las rigideces que presentan las plantas de personal de los establecimientos educativos locales. La obligación de la Nación de reintegrar laboralmente al solicitante en los términos de la sentencia judicial condenatoria debe cumplirse interpretando y aplicando la normatividad legal preconstitucional de manera que se armonicen las disposiciones jurídicas pertinentes con miras a alcanzar la plena efectividad de sus derechos constitucionales fundamentales. De tiempo atrás, la adopción y aprobación de las plantas de personal docente y administrativo han estado reguladas por ley. Las Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales - FER - gozan de competencias para adoptar las plantas de personal docente y administrativo de los establecimientos educativos oficiales (D. 102 de 1976, D.E. 2277 de 1979). Por su parte, el Gobierno Nacional, mediante resolución ejecutiva, tiene la atribución de aprobar dichas plantas de personal, de conformidad con el presupuesto apropiado para cada plantel en la respectiva vigencia (D.R. 172 de 1981). Por su parte, los FER deben manejar separadamente los recursos que la Nación y la entidad territorial respectiva destinen a la educación, así como los recursos de la ley 12 de 1986 (L. 24 de 1988, art. 60, L. 29 de 1989 art. 15). De conformidad con el artículo 10 de la ley 29 de 1989, el Gobierno Nacional debía establecer  las formas y procedimientos para la entrega de las atribuciones asignadas a los Alcaldes Municipales en lo relativo a la designación, traslado, remoción, control y administración del personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales. Se trataba de un proceso gradual que debía concluirse en un plazo máximo de un (1) año, contado a partir de la promulgación de la ley, o sea, del 15 de febrero de 1990 (L. 29 de 1989, art. 19). En desarrollo de su misión, el Gobierno expidió el Decreto Reglamentario 1706 de 1989, considerando la necesidad de "desarrollar una reglamentación que se adecúe a la administración descentralizada de los recursos humanos y físicos comprometidos en la prestación del servicio educativo, con el fin de racionalizarlos y asegurar su correcta aplicación". En él se reservó al Gobierno Nacional la posibilidad de modificar las plantas de personal asignadas a las entidades territoriales decretando la apertura, cierre o traslado de los cargos docentes y administrativos entre diferentes entidades territoriales (art. 25). En el caso sub-examine, es palmario cómo a pesar de existir la obligación para el Ministerio de Educación Nacional de incluir en la planta de personal docente correspondiente al municipio de Sincelejo (Sucre) - en principio con destino al colegio "Simón Araujo"-, al señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA, en cumplimiento de la condena judicial de reintegro, éste no lo hizo. No obstante, la omisión de la autoridad pública aún puede ser corregida para hacer efectiva la sentencia condenatoria y con ello garantizar los derechos fundamentales del peticionario. Principio de buena fe y racionalidad de la actuación administrativa 5. Esta Corte se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de que las autoridades públicas observen el principio de la buena fe (CP art. 83) y de racionalidad en todas sus actuaciones3. El primero incorpora al mundo jurídico el valor ético de la confianza, mientras que el segundo permite al Estado ganar legitimidad mediante la justificación adecuada y suficiente de sus decisiones. La persona favorecida con una sentencia ejecutoriada que obliga al Estado al cumplimiento de una prestación espera y confía legítimamente que la autoridad respectiva ejecute, sin dilaciones y en sus estrictos términos, lo ordenado por la decisión judicial. Los privilegios que protegen a la administración no la sitúan por fuera del ordenamiento jurídico, ni la eximen de dar cumplimiento a lo ordenado por los jueces. Tampoco cabe aceptar que la administración intente diferir la ejecución de una sentencia más allá del tiempo razonable dispuesto para ello (C.C.A. arts. 177 y ss.) con justificación en el principio de legalidad presupuestal, debiendo tomar las medidas necesarias para hacer efectivos los derechos contenidos en la providencia. En el presente proceso, menos aún es aceptable que, por motivos legales y de presupuesto, se omita el cumplimiento de una sentencia proferida hace doce (12) años en favor del accionante, mientras que el Estado, por otra parte, debe proveer las partidas presupuestales necesarias para indemnizarlo de forma integral hasta tanto no sea efectivamente reintegrado a su cargo o a uno de igual o superior categoría. El cambio de normatividad no desconoce los derechos adquiridos 6. La obligación a cargo de la Nación - Ministerio de Educación - subsiste luego de la reforma que descentralizó la administración de la educación. Un cambio de competencias de orden legal no modifica, nova o extingue una obligación reconocida mediante sentencia en firme. Aunque el Alcalde Municipal con capacidad nominadora puede válidamente oponerse al cumplimiento de una condena que no ha sido impuesta a la entidad territorial que representa, la autoridad pública obligada no puede sustraerse al cumplimiento y aducir para ello su falta de competencia legal. Una interpretación armónica de las normas constitucionales y legales correspondientes impide desconocer derechos adquiridos de rango constitucional mediante la aplicación retroactiva de una Ley que sustrajo a la entidad pública la competencia necesaria para cumplir una obligación impuesta con anterioridad al cambio normativo. La obligación del Ministerio de Educación Nacional de reintegrar al señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA subsiste actualmente y en nada la afecta el cambio de competencias en materia nominadora de docentes y personal administrativo como consecuencia de leyes posteriores al fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, confirmado por el Consejo de Estado. El mencionado educador estaba relacionado en el personal pendiente de reintegro a 30 de mayo de 1988 cuando la División de Personal del Ministerio reasumió las funciones de registrar las novedades de personal. El incumplimiento de la orden de reintegro - de suyo generadora de cargas económicas para la Nación como consecuencia del pago dinerario por concepto de indemnización - por razones desconocidas, no imputables al interesado quién oportunamente solicitó el cumplimiento de la sentencia y luego recurrió al cobro ejecutivo de los sueldos y demás emolumentos dejados de percibir, además de constituir una omisión de la autoridad pública que vulnera el derecho a la igualdad - en efecto otros docentes en las mismas circunstancias del solicitante si fueron reintegrados -, también desconoce el derecho fundamental al debido proceso y el derecho al trabajo del actor. El Ministerio de Educación Nacional, al momento de hacer entrega de los planteles nacionales a los Alcaldes Municipales, en virtud de las leyes de descentralización de la educación, debió incluir en la planta de personal del Colegio Simón Araújo de Sincelejo al educador CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA. Si no lo hizo así, el acta de entrega fue incompleta y debe adicionarse, destinando al mencionado señor a un cargo de profesor acorde con su categoría, en el mismo establecimiento educativo, en estricto acatamiento de lo ordenado en sentencia del 15 de febrero de 1980, y con cargo al presupuesto NACION - FER - SUCRE. Revocatoria de la sentencia en revisión y tutela de los derechos fundamentales vulnerados. 7. La sentencia de tutela que se revisa no sólo desconoce la vulneración del derecho al trabajo por parte de la actuación omisiva de la administración, sino también otros derechos fundamentales no invocados por el peticionario como son el libre desarrollo de su personalidad (CP art. 16) - restringido por no poder desempeñar una actividad intelectual y espiritual acorde con su formación universitaria-, y la libertad de escoger profesión u oficio (CP art. 26), la cual no garantiza únicamente la libre opción para asumir cualquier actividad sino también la posibilidad de conservarla de manera efectiva y permanente. La competencia supérstite del Ministerio de Educación Nacional para nombrar al docente desvinculado de su cargo en forma ilegal obliga a la autoridad pública destinataria de la sentencia a tomar todas las medidas necesarias - cumplimiento de la orden de reintegro, y afectación de la partida presupuestal correspondiente - en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Someter a un hecho incierto como es la existencia de plazas vacantes, el cumplimiento de una sentencia de reintegro de un educador por parte de la autoridad pública condenada a efectuarlo, es burlar el mandato imperativo de las decisiones judiciales, así como los controles interorgánicos instituidos para evitar o remediar la arbitrariedad oficial. Los derechos fundamentales de la persona merecen mejor suerte y mayor garantía y, en efecto, deben estar protegidos eficazmente en un Estado social de derecho fundado en el trabajo y no en su negación. De otra parte, los principios de seguridad jurídica - que supone el cumplimiento de las sentencias -, y de legalidad presupuestal, requieren ser armonizados para evitar que la administración pueda diferir indefinidamente la ejecución de una orden judicial más allá del tiempo indispensable para obtener, actuando con la debida diligencia, las partidas presupuestales necesarias para garantizar la efectividad de los derechos fundamentales del solicitante. Finalmente, es absurdo que mientras el país sufre de un déficit de maestros, el Estado deba pagar sin que trabajen a docentes cuyo reintegro ordenado judicialmente no se lleva a cabo por la omisión de las autoridades competentes, todo lo cual es contrario a los principios de economía y eficacia de la función pública y va en contravía del manejo racional y eficiente de los recursos humanos y económicos oficiales. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 26 de mayo de 1992, proferida por la Sección Segunda - Sub-Sección B -, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la cual se denegó la tutela impetrada por el peticionario. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela solicitada por el señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA y, en consecuencia, ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que, en el término de 15 días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia, reintegre al señor CARMELO EMIRO CHAMORRO ESPRIELLA al colegio "Simón Araujo" de Sincelejo, Sucre, al mismo cargo que venía desempeñando o a uno de superior categoría y según su grado de escalafón, de conformidad con lo establecido en el fundamento sexto (6) de esta providencia. TERCERO.- ORDENAR al Ministerio de Educación Nacional que una vez efectúe el reintegro, lo acredite ante el Tribunal de primera instancia, bajo las sanciones legales del artículo 53 del Decreto 2591 de 1991. El Tribunal de instancia velará por la ejecución de esta sentencia. CUARTO.- LIBRESE comunicación al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos). 1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-431 del 24 de junio de 1992. 2 Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-463 del 16 de julio de 1992. 3 Corte Constitucional. Sentencias de tutela números T-427 de 1992; T-457 de 1992; T-460 de 1992; T-475 de 1992.

T-555-92 Sentencia No Sentencia No. T-555/92 ACCION DE TUTELA-Titularidad/PERSONA JURIDICA/REPRESENTACION LEGAL Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que 'toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por si misma o por quien actúe a su nombre...', no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. Cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su representación. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia Cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. REF: EXPEDIENTE Nº T- 2437 Peticionario: Sociedad de Inversiones Guadalupe Ltda. Procedencia: Corte Suprema de -Justicia-Sala Plena-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Santa Fe de Bogotá, D.C., agosto veintiséis (26) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y el Dr. Alvaro Tafur Galvis en calidad de Conjuez. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-2437, adelantado por la Sociedad de Inversiones Guadalupe Ltda. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 18 de mayo de del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de Revisión. 1. Hechos. En el año de 1978 Gonzalo Sanint celebró contrato de promesa de compra-venta con Edilberto Londoño, por medio de la cual el primero, como promitente vendedor, se obligó a tramitar al segundo el derecho de dominio del predio rural denominado "Guadalupe", ubicado en el Municipio de La Dorada, Caldas. Presentado el incumplimiento del contrato, el promitente vendedor Gonzalo Sanint instauró demanda para resolver el contrato, a la cual reconvino el promitente comprador, Edilberto Londoño, para que se ordenase el cumplimiento de la obligación de suscribir el contrato; el Juez Civil del Circuito de la Dorada (Caldas) absolvió al demandado y declaró que el promitente vendedor debería cumplir su obligación. Luego  Sanint celebró contrato de permuta con Inversiones Guadalupe Ltda. sobre el mismo inmueble objeto del proceso. Los herederos de Edilberto Londoño iniciaron proceso ordinario para cancelar el registro de la escritura contentiva del contrato de permuta, la que fue cancelada en sentencia de primera instancia. En su base, había una nota de inscripción de demanda en el registro por una obligación pendiente, anterior a la celebración del mencionado contrato de permuta. Al iniciarse el proceso ejecutivo correspondiente, para la suscripción de la escritura, el Tribunal del Distrito Judicial de Manizales ordenó hacer cumplir la sentencia del  Juzgado Civil del Circuito de la Dorada y negó la intervención ad excludendum reclamada por Inversiones Guadalupe Ltda. Por esta razón el Sr. Sanint interpuso la acción de tutela que nos ocupa 2. Solicitud. El peticionario invocó acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia -Sala Civil- contra un acto de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales. La solicitud de tutela se fundamentó en la vulneración del derecho constitucional fundamental del debido proceso de la Sociedad de Inversiones Guadalupe Ltda, de la que el peticionario es el apoderado judicial. El petente considera que el derecho fundamental al debido proceso, ha sido violado; y solicita: se suspenda la orden  de pago consistente en que otorgue una escritura de venta por parte del Juez Civil del Circuito de la Dorada (Caldas), mientras se registre nuevamente el acto escriturario por el cual la Sociedad de Inversiones Guadalupe adquirió el predio. Según el peticionario, la violación al debido proceso se configuró con la doble actuación de haber cancelado el registro de un contrato de permuta en virtud del registro de una demanda de reconvención declarada inepta, sin la audiencia de uno de los permutantes, y dentro de un proceso que no versaba directa ni indirectamente sobre derechos reales principales, mediante un auto que no tiene recurso  para las partes, mucho menos para los que no lo son, de un lado y al haber denegado la intervención ad excludendum en el proceso ejecutivo por obligación de hacer, de otro lado. A la sociedad Inversiones Guadalupe Ltda no le queda ningún recurso o medio de defensa. Primero, porque en el proceso ordinario en el cual se decretó la cancelación, el auto carecía de recurso, según la ley, y porque, además, no era parte. Segundo porque en el proceso ejecutivo, tardíamente promovido, se intentó hacer parte para defender su derecho, pero su intervención fue denegada, dictándose en cambio sentencia prematura, antes de que quedara en firme la designación. Y tercero, porque un proceso ordinario de simulación, en el cual se le dió la oportunidad de defenderse, quedó sin razón de ser, pues lo que se perseguía allí se logró mediante un auto de cúmplase. 3. Fallos. 3.1. De la Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil-, de fecha 3 de febrero de 1992. La Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la solicitud de tutela con los siguientes argumentos: En la Asamblea Nacional Constituyente se dejó sentado que la tutela no constituye un instituto que permita lograr una instancia más respecto de los asuntos o derechos que han quedado definidos judicialmente, como quiera que se dijo que la acción de tutela no tiene, como en ocasiones si ocurre con el llamado recurso de amparo, el carácter de una instancia adicional para la controversia de unos derechos que ya han sido definidos judicialmente. Con motivo del antecedente y de la filosofía que inspiró el establecimiento constitucional de la acción de tutela, la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre dicha acción, ha sostenido que no procede contra sentencias que han alcanzado firmeza, como puede verse en las providencias de 9 de diciembre de 1991, 17 de enero de 1.992 y 23 de enero del año en curso, criterio éste que igual sentó el Consejo de Estado en decisión aprobada en Sala Plena del 21 de enero de 1992. Consideró la Corte Suprema que, cuando fuera de las sentencias o concurrentemente con éstas se pide tutela respecto de otras decisiones judiciales, estas últimas, según lo dispone el artículo 40 del Decreto 2591 de 1.991, en la parte que resulta constitucionalmente aplicable, deben tener la característica jurídica procesal de ponerle fin al proceso. Cuando las providencias fuesen proferidas por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, conocerá el respectivo superior jerárquico, o sea en este caso la Corte Suprema de Justicia, lo cual se traduce en que si la providencia, que no es sentencia, es dictada por un tribunal, pero ella no tiene la virtud de ponerle fin al proceso, no es susceptible de acción de tutela, como tampoco lo es, ante la Corte Suprema, aun que le ponga término al proceso la decisión judicial de la que se reclama tutela cuando ella es proferida por un juez. Siendo así las cosas, continúa la Corte, se tiene que cuando se trata de una providencia, que no es fallo, proferida por el Tribunal, respecto de la cual se interpone tutela y dicha decisión no es del linaje de las que le ponen fin al proceso, claramente  se infiere que no puede ser materia de tutela ante la Corte, según las reflexiones precedentes y tal como lo tiene dicho la Corporación. Tampoco procede la tutela cuando ésta se apoye en desaciertos cometidos por el fallador en la interpretación de la ley, o se controvierta la apreciación que hubiere hecho del material probatorio, pues así lo establece específicamente el inciso final del parágrafo 1° del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Con los anteriores fundamentos consideró la Corte Suprema que no procedía la tutela formulada por la Sociedad Inversiones Guadalupe Ltda. Impugnación. Se fundamenta el impugnante en que tanto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 5° del Decreto 2591 de 1991, el objeto de la tutela es todo acto u omisión de autoridad judicial. 3.2. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena- del 2 de abril de 1992. Considera la Corte que la impugnación pretendida por el actor resulta improcedente por las siguientes razones: a. Resulta imposible que una Sala especializada pueda revisar las decisiones de otra o que la Sala Plena sea competente para conocer de las impugnaciones contra los fallos de aquellas. b- Existiendo entonces, incompatibilidad entre el precepto superior y la ley, resulta manifiesta la incompetencia de la Corte para dirimir tanto las acciones de tutela instauradas contra sus propias decisiones proferidas en ejercicio de la función jurisdiccional, como las impugnaciones contra los fallos que resuelven acciones tutelares. II- FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir Sentencia de revisión del fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia  -Sala Plena-,  con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace en virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. De la persona jurídica como titular de la acción de tutela. La Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre la legitimación de las personas jurídicas respecto de la acción de tutela. En Sentencia T-411 de la Sala Cuarta de Revisión consideró: "Para los efectos relacionados con la titularidad de la acción de tutela se debe entender que existen derechos fundamentales que se predican exclusivamente de la persona humana, como el derecho a la vida y la exclusión de la pena de muerte (artículo 11); prohibición de desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles inhumanos o degradantes (artículo 12); el derecho a la intimidad familiar; entre otros. Pero otros derechos ya no son exclusivos de los individuos aisladamente considerados, sino también en cuanto se encuentran en grupos y organizaciones, cuya finalidad sea específicamente la de defender determinados ámbitos de libertad o realizar los intereses comunes. En consecuencia, en principio, es necesario tutelar los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no por se, sino que en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable del juez de tutela1". Posteriormente, la Sala Tercera de Revisión reafirmó la misma doctrina constitucional en sentencia T-430, en la cual se afirma: "Cuando el artículo 86 de la Constitución establece que 'toda persona tendrá acción de tutela para reclamar (...) por si misma o por quien actúe a su nombre...', no está excluyendo a las personas jurídicas, pues el precepto no introduce distinción alguna y, por el contrario, las supone cobijadas por el enunciado derecho cuando de modo genérico contempla la posibilidad de solicitar el amparo por conducto de otro, sin que nada obste dentro del sistema jurídico colombiano para que una de las especies de ese género esté conformada precisamente por las personas jurídicas. Observa la Corte, sin embargo, que para el ejercicio de la acción de tutela, cuando una persona natural actúe a nombre de una jurídica es necesario acreditar la personería correspondiente y su representación; si bien, como lo dice el artículo 10º del Decreto 2591, los poderes se presumirán auténticos, deben presentarse2". En consecuencia esta Sala reitera la jurisprudencia establecida y concluye que las personas jurídicas son, ciertamente, titulares de la acción de tutela. 5. Decisión de la Corte Constitucional en relación a la tutela contra las sentencias o providencias que pongan fin al proceso. En fallo proferido el 1º de Octubre de 1992, la Corte Constitucional en Sala Plena declaró inexequibles por ser contrarios a la Constitución los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991. En el mencionado fallo, la Corte expresó: " Se comprende en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio judicial ordinario y, más aún,cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho... ...En el sentir de la Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa si gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía". En mérito de lo expuesto la Sala Plena de la Corte Constitucional resolvió: "Primero: Decláranse INEXEQUIBLES, por ser contrarios a la Constitución, los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991. Segundo: Declárase INEXEQUIBLE, dada su unidad normativa con los preceptos mencionados, el artículo 40 del mismo Decreto. Tercero: Declárase EXEQUIBLE el artículo 25 del Decreto en mención". Así pues, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional acogiendo la decisión de la Sala Plena, adecúa esta Sentencia de Revisión a lo ya establecido. Luego esta Sala no puede conceder la tutela y es por ello que se confirmará la decisión de la Corte Suprema de Justicia. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE Primero.- Confirmar la Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-, por las razones expuestas en la parte motiva de esta Sentencia. Segundo.- A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, enviar copia de esta Sentencia al  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales -Sala de Decisión Civil-, al Juzgado Civil del Circuito de La Dorada (Caldas),  a la Sociedad Inversiones Guadalupe Ltda y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal . Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Magistrado Sustanciador. FABIO MORON DIAZ. Magistrado. ALVARO TAFUR GALVIS. Conjuez. 1 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-411 del 17 de junio de 1.992. 2 Corte Constitucional. Sala tercera de Revisión. Sentencia T-430 del 24 de julio de 1.992.

T-565-92 Sentencia No Sentencia No. T-565/92 REVISION FALLO DE TUTELA-Objeto Esta Corporación no se ocupa del examen de las controversias de orden legal y contractual o de derechos litigiosos que aparecen planteadas por el peticionario; esta revisión, aun cuando se detiene en el examen del conjunto de los hechos del caso planteado, no aborda las precisas cuestiones propias de las cláusulas contractuales, pues, se trata de verificar si existe o no violación al derecho constitucional al Debido Proceso Administrativo, en lo que hace a las mencionadas actuaciones de una autoridad pública y no a la resolución judicial de aquellas controversias de contenido patrimonial. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO En lo que hace a las actuaciones administrativas, no existe violación al Derecho Constitucional Fundamental al debido proceso administrativo, ya que los actos en los que se manifiesta la voluntad de la administración fueron proferidos cumpliendo las formalidades a ellos exigidas, como son las de la publicidad y la contradicción. En efecto, al peticionario no se le ocultó la actuación y se le dió la oportunidad de ser oído y vencido en la misma por virtud del ejercicio de los recursos correspondientes en vía gubernativa  y señalados por la ley. Los reclamos ordinarios sobre los vicios internos de la legalidad de los actos administrativos se deben hacer o ante autoridades administrativas por virtud del ejercicio de los recursos en vía gubernativa y dentro de los términos señalados, o ante los jueces de lo contencioso-administrativo según sus competencias. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA-Improcedencia No existe violación alguna a Derecho Constitucional Fundamental alguno y que tenga carácter de irremediable; para remover en este caso las actuaciones supuestamente irregulares de la administración el peticionario cuenta con las acciones contencioso administrativas correspondientes y allí puede reclamar, si es del caso, todas las reparaciones e indemnizaciones que resulten y si se le causó algún perjuicio se le puede remediar conforme a los derechos de que es o resulte titular. REF.: Expediente No. T-3407 Acción de Tutela contra unas actuaciones del Señor Alcalde Mayor de Cartagena. Peticionario: JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ CASINO  TURISTICO DE CARTAGENA Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C.,  Octubre veintitres (23) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los señores Magistrados SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JAIME SANIN GREIFFENSTEIN  y FABIO MORON DIAZ, previo estudio  del Magistrado Ponente, resuelve sobre las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por  el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena y por el H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Civil-. I.  ANTECEDENTES A.  La Petición l.  El señor JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ, en su propio nombre y como Gerente de la Sociedad "Casino Turístico de Cartagena Ltda", confirió poder al doctor JULIO ALBERTO TORRENTE TORRENTE, quien en ejercicio del mismo, el día 4 de marzo de mil novecientos noventa y dos, presentó ante el Juzgado Civil del Circuito de Reparto de Cartagena (Bolívar), escrito mediante el cual ejerció Acción de Tutela como "mecanismo  transitorio para evitar un perjuicio irremediable", en contra del señor Alcalde de esa ciudad, Dr. NICOLAS CURI VERGARA con el fin de que se ordene la reapertura del mencionada casino y se apliquen al burgomaestre las sanciones disciplinarias previstas para el caso de renuencia. En memorial presentado el 12 de marzo ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito, despacho al que por reparto correspondió conocer de la acción ejercida, el apoderado judicial del peticionario amplió y precisó la queja formulada y sus pretensiones, y reiteró su pedimento en el sentido de que "el señor Juez ordene abrir el CASINO de inmediato, dándole al contratista JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ y al CASINO TURISTICO DE CARTAGENA LIMITADA el término hasta de cuatro (4) meses registrado en el decreto dicho, para que recurran al Contencioso administrativo, pues hay todavía pendiente algunos pasos en la VIA GUBERNATIVA, si es que el señor Alcalde les permite; y que, presentado libelo de demanda ante el Contencioso, el CASINO CONTINUE ABIERTO MIENTRAS DURE EL PROCESO, y se definan los derechos en sentencia". 2. Las razones de hecho y de derecho que señala el representante de los peticionarios, como fundamento de la citada acción, se resumen como sigue: a)   Desde el 27 de junio de 1964 la Alcaldía de Cartagena otorgó concesión al señor JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ, en su propio nombre y en representación de la SOCIEDAD CASINO TURISTICO DE CARTAGENA LTDA, para el montaje y explotación de un casino Turístico en esa ciudad, para el desarrollo de las actividades convenidas por las partes. b)  La concesión fue adjudicada por licitación, y mediante documento público se hizo una renovación por el término de diez (10) años contados a partir del 16 de agosto de 1981; además, se precisaron las cláusulas que regirán el nuevo acuerdo suscrito el 4 de mayo de 1979, habiéndose pactado que el concesionario podía solicitar con antelación de seis (6) meses al vencimiento, la ampliación del término de diez (10) años por otro igual, sometiéndose la petición a la consideración y aceptación del Municipio y a los trámites legales para entonces vigentes. c)   El 1o. de agosto de 1991 el señor BARBIERI GONZALEZ solicitó al Alcalde Mayor de Cartagena la prórroga o renovación de concesión por diez (10) años más, a partir del 16 de agosto, y pidió se le notificara antes del vencimiento y en fecha prudencial cualquier decisión que se tomara al respecto. d)  Mediante oficio No. 3527 fechado el 15 de agosto de 1991, el señor Alcalde Mayor de Cartagena despachó desfavorablemente la solicitud del señor BARBIERI GONZALEZ negada la prórroga que consideró improcedente por cuanto para la fecha carecía de facultades legales dado que las otorgadas por el Concejo Distrital habían vencido el 31 de julio de 1991; adujo también que la solicitud de renovación fue presentada en forma extemporánea. -  Contra el oficio No. 3527 el señor Barbieri González interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación alegando entre otras cosas la inconsistencia e inexistencia de los Acuerdos 3 y 14 de los cuales pretendió derivar el Alcalde su carencia de facultades, y la supuesta nulidad del contrato de concesión celebrado entre el Alcalde como representante legal del Distrito de Cartagena y la SOCIEDAD INVERSORA CASINO ROYAL LTDA; contrato que aparece celebrado el 31 de mayo de 1991 y autenticado ante notario el 5 de junio del mismo año, con término de duración de 10 años, a partir del 17 de agosto de 1991. -  Mediante Resolución número 1658 calendada el 5 de septiembre de 1991 el alcalde no accedió al recurso de reposición interpuesto y negó la apelación para ante el Gobernador del Departamento por improcedente, dando de ese modo por agotada la vía gubernativa.  Ante esta situación BARBIERI GONZALEZ recurre en queja ante el Gobernador en procura de que este funcionario  le conceda la apelación.  La resolución No. 4231 de 18 de diciembre de 1991 da cuenta de que el Gobernador se declaró sin competencia e inhibido para resolver, por no ser superior jerárquico del Alcalde. - Estando en trámite el "recurso de queja", el Alcalde expidió la resolución No. 1818 de 1o. de octubre de 1991 en la que considera terminado el contrato suscrito con JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ y CASINO TURISTICO DE CARTAGENA y al mismo tiempo ordena el cierre del CASINO, concediéndole al afectado un término de tres (3) días para proceder por sí mismo al cierre y advirtiendo que en caso de no hacerlo se procedería al cierre "por parte del Inspector de Policía de la comuna No. Uno (1) y para lo cual desde ya se le comisiona". -        Contra la resolución No. 1818 el señor BARBIERI GONZALEZ interpuso recurso de reposición alegando ser contradictoria, no haberse observado en su totalidad en procedimiento administrativo, adolecer de falsa motivación y fundamento, por que encontrándose pendiente de resolución el recurso de queja, según el artículo 63 del Código Contencioso Administrativo la vía gubernativa no se cierra sino cuando el auto que resuelva los recursos interpuestos quede en firme. -        La reposición anterior fue despachada desfavorablemente mediante resolución 2218 de diciembre 2 de 1991. Un día antes de la desfijación del edicto, el afectado presentó  escrito solicitando el trámite de un incidente de nulidad con base en  la pérdida de competencia del Alcalde desde el 16 de septiembre de 1991 fecha en la que se recurrió en queja ante el Gobernador del Departamento. -        En memorial presentado el 15 de enero de 1992, el señor BARBIERI GONZALEZ manifiesta que el Casino Turístico de Cartagena cerrará sus puertas el 27 de enero.  El 2 de marzo, insiste en la nulidad invocada, y a su vez el alcalde mediante oficio 939 de 5 de marzo del año en curso le hace saber que la etapa  gubernativa se encuentra agotada y que la nulidad invocada carece de fundamento. -        Agrega el accionante que la precipitud y forma subrepticia como actuó el alcalde se debió al afán de favorecer a la Compañía INVERSORA CASINO ROYAL LIMITADA, de la cual es socio el señor VICTOR GEDEON GUISAYS quien es a su vez socio del Alcalde en la Compañía Camaronera del Caribe S.A. B.  EL DERECHO CONSTITUCIONAL QUE SE CONSIDERA VIOLADO Estiman los accionantes que se violaron los derechos al debido proceso y de defensa contemplados en el artículo 29 de la Carta por cuanto se despojo de la prórroga del contrato al Casino Turístico de Cartagena, sin mediar previa licitación, omitiendo la notificación al concesionario y la publicación del acto administrativo mediante el cual se contrató con un concesionario diferente al que venía ejerciendo el derecho desde hacía 35 años; además, ni la declaratoria de caducidad del contrato, ni el cambio de las reglas se comunicaron al concesionario, a todo lo cual se suma la orden de cierre y a la materialización de la misma cuando aún no estaba ejecutoriada la resolución que lo ordenaba y al haberse adelantado la actuación careciendo en virtud de la interposición de un recurso de queja, de competencia para ello, desconociéndose así  claras normas tanto del Código Contencioso Administrativo como del Código de Procedimiento Civil. C.  LA SENTENCIA QUE SE REVISA a)  La Decisión El 16 de marzo de 1992, el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena resolvió sobre la solicitud presentada y al efecto dispuso:  "Tutelar transitoriamente el derecho fundamental del debido proceso del ciudadano JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política y en consecuencia la resolución No. 1818 de Octubre 1o. de 1991 dictada por el Alcalde le será inaplicable en cuanto a la orden de cierre del CASINO TURISTICO DE CARTAGENA LIMITADA. Deberá el Alcalde restablecer la apertura del Casino dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de este fallo". Además, el fallador de primera instancia precisó que "De conformidad con el inciso segundo del artículo 8o. del Decreto 2591/91, este fallo permanecerá vigente durante el término que la autoridad judicial competente utilice para decidir de fondo sobre la acción que llegue a ejercer el accionante. En todo caso deberá ejercer dicha acción en un término máximo de cuatro (4) meses a partir de este fallo". b.  Las Consideraciones de Mérito Para resolver en la forma como se indicó, el Juzgado tuvo en cuenta las siguientes consideraciones: -  Se configura en este caso la hipótesis del perjuicio irremediable porque "el Casino Turístico de Cartagena ha sido cerrado para siempre según los términos de la resolución de cierre, caso en el cual, el accionante sólo podría exigir, en el evento de que tuviera razón en sus pretensiones, una reparación en su integridad indemnizatoria. Como quiera que el accionante trata de evitar que se cumpla ese perjuicio irremediable, es admisible esta acción procediéndose en consecuencia a resolverla". -  La orden del Alcalde, conforme a la cual "esa Sociedad sólo podrá ejercer la actividad contractual hasta el 16 de agosto de 1991" afecta intereses de terceros "y nada menos que a los trabajadores del casino, quienes, como se demuestra con el memorial respectivo, coadyuvaron en la petición de tutela (inciso segundo, artículo 13 Decreto 2591/91), y afectando dicha orden intereses de terceros, debió el Alcalde dar cumplimiento al artículo 15 del Código Contencioso Administrativo publicando el texto o un extracto de la petición en la publicación que para el efecto tuviera la entidad, o en un periódico de amplia circulación nacional o local, según el caso, el señor Alcalde no lo hizo así y en su actitud aparece dando la primera violación al debido proceso." -  Mediante Resolución No. 1818 de Octubre 1o. de 1991 el Alcalde ordenó el cierre del Casino y en el punto segundo concedió un término de tres días para proceder al cierre. En el punto tercero se advirtió sobre la procedencia de reposición ante el Alcalde Mayor, para cuya interposición se contempló un término de cinco días a partir de la notificación, "es decir que muy a pesar de no quedar ejecutoriada tal resolución sino después de los cinco días que se tenían para interponer reposición, el punto segundo de la resolución constreñía al Casino Turístico al cierre a más tardar tres días después de la notificación de la resolución que así lo ordenó o por lo que es lo mismo, el cierre debería producirse antes de la ejecutoria de la resolución de cierre. He aquí la segunda violación del debido proceso por parte del Alcalde". -  "... con la aprehensión del conocimiento del recurso de queja por parte del Gobernador, se presentaban dos situaciones: 1o. No quedaba agotada aún la vía gubernativa. 2o. Automáticamente el Alcalde perdía transitoriamente la jurisdicción sobre el asunto, al igual que la competencia sobre el mismo (Arts. 63 y 50 C.C.A.). Sin embargo, en ese interregno, el señor Alcalde, no obstante tener la competencia suspendida, produjo otros actos dentro del asunto, entre ellos, la resolución de cierre antes citada, o sea, la No. 1818 de Octubre 1o. /91 con clara violación de las normas citadas. Aquí se produjo la tercera violación al debido proceso". -  También violó el debido proceso el Gobernador del Departamento porque el recurso de queja debió pedirle al Alcalde el expediente, conforme lo ordena el Artículo 50 del C.C.A., en vez de precipitarse a declararse inhibido so pretexto de no ser ya el superior jerárquico del Alcalde, argumento discutible si se tiene en cuenta el artículo 18 de la ley 78 de 1986 y el artículo 7 de la ley 49 de 1987, pues "encontramos en ellas la facultad de los Gobernadores para suspender a los Alcaldes de sus cargos, lo cual denota una superioridad jerárquica de los Gobernadores sobre los Alcaldes...". -  "De otra parte, la resolución atacada y que culminó con el cierre del Casino Turístico, violó el principio de publicidad de los actos administrativos por cuanto el Alcalde al expedirla, debió dar estricto cumplimiento al artículo 46 del C.C.A., ordenando publicar en la forma ahí prevista, la parte resolutiva de esa resolución. Al no hacerlo, incumplió una vez más el debido proceso, sobre todo si se tiene en cuenta que su decisión tocó derechos de terceros, el caso de los trabajadores, como antes se precisó." -  El memorial mediante el cual se le solicitó al Alcalde la nulidad de lo actuado a partir del día 16 de septiembre de 1991 no fue resuelto; el oficio NO. 039 de 5 de marzo de 1992 en el que el Alcalde expresa que se encuentra agotada la vía gubernativa no hace ningún pronunciamiento sobre la nulidad impetrada "facultando con ello al artículo 135 y siguientes del C. de P.C.  esa omisión también llevó al Alcalde a faltar al debido proceso". d.  La Impugnación El señor Alcalde de Cartagena NICOLAS CURI VERGARA presentó oportunamente escrito de impugnación en el que hace un recuento de la actuación desarrollada por el despacho a su cargo para concluir que las solicitudes elevadas por el señor BARBIERI GONZALEZ fueron resueltas oportunamente, no habiéndose violado en forma alguna el derecho constitucional al Debido Proceso. Fundamenta esta aseveración en las razones que a continuación se resumen: -  "... las partes contratantes redactaron las cláusulas referentes al término, ampliación del mismo y su duración, y de ellas se desprende, que el contratista o concesionario tenía la facultad contractual de solicitar la ampliación o prórroga del contrato al Municipio, seis (6) meses antes de su vencimiento o terminación, o sea, que podía solicitarla hasta el quince (15) de febrero de 1991. Entonces si el concesionario o contratista no solicitó la mencionada ampliación o prórroga del contrato hasta el 15 de febrero de 1991, el Municipio de Cartagena, quedaba en completa libertad para contratar conforme a la ley, con cualquier otra persona distinta al Casino Turístico de Cartagena Ltda., o sea, que el contratista o concesionario tácitamente decía no ampliar o prorrogar el término de duración del contrato"; agrega el memorialista que el señor BARBIERI GONZALEZ por escrito presentado el 1o. de agosto de 1991, "...catorce (14) días antes del vencimiento del contrato tantas veces mencionado, se dirigió al suscrito, en mi calidad de Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, con el fin de solicitar la prórroga o renovación del contrato por el término de diez (10) años contados a partir del día 16 de agosto de 1991, y en cuyo escrito alegó estar dentro del término contractual para su petición, que según lo dicho y transcrito anteriormente, no es cierto, que estuviera para esa época dentro del término del contrato".  Pero si la solicitud o prórroga del contrato se hubiere solicitado antes del 15 de febrero de 1991 "el Municipio de Cartagena no estaba obligado a ampliar o prorrogar la duración de dicho contrato...". -  Según el impugnante "el vencimiento de todos los contratos por expiración del término de duración de los mismos, ya sean civiles, comerciales, administrativos, o de cualquier otra índole, no tienen un procedimiento especial o legal para su terminación, sino que llegado su vencimiento y no siendo prorrogado por voluntad de las partes, cesan los derechos adquiridos y las obligaciones contraidas por dichas partes, en virtud del contrato". - "El contratista o concesionario tuvo conocimiento de la terminación del contrato administrativo que tenía celebrado, y por tanto tuvo conocimiento de la vía gubernativa respectiva, a partir del día 16 de agosto de 1991, y quedaba en completa libertad para iniciar la acción judicial correspondiente que estimare pertinente". -  "Para el primero de agosto de 1991, el suscrito Alcalde no estaba facultado legalmente para ampliar o prorrogar los contratos vigentes para esa época". - Finalmente el memorialista estima que "si por la terminación del contrato administrativo aludido en este escrito, se generará perjuicios al contratista o concesionario, éste puede pedir la reparación del daño judicialmente, por la vía procesal que estimare pertinente, como bien lo afirmó anteriormente el Juzgado, y por tanto, no cabe por mandato legal la acción de tutela instaurada en este asunto". Más adelante indica "pero si son perjuicios irremediables, tales daños no se pueden reparar, por que no tienen remedio mediante una  indemnización, que es una situación completamente distinta a nuestro caso". En escrito dirigido al Tribunal Superior de Cartagena JULIO ALBERTO TORRENTE TORRENTE como apoderado de los accionantes dá respuesta al memorial de impugnación e insiste en los argumentos esgrimidos y aclara  que "en esta TUTELA no se debate si los concesionarios tienen o no derecho a la prórroga.  Esa es una materia que se ventilará en el Contencioso. Aquí se censura la falta al DEBIDO PROCESO, derecho fundamental previsto en nuestra Constitución, atropellado por el señor Alcalde al no darle a los antiguos concesionarios oportunidad de AUDIENCIA Y DEFENSA DE SUS INTERESES. Volviendo clandestino lo que debía ser PUBLICO, favoreció con una adjudicación relámpago a su consocio Don VICTOR GEDEON G., de "CAMARONES DEL CARIBE S.A." "que comenzó como limitada, y quien es también socio de la INVERSORA CARIBE ROYAL LTDA.". E.  LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, Sala Civil de Decisión, mediante sentencia del dieciocho (18) de Mayo de mil novecientos noventa y dos (1992) resolvió revocar el fallo de primera instancia; para arribar a tal conclusión analizó las tres etapas en las cuales, según el peticionario se pudo presentar violación al debido proceso así: - La primera etapa se refiere al trámite de la licitación y adjudicación del nuevo contrato de concesión.  Encuentra el Tribunal que conforme a los acuerdos 3 y 4 el Alcalde estaba facultado para contratar con cualquier persona natural o jurídica hasta el 31 de julio de 1991, careciendo de tales facultades con posterioridad a esa fecha, por tal razón, el 31 de mayo de 1991 contrató con la sociedad INVERSORA CASINO ROYAL LTDA. señalando el 17 de agosto de ese año como fecha a partir de la cual empezaría a regir el nuevo contrato, respetándose de ese modo el celebrado con el accionante en tutela y que vencía el día inmediatamente anterior.  La adjudicación de la concesión se hizo sin licitación, "como se había hecho en oportunidad anterior con la parte ahora reclamante...". Los acuerdos 3 y 4 están revestidos de la presunción de legalidad y deberán acatarse mientras no haya decisión en contrario emanada de la jurisdicción contencioso administrativa. La presunta carencia de ética en la actuación del Alcalde no afecta la validez del contrato a falta de pronunciamiento de la jurisdicción competente. A lo anterior se agrega que los concesionarios anteriores no habían dado a conocer al burgomaestre su interés en la ampliación del término del contrato, no obstante que "tal querer debía manifestarse con seis (6) meses de antelación al vencimiento, es decir, a más tardar el dieciséis (16) de febrero de 1991... al no hacerse oportunamente esa manifestación, el Alcalde estaba en libertad de contratar con cualquier otra persona natural o jurídica que cumpliera con los requisitos establecidos...". No se advierte violación al debido proceso. - La segunda etapa tiene que ver con la no ampliación del término del contrato celebrado entre la Alcaldía de Cartagena de un lado y BARBIERI GONZALEZ y el CASINO TURISTICO DE CARTAGENA LTDA., de otro lado. Advierte el Tribunal que el contrato es de carácter administrativo "por contener cláusula de caducidad y haberse concebido bajo la vigencia del Decreto 150 de 1976..."; reitera que el concesionario no hizo uso oportuno del derecho a solicitar una ampliación del término, incumpliendo así una obligación contractual, "si por el contrario, el contratista hubiere cumplido con esa obligación convencional, la consideración de su solicitud por el Alcalde se imponía, antes de contratar con otra persona, aunque fuere discrecional del  funcionario público acceder o no la novación, en cuanto al término negocial primigeniamente concertado." Por lo expuesto, tal novación ya no podía tener lugar, pese a la petición extemporánea del concesionario accionante. Es evidente que el contrato terminó a la expiración del plazo estipulado "y así concluido, nadie puede invocar tal convención para alegar derechos e imponer obligaciones; es decir, que llegado el plazo, ninguna cláusula del mismo puede ser alegada por los contratantes, para mantenerlo vivo e invocar derechos hacia el futuro, subsiguientes a la extinción legal."  Dada la extinción del contrato "no era menester declarar mediante resolución la caducidad", como lo ha señalado el Consejo de Estado "la caducidad está establecida para poner término a un contrato, pero a un contrato en vida; por eso en cuanto al contrato cuyo plazo venció ya no procede ese tipo de acto separable, porque el órgano ejecutivo ya no tiene objeto sobre el cual ejercer la facultad de caducarlo. Hace notar la Sala que los medios de impugnación utilizados por el accionante fueron atendidos y decididos, sin que se haya configurando por este  aspecto violación del debido proceso. -  La tercera etapa se relaciona con el acto administrativo por el que se ordena el cierre del Casino de la compañía Casino Turístico de Cartagena Ltda., por vencimiento del término contractual; sobre el particular indica el Tribunal que la resolución que ordenó el cierre no contiene contradicción alguna en su parte resolutiva "porque indubitablemente se entiende "C...) que el término de tres (3) días para el cierre del Casino Turístico de Cartagena, contados desde el día siguiente a la notificación del acto administrativo, se otorgó directamente al señor JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ para que procediera a hacerlo por sí mismo, como consecuencia de la terminación del contrato que le había otorgado el derecho de concesión a él y a la sociedad, y sólo en caso de desatención de la orden dada por la autoridad se pasaría al procedimiento coercitivo correspondiente, lo que por razones de simple lógica no podía ocurrir antes de la ejecutoria de la aludida Resolución". Considera el Tribunal, que el trámite del recurso de queja ante el Gobernador no privaba al Alcalde de competencia para expedir la resolución ordenatoria del cierre "porque la denegación de la apelación tocaba con la actitud voluntaria y libre de éste de no ampliar el plazo de un contrato que terminó indefectiblemente por el fenecimiento del que se había acordado, en tanto que la orden de cierre, se concibe como una actuación administrativa autónoma e independiente de aquel debate, necesaria para evitar que el anterior concesionario..., continuará ejerciéndolo (el derecho) sin ya tenerlo. La presunta falta de competencia no implica el surgimiento de la nulidad procesal prevista en el ordinal 2o. del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil "porque un vicio de esa naturaleza sólo puede tener eclosión dentro de un proceso que se adelante ante la jurisdicción contencioso administrativa y no en actuaciones surtidas en la vía gubernativa, puesto que en este último evento rige el artículo 3o., parte final del inciso 5o. del C.C.A., según el cual 'las nulidades que resulten de vicios de procedimiento podrán sanearse en cualquier tiempo de oficio o a petición del interesado', y se infiere fácilmente que de haberse dado la situación de nulidad alegada por el accionante, ella estaría saneada, por referirse a un presunto vicio de procedimiento que dejó de existir una vez que la Gobernación determinó la improcedibilidad de la queja...". -  Finalmente advierte el Tribunal que no se vulneró el derecho al trabajo "ni a la parte ni a los terceros, porque la actuación del Alcalde se enmarcó dentro del DEBIDO PROCESO, como ha quedado visto, y, por lo demás, el señor BARBIERI GONZALEZ no podía contratar laboralmente trabajadores, o el (sic) menos no debía hacerlo, más allá del vencimiento del término del contrato (16 de agosto de 1991), porque la novación del plazo no dependía de su persona sino de la decisión libre e independiente del señor Curi Vergara.  De haberlo hecho en contravía de esta verdad de perogrullo, sería su persona la responsable de cualquier afectación del derecho laboral, y nunca jamás (valga el pleonasmo) la Administración Municipal, por razones elementales sustraidas de las reglas de experiencia constitutivas de la sana crítica valorativa de la prueba y como no se afectó a terceros, con la actuación del Alcalde no había porque (sic) dar aplicabilidad al artículo 46 del Código Contencioso Administrativo". F. ESCRITOS LLEGADOS A LA CORTE Posteriormente,  el 10 de julio de 1992 se recibió en la Corte Constitucional un escrito del abogado Julio Alberto Torrente, apoderado del peticionario en el que pide a la Corte Constitucional que se revise la decisión  del Tribunal Superior de Cartagena y señala nuevamente los argumentos que en su concepto permiten decretar la Tutela solicitada. En resumen, sostiene lo siguiente: a)  Con la interposición del recurso de queja se enervó la competencia del Alcalde y por tanto no podía decidir sobre ningún aspecto relacionado con el asunto en cuestión como fue el cierre del establecimiento; en su opinión el Señor Alcalde debía enviar el expediente al despacho del Señor Gobernador o resolver sobre la procedencia del recurso de queja. b) En su concepto, del numeral 10 del artículo 305 de la Constitución Nacional, es función del Señor Gobernador conocer de los actos de los alcaldes  y por tanto aquel es superior jerárquico de éste. c) Insiste en el argumento según el cual los tres días concedidos por la resolución 1818 citada, atentó contra los elementos del sabido proceso, pues, el término de cinco días previsto para la ejecutoria  de aquel acto se cumplía después de cumplida la providencia y sin admitir que los recursos se tramitaron en debida forma. d) Sostiene que el término señalado por la clausula decimotercera del contrato fue interpretada por los peticionarios en sentido diferente al que le dio el Señor Alcalde. e) Sostiene además, que el Alcalde debió informar al interesado en la explotación del Casino, ahora peticionario, sobre la solicitud presentada por otra persona que deseaba acceder a uno de los cupos de que dispone según la ley  la ciudad en materia de dicha actividad; esta obligación se desprende de lo dispuesto por el Código Contencioso Administrativo para la "citación de terceros". En su concepto se desplazo clandestinamente al "Casino Turístico" de su cupo mediante la firma de otro contrato. Por último, el Dr. José Alejandro Bonivento Fernández formuló en nombre del peticionario un conjunto de observaciones que se orientan a demostrar la violación al Derecho Constitucional al debido proceso; sus consideraciones son, en resumen, las siguientes: a) La resolución 1818 del 1o. de octubre de 1991, proferida por el Señor Alcalde de Cartagena violó el derecho al debido proceso, pues no tiene en cuenta que se tramita el recurso de queja interpuesto ante el Señor Gobernador del Departamento. Sostiene al respecto que los artículos 50 y 55 del código Contencioso Administrativo regulan el tema de los recursos contra las actuaciones administrativas a las que el   Alcalde   de Cartagena no les dio aplicación; igualmente señala que los artículos 62 y 63 del citado código regulan la conclusión de los procedimientos administrativos, la firmeza de los actos en caso de decisión de los recursos interpuestos y el fenómeno del agotamiento de la vía gubernativa, todo lo cual fue desconocido por las actuaciones del Señor Alcalde. No comparte la decisión del Honorable Tribunal pues estima que dicho despacho debió atender a la situación planteada por el trámite y resolución posterior del recurso de queja que se adelantó ante la Gobernación del Departamento. Manifiesta que se hace necesario respetar el Derecho que tiene todas las personas a que existan recursos ante las autoridades superiores de aquellos funcionarios que profieren actos administrativos pues sin ellos se pueden desconocer arbitrariamente los derechos y los intereses de las personas; para remediar esta situación es que el constituyente de 1991 consagra la Acción de Tutela en el artículo 86 de la Carta. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 236 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda.  La Materia Objeto de las Sentencias que se Revisan a. Del examen de las formulaciones atendidas en las sentencias de tutela que se revisan, se tiene que la materia objeto de estas es la de la determinación de si existió o no violación al Derecho Constitucional Fundamental al Debido Proceso Administrativo, consagrado expresamente en el artículo 29 de la Carta, con ocasión de las actuaciones del señor Alcalde Mayor de la ciudad de Cartagena, relacionadas, en primer término, con la terminación de un contrato de concesión de la explotación de una actividad (los juegos de azar) regulada con carácter monopólico por la administración, según reglamentación legal y constitucional y, en segundo lugar, con la solicitud del peticionario de renovarlo. Además, como se advierte de modo reiterado en el fallo del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la cuestión jurídica principal que sirve de base a los cuestionamientos en sede de tutela consiste en determinar si, a la luz de la normatividad constitucional y legal, contra las actuaciones de los alcaldes en materia de contratación administrativa, existen recursos en vía gubernativa ante los gobernadores, y si estos son o no superiores jerárquicos de aquellos en todas las materias, o solo en algunas de ellas. En primer término esta Corporación no se ocupa del examen de las controversias de orden legal y contractual o de derechos litigiosos que aparecen planteadas por el peticionario; esta revisión, aun cuando se detiene en el examen del conjunto de los hechos del caso planteado, no aborda las precisas cuestiones propias de las cláusulas contractuales, pues, se trata de verificar si existe o no violación al derecho constitucional al Debido Proceso Administrativo, en lo que hace a las mencionadas actuaciones de una autoridad pública y no a la resolución judicial de aquellas controversias de contenido patrimonial. De otra parte cabe observar que el peticionario hace expresa precisión sobre el alcance de su solicitud y que en ella señala que sólo procura evitar el cierre del establecimiento mientras se adelantan las correspondientes acciones Contencioso Administrativas que la ley le otorga.  Se trata pues, del ejercicio de la Acción de Tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que debe examinarse dentro del marco que fijan la Carta Política y el Decreto 2591 de 1991. Ahora bien, se encuentra que el señor Alcalde de Cartagena procedió a expedir una resolución en la que ordenó el cierre de un establecimiento público en el que funcionaba un casino dentro de la situación jurídica creada por los acuerdos del Concejo Municipal y por las cláusulas de un contrato que regulaba las relaciones entre el peticionario y la Administración Municipal. Esta Corporación encuentra que no es objeto de la petición la determinación de la existencia y del contenido jurídico de la competencia del Alcalde para contratar la concesión de la explotación de la actividad del juego de azar y, por tanto, este fallo no se ocupa de aquel aspecto. Tampoco se ocupa esta Corte de examinar los asuntos relacionados con la competencia para decretar la terminación del contrato que regía entre el Municipio y el peticionario, pues esta es una materia tipicamente ajena a estas actuaciones en sede de tutela y aquella podrá ser despachada debidamente ante los jueces competentes de presentarse la oportunidad litigiosa; igualmente, se excluye de este examen la determinación del aspecto contractual relacionado con el ejercicio del derecho a solicitar la renovación del contrato de concesión existente entre la administración y el peticionario. b.  En atención a lo anterior, esta Corporación encuentra que debe confirmarse la providencia del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que ordena revocar la decisión del Juzgado que conoció en primera instancia de la petición teniendo en cuenta los siguientes razonamientos: Lo cierto, y para lo que a estas actuaciones corresponde, es que la Administración produjo una actuación contenida en el oficio No. 3527 del 15 de agosto de 1991, en la que manifiesta la voluntad de no acceder a la renovación de los términos del contrato que sostenía con el peticionario; además, contra dicha actuación el interesado interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación. Ante dicha situación el señor Alcalde procedió a responder el recurso planteado y expidió la resolución número 1658 del 5 de septiembre de 1991 por el cual se confirma lo dispuesto en el auto recurrido, no se accede a la petición y se ordena no conceder el recurso de apelación planteado. Sin atender a las razones expuestas por el señor Alcalde, el interesado acudió en recurso de queja ante el señor Gobernador y obtuvo como respuesta la resolución número 4231 del 18 de Diciembre de 1991 en lo que este funcionario se declaró sin competencia para decidirlo, acogiendo así las razones del señor Alcalde que se había negado a conceder el recurso. En el entre tanto de las dos actuaciones anteriores, el señor Alcalde expidió la resolución número 1818 del primero (1o.) de octubre de 1991 en la que ordena el cierre del establecimiento, concediendo el término de tres (3) días para su cumplimiento y el de cinco (5) días para su ejecutoria; contra dicha providencia igualmente el interesado interpuso el recurso de reposición que fue resuelto en debida forma por virtud de la Resolución 2218 del 2 de Diciembre de 1991. Esta Corporación encuentra que en lo que hace a las actuaciones administrativas señaladas no existe violación al Derecho Constitucional Fundamental al debido proceso administrativo, ya que los actos en los que se manifiesta la voluntad de la administración fueron proferidos cumpliendo las formalidades a ellos exigidas, como son las de la publicidad y la contradicción. En efecto, al peticionario no se le ocultó la actuación y se le dió la oportunidad de ser oído y vencido en la misma por virtud del ejercicio de los recursos correspondientes en vía gubernativa  y señalados por la ley. Además, del examen de la normatividad constitucional aplicable para los efectos de regular las relaciones entre el Departamento y el Municipio dentro del régimen de las entidades territoriales en nuestro país, el Gobernador no es superior jerárquico del Alcalde, salvo en materia de conservación del orden público y del derecho de policía, según las reglas legales que la desarrollen. También, la vía para el control gubernamental de los actos de los Concejos y de los Alcaldes es la de la impugnación de aquellos o el cruce que puede hacer el Gobernador contra dichos actos ante el Tribunal competente por motivos de inconstitucionalidad o ilegalidad en los términos del numeral 10 del artículo 305 de la Carta. Además, los fundamentos de la  organización política del Estado colombiano indican que el Municipio es una Entidad Territorial con un amplio margen de autonomía administrativa, que no obstante sometida a controles de diverso orden, no admite que el Gobernador pueda revocar los actos del alcalde en materias contractuales como sería el caso propuesto  por el peticionario. En caso de inconstitucionalidad o de ilegalidad, en estas materias debe el Gobernador "objetar" los actos de los alcaldes o de los conceptos ante el tribunal competente pero no revocarlos. Dicha "objeción" consiste en la facultad de revisar dichos actos y, llegado el caso, la de remitirlos a los citados Tribunales. Así las cosas, no puede existir en estas materias contractuales, como en efecto no existe, el recurso de apelación y, por tanto, a la luz del Código Contencioso Administrativo, tampoco es procedente el recurso de queja (Art. 5o. C.C.A.). La presentación de este recurso en ausencia del de apelación, no enerva ni puede enervar las competencias del Alcalde como lo pretende el peticionario; en este sentido no asiste razón a la solicitud en punto al tema de la violación al debido proceso por el aspecto de no haberse concedido la apelación y/o de haber seguido la actuación administrativa entre tanto se surtía un trámite inexistente ante el Gobernador. En cuanto a la diferencia de términos entre la ejecutoria de la Resolución 1818 del 1o. de octubre de 1991 y el de su cumplimiento, esta Corporación entiende que el término de tres (3) días para el cumplimiento de la orden de cierre comenzó a contarse a partir del vencimiento del término de ejecutoria del acto y que como éste fue recurrido en reposición, la orden de cierre solo se podía cumplir una vez absuelto el último recurso, como en efecto ocurrió en el caso en examen. Igualmente, se observa que el peticionario insiste en señalar que al no dársele trámite a su solicitud autónoma de nulidad contra un acto administrativo ante la misma autoridad de la administración que lo profirió, se le desconoce su derecho constitucional al debido proceso; sobre este asunto estima la Corte que tampoco asiste razón al peticionario, pues los reclamos ordinarios sobre los vicios internos de la legalidad de los actos administrativos se deben hacer o ante autoridades administrativas por virtud del ejercicio de los recursos en vía gubernativa y dentro de los términos señalados, o ante los jueces de lo contencioso-administrativo según sus competencias; en este caso no ocurrió lo advertido, y por el contrario el interesado fue atendido en debida forma por la Alcaldía al no darsele trámite a un recurso o incidente autónomo e independiente de nulidad. En este caso tampoco existió violación al Derecho Constitucional al Debido Proceso. De otra parte se encuentra que no existe violación alguna a Derecho Constitucional Fundamental alguno y que tenga carácter de irremediable como lo planteó el peticionario; en efecto, para remover en este caso las actuaciones supuestamente irregulares de la administración el peticionario cuenta con las acciones contencioso administrativas correspondientes y allí puede reclamar, si es del caso, todas las reparaciones e indemnizaciones que resulten y si se le causó algún perjuicio se le puede remediar conforme a los derechos de que es o resulte titular. Por último, observa la Corte que no es del caso ni de la competencia de esta Corporación, abordar el examen de las imputaciones reiteradas del peticionario sobre otros elementos jurídicos y de hecho que se relacionan con la situación puesta en conocimiento de los jueces en este caso por vía de la acción de tutela; ellas pueden ser atendidas y examinadas en su oportunidad por las autoridades competentes. En  mérito de lo expuesto, LA CORTE CONSTITUCIONAL SALA DE REVISION DE TUTELAS, Administrando Justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.  CONFIRMAR la sentencia del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena en relación con la Acción de Tutela presentada por el señor JOSE CARLOS BARBIERI GONZALEZ, contra unas actuaciones del señor Alcalde de Cartagena. Segundo.  Comuníquese la presente decisión al Despacho Judicial de origen para que sea notificada conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ          SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-566-92 Sentencia No Sentencia No. T-566/92 ACCION DE TUTELA-Improcedencia/BIENES DE USO PUBLICO-Playas La playa y la franja de bajamar son BIENES DE USO PUBLICO del Estado que no pueden ser objeto de adjudicación por formar parte del espacio público. Dicha parte no es pues objeto de tutela sobre el área de bosque secundario. Si tanto el particular como la DIMAR se encuentran ocupando, aparentemente, el mismo sitio, y el área no está definida, éste es un conflicto que debe ser resuelto por la Jurisdicción Contencioso Administrativo, de acuerdo con el artículo 83 del Código Contencioso Administrativa que establece la competencia de esa jurisdicción. Mientras el pronunciamiento se efectúa, tanto el particular como la Dirección Marítima y Portuaria pueden continuar ocupando el terreno de bosque secundario, evitando causar daños ecológicos irreparables a la vegetación. El área objeto de la acción de tutela no se encuentra  delimitada y sobre la misma coexisten varias ocupaciones; así pues, esta Sala de Revisión reitera su consideración de acudir a la jurisdicción competente para que se dirima el conflicto. OCUPACION-Derecho legal No existe por lo tanto vulneración ni amenaza a los derechos fundamentales al trabajo, la libertad de empresa, la intimidad familiar y la igualdad del peticionario, pues esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que la ocupación no es un derecho fundamental de origen constitucional sino legal. REF: EXPEDIENTE Nro. 3848 Presentada por: Rafael Antonio Salas Muñoz. Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano -Choco-. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá, D.C., octubre veintitres (23) de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-3848, adelantado por el Señor Rafael Antonio Salas Muñoz. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 29 de julio del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar Sentencia de Revisión. 1. Solicitud. El peticionario invocó acción de tutela ante el Juez Promiscuo del Circuito de Bahía Solano (Chocó), contra actos del teniente de infantería Alvaro Augusto Cubillos Gómez y del sargento Camilo Arias, Capitán y Secretario de la Capitanía de Puerto de Bahía Solano, respectivamente,  que se originó en los siguientes hechos: En el sitio mencionado inició la construcción de una casa y realizó plantaciones de coco, guanábana y borojó. Las autoridades acusadas ordenaron destruir la casa y arrancar lo sembrado, perturbando con la amenaza del poder y las armas, las labores que  venían desarrollando en el inmueble antecitado. Las mencionadas autoridades colocaron un letrero de la Armada Nacional en la entrada del predio pretendiendo con ello impedir el acceso al terreno. En primer lugar, el Sr. Rafael Antonio Salas Muñoz manifiesta que desde hace tres meses viene ocupando el terreno baldío ubicado en Bahía Solano (Chocó), adyacente al faro de Punta Huina, frente a la playa, de una extensión aproximada de 250, metros y allí procedió a desmontar y plantar cocos y árboles frutales. El accionante en asocio del señor Manuel Vidal Rojas ejerció actos posesorios en una franja de terreno ubicada en Bahía Solano, Departamento del Chocó. El señor Salas alega que el inmueble sub-exámine es un terreno baldío y que por lo mismo en él puede realizar la explotación. Cuando la Dirección Marítima y Portuaria tuvo conocimiento de la ocupación, envió en fecha mayo 28 del año en curso una notificación solicitándole al peticionario la interrupción de los trabajos allí realizados por ser una zona de jurisdicción de la Dirección, más aún si se trata de la zona de ubicación del faro como ayuda a la navegación. En el informe pericial dirigido a la Capitanía del Puerto sobre la inspección realizada en el terreno objeto de la tutela, el  perito considera, con fundamento en el Decreto 2324 de 1984, lo siguiente: "- La playa es un bien de uso público, el sector contiguo a ésta es un sistema fluviomarino y a partir del límite final de los 80 metros la DIMAR ejerce jurisdicción de 50 metros y en el denominado tercer sector asignado para cumplir fines de uso público como es la de garantizar la seguridad de la navegación marítima, mediante la instalación allí de un faro. Por lo expuesto anteriormente se puede determinar claramente y concluír que el terreno en su totalidad se encuentra bajo la jurisdicción de la Dirección General Marítima". El peticionario considera que los actos acusados constituyen violación de los artículos 13 -derecho a la igualdad-, 25 -derecho al trabajo-, 28 -derecho a la inviolabilidad del domicilio- y 29 -debido proceso- de la Constitución Política de Colombia. 2. Fallo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano -Chocó- (Providencia de 11 de junio de 1992). El fallador considera que es improcedente la solicitud presentada al tenor del artículo 1º literal 7º del Decreto 306 de 1992, cuando expresa que no existe perjuicio irremediable si el restablecimiento o protección del derecho se realiza a través de orden oportuna de actuar o abstenerse de hacerlo, siempre que la conducta sea distinta del pago de una indemnización de perjuicios. Así mismo, considera el juzgado, existen otros medios judiciales de defensa como los procedimientos administrativos, policivos, juicios posesorios y en últimas ordinarios indemnizatorios. Con respecto a la violación del derecho al trabajo, manifestó el Despacho, que el Estado lo debe proteger,  pero que cuando esa actividad humana se contrapone al derecho de otro, el Estado no puede protegerla. Así las cosas, el juzgado promiscuo del circuito de Bahía Solano denegó la tutela de los derechos aludidos. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano (Chocó), con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Clases de nexos entre un bien y un titular en la Constitución de Colombia de 1991. En el contexto de la Constitución de 1991 la propiedad está protegida y garantizada junto con los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. La Carta distingue tres clases de propiedad: privada, estatal y  pública. A continuación se analiza cada una de ellas. La propiedad privada puede ser individual (CP art. 58), como una forma de aplicar y organizar la riqueza social para que genere desarrollo económico . Por esta razón debe ser protegida y garantizada junto con los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles. Otra de las modalidades de propiedad privada es la colectiva contemplada en los artículos  329 y 55 Transitorio de la Constitución. Este último se ocupó de los bienes baldíos de las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de la siguiente forma: "Dentro de los dos años vigentes a la entrada en vigencia de la presente Constitución, el Congreso expedirá, previo estudio por parte de una comisión especial que el Gobierno creará para tal efecto, una ley que les reconozca a las comunidades negras que han venido ocupando tierras baldías en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la Cuenca del Pacífico, de acuerdo con sus prácticas tradicionales de producción, el derecho a la propiedad colectiva sobre las áreas que habrá de demarcar la misma ley ...". La propiedad estatal también se encuentra determinada en el artículo 58 de la Constitución y en el artículo 332 que se refiere en forma global al subsuelo y a los recursos naturales renovables como pertenecientes no ya a la República, sino al Estado. Y la propiedad pública consagrada en los artículos 63, 82 y 102 de la Constitución. En los artículos citados no se consagra un derecho en el sentido habitual de la expresión. Son mas propiamente, unas garantías institucionales, unas protecciones constitucionales  de determinados bienes, inspiradas en distintas razones de interés público: culturales, ecológicas, protección de minorías, protección de dominio público. Es deber para el Estado proteger la integridad del espacio público y su destinación al uso común, cuidando de que prevalezca éste sobre el interés particular. a. Bienes de dominio privado. El artículo 58 de la Constitución establece que se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. En primer término se define la propiedad como función social que implica obligaciones, a la cual le es inherente una función ecológica. Se adiciona por lo tanto la definición tradicional de propiedad que traía la Constitución desde 1936. Dentro del concepto de propiedad privada, se encuentra la propiedad individual (CP artículo 58), la colectiva o comunitaria (CP artículo 329, 58  inciso 3º, 55 y 64 transitorios). b. Bienes del Estado. Son del Estado el subsuelo y los recursos naturales no renovables de conformidad con el artículo 332 de la Constitución Política, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético (CP art. 102), así como los bienes que posee como propiedad privada, en iguales condiciones que los particulares (CP art. 58). El artículo 102 de la Constitución al referirse al territorio y a "los bienes públicos que de él forman parte", para señalar que pertenecen a "la Nación", consagra el llamado dominio eminente: el Estado no es titular del territorio en el sentido de ser "dueño" de él, sino en el sentido de ejercer soberanía sobre él. Marienhoff distingue el "dominio eminente" del "dominio público", así: "El dominio eminente es un poder supremo sobre el territorio; vincúlase a la noción de soberanía. Se ejerce potencialmente sobre todos los bienes situados dentro del Estado, ya se trate del dominio privado o público del mismo o de la propiedad de los particulares o administrados... El dominio público, es un conjunto o suma de bienes sometido a un régimen jurídico especial, distinto del que rige los bienes de dominio privado"1. En el artículo 332 de la Constitución, se consagra la propiedad del Estado del subsuelo y de los recursos naturales no renovables y de los demás muebles destinados a su transformación, sin perjuicio de los derechos adquiridos. Ese nuevo texto adopta una norma general al referirse al subsuelo y a los recursos naturales no renovables, como pertenecientes no ya a la República sino al Estado. c. Bienes de dominio público. Existe un tercer grupo de propiedad, normalmente estatal y excepcionalmente privada, que se distingue no por su titularidad sino por su afectación al dominio público, por motivos de interés general (CP art. 1º), relacionadas con la riqueza cultural nacional, el uso público y el espacio público. Los bienes que deben comprenderse en el dominio público  se determinan no sólo por las leyes que califican una cosa o un bien como de dominio público; además es necesario que concurra el elemento del destino o de la afectación del bien a una finalidad pública; es decir, a un uso o a un servicio público o al fomento de la riqueza nacional, variedades de la afectación que, a su vez, determinan la clasificación de los bienes de dominio público2. La teoría de la afectación de los bienes de dominio público fue introducida por el legislador colombiano en el artículo 148 del Decreto 222 de 1983. c.1. Bienes afectados al fomento de la riqueza nacional. Esta clase de bienes de dominio público está formada por los bienes que están afectos al fomento de la riqueza nacional. Por ejemplo: el patrimonio cultural, arqueológico e histórico. En este grupo se ubican los bienes de dominio privado o estatal destinados al uso público, como el caso de las fachadas de los inmuebles que poseen un valor histórico o arquitectónico, en los que el dominio es exclusivo de una persona, pero no pueden ser alterados por el valor que representan para la sociedad (artículo 9º de la Ley 9a de 1989). c.2. Bienes afectados al uso público. Esta categoría la integran en primer lugar, los bienes de dominio público por naturaleza, definidos en la ley como aquellos que reúnen determinadas condiciones físicas, como los ríos, torrentes, playas marítimas y fluviales, radas, entre otros y también los que siendo obra del hombre, están afectados al uso público en forma directa como los caminos, canales, puertos, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento o utilización generales cuya conservación y cuidado sean de competencia de las autoridades locales. La enumeración que antecede no debe entenderse cerrada, sino ejemplificativa y abierta, dado que en la ley 9a de 1.984 y en el Código Civil se refieren a otros bienes análogos de aprovechamiento y utilización generales. Los bienes de uso público del Estado, tienen como característica ser inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 63 de la Constitución Política). a) Inalienables: significa que no se pueden negociar, esto es, vender, donar, permutar, etc. b) Inembargables: esta característica se desprende de la anterior, pues los bienes de las entidades administrativas no pueden ser objeto de gravámenes hipotecarios, embargos o apremios. c) Imprescriptibles: la defensa de la integridad del dominio público frente a usurpaciones de los particulares, que, aplicándoles el régimen común, terminarían por imponerse por el transcurso del tiempo, se ha intentado encontrar, en todas las épocas, con la formulación del dogma de la imprescriptibilidad de tales bienes3 . Es contrario a la lógica que bienes que están destinados al uso público de los habitantes puedan ser asiento de derechos privados, es decir, que al lado del uso público pueda prosperar la propiedad particular de alguno o algunos de los asociados. c.3. Bienes afectados al espacio público. La definición de los bienes del Estado destinados al uso público se encuentra en el artículo 9º de la Ley 9a de 1.989 que determina que los bienes de uso público hacen parte del concepto general de espacio público. Pero este concepto no es exclusivo de estos bienes, sino que abarca además bienes particulares que por su naturaleza, su uso o afectación están destinados a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Luego el espacio público es el género y el uso público, la especie. Aquél concepto subsume a éste. El fundamento constitucional de la protección del espacio público lo encontramos en el artículo 82 de la Constitución, que establece: "Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. La entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común". Establece así el citado artículo: "Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas requeridas para la circulación, tanto peatonal, como vehicular, las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana, las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, naturales, religiosos, recreativos y artísticos como para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, a sí como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen por consiguiente zonas para el uso o el disfrute colectivo" (negrillas no originales). Este artículo reitera el concepto que ya se encontraba contenido en el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, que dice: "Bienes de uso público: las playas, los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto intransferibles a cualquier título a los particulares, quiénes sólo podrán obtener concesiones, permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y las disposiciones del presente decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo ni el subsuelo" (negrillas no originales). Así pues, tanto la playa como la franja de bajamar son bienes de uso público y por lo tanto forman parte del espacio público. La definición de esas zonas la trae el mismo Decreto Ley, así: "COSTA NACIONAL: Una zona de dos (2) kilómetros de ancho paralela a la línea de la más alta marea. PLAYA MARITIMA: Zona de material no consolidado que se extiende desde la línea de la más baja marea hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma fisiográfica o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, usualmente límite efectivo de las olas de temporal. BAJAMAR: La máxima depresión de las aguas o altura mínima. 3. Tratamiento jurídico de los bienes baldíos. Las expedición de las leyes sobre apropiación, adjudicación y recuperación de tierras baldías es función del Congreso de la República, de conformidad con el artículo 150 numeral 18 de la Constitución. La Ley 135 de 1961 en su artículo 29 establece que no podrán hacerse adjudicaciones de baldíos sino por ocupación previa y en favor de las personas naturales o cooperativas o empresas comunitarias campesinas y por extensiones no mayores de cuatrocientas cincuenta (450) hectáreas por persona o socio de la empresa comunitaria o cooperativa campesina. No obstante podrán hacerse adjudicaciones en favor de entidades de derecho público para la construcción de obras de infraestructura destinadas a la instalación o dotación de servicios públicos, bajo la condición que si dentro del término que el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria señalare no se diere cumplimiento al fin previsto, los predios adjudicados revierten al dominio de la Nación. Los bienes del Estado que están destinados a ser adjudicados son los llamados "baldíos" y, mediante resolución administrativa de adjudicación del terreno a quien pretenda ser adjudicatario, el Estado le confiere apenas un derecho personal o crédito, no el derecho real de dominio. Se denomina bien baldío al terreno urbano o rural sin edificar o cultivar que forma parte de los bienes del Estado porque  se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño. El artículo 685 del Código Civil establece que por la ocupación se adquiere el dominio de las cosas que no pertenecen a nadie y cuya adquisición no es prohibida por las leyes o por el derecho internacional. El modo para la adjudicación de terrenos baldíos es la ocupación, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en la las Leyes 200 de 1936, 2a de 1.959 y 135 de 1.961 y en el Decreto 2275 de 1988. Cosa distinta pero no menos importante son las obligaciones que su condición de ocupador le impone a la persona, por motivos de orden social, económico y ecológico, en cuanto a la utilización del terreno en vía de titulación. El acto administrativo de adjudicación es un acto constitutivo que reconoce la titularidad del derecho real en cabeza del ocupante, y su inscripción en el competente registro de la propiedad inmueble sirve de prueba de esta titularidad a partir del hecho de esa ocupación. Los bienes baldíos son transferibles por naturaleza y son por lo tanto objeto de enajenación por titulación. Según el Código Fiscal, artículos 66 y 67, los particulares pueden establecerse en tierras baldías con ganados o cultivos, con derecho a que le sea adjudicada la zona ocupada. El artículo 1º de la Ley 200 de 1.936 ratifica este concepto. La ocupación está garantizada por acciones reales que el ocupante podrá ejercitar para salvaguardar su derecho; si el ocupante ha cumplido a cabalidad su papel de adjudicatario, puede constreñir al Estado a su reconocimiento. La persona que solicite la adjudicación de un baldío por ocupación previa, deberá demostrar que tiene bajo explotación económica las dos terceras partes de la superficie cuya adjudicación solicita, excluídas las zonas de vegetación protectora o bosques naturales, y además, que en su aprovechamiento cumple con las normas de protección de los recursos naturales. Para este efecto las áreas dedicadas a la conservación de la vegetación protectora, lo mismo que las destinadas al uso forestal racional, situada fuera de las zonas decretadas como reservas forestales o de bosques nacionales se tendrán como porción explotada para el cálculo de la superficie de explotación. Igualmente la Ley 2a de 1959, en el artículo 5º, consagra que no es permitida la explotación de bosques en terrenos baldíos que haya señalado el Ministerio de Agricultura, sin licencia del mismo Ministerio, basada en un concepto técnico, y cualquier producto que se extraiga sin los requisitos que se determinan en la Ley será decomisado. El artículo 8º se refiere a que la adjudicación de tierras baldías estará sujeta a la condición de que la explotación de las tierras se ajuste a las reglamentaciones previstas y la violación de las mismas dará lugar a la reversión automática. El artículo 209 del Código de Recursos Naturales prohibe la ocupación de los baldíos que correspondan a zonas de reserva forestal. Establece así el artículo: Art. 209: No podrán ser adjudicados los baldíos de las áreas de reserva forestal. Se podrá otorgar concesión sobre el uso de baldíos desprovistos de bosques, aún dentro del área de reserva forestal, durante el tiempo necesario para que el concesionario establezca bosques artificiales y los pueda aprovechar. No se reconocerá el valor de mejoras hechas en una región después desde haber sido declarada área de reserva forestal. Tampoco habrá lugar al pago de mejoras en alguna de dichas áreas cuando se hayan hecho después de ponerse en vigencia este código" (negrillas no originales). Ahora bien, la zona de reserva forestal del Pacífico está determinada en la Ley 2a de 1959, que consagra: "a) ZONA DE RESERVA FORESTAL DEL PACIFICO, comprendida dentro de los siguientes límites generales: Por el SUR, la línea de frontera con la República del Ecuador; por el OCCIDENTE, el Océano Pacífico y la línea divisoria con la República de Panamá; por el NORTE, el Océano Atlántico (Golfo de Urabá), y por el ORIENTE, una línea que arrancando 15 kilómetros al Este del divorcio de aguas de la Cordillera Occidente, en los límites con el Ecuador, siga hasta el volcán de Chiles el nevado de Cumbal y la quebrada San Pedro, y de allí, a través del río Patía, hasta Chita, continuando 15 kilómetros al Este, por el divorcio de aguas del cerro de Rivas al cerro de Munchique y siguiendo la cordillera Occidental hasta el cerro de Caramanta; de allí al cerro Paramillo y luego al cerro Murrucucú y de allí una linea recta, con rumbo 45° noreste, hasta el Océano Atlántico". La protección constitucional del ambiente contenida en lo que se ha denominado la Constitución ecológica4, es la razón jurídica de la protección de las zonas de reserva forestal y la prohibición de adjudicación de los baldíos de las áreas que conforman esta zona. Es por ello que para decidir esta tutela se estudiará si el ocupante  se encuentra utilizando un bien baldío adjudicable o una zona de reserva forestal no adjudicable. 4. Nexos derecho a la ocupación- derecho al ambiente sano. El artículo 80 de la Constitución establece: El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas". En este artículo se regulan tres temas relacionados con los recursos naturales: su planificación, el control de su deterioro y la cooperación fronteriza. En primer lugar, debe entenderse que se contemplan aquí tanto los recursos naturales renovables como los no renovables. Con los recursos naturales el hombre se relaciona de dos maneras: o los explota -"aprovechamiento"-, o los conserva   -"manejo", que implica "conservación, restauración o sustitución"-. Sin embargo ambas funciones, en principio casi contradictorias, como quiera que cada vez que el hombre ha aprovechado los recursos naturales los ha destruído o consumido, encuentran en el término "desarrollo sostenible",  su punto de equilibrio, en el cual se puede usar y hacer productiva la naturaleza sin destruirla. Luego, mediante un adecuado manejo -sustentable-, es posible hacer compatibles y coexistentes ambos términos. El artículo consagra básicamente un mandato para el Estado, es decir tanto para la nación como para las entidades territoriales, con sus entidades descentralizadas. En Colombia, desde esta óptica institucional, la División de Corporaciones del Departamento Nacional de Planeación es la agencia encargada de realizar esta planificación, la cual es ejecutada por el INDERENA y por las Corporaciones autónomas regionales. Participa igualmente de la planificación el programa de medio ambiente y el programa del mar que adelanta el Sistema Nacional de ciencia y Tecnología de Colciencias. En segundo lugar, el control de los factores de deterioro ambiental implica una labor preventiva y una labor represiva. Ambas situaciones las vislumbra el inciso segundo del artículo objeto de comentario. La prevención está asociada a la educación ambiental y a la exigencia de estudios de impacto ambiental. Aquí la Oficina de Prevención de Desastres de la Presidencia de la República juega un importante papel. La represión hace alusión a las sanciones legales, consistentes en la suspensión de obras, reparación de daños, indemnización de perjuicios e incluso responsabilidad penal, como se verá en la parte de los mecanismos protectores de este ensayo. En tercer lugar se regula la cooperación fronteriza para proteger ecosistemas. Este inciso se relaciona con los artículos 226, 289 y 337 de la Carta. Así pues, independientemente del derecho a ocupar un terreno baldío y a su posterior reconocimiento por el Estado, éste deberá controlar el deterioro ambiental causado por el ocupador y exigir de él la reparación de los daños ocasionados. 5. De las autoridades encargadas de la protección de las playas y de las reservas forestales. Por medio del Decreto 2324 del 18 de septiembre de 1984, la Dirección General Marítima y Portuaria -dependencia del Ministerio de Defensa-, ejerce su jurisdicción hasta el límite exterior de la zona económica exclusiva, en las siguientes áreas: aguas interiores marítimas, incluyendo canales intercostales y de tráfico marítimo; y todos aquellos sistemas marinos y fluviomarinos; mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, lecho y subsuelo marinos, aguas supra adyacentes, litorales incluyendo playas y terrenos de bajamar, puertos del país situados en su jurisdicción; islas, islotes y cayos y sobre algunos ríos de conformidad con el artículo 2º del mencionado decreto. La reglamentación del uso y goce de todas las playas marítimas y de los terrenos de bajamar corresponde a la Dirección Marítima y Portuaria y así mismo podrá otorgar concesiones previo el cumplimiento de requisitos, tales como: "...c) Un concepto del Instituto de Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables (INDERENA), en que se exprese que las explotaciones o construcciones para las cuales se solicita el permiso no son contrarias a las normas de conservación y protección de los recursos naturales renovables existentes en la zona. El Código de Recursos Naturales establece en el artículo 164 la protección de las playas y los recursos naturales renovables de la zona: "Corresponde al Estado la protección del ambiente marino, constituído por la aguas, por el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo del mar territorial y el de la zona económica, y por las playas y recursos naturales renovables de la zona. Esta protección se realizará con las medidas necesarias para impedir o provenir la contaminación de la zona con sustancias que puedan poner en peligro la salud humana, perjudicar los recursos hidrobiológicos y menoscabar las posibilidades de esparcimiento o entorpecer los demás usos legítimos del mar. Entre esas medidas se tomarán las necesarias para: a. Determinar la calidad, los límites y concentraciones permisibles de deshechos que puedan arrojarse al mar y establecer cuáles no pueden arrojarse; b. Reglamentar, en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía, el ejercicio de las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos u otros recursos minerales marinos y submarinos o existentes en las playas marítimas, para evitar la contaminación del ambiente marino en general". 6. Del caso concreto. De conformidad con el plano elaborado por el funcionario del INDERENA, el área ocupada por el peticionario se puede dividir en dos sectores: un sector de playa, incluída la franja de bajamar, y un sector correspondiente a área forestal (bosque secundario). a) La playa y la franja de bajamar son BIENES DE USO PUBLICO del Estado que no pueden ser objeto de adjudicación por formar parte del espacio público, y cuyos fundamentos jurídicos ya fueron expuestos en capítulo anterior. Dicha parte no es pues objeto de tutela. b) Sobre el área de bosque secundario que fue ocupada por parte del peticionario, y a fin de determinar si ésta corresponde a la llamada "zona de reserva forestal", la Corte Constitucional solicitó al INDERENA la clasificación que dicho Instituto ha realizado de las áreas forestales, parques naturales y zonas de colonización. Mediante comunicación de 14 de octubre del año en curso, el INDERENA envió a esta Corporación con destino al expediente T- 3848, una copia heliográfica del mapa de reservaciones, permisos, sustracciones y Corporaciones Regionales de Colombia. Con fundamento en el documento mencionado se establece que la zona ocupada por el Sr. Rafael Antonio Salas Muñoz, se encuentra clasificada por el INDERENA como ASENTAMIENTO DE COLONOS (S-2) ubicado en Bahía Solano (Chocó). Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no se encuentra clara la delimitación del terreno correspondiente al bosque secundario y que fue ocupado por el peticionario. Es más del concepto del perito se colige que el bosque se encuentra dentro del área de jurisdicción de la Dirección Marítima y Portuaria, pero exactamente no se determina su límite. Igualmente por la documentación aportada al proceso y por verificación posterior de la Corte Constitucional          -documentos que se aportan a esta sentencia-, se observa que se encuentra pendiente de titulación ante el INCORA el área aledaña al faro de Punta Huina, lo que hace que igualmente la DIMAR se encuentre ocupando el mismo sector. Si tanto el Sr. Salas Muñoz como la DIMAR se encuentran ocupando, aparentemente, el mismo sitio, y el área no está definida, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional éste es un conflicto que debe ser resuelto por la Jurisdicción Contencioso Administrativo, de acuerdo con el artículo 83 del Código Contencioso Administrativo que establece la competencia de esa jurisdicción. Mientras el pronunciamiento se efectúa, tanto el particular como la Dirección Marítima y Portuaria pueden continuar ocupando el terreno de bosque secundario, evitando causar daños ecológicos irreparables a la vegetación, de conformidad con el artículo 95 numeral 8º de la Constitución Política. El sector de la playa y la franja de bajamar  no pueden ser ocupados por persona alguna, por disposición expresa que así lo determina; y los terrenos ubicados en lo que se denomina "bosque secundario", pueden ser objeto de ocupación, pero quien ocupe y atente contra los recursos naturales, se hará merecedor a las sanciones penales a que diere lugar, de conformidad con el Código Penal. Sobre la deforestación de la franja aledaña a la playa el INDERENA -Regional pacífico medio-, realizó un reconocimiento del lugar y conceptuó: "1. Que el ilícito fue cometido en la zona aledaña al faro de la ciudad de Mutis y no en el lugar en donde se encuentra instalado. 2. Que por su importancia y como medida de protección el área talada por donde circula el agua subterránea debido a los drenajes debe ser reforestada con especies nativa. 3. Se recomienda no tumbar (talar) el área que se encuentra socolada, ni ampliar su superficie. 4. Se recomienda ampliar el área de protección a la mareas con reforestación ya que ésta franja quedó muy disminuída. 5. Esta por decir que las secuelas producidas por la tala ampliaría su extensión con fenómenos como la erosión y pérdida de agua, de no cumplir con los puntos 2, 3 y 4 ya señalados". No existe por lo tanto vulneración ni amenaza a los derechos fundamentales al trabajo, la libertad de empresa, la intimidad familiar y la igualdad del peticionario, pues esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional considera que la ocupación no es un derecho fundamental de origen constitucional sino legal. El área objeto de la acción de tutela no se encuentra  delimitada y sobre la misma coexisten varias ocupaciones; así pues, esta Sala de Revisión reitera su consideración de acudir a la jurisdicción competente para que se dirima el conflicto. Es necesario reiterar que según la Constitución el respeto al medio ambiente es deber de todos y en todas las circunstancias, razón por la cual esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional enviará copia de la Sentencia a la Fiscalía de Bahía Solano a fin de que se investigue la posible comisión de un hecho punible contra los recursos naturales de que trata el Capítulo II del Título VII del Código Penal. La creación de una "cultura del ambiente sano", en el marco de la pedagogía constitucional (CP art. 41) exige que esta Corporación adopte todos los mecanismos -teóricos y punitivos- necesarios para que la letra de la Carta se traduzca en la realidad y sea, por tanto, derecho efectivo. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano (Chocó), con  las aclaraciones expuestas en esta Sentencia. SEGUNDO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia a la Dirección General Marítima y Portuaria, al Departamento Nacional de Planeación, al Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente -INDERENA-, al Instituto Colombiano de la Reforma    Agraria -INCORA-, a la Gobernación del Departamento del Chocó, a la Alcaldía del Municipio de Bahía Solano, a COLCIENCIAS, al Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional -IDEA- y a la División Especial de Corporaciones del Departamento Nacional de Planeación. TERCERO:  A través de la Secretaría General ENVIAR copia de esta Sentencia a la Fiscalía de Bahía Solano (Chocó) para lo de su competencia. CUARTO: A través de la Secretaría General ENVIAR copia de esta Sentencia al Juzgado Promiscuo del Circuito de Bahía Solano (Chocó) y al Defensor del Pueblo. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado 1 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo V -Dominio Público-. Editorial Abeledo Perrot. Buenos Aires.1.988, pág, 38. 2 Cfr, PARADA, Ramón. Derecho Admnistrativo , Tomo III, Bienes públicos, Derecho urbanístico. Editorial Marcial Pons, cuarta edición. Madrid. 1.991, pág 43 y ss "El criterio de la afectación como definidor del dominio público. Bienes que comprende". 3 Cfr, GARRIDO FALLA, Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Volumen II. Novena edición. Editorial Tecnos. Madrid. 1.989, pág. 405 y ss. 4 En la Sentencia T-875 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, se desarrolló el concepto de Constitución Ecológica, patiendo de la lectura sistemática, axiológica y finalista de la Constitución Política.

T-567-92 Sentencia T-567/92 Sentencia T-567/92 PRINCIPIO DE EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS El ejercicio de la actividad pública, en especial por cuanto concierne a la administración, no puede cumplirse con desconocimiento del principio constitucional que impone la efectividad de los derechos de las  personas, uno de los cuales es precisamente  el de  petición, ni de espaldas al carácter pluralista de la organización política colombiana, plasmado en el artículo 1º y desarrollado, en lo referente al caso de una decisión se trata, por los artículos 7º y 13 de la Constitución, el primero al reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación y el segundo al proclamar el principio de igualdad y la proscripción de toda forma discriminatoria. DERECHO DE PETICION-Pronta Resolución El derecho de petición, cuyo propósito es el de buscar un acercamiento entre el administrado y el Estado, otorgándole al ciudadano un instrumento idóneo con el cual acudir ante él en busca de una información o con el fin de que se produzca un pronunciamiento oportuno por parte del aparato estatal, es una garantía propia del sistema de gobierno democrático y una manifestación de la soberanía popular. El derecho de petición involucra no sólo la posibilidad de acudir ante la administración, sino que supone además, un resultado de ésta, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución. Sin este último elemento el derecho  de petición no se realiza, pues es esencial al mismo. En el presente caso la pronta resolución no se ha manifestado y, por el contrario, se han dilatado los términos de decisión de manera ostensible, de lo que resulta el desconocimiento de un derecho fundamental. Y si bien la omisión de la autoridad genera la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo, que puede ser demandable ante la jurisdicción contenciosa, éste no exime a la administración del deber de resolver la solicitud y no puede ésta protegerse bajo la égida de su inercia. IGUALDAD MATERIAL-Vulneración/INDIGENA En el  presente caso la Corte considera que la reticencia en que la administración ha incurrido vulnera, además del derecho de petición, el derecho a la igualdad material, pues existe el deber constitucional de adoptar las medidas pertinentes en favor de grupos discriminados o marginados. Y siendo evidente el abandono, humillación y discriminación a los que han sido expuestos los indígenas durante siglos, se hace necesario que se imponga siempre a su favor un trato preferencial. SALA TERCERA DE REVISION Ref: Expediente T-3746 Actores: Gobernadora, Alcalde Mayor y Fiscal del Cabildo de la Parcialidad indígena de "La Paila" contra el INCORA. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO (Ponente) ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada mediante acta en Santa Fe de Bogotá D.C., el veintitrés (23) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). I. ANTECEDENTES A. Los ciudadanos Eugenia Méndez, Fabriciano García y Angélica Guetio, actuando en su propio nombre y en representación del Cabildo de la parcialidad indígena de La Paila, corregimiento de Timbá, jurisdicción del municipio Buenos Aires (Cauca), en sus calidades de Gobernadora, Alcalde Mayor y Fiscal del mismo, respectivamente, instauraron la acción de tutela por medio de apoderado judicial en contra del gerente general y representante legal del Instituto Colombiano de Reforma Agraria -INCORA- ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Los hechos que motivaron la formulación de la presente acción son los siguientes: 1. El día 10 de julio de 1985 las comunidades indígenas de La Paila y Río Naya se dirigieron a la División de Asuntos Indígenas del Instituto de Reforma Agraria -INCORA-, con el fin de que, una vez organizados como Cabildo, se les titulara un territorio como resguardo, conforme al censo y alinderamiento señalado en la solicitud. Este territorio, según la demanda, era necesario para la seguridad de la vida y los bienes de todos los miembros de la parcialidad. 2. Los distintos gerentes del instituto demandado han asumido una actitud dilatoria frente a la petición, por lo que hasta la fecha de la proposición de esta acción no se había emitido pronunciamiento al respecto. 3. Afirman los peticionarios que la omisión del INCORA ha generado la vulneración de sus derechos a la vida, honra, bienes y creencias "pues debido al deseo por parte de la multinacional SMURFIT-CARTON DE COLOMBIA  S.A. de apoderarse de todos los terrenos de la zona de influencia del Cabildo de la Parcialidad Indígena de La Paila, se han presentado roces que han producido la destrucción de los sembrados que le permitían a esa comunidad subsistir, además de que se ha producido el encarcelamiento de sus representantes y aún amenazas en contra de su integridad". 4. Consideran además que se les ha violado su derecho de petición, el derecho a la igualdad y el reconocimiento y protección de la diversidad  étnica y cultural de la nación. B. La decisión judicial La Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por medio de la providencia del  veintitres (23) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), decidió tutelar el derecho de petición  fundamentándose en las siguientes consideraciones: 1. Los artículos 2, 7 y 8 de la Carta Política, que los petentes invocan como vulnerados, no consagran propiamente derechos fundamentales, sino principios filosófico-políticos orientadores de la acción estatal. 2. El derecho a la igualdad no resulta lesionado por la sola inacción de la autoridad de quien se ha solicitado un pronunciamiento. 3. Se evidencia un claro y ostensible desconocimiento del derecho de petición ocasionado por la omisión del instituto demandado.  Pues si bien los procedimientos administrativos señalados en la ley para la constitución de los resguardos indígenas no contienen determinación de plazos para todas las etapas o momentos que los conforman, es evidente que de todas formas la decisión debe producirse en un término razonable, conforme a la naturaleza y complejidad de la actuación administrativa. En el presente caso han transcurrido seis años y once meses, término más que razonable y suficiente para que la administración haya emitido el correspondiente pronunciamiento. C. La sentencia de tutela proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no fue objeto de impugnación y, de conformidad con los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala Quinta de Selección de esta Corte la eligió, para efectos de su revisión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Corte es competente para revisar el fallo en referencia, de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución y en el Decreto 2591 de 1991. Los principios fundamentales de la Carta en su relación con los derechos El artículo 86 de la Constitución Política, que ha sido invocado por los petentes dando origen al proceso del que ahora se ocupa la Corte, tiene su razón de ser en la necesidad de garantizar la realización efectiva y concreta de los derechos constitucionales fundamentales. La naturaleza eminentemente protectora de la acción de tutela se pone de presente en las notas de inmediatez, preferencia y sumariedad con las cuales, junto a otros elementos, el constituyente ha querido caracterizarla. No puede concebirse ni entenderse esta institución, ni tampoco los derechos a cuya protección se orienta, sin referencia al contexto general de la Carta Política ni de manera aislada respecto de los principios y fines que la inspiran. Es claro que entre los fundamentos principales del sistema constitucional está la consideración del ser humano, su dignidad y sus derechos como objetivo y razón de la actividad estatal y del papel que dentro de la organización política cumplen las autoridades públicas. Esta perspectiva no puede desconocerse al momento de establecer los alcances de la normativa constitucional ni cuando se confronta con ella el ejercicio práctico de la función pública en sus diversas manifestaciones. Si bien es cierto que los preceptos invocados por los actores en el caso bajo examen, que están consagrados en los artículos 2, 7 y 8 de la Constitución Nacional, en donde se establecen los fines del Estado, el reconocimiento y protección de la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y la obligación de proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, no están destinados a la previsión de normas específicas sobre derechos fundamentales, es necesario afirmar que, como se viene exponiendo, éstos no pueden ser estudiados de manera aislada, pues sólo en la medida en que sean entendidos en función de los fines y obligaciones estatales se puede decir que se han interpretado en la forma debida.  El desconocimiento de un derecho fundamental lleva implícito el fracaso de los fines del Estado. Así, pues, la Corte Constitucional estima necesario, previamente a la definición del caso concreto, subrayar el sentido de  tales fines en cuanto alude al tema objeto de controversia. El artículo 1º de la Carta define a Colombia como un Estado Social de Derecho que tiene las características de ser democrático, participativo y pluralista y que está fundado en la dignidad humana, en la solidaridad de quienes lo integran y en la prevalencia del interés general. A la vez, el artículo 2º de la Constitución indica que son fines esenciales del Estado, entre otros, el servicio a la comunidad, la garantía de una efectiva vigencia de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y la procura de una participación de todos en las decisiones que los afectan. Tales elementos no se reducen a la simple retórica ni a la aspiración de la comunidad hacia ideales abstractos e inalcanzables, sino que se constituyen en criterios orientadores sobre el sentido y el contenido de los preceptos constitucionales en concreto, en orden a lograr unos propósitos bien definidos por el Constituyente. Como ya lo expresó esta Corte, "los principios fundamentales del Estado son una pauta de interpretación ineludible por la simple razón de que son parte de la Constitución misma y están dotados de toda la fuerza normativa que les otorga el artículo cuarto del texto fundamental"1 Considera la Corporación, además, que tales principios encuentran soporte, también dotado de fuerza vinculante, en las declaraciones formuladas por el Constituyente en el Preámbulo de la Carta cuando señala entre los fines de ésta el de asegurar a los integrantes del pueblo la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. En torno a la fuerza obligatoria del Preámbulo, ha expresado la Corte: "El Preámbulo de la Constitución incorpora, mucho más allá de un simple mandato específico, los fines hacia los cuales tiende el ordenamiento jurídico; los principios que inspiraron al Constituyente para diseñar de una determinada manera la estructura fundamental del Estado; la motivación política de toda la normatividad; los valores que esa Constitución aspira a realizar y que trasciende la pura literalidad de sus artículos. El Preámbulo da sentido a los preceptos constitucionales y señala al Estado las metas hacia las cuales debe orientar su acción; el rumbo de las instituciones jurídicas. Lejos de ser ajeno a la Constitución, el Preámbulo hace parte integrante de ella. Las normas pertenecientes a las demás jerarquías del sistema jurídico están sujetas a toda la Constitución y, si no pueden contravenir los mandatos contenidos en su articulado, menos aún les está permitida la transgresión de las bases sobre las cuales se soportan y a cuyas finalidades apuntan. Considera la Corte que la preceptiva constitucional ha sido enderezada por el propio Constituyente a la realización de unos fines, al logro de unos cometidos superiores ambicionados por la sociedad, que cabalmente son los que plasma el Preámbulo y que justifican la creación y vigencia de las instituciones. Quitar eficacia jurídica al Preámbulo, llamado a guiar e iluminar el entendimiento de los mandatos constitucionales para que coincida con la teleología que les da sentido y coherencia, equivale a convertir esos valores en letra muerta, en vano propósito del Constituyente, toda vez que al desaparecer los cimientos del orden constitucional se hace estéril la decisión política soberana a cuyo amparo se ha establecido la Constitución. Juzga la Corte Constitucional que el Preámbulo goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden que la Carta instaura y, por tanto, toda norma -sea de índole legislativa o de otro nivel- que desconozca o quebrante cualquiera de los fines en él señalados, lesiona la Constitución porque traiciona sus principios. Si la razón primera y trascendente del control constitucional no es otra que la de garantizar la verdadera vigencia y supremacía de la Constitución, ese control deviene en utópico cuando se limita a la tarea de comparar entre sí normas aisladas, sin hilo conductor que las armonice y confiera sentido integral, razonable y sólido al conjunto."2 Así, pues, el ejercicio de la actividad pública, en especial por cuanto concierne a la administración, no puede cumplirse con desconocimiento del  principio constitucional que impone la efectividad de los derechos de las  personas, uno de los cuales es precisamente  el de  petición -invocado en este proceso-, ni de espaldas al carácter pluralista de la organización política colombiana, plasmado en el artículo 1º y desarrollado, en lo referente al caso de cuya decisión se trata, por los artículos 7º y 13 de la Constitución, el primero al reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación y el segundo al proclamar el principio de igualdad y la proscripción de toda forma discriminatoria. El derecho de petición El artículo 23 de la Carta dispone lo siguiente: "Artículo 23: Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución.  El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales". Este derecho, cuyo propósito es el de buscar un acercamiento entre el administrado y el Estado, otorgándole al ciudadano un instrumento idóneo con el cual acudir ante él en busca de una información o con el fin de que se produzca un pronunciamiento oportuno por parte del aparato estatal, es una garantía propia del sistema de gobierno democrático y una manifestación de la soberanía popular. Según la propia norma constitucional el derecho de petición involucra no sólo la posibilidad de acudir ante la administración, sino que supone además, un resultado de ésta, que se manifiesta en la obtención de la pronta resolución. Sin este último elemento el derecho de petición no se realiza, pues es esencial al mismo. Desde luego, como ya lo ha advertido esta Corte3 , no podría tomarse como parte del derecho de petición una prerrogativa que llevara forzosamente a que la administración definiera favorablemente las pretensiones del solicitante. Por ello, "no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa. Ella, siempre y cuando se produzca dentro de los términos que la ley señala, representa en sí misma, independientemente de su sentido, la satisfacción del derecho de petición". Pero, claro está, si sucede a la inversa, es decir, si transcurren los términos que la ley contempla sin que se obtenga respuesta alguna de la administración, el derecho de petición resulta desconocido por cuanto no se cumple el mandato constitucional de la prontitud en la contestación oficial al peticionario. En el presente caso la pronta resolución no se ha manifestado y, por el contrario, se han dilatado los términos de decisión de manera ostensible, de lo que resulta el desconocimiento de un derecho fundamental. Y si bien la omisión de la autoridad genera la ocurrencia del fenómeno jurídico del silencio administrativo, que puede ser demandable ante la jurisdicción contenciosa, éste no exime a la administración del deber de resolver la solicitud y no puede ésta protegerse bajo la égida de su inercia. El derecho a la igualdad En cuanto a la afirmación del Tribunal en el sentido de que no ha sido violado el derecho a la igualdad por la sola omisión de la entidad demandada, la Corte estima indispensable formular algunas precisiones. Muchas veces la acción o la inactividad de la administración no necesariamente lesiona un solo derecho fundamental. Es más, puede decirse que en la mayoría de los casos ocurre una violación múltiple de derechos, pues directa o indirectamente están relacionados entre sí. En el  presente caso la Corte considera que la reticencia en que la administración ha incurrido vulnera, además del derecho de petición, el derecho a la igualdad material, pues existe el deber constitucional de adoptar las medidas pertinentes en favor de grupos discriminados o marginados. Y siendo evidente el abandono, humillación y discriminación a los que han sido expuestos los indígenas durante siglos, se hace necesario que se imponga siempre a su favor un trato preferencial. Con base en las anteriores consideraciones, la Corte Constitucional de la República de Colombia, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- Confirmar el fallo de tutela del veintitres (23) de junio de 1992 proferido por la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Segundo.- Comunicar a la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca con el fin de que se dé cumplimiento a lo preceptuado por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, notifíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Corte Constitucional. Sentencia T-406. Sala Primera de Revisión. Junio 5 de 1992. Magistrado Ponente: Doctor Ciro Angarita Barón. 2 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-479. Agosto 13 de 1992. Magistrados Ponentes: Doctores José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero. 3 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia del 25 de mayo de 1992.

T-568-92 Sentencia No Sentencia No. T-568/92 ACCION DE TUTELA-Impugnación La impugnación de los fallos de tutela proferidos por los jueces o tribunales en primera instancia es un verdadero derecho del petente y de su contraparte, que constituye ocasión para que el superior verifique si en realidad se cumplen los presupuestos básicos de la acción y si han sido atendidos por el inferior los requerimientos a que está obligado por el precepto constitucional y por las normas legales que lo desarrollen. DERECHO AL TRABAJO-Licitud El trabajo, para merecer la protección del Estado y para ampararse en el Derecho, uno de cuyos medios constitucionales es precisamente la acción de tutela, debe cumplir ante todo, como requisito mínimo, el de la licitud de su objeto. No están cobijadas por la Constitución y, por el contrario, repugnan a ella en cuanto contradicen sus mandatos, las actividades que abierta o disimuladamente quebrantan los preceptos de la ley o encajan en los tipos penales. PRINCIPIO DE LA BUENA FE La buena fe no puede implicar que el Derecho la admita y proclame como criterio eximente de la responsabilidad que, según las leyes, corresponde a quienes incurren en acciones u omisiones dolosas o culposas que ameritan la imposición de sanciones judiciales o administrativas. Hacer del principio de la buena fe una excusa de ineludible aceptación para consentir conductas lesivas del orden jurídico equivale a convertir éste en sistema inoperante. Pese a la obligatoriedad del principio constitucional enunciado, éste se edifica sobre la base de una conducta cuidadosa de parte de quien lo invoca, en especial si la ley ha definido unas responsabilidades mínimas en cabeza del que tiene a su cargo determinada actividad. CONTRATO DE TRANSPORTE-Responsabilidad De la naturaleza del contrato de transporte de cosas resulta la elemental precaución del transportador en establecer el tipo de bienes o elementos que le son confiados a fin de tomar las previsiones necesarias en torno a su cuidado y protección durante el tiempo en que responderá por ellas y también con el objeto de evitar que se lo comprometa en el desarrollo de actividades ilícitas o peligrosas. El transportador tiene el derecho y aún el deber, de corroborar el contenido de lo que transporta y, si encuentra que se trata de elementos o sustancias prohibidos por la ley, habrá de rechazar el contrato en razón de su objeto ilícito, al paso que estará obligado a adoptar las necesarias medidas de prevención si la manipulación o traslado del material cuya conducción se le confía encierra en sí mismo peligro o amenaza. DECOMISO/DERECHO A LA PROPIEDAD-Vulneración Con el decomiso no se presenta violación del derecho de propiedad, ni existe base para considerar que el mismo representa una forma de confiscación. Así, si el afectado demuestra que la autoridad, al imponerle la sanción, actuó por fuera del marco legal, podrá considerarse que se desconoció su derecho de propiedad "... pero no porque el decomiso sea una figura prohibida por la Carta Política, sino por la ilegalidad de la actuación administrativa en el caso concreto". ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia/ACTO POLICIVO Si bien el acto mediante el cual el Gobernador impuso al actor las sanciones de que se trata es formalmente administrativo, su contenido es de carácter jurisdiccional, por cuanto fue dirigido a tramitar y fallar en el caso concreto un proceso iniciado en relación con la comisión de hechos que la ley calificó de punibles, de acuerdo con reglas de competencia que la radicaron en cabeza del mencionado funcionario administrativo. Esa clase de actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo no está sujeta al control de la jurisdicción que tal estatuto regula, pues se trata en realidad de sentencias desde el punto de vista de su contenido material. ACCION DE TUTELA-Objeto/ACCION DE TUTELA-Hecho Consumado La acción de tutela ha sido concebida como procedimiento preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su efectividad reside en la posibilidad de que el juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, imparta una orden para que, como lo dice la Constitución, aquél contra quien se intenta la tutela actúe o se abstenga de hacerlo, lo cual no es factible cuando los hechos objeto de controversia han sido consumados. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Efectividad el actor dispuso y empleó los medios judiciales que en su favor reconocía la ley, pues no sólo inició ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que además, con el mismo fundamento fáctico, acudió ante el Juzgado Unico Civil del Circuito de Quibdó -Chocó-, demandando la reivindicación del derecho de dominio sobre el bien que le había sido decomisado. Sala Tercera de Revisión Ref.: Expediente T-3843 Acción de tutela intentada por JOSE LUIS MONTOYA AGUDELO contra el Gobernador del Departamento del Chocó. Magistrados: José Gregorio Hernández Galindo - Magistrado Ponente - Alejandro Martínez Caballero Fabio Morón Díaz Aprobada mediante acta, en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintitrés días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional, por intermedio de su Sala Tercera de Revisión, a examinar la Sentencia proferida el pasado doce  (12) de junio por el Consejo de Estado, mediante la cual se confirmó el fallo del Tribunal Administrativo del Chocó, que a su vez denegó la solicitud de tutela formulada por el ciudadano JOSE LUIS MONTOYA AGUDELO, relacionada con los hechos que serán expuestos a continuación. I.  INFORMACION PRELIMINAR Mediante escrito presentado el pasado diez (10) de febrero ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, el ciudadano JOSE LUIS MONTOYA AGUDELO, ejerciendo la acción de tutela consagrada en su favor por el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó le fuera restablecido su derecho de propiedad sobre un vehículo automotor, camión, tipo estacas, marca FORD, modelo 1952, color negro y crema, de placas TB 0440, que le fue decomisado por la administración departamental. MONTOYA AGUDELO, quien era propietario y conductor del mismo, fue contratado para transportar entre las ciudades de Quibdó y Medellín, diez (10) canecas con capacidad de 55 galones cada una, cuyo contenido desconocía el actor, según su relato. Al llegar al retén de Tutunendo-Quibdó-, fue detenido, junto con los señores CESAR MORENO PALACIOS y FABIO WILLIAM DE JESUS VERA, este último ayudante, e igualmente fue decomisado el automotor "por sospecha en las canecas o cosa transportada". Más tarde, practicados los experticios correspondientes, se encontró que la mercancía transportada podía ser descrita así: "... un compuesto carboxílico en el grupo de CETONAS caracterizándose la sustancia denominada ACETONA o PROPANONA. 2o.  El contenido existente en 6 botellas de 6 litros  cada una con las siguientes especificaciones:  Safemor 37% de pureza.  Tipo para análisis Hydrochloric Acid (Acido Clorhídrico Hidratado), fabricado por Mallincrodt.  Se trata de la sustancia Acido Clorhídrico tipo reactivo.  3o.  El contenido en las 5 canecas azules con las siguientes especificaciones:  Acido clorhídrico, corresponde exactamente al producto comercial ACIDO CLORHIDRICO.  4o.  El contenido de un tanque metálico con sello azul en fondo blanco con las siguientes especificaciones:  Olin Net. W 45 Kgr. corresponde a la sustancia HIPOCLORITO DE CALCIO". Posteriormente, luego de adelantarse el respectivo proceso, la Administración Departamental del  Chocó, por medio de la resolución No. 0554 de 1985, resolvió sancionar a JOSE LUIS MONTOYA AGUDELO y a FABIO WILLIAM DE JESUS VERA, con pena de cuatro (4) meses de arresto inconmutable.  Al mismo tiempo se ordenó el decomiso definitivo del vehículo, que pasó a la Gobernación y se dispuso igualmente  la destrucción de las sustancias incautadas. Según el actor, el Estado no probó  su responsabilidad en el caso, toda vez que él solamente cumplía con un contrato de transporte y su profesión no era la de químico, sino la de conductor, razón por la cual no se le podía exigir aptitud para distinguir la clase de sustancias cuyo transporte le fue encomendado, motivo suficiente para que deba presumirse su buena fe. Por tal motivo, considera MONTOYA AGUDELO que con el trámite adelantado por la administración departamental se vulneró su derecho al debido proceso, a la presunción de la buena fe de sus actos, y se aplicó, según él, la pena de confiscación, la cual para el solicitante es sinónimo de decomiso, prohibida por el artículo 34 superior. Al despojarlo del vehículo, estima el peticionario, se ha afectado su derecho al trabajo, pues el camión, según lo manifiesta, era su único medio de labores y elemento indispensable para la subsistencia de su familia. Añade el peticionario que la resolución mediante la cual se le impuso la sanción es ilegal y que por lo mismo no puede causar ejecutoria, debiendo ser revocada. Igualmente, el actor expresa que, con ocasión  de la pena que le fue impuesta por la Gobernación del Chocó, acudió ante el Tribunal Administrativo de ese Departamento, valiéndose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. La demanda le fue despachada favorablemente mediante fallo de primera instancia, que, a su vez, fue revocado por el Consejo de Estado.  De igual forma intentó una acción reivindicatoria ante el Juzgado Unico Civil del Circuito de Quibdó, donde su petición también fue resuelta desfavorablemente. En síntesis, el petente solicita que le sea garantizado el goce de su derecho de propiedad sobre el vehículo; la devolución de la posesión del mismo; la inaplicación del artículo tercero (3o.) de la resolución No. 0554 de 1985 y el reconocimiento de la indemnización por el daño que en su sentir le fue causado. II.  LOS FALLOS MATERIA DE EXAMEN Mediante providencia del catorce (14) de febrero del presente año, el Tribunal Administrativo del Chocó, interpretando el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, envió el expediente al Consejo de Estado por considerar que era éste el competente para conocer de la acción instaurada por el ciudadano JOSE LUIS MONTOYA AGUDELO.  El veintiséis (26) de marzo del año en curso el Consejo de Estado resolvió devolver el expediente al Tribunal de origen para que conociera de la acción. El Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, en providencia del cuatro (4) de mayo de mil novecientos noventa y dos (1992), resolvió en primera instancia acerca de la solicitud de tutela incoada por MONTOYA AGUDELO. Las consideraciones en las cuales se fundamenta el fallo están relacionadas, esencialmente, con la decisión proferida el dieciséis (16) de febrero de 1988 por la Sección Primera del Consejo de Estado, según la cual el órgano ejecutivo del poder público también cumple funciones judiciales cuando dicta sentencias de naturaleza penal o civil.  Se trata, según el Consejo de Estado, de decisiones jurisdiccionales con fuerza de cosa juzgada. Con base en la mencionada sentencia encontró el Tribunal Administrativo del Chocó, que la resolución No. 0554 de 1985, emanada de la Gobernación del Departamento, "tiene fuerza de cosa juzgada y por lo consiguiente se operó el fenómeno de la caducidad previsto en el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991". El segundo argumento expuesto por el Juez administrativo se funda en lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia en providencia del 9 de diciembre de 1991, según la cual la acción de tutela no procede contra sentencias.  Con fundamento en tales consideraciones se decidió denegar la solicitud formulada, mediante providencia que una vez impugnada, llegó a conocimiento del Consejo de Estado, el cual, mediante fallo del doce (12) de junio del presente año resolvió confirmarla. Las razones que llevaron al máximo tribunal de la jurisdicción Contencioso Administrativa  a tomar tal decisión, se refieren a las  condiciones que la Constitución Política y la ley determinan para hacer procedente la acción de tutela, entre las que se cuenta la relacionada con la prohibición de su viabilidad cuando el afectado disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, concluyendo que contra el acto atacado existieron recursos y medios de defensa  empleados en su momento por el accionante.  Así fue como interpuso la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, petición que fue resuelta mediante sentencias del  ocho (8) de julio de mil novecientos ochenta y seis (1986) y del dieciséis (16) de febrero de mil novecientos ochenta y ocho (1988), proferidas por el Tribunal Administrativo del Chocó y el Consejo de Estado, respectivamente. Igualmente intentó una acción reivindicatoria por la misma causa ante el Juzgado Unico Civil del Circuito de Quibdó. De otra parte, considera el Consejo de Estado que los hechos originarios de la acción ocurrieron en el año de mil novecientos ochenta y cinco (1985), cuando aún no se había expedido la actual Constitución, no siendo posible mediante la tutela "proteger situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad a la expedición de la Carta Política de mil novecientos noventa y uno (1991)". Atendiendo a tales  consideraciones el fallo de primera instancia fue confirmado. El expediente se recibió el pasado seis (6) de julio en la Secretaría General de la Corte Constitucional y fue enviado a la Sala de Selección No. 6, la que el veintiocho (28) del mismo mes resolvió repartirlo a la Sala  de Revisión que ahora avoca su conocimiento. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Competencia La Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias mencionadas, según lo disponen los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política; 31, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. El derecho a impugnar los fallos de tutela El trámite surtido durante el proceso previo a las sentencias de cuya revisión se trata, permite a la Corte Constitucional insistir en que, a la luz del artículo 86 de la Carta, la impugnación de los fallos de tutela proferidos por los jueces o tribunales en primera instancia es un verdadero derecho del petente y de su contraparte, que constituye a la vez, ocasión para que el superior verifique si en realidad se cumplen los presupuestos básicos de la acción y si han sido atendidos por el inferior los requerimientos a que está obligado por el precepto constitucional y por las normas legales que lo desarrollen. En consecuencia, como acertadamente lo indica el Consejo de Estado al devolver al despacho de origen las diligencias que erróneamente le había remitido, el procedimiento de la acción de tutela debe surtirse en dos instancias, razón por la cual no es admisible que se intente en primera (que sería única) ante tribunales que, como el propio Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia, carecen de superior jerárquico, en cuanto que, dentro de sus respectivas jurisdicciones, tales corporaciones tienen la máxima autoridad. En cuanto a las atribuciones de la Corte Constitucional, ésta ya ha sido reiterativa en rechazar de plano las demandas de tutela que le son presentadas en forma directa, pues de conformidad con lo previsto en los artículos 86 y 241 de la Constitución, desarrollados por el Decreto 2591 de 1991, su competencia en esta materia se circunscribe de modo exclusivo a la revisión eventual de las sentencias proferidas por los jueces de instancia. El caso sometido a examen El análisis de los hechos que dieron lugar  a la expedición por parte de la Gobernación del Chocó de la resolución número 0554 de 1985, por la cual se sancionó a unos contraventores y se dispuso el decomiso de un vehículo, comprende diversos tópicos relacionados con derechos constitucionales como el debido proceso, el trabajo y la propiedad, que han sido objeto del examen detenido de esta Corte desde varios puntos de vista. En el caso sub-lite, considera el actor que, con la resolución antes mencionada, que le fue notificada personalmente el día cuatro (4) de junio de mil novecientos ochenta y cinco (1985), se desconocieron varios derechos fundamentales consagrados en su favor por la Carta . De acuerdo con lo establecido en el expediente, el Gobernador del Departamento del Chocó, haciendo uso de las facultades que le conferían los decretos 1041 y 1061 de 1984 y 1355 de 1970, en atención al informe rendido por el Comandante del Departamento de Policía, abrió investigación y oyó en descargos a los inculpados, al tiempo que solicitó a la Universidad Tecnológica del Chocó tomar muestras de las sustancias incautadas para el respectivo análisis de laboratorio y dispuso el envío de ellas a Medicina Legal, Seccional Medellín, y al Departamento de Estudios Criminológicos y de Policía Judicial "DESIPOL".  Se oyó en exposición libre y espontánea a todos los inculpados y se practicó una diligencia de careo. De las pruebas allegadas por las autoridades logró establecerse que se  trataba de sustancias de comercialización, porte y almacenamiento prohibidos de acuerdo con lo señalado por el literal b), artículo 1o., del Decreto 1041 de 1984, y que se emplean  en la fabricación de sustancias capaces de producir adicción síquica o física. De igual manera se estableció que el camión de propiedad de MONTOYA  AGUDELO, fue cargado hacia las once y treinta de la noche del día  veintinueve (29) de abril de 1985, en el puente del río Cobí (Carretera Quibdó-Yuto), siendo capturados sus ocupantes e incautada la mercancía por la Policía Nacional acantonada en Tutunendo -Chocó-. Con tales hechos, de acuerdo con las pruebas recaudadas, se encontró que MONTOYA AGUDELO era responsable de haber violado con su conducta los decretos 1041 y 1061 de 1984. Debe recordarse que el Decreto Legislativo 1041 fue expedido el 1o. de mayo de 1984 y que mediante él, en ejercicio de las atribuciones presidenciales durante el Estado de Sitio, se establecieron algunas contravenciones en desarrollo del Decreto 1038, que en la misma fecha había declarado turbado el orden público en todo el territorio. El artículo 1o. del citado decreto estableció:  "incurren en contravención y arresto inconmutable hasta por un (1) año, sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar, ...:  b) quien comercie, porte, o almacene sin justificación, gasolina, explosivos o elementos químicos tales como acetona, éter, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, solventes, disolventes, carbonado liviano y otros similares empleados en la fabricación de sustancias susceptibles de producir adicción síquica o física" (subraya la Sala). En uso de las mismas facultades de excepción, el artículo 1o. del Decreto 1061 de 1984, mediante el cual se dictaron medidas conducentes al restablecimiento del orden público, dispuso: "Artículo 1o.- Además de las sanciones penales a que hubiere lugar, incurre en contravenciones de carácter penal y por consiguiente será responsable:  ... e)  el dueño, conductor, tenedor o arrendatario de vehículos terrestres que (...) transporte mercancías de comercio ilícito o de uso prohibido".  El artículo 3o. estatuyó:  "Las contravenciones a que se refiere el artículo 1o. de este decreto darán lugar a las siguientes sanciones: ... b) decomiso de la aeronave, embarcación o vehículo utilizado para realizarlas". De lo que obra en el expediente resulta que el procedimiento seguido para la imposición de las sanciones fue el señalado en los artículos 228 del  Decreto 1355 de 1970 y 7o. del Decreto 1061 de 1984. De las diligencias conocidas por la Corte, se desprende que el peticionario fue juzgado de acuerdo con normas preexistentes al acto que se le imputaba y ante la autoridad competente, que le fue respetado su derecho a la defensa y que fue oído en descargos antes de ser sancionado.  Es decir, que en el trámite ahora sometido a revisión no se vulneró la garantía del debido proceso hoy reconocida por el artículo 29 de la Carta (26 de la Constitución vigente para la época en que acaecieron los hechos). Alcances constitucionales del derecho al trabajo. La licitud como elemento esencial de la actividad laboral que protege la Constitución Una de las bases en que se inspira el ordenamiento jurídico colombiano, en especial después de expedida la Carta Política de 1991, está constituída por el reconocimiento expreso y la protección decidida del trabajo como elemento insustituible de convivencia social. Así lo expresa de manera franca el Preámbulo de la Constitución, cuya fuerza vinculante ha sido afirmada en reciente fallo de esta Corte1 , cuando señala como objetivo prioritario de la  normativa fundamental el de asegurar este derecho a los integrantes del pueblo de Colombia dentro de un marco jurídico que garantice un orden político, económico y social justo. El artículo 1º de la Carta define al Estado colombiano como social de derecho fundado, entre otros motivos superiores, en el respeto de la dignidad humana y en el trabajo, al paso que el 25 declara este valor como derecho y obligación social que goza, en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. "Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas" ha proclamado con vigor el Constituyente y ha estructurado un sistema normativo enderezado a realizar en la práctica ese empeño colectivo. Tal cometido armoniza con la garantía constitucional que a todos reconoce la libertad de escoger profesión u oficio (artículo 26) y con los mandatos que procuran la expedición de un estatuto laboral estructurado sobre principios mínimos directamente establecidos por la Constitución para brindar a los trabajadores igualdad de oportunidades, remuneración mínima vital y móvil, salario proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, irrenunciabilidad a los beneficios laborales de índole legal, principio de favorabilidad en la interpretación y aplicación de las fuentes formales de derecho relativas al trabajo, garantía de la seguridad social, capacitación, adiestramiento, descanso y demás prerrogativas tendientes a la efectividad de los derechos que favorecen a los trabajadores, tanto a la luz del Derecho Interno, como al amparo de los convenios internacionales que sobre la materia ha ratificado Colombia, y que, por expresa decisión del Constituyente, hacen parte de aquél (artículo 53 C.N.)2 . Así mismo, ha sido consagrado el derecho de todo trabajador a obtener del Estado y de su empleador los medios necesarios a su formación y habilitación profesional y técnica (artículo 54 C.N). El Estado se halla obligado a propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y a garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud (artículo 13 y 54 C.N.). Ha sido garantizado el derecho de huelga cuya reglamentación será objeto de definición legislativa (artículo 56), y el de negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que la ley contemple (artículo 55)3 Ha expresado esta Corte que el derecho al trabajo, así amparado constitucionalmente, "...se presenta bajo distintas manifestaciones: 1) La facultad que le asiste al ser humano de utilizar su fuerza de trabajo en una actividad lícita y que le permite obtener los recursos necesarios para subvenir a las necesidades mínimas de él y de su familia.  2)  El derecho a ejercer libremente ocupación u oficio que no se  le puede entorpecer y 3)  El derecho que tiene a conseguir un empleo".4 Del desarrollo jurisprudencial hasta ahora efectuado por la Corte Constitucional en relación con la primera de las tres formas de  manifestación del derecho al trabajo, se colige un principio de insoslayable observancia en el que esta Sala cree indispensable insistir, a cuyo tenor la actividad desplegada por la persona para obtener los recursos que le permitan atender a sus necesidades individuales y familiares, debe ser LICITA, es decir, respetuosa del orden normativo establecido en aras del bienestar colectivo. No puede concebirse como trabajo y mucho menos ser protegida constitucionalmente, aquella ocupación que causa daño a la colectividad o que en todo o en parte resulta ser atentatoria del orden  jurídico, pues de así admitirse se quebrantaría sin remedio la estructura básica de la organización social, de la cual son piezas insustituibles el respeto a la legalidad, la prevalencia del interés común, el digno ejercicio de los derechos y el cabal cumplimiento de deberes y obligaciones. Dentro de este contexto axiológico no es factible reconocer el carácter de "trabajo" a las conductas tipificadas como punibles, tal como lo pretende el accionante en el caso dilucidado mediante las providencias que ahora se revisan. El trabajo, para merecer la protección del Estado y para ampararse en el Derecho, uno de cuyos medios constitucionales es precisamente la acción de tutela, debe cumplir ante todo, como requisito mínimo, el de la licitud de su objeto. No están cobijadas por la Constitución y, por el contrario, repugnan a ella en cuanto contradicen sus mandatos, las actividades que abierta o disimuladamente quebrantan los preceptos de la ley o encajan en los tipos penales. Ninguna protección brinda el ordenamiento jurídico a las conductas que, so pretexto de profesión, arte u oficio, sirven o favorecen a la delincuencia en cualquiera de sus formas, ni tampoco pueden cobijarse bajo su manto las acciones encaminadas a la práctica o el encubrimiento de acciones subversivas del orden público o lesivas de la pacífica convivencia social. Semejantes actividades, así se presenten bajo el ropaje inofensivo del ejercicio de derechos, si la autoridad descubre que no lo son, lejos de hacer propicia una gestión protectora de los entes públicos deben ser señaladas sin ambages como altamente corruptoras del orden social pretendido por la Constitución y perseguidas con arreglo a las leyes. Así, pues, probada como está en el expediente que nos ocupa la comisión de actos que en su momento encuadraban dentro de los presupuestos de la ilicitud a la luz de las disposiciones legales entonces vigentes, mal podían los tribunales de justicia que conocieron de la acción de tutela instaurada acceder a las pretensiones del actor. Es indispensable anotar, además, que toda actividad que aspire al reconocimiento social y al amparo del Estado debe realizarse de acuerdo con la normatividad imperante y atendiendo siempre al principio de la razonabilidad, según el cual los derechos son protegidos y deben ser ejercidos hasta un determinado límite -aquel en que no causen daño o agravio a los demás ni perjudiquen el interés común-, sin que su titular pueda pretender que le sean tutelados aunque desborden las leyes de la razón, ni calificar como absolutos derechos cuyo ejercicio puede afectar el bien de la comunidad. Sobrepasado ese límite, puede afirmarse que desaparece el derecho. Por otra parte expresa el accionante que debido a la sanción impuesta se afectó la tranquilidad de su familia porque el vehículo decomisado era la fuente de su sustento. Al respecto es necesario recordar que el decomiso ordenado por la administración departamental no es un acto arbitrario, sino el cumplimiento de un claro y expreso mandato legal, que naturalmente implica el despojo del bien, con las consecuencias que el responsable de la conducta contravencional pudo prever y debió evitar, ya que nadie puede alegar la propia incuria en su favor. En el caso materia de examen fue por culpa del petente que se resolvió privarlo del automotor del cual se venía valiendo para adelantar su trabajo. La paz y la convivencia de la familia lógicamente se ven alteradas cuando uno de sus integrantes resulta, como en el presente caso, responsable de un hecho punible, pues se afectan las personas más cercanas, particularmente aquellas que dependen económicamente del inculpado, pero esa circunstancia no es imputable a la norma que previene el ilícito ni al proceso que se instaura en su desarrollo, ni se constituye en elemento que pueda purgar la responsabilidad del sujeto activo o excluir la sanción aplicable a su conducta de acuerdo con la ley. El carácter disuasivo de la pena se pone de manifiesto, no solamente en la posibilidad de privación de la libertad, decomiso de los bienes incorporados a la infracción u otras consecuencias previstas por el sistema jurídico, sino también en los efectos dañinos que esas sanciones pueden acarrear en la esfera personal y familiar de aquél a quien se imponen. Todo ello debería ser previsto con antelación por quien transgrede la ley y no con posterioridad a la perpetración de las conductas en ella prescritas. Alcance de la presunción constitucional sobre buena fe Alega el peticionario que en su caso se desconoció por la autoridad pública el principio según el cual, como lo establece el artículo 83 de la Constitución, se debe presumir la buena fe en todos los actos que los particulares adelanten ante las autoridades. El rango constitucional que se confiere a dicho postulado encuentra su fundamento en la necesidad de reconocer como presupuesto básico de las relaciones sociales y políticas la  "bona fides", es decir, la transparencia y ausencia de dolo en las manifestaciones de voluntad, tanto en las relaciones interpersonales como en lo concerniente a la actividad del Estado, cuya existencia y poderes únicamente tienen justificación, si se los encuadra en los objetivos esenciales del bien común y la primacía de los derechos inalienables de la persona. La organización política, las ramas del poder público, sus organismos y sus agentes están al servicio de la comunidad y tienen que cumplir el papel que les corresponde atendiendo a los intereses de ésta y de sus integrantes. El ejercicio de la función estatal no contrapone ni enfrenta al ciudadano con la autoridad sino que, por el contrario, debe ser la ocasión para su acercamiento y mutua colaboración en aras de los objetivos que identifican a todos los miembros de la colectividad. De allí que los representantes de las entidades y organismos públicos deban presumir, tal cual lo hace el Constituyente, que quien ante ellos actúa lo hace de buena fe; mal podrían partir del supuesto contrario, en una sociedad que se entiende estructurada sobre las bases dichas. Una presunción distinta de la establecida  en la norma superior nos llevaría a considerar como transgresores del orden social a los individuos que se han esforzado en establecerlo para darse unas condiciones mínimas de convivencia; por tanto, suponer la mala fe sería predicar la inexistencia o inutilidad del orden social, dando lugar a un cúmulo de relaciones basadas en la desconfianza, y a la consiguiente desestabilización de aquél. La buena fe, sin embargo, no puede implicar que el Derecho la admita y proclame como criterio eximente de la responsabilidad que, según las leyes, corresponde a quienes incurren en acciones u omisiones dolosas o culposas que ameritan la imposición de sanciones judiciales o administrativas. Hacer del principio de la buena fe una excusa de ineludible aceptación para consentir conductas lesivas del orden jurídico equivale a convertir éste en sistema inoperante. En consecuencia, pese a la obligatoriedad del principio constitucional enunciado, éste se edifica sobre la base de una conducta cuidadosa de parte de quien lo invoca, en especial si la ley ha definido unas responsabilidades mínimas en cabeza del que tiene a su cargo determinada actividad. Así, en el asunto que ahora se considera, el petente cumplía con un contrato mercantil en su condición de transportador y, por tanto, estaba obligado a observar los principios y disposiciones legales que regulan esa actividad. El artículo 871 del Código de Comercio, que en esta materia debe entenderse como desarrollo del principio constitucional en comento, establece que "los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos (subraya la Corte), según la ley, la costumbre o la equidad natural". De la naturaleza del contrato de transporte de cosas resulta la elemental precaución del transportador en establecer el tipo de bienes o elementos que le son confiados a fin de tomar las previsiones necesarias en torno a su cuidado y protección durante el tiempo en que responderá por ellas y también con el objeto de evitar que se lo comprometa en el desarrollo de actividades ilícitas o peligrosas. Es por ello que, al tenor del artículo 1010 del Código Mercantil, "el remitente indicará al transportador el nombre y dirección del destinatario, el lugar de la entrega, la naturaleza, valor, número, peso y volumen de las cosas", quedando a la mano del transportador la posibilidad adicional que contempla el inciso 2º de la misma norma: "El transportador podrá, en todo caso, verificar la exactitud de las indicaciones anteriores y tomar las precauciones conducentes a tal fin". El transportador tiene el derecho y aún el deber, de corroborar el contenido de lo que transporta y, si encuentra que se trata de elementos o sustancias prohibidos por la ley, habrá de rechazar el contrato en razón de su objeto ilícito, al paso que estará obligado a adoptar las necesarias medidas de prevención si la manipulación o traslado del material cuya conducción se le confía encierra en sí mismo peligro o amenaza. En caso sub-lite, ha dicho el actor que fue desconocida la presunción de buena fe, toda vez que su profesión de conductor no le permitía saber del contenido de las canecas y demás recipientes transportados. Empero, constituye elemento probatorio que desvirtúa la presunción consagrada en su favor, tal como lo establecieron las sentencias que se revisan, el hecho de haber celebrado un contrato de transporte de cosas en condiciones que sugerían la comisión de una conducta punible, en especial la circunstancia de haber cargado el vehículo  en un lugar despoblado,  al amparo de la noche, sin tomar la enunciada precaución de indagar por el contenido de los recipientes, que, por demás, se distinguían con la leyenda "Thiner Ref.: 05-30", "Hidroclorhídric Acid" y "Acido Clorhídrico". Precisamente la actividad transportadora a la cual se dedica el peticionario le imponía unos cuidados mínimos respecto de la carga que iba a transportar y de las condiciones del contrato, más aún atendiendo al período de Estado de Sitio entonces vigente, que había sido declarado en consideración a "que por la acción persistente de grupos antisociales relacionados con el narcotráfico, viene perturbándose el normal funcionamiento de las instituciones  en desafío criminal a la sociedad colombiana, con sus secuelas en la seguridad ciudadana, la tranquilidad y la salubridad públicas  y en la economía nacional" (Decreto No.1038 de 1984). Confiscación y decomiso Respecto de la pena de confiscación, que según MONTOYA AGUDELO le fue impuesta, la Corte Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse y al efecto ha señalado que el decomiso es una institución distinta de la confiscación, "... pues (mientras) esta última implica el despojo de la totalidad o parte de los bienes de una persona a título de pena en favor del fisco y sin compensación alguna, aquél corresponde a una retención por parte de la autoridad que recae de modo específico sobre bienes relacionados con la comisión de delitos u obtenidos de manera ilícita..."5 Por lo anterior, ha dicho la Corte, con el decomiso no se presenta violación del derecho de propiedad, ni existe base para considerar que el mismo representa una forma de confiscación. Así, si el afectado demuestra que la autoridad, al imponerle la sanción, actuó por fuera del marco legal, podrá considerarse que se desconoció su derecho de propiedad "... pero no porque el decomiso sea una figura prohibida por la Carta Política, sino por la ilegalidad de la actuación administrativa en el caso concreto", según doctrina que ahora se reitera. Naturaleza jurisdiccional de la decisión impugnada Apunta la Corte que, si bien el acto mediante el cual el Gobernador del Chocó impuso al actor las sanciones de que se trata es formalmente administrativo, su contenido es de carácter jurisdiccional, por cuanto fue dirigido a tramitar y fallar en el caso concreto un proceso iniciado en relación con la comisión de hechos que la ley calificó de punibles, de acuerdo con reglas de competencia que la radicaron en cabeza del mencionado funcionario administrativo. Esa clase de actos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo no está sujeta al control de la jurisdicción que tal estatuto regula, pues se trata en realidad de sentencias desde el punto de vista de su contenido material. Así lo ha reconocido esta Sala6 al acoger la doctrina de tiempo atrás sentada por el Consejo de Estado[1], lo cual implica que las correspondientes decisiones hacen tránsito a cosa juzgada y, por ende, aplicando la Sentencia No. C-543 del 1º de octubre de 1992 proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, no cabe contra ellas la acción de tutela. Situación consumada De otra parte, los hechos que dieron lugar a la acción  intentada por el ciudadano JOSE LUIS MONTOYA AGUDELO, ocurrieron durante el primer semestre de mil novecientos ochenta y cinco (1985), es decir hace más de siete (7) años, lo cual significa, atendiendo a las circunstancias propias del caso, y según ha tenido ocasión de manifestarlo la Corte Constitucional, que nos encontramos ante una situación consumada, pues "...la acción que nos ocupa, ha sido concebida como procedimiento preferente y sumario para la defensa inmediata de los derechos fundamentales, lo cual implica que su efectividad reside en la posibilidad de que el juez, si encuentra que en realidad existe la vulneración o la amenaza alegada por quien pide protección, imparta una orden para que, como lo dice la Constitución, aquél contra quien se intenta la tutela actúe o se abstenga de hacerlo...",[2] lo cual no es factible cuando los hechos objeto de controversia han sido consumados. Es improcedente, entonces, acudir a esta vía para reconocer los efectos legalmente atribuídos a circunstancias que tuvieron ocurrencia bajo la normatividad cuyos desarrollos administrativos y judiciales obtuvieron cabal y completo trámite, agotando las posibilidades de nuevos recursos y acciones. Lo anterior es todavía más claro si se considera que, como lo manifestó la sentencia del Consejo de Estado materia de revisión, las actuaciones de que aquí se trata se iniciaron y culminaron cuando aún no había sido expedida la Carta de 1991 ni se había pensado en consagrar la acción de tutela. Otros medios de defensa judicial El artículo 6o. del decreto 2591 de 1991, al señalar las causales de improcedencia de la tutela, dispone en su numeral 1o. que la misma no es viable cuando existan otros recursos o medios de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. A este respecto, como de manera acertada lo expresó el Consejo de Estado en el presente caso, queda claro que el actor dispuso y empleó los medios judiciales que en su favor reconocía la ley, pues no sólo inició ante la jurisdicción Contencioso Administrativa, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, sino que además, con el mismo fundamento fáctico, acudió ante el Juzgado Unico Civil del Circuito de Quibdó -Chocó-, demandando la reivindicación del derecho de dominio sobre el bien que le había sido decomisado. Es válida la ocasión para recordar cómo la Corte al señalar el sentido, el alcance y los límites de la  acción de tutela, ha dicho que ella es un mecanismo excepcional, con las características de subsidiariedad e inmediatez, y que "no ha sido consagrada para provocar la iniciación de procesos alternativos o sustitutivos de los ordinarios, o especiales, ni para modificar las reglas que fijan los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni para crear instancias adicionales a las existentes, ni para otorgar a los litigantes  la opción de rescatar pleitos ya perdidos, sino que tiene el propósito claro y definido, estricto y específico, que el propio artículo 86 de la Constitución indica, que no es otro diferente de brindar a la persona protección inmediata y subsidiaria para asegurarle el respeto efectivo de los derechos fundamentales que la Carta le reconoce"[3] De otra parte, al adelantar el estudio de la resolución número 0554 de 1985, expedida por la Gobernación del Chocó, se encuentra que en ella se concedió en favor de las personas sancionadas el recurso de reposición para ser interpuesto dentro de los dos (2) días siguientes a su notificación, cuando por mandato expreso del artículo 2o., del decreto 1041 de 1984, contra este tipo de decisiones no procedía recurso alguno, de lo que puede inferirse la voluntad inequívoca de la autoridad para proporcionar, aún más allá de la propia ley, medios de defensa en favor del peticionario. IV.  DECISION Por las razones que anteceden, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  CONFIRMASE en todas sus parte el fallo proferido el doce (12) de junio del presente año por el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso  Administrativo, mediante el cual, a su vez, fue confirmada la providencia de fecha cuatro (4) de mayo, pronunciada por el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó, al decidir acerca de la acción de tutela instaurada por el ciudadano JOSE LUIS MONTOYA AGUDELO contra el Departamento del Chocó . Segundo.- Por la Secretaría, líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la gaceta de la Corte Constitucional. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Crf. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia del 6 de agosto de 1992. Magistrados Ponentes: Doctores José Gregorio Hernández Galindo, Alejandro Martínez Caballero. 2 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-562 del 22 de octubre de 1992. Magistrado Ponente: Doctor Jaime Sanín Greiffenstein. 3 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-443 del 6 de julio de 1992. Sala Tercera de Revisión (magistrado Ponente: Doctor José Gregorio Hernández Galindo) y T-418 del 19 de junio de 1992. Sala Quinta de Revisión (Magistrado Ponente: Doctor Simón Rodríguez Rodríguez). 4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia NºT-407 del cinco (5) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Magistrado Ponente: Doctor Simón Rodríguez Rodríguez. 5 Cfr. Corte Constitucional Sala Tercera de Revisión. Fallo No.T-460 de julio quince (15) de mil novecientos noventa y dos (1992). 6 Crf. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-550. Octubre 7 de 1992. [1]Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección I. Sent. de abril 12 de 1985. [2]Cfr. Corte Constitucional Sala Tercera de Revisión. Sentencia No. T-492 del  doce (12) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). [3]Crf. Corte Constitucional. Sala de Revisión No. 3. Sentencia No. T-01 del tres (3) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992).

T-569-92 Sentencia No Sentencia No. T-569/92 ACCION DE TUTELA-Naturaleza Dos de las características esenciales de la acción de tutela en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable; la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de la violación o amenaza. De allí que tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, entendido este último como aquel que tan solo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia No procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad de utilizarse como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, desde luego supeditada a la decisión definitiva que adopte el juez competente. REVISION FALLO DE TUTELA-Alcance Corresponde a la Corte Constitucional la tarea de revisar eventualmente los fallos proferidos por los jueces sobre las acciones de tutela. Esa función que debe cumplirse en los términos hoy previstos por el Decreto 2591 de 1991, no contempla la posibilidad de resoluciones por medio de las cuales ésta Corporación adopte medidas o decisiones que están reservadas por la legislación vigente a otras jurisdicciones, en este caso a la Jurisdicción Civil. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Eficacia La regulación legal de la acción de tutela y una interpretación estricta de la misma permiten afirmar que es requisito indispensable para que proceda que no exista otro mecanismo idóneo de defensa judicial para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado, del cual pueda predicarse la misma inmediatez y eficacia para la protección efectiva y real del derecho conculcado, "salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Es preciso señalar que no puede haber concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria. De allí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al afectado o perjudicado brinde el ordenamiento jurídico. Si el peticionario dispone de otros medios de defensa judicial para controvertir, objetar o impugnar el fallo que le es adverso o que se corrijan los eventuales errores judiciales que infringan derechos fundamentales, no procederá la acción de tutela. REF.: EXPEDIENTE No. T-2602 Peticionario: ROBERTO OROZCO CABALLERO. Procedencia: JUZGADO VEINTIUNO DE INSTRUCCION CRIMINAL DE BARRANQUILLA. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No. 7, del veintiseis (26) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita Barón y Eduardo Cifuentes Muñoz, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-2602 adelantado por ROBERTO OROZCO CABALLERO en nombre y representación de la señora ELBA ROSA DE LA HOZ y decidida en sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de Barranquilla el 19 de febrero de 1992. I.                    INFORMACION PRELIMINAR A.    ACTO OBJETO DE LA ACCION El Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, mediante sentencia del 16 de octubre de 1991, ordenó a la señora ELBA DE LA HOZ y a los demás herederos indeterminados de DEYANIRA TAPIAS DE DE LA HOZ, restituir el inmueble por ellos ocupado, ubicado en la calle 21 No. 29-132 (nomenclatura de Barranquilla). De igual manera se da por terminado el contrato de arrendamiento suscrito entre los señores DESIDERIO URIBE MANOTAS y DEYANIRA TAPIAS DE DE LA HOZ. B.   HECHOS El abogado ROBERTO OROZCO CABALLERO, quien actúa en nombre y representación de ELBA ROSA DE LA HOZ, interpuso acción de tutela  ante el Juzgado Veintiuno Instrucción Criminal de Barranquilla. Estima que la providencia Del Juzgado Cuarto Civil Municipal ha desconocido el Derecho de Propiedad de su representada sobre el inmueble por ella habitado, del cual afirma, es legítima propietaria. Manifestó que el señor DESIDERIO URIBE  MANOTAS, mediante acción de restitución demandó a la señora DEYANIRA DE DE LA HOZ y herederos indeterminados, por incumplimiento en el pago de los cánones de arrendamiento del inmueble ubicado en la calle 21 No. 29-132 de Barranquilla (contrato que fue tachado de falso por la señora ELBA ROSA DE LA HOZ, heredera de DEYANIRA DE DE LA HOZ, por cuanto la firma que allí aparecía no concordaba con la de la cédula de ciudadanía). La desprotección del derecho invocado se concretó, según el peticionario, porque dentro del proceso de restitución se dictó sentencia ordenando restituir el inmueble y dar por terminado el contrato de arrendamiento, desconociendo la calidad de legítima propietaria que sobre dicho inmueble tiene ELBA ROSA DE LA HOZ, en virtud de sentencia de prescripción adquisitiva de dominio proferida por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de esa misma ciudad, de fecha 21 de marzo de 1990, y confirmada por la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla, mediante providencia del 12 de diciembre de 1990. Dichas sentencias fueron protocolizadas debidamente por escritura pública No. 1785 de junio 6 de 1991 de la Notaria Primera de Barranquilla. C.   PETICIONES DE LA DEMANDA Solicita la peticionaria que no se cumpla la sentencia de 16 de octubre de 1991, proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, y en su lugar se le respete el derecho de propiedad reconocido en el proceso de pertenencia resuelto por el Juzgado Quinto  Civil del Circuito de la misma ciudad y confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla. II.                   TRAMITE JUDICIAL DE LA ACCION A.   ACTUACION PROCESAL Con el fin de dar trámite a la acción de tutela, el Juzgado dispuso de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, evaluar las pruebas pertinentes para luego proferir el fallo correspondiente. Obran en el proceso las siguientes pruebas: 1.   Diligencia de Inspección Judicial realizada el 7 de febrero de 1992, en el expediente de demanda de restitución del inmueble de la calle 21 distinguido con el número 29-132 instaurada por el señor DESIDERIO URIBE MANOTAS, que cursa en el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla con el fin de constatar la clase de proceso, la fecha de la demanda, las partes, el bien objeto de la littis y el estado en que se encuentra el proceso. Dicha diligencia se verificó en el citado Juzgado sobre el expediente radicado  bajo  el  No. 2627,  en  el  cual  aparece   como demandante DESIDERIO URIBE y como demandados herederos indeterminados de DEYANIRA TAPIAS DE DE LA HOZ. Se trata de una demanda de lanzamiento, en virtud del incumplimiento del pago de los cánones de arrendamiento por parte del arrendatario del inmueble "ubicado en la calle 47 D No. 20a-78 de Barranquilla". En el cuaderno de excepciones aparece poder de la señora ELBA DE LA HOZ a ROBERTO OROZCO en su calidad de hija de la señora DEYANIRA TAPIAS DE DE LA HOZ, quien contesta la demanda y tacha de falsa la firma que aparece en el contrato de arrendamiento y al efecto acompaña la cédula de ciudadanía de la señora DEYANIRA ISABEL TAPIAS DE DE LA HOZ a fin de que se constate por peritos del D.A.S. la firma que aparece en la cédula y la que aparece en el contrato de arrendamiento. Luego aparece Sentencia del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla de fecha 16 de octubre de 1991 en la cual en su parte resolutiva se ordena "a la señora ALBA DE LA HOZ y a los demás herederos indeterminados de DEYANIRA TAPIAS DE DE LA HOZ restituir completamente desocupado el inmueble que habitan y descrito con las siguientes medidas y linderos: "....ubicada en esta ciudad en la calle 47D No. 20A-78". Aparece finalmente que el apoderado de uno de los herederos de DEYANIRA TAPIAS interpuso recurso de apelación contra la sentencia de fecha 18 de octubre de 1991 y el cuál esta pendiente por resolver. 2.   Diligencia de Inspección Judicial realizada el 17 de febrero de 1992, al expediente No. 2627 radicado en el Juzgado Cuarto Civil Municipal, contentivo de la demanda de lanzamiento del señor DESIDERIO URIBE  MANOTAS contra la señora DEYANIRA DE LA HOZ y herederos indeterminados de esta, en la que se transcribe el texto completo de la sentencia de fecha 16 de octubre de 1991 y la providencia que resolvió la apelación interpuesta por el apoderado de la señora ELBA ROSA DE LA HOZ TAPIA, la cuál fue negada por tratarse de un proceso de mínima cuantía. Finalmente se dispone que la providencia sea consultada con el superior. B.   DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION El Juzgado Ventiuno de Instrucción Criminal de Barranquilla, mediante providencia del 19 de febrero de 1992, concedió la tutela impetrada. Sostiene el Juzgado: "1. La sentencia de fecha 16 de octubre de 1991 dictada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal, es violatoria del derecho de propiedad consagrado en el artículo 2o. de la Constitución Nacional por atentar contra el legítimo derecho de propiedad que tiene la señora ELBA ROSA DE LA HOZ TAPIAS en el inmueble que habita y el cual le fue adjudicado mediante sentencia  de prescripción adquisitiva de dominio...". "2. Que la acción de tutela invocada por la peticionaria por medio de apoderado se encuentra enmarcada en el artículo 86 de la Constitución Nacional, y por consiguiente la peticionaria no hace cosa diferente a la de acudir a la sabiduría del canon constitucional, al ver que el derecho de propiedad de su casa, en virtud de la sentencia de octubre dieciseis de 1991 del Juzgado Cuarto Civil Municipal se ha vulnerado y está amenazado, ya que desconoce el derecho de propiedad que ella tiene sobre dicho inmueble....". "3. Que en razón a todo lo expuesto anteriormente al despacho no le queda otra alternativa sino conceder el derecho de tutela solicitado por la señora ELBA ROSA DE LA HOZ TAPIAS por medio de apoderado, para subsanar el derecho violado por la sentencia de fecha 16 de octubre de 1991 dictada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal en el cual se ordena restituir dicho inmueble....". Por no haber sido impugnada la anterior decisión, el proceso fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, siendo seleccionado,  correspondió a esta  Sala su conocimiento. III.                 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 numeral 9o. de la Constitución Nacional y los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, es competente la Corte Constitucional para conocer la revisión del fallo del Juzgado Ventiuno de Instrucción Criminal de Barranquilla. Los aspectos prácticos y jurídicos relativos al caso sublite exigen considerar si, en primer lugar, la acción de tutela procede contra sentencias o providencias judiciales y si existen otros medios o recursos judiciales eficaces de defensa judicial, temas estos que constituyen las premisas fundamentales del fallo que se revisa. 1. NATURALEZA DE LA ACCION DE TUTELA La acción de tutela fue consagrada como el instrumento idóneo por naturaleza para asegurar y garantizar la vigencia de los derechos constitucionales fundamentales frente a los agravios que eventualmente las autoridades públicas o los particulares les infirieran, en los casos que la ley señala. La Constitución edificó una múltiple garantía de protección en favor de la víctima de la violación o amenaza de un derecho fundamental,  como un mecanismo capaz de afianzar la prevalencia de las normas constitucionales que los consagran, ágil y eficaz para amparar tales derechos: la acción de tutela ante el Juez competente, la impugnación del fallo de tutela y su eventual revisión por parte de la Corte Constitucional. Se buscó entonces con la acción de tutela un instrumento idóneo para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, en caso de vulneración, por acción u omisión de las autoridades públicas o de las particulares en los casos que señala la ley. Así entonces, consiste el amparo de los derechos en restablecerlos cuando fueren violados, impidiendo su transgresión o interrumpiendo la ya que se hubiese iniciado, mediante una orden del juez para que el particular o la autoridad actúe o se abstenga de hacerlo, según que la lesión del derecho sea causa de la acción o la omisión de quien esté obligado a respetarlo. Conforme al artículo 86 de la Constitución, la acción procede cuando "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Y perjuicio irremediable conforme al numeral 1o. del artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991 es aquel "que sólo puede ser  reparado en su  integridad mediante una indemnización". La Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 consagra sobre el particular en su artículo 8o. que: "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los Tribunales Nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley". Este mecanismo fue igualmente consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Colombia, que en su artículo 25 ordena la existencia de un recurso sencillo y rápido ante los jueces o tribunales competentes para amparar a toda persona contra actos que violen sus derechos fundamentales desconocidos por la Constitución, la ley o la Convención. El artículo 86 de la Constitución Nacional vino a consagrar el recurso de amparo a que se refiere la legislación internacional como la acción de tutela, reglamentada por el Decreto 2591 de 1991. 2. CARACTER SUBSIDIARIO E INMEDIATO DE LA ACCION DE TUTELA El artículo 86 de la Constitución consagra la Acción de Tutela como un procedimiento preferente y sumario para la protección de los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de autoridades públicas o de particulares. La Corte Constitucional ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez: la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3o. de la Constitución Política); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituida como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guarda de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de la violación o amenaza. De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Carta, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, entendido este último como aquel que tan solo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización. 3. DEL CASO CONCRETO En el presente caso la actuación del Juez del conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional con prescindencia de todo aquello que no tenga que ver con la vulneración o amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental. La acción de tutela no representa frente a los respectivos procesos judiciales instancia ni recurso alguno. Cuando la vulneración del Derecho Constitucional se estudia con ocasión del trámite de la acción de tutela, no se avoca el conocimiento y desarrollo de la littis, que no le corresponde a la jurisdicción constitucional, sino única y exclusivamente la conducta del Juez reflejada en su providencia. Pero para avocar ese análisis es preciso entrar a determinar la procedencia de la solicitud de tutela frente al ordenamiento constitucional y legal, y verificar si ella encaja dentro de las exigencias allí impuestas. En el caso sub-judice, nos encontramos ante una solicitud dirigida contra una vulneración de un derecho fundamental ocasionado por una sentencia judicial. Corresponde entonces verificar si la acción de tutela es el mecanismo idóneo para depurar el eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada, o si por el contrario existen otros medios de defensa judicial que el afectado pueda invocar para obtener la protección de sus derechos. LA ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS O PROVIDENCIAS JUDICIALES No es la ocasión entrar a analizar si en el contenido de la providencia se amenazan o vulneran derechos fundamentales, sino si de su carácter se puede afirmar que procede la acción de tutela, y si contiene alguno de los presupuestos que se exigen para su efectiva aplicación, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991. En el presente caso nos encontramos frente a una solicitud de tutela dirigida contra una providencia que pone fin a un proceso judicial, cual es la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla de fecha 16 de octubre de 1991. De conformidad con la sentencia proferida por la Corte Constitucional de fecha 1o. de Octubre de 1992, fue declarado inexequible el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, que permitía el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias y providencias judiciales. Allí se señalaron entre otras, las siguientes consideraciones: "Es claro que la acción de tutela no es viable si se la pretende usar como medio enderezado a la reapertura de procesos que ya fueron objeto de fallo, tanto si respecto de las decisiones judiciales correspondientes se ha producido la ejecutoria y, en consecuencia, la cosa juzgada formal, como si han hecho tránsito a cosa juzgada material. En el primer evento por existir otra vía propicia a la defensa del derecho en cuestión, como cuando se pide revisar, en virtud de hechos nuevos o de cambio de circunstancias, la liquidación de obligaciones alimentarias periódicas o el régimen de visitas de los esposos separados a sus hijos comunes. En la segunda hipótesis, por la esencia misma del concepto de cosa juzgada y por el hecho de haber culminado plenamente, en cuanto a todos los aspectos del asunto controvertido, el trámite del proceso como medio idóneo para ventilarlo ante la justicia". Agrega de la misma manera el citado fallo que: "De conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas ("aquellos servidores públicos llamados a ejercer, dentro del ordenamiento jurídico que define sus funciones o competencias, poder de mando o decisión cuyas determinaciones, por tanto, afectan a los gobernados"), no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y el Estado. En esas condiciones, no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales, lo cual no significa que proceda dicha acción contra sus providencias. Así, por ejemplo, nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura anteactuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (arts. 86 de la Constitución Política y 8o. del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como estas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia". De las razones anteriores concluye la Corte que no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad de utilizarse como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, desde luego supeditada a la decisión definitiva que adopte el juez competente. En el caso objeto del presente estudio, puede afirmarse categóricamente que no existe perjuicio irremediable proveniente de la sentencia proferida por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla, por cuanto en primer lugar no se dá la circunstancia para el solicitante de "un perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización", ya que la providencia mencionada se encuentra sujeta a consulta por el superior, quien analizará nuevamente el contenido y motivación del fallo de que se trata, y procederá a confirmarlo o modificarlo según su leal saber y entender. En caso que confirme la sentencia que ordena la restitución del inmueble, el afectado tendrá a su disposición otras alternativas para defender y proteger su derecho legalmente reconocido, tales como la oposición a la entrega y el proceso reivindicatorio, mecanismos que hacen por tanto improcedente aplicar en la presente solicitud de protección, la acción de tutela como mecanismo transitorio, por cuanto no existe un perjuicio irremediable latente en cabeza del actor. En consideración a lo anterior, deberá revocarse el fallo del Juzgado de Instrucción Criminal de Barranquilla, que accedió favorablemente a la solicitud del peticionario. De otra parte, conviene señalar que corresponde a la Corte Constitucional, conforme a los artículos 86 y 214 numeral 9o., la tarea de revisar eventualmente los fallos proferidos por los jueces sobre las acciones de tutela. Esa función que debe cumplirse en los términos hoy previstos por el Decreto 2591 de 1991, no contempla la posibilidad de resoluciones por medio de las cuales ésta Corporación adopte medidas o decisiones que están reservadas por la legislación vigente a otras jurisdicciones, en este caso a la Jurisdicción Civil. Con base en ello, ésta Sala no considera pertinente para el caso concreto entrar a determinar si la decisión del Juzgado Cuarto Civil Municipal de Barranquilla se ajusta o no a derecho y si se deberá restituir o no el inmueble, por cuanto será la misma Jurisdicción Civil la encargada a través de los medios, recursos y acciones que ella consagra la encargada de definir ésta materia. LA EXISTENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA JUDICIAL No obstante lo señalado anteriormente, ésta Sala considera necesario reiterar lo que ha venido sosteniendo esta Corte, en el sentido de que la regulación legal de la acción de tutela y una interpretación estricta de la misma permiten afirmar que es requisito indispensable para que proceda que no exista otro mecanismo idóneo de defensa judicial para reclamar la protección del derecho vulnerado o amenazado, del cual pueda predicarse la misma inmediatez y eficacia para la protección efectiva y real del derecho conculcado, "salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable". Es preciso señalar que no puede haber concurrencia de medios judiciales, pues siempre prevalece la acción ordinaria. De allí que se afirme que la tutela no es un medio adicional o complementario pues su carácter y esencia es ser único medio de protección que al afectado o perjudicado brinde el ordenamiento jurídico. Para determinar si se dispone de otro medio de defensa judicial, no sólo se debe examinar si el ordenamiento contempla expresamente un medio legal de acción. Además de garantizar el derecho de las personas para acceder a la administración de justicia, se debe garantizar el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales. En consecuencia, si el perjudicado por la acción o la omisión ha utilizado los medios ordinarios de defensa judicial hasta agotarlos sin lograr una efectiva protección de sus derechos constitucionales, no dispondrá entonces de ningún otro medio de defensa, y podrá acudir para esa protección a la acción de tutela. La Corte ha señalado en forma reiterada que la acción de tutela es un  mecanismo excepcional concebido en defensa de los derechos fundamentales con la característica de ser supletorio, esto es, que solamente procede en caso de inexistencia de otros medios judiciales de defensa: "Es claro entonces que el otro medio de defensa judicial a que alude el artículo 86 debe poseer necesariamente, cuando menos, la misma eficacia en materia de protección inmediata de derechos constitucionales fundamentales que por su naturaleza, tiene la acción de tutela". "En otros términos, en virtud de lo expuesto por la Carta del 91, no hay duda que el otro medio de defensa judicial a disposición de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta con la existencia pues en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior a la de la acción de tutela". (Sentencia Corte Constitucional No. T-414 Sala de Revisión No. 1 ). Por lo anterior, si el peticionario dispone de otros medios de defensa judicial para controvertir, objetar o impugnar el fallo que le es adverso o que se corrijan los eventuales errores judiciales que infringan derechos fundamentales, (en el presente caso el derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 58 de la Constitución Nacional) no procederá la acción de tutela. La persona afectada tiene a su alcance, como se señaló anteriormente, invocar como mecanismo para proteger su derecho supuestamente vulnerado o amenazado, uno de los siguientes medios de defensa judicial: 1. Si el superior jerárquico del Juez Cuarto Civil Municipal confirma la sentencia objeto de la consulta, que en este caso es la providencia respecto de la cual se solicita la tutela, podrá oponerse en el momento en que se ordene la entrega, a través del procedimiento señalado en el artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. 2. Iniciar un juicio reivindicatorio o acción de dominio consagrado en los artículos 946 y siguientes del Código Civil, con el objeto de que confirmada la providencia que se consulta y ordenada la restitución, pueda iniciar esta acción tendiente a recuperar el dominio del inmueble. IV.  CONCLUSION En materia del ejercicio de la acción de tutela contra sentencias o   providencias judiciales, ya ésta Corte se pronunció en sentencia de Sala Plena No. C - 543 del 1o. de octubre de 1992, "que no procede la acción de tutela contra ninguna providencia judicial, con la única salvedad del perjuicio irremediable, desde luego aplicada en este evento como mecanismo transitorio supeditado a la decisión definitiva que adopte el juez competente". Conforme al análisis realizado en los acápites anteriores, en el presente caso la acción de tutela debe ser negada, revocando de esa manera la providencia del 19 de febrero de 1992 proferida por el Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de Barranquilla. No sobra advertir por parte de ésta Sala que se presentó por parte del Juez Veintiuno de Instrucción Criminal que conoció de la tutela que se revisa, falta de cuidado y diligencia al examinar y confrontar las pruebas recogidas en el expediente donde reposa el proceso de restitución, por cuanto la nomenclatura que allí aparece es distinta en cada caso, presentándose una falta de identidad en el inmueble objeto de la littis: observese que a folio 4 del expediente que contiene la solicitud  de tutela, en el renglón 12 aparece: "....y por el inmueble No. 29-132 de la calle 21 de ésta ciudad...."; a su vez en el folio 8, que contiene el auto del Juzgado Ventiuno de Instrucción Criminal de Barranquilla del 7 de febrero de 1992 que ordena realizar la inspección judicial, se dispone en el renglón 4 del párrafo segundo: "....del inmueble de la calle 21 distinguido con el número 29-132...." Mientras que a folio 10 de la diligencia de inspección judicial se señala en el renglón 7: "....ubicada en esta ciudad en la calle 47D No. 20A-78....", lo cual es ratificado en la segunda diligencia de inspección judicial realizada el día 17 de febrero de 1992 (folio 16) sobre el mismo expediente, que aparece a renglón 10: "....ubicado en esta ciudad en la calle 47D No. 20A-78....". V.                   DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E : Por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia, PRIMERO:        REVOCAR  la sentencia del 19 de febrero de 1992 proferida por el Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de Barranquilla. SEGUNDO: Comuníquese la misma al Juzgado Veintiuno de Instrucción Criminal de Barranquilla, para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con entrega de copia de esta sentencia a cada uno. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON          EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Aclaración de voto a la Sentencia No. T-569 ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS (Aclaración de voto) Nuestra posición acerca de la procedencia de la tutela contra sentencias, no es otra que la que aparece consignada y debidamente fundamentada en la sentencia T-06 del 12 de mayo de 1992 y en el salvamento de voto a la sentencia T-543 del 1o. de octubre de 1992. Sólo en razón de que esta última ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional respecto de la declaratoria de inexequibilidad de los arts. 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, suscribimos la presente sentencia. Nuestra posición acerca de la procedencia de la tutela contra sentencias, no es otra que la que aparece consignada y debidamente fundamentada en la sentencia T-06 del 12 de mayo de 1992 y en el salvamento de voto a la sentencia T-543 del 1o. de octubre de 1992. Sólo en razón de que esta última ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional respecto de la declaratoria de inexequibilidad de los arts. 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991, suscribimos la presente sentencia. CIRO ANGARITA BARON                   EDUARDO CIFUENTES MUÑO Magistrado Magistrado

T-570-92 Sentencia No Sentencia No. T-570/92 ACCION DE TUTELA-Objeto/ACCION DE TUTELA-Hecho superado La acción de tutela tiene por objeto la protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido favorable o desfavorable, lo cual constituye la razón de ser de la solicitud que ante la autoridad judicial dirige la persona que se considera afectada. De tal forma que si la situación de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que llegase a impartir el juez caería en el vacío. Esto implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Carta y hace improcedente la tutela. Cuando la perturbación, vulneración o amenaza ya no es actual ni inminente y el peticionario carece de interés jurídico, desaparece el sentido y el objeto de la acción de tutela, por lo cual habrá de declararse la cesación de la actuación impugnada. DERECHOS ECONOMICOS/DERECHOS SOCIALES/DERECHOS CULTURALES La Carta de Derechos de la Constitución colombiana contempla los llamados "Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Estos derechos implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que por lo general depende de una decisión política. Su razón de ser está en el hecho de que su mínima satisfacción es una condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos, con lo cual adquieren el carácter de fundamentales. Las diferentes categorías de tales derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, característica que exige protección permanente con el propósito de obtener su plena vigencia, "sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros". SERVICIOS PUBLICOS-Acceso Difícilmente se comprendería la existencia de un Estado moderno que no sea capaz de asegurar que todos sus asociados tengan acceso a los servicios públicos, más cuando solamente el Estado puede garantizar su prestación a todos los habitantes. Pero en el caso específico en que el Estado no pueda asumir directamente la prestación de uno de esos servicios públicos, deberá entonces brindarle a esa comunidad afectada por la carencia total o parcial del servicio los medios adecuados y crear las condiciones para que ellos directamente y por sus propios medios puedan lograr obtener la satisfacción mínima de sus necesidades vitales. DERECHO A LA SALUBRIDAD PUBLICA/SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS No se justificaba entonces una medida como la adoptada inicialmente por el Alcalde en el sentido de suspender el funcionamiento y la terminación de la construcción del acueducto privado, especialmente cuando de él se beneficiaba un importante número de familias. Si el mismo Alcalde reconoció la deficiente prestación del servicio y la precaria situación del acueducto oficial del corregimiento, no tiene asidero legal ni constitucional la suspensión del permiso de realizar una obra indispensable para la satisfacción de unas necesidades mínimas vitales de la población. Si el Estado no se encuentra en condiciones de prestar debidamente un servicio público que es esencial para la población, debe crear las condiciones para que o los particulares o las comunidades organizadas puedan prestarlos directamente. La Alcaldía entonces no debe obstruir el funcionamiento ni las obras que sobre estos acueductos se efectúen, sino por el contrario brindarles las condiciones necesarias para que puedan adecuadamente tener acceso a este servicio público tan fundamental. DERECHO AL SERVICIO DE ACUEDUCTO El derecho al servicio de acueducto en aquellas circunstancias en las cuales se afecte de manera evidente e inminente derechos y principios constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la vida y los derechos de los disminuidos, deben ser protegidos por la acción de tutela. El hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto, o lo tenga pero no funcionando adecuadamente, se constituye en factor de riesgo grande para la salud de la comunidad expuesta a esa situación. REF.: EXPEDIENTE No. T-2630 Peticionarios: JAIME SANTAMARIA TELLEZ  y OTROS. Procedencia: JUZGADO PENAL MUNICIPAL DE SUAITA, SANTANDER. Magistrado Ponente: DR. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No. 7 del veintiseis (26) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita Barón y Eduardo Cifuentes Muñoz EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente S E N T E N C I A : En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-2630 promovido por JAIME SANTAMARIA TELLEZ y los siguientes ciudadanos: FLOR DE MARIA PULIDO DE AGUDELO con cédula de ciudadanía número 28.425.782 de Suaita (Santander), CARLOS MIGUEL CASTELLANOS con cédula de ciudadanía número 5.765.553 de Suaita (Santander), GILMA MOLINA DE ARGUELLO con cédula de ciudadanía número 41.665.786 de Bogotá y SEGUNDO LEOVIGILDO BOHORQUEZ VELASCO con cédula de ciudadanía número 4.170.226 de Moniquirá (Boyacá) contra la resolución del 26 de marzo de 1992 originaria de la Alcaldía Municipal de Suaita, Santander. El negocio llegó a conocimiento de ésta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Juzgado Penal Municipal de Suaita, Santander para su eventual revisión en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección de la Corte eligió para efectos de revisión, la presente acción de tutela, por lo cual se entra a dictar sentencia, de conformidad con el artículo 34 ibidem. I.                    INFORMACION PRELIMINAR A.    HECHOS DE LA DEMANDA 1. Hace aproximadamente 12 años un grupo de personas, habitantes del corregimiento de Vado Real, ubicado en el Municipio de Suaita, Santander, ante la inexistencia de un acueducto oficial y la carencia del servicio de agua en sus viviendas, decidieron reunirse y construir un acueducto privado que les supliera dicha necesidad. 2. El día 7 de febrero de 1991, los peticionarios le solicitaron permiso a la Alcaldía Municipal de Suaita, para instalar bajo tierra, sobre una vía pública, unas mangueras pertenecientes a su acueducto privado, para transportar el agua, la cual se destinaría a satisfacer las necesidades propias y  de sus familias, al igual que para proveer sus distintos negocios. 3. El mismo día, la Alcaldesa (e) del Municipio de Suaita, a través del Secretario de Fomento concedió el permiso para la ejecución de la obra del acueducto privado, señalando una serie de condiciones que los peticionarios garantizaron cumplir. 4. El día 17 de febrero del mismo año, algunas personas vecinas del corregimiento demandaron ante la Alcaldía de Suaita la prohibición de realizar las obras mencionadas por cuanto consideraban sufrirían innumerables perjuicios, por lo que la Alcaldesa decidió suspender el permiso concedido a los ejecutantes del acueducto privado y procedió a ordenar que levantaran las mangueras, fundamentando su decisión en que el acueducto oficial del corregimiento estaba en funcionamiento. 5. La anterior actuación fue apelada ante la Gobernación de Santander, la cual mediante resolución número 4073 de 14 de agosto de 1991, confirmó la decisión de la Alcaldía de Suaita. 6. El 18 de marzo de 1992 se les notificó a los peticionarios la decisión de la Gobernación, ordenando hacer efectiva la medida adoptada por la Alcaldía Municipal de Suaita. B.                   DERECHOS VULNERADOS O AMENAZADOS Los peticionarios consideran que con la providencia emanada de la Alcaldía Municipal de Suaita, Santander se vulnera su derecho fundamental a los servicios públicos y en especial al servicio de acueducto. C.                   PETICIONES JAIME SANTAMARIA TELLEZ y OTROS, en su propio nombre presentaron el día 6 de abril de 1992 ante el Juzgado Penal Municipal de Suaita, Santander acción de tutela con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional como mecanismo para obtener la protección efectiva de sus derechos. Solicitan con tal fin que no se haga efectiva la providencia del Alcalde, y que no se suspenda el funcionamiento del acueducto privado ni se ordene el levantamiento de las mangueras, porque de lo contrario se les privaría del derecho a tener agua en sus negocios y en su vivienda para el consumo, dado que el servicio del acueducto oficial es ineficiente y tan sólo cubre al cuarenta por ciento (40%) de la población. II.                        TRAMITE JUDICIAL DE LA ACCION A.  ACTUACION PROCESAL Con el objeto de darle trámite a la acción de tutela, el Juzgado Penal Municipal de Suaita ordenó la práctica de las pruebas conducentes, con fundamento en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera obran en el expediente fotocopias debidamente autenticadas de los siguientes documentos: 1. Proceso policivo adelantado en la Alcaldía Municipal de Suaita, Santander por la señora DOMINALDA DE CALA en contra de FERNANDO ARGUELLO y OTROS. 2. Informe rendido por la Alcaldesa (e) de Suaita, fechado 7 de abril de 1992, en la cual manifiesta en respuesta a la solicitud del Juzgado Penal Municipal, que el corregimiento de Vado Real cuenta con un acueducto oficial desde noviembre de 1991, el cual tiene una buena red de conducción del agua hacia el tanque de almacenamiento, pero la red de distribución hacia las casas es casi inexiste, razón por la cual la prestación del servicio es precaria y obsoleta, y tan sólo el 40% de la población urbana cuenta con el servicio, el cual no es óptimo ni permanente. El otro 60% carece de red de distribución por lo que algunos habitantes se ven obligados a recurrir a la instalación de mangueras por su propia cuenta, como en el caso de los peticionarios.  Finalmente agrega que la calidad del agua no es adecuada para el consumo humano. B.                   DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION El Juzgado Penal Municipal de Suaita, Santander mediante providencia de abril 9 de 1992, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: 1. No aparece un derecho fundamental constitucional violado o amenazado, toda vez que la prestación del servicio público de acueducto no está contemplado como derecho fundamental, y de otra parte, en el caso concreto no se trata de un servicio público sino del establecimiento de una servidumbre de acueducto de carácter privado, cuya consagración es eminentemente legal y no constitucional. 2. La acción de tutela sólo opera cuando no existan otros medios de defensa judicial, y en el presente caso los solicitantes tienen vía libre para acudir ante la jurisdicción civil, mediante un proceso abreviado, para que se tramite la servidumbre de acueducto. 3. Finalmente, estima el a-quo que lo que se controvierte con la demanda de tutela es un acto administrativo emanado del Alcalde Municipal de Suaita, cuya desvirtuación compete es a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por no haber sido impugnada la anterior decisión, el proceso fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, siendo seleccionado, correspondió a ésta Sala su conocimiento. C.  PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LA REVISION DE LA SENTENCIA Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, el Magistrado Ponente con el propósito de obtener un mejor conocimiento de los hechos invocados por los peticionarios, decidió por auto de agosto 25 de 1992, solicitar al Alcalde Municipal de Suaita, informar en forma más detallada sobre los motivos que llevaron a la suspensión del permiso de funcionamiento del acueducto privado, al igual que la situación en que actualmente se encuentra el acueducto oficial del corregimiento. El Alcalde de Suaita, HERNANDO MATEUS ALVAREZ respondió el día 27 de agosto del mismo año, señalando que quienes habían solicitado que se revocara el permiso concedido por la Alcaldía, lo hacían por considerar que la construcción de ese acueducto privado era arbitraria, pues rompía terrenos aledaños a sus casas y afectaba el acueducto oficial.  Así mismo, afirmó que las zanjas que se abrieron para introducir las mangueras fueron oportunamente tapadas y no ocasionaron daño alguno. Por el contrario, con ese servicio se beneficiaron no sólo los peticionarios sino otros miembros de la comunidad. El Alcalde consciente que el acueducto privado no causa perjuicio alguno, que beneficia a un importante número de familias y además que el acueducto oficial es insuficiente para atender toda la población y que su servicio es deficiente, resolvió reconsiderar la solicitud inicialmente elevada por los peticionarios y concederles el permiso para extender "la red hidráulica en tubería p.v.c. de alta presión a una profundidad de 1.50 metros", donde no se le ocasione daño a nadie, lo cual se efectuó el día 31 de mayo de 1992. Es decir, un mes después de proferida la decisión de tutela por parte del Juzgado Penal Municipal en el presente caso. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A.                   COMPETENCIA De conformidad con los artículos 86 incisos 2o. y 214 numeral 9o. de la Constitución Nacional y los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, es competente la Corte Constitucional para conocer de la revisión del fallo del Juzgado Penal Municipal de Suaita, Santander. B.    LA PROTECCION DEL DERECHO COMO OBJETO DE LA ACCION DE TUTELA Para definir los fundamentos de esta providencia, conviene señalar que la acción de tutela está prevista en el artículo 86 de la Constitución Nacional como un mecanismo procesal complementario, específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando éstos sean violados o se presente amenaza de su violación. Como lo ha señalado ésta Corte, dicha acción es un medio procesal específico porque se contrae a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo actual e inminente y no a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias ordenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo, porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice excepcionalmente como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional fundamental que se demuestra lesionado. El ejercicio de la acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuida a cualquier autoridad pública, o en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además, el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección. Su consagración constitucional pretende establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos derechos y libertades establecidos en principio en el Capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quiera que sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública o por un organismo del Estado, siempre identificable específicamente como una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos del Decreto 2591 de 1991. La acción de tutela tiene por objeto la protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del juez en sentido favorable o desfavorable, lo cual constituye la razón de ser de la solicitud que ante la autoridad judicial dirige la persona que se considera afectada. De tal forma que si la situación de hecho por la cual la persona se queja ya ha sido superada en términos tales que la aspiración primordial en que consiste el derecho alegado está siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, ha desaparecido la vulneración o amenaza y, en consecuencia, la posible orden que llegase a impartir el juez caería en el vacío. Esto implica la desaparición del supuesto básico del cual parte el artículo 86 de la Carta y hace improcedente la tutela. En el caso que se somete a estudio de ésta Sala, como se puede observar del oficio remitido el 27 de agosto del presente año por el Alcalde Municipal de Suaita, del cual se hace referencia en el acápite relativo a las pruebas solicitadas por ésta Corte en la revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Penal Municipal de Suaita, Santander, ha desaparecido la vulneración de los derechos fundamentales de los peticionarios, cual era la orden del Alcalde que impedía la construcción y el funcionamiento del acueducto privado de algunos habitantes del corregimiento de Vado Real que violaba sus derechos fundamentales al servicio público de agua potable y acueducto, ya que por resolución del 31 de mayo proferida por ese despacho fue revocada la orden de su antecesor, materia de la demanda de tutela. Teniendo en cuenta la importancia del tema, aún a pesar de la decisión del Alcalde de Suaita, la cual como se verá posteriormente conlleva a la cesación de la actuación impugnada, de conformidad con el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, ésta Sala considera de especial importancia hacer algunas precisiones en cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales atendidas las características sociales de nuestro Estado de derecho y sus alcances, al igual que su consecuente relación con los derechos fundamentales, y en particular el derecho a la salubridad pública en el caso concreto. En el presente caso, los peticionarios consideran amenazado su derecho fundamental al servicio público de acueducto. Pero del análisis detallado de la solicitud se encuentran también en peligro el derecho a la salubridad pública (CP. artículos 365 y 366) y el derecho a la salud (CP. art. 49). Corresponde entonces a los jueces constitucionales evaluar si la limitación introducida por una acción estatal -el acto del alcalde por el cual se suspende el permiso de construcción del acueducto privado- se justifica y posee suficiente legitimidad y asidero constitucional, o si por el contrario, se ha presentado una amenaza o vulneración de alguno de los derechos reconocidos por el ordenamiento constitucional dentro de la llamada "Carta de Derechos", para proceder a tutelar aquellos que tengan el carácter de fundamentales. DEL ESTADO DE DERECHO AL ESTADO SOCIAL DE DERECHO El Estado de Derecho se define materialmente como aquél que consagra, protege y hace efectivos los derechos de las personas, sus garantías y sus deberes. La protección de los derechos se integra como elemento definitorio del Estado social de derecho. El respeto a la dignidad humana, al trabajo y a la solidaridad de las personas que integran la Nación le dan, en su conjunto, un contenido material y no simplemente formal al Estado de derecho, el cual ya no puede definirse a secas como "el imperio de las leyes". La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el elemento central del nuevo Estado social de derecho. La persona humana en su manifestación individual y colectiva es contemplada en la Constitución como fuente suprema y última de toda autoridad y titular de derechos inalienables para cuya protección se crea el Estado. En un plano subjetivo, los derechos y garantías constitucionalmente proclamados, tienen la virtualidad de reconocer al individuo y a los grupos sociales el poder efectivo de establecer, en unos casos, un límite a la acción del Estado; en otros, el de ejercer libremente una determinada actividad; y, finalmente, el de obtener del Estado la realización de ciertas prestaciones que correlativamente se tornan en deberes sociales a su cargo. La naturaleza social que identifica al ordenamiento jurídico tiene clara expresión en la prevalencia de los derechos fundamentales, en la superación de la crisis del Estado de derecho y en la inmediata realización de urgentes tareas sociales, en desarrollo de los principios de solidaridad y dignidad humana. Con el objeto de crear oportunidades reales para el ejercicio de los derechos por parte de todos los miembros de la comunidad, la Constitución impone al Estado objetivos, metas y programas de acción que pueden eventualmente traducirse en derechos a diferentes prestaciones de orden económico, social y cultural. Con la consagración de este tipo de derechos y de intereses legítimos que representan para el Estado obligaciones positivas, se pretende conseguir la igualdad social de tal forma que la libertad y el pleno desarrollo vital no se encuentre solamente al alcance de una fracción mínima de la población. DE LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES La Carta de Derechos de la Constitución colombiana contempla en  el Título II, Capítulo 2o. los llamados "Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Estos derechos implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que por lo general depende de una decisión política. Su razón de ser está en el hecho de que su mínima satisfacción es una condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos, con lo cual adquieren el carácter de fundamentales. Las diferentes categorías de tales derechos constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, característica que exige protección permanente con el propósito de obtener su plena vigencia, "sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros". EL DERECHO A LA SALUBRIDAD PUBLICA Y EL SERVICIO PUBLICO DE AGUA POTABLE La realidad socio-económica del país, el deficiente cubrimiento del servicio de agua potable, la demora en las transferencias de recursos y partidas presupuestales hacia las regiones, son algunos de los problemas que impiden la prestación eficiente de éste servicio público. Se entiende por servicio público "toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y contínua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas". (Decreto 753 de 1956, art. 1o.) Autores como Guillermo Perry Rubio definen los servicios públicos como aquellos que satisfacen necesidades colectivas y que conllevan el deber del Estado de asegurar la prestación eficiente, oportuna, contínua y equitativa de estos servicios a todos los habitantes del territorio nacional. Como consecuencia de estos planteamientos, la Constitución estableció en su artículo 365 una vinculación esencial entre el Estado social de derecho y la prestación de los servicios públicos: "Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios....". Ciertamente es función de la ley, a iniciativa del gobierno, fijar los servicios a cargo de la nación y de las entidades territoriales. Sin embargo, el constituyente señala este criterio en relación con los servicios públicos domiciliarios (energía eléctrica, agua, etc.): se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán funciones de apoyo y coordinación. (C.P. art. 367). Difícilmente se comprendería la existencia de un Estado moderno que no sea capaz de asegurar que todos sus asociados tengan acceso a los servicios públicos, más cuando solamente el Estado puede garantizar su prestación a todos los habitantes. Pero en el caso específico en que el Estado no pueda asumir directamente la prestación de uno de esos servicios públicos, v.gr. el de agua potable o acueducto, deberá entonces brindarle a esa comunidad afectada por la carencia total o parcial del servicio los medios adecuados y crear las condiciones para que ellos directamente y por sus propios medios puedan lograr obtener la satisfacción mínima de sus necesidades vitales. La extensión de los servicios públicos a todo el territorio constituye la única forma de superar la actual situación de desintegración del Estado y la Nación, en la que existe "más territorio que Estado y más Estado que Nación". Además, se constituye en factor determinante para reducir los enormes desequilibrios regionales y sociales que hoy existen y, en consecuencia, en garantía de la paz social. No puede dejar de observarse que la mayor parte de las perturbaciones de orden público que conmueven desgarradoramente todo el territorio nacional, obedecen a la carencia de servicios públicos, que lleva a los pobladores a realizar paros cívicos, marchas y bloqueos de vías como medio para exigir al Estado su prestación. El artículo 366 de la Carta fue consagrado constitucionalmente con la necesidad de concebir una igualdad real y efectiva de los ciudadanos, no sólo ante la vida sino ante la ley. El artículo señala: "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y de agua potable". DEL CASO CONCRETO Analizados los antecedentes que aparecen dentro del expediente, y en especial los oficios remitidos por los Alcaldes Municipales de Suaita, fechados Abril 7 y Agosto 27 de 1992, en los cuales se afirma que el Acueducto oficial del corregimiento de Vado Real no presta un servicio óptimo y permanente, que tan sólo cubre, y en forma deficiente, el 40% de la población urbana; que la red de distribución no reúne las condiciones técnicas para el suministro de agua y que ésta no es adecuada para el consumo humano y que la prestación de este servicio es ineficiente por parte del corregimiento, se concluye que éste se constituye en un factor de riesgo para la salud de los habitantes de la comunidad, por lo que se trata a juicio de ésta Sala de una clara violación a un derecho fundamental: la violación del derecho de los habitantes del corregimiento de Vado Real a la salubridad pública. El haberse iniciado la construcción del acueducto oficial constituye una respuesta positiva a las demandas y clamores populares. Pero el hecho de que dicha obra no se haya terminado, que la red de distribución adolezca de fallas en el control de presión y  en el caudal, y que los tanques de almacenamiento y tratamiento no estén en funcionamiento, produce una frustración adicional en la población. Por ello se ven en la necesidad de recurrir a sus propios medios para transportar el agua hacia sus residencias y negocios particulares, tal como lo hicieron los peticionarios en el presente caso, mucho antes aún de que existiera el acueducto oficial. No se justificaba entonces una medida como la adoptada inicialmente por el Alcalde en el sentido de suspender el funcionamiento y la terminación de la construcción del acueducto privado, especialmente cuando de él se beneficiaba un importante número de familias. Si el mismo Alcalde reconoció la deficiente prestación del servicio y la precaria situación del acueducto oficial del corregimiento, no tiene asidero legal ni constitucional la suspensión del permiso de realizar una obra indispensable para la satisfacción de unas necesidades mínimas vitales de la población. Como se ha venido sosteniendo en ésta providencia, si el Estado no se encuentra en condiciones de prestar debidamente un servicio público que es esencial para la población, debe crear las condiciones para que o los particulares o las comunidades organizadas puedan prestarlos directamente. En el caso sub-judice, es claro que aunque exista un servicio oficial de acueducto que presta el corregimiento, lo hace en una forma "obsoleta, precaria y restringida", afectando a un importante número de habitantes (el 60%), quienes no logran beneficiarse de su prestación; y quienes lo hacen, lo reciben parcialmente "sin presión y con una calidad que no permite ser consumida". Por tanto deben recurrir por sus propios medios a transportar el agua hacia sus hogares y negocios, construyendo acueductos privados, como lo hacen los peticionarios. La Alcaldía entonces no debe obstruir el funcionamiento ni las obras que sobre estos acueductos se efectúen, sino por el contrario brindarles las condiciones necesarias para que puedan adecuadamente tener acceso a este servicio público tan fundamental. Por estas razones era de considerar afirmativamente que se producía la vulneración de un derecho fundamental, que requería para el caso concreto su protección efectiva a través de la acción de tutela, por lo cual habría de revocarse la providencia emanada del Juez Penal Municipal. Sin embargo, como se afirmó con anterioridad, el Alcalde del Municipio de Suaita con posterioridad al fallo del Juzgado Penal Municipal revocó su decisión, en el sentido de autorizar el funcionamiento del acueducto privado de los peticionarios, por lo cual el objeto de la acción en el presente caso carece de sentido y justificación. DE LA CESACION DE LA ACTUACION IMPUGNADA De otra parte, es aplicable al caso concreto el artículo 26 del Decreto 2591 de 1991, el cual establece lo siguiente: "Artículo 26.- Cesación de la actuación impugnada. Si, estando en curso la tutela, se dictare resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes . . . . ". Este artículo, considera la Sala, es aplicable al caso concreto, teniendo en cuenta el informe rendido por el Alcalde Municipal de Suaita,  Santander, fechado 27 de agosto de 1992, en el cual manifestó que su Despacho había determinado reconsiderar la solicitud presentada por los usuarios del acueducto en conflicto y les concedió el día 31 de Mayo de 1992 un nuevo permiso para la construcción del acueducto privado, con lo cual queda desvirtuada y sin fundamento la demanda de tutela impetrada por los usuarios. El objeto de dicha solicitud radicaba en que: "No se ejecute la orden impartida por la Alcaldía en el sentido de que se suspenda el permiso de construcción del acueducto privado y que en consecuencia se ordene el levantamiento de las mangueras". Por consiguiente la solicitud de los peticionarios que apuntaba a la suspensión del acto emanado del Alcalde, ya no tiene relevancia ni sentido alguno por cuanto ha sido la misma autoridad pública la que ha determinado revocar su decisión materia de la demanda, y acceder a las pretensiones de los afectados por la anterior decisión. La razón jurídica de la norma que se cita es fácil de apreciar y de comprender: se quiso con ella evitar fallos inocuos y sin incidencia alguna, esto es, que al momento de su expedición su aplicación no tuviese repercusión de ninguna clase, por cuanto habría desaparecido el fundamento y esencia de la protección invocada por la persona presuntamente afectada por la acción o la omisión de la autoridad pública. Con la acción de tutela de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución y 1o. del Decreto 2591 de 1991, se pretende "la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados . . .". Pero cuando esa perturbación, vulneración o amenaza ya no es actual ni inminente y el peticionario carece de interés jurídico, desaparece el sentido y el objeto de la acción de tutela, por lo cual habrá de declararse la cesación de la actuación impugnada. De otro lado, conviene anotar que conforme a lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 2591 de 1991, se deberá prevenir a la autoridad pública, en éste caso representada en el Alcalde Municipal de Suaita, Santander, con el fin de que no vuelva a incurrir en las acciones que dieron mérito para interponer la tutela, y que, si procediere de modo contrario, será sancionado de acuerdo con lo establecido en el Decreto ibidem. CONCLUSION Como se anotó en el acápite anterior, con posterioridad al fallo del Juzgado Penal Municipal de Suaita, y estando en curso la revisión de    la sentencia por ésta Corte, el Alcalde del Municipio de Suaita revocó la actuación impugnada, por lo cual el objeto y la pretensión de la solicitud de protección de los derechos desapareció, desvirtuándose así la naturaleza de la acción de tutela. Considera ésta Sala de especial importancia señalar que el derecho al servicio de acueducto en aquellas circunstancias en las cuales se afecte de manera evidente e inminente derechos y principios constitucionales fundamentales, como la dignidad humana, la vida y los derechos de los disminuidos, deben ser protegidos por la acción de tutela. El hecho de que la comunidad no tenga servicio de acueducto, o lo tenga pero no funcionando adecuadamente, se constituye en factor de riesgo grande para la salud de la comunidad expuesta a esa situación. Finalmente, a pesar de que el objeto de la acción de tutela desapareció en virtud de la decisión de la Alcaldía del 31 de mayo de 1992, por medio de la cual se revocó la providencia objeto de la presente solicitud, se considera que con la actuación inicial de la Alcaldía se vulneraron los derechos fundamentales de los peticionarios al servicio público de agua potable y a la salubridad pública con base en los argumentos aquí consignados. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E : PRIMERO.-         Del fallo proferido el día nueve (9) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992) por el Juzgado Penal Municipal de Suaita, Santander, respecto de la acción de tutela intentada por los señores JAIME SANTAMARIA TELLEZ, FLOR DE AGUDELO, CARLOS CASTELLANOS, GILMA DE ARGUELLO y SEGUNDO BOHORQUEZ contra la Alcaldía Municipal de Suaita, Santander, se confirma parcialmente el fallo en cuanto se DENIEGA la acción de tutela, pero en razón a la cesación de la actuación impugnada, con fundamento en las razones anotadas anteriormente. SEGUNDO.-       Ordenar al Juzgado Penal Municipal de Suaita que haga la prevención a la Alcaldía Municipal de Suaita, con el fin de que dicha entidad se abstenga de incurrir en las acciones que dieron mérito para interponer la tutela, so pena de incurrir en las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO.-        Líbrese por la Secretaría la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los efectos allí contemplados. Cópiese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON      EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-571-92 Sentencia No Sentencia No. T-571/92 JUEZ DE TUTELA-Facultades El contenido de la solicitud de tutela no es óbice para que el Juez que conozca del caso proceda a brindar protección por concepto de otros derechos constitucionales que resulten afectados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, por cuanto el fallo de tutela no está limitado a lo pedido por el accionante, sino que, si el juez encuentra que en efecto están amenazados o han sido o son vulnerados derechos constitucionales fundamentales distintos de aquellos que el peticionario menciona, así debe manifestarlo y ordenar la protección de los mismos, toda vez que por su propia naturaleza, ésta clase de derechos no puede depender, en cuanto concierne a su defensa, a la exactitud de su mención en la solicitud. ESTADO SOCIAL DE DERECHO El Estado se califica y define en función a su capacidad para proteger la libertad y promover la igualdad, la efectiva realización y el ejercicio de los derechos por parte de todos los miembros de la sociedad. El Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. DERECHOS FUNDAMENTALES-Determinación Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano: es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia -aún de su concepción - y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Fuerza concluir entonces, como lo ha venido sosteniendo ésta Corte que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. La fundamentalidad de un derecho no depende sólo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL La seguridad social es un derecho constitucional desarrollado en la ley que, en principio, no ostenta el rango de fundamental, salvo que las circunstancias concretas permitan atribuirle esta connotación por su importancia imprescindible para la vigencia de otros derechos fundamentales. DERECHOS FUNDAMENTALES-Conexidad Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueron protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos.  Es el caso de la salud, que no siendo en principio derecho fundamental, adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su derecho a la vida. DERECHO A LA SALUD La salud es uno de aquellos derechos que por su carácter inherente a la existencia de todo ser humano se encuentra protegido en nuestro ordenamiento, especialmente en aras de una igualdad real y efectiva,  en las personas que por su condición económica, física o mental se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta. Este derecho  busca  además,   y   en    forma  primordial, el aseguramiento del derecho fundamental por naturaleza: la vida, por lo que su naturaleza asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial por parte del gobierno y del legislador, en aras a su efectiva protección. DERECHO A LA SALUD-Vulneración/DERECHO A LA VIDA-Violación El derecho a la salud contiene una serie de elementos, que se enmarcan, en primer lugar como un resultado - efecto del derecho a la vida, de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida. El reconocimiento del derecho a la salud prohibe conductas de los individuos que causen daño a otro, imponiendo a éstos las sanciones y responsabilidades a que haya lugar. Por ello se afirma que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Esto significa que al reconocerle a alguien el derecho a la vida se le está reconociendo como algo suyo el derecho a ser y a permanecer en el ser. De tal modo que no sólo se viola este derecho con el homicidio, sino con todo acto que no le permita ser lo que es, que le impida obrar conforme a la dignidad humana que le corresponde por el hecho de ser persona. DERECHOS PRESTACIONALES-Finalidad/SERVICIO PUBLICO DE SALUD/DERECHO A LA VIDA El término prestacional de un derecho está dado por su capacidad para exigir de los poderes públicos y en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o dar. Si la prestación contenida en el derecho constitucional se identifica con el fin o valor de la igualdad perseguido por el derecho, aquella constituye un "derecho constitucional prestacional"; mientras que si el objetivo primordial del derecho es la simple abstención de los poderes públicos, los derechos correspondientes carecen de contenido prestacional. Se genera el deber "prestacional" a cargo del Estado de brindar la atención de la salud, y el derecho en favor del particular de exigirlo dentro de unos lineamientos que la propia Constitución señala. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/DERECHO A LA SUBSISTENCIA-Alcance/DERECHO A LA ASISTENCIA PUBLICA El derecho a la subsistencia es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y del Estado Social de Derecho. Incluye tal derecho no sólo la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana, y de  exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta, sino que, sobre todo pretende garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra es injusta y desigual. Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigir directamente y sin tener en cuenta las circunstancias especiales del caso una prestación económica del Estado. No es jurídicamente posible afirmar que el Estado Colombiano está obligado a la inmediata prestación de todos los servicios requeridos por el paciente, de manera gratuita y naturalmente oportuna,  porque no existe aún norma que así lo disponga. La orden del Hospital Universitario de Caldas de negarse a continuar prestándole en sus instalaciones la asistencia integral requerida para tratar su enfermedad, configura una amenaza de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. En este caso el reconocimiento de su derecho a la salud es concebido como derecho a la conservación de la vida y al mínimo vital. Igualmente se debe concluir que la peticionaria tiene derecho a la prestación del derecho a la salud, derecho inherente a todo ser humano, a cargo del Hospital Universitario de Caldas: inmediatamente se solicita la prestación del servicio a la salud pero mediatamente  se solicita tutelar el derecho a la vida. ACCION DE TUTELA TRANSITORIA/PERJUICIO IRREMEDIABLE La Corte cree que el perjuicio que la acción de tutela debe evitar en forma transitoria puede ser parcial, que no es necesario que la potencialidad de la causa dañina se haya agotado o pueda agotarse; por esto cuando se hace evidente la posibilidad de un perjuicio que sólo sea susceptible de compensación mediante un pago dinerario o cuando tal perjuicio está en curso, aunque no se haya agotado, es precisamente cuando cabe la tutela transitoria, pues se trata cabalmente de impedir que se cause daño en otra forma irreparable o de que continúe produciéndose REF: Expediente T-2635 Peticionario: DARIO ALZATE Procedencia: Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No. 7 del veintiseis (26) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por lo Magistrados Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita Barón y Eduardo Cifuentes Muñoz EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por DARIO ALZATE en nombre y representación de MARIA DEL SOCORRO SEGURA SIERRA contra el Hospital Universitario de Caldas. El negocio llegó a conocimiento de ésta Sala de Revisión de la Corte Constitucional por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas para su eventual revisión en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del decreto 2591 de 1991. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección de la Corte eligió para efectos de su revisión, la presente acción de tutela. Por tanto, se entra a dictar sentencia  de conformidad con el artículo 34 ibidem. I.                    INFORMACION PRELIMINAR A.    HECHOS DE LA DEMANDA 1. La peticionaria fue remitida por el Hospital de Aranzazu, Caldas al Hospital Universitario de Caldas para la atención de un parto por presentar estrechez pélvica, siendo hospitalizada el día 21 de marzo de 1991. 2. El día 22 de marzo de 1991 le fue practicada a la accionante una  "operación cesárea", en la que le inyectaron anestésico en la columna vertebral y luego anestesia general, dando lugar al nacimiento de una niña normal. 3. Afirma la peticionaria que cuando la mujer -entiéndase para estos efectos la enfermera- se dispuso a inyectarla en la columna vertebral, le solicitó que esperara a que le pasara el dolor, pues padecía en ese momento fuertes contracciones. No obstante su ruego, se precipitó a colocar la inyección. 4. El día 23 de marzo de 1991 se le dió salida a la paciente del Hospital, anotándose en la ficha quirúrgica que egresaba en buenas condiciones generales. Sin embargo, ésta manifestó "que sentía los pies adormecidos un poco más arriba de los tobillos". 5. El adormecimiento de los pies se fue extendiendo con el transcurso de los días hacia las piernas imposibilitándola a caminar, razón por la cual su esposo la trasladó al especialista en ortopedia quien a su vez la remitió al neurólogo, el cual inmediatamente la internó en el Hospital Universitario de Caldas donde se le practicaron una serie de exámenes, con el resultado que padecía "Aracnoiditis Adhesiva Extensa" de carácter definitivo. 6. A los 17 días de hospitalizada fue enviada para su casa manifestándole que en un término de tres (3) días estaría recuperada y caminando. Le formularon "prednisona", droga que tuvo que suspender porque empezó a cubrirse de vellosidades en todo el cuerpo y le empezó una obesidad que completó la deformidad de su cuerpo. 7. Al contrario de lo expresado por el Hospital, la parálisis se fue extendiendo cada día más hasta llegar a la cintura, hasta el punto que es necesario mantenerla en forma permanente con sonda por imposibilidad de controlar la orina. 8. En enero de 1992 fue necesario internarla nuevamente en el Hospital Universitario para practicarle una serie de pruebas, exámenes e intervenciones, y allí se encuentra en la sección de neurología. 9. El día 24 de marzo de 1992 el Hospital Universitario de Caldas, por intermedio de la trabajadora social, se le manifestó a la paciente que su salida había sido dispuesta y le solicitó al esposo llevarla para su casa. B.    DERECHOS AMENAZADOS O VULNERADOS La peticionaria considera que con la orden impartida por el Hospital Universitario de Caldas, se amenaza su derecho fundamental a la salud (artículo 49 C.N.) y al derecho a la igualdad, referido al derecho que tienen aquellas personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental para obtener del Estado una protección especial (artículo 13, inciso 3o. C.N.). C.    PETICIONES Dario Alzate en su propio nombre y en el de su esposa, María Del Socorro Segura Sierra, presentó el día 31 de marzo de 1992 ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas acción de tutela con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional como mecanismo transitorio para la protección inmediata de su derecho fundamental a la salud. Solicita con tal fin que no se haga efectiva la orden del Hospital Universitario de Caldas y que por tanto tiene derecho a permanecer en el mencionado establecimiento y a recibir de éste el tratamiento médico adecuado para recuperar la salud y así evitar la muerte. D.    ACTUACION PROCESAL Con el objeto de darle trámite a la acción de tutela, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas ordenó la práctica de las pruebas conducentes, con base en lo dispuesto en el artículo 19 del decreto 2591 de 1991. De esta manera obran en el expediente fotocopias debidamente autenticadas de los siguientes documentos: 1. Historia clínica No. 406343, correspondiente a la señora MARIA DEL SOCORRO SEGURA SIERRA, a partir del 21 de marzo de 1992, hasta la fecha (abril 3 de 1992). 2. Oficio del Director Científico del Hospital Universitario de Caldas, doctor JORGE RAAD ALJURE, de fecha 2 de abril de 1992, en el cual manifiesta que "los médicos tratantes de la señora MARIA DEL SOCORRO SEGURA SIERRA han autorizado su salida del Hospital", lo cual ha sido comunicado a ella y a su esposo. Igualmente afirma que "el actual diagnóstico para la paciente es de una Aracnoiditis Dorsal. La paciente evoluciona de acuerdo al proceso que padece, lo cual no es tributario de tratamiento quirúrgico". 3. Oficio del Director Científico del Hospital Universitario de Caldas, doctor JORGE RAAD ALJURE, y del Jefe de Neurocirugía, doctor OSCAR CASTAÑO GAVIRIA de fecha 6 de abril de 1992, en el cual se expresa que en cuanto al tratamiento que se ha dispuesto a la paciente "en este momento ha ordenado por ahora únicamente  fisioterapia y se encuentra con sonda vesical ocasional". II.    DECISION JUDICIAL Correspondió conocer de la presente acción de tutela en primera instancia al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas, quien después de analizar los documentos y pruebas allegadas, en fallo del 22 de abril de 1992 decidió acceder a la solicitud de tutela, con fundamento en las siguientes consideraciones: 1. Con base en un análisis detallado de la historia clínica de la paciente,  "salta a la vista que falta bastante por hacer al Hospital Universitario de Caldas como representante del sector salud en Colombia, en el caso de la señora MARIA DEL SOCORRO SEGURA SIERRA". 2. Señala igualmente el Tribunal para fundamentar su decisión que no es esta la ocasión jurídicamente adecuada para concretar responsabilidades por hechos pasados, pero sí la más propicia para que esta sea asumida totalmente por el Hospital Universitario de Caldas; obligación que si bien no es de resultado, si lo es de medio. Es decir, utilizando el Hospital todos los recursos con que cuenta y los que pueda obtener mediante una efectiva coordinación interinstitucional, como mínimo para mejorar, si no es posible restablecer el estado de salud de la paciente de quien se trata". 3. Los derechos invocados en la demanda de tutela en consideración del Tribunal se ven cierta y efectivamente amenazados con la decisión del Hospital Universitario de Caldas. 4. Todo lo anterior conduce al Tribunal a declarar procedente la tutela de los derechos fundamentales invocados y a ordenar al Hospital Universitario de Caldas continuar prestando los servicios de salud adecuados a la señora MARIA DEL SOCORRO SEGURA SIERRA hasta cuando se defina la clase de atención que debe recibir. No habiendo sido impugnada la anterior decisión, el proceso fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, siendo  seleccionado correspondió a ésta sala su conocimiento. III.  CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1.     COMPETENCIA Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión de fallo dictado por el Tribunal Administrativo de Caldas, con fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 31, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. 2.     FUNDAMENTOS JURIDICOS En la revisión del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, en el asunto  de la referencia la solicitante de tutela actúe ante la autoridad judicial en procura de la protección inmediata de su derecho fundamental a la salud (C.P. artículo 49) representado en la necesidad de obtener la debida atención médica para recuperar su salud y evitar su muerte. El acto contrario a su derecho provino del Hospital Universitario de Caldas, quien el día 24 de marzo de 1992, hizo conocer a la paciente su decisión de darla de alta, sin que se le haya brindado la atención médica adecuada. DERECHOS CONSTITUCIONALES CONCULCADOS CON LA DECISION DEL HOSPITAL El contenido de la solicitud de tutela no es óbice para que el Juez que conozca del caso proceda a brindar protección por concepto de otros derechos constitucionales que resulten afectados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública, por cuanto el fallo de tutela no está limitado a lo pedido por el accionante, sino que, si el juez encuentra que en efecto están amenazados o han sido o son vulnerados derechos constitucionales fundamentales distintos de aquellos que el peticionario menciona, así debe manifestarlo y ordenar la protección de los mismos, toda vez que por su propia naturaleza, ésta clase de derechos no puede depender, en cuanto concierne a su defensa, a la exactitud de su mención en la solicitud. En el caso sub-examine, no sólo los derechos fundamentales a la salud de la petente (artículo 49) y el derecho a la igualdad, en su modalidad de protección especial a las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta (artículo 13 inciso 3o.) podrían estar amenazados por la decisión del Hospital Universitario de Caldas, sino también los derechos fundamentales a la vida (C.P. artículo 11) y a la dignidad humana (C.P. artículo 1o.). Corresponde a los jueces constitucionales evaluar si la limitación introducida por una determinada acción u omisión estatal (en este caso se trata de una entidad descentralizada del orden departamental) se justifica y posee suficiente legitimidad y asidero constitucional o legal, o si, por el contrario, ha habido una vulneración o amenaza de los derechos reconocidos por el ordenamiento constitucional para proceder a tutelar aquellos que ostenten el carácter de fundamentales. LA DIGNIDAD HUMANA Y EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN LA CONSTITUCION DE 1991 La naturaleza social que identifica al ordenamiento jurídico colombiano tiene una sentida connotación de prevalencia de los derechos fundamentales, en la superación de la crisis del Estado de Derecho y en la inmediata tarea de recuperación social en sus niveles, dentro de un necesario desarrollo de los principios de solidaridad y dignidad humana, los cuales orientan el nuevo estado social de derecho. En consecuencia, las autoridades de la República están en la obligación de hacerse respetar y asegurar el cumplimiento de los deberes sociales de los particulares, de protegerlos en su vida, honra y bienes, a través de acciones humanitarias, en aquellas circunstancias que amenazen o vulneren derechos fundamentales, tales como la vida, la dignidad humana, la intimidad, la salud, etc. La omisión de una de esas acciones humanitarias justifica la intervención judicial y la consecuente sanción y responsabilidad a la persona o autoridad renuente. En consideración a lo anterior, la naturaleza social del Estado de derecho supone como lo quiso el Constituyente de 1991 un papel predominantemente activo de las autoridades y un compromiso permanente en la promoción y difusión de la justicia social. La Carta Fundamental de 1991 consagra una nueva orientación filosófica que ubica al hombre en un lugar privilegiado y se convierte en el instrumento más eficaz al servicio de la dignificación del ser humano, lo cual se deduce de la lectura del Preámbulo y de los artículos 1 al 95. Con fundamento en ello, el respeto a la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado en sus diversas manifestaciones. Lo anterior se traduce en la prevalencia del ser sobre el tener o el haber dentro de un contexto que debe presidir las acciones de quienes son los encargados de administrar justicia en sus distintos niveles. Deberá tratarse a todas las personas sin distinción alguna, de acuerdo con su valor intrínseco. La integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin del Estado. La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna, son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social. LA SALUD COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL Esta Sala considera necesario hacer referencia al carácter fundamental de un derecho para entrar a considerar la salud como tal. La consideración de la persona humana y de su dignidad es el presupuesto y el elemento esencial del nuevo "Estado Social de Derecho", razón por la cual el sistema constitucional de derechos y garantías - máxima expresión jurídica de la dignidad de la persona humana - contribuye a darle sentido, contenido y fin a ésta modalidad de Estado. La persona humana en su manifestación individual y colectiva es contemplada en la Constitución como fuente suprema y última de toda autoridad y titular de derechos inalienables para cuya protección se crea el Estado y éste le otorga competencias a sus agentes. El Estado reconoce la primacía de los derechos inalienables de la persona humana (C.P. artículo 5). Las autoridades están instituidas como razón de ser del Estado, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra y bienes y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares (C.P. artículo 2o.). Los derechos y garantías de las personas consagrados en la Constitución, están inspirados en el respeto y promoción de la persona humana. Con el objeto de crear oportunidades reales para el ejercicio directo y efectivo de los derechos, la Constitución le impone al Estado una serie de objetivos, metas y programas de acción que eventualmente se pueden traducir en derechos a diferentes prestaciones del orden económico, social y cultural. El Estado se califica y define en función a su capacidad para proteger la libertad y promover la igualdad, la efectiva realización y el ejercicio de los derechos por parte de todos los miembros de la sociedad. Como el Estado se crea y justifica es con ese fin, él se califica como "Estado Social de Derecho". Este sistema de derechos y garantías se constituye además en criterio básico para calificar el funcionamiento del ordenamiento jurídico, el cual sólo puede representar la vigencia de un orden justo cuando la proclamación constitucional de los derechos, garantías y deberes se proyecte en la realidad concreta, lo cual es el fin  esencial del Estado (C.P. artículo 2o.). Los derechos humanos fundamentales que consagra la Constitución Política de 1991 son los que pertenecen a toda persona en razón a su dignidad humana. La libertad, valor supremo del ser humano, que como tal le permite optar por realizar los actos que a bien considere, dentro de unos marcos y unos valores éticos que autónomamente acepta, es característica intrínseca del hombre con lo cual le son reconocidos unos determinados derechos que son fundamentales e indispensables para su existencia. De allí que se pueda afirmar que tales derechos son inherentes al ser humano: es decir, los posee desde el mismo momento de su existencia -aún de su concepción - y son anteriores a la misma existencia del Estado, por lo que están por encima de él. Fuerza concluir entonces, como lo ha venido sosteniendo ésta Corte que el carácter fundamental de un derecho no depende de su ubicación dentro de un texto constitucional sino que son fundamentales aquellos derechos inherentes a la persona humana. Según la doctrina constitucional, la fundamentalidad de un derecho no depende sólo de la naturaleza del derecho, sino que se deben considerar las circunstancias particulares del caso. La vida, la dignidad, la intimidad y la libertad son derechos fundamentales dado su carácter inalienable. En cambio, la seguridad social es un derecho constitucional desarrollado en la ley que, en principio, no ostenta el rango de fundamental, salvo que las circunstancias concretas permitan atribuirle esta connotación por su importancia imprescindible para la vigencia de otros derechos fundamentales. Los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros derechos fundamentales, de forma que si no fueron protegidos en forma inmediata los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos.  Es el caso de la salud, que no siendo en principio derecho fundamental, adquiere esta categoría cuando la desatención del enfermo amenaza con poner en peligro su derecho a la vida. En cuanto al derecho a la salud, consagrado en el artículo 49 de la Constitución Nacional, (dentro del Capítulo de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales), la Corte Constitucional ha sostenido que: "El derecho a la salud (C.P. artículo 49), cuando su vulneración o amenaza compromete otros derechos fundamentales como la vida, la integridad o el trabajo, goza de carácter fundamental y es susceptible de ser protegido por vía de la acción de tutela". (Sentencia Corte Constitucional T-499 agosto 21 de 1992). La salud es uno de aquellos derechos que por su carácter inherente a la existencia de todo ser humano se encuentra protegido en nuestro ordenamiento, especialmente en aras de una igualdad real y efectiva,  en las personas que por su condición económica, física o mental se hallen en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13 inciso 3o.).  Este   derecho  busca  además,   y   en    forma primordial, el aseguramiento del derecho fundamental por naturaleza: la vida (C.P. artículo 11), por lo que su naturaleza asistencial impone un tratamiento prioritario y preferencial por parte del gobierno y del legislador, en aras a su efectiva protección. El derecho a la salud ha sido reconocido como un derecho fundamental en Pactos y Convenciones Internacionales, tales como: a. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamada el 10 de diciembre de 1948, señala en el artículo 25 que: "Artículo 25- 1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial....la asistencia médica y los servicios  sociales necesarios...." b. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 aprobado por Colombia por ley 74 de 1968, cuyo artículo 12 dispone: "1. Los Estados partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del mas alto nivel posible de salud física y mental". Bajo la orientación de considerar los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales, ya se había ocupado la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, que entró en vigor el 18 de julio de 1978, al igual que el Protocolo de San Salvador, "por cuanto las diferentes categorías de tales derechos, constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, característica que exige promoción y protección permanentes con el propósito de obtener su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros". De ahí la importancia del artículo 94 de la Constitución según el cual, la enumeración de la Carta de Derechos no debe entenderse como la negación de otros que, siendo inherentes al hombre no figuren expresamente en la Constitución o en los Convenios Internacionales vigentes. Esta disposición concuerda con el sentido amplio y dinámico que debe tener el concepto de derecho fundamental en el Estado Social de Derecho. Así entonces,  los criterios que determinan el carácter de fundamental de un derecho, sobrepasan la consagración expresa y dependen de la existencia de un consenso y de una voluntad colectiva en cuanto a la naturaleza determinada de un derecho, con las implicaciones relativas al contenido esencial (el ámbito necesario de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma o de las formas en que se manifieste. Es así mismo el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión), a la conexión con los principios y a la eficacia directa, según la cual para que un derecho constitucional pueda ser considerado como fundamental, debe además ser el resultado de una aplicación directa del texto constitucional, sin que sea necesario una intermediación normativa. En la Constitución de 1991 la salud superó el concepto tangencial que de asistencia pública hacía referencia la Carta de 1886. Esto se manifestó a través de diferentes artículos de la Constitución, entre los cuales sobresalen los siguientes: artículo 13 (protección especial a los débiles); artículo 44 (derecho fundamental a la salud de los niños); artículo 49 (atención a la salud y al saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado); artículo 64 (acceso progresivo de los trabajadores agrarios a los servicios de salud) y el artículo 78 (protección de la salud de los consumidores). En el artículo 49 de la Carta Fundamental se señala que la salud es un servicio público a cargo del Estado, garantizándose en él a todas las personas el acceso al mismo, para la promoción, protección y recuperación de este derecho. Se agrega que corresponde al poder público organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicio de salud a los habitantes, establecer políticas para que los particulares presten este servicio, y definir las competencias a cargo de los distintos órdenes. La norma defiere a la ley la definición de las circunstancias en que la salud será gratuita y obligatoria. La orientación del Constituyente de 1991 muestra una marcada tendencia a que el Estado enmarque gran parte de sus políticas y acciones en encontrar soluciones a las dificultades económicas y sociales en la protección de los servicios públicos de la salud y a proveer esas necesidades por cuanto a raíz de la expedición de la nueva Carta Política, hemos hecho el tránsito de un Estado de Derecho a uno Social de Derecho, en donde la organización política tiene como uno de sus objetivos combatir las penurias económicas y sociales, y las desventajas de diversos sectores o personas de la población, prestándoles asistencia y protección. El Estado Social de Derecho exige esforzarse en la construcción de las condiciones indispensables para asegurar a todos los habitantes del país una vida digna dentro de las posibilidades económicas que estén a su alcance. RELACION DEL DERECHO A LA SALUD CON OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho a la salud contiene una serie de elementos, que se enmarcan, en primer lugar como un resultado - efecto del derecho a la vida, de manera que atentar contra la salud de las personas equivale a atentar contra su propia vida. El reconocimiento del derecho a la salud prohibe conductas de los individuos que causen daño a otro, imponiendo a éstos las sanciones y responsabilidades a que haya lugar. Por ello se afirma que el derecho a la salud es un derecho fundamental. Esto significa que al reconocerle a alguien el derecho a la vida se le está reconociendo como algo suyo el derecho a ser y a permanecer en el ser. De tal modo que no sólo se viola este derecho con el homicidio, sino con todo acto que no le permita ser lo que es, que le impida obrar conforme a la dignidad humana que le corresponde por el hecho de ser persona. En la forma como el derecho a la vida ha quedado consagrado en la Constitución de 1991, tiene un carácter intangible. Su inviolabilidad se fundamenta en que este derecho no requiere para su plena existencia de la creación o el reconocimiento del Estado, de la sociedad o de una autoridad política, por lo que tampoco puede ser limitado o desconocido por ellos. Con esta perspectiva, la vida deja de ser un derecho que obliga únicamente al Estado, y pasa a involucrar a todos los estamentos sociales más allá de la sanción penal del homicidio. De manera consecuente, el artículo 95 de la Carta incluye entre los deberes de los Colombianos el de "obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas". LOS DERECHOS PRESTACIONALES EN LA CONSTITUCION Y EL CARACTER ASISTENCIAL DE LA SALUD La doctrina ha denominado a las obligaciones públicas del Estado "prestaciones constitucionales", una de cuyas manifestaciones principales son los derechos fundamentales de prestación. Los derechos prestacionales de rango constitucional tienen una estrecha relación con los derechos sociales, económicos y culturales del Capítulo 2o. Título II de la Constitución, pero no se identifican con ellos. También los derechos de libertad pueden tener un contenido prestacional. En términos generales el término prestacional de un derecho está dado por su capacidad para exigir de los poderes públicos y en ocasiones de los particulares, una actividad de hacer o dar, derivada del mismo texto constitucional. Si la prestación contenida en el derecho constitucional se identifica con el fin o valor de la igualdad perseguido por el derecho, aquella constituye un "derecho constitucional prestacional"; mientras que si el objetivo primordial del derecho es la simple abstención de los poderes públicos, los derechos correspondientes carecen de contenido prestacional. Y una de esas obligaciones públicas del Estado es la resultante del artículo 49 de la Constitución: "La atención de la salud... son servicios públicos a cargo del Estado". Concordante con esta disposición existe la obligación del Estado, en virtud de lo dispuesto en el inciso 3o. del artículo 13 de la Carta, de "proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta....". Esto genera consecuentemente el deber "prestacional" a cargo del Estado de brindar la atención de la salud, y el derecho en favor del particular de exigirlo dentro de unos lineamientos que la propia Constitución señala. De otra parte otros elementos integrantes de éste derecho le imprimen un carácter asistencial, ubicándolo dentro de las funciones del Estado Social de Derecho, donde éste adquiere un carácter de "Estado de prestaciones y de redistribución con fines de asistencia social obligatoria". Se producen importantes repercusiones en la relación Estado-ciudadano, fortaleciendo la condición de éste último frente al primero, por cuanto como se afirmaba anteriormente, su reconocimiento impone acciones concretas a fin de prestar el servicio público correspondiente, para asegurar de esa manera el goce y disfrute de los servicios de asistencia médica, hospitalaria, farmaceútica y de laboratorio. Con fundamento en lo anterior, se puede afirmar que en cuanto el derecho a la salud está relacionado íntimamente con la protección a la vida, es un derecho fundamental. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y TRATO FAVORABLE A LOS DEBILES La peticionaria considera vulnerado además de su derecho a la salud, el derecho a la igualdad y a la protección especial del Estado por amenazar el Hospital Universitario de Caldas negarse a continuar prestando el servicio médico-asistencial requerido. El Tribunal Administrativo de Caldas al analizar éste aspecto precisó que es obligación del Estado, según el sentir del Constituyente de 1991, proteger especialmente a las personas que por su condición física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y que debe también prestar la atención en salud garantizándola como un servicio público tendiente a la protección y recuperación de la misma. Esto implica derechos de las personas exigibles al Estado con el carácter de fundamentales. Y tales derechos se ven amenazados con la decisión del Hospital conforme a las circunstancias descritas. El derecho al mínimo vital (es decir el derecho a la subsistencia) es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y del Estado Social de Derecho. Incluye tal derecho no sólo la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana, y de  exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13), sino que, sobre todo pretende garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra es injusta y desigual. Este derecho no otorga la facultad a todas las personas de exigir directamente y sin tener en cuenta las circunstancias especiales del caso una prestación económica del Estado. Aunque del análisis de los deberes sociales del Estado a que se refiere el artículo 2o. de la Carta se desprende que el Estado está obligado a promover la igualdad real y efectiva frente a la distribución de los recursos económicos y las oportunidades, ello no será posible mientras no se den las circunstancias económicas, sociales y políticas necesarias, dentro de una realidad que como la colombiana no lo permite. Y especialmente cuando ella depende de la concreción de una serie de medidas, programas y reglamentaciones a que se refieren las disposiciones objeto del presente estudio (C P. artículos 13 inciso 3o. y artículo 49). Nos encontramos en un Estado Social de Derecho al cual le compete proveer lo que sea necesario para realizar la prestación de los servicios públicos a su cargo, como lo es según el artículo 49 de la Constitución, el de la salud. Pero de acuerdo con la ley, el Estado no es solo social, también es de derecho y en esta materia de servicios de atención médica, es la misma Constitución Nacional la que dispone que "la ley señalará los términos en los cuáles la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria". Según la norma a que se hace referencia, es el legislador la autoridad estatal competente para delimitar la extensión del derecho al acceso a los servicios de salud que allí se consagran y para establecer la extensión de la correlativa obligación del Estado de prestarlos. Pero es la misma norma constitucional que al delegar esa facultad al legislador, precisa que será gratuita y obligatoria tan solo la atención básica, en los términos que disponga la ley. Si ello es así, no puede desconocerse el expreso mandato constitucional del deferido artículo 49, según el cual "la ley determinará los términos en los cuales la atención básica para todos los habitantes será gratuita y obligatoria". Así las cosas, no es jurídicamente posible afirmar que el Estado Colombiano está obligado a la inmediata prestación de todos los servicios requeridos por el paciente, de manera gratuita y naturalmente oportuna,  porque no existe aún norma que así lo disponga. Dentro de las actuaciones que el Hospital Universitario de Caldas realizó sobre la salud de MARIA DEL SOCORRO SEGURA, hay que señalar: 1. Los diagnósticos sobre la salud de la paciente que se iniciaron el 21 de marzo de 1991 cuando le fue practicada la intervención quirúrgica "cesárea fragmentaria" hasta el 26 de marzo de 1992 (según la historia clínica) cuando se ordenó por el Tribunal Administrativo de Caldas la actualización de la información por parte del Hospital, éste respondió confirmando parcialmente lo encontrado en la historia mencionada: "la paciente evoluciona de acuerdo al proceso que padece". Pero agregó algo que no encontró en la historia: "no es tributario de tratamiento quirúrgico, y lo ordenado por ahora es la fisioterapia". En los documentos ni en la historia consta lo anterior ni aspecto diferente a lo encontrado en cuanto a examenes, diagnósticos y tratamiento hasta  el 26 de marzo de 1992. 2. Con la descripción anterior salta a la vista que como lo afirmó el Tribunal que conoció en primera instancia de la solicitud de tutela, falta bastante por hacer al Hospital como representante del sector salud en Colombia en el caso de MARIA DEL SOCORRO SEGURA precisamente de lo previsto por el Hospital conforme a los reportes que constan en la historia clínica. Un ejemplo de ello es la intervención de la especialidad de "neurocirugía" tan insistente y largamente esperada por los demás médicos tratantes, pero que en últimas no determinó un diagnóstico ni  un pronóstico sobre el estado de salud de la paciente, precisamente en relación con alguna de las acciones propias de esa especialidad. 3. La expresión "por ahora" utilizada por la entidad en su respuesta del 6 de abril de 1992, puede ser interpretada de diferentes maneras,  pero ninguna de ellas se compadece con el estado de salud actual de la paciente con una enfermedad que le impide la realización de la mayor parte de las actividades que cumplía sin necesidad de ayuda antes de ingresar por primera vez en marzo de 1991 al Hospital Universitario de Caldas, tal como consta en la historia clínica. 4. No se definieron las acciones en siquiatría y no consta el porqué, ni la posibilidad de medicación fisioterapéutica si se tiene en cuenta que MARIA DEL SOCORRO SEGURA reside en un lugar distante de Manizales,  y de cuyo Hospital local precisamente fue remitida en marzo de 1991. Como lo señalara el Tribunal en su fallo, no se trata en el presente caso de concretar responsabilidades por hechos transcurridos con anterioridad, pero sí para que con fundamento en la voluntad del Constituyente de 1991, sea asumida la responsabilidad que en el presente caso tiene el Hospital Universitario. Obligación que si bien no es de resultado, sí lo es de medio:  es decir, que utilizando el Hospital todos los recursos con que cuenta y los que pueda obtener mediante una efectiva coordinación interinstitucional, lograr como mínimo la recuperación de la salud de la peticionaria. No significa que la paciente debe permanecer indefinidamente en el centro hospitalario, porque sería absurdo, sino que continúe allí hasta cuando realizados unos óptimos exámenes, tratamientos e intervenciones de áreas especializadas, se tome por el Hospital una decisión más sopesada ceñida a los resultados de tales evaluaciones recomendadas por la ciencia médica. CARACTER IRREMEDIABLE DEL PERJUICIO LATENTE La solicitud de tutela pretende entonces prevenir un perjuicio irremediable, por lo cual se aduce como un mecanismo transitorio. (CP. artículo 86 inciso 3o.). Se infiere de la petición que la señora MARIA DEL SOCORRO SEGURA SIERRA veía amenazado su derecho fundamental a la salud por la decisión del Hospital de darla de alta, dejándola desprotegida de la atención médica tan requerida por ella dada su condición física y médica. Aunque el perjuicio invocado como irremediable (que según el artículo 6o. del decreto 2591 de 1991, es aquel que sólo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización) no se había consumado en su integridad por cuanto la orden aún no se había hecho efectiva, esto no significa que la amenaza de ocurrencia no fuera objetivamente determinable. En efecto, si se toma en cuenta la situación y las condiciones en que se encontraba la petente, ampliamente demostradas en el expediente de tutela, si la orden del Hospital se hacía efectiva, su vida se ponía en un muy alto grado de peligrosidad y probablemente ocurriría su muerte, con lo cual ya no sería efectiva ninguna medida para "reparar el daño", salvo una indemnización, que  en nada es comparable con la vida del ser humano. De otra parte, no existe otro medio o recurso judicial distinto de la acción de tutela, que por su carácter y la sumariedad en su término para decidir, atendidas las circunstancias concretas pueda garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos conculcados a la peticionaria y poner fin, así sea transitoriamente, a los perjuicios crecientes y en expansión derivados tanto de la enfermedad que padece y que cada vez se convierte en más grave, como de la acción desconocedora de  la dignidad humana del centro hospitalario. No sobra para redundar en razones, hacer referencia a la jurisprudencia de ésta Corte con respecto a la naturaleza de perjuicio irremediable,  señalada en sentencia T-225 del 17 de junio de 1992: "La Corte cree que el perjuicio que la acción de tutela debe evitar en forma transitoria .... puede ser parcial, que no es necesario que la potencialidad de la causa dañina se haya agotado o pueda agotarse; por esto cree la Corte que cuando se hace evidente la posibilidad de un perjuicio que sólo sea susceptible de compensación mediante un pago dinerario o cuando tal perjuicio está en curso, aunque no se haya agotado, es precisamente cuando cabe la tutela transitoria, pues se trata cabalmente de impedir que se cause daño en otra forma irreparable o de que continúe produciéndose". AMENAZA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y CONFIRMACION DEL FALLO QUE SE REVISA En el caso sub-examine, MARIA DEL SOCORRO SEGURA SIERRA invoca la protección del Estado ante una amenaza que pone en eminente peligro, no sólo como ella lo afirma, su derecho a la salud, a la igualdad y a la protección especial del Estado, sino que concretamente está en peligro su derecho a la vida (CP. artículo 11). Esta amenaza se deduce del sentido que encarna la solicitud de tutela y del inminente peligro que correrá en caso de hacerse efectiva la orden del Hospital de darla de alta, principalmente por la desatención y falta de cuidado en que se encontrará si ello llegase a ocurrir. La orden del Hospital Universitario de Caldas de negarse a continuar prestándole en sus instalaciones la asistencia integral requerida para tratar su enfermedad, configura una amenaza de sus derechos fundamentales a la salud y a la vida. Es claro que en éste caso el reconocimiento de su derecho a la salud es concebido como derecho a la conservación de la vida y al mínimo vital. Igualmente se debe concluir que la peticionaria tiene derecho a la prestación del derecho a la salud, derecho inherente a todo ser humano, a cargo del Hospital Universitario de Caldas: inmediatamente se solicita la prestación del servicio a la salud (C.P. artículo 49) pero mediatamente  se solicita tutelar el derecho a la vida (CP. artículo 11). En consecuencia, esta Sala encuentra que la decisión del Tribunal de instancia de otorgar la tutela transitoria de los derechos fundamentales de la solicitante estuvo correctamente tomada por lo cual procederá a confirmarla, no sin antes tutelar los demás derechos fundamentales amenazados con la decisión del Tribunal. D E C I S I O N En mérito de lo expuesto,  la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional R E S U E L V E: PRIMERO:        CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 22 de abril de 1992 por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas. SEGUNDO:        Comuniquese al Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Caldas la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme lo ordena el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON          EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ MARTHA V. SACHICA DE  MONCALEANO Secretaria General

T-572-92 Sentencia No Sentencia No. T-572/92 AUTORIDAD PUBLICA-Concepto Como autoridad pública se debe entender todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o de decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obligan y afectan a los particulares. Ninguna autoridad pública puede desconocer el valor normativo y la efectividad de los derechos y garantías que la Constitución consagra en favor de las personas. Todas las autoridades, sin excepción, deben proteger y promover su cumplimiento y respeto. ACCION DE TUTELA-Objeto/DERECHOS FUNDAMENTALES La consagración constitucional de la acción de tutela pretende establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos derechos y libertades y considerados como fundamentales, cuando quieran que sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública o por un organismo del Estado, siempre identificable específicamente como una autoridad responsable de la misma, o por un particular. La acción de tutela tiene por objeto la protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del Juez en sentido favorable o desfavorable lo cual constituye la razón de ser de la solicitud que ante la autoridad judicial dirige la persona que se considera afectada. DEBIDO PROCESO/DERECHOS FUNDAMENTALES El derecho fundamental al debido proceso es de aplicación inmediata, vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales. El derecho al debido proceso comprende un conjunto de principios  materiales y formales entre los que se encuentran el principio de legalidad, el principio del juez natural o legal, el principio de favorabilidad penal y el principio de presunción de inocencia, todos los cuales responden mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos fundamentales. Una vez se ha particularizado el derecho-garantía a un debido proceso, adquiere el carácter de derecho constitucional fundamental en beneficio de quienes integran la relación procesal. De esa manera quien se sienta amenazado o vulnerado por algún acto u omisión de la autoridad o de los sujetos de la relación procesal, podrá invocar y hacer efectivo los derechos que implícitamente hacen parte del debido proceso. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA El acceso debe estar enmarcado dentro de unos lineamientos básicos, como lo son el respeto al derecho a un debido proceso y a los principios en él incorporados, como lo son el de la legalidad, la buena fé y la favorabilidad, entre otros. A su vez, surge el deber del Estado, en cabeza de la administración de justicia, una vez se ha tenido acceso a ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta, de que sus decisiones sean públicas y permanentes, con la prevalencia del derecho sustancial, al igual que observar en las actuaciones judiciales los términos procesales con diligencia. De ello surgen entonces principios que se deben cumplir en las actuaciones judiciales, como son el de la eficacia, la publicidad, la permanencia  y la celeridad. Se configura en este caso por consiguiente una dilación injustificada del proceso y una indebida y morosa obstrucción para el acceso efectivo a la administración de justicia. MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Eficacia El medio judicial de defensa ha de ser idóneo para obtener una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental de cuya violación o amenaza se trata. Debe entenderse  que el medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental vulnerado o se proteja de su amenaza. La dilación en el trámite de la investigación carece en absoluto de cualquier tipo de recursos, con lo que se concluye que los otros medios de defensa atendidas las circunstancias son en éste caso ineficaces. MORA JUDICIAL/JUEZ-Responsabilidad/DEBIDO PROCESO-Vulneración El funcionario judicial -el juez- debe velar por la aplicación pronta y cumplida de la justicia. Los términos procesales son improrrogables y obligan tanto a las partes como a los jueces. El funcionario que incumpla los términos procesales o que dilate injustificadamente el trámite de una querella, solicitud, investigación o un proceso sin causa motivada, incurrirá en causal de mala conducta. El abuso en la utilización de los recursos y mecanismos procesales, que conducen a la dilación de los trámites jurisdiccionales, contraría este principio. Se debe por tanto fortalecer la institucionalización de la mora como causal de mala conducta, para obligar al Juez a cumplir estrictamente los términos procesales y a darle un curso ágil y célere a las solicitudes que ante la administración judicial presenten los ciudadanos,  dentro de la garantía del debido proceso. REF.: EXPEDIENTE No. T-2975 Peticionario: ALVARO CAMACHO FONSECA. Procedencia: Tribunal Superior de Santafé de Bogotá - Sala Disciplinaria. Magistrado Ponente: Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN. Aprobada según acta No. 7 del veintiseis (26) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Jaime Sanín Greiffenstein, Ciro Angarita Barón y Eduardo Cifuentes Muñoz, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A El señor ALVARO CAMACHO FONSECA, personalmente con el fin de lograr el restablecimiento de los derechos constitucionales fundamentales que le fueron conculcados, presenta acción de tutela dirigida contra el Juzgado Once  Penal Municipal de Bogotá. I.     INFORMACION PRELIMINAR. El día 7 de abril de 1992, el peticionario presentó acción de tutela ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá por considerar que se le había dilatado injustificadamente el trámite de la denuncia que había presentado ante el Juzgado Segundo Penal Municipal, vulnerándose su derecho fundamental a un debido proceso, consagrado como derecho fundamental en el artículo 29 de la Constitución Nacional. A. HECHOS 1. El día 22 de septiembre de 1989 el peticionario presentó ante el Juzgado Once Penal Municipal de Bogotá un denuncio penal contra JOSE A. TORRES y FRANCISCO TORRES por violación de habitación ajena, daños en bien ajeno e incendio, señalando como cuantía de los daños y  perjuicios la  suma de quinientos mil ($500.000.oo) pesos. 2. El mencionado despacho por auto de fecha 22 de septiembre de 1989 consideró que era incompetente para conocer de esa denuncia y remitió el expediente a los Juzgados de Instrucción Criminal siendo repartido al Juez Treinta y Tres, quien por auto de 29 de septiembre de 1989 determinó que no existía delito de incendio por adolecer de uno de sus elementos, y que por razón de ser de mínima cuantía, correspondía su conocimiento al Juzgado Once Penal Municipal. 3. El Juzgado Once Penal Municipal avocó su estudio y ordenó efectuar una serie de pruebas, tales como la ampliación de la denuncia, la declaración de los testigos y del sindicado, entre otras. 4. El día 2 de abril de 1991 a raíz de la expedición de la ley 23 de 1991, en virtud de lo dispuesto en su artículo 1o., el Juez profirió un auto ordenando remitir el expediente al Inspector de Policía (reparto), donde se llevó a cabo una ampliación de la denuncia y se hizo un avalúo  de los daños ocasionados. 5. El día 11 de junio de 1991 la Inspección de Policía No. 3-B de Bogotá ordenó remitir nuevamente el expediente al Juzgado Once Penal Municipal, por cuanto los daños y perjuicios ocasionados sobrepasaban la suma del millón de pesos, lo cual de conformidad con la ley 23 de 1991 era de competencia del Juzgado Municipal. 6. El 23 de abril de 1992, es decir 10 meses después de ordenado el envió del expediente, éste fue remitido para que el Juzgado Once Penal Municipal adelantara su trámite, donde se encuentra en la actualidad. B.    SOLICITUD El peticionario solicita  ante las múltiples e injustificadas dilaciones y moras en investigar y dar trámite a su querella, que se le ordene al Juez 11 Penal Municipal de Bogotá resolver sobre la apertura o no de la investigación por los hechos denunciados. II. DECISION JUDICIAL Correspondió conocer de la presente acción de tutela en primera instancia al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá Sala Disciplinaria, quien después de analizar los documentos y pruebas allegadas, en fallo del 8 de mayo de 1992 decidió denegar la solicitud de tutela con base en los siguientes razonamientos: 1. "Que la actuación judicial de que se viene hablando, originaria de la denuncia instaurada por el señor ALVARO FONSECA CAMACHO, aún se encuentra vigente, como quiera que en ella no se ha decretado la prescripción de la acción penal..." 2. "Que ante esa situación, el petente tiene todo el derecho, conforme al artículo 27 del Código de Procedimiento Penal, de ampliar su denuncia y suministrar a las autoridades competentes los informes que sean conducentes y, por lo mismo, al no haberse proferido en la actuación judicial providencia que disponga la improseguibilidad de la acción, debe acudir ante el despacho judicial que actualmente conoce de la querella a efecto de que a ésta se le dé el trámite pertinente". 3. A juicio del Tribunal, es en aquel juzgado donde se debe dirimir la pretensión invocada en la acción de tutela, y decidir como deber legal sobre la apertura o no de la investigación por los hechos denunciados. 4. Finalmente se ordena solicitar la intervención de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial con el objeto de que establezca las causas determinantes que llevaron a que se produjeran protuberantes moras en la tramitación y diligenciamiento de la denuncia instaurada por el accionante. El fallo no fue impugnado dentro de los términos consagrados en el artículo 31 del decreto 2591 de 1991, siendo remitido en esta forma para su eventual revisión por la Corte Constitucional. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE De conformidad con los artículos 86 inciso 2o. y 214 numeral 3o. de la Constitución Nacional y los artículos 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, es competente la Corte Constitucional para conocer en revisión del fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá- Sala  Disciplinaria. Establece el artículo 86 de la Constitución Nacional, el cual es reiterado por el artículo 1o. del Decreto 2591 de 1991, que la acción de tutela procede para solicitar la protección inmediata de los derechos fundamentales, "cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública". En el presente caso se trata de una acción de tutela instaurada contra una autoridad pública, por cuanto la parte demandada es el Juez Once Penal Municipal de Bogotá, calidad que le otorga la ley y la Constitución Nacional. Y como autoridad pública se deben entender todas aquellas personas que están facultadas por la normatividad para ejercer poder de mando o de decisión en nombre del Estado y cuyas actuaciones obligan y afectan a los particulares. La solicitud se dirige a tutelar la vulneración del derecho fundamental al debido proceso, al igual que el derecho que tiene toda persona de acceder a la administración de justicia. 1. LA PROTECCION DEL DERECHO COMO OBJETO DE LA ACCION DE TUTELA Para definir los fundamentos de esta providencia, conviene señalar que la acción de tutela está prevista en el artículo 86 de nuestra Carta Fundamental como un mecanismo procesal complementario, específico y directo que tiene por objeto la protección concreta e inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, en una determinada situación jurídica, cuando estos sean violados o se presente amenaza de su violación. Como lo ha señalado esta Corte, dicha acción es un medio procesal específico porque se contrae a la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, afectados de modo actual e inminente y no a otros, y conduce, previa la solicitud, a la expedición de una declaración judicial que contenga una o varias órdenes de efectivo e inmediato cumplimiento. Es directo porque siempre presupone una actuación preferente y sumaria a la que el afectado puede acudir sólo en ausencia de cualquier otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice excepcionalmente como un mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, en todo caso, procura la restitución al sujeto peticionario en el goce del derecho de rango constitucional fundamental que se demuestra lesionado. El ejercicio de la acción está condicionado, entre otras razones, por la presentación ante el Juez de una situación concreta y específica de violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales, cuya autoría debe ser atribuida a cualquier autoridad pública o, en ciertos eventos definidos por la ley, a sujetos particulares. Además el peticionario debe tener un interés jurídico y pedir su protección también específica, siempre en ausencia de otro medio judicial de protección. Su consagración constitucional pretende establecer un procedimiento, o eventualmente un conjunto de procedimientos judiciales autónomos, específicos y directos de garantía inmediata de muy precisos derechos y libertades establecidos en principio en el Capítulo I del Título Segundo de la Constitución y considerados como fundamentales, cuando quieran que sean agraviados por la concreta acción o la omisión de una autoridad pública o por un organismo del Estado, siempre identificable específicamente como una autoridad responsable de la misma, o por un particular en los términos del Decreto 2591 de 1991. La acción de tutela tiene por objeto la protección cierta y efectiva de los derechos constitucionales fundamentales presuntamente amenazados o vulnerados, lo cual explica la necesidad del pronunciamiento del Juez en sentido favorable o desfavorable lo cual constituye la razón de ser de la solicitud que ante la autoridad judicial dirige la persona que se considera afectada. 2.     EL DEBIDO PROCESO COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL Conforme al artículo 86 de la Constitución, los derechos que pueden ser objeto de la acción de tutela son aquellos derechos inherentes a la persona humana. El carácter fundamental de un derecho no depende de la ubicación del artículo que lo consagra dentro del texto constitucional en el Título II capítulo 1o. de la Carta Fundamental. Los derechos fundamentales, como lo señala la doctrina y lo ha venido sosteniendo la Corte Constitucional en varios de sus fallos, "Son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una entidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente. De ahí que se le reconozca una dignidad - la dignidad humana - que lo colocan en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve; y por ello es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los cuales ésta se vería discriminada, enervada y aún suprimida. Son los derechos fundamentales que le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, ....su juzgamiento debe respetar el debido proceso, etc". Así entonces, ninguna autoridad pública puede desconocer el valor normativo y la efectividad de los derechos y garantías que la Constitución consagra en favor de las personas. Todas las autoridades, sin excepción, deben proteger y promover su cumplimiento y respeto. Es procedente citar la definición que en materia del debido proceso hace FERNANDO VELASQUEZ V., y que fue analizada por esta Corte en sentencia T-419 de 17 de junio de 1992: "En sentido restringido, la doctrina define el debido proceso como todo ese conjunto de garantías que protegen al ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia, que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho. Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del derecho procesal penal, incluso el del juez natural que suele regularse a su lado". La Constitución en su artículo 29 consagra el derecho al debido proceso, el cual señala: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la  asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". Su relevancia constitucional obedece a que representa la máxima facultad y posibilidad del individuo para limitar el "ius punien di" del Estado. El derecho fundamental al debido proceso es de aplicación inmediata conforme a lo dispuesto por el artículo 85 de la Carta, vincula a todas las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales. El artículo 29 de la Constitución contempla, además, otros derechos que se entienden contenidos en el núcleo esencial del derecho al debido proceso, como son el derecho de defensa, el derecho de asistencia de un abogado, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, el derecho a presentar y controvertir pruebas, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Se busca también proteger a las personas en su dignidad humana, su personalidad y su propio desarrollo contra posibles arbitrariedades, con la consabida excusa del ejercicio del poder. PRINCIPIOS QUE INTEGRAN EL DEBIDO PROCESO El derecho al debido proceso comprende un conjunto de principios  materiales y formales entre los que se encuentran el principio de legalidad, el principio del juez natural o legal, el principio de favorabilidad penal y el principio de presunción de inocencia, todos los cuales responden mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos fundamentales, los cuales están consagrados en el plano del Derecho Internacional en instrumentos como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, entre otros. De otra parte, la jurisprudencia ha señalado entre otros como principios que integran el debido proceso  los siguientes: "1. La preexistencia de la norma que declara en forma clara e inequívoca la conducta reprensible y establezca la sanción correlativa. 2.   El juzgamiento ante juez competente y con la observancia de las formas propias del juicio establecidas por el legislador.... . 3.   El derecho de defensa que se relaciona directamente con los derechos esenciales de la libertad y que se traduce en la facultad que tiene el inculpado para impugnar o contradecir las pruebas y las providencias que le son adversas...." (Sentencia Corte Suprema de Justicia, Noviembre 22 de 1990). El DEBIDO PROCESO EN LA LEGISLACION INTERNACIONAL La institución del debido proceso está contemplada en todas las legislaciones y ello ha permitido consagrar este principio como pilar fundamental de las tesis que forman el Derecho Procesal Universal, y que hoy hace parte de nuestro ordenamiento jurídico. Es así como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 74 de 1968, en su artículo 14, se establece: "Artículo 14.- 1. Todas las personas son iguales ante los Tribunales y Cortes de Justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oida públicamente y con las debidas garantías por un Tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley...." (Subrayas fuera de texto). Pero además, las instituciones jurídicas que hacen parte del debido proceso están contenidas en otros Pactos y Convenios aprobados por Colombia, tales como  la Convención Americana sobre Derechos Humanos (noviembre 22 de 1969), Convenios de Ginebra de agosto 12 de 1949, entre otros. EL DEBIDO PROCESO PENAL El nuevo Código de Procedimiento Penal (Decreto No. 2700 del 30 de noviembre de 1991) consagra el derecho a un debido proceso de la siguiente manera: "Artículo 1o. Debido Proceso. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio....". Así pues, una vez se ha particularizado el derecho-garantía a un debido proceso, adquiere el carácter de derecho constitucional fundamental en beneficio de quienes integran la relación procesal. De esa manera quien se sienta amenazado o vulnerado por algún acto u omisión de la autoridad o de los sujetos de la relación procesal, podrá invocar y hacer efectivo los derechos que implícitamente hacen parte del debido proceso. En materia penal el debido proceso constituye tal vez, el principio rector por excelencia del procedimiento, y por ende el que marca las pautas sobre las que se habrá de guiar la relación procesal. Del texto constitucional señalado en el artículo 29, se infiere que en el presente caso, el mecanismo del debido proceso es aplicable a toda clase de actuaciones que se realizen en los estrados o despachos judiciales, desde que se presenta la denuncia o querella, se captura en flagrancia, o en fin, desde que se conoce de la comisión del ilícito penal, hasta que se produce la sentencia, bien sea condenatoria o absolutoria. La norma no entra a diferenciar para garantizar la efectividad del derecho al debido proceso, de qué tipo de actuación judicial se trata o el momento procesal. Lo que se busca es que se hagan efectivos todos los medios que estén a disposición de los sujetos procesales con el propósito de hacer realidad la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. 3.     DEL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Conforme al artículo 229 de la Constitución, toda persona tiene derecho para acceder a la administración de justicia, bien sea a través de abogado o directamente cuando así lo señale la ley. Se quiere con esta norma permitir al ciudadano dentro del ámbito de un estado democrático y participativo, tener la oportunidad cuando lo considere necesario y oportuno, de acudir a la administración de justicia, en cualquiera de sus expresiones o manifestaciones. Pero éste acceso debe estar enmarcado dentro de unos lineamientos básicos, como lo son el respeto al derecho a un debido proceso y a los principios en él incorporados, como lo son el de la legalidad, la buena fé y la favorabilidad, entre otros. A su vez, surge el deber del Estado, en cabeza de la administración de justicia, una vez se ha tenido acceso a ella, conforme a lo dispuesto en el artículo 228 de la Carta, de que sus decisiones sean públicas y permanentes, con la prevalencia del derecho sustancial, al igual que observar en las actuaciones judiciales los términos procesales con diligencia. De ello surgen entonces principios que se deben cumplir en las actuaciones judiciales, como son el de la eficacia, la publicidad, la permanencia  y la celeridad. Se trata de definir entonces, si puede ser objeto de tutela la vulneración de derechos fundamentales, en este caso del debido proceso, cuando ella es producto del "incumplimiento de los términos procesales" o de dilaciones injustificadas que obligan al funcionario competente de conformidad con lo previsto en el artículo 228 de la Constitución Política. No se puede ocultar a ésta Sala que el peticionario  carece de medios aptos para la defensa real de sus derechos y que tal evento está previsto en el artículo 86 de la Carta, que otorga a la persona  una oportunidad de acudir a los jueces para invocar la aplicación en su caso de las disposiciones constitucionales que la amparan, por cuanto no existe medio de defensa alternativo para dicha finalidad. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá estimó que el peticionario tenía a su disposición un medio de defensa judicial idóneo, que es el proceso que cursa actualmente en el Juzgado Once Penal Municipal al cual puede acudir a solicitar que disponga el restablecimiento o protección del derecho, mediante la adopción de la orden oportuna de actuar. Se ha insistido y para éste caso es de fundamental importancia señalar, en el sentido constitucional que tiene, frente a la efectividad del derecho conculcado, el "otro medio de defensa judicial" a que se refiere el artículo 86 de la Carta como elemento cuya existencia hace improcedente la acción de tutela. La Corte ha sostenido reiteradamente que el medio judicial de defensa ha de ser idóneo para obtener una protección cierta, efectiva y concreta del derecho fundamental de cuya violación o amenaza se trata. Debe entenderse  que el medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental vulnerado o se proteja de su amenaza. "En virtud de lo dispuesto por la Constitución de 1991, no hay duda que el otro medio de defensa judicial de la persona que reclama ante los jueces la protección de sus derechos fundamentales ha de tener una efectividad igual o superior a la de la acción de tutela para lograr efectiva y concretamente que la protección sea inmediata. No basta pues, con la existencia en abstracto de otro medio de defensa judicial si su eficacia es inferior la de la acción de tutela". (Sentencia Corte Constitucional No. T-414). En el caso materia de análisis, el actor había acudido a través de una denuncia a la justicia penal, desde el 22 de septiembre de 1989 con el fin de que se condenara a los denunciados a indemnizarlo por los daños y perjuicios que le habían ocasionado como consecuencia de una conducta típica, antijurídica y culpable, descrita en el Código Penal, producto de los delitos de violación de habitación, daño en bien ajeno e incendio. A la fecha de la solicitud de tutela, abril 7 de 1992, habían transcurrido 2 años, 6 meses y 15 días definiendo entre el Juzgado Penal Municipal, el Juzgado de Instrucción Criminal y la Inspección de Policía, cual era la corporación competente para conocer de la denuncia,  sin que en el citado plazo se hubiera definido, o bien si se ordenaba la apertura de la investigación (hoy resolución de apertura de instrucción) o si se dictaba un auto inhibitorio (resolución inhibitoria). Aunque si bien en el nuevo Código de Procedimiento Penal no se señala un término dentro del cuál se deba ordenar la apertura de la instrucción, no es lógico ni consecuente con el sentido que el Constituyente de 1991 le dió a la administración de justicia, de la celeridad en sus actuaciones, ni con el derecho fundamental a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, que los despachos mencionados hubiesen incurrido en una mora de tal magnitud para definir la situación concreta del denunciante en cuanto a su querella. Es preciso indicar que dentro de las finalidades del Estado expresadas en la Constitución Nacional, en el Preámbulo se contempla el aseguramiento de la justicia y el logro de un orden justo como objetivos esenciales del Estado. A su vez el artículo 2o. de la Carta señala como uno de sus fines esenciales "garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución.... y asegurar.... la vigencia de un orden justo". Y dentro de esos principios y derechos están respectivamente el de la celeridad y eficacia en la actuación de la administración de justicia y el de la garantía al debido proceso. Se confía en virtud del artículo 2o. de la Carta, a las autoridades de la República la función de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, dentro de los cuales está el de "brindar a los asociados una pronta y cumplida justicia" (C.P. art. 228). El Constituyente del 91 tuvo como uno de sus principales objetivos  erradicar el incumplimiento por parte de las distintas autoridades públicas, en especial de los funcionarios judiciales, de los términos procesales, al igual que la conducta morosa e injustificada de estos funcionarios en adelantar las actuaciones a su cargo, generando a los destinatarios de la administración de justicia graves perjuicios. Es conveniente recordar lo que afirmaba la Constituyente MARIA TERESA GARCES LLOREDA  durante los debates en la Asamblea Nacional Constituyente cuando propuso convertir en norma constitucional el "principio de la celeridad": (Gaceta Constitucional  No. 88 pagina 2): "Es por todos sabido que uno de los mayores males que aquejan a la administración de justicia es la morosidad en la prestación del servicio público de la justicia. Procesos de índole penal, civil, laboral y contencioso-administrativo demoran en los despachos respectivos un considerable tiempo, haciéndose nugatoria la administración de justicia y causándose con ello gravísimas consecuencias de todo orden, a la convivencia social de los ciudadanos ". (subrayas fuera de texto). A su vez el constituyente HORACIO SERPA URIBE en su proyecto de acto reformatorio de la Constitución No. 91 sobre "Justicia" señalaba: "La tendencia generalizada está inclinada por la responsabilidad personal del Juez, por el error judicial, aun cuando últimamente, de manera tímida, se ha insinuado la responsabilidad del Estado por fallas en el funcionamiento de la Administración de Justicia". "Múltiples factores justifican la consagración de la responsabilidad estatal por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en la Constitución. Son innumerables  los casos de morosidad, de denegación de justicia, sin que ello implique imputabilidad del juez sino vicios de la organización judicial, de retardo desmesurado de la prestación del servicio. Todos estos vicios exceden la normal tolerancia de lo que para el común de las personas impone la vida en sociedad". (Gaceta Constitucional No. 24 pags 28-29). De lo anterior podemos afirmar que el funcionario judicial -el juez- debe velar por la aplicación pronta y cumplida de la justicia. Los términos procesales son improrrogables y obligan tanto a las partes como a los jueces. El funcionario que incumpla los términos procesales o que dilate injustificadamente el trámite de una querella, solicitud, investigación o un proceso sin causa motivada, incurrirá en causal de mala conducta. El abuso en la utilización de los recursos y mecanismos procesales, que conducen a la dilación de los trámites jurisdiccionales, contraría este principio. Se debe por tanto fortalecer la institucionalización de la mora como causal de mala conducta, para obligar al Juez a cumplir estrictamente los términos procesales y a darle un curso ágil y célere a las solicitudes que ante la administración judicial presenten los ciudadanos,  dentro de la garantía consagrada en el artículo 29 de la Constitución - el debido proceso-. Para ello se hace indispensable la colaboración del Ministerio Público a través del Agente Delegado para la Vigilancia Judicial en la investigación por la mora en los despachos citados, que deberá tener el carácter de pronta y eficaz. 4. ANALISIS DEL CASO CONCRETO Nos encontramos entonces en el presente caso ante una omisión del Juez Once Penal Municipal, en darle el trámite legalmente establecido por el Código de Procedimiento Penal a la denuncia instaurada por el peticionario. Sobre el particular dispone el artículo 324, que "la investigación previa" (etapa en que conforme a las nuevas disposiciones penales se encuentra la demanda formulada por el peticionario de la tutela), "se desarrollará mientras no exista prueba para dictar resolución inhibitoria o mérito para vincular en calidad de parte al imputado. En éste último caso se dictará resolución de apertura de instrucción". De lo anterior se desprende que el juez o el fiscal según el caso será el encargado, según las pruebas, de determinar cuándo y si se debe o no dictar resolución de apertura de instrucción. No obstante y como se expuso anteriormente, el juez deberá garantizar unos principios y garantías mínimas en el trámite, como los son la celeridad y el debido proceso. De la lectura del expediente materia de tutela, fuerza concluir que el juez después de tres (3) años de presentada la demanda, debe haberse formado un criterio con base en las pruebas que en el expediente aparecen, para determinar si se inicia la etapa de la instrucción, o por el contrario profiere resolución inhibitoria por encontrar que el hecho no ha existido, que la conducta es atípica, que está plenamente demostrada una causal excluyente de antijuridicidad o culpabilidad o que  la acción penal no puede iniciarse. Se configura por consiguiente una dilación injustificada del proceso y una indebida y morosa obstrucción para el acceso efectivo a la administración de justicia, conforme a lo dispuesto por el artículo 229 de la Constitución, derecho que como se ha expresado en varias ocasiones por ésta Corte, "Tiene un carácter fundamental innegable, habida cuenta de su necesaria vinculación con otros derechos, pues la realización concreta de éstas depende en grado sumo de la celeridad con que actúen los jueces en cumplimiento de la misión que les ha encomendado el Constituyente". "Considera la Corte que no se trata únicamente de velar por el cumplimiento de los términos por sí mismos ya que no se conciben como fin sino como medio para alcanzar los fines de la justicia y la seguridad jurídica, sino de asegurar que a través de su observancia, resulten eficazmente protegidos los derechos de los gobernados, muy especialmente el que tienen todas las personas en cuanto a la obtención de pronta y cumplida justicia". (Sentencia No. T-431 del 24 de junio de 1992). Estima la Corte que en el caso presente se deberá revocar la providencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá - Sala Disciplinaria- y entrar a tutelar el derecho que tiene el peticionario de acceder a la administración de justicia, a fin de que se le reconozca y garantice el derecho al debido proceso. En la solicitud se alega la vulneración del derecho fundamental al debido proceso por la misma autoridad que actualmente conoce de él, por lo que mal se haría en pensar que la protección pueda provenir del mismo funcionario que ha incurrido en los casos que se censuran, particularmente cuando lo que se critica es la omisión para actuar. La dilación en el trámite de la investigación carece en absoluto de cualquier tipo de recursos, con lo que se concluye que los otros medios de defensa (v. gr. el derecho de petición - artículo 28 C.P. Penal), atendidas las circunstancias son en éste caso ineficaces. Finalmente es necesario señalar que para hacer efectiva la protección de los derechos reclamados por el peticionario, se deberá ordenar al Juez Once Penal Municipal, con el objeto de dar cumplimiento a los fines y propósitos sobre los cuáles se debe enmarcar la actividad jurisdiccional, dentro de los que cabe mencionar, el principio de la celeridad en las actuaciones judiciales en oposición a la obstrucción indebida a la eficaz administración de justicia, las dilaciones injustificadas y la morosidad en la prestación de este servicio público, que en un término no mayor a diez (10) días a partir de la notificación de ésta providencia proceda a dictar o bien resolución inhibitoria o resolución de apertura de la instrucción en el expediente que contiene la denuncia presentada por el peticionario de la acción de tutela. 5. CONCLUSION El derecho fundamental al debido proceso se vulneró en este caso por parte del Inspector de Policía y del Juez Penal Municipal, pues dilataron sin justa causa la investigación y apertura de la instrucción. El perjuicio causado con esa dilación es claro y evidente. Cualquier otro mecanismo diferente a la tutela carece en este caso concreto, de eficacia necesaria para proteger el derecho vulnerado. La Constitución protege no sólo el estricto cumplimiento de los términos, sino que la investigación del proceso, regidos por ellos, no sea objeto de dilación injustificada. Para esta Corte es claro que existe una estrecha relación entre el debido proceso y el cumplimiento estricto de los términos procesales.  De tal modo que toda dilación injustificada de ellos constituye agravio al debido proceso. Al reconocer por ésta Sala que se requieren proteger los derechos fundamentales del peticionario afectados por la conducta del Juez Once Penal Municipal, se debe imponer un término perentorio y breve para que se haga efectivo el derecho que se pretende garantizar al accionante. En cuanto se refiere a la responsabilidad que se genera por la conducta morosa y las dilaciones injustificadas provenientes del Juez  contra se instauró la acción, al igual que del Inspector de Policía, quien retraso nueve (9) meses el envió del expediente al Juez competente, se ordenará compulsar copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencia verifiquen los hechos alegados por el demandante, y para que se adopten las medidas a que haya lugar. IV.          DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia en Sala de decisión, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: PRIMERO:        Revocar la providencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá - Sala Disciplinaria, el día 20 de mayo de 1992, mediante la cual se decidió sobre la acción de tutela instaurada por ALVARO CAMACHO FONSECA. SEGUNDO:        Comuníquese al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá - Sala Disciplinaria el contenido de esta providencia, según lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Una vez notificada, adecúe su fallo a lo dispuesto en ella y, en especial, para que ordene al Juez Once Penal Municipal de Santafé de Bogotá dictar resolución inhibitoria o resolución de apertura de instrucción según el caso, dentro del expediente aludido en la demanda de tutela instaurada por ALVARO CAMACHO FONSECA, en un término que no podrá exceder los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia. TERCERO:        Remitir copias del expediente y del presente fallo a la Procuraduria Delegada para la Vigilancia  Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura -Sala Disciplinaria, para lo de su competencia. Cópiese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON            EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-573-92 Sentencia No Sentencia No. T-573/92 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Indefensión La acción de tutela no procede contra todos o contra cualquier particular. Sólo procede contra los particulares en aquellos casos en que expresa y taxativamente lo autorice la ley para tutelar los derechos en ella previstos. Sólo procede para proteger el derecho a la vida y a la integridad. Cuando se trate de la vulneración de derechos distintos a éstos, el intérprete tendrá que estudiar si los hechos encajan en los supuestos de algún otro numeral distinto al noveno. De otro modo, no procederá la tutela. La situación de indefensión a que alude el numeral noveno del artículo 42, significa que la persona que interpone la tutela carezca de medios de defensa contra los ataques o agravios que, a sus derechos constitucionales fundamentales, sean realizados por el particular contra el cual se impetra. El estado de indefensión o impotencia se analizará teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las personas involucradas y de los hechos relevantes (condiciones económicas, sociales, culturales, antecedentes personales, etc.). El concepto de indefensión es relacional. Esto significa que el estado de indefensión en que se encuentra el ciudadano en relación con otro particular habrá que determinarlo de acuerdo al tipo de vínculo que exista entre ambos. DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL-Vulneración/DERECHO A LA VIDA-Vulneración/PROCESO PENAL En el caso presente, no sólo era clara la vulneración del derecho a la integridad, reflejada en las agresiones y lesiones personales que se presentaron contra el peticionario, sino que las amenazas, hostigamientos y posibles tentativas de homicidio que se hallan probadas en el expediente vulneran el derecho fundamental a la vida.La existencia de un proceso penal por los mismos hechos no hace improcedente la tutela, por cuanto el alcance de la protección constitucional del derecho fundamental es distinto y diferente al de la protección penal. EXPEDIENTE: T-3889 PETICIONARIO: JUAN GUACANEME GARCIA PROCEDENCIA: JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE ALBAN, CUNDINAMARCA TEMAS: -TUTELA CONTRA PARTICULARES CONCEPTO DE "INDEFENSION". MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON Aprobado mediante Acta  a los 28 días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992) en Santafé de Bogotá. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA en el proceso de acción de tutela instaurado por Juan Guacaneme García en contra del particular Carlos Ulises Cárdenas, y que fuera resuelto en primera y única instancia por el Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca. 1. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 29 de julio del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. A. La acción El 12 de Junio de 1992, el ciudadano Juan Guacaneme García -vecino de la población de Albán, Cundinamarca-, interpuso acción de tutela en contra del particular Carlos Ulises Cárdenas, por considerar que estaba en peligro su derecho fundamental a la vida y el de su familia. En la demanda, el peticionario relató que se consideraba amenazado de obra y de palabra por el señor Carlos Ulises Cárdenas, porque a comienzos del mes de mayo de 1992, dicho señor intentó matarlo con un disparo de arma de fuego que no le ocasionó lesión alguna. Cuando Guacaneme le hizo el reclamo correspondiente. Cárdenas le manifestó que no descansaría hasta terminar con su vida o la de algún miembro de su familia. Afirma el peticionario que el día 6 de junio de 1992, el mismo señor Cárdenas, junto con otras personas, lo abordó en el camino y le ocasionó heridas con armas cortopunzantes, mientras le decía que "ahora sí lo iba a matar". Las consecuencias no fueron mayores gracias a la intervención de un amigo. Los actos de hostigamiento y amenazas por parte del señor Cárdenas han continuado desde entonces contra él y su familia. Además, el peticionario debe cruzar un camino colindante con la residencia del señor Cárdenas para llegar a su lugar de domicilio, lo cual lo hace muy vulnerable a sus ataques físicos y verbales. Interpone la tutela para que "... el despacho se sirva ordenar las medidas que considere necesarias para que cese por parte del señor Carlos Ulises Cárdenas los atentados contra mi vida y la de mi familia, igualmente, que cese las agresiones verbales y las amenazas que profiere de muerte contra mi y mis familiares; que se le prohiba obstaculizar la entrada a mi hogar mediante la utilización de armas; que se le prohiba el porte de armas y la utilización de vehículos mediante los cuales atenta contra mi vida. Al señor Carlos Ulises Cárdenas debe imponérsele una sanción ejemplar por cuanto su conducta es condenada por todos los residentes de la vereda. El despacho debe caucionar ejemplarmente al señor Ulises Cárdenas por su conducta injusta y arbitraria..." (Fl. 3) El mismo día en que se interpuso la acción de tutela, el Juzgado decidió admitirla y en aplicación del artículo 7o. del Decreto 2591 de 1991, decretó algunas medidas provisionales para la protección del derecho, como oficiar al Comandante de Policía de Albán, Cundinamarca, a fin de que se sirviera ordenar a quien correspondiera, prestarle la seguridad adecuada y necesaria para evitar cualquier atentado contra la vida e integridad física de Juan Guacaneme García y su familia, por parte del señor Carlos Ulises Cárdenas. B. Las pruebas El Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca, practicó las siguientes pruebas, que obran en el expediente. a. Informe de la Secretaría del Juzgado, en el que se da cuenta del proceso penal que adelanta ese mismo despacho contra Carlos Ulises Cárdenas Ramírez, en el cual actúa como denunciante el peticionario Juan Guacaneme García, por los delitos de tentativo de homicidio y lesiones personales. b. Declaración juramentada del señor Domingo Guacaneme García quien afirmó que era cierto el relato de la tentativa de homicidio y las lesiones personales y que teme por la vida de su hermano, pues el señor Ulises se descontrola con el trago y ha manifestado reiteradamente que quiere matarlo. c. Declaración juramentada de la señora Luz Marina Garzón, esposa del peticionario, quien ratificó lo dicho por éste, y atribuyó el conflicto a un mal entendido por la muerte de un perro: Afirma en su declaración que el señor Ulises permanece armado y amenaza constantemente a su marido. d. Declaración de Rafael Arévalo Tapia, en la que confirma el relato del asalto con arma cortopunzante de que fuera víctima el peticionario, pues fue él quien lo rescató cuando ya lo tenían contra el suelo y le iban a pegar con una piedra en la cara. e. Declaración juramentada de José Hugo Cruz Rodríguez, quien manifestó que cree que el señor Ulises alguna vez hizo unos disparos al aire en presencia de la esposa de Juan Guacaneme, que las amenazas de Ulises contra éste son conocidas en la región, y que incluso, le oyó decir a Ulises en su tienda que tenía que matar a Juan Guacaneme. C. La sentencia de instancia El diecinueve de junio de 1992, el Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca, profirió la sentencia de tutela en la que consideró que el derecho fundamental involucrado en los hechos era la vida consagrado en el Artículo 11 de la Carta. Para el juzgado, el decreto 2591 es claro en admitir la tutela contra particulares cuandoquiera que éstos vulneran o amenazan derechos fundamentales, con el lleno de ciertos requisitos, por ejemplo, que no exista otro mecanismo de defensa judicial. En el caso concreto que se estudia, las amenazas contra el derecho a la vida están claramente probadas en el expediente, y el peticionario no tiene ningún otro mecanismo de defensa judicial, razón por la cual es admisible la acción de tutela. Por lo tanto, resolvió: "PRIMERO: Ordenar que el señor CARLOS ULISES CARDENAS RAMIREZ, identificado con la c.c. No. 19.395.830 de Bogotá, se abstenga y cese en forma definitiva sus amenazas de muerte, físicas y verbales contra el señor JUAN GUACANEME GARCIA, identificado con la c.c. No. 11.428.509 de Facatativá (Cundinamarca). "SEGUNDO: Ordenar que el señor CARLOS ULISES CARDENAS RAMIREZ, suscriba diligencia de compromiso, en el sentido de abstenerse de realizar actos que atenten contra la vida de JUAN GUACANEME GARCIA y su familia; abstenerse de realizar amenazas físicas y verbales contra los mismos; como el impedir el acceso a su propiedad con dichos actos. "TERCERO: Notifíquese personal e inmediatamente el contenido de este fallo al señor CARLOS ULISES CARDENAS RAMIREZ. "CUARTO: Ponerle en conocimiento al comprometido de las consecuencias que se derivan del desacato o incumplimiento de esta resolución conforme al contenido del Art. 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991" (Fl. 25) ..." D. Actuaciones posteriores Con posterioridad a la sentencia, el Comandante de la Policía de Albán informó que se estaban realizando constantes patrullajes por la zona donde residen el peticionario y el señor Cárdenas Ramírez, pero que era imposible dada la escasez de personal, mantener una vigilancia fija en la zona. Igualmente, obra en el expediente la diligencia de compromiso suscrita por Cárdenas Ramírez, quien, en cumplimiento de la sentencia, se comprometió a abstenerse de realizar actos que atenten contra la vida de Juan Guacaneme García y de su familia; y de hacer amenazas verbales contra los mismos e impedir el acceso a la propiedad del peticionario. Como se dijo arriba, en el expediente obra prueba de que en el mismo Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca, cursa un proceso penal en el que se investigan los mismos hechos que dieron lugar a la acción de tutela. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL La Constitución Nacional, en su afán de establecer mecanismos adecuados de protección y aplicación de los derechos fundamentales, estableció la posibilidad de que la acción de tutela procediera también contra particulares, en el quinto inciso de su artículo 86: "La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". En desarrollo de este mandato constitucional, el decreto 2591 de 1991 dedicó el capítulo III de su articulado a regular lo concerniente a la tutela contra particulares. En el artículo 42 del decreto mencionado se establecen nueve casos en los que procede la tutela contra particulares: 1. Cuando aquel contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de educación para proteger los derechos consagrados en los artículos 13(igualdad), 15(intimidad), 16(libre desarrollo de la personalidad), 18(libertad de conciencia), 19(libertad de cultos), 20(libertad de expresión), 23(petición), 27(libertad de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra), 29(debido proceso), 37(reunión) y 38(libertad de asociación). 2. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación del servicio público de salud para proteger los derechos a la vida, a la intimidad, a la igualdad y a la autonomía. 3. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud esté encargado de la prestación de servicios públicos domiciliarios. 4. Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre que el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. Cuando aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud viole o amenace violar el artículo 17 de la Constitución que prohibe la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos en todas sus formas. 6. Cuando la entidad privada sea aquella contra quien se hubiere hecho la solicitud en ejercicio del hábeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. Esta norma dispone que todas las personas tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas. 7. Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. 8. Cuando el particular actúe o deba actuar en ejercicio de funciones públicas, en cuyo caso se aplicará el mismo régimen que a las autoridades públicas. 9. Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. La norma agrega que se presume la indefensión del menor que solicite la tutela. Es claro que el caso que ocupa en esta oportunidad a la Corte, es uno de los contemplados en el numeral noveno del artículo 42, pues la tutela se impetra para tutelar la vida y la integridad del peticionario y su familia, amenazados por la acción de un particular. La procedencia de la tutela contra actos u omisiones de los particulares, se discutió en la Asamblea Nacional Constituyente. Una revisión de las diversas ponencias presentadas, revela que hubo cuatro posiciones distintas, a saber: a. Excluir de la acción de tutela los actos u omisiones de los particulares; b. Aceptar la procedencia de la acción de tutela contra los actos y las omisiones de cualquier particular. c. Excluir de la acción de tutela los actos u omisiones de los particulares y aceptar su procedencia para actos u omisiones de "organizaciones particulares". d. Aceptar la procedencia de la acción de tutela contra actos u omisiones de particulares, pero en casos excepcionales previstos por la Constitución y regulados por la ley. Esta última opción primó en la redacción del artículo 86 y que se desarrolló en el artículo 42 y subsiguientes del decreto 2591 de 1991. A la luz de la normatividad vigente, pues, la acción de tutela no procede contra todos o contra cualquier particular. Sólo procede contra los particulares en aquellos casos en que expresa y taxativamente lo autorice la ley para tutelar los derechos en ella previstos. Estos límites de la tutela contra particulares, se encuentra en el texto del inciso del artículo 86 de la Carta, arriba citado y explican el carácter taxativo del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. El numeral 9o. de ese artículo 42 que es el relevante para el presente caso en la medida en que admite la procedencia de la tutela contra particulares cuando se trate de proteger la vida    o la integridad de quien se encuentre en situación de sibordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpone la acción -consagra requisitos específicos- que ameritan algún breve comentario. En efecto, sólo procede para proteger el derecho a la vida y a la integridad. Cuando se trate de la vulneración de derechos distintos a éstos, el intérprete tendrá que estudiar si los hechos encajan en los supuestos de algún otro numeral distinto al noveno. De otro modo, no procederá la tutela. En segundo lugar, debe existir una relación de subordinación o de indefensión del petente, en relación con la persona contra quien se dirige la acción. Salvo en los casos de menores, en los que esa calificación de la relación se presume, deberá siempre probarse ese carácter (indefensión o subordinación), para que prospere la tutela. La situación de indefensión a que alude el numeral noveno del artículo 42, significa que la persona que interpone la tutela carezca de medios de defensa contra los ataques o agravios que, a sus derechos constitucionales fundamentales, sean realizados por el particular contra el cual se impetra. El estado de indefensión o impotencia se analizará teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, de las personas involucradas y de los hechos relevantes (condiciones económicas, sociales, culturales, antecedentes personales, etc.). Evidentemente, el concepto de indefensión es relacional. Esto significa que el estado de indefensión en que se encuentra el ciudadano en relación con otro particular habrá que determinarlo de acuerdo al tipo de vínculo que exista entre ambos. En el caso presente, por ejemplo, la situación de indefensión se acrecienta por el hecho de que el peticionario tiene, forzosamente, que transitar en forma permanente por un camino colindante al de su agresor. Además, el peticionario no anda armado -y el juez de tutela no tiene porque estimular que se arme-, y las condiciones sociales de la región impiden que cuente con una protección institucional permanente. Todas estas circunstancias, analizadas en el caso concreto, llevan a la conclusión de que hay, en efecto, una situación de indefensión del peticionario frente a su vecino. Siendo relacional, hay que un plus que el peticionario no puede afrontar por la naturaleza ilegítima de la ventaja existente, ligada a la violación del derecho fundamental. En casos como el presente, la labor del juez, consiste, entonces, en evaluar si existe una amenaza de vulneración del derecho a la vida y a la integridad. Una vez establecido esto, el juez deberá considerar el carácter de la relación que existe entre el peticionario y la persona contra la cual se formula la tutela: sólo cuando la relación se caracterice por una subordinación o indefensión, procederá la tutela. De acuerdo a estos criterios, el Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, Cundinamarca, acertó en su decisión final. No sólo era clara la vulneración del derecho a la integridad, reflejada en las agresiones y lesiones personales que se presentaron contra el peticionario, sino que las amenazas, hostigamientos y posibles tentativas de homicidio que se hallan probadas en el expediente vulneran el derecho fundamental a la vida consagrado en el artículo 11 de la constitución política de Colombia. Por su parte, la indefensión del peticionario frente a su agresor, es evidente y se halla plenamente demostrada en el expediente. En efecto, dos factores permiten llegar a esa conclusión: en primer lugar, todos los testimonios coinciden en afirmar que el señor Cárdenas Gutiérrez permanece armado, lo cual pone a todas las demás personas que con él se relacionen en un potencial estado de indefensión. En segundo lugar, la particular circunstancia de que el peticionario y su familia deban utilizar inevitablemente un camino que colinda con la finca en la cual reside el señor Cárdenas, hace que el encuentro con él sea ineludible, lo cual acrecienta la vulnerabilidad e indefensión del peticionario. De otra parte, el proceso penal que ya cursa en el mismo despacho, y en el cual se investiga la posible comisión de delitos en el contexto de los hechos que ameritaron la interposición de la tutela, no es un mecanismo eficaz para proteger el derecho fundamental a la vida y a la integridad, toda vez que la decisión final que allí se tome -si bien puede implicar una sanción penal y pecuniaria contra el presunto responsable- no evitaría una vulneración del derecho, que puede ocurrir en cualquier momento, dada la vecindad y cercanía de las partes en conflicto. Una eventual medida de aseguramiento privativa de la libertad, cuya procedencia será materia de estudio al interior del proceso penal, de todas maneras, tendría que cumplir unos trámites y respetar unos términos durante los cuales bien pudieran hacerse efectivas las amenazas contra el derecho fundamental a la vida. Todo lo cual se confirma con el hecho de que la misma juez que está conociendo del proceso penal, haya decidido conceder la tutela: Tal era la inminencia de la vulneración del derecho a la vida. Ahora bien, de todas maneras, la existencia de un proceso penal por los mismos hechos no hace improcedente la tutela, por cuanto el alcance de la protección constitucional del derecho fundamental es distinto y diferente al de la protección penal. Frente a un contexto fáctico distinto, en el cual también se daba una amenaza de vulneración del derecho constitucional fundamental a la vida, esta Corte dijo: "Si se analiza bajo la óptica constitucional el tema de las amenazas como resultado de información falsa, el concepto de la violación del derecho fundamental a la vida adquiere un sentido diferente, nunca percibido por los jueces de tutela que resolvieron el caso. En efecto: mientras en derecho penal una amenaza contra la vida sólo se configura con la iniciación de la etapa ejecutiva del delito, en el derecho constitucional, la protección del derecho a la vida incluye en su núcleo conceptual la protección contra todo acto que amenace dicho derecho, no importa la magnitud o el grado de probabilidad de la amenaza con tal de que ella sea cierta. "Una amenaza contra la vida puede tener niveles de gravedad diversos, que pueden ir desde la realización de actos que determinen un peligro adicional mínimo para alguien, hasta la realización de actos de los cuales se derive la inminencia de un atentado. Con independencia de la responsabilidad penal que se deduzca de cada una de estas situaciones, la constitución protege a las personas contra todos aquellos actos que pongan en peligro de manera objetiva la vida de las personas; del hecho de que el peligro sea menor no se puede concluir una falta de protección. La constitución protege el derecho a la vida y dicha protección tiene lugar cuando quiera que se afecte el goce del derecho no importa el grado de afectación. "Por lo demás, así sucede con la protección de todos los derechos fundamentales: una vez determinado el carácter fundamental del derecho y una vez establecida la violación, con independencia de su gravedad, aparece el derecho a la protección. Así por ejemplo, la violación del derecho a la participación popular no depende del tamaño de la circunscripción electoral o de la importancia del asunto; así como el derecho a la libertad de expresión no deja de ser violado cuando se trata censura parcial de las ideas o cuando la censura afecta ideas consideradas como banales o sin importancia. "Así como el ejercicio de los derechos no siempre tiene lugar de manera absoluta, para que exista una violación al derecho no siempre se requiere de una violación absoluta. El goce efectivo de los derechos conlleva limitaciones que provienen de la contradicción o de la neutralización entre varios derechos. El famoso adagio según el cual los derechos propios llegan hasta donde comienzan los derechos ajenos, refleja bien esta imposibilidad de goce absoluto. Pues bien, esta realidad que muestra un ejercicio limitado de los derechos se compadece con el hecho de que no se requiera una violación absoluta del derecho para que tenga lugar la protección del mismo"1 III. CONCLUSION Así las cosas, la existencia de un proceso penal por los mismos hechos cumple una función protectora de distinta naturaleza y alcance a aquella que se otorga con la tutela, razón por la cual ésta puede coexistir con aquél. Frente a la existencia comprobada de manifiesta indefensión por parte del peticionario, la tramitación simultánea de un proceso penal por los mismos hechos no impide la concesión de la tutela, comoquiera que ésta, en el caso concreto, resulta ser el instrumento más eficaz para proteger el derecho. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del diecinueve de junio de 1992, proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Albán, departamento de Cundinamarca, por medio de la cual se resolvió favorablemente la tutela interpuesta por Juan Guacaneme García en contra del particular Carlos Ulises Cárdenas. SEGUNDO: En todos los casos similares al presente, por sus hechos o circunstancias, siempre que se configure una indefensión frente a un particular y de ella se derive vulneración o amenaza a la vida, la doctrina constitucional establecida en esta providencia, tendrá carácter obligatorio para las autoridades, en los términos del artículo 23 del decreto 2591 de 1991. TERCERO: Ordenar que por Secretaría se comunique esta providencia al Juzgado Promiscuo de Albán, Cundinamarca, para los efectos del artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, Tutela 525

T-576-92 Sentencia No Sentencia No. T-576/92 DEBIDO PROCESO/RECURSOS ADMINISTRATIVOS El Derecho Fundamental al Debido Proceso Administrativo es un conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados  y para la validez de sus propias actuaciones.  Dentro de aquellas  circunstancias, se encuentran los medios, que el  conocimiento jurídico denomina "RECURSOS", a disposición de los administrados para defenderse de los posibles desaciertos de la administración, bien sea irregularidad formal, injusticia o inconveniencia, hipótesis todas previstas en la ley,  y que provocan con su uso la denominada "vía gubernativa", a fin de permitir a la Administración la corrección de sus propios actos mediante su modificación, aclaración o revocatoria, y,  a los administrados la garantía de sus derechos por aquella, sin tener que acudir a la instancia judicial. DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO-Vulneración/EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD/PRINCIPIO SOLVE ET REPETE-Inaplicación El principio de solve et repete que consagra la norma, realmente se ha convertido en un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa en el presente caso, y por lo tanto la norma debe ser inaplicada porque viola el derecho fundamental al debido proceso administrativo en esas circunstancias. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Agotamiento de la vía gubernativa La acción de tutela no procede cuando existan otros medios judiciales para hacer valer el derecho, sin perjuicio de que pueda ser utilizada como mecanismo  transitorio para evitar un perjuicio irremediable, oportunidad que no se da en el presente asunto por no ser el perjuicio de naturaleza irremediable. Sin embargo, el amparo que se hace del derecho al debido proceso asegura el amparo  al también derecho fundamental al libre acceso a la justicia, que podría verse desconocido con la decisión administrativa, toda vez que la ley no libera expresamente a la administración de agotar la vía gubernativa. ACCION DE TUTELA-Carácter Público Se trata de una acción pública, que al poder ser ejercida por "cualquier persona", se encuentra exenta de rigorismos procesales propios de las acciones que se ejercen a través de profesionales habilitados con títulos académicos. REF:  Expediente No.T-3853 Los Recursos Administrativos Peticionario: JOSE ISMAEL ALVARADO GOMEZ Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., octubre veintiocho (28) de mil novecientos noventa y dos (1992) La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, se pronuncia sobre la acción de la referencia, en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta lo siguiente: A N T E C E D E N T E S El señor JOSE ISMAEL ALVARADO GOMEZ, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, instaura demanda para "que se ordene al INTRA Regional Santander, abstenerse  de hacer efectiva, revocar, o lo que el Despacho judicial estime pertinente, con respecto a la resolución No. 0120 de marzo de 1992, emanada de la Dirección Regional del INTRA Santander, por violación del artículo 29 de la Constitución Nacional, derecho fundamental que solicito sea protegido". Encuentra fundamento para sus peticiones en las siguientes circunstancias: -  "El INTRA Regional Santander mediante resolución No. 0012 de enero 12 de 1992, abrió investigación a la INSPECCION MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA, por presunta violación del artículo 6o. literal A, del Decreto 1270 de mayo 20 de 1991". -  "La norma presuntamente violada (art. 6 literal A, Decreto 1270 de 1991) determina:  "Será sancionado con multa equivalente a 150 salarios mínimos legales mensuales vigente, el organismo de tránsito que incurra en cualquiera de las siguientes conductas: a.-  No atender dentro de los plazos que se concedan las recomendaciones impartidas por el INTRA,  con motivo de UNA VISITA DE INSPECCION O ASESORIA". -  "Dicha visita de INSPECCION O ASESORIA, nunca se realizó y consecuencialmente, si no hubo visita menos podrían existir recomendaciones ni plazos para atender dichas recomendaciones". -  "Mediante escrito radicado bajo el No. 0357 del 31 de enero de 1992, rendí descargos, haciendo notar dicha inconsistencia jurídica y solicitando el archivo de las diligencias." -  "No obstante el INTRA Regional Santander mediante resolución No. 0120 del 16 de marzo de 1992, resolvió sancionar a la INSPECCION MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDA BLANCA, con multa de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS ($9'775.050.oo) Moneda Corriente". -  "La Resolución No. 0120 del 16 de marzo de 1992 es extemporánea y viola  ostensiblemente el art. 10 del Decreto 1270 de 1991 y el artículo 118 del C.P.C., que habla de la perentoriedad de los términos y oportunidades procesales". -  Estima el señor ALVARADO GOMEZ que la acción de tutela que impetra es procedente pues si bien es cierto contra la resolución atacada están previstos los recursos de reposición y apelación, el Decreto 1270 de 1991 señala que cuando se trata de una multa, tales recursos "sólo serán concedidos previo depósito de su valor o garantizado en forma idónea el cumplimiento de la obligación",  ninguna de estas alternativas puede ser satisfecha por cuanto el depósito es legalmente imposible  ya que no existe apropiación presupuestal para cubrir el importe como se demuestra con la respectiva certificación de tesorería, y en el caso de la garantía idónea "las compañías de seguros tanto del estado como particulares se han negado a expedir la póliza de garantía respectiva para poder recurrir", lo que también se acredita.  En las condiciones anotadas afirma el accionante "mi derecho de defensa es puramente ilusorio por cuanto  de hecho dichos recursos serán improcedentes y se me va a causar un perjuicio irremediable del orden moral y material". LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de abril veintitrés (23)  de mil novecientos noventa y dos (1992) decidió:  "Dejar sin efecto la Resolución No. 0120 del 16 de marzo de 1992, expedida por el Instituto Nacional del Transporte Regional Santander, por la cual se sanciona a la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca, con multa de NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA PESOS ($9'775.050.oo) M/cte, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia", que se resumen así: -  "Es viable la acción de tutela que se ha presentado con miras a obtener la anulación del acto administrativo tantas veces citado"; conclusión a la que se llega luego de constatar que no le fue posible al actor interponer los recursos de reposición y apelación en razón de "la no existencia de partida alguna que permitiera a la Inspección de Tránsito y Transporte de Floridablanca consignar la suma correspondiente a la  multa, tal como da cuenta el Tesorero de esa oficina, además la Caja Agraria y la firma Colseguros se abstuvieron de expedir pólizas para garantizar el pago de esa obligación, así como también La Previsora S.A., aduciendo una serie de razones que colocaron en imposibilidad a esa oficina pública de surtir los diligenciamientos  a que hemos hecho relación anteladamente...". -  Analizada la documentación aportada por el INTRA  y que fue requerida como prueba "la Corporación arriba a la conclusión de que la documentación a que hemos hecho referencia no obedece a unas recomendaciones impartidas por el INTRA, que debieron cumplirse dentro de unos plazos concretos y que hubieran sido motivadas por una visita previa de inspección o de asesoría; necesariamente para que la sanción se ajuste a derecho debe estar precedida del cumplimiento a cabalidad del proceso citado en la norma supuestamente infringida, pues de lo contrario, evidentemente se está desconociendo un derecho fundamental de la actual Carta." -  "En las condiciones antes señaladas se considera por el Tribunal que le asiste razón al actor y en consecuencia de conformidad con el artículo 23 del Decreto 2591 de 1991, las cosas deben volver al estado anterior al trámite irregularmente observado, o sea que si la oficina del INTRA Regional Santander considera aún que debe ser investigada esa dependencia, debe agotar el procedimiento exigido en la norma que estima violada y permitir que se ejerza el derecho de defensa oportuna y debidamente." -  "De otra parte, el Tribunal considera que es un impropiedad no solamente abrir investigación sino también sancionar a la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca, en razón a que es un ente que carece de personería jurídica". LA IMPUGNACION El Doctor JAIME GARCIA RUEDA, apoderado del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, impugnó la  sentencia de primera instancia y expone las siguientes razones: -  La resolución 0120 de 1992 se expidió de conformidad con el Decreto Ley 1270 de 1991 y la sanción que mediante ella se impuso "tuvo su origen en las irregularidades cometidas por el Organismo de Tránsito y Transporte de Floridablanca, registrando vehículos sin tener placas reflectivas y ante los permisos ilegales expedidos por cuando dicho organismo no es competente para expedir estos últimos". -  "El INTRA Regional Santander al tener conocimiento  de esta anomalía, por intermedio de su Director Regional le envía al Inspector Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca el oficio DTSU-0950 de noviembre 18 de 1991, en el cual informa que ese organismo no puede seguir registrando vehículos mientras no obtenga la existencia de las placas reflectivas", concepto que también le fué informado por la Oficina Jurídica del INTRA Nacional, al absolver consulta formulada por el Inspector de Tránsito y Transporte de Floridablanca. -  Estima el impugnante que "el contenido de los citados oficio, incuestionablemente constituyen unas precisas recomendaciones, para efectos de que el Organismo de Transporte de Floridablanca le diera inmediata aplicación y por lo tanto se abstuviera de seguir actuando irregularmente; no obstante lo anterior y en un verdadero desacato a las recomendaciones dadas por el INTRA, éste sigue registrando vehículos y expidiendo permisos irregularmente...". -  Ante la conducta irregular reiterativa y permanente la Regional de Santander optó por abrir investigación administrativa cuya apertura fue  notificada al Organismo de Tránsito y Transporte por intermedio de su Inspector quien presentó los descargos del caso que no lograron desvirtuar el cargo imputado y en tal virtud se aplicó la sanción contenida en la Resolución 0120 de 1992. -  Afirma el impugnante que no es cierto la afirmación de que al actor no le fue posible interponer los recursos "por cuanto al notificarse de la resolución No. 0120 de marzo 16 de 1992 dentro del término legal con escrito radicado en esta Regional bajo el # 1225 el 2 de abril del año en curso interpone los recursos de reposición y apelación contra la providencia antes citada, se hace notar que estos medios de impugnación por la vía gubernativa tienen la misma fecha de la interposición de la acción de tutela elevada por el  Inspector Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca ante esa Honorable Corporación, lo cual significa que el Organismo de Tránsito y Transporte de Floridablanca a través de su Inspector hizo uso de otros medios de defensa en la vía administrativa". -  "...si la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca para que fuera atendida a través de los recursos no depositó el valor de la multa, ha debido garantizar el cumplimiento de ésta por otro medio idóneo diferente a la póliza, como es un pagaré, una letra de cambio, un cheque, que son títulos valores reconocidos por la legislación comercial." -  "En el presente caso no se aprecia de manera incontrovertible que con la sanción impuesta al organismo de Tránsito y Transporte de Floridablanca se haya  cometido un perjuicio irremediable,  por cuanto la actuación del INTRA Regional Santander se fundamentó precisamente en actuaciones irregulares y por fuera de la normatividad que regula la actividad del Tránsito Terrestre Automotor". -  El artículo 10 de la Ley 53 de 1989 concedió facultades al Gobierno Nacional para determinar el régimen de sanciones aplicable a los organismos de tránsito y transporte.  Con base en esta ley el Gobierno expidió el Decreto 1270 de 1991, que contiene las sanciones a imponer por parte del INTRA a los mencionados organismos, que para el cabal cumplimiento de sus funciones deben obtener del Instituto clasificación y licencia de funcionamiento previo acuerdo debidamente aprobado por el Concejo Municipal en el que se establece la estructura administrativa. Así las cosas "la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca al estar funcionando en debida forma si es sujeto para aplicarle las sanciones establecidas en  el Decreto 1270 de 1991 y el INTRA  no puede sustraerse de la obligación  que le señala esta norma." LA DECISION DE SEGUNDA INSTANCIA Al desatar la impugnación formulada el Consejo de Estado mediante fallo calendado el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) decidió revocar "la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander el 23 de abril  de 1992, en la cual dispuso dejar sin efecto la resolución 0120 de 16 de marzo de 1992 expedida por el INTRA Regional Santander.  En consecuencia, niégase la tutela solicitada".   Lo anterior con fundamento en las siguientes consideraciones: - El artículo sexto (6) del Acuerdo No. 018 de noviembre de 1988 por medio del cual el Concejo Municipal de Floridablanca dispuso la creación y organización de un establecimiento público autónomo del orden municipal denominado Inspección de Tránsito clase A de Floridablanca, señaló que la representación legal del establecimiento público, la tendrá el Inspector de Tránsito de Floridablanca. -  "No hay constancia en el expediente de quien sea la persona que tenga la representación del citado establecimiento público, pues el accionante José Ismael Alvarado Gómez, no invoca esa calidad ni prueba que tenga la representación  del establecimiento público municipal denominado "Inspección Municipal de Tránsito" de Floridablanca a quien el Intra Regional de Santander impuso multa de $9.775.050 pesos moneda corriente.-" -  "Siendo la Resolución 0120 de 16 de marzo de 1992, un acto individual y concreto que impuso una multa, es en la afectada la Inspección de Tránsito de Floridablanca en quien radica la facultad de demandar la anulación del acto que le causa agravio y no cualquier persona. Además, tratándose  de un acto administrativo que impone una multa él está sujeto a las acciones de nulidad con restablecimiento en el derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa;  luego tampoco por este aspecto cabría la acción de tutela, ya que quien la intenta no ha probado que lo hace en representación del establecimiento público multado". Visto lo anterior, decide la Sala, previas la siguientes C O N S I D E R A C I O N E S : a)  La Competencia Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por el señor JOSE ISMAEL ALVARADO GOMEZ, de acuerdo con lo establecido en los artículos 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. b)  La Materia Se revisa en el presente fallo la sentencia del Honorable Consejo de Estado, en el asunto de la referencia, del diecisiete de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Los Recursos Administrativos Esta misma Sala con ocasión de la revisión de la Tutela No. 3197, sentencia T-552, del 7 de octubre de 1992, hizo entre otras precisiones sobre el Derecho Fundamental al Debido Proceso Administrativo, la  de que "es un conjunto complejo de circunstancias de la administración que le impone la ley para su ordenado funcionamiento, para la seguridad jurídica de los administrados  y para la validez de sus propias actuaciones".  Dentro de aquellas  circunstancias, se encuentran los medios, que el  conocimiento jurídico denomina "RECURSOS", a disposición de los administrados para defenderse de los posibles desaciertos de la administración, bien sea irregularidad formal, injusticia o inconveniencia, hipótesis todas previstas en la ley,  y que provocan con su uso la denominada "vía gubernativa", a fin de permitir a la Administración la corrección de sus propios actos mediante su modificación, aclaración o revocatoria, y,  a los administrados la garantía de sus derechos por aquella, sin tener que acudir a la instancia judicial.  Existe además, la necesidad del agotamiento de la vía administrativa, como un requisito previo, establecido por la ley, para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa, lo que implica, nada menos, que su debido agotamiento es requisito indispensable para el ejercicio, en los casos de ley, del derecho fundamental al libre acceso a la justicia.  La razón de la exigencia legal del agotamiento señalado, es la de que la administración revise los reparos que se le formulen  a su actuación, antes de que conozca de ellos quien tiene la competencia para juzgados, a fin de que pueda enmendados, cuando sea oportuno. En el presente caso, el INTRA Regional Santander violó el debido proceso administrativo al rechazar los recursos interpuestos contra la Resolución No. 0120 del 16 de marzo de 1992, en la que resolvió sancionar a la INSPECCION MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE FLORIDABLANCA, cuando ésta impugnó ese acto, con fundamento en el artículo  11 del Decreto 1270 de 1991, que en su parágrafo único dispone que:  "Los recursos contra una resolución que imponga sanción de multa, sólo serán concedidos previo depósito de su valor, o garantizando en forma idónea el cumplimiento de la obligación".  Esta disposición resulta inconstitucional al colocar a la Inspección en la imposibilidad de ejercer los recursos de la vía gubernativa contra el acto que  la sancionó por la suma de nueve millones setecientos setenta y cinco mil cincuenta pesos ($9'775.050) moneda corriente; toda vez que, como lo anota el accionante, le resulta legalmente imposible a una institución de derecho público, cuya disposición de bienes debe ajustarse según la ley a la prescripción presupuestal y no existe apropiación presupuestal para cubrir tal evento, según certificación que obra al folio 8 del expediente.  Tampoco fue posible, según se deduce de las pruebas, que hubiese podido obtenerse expedición de garantía a la Inspección de Compañía de Seguros, para asegurar en forma idónea la obligación.  El principio de solve et repete que consagra la norma, realmente se ha convertido en un obstáculo para el ejercicio del derecho de defensa en el presente caso, y por lo tanto la norma debe ser inaplicada porque viola el derecho fundamental al debido proceso administrativo en esas circunstancias. Más aún, ha sostenido la doctrina que en los casos en que la Administración es parte interesada, no hay lugar al uso de los recursos para agotar la vía gubernativa porque esos medios de acción jurídica son otorgados por la ley en favor de los administrados. En la situación bajo análisis, los intereses de la administración en tanto conjunto soportan la argumentación, lo mismo que la identidad de los bienes en juego, en cuanto públicos. De suerte que el Intra Regional Santander, al no decidir sobre los recursos interpuestos, desconoció igualmente el derecho al debido proceso administrativo que tenía la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca.  En consecuencia, la Sala amparará ese derecho en esta decisión. En la sentencia que se revisa dos argumentos se plantean por el Honorable Consejo de Estado, como consideraciones para sustentar su decisión: La primera, según la cual "tratándose de un acto administrativo que impone una multa él está sujeto a las acciones de nulidad con restablecimiento en el derecho ante la jurisdicción contenciosa administrativa"  (artículo 6o. numeral 1o. decreto 2591/91); y la segunda, que expresa la inexistencia de "constancia en el expediente de quien sea la persona que tenga la representación legal del citado establecimiento público". Es cierto que como lo sostiene la alta Corporación, la acción de tutela no procede cuando existan otros medios judiciales para hacer valer el derecho, sin perjuicio de que pueda ser utilizada como mecanismo  transitorio para evitar un perjuicio irremediable, oportunidad que no se da en el presente asunto por no ser el perjuicio de naturaleza irremediable. Sin embargo, el amparo que se hace del derecho al debido proceso asegura el amparo  al también derecho fundamental al libre acceso a la justicia, que podría verse desconocido con la decisión administrativa, toda vez que la ley no libera expresamente a la administración de agotar la vía gubernativa. Sobre la segunda consideración, encuentra la Sala que si bien es cierto que en el expediente no hay, en rigor procesal, certificación que acredite la representación de la Inspección, que es establecimiento público autónomo del orden municipal, según el acuerdo No. 018 de noviembre de 1988, del Concejo Municipal de Floridablanca, no  es menos cierto que en varias oportunidades en el expediente aparecen indicios que valorados en su conjunto, no dejan duda de que el accionante ocupó el cargo de inspector cuando se sucedieron los hechos motivo de la querella (ver folios 9, 34, 42, 43 y 51, entre otros), y de que actuaba en su calidad de tal, cuando instauró la acción, como se desprende del "pie de firma" de su escrito de demanda.  Tiene en cuenta la Sala que se trata de una acción pública, que al poder ser ejercida por "cualquier persona", se encuentra exenta de rigorismos procesales propios de las acciones que se ejercen a través de profesionales habilitados con títulos académicos.  En  el caso concreto hay suficientes elementos  que permiten deducir la personería del accionante.  De manera extemporánea el actual Inspector, el señor LUIS JESUS ARIAS BASTOS, después de proferido el fallo del Honorable Consejo de Estado, convalida la actuación solicitando la revocatoria del fallo de la segunda instancia. De otra parte participa la Sala del criterio del Honorable Consejo de Estado en el sentido de proteger la existencia del Acto Administrativo, cuya legalidad puede ser revisada por la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo ya que la tutela es sólo una acción subsidiaria o residual. En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la  Constitución, R E S U E L V E : Primero.-  CONFIRMAR la sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, el diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), en cuanto dispuso mantener los efectos de la Resolución 0120 de 16 de marzo de 1992 expedida por el INTRA Regional Santander y REVOCARLA en la parte que ordena negar la tutela solicitada. Segundo.-  CONCEDER  el amparo del Derecho al Debido Proceso Administrativo en favor de la Inspección Municipal de Tránsito y Transporte de Floridablanca, para lo cual se ordena al Intra Regional de Santander, decidir los recursos de reposición y apelación interpuestos por el Inspector de Tránsito y Transporte de Floridablanca, contra la Resolución No. 0120 de marzo 16 de 1992, de esa Regional. Tercero.-  Comuníquese la presente decisión al Tribunal Administrativo de Santander, conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. FABIO MORON DIAZ               SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria

T-577-92 Sentencia No Sentencia No. T-577/92 BANCO DE DATOS/DERECHO A LA INFORMACION La utilización de datos personales es permitida mientras no se vulneren los derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre. Los términos de prescripción de las acciones cambiarias y ordinarias son, entre otros, límites jurídicos al derecho a informar y recibir información. La razonalidad de la limitación al derecho a informar y recibir información sistematizada radica en que sólo durante el término prudencial para hacer uso de las vías judiciales se justifica el ejercicio del control social que eventualmente un particular ejerce respecto de otro, lo cual se asimila a una forma de "justicia privada". La creación y utilización de bancos de datos - entre ellos los financieros - es constitucional siempre que exista una adecuada proporcionalidad entre el medio empleado y sus efectos reales sobre los derechos fundamentales del titular del dato, en particular sobre los derechos a conocer, actualizar y rectificar la información en ellos recogida. Constituye un uso desproporcionado del poder informático y, en consecuencia, un abuso del respectivo derecho, el registro, conservación o circulación - cualquiera sea la forma en que se haga - de datos de una persona más allá del término legalmente establecido para ejercer las acciones judiciales con miras al cobro de las obligaciones, causando con ello ingentes perjuicios al deudor como resultado de su exclusión indefinida del sistema financiero, el cual debe respetar la efectividad de los derechos fundamentales de la persona. LIBERTAD INFORMATICA-Finalidad La libertad informática en materia financiera, que se traduce en el derecho a recolectar, manejar y circular datos, tiene como finalidad proteger a terceros de situaciones de riesgo al efectuar operaciones económicas con personas que incumplen sus obligaciones, y con ello asegurar la confianza en el sistema financiero, de interés general para toda la comunidad. OCTUBRE 28 DE 1992 Ref. : Expediente T-3885 Actor: DIONISIO MENDEZ                                                                BELTRAN Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los doctores Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero ha pronunciado EN NOMBRE  DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela T-3885 adelantado por el señor DIONISIO MENDEZ BELTRAN contra el BANCO DE BOGOTA Y LA ASOCIACION BANCARIA DE COLOMBIA. ANTECEDENTES 1. El señor DIONISIO MENDEZ BELTRAN interpuso acción de tutela contra el BANCO DE BOGOTA y la ASOCIACION BANCARIA DE COLOMBIA para que su nombre fuera excluido del banco de datos de la Central de Información de dicha asociación. Invocó como vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y a la honra (CP arts. 15 y 21). En su escrito de tutela, el interesado sostuvo para sustentar su petición lo siguiente: "Fuí fiador de ECOPLAST LTDA en un pagaré, obligación esta que pasó en relación de acreedores para un concordato preventivo; el Banco de Bogotá exoneró de pago a la firma arriba enunciada como consecuencia del acuerdo concordatario. Si a un deudor principal se le exime del pago de una obligación, no entiendo por qué no quedan liberados de la misma fiadores o deudores secundarios. Desde la firma del concordato hasta hoy han transcurrido dieciséis (16) años y nunca el Banco interpuso demanda ejecutiva contra mí; si le asistía algún derecho, éste pudo haberse ejercitado conforme a los procedimientos y dentro de los términos previstos en la ley. El Banco no puede crear a su arbitrio mecanismos que hagan peremnes las obligaciones allende de la norma jurídica, por cuanto este proceder lesiona, como en efecto ha sucedido en este caso, mis intereses, acarreándome serios perjuicios económicos, morales y sociales". Igualmente, pidió se condenara al Banco de Bogotá a indemnizarlo en un monto de trescientos millones de pesos como consecuencia del daño emergente y del lucro cesante sufrido. 2. Del material probatorio aportado al expediente de tutela se estableció que en calidad de codeudor de la firma ECOPLAST LTDA., el señor MENDEZ BELTRAN suscribió varios pagarés a favor del Banco de Bogotá, todos con fecha de vencimiento en el año de 1975. La Superintendencia de Sociedades, el 20 de diciembre de 1975 admitió a la sociedad ECOPLAST LTDA al trámite de un concordato preventivo obligatorio. En desarrollo de dicho procedimiento, el Banco de Bogotá obtuvo el  reconocimiento de sus acreencias frente a ECOPLAST LTDA., dentro de las cuales incluyó los pagarés suscritos por el petente MENDEZ BELTRAN. Los acreedores y la firma deudora llegaron a un acuerdo concordatario, aprobado por el Juez Cuarto Civil del Circuito de Bogotá el 9 de octubre de 1976, en cuya cláusula décimo segunda se estableció que "los acreedores que tengan documentos de deuda amparados por garantías o cauciones personales, otorgadas por los socios de la Empresa ECOPLAST Limitada o por terceros, no perderán por hacer parte de este concordato los derechos que les reconoce la ley". En atención a la convocatoria que en su momento hiciera la Superintendencia de Sociedades, los representantes de la empresa ECOPLAST LTDA. se reunieron en asamblea extraordinaria con sus acreedores el 3 de octubre de 1979 y declararon cumplido el concordato en todas sus partes. De igual forma, aprobaron el informe rendido por la Junta Administradora del Concordato según el cual gran parte de la cartera no pudo ser recuperada. El Superintendente Primer Delegado declaró cumplido el concordato y decretó la liquidación y disolución de la compañía ECOPLAST LTDA. mediante auto de 1980. Dentro de sus considerandos, el funcionario tuvo en cuenta que los acreedores le manifestaron por escrito que sus créditos fueron cancelados conforme a lo pactado en el acuerdo concordatario y todos los activos de la sociedad enajenados. 3. Considerando que las deudas provenientes de los pagarés suscritos por el señor MENDEZ BELTRAN aún estaban vigentes después de cumplido el concordato, el Banco de Bogotá reportó en diciembre de 1980 tales deudas a la Central de Informaciones de la Asociación Bancaria de Colombia. En virtud de ese registro, el nombre del señor MENDEZ BELTRAN aparece en la lista de deudores morosos, lo que, según el escrito de tutela, ha afectado su actividad económica. Obran en el expediente solicitudes suyas dirigidas al Banco de Bogotá y a la Asociación Bancaria, pidiendo su exclusión del archivo de la Asociación en razón de la aprobación y cumplimiento  del concordato. 4. La Asociación Bancaria, en su respuesta del 8 de abril de 1991, negó la solicitud del señor MENDEZ BELTRAN y argumentó que el Banco de Bogotá es propietario de la información sobre el riesgo específico suministrada a la Asociación Bancaria, y es por tanto el único facultado para decidir sobre la modificación y eliminación de ese registro. 5. Por su parte, el Banco se opusó a las solicitudes del petente, basándose para ello en la cláusula décimo segunda del acuerdo concordatario ya transcrita y que, según su criterio, le otorgaba el derecho de exigir del señor MENDEZ BELTRAN, como codeudor de ECOPLAST LTDA., el pago de los pagarés por él suscritos. 6. El Juez 31 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá conoció en primera instancia de la acción de tutela solicitada y, mediante sentencia del 21 de mayo de 1992, resolvió tutelar "el derecho del petente a la rectificación de la información que de él se tiene en el Banco de Bogotá y en los bancos o archivos de la Asociación Bancaria de Colombia". En consecuencia, ordenó que fuera excluido de sus registros en el término de 48 horas. El fallador de primera instancia consideró que el solicitante se encontraba en circunstancia de indefensión frente al Banco de Bogotá y a la Asociación Bancaria al no haber logrado que rectificaran las informaciones que sobre él poseen en los bancos de datos a pesar de ser manifiesto el deber de hacerlo. Estas entidades particulares - señala el Juez - vulneraron los derechos fundamentales del petente consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución, "puesto que por ministerio de la ley, como efecto inmediato de la aprobación del concordato se produjo la extinción definitiva de las obligaciones (...) Luego no se puede forzar el cumplimiento de lo que no tiene existencia en el mundo del derecho, resulta arbitrario tanto el reporte a la central de información como el mantenerlo sin que se procediera a la eliminación automática". Frente a ese hecho, agregó el juzgador, ningún derecho podían conservar los acreedores que pretendían basarse en la cláusula 12 del acuerdo concordatario para reclamar la vigencia de títulos valores amparados con garantía personal. 7. El apoderado del Banco de Bogotá impugnó la sentencia y reclamó la aplicación de la mencionada cláusula décimo segunda del acuerdo concordatario. Argumentó que los pagarés suscritos por MENDEZ BELTRAN encuadraban dentro de esa excepción y estaban vigentes debido a que el Banco no había logrado recuperar la totalidad de sus créditos y, adicionalmente, se encontraba interrumpido el término de prescripción de las acciones de los acreedores respecto de las obligaciones reconocidas como tales en el concordato. 9. La Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, mediante sentencia del 3 de junio de 1992, confirmó la decisión impugnada, modificándola en el sentido de ordenar a COVINOC la inmediata cancelación del nombre del peticionario de sus archivos, dado que también a esa entidad habían sido reportados los datos objeto de esta acción. Adicionalmente, el fallador de segunda instancia condenó en abstracto al Banco de Bogotá y a la Asociación Bancaria al pago de los perjuicios ocasionados. Inicialmente, el Tribunal de instancia se pronunció sobre la conducta asumida por el acreedor, en este caso el Banco de Bogotá, y sostuvo: "Sea entonces lo primero manifestar que no puede dejarse perennemente al amparo del ejercicio de postulación de un acreedor, la certeza económica de un deudor. Es por ello que las leyes han establecido lapsos de prescripción y de caducidad para las acciones y las obligaciones; la incertidumbre jurídica y la expectativa económica dejadas a la sola voluntariedad de un individuo en detrimento de otro o de una comunidad, son situaciones que no pueden ampararse ni tolerarse jurídicamente. Indiscutiblemente es una conducta ambivalente, catalogable aún en el espacio de la doble moral, aquélla que de una parte omite su accionar para poner en ejercicio su derecho de postulación para recaudar sus acreencias, y de otra parte sigue considerando perennemente, aún más allá del término de prescripción de sus acciones, como moroso a su deudor". En la parte motiva de su providencia la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, reconoció el derecho a la información en cabeza de la Asociación Bancaria, pero afirmó que era deber del juez hallar un equilibrio con el derecho del petente a su intimidad personal. En su concepto, ese equilibrio no existió en el presente caso debido a que la calidad de codeudor que ostentaba el petente, no estaba comprendida en la reserva de la cláusula décimo segunda del acuerdo concordatario. Para el Tribunal, un codeudor representaba de suyo ni una garantía ni una caución personal dentro del sentido de esa cláusula, razón por la cual se había extinguido la deuda del señor MENDEZ BELTRAN. 10. Remitido el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión, fue seleccionado y correspondió a esta Sala su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Materia de la acción de tutela 1. El presente proceso de tutela en defensa de los derechos fundamentales al buen nombre, a la intimidad y a la honra del señor MENDEZ BELTRAN tuvo su origen en la inclusión de su nombre en las centrales de datos de la Asociación Bancaria y de Covinoc como "deudor moroso" de obligaciones a favor del Banco de Bogotá, representadas en pagarés que hicieron parte de los pasivos de la compañía ECOPLAST LTDA, empresa ésta que se sometió a un concordato liquidatorio en el curso del cual participó el mismo banco como acreedor. La sociedad comercial ECOPLAST LTDA. contrajo obligaciones con el Banco de Bogotá, incorporadas algunas de ellas en pagarés y respaldadas por el accionante en su calidad de "codeudor" o "fiador". Dichas obligaciones fueron incluidas por ECOPLAST LTDA y sus acreedores en el acuerdo concordatario que finalmente se declaró cumplido el 3 de octubre de 1979. Además, se pactó por las partes intervinientes en el concordato una reserva (cláusula décimo segunda del acuerdo), según la cual los acreedores no renunciaban a los derechos reconocidos en la ley respecto de los documentos de deuda amparados con cauciones o garantías personales otorgadas por terceros o socios de la sociedad ECOPLAST Limitada. Los juzgadores de tutela en primera y segunda instancia se pronunciaron en uno y otro sentido sobre el alcance de la reserva concordataria y sobre la extinción de las obligaciones de ECOPLAST LTDA. y del petente en virtud de la declaratoria de cumplimiento del concordato, así como sobre la prescripción de las acciones cambiarias, absteniéndose en todo caso de declararla por considerar que para ello carecían de competencia. Ambos falladores coincidieron en afirmar la existencia de una vulneración de los derechos fundamentales del peticionario consagrados en los artículos 15 y 21 de la Constitución y ordenaron a las entidades particulares demandadas la rectificación de los datos que reposaban en sus archivos y que se referían al señor MENDEZ BELTRAN. Aunque se reconoce por esta Sala la dificultad hermeneútica de distinguir entre los aspectos legales de competencia exclusiva de otras jurisdicciones y los aspectos jurídicos de relevancia constitucional en una misma situación de hecho sometida a litigio, el Juez de tutela debe limitarse exclusivamente a evaluar la conformidad de la acción u omisión acusada frente a las normas constitucionales que consagran los derechos fundamentales. Del acervo probatorio recaudado en el expediente de tutela no se pudo establecer la calidad de deudor solidario del accionante en un pagaré firmado conjuntamente por él como persona natural y la empresa ECOPLAST LTDA. en favor del Banco de Bogotá, ni el hecho de que contra el mismo señor MENDEZ BELTRAN se hayan ejercido acciones cambiarias en forma independiente. La extinción de unas u otras obligaciones solamente podría ser declarada por un juez civil al término del proceso respectivo, no siendo admisible jurídicamente resolver este aspecto como efecto de un fallo de tutela. De igual manera, y como acertadamente lo expuso el Tribunal de segunda instancia, la prescripción de las acciones cambiarias sólo puede declararse judicialmente, sin que tampoco sea posible hacerlo de oficio por el fallador de tutela y debiendo aquella alegarse por la parte interesada. Relevancia constitucional del problema jurídico planteado 2. Los derechos al buen nombre, a la intimidad y a la honra del solicitante de tutela, así como los derechos a informar y recibir información veraz e imparcial (CP art 21) y a la recolección, tratamiento y circulación de datos (CP art. 15) de las centrales de información y las entidades financieras a ellas afiliadas, corresponden a los derechos fundamentales involucrados en el presente caso. Pese a que la inclusión de los datos relativos a un "deudor moroso" haya sido realizada con fundamento en las normas legales y reglamentarias que regulan el funcionamiento de las centrales de información, su conocimiento, actualización y rectificación tienen relevancia constitucional, particularmente en lo que hace relación al respeto de los derechos fundamentales. En consecuencia, las normas legales y convencionales aplicables a los bancos de datos deben interpretarse de conformidad con la Constitución. El artículo 15 de la Constitución establece en su segundo inciso: "En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás garantías consagradas en la Constitución". Del artículo transcrito se desprende la necesidad de balancear o ponderar el alcance de los derechos fundamentales enfrentados: el derecho a recolectar, manejar y circular datos por parte de entidades particulares con fines específicos acordes con la Constitución y la ley, y los derechos constitucionales de la persona cuyos datos son objeto de tal utilización. Principio de razonabilidad en las actuaciones de particulares en materia de recolección, tratamiento y circulación de datos 3. La recolección, tratamiento y circulación de datos es una actividad económica garantizada en la Constitución y regulada - parcialmente - en la ley. No obstante, su ejercicio debe ser razonable con el fin de respetar la libertad individual y las demás garantías constitucionales (CP art. 15). El significado jurídico-moral del manejo de datos cuando éstos reflejan la personalidad del individuo - confiabilidad, honorabilidad, honestidad, etc., - exige de las entidades privadas y públicas que manejan estas centrales un comportamiento caracterizado por el máximo grado de diligencia y razonabilidad. Los particulares legitimados para ejercer un control social de tipo jurídico o moral con fines de interés general deben conducirse dentro de los estrictos límites establecidos en la Constitución, siendo equiparables a las autoridades en el cumplimiento de las precisas funciones a ellas asignadas. Este parámetro de acción es igualmente aplicable a los particulares encargados  de la prestación de un servicio público (CP art. 86). Ahora bien, la libertad individual del titular de los datos recolectados, procesados o transferidos abarca el fuero interno - ámbito espiritual y psicológico - de la persona. La utilización de datos personales es permitida mientras no se vulneren los derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre. Los términos de prescripción de las acciones cambiarias y ordinarias son, entre otros, límites jurídicos al derecho a informar y recibir información. La razonalidad de la limitación al derecho a informar y recibir información sistematizada radica en que sólo durante el término prudencial para hacer uso de las vías judiciales se justifica el ejercicio del control social que eventualmente un particular ejerce respecto de otro, lo cual se asimila a una forma de "justicia privada". Cuando ya no es posible obtener el cumplimiento de una obligación jurídica por las vías institucionales tampoco es admisible que el ordenamiento jurídico ampare la vigencia de una sanción moral - muerte civil como la denomina el accionante - con incidencia indefinida sobre la imagen y la honra de una persona. A este respecto se reitera la doctrina sostenida por las Salas Primera y Cuarta de Revisión: "Los datos tienen por su naturaleza misma una vigencia limitada en el tiempo la cual impone a los responsables o administradores de bancos de datos la obligación ineludible de una permanente actualización a fin de no poner en circulación perfiles de "personas virtuales" que afecten negativamente a sus titulares, vale decir, a las personas reales. De otra parte, es bien sabido que las sanciones o informaciones negativas acerca de una persona no tienen vocación de perennidad y, en consecuencia después de algún tiempo tales personas son titulares de un verdadero derecho al olvido1 ". Ponderación constitucional de derechos fundamentales no jerarquizados 4. La libertad, derecho inalienable de la persona de la cual se derivan entre otros los derechos fundamentales a la intimidad, al buen nombre y a la autodeterminación personal (CP art. 16), debe ser respetada en el ejercicio de los derechos a informar y recibir información. A pesar de la limitación referida, no existe una jerarquización constitucional de estos dos derechos fundamentales. Es por ello que el juez constitucional está llamado a realizar esa ponderación o balance de intereses según las circunstancias concretas con miras a armonizar la aplicación de las normas y maximizar la efectividad de los derechos fundamentales. La libertad informática en materia financiera, que se traduce en el derecho a recolectar, manejar y circular datos, tiene como finalidad proteger a terceros de situaciones de riesgo al efectuar operaciones económicas con personas que incumplen sus obligaciones, y con ello asegurar la confianza en el sistema financiero, de interés general para toda la comunidad. Por su parte, los derechos a la libertad, a la intimidad, al buen nombre y a la honra buscan proteger aspectos internos y externos del individuo que comprometen su imagen personal. La finalidad de los derechos fundamentales mencionados es la de proteger la dignidad humana. La finalidad del registro, utilización y circulación de datos financieros es económica (reducción y eliminación del riesgo en las operaciones financieras y garantía de la confianza en el sistema). A su turno, los derechos a una vida íntima, al honor, al buen nombre y a la libertad tienen un designio axiológico y se inspiran en el propósito de preservar el valor del individuo como persona humana. La valoración personal o social del sujeto depende particularmente de su conducta y de la aceptación de ésta por parte de la comunidad en la cual vive. Si la persona transgrede las normas sociales puede sufrir una restricción en sus derechos fundamentales y exponerse a sanciones jurídicas o morales. El delincuente condenado a prisión, soporta una limitación judicial de sus derechos fundamentales durante el tiempo de la condena. Sin embargo, el grado de la limitación en ningún momento puede desconocer el núcleo esencial de sus derechos fundamentales. Cuando la sanción social al infractor proviene de grupos de poder privados - gremios, sectores económicos, etc. - es indispensable evaluar la constitucionalidad de la limitación de los derechos de la persona. La acción de tutela contra particulares respecto de quienes el individuo se encuentra en situación de indefensión (CP art. 86) permite ejercer un control constitucional sobre las decisiones privadas que pueden llegar a vulnerar los derechos fundamentales. La creación y utilización de bancos de datos - entre ellos los financieros - es constitucional siempre que exista una adecuada proporcionalidad entre el medio empleado y sus efectos reales sobre los derechos fundamentales del titular del dato, en particular sobre los derechos a conocer, actualizar y rectificar la información en ellos recogida (CP art. 15). Las características del medio empleado para alcanzar una finalidad legítima como es evitar el riesgo económico y asegurar la confianza en el sistema financiero no son constitucionalmente neutrales. El contenido del registro - objetividad, corrección, completud -, las condiciones legales de su manejo o circulación - consentimiento expreso del titular, ejercicio efectivo de sus derechos informáticos - y el término para la utilización razonable de los datos, son algunos de los factores relevantes en el momento de sopesar los efectos que el uso de la información puede tener sobre la vida y las posibilidades presentes y futuras de la persona. Constituye un uso desproporcionado del poder informático y, en consecuencia, un abuso del respectivo derecho (CP art. 95-1), el registro, conservación o circulación - cualquiera sea la forma en que se haga - de datos de una persona más allá del término legalmente establecido para ejercer las acciones judiciales con miras al cobro de las obligaciones, causando con ello ingentes perjuicios al deudor como resultado de su exclusión indefinida del sistema financiero, el cual debe respetar la efectividad de los derechos fundamentales de la persona. Vulneración de los derechos fundamentales del peticionario 5. Los hechos del presente caso ponen de presente que, independientemente de la extinción de las obligaciones o la prescripción de las correspondientes acciones legales, el acreedor durante un largo período de tiempo - doce años -, pudiendo haberlo hecho, se abstuvo de acudir a la justicia ordinaria para hacer valer su crédito y prefirió mantener al deudor en una situación virtual de ostracismo económico-social, ya que a eso equivale su inclusión como deudor moroso en los bancos de datos y pantallas de la Asociación Bancaria y de Covinoc. La obligación moral que todavía pesa sobre el deudor no trasciende el mundo jurídico para tornarse infinitamente gravosa y su sanción social ilimitada. Es desproporcionada e irracional la conducta del acreedor de omitir la actualización y rectificación de la información sobre su deudor contra quien nunca ha ejercido las acciones legales correspondientes y ha dejado transcurrir los plazos legales para intentarlo. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en los fundamentos jurídicos, la sentencia del 3 de junio de 1992, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. SEGUNDO.- ORDENAR al Banco de Bogotá, a la Asociación Bancaria de Colombia y a Covinoc que acrediten ante el Juez de Primera instancia la eliminación total en sus centrales de información de los datos del señor DIONISIO MENDEZ BELTRAN, bajo las sanciones legales del artículo 53 del Decreto 2591 de 1991. El Juzgado de instancia velará por la ejecución de esta sentencia. TERCERO.- LIBRESE comunicación al Juez 31 Civil del Circuito de Santa Fe de Bogotá con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los veintiocho (28) días del mes de octubre de mil novecientos noventa y dos ). 1 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión. Sentencia T-414 del 16 de junio de 1992; Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-486 del 11 de agosto de 1992;

T-578-92 Sentencia No Sentencia No. T-578/92 SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS-Finalidad/DERECHO AL SERVICIO DE ACUEDUCTO Los servicios públicos "domiciliarios" son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas. El servicio público es el género y el servicio público domiciliario es especie de aquél. Y en segundo lugar se concluye que el acueducto es un servicio público domiciliario. Así pues, la conexión de redes de acueducto y alcantarillado en un predio que lo habilite para ser ocupado posteriormente por las personas, no cumple con el requisito relacionado con la satisfacción inmediata de las necesidades, ya que si bien se trata de un servicio público domiciliario (servicio de agua), su limitación o el incumplimiento en la prestación del servicio por el Estado, los particulares o las comunidades organizadas no constituye vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental por no encontrarse vinculada directamente la persona, el ser humano, sino la persona jurídica que contrató. DERECHO A LA SALUBRIDAD PUBLICA/DERECHO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO/DERECHOS FUNDAMENTALES El agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas, la salubridad pública o la salud, es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela. En este caso el servicio de acueducto no cumple con la finalidad de satisfacer las necesidades esenciales de las personas naturales, pues en este caso la conexión o la habilitación del predio para la construcción posterior de las viviendas beneficiaría a una persona jurídica para las cuales no constituye derecho constitucional fundamental. PERSONA JURIDICA-Derechos Fundamentales Son también objeto de tutela los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela. ACCION DE TUTELA-Improcedencia En el caso concreto, el camino adecuado no es la acción de tutela, ya que existen otros medios judiciales de defensa claramente establecidos en la ley. No es procedente porque no se presenta el perjuicio irremediable, ya que el sujeto activo del derecho constitucional fundamental al servicio público domiciliario de acueducto no existe, como quiera que la urbanización se encuentra aún deshabitada. REF: EXPEDIENTE Nº T-1848 Peticionario: Carlos Alfonso Rojas Rodríguez. Procedencia: Juzgando 2º Penal del Circuito de Fusagasugá. Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá D.C., noviembre tres (3) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-1848, adelantado por Carlos Alfonso Rojas Rodríguez. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día tres de agosto del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud. La Urbanizadora Brisas del Bosque Ltda. por medio de su Gerente Carlos Alfonso Rojas R., solicitó a la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de Veredas del Norte de Fusagasugá -ACUAVENORTE-, y a la División de Saneamiento Básico del Fondo de Acueductos y Alcantarillados del Departamento de Cundinamarca, la instalación del servicio de acueducto y la  conexión del mismo para 78 predios, en el municipio de Fusagasugá. Concedida y aprobada la solicitud por la junta directiva de ACUAVENORTE, de conformidad con el concepto técnico que permitía la incorporación al sistema de Acueducto Regional de las Veredas del Norte a partir del ramal denominado "línea 7",  la sociedad urbanizadora procedió a cumplir con los pagos ordenados, por un total de veinticinco millones, trescientos cincuenta mil pesos ($25.350.000). Al observar el retardo en la instalación, la Sociedad formuló la correspondiente solicitud al jefe de la División de Saneamiento Básico del Fondo de Acueducto y Alcantarillado del Departamento de Cundinamarca -FAAC-, Iván Ferro Betancourt y a ACUAVENORTE, representada por el Sr. Héctor Caicedo, recibiendo categóricas negativas. Por este incumplimiento acudió a la acción de tutela, ya que la Asociación considera que se le está vulnerando su derecho fundamental al servicio público domiciliario de acueducto. El acueducto del municipio de Fusagasugá resultaba insuficiente para el abastecimiento de la población y las posibilidades de desarrollo del mismo hacia las veredas, razón por la cual se creó el comité Pro-acueducto a iniciativa de la comunidad. La obra del acueducto de Veredas del Norte de Fusagasugá se llevó a cabo con sus propios recursos y aportes, los que superan el 80% del costo directo. La información sobre inversiones registradas a julio de 1991, arroja los siguientes resultados: "Comunidad...$       130.000.000. FAAC.......... 20.000.000. Municipios.... 2.000.000. TOTAL ........$         152.000.000. Mediante la Resolución 0263 de febrero 5 de 1981 del Inderena se aprobó el incremento del caudal de 159.90 lit/seg a 320 lit/seg para cubrir los requerimientos de las poblaciones urbana (270 lit/seg) y de las veredas del norte (50 lit/seg) para más de 1000 usuarios cafeteros. En la parte resolutiva del incremento legal se aumenta la concesión en cantidad de 160 lit/seg para un total de 319.90 lit/seg. de la corriente conocida con el nombre de "Río Barro Blanco". La sociedad "Brisas del Bosque Ltda.", llevó a cabo una negociación con la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de Veredas del Norte de Fusagasugá -ACUAVENORTE-, para la conexión del servicio de acueducto a la urbanización de la firma constructora ubicada en la vereda Cucharal del Municipio de Fusagasugá. Ante el incumplimiento del contrato y la suma cancelada por la conexión del servicio de agua, la firma constructora instauró la acción de tutela a fin de lograr la instalación de la red del acueducto en la urbanización para continuar con la construcción de las viviendas. 2. Fallos. 2.1.  Fallo del Juzgado  Primero Penal Municipal de Fusagasugá (providencia de enero 20 de 1992). El Juzgado 1º Penal Municipal de Fusagasugá negó la solicitud del peticionario por los siguientes motivos: 1. Al establecer si el derecho para el cual se pide la protección es o no fundamental, se concluye que, como está concebido en la demanda, el derecho al agua pierde su carácter fundamental porque no se encuentran involucradas personas sino predios. b. La legalización sobre la negociación de las conexiones nuevas se llevó a cabo por la línea 7, que es un comité de trabajo, que no tiene personería jurídica y menos capacidad para celebrar contratos. c. Las personas que llevaron a cabo las negociaciones con el accionante fueron el jefe de la División de Saneamiento del FAAC y el presidente de la línea 7 de ACUAVENORTE, quienes no tenían facultad para obrar. d. Por la carencia de facultades se entenderá que obraron a título personal y así mismo se obligaron, dejando a salvo la responsabilidad de las entidades acusadas. Del análisis de las pruebas aportadas deduce el Juzgado Primero Penal Municipal que, la negociación realizada no se encuentra claramente definida, calificándola de "oscura", por que no existe documento que establezca exactamente la obligación y porque aparentemente la urbanización Brisas del Bosque, no está incluida en las veredas asociadas inicialmente a ACUAVENORTE. Igualmente el a-quo considera irregular que la aprobacipón de la negociación entre ACUAVENORTE y la Constructora "Brisas del Bosque" no aparezca en el acta de la asamblea. Concluye por estas circunstancias el juzgador que la legalidad y validez de la negociación está en tela de juicio y como la finalidad de la acción de tutela no es constituír derechos sino amparar un derecho fundamental, es a la jurisdicción ordinaria a quien le corresponde decidir si se constituye un derecho en favor de la Sociedad Constructora "Brisas del Bosque Ltda". 2.2. Fallo del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá (providencia de 6 de marzo de 1992). El Juzgando 2º Penal del Circuito de Fusagasugá estimó necesario hacer una valoración a conciencia de las pruebas; así pues, analizando las declaraciones de los integrantes del comité línea 7, deduce que poseían la facultad para llevar a cabo la venta del derecho al servicio de acueducto y agrega que inclusive tenían la encomienda de negociar por la magnitud de la obra. Al contrario de lo que piensa el a-quo, considera como prueba válida de la negociación, los documentos aportados al proceso en calidad de copias auténticas. Aunque la mencionada línea 7 no posee personería jurídica, la negociación se llevó a cabo con la anuencia del Fondo de Acueductos y Alcantarillados de Cundinamarca FAAC y respaldada por ACUAVENORTE. Del oficio enviado por el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" se desprende que la urbanización Brisas del Bosque efectivamente pertenece a la vereda "El Cucharal", vereda asociada a ACUAVENORTE, contrapuesto a lo que opinó el juez de primera instancia. Igualmente el juzgado estableció la capacidad del acueducto y una vez establecida la existencia de la negociación y la negativa de conceder el servicio público de acueducto por parte de ACUAVENORTE se ocupó de establecer si en el caso concreto se trataba de la protección de un derecho constitucional fundamental. Consideró el Juez del Circuito que la naturaleza del mismo reclamo conlleva a que se trate de un derecho fundamental por tratarse de un servicio público prestado por particulares, con fundamento en el artículo 42, numeral 3º del Decreto 2591 de 1991 que hace referencia a los servicios públicos domiciliarios cuando estuviere encargado de la prestación del servicio una entidad particular. Con los fundamentos enunciados, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá revocó en todas sus partes la providencia del Juzgado Primero Penal Municipal por medio de la cual se denegó el derecho de tutela impetrado por el Sr. Carlos Alfonso Rojas Rodríguez y en su lugar dispuso admitir la acción de tutela en contra de José Ramón García Velásquez como representante legal del Acueducto de Veredas del Norte de Fusagasugá -ACUAVENORTE-, y como consecuencia de lo anterior ordenó llevar a cabo las conexiones en número de setenta y ocho (78) a la Urbanización "Brisas del Bosque" en el término de dos meses. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. De la procedencia de la acción de tutela contra acciones u omisiones de los particulares. La Asociación de Usuarios del Acueducto de las Veredas del Norte de Fusagasugá -ACUAVENORTE-, es una asociación que no cuenta con el reconocimiento del Estado y por ende no posee personería jurídica. El caso que ocupa a esta Sala de Revisión está comprendido en lo establecido en el inciso final del artículo 86 de la Constitución y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, por tratarse de una acción de tutela contra una asociación privada, más exactamente contra la Junta Directiva de la Asociación de Usuarios del Acueducto Rural de Veredas del Norte de Fusagasugá "ACUAVENORTE", que es una asociación de carácter civil, sin ánimo de lucro, regulada por el Código Civil, ello además por cuanto la intervención del Fondo de Acueducto y Alcantarillado de Cundinamarca FAAC, que si es una instancia de derecho público, tan sólo se limitó a asesorar técnicamente a la organización particular. En jurisprudencia reiterada la Corte Constitucional se ha referido a las acciones de tutela dirigidas en contra de un particular, por lo que no es necesario en este acápite hacer referencia in extenso a lo ya expresado por esta Corporación[1]. Allí se establece, en síntesis, que si hay lugar a la acción de tutela en dichos casos conforme a la Constitución Política y a la Ley. 3. De los derechos económicos sociales y culturales. La Carta de Derechos de la Constitución colombiana contempla en el Título II, Capítulo 2 los llamados "Derechos Económicos, Sociales y Culturales". Estos derechos implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una erogación económica que por lo general depende de una decisión política. Su razón de ser está en el hecho de que su mínima satisfacción es una condición indispensable para el goce de los derechos civiles y políticos, con lo cual adquieren el carácter de fundamentales. Bajo esta orientación, ya se había ocupado del tema la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en San José de Costa Rica el 22 de noviembre de 1969, que entró en vigencia el 18 de julio de 1978, al igual que el Protocolo de San Salvador por cuanto las diferentes categoría de tales derechos constituye un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona humana, característica que exige protección permanente con el propósito de obtener su plena vigencia, "sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros". 4. Del concepto de servicio público. La Carta Política -Capítulo 5 del Titulo XII, artículos 365 a 370-, se ocupa de la "Finalidad social del Estado y de los Servicios Públicos", y allí se determina que estos servicios son inherentes a la finalidad social del Estado, uno de cuyos deberes primordiales es el de asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los valores de convivencia, trabajo, justicia, igualdad, conocimiento, libertad y paz plasmados en el Preámbulo de la Constitución deben armonizar con otros valores consagrados en el inciso primero del artículo 2o. de la Constitución en referencia a los fines del Estado: el servicio a la comunidad, la prosperidad general, la efectividad de los principios, derechos y deberes, la participación, etc. Todos ellos establecen fines a los cuales se requiere llegar. La relación entre dichos fines y los medios adecuados para conseguirlos, depende, por lo general, de una acción política que le corresponde preferentemente al legislador. No obstante el carácter programático de los valores constitucionales, su enunciación no debe ser entendida como un agregado simbólico, o como la manifestación de un deseo o sin un querer sin incidencia normativa, sino como un conjunto de propósitos a través de los cuales se deben mirar las relaciones entre los gobernantes y los gobernados, para que, dentro de las limitaciones propias de una sociedad en proceso de consolidación, irradien todo el tramado institucional. Como consecuencia de estos planteamientos, la Constitución estableció en su artículo 365 una vinculación esencial entre el Estado social de derecho y la prestación de los servicios públicos, así: "Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de interés social, el Estado mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de una u otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita". En el capítulo 5 del Título XII de la Carta se desarrolla uno de los conceptos de Estado Social de Derecho. Es una realidad que las tradicionales funciones estatales -la administración de justicia y la fuerza pública, unificación de la moneda y relaciones con otros Estados-, se queden cortas ante las necesidades contemporáneas y la llamada "revolución de las expectativas" ciudadanas, que demanda del Estado no sólo seguridad sino también bienestar para todos. Los servicios públicos, relacionados con la administración de justicia y la fuerza pública, están a cargo exclusivo del Estado, por su misma naturaleza y las connotaciones que ellos tienen dentro del concepto de soberanía nacional. En los demás servicios se prevé la participación de los particulares o de las comunidades organizadas, en su prestación. Con ello se consagraron alternativas distintas a la puramente estatal en su organización y atención2 . Uno de los aciertos de la Constitución de 1991 fue haber reconocido que para los colombianos de hoy el tema de los servicios públicos tiene tanta o más importancia que muchos de los debates clásicos del derecho constitucional. Entre las declaraciones de la Constitución de 1.991, que tienen especial relevancia en el tema de los servicios públicos, figuran las que proclaman que la libre competencia es un derecho de todos (CP art. 333), las que prohiben los monopolios oficiales que no tengan propósitos rentísticos (CP art. 336), las que abren la posibilidad de prestar los servicios públicos tanto por las entidades oficiales como por los particulares (CP art. 365), el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida son finalidades sociales del Estado (CP art. 366), los servicios públicos domiciliarios (CP art. 367), las que indican que las leyes de intervención deben ser precisas y no vagas, cuando se trate de limitar la libertad económica (CP art. 150.21) y las que prohíben los subsidios que no provengan de los presupuestos (CP art. 386). El artículo 366 de la Carta fue consagrado constitucionalmente con la necesidad de concebir una igualdad real y efectiva de los ciudadanos, no sólo ante la vida sino ante la ley. El artículo señala: "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable". Ahora bien, la noción de servicio público la encontramos en el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el Decreto 753 de 1956, que establece: "...Para este efecto se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y contínua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas". Zanobini refiere la noción de "servicios públicos" a sólo algunos aspectos de la actividad administrativa contraponiéndola a la de función pública como forma superior de manifestación de dicha actividad. En su opinión, la función pública representa siempre el ejercicio de una potestad pública, entendida ésta como una esfera de la capacidad jurídica del Estado, o sea de su soberanía; los servicios públicos, representan, por su parte, otras tantas actividades materiales, técnicas, incluso de producción industrial, puestas a disposición de los particulares para ayudarles a conseguir sus fines. En ese mismo sentido insiste también Giannini, para que la titularidad de las funciones públicas corresponde necesariamente al Estado, mientras que la competencia sobre los servicios se asume por razones técnicas, económicas o sociales, pero sin que repugne la idea de su gestión por los particulares. La noción conceptual de "servicio público" es una de las más adecuadas para justificar el carácter de ius infieri atribuído o reconocido al derecho administrativo. Esta noción es bastante controvertida Para su estudio se  observan concepciones antagónicas -por un lado la orgánica (es servicio público según quien lo preste), y por el otro la funcional o material (es servicio público, según la naturaleza del servicio). Las ideas fueron evolucionando a través del tiempo en ambas concepciones de servicio público. El servicio público no es simplemente un "concepto" jurídico; es ante todo un hecho, una realidad. Las manifestaciones de la autoridad pública declarando que tal o cual actividad es un servicio público, no pasarán de meras declaraciones arbitrarias en el supuesto de que no exista de por medio la satisfacción efectiva de una necesidad de interés general. Tal declaración cuando ella concuerde con la realidad, tendrá indiscutiblemente su valor en el orden jurídico3 . Alessi, por su parte, descubre después de un minucioso análisis de la actividad estatal, como hay un tipo de ella que se endereza precisamente a proporcionar utilidad a los particulares, bien de orden jurídico, o bien de orden económico-social, en relación con las necesidades físicas económicas, intelectuales etc. Es cabalmente este tipo de actividad el que en sentido técnico y restringido merece la calificación de servicio público; esto es, actividad dirigida a procurar utilidad a los particulares, sea de orden jurídico o de orden económico-social.4 Complementa lo anterior Ramón Parada que considera que "la calificación que algunas leyes hacen de una actividad como servicio público no se concreta siempre en actividades de prestación, sino que constituye un título que ampara también actividades de limitación, e incluso de fomento de la acción de los particulares, que se admite en concurrencia con la actividad de prestación pública. Así ocurre, en general, con los servicios públicos sociales (sanidad y enseñanza fundamentalmente) en que los establecimientos públicos conviven con los privados, sujetos a una estrecha reglamentación limitadora y que además disfrutan del apoyo económico del Estado"5. Tanto el constituyente como el legislador colombiano optaron por la teoría material del servicio público, como se refleja en el artículo 365 de la Constitución y 430 del Código Sustantivo del Trabajo, ya citados. 5. De los servicios públicos domiciliarios. El artículo 367 de la Constitución consagra: "La ley fijará las competencias y responsabilidades relativas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, su cobertura, calidad y financiación, y el régimen tarifario que tendrá en cuenta además de los criterios de costos, los de solidaridad y redistribución de ingresos. Los servicios públicos domiciliarios se prestarán directamente por cada municipio cuando las características técnicas y económicas del servicio y las conveniencias generales lo permitan y aconsejen, y los departamentos cumplirán de apoyo y coordinación. La ley determinará las entidades competentes para fijar las tarifas". Se consagra en esta disposición una categoría especial de servicios públicos, los llamados "domiciliarios", que son aquellos que se prestan a través del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios y cumplen la finalidad específica de satisfacer las necesidades esenciales de las personas. Son características relevantes para la determinación del servicio público domiciliario las siguientes,  a partir de una criterio finalista: a) El servicio público domiciliario -de conformidad con el artículo 365 de la Constitución-, puede ser prestado directamente o indirectamente por el Estado, por comunidades organizadas o por particulares, manteniendo éste la la regulación, el control y la vigilancia de los servicios. b) El servicio público domiciliario tiene una "punto terminal" que son las viviendas o los sitios de trabajo de los usuarios, entendiendo por usuario "la persona que usa ciertos servicios, es decir quien disfruta el uso de cierta cosa". c) El servicio público domiciliario está destinado a satisfacer las necesidades básicas de las personas en circunstancias fácticas, es decir en concreto. Así pues, no se encuentran en estas circunstancias el uso del agua destinado a urbanizar un terreno donde no habite persona alguna. Igualmente no es derecho constitucional fundamental cuando el suministro de agua esté destinado a la explotación agropecuaria, casos en los que se trata del establecimiento de una servidumbre de acueducto de carácter privado cuya consagración es eminentemente legal y no constitucional. En concordancia con los artículos 365 y 367 de la Constitución se concluye, en primer lugar, que el servicio público es el género y el servicio público domiciliario es especie de aquél. Y en segundo lugar se concluye entonces que el acueducto es un servicio público domiciliario. Así pues, la conexión de redes de acueducto y alcantarillado en un predio que lo habilite para ser ocupado posteriormente por las personas, no cumple con el tercer requisito relacionado con la satisfacción inmediata de las necesidades, ya que si bien se trata de un servicio público domiciliario (servicio de agua), su limitación o el incumplimiento en la prestación del servicio por el Estado, los particulares o las comunidades organizadas no constituye vulneración o amenaza de un derecho constitucional fundamental por no encontrarse vinculada directamente la persona, el ser humano, sino la persona jurídica que contrató. La opinión pública cuestiona diariamente la ineficiente prestación de los servicios públicos, especialmente de los llamados domiciliarios, pues  revelan la importancia que tienen para la paz social el acceso a ellos de todos los colombianos como una obligación del Estado. Lo anterior impone que el papel del Estado moderno se centre en la obligación de ser el motor del desarrollo social, y de procurar a las gentes, en forma igualitaria, puedan tener las condiciones para llevar una vida digna, que, en nuestro caso, se traduce en la superación de la desigualdad y el atraso. No hay duda de que una de las expresiones de esa nueva forma de ser del Estado, se concreta en la prestación de los servicios públicos. 6. Del caso concreto. Dice así el artículo 86 de la Constitución Política: "Toda persona tendrán acción de tutela para reclamar ante los jueces en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública..." El caso objeto de estudio por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional surge del incumplimiento de la relación contractual entre la sociedad constructora "Brisas del Bosque Ltda." y la Asociación de Usuarios del Acueducto de las Veredas del Norte de Fusagasugá, tal como quedó relacionado en el capítulo de los hechos de la solicitud. Esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional no concede la acción de tutela impetrada por el Sr. Carlos Alfonso Rojas Rodríguez y ésta habría sido procedente si se hubieran reunido los siguientes requisitos: a. Que la vulneración o amenaza  recaiga sobre un derecho constitucional fundamental. Es necesario establecer en primera instancia si el derecho a solicitar la conexión del servicio de acueducto constituye un derecho fundamental. En principio, el agua constituye fuente de vida y la falta del servicio atenta directamente con el derecho fundamental a la vida de las personas. Así pues, el servicio público domiciliario de acueducto y alcantarillado en tanto que afecte la vida de las personas (CP art. 11), la salubridad pública (CP arts. 365 y 366) o la salud (CP art. 49), es un derecho constitucional fundamental y como tal ser objeto de protección a través de la acción de tutela6. Sin embargo y como está planteado en el caso que ocupa a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, el servicio de acueducto no cumple con la finalidad de satisfacer las necesidades esenciales de las personas naturales, pues en este caso la conexión o la habilitación del predio para la construcción posterior de las viviendas beneficiaría a una persona jurídica para las cuales no constituye derecho constitucional fundamental. Son también objeto de tutela los derechos constitucionales fundamentales de las personas jurídicas, no per se, sino que en tanto que vehículo para garantizar los derechos constitucionales fundamentales de las personas naturales, en caso concreto, a criterio razonable del Juez de Tutela7 . En el caso concreto el derecho fundamental al servicio de acueducto y alcantarillado no está directamente relacionado con los derechos fundamentales de las personas naturales, por encontrarse deshabitado el lugar, y la solicitud de protección proviene de una persona jurídica, que, por definición no requiere, como las personas naturales, del agua. b. Que no exista otro medio de defensa judicial. Es incontrovertible que existió una negociación entre el Gerente de la Sociedad "Brisas del Bosque Ltda" y ACUAVENORTE, pues en el expediente obran los recibos de pago y las comunicaciones que se cruzaron, como también del incumplimiento de esta última de la obligación de instalar el servicio de acueducto. El Juzgado Segundo Penal del Circuito consideró que el trámite de la acción de tutela se debe desarrollar con arreglo a los principios de prevalencia del interés general, economía, celeridad y eficacia. Con base en estos fundamentos  encontró el Despacho que se debía proceder de una vez por todas a ordenar la conexión del servicio público de acueducto, sin tener que acudir el peticionario a otros despachos judiciales. En el caso concreto, y como lo expresó en su oportunidad el Juzgado Primero Penal Municipal de Fusagasugá, es a la Jurisdicción Civil a quien le corresponde decidir, por qué el incmplimiento de una obligación de un contrato civil le compete a la jurisdicción ordinaria, por asignación expresa de la ley, y no al juez de tutela. Para esta Sala de Revisión es claro que toda persona natural o jurídica debe y está en el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación y más aún cuando esta situación conlleva un perjuicio económico para la empresa constructora. Pero el camino adecuado no es precisamente la acción de tutela, ya que existen otros medios judiciales de defensa claramente establecidos en la ley. c. Que la acción de tutela a pesar de existir otro medio de defensa judicial sea procedente como mecanismo transitorio. No es procedente porque no se presenta el perjuicio irremediable, ya que el sujeto activo del derecho constitucional fundamental al servicio público domiciliario de acueducto no existe, como quiera que la urbanización se encuentra aún deshabitada. Observa la Corte que la utilización de la vía de la acción de tutela cunado no se trata de derechos constitucionales fundamentales desdibuja su imagen y hace que realmente se convierta en una justicia paralela, lo que se ha querido evitar precisamente para lograr su efectividad. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE: PRIMERO: NO TUTELAR los derechos invocados en el proceso de la referencia. SEGUNDO: REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá (Cundinamarca), por las razones expuestas en esta Sentencia. TERCERO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia a la Gobernación de Cundinamarca, al Departamento Administrativo de Nacional -División de Servicios Públicos-, a la Oficina de Planeación y a la División de Acción Comunal de la Alcaldía Municipal de Fusagasugá, a la División de Saneamiento Básico del Fondo de Acueductos y Alcantarillados del Departamento de Cundinamarca, al Acueducto Regional de Veredas del Norte de Fusagasugá -ACUAVENORTE-, a la Junta del Acueducto de Fusagasugá, a la Sociedad Urbanizadora "Brisas del Bosque Ltda". CUARTO:  A través de la Secretaría General ENVIAR copia de esta Sentencia al Juzgado Primero Penal Municipal y al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Fusagasugá y al Defensor del Pueblo. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado [1]Cfr. Sentencias Nros...... de la Corte Constitucional. 2 Cfr, Ponencia sobre Servicios Públicos de Eduardo Verano de la Rosa. Gaceta Constitucional Nro. 51 de 1.991, pág 17. 3 Cfr, MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Admnistrativo Tomo II. Tercera Edición. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1.988, pág 27. 4 Cfr, GARRIDO FALLA , Fernando. Tratado de Derecho Administrativo. Volumen II. Parte general. IX Edición. Editorial Tecnos S.A. Madrid. 1.989, págs 307 y 308. 5 PARADA, Ramón. Derecho Administrativo. Parte General I. Tercera Edición. Marcial Pons. Madrid. 1.991, pág. 419. 6 Cfr. Sentencia T-406 de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. 7 Cfr. Sentencia T-411 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional

T-581-92 Sentencia No Sentencia No. T-581/92 DERECHO AL TRABAJO-Vulneración Se configura la vulneración del derecho fundamental al trabajo ya que la prohibición de ingresar a las instalaciones del terminal marítimo, con fundamento en simples sospechas, impiden que el peticionario pueda continuar desarrollando sus funciones y de paso abre la posibilidad, de que su patrono de por terminado el contrato de trabajo. PRESUNCION DE INOCENCIA/DERECHOS FUNDAMENTALES/DEBIDO PROCESO Con la consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental constitucional extensivo a toda disciplina sancionatoria se busca vincular a las autoridades que, en ejercicio de sus funciones, impongan sanciones de cualquier índole. De esta forma, se quiere evitar la presencia de actuaciones arbitrarias, en la cual el funcionario unilateralmente imponga la sanción, y que la presunción de inocencia sólo sea desvirtuada  a través de un proceso en donde el sindicado tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa de la debida forma. POLICIA ADMINISTRATIVA/FACULTADES DISCRECIONALES La policía administrativa es aquella actividad de la administración que tiene como objeto limitar el ejercicio de los derechos de los administrados, con la única finalidad de mantener el orden y el interés público en la sociedad. Con tal fin, la ley otorga facultades a las autoridades administrativas, ya sean regladas o discrecionales. En un Estado de Derecho no existen los actos discrecionales absolutos, porque siempre deberá existir ley previa que estipule los parámetros a la administración, situación que de no ocurrir así, violaría el principio de legalidad y que constituye una de las máximas garantías con que cuentan los asociados. REF: EXPEDIENTE 4015 PETICIONARIO: EDINSON ROJAS MESTRA PROCEDENCIA: JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA TEMAS: - El derecho al trabajo - La presunción de inocencia - Las facultades discrecionales MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados CIRO ANGARITA BARON, EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ y JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por EDINSON ROJAS MESTRA contra la Policía Portuaria y la División de Seguridad del Terminal Marítimo y Portuario de la ciudad de Cartagena. I. ANTECEDENTES El negocio llegó a conocimiento de esta Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 10 de Agosto del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. A. La acción. El día 19 de Mayo de 1992, el señor Edinson Rojas Mestra, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela ante el Juzgado Civil del Circuito-Reparto de la ciudad de Cartagena. 1. Hechos. 1.1 El peticionario trabaja con la Empresa de Transporte Cardegil Ltda. como embarcador de mercancías, labor que lleva a cabo en el terminal marítimo de la ciudad de Cartagena. 1.2 El actor fue vinculado a una investigación penal por el posible delito de hurto, debido a la pérdida de una carga que estaba para exportar en el terminal marítimo y de  la cual él figuraba como embarcador de la misma. 1.3 Posteriormente, la Policía Portuaria lo acusó de tratar de hurtar una mercancía del mismo terminal, ilícito que, según ellos, no se realizó por la oportuna acción de los agentes portuarios. 1.4 En uso de las facultades discrecionales que le otorga el reglamento interno, el Gerente General de Colpuertos, ordenó a la División de Seguridad del Terminal Marítimo que se abstuviera de renovarle el carnet al señor Rojas Mestra- documento indispensable para ingresar a las instalaciones del mencionado terminal- debido  a su mala conducta y en prevención de otros delitos, hasta tanto no se le definiera la situación penal y disciplinaria en los procesos en curso. 1.5 En virtud de lo anterior, los agentes de la Policía Portuaria no permitieron el ingreso del peticionario a las instalaciones del terminal marítimo. 2. Solicitud. En el escrito de acción de tutela, el actor solicitó que se ordene a la Policía Portuaria y a la División de Seguridad del Terminal Marítimo de Cartagena que se le permita volver a ingresar a las instalaciones del terminal para poder seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales, ya que de lo contrario, la empresa para la cual trabaja le dará por terminado el contrato de trabajo. 3. Pruebas. El expediente llegó a la Corte Constitucional con las siguientes pruebas: - Peticiones formuladas por el actor a la Policía Portuaria y a la División de Seguridad, donde solicita que se expliquen las causas que motivaron a dichos organismos para prohibirle el ingreso a las instalaciones del terminal, ya que en ningún momento se le ha notificado alguna decisión al respecto. (folios No. 8 y 10). - Respuesta emitida por el Comandante de la Policía Portuaria, Mayor Arturo Granados González, sobre la petición anterior. (folio No. 7). - Memoriales presentados por el Comandante de la Policía Portuaria, el Director de Seguridad General y el Gerente de Puertos de Colombia- seccional de Cartagena- donde explican al Juzgado de conocimiento los motivos para prohibir el ingreso del señor Rojas Mestra al terminal marítimo de Cartagena. (folios No.16, 26 y 51). - Copia de la Resolución Número 000104 de la Gerencia General de Puertos de Colombia por la cual se adopta el reglamento interno de la entidad. (folios No. 35-44). - Certificado expedido por el patrono del peticionario sobre la buena conducta de éste en el cumplimiento de sus labores asignadas. (folio No. 62 y 63). B. Sentencia de primera instancia. En decisión del 3 de Junio de 1992, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena negó la acción de tutela por las siguientes razones: "Consultado el REGLAMENTO DE CARNETIZACIÓN (RESOLUCION No.000104 en su artículo 16), se constata que es una facultad discrecional que tiene PUERTOS DE COLOMBIA, para permitir la entrada en sus instalaciones "a personas en circunstancias especiales; tales como la mala conducta anterior en el terminal". "Vista así las cosas, no es que a EDINSON ROJAS MESTRA se la haya cercenado su derecho al trabajo, plasmado en el art. 25 de nuestra Carta, por cuanto bien puede seguir laborando en la empresa a la cual está vinculado actualmente, o a otra si lo desea. Lo que no puede hacer es entrar al Terminal Marítimo por ser esto facultativo de la entidad dicha, en razón al comportamiento que tuvo, como quiera que resultó comprometido en unos supuestos hechos delictivos. Una cosa es prohibirle trabajar y otra, bien diferente, no admitirlo en unas instalaciones que no son de la empresa donde él trabaja". (se subraya) "Luego, entonces, no se concederá la tutela impetrada. Así se resolverá". La anterior providencia no fue impugnada. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE La Corte Constitucional es competente para efectuar esta revisión según lo previsto en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución Política y 31, 32 y 33 del Decreto 2591 de 1991. Además, es de observar que la providencia fue proferida oportunamente de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 86 de la Constitución en su inciso 4o. el cual no admite excepciones, como ha tenido a bien señalarlo esta Corte. Los hechos materia del caso sublite conducen a esta Sala a formular algunas consideraciones acerca de tres aspectos fundamentales previos: el derecho al trabajo (1), la presunción de inocencia (2) y las facultades discrecionales (3), los cuales suministran los elementos adecuados para sustentar el presente fallo. 1. El derecho al trabajo. Esta Corte ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones sobre la importancia del derecho al trabajo en la Constitución del 91, teniendo en cuenta su consagración como valor, principio y derecho constitucional  fundamental de los ciudadanos. Al respecto, la Sala Primera de Revisión ha resaltado lo siguiente: "En la Carta del 91 se observa un bien significativo cambio de carácter cualitativo en relación con el trabajo. En efecto, es ciertamente un derecho humano (Artículo 25) pero también constituye, al mismo nivel del respeto a la dignidad humana, un principio o elemento fundamental del nuevo orden estatal (Artículo 1)." "Cuando el Constituyente de 1991 decidió garantizar un orden político, económico y social justo e hizo del trabajo requisito indispensable del Estado, quiso significar con ello que la materia laboral, en sus diversas manifestaciones, no puede estar ausente en la construcción de la nueva legalidad."1 Igualmente, la Sala Quinta de Revisión ha dicho que: "El trabajo, como factor fundamental de los procesos económicos y sociales, resulta de primordial importancia en razón de que posibilita los medios de subsistencia y la calidad de ésta para el mayor número de la población y de él depende de manera general el crecimiento y desarrollo económico. También, de él se desprenden variadas y complejas relaciones sociales concurrentes y divergentes en punto a los intereses que en ella se traban; esta naturaleza básica del trabajo,  reconocida por el Constituyente de 1991 desde el Preámbulo de la Carta, también manifiesta en su contenido el propósito de asegurarlo de manera prioritaria, ante otros objetivos del Estado." "Desde todo punto de vista argumental, las precedentes consideraciones son pertinentes por cuanto deben estar presentes en la inteligencia que el intérprete haga de las normas constitucionales en torno al trabajo humano y sobre las respectivas disposiciones constitucionales aplicables." (...)"Ahora bien, no cabe duda que en nuestro ordenamiento jurídico el Derecho al Trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y, por tanto, en último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana; de ahí que su constitucionalización haya sido el resultado de un largo y difícil proceso histórico, en cuyo fondo aparecen las grandes luchas políticas y sociales por la libertad del hombre."2 Visto lo anterior, el problema jurídico del presente caso radica en determinar si la prohibición adoptada por las autoridades del terminal marítimo de Cartagena vulnera o no el núcleo fundamental del derecho al trabajo del peticionario. En primer lugar,  la decisión que se revisa afirma que el derecho al trabajo no ha sido cercenado ya que la decisión administrativa no afecta su relación laboral con su patrono, en la medida que el actor puede continuar como trabajador de la misma empresa pero en otras actividades. Lo que no puede hacer, es ingresar a las instalaciones del terminal marítimo para seguir cumpliendo con sus obligaciones laborales. Asimismo, estima la providencia de instancia que la mencionada prohibición tiene fundamento jurídico en el reglamento interno de Colpuertos. Para esta Corte, los anteriores argumentos conducen a una errada concepción del problema jurídico, como se explicará a continuación. Por un lado, ellos desconocen la verdadera naturaleza de la relación laboral de las partes ya que el trabajador, solo puede prestar sus servicios exclusivamente en el terminal marítimo y en calidad de cargador de toda la mercancía que esté bajo la responsabilidad de la empresa transportadora, su patrono. Entonces, cuando las autoridades administrativas deciden no dejar ingresar al peticionario a las instalaciones portuarias, lo que verdaderamente implica, es que no podrá continuar cumpliendo con sus obligaciones y, por lo tanto, la empresa muy posiblemente le dará por terminado el contrato con razón justificada, ya que de nada le servirá un empleado que no pueda realizar las funciones para la cual fue contratado. Esta circunstancia fue expresada por el actor en el memorial de tutela. De otra parte, para tomar su decisión el juez hace una confrontación exclusivamente entre los hechos y las normas del reglamento interno de Colpuertos, ignorando por  entero la existencia de la Constitución para determinar si existe violación o no de los derechos fundamentales del peticionario. Al respecto, esta Corporación reitera una vez más su doctrina en el siguiente sentido: "Una despreocupación semejante por las responsabilidades de los funcionarios del Estado y la protección de los derechos fundamentales, tiene su origen en la ausencia de una nueva perspectiva constitucional en la argumentación de los procesos de tutela que los jueces y tribunales realizan. Mientras el tema de los derechos fundamentales no sea interpretado bajo una perspectiva constitucional, la acción de tutela se reducirá a un mecanismo adicional e insuficiente de protección y dejará de cumplir por lo menos uno de los propósitos esenciales: el de constitucionalizar todo el ordenamiento jurídico colombiano y, de esta manera, hacer efectiva la protección de los derechos fundamentales de las personas." "Es necesario que los jueces y tribunales tomen conciencia de que cuando se plantea la violación de un derecho fundamental por medio de una acción de tutela, el parámetro esencial e inmediato de interpretación es el texto constitucional y no la legislación ordinaria vigente..."3 Es por eso que -teniendo en cuenta el marco constitucional y la realidad del vínculo laboral del peticionario- esta Corte estima que en el caso sub examine se configura la vulneración del derecho fundamental al trabajo ya que la prohibición de ingresar a las instalaciones del terminal marítimo, con fundamento en simples sospechas, impiden que el peticionario pueda continuar desarrollando sus funciones y de paso abre la posibilidad, de que su patrono de por terminado el contrato de trabajo. 2. El debido proceso y la presunción de inocencia. La Constitución del 91 extendió la garantía del debido proceso a todo tipo de actuaciones administrativas sancionatorias, que en la anterior Carta solo era propia de los procesos judiciales. Lo anterior, obedece al ánimo del Constituyente de dotar a los colombianos de una Carta de derechos lo más completa posible, cuya finalidad en últimas, es convertir a la persona humana en el centro y principal protagonista del nuevo ordenamiento jurídico. En consonancia con lo anterior, los principios que estructuran el debido proceso -legalidad de los delitos, las penas y el juez competente, la aplicación de la ley mas favorable, aún cuando sea posterior, el derecho a la defensa, la presunción de inocencia etc.- se constituyen en pilar fundamental de las actuaciones administrativas. En la Asamblea Nacional Constituyente se hizo claridad sobre este punto en los siguientes términos: "El carácter del órgano que impone una sanción no altera la naturaleza del acto punitivo. Ciertamente, ninguna diferencia ontológica se aprecia entre las sanciones impuestas por el órgano jurisdiccional y aquellas que son producto de una decisión administrativa, como quiera que unas y otras afectan intereses esenciales de las personas, como su libertad personal o su patrimonio económico." "No obstante, sin razón válida para ello, se ha venido planteando por un sector de la doctrina, que la responsabilidad que emana de las contravenciones administrativas es de carácter estrictamente objetivo y que, de otra parte, los principios fundamentales del derecho penal no se hacen extensivos al ejercicio de la actividad punitiva por parte de órganos diferentes a la Rama Jurisdiccional, cuando se ocupa de reprimir delitos." (...)"Toda infracción merecedora de reproche punitivo tiene, como bien lo recuerda la Corte, una misma naturaleza, como idénticas son las consecuencias, no obstante que provenga de una autoridad administrativa o jurisdiccionales o las formales diferencias en los trámites rituales. De consiguiente, los principios que rigen el derecho punitivo de los delitos, incluyendo el de la culpabilidad, deben, necesariamente, hacerse extensivos a las restantes disciplinas sancionatorias en las que no ha existido un desarrollo doctrinal adecuado sobre esta materia. Que sólo el derecho penal involucre intereses esenciales del individuo, es un postulado ampliamente rebatido, insuficiente hoy en día para justificar las diferencias en el tratamiento  de las diversas clases de sanciones." (se subraya).4 En este orden de ideas, con la consagración de la presunción de inocencia como derecho fundamental constitucional extensivo a toda disciplina sancionatoria se busca vincular a las autoridades que, en ejercicio de sus funciones, impongan sanciones de cualquier índole. De esta forma, se quiere evitar la presencia de actuaciones arbitrarias, en la cual el funcionario unilateralmente imponga la sanción, y que la presunción de inocencia que establece la Constitución sólo sea desvirtuada  a través de un proceso en donde el sindicado tenga la posibilidad de ejercer su derecho a la defensa de la debida forma. Cuando las autoridades del terminal marítimo de Cartagena fundamentan su decisión, de prohibirle el ingreso al peticionario a sus instalaciones, en el hecho de estar vinculado a un proceso penal y a una investigación administrativa interna, significa esto que al actor se le está presumiendo culpable de tales ilícitos y por tanto, se le vulnera su derecho fundamental a que se le presuma inocente. Así las cosas, para que las mencionadas autoridades prohiban el ingreso al peticionario a sus instalaciones, este deberá ser declarado culpable por las presuntas conductas delictivas cometidas en las instalaciones portuarias. Desvirtuada así la presunción de inocencia, la sanción tendría fundamento legal. 3. Las facultades discrecionales. La policía administrativa es aquella actividad de la administración que tiene como objeto limitar el ejercicio de los derechos de los administrados, con la única finalidad de mantener el orden y el interés público en la sociedad. En otras palabras, se busca un equilibrio armónico entre el interés individual -representado por las garantías y los derechos de los ciudadanos- y el interés general de la comunidad. Con tal fin, la ley otorga facultades a las autoridades administrativas, ya sean regladas o discrecionales. Esta Corte ha dicho5  que las limitaciones a las libertades públicas y a los derechos constitucionales fundamentales deben estar autorizadas expresamente por la ley, como quiera que la intención del Constituyente del 91 es la de otorgarle las garantías necesarias a las personas para el cabal ejercicio de sus derechos. En relación al caso sub-lite, tenemos que la sanción impuesta al peticionario obedece al ejercicio de la facultad discrecional que le otorga el reglamento interno sobre carnetización de Colpuertos que dice " Colpuertos se reserva el derecho de admisión a personas en circunstancias especiales: tales como la mala conducta anterior en el terminal" . En materia de discrecionalidad, es preciso recordar que en un Estado de Derecho no existen los actos discrecionales absolutos, porque siempre deberá existir ley previa que estipule los parámetros a la administración, situación que de no ocurrir así, violaría el principio de legalidad que consagra nuestra Constitución y que constituye una de las máximas garantías con que cuentan los asociados. De otra parte, la doctrina administrativa ha aclarado que las facultades  discrecionales no significan arbitrariedad. Al respecto, el profesor Enrique Sayagués Laso observa que: "La discrecionalidad de que disponen los órganos de la administración no significa arbitrariedad. Al ejercer potestades discrecionales la administración no puede decidir caprichosamente, porque en definitiva la discrecionalidad es sólo la posibilidad de apreciar libremente la oportunidad o conveniencia de la acción administrativa, dentro de ciertos límites. Quiere decir que hay discrecionalidad cuando la administración puede decir, según su leal saber y entender, si debe o no actuar y, en caso afirmativo, qué medidas adoptará."6 III. CONCLUSION El respeto a los derechos fundamentales, consagrados en la Constitución de 1991, constituye el más importante e inmediato limite de las facultades discrecionales que la ley señala a la administración. La primacía y efectividad de los derechos no puede estar sujeta a la caprichosa interpretación de la administración. En el presente caso, la administración sancionó al peticionario y vulneró así su derecho a que se le presuma inocente y al trabajo. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE PRIMERO.- REVOCAR la providencia del Juzgado Segundo del Circuito de Cartagena del 3 de Junio de 1992, por las razones expuestas en la parte motiva de  la presente sentencia. SEGUNDO.- Como mecanismo enderezado a la protección inmediata de los derechos fundamentales conculcados, ORDENAR a la Policía Portuaria y a la División de Seguridad del Terminal Marítimo de Cartagena que se le autorice al señor Edinson Rojas Mestra a ingresar a las instalaciones portuarias. TERCERO.- En todos aquellos casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que no sea desvirtuada la presunción de inocencia por las autoridades administrativas, la doctrina constitucional enunciada en esta sentencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO para las autoridades, en los términos del artículo 23 del Decreto 2067 de 1.991. CUARTO.- ORDENAR que por secretaría se comunique esta providencia al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, a la Policía Portuaria y a la División de Seguridad del Terminal Marítimo de Cartagena, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, Cópiese, Comuníquese, Cúmplase e Insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Con salvamento de voto- MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Sentencia aprobada por la Sala Primera de Revisión, en Santafé de Bogotá el día 11 del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992) Salvamento de voto a la Sentencia No. T-581 DERECHO AL TRABAJO-Licitud (Salvamento de voto) La actividad desplegada por la persona para obtener los recursos que le permitan atender a sus necesidades individuales y familiares, debe ser LICITA, es decir, respetuosa del orden normativo establecido en aras del bienestar colectivo. ACCION DE TUTELA-Finalidad/FUNCION PUBLICA/PREVALENCIA DEL INTERES GENERAL (Salvamento de voto) No se puede llevar la acción de tutela hasta el extremo de convertirla en obstáculo para el ejercicio de la función pública, en especial si con ésta se persigue, como en el presente caso, hacer realidad el principio constitucional de prevalencia del interés general sobre el bien particular. La acción de tutela tiene por fin y justificación la protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando existe en efecto violación de los mismos o cuando ellos están siendo amenazados, pero no constituye pretexto ni es oportunidad para instaurar la indisciplina ni el desorden en el seno de la sociedad ACCION DE TUTELA-Improcedencia (Salvamento de voto) El acto mediante el cual se resolvió prohibir el acceso del peticionario a las instalaciones del terminal marítimo, es un acto administrativo contra el cual cabían recursos por la vía gubernativa y, desde luego, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Por lo tanto, existía otro medio de defensa judicial que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, hacía improcedente la acción de tutela y, por ende, no podía concederse el amparo solicitado. REF.: Expediente T-4015 Magistrado Ponente Dr. CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá,D.C. siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y dos (1992). El suscrito Magistrado en el proceso de la referencia no ha compartido la decisión adoptada por la Sala ni la motivación que a ella condujo, razón por la cual se permite consignar los argumentos en que funda su salvamento de voto. 1. Debe distinguirse entre la definición de la responsabilidad penal que pueda caber al petente por el posible delito de hurto -tema que no era objeto de este proceso y que depende de las decisiones que, previo proceso, adopten los jueces competentes- y las atribuciones de la Policía de Vigilancia Portuaria que actúa en el terminal de Cartagena en defensa de la seguridad del mismo. En consecuencia, no me parece que acierte el fallo cuando, sobre la base de la presunción de inocencia en materia penal, pretende hacer inocua la tarea preventiva que debe desplegar la autoridad en defensa del interés colectivo. Obran en el expediente numerosos elementos de juicio relacionados con la conducta indebida del actor dentro de las instalaciones portuarias. Que ellas configuren delito y que exista de su parte responsabilidad penal es algo que, como antes digo, resolverá la jurisdicción correspondiente. Pero en relación con el comportamiento exigido por los reglamentos a quienes son portadores del carnet que les permite el acceso al terminal marítimo, aunque no se tratara de conductas delictivas, es evidente que en este caso existían motivos suficientes para que las autoridades encargadas de custodiar los bienes depositados en aquél, adoptaran las medidas indispensables para impedir que ingresara allí una persona cuyas actitudes anteriores las habían puesto en aleta. Ello no implica en modo alguno la presunción de culpabilidad ni el deseo de obstruir el ejercicio del derecho al trabajo que asiste al peticionario, sino el desempeño de la función que a esas autoridades ha sido confiada en guarda del interés colectivo. Sería irresponsable por parte de la Policía de Vigilancia Portuaria permanecer impasible, a la espera del fallo judicial sobre responsabilidad penal del sindicado, cuando existe el antecedente de una flagrante transgresión, cuando menos a los reglamentos que regulan la actividad dentro del puerto: "... el mismo señor EDISON ROJAS quien figuraba como embarcador de la Empresa CARDEGIL valiéndose de un contenedor que debía salir vacío del Terminal, según los documentos, pretendió sacar un (1) Huacal de propiedad de Ecopetrol y cinco (5) Pallets de productos marca PREBELL, lo cual fue impedido gracias a la revisión hecha por Unidades de la Policía Portuaria, las cuales detectaron dicho ilícito. Las mercancías no eran de pertenencia del señor EDISON ROJAS, ni tampoco habían sido encomendadas a él para su gestión" (Vid Policía Nacional, Policía de Vigilancia Portuaria. Terminal de Cartagena. Oficio No. 0377 dirigido al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena. Mayo 22 de 1992. Folio 16 del Expediente). La aseveración sobre la ocurrencia de este mismo hecho es reiterada por el Director de Seguridad General del Terminal Marítimo de Cartagena en oficio del 22 de mayo de 1992, folio 26 del expediente. Tampoco puede exigirse a las autoridades de policía del puerto que permitan el tránsito del citado ciudadano en su interior cuando ellas mismas, según el documento en referencia, han establecido la utilización indebida del carnet indispensable para acceder a esas instalaciones: "... el sujeto EDISON ROJAS fue encontrado el día siguiente dentro del Terminal por lo que se le requirió el permiso o autorización para ingresar, presentado un carnet, que al ser confrontado con el anterior suyo (que había sido puesto a disposición de la Gerencia Local de Colpuertos) presenta características idénticas (...), no siendo esto normal ya que la Sección de Carnetización de Colpuertos sólo expide un carnet de usuario a la vez. Ambos carnets fueron puestos a disposición de la Gerencia Local de Colpuertos". Nadie puede afirmar que se haya cometido un delito en relación con el uso de ese carnet, pero, ante lo irregular de la situación, la Policía sí estaba en la obligación de ejercer la vigilancia correspondiente, investigar sobre el asunto y tomar las necesarias precauciones, sin que nada de ello representara presunción de mala fe ni violación de los derechos fundamentales del petente. 2. Debo citar aquí lo dicho por la Sala Tercera de Revisión en torno al trabajo que protege la Constitución y en cuanto al debido entendimiento del principio de la buena fe: "Del desarrollo jurisprudencial hasta ahora efectuado por la Corte Constitucional en relación con la primera de las tres formas de manifestación del derecho al trabajo, se colige un principio de insoslayable observancia en el que esta Sala cree indispensable insistir, a cuyo tenor la actividad desplegada por la persona para obtener los recursos que le permitan atender a sus necesidades individuales y familiares, debe ser LICITA, es decir, respetuosa del orden normativo establecido en aras del bienestar colectivo. No puede concebirse como trabajo y mucho menos ser protegida constitucionalmente, aquella ocupación que causa daño a la colectividad o que en todo o en parte resulta ser atentatoria del orden jurídico, pues de así admitirse se quebrantaría sin remedio la estructura básica de la organización social, de la cual son piezas insustituibles el respeto a la legalidad, la prevalencia del interés común, el digno ejercicio de los derechos y el cabal cumplimiento de deberes y obligaciones. Dentro de este contexto axiológico no es factible reconocer el carácter de "trabajo" a las conductas tipificadas como punibles, tal como lo pretende el accionante en el caso dilucidado mediante las providencias que ahora se revisan". "(...)" Es indispensable anotar, además, que toda actividad que aspire al reconocimiento social y al amparo del Estado debe realizarse de acuerdo con la normatividad imperante y atendiendo siempre al principio de la razonabilidad, según el cual los derechos son protegidos y deben ser ejercidos hasta un determinado límite -aquel en que no causen daño o agravio a los demás ni perjudiquen el interés común-, sin que su titular pueda pretender que le sean tutelados aunque desborden las leyes de la razón, ni calificar como absolutos derechos cuyo ejercicio puede afectar el bien de la comunidad. Sobrepasado ese límite, puede afirmarse que desaparece el derecho". "(...)" "La buena fe, sin embargo, no puede implicar que el Derecho la admita y proclame como criterio eximente de la responsabilidad que, según las leyes, corresponde a quienes incurren en acciones u omisiones dolosas o culposas que ameritan la imposición de sanciones judiciales o administrativas. Hacer del principio de la buena fe una excusa de ineludible aceptación para consentir conductas lesivas del orden jurídico equivale a convertir éste en un sistema inoperante. En consecuencia, pese a la obligatoriedad del principio constitucional enunciado, éste se edifica sobre la base de una conducta cuidadosa de parte de quien lo invoca, en especial si la ley ha definido unas responsabilidades mínimas en cabeza del que tiene a su cargo determinada actividad."1 3. A juicio del suscrito Magistrado, no se puede llevar la acción de tutela hasta el extremo de convertirla en obstáculo para el ejercicio de la función pública, en especial si con ésta se persigue, como en el presente caso, hacer realidad el principio constitucional de prevalencia del interés general sobre el bien particular (artículo 1o. C.N.). El instrumento de que trata el artículo 86 de la Carta tiene por fin y justificación la protección de los derechos constitucionales fundamentales, cuando existe en efecto violación de los mismos o cuando ellos están siendo amenazados, pero no constituye pretexto ni es oportunidad para instaurar la indisciplina ni el desorden en el seno de la sociedad como mucho me temo que ha ocurrido en el caso que nos ocupa con notorio desconocimiento sobre el verdadero sentido de los principios constitucionales invocados en la sentencia de la cual me aparto. 4. Pero, además, el acto mediante el cual se resolvió prohibir el acceso del peticionario a las instalaciones del terminal marítimo, expedido por la Policía de Vigilancia Portuaria de Cartagena, es un acto administrativo contra el cual cabían recursos por la vía gubernativa y, desde luego, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, de conformidad con lo previsto en las pertinentes normas del Código Contencioso Administrativo. Así las cosas, existía otro medio de defensa judicial que, a la luz del artículo 86 de la Constitución, hacía improcedente la acción de tutela y, por ende, no podía concederse el amparo solicitado. Por tanto, no puedo estar de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T-222. Sala Primera de Revisión. 2 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T-446. Sala Quinta de Revisión. 3 Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T-525. Sala Primera de Revisión. 4 Cfr, Gaceta Constitucional No. 84, Mayo 24 de 1991. Informe del Constituyente Hernando Londoño Jimenez. 5  Cfr. Sentencia Corte Constitucional No. T-425. Sala Primera de Revisión. 6  SAYAGUES LASO, Enrique. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo I, Montevideo, 1963, páginas 406 y 407. 1 Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia T-568 del veintitres de octubre de 1992.

T-582-92 Sentencia No Sentencia No. T-582/92 SANCION DISCIPLINARIA-Naturaleza/ACTO JURISDICCIONAL El legislador extraordinario al reglamentar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional optó por atribuir de manera general carácter judicial a las decisiones dictadas al término de un proceso disciplinario en contra de éstos. En efecto, el Legislador Extraordinario determinó que "las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con los funcionarios y empleados judiciales son actos jurisdiccionales, no susceptibles de acción contencioso administrativa. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD/DEBIDO PROCESO-Vulneración Se podría plantear, en abstracto, una posible inconstitucionalidad de la norma que atribuye naturaleza jurisdiccional a todas las decisiones disciplinarias en relación con funcionarios y empleados de la rama judicial, por contrariar la garantía constitucional del debido proceso - derecho a controvertir toda decisión sancionatoria, principio de imparcialidad -, así como el principio de igualdad frente a otros funcionarios del Estado que al término del procedimiento administrativo disciplinario pueden recurrir ante el juez administrativo. Su análisis más profundo y definitivo, sin embargo, debe hacerse en otra sede, distinta a esta de revisión de sentencias de tutela, máxime cuando no se presenta una incompatibilidad manifiesta entre los distintos textos. SANCION DE PLANO/ARRESTO-Improcedencia Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedimiento mínimo que incluya la garantía de su defensa. La sola exigencia de una certificación secretarial o de la declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acusado, prescindiendo de que éste pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia La actuación de la autoridad judicial se plasmó en una providencia judicial de única instancia, lo cual impide su cuestionamiento constitucional. Esta Corporación se encontró ante un hecho cumplido al haberse pronunciado en forma definitiva la Sala Disciplinaria del Tribunal de Cundinamarca en el sentido de confirmar la sanción de destitución de la peticionaria. En consecuencia, de conformidad con la doctrina constitucional expuesta por la Corte Constitucional en sentencia de Sala Plena del 1o. de octubre de 1992, no hay lugar, por sustracción de materia, a  cuestionar la constitucionalidad de las sentencias definitivas que eventualmente vulneren o amenacen los derechos fundamentales de la persona. NOVIEMBRE  12 DE 1992 REF: Expediente T-4018 Actor: CARMEN GLORIA ORIGUA   GARCIA Magistrado Ponente: Dr.EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-4018 adelantado por la señora CARMEN GLORIA ORIGUA GARCIA contra actos de la JUEZA PROMISCUA MUNICIPAL DE SILVANIA, Cundinamarca. A N T E C E D E N T E S 1. La señora CARMEN GLORIA ORIGUA GARCIA interpuso acción de tutela contra la Jueza Promiscua Municipal de Silvania, Cundinamarca, por considerar que ésta, mediante "actos administrativos" sancionatorios vulneró sus derechos fundamentales al trabajo y al debido proceso. Solicitó que se ordenara la "suspensión" de las sanciones impuestas, la cancelación de los salarios dejados de percibir y que se previniera a la Jueza, doctora MARTHA CECILIA VARGAS LONDOÑO, "para que no siga hostigándome con el objeto de que le presente renuncia del cargo que he venido desempeñando como Escribiente grado 04". En su escrito, la petente manifestó que la doctora  VARGAS LONDOÑO asumió las funciones de Jueza Promiscua Municipal de Silvania en junio de 1990 y desde comienzos de 1992 emprendió en su contra una permanente persecución. 2. El Juez 98 de Instrucción Criminal de Fusagasugá asumió el conocimiento de la acción de tutela, pero solamente trece (13) días después de radicada en su despacho la solicitud, llevó a cabo la práctica de una inspección judicial en el Juzgado Promiscuo de Silvania con el fin de verificar la existencia de los procesos disciplinarios contra la peticionaria y obtener copia de los mismos. En la mencionada diligencia se estableció que contra la escribiente ORIGUA GARCIA, su superior jerárquico había adelantado los procesos disciplinarios Nos. 414, 415, y 426, e impuesto una sanción de plano por irrespeto a la autoridad. Los cargos que sirvieron de base al proceso disciplinario 414 en contra de la escribiente se basaron en el retardo injustificado incurrido en la tramitación de actuaciones que estaban a su cargo. Por esos mismos hechos, la doctora MARTHA CECILIA VARGAS ya le había llamado la atención por escrito en tres oportunidades durante el mes de febrero de 1992, época que coincide con el uso de una licencia de maternidad por parte de CARMEN GLORIA ORIGUA. El mencionado proceso culminó el 18 de marzo de 1992 mediante providencia en la que se le sancionó con 60 días de suspensión en el cargo sin derecho a remuneración. Durante el trámite del proceso disciplinario 414, la Jueza VARGAS LONDOÑO sancionó de plano a la petente ORIGUA GARCIA con multa de 3 días de sueldo y suspensión  en el cargo por el mismo término. La Jueza motivó su decisión así: "(...) que en la fecha del tres (3) de marzo de 1992, ejecutó acto de irrespeto en contra de su superior, por lo que se le llamó la atención mediante oficio No. 0065 de marzo 3 de 1992, que le fuera entregado en esta misma fecha de esta resolución, y que se adjunta al presente para que haga parte del mismo, y dada la grosería, altanería y tono amenazante con que la empleada mencionada increpó a la titular de este Juzgado (...)". Contra la decisión la petente interpuso los recursos de ley, pero le fueron inadmitidos por extemporáneos. El proceso disciplinario No. 415 tuvo como único cargo la ausencia injustificada de la escribiente ORIGUA GARCIA el día 26 de febrero de 1992, fecha en la que vencía su licencia de maternidad. La investigada contestó oportunamente el pliego de cargos y adujo que su inasistencia se debió a un error de cálculo: "Se me formula cargo por haber dejado de asistir al lugar de trabajo durante un día y el cual corresponde al 26 de febrero de 1992, en el que por error y equivocación mías, al hacer la petición de solicitud de vacaciones inmediatamente se terminaba la licencia de maternidad no contabilicé ese día cuando tenía el convencimiento de que había quedado incluído. Lo anterior para mi fue sorpresa cuando se me corre este cargo pues solamente hasta ese instante caí en la cuenta de mi error, pues no existe otra razón distinta para excusarme de esa falta". La Jueza Promiscuo Municipal de Silvania desestimó las exculpaciones de la procesada y, el 18 de marzo de 1992, la sancionó por dejar de asistir en forma injustificada al lugar de trabajo, imponiéndole una multa de treinta días de sueldo básico. El proceso disciplinario 426 se inició con base en las diferentes quejas contra la peticionaria, presentadas por diversas personas. En el pliego de cargos a ella formulado el 27 de marzo de 1992, se la responsabilizó de haber omitido o retardado injustificadamente el despacho de asuntos a su cargo y de haber suministrado información inexacta. El 8 de mayo de 1992, tres días después de presentada la acción de tutela, la Jueza MARTHA CECILIA VARGAS sancionó a la escribiente CARMEN GLORIA ORIGUA GARCIA con destitución del cargo, al encontrar probadas las irregularidades que se le endilgaban. 3. El fallador de tutela en primera instancia, mediante sentencia del 22 de mayo de 1992, "inadmitió" la acción instaurada por la señora ORIGUA GARCIA. El Juez 98 de Instrucción Criminal consideró que no se habían violado los derechos invocados por la petente debido a que la funcionaria acusada había actuado de conformidad con sus facultades legales, respetando todas sus garantías procesales. 4. La accionante impugnó la anterior decisión y en su escrito insistió en la violación de su derecho al trabajo por parte de la Jueza, "pues no solamente se limitó a llamarme la atención, sino que adelantó cuanto proceso administrativo o disciplinario se le vino en mente, para lograr destituirme. Si esto no es persecución entonces qué es?". 5. La Sala Laboral del Distrito Judicial de Cundinamarca, mediante sentencia del 2 de julio de 1992, confirmó la sentencia impugnada. El Tribunal de segunda instancia fundó su decisión en que, teniendo los actos acusados de la Jueza Promiscuo carácter judicial, y no administrativo, "mal puede impetrarse la suspensión de ellos, cuya competencia, por lo demás, está reservada a la Jurisdicción Contencioso Administrativa". Consideró, además, que por no haberse resuelto para ese entonces el recurso de apelación presentado por CARMEN GLORIA ORIGUA contra la providencia que la sancionó con destitución del cargo, la acción de tutela era improcedente, y que el perjuicio que ella pretendía evitar no era irremediable, "pues, mediante la eventual revocatoria de la providencia, bien podría obtenerse el restablecimiento o la protección del derecho que se considera vulnerado, circunstancia que, per se, lo torna remediable y por ende no solo susceptible de ser reparado mediante una indemnización (art. 1o. Decreto 306 de 1992". 6. Remitido el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión, fue seleccionado y correspondió a esta Sala su conocimiento. 7. A solicitud del Magistrado Ponente, la Sala Disciplinaria del Tribunal Superior de Cundinamarca remitió copia de la sentencia definitiva recaida en el proceso disciplinario 426 seguido contra la escribiente ORIGUA GARCIA al término del cual se la destituyó de su cargo. Mediante providencia del 25 de agosto de 1992, el Tribunal confirmó la decisión apelada. Para sustentar su decisión la Sala afirmó "Como se puede observar, teniendo en cuenta el acervo probatorio, la señora Juez Promiscuo Municipal de Silvania agotó los trámites estatuidos por el Decreto 1888 de 1989 para investigar la conducta desplegada por la escribiente grado 4 de ese Despacho Judicial, CARMEN GLORIA ORIGUA GARCIA, en virtud de las repetidas quejas formuladas en su contra y en razón a ello, acogiéndose a las circunstancias y probanzas allegadas al investigativo, estableció que efectivamente la empleada estaba incursa en infracciones de carácter disciplinario contempladas en el Decreto citado y ameritaba imponer las sanciones de que fue objeto y que culminó con la declaratoria de insubsistencia. "Las pruebas que respaldaron la decisión de la señora Juez, comprometen la conducta de la acusada y por consiguiente la determinación tomada  está ajustada a la realidad procesal, sin que amerite objeción o reparo alguno". Llama la atención, sin embargo, que la apelante acompañó a su impugnación declaración extrajuicio de la señora ANA BERTILDA MAHECHA CORTES, rendida bajo juramento ante el Alcalde Municipal de Fusagasugá, en la cual esta última niega haber declarado en contra de la peticionaria a pesar de que su supuesta queja sirvió de base a la destitución de la misma, documento que no ameritó ni examen ni pronunciamiento alguno por parte de la Sala Disciplinaria al confirmar la sentencia sancionatoria. FUNDAMENTOS JURIDICOS Naturaleza de las decisiones disciplinarias contra funcionarios y empleados judiciales 1. La naturaleza jurídica de las sanciones disciplinarias impuestas a funcionarios públicos ha sido largamente debatida en la doctrina y la jurisprudencia nacionales. La clásica discusión llevada a cabo en el seno de la Academia Colombiana de Jurisprudencia en 1981 ilustra las diversas posiciones de eminentes juristas nacionales en torno al carácter jurisdiccional o administrativo de las decisiones tomadas al término de un proceso disciplinario en relación con funcionarios y empleados judiciales. Históricamente la facultad disciplinaria surgió del ejercicio del poder administrativo. Su finalidad esencial era la de facilitar el desempeño eficiente de la función pública, e impedir que la conducta de los funcionarios y empleados oficiales se convirtiera en un obstáculo para el cumplimiento de los fines estatales. El principio jerárquico tenía exclusivamente operancia gracias al poder disciplinario atribuido a la autoridad pública sobre sus empleados o dependientes, a la cual se aseguraba un amplio ámbito de discrecionalidad. De ahí que la doctrina identificara la función administrativa, en contraste con la jurisdiccional, por el carácter voluntario de sus decisiones sancionatorias . La evolución del poder disciplinario ha llevado a una progresiva aplicación en su campo de los principios y garantías del debido proceso de estirpe penal. Este desarrollo tiene expresión concreta en el artículo 29 de la Constitución. En él se garantiza el debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales o administrativas. Corresponde al juez constitucional determinar el alcance del derecho al debido proceso y su aplicación en el ámbito administrativo, sin desatender el principio de eficacia de la administración y los fines inherentes a esta función estatal (CP art. 209). En materia de régimen disciplinario para empleados y funcionarios públicos de la rama jurisdiccional, la doctrina colombiana distingue entre sanciones disciplinarias contra jueces y magistrados, y aquellas impuestas a empleados del despacho bajo la sujeción de un superior jerárquico. En el primer caso, en concepto del tratadista HERNANDO DEVIS ECHANDIA, estamos ante actos jurisdiccionales, mientras que en el segundo se afirma el carácter administrativo de los actos sancionatorios. "También es administrativo - advierte - el juzgamiento por un juez o Tribunal de sus propios subalternos, mediante acto propio de voluntad, porque entonces su actividad es igual a la de la Administración cuando juzga disciplinariamente a sus propios funcionarios subalternos. Pero la situación es totalmente distinta, cuando el Consejo Superior y los Tribunales Judiciales de Distrito, juzgan a otros Magistrados o a jueces. En el primer caso se obra en ejercicio de una función administrativa, pero  en el segundo en ejercicio de una función netamente "juzgadora" o sea una función "judicial". En el primer caso (aplicación por un Tribunal o un juez de sanciones disciplinarias a su secretario o escribiente) opera la mentada "pirámide jerárquica" y aparece un acto de simple voluntad del superior sobre el inferior; en el segundo caso (juzgamiento disciplinario de un juez o Magistrado, por el Tribunal Superior o el Consejo Superior) aparece un acto de verdadero juzgamiento, en proceso contencioso judicial, de un tercero frente al litigio, que juzga sobre él, sin ser parte de él."[1] El principio de imparcialidad, en opinión de la mayoría de los doctrinantes colombianos, es el elemento decisivo para distinguir cuándo la función disciplinaria es jurisdiccional y cuándo es administrativa. Tratándose de jueces o magistrados el juzgamiento de actos u omisiones constitutivos de faltas disciplinarias es tramitado y decidido por una autoridad o instancia imparcial, lo cual no tiene lugar cuando es el mismo juez quien de oficio inicia proceso disciplinario contra uno de sus subalternos, actuación que, en sana lógica, debería tener carácter administrativo y ser susceptible de cuestionamiento ante una instancia imparcial. No obstante lo anterior, el legislador extraordinario al reglamentar el régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de la rama jurisdiccional, con fundamento en las facultades conferidas por la ley 30 de 1987, optó por atribuir de manera general carácter judicial a las decisiones dictadas al término de un proceso disciplinario en contra de éstos. En efecto, el Legislador Extraordinario determinó que "las providencias que en materia disciplinaria se dicten en relación con los funcionarios y empleados judiciales son actos jurisdiccionales, no susceptibles de acción contencioso administrativa (D. 1888 de 1989, art. 51)". La jurisprudencia posterior de las altas corporaciones de la justicia ha ratificado la naturaleza judicial de las mencionadas actuaciones, siendo fiel al principio de legalidad. Principios de imparcialidad y contradicción en el procedimiento disciplinario contra funcionarios judiciales 2. Los principios de imparcialidad y contradicción son consustanciales al debido proceso, derecho fundamental consagrado en el artículo 29 de la Carta. En materia sancionatoria, penal o disciplinaria, la Constitución obliga a seguir un procedimiento legal en el que prime la objetividad del juzgador. Además, el procesado debe contar con plenas oportunidades de defensa. Estas garantías generalmente se traducen en la posibilidad legal de interponer recursos, presentar y controvertir pruebas y asesorarse de un abogado, así como en el trámite y juzgamiento ante una instancia imparcial. La naturaleza de la función administrativa, sin embargo, invierte el orden del proceso en favor de los intereses públicos, siendo la misma autoridad jerárquica la que impone la sanción disciplinaria, muchas veces sin motivación previa, si se trata de funcionarios de libre nombramiento y remoción. En este evento, las garantías de contradicción e imparcialidad operan en el proceso contencioso administrativo posterior, cuando el afectado decide iniciarlo, impidiendo de tal forma que simples razones de Estado acaben por prevalecer sobre los derechos fundamentales de la persona. La vigilancia judicial de los empleados de la rama jurisdiccional corresponde al Ministerio Público y al respectivo superior, salvo que la Procuraduría inicie investigación o aprehenda en cualquier momento su conocimiento (D. 1888 de 1989, arts. 17 y 22). El procedimiento para la investigación y el juzgamiento de empleados y funcionarios judiciales por faltas disciplinarias está establecido en la ley y en ella se respetan el principio de legalidad y el derecho de contradicción. No sucede lo mismo respecto del principio de imparcialidad cuando el mismo juez o magistrado es quién inicia y sanciona al funcionario respectivo, en proceso de única instancia, salvo si la sanción es de destitución que puede impugnarse ante el superior de la autoridad que tomó la decisión  (D. 1888 de 1989, art. 30). En esta eventualidad, ninguna instancia imparcial puede evitar el desconocimiento del debido proceso, porque así expresamente lo ha querido el legislador al no consagrar recursos contra las decisiones sancionatorias y darles a todas ellas el carácter de actos jurisdiccionales no susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa. De lo anteriormente expuesto se podría plantear, en abstracto, una posible inconstitucionalidad de la norma que atribuye naturaleza jurisdiccional a todas las decisiones disciplinarias en relación con funcionarios y empleados de la rama judicial, por contrariar la garantía constitucional del debido proceso - derecho a controvertir toda decisión sancionatoria, principio de imparcialidad -, así como el principio de igualdad frente a otros funcionarios del Estado que al término del procedimiento administrativo disciplinario pueden recurrir ante el juez administrativo. Su análisis más profundo y definitivo, sin embargo, debe hacerse en otra sede, distinta a esta de revisión de sentencias de tutela, máxime cuando no se presenta una incompatibilidad manifiesta entre los distintos textos. Sanciones de plano impuestas por jueces o magistrados a sus empledos 3. La imposición de multa o suspensión del cargo por irrespeto a la autoridad judicial es una facultad del respectivo superior que se desprende del artículo 69 del D. 052 de 1987, contra la cual sólo es posible interponer el recurso de reposición ante la misma autoridad que tomó la decisión sancionatoria. Esta Corte ha sostenido en relación con la constitucionalidad de las sanciones privativas de la libertad impuestas de plano por autoridades administrativas, lo siguiente: "Toda persona tiene derecho a que antes de ser sancionada se lleve a cabo un procedimiento mínimo que incluya la garantía de su defensa. La sola exigencia de una certificación secretarial o de la declaración de dos o más testigos presenciales para sancionar al acusado, prescindiendo de que éste pueda contradecir la veracidad de las pruebas, constituye una acción unilateral de la administración contraria al estado de derecho democrático y participativo y a la vigencia de un orden jurídico justo[2]". Por su parte, las autoridades judiciales, con el fin de mantener la disciplina interna del Despacho, tienen la potestad de imponer de plano a sus empleados sanciones consistentes en multa o suspensión sin remuneración por término de tres días. La necesidad de dotar al juez de instrumentos eficaces para el adecuado y cabal desempeño de sus funciones, no libera al funcionario que ejerce la facultad disciplinaria del deber de respaldar el eventual cargo de irrespeto en pruebas que puedan ser controvertidas por la persona sancionada. El mínimo de los principios constitucionales del derecho penal - imparcialidad y contradicción - es aplicable a la actividad sancionatoria de las autoridades judiciales. En el presente caso, el Decreto 002 del 5 de marzo de 1992, por el cual se sancionó a la peticionaria con multa de 3 días de sueldo y suspensión en el ejercicio del cargo por el mismo término como consecuencia del irrespeto infligido a la Jueza MARTHA CECILIA VARGAS LONDOÑO, no se sustenta en prueba alguna, y se basa en forma exclusiva en la apreciación de la autoridad agraviada respecto a la conducta "irrespetuosa, altanera y amenazante". La carencia de elementos objetivos que permitan evaluar la gravedad de la conducta del funcionario o empleado para deducirle una sanción disciplinaria, con negativos efectos para su hoja de vida, compromete la constitucionalidad de la decisión sancionatoria por vulnerar el derecho de defensa y el derecho al trabajo. Sin embargo, la actuación de la autoridad judicial se plasmó en una providencia judicial de única instancia, lo cual impide su cuestionamiento constitucional según tesis mayoritaria de la Corte Constitucional. Sanciones disciplinarias al término del proceso legal interno 4.  La normatividad legal (D. 052 de 1987 y D. 1888 de 1989) contempla un debido proceso - pliego de cargos, presentación de descargos, solicitud y práctica de pruebas, recurso de reposición - para el trámite de las investigaciones adelantadas contra los empleados judiciales del despacho por faltas disciplinarias y otorga al mismo juez o magistrado la potestad de sancionar a sus subalternos, incluso con la destitución del cargo en casos de concurrencia de faltas o extrema gravedad de las mismas. Los procesos disciplinarios 414 y 415 seguidos contra la señora CARMEN GLORIA ORIGUA GARCIA se ciñeron, en principio, a las normas procesales propias de dicho juicio: iniciación de la investigación por el juez, formulación de cargos, contestación al pliego de cargos, decreto y práctica de pruebas, posibilidad de contradicción, etc. En tal sentido, - desde una perspectiva constitucional -, no habría lugar a formular reparo alguno. No sucede lo mismo con el proceso disciplinario 426 que terminó con la destitución de la peticionaria, dada la presencia de elementos probatorios contradictorios originados en una misma persona - ANA BERTILDA MAHECHA CORTES - y que en parte sirvieron de base para imponer la sanción, que a su vez son invocados para impugnar esta determinación. La contradicción probatoria, aducida en tiempo por la interesada en el trámite del recurso de apelación, unida a la presunta persecución desplegada contra ella por la Jueza que la sancionara con la pérdida de su empleo, son indicios suficientes que habrían ameritado un examen detenido de los hechos que dieron origen a las investigaciones y una evaluación más estricta de las pruebas aportadas para sustentar los cargos en contra de la escribiente. Denegación de la tutela por sustracción de materia 5. La petente solicitó la suspensión de los efectos de las providencias judiciales proferidas por la jueza VARGAS LONDOÑO que ponían término a procesos disciplinarios adelantados en su contra. Su pretensión de tutela no fue atendida por el tribunal de segunda instancia, el cual la desestimó, sin tener en cuenta que el  Decreto 2591 de 1991, art. 7, permite la suspensión de los actos presuntamente lesivos de los derechos fundamentales. Ya en sede de revisión, esta Corporación se encontró ante un hecho cumplido al haberse pronunciado en forma definitiva la Sala Disciplinaria del Tribunal de Cundinamarca en el sentido de confirmar la sanción de destitución de la peticionaria - sentencia del 25 de agosto de 1992 -. En consecuencia, de conformidad con la doctrina constitucional expuesta por la Corte Constitucional en sentencia de Sala Plena del 1o. de octubre de 1992, no hay lugar, por sustracción de materia, a  cuestionar la constitucionalidad de las sentencias definitivas que eventualmente vulneren o amenacen los derechos fundamentales de la persona. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia del 2 de julio de 1992, proferida por la Sala Laboral del Tribunal del Distrito Judicial de Cundinamarca, en el proceso de tutela instaurado por CARMEN GLORIA ORIGUA GARCIA contra la JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SILVANIA, Cundinamarca. SEGUNDO.- LIBRESE comunicación al Juzgado 98 de Instrucción Criminal de Fusagasugá, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y dos). [1]HERNANDO DEVIS ECHANDIA. Intervención ante la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia Nos. 240-241-242, enero-junio de 1981. Págs. 118 a 159. [2]Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T-490 de agosto 13 de 1992.

T-583-92 Sentencia No Sentencia No. T-583/92 ACCION DE TUTELA-Objeto/DERECHOS FUNDAMENTALES/PERJUICIO IRREMEDIABLE La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente  y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental.  De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido éste último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización. ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS-Improcedencia Cuando se ha tenido al alcance  un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado u proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Nadie puede alegar que careció de medios de defensa ni gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.  Pero, claro está, si pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales, el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción." REF.: Expediente No. T-4109 Acción de tutela contra sentencias proferidas por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Peticionario: BERNARDO NIÑO INFANTE Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., Noviembre once (11) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los señores Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Fabio Morón Diaz, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas el  8 de abril de 1992 por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal y el 2 de julio del mismo año por la referida Corporación, Sala Plena. I.  ANTECEDENTES A.      La Petición 1.      El 1o. de marzo de 1992, el señor BERNARDO NIÑO INFANTE, obrando en su propio nombre, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un escrito en el que impetra la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política a fin de que se le restablezcan sus derechos constitucionales fundamentales al Debido Proceso y a la Propiedad, violados con las sentencias proferidas por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, el Tribunal Superior de la misma ciudad y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, desconociendo sus derechos al absolver a la empresa "AVIANCA"  de las pretensiones que contra ella dedujo en la demanda, para lo cual se fundaron en pruebas allegadas al proceso en forma extemporánea, motivo por el cual no pudieron ser controvertidas. 2.      Los hechos que señala el peticionario como causa de la citada acción, se resumen como sigue: a)   El aquí accionante, mediante apoderado, instauró juicio ordinario laboral contra la Empresa Aerovías Nacionales de Colombia S.A. "AVIANCA" en procura de obtener como pretensiones principales su reintegro y el pago de sobre remuneración de dominicales y festivos, descansos compensatorios y recargos nocturnos, y, como pretensiones subsidiarias, la indemnización por despido, reajustes de cesantía e intereses, pensión proporcional, reajustes por compensación dineraria de vacaciones y primas de servicio, indemnización por incapacidad médica y sanción por mora. b) Tanto el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá como el Tribunal Superior del mismo Distrito Judicial, absolvieron, en sus respectivos fallos, a la empresa demandada, habiendo quedado en firme tal decisión por cuanto la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por sentencia de 12 de febrero de 1992 se abstuvo de casar la de segundo grado. B.      Las Sentencias que se Revisan 1.        La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal a)    La Decisión La Corte Suprema de Justicia resolvió "DENEGAR  la tutela  solicitada por el ciudadano BERNARDO NIÑO INFANTE..." b)    Las Consideraciones de Mérito La Corte fundamenta su decisión en las consideraciones que se resumen a continuación: -        Diferentes Salas de la Corte en reiteradas oportunidades han estimado que siendo la acción de tutela un mecanismo excepcional no está llamada a prosperar "ni cuando se han agotado los medios ordinarios de defensa judicial, ni cuando algunos de estos se hallan aún pendientes".   Lo primero porque "se ha tenido, dispuesto y gozado de la protección ordinaria  para la defensa del respectivo derecho de defensa que ha concluído en una sentencia o decisión que ha decidido definitivamente sobre los derechos aún los constitucionales fundamentales, sin que dicha decisión...pueda ser objeto de tutela posterior, pues se trataría entonces de una garantía adicional y no subsidiaria, de una instancia adicional  y no una actuación sumaria, de un medio de impugnación judicial definitiva y no una medida cautelar...." y lo segundo porque "aun se tienen pendientes medios de defensa, sin que pueda alegarse, por contrariar las anteriores características que aquella sustituye, reemplaza o acelera o deja pendiente la última", además, lo anterior, guarda perfecta armonía con el principio de la cosa juzgada "unido a los principios constitucionales expresos de las instancias máximas en número de dos (artículo 31), el carácter instrumental para la paz, la correcta administración de justicia (artículo 95 numerales 6 y 7) y del sometimiento de los jueces 'sólo'  al imperio de la Ley (art. 230  de la C.N.)." -        La Sala de Casación Penal carece de competencia para revisar una decisión de otra sala especializada de la Corte, pues como lo ha sostenido esta Corporación "cuando la Carta Política de 1992, en desarrollo del principio jerárquico, organizativo y funcional de la Rama Judicial (artículo 116 C.N.), dispone que la "Corte Suprema de Justicia sea 'el máximo Tribunal de la  jurisdicción ordinaria (art. 234 C.N.) y que actúe, entre otras cosas, "como Tribunal de Casación" (art. 235, numeral 1o. C.N.), señala con absoluta claridad, que las funciones jurisdiccionales que se les atribuye y ejerce separadamente cada una de las Salas especializadas y la Sala en pleno, tienen igualmente el carácter máximo, y concluye en la inexistencia, al interior de la Corte, del principio de superioridad jerárquica.  Razón por la cual, en la titularidad y ejercicio de sus funciones una sala especializada no es superior jerárquico de otra, ni la Sala Plena tampoco lo es, en su propia y autónoma competencia, superior de aquella".  De no ser así, se quebrantaría "las separación exclusiva de la materia de cada Sala, pues el objeto propio respecto del cual se predica la reclamación de tutela (frente a una acción amenazante o vulneradora de un derecho constitucional fundamental) es precisamente una decisión de una Sala diferente, que a ella compete" y además se quebrantaría "el principio de igualdad entre las Salas, pues si existiera la posibilidad (en caso de prosperidad de la tutela) de que una Sala especializada ordenara a la otra (respecto de quien solicita protección tutelar) que "actúe o se abstenga de hacerlo" (como lo indica el art. 86, inc. 2o. de la C.N.), estaría señalándosele derroteros para la decisión, haciendo a esta última Sala dependiente o inferior a la primera, en abierta contradicción con la igualdad máxima entre las Salas de la Corte Suprema de Justicia prescrita por la Constitución, y su sometimiento directo a ésta y la ley (art. 230 C.N.)". 2.      La Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Plena del 2 de julio de e1992. a)     La Previa Impugnación El peticionario, impugnó la sentencia anterior y pidió su revocatoria con miras a la aplicación del artículo 29 de la Carta, y para que se decrete la nulidad de todo lo actuado dentro del juicio ordinario laboral, desde el fallo de segunda instancia hasta la determinación de la Corte, volviendo el expediente al Juzgado de origen con el fin de tener la oportunidad de controvertir las pruebas aducidas en su contra. Fundamenta su solicitud en el artículo 29 de la Carta que dispone la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación del debido proceso y, en el artículo 13 "que consagra el derecho a la protección de todos los ciudadanos, sin ninguna discriminación, y en el artículo 2o. que impone a las autoridades el deber de proteger a todas las personas residentes en Colombia  en su vida, honra y bienes "dentro de los cuales está mi derecho patrimonial de naturaleza laboral, vulnerado por la Juez 14 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, ratificado por el Tribunal  y admitido por la Corte". b)  En fallo de 2 de julio de 1992, las Corte Suprema de Justicia resolvió "NEGAR la impugnación presentada por Bernardo Niño Infante contra el fallo de 8 de abril de 1992, proferido por la Sala de Casación Penal de esta Corporación al decidir la acción de tutela impetrada por éste", con fundamento en las siguientes consideraciones: -       "La acción de tutela no fue creada por la Asamblea Nacional Constituyente como medio de defensa contra decisiones judiciales amparadas con el sello de la cosa juzgada material". -        El "juzgamiento" al que se refiere el inciso 2o. del artículo 29 de la Carta "no se concreta más que en la sentencia, la cual, por consiguiente debe ser fruto de un proceso.  Pero sólo de uno  -adelantado, además, con la plenitud de sus formas, porque la regla superior también erige, de modo incuestionable, el derecho a ser juzgado por única vez, por el mismo hecho.  En este orden de  ideas, la garantía constitucional de toda persona a que no se le juzgue dos veces por el mismo hecho, indefectiblemente, ha de insertarse en el carácter definitivo e intocable con que se revista la sentencia dictada en el proceso ya adelantado:  Si  esta sentencia no resultara caracterizada por la inmutabilidad, se correría el peligro entonces, desde luego con demérito de la garantía constitucional a que se alude, de poderse volver, una o más ocasiones, sobre el adelantamiento de nuevos procesos, por el mismo hecho en contra de quien ya ha sido juzgado". -   La prevalencia del derecho sustancial, prevista en el artículo 228 de la Constitución Política "no puede apreciarse durante el diligenciamiento propio del proceso -escenario este natural a la plenitud de las formas procesales de las que se habla en el artículo 29-, ella con toda nitidez, se perfila en su fase decisoria, o sea, en la sentencia.  Es aquí donde el juez debe hacer prevalecer el derecho sustancial, pues al decidir la causa es cuando aquel cumple  con la singular y delicada misión de declarar el derecho.  Entonces, si la declaratoria del derecho no se la concibiera más que como un ejercicio dialéctico, de carácter  provisional y no definitivo, sujeto a ulterior revisión EN PROCESO DIFERENTE,  se evidencia una burla o escamoteo a la exigencia de la prevalencia del derecho sustancial, pues aunque la sentencia vaya orientada en este sentido, todo no pasaría de ser un artificio a raíz de que ella, o mejor, la decisión en que se concreta y que supuestamente está llamada a gobernar la  relación entre las partes del proceso, siempre podría ser cuestionada de nuevo en oportunidad o ámbito no ya ulterior, sino lo que es peor, extraño".  La acción de tutela entraña un proceso nuevo. -       "...el legislador no podría crear una tercera instancia -la Constitución ha previsto dos como máximo-, ni podría convertir en ordinarios aquellos recursos que, ante una sentencia de segunda instancia, asuman la calidad de extraordinarios puede establecer otros que se presenten como ordinarios.  Cualquiera de estos intentos iría contra el artículo 31 de la C.N.".  Si  lo anterior es predicable de los recursos, con mayor razón resulta contrario a la Norma fundamental un nuevo proceso instaurado con el propósito de desconocer definido en sentencia que, como producto de un primer proceso, ha hecho  tránsito a cosa juzgada. -    Finalmente, advierte la Corte Suprema de Justicia que  aun inadmitiendo que la acción de tutela es procedente contra sentencias ejecutoriadas a la luz de lo dispuesto en los artículos 11 y 40 inciso segundo, parágrafo primero del Decreto 2591 de 1991; es preciso reiterar los argumentos conforme a los cuales no tienen cabida al interior  de la Corporación el principio de superioridad jerárquica y tratándose de decisiones tomadas por la Corte el sistema para conocer de acciones de aquella estirpe "no puede en modo alguno ser organizado con desmedro de la autonomía funcional de cada una de las salas, entendidas constitucionalmente como estructuras orgánicas caracterizadas, por su diversidad igualitaria en cuanto atañe a las atribuciones jurisdiccionales de todo orden que por separado les corresponde ejercer", imponiéndose entonces "el concepto sostenido invariablemente por esta Corporación en el punto relacionado con la inaplicabilidad de los aludidos preceptos frente a la Constitución Nacional, por virtud de lo preceptuado por el artículo 4o. de la misma Carta". De todo  lo anterior concluye la Corporación que "a la Sala Plena de la Corte no le es dable abordar el conocimiento por vía de impugnación del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal...". II.   CONSIDERACIONES DE LA CORTE Primera.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de la sentencia de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda.  La Improcedencia de la Acción de Tutela Contra   Sentencias Como se vió en la parte que resume el escrito del peticionario, este sostiene que las sentencias judiciales objeto de su acción le han causado violación a  sus derechos constitucionales al Debido Proceso y a la Propiedad; empero lo que aparece en sus formulaciones son alegatos de carácter jurídico  relacionados con el valor de algunas pruebas allegadas al proceso, de carácter laboral, en el que ha sido parte contra su anterior patrono; así se pretende controvertir por vía de la acción de tutela las sentencias judiciales proferidas por el Juzgado 14 Laboral del Circuito de Santafé de Bogotá, el Tribunal Superior de la misma ciudad y por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia con base en la alegación de criterios sobre unas pruebas allegadas al proceso en circunstancias que afectan el ejercicio de la función judicial promovido en su caso por el mismo peticionario como demandante. En efecto el peticionario instauró juicio ordinario laboral  contra su anterior patrono con el fin de obtener su reintegro y el pago de sobrerremuneraciones  y otras prestaciones y elementos salariales;  empero, en los despachos judiciales correspondientes de instancia le fueron negadas sus pretensiones y se ordenó absolver a la parte demandada; igualmente, la sentencia de segundo grado  fue objeto del recurso extraordinario de casación en cuya resolución se ordenó no casar la providencia objeto de aquel.  La última decisión judicial fue impugnada por la vía de la tutela ante la misma Corte Suprema de Justicia y allí repartida a la Sala Penal donde se le denegó la petición; enseguida el accionante impugnó dicha resolución ante la Sala Plena de aquella Corporación y allí también obtuvo resolución denegatoria de su reclamo de tutela contra decisiones judiciales. Observa en primer término la corte que la cuestión planteada en las sentencias de tutela que se revisan, consiste principalmente en la definición de la procedencia de la acción de tutela contra una providencia que tiene la forma de una sentencia contra la cual se han ejercido todos los recursos reconocidos por la ley, tanto que también fue objeto del recurso extraordinario de casación en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, la Corte Constitucional en ejercicio de su función de control de constitucionalidad expresó su decisión en materia de la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo  86 de la Carta, sobre decisiones judiciales que aparecen revestidas de la forma de una sentencia; en este sentido en la  sentencia No.  C-543 del 1o. de octubre del presente año, esta Corporación declaró la inexequibilidad de los artículos  11, 12 y 40 del Decreto  2591 de 1991, en los que  se había autorizado el ejercicio de dicha acción para los casos a los que se hace referencia en las sentencias que se revisan. Al respecto precisó la Corte Constitucional que: "La Corte ha señalado que dos de las características esenciales de esta figura en el ordenamiento jurídico colombiano son la subsidiariedad y la inmediatez:  la primera por cuanto tan sólo resulta procedente instaurar la acción en subsidio o a falta de instrumento constitucional o legal diferente, susceptible de ser alegado ante los jueces, esto es, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial para su defensa, a no ser que busque evitar un perjuicio irremediable (artículo 86, inciso 3o., de la Constitución); la segunda, puesto que la acción de tutela ha sido instituída como remedio de aplicación urgente que se hace preciso administrar en guardar en guardar de la efectividad concreta y actual del derecho objeto de violación o amenaza1 .  Luego no es propio de la acción de tutela el sentido de medio o procedimiento llamado a reemplazar los procesos ordinarios o especiales, ni el de ordenamiento sustitutivo en cuanto a la fijación de los diversos ámbitos de competencia de los jueces, ni el de instancia adicional a las existentes, ya que el propósito específico de su consagración, expresamente definido en el artículo 86 de la Carta, no es otro que el de brindar a la persona protección efectiva, actual y supletoria en orden a la garantía de sus derechos constitucionales fundamentales. "En otros términos la acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o la amenaza de un derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del derecho; es decir, tiene cabida dentro del ordenamiento constitucional para dar respuesta eficiente  y oportuna a circunstancias en que, por carencia de previsiones normativas específicas, el afectado queda sujeto, de no ser por la tutela, a una clara indefensión frente a los actos u omisiones de quien lesiona su derecho fundamental.  De allí que, como lo señala el artículo 86 de la Constitución, tal acción no sea procedente cuando exista un medio judicial apto para la defensa del derecho transgredido o amenazado, a menos que se la utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable entendido éste último como aquél que tan sólo puede resarcirse en su integridad mediante el pago de una indemnización (artículo 6o. del Decreto 2591 de 1991). "Así, pues, la tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción de tutela porque siempre prevalece -con la excepción- la acción ordinaria. "La acción de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para alcanzar el fin propuesto.  Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, precisamente incorporado a la Carta con el fin de llenar los vacios que pudiera ofrecer el sistema jurídico para otorgar a las personas una plena protección de sus derechos esenciales. "Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance  un medio judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado u proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela, pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el  proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes.  En el sentir de esta Corte, nadie puede alegar que careció de medios de defensa ni gozó de la oportunidad de un proceso y menos todavía si tomó parte en él hasta su conclusión y ejerció los recursos de que disponía.  Pero, claro está, si  pese a las ocasiones de defensa dentro del proceso y a las posibilidades de impugnación del fallo que le otorgaba el sistema jurídico en obedecimiento a claros principios constitucionales  (artículos 29 y 31 de la Carta), el interesado se abstuvo de utilizar los mecanismos a su disposición, tampoco puede acudir a la institución como última tabla de salvación de sus pretensiones, por cuanto ello implica el alegato de su propia incuria contra el principio universalmente aceptado y desvirtúa el carácter subsidiario de la acción." (Sentencia No. C-543 de octubre 1o. de 1992. Magistrado Ponente:  Dr. José Gregorio Hernández, pags. 13, 14 y 15). En este sentido, definida la no admisibilidad del ejercicio de la citada acción en los casos en los que se intente contra sentencias judiciales, corresponde a esta Corporación confirmar lo resuelto por la Sala de Casación Penal y por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia en las que no se accedió a conceder la  tutela pedida; esta decisión se toma de conformidad con las consideraciones que forman parte de la sentencia cuyos apartes se transcriben. D E C I S I O N : En mérito de lo expuesto, la Sala Quinta de Revisión, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E : Primero.  CONFIRMAR  las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, el ocho (8) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992) y por la Sala Plena de aquella Corporación el  dos (2) de julio del mismo año. Segundo.-  Comuníquese a la H. Corte Suprema de Justicia la presente decisión para que sea notificada al peticionario y a los Presidentes de la Sala de Casación Penal y de la Sala Plena de esa Corporación, de conformidad con lo ordenado por el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese al Gobierno Nacional, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ        SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia No. T-1. Abril 3 de mil novecientos noventa y dos (1992).

T-584-92 Sentencia No Sentencia No. T-584/92 REGISTRO CIVIL A partir de la vigencia del Decreto 1260 de 1970 todos los estados civiles y sus alteraciones deben constar en el registro civil, el cual es llevado por funcionarios especiales del Estado. Todos los nacimientos, matrimonios, defunciones, separaciones de cuerpos o de bienes, interdicciones jurídicas, etc., deben inscribirse en el registro civil. ESTADO CIVIL-Pruebas Supletorias Las antiguas pruebas supletorias de la Ley 92 de 1.938 conservan  todo su valor. En dichos casos el acto de registro del estado civil surge en la partida de bautismo, sin necesidad de una posterior participación del Estado. FUNCION PUBLICA/DEBIDO PROCESO En un Estado social de derecho, toda función pública debe estar sujeta a una regulación jurídica preexistente que garantice al individuo receptor de la acción su derecho de defensa. Y para el ejercicio de este derecho no basta con poner en  conocimiento de dicha persona la decisión final, sino que es necesario brindarle la posibilidad de que ella muestre al ente decisor competente su verdad, sus alegatos, en fin,  su visión de los acontecimientos. PARTIDA DE BAUTISMO/AUTORIDAD-Competencia/ESTADO CIVIL El acto de sentar la partida de bautismo en los libros correspondientes de las parroquias era, antes de 1938, un acto administrativo realizado por autoridades eclesiásticas pero originado en la actividad de personas privadas que desempeñan funciones públicas por ministerio de la ley. Ahora la reforma o adición de las partidas de bautismo que genera efectos civiles debe ser realizada por la autoridad eclesiástica competente con observancia de los cánones de la Religión Católica para los efectos católicos y con observancia del debido proceso para los efectos civiles. Por ello los jueces civiles del circuito son los competentes para conocer en primera instancia de las acciones sobre el estado civil de las personas. ACTO ADMINISTRATIVO-Revocatoria/DEBIDO PROCESO-Vulneración/AUTORIDAD ECLESIASTICA-Función Notarial La revocatoria de un acto administrativo creador de una situación jurídica particular, subjetiva, particular o concreta, sin que medie el consentimiento expreso y escrito del titular de esa situación o de ese derecho reconocido, viola el debido proceso y la ley, procediendo, en los casos en que se verifique esa revocación sin los requisitos de ley, no sólo los recursos gubernativos ordinarios como medio de que la propia administración evite el quebrantamiento de la norma superior de derecho, sino la acción contenciosa en donde, además de la nulidad del acto, se obtenga el restablecimiento del derecho conculcado. Estos conceptos del derecho administrativo son extensibles al caso que nos ocupa, ya que la función notarial de las autoridades eclesiásticas tenía la calidad de función administrativa. ACCION DE TUTELA-Procedencia Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es procedente la tutela solicitada, por cuanto se reune los siguientes requisitos: a) se viola un derecho constitucional fundamental, b) no existe otro medio judicial de defensa; y c) existe una relación de subordinación o indefensión, cuando se trata de particulares. REF: EXPEDIENTE Nº 4106 Peticionaria: Ofelia Cabrales de Toscano Procedencia: Juzgado Civil del Circuito de Ocaña Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá, D.C., noviembre doce (12) de mil novecientos noventa y  dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-4106, adelantado por la Señora Ofelia Cabrales de Toscano. I. ANTECEDENTES Con fundamento en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió la acción de tutela de la referencia para ser revisada. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala Cuarta, la cual recibió formalmente el expediente el día 12 de agosto del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar Sentencia de Revisión. 1. Solicitud. La peticionaria invocó acción de tutela ante el Juzgado Civil del Circuito de Ocaña contra acto del Delegado Episcopal de la Diócesis de Ocaña, que se origina en los siguientes hechos: a) Ofelia Cabrales Acosta nació en Ocaña, el día 6 de octubre de 1926, siendo hija extramatrimonial de Ramón Cabrales y Francisca Acosta. b) Por solicitud adelantada en el Despacho de la Curia Diocesana en Ocaña, el día 4 de julio de 1974, se dispuso mediante Decreto Nº 202 de la misma fecha, la nulidad del la partida de bautismo que se encontraba sentada en el número 242, del libro Nro. 6, folio 105, debido a que la peticionaria demostró mediante documentos -constancia judicial de reconocimiento-, ser hija extramatrimonial reconocida por el Sr. Ramón Cabrales  y por lo tanto se ordenó la inscripción de una nueva partida correspondiente al número 380, del libro 22, folio 190, de Ofelia Cabrales de Toscano, en el Libro de Bautismo, como hija reconocida del señor Ramón Cabrales Pacheco (fallecido) y de Francisca Acosta, nacida en Ocaña el 6 de octubre de 1.926, bautizada el 3 de febrero de 1.927,  registrándose en el mismo decreto los datos de los abuelos paternos y maternos. c) La partida de bautismo de la Sra. Ofelia textualmente dispone: "En la Parroquia de San Agustín de Ocaña, a tres de febrero de mil novecientos veintisiete, el Pbro. José A. Quintero. bautizó a OFELIA, NACIDA en ésta el seis de octubre de mil novecientos veintiséis, hija reconocida de Ramón Cabrales y Francisca Acosta, abuelos paternos: Pedro Cabrales y Matilde Pacheco; maternos: Antonio Acosta y Gabriela Vega; Padrinos: Mario Loza y Zunilda Villa. Doy fe: A. Velásquez C. Pbro."----------------------------------------- Expedida en Ocaña el 28 de febrero de 1.992. Rubén D. Rodríguez. Vic. Parroquial. (sello de la Parroquia de San Agustín Ocaña)". La anterior partida de bautismo, que contiene los datos del padre y los padrinos, mediante resolución 202 del 4 de julio de 1.974, sustituyó la partida de bautismo que se encontraba sentada en el folio 105 del libro 6, registro número 241, del libro de partidas de bautismo de la Parroquia de San Agustín, por el siguiente motivo: "EL MEMORIAL EN EL QUE SE PIDE LA INCLUSION DEL PADRE (RAMON CABRALES) Y DE LOS ABUELOS PATERNOS (PEDRO CABRALES Y MATILDE PACHECO) EN UNA PARTIDA DE BAUTISMO; LA COPIA DE ESTA Y LA CONSTANCIA JUDICIAL DE RECONOCIMIENTO COMO HIJA QUE DE LA BAUTIZADA HIZO EL PADRE NATURAL, SE DECRETA:..." Posteriormente y ante un nuevo proceso sucesorio, que se inició a raíz del fallecimiento de un hermano medio de la peticionaria, ésta se percata de la nulidad del Decreto 202 ya citado por medio de la Resolución Nro. 12.547. d) El señor Manuel José Cabrales Aycardi, hermano paterno de la accionante, acudió a la Delegación Episcopal de la Diócesis de Ocaña, a solicitar se declarara nulo el Decreto Nº 202 del 4 de julio de 1974, de la Curia Diocesana de Ocaña. e) La Diócesis Episcopal de la Provincia de Ocaña declaró nula la partida eclesiástica de nacimiento por medio de la resolución 12547 del 18 de marzo de 1992, con fundamento en los siguientes argumentos: "a.- Que el decreto número 202 del 4 de julio de 1.974, se dictó sin bases jurídicas suficientes para tal fin. b.- Que la inclusión de padre en una partida de bautismo, requiere que el mismo padre haga su reconocimiento legal, y si ya ha fallecido el interesado debe presentar documentos civiles que prueben la paternidad del bautizado. c.- Que la parte interesada no presentó ningún documento válido para este fin. d.- Que el Dr. Manuel José Cabrales Aycardi, presentó a este despacho un memorial pidiendo se declarara NULO el decreto mencionado arriba, por el cual se reconocía como hija natural del Dr. RAMON CABRALES PACHECO a la Sra. OFELIA ACOSTA DE TOSCANO, habida extramatrimonialmente". f) Estima la peticionaria que tal maniobra tiene por objeto atropellar sus derechos en el proceso de partición de herencia de Ramón Cabrales Aycardi, hermano paterno suyo. La accionante considera que el acto acusado viola flagrantemente los artículos 13 -derecho a la igualdad-, 28 -derecho a no ser molestado en la persona-, 42 -Derechos de hijos concebidos fuera del matrimonio-, de la Carta Magna. 2. Fallo del Juzgado Unico Civil del Circuito de Ocaña (providencia de junio 3 de 1992). El Juzgado Unico Civil del Circuito de Ocaña negó la tutela fundamentándose en lo consagrado por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1992, en el cual se determinan taxativamente los casos en que procede la tutela contra particulares, y dentro de esos no se encuadra  el evento en que las actuaciones provengan de autoridades eclesiásticas. Añade el fallador que se sustrae de la órbita civil  el conocimiento de todo lo que haga relación con el tema de nulidades o invalidez de partidas eclesiásticas de nacimiento. En estos casos la persona debe acudir directamente a la Jurisdicción Eclesiástica para reclamar el restablecimiento del derecho vulnerado. El Juzgado Unico del Circuito expresa que debe declararse inhibido por carecer de jurisdicción para conocer de la tutela interpuesta. Con los anteriores argumentos, el Juzgado negó la tutela invocada por la Sra. Ofelia Cabrales de Toscano. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por el Juzgado Unico Civil del Circuito de Ocaña (Norte de Santander), con fundamento en los artículos  86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1.991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicho fallo practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. De la procedencia de la acción de tutela contra acciones u omisiones de los particulares. El caso que ocupa a esta Sala de Revisión está comprendido en lo establecido en el inciso final del  artículo 86 de la Constitución y en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1.991, por tratarse de una acción de tutela contra una persona particular, más exactamente contra el Delegado Episcopal de la Diócesis de Ocaña. En jurisprudencia reiterada la Corte Constitucional se ha referido a las acciones de tutela dirigidas en contra de un particular, por lo que no es necesario en este acápite hacer referencia in extenso a lo ya expresado por esta Corporación1 . Allí se establece, en síntesis, que sí hay lugar a la acción de tutela en dichos casos, conforme a la Constitución Política y a la Ley. En todo caso, aparte de los eventuales efectos civiles, los actos autónomos de las autoridades eclesiásticas gozan de las gracias que la Religión Católica les concede y que el Estado y los particulares deben respetar con base en los artículos 18 y 19 de la Constitución Política. 3. De los actos de las autoridades eclesiásticas y los efectos civiles de los mismos. 3.1. Historia. El artículo 53 inciso 4º de la Constitución de 1.886 consagraba que el Gobierno podrá celebrar con la Santa Sede convenios sujetos a la posterior aprobación del Congreso para regular, sobre bases de recíproca deferencia y mutuo respeto, las relaciones entre el Estado y la Iglesia Católica. En el año de 1.892 se celebró el Convenio adicional con la Santa Sede, aprobado por la Ley 34 de 21 de octubre del mismo año, en cuyo artículo 22 se ordene a los párrocos y demás eclesiásticos encargados de llevar o custodiar los libros en que se registren los datos relativos a nacimientos, matrimonios y defunciones, pasar cada seis meses a la autoridad o empleados que designe el Gobierno, copia auténtica de dichos asientos. Más tarde, por los decretos números 836 de 1.922 y 2116 de 1.927, el Gobierno dispuso que tales actas se recibieran en las oficinas municipales o departamentales de estadística, y que se guardaran en las notarías correspondientes. La Constitución de 1.886 en su artículo 50 consagraba: "Las leyes determinarán lo relativo al Estado Civil de las personas, y los consiguientes derechos y deberes..." En desarrollo del artículo citado, el Código Civil en la norma vigente para la fecha de expedición de la partida de bautismo -1.927-, disponía en el artículo 50 lo siguiente: "Cuando se pretenda el registro de un nacimiento fuera del término prescrito, el interesado deberá acreditarlo con documentos auténticos, o con copias de las actas de las partidas parroquiales, respecto de las personas bautizadas en el seno de la Iglesia Católica o de las anotaciones de origen religioso correspondientes a personas de otros credos, o en últimas, con varios testimonios rendidos ante el juez civil, de personas que hayan presenciado el hecho o hayan tenido noticia directa y fidedigna de él, con expresión de los datos indispensables para la inscripción. Los documentos acompañados a la solicitud oral de inscripción se archivarán en carpetas con indicación del código del folio que respaldan." La Ley 92 de 1.938, por la cual se dictaron algunas disposiciones sobre el registro civil de las personas, determinó un nueva organización y estatizó las funciones de registro civil que venían realizando hasta ese entonces las Parroquias locales. Así, en el artículo 1º se dispuso que los encargados de llevar el Registro Civil de las personas serán: los Notarios y, en los municipios donde no exista tal funcionario, el Alcalde municipal, y los funcionarios consulares de Colombia en el exterior. El cambio de autoridad encargada de realizar la labor del registro civil no anulaba las actuaciones llevadas a cabo por la Iglesia Católica. Por tanto, en la misma Ley en los artículos 18 y 19 se reguló lo atinente al tránsito legislativo, así: ARTICULO 18. A partir de la vigencia de la presente ley sólo tendrán el carácter de pruebas principales del estado civil respecto de los nacimientos, matrimonios, defunciones, reconocimientos y adopciones que se verifiquen con posterioridad a ella, las copias auténticas de las partidas del registro del estado civil, expedidas por los funcionarios de que trata la presente ley. ARTICULO 19. La falta de los respectivos documentos del estado civil podrá suplirse, en caso necesario, por otros documentos auténticos, o por las actas o partidas existentes en los libros parroquiales, extendidas por los respectivos Curas Párrocos, respecto de nacimientos, matrimonios o defunciones de personas bautizadas, casadas o muertas en el seno de la Iglesia Católica, por declaraciones de testigos que hayan presenciado los hechos constitutivos del estado civil de que se trata, y, en defecto de estas pruebas., por la notoria posesión de ese estado civil". La labor de los Curas Párrocos antes de 1.938 se asimilaba a la que hoy desempeñan los Notarios, es decir prestaban un servicio de fe pública respecto de circunstancias de la vida de una persona. Así lo establece el canon 482 del Código Canónico que determina que en cada Curia debe haber un canciller, cuya principal función, a no ser que el derecho particular establezca otra cosa, consiste en cuidar que se redacten las actas de la curia, se expidan y se custodien en el archivo de la misma. Dentro de las funciones especiales de los Curas Párrocos de dar fe de los actos de los particulares, está en especial la de la celebración del bautismo; ya que como se notó anteriormente,  la partida de bautismo con anterioridad al año de 1.938, era el único documento que demostraba el estado civil de una persona. Tratándose de hijos extramatrimoniales el Código Canónico exige lo siguiente: 877. ...2. Cuando se trate de un hijo de madre soltera, se ha de inscribir el nombre de la madre, si consta públicamente su maternidad o ella misma lo pide voluntariamente, por escrito o ante dos testigos; y también se ha de inscribir el nombre del padre, si su paternidad se prueba por documento público o por propia declaración ante el párroco y dos testigos; en los demás casos, se inscribirá sólo el nombre del bautizado, sin hacer constar para nada el del padre o de los padres. 3.2. Situación actual. Dice el artículo 42 de la Constitución: "...La ley determinará lo relativo al estado civil de las personas y los consiguientes derechos y deberes". El Decreto 1265 de 1.970 en su artículo 101 determina que el estado civil debe constar en el Registro del Estado Civil. El registro es público y los libros, tarjetas, así como copias y certificados que con base en ellos se expidan son instrumentos públicos, regulados por el derecho administrativo colombiano. La fe de bautismo sentada con anterioridad a la Ley 92 de 1.938 en las parroquias -como en el caso que nos ocupa-, es un instrumento público, como lo dispone el artículo 101 del decreto 1265 de 1.970. Ahora bien, las autoridades eclesiásticas son particulares que, en razón del Concordato, al elaborar documentos que produzcan efectos civiles realizan actos de naturaleza eclesiástica, los cuales, al registrarse en las oficinas de Registro del Estado Civil, producen efectos administrativos por disposición de la ley ya que se encuentran en ejercicio de un servicio público por colaboración. El artículo 59 del Decreto 753 de 1.956 que subrogó el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que el servicio público bien puede ser realizado por el Estado directa o indirectamente, o por personas privadas. Si el acto de la autoridad eclesiástica produce efectos civiles es un acto eclesiástico con efectos administrativos que, en esa medida, es objeto de las garantías procesales (CP art. 29) y de los recursos pertinentes (Código Contencioso Administrativo).  Si ese acto no produce efectos civiles será un acto canónico y la autoridad eclesiástica podrá modificarlo de acuerdo con las regulaciones internas de la Iglesia Católica. 4. Del Registro Civil de las personas. A partir de la vigencia del Decreto 1260 de 1.970 todos los estados civiles y sus alteraciones deben constar en el registro civil, el cual es llevado por funcionarios especiales del Estado. Todos los nacimientos, matrimonios, defunciones, separaciones de cuerpos o de bienes, interdicciones jurídicas, etc., deben inscribirse en el registro civil. Como consecuencia de esto, para las personas nacidas a partir de 1938, los estados civiles sólo pueden probarse mediante el correspondiente registro civil según el Decreto 1260 de 1.970. Este nuevo estatuto introdujo innovaciones con respecto al antiguo sistema de la Ley 92 de 1.938, que distinguía entre pruebas principales y pruebas supletorias del estado civil. Las primeras se vinculaban al registro civil, no así las segundas (partidas eclesiásticas de matrimonios, bautismos y defunciones). Para entender correctamente esta primera orientación del nuevo sistema, conviene tener en cuenta que las antiguas pruebas supletorias de la Ley 92 de 1.938 conservan  todo su valor. En dichos casos el acto de registro del estado civil surge en la partida de bautismo, sin necesidad de una posterior participación del Estado. Ningún problema se ha presentado con respecto a las partidas eclesiásticas levantadas en forma directa por el cura párroco una vez celebrado el bautismo. La copia de tales actas tiene valor ante los funcionarios del registro civil para levantar el acta civil, pero las personas nacidas con anterioridad a la Ley 92 de 1.938, no están obligadas a registrar la partida de bautismo, pues éste sólo documento constituye plena prueba de su estado civil. 5. Del debido proceso en las actuaciones de las autoridades eclesiásticas. En un Estado social de derecho, toda función pública debe estar sujeta a una regulación jurídica preexistente como en los artículos 6º y 29 de la Constitución Política de 1.991, y los artículos 2° y 26 de la Constitución de 1.886, que garantice al individuo receptor de la acción su derecho de defensa. Y para el ejercicio de este derecho no basta con poner en  conocimiento de dicha persona la decisión final, sino que es necesario brindarle la posibilidad de que ella muestre al ente decisor competente su verdad, sus alegatos, en fin,  su visión de los acontecimientos. El debido proceso también se encontraba regulado en la Constitución de 1.886 en el artículo 26, que disponía: "Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa, ante tribunal competente., y observando la plenitud de las formas propias de cada juicio". El actual artículo 29 de la Carta consagra el derecho fundamental al debido proceso, así: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas... ...Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". El acto de sentar la partida de bautismo en los libros correspondientes de las parroquias era, antes de 1938, un acto administrativo realizado por autoridades eclesiásticas pero originado en la actividad de personas privadas que desempeñan funciones públicas por ministerio de la ley. Ahora la posterior reforma o adición de dichas partidas de bautismo que genera efectos civiles debe ser realizada por la autoridad eclesiástica competente con observancia de los cánones de la Religión Católica para los efectos católicos y con observancia del debido proceso para los efectos civiles. Por ello los jueces civiles del circuito, de conformidad con el artículo 16 numeral 3° del código de procedimiento civil, son los competentes para conocer en primera instancia de las acciones sobre el estado civil de las personas. 6. Revocatoria del acto administrativo que crea una situación individual. El acto administrativo puede ser creador de una situación individual que resuelva en forma particular el reconocimiento de un derecho. Por lo tanto la situación creada por él, goza de especial estabilidad y no puede ser modificada sin el consentimiento expreso del titular del derecho. En este sentido, el artículo 24 del Decreto 2733 de octubre 7 de 1.959, dispuso: "Cuando el acto administrativo haya creado una situación individual o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular"2 . Esta norma se predicaba a esa actuación administrativa producida por la autoridad eclesiástica y con fundamento en la Constitución. Respecto de la estabilidad del acto administrativo, para esta Sala de la Corte Constitucional también es del caso citar el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo que reitera el concepto del Decreto 2733 de 1.959. El Consejo de Estado, en Sentencia de julio 18 de 1.991, al respecto manifestó: "Los únicos actos de carácter particular o concreto que son susceptibles de revocación, sin el consentimiento expreso y escrito del titular, son los que resulten de la aplicación del silencio administrativo positivo"3 . El acto creador de situaciones individuales no puede revocarse sin el consentimiento del titular: esto es improcedente e ilegal, por estar expresamente prohibido por la Ley. La revocatoria de un acto administrativo creador de una situación jurídica particular, subjetiva, particular o concreta, sin que medie el consentimiento expreso y escrito del titular de esa situación o de ese derecho reconocido, viola el debido proceso y la ley, procediendo, en los casos en que se verifique esa revocación sin los requisitos de ley, no sólo los recursos gubernativos ordinarios como medio de que la propia administración evite el quebrantamiento de la norma superior de derecho, sino la acción contenciosa en donde, además de la nulidad del acto, se obtenga el restablecimiento del derecho conculcado. Estos conceptos del derecho administrativo son extensibles al caso que nos ocupa, ya que la función notarial de las autoridades eclesiásticas tenía la calidad de función administrativa. 7. Del caso concreto. Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es procedente la tutela solicitada por la Sra. Ofelia Cabrales de Toscano, frente a la actuación de la autoridad eclesiástica -actuación de particular-, siempre y cuando se reunan los siguientes requisitos: a) se viole un derecho constitucional fundamental, b) cuando no exista otro medio judicial de defensa; y c) que exista una relación de subordinación o indefensión, si se trata de particulares. En el caso concreto se reunen estos tres requisitos, como se demuestra a continuación, razón por la cual esta Sala de Revisión concederá la tutela: a) Para esta Corporación, al producirse la resolución 12.547 de 1.992, de la Diócesis Episcopal de la Provincia de Ocaña sin la audiencia del interesado se ocasiona violación de derechos de rango constitucional fundamental, tales como el derecho al debido proceso[1]. b) El segundo requisito también se reune en este caso, ya que judicialmente no existe otro medio de defensa para proteger el derecho al debido proceso. En efecto, por el tránsito de legislación, la partida de bautismo de la peticionaria (de 1.927) tiene efectos ultra-eclesiásticos, de tal manera que no puede ser objeto hoy en día de los recursos judiciales, por ser un acto de una autoridad eclesiástica que sólo era susceptible de los recursos eclesiásticos. c) El tercer requisito también se reune, por dos motivos: c.1. La autoridad eclesiástica tiene el carácter de particular. c.2. Bajo el amparo del régimen jurídico anterior a 1.938 el particular actuaba en caso como este en ejercicio de funciones públicas, ya que las certificaciones eclesiásticas gozaban de efectos civiles controvertibles ante las autoridades competentes, pero en este caso sub-exámine la partida de bautismo tiene implicaciones jurídicas que por lo tanto exige unos presupuestos del debido proceso, que no se cumplieron. Por lo tanto el Estado colombiano no puede reconocer los efectos jurídicos que surgen de un acto contrario al derecho. Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, en conclusión, cualquier procedimiento que se lleve a cabo debe reunir los requisitos que aseguren el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales. Al producirse la resolución sin la comparecencia de la interesada y sin ser la autoridad competente se violó por parte de la Autoridad Eclesiástica el derecho fundamental al debido proceso, razón por la cual esta Sala revocará la sentencia del Juzgado Civil del Circuito de Ocaña y concederá la tutela solicitada por la Sra. Ofelia Cabrales de Toscano, para que el Registrador del Estado Civil de Ocaña, no reconozca los efectos civiles que podría generar la Resolución 12.547 por la cual se declaró nulo el Decreto 202 del 4 de julio de 1.974. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la Sentencia proferida por el Juzgado Unico Civil del Circuito de Ocaña (Norte de Santander), por las razones expuestas en esta Sentencia. SEGUNDO: CONCEDER la acción de tutela solicitada por la Sra. Ofelia Cabrales de Toscano, por las razones expuestas en esta Sentencia. TERCERO: OFICIAR al Delegado de la Registraduría Nacional del Estado Civil de Ocaña para que no reconozca los efectos civiles que podría generar la Resolución 12.547 por la cual se declaró nulo el Decreto 202 del 4 de julio de 1.974, por haberse proferido con violación del derecho fundamental al debido proceso. CUARTO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia a la Diócesis de Ocaña -Parroquia de San Agustín-, al Registrador Nacional del Estado Civil y al Superintendente de Notariado y Registro. QUINTO:  A través de la Secretaría General ENVIAR copia de esta Sentencia al Juzgado Unico Civil del Circuito de Ocaña y al Defensor del Pueblo. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr. Sentencias Nros T-412 y T-547 de la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional. 2 Texto del Decreto 2733 de 1.959, artículo 24, publicado en el Diario Oficial Nro. 30074 de octubre 16 de 1.959. 3 Cfr, Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Admnistrativo, Sección Primero, sentencia de julio 18 de 1.991. [1]El Tribunal Supremo Español, en sentencia de enero 26 de 1.991, manifestó:"las causas que se llevan a cabo dentro del ámbito eclesiástico deben estar de acuerdo con los preceptos constitucionales"

T-585-92 Sentencia No Sentencia No. T-585/92 DERECHOS FUNDAMENTALES Existen unos derechos inalienables, enajenables e imprescriptibles que hacen parte de la esencia del hombre. Esos derechos así considerados y por esa condición especial, tienen mayor importancia que otros incorporados a la norma constitucional y en otras leyes comunes, dentro del sistema jurídico colombiano. Estos derechos están expresamente señalados como fundamentales. OBLIGACION CIVIL/DERECHO A LA LIBERTAD/DERECHO FUNDAMENTAL La simple insolvencia de las personas frente al pago de las obligaciones o el incumplimiento por cualquier otra causal, que no contraría el ordenamiento primitivo vigente, en ningún momento puede ser motivo para la detención, el arresto o la prisión. Dentro de la concepción jurídico-política del Estado Colombiano, éste es por excelencia un estado social, donde prima la persona, porque es ella, el principio y fin de las instituciones creadas al amparo de nuestra juridicidad. Está consagrada la libertad en toda su amplitud y bajo todas sus formas, como un derecho fundamental y por tanto merece la protección legal del Estado. DERECHO AL BUEN NOMBRE/DERECHO A LA HONRA/DERECHO A LA IDENTIDAD En el pleno ejercicio del desarrollo de la personalidad, cada individuo puede forjarse su identidad y nadie más que él es responsable de su buen nombre. La honra, como la fama son una valoración externa de la manera como cada persona vende su imagen. Las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que se irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser. Por ello así como las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración y cada quien en particular, como se dijo, es responsable de sus actuaciones. SALA DE REVISION No. 6 Ref.: Proceso de Tutela No. 221. Tema:        Violación de     los    Derechos:                                Reconocimiento  de   la Personalidad                                Jurídica, Derecho a la Honra, Derecho                                 a    no   ser detenido, arrestado ni                                     puesto en  prisión  por  deudas   y                                    Derecho al Debido Proceso. Actores:     JULIAN PELAEZ CANO LUIS FELIPE ARIAS CASTAÑO Magistrado Ponente: DR. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de Mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa la acción de tutela fallada por la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en sentencia del nueve (9 de diciembre de Mil novecientos noventa y uno (1991). I. ANTECEDENTES. Con fundamento en lo ordenado en los artículos 86 y 241 numeral 6o. de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de l991, la Sala de Selección correspondiente de esta Corte Constitucional, consideró procedente practicar la evaluación y revisión general de las actuaciones procesales llevadas a cabo dentro del proceso de tutela de la referencia. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de l991, entra esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, a dictar Sentencia. A. HECHOS DE LA DEMANDA. En el año de l963, murió en Medellín el comerciante Luis Felipe Arias Gómez, motivo por el cual sus herederos iniciaron el proceso sucesorio en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, juicio dentro del cual se hizo parte su hijo Luis Felipe Arias Castaño, en su calidad de asignatario forzoso. Este hijo del causante le solicitó en préstamo a Bertulfo Antonio Alvarez la suma de $ 2'000.000 M/cte, préstamo que se le hizo con un interés del 3% mensual y como garantía de cumplimiento de la obligación, constituyó un gravamen hipotecario de segundo grado sobre un edificio de cuatro plantas ubicado en la calle 59 cra. 46 de Medellín, mediante escritura pública No. 1347 expedida el 19 de mayo de l992. Este inmueble era de los bienes del causante y para realizar esta transacción, Luis Felipe suplantó el nombre y apellido de su padre, e igualmente utilizó sus documentos de identificación. A través de este mismo procedimiento, Luis Felipe Arias Castaño celebró un contrato de mutuo con Pompilio Morales quien le entregó en préstamo la suma de $ 4'800.000 para lo cual dió garantía hipotecaria de primer grado sobre un edificio  situado  en  la  carrera  74  con  calle  49 B de Medellín que perteneció a su padre, hipoteca que otorgó mediante escritura pública No. 957 de la Notaría Quince de esa ciudad. Hasta el año de l983, Luis Felipe Arias Castaño, cumplió dentro del término con sus obligaciones de amortización de la deuda pero a partir de enero de l984 cesó en el pago de ellas, motivo que indujo a sus acreedores a entrevistarse con él en Marinilla (Antioquia) donde intervino Julián Peláez Cano en calidad de asesor de Arias Castaño, quien se comprometió junto con el deudor, a cancelar las obligaciones. En mayo de l984 el doctor Pompilio Morales, obtuvo el certificado expedido por la oficina de Registro y comprobó que los gravámenes hipotecarios dados en prenda de los préstamos habían sido cancelados desde el 8 de marzo de ese año por escritura pública No. 181 otorgada ante el Notario Unico de Cáqueza (Cundinamarca), por Alberto Muñoz Arango quien supuestamente había obrado a nombre y representación de los prestamistas. A raíz de una serie de denuncias suscritas por los procesados Luis Felipe Arias Castaño y Julián Peláez Cano, la Corte Suprema de Justicia dispuso una rigurosa investigación, la cual adelantó Martha Inés Cano Leyva, abogada visitadora adscrita a la Procuraduría Segunda Regional de esa ciudad, quien el 16 de enero de l986 rindió el informe respectivo y solicitó dentro del mismo,  se adelantaran sendas investigaciones contra los Magistrados del Tribunal Superior de Medellín, los Jueces Penales y Civiles, los abogados que actuaron en nombre de los prestamistas y Luis Felipe Arias Castaño por las falsedades detectadas en las escrituras públicas. El Juzgado Trece Superior le impartió calificación al sumario el 25 de enero de l985 y el Juzgado Noveno de Instrucción Criminal el día 29 de diciembre de l987, formuló resolución de acusación por los delitos de falsedad personal y estafa. Hubo acumulación de procesos en la forma en que se reseña más adelante. El veintisiete (27) de agosto de Mil novecientos noventa (1990) el Juzgado Décimo (10) Superior de Medellín, condenó a Julián Peláez Cano y a Luis Felipe Arias Castaño a pagar las penas de cincuenta (50) y sesenta y cinco (65) meses de prisión, respectivamente, como autores penalmente responsables de cinco delitos de falsedad agravada en documentos públicos. Esta sentencia fue revisada en segunda instancia por el Tribunal Superior de esa misma ciudad, órgano jurisdiccional que confirmó en lo fundamental el fallo recurrido, redujo las penas recurridas y así dispuso que la de Arias Castaño fuera de sesenta (60) meses y la de Peláez de cuarenta y ocho (48) meses y diez (10) días, aparte de absolver al primero por el delito de falsedad personal y declarar la prescripción del delito de estafa cometido por el segundo de los nombrados en mil novecientos setenta y ocho (1978). Este negocio llegó a la Corte Suprema de Justicia en recurso de casación propuesto por los sentenciados y esa Corporación en fallo aprobado en acta No. 0065 del 4 de septiembre de Mil novecientos noventa noventa y uno (1991) de la Sala de Casación Penal, no casó la providencia impugnada. La demanda de casación no prosperó por defectos técnicos en la formulación de los cargos tal como lo expresa la Corte en el acápite denominado "La demanda presentada y su ineptitud": "Como bien lo señala el Ministerio Público, los tropiezos técnicos del escrito pesentado a consideración de la SALA, son mayúsculos no sólo en lo que tiene que ver con su presentación general, sino también en la fundamentación de cada cargo, descuidándose a la par, la lógica, la precisión, la armonía conceptual y el desarrollo argumental. La confusa demanda pese a estar formalmente separada en dos causales, transita indiscriminadamente entre ellas, confundiendo sentidos y motivos, enhebrados con interpretaciones personales, epítetos y un listado de razones que sólo encuentran razón de ser en sí mismas". B.      ACCION DE TUTELA ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL. En escrito fechado el 13 de noviembre de l991 en Medellín, los sancionados penalmente Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño, interpusieron acción de tutela contra el fallo de primera instancia del Juzgado 13 Superior de esa ciudad, confirmado por el Tribunal Superior de Medellín y ratificado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al no casar la solicitud presentada por los incriminados. Dicen los petentes que con la Sentencia condenatoria  se  violan los artículos 14, 21, 28 inciso segundo y 29 de la Constitución Nacional. En la parte fundamental del alegato de tutela expresaron: "El proceso rotulado causas (sic) acumuladas por falsedad, estafa, otros delitos contra Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño, se halla en la actualidad en el Juzgado 13 Superior en donde va a cumplirse la sentencia inconstitucional que se dictó después de desconocer todos los derechos fundamentales consagrados en las normas antes mencionadas y del cumplimiento de tal fallo vendrán perjuicios considerables y graves contra la propiedad, la vida, la honra, no solo de los que figuramos como sindicados sino también de los familiares". Concretan los petentes la violación del artículo 28 inciso segundo, en los siguientes términos: "Tratándose de simples obligaciones civiles se ha procedido penalmente con violación expresa de lo dispuesto en el artículo 28 inciso 2o, pues varios de los cargos se refieren a mutuos celebrados entre el suscrito Luis Felipe Arias y varias personas, en los cuales se cumplió estricta y puntualmente con el pago de las cantidades dadas más los intereses respectivos, sin que obviamente hubiera resultado lesión del patrimonio de nadie ni provecho  ilícito  alguno,   no obstante lo cual esas obligaciones plenamente cumplidas con la mayor honestidad, se calificaron de falsedad y estafa y se condenó por esos hechos". Para reafirmar el quebranto la violación del artículo 21 de la Constitución Nacional dijeron: "No se respetó siguiera la honra de mi madre del suscrito (sic) Luis Felipe Arias Castaño, ni su estado civil de casada legítimamente por la iglesia católica, apostólica y romana para ponerla figuradamente a vivir con otro "marido" que ni siquiera ha nacido para decir que de ese fantasma son todos los hijos habidos en el matrimonio entre ellos el suscrito Luis Felipe Arias Castaño, (sic) lo cual viola flagrantemente el artículo 21 de los derechos fundamentales consagrados en la Carta...". Afirman los accionantes que se violaron todas las formalidades propias del proceso y que por esa razón lo actuado por los jueces violó el contenido del artículo 29 de la Constitución Nacional. Observar además que se hubieran apreciado  como pruebas escrituras públicas que aparecen otorgadas por Luis Felipe Arias Castaño. Y por último expresan: "Con las anteriores breves notas pedimos darle curso a la Acción de tutela, resolver dentro del término de diez días Ordenar al Señor Juez 13 Superior de Medellín no cumplir por inconstitucionalidad el fallo contenido en la sentencia del Tribunal Superior de Medellín en la causa contra Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño, de agosto de l991, por supuestos delitos de falsedad y estafa, hasta la decisión de la Corte Constitucional en esta acción de tutela que suscitamos, para evitar los graves e injustos perjuicios que la ejecución de tal fallo inconstitucional causaría y resuelto  esto,  pasar la actuación ante  la H.  Corte Constitucional, previa autenticación de la fotocopia que anexamos del fallo de la H. Corte de Casación Penal por medio de la cual no se accedió a decretar la casación de esa sentencia inhumana, injusta e inconstitucional...". C.      FALLO DE TUTELA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia conoció de la acción de tutela y en fallo del 9 de diciembre de l991, sostuvo que como la acción incoada va dirigida contra una sentencia, su función tutelar debe ejercerse en los límites de los artículos 113 y 6o. de la Constitución Nacional, que el ejercicio de la función jurisdiccional que le corresponde a la Corte está organizado por Salas, unas parciales o especializadas y otra en pleno, bajo el principio de la separación, esto es, de la diversidad igualitaria. Que la Sala Civil es órgano diferente de la Sala Penal que produjo la sentencia de casación y advierte que existe una clara incompatibilidad entre las normas constitucionales mencionadas y el inciso tercero del artículo 40 del Decreto-Legislativo Especial No. 2591 de l991. La providencia de tutela más adelante, precisa : "Pues admitir que, so pretexto de establecer una eventual protección a derechos fundamentales constitucionales amenazados o vulnerados, pueda un órgano cualquiera, aun incompetente, entrar en su análisis y estudio de fondo, no sólo quebrantaría las garantías constitucionales de la competencia debida en todo proceso y el principio de la institucionalización de la organización de la jurisdicción ( art.29 y concordantes antes citados), sino que también (desatendiendo el estado de derecho) estimularía y provocaría la justicia tutelar por órgano de facto  (art.22)...". Argumenta que esta acción es un mecanismo transitorio y procede cuando no haya otro medio de defensa judicial, medios que ya tuvo el accionante en el proceso que se le siguió y que no puede mirársele como mecanismo transitorio porque para el caso sería una garantía adicional y no una subsidiaria, además que en este caso se violaría el principio universal no escrito de la cosa juzgada. Por estas razones la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil negó la solicitud de tutela formulada por Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño en relación con la sentencia de la Sala de Casación Penal, el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín y la Sentencia del Juzgado 13 Superior de esa ciudad. La providencia de la Corte Suprema fue notificada en Medellín a través de marconigramas a los accionantes,  los cuales interpusieron contra ella recurso de reposición. Todo el sustento jurídico de su alegato en esta ocasión se dirige a criticar a la Corte Suprema frente a la posición que ha asumido respecto a la improcedencia de la acción de tutela sobre la cosa juzgada de las sentencias. La mencionada Sala de Casación Civil mediante proveído de 20 de enero de l991 que desató el susodicho recurso de reposición, dijo: "No obstante la notoria impropiedad del recurso impetrado contra el fallo de tutela del 9 de diciembre de l991, notificado el primero por telegrama el día 9 de diciembre de l991 y recibido el segundo en la Secretaría de la Sala el día 14 de enero de l992, la Corte advierte su absoluta improcedencia en cualquiera de los dos sentidos lógicos que pueda estimarse". Porque como recurso de reposición no se encuentra establecido en el Decreto 2591 de l991, y como "impugnación del fallo" (art.31 ibidem), resultaría no sólo extemporánea (fuera de los tres días hábiles) su presentación debida, sino también imposible por falta de superior jerárquico". Se rechazó por improcedente el recurso interpuesto. El expediente fue remitido a esta Corte Constitucional, en donde la Sala de Selección de tutelas acordó escogerla para su revisión, correspondiéndole por reparto para su conocimiento al Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz. D.1.   SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DE REVISION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, con sentencia No. 6 del doce (12) de mayo de l992, revisó el fallo de tutela proferido por la Corte Suprema de Justicia y en su oportunidad legal esa Sala dijo, en lo esencial: "Sostiene la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia que la acción de tutela estatuída en el artículo 86 de la Constitución se caracteriza por su naturaleza judicial, su objeto protector inmediato o cautelar, su función policiva y su carácter subsidiario y eventualmente accesorio. Su característica cautelar y su función puramente policiva, sin implicar juzgamiento del derecho en si mismo controvertido, sólo de esta forma, se evitaría que la acción de tutela se convirtiera en una tercera instancia o revisión adicional, quedando a salvo la competencia de los jueces ordinarios para resolver sobre el derecho controvertido". La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional al observar el fallo de la Corte Suprema de Justicia Sala Civil señaló que "no puede calificarse el acierto de una solución jurídica sin precisar el problema que pretenda resolver". Que el fallo de la Corte Suprema ha debido resolver la situación de fondo planteada sobre los derechos sustantivos presuntamente violados y no salirse por la tangente enfocando el caso desde el punto de vista procesal, cuando la validez de una decisión judicial de carácter procesal debe juzgarse a partir del problema de fondo de derecho sustantivo a cuya solución ella se enderece. En la Sentencia de Revisión se precisa que si una de las Salas de la Corte Suprema viola un derecho fundamental al no poderse variar esta decisión por otra Sala, se estaría frente a una inimputabilidad de sus decisiones. Que las Salas de la Corte Suprema de Justicia, constituyen autoridades públicas y por lo tanto están sometidas a lo preceptuado en el artículo 86 de la Constitución Nacional. Argumenta que en "un estado social de derecho, democrático, cuya finalidad es asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, no tolera un poder público como el que podría tener acomodo en la Corte Suprema de Justicia si sus sentencias estuvieran revestidas de inmunidad constitucional. El artículo 86 no exonera de la acción de tutela a los actos u omisiones de la Corte Suprema de Justicia. El precepto autoriza que la acción se dirija contra cualquier autoridad pública". Y agregó que si una autoridad pública puede traspasar el límite fijado por la Constitución y sus actos u omisiones sigan teniendo valor jurídico, no sirve tener constitución o se convierte ésta en un pedazo de papel. Si se acepta la no cuestionabilidad de las sentencias, éstas pueden convertirse en vehículos de reforma material de la Constitución. La tesis de la Corte Suprema de Justicia según la cual ciertos actos jurisdiccionales escapan al control de constitucionalidad, pese a ser violatorios del sistema constitucional de derecho, no se compadece con la idea del estado social de derecho, el cual se constituye bajo el designio de proteger y respetar a la persona humana. Y por último ratifica el criterio de que la inimpugnabilidad de las sentencias es contraria a los preceptos constitucionales que consagran la violación de los derechos fundamentales. Para reafirmar sus críticas a la Corte Suprema de Justicia dicen que ella señala como derecho fundamental  la primacía e integridad de la Constitución y dicen que la jurisdicción constitucional es la garantía básica del Estado Constitucional de derecho que reafirma el respeto y adecuada distribución de competencias entre la administración central del estado y las entidades territoriales de modo que no se lesione su autonomía. "La Corte Suprema de Justicia, desconoce el texto de la Constitución y los principios fundamentales del ordenamiento constitucional que tienen que ver con la separación de poderes, la preferencia por el derecho sustancial, el valor normativo de la Constitución, la efectividad de los derechos, la intangibilidad del contenido material de la Constitución, la conciencia de los fines del estado, la pretensión de vigencia de la Constitución". "La Corte Suprema de Justicia interpreta la acción de tutela, con una visión tan restrictiva que frusta su naturaleza finalidad y sentido y desconoce la materialidad del derecho sustancial que dicha acción pretende amparar". Cuando la acción de tutela verse sobre sentencias, la actuación del Juez del conocimiento se circunscribe al examen y decisión de la materia constitucional con prescindencia de todo aquello que no tenga que ver con la vulneración o amenaza del derecho constitucional fundamental, por lo que esta acción no representa frente a los procesos materializados en el expediente, ninguna instancia, ni recurso alguno que convierta esta acción en un verdadero proceso, lo cual contraría el concepto de la Corte Suprema de Justicia que entiende la acción como un simple trámite policivo. Critica el principio de la cosa juzgada, hace un recuento de esta figura y dice que "en el derecho romano primitivo, dada la influencia religiosa se imputaba a la divinidad el poder de hacer las leyes y decidir los litigios", que la cosa juzgada se incorporó  igualmente en el Código Napoleónico teniendo como fundamento el concepto romano y por lo tanto no admitía prueba alguna contra lo decidido en ella. Algunos doctrinantes han preferido explicar el fenómeno de la cosa juzgada recurriendo al mecanismo jurídico de la ficción como más apropiado que la presunción del derecho y que en todo caso, nada estará mas alejado de un derecho inherente a la persona humana que una ficción de verdad. Reitera que la cosa juzgada en ningún caso se entiende como emanación de un derecho inherente a la persona, por lo que ella se entiende como una manifestación del derecho procesal, por lo que las leyes que consagran y regulan la cosa Juzgada deben respetar la Constitución y lo contrario sería invertir la pirámide normativa y por último llegar a reafirmar que el fin del proceso debe ser la sentencia justa y la cosa juzgada a secas, que es en "últimas una fórmula de compromiso, quizás imperfecta pero en todo caso práctica, entre las exigencias de justicia y paz, y la certeza jurídica y agilidad en el ejercicio de la función jurisdiccional". "La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política es un medio procesal especial que complementa el derecho sustantivo constitucional, mediante la concesión de un arma poderosa a las personas que vean sus derechos fundamentales violados o desconocidos. Tratándose de sentencias que vulneren estos derechos, la acción de tutela es un medio idóneo para depurar el eventual contenido de injusticia de la sentencia atacada y evita que ésta se torne inimpugnable e irrevocable no obstante el flagrante desconocimiento del mínimo de justicia material que debe expresar toda sentencia y que sólo se da cuando se respetan y se hacen efectivos los derechos fundamentales". Los derechos fundamentales y la cosa juzgada no son inconciliables y la acción de tutela es un vehículo comunicante entre ésta y aquéllos. Al criticar a la Corte Suprema de Justicia dice que "eleva la cosa juzgada al plano de lo absoluto e intemporal, con la consecuencia que la seguridad jurídica, concediendo sólo en gracia de discusión que aquella goce de protección constitucional, sacrifica el valor de la justicia, los derechos fundamentales y la primacía de la Constitución", que la interpretación constitucional debe enderezarse a la conservación y promoción de la unidad política, y la prevalencia del derecho sustancial sobre el procedimiento como cometidos esenciales de la Constitución, precepto que choca con la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia la cual desconoce el estado social de derecho y los principios básicos democráticos que son las bases insustituibles de la unidad política nacional. Por las razones expuestas la Corte Constitucional pide a la Corte Suprema un pronunciamiento de fondo sobre la pretendida violación de los derechos fundamentales alegados por parte de Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño y resuelve revocar la decisión de tutela proferida por la Sala Civil de esa Corporación de fecha diciembre 9 de l991. D.2.   SALVAMENTO DE VOTO A LA SENTENCIA DE REVISION ANTERIOR. La Sentencia de Revisión tuvo el salvamento de voto del Magistrado José Gregorio Hernández Galindo, quien no estuvo de acuerdo con los criterios de la mayoría en cuanto a la procedencia de la acción de tutela sobre las providencias que hubieran hecho tránsito a cosa juzgada. Respecto de ella dijo que una sentencia que en su contenido desarrolle el ideal de justicia pero que nunca llegue al nivel de lo definitivo, deviene en injusta en cuanto se torna ilusoria su realización y que por tanto sólo la seguridad jurídica y la certeza del derecho permite la vigencia de un orden justo. En defensa de su tesis, cita a los siguientes tratadistas: Antonio Fernández Galiano, Jorge Hübner Gallo, Luis Legaz y Lecambra y afirma que aunque el principio de la cosa juzgada no aparece expresamente consagrado en la Constitución, está anclado en el mismo concepto de Derecho, es supraconstitucional y está ligado a la justicia en forma tan íntegra que no es concebible la una sin la otra. Si de lo que se trata es de asegurar la prevalencia  efectiva de los principios constitucionales, ello no se logra sembrando el germen de la prestabilidad ni creando un clima propicio a la ruptura de la seguridad jurídica y esto se sustenta en el Preámbulo de la Constitución Política, en sus artículos 1°; artículos 2°, 86, 88, 89, 91, 93, 94 sobre efectividad de los derechos; artículos 229 sobre acceso a la administración de justicia. Aun aceptando la tutela para sentencias ejecutoriadas, nadie garantiza que un estudio preferente y sumario, que debe efectuarse en el término perentorio de 10 días, permita hacer realidad la plena certeza de la total justicia en todo un proceso de doble instancia y casación, menos aún si la Sala encargada de verificar la sujeción del fallo a derecho es de una especialidad distinta, como ocurre en el caso sublite. Cuestiona el fallo de Revisión de tutela de la Corte Constitucional porque si se aceptara en gracia de discusión la tutela contra sentencias que hagan tránsito a cosa juzgada, en la providencia no se hizo un estudio para constatar si en realidad fue vulnerado o amenazado el derecho fundamental que se alega, para comunicar esta decisión al juez o tribunal de primera instancia ( en este caso la Sala Civil de la Corte Suprema,) se adoptaran allí las medidas necesarias tendientes a adecuar su fallo a lo dispuesto por la Corte Constitucional (art. 36 del Dto. 2591 de l991). Y remata diciendo que la tutela se concreta en una orden para que la persona respecto de quien se solicita actúe o se abstenga de hacerlo, orden que no se puede dar en el presente caso. E.      REMISION DEL EXPEDIENTE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. La Corte Constitucional devolvió el expediente de tutela T-221 a la Sala Civil de la Corte Suprema para que se sirviera dar cumplimiento a su Sentencia. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en providencia del 2 de junio de l992 critica la sentencia T-06 de la Corte Constitucional en los siguientes términos: "una providencia que, en cualquier tipo de revisión se limite a contemplar la revocatoria de un fallo preexistente, sin que se adopte al propio tiempo una decisión de mérito sobre la tutela y, en su defecto, se limite a ordenar la expedición de pronunciamientos sustitutos, no se encuentra ajustada a la índole de la función en cuestión. En otros términos, si la referida providencia revocatoria no va acompañada con la decisión sustitutiva relativa al alcance y a la protección que pueda merecer el derecho fundamental que dice vulnerado, la verdad es que no puede decirse que existe fallo de tutela". Así las cosas resuelve ordenar la devolución del expediente a dicho organismo para lo de su competencia. F.      ADICION A LA SENTENCIA T-06 DE LA SALA SEGUNDA DE REVISION DE TUTELAS. Mediante providencia de diecisiete (17) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), en el numeral 5o. de los antecedentes, La Sala Segunda de Revisión de Tutelas de esta Corte Constitucional, dijo: "Con el objeto de poder cabalmente cumplir con la función de revisión y dado que, en el expediente remitido no se incluye un pronunciamiento del Juez de tutela sobre el derecho fundamental cuya violación se alega, la Corte Constitucional, conforme lo estableció en sentencia del 12 de mayo de l992, requiere dicho pronunciamiento." Se resuelve remitir el expediente a la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, para que se sirva dar cumplimiento a la Sentencia T-06. G.      FALLO DE TUTELA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACION CIVIL. Después de hacer un recuento histórico de los antecedentes del proceso de tutela esta Corporación a través de la Sala de Casación Civil, en sentencia de 1o. de julio de 1992,  dentro de sus consideraciones dijo: Como quiera que la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, pese a lo expuesto reiteradamente por esta Corporación, mediante la mencionada providencia ha asumido la exclusiva responsabilidad de permitir la acción de tutela contra sentencias con autoridad de cosa juzgada, y de sostener que una Sala de Casación tenga competencia respecto de otras, exonerándose por consiguiente de proferir el fallo de tutela sustituto, al que estaba obligado y le correspondía, la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, asume para el presente caso, la función de expedirlo, por cuanto, al reconocer en este caso la garantía fundamental del acceso a la administración de justicia (art. 229 de la C.N.), se impone consecuencial e indefectiblemente no dejar sin fallo la acción de tutela promovida por los señores Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño. Realiza una breve reseña de los derechos fundamentales invocados por los demandantes y en ese orden de ideas señala: Que el reconocimiento a la personalidad jurídica (art. 14 C.N.), es una referencia explícita al poder que tiene un ente y en especial el ser humano, a ser tratado como "persona", sujeto de derecho y capaz de contraer obligaciones. El derecho a la honra (art.21 C.N.) es el derecho fundamental a recibir una valoración externa, correlativa a su realidad, personal, social, moral que se encuentra condicionado a la realidad objetiva correspondiente, lo cual puede consistir en tener alguna vinculación procesal en calidad de demandante, demandado, denunciado, denunciante o condenado. El inciso 2o. del artículo 28 en lo pertinente al arresto o prisión por deudas, se refiere al estricto sentido de deudas y no se predica de aquellos hechos calificados como delitos a pesar de estar relacionados con ellas, tal como acontece, por ejemplo, con la estafa, donde las contrataciones y deudas son instrumentos de maniobras dolosas por el aprovechamiento ilícito con perjuicio ajeno. Al referirse al debido proceso comenta la sentencia cada una de las figuras que conforman este derecho fundamental como son el juez competente, las impugnaciones, los recursos, solicitudes de pruebas, los términos,  la preexistencia de la ley del juzgamiento, la favorabilidad de la ley penal, la no existencia de nulidad insubsanable, y la firmeza de la sentencia judicial que le da mayor protección al debido proceso. A las presuntas violaciones responde la Corte Suprema a los quejosos que les fue respetada su personalidad jurídica, al ser tratados como personas, que en el caso sublite no se trata de simples deudas civiles contraidas e incumplidas, sino que de conformidad con lo probado en el expediente se trató de un ánimo de aprovechamiento ilícito en contra de terceros,  de lo cual se deduce claramente que la investigación no sólo se inició, sino que más adelante se comprobó y juzgó, según los jueces de instancia, la existencia de delitos de estafa, los cuales no están amparados por la prohibición de penas restrictivas de la libertad. "Y precisamente por ser objeto del proceso el establecimiento no de deudas civiles sino de delitos, carecen los accionantes en tutela de derecho alguno a que no se les investigue, ni se les condene estando probados los hechos y su responsabilidad.  Por el contrario, están sometidos a la referida investigación criminal y, si fuere el caso, a la condena, lo que por otra parte, afecta legalmente su honra.  Esta última solo ampara las conductas lícitas y a los ciudadanos honestos". Finaliza diciendo la Corte Suprema de Justicia que "Todo lo anterior revela en forma fáctica pormenorizada, que en el proceso penal arriba mencionado no se infringieron los derechos fundamentales que si dicen vulnerados. Es mas, esto tiene su razón de ser en que los procesos son para tutelar, aun de oficio, y no para violar, menos deliberadamente, los derechos que en él entran en juego, razón por la cual la sentencia que concluye debidamente el proceso con la autoridad de cosa juzgada (como parte del debido proceso), resulta igualmente inimprobable la tutela, tal como lo ha venido sosteniendo y lo reitera ahora esta Corporación". El 15 de julio de l992 el expediente de tutela fue recibido en la Corte Constitucional y posteriormente escogido en la Sala de Selección para su revisión. II. COMPETENCIA. La Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela y ello de conformidad con lo prescrito en el artículo 86 inciso segundo y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 y 34 del Decreto 2591 que le asignan funciones a esta Corporación para revisar el presente fallo de tutela. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. En primer lugar ha de decirse que se ejerce la acción de tutela contra la sentencia de 13 de septiembre de 1991, proferida por la Sala de Casación Penal de la H. Corte Suprema de Justicia que decidió no casar la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar el recurso extraordinario de casación interpuesto por los ahora actores de la acción de tutela contra la última de las dos providencias citadas. Al momento de entrar a revisar esta Corte Constitucional la sentencia dictada en sede de juez de tutela por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 1o. de julio de 1992, se encuentra con que aquella Corte mediante fallo de 1o. de octubre de 1992 declaró la inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto  2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela.  Con esta declaratoria se excluye la posibilidad, entre otros aspectos, de intentar tal acción contra sentencias ejecutoriadas, cual es el caso que ahora se le presenta a la Corte Constitucional. Sobre este particular discurrió esta Corte en la susodicha sentencia de 1o. de octubre de 1992: "Fundamentos constitucionales del principio de la cosa juzgada. Que la Constitución no destine uno de sus artículos a proclamar expresamente y para toda clase de procesos el principio de la cosa juzgada, en nada disminuye la raigambre constitucional del mismo ni su carácter vinculante para el legislador, cuyos actos no pueden contrariarlo. Debe observarse que el concepto esencial de cosa juzgada  se halla explícitamente acogido por la actual Carta Política cuando en el artículo 243 declara: 'Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional'. Si el Constituyente resolvió especificar bajo el calificativo de 'constitucional' la cosa juzgada que ampara esta clase de sentencias, es porque supuso el principio genérico y adoptó, para tales juicios, los fundamentos y las consecuencias jurídicas en él incorporadas. El principio de la cosa juzgada hace parte indiscutible de las reglas del debido proceso aunque no se halle mencionado de manera expresa en el artículo 29 de la Constitución.  Todo juicio, desde su comienzo, está llamado a culminar, ya que sobre las parte no puede ceñirse indefinidamente la expectativa en torno al sentido de la solución judicial a su conflicto.  En consecuencia, hay un verdadero derecho constitucional fundamental a la sentencia firme y, por tanto, a la autoridad de la cosa juzgada. Pero, además, si la Constitución dispone que ninguna persona podrá ser juzgada dos veces por el mismo hecho -'non bis in idem'-, con esa garantía procesal resulta incompatible la posibilidad de intentar acciones de tutela contra sentencias ejecutoriadas, toda vez que ello representaría la reapertura del proceso culminado. Por otra parte, el Preámbulo de la Constitución señala como uno de los objetivos hacia los cuales se orienta la autoridad del Estado colombiano, el de 'asegurar a sus integrantes (...)la justicia (...) dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden (...) justo...'. A juicio de la Corte, mal se puede asegurar la justicia y garantizar un orden justo si el marco jurídico que se disponga fundamenta el concepto de justicia sobre la base de la incertidumbre. El artículo 1o. de la Carta consagra como principios fundamentales del Estado Social de Derecho los del respeto a la dignidad humana y la prevalencia del interés general.  El primero de ellos implica la posibilidad de obtener definiciones en materia de justicia sin la presencia perturbadora de renovadas instancias que haga inciertos los derechos deducidos en juicio.  Al segundo se opone la inestabilidad provocada en el seno de la colectividad por el desconocimiento de la seguridad jurídica. La efectividad de los derechos consagrados en la Constitución tiene su mejor prenda en la culminación de las controversias sobre la base de una verdad discernidad previa la garantía de los derechos procesales.  Por el contrario, resulta vulnerada cuando esa verdad, varias veces debatida, no se establece con certidumbre. El acceso a la administración de justicia (artículo 229 de la Constitución) requiere, para que en efecto tenga utilidad, de un sistema jurídico que contemple un momento procesal definitivo en el que, con certeza, las resoluciones que se profieran sean aptas para la concreción de los derechos. Pero, además, implica que los jueces vayan resolviendo los asuntos puestos a su consideración de tal modo que, evacuados los que se definen, puedan prestar atención a nuevos procesos.  Los pleitos  interminables acaparan y obstruyen el aparato judicial y por lo tanto impiden a otras personas acceden a la administración de justicia, causando simultáneamente daño al interés general". Entonces y teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, no es dable efectuar por esta Corporación la revisión de la sentencia de tutela de la H. Corte Suprema de Justicia. Mas si se adelantara por esta Corporación y en gracia de discusión, el estudio de mérito de la sentencia de 1o. de julio de 1992 de la Sala de Casación Civil de la H. Corte Suprema de Justicia, se llega a la conclusión de que amerita confirmarse. En efecto: Se cuestiona el fallo de los despachos judiciales citados porque según los demandantes, a través de él se les ha violado algunos derechos fundamentales. Por esa razón y de conformidad con los hechos relatados en los antecedentes, se considera que los puntos a tratar en la presente controversia jurídica, son: 1. Establecer el carácter de derecho fundamental de: 1.1. El reconocimiento de la personalidad. 1.2. El derecho a la honra. 1.3. La prohibición del arresto o prisión por deudas. 1.4. El derecho fundamental al debido proceso. 2. Determinar si con los fallos proferidos por los jueces de instancias, se violaron estos derechos fundamentales. 1. El reconocimiento de la personalidad, el derecho a la honra, la prohibición del arresto o prisión por deudas y el debido proceso, son derechos fundamentales. En efecto, si se analiza el contenido normativo constitucional del Título II Capítulo 1, se encuentra que allí están señalados estos derechos, precisamente, dentro de la parte del ordenamiento superior, al cual se ha denominado como "De los Derechos Fundamentales". El contenido normativo de la Constitución tiene como fundamento la protección integral del hombre y a través de su articulado es elocuente la precisión de ciertos ideales que manifiestan esa voluntad. De conformidad con lo normado en el artículo 1o. de la Constitución donde se define a "Colombia como un Estado Social de derecho" tiene incidencia directa en la encumbrada tesis de que el hombre es por esencia el núcleo y destinatario de la protección constitucional. Que cuando el artículo 2o. de la Carta Política prescribe que "son fines del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la constitución; facilita la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; " coloca como el fin supremo de la organización estatal al hombre, ya considerado individualmente, en forma asociativa, en su núcleo familiar o en su entorno laboral, por encima de cualquier otra consideración legal, con el propósito de fortalecer los poderes del ciudadano frente al Estado. Vuelve prácticos y reales el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y convierte a la Carta de los Derechos en el instrumento obligatorio de las realizaciones individuales y sociales del hombre. Dentro de esta serie de principios tutelares de nuestra Constitución aparece el artículo 5o., el cual afirma: El Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad". Al estudiar con detenimiento el texto anteriormente transcrito por lógica se deduce que para la institución estatal existen unos derechos inalienables, enajenables e imprescriptibles que hacen parte de la esencia del hombre. Que esos derechos así considerados y por esa condición especial, tienen mayor importancia que otros incorporados a la norma constitucional y en otras leyes comunes, dentro del sistema jurídico colombiano. Dentro del criterio formal del constitucionalismo colombiano, estos derechos que se invocan en la presente acción de tutela, y los cuales se solicitan sean amparados, están expresamente señalados como fundamentales, así: 1.1. Derecho al Reconocimiento de la Personalidad. Este precepto encuentra su fundamento jurídico en el artículo 14 constitucional que precisa: "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica". Si las personas como seres ya existen, lo único que hace el Estado es aceptar lo que ellas son, de ahí que las instituciones sólo se limitan al reconocimiento de la personalidad de cada una de las personas que conforman el conglomerado social, precisamente porque estas son de creación natural, anteriores al nacimiento del propio Estado y son ellas precisamente, quienes le dan vida y existencia real a esa ficción cultural denominada Estado. Esta Corporación se ha referido así sobre el reconocimiento de la personalidad: "El derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad jurídica a que se refiere el artículo 14 de la Carta fundamental es un derecho exclusivo de la persona natural; y el Estado, a través del ordenamiento jurídico, tan solo se limita a su reconocimiento sin determinar exigencias para su ejercicio, y ésta es una de las constituciones políticas donde la inmensa mayoría de los derechos se otorgan sin referencia a la nacionalidad..."1 En otro de sus pronunciamientos, esta Corte dijo: "En efecto, surge el Derecho a la Personalidad Jurídica, que presupone toda una normatividad jurídica, según la cual todo hombre por el hecho de serlo tiene derecho a ser reconocido como sujeto de derechos, con dos contenidos adicionales: tutularidad de derechos asistenciales y repudio de ideologías devaluadoras de la personalidad, que lo reduzcan a la simple condición de cosa. Debe en consecuencia resaltarse que este derecho, confirmatorio del valor de la sociedad civil regimentada por el derecho, es una formulación política básica, que promueve la libertad de la persona humana; y que proscribe toda manifestación racista o totalitaria frente a la libertad del hombre. No debe confundirse este derecho fundamental, cuyo contenido otorga al hombre su condición de ser social, en el nuevo Estado liberal con los clásicos derechos a la personalidad regulados por el derecho civil y menos aún con el concepto de personas jurídicas o fictas que evoca su idéntica expresión idiomática. Toda esta legislación, que comprende los denominados atributos de la personalidad, es decir, el nombre, el domicilio, la nacionalidad, el patrimonio, el estado civil y la capacidad, si bien, en el plano de la legalidad ordinaria implican desarrollos jurídicos que sitúan a la persona humana en la sociedad de modo ordinario, son tutelables por las autoridades encargadas de su declaración, y sólo serían amparables mediante acciones como la presente, cuando esa legalidad pretendiese ser suspendida para dar paso a una concepción de la persona humana distinta a la liberal, que surgió con una fisonomía propia en el Estado Social de Derecho. Este derecho fundamental a la personalidad jurídica que consagró el Constituyente de l991 es más una declaración de principio, que acoge a la persona en lugar del individuo, como uno de los fundamentos esenciales del nuevo ordenamiento normativo".2 En relación con la consagración del derecho a la personalidad jurídica, esta última sentencia de esta Corporación, se expresa en los siguientes términos: "Este derecho se contempla de manera expresa en la legislación internacional, después de la Segunda Guerra Mundial. La Convención Americana en su artículo 3o. dice: "Derecho al reconocimiento de su personalidad Jurídica": La Convención en su artículo 5o. manifiesta que " Todo individuo tiene el derecho al respeto a la dignidad propia del ser humano y al reconocimiento de su personalidad jurídica": La Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 6o. reza lo siguiente: "Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica". 1.2. El Derecho a la Honra. Tiene este derecho una connotación personalísima e intrínseca porque solo se predica de las personas, respecto de la proyección social a la cual se haya hecho merecedor ante sus congéneres. Está tipificado en el artículo 21 de la Carta Política, el cual expresa: "Se garantiza el derecho a la honra. La Ley señalará la forma de su protección". La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil en Sentencia del 1o. de julio de l992 respecto de este derecho ha dicho: "De igual manera el derecho a la honra (Art. 21 C.N.), como aquel derecho fundamental de las personas a recibir una valoración externa ( de parte de los demás) correlativa a su realidad  (Vgr. personal, social, moral, etc) integral (llamada honra propiamente dicha), no solo difiere del derecho a hacerse y poseer una valoración intrínseca conforme a sus principios (llamado derecho al honor), sino que se encuentra condicionada a la realidad correspondiente..." Esta Corte Constitucional, también ha emitido su concepto sobre el derecho fundamental a la honra y buen nombre de las personas y al respecto dijo: "Para nuestra Constitución y para los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, la honra es un atributo esencial e inmanente de la persona, que se deriva de su condición y dignidad. Un bien jurídico personalísimo, de inicial raigambre "aristocrática", experimenta un proceso de generalización, democratización o socialización, que alcanza del mismo modo a los derechos a la intimidad, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de la correspondencia de todas las personas. El concepto de honra se debe construír desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona. Desde dicha prespectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión  de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos. Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno-el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-".3 1.3.La Prohibición de la Detención, Arresto o Prisión por Deudas. Cierto es que el artículo 28 de la Constitución Nacional prohibe la detención, el arresto y la prisión, por deudas, cuando dice: "Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la Ley...". Cuando el Constituyente establece en el artículo transcrito esta prohibición, se refiere a la figura jurídica de las simples obligaciones civiles, las cuales en ningún momento pueden ser causales de restricción de la libertad personal. Así se ha entendido de tiempo atrás y así debe ser, porque en nuestro ordenamiento jurídico, las conductas privativas de la libertad, están consagradas en el Código Penal, por la Comisión de cualquiera de los hechos punibles, allí descrito. Luego, la simple insolvencia de las personas frente al pago de las obligaciones o el incumplimiento por cualquier otra causal, que no contraría el ordenamiento primitivo vigente, en ningún momento puede ser motivo para la detención, el arresto o la prisión. Otra cosa bien distinta es que esa obligación civil, sea embrión o motor de la comisión de un hecho punible por lo que se estaría frente a una conducta ilegitima y en esta forma, el sujeto activo de la acción penal, se haría acreedor al señalamiento y a la posterior sanción, previo el cumplimiento de un procedimiento penal, por parte del Estado, quien actúa en defensa de la sociedad. Dentro de la concepción jurídico-política del Estado Colombiano, éste es por excelencia un estado social, donde prima la persona, porque es ella, el principio y fin de las instituciones creadas al amparo de nuestra juridicidad. Está consagrada la libertad en toda su amplitud y bajo todas sus formas, como un derecho fundamental y por tanto merece la protección legal del Estado. Luego en orden de prioridades, es a la persona a quien debe protegerse de todas las adversidades y vicisitudes que el diario acontecer le depara y por tal razón, le es dable, brindarle protección y seguridad para que en un ambiente de libertad pueda desarrollarse como ser social. Esa libertad así considerada, debe tutelarla el Estado aún en contra de otros intereses, que aunque son importantes como los bienes, materiales y de consumo entre otros, jamás podrán equipararse al derecho inalienable de la libertad. 1.4.   El derecho fundamental al debido proceso. Mediante sentencia No. 419  de la Sala Sexta de Revisión, con ponencia del Magistrado Ponente de la presente providencia, esta Corporación dijo lo siguiente sobre dicho derecho fundamental: "A. El debido proceso es derecho fundamental. Los derechos que pueden ser objeto de la acción de tutela son los fundamentales, según lo previene el artículo 86 de la Constitución Nacional. Esta a su vez en su Titulo II denominado "De los derechos, las garantías y los deberes", contempla en su Capítulo I los Derechos Fundamentales, entre los cuales está el del debido proceso. Esta incorporación del Derecho al Debido Proceso de manera explícita en la Carta como derecho fundamental corresponde inconcusamente a la naturaleza de este último. En efecto: Los derechos fundamentales son los que corresponden al ser humano en cuanto tal, es decir, como poseedor de una identidad inimitable caracterizada por su racionalidad que le permite ejercer sus deseos y apetencias libremente.  De ahí que se le reconozca una dignidad  -la dignidad humana-  que lo colocan en situación de superior en el universo social en que se desenvuelve, y por ello, es acreedor de derechos que le permiten desarrollar su personalidad humana y sin los  cuales  ésta se vería  discriminada,   enervada  y  aún   suprimida.    Son  los  derechos fundamentales  que  le protegen la vida, proscriben la tortura, aseguran su igualdad frente a sus congéneres, amparan su derecho a la intimidad, garantizan su libertad de conciencia, de cultos, de expresión y pensamiento; salvaguardan su honra, le permiten circular libremente, le preservan el derecho al trabajo, a la educación  y la libertad de escogencia de una profesión u oficio, las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra; su juzgamiento debe respetar el debido proceso, se le garantiza el derecho a la libre asociación y a formar sindicatos, etc. El Presidente de la República en el acto de instalación  de  la  Asamblea Constituyente el 5 de febrero de 1991 destaca el carácter inmanente de los derechos fundamentales  al  decir  que  son "aquellos que por su trascendencia democrática pueden ser aplicados por un Juez porque no requieren una ley que explique sus alcances y su contenido". Mario Madrid-Malo Garizábal caracteriza estos derechos así: "Los derechos humanos han recibido varias denominaciones a lo largo de los siglos. Primero, por influencia de la teología y del jusnaturalismo, se les llamó derechos naturales. ""Según esta noción  -explica Benito de Castro Cid-,enraizada en la doctrina tradicional del derecho natural, los Derechos Humanos son unos atributos o exigencias que dimanan de la propia naturaleza, que son anteriores a la constitución de la sociedad civil  y  que, siendo  previos y superiores al derecho estatal, debe ser reconocidos y garantizados por éste"". "En el siglo pasado surgió el concepto de derechos públicos subjetivos.  Este concepto es fruto de la observación del conjunto de circunstancias originadas en la existencia del hombre, conjunto en el cual quedan abarcadas todas las posibilidades de su actuación como sujeto de derechos y deberes. También se hace referencia a los derechos humanos con el nombre de derechos fundamentales.  Esta expresión se emplea para señalar  aquellos  derechos del ser humano que por su incorporación en las normas reguladoras de la existencia  y de la organización de un Estado, se incorporan al derecho positivo  como fundamento de la ""técnica de conciliación"" entre el ejercicio del poder público y el de la libertad de los gobernados. El constitucionalismo clásico llamó libertades públicas o  derechos  individuales a lo que hoy conocemos con el nombre de Derechos Humanos Fundamentales. Se trata en todo caso, de la suma de atributos inherentes al hombre, fundados en su naturaleza misma, indispensable para su autoperfeccionamiento. La persona humana es un ser racional y libre que está ordenado aun fin. Tal carácter la reviste de una dignidad esencial, en el cual tiene su raíz y su fundamento ciertas prerrogativas que le permiten defender la plenitud de su identidad. ""La persona tiene una dignidad absoluta -reflexiona  Maritain-   porque está en relación directa con lo absoluto, único medio en que puede hallar su cabal realización"".4 Sobre el Derecho al Debido Proceso discurre Fernando Velásquez V. del siguiente modo: "En sentido amplio el debido proceso es el conjunto o sólo de procedimientos, legislativos, judiciales y administrativos que deben cumplirse para que una ley, sentencia o resolución  administrativa  que se refiera a la libertad individual sean fundamentalmente válida, sino también para que se constituya en garantía  del  orden,  de  la  justicia,  de la seguridad en cuanto no se lesione de manera indebida la seguridad propuesta como intangible para el ciudadano en el Estado democrático. En sentido restringido la doctrina define el debido proceso como todo ese conjunto de garantías que protegen al  ciudadano sometido a cualquier proceso, que le aseguran a lo largo del mismo una recta y cumplida administración de justicia; que le aseguren la libertad y la seguridad jurídica, la nacionalidad y la fundamentación de las resoluciones judiciales conforme a derecho.  Desde este punto de vista, entonces, el debido proceso  es el principio madre o generatriz del cual dimanan todos y cada uno de los principios del Derecho Procesal Penal, incluso el del Juez Natural que suele regularse a su lado".5 La Carta Política plasma en su artículo 29 el derecho al debido proceso del siguiente modo: "El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.  Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno  derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso". Con el debido proceso se relacionan los artículos 31 y 33 de la Constitución que son del siguiente tenor: Artículo 31. "Toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagren la ley. El superior no podrá gravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único". Artículo 33. "Nadie  podrá   ser   obligado   a declarar  contra sí mismo o contra su cónyuge o compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil". Los artículos 1o., 2o., 10o., 16 del Código de Procedimiento Penal (Decreto No. 2700 de 30 de noviembre de 1991) recogen los mandatos constitucionales precedentes. La Institución  del Debido Proceso está contemplada en todas las legislaciones y ello ha permitido consagrar este principio como pilar fundamental de las tesis que forman el Derecho Procesal Universal.  Ya particularizada la figura del debido proceso se convierte en un derecho fundamental constitucional en beneficio de las personas consideradas partes  dentro de la relación procesal. Jurisprudencialmente en nuestro Estado, también existe la reafirmación de la figura jurídica del debido proceso, al reiterar la Corte Suprema de Justicia en diferentes oportunidades sus criterios en ese sentido, y en aras de ratificar esos señalamientos, se transcribe lo siguiente: "Tiene establecido la Corte, y no de ahora sino por tradición jurisprudencial, que toda disposición  legal  o   de   jerarquía   menor, procesal o no, penal o no, debe respetar y en su caso garantizar los principios normados en los artículos 10o, 16, 23 y 26 de la Constitución, sobre el debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de las personas ante la ley y de las partes ante su juzgador. Es indispensable además hacer ver que tantos presupuestos procesales constitucionalizados han sido ya prohijados por el denominado "Derecho Ecuménico" de las naciones civilizadas del orbe,  como una de las pocas conquistas clara de naturaleza universal, plasmadas en cláusulas normativas  multilaterales de naturaleza supralegal, como pactos o tratados internacionales de derecho público". Más adelante señala la Corte en el mismo fallo: "El derecho de defensa emana del artículo 26 de la Carta, porque pertenece al debido proceso.  Más aún esta norma constitucional tiene como objeto principal su garantía, dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se relaciona directamente con los derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad. Es además, un derecho histórico.  Los romanos instituyeron el principio AUDITUR ALTERA PARS, como regulador de todo proceso en garantías de sus partes. No hay sistema procesal alguno que lo pueda excluir".6 B.      El debido proceso en la normatividad internacional. En el plano del Derecho Internacional los siguientes instrumentos ratifican y exaltan el debido proceso, como medio de protección al ser humano cuando quiera que fuere objeto de enjuiciamiento: 1.        El principio de la legalidad. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, en sus artículos 7o., 8o. y 9o.. Está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica" del 22 de noviembre de 1969, aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 1o., 7o. -2.,  9o. y 27. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la Ley 74 de 1968, artículos 2o. -2., 4o. -2., 6o. -2,  9o. y 15. En la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por la Ley 12 de 1991, de conformidad con el artículo 40 No. 2o. literal a). En la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Civiles, Inhumanos o Degradantes, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución 39 de 1946 de 10 de diciembre de 1984 y aprobada por la Ley 78 de 1986, en sus artículos  6o. -1. y 15. En el Convenio de Ginebra III, de 12 de agosto de 1949 relativo al Trato Debido a los Prisioneros de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, publicado en el Diario Oficial No. 30318 en sus artículos 82 y 89. En el Convenio de Ginebra IV de 12 de agosto de 1949, relativo a la Protección Debida a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra, aprobado por la Ley 5a. de 1960, en sus artículos 33, 64, 65 y 70. 2.        Los Derechos del Procesado. La siguiente legislación supranacional, consagra el derecho de los procesados: La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,  Humanas o Degradantes. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 5o. -4., 7o. -5. y  8o. -2. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 2o.-2, 9o.-3 y 14 - 3. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 37 literal c). El Convenio de Ginebra III, en su artículo 103. El Convenio de Ginebra IV, artículos 70 y 71. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o., 8o. y 9o. 3.        El principio del Juez Natural. Señalan a nivel universal este principio los siguientes Pactos o Convenios Internacionales: La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o., 8o. -1. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  Culturales, artículos   2o.-2.,  4o.-2.,   6o.-2. y 14 -10. La Convención Internacional para la Represión y el Castigo del Crimen del Apartheid, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas según Resolución No. 3068 de 30 de noviembre de 1973, aprobada por la Ley 26 de 1987, en su artículo 5o. Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, ratificada por la Asamblea General de las Naciones Unidas  por Resolución 260 A (III) de 9 de diciembre de 1948 y aprobada según Ley 28 de 1959, en su artículo 6o. acoge el principio del Juez Natural. Convenio de Ginebra I, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos y los enfermos de las Fuerzas Armadas en campaña aprobado por la Ley 5a. de 1960, artículo 3o.-1. literal d). Convenio de Ginebra II, de 12 de agosto de 1949, para aliviar la suerte que corren los heridos, los enfermos y los náufragos de las Fuerzas Armadas en el mar, aprobado por la ley 5a. de 1960, en su artículo 3o.-1. literal d). En el convenio de Ginebra III, en sus artículos 3o.-1. literal d), 84, 87 y 96. En el Convenio de Ginebra IV, en sus artículos 3o.-1. literal d), 43 y 66. Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto  de 1949, relativo a la protección de las victimas de los conflictos armados internacionalmente en su artículo 74 -4. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, artículos 7o. y 9o. 4.        Principio de Favorabilidad. Está consagrado en las siguientes normas internacionales: En la Convención Americana de Derechos Humanos en sus artículo 1o. y 9o. En el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo establece en sus artículos 2o.-2 y 15 - 1. El Protocolo sobre el Estatuto  de los Refugiados, aprobado por la Ley 65 de 1979, publicado en el Diario Oficial No. 35442, en su artículo 7o. -1. El Convenio de Ginebra III, artículo 83. El protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 consagra el principio de favorabilidad en materia penal, en su artículo 75 -4. literal c). 5.        Prohibición  a la Autoincriminación. Establece este principio, las siguientes normas supranacionales: La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en sus artículos 1o. y 8o.-2. literal g). El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 2o. -2. y 14 -3. literal g). La Convención  sobre los Derechos del Niño en el artículo 40 -2. literal a). El Convenio de Ginebra III, consagra la prohibición a la auto-incriminación en su artículo 99. El Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, en el artículo 75 -4. literal f) trae expresamente señalada la prohibición de la auto-incriminación. 6.        El Defensor de los Pobres. Este precepto dentro del contexto de las normas que regulan los Tratados y los Convenios Internacionales se encuentra: En la Convención Americana sobre los Derechos Humanos en los artículos 1o. y 8o. -2 literal e). En el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos artículos 2o. -2. y 14 -3. literal d). La Convención de los Derechos del Niño lo consagra en los artículos 37 literal d), 40 -2. literal a). Protocolo sobre el estatuto de los refugiados lo incorpora en el artículo 32 -2. El Convenio de Ginebra III, lo consagra en su artículo 105. El Convenio de Ginebra IV, señala al Defensor de los Pobres  en su artículo 72. 7.        El Derecho a la Protección Judicial. Aparece esta figura jurídica en los siguientes Tratados o Convenios Internacionales: Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículos 1o, 2o. y 25. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados que lo tipifica en su artículo 16. En la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en su artículo 13. En el Protocolo I, adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, lo estatuye en su artículo 45 -2. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano artículos 7o. y 9o. 8.        El Derecho del Preso. Este principio lo encontramos en la siguiente legislación universal: En la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículos 1o. y 5o. -2. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala este derecho en sus artículos 2o. -2 y 10o. La Convención sobre los Derechos del Niño lo incorpora en el artículo 37 literal c). En la Convención sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el Convenio  de Ginebra III. En el Convenio de Ginebra IV en sus artículos 37, 69, 76, 124, 125 y 126. En el Protocolo II de Ginebra en su artículo 125. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. C.      El Debido Proceso Penal. Se considera el Derecho Penal como una rama  del Derecho Público, por cuanto el hecho punible emerge de una  relación  jurídica pública, que tiene como sujetos en primera instancia, al Estado en su calidad de titular del derecho punitivo y en el otro extremo de esa relación aparece el procesado. Esta afirmación tiene su razón de ser, en el hecho concreto  que  la  infracción de la ley penal ofende no sólo al particular cuyo interés es violado sino a la sociedad, y en aras de conservar el orden jurídico impuesto para gobernar a esa comunidad, se imponen las sanciones y se aplican las penas. Por ese carácter de contenido eminentemente público del Derecho Penal, sus normas son de rigurosa observación, de necesaria aplicación y no pueden ser sustituídas por el libre arbitrio de los asociados. En materia penal, el debido proceso constituye uno de los principios rectores de su procedimiento, que a su vez encuentra sustento en los textos constitucionales antes transcritos. Como marco general de referencia que informa y preside todo el sistema del derecho penal, ha de mencionarse el principio de presunción de inocencia que supone la bondad de actuación del ser humano y por tanto, para privarlo de su libertad, es, menester  que el Estado le demuestre que ha incurrido en responsabilidad penal. Del mismo modo su vinculación a un proceso penal debe estar rodeada de todas las garantías que le faciliten defenderse debidamente, asistido por un abogado con la facultad de poder aducir a su favor las probanzas que demuestren  su  no culpabilidad y a su vez refutar las pruebas que se esgriman contra él. Es esto lo que se llama el principio de contradicción. Se prohibe la doble sanción por la misma conducta punible (non bis in idem). Igualmente se quiere dar más posibilidades de revisión  de las decisiones al preverse las dos instancias y el grado de jurisdicción de consulta y a la  vez se prohibe la reformatio in pejus. Se proscribe la autoincriminación y del mismo modo se excusa a los familiares allegados del incriminado declarar contra él. Según el principio de legalidad de los delitos y de las penas  -nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege-   aquéllos y éstos deben estar previamente consagrados y tipificados en un ordenamiento jurídico.  Es decir, no hay delito ni pena sin ley.  Ello excluye por supuesto la aplicación analógica de delitos que a su vez no estuvieren previstos en la ley, al igual que no permite la aplicación  de  pena  no contemplada para tal hecho criminoso en igual texto y previamente a la perpetración de éste.  Sin embargo cuando la ley posterior es favorable  al imputado se aplicará retroactivamente.   Además,  el  proceso ha de seguirse ante juez competente, es decir, que sea el señalado por la ley para conocer de la conducta criminal.  El proceso  también  ha  de  satisfacer  las formas propias  -que serán las esenciales-  del mismo.  Es riguroso el cumplimiento de estos mandatos procedimentales, pues su omisión dará lugar a nulidades del proceso (Art. 304 del Código de Procedimiento Penal). La Corte Suprema de Justicia en fallo de su Sala Penal de 2 de octubre de 1981 dijo lo siguiente al respecto: "El derecho de defensa emana también del artículo  26  de  la  Carta,   ( art. 29 de la Constitución de 1991) porque pertenece al debido proceso.  Más aún, esta norma constitucional tiene por objeto principal su garantía, dado que el mismo derecho es atributo fundamental de la persona como tal y se relaciona directamente   con   los   derechos esenciales de la libertad, la igualdad ante la ley y la seguridad.  Es, además, un derecho histórico.  Los romanos instituyeron el principio  audiatur altera pers, como regulador de todo proceso en garantía  de sus partes.  No hay sistema procesal alguno que lo pueda excluir. "El derecho de defensa en la práctica se descompone, entre otros, en los derechos de impugnación, y de contradicción, esenciales a él, y consecuencia jurídico procesal de su aplicación.   Su fuente constitucional  es la misma.  Se encuentran específicamente proclamados  en los "pactos internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos", aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966, y convertidos en norma nacional mediante Ley 74 de 1968, donde se determina: Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido violados, podrá interponer un recurso efectivo aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de funciones oficiales (parte II, art. 2o. 3 C)". El constituyente de 1991, se expresó en estos términos respecto del debido proceso: "Las garantías procesales.  La administración de justicia penal constituye una de las más claras expresiones  de  la  soberanía  del  Estado  frente   al individuo.  Por  ello  los regímenes jurídicos occidentales han procurado, dentro del aspecto de la tutela de los Derechos Humanos, rodear al procesado de una  serie  de garantías que lo protejan de los potenciales abusos del Leviatán en que, según la caracterización de Hobbes, puede verse convertido un Estado de Corte absolutista. Someto, entonces, a consideración de la Asamblea, dos artículos en que se consagra de manera expresa y precisa la garantía, que deben tener todos los asociados de ser juzgados por lo que, en la doctrina contemporánea se designa como Juez Natural, al igual que la presunción de inocencia. La garantía del Juez Natural y el debido proceso se concretan en el respectivo artículo".7 Dentro del contexto del derecho comparado, valga mencionar el célebre caso de Gideon vs. Wainwright (1963) decidido por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Se trataba de una persona pobre (Gideon) que fue condenada a 5 años de prisión por un Tribunal de la Florida y como no se le proveyó de la asistencia legal de un abogado, alegó y solicitó que se lo  pusiera  en  libertad con fundamento en la enmienda XIV de la Constitución.  A ello accedió la Corte aceptando la tesis del acusado de desconocerse el "due process of law" y anulando la condena pronunciada contra él porque "indigent defendent accused of serious crime must be offered the assignment of counsel". D.      El debido proceso en los procesos civil y administrativo. La vida del hombre en sociedad ha contribuído a sus realizaciones  personales pero también ha dado lugar la generación de conflictos entre ellos mismos y también entre éstos y las instituciones del Estado.  Existen dos caminos para solucionar estos conflictos de interés particular:  arreglarlos como cada quien  estime conveniente (criterio establecido dentro de las sociedades primitivas) o que sea el Estado a través de las autoridades legítimamente constituídas quien dirima el conflicto de intereses puesto en su conocimiento, a través de una serie de actos encaminados a lograr ese fin. Pero como no se puede dejar en manos de las personas la facultad de realizar los actos que a bien tengan para dirimir su controversia, ya que a través de esa forma arbitraria no podría obtenerse el objetivo buscado, se hace  necesaria la  intervención  del  Estado,  quien haciendo uso de su poder de imperio encuentra fundamento para dictar normas que señale tanto a las partes como al juez, que actuaciones deben realizar, como deben llevar a cabo sus cometidos y dentro de que oportunidad pueden aportar sus pruebas y ejecutar sus actos para que tengan validez en el proceso. Con base en las nociones que se han dejado expuestas, bien puede definirse el derecho procesal como el conjunto de normas que establecen el procedimiento que se debe seguir para obtener la actuación de la ley en un caso concreto, que señalan los funcionarios encargados de aplicarlas y las personas que deben someterse a esas normas. Pues bien, el legislador ha querido entonces, que los procesos sean reglados, que tengan preceptos claros por los cuales han de regirse, haciéndose imperioso su cumplimiento tanto para los sujetos procesales como para el juez. Los principios que antes se han expuesto sobre el debido proceso y que están contenidos en los textos constitucionales antes transcritos, también tienen plena operación mutatis mutandi, en las demás ramas del derecho procesal: procesal civil (que se extiende a la laboral, etc.) y a las actividad administrativa que comprende tanto la actuación gubernativa como la contencioso administrativa. El tratadista Eduardo J. Couture, menciona las siguientes hipótesis que darían lugar a inconstitucionalidades: 8 La privación de audiencia que equivale a condenar a una persona sin haber sido oida y vencida en juicio, la falta de citación, la falta de emplazamiento, la privación de pruebas, la privación de recursos, la privación de revisión judicial. Del artículo 29 constitucional se establece, para efectos del presente caso, que la figura del debido proceso, es aplicable a toda clase de actuaciones que se realicen en los estrados judiciales e igualmente es válido el debido proceso, para toda actividad de la administración pública en general, sin excepciones de ninguna índole y sin ninguna clase de consideraciones sobre el particular. El título V, capítulo I de la Constitución Nacional consagra lo pertinente a la estructura de nuestro Estado. En su artículo 113, señala las ramas del poder público, en el 114 enuncia en forma general la función del Congreso, el 115 expresa quiénes conforman el Gobierno y radica en cabeza del Presidente de la República, la suprema autoridad administrativa del Estado.  Igualmente esta norma determina que las gobernaciones y alcaldías, así como la superintendencias, los establecimientos públicos y las empresas industriales y comerciales del Estado, forman parte de la rama Ejecutiva, razón por la cual estas entidades ejercen función administrativa. Los órganos judiciales se encuentran señalados en el artículo 116.  El artículo 117 expresa que los órganos de control de la administración pública nacional son el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.  El Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, se ocupan de la organización electoral. Todas estas entidades que conforman la estructura y organización  estatales ejercen esencialmente,   unas, funciones jurisdiccionales ( rama judicial), otras, funciones legislativas ( Congreso ) y ambas pueden también cumplir funciones administrativas.  Y la rama Ejecutiva, en sus órdenes todos:  nacional, departamental y municipal, desempeña actividad administrativa por antonomasia. Del mismo modo a cargo de los particulares pueden estar actividades administrativas. 2.      Examen del caso concreto de tutela. A términos del artículo 14 de la Constitución Política, "Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica", es decir, que se le considera sujeto de derecho y capaz de contraer obligaciones. En términos generales este es el significado de la norma transcrita, la cual ha de estudiarse en concordancia con el ordenamiento del artículo 16 Constitucional, que al respecto expresa: "Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad, sin mas limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico", norma que reconoce la evolución natural e histórica de la personalidad, porque así como aún las cosas materiales sufren transformaciones, con mayor fuerza el hombre debe ir cambiando su comportamiento, su manera de ser, debe ir adquiriendo mayores conocimientos para tener una visión universal de su mundo circundante, tiene el compromiso de adecuar su conducta a los valores morales de su entorno y aceptar las mutaciones culturales que la sociedad le impone, todo ello observando las reglas del buen proceder, guardando el respeto debido a los demás, teniendo como meta la observancia del imperio de la ley y las buenas costumbres. El hecho de vivir en sociedad implica limitaciones en el ejercicio de algunos derechos que no por fundamentales deben desbordar la órbita de lo legal que la ley ha establecido como normal, porque esa actuación así concebida estaría violando el derecho de los demás. Es el precio que se paga por vivir en sociedad. En igual forma se afirma del reconocimiento de la personalidad jurídica y de su desarrollo, el cual debe tener un cauce normal, sin que con el diario transcurrir de la formación y evolución de esa personalidad, se origine daños a terceros. En el caso subexámine puede afirmarse que a los quejosos Luis Felipe Arias Castaño y Julián Peláez Cano, fueron objeto del reconocimiento de su personalidad. Tan es así que ellos han sido hasta la fecha tratados como personas, han sido sujetos de derechos tales como que a Luis Felipe Arias Castaño se le ha reconocido como heredero en el proceso sucesoral por la muerte de su padre, que ha podido celebrar contratos, que los demandantes son portadores de una identidad ciudadana, luego ha de concluirse que ambos han sido sujetos de derechos con capacidad plena para el uso y goce de sus derechos ciudadanos. Alegan los petentes que se les ha violado su derecho a la honra, por lo que a través de la sentencia condenatoria se les ha estigmatizado públicamente. Observa esta Corte que este derecho está íntimamente ligado con el reconocimiento de la personalidad y su consecuente desarrollo, porque la formación intrínseca de esa personalidad es la valoración que uno, como persona se forma de sí mismo, o lo que se ha denominado "honor". Pero cuando ese reconocimiento de la personalidad viene de afuera, lo hace la comunidad, el núcleo de personas con quien se convive, entonces se está frente a lo que se ha denominado la honra, la honorabilidad. En el pleno ejercicio del desarrollo de la personalidad, cada individuo puede forjarse su identidad y nadie más que él es responsable de su buen nombre. La honra, como la fama son una valoración externa de la manera como cada persona vende su imagen. Las actuaciones buenas o malas, son el termómetro positivo o negativo que se irradia para que la comunidad se forme un criterio objetivo respecto de la honorabilidad de cada ser. Por ello así como las buenas acciones acrecientan la honra, las malas decrecen su valoración y cada quien en particular, como se dijo, es responsable de sus actuaciones. Si a través del proceso penal se comprobó la conducta ilegal de los petentes, si quedó comprobado en el juicio penal la responsabilidad de Julián Peláez Cano y Luis Felipe Arias Castaño como sujetos activos de los delitos de estafa y falsificación de documentos públicos, entre otros, es su propia responsabilidad y por lo tanto a nadie pueden endigarle asomos de señalamientos por esas actuaciones. Es cierto como lo prescribe la Constitución Nacional, que ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o sometida a prisión, por unas simples deudas civiles. Pero si las obligaciones de esta naturaleza traen aparejados otros hechos, además de la responsabilidad civil generada por la obligación de esta índole, puede darse otra clase de responsabilidades siempre y cuando esas conductas que ocasionaron el hecho estén reglamentadas en el ordenamiento jurídico. Y fue precisamente lo que sucedió en el caso que se examina, lo cual está debidamente comprobado en el expediente, que el deudor Luis Felipe Arias Castaño para liberarse de la deuda que había contraído con los señores Bertulfo Antonio Alvarez y Pompilio Morales, en asocio de Julián Peláez Cano, cometieron varios ilícitos, tipificados como hechos punibles en el Código Penal y por esas conductas fueron procesados penalmente y condenados, no por las obligaciones civiles contraídas, sino por su proceder ya que trataron de burlar el pago de su obligación, afán que los llevó hasta llegar a la comisión de los delitos por los cuales se les juzgó. La Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil, en relación con este mismo caso en providencia del 1o. de julio de l992, dijo:  "Así mismo, el derecho consagrado en el inciso  2o. del artículo 28 de la Constitución Nacional a no ser detenido, ni reducido a arresto o prisión "por deudas" continúa predicándose de las "deudas en estricto sentido" y no es mas que el derecho de que gozan las personas de no verse privadas de la libertad para el cobro de las referidas deudas. Por consiguiente, dicho derecho no se ha predicado ni aun se predica de aquellos "hechos" calificados como delito, a pesar de estar relacionado con deudas, tal como acontece, por ejemplo, con la estafa, donde las contrataciones y deudas son instrumentos de maniobras dolosas para el aprovechamiento ilícito en perjuicio ajeno. ( Art. 356 C.P.C.)" En la sentencia de 13 de septiembre de 1991 de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia expresó lo siguiente, que ahora se prohija: "Ahora bien, aunque la dilógica presentación del cargo se pasara por alto, la enumeración de nulidades que trae, tampoco es de recibo.  En lo que se refiere a la primera, la contrariedad del casacionista se basa en la negativa del juez de practicar una inspección judicial que demostrará la falsedad de la escritura 4067, mediante la cual se dice que Arias le vendió sus derechos herenciales a una hermana suya. De lo anotado se extrae que el recurrente pretende aducir una violación al derecho de defensa por no haberse practicado la referida prueba, idónea para demostrar la inocencia del inculpado.  Sin embargo, para que la causal prospere el necesario que la probanza sea fundamento esencial del fallo, lo que no se da en el presente caso.  En efecto, aunque es cierto que en las instancias se le otorgó importancia al citado documento, apenas se constituyó en un refuerzo de la abundante prueba de cargo que demostró los múltiples ilícitos cometidos empezando por la suplantación de su padre para acceder a préstamos sobre los bienes materia de la sucesión.  El que, si fuere el caso, aún tuviere en su cabeza los derechos como heredero, no excluye las conductas reprochables que le valieron el fallo condenatorio. En cuanto a la escritura 181 mediante la cual se cancelaron las hipotecas que Arias había suscrito usurpando a su progenitor, intento vano para defraudar a los acreedores, es obvio que la confusión de nombres (LUIS FELIPE ARIAS GOMEZ y no LUIS FELIPE ARIAS CASTAÑO) es un asunto cortical, pues es palmario que cuando Arias Castaño adquirió las obligaciones, lo hizo a nombre de su padre, razón por la cual tanto su apelativo correcto como la cancelación ilícita aparecen en ella". Por último, entiende esta Corporación que hubo un debido proceso penal, llevados en su oportunidad legal por el juzgado Décimo Superior de Medellín, el Tribunal Superior de esa misma ciudad, y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde las partes procesales tuvieron las garantías que el estado de derecho consagra para estos casos. Esta Corporación se remite a lo expresado por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil en el fallo arriba citado, cuando expresó: "Además, también demuestran los antecedentes que por la naturaleza de los hechos criminales, la competencia correspondía a los jueces penales, cuyo proceso penal se ajustó a la preexistencia del delito, a las formas procesales y a la ejecución que se le dió a estas últimas, dentro de las cuales se destacan: la formulación de cargos y la diligencia de descargos, la representación procesal del procesado y el desarrollo del trámite con la oportunidad de defensa; la atención a la solicitud  oportuna y legal de pruebas, tal como lo admite la ley (no a otras, como lo sugieren los accionantes), la formulación del recurso de apelación, en virtud del cual el tribunal pudo reducir condena y decretar algunas prescripciones de estafa y falsedad personal; y la presentación y sustentación del recurso extraordinario de casación, donde, por los imperativos legales de técnica (anterior y actualmente previstos) propios de este recurso ( que por no ser un recurso de instancia, sino una impugnación extraordinaria a una sentencia que ya está cobijada bajo la presunción legal de acierto, hay que formular y comprobar dentro de las reglas de la técnica de  casación), no permitieron su estudio de fondo, y que, en caso de haberlo sido; tampoco hubiera prosperado tal como lo hemos expuesto". Por todo lo anteriormente explicado, la decisión de la H. Corte Suprema de Justicia, aún estudiados los cargos de tutela, merece confirmarse. IV.    DECISION. En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A  : Primero: Confírmase la sentencia de 1o. de julio de 1992 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Segundo:   Comuníquese a dicha Corte, Sala de Casación Civil, la presente decisión para que sea notificada a las partes conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON           JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado                         Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Aclaración de voto a la Sentencia No. T-585 Ref.; Expediente T-221 Actor: Julián Peláez Cano Luis Felipe Arias C. Magistrado Ponente: Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ El suscrito Magistrado estima pertinente aclarar que su voto en el presente negocio no puede entenderse en ningún caso como adhesión de último momento a la tesis contenida en la sentencia T-543 de la Sala Plena, proferida el 1o. de octubre de 1992, según la cual la acción de tutela no procede contra providencias judiciales sino cuando se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Mi posición acerca de la procedencia de la tutela contra sentencias no es otra que la que aparece consignada y debidamente fundamentada en la Sentencia T-06 del 12 de mayo de 1991 y en el salvamento de voto a la sentencia C-543. Sólo en razón de que esta última ha declarado de inexequibilidad de los artículo 11 y 40 del decreto 2591 de 1991, suscribo la presente sentencia. De otra parte, me tranquiliza saber que no obra en el expediente del presente caso, elementos que permitan pensar que fueron vulnerados en alguna forma, derechos fundamentales de los petentes. Fecha ut supra. CIRO ANGARITA BARON Magistrado 1 Sentencia No.T-476 del 29 de julio de l992. Sala de Revisión No. 4. Pag. 8. 2 Sentencia T-485 del 11 de agosto de l992. Sala de Revisión No. 5. Pags. 15 y 16. 3 Sentencia No. 412   Magistrado Ponente Dr. Alejanadro Martínez Caballero, pág. 14. 4 Mario Madrid-Malo Garizábal. Los Derechos Humanos en Colombia. Instituto de Derechos Humanos. Guillermo Cano. Publicaciones ESAP l990. Pág. 28. 5 Fernando Velásquez V. "Comentarios al nuevo Código de Procedimiento Penal". Señal Editora. Medellín l987. Págs. 111 y 12. 6 Corte Suprema de Justicia. Sentencia No. 62 de 10 de mayo de l983. Gaceta Judicial No. 2413. Págs. 302 y 303. 7 Gaceta Constitucional No. 23. Proyecto No. 68. Ponencia del Constituyente Armando Holguin. 8 Gaceta Constitucional No. 23. Proyecto No. 68 Ponencia del Constituyente Armando Holguin

T-591-92 Sentencia No Sentencia No. T-591/92 COMPETENCIA DE TUTELA-Territorio Cuando el artículo 86 de la Carta dispone que los jueces, en todo momento y lugar están llamados a conocer de esta acción, entiende la Corte que ha sido la ley, vale decir el Decreto ibidem, la que ha señalado el sentido que debe darse al mencionado precepto, especialmente al establecer el ámbito estricto que debe reconocer y respetar todo juez de la República para admitir, tramitar y fallar solicitudes de tutela. Es así como el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala como competente para conocer de la acción de tutela, en primera instancia a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES/DERECHO AL EJERCICIO DE CARGOS PUBLICOS En materia de la organización y funcionamiento de las instituciones públicas, la igualdad de oportunidades se entiende como el derecho a participar en el poder político, a ser respetado y a ser tenido en cuenta con similar consideración que las demás personas. Uno de los medios a través del cual estos se ejercen, es el derecho a ocupar cargos en la administración. El postulado de la democracia participativa consagrado en el preámbulo y en los artículos 1o. y 2o. de la Carta, inspira los derechos políticos de participación y fundamenta la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la provisión de empleos en las entidades del Estado. CARRERA ADMINISTRATIVA-Periodo de Prueba Es cierto e indudable que durante el período de prueba se deben cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 34 y 39 del Decreto 052 de 1987, que hacen referencia a unas calificaciones satisfactorias que los funcionarios deben obtener al igual que una conducta que no amerite sanción disciplinaria de ninguna clase, para luego si es del caso, ser nombrado en propiedad. Pero no es menos cierto que no se deban tener en consideración otras calidades que se refieren a una conducta, una moral y un comportamiento en todos los actos públicos y privados que lo hagan digno del cargo que desempeña. FUNCIONARIO JUDICIAL-Nombramiento/RESERVA MORAL Cuando el comportamiento y la conducta del funcionario judicial dan pie para que surja la convicción moral de que no observa una vida pública y privada compatible con la dignidad del empleo que ejerce, nace lo que se ha denominado "reserva moral", y mientras tal situación subsista jamás se podrá nombrar al funcionario en propiedad para desempeñar cargo judicial", aún a pesar de que reuna los demás requisitos. La legislación quiso al establecer esta causal de inhabilidad, que el funcionario judicial dentro de su tarea de impartir justicia y contribuir a la seguridad y estabilidad del orden jurídico y social se encontrara libre de cualquier situación que pudiese incidir en la credibilidad de su rectitud moral y que exhibiese una excelente moralidad y un comportamiento público y privado compatible con la dignidad de su cargo. Conforme a esta causal de inhabilidad, se tiene que cuando el nominador, según los hechos de que tiene conocimiento llega al convencimiento en la órbita de la moral, que la conducta, bien sea pública o privada, de quien aspira a ser designado en un cargo por reunir los requisitos para ello señalados, riñe con la dignidad del empleo, y por tanto su conciencia lo hace inclinar en el nombramiento por una decisión negativa, su juzgamiento según lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, resulta casi imposible. RESERVA MORAL La convicción moralno equivale a una pura y simple reserva mental, pues de ser así carecería de asidero constitucional y vulneraría, entre otros principios, la presunción de inocencia, el debido proceso y la misma dignidad humana. El margen de razonable apreciación, inherente al juicio moral, debe basarse en hechos comprobables que validen la inferencia que se hace y que, como tales, puedan ser en todo momento conocidos y controvertidos por la persona afectada. Por ello, el aplazamiento de la decisión debe ser eminentemente temporal y con prontitud ha de entrarse a resolver sobre la existencia de los hechos y su precisa entidad, luego de agotar las diligencias y esfuerzos para recabar elementos y presupuestos de hecho y de derecho que garanticen la objetividad del juicio moral. REF: EXPEDIENTE No. T-3500 Peticionario: ALVARO MONCADA LIZARAZU Procedencia: SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE SANTAFE DE BOGOTA Magistrado Ponente: JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Aprobada por acta No. 9 Santafé de Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional a revisar el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el 12 de junio de 1992, en el proceso de tutela T-3500 adelantado por ALVARO MONCADA LIZARAZU en su propio nombre contra el Consejo de Estado. El negocio llegó a conocimiento de esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional  por la vía ordinaria de la remisión que hizo la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, en virtud de lo ordenado por el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991. Conforme al artículo 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección de la Corte eligió para efectos de revisión, la presente acción de tutela, por lo cual se entra a dictar sentencia. I. INFORMACION PRELIMINAR 1. HECHOS DE LA DEMANDA El 27 de julio de 1991, la Sala Plena del Consejo de Estado, por Acuerdo No. 23 de 1989, eligió Magistrados para los Tribunales Administrativos de Norte de Santander, Valle del Cauca y Cundinamarca, unos en propiedad y otros en período de prueba. Entre ellos, fue elegido en período de prueba el Doctor ALVARO MONCADA LIZARAZU como Magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, posesionándose el  17 de agosto del mismo año. El 3 de diciembre de 1991, en sesión plenaria del Consejo de Estado, fueron designados en propiedad aquellos Magistrados a quienes el 27 de julio de 1989 se les eligió en período de prueba, excepción hecha del Doctor MONCADA LIZARAZU, a quien la Sala decidió aplazar la elección en propiedad hasta que se determinara si existía o no proceso disciplinario en su contra, a pesar de que a juicio del peticionario, hubiese cumplido los requisitos legales señalados por los artículos 34 y 39 del Decreto 052 de 1987, establecidos como condiciones para ser nombrado en propiedad en el cargo que desempeñaba. Dicha decisión tuvo como fundamento el hecho de que en sesión plenaria del 22 de octubre de 1991, la Presidencia del Consejo de Estado informó a la Sala que con relación al Doctor MONCADA LIZARAZU se venían presentando algunos problemas como representante del Tribunal Administrativo de Norte de Santander en el Consejo Seccional de la Carrera Judicial. Igualmente se informó que había llegado una comunicación del Jefe Seccional de la Carrera Judicial en la cual adjuntaba una queja dirigida al Procurador General de la Nación solicitando la práctica de un examen minucioso al expediente No. 816 por tráfico de estupefacientes, que cursa en el Juzgado 15 de Instrucción Criminal de Cúcuta, y que en dicho expediente se encuentra la cédula del Doctor MONCADA LIZARAZU. Posteriormente, el peticionario elevó solicitud al Presidente del Consejo de Estado con el fin de que se le definiera su situación en el sentido de si se encontraba ejerciendo su cargo en período de prueba o en propiedad, a lo cual esa Corporación el 3 de marzo de 1992 en Sala Plena, le ratificó el aplazamiento de la elección en propiedad hasta conocer el resultado de la "averiguación disciplinaria" adelantada por la Procuraduría. Teniendo en cuenta la decisión de aplazamiento del nombramiento en propiedad del peticionario, proferida por el Consejo de Estado, este decidió acudir al mecanismo de la acción de tutela como único medio de protección de sus derechos fundamentales. Posteriormente a la presentación de la solicitud, el Consejo de Estado en sesión plenaria del 3 de junio de 1992, decidió por votación mayoritaria teniendo en cuenta el informe sobre el proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, no elegir en propiedad al doctor ALVARO MONCADA LIZARAZU como Magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, y reemplazarlo. B. DERECHOS VULNERADOS O AMENAZADOS El peticionario considera que con la decisión del Consejo de Estado se vulneran sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley (CP. artículo 13), a la inocencia (CP. artículo 29), al honor, el buen nombre y la dignidad (C P. artículos 15 y 21). C. PETICIONES El actor en su propio nombre presentó el día 28 de abril de 1992 ante el Juzgado Unico Civil del Circuito de Pamplona, Norte de Santander, acción de tutela con fundamento en el artículo 86 de la Constitución Nacional como único mecanismo para obtener la protección efectiva de sus derechos vulnerados por la decisión del Consejo de Estado, por cuanto a su juicio, dicho acto se encuentra viciado por ilegalidad, puesto que contraviene de manera flagrante el ordenamiento legislativo y se sustenta en una causal imaginaria e inepta, poniendo en tela de juicio la integridad ética de su conducta. Solicita con ese fin que por haber cumplido los requisitos legales previstos en el Decreto 052 de 1987, establecidos como condiciones para ser nombrado en propiedad en el cargo que desempeñaba, tiene derecho a que se le reconozca por parte del Consejo de Estado tal situación administrativa de servicios con efectos a partir del 17 de agosto de 1991, fecha en la cual se venció el período de prueba, haciendo constar el mérito moral de su conducta. II. TRAMITE JUDICIAL DE LA ACCION A. ACTUACION PROCESAL El Juzgado Civil del Circuito de Pamplona, ante quien se presentó inicialmente la solicitud de tutela, por auto de fecha Abril 29 de 1992, la rechazó por falta de competencia y la remitió al Tribunal Superior de Bogotá, quien al recibirla se declaró incompetente para conocer de la acción, remitiéndola nuevamente al Juzgado del Circuito de Pamplona. Posteriormente, el Juzgado por auto de fecha mayo 21 de 1992, señaló que por haberse producido la presunta amenaza o violación en virtud de una decisión del Consejo de Estado, y siendo su sede natural la ciudad de Santafe de Bogotá, la competencia territorial correspondía a la sede de esa Corporación, por lo cual quien debía conocer de la acción de tutela era el Tribunal Superior de Bogotá. Devuelta la petición al Tribunal Superior, éste por auto del 4 de junio de 1992 decidió avocar el conocimiento de la acción presentada por el Dr. ALVARO MONCADA LIZARAZU. Con el objeto de darle trámite a la acción de tutela, el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá ordenó la práctica de las pruebas conducentes, con fundamento en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991. De esta manera obran en el expediente los siguientes documentos: 1. Oficio del 8 de junio de 1992 emanado del Consejo de Estado en el cual se hace una relación de las actuaciones de la Sala Plena de esa Corporación en relación con el aplazamiento y posterior no elección en propiedad del peticionario como Magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, desde el 25 de julio de 1989 cuando fue designado Magistrado en período de prueba, hasta el 3 de junio de 1992 cuando se decidió por votación mayoritaria no elegirlo en propiedad, teniendo en  cuenta como fundamento de esa decisión el informe del proceso disciplinario que adelanta la Procuraduría Delegada y el telegrama del Juzgado 15 de Instrucción Criminal de Cúcuta. 2. Expediente No. 011-116874 correspondiente al proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial contra el Doctor ALVARO MONCADA LIZARAZU, por perturbar permanentemente las reuniones del Consejo Seccional de Carrera Judicial del Norte de Santander, no cumplir los horarios y otras irregularidades. En el informe evaluativo rendido el 18 de mayo de 1992 por el abogado visitador de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial manifestó que al verificar las actas del Consejo Seccional aparece que el 2 de septiembre de 1991 ese Consejo en pleno profirió el acuerdo No. 002 por el cual se revocó la designación como Presidente al Doctor MONCADA LIZARAZU en consideración "a la posición obstinada contra el Director Seccional de la Oficina de la Carrera Judicial, tomando actitudes desobligantes e irrespetuosas, con interminables reproches, obstruyendo así el curso normal del orden del día preestablecido para las sesiones, al igual que su permanente actitud de irrespeto y ofensa frente a los demás miembros del Consejo y su negativa a cumplir el horario establecido para llevar a cabo las sesiones." Hechos estos que se confirman plenamente en las certificaciones juradas de los Magistrados CHACON y BALLEN del Tribunal de Pamplona, GUILLERMO RAMIREZ, Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Norte de Santander, ELCIDA MOLINA DE SANTANDER, para la fecha representante de los jueces del Distrito Judicial de Cúcuta y HUMBERTO FLOREZ, Presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, quienes concuerdan en señalar que en cuanto a la conducta del Doctor MONCADA en su calidad de Presidente y miembro del Consejo Seccional de la Carrera Judicial "era de continuo entorpecimiento, haciendo gala de esa conducta. Cuando asistía llegaba 2 horas retrasado a las sesiones lo que impedía cumplir el orden del día preestablecido y adoptaba expresiones y actitudes irrespetuosas y groseras hacia los miembros del Consejo, obligando a suspender las reuniones." Señala el Abogado visitador que "es notorio y relievante cómo en las actas 018 y 019 de 1991 se vienen dejando constancias y exigiendo al Doctor Moncada consideración y respeto para con el Presidente del Tribunal de Cúcuta y el Doctor FLOREZ, frente a las cuales respondía en tono descompuesto y agresivo llevando al retiro del recinto a los miembros del Consejo en señal de protesta". Finalmente, esos hechos y las declaraciones de los miembros del Consejo Seccional lo llevan a afirmar que el Magistrado MONCADA LIZARAZU con su conducta ha podido incurrir en faltas disciplinarias al tenor del artículo 9o. del Decreto 1975 de 1989. 3. Telegrama suscrito por el Juez 15 de Instrucción Criminal de Cúcuta, en el que informa que en ese despacho cursa el proceso No. 816 en etapa de instrucción, donde figura la cédula de ciudadanía del peticionario, la cual se le encontró a un vendedor de bazuco. El doctor MONCADA LIZARAZU, señala el Juez, aparece mencionado en todos los informes de la policía enviados al Juzgado Penal del Circuito mencionado. B. DECISION JUDICIAL OBJETO DE REVISION La Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, mediante providencia del 12 de junio de 1992, denegó la tutela impetrada, con base en los siguientes argumentos: 1. "No basta que un Magistrado (o cualquier funcionario judicial) nombrado en período de prueba obtenga los requisitos que señalan los artículos 34 y 39 del Decreto 052 de 1987, para que sin ninguna otra consideración proceda automáticamente su nombramiento en propiedad. Cuando el comportamiento, la conducta y la moral del funcionario judicial dá pie para que surja la convicción moral de que no observa una vida pública y privada compatible con la dignidad del empleo que ejerce, nace lo que se ha denominado "reserva moral", y mientras tal situación subsista, jamás se podrá nombrar al funcionario en propiedad para desempeñar cargo judicial." 2. Afirma el a-quo que cuando el Consejo de Estado toma en la sesión plenaria del 3 de diciembre de 1991 la decisión de aplazar la elección en propiedad del Magistrado MONCADA LIZARAZU, con tal acto no se lesiona ni la legalidad, ni los derechos fundamentales del demandante a la igualdad, a la honra, a la seguridad y tranquilidad personales, ni tal decisión se toma en forma arbitraria. Contrario a lo sostenido por el actor, considera la Sala que la Corporación rectora de la justicia administrativa actuó no en forma arbitraria sino prudente. Señala el Tribunal que el peticionario no se encontraba en igualdad de condiciones a la de los otros Magistrados que fueron nombrados en propiedad el día 3 de diciembre de 1991. Cuando el Consejo de Estado adoptó la decisión de no elegirlo en esa calidad y aplazar el nombramiento, no le estaba vulnerando el derecho a la igualdad ni desconociendo su presunta inocencia. Afirma que si es el actor quien con su conducta da origen a la situación en que hoy se encuentra, no se entiende como se diga que por haber sido aplazada su elección se le ha afectado en su honor, su buen nombre y su dignidad. Finalmente, la Sala llega a la conclusión de que el acto de aplazamiento del nombramiento en propiedad del Dr. MONCADA LIZARAZU producido por el Consejo de Estado, no vulnera ninguno de los derechos fundamentales que la Constitución reconoce a todo ciudadano, por lo que no habrá lugar a acceder a la tutela solicitada. Por no haber sido impugnada la anterior decisión, el proceso fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, siendo seleccionado, correspondió a esta Sala su conocimiento. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Competencia. Es competente esta Sala de revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión del fallo dictado por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86 inciso segundo y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991. Además, su examen se hace por virtud de la selección que de dicha providencia practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el reglamento de esta Corporación. Debida Interpretación del Artículo 37 del Decreto 2591 de 1991. Aunque según la Carta, todos los jueces tienen jurisdicción para conocer sobre acciones de tutela, el legislador -que en esta materia lo fue el Ejecutivo, en desarrollo de las facultades conferidas por el artículo transitorio 5 de la Constitución, a través del Decreto 2591 de 1991- ha identificado los criterios con arreglo a los cuales se define la competencia para fallar acerca de aquellas en casos específicos. Cuando el artículo 86 de la Carta dispone que los jueces, en todo momento y lugar están llamados a conocer de esta acción, entiende la Corte que ha sido la ley, vale decir el Decreto ibidem, la que ha señalado el sentido que debe darse al mencionado precepto, especialmente al establecer el ámbito estricto que debe reconocer y respetar todo juez de la República para admitir, tramitar y fallar solicitudes de tutela. Es así como el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991 señala como competente para conocer de la acción de tutela, en primera instancia a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud. En el presente asunto, encuentra la Corte Constitucional que la acción está encaminada a la protección de unos derechos fundamentales que a juicio del peticionario, fueron vulnerados o amenazados por una presunta omisión del Consejo de Estado, cuya sede natural es la ciudad de Santafé de Bogotá. Considera esta Corporación conforme a lo dispuesto en la norma citada, que se debe presentar la demanda de tutela "en el lugar donde ocurriere la violación o amenaza que motivaren la presentación de la solicitud", es decir, en la ciudad de Bogotá, pues fue allí donde se expidió el acto administrativo que aplazó el nombramiento del funcionario en propiedad, y no como consideró erróneamente el actor, donde tiene su domicilio y ejercía sus funciones como Magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander al momento de la expedición del citado acto. Por lo anterior, se debe concluir que la competencia territorial para conocer en primera instancia de la solicitud formulada por el peticionario radicaba en un juez o tribunal con jurisdicción en la ciudad de Bogotá, pues fue allí donde se produjo el acto u omisión que se pretende tutelar. La Materia Objeto de la Actuación. a) En primer lugar encuentra la Sala que el peticionario expresamente solicita por virtud del ejercicio de la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución, y reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, la protección de los derechos fundamentales a la igualdad (CP.artículo 13), a la inocencia (CP.artículo 29) y al buen nombre, el honor y la dignidad (CP. artículos 15 y 21). En concepto de la Corte, la cuestión planteada por el peticionario se contrae específicamente a obtener que se ordene por vía de la acción de tutela, su nombramiento en propiedad como Magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, por cuanto cumplió los dos (2) años de período de prueba exigidos por el Decreto 052 de 1987, para ser designado en propiedad en ese cargo. b) Al examinar el escrito presentado se encuentra que el peticionario hace radicar la solicitud en la omisión del Consejo de Estado, como ente nominador, de ejecutar lo ordenado por el mandato superior contenido en el Estatuto de la Carrera Judicial, formalizando su nombramiento en propiedad, por haber obtenido calificaciones satisfactorias durante el período de prueba y no tener sanciones disciplinarias en su contra. Con esa actuación de la autoridad pública, a su juicio se vulneran sus derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, ya que las autoridades al nombrar en propiedad a otros Magistrados que se encontraban en igualdad de condiciones que él, y aplazar su nombramiento, lo ha tratado en forma discriminatoria y desigual; a la presunción de inocencia, pues el Consejo de Estado ha motivado el aplazamiento de la decisión en el prejuzgamiento de su culpa sin que por el órgano penal o disciplinario competente se haya desvirtuado su presunción de inocencia; y finalmente, sus derechos al honor, al buen nombre y a la dignidad, por cuanto ese prejuzgamiento hecho por el nominador, calificando su conducta como "probablemente deshonesta e inepta" para ejercer el cargo de Magistrado, significa una merma grave de su honor, avergonzándolo y humillándolo ante la comunidad y su familia, y lesionando en forma grave su dignidad y buen nombre. c) El Tribunal Superior de Santafé de Bogotá que conoció de la demanda de tutela, fundamentó su argumento de no conceder la protección solicitada, en las pruebas e informes recogidos tanto del Consejo de Estado como de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, donde cursa un proceso disciplinario contra el peticionario, según las cuales, el ente nominador -el Consejo de Estado- al aplazar el nombramiento en propiedad del Dr. MONCADA actuó conforme a derecho pues ante los graves cargos que se le hacían, no podía proceder a nombrarlo en propiedad. De la Igualdad como un Derecho Fundamental. El accionante aduce la violación del principio a la igualdad, con fundamento en que las autoridades no pueden tratarlo en forma discriminatoria, dándole o quitándole algo que pertenece a su patrimonio individual sin previa observancia de las condiciones o formalidades legales a que debe someterse cualquier resolución. Si al cumplirse el período de prueba llenaba los requisitos legales que le daban el derecho al nombramiento en propiedad, como lo satisfacían otra serie de funcionarios en iguales circunstancias, cuyo derecho les fue reconocido por el nominador, el aplazamiento en el reconocimiento de su derecho constituiría una violación al principio de la  igualdad. La circunstancia de cumplir los requisitos legales exigidos para ser nombrado en propiedad como Magistrado por haber obtenido calificaciones satisfactorias de sus servicios por su rendimiento, calidad e interés en el trabajo, y sin embargo, no ser nombrado por la entidad nominadora, es factor suficiente para presumir en principio un trato diferente y discriminatorio en contra de la persona afectada por la medida. Si se demuestra que dicho trato diferente no está razonablemente justificado, la respectiva actuación deberá ser excluida del ordenamiento por violar el principio de la igualdad. Por ello es necesario entrar a determinar en primer lugar el concepto de igualdad y luego si entrar a considerar las circunstancias que el Consejo de Estado tuvo para aplazar el nombramiento en propiedad del peticionario como Magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander. El principio de la igualdad se traduce en el derecho a que no se consagren excepciones o privilegios que "exceptúen" a unos individuos de lo que se concede a otros en idénticas circunstancias, de donde se infiere que la real y efectiva igualdad consiste en aplicar la ley en cada uno de los acaecimientos según las diferencias constitutivas de ellos. El principio de la justa igualdad exige el reconocimiento de las diversas desigualdades entre los hombres en lo económico, social, biológico y cultural, dimensiones que en justicia deben ser relevantes para el derecho. Este principio está consagrado como derecho fundamental en el artículo 13 de nuestra Constitución y contiene seis elementos, a saber: 1) Un principio general: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y recibirán la misma protección y trato de las autoridades; 2) Prohibición de Discriminaciones: este elemento pretende que no se otorguen privilegios, se niegue el acceso a un beneficio, o se restrinja del ejercicio de un derecho a un determinado individuo o grupo de personas de manera arbitraria e injustificada, por razón de su sexo, raza, origen nacional o familiar, sus opiniones o convicciones expresadas en el ejercicio de libertades protegidas constitucionalmente como la libertad de expresión, de cultos o de conciencia; 3) El deber del Estado de promover condiciones para lograr la igualdad real y efectiva; 4) La Posibilidad de conceder ventajas a grupos disminuidos o marginados; 5) Una especial protección en favor de aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, y 6) la sanción de abusos y maltratos que se cometan contra personas en circunstancias de debilidad manifiesta. En materia de la organización y funcionamiento de las instituciones públicas, la igualdad de oportunidades se entiende como el derecho a participar en el poder político, a ser respetado y a ser tenido en cuenta con similar consideración que las demás personas. Uno de los medios a través del cual estos se ejercen, es el derecho a ocupar cargos en la administración. El postulado de la democracia participativa consagrado en el preámbulo y en los artículos 1o. y 2o. de la Carta, inspira los derechos políticos de participación y fundamenta la aplicación del principio de igualdad de oportunidades en la provisión de empleos en las entidades del Estado. Existen diversas modalidades de empleos en los órganos y las entidades del Estado. Unos son de carrera, otros de libre nombramiento y remoción, y otros son nombrados por concurso público. Independientemente de los efectos jurídicos de cada forma de vinculación al Estado, todos los empleos públicos tienen como objetivo común el mejor desempeño de sus funciones para la consecución de los fines del Estado. El ingreso y ascenso en los cargos de carrera se realiza por el sistema de méritos y cualidades de los aspirantes; igualmente, la permanencia o desvinculación de una persona de libre nombramiento y remoción obedece a razones de buen servicio, eficiencia o confianza, sin que la discrecionalidad de la administración se torne en arbitraria; finalmente, en cuanto a los concursos públicos como sistema para acceder a un cargo, serán los méritos personales los que determinen quien es el mas opcionado para ejercer las funciones públicas. En lo que hace relación a la Administración de Justicia, el Decreto 052 de 1987 que contiene el Estatuto Orgánico de la Carrera Judicial,  reglamenta todo lo concerniente al ingreso y retiro de los empleados de la Rama Jurisdiccional. Sobre el particular es procedente citar los artículos 3o., 4o., y 5o. los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 3o. El ingreso al servicio de la administración de justicia se hará en propiedad, en interinidad o por encargo para los empleados de libre designación. Por nombramiento en propiedad, en período de prueba o en provisionalidad para los de carrera. En todo caso la provisión de los cargos se hará con el lleno de los requisitos constitucionales y legales exigidos para el ejercicio de los mismos. Artículo 4o.         El nombramiento en carrera judicial únicamente podrá recaer en persona seleccionada mediante el sistema de méritos. Artículo 5o.         El sistema de méritos se establece con la finalidad de asegurar el ingreso y promoción en la Administración de Justicia, de las personas más idóneas, mediante el análisis y evaluación de sus calidades, conocimientos, capacidades, vocación y experiencia". Los diferentes estatutos referentes a la Carrera Judicial que se han expedido a partir del Decreto 1698 de 1964, se han orientado a garantizar una eficiente administración de justicia. A su vez, el artículo 1o. del Decreto 052 de 1987, dispone que la Carrera Judicial  tiene como objeto garantizar la eficiente administración de justicia y, con base en el sistema de méritos, asegurar en igualdad de oportunidades el ingreso y ascenso en el servicio, de funcionarios y empleados con estabilidad e independencia, mecanismo que comprende tres etapas: convocatoria, concurso y período de prueba. En todos los casos, el criterio relevante para determinar a quien se debe elegir en propiedad para ingresar a la Rama Judicial a través del sistema de méritos es el de una excelente moralidad y un comportamiento público y privado compatible con la dignidad del empleo. Es cierto e indudable que durante el período de prueba se deben cumplir los requisitos a que se refieren los artículos 34 y 39 del Decreto 052 de 1987, que hacen referencia a unas calificaciones satisfactorias que los funcionarios deben obtener al igual que una conducta que no amerite sanción disciplinaria de ninguna clase, para luego si es del caso, ser nombrado en propiedad. Pero no es menos cierto que no se deban tener en consideración otras calidades que se refieren a una conducta, una moral y un comportamiento en todos los actos públicos y privados que lo hagan digno del cargo que desempeña. Se parte del presupuesto equivocado de que las pruebas y requisitos que exige el concurso de méritos arrojan un resultado perfecto, completo, absolutamente confiable y, por lo tanto obligatorio como demostración inconcusa de una disposición o vocación inmejorable para el cargo, cuando la verdad es que se trata de un instrumento falible y oscilante que se ha venido diseñando como fórmula de ayuda y como una guia de importancia apenas relativa para llegar a decisiones que tienen mas complejidad y vasto alcance como son las que atañen a las necesidades del servicio y al mejor desarrollo de la función pública, puntos estos que son los verdaderamente centrales y básicos en la escogencia de los funcionarios públicos. Hay además, una serie de factores que tienen influencia en esto último y que no se reflejan ni están contenidos en tales pruebas y que pueden ser determinantes, como ocurre, por ejemplo, con inusitada frecuencia con rasgos morales relevantes, antecedentes personales, hábitos y costumbres que son refractarios a una evaluación simplemente numérica. La decisión del Consejo de Estado del 3 de diciembre de 1991, tenía como finalidad nombrar en propiedad a aquellos funcionarios que habiendo cumplido el período de prueba, acreditaran una intachable conducta y el cumplimiento de los requisitos de idoneidad señalados por la ley. La Dignidad del Empleo y la "Reserva Moral". Como lo señaló el Tribunal al decidir la tutela que se revisa, criterio que esta Sala comparte, "cuando el comportamiento y la conducta del funcionario judicial dan pie para que surja la convicción moral de que no observa una vida pública y privada compatible con la dignidad del empleo que ejerce, nace lo que se ha denominado "reserva moral", y mientras tal situación subsista jamás se podrá nombrar al funcionario en propiedad para desempeñar cargo judicial", aún a pesar de que reuna los demás requisitos, tales como la aprobación del concurso de méritos respectivo, la calificación satisfactoria de sus servicios (rendimiento, calidad e interés en el trabajo) y el cumplimiento del período de prueba de conformidad con lo señalado en el artículo 6o. del Decreto 052 de 1987. De otra parte, es necesario tener en cuenta que antes de la expedición del Estatuto sobre Carrera Judicial, se regularon los motivos que impedían el nombramiento de una persona para un cargo en la rama jurisdiccional, señalándose entre estos, cuando respecto de ella existiera la convicción moral de que no observaba una conducta compatible con la dignidad del cargo (artículos 16 numeral 8o. del Decreto 250 de 1970 y 8o. del Decreto 1660 de 1978). Este motivo que le impide o inhabilita a una persona para ser designada en cargo o empleo en la rama jurisdiccional, fue reiterado en el Decreto 1888 de 1989, artículo 3o. literal h. La legislación quiso al establecer esta causal de inhabilidad, que el funcionario judicial dentro de su tarea de impartir justicia y contribuir a la seguridad y estabilidad del orden jurídico y social  se encontrara libre de cualquier situación que pudiese incidir en la credibilidad de su rectitud moral y que exhibiese una excelente moralidad y un comportamiento público y privado compatible con la dignidad de su cargo. Conforme a esta causal de inhabilidad, se tiene que cuando el nominador, según los hechos de que tiene conocimiento llega al convencimiento en la órbita de la moral, que la conducta, bien sea pública o privada, de quien aspira a ser designado en un cargo por reunir los requisitos para ello señalados, riñe con la dignidad del empleo, y por tanto su conciencia lo hace inclinar en el nombramiento por una decisión negativa, su juzgamiento según lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, resulta casi imposible. En el presente caso se llega al convencimiento con base en el proceso disciplinario que contra el peticionario se sigue por parte de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, y de las declaraciones y pruebas allí recogidas, que éste no ha observado una conducta y un comportamiento que lo hagan digno de ocupar la investidura de Magistrado del Tribunal en propiedad, lo cual se convierte en una inhabilidad para el ejercicio del cargo, por lo que la decisión de aplazamiento adoptada por el Consejo de Estado tiene plena justificación y validez. La Corte Suprema de Justicia en fallo del 27 de agosto de 1992, con ponencia del Magistrado, Doctor Alberto Ospina Botero, señaló sobre el particular que: "De suerte que en principio la negativa que dé el nominador en una votación de una persona, fundada en la causal de inhabilidad por reserva moral, es respetable. Empero como es posible que al amparo de la mencionada causal de inhabilidad se puedan cometer injusticias que conduzcan a la eliminación de un aspirante a un cargo en la Judicatura, que tiene la calidad de elegible, es preciso aclarar que en tal evento, o sea cuando la votación negativa del nominador resulte ser notoriamente arbitraria o enteramente caprichosa, sin motivación alguna, situación que le repugna al derecho y a la justicia, sería procedente el juzgamiento de tal proceder, para reparar el agravio que se le hubiese causado al elegible que aspira a un nombramiento sin asomo de duda en la órbita moral, porque lo que exteriorizan los hechos es la cabal rectitud y pundonor en el comportamiento humano del elegible". En el artículo 3o. del Decreto 1888 de 1989, que se refiere a las inhabilidades aplicables a empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional, se consagra expresamente la figura de la "reserva moral" de la siguiente manera: "Artículo 3o. No podrán ser designados ni desempeñar cargo o empleo en la rama jurisdiccional: . . . . h) las personas respecto de las cuales exista la convicción moral de que no observan una vida pública o privada compatible con la dignidad del empleo". Del Caso Concreto. Al confrontar la reflexiones anotadas por esta Sala, teniendo en cuenta las normas contenidas en el Estatuto de la Carrera Judicial y los fundamentos de hecho antes señalados, se tiene que el Consejo de Estado al aplazar el nombramiento en propiedad como Magistrado del Tribunal Administrativo de Norte de Santander del Dr. ALVARO MONCADA LIZARAZU el 3 de diciembre de 1991, no vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, a presumir su inocencia, al buen nombre, a la honra, a la seguridad y tranquilidad personal, ni tal decisión se tomó en forma arbitraria, ni constituye un atropello a sus derechos, por cuanto en todo se ciñó a las normas y requisitos legales de idoneidad, conducta y moralidad que exige para el nombramiento de los funcionarios judiciales el mencionado Estatuto y  las demás normas concordantes. Es conveniente señalar que la decisión adoptada por el Consejo de Estado, que es motivo de solicitud de tutela por presunta vulneración de los derechos fundamentales del peticionario, en todo se sujeta a derecho, por cuanto si al momento de entrar a nombrar en propiedad al funcionario existían informaciones o noticias que contra él se adelantaba un proceso disciplinario, ello ameritaba aplazar el acto de nombramiento mientras se confirmaba la existencia o no, y las causas de esa posible investigación, que de negarse conduciría al ente nominador a tener que nombrar en propiedad al funcionario, o en caso contrario, a no nombrarlo, como finalmente resolvió el Consejo de Estado ante la comprobación de la existencia del proceso. Si es el actor quien con su conducta dá origen a la situación en que hoy se encuentra, no es lógico entender que por el aplazamiento en el nombramiento se le haya afectado en su honor, su buen nombre y su dignidad. De la misma manera, el hecho de haberse aplazado el nombramiento del Dr. MONCADA LIZARAZU el mismo día en que se nombraron en propiedad otros funcionarios, que al igual suyo habían cumplido el término señalado por la ley para el período de prueba, no implica una vulneración del derecho a la igualdad, por cuanto respecto de ellos no existía motivo que hiciera presumir causal alguna de inhabilidad para ejercer el cargo, como si sucedía en el caso del actor. Siendo así las cosas, habrá de confirmarse el fallo proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el cual denegó la tutela impetrada. CONCLUSION Comparte esta Sala el criterio sostenido por el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá en el sentido de que la actuación del Consejo de Estado al aplazar la designación del Dr. MONCADA LIZARAZU, ha sido correcta, legal y jurídica, pues al momento de decidir sobre su nombramiento en propiedad, se encontró con la posible y presunta existencia de un proceso disciplinario en su contra, por hechos que comprometían gravemente la conducta pública y privada del mismo. En materia de la selección de los funcionarios judiciales, se ha comprobado que el sistema del concurso de méritos, es un instrumento falible que se ha venido diseñando como fórmula de ayuda para llegar a decisiones complejas, como son las que atañen a las necesidades del servicio y al mejor desarrollo de la función pública, aspectos centrales en la escogencia de los funcionarios. No es suficiente que un funcionario judicial nombrado o no en período de prueba, obtenga los requisitos señalados por la ley, como calificaciones satisfactorias, para ser designado automáticamente en propiedad, sin ninguna otra consideración. Hay otros factores que tienen especial relevancia en cuanto al mejor desarrollo de la función pública y que no hacen parte del concurso de méritos, tal como ocurre con los rasgos morales, los antecedentes personales, los hábitos y las costumbres. No es por ello válido afirmar que la conducta del funcionario se contrae exclusivamente, en este caso, al período de prueba, ni por el hecho de cumplir el período de prueba a que se refiere el Decreto 052 de 1987, el nominador se halle en la obligación de nombrarlo en propiedad. La ley y la administración le imponen al funcionario judicial en todos los momentos de su vida, pública y privada observar una conducta, un comportamiento y una moral recta que lo hagan digno del cargo que desempeña. Pero cuando esa conducta dá lugar para que surja la convicción moral de que el funcionario no observa una vida pública compatible con la dignidad del empleo que ejerce, como en el caso de autos, en que el peticionario en el ejercicio de su cargo, en calidad de Presidente del Consejo Seccional de la Carrera Judicial de Norte de Santander (conforme a las declaraciones rendidas por los demás miembros de ese Consejo), actuaba en forma irrespetuosa y ofensiva ante ellos y entorpecía ostensiblemente el desarrollo normal de las reuniones, lo cual es reiterado en el informe - conclusión del abogado visitador de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, no se podrá nombrar al funcionario en propiedad para desempeñar el cargo. La convicción moral a que se ha hecho referencia en esta providencia no equivale a una pura y simple reserva mental, pues de ser así carecería de asidero constitucional y vulneraría, entre otros principios, la presunción de inocencia, el debido proceso y la misma dignidad humana. El margen de razonable apreciación, inherente al juicio moral, debe basarse en hechos comprobables que validen la inferencia que se hace y que, como tales, puedan ser en todo momento conocidos y controvertidos por la persona afectada. Por ello, el aplazamiento de la decisión debe ser eminentemente temporal y con prontitud ha de entrarse a resolver sobre la existencia de los hechos y su precisa entidad, luego de agotar las diligencias y esfuerzos para recabar elementos y presupuestos de hecho y de derecho que garanticen la objetividad del juicio moral. En este orden de ideas, se solicitará al señor Procurador General de la Nación, se sirva promover la rápida definición de la situación disciplinaria y penal del petente (expediente número 011-116874 correspondiente al proceso disciplinario adelantado por la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, y proceso penal número 816 que cursa en el Juzgado 15 de Instrucción Criminal de Cúcuta), y para que, luego de analizadas las diferentes actuaciones surtidas, presente al Honorable Consejo de Estado, un informe completo sobre su conducta y los hechos que sirvieron de base al juicio moral, con miras a revisar su decisión, si del mismo se desprende su completa inocencia y la transparencia de su conducta, tanto en el plano penal como en el disciplinario. Finalmente, la Sala considera necesario hacer algunos reparos en cuanto al contenido y presentación de la solicitud de tutela, por encontrar en ella y a través del expediente, elementos que constituyen posibles faltas contra el respeto debido a la administración de justicia. Sobre el particular, en el proceso disciplinario que cursa en la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial contra el peticionario, se pueden observar de las declaraciones rendidas por los miembros del Consejo Seccional de Carrera Judicial, acusaciones temerarias hechas por el Dr. MONCADA LIZARAZU contra varios de sus miembros, específicamente los doctores Humberto Florez, Presidente del Tribunal de Norte de Santander, y la doctora Elcida Molina, representante de los jueces del Distrito Judicial de Cúcuta. Finalmente, conviene hacer referencia al memorial presentado por el actor ante el Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, el 16 de junio de 1992, en el cual renuncia a la impugnación de la sentencia de tutela, proferida por esa Corporación, señalando: "Pese a las circunstancias anteriores de absoluta inhabilitación de ustedes para proferir esa providencia -la que denegó la tutela-, sustentada, no en las razones de Derecho como es, sino en las razones del derecho como ustedes quisieran que fuera, poderío particular de administradores venidos a más por creerse superiores a la voluntad general, objetiva y abstracta de la ley, lo que parece haberlos incitado a producir no un fallo de la justicia, sino una diatriba insultante de un renovado "sanedrín de raposas judiciales", dijo Laureano Gómez, que yo no puedo tolerar, renuncio a la impugnación, porque se que fue en la Corte Suprema, el ad quem, donde se concibió el argumento pavoroso de la reserva moral, que les ha valido a ustedes, sepulcros blanqueados, para escarnecerme." IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, R E S U E L V E : PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 12 de junio de 1992, proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, por medio de la cual se denegó la acción de tutela instaurada por el Doctor ALVARO MONCADA LIZARAZU. SEGUNDO: ORDENAR al Procurador General de la Nación, para que dentro de un término de treinta (30) días hábiles siguientes a la comunicación de la presente sentencia, procure la definición de la situación disciplinaria del doctor ALVARO MONCADA LIZARAZU, (expediente número 011-116874 correspondiente al proceso que adelanta la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial), y en todo caso, defina si presenta cargos contra él o no; así mismo, requiera al Juzgado 15 de Instrucción Criminal de Cúcuta, con el objeto de que agilice y decida prontamente, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes, la situación del doctor ALVARO MONCADA LIZARAZU en la investigación penal número 816 donde aparece implicado. Tales informes deberán ser remitidos al Consejo de Estado para que éste, en consideración a ellos, resuelva lo que sea legal dentro de un término razonable; también informará a esta Corte Constitucional. TERCERO: LIBRESE comunicación al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, Sala Penal, con miras a que se surta la notificación de ésta providencia, según lo establecido por el artículo 36 de Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado Ponente CIRO ANGARITA BARON      EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-593-92 Sentencia No. T-593/92 MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Eficacia Esta calificación de idoneidad, atribuíble al medio de defensa judicial alternativo, es una condición indispensable para que el juez pueda estructurar sobre la base de su existencia la improcedencia de la acción. Recuérdese que la pretensión del Constituyente y, por tanto, la finalidad que debe perseguir la autoridad judicial al administrar justicia en sede de tutela es la certeza en la realización de los derechos cuya efectividad concreta se ve comprometida en el caso bajo examen, por encima de consideraciones de índole formal capaces de sacrificar el contenido material de aquellos.El medio judicial de defensa en cuanto apenas sea un recurso formal, inasible y teórico, insuficiente o inadecuado para la realización verdadera del derecho fundamental, cede el paso a la acción de tutela como mecanismo de aplicación inmediata que restablece en el caso considerado y en relación con las circunstancias reales de personas concretas la vigencia de los preceptos constitucionales. JUEZ DE TUTELA-Pruebas El juez de tutela está obligado al conocimiento integral de la Constitución y a la aplicación de su preceptiva en todos aquellos casos librados a su definición, sin dejar de lado su comprensión universal, coherente y armónica del ordenamiento jurídico, a fin de establecer con criterio ponderado si el asunto de que se trata cae dentro de los límites fijados por el artículo 86 de la Carta o escapa a sus disposiciones. Esa ubicación teórico-jurídica sería completamente inútil si la resolución judicial se produce de espaldas a los hechos respecto de los cuales se ha pedido. Como ocurre en todo proceso -con mayor razón en los de esta clase- el juez de tutela tiene la misión de conocer de manera completa los acontecimientos que configuran la situación sobre la cual recaerá su fallo, los factores actuales que en ella influyen, así como los antecedentes que mejor la ilustran, para todo lo cual se hace indispensable su inmediación, su presencia próxima a ese campo fáctico y, por ende, la práctica de las pruebas indispensables para acceder a la convicción personal que habrá de anteceder a su sentencia. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/SUBORDINACION/SENTENCIA-Incumplimiento Es claro que el trabajador respecto de su patrono, particularmente en una situación como la que ahora es objeto de examen, se encuentra en innegable estado de subordinación. No cabe duda  a la Corte sobre la injusticia de la actitud observada por la Empresa ni tampoco en torno al flagrante incumplimiento de la sentencia judicial que ordenó el reintegro de la interesada "al cargo que venía desempeñando" sobre la base de que el despido, frente a las disposiciones de la Convención Colectiva, "no surtió ningún efecto".la compañía demandada no puede excusarse para persistir en su posición de inobservancia del fallo, en la circunstancia -cuya solución está en sus manos- de que no hay vacantes en Santa Fe de Bogotá. Tampoco que la peticionaria no haya hecho uso de acciones posteriores para obtener el cumplimiento íntegro de la determinación judicial, pues para la parte vencida en un proceso el fallo es vinculante por sí mismo sin necesidad de requerimiento alguno. DERECHOS DEL NIÑO-Protección/REINTEGRO AL CARGO/TRASLADO La intransigencia de la sociedad demandada tiene un efecto práctico inocultable que consiste en la física imposibilidad de que la madre dispense a dichas menores los cuidados, la protección y el apoyo que, según la norma constitucional, hacen parte de sus derechos fundamentales, máxime cuando el alejamiento forzado de la peticionaria no fue el resultado de su libre decisión al celebrar el contrato de trabajo sino el efecto inmediato de una reacción de la empresa ante el fallo judicial que ordenó su reintegro. Ello corresponde también al cumplimiento del contrato laboral, a cuyo tenor la trabajadora no puede ser trasladada si el traslado significa perjuicio para ella o desmejora sus condiciones salariales. -SALA TERCERA DE REVISION- Ref.: Expediente T-4627 Acción de tutela intentada por PRESENTACION PATARROYO ECHEVERRIA contra CENTRAL DE MEZCLAS S.A. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO (Ponente) ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Santa Fe de Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Revisa la Corte Constitucional los fallos proferidos por el Juzgado Veintitrés Penal del Circuito y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá los días seis (6)  y veintinueve (29) de julio del presente año, respectivamente, mediante las cuales se resolvió sobre la acción de tutela que instauró PRESENTACION PATARROYO ECHEVERRIA por conducto de apoderado contra la compañía "CENTRAL DE MEZCLAS S.A.". I. INFORMACION PRELIMINAR De acuerdo con la narración que de los hechos hace el apoderado de la demandante, ésta es madre de cuatro hijos, entre ellos los menores IGNACIO ANTONIO (14 años), SONIA (11 años) y NANCY ARIAS PATARROYO (8 años) con quienes vive en Santa Fe de Bogotá D.C. El catorce (14) de junio de este año la niña SONIA  tuvo que usar la estufa de gasolina debido al racionamiento eléctrico y un accidente ocasionó que sufriera graves quemaduras. Dice el apoderado que, pese a estar en peligro de muerte, la menor se escondió por miedo y sólo apareció cuando la madre regresó de Melgar, municipio en el cual trabaja de lunes a sábado para la compañía demandada en calidad de empleada de cafetería. Expresa la demanda que hace años la empresa había despedido de su empleo a la señora PATARROYO y que, habiendo ésta demandado, obtuvo del Juzgado Tercero Laboral de Bogotá sentencia favorable a sus pretensiones y, en consecuencia, el reintegro en las mismas condiciones de trabajo. Sin embargo, señala el apoderado, una de tales condiciones no fue respetada: ella laboraba en Bogotá y fue enviada a trabajar en Melgar. "La situación de subordinación -agrega- le impidió oportunamente (dentro del plazo de 2 meses que la ley señala) exigir el cumplimiento total de la sentencia". También anota el apoderado: "La madre sostiene a sus hijos con la exigua suma que le queda de su salario. Recibe un poco más del salario mínimo, pero de la mensualidad debe destinar una parte al arrendamiento de una habitación en Melgar. (...) Presentación Patarroyo no es casada. (...) Hoy (en el momento de la presentación de la demanda) la menor SONIA está en la Clínica Infantil de Colsubsidio (...). Sus condiciones de salud son muy precarias. Requiere, como es natural, del cuidado y la presencia de la madre". Según la demanda, la madre ha solicitado a la Empresa que la trasladen a Bogotá para cuidar a sus hijos, en especial a la niña enferma y a la más pequeña -quien ha quedado traumatizada por el accidente de su hermana- pero los patronos se han negado a ello pese a existir una sentencia judicial que la favorece. Subraya que, si bien no es el momento procesal para pedir el cumplimiento de la sentencia, existe un peligro inminente para  los menores. La madre está ante la alternativa delicadísima de hacer valer su derecho a riesgo de perder el empleo. No puede renunciar porque necesita del sueldo. II LAS DECISIONES JUDICIALES EN REVISION a. Primera instancia La juez de primera instancia resolvió rechazar la acción de tutela promovida por PRESENTACION PATARROYO ECHEVERRIA. A su juicio, de las pruebas aportadas y practicadas en el curso del proceso no resulta una acción u omisión directa por parte de la compañía demandada en cuya virtud se haya puesto en peligro la vida de las menores mencionadas en la demanda. Al respecto dice textualmente el Juzgado: "Y es que, considera este despacho, que en tratándose del derecho a la Vida, bien que consagra el art. 11 de la Constitución Nacional, la descripción allí hecha resulta lo suficientemente abstracta, de manera que para efectos de determinar cuándo éste ha sido cercenado o colocado en peligro, debe acudirse a lo que al respecto, establecen los Convenios Internacionales, de manera que el Pacto de las Naciones Unidas de Diciembre de 1948, lo concreta en el derecho a la existencia, a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. A su vez, el Pacto de San José, en su art. 10º numeral 3º, habla de la protección a la niñez, contra la explotación económica y social. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, se refiere al Derecho a la Vida, concretándolo en el derecho a no ser detenido arbitrariamente, a no ser sujeto de la pena de muerte, ni de torturas, a la imposibilidad de someter a la pena de muerte a menores de 18 años, lo mismo que a recluir a los menores, junto con delincuentes adultos, igualdad procesal, igualdad ante la ley. En el mismo sentido se pronuncia el Pacto de San José art. 4º y aclarando en su art. 5º, como inherente al derecho a la integridad personal, el derecho a no ser sometido a torturas, ni penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, al establecimiento de una jurisdicción especial para los menores. En este orden de ideas, y acorde con el material probatorio allegado, no se colige la forma en que la acusada a (sic) conculcado el derecho a la vida de las Menores, es decir, que falta esa relación de causalidad, entre la actuación desplegada por la acusada y el efecto, por el cual se ha puesto en peligro la vida de las menores. Pues lo que a ellas ocurre, lamentable por demás, aparece como ajeno a la empresa que se acusa y en este sentido, no guarda relación, el incumplimiento si es que lo hay, de una resolución judicial referente a un contrato laboral, con la señora madre de las niñas y la enfermedad y el accidente donde una de ellas resultó lesionada. En este sentido, pese a que el Derecho a la Vida, es objeto de la tutela, para que proceda la acción es necesario que las pruebas muestren con claridad, la forma en que tal derecho ha sido puesto en peligro, que entiende el Juzgado debe haber sido producto de un acto de voluntad bien positiva o negativa, pero acto de voluntad al fin y al cabo, proveniente de la empresa y el efecto que se pretende precaver, es decir que falta la inmediatez, como para concluir que efectivamente, por no haber sido trasladada la señora a Bogotá, se produjo la enfermedad cardíaca de una de las niñas y por la misma razón, la otra menor resultó lesionada, situación que considera este Juzgado parece más producto de aconteceres fortuitos y que no entiende el despacho, como podrían haber sido cambiados mediante el traslado de PRESENTACION PATARROYO". Añade la providencia que, en cambio, de las pruebas estudiadas se infiere que existen ostensibles diferencias de orden laboral entre la Empresa y la peticionaria y que ésta no ha agotado todos los recursos o medios de defensa judicial. Así, por ejemplo, no se han utilizado las acciones que contempla el Código de Procedimiento Laboral a favor del trabajador que goza de fuero sindical. Respecto de la protección impetrada a favor de las menores y sus derechos fundamentales afirma la sentencia: "Ciertamente, que el Art., 44 de la Constitución Nacional, consagró la protección a los derechos fundamentales de los menores, pero no se infiere, del contenido de las pruebas las razones por las cuales se alega éstos han sido cercenados o puestos en peligro por la acusada, máxime cuando las pruebas allegadas, muestran que, si bien, la incoante, convive en unión libre, su compañero permanente y padre de los menores, vive con ellos en la casa de su propiedad, que además del padre y la madre existen dos personas mayores de edad, que regularmente permanecen en el hogar. En suma, que en modo alguno puede predicarse situación de abandono de las menores, por carecer de la protección de aquellos que tienen el deber legal de hacerlo. Del estudio de la historia clínica allegada, se concluye que en efecto, la menor estuvo y continúa hospitalizada por las quemaduras que sufrió, pero como se ve ha estado todo el tiempo atendida por profesionales, de tal suerte, que se ha venido recuperando, situación que en modo alguno implica el que se halle  en peligro de muerte. Obviamente, que una vez sea dada de alta en la institución donde permanece requerirá algunos cuidados, pero no puede olvidarse, de acuerdo a la declaración de su hermana mayor, que en el lugar donde reside, se encuentra también su progenitor, una hermana media de 23 años y la propia declarante, luego sí hay garantías de protección a su estado de salud". En lo referente al derecho al trabajo señala: "Vale la pena anotar respecto a la inquietud que planteara el apoderado de la incoante en su declaración, en cuanto a la amplitud del derecho fundamental al trabajo, que entre otras cosas no fue objeto de la petición, que este tampoco se ha conculcado, como que efectivamente existe un contrato cuando menos, que es el que reconoce la peticionaria y que obra en las copias allegadas del Juzgado Laboral, donde hay una cláusula referente a los traslados, que se dice acepta el trabajador que lo firmó. Empero, se observa también que lo relativo a los traslados, está igualmente contemplado en la convención colectiva, que se entiende beneficia también a PRESENTACION PATARROYO, por ser sindicalizada, donde el inciso último de la cláusula trigesimatercera, indica que la empresa a tal efecto tendrá en cuenta la dirección de residencia del trabajador, luego, si esta condición ha sido desconocida, clara es la Ley laboral en establecer los procedimientos a seguir para aquellos casos en que se presenten diferencias entre trabajadores y patronos por la falta de cumplimiento a los convenios, correspondiéndole entonces a la Jurisdicción Laboral, pronunciarse al respecto, relievando que esta vía no ha sido agotada." b. Segunda instancia Impugnado el fallo, correspondió resolver en segunda instancia a la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. Mediante sentencia del veintinueve (29) de julio se decidió revocar en todas sus partes la providencia objeto de recurso y tutelar los derechos fundamentales consagrados en el artículo 44 de la Constitución, en el sentido de ordenar a la Empresa "CENTRAL DE MEZCLAS S.A." el traslado inmediato de la señora PRESENTACION PATARROYO ECHEVERRIA  a Santa Fe de Bogotá en el mismo cargo que venía desempeñando. Para el Tribunal, si bien desde un punto de vista puramente formal la interesada tendría a su alcance otros mecanismos jurídicos para restablecer el derecho quebrantado -por ejemplo, la acción ejecutiva contemplada en el artículo 100 del Código de Procedimiento Laboral para obtener el cumplimiento de la sentencia que ordenó su reintegro, o la renuncia por causa imputable al empleador en cuanto la restableció en el empleo pero en condiciones desfavorables, con miras a obtener la indemnización en desarrollo de lo previsto por el artículo 8º del Decreto 2351 de 1965- en el caso de la señora Patarroyo era viable la acción de tutela considerada su situación específica. La existencia  de otros medios de defensa judicial -dice el Tribunal- debe ser apreciada en concreto en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante, lo cual se funda en el principio de prevalencia del derecho sustancial sobre hipótesis genéricas y abstractas de la ley y sobre presupuestos únicamente formales. Haciendo alusión a la defensa de los derechos constitucionales que asisten a los menores señala el fallo: "De los derechos fundamentales llamados sensibles, por ende, de aplicación prioritaria e inmediata, está el relacionado con los niños, tal como en forma integral, lo consagró el nuevo constituyente, en el artículo 44 que se trae como fundamento de la acción instaurada. Se dice allí que ellos, además, "... Serán protegidos contra toda forma de abandono,...". De la situación circunstancial que se narra en autos, contraída al sitio de trabajo de la petente mediata, fácilmente se advierte el abandono forzado en que debe dejar a sus hijos, aunando a las condiciones de salud demostrados, que reclaman, humana, moral y éticamente, la presencia de su progenitora, máxime en el período de formación en que se encuentran, que es el decisivo y determinante en la proyección del ser humano en su vida y en la sociedad". Concluye el Tribunal que la situación fáctica que le sirvió de fundamento a la acción incoada reviste caracteres de gravedad, resultando por lo mismo excepcional. En consecuencia, debe ser cobijada con la tutela, a fin de restablecer el ejercicio de un derecho inherente al vínculo laboral reconocido por sentencia judicial que no ha sido integralmente cumplida, dando la orden a la empresa demandada en el sentido de que suprima la restricción creada unilateral y arbitrariamente y dé cumplimiento al fallo de la justicia laboral, máxime cuando el resultado que se obtiene con la protección pedida permite modificar una situación a todas luces injusta y violatoria de los derechos humanos. "Proceder en sentido contrario -termina expresando el Tribunal- implicaría, en verdad, aplicar restrictivamente la norma constitucional para dar cabida al mero formalismo mecanicista y rutinario, con olvido de la justicia material". III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia Esta Sala de la Corte goza de competencia para revisar las sentencias aludidas, de conformidad con lo preceptuado en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y según las previsiones contenidas en el Decreto 2591 de 1991. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela. Su integración al ordenamiento jurídico Según dispone el artículo 86 de la Constitución, la acción de tutela no procede cuando el peticionario disponga de otro medio para la defensa judicial de su derecho, a menos que intente la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El sentido de la disposición, como lo ha subrayado esta Corte en varias ocasiones[1], es el de subrayar el carácter supletorio del mecanismo, preservando así la integridad del ordenamiento jurídico como un todo armónico estructurado sobre la base, querida por el Constituyente, de brindar a todas las personas medios eficientes de acceso a la administración de justicia para la cierta defensa de los derechos que les corresponden, amparados por la propia Carta y por las leyes de la República. Al compás de la experiencia colectiva, el sistema jurídico va moldeando instituciones que se conciben y perfeccionan dentro del propósito de dar solución idónea a la más diversa gama de conflictos cuya presencia, multiplicidad y complejidad son inevitables habida cuenta de la naturaleza misma de la vida en sociedad. El desarrollo de esas instituciones es inherente al Derecho, como instrumento civilizado que sustituye a las vías de hecho en la prevención y remedio de disputas y controversias. El conjunto institucional del que dispone la sociedad en un punto determinado de su historia no surge de manera sorpresiva sino que se forja y se decanta con el transcurso del tiempo; es el resultado de la evolución que hasta entonces ha experimentado el pensamiento jurídico; es simultáneamente fruto de su razonado desenvolvimiento y -en cuanto respuesta a necesidades ciertas de la comunidad- es justificación del Derecho como parte esencial de toda organización humana. En ese orden de ideas, el instrumento jurídico en que consiste la acción de tutela no fue creado en sustitución o reemplazo de las instituciones, procedimientos y competencias existentes al entrar en vigencia la Constitución de 1991, sino que se originó en el designio expresado por ella en su artículo 1º, que inspira todo el ordenamiento jurídico toda vez que constituye uno de los fines del Estado: "...garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución...". Así, pues, debe ser entendida esta acción como integrada al sistema armónico y organizado del ordenamiento jurídico, de manera que su aplicación tan solo tiene cabida cuando dentro de la gama de medios que aquel ofrece para la realización de los derechos no exista alguno que resulte idóneo para proteger inmediata y objetivamente el que aparece conculcado o es objeto de amenaza y por virtud de la conducta -positiva u omisiva- de una autoridad pública o de particulares en los casos contemplados por la ley. La efectividad del medio alternativo como condición indispensable para la improcedencia de la acción Dícese, según lo expuesto, que la acción de tutela "sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable" (artículo  86 de la Constitución), entendido éste último concepto en los términos que consagra la norma legal vigente: "...el perjuicio que sólo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización" (artículo 6º, numeral 1, Decreto 2591 de 1991). No obstante, como con acierto lo recuerda el Tribunal del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá en la sentencia que se revisa, la disponibilidad del otro medio judicial que pudiera ser usado para la defensa del derecho afectado ha de ser apreciada en concreto, teniendo en cuenta las condiciones del caso puesto a consideración del juez y las circunstancias específicas en que se halla el peticionario. Así lo ordena el artículo 6º, numeral 1º, del Decreto en cita, enfatizando el concepto de eficacia del instrumento correspondiente para la certidumbre del derecho invocado. Esta calificación de idoneidad, atribuíble al medio de defensa judicial alternativo, es una condición indispensable para que el juez pueda estructurar sobre la base de su existencia la improcedencia de la acción. Recuérdese que la pretensión del Constituyente y, por tanto, la finalidad que debe perseguir la autoridad judicial al administrar justicia en sede de tutela es la certeza en la realización de los derechos cuya efectividad concreta se ve comprometida en el caso bajo examen, por encima de consideraciones de índole formal capaces de sacrificar el contenido material de aquellos. Es preciso, entonces, que la Corte ratifique su doctrina sobre el tema: "A este respecto debe expresar la Corte, como criterio indispensable para el análisis, que únicamente son aceptables como medios de defensa judicial, para los fines de excluir la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho conculcado. (...) Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía"[2]. El medio judicial de defensa en cuanto apenas sea un recurso formal, inasible y teórico, insuficiente o inadecuado para la realización verdadera del derecho fundamental, cede el paso a la acción de tutela como mecanismo de aplicación inmediata que restablece en el caso considerado y en relación con las circunstancias reales de personas concretas la vigencia de los preceptos constitucionales. En este caso estima la Corte Constitucional que, vistas las circunstancias en medio de las cuales se desenvuelven las relaciones entre la peticionaria y la empresa para la cual trabaja, particularmente su situación de indefensión respecto de ésta y la existencia de un perentorio proveído judicial no cumplido integralmente por la compañía condenada, los medios judiciales señalados por la juez de primera instancia como aptos para excluir la acción de tutela no lo son en realidad pues su utilización no aliviaría -al menos no con la oportunidad y la eficacia requeridas- la difícil coyuntura familiar en que ha sido puesta la demandante por la indolencia de su patrono y por la real inejecución de la orden judicial ya impartida. A juicio de esta Corte, cabe la tutela en guarda de la efectividad de los derechos afectados (artículo 2º C.N.), habida cuenta de la naturaleza del asunto planteado, para obtener sin mayores dilaciones el efectivo obedecimiento a lo ordenado por un juez de la República como culminación de un proceso laboral que, en los términos del artículo 86 de la Constitución, fue en su momento medio de defensa judicial debidamente usado por la interesada pero inoficioso dado su incumplimiento en lo que concierne a la efectividad del derecho, lo cual excluye la improcedencia de la acción por las razones anotadas. Responsabilidad del juez en la apreciación y evaluación de los hechos La apreciación en torno a esa idoneidad del medio de defensa compete al juez, cuya evaluación debe recaer sobre los hechos que le son conocidos de manera directa dentro del proceso correspondiente, bien porque resultan de las pruebas aportadas por el solicitante, ya porque se concluyen o derivan de las que de oficio considere pertinente practicar habida cuenta de las características que ofrece la situación planteada. Allí reside cabalmente uno de los elementos esenciales que configuran la delicada tarea encomendada por la Carta Política a quienes componen la Rama Judicial del Poder Público, de cuya aptitud y adecuado criterio jurídico se desprende grave responsabilidad en la administración del mecanismo que nos ocupa, bien por conceder la tutela sin que fuere procedente cuando existen otros medios adecuados a la defensa del derecho, ora por negarla con un criterio ajeno a la realidad cuando las circunstancias del caso requerían de su diligente acción para garantizar el imperio de la Carta y la realización de su contenido material encarnado en el derecho concreto que ha sido objeto de vulneración o amenaza. De lo dicho resulta que el juez de tutela está obligado al conocimiento integral de la Constitución y a la aplicación de su preceptiva en todos aquellos casos librados a su definición, sin dejar de lado su comprensión universal, coherente y armónica del ordenamiento jurídico, a fin de establecer con criterio ponderado si el asunto de que se trata cae dentro de los límites fijados por el artículo 86 de la Carta o escapa a sus disposiciones. Desde luego, esa ubicación teórico-jurídica sería completamente inútil si la resolución judicial se produce de espaldas a los hechos respecto de los cuales se ha pedido. Como ocurre en todo proceso -con mayor razón en los de esta clase- el juez de tutela tiene la misión de conocer de manera completa los acontecimientos que configuran la situación sobre la cual recaerá su fallo, los factores actuales que en ella influyen, así como los antecedentes que mejor la ilustran, para todo lo cual se hace indispensable su inmediación, su presencia próxima a ese campo fáctico y, por ende, la práctica de las pruebas indispensables para acceder a la convicción personal que habrá de anteceder a su sentencia. El carácter inmediato, preferente y sumario de esta acción impide un período probatorio largo y complicado por cuanto ello pondría en peligro precisamente la efectividad y oportunidad de la actuación judicial, por lo cual queda al criterio del juzgador la definición acerca de la pertinencia de las pruebas que interese y sea razonable decretar. La subordinación como fundamento de la tutela contra particulares La regla general consagrada en el artículo 86 de la Constitución consiste en la procedencia de la tutela como medio judicial de defensa ante agresiones o amenazas a los derechos fundamentales por parte de autoridades públicas. En principio, pues, no cabe contra particulares, salvo lo dispuesto en el inciso final de la misma disposición constitucional, a cuyo tenor "la ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión". De lo establecido por el Constituyente en los transcritos términos resulta que son tres las razones que fundamentan la procedencia de la acción contra particulares: a) Que esos particulares estén encargados de la prestación de un servicio público, lo cual es perfectamente posible a la luz de varios preceptos constitucionales, en especial el artículo 365, que en todo caso supedita la actividad de esas personas privadas a la regulación, control y vigilancia por parte del Estado; b) Que la conducta del particular de que se trata afecte grave y directamente el interés colectivo; c) Que el solicitante de la tutela se encuentre frente al particular en estado de subordinación o indefensión. Dada cualquiera de estas circunstancias, habrá que entrar a definir si el caso específico encaja dentro de las previsiones contenidas en la ley en desarrollo de la autorización constitucional. Por cuanto atañe al proceso sub-examine, importa la referencia al tercero de los señalados motivos, que se justifica en cuanto la persona carece de toda posibilidad de valerse por sí misma ante la agresión de que es objeto, de donde surge la plena competencia del Estado para intervenir. Este, en guarda de la efectividad de los principios, derechos y deberes plasmados en la Constitución (artículo 2º) y con el objeto de realizar el valor de la justicia (Preámbulo), asume por conducto de sus jueces la defensa del afectado. Es claro que el trabajador respecto de su patrono, particularmente en una situación como la que ahora es objeto de examen, se encuentra en innegable estado de subordinación. Ahora bien, el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 ha desarrollado el mandato constitucional enunciando los casos en que cabe la tutela contra acciones u omisiones de particulares. De esa enunciación se hace necesario destacar el numeral 9º que cobija el caso sometido a estudio, avalando la procedencia de la acción: "Cuando la solicitud sea para tutelar la vida o la integridad de quien se encuentre en situación de subordinación o indefensión respecto del particular contra el cual se interpuso la acción. Se presume la indefensión del menor que solicite la tutela". El caso en revisión De la consideración y análisis efectuados en relación con los hechos y antecedentes en referencia, de los cuales obran numerosas pruebas dentro del expediente conocido por la Corte Constitucional, resulta a las claras que PRESENTACION PATARROYO ECHEVERRIA  ha sido victima, junto con sus hijos menores, de una injustificada intransigencia patronal que al momento de presentarse la demanda de tutela afectaba de manera grave y directa varios derechos fundamentales cuya protección fue en buena hora decretada por el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá. La peticionaria había sido injustamente despedida de su empleo en abierta transgresión a las disposiciones laborales y a la Convención Colectiva de Trabajo, tal como lo estableció en su momento el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá (sentencia del diecisiete (17) de octubre de mil novecientos noventa) .Expresamente señaló el aludido fallo que el despido de la trabajadora no produjo ningún efecto, por lo cual se ordenó su reintegro al cargo que ocupaba al momento de producirse aquel. No obstante, burlando el mandato judicial aunque ofreciendo la apariencia de su acatamiento, la Empresa reintegró a la empleada pero estableció que el lugar donde debía desempeñar en adelante sus labores sería un municipio lejano de la Capital de la República. Ello significó que la peticionaria se viera forzada a permanecer aislada de su familia, residente en Santa Fe de Bogotá, durante varios días a la semana, con el consiguiente perjuicio para el cuidado de sus hijos menores y, además, le ocasionó una real disminución de su salario en cuanto quedó a cargo suyo el pago de un canon de arrendamiento por la habitación que debía ocupar en la nueva sede laboral, sin contar los gastos inherentes a transporte y alimentación. Las consecuencias inmediatas del desafortunado accidente sufrido por una de las niñas cuando intentaba manipular una estufa de gasolina no pudieron ser atendidas por la madre con la urgencia que el caso requería, ya que, como se narra en la demanda, "la menor se escondió por miedo y sólo apareció cuando la madre regresó de Melgar". Tampoco le ha sido posible brindar el necesario cuidado a la otra niña, de ocho (8) años, quien presenta, según dictamen médico, un estado de salud delicado que se manifiesta en soplo cardíaco, opresión toráxica, cefalea ocasional, disnea de grandes esfuerzos y otros síntomas (folio 188 del expediente). Obra en el expediente prueba suficiente en el sentido de que, si bien el padre de los niños vive en la misma casa y percibe por su cuenta algunos ingresos, son bien precarios sus aportes para el sostenimiento, crianza y educación de los menores y que en la práctica, dado su carácter y el maltrato de que los hace objeto (Cfr. Folios 268 a 272 del Expediente), la madre es quien ha asumido la responsabilidad de brindarles el apoyo espiritual y material que requieren. Ninguno de los hechos en mención es desconocido por el patrono y desde hace tiempo PRESENTACION PATARROYO ECHEVERRIA viene suplicando en distintas instancias dentro de la estructura empresarial que se le conceda un traslado a Santa Fe de Bogotá con el solo fin de prodigar a sus hijos la atención a que tienen derecho. Desde el momento del reintegro la Empresa resolvió que se radicara en la región del Sumapaz alegando inexistencia de vacantes en otra ciudad y se negó rotundamente a trasladarla pese a que la empleada hizo varias peticiones verbales y escritas, directamente y por conducto del Sindicato, adjuntando certificados médicos sobre el estado de salud de su hija menor (Cfr. Folios 198 a 200, 235, 236, 273 a 275 del Expediente). Se le prometió trasladarla a las minas, al sur de Santa Fe de Bogotá y luego a Contador en la misma ciudad, pero -dice la peticionaria- "... así me han tenido engañada hace más de un año". El accidente sufrido por la niña Sonia tampoco fue capaz de conmover a las directivas de la Empresa. Expone la peticionaria en declaración juramentada que por toda respuesta a la reiteración de su solicitud después de acontecido el hecho, se le dijo que no se podía hacer traslado por ahora, "... hasta el año entrante que salía una señora pensionada" (Folio 200 del Expediente). No cabe duda  a la Corte sobre la injusticia de la actitud observada por la Empresa ni tampoco en torno al flagrante incumplimiento de la sentencia judicial que ordenó el reintegro de la interesada "al cargo que venía desempeñando" sobre la base de que el despido, frente a las disposiciones de la Convención Colectiva, "no surtió ningún efecto". A juicio de la Corte, la compañía demandada no puede excusarse para persistir en su posición de inobservancia del fallo, en la circunstancia -cuya solución está en sus manos- de que no hay vacantes en Santa Fe de Bogotá. Tampoco que la peticionaria no haya hecho uso de acciones posteriores para obtener el cumplimiento íntegro de la determinación judicial, pues para la parte vencida en un proceso el fallo es vinculante por sí mismo sin necesidad de requerimiento alguno. La Empresa, en criterio de esta Corporación, está obligada por el tenor del contrato de trabajo -que no sufrió solución de continuidad ni se extinguió en razón del despido ya que el juez competente dictaminó que éste carecía de todo efecto-, en cuya cláusula octava se dice: "El trabajador acepta desde ahora los traslados de lugar de trabajo y cambios de oficio que decida el patrono siempre y cuando que tales traslados o cambios no desmejoren sus condiciones laborales o de remuneración o impliquen perjuicios para el trabajador"  (Subraya la Corte). Está probado que la remuneración de la peticionaria sufre notorio deterioro por el pago de arrendamientos en la sede del trabajo y los perjuicios para la trabajadora y para su familia son ostensibles. Los derechos constitucionales de la familia y de los niños Más allá de las consideraciones que anteceden, lo que reviste mayor trascendencia, ubicada esta Corte en la perspectiva de los derechos fundamentales, es el palmario desconocimiento de los principios y preceptos constitucionales por parte de la entidad demandada. En efecto, por mantener su terca negativa al cumplimiento cabal de una sentencia que la obliga, partiendo del supuesto equivocado de que el traslado en este caso es una dádiva suya y no un verdadero derecho de la peticionaria, la Empresa ha impedido que se brinde la debida atención a la salud de los hijos menores de su empleada; los ha privado de la protección y los cuidados que les corresponden habida cuenta de sus circunstancias particulares; ha contribuido a la desintegración del hogar y ha puesto en peligro la estabilidad laboral de la madre. La Corte Constitucional estima necesario insistir en que uno de los fundamentos estructurales de la Carta Política en vigor es el reconocimiento expreso y reiterado de la dignidad de la persona y de la familia como bases insustituibles de la convivencia social (artículos 1, 2, 5, 42, 43 y 44 de la Constitución, entre otros), objetivos prioritarios del Derecho Positivo que nos rige y mandatos de ineludible observancia para las autoridades públicas y para los particulares. Estos últimos no son ajenos al imperio de la normativa superior y están obligados a la realización de los postulados y al cumplimiento de las normas que integran la Constitución bajo las responsabilidades y sanciones que el ordenamiento jurídico contempla (artículo 6º Ibidem). A la luz del artículo 5º de la Carta, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad, al paso que el 42 la señala como núcleo esencial de la misma, bien que se constituya por vínculos jurídicos o naturales, como en el caso que nos ocupa. Consecuencia de esas declaraciones es la protección integral que el Estado y la sociedad, por mandato de la misma norma, están obligados a prestar a la célula familiar. Es la familia institución primaria que demanda, mucho más allá de las teóricas y vacías palabras de los oradores, el decidido, cierto y efectivo respaldo de quienes tienen a su cargo la conducción del aparato estatal y las entidades privadas. no a título de mera filantropía sino como concreta expresión de las finalidades constitucionales señaladas de modo perentorio a los primeros  (artículo 2º C.N.) y de la función social que deben cumplir los segundos para aspirar legítimamente a que se les reconozcan sus derechos (Preámbulo y artículos 1, 2, 5, 25, 42, 58 y 333 de la Carta Política, para citar tan solo algunos). En cuanto a los niños se refiere, ha querido el Constituyente plasmar de modo expreso y en calidad de fundamentales, los siguientes derechos: "la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor,  la educación y la cultura, la recreación y libre expresión de su opinión" (artículo 44 de la Constitución. Ha subrayado la Corte). La misma norma dispone que los niños "serán protegidos contra toda forma de abandono (subraya la Corte) y, añade que "la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos" (se subraya). Y, como si fuera poco lo dicho, el Constituyente legitima en causa a cualquier persona para exigir de la autoridad competente el cumplimiento de estos mandatos y la sanción de quienes los infrinjan, declarando que "los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás". En el caso sub-examine varios de los enunciados derechos, en cuanto toca con los hijos menores de PRESENTACION PATARROYO  ECHEVERRIA, están directamente comprometidos por la actitud de la Empresa para la cual labora su madre y, en consecuencia, deben ser judicialmente protegidos con la presteza que la situación amerita sin que se haga necesario, como lo exige la sentencia de primera instancia, que se acrediten pruebas sobre "acción u omisión directa" por parte de la compañía demandada en detrimento de la vida o la salud de los nombrados niños. No cree la Corte, al contrario de lo expresado en dicho proveído, que exista una total independencia entre las amenazas reales que gravitan sobre los derechos de los menores y la reiterada negativa de la Empresa al traslado de la madre a Santa Fe de Bogotá, pues si bien es cierto que tal actitud no puede señalarse como causa eficiente de la enfermedad cardíaca que padece una de las niñas ni del accidente sufrido por la otra -es claro que la demanda no hace semejante imputación ni ella resulta tampoco del fallo de segunda instancia ni de la presente providencia- lo cierto es que la intransigencia de la sociedad demandada tiene un efecto práctico inocultable que consiste en la física imposibilidad de que la madre dispense a dichas menores los cuidados, la protección y el apoyo que, según la norma constitucional (artículo 44), hacen parte de sus derechos fundamentales, máxime cuando el alejamiento forzado de la señora PATARROYO no fue el resultado de su libre decisión al celebrar el contrato de trabajo sino el efecto inmediato de una reacción de la empresa ante el fallo judicial que ordenó su reintegro. Precisamente en eso consiste la tutela en este caso: en la orden de obligatorio e inmediato cumplimiento, impartida por el Tribunal de Santa Fe de Bogotá mediante providencia que se confirmará, para que alguien (aquí la Compañía "Central de Mezclas S.A."), cuya conducta envuelve la vulneración o amenaza de derechos fundamentales (en este proceso los de la familia PATARROYO, en especial las hijas menores de la misma), actúe en el sentido de acatar integralmente la sentencia del juez laboral que había dispuesto el reintegro de la demandante en las mismas condiciones de trabajo en que se encontraba cuando fue despedida, una de ellas la de desempeñar su cargo en esta ciudad. Ello corresponde también al cumplimiento del contrato laboral, a cuyo tenor la trabajadora no puede ser trasladada si el traslado significa perjuicio para ella o desmejora sus condiciones salariales como acontece en el presente caso. IV. DECISION Son suficientes las consideraciones que anteceden para que la Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, adopte su decisión en el asunto planteado. Según lo dicho, la Sala RESUELVE: Primero.-  CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia proferida el veintinueve (29) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992) por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, mediante la cual determinó revocar el fallo de fecha seis (6) del mismo mes y año proferido por el Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito de esta ciudad, al resolver sobre la acción de tutela instaurada por PRESENTACION PATARROYO ECHEVERRIA contra la sociedad "CENTRAL DE MEZCLAS S.A". Segundo.- Como en el expediente obra queja del apoderado de la demandante sobre posible incumplimiento de la sentencia del Tribunal, CONMINASE  a la sociedad "CENTRAL DE MEZCLAS S.A."  para que, si a la fecha de notificación de esta providencia, no ha dado cumplimiento a lo que se le ha ordenado, lo haga en el término perentorio e improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas so pena de incurrir en las sanciones que contempla el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Se confía al Juzgado Veintitrés (23) Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá, D.C. la vigilancia y verificación del acatamiento de esta providencia y de la que mediante ella se confirma. Cuarto.- Líbrese la comunicación prevista en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO             FABIO MORON DIAZ Magistrado Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General [1]Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia No. C-543 de octubre 1 de 1992. Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia No. 1 abril 3 de 1992. [2]Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo No. 3 del 11 de mayo de 1992.

T-594-92 Sentencia No Sentencia No. T-594/92 ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES-Improcedencia La acción de tutela solo es procedente contra particulares en los casos taxativamente señalados por el indicado precepto legal. En el presente asunto es claro que no cabía acción de tutela contra la sociedad "Fernando Corena & Cía Ltda.", pues la petente no se encontraba respecto de ella en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 86 de la Constitución ni en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. A pesar de lo aseverado por la demandante en el sentido de que dicha compañía tiene a cargo la función de recaudar dineros del municipio, esta Corte no puede tomar como probada esa circunstancia pues en el expediente respectivo no aparece establecida relación jurídica alguna entre la nombrada sociedad y el municipio de Cereté. No es posible, entonces, suponer que dicha entidad particular tuviera a cargo la prestación de un servicio público ni que debiera actuar en ejercicio de funciones públicas, caso en el cual habría sido aplicable el numeral 8º del artículo 42 mencionado. ACCION DE TUTELA-Improcedencia/CONTROVERSIA CONTRACTUAL Las diferencias surgidas entre las partes por causa o con ocasión de un contrato no constituyen materia que pueda someterse al estudio y decisión del juez por la vía de la tutela ya que, por definición, ella está excluida en tales casos toda vez que quien se considere perjudicado o amenazado en sus derechos goza de otro medio judicial para su defensa: el aplicable al contrato respectivo según su naturaleza y de conformidad con las reglas de competencia estatuidas en la ley. ACCION DE TUTELA-Hecho consumado Las acciones u omisiones constitutivas de amenaza o vulneración a derechos fundamentales amparados por la Constitución, deben ser denunciadas oportunamente, pues, de no ser así la orden que el juez de tutela debe impartir respecto de quien incurre en aquellas vendría a ser inocua por extemporánea. En el presente caso, sería completamente inútil que, luego de transcurridos varios meses del proceso electoral en el que posiblemente estaba interesado quien ejercía la indebida presión alegada ahora por la petente, se le ordenará cesar en la ejecución de los actos que la configuraban. Por ello, según las normas legales pertinentes, no procede la tutela cuando se intenta contra actos consumados. SALA TERCERA DE REVISION Ref.:  Expediente T-4706 Acción de tutela instaurada por AYDEE CECILIA DE DIAZ contra el Alcalde Municipal de Cereté -Córdoba- y la sociedad "Fernando Corena & Cía. Ltda." Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO - Ponente - ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los nueve (9) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Procede la Corte Constitucional, por medio de su Sala Tercera, a revisar el fallo que en el asunto de la referencia profirió el pasado cuatro (4) de agosto el Juzgado Civil Municipal de Cereté -Córdoba-. I.  INFORMACION PRELIMINAR Mediante escrito presentado el día treinta (30) de julio del presente año, la ciudadana AYDEE CECILIA DE DIAZ solicitó al Juez Civil Municipal de Cereté protección ante la amenaza y vulneración de su derecho al trabajo y a la libertad de conciencia. Narra la peticionaria que hace más de un año le fue entregado, a título de arrendamiento, un kiosko construído por la Administración municipal y que se encuentra ubicado sobre la Avenida "Boulevard" en el municipio de Cereté. El mencionado contrato se firmó entre la accionante y la sociedad "Fernando Corena & Cía Ltda.", la cual actúa como agente recaudador del municipio. Posteriormente, de acuerdo con lo manifestado por la demandante, con ocasión de la pasada campaña electoral llevada a cabo para elegir alcaldes, entre otros funcionarios, su esposo adhirió a una candidatura distinta de la que resultó ganadora y que corresponde a la del actual Alcalde señor Alfonso Spath. Manifiesta igualmente que durante la época previa a los comicios, fue visitada en su establecimiento comercial por el anterior Alcalde, señor Abraham Sakr Chagüi, quien la presionaba buscando obtener el apoyo político de la accionante para el candidato Alfonso Spath. Para tal fin le recordaba cómo había sido favorecida con la adjudicación del contrato de arrendamiento y le solicitaba la desocupación del local. Pasadas las elecciones, el actual alcalde, a instancias de la compañía en mención, solicitó por escrito el local argumentando el vencimiento del contrato. Los hechos expuestos constituyen, según la peticionaria, un claro atentado contra su libertad de conciencia y su derecho al trabajo pues según ella no incurrió en mora, ni dio uso diferente al inmueble, y por el contrario con su actividad acreditó el establecimiento. Por estas razones solicitó la suspensión provisional de la orden de entrega del local, la revocatoria directa del mismo acto y la condena al pago de una prima comercial generada por el "good will" logrado en favor del establecimiento. II.  LA DECISION JUDICIAL EN REVISION El Juzgado Civil Municipal de Cereté, mediante fallo del cuatro (4) de agosto del presente año, resolvió denegar la acción de tutela, basándose para ello en las consideraciones que a continuación se exponen. Recuerda el despacho cómo, según lo prevé el inciso tercero del artículo 86 de la Carta, la acción de tutela "solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable", señalando que en el evento de llegarse al desalojo de la accionante, no aparecería el llamado "perjuicio irremediable". Al respecto señaló el juez lo siguiente: "...Consideramos que la accionante en el evento que efectivamente se proceda a su DESALOJO por las vías de hecho, esto es, sin una orden judicial previo agotamiento y vencimiento en juicio, no sufre con tal acto un "perjuicio irremediable" que se pretende evitar con una acción de tutela, puesto que en este evento con el pago de una indemnización no se repararía INTEGRAMENTE el perjuicio ocasionado, sino que deberían además volver las cosas al estado en que se encontraban antes del desalojo". En cuanto a la eventual amenaza a la libertad de conciencia, el juzgado no encontró mérito para declarar que tal hecho fuera cierto, pues estimó que los actos adelantados contra la peticionaria no revestían la entidad suficiente como para menoscabar o lesionar la mencionada garantía constitucional. Finalmente consideró el juzgado que no procedía la acción contra la sociedad "Fernando Corena & Cía. Ltda.", por no darse ninguno de los supuestos  consagrados en el artículo 42 del decreto 2591 de 1991 y concluyó que no existió violación o amenaza de las garantías consagradas en los artículos 18 y 25 de la Carta. A su juicio, la peticionaria tenía a su disposición otro medio de defensa judicial "en el correspondiente proceso de restitución de inmueble arrendado que se inicie en su contra". Por tales razones el juzgado resolvió denegar la tutela solicitada y, puesto que el fallo no fue oportunamente impugnado, remitió el expediente a la Corte Constitucional para los efectos de su revisión eventual. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia De conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241, numeral 8 de la Constitución Política; 31, 32, 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991, la Corte Constitucional es competente para revisar el fallo que ahora se somete a su consideración. 2. Tutela contra particulares. Improcedencia en este caso El artículo 86 de la Carta en su último inciso establece la posibilidad de que la acción de tutela pueda ser ejercida contra particulares y para ello señala las siguientes tres hipótesis:  a.- Cuando estos se encuentren encargados de la prestación de un servicio público; b.- Cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; y c.- Respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. La misma norma exige del legislador enunciar de manera específica las situaciones que, dentro del marco genérico señalado por la Constitución, corresponden a las distintas posibilidades en que la persona puede intentar la acción contra un particular, atribución que está desarrollada en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. De lo cual se desprende que la acción de tutela solo es procedente contra particulares en los casos taxativamente señalados por el indicado precepto legal. En el presente asunto es claro que no cabía acción de tutela contra la sociedad "Fernando Corena & Cía Ltda.", pues la petente no se encontraba respecto de ella en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 86 de la Constitución ni en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991. A pesar de lo aseverado por la demandante en el sentido de que dicha compañía tiene a cargo la función de recaudar dineros del municipio, esta Corte no puede tomar como probada esa circunstancia pues en el expediente respectivo no aparece establecida relación jurídica alguna entre la nombrada sociedad y el municipio de Cereté. No es posible, entonces, suponer que dicha entidad particular tuviera a cargo la prestación de un servicio público ni que debiera actuar en ejercicio de funciones públicas, caso en el cual habría sido aplicable el numeral 8º del artículo 42 mencionado. 3. Improcedencia de la tutela para resolver sobre asuntos contractuales Como ha venido reiterándolo esta Corte, es menester ubicar la acción de tutela dentro del contexto y alcance que le corresponde, a fin de evitar la desfiguración de su naturaleza y la distorsión de sus fines. El Constituyente de 1991 concibió este instrumento como una forma de brindar eficiente protección judicial a los derechos fundamentales frente a amenazas o violaciones concretas provenientes de acción u omisión no susceptibles de ser contrarrestadas con eficacia mediante el uso de otro procedimiento que se pueda intentar ante los jueces. La acción de tutela, pues, no subsume ni sustituye el sistema jurídico que venía imperando al entrar en vigencia la Constitución. No puede admitirse, por tanto, que se haga uso de ella para dirimir conflictos con particulares o con el Estado respecto de los cuales ya existen, precisamente con ese objeto, acciones y procesos definidos por la ley. Así las cosas, las diferencias surgidas entre las partes por causa o con ocasión de un contrato no constituyen materia que pueda someterse al estudio y decisión del juez por la vía de la tutela ya que, por definición, ella está excluida en tales casos toda vez que quien se considere perjudicado o amenazado en sus derechos goza de otro medio judicial para su defensa: el aplicable al contrato respectivo según su naturaleza y de conformidad con las reglas de competencia estatuidas en la ley. De allí que la Corte estime improcedente la acción incoada en el presente caso, razón por la cual confirmará el fallo en revisión, sin perjuicio de formular, además, algunas precisiones sobre afirmaciones contenidas en la demanda. En el caso objeto del presente proceso ha encontrado la Corte Constitucional un contrato de arrendamiento relativo a inmueble destinado al funcionamiento de local comercial, celebrado entre dos particulares: la sociedad "Fernando Corena & Cía Ltda." en calidad de arrendadora y la señora Aydee de Díaz como arrendataria. Afirma la peticionaria que dicho inmueble fue construido por la administración municipal de Cereté. Ni ella ni la compañía arrendadora declaran ni acreditan que el bien arrendado sea de propiedad del municipio y no obra dentro del expediente prueba alguna en tal sentido. Tampoco halla la Corte acreditado que, como lo afirma la accionante, la sociedad "Fernando Corena & Cía Ltda." haya actuado al celebrar el contrato en calidad de "agente recaudador del municipio", ni tampoco en representación de la entidad territorial. Al menos no aparece esa condición explicitada en el texto del contrato ni se aportó prueba de ella, ni tampoco fue decretada por el juez correspondiente como habría podido hacerlo para efectos de perfilar con mayor precisión las características del caso. La Corte, sin embargo, no censura al fallador por este aspecto pues, según lo dicho, resultaba palmaria su incompetencia para resolver sobre una controversia contractual por la vía de la tutela y, por ende, para proferir sentencia no era indispensable establecer si en efecto la compañía arrendadora actuaba a nombre del municipio o lo hacía directamente. De todas maneras importa subrayar que, aún bajo el supuesto de la propiedad del inmueble en cabeza del municipio, la relación contractual cuya prueba fue aportada al proceso se daba entre dos personas particulares. Por otra parte, no puede hablarse de contrato administrativo entre el municipio de Cereté y la demandante, por cuanto, fuera de no haberse trabado la relación contractual con la entidad pública, el contrato de arrendamiento no está incluido como administrativo en la enunciación del artículo 16 del Decreto 222 de 1983, aplicable en materia de clasificación en los departamentos y municipios por expreso mandato de su artículo 1º, inciso final. Así, pues, aunque el convenio hubiese sido celebrado por el municipio, estaríamos ante un contrato de derecho privado de la administración cuyos efectos, según el artículo 16 citado, "estarán sujetos a las normas civiles, comerciales y laborales, según la naturaleza de los mismos, salvo en lo concerniente a la caducidad". A lo cual agrega el artículo 17 que la jurisdicción competente para conocer de los litigios que de ellos surjan será la ordinaria. 4. La libertad de conciencia De acuerdo con lo expresado por la peticionaria, la garantía a su libertad de conciencia se vió afectada por razón de la visita que le hiciera el anterior Alcalde del municipio de Cereté, quien, según ella, la presionó buscando obtener apoyo político para un candidato, recordándole cómo había sido favorecida con la adjudicación del contrato. Llama particularmente la atención de la Sala el hecho de que la accionante no hubiera denunciado en su momento, ante las autoridades respectivas, la posible conducta irregular del funcionario, y que solamente el treinta (30) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992), justo un día antes de la terminación del contrato por vencimiento del término, hubiese aludido a un hecho que de haber sido investigado y demostrado habría podido acarrear al responsable las respectivas sanciones. Por la misma naturaleza inmediata y sumaria del mecanismo consagrado en el artículo 86 de la Carta, las acciones u omisiones constitutivas de amenaza o vulneración a derechos fundamentales amparados por la Constitución, deben ser denunciadas oportunamente, pues, de no ser así la orden que el juez de tutela debe impartir respecto de quien incurre en aquellas vendría a ser inocua por extemporánea. En el presente caso, sería completamente inútil que, luego de transcurridos varios meses del proceso electoral en el que posiblemente estaba interesado quien ejercía la indebida presión alegada ahora por la petente, se le ordenará cesar en la ejecución de los actos que la configuraban. Por ello, según las normas legales pertinentes, no procede la tutela cuando se intenta contra actos consumados. Sin embargo, la Corte ordenará que se compulsen copias del expediente a la Procuraduría General de la Nación para lo de su cargo. IV.  DECISION Con base en las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. RESUELVE: Primero: CONFIRMASE, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo proferido el cuatro (4) de agosto del presente año por el Juzgado Civil Municipal de Cereté -Córdoba-, mediante el cual se denegó la tutela solicitada por la ciudadana AYDEE CECILIA DE DIAZ. Segundo: Por Secretaría, compúlsense copias a la Procuraduría General de la Nación para los efectos previstos en la parte motiva. Tercero.- Líbrense las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, para los fines allí previstos. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-595-92 Sentencia No Sentencia No. T-595/92 MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Eficacia La sola comprobación del uso que ha hecho el petente de un recurso ordinario, previsto en la legislación procesal en desarrollo de lo estatuído por la Carta, permite a la Corte afirmar sin rodeos que, con arreglo al mandato contenido en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución, no era procedente la acción de tutela intentada por cuanto existía otro medio de defensa judicial dentro del mismo proceso penal. PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia No puede hablarse de un perjuicio irremediable susceptible de ser evitado mediante la acción de tutela aplicada como mecanismo transitorio, pues, considerada la definición legal de dicha figura -"... el perjuicio que solo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización" (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991)- es evidente que, al interponer el recurso ordinario, se tiene la posibilidad de obtener directamente, si prospera, la revocación, modificación o aclaración de la sentencia de primera instancia en cuya virtud fue condenado, no siendo por tanto el caso de un inminente daño a sus derechos fundamentales únicamente resarcible en su integridad por la vía de la indemnización.La Corte Constitucional no definirá la validez o nulidad de lo actuado en el proceso penal ni fallará en torno al trámite que ha debido seguirse en cuanto al momento de posesión del defensor, por cuanto ello no es de su competencia según se deja expuesto.  La dilucidación de estos puntos corre a cargo del tribunal competente dentro del proceso ordinario. DERECHO DE DEFENSA Miradas las cosas desde el punto de vista estrictamente constitucional, es decir, en la perspectiva del derecho fundamental a la defensa del sindicado, considera la Corte que ni era  necesario ni cabía intentar una acción de tutela, pues, además de lo ya expuesto, el problema planteado no radicaba en una carencia de defensor, toda vez que el procesado siempre estuvo asistido, sino en el momento procesal para dar posesión al nuevo apoderado.  Habida cuenta del largo tiempo transcurrido desde cuando se informó al acusado sobre la renuncia de su anterior defensor, al juez pareció inoportuno interrumpir con tal objeto una diligencia ya iniciada. Como puede observarse, el esclarecimiento de la oportunidad procesal para la posesión del defensor recién nombrado -máxime cuando los motivos que habían conducido a designar abogado de oficio no eran imputables al despacho judicial sino al procesado,-  debe corresponder al estudio que se adelante por el tribunal de segunda instancia al resolver sobre la apelación ante él interpuesta pues, a juicio de esta Corte, no es cuestión de constitucionalidad en cuanto el derecho fundamental a la defensa estaba adecuadamente protegido por la autoridad pública demandada. GARANTIA PROCESAL Las garantías procesales no pueden ser usadas como mecanismos orientados al entorpecimiento o a la dilación del normal trámite de los asuntos judiciales y menos todavía pretender que de su descuido y mora se deriven para el procesado posibilidades de acción contra las autoridades judiciales que han atendido oportunamente las prescripciones constitucionales y legales. Todo derecho comporta unos deberes correlativos.  Tratándose de los que ahora nos ocupan, tales deberes hacen indispensable que quien, siendo sindicado, recibe de la autoridad las debidas garantías para su defensa haga oportuno y correcto uso de ellas en vez de alegar la propia falta de atención procesal en su beneficio. Sala Tercera de Revisión Ref.:  Expediente T-4721 Acción de tutela de JOSE JOAQUIN y ALBERTO BERNAL AREVALO contra JUZGADO QUINTO SUPERIOR DE SANTA FE DE BOGOTA (Actual 49 PENAL DE CIRCUITO). Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO. -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Sentencia aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta del nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). I.  INFORMACION PRELIMINAR ALBERTO y JOSE JOAQUIN BERNAL AREVALO, actuando por conducto de apoderado, ejercieron ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá acción de tutela con el objeto de obtener el restablecimiento de sus derechos al debido proceso y al trabajo, respectivamente, pues, según se afirma en la demanda, les han sido desconocidos por el antiguo Juzgado 5º Superior de esta ciudad (actual 49 Penal del Circuito).  Señalaron los actores que en el despacho judicial mencionado ha venido cursando un proceso contra ALBERTO BERNAL AREVALO por un delito contra la fe pública. El apoderado de los peticionarios, doctor LUIS ALBERTO SUAREZ ALONSO, quien suscribió la demanda, expresó en ella que desde hace algún tiempo venía asistiendo al sindicado en calidad de defensor, que había intervenido en la audiencia pública y en las diligencias de continuación de la misma sin que ésta hubiere terminado y que, por motivos de salud, se vio obligado a renunciar al poder que ejercía ante la imposibilidad de sustituírlo inmediatamente. El juzgado de conocimiento, que lo era el 5º Superior, al recibir la renuncia del poder la aceptó y ordenó que ello se pusiera en conocimiento del poderdante para que éste procediera a la designación de nuevo apoderado. Agregó que BERNAL AREVALO no pudo obtener de inmediato la asistencia de un apoderado en razón de la complejidad del asunto y la extensión del negocio.  "... además, confiado en mi rápida recuperación, buscaba servicios temporales, razón por la cual se dificultaba aún más la solución adecuada y por tal motivo designó a su hermano, el doctor JOSE JOAQUIN BERNAL AREVALO". Expuso la demanda que el juzgado de conocimiento señaló el día 21 de mayo del corriente año para la continuación de la vista pública, "procediendo con inmediata anterioridad a designarle como apoderado de oficio al doctor CARLOS ARTURO INFANTE BARBOSA". Al iniciarse la audiencia pública, el 21 de mayo, BERNAL se presentó a la diligencia en compañía de su hermano JOSE JOAQUIN a quien le dio poder para representarlo como defensor en la continuación de la vista pública. El juzgado se abstuvo de reconocer personería al apoderado y, por el contrario, fundándose en la circunstancia de que desde fecha anterior se había comunicado a BERNAL la renuncia del primer apoderado, ordenó la continuación de la audiencia con el defensor de oficio.  Con ello -dice la demanda- se le vulneró su derecho a designar libremente a quien deseara para continuar su defensa. Sostenía la demanda de tutela que, si bien hubo reconocimiento posterior del nuevo apoderado, ello no subsanaba la irregularidad, razón por la cual "en el curso de la audiencia pública y con anterioridad al último acto, se invocaron diversas nulidades originadas en la ausencia total de defensa para uno de los sindicados, que indudablemente afectaba el proceso y en consecuencia invalidaba la actuación con perjuicios procesales para todos los vinculados". Añadió que al finalizar la última sesión de la audiencia, se presentó una objeción al dictamen pericial que evaluó los supuestos perjuicios y que el juzgado le dió el trámite incidental correspondiente ordenando la práctica de pruebas, pero que no se practicó ninguna y dicha objeción se resolvió en la sentencia mediante fallo del 30 de junio de 1992 cuya copia obra en el expediente. El Juzgado Quinto Superior decidió condenar a ALBERTO BERNAL  y a otras personas a la pena principal de treinta y siete (37) meses y quince (15) días de prisión como coautores del delito de falsedad ideológica en documento público agravado por el uso, a la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por un período igual al de la pena principal impuesta y, en abstracto, a pagar los daños y perjuicios ocasionados con el delito. Según los peticionarios, con los actos del juzgado se impidió que ALBERTO BERNAL ejerciera sus derechos de defensa y se conculcó a JOSE JOAQUIN BERNAL su derecho a trabajar. En la demanda se solicitaba la suspensión inmediata del proceso. II.  DECISION JUDICIAL Correspondió decidir sobre la acción de tutela a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá, el cual mediante fallo del 14 de agosto de 1992, rechazó la protección impetrada con base en los siguientes argumentos: 1.      Se practicó diligencia de inspección judicial y de ella resultó que se trata de un voluminoso expediente de 11 cuadernos correspondiente a proceso penal iniciado en 1981 el cual se encuentra actualmente  en la Secretaría de la Sala Penal del Tribunal por apelación que interpuso el doctor LUIS ALBERTO SUAREZ contra el fallo mediante el cual se condenó a su defendido,  Alberto Bernal Arévalo, alegando la nulidad de lo actuado por violación del derecho de defensa, entre otros motivos. 2.      Observó la sentencia del Tribunal que la audiencia pública se fijó por primera vez en julio de 1988 y que señaló fecha para su práctica en más de diez oportunidades, por culpa casi exclusiva, según constancia procesal, de los señores defensores, al punto que la Fiscalía Quinta Superior puso de presente que existió interés de éstos en "dilatar la actuación". 3.      El juzgado entendió como dilatoria la actitud del procesado BERNAL AREVALO a quien desde el 23 de abril de 1992 se le había notificado la renuncia de su defensor sin que hubiese hecho pronunciamiento alguno y por lo tanto, después que el defensor de oficio hiciera uso de la palabra en la diligencia de audiencia pública, se le reconoció poder. 4.      Expresó el Tribunal que el artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 señala como improcedente la tutela cuando existen otros medios de defensa judicial salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Revisada la actuación del juzgado, encontró la Sala que éste al terminar la audiencia recibió la correspondiente solicitud de nulidad la cual está siendo estudiada por el propio Tribunal.  El procesado está asistido de todas las garantías para hacer valer sus derechos y ha venido interponiendo los recursos pertinentes. 5.      A juicio del Tribunal, la acción de tutela no constituye un instrumento paralelo, adicional, complementario, acumulativo o alternativo. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 9, de la Constitución Política y 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991, corresponde a esta Corporación la revisión de la decisión judicial proferida para resolver sobre la acción de tutela en referencia. 1.      Improcedencia de la acción de tutela. Ha de verse inicialmente si en el caso examinado procedía la acción de tutela según las disposiciones constitucionales y legales pertinentes. Obsérvese que la acción fue promovida alegando los peticionarios una supuesta violación de sus derechos al debido proceso y al trabajo por parte del despacho judicial ante el cual se surtía un proceso penal por el delito de falsedad. En desarrollo del proceso se produjo ya una sentencia de primera instancia mediante la cual se condenó a varias personas, entre ellas el doctor Alberto Bernal, uno de los solicitantes de la tutela, quien simultáneamente ha ejercido el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial. La sola comprobación del uso que ha hecho el petente de un recurso ordinario, previsto en la legislación procesal en desarrollo de lo estatuído por el artículo 31 de la Carta, permite a la Corte afirmar sin rodeos que, con arreglo al mandato contenido en el inciso tercero del artículo 86 de la Constitución, no era procedente la acción de tutela intentada por cuanto existía otro medio de defensa judicial dentro del mismo proceso penal. Es claro, además, que tampoco puede hablarse en esta ocasión de un perjuicio irremediable susceptible de ser evitado mediante la acción de tutela aplicada como mecanismo transitorio, pues, considerada la definición legal de dicha figura -"... el perjuicio que solo puede ser reparado en su integridad mediante una indemnización" (artículo 6º del Decreto 2591 de 1991)- es evidente que, al interponer el recurso ordinario, BERNAL AREVALO tiene la posibilidad de obtener directamente, si prospera, la revocación, modificación o aclaración de la sentencia de primera instancia en cuya virtud fue condenado, no siendo por tanto el caso de un inminente daño a sus derechos fundamentales únicamente resarcible en su integridad por la vía de la indemnización. Por otra parte, haber accedido a conceder la protección solicitada hubiera significado una indebida intromisión del juez de tutela -así en esta oportunidad fuera también el superior jerárquico del juez de conocimiento- en la órbita reservada por la ley a la jurisdicción ordinaria, para lo cual a todas luces carecía de competencia la Sala Penal del Tribunal en cuanto no estaba actuando dentro del juicio sino por fuera de éste, en un proceso distinto, provocado por una impropia invocación del artículo 86 de la Carta. Debe reiterar la Corte a ese respecto que la acción de tutela no constituye un mecanismo alternativo a los procedimientos ordinarios, ni tampoco un camino de fácil acceso para quien busca dilatarlos. En reciente sentencia afirmó la Sala Plena de esta Corporación: "... no está dentro de las atribuciones  del juez de tutela la de inmiscuirse en el trámite de un proceso judicial en curso, adoptando decisiones paralelas a las que cumple, en ejercicio de su función, quien lo conduce, ya que tal posibilidad está excluída de plano en los conceptos de autonomía e independencia funcionales (artículos 228 y 230 de la Carta), a los cuales ya se ha hecho referencia. De ningún modo es admisible, entonces, que quien resuelve la tutela extienda su poder de decisión hasta el extremo de resolver sobre la cuestión litigiosa que se debate en un proceso o en relación con el derecho que allí se controvierte. No puede, por tanto, proferir resoluciones o mandatos que interfieran u obstaculicen diligencias judiciales ya ordenadas por el juez de conocimiento, ni modificar providencias por él dictadas, no solamente por cuanto ello representaría una invasión en la órbita autónoma del juzgador y en la independencia y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia (artículo 228 C.N.), sino porque, al cambiar inopinadamente las reglas predeterminadas por la ley en cuanto a las formas propias de cada juicio (artículo 29 C.N.), quebrantaría abierta y gravemente los principios constitucionales del debido proceso.  Lo anterior sin tener en cuenta la ostensible falta de competencia que podría acarrear la nulidad de los actos y diligencias producidos como consecuencia de la decisión con los consiguientes perjuicios para las partes, la indebida prolongación de los procesos y la congestión que, de extenderse, ocasionaría esta práctica en los despachos judiciales"1 . Lo expuesto es suficiente para confirmar la sentencia objeto de revisión. La Corte Constitucional no definirá la validez o nulidad de lo actuado en el proceso penal ni fallará en torno al trámite que ha debido seguirse en cuanto al momento de posesión del defensor, por cuanto ello no es de su competencia según se deja expuesto.  La dilucidación de estos puntos corre a cargo del tribunal competente dentro del proceso ordinario. Deben formularse, empero, algunas consideraciones respecto a la importancia que tiene la defensa del procesado a la luz de la preceptiva constitucional y sobre la diferencia entre las garantías procesales y la utilización de mecanismos dilatorios dentro de los procesos judiciales. La defensa del reo como garantía constitucional Las reglas que estructuran el debido proceso están fundadas por una parte en la presunción de inocencia que cobija a toda persona, de lo cual se desprende que su culpabilidad tiene que ser demostrada como requisito indispensable para condenarla, y por otra en la garantía que el Estado ofrece al sindicado, también como condición necesaria para la imposición de la pena, en el sentido de que durante el proceso gozará de la plenitud de medios y posibilidades de defensa.  De nada serviría el postulado del juicio previo si a lo largo de éste los agentes del Estado pudieran actuar unilateralmente negando al procesado la oportunidad de hacer valer las pruebas y argumentos que lo favorecen.  Ello equivaldría a la condena anticipada y a la inexistencia del debido proceso. "El que ha dictado sentencia sin oír a la otra parte, no ha sido justo, aunque su sentencia lo sea"2 . De allí que sean consustanciales a todo juzgamiento, en especial si ha de resolverse sobre la imposición de sanciones penales, la imparcialidad del juez o tribunal, la observancia estricta de todas las formas propias de cada juicio según definición previa de la ley, la espontaneidad de la confesión, el principio de favorabilidad, el debate probatorio, los recursos y el derecho a ser asistido por un abogado escogido libremente por el acusado, entre otras garantías, a las que hacen referencia tanto la Carta Política en su artículo 29 como los tratados, convenios y declaraciones internacionales de derechos. La escogencia de un abogado según la libre voluntad del sindicado para que lo represente a lo largo del proceso es un derecho inalienable cuyo desconocimiento u obstaculización lesiona gravemente la oportunidad de fedensa, razón por la cual se constituye en uno de los elementos insustituíbles del debido proceso en las causas criminales.  Tal importancia tiene que los ordenamientos jurídicos han instituído la figura del defensor público o de oficio cuya designación se confía a los propios jueces cuando el inculpado no puede por cualquier causa acudir al profesional de su preferencia.  Así lo contemplan los artículos 139 a 142 del Código de Procedimiento Penal vigente y también lo hacían, en términos similares, los artículos 131 y siguientes del Decreto 050 de 1987 que aún regía cuando se sucedieron los hechos materia del presente proceso. Ya la Corte Constitucional ha tenido ocasión de referirse al tema: "Para que haya un proceso propio de un Estado de Derecho es irrenunciable que el inculpado pueda tomar posición frente a los reproches formulados en su contra y que se consideren en la obtención de la sentencia los puntos de vista sometidos a discusión.  La exposición razonada de los argumentos y pruebas del sindicado no sólo sirven al interés individual de éste, sino también al esclarecimiento de la verdad. La meta de todo proceso judicial, que es hallar la verdad, se alcanza en la mejor forma por medio de un proceso en que se pongan en discusión los argumentos y contraargumentos ponderados entre sí, en que se miren los aspectos inculpatorios y los exculpatorios.  En definitiva, se trata de un proceso dialéctico. Con miras a garantizar que esa defensa judicial sea efectiva, la Constitución y la ley han establecido que deba hacerse preferentemente a través de abogado"[1]. Inexistencia de la violación del derecho a defensa En el presente caso, miradas las cosas desde el punto de vista estrictamente constitucional, es decir, en la perspectiva del derecho fundamental a la defensa del sindicado, considera la Corte que ni era  necesario ni cabía intentar una acción de tutela, pues, además de lo ya expuesto, el problema planteado no radicaba en una carencia de defensor, toda vez que el procesado siempre estuvo asistido, sino en el momento procesal para dar posesión al nuevo apoderado.  Habida cuenta del largo tiempo transcurrido desde cuando se informó al acusado sobre la renuncia de su anterior defensor, al juez pareció inoportuno interrumpir con tal objeto una diligencia ya iniciada. Como puede observarse, el esclarecimiento de la oportunidad procesal para la posesión del defensor recién nombrado -máxime cuando los motivos que habían conducido a designar abogado de oficio no eran  imputables al despacho judicial sino al procesado,-  debe corresponder al estudio que se adelante por el tribunal de segunda instancia al resolver sobre la apelación ante él interpuesta pues, a juicio de esta Corte, no es cuestión de constitucionalidad en cuanto el derecho fundamental a la defensa estaba adecuadamente protegido por la autoridad pública demandada. Según consta en la fotocopia de la diligencia de audiencia pública que obra en el expediente, llevada a cabo el 21 de mayo de 1992, "El Despacho teniendo en cuenta que desde el 23 de abril del año en curso le comunicó personalmente al procesado Alberto Bernal, la renuncia como defensor propuesta por el doctor SUAREZ ALFONSO, y hasta hoy hace el nombramiento de defensor, previamente a esta diligencia, y para garantizar su derecho de defensa, le designó defensor de oficio, con quien se dispone terminar la presente vista pública.  Lo anterior, por cuanto debe entenderse esta actitud del procesado, como dilatoria para seguir adelante la audiencia.  Por tanto, se dispone que el defensor de oficio haga uso de la palabra cumpliendo así con su deber.  El defensor designado por el procesado, se reconocerá posteriormente" Más adelante se lee: "Se deja constancia, que el señor Defensor oficioso hace entrega al Despacho en nueve folios, de su alegato". En la sentencia de primera instancia, proferida por el Juzgado Quinto Superior el 30 de junio de mil novecientos noventa y dos (1992), dentro del proceso seguido por el delito de falsedad en documentos contra el doctor Alberto Bernal  Arévalo, entre otros,  a folio 28 del citado documento se lee: "Cambio de defensores:  Indudablemente que una de las garantías procesales otorgadas por el legislador a los procesados es la de designar los defensores de confianza, sin embargo, esta facultad no puede aprovecharse como se quiso en el presente caso, para que el tiempo transcurra y obtener la impunidad a través de la prescripción.  No otra cosa nos demuestra el tiempo que se necesitó para culminar la diligencia, el número de veces que se señaló fecha para tal fin y esencialmente las causas por las que no se terminó hace mucho tiempo". Así, pues, si el juzgado -como aparece en el expediente, notificó en tiempo al sindicado la renuncia de su defensor y éste no designó con la misma celeridad un sustituto, dilatando así la continuación de la diligencia de audiencia pública, y además le suministró un defensor de oficio, mal puede argumentarse violación al debido proceso por parte del Juzgado Quinto Superior como lo pretenden los accionantes.  El sindicado tuvo siempre una defensa idónea por este aspecto, como se hizo constar en la diligencia de audiencia pública y, si no contó en dicha audiencia con la asistencia de un abogado escogido por él, fue por su propia negligencia en designarlo, lo cual no podía llevar al juez a suspender en forma indefinida su continuación. Las garantías procesales no pueden ser usadas como mecanismos orientados al entorpecimiento o a la dilación del normal trámite de los asuntos judiciales y menos todavía pretender que de su descuido y mora se deriven para el procesado posibilidades de acción contra las autoridades judiciales que han atendido oportunamente las prescripciones constitucionales y legales . Todo derecho comporta unos deberes correlativos.  Tratándose de los que ahora nos ocupan, tales deberes hacen indispensable que quien, siendo sindicado, recibe de la autoridad las debidas garantías para su defensa haga oportuno y correcto uso de ellas en vez de alegar la propia falta de atención procesal en su beneficio. Inexistencia de violación del derecho al trabajo En el caso del doctor José Joaquín Bernal Arévalo, respecto de quien se alega violación del derecho al trabajo, mucho menos puede aceptarse la existencia de tal violación, pues él tiene la libertad de seguir ejerciendo su profesión en cualquier otro caso, e incluso en el de su hermano, si a bien lo tiene, en otras instancias procesales. En mérito de las consideraciones que anteceden, la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.-  CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, el fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Fe de Bogotá respecto de la acción de tutela en referencia el 14 de agosto de mil novecientos noventa y dos. Segundo.-  Por Secretaría líbrese la comunicación de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991 para los fines allí contemplados. Cópiese, notifíquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO                      FABIO MORON DIAZ Magistrado Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr. Corte Constitucional. Sala Plena. Fallo Nº C-543. Octubre 1 de 1992. 2 Séneca, Medea 199. [1]Cfr. Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia Nº T-436 del 1º de julio de 1992. Magistrado Ponente: Doctor Ciro Angarita Barón.

T-596-92 Sentencia No Sentencia No. T-596/92 DERECHOS DEL INTERNO-Responsabilidad del Estado Si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria par lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación del tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del  sindicado o del  condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario,  utensilios de higiene y lugar  de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el  derecho al descanso nocturno, entre otros. DERECHOS FUNDAMENTALES-Alcance Los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las  autoridades públicas, también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. No sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de no lesionar la esfera individual, también  existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos. La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. CASTIGO CARCELARIO-Eliminación Es necesario eliminar la perniciosa justificación del maltrato carcelario que consiste en aceptar como válida la violación del derecho cuando se trata de personas que han hecho un mal a la sociedad. El castigo de los delincuentes es un castigo reglado, previsto por el derecho y limitado a unos procedimiento y prácticas específicas, por fuera de las cuales el preso debe ser tratado bajo los parámetros normativos generales. La efectividad del derecho no termina en la murallas de las cárceles. El delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley. DERECHOS FUNDAMENTALES-Protección La protección de los derechos fundamentales no puede reducirse al juicio de legalidad acerca de la decisión tomada por la autoridad pública correspondiente. Es necesario, además, y sobre todo, confrontar dicha decisión con la Constitucion misma. PENA Además de ser jurídica, pública y judicial,  la pena debe ser  también necesaria, útil y proporcional. Toda pena, independientemente del delito del cual provenga, debe respetar unas reglas mínimas relativas al tratamiento de los reclusos, que se encuentran ligadas, de manera esencial, al concepto de dignidad humana y al principio según el cual la pena no tiene por objeto el infligir sufrimiento corporal. REF: EXPEDIENTES   T-4368, T-4466,T-4665 PROCEDENCIA: Juzgados Primero y Segundo Penales del Circuito de Calarca. PETICIONARIOS: Diego de Jesús Restrepo, Julio César Jiménez Ocampo, James Mosquera Velásquez. MAGISTRADO PONENTE: Ciro Angarita Barón. TEMAS: -Funciones y aplicaciones de la pena. -Castigo carcelario y dignidad humana. - El calabozo - El prisionero y el Estado. - Situación carcelaria Aprobada según Acta N de la Sala de Revisión No 1, en Santafé de Bogotá, el  10   de diciembre de 1992. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández Galindo ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION la siguiente, SENTENCIA en los  procesos de acción de tutela instaurados por Diego de jesús Restrepo, Julio Cesar Jiménez Ocampo y  James Mosquera Velásquez, contra las directivas de la penitenciaría rural de "Peñas Blancas", y que fuera resuelto en primera instancia por el Juzgado Primero Penal de Calarcá (Quindío). I. ANTECEDENTES A. La acción 1. Los hechos a) Tutela T-4368. El peticionario Diego de Jesús Restrepo M., se encuentra recluido en la penitenciaría de "Peñas Blancas" en la ciudad de Calarcá y solicita tutela para la protección de su salud y de su derecho al medio ambiente sano, vulnerados por el hecho de tener que dormir dentro de un recinto con letrinas deterioradas, que hacen insoportable y degradante la estadía nocturna en dicho lugar. Con base en tales hechos, el peticionario solicita la construcción de servicios sanitarios apropiados. b) Tutela T- 4486 El peticionario James Mosquera Velásquez, se encuentra en la misma penitenciaría y en la misma situación que el interno Diego de Jesús Restrepo, y como consecuencia de ello se queja de los mismos hechos y hace la misma solicitud. c) Tutela T-4665. El señor Julio Cesar Jiménez Ocampo, también se encuentra recluido en la penitenciaría de "Peñas Blancas" de Calarcá. Relata el peticionario que el día 18 de junio de 1992, fue sancionado injustamente a tres días de aislamiento celular (calabozo) por haber realizado actos de indisciplina durante la hora del almuerzo, al discutir con el guardián acerca de la orden de salida. Por esta causa, su comportamiento, antes calificado como ejemplar, fue catalogado como simplemente "bueno", razón por la cual le fue negado permiso salida para visitar a sus familiares, permiso este que se otorga sólo a los presos con comportamiento ejemplar. Luego de haber cumplido con dicha pena fue sancionado a 3 horas de plantón por haber faltado al respeto a la guardiana Blanca Nubia García Gómez, en las dependencias de la oficina jurídica del establecimiento, en momentos en que disentía con la administración sobre la negación de su permiso para visitar a sus familiares. El peticionario relata los padecimientos que debió sufrir con estas sanciones, en especial durante los tres días de calabozo, debido a las precarias condiciones de higiene de la celda de castigo, sobre todo en lo relacionado con la evacuación de excretas y con la utilización de agua. Considera, además, que con la imposición de las sanciones disciplinarias, no se le dio información ni explicación alguna sobre el castigo ni se le dio la oportunidad de defenderse, lo cual conlleva un desconocimiento de sus derechos constitucionales a la información y al debido proceso. 2. La sentencia de primera instancia. a). T-4368 y T-4486. Las solicitudes de tutela acumuladas T-4368 y T-4486 fueron conocidas en distintos procesos por el Juez Primero Penal del Circuito de Calarcá. Las pruebas presentadas y los hechos son esencialmente los mismos en ambos procesos. Una vez recibidas, el juez pide declaración a la directora encargada de la penitenciaría y a los cabos encargados de la vigilancia del recinto en donde duermen los  señores Diego de Jesús Restrepo y James Mosquera Velásquez. En tales declaraciones se comprueba la existencia de letrinas en mal estado y ubicadas en el sitio anotado por el peticionario. Al respecto la Doctora Martha Elena Sánchez, directora encargada de la penitenciaría, sostiene que la cárcel tiene problemas de hacinamiento, pues fue construida inicialmente para trescientos cincuenta internos, pero en la actualidad tiene cuatrocientos ochenta y cuatro (1 ). La construcción de la cárcel -dice- es vieja y las redes de acueducto y alcantarillado son deficientes. Concluye la directora diciendo que el problema sanitario se sale de sus manos, debido a que no dispone de los recursos necesarios para un mejor mantenimiento de las instalaciones penitenciarias. Los cabos encargados de la vigilancia señalan que se hace todo lo posible por mantener condiciones buenas de higiene. Anotan, además que el problemas se encuentra agravado por la circunstancia del fuerte verano. Como consecuencia de ello, la presión del acueducto no es suficiente y los tanques de abastecimiento no se alcanzan a llenar, razón por la cual, durante las noches, no hay agua. Es importante igualmente señalar, que según el cabo Rosmel Navarro Prada, las letrinas se encuentran más o menos a un metro, o metro y medio del lugar en el cual duermen los presos. La situación de la cárcel de "Peñas Blancas" se encuentra bien ilustrada en una carta anexada a los expedientes y enviada por la doctora Martha Elena Sánchez, directora de la penitenciaría, al Doctor Darío Echeverry, Director General del Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia, en la cual la funcionaria solicita la intervención del director del Fondo Rotatorio para que en el presupuesto sea tenida en cuenta la cárcel de "peñas Blancas" y se le asignen partidas encaminadas a solucionar las dificultades que a continuación relaciona. Sobre el problema sanitario la doctora Martha Elena Sánchez comenta lo  siguiente: " Por la construcción antigua de este establecimiento, tenemos problemas en lo referente a las necesidades de acueducto y alcantarillado, pues su capacidad es deficiente (...) Los sitios de aseo del personal de internos, no reúnen las mínimas condiciones de higiene, como podrá observarlo en las fotos 2 y 3 que anexo, siendo necesario la instalación de baterías sanitarias, para de esta forma humanizar un poco las condiciones de vida de los reclusos". Obra también en el expediente un informe del Instituto Seccional de Salud del Quindío, realizado luego de la visita efectuada a las instalaciones penitenciarias el  día 9 de junio de 1992. En relación con la disposición de excretas el informe dice los siguiente: "La penitenciaría cuenta con tres pisos y cuatro patios donde alberga en la actualidad 500 internos. En los tres pisos hay un total de diez instalaciones para sanitarios, pero realmente no existen las tazas, sino los orificios. En cada uno de los pisos existe un sanitario en malas condiciones. El agua para evacuar los desechos (excretas) se arroja con baldes, ya que no existen instalaciones adecuadas." En sus consideraciones el Juez hace un breve análisis de la acción de tutela y de los derecho fundamentales, para concluir que la presunta violación de la que habla el accionante, tiene que ver con los derechos colectivos del capítulo tercero del título segundo y no con los derechos constitucionales fundamentales, que son los únicos susceptibles de ser protegidos con la acción de tutela. De  esta manera el Juez niega la tutela al peticionario. No obstante lo dicho sobre  la improcedencia de la acción, el Juez penal, con base en el informe presentado por la División de Saneamiento Ambiental, reconoce el hecho de que las condiciones de higiene del establecimiento penitenciario son malas y, en consecuencia, solicita a las directivas del establecimiento, hacer esfuerzos para garantizar a los presos "las mínimas condiciones de salubridad a las que tienen pleno derecho". b). T-4665. La solicitud de tutela presentada por el peticionario Julio Cesar Jiménez Ocampo fue conocida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Calarcá. En el proceso obran como pruebas los siguientes documentos: -Copia de las actuaciones administrativas por medio de las cuales  se impuso las sanciones al peticionario. - Declaratoria del peticionario sobre los hechos de la demanda. - Declaración del cabo Navarro sobre los hechos. En sus consideraciones, el Juez señala que la convivencia en una penitenciaría requiere de sanciones ejemplarizantes para aquellos que incumplen las reglas disciplinarias. Concluye luego que las sanciones impuestas al recluso Jiménez Ocampo son válidas, de acuerdo con el decreto 1817 de 1964, en el que se consagra el régimen penitenciario. Al respecto dice el juez los siguiente: "no vemos que las sanciones, posición de plantón y aislamiento celular sean crueles e inhumanas por cuanto son de consagración legal y fueron establecidas con anterioridad  a la ocurrencia de los hechos materia de la queja". Con estos argumentos el Juez Segundo Penal del Circuito de Calarcá niega la acción de tutela al peticionario Julio Cesar Jiménez Ocampo. II. Consideraciones de la Corte La protección de los derechos fundamentales no puede reducirse al juicio de legalidad acerca de la decisión tomada por la autoridad pública correspondiente. Es necesario, además, y sobre todo, confrontar dicha decisión con la Constitucion misma. La acción de tutela obliga al juez a efectuar este tipo de ejercicio y de esta manera, logra el propósito de efectividad de los derechos que consagra con énfasis la Constitucion y que se deriva de la fuerza normativa consagrada en su artículo cuarto. En atención a este postulado, las consideraciones que vienen tratarán los siguientes temas: el fundamento, sentido y función de la pena; la relación entre el castigo y  el valor constitucional de la dignidad,  la aplicación de las penas, y, finalmente, el caso concreto . 1. Fundamento y función de la pena. En contra de las teorías de origen kantiano sobre el sentido de la pena, según las cuales esta es un mecanismo para la realización de la justicia absoluta o metafísica, hoy en día se considera -reconociendo el carácter limitado e imperfecto de la justicia social- que la pena es un recurso jurídico-político encaminado a la protección del grupo social por medio de la disuasión del ciudadano frente a la conducta delictuosa y del castigo de los delincuentes. En correspondencia con esto, la idea del suplicio público, concebido como mecanismo para difundir una representación ejemplarizante en los demás miembros del grupo social, ha sido sustituida por la idea de aislamiento social, entendido como un medio para la protección social y para la rehabilitación personal del delincuente. De aquí provienen la funciones preventivas, retributivas, preventiva, protectoras y resocializadoras atribuidas a la pena y al sistema carcelario en general. Las dos concepciones de la pena y del castigo anotadas, perciben de manera radicalmente diferente el sufrimiento del prisionero: mientras para la primera el dolor es un propósito deliberado, que sirve no sólo para lograr  el restablecimiento de la justicia por el daño social causado, sino también como ejemplo del buen comportamiento y de las consecuencias indeseables de la desviación social, para la segunda, el sufrimiento es una consecuencia inevitable que no es pretendida como fin en sí mismo. El sufrimiento es inseparable de la pena pero la pena no se reduce al sufrimiento ni lo tiene como objetivo. Por eso, de acuerdo con esta última visión, las penas corporales han sido eliminadas en la mayoría de los ordenamientos jurídicos constitucionales, si bien la pena de muerte, como un recurso extremo, subsiste en algunos de ellos. La pena de prisión, en cambio, aunque causa una aflicción, no sólo psíquica sino también física, no es una pena dirigida  directamente al cuerpo de los condenados, como lo son por ejemplo, los azotes, las mutilaciones, etc, y por lo tanto no debe ser considerada como un castigo del cuerpo. Hasta el siglo XVIII, la imposición de sufrimientos al condenado no tenía límites. Los más macabros y sofisticados recursos fueron utilizados para hacer sufrir más y de manera más visible. A partir de la reforma al derecho penal que tuvo lugar a finales del siglo XVIII, el sufrimiento excesivo o adicional fue considerado como el resultado de una fuerza arbitraria, condenable a su turno por el mismo derecho penal. En estas nuevas circunstancias, las consecuencias dolorosas de la pena son concebidas como un mal necesario para el cumplimiento de los fines sociales que persigue. Toda imposición que cause sufrimientos innecesarios al delincuente, debe ser evaluada como una acción independiente de la pena y por lo tanto como un ejercicio arbitrario de la fuerza. Sobre este punto Juan Fernández Carrasquilla dice los siguiente: "El exceso hace perder a la pena su carácter jurídico o legítimo (...) Y como no se trata de un ius talionis, ni existe una objetiva escala composicional, la fijación de aquella proporcionalidad es político‑ axiológica, habida siempre cuenta de lo que es estrictamente necesario y útil para la tutela de la sociedad, la protección de la víctima y la protección del reo. La pena, que es un mal necesario, no debe sobrepasar la medida de la necesidad social (la protección de bienes jurídicos primarios) en que se inspira, ni infligir al reo sufrimientos innecesarios; debe, en suma, ser el menor mal posible para la sociedad y para el delincuente. Su fundamento o razón de ser no es otro que la necesidad socio-política de la defensa del orden jurídico y la garantía de las condiciones mínimas de la existencia social pacífica, pero nunca se impone, en un estado de derecho, por encima de las necesidades de protección de bienes jurídicos, ni por fuera del marco subjetivo de la culpabilidad." (2 ). El sufrimiento del delincuente debe ser evaluado bajo la perspectiva anotada, esto es, teniendo presente el fin de protección social de la pena y la consecuencia indeseada pero necesaria del padecimiento. Las penas excesivas, crueles, inhumanas, infamantes, o degradantes, no son otra  cosa que violencia institucional. En consecuencia, toda aflicción que escape a la relación entre estos dos elementos debe ser considerada por fuera de la legalidad propia de la pena y debe ser tenida en cuenta bajo la perspectiva constitucional, con el objeto de castigar posibles violaciones de los derechos fundamentales. Según esto, si bien es cierto que la condición de prisionero determina una drástica limitación de los derechos fundamentales, dicha limitación debe ser la mínima necesaria par lograr el fin propuesto. Toda limitación adicional debe ser entendida como un exceso y, por lo tanto, como una violación del tales derechos. La órbita de los derechos del preso cuya limitación resulta innecesaria, es tan digna de respeto y su protección constitucional es tan fuerte y efectiva como la de cualquier persona no sometida a las condiciones carcelarias. Los derechos no limitados del  sindicado o del  condenado, son derechos en el sentido pleno del término, esto es, son derechos dotados de poder para demandar del Estado su protección. 2. Características de la pena En relación con la aflicción causada a los prisioneros por la imposición de sanciones, es importante resaltar algunas de las características de la pena. Además de ser jurídica, pública y judicial, se ha considerado que la pena debe ser  también necesaria, útil y proporcional. Su carácter necesario significa que la pena no debe ser impuesta de manera arbitraria, es decir, cuando no guarda relación con el fin perseguido por ella. "La pena, dice Fernández Carrasquilla, es un mal que la sociedad impone al "desviado" para conservarse a sí misma". Por eso, continúa, la pena criminal es, por definición,  la institución-límite de la filosofía liberal, porque en ella siempre y de algún modo se sacrifica al individuo en aras del interés social". (3 ). También es una institución- límite de la filosofía liberal pues en ella misma la ética individual kantiana, en la cual el individuo es el fin último, cede ante una ética utilitarista, cuyo principio rector se encuentra en la protección de la sociedad. La pena, además de necesaria debe ser útil. La pena debe ser un instrumento adecuado para servir a sus fines de prevención retribución, protección o resocialización. Si los fines de la pena pueden conseguirse por otros medios menos costosos o menos aflictivos, la pena no es necesaria y por lo tanto no puede ser útil. La pena debe ser también proporcional. La proporcionalidad se obtiene con la comparación entre el daño ocasionado por el delito y el daño causado por la pena. Según Fernández Carrasquilla, El estado actual de la relación de razonable proporción entre delito y pena, que desde luego no es natural ni matemática sino valorativa, es el de hacer depender la gravedad de la pena, en abstracto y en concreto, de dos baremos fundamentales: la gravedad del injusto y el grado de culpabilidad" ([1]). 3. La relación jurídica entre el preso y la administración penitenciaria En una relación jurídica el predominio de una parte sobre la otra no impide la existencia de derechos y deberes para ambas partes. Este es el caso del interno en un centro penitenciario. Frente a la  administración, el preso se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el cual  se sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en el poder disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento de los derechos  del interno y por los correspondientes deberes estatales  que se derivan de dicho reconocimiento. La cárcel no es un sitio ajeno al derecho. Las personas recluidas en un establecimiento penitenciario no han sido eliminados de la sociedad. La relación especial de sometimiento que mantienen con el Estado no les quita su calidad de sujetos activos de derechos.  En vista del comportamiento antisocial anterior, el prisionero tiene algunos de sus derechos suspendidos, como la libertad por ejemplo, otros limitados, como el derecho a la  comunicación o a la intimidad; pero goza de otros derechos de manera plena, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud. Del derecho pleno del interno a la vida, la integridad física y a la salud se derivan importantes consecuencias jurídicas para la administración penitenciaria que pueden ser descritas como deberes. Entre ellos se encuentra el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario,  utensilios de higiene y lugar  de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica y el  derecho al descanso nocturno, entre otros. La potestad disciplinaria, entonces debe enmarcarse dentro de los límites impuestos por los derechos de los presos. Desde este punto de vista la aplicación de la  sanción del calabozo, tan común en nuestro medio,  debe ser restringida a los casos extremos, debe estar  reducida al mínimo tiempo necesario para el cumplimiento del fin perseguido y, además, debe realizarse en condiciones que no vulneren el principio de dignidad humana y que no constituya trato cruel o degradante. Sobre este tema la Comisión de Estrasburgo ha establecido en el artículo 3 del Convenio de Roma que no es la sanción en sí sino el conjunto de circunstancias y condiciones de su aplicación, incluyendo su particular forma de ejecución, los que podrían constituír en concreto, una violación de los derechos del preso. 4. Derecho a la vida y dignidad El derecho a la vida es el derecho fundamental esencial en cuanto constituye el supuesto ontológico sin el cual los demás derechos carecen de sentido. Estrechamente ligado al derecho a la vida se encuentra la protección constitucional del valor de la dignidad, consagrado en el artículo 1 de la Carta, que define al Estado como una República fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo, en la solidaridad de las personas y  en la prevalencia del interés general. Los derechos fundamentales no incluyen sólo derechos subjetivos y garantías constitucionales a través de los cuales el individuo se defiende frente a las actuaciones de las  autoridades públicas, también incluye deberes positivos que vinculan a todas las ramas del poder público. No sólo existe la obligación negativa por parte del Estado de no lesionar la esfera individual, también  existe la obligación positiva de contribuir a la realización efectiva de tales derechos. La razón jurídica que explica este compromiso positivo del Estado se encuentra en el mandato constitucional según el cual, el Estado colombiano se funda en el valor de la dignidad humana, lo cual determina, no sólo un deber negativo de no intromisión sino también un deber positivo de protección y mantenimiento de condiciones de vida digna. Las personas recluidas en establecimientos carcelarios se encuentran bajo la guardia del Estado. Ello implica, por un lado, responsabilidades relativas a la seguridad de los reclusos y a su conminación bajo el perímetro carcelario y, por el otro, responsabilidades en relación con las condiciones de vida de los reclusos. La Constitucion de manera explícita hace referencia a esta idea en su artículo 12 cuando establece que "Nadie será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". De acuerdo con esto, toda pena, independientemente del delito del cual provenga, debe respetar unas reglas mínimas relativas al tratamiento de los reclusos, que se encuentran ligadas de manera esencial, al concepto de dignidad humana y al principio según el cual la pena no tiene por objeto el infligir sufrimiento corporal. La prohibición del artículo 12 de la Constitucion relativa a los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es una de las innovaciones más importantes introducidas por la Constituyente de 1991. Esta parte del texto del artículo 12 fue extraída de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la resolución 39/46 de la Asamblea General en diciembre de 1984. Durante los debates de la Asamblea Nacional Constituyente triunfó la  corriente que abogaba por una inclusión explícita de esta prohibición consagrada en el derecho  internacional y en contra de aquellos que sostenían su carácter innecesario, debido a la inexistencia de penas crueles, inhumanas o degradantes en la legislación colombiana. Al respecto comentaba el Ministro de Gobierno durante una de las sesiones de la Comisión Primera: "Aún cuando (...) no ha habido penas formalmente impuestas en Colombia que tengan esas características inhumanas o degradantes, en verdad no es una disposición insólita en el ordenamiento constitucional, porque justamente, el propósito de este es prohibir, así sea en el futuro, la adopción de este tipo de penas" ([2]). Esta prohibición adquiere toda su importancia si se tiene en cuenta que el peligro de la creación de este tipo de penas por parte del legislador, es menos probable que el peligro de que la administración, y en especial el sistema carcelario, trate de manera inhumana, cruel o degradante a los reclusos. El riesgo en la formulación del derecho no es tan grave como el riesgo en la aplicación del mismo. 5. El tratamiento de los prisioneros en el derecho nacional e internacional. En el ámbito jurídico internacional de los derechos humanos ha existido la preocupación por el respeto de unas reglas básicas en relación con el trato de los detenidos. Estas reglas mínimas fueron adoptadas inicialmente por el Primer  Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955 y aprobadas por el Consejo Económico y Social de la ONU por medio de la Resolución 663 (XXIV) del 31 de julio de 1957 y ampliadas por el mismo Consejo mediante Resolución 2076 (LXII) de Mayo de 1967. De acuerdo con la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana, el contenido de tales reglas mínimas indica, entre otras cosas, que "deben existir instalaciones sanitarias suficientes para que cada recluso pueda "satisfacer sus necesidades naturales en momento oportuno, en forma aseada y decente" ([3]). El pacto internacional de los Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ley 74 de 1968 también se refiere al trato de los detenidos en su artículo 10: "Toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano." A su turno la Convención Americana sobre derechos humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada en Colombia por medio de la ley 74 de 1968, dice los siguiente en su artículo 5: "1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral" 2. "Nadie puede ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de la libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano". El trato de los prisioneros ha sido también considerado en la legislación colombiana. En efecto, el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 408 preceptúa lo siguiente: "Todo sindicado privado de la libertad tendrá derecho a recibir en el lugar de reclusión un tratamiento acorde con el respeto de los derecho humanos, como  el de no ser víctima de los tratos crueles, degradantes o inhumanos" A propósito de la responsabilidad del juez en la ejecución de la sentencia y en la suerte que corra el condenado, la Corte constitucional ha hecho un pronunciamiento sobre un preso que requería asistencia médica. En aquella oportunidad la Corte dijo lo siguiente: "Dispone el artículo 15 transitorio del Código de Procedimiento Penal que mientras el Consejo Superior de la Judicatura cree los cargos de los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, las atribuciones que el código les confiere serán ejercidas por el juez que dictó la sentencia de primera instancia. "Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, el Estado no debe considerar como terminada su misión dentro del proceso penal cuando se haya dictado la sentencia condenatoria. Al contrario aquí debe empezar otro ciclo del procedimiento. El juez no puede abandonar a la persona en la prisión, no se puede quedar esperando en su despacho a que dentro de varios años le llegue la solicitud de libertad por pena cumplida o una solicitud de suspensión por enfermedad grave." ([4]) 6. Sociología de la pena. Para nadie es un secreto el hecho de que en los principales centros penitenciarios del país, debido a la sobrepoblación, al mal estado de las instalaciones y a la falta de servicios asistenciales mínimos, los reclusos se encuentran en condiciones de vida que difícilmente cumplen con las más elementales exigencias de la dignidad humana. Problemas relacionados con la falta de presupuesto y con el aumento de la delincuencia, son presentados por la administración para mantener a los presos en la situación en la que se encuentran. Pero más allá de estas consideraciones materiales, existe en la sociedad y también en la administración, una justificación de fondo de la situación carcelaria del país. Se piensa que el delincuente, por su condición de tal y por el hecho de haber atentado contra la sociedad, pierde la calidad de sujeto pleno de derechos, incluso en relación con aquellos derechos que no están en relación directa con la pena que se le ha impuesto.  Según esto, el preso, al ingresar a la institución carcelaria, pierde buena parte de sus derechos y aquellos que no pierde de manera definitiva, se encuentran sometidos a la posibilidad permanente de vulneración, sin que ello sea visto como una violación similar a la que se comete contra una persona libre. De acuerdo con esta visión dominante, los derechos del preso son derechos en un sentido atenuado; su violación está, sino justificada, por lo menos disminuida por el mal social cometido. Nada más alejado del concepto de dignidad humana y del texto constitucional mismo que esta visión dominante sobre las violaciones a los derechos de los presos. Como se dijo más arriba, todo sufrimiento innecesario impuesto a un recluso, pierde la justificación del ejercicio legítimo de la violencia por parte del Estado y se convierte en una atropello que debe ser evaluado de la misma manera como se evalúa cualquier violencia injustificada, ejercida contra un ciudadano que no se encuentra privado de la libertad. Los presos no tienen derechos de menor categoría; tienen derechos restringidos o limitados y cuando esto no sucede, es decir cuando la pena impuesta no se encuentra en contradicción con el ejercicio pleno de un derecho, este debe ser tan protegido y respetado como el de cualquier otra persona. Es necesario pues, eliminar la perniciosa justificación del maltrato carcelario que consiste en aceptar como válida la violación del derecho cuando se trata de personas que han hecho un mal a la sociedad. El castigo de los delincuentes es un castigo reglado, previsto por el derecho y limitado a unos procedimiento y prácticas específicas, por fuera de las cuales el preso debe ser tratado bajo los parámetros normativos generales. La efectividad del derecho no termina en la murallas de las cárceles. El delincuente, al ingresar a la prisión, no entra en un territorio sin ley. 7. Análisis del caso concreto La Sala de Selección Número 7 de la Corte Constitucional decidió acumular las solicitudes de tutela T-4368, T-4486 y T-4665. Todas ellas fueron instauradas por presos de la cárcel de "Peñas Blancas" de  la ciudad de Calarcá en el  Departamento del Quindío. y todas ellas tienen que ver con la misma violación y la misma petición: tratos degradantes como consecuencia de la inadecuada evacuación de excretas en recintos cerrados de la penitenciaría. Los reclusos se quejan de las insoportables condiciones ambientales producidas por la ubicación de letrinas deterioradas, sin agua suficiente para la limpieza y contiguas a los sitios destinados para dormir. Este hecho de por sí constituye un atentado contra la salud, tal como  lo certifica el Instituto Seccional de Salud del Quindío, en informe presentado a partir de una visita al establecimiento penitenciario y como lo reconoce el juez Primero Penal del Circuito de Calarcá y la misma directora del establecimiento carcelario. Lo cual sería suficiente para configurar una situación de maltrato  por parte de la administración. Sin embargo esto no es todo. La falta de servicios higiénicos adecuados contiguos al sitio de reposo nocturno, además de ser un atentado contra la salud, constituye una situación degradante e inhumana. La repulsión del hombre por sus propios excrementos es algo fuertemente arraigado en su propia naturaleza física y síquica y, además, estrechamente ligado a la sensación cultural del pudor y de la dignidad.  Por eso es apenas razonable pensar que la situación en la que viven los presos de "Peñas Blancas" es algo intolerable, degradante e inhumano. Los jueces del conocimiento no encontraron violación del derecho fundamental debido a que en sus consideraciones sobre la dignidad y los tratos crueles no tienen en cuenta el caso concreto y la manera como se aplican las normas, sino simplemente la confrontación de validez de las normas legales y reglamentarias. Es por eso que el juez Segundo Penal del Circuito de Calarcá no considera que las sanciones impuestas a uno de los peticionarios "sean crueles e inhumanas por cuanto son de consagración legal y fueron establecidas con anterioridad a la ocurrencia de los hechos materia de la queja". El juez reduce el valor de la dignidad al valor de la legalidad; como la norma no viola el valor, entonces la realidad tampoco puede hacerlo. Este tipo de razonamiento es el resultado de una inadecuada perspectiva en la solución de los casos de tutela, según la cual las violaciones a los derechos fundamentales se miran a la luz del derecho ordinario, desconociendo de esta manera el texto constitucional. La Corte ha dicho lo siguiente sobre este tipo de interpretaciones inadecuadas: "Es necesario que los jueces y tribunales tomen conciencia de que cuando se plantea la violación de un derecho fundamental por medio de un acción de tutela, el parámetro esencial e inmediato de interpretación es el texto constitucional y no la legislación ordinaria vigente. En la adopción de este nuevo punto de vista, aparentemente simple y evidente, se encuentra la clave axiológica que determinó la adopción de la tutela como uno de puntos esenciales  de la constitucion de 1991. La tutela de los derechos fundamentales, además de introducir una importante variación formal en la protección de los derechos fundamentales al disminuir radicalmente los plazos para la decisión judicial, impone una modificación sustancial y sin precedentes, al exigir de los jueces una interpretación de los derechos fundada en el texto  constitucional y no simplemente en la confrontación con las normas del área jurídica dentro de la cual se plantea la violación" ([5]). Finalmente, existe una diferencia cualitativa radical entre la falta de confort propia de un establecimiento carcelario y la falta de servicios de higiene básicos. Lo primero es el resultado directo e inevitable de los rigores del aislamiento social y de la pena; lo segundo es la causa de un trato deliberadamente degradante y cruel. La falta de recursos económicos no puede ser una disculpa para que el Estado no disponga de agua suficiente para limpiar los servicios sanitarios de las personas que, bajo su responsabilidad, están en una cárcel. Se trata de recursos mínimos que solucionan sufrimientos mayores. Hay aquí una palmaria negligencia o, en el mejor de los casos, una falta de diligencia considerable, que no tiene atenuante alguno en el hecho de estar referida a personas que han cometido delitos contra la sociedad. 8. Conclusión 1. La protección de los derechos fundamentales no puede reducirse al juicio de legalidad acerca de la decisión tomada por la autoridad pública correspondiente. Es necesario, además, y sobre todo, confrontar dicha decisión con la Constitucion misma. 2. El sufrimiento de los presos es una consecuencia inevitable, no fin en sí mismo. El sufrimiento es inseparable de la pena pero la pena no se reduce al sufrimiento, ni lo tiene como objetivo. En consecuencia, toda aflicción excesiva y que no corresponda al fin de la pena, debe ser considerada ilegítima y ajena y debe ser tenida en cuenta bajo la perspectiva constitucional, con el objeto de castigar posibles violaciones de los derechos fundamentales. 4. Además de ser jurídica, pública y judicial,  la pena debe ser  también necesaria, útil y proporcional. 5. Toda pena, independientemente del delito del cual provenga, debe respetar unas reglas mínimas relativas al tratamiento de los reclusos, que se encuentran ligadas, de manera esencial, al concepto de dignidad humana y al principio según el cual la pena no tiene por objeto el infligir sufrimiento corporal. 6. Frente a la administración, el preso se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, pero con derechos y deberes en cabeza de ambas partes. Los presos no tienen derechos de menor categoría; tienen derechos restringidos o limitados y cuando esto no sucede, es decir cuando la pena impuesta no se encuentra en contradicción con el ejercicio pleno de un derecho, este debe ser tan protegido y respetado como el de cualquier otra persona. 7. En el ámbito jurídico internacional de los derechos humanos, ha existido la preocupación por el respeto de unas reglas básicas en relación con el trato de los detenidos. Estas reglas mínimas de respeto se encuentran en las Resoluciones  663 y 2076 de 1967 del Consejo  Económico y Social de la ONU; en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferidas por el Juez  Primero Penal del Circuito de Calarcá, el 22 Julio de 1992 instaurada por Diego de Jesús Restrepo M. y en su lugar conceder la tutela impetrada. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia  proferida por el Juez Primero Penal del Circuito de Calarca el 27 de Julio de 1992 instaurada por  James Mosquera Velásquez, y en su lugar conceder la tutela impetrada. TERCERO: REVOCAR la Sentencia proferida por  el juez  Segundo Penal del Circuito de Calarcá el 6 de Agosto de 1992 instaurada por Julio Cesar Jiménez Ocampo y en su lugar  conceder la tutela impetrada. CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Justicia (Dirección General de Prisiones) que en el término improrrogable de dos meses adecúe y repare los dormitorios, baños, rejillas y  disposición de basuras, de acuerdo con las recomendaciones establecidas en el informe presentado por el Instituto Seccional de Salud del Quindío, luego de visita realizada a la penitenciaria de "Peñas Blancas" el día 6 de julio de 1992. QUINTO: ORDENAR que la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, como también  los Juzgados Primero y Segundo Penales del Circuito de Calarcá, se sirvan informar a esta Sala acerca del cumplimiento que haya tenido la orden del ordinal anterior, en el término de dos meses y para los efectos del artículo 27 del decreto 2591 de 1991. SEXTO: Prevenir a la Directora de la cárcel de "Peñas Blancas" para que, en ningún caso someta nuevamente a pena de calabozo a los prisioneros del establecimiento penitenciario, mientras las condiciones de higiene no sean compatibles con el concepto de dignidad humana expresado en la parte motiva de esta sentencia y mientras la falta sancionada no tenga la gravedad que amerite tal sanción, de tal manera que no se caucen sufrimientos innecesarios a los internos SEPTIMO:  ORDENAR al Defensor del Pueblo que en el término de tres meses adelante los estudios conducentes sobre la manera como se aplican las penas de prisión en Colombia, con el fin de sugerir las medidas que  mejor consulten el espíritu de esta decisión. OCTAVO:  En todos los casos similares al presente por sus hechos o circunstancias, siempre que las condiciones sanitarias del encarcelamiento impliquen un tratamiento degradante, inhumano o cruel que atente contra el principio constitucional de la dignidad humana del preso, la doctrina constitucional contenida en esta providencia tendrá CARACTER OBLIGATORIO  en los términos del artículo 23 del decreto 2067 de 1991. NOVENO: ORDENAR que por Secretaría se envie copia de esta sentencia a los Juzgados Primero y Segundo Penales del Circuito de Calarcá en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Esta información se encuentra contradicha por un informe del Instituto Seccional de Salud del Quindio en el cual se afirma que la prisión fue construida inicialmente para 300 internos y en la actualidad cuenta con 500. 2 Juan FERNANDEZ CARRASQUILLA, Derecho penal fundamental, Temis, Bogotá, 1989, p. 88. 3 Ibidem. p. 455. [1] Ibidem, p. 460. [2] Comisión Primera, Abril 16 de 1991, citado por Manuel José CEPEDA, Los derechos Fundamentales en la Constitución de 1991, Temis, 1992, p. 47 [3] Cfr. Daniel O'DONNELL, Protección internacional de los Derechos Humanos, Comisión Andina de Juristas, 1989, p. 90. [4] Sentencia T-522 de la Sala Cuarta de Revisión, Septiembre 19 de 1992, p. 13. [5] Sentencia T-2755 de la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional.

T-597-92 Sentencia No Sentencia No. T-597/92 ARBITROS-Elección Puesto que la autoridad judicial competente no atendió la solicitud del peticionario enderezada a determinar si el árbitro que les correspondía elegir a los trabajadores lo fue o no en debida forma de acuerdo con  las normas vigentes en la materia, esta Corte no posee los elementos indispensables para determinar en toda su magnitud el alcance exacto de la omisión y la consiguiente vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Lo anterior no obsta para que esta Corporación advierta con toda claridad que si dicho árbitro no fue elegido en la forma prevista por la ley se ha vulnerado el derecho al debido proceso. PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL Es claro que con tal prevalencia el Constituyente ha querido dar testimonio de su voluntad en el sentido de que, por encima de ritualidades procesales, -que al fin de cuentas no son más que meros instrumentos al servicio de la realización plena del derecho, nunca el derecho mismo- el Juez del Estado Social de Derecho debe optar necesariamente por satisfacer las exigencias concretas de la justicia material. Lo cual no significa, como pudiera pensarse -desdeño infundado por los procedimientos jurídicos- sino, por el contrario, lucha incesante desde el universo concreto del caso cotidiano para que  en él la convivencia social se asiente y consolide en fallos justos que eviten que la justicia perezca estrangulada por los lazos de las ritualidades. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA Es claro que el acceso a la justicia no significa, la simple presencia muda y pasiva de las partes sino la posibilidad concreta de utilizar plenamente todos los instrumentos enderezados a hacer conocer del fallador los intereses y derechos en conflicto sobre los cuales habrá de producir su decisión. DERECHO A LA NEGOCIACION COLECTIVA En él ámbito del derecho de negociación colectiva actúan como sujetos por excelencia los trabajadores y los empleadores, con claros y recíprocos derechos. En consecuencia, ambos deben intervenir en la definitiva concertación de sus intereses. En el  caso presente, el Banco participó en la negociación de la convención colectiva. Pero por las razones que los jueces de instancia desestimaron - su posterior denuncia de la misma no produjo efecto alguno. Esto limitó la efectividad real de su derecho. ACCION DE TUTELA CONTRA LAUDO ARBITRAL-Improcedencia Los laudos tienen la misma naturaleza jurisdiccional y material de las sentencias. El laudo arbitral y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que el peticionario acusa en su libelo como violatorias de sus derechos fundamentales no pueden hoy ser consideradas por esta Sala de Revisión. En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta vigente, que reconoce valor de cosa juzgada a los fallos de esta Corte, la Sala de Revisión negará  la tutela  impetrada contra las providencias de la Corte Suprema de Justicia, como consecuencia directa y clara de lo dispuesto por la Sala Plena en su fallo del 1o de Octubre de 1992, que declaró inconstitucional la tutela contra sentencias. REF: EXPEDIENTE T-4737 PETICIONARIO: Banco de la República. PROCEDENCIA: Sala de Casación Laboral- Corte Suprema de Justicia. MAGISTRADO PONENTE: Ciro Angarita Barón. TEMAS: . Debido Proceso . Prevalencia del derecho sustancial. . Acceso a la justicia. . Obligaciones irredimibles. . Principio de responsabilidad. . Derecho a la negociación colectiva. . Tutela contra sentencias. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y José Gregorio Hernández  Galindo EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de acción de tutela promovido por el Señor Juan Manuel Charry Ureña en nombre y representación del Banco de la República contra providencias de la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. El negocio llegó a conocimiento de la Corte por la vía ordinaria de la remisión que hizo la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal- para su eventual revisión, en virtud de lo dispuesto por el artículo 31 de la Decreto 2591 de 1991. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional eligió, para efectos de su revisión. la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual lo recibió formalmente el día 18 de Septiembre del presente año y entra ahora a dictar sentencia de revisión, de conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. A. La acción El día 24 de Julio de 1992, el Dr. Juan Manuel Charry en nombre y representación del Banco de la República, impetró acción de tutela ante la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-. 1. Hechos. a.- El 2 de Diciembre de 1991, el Banco de la República denunció  parcialmente la Convención Colectiva celebrada con el sindicato de trabajadores del Banco, - ANEBRE- Asociación Nacional de Empleados del  Banco de la  República. b.- El  Banco,  cumpliendo los requisitos que exige el artículo 479 del C.S.T, hizo entrega  en la  Sección Octava de Inspección y vigilancia laboral, de los documentos necesarios para que la denuncia del pliego fuera válida. c.- Los representantes del sindicato no acataron la citación hecha por el Inspector  Octavo, razón por la cual,  éste no hizo entrega a ellos, como era su deber, del original de la denuncia presentada por el Banco. Este hecho, llevó a que el Tribunal de Arbitramento integrado para dirimir el conflicto no tuviera en cuenta la denuncia de la convención presentada por el Banco al  proferir su laudo el 14 de Abril de 1992, por cuanto no se cumplieron en su concepto, los requisitos de validez que exigen las normas laborales, -en especial la entrega del original de la denuncia-. d.-  El hecho de que el Tribunal de Arbitramento no hubiera tenido en cuanta la denuncia  de la convención presentada por el Banco, llevó a su apoderado a presentar ante la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral- recurso de homologación en contra del laudo. Además de alegar  la aludida omisión, agrega,  que la elección del  árbitro  por parte del sindicato,  no cumplió con el requisito de la mayoría de trabajadores que exige la ley (artículo 3o No 3o de la ley 48 de 1968). 2. Pruebas. El expediente llegó a la Corte Constitucional con las siguientes pruebas: a.- Poder otorgado al Dr. Juan Manuel Charry para representar al Banco de la República. b.- Copia auténtica de la sentencia  de homologación del  laudo arbitral proferido el 14 de abril de 1992, dentro del conflicto colectivo suscitado entre el Banco de la República y la "ANEBRE" -Asociación Nacional de Empleados del Banco de la República-. c.- Copia auténtica de la providencia judicial emanada de la Sala Laboral                                                  -Sección Primera- de la Corte Suprema de Justicia, por la cual se denegó la solicitud de nulidad de la sentencia de homologación proferida por dicha sala el 14 de abril de 1992. 3. Primera providencia contra la que se interpone tutela: Con ponencia del Magistrado Dr. Jorge Iván Palacio Palacio de la Sala de Casación Laboral de la Corte  Suprema de Justicia -Sección Primera-, homologó el laudo emitido por el Tribunal de Arbitramento en el conflicto colectivo suscitado entre el Banco de la República y su sindicato, por las siguientes razones: a.-  La Corte no puede anular la totalidad del fallo proferido por el Tribunal de Arbitramento, con el argumento  de que no se cumplieron los requisitos por parte del sindicato para elegir el árbitro que les correspondía. Esta  irregularidad, pudo y debió alegarse por el Banco desde el mismo momento de la convocatoria del Tribunal hasta el momento de la emisión del fallo, en uso de  los recursos que la ley preve para impugnar esta clase de irregularidades. Observa al respecto que: " El problema concreto propuesto a la Corte por el recurrente se dilucida con facilidad si se repara en que, como se expresó al comienzo de estas consideraciones, la entidad bancaria en ningún momento anterior al recurso de homologación insinuó siquiera reparo alguno respecto a la designación del árbitro de su contraparte. Esa nominación, además, como lo era lo debido y puede verificarse en el expediente, contó con la aprobación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social". "... " Lo anterior suponía que el Ministerio., entidad legalmente encargada de velar por la constitución válida del Tribunal, asumió que existían los requisitos indispensables para concluír en tal sentido, cuales son: que el sindicato tenía, a la sazón, el número de miembros que los legitimaban para hacer la designación de su árbitro; y, además, que esta se produjo con observancia plena de los preceptos legales pertinentes. Y si el Banco, atento como estaba desde entonces a la operancia de la "democracia industrial", observó que el Ministerio, con desmedro de sus inxescusables deberes, prohijó la integración ilegal del Tribunal de Arbitramento, ha debido interponer inmediatamente los recursos viables por la vía gubernativa y aún acudir, eventualmente, a la jurisdicción de la contencioso administrativo si, desoyendo sus reparos, persistía el Ministerio en su actitud contraria a derecho... Y como no lo hizo... No, este no es, se repite, el momento para provocar el cuestionamiento de situaciones que por lógica y por razón jurídica han debido proponerse en oportunidad..."1 b.-  Frente a la omisión de la denuncia parcial de la convención que hizo el  Banco, el magistrado -con base en reciente jurisprudencia emitida por esa sección de la Sala Laboral-, concluyó que  no existiendo  coincidencia entre las condiciones del pliego de peticiones y la denuncia , el Tribunal estaba limitado en su fallo, a los puntos de coincidencia, razón por la cual,  válidamente dejó de estudiar dicha denuncia, comoquiera que: " ... los árbitros cuando se presenta la misma situación únicamente pueden modificar las condiciones de trabajo dentro de los límites establecidos por el pliego de peticiones y consultando para ese fin la ley, la equidad y la justicia; de lo anterior se concluye que no era facultativo del Tribunal decidir sobre  la convención  denunciada por la empresa pues solamente era competente para examinar los puntos determinados en el pliego de peticiones que no hubieren sido acordados. Cualquier  otro asunto que resuelvan los árbitros no contenido en el pliego de peticiones implica una extralimitación de funciones, conforme lo tiene definido la jurisprudencia..." ( Subrayas del texto)2 El apoderado del Banco, interpuso recurso de nulidad, contra esta sentencia de homologación  por desconocer el pronunciamiento  de la Sala Plena - laboral-  en el cual reconoció que los árbitros tienen el deber de examinar no solo el pliego de peticiones de los trabajadores o el sindicato, sino también los puntos denunciados por el empleador, cuando la denuncia se ha hecho en debida forma. De la misma manera, acusa dicha sentencia por desconocer un fallo de  la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia proferido el 12 de junio de 1970, en el cual se declaró inexequible parcialmente el artículo 3o., numeral 2 de la ley 48 de 1968, cuyo fundamento fue la no existencia de  obligaciones irredimibles, hecho esté que determina que los árbitros al proferir su fallo tomen en cuenta el parecer del empleador, plasmado en la  respectiva denuncia del convenio colectivo. 4. Segunda providencia contra la que se interpone tutela: La Sala Laboral -Sección Primera- denegó la solicitud de nulidad con base en los siguientes argumentos: a. - La extensa jurisprudencia sobre los límites que tienen los árbitros para proferir los laudos arbitrales. En esta materia ha prevalecido el criterio, según el cual, sólo en aquellos puntos de coincidencia entre el pliego presentado por los trabajadores  y los denunciados por el empleador serán objeto de estudio y decisión por parte del Tribunal de Arbitramento. Para sustentar este argumento transcribe un buen número de fallos. Así por ejemplo, en uno se lee que: " Existe imposibilidad de variar derechos y facultades de origen convencional, fundados en estipulaciones de contratación colectiva, respecto de los cuales no se propuso revisión en el pliego de peticiones, y que, por lo tanto, no son normas que puedan ser objeto de sustitución o de cambio en el conflicto"3 En posterior sentencia, que se considera como el desarrollo del tema en cuestión,  se estableció: " La denuncia  de la convención colectiva de trabajo, y por extensión la del fallo arbitral, es un derecho que la ley concede a las partes para dar por terminada una  u otro, aun cuando en realidad estas no terminan hasta tanto se firme una nueva convención, o en su caso se expida el fallo arbitral... Hecha la denuncia por los trabajadores, éstos deben presentar el respectivo  pliego de peticiones que inicia el conflicto colectivo y cuya solución se produce por la firma de la convención colectiva de trabajo o por la expedición del respectivo laudo. Cuando la denuncia es hecha por ambas partes trae como consecuencia que la negociación del pliego de peticiones no está sujeta a lo que anteriormente se haya pactado por las partes en la convención colectiva o dispuesto en el fallo arbitral por los tribunales de arbitramento... Respecto de los árbitros, estos gozan de la misma amplitud para solucionar el conflicto de intereses dentro de los límites del pliego de peticiones o de la denuncia hecha por el patrono, en el sentido que no le es permitido conceder más de lo que se pide, pero pudiendo modificar la convención o el laudo en aquellos puntos que fueron denunciados por el patrono, si la denuncia es parcial, o respecto de todos si la denuncia es total, decisiones que siempre han de tomarse dentro de la equidad".4 El Magistrado concluye que estos pronunciamientos jurisprudenciales son claros al establecer que a pesar de que los patronos puedan denunciar las convenciones colectivas de trabajo o el laudo arbitral, según el caso, son los trabajadores los únicos facultados para generar el conflicto colectivo mediante la presentación de un pliego de peticiones, el cual  nunca podrá ser presentado por el patrono. El anterior presupuesto, lleva a exigir la coincidencia entre los puntos del pliego presentando por los trabajadores y la denuncia hecha por el patrono,  para que está pueda ser tenida en cuenta al momento de proferirse el  laudo arbitral. Por eso " es claro que solo en los casos en que exista coincidencia entre los puntos específicos del pliego de peticiones de los trabajadores y a los que se contrae la denuncia del empleador, pueden los árbitros tomar en consideración estos últimos. Lo contrario implicaría el reconocimiento opuesto a los citados desarrollos jurisprudenciales de la Corte..."5 La sentencia proferida por la Sala Plena donde se declaró inexequible parcialmente el numeral 2o del artículo 3o de la ley 48 de 1968, no puede entenderse, en el sentido de facultar a los patronos para provocar conflictos colectivos. Por lo tanto, dicho pronunciamiento no fue desconocido por la Corte al proferir la sentencia de homologación en el conflicto suscitado entre el Banco de la República y su sindicato. c.-  Por otra parte, en el único punto donde hubo coincidencia - el relativo a la vigencia de la convención- no tenía porque ser estudiado por el Tribunal de Arbitramento, por cuanto el término estipulado en la denuncia del Banco sobrepasaba los límites establecidos en la ley laboral artículo 461 C.S.T. 5. La solicitud Mediante acción de tutela interpuesta el 24 de julio de 1992, el apoderado del  Banco de la República presentó la siguiente solicitud: a.-  Se ordene a la Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral Sección Primera- o quien haga sus veces, declare la nulidad del laudo arbitral del 14 de abril de 1992. b.-  Se ordene a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral - Sección Primera-, declarar la nulidad de la sentencia del 21 de mayo de 1992. c. Se ordene a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral Sección Primera-, reconozca y declare el derecho que tiene el Banco de la República, como patrono a denunciar la convención colectiva y que los planteamientos de éste sean de conocimiento del Tribunal  Especial de Arbitramento, sin que sea necesaria la coincidencia con el pliego de peticiones del sindicato. 6. Derechos Fundamentales presuntamente vulnerados: Por las razones que se sintetizarán en las consideraciones de la Corte, el actor estima que se han vulnerado los derechos fundamentales al debido proceso y juez natural, a la prevalencia del derechos sustancial sobre el formal, el derecho de acceso a la justicia, a la redimibilidad de las obligaciones, a la negociación colectiva y el principio de la responsabilidad. 7. Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal-. En decisión del seis (6) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, negó la acción de tutela interpuesta por el apoderado del Banco de la República, por los siguientes motivos: a.    - Con base en la providencia emitida el  9 de Diciembre de 1991 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, se consideró que la Sala Penal de esa Corporación, no podía entrar a conocer por vía de tutela, de  las providencias emitidas por otra Sala de la Corte, por cuanto ellas entre sí, no tienen superior  jerárquico. En efecto,observó la Corte en tal ocasión: " ... el artículo 116 de la C.N...,  señala con absoluta claridad, que las funciones jurisdiccionales que se les atribuye y ejerce separadamente cada una de las salas especializadas y la sala en pleno, tienen igualmente el carácter de máximo, y, por lo tanto, al ser iguales o pares en esta consideración, se concluye en la inexistencia, al interior de la Corte, del principio de la superioridad jerárquica, razón por la cual en la titularidad y ejercicio de sus funciones una sala especializada no es superior jerárquico de otra, ni la Sala Plena tampoco lo es, en su propia y autónoma competencia, superior de aquella. De lo anterior se concluye la imposibilidad constitucional de que una de las salas pueda recibir el poder para conocer posteriormente lo que precedentemente se ha conocido por otras.... Luego no hay superior jerárquico entre salas" 6 b.- A pesar de que lo esbozado anteriormente, sería suficiente  a juicio de la sala para denegar la tutela interpuesta, está  hace una consideración adicional para sustentar la improcedencia de la acción impetrada. Para la Sala las razones que adujó el actor como fundamento de su acción -en especial la violación del derecho de defensa-, fueron las mismas que se estudiaron en la sentencia de homologación del laudo arbitral  y  en la providencia que resolvió la solicitud de  nulidad en contra de está. II.CONSIDERACIONES DE LA CORTE En el  orden en que fueron tratados en la solicitud de tutela, está Corte considerará someramente los derechos fundamentales que el actor considera vulnerados mediante las providencias de la Corte Suprema de Justicia y, se hará referencia igualmente a otros aspectos que fundamentan su decisión. A. Derecho al debido proceso y al juez natural: Según  el actor, este derecho se violó desde el mismo momento en que se permitió la integración de un Tribunal de Arbitramento, sin el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley. Tal como, el número de trabajadores de la empresa que deben formar parte del sindicato  para que sea él -no una asamblea general- quien elija el arbitró que por  ley  corresponde elegir a los trabajadores. Con dicha elección irregular que no puede entenderse convalidada por el transcurso del tiempo, se dotó de jurisdicción a un particular, violándose así el principio del juez natural. De  otra parte, estando obligado el Banco a someter sus conflictos colectivos a un tribunal obligatorio de arbitramento  -por prestar un servicio público- se le negó toda posibilidad de terminación del proceso por dicha vía, comoquiera que no se tuvo en cuenta la denuncia parcial de la convención colectiva. En diversos pronunciamientos esta Corte ha señalado las característica e importancia del debido proceso. Basta tan sólo recordar las siguientes: " ..anteriormente contenido en el artículo 26 de la Constitución de 1886, el derecho al debido proceso está consagrado de manera amplia en el artículo 29 de la nueva constitución. Su relevancia constitucional obedece a que representa la máxima  facultad y posibilidad del individuo para limitar el jus puniendi del Estado. El derecho fundamental del debido proceso es de aplicación inmediata (CP art. 85), vincula a toda las autoridades y constituye una garantía de legalidad procesal para proteger la libertad, la seguridad jurídica, la racionalidad y fundamentación de las resoluciones judiciales. b.   El derecho al debido proceso comprende un  conjunto de principios materiales y formales entre los que se encuentran el principio de legalidad (nemo judex sine lege), el principio del juez natural o juez legal, el principio favorabilidad penal y el principio de presunción de inocencia,  todos los cuales en estricto rigor responden mejor a la estructura jurídica de verdaderos derechos fundamentales. El artículo 29 de la Carta contempla, además, otros de los que se entienden contenidos en el núcleo esencial del derecho al debido proceso, como son el derecho de defensa, el derecho de asistencia de un abogado, el derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas, el derecho a presentar y controvertir pruebas, el derecho a impugnar la sentencia condenatoria y el derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho (non bis in idem)"7 Igualmente enfática ha sido la doctrina internacional en delimitar el universo dentro del cual tiene plena vigencia dicho derecho: " Es menester destacar que el derecho a un proceso justo, consagrado por los artículos 14 (1) del Pacto y 8 (1) de la Convención Americana, no se limita a procesos penales, sino que se extiende a los procesos que tienden a la "determinación de derecho u obligaciones de carácter civil" según el Pacto, o, " de carácter civil, laboral, fiscal, o de cualquiera otro carácter", a tenor de la cláusula correspondiente de la Convención Americana." " ... " La doctrina que equipara el derecho a ser oído con las debidas garantías, con  el derecho a un proceso justo, es válida, a nuestro criterio, tanto para la normatividad regional como para la universal, no obstante que la Convención Americana emplea la expresión  'derecho de ser oído con justicia'  en vez de la formulación  ' derecho de ser oído con las debidas garantías'. No existe en los trabajos preparatorios de la Convención Americana ningún indicio de que el uso de esta formulación hubiera obedecido al deseo de reducir el ámbito de protección de este derecho reconocido por los instrumentos universales. Además, la doctrina del comité de derechos humanos, que considera que el derecho a un proceso justo tiene una dimensión que trasciende el cumplimiento de las garantías específicas enumeradas en el pacto, no esta fundamentada  únicamente en la formulación del artículo 14 (1) sino también en la cláusula inicial del artículo 14 ( 3), que advierte que las garantías allí enumeradas son 'garantías mínimas'. Esta cláusula, que el comité interpreta cómo una nómina de garantías mínimas no taxativa, figura también en el artículo 8 (2) de la Convención Americana, de manera que la lógica de su interpretación se aplica también a este último instrumento."8 Es de destacar que este principio se estableció por primera vez en la ley revolucionaria francesa del 16 de Agosto de 1720, artículo 17, en  los siguientes términos: " El  orden constitucional de las jurisdicciones no podrá ser turbado ni los justiciables ser privados de sus jueces naturales, mediante comisión alguna ni a través de otras atribuciones o avocaciones ' que las determinadas por la ley'. Luego fue recogido en la Constitución francesa de 1791 la cual sustituyó la expresión juez natural  por juez asignado por la ley. En algunas constituciones aparece expresamente consagrado el referido derecho. Así, por ejemplo, en la de España se lee: "Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y la asistencia de un letrado, a ser informados de las acusaciones formuladas contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de la inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón del parentesco o de secretos profesionales, no estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos."[1] Comentando este precepto la doctrina destaca que las constituciones contemporáneas establecen la obligación  de que sea una ley anterior al caso  la que determine la jurisdicción y la competencia del órgano jurisdiccional. " ...La inclusión del principio del juez legal en el artículo 24.2 CE comporta, aparte del común régimen de protección de las normas constitucionales, su conceptualización como derecho fundamental de la persona,  lo que supone una tutela reforzada. El derecho al juez ordinario predeterminado por la ley contiene las exigencias primordiales -predeterminación y legalidad- y despliega su eficacia en tres ámbitos diferenciados: a) constitución de los órganos jurisdiccionales; b) jurisdicción y competencia de los tribunales, y c) determinación del juez más allá de la competencia (reparto y juez-persona)"[2] Por su parte  la Constitución italiana consagró el mismo principio en los siguientes términos: " Nadie podrá ser sustraído al juez natural establecido por la ley. Nadie podrá ser castigado sino en virtud de una ley que haya entrado en vigor antes de haberse cometido el hecho. Nadie podrá ser sometido a medidas de seguridad sino en los casos previstos por la ley"[3] Puesto que la autoridad judicial competente no atendió la solicitud del peticionario enderezada a determinar si el árbitro que les correspondía elegir a los trabajadores lo fue o no en debida forma de acuerdo con  las normas vigentes en la materia, esta Corte no posee los elementos indispensables para determinar en toda su magnitud el alcance exacto de la omisión y la consiguiente vulneración del derecho fundamental al debido proceso. Lo anterior no obsta para que esta Corporación advierta con toda claridad que si dicho árbitro no fue elegido en la forma prevista por la ley se ha vulnerado el derecho al debido proceso. Así habrá de reconocerlo en las conclusiones que precederán su decisión, aunque la Sala deba lamentar que por las razones que más adelante se verán, su reconocimiento sólo tendrá valor de una lánguida constancia histórica dentro del largo y accidentado proceso que se espera habrá de culminar, -quien sabe cuándo- con el triunfo definitivo de un sincero culto a la justicia material, tal como no puede ser menos en nuestro Estado Social de Derecho. B.Prevalencia del derecho sustancial: En opinión del actor este derecho significa que, por encima de él, no pueden estar exigencias formales, publicaciones u otras ritualidades. Por lo tanto, estima que se violó este derecho cuando el Tribunal de Arbitramento decidió no estudiar la denuncia presentada por el Banco, por faltar la entrega del original de la misma al sindicato, olvidando que la organización sindical tenía pleno conocimiento de su contenido y que dicha omisión no se debió a los representantes del Banco. En la Asamblea Nacional Constituyente hubo preocupación por dejar sentadas las bases que permitieran convertir el acceso a la justicia  en un  derecho real y efectivo, por ello en las discusiones sobre los principios rectores de la administración de justicia,  el tema de la prevalencia del derecho sustancial sobre el formal tuvo gran relevancia al considerarse como el instrumento idóneo para alcanzar la justicia material propia de un Estado social de derecho, lográndose así la " constitucionalización del derecho procesal",  entonces se dijo que: " Se ha convertido la forma en un medio no para garantizar el derecho sino para negarlo. El descuido en el saneamiento de las formas conduce con frecuencia al juez a dictar sentencias inhibitorias, en abstracto, o a terminar el proceso con una nulidad. Debe entenderse que forma y contenido son inseparables en el Derecho de Defensa y debido proceso, y que por descuido del juez o de los abogados no puede sacrificarse el derecho sustancial. Habrá un instante en que, si no se alegaron vicios de procedimiento, éstos se entienden saneados para dar paso a la sentencia de fondo. Este principio dará lugar a una nueva concepción del derecho procesal: no más nulidades procesales al momento del fallo, ni sentencias inhibitorias, ni sentencias en abstracto, ni mucho menos sentencias absolutorias cuando el juez  se considera incompetente, como ha sucedido muchas veces de modo lamentable. Hoy el procedimiento se ha convertido en una excusa para eludir el fallo y negar el derecho impetrado"12 Precisamente en desarrollo del principio constitucional del artículo 228 que ordena la prevalencia del derecho sustancial, en un auto admisorio de una demanda esta Corporación reconoció que la proposición normativa demandada era incompleta desde el punto de vista formal, pero que no obstante era posible integrar la referida proposición por cuanto: " La voluntad del demandante es unívoca en el sentido de cuestionar no sólo la expresión " No formal" sino también la misma definición que de esta clase  de  educación hace la ley en el inciso 3o del artículo a la cual pertenece la expresión acusada"13 . Es claro que con tal prevalencia el Constituyente ha querido dar testimonio de su voluntad en el sentido de que, por encima de ritualidades procesales, -que al fin de cuentas no son más que meros instrumentos al servicio de la realización plena del derecho, nunca el derecho mismo- el Juez del Estado Social de Derecho debe optar necesariamente por satisfacer las exigencias concretas de la justicia material. Lo cual no significa, como pudiera pensarse -desdeño infundado por los procedimientos jurídicos- sino, por el contrario, lucha incesante desde el universo concreto del caso cotidiano para que  en él la convivencia social se asiente y consolide en fallos justos que eviten que la justicia perezca estrangulada por los lazos de las ritualidades. Sí como lo afirma el peticionario -el Tribunal de Arbitramento decidió no estudiar la denuncia de la convención colectiva hecha por el Banco porque el funcionario competente no hizo entrega del original de la misma al sindicato y pese a que éste conoció su contenido, esta Corporación observa que el Tribunal desconoció abiertamente los dictados del artículo 228 de la Carta, comoquiera que hizo prevalecer no el derecho sino un requisito formal, con lo cual vulneró también la justicia material. C. Derecho al acceso de la justicia: Para el actor, este derecho se materializa en un caso en concreto cuando el titular tiene una acción para solicitar de la autoridad judicial su cumplimiento coactivo. Por eso tanto el Tribunal de Arbitramento como la Corte Suprema de Justicia, desconocieron el derecho del Banco a denunciar la convención colectiva de trabajo: el primero, aduciendo la falta de un requisito  formal y la segunda, por exigir un requisito adicional que debe contener toda denuncia, cual es el de la coincidencia entre los  puntos  contenidos en el  pliego de peticiones y la denuncia presentada por el patrono. La Corte Constitucional  ya tuvo ocasión de reconocer el  derecho de acceso  a la justicia cuando dijo: " El derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de justicia comprende en su ámbito las sucesivas fases de tramitación de las peticiones de actuación que se formulan al órgano de justicia y la respuesta que éste en cada caso dé a las mismas. Por fuerza de las cosas el mencionado derecho cubre los dos 'tramos' que corresponden respectivamente a los momentos de tramitación y resolución de peticiones."14 En el caso en examen,  esta Corporación,observa ciertamente  que la ausencia de un requisito formal  condujo a que el peticionario no pudiera hacer valer su derecho de denunciar la convención colectiva, con la clara consecuencia de que sus pretensiones fueron ignoradas por el Tribunal de Arbitramento. De otro lado,  es claro que el acceso a la justicia no significa, la simple presencia muda y pasiva de las partes sino la posibilidad concreta de utilizar plenamente todos los instrumentos enderezados a hacer conocer del fallador los intereses y derechos en conflicto sobre los cuales habrá de producir su decisión. D. Derecho a la extinción de las obligaciones: Observa el actor que pese a no estar este derecho consagrado en forma explícita en la actual constitución -como si lo estaba en el artículo 37 de  la del 1886- bien puede considerarse incorporado hoy a través del artículo 94 . Según el peticionario consiste,  en el poder jurídico que permite la extinción de las obligaciones, a través de medios válidos, los cuales no pueden ni deben depender de la voluntad exclusiva del acreedor. Tal derecho fue vulnerado con las decisiones del Tribunal de Arbitramento y  la Corte Suprema de Justicia, en virtud de las cuales el Banco mantiene una obligación irredimible, pues la extinción de las obligaciones adquiridas con sus trabajadores a través de  laudos y convenciones colectivas,  se halla sometida a la exclusiva voluntad de estos. Al respecto, esta Corporación observa que es cierto - como lo destaca el actor- que  antes de la vigencia de la Constitución de 1991 fue declarada inexequible la proposición del numeral 2o del artículo 3o de la ley 48 de 1968 por considerar que privaba a los patronos de un medio jurídico eficaz para conseguir que pudieran ser exonerados de obligaciones adquiridas en convenios colectivos de trabajo cuando ellas les resultaban insostenibles o excesivamente gravosas. Al respecto dijo la Corte Suprema de Justicia: " La protección especial que debe darse al trabajador y a las clases proletarias en particular, según los citados artículos 17 y 32 de la Carta, procura el equilibrio de las fuerzas sociales, sobre la base evidente de que los trabajadores se hallan en situación de manifiesta inferioridad económica. De allí las estrictas normas que con carácter de irrenunciables, establecen las leyes sobre salarios, prestaciones, indemnizaciones y garantías de diverso orden y sobre los derechos de huelga y asociación de los trabajadores. Pero conceder a los proletarios esta protección especial no puede implicar el menoscabo de derechos elementales de los patronos o empresarios, uno de los cuales es el de que no asuman carácter de irredimibles las obligaciones que contraen con sus trabajadores. La protección de una clase social para equilibrar su posición de inferioridad ante la otra, no significa el actuar contra ésta, pues la Constitución no puede interpretarse en el sentido de que estatuye normas contra uno de los estamentos sociales básicos de la organización económica existente en el país."15 Con todo, no puede olvidarse que los Magistrados que salvaron su voto en la referida sentencia, pusieron de presente  el alcance de los principios generales del derecho al trabajo, en forma y términos que hoy resultan más ajustados a las exigencias propias de nuestro  Estado social de derecho a, saber: " ... 3o. Los principios generales del derecho de trabajo, aceptados por nuestra constitución política, que fueron desarrollados por la ley, y luego sistematizados con algunas reformas en el C.S. del T. indican como cuestiones esenciales: a) Que en relación laboral de carácter individual o colectivo, no hay igualdad entre las partes; b) Que en virtud de esa desigualdad, la Constitución y la ley brindan su protección al trabajador, que es la parte débil de la relación, y c) Que esta protección se manifiesta a través de preceptos que otorgan determinados derechos a la clase trabajadora, los cuales son correlativos de las obligaciones que también normas positivas imponen al patrono o al empresario. En la Carta fundamental, aparecen cuatro disposiciones, los artículos 16, 17, 18, y 32 de la actual codificación, correspondientes a los tres primeros al  Acto Legislativo número 1 de 1936 y el último al Acto legislativo número 1 de 1968, cuyo significado es claro. El artículo 16, que la Corte sólo analiza fragmentariamente, contiene dos principios: el primero asigna a las autoridades la función de garantizar " a todas las personas residentes en Colombia, en sus vidas, honra y bienes", y el segundo, "asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares". El artículo 17 establece que " el trabajo es una obligación social y gozará de la especial protección del Estado", El 18 consagra en favor de los trabajadores el derecho a la huelga y el 32 vino a complementar el 17, cuando dijo: " Intervendrá también el Estado, por mandato de la ley, para dar pleno empleo a los recursos humanos, y naturales, dentro de una política de ingresos y salarios, conforme a la cual el desarrollo económico tenga como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad, y de las clases proletarias en particular". De modo que los tres principios  a que se aludió en este numeral aparecen claramente consagrados en la propia Constitución Política, y es por ello que no sea ni exacto, ni de recibo, por el contrario al régimen constitucional que nos rige, el concepto contenido en la  sentencia que dice: ' la ley de leyes consagra el criterio social moderno en cuya virtud hay que dar al trabajador no sólo cuanto la justicia exige, sino todo lo que la justicia permite; pero no cosa alguna que vaya más allá de la justicia"16 Durante la vigencia de la Constitución de 1886 la doctrina justificó la prohibición de las obligaciones irredimibles y perpetuas no sólo por obvios inconvenientes de orden económico y jurídico sino fundamentalmente porque implicaban una restricción en el campo de  la libertad de las personas.17 La jurisprudencia, por su parte,  precisó que el artículo 37 se refiere a obligaciones que correspondan a créditos propiamente dichos, no a las relaciones conyugales y familiares y que con la disposición se pretendía impedir " la sujeción personal que toda deuda entraña alcance el carácter de perpetua".18 Esta restricción de la Corte,  unida  al carácter específico del derecho laboral y la negociación colectiva como instrumentos para hacer  que la igualdad sea real a partir del reconocimiento de la debilidad de una de las partes de la relación -lo cual desborda obviamente los límites de la contractualistica propia del derecho privado construída sobre supuestos de plena autonomía de la voluntad y presencia de igualdad- plantea serias inquietudes para aceptar con todas sus consecuencias la configuración del desconocimiento del derecho en la forma concreta que manifiesta el peticionario. E. Principio fundamental de la responsabilidad: Según el actor, este derecho se traduce en el hecho de que nadie esta obligado a sufrir o responder por actos u omisiones que no se deriven de su personal actuación o voluntad. Este principio se vulneró, cuando se invalidó y como consecuencia no se tuvo en cuenta la denuncia presentada por el banco, porque los representantes del sindicato no acataron la citación hecha por el Inspector Octavo Laboral  y éste no agotó los medios necesarios para entregar el original de ella a sus representantes. El Banco por su parte satisfizo todos los requisitos para que la denuncia fuera válida. Sin embargo, se le sancionó por una conducta que no dependió de su negligente actuar, sino de los representantes del sindicato y el inspector laboral. Es de destacar que en las labores de la Asamblea Nacional Constituyente, el principio de la responsabilidad fue objeto de amplia consideración en sus debates, particularmente -en cuanto respecta a su aplicación a las actividades de a administración pública y en particular a la justicia- tal como se desprende del siguiente texto: " No ha sido posible obtener que se acepte y se generalice el principio de la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio de la justicia: error grave o funcionamiento tardío o inadecuado de la administración de justicia. En Colombia ha prosperado la indemnización por la falla administrativa. Pero ha sido imposible que se dé aplicación al artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿ Qué razón existe, por lo demás, para dar aplicación al artículo 16 cuando se trata de una falla administrativa y no cuando la falla es judicial?. En algunas constituciones se establece la solidaridad del Estado y del juez, en tanto que otras responsabilizan directamente al Estado, pues el fallador es un agente. Este principio es de vital importancia establecerlo"18 F. Derecho a la negociación colectiva: Destaca el peticionario que en numerosos pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia se ha reconocido que de este derecho son también titulares los patronos, desde luego en condiciones diferentes de los trabajadores. En respaldo de su aserto cita una sentencia en que se dijo lo siguiente. " La constitución en su artículo 17 establece que el trabajo goza de la especial protección del Estado... ... De acuerdo con este nuevo texto constitucional, atendiendo que las garantías también cobijan a los patronos, podemos afirmar que el "patrono tiene derecho a la negopciación colectiva para regular las relaciones laborales, por supuesto en condiciones muy distintas a los trabajadores, y siempre dentro de las previsiones legales. Tal es el caso de la denuncia de la convención colectiva por cualquiera de las partes, que consagra el artículo 479 del Códico Sustantivo del  Trabajo"20 . Por su parte, esta Corte observa que en él ámbito del derecho de negociación colectiva consagrado en el artículo 55 de la Carta vigente actúan como sujetos por excelencia los trabajadores y los empleadores, con claros y recíprocos derechos. En consecuencia, ambos deben intervenir en la definitiva concertación de sus intereses. En el  caso presente, el Banco participó en la negociación de la convención colectiva. Pero por las razones que los jueces de instancia desestimaron - su posterior denuncia de la misma no produjo efecto alguno. Esto limitó la efectividad real de su derecho. Igualmente debe destacarse que la más reciente doctrina pone de presente que la negociación colectiva es el terreno propio de la  regulación de las relaciones laborales pero  que por voluntad expresa del constituyente corresponde a la ley determinar los ámbitos específicos de su aplicación21 . G.  Tutela contra sentencias: En las someras consideraciones precedentes sobre los derechos fundamentales que el peticionario estima vulnerados tanto por el laudo del Tribunal de Arbitramento como por las sentencias de la Corte Suprema de Justicia, existen motivos suficientes para creer que un análisis de mayor profundidad podría descubrir que le asiste razón en algunos casos y, en consecuencia, podría ser procedente la tutela impetrada. No obstante, la circunstancia de que tanto la jurisprudencia como la doctrina dominantes consideran que los laudos tienen la misma naturaleza jurisdiccional y material de las sentencias22 ha llevado a esta Sala de Revisión a proceder con debida conciencia de algunos desarrollos  recientes en materia de tutela contra sentencias las cuales serán determinantes del contenido y alcance de la presente decisión. En efecto, como es bien sabido, el artículo 40 del decreto 2591 de 1991 regulaba, todo lo concerniente a la acción de tutela contra las providencias judiciales que pusieran fin a un proceso. Al hacerlo, simplemente desarrollaba el principio constitucional, contenido en el artículo 86 de la Carta, según el cual, la tutela se podía ejercer contra la acción u omisión de cualquier autoridad pública. La existencia de la norma permitió que esta Corte revisara diversas acciones de tutela en las que eran evidentes vulneraciones de derechos fundamentales producidas por providencias judiciales y, en consecuencia, en ejercicio de su misión de guardiana de la Carta y, de su supremacía e integridad, procedió a dar diversas ordenes encaminadas a su inmediata protección. Fue así como concluyó que la Corte Suprema de Justicia debía estudiar de fondo la eventual violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, la honra, la libertad y el debido proceso a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que la misma Corte se negó a casar.23 Se ocupó también la posible vulneración del derecho a la honra y el buen nombre de un historiador, a la cual pudo haber contribuído un auto de cesación de procedimiento dictado por el Juzgado Veintidós (22) Penal Municipal de Cali.24 Frente a un auto de un juez de familia que prohibía a un ciudadano salir del país para volver al lugar donde ha residido y  trabajado los últimos 25 años, con el argumento de que tenía que garantizar con su permanencia en el territorio nacional una obligación alimentaria pendiente, la Corte Constitucional ordenó que se celebrará una audiencia con la participación de las partes involucradas con el fin de garantizar el respeto a los derechos  fundamentales de circulación y trabajo. En aquella ocasión consideró que el auto modificado no consultaba la equidad y los derechos de ambas partes y que la medida tomada (restricción del derecho a la circulación y al trabajo en el exterior) era innecesaria, extrema y violatoria de la Constitución.25 Igualmente, concedió la tutela a tres ciudadanos "inimputables" que cumplían medidas de seguridad en diversos anexos siquiatricos del país. Ellos llevaban varios lustros solicitando la revocatoria de las medidas de seguridad, pues las causas que habían ameritado su imposición ya no existían. Los jueces habían negado la solicitud, con argumentos relacionados con la competencia y con el hecho de que no existieran familiares que los pudieran atender si salían libres. El carácter perpetuo, degradante e inhumano que adquiría la medida de seguridad en virtud de esas negativas y la violación de los principios de igualdad y  dignidad humana, llevaron a la Corte a revocar algunas providencias y a reconocer, en su lugar, el derecho -a cargo del Estado-,  a la atención integral para la debida protección de esos ciudadanos, que se encontraban en evidente situación de debilidad manifiesta. De nuevo, la tutela fue, el medio idóneo para solicitar la protección de los derechos cercenados y para restablecer el respeto a la dignidad humana, vulnerado por decisiones inconstitucionales de los jueces.26 La Corte revocó una sentencia del extinto Tribunal Disciplinario en la que se había violado a un abogado, el derecho consagrado en el artículo 31 de la Constitución Nacional, según el cual,  "el superior no podrá agravar la pena impuesta cuando el condenado sea apelante único". En esta ocasión el petente había sido sancionado en primera instancia a 6 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión. El Tribunal Disciplinario la amplió a 2 años, no obstante la expresa prohibición constitucional. La acción de tutela fue el único mecanismo disponible y efectivo para subsanar la vulneración constitucional contenida en la sentencia revocada.27 En el caso de un ciudadano a quien la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le triplicó la condena impuesta en las instancias, al incluir en la sentencia de casación circunstancias de agravación no contempladas en la resolución de acusación, era una clara violación de se violó la prohibición constitucional de agravar la pena del apelante único (reformatio in pejus), del debido proceso y del derecho de defensa. Por eso la Corte Constitucional revocó dicho fallo e hizo valer la condena de primera instancia. Si no hubiera existido entonces la tutela contra providencias judiciales, esa sentencia inconstitucional habría producido todos sus efectos, entre otros, una privación de la libertad de más de cuatro años28 . Como instrumento de protección inmediata de derechos fundamentales la tutela logró que se respetara el debido proceso, la posesión y los frutos del trabajo de una mujer concubina a quien jueces y tribunales negaban esos derechos por considerar que su trabajo doméstico " femenino" no constituía aporte a una eventual sociedad de hecho con su compañero permanente fallecido, con quien había convivido por espacio de más de veinte años. La Corte Constitucional, enfrentada a este grave desconocimiento de los principios constitucionales sobre la igualdad de la mujer, hizo valer el derecho de posesión sobre el inmueble en el que había cohabitado con su compañero, y el respeto a los frutos de su trabajo, desconocidos por las diversas instancias judiciales del caso.29 Un inequitativo régimen de visitas establecido en una sentencia de un Juzgado de Familia de Popayán, que vulneraba los derechos de la madre, el derecho de los niños a tener una familia y  no ser separados de ella, y el mantenimiento de la unidad familiar durante la separación de los padres -por cuanto sólo permitía a la madre visitar esporádicamente a los hijos en el domicilio del padre-, fue también objeto de examen por la vía de la tutela. La Corte Constitucional ordenó que el nuevo régimen de visitas tendría que respetar los derechos fundamentales de todos los miembros de la familia, con miras a favorecer su estabilidad emocional y tranquilidad así como  el desarrollo integral  y armónico de los niños en particular.30 Por último, logró subsanar una violación a la Constitución a raíz de una sentencia de un juez de familia  que  se negó a privar de la patria potestad a un señor que había abandonado a su hija menor durante más de cuatro años. El juez no aplicó la presunción legal de abandono que contempla la ley cuando quiera que el menor vive con personas distintas a las que por ley deben hacerlo y,  mantuvo la patria potestad en cabeza del padre irresponsable. La violación de los derechos constitucionales de la menor y la evidente vulneración del debido proceso pues la s pruebas aportadas para demostrar el abandono no fueron ni siquiera valoradas, hizo que la Corte Constitucional revocara la sentencia y, en su lugar, ordenara lo pertinente para garantizar los derechos constitucionales fundamentales.31 Es importante señalar que el primero (1) de Octubre de 1992, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró  la inexequibilidad del artículo 40. Con base en el respeto al principio " meta-jurídico" de la cosa juzgada  y de la autonomía funcional del juez,   declaró que era contraria a la Carta la posibilidad de que se pudiera interponer la acción de tutela contra providencias judiciales32 . Por eso, en salvamento de voto conjunto, tres magistrados consideraron que la protección de los derechos fundamentales no podía estar sujeta a principios de orden institucional, tales como la cosa juzgada y la autonomía de los jueces, pues la prevalencia de tales derechos debía primar por sobre cualquier otra consideración. Lamentaron, igualmente, que el derecho fundamental a la protección inmediata de los derechos fundamentales y a la supremacía de la Constitución, pudieran verse limitados por una sesgada interpretación constitucional, que únicamente favorecía la justicia-aparato y no la justicia material.33 H.- Cosa Juzgada: Puesto que por mandato expreso de la Carta, la sentencia del 1o de Octubre de 1992, ha hecho tránsito a cosa juzgada material, es claro que de ocurrir hoy los casos arriba reseñados la violación de derechos fundamentales no estaría sometida al control de esta Corte, pese a lo dispuesto por los artículo 4o y 86 de la Constitución vigente. En virtud de todo lo anterior, el laudo arbitral y las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que el peticionario acusa en su libelo como violatorias de sus derechos fundamentales no pueden hoy ser consideradas por esta Sala de Revisión y así se reconocerá en la parte resolutiva del presente fallo. Es por eso que en el futuro podrán seguir proliferando fallos que desconozcan los derechos de la justicia material, como el que a continuación se describe,  proferido precisamente  con respecto a un laudo en materia laboral. El actor cuestionaba   la validez del laudo arguyendo que uno de los árbitros era juez y parte: " En esta violación cayó el ad quem, al apreciar como válida la institución arbitral de la Convención Colectiva y darle validez al "Fallo arbitral" dictado en últimas por la propia Empresa demandada. Además el tribunal  al examinar la prueba de la Convención Colectiva y la institución arbitral allí establecida, cayó en el error de apreciar como válida la actuación del árbitro, no obstante ser este un empleado público con precisas funciones dentro del ordenamiento legal interno de la Empresa demandada el cual por lo mismo está impedido  para actuar como árbitro, ya que no existe en la ley  norma expresa que autorice ese ejercicio al Secretario General  o Director Administrativo de la Empresa demandada y si tenemos en cuenta que de acuerdo con el artículo 667 del C.P.C. (Aceptación del cargo y  reemplazo del árbitro) el 668 idem (causales de impedimento y recusación de los árbitros son  las mismas de los jueces), el 671, numeral 3, segunda parte idem (el Tribunal arbitral tiene las facultades que respecto a pruebas se otorgan al juez) y 675  idem (fija los deberes poderes, facultades y responsabilidades  a los árbitros estatuyendo que son los mismos que se fijan par los jueces), es evidente que el ejercicio  de la calidad de árbitro es ejercicio de funciones públicas, correspondientes, por tanto,  a un cargo público, aunque ese ejercicio sea ocasional, transitorio, para un solo caso" 34 A lo cual respondió la Corte en los siguientes términos que ilustran las consecuencias a que puede conducir el culto ciego a la cosa juzgada. " La cosa juzgada es la calidad de inmutable y definitiva que la ley le otorga a ciertas sentencias ejecutoriadas. Cuando una sentencia, y la proferida por árbitros los es, tiene el valor de cosa juzgada no es posible revisar su decisión ni pronunciarse sobre su contenido en proceso posterior. Si el objeto esencial y único de la cosa juzgada es que la declaración de certeza que la sentencia contiene sea definitiva e inmutable; por tal razón el Art. 9o literal n) de la Convención Colectiva de folio 93 y s.s que da al fallo de arbitraje establecido para dirimir lo relativo al despido solicitado por la empresa y sobre el que no hubo acuerdo en el Comité disciplinario (que fue lo aquí ocurrido), el carácter y los efectos jurídicos establecidos por el artículo 140 del C.P.L., solamente puede ser revisado judicialmente a través de juicio laboral promovido por el Sindicato de la Emsirva o, en su caso específico y concreto, por el trabajador que considere lesionado  por la sentencia arbitral proferida con base en ella pero únicamente a través del recurso de homologación interpuesto, oportunamente, ante la autoridad pertinente, es decir, ante el Tribunal Superior respectivo conforme lo prevé el artículo 141 del C.P.L. En este caso, aunque se presente como manifiestamente ilegal la cláusula convencional que acordó que el árbitro " será el Secretario General o Director Administrativo de Emsirva" con lo que, como lo observa el recurrente, se conjugan en el ente empleador el doble  e indebido carácter de juez y parte, no puede reconocerse su ineficacia por las ya anotadas efectos de la cosa juzgada con que dicho laudo fue rubricado al no haber sido oportunamente impugnado con la  interposición del recurso de homologación"( Subrayas fuera de texto) III. CONCLUSION. En el expediente del presente caso obran elementos indicativos de la vulneración o amenaza de algunos derechos fundamentales del peticionario. Sin embargo, en acatamiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Carta vigente, que reconoce valor de cosa juzgada a los fallos de esta Corte, la Sala de Revisión negará la tutela  impetrada contra las providencias de la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral -Sección Primera- del veintiuno (21) de mayo y veinticinco (25) de junio de 1991, como consecuencia directa y  clara de lo dispuesto por la Sala Plena en su fallo del 1o de Octubre de 1992, que declaró inconstitucional la tutela contra sentencias. VI. DECISION. Primero- Por las razones expuestas en la parte motiva y en la conclusión de esta fallo, CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 1992, proferida por la Corte Suprema de Justicia - Sala Penal- que denegó la tutela interpuesta por el Banco de la República contra las providencias de  la  Sala Laboral -Sección Primera- de esa Corporación, de fechas veintiuno (21) de mayo y veinticinco (25) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992). Segundo-ORDENAR que por Secretaría se comunique esta providencia a la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal-, en la forma y para los efectos previstos en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Notifíquese, cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. CIRO ANGARITA BARON Magistrado Ponente EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado -Con aclaración de voto- JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado -Con salvamento de voto- MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Sentencia aprobada por acta número de la Sala de Revisión No. 1, a los nueve (9) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992) . EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado MATHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Sentencia aprobada por acta número   de la Sala de Revisión No 1, a los nueve (9) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992) Aclaración de voto a la Sentencia No. T-597 REF.: EXPEDIENTE T-4737 ACTOR: BANCO DE LA REPUBLICA MAGISTRADO PONENTE: CIRO ANGARITA BARON Con el debido respeto, el suscrito Magistrado limita su consideración y referencias al tema debatido sobre la procedencia de la tutela contra sentencias judiciales, a lo expuesto en el salvamento de voto a la sentencia C-543 de octubre 1o. de 1992. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Salvamento de voto a la Sentencia No. T-597 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL (Salvamento de voto) Lo resuelto por la Corte no puede ser objeto de posteriores discusiones ni controversias en el campo de aplicación del Derecho. Se podrá disentir académicamente de su contenido pero se estará en la obligación constitucional de observar y respetar la sentencia proferida, en particular al ejercer la función de administrar justicia en lo referente a puntos que ya han sido resueltos con autoridad de cosa juzgada  por los fallos de la Corporación y mucho más cuando el organismo judicial llamado a administrar esa justicia es precisamente una de las Salas de la propia Corte. En efecto, sí la mencionada norma Superior es de perentoria observancia para las autoridades y agentes estatales en las distintas ramas y organismos del Poder Público, con mayor razón vincula -no solamente con fuerza de verdad jurídica sino como deber moral- a los mismos magistrados que profirieron la sentencia cobijada por ella, así se hayan apartado de la decisión. Ref.: T-4737 Magistrado Ponente: Doctor CIRO ANGARITA BARON Santafé de Bogotá, D.C., nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). En una situación insólita, dentro de una Sala compuesta por tres magistrados, dos de ellos han discrepado del Ponente en relación con los términos utilizados en la parte motiva del fallo y, no obstante, éste, se profiere con la inclusión de esos mismos términos por una inexplicable insistencia del Presidente de la Sala, convirtiendo una sentencia en salvamento de voto de otra. El suscrito magistrado estima que la sentencia en realidad aprobada -pues era la que contaba con la mayoría- era la que definía el caso confirmando la providencia que se revisaba pero despojando la motivación de toda referencia descomedida e irrespetuosa hacia el fallo proferido por la Sala Plena de la Corporación el 1° de octubre de 1992 (sentencia N° C-543). Como, pese a lo dicho, el señor Presidente de la Sala, en vez de salvar su voto, ha logrado imponer un texto que no compartían los dos restantes magistrados, me veo en la obligación de consignar las razones de mi discrepancia, las cuales constituyen a la vez la expresión de una enérgica protesta por el antecedente que implica esta curiosa circunstancia y por las características del aludido texto. 1. dice la Constitución en su artículo 243 que " los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional". A su vez el artículo 21 del Decreto 2067 de 1991, corroborando dicha regla, señala que "las sentencias que profiera  la Corte Constitucional tendrán el valor de cosa juzgada constitucional y son de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades y los particulares" (subrayo). Significa lo anterior que lo resuelto por la Corte no puede ser objeto de posteriores discusiones ni controversias en el campo de aplicación del Derecho. Se podrá disentir académicamente de su contenido pero se estará en la obligación constitucional de observar y respetar la sentencia proferida, en particular al ejercer la función de administrar justicia en lo referente a puntos que ya han sido resueltos con autoridad de cosa juzgada  por los fallos de la Corporación y mucho más cuando el organismo judicial llamado a administrar esa justicia es precisamente una de las Salas de la propia Corte. En efecto, sí la mencionada norma Superior es de perentoria observancia para las autoridades y agentes estatales en las distintas ramas y organismos del Poder Público, con mayor razón vincula -no solamente con fuerza de verdad jurídica sino como deber moral- a los mismos magistrados que profirieron la sentencia cobijada por ella, así se hayan apartado de la decisión. Desde luego, no es extraño que quien ha manifestado con vigor digno de mejor causa su repugnancia por el principio de la cosa juzgada en  general (ver Salvamento de voto relativo a la sentencia número C-543 del 1o. de octubre de 1992) conserve la misma reticencia a reconocer y aplicar dicho postulado en el específico ámbito constitucional. Ello no puede representar, sin embargo, un motivo que justifique y ni siquiera explique -menos aún dada la alta investidura que en este caso| se obstenta- el flagrante desconocimiento del mandato constitucional vigente, que además de los expresado, obliga a toda autoridad, prohibiéndole "reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible: por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución". Ese mandato es imperativo también respecto de decisiones judiciales, sin distinción entre ellas, inclusive en cuanto concierne a su motivación, la cual representa el razonamiento que lleva al juez a convencerse de lo que dispondrá al resolver. Por lo cual es inadmisible que se desatienda lo resuelto por la Corte Constitucional, inclusive si ello se hace en  sentencias proferidas en sede de revisión, como la que propicia este salvamento. En el caso que nos ocupa, al lado de una "obediente" parte resolutiva, se consignan intransigentes expresiones de disentimiento con lo decidido en la sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional y melancólicas razones que - lógicamente atendidas, según sería de esperar en  una sana providencia- deberían conducir a definición contraria a la que se adopta. 2. En el caso que ha sido objeto de la decisión de esta Sala se suscita la posibilidad de admitir la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial definitiva, que es precisamente lo que la Sala Plena de la Corporación ha rechazado enfáticamente mediante el aludido fallo de 1o. de octubre de 1992, por cuya virtud fueron declarados inexequibles los artículos 11,1  2 y 40 del Decreto 2591 de 1991. Era natural que la Sala de Revisión, cuya categoría jerárquica es obviamente inferior a la de la Sala Plena, acatara sin mayores consideraciones la decisión adoptada por ésta, pero, amparado en la falsa idea de que la sentencia del 1o. de octubre no fue de la Corte Constitucional sino de cuatro magistrados, olvidando el principio democrático de las mayorías, las normas del Decreto 2067 de 1991 y las disposiciones reglamentarias de la Corporación, el H. Magistrado Ponente ha resuelto aferrarse con terquedad a los  argumentos que fueron desechados por la Corte, llevándolos a la parte motiva de una decisión que, contradictoriamente, en su parte resolutiva se aparta en un todo de las consideraciones que invoca. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado 1 (fls 38,39) 2 Corte Suprema de Justicia.Sentencia de Homologación .  Octubre 17 de 1991. Expediente 4850. 3  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Julio 2 de 1982. Citada en la providencia que denegó la nulidad, solicitada por apoderado del Banco de la República. 4 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Septiembre 2 de 1982. Citada a folio 51 del expediente de tutela. 6 fl 64. 7 Cfr. Corte Constitucional, Sala de Revisión No 2, pág. 8 8 O' DONNELL, Daniel. " Protección Internacional de los Derechos Humanos"  Comisión Andina de Juristas, pág 165. [1]. Constitución  de España, Artículo 24 No 2o. [2]. Cfr DIEZ-PICASSO GIMENEZ , Iganacio, " El derecho fundamental al juez ordinario predeterminhado por la ley, en : Revista Española de Derecho Constitucional año  XI  No 31, Enero- Abril 1991, pág 120. [3]. Constitución de Italia, Artículo 25. 12 Gaceta Constitucional No. 54. Pon: Jaime Fajardo Landaeta, pág. 19-20 13 Cfr. Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión " no formal" del artículo 3o del Decreto Ley 088 de Enero 22 de 1978, auto admisorio, julio siete (7) de 1992, Exp D- 078. 14 Corte Constitucional. Sentencia T 06 del 12 de Mayo de 1992, Mag Pon: Eduardo Cifuentes Muñoz, págs 84, 85. 15  Corte Suprema de Justicia -Sala Plena-. Junio 12 de 1970, Mag Pon: Dr. Luis Sarmiento  Buitrago. Gaceta Judicial Tomo CXXXVII Bis, pág 178 . 16 Ibidem, salvamento de los Magistrados José Gabriel de la Vega, Jorge Gaviria Salazar, Humberto Barrera Domínguez, César Gómez Estrada, Luis Carlos Pérez, Eustorgio Sarria, José Maria Velasco Guerrero, Esteban Bendeck Olivella, Conjuez  a la  sentencia de junio 12 de 1970, pág 180. 17  SACHICA, Luis Carlos, Constitucionalismo Colobiano, Cuarta Edición revisada, Editorial Temis, 1974, pág 353 18  Cfr,  Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia Noviembre 27 de 1973. 18  Cfr,  Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, Sentencia Noviembre 27 de 1973. 20 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral, Sentencia del 23 de marzo de 1973, Mag. Pon.; Dr. Eustorgio Sarria 21 Cfr. Arenas Monsalve, Gerardo. El trabajo y la Seguridad Social de 1991, en: Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, Vol. 6, Tomo 10, Mayo de 1992 22 Cfr, por ejemplo,  Corte Suprema  de Justicia Sala de Casación Laboral - Sección Primera-, julio 30 de 1989.Gaceta Judicial No 2437,  pág 654. 23 Cfr, Corte Constitucional, Sala de Revisión No 2, Sentencia T-06. Mag Pon: Eduardo Cifuentes Muñoz. 24 Cfr, Corte Constitucional, Sala de Revisión No 2, Sentencia T-06. Mag Pon: Eduardo Cifuentes Muñoz. 25 Cfr, Corte Constitucional, Sala de Revisión No 2, Sentencia T-06. Mag Pon: Eduardo Cifuentes Muñoz. 26  Cfr Corte Constitucional, Sala de Revisión No 7. Sentencia T-401. Mag Pon: Eduardo Cifuentes Muñoz. 27 Cfr. Corte Constitucional, Sala de Revisión No 1. Sentencia 413 28 Cfr. Corte Constitucional, Sala de Revisión No. 2, Sentencia T-474 29 Cfr, Corte Constitucional, Sala de Revisión No 1. Sentencia T- 524. 30  Cfr. Corte Constitucional, Sala de Revisión No 1. Sentencia T-523 31  Cfr. Corte Constitucional, Sala de Revisión No 2. Sentencia T- 32 Cfr. Corte Constitucional -Sala Plena- Sentencia T-543 33 Cfr. Ibidem No 22, Salvamento de voto de los Magistrados Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero. 34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral -Sección Primera- Sentencia de junio 30 de 1989

T-598-92 Sentencia No Sentencia No. T-598/92 AUTONOMIA UNIVERSITARIA-Bienestar Social Entre los desarrollos constitucionales de la educación, se encuentra la  garantía a "la autonomía universitaria", que según el orden superior, comprende, de una  parte la posibilidad de disponer la designación de sus propias directivas, norma que se encuentra complementada con el inciso 2o. del artículo 68 ibídem, donde se preceptúa que la "comunidad educativa participará en  la dirección";  y de otra parte, la  posibilidad de "regirse por sus propios estatutos";  todo, sin perjuicio de acordar sus actuaciones a la ley, como resultado no sólo de la expresión del texto citado, sino también de la lógica que impone a la institución universitaria el Estado Social de Derecho, que implica, en lo concerniente, la sumisión tanto de las autoridades públicas como de la sociedad a los mandatos legales. Se perfila también la autonomía universitaria como la facultad de estas instituciones para disponer de autonomía en su manejo financiero y en el destino de sus bienes en general; con los solos límites, como se ha indicado antes, que le imponga la ley. La autonomía  universitaria  le permite al centro docente tomar las medidas de bienestar que considere conducentes, de acuerdo con su política institucional y sus recursos económicos.  Se plantea por los representantes de la Universidad insuficiencia en estos últimos para el suministro de la asistencia de residencias y servicios de cafetería.  La propia naturaleza de estos derechos asistenciales,  ha sostenido la Sala, de manera general, hace que no sean amparables mediante la acción de tutela,  El mismo sistema de la Constitución Política, los sitúa en la categoría de los derechos sociales, económicos y culturales . DERECHOS HUMANOS-Concurrencia/DERECHOS INALIENABLES Salvo algunas expresiones de primacía de un derecho sobre otro, por ejemplo, la establecida en el artículo 5o. de la Carta que beneficia los derechos inalienables de la persona,  en el derecho positivo, no existe suficiente previsión para dilucidar la supresión de un derecho amparado, en beneficio de otro, principalmente cuando son de igual o similar naturaleza, en los casos de concurrencia competitiva o complementaria de los distintos derechos, de modo que se presenta un amplio campo en esta temática para la interpretación jurisprudencial, con la limitante para el asunto, de que ésta encuentra su alcance reducido al caso concreto de que se ocupa. Se plantea una concurrencia complementaria de los derechos a la vivienda (residencias universitarias) y a la alimentación (cafetería) con el derecho a la educación, derechos todos que por su naturaleza pertenecen a la categoría de los asistenciales, denominados por la doctrina de la segunda generación. Son derechos que dependen más de la acción del Estado y de sus posibilidades en general que de la existencia misma del hombre; por lo tanto, no tienen el carácter de inalienables. REF.: Expediente No. T-4288 Autonomía Universitaria Derechos Complementarios Actores: GUILLERMO SALAZAR SAA (Personero del Municipio de Palmira) y  SALVADOR ALI GOMEZ NEIRA (Representante de los estudiantes). Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C.,  diciembre nueve (9) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, se pronuncia sobre la acción de la referencia, en el grado jurisdiccional de revisión, teniendo en cuenta los siguientes A N T E C E D E N T E S : El doctor GUILLERMO SALAZAR SAA, Personero Municipal de Palmira (Valle), compareció al Despacho del Juzgado Primero Civil Municipal de esa localidad, por encontrarse de reparto, con el fin de interponer acción de tutela en representación de los Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Agropecuarias Seccional Palmira, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Nacional, "por la violación del derecho fundamental a la EDUCACION.  Ya que las directivas de este centro educativo está en trámite de efectuar el cierre definitivo de la  cafetería y residencias, que funcionan en este centro, lesionando con ello, estudiantes (sic) provenientes de otros departamentos y municipios del Valle del Cauca". Afirma "que como personero del municipio es la primera acción que interpongo relacionada con el caso del cierre de la cafetería y residencias de la Facultad de Agronomía". Lo anterior fue ratificado en la misma diligencia por el estudiante, señor SALVADOR ALI GOMEZ NEIRA, quien  en el uso de la palabra expresó:  "En nombre o representación de los Estudiantes usuarios de la Cafetería y Residencia de la Universidad Nacional de la ciudad, manifiesto que conocimos de la existencia de algunos planos para la remodelación de la cafetería y residencias, para colocar ahí otras dependencias y ante tal situación dialogamos con la señora Decana Marina Sánchez de Praguer, quien manifestó públicamente que sí existían los planos y se cerrarían la cafetería y residencias por falta de presupuesto y por ello consideramos que se nos vulnera el derecho de la EDUCACION  en igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos, el derecho de bienestar general, mejoramiento de la calidad de vida de la población, derecho a que el Estado proteja especialmente  aquellas personas que por condiciones económicas nos encontramos en circunstancias de debilidad manifiesta y derecho a la vivienda digna, considerando por ello que han sido violados los artículos 13, 27, 67, 68, 69, 70, 82 y 366 de la Constitución Nacional.  Así  mismo manifiesto que es la primera acción de tutela que se interpone en este sentido, lo cual lo hago o manifiesto bajo la gravedad del juramento". La demanda correspondió al Juzgado Quinto Civil Municipal, ante el cual compareció el señor SALVADOR ALI GOMEZ,  para ampliar la solicitud de tutela en el sentido de "Dirigir la acción de tutela en contra de la Ingeniera Marina Sánchez de Praguer Decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Colombia (sic) seccional Palmira, ya que la decisión del cierre de residencias y cafetería, y su posterior remodelación para otras dependencias es generada en Palmira como consta el acta No. 05 del mes de febrero 18 de mil novecientos noventa y dos (1992) del  Comité Administrativo.  Esta decisión fue respaldada por la Resolución No. 173 de mayo 29 del presente año emanada de la Vicerrectoría del Bienestar Universitario-Universidad Nacional de Colombia, firmada por la doctora Ligia Echeverry de Ferrufino".  También pone en conocimiento del Despacho la demolición de las escaleras de acceso a las residencias durante el período de vacaciones.  "Los responsables de esta decisión son los representantes del Comité administrativo de la Seccional y del Consejo Directivo como consta en el oficio 683 de mayo 21 de mil novecientos noventa y dos,  emanado de la dependencia de la Secretaría de la Facultad". LA PRIMERA INSTANCIA El Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira, mediante sentencia de junio  dieciseís (16) de mil novecientos noventa y dos (1992), en el proceso de la referencia, resuelve "DENEGAR por improcedente las pretensiones formuladas por el accionante GUILLERMO SALAZAR SAA,  Personero Municipal, y SALVADOR ALI GOMEZ NEIRA",   previas las siguientes consideraciones: -  Que el Decreto 306/92 preceptúa que la acción de tutela sólo protege los derechos fundamentales, "y por lo tanto, no puede ser utilizada para hacer respetar derechos que sólo tienen rango legal, ni para hacer cumplir las leyes, los decretos, los reglamentos o cualquier otra norma de rango inferior". -  Que la acción de tutela es una innovación constitucional, consagrada por la Constitución de 1991 para garantizar la protección de los derechos fundamentales, mediante un procedimiento preferente y sumario. -  Que el derecho fundamental a la educación,  "como tal, no se encuentra incluído  en el Capítulo I del título II de la Constitución Nacional".  Que el otro derecho violado según los peticionarios es el contenido en el artículo 13 de la Carta. _  Que "la igualdad ante la ley que consagra este precepto constitucional, se predica exclusivamente de aquellos derechos que por ley son comunes a los asociados por su carácter público". -  Que "En el caso en estudio no existe una desigualdad ante la ley, pues como se dijo antes, el derecho a las residencias y cafetería de que han venido haciendo uso los estudiantes obedece a determinaciones o reglamentos de orden interno de la Universidad, en ningún momento bajo un ordenamiento legal.  Se alega que por ello se encuentran en estado de inferioridad o desigualdad y que por esta causa son discriminados ante el cierre de las residencias y cafetería.  Tal situación aún cuando data de mucho tiempo atrás, se ha mantenido por situaciones inherentes a la organización interna de la Universidad, beneficiando a un sector de los estudiantes provenientes en su mayoría de regiones pobres y apartadas de esta ciudad, pero nunca, en atención a un mandato legal que instituya que todos los ciudadanos universitarios deben contar con éstas garantías." -  Que "Es importante resaltar la situación incierta y preocupante que acompaña a los residentes ante la eventual crisis que conlleva el cierre en referencia, pues ello señalará su vida de estudiantes  viéndose avocados en su gran mayoría a retirarse de sus estudios a falta de recursos económicos para su sostenimiento.  Esta juzgadora no desconoce en ningún momento, que las residencias y cafetería prestan un invaluable servicio a la comunidad universitaria, pero ha de entender este sector estudiantil que pese a ello, no es de recibo por vía de tutela, proteger sus derechos a conservar las residencias y cafetería, pues la norma aplicable así lo indica". -  Que el material probatorio "plantea de un lado, que el problema es de carácter económico y que además se hace necesario el traslado de algunas dependencias hacia el bloque donde funcionan las instalaciones en contienda, además que en subsidio se ha establecido el plan de 'préstamo-beca' para los estudiantes".  Y del otro lado,  "la comunidad estudiantil, manifiesta que propusieron varias soluciones alternativas para subsidiar los costos de cafetería como el cultivar ellos mismos sus alimentos, pero que estas no fueron atendidas.  Así mismo expresan que la  situación se ha dado por malos manejos administrativos y no por déficit económico.  También que los préstamos-becas no alcanzarían a cubrir sus gastos y que resultan muy costosos de pagar". -  Que si se estudia el artículo 27 de la Carta, se encuentra que su  espíritu, permite concluir que, "aquí no se produce un constreñimiento del que pueda afirmarse coarta o limita las libertades de enseñanza, aprendizaje investigación y cátedra o que impida un efecto  para ejercer alguna de ellas". -  Que los jueces en sus decisiones están sometidos al imperio de la ley (art.  230 C.N.). LA IMPUGNACION El Personero municipal, impugna la anterior decisión por las  siguientes razones que se sintetizan: -  La acción de tutela también procede para proteger derechos fundamentales no previstos en el Título II capítulo 1o. de la Constitución Política. -  Que la "debilidad económica"  en que se encuentran los estudiantes usuarios de residencias y cafetería no fue tenida en cuenta en la interpretación del artículo 13 de la C.N.  "En la actualidad nos encontramos en debilidad manifiesta con condición económica,  ya que si estos servicios son eliminados nos veremos avocados a cancelar nuestros estudios", y que por lo tanto, así se les discrimina y margina de la igualdad de oportunidades. -   Que los artículos 7o., 19 y 22 en sus numerales b) y c) del Decreto  No. 80 de 1980, por el cual se organiza el sistema de educación post secundaria, garantiza la igualdad de oportunidades para los estudiantes. -        Que las residencias de la Seccional Palmira no presentan problemas de orden público. -        Que los préstamos-beca cobijan a un número de estudiantes inferior al de usuarios de residencia y cafetería. -        Que el edificio de las residencias fue donado por la Fundación Rockefeller (1955). LA SEGUNDA INSTANCIA El Juzgado Cuarto (4o.) Civil del Circuito de Palmira en sentencia No. 062 del veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992), decidió la segundo a instancia, en el sentido de "CONFIRMAR"  la sentencia No. 072 del 16 de junio pasado proferida por el Juzgado 5o. Civil Municipal de la ciudad con respecto a la acción de tutela propuesta por el Personero Municipal y el señor Salvador Alí Gómez Neira", con base en lo siguiente: -        Que por derechos constitucionales fundamentales "han de entenderse todos aquellos que están tanto dentro de la Constitución Nacional, especialmente los del Título II, como en los tratados y Convenios Internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que  prohiben su limitación en los estados de excepción y que  prevalecen en el orden interno",  para agregar enseguida que también son fundamentales otros derechos "que están consagrados como derechos económicos, sociales y culturales que también pueden ser reclamados o protegidos mediante la acción de tutela". -        Que del Decreto No. 80 de 1980, del Decreto No. 82 del mismo año y del  artículo 69 de la C.N. se desprende "que la Universidad Nacional, como un ente universitario con personería reconocida legalmente, goza, al igual que las demás universidades privadas como públicas, de una completa independencia o libertad para efectos de llevar a cabo la estructura y funcionamiento de sus dependencias tanto académicas, administrativas y de bienestar docente y estudiantil".  "De ello resulta que cualquier decisión que se tome a nivel universitario, es  ni más ni menos que una  reglamentación de carácter interno, pues dada su autonomía y regirse por sus propios estatutos puede tomar las medidas que considere convenientes para un normal y efectivo funcionamiento." -        Que la "autonomía de la Universidad para fijar sus reglamentos de administración en general y tomar resoluciones como la que se impugna, no solamente debe ser respetada sino acatada por cuanto es la misma Constitución y la ley la que le permite una total independencia respecto a los procedimientos que debe tomar y aplicar para la buena marcha de la Institución, sin que ellos, y siempre y cuando estén dentro del marco legal, puedan ser considerados como violatorios de los derechos estudiantiles, ya que el fin, y como fue antes explicado, es el de buscar el mejor estar de las personas que en una u otra forma están vinculadas a la misma". -        Que la decisión de cerrar la residencia y la cafetería es de carácter general e impersonal (art. 6o. Dto.. 2691 de 1991), " por cuanto que ésta no se dirige contra  persona alguna en particular, sino que arropa a todos los estudiantes,  bien que se encuentren estudiando o beneficiándose de esos servicios, o que pretendan ingresar para tal fin. C O N S I D E R A C I O N E S : a)  La Competencia Es competente la Sala para conocer de la acción de tutela instaurada por el doctor GUILLERMO SALAZAR SAA, personero municipal de Palmira (Valle) y el señor SALVADOR ALI GOMEZ NEIRA, en representación de los estudiantes, de acuerdo con lo preceptuado en los artículo 86 inciso 2o. y 241 numeral 9o. de la Constitución Política, desarrollados en los artículo 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991. b) La Materia La revisión de la sentencia proferida en la presente acción por el señor Juez Cuarto Civil del Circuito de Palmira, el 23 de julio de 1992, presenta oportunidad a la Corte Constitucional para fijar el alcance del derecho a la autonomía universitaria, además de que permite referirse a los límites y fronteras de ciertos derechos humanos cuando concurren en su ejercicio, de manera complementaria. La Autonomía Universitaria Entre los desarrollos constitucionales de la educación, se encuentra la  garantía a "la autonomía universitaria" (art. 69 C.N.), que según el orden superior,  comprende, de una  parte la posibilidad de disponer la designación de sus propias directivas, norma que se encuentra complementada con el inciso 2o. del artículo 68 ibídem, donde se preceptúa que la "comunidad educativa participará en  la dirección";  y de otra parte, la  posibilidad de "regirse por sus propios estatutos";  todo, sin perjuicio de acordar sus actuaciones a la ley, como resultado no sólo de la expresión del texto citado, sino también de la lógica que impone a la institución universitaria el Estado Social de Derecho (art. 1o.), que implica, en lo concerniente, la sumisión tanto de las autoridades públicas como de la sociedad a los mandatos legales. Este derecho a la autonomía universitaria, originariamente se orientaba a evitar que el poder público sometiera la ciencia, el conocimiento, la técnica y por sobre todo, la función crítica de los centros docentes.  Era la época de la nítida distinción entre los límites de los espacios del conocimiento y los del ejercicio de la función gobernante.  Era la época de los fueros de la UNIVERSITAS medieval que fueron recogidos por el derecho positivo del Estado Liberal Clásico,  como una expresión más del culto a la razón. Bien conocida es la transformación que esa concepción de la autonomía universitaria  revela en nuestros días, principalmente a consecuencia de la  ruptura de los límites entre el conocimiento y la praxis política.  Aún más, el cambio histórico indicado muestra la aspiración, cada vez más sostenida, de identificar el saber con la decisión política.  Así la propia Universidad realiza esfuerzos constantes para situarse en la  sociedad y para ubicar a sus egresados en  el ejercicio de la función pública.  Y el propio Gobierno, busca atraer a los centros docentes, en  apoyo para la elaboración de sus planes y el desarrollo de sus programas. Tenemos  pues, que los enemigos tradicionales de la autonomía universitaria, el poder público y diversos estamentos sociales, han cambiado su perfil, para, en una lógica concurrencial y participativa, convertirse en sus  aliados ordinarios o corrientes.  No significa lo anterior que la autonomía universitaria haya perdido importancia, si no más bien que ésta debe  considerarse menos frente a sus enemigos externos tradicionales, antes indicados, que  con referencia a las exigencias que su dirección y funcionamiento, como lo entiende el Constituyente de 1991, demanden para lograr sus fines institucionales que en su expresión principal no son otros que la formación académica y la investigación científica (artículos 67, 68 y 69 de la C.N.). De otra parte, puntualiza la Sala que si bien es cierto que en condiciones normales, el poder público y ciertos poderes sociales resultan en la sociedad actual aliados naturales de  la universidad, no lo es menos que, de manera coyuntural, pueden traducirse en  amenazas graves para la autonomía de la Universidad y para  la multiplicación del saber en el marco de la libertad de enseñanza (art. 27 C.N.), en especial con ocasión de  surgimiento de cambios sorpresivos  y radicales en la sociedad o en el Estado.  Lo que hace por este respecto útil el mantenimiento de la autonomía universitaria. El derecho comentado, tiene requerimientos que fundamentalmente en el orden fiscal y de su funcionamiento, pueden atentar contra su existencia misma en los niveles de optimización deseables.  Así la Universidad urge recursos que ordinariamente no puede extraer de su propia actividad, que dispone de dos fuentes autónomas de financiamiento, las matrículas y la venta de determinados servicios, cuyo carácter resulta deficitario habida circunstancia de los ilimitados objetivos de su gestión institucional. Surge en la materia una muy compleja trama de dependencia-autonomía de los institutos docentes sobre la cual es oportuno, a juicio de esta Sala, mantener la atención en guardia, para que tanto el Estado como la Sociedad suministren los subsidios necesarios para su autónoma existencia.  La ausencia de condicionamientos en estos suministros, hace parte de la autonomía universitaria consagrada por la Carta Política.  Se perfila de este modo también la autonomía universitaria como la facultad de estas instituciones para disponer de autonomía en su manejo financiero y en el destino de sus bienes en general; con los solos límites, como se ha indicado antes, que le imponga la ley. En el caso concreto, que originó la presente causa, los hechos muestran la decisión del centro docente de suspender el funcionamiento de las residencias estudiantiles y de servicios de cafetería, que al igual que otros servicios concurren al cumplimiento de la función educativa, encontrándose entre los más directos, el transporte al centro docente y la provisión de materiales de estudio, servicios todos que  tienen un carácter asistencial y dependen de los recursos fiscales y de la existencia de ley que los disponga.  En el fallo que se revisa se indica la autonomía institucional y de funcionamiento de la Universidad Nacional para disponer, según sus criterios directivos las distintas expresiones del servicio asistencial estudiantil que se denomina de bienestar universitario.  Y en sentir de la Sala, es acertada la apreciación de la providencia del ad quem al sostener que la autonomía  universitaria  le permite al centro docente tomar las medidas de bienestar que considere conducentes, de acuerdo con su política institucional y sus recursos económicos.  Se plantea por los representantes de la Universidad insuficiencia en estos últimos para el suministro de la asistencia de residencias y servicios de cafetería.  La propia naturaleza de estos derechos asistenciales,  ha sostenido la Sala, de manera general, hace que no sean amparables mediante la acción de tutela,  El mismo sistema de la Constitución Política, los sitúa en la categoría de los derechos sociales, económicos y culturales (Capítulo 2o. Título II C.N.). (Ver sentencia No. T-08 de 1992.  M.P. Dr. Fabio Morón Diaz). La Concurrencia de Derechos Humanos Uno de los capítulos menos resueltos por la ciencia jurídica es justamente el de la prevalencia entre dos derechos.  Salvo algunas expresiones de primacía de un derecho sobre otro, por ejemplo, la establecida en el artículo 5o. de la Carta que beneficia los derechos inalienables de la persona,  en el derecho positivo, no existe suficiente previsión para dilucidar la supresión de un derecho amparado, en beneficio de otro, principalmente cuando son de igual o similar naturaleza, en los casos de concurrencia competitiva o complementaria de los distintos derechos, de modo que se presenta un amplio campo en esta temática para la interpretación jurisprudencial, con la limitante para el asunto, de que ésta encuentra su alcance reducido al caso concreto de que se ocupa. En la causa se plantea al intérprete judicial una concurrencia complementaria de los derechos a la vivienda (residencias universitarias) y a la alimentación (cafetería) con el derecho a la educación, derechos todos que por su naturaleza pertenecen a la categoría de los asistenciales, denominados por la doctrina de la segunda generación.  El carácter complementario indicado proviene del planteamiento de los peticionarios, quienes sostienen la imposibilidad en que quedarían los estudiantes de ejercitar su derecho a la educación si se les suprimiera la asistencia habitacional y alimentaria que se encuentra en proceso de supresión.  Cada vez más los derechos presentan al intérprete una interrelación como resultado del carácter pluridisciplinario de la actividad humana y de la propia dinámica en la conducta impuesta al hombre por la estructura social contemporánea. Es así como, resulta por ejemplo, impensable el ejercicio de muchos derechos para el hombre  actual, sin que se le suministre medios como el transporte, o el teléfono, o los servicios de agua y electricidad, que le permiten hacer parte de la sociedad, y en resultas de esto, poder hacer valer sus derechos más esenciales. No pocos son los esfuerzos que debe realizar el aparato del Estado, en la forma asistencial que éste adopta, por disposición de la fisonomía que le traza la propia Constitución Política (art. 1° C.N.), a fin de asegurar que la inter-relación de las garantías logre el propósito de asegurar las mejores condiciones generales de existencia para el hombre colombiano. La experiencia histórica en paises como el nuestro, muestra una selección o disposición en el amparo de ciertos derechos que establecen prioridades de unos frente a otros, prioridades que se encuentran avaladas por los supuestos de conveniencia, mejor oportunidad y mayor necesidad de su cubrimiento por las agencias estatales. Selección, de carácter transaccional y provisional, ante el objetivo trazado formalmente de amparar la totalidad de las necesidades para la realización integral. Se trata, fundamentalmente, de la destinación de los recursos existentes a determinadas fuentes, surgiendo la realidad deficitaria para la atención de los demás, de manera satisfactoria. Son derechos que dependen más de la acción del Estado y de sus posibilidades en general que de la existencia misma del hombre; por lo tanto, no tienen el carácter de inalienables. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, permite a cualquier persona mediante procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de sus "derechos constitucionales fundamentales", por lo que resulta improcedente esta vía o medio judicial para hacer valer los derechos cuya protección  originó  este  proceso. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.  CONFIRMAR la sentencia No. 62 del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Palmira (Valle), proferida en veintitrés (23) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992), en el caso de la referencia, por las razones expuestas. Segundo. Comuníquese al Juzgado Quinto Civil Municipal de Palmira (Valle), esta decisión para que sea notificada a las partes conforme lo ordena el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ           SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-601-92 Sentencia No Sentencia No. T-601/92 TRABAJO CARCELARIO El trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable -junto con el estudio y la enseñanza- para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo esencial  del derecho a la libertad, pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de su rebaja o redención. Por la especial relación del trabajo con el núcleo esencial del derecho a la libertad de los presos, la administración penitenciaria tiene a su cargo el deber de procurarles, en la medida de las posibilidades, una actividad laboral como fórmula de superación humana y medio para conservar la libertad.  Entre las sanciones a imponer a los internos o presos por infracciones al régimen penitenciario no se encuentra la suspensión del trabajo, lo cual se explica lógicamente dado que una sanción de ésta índole sería contraria a la finalidad misma de la pena y al carácter obligatorio del trabajo carcelario. La decisión que determina la clase de trabajo asignado a cada  condenado o detenido es, por tanto, reglada y no discrecional. Los criterios objetivos para la determinación de las labores individuales impiden un trato discriminatorio o arbitrario aplicable al recluso. Los mismos, de otra parte, garantizan el principio de igualdad de oportunidades en la distribución de puestos de trabajo a los internos en las cárceles. DERECHOS DEL INTERNO La decisión disciplinaria impuesta al señor ECHEVERRY GARCIA vulneró sus derechos a la defensa y al debido proceso por carencia de comprobación de los hechos sindicados. Las sanciones impuestas vulneraron, igualmente, aunque de forma indirecta, sus derechos a la igualdad de oportunidades y al buen nombre, ya que la suspensión de su trabajo fuera del establecimiento carcelario y la rebaja en su calificación de conducta carecieron de justificación razonable y constituyeron sanciones arbitrarias. PRINCIPIO NON BIS IN IDEM-Vulneración La decisión cuestionada se revela contraria al principio del non bis in idem, contenido en las garantías del debido proceso penal, además de ser, por sí misma, desproporcionada. En efecto, los hechos que dieron lugar a la sanción no podían ser objeto de una calificación desfavorable, entre otras cosas por no haber infringido el petente con ellos el orden interno de la cárcel sino las obligaciones propias de la diligencia de compromiso, o sea, las relativas a su comportamiento fuera del penal y cuyo desconocimiento trajo las consecuencias conocidas de la suspensión del permiso especial. DICIEMBRE 11 DE 1992 Ref   : Expediente T-4369 Actor:        SAMUEL DE JESUS           ECHEVERRY GARCIA Magistrado Ponente: Dr.EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-4369 adelantado por el señor SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA contra el Consejo de Disciplina de la Penitenciaría Rural "Peñas Blancas" de Calarcá, Quindio. A N T E C E D E N T E S 1. El señor SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA interpuso acción de tutela contra las Resoluciones 153 del 5 de marzo de 1992, 118 del 6 de marzo de 1992 y 133 del 18 de marzo de 1992, mediante las cuales el Consejo de Disciplina de la Penitenciaria Rural "Peñas Blancas" de Calarcá (Quindio) lo sancionó con la rebaja de su calificación de "conducta ejemplar" a "buena", con la suspensión del derecho al trabajo y del permiso especial para salir del penal por 72 horas, respectivamente. El petente alega la vulneración del derecho fundamental al trabajo (CP art. 25) y solicita su restablecimiento y, además, que la sanción impuesta le sea suprimida de su hoja de vida. 2. El señor ECHEVERRY GARCIA está actualmente detenido en la Penitenciaría Rural "Peñas Blancas" purgando una condena de 16 años de prisión impuesta por el Juzgado 13 Superior de Medellín mediante sentencia del 19 de junio de 1987. Debido a que el recluso observaba conducta ejemplar, el Director General de Prisiones le concedió permiso especial de 72 horas para salir cada cuatro meses del centro de reclusión. Igualmente, por su buen comportamiento, fue seleccionado por la Dirección de la Penitenciaría para trabajar en la fábrica Metalcol de la ciudad de Armenia. 3. La doctora MARTHA ELENA SANCHEZ JIMENEZ, sub-directora de la Penitenciaría Rural "Peñas Blancas", declaró ante el Juez de tutela de primera instancia que el petente ECHEVERRY GARCIA por su conducta ejemplar se hizo merecedor de un permiso de 72 horas y venía trabajando en la fábrica Metalcol, "hasta que tuvimos informaciones de los mismos internos, en el sentido de que este señor estaba ingresando unos estupefacientes a la parte interna, marihuana y bazuco. A raíz de esto, alertamos a la guardia para que se le hiciera requisa minuciosa a este señor y lo observaran detenidamente al regresar al penal". En relación con la sanción de suspender el permiso de 72 horas, la declarante afirmó que ello fue consecuencia del incumplimiento de la diligencia de compromiso por parte del señor ECHEVERRY GARCIA, quien al presentarse de nuevo al plantel lo hizo con una persona diferente a su fiador y con signos de haber estado ingiriendo licor. 4. El trámite del procedimiento que culminó con la suspensión del trabajo del petente tuvo origen en un informe rendido el 26 de febrero de 1992 por dos comandantes de puesto de la Penitenciaría. Según el informe, el petente se había aproximado sospechosamente a la celda No. 7, hecho que los motivó a requisarla. Practicada la requisa en el camarote inferior, que correspondía al interno ALFONSO ALVAREZ ALVAREZ, mimetizada dentro de la espuma de la almohada encontraron una gran porción de marihuana al parecer en forma de taco. En el camarote superior, perteneciente al interno JAIME FORONDA TOBON, se halló asimismo una papeleta de marihuana. Dos días después, el interno SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA fue interrogado en desarrollo de las diligencias que, según el acta de esa misma fecha, se adelantaban "en contra de los internos ALFONSO MARIA ALVAREZ ALVAREZ y JAIME DE JESUS FORONDA TOBON". En esa diligencia, el señor ECHEVERRY GARCIA expresó no recordar si aquel día se había acercado a la celda No. 7, pero negó enfáticamente estar involucrado en el porte y distribución de marihuana. Por su parte, los investigados ALVAREZ ALVAREZ y FORONDA TOBON admitieron su condición de adictos a la marihuana y negaron que SAMUEL DE JESUS fuese su proveedor o que ese preciso día hubiese ingresado a su celda para suministrarles el estupefaciente. Con fundamento en los antecedentes descritos, el Consejo de Disciplina de la Penitenciaría se reunió el 5 de marzo de 1992 y convino, entre otras cosas, calificar la conducta de SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA como "BUENA" (resolución 153 del 5 de marzo de 1992) y, además, sancionarlo con suspensión de su trabajo en la fábrica METALCOL (resolución 118 del 6 de marzo de 1992). 5. Paralelamente a las anteriores actuaciones, SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY salió el cinco (5) de marzo de 1992 de la Penitenciaría, en uso de su permiso especial de 72 horas. A su regreso el día siete (7), el petente reconoció haber estado "algo tomado". Ese mismo día, el guardia de turno informó del hecho al Director de la Penitenciaria, advirtiendo que el interno no había regresado acompañado de su verdadero fiador. Con motivo de ese informe, el Consejo de Disciplina de la Penitenciaria, acordó en su reunión del 18 de marzo de 1992 y mediante Resolución 133 de la misma fecha, sancionar a SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA con la suspensión del "permiso especial de 72 horas", concedido mediante Resolución 6832 del 18 de octubre de 1991". En razón de ese hecho, el Consejo de Disciplina decidió, además, el 10 de junio de 1992, calificar la conducta del petente con el grado de "regular". 6. En su solicitud de tutela, el señor ECHEVERRY GARCIA consideró que la Dirección de la Penitenciaría vulneró su derecho al trabajo y al buen nombre. Sobre este particular, expresó: "En el mes de febrero fui suspendido del trabajo en la fábrica "Metalcol" ubicada en la ciudad de Armenia, sin motivo valedero, alegando la parte contraria que había violado el Decreto 1817/64 y que por ello era merecedor de una sanción disciplinaria, la cual no se materializó porque no existen las pruebas contundentes. Por meros dichos se me niega el derecho al trabajo, porque estaba disfrutando de él". "Lo más grave es que mi conducta 3 meses después aparece calificada en el grado de regular y yo no acepto este atropello porque yo no he cometido ninguna infracción para que mi conducta sea desmejorada, ya que me siento perjudicado enormemente porque no me dan trabajo y mi hoja de vida está manchada inicuamente. Las sanciones que se pueden aplicar a los condenados están reguladas en el artículo 289 Decreto 1817/64, en ellas no está incluida la negativa del trabajo. Se me prometió trabajo y no se ha cumplido. Para descuento de pena estoy perjudicado". 7. El Juez Segundo Penal del Circuito de Calarcá, mediante fallo del 22 de julio de 1992, denegó la tutela solicitada. Consideró el Juzgador que el derecho al trabajo no era ilimitado: "La seguridad del estado, y la pacífica convivencia de los miembros de la comunidad, tienen su fundamento en el ordenado y legítimo goce de los derechos, por parte de los asociados". De esa premisa concluyó que los "comportamientos irregulares del quejoso originaron que su conducta fuera rebajada de excelente o ejemplar a buena y posteriormente a regular", y que ello explicaba suficientemente porqué el Consejo de Disciplina de la Penitenciaría había actuado dentro de sus atribuciones legales. El Juez agregó: "Ciertamente que la investigación adelantada por la Dirección de la Penitenciaria en contra del petente ECHEVERRY GARCIA, consistió en una presunta complicidad para introducir drogas estupefacientes al interior del penal, investigación ésta que arrojó como sanción para el señor ECHEVERRY GARCIA, la suspensión del permiso para laborar por fuera de la cárcel, es decir, por posesión clandestina de objetos prohibidos, y que más prohibido que portar drogas estupefacientes? Sobre todo, aprovechando la circunstancia de que podía salir de la cárcel y adquirir dichas drogas, para luego introducirlas. Por consiguiente, se considera que la actuación del Consejo de Disciplina de la penitenciaria de esta ciudad, se ajustó a las prescripciones legales, y no se ve violación alguna al derecho fundamental constitucional del trabajo". 8. No impugnada la anterior decisión, el expediente de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, previas selección y reparto, correspondió a la Sala Segunda su conocimiento. FUNDAMENTOS JURIDICOS Conductas investigadas y actos impugnados 1. El actor considera vulnerado su derecho al trabajo (CP art. 25), e implícitamente su derecho al buen nombre (CP art. 15), como consecuencia de las sanciones impuestas por la autoridad administrativa del centro carcelario en el cual se encuentra recluido. La presunta conducta de introducir a la penitenciaría estupefacientes dió lugar a que el Consejo de Disciplina de la Penitenciaria Rural de "Peñas Blancas", pasara de calificar la conducta de SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA de "excelente" a "buena" (Resolución 152 del 5 de marzo de 1992) y, adicionalmente, sancionara al interno con la suspensión de su derecho al trabajo que venía desempeñando en la fábrica Metalcol de la ciudad de Armenia (Resolución 118 del 6 de marzo de 1992). Los hechos que motivaron la segunda sanción impuesta al petente consistieron al parecer en que éste, al término del permiso para salir del penal por espacio de 72 horas, beneficio que gozaba desde octubre de 1991, infringió el reglamento interno del establecimiento. Con base en lo anterior, el Consejo Disciplinario determinó suspenderle el "permiso especial de 72 horas" (Resolución 133 del 18 de marzo de 1992) y, tres meses después, calificar la conducta del quejoso con el grado de "regular" (Decisión del 10 de junio de 1992). Es doctrina constitucional reiterada por esta Corte que las autoridades públicas deben ceñirse a la Constitución en la toma de decisiones emanadas de sus facultades legales. Ello  implica igualmente el deber de respetar los derechos fundamentales de los reclusos que, aunque limitados por decisión judicial, no dejan de tener plena vigencia y efectividad en las cárceles. Se procederá en consecuencia a evaluar si las decisiones del Consejo de Disciplina de la Penitenciaría Rural Peñas Blancas de Calarcá, Quindio, vulneraron los derechos fundamentales del solicitante. El peticionario de tutela insinúa que el Consejo Disciplinario del establecimiento donde se encuentra recluido se extralimitó en sus funciones al imponerle como sanción la suspensión del trabajo en la fábrica Metalcol de la ciudad de Armenia. Para determinar la existencia de una posible vulneración de su derecho al trabajo, es necesario hacer algunas precisiones conceptuales en torno a la naturaleza jurídica del trabajo dentro del sistema carcelario, para luego evaluar si la autoridad cuestionada se sujetó en sus decisiones a la Constitución y la ley. Naturaleza jurídica del trabajo en los establecimientos carcelarios 2. El trabajo es un derecho y una obligación social (CP art. 25). Toda persona es titular de este derecho pero, en la práctica, su ejercicio depende de la obtención de una ocupación o empleo. En las cárceles las personas detenidas no están privadas del derecho al trabajo. Al contrario, el Código carcelario enfatiza el carácter obligatorio del trabajo como elemento esencial de la ejecución y de la finalidad de la pena. En efecto, el artículo 175 del Decreto 1817 de 1964 establece: "Todos los establecimientos carcelarios y penitenciarios del país se regirán por el principio de que el trabajo es la mejor y la más alta escuela de regeneración moral y social de los penados y detenidos. Por consiguiente, se implantará el trabajo obligatorio en distintas actividades, inclusive las escolares". La anterior disposición no significa la existencia de trabajos forzados u obligatorios en Colombia por decisión del legislador extraordinario, con violación del artículo 93 de la Constitución. El trabajo obligatorio en las cárceles no tiene la naturaleza de trabajo forzado en los términos del derecho internacional sobre derechos de los presos, sino que constituye precisamente una excepción. Al respecto estipula el artículo 6o. numeral 3o, literal a de la Convención Americana de Derechos Humanos - "Pacto de San José de Costa Rica" -, aprobada mediante Ley 74 de 1968: "3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: a) los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado"1 . Adicionalmente y en contraste con el trabajo forzado, el trabajo obligatorio desempeñado durante el tiempo de reclusión goza de remuneración (D. 1817, art. 183) y los reclusos tienen derecho a escoger la forma de actividad que mejor consulte sus aptitudes e inclinaciones, lo cual de suyo es concordante con el derecho  fundamental de libertad de escoger profesión u oficio (CP art. 26). El trabajo, a pesar de las restricciones prácticas del sistema carcelario que impiden ofrecer un pleno empleo, no es una gracia o concesión especial. Esta concepción del trabajo contradice la función que cumple en la ejecución de la pena. En efecto, el trabajo desarrollado por los presos es un medio indispensable - junto con el estudio y la enseñanza - para alcanzar el fin resocializador de la pena, y hace parte integrante del núcleo esencial  del derecho a la libertad (CP art. 28), pues tiene la virtud de aminorar el tiempo de duración de la pena a través de su rebaja o redención (C.P.P. arts. 530 a 532). Consecuencia de lo anterior es la obligación del Estado de proveer a los reclusos puestos de trabajo que contribuyan a su readaptación social progresiva, a la vez que permitan, en caso de existir familia, el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Mientras la estructura necesaria para crear suficientes puestos de trabajo en las cárceles se cumple, los empleos a distribuir deben asignarse en condiciones de igualdad de oportunidades, sin que el orden de prelación pueda ser objeto de una aplicación arbitraria o discriminatoria (CP art. 13). De lo anterior se concluye que, por la especial relación del trabajo con el núcleo esencial del derecho a la libertad de los presos, la administración penitenciaria tiene a su cargo el deber de procurarles, en la medida de las posibilidades, una actividad laboral como fórmula de superación humana y medio para conservar la libertad. Entre las sanciones a imponer a los internos o presos por infracciones al régimen penitenciario no se encuentra la suspensión del trabajo, lo cual se explica lógicamente dado que una sanción de ésta índole sería contraria a la finalidad misma de la pena y al carácter obligatorio del trabajo carcelario. La decisión sancionatoria impugnada podría, sin embargo, tener fundamento constitucional en el sentido de entenderla como la privación de la posibilidad de laborar fuera del establecimiento carcelario - en la fábrica Metalcol de la ciudad de Armenia - más no dentro de la propia Penitenciaría Peñas Blancas de Calarcá. Trabajo fuera de la cárcel y discrecionalidad de la administración 3. La insuficiencia de puestos de trabajo dentro de las cárceles fue prevista por la ley al establecer la posibilidad de trabajar al aire libre, fuera del establecimiento, en labores agrícolas o en otros lugares a los que acuden los reclusos en cuadrillas ambulantes para luego regresar al final de la tarde (D. 1817 de 1964, arts. 270 y 272). La asignación al preso de trabajos dentro o fuera de la cárcel es competencia del director del establecimiento, según las preferencias de ocupación de los internos, la duración de la pena a cumplir, los trabajos desempeñados con anterioridad, los datos de la cartilla biográfica, los informes médicos y las observaciones personales del mismo director (D. 1817/64 art. 277). La decisión que determina la clase de trabajo asignado a cada  condenado o detenido es, por tanto, reglada y no discrecional. Los criterios objetivos para la determinación de las labores individuales impiden un trato discriminatorio o arbitrario aplicable al recluso. Los mismos, de otra parte, garantizan el principio de igualdad de oportunidades (CP art. 13) en la distribución de puestos de trabajo a los internos en las cárceles. El petente afirma que la suspensión del trabajo que venía desempeñando fuera de la penitenciaría obedeció a una decisión arbitraria del Consejo Disciplinario, la cual no sólo vulneró su derecho al trabajo, sino su derecho al buen nombre (CP art. 15), al "manchar inicuamente su hoja de vida", con las consecuencias adversas que tal anotación tiene para acceder a ciertas oportunidades y beneficios legales. Es necesario entonces evaluar en el caso sub-exámine si las anotaciones y observaciones del director en la cartilla biográfica del solicitante respetaron los parámetros legales que regulan la calificación de la conducta del preso, o si por el contrario las decisiones tomadas por el Consejo de Disciplina carecieron de sustento constitucional y, en consecuencia, le ocasionaron al interno SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA la pérdida injustificada de su trabajo fuera de la cárcel y la violación del derecho constitucional a la igualdad de oportunidades. Cartilla biográfica, calificación de conducta y debido proceso 4. La cartilla biográfica es el medio documental donde se consignan las anotaciones concernientes al recluso. Ella permite llevar un seguimiento de sus actividades y evaluar la evolución de la conducta del preso a lo largo de la ejecución de la pena. La cartilla biográfica constituye un elemento indispensable para controlar el cumplimiento de los fines de la pena, en particular, la resocialización y readaptación del infractor. Existe una estrecha relación entre la cartilla biográfica de un preso y la calificación trimestral de su conducta por parte del Consejo de Disciplina, que se consigna en la hoja de vida del recluso. El artículo 323 del Código carcelario dispone: "Cada tres meses el Consejo de Disciplina, hará clasificación de los condenados, teniendo en cuenta la conducta, aprovechamiento, trabajo, relaciones con los superiores y con los compañeros, su carácter, moralidad, tendencias y demás circunstancias que puedan servir para calificarlos. "El Consejo de Disciplina podrá solicitar del personal del establecimiento los informes que le sean indispensables para el mejor desempeño de su cometido. Podrá llamar a los condenados, interrogarlos y practicar las investigaciones que juzgue necesarias" La calificación periódica de la conducta tiene como finalidad establecer si las personas privadas de la libertad por decisión judicial se hacen acreedores a una serie de beneficios legales, como los permisos especiales para trabajar particularmente fuera de la prisión o para salir por espacio de 72 horas (D. 815 de 1984, art. 1), las franquicias preparatorias, la libertad condicional, la cesación de medidas de seguridad o la rebaja de penas, y las recompensas legales establecidas en el artículo 304 del Código Carcelario (D. 1817 arts. 327 y 330). El procedimiento de calificación de la conducta de un recluso está regulado por la ley y consiste básicamente en la reunión periódica del Consejo de Disciplina con el objeto de examinar las planillas semanales del director de la escuela, de los maestros de talleres o de los vigilantes y deliberar sobre la constancia a consignar en libros sobre el comportamiento del interno. Las diferentes categorías o clases de conducta, establecidas por el legislador son: ejemplar, buena, regular, mala y pésima. Las reglas para la clasificación en una u otra clase están también consagradas en normas legales, las cuales deben tenerse en cuenta para promover o rebajar la conducta del interno. El Código Carcelario establece al respecto: "Art. 326. Al condenado que durante el trimestre ha observado conducta ejemplar o buena y ha dado pruebas de aplicación en el trabajo y en la escuela, se le promoverá a la categoría inmediatamente superior a la que ocupa. "El no haber incurrido en una sanción más grave que la amonestación es condición necesaria, pero no suficiente,                  para el ascenso de clase. "Art. 328. Al condenado a quien se imponga una sanción disciplinaria, más grave que la amonestación, se le rebajará a la clase inmediatamente inferior." En consideración a lo expuesto, la rebaja en la calificación de la conducta del peticionario - con la consecuente suspensión de su trabajo fuera del penal -, sólo podía ser tomada luego de un procedimiento administrativo. De no ser así, se habría configurado una vulneración de los derechos al debido proceso administrativo y a la igualdad de oportunidades e, indirectamente del derecho fundamental al buen nombre. Régimen de sanciones y recompensas en el sistema carcelario y derecho al debido proceso 5. El régimen disciplinario de los establecimientos carcelarios tiene la finalidad de dotar a sus directivas de mecanismos jurídicos suficientes y adecuados para conservar el orden interno del plantel. La conducta de los reclusos es premiada o castigada mediante recompensas o sanciones disciplinarias, decisiones éstas que corresponde tomar al Director y al Consejo de Disciplina. El procedimiento disciplinario que debe seguirse a un interno abarca tres etapas: la comprobación del hecho por parte del personal de vigilancia o del propio director y su registro por escrito, la audiencia oral del inculpado y la imposición de la sanción legalmente establecida para la conducta. En todo caso, la decisión del Director como la del Consejo de Disciplina debe proferirse dentro de los tres (3) días siguientes a la comprobación del hecho por expresa disposición legal (D. 1817 de 1964 art. 146). El juicio disciplinario involucra, por lo tanto, la verificación empírica de la ocurrencia de un hecho consignada en un informe escrito, la oportunidad de contradecir las pruebas aportadas para apoyar dicho aserto - descargos del acusado - y, la deliberación racional que establece el tipo y la duración de la sanción a imponer, de acuerdo con el contexto general de las circunstancias que rodearon los hechos. En particular, es de observar que la presunción de inocencia (CP art. 29) sólo puede ser desvirtuada mediante la plena demostración de la conducta punible o contravencional. La comprobación del hecho sancionable disciplinariamente debe deducirse, en consecuencia, de una plena prueba y no simplemente de indicios o sospechas carentes de valor probatorio alguno. Vulneración de los derechos del peticionario 6. Las resoluciones acusadas que suspendieron el trabajo del petente en la fábrica Metalcol y rebajaron la calificación de su conducta de excelente a buena, se originaron en el cargo presuntamente demostrado de "posesión clandestina de objeto prohibido" (D. 1817 de 1964 art. 293-1), en este caso marihuana procedente del exterior del penal. El informe del personal de guardia de fecha 26 de febrero de 1992 afirma que el interno ECHEVERRY GARCIA al ingresar de la fábrica donde trabajaba se acercó sospechosamente a la celda No. 7 de la segunda planta, en la cual, luego de una requisa se encontró marihuana en poder de otros dos reclusos. El Consejo de Disciplina, sólo con base en este remoto indicio, concluyó que la posesión del objeto prohibido por parte del interno ECHEVERRY GARCIA había quedado plenamente comprobada. No obstante, la apreciación de esta Sala es que no existe relación de causalidad entre la cercanía - calificada de sospechosa por los vigilantes - a una celda donde seguidamente se encontraría marihuana y la posesión de ésta por parte del recluso ECHEVERRY GARCIA. Diversas causas pudieron dar lugar a la introducción del objeto prohibido a la celda No. 7. No quedó demostrado plenamente en el proceso disciplinario que su hallazgo fuera consecuencia necesaria de su posesión por parte del peticionario. Por el contrario, los internos confesos de adicción a esta sustancia y en cuyo poder se encontró la marihuana coinciden en afirmar la inocencia del solicitante de tutela. Sorprenden igualmente a esta Corte las afirmaciones del Juez Penal del Circuito de Calarcá en funciones de juez constitucional, quien encontró ceñidas a las disposiciones constitucionales las sanciones impuestas al petente y dió por demostrado el porte de drogas estupefacientes por el hecho de poder salir éste de la cárcel, no obstante que la sana crítica impide aceptar meros indicios circunstanciales no concluyentes como base suficiente para imponer una sanción. La decisión disciplinaria impuesta al señor ECHEVERRY GARCIA vulneró sus derechos a la defensa y al debido proceso por carencia de comprobación de los hechos sindicados. Las sanciones impuestas vulneraron, igualmente, aunque de forma indirecta, sus derechos a la igualdad de oportunidades y al buen nombre, ya que la suspensión de su trabajo fuera del establecimiento carcelario y la rebaja en su calificación de conducta carecieron de justificación razonable y constituyeron sanciones arbitrarias. En consecuencia, se procederá a revocar la sentencia revisada. Suspensión del permiso especial y violación de la diligencia de compromiso 7. La segunda decisión que el solicitante de tutela acusa de vulnerar sus derechos fundamentales consistió en la suspensión del permiso de 72 horas para salir del establecimiento carcelario, sanción impuesta por haber violado la diligencia de compromiso al reingresar de nuevo al penal sin compañía de su fiador y, además, presentar signos de embriaguez. El Consejo de Disciplina, con fundamento en las normas legales sobre la materia (D. 815 de 1984, art. 4), luego del procedimiento disciplinario respectivo - informe escrito del comandante de turno, diligencia, descargos - impuso válidamente la sanción, sin que el recluso pudiera desvirtuar las imputaciones por incurrir en contradicciones. Finalmente, el peticionario también dirige su petición contra la decisión de fecha 10 de junio de 1992, mediante la cual el Consejo Disciplinario de la Penitenciaría Peñas Blancas de Calarcá le rebajó la conducta de buena a regular, por considerar que esta determinación afecta su hoja de vida e, implícitamente, su buen nombre (CP art. 15). Del material probatorio recaudado en el proceso de tutela se pudo establecer que esta última decisión tuvo origen en los mismos hechos por los cuales ya se había sancionado al interno ECHEVERRY GARCIA con la suspensión del permiso especial de 72 horas para salir del establecimiento. En consecuencia, la decisión cuestionada se revela contraria al principio del non bis in idem, contenido en las garantías del debido proceso penal, además de ser, por sí misma, desproporcionada. En efecto, los hechos que dieron lugar a la sanción de fecha marzo 18 de 1992 no podían ser objeto de una calificación desfavorable, entre otras cosas por no haber infringido el petente con ellos el orden interno de la cárcel sino las obligaciones propias de la diligencia de compromiso, o sea, las relativas a su comportamiento fuera del penal y cuyo desconocimiento trajo las consecuencias conocidas de la suspensión del permiso especial. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia del 22 de julio de 1992, proferida por el Juzgado Segunda Penal del Circuito de Calarcá, Quindio, que denegó la tutela solicitada por el señor SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA. SEGUNDO.- CONCEDER la tutela solicitada por el señor SAMUEL DE JESUS ECHEVERRY GARCIA y, en consecuencia, revocar las resoluciones 118 y 153 de 1992 del Consejo de Disciplina de la Penitenciaría "Peñas Blancas", así como la decisión del 10 de junio de 1992 adoptada por el mismo Consejo. TERCERO.- LIBRESE comunicación al Juzgado 2o. Penal del Circuito de Calarcá, Quindio, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos). 1 En igual sentido se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles en su artículo 8 numeral 3, literal c.

T-602-92 Sentencia No Sentencia No. T-602/92 JUEZ-Elección/RESERVA MORAL/ACTO DE NOMBRAMIENTO-Vicios La convicción moral de la inobservancia de una vida pública o privada compatible con la dignidad del empleo es otro más de los conceptos indeterminados a priori que, junto a los de Orden Público, Interés General o Necesidades Públicas entre otros varios que incorporan tanto la Constitución  como las leyes,  y que sirven al ordenamiento jurídico  como herramientas técnicas de carácter normativo y como clausulas abiertas permiten al Constituyente y al Legislador remitirse a la administración o a los jueces para efectos de encontrar y adoptar las soluciones que sean conformes con los postulados sobre los que se erige el Estado. Se trata de una parte del procedimiento reglado de elección de jueces y magistrados que se surte dentro de las reglas constitucionales y legales de la Carrera Judicial y no de una actuación judicial, ni de un proceso de controversia administrativa de carácter gubernativo, policivo o disciplinario. En los estrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, también se puede cuestionar la legalidad de aquellas actuaciones de los nominadores en lo que hace a los vicios internos del acto, con fundamento en el conocimiento de los hechos antecedentes y en el examen sobre el uso racional y proporcionado de la discrecionalidad en cada caso concreto.En favor del reclamo de los peticionarios era procedente el ejercicio de las acciones contenciosas que establecen los artíc ulos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo, por tratarse de la controversia judicial sobre uno de los elementos de los actos de competencia de la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo. La acción de tutela no procede ni es admisible cuando en favor de la petición formulada exista otra vía judicial prevista para atenderla, salvo cuando se trate de su solicitud como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no es del caso que se examina. JUEZ-Periodo/MAGISTRADO-Periodo/LEY ESTATUTARIA DE LA JUSTICIA Dentro del marco de la nueva Carta Constitucional de 1991 y a la luz de las disposiciones legales aplicables, no existe definición expresa de algún período para magistrados de tribunales ni para jueces, lo cual en concepto de esta Sala quedó reservado a la ley estatutaria correspondiente. Por esto, mientras la Ley no defina el punto de la existencia o no de los períodos para dichos funcionarios, la figura de que se ocupa el literal h) del artículo 3o. del Decreto 1888 de 1989,  no puede aplicarse para aquellas personas  que en adelante sean  designadas en la Carrera Judicial en propiedad,  después de superar el período de prueba, pues, para el ámbito de la Carrera Judicial aquella figura de evaluación radicada en cabeza del nominador solo se predica de la oportunidad en la que se proceda a decretar le elección del servidor, sea en el caso de la incorporación a la Carrera, o en la del vencimiento y comienzo de un período siempre que aquel exista por definición legal. REF:  Expediente No.T-4565 Elección de jueces. La Convicción moral. Peticionarios: JAIME BERNARDO CHAVES BOLAÑOS, JORGE ERNESTO PAEZ MENDEZ, MARIANO DE JESUS PORRAS PEÑA, CESAR AMAYA MORENO y GUSTAVO VEGA AGUIRRE Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Magistrado Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santafé de Bogotá, D.C.,  Diciembre once (11) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Corte Constitucional, Sala de Revisión de Tutelas, integrada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Alejandro Martínez Caballero y Fabio Morón Díaz, resuelve sobre la revisión de las sentencias pronunciadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 4 de junio de mil novecientos noventa y dos (1992) y por el Consejo de Estado el 15 de julio del mismo año, sobre la acción de la referencia, teniendo en cuenta los siguientes: A N T E C E D E N T E S A) La Petición Formulada. Los peticionarios, JAIME BERNARDO CHAVES BOLAÑOS, JORGE ERNESTO PAEZ MENDEZ, MARIANO DE JESUS PORRAS PEÑA, CESAR AMAYA MORENO y GUSTAVO VEGA AGUIRRE,  en ejercicio de la Acción de Tutela consagrada en el artículo 86 de la Carta Política y regulada por lo preceptuado en el Decreto 2591 de 1991,  solicitaron ante el Honorable Tribunal Contencioso de Cundinamarca la protección  inmediata de su Derecho Constitucional Fundamental al Buen Nombre que se establece en el artículo 15 de la Constitución Nacional, por  las  razones que se resumen enseguida: - Los peticionarios ejercieron los cargos de jueces de Instrucción Criminal en la ciudad de Santafé de Bogotá y no fueron incorporados en la oportunidad de la elección general de jueces por Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad. -  Que el Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, "al invocar en las actas respectivas de Sala Plena como argumento para no incorporar  en Carrera Judicial, la reserva moral,  está vulnerando el derecho fundamental del buen nombre a que es merecedor toda persona y se está poniendo en tela de juicio la honorabilidad de las personas a quienes se les aduce dicho argumento para que no continúen en el cargo de jueces de la república, función ésta que veníamos desempeñando durante muchos años en  forma ininterrumpida".(sic) -  Que la reserva moral prevista en el literal h) del artículo 3o. del Decreto 1888 de 1989, viola el Derecho Constitucional Fundamental al Buen Nombre y resulta inconstitucional porque es contraria al Estado de Derecho que no admite ésta categoría de razonamientos arbitrarios los que resultan desconocidos por el afectado y  permiten, por el contrario, "que la gente hable a media voz". - En su opinión se debe consagrar la obligación de las entidades nominadoras de motivar sus determinaciones sobre la "reserva moral", por ser más justo y conforme con un Estado Democrático. La figura de que se trata resulta en su concepto un medio para mantener los viejos vicios en la nominación de los funcionarios de la rama jurisdiccional "dando cabida posiblemente a los apetitos y sentimientos más bajos del ser humano." -  En consecuencia, solicitan  se levante la "reserva moral", a la cual renuncian expresamente por considerar que es una institución en favor de quien se alega, ya que no existe otro camino para que se les proteja en su derecho fundamental violado. Solicitan que se ordene al citado tribunal  que argumente con la mayor claridad los motivos que tuvo para desconocer su derecho a continuar dentro de la Carrera Judicial, teniendo en cuenta que se encontraban designados en propiedad, inscritos y escalafonados mediante resoluciones proferidas por el Consejo de la Carrera Judicial de Cundinamarca. Se advierte que los peticionarios anexan copias autenticas de las actas Nos. 13, 14, y 16 de 1992 de la Sala Plena del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá. - En escrito posterior los peticionarios sostienen que los jueces de aquel distrito judicial habían sido calificados en su conducta moral en oportunidad anterior por los organismos establecidos en el "Reglamento de la Carrera Judicial, razón por la cual ningún juez que esté incluido en carrera Judicial, así como escalafonado, puede ser objeto de reserva moral por parte de Tribunal..." B) La Decisión de Primera Instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en sentencia del 4 de junio de 1992, no accedió a la petición formulada, con fundamento en las siguientes consideraciones: - En primer término señala el tribunal que la protección constitucional al buen nombre, el honor y la honra esta dirigida a preservar la legalidad de  toda actuación u omisión pública o de los particulares en relación con la honra y reputación de las personas. Advierte que los términos de las situaciones jurídicas a  las que se dirige dicha protección no son abstractos, de manera que la efectividad de ellos debe ser relacionada con un hecho concreto respecto del cual cabe predicar la omisión o la acción que se debe remover por virtud de la Acción de Tutela. En este sentido advierte el Tribunal que la tutela debe reclamarse frente a una determinada condición entre las varias en las que se puede encontrar la persona reclamante, la que en el caso de la petición que examina es la de juez y no otra especial o genérica; por tanto, debe tenerse en la cuenta que lo que se alega por los peticionarios es la violación del Derecho Constitucional Fundamental al Buen Nombre como consecuencia de la supuesta ilegalidad de unas actuaciones administrativas que recaen sobre quienes se encuentran en una situación de carácter legal y reglamentario, como es la que se deriva de la carrera judicial. - No es procedente el trámite de la Acción de Tutela presentada por los peticionarios puesto que en el caso en examen los accionantes podían ejercer la acción contencioso administrativa de nulidad y de restablecimiento del derecho, prevista en los artículos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo, y por que como lo tiene definido la ley y la jurisprudencia, la acción de tutela sólo procede cuando no exista otro medio de defensa judicial para hacer valer el derecho que se reclama (art. 6o. Decreto 2591/91). o cuando existiendo éste, aquella se ejerce apenas como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. -  El perjuicio que se invoca como fundamento de la  citada petición no es irremediable, lo que hace improcedente la acción como mecanismo transitorio; además, la petición de que se ocupa el citado Tribunal no se hace con fundamento en el citado mecanismo y en el evento de que se hubiese solicitado por esta vía, tampoco seria procedente pues el literal a) del artículo 1o. del Decreto 306 de 1992 advierte que no se considera como perjuicio irremediable la solicitud de orden de reintegro o promoción a un empleo, cargo, rango o condición.. C) La Previa Impugnación Los peticionarios insisten en los argumentos de su demanda inicial, puntualizando que no han solicitado el reintegro a sus respectivos cargos sino que se levante la reserva moral que sirvió de fundamento al Tribunal Superior para tomar la decisión de no reelegirlos. Advierten que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá puso en tela de juicio la honorabilidad de las personas a quienes se les adujo el argumento de la "reserva moral" para que no continuaran ejerciendo el cargo de jueces, y permitió que la sociedad diera paso a la imaginación y la maledicencia consistente en la idea de que fueron jueces venales, sobornables y corruptos. En su opinión, la citada figura es más perjudicial que el mal que se quiere evitar y, por tanto, para proteger el derecho que se estima violado en el caso concreto, se debe levantar la citada reserva moral. Insisten en advertir que su petición es la de obtener que se levante la reserva moral y no que se les reintegre al cargo que venían desempeñando. Advierten por ultimo que en estos casos es posible que el juez que conoce de la solicitud de tutela se pronuncie sobre la constitucionalidad de las normas de que se trata, cuando a la luz de la nueva Constitución aquellas resultan abiertamente contrarias a un derecho fundamental D) La Decisión De Segunda Instancia. El Honorable Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en providencia del 15 de julio de 1992 confirmó la sentencia impugnada con base en los siguientes fundamentos: -  Repetidamente el Consejo de Estado ha sostenido que la acción de tutela consagrada en el articulo 86 de la Constitución Nacional no procede cuando el afectado dispone de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. Al respecto sostiene que "En efecto, quienes utilizaron en este caso la acción de tutela la ejercieron contra un acto administrativo,  como  lo es el que contiene la decisión del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, de no incorporarlos a la Carrera Judicial, acto cuya legalidad es posible impugnar acudiendo ante la jurisdicción contencioso administrativa mediante el uso de la acción de nulidad correspondiente,  lo que descarta la posibilidad de utilizar la acción de tutela como claramente se desprende del tenor literal del tercer inciso del mencionado artículo 86 de la Constitución Nacional." Encuentra procedente  anotar que el a-quo debió abstenerse de analizar lo concerniente al ejercicio de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, puesto que en ningún momento la acción fue propuesta bajo esta modalidad. CONSIDERACIONES DE LA CORTE PRIMERA: La competencia. Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las sentencias que se señalan en la parte de antecedentes de esta providencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral  9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 236 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que del expediente que contiene dichos actos practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda: La Materia Objeto de la Petición de Tutela. A) En primer lugar encuentra la Sala que los peticionarios solicitan expresamente por virtud del ejercicio de la Acción de Tutela  que establece el artículo 86 de la Carta Fundamental, la protección de su Derecho Constitucional Fundamental al Buen Nombre  igualmente consagrado en el articulo 15 del estatuto fundamental , el que en su opinión resultó desconocido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santafé de Bogotá en los actos de nominación de jueces en los que se ordenó su desvinculación del servicio por la vía de la no reelección, fundamentada en la hipótesis normativa que permite la aplicación del literal h) del articulo 3o, del Decreto 1881 de 1989. Asi las cosas, en concepto de la Corte la cuestión planteada por los peticionarios se contrae a reclamar por esta vía judicial la protección de dicho Derecho Constitucional Fundamental, sin proponer ninguna otra petición, pues, en verdad lo que reclaman es que se ordene al Tribunal Superior de Santafé de Bogotá que levante la "reserva moral" con la que fundamentó la no reelección de los citados peticionarios y que se señalen  expresamente los motivos que tuvo dicha Corporación para tomar aquella resolución. Como se ha visto, los peticionarios sostienen que bajo las reglas de la nueva Constitución han desaparecido los fundamentos constitucionales que han sido invocados para determinar la validez jurídica del literal H) del artículo 3o. del Decreto 1888 de 1989,   y que esta disposición es inconstitucional por resultar contraria a lo señalado por el citado artículo 15 de la Carta. B)   Examinada la cuestión jurídica formulada por los peticionarios, esta Corporación encuentra que una de las materias de que se ocupa la solicitud de tutela de la referencia, es la de determinar si bajo las reglas de la Carta Constitucional de 1991, el ejercicio de las competencias de  nominación de jueces y magistrados, dentro del ámbito de la Carrera Judicial, es compatible con la figura  prevista por la ley para efectos de permitir a los funcionarios nominadores abstenerse de designar a los candidatos inscritos en la lista de elegibles luego del concurso correspondiente o a los funcionarios que encontrándose en el servicio, aspiran a continuar en él en caso de vencerse el periodo para el que fueron designados por la existencia de la convicción moral de que estos no observan una vida pública o privada compatible con la dignidad del empleo. En verdad y en el fondo de la reclamación, se solicita la inaplicación de la citada disposición legal y la aplicación directa, para el caso concreto que se plantea, de los alcances jurídicos  de lo dispuesto por el articulo 15  de la Carta Fundamental de conformidad con la lectura que los peticionarios hacen de esta norma jurídica de carácter constitucional. C)  Al respecto de lo señalado en este acápite, la Corte reitera la jurisprudencia nacional que sobre el tema de la "Reserva Moral" para el sistema de nombramiento de jueces y magistrados dentro del régimen de la Carrera Judicial, se ha elaborado por la Corte Suprema de Justicia para fundamentar la constitucionalidad de aquella disposición y para darle la más cabal aplicación, de conformidad con los diversos supuestos de orden lógico, racional y práctico que se encuentran en ella; en efecto, cabe observar que desde sus origenes las disposiciones que han regulado el citado régimen de la carrera Judicial, parten del supuesto teleológico y de la razón práctica de carácter universal, según los cuales, en dicho ámbito se hace necesario garantizar una eficiente administración de justicia y un determinado conjunto de derechos de orden constitucional, legal y reglamentario de las personas vinculadas a la función publica en los cuadros de la Rama Judicial del Poder Publico, dentro de precisas reglas que tienen como base un sistema lógico y racional de ingreso, ascenso y retiro por méritos y de igualdad de oportunidades con estabilidad e independencia orgánica y funcional, dada la alta misión técnica y social que se desarrolla por dichos funcionarios. Además, se observa que en el fondo de la cuestión planteada se trata de discutir una de las opciones complementarias y excepcionales escogida por el legislador como vía para permitir a los magistrados nominadores en el ámbito de la Carrera Judicial, la adopción de la mejor solución posible en atención a los altos intereses que comporta y traduce la cabal administración de justicia. Al respecto, esta Corporación tuvo oportunidad de pronunciarse sobre el tema de la importancia técnica y de los elementos que componen el sistema de selección de los funcionarios judiciales en los siguientes términos: "En materia de la selección de los funcionarios judiciales, se ha comprobado que el sistema del concurso de méritos, es un instrumento falible que se ha venido diseñando como fórmula de ayuda para llegar a decisiones complejas, como son las que atañen a las necesidades del servicio y al mejor desarrollo de la función pública, aspectos centrales en la escogencia de los funcionarios. No es suficiente que un funcionario judicial nombrado o no en período de prueba, obtenga los requisitos señalados por la ley, como calificaciones satisfactorias, para ser designado automáticamente en propiedad, sin ninguna otra consideración. Hay otros factores que tienen especial relevancia en cuanto al mejor desarrollo de la función pública y que no hacen parte del concurso de méritos, tal como ocurre con los rasgos morales, los antecedentes personales, los hábitos y las costumbres. "No es por ello válido afirmar que la conducta del funcionario se contrae exclusivamente, en este caso, al período de prueba, ni por el hecho de cumplir el período de prueba a que se refiere el Decreto 052 de 1987, el nominador se halle en la obligación de nombrarlo en propiedad. "La ley y la administración le imponen al funcionario judicial en todos los momentos de su vida, pública y privada observar una conducta, un comportamiento y una moral recta que lo hagan digno del cargo que desempeña. Pero cuando esa conducta dá lugar para que surja la convicción moral de que el funcionario no observa una vida pública compatible con la dignidad del empleo que ejerce, como en el caso de autos, en que el peticionario en el ejercicio de su cargo, en calidad de Presidente del Consejo Seccional de la Carrera Judicial de Norte de Santander (conforme a las declaraciones rendidas por los demás miembros de ese Consejo), actuaba en forma irrespetuosa y ofensiva ante ellos y entorpecía ostensiblemente el desarrollo normal de las reuniones, lo cual es reiterado en el informe - conclusión del abogado visitador de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial, no se podrá nombrar al funcionario en propiedad para desempeñar el cargo. "La convicción moral a que se ha hecho referencia en esta providencia, no equivale a una pura y simple reserva mental, pues de ser así carecería de asidero constitucional y vulneraría, entre otros principios, la presunción de inocencia, el debido proceso y la misma dignidad humana. El margen de razonable apreciación, inherente al juicio moral, debe basarse en hechos comprobables que validen la inferencia que se hace y que, como tales, puedan ser en todo momento conocidos y controvertidos por la persona afectada". (Sentencia No. T-591, diciembre 4 de 1992, M.P. Jaime Sanín G.) Por otra parte cabe observar que la convicción moral de la inobservancia de una vida pública o privada compatible con la dignidad del empleo a que hace referencia el literal h) del artículo 3o. del Decreto1888 de 1899,  es otro más de los conceptos indeterminados a priori que, junto a los de Orden Público, Interés General o Necesidades Públicas entre otros varios que incorporan tanto la Constitución  como las leyes,  y que sirven al ordenamiento jurídico  como herramientas técnicas de carácter normativo y como clausulas abiertas  permiten al Constituyente y al Legislador remitirse a la administración o a los jueces para efectos de encontrar y adoptar las soluciones que sean conformes con los postulados sobre los que se erige el Estado. Obsérvese que para el caso de la aplicación de aquella disposición en el nombramiento de jueces y magistrados se trata de la existencia de cuerpos colegiados en los que las decisiones a este respecto  se toman por mayoría absoluta y presuponen el debate y la ponderación calificada de los hechos y del caso en general; además, quienes toman la decisión ostentan altas calidades técnicas y sociales, las que se deben reflejar en la decisión a tomar. Igualmente, se parte del supuesto jurídico históricamente reiterado por la experiencia racional, según el cual la naturaleza de las cosas que se regulan por dicho estatuto, exige del legislador previsiones que tengan en cuenta la  recta capacidad  de apreciación moral del nominador, ya sea orgánicamente superior o funcionalmente habilitado para adelantar el proceso de selección y elaboración de listas de candidatos, para efectos de asegurar la más límpida y transparente imagen y credibilidad social de los administradores de justicia, respecto de los cuales la sociedad entera en general, y el ordenamiento jurídico en particular, ejercen control permanente y demandan imparcialidad, rectitud y dignidad paradigmáticas Para procurar dichos fines, el estatuto actualmente vigente establece un conjunto preciso de reglas aplicables a los procesos de selección e ingreso  por el sistema de méritos, mediante varios mecanismos complejos que se integran por varias etapas, las que van, en el procedimiento general y ordinario, desde la convocatoria al concurso hasta el nombramiento en propiedad, pasando por la calificación, la permanencia en la lista de elegibles, el nombramiento en periodo de prueba, el nombramiento en propiedad y la reelección para otro periodo, sin descartar la hipótesis de un margen de apreciación que se expresa en la convicción moral de que los candidatos no observan una vida pública y privada compatible con la dignidad del empleo y que enerva la posibilidad del acceso a la función o permite la desvinculación del servidor de los cuadros del servicio. Ahora bien, cabe advertir que inclusive, en etapas anteriores a la que se inaugura con el estatuto actualmente vigente, las disposiciones que fueron aplicables a dicha materia, también regularon los motivos que impedían el nombramiento para un cargo en la rama jurisdiccional y dentro de ellos se establecía como hipótesis jurídica suficiente e igualmente complementaria y excepcional para dichos casos, la existencia de la convicción moral en el nominador de que el candidato elegible no observaba una conducta compatible con la dignidad del cargo. Al respecto de este punto la Corte Suprema de justicia expresó que; "Y la razón de ser de la legislación al consagrar como inhabilidad para designar a una persona en la judicatura, cuando respecto de ella se encuentre comprometida su moral radica en que, en su delicada misión de impartir justicia y de contribuir a la seguridad y paz social con sus decisiones, sus calidades morales deben estar libres de todo hecho que incida en la credibilidad de su rectitud moral." ( C.S.J. Sala Plena, Sentencia del 27 de agosto de 1992, M. P. Alberto Ospina Botero) En este mismo sentido en la citada providencia se advierte que: "Según la causal de inhabilidad precedente se tiene que cuando el nominador, según los hechos de que tiene conocimiento, llega al convencimiento, en la órbita de la moral, que la conducta de un concursante elegible, riñe con la dignidad del cargo, y por ende, su estado de conciencia lo hace inclinar en el nombramiento o votación por una decisión negativa, que es de linaje subjetivo o de conciencia, su juzgamiento, como norma general, según lo advierte la doctrina y la jurisprudencia, resulta casi que imposible, pues solo basta suponer si es fácil y factible penetrar en un estado de conciencia."(Ibídem) D)    Adviértase que en ningún caso se trata de un proceso objetivo en el que se juzgue la conducta con fines de carácter punitivo o de reproche penal o disciplinario y que concluya en una sanción determinada con carácter represivo, ni de consecuencias diversas de las de la simple  no incorporación a la carrera o la de la no reelección; por tanto, no se puede encuadrar dicha competencia radicada en cabeza del nominador dentro de los supuestos del proceso penal, policivo o disciplinario,  ni de las reglas que para los efectos de su ejercicio define la Carta bajo los conceptos del Debido Proceso constitucional en general, ni mucho menos dentro de los conceptos del Debido Proceso Penal en especial. Se trata como se ha visto, de una parte del procedimiento reglado de elección de jueces y magistrados que se surte dentro de las reglas constitucionales y legales de la Carrera Judicial y no de una actuación judicial, ni de un proceso de controversia administrativa de carácter gubernativo, policivo o disciplinario. Es como se ha advertido, la expresión de una competencia apenas excepcional que garantiza un determinado margen de apreciación y de resolución sobre un aspecto del proceso delicado de incorporación de jueces y magistrados en los niveles de la Rama Judicial del Poder Público. Resulta necesario retener que la majestad de la justicia y su valor incuestionable para el orden social, plantea la problemática del elemento humano escogido para su servicio y que por principio indisponible este debe estar adornado de especiales calidades y cualidades personales, de excelentes condiciones morales y de adecuados conocimientos jurídicos, todo lo cual presupone especiales elementos de evaluación y de calificación por parte de los nominadores para atender a dichas exigencias. y para encontrar un sistema que permita proveer con soluciones justas las situaciones que acarrea la selección de dichos funcionarios, sin que resulte extraño a los postulados de la Carta Política de 1991 el establecimiento de fórmulas como la que se controvierte por los peticionarios, obviamente sometidas al control jurisdiccional propio de esta categoría de actos dentro del Estado de Derecho y del imperio del principio de la legalidad de los actos de la administración E)  En verdad aquella fórmula parte de la necesidad de establecer determinados grados de discrecionalidad en el ejercicio de ciertas funciones de la administración, que igualmente comprende, apenas como elemento excepcional, a una parte de la organización y el funcionamiento de la Carrera Judicial por las razones y argumentos planteados más arriba; empero, esta noción no puede confundirse ni catalogarse dentro de los cuestionables vicios que patrocina la arbitrariedad de los poderes públicos, sancionada y proscrita por el régimen de control jurisdiccional de los actos de los funcionarios en cuya cabeza se radica. En efecto, el establecimiento y el ejercicio de este tipo de competencias no puede obedecer al mero y simple capricho de los titulares de la función nominadora, quienes no se encuentran en libertad de disponer sobre lo de su función en absoluta libertad, ya que como lo sostiene la doctrina del derecho administrativo, se debe partir del postulado según el cual la discrecionalidad no es ni patrocina la arbitrariedad, pues, dichos actos deben ser objeto del control contencioso administrativo principalmente en lo que hace a los motivos o razones externas que fundamentan la decisión y también sobre el uso proporcionado y racional  de la competencia. Así las cosas, es claro que los términos de la definición legal de la competencia de que se trata en este caso, no elimina el deber jurídico general que impone  la motivación del acto; lo que ocurre es que por la naturaleza del asunto de que se ocupa la misma, bien basta que aquella sea sucinta o escueta,  siempre que sea lo bastante indicativa del fundamento legal que se invoca como motivo  de su ejercicio. Estas características autorizadas por la definición que incorpora la ley, no acarrean por si mismas la nulidad del acto en concreto, ni la inconstitucionalidad de la ley en general; por lo contrario, la naturaleza del asunto, las concretas circunstancias que rodean el mismo y la estructura del ordenamiento jurídico al que pertenece la disposición que autoriza el expediente del convencimiento moral del tribunal nominador sobre la conducta inadecuada del candidato, señalan que dicha motivación puede ser sucinta, breve o escueta siempre que sea indicativa de dicho fundamento. Obsérvese que todo lo anterior tiene como finalidad el aseguramiento de los derechos de las personas y la garantía del control jurisdiccional de las actuaciones de la administración, por virtud del ejercicio de las correspondientes acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, que comportan la posibilidad del reclamo de las reparaciones correspondientes y la efectiva protección del derecho violado. En el caso de la hipótesis jurídica de la convicción moral de que se trata en el caso en cuestión, es claro que en las actas correspondientes aparece la motivación externa de las decisiones adoptadas, con fundamento en la previsión legal que la autoriza y que éstas, junto a los posibles vicios internos, son objeto de control jurisdiccional por parte de los jueces de lo contencioso administrativo, para efectos de determinar si es el caso de la desviación o del abuso del poder, de la falsa motivación o de la falta de competencia y de vicios externos de los actos, los que de comprobarse enervarían la validez de aquellos y comportarían su nulidad, lo mismo que las reparaciones a que haya lugar. En este sentido es claro que en los estrados de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, también se puede cuestionar la legalidad de aquellas actuaciones de los nominadores en lo que hace a los vicios internos del acto, con fundamento en el conocimiento de los hechos antecedentes y en el examen sobre el uso racional y proporcionado de la discrecionalidad en cada caso concreto. F)   De otra parte, adviértase que dentro del marco de la nueva Carta Constitucional de 1991 y a la luz de las disposiciones legales aplicables, no existe definición expresa de algún período para magistrados de tribunales ni para jueces, lo cual en concepto de esta Sala quedó reservado a la ley estatutaria correspondiente. Por esto, mientras la Ley no defina el punto de la existencia o no de los períodos para dichos funcionarios, la figura de que se ocupa el literal h) del artículo 3o. del Decreto 1888 de 1989,  no puede aplicarse para aquellas personas  que en adelante sean  designadas en la Carrera Judicial en propiedad,  después de superar el período de prueba, pues, para el ámbito de la Carrera Judicial aquella figura de evaluación radicada en cabeza del nominador solo se predica de la oportunidad en la que se proceda a decretar le elección del servidor, sea en el caso de la incorporación a la Carrera, o en la del vencimiento y comienzo de un período siempre que aquel exista por definición legal. En este mismo sentido observa esta Sala que la existencia de la Carrera Judicial como disposición constitucional aplicable para los servidores públicos en la Rama Judicial del Poder Público, no enerva ni contradice la posibilidad legal del establecimiento de periodos fijos, ya que bien puede el legislador patrocinar con sus disposiciones hipótesis estructurales de renovación y cualificación de los cuadros de la administración de justicia, que tengan como fundamento el paso del tiempo, puesto que la carrera no comporta por definición la inmovilidad ni el estancamiento sino, por el contrario, presupone el ascenso por méritos y el celoso cuidado en la vigilancia y el control del comportamiento personal y público de los jueces, entre otros factores de evaluación; empero, la ley debe proveer igualmente sobre las garantías estructurales y orgánicas para asegurar la continuidad en el servicio de los funcionarios de carrera que cumplan con los supuestos jurídicos de carácter objetivo y subjetivo de rendimiento, comportamiento, preparación, idoneidad, rectitud, eficiencia y calidad. G)   Bajo las anteriores consideraciones y examinadas las sentencias de que se ocupa en esta oportunidad  esta sala de la Corte Constitucional, se encuentra que en favor del reclamo de los peticionarios era procedente el ejercicio de las acciones contenciosas que establecen los artículos 82 y 85 del Código Contencioso Administrativo, por tratarse de la controversia judicial sobre uno de los elementos de los actos de competencia de la jurisdicción especializada de lo contencioso administrativo. En este sentido se reitera la jurisprudencia de la Corte Constitucional que advierte que en desarrollo de las previsiones contenidas en el artículo 86 de la Carta y en los Decretos 2061 de 1991 y 306 de 1992, la acción de tutela no procede ni es admisible cuando en favor de la petición formulada exista otra vía judicial prevista para atenderla, salvo cuando se trate de su  solicitud como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo cual no es del caso que se examina.  Así las cosas, cabe ordenar la confirmación de las sentencias que se revisan y que ordenan no acceder a las peticiones formuladas por los peticionarios. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.  CONFIRMAR las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Honorable Tribunal Contencioso de Cundinamarca el 4 de junio 1992, y por el Honorable Consejo de Estado el 15 de julio del mismo año y por los motivos que en este fallo se han expuesto. Segundo. Comuníquese la presente decisión al Tribunal Contencioso de Cundinamarca  para los efectos legales que corresponden. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ            SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General Salvamento de voto a la Sentencia No. T-602 RESERVA MORAL (Salvamento de voto) La convicción moral no equivale a una pura y simple reserva de convicción, pues de ser así, carecería de asidero constitucional y vulneraría, entre otros principios, la presunción de inocencia, el debido proceso y la misma dignidad humana. El margen de razonable apreciación, inherente al juicio moral, debe observarse en hechos comprobables que materialicen la inferencia que se hace y que, como tales, puedan ser en todo momento conocidos y controvertidos por la persona afectada. En este orden de ideas, la convicción moral es un elemento objetivo, que para constatar su vinculación al derecho debe ser motivado y en general ajustarse a las reglas del debido proceso. DEBIDO PROCESO/RESERVA MORAL (Salvamento de voto) Cuando de aplicar sanciones se trata, el debido proceso es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende que el servidor público cumpla las funciones asignadas, sino además que lo haga en la forma como determina el ordenamiento jurídico.existió ciertamente una violación del debido proceso en actuaciones administrativas por la falta de motivación del acto administrativo mediante el cual el Tribunal Superior de  Santa Fe de Bogotá desvinculó de la carrera judicial a los peticionarios. Y en segundo lugar fueron vulnerados los derechos a la honra y al buen nombre ya que la razón de la desvinculación tan sólo se limitó a un calificativo genérico y vago, no demostrado y no susceptible de contradicción, consistente en razones de índole moral. No se trata aquí de la discusión acerca de la desvinculación laboral del funcionario, para lo cual existe ciertamente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Tampoco es medio de defensa en este caso  la acción penal por calumnia e injuria, porque ello busca establecer la responsabilidad penal del sujeto activo, mas no el restablecimiento de los derechos de los petentes. Luego es precisamente la tutela el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales aquí desconocidos. Todo acto administrativo que sea desarrollo del proceso de selección, vinculación, promoción o ascenso, sanción y retiro debe ser motivado para poder evaluar si se tuvieron en cuenta los méritos y calidades de los aspirantes de conformidad con el artículo 125 de la Carta, así como para poder ser controlado verificando si se cumplieron los artículos 3º, 2º y 29 de la Constitución Política. Del Magistrado: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO REF: EXPEDIENTE Nº T-4565 Peticionarios: Jaime Bernardo Chávez Bolaños, Jorge Ernesto Páez Méndez, Mariano de Jesús Porras Peña, César Amaya Moreno y Gustavo Vega Aguirre Procedencia: Consejo de Estado Santa Fe de Bogotá D.C., diciembre diez (10) de mil novecientos noventa y dos (1992). Por medio de este escrito salvo el voto en el proceso de la referencia por no compartir los argumentos de la mayoría de esta Sala de Revisión. 1. Del derecho al buen nombre y a la honra Los derechos al buen nombre y a la honra se reflejan en el derecho a la reputación, es decir la imagen que proyecta la persona. La honra que se encuentra protegida en el artículo 21 de la Constitución, es el concepto que las demás personas tienen de uno mismo, es la imagen exterior que se proyecta. La honra es un derecho de la esfera personal y se expresa  en la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. El derecho a la honra es esencial, es el derecho que tiene toda persona a ser respetada ante sí mismo y ante los demás, independientemente de toda limitación normativa.1 El buen nombre también protegido en la Carta en el artículo 15, es el aspecto positivo de la honra, en particular faculta a la persona para exigir respeto por la buena fama o imagen que posea, o sea aquella calificación cualitativamente positiva que de ella hace la sociedad. La Constitución Política vigente, además del señalamiento de los derechos a la honra y al buen nombre (CP arts. 21 y 15) con categoría de fundamentales, impuso al Estado, como uno de sus fines esenciales, la protección de la honra de todas las personas residentes en Colombia (CP art. 2º inciso 2º), y reconoció, como pilar de la organización política, "el respeto de la dignidad humana" (CP art. 1º), principio anterior al Estado que, al mismo tiempo, marca la finalidad de sus esfuerzos y legitima el ejercicio del poder. 2. La interpretación del literal h) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1.989. El literal h) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1.989 establece: "Artículo 3º- No podrán ser designados ni desempeñar cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional: ...h) Las personas respecto de las cuales exista la convicción moral de que no observan una vida pública o privada compatible con la dignidad del empleo" (negrillas no originales). Para encontrar la interpretación de la norma transcrita, se analizarán los siguientes sub capítulos: la moral y el derecho, la moral como principio constitucional y la interpretación más conforme con la Constitución Política, así: 2.1. La moral y el derecho. La palabra "derecho" no siempre ha significado lo mismo a través de su historia; es decir no ha conceptuado siempre las mismas entidades normativas. En lugar de ser un concepto lógico a priori que se desenvuelve históricamente en diversas etapas o momentos (costumbre indistinta o indiferenciación ética, mera diferencia práctica, diferenciación teórica) como pretenden algunos autores, el fenómeno jurídico ha sufrido cualitativas transformaciones a lo largo de la historia, a tono con las diversas estructuras económico sociales: ethos  en las antiguas sociedades esclavistas, privilegio en el medioevo feudalista, derecho formal en la moderna época capitalista. En el ethos no se había aún escindido el derecho, la moral, la religión y los usos sociales, sino que todos ellos formaban un todo normativo indiviso. Pero en su desarrollo  el derecho fue paulatinamente diferenciándose de los otros conjuntos normativos, hasta llegar a mediados del siglo XIX, con las ideas del positivismo de Compte, a un derecho abstracto y formal, general e igualitario de la sociedad moderna, regulador de las conductas en interferencia intersubjetiva, distinto del discurso moral. Sin embargo a partir del Holocausto que generó un derecho sin valores, la humanidad ha venido avanzando hacia una positivización axiológica, particularmente desde la Declaración de Derechos del Hombre de las Naciones Unidas de 1.948, hasta arribar a un espiritualismo concreto. En consecuencia la radical distinción entre el derecho y la moral es inevitable y descansa hoy en una tendencia marcada a la superación del positivismo y del formalismo, sin caer en una axiologismo ontológico. La filosofía jurídica actual se mueve justamente en la búsqueda de un camino superador tanto del positivismo como del iusnaturalismo: sin bien revaloriza el Derecho positivo (y la autonomía de la ciencia jurídica), afirma la necesidad de la crítica de ese mismo Derecho, principalmente como valoración ética racional2 . Ello en búsqueda del fin esencial del Estado, que es un ordenamiento materialmente justo. El planteamiento favorable de la teoría de los valores debe aparecer matizado por la referencia al hombre y a la sociedad en que vive para el conocimiento de los valores vigentes en la realidad que suponen, de suerte que la moral no es un concepto subjetivo sino intersubjetivo. La filosofía jurídica juega hoy el papel de informar los valores desde los que el derecho vigente intenta justificarse. Los valores a incorporar y realizar por el derecho vigente son precisamente aquellos principios que toda la sociedad reconoce como mínimos, a partir de la dignidad del hombre. La doctrina de la valoración jurídica queda ligada a la teoría de los valores, cuyo cometido consiste tanto en aclarar y fundamentar los valores ya sentados en la conciencia humana de cada comunidad en cada época, como ir descubriendo nuevos valores emergentes que remiten a la realidad que suministran una solución a la justicia. 2.2. La moral como principio constitucional. En Colombia, en la Constitución de 1.991 hay también una proclamación expresa de antiformalismo jurídico, de concepción sustantiva del Derecho, cuyo contenido material le viene dado por unos valores cuyo ser transpasa el mundo jurídico y, por tanto, de un asentamiento del Estado (el poder) y el ordenamiento (la norma jurídica) en la moral o ética social, en términos de vinculación dinámico-teleológica de estos últimos  a aquellos. Estos valores de la Carta desarrollan el fin esencial del Estado que es asegurar la vigencia de un orden justo. La moral como principio constitucional aparece en seis oportunidades en la Carta, y debe ser siempre entendida como "moral social", así: en la obligación del Estado de ejercer inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (art. 67), en la extinción del dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social (art. 34), en la función administrativa que se desarrolla con fundamento en los principios de moralidad (art. 209), en la obligación de los congresistas de poner en conocimiento de la respectiva Cámara las situaciones de carácter moral o económico que los inhiban para participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración (art. 182), en las acciones populares, que podrán ser invocadas para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con la moral administrativa (art. 88), y como causa de formulación de peticiones por parte de los miembros de la fuerza pública (art. 219). La concepción positivista del derecho excluyó la moral de la consideración jurídica. El Constituyente de 1.991 rescató el valor de la moral y lo integró al contexto constitucional. La Constitución de la República de Colombia debe interpretarse con un criterio axiológico y finalista, siguiendo los lineamientos del artículo 2º sobre los fines esenciales del Estado. Uno de ellos es la "vigencia de un orden justo", es decir, un ordenamiento jurídico materialmente bueno. 2.3. La interpretación más conforme con la Constitución. El literal h) del artículo 3º del decreto 1888 de 1.989 tiene fundamento constitucional en el artículo 209 de la Carta, que establece: "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones..." (negrillas no originales). La moralidad y la legalidad de la actividad administrativa se encuentran enlazados, como lo había anotado incluso la Sección Tercera del Consejo de Estado en Sentencia preconstitucional de abril 6 de 1.989: "En efecto cuando el contrato se ha celebrado mediante manejos inmorales, en forma deshonesta, o exterioriza un favoritismo escandaloso, puede afirmarse que existen razones de legitimidad para revocarlo o anularlo, ya que la legalidad y la moralidad de la actividad administrativa no marchan ni pueden marchar divorciadas"3 . Considero, en este salvamento de voto, que la interpretación más conforme con la Constitución, de la convicción moral que se encuentra contenida en el literal h) del artículo 3º del Decreto 1888 de 1.989 consiste en apreciarla a partir del derecho constitucional fundamental al debido proceso. En otras palabras como ya lo ha sostenido la Corte Constitucional4 , la convicción moral no equivale a una pura y simple reserva de convicción, pues de ser así, carecería de asidero constitucional y vulneraría, entre otros principios, la presunción de inocencia, el debido proceso y la misma dignidad humana. El margen de razonable apreciación, inherente al juicio moral, debe observarse en hechos comprobables que materialicen la inferencia que se hace y que, como tales, puedan ser en todo momento conocidos y controvertidos por la persona afectada. En este orden de ideas, la convicción moral es un elemento objetivo, que para constatar su vinculación al derecho debe ser motivado y en general ajustarse a las reglas del debido proceso. 3. Del debido proceso en actuaciones administrativas. 3.1. Consideraciones generales. El Debido Proceso es el mayor celo en el respeto de la forma en todo tipo de actuaciones judiciales y administrativas5 . La Constitución de 1.991 establece en el artículo 29 el derecho fundamental al debido proceso que se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Cualquier decisión tomada por la administración que implique la pérdida o el desmejoramiento de una situación concreta debe surgir de un proceso en el que se observen las disposiciones legales que permitan al interesado ejercer su derecho constitucional de defensa6 . Colombia, como Estado de Derecho, se caracteriza porque todas sus competencias son regladas (arts. 3º., 6º. y 123 de la Constitución). Por Estado de Derecho se debe entender el sistema de principios y reglas procesales según los cuales se crea y perfecciona el ordenamiento jurídico, se limita y controla el poder estatal y se protegen y realizan los derechos del individuo. Surge entonces el derecho de defensa del individuo frente al Estado. Todo proceso consiste en el desarrollo de particulares relaciones jurídicas entre el órgano competente y el interesado, para buscar la efectividad del derecho material y las garantías debidas a las personas que en él intervienen. Es decir que cuando de aplicar sanciones se trata, el debido proceso es exigente en materia de legalidad, ya que no solamente pretende que el servidor público cumpla las funciones asignadas, sino además que lo haga en la forma como determina el ordenamiento jurídico. 3.2. La motivación de los actos administrativos. La motivación del acto administrativo consiste en la exposición de los motivos que indujeron a la Administración Pública a la emisión del acto. La motivación equivale a los "considerandos" del acto, equiparándosela a la llamada "justificación del mismo". Dada la índole de la motivación del acto administrativo, algunos se han ocupado del estudio del tema. Así, Marienhoff considera que "para algunos autores trátase de un requisito del contenido del acto; para otros integra la forma del mismo; hay quien la considera como requisito de la razonabilidad que debe tener la voluntad administrativa"7 . En la Resolución (77) 31 del Comité de Ministros del Consejo de Europa de 27 de septiembre de 1.977, se recomienda que en la legislación de los paises europeos se recoja el principio de que "cuando un acto administrativo es susceptible de afectar a los derechos, libertades o intereses, el administrado deberá ser informado de los motivos sobre los que se funda. Esta información será facilitada por indicación de los motivos en el propio acto, o bien a requerimiento del interesado, mediante comunicación escrita en un plazo razonable"8 . La motivación es un medio técnico de control de la causa del acto. Por ello no es un simple requisito meramente formal, sino de fondo. El Tribunal Constitucional español, en sentencia de julio 17 de 1.981 expresó: "La motivación es no sólo una elemental cortesía, sino un requisito del acto de sacrificio de derechos". El derecho no es un fin en sí mismo sino un medio al servicio de la sociedad. Por lo tanto es necesario confrontar los móviles con los fines. De allí surgen justamente las teorías del "abuso del derecho" -en derecho privado-, y la "desviación de poder" -en el derecho público-.9 La razonabilidad de un acto administrativo está ordenada por el artículo 36 del Código Contencioso Administrativo, que dice: "En la medida en que el contenido de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma que la autoriza, y proporcional a los hechos que le sirven de causa". Ello es un principio básico del estado Social de Derecho, para evitar que la discrecionalidad se convierta en arbitrariedad. Todo acto del Estado debe estar conforme con su finalidad esencial, ya que las potestades se conceden, no para que se cesen a discreción, sin discernimiento, sino en vista de un fin determinado. Ya decían los romanos summun jus, summa injuria. La Constitución Política de 1.991 plantea que los poderes públicos ejercen sus poderes en los términos de la Constitución (artículo 3º). Y el artículo 2º, consagra los fines del Estado y la misión de las autoridades. Y en el artículo 29 estableció la aplicación del debido proceso a toda clase de actuaciones administrativas. En Colombia en el ordenamiento pre-constitucional se establecía en el Decreto-Ley 01 de 1.984 -Código Contencioso Administrativo-, artículo 35, que las decisiones que afecten a los particulares deben estar motivadas, al menos sumariamente. Este concepto tenía como fundamento constitucional los artículos 2º y 16 de la carta de 1.886. Dicha motivación es la fundamentación fáctica y jurídica con que la administración entiende sostener la legitimidad y oportunidad de la decisión tomada y es éste el punto de partida para el juzgamiento de esa legitimidad. Finalmente el mismo estatuto, en el artículo 84 consagra las causales de nulidad del acto administrativo. Allí se destacan, para nuestros efectos, dos causales: la falta de motivación y la desviación de poder. Se demuestra, pues, en ambas causales la necesidad de motivación, la cual debe, entre otras, ajustarse a los principios materiales del artículo 209 de la Constitución Política. Los antecedentes constitucionales de la necesidad de motivar al acto administrativo se encuentran en las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en las que se destaca el siguiente texto: "Como segunda fórmula se procede a votar el mismo texto [relativo a las funciones del Procurador], pero cambiando la expresión DISCRECIONAL,  por MOTIVADA: Cuarenta y tres (43) votos afirmativos, ninguno (0) negativo y quince (15) abstenciones. En tal virtud, la Honorable Asamblea Nacional Constituyente le imparte su APROBACION al texto, cuyo contenido se incluirá con el artículo completo. La tercera fórmula, que consistía en sustituir la expresión Y MEDIANTE DECISION DISCRECIONAL por la de POR VERDAD SABIDA Y BUENA FE GUARDADA, no se vota, toda vez que la anterior fórmula fue aprobada" (negrillas no originales). Se advierte que la voluntad del Constituyente fue que toda decisión que afecte intereses de una persona, debe ser motivada, para que sea susceptible de control y no haya así arbitrariedad. Distinto es el caso de la convicción moral, que requiere ser razonablemente motivado. 3.3. Motivación de los actos del proceso de la carrera del servidor público. En el artículo 125 de la Constitución Política se consagra la carrera del servidor público como una garantía para las personas vinculadas al Estado, con el fin de crear estabilidad en el empleo, igualdad de oportunidades en el ingreso o ascenso y calidad en la prestación del servicio o cumplimiento de la función pública. Dice así el artículo 125 de la Carta: "Los empleados de los órganos y entidades del estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se hará previo cumplimiento de los requisitos  y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes. El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o en la ley. En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción" (negrillas no originales). Los diferentes estatutos referentes a la carrera judicial que se han expedido a partir de 1.964 (Decreto 1698), se han orientado a garantizar, por una parte, una eficiente administración de justicia, y por otra, los derechos de las personas vinculadas a la prestación de dicho servicio. El estatuto actualmente vigente (Decreto 052 de 1.987), prevé la selección e ingreso de las personas por el sistema de méritos, mediante un mecanismo que comprende tres etapas: convocatoria, concurso y período de prueba (art. 21). Efectuada la convocatoria y aprobado  el concurso por el interesado, éste adquiere la calidad de elegible y deberá ser nombrado, si existe cargo por proveer. De conformidad con lo anterior, todo acto administrativo que sea desarrollo del proceso de selección, vinculación, promoción o ascenso, sanción y retiro debe ser motivado para poder evaluar si se tuvieron en cuenta los méritos y calidades de los aspirantes de conformidad con el artículo 125 de la Carta, así como para poder ser controlado verificando si se cumplieron los artículos 3º, 2º y 29 de la Constitución Política. 4. Del caso concreto. Para el suscrito era procedente la tutela solicitada por los Abogados Jaime Bernardo Chávez Bolaños, Jorge Ernesto Páez Méndez, Mariano de Jesús Porras Peña, César Amaya Moreno y Gustavo Vega Aguirre frente a la actuación del Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá, por reunirse los siguientes requisitos: a) se viola un derecho constitucional fundamental y b) no existe otro medio judicial de defensa. a) violación de un derecho constitucional fundamental: Al aplicar el Tribunal Superior de Santa Fe de Bogotá la llamada "reserva moral", violó los derechos fundamentales  al debido proceso, al buen nombre y a la honra, consagrados en los artículos 29, 15 y 21 de la Constitución Política, respectivamente, como se demuestra a continuación: En primer lugar existió ciertamente una violación del debido proceso en actuaciones administrativas por la falta de motivación del acto administrativo mediante el cual el Tribunal Superior de  Santa Fe de Bogotá desvinculó de la carrera judicial a los peticionarios. Y en segundo lugar fueron vulnerados los derechos a la honra y al buen nombre ya que la razón de la desvinculación tan sólo se limitó a un calificativo genérico y vago, no demostrado y no susceptible de contradicción, consistente en razones de índole moral. Por las razones aquí expuestas y porque la nueva Constitución exige respeto por la dignidad del ser humano, es que resulta completamente contrario a las normas constitucionales las disposiciones que permiten juicios secretos, decisiones fundamentadas en la reserva moral, en la verdad sabida y buena fe guardada10 o intromisiones en la vida privada de la persona. b) La inexistencia de otro medio judicial de defensa. Los derechos al buen nombre, la honra y el debido proceso no cuentan con la existencia de otro medio judicial de defensa para su efectiva protección en este caso. No se trata aquí de la discusión acerca de la desvinculación laboral del funcionario, para lo cual existe ciertamente acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo. Tampoco es medio de defensa en este caso  la acción penal por calumnia e injuria, porque ello busca establecer la responsabilidad penal del sujeto activo, mas no el restablecimiento de los derechos de los petentes. Luego es precisamente la tutela el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales aquí desconocidos. Concluyendo, para el Magistrado que aquí salva el voto no se debe recurrir a prácticas inquisitoriales en el Estado colombiano. Incurrir en la denominada "cacería de Brujas" violaría la Constitución en general y el debido proceso en particular. Fecha ut supra ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente 1 Cfr, Sentencias T-412 y T-480 de la Corte Constitucional sobre el tema de la protección de los derechos al buen nombre y la intimidad personal. 2 Cfr, PAREJO ALFONSO, Luciano. Constitución y valores del ordenamiento. Estudios sobre la Constitución Española. Homenaje al Profesor Eduardo García de Eneterría. Tomo I. El Ordenamiento Jurídico. Editorial Civitas. Madrid 1.991. pág. 94. 3 Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia de abril 6 de 1.989. radicación 4156 Consejero Ponente Julio César Uribe Acosta. Sin embargo el propio Consejo de Estado, en Sala Plena revocó posteriormente esta jurisprudencia. 4 Cfr, Sentencia Nro. T-591 de la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional. 5 Cfr, Sentencia Nro. St-011 de la Sala  Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional. 6 Lo contrario sería retornar a etapas ya superdas, como los juicios realizados por la "Santa Inquisición" por brujería. Al considerar aquel número tan alto de mujeres ejecutadas en los siglos pasados, se debe concluír que muchos de estos juzgadores pusieron de manifiesto no sólo su puritanismo ético, sino un exagerado sentimiento del honor y una obstinada hipocresía. Así pues, han transcurrido varios siglos desde que las penas tuvieron origen en la convicción moral del juzgador. El paso del tiempo ha exigido del juez la claridad y transparencia de sus fallos, la fundamentación de la decisión que garantice el respeto por el debido proceso. Cfr, RAMOS BOSSINI, Francisco. Procesos por brujería en la Historia del Derecho. Inglaterra siglos XV y XVII. Editorial Mezquita. Madrid 1.984, pág. 77. 7 MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo. Tomo II. Tercera edición. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1.988, pág. 325. 8 PARADA, Ramón. Derecho Admnistrativo. Tomo I. Parte General. Tercera Edición. Editorial Marcial Pons. Madrid. 1.991, pág. 129. 9 JOSSERAND, Luis J. El abuso de los derechos y otros ensayos. "Relatividad y abuso de los derechos". Editorial Temis. Bogotá. 1.982, pág. 25. 10 Salvo el Contralor para suspender, de conformidad con el artículo 268 numeral 8º de la Constitución Política.

T-603-92 Sentencia No _Sentencia No. T-603/92 DERECHO A LA HONRA-Carácter Como derecho fundamental que es, la honra de la persona, tiene una esfera social amplia, trasciende a un circulo grande de personas y su radio de acción y conocimiento es proporcional a la ascendencia que la persona tiene en la sociedad.  Pero se considera importante calcular que este derecho personalísimo es el resultado de la valoración individual que se han formado de ella, respecto de los actos y ejecuciones que por ser acordes con la ley y los buenos modales, le brindan la certeza a quien así se comporta de contar con la aceptación general de los demás  y le prodigan  en su nombre serios y ponderados conceptos de valoración individual que la hacen merecedora de la fe, la confianza y la credibilidad que se ha sabido ganar en su manera de ser y con su gestión personal. RECTIFICACION DE INFORMACION Cuando la información no cumple con los requisitos previos  de veracidad, es decir que ella no se ajusta a  los hechos que se reseñan o que a través  de la noticia o del informe se promuevan la parcialidad o la discriminación o se trate de influir deliberadamente en el comportamiento de la comunidad, la norma constitucional ha previsto un medio de defensa para el afectado porque se consagra el derecho a la rectificación en condiciones de equidad para cualquier persona que se crea lesionada por los informes de prensa. DERECHO AL BUEN NOMBRE-Carácter Es un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este derecho esta atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia muestra como crédito una persona.  El concepto del buen nombre es exterior y algunos tratadistas ven este derecho concatenado e íntimamente relacionado con el derecho a la honra. Es amplio en su concepción, no tiene límites en cuanto a su aplicabilidad y por ello entre más actos  puedan valorarse respecto de la conducta de la persona, se tienen mejores elementos de juicio para ponderar su personalidad y asignarle un puesto dentro de la escala de valoración social del buen comportamiento que al efecto ha creado el hombre. ACCION DE TUTELA-Informalidad/AGENCIA OFICIOSA EN TUTELA Se puede invocar el amparo de los derechos fundamentales, amenazados o vulnerados, personalmente o a través de representante, porque como se precisó anteriormente, el legislador consideró que para estos eventos es más importante el fondo que la forma y que más importante para el estado social de derecho y para la persona que la protección real, eficiente y oportuna de sus derechos fundamentales. Cuando se prevé la oportunidad de agenciamiento de derechos ajenos para el ejercicio de esta acción, se reafirma la voluntad de la ley de hacer prevalecer el respecto esencialísimo de los derechos  fundamentales por encima de cualquier consideración formal. MEDIOS DE COMUNICACION-Informaciones Los medios periodísticos tienen una cobertura amplia de difusión y los hechos descritos en ellos, que se dan a conocer de la opinión pública, además de estar precedidos de la buena fe, propia de un medio de comunicación, debe estar sometidos a los principios de veracidad y al de equidad.  Porque la misma Constitución señala que la prensa como fuente de información tiene la obligación de reseñar los actos informativos sin alterar la verdad de los acontecimientos e igualmente que la noticia no se considere como causa de beneficio para unos, en detrimento de los demás. SALA DE REVISION No.6 Ref.:  Proceso de tutela No. 4459 Tema:         Derecho a la honra, Derecho al                                                      buen nombre,  Derecho  a  la                                                  Información. Actor: FELIPE LOPEZ CABALLERO Magistrado ponente: Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Santafé de Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional conformada por los Magistrados Simón Rodríguez Rodríguez, Jaime Sanín Greiffenstein y Ciro Angarita Barón, revisa las acciones de tutelas proferidas por el Juzgado veinticuatro (24) Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de este mismo Distrito Capital, en sentencias del 18 de junio de l992 y de 29 de julio de l992, respectivamente. I. ANTECEDENTES. De conformidad con lo ordenado en los artículos 86 y 241 numeral 6o. de la Constitución Nacional y 33 del Decreto 2591 de l991, la Sala de Selección de la Corte Constitucional consideró procedente estudiar y evaluar la presente acción de tutela. Con fundamento en el artículo 34 del Decreto 2591 de l991, entra esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional, a dictar sentencia correspondiente. A. HECHOS DE LA DEMANDA. El día 25 de mayo de l992, Inversiones Cromos S.A., editora de la Revista Cromos publicó en la Sección "Runrunes", una nota titulada "El Niño y el Papa" cuyo texto es el siguiente: "Va a reabrirse la investigación sobre los créditos que Focine le concediera a la productora de la película EL NIÑO Y EL PAPA de propiedad de Felipe López Caballero, la cual quedó debiendo más de Cien Millones de pesos de aquella época, que hoy equivalen a más de quinientos sesenta millones de pesos. Lo que no se entiende es que el estado sea tan lento para cobrar sus dineros que algo aliviarían el déficit fiscal". Esta nota va acompañada de una foto del actor. Refiere el accionante, que la nota aludida es falsa, injuriosa y temeraria, en tanto que nunca se abrió investigación por parte de Focine a la productora de la película "El Niño y el Papa", por los créditos que le concedió como tampoco es cierto el concepto de "reabrirse" que aparece en la primera línea de la nota en referencia. Por último consigna que todas las obligaciones correspondientes al crédito en cuestión fueron canceladas oportunamente. B. DERECHOS VULNERADOS. Expresa el demandante la violación de los siguientes derechos: a) Derecho a la honra que señala el artículo 21 de la Constitución Nacional. b) Derecho a recibir información veraz e imparcial que prescribe el artículo 20 de la Constitución Nacional. c) El Derecho que tiene toda persona a su buen nombre, como lo dice el artículo 15 de la Constitución Nacional. C. PETICIONES DE LA DEMANDA. Con base en el artículo 20 de la Constitución Nacional, solicitó lo siguiente: 1) Que se rectificara la información falsa, injuriosa y temeraria en el próximo número de la revista, mediante la publicación de la siguiente nota: "Título: Pedimos excusas. Texto: En nuestra edición No. 3.878 de mayo 25 de l992 publicamos una nota titulada EL NIÑO Y EL PAPA en la que acusábamos a la productora de la película "EL NIÑO Y EL PAPA" (sic) de propiedad de Felipe López Caballero de haber quedado debiendo más de 100 millones de pesos de aquella época, que hoy equivalen, según nuestros cálculos a más de 560 millones de pesos. Quisieramos por medio de esta nota pedirle disculpas al doctor López Caballero puesto que después de recibir la información pertinente de Focine, nos vemos obligados a reconocer que toda la información que publicamos es falsa". 2) La nota anterior debe ser publicada en el mismo lugar, con el mismo despliegue gráfico y acompañada de la misma foto. 3) Como la equidad implica que la rectificación se haga en un número de edición de la revista de por lo menos de igual tiraje de circulación, solicitó que se ordenara a certificar bajo declaración juramentada a los siguientes representantes legales: a) A Editorial Tempora Editores, donde se imprime la revista, para que dijera el número de ejemplares que se imprimieron de la edición 3.878 del 25 de mayo de l992. b) A Distribuidores Unidas S.A., empresa que distribuye la revista, para que dijera el número de ejemplares que se vendieron de la edición arriba señalada. c) A Inversiones Cromos S.A., Editora de la revista, para que dijera que lo solicitado anteriormente es absolutamente exacto. Y, que dichos representantes legales, hagan exactamente lo mismo en la edición o ediciones en las que se publicara la rectificación. d) En el evento que el tiraje y circulación de la edición de la revista Cromos, en la cual se publique la rectificación fuere inferior a la circulación del día 25 de mayo de l992, se solicitó una nueva publicación de la misma. e) Y por último pidió que se señalara el nombre de las personas responsables de la publicación conforme a la ley, dado que no apareció en la revista de tal fecha. En curso el proceso de tutela, Mireya Durán Uribe, actuando como Agente Oficiosa de Derechos Ajenos, envió un oficio a la Sociedad Inversiones Cromos S.A., donde le solicitó a ese medio de comunicación, se sirviera rectificar la nota que motivó la acción, nota que fue la misma que el accionante, Felipe López Caballero acompañó en su escrito de tutela. El oficio de la señora Durán Uribe, fue publicado en la revista 3882 del 22 de junio pasado. D. ACTUACION PROCESAL. Dentro del expediente correspondiente a la acción de tutela, se aportaron como pruebas los siguientes documentos: Un ejemplar de la edición No. 3.878 de mayo 25 de l992 de la revista Cromos; certificación expedida por el representante legal de la Compañía de Fomento Cinematográfico -Focine-, en donde manifiesta que el crédito contraido por producciones Casa Blanca fue cancelado en su totalidad desde el mes de octubre de l989. El Despacho judicial de conocimiento de la acción de tutela, lo fue el Juzgado 24 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, el cual dictó un auto para que el accionante subsanara la solicitud de tutela respecto a lo siguiente: 1. Expresar el nombre o nombres, si es posible, de Inversiones Cromos S.A. 2. Aportar la prueba o expresar donde se encuentra, además, la existencia y representación de la precitada sociedad. 3. Indicar el lugar de trabajo o de habitación del representante de la misma persona jurídica, para efecto de las notificaciones. Cuatro días después de dictado el auto anterior, Mireya Uribe actuó como agente de derechos ajenos a nombre de Felipe López Caballero y aportó los siguientes elementos probatorios: Copia de escrito de mayo 25 de l992, dirigido por Javier Cortázar Mora, Gerente de la Compañía de Fomento Cinematográfico -Focine- en la que dismintió la versión que publicó la revista Cromos el 25 de mayo de l992; un ejemplar de la edición de junio 1o. de l992 de la Revista Cromos. Posteriormente, Diego Muñoz Tamayo, también actuó como agente de derechos ajenos en favor de Felipe López Caballero por encontrarse este último fuera del país, y en escrito dirigido al Juzgado presentó los siguientes documentos: Certificado de existencia y representación de Inversiones Cromos S.A., editora de la revista Cromos, expedida por la Cámara de Comercio de Bogotá; certificado de existencia y representación de Tempora impresora S.A., sociedad que imprime la revista; certificado de existencia y representación de Distribuidores Unidas S.A., Sociedad encargada de la distribución. En ese mismo escrito señaló el nombre del representante legal de cada sociedad, así como sus respectivas direcciones para efectos de las notificaciones. El 10 de junio de l992, el Juzgado 24 Civil del Circuito de esta misma ciudad, adentró la solicitud de acción de tutela con agenciamiento de derechos ajenos, y de conformidad  con el artículo 19 del decreto 2591 de l991 se decretaron las siguientes pruebas: 1. Edición 3.878 de la Revista Cromos Página 8, especialmente el artículo en cuestión; la nota del 26 de mayo de l991 suscrita por el Gerente de Focine a Cromos autenticada ante Notario; edición 3.879 de junio 1o. de l992; certificado de existencia y representación de Inversiones Cromos S.A., Tempora Impresiones S.A. y Distribuidoras Unidas S.A. 2. Solicitó a cada una de las entidades anteriores, para que informara bajo juramento, respecto de las peticiones de la acción de tutela y de los derechos constitucionales fundamentales violados. También solicitó a Inversiones Cromos S.A., para que dijera de quien recibió la información y la fotografía para publicar la respectiva nota y en caso afirmativo remitir al despacho fotocopia autenticada ante notario de la documentación correspondiente y que manifestara si recibió la nota de 25 de mayo de l991 dirigida por el Gerente de Focine a esa revista y afirmara si Felipe López Caballero, solicitó rectificación de la publicación. En caso afirmativo, enviar copia autenticada ante Notario. 3. Ordenó practicar inspección judicial a las oficinas o dependencias de Focine. El juzgado llevó a cabo la inspección judicial decretada el 10 de junio del año en curso, en la que se solicitó copias de los siguientes documentos: Fotocopia de la certificación emitida por la Cámara de Comercio de Santafé de Bogotá sobre existencia y representación de la Sociedad Casablanca Limitada, del contrato administrativo de crédito celebrado entre la Compañía Focine y Producciones Casablanca Ltda; certificado de la junta  directiva de Focine sobre la aprobación de un crédito por la suma de 35 millones de pesos, que fue solicitado por Felipe López Caballero; pagaré por valor de 35 millones a la orden de Focine en donde aparece como obligado Producciones Casablanca Ltda; comprobante de pago por la suma de 35 millones, a favor de Producciones Casablanca y tarjeta de control contable y de crédito que Focine llevó respecto de la obligación contractual, suscrita entre esa entidad administrativa y la sociedad Casablanca Ltda.. El 15 de junio de l992, Diego Muñoz Tamayo actuó nuevamente como agente de derechos ajenos en favor de Felipe López Caballero y para estos efectos dirigió memorial al Juzgado 24 Civil del Circuito en el que presentó copia autenticada de la nota de rectificación dirigida por la señora Carmen Mireya Durán a doña María Elvira Bonilla, editora de la Revista Cromos. El 16 de junio del año en curso, el juzgado recibió memorial firmado por Mauricio Prieto Uribe en el que considera que la acción de tutela interpuesta por Felipe López Caballero, no es procedente porque no solicitó previamente al medio, en este caso a Inversiones Cromos S.A., la rectificación de la publicación antes de la iniciación de la acción de tutela. El 17 de junio de este mismo año, Diego Muñoz Tamayo dirigió un nuevo memorial al Juzgado en el que expresó que las pruebas decretadas el 10 de junio de l992 no fueron obedecidas por Inversiones Cromos S.A., y Distribuidoras Unidas. Solamente Tempora Impresiones S.A., acató el mandato de la justicia. En consecuencia solicitó que se diera cumplimiento a las medidas previstas en el decreto 2591 de l991 para hacer respetar las órdenes y medidas de los jueces de la República en los procesos de tutela consagrados por el artículo 86 de la Constitución Nacional; toda vez que a esa fecha aún perdura la violación de los artículos 15, 20 y 21 de la Constitución Nacional, los cuales le han sido violados a Felipe López Caballero por la Revista Cromos. E. FALLOS. Sentencia del 10 de junio de l992 proferida por el Juzgado 24 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá. Decisión: Denegó la tutela incoada por el señor Felipe López Caballero. Consideraciones: En el caso sometido a estudio, no se observa que ni por iniciativa Felipe López Caballero ni los abogados que obran como agentes de derechos ajenos, que con la solicitud se tutela o antes de la misma, hayan acompañado documento alguno en donde pidieran a Inversiones Cromos S.A., la rectificación respectiva, requisito previo que está contemplado en el artículo 42 numeral 7o. del Decreto 2591 de l991, para que sea viable el amparo del derecho de rectificación. Por esta razón, resultó prematuro el ejercicio de dicha acción y en consecuencia se deniega. Asímismo, la fotocopia no auténtica firmada por el doctor Diego Muñoz Tamayo, no suple la falta en que incurrió el accionante, toda vez que la rectificación se pidió con posterioridad a la presentación del escrito. Estimó el despacho, que en casos como este, se puede acudir por acción de tutela para pedir rectificación de informaciones inexactas o erróneas, pero previamente debe acudirse al órgano informativo correspondiente para pedir la rectificación y sólo cuando la rectificación no asegure la eficacia, que ella persigue cual es la información verdadera e imparcial entonces sí se puede presentar ante los jueces la solicitud pertinente. Impugnación. En escrito dirigido al Juzgado 24 Civil del Circuito de este Distrito Capital, el señor Felipe López Caballero impugnó el fallo de tutela de acuerdo con los siguientes basamentos: Refirió que presentó la acción de tutela en la que demandó a Inversiones Cromos S.A., por haber publicado una nota falsa e injuriosa titulada "El Niño y el Papa". El día 3 de julio de l992, su asistente personal, doña Carmen Mireya Durán, quien actuó como agente de Derechos Ajenos, dirigió un memorial en el cual remitió unas pruebas adicionales a la acción de tutela dentro de  las cuales se encuentra copia autenticada de la carta de rectificación de mayo 25 del año en curso, dirigida por el señor Javier Cortazar Mora, Gerente y Representante Legal de -Focine- a la doctora María Elvira Bonilla, en la cual desmintió la versión publicada en la edición 3.878 por la Revista Cromos. Asímismo un ejemplar de la revista cuyo número de edición es el 3.879 en el que no aparece publicada la rectificación. Con la presentación de los documentos anteriores, quedaron cumplidos todos los requisitos exigidos en el artículo 42, numeral 7o. del decreto 2591 de l991. Expresa que con la Inspección judicial que llevó a cabo el Juzgado arriba señalado quedó demostrado que, la afirmación hecha por la revista es absolutamente falsa. Por lo tanto el señor Juez pudo establecer que en este caso no se trató de una afirmación que no pudo ser probada por el medio que la publicó, sino de una que fue desvirtuada de manera rotunda por los hechos. Que en el memorial que dirigió el representante legal de Inversiones Cromos S.A., afirma que la acción de tutela es improcedente por no haberse solicitado la nota rectificatoria. En el escrito anterior dicho representante no hace alusión a la nota de rectificación enviada por el Gerente de Focine y que fue recibida por Inversiones Cromos S.A. Que no obstante que el día 22 de junio de l992, en la edición 3882 de la Revista Cromos aparece reproducida la carta enviada por Carmen Mireya Durán. La manera como se publicó esa carta, no constituye rectificación. El reclamante considera que el Juez 24 Civil del Circuito de este Distrito Capital ha violado las siguientes normas: artículo 228 de la C.N. 14, 17, 18, 20 y numeral 7o. del artículo 42, del decreto 2591 de l991. En providencia de 29 de julio de l992, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Santafé de Bogotá, confirmó el fallo del juzgado, con base en las siguientes precisiones: 1. El artículo 10 del Decreto 2591 de l991 se ocupa de reglamentar la legitimidad e interés para ejercitar la acción de tutela, asignándola a la persona cuyos derechos se hayan vulnerado o amenazado y para ello podrá actuar por sí misma, a través de apoderado e inclusive de agentes de derechos ajenos cuando el titular de esos derechos no esté en condiciones de asumir su propia defensa. 2. El señor Felipe López Caballero, es una persona legalmente capaz y como tal en nombre propio formuló la petición de acción de tutela para que se le protegiera el Derecho Fundamental de la rectificación que es un derecho esencialmente personal, que sólo puede ser ejercido por aquél a quien le ha sido vulnerado el Derecho a la honra y al buen nombre, a raíz de una información inexacta o errónea. El derecho a la rectificación por ser personalísimo, no puede ser delegado y ejercido por terceras personas. Por lo tanto, el señor Felipe López Caballero, como titular del derecho debió reclamar a la revista Cromos en forma personal la rectificación, esto es: debió hacer una exigencia previa para alegar que el derecho a la rectificación le fue vulnerado. El Tribunal al comentar el procedimiento que en su oportunidad legal ha debido seguir el accionante en defensa de su derecho vulnerado, dijo: 3. De la normatividad prevista en el artículo 20 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 42 numeral 7o. del Decreto 2591, para solicitar la rectificación de las informaciones, es obligatorio que se cumplan los siguientes presupuestos: a) Que mediante un órgano de comunicación social se haya publicado una información errónea e inexacta. Este primer presupuesto se cumplió, puesto que la publicación efectuada por la Revista Cromos sobre el señor Felipe López Caballero, es errónea e inexacta. b) Que el afectado con esa información reclame ante la entidad responsable de la publicación la rectificación correspondiente en forma personal y directa. En relación con este presupuesto, es preciso anotar que en la presente actuación no obra prueba que permita concluir a la Sala que el señor Felipe López Caballero haya solicitado en forma directa y personal a la Sociedad Inversiones Cromos S.A., la rectificación de la información errónea. La solicitud fue presentada por la asistente de presidencia, la cual según esa Corporación no puede considerarse como prueba idónea sobre la rectificación de la información en la cual aparece el señor Felipe López Caballero, como deudor moroso de Focine y por tanto, él y sólo él, López Caballero, ha debido solicitar la rectificación del caso.   Precisa el Tribunal como conclusión que la Sociedad Cromos S.A. no le ha vulnerado al accionante el derecho de rectificación, porque este no la ha solicitado en la forma en que lo ordena el artículo 42-7 del Decreto 2591 de 1991. Por último señala el juez colegiado el otro presupuesto para que proceda la tutela en el caso de rectificación, dijo: Que el responsable de la publicación inexacta y errónea se niegue a hacer la rectificación solicitada o si la hace guarde debida equidad. El Tribunal manifestó que el señor Felipe López Caballero tuvo la intención de solicitar la rectificación de la publicitada nota y para ello acudió a terceras personas. Pero no lo hizo en forma  directa, esto quiere decir, que no se dió cumplimiento a la exigencia impuesta en el numeral 7o. del artículo 42 del decreto 2591 de l991. En cuanto al requisito de allegar la prueba tanto de la información o la copia de la publicación y de la rectificación impetrada, expresó el Tribunal que el  presupuesto se cumplió parcialmente, toda vez que obra la copia de la revista Cromos en la que se hizo la publicación errónea mas no la prueba de que el actor la haya solicitado directamente. El Magistrado Bernardo Morales Casas presentó salvamento de voto con base en las siguientes consideraciones: Critica la providencia en la cual se dijo que el derecho a la rectificación debe ejercerse en forma directa y personal por el interesado, cuestión que no comparte porque si bien es cierto que el artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, puntualiza que "se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad", también lo es que el artículo 86 de la misma obra establece para el caso específico de la acción de tutela, los principios generales que la regulan, es decir, establece que personas tienen derecho a la acción, ante quien se reclama, en qué momento y lugar, el procedimiento a seguir, en el evento de la violación o amenaza de los derechos constitucionales fundamentales que la Carta política expresamente señala en el artículo 86. Que si bien es cierto que debe tenerse en cuenta el derecho procedimental, la ley sustancial prevalece sobre la procesal, pero no la deroga, y además señala que la ley procesal regula la aplicación ordenada del Derecho sustancial y no entra en conflicto con éste, cuando señala  términos para su reglamentación, por lo que el Juez no puede interpretar la ley sustancial a su arbitrio. Si la acción de tutela la puede ejercer toda persona, por sí misma o por quien actúe en su nombre, también el Derecho a la Rectificación lo tiene toda persona o quien actúe en su nombre; situación esta última, en la que se coloca al agente de derechos ajenos, conforme a la ley procesal. Obra la copia de la Revista Cromos en la que se hizo la publicación errónea, mas no obra la prueba documentaria sobre que el señor Felipe López Caballero presuntamente afectado con dicha información, haya en forma directa y personal solicitado la rectificación pertinente a la entidad responsable. II.      COMPETENCIA. La Corte es competente para revisar el presente fallo de tutela y ello de conformidad con lo prescrito en el artículo 86 inciso 2o.  y 241 No. 9o. de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 42-7 del Decreto 2591 de 1991. III.    CONSIDERACIONES. La presente acción de tutela fue promovida contra la sentencia del 10 de junio de 1992 proferida por el Juzgado 24 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta ciudad, en providencia del 29 de julio de 1992. Se cuestiona la información publicada por la Revista Cromos, en la sección "Runrunes" del día 25 de mayo de 1992, publicación periodística que según los demandantes, violan el derecho a la honra, el derecho a recibir información veraz e imparcial y el derecho al buen nombre. Por esta circunstancia y de conformidad con los hechos relatados, se estima procedentes que los puntos a tratar dentro de esta controversia jurídica son: 1.      Establecer el carácter de derecho fundamental de: 1.1    El derecho a la honra. 1.2    El derecho a recibir información veraz e                      imparcial. 1.3    El derecho al buen nombre. 2.      Si dentro de la acción de tutela es factible el                agenciamiento de derechos ajenos. 3.      Determinar si con su informe la Revista Cromos, violó estos derechos fundamentales. Entra esta Corporación a desarrollar los temas propuestos en el orden lógico señalado: 1.      El derecho a la honra, el derecho a recibir información veraz e imparcial y el derecho al buen nombre, son derechos fundamentales. Con fundamento en el texto normativo de la Constitución de 1991, y en razón del criterio formal adoptado por la ley fundamental, ha de precisarse que los derechos citados sí se consideran  como esenciales e irrenunciables para la realización  de la persona como ser social, porque además  del contenido de ellos y de su significado en la vida del hombre como parte integrante de una comunidad, el Legislador a todos ellos los incorporó dentro del Título II Capítulo 1 del Estatuto Superior, parte ésta que prescribe los Derechos Fundamentales. De conformidad con el principio consagrado en el artículo 1o. constitucional que define a Colombia como "un estado social de derecho", se tiene que la máxima organización del Estado tienen como fundamento la integración de la persona humana al entorno social donde vive para que a través de la coexistencia pacífica y la relación con los demás seres, busque su identidad cultural, social, económica y política, y colabore en la formación de la vida nacional y sus instituciones. Entre los fines estatales se predica el de "servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes  consagrados en la Constitución", o sea que el epicentro de actividades de la gestión estatal va encaminado a propiciar que el hombre sea el actor por excelencia de vida nacional y no de cualquier manera sino como se ha dicho en tantas oportunidades, se trata de hacer prácticos y reales esos derechos ciudadanos en defensa de los cuales se han creado una serie de acciones legales que como la tutela, tratan de bajar la Constitución desde las alturas para aclimatarla en el plano de la realidad nacional. Cuando se trata de señalar la existencia de ciertos derechos fundamentales  los cuales se predican a través de los tratados y convenios internacionales y nuestro Estatuto Superior, se hace imperiosa la remisión al texto de lo indicado en el artículo 5o. de la norma de normas porque éste prescribe que el Estado reconoce la primacía de los derechos fundamentales e inalienables de la persona, derechos que en sentir de esta Corporación, también pueden adoptar el calificativo de "derechos primarios", por lo que son de aquellos que se consideran inmanentes, intrínsecos e inseparables de la persona. El derecho a la honra, el derecho a la información veraz e imparcial y el derecho al buen nombre, son derechos fundamentales porque el Constituyente así lo estableció al consagrarlos en Capítulo pertinente.  No obstante lo anterior, es necesario, hacer un juicio de valores respecto de cada uno de ellos para determinar su alcance, precisar su ascendencia en cuanto a las personas e indagar respecto de la proyección de esos derechos, dentro de la vida social. La honra es un derecho fundamental. La Constitución la consagra, cuando en su artículo 21 dice: "Se garantiza el derecho a la honra.  La Ley señalará la forma de su protección". Se entiende este ordenamiento como un mandato positivo, porque en primera instancia, el Estado debe garantizar el disfrute de la honorabilidad, es así como la honra es propiedad intrínseca de todas las personas, derecho que toma su valoración de conformidad con las actuaciones de cada quien en particular y de conformidad con su manera de ser, su comportamiento en sociedad, el desenvolvimiento en el núcleo social donde vive y con quienes comparte su existencia hace que los demás se formen un criterio respecto de los valores éticos, morales, sociales de su buen vivir y le valoren su condición de ser social en un plano de igualdad dentro de los criterios objetivos de ponderación de la dignidad humana. El derecho a la honra es un derecho personalísimo porque sólo se predica de los individuos en su condición de seres sociales. En este sentido se ha pronunciado el doctor Antonio José Cepeda en su obra los derechos fundamentales en la Constitución de 1991 cuando en la página 234, expresa:  "El derecho a la honra, como es fácil entrever, se predica en forma predominante de la persona individual.  No obstante lo anterior, en que respecta al buen nombre protege de igual manera a las personas jurídicas...". Tan esencial se ha considerado este derecho que el Código Penal Colombiano tipifica ciertas conductas que atentan contra la honra como hechos punibles tal es el caso de la calumnia y la injuria, figuras que están reprimidas en los artículos 314 y 313. La norma ha sido objeto de varios pronunciamientos jurisprudenciales por parte de los máximos tribunales de justicia.  La Corte Suprema de Justicia en providencia del 1o. de julio de 1991 de la Sala de Casación Civil, dijo: "De igual manera el derecho a la honra (art. 21 C.N.), como aquel derecho fundamental de las personas a recibir una valoración externa (de parte de los demás) correlativa a su realidad  (Vgr. personal, social, moral, etc.) integral (llamada honra propiamente dicha), no solo difiere del derecho a hacerse y poseer una valoración intrínseca conforme a sus principios (llamado derecho al honor), sino que se encuentra condicionada a la realidad correspondiente..." Sobre este derecho fundamental, la Corte Constitucional, en sentencia No. 412 de junio 17 de 1992  se ha expresado de la siguiente  manera: "Para nuestra Constitución y para los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, la honra es un atributo esencial e inmanente de la persona, que se deriva de su condición y dignidad.  Un bien jurídico personalísimo, de inicial arraigambre 'aristocrática', experimenta un proceso de generalización democratización o socialización, que alcanza del mismo modo a los derechos a la intimidad, al buen nombre, al habeas data y a la inviolabilidad de correspondencia de todas las personas. El concepto de honra se debe construir desde puntos de vista valorativos y, en consecuencia, con relación a la dignidad de la persona.  Desde dicha perspectiva la honra es un derecho de la esfera personal y se expresa en la pretensión de respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento de su dignidad. Aunque honra y honor sean corrientemente considerados como sinónimos, existe una diferencia muy clara entre ellos.  Honor se refiere a un valor propio que de sí mismo tiene la persona, independiente de la opinión ajena; en cambio la honra o reputación es externa, llega desde afuera, como ponderación o criterio que los demás tienen de uno, con independencia de que realmente se tenga o no honor; uno es el concepto interno -el sentimiento interno del honor-, y otro el concepto objetivo externo que se tiene de nosotros -honra-". Como derecho fundamental que es, la honra de la persona, tiene una esfera social amplia, trasciende a un circulo grande de personas y su radio de acción y conocimiento es proporcional a la ascendencia que la persona tiene en la sociedad.  Pero se considera importante calcular que este derecho personalísimo es el resultado de la valoración individual que se han formado de ella, respecto de los actos y ejecuciones que por ser acordes con la ley y los buenos modales, le brindan la certeza a quien así se comporta de contar con la aceptación general de los demás  y le prodigan  en su nombre serios y ponderados conceptos de valoración individual que la hacen merecedora de la fe, la confianza y la credibilidad que se ha sabido ganar en su manera de ser y con su gestión personal. El derecho a recibir información veraz e imparcial. Este ordenamiento constitucional va referido al comportamiento profesional que debe animar a los medios de información, los cuales en el ejercicio de sus funciones tienen el compromiso de informar en forma veraz e imparcial a la comunidad sobre los acontecimientos de la vida nacional e internacional.  El artículo 20 expresa: "Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social.  Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.  No habrá censura". La norma garantiza la libertad de expresión y la difusión de pensamiento y opiniones y la de fundar medios masivos de comunicación.   Acorde con la serie de libertades que consagra la Carta Política para reafirmar el criterio de la prevalencia del hombre en sociedad, hacerle importante como actor y generador de ideas en la búsqueda de alternativas para su desarrollo social, le limita también esta libertad, en el sentido de que las informaciones deben tener dos presupuestos básicos  para su realización:  que los informes periodísticos sean ajustados a la verdad y que a través de ellos se demuestre la imparcialidad, la equidad de la noticia.  Los medios además deben cumplir  con una función social cual es la de tener bien enterados a la opinión pública de todos los sucesos o acontecimientos que se producen en el diario transcurrir  de la comunidad.  Mal pueden ellos distorsionar la realidad de los hechos porque de esta manera la sociedad no recibiría información sino la desinformación de lo que ha sucedido.  De ahí que el mismo constituyente haya consagrado  la responsabilidad social, como consecuencia de las publicaciones, responsabilidad que en los precisos términos en que está concebida sólo es posible establecerla, después de producido el hechos periodístico o informativo, con el cual se haya roto los criterios o requisitos previos  de veracidad e imparcialidad de que deben estar precedidas las actuaciones de los comunicadores o informadores de la opinión nacional. Cuando la información no cumple con los requisitos previos  de veracidad, es decir que ella no se ajusta a  los hechos que se reseñan o que a través  de la noticia o del informe se promuevan la parcialidad o la discriminación o se trate de influir deliberadamente en el comportamiento de la comunidad, la norma constitucional ha previsto un medio de defensa para el afectado porque se consagra el derecho a la rectificación en condiciones de equidad para cualquier persona que se crea lesionada por los informes de prensa.  Para que proceda la rectificación se requiere que a solicitud de parte interesada se haga la petición correspondiente al medio informativo, acompañando  a la petición, el escrito de cómo desea que se le haga  su rectificación.  Opera aquí una especie de recurso de reposición contra el medio informativo para que a través del mismo se haga claridad sobre los hechos que el peticionario  reclama que fueron tergiversados y sobre los cuales espera pronta y equitativa difusión. Con relación al derecho a la información la Corte Suprema de Justicia en sentencia de Sala Plena del 26 de febrero de 1988, dijo: "Es un derecho político dirigido a permitir formas nuevas de defensa de las comunidades contra el despotismo, la arbitrariedad, la corrupción, los abusos y las desviaciones de poder, y, además en cuanto tal, refuerza la vigencia de la democracia, asegura su actualización y mejora la condición de los ciudadanos frente a las autoridades, pues permite que estos no sólo elijan sino que las controlan con base en la necesaria información de su gestión". Sobre este derecho de libertad de información existen pronunciamientos de esta Corte Constitucional, cuando en sentencia T-512 de la Sala Tercera de Revisión con ponencia del doctor José Gregorio Hernández Galindo, dijo: "Debe subrayarse en la libertad de expresión, como en los demás derechos de su misma estirpe, el carácter de fundamental, pues su alcance y sentido únicamente resulta explicables si se tienen como derivados de la esencial condición racional del hombre y, por ende, anteceden a cualquier declaración positiva que los reconozca. Pero, además, cuanto toca con la expresión de los pensamientos y las ideas así como con la transmisión de informaciones, importa de modo directo, además del individuo, a la colectividad, cuyo desarrollo e intereses están íntimamente ligados a su preservación.  De allí que esta forma de libertad haya sido recogida desde los albores del pensamiento democrático, en las declaraciones de derechos y en las cartas políticas, reservando para ella, de manera progresiva, una especial protección y particular celo en su defensa. La Constitución Política de 1991 amplió considerablemente la concepción jurídica de esta garantía y avanzó hacia su consagración como derecho humano que cubre, ya no solamente la posibilidad de fundar medios periodísticos y, en general, medios de comunicación, y de acceder a ellos para canalizar hacia la colectividad la expresión de ideas y conceptos, sino que cobija las actividades de investigación, y obtención de informaciones, así como el derecho de recibirlas, a la vez que el de difundirlas, criticarlas, complementarlas y sistematizarlas. La libertad de información así concebida se constituye, pues, en un derecho fundamental cuyo ejercicio goza de protección jurídica y a la vez implica obligaciones y responsabilidades". El derecho al buen nombre. Es un derecho personalísimo toda vez que hace referencia directa a las valoraciones que tanto individual como colectivamente se hagan de una persona. Este derecho esta atado a todos los actos y hechos que una persona realice para que a través de ellos la sociedad haga un juicio de valor sobre la real dimensión de bondades, virtudes y defectos los cuales a través de su existencia muestra como crédito una persona.  El concepto del buen nombre es exterior y algunos tratadistas ven este derecho concatenado e íntimamente relacionado con el derecho a la honra. El artículo 15 de la Constitución Nacional, dice: "Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado de respetarlos y hacerlos respetar...". Precisa también este artículo el derecho a la intimidad personal y familiar que busca no dejar que trascienda al conocimiento del público, aquellos actos de su existencia que legal y moralmente quiere conservar bajo la absoluta reserva y completo silencio. En la vida del hombre hay actos públicos y privados, pero estos últimos puede decirse se subdividen en actos que a su vez hay un circulo de personas que conocen de ellos y por tanto no hacen parte de los denominados íntimos personales.  La intimidad hace parte de la órbita restringida familiar que por el hecho de que sólo interesa a quienes integran esta célula social, su conocimiento no importa o está vedado a los demás miembros de la sociedad.  La privacidad así concebida está relacionada con la privacidad íntima y por lo tanto no puede ser objeto de  la curiosidad ajena, sino que como un verdadero secreto familiar o personal, se debe cuidar para que no traspase la barrera de la órbita que por seguridad individual o familiar se ha asignado. El derecho al buen nombre es amplio en su concepción, no tiene límites en cuanto a su aplicabilidad y por ello entre más actos  puedan valorarse respecto de la conducta de la persona, se tienen mejores elementos de juicio para ponderar su personalidad y asignarle un puesto dentro de la escala de valoración social del buen comportamiento que al efecto ha creado el hombre.  El buen nombre, la reputación o la buena fama, el prestigio, es la opinión que los demás seres se han formado de un individuo, y son el reflejo adecuado y equitativo de sus ejecuciones y logros en la esfera social donde ha convivido. "El derecho a gozar de un buen nombre se relaciona especialmente con la reputación de la persona y en general con la estima, fama o valoración que se tengan de ella en una perspectiva ética o profesional, aun cuando se pude extender hacia otras esferas de la misma.  Debe advertirse que la norma no garantiza por sí misma un huen nombre.  Este debe ser el fruto de la proyección de la persona en la sociedad, de su méritos y virtudes.  Lo que garantiza la norma es que el nombre de la persona sea un reflejo justo y adecuado de sus actos o de sus logros en el medio social".1 Igualmente, esta Corte en sentencia calendada 10 de agosto del presente año, con ponencia del H. Magistrado Jaime Sanín Greiffenstein, se refirió en los siguientes términos respecto de este derecho fundamental: "...El derecho al buen nombre que el accionante reclama está instituido como fundamental por el artículo 15 de la Carta Política, según el cual el Estado debe respetarlo y hacerlo respetar', de lo que se deduce que obliga a todos y en toda clase de relaciones, tanto oficiales como particulares y sean ellas públicas o privadas; su respeto, por supuesto, es más exigente y estricto cuando se trata de relaciones o situaciones públicas, dado el carácter del derecho que se protege, el cual se desenvuelve muy especialmente ante una opinión circundante más o menos amplia y comprensiva de una gran variedad de relaciones personales...". El agenciamiento de derechos ajenos en la acción de tutela. En el caso en estudio, se presenta la solicitud  de rectificación  y la acción de tutela a través de la figura jurídica del agenciamiento de derechos ajenos, opción en derecho que se presenta cuando una persona, dentro de un negocio, actua a nombre de otra, sin que para el caso se le haya entregado el poder o la representación legal. Hay negocios o actos jurisdiccionales que por su trascendencia, requieren de poder suficiente para tener acceso al proceso, al negocio, a la transacción comercial.  Pero también existen diligencias, administrativas, fiscales, jurisdiccionales en las cuales sin haberse entregado poder, la ley ha establecido que se puede actuar a nombre de terceras personas.  A esta figura se le denomina la agencia de derechos ajenos.  La informalidad de la acción de tutela, el procedimiento breve y sumario que se ha establecido para el ejercicio de esta acción, la calidad de los derechos que se protegen a través de la misma, son condiciones a manera de ver de esta Corte, para que el Legislador fuera un poco elástico en cuanto al cumplimiento de formalidades para acudir al juez de tutela. El artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 que establece la legitimidad e interés para actuar dentro del proceso titular dice: "La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará  por sí misma o a través de representante los poderes se presumirá auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones  de promover su propia acción.  Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud..." Como se observa, se puede invocar el amparo de los derechos fundamentales, amenazados o vulnerados, personalmente o a través de representante, porque como se precisó anteriormente, el legislador consideró que para estos eventos es más importante el fondo que la forma y que más importante para el estado social de derecho y para la persona que la protección real, eficiente y oportuna de sus derechos fundamentales. Por otro lado cuando se prevé la oportunidad de agenciamiento de derechos ajenos para el ejercicio de esta acción, se reafirma la voluntad de la ley de hacer prevalecer el respecto esencialísimo de los derechos  fundamentales por encima de cualquier consideración formal.  Es que la violación  de los derechos fundamentales por parte de las autoridades  o por causa o con ocasión de una actividad particular, de aquellas que están señaladas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, pone en entredicho, el respeto que las autoridades legítimamente constituidas deben brindarle a las personas e igualmente  el acatamiento y reconocimiento que esos derechos merecen para todos los asociados, sean ellos particulares o no. Para finalizar, ha de afirmarse que los derechos tutelados son aquellos que identifican al hombre como ser social, se predican sólo respecto de su condición  intrínseca de persona, luego por esencia, si no se les protege en la forma debida, desaparecería el estado social de derecho, porque el hombre como su componente  principal, también perdería en esas condiciones, su vigencia histórica. Por estas razones bien fundadas en concepto de esta Corte, es que procede la agencia de derechos ajenos en la acción de tutela, porque el amparo de las instituciones estatales y en protección de la persona como ser social, es lógico que deberán primar  los aspectos sustantivos personales sobre los preceptos  formales del derecho, como regla de oro de la democracia que armoniza la convivencia pacífica de las personas en el concierto de las naciones civilizadas. El informe Runrunes de la Revista Cromos S.A., frente al derecho a la honra. Como se vió en el Capítulo de antecedentes, la presente acción de tutela fue incoada por Felipe López Caballero, contra Inversiones Cromos S.A., por la publicación que aparece en la Revista Cromos número 3878 de mayo 25 de 1992 en la Sección Runrunes, páginas 8 y 9, bajo el subtítulo El Niño y El Papa, cuyo texto se transcribe: "Va a reabrirse  la investigación sobre los créditos que Focine le concediera a la productora de la película El Niño y El Papa de propiedad de Felipe López Caballero, la cual quedó debiendo más de cien millones de pesos de aquella época, que hoy equivalen a unas de quinientos sesenta millones de pesos, lo que no se entiende es que el Estado sea tan lento para cobrar sus dineros que en algo alivian el déficit fiscal". En esa misma fecha, el señor López Caballero presentó la acción de tutela, según él, porque le habían violado el derecho a la honra que consagra el artículo 21 de la Constitución Nacional, el derecho a la información veraz e imparcial que señala el artículo 20  y el derecho al buen nombre que determina el artículo 15 del Estatuto Superior. Como lo expresa el doctor Mario Madrid Malo en su obra los Derechos Fundamentales, página 215, "conforme al segundo inciso del artículo 2o. de la Constitución, la honra es uno de los valores eminentes para cuya protección están instituidas las autoridades de la República.  Con la vida y la libertad la honra integra el grupo de aquellos intereses jurídicos originarios cuyo contenido esencial está preservado constitucionalmente por un rígido perímetro de intangibilidad, pues los tres son bienes que toman el propio ser del hombre". Cuando se manifiesta que la honra es una percepción o trascendencia exterior que los demás se han formado de la persona, quiere esto significar que la valoración que los demás hagan del comportamiento individual, debe estar sometida a un criterio de valoración objetiva sin que para los efectos  de esa valoración, se tenga en cuenta otros criterios que hagan variar la realidad de ese reconocimiento social que cada quien en particular merece. En el caso de la publicación señalada, esta no es cierta de conformidad con la prueba documental que para el efecto expidió Javier Cortázar Mora, Gerente de Focine, según oficio del 25 de mayo de 1991, lo que demuestra que la publicación, no se ajusta a la realidad, es por lo que puede desacreditar al quejoso ante la opinión nacional. Los medios periodísticos tienen una cobertura amplia de difusión y los hechos descritos en ellos, que se dan a conocer de la opinión pública, además de estar precedidos de la buena fe, propia de un medio de comunicación, debe estar sometidos a los principios de veracidad y al de equidad.  Porque la misma Constitución señala que la prensa como fuente de información tiene la obligación de reseñar los actos informativos sin alterar la verdad de los acontecimientos e igualmente que la noticia no se considere como causa de beneficio para unos, en detrimento de los demás. Por otro lado  la responsabilidad social de la prensa hace que ésta sea seria, por lo que sus actos sólo pueden ser controlados en forma posterior, cuando ya el daño se ha causado, en detrimento del buen nombre  y la honra de las personas que por cualquier motivo son objeto de las publicaciones realizadas por los medios de difusión. No en vano a la prensa se le llama cuarto poder, porque este medio es de fácil acceso a toda la comunidad y goza de gran influencia nacional y se consideran en gran parte, ciertas las apreciaciones  que divulguen los encargados de la información. En relación con la violación del derecho al buen nombre, cierto es también que éste por razón lógica se encuentra estrechamente vinculado con el de la honra. Aquél que equivale a la reputación o la buena fama, es el juicio favorable  que la opinión pública se ha formado de una persona y que por tanto no les permite a los demás su difamación, detracción o ultraje, por lo que ha de afirmarse que en el caso en estudio, ha de tutelarse debidamente el derecho fundamental al buen nombre. El peticionario solicitó a través del juzgado que se rectificara  la versión periodística, sin que previamente hubiera cumplido con el requisito que establece el Decreto 2591 de 1991 en su artículo 42 No. 7o., el cual establece: "Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas.  En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma". Norma que le da la oportunidad al reclamante para exigir la rectificación en la forma y términos en que él lo desea, con el objetivo que la comunicación así publicada, llegue a producir los efectos que de ella se esperan, como lo son el de rescatar la honra y el buen nombre lesionados, como consecuencia de la publicación que está siendo cuestionada. Es preciso anotar que antes de haberse presentado esta acción litigiosa, como se dijo, no se había solicitado el requerimiento de la nueva publicación. Mas a pesar de ello, en el transcurso en que el Juzgado Veinticuatro Civil del Circuito adelantó el proceso de tutela, Mireya Durán Uribe en nombre del doctor Felipe López Caballero, envió a la Sociedad Inversiones Cromos S.A., una carta en la cual le solicitó a esa empresa se hiciera la rectificación, carta fechada el día 2 de junio, la cual aparece publicada en la Revista Número 3882 del 22 de junio pasado, situación con la que el demandado en este caso, a juicio de la Corte, cumplió a medias con la rectificación solicitada, porque se limitó a transcribir dicha misiva sin asumir de su parte la responsabilidad de la rectificación como asunto propio. Es decir que la Sociedad Inversiones Cromos S.A. quiso y creyó haber satisfecho el requerimiento que se le hizo de publicar la rectificación del quejoso, presentada por agente oficioso, vertiendo en la Revista Cromos el texto completo de ella.  Pero sucede, según las apreciaciones que hace esta Sala, que ello no es suficiente, porque ella ha de responder directamente por sus afirmaciones y así ha de presentarlo ante el público. Por todo lo dicho, en esta providencia habrá de ordenarse la publicación debidamente. En mérito de lo expuesto, la Sala de Revisión de Tutelas  de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, F A L L A  : Primero:    Revocar las sentencias del Juzgado 24 Civil del Circuito y de la Sala Civil del Tribunal Superior de Santafé de Bogotá, D.C., de 18 de junio y de 29 de julio de 1992, respectivamente, por medio de las cuales no ampararon los derechos  a Felipe López Caballero. Segundo:   Tutelar los derechos a la honra y el buen nombre de Felipe López Caballero y ordenar a la Sociedad Inversiones Cromos S. A. una vez surtida la notificación de la presente sentencia al representante legal de ésta, que proceda a publicar en su próxima edición, con el mismo despliegue gráfico, la misma foto y demás condiciones,  el texto de la nota que dice: "Título: Pedimos excusas. Texto: En nuestra edición No. 3.878 de mayo 25 de l992 publicamos una nota titulada EL NIÑO Y EL PAPA en la que acusábamos a la productora de la película "EL NIÑO Y EL PAPA" (sic) de propiedad de Felipe López Caballero de haber quedado debiendo más de 100 millones de pesos de aquella época, que hoy equivalen, según nuestros cálculos a más de 560 millones de pesos. Quisieramos por medio de esta nota pedirle disculpas al doctor López Caballero puesto que después de recibir la información pertinente de Focine, nos vemos obligados a reconocer que toda la información es falsa". Tercero:     La Sociedad Inversiones Cromos S.A., deberá imprimir un mínimo de 27.539 ejemplares de la revista donde se haga la publicación, en cumplimiento del principio de la equidad, señalado en el inciso final del artículo 20 de la Constitución Nacional, y para asegurar la eficacia de la rectificación, como lo expresa el artículo 42-7 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto:      Comunicar al Juzgado 24 Civil del Circuito de Santafé de Bogotá, D.C. la presente decisión, para que sea notificada a las partes, conforme a lo dispuesto en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, con entrega de copia de esta sentencia. COMUNIQUESE Y NOTIFIQUESE SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado CIRO ANGARITA BARON      JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Magistrado                    Magistrado MARTHA V. SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Los Derechos Fundamentales en la Constitución de 1991. Derecho a la Honra. Manuel José Cepeda. Librería Temis. Pág. 233.

T-604-92 Sentencia No Sentencia No. T-604/92 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE La trascendental importancia económica y social del transporte se refleja en el tratamiento de los servicios públicos hecha por el constituyente. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado - uno de cuyos fines esenciales es promover la prosperidad general-, factor que justifica la intervención del Estado en la actividad transportadora con miras a "racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo ..." A nivel del individuo, el transporte es un instrumento de efectividad de los derechos fundamentales. La íntima conexidad entre el derecho al servicio público del transporte con los derechos al trabajo a la enseñanza, a la libre circulación y, en general, al libre desarrollo de la personalidad, hace predicable a éstos últimos la protección constitucional del artículo 86 de la Constitución cuando su desconocimiento se traduce en una inmediata vulneración o amenaza de los mencionados derechos. PARTICIPACION CIUDADANA En materia constitucional las normas jurídicas anteriores a la Constitución deben interpretarse en concordancia con los mandatos superiores de la Carta. El valor normativo de la Constitución impone al intérprete que aplica disposiciones jurídicas pre-constitucionales el deber de integrar armónicamente los diversos ordenamientos. La participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación es un fin esencial del Estado. Tratándose del transporte público de pasajeros en zonas urbanas, los usuarios del servicio tienen derecho a expresar su opinión y la autoridad el deber de atender sus peticiones cada vez que una decisión administrativa de modificación de las rutas pueda afectar sus intereses. EMPRESAS DE TRANSPORTE-Usuarios Tratándose de servicios públicos, con mucha mayor razón la función social de la empresa es un postulado constitucional que implica obligaciones para las empresas concesionarias o proveedoras de la respectiva prestación. Los transportadores particulares deben tener en cuenta que del cumplimiento responsable - continuo y regular - del transporte depende la adecuada prestación de este servicio público. El incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa transportadora es sancionado por la ley, pudiendo la autoridad competente imponer multas, suspender o cancelar la licencia de funcionamiento, según la gravedad del hecho. Los derechos al trabajo, al estudio, a la libre circulación, a la recreación y al libre desarrollo de la personalidad resultan amenazados como consecuencia de la prestación discontinua e irregular del servicio de transporte. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/INDEFENSION No siendo el transporte un servicio domiciliario, las empresas que lo prestan no estarían sujetas al ejercicio de acciones de tutela. No obstante, el legislador ha previsto la procedencia de este mecanismo de protección de derechos fundamentales contra organizaciones privadas, contra quien las controle o sea su beneficiario real, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. El usuario de una ruta de transporte público urbano que se ve privado del servicio y con ello desmejorado en su capacidad efectiva de movilización puede recurrir a la autoridad administrativa para que, de comprobarse el incumplimiento, se proceda a sancionar a la empresa responsable. La situación de indefensión se concreta, sin embargo, cuando la administración no toma los correctivos a tiempo o la organización privada no corrige materialmente las irregularidades en la prestación. DICIEMBRE 14 DE 1992 REF: Expediente T-4616 Actor: ALFREDO VALDIVIESO BARRERA Magistrado Ponente: Dr.EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-4616 adelantado por el señor ALFREDO VALDIVIESO BARRERA contra la Alcaldía Metropolitana de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito de esa ciudad, y las empresas UNITRANSA S.A. Y COTRANDER S.A. A N T E C E D E N T E S 1. En su doble condición de habitante del barrio "Manuela Beltrán" de la ciudad de Bucaramanga y Presidente de la Junta Directiva Comunera del mismo barrio, el señor ALFREDO VALDIVIESO BARRERA interpuso, el 8 de julio de 1992, acción de tutela contra el Alcalde de Bucaramanga, la Dirección de Tránsito de esa ciudad y las empresas de transporte urbano de pasajeros UNITRANSA S.A. y COTRANDER S.A.. El accionante invocó como vulnerado el derecho a la prestación del servicio público de transporte urbano y solicitó que se ordenara a las autoridades acusadas el restablecimiento de una ruta de buses que atendiera las necesidades de su barrio. 2. El señor VALDIVIESO BARRERA manifiesta que por requerimientos directos de los habitantes del barrio Manuela Beltrán tanto las autoridades municipales como la empresa UNITRANSA S.A habían accedido a prestar el servicio público de transporte al barrio. Según su versión, ese servicio había sido prestado de manera continua hasta el 10 de agosto de 1991, fecha en la cual UNITRANSA S.A. había variado la ruta. Agregó haberse quejado ante la Alcaldía de Bucaramanga, ante la Dirección de Tránsito de esa ciudad y ante el Personero Municipal por considerar que con ese hecho se le privaba a él y a la comunidad de un servicio público básico, sin que hubiera obtenido de esas autoridades respuesta alguna. El señor VALDIVIESO BARRERA entabló la acción de tutela con fundamento en el inciso quinto del artículo 86 de la Constitución, el cual autoriza su ejercicio contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés colectivo, o respecto de quienes el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión. Finalmente, el peticionario advierte que la ruta Igzabelar-Mutis, prestada por la empresa COTRANDER S.A. también había sido recientemente variada, dejando a las familias del barrio Manuela Beltrán "en la orfandad total de servicio". 3. La Juez Primero Civil Municipal de Bucaramanga, a quien correspondió el conocimiento del asunto, solicitó a las partes demandadas la prueba de las autorizaciones relativas a la modificación de las rutas. El apoderado de la empresa COTRANDER S.A. se hizo presente y allegó al expediente copia del Decreto No. 028 de julio 1o. de 1992, mediante el cual el Alcalde de Bucaramanga, invocando facultades conferidas por los Decretos 80 de 1987 de 1990 y por la Ordenanza 010 de 1988, autorizaba a la empresa COTRANDER Ltda. la modificación del recorrido de la ruta Igzabelar-Mutis-Carrera 33 -Uis- Viceversa. Según se lee de la descripción del recorrido hecha en el mencionado decreto, la nueva ruta autorizada a COTRANDER S.A. no sirve al barrio Manuela Beltrán, mientras que la ruta modificada lo cruzaba en dos oportunidades. En su escrito, el apoderado de COTRANDER S.A. solicita al juez de tutela denegar las pretensiones del señor VALDIVIESO BARRERA. Fundamenta su oposición en la estricta legalidad del acto del Alcalde de Bucaramanga. Agrega que el acto acusado tiene carácter general, impersonal y abstracto, y consulta el interés de "toda la comunidad de Bucaramanga y no de una persona o grupo determinado". Sostiene además, que la acción de tutela sólo procede para proteger "derechos inmanentes" al individuo como persona, requisito que no cumple el derecho invocado por el señor VALDIVIESO. 4. El Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga, mediante sentencia del veinticuatro (24) de julio de 1992, denegó la tutela solicitada. Como fundamento de su decisión, el fallador considera que los derechos constitucionales fundamentales se definen en el título II, Capítulo 1o., de la Constitución, "y no son otros que los derechos intrínsecos y naturales del individuo como persona", de suerte que el derecho al servicio público de transporte no goza de ese rango. El juez de tutela considera, que el carácter de derecho oneroso que detenta la prestación del servicio público de transporte, "lo despoja de la característica de fundamental constitucional que de acuerdo con el Decreto 2591 de 1991, son los derechos contra los cuales es procedente la tutela." 5. No impugnada la anterior decisión, el expediente de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, previas selección y reparto, correspondió a la Sala Segunda su conocimiento. De la práctica de las pruebas decretadas por esta Corte se pudo comprobar que en el barrio Manuela Beltrán, integrado aproximadamente por 550 familias, de estrato socioeconómico medio-bajo y cuyos miembros laboralmente activos están vinculados en su mayoría a la construcción - barrio obrero -, se prestaba el servicio de transporte urbano por parte de las empresas  COTRANDER, UNITRANSA y TRANSCOLOMBIANA hasta la modificación de las rutas ocurrida en 1991. En efecto, la Alcaldía de Bucaramanga, previo concepto favorable de la Dirección de Tránsito, autorizó a las empresas COTRANDER y UNITRANSA respectivamente, a la modificación de sus rutas con fundamento en el Decreto 1787 de 1990 y la ordenanza 010 de 1988. La empresa Cooperativa de Transportes de Santander - COTRANDER LTDA. - solicitó a mediados de 1991 a la Alcaldía de Bucaramanga la reestructuración de su ruta IGSABELLAR-MUTIS-CARRERA 33 - VICEVERSA para "prestar el servicio de transporte urbano al Terminal de Transportes", "suprimir la salida a la autopista por ser bastante congestionada" e "integrar a los barrios Floridablanca y el Jardín del Limoncito con el Terminal". La Dirección de Transportes de la misma ciudad, recomendó autorizar la modificación solicitada por medio de los oficios Nos. ST-074-92 y 083-92. La Alcaldía de Bucaramanga, en desarrollo de las facultades otorgadas por el Decreto 1787 de 1990 y mediante resolución 028 de julio 1 de 1992, autorizó a la empresa COTRANDER LTDA la modificación del recorrido, sin entrar al barrio Manuela Beltrán y sólo interceptando su cabecera. De otra parte, la empresa Unión Santandereana de Transportes Urbanos, - UNITRANSA S.A. -, solicitó igualmente a la Alcaldía de Bucaramanga a principios del año 1992 la modificación de su ruta "Cuña Brisas de Malpaso - Manuela Beltrán - Centro - Estadio - viceversa" . La Dirección de Tránsito de esa ciudad, mediante concepto técnico de marzo 27 de 1992, oficio ST 046-92, recomendó autorizar la modificación solicitada. Sin embargo, la Alcaldía de Bucaramanga, por intermedio de su oficina de transportes se abstuvo de autorizar la modificación, debido a las quejas elevadas por los representantes del barrio Manuela Beltrán quiénes expresaron su inconformidad con la modificación. Al respecto el señor Benjamín Gutiérrez, Jefe de la Oficina de Transportes de la Alcaldía de Bucaramanga expresó: "La actual administración conocidas las quejas presentadas por los representantes del Barrio Manuela Beltrán realizó diferentes diligencias con el fin de atender y solucionar su queja. En compañía del Señor Gerente de Unitransa visité el sector llegando al acuerdo de que la ruta BRISAS DE MALPASO-MANUELA BELTRAN-CENTRO-ESTADIO-VICEVERSA no dejará de servir el Barrio Manuela Beltrán tal como lo proponía la empresa Unitransa. Este acuerdo fue de conocimiento del señor ALFREDO VALDIVIESO, quien verbalmente lo aprobó. Con fecha 13 de noviembre de 1992, el Alcalde Metropolitano de Bucaramanga, expidió el decreto Metropolitano 0062 de 1992 mediante el cual se autorizó la modificación del recorrido antes mencionado cubriendo como ya se dijo el Barrio Manuela Beltrán. La modificación es importante por cuanto se llevó el servicio hasta el Barrio EL PORVENIR construido en el presente año". Obra en el proceso que el Gerente de Unitransa S.A., señor Miguel Angel Beltrán Quintero, solicitó, mediante oficio 071 de agosto 25 de 1992, a la oficina de transporte de la Alcaldía de Bucaramanga la inclusión del Barrio Manuela Beltrán en la modificación de la ruta. Por concepto técnico de la Dirección de Tránsito, oficio ST 129-92 de septiembre 23 de 1992, se recomendó autorizar la inclusión del referido barrio en la ruta a modificar, concretándose finalmente la autorización de la Alcaldía Municipal en el Decreto 0062 de noviembre 13 de 1992. Por su parte, el despachador de la empresa UNITRANSA S.A., justificó el envío ocasional de buses al barrio Manuela Beltrán en la baja afluencia de pasajeros en ese trayecto y en la negativa de algunos usuarios de utilizar los automotores que ingresan al sector para evitar dilaciones en el recorrido. Respecto de la empresa Transcolombiana S.A., no se presentó solicitud alguna de modificación de sus rutas y, hasta el momento, viene prestando regularmente su servicio de transporte al barrio Manuela Beltrán. FUNDAMENTOS JURIDICOS Significado del transporte público y derechos fundamentales del usuario 1. El fallo revisado funda la decisión denegatoria de la tutela en que el transporte público no tiene el carácter de derecho fundamental por no estar incluido expresamente en el título II, capítulo 1o. de la Constitución. Con esta argumentación el juzgador hace caso omiso de la doctrina constitucional sobre el criterio de fundamentalidad1 y elude profundizar si en la situación concreta del ciudadano accionante se presentó una vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales. El fenómeno de la ciudad - su tamaño y distribución - hace del  transporte público urbano un medio indispensable para ciertos estratos de la sociedad,  en particular aquellos que viven en las zonas marginales y carecen de otra forma de movilización. De la capacidad efectiva de superar distancias puede depender la estabilidad del trabajo, el acceso y la permanencia en el sistema educativo, el ejercicio de la iniciativa privada y, en general, el libre desarrollo de la personalidad. De otra parte, la complejidad del mundo moderno hace que el tiempo y el espacio individuales se conviertan en formas de poder social. Tiempo y espacio son elementos cruciales para la búsqueda de bienestar y progreso en las sociedades de economía capitalista. La necesidad de trascender la distancia entre los sitios de habitación, trabajo, estudio, mercado, etc, en el menor tiempo y costo posibles, coloca al ciudadano carente de medios de transporte propios, a merced del Estado o de los particulares que prestan este servicio. La potencialidad de afectar la vida diaria del usuario por parte de las empresas transportadoras explica la mayor responsabilidad social y jurídica exigible a éstas y el estricto control de las autoridades con el fin de garantizar la prestación adecuada del servicio. La disparidad de poder entre el Estado o la organización privada transportadora y el individuo se reduce cuando el alcance de los mecanismos de protección constitucional de los derechos - v.gr. la acción de tutela - se extiende en su aplicación a relaciones de indefensión como la descrita. El juez constitucional tiene la función social de atender los reclamos ciudadanos y asegurar que sus derechos fundamentales no sean vulnerados. Relevancia constitucional del servicio de transporte 2. Los transportes, y los avances tecnológicos que diariamente los transforman, han posibilitado el progreso social y el crecimiento económico. La organización del sistema de transporte condiciona gran parte del intercambio económico y social. La fuerza de estructuración económica que posee el transporte público permite, cuando se accede al servicio, participar de la prosperidad general. Su carencia, en cambio, compromete un estándar mínimo de la existencia. La administración equilibrada y justa de la riqueza puede verse afectada por errores o falta de planeación del transporte público que, siendo un instrumento clave del desarrollo, tiene una incidencia directa sobre el goce efectivo de los derechos fundamentales. La trascendental importancia económica y social del transporte se refleja en el tratamiento de los servicios públicos hecha por el constituyente. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado (CP art. 365) - uno de cuyos fines esenciales es promover la prosperidad general (CP art. 2) -, factor que justifica la intervención del Estado en la actividad transportadora con miras a "racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo ..." (CP art. 334). A nivel del individuo, el transporte es un instrumento de efectividad de los derechos fundamentales. La íntima conexidad entre el derecho al servicio público del transporte con los derechos al trabajo (CP art. 25) a la enseñanza (CP art. 27), a la libre circulación (CP art. 24) y, en general, al libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16), hace predicable a éstos últimos la protección constitucional del artículo 86 de la Constitución cuando su desconocimiento se traduce en una inmediata vulneración o amenaza de los mencionados derechos. Regulación jurídica del transporte 3. El transporte es una actividad comercial que tradicionalmente ha sido considerada un servicio público en atención a su trascendencia para el desarrollo económico y social de la comunidad (CP arts. 78, 334 y 365 a 370). En relación con la noción de los servicios públicos, esta Sala ya se había pronunciado con anterioridad en los siguientes términos: "Los servicios públicos son el medio por el cual el Estado realiza los fines esenciales de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y deberes constitucionales (CP art. 2). El sentido y razón de ser de los poderes constituidos es el servicio a la comunidad,  la satisfacción de sus necesidades y la protección de los derechos individuales de sus miembros. "La idea de servicio público es el medio para avanzar rápidamente al Estado social y democrático de derecho, en forma pacífica y sin traumas para los grupos de interés que detentan posiciones de ventaja respecto de los sectores mayoritarios de la sociedad con necesidades insatisfechas. "Los servicios públicos como instancia y técnica de legitimación no son fruto de la decisión discrecional del poder público sino aplicación concreta del principio fundamental de la solidaridad social (CP arts. 1 y 2). A través de la noción de servicio público el Estado tiene el principal instrumento para alcanzar la justicia social y promover condiciones de igualdad real y efectiva. Su prestación comporta una transferencia de bienes económicos y sociales con base en el principio de justicia redistributiva que, mediante el pago discriminado de los servicios públicos según estratos y en función de la capacidad económica del usuario, permite un cubrimiento a sectores marginados que, en otras circunstancias, no tendrían acceso a los beneficios del desarrollo económico. De esta forma se garantizan las condiciones materiales para el libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16) y para la consecución de una igualdad real y efectiva (CP art. 13) de toda la población".2 La prestación del servicio público de transporte es regulada por ley (CP art. 150-23), pero la Constitución reserva a las Asambleas Departamentales la posibilidad de expedir normas sobre la materia (CP art. 300). Con anterioridad a la Constitución de 1991 ya existía una regulación del transporte, la cual debe ser interpretada y aplicada a la luz de los nuevos preceptos constitucionales. En efecto, el Gobierno Nacional, en desarrollo de la descentralización administrativa (ley 12 de 1986), mediante Decreto 80 de 1987, asignó a los alcaldes municipales la función de otorgar, negar, modificar, cancelar y declarar la caducidad de licencias sobre asignación de rutas y horarios para la prestación del servicio de transporte terrestre urbano, suburbano, de pasajeros y mixto. A su vez, el Estatuto Nacional de Transporte Público Colectivo Municipal (D. 1787 de 1990) estableció los requisitos que debe contener la solicitud de las empresas de transporte con el objeto de servir áreas de operación y rutas de despacho. Para tal efecto se exige, entre otros, el croquis de la ruta con indicación de longitud, tiempo de recorrido, paraderos, terminales, frecuencias de despacho y características socio-económicas de la zona de influencia. En el procedimiento de adjudicación de una ruta, la autoridad debe estudiar las oposiciones técnicas o jurídicas ejercidas por empresas presuntamente afectadas, y luego de resolver sobre su procedencia, debe entrar a adjudicar o no las rutas o áreas de operación. En todo caso, la autoridad competente conserva en todo tiempo las facultades de revocar los permisos de rutas concedidas como consecuencia del abandono o la vacancia en el servicio. La modificación, incremento o disminución de las rutas o frecuencias de despacho es una facultad de la primera autoridad municipal y puede ser ejercida cuando las necesidades y requerimientos técnicos, económicos y sociales así lo exijan (D. 1787 de 1990 art. 53). En el evento de hacerse oficiosamente, el acto administrativo correspondiente debe estar precedido de un estudio técnico que será dado a conocer a las empresas afectadas con el fin de concederles la oportunidad de presentar sus oposiciones (D. 1787 art. 54). En materia constitucional las normas jurídicas anteriores a la Constitución deben interpretarse en concordancia con los mandatos superiores de la Carta. El valor normativo de la Constitución impone al intérprete que aplica disposiciones jurídicas pre-constitucionales el deber de integrar armónicamente los diversos ordenamientos. La participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación es un fin esencial del Estado (CP art. 2). Tratándose del transporte público de pasajeros en zonas urbanas, los usuarios del servicio tienen derecho a expresar su opinión (CP art. 20) y la autoridad el deber de atender sus peticiones (CP art. 23) cada vez que una decisión administrativa de modificación de las rutas pueda afectar sus intereses. Adicionalmente, desde principios de los años setenta, la actividad del transporte comercial ha dejado de enfocarse a nivel de la planeación urbana bajo criterios económicos y tecnocráticos, pasando a tener en cuenta factores sociológicos y políticos. Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991, la vida económica debe estar orientada a promover la prosperidad general (CP art. 2), en particular mediante el mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos y la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo (CP art. 334). Se ha operado así en el campo del transporte público un cambio desde la administración centralizada y técnica a otra descentralizada y democrática donde las leyes del mercado pueden encontrar un punto de confluencia con el beneficio común. Función social de la empresa 4. Los empresarios privados del servicio de transporte explotan una actividad comercial de la cual depende la efectividad de los derechos fundamentales de los usuarios. La Constitución les garantiza la libertad de empresa y de iniciativa privada, dentro de los límites del bien común. Pero, igualmente, les impone obligaciones inherentes a la función social de la empresa, base del desarrollo (CP art. 333). La empresa, ha dejado de ser una actividad regida en forma exclusiva por normas del derecho privado. El constituyente, consciente del papel que cumplen las empresas en la economía moderna y de la necesidad de trascender sus objetivos más allá del ánimo de lucro, hizo extensivo a éstas la función social que caracteriza a la propiedad: "Para quienes ven en la empresa primordialmente un conjunto de bienes y servicios podría parecer innecesario atribuirle una función social, cuando este mismo reconocimiento se ha hecho ya de manera más general con relación al derecho de propiedad." "Resulta a todas luces conveniente reconocer la vasta significación social y política inherente a la empresa como principio fundamental para armonizar los derechos y deberes de los diversos sujetos cuyas energías integran una verdadera comunidad de trabajo, de innegable significación en la economía pero no menos en el devenir ordenado de los seres humanos".3 Tratándose de servicios públicos, con mucha mayor razón la función social de la empresa es un postulado constitucional que implica obligaciones para las empresas concesionarias o proveedoras de la respectiva prestación. Los transportadores particulares deben tener en cuenta que del cumplimiento responsable - continuo y regular - del transporte depende la adecuada prestación de este servicio público. En particular, la función social de las empresas de transporte urbano de pasajeros se muestra en la subvención de los trayectos menos rentables con los más rentables. De esta forma, el cubrimiento de sectores o barrios socioeconómicamente deprimidos queda garantizado, impidiendo que la situación  de desventaja pueda dar lugar a un "círculo vicioso de marginalidad" para las personas más pobres. Principios de regularidad y continuidad de la prestación 5. El usuario del transporte tiene derecho a que el servicio funcione en forma regular y continua. El concesionario de un área de operación o ruta se compromete a prestar el servicio con la continuidad convenida - frecuencia de despacho -. Los principios de regularidad y continuidad protegen el interés del usuario consistente en contar con un acceso oportuno y permanente y unas reglas claras en materia de cumplimiento del servicio público. El incumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa transportadora es sancionado por la ley, pudiendo la autoridad competente imponer multas, suspender o cancelar la licencia de funcionamiento, según la gravedad del hecho. De tiempo atrás, por razones logísticas, las autoridades competentes no siempre pueden controlar efectivamente la frecuencia y el recorrido de las diversas rutas de transporte. Por este motivo, se hace indispensable la intervención y fiscalización ciudadana con el fin de poner en marcha la potestad sancionatoria de la administración, y controlar las irregularidades que afectan la regular y continua prestación. Por otra parte, la consagración constitucional de la acción de tutela contra organizaciones o empresas privadas encargadas de la prestación de un servicio público vino a reforzar los mecanismos de control jurídico sobre las conductas u omisiones de los particulares que pueden llegar a afectar los derechos fundamentales de los usuarios (CP art. 86). Incumplimiento de la empresa transportadora y amenaza de los derechos fundamentales del usuario. 6. Examinadas las modificaciones de rutas autorizadas por los decretos metropolitanos 028 de julio 1o. y 062 de noviembre 13 de 1992, se encontró que el Alcalde Municipal de Bucaramanga, en ejercicio de sus facultades legales, actuó con sujeción a las facultades a él otorgadas por las normas sobre la materia. Gracias a la oportuna intervención ciudadana, con anterioridad a la autorización del cambio de ruta solicitada por la empresa UNITRANSA S.A., se logró un acuerdo entre ésta y la administración local con el fin de prestar el servicio al barrio Manuela Beltrán. En este orden de ideas se incluyó el mencionado sector en la ruta "Brisas de Malpaso - Manuela Beltrán - Centro - Estadio - Viceversa", autorizada por el decreto No. 062 del 13 de noviembre de 1992. De la práctica de las pruebas se pudo establecer el incumplimiento de la empresa UNITRANSA S.A. respecto al compromiso contraido de prestar en forma continua y regular el servicio público de transporte al Barrio Manuela Beltrán. Argumentos como la poca afluencia de pasajeros - atendidas las circunstancias de ser un barrio obrero que necesita el transporte principalmente en tempranas horas de la mañana y al caer la tarde - o la renuencia de otros usuarios a tomar los buses que ingresan al barrio, no justifican el despacho ocasional de automotores al sector, configurándose con ello una falla en la prestación del servicio. Los derechos al trabajo, al estudio, a la libre circulación, a la recreación y al libre desarrollo de la personalidad resultan amenazados como consecuencia de la prestación discontinua e irregular del servicio de transporte. Elementos objetivos - número de familias del barrio Manuela Beltrán, trabajo en la actividad de la construcción de parte de sus miembros e incumplimiento del servicio de transporte a la zona, principal medio de movilización de sus habitantes -, son factores suficientes para concluir la existencia de una amenaza cierta y objetiva a los derechos del señor Alfredo Valdivieso, así como los derechos de otros miembros de su comunidad. Concepto del beneficiario real y relación de indefensión 7. La Constitución contempla la procedencia de la acción de tutela contra particulares encargados de la prestación de un servicio público (CP art. 86). La ley desarrolla esta posibilidad en materia de educación, salud y servicios públicos domiciliarios (D. 2591 de 1991, art. 42). En principio, no siendo el transporte un servicio domiciliario, las empresas que lo prestan no estarían sujetas al ejercicio de acciones de tutela. No obstante, el legislador ha previsto la procedencia de este mecanismo de protección de derechos fundamentales contra organizaciones privadas, contra quien las controle o sea su beneficiario real, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización. El usuario de una ruta de transporte público urbano que se ve privado del servicio y con ello desmejorado en su capacidad efectiva de movilización puede recurrir a la autoridad administrativa para que, de comprobarse el incumplimiento, se proceda a sancionar a la empresa responsable. La situación de indefensión se concreta, sin embargo, cuando la administración no toma los correctivos a tiempo o la organización privada no corrige materialmente las irregularidades en la prestación. En el caso examinado, se comprobó el irregular servicio prestado al barrio Manuela Beltrán por parte de la empresa UNITRANSA S.A., de todo lo cual sólo se vino a notificar la autoridad local con ocasión de la presente actuación. La amenaza de vulneración de los derechos fundamentales del señor VALDIVIESO y de la comunidad que representa, es objetiva, lo mismo que la situación de indefensión en que se encuentran, por lo que se procederá a revocar la sentencia revisada. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de julio 24 de 1992, proferida por el Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga, por el cual se denegó la acción de tutela presentada por el señor ALFREDO VALDIVIESO BARRERA. SEGUNDO.- CONCEDER la acción de tutela solicitada y, en consecuencia, ORDENAR a la empresa UNITRANSA S.A., por conducto de su representante legal, el cumplimiento continuo y regular del servicio público de transporte al barrio Manuela Beltrán de la ciudad de Bucaramanga en los estrictos y precisos términos del acto administrativo que autorizó su prestación. TERCERO.- NOTIFICAR la presente sentencia al Alcalde Municipal de Bucaramanga para que se sirva tomar las medidas sancionatorias a que hubiere lugar. CUARTO.- ORDENAR al Juez Primero Civil Municipal vigilar el cumplimiento de la sentencia. QUINTO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Primero Civil Municipal de Bucaramanga, con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de diciembre     de mil novecientos noventa y dos (1992). 1 Corte Constitucional, Sentencia T-02 de mayo 8 de 1992. 2 Corte Constitucional. Sentencia T-540 de Septiembre 24 de 1992. 3 Gaceta Constitucional No. 80, mayo 23 de 1991. Informe Ponencia para Primer Debate sobre Régimen Económico. Iván Marulanda y otros, pág. 20.

T-605-92 Sentencia No Sentencia No. T-605/92 JUEZ DE TUTELA-Facultades La sensibilidad del juez hacia los problemas constitucionales es una virtud imprescindible en la tarea de hacer justicia. Las decisiones jurídicas deben respetar el principio de legalidad y a la vez ofrecer una solución real a los conflictos sociales. En esta tarea, el sentido de la justicia y la equidad permiten hallar el derecho. La ley, por sí misma, es siempre deficiente frente de la realidad cambiante que está llamada a regular. Al intérprete le corresponde actualizar su contenido según las cambiantes circunstancias históricas y sociales y dar una aplicación correcta de las normas con la clara conciencia que su cometido es resolver problemas y no evadirlos. PROTECCION A LA PRODUCCION DE ALIMENTOS/PESCA/PRINCIPIO DE DIVERSIDAD ETNICA Y CULTURAL La actividad pesquera goza de una especial protección constitucional y su desarrollo integral es una de las prioridades del Estado, con miras a garantizar la producción de alimentos, en este caso, de gran valor proteínico. Las políticas emprendidas por gobiernos anteriores para la promoción de la pesca, actualmente tienen un claro fundamento constitucional gracias a  la consagración del derecho económico, social y cultural de los pescadores a un desarrollo integral de su actividad. La diversidad cultural hace relación a formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política. Los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo y protección de las minorías. BIENES DE USO PUBLICO/PLAYAS-Actividad hotelera Las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por particulares. En este sentido, es ilícita la conducta de cualquier persona tendiente a apropiarse de porciones de playa mediante su cercamiento o prohibición de acceso. Sobre la materia ya se había pronunciado esta Corte en sentencia anterior. Los propietarios o poseedores de tierras costeras no pueden impedir el acceso al mar a través de sus predios cuando no existen, por las características de la zona, otras vías para llegar a la orilla. Los empresarios que adquieren extensos terrenos aledaños a las playas con miras a ejercer legítimamente la actividad hotelera no pueden impedir el paso al mar con el pretexto de existir otros lugares de acceso. La carga impuesta a los habitantes de la zona costera por esta exigencia carece de justificación constitucional y legal. DERECHO A LA PAZ El derecho a la paz -que a su vez es un deber de todos los colombianos -se ha visto seriamente amenazado por el empleo de medidas de fuerza tendientes a impedir el uso del único camino carreteable para acceder al mar, con el desconocimiento de la función social inherente al derecho a la propiedad y al ejercicio de la libre empresa. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/INDEFENSION La situación o relación de indefensión en que se halla una persona debe evaluarse en concreto, según las circunstancias particulares y en atención a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por el ejercicio de posiciones de fuerza o de poder que ostentan algunas personas o grupos sociales. La crónica situación de abandono y de pobreza que caracteriza a personas marginadas de los beneficios de la organización social, entre ellas los pescadores artesanales, tiene como efecto la imposibilidad práctica de asumir una adecuada y oportuna defensa de sus intereses y derechos. Cuando esta circunstancia amenaza la vida misma o la integridad de personas en situación de desventaja, en particular si se trata de menores de edad, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la defensa de sus derechos fundamentales. En principio, la situación de indefensión en que se encuentra una persona podría ser superada mediante el ejercicio de las acciones y recursos previstos en la ley. No obstante, cuando la inminente vulneración o amenaza de los derechos fundamentales permite la utilización de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el juicio sobre la existencia de una situación de indefensión debe anteceder a la evaluación de la posible disponibilidad de otros medios de defensa judicial. PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL/ACCION DE TUTELA-Informalidad La prevalencia del derecho sustancial en materia de protección constitucional de los derechos y el principio de informalidad que rige el procedimiento de tutela impiden que debido a errores de forma en la solicitud de tutela se dejen de amparar efectivamente los derechos de personas afectadas. La deficiencia probatoria, en este caso, relativa a la titularidad del bien no es determinante en el proceso ni afecta en modo alguno la parte resolutiva del fallo. DICIEMBRE  14 DE 1992 REF: Expediente T-4759 Actores: LUCIO QUINTERO RINCON,        JOSE TORREGROSA MERCADO Magistrado Ponente: Dr.EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ La Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Eduardo Cifuentes Muñoz, José Gregorio Hernández Galindo y Alejandro Martínez Caballero, ha pronunciado EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO  DE LA CONSTITUCION la siguiente S E N T E N C I A En el proceso de tutela T-4759 adelantado por los señores LUCIO QUINTERO RINCON, JOSE TORREGROSA MERCADO contra el señor EDUARDO MENDOZA Y/O CUALQUIER PROPIETARIO DEL PREDIO "PLAYA RICA" O "PONDORO". A N T E C E D E N T E S 1. Los señores LUCIO QUINTERO RINCON y JOSE TORREGROSA MERCADO, por intermedio de apoderada, en su condición de presidentes de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Mendiguaca y del Comité de Pescadores de la Poza de Mendiguaca respectivamente, interpusieron acción de tutela contra "el señor EDUARDO MENDOZA, y/o cualquier otro ocupante, poseedor, o propietario del bien inmueble denominado Playa Rica, antes "La Beatriz, Carmelita, Guachaca o cualquier otro", para que se les ordenara permitir a los habitantes de la vereda de Mendiguaca el acceso a la playa a través del predio. Invocaron como vulnerados los derechos constitucionales a la vida (CP art. 11), a la paz (CP art. 22), al trabajo (CP art. 25), así como, los derechos de los niños de esa comunidad, garantizados en el artículo 44 de la Constitución. 2. Como fundamentos de la solicitud, la apoderada de los peticionarios relató que en la vereda de Mendiguaca, municipio de Santa Marta, habitan alrededor de quince (15) familias cuya base de subsistencia es la actividad pesquera, ejercida en forma artesanal. El incremento de la pesca y la posibilidad de su explotación comercial llevaron a las familias de la zona a organizarse en el "Comité de Pescadores la Poza de Mendihuaca",  cuya personería jurídica se está tramitando ante el Ministerio de Agricultura por conducto del "Proyecto Desarrollo Pesquero Integral CISP-CORPAMAG", un programa Colombo-Italiano que presta servicios de asesoría a las organizaciones que ejercen dicha actividad. La apoderada describió la forma en que los pobladores de Mendiguaca tenían acceso al mar: "Para llegar al Mar Caribe, y poder realizar sus labores pesqueras, los pobladores de Mendiguaca atraviesan la carretera troncal del caribe, toman una vía de acceso a la playa, que en la memoria de los habitantes y colonos de la región ha sido tradición por más de medio siglo y que fue construido a expensas del señor WILLIAN D. FLYE y con el trabajo de los colonos y habitantes de la región". Explicó que el anterior propietario del predio permitía el paso de la comunidad a pesar de haber construido un portón a la entrada del camino para su seguridad. Según su escrito, el problema surgió cuando el señor EDUARDO MENDOZA adquirió el predio, se negó a permitir el acceso a la playa y cerró el portón, con la justificación de que allí se haría un club privado y no se podía franquear el ingreso a "extraños", además de no ser esa la única entrada a la playa. 3. La apoderada justificó la procedencia de la tutela en el hecho de no existir otro medio judicial para la comunidad al ser colocados sus miembros en "una situación de indefensión e impotencia ante la violación de los derechos del niño, y condenación al hambre, falta de trabajo y demás en que se encuentran". Igualmente sostuvo que "aún cuando los afectados dispusieran de otro medio de defensa judicial se enfrentan a un perjuicio irremediable ante la arbitrariedad a que vienen siendo sometidos por los propietarios u ocupantes del predio objeto de litis, por lo que solicitó la suspensión del auto violatorio de los derechos de la comunidad". 4. Correspondió el conocimiento de la acción al Juez Primero Civil del Circuito de Santa Marta, quien mediante fallo del diez (10) de agosto de 1992 denegó la tutela solicitada. El juez adujo que en la demanda no se precisó contra quien se  dirigía, "ni se identificó con precisión el predio materia de la litis". Además, por entender que la finalidad de la acción interpuesta era lograr el tránsito por el predio, declaró improcedente la tutela por existir para ello el proceso de servidumbre (arts. 408 y 415 C.P.C.). 5. No impugnada esa decisión, el expediente de tutela fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión y, previo trámite de selección, correspondió a la Sala Segunda su conocimiento. 6. Con miras a determinar los hechos objeto de la acción de tutela, el magistrado ponente comisionó, mediante auto de diciembre dos (2) de 1992, al magistrado auxiliar RODOLFO ARANGO RIVADENEIRA para practicar diligencia de inspección judicial en la vereda de Mendiguaca, municipio de Santa Marta. De la práctica de la diligencia se pudo establecer que la comunidad de Mendiguaca está localizada al costado derecho de la troncal Santa Marta-Riohacha, aproximadamente a dos kilómetros del parque natural del Tayrona. Al costado izquierdo de la troncal y colindando con el mar se encuentran terrenos que, según los pobladores del lugar, pertenecen al señor Ernesto Arango y a la empresa Frutesa. La comunidad, según afirmara el señor LUCIO QUINTERO RINCON, está compuesta por unas 140 familias y cerca de 500 personas que viven a lo largo del rio Mendiguaca desde donde nace hasta su desembocadura en el Mar Caribe. Su principal medio de subsistencia es la pesca artesanal. Sus miembros recientemente organizados en un comité pretenden mejorar la situación de pobreza de la comunidad mediante la asistencia técnica, el empleo de nuevos métodos de pesca y la comercialización de sus productos, actividades que vienen realizando con el apoyo del proyecto de desarrollo pesquero integral CISP-CORPAMAG. El camino materia del conflicto es una vía carreteable, sin pavimentar, cuya entrada se encuentra a unos quinientos metros de la comunidad pesquera en dirección a Riohacha. La vía atraviesa el predio de la empresa Frutesa, así como la finca denominada "Playa Rica" o "Pondoro" hasta llegar al mar. El camino al penetrar a este último predio se encuentra obstaculizado por una portada de hierro con un anuncio que reza "Propiedad Privada-Prohibido el Paso". En la visita a la finca se observó la presencia de maquinaria pesada de propiedad de la constructora ARCO S.A. y se pudo establecer que existe sólo un camino carreteable de acceso al mar, entre otras razones porque los terrenos aledaños al mar son pantanosos, además de estar cercados. Los habitantes de la zona, así como el señor OSCAR MENDOZA PARRA, presente en la diligencia de inspección judicial, coincidieron en que el predio denominado "Playa Rica" o "Pondoro", cuya portada impide el acceso al mar, es de propiedad de señor EDUARDO MENDOZA PARRA, a la vez propietario de la empresa CONSTRUCTORA ARCO de la ciudad de Cali. No obstante, la apoderada de los accionantes, doctora MARGELY MORENO GARCIA, afirmó en esta misma oportunidad que luego de algunas averiguaciones pudo establecer que el predio pertenece a la empresa MENDIGUACA S.A., sociedad cuyo objeto comercial es la explotación de la actividad hotelera. Los pescadores de la zona, entre ellos los señores HUMBERTO ANTONIO QUINTERO, VICTOR MANUEL RODRIGUEZ, SABAS MANUEL VILLA RODRIGUEZ, GREGORIO OÑATE GONZALEZ, LUCIO QUINTERO Y JOSE TORREGROSA relataron que el camino al mar por ellos disputado es ancestral, ya que lo utilizaban los indígenas tayrona para embarcar sus productos, por ser el único lugar donde el mar es profundo y calmado, atributo éste que explica su nombre, "La Poza de Mendiguaca". Afirmaron igualmente que el lugar aparece en mapas del Agustín Codazzi como un camino indígena y luego militar, de embarque y desembarque. La vía carreteable fue construida, según versión de los pescadores, en una época en que el señor William D. Fly, propietario de extensos parajes en esa zona, recurrió al concurso del trabajo de colonos y pescadores. Estos últimos desde entonces - hace más de sesenta años - habían venido utilizando el camino hasta que la finca "Playa Rica" fue adquirida por el señor Eduardo Mendoza Parra, quien impide el acceso al mar. Igualmente aseveraron que el camino está en una zona muy pantanosa y es el único acceso para los pescadores, ya que en ninguna otra parte puede pasar un vehículo hacía el mar para entrar y sacar objetos pesados, como motores o el producto de una pesca mayor. El administrador de la finca "Playa Rica" o "Pondoro", señor FRANCISCO MANUEL GUTIERREZ PARRA, contratado por el señor Eduardo Mendoza a través de la constructora Arco, afirmó durante la diligencia de inspección judicial haber recibido orden de "dejar cerrado el portón de la finca y que no dejara pasar a nadie sin autorización". El conflicto entre la comunidad de pescadores de Mendiguaca y los señores Mendoza se inició, según declaración de HUMBERTO ANTONIO QUINTERO, hace cerca de ocho meses cuando CESAR MENDOZA, anterior administrador de la finca, impidió el acceso al mar y luego amenazó con disparar a quien ingresara en horas de la noche. El declarante expuso que desde hace más de dos meses no transitan la vía para evitar enfrentamientos con los trabajadores del señor Mendoza, y se han visto forzados a penetrar al mar vadeando el río o a través de la finca aledaña con permiso de su administrador, con el riesgo para éste de perder su trabajo. El señor Quintero manifestó la indignación que significa para las quinientas personas que componen la comunidad de pescadores el verse impedidas para llegar al mar y ejercer libremente su profesión, lo cual amenaza la vida de sus hijos y de ellos mismos, "por lo que están dispuestos a recurrir a la violencia si es del caso para defender lo propio", además de estar respaldados por un lider de la región. Por su parte, el señor JOSE TORREGROSA relató que en las reuniones celebradas en el pasado con el señor CESAR MENDOZA, éste siempre respondió negativamente. Al respecto dijo: "El adujo que allí iban a hacer un sitio turístico por lo que no le convenía que ninguna clase de gente particular transitara por el predio, ya que se podían robar muchas cosas de valor en ese sector. En otra reunión que sostuvimos el nueve de junio con ese señor, se comprometía de palabra a dejar transitar a los pescadores mientras había un arreglo, pero incumplió su palabra ". La disputa, finalmente, se agudizó cuando el señor IVAN LATORRE, dueño de la empresa Suministros Eléctricos del Magdalena - contratado por la firma Constructora Arco y el señor Eduardo Mendoza para colocar postes de luz a lo largo del camino de entrada al predio "Playa Rica" -, se vió perjudicado en la ejecución de sus obras debido a la advertencia de los pescadores en el sentido de impedir a toda costa su colocación. 8. La apoderada de los peticionarios hizo llegar al expediente de tutela certificado de existencia y representación de la sociedad MENDIGUACA S.A., expedido por la Cámara de Comercio de Santa Marta el día cuatro de diciembre de 1992, en el que consta que su presidente es el señor ERNESTO ARANGO QUINTANA. FUNDAMENTOS JURIDICOS El conflicto de intereses planteado 1. La acción de tutela, cuya sentencia es materia de revisión, se originó en un conflicto de intereses entre el poseedor o propietario del denominado predio "Playa Rica", presuntamente el señor EDUARDO MENDOZA o la constructora Arco S.A., y la comunidad pesquera de Mendiguaca. La controversia consiste básicamente en que el primero por intermedio de sus trabajadores, impide a los pescadores el acceso al mar por el camino carreteable que cruza su predio. El enfrentamiento, con el tiempo, ha adquirido dimensiones mayores y amenaza con perturbar la convivencia pacífica existente hasta entonces en la zona. Procedencia de la acción de tutela como mecanismo transitorio 2. El juzgador de instancia, Juez Primero Civil del Circuito de Santa Marta, rechazó la solicitud de tutela por considerar que no estaba plenamente identificada la persona contra quien se dirigía la acción ni tampoco el predio objeto de la litis. Adicionalmente, el fallador fundamentó su decisión denegatoria en la improcedencia de la tutela "al existir otro medio de defensa judicial", en este caso, el proceso de servidumbre (C.P.C., art. 415), ya que lo pretendido era el tránsito por el predio. La sensibilidad del juez hacia los problemas constitucionales es una virtud imprescindible en la tarea de hacer justicia. Las decisiones jurídicas deben respetar el principio de legalidad y a la vez ofrecer una solución real a los conflictos sociales. En esta tarea, el sentido de la justicia y la equidad permiten hallar el derecho. La ley, por sí misma, es siempre deficiente frente de la realidad cambiante que está llamada a regular. Al intérprete le corresponde actualizar su contenido según las cambiantes circunstancias históricas y sociales y dar una aplicación correcta de las normas con la clara conciencia que su cometido es resolver problemas y no evadirlos. Estas ideas explican, en parte, el mandato del Constituyente consagrado en el artículo 228 de la Constitución, según el cual, en las actuaciones de la administración de justicia prevalecerá el derecho sustancial. Las razones formales para rechazar la acción esgrimidas por el juez de instancia no se compadecen con el principio de informalidad que gobierna el contenido de la solicitud de tutela (D. 2591 de 1991 art. 14). Precisamente porque el procedimiento preferente y sumario de tutela no tenía la finalidad de definir la existencia de un derecho de servidumbre, la identificación precisa del predio había podido llevarse a cabo a través de la práctica de las pruebas conducentes. La simple posibilidad de determinar el lugar donde se impedía el paso a la playa y se ponían con ello en peligro derechos ajenos, era suficiente para entrar a analizar de fondo la problemática planteada por los pescadores de Mendiguaca. Con respecto a la presunta deficiencia de la demanda que no precisaba contra quién se dirigía - "contra el señor Eduardo Mendoza, y/o cualquier otro ocupante" -, observa esta Sala que la identidad del demandado era plenamente determinable, a través de los medios probatorios idóneos. Es contrario a la finalidad de los mecanismos constitucionales de protección que el juez de tutela alegue un principio dispositivo de impulsión de la prueba más propio de otros procesos, para evitar pronunciarse de fondo, cuando de por medio está una posible vulneración de los derechos fundamentales del solicitante. La desatención y poca sensibilidad constitucional con que fue abordado el estudio de la solicitud de tutela se hace evidente al examinar el fundamento último esgrimido por el juez de instancia para declarar la improcedencia de la acción - existencia de otro medio de defensa judicial -, a pesar que el contenido de la petición permitía deducir claramente, el ejercicio de la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En efecto, la apoderada en su escrito de tutela afirmó que "aún cuando los afectados dispusieren de otro medio de defensa judicial, se enfrentan a un perjuicio irremediable ... Es así como nuestra Carta Magna, en sus Títulos I y II, dispone en concordancia con el Decreto 2591 de 1991, los mecanismos a mis poderdantes para evitar (resaltado fuera de texto) la clara violación a que vienen siendo sometidos ...". Finalmente, la profesional pidió al señor juez que se protegieran "los derechos invocados y claramente violados, suspendiendo (resaltado fuera de texto) el acto violatorio que los vulnera". La acción de tutela fue ejercida como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, sin que fuera correcto exigir la no disponibilidad de otros medios de defensa judicial. Esta Sala, en consecuencia, abordará el problema sustancial con el objeto de establecer si existió una vulneración o amenaza de los derechos fundamentales de los peticionarios. Relevancia constitucional del conflicto 3. El conflicto de intereses entre particulares puede adquirir importancia constitucional y justificar la intervención del Estado si las dimensiones y características del conflicto vulneran o amenazan derechos fundamentales. El enfrentamiento entre el propietario o poseedor de la finca "Playa Rica" y los pescadores de Mendiguaca por el acceso al mar no plantea simplemente una controversia civil en torno a una servidumbre de paso. Pone de presente el creciente y progresivo desplazamiento de los originales habitantes de las zonas costeras del mar caribe colombiano por parte de la industria hotelera. Los desarrollos económicos traen consigo cambios sociales muchas veces traumáticos. Las playas que antes eran refugio de paseantes y puerto de pescadores se han convertido en atractivo turístico. El auge de la empresa hotelera a la vez ha suscitado no pocos conflictos con los moradores de tierras costeras, fenómeno éste que de no ser regulado jurídicamente puede conllevar a la afectación de intereses y valores protegidos por la Constitución. La Carta Fundamental cuenta con mecanismos eficaces para sopesar y conciliar intereses antagónicos de manera que los efectos dañinos de una confrontación sean eludidos. La acción de tutela permite la protección preventiva de los derechos fundamentales que pueden resultar vulnerados o amenazados por la confrontación de intereses legítimos de particulares, en especial cuando existe una relación de indefensión entre las partes (CP art.86). Derechos constitucionales en juego 4. Los particulares en disputa por el camino de acceso al mar invocan a su favor intereses legítimos fundados en derechos constitucionales contrapuestos. El dueño del predio menciona su derecho a la propiedad privada (CP art. 58) y pretende impedir la presencia de "desconocidos" en sus tierras, en aras de su seguridad. Además, según la versión de sus empleados y parientes, el presunto propietario, señor Mendoza, tiene el propósito de construir allí mismo un centro hotelero, proyecto cuyo fundamento constitucional se encuentra en la libertad de empresa e iniciativa privada (CP art. 333). Por su parte, los pescadores de Mendiguaca aducen la vulneración de sus derechos a la vida, a la paz, al trabajo y a los derechos fundamentales de sus niños como consecuencia de ver impedido su tránsito al mar por el camino ancestralmente utilizado para ello. La industria hotelera es una actividad económica lícita que representa una fuente de empleo y de riqueza. Los hoteles ofrecen esparcimiento y recreación a la población y promueven el turismo que representa un importante flujo de divisas al país. La actividad pesquera goza de una especial protección constitucional y su desarrollo integral es una de las prioridades del Estado, con miras a garantizar la producción de alimentos, en este caso, de gran valor proteínico. Las políticas emprendidas por gobiernos anteriores para la promoción de la pesca, actualmente tienen un claro fundamento constitucional gracias a  la consagración del derecho económico, social y cultural de los pescadores a un desarrollo integral de su actividad (CP art. 65). La situación de los pescadores artesanales en Colombia 5. El Estatuto General de Pesca (L. 13 de 1990 y D.R. 2256 de 1991) es el marco jurídico para el ejercicio de la pesca. Este tiene como objetivos principales regular el manejo integral, la explotación racional y el aprovechamiento sostenido de los recursos pesqueros. La pesca artesanal es una modalidad de la pesca comercial expresamente definida en el artículo 12 del Decreto reglamentario 2256 de 1991: "La pesca se clasifica: 2. Por su finalidad, en: 2.4 pesca comercial: 2.4.1. Artesanal: la que realizan pescadores en forma individual u organizados en empresas, cooperativas u otras asociaciones, con su trabajo personal independiente, con aparejos propios de una actividad productiva de pequeña escala y mediante sistemas, artes y métodos menores de pesca". La población de pescadores artesanales en Colombia se estimaba según datos de 1986 en 120.000 personas. La pesca artesanal - a pesar de generar un alimento rico en proteínas y minerales relativamente barato y sustentar en gran medida el consumo per capita nacional -, hoy en día es una de las actividades productivas más deprimidas y marginadas de la economía del país. El pescador artesanal ejerce una economía de subsistencia; gana en promedio un ingreso mensual inferior al salario mínimo, carece de servicios públicos y de seguridad social y vive notoriamente marginado de los beneficios económicos y culturales de la nación. La pesca a pequeña escala es ejercida por diferentes grupos étnicos y culturales en las orillas de los dos océanos, en las riberas de los ríos y en las márgenes de las ciénagas y los esteros. Los pescadores artesanales dispersos en todo el territorio del país se encuentran afectados por problemas comunes que los condenan a un bajo nivel de vida. La contaminación de las aguas por parte de la industria, las trabas de los propietarios ribereños que impiden el libre tránsito hacia las riberas o playas, la desecación de ciénagas con destino a la ganadería o la agricultura, la pesca intensiva explotada sin control por buques nacionales o extranjeros y la usura ejercida por parte de intermediarios, son algunos de los problemas que hacen de los pescadores colombianos uno de los grupos humanos más pobres y con menor capacidad de generar ingresos. La preocupante situación económica y social de los pescadores artesanales hizo necesaria la consagración de un derecho constitucional al desarrollo integral de la actividad pesquera (CP art. 65) que, unido al principio de diversidad étnica y cultural (CP art. 7), conforman el marco constitucional para determinar el contenido y alcance de sus derechos fundamentales. Reconocimiento y protección de la diversidad cultural en Colombia 6. La Constitución reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación Colombiana (CP art. 17). Este principio fundamental no es una simple declaración retórica. Tiene contenido y fuerza normativa en materia de igualdad y trato favorable (CP art. 13), de la libertad de cultos (CP art. 19), del apoyo a actividades agrícolas, pecuarias, forestales o pesqueras (CP art. 65), del derecho a la educación y a la identidad cultural (CP arts. 67, 68 y 70), del derecho al patrimonio cultural (CP art. 72), de la jurisdicción indígena (CP art. 246) y de la intervención del Estado en la distribución equitativa de oportunidades y recursos económicos (CP art. 334), entre otras. En términos constitucionales, la diversidad cultural hace relación a formas de vida y concepciones del mundo no totalmente coincidentes con las costumbres de la mayoría de la población en aspectos de raza, religión, lengua, economía y organización política. Los grupos humanos que por sus características culturales no encuadran dentro del orden económico, político y social establecido para la mayoría tienen derecho al reconocimiento de sus diferencias con fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo (CP art. 1) y protección de las minorías (CP arts.13, 176 y 265). Los pescadores de la "Poza de Mendiguaca" en el Mar Caribe Colombiano reúnen las condiciones propias de un grupo humano con vieja tradición, de origen tayrona. La comunidad es en su mayoría mestiza, de religión católica, idioma castellano y en ella prevalece la unión libre. El aspecto de mayor diversidad frente a otras formas de producción es la práctica de la pesca con técnicas de recolección, dando lugar a una cultura de subsistencia cuyo principal y único medio de sustento es el mar. La diversidad cultural existente entre empresarios hoteleros y grupos de pescadores artesanales de vieja tradición plantea dos visiones de progreso que compiten en la práctica. La resolución de los conflictos de interés surgidos de estas dos actividades deben resolverse a la luz de los principios democráticos de pluralismo y de participación de todos en la prosperidad general (CP arts. 1 y 2). Libre acceso a las playas y actividad hotelera 7. Las playas marítimas son bienes de uso público no susceptibles de apropiación por particulares (CP art. 63, D.L. 2324 de 1984, art. 166). En este sentido, es ilícita la conducta de cualquier persona tendiente a apropiarse de porciones de playa mediante su cercamiento o prohibición de acceso. Sobre la materia ya se había pronunciado esta Corte en sentencia anterior.1 Los propietarios o poseedores de tierras costeras no pueden impedir el acceso al mar a través de sus predios cuando no existen, por las características de la zona, otras vías para llegar a la orilla. Los empresarios que adquieren extensos terrenos aledaños a las playas con miras a ejercer legítimamente la actividad hotelera no pueden impedir el paso al mar con el pretexto de existir otros lugares de acceso. La carga impuesta a los habitantes de la zona costera por esta exigencia carece de justificación constitucional y legal. En particular, los caminos de acceso automotor al mar en zonas pantanosas constituyen elemento esencial para el desarrollo integral de la actividad pesquera, la preservación de una forma cultural diversa y la libre utilización de los bienes de uso público en beneficio de toda la población. El camino de acceso al mar objeto del conflicto representa para el propietario o poseedor del predio "Playa Rica" un recurso valioso que favorece la empresa hotelera proyectada. El significado de aquél para la comunidad pesquera de Mendiguaca es, adicionalmente, de importancia vital, ya que de su utilización depende la posibilidad del desarrollo integral de su actividad - explotación a mayor escala mediante el uso de motores fuera de borda, utensilios y equipos adecuados, eficiencia del transporte hacia  los sitios de comercialización -, así como el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales. Las características pantanosas de la zona hacen del camino disputado la única vía carreteable hacia el mar. La conducta  del hacendado Mendoza de impedir el paso no ha violado aún los derechos a la vida, a la paz y al trabajo de los moradores de Mendiguaca, debido a que éstos han evitado los efectos dañinos de la prohibición al penetrar al mar vadeando el río del mismo nombre o a través de la finca vecina. No obstante, la amenaza de vulneración de sus derechos - durante las épocas de invierno o simplemente por la imposibilidad de prosperar mediante la modernización de su actividad - es objetiva y manifiesta, con el agravante adicional de ser un factor potencialmente perturbador de la convivencia pacífica, como ya se ha evidenciado en los ánimos de ciertos pescadores. En efecto, el derecho a la paz - que a su vez es un deber de todos los colombianos (CP art. 22) - se ha visto seriamente amenazado por el empleo de medidas de fuerza tendientes a impedir el uso del único camino carreteable para acceder al mar, con el desconocimiento de la función social inherente al derecho a la propiedad (CP art. 58) y al ejercicio de la libre empresa (CP art. 333). Situación de indefensión entre particulares 8. La Constitución y la ley establecen la procedencia de la tutela contra particulares para proteger la vida o la integridad de la persona colocada en situación de subordinación o indefensión respecto de quien con su acción u omisión vulnera o amenaza dichos derechos, o cuando la acción va dirigida contra una organización privada respecto de la cual el solicitante se encuentra en dicha condición (CP art. 86, D. 2591 de 1991, art. 42-4 y -9). La situación o relación de indefensión en que se halla una persona debe evaluarse en concreto, según las circunstancias particulares y en atención a los derechos fundamentales vulnerados o amenazados por el ejercicio de posiciones de fuerza o de poder que ostentan algunas personas o grupos sociales. La crónica situación de abandono y de pobreza que caracteriza a personas marginadas de los beneficios de la organización social, entre ellas los pescadores artesanales, tiene como efecto la imposibilidad práctica de asumir una adecuada y oportuna defensa de sus intereses y derechos. Cuando esta circunstancia amenaza la vida misma o la integridad de personas en situación de desventaja, en particular si se trata de menores de edad, la acción de tutela es el mecanismo idóneo para la defensa de sus derechos fundamentales. En el caso sub-examine, es palmaria la relación de fuerza ejercida por el propietario o poseedor del denominado predio "Playa Rica" sobre los pescadores de la zona. El poderío económico que demuestra el demandado - número de trabajadores a su cargo, maquinaria utilizada, contratación para obtener el suministro de energía eléctrica y rápida ejecución de la obra- contrasta con la incapacidad de los pescadores para hacer efectiva la protección de sus derechos a la vida y a la integridad, especialmente los derechos fundamentales de sus niños. En principio, la situación de indefensión en que se encuentra una persona podría ser superada mediante el ejercicio de las acciones y recursos previstos en la ley. No obstante, cuando la inminente vulneración o amenaza de los derechos fundamentales permite la utilización de la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el juicio sobre la existencia de una situación de indefensión debe anteceder a la evaluación de la posible disponibilidad de otros medios de defensa judicial. En consecuencia, la posibilidad de los pescadores de acudir a la justicia civil, en procura del reconocimiento de un presunto derecho de servidumbre, no hace nugatorio el ejercicio transitorio del mecanismo constitucional para la protección de sus derechos fundamentales. Titularidad del predio y beneficiario real de la situación que motivo la tutela 9. La prevalencia del derecho sustancial en materia de protección constitucional de los derechos y el principio de informalidad que rige el procedimiento de tutela impiden que debido a errores de forma en la solicitud de tutela se dejen de amparar efectivamente los derechos de personas afectadas. En el presente proceso, el predio, cuyo propietario o poseedor obstaculiza el paso al mar, está plenamente determinado, por lo menos para los efectos inmediatos de la protección impetrada. Los pobladores del lugar se refieren a él con el nombre de "Playa Rica" o "Pondoro". Además, el predio es atravesado por el único camino carreteable para acceder al mar en la zona de Mendiguaca. En el expediente de tutela no aparece plenamente demostrado la titularidad del denominado predio "Playa Rica". Existen múltiples declaraciones de personas y parientes del señor EDUARDO MENDOZA PARRA en el sentido de ser éste el propietario del inmueble cuya portada obstruye el camino al mar utilizado por los pescadores de Mendiguaca. No obstante, la prueba concluyente sobre quién es el legítimo propietario - v.gr. certificación de la oficina de instrumentos públicos de la zona - no fue allegada oportunamente al proceso. La deficiencia probatoria, en este caso, relativa a la titularidad del bien no es determinante en el proceso ni afecta en modo alguno la parte resolutiva del fallo. La acción de tutela fue dirigida inicialmente contra el señor EDUARDO MENDOZA como propietario o poseedor del predio. Aún cuando la titularidad del referido bien no esté en su cabeza, ha quedado plenamente demostrado que éste sí ejerce el control efectivo de la organización privada que con su decisión de impedir el paso a los pescadores motivó la presente acción. El artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, en su numeral 4o. establece la procedencia de la acción de tutela: "Cuando la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización". La norma citada tiene la finalidad de evitar que mediante la utilización de terceras personas, intermediarios o testaferros se logre poner al margen del control constitucional actos u omisiones originados por acciones u omisiones de particulares detentadores de una posición dominante. Tanto el titular de una organización privada - empresa hotelera en este caso -, como la persona que la controla efectivamente o sea el beneficiario real de la situación objeto de la tutela son potenciales destinatarios de las órdenes judiciales, impartidas en la sentencia que concede la protección inmediata de derechos fundamentales. El señor EDUARDO MENDOZA PARRA, dueño o socio de la empresa CONSTRUCTORA ARCO con sede en la ciudad de Cali, en su calidad de propietario, poseedor o beneficiario real de la situación que amenaza los derechos a la vida, a la paz, al trabajo de los miembros de la comunidad de Mendiguaca y de sus respectivas familias, deberá, en consecuencia, hacer cesar su decisión de prohibir a los pescadores de la zona la utilización del camino carreteable al mar que atraviesa el predio identificado con el nombre "Playa Rica" o "Pondoro" a lo largo de este proceso. En todo caso, la orden que se imparte en esta providencia se hará cumplir frente a cualquier persona o Corporación que tenga derechos sobre el mencionado predio y obstaculice el tránsito del cual secularmente han gozado los miembros de la comunidad conocida con el nombre de "Mendiguaca". DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Segunda de Revisión  de la Corte Constitucional, R E S U E L V E PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de agosto 10 de 1992, proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta, que denegó la tutela solicitada por los accionantes. SEGUNDO.- CONCEDER TRANSITORIAMENTE la tutela solicitada por los señores LUCIO QUINTERO RINCON, JOSE TORREGROSA MERCADO en nombre propio y en representación de la comunidad pesquera de Mendiguaca. TERCERO.- ORDENAR al propietario o poseedor del predio denominado en este proceso "Playa Rica" o "Pondoro", así como a su beneficiario real, la remoción de cualquier obstáculo físico y psicológico que impida a los habitantes de la zona acceder al mar utilizando el camino carreteable que atraviesa el predio, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO.- ORDENAR al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta ejercer la vigilancia efectiva de lo ordenado en  esta providencia e imponer las sanciones respectivas en caso de incumplimiento. QUINTO.- LIBRESE comunicación al Juzgado Primero Civil del Circuito de Santa Marta con miras a que se surta la notificación de esta providencia, según lo establecido en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, comuníquese, cúmplase e insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional. EDUARDO CIFUENTES MUÑOZ Magistrado Ponente JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado (Sentencia aprobada por la Sala Segunda de Revisión, en la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y dos). 1 Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia T-566, octubre 23 de 1992.

T-609-92 Sentencia No Sentencia No. T-609/92 ACCION DE TUTELA-Informalidad En materia de las competencias de los jueces en el ámbito de la jurisdicción constitucional de la Tutela,  ha quedado bien definido en jurisprudencia reiterada de esta Corporación el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho adjetivo, lo que supone que las peticiones formuladas por esta vía deben ser examinadas de tal manera que se haga efectiva de modo preferente y sumario la finalidad de la Constitución en materia de la protección judicial de los derechos constitucionales fundamentales.  No se compadece con aquellos principios que en estos estrados se exija la precisión conceptual e instrumental de carácter técnico jurídico que tradicionalmente ha sido característica  de buena parte de los procedimientos judiciales. ACCION DE TUTELA-Impugnación/SENTENCIA INHIBITORIA-Prohibición Basta que de algún modo sea apenas comprensible la solicitud del reclamante para efectos de conceder la oportunidad para examinar la providencia respecto de la cual se manifiesta la inconformidad y no se puede exigir el rigor que en este caso señala el tribunal. Se observa que el despacho de origen acertó al  remitir el expediente al superior jerárquico correspondiente, cumpliendo así con lo dispuesto por el artículo 32 del citado decreto que regula el procedimiento aplicable en estos casos; empero, el despacho de segunda instancia, sin atender al sentido que se le ha dado por la jurisprudencia de esta Corte a los alcances de la acción de tutela, expresó una decisión que es en el fondo inhibitoria y desconoce lo dispuesto por el Parágrafo del artículo 29  del Decreto 2591 de 1991 que establece de modo perentorio que "El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio". LIBERTAD DE EXPRESION-Medios de Comunicación La libertad periodística es un derecho fundamental de especial relevancia, pues constituye una forma de desarrollo de la libertad de expresar y difundir el pensamiento sea propio o ajeno, de manifestar opiniones, de dar y recibir informaciones y de fundar medios masivos de comunicación; ademas se ha indicado que dentro del marco de las regulaciones de la nueva Constitución adquiere especial protección y se le rodea de garantías más amplias que las que contenía la Carta de 1886. Este derecho no queda circunscrito en su importancia a lo que corresponde a la persona individualmente considerada, sino que por su trascendencia atañe a los intereses de todas las colectividades, tanto que forma parte de los mas destacados instrumentos constitucionales de la naciones democráticas y de las declaraciones internacionales de derechos humanos. Es realmente significativa la relación en la que pueden entrar el ejercicio de la libertad de expresión en medios masivos de comunicación o de prensa con los restantes derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre, a la dignidad y los derechos fundamentales de los niños LIBERTAD DE PRENSA-Límites La libertad de prensa como es conocida de modo especial, consiste en el derecho fundamental para publicar y difundir las ideas por cualquier medio gráfico y es una de las características de todo régimen democrático puesto que propicia el pluralismo político e ideológico; su finalidad más trascendental es la de permitir que exista un espacio propicio para controlar los actos de los gobernantes y para indicar derroteros a los asociados, todo lo cual en principio le da a ella en el cuadro de regulaciones constitucionales una posición preferente ante los poderes públicos y ante otros derechos fundamentales autodisponibles. Empero, este derecho como todos los demás dentro de los presupuestos normativos y programáticos de la Carta Constitucional no es absoluto y ha de respetar el núcleo esencial de los derechos de los demás y en los casos especiales autorizados por el Constituyente, las regulaciones legales que se expidan para su ámbito de disfrute; igualmente cabe advertir que dicha libertad no presupone que sus Titulares y en su ejercicio queden desligados del ordenamiento jurídico en general que se endereza a la protección de otros derechos y libertades. ACCION DE TUTELA CONTRA PARTICULARES/RECTIFICACION DE INFORMACION Siendo claro que no se cumplió con el requisito consagrado en la ley para que procediera la acción de tutela contra particulares, no correspondía conceder el amparo solicitado. Al comprobar la no existencia de la rectificación procedió conforme a la Constitución y a la ley, a negar la petición de tutela. Además como se advirtió, se trata del ejercicio de la acción de tutela contra particulares que está sometida a las regulaciones que establezca la ley. Igualmente se reitera la advertencia que señala que en relación con la protección judicial de derechos como los que contienen los bienes jurídicos a la integridad moral protegidos por la ley, el Código Penal consagra las figuras de la Injuria y de la Calumnia a las que se puede acudir para efectos de obtener las sanciones que correspondan sobre la persona de quien, en la modalidad delictiva que proceda, atente contra dicho bien de rango legal; empero, para obtener del medio de comunicación y por vía de la acción de tutela la eventual reparación y del juez la orden de amparo que tutele los derechos constitucionales fundamentales previamente se debe solicitar la rectificación advertida y demostrar que aquella no fue atendida en condiciones de equidad. CARICATURAS Las expresiones gráficas que caricaturizan la figura y el nombre de la peticionaria son en verdad abusivas, desproporcionadas y denigrantes en alto grado; no se compadecen con el ejercicio de la libertad de prensa, ni con la libertad de expresión en medios masivos de comunicación, los que por mandato constitucional tienen responsabilidad social. Además, rompen con  cualquier medida de trato digno y con las conocidas reglas de la urbanidad y de la educación cívica, que tanta falta hacen en momentos como los que vive el país. No se compadece con la Carta Fundamental de los colombianos que en aras de la alta misión y de las responsabilidades de la prensa se denigre de una persona respecto de la cual no existe cargo o imputación en trámite ante las autoridades penales o disciplinarias competentes, colocándola en situación de desmedro de su imagen y de su buen nombre e incidiendo sobre el eventual juicio que corresponda, en especial sobre el electorado. REF.: Expediente No. T-4700 Peticionaria: EMMA PELAEZ FERNANDEZ Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C., Diciembre catorce (14) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los señores Magistrados SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JAIME SANIN GREIFFENSTEIN  y FABIO MORON DIAZ, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia, el veintisiete (27) de julio de mil novecientos noventa y dos (1992) y por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, el doce de Agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). I.       ANTECEDENTES A.    La Petición 1.  La ciudadana EMMA PELAEZ FERNANDEZ, por medio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción que establece el artículo 86 de la Carta, presentó ante el Juez Penal del Circuito (Reparto) de Armenia un escrito en el que solicita le sean tutelados sus derechos constitucionales fundamentales al buen nombre, a la honra y a la dignidad vulnerados por los periódicos Diario La Patria, Crónica del Quindío, Diario del Quindío y por los Radioperiódicos R.C.N. y Radio Ciudad Milagro de Armenia al difundir informaciones que pretendieron hacerla responsable en su calidad de Contralora del Departamento del Quindío, de irregularidades cometidas en la ejecución de actos administrativos de organismos sometidos a su control, señalando que la aludida funcionaria coadministró y participó en sobornos e incurrió en  anomalías con ocasión de la adjudicación del contrato "SORTEO EXTRAORDINARIO LOTERIA DEL QUINDIO-ARMENIA 100 AÑOS",  realizado por la beneficencia departamental-Lotería del Quindío. 2.      Los hechos y razones en los que el apoderado de la peticionaria fundamenta la causa y el ejercicio de la citada acción, se resumen a continuación: a)      La Doctora EMMA PELAEZ FERNANDEZ ejerce en la actualidad el cargo de Contralora General del Departamento del Quindío y en esa condición ha actuado como invitada en la Junta Directiva de la Beneficencia Departamental-Lotería del Quindío, "sin incidencia decisoria en las determinaciones que dicha Junta tome.  sus funciones se limitan al ejercicio de la vigilancia fiscal del ingreso y del gasto público en el Departamento del Quindío". b)      La Beneficencia Departamental-Lotería del Quindío es un instituto descentralizado del orden departamental, y su junta autorizó al Gerente "para solicitar ofertas al Sorteo Extraordinario de Navidad, al Sorteo Extraordinario de Colombia, al Binomio de Oro y a la firma Villaso, para el manejo del Sorteo Extraordinario Armenia 100 años". c)     En su oportunidad el señor Gerente informó a la Junta que había solicitado las ofertas referidas y que sólo las firmas Sorteo Extraordinario Binomio de Oro y la firma Villaso enviaron sus propuestas, habiéndose excusado el Sorteo Extraordinario de Colombia. d)     La Junta Directiva dispuso la apertura de los sobres para el 1o. de abril de 1992 y a solicitud de la doctora PELAEZ FERNANDEZ acordó la realización de un estudio sobre las propuestas para determinar en cifras su real  contenido y de ser posible "invitar a los proponentes a una próxima junta para conocer si es necesario un plan de premios que permita efectuar un cálculo preciso". e)       Con fecha 14 de mayo de 1992 el Gerente informó a la Junta que el estudio del plan de premios para la adjudicación, aún no había concluido.  Tal como  aparece en acta No. 005 de junio 15 de 1992 por petición del Gobernador encargado se aceptó posponer la adjudicación para cuando estuviera presente el Gobernador titular.  En esa misma fecha el Contador presentó ante la Junta  las propuestas enviadas y anunció el recibo de las de las firmas Sorteo Extraordinario de Navidad e Inverglobo; ademas, uno de los miembros de la Junta manifestó su extrañeza acerca de la aparición de estas propuestas cuando ya había vencido el término para recibirlas. f)      El 30 de junio de 1992 la Junta de Beneficencia dispuso abrir los sobres,  aceptó a tres firmas y desechó  a Inverglobo.  Después de leídas las propuestas "se aprobó por unanimidad aplazar la toma de una determinación para próxima reunión y se designó una comisión  para que presente estudios sobre las diferentes propuestas". g)      Estima la peticionaria que las Contralorías, en razón de las previsiones de la nueva Constitución, ejercen únicamente control posterior, el que opera "después que los actos de las autoridades administrativas se han efectuado "sin que les corresponda coadministrar o participar en la toma de decisiones, no siendo entonces posible que el contralor imponga su criterio, menos aún si se tiene en cuenta que carece del derecho de voto, agrega que "Resulta por demás insólito que con miras a deteriorar la imagen de una entidad fiscalizadora, y de su titular se le pretenda hacer responsable de las irregularidades que se puedan cometer en la ejecución de uno cualquiera de los actos administrativos de las entidades bajo su control, pues si la vigilancia de estos es  ad posteriori mal puede intervenir antes que estos se realicen, como irresponsablemente lo ha venido afirmando el periódico de circulación nacional "LA PATRIA" de la ciudad de Manizales, "LA CRONICA" y el "DIARIO DEL QUINDIO", periódicos de circulación regional y los radioperiódicos locales "R.C.N." y RADIO CIUDAD MILAGRO", sometiendo a la Contralora del Departamento del Quindío "al escarnio público con deterioro evidente de su buen nombre, honra y dignidad" existiendo aún la posibilidad de que se continúe  difamando la conducta y actuación de la doctora EMMA PELAEZ FERNANDEZ. h)     La Unidad Investigativa del Periódico la Patria, a partir del 30 de junio y en sucesivas ediciones, inició un ataque sistemático en contra de la doctora  PELAEZ FERNANDEZ, consistente en aseverar que: influenció y presionó a la Junta Directiva de la Beneficencia Departamental-Lotería del Quindío, para que adjudicara el Contrato de Administración del Sorteo Extraordinario del Quindío "Armenia 100 Años", a la firma Villaso; creó un contubernio con dicha firma para lucrarse económicamente; recibió sumas de dinero, producto de la "adjudicación y actuó indebidamente, omitiendo el cumplimiento de sus funciones; cohonestó y validó las actuaciones irregulares de los funcionarios públicos y miembros de la Junta Directiva de la  Beneficencia en el proceso de adjudicación del contrato; pretendió entregar por  tercera vez consecutiva el contrato citado a la firma Villaso, violando la Ley 53 de 1990"; organizó cocteles a nombre de la firma Villaso; defendió la falta de competencia de la Superintendencia de salud, para intervenir la administración del Sorteo; participó en la conformación de bloques de poder político y económico  al interior de la Junta Directiva en desmedro de la calidad de la salud de los quindianos; contribuyó a la decisión de adjudicación del contrato como miembro de la Junta Directiva; coadministró en 1990 como Contralora General  del Departamento del Quindío comprometiendo abiertamente su cargo público; ejerció presiones contra un miembro de la Junta para convertirlo en su incondicional; disfrutó las sumas de dinero recibidas en un lugar turístico del país. i)       El periódico La Crónica en sus ediciones 220, 223 y 226 consignó aseveraciones que menoscaban el  buen nombre, la honra y la dignidad de la señora Contralora del Departamento del Quindío "recogiendo afirmaciones del periódico La Patria". j)       "El diario del Quindío, en su edición 21854 de julio 8 de 1992 retoma las aseveraciones del periódico La Patria e involucra a la señora Contralora del Departamento del Quindío, contribuyendo a publicitar las opiniones de la prensa de la capital de Caldas, que lesionan la integridad moral de la doctora Peláez, toda vez  que el libelo multiplica la difamación y violación de los derechos fundamentales señalados en la Constitución, conducta parecida a la del Diario  la Crónica que contribuye adicionalmente a propalar la especie, causando daño moral irreparable". k)      Las afirmaciones vertidas en la edición del 5 de julio del Periódico La Patria habían sido definidas por la Procuraduría Regional en querella presentada por el señor Jorge Eliécer Orozco Dávila y "a sabiendas de que el caso ya había sido resuelto favorablemente a la Contralora del Quindío y a los funcionarios de la Lotería, se insinuó nuevamente en las notas que he citado, como si sobre esos hechos ya no hubiera recaído una investigación concluyente, lo que demuestra a las claras la premeditación y la falta de escrúpulos para presentar a la opinión pública una información objetiva y veraz de los hechos". l)  "Entre el 2 y 3 de julio del año en curso los radioperiódicos locales "RADIO SUCESOS RCN" y "RADIO CIUDAD MILAGRO" de la ciudad de Armenia, retoman la "información de la unidad investigativa del periódico La Patria....". m)     Explica la peticionaria que "las fotografías publicadas en la separata Hoy Quindío (del Diario la Patria) de junio 5 de 1992 correspondiente a la Edición 25011 y la aparecida en la Edición 25006 de junio 30, corresponde a la misma toma hecha en ocasión anterior y utilizada para el fotomontaje de la edición 25011, en donde aparece de cuerpo entero con vestido negro y una chaqueta de color negro abierta, enseñando tres billetes de $5.000.oo, una fracción de  la lotería y un mapa en el revés de la vestimenta que localiza la Costa Atlántica. El artificio utilizado, incorpora además un blue yean con correa negra.  En la solapa derecha de la chaqueta aparece una mano que anatómicamente no corresponde la fisonomía de la contralora, pues si se observa bien, la blusa negra que se empleó para el fotomontaje, también fue pintada de color negro. Los aderezos corresponden a la fotografía aparecida en la Edición No. 25006. Sobre fondo azul se destaca su fisonomía y al lado derecho del gráfico con escrito titulado en caracteres relevantes sobre fondo amarillo aparece el título de "IRREGULARIDADES EN LA LOTERIA DEL QUINDIO". En la página 3 de la misma separata se incluye una caricatura en la que un cuervo representa a la firma Villaso, un semoviente a la Contralora "señora EMMA" y a la Lotería del Quindío un poste donde se encuentra parado el cuervo con un símbolo de pesos en el piso. El fotomontaje, en sentir de la accionante la señala como implicada en las irregularidades, vinculada al tráfico de influencias, exhibe además, "el soborno a que hace mención el articulista y yendo a disfrutarlo en el Atlántico, situación que coincidió con su estadía en un Consejo  Nacional de Contralores celebrado en Riohacha", todo lo cual es reforzado por la caricatura que aparece en página interior. Considera la accionante que "el fotomontaje habla por sí solo y es concluyente de la violación de los derechos fundamentales y de las garantías a la conservación del buen nombre, la honra y su dignidad". 3.      La peticionaria solicita que los medios implicados "efectúen publicaciones en que se diga que los comentarios hechos contra la Contralora en las ediciones citadas fueron  injuriosos  y violatorios de los Derechos Fundamentales señalados en el cuerpo de esta acción, rectificando el buen nombre y la honra de la funcionaria mencionada, en  las primeras páginas, con letras sobresalientes y con la misma difusión que tuvo el acto agresor y violador de los Derechos Fundamentales"; pide, además, que se les ordene abstenerse de continuar "haciendo publicaciones y comentarios contra el buen nombre, honra y dignidad de la doctora PELAEZ FERNANDEZ"; vincular a quienes durante el curso de la investigación aparezcan como actores o colaboradores den la ejecución de los actos deshonrosos"; el adelantamiento de acciones penales si fuere del caso; "establecer la responsabilidad dineraria a que tenga derechos por dichos perjuicios atendiendo la categoría de la funcionaria, su estatus social de primer orden en el Departamento y su respetabilidad moral, construída a través de más de 20 años de ejercicio profesional y de su vinculación a la Administración Pública". B.  LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 1.     El Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia decidió no tutelar los derechos invocados "por no ser procedente la acción de tutela instaurada por la Dra. EMMA PELAEZ FERNANDEZ, CONTRALORA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO...".   Las razones en las que el Juez que inicialmente conoció de la petición fundó su determinación son las siguientes: a)      En torno a la figura de "LA RECTIFICACION" consagrada especialmente para los medios de información, aquel despacho se plantea si esta opera como mecanismo condicionante de la tutela o como consecuencia de la misma; advierte que, salvo opiniones  aisladas, se afirma que la rectificación cumple una doble función tuitiva, es decir, la persona que se percata de  injerencia en su patrimonio moral por cuenta de la noticia, debe acudir en pro de su propio interés y en primer término ante el respectivo medio informante a exponer la realidad y procedencia del caso para lograr del mismo la corrección de la noticia, bajo las mismas condiciones en que inicialmente fue publicada.  No obtenida la adecuada "RECTIFICACION" y permaneciendo la lesividad del bien jurídico podría poner en funcionamiento la ACCION DE TUTELA  cuya consecuencia sería coercitivamente la mencionada "RECTIFICACION". b.  La Acción de Tutela contra los medios de información se activa en la medida en que previamente se disponga o se use por cuenta de la persona afectada el derecho a la  RECTIFICACION" consagrado en el mismo artículo 20 de la CONSTITUCION NACIONAL.  "Entendida en estos términos debe agotarse en primer lugar esta garantía concreta de disponibilidad.  Privada la persona o ignorada en este derecho por el medio de comunicación, entra en funcionamiento la coerción tutelar; coerción a la "RECTIFICACION" que opera cuando la afectación es de la entidad y formas previstas como amenazadoras y lesivas de la posibilidad de disposición del aludido derecho que la persona afectada tiene frente al medio.  Evitando de tal manera, con la TUTELA que no se reproduzca o repitan las acciones dañinas de bienes jurídicos que la Carta Magna tipifica y ampara", en este orden de ideas advierte que "el titular de la novísima y excepcional acción frente a los medios de comunicación, no puede acudir a ella, hasta  no haber utilizado o dado curso con antelación al derecho de "RECTIFICACION...". c.       "El ritmo de nuestra vida vertiginosa imprime, como es lógico, a los medios de información, órganos de expresión de los pueblos  libres, un aceleramiento en la emisión de la noticia, donde en muchas oportunidades no tienen tiempo a meditar o comprobar la veracidad de lo informado.  Vale decir, son víctimas de su compleja practicidad. Por tal razón debe incoarse con prelación éste derecho, dando oportunidad a la "RECTIFICACION" y no directamente la acción de tutela, porque para los medios igualmente se consagra y predica la presunción de inocencia". D.      "No obra  en la presentación de la demanda incoada por el profesional del derecho, que la mandante  así hubiese actuado; por el contrario, "LA PATRIA" de la ciudad de Manizales y la "CRONICA" con sede en Armenia dieron a conocer al Despacho el no ejercicio del derecho a "LA RECTIFICACION" de parte de la Dra. EMMA PELAEZ FERNANDEZ  (Fls. 101 y 120 y los Radioperiódicos "R.C.N."  y "Radio Ciudad Milagro"  no manifestaron que la señora Contralora hubiese dispuesto de este excepcional derecho". 2.      La Previa Impugnación El apoderado de la peticionaria, presentó escrito fechado el 31 de julio en el que formula diversos cuestionamientos a la sentencia del Juzgado Primero Penal del Circuito, concretamente manifiesta que impugna "el fallo de fecha julio 27 de 1992 y le ruego reponer la providencia y tomar una decisión de fondo, sustancial sobre la solicitud de tutela disponiendo proteger mediante orden judicial los derechos fundamentales reclamados  en esta acción, y determinar para su condigna sanción el autor o autores del fotomontaje o "material gráfico" como lo denomina en la providencia impugnada". Mediante providencia calendada el 3 de agosto de 1992 el Juzgado Primero Penal del Circuito resolvió que "Por su improcedencia, el  despacho no da trámite al recurso de reposición interpuesto, pues la impugnación a que hacen referencia los artículos 31 y 32 del Dto. 2591 de 1991, no es un recurso".  Más adelante se consigna que "no habiendo previsto el legislador los recursos consagrados en la ley procesal para manifestar los motivos de inconformidad que se tengan frente a una decisión concreta, en los casos de la acción de tutela, hay que dar cumplimiento exegético a  la norma del artículo 32 del Dto. 2591 de 1991, entendiéndose los planteamientos de inconformidad plasmados en el escrito precedente, como impugnación a la decisión del despacho tomada mediante proveído del 27 de  julio del año que corre, ordenando la remisión de estas diligencias al H. Tribunal Superior de este Distrito Judicial, Sala Penal para lo de su cargo". 3.      La DECISION de Segunda Instancia EL  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia Sala Penal, en providencia de agosto 12 de 1992, se abstuvo "de conocer de la acción de tutela impetrada" con base en las siguientes consideraciones: a.       La posición del recurrente es confusa pues "presentó dos alternativas que a manera de recursos devinieron en una compleja juxtaposición" motivo que lleva a la Sala a "auscultar el propósito"  que pudo animarlo. b.      Estima que "acertadamente la funcionaria se abstuvo de darle trámite a la reposición, toda vez las características de la medida, o al tratarse por naturaleza de un fallo, no ofrecía tal posibilidad. Con todo, obró de manera apresurada al concederle un subsidiario recurso de apelación, porque el abogado no lo invocó; o si lo hizo, fue apoyado en una inteligibilidad o mecanismo que no enseñó identidad objetiva". En este sentido el Tribunal advierte que el apoderado de la peticionaria sólo propendía por que el funcionario judicial de primera instancia reemplazara la providencia atacada y ordena decretar la inhibición "al no haber sido sometida la decisión tomada al grado de apelación que le otorgó la juez de instancia". Señala el Tribunal que en esta clase de actuaciones se exige con carácter imperativo la claridad de la pretensión y que en el caso que se examina no se proponía que la impugnación del fallo de instancia fuese resuelta por el superior, sino por el despacho que conocía de la actuación; en dichas condiciones nada más procedente que decretar la inhibición en aquel estrado. II.  CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las sentencias de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral  9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que del expediente que contiene dichos actos practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda.  La Inhibición del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia. Sea lo primero en esta oportunidad examinar las reflexiones que sobre la procedencia de la impugnación presentada por el apoderado de la peticionaria, formuló el Honorable Tribunal Superior de Armenia en su resolución del doce (12) de Agosto de mil novecientos noventa y dos (1992),  en la que decidió no examinar la sentencia de primera instancia del Juzgado Primero Penal del Circuito de aquella ciudad y, en consecuencia, dispuso "abstenerse de conocer de la acción de tutela impetrada en favor de los derechos de la Dra. Emma Peláez Fernández..". No comparte la Corte las apreciaciones que niegan la procedencia de la solicitud de impugnación a que se hace referencia, ya que en materia de las competencias de los jueces en el ámbito de la jurisdicción constitucional de la Tutela,  ha quedado bien definido en jurisprudencia reiterada de esta Corporación el principio de la prevalencia del derecho sustancial sobre el derecho adjetivo, lo que supone que las peticiones formuladas por esta vía deben ser examinadas de tal manera que se haga efectiva de modo preferente y sumario la finalidad de la Constitución en materia de la protección judicial de los derechos constitucionales fundamentales.  No se compadece con aquellos principios que en estos estrados se exija la precisión conceptual e instrumental de carácter técnico jurídico que tradicionalmente ha sido característica  de buena parte de los procedimientos   judiciales; todo lo contrario, el sentido que impone la Carta a los jueces en la evacuación de los reclamos surtidos en sede de tutela, es nada menos que el de poner al servicio de las personas todas las herramientas de garantía de los derechos constitucionales fundamentales con la menor formalidad posible y dentro del marco de unos principios especialmente predicables de la misma. Además, cabe tener en cuenta que el articulo 3o. del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece los principios aplicables que no fueron atendidos por el citado tribunal y que hacen de todos modos censurable la decisión que se examina. Esta disposición establece que "El tramite de la acción de tutela se desarrollará con arreglo a los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial, economía, celeridad y eficacia". No obstante que el apoderado judicial de la peticionaria insistió en reclamar que la providencia del juez de primera instancia fuese revisada o examinada, y manifestó en sus escrito en varias formas que  impugnaba aquella providencia, el Tribunal exigió que su reclamación se presentara con claridad absoluta y meridiana y tachó la citada impugnación por "ininteligible" y carente de "identidad objetiva". En concepto de esta Corporación basta que de algún modo sea apenas comprensible la solicitud del reclamante para efectos de conceder la oportunidad para examinar la providencia respecto de la cual se manifiesta la inconformidad y no se puede exigir el rigor que en este caso señala el tribunal. Se observa que el despacho de origen acertó al  remitir el expediente al superior jerárquico correspondiente, cumpliendo así con lo dispuesto por el artículo 32 del citado decreto que regula el procedimiento aplicable en estos casos; empero, el despacho de segunda instancia, sin atender al sentido que se le ha dado por la jurisprudencia de esta Corte a los alcances de la acción de tutela, expresó una decisión que es en el fondo inhibitoria y desconoce lo dispuesto por el Parágrafo del artículo 29  del Decreto 2591 de 1991 que establece de modo perentorio que "El contenido del fallo no podrá ser inhibitorio". Tercera:  La Materia Objeto de las Actuaciones A.     Cabe observar en primer lugar que la acción de tutela que se ejerce por la Señora Emma Pelaez Fernández contra algunos medios de información periodística con asiento en las ciudades de Manizales y Armenia, se formula dentro del ámbito de las regulaciones previstas en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 en la modalidad conocida como tutela contra particulares y en especial de la que esta prevista para la rectificación de informaciones inexactas o erróneas en el numeral 7o. del mismo artículo; observese que en este sentido el artículo 86 de la Carta Fundamental defiere a la ley el señalamiento de los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares "respecto de quienes el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión" y que además, es en el citado artículo donde se señala las principales reglas aplicables al caso que se resuelve. Al respecto de este punto más adelante se señalarán las consideraciones que corresponden a este asunto. Además, se tiene por sentado que la peticionaria impetró la tutela en procura de la obtención de la protección y amparo judicial de sus derechos constitucionales fundamentales a la honra (art. 21 c.n.), a la imagen y al buen nombre (art. 15 C.N.) y a la dignidad humana que estima violados por la aparición de informaciones, caricaturas y "fotosuperposiciones" ofensivas y denigrantes. En efecto, los diarios "La Patria", "La Crónica del Quindio" y "Diario del Quindio" hicieron en diversas oportunidades y que aparecen debidamente  documentadas en el expediente con las respectivas ediciones impresas, aseveraciones, afirmaciones y comentarios que la peticionaria consideró como atentatorios de su buen nombre, de su honra y de dignidad, con motivo del ejercicio de sus funciones como Contralora Departamental del Quindio.  Sin duda no sólo se presentó la situación planteada, sino que ella adquirió el carácter de  sistemática, como aparece también en el expediente. Es claro a la peticionaria directamente se le atribuyó desde los periódicos citados la responsabilidad en la comisión de varias irregularidades administrativas en el desarrollo de las actividades que como contralora departamental hubo de cumplir en la Junta Directiva de la Lotería del Quindio; también es claro que desde aquellos medios masivos de comunicación se formularon aseveraciones relacionadas con la comisión de varios delitos que se atribuyen como de responsabilidad directa y plena de la peticionaria. Observa la Corte que dentro del expediente no se pudo probar debidamente las mismas conductas en relación con los medios radiofónicos que aparecen señalados por la peticionaria y que por lo tanto serán otras las consideraciones que al respecto se deben formular, distintas de las que caben en relación con los diarios que se han señalado. Además, cabe observar que son dos los tipos de informaciones las que son objeto de la reclamación, así: 1)  Las informaciones que se titulan "Irregularidades en la Lotería del Quindio" y que aparecen en las ediciones del Diario la Patria de Junio 30, ( Primera Pagina y Tercera C); julio 2 ( Primera Pagina y Tercera C); Julio 5 Edición Dominical (Separata Especial "HOY QUINDIO" primera y tercera paginas); Julio 8 (Primera Pagina y Tercera C) y Julio 15 titulada "Acción de Tutela contra La Patria" (Primera Pagina y Tercera C). 2)  Las informaciones del periódico "La Crónica del Quindio" de julio 2 (paginas 2 y 3) titulada "El Soborno en la Lotería"; de julio 4 (pagina 2) titulada "Y todos dicen lo mismo" y de julio 9 ( pagina 2) titulada " Otro Villazo en Empresas Publicas?". 3)  Las informaciones del periódico "Diario del Quindio" de julio 8 de 1992 (Primera Pagina) tituladas "Del Diario La Patria" "La Procuraduría adelanta Investigación por Denuncias". 4)  Especial mención cabe de la publicación aparecida en la separata dominical de la edición respectiva del diario La Patria denominada "HOY QUINDIO" en la que aparecen dos caricaturas que muestran, una en fotocomposición y otra en dibujo manuscrito, imágenes descalificadoras, grotescas, ofensivas y arbitrarias de la persona de la peticionaria.( Primera y Tercera Paginas) B.  En segundo término se observa que se  trata en este caso del cuestionamiento por esta vía judicial especial del ejercicio de la libertad constitucional de información y expresión  en medios masivos de comunicación, la que aparece consagrada en el artículo 20 de la Constitución Nacional  y que en otros términos se denomina libertad de prensa. Esta libertad, además, tiene en la Carta una especial connotación en el sentido de que los medios masivos de comunicación  son libres y tienen responsabilidad social; igualmente, en relación con dicha libertad la Carta garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. Al respecto de este punto cabe reiterar la jurisprudencia de la Corte en materia de la libertad de expresión por los medios masivos de información y periodísticos. Se ha advertido que la libertad periodística es un derecho fundamental de especial relevancia, amparado por el articulo 20 de la Carta, pues constituye una forma de desarrollo de la libertad de expresar y difundir el pensamiento sea propio o ajeno, de manifestar opiniones, de dar y recibir informaciones y de fundar medios masivos de comunicación; ademas se ha indicado que dentro del marco de las regulaciones de la nueva Constitución adquiere especial protección y se le rodea de garantías más amplias que las que contenía la Carta de 1886. También se ha advertido en diversas oportunidades que este derecho no queda circunscrito en su importancia a lo que corresponde a la persona individualmente considerada, sino que por su trascendencia atañe a los intereses de todas las colectividades, tanto que forma parte de los mas destacados instrumentos constitucionales de la naciones democráticas y de las declaraciones internacionales de derechos humanos. En su consagración constitucional en nuestro país, dicha libertad aparece reforzada con instituciones especiales como las que consagran el articulo 73 de la Carta de 1991 que establecen que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional, y la garantía especial que aparece en el inciso final del citado articulo 20 que establece que no habrá censura. La libertad de prensa como es conocida de modo especial, consiste en el derecho fundamental para publicar y difundir las ideas por cualquier medio gráfico y es una de las características de todo régimen democrático puesto que propicia el pluralismo político e ideológico; su finalidad más trascendental es la de permitir que exista un espacio propicio para controlar los actos de los gobernantes y para indicar derroteros a los asociados, todo lo cual en principio le da a ella en el cuadro de regulaciones constitucionales una posición preferente ante los poderes públicos y ante otros derechos fundamentales autodisponibles. Empero, este derecho como todos los demás dentro de los presupuestos normativos y programáticos de la Carta Constitucional no es absoluto y ha de respetar el núcleo esencial de los derechos de los demás y en los casos especiales autorizados por el Constituyente, las regulaciones legales que se expidan para su ámbito de disfrute; igualmente cabe advertir que dicha libertad no presupone que sus Titulares y en su ejercicio queden desligados del ordenamiento jurídico en general que se endereza a la protección de otros derechos y libertades, por el contrario, todas las personas en nuestro país deben sometimiento al orden jurídico y este comporta limitaciones dentro del marco de la Constitución al disfrute y ejercicio de los derechos cuando quiera que se atente contar los demás y sus derechos. Por esencia este derecho entra en relación con otros de igual importancia y debe convivir en su ejercicio con ellos; por tanto, no se puede desconocer que el inciso 2o. del articulo 20 de la Carta destaca como fundamental característica de este el de su responsabilidad social cuando se ejerce en los medios masivos de comunicación social. En este sentido, es bien claro que dichos medios no pueden constituirse en instrumentos de poder omnímodo y arbitrario de intereses parciales de la sociedad, sustraídos del ordenamiento positivo y de las responsabilidades penales o económicas que puedan derivarse de los daños causados a los demás.  Como bien lo advirtió la Corte Constitucional es realmente significativa la relación en la que pueden entrar el ejercicio de la libertad de expresión en medios masivos de comunicación o de prensa con los restantes derechos fundamentales tales como el derecho a la intimidad, al honor, al buen nombre, a la dignidad y los derechos fundamentales de los niños consagrados de modo prevalente en el artículo 44 de la Carta. Obsérvese que la primera limitación a este derecho es la que impone el deber de informar con veracidad e imparcialidad que establece el artículo 20 de la Carta en su inciso primero; ésta se halla complementada con lo dispuesto por el Código Penal en sus artículos 313 y siguientes y por lo señalado por el Código del Menor en su artículo 25. En las regulaciones penales se establece que la injuria y la calumnia como modalidades delictivas que atentan contra el bien jurídico de la integridad moral, son objeto de la influencia de circunstancias de graduación de la pena cuando estos se cometieren utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva. Desde luego, el ejercicio legitimo de este derecho constitucional fundamental a la libertad de prensa esta amparado en su relación con el honor y el buen nombre, por la exigencia de la veracidad  de la información; este es el primero de los limites que impone la Carta para su ejercicio, sin que implique la exigencia de la absoluta determinación sobre la certeza de la existencia de los  hechos objeto de la publicación ni la absoluta irresponsabilidad o negligencia del informador ni del medio. Lo que presupone es el manejo serio y la presentación ponderada de los hechos y de las reflexiones que, sin conducir al silencio, sea producto de la madura reflexión de los efectos que genera la publicación y la difusión masiva de aquellos dadas las circunstancias particulares del caso. Obviamente, el informador queda a todas luces amparado constitucionalmente para formular y demostrar, en el eventual e hipotético juicio penal por la infracción a algunas modalidades de atentados a los bienes jurídicos de la integridad moral, no solo la ausencia de culpabilidad por su acción sino, además, para demostrar la veracidad de la información vertida por el medio o cuando menos la ponderada evaluación profesional de la información recibida y reproducida. Además,la imparcialidad que es otro de los limites constitucionales de la libertad de prensa, presupone que el informador debe guardar sobre la persona respecto de la cual publica hechos y comentarios objeto ya de juicio público sancionatorio, ora de decisiones judiciales, penales, civiles o administrativas, y  disciplinarias, mínimas reglas de respeto y consideración sin comportar adhesiones o designios anticipados o de prevención en favor o en contra que puedan incidir en la alteración del resultado recto y justo que se espera en todo Estado de Derecho para aquellos casos. De esta manera la libertad de prensa en cuanto modalidad constitucional de la libertad de expresión exige, para que su ejercicio sea veraz e imparcial y en lo que se relaciona con el derecho constitucional fundamental a la honra, al buen nombre y a la dignidad de las personas, que sea profesionalmente conducida y administrada tal como lo ordena el articulo 73 de la Constitución y que, por lo mismo, las expresiones que utilice no sean injuriosas, difamantes, arbitrarias, calumniosas e innecesarias. En relación con el posible conflicto entre el ejercicio de la libertad de prensa y estos derechos fundamentales esta corporación sostuvo que: "La honra y el buen nombre de las personas, que en este caso han sido los derechos invocados por el accionante, como desconocidos por los medios de comunicación constituyen, junto con el derecho a la intimidad los elementos de mayor vulnerabilidad dentro del conjunto de los que afectan a la persona a partir de publicaciones o informaciones erróneas, inexactas o incompletas. resulta de gravedad extrema olvidar, en aras de un mal entendido conceptual de la libertad de información, el impacto que causa en el conglomerado una noticia, en especial cuando ella alude a la comisión de actos delictivos o al trámite de procesos penales en curso, y el incalculable perjuicio que se ocasiona al individuo involucrado si después resulta que las informaciones difundidas chocaban con la verdad de los hechos o que el medio se precipitó a presentar públicamente piezas cobijadas por la reserva del sumario, teniendo en cuenta que, frente a la justicia, no puede ser más valioso un distorsionado criterio de la libertad de información que el derecho a la honra, garantizado en favor de toda persona por el articulo 21 de la Carta Política, pues en tales casos, no es lícito al medio ni al periodista invocar como justificantes de su acción los derechos consagrados en los artículos 20 y 73 de la Carta. No puede sacrificarse impunemente la honra de ninguno de los asociados, ni tampoco sustituir a los jueces en el ejercicio de la función de administrar justicia, definiendo quiénes son culpables y quiénes inocentes, so pretexto de la libertad de información. Debe la Corte insistir en que tanto el buen nombre (art. 15 C.N.) como la honra de las personas (art. 21 C.N.) son derechos fundamentales, instituidos en razón de la dignidad del ser humano, en orden a preservar el respeto que a esos valores, de tanta trascendencia para cada individuo y su familia, deben la sociedad, el Estado y los particulares." ( Sentencia No. T512, Septiembre 9 de 1992 M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo.) Hechas las anteriores advertencias esta Sala de la Corte Constitucional encuentra que  en el caso de las informaciones de prensa que aparecen reseñadas,  no obstante ser atacadas como inexactas y erróneas por la peticionaria y atentatorias de sus derechos a la honra, al buen nombre y a la dignidad, no fueron objeto de la solicitud de rectificación exigida por el decreto 2591 de 1991(art. 42 núm.7o.); así las cosas, siendo claro que no se cumplió con el requisito consagrado en la ley para que procediera la acción de tutela contra particulares, no correspondía conceder el amparo solicitado. Al respecto cabe citar la sentencia que profirió la Corte Constitucional sobre el ejercicio de la acción de tutela contra particulares en el caso de la rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En efecto, en sentencia del nueve (9) de septiembre de este año la Corte, con ponencia del Magistrado Jose Gregorio Hernández Galindo, sostuvo que: "Por regla general la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la constitución procede contra actos u omisiones de las autoridades. Excepcionalmente es posible intentarla contra particulares en los casos que establezca la ley, sobre el supuesto de que se hallen en una de las situaciones previstas por la,propia disposición superior; que esos particulares estén encargados de la prestación de un servicio publico; que su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo; o que respecto de ellos el solicitante se encuentre en estado de subordinación o indefensión. El articulo 42 del Decreto 2591 de 1991 desarrolló ese precepto indicando los casos en los cuales procede la tutela contra acciones u omisiones de particulares. en su numeral 7o. contempló la materia que ha dado lugar a  la acción de tutela en esta oportunidad: "Cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas. En este caso se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma. El carácter a todas luces excepcional de esta norma hace que su interpretación deba ser estricta, de tal forma que, si lo que busca el peticionario es que un medio de comunicación rectifique información inexacta o errónea suministrada al público, está obligado a solicitarla previamente al medio y únicamente en el evento de no ser publicada por éste en condiciones de equidad (Art. 20 C.N.) podra acudirse a juez en demanda de tutela. Así se debe acreditar al presentar la demanda, junto con la transcripción o copia de la información o publicación correspondiente. De lo contrario no procede la acción. Lo que se busca es dar oportunidad al medio cuya información hay inconformidad, para que rectifique o aclare. En este como en otros campos, es preciso partir de la base de la buena fe y, siendo posible que el medio de comunicación no hubiese tenido intención o voluntad de agravio, es menester que se le permita corregir lo dicho o escrito antes de plantearle un conflicto judicial." En efecto, como lo señaló el Juez de primera instancia al negar la petición de tutela, no se demostró el cumplimiento del requisito establecido en el numeral 7o. del artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, que establece que "cuando se solicite rectificación de informaciones inexactas o erróneas.... se deberá anexar la transcripción de la información o la copia de la publicación y de la rectificación solicitada que no fue publicada en condiciones que aseguren la eficacia de la misma". Por tanto el Juez, al comprobar la no existencia de la rectificación procedió conforme a la Constitución y a la ley, a negar la petición de tutela. Además como se advirtió, se trata del ejercicio de la acción de tutela contra particulares que está sometida a las regulaciones que establezca la ley (art. 86 C.N.). Igualmente se reitera la advertencia que señala que en relación con la protección judicial de derechos como los que contienen los bienes jurídicos a la integridad moral protegidos por la ley, el Código Penal consagra las figuras de la Injuria y de la Calumnia a las que se puede acudir para efectos de obtener las sanciones que correspondan sobre la persona de quien, en la modalidad delictiva que proceda, atente contra dicho bien de rango legal; empero, para obtener del medio de comunicación y por vía de la acción de tutela la eventual reparación y del juez la orden de amparo que tutele los derechos constitucionales fundamentales  previamente se debe solicitar la rectificación advertida y demostrar que aquella no fue atendida en condiciones de equidad. La Corte advierte que los cargos y aseveraciones formulados contra la Contralora corresponden a situaciones que pueden ser examinadas por las autoridades competentes; sin embargo suele ocurrir que se produzcan excesos y demasías en el ejercicio de la libertad de prensa, que en las voces de la Constitución exige de responsabilidad social. Este fenómeno que no es aislado ni excepcional, se agudiza y agrava cuando el medio utilizado es la caricatura o la fotocomposición, el cual es muy difícil si no imposible rectificar, en el caso de que lesione la honra, el buen nombre y la imagen de las personas. Esta forma gráfica compuesta de expresiones del pensamiento se erige sobre la previa definición de un concepto o idea del autor ante una persona o  una cosa o fenómeno que en ella se representa y se traduce en la elaboración de una figura en la que se deforman los objetos de la obra.   Ello implica un alto y muy lúcido sentido de responsabilidad y rectitud en manos de quienes tienen a su disposición un tan delicado y disolvente instrumento para calificar las conductas de funcionarios y personas, mucho más cuando se elabora para ser difundida en medios masivos de comunicación y en efecto se publica acompañando campañas informativas que desconocen los elementales principios jurídicos de la imparcialidad, como es el caso que presenta la peticionaria. Esta Corporación encuentra que las expresiones gráficas que caricaturizan la figura y el nombre de la peticionaria son en verdad abusivas, desproporcionadas y denigrantes en alto grado; no se compadecen con el ejercicio de la libertad de prensa, ni con la libertad de expresión en medios masivos de comunicación, los que por mandato constitucional tienen responsabilidad social. Además, rompen con  cualquier medida de trato digno y con las conocidas reglas de la urbanidad y de la educación cívica, que tanta falta hacen en momentos como los que vive el país. Destaca la Corte Constitucional que en el caso bajo examen el citado suplemento dominical del Diario La Patria fue más allá de los limites del respeto y de imparcialidad que le corresponde como medio masivo de comunicación a la luz de las reglas de la Carta Fundamental. Conductas como la descrita y que en efecto aparecen acreditadas en el expediente que fue enviado a la Corte, ameritan el rechazo categórico de cualquier persona civilizada que estime a sus semejantes y al propio genero humano y no deben ser objeto de consideraciones plausibles de ninguna especie. Pero además, no se compadece con la Carta Fundamental de los colombianos que en aras de la alta misión y de las responsabilidades de la prensa se denigre de una persona respecto de la cual no existe cargo o imputación en trámite ante las autoridades penales o disciplinarias competentes, colocándola en situación de desmedro de su imagen y de su buen nombre e incidiendo sobre el eventual juicio que corresponda, en especial sobre el electorado. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.  CONFIRMAR la sentencia relacionada con la acción de la referencia, proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia el 27 de julio 1992 en el caso de la referencia,  por los motivos que en este fallo se han expuesto. Segundo. Comuníquese la presente decisión al Juzgado Primero Penal del Circuito de Armenia. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ           SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-610-92 Sentencia No Sentencia No. T-610/92 DERECHO AL TRABAJO Como factor fundamental de los procesos económicos y sociales,  resulta  de  primordial importancia en razón de que posibilita los medios de subsistencia y la calidad de ésta para el mayor número de la población y de él depende de manera general el crecimiento y desarrollo económico.  También, de él se desprenden variadas y complejas relaciones sociales concurrentes y divergentes en punto a los intereses que en ellas se traban; esta naturaleza básica del Trabajo, reconocida por el Constituyente de 1991 desde el Preámbulo de la Carta, también manifiesta en su contenido finalístico el propósito de asegurarlo de manera prioritaria, ante otros objetivos del Estado. LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO El libre ejercicio de las ocupaciones, artes y oficios que asegura la Carta debe entenderse en el sentido que indica que si aquellos son de los que requieren formación académica, la ley bien puede exigir títulos de idoneidad, y las autoridades competentes podrán inspeccionarlos y vigilarlos de modo ordinario, continuado y permanente; también, el artículo 26 que se analiza permite que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica  sean ejercidos libremente, salvo cuando aquellas impliquen un riesgo social, caso en el cual pueden establecerse limitaciones relacionadas con dicho riesgo. Lo anterior no significa que  las ocupaciones, artes y oficios que no requieran formación académica y que no impliquen riesgo social según la definición que de éste  haga la ley, puedan ejercerse en todo tiempo y lugar con independencia del derecho ajeno, de los intereses generales de la sociedad y de las demás regulaciones jurídicas vigentes dentro del Estado.  El "libre ejercicio" de estos significa que si no son de los que exigen formación académica, las autoridades no pueden exigir título de idoneidad, y que si no implican riesgo social  no pueden ser inspeccionados o vigilados de modo ordinario, continuado y permanente por las autoridades, empero, siempre deben ejercerse como se ha señalado, dentro de los límites generales del  ordenamiento jurídico y de los derechos de los demás. DERECHO AL ESPACIO PUBLICO-Zona peatonal El Espacio Público es objeto de la regulación jurídica por virtud de la acción del Estado en sus diversos niveles que van desde las definiciones y prescripciones de carácter legal,  hasta las disposiciones, reglamentos y órdenes administrativas.  Adquiere esta noción una categoría  especial en el nuevo orden normativo constitucional, pues el constituyente optó por la alternativa de consagrarla en el nivel constitucional para permitir al legislador su desarrollo dentro del marco del Estado y de la Constitución pluralistas que se inauguran a partir de la entrada en vigencia de la Carta de 1991. La ocupación de la zona peatonal a que se refieren los peticionarios se producía en todas las horas del día, los ocupantes de dicho espacio público son conocidos, sus prácticas fueron regulares, habituales y continuadas, y comportaban la extensión ilegítima o no autorizada de la actividad comercial e industrial que desarrollan. Dicha ocupación por lo recurrente, abierta y habitual, fue objeto de la resolución de restitución que compete al Alcalde en los términos del Código Nacional de Policía, en ejercicio el deber de procurar el respeto al Espacio Público de calles y avenidas. REF.: Expediente No. T-4601 Acción de Tutela impetrada contra el Municipio de Bucaramanga. Peticionario: EVA BURGOS Y OTROS Magistrados: Dr. FABIO MORON DIAZ -Ponente- Dr. SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Dr.  JAIME SANIN GREIFFENSTEIN Santafé de Bogotá, D.C.,  Diciembre catorce (14) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala de Revisión en asuntos de tutela, integrada por los señores Magistrados SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JAIME SANIN GREIFFENSTEIN y FABIO MORON DIAZ, previo estudio del Magistrado Ponente, resuelve sobre la revisión de las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga el 24 de junio de 1992, y por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad el 28 de julio de 1992, en primera y segunda instancia. I.  ANTECEDENTES A.  La Petición 1. Con fecha 26 de mayo del año en curso, EVA BURGOS, LUZ DARI GAVIRIA, NUBIA CECILIA TRUJILLO, MERCEDES GALINDO, JULIO CORTES RAMOS, YANETH LEGUIZAMON, ELIBARDO CASTRO, EMIRO SANCHEZ, ALIX COLMENARES y HERMINIO CASTRO, presentaron un escrito en el que impetran la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, "contra el Municipio de Bucaramanga, representado por su Alcalde". 2.  Los hechos que señalan los peticionarios como causa del ejercicio de la citada acción, se transcriben a continuación: a. "Como personas naturales dedicadas al reciclaje y compra y venta de artículos usados, venimos laborando desde hace 15 años, en la carrera 14 entre calles 28 y avenida Quebrada Seca". b. "El día 12 de mayo del año en curso, la administración Municipal ordenó nuestro desalojo aduciendo ocupación del espacio público." c.  "A través de los diálogos con nuestros representantes, el Gobierno Municipal se comprometió en una pronta reubicación como consta en el documento que se anexa. "Se nos otorgó como sector provisional de trabajo el lote el Carrasco. Los funcionarios que nos acompañaron al sitio denominado el Carrasco, Dr. Severiano Cala y Rosa Judith Narváez Ruíz, comprobaron las dificultades que presenta dicho sitio para el desarrollo normal de nuestra labor". d. "Llevamos más de una semana sin poder laborar y recibir ingresos, por lo que nuestras familias están padeciendo necesidades, por la carencia absoluta de recursos económicos". e. "Estamos siendo asediados por los propietarios de las habitaciones donde residimos por incumplimiento en el pago del canon de arrendamiento". f. "Nuestros hijos no pueden asistir a los distintos planteles educativos por falta de recursos para su alimentación y gastos de transporte". g. "En la actualidad la mayoría de los niños se encuentran en mal estado de salud y sin posibilidades de asistencia médica". 3. Los peticionarios solicitan que se les respeten y garanticen los derechos fundamentales al "trabajo, la honra y aprendizaje"; que se ordene al Alcalde Municipal les permita permanecer provisionalmente en el sitio que venían ocupando, mientras se define la reubicación definitiva; que esta última se ordene en un lugar apropiado para el desarrollo de la actividad laboral que desempeñan; que haya un pronunciamiento acerca de la viabilidad del lote el Carrasco, para la comercialización de los materiales reciclados. B.  Las Sentencias que se revisan. 1.  El Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga resolvió denegar la tutela impetrada y fundamenta su resolución en los siguientes argumentos: a. "En este concreto evento, previo el análisis del acto administrativo, emanado de la Inspección de Control Urbano y Ornato de Bucaramanga, (folios 38 al 43), ha de concluirse que tal resolución es ajustada a derecho en la medida en que su motivación obedeció a razones de índole jurídico, en cuanto los ocupantes de las vías comprendidas entre las calles 28 y avenida Quebradaseca de la carrera 14 de esta ciudad se encontraban invadiendo el espacio público". b.  "De acuerdo a las diversas normas de índole nacional y municipal, existen determinados bienes denominados de uso público que por su misma condición son inalienables. Es así, que el art. 674 del Código Civil señala que se llaman bienes de la Unión aquellos cuyo dominio pertenece a la República, y cuando su uso corresponda a todos sus habitantes son bienes públicos del territorio; entre esta clase de bienes se ubican las calles, plazas, puentes y caminos que por formar parte del patrimonio del estado no son susceptibles de negociación alguna, ni puede establecerse sobre ellos ningún tipo de servidumbre". c. "Por su parte el art. 132 del Código Nacional de Policía establece el trámite a seguir para la restitución de bienes de uso público, como vías urbanas o rurales, señalando que una vez establecido su carácter se podrá emitir la correspondiente resolución de restitución". d. "En consideración a lo consignado, ha de concluirse que si quienes promueven esta acción ejercían su actividad o trabajo ocupando un espacio público, tal conducta conllevó la orden de restitución emanada de las autoridades municipales, lo que conduce a declarar improcedente la tutela deprecada...". 2. La Previa Impugnación. El primero (1°.) de julio de 1992 ELIBARDO CASTRO presentó escrito de impugnación contra la sentencia de primera instancia reiterando las solicitudes y fundamentos fácticos inicialmente consignados, además de ello, expone: a. "Nosotros, nos hemos organizado a través de una Asociación y de una Cooperativa, para tratar de mejorar nuestra condición social con el propósito de que seamos respetados por el Estado y la sociedad. Las entidades que nos agrupan son personas jurídicas y como tales su objeto es lícito por consiguiente no se nos debe menospreciar. Somos sí personas  discriminadas por la sociedad que nos ha venido marginando por la labor que realizamos, labor que en vez de degradarnos nos engrandece dado que con ella estamos contribuyendo al mantenimiento de un ambiente ecológico sano, es por ello que demandamos para que se nos dé un tratamiento igualitario sin discriminaciones de ninguna índole en cumplimiento del texto constitucional contenido en el artículo 13 de la Carta...". b. Indica que es deber de las autoridades brindar especial protección a las discriminados y marginados, además que "no puede primar el concepto del espacio público sobre el derecho fundamental del trabajo y otros derechos que se vulneran como consecuencia de esta violación...", finalmente señala que "no puede aducirse por parte del Juzgado que ningún derecho ha sido conculcado por cuanto nosotros nos hemos quedado en la imposibilidad de realizar nuestra labor cotidiana". 3.  La Sentencia de Segunda Instancia. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga decidió confirmar la sentencia impugnada, y al efecto consideró: a. "El permanecer en un determinado lugar y desarrollar allí una actividad lícita, no es derecho fundamental. El derecho al trabajo que sí lo es, no está siendo conculcado puesto que no les ha sido prohibido ni negado, tan sólo se ha prohibido continuar desarrollando la actividad que él requiere, en un sitio definido como espacio público". b. "Si las autoridades municipales alegan que es espacio público el lugar donde los querellantes se encontraban desarrollando su actividad y estos consideran que no lo es la definición de este conflicto correspondería a la autoridad civil". c.  "Es sí un problema de tipo social y así lo han entendido las autoridades municipales y esa la razón para adelantar algunos procedimientos en procura de una solución digna para un grupo de personas humanas, pretendiendo ubicarlas en un sitio en donde conforme a la ley, ejerzan los derechos fundamentales que dicen les fueron conculcados y ubicados dentro de la legalidad, reciban la protección y se les den las garantías consagradas en beneficio de los ciudadanos dentro del estado de derecho". d.  "Tan cierto es lo anterior que las peticiones contenidas en el memorial dirigido al Juez Civil Municipal, están encaminadas a obtener una protección provisional y a que se ordene una reubicación definitiva, aspectos estos que no son de competencia ni del Juez a-quo y tampoco de este Despacho que conoce de la alzada". Consideró también el Despacho que las conclusiones del Juez de instancia encuentran sustento en la Constitución Nacional y en los decretos que regulan la acción de tutela y que "la apelación se resolverá únicamente en relación con el prenombrado porque en el litis consorcio facultativo este medio de ataque a las providencias judiciales es de uso personal". CONSIDERACIONES DE LA SALA Primera.  La Competencia Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para conocer de la revisión de las sentencias de la referencia, en atención a lo dispuesto por los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral 9 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto 2591 de 1991; además, este examen se hace por virtud de la selección que de dicho acto practicó la Sala correspondiente y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. Segunda:   La Materia Objeto de las Actuaciones A.  Del examen del escrito presentado por los peticionarios, se deduce que la principal pretensión que los anima es la de obtener, por vía de la acción de tutela, una orden judicial que les asegure de modo provisional su permanencia  en los andenes de una vía pública en la ciudad de Bucaramanga, (carrera 14 entre  la calle 28 y la avenida Quebrada  Seca), para efectos de ejercer allí su actividad comercial y disfrutar de lo que en su concepto constituye una expresión del Derecho Constitucional Fundamental al Trabajo. Además, cabe advertir que dicha petición se dirige contra lo dispuesto en la resolución No. 21 del siete (7) de abril de mil novecientos noventa y dos (1992),  dictada por la Inspección de Control y Ornato de Bucaramanga que aparece radicada en fotocopia auténtica en los folios 53 y ss del expediente. En aquella resolución se ordenó, con fundamento en consideraciones que se examinarán más adelante, que los ocupantes de las vías públicas comprendidas entre las calles 28 y Avda. Quebrada Seca de la carrera 14 de aquella ciudad, debían restituirlas en el término de cinco (5) días a partir de la ejecutoria de aquella providencia; además, se hacen las advertencias sobre el cumplimiento de la misma y la posibilidad de su ejecución forzada.  Igualmente se concedieron los recursos de ley que corresponden a aquellas actuaciones. B. De lo visto en la parte que resume las actuaciones que se revisan en esta sede, se concluye que el objeto jurídico de las mismas está constituído por la solicitud de protección judicial del Derecho Constitucional al Trabajo en la circunstancia de la actuación de la administración consistente en la orden de desalojo y restitución de una vía pública, no obstante que se haya invocado por los peticionarios la violación concausal y remota del derecho a la honra y al aprendizaje; sobre estos últimos no existe expresa fundamentación de la petición, ni actuación u omisión alguna de la administración que  haya sido tachada como la causa inmediata de su violación. En otros términos, los peticionarios elaboran sus peticiones adicionales, en tanto consecuencias remotas de la violación al Derecho al Trabajo, causada por la orden de la administración municipal de recuperar una vía pública, pues, en su opinión, al no poder trabajar en aquel espacio, no cuentan con recursos económicos para pagar el canon de arrendamiento, ni para pagar los costos de la educación de sus hijos.  En estas condiciones la Corte  examinará la situación concreta generada por la incidencia en el disfrute de este último derecho y sus eventuales vinculaciones con los restantes derechos cuya protección solicitan. Igualmente, esta Sala examinará otro de los elementos jurídicos relevantes que surgen del conflicto planteado por los peticionarios, consistente en la relación entre la violación al Derecho Constitucional Fundamental al Trabajo y el bien jurídico del Derecho Constitucional al Espacio Público. C.  Además, cabe advertir que de lo que se trata en la cuestión puesta al examen de la Jurisdicción de Tutela en el caso de las sentencias que se revisan, no es en verdad un conjunto de hechos en los que se discuta la Libertad de Escoger Profesión u Oficio, ni de conflictos sobre los derechos  constitucionales fundamentales en una especial relación de trabajo, ni en los que esté de por medio una concreta reclamación de condiciones  dignas y justas entre patrono y trabajador. Para obtener el pronunciamiento judicial reclamado, los peticionarios alegan como violado el Derecho Constitucional Fundamental al Trabajo que establece el artículo 25 de la Constitución Nacional; además, estiman como violados los Principios Constitucionales de la Igualdad de todas las personas y de prohibición de tratos discriminatorios.  También consideran que la autoridad pública causante de la lesión que señala, es el Municipio de Bucaramanga, como entidad administrativa que en dicha ciudad ha ordenado que se impida su permanencia en el lugar que señalan como asiento tradicional de sus actividades comerciales y de trabajo.  No obstante lo anterior, -se repite-  la Corte encuentra que la cuestión jurídica sustancial que propone la petición, se encamina en sus verdaderos alcances a lograr que por la jurisdicción de tutela se declare que el derecho al libre ejercicio del oficio de recicladores y chatarreros, se debe respetar cuando menos de modo provisional en el lugar público en que se encontraban. Se trata de obtener una interpretación de las disposiciones constitucionales relacionadas con el Derecho al Trabajo que le dé a éste un alcance, en términos de asegurar en su ejercicio prevalece sobre la protección al Derecho Constitucional al Espacio Público; para dicho propósito, los peticionarios pretenden desprender de la noción constitucional de "Igualdad" y de sus nuevas proyecciones jurídicas en relación con la promoción de condiciones para su real y efectiva  satisfacción en favor de las personas discriminadas y marginadas, una conclusión que le asegure su petición. D.  La Corte Constitucional llega a la anterior conclusión después de examinar en detalle la situación jurídica planteada en las actuaciones judiciales en virtud de las cuales se le dió el trámite constitucional y legal correspondiente a los escritos en los que se sustenta la petición de tutela que fue negada;  ahora, la especial función de revisión de este fallo que le corresponde a la Corte Constitucional, previa la selección ordenada por la Sala competente, se verifica con el fin de sentar la jurisprudencia que en esta materia debe seguirse, mucho más teniendo en cuenta que el tema en cuestión compromete diversos aspectos de trascendental importancia que deben ser dilucidados en esta sede judicial. Tercera:  La Libertad de Trabajo en la Constitución A.  La Corte Constitucional observa que según su Preámbulo, la Constitución de 1991 fue sancionada y promulgada con el objetivo de asegurar el trabajo a los integrantes de la Nación, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo; en este sentido, para lo que a este asunto corresponde, se encuentra que el Constituyente también se ocupó de regular el ámbito de la protección al trabajo como Derecho Constitucional Fundamental en varios de sus elementos más relevantes como son el Derecho a escoger libremente profesión u oficio (art. 26) y el Derecho al Trabajo propiamente dicho que goza en todas sus  modalidades de la especial protección del Estado y que consiste en la garantía de que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas (art. 25). En el ámbito de los derechos sociales y económicos, el Constituyente fue mucho más allá de hasta donde había llegado la Carta Constitucional de 1886,  al impregnar con sus principios y valores, lo mismo que con sus objetivos y normas, de un especial sentido de justicia social y de dignidad de la persona al conjunto global de las relaciones sociales. No sobra advertir que estos elementos, como conceptos jurídicos abiertos, sirven dentro del marco de una Constitución como la de 1991, para fundamentar  la actividad de todos los Organos del Poder Publico y su lectura de la Constitución regulada por el derecho, así como sus compromisos con las distintas fuerzas políticas y sociales en la dinámica de la Comunidad política, organizada bajo la forma que diseñó el Constituyente; empero, cabe destacar que aquellos términos de las disposiciones constitucionales de carácter programático, son objeto permanente de la actividad de la jurisdicción constitucional y a esta corresponde señalar con certeza su alcance y sus contenidos para darle a la Carta su vigor como norma básica de convivencia social y política, mucho más ahora dentro de las finalidades básicas y generales establecidas por el constituyente de 1991 de hondo carácter pluralista. La regulación constitucional a que se hace referencia en estas consideraciones del fallo, parte del supuesto según el cual el Derecho del Trabajo es una de las conquistas más trascendentales en el desarrollo de las modernas sociedades, y expresa, en sus distintos estadios evolutivos, una de las manifestaciones específicas de la libertad del hombre que se dirige a fortalecer su dignidad frente a los demás, sean éstos los patronos, las empresas, los gobernantes o los otros ciudadanos. Según lo visto, los grandes cambios sufridos por las organizaciones políticas  en las últimas décadas de este Siglo, confieren a las estructuras orgánicas y administrativas del  "Estado Social de Derecho", el papel de promotoras del desarrollo y de la justicia sociales, para combatir las desigualdades humanas con sus mecanismos políticos y económicos; en esta órbita de aspiraciones políticas y sociales, se encuentra en un plano prevalente el Derecho del Trabajo, que es elemento esencial en el moderno orden de la convivencia humana. El Trabajo, como factor fundamental de los procesos económicos y sociales,  resulta  de primordial importancia en razón de que posibilita los medios de subsistencia y la calidad de ésta para el mayor número de la población y de él depende de manera general el crecimiento y desarrollo económico.  También, de él se desprenden variadas y complejas relaciones sociales concurrentes y divergentes en punto a los intereses que en ellas se traban; esta naturaleza básica del Trabajo, reconocida por el Constituyente de 1991 desde el Preámbulo de la Carta, también manifiesta en su contenido finalístico el propósito de asegurarlo de manera prioritaria, ante otros objetivos del Estado. Desde todo punto de vista argumental, las precedentes consideraciones son pertinentes por cuanto deben estar presentes en la inteligencia que el intérprete haga de las normas constitucionales en torno al trabajo humano y sobre las respectivas disposiciones constitucionales aplicables. La Constitución regula el factor trabajo dentro del sistema productivo y económico-social en varias disposiciones que permiten distinguir conceptual y normativamente entre la Libertad de Trabajo, el Derecho al Trabajo y el Deber de Trabajar. El primero, otorga al hombre la libertad o derecho para escoger profesión,  oficio u ocupación, según su parecer, actitudes, gustos o aspiraciones, sin perjuicio de que la ley pueda imponer la obligación de competencia o habilitación requeridas de acuerdo con cada actividad (art. 26 C.N.), tiene las siguientes connotaciones jurídicas. En sus orígenes, la Libertad de Trabajo fue considerada como una garantía de contenido prevalentemente económico que aseguraba que los fines de la realización individual del hombre pudiesen cumplirse conforme a sus designios e intereses; en etapas posteriores se consideró que la libertad de trabajo no era suficiente para las aspiraciones de la justicia y el desarrollo, pues era evidente que cumplía y permitía cumplir funciones sociales de significación definitiva para la paz pública y el bienestar colectivo. Al resultar la Libertad de Trabajo un ideal difícil de lograr en su plenitud dentro de los régimenes liberales fundados sobre las reglas de la competencia capitalista, y regidos por las leyes de la oferta y la demanda sobre el mercado de trabajo por su cantidad y calidad, los abusos cometidos en perjuicio de los trabajadores impusieron un cambio radical en las relaciones jurídicas dentro de los ámbitos del Derecho Constitucional y del Derecho Laboral, que obligaron al Estado a reconocer y garantizar no sólo dicha libertad, sino a regular al mismo tiempo todas las formas de contratación y empleo, tanto en lo individual como en lo colectivo, para defender la dignidad del trabajador y para obligar a la utilización racional de los recursos humanos, con miras en el pleno empleo dentro de políticas de ingresos y salarios, conforme a las cuales el desarrollo económico  tuviera como objetivo principal la justicia social y el mejoramiento armónico e integrado de la comunidad y de las clases proletarias en particular (art.  32 C.N. de 1886). Esta garantía individual estuvo ligada al derecho de todas las personas de dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajos lícitos que le acomodaren, e implicaba que cualquier persona quedaba facultada para ejercer una actividad industrial, profesional o comercial, sin más limitación que la autorizada por las leyes; igualmente, dentro del ámbito señalado por la ley y de conformidad con las funciones propias del poder de policía, las autoridades estaban facultadas para inspeccionar las profesiones y oficios en lo relativo a la moralidad, seguridad y salubridad públicas (art. 39 C.N. de 1886).  Con base en lo anterior, se estimó que de no existir lesión o agravio a un tercero o a la sociedad en general, ninguna persona se encuentra obligada a la prestación de ningún servicio si no es su voluntad hacerlo y si no es recompensada con el pago de una retribución económica, esté convenida o no. La libertad de escoger profesión u oficio, como Derecho Constitucional Fundamental, fue complementada con base en la especial garantía que se le dió a estas aspiraciones en las primeras etapas del "Estado Social de Derecho", al ser objeto de la especial protección del Estado y al ser considerado el trabajo como una obligación social (art.17 C.N. de 1886).  En este sentido la Libertad de Trabajo y su expresión específica dentro del Derecho del Trabajo, condujo en esencia a la configuración de un conjunto sistemático de regulaciones normativas de rango legal y a un cuerpo doctrinario de extendida aceptación en el ámbito nacional y en las proyecciones internacionales del Derecho del Trabajo que pueden resumirse de modo breve en los siguientes términos. Nadie puede ser privado del producto de su trabajo salvo por resolución judicial; nadie puede ser obligado a realizar trabajos personales sin justa retribución, salvo el correspondiente a determinadas funciones públicas de  carácter obligatorio  y gratuito; no es válida ninguna convención, pacto o contrato en la que se menoscabe la dignidad o la libertad del hombre o el derecho a la absoluta libertad de trabajo y por tanto el derecho a ejercer determinada profesión, industria o comercio; una relación de trabajo sólo puede obligar al trabajador mientras haya sido producto de la libre escogencia de este y no podrá durar más del tiempo que éste quiera dentro de los términos señalados por la ley, es decir, no se podrán celebrar contratos de trabajo de duración perpetua; la prestación de los servicios personales no implica la  renuncia a los demás derechos civiles o políticos de que goza toda persona; las únicas consecuencias por la terminación de la relación de trabajo por parte del trabajador son de orden civil, salvo las consecuencias penales del dolo atribuíble y plenamente probado. La Libertad de Trabajo no puede traer consigo el menoscabo, ni la pérdida o el sacrificio de la libertad del hombre; de suerte que es fundamental que en la ejecución de su relación laboral,  el trabajador conserve su libertad, sin perjuicio de que deba desempeñar su labor bajo la autoridad del empleador, quien no puede atentar contra la libertad personal de aquella. Ahora bien, no obstante lo anterior es preciso advertir que los artículos 16 y 17 de la C.N., preven el Derecho al Libre Desarrollo de la Personalidad, sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, y la prohibición de la esclavitud y la servidumbre respectivamente, de cuya interpretación sistemática, también se deduce la Libertad de Trabajo, en concordancia con lo previsto en el artículo 26 del mismo Estatuto Superior. Esta advertencia sustancial del Constituyente, pone en claro que los contenidos de la Libertad de Trabajo y del Derecho al Trabajo no llegan ni pueden llegar a comprender su ejercicio ilegal y sin freno, ni a comprometer el derecho ajeno o a desconocer el orden jurídico; pero ademas, el Derecho a la Igualdad y al Libre Desarrollo de la Personalidad, como elementos básicos que integran las nociones constitucionales de Libertad y de Derecho al Trabajo, se define por el Constituyente con fundamento en las limitaciones que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico y no incluye la consagración de una potestad supralegal de trabajar en todo momento y lugar o sobre toda materia, sino el reconocimiento de la Libertad de Trabajo como concepto jurídico positivo previsto para garantizar a todos los individuos la facultad de desarrollar su personalidad y de asegurar con dignidad su subsistencia y su bienestar dentro del marco de la convivencia jurídica entre los asociados. También, se entiende por Libertad de Trabajo, de acuerdo con la Carta, una expresión voluntaria de la personalidad  no sometida a dominio o imposición ni del Estado ni de los particulares y, en rigor, se contrae a la categoría jurídica de la Libertad de escoger o elegir libremente la profesión, el arte, la ocupación o el oficio, que es distinta de la de su ejercicio según las voces de los artículos 25 y 26. En efecto, mientras sobre el ejercicio de las profesiones caben limitaciones por las autoridades competentes, al poderse exigir títulos de idoneidad por la formacion académica y al estar sometido a la vigilancia de las mismas, la elección de aquellas no puede someterse a reglas distintas de las propias de la organización académica y administrativa. Ahora bien, es preciso examinar lo correspondiente al ejercicio de las artes, las ocupaciones y los oficios que no exigen formación académica, puesto que según las expresiones de la Carta este puede limitarse en caso de que implique riesgo social. Aunque la Constitución establezca en el ultimo inciso del Articulo 26 que el ejercicio de las profesiones es libre, los términos de este específico enunciado normativo deben interpretarse en el sentido de que la voluntad del Constituyente no se dirige a garantizar de modo absoluto su práctica en todo momento y lugar, ni su goce arbitrario o contra derecho, desprovisto de las regulaciones que impone la sociedad en general. Para la Corte Constitucional el libre ejercicio de las ocupaciones, artes y oficios que asegura la Carta debe entenderse en el sentido que indica que si aquellos son de los que requieren formación académica, la ley bien puede exigir títulos de idoneidad, y las autoridades competentes podrán inspeccionarlos y vigilarlos de modo ordinario, continuado y permanente; también, el artículo 26 que se analiza permite que las ocupaciones, artes y oficios que no exijan formación académica sean ejercidos libremente, salvo cuando aquellas impliquen un riesgo social, caso en el cual pueden establecerse limitaciones relacionadas con dicho riesgo. Lo anterior no significa que  las ocupaciones, artes y oficios que no requieran formación académica y que no impliquen riesgo social según la definición que de éste  haga la ley, puedan ejercerse en todo tiempo y lugar con independencia del derecho ajeno, de los intereses generales de la sociedad y de las demás regulaciones jurídicas vigentes dentro del Estado.  El "libre ejercicio" de estos significa que si no son de los que exigen formación académica, las autoridades no pueden exigir título de idoneidad, y que si no implican riesgo social  no pueden ser inspeccionados o vigilados de modo ordinario, continuado y permanente por las autoridades, empero, siempre deben ejercerse como se ha señalado, dentro de los límites generales del  ordenamiento jurídico y de los derechos de los demás. B.  Ahora, el artículo 25 de la C.N. consagra el derecho y el deber de trabajar, indicando que el trabajo gozará de la especial protección del Estado. El primero se reconoce a toda persona "en condiciones dignas y justas"; además, la Carta Política en  el artículo 52,  consagra el derecho al aprovechamiento del tiempo libre, es decir, del no trabajo, reconociendo en favor de los trabajadores y de las personas en general, el derecho a la recreación y a la práctica  del deporte;  también el artículo 54 impone la obligación al Estado y a los empleadores de ofrecer formación y habilitación profesional y técnica a quiénes lo requieran y al Estado  en especial la obligación de propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar y garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde con sus condiciones de salud;  el artículo 55, garantiza el derecho a la negociación colectiva y el deber del Estado de concertar  los conflictos colectivos del trabajo. Igualmente, el artículo 56 garantiza el Derecho de Huelga; el artículo 57 autoriza al legislador para propiciar la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas; el artículo 58 obliga al Estado a proteger y promover las formas  asociativas y solidarias de la propiedad. Estas son expresas previsiones del Constituyente, orientadas todas a fijar las  condiciones generales del Derecho al Trabajo en la Sociedad Colombiana. Especial mención requiere el artículo 53 de la Constitución Nacional, frente a las acciones que se analizan, pues, ésta norma ordena al Congreso  expedir un estatuto del trabajo que tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios constitucionales: igualdad de oportunidades; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad del trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad de derechos laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; interpretación favorable al trabajador; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales;  garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la  mujer, a la maternidad y al trabajo del menor.  Todos estos principios reguladores del Derecho al Trabajo tienen por mandato expreso de la Carta, rango constitucional.  De otra parte, entendido en el sentido de que no se sacrifican tampoco las demás libertades del hombre, el Derecho al Trabajo depende, entre otros, de elementos objetivos como las posibilidades fiscales del Estado y las variables económicas y sociales generadoras de empleo. Por eso, este derecho y las disposiciones, previstas en los artículos 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 64 de la C.N., fue regulado por el  Constituyente en la categoría que denominó  de los "Derechos Sociales Económicos y Culturales",  lo que también le da status de derecho asistencial, y por lo tanto, desde este específico punto de vista, no es objeto de la acción de tutela prevista en el estatuto fundamental. C.  Ahora bien, no cabe duda que en nuestro ordenamiento jurídico el Derecho al Trabajo es una manifestación de la libertad del hombre y, por tanto, en último término tiene su fundamento en la dignidad de la persona humana; de ahí que su constitucionalización haya sido el resultado de un largo y difícil proceso histórico, en cuyo fondo aparecen las grandes luchas políticas y sociales por la libertad del hombre. Tampoco implica que las profesiones, artes, ocupaciones u oficios, como manifestaciones de la Libertad de Trabajo, puedan ejercerse en todo lugar y tiempo y sobre todas las materias; aquellos están limitados obviamente por el derecho ajeno, por la ley e incluso por el reglamento administrativo, siempre que no se atente contra la naturaleza del mismo derecho, ni contra su núcleo esencial. También se tiene que dentro del marco de la Carta Fundamental, nadie puede ejercer la Libertad de Trabajo ni el Derecho al Trabajo desconociendo los derechos de los demás, y las regulaciones legales y administrativas previstas para asegurar el interés de la colectividad y los restantes derechos de todas las personas; a ésta conclusión se añade lo dispuesto por el Artículo 95 de la Carta, que establece, entre otros, como deberes de la persona el de respetar los derechos ajenos y el de no abusar de los propios, pues ésta es una categórica afirmación de los postulados esenciales de todo Estado de Derecho que sirve de fundamento jurídico a la convivencia en la sociedad en aras de la armonía social. Se previene así el abuso del derecho y se garantiza un mínimo de condiciones para que todos los asociados puedan disfrutar de sus derechos. D.  Bajo los anteriores considerandos, cabe advertirse que en el caso que se examina los peticionarios se encontraban  en una situación en la cual ejercían la Libertad de Trabajo en una de sus modalidades específicas, consistente en practicar por su cuenta las actividades del comercio de especies recicladas y de chatarra en un lugar afectado al uso público, tanto que habían ocupado todo los andenes de la vía pública que se ha referenciado; en este sentido debe determinarse si el ejercicio de las facultades que se desprenden de la citada libertad ciudadana y del Derecho Constitucional Fundamental al Trabajo, pueden ser  objeto de regulaciones restrictivas que, en favor del disfrute y de la garantía del Derecho al Espacio Público, radica la ley en cabeza de los alcaldes municipales o de sus delegados. Igualmente, para tal efecto  cabe determinar si la protección administrativa del Espacio Público en los términos del Código Nacional de Policía y de los códigos locales de policía encuentra fundamento constitucional, y si su cumplimiento implica la posibilidad de establecer en concreto limitaciones que restrigen su ejercicio como ocurre en la situación planteada. Lo cierto es que la citada resolución de la Inspección de Control Urbano y Ornato de Bucaramanga dá cuenta de que aquella ocupación del Espacio Público es indebida y que se extiende a los andenes y a las calzadas con "todo tipo de artículos usados"; además, la Corte observa que dentro del expediente aparecen varios documentos allegados por la Administración municipal en los que consta que las dependencias de Planeación Municipal, de las Empresas Públicas, del Area Metropolitana, de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, de la Secretaria de Gobierno, del Instituto Geográfico Agustín Codazzi  y del mismo Alcalde tomaron medidas y disposiciones, incluso de orden presupuestal, en favor de la reubicación de los comerciantes y del arreglo de un espacio adecuado para la continuación de las actividades de las personas a las que se dirige la orden de restitución. Además, se demostró que el señor Alcalde municipal ordenó la reubicación de los comerciantes que habían ocupado la citada zona urbana y recomendó que se ocupe provisionalmente un lote de terreno denominado "El Carrasco" mientras la Administración, dentro de la Constitución y la ley, encuentra otro lugar más adecuado para la práctica de las actividades de aquellos. En esta situación es menester examinar las regulaciones constitucionales y legales que se refieren al tema  del espacio público y su relación con el ejercicio de la Libertad del Trabajo, como se verá enseguida. Cuarta: El Derecho Constitucional sobre el Espacio Público. (Arts. 82 y 88 C.N.) A. El derecho de todas las personas al uso del Espacio Público aparece ahora consagrado en los artículos 82 y 88 de la nueva Carta Fundamental de 1991; en este sentido es claro que aquella garantía adquiere carácter de norma constitucional en respuesta a las contemporáneas tendencias del Derecho Público que son de recibo en nuestro sistema jurídico, en dicho nivel, por los trabajos de la Asamblea Nacional Constitucional. No obstante lo anterior, cabe destacar que en el ámbito de la legislación nacional existen de antaño disposiciones que aseguran su respeto y garantía y que aun conservan su vigencia e imperio, pero que deben ser examinadas bajo los enunciados de la actual normatividad constitucional con el fin de obtener su cabal entendimiento. Aquellas dos disposiciones regulan la materia de la garantía constitucional del derecho al Espacio Público  en varias de sus expresiones, así: 1) Como deber del Estado de velar por la protección de la Integridad del Espacio Público. 2) Como deber del Estado de velar por su destinación al uso común. 3) Por el carácter prevalente del uso común del Espacio Público sobre el interés particular. 4) Por la facultad reguladora de las entidades públicas sobre la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. 5) Como Derecho e Interés Colectivo. 6) Como objeto material de las acciones populares y como bien jurídicamente garantizable a través de ellas. B.  Así las cosas, se tiene que estas disposiciones constitucionales redefinen la noción de Espacio Público y señalan las características especiales que permiten distinguirla en dicho nivel normativo, de la noción jurídica general y de los elementos materiales del espacio no público. En efecto, aquel concepto está compuesto por porciones del ámbito territorial del Estado que son afectados al uso común por los intereses y derechos colectivos y de algunos otros de carácter fundamental cuya satisfacción permiten; además, comprende partes del suelo y del espacio aéreo, así como de la superficie del mar territorial y de las vías fluviales que no son objeto del dominio privado, ni del pleno dominio fiscal de los entes públicos. Cabe advertir que desde las más antiguas regulaciones legales sobre la permisión del uso y del goce público de las construcciones, hechas a expensas de los particulares en bienes que les pertenecen, es de recibo la figura del Espacio Público como comprensiva de los bienes afectados al uso o goce común de los habitantes del territorio. El Espacio Público comprende, pues, aquellas partes del territorio que pueden ser objeto del disfrute, uso y goce de todas las personas con finalidades de distinta índole y naturaleza, que se enderezan a permitir la satisfacción de las libertades públicas y  de los intereses legítimos que pueden radicarse en cabeza de todas las personas de conformidad con el orden jurídico; en principio, en dichas partes del territorio las personas en general no pueden ejercer plenamente el derecho de propiedad o de dominio, sea privado o fiscal. No obstante lo señalado, por virtud de la naturaleza de la institución y por los altos fines a los que obedece su consagración constitucional, el Espacio Público es objeto de la regulación jurídica por virtud de la acción del Estado en sus diversos niveles que van desde las definiciones y prescripciones de carácter legal,  hasta las disposiciones, reglamentos y órdenes administrativas.  Adquiere esta noción una categoría  especial en el nuevo orden normativo constitucional, pues el constituyente optó por la alternativa de consagrarla en el nivel constitucional para permitir al legislador su desarrollo dentro del marco del Estado y de la Constitución pluralistas que se inauguran a partir de la entrada en vigencia de la Carta de 1991. Igualmente, las dimensiones sociales de la Carta y la redefinición general de los valores y fines que deben ser objeto del desarrollo legislativo y de la actividad de todos los organismos y entidades del Estado, presuponen que nociones como la que se examina habrán de ser objeto prevalente en la dinámica de la sociedad que se quiere definir y construir, dentro del marco del Estado Social de Derecho y de la Democracia participativa. C.  El Constituyente puso suficiente atención en la tarea de regular constitucionalmente esta primordial vertiente del ordenamiento jurídico, no sólo para atender a las tradicionales necesidades de las personas en el ámbito del ejercicio de las libertades públicas fundamentales, de contenido espiritual y económico, que requieren de los espacios y bienes de uso público para  procurar la satisfacción de sus anhelos y designios en libertad, sino además, para permitir la real y cierta promoción de los nuevos ámbitos de la actividad del  hombre en sociedad, como especie y como sujeto de cultura; en efecto, los fenómenos contemporáneos de la "masificación" de las relaciones en las que se ve comprometido el hombre, principalmente en lo que se relaciona con la urbanización y con los sistemas económicos en todos sus elementos como son la producción, la distribución y el consumo de bienes y servicios sometidos a inestables y cambiantes circunstancias, hace que se busquen mejores condiciones físicas de satisfacción racional de los anhelos siempre presentes de libertad.  Por esto, garantizar constitucionalmente la protección integral del derecho al Espacio Público es permitir la promoción de nuevos y más efectivos medios de gratificación espiritual al ser humano, que debe poder desligarse y superar los fenómenos propios del postmodernismo. El  derecho urbanístico junto con el derecho ambiental son, en este sentido, las más decantadas de las elaboraciones jurídicas que se ocupan de estos fenómenos propios de las sociedades contemporáneas y atiende de manera primordial la regulación de los diversos aspectos del Espacio Público como la planeación local,  la  ordenación del espacio urbano, la regulación administrativa de dicho espacio etc.. No cabe duda de que las decisiones básicas sobre el fenómeno del urbanismo se han disociado de los conceptos tradicionales del derecho de propiedad y que la Administración ha recogido como función pública ineludible la de atender normativa y operativamente sus problemas, lo cual supone el rediseño conceptual del objeto de que se ocupan y la introducción de las reformas suficientes en el ordenamiento jurídico con el propósito de garantizar, bajo el riguroso fundamento de las normas y de la actividad del Estado en general, los requerimientos que se describen, como lo hacen las disposiciones constitucionales que se citan (Arts. 82 y 88 C.N.). También, el Constituyente ha decidido abordar el complejo y dinámico problema social urbano, y es así  como dispuso, que el ordenamiento de las ciudades, de sus magnitudes, y su configuración, no sean en absoluto asuntos de naturaleza privada sino de eminente proyección pública en el sentido de que no pertenecen al arbitrio exclusivo de los intereses abstractos y subjetivos de los propietarios del suelo o de cualquiera persona en particular. Los fenómenos que comprende el urbanismo son  hechos colectivos de naturaleza especial que interesan a la sociedad entera, ya que se proyectan sobre toda la vida comunitaria, de manera directa, y sus consecuencias tocan con la existencia, financiación, disposición y extensión de los servicios públicos fundamentales como los de salud, vivienda, higiene, transporte, enseñanza, electricidad, agua, alcantarillado y esparcimiento etc.. D. Ahora bien, se tiene que en las iniciales regulaciones legales sobre el punto del Espacio Publico, históricamente aparecen las disposiciones del Código Civil contenidas principalmente en los Artículos 674 a 684 (De los Bienes de la Unión) y 690 (Libertad de Pesca);  estas previsiones legales se contraen,  por distintas razones a la regulación del tema de los bienes de uso público, denominados también por aquel Código como BIENES DE LA UNION DE USO PUBLICO O BIENES PUBLICOS DEL TERRITORIO. Dicha definición legal en esencia y con carácter enunciativo, comprende calles, plazas, puentes, caminos públicos, ríos y lagos y en general todos los bienes de la Unión de uso publico. Además, es claro que para el legislador ordinario en nuestro país, es admisible desde siempre la figura de los bienes de propiedad particular que son destinados o afectados al uso y goce de todos los habitantes de un territorio, como puentes y caminos y cualesquiera otras construcciones, hechos todos a expensas de personas particulares  y en sus tierras y que no son considerados por la ley como bienes fiscales, sino que quedan comprendidos bajo la categoría de bienes de uso publico por permiso del dueño  (art. 676 C.C.). También aparecen especiales regulaciones sobre las aguas que corren por los cauces naturales en más de una heredad y sobre lagos, establecidas por los artículos 677 y 690  del mismo código, pues éstas, por definición legal son de uso público y en ellas se podrá pescar libremente dentro de las regulaciones legales y administrativas correspondientes y, por tanto, también caben dentro de la noción  histórica de Espacio Publico. En relación con los Bienes de la Unión que son afectados al uso público, los artículos 678, 679, 680 y 681, establecen  las principales regulaciones enderezadas a  su protección, así: "Artículo 678. El uso y goce que para el tránsito, riego, navegación y cualesquiera otros objetos lícitos, corresponden a los particulares en las calles, plazas, puentes y caminos públicos, en ríos y lagos, y generalmente en todos los bienes de la Unión de uso público, estarán sujetos a las disposiciones de este Código y a las demás que sobre la materia contengan las leyes." "Artículo 679. Nadie podrá construir, sino por permiso especial de autoridad competente, obra alguna sobre las calles, plazas, puentes, playas, terrenos fiscales, y demás lugares de propiedad de la Unión." "Artículo. 680.  Las columnas, pilastra, gradas, umbrales y cualesquiera otras construcciones que sirvan para la comodidad u ornato de los edificios, o hagan parte de ellos, no podrán ocupar ningún espacio, por pequeño que sea, de la superficie de las calles, plazas, puentes, caminos y demás lugares de propiedad de la Unión. "Los edificios en que se ha tolerado la práctica contraria, estarán sujetos a la disposición de este artículo, si se reconstruyeren." "Artículo 681.   En los edificios que se construyan a los costados de calles o plazas, no podrá haber, hasta la altura de tres metros, ventanas, balcones, miradores u obras que salgan más de medio decímetro fuera del plano vertical del lindero, ni podrá haberlos más arriba que salgan del dicho plano vertical sino hasta la distancia horizontal de tres decímetros. "Las disposiciones de este artículo se aplicarán a las reconstrucciones de dichos edificios." Desde otro punto de vista, que igualmente corresponde a las más avanzadas tendencias contemporáneas del derecho público a las que se hace referencia en este acápite, se encuentran las regulaciones incorporadas a nuestro ordenamiento jurídico por la Ley 9a de 1989, "Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones", conocida igualmente como Ley de Reforma Urbana. Esta última prescripción normativa establece por vía de la definición legal, los elementos jurídicos que integran la noción de Espacio Público, así: "Artículo 5o. Entiéndese por espacio público el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses de los habitantes. "Así, constituyen el espacio público de la ciudad las áreas para la recreación pública, activa o pasiva, para la seguridad y tranquilidad ciudadana.  Las franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y similares, las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amoblamiento urbano en todas sus expresiones, para la preservación de las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos y artísticos, para la conservación y preservación del paisaje y los elementos naturales del entorno de la ciudad, los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general, por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea manifiesto y conveniente y que constituyen, por consiguiente, zonas para el uso y el disfrute colectivo." "Artículo 6o. El destino de los bienes de uso público incluídos en el espacio público de las áreas urbanas y suburbanas no podrá ser variado sino por los concejos, juntas metropolitanas o por el consejo intendencial, por iniciativa del alcalde o Intendente de San Andrés y Providencia, siempre y cuando sean canjeados por otros de características equivalentes. "El retiro del servicio de las vías públicas continuará rigiéndose por las disposiciones vigentes. "Los parques y zonas verdes que tengan el carácter de bienes de uso público, así como las vías públicas, no podrán ser encerrados en forma tal que priven a la ciudadanía de su uso, goce, disfrute visual y libre tránsito." (Los resaltados son de la Corte) 8. De otra parte, se tiene que el Código Nacional de Policía (Decreto No. 1355 de 1970) regula las competencias de los funcionarios y de las autoridades de policía en lo que se relaciona con la protección de los monumentos históricos y de los lugares artísticos de interés general y asigna a dichas autoridades la facultad de prevenir los atentados contra la integridad de los bienes de uso público. Igualmente, dicho Código establece de modo especial la competencia de los alcaldes municipales en materia de la restitución de los bienes de uso público, como son las vías públicas urbanas o rurales en caso de ocupación, previa la determinación por cualquier medio que esté al alcance de dichos funcionarios de la situación de perturbación y de las características de dichos bienes. En este sentido se tiene que el artículo 132 del citado Código establece lo siguiente: Artículo 132: Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zona para el paso de trenes, los alcaldes una vez establecidos, por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede recurso de reposición y también de apelación para ante el respectivo gobernador." La ocupación de la zona peatonal a que se refieren los peticionarios se producía en todas las horas del día, los ocupantes de dicho espacio público son conocidos, sus prácticas fueron regulares, habituales y continuadas, y comportaban la extensión ilegítima o no autorizada de la actividad comercial e industrial que desarrollan. Dicha ocupación por lo recurrente, abierta y habitual, fue objeto de la resolución de restitución que compete al Alcalde en los términos del Código Nacional de Policía, en ejercicio el deber de procurar el respeto al Espacio Público de calles y avenidas, la que tiene fundamento constitucional y legal como un asunto de interés general pues, es función primordial del Estado y de los Alcaldes en particular "velar por su integridad y por su destinación al uso común". En consecuencia, debe  tenerse en cuenta  que en la situación planteada la actuación de la Administración municipal se ajusta a las previsiones de la Carta, ya que encuentran fundamento en el artículo 82 inciso primero de la Constitución, en las normas del Código Nacional de Policía, y además,  respeta el alcance esencial de la Libertad del Trabajo consagrada en el artículo 25 de la Constitución, pues promueve la reubicación de los comerciantes que estuvieron ocupando el espacio público cuya restitución se ordenó. Con base en lo anterior, la Corte Constitucional, en Sala de Revisión de Tutelas, administrando justicia en nombre del Pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E: Primero.  CONFIRMAR las sentencias relacionadas con la acción de la referencia, proferidas por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bucaramanga el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos noventa y dos (1992),  y por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de la misma ciudad el veintiocho (28) de julio de este año. Segundo. Comuníquese la presente decisión a los Juzgados Sexto Civil Municipal y Tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, para que sea notificada a las partes conforme lo dispone el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, publíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. FABIO MORON DIAZ         SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAIME SANIN GREIFFENSTEIN MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General

T-611-92 Sentencia No Sentencia No. T-611/92 COMPETENCIA DE TUTELA/COMPETENCIA A PREVENCION EN TUTELA El juez llamado a resolver es el que tiene jurisdicción en el sitio en el que se han sucedido los hechos, pero téngase presente también que el conocimiento atribuido a tales funcionarios es "a prevención", lo cual indica que, por razones de coherencia y economía procesal, aprehendido el caso por un juez determinado sobre la base de la señalada competencia, se radica en él plenamente la potestad de fallar sobre el caso en su integridad aunque algunos de los acontecimientos hubieren tenido lugar en territorio diferente. Interpretar lo contrario implicaría desvertebrar la unidad del proceso y propiciar la circunstancia -no deseable para la eficaz protección de los derechos fundamentales en juego- de fallos contradictorios entre sí respecto de la misma situación. MEDIOS DE COMUNICACION/INDEFENSION No parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se encuentra la persona frente a los medios de comunicación. Es suficiente recordar que ellos -analizada la situación desde el punto de vista de su potencialidad-, aparte de la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito nacional, ya en el local, tienen el formidable poder del impacto noticioso; cuentan con la capacidad de la presentación unilateral de cualquier acontecimiento; gozan de la ventaja que representa la posibilidad de repetición y ampliación de las informaciones sin límite alguno; manejan potentes instrumentos que pueden orientar y condicionar las reacciones psicológicas del público, resaltar u opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en el momento de cumplir con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen del excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la rectificación y contra-argumentar en el mismo acto. Frente a la indefensión de la persona ante el medio de comunicación, el único mecanismo efectivo que ofrece el ordenamiento jurídico actual es la acción de tutela. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Vulneración Todas aquellas conductas de agentes estatales o de particulares en cuya virtud se traspasen los límites de la intimidad, bien se trate de los que circundan el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, ya de los que preservan la privacidad del núcleo familiar, lesionan un derecho fundamental cuya consagración positiva es apenas el reconocimiento de una normal condición de convivencia humana y un elemento imprescindible para que se pueda hablar de libertad en el sentido de aptitud de decisión sobre los propios actos sin coacción externa.La protección constitucional de este derecho, que hoy es expresa en nuestra Carta con toda la amplitud que le corresponde, guarda relación con principios consagrados de tiempo atrás como la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de interceptar la correspondencia confiada a los correos y telégrafos salvo mandato judicial con arreglo a la ley. MEDIOS DE COMUNICACION-Límites Los medios de comunicación no pueden invocar el derecho a la información para invadir la esfera inalienable de las situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la persona y de sus allegados, pues ese reducto íntimo hace parte de la necesaria privacidad a la que todo individuo y toda unidad familiar tienen derecho. Esa prerrogativa es oponible a terceros considerados de manera individual y con mucha mayor razón a los medios masivos, ya que éstos, por la misma función que cumplen, están en capacidad de hacer público lo que de suyo tiene el carácter de reservado por no ser de interés colectivo. DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR-Personajes públicos Se esgrime con frecuencia para legitimar esta clase de publicaciones, el socorrido argumento según el cual la vida privada de los personajes públicos debe ser conocida públicamente, invocando un supuesto interés de la comunidad en los acontecimientos que la componen, aun los más recónditos. Tan amplio entendimiento sobre el alcance del derecho a la información no es el adecuado a los preceptos constitucionales ni el que más se aviene a una concepción justa sobre el compromiso que contrae con la sociedad quien ejerce actividades que son del interés común. Juzga esta Corporación, por el contrario, que el derecho a la intimidad es general, inalienable e imprescriptible, como ya lo expresó en sentencia del 16 de junio y que, por tanto, no puede afirmarse válidamente que una persona quede excluída de él, pues ello significaría ruptura del principio de igualdad ante la ley. PERJUICIO MORAL-Reconocimiento Establecidas como lo han sido las transgresiones a la Constitución Política y el desconocimiento a derechos fundamentales en que incurrieron los medios de difusión demandados en este proceso y hallándose fundados los motivos que invocaron los jueces de primera y segunda instancia para conceder la tutela y éste último para acceder a condenar "in abstracto" por los perjuicios morales causados a la familia Orozco Cabello, esta Corte habrá de confirmar en todas sus partes la sentencia proferida. SALA TERCERA DE REVISION Ref.: Expediente T-5139 Acción de tutela instaurada por CLARA                                    ELENA CABELLO DE OROZCO contra varios                                medios de comunicación. Magistrados: JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO -Ponente- ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO FABIO MORON DIAZ Aprobada en Santa Fe de Bogotá, D.C., mediante acta del quince (15) de diciembre de mil novecientos noventa y dos (1992). Revisa la Corte Constitucional los fallos proferidos por el Juzgado Octavo Penal del Circuito y por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla los días catorce (14) de julio y veintisiete (27) de agosto del presente año, respectivamente, para resolver sobre la acción de tutela instaurada por CLARA ELENA CABELLO DE OROZCO contra los periódicos "El Heraldo" y "La Libertad" de Barranquilla y "El Espacio" de Santa Fe de Bogotá. I. INFORMACION PRELIMINAR MARIO WILLIAMS GARCIA, actuando en su condición de apoderado de CLARA ELENA CABELLO DE OROZCO, quien obró en su nombre y en el de sus hijas menores, KELLY JOHANA, WENDY y LORRAINE OROZCO CABELLO, ejerció acción de tutela contra los ya mencionados medios de comunicación solicitando que se impartiera una orden judicial de inmediato cumplimiento en guarda del derecho constitucional fundamental previsto en el artículo 15 de la Carta y, en el caso de las niñas, para lograr el respeto a los derechos que consagran los artículos 16, 44 y 45 de la Constitución. Expresa el apoderado que, con ocasión del asesinato de RAFAEL OROZCO MAESTRE, se desató un afán noticioso en cuya virtud los diarios "EL Heraldo", "La Libertad" y "El Espacio" convirtieron la dolorosa tragedia en una "orgía informativa" rechazada por los ciudadanos en cuanto se dedicaron a exhibir la vida privada de las personas como si se tratara de destacar hazañas deportivas o científicas. Tales publicaciones, en su sentir, aparecidas en primera página, violan el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho al buen nombre. Aporta el accionante, en calidad de pruebas sobre sus afirmaciones, varios ejemplares de los mencionados diarios en los cuales se incluyen "fotografías que atentan contra la norma constitucional citada", "... que desquician y desconocen impunemente las normas que hemos invocado", "... que VIOLAN ese sagrado derecho a la intimidad y más allá de ello, contrarían los alcances de la jurisprudencia" (se refiere a la sentencia proferida por la Corte Constitucional, Sala de Revisión No. 1, el 16 de junio de 1992, M.P.: Dr. Ciro Angarita Barón). Expresa el apoderado que fuera del artículo 15 de la Constitución fue vulnerado y se continúa violando el 16 en tanto consagra el derecho que todas las personas tienen al libre desarrollo de su personalidad con las limitaciones del derecho ajeno y del orden jurídico. Añade que también ha sido desconocido el artículo 44 de la Carta a cuyo tenor entre los derechos fundamentales de los niños está el de ser protegidos contra toda forma de abandono y explotación económica, así como el 45, según el cual el adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. Como medida provisional solicitó el abogado de la demandante que, con fundamento en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991, se ordenara inmediatamente a los diarios en mención cesar en "sus publicaciones violatorias del derecho a la intimidad, las que atentan contra el desarrollo de la personalidad de las niñas de mi poderdante y toda otra forma de violación a los derechos fundamentales del niño, que incluye, naturalmente, la explotación económica". 1. Primera instancia Mediante auto de fecha dos (2) de julio, el Juzgado Octavo Penal de Circuito de Barranquilla ordenó dar trámite a la acción de tutela instaurada, solicitar informaciones a la Fiscalía competente acerca de si se adelantaba investigación por la muerte de RAFAEL OROZCO MAESTRE y sobre si figuraba como parte civil la señora CLARA ELENA CABELLO DE OROZCO; oficiar a los diarios contra los cuales se dirigió la acción para establecer si la demandante les había solicitado que hicieran correcciones a las publicaciones que estimaba violatorias de sus derechos fundamentales; oficiar a esos mismos diarios para que suministraran ejemplares de las ediciones en que supuestamente habían aparecido dichas publicaciones. Mediante providencia separada proferida en la misma fecha, el Juzgado decidió, como medida provisional, ordenar a los directores de los diarios "El Heraldo", "La Libertad" y "El Espacio" abstenerse de publicar informaciones y fotografías sobre la vida íntima del desaparecido Rafael Orozco Maestre, de la señora Clara Elena Cabello de Orozco y de las menores Kelly Johana, Wendy y Lorraine Orozco Cabello. Estimó el juez que las personas últimamente mencionadas fueron afectadas en su intimidad por las revelaciones y fotografías que de su vida familiar y la de su esposo y padre Rafael Orozco Maestre hicieron, sin su previa autorización, los nombrados diarios. Consideró también que en el caso controvertido se puso de presente un conflicto entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información y al respecto sustentó su decisión en la doctrina sentada por la Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, en la cual se dijo que ante esa situación, no siendo posible un equilibrio o coexistencia, la intimidad deberá prevalecer1. Mediante sentencia del catorce (14) de julio el Juez entró a resolver de fondo y, apoyado en los argumentos aludidos, decidió tutelar el derecho a la intimidad de la mencionada familia y ratificar en forma definitiva la prohibición ya impuesta a los medios de comunicación demandados. La providencia expresó que dichos medios gozan del derecho a la información sobre el proceso adelantado por la muerte de Rafael Orozco Maestre, pero con sujeción a las prescripciones de la Ley 29 de 1944. El juez resolvió no acceder a la petición de la demandante sobre condena por perjuicios morales. 2. Segunda instancia El fallo fue impugnado por el diario "El Heraldo" y por Clara Elena Cabello, ésta última en cuanto no se accedió a la condena por perjuicios. Correspondió resolver dicha impugnación al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Penal, cuya decisión está contenida en sentencia del veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992). A juicio del Tribunal, entre los casos de procedencia de la tutela contra particulares, que corresponde precisar a la ley según el artículo 86 de la Constitución y que ha definido el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991, encaja el caso sobre cuya impugnación resolvió, ya que el numeral 6º de la citada norma prevé la tutela cuando la entidad privada sea aquella contra la cual el afectado hubiere hecho la solicitud en ejercicio del habeas data, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 de la Constitución. Dice la providencia que la libertad de prensa encuentra sus límites en el ejercicio de los derechos individuales y sociales. Por la misma razón, es indispensable que la energía y dinamismo que el periodista pone en el ejercicio de esa libertad se atempere ante la responsabilidad de presentar la información dentro de un marco ético. El Estado debe garantizar la libertad de prensa y la libertad de información, pero imponiéndole límites a esa independencia cuando toque con el ejercicio de los derechos individuales. La libertad de prensa debe ser una garantía para la preservación de los más altos valores familiares y culturales y no un instrumento para vulnerarlos. Agrega que, concebida la intimidad como la protección de la vida privada, es evidente que el ámbito de ésta se le reduce cada vez más al hombre colombiano cuando situaciones que la componen son ventiladas públicamente. Pero esta práctica dañina se torna de consecuencias impredecibles cuando tocan el núcleo familiar que constituye para los niños y jóvenes el punto de referencia central con el que confrontan la influencia recibida del exterior. En el sentir del Tribunal, la unidad familiar debe asegurarse y así lo contempla la Constitución porque es condición indispensable en la formación moral del hombre. "En el caso sub-examine -indica la sentencia- los hechos relacionados con la muerte de Rafael Orozco interesaban a todos, pero debió respetarse el derecho inalienable que tenían su esposa y sus hijas a que los detalles referentes a un romance que presuntamente sostenía el cantante con la joven MARIA ANGELICA NAVARRO no fueran publicados o se le diera a las publicaciones periodísticas un manejo especial que evitara el atentado que se produjo contra la intimidad de la señora CLARA ELENA CABELLO y sus hijas. En un momento de particular dolor para esta respetable familia, tuvieron que afrontar diariamente informaciones sobre la vida privada de RAFAEL OROZCO que fueron ventiladas públicamente con detalles cada vez más íntimos". Cita el Tribunal el texto del artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, a cuyo tenor "nadie será objeto de injerencias arbitrarias e ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación". Al igual que el Juzgado de primera instancia, el Tribunal acoge la doctrina de esta Corte (Fallo de junio 16 de 1992), en el sentido de que la intimidad es un derecho general, absoluto, extrapatrimonial, inalienable e imprescriptible y que se puede hacer valer tanto frente al Estado como en relación con los particulares. Según el fallo de segunda instancia, no se examina en este caso si la información es inexacta o errónea sino si las publicaciones incorporadas al expediente por la demandante vulneraron o amenazaron el derecho fundamental a la intimidad. Dice al respecto: "La veracidad de la información no se contrapone a la búsqueda de un equilibrio que presente los hechos con responsabilidad y objetividad; la libertad de prensa se consagró como una garantía de las personas a expresar y difundir sus pensamientos y opiniones y no para convertirse en un medio ilegítimo de divulgaciones de hechos que solo competen a la vida privada de las personas y que atenten contra su integridad". En lo relativo a la indemnización de perjuicios la providencia señala: "El artículo 25 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez para que en el fallo que concede la tutela, de oficio ordene en abstracto la indemnización del daño emergente causado, si fuera necesario para asegurar el goce del derecho tutelado, cuando el afectado no disponga de otro medio judicial y sea manifiesta la violación del derecho constitucional fundamental como consecuencia de una acción clara e indiscutiblemente arbitraria. Establecido como se halla que el derecho fundamental a la intimidad se lesionó y que no existe otro medio de defensa del cual la parte actora pueda hacer uso, la Sala considera procedente condenar en abstracto a los periódicos "El Heraldo", "La Libertad" y "El Espacio" a la indemnización del daño emergente causado al actor en el monto que este compruebe ante las autoridades competentes". El Tribunal resolvió, pues, confirmar el fallo de tutela de primera instancia, modificándolo en lo relativo a la condena en abstracto. III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Competencia para la revisión Esta Sala de la Corte Constitucional es competente para revisar las sentencias cuya referencia antecede, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política y 31 a 34 del Decreto 2591 de 1991. Competencia en relación con los fallos que se revisan Cabe aquí referirse al tema de la competencia de los jueces de tutela a la luz de lo prescrito por el estatuto legal en mención, cuyo artículo 37 dice: "ARTICULO 37. Primera instancia. Son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud". Obsérvese que el juez llamado a resolver es el que tiene jurisdicción en el sitio en el que se han sucedido los hechos, pero téngase presente también que el conocimiento atribuido a tales funcionarios es "a prevención", lo cual indica que, por razones de coherencia y economía procesal, aprehendido el caso por un juez determinado sobre la base de la señalada competencia, se radica en él plenamente la potestad de fallar sobre el caso en su integridad aunque algunos de los acontecimientos hubieren tenido lugar en territorio diferente. Interpretar lo contrario implicaría desvertebrar la unidad del proceso y propiciar la circunstancia -no deseable para la eficaz protección de los derechos fundamentales en juego- de fallos contradictorios entre sí respecto de la misma situación. Lo dicho lleva a la Corte a definir que, en el caso sub-lite, los jueces de primera y segunda instancia gozaban de plena competencia para resolver sobre la integridad del asunto planteado pese a que dos de los diarios acusados tienen su sede en Barranquilla y el tercero en Santa Fe de  Bogotá, pues se trataba de un conjunto de hechos coincidentes en el tipo de conducta, en las personas afectadas y en las materias concretas sobre las cuales versaban las publicaciones, lo cual hacía menester que se estudiaran y resolvieran por la misma autoridad judicial y con idéntico criterio. El caso ofrecía, pues, además de la circulación nacional del diario últimamente mencionado, un todo armónico que no podía escindirse por razón del territorio y, por ende, la competencia se radicó desde el principio, a prevención, en el Juez Octavo Penal del Circuito de Barranquilla. La indefensión de la persona ante la prensa como fundamento de la tutela Dice el artículo 86 de la  Constitución que la acción de tutela contra particulares procede en los casos previstos por la ley cuando se trate de personas que estén encargadas de la prestación de un servicio público; cuando su conducta afecte grave y directamente el interés colectivo y cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión. El Decreto 2591 de 1991 dedica su artículo 42 a determinar esos casos, entre los cuales incluye el que permite hacer uso de la acción de tutela contra particulares "cuando, la solicitud fuere dirigida contra una organización privada, contra quien la controle efectivamente o fuere el beneficiario real de la situación que motivó la acción, siempre y cuando el solicitante tenga una relación de subordinación o indefensión con tal organización" (numeral 4). Se ha de examinar, entonces, si en circunstancias como las que han provocado este proceso se reunen las condiciones que, de conformidad con la norma en cita, permiten establecer que cabe la tutela: 1) El carácter de organización privada atribuíble al medio contra el cual se intenta la acción, la posición de control efectivo en que se halle la entidad particular respecto de aquélla o el beneficio real que para la entidad demandada se derive de la situación que ha dado lugar al conflicto; 2) El estado de subordinación o indefensión del demandante respecto del particular demandado. 1) Los medios de comunicación como organizaciones privadas No cabe duda a la Corte en el sentido de que los periódicos y en general los medios de comunicación son en efecto organizaciones privadas que deben su poder, aparte de la fortaleza económica que poseen en muchos casos, a su inmensa capacidad de penetración en las distintas capas de la sociedad, al excepcional dominio que ejercen sobre el conglomerado por la posesión y el manejo de las informaciones y a su influjo en la configuración de opiniones y creencias, no menos que al significativo proceso de expansión que han mostrado en las últimas décadas por virtud de los avances tecnológicos. Experta en el tema, la abogada y periodista MARIA TERESA HERRAN ha efectuado un interesante análisis sobre los distintos aspectos que comprende la industria de la comunicación en Colombia. En él se consignan varios elementos de juicio que esta Sala comparte, relativos a la organización empresarial que la propia función de los medios exige en nuestros días: "El hecho de que la comunicación masiva organice su producción en modernos complejos empresariales condicionará el proceso de intercambio comunicacional. En la actualidad, la producción y distribución del bien informativo requieren de un entable organizativo y financiero que la asemejan a una operación industrial cualquiera. Asimismo, el proceso de comunicación masiva ha de enfrentarse a una expansión continua que encuentra su origen en dos causas. De una parte, está el necesario crecimiento industrial, propio de todo proceso productivo de tipo capitalista: la racionalidad del sistema obliga la ampliación productiva a través del crecimiento cuantitativo, de la modernización de los procesos y de la adecuación de procesos y productos. De otra parte, el estímulo a la expansión impuesto por la masificación de la demanda implica una diferenciación importante respecto de otros procesos industriales. Mientras éstos responden en el corto plazo a la creciente demanda multiplicando el volumen de producción, la empresa informativa requiere en lo inmediato -además de lo anterior-, de una adecuación del producto ofrecido. Ello en tanto la masificación de la demanda, de suyo heterogénea, no sólo aumenta el número de demandantes, sino que los intereses del público, su propia cualificación, así como las necesidades comerciales de la empresa informativa obligan a ésta a adecuarse constantemente. Responder a estas exigencias requiere de una oferta específica, que sólo puede ser lograda en un entable industrial organizado en función de esa perspectiva (subraya la Corte). Sin embargo, el reconocimiento de su carácter empresarial no debe entenderse como una liquidación de las diferencias que particularizan al proceso de comunicación del resto de las actividades industriales. En ninguna otra actividad productiva la relación producción-consumo, esto es, el proceso de intercambio mismo, se ve tan fuertemente condicionada a la forma empresarial que asume la producción como en la actividad informativa (se subraya). Así, al referirnos al carácter empresarial de los medios, lo específico no será la forma interna que dicho carácter asuma, sino el grado de influencia que tiene sobre el uso social de los mensajes (subraya la Corte). Antes de pasar a precisar cómo el carácter empresarial de la industria informativa condiciona el grado de efectividad del proceso de intercambio, señalaremos por qué el medio masivo de comunicación asume dicho carácter y por qué no pudo ser otra forma. Las producciones distintas a la de la  comunicación masiva presentan un tipo de desarrollo secuencial; desde el pequeño taller artesanal de la era mercantil preindustrial hasta la compleja organización industrial capitalista moderna, la producción de manufacturas se ha ido adaptando a los cambios institucionales y tecnológicos propios de la producción a escala ampliada. Sin embargo, la comunicación de masas -en tanto que masiva- inicia su desarrollo con la conformación de complejas unidades productivas ajustadas a las leyes de la producción industrial y de la actividad comercial (se subraya). Quizá sólo el desarrollo de la prensa escrita muestre un comportamiento similar al de otras producciones. La era preindustrial de la prensa abarcó cerca de cuatro siglos, durante los cuales sus propios retos explican su desarrollo técnico que la convierten en la moderna producción que hoy conocemos. Por el contrario, la televisión y radiofusión requirieron de un lapso extraordinariamente corto desde su invención hasta su utilización comercial como medios masivos de comunicación. Podemos afirmar que la TV y la radio traen consigo desde su nacimiento la exigencia de conformarse en organizaciones empresariales modernas. Para instrumentalizar adecuadamente cada una de las nuevas técnicas que constituyeron el soporte de la propia comunicación de masas, para su puesta en funcionamiento, para hacer posible acceder al mayor número de receptores que permitiera afrontar los crecientes costos, la conformación de amplias y complejas organizaciones que conjugaran los aspectos comunicacionales con los empresariales fue un requisito de primer orden" 2. Considera la Corte que, además de lo anotado desde el punto de vista que se acaba de resaltar, cada vez más patente en el acelerado proceso de desarrollo de las comunicaciones, los medios constituyen verdaderas estructuras de poder cuyo creciente influjo en los más variados ámbitos de la vida social los sustrae de la simple calificación de "particulares", por oposición al concepto de "autoridades públicas", para ubicarlos, dentro de un contexto realista, como organizaciones privadas cuya misma actividad las dota de gran fortaleza, razón por la cual sus actos u omisiones afectan a la comunidad entera y, en caso de lesionar los derechos fundamentales de los asociados, lo hacen con un incontrastable efecto multiplicador. Claro está, el reconocimiento de esa realidad no implica que se ignore y, por el contrario, ratifica la cardinal importancia que, bien utilizados, tienen los medios para el desarrollo social y económico de los países así como en lo relativo a la consolidación de la cultura democrática, no menos que en el fortalecimiento de la conciencia colectiva sobre el ejercicio de las libertades públicas y en el control ciudadano sobre los actos y responsabilidades del gobernante. Tampoco significa que se presuma un generalizado uso indebido del poder e influencia que de suyo poseen los medios de comunicación, sino la consideración objetiva y cierta acerca de que tales poder e influencia existen y actúan de hecho en los más diversos frentes de la vida en sociedad. El motivo para que, en relación con ese fenómeno, haya venido a ser propicia la acción plasmada en el artículo 86 de la Carta no obedece a las enunciadas prerrogativas consideradas en sí mismas sino a la circunstancia de que algunos medios, prevalidos de ellas, asuman conductas contrarias a las garantías constitucionales básicas. El diario ejercicio de la tarea que cumplen el medio y el comunicador social va señalando una estela favorable o desfavorable a los intereses de la colectividad y a la realización de los fines señalados por la democracia a la libertad de prensa y al derecho a la información, según que se acojan a los lineamientos trazados por el Constituyente o se separen de sus mandatos. Así, pues, cabe aquí resaltar que esa capacidad de la cual disponen -como fenómeno inocultable de la vida moderna- pone en manos de los medios de comunicación una potencialidad -constructiva o destructiva, según la utilización que de ella hagan- cuyas dimensiones no están ligadas necesariamente al tamaño de cada uno en particular pues su poder ha de medirse proporcionalmente a su área de influencia y en relación exclusiva con ella. En esta forma, un pequeño periódico de provincia pero el único en el respectivo municipio gozará, dentro de éste, de un poder muy grande que lo compromete con esa comunidad particular en cuanto su actividad puede servirla o perjudicarla, de acuerdo con el sentido en que se oriente. 2) La indefensión de la persona ante el medio de comunicación No parece necesario demostrar el estado de indefensión en que se encuentra la persona frente a los medios de comunicación. Es suficiente recordar que ellos -analizada la situación desde el punto de vista de su potencialidad-, aparte de la mayor o menor cobertura que puedan exhibir, ora en el ámbito nacional, ya en el local, tienen el formidable poder del impacto noticioso; cuentan con la capacidad de la presentación unilateral de cualquier acontecimiento; gozan de la ventaja que representa la posibilidad de repetición y ampliación de las informaciones sin límite alguno; manejan potentes instrumentos que pueden orientar y condicionar las reacciones psicológicas del público, resaltar u opacar datos e informaciones y, por si fuera poco, aún en el momento de cumplir con su obligación de rectificar cuando hay lugar a ello, disponen del excepcional atributo de conducir la respuesta para publicar la rectificación y contra-argumentar en el mismo acto, bien mediante las "notas de la Redacción" en el caso de la prensa escrita, ya por conducto de los comentarios o glosas del periodista en los medios audiovisuales, sin ocasión de nueva intervención por parte del ofendido. Este conjunto de elementos confiere a los medios incalculables posibilidades de apabullar al individuo, dejándolo inerme frente a los ataques de que pueda ser objeto. Pero, por otra parte, el sistema jurídico en vigor, fuera de la tutela, no ofrece mayores posibilidades de reacción efectiva y concreta a favor de quien vea conculcado o amenazado su derecho a la intimidad por un medio de comunicación. En efecto, la llamada "Ley de Prensa" (Ley 29 de 1944) se limita a otorgar la posibilidad de rectificación respecto de afirmaciones falsas o inexactas. Su artículo 19 dice: "Artículo 19.- Todo director de periódico está obligado a insertar gratuitamente, dentro del tercer día de recibo, si se tratare de diario, o en el número próximo más inmediato, si no lo fuere, las rectificaciones o aclaraciones que se le dirijan por particulares, funcionarios públicos, corporaciones o entidades, con motivo de relaciones falsas de sus actos, o a quienes se haya ofendido con conceptos injuriosos en dicho periódico, siempre que tales rectificaciones no tengan carácter injurioso. "La extensión del escrito de rectificación no podrá exceder de una columna, salvo en aquellos casos en que la naturaleza del asunto exija un espacio mayor. "La rectificación o aclaración de que se trata debe publicarse en el mismo lugar y tipo en que se publicó el escrito que la motiva, con las mismas características, incluyendo los titulares". Algo similar ocurre en cuanto a los servicios de radiofusión sonora, pues el artículo 3º de la Ley 74 de 1966, por la cual se estatuyen las normas básicas sobre programación, apenas dispone: "Artículo 3º.- Por los servicios de radiofusión no podrán hacerse transmisiones que atenten contra la Constitución y leyes de la República o la vida, honra y bienes de los ciudadanos". El artículo 5º del Decreto 284 de 1992, conocido como "Estatuto de Radiofusión", reglamentario de la ley últimamente mencionada, establece: "Artículo 5º.- Al servicio de radiofusión sonora le serán aplicables los derechos, garantías y deberes previstos en la Constitución Política y los principios fundamentales de los servicios de telecomunicaciones establecidos en el Título I del Decreto Ley 1900 de 1990, o las normas que lo modifiquen, adicionen o aclaren". El Decreto Ley 1900 de 1990, que regula las actividades y servicios de telecomunicaciones y afines, expresa en su artículo 7º: "Artículo 7º.- El Estado garantiza el derecho de rectificación a toda persona o grupo de personas que se considere afectado por informaciones inexactas que se transmitan a través de los servicios de telecomunicaciones, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y administrativas a que hubiere lugar. "Parágrafo.- El Gobierno Nacional garantizará el ejercicio de este derecho en los términos señalados por la ley". En similares términos se expresa el artículo 5º de la Ley 14 de 1991 en materia de televisión. Bien es cierto que el artículo 8º del Decreto 1900 de 1990 declara que el Estado "garantiza la inviolabilidad, la intimidad y el secreto en las telecomunicaciones, de acuerdo con la Constitución y las leyes" y que el 9º reconoce la intimidad individual y familiar como derecho fundamental de la persona "contra toda intromisión en ejercicio de actividades de telecomunicaciones que no corresponda al cumplimiento de disposiciones legales". Similares términos, alusivos a la honra y el debido respeto a las personas, son utilizados por el Estatuto de Radiofusión (artículos 23 y 47). Debe observarse, sin embargo, que pese a las transcritas declaraciones, muy importantes para fundamentar aún más, desde el punto de vista teórico,  los derechos de los afectados y su clamor por la aplicación de los mismos, tales preceptos no disponen mecanismo alguno concreto y efectivo enderezado a obtener el respeto cierto del derecho a la privacidad ni a deducir consecuencias inmediatas que en casos específicos hagan real el goce de la garantía constitucional. Apenas se prevén, para el caso de la Radiofusión, sanciones administrativas cuya imposición compete al Ministerio de Comunicaciones, las cuales pueden llegar hasta la caducidad del contrato de concesión para la prestación del servicio (artículos 47 y 117 del Decreto 284 de 1992), pero que no redundan en la certidumbre del derecho vulnerado ni repercuten en la situación concreta de quien ha sido victima de la infracción. La Ley 51 de 1975, por la cual se reglamenta el ejercicio del periodismo y se dictan otras disposiciones, estipula en su artículo 11: "Artículo 11.- El periodista profesional no estará obligado a dar a conocer sus fuentes de información ni a revelar el origen de sus noticias, sin perjuicio de las responsabilidades que adquiere por sus afirmaciones". El 13 dispone: "Artículo 13.- Las juntas directivas de las organizaciones periodísticas de carácter gremial o sindical que funcionen con personería jurídica, podrán ser entidades consultivas del gobierno nacional, en todo lo referente a la mejor aplicación de esta ley, y muy especialmente en cuanto a la observancia de una estricta ética profesional". Son éstas, como acontece con la normativa de telecomunicaciones, formas de reiteración legislativa de los principios constitucionales, que tienen gran valor cuando se trata de sustentar la firme tendencia  del ordenamiento jurídico en relación con la responsabilidad periodística, la ética exigible a quienes desempeñan la profesión y los derechos de la persona respecto de sus actuaciones, pero que en modo alguno constituyen instrumentos orientados a la certeza de su aplicación. El Código Penal vigente (Decreto 100 de 1980) tipifica como delictivas las conductas de injuria y calumnia, tanto directas como indirectas (artículos 313, 314 y 315) y contempla también la violación ilícita de comunicaciones (artículo 288), al paso que declara en su artículo 317, literal b), que en ningún caso se admitirá como eximente de responsabilidad, aunque acreditare la veracidad de las imputaciones, la prueba sobre hechos que se refieren a la vida sexual, conyugal o de familia, o al sujeto pasivo de un delito contra la libertad y el pudor sexuales. Precepto éste de la mayor trascendencia dentro del tema que nos ocupa, para destacar, en cuanto a los efectos penales correspondientes, el significado que tiene la familia dentro de la política criminal del Estado, pero que no necesariamente se refleja en la concreción del derecho material en cabeza de quien ha sufrido el ataque. Vuelve a insistir la Corte en que el objetivo primario y la razón justificante de la acción de tutela consisten en garantizar la efectividad y la certeza de los derechos constitucionales fundamentales (Preámbulo y artículos 2º y 86 de la Constitución). Así, pues, el "otro medio de defensa judicial" al que se refiere el precepto superior como vía alternativa que excluya tal acción debe ser idóneo y eficaz para asegurar que se imponga en la realidad el derecho sometido a quebranto o amenaza. Ya lo ha sustentado así esta misma Sala en providencias anteriores y estima del caso reiterarlo a propósito del proceso en estudio: "A este respecto debe expresar la Corte, como criterio indispensable para el análisis, que únicamente son aceptables como medios de defensa judicial, para los fines de excluir la acción de tutela, aquellos que resulten aptos para hacer efectivo el derecho, es decir, que no tienen tal carácter los mecanismos que carezcan de conducencia y eficacia jurídica para la real garantía del derecho conculcado. (...) Considera esta Corporación que, cuando el inciso 3º del artículo 86 de la Carta Política se refiere a que "el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial..." como presupuesto indispensable para entablar la acción de tutela, debe entenderse que ese medio tiene que ser suficiente para que a través de él se restablezca el derecho fundamental violado o se proteja de su amenaza, es decir, tiene que existir una relación directa entre el medio de defensa judicial y la efectividad del derecho. Dicho de otra manera, el medio debe ser idóneo para lograr el cometido concreto, cierto, real, a que aspira la Constitución cuando consagra ese derecho. De no ser así, mal puede hablarse de medio de defensa y, en consecuencia, aún lográndose por otras vías judiciales efectos de carácter puramente formal, sin concreción objetiva, cabe la acción de tutela para alcanzar que el derecho deje de ser simplemente una utopía"3. A lo dicho, la Corte añadió en reciente providencia: "El medio judicial de defensa en cuanto apenas sea un recurso formal, inasible y teórico, insuficiente o inadecuado para la realización verdadera del derecho fundamental, cede el paso a la acción de tutela como mecanismo de aplicación inmediata que restablece en el caso considerado y en relación con las circunstancias reales de personas concretas la vigencia de los preceptos constitucionales"4. Del estudio efectuado por esta Corte acerca de las posibilidades de eficiente defensa judicial en cuanto tiene que ver de modo específico con el derecho a la intimidad personal y familiar respecto de violaciones provenientes de la actividad desplegada por medios de comunicación, resulta a las claras que ninguna de las disposiciones aludidas otorga al ofendido un instrumento de protección eficaz suficiente para el goce de la garantía constitucional. Ello es claro en el caso de los medios audiovisuales pese a las posibilidades de sanción administrativa y resulta ser verdad inconcusa tratándose de la prensa escrita. Además, en cuanto a las sanciones penales, la aplicación de la pena en el evento de configurarse la culpabilidad del imputado no repara por sí misma el derecho fundamental comprometido y los resultados que se obtengan mediante la constitución de la víctima en parte civil dentro del proceso penal son de índole pecuniaria y siempre posteriores en mucho tiempo a la concreción del daño, de donde se infiere que ni uno ni otro elemento están concebidos, como sí lo ha sido el instrumento del artículo 86 constitucional, para el eficaz e inmediato amparo del derecho sometido a desconocimiento o amenaza. Téngase en cuenta que el juez penal no goza de atribuciones, de las que en cambio dispone el de tutela, para impartir órdenes a los medios de comunicación a fin de que cesen en la publicación de informaciones o artículos violatorios de la intimidad, ni tampoco para conminarlos con el objeto de que se abstengan de persistir en su conducta. En otros términos, ninguna norma vigente, además del artículo 86 de la Constitución, protege de manera fehaciente y materializable el derecho a la intimidad. Así las cosas, frente a la indefensión de la persona ante el medio de comunicación, el único mecanismo efectivo que ofrece el ordenamiento jurídico actual es la acción de tutela. No puede alegarse, pues, la improcedencia de tal acción para la protección de la intimidad y menos por los motivos que expone uno de los impugnantes, quien pretende colegir de la enunciación contenida en el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 la insólita e inaceptable consecuencia de que los únicos desafueros tutelables de los medios de comunicación son las informaciones erróneas o inexactas, de lo cual resultaría a la vez que el derecho a la intimidad personal y familiar se hallaría completamente expósito en el sistema jurídico colombiano. Debe observarse, por otra parte, que la norma legal en cuestión hace referencia al "beneficiario real de la situación que motivó la acción". En casos como el que se examina no cabe duda de que tiene tal carácter el medio que difunde las informaciones en cuanto resulte favorecido económicamente merced al aumento de su circulación o audiencia precisamente por causa y con ocasión de ellas. Ahora bien, la Corte estima impropia la invocación que del mecanismo conocido como "Habeas Data" hizo la providencia de segunda instancia, la cual buscó sustentar la procedencia de la acción en el artículo 42, numeral 6º, del Decreto 2591 de 1991, específicamente relacionado con la circulación y manejo de informaciones en bancos de datos y centrales computarizadas, mas no con la invasión de la esfera íntima por parte de los medios de comunicación. Pese a ello, la referencia al numeral indicado muestra a las claras el especial interés del legislador extraordinario en desarrollar las prescripciones superiores garantizando eficaz amparo del derecho fundamental reconocido en el artículo 15 de la Constitución Política y no se entendería cómo pudiera la ley consagrar un instrumento para la defensa de la privacidad restringiéndolo apenas a las redes informáticas y dejando de lado el más claro peligro de violación del señalado derecho, constituído precisamente por la actividad difusora de los medios de comunicación. Añádase a lo dicho que, al plasmar los derechos a la intimidad de la persona y la familia y a su buen nombre, el precepto constitucional estatuye que "el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar" (artículo 15 C.N.), lo cual no sería factible si se descartara la aplicación de un remedio judicial inmediato como la tutela cuando, según lo visto, no hay otro con igual eficiencia dentro del ordenamiento jurídico para alcanzar ese cometido. El derecho a la intimidad personal y familiar frente a los medios de comunicación Esta Corte ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre los orígenes del derecho a la intimidad y el alcance que hoy tiene en las constituciones, en la doctrina y en la jurisprudencia de muchos estados, haciendo notar que se funda en una concepción humanista que procura aportar elementos de razonabilidad en la inevitable tensión individuo-comunidad5. Hoy es preciso ratificarlo así, vistos como lo han sido los pormenores del caso en revisión. De la naturaleza misma del hombre se deriva su sociabilidad, pero también de ella emana el derecho a una esfera personal inalienable y a un ámbito familiar íntimo no susceptibles de ser invadidos por los demás y mucho menos de someterse al escrutinio público. Todas aquellas conductas de agentes estatales o de particulares en cuya virtud se traspasen los límites de la intimidad, bien se trate de los que circundan el libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, ya de los que preservan la privacidad del núcleo familiar, lesionan un derecho fundamental cuya consagración positiva es apenas el reconocimiento de una normal condición de convivencia humana y un elemento imprescindible para que se pueda hablar de libertad en el sentido de aptitud de decisión sobre los propios actos sin coacción externa. La descripción de Orwell en el campo literario muestra con nitidez el efecto que se produce en el ánimo del individuo como consecuencia de la total exposición a la vigilancia de otros inclusive en lo que atañe a los más insignificantes actos de la vida cotidiana: "Siempre los ojos que os contemplaban y la voz que os envolvía. Despiertos o dormidos, trabajando o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la cama, no había escape. Nada era del individuo a no ser unos cuantos centímetros cúbicos dentro de su cráneo"6. El respeto a este derecho supone, desde luego, el de la dignidad de la persona humana (artículo 5º de la Constitución), que no puede desconocerse ni postergarse en aras de intereses económicos o publicitarios, y -claro está- el de la familia como institución básica de la sociedad (artículos 5º y 42), en cuanto uno y otro corresponden a postulados de nuestro Derecho Público que se erigen en pilares de la actividad oficial y privada, razón que fundamenta el especial celo del Constituyente al proveer sobre su guarda. La persona no puede estar sujeta de modo permanente a la observación y a la injerencia de sus congéneres. Inclusive tiene derecho a reclamar de sus propios familiares, aún los más allegados, el respeto a su soledad en ciertos momentos, la inviolabilidad de sus documentos personales y de su correspondencia, así como la mínima consideración respecto de problemas y circunstancias que desea mantener en reserva. Si ello ocurre en el interior de la familia, dentro de la cual se presume que existe la máxima expresión de confianza, tanto más se explica y justifica éste derecho en cuanto alude a personas extrañas a esa unidad aunque sean conocidas o existan respecto de ellas relaciones de amistad, compañerismo, subordinación o superioridad y con mucho mayor fundamento si se trata de conglomerados, aunque sean reducidos (vgr. colegio, universidad, empresa, barrio) y con mayor razón frente a comunidades de grandes dimensiones (vgr. pueblo, departamento, país). La protección constitucional de este derecho, que hoy es expresa en nuestra Carta con toda la amplitud que le corresponde, guarda relación con principios consagrados de tiempo atrás como la inviolabilidad del domicilio (artículo 23 de la Constitución de 1886) y la prohibición de interceptar la correspondencia confiada a los correos y telégrafos salvo mandato judicial con arreglo a la ley (artículo 38 Ibidem). Estas dos formas de garantizar el reducto íntimo de la persona y la familia están consignadas, también como derechos fundamentales, en los artículos 28, inciso 1º, y 15, inciso 3º, de la Carta vigente, aplicables en relación con los más modernos adelantos de las telecomunicaciones. Como dice MOLINERO, "la injerencia de cualquier persona en la vida privada familiar debe ser considerada como un allanamiento de morada", pues "cuando la ley dice que el domicilio es inviolable abarca y comprende todo lo que existe detrás de la puerta del domicilio de cada uno, tanto bienes materiales como bienes morales, que configuran unos y otros el patrimonio familiar, en su más amplio aspecto de contenido jurídico"7. Los tratados internacionales aprobados por  el Congreso  colombiano -que, según el artículo 93 de la Constitución, en cuanto reconocen uno de los más importantes derechos humanos, prevalecen en el orden interno y no pueden ser limitados ni siquiera en los estados de excepción- han sido terminantes en la consagración de este derecho. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, "Pacto de San José de Costa Rica", aprobada mediante Ley 16 de 1992, proclama, aparte del derecho de toda persona al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, la perentoria declaración en el sentido de que "nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia" (artículo 11). Por su parte, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, aprobado por la Ley 78 de 1968, específicamente alusivo a los medios de comunicación y su tarea respecto de procesos judiciales en curso, dispone:"... la prensa y el público podrán ser excluidos de la totalidad o parte de los juicios (...) cuando lo exija el interés de la vida privada de las partes". La misma disposición ordena que toda sentencia en materia penal o contenciosa sea pública, "excepto en los casos en que el interés de menores de edad exija lo contrario, o en las actuaciones referentes a pleitos matrimoniales o a la tutela de menores". El mismo convenio subraya en su artículo 17, al igual que el Pacto de San José, que "nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación" y que "toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques". La Convención sobre los derechos del niño adoptada en el marco de la OIT y aprobada mediante Ley 12 de 1991, estipula en su artículo 16, extendiendo a los menores las declaraciones transcritas: "Artículo 16.- 1. Ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación. 2. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias y ataques". Interesa a los fines de este proceso establecer el alcance de la preceptiva constitucional en lo que directamente concierne a la capacidad y efectiva incidencia de los medios de comunicación en el derecho invocado por la petente. Se ha subrayado ya el gran poder de penetración de los medios y la posición desventajosa en que se halla la persona frente a ellos. Importa ahora considerar el marco jurídico dentro del cual les corresponde actuar. La Constitución Política ha sido pródiga en el señalamiento de garantías a favor de la libertad de prensa y del derecho a la información, tal como surge de lo previsto en los artículos 20, 74 y 75. El primero de ellos contempla a favor de toda persona la garantía de una libertad concebida en términos bien amplios para expresar y difundir su pensamiento y opiniones, el derecho de informar, que protege específicamente a los medios de comunicación, y el derecho que cobija al público de recibir información veraz e imparcial. Igualmente, el precepto comentado consagra la libertad de fundar medios masivos de comunicación -que, desde luego, tratándose de medios electromagnéticos, debe ejercerse sobre el supuesto de la gestión y control del espectro a cargo del Estado (artículo 75 C.N.)-  y prohibe la censura. El artículo 73 dispone la protección de la actividad periodística para asegurar su libertad e independencia, mientras que el 74 reconoce a todas las personas el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos establecidos en la ley y hace explícita la inviolabilidad del secreto profesional, aplicable al periodista, si bien no de modo exclusivo. Como en nuestro sistema todo derecho tiene límites y restricciones, la mayoría de ellas provenientes del principio fundamental de prevalencia de los intereses generales sobre los del individuo (artículo 1º de la Carta), al lado de las enunciadas garantías, el ordenamiento constitucional da lugar a deberes y responsabilidades que los medios de comunicación no pueden evadir con la excusa de la libertad de prensa y del derecho a la información, ya que ni una ni otro tienen el carácter de prerrogativas absolutas e indeterminadas. El primero de tales deberes es el de suministrar información veraz e imparcial, lo cual corresponde al derecho correlativo que tiene la comunidad al tenor de lo dispuesto por el artículo 20 de la Carta. La Corte Constitucional ha analizado estas dos exigencias de la norma superior en los siguientes términos: "Obsérvese que la primera limitación a este derecho es la que impone el deber de informar con veracidad e imparcialidad que establece el artículo 20 de la Carta en su inciso primero; ésta se halla complementada por lo dispuesto por el Código Penal en sus artículos 313 y siguientes y por lo señalado por el Código del Menor en su artículo 25. En las regulaciones penales se establece que la injuria y la calumnia como modalidades delictivas que atentan contra el bien jurídico de la integridad moral, son objeto de la influencia de circunstancias de graduación de la pena cuando estos se cometieren utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva. Desde luego, el ejercicio legítimo de este derecho constitucional fundamental a la libertad de prensa está amparado en su relación con el honor y el buen nombre, por la exigencia de la veracidad de la información; este es el primero de los límites que impone la Carta para su ejercicio, sin que implique la exigencia de la absoluta determinación sobre la certeza de la existencia de los hechos objeto de la publicación ni la absoluta irresponsabilidad o negligencia del informador ni del medio. Lo que presupone es el manejo serio y la presentación ponderada de los hechos y de las reflexiones que, sin conducir al silencio, sea producto de la madura reflexión de los efectos que genera la publicación y la difusión masiva de aquellos dadas las circunstancias particulares del caso. Obviamente, el informador queda a todas luces amparado constitucionalmente para formular y demostrar, en el eventual e hipotético juicio penal por la infracción a algunas modalidades de atentados a los bienes jurídicos de la integridad moral, no solo la ausencia de culpabilidad por su acción sino, además, para demostrar la veracidad de la información vertida por el medio o cuando menos la ponderada evaluación profesional de la información recibida y reproducida. Además, la imparcialidad que es otro de los límites constitucionales de la libertad de prensa, presupone que el informador debe guardar sobre la persona respecto de la cual publica hechos y comentarios objeto ya de juicio público sancionatorio, ora de decisiones judiciales, penales, civiles o administrativas, y disciplinarias, mínimas reglas de respeto y consideración sin comportar adhesiones o designios anticipados o de prevención en favor o en contra que puedan incidir en la alteración del resultado recto y justo que se espera en todo Estado de Derecho para aquellos casos. De esta manera la libertad de prensa en cuanto modalidad constitucional de la libertad de expresión exige, para que su ejercicio sea veraz e imparcial y en lo que se relaciona con el derecho constitucional fundamental a la honra, al buen nombre y a la dignidad de las personas, que sea profesionalmente conducida y administrada tal como lo ordena el artículo 73 de la Constitución y que, por lo mismo, las expresiones que utilice no sean injuriosas, difamantes, arbitrarias, calumniosas e innecesarias"8 . El artículo 6º de la Carta establece que los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, norma concordante con la del artículo 95, a cuyo tenor "toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes". Allí mismo se declara que "el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades"; para el caso específico de las actividades de comunicación social el ya enunciado artículo 20 proclama sin rodeos que los medios "son libres y tienen responsabilidad social". Como deberes de toda persona el artículo 95 señala los de "respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios" y "defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica". El artículo 58 estatuye que la propiedad -en este caso la que se ejerce sobre el medio de comunicación- es una función social que implica obligaciones y el 333 consagra idéntico principio al referirse a la empresa como base del desarrollo. En torno al concepto de responsabilidad ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación: "Los ordenamientos constitucionales de la mayoría de los estados modernos, tal como sucede en el nuestro, parten del supuesto de que la comunicación es inherente a la estructura social y política y que tan solo dentro de un concepto amplio, que reconozca de manera generosa el ejercicio de la libertad para hacer uso de los canales que la hacen posible, puede hablarse de un estado verdaderamente democrático. Esto corresponde a una necesidad sentida de los pueblos y a una instintiva reacción contra las posibilidades de actos que tiendan a recortar o a anular el ejercicio de la libertad. Pero, a objeto de hacer completo el derecho del conglomerado a la comunicación, es necesario reconocer en él, como elemento insustituible que contribuye inclusive a preservarlo, el de la responsabilidad social  que el inciso 2º  del artículo 20 de la Constitución colombiana señala en cabeza de los medios masivos, los cuales, no por el hecho de hallarse rodeados de las garantías que para el desarrollo de su papel ha consagrado el Constituyente, pueden erigirse en entes omnímodos, del todo sustraídos al ordenamiento positivo y a la deducción de consecuencias jurídicas por los perjuicios que puedan ocasionar a la sociedad, al orden público o a las personas individual o colectivamente consideradas, por causa o con ocasión de sus actividades.A propósito de esta responsabilidad, ella crece en la medida en que aumenta la ya de por sí muy grande influencia que ejercen los medios no solamente en la opinión pública sino en las actitudes y aún en las conductas de la comunidad. Un informe periodístico difundido irresponsablemente, o manipulado con torcidos fines; falso en cuanto a los hechos que lo configuran; calumnioso o difamatorio, o erróneo en la presentación de situaciones y circunstancias; inexacto en el análisis de conceptos especializados, o perniciosamente orientado a beneficios políticos o a ambiciones puramente personales, resulta mucho más dañino cuanta mayor es la cobertura (nivel de circulación o audiencia) del medio que lo difunde, pero en todo caso, con independencia de ese factor, constituye en sí mismo abuso de la libertad, lesión muy grave a la dignidad de la persona humana y ofensa mayúscula a la profesión del periodismo, sin contar con los perjuicios, a veces irreparables que causa, los cuales no pueden pasar desapercibidos desde el punto de vista de sus consecuencias jurídicas"9. En la misma providencia citada, cuya doctrina debe ratificarse, ha señalado la Corte el ámbito de responsabilidad de medios y periodistas en lo que concierne a la intimidad de las personas: "Parece evidente que en un Estado de Derecho y más aún, en un Estado Social de Derecho, no puede haber derechos absolutos; el absolutismo, así se predique de un derecho, es la negación de la juridicidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es convertirlo en un antiderecho, pues ese sólo concepto implica la posibilidad antijurídica del atropello a los derechos de los otros y a los de la misma sociedad. (...) "Ahora bien, los derechos a la honra y al buen nombre no son los únicos que pueden resultar lesionados por la actividad informativa de un medio de comunicación.  También lo puede ser el derecho a la intimidad personal o familiar protegido en el artículo 15 de la Constitución Política.  Aquí ya no se trata de informaciones falsas o inexactas, susceptibles de rectificación, sino de publicaciones de muy diverso género (caricaturas, fotografías, imágenes transmitidas por televisión, comentarios radiales, informes periodísticos "confidenciales" ampliamente difundidos, etc.), cuyo contenido lesiona el núcleo de vida privada al que tiene derecho toda persona, aunque se trate de un personaje público. Considera la Corte que los medios de comunicación no pueden invocar el derecho a la información para invadir la esfera inalienable de las situaciones y circunstancias que son del exclusivo interés de la persona y de sus allegados, pues ese reducto íntimo hace parte de la necesaria privacidad a la que todo individuo y toda unidad familiar tienen derecho.  Esa prerrogativa es oponible a terceros considerados de manera individual y con mucha mayor razón a los medios masivos, ya que éstos, por la misma función que cumplen, están en capacidad de hacer público lo que de suyo tiene el carácter de reservado por no ser de interés colectivo. Así, no es aceptable que un medio de comunicación, sin el consentimiento de la persona, dé a la publicidad informaciones sobre hechos pertenecientes al ámbito estrictamente particular, como son los casos de discrepancias o altercados entre esposos, o entre padres e hijos sobre asuntos familiares; padecimientos de salud que la familia no desea que se conozcan públicamente; problemas sentimentales o circunstancias precarias en el terreno económico, pues todo ello importa únicamente a los directamente involucrados y, por ende, ninguna razón existe para que sean del dominio público, a no ser que en realidad, consideradas las repercusiones de la situación concreta, esté de por medio un interés de la comunidad, el cual tendría que ser debidamente probado y cierto para dar paso a la información. Desde luego, tratándose del derecho a la intimidad, en principio no puede hablarse de rectificación pues la lesión se produce aunque los hechos sean exactos, salvo que, además de invadirse la esfera íntima de la persona o la familia, se estén transmitiendo o publicando datos que riñan con la verdad.  Allí habría doble quebranto de la preceptiva constitucional y las consiguientes responsabilidades civiles y penales, en su caso, además de la obligación de rectificar en condiciones de equidad (artículo 20 C.N.)" No desconoce la Corte que la noticia interesa a la comunidad y en tal sentido ha señalado precisamente que en materia informativa existe un derecho de doble vía que tanto importa al informador (sujeto activo de la comunicación) como a quien recibe la información (sujeto pasivo), tal como lo preceptúa el artículo 20 de la Carta. A tal punto es protegido ese interés como derecho colectivo en el segundo aspecto considerado, que, como se ha visto, la propia norma se preocupa en calificar la información como veraz e imparcial, elementos que subrayan la responsabilidad y obligación del medio y el alcance de la protección consagrada en los términos que se dejan consignados. Pero, miradas las cosas desde la perspectiva del derecho fundamental a la intimidad, es necesario identificar cuáles son las informaciones que en realidad interesan a la comunidad. Al respecto, esta Corte no duda en indicar que dentro de ellas no están ni pueden estar las que representan una invasión en la órbita privada de las personas, ni las que suponen un ingreso al ámbito familiar que, como se dice en la jurisprudencia citada, únicamente importa y debe ventilarse dentro del seno de la familia, salvo consentimiento expreso de los protagonistas, ni menos las que constituyen ofensa y daño moral a los niños y a la institución familiar considerada en sí misma. Tales áreas están vedadas al informador por el mismo sistema jurídico en cuanto la transgresión de los mandatos constitucionales que las protegen lesiona de manera grave derechos fundamentales. En consecuencia, el juez de tutela no puede tolerar, sin agravio al orden constitucional cuya realización efectiva se le ha confiado en materia de derechos, que proliferen las conductas de los medios de comunicación que desconozcan el sagrado derecho del individuo a la privacidad o el que tiene la familia a tramitar los asuntos que sólo a ella incumben, libre del asedio periodístico y del comentario público. Desde luego, tales conductas -además de la protección judicial derivada de la acción de tutela- deben dar lugar a las consecuencias jurídicas que en el terreno penal y en el civil puedan deducirse contra el medio que en este sentido ha incurrido en grave transgresión al ordenamiento jurídico. La vida privada de los personajes públicos Se esgrime con frecuencia para legitimar esta clase de publicaciones, el socorrido argumento según el cual la vida privada de los personajes públicos debe ser conocida públicamente, invocando un supuesto interés de la comunidad en los acontecimientos que la componen, aun los más recónditos. Se pretende, con apoyo en esta tesis, que los altos funcionarios del Estado, los artistas, los deportistas y todo aquél que se destaca en el contexto social, por ese  solo motivo ha perdido prácticamente su vida privada y que ésta ha pasado a ser en integridad del pleno dominio de todos mediante el despliegue de los medios de comunicación. Inclusive se llega al extremo de entender y predicar que ese conocimiento es un verdadero derecho en cabeza de la colectividad y de los propios medios y periodistas, sin que para nada se repare en el de la persona involucrada y su familia. Debe reiterar la Corte que tan amplio entendimiento sobre el alcance del derecho a la información no es el adecuado a los preceptos constitucionales ni el que más se aviene a una concepción justa sobre el compromiso que contrae con la sociedad quien ejerce actividades que son del interés común. Juzga esta Corporación, por el contrario, que el derecho a la intimidad es general, inalienable e imprescriptible, como ya lo expresó en sentencia del 16 de junio10 y que, por tanto, no puede afirmarse válidamente que una persona quede excluída de él, pues ello significaría ruptura del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 13 del Estatuto Fundamental. Ahora bien, en algunos casos, los propios personajes, dada la naturaleza de su actividad, hallan justificado disminuir por voluntad propia el ámbito de su vida íntima, dando a conocer facetas de la misma sin que en tal evento pueda sindicarse al medio difusor de vulnerar el derecho fundamental a la intimidad de quien espontáneamente la revela en público y, por ende, no hay violación de los preceptos constitucionales, a menos que la publicación lesione de paso la privacidad de otras personas. En ocasiones sucede que la estrecha vinculación entre acontecimientos de la vida privada y los intereses generales hace inevitable que salgan a la luz pública aspectos que de otra manera deberían permanecer reservados al dominio estrictamente particular. Obviamente se trata de situaciones excepcionales, caracterizadas específicamente por una real y grave afectación del interés común y no simplemente por la curiosidad o el morbo y por tanto deben estar tan sólo referidas a aquéllos elementos cobijados por dicho interés. En todo caso, la restricción de la vida privada, aún respecto de personas con notoriedad pública, no puede ser absoluta, ya que ni ellas ni sus familias pueden renunciar ni los medios de comunicación están legitimados para exigirles que renuncien "in abstracto" a la garantía que les ofrece, en consideración a su dignidad, la Carta Política. En otros términos, siempre subsistirá un núcleo esencial de privacidad que debe ser invulnerable al ejercicio de un mal entendido derecho a la información. Como ya lo expresó esta Corte mediante la ya citada sentencia T-414, en caso de conflicto insalvable entre los dos derechos, prevalece el de la intimidad. El caso examinado La Corte Constitucional ha efectuado un detenido estudio de los documentos y pruebas que obran en el expediente, la mayoría de ellos correspondientes a ejemplares de los diarios contra los cuales fue instaurada la acción de tutela. Se transcriben a continuación algunos de los titulares aparecidos en diversos números de los diarios demandados, utilizando grandes caracteres, a ocho y seis columnas y por regla general en primera página, todos referentes a un posible romance entre Rafael Orozco Maestre y la señorita María Angélica Navarro y a la hipotética repercusión del mismo en el homicidio cometido en la persona del artista: "RAFAEL Y YO TENIAMOS UN ROMANCE"; "LA CARTA DE AMOR DE MARIA ANGELICA A RAFAEL" (Diario "EL HERALDO", Edición del 27 de junio de 1992); "A LAS 11 a.m. DECLARAN LA ESPOSA Y LA AMANTE"; "Bien protegida, María Angélica Navarro acudirá al Juzgado 17. Ella tendrá que contarlo todo" (Diario "LA LIBERTAD". Edición del 25 de junio de 1992); "RELATO DE UN ROMANCE QUE TERMINO EN TRAGEDIA" (Diario "EL HERALDO", Edición del 20 de junio de 1992); "AMABA A RAFA PERO SALIA CON EL NANO" (Diario "LA LIBERTAD". Edición de junio 27 de 1992); "EL LIBRO DE ORO DE RAFAEL OROZCO. Todas las fotografías con María Angélica. Besos de pasión. Segunda entrega del "Libro de Rafael Orozco" que se agotó el pasado fin de semana. Separe con tiempo su ejemplar de EL ESPACIO" (Diario "EL ESPACIO". Edición del 1º de julio de 1992); "ASOMBROSO. Un trabajo periodístico que hará sensación. ESPECTACULAR. Las primicias más espectaculares que se hayan publicado sobre el romance y la trágica muerte de Rafael Orozco. Sus cartas románticas: por primera vez se dan a conocer las pruebas escritas de una pasión que terminó en desgracia...!ABSOLUTAMENTE EXCLUSIVAS!. La historia de un amor prohibido, con las primeras fotografías que se conocen de Rafael y María Angélica. María Angélica: una mujer hermosa, joven y sensual... !Sus más bellas fotografías!" (Diario "EL ESPACIO" Edición del 1º de julio de 1992); "AMOR FATAL. Lo que nunca nadie había visto de la relación sentimental más funesta que haya existido. Lo que comenzó como una inocente conquista en un baile, concluyó en brutal tragedia. La Pasión prohibida que trajo la muerte a Rafael Orozco. Espectacular edición. Las cartas de amor de Rafael y María Angélica. El más patético documento sobre el idilio que llevó a uno de los protagonistas a la muerte". (Diario "EL ESPACIO". Edición del 4 de julio de 1992)". Aparte de numerosas fotografías, algunas de ellas orientadas a ilustrar la indicada relación amorosa, se encuentran relatos en torno a ésta con detalles sobre su origen y desenvolvimiento, resúmenes de lo que supuestamente declaró María Angélica Navarro ante la autoridad judicial encargada de la investigación penal por la muerte de Rafael Orozco y copias fotostáticas de cartas de amor posiblemente escritas de su puño y letra por la misma señorita con reproducción de sus textos en imprenta. En la edición correspondiente al 4 de julio de 1992 del diario "EL ESPACIO" se publicó un crucigrama denominado "Rompecocos" en el cual aparecen varias fotografías de la viuda y las hijas de Rafael Orozco, del cadáver de éste y de su ataúd, en relación con las cuales se plantean a los lectores interrogantes como los siguientes: "El autor intelectual de este crimen"; "nombre de este presunto asesino de Rafael Orozco"; "Identidad de este presunto homicida de Rafa"; "Nombre de esta amante de Rafael Orozco". En la misma edición de "EL ESPACIO", junto a una fotografía de Orozco y María Angélica, que domina la primera página, puede leerse, bajo los títulos "AMOR FATAL" y "Pasión", lo siguiente: "La relación sentimental de Rafael Orozco y María Angélica Navarro Ogliastri estaba dominada por la pasión (...). Las fotos secretas de Rafael y María Angélica son la prueba más triste y categórica de ese amor fatal" (subraya la Corte). Un análisis del material probatorio en referencia permite a esta Corte concluir que, como acertadamente lo dedujeron los juzgadores de primera y segunda instancia, los medios de comunicación demandados incurrieron en una persistente conducta de intromisión en la vida privada de Rafael Orozco Maestre, divulgando con escándalo pormenores de ella, en especial en lo que tocaba con la presunta relación con la señorita Navarro, y explotando publicitariamente acontecimientos íntimos que no eran del interés público, mediante la exposición morbosa de fotografías, correspondencia y narraciones sobre ellos, con todo lo cual se causó grave daño a la imagen que de su esposo y padre tenían la señora Clara Elena Cabello y las niñas Kelly Johana, Wendy y Lorraine Orozco Cabello y se hicieron del dominio general situaciones que tan sólo importaban a la familia, sin respeto alguno por el dolor que afligía a sus miembros. La sola lectura de algunos titulares y comentarios aparecidos en los periódicos demandados muestra a las claras la violación del derecho a la intimidad de los afectados y la indebida utilización del poder informativo para obtener beneficio económico merced al malsano estímulo de la curiosidad pública, con un indudable quebranto del artículo 15 de la Constitución. Igualmente se concluye la vulneración flagrante de derechos fundamentales en cuanto se dieron a la publicidad cartas que formaban parte de correspondencia particular, desatendiendo el perentorio mandato contenido en el inciso 3º del mismo precepto constitucional: "La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables". Pero, además, pudo darse la violación de la reserva del sumario dentro del proceso que se adelanta por la muerte de Rafael Orozco, en cuanto se publicaron apartes de las declaraciones de la señorita María Angélica Navarro, según lo anunciaba el diario "EL HERALDO" del 27 de junio de 1992 en su primera página bajo el título "La declaración de María Angélica ante la Juez. 'Rafael y yo teníamos un romance'", punto éste que debe ser dilucidado por las autoridades competentes, razón por la cual se ordenará compulsar copias. La Corte Constitucional se limita a recordar en este punto lo dispuesto por el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal que dice: "Sanciones. Quien violare la reserva de la instrucción incurrirá en multa de uno a cinco salarios mínimos mensuales, impuesta por el funcionario que conoce de la actuación. La publicación en medio de comunicación de informaciones de carácter reservado constituirá presunción de violación de la reserva, y hará incurrir en sanción a los empleados y sujetos procesales responsables como al medio de difusión. La multa imponible a los medios de comunicación por violación de la reserva podrá ascender hasta mil salarios mínimos mensuales (...)". Así, pues, establecidas como lo han sido las transgresiones a la Constitución Política y el desconocimiento a derechos fundamentales en que incurrieron los medios de difusión demandados en este proceso y hallándose fundados los motivos que invocaron los jueces de primera y segunda instancia para conceder la tutela y éste último para acceder a condenar "in abstracto" por los perjuicios morales causados a la familia Orozco Cabello, esta Corte habrá de confirmar en todas sus partes la sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla que a su vez confirmó la del Juez Octavo Penal del Circuito de esa ciudad. IV. DECISION En mérito de lo expuesto, la Corte Constitucional de la República de Colombia, por medio de su Sala Tercera de Revisión, actuando en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- CONFIRMAR, por las razones expuestas en esta providencia, la Sentencia proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla el veintisiete (27) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992), tanto en lo relativo a la confirmación del fallo de primera instancia, pronunciado por el Juzgado Octavo Penal del Circuito de la misma ciudad el día catorce (14) de julio de 1992, que concedió la tutela impetrada por CLARA ELENA CABELLO DE OROZCO contra los diarios "EL HERALDO  y "LA LIBERTAD" de Barranquilla y "EL ESPACIO" de Santa Fe de Bogotá, como en lo referente a la condena "in genere" del daño emergente causado por los citados medios a la demandante y su familia. Segundo.- ORDENAR que se compulsen copias del expediente al Procurador General de la Nación, al Fiscal General de la Nación y al Juez que conoce del proceso penal iniciado con motivo del homicidio cometido en la persona de Rafael Orozco Maestre, para que se determine si hubo violación a la reserva de la instrucción y se adopten las medidas pertinentes. Tercero.- El Juez Octavo Penal del Circuito de Barranquilla verificará el estricto cumplimiento de las providencias confirmadas e impondrá las sanciones del caso, de conformidad con lo establecido en los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- ADVERTIR a los diarios demandados que no pueden efectuar publicación alguna que atente contra la intimidad, la honra o el buen nombre de la familia Orozco Cabello y que, en caso de hacerlo, incurrirán en las sanciones previstas por los artículos 52 y 53 del Decreto 2591 de 1991. Quinto.- Líbrese la comunicación contemplada en el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. JOSE GREGORIO HERNANDEZ GALINDO Magistrado Ponente Presidente de la Sala ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado FABIO MORON DIAZ Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr.Corte Constitucional. Sala Primera de Revisión. Sentencia No. T-414. Junio 16 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón. 2 HERRAN, María Teresa: La industria de los medios masivos de comunicación en Colombia. Santa Fe de Bogotá. Fescol. 1991. Pág 46 y siguientes. 3 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo No. T-03 del 11 de mayo de 1992. 4 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Fallo No.T-593.del 9 de diciembre de 1992. 5 Cfr. Corte Constitucional. Sala Cuarta de Revisión. Sentencia No. T-011 de mayo 22 de 1992. Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero. 6 ORWELL, George: 1984. Ediciones Destino S.L. 1952. 7 MOLINERO, César: Libertad de expresión privada. Barcelona. A.T.E. 1981. Págs. 66 y 67. 8 Corte Constitucinal. Sala Quinta de Revisión. Sentencia T-609. Diciembre 14 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Fabio Morón Díaz. 9 Cfr. Corte Constitucional. Sala Tercera de Revisión. Sentencia No. T-512 del 9 de septiembre de 1992. 10 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia No. T-222 de junio 16 de 1992. Magistrado Ponente: Dr. Ciro Angarita Barón.

T-612-92 Sentencia No Sentencia No. T-612/92 DERECHO A LA EDUCACION El derecho a la educación tiene una dimensión académica y una dimensión civil o contractual. El derecho a la educación es un derecho constitucional fundamental. Para garantizar este derecho, la Constitución faculta al Estado para intervenir la educación en Colombia. Por tanto no se trata de un derecho que esté al arbitrio de la libre voluntad de las personas sino que éste debe estar regulado por el Estado. En la Carta del 91 hubo un cambio en materia de intervencionismo estatal en educación respecto de la Carta del 86, ya que pasó a manos del Legislador la facultad  para reglamentar la inspección y vigilancia de la educación. SUPREMACIA DE LA CONSTITUCION La Corte Constitucional fundamenta esta sentencia en los derechos constitucionales fundamentales violados y no en el reglamento del plantel educativo. Esta apreciación no corresponde al desconocimiento de la reglamentación interna, sino en la aplicación preferencial de una norma superior: la Constitución Política de 1991. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD Cosa distinta es la competencia que tienen en general los jueces de la República, entre los cuales se encuentra esta Sala, para inaplicar un determinado precepto normativo o un conjunto de preceptos en un caso concreto. Pues bien, la imprecisión sobre la naturaleza del Decreto no permite decir que sus normas son inaplicables de manera general ni para el caso concreto como resultado de un debido uso de competencias legislativas por parte del Ejecutivo. La interpretación por vía de excepción tiene un alcance limitado de manera que no se puede por el camino de ella sustituír el control por vía de acción. Un cierto margen no sólo en los efectos sino también en la órbita de sus alcances, establece límites al control por vía de excepción. De manera ordinaria el control por vía de excepción no proyecta sus efectos sobre la totalidad de un ordenamiento jurídico, llámese ley o decreto, sea por vicios de forma en el primer caso o por falta de competencia en el segundo, sino que circunscribe su alcance a la norma concreta para el caso igualmente concreto. PLANTEL EDUCATIVO-Pagos Si bien es cierto que los planteles educativos tienen derecho a recibir los pagos de matrículas, pensiones, etc, provenientes de la ejecución del contrato educativo no es menos cierto que resulta contrario a la propia naturaleza impuesta por el nuevo orden constitucional a esta clase de contratos, que la exigibilidad de dichos pagos tenga como elemento adicional la posibilidad de retención del resultado de la actividad educativa del educando, hasta cuando se produzca la aludida solución crediticia. En consideración a que la parte mencionada del precepto que se subraya autoriza tal comportamiento, las concepciones del Estado Social de Derecho  sobre el alcance de los derechos fundamentales, no admiten la regulación jurídica señalada por ser claramente inconstitucional. En consecuencia se inaplicará la parte transcrita y subrayada del artículo 14 del Decreto 2541 de 1.991 al caso en estudio de esta Sala, consideraciones que son igualmente válidas para inaplicar el artículo 5º del Decreto 3486 del nueve (9) de diciembre de 1.981.  Las relaciones estrictamente civiles del contrato celebrado entre el plantel educativo y los padres de familia del educando se rigen por el Código Civil en general y por las normas citadas para el caso del incumplimiento de las obligaciones pecuniarias en particular. DERECHO A LA EDUCACION-Núcleo esencial Según la teoría del núcleo esencial de los derechos, éstos pueden en consecuencia ser canalizados en sus diferentes expresiones, sin ser desconocidos de plano; ellos pueden ser objeto de regulación pero no de desnaturalización.  Cuando para el ejercicio de un derecho se establezcan requisitos mínimos razonables, que apuntan a hacer más viable el derecho mismo y que no desconocen su núcleo esencial, no puede aducirse, que se está violando de plano tal derecho. Los requisitos son de dos naturalezas: aquellos que apuntan a viabilizar el derecho y aquellos que tienden a dificultarlo, a complicarlo y, en últimas, a impedirlo. El derecho constitucional fundamental de la educación puede -y debe- ser regulado pero no desnaturalizado. Los planteles educativos pueden exigir requerimientos al educando pero no pueden condicionar el derecho a la educación al cumplimiento de ciertas obligaciones. DERECHO A LA EDUCACION-Concurrencia/DERECHO A LA INICIATIVA PRIVADA El interés más altamente reivindicable en todo ese concurso de esfuerzos, en tanto es el fin último y más auténtico de la educación, hace prevalecer en el tiempo de manera independiente el derecho del educando que no puede verse suspendido por el derecho del educador a recibir su natural estipendio. Aquí prevalece el derecho del educando, sin perjuicio de que exista el del educador, y con ello los medios jurídicos para hacerlo valer. En la mayoría de las situaciones fácticas y más específicamente en torno a esta acción de tutela, se ven enfrentados derechos que ameritan una análisis partiendo de la "coexistencia" o "cohabitación" de derechos. El Colegio puede asegurar su espíritu de empresa mediante el cobro formal y directo de pago y, subsidiariamente mediante la garantía de pago consignada en un título valor u otra forma legal que haga efectivo el pago. Ello sin perjuicio de que, ante la no cancelación directa en ambos casos, se recurra a la vía judicial. DERECHO A LA HONRA-Diploma de Bachiller El diploma de bachiller no sólo prueba la terminación de los estudios secundarios sino que además significa para quien lo obtiene una realización personal dignificante. En consecuencia los planteles educativos no pueden adicionarles constancias que no sean del caso. Concretamente no se puede utilizar el diploma como medio de presión del plantel educativo para obtener la cancelación de una obligación pecuniaria pendiente. ACCION DE TUTELA-Vigencia/TRANSITO CONSTITUCIONAL/NORMA CONSTITUCIONAL-Vigencia La expedición de una nueva Constitución, desde el punto de vista temporal, implica que ella cubre con sus dictados superiores las situaciones preexistentes. Además el decreto 2591 de 1.991, reglamentario de la acción de tutela, no establece en su artículo 8º caducidad para la interposición de tal mecanismo. Lo importante es que la violación del derecho constitucional fundamental sea actual y su protección oportuna. REF:  EXPEDIENTES No. T-3693  Y No. T-4790 (ACUMULADOS). PETICIONARIOS: JULIAN GERMAN GARCIA  Y MARIA ELISA CARVAJAL DE RODRIGUEZ. PROCEDENCIA: TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE VILLAVICENCIO -SALA PENAL-. MAGISTRADO PONENTE: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO. Santa Fe  de Bogotá, D.C., diciembre dieciséis (16) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez, EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En el proceso de tutela identificado con el número de radicación T-3696, adelantada por Julio Germán García Arias, al cual esta acumulado al proceso número  T- 4790, en el que obra como peticionaria María Elisa Carvajal de Rodríguez. I. ANTECEDENTES. Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 18 de Septiembre del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitudes. 1.1. De la tutela correspondiente al No. de radicación T- 3693: El accionante, Julio Germán García Arias, instauró acción de tutela ante el Juzgado 2º Penal del Circuito de Villavicencio, contra la rectora del colegio San Bartolomé  de la localidad, la señora Marina Robayo de López. La acción se originó en los siguientes hechos: a) El señor Julio Germán García Arias culminó el bachillerato en el colegio San Bartolomé de Villavicencio, en 1987. b) El peticionario en el momento se encuentra en quinto semestre de Ingeniería Agronómica en la Universidad Tecnológica de los Llanos Orientales, entidad que le exige la presentación del diploma de bachiller y el acta de grado para la continuación de sus estudios superiores. c) Las directivas del Colegio San Bartolomé se negaron a expedir los documentos antecitados, tomando como fundamento el artículo 14 del Decreto No. 2542 de 1991, ya que a cargo del actor quedó un saldo insoluto de las mensualidades escolares. El accionante con la conducta anterior, considera vulnerado   el derecho a la educación consagrado en el artículo 67 de la  Constitución Política. 1.2. De la tutela  Número T- 4790: La peticionaria, Maria Elisa Carvajal de Rodríguez, instauró acción de tutela en favor de sus hijos Diego y Sigifredo Rodríguez Carvajal, ante el Juzgado 3º Penal del Circuito de Villavicencio, contra la rectora del colegio San Bartolomé  de la localidad, la señora Marina Robayo de López. La acción se originó en los siguientes hechos: a) Diego Rodríguez Carvajal cursó y aprobó en 1988 el noveno grado en el colegio San Bartolomé de Villavicencio. Por su parte, su hermano Sigifredo terminó el bachillerato en el colegio San Bartolomé en 1987. b) La peticionaria solicitó en repetidas oportunidades a las directivas del plantel educativo la expedición de la certificación de aprobación de noveno grado de Diego Rodríguez Carvajal, y el acta de grado y diploma de  Sigifredo, para la continuación de los estudios superiores. El colegio negó la expedición de los documentos antecitados, tomando como fundamento el artículo 14 del Decreto No. 2542 de 1991, pues alega que a cargo de los estudiantes mencionados existía un saldo insoluto de las mensualidades escolares. La accionante -en representación de sus hijos-, con la conducta anterior considera conculcado el derecho a la educación consagrado en el artículo 67 de la  Constitución Política. 2. Fallos. 2.1.De la tutela número T- 3693: 2.1.1. Fallo de primera instancia. Juzgado 2º Penal del Circuito de Villavicencio. El fallador en su decisión consideró que la educación es un derecho fundamental que debe ser protegido por el Estado y en el caso en concreto se aplica plenamente,  debido a que el estudiante ha demostrado tener derecho a su diploma de bachiller. Así mismo, considera el juzgado, que el plantel educativo  acusado puede acudir a los medios judiciales para lograr la cancelación de la suma adeudada por concepto de pensiones, sin que le sea dado retener el diploma en cuestión. Tomando en cuenta lo anterior, el Juzgado 2º Penal del Circuito de Villavicencio tuteló el derecho a la educación y ordenó la expedición del diploma. 2.1.2. Fallo de segunda instancia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio -Sala Penal-. El Tribunal Superior de Villavicencio acogió la decisión del A-quo por ser esta legal y acertada, al fallar  favorablemente las pretensiones del accionante. El cuerpo colegiado entendió que el camino indicado para lograr la cancelación de la obligación debida por parte del estudiante, es la ejecución a través de la vía judicial y no la retención de documentos que certifican la culminación de estudios básicos. En ese orden de ideas, el Tribunal confirmó la sentencia impugnada. 2.2. De la tutela correspondiente al número T- 4790: 2.2.1. Fallo de primera instancia. Juzgado 2 Penal del Circuito de Villavicencio. El Juez Penal del Circuito consideró que la conducta de las directivas del Colegio San Bartolomé de Villavicencio es un conducta legítima, a la sazón del artículo 14 del Decreto No. 2542 de 1991, que faculta al establecimiento educativo para no expedir las certificaciones correspondientes hasta tanto el padre de familia o alumno se encuentre a paz y salvo por este concepto; y como la tutela no procede contra esta clase de conductas se negó la solicitud. 2.2.2. Fallo de segunda instancia. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio -Sala Penal-. El Tribunal estima que no es lícita la conducta de las directivas del Colegio San Bartolomé al exigir la cancelación de la totalidad de la obligación como condición para expedir los certificados de estudios demandados. La Corporación expresó que sin duda se vulneró el derecho constitucional de la educación, por cuanto la falta de los documentos negados pueden llegar a obstaculizar la continuidad de los estudios superiores de los bachilleres y la oportunidad de proveerse éstos de un nivel intelectual y una formación profesional. En ese orden de ideas, el tribunal revocó la sentencia impugnada, y en su lugar tuteló el derecho a la educación de Diego y Sigifredo Rodríguez Carvajal. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1. Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de las acciones de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 inciso tercero y 241 numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33, 34, 35 y 36 del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Del derecho a la educación. La Constitución declara el derecho a la educación en su artículo 67, así: "La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene  una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley." El derecho a la educación tiene una dimensión académica y una dimensión civil o contractual, según se anexa a continuación: 2.1. Dimensión académica. En primer lugar el derecho a la educación hace relación a la aspiración intelectual del hombre, inspirada en el derecho al libre desarrollo de la personalidad (CP art. 16), la cual a su vez una manifestación de la dignidad del hombre (CP art. 1º). Los artículos 26, 27, 67, 68, 69 y 70 de la Carta, contemplan básicamente el derecho a la educación, sin dejar de lado, demás disposiciones que junto con las anteriores conforman la llamada "Constitución Cultural".1 La educación es una de las esferas de la cultura y es el medio para obtener el conocimiento y lograr el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano. El hombre a través de su vida no es más que un receptor abierto de información, desde la forma como se aprende a caminar, pasando por las primeras letras, hasta llegar a la reflexión pura como elemento esencial del desarrollo de la humanidad. Es pues el conocimiento, el descubrimiento de la propia existencia, la conciencia de ser único, que evidentemente forjan la realización personal del individuo y a través de ésta, el desarrollo de la sociedad. Como ya lo ha expresado la Corte Constitucional, en la sentencia T-02 de la sala Cuarta de Revisión: " El conocimiento es inherente a la naturaleza del hombre, es de su esencia; él hace parte de su dignidad, es un punto de partida para lograr el desarrollo de su personalidad, es decir para llegar a ser fin de sí mismo... "... El hombre nace y muere, y entre lo uno y lo otro la educación ocupa un lugar primordial en su vida y logra que permanezca en un constante deseo de realización" En ese orden de ideas, la educación es un derecho fundamental de la persona humana y como tal debe ser garantizado y respetado. 2.2. Dimensión civil. Al momento de matricularse una persona en un centro educativo celebra por ese acto un contrato de naturaleza civil. Un contrato es un acuerdo de voluntades para crear obligaciones según el artículo 1.495 del Código Civil que dice: "Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas". 3. Del aspecto contractual. En el contrato que se celebra al momento de una matrícula escolar, son partes el plantel educativo y los educandos o, si estos son menores los padres de familia en representación de éstos. 3.1. La parte que presta el servicio: el plantel educativo. El artículo 67 de la Constitución consagra que la educación puede ser impartida tanto por una institución privada o pública. En ambos casos, el centro educativo adquiere derechos y contrae obligaciones con la firma del contrato que celebra al momento de la matrícula. 3.1.1. Derechos del plantel educativo. Como se verá más adelante en el capítulo de "Del aspecto institucional de la educación en Colombia", en él se tratará el tema de la libre empresa (art. 333 CP) y en particular la facultad de los particulares fundar establecimientos educativos (art 68 CP), que es tema compartido con el fundamento de los derechos del plantel educativo. Las instituciones educativas de carácter privado gozan de protección estatal y están sujetas a la reglamentación legal que permite y regula su ejercicio a fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos. En tal regulación legal se fijan los derechos y deberes de las partes. 3.1.2. Deberes del plantel educativo. Colombia está enmarcada dentro de un Estado social de Derecho y como tal su desenvolvimiento debe estar encuadrado dentro de unas reglas de vida claras y justas. Esto debido a que sin lo anterior se presentaría la anarquía y el caos que constituyen situaciones negadoras de un Estado sujeto a la justicia. El Estado colombiano se funda principalmente en la dignidad humana, que se manifiesta en la tolerancia, como Estado que permite la comprensión de la diferencia; esa diferencia que en un Estado de barbarie significaría combate, lucha, lid; en nuestro país no es mas que el reconocimiento de la individualidad del hombre frente de la sociedad. Esa diferencia del ser humano como individuo genera conflictos y roces, que si no se llega a una solución justa y pacífica, deben ser sujetos a la jurisdicción del Estado, porque la persona tiene el derecho de acceder al justicia y el deber de acudir a ella, en tanto no se dé una solución como la anterior. La Corte en la sentencia T-412 de la sala Cuarta de Revisión, ha considerado que: " El hombre ha realizado con el correr de los tiempos un proceso de racionalización en la forma y en los medios para solucionar sus conflictos, cristalizar sus aspiraciones y satisfacer sus necesidades. Es así como pasó de la barbarie inicial a un civilizado monopolio de la fuerza y de la administración de justicia en manos del Estado" Sin duda, el acceso a la justicia es una manifestación de sociedad civilizada y una garantía de respeto a los derechos fundamentales del ser humano. 3.2. La parte que contrata el servicio: los padres del educando. Al momento de la matrícula los padres del educando adquieren derechos y contraen obligaciones, como se verá a continuación: 3.2.1. Derechos de los padres. Los padres están en el derecho de exigir del plantel educativo una calidad de educación y en general el cumplimiento de las obligaciones  académicas y civiles por parte del plantel educativo. Los padres confían al colegio la formación integral de sus hijos y aspiran a que la institución responda a esa confianza. 3.2.2. Deberes de los padres. Los padres de familia que en cumplimiento de la obligación consignada en el artículo 67 que dice que la familia es responsable de la educación de los hijos, escojan para éstos la educación privada, se obligan para con el plantel educativo al pago de las pensiones, servicios especiales y demás erogaciones a cambio de exigir para los educandos un mejor nivel académico. Son ellos, los padres de familia, los que en su decisión de escoger la mejor formación resuelven optar por una educación un poco más costosa que la educación impartida en las instituciones del Estado, que por disposición del citado artículo 67 es gratuita, sin perjuicio del cobro de derechos académicos de quienes puedan sufragarlos. El deber de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios (CP art. 95.1) no puede ni debe ser desconocido por ninguna persona. La formación académica que se recibe durante los años de infancia y adolescencia se traduce en el futuro de la persona y en su proyección profesional. Así pues, la gratitud que se debe al centro educativo se refleja en el cumplimiento de la obligación como contraprestación a las enseñanzas recibidas. 3.3. Beneficiario: el educando. El estudiante menor de edad no es propiamente parte en el contrato que se celebra al momento de la matrícula, sino que es beneficiario del mismo. En tal calidad el educando adquiere derechos y contrae obligaciones, a saber: 3.3.1. Derechos del educando. Desde el punto de vista académico, el educando tiene derecho a recibir normalmente las clases, a exigir una calidad en la educación, y en general a estudiar en un medio apto para su formación integral. Y desde el punto de vista civil, el educando tiene derecho a recibir oportunamente los certificados que acrediten sus calificaciones y la terminación de sus estudios. 3.3.2. Deberes del educando. A pesar de ser la educación un derecho fundamental de la persona, también exige de ésta el cumplimiento de determinadas obligaciones. El estudiante deberá cumplir con los reglamentos académicos y los requisitos exigidos para cada uno de los años de escolaridad. Su obligación es consigo mismo -en primer lugar-, con la familia, la sociedad y el Estado -en segundo lugar-, para lograr el progreso en su formación académica. Se trata en consecuencia de un derecho-deber. Sobre el derecho-deber en materia de educación, Peces-Barba considera al respecto lo siguiente: "Este tercer nivel que yo denomino provisionalmente derecho-deber, supone que el mismo titular del derecho tiene al mismo tiempo una obligación respecto a ésas conductas protegidas por el derecho fundamental. No se trata que frente al derecho del titular otra persona tenga un deber frente a ese derecho, sino que el mismo titular del derecho soporta la exigencia de un deber. Se trata de derechos valorados de una manera tan importante por la comunidad y por su ordenamiento jurídico que no se pueden abandonar a la autonomía de la voluntad sino que el Estado establece deberes para todos , al mismo tiempo que les otorga facultades sobre ellos. el caso más claro de esta tercera forma de protección de los derechos económicos, sociales y culturales es el derecho a la educación correlativo de la enseñanza básica obligatoria".2 El deber es la carga que debe soportar el titular del derecho para que éste se pueda realizar. El ejercicio del deber debe respetar el núcleo esencial del derecho3 , que no susceptible de interpretación o de opinión atada a los cambios coyunturales, sin el cual se desnaturaliza el derecho. El respeto al contenido esencial del derecho se debe dar para no crear contradicciones y hacer cohabitables el derecho y el deber. 4. Del aspecto institucional de la educación en Colombia. 4.1. De la libertad de empresa. El artículo 333 de la Constitución consagra la libertad económica base del sistema de la libre empresa, generado por la iniciativa de los particulares. Dentro del mismo, la libre competencia, que es su principio básico de operación. Se establece así de manera expresa, completando un cuadro de garantías constitucionales para lograr una economía fundada en la sana competencia a nivel nacional y con instrumentos para impedir la concentración de la riqueza, las prácticas monopolísticas y la ineficiencia. Dice así el artículo 333 de la Carta Fundamental: "La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa como base del desarrollo tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará oi controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación". En relación con la educación, la Constitución en particular consagra en el artículo 68  la libre iniciativa de los particulares para fundar y administrar establecimientos de enseñanza, dentro de condiciones que podrá establecer la ley en cuanto a su creación y gestión. Así pues, en lo relativo a la enseñanza impartida por particulares se parte del principio de la libre empresa pero, bajo las condiciones que establezca la ley. 4.2. De la intervención estatal. | Dice así, el inciso tercero del artículo 67 de la Carta: "...Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo". Se advierte que el derecho a la educación es un derecho constitucional fundamental, según lo ha establecido la Corte Constitucional en sentencia precitada. Según el artículo 2º de la Carta, el Estado tiene como uno de sus fines esenciales garantizar la efectividad de sus derechos. Para garantizar este derecho, la Constitución faculta al Estado para intervenir la educación en Colombia. Por tanto no se trata de un derecho que esté al arbitrio de la libre voluntad de las personas sino que éste debe estar regulado por el Estado. 4.3. Competencia de la intervención estatal. 4.3.1. Por disposición expresa del artículo 68 de la Constitución. El artículo 68 de la Constitución consagra: "Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La ley establecerá las condiciones para su creación y gestión. La comunidad educativa participará en la dirección de las instituciones de educación. La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica. La ley garantiza la profesionalización y dignificación de la actividad docente..." 4.3.2. Función del Legislador. Consagra  el artículo 150.8 de la Constitución: "Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: ...8. Expedir las normas a las cuales debe sujetarse el Gobierno para el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia que le señala la Constitución..." Además el artículo 152 de la Carta dice que mediante leyes estatutarias el Congreso regulará los derechos y deberes fundamentales de las personas. Estas normas del legislador son concordantes con las facultades del Ejecutivo establecidas para su efectiva aplicación. En este sentido el artículo 189 de la Carta dice en su numeral 21, que le corresponde al Presidente de la República: "Ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza conforme a la ley" (negrilla no original). Creación y gestión -consagradas en el artículo 68 de la Carta- e inspección y vigilancia -con fundamento en el artículo 189 numeral 21-, son dos situaciones diferentes, pero ambas reguladas por la ley y en todo sujetas a las disposiciones constitucionales como fundamento último del ordenamiento jurídico. Se advierte que en la Carta del 91 hubo un cambio en materia de intervencionismo estatal en educación respecto de la Carta del 86, ya que pasó a manos del Legislador la facultad  para reglamentar la inspección y vigilancia de la educación. 5. Los  Decretos 3486 de 1.981 y 2542 de 1.991. El Decreto 3486 de 1.981 por el cual "se establece el régimen de matrículas y pensiones, becas, Juntas Reguladoras de Matrículas  y Pensiones y otras variables de costos en los establecimientos educativos no oficiales..." en sus artículos 4º y 5º se refiere a: "ARTICULO 4o.- El valor de la pensión mensual será igual al de la matrícula. PARAGRAFO.- La pensión se pagará dentro de los cinco primeros días de cada uno de los diez meses del año escolar". ARTICULO 5o.- El no pago oportuno de los costos educativos autorizados por el Ministerio de Educación Nacional, faculta al establecimiento educativo para no expedir las certificaciones correspondientes hasta tanto el alumno se encuentre a paz y salvo por estos conceptos". De conformidad con esta norma, la abstención de expedir certificados mientras no se encontraren a paz y salvo los alumnos, por parte de los planteles educativos, era entonces conforme al ordenamiento jurídico. El Decreto 2542 de 1.991 del 8 de noviembre de 1.991, por el cual se establece "el régimen de costos educativos en los establecimientos educativos privados en los niveles de preescolar, básico (primaria y secundaria) media vocacional y educación especial y se dictan otras disposiciones" establece en el artículo 14, lo siguiente: "La pensión de estudios se pagará dentro de los primeros días de cada uno de los diez meses del año escolar. El no pago faculta al establecimiento educativo para no expedir las certificaciones correspondientes, hasta tanto el padre de familia esté a paz y salvo por dicho concepto. Parágrafo: El establecimiento educativo podrá recurrir a los mecanismos legales vigentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el padre de familia". Este Decreto Reglamentario fue expedido el día 8 de noviembre de 1.991 por "El Presidente de la República, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 67 y 189 numeral 21 de la Constitución Política y por los artículos 3º y 55 de la Ley 24 de 1.988." El Decreto se inspira, aparte de la Constitución, en la ley 24 del 11 de febrero de 1.988, "Por la cual se reestructura el Ministerio de Educación Nacional y se dictan otras disposiciones". Según los precitados artículos 150.8 y 189.21 de la Constitución, es el Legislador el único órgano del Estado competente para dictar las normas en materia de educación. Tal Decreto reglamenta ciertamente una Ley de la República (Ley 24 de 1.988). Sin embargo es de advertir que tal Ley es una norma orgánica, que regula el aspecto institucional de la educación mas no el carácter de derecho constitucional fundamental que la educación ostenta (y que por tanto hoy exige la expedición de una Ley estatutaria). Observa esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional que los artículos 4º y 5º del Decreto 3486 de 1.981 fueron derogados por el Decreto 2542 de 1.991 -artículo 14- (que repite literalmente dichos artículos). Por lo tanto no es considerado por la Corte ya que desapareció del mundo jurídico por derogación expresa, ya que el artículo 32 del Decreto 2542 de 1.991 consagra: "Este decreto rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga las normas que le sean contrarias". 5.1. El artículo 4º de la Constitución. El artículo 4º de la Constitución dice en su inciso primero: "La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la Ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales". El sistema jurídico es jerárquico; en su cúspide se encuentra la Constitución, que es norma de normas, según el artículo 4º de la carta Política. Así pues, la Corte Constitucional fundamenta esta sentencia en los derechos constitucionales fundamentales violados y no en el reglamento del plantel educativo. Esta apreciación no corresponde al desconocimiento de la reglamentación interna, sino en la aplicación preferencial de una norma superior: la Constitución Política de 1991. 5.2. Posición de la Sala de revisión de la Corte Constitucional frente a los Decretos 3486 de 1.981 y 2542 de 1.991. Como ya se ha mencionado anteriormente pero es necesario reiterar, que la Constitución faculta al Estado para intervenir en la Educación, lo que significa que este derecho puede ser objeto de limitaciones por la regulación estatal. La Constitución radica el clásico poder reglamentario en el Ejecutivo, en el artículo 189 numeral 11, según el cual compete al Señor Presidente de la República ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. No se detiene la Corte Constitucional a clasificar la naturaleza del Decreto 2542 de 1.991, que ofrece realmente motivos de duda provenientes de su propio texto, ya que fue expedido en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 67 y 189 numeral 21 de la Constitución Política y por los artículos 3º y 55 de la Ley 24 de 1.988, por cuanto la cita del primero de los artículos podría interpretarse en el sentido de que se trata de una "reglamento constitucional" mientras que los artículos restantes que se citan con fundamento hacen pensar que el legislador ejecutivo quiso en esa oportunidad expedir un decreto reglamentario de la Ley 24 de 1.988. Tampoco resulta de interés para esta Sala de Revisión, el pronunciarse sobre la competencia de la autoridad que debe conocer de la constitucionalidad de este Decreto, porque sea de una naturaleza u otra no está a su cargo el control de constitucionalidad. Lo que pone de presente el impropio proceder en que se incurriría por esta Sala si decidiera entrar a calificar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mencionado decreto. Cosa distinta es la competencia que tienen en general los jueces de la República, entre los cuales se encuentra esta Sala, para inaplicar un determinado precepto normativo o un conjunto de preceptos en un caso concreto. Pues bien, la imprecisión sobre la naturaleza del Decreto no permite decir que sus normas son inaplicables de manera general ni para el caso concreto como resultado de un debido uso de competencias legislativas por parte del Ejecutivo. La interpretación por vía de excepción tiene un alcance limitado de manera que no se puede por el camino de ella sustituír el control por vía de acción. Un cierto margen no sólo en los efectos sino también en la órbita de sus alcances, establece límites al control por vía de excepción. De manera ordinaria el control por vía de excepción no proyecta sus efectos sobre la totalidad de un ordenamiento jurídico, llámese ley o decreto, sea por vicios de forma en el primer caso o por falta de competencia en el segundo, sino que circunscribe su alcance a la norma concreta para el caso igualmente concreto. En este orden de ideas se detiene la Sala a revisar la constitucionalidad del artículo 14 del Decreto 2542 de 1.991 ya transcrito anteriormente, en especial la parte que se refiere a: "La pensión de estudios se pagará dentro de los primeros días de cada uno de los diez meses del año escolar. El no pago faculta al establecimiento educativo para no expedir las certificaciones correspondientes hasta tanto el padre de familia esté a paz y salvo por dicho concepto..." Esta parte subrayada del artículo resulta en sentir de esta Sala de Revisión, contraria a la Constitución, por cuanto establece un condicionamiento al derecho fundamental a la educación que puede llegar a limitar de manera desproporcionada e incluso definitiva los derechos de ese derecho fundamental. Pues si bien es cierto que los planteles educativos tienen derecho a recibir los pagos de matrículas, pensiones, etc, provenientes de la ejecución del contrato educativo no es menos cierto que resulta contrario a la propia naturaleza impuesta por el nuevo orden constitucional a esta clase de contratos, que la exigibilidad de dichos pagos tenga como elemento adicional la posibilidad de retención del resultado de la actividad educativa del educando, hasta cuando se produzca la aludida solución crediticia. En consideración a que la parte mencionada del precepto que se subraya autoriza tal comportamiento, las concepciones del Estado Social de Derecho  sobre el alcance de los derechos fundamentales, no admiten la regulación jurídica señalada por ser claramente inconstitucional. En consecuencia se inaplicará la parte transcrita y subrayada del artículo 14 del Decreto 2541 de 1.991 al caso en estudio de esta Sala, consideraciones que son igualmente válidas para inaplicar el artículo 5º del Decreto 3486 del nueve (9) de diciembre de 1.981. 6. Dimensión Civil. Para esta Sala de Revisión se aplica para efectos de regular las relaciones civiles las normas generales del Código Civil sobre contratos. Concretamente se aplica el artículo 1.546, que dice: "En los contratos bilaterales va envuelta la condición resolutoria en caso de no cumplirse por uno de los contratantes lo pactado. Pero en tal caso podrá el otro contratante pedir a su arbitrio, o la resolución o el cumplimiento del contrato con indemnización de perjuicios". Esta norma es concordante con el artículo 1.609 del mismo Código, que dice: "En los contratos bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos". Por tanto, las relaciones estrictamente civiles del contrato celebrado entre el plantel educativo y los padres de familia del educando se rigen por el Código Civil en general y por las normas citadas para el caso del incumplimiento de las obligaciones pecuniarias en particular. 7. Dimensión académica. Las relaciones académicas que se generan con la matrícula deben ser leídas a la luz de la teoría del núcleo esencial de los derechos. "Se denomina contenido esencial -afirma Häberle-, al ámbito necesario e irreductible de conducta que el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma el derecho o de las formas en que se manifieste. Es el núcleo básico del derecho fundamental, no susceptible de interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyunturas o ideas políticas".4 Según la teoría del núcleo esencial de los derechos, éstos pueden en consecuencia ser canalizados en sus diferentes expresiones, sin ser desconocidos de plano; ellos pueden ser objeto de regulación pero no de desnaturalización. Ahora bien, cuando para el ejercicio de un derecho se establezcan requisitos mínimos razonables, que apuntan a hacer más viable el derecho mismo y que no desconocen su núcleo esencial, no puede aducirse, que se está violando de plano tal derecho. En realidad los requisitos son de dos naturalezas: aquellos que apuntan a viabilizar el derecho y aquellos que tienden a dificultarlo, a complicarlo y, en últimas, a impedirlo. Esta última clase de naturaleza de los requisitos de los derechos caracterizó el positivismo jurídico en el mundo y ello se manifestó -y sigue manifestándose en algunas prácticas- en Colombia. Ella evoca a las administraciones kafkianas. La primera de tales naturalezas sin embargo fue introducida en el mundo a nivel jurídico con la axiología fundamental del derecho escrito. De conformidad con lo anterior, el derecho constitucional fundamental de la educación puede -y debe- ser regulado pero no desnaturalizado. En consecuencia, los planteles educativos pueden exigir requerimientos al educando pero no pueden condicionar el derecho a la educación al cumplimiento de ciertas obligaciones. 8. Coexistencia de derechos. El asunto sub-exámine gira, esencialmente, sobre la coexistencia de dos derechos: el derecho a la educación y la iniciativa privada. El problema es establecer los criterios que permitirían la coexistencia  entre los dos derechos. El problema siempre latente entre el derecho de uno y del otro en punto a cuál prima y en que momento, es uno de los capítulos más apasionantes de la interpretación jurídica. Varias son las hipótesis que plantea el fenómeno de la coexistencia de derechos de manera independiente que, ante su concurrencia en el mismo espacio de ejecución, producen distintos efectos, el más extremo de ellos es el de que un derecho elimina la existencia del otro titular: en un mismo derecho, el derecho a mi propia vida excluye en determinadas circunstancias el derecho a la propia vida de mi semejante (estado de necesidad, legítima defensa); la exclusión de un derecho por la existencia concurrente de otro de distinta naturaleza, tal el caso de la primacía del derecho fundamental sobre los derechos asistenciales o del medio ambiente que el mismo texto constitucional establece (artículo 5º). Igualmente se presenta la hipótesis de concurrencia de derechos, que no excluye o elimina el derecho del otro sino que establece prelaciones en el tiempo entre uno y otro, tal el caso de un derecho que pospone la efectividad del otro, de un derecho amparado por un privilegio de oportunidad, como el derecho de la autoridad pública frente al derecho del particular, derecho de la primera a expropiar y posteriormente, y en determinadas circunstancias temporo-espaciales, a indemnizar el derecho a la propiedad suprimido. En esta última hipótesis de coexistencia de derechos se plantea el conflicto entre el derecho no exclusivamente de orden patrimonial privado del centro docente, pues por su propia naturaleza es regularmente intervenido en razón del interés público de donde proviene y por petición de principio siempre sin suficiente retribución del pago de la educación recibida, pues no se trata de una simple operación de compraventa. Sin embargo, el interés más altamente reivindicable en todo ese concurso de esfuerzos, en tanto es el fin último y más auténtico de la educación, hace prevalecer en el tiempo de manera independiente el derecho del educando que no puede verse suspendido por el derecho del educador a recibir su natural estipendio. Aquí prevalece el derecho del educando, sin perjuicio de que exista el del educador, y con ello los medios jurídicos para hacerlo valer. Lo que en el caso concreto encuentra la Corte inadmisible es el condicionamiento de la primera realidad a la segunda, del certificado de estudios al pago, lo que pone a existir los dos derechos relacionados uno con independencia del otro, sin que pueda uno condicionar a otro, como tampoco podría el educando exigir un certificado inmerecido como resultado de haber surtido el pago oportuno. 9. Del derecho a la honra: consideración final. El diploma de bachiller no sólo prueba la terminación de los estudios secundarios sino que además significa para quien lo obtiene una realización personal dignificante. En consecuencia los planteles educativos no pueden adicionarles constancias que no sean del caso. Concretamente no se puede utilizar el diploma como medio de presión del plantel educativo para obtener la cancelación de una obligación pecuniaria pendiente. 10. De los casos concretos. En primer término esta Sala se ocupará de analizar si la situación de los accionantes se encuentra dentro de las condiciones de procedencia de la tutela establecidas en el artículo 86 de la Constitución y el artículo 42 del Decreto No. 2591 de 1991. Los peticionarios fueron alumnos del colegio San Bartolomé, el cual es una entidad particular encargada de la prestación de un servicio público de educación, por tanto se encuadra dentro de los supuestos que se plantean en las normas antecitadas, respecto de la tutela contra particulares. Los alumnos culminaron sus estudios en los años de 1.987 y 1.988  pero la solicitud de entrega de uno de los certificados de terminación de estudios fue presentada ante las directivas del plantel educativo en febrero de 1.991, fecha en la que le fue negada la expedición. Razón por la cual acudieron a la protección a través de la acción de tutela. La expedición de una nueva Constitución, desde el punto de vista temporal, implica que ella cubre con sus dictados superiores las situaciones preexistentes. Además el decreto 2591 de 1.991, reglamentario de la acción de tutela, no establece en su artículo 8º caducidad para la interposición de tal mecanismo. Lo importante es que la violación del derecho constitucional fundamental sea actual y su protección oportuna, como en este caso, motivo por el cual se confirmarán los fallos revisados. La rectora del colegio San Bartolomé, como autoridad máxima de la institución educativa, no debió condicionar la entrega de los certificados de estudios y diplomas de bachiller de los accionantes al pago de suma alguna de dinero, aunque la deuda se encuentre plenamente probada, ya que existe un medio idóneo y legal para ello, como son las vías judiciales. Es legal la exigencia del paz y salvo, pues el mismo artículo 67 cuando se refiere a la educación gratuita establece que el cobro de derechos académicos deberá ser cancelado por quienes puedan sufragarlos. Con mayor razón para los padres de familia que libremente optaron por la educación privada para sus hijos. La Constitución Política al consagrar la protección de los derechos fundamentales lo hace en forma particular o individual. Pero en la mayoría de las situaciones fácticas y más específicamente en torno a esta acción de tutela, se ven enfrentados derechos que ameritan una análisis partiendo de la "coexistencia" o "cohabitación" de derechos. La razonabilidad del juez de tutela permite avanzar en la protección de un derecho, sin desconocer el otro; en buscar sus puntos comunes sin perder su identidad. Es decir, en una labor de equilibrio para lograr la decisión que responda a uno de los fines esenciales del Estado cual es "asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo". Para esta Corte en consecuencia es necesario confirmar las sentencias objeto de revisión, en la medida en que conceden la acción de tutela. Por tanto el Colegio San Bartolomé no puede negarse a expedir las certificaciones solicitadas por los peticionarios. Sin embargo el Colegio San Bartolomé puede asegurar su espíritu de empresa mediante el cobro formal y directo de pago y, subsidiariamente mediante la garantía de pago consignada en un título valor u otra forma legal que haga efectivo el pago. Ello sin perjuicio de que, ante la no cancelación directa en ambos casos, se recurra a la vía judicial. En efecto, la protección del entorno del hombre no puede llevar al traste sus propios derechos. No se puede pensar en este caso en proteger por encima del ser humano a la iniciativa privada, muy a pesar de ser motor de nuestra estructura social. Pero también existen los mecanismos que permiten la utilización de las vías judiciales para garantizar su protección. De ahí la interpretación razonable del artículo 14º del Decreto No.  2542 de 1991. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR las sentencias del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, por las razones expuestas en esta Sentencia, por medio de las cuales se tutela el derecho de los peticionarios, en razón de la inaplicación del artículo 5º del Decretos 3486 de 1.981 y de la parte subrayada del artículo 14 del Decreto 2542 de 1.991, como se señala en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: INFORMAR al Colegio San Bartolomé de Villavicencio que puede disponer de los recursos tanto directos como judiciales para asegurar el pago de las matrículas que le adeudan los peticionarios. TERCERO: PREVENIR a las directivas del Colegio San Bartolomé de Villavicencio, de conformidad con el artículo 24 del decreto 2591 de 1.991, para que en ningún caso vuelva a incurrir en las acciones que dieron mérito para conceder la tutela, tanto en lo relativo a la negativa de expedición de certificados como en lo concerniente a la violación del derecho a la honra materializada en las notas adicionales a los certificados y diplomas que expida. CUARTO: PREVENIR a los peticionarios que el hecho de titular los derechos de sus hijos no los libera de la obligación de pagar el servicio educativo recibido, lo cual deben hacer en un término razonable con el fin de proteger también el legítimo derecho subjetivo del Colegio San Bartolomé de Villavicencio. QUINTO: COMUNICAR el contenido de esta Sentencia al Ministerio de Educación Nacional, a la Federación Nacional de Rectores y Colegios Privados -Fenarcop-,  y al ICFES. Cópiese, publíquese, comuníquese a quien corresponda, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, envíese al Despacho de origen y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ                 SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ Magistrado Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General 1 Cfr, Sentencia No. T-02 de mayo 8 de 1992, proferida por la Sala IV de Revisión de la Corte Constitucional, págs 25 a 26. 2 PECES-BARBA, Gregorio. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Eudesa Universidad. Madrid.1968. pág. 209. 3 HÄBERLE, Peter. El Contenido Esencial como Garantía de los Derechos Fundamentales. Grundgesetz 3 Auflage. Heilderberg, 1983. 4 Häberle, Peter. El contenido esencial como garantía de los derechos fundamentales. Grundgesetz 3 Auflage. Heidelberg, 1983

T-613-92 Sentencia No Sentencia No. T-613/92 DERECHO A LA VIDA/DERECHO A LA SALUD/MEDIO DE DEFENSA JUDICIAL-Eficacia Los derechos constitucionales fundamentales violados con la decisión del Instituto de los Seguros Sociales al no ordenar la cirugía de cambio de válvulas a la peticionaria, son la vida y la salud, en la medida en que al no hacerse efectivo el derecho a la seguridad social por la no prestación de las obligaciones asistenciales, en forma inmediata se vulneraron los derechos anotados. Se presenta claramente el primer requisito de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud al no hacerse efectivo el derecho a la seguridad social. Los derechos a la vida y a la salud no cuenta con la existencia de otro medio judicial de defensa para su efectiva protección en este caso. REF: EXPEDIENTE T-4800 Peticionario: Luz Stella Gutiérrez Reyes Procedencia: Juzgado Quince Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá Magistrado Ponente: ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Santa Fe de Bogotá D.C., diciembre  dieciseis (16) de mil novecientos noventa y dos (1992). La Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, compuesta por los Magistrados Alejandro Martínez Caballero, Fabio Morón Díaz y Simón Rodríguez Rodríguez. EN NOMBRE DEL PUEBLO Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCION Ha pronunciado la siguiente SENTENCIA En proceso de tutela identificado con el número de radicación T-4800, adelantado por Luz Stella Gutiérrez Reyes. I. ANTECEDENTES Con base en los artículos 86 de la Constitución Política y 33 del Decreto 2591 de 1991, la Sala de Selección correspondiente de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia. Por reparto le correspondió el presente negocio a esta Sala, la cual recibió formalmente el expediente el día 11  de septiembre del presente año. De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591, esta Sala de Revisión de la Corte entra a dictar sentencia de revisión. 1. Solicitud. La señora Mercedes Reyes se encuentra afiliada al Seguro Social desde 1967 a 1984 como trabajadora dependiente y como trabajadora independiente de 1.985 a 1.988 y de 1.989 a 1.992. Luz Stella Gutiérrez Reyes, actuando en calidad de hija de Mercedes Reyes de Gutiérrez, interpuso la acción de tutela contra el Instituto de los Seguros Sociales, para solicitar de dicha entidad la autorización para practicarle una cirugía de corazón -cambio de válvulas-, en la fundación Clínica Shaio, en forma urgente, ya que por prescripción del médico especialista la cirugía era inminente para salvar su vida. Según el Instituto de los Seguros Sociales la Señora Mercedes Reyes de Gutiérrez  figura sin semanas cotizadas desde julio 21 de 1985 hasta octubre 20 de 1988 y de conformidad con las disposiciones vigentes, no tendría derecho a la pensión de vejez y por lo tanto tampoco a que se le realice la cirugía. Sin embargo, la peticionaria fue atendida medicamente en ese período -como lo demuestra con los certificados que acreditan el pago-, para lo cual debió presentar los documentos exigidos, los que le probaban su afiliación y sus derechos. De la narración de los hechos se desprende que son pues dos situaciones las que se presentan. De una parte la determinación de las semanas cotizadas tanto como trabajador dependiente como independiente. Y de otra la autorización de la cirugía de cambio valvular. Esta última fue negada con base en la prohibición del Acuerdo 0329 de 1.985. 2. Fallo del Juzgado Quince Penal del Circuito del Santa Fe de Bogotá. Providencia del ocho de agosto de 1992 Al negar la acción de tutela el juzgador de instancia consideró que "mal puede invocarse un perjuicio o afección al derecho de la seguridad social, cuando nunca se ha presentado, en ejercicio del derecho de petición, los documentos necesarios ante la autoridad que está llamada al reconocimiento." En cuanto  a la omisión de la entidad a remitirla a cirugía, estableció el Juzgado que a la petente se le solicitó acreditar los derechos asistenciales, sin que lo hubiera hecho; por esta razón no se le pueden hacer aplicables las normas que regulan la afiliación de personas independientes que  fueron  dependientes, pues ha acreditado su inscripción desde 1985 y para obtener ese derecho ha debido hacerlo dentro de los dos meses siguientes a su retiro como afiliada forzosa. Es así como en casos de este tipo el daño o la amenaza debe provenir de la acción o la omisión antijurídica del funcionario público o del particular. Aquí sin embargo se han realizado las diligencias  propias a cargo del Instituto de los Seguros Sociales con la celeridad requerida, pues por causa atribuible únicamente a la afiliada no se dió el trámite respectivo. II. FUNDAMENTOS JURIDICOS 1.Competencia. Es competente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional para proferir sentencia de revisión dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86º inciso tercero y 241º numeral noveno de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33º, 34º, 35º y 36º del Decreto No. 2591 de 1991; además, su examen se hace por virtud de la selección que de dichas acciones practicó la Sala correspondiente, y del reparto que se verificó en la forma señalada por el Reglamento de esta Corporación. 2. Del derecho a la seguridad social. El artículo 48 de la Constitución Política, establece: "La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley. Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social. El Estado, con la participación de los particulares ampliará progresivamente la cobertura  de la Seguridad Social que  comprenderá la prestación de los servicios en la forma  que determine la Ley. La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades  públicas o privadas, de conformidad  con la Ley. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella. La Ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante". El concepto de seguridad social hace referencia al conjunto de medios de protección institucionales frente a los riesgos que atentan  contra la capacidad y oportunidad de los individuos  y sus familias para generar los ingresos suficientes en orden a una subsistencia digna. Tales riesgos abarcan una amplia gama que va desde la invalidez, vejez y muerte, hasta la atención a la salud de sus afiliados, y cuya cobertura se ampliará progresivamente. Se observa que la Seguridad Social se relaciona con los derechos constitucionales fundamentales de la vida (CP art. 11) y la salud (CP art. 49). Toda persona afiliada al Seguro Social mediante las condiciones determinadas en las leyes y acuerdos que la reglamentan, adquiere el derecho a ser atendida en forma inmediata en desarrollo el inciso primero del artículo 48 que consagra los principios de eficiencia, solidaridad y universalidad para la prestación del servicio público de seguridad social. El fundamento de la salud como función social se encuentra en el artículo 1º de la Constitución Política, ya que en él se establece que Colombia es un Estado social de derecho fundado en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que la integran, concepto que desarrolla el artículo 2º de la Carta al prever como uno de los objetos de las autoridades de la República el de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Igualmente, el artículo 95 numeral 2º de la Constitución impone como deber a todos las personas: obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. Con la Constitución de 1.991 se introduce un nuevo derecho social de gran trascendencia por ser la salud un bien de interés público. El Estado tiene la obligación de preocuparse por la salud de sus gobernados, a ejemplo de los gobernantes griegos para quienes este punto desplazaba todos los demás. 2.1. El derecho a la salud. El Derecho a la salud tiene  como fundamento constitucional los artículos 1º (dignidad humana), 11 (vida), 13 (igualdad); y su desarrollo en los artículos 48 (seguridad social), 49 (la salud como servicio público a cargo del Estado), 50 (atención a los niños menores de un año) y 366 (mejoramiento de la calidad de vida). Proteger la salud del hombre es proteger su vida, que es derecho constitucional fundamental inalienable. Por ello efectivizar el derecho a la salud es  un programa que vincula aquí y ahora a todas las ramas y órganos del poder público. El derecho a la salud no es una creación nueva del derecho colombiano, ha sido tomado de las innumerables declaraciones universales sobre derechos humanos, pues proteger la salud del hombre es proteger su vida y en estas condiciones el Estado Social de Derecho cumple con sus finalidades. El derecho a la salud ha sido reconocido como un derecho fundamental en el Pacto Internacional de Derechos de las Naciones Unidas de 1.966, en cuyo artículo 12 consagra que los Estados partes reconocen "El derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental". El artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y del goce de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. El fundamento ideológico de los instrumentos internacionales es el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que señala que toda persona tiene derecho a la asistencia médica. En el artículo 49 se consagra la garantía de las personas en materia de salud. De allí se deriva no sólo el deber del Estado y la solidaridad de la comunidad, sino además, la obligación de los particulares de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunidad. Consagrándose así tres destinatarios de este derecho: el propio beneficiario que debe sufragar su gasto si tiene capacidad para ello; la sociedad mediante la solidaridad; y el Estado. Estos instrumentos internacionales, en la medida en que han sido ratificados por Colombia, hacen parte del ordenamiento interno con carácter supralegal, de conformidad con el artículo 93 de la Constitución. La atención a la salud la pueden realizar entidades públicas o privadas; por entidades públicas a través de la afiliación al Seguro Social o a la Caja Nacional de Previsión Social; en el caso de las entidades privadas el costo del servicio tiene diferentes tipos de tarifas a opción del usuario, en virtud del principio de la libertad de empresa. En las públicas tan sólo existen dos modalidades, el servicio gratuito y el de pensionados. 2.2. De las disposiciones del Seguro Social sobre trabajadores dependientes. El Decreto 888 de mayo 9 de 1.988, por el cual se aprueba el Acuerdo número 042 de fecha 16 de marzo de 1.988, que a su vez modifica y adiciona el Reglamento del Seguro Social para trabajadores independientes, establece en el artículo 9º, lo siguiente: "Artículo 9º. Los afiliados forzosos que dejen de serlo y se afilien nuevamente como trabajadores independientes, dentro de los dos meses siguientes no estarán sujetos a las restricciones establecidas en el artículo 11 del Acuerdo ....". Acuerdo 329 de 1.985. artículo 4º. El Instituto de Seguros Sociales tampoco atenderá en los trabajadores independientes, las siguientes enfermedades o patología preexistentes en el momento de la afiliación, sus recidivas, secuelas o complicaciones: ...Enfermedades cardiovasculares y respiratorias... ...Parágrafo 3º. Entiéndese por secuela la lesión o afección con pérdidas o disminución de la capacidad funcional general o de un órgano o sistema que queda como consecuencia de una enfermedad o accidente... ...Artículo 5º. En caso de que las enfermedades anteriormente enunciadas, su recidiva, complicación o secuela, no hayan sido incluídas en la declaratoria de estado de salud y sean diagnosticadas con posterioridad a la afiliación, el Instituto establecerá su posible preexistencia a través de un comité ad-hoc, constituído en cada caso por el Subgerente o Jefe de la División de Servicios de Salud  de la Seccional respectiva, quien lo presidirá y dos médicos especialistas en la materia o áreas afines, diferentes al médico tratante" (negrillas no originales). 3. De la prueba: Concepto del Médico Víctor Manuel Caycedo Ayerbe. El Dr. Víctor Manuel Caycedo Ayerbe, en su calidad de Director del Departamento de Cirugía de la Fundación Clínica Shaio de Santa Fe de Bogotá, respondió al cuestionario formulado por la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, en atención a que en el mencionado centro asistencial fue atendida la Señora Mercedes Reyes de Gutiérrez y allí reposa su historia clínica. El Dr. Ayerbe dió respuesta a la solicitud de la siguiente forma: a) ¿ A cuántas intervenciones quirúrgicas de corazón ha sido sometida la Sra. Mercedes reyes de Gutiérrez, a través del Instituto de Seguros Sociales, en la Fundación Clínica Shaio y en qué época?. Respondió: "La Señora MERCEDES REYES DE GUTIERREZ fue atendida por primera vez en esta Institución el día 4 de marzo de 1.964 por una estenosis mitral pura, y el día 23 de junio de 1.964 se practicó una comisurotomía mitral, de la cual se recuperó en forma satisfactoria. El día 8 de junio de 1.983 se cambió la válvula aórtica por una válvula mecánica y la válvula mitral por una válvula biológica". b) ¿ Cuál ha sido la evolución de las cirugías practicadas? Respondió: "La evolución de las dos cirugías practicadas ha sido satisfactoria". c) De conformidad con las pruebas aportadas al expediente, a la Sra. Reyes de Gutiérrez le fue practicada la cirugía de cambio valvular por una válvula biológica y mecánica en 1.983. ¿Qué tiempo de vida útil tiene esta clase de implante?. Respondió: "La vida útil de un implante de válvula biológica es de 8 a 10 años y una válvula mecánica puede ser toda la vida". d) La obstrucción de las válvulas se debe a un proceso de desgaste natural o a una patología nueva que pueda ser considerada como enfermedad  preexistente? Respondió: "La obstrucción de la válvula se debe a un proceso natural de calcificación y no a una patología nueva que pueda ser considerada como preexistente" (negrillas no originales). e) ¿Cuál es la última fecha en que aparece atendida por la Fundación Clínica Shaio por cuenta de la Instituto de Seguros Sociales? Respondió: "La ultima vez que la paciente fue atendida por los Seguros Sociales en esta Institución fue el día 13 de julio de 1.984, cuando las válvulas funcionaban en forma adecuada". f) ¿Qué alternativas médicas a diferencia de una cirugía de cambio valvular existen para lograr la recuperación de la salud de la Sra. Mercedes Reyes de Gutiérrez?. Respondió: "No existe ninguna alternativa diferente a cirugía para recuperar la salud de la señora Mercedes Reyes de Gutiérrez". g) Si no existiera tal alternativa, se aconsejaría la cirugía de cambio valvular con carácter de urgente? Respondió: "Se aconseja la cirugía con carácter de relativa urgencia, sin embargo por no haber examinado personalmente a la paciente hago esta aseveración en base a los estudios que me han sido consultados". 4. Del caso concreto. Para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional es procedente la tutela solicitada por la Sra. Luz Stella  Gutiérrez Reyes en representación de su señora madre Mercedes Reyes de Gutiérrez frente a la actuación del Instituto de los Seguros Sociales, por reunirse los siguientes requisitos: a) se viola un derecho constitucional fundamental y b) no existe otro medio judicial de defensa. Esta Sala de Revisión considera que los dos aspectos de la solicitud, el relativo a la pensión de vejez y el relacionado con la autorización de una cirugía, son diferentes y merecen distinto pronunciamiento. Respecto del primero, se observa que existe controversia en cuanto al número de semanas cotizadas por cuanto la peticionaria aporta documentos que demuestran su afiliación. El Seguro Social, a su vez, mediante escrito dirigido al Juzgado 15 Penal Municipal, considera que revisados los archivos no se encontró documento alguno que demuestre afiliación durante el lapso comprendido entre el 21 de julio de 1.985 al 20 de octubre de 1.988. La estimación de las semanas cotizadas debe hacerse cuando previa y formalmente la Sra. Mercedes Reyes de Gutiérrez presente su solicitud ante el Seguro Social y, de existir reclamación, ésta debe hacerse ante la misma entidad -en primera instancia-, o ante la autoridad judicial competente. Por lo tanto, frente a la pensión de vejez se negará la tutela ya que no existe ni vulneración ni amenaza de un derecho fundamental. Distinto sería el caso en que la entidad se negase a tramitar la solicitud sin observar el derecho fundamental al debido proceso o el derecho de petición. Respecto de lo segundo, se concederá la tutela con base en las siguientes consideraciones: a) Violación de un derecho constitucional fundamental: Los derechos constitucionales fundamentales violados con la decisión del Instituto de los Seguros Sociales al no ordenar la cirugía de cambio de válvulas a la peticionaria, son la vida (CP art. 11) y la salud (CP art. 49), en la medida en que al no hacerse efectivo el derecho a la seguridad social por la no prestación de las obligaciones asistenciales, en forma inmediata se vulneraron los derechos anotados. Además de conformidad con el concepto del Dr. Caycedo Ayerbe, la cirugía es urgente y no existe otra alternativa que permita salvar la vida de la señora Reyes de Gutiérrez. El acuerdo 329 de 1.985 establece la prohibición de atender a los trabajadores independientes cuando estos presenten enfermedad o patología preexistente al momento de la afiliación por enfermedades cardiovasculares o respiratorias. Pero, de conformidad con el concepto médico que fue solicitado por el Despacho del Magistrado Sustanciador, el desgaste natural de las válvulas implantadas a la peticionaria corresponde a un "proceso natural de calcificación y no una patología nueva que pueda ser considerada como preexistente". Así pues, el Seguro Social ha debido evaluar esta circunstancia y ordenar inmediatamente la cirugía por la urgencia de salvar la vida de la Señora Reyes de Gutiérrez. Por lo tanto, para esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional se presenta claramente el primer requisito de la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud al no hacerse efectivo el derecho a la seguridad social. b) La inexistencia de otro medio judicial de defensa. Considera esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional que los derechos a la vida y a la salud no cuenta con la existencia de otro medio judicial de defensa para su efectiva protección en este caso. La negativa del Instituto de Seguros Sociales no quedó plasmada en resolución o acto administrativo alguno, lo que colocó a la peticionaria en circunstancias de imposibilidad de ejercer su derecho de defensa. La manifestación tan sólo fue hecha en forma verbal y de conformidad con el artículo 20 del decreto 2591 de 1.991 sobre la presunción de veracidad, lo expresado en la solicitud de tutela debe ser tomado como cierto por esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional. No se trata aquí, aclara la Sala, de la discusión acerca del derecho que tiene la Sra. Reyes de Gutiérrez a su pensión de vejez,  para lo cual existe ciertamente el procedimiento ante la misma entidad o ante la autoridad judicial competente. Se trata de salvar una vida mediante el ejercicio de derechos relacionados con la seguridad social, válidamente adquiridos y no excepcionados o excluídos por norma expresa. Luego es precisamente la tutela el mecanismo idóneo para la protección de los derechos constitucionales fundamentales aquí desconocidos. En consecuencia, cumplidos los requisitos exigidos por el artículo 86 de la Constitución, esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional concederá la tutela a la peticionaria y ordenará por tanto que el Instituto de Seguros Sociales ordene en el menor tiempo posible, que no podrá ser superior a treinta (30) días calendario, la cirugía de cambio valvular a la Sra. Mercedes Reyes de Gutiérrez en la Fundación Clínica Shaio de Santa Fe de Bogotá. En mérito de lo expuesto, la Sala Cuarta de Revisión de la Corte Constitucional, RESUELVE: PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Quince Penal del Circuito de Santa Fe de Bogotá,  por las razones expuestas en esta Sentencia. SEGUNDO: CONCEDER la tutela solicitada por la Sra. Luz Stella Gutiérrez Reyes en representación de la Sra. Mercedes Reyes de Gutiérrez por la vulneración de los derechos fundamentales a la vida y a la salud al no hacerse efectivo el derecho a la seguridad social. TERCERO: COMISIONAR al Juzgado Quince Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá con el fin de que ORDENE al Instituto Colombiano de los Seguros Sociales, en el término de 48 horas, autorice la cirugía de cambio valvular en la Fundación Clínica Shaio a la Sra. Mercedes Reyes de Gutiérrez y ésta le sea practicada en el menor tiempo posible, que no podrá ser superior a treinta (30) días calendario. CUARTO:  COMISIONAR al Juzgado Quince Penal Municipal de Santa Fe de Bogotá  para que vigile el cumplimiento de la decisión tomada en esta sentencia e informe a esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional al respecto. QUINTO: A través de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR copia de esta Sentencia a la Directora del Instituto Colombiano de Seguros Sociales y al Defensor del Pueblo. Cópiese, publíquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO Magistrado Ponente FABIO MORON DIAZ Magistrado SIMON RODRIGUEZ RODRIGUEZ. Magistrado