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110Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • Las víctimas de trata de seres humanos tienen derecho a permisos de residencia para facilitar su cooperación con la Policía, en virtud tanto del Derecho de la UE como del CEDH. El Derecho de la UE y el CEDH pueden obligar a los Estados a adoptar medidas particulares para protegerlas (véase el apartado 3.3 ). • La Directiva sobre retorno obliga a los Estados miembros de la UE a regularizar la situación de los nacionales de terceros países que se encuentran en el territorio de los Estados miembros de manera irregular o a adoptar respecto de ellos una decisión de retorno (véase el apartado 3.5 ). • El no reconocimiento del estatuto de un migrante o la no expedición de su docu - mentación podría plantear un problema con arreglo al artículo 8 del CEDH (véase el apartado 3.5 ). • En virtud del Derecho de la UE, los nacionales de terceros países tienen derecho a un estatuto privilegiado (residencia de larga duración) tras residir legalmente y de forma continua en un Estado miembro de la UE durante cinco años (véase el apartado 3.6 ). • A los nacionales turcos y sus familias no se les pueden imponer condiciones en cuanto a empleo por cuenta propia o prestación de servicios más estrictas que las vigentes cuando se firmó el Protocolo adicional al Acuerdo de Ankara de 1970 . Los trabajadores turcos y sus familias gozan de derechos más amplios de permanencia en el territorio (véase el apartado 3.7 ). • Con la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (1 de febrero de 2020), los nacio - nales británicos son nacionales de terceros países (véase el apartado 3.8 ).
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• Los nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE o suizos o de ciudadanos de la UE que están ejerciendo su derecho de libre circula - ción pueden optar a un estatuto privilegiado en virtud del Derecho de la UE (véase el apartado 3.9 ). • Ni el Derecho de la UE ni el CEDH abordan la cuestión de la adquisición o pérdida de nacionalidad, pero en caso de pérdida de la misma que conlleve también la pérdida de los derechos de la UE, se puede apelar al Derecho de la UE (véase el apartado 3.10 ). Jurisprudencia y bibliografía recomendada: Se puede encontrar jurisprudencia complementaria consultando las directrices Cómo consultar la jurisprudencia de los tribunales europeos , en la página 359 de este manual. Se puede encontrar más material relacionado con las cuestiones tratadas en este capítulo en el apartado « Bibliografía recomendada », en la página 325.
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1114 Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo UE Temas tratados CdE TFUE, artículo 78, y Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, artículo 18 (derecho de asilo), ambos en relación con la Convención de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados , que consagra este principio en su artículo 33 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 19 (protección en caso de devolución, expulsión o extradición)Principio de no devoluciónCEDH , artículo 3, tal como lo interpretó el TEDH en Soering contra el Reino Unido , n.º 14038/88, 1989 (extradición que da lugar a exposición a malos tratos) CEDH , artículo 2 (derecho a la vida) TEDH, Saadi contra Italia [GS], n.º 37201/06, 2008 (carácter absoluto de la prohibición de devolución a un lugar donde se pueda ser sometido a torturas) Directiva 2011/95/UE sobre los requisitos de reconocimiento , artículo 4Evaluación del riesgoTEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 11449/07, 2011 (evaluación de la existencia de un riesgo real en situaciones de violencia indiscriminada y en relación con las condiciones humanitarias) TEDH, Salah Sheekh contra los Países Bajos , n.º 1948/04, 2007 (carga de la prueba para miembros de grupos perseguidos) TEDH, J.K. y otros contra Suecia [GS], n.º 59166/12, 2016; y F.G.
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contra Suecia [GS], n.º 43611/11, 2016 (carga de la prueba)
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112Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración UE Temas tratados CdE Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Consejo ( Reglamento de Dublín ) TJUE, asuntos acumulados C -411/10 y C-493/10, N.S. y M.E. [GS], 2011 (traslados realizados en aplicación del Reglamento de Dublín)Traslados realizados en aplicación del Reglamento de DublínTEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 2011 (devolución de un Estado miembro de la UE a otro en el que el interesado estuvo en situación de indigencia) TEDH, Tarakhel contra Suiza [GS], n.º 29217/12, 2014 (garantías individuales) Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículos 5 y 9Expulsión de personas gravemente enfermas TEDH, D. contra el Reino Unido , n.º 30240/96, 1997 (expulsión de un enfermo terminal) TEDH, Paposhvili contra Bélgica [GS], n.º 41738/10, 2016 (ausencia de un riesgo inminente de muerte) Garantías diplomáticasTEDH, Ramzy contra los Países Bajos , n.º 25424/05, 2010 (garantías insuficientes) TEDH, Othman (Abu Qatada) contra el Reino Unido n.º 8139/09, 2012 (garantías aceptables) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 18 (derecho de asilo) Directiva 2011/95/UE sobre los requisitos para el reconocimiento TJCE, C -465/07, Elgafaji [GS],
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2009 (protección subsidiaria) TJUE, C -542/13, M’Bodj [GS], 2014 (protección subsidiaria y enfermedad grave) Exclusión de la protección: TJUE, asuntos acumulados C -57/09 y C-101/09, B y D , 2010 TJUE, C -573/14 , Lounani , 2017 (terrorismo) TJUE, C -369/17, Ahmed , 2018 (protección subsidiaria) Cese de la protección: TJUE, asuntos acumulados C-175/08, C -176/08, C -178/08, C-179/08, Abdulla [GS], 2010 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 19 (protección en caso de devolución, expulsión o extradición)Examen de las solicitudes de asilo (condición de refugiado y protección subsidiaria)
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113Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo UE Temas tratados CdE Directiva 2011/95/UE sobre los requisitos para el reconocimiento , artículo 8Reubicación interna TEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 11449/07, 2011 (evaluación del riesgo de maltrato en casos de reubicación interna) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 19 (protección en caso de devolución, expulsión o extradición)Prohibición de expulsión colectivaCEDH , artículo 4 del Protocolo n.º 4 (prohibición de expulsión colectiva de extranjeros) TEDH, Čonka contra Bélgica , n.º 51564/99, 2002 (expulsión sin evaluación individual) TEDH, Hirsi Jamaa y otros contra Italia [GS], n.º 27765/09, 2012 (expulsión colectiva de alta mar). TEDH, N.D. y N.T.
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contra España [GS], nos 8675/15 y 8697/15, 2020 (asaltar una valla fronteriza) Obstáculos a la expulsión por motivos relacionados con el respeto de otros derechos humanosTEDH, Mamatkulov y Askarov contra Turquía [GS], nos 46827/99 y 46951/99, 2005 (riesgo de denegación flagrante de justicia en el sentido del artículo 6 del CEDH ) Residentes de larga duración: Directiva 2003/109/CE sobre residentes de larga duración , artículo 12 Nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE: Directiva 2004/38/CE sobre libre circulación , artículo 28 TJUE, C -300/11, ZZ, 2013 (obligación de notificación) Nacionales turcos: Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación , artículo 14.1 TJCE, C -349/06, Polat, 2007 (medidas que autorizan la limitación de los derechos de nacionales turcos)Nacionales de terceros países con mayor grado de protección contra la expulsión
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114Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Introducción En este capítulo se examina cuándo no debe o no puede un individuo ser expulsado de un Estado en virtud del Derecho de la UE o del CEDH. Bajo el CEDH , existen obstáculos absolutos a la expulsión, como mínimo, cuando esta vulneraría los derechos absolutos garantizados por el artículo 2, sobre el dere - cho a la vida, y el artículo 3, sobre la prohibición de tortura y penas o tratos inhuma - nos o degradantes. El artículo 15 del CEDH establece disposiciones relativas a estos derechos absolutos que no se pueden derogar. Los obstáculos casi absolutos a la expulsión existen en caso de excepciones a una prohibición general, como sucede en virtud de la Convención de Ginebra de 1951 y de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento (2011/95/CE). En circuns - tancias excepcionales, ambos instrumentos admiten derogaciones a la prohibición de expulsión de un refugiado. Los obstáculos no absolutos promueven el equilibrio entre los derechos o los intere - ses privados del individuo y los intereses públicos o estatales, como sucede cuando una expulsión puede separar una familia (véase el apartado 4.3 ). 4.1. El derecho de asilo y el principio de no devolución El punto de partida para considerar el asilo en Europa viene dado por la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo de 1967, que se han incorporado al Derecho de la UE por medio de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento (2011/95/UE). La Convención de Ginebra de 1951 es el tratado especializado en los derechos de los refugiados. El principio de no devolución es la piedra angular de la protección de los refugiados (144).
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Esto significa que los refugiados no deberían ser devueltos a un país donde teman ser objeto de persecución. (144) Con arreglo al Derecho internacional de los derechos humanos, el significado del principio de no devolución va más allá del artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951, pues las obligaciones de no devolución derivan también del artículo 3 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como del Derecho internacional general, incluido el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Véase ACNUR, Opinión Consultiva sobre la aplicación extraterritorial de las obligaciones de no devolución en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967 , 2007.
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115Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo El artículo 33.1 de la Convención de Ginebra de 1951 establece: «Ningún Estado Contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas». El principio de no devolución se aplica a las devoluciones tanto al país de origen como a cualquier país donde el refugiado se enfrentaría a la persecución. Todos los Estados miembros de la UE y del CdE son partes de la Convención de Ginebra de 1951, pero Turquía solo la aplica en relación con los refugiados procedentes de Europa (145). El ACNUR ha publicado un Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y directrices sobre protección internacional , que se actualizó por última vez en febrero de 2019, en el que se tratan con detalle las cuestiones abordadas en los apartados 4.1.1 a 4.1.8 y 5.1 (146). En el ámbito del Derecho de la UE , el artículo 78 del TFUE estipula que la UE debe desarrollar una política común de asilo, protección subsidiaria y protección tempo - ral que garantice «el principio de no devolución.
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Esta política deberá ajustarse a la Convención de Ginebra de 1951 y su Protocolo y a los demás tratados pertinentes», tales como el CEDH , la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Uni - das (CDN), la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhuma - nos o Degradantes (CCT) , el PIDCP y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ( PIDESC ). En el marco de esta política se han adoptado medidas del acervo de la UE en materia de asilo que incluyen el Reglamento de Dublín [Regla - mento (UE) 604/2013 del Consejo], la Directiva sobre requisitos para el reconoci - miento (2011/95/UE) , la Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/UE) y la Directiva sobre condiciones de acogida (2013/33/UE). Dinamarca e Irlanda no están obligados, o lo están solo en parte, por el acervo de la UE en materia de asilo (véase el anexo 1 ). Ejemplo: al aplicar la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento en el asunto Salahadin Abdulla y otros , el TJUE destacó que «[d]e los considerandos tercero, decimosexto y decimoséptimo de la Directiva se desprende que la (145) Turquía mantiene una reserva geográfica con arreglo al artículo 1, sección B, de la Convención, que restringe sus obligaciones a las personas desarraigadas por acontecimientos acaecidos en Europa.
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(146) ACNUR (2019), Manual sobre procedimientos y criterios para determinar la condición de refugiado y directrices sobre protección internacional en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el estatuto de los refugiados, ACNUR, Ginebra .
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116Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Convención de Ginebra constituye la piedra angular del régimen jurídico inter - nacional de protección de los refugiados y que las disposiciones de la Directiva relativas a los requisitos para la concesión del estatuto de refugiado y al con - tenido de este fueron adoptadas para guiar a las autoridades competentes de los Estados miembros en la aplicación de la citada Convención, sobre la base de conceptos y criterios comunes» (147). La Directiva sobre requisitos para el reconocimiento, revisada en 2011 (148), incor - poró al Derecho de la UE un conjunto de normas comunes que deben cumplirse para obtener la condición de refugiado o persona necesitada de protección internacional. Ello incluye los derechos y deberes que conlleva esta protección, un elemento clave de la cual es la no devolución con arreglo al artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951. Sin embargo, ni el artículo 33 de la Convención de Ginebra de 1951 ni los artículos 17 y 21 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento prohíben de manera absoluta tal devolución. Los artículos permiten la expulsión de un refugiado en cir - cunstancias muy excepcionales, a saber, cuando constituye un peligro para la seguri - dad del Estado de acogida o cuando, tras cometer un delito grave, supone un peligro para la comunidad. El artículo 18 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE garantiza el derecho de asilo, lo que incluye el respeto del principio de no devolución.
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El artí - culo 19 de la Carta establece que nadie puede ser devuelto, expulsado o extraditado a un Estado en el que corra un grave riesgo de ser sometido a la pena de muerte, a tortura o a otras penas o tratos inhumanos o degradantes. Las explicaciones sobre la Carta aclaran que el artículo 19.2 «incorpora la jurisprudencia pertinente del Tribu - nal Europeo de Derechos Humanos relativa al artículo 3 del CEDH» (149). El TJUE llegó a la conclusión de que los refugiados gozan de una mayor protección contra la devolución en virtud de la legislación de la UE, ya que cualquier forma de expulsión con arreglo a la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento se debe (147) TJUE, asuntos acumulados C -175/08, C -176/08, C -178/08 y C -179/08, Aydin Salahadin Abdulla y otros contra Bundesrepublik Deutschland , 2 de marzo de 2010, párr. 52; TJUE, C -31/09, Nawras Bolbol contra Bevándorlási és Állampolgársági Hivata [GS], 17 de junio de 2010, párr. 37; TJUE, C -720/17, Mohammed Bilali contra Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl , 23 de mayo de 2019, párr. 54. (148) Directiva 2011/95/UE, DO 2011 L 337/9. (149) Véanse las Explicaciones sobre la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE ( 2007/C 303/02 ); TEDH, Ahmed contra Austria , n.º 25964/94, 17 de diciembre de 1996; TEDH, Soering contra el Reino Unido , n.º 14038/88, 7 de julio de 1989.
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117Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo realizar de conformidad con el derecho de asilo y el principio de no devolución, tal y como se establece en los artículos 4 y 19.2 de la Carta de los Derechos Fundamen - tales de la UE (150). En cuanto al CEDH , sus artículos 2 y 3 prohíben absolutamente la devolución de un individuo que corra un grave riesgo de trato contrario a estas disposiciones. Esta situación es diferente de la de riesgo de persecución basado en uno de los motivos recogidos en la Convención de Ginebra de 1951. El TEDH ha sostenido que el artículo 3 del CEDH consagra uno de los valores funda - mentales de una sociedad democrática y prohíbe en términos absolutos la tortura y los tratos o penas inhumanos o degradantes, independientemente de cuál sea la conducta de la víctima, y aun en caso de que sea indeseable o peligrosa. Con arreglo al artículo 3, un Estado será considerado responsable cuando lleve a cabo una expul - sión pese a la existencia de motivos serios para creer que la persona expulsada se enfrentará a un riesgo real de ser sometida a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes en el país de destino (151). Ejemplo: en el caso Saadi contra Italia (152), el solicitante era un nacional tune - cino condenado en rebeldía en Túnez a veinte años de prisión por pertenencia a organización terrorista. El solicitante también había sido condenado por cons - piración en Italia por asociación de malhechores.
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El TEDH consideró que la posi - bilidad de que el solicitante pudiera suponer una amenaza grave para la comu - nidad no reducía, en ningún caso, el riesgo de que pudiera sufrir daños en caso de expulsión. Por otra parte, en informes fiables sobre los derechos humanos se registraban malos tratos a los presos en Túnez, y en particular a los condena - dos por delitos terroristas. Las garantías diplomáticas aportadas en este asunto no negaban este riesgo. Por lo tanto, el Tribunal consideró que existían moti - vos serios para creer que había riesgo real de que el solicitante fuera sometido a tratos contrarios al artículo 3 del CEDH si era expulsado a Túnez. (150) TJUE, asuntos acumulados C -391/16, C -77/17 y C -78/17, M contra Ministerstvo vnitra y X y X contra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides , 14 de mayo de 2019, párrs. 94 y 95. (151) TEDH, M.A. contra Francia , n.º 9373/15, 1 de febrero de 2018; TEDH, Salah Sheekh contra los Países Bajos , n.º 1948/04, 11 de enero de 2007, párr. 135; TEDH, Soering contra el Reino Unido , n.º 14038/88, 7 de julio de 1989; TEDH, Vilvarajah y otros contra el Reino Unido , nos 13163/87 y 4 otros, 30 de octubre de 1991. (152) TEDH, Saadi contra Italia [GS], n.º 37201/06, 28 de febrero de 2008. Véase también TEDH, Mannai contra Italia , n.º 9961/10, 27 de marzo de 2012.
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118Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el asunto Abdulle contra Ministerio de Justicia (153), el Tribunal Civil de Malta sostuvo que la expulsión por Malta de los solicitantes de asilo a Libia, donde fueron encarcelados y torturados, vulneró el artículo 3 del CEDH, así como el artículo 36 de la Constitución de Malta. 4. 1. 1. La naturaleza del riesgo en el marco del Derecho de la UE En el ámbito del Derecho de la UE , la Directiva sobre requisitos de reconocimiento protege contra la devolución. Los individuos también pueden obtener la condición de refugiado (véase el capítulo 3 , sobre la condición y la documentación corres - pondiente) si tienen un temor fundado de persecución en el sentido del artículo 1, sección A, de la Convención de Ginebra de 1951. El artículo 9 de la Directiva sobre requisitos de reconocimiento prevé dos categorías de actos de persecución, a saber: a) actos suficientemente graves por su naturaleza o carácter reiterado como para constituir una vulneración grave de los derechos humanos fundamen - tales, en particular los derechos que no pueden ser objeto de excepciones al amparo del artículo 15.2 del CEDH; b) una acumulación de varias medidas, incluidas las vulneraciones de los dere - chos humanos, lo suficientemente grave como para afectar a una persona de manera similar a la mencionada en la letra a).
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El artículo 9 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento especifica tam - bién que la persecución puede revestir diferentes formas, que incluyen actos de vio - lencia física o psíquica, medidas administrativas o legislativas (como las leyes que prohíben la homosexualidad o la libertad religiosa) y «actos dirigidos contra las per - sonas por razón de su sexo o por ser niños». Por ejemplo, se puede considerar que las víctimas de trata de seres humanos sufren persecución. Las diferentes formas de persecución y los actos enumerados más arriba se pueden atribuir a uno de los cinco motivos de persecución consagrados en la Convención de Ginebra de 1951: raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social y opiniones políticas. Estos cinco motivos de persecución se recogen en el artículo 10 de la Directiva sobre (153) Malta, Abdul Hakim Hassan Abdulle Et contra Ministry tal-Gustizzja u Intern Et, Qorti Civili Prim’Awla (Gurisdizzjoni Kostituzzjonali) , n.º 56/2007, 29 de noviembre de 2011.
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119Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo requisitos para el reconocimiento, que en su versión refundida exige expresamente que se tenga en cuenta la identidad de género a efectos de determinar la pertenen - cia a un determinado grupo social. También puede existir persecución cuando, a su retorno, una persona es obligada a ocultar sus convicciones políticas, su orientación sexual o sus creencias y prácticas religiosas para evitar daños graves. Ejemplo: en los asuntos acumulados Y y Z (154), se instó al TJUE a que definiera qué hechos podían constituir «acto de persecución» en el contexto de una vul - neración grave de la libertad de religión de conformidad con el artículo 9.1 a) de la Directiva sobre requisitos de reconocimiento y con el artículo 10 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE . Concretamente, se preguntó al Tri - bunal si la definición de actos de persecución por motivos religiosos cubría las injerencias en la «libertad de manifestar la fe». El TJUE aclaró que una injerencia en la manifestación externa de la libertad de religión puede constituir un acto de persecución. La gravedad intrínseca de los actos y la gravedad de sus con - secuencias en las personas afectadas determinan si la vulneración del derecho garantizado por el artículo 10.1 de la Carta constituye un acto de persecución en el sentido del artículo 9.1 de la Directiva. El TJUE sostuvo, asimismo, que cuando las autoridades nacionales evalúan una solicitud de estatuto de refugiado de manera individual no cabe esperar que el solicitante de asilo renuncie a las acti - vidades religiosas que puedan poner en peligro su vida en su país de origen.
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Ejemplo: en Fathi (155), el TJUE reafirmó una definición amplia de «religión» que abarca todos sus componentes, ya sean públicos o privados, colectivos o indivi - duales. El Tribunal sostuvo que la definición de «religión» en la Directiva sobre requisitos de reconocimiento solo proporciona una lista no exhaustiva de los componentes que pueden caracterizar el concepto de religión como motivo de persecución. No se puede exigir a un solicitante que afirme estar en peligro de ser perseguido por motivos basados en la religión que haga declaraciones o presente documentos relativos a cada uno de los componentes contemplados en el artículo 10.1 b) de la Directiva sobre requisitos de reconocimiento para fun - damentar sus creencias religiosas. El Tribunal también declaró que la imposición (154) TJUE, asuntos acumulados C -71/11 y C -99/11, Bundesrepublik Deutschland contra Y y Z , 5 de septiembre de 2012, párrs. 72 y 80. (155) TJUE, C -56/17, Bahtiyar Fathi contra Predsedatel na Darzhavna agentsia za bezhantsite , 4 de octubre de 2018.
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120Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración de la pena de muerte o de una pena privativa de libertad puede constituir en sí misma un «acto de persecución», en el sentido del párrafo 1 del artículo 9 de la Directiva, siempre que esas penas se apliquen efectivamente en el país de ori - gen que haya adoptado esa legislación. Ejemplo: en X, Y y Z (156), el TJUE estableció que, cuando se analiza una solicitud para obtener la condición de refugiado, las autoridades competentes no pueden razonablemente esperar que el solicitante de asilo oculte su homosexualidad en su país de origen o actúe con discreción al vivir su orientación sexual para evitar el riesgo de persecución. Las necesidades de protección de las personas que presentan solicitudes de asilo mientras se encuentran en el país de acogida («refugiados in situ ») están reconoci - das: el artículo 5 de la Directiva sobre requisitos de reconocimiento se refiere explí - citamente a la cuestión del temor justificado de persecución o daños graves basado en hechos que se hayan producido con posterioridad a la partida del solicitante de su país de origen.
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Protección subsidiaria : la Directiva sobre requisitos de reconocimiento garantiza la «protección subsidiaria» a quienes no cumplen los requisitos para ser considerados refugiados, pero que, si fueran devueltos a su país de origen o a su antiguo lugar de residencia habitual, correrían un riesgo real de sufrir daños graves, como la pena de muerte o ejecución [artículo 15 a)], la tortura u otras penas o tratos inhumanos o degradantes [artículo 15 b)] y amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situacio - nes de conflicto armado internacional o interno [artículo 15 c)]. Ejemplo: en el caso Mohamed M’Bodj contra el Estado belga (157), el TJUE dicta - minó que a un solicitante que padezca una enfermedad grave no se le puede conceder la protección subsidiaria en virtud del artículo 15 de la Directiva sobre requisitos de reconocimiento. El hecho de que se impida la expulsión debido a la ausencia de tratamiento médico adecuado en el país de origen no significa que deba concederse al solicitante la protección subsidiaria y, por tanto, la residencia legal en el Estado miembro de la UE, a menos que se le prive intencionada - mente de atención sanitaria en su país de origen. (156) TJUE, asuntos acumulados C -199/12, C -200/12 y C -201/12, Minister voor Immigratie en Asiel contra X y Y, y Z contra Minister voor Immigratie en Asiel , 7 de noviembre de 2013. (157) TJUE, C -542/13, Mohamed M’Bodj contra État Belge [GS], 18 de diciembre de 2014.
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121Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo Ejemplo: MP contra Secretario de Estado del Departamento del Interior (158) se refería a la posible concesión de protección subsidiaria a una persona que era víctima de tortura en su país de origen. El TJUE dictaminó que los Estados miem - bros de la Unión Europea no pueden expulsar al solicitante si tal expulsión da lugar a un deterioro significativo y permanente de los trastornos de salud men - tal de esa persona, en particular cuando ese deterioro pone en peligro su vida. Sin embargo, el hecho de que la expulsión se impida debido a la ausencia de un tratamiento adecuado no significa que se deba conceder al solicitante la pro - tección subsidiaria prevista en el artículo 15 b) de la Directiva sobre requisitos de reconocimiento y, por lo tanto, la residencia legal en el Estado miembro de la UE. Al decidir sobre la concesión de la protección subsidiaria, las autoridades deben determinar si es probable que el regreso de esa víctima al país de origen entrañe la privación intencional del tratamiento médico necesario por parte de las autoridades, ya que esas son las condiciones en que la persona puede aco - gerse a la protección subsidiaria. Ejemplo: en el asunto Elgafaji (159), el TJUE examinó la concesión de la condi - ción de protección subsidiaria a un nacional iraquí que no cumplía los requisi - tos para ser considerado refugiado y basó su razonamiento en el significado de «amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil motivadas por una violencia indiscriminada en situaciones de conflicto armado internacional o interno» en el artículo 15 c) de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento.
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El Tribunal sostuvo que el significado del artículo 15 c) de la Directiva posee su propia esfera de aplicación, diferente de las expresiones «pena de muerte», «ejecución» y «tortura o penas o tratos inhumanos o degra - dantes» utilizadas en el artículo 15 a) y b) de la Directiva. Cubre el riesgo más general de sufrir daños relacionados con las circunstancias en que se encuentra el solicitante o con la situación general en el país de origen. Para que el solicitante pueda optar a la protección subsidiaria en el sentido del artí - culo 15 c), se ha de demostrar que le afectan factores particulares derivados de sus circunstancias personales o que se encuentra en una situación de violencia indis - criminada. Cuanto más capaz sea el solicitante de demostrar la existencia de facto - res específicos derivados de sus circunstancias personales, menor será el grado de violencia indiscriminada necesario para que pueda optar a la protección subsidiaria (158) TJUE, C -353/16, MP contra Secretario de Estado del Departamento del Interior , 24 de abril de 2018. (159) TJCE, C -465/07, Meki Elgafaji y Noor Elgafaji contra Staatssecretaris van Justitie [GS], 17 de febrero de 2009, párrs. 35 a 39. Para cuestiones similares, véase también TJUE, C -285/12, Aboubacar Diakité contra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides , 30 de enero de 2014.
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122Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración con arreglo al artículo 15 c). En casos excepcionales, el solicitante podrá optar a la protección subsidiaria cuando el grado de violencia indiscriminada de un conflicto armado alcance un nivel tan elevado que concurran motivos fundados para creer que, por su sola presencia en el país o la región de origen, puede enfrentarse a un riesgo real de amenazas (160). 4. 1.2. La naturaleza del riesgo en el sentido del CEDH De conformidad con el CEDH, cuando un Estado expone a una persona a un riesgo real de perder la vida en el sentido de su artículo 2, o de tortura o de penas o tra - tos inhumanos o degradantes en el sentido de su artículo 3, la expulsión está total - mente prohibida. No es necesario demostrar una persecución por una de las razones recogidas en la Convención de Ginebra de 1951. No se prevén excepciones a la pro - hibición de expulsión (véase el apartado 4.1.7 ). El TEDH tiende a examinar los asuntos en el sentido del artículo 2 o del artículo 3 del CEDH, dependiendo de las circunstancias particulares y del trato al que la persona corra el riesgo de enfrentarse si es deportada o extraditada. A menudo, el Tribunal considera inseparables las cuestiones relativas a ambos artículos y las examina con - juntamente (161), o bien examina la denuncia en virtud del artículo 2 en el contexto de la denuncia principal conexa en virtud del artículo 3.
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Ejemplo: en el caso Bader y Kanbor contra Suecia (162), el TEDH consideró que extraditar a Siria a una persona que había sido condenada en rebeldía en ese país a la pena de muerte constituiría una vulneración de los artículos 2 y 3 del CEDH. Ejemplo: en el caso Al-Saadoon contra el Reino Unido (163), cuando las autori - dades británicas que operaban en Irak entregaron a unos civiles iraquíes a la Administración penal iraquí en circunstancias en las que se enfrentaban a la pena capital, se consideró que el Reino Unido había vulnerado el artículo 3. El TEDH no juzgó necesario examinar también el asunto en el sentido del artículo 2 del CEDH o del Protocolo n.º 13. (160) Sobre la definición de «conflicto armado interno» el TJUE también se pronunció en el caso Aboubacar Diakité contra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides , C-285/12, sentencia de 30 de enero de 2014. (161) TEDH, F.G. contra Suecia [GS], n.º 43611/11, 23 de marzo de 2016, párr. 110. (162) TEDH, Bader y Kanbor contra Suecia , n.º 13284/04, 8 de noviembre de 2005. (163) TEDH, Al-Saadoon y Mufdhi contra el Reino Unido , n.º 61498/08, 2 de marzo de 2010.
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123Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo El TEDH se centra en las consecuencias previsibles de la expulsión de una persona al país de retorno propuesto. El Tribunal analiza las circunstancias personales del interesado, así como las condiciones generales del país: si presenta una situación de violencia generalizada o conflicto armado, si se cometen en él vulneraciones de los derechos humanos, etc. Si un individuo es miembro de un grupo sujeto a malos tratos sistemáticos (164), puede que no sea necesario aducir pruebas de factores de riesgo personal. Ejemplo: en el caso Salah Sheekh contra los Países Bajos (165), el TEDH consideró que los miembros de los clanes minoritarios de Somalia eran un grupo especí - fico que corría riesgo de malos tratos. El elemento determinante fue si el solici - tante habría podido obtener protección y reparación por los hechos cometidos contra él en el pasado en aquel país. El TEDH estimó que no habría podido obte - ner ni protección ni reparación, pues, desde que él había huido de Somalia, la situación del país no había experimentado mejoras considerables. No se podía pedir al solicitante que demostrase la existencia de características especiales que lo distinguieran personalmente para probar que había estado, y seguía estando, en una situación personal de riesgo. El TEDH concluyó que su expulsión habría vulnerado el artículo 3 del CEDH. En la mayor parte de los casos, una situación de violencia generalizada en un país no constituye una vulneración del artículo 3 del CEDH. No obstante, cuando la violen - cia se produce en un grado o con una intensidad suficiente, no es necesario que el interesado demuestre que se enfrentaría a una situación peor que otros miembros del grupo al que pertenece.
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En algunos casos, el individuo tiene que demostrar una combinación de factores de riesgo personal y riesgo de violencia generalizada. La única cuestión que el Tribunal ha de analizar es si existe un riesgo previsible y real de malos tratos contrarios al artículo 3 del CEDH. Ejemplo: en el caso NA. contra el Reino Unido (166), el TEDH declaró que el nivel de violencia generalizada en Sri Lanka no era suficiente para prohibir todos los retornos al país. Sin embargo, atendiendo conjuntamente a los factores perso - nales específicos del solicitante, su retorno habría constituido una vulneración (164) TEDH, H. y B. contra el Reino Unido , nos 70073/10 y 44539/11, 9 de abril de 2013, párr. 91; TEDH, Tadzhibayev contra Rusia , n.º 17724/14, 1 de diciembre de 2015, párr. 43. (165) TEDH, Salah Sheekh contra los Países Bajos , n.º 1948/04, 11 de enero de 2007. (166) TEDH, N.A. contra el Reino Unido , n.º 25904/07, 17 de julio de 2008, párrs. 114 a 117 y 147.
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124Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración del artículo 3 del CEDH. Por primera vez, el TEDH aceptó la posibilidad de que una situación de violencia generalizada pudiera implicar por sí misma la prohibi - ción de todos los retornos (167). Ejemplo: en el caso Sufi y Elmi contra el Reino Unido (168), el TEDH sostuvo que el nivel y la intensidad de la violencia indiscriminada existente en Mogadiscio, Somalia, eran suficientes para constituir un riesgo real para la vida o la integri - dad física de cualquier civil que se encontrase allí. Al evaluar el nivel de vio - lencia, el Tribunal aplicó, entre otros, los siguientes criterios: si las partes del conflicto estaban empleando métodos y tácticas bélicos que aumentaban el riesgo de víctimas entre los civiles o se orientaban directamente contra estos; si la aplicación de esos métodos y tácticas estaba extendida entre las partes del conflicto; si los combates eran localizados o generalizados; y, por último, el número de civiles fallecidos, heridos o desplazados a consecuencia de los com - bates. La situación de violencia generalizada en Mogadiscio era suficientemente intensa como para que el TEDH concluyese que cualquier persona repatriada correría un riesgo real de malos tratos contrarios al artículo 3 por la senci - lla razón de estar presente en el país, a menos que se pudiera demostrar que estuviese tan bien relacionada con personas influyentes de la ciudad como para obtener protección. Ejemplo: en el caso L.M. y otros contra Rusia (169), un palestino apátrida y dos ciudadanos sirios fueron detenidos en Rusia en espera de su expulsión a Siria.
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El TEDH consideró fundadas las alegaciones de los demandantes de que su expul - sión a Siria infringiría los artículos 2 y 3 del CEDH, debido al nivel de intensidad del conflicto en Siria y, en particular, en Alepo y Damasco, ciudades de origen de los demandantes en las que se habían producido combates especialmente intensos y un alto nivel de peligro de malos tratos. La persona que va a ser expulsada puede enfrentarse a riesgos de diferentes tipos de daños que pueden implicar un trato contrario al artículo 3 del CEDH, lo que incluye las causas de riesgo que no emanan del Estado de acogida , sino de agentes no estatales, de enfermedades o de las condiciones humanitarias del país. (167) Véase también TEDH, X. contra Suiza , n.º 16744/14, 26 de enero de 2017. (168) TEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 11449/07, 28 de junio de 2011, párrs. 241 a 250 y 293. Para una evaluación más reciente de la situación en Somalia, véase TEDH, K.A.B. contra Suecia , n.º 886/11 de 5 de septiembre de 2013. (169) TEDH, L.M. y otros contra Rusia , nos 40081/14, 40088/14 y 40127/14, 15 de octubre de 2015, párrs. 119 a 127.
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125Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo Ejemplo: el caso J.K. y otros contra Suecia (170) se refería a un iraquí que había trabajado para clientes estadounidenses y que operaba desde una base de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en Irak y a su familia, que había huido de Irak porque habían estado expuestos a graves amenazas y abusos de Al-Qaeda. El TEDH sostuvo que en esa situación el Estado iraquí no podría proporcionar a los solicitantes una protección efectiva contra las amenazas de Al-Qaeda u otros grupos privados y que, por lo tanto, los solicitantes se enfrentarían a un riesgo real de persecución continua por parte de agentes no estatales si regre - saran a Irak. Ejemplo: el caso D. contra el Reino Unido (171) trataba de la expulsión de un enfermo terminal. El TEDH estudió las circunstancias de la expulsión del soli - citante: la retirada del tratamiento médico, la dureza de las condiciones en el país de retorno y la probabilidad de una muerte inminente. Llegó a la conclusión de que, en esas circunstancias tan excepcionales, la expulsión del solicitante constituiría una vulneración del artículo 3 del CEDH. No obstante, el Tribunal fijó un elevado umbral para este tipo de casos. En un asunto posterior, N. contra el Reino Unido (172), se consideró que la expulsión de una mujer a Uganda no vulneraba el artículo 3 del CEDH, pues las pruebas disponibles demostraban que en el país de la solicitante existía algún tipo de tratamiento médico y que en el momento de la expulsión la mujer no era una enferma terminal.
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Ejemplo: el caso Paposhivili contra Bélgica (173) se refería a un ciudadano geor - giano que sufría de leucemia y tuberculosis recurrente y que se enfrentaba a la expulsión debido a la actividad delictiva en Bélgica. El TEDH se basó en el enfo - que adoptado en el caso D. contra Reino Unido . Aclaró que, también en ausencia de un riesgo inminente de muerte, la falta de tratamiento apropiado y accesible en el país receptor, que expone a la persona a un «deterioro grave, rápido e irre - versible de su estado de salud que cause un sufrimiento intenso o una reduc - ción significativa de la esperanza de vida», entraría en el ámbito del artículo 3. El Tribunal dictaminó que corresponde al solicitante aportar pruebas de un riesgo real de ser sometido a un tratamiento contrario al artículo 3 del CEDH y a las autoridades evaluar si el tratamiento adecuado está disponible y es accesible en el país receptor para evitar que se encuentre en una situación equivalente a un (170) TEDH, J.K. y otros contra Suecia [GS], n.º 59166/12, 23 de agosto de 2016. (171) TEDH, D. contra el Reino Unido , n.º 30240/96, 2 de mayo de 1997. (172) TEDH, N. contra el Reino Unido [GS], n.º 26565/05, 27 de mayo de 2008. (173) TEDH, Paposhvili contra Bélgica [GS], n.º 41738/10, 13 de diciembre de 2016, párrs. 183 a 191.
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126Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración maltrato. Los Estados deben evaluar las repercusiones de la expulsión en la per - sona comparando su salud antes de la expulsión y cómo evolucionaría después de la misma. El Tribunal determinó que las autoridades belgas no habían exami - nado las condiciones médicas del demandante en el contexto de su expulsión y, por lo tanto, violaron el artículo 3 del CEDH. Ejemplo: el caso Babar Ahmad y otros contra el Reino Unido (174) trataba de pre - suntos terroristas que podían ser extraditados a Estados Unidos. El TEDH con - cluyó que el artículo 3 no se habría vulnerado por las posibles condiciones de detención en ADX Florence (una prisión de máxima seguridad) ni por la duración de las posibles condenas. Ejemplo: en el caso Aswat contra el Reino Unido (175), el TEDH consideró que la extradición del solicitante, un presunto terrorista que padecía un grave tras - torno mental, a Estados Unidos constituiría una vulneración del artículo 3, dada la incertidumbre sobre sus condiciones de detención en el país receptor. Su trastorno mental era lo suficientemente grave como para haber requerido su traslado de un centro penitenciario ordinario a un hospital psiquiátrico de alta seguridad en el Reino Unido. Las pruebas médicas indicaban claramente que lo más conveniente para él era permanecer en dicho hospital «por su propia salud y seguridad». Por tanto, a la luz de las pruebas médicas disponibles, exis - tía un riesgo real de que la extradición a un país diferente y a una cárcel dife - rente y potencialmente más hostil provocase un deterioro significativo de su salud mental y física y de que dicho deterioro pudiera alcanzar el umbral del artículo 3.
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Ejemplo: en el caso Sufi y Elmi contra el Reino Unido (176), el TEDH consideró que, si se expulsaba a los solicitantes, era probable que acabasen en campos de refugiados de Somalia y los países vecinos, donde las condiciones humanitarias vulneraban el artículo 3 del CEDH. El Tribunal señaló que la situación humanitaria no obedecía únicamente a fenómenos naturales, como la sequía, sino que tam - bién era consecuencia de acciones y omisiones de los Estados participantes en el conflicto de Somalia. (174) TEDH, Babar Ahmad y otros contra el Reino Unido , nos 24027/07 y 4 otros, 10 de abril de 2012. (175) TEDH, Aswat contra el Reino Unido , n.º 17299/12, 16 de abril de 2013. (176) TEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 11449/07, 28 de junio de 2011, párrs. 267 a 292.
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127Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo Ejemplo: a escala nacional, en el asunto M.A. (177), el Consejo de Estado francés (Conseil d’État ) anuló la decisión de enviar al ciudadano albanés M. A., a quien se le había denegado el permiso de residencia, de vuelta a Albania. El Con - sejo de Estado sostuvo que, en Albania, M. A. quedaría expuesto a un riesgo de malos tratos y muerte por los miembros de la familia de una persona que resultó muerta en una redada policial en la que M. A. participó. El Consejo de Estado consideró que el artículo 3 del CEDH se ha de aplicar siempre que las autoridades estatales sean incapaces de ofrecer protección suficiente, aunque el riesgo proceda de grupos de particulares. El TEDH también ha de valorar si la participación de un individuo en actividades disi - dentes en el país de acogida aumenta el riesgo de que a su vuelta se enfrente a tra - tos contrarios al artículo 3 del CEDH (178). Ejemplo: en el caso S.F. y otros contra Suecia (179), el TEDH estimó que la repa - triación de una familia iraní de disidentes políticos que había huido de Irán y había participado en importantes actividades políticas en Suecia vulneraría el artículo 3 del CEDH. El Tribunal consideró que las actividades de los solicitan - tes en Irán no eran, por sí mismas, suficientes para constituir un riesgo, pero las que habían desarrollado en Suecia eran importantes, pues había pruebas de que las autoridades iraníes controlaban las comunicaciones por internet y las críticas al régimen, incluso fuera del país.
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Por lo tanto, las autoridades iraníes podrían identificar fácilmente a los solicitantes a su regreso, dadas sus activi - dades y los incidentes en que habían intervenido en Irán antes de desplazarse a Suecia, y también porque la familia había sido obligada a abandonar Irán irre - gularmente, sin documentos de identidad válidos. 4.1.3. Evaluación del riesgo Los principios aplicados con arreglo al Derecho de la UE y al CEDH presentan muchos elementos comunes en cuanto a la evaluación del riesgo en caso de retorno. Estas coincidencias se pueden atribuir al hecho de que las normas del acervo de la UE en materia de asilo derivan en gran medida de la jurisprudencia del TEDH y de las (177) Francia, Consejo de Estado ( Conseil d’État) , M. A., n.º 334040 , 1 de julio de 2011. (178) Véanse, por ejemplo, TEDH, A.A. contra Suiza , n.º 58802/12, 7 de enero de 2014; TEDH, F.G. contra Suecia [GS], n.º 43611/11, 23 de marzo de 2016; TEDH Muminov contra Rusia , n.º 42502/06, 11 de diciembre de 2008. (179) TEDH, S.F. y otros contra Suecia , n.º 52077/10, 15 de mayo de 2012.
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128Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración directrices del ACNUR. Uno de estos principios se refiere a la necesidad de que las evaluaciones sean individuales y tengan en cuenta las últimas modificaciones de todas las disposiciones normativas, hechos, documentos y pruebas pertinentes, incluida la información sobre la situación en el país de origen. Los daños sufridos por una persona en el pasado pueden constituir un indicio serio del riesgo que puede correr en el futuro. En el ámbito del Derecho de la UE , el artículo 4 de la Directiva sobre requisitos de reconocimiento establece normas detalladas para valorar los hechos y las circuns - tancias en las solicitudes de protección internacional. Por ejemplo, la evaluación se ha de efectuar de manera individual. El hecho de que una persona haya sufrido per - secución en el pasado puede constituir un indicio serio de riesgo futuro en caso de repatriación. Los funcionarios encargados de decidir sobre la admisibilidad han de tener en cuenta toda explicación que constituya un «auténtico esfuerzo» para fun - damentar su solicitud. La Directiva sobre requisitos de reconocimiento establece en su artículo 4.3 que la evaluación se ha de efectuar en el momento de resolver sobre la solicitud. La Direc - tiva revisada sobre procedimientos de asilo requiere en su artículo 46.3 que, en caso de recurso, el examen de los hechos y fundamentos de derecho se realice con res - pecto al momento en que se examina el recurso. El plazo de evaluación de la finali - zación del estatuto de protección se describe en el apartado 4.1.8. En virtud de la legislación del CEDH , el TEDH ha distinguido dos tipos de solicitudes de asilo en función de la naturaleza del riesgo.
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Por una parte, si el riesgo es derivado de una situación general y conocida, las autoridades deben llevar a cabo una eva - luación del riesgo de oficio. Por otra parte, en las situaciones de solicitudes de asilo basadas en un riesgo individual, «debe ser la persona que solicita el asilo la que se base en ese riesgo y lo justifique» (180). Así pues, en este último caso, corresponde al solicitante presentar pruebas de la existencia de motivos fundados para considerar que su expulsión de un Estado miembro puede conllevar un riesgo real de sufrir tra - tos prohibidos por los artículos 2 o 3 del CEDH. Una vez presentadas tales pruebas, corresponde al Gobierno aclarar cualquier duda que pueda surgir al respecto (181). El TEDH ha reconocido que los solicitantes de asilo se encuentran a menudo en una situación especial que con frecuencia hace necesario concederles el beneficio de la (180) TEDH, F.G. contra Suecia [GS], n.º 43611/11, 23 de marzo de 2016, párrs. 126 a 127; TEDH, J.K. y otros contra Suecia [GS], n.º 59166/12, 23 de agosto de 2016, párr. 98. (181) TEDH, Saadi contra Italia [GS], n.º 37201/06, 28 de febrero de 2008, párr. 129.
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129Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo duda al evaluar la credibilidad de sus declaraciones y de la documentación que apor - tan (182). No obstante, cuando falta información o cuando existe una razón de peso para dudar de la veracidad de las pruebas y documentos presentados, el individuo debe dar una explicación satisfactoria (183). Ejemplo: en el caso Singh y otros contra Bélgica (184), el TEDH observó que las autoridades belgas habían rechazado los documentos de apoyo a la solicitud de asilo de unos nacionales afganos. Las autoridades no habían investigado suficientemente la documentación con anterioridad a considerarla poco convin - cente. En particular, no habían comprobado la autenticidad de las copias de los documentos expedidos por la oficina del ACNUR en Nueva Delhi, que recono - cían a los solicitantes la condición de refugiados, pese a que tal comprobación hubiese sido fácil de realizar. Por lo tanto, no llevaron a cabo un examen deta - llado y riguroso de la solicitud de asilo tal y como se requiere en el artículo 13 del CEDH, con lo que vulneraron esta disposición en conjunto con el artículo 3. Teniendo en cuenta el carácter absoluto de los derechos garantizados en los artí - culos 2 y 3 del CEDH y la situación de vulnerabilidad de los solicitantes de asilo, las autoridades pueden verse obligadas a evaluar de oficio si existe un riesgo. Este es el caso cuando un solicitante decide no basarse en un motivo individual específico de asilo o no revelarlo absteniéndose deliberadamente de mencionarlo y si se pone en conocimiento de un Estado hechos relativos a un individuo específico que podrían exponerlo a un riesgo de malos tratos al regresar al país en cuestión (185).
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El artículo 36 del CEDH permite a un Estado miembro intervenir en un caso presen - tado ante el Tribunal por uno de sus nacionales contra otro Estado miembro. Esta disposición, que se insertó en el CEDH para permitir al Estado aportar protección diplomática a sus nacionales, no se aplica en casos en los que las quejas de los (182) TEDH, J.K. y otros contra Suecia [GS], n.º 59166/12, 23 de agosto de 2016, párr. 93; TEDH, M.A. contra Suiza , n.º 52589/13, 18 de noviembre de 2014, párr. 55; TEDH, Salah Sheekh contra los Países Bajos , n.º 1948/04, 11 de enero de 2007, párr. 148; TEDH, R.C. contra Suecia , n.º 41827/07, 9 de marzo de 2010, párr. 50. (183) TEDH, Matsiukhina y Matsiukhin contra Suecia (dec.), n.º 31260/04, 21 de junio de 2005; TEDH, Collins y Akaziebie contra Suecia (dec.), n.º 23944/05, 8 de marzo de 2007; TEDH, A.A.M. contra Suecia , n.º 68519/10, 3 de abril de 2014. (184) TEDH, Singh y otros contra Bélgica , n.º 33210/11, 2 de octubre de 2012. (185) TEDH, F.G. contra Suecia [GS], n.º 43611/11, 23 de marzo de 2016, párr. 127.
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130Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración demandantes expongan el temor de estos a ser enviados al Estado miembro del que sean nacionales, lo que supondría que fueran objeto de tratos contrarios a los artículos 2 y 3 del CEDH (186). En el sentido del CEDH, de conformidad con la jurisprudencia del TEDH, el riesgo no se ha de evaluar únicamente desde el punto de vista de los factores individuales, sino también de manera conjunta (187). Las evaluaciones deben ser individualiza - das y deben tomar en consideración todas las pruebas (188). Que una persona haya sufrido persecución en el pasado puede constituir un indicio importante de un riesgo futuro (189). Al evaluar el riesgo en caso de retorno, el TEDH ha tenido en cuenta las pruebas de la situación general del país, así como las de un riesgo particular para el interesado. El TEDH ha facilitado unas orientaciones sobre los tipos de documentación que se pueden considerar fiables al estudiar las condiciones del país, como informes del ACNUR y de las organizaciones internacionales de derechos humanos (190). El Tribu - nal no ha considerado fiables los informes procedentes de fuentes de información desconocidas y aquellos cuyas conclusiones contradicen a las de otros informes dig - nos de crédito (191). Cuando una persona no ha sido expulsada, la fecha que se tiene en cuenta para la evaluación del riesgo es la del examen realizado por el TEDH (192). Este principio se ha aplicado sin tener en cuenta si el derecho del CEDH que se está analizando tiene carácter absoluto, como en el caso del artículo 3, o no absoluto, como sucede con el artículo 8 (193).
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Si el solicitante ya ha sido expulsado, el TEDH estudiará si ha sufrido (186) TEDH, I. contra Suecia , n.º 61204/09, 5 de septiembre de 2013. (187) TEDH, S.F. y otros contra Suecia , n.º 52077/10, 15 de mayo de 2012, párrs. 68 y 69. (188) TEDH, R.C. contra Suecia , n.º 41827/07, 9 de marzo de 2010, párr. 51 (con certificado médico); TEDH, N. contra Suecia , n.º 23505/09, 20 de julio de 2010, párr. 52; TEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 11449/07, 28 de junio de 2011. (189) TEDH, R.C. contra Suecia , n.º 41827/07, 9 de marzo de 2010; TEDH, J.K. y otros contra Suecia [GS], n.º 59166/12, 23 de agosto de 2016, párrs. 99 a 102. (190) TEDH, N.A. contra el Reino Unido , n.º 25904/07, 17 de julio de 2008, párrs. 118 a 122. (191) TEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 1449/07, 28 de junio de 2011, párrs. 230 a 234. (192) TEDH, Saadi contra Italia [GS], n.º 37201/06, 28 de febrero de 2008. (193) TEDH, A.A. contra el Reino Unido , n.º 8000/08, 20 de septiembre de 2011.
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131Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo malos tratos, incluyendo durante el proceso de expulsión (194), o si la información relativa al país demuestra que existen motivos fundados para creer que el solicitante podría sufrir malos tratos. Ejemplo: en el caso Sufi y Elmi contra el Reino Unido (195), el TEDH examinó los informes de las organizaciones internacionales sobre las condiciones y los nive - les de violencia existentes en Somalia, así como las vulneraciones de los dere - chos humanos perpetradas por el grupo insurgente islamista somalí Al-Shabaab. El Tribunal no pudo tener en cuenta el informe gubernamental sobre Somalia elaborado en Nairobi (Kenia), pues contenía información vaga y anónima y con - tradecía otros datos del dominio público. Basándose en las pruebas de que dis - ponía, el Tribunal consideró improbable que las condiciones de Somalia mejora - sen pronto. Ejemplo: en el caso Muminov contra Rusia (196), el solicitante era un ciudadano uzbeko que, al parecer, estaba cumpliendo una condena de cinco años de pri - sión en Uzbekistán tras haber sido extraditado por Rusia. El TEDH sostuvo que, aunque no hubiera otra información fiable sobre la situación del solicitante tras su extradición aparte de su condena, los datos disponibles sobre los malos tra - tos generalizados a los convictos en Uzbekistán eran suficientemente creíbles para hacer que el Tribunal concluyera que se había vulnerado el artículo 3 del CEDH. 4. 1.4.
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Suficiencia de la protección En virtud del Derecho internacional de los refugiados, cuando un solicitante de asilo declara que teme ser perseguido tiene derecho a que se le conceda la condición de refugiado, siempre que pueda demostrar un temor justificado de persecución por un motivo previsto en la Convención de Ginebra de 1951 y que la protección esta - tal sea insuficiente. Por suficiencia de la protección estatal se entiende la voluntad y la capacidad del Estado de acogida, ya sea por parte de los agentes del Estado o por otras entidades que controlen partes del territorio estatal, de proporcionar, por medio de su sistema legal, un nivel razonable de protección frente a los malos tratos temidos por el solicitante de asilo. (194) TEDH, Thuo contra Chipre , n.º 3869/07, 4 de abril de 2017. (195) TEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 11449/07, 28 de junio de 2011. (196) TEDH, Muminov contra Rusia , n.º 42502/06, 11 de diciembre de 2008.
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132Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Según el Derecho de la UE , a la hora de decidir si el solicitante puede acceder a la condición de refugiado o a la protección subsidiaria, se ha de tener en cuenta si en el país de retorno propuesto estará protegido frente al daño que teme. El artí - culo 7 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento establece que «[l]a protección contra la persecución o los daños graves solo la podrán proporcionar […] el Estado, o […] partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones internaciona - les, que controlan el Estado o una parte considerable de su territorio, siempre que quieran y puedan ofrecer protección […]» que sea «efectiva y de carácter no tem - poral». Es necesario tomar medidas adecuadas para prevenir la persecución, lo que incluye la puesta en funcionamiento de un sistema jurídico eficaz que permita iden - tificar, perseguir y castigar a los culpables. El solicitante debe tener acceso a estos sistemas de protección. Ejemplo: en el asunto Salahadin Abdulla y otros (197), que se refería al cese de la condición de refugiado, el TJUE sostuvo que el Estado y las otras entidades que ofrecen protección con arreglo al artículo 7.1 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento han de tener objetivamente un nivel razonable de capacidad y la voluntad necesaria para prevenir los actos de persecución. Deben adoptar las medidas adecuadas para prevenir la persecución mediante, en particular, la puesta en marcha de un sistema jurídico eficaz accesible al interesado cuando se le haya retirado la condición de refugiado, con el fin de detectar, perseguir y castigar los actos de persecución.
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| 1,714 | 2,819 |
El Estado y las otras entidades que ofrecen protección han de cumplir ciertos requisitos concretos, como tener la autoridad, la estructura organizativa y los medios necesarios para mantener, entre otras cosas, un nivel de derecho y orden mínimo en el país cuya nacionalidad posee el refugiado. Para los palestinos existe un régimen de protección específico. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (OOPS) se creó para protegerlos y prestarles asistencia. El OOPS opera en Cisjordania, incluidas Jerusalén Este y la Franja de Gaza, así como Jordania, Siria y el Líbano. De acuerdo con el artículo 12.1 a) de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento (que incorpora el artículo 1, sección D, de la Convención de Ginebra de 1951 al Derecho de la UE) , las personas que reciben asistencia del OOPS no tienen derecho a la condición de refugiado. (197) TJUE, asuntos acumulados C -175/08, C -176/08, C -178/08, C -179/08, Aydin Salahadin Abdulla y otros contra Bundesrepublik Deutschland , 2 de marzo de 2010.
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133Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo Ejemplo: el asunto Bolbol (198) trataba de una apátrida de origen palestino que huyó de la Franja de Gaza y llegó a Hungría, donde presentó una solicitud de asilo sin haber pedido previamente protección o asistencia al OOPS. El TJUE señaló que, a los fines del artículo 12.1 a) de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento, solo se ha de considerar que una persona ha recibido pro - tección y asistencia de una agencia de Naciones Unidas, aparte del ACNUR, si realmente ha hecho uso de esa protección o asistencia, no simplemente porque en teoría tenga derecho a ella. Ejemplo: en el asunto El Kott (199), el TJUE aclaró que a las personas obligadas a abandonar la zona de operaciones del OOPS por razones independientes de su voluntad y control debe concedérseles automáticamente el estatuto de refu - giado cuando no se aplique ninguno de los motivos de exclusión previstos en el artículo 12.1 b) o 12.2 y 12.3. Según el CEDH , para evaluar una vulneración, o posible vulneración, del artículo 3, puede ser preciso examinar cualquier protección que el Estado de acogida o sus organizaciones puedan proporcionar a la persona que va a ser expulsada. Existe una similitud entre el concepto de suficiencia de la protección en los casos de refugia - dos (que ya se ha explicado) y los asuntos relacionados con el artículo 3 del CEDH.
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Cuando el trato que la persona afectada corre el riesgo de sufrir a su vuelta alcance el nivel mínimo de gravedad necesario que supone una vulneración del artículo 3, se habrá de determinar si el Estado de acogida es capaz, tanto desde el punto de vista efectivo como en la práctica, de proteger a esa persona del riesgo en cuestión. Ejemplo: en el caso Hida contra Dinamarca (200), el solicitante, de etnia gitana, se enfrentaba a un retorno forzoso a Kosovo durante el conflicto de 2004. El TEDH, preocupado por los incidentes violentos y los crímenes contra las mino - rías, consideró que era necesario ofrecer protección internacional a los miem - bros de comunidades étnicas, como la comunidad gitana. El Tribunal observó que la Misión de las Naciones Unidas en Kosovo (UNMIK) llevaba a cabo un examen individualizado previo a cada uno de los retornos forzosos propues - tos por el director general de la Policía Nacional danesa. Cuando la UNMIK se oponía a algún retorno, el director general lo suspendía hasta nueva orden. El (198) TJUE, C -31/09, Nawras Bolbol contra Bevándorlási és Állampolgársági Hivata L [GS], 17 de junio de 2010. (199) TJUE, C -364/11, Abed El Karem El Kott y otros contra Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [GS], 19 de diciembre de 2012. (200) TEDH, Hida contra Dinamarca (dec.), n.º 38025/02, 19 de febrero de 2004.
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134Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración director general aún no se había puesto en contacto con la UNMIK en relación con el solicitante porque su retorno forzoso todavía no se había programado. En estas circunstancias, el Tribunal se dio por satisfecho al saber que, si la UNMIK se oponía al retorno forzoso del solicitante, con toda probabilidad el retorno quedaría en suspenso hasta nueva orden. El Tribunal consideró que no había motivos suficientes para creer que el solicitante, por ser de etnia gitana, se fuese a enfrentar a un riesgo real de ser sometido a tortura o a penas o tratos inhumanos o degradantes a su regreso a Kosovo. Por lo tanto, declaró el asunto inadmisible por considerarlo manifiestamente infundado. Se ha instado al TEDH a analizar si las garantías diplomáticas del Estado de acogida pueden descartar el riesgo de malos tratos que una persona correría a su retorno en caso de que tales garantías no existiesen. Cuando el Estado de acogida ofrece garantías, estas no bastan por sí solas para asegurar una protección adecuada con - tra el riesgo de malos tratos. Es obligatorio examinar si la aplicación práctica de las garantías protege suficientemente a la persona afectada del riesgo de malos tratos. El valor otorgado a las garantías dadas por el Estado de acogida depende en cada caso de las circunstancias existentes al realizar el análisis. La cuestión previa para el TEDH es si la situación general de los derechos huma - nos en el Estado de acogida impide aceptar garantías. La situación general de un país solo despojará a las garantías de todo su valor en casos excepcionales.
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| 1,656 | 2,793 |
Por lo general, el Tribunal empezará por evaluar la calidad de las garantías dadas y poste - riormente, a la luz de las prácticas del Estado de acogida, determinará si son fiables. Al hacerlo, el Tribunal también tomará en consideración los diferentes factores indi - cados en la jurisprudencia reciente (201). 4.1.5. Reubicación interna En el marco del Derecho de la UE y del CEDH, los Estados pueden concluir que una persona que se encuentre en situación de riesgo en su región de origen puede estar segura en otra región de su propio país y, por lo tanto, no necesitará protección internacional. (201) TEDH, T.M. y otros contra Rusia , nos 31189/15 y 5 otros, 7 de noviembre de 2017, párr. 24; TEDH, Tarakhel contra Suiza [GS], n.º 29217/12, 4 de noviembre de 2014, párrs. 120 a 122; TEDH, Gayratbek Saliev contra Rus ia, n.º 39093/13, 17 de abril de 2014, párrs. 65 a 67; TEDH, Othman (Abu Qatada) contra el Reino Unido , n.º 8139/09, 17 de enero de 2012, párr. 189; TEDH, Ismoilov y otros contra Rusia , n.º 2947/06, 24 de abril de 2008, párr. 127; TEDH, Saadi contra Italia [GS], n.º 37201/06, 28 de febrero de 2008.
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135Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo En el Derecho de la UE , la posibilidad de esta reubicación interna está codificada en el artículo 8 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento . En el CEDH , las propuestas de reubicación interna formuladas por un Estado deben someterse a una evaluación detallada que abarque desde el punto de retorno hasta el lugar de destino. Para ello se habrá de evaluar si el punto de retorno es seguro, si en la ruta hay puestos de bloqueo y si la persona podrá transitar con seguridad por determinadas zonas para llegar al lugar de destino. También se han de evaluar las circunstancias individuales (202). Ejemplo: en el caso Sufi y Elmi contra el Reino Unido (203), el TEDH sostuvo que, en principio, el artículo 3 del CEDH no impide a los Estados miembros confiar en la posibilidad de la reubicación interna, siempre y cuando la persona expulsada pueda evitar de manera segura la exposición a un riesgo real de malos tratos a lo largo del viaje a la zona en cuestión y durante su admisión y su estable - cimiento en esta. En este asunto, el Tribunal consideró que podía haber partes del sur y el centro de Somalia donde un repatriado no tenía por qué correr un riesgo real de malos tratos por la única razón de la violencia generalizada. Si los repatriados tuvieran que viajar o pasar por una zona controlada por Al-Shabaab, probablemente se verían expuestos a un riesgo de trato contrario al artículo 3, a menos que se pudiera demostrar que habían vivido recientemente en Somalia y, por lo tanto, sabían cómo evitar llamar la atención de Al-Shabaab.
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En el caso de los solicitantes, el Tribunal sostuvo que estos correrían, por diversas razones, un riesgo real de sufrir tratos contrarios al artículo 3 (204). 4.1.6. Seguridad en cualquier otro lugar En el marco del Derecho de la UE , a un Estado miembro de la Unión se le puede permitir, por razones de protección internacional, expulsar a un solicitante a otro país para el examen de su solicitud, con la condición de que ese país se considere seguro y se respeten ciertas garantías. En esta sección se explica cuándo esto es posible, mientras que las salvaguardias procesales aplicables para adultos se describen en el apartado 2 y, para los niños no acompañados, en el apartado 10.1 . (202) TEDH, A.A.M. contra Suecia , n.º 68519/10, 3 de abril de 2014, párr. 73; TEDH, J.K. y otros contra Suecia [GS], n.º 59166/12, 23 de agosto de 2016, párr. 96. (203) TEDH, Sufi y Elmi contra el Reino Unido , nos 8319/07 y 11449/07, 28 de junio de 2011. (204) Véase también TEDH, M.Y.H. contra Suecia , n.º 50859/10, 27 de junio de 2013.
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136Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Hay dos situaciones en las que se presume la seguridad en otro país. En primer lugar, un país se puede considerar seguro si su legislación nacional cumple una serie de requisitos recogidos en la Directiva sobre procedimientos de asilo (artículo 38). Entre estos requisitos están que el solicitante de asilo sea admitido por el llamado tercer país seguro , tenga la posibilidad de recibir protección y, si se considera que nece - sita protección internacional, sea tratado de acuerdo con la Convención de Ginebra de 1951. Es especialmente importante que los Estados garanticen que el repatriado no se enfrentará a una devolución posterior a un país no seguro. Para determinar que un Estado es un tercer país seguro debe haber una lista preestablecida, que debe ser notificada a la Comisión. Un tercer país seguro también requiere la exis - tencia de una conexión entre el solicitante y el tercer país sobre la base de que sería seguro para el solicitante de protección internacional ir a tal Estado. El tránsito por un país (país de tránsito seguro) no es condición suficiente para establecer la conexión exigida entre el solicitante y el tercer país seguro (205). En caso de incumplimiento de estas disposiciones, un Estado miembro de la Unión Europea no puede confiar en la presunción refutable de seguridad en virtud de la Directiva sobre procedimientos de asilo (206). En segundo lugar, se puede considerar que los Estados que aplican el Reglamento de Dublín , a saber, los Estados miembros de la UE más Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza (véase el apartado 5.2 ) (207), son seguros.
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El Reglamento de Dublín prevé un mecanismo de determinación del Estado miembro de la UE competente para exa - minar las solicitudes de asilo y establece una jerarquía de criterios para determinar las competencias a la hora de examinar las solicitudes de asilo presentadas en un Estado miembro de la UE por personas que después se han trasladado a otro. Existe la presunción iuris tantum de que todos los Estados que aplican el Reglamento de Dublín son seguros y respetan la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el CEDH. Uno de los criterios enumerados en el Reglamento de Dublín prevé que el Estado responsable de examinar la solicitud sea el de entrada en el espacio común (capí - tulo III del Reglamento de Dublín). Para determinar el Estado de entrada de una per - sona, se le tomarán las huellas dactilares a su llegada y se introducirán en la base de datos Eurodac [véase el Reglamento Eurodac (UE) n.º 603/2013 ], a la que pue - den acceder todos los Estados que aplican el Reglamento de Dublín. Por ejemplo, (205) TJUE, C -564/18, LH contra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal , 19 de marzo de 2020; TJUE, asuntos acumulados C -924/19 PPU y C -925/19 PPU, FMS y otros contra Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság and Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság [GS], 14 de mayo de 2020, párrs. 157 a 160. (206) TJUE, C -404/17, A. contra Agencia Sueca de Migración , 25 de julio de 2018.
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(207) Reglamento (UE) 604/2013, 26 de junio de 2013, DO 2013 L 180/31.
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137Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo un solicitante de asilo llega a un país A, donde presenta una solicitud de asilo y se le toman las huellas dactilares, y posteriormente viaja a un país B, donde sus hue - llas dactilares se comparan con las que se le tomaron en el país A. Llegados a este punto, el país B tendría que aplicar los criterios de Dublín para determinar si la res - ponsabilidad de examinar la solicitud de asilo corresponde al propio país B o bien al país A. Los Estados se han de asegurar de que las personas no sean enviadas a Estados miembros de la UE cuyos sistemas de asilo y acogida presenten deficiencias. Por esta razón, a fin de evitar vulneraciones graves de la Carta de los Derechos Fun - damentales de la UE, es posible que en algunos casos un Estado tenga que exami - nar una solicitud de asilo, aunque no le corresponda hacerlo de conformidad con el Reglamento de Dublín. Ejemplo: en los asuntos acumulados de NS y ME (208), el TJUE emitió una deci - sión preliminar para determinar si en ciertas circunstancias un Estado puede estar obligado a examinar una solicitud en virtud de la cláusula de soberanía del artículo 3.2 del Reglamento de Dublín aunque, con arreglo a los criterios de Dublín, la responsabilidad corresponda a otro Estado miembro de la UE. El Tribu - nal aclaró que, al ejercer el poder discrecional que les otorga el artículo 3.2, los Estados miembros de la UE deben actuar de acuerdo con los derechos funda - mentales y los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamenta - les de la UE.
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Así pues, cuando existan pruebas (que el Estado miembro de la UE no puede desconocer) de deficiencias sistémicas en el procedimiento de asilo y de condiciones de acogida que pueden dar lugar a una vulneración del artí - culo 4 de la Carta (prohibición de la tortura), los Estados miembros de la UE no podrán trasladar a un solicitante de asilo al Estado miembro responsable en el sentido del Reglamento. Además, esto obliga al Estado miembro de la UE a exa - minar los otros criterios del Reglamento y a determinar si otro Estado miem - bro es responsable de examinar la solicitud de asilo. Si no es posible identificar a otro Estado miembro de la UE o para hacerlo se necesita un tiempo excesivo, el propio Estado miembro puede examinar la solicitud de conformidad con el artículo 3.2. En el marco del CEDH , para evaluar las consecuencias previsibles de la expulsión propuesta, el TEDH considerará, entre los diferentes elementos de que disponga, los informes sobre derechos humanos dignos de crédito. El Estado encargado de la (208) TJUE, asuntos acumulados C -411/10 y C -493/10, N.S. contra Secretary of State for the Home Department y M.E. y otros contra Refugee Applications Commissioner y Minister for Justice, Equality and Law Reform [GS], 21 de diciembre de 2011.
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138Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración expulsión tiene el deber de verificar el riesgo, especialmente cuando los informes sobre derechos humanos de un país demuestran que el Estado encargado de la expulsión conocía los riesgos o debería haberlos conocido. Ejemplo: en el caso M.S.S. contra Bélgica y Grecia (209), el TEDH sostuvo que las condiciones de vida y de detención del solicitante en Grecia eran contrarias al artículo 3 del CEDH. Según un informe de referencia, tampoco se pudo acceder a un procedimiento de asilo y hubo riesgo de devolución. Así pues, las auto - ridades belgas fueron consideradas responsables, en el sentido del artículo 3, de un traslado a Grecia en virtud del Reglamento de Dublín, pues, de acuerdo con las pruebas disponibles, conocían o deberían haber conocido el riesgo que corrían los solicitantes de asilo en Grecia de sufrir tratos degradantes en aquel momento. Ejemplo: en el caso Ilias y Ahmed contra Hungría (210), el TEDH concluyó que Hungría había violado el artículo 3 del CEDH al expulsar a dos solicitantes de asilo de Bangladesh a Serbia de una zona de tránsito situada en la frontera. Las autoridades no habían evaluado adecuadamente si los solicitantes tendrían un acceso efectivo al asilo en ese país o si correrían el riesgo de ser devueltos en cadena a la República de Macedonia del Norte o a Grecia, donde las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo infringían las normas del Convenio. 4. 1.7 .
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Exclusión de la protección internacional En el marco del Derecho de la UE , los artículos 12 y 17 de la Directiva sobre requisi - tos para el reconocimiento (que se basan en el artículo 1, sección F, de la Convención de Ginebra de 1951) contienen disposiciones que excluyen la protección internacio - nal cuando se trata de personas que no la merecen, es decir, de personas sospecho - sas de haber cometido al menos uno de los actos siguientes: • un crimen contra la paz, un crimen de guerra o un crimen contra la humanidad; • un delito común grave cometido fuera del país de asilo antes de su admisión; • un acto contrario a los fines y principios de las Naciones Unidas. (209) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 21 de enero de 2011. (210) TEDH, Ilias y Ahmed contra Hungría [GS], n.º 47287/15, 21 de noviembre de 2019.
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139Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo Antes de evaluar la exclusión de la protección internacional, se debe comprobar si el interesado puede optar a la misma. Las personas que se ajustan a lo estipulado en las cláusulas de exclusión no se consideran refugiados ni personas con derecho a protección subsidiaria. La publicación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) « Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento (2011/95/UE) » ofrece un análisis judicial que sirve de herramienta a los tribunales que se ocupan de posibles casos de exclu - sión de la protección internacional (211). Ejemplo: en el asunto B y D (212), el TJUE facilitó unas orientaciones para aplicar las cláusulas de exclusión. El hecho de que la persona en cuestión hubiese sido miembro de una organización y hubiera apoyado activamente la lucha armada de esa organización no constituía automáticamente un motivo fundado para considerar que sus acciones fuesen «un delito común grave» o «actos contra - rios a los fines y principios de las Naciones Unidas». Ambas disposiciones lo excluirían de la protección prevista para los refugiados. La base para comprobar si existen motivos fundados para considerar a la persona culpable de tales actos o crímenes debe ser una evaluación caso por caso de los hechos concretos. Dicha evaluación ha de estar orientada a determinar si los actos cometidos por la organización reúnen las condiciones establecidas en dichas disposiciones y si la responsabilidad de llevar a cabo esos actos se puede atribuir a la persona en cuestión, teniendo en cuenta el nivel de prueba exigido en el artículo 12.2 de la Directiva.
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El Tribunal añadió también que la razón para excluir de la condición de refugiado no depende de que la persona en cuestión represente en ese momento una amenaza para el Estado miembro de acogida ni de una evalua - ción de la proporcionalidad en relación con el asunto (213). Ejemplo: en Lounani (214), el TJUE aclaró que la exclusión de la condición de refu - giado en virtud del artículo 12.2 c) de la Directiva sobre requisitos de reconoci - miento no se limita a los autores efectivos de actos terroristas. Abarca también a las personas que se dedican al reclutamiento, la organización, el transporte (211) EASO (2016), « Exclusión: Artículos 12 y 17 de la Directiva de reconocimiento - Análisis Judicial ». (212) TJUE, asuntos acumulados C -57/09 y C -101/09, Bundesrepublik Deutschland contra B y D , 9 de noviembre de 2010. (213) Véase también TJUE, C -373/13, H. T. contra Land Baden-Württemberg , 24 de junio de 2015. (214) TJUE, C -573/14, Comisionado General para los Refugiados y Apátridas contra Mostafa Lounani , 31 de enero de 2017.
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140Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración o el equipo de personas que viajan a un Estado distinto del suyo para, entre otras cosas, perpetrar, planificar o preparar actos terroristas. Para aplicar esta cláusula de exclusión no es necesario que el solicitante haya sido condenado por un delito de terrorismo. Ejemplo: en el asunto Shajin Ahmed (215), el Tribunal afirmó que los motivos de exclusión relativos a la protección subsidiaria en virtud del párrafo 1 del artículo 17 debían considerarse a la luz de la interpretación del TJUE de los apartados b) y c) del artículo 12.2 de la Directiva relativa a la exclusión de la condición de refugiado. En el marco del CEDH , dado que la prohibición de la tortura y de los tratos o penas inhumanas o degradantes es absoluta, independientemente de la conducta de la víctima, la naturaleza de los delitos atribuidos al solicitante es irrelevante a efectos de la evaluación del artículo 3 del CEDH. Por consiguiente, la conducta del solicitante no puede ser tenida en cuenta, aunque sea indeseable o peligrosa. Ejemplo: en el caso Saadi contra Italia (216), el TEDH volvió a confirmar el carácter absoluto de la prohibición de la tortura con arreglo al artículo 3. El solicitante había sido procesado en Italia por participación en el terrorismo internacional y había sido objeto de una orden de expulsión a Túnez. Sin embargo, el TEDH consideró que, si era expulsado a Túnez, correría un riesgo real de ser sometido a un trato contrario al artículo 3. Su conducta y la gravedad de los cargos que sobre él pesaban eran irrelevantes a los fines de la evaluación del artículo 3. 4.
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1.8. Cese de la protección internacional En el marco del Derecho de la UE , cuando en un tercer país ha mejorado la situación en relación con el riesgo, los artículos 11 y 16 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento permiten que se retire la protección internacional, de manera aná - loga a lo previsto en las cláusulas de cese del artículo 1, sección C, de la Convención de Ginebra de 1951. (215) TJUE, C -369/17, Shajin Ahmed contra Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal , 13 de septiembre de 2018. (216) TEDH, Saadi contra Italia [GS], n.º 37201/06, 28 de febrero de 2008, párr. 138. Véanse también TEDH, Ismoilov y otros contra Rusia , n.º 2947/06, 24 de abril de 2008, párr. 127; TEDH, Ryabikin contra Rusia , n.º 8320/04, 19 de junio de 2008.
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141Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo Ejemplo: el asunto de Salahadin Abdulla y otros (217) trataba de la retirada de la condición de refugiado concedida por Alemania a unos ciudadanos iraquíes. La base del cese era que en su país de origen las condiciones habían mejorado. El TJUE sostuvo que, a los fines del artículo 11 de la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento, la condición de refugiado deja de existir cuando las circuns - tancias del país tercero de que se trate han experimentado un cambio significa - tivo y no temporal y la razón del temor por la que se concedió la condición de refugiado ha dejado de existir, con lo que el interesado no tiene por qué seguir temiendo ser perseguido. Para cerciorarse de un cambio en las circunstancias, los Estados deben considerar la situación individual del refugiado y verificar que los agentes de protección han adoptado medidas adecuadas para prevenir la persecución mediante, entre otras cosas, la puesta en marcha de un sistema legal efectivo que permita identificar, perseguir penalmente y castigar los actos que constituyen la persecución. Este sistema legal también ha de ser accesible al nacional interesado cuando deje de beneficiarse de la condición de refugiado. Ejemplo: los casos M, X y X (218) se referían a tres solicitantes a los que se les había revocado la condición de refugiados o se les había denegado esa con - dición en virtud del artículo 14 de la Directiva sobre requisitos para el recono - cimiento, por representar un peligro para la seguridad del Estado miembro de la Unión Europea de acogida o por haber sido condenados por un delito grave.
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El TJUE especificó que los nacionales de terceros países con temores fundados de ser perseguidos deben ser clasificados como refugiados a los efectos de la Directiva y de la Convención de Ginebra de 1951, independientemente de que se les haya concedido formalmente la condición de refugiados según se define en la Directiva. Aunque esas personas no tendrán o dejarán de tener todos los derechos y beneficios que la Directiva reserva a las personas a las que se ha concedido la condición de refugiado, siguen teniendo cierto número de dere - chos establecidos en la Convención de Ginebra de 1951. El estatuto de los refugiados y de los beneficiarios de protección subsidiaria objeto de daños graves en el pasado no cesa en caso de cambio de circunstancias si pue - den invocar razones imperiosas para negarse a acogerse a la protección de su país de origen (Directiva sobre requisitos para el reconocimiento, artículos 11 y 16). (217) TJUE, asuntos acumulados C -175/08, C -176/08, C -178/08, C -179/08, Aydin Salahadin Abdulla y otros contra Bundesrepublik Deutschland , 2 de marzo de 2010. (218) TJUE, asuntos acumulados C -391/16, C -77/17 y C -78/17, M. y otros contra Ministerstvo vnitra y X. y X. contra Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides , 14 de mayo de 2019.
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142Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración El CEDH no prevé cláusulas de cese específicas, si bien el TEDH examina las conse - cuencias previsibles de una expulsión propuesta. Las condiciones precedentes del Estado de acogida pueden ayudar a entender la situación actual, pero para evaluar el riesgo se han de tener en cuenta las condiciones actuales (219). A la hora de valo - rar la situación, el TEDH se basa en los informes gubernamentales pertinentes y en la información facilitada por el ACNUR y las diferentes ONGs internacionales, como Human Rights Watch o Amnistía Internacional. Ejemplo: el TEDH ha realizado diversas evaluaciones del riesgo que corren los jóvenes tamiles si son repatriados a Sri Lanka. Estas evaluaciones se han llevado a cabo en diferentes momentos a lo largo del conflicto y también tras el cese de las hostilidades. El TEDH ha tomado en consideración la evolución de las condi - ciones generales en el país y ha examinado los factores de riesgo relacionados con este que podrían afectar a los interesados en el momento propuesto para su expulsión (220). 4.2. Expulsión colectiva Tanto el Derecho de la UE como el CEDH prohíben las expulsiones colectivas. Se con - sidera una expulsión colectiva cualquier medida que obligue a varias personas, inde - pendientemente de su situación jurídica (221), a abandonar un territorio o país en cali - dad de grupo, sin que esta decisión se base en un examen razonable y objetivo de la situación particular de cada persona (222). La prohibición de la expulsión colectiva no proscribe las expulsiones por vuelos chárter en grupo (223).
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En el marco del Derecho de la UE , las expulsiones colectivas son contrarias al artí- culo 78 del TFUE , que exige que el acervo comunitario en materia de asilo sea con - forme a los «demás tratados pertinentes», y están prohibidas por el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE . (219) TEDH, Tomic contra el Reino Unido (dec.), n.º 17837/03, 14 de octubre de 2003; TEDH, Hida contra Dinamarca (dec.), n.º 38025/02, 19 de febrero de 2004. (220) TEDH, Vilvarajah y otros contra el Reino Unido , nos 13163/87 y 4 otros, 30 de octubre de 1991; TEDH, N.A. contra el Reino Unido , n.º 25904/07, 17 de julio de 2008. (221) TEDH, Georgia contra Rusia (I) [GS], n.º 13255/07, 3 de julio de 2014, párrs. 168 a 170. (222) Para más información, véase TEDH, «Collective Expulsions» [Expulsiones colectivas], ficha temática, marzo de 2020, disponible en: https://www.echr.coe.int bajo la rúbrica Press/Press Service/Factsheets/ Expulsion. (223) TEDH, Sultani contra Francia , n.º 45223/05, 20 de septiembre de 2007.
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143Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo En virtud del CEDH , el artículo 4 del Protocolo n.º 4 prohíbe las expulsiones colec - tivas. Esta prohibición se aplica también en alta mar (224) y en el contexto de no admisión y denegación de entrada en las fronteras (225). El término «expulsión» se refiere a todo traslado forzoso de un extranjero del territorio, independientemente de la legalidad y la duración de la estancia, el lugar de detención, la condición o el comportamiento de la persona (226). El criterio decisivo para que una expulsión sea calificada de «colectiva» es la ausencia de un examen razonable y objetivo del caso particular de cada individuo del grupo. El tamaño del grupo expulsado no es rele - vante: incluso dos personas pueden ser suficientes para formar un grupo (227). Las personas afectadas deben tener la oportunidad de presentar sus argumentos a las autoridades competentes de manera individual, en el caso de los niños a través de sus padres o de un cuidador principal. (228). Sin embargo, el grado de examen individual de las circunstancias personales de cada miembro del grupo expulsado depende de varios factores. Ejemplo: en el caso Čonka contra Bélgica (229), el TEDH consideró que la expul - sión de un grupo de gitanos solicitantes de asilo vulneraba el artículo 4 del Protocolo n.º 4 del CEDH. El Tribunal no quedó satisfecho con el examen indi - vidual de las circunstancias personales de cada miembro del grupo expulsado.
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En particular, antes de la expulsión de los solicitantes, las autoridades políticas anunciaron que se realizarían expulsiones colectivas y pidieron a la autoridad competente que las llevase a cabo. Se indicó a todos los interesados que fueran a declarar a una comisaría determinada al mismo tiempo, y todas las órdenes de expulsión y todos los motivos de arresto se expresaron en términos idénticos. Por otra parte, el acceso a un abogado fue inadecuado, y el procedimiento de asilo no se completó. (224) TEDH, Hirsi Jamaa y otros contra Italia [GS], n.º 27765/09, 23 de febrero de 2012. (225) TEDH, N.D. and N.T. contra España [GS], nos 8675/15 y 8697/15, 13 de febrero de 2020, párrs. 185 y 187; TEDH, M.K. y otros contra Polonia , nos 40503/17, 42902/17 y 43643/17, 23 de julio de 2020 párrs. 200 y 204. (226) TEDH, N.D. and N.T. contra España [GS], nos 8675/15 y 8697/15, 13 de febrero de 2020, párr. 185; véase también TEDH, Asady y otros contra Eslovaquia , n.º 24917/15, 24 de marzo de 2020, párr. 60 (227) TEDH, N.D. y N.T. contra España [GS], nos 8675/15 y 8697/15, 13 de febrero de 2020, párrs. 193 y 194, 202 y 203.
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(228) TEDH, Moustahi contra Francia , n.º 9347/14, 25 de junio de 2020, párrs. 133 a 137. (229) TEDH, Čonka contra Bélgica , n.º 51564/99, 5 de febrero de 2002. Véase también TEDH, M.A. contra Chipre , n.º 41872/10, 23 de julio de 2013, en el que el TEDH no concluyó la vulneración del artículo 4 del Protocolo n.º 4.
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144Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración Ejemplo: en el caso Khlaifia y otros contra Italia (230), el TEDH examinó el caso de tres nacionales tunecinos interceptados en el mar por los guardacostas italianos, detenidos en un centro de acogida y a bordo de buques y devueltos a Túnez tras la emisión de órdenes de expulsión individuales redactadas en términos idénti - cos. El Tribunal dictaminó que el hecho de que varias personas fueran objeto de decisiones similares no permitía por sí mismo concluir que se había producido una expulsión colectiva. El artículo 4 del Protocolo n.º 4 no garantiza el derecho a una entrevista individual en todas las circunstancias. El Tribunal llegó a la con - clusión de que los demandantes habían tenido una posibilidad real y efectiva de presentar argumentos contra su expulsión durante su identificación y en el momento de la determinación de su nacionalidad. Ejemplo: en el caso N.D. y N.T. contra España (231), el TEDH examinó la expulsión de dos africanos subsaharianos que entraron en el enclave español de Melilla como parte de un grupo más grande, que asaltaron y escalaron la valla fron - teriza. Las autoridades españolas detuvieron a los solicitantes y los entregaron a Marruecos sin llevar a cabo procedimientos individuales y sin darles la opor - tunidad de solicitar asilo. El TEDH observó que los solicitantes —respecto de los cuales el Tribunal ya había establecido que no tenían un argumento jurídico válido bajo el artículo 3 del CEDH — no hicieron uso de otros medios para solici - tar la entrada legal en España.
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En particular, no aportaron pruebas convincentes de que se les hubiese impedido llegar físicamente al cercano paso fronterizo oficial donde las autoridades españolas habían establecido una oficina para registrar las solicitudes de asilo. El TEDH llegó a la conclusión de que la falta de decisiones individuales de expulsión era consecuencia de la propia conducta de los solicitantes y, por lo tanto, no constató ninguna violación del artículo 4 del Protocolo n.º 4 del CEDH. Las expulsiones colectivas también son contrarias a la CSE y a su artículo 19.8, sobre las garantías de protección contra las medidas de expulsión. Ejemplo: en el caso European Roma and Travellers Forum contra Francia (232), el CEDS sostuvo que las decisiones administrativas adoptadas durante el periodo considerado que ordenaban a los gitanos de origen rumano y búlgaro (230) TEDH, Khlaifia y otros contra Italia [GS], n.º 16483/12, 15 de diciembre de 2016, párrs. 237 a 254. (231) TEDH, N.D. y N.T. contra España [GS], nos 8675/15 y 8697/15, 13 de febrero de 2020. (232) CEDS, European Roma and Travellers Forum contra Francia , Denuncia n.º 64/2011, méritos , 24 de enero de 2012.
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145Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo a abandonar el territorio francés, donde residían, eran incompatibles con la CSE. Las decisiones no se basaban en un examen de las circunstancias personales de los gitanos, por lo que no respetaban el principio de proporcionalidad; por otra parte, tenían carácter discriminatorio, pues se centraban en la comunidad gitana. El Comité consideró que estos hechos vulneraban el artículo E, sobre la no discriminación, en relación con el artículo 19.8 de la CSE. 4.3. Obstáculos a la expulsión por motivos relacionados con el respeto de otros derechos humanos Tanto el Derecho de la UE como el CEDH reconocen que puede haber obstáculos a la expulsión basados en los derechos humanos no absolutos y consideran que, en este sentido, se ha de conseguir un equilibrio entre los intereses públicos y los de las per - sonas afectadas. El caso más común sería el del derecho a la vida privada o familiar, que puede incluir consideraciones relativas a la salud (física y psíquica) de una per - sona, el interés superior de los niños, el mantenimiento de la unidad familiar o las necesidades específicas de las personas vulnerables. De acuerdo con el Derecho de la UE , al ejecutar los procedimientos de retorno se han de tener en cuenta el interés superior del niño, la vida familiar, el estado de salud de la persona afectada y el principio de no devolución (artículo 5 de la Directiva sobre retorno ).
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Ejemplo: en Abdida (233) el TJUE afirmó que trasladar a un nacional de un ter - cer país que padece una enfermedad grave a un país en el que no se dispone de un tratamiento adecuado, lo que supone un grave riesgo de trato inhumano o degradante, viola el artículo 5 de la Directiva sobre retorno. Además, el Tribu - nal dictaminó que la legislación nacional que no concede efecto suspensivo a un recurso que impugna una decisión de retorno y que puede exponer al solici - tante a un alto riesgo de deterioro grave e irreversible de su estado de salud es incompatible con la Directiva. (233) TJUE, C-562/13 , Centre public d’action sociale d’Ottignies-Louvain-La-Neuve contra Moussa Abdida [GS], 18 de diciembre de 2014.
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146Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración En virtud del CEDH , los Estados tienen derecho a controlar la entrada, la residencia y la expulsión de los extranjeros. Se trata de una cuestión consolidada en el Derecho internacional y en la que los Estados han de respetar las obligaciones impuestas por los tratados, incluido el CEDH. Existe una amplia jurisprudencia sobre las circunstan - cias en que los derechos cualificados pueden actuar como obstáculos a la expulsión. Los derechos cualificados son aquellos que tienen cualificaciones intrínsecas, como los artículos 8 a 11 del CEDH. En los casos en que no existe riesgo de trato inhu - mano o degradante contrario al artículo 3, se suele invocar como protección contra la expulsión el derecho al respeto de la vida privada y familiar del artículo 8 del CEDH. En el apartado 6.2 se tratará el respeto a estos derechos descritos en el artículo 8. Los obstáculos a la expulsión también se pueden considerar en relación con una presunta vulneración flagrante de los artículos 5 o 6 del CEDH en el país de aco - gida, como sucede, por ejemplo, cuando una persona corre el riesgo de ser objeto de una detención arbitraria sin ir a juicio, corre riesgo de prisión durante un periodo de tiempo considerable tras ser condenada en un proceso manifiestamente injusto o corre el riesgo de denegación flagrante de justicia mientras está a la espera del juicio. La carga de la prueba para el demandante es elevada (234).
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Ejemplo: en el caso Mamatkulov y Askarov contra Turquía (235), el TEDH examinó si la extradición de los solicitantes a Uzbekistán los llevó a enfrentarse a un riesgo real de denegación flagrante de justicia contraria al artículo 6 del CEDH. Ejemplo: en el caso Othman (Abu Qatada) contra el Reino Unido (236), el TEDH estimó que, con toda probabilidad, las pruebas obtenidas mediante tortura a terceros se usarían contra el solicitante en un nuevo proceso y, en virtud del artículo 6 del CEDH, consideró que no podía ser expulsado a Jordania. Ejemplo: en un asunto de carácter nacional, EM Lebanon , la Cámara de los Lores (House of Lords) del Reino Unido declaró que, si existe una vulneración mani - fiesta de derechos cualificados (no absolutos) como los del artículo 8 del CEDH que afecta a la esencia del derecho en cuestión, no es necesario evaluar la proporcionalidad (237). (234) TEDH, Othman (Abu Qatada) contra el Reino Unido , n.º 8139/09, 17 de enero de 2012, párr. 233. (235) TEDH, Mamatkulov y Askarov contra Turquía [GS], nos 46827/99 y 46951/99, 4 de febrero de 2005. Véase también TEDH, M.E. contra Dinamarca , n.º 58363/10, 8 de julio de 2014. (236) TEDH, Othman (Abu Qatada) contra el Reino Unido , n.º 8139/09, 17 de enero de 2012.
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| 2,762 | 2,883 |
(237) Reino Unido, EM (Líbano) contra Secretary of State for the Home Department [2008] UKHL 64, 22 de octubre de 2008.
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147Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo La CSE , en su artículo 19.8, prohíbe la expulsión de trabajadores migrantes que resi - den legalmente en el territorio de un Estado parte, excepto si amenazan la seguri - dad nacional o atentan contra el orden público o las buenas costumbres. El CEDS ha señalado que, si un Estado concede el derecho de residencia al cónyuge o los hijos de un trabajador migrante, la privación del derecho de residencia a este no puede incidir en los derechos de residencia independientes de los miembros de su familia, siempre y cuando estos tengan derecho de residencia. Los nacionales extranjeros que han residido en un Estado durante un tiempo sufi - ciente, ya sea legalmente, ya con la aceptación tácita de su condición irregular por las autoridades en virtud de las necesidades del país de acogida, han de gozar de la misma protección frente a la expulsión que los otros nacionales extranjeros (238). 4.4. Nacionales de terceros países que gozan de un nivel más elevado de protección contra la expulsión En el marco del Derecho de la UE , hay ciertas categorías de nacionales de terce - ros países, aparte de los que precisan protección internacional, que gozan de un nivel más elevado de protección contra la expulsión. Entre ellos se incluyen los que poseen la condición de residentes de larga duración, los nacionales de terceros paí - ses que son miembros de la familia de nacionales de la UE o del EEE que han ejercido su derecho de libre circulación y los nacionales turcos. 4.4. 1. Residentes de larga duración En el marco del Derecho de la UE , los residentes de larga duración gozan de un grado de protección más elevado frente a la expulsión.
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La decisión de expulsar a un resi - dente de larga duración se debe basar en una conducta que constituya una amenaza real y suficientemente grave para el orden público o la seguridad pública (artículo 12 de la Directiva sobre residentes de larga duración ) y no puede ordenarse auto - máticamente tras una condena penal, sino que requiere una evaluación caso por caso (239). (238) CEDS, Conclusiones 2011, declaración de interpretación del artículo 19.8 . (239) TJUE, C -636/16, Wilber López Pastuzano contra Delegación del Gobierno en Navarra , 7 de diciembre de 2017.
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148Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 4.4.2. Nacionales de terceros países que son miembros de la familia de nacionales del EEE o suizos Los individuos de cualquier nacionalidad que son miembros de la familia de nacio - nales del EEE, incluidos los ciudadanos de la UE que están ejerciendo sus derechos de libre circulación, tienen un derecho de residencia que emana de las disposiciones de la UE sobre libertad de circulación. Con arreglo a la Directiva sobre libre circula - ción (2004/38/CE), los nacionales de terceros países que tienen estos lazos fami - liares gozan de un nivel de protección contra la expulsión más elevado que otras categorías de nacionales de terceros países. De conformidad con el artículo 28 de la Directiva, solo pueden ser expulsados por razones de orden público o seguridad pública (240). En el caso de los residentes permanentes, las razones de la expulsión han de alcanzar el nivel de «motivos graves de orden público o seguridad pública». Tal como se establece en el artículo 27.2 de la Directiva, estas medidas deben ajus - tarse al principio de proporcionalidad, basarse exclusivamente en la conducta per - sonal del interesado y representar una «amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad» (241). Los Estados deben notificar su decisión a la persona afectada y las razones en que se ha basado esta (artículo 30) (242).
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(240) Véanse los siguientes casos en los que el Tribunal ha interpretado la noción de « motivos imperiosos de seguridad pública» mencionada en el artículo 28.3: TJUE, asuntos acumulados C -331/16 y 366/16, K. contra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie y H. F. contra Belgische Staat [GS], 2 de mayo de 2018, párrs. 39 a 56; TJUE, C -348/09, P .I. contra Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid , 22 de mayo de 2012, párrs. 20 a 35; TJUE, C -145/09, Land Baden-Württemberg contra Panagiotis Tsakouridis , 23 de noviembre de 2010, párrs. 39 a 56. (241) En relación con la jurisprudencia relativa al artículo 27 de la Directiva 2004/38/CE , sobre la noción de «orden público», véanse TJUE, C -434/10, Petar Aladzhov contra Zamestnik director na Stolichna direktsia na vatreshnite raboti kam Ministerstvo na vatreshnite raboti , 17 de noviembre de 2011; TJUE, C -430/10, Hristo Gaydarov contra Director na Glavna direktsia «Ohranitelna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti , 17 de noviembre de 2011. Respecto de la noción de «amenaza real, actual y suficientemente grave que afecte a un interés fundamental de la sociedad», véase TJCE, asuntos acumulados C -482/01 y C-493/01, Georgios Orfanopoulos y otros y Raffaele Oliveri contra Land Baden-Württemberg , 29 de abril de 2004, párrs. 65 a 71.
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(242) Véase también FRA (2018), Making EU citizens’ rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights [Haciendo de los derechos de los ciudadanos de la UE una realidad: tribunales nacionales que aplican la libre circulación y derechos relativos] , Luxemburgo, Oficina de Publicaciones, apartado 2.5.
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149Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo Ejemplo: en el asunto ZZ contra Secretary of State for the Home Depart - ment (243), el TJUE se ocupó del significado del artículo 30.2 de la Directiva sobre libre circulación, con arreglo al cual las autoridades deben comunicar al intere - sado las razones en las que han basado su decisión de denegarle el derecho de residencia, a menos que a ello se opongan razones de seguridad del Estado. Al determinar si las autoridades pueden abstenerse de divulgar determinada información por motivos de seguridad del Estado, el TJUE observó que es nece - sario un equilibrio entre la seguridad del Estado y el derecho a una tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamen - tales. Concluyó que el tribunal nacional que examine la decisión de las auto - ridades de no divulgar, con precisión y por extenso, las razones en las que ha basado su negativa debe ser competente para garantizar que la falta de divul - gación se limite a lo estrictamente necesario. En cualquier caso, se ha de infor - mar al interesado de la esencia de los motivos en que se ha basado la decisión, de un modo que tenga debidamente en cuenta la necesaria confidencialidad de las pruebas. En el caso de los nacionales suizos, la base jurídica de la protección contra la expul - sión se encuentra en el artículo 5 del anexo I del Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros y la Confederación Suiza. De conformidad con esta disposición, los derechos concedidos en virtud del Acuerdo solo se pueden limitar por razones de carácter público, de seguridad pública y de salud pública (244).
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En caso de fallecimiento, divorcio o partida de un nacional del EEE que estaba ejer - ciendo su derecho de libre circulación, se mantiene la protección a los miembros de su familia (artículos 12 y 13 de la Directiva sobre libre circulación). En determinadas situaciones, los nacionales de terceros países también pueden gozar de protección contra la expulsión en virtud del artículo 20 del TFUE (véase el apartado 6.2 ) (245). (243) TJUE, C -300/11, ZZ v Secretary of State for the Home Department , 4 de junio de 2013. (244) Acuerdo sobre libre circulación de personas entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la Confederación Suiza, por otra , firmado en Luxemburgo el 21 de junio de 1999, que entró en vigor el 1 de junio de 2002, DO 2002 L 114/6 . (245) Para información sobre un asunto en el que se concedió protección, véase TJUE, C -34/09, Ruiz Zambrano contra Office national de l’emploi (ONEm) [GS], 8 de marzo de 2011. Para información sobre un asunto en el que no se concedió protección, véanse TJUE, C -256/11, Murat Dereci y otros contra Bundesministerium für Inneres [GS], 15 de noviembre de 2011; y TJUE, C -87/12, Ymeraga y otros contra Ministre du travail, de l’Emploi et de l’Immigration , 8 de mayo de 2013. Véase también TJUE, C -40/11, Iida contra Stadt Ulm , 8 de noviembre de 2012.
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150Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 4.4.3. Nacionales turcos En cuanto al Derecho de la UE, el artículo 14.1 de la Decisión n.º 1/80 del Consejo de Asociación establece que los nacionales turcos en ejercicio de los derechos previstos en el Acuerdo de Ankara solo pueden ser expulsados por razones de orden público, seguridad pública o salud pública. El Tribunal ha insistido en que, ante una propuesta de expulsión, se han de aplicar los mismos criterios a un ciudadano turco estable - cido y con residencia en un Estado miembro de la UE que a un nacional del EEE. El Derecho de la UE impide la expulsión de un nacional turco si esta se basa exclusiva - mente en consideraciones referentes a la prevención general, como disuadir a otros extranjeros, o cuando es el resultado automático de una condena penal. De confor - midad con jurisprudencia consolidada, las excepciones al principio fundamental de libre circulación de las personas, incluido el orden público, se deben interpretar de manera estricta, de modo que su ámbito de aplicación no pueda verse determinado unilateralmente por los Estados miembros de la UE (246). Ejemplo: en el asunto Nazli (247), el TJCE concluyó que un ciudadano turco no podía ser expulsado como medida disuasoria general de cara a otros extran - jeros, sino que su expulsión debía fundamentarse en los mismos criterios que la de los nacionales del EEE. El Tribunal estableció una analogía con los princi - pios consagrados en el ámbito de la libre circulación de los trabajadores que son nacionales de un Estado miembro de la UE.
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Sin minimizar la amenaza que el consumo de drogas constituye para el orden público, el Tribunal concluyó, a par - tir de estos principios, que la expulsión tras una condena penal de un nacional turco que goza de un derecho concedido por decisión del Consejo de Asociación solo se puede justificar si la conducta personal de la persona de que se trata induce a pensar que esa persona cometerá nuevas infracciones graves que puedan perturbar el orden público del Estado miembro de la UE de acogida. Ejemplo: en el asunto Polat (248), el Tribunal especificó que las medidas por las que se autorizan las limitaciones de los derechos concedidos a los nacionales turcos por razones de orden público, seguridad pública o salud pública en virtud del artículo 14 del Consejo de Asociación se han de basar exclusivamente en la conducta personal del individuo afectado. La circunstancia de que esa persona (246) TJCE, asunto 36/75, Roland Rutili contra Ministre de l’intérieur , 28 de octubre de 1985, párr. 27; TJCE, asuntos acumulados C -482/01 y C -493/01, Georgios Orfanopoulos y otros y Raffaele Oliveri contra Land Baden-Württemberg , 29 de abril de 2004, párr. 67. (247) TJCE, C -340/97, Ömer Nazli, Caglar Nazli y Melike Nazli contra Stadt Nürnberg , 10 de febrero de 2000. (248) TJCE, C -349/06, Murat Polat contra Stadt Rüsselsheim , 4 de octubre de 2007.
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151Examen de las solicitudes de asilo y obstáculos a la expulsión: cuestiones de fondo haya sido condenada en diversas ocasiones en el Estado miembro de acogida solo puede motivar esas medidas si su comportamiento constituye una ame - naza real y suficientemente grave para un interés fundamental de la sociedad, extremo que corresponde averiguar a los tribunales nacionales. Puntos clave • Existen obstáculos absolutos, casi absolutos y no absolutos a la expulsión ( introducción a este capítulo). • El principio de no devolución consagrado en la Convención de Ginebra de 1951 prohíbe el retorno a situaciones en las que la vida o la libertad de las personas afectadas se verían amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social determinado u opinión política (véase el apartado 4.1 ). • En el marco del Derecho de la UE, cualquier acción emprendida por los Estados miem - bros de la UE con arreglo al acervo en materia de asilo o a la Directiva sobre retorno , incluido el Reglamento de Dublín , debe ajustarse al derecho de asilo y al principio de no devolución (véase el apartado 4.1 ). • La prohibición de malos tratos con arreglo al artículo 3 del CEDH es absoluta. Las perso - nas que se enfrentan a un riesgo real de trato contrario al artículo 3 en su país de des - tino no deben ser devueltas, independientemente de su comportamiento o de la gra - vedad de los cargos que pesen sobre ellas. Las autoridades deben evaluar este riesgo sin tener en cuenta si el individuo puede quedar excluido de la protección con arreglo a la Directiva sobre requisitos para el reconocimiento o a la Convención de Ginebra de 1951 (véanse los apartados 4.1.2 y 4.1.7).
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• Al evaluar si existe un riesgo real, el TEDH se centra en las consecuencias previsibles de la expulsión al país de retorno propuesto teniendo en cuenta las circunstancias per - sonales del individuo y las condiciones generales del país (véanse los apartados 4.1.3 y 4.3). • En virtud del CEDH, en principio corresponde al solicitante de asilo corroborar su soli - citud, y a menudo es necesario concederle el beneficio de la duda al evaluar la credi - bilidad de sus declaraciones. Sin embargo, cuando la argumentación no está funda - mentada o existen buenas razones para poner en duda la veracidad de las pruebas presentadas por el solicitante de asilo, este ha de dar una explicación satisfactoria al respecto (véase el apartado 4.1.3 ).
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152Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración • Es posible que un individuo corra el riesgo de sufrir un trato prohibido por el Derecho de la UE o el CEDH en el Estado de acogida sin que ese riesgo emane del propio Estado de acogida, sino de agentes no estatales, una enfermedad o las condiciones humanita - rias del país (véase el apartado 4.1.2 ). • Es posible que un individuo que corra el riesgo de sufrir un trato prohibido por el Derecho de la UE o el CEDH en caso de ser repatriado a su región de origen en el país de destino esté seguro en otro lugar del país («reubicación interna») (véase el apar- tado 4.1.5 ). Por otra parte, es posible que el Estado de destino sea capaz de protegerlo de tal riesgo (suficiencia de la protección). En estos casos, el Estado responsable de la expulsión puede llegar a la conclusión de que el individuo en cuestión no necesita pro - tección internacional (véase el apartado 4.1.4 ). • Tanto el Derecho de la UE como el CEDH prohíben las expulsiones colectivas (véase el apartado 4.2 ). • En el marco del Derecho de la UE, los miembros de la familia reconocidos de nacio - nales del EEE que son nacionales de terceros países solo pueden ser expulsados por razones de orden público o seguridad pública. Estas excepciones se han de interpretar estrictamente y su evaluación solo se debe basar en la conducta personal del individuo afectado (véase el apartado 4.4.2 ). Jurisprudencia y bibliografía recomendada: Se puede encontrar jurisprudencia complementaria consultando las directrices Cómo consultar la jurisprudencia de los tribunales europeos , en la página 359 de este manual.
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Se puede encontrar más material relacionado con las cuestiones tratadas en este capítulo en el apartado « Bibliografía recomendada », en la página 325.
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1535 Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno UE Temas tratados CdE Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asiloProcedimientos de asilo Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 47 (derecho a un recurso efectivo frente a un juez y a un juicio justo) Derecho a un recurso efectivoCEDH , artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) TEDH, Abdolkhani y Karimnia contra Turquía , n.º 30471/08, 2009 (obligación de que el recurso nacional trate del fondo de la queja) Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo , artículo 46.5 a 46.9.Efecto suspensivo TEDH, Gebremedhin [Gaberamadhien] contra Francia , n.º 25389/05, 2007 (efecto suspensivo del recurso nacional en las solicitudes de asilo en zona de tránsito) TEDH, De Souza Ribeiro contra Francia [GS], n.º 22689/07, 2012 (ausencia de efecto suspensivo automático en ciertos casos de expulsión) TEDH, Hirsi Jamaa y otros contra Italia [GS], n.º 27765/09, 2012 (falta de efecto suspensivo de la tutela judicial nacional contra el personal militar que lleva a cabo operaciones de retroceso en el mar)
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154Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración UE Temas tratados CdE Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo , artículo 31.8Procedimientos acelerados de asiloTEDH, I.M. contra Francia , n.º 9152/09, 2012 (garantías procesales para procedimientos acelerados de asilo) Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Consejo ( Reglamento de Dublín ) TJUE, asuntos acumulados C -411/10 y C-493/10, N.S. y M.E. [GS], 2011 TJUE, C -245/11, K, 2012 TJUE, C -578/16, C.K. y otros contra Eslovenia , 2017 TJUE, C -646/16, Jafari [GS], 2017 TJUE, C -490/16, A.S. contra Eslovenia [GS], 2017 TJUE, C -163/17, Jawo [GS], 2019Procedimientos de DublínTEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 2011 (traslado en el marco del «procedimiento de Dublín» que conlleva riesgo de trato inhumano) Directiva 2008/115/CE sobre retorno TJUE, C -61/11 PPU, El Dridi , 2011 TJUE, C -562/13, Abdida [GS], 2014 TJUE, C -47/15, Affum [GS], 2016Procedimiento de retornoCEDH , artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) CEDH , artículo 1 del Protocolo n.º 7 (garantías procesales relativas a la expulsión de extranjeros) TEDH, C.G.
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y otros contra Bulgaria , n.º 1365/07, 2008 (falta de garantías procesales en los procedimientos de expulsión) Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , artículo 47 (derecho a un recurso efectivo y a un juicio justo)Asistencia jurídica CEDH , artículo 13 (derecho a un recurso efectivo) TEDH, M.S.S. contra Bélgica y Grecia [GS], n.º 30696/09, 2011 (régimen de asistencia jurídica inefectivo) Directiva 2013/32/UE sobre procedimientos de asilo , artículos 20 a 22Asistencia jurídica en procedimientos de asiloComité de Ministros, Directrices sobre protección de los derechos humanos en el contexto de los procedimientos acelerados de asilo , 2009 Directiva 2008/115/CE sobre retorno , artículo 13 (recursos)Asistencia jurídica en decisiones de retornoComité de Ministros, Veinte directrices sobre el retorno forzoso , 2005
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155Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno Introducción Este capítulo se centra en el procedimiento de examen de las solicitudes de pro - tección internacional (procedimientos de asilo), así como en los procedimientos de retorno. En primer lugar, trata de los requisitos procesales impuestos a los respon - sables de adoptar las decisiones de asilo o de retorno. A continuación, analiza el derecho a un recurso judicial efectivo contra tales decisiones y enumera los prin - cipales elementos necesarios para que un recurso sea efectivo (véase también el apartado 1.8 , sobre recursos en el contexto de la gestión de fronteras). Por último, aborda cuestiones relativas a la asistencia jurídica. En el capítulo 8 se abordarán las prácticas en materia de expulsión. La jurisprudencia del TEDH obliga a los Estados a realizar un examen independiente y riguroso de las solicitudes en las que se hallen motivos fundados para temer un riesgo real de tortura o de tratos o penas inhumanas o degradantes en caso de retorno. Algunos de los requisitos elaborados en la jurisprudencia del Tribunal se han incluido en la Directiva refundida sobre procedimientos de asilo . A lo largo de este capítulo, el derecho a un recurso efectivo tal como se recoge en el artículo 13 del CEDH se comparará con el ámbito de aplicación más amplio del derecho a un recurso efectivo tal como se concibe en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE . 5.1. Procedimientos de asilo Tanto el Derecho de la UE como el CEDH obligan a dar acceso a los solicitantes de asilo a procedimientos de asilo efectivos, entre los que se incluya la posibilidad de suspender la expulsión mientras que esté en trámite un recurso.
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La Directiva sobre procedimientos de asilo (2013/32/UE) establece normas muy detalladas para los procedimientos comunes de concesión o retirada de la protec - ción internacional. La Directiva se aplica a las solicitudes de asilo presentadas en el territorio de los Estados miembros de la UE que han de aplicarla, en particular en las fronteras, en las aguas territoriales y en las zonas de tránsito (artículo 3).
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156Manual de Derecho europeo sobre asilo, fronteras e inmigración 5.1.1. Audiencia, procedimiento de examen y adopción de una decisión inicial En el marco del Derecho de la UE , de conformidad con el artículo 6 de la Directiva sobre procedimientos de asilo , los solicitantes de asilo y las personas a su cargo han de tener acceso a procedimientos de asilo (véase también el apartado 1.8 ). Estas personas están autorizadas a permanecer en el territorio de un Estado miembro de la UE hasta que se adopte una decisión sobre su solicitud (artículo 9) o durante el proceso de revisión judicial en el caso de que se haya presentado un recurso (artí - culo 46). Pueden hacerse excepciones al derecho a permanecer en caso de ciertas solicitudes repetidas (artículos 9.2 y 41) y en casos de extradición. Las extradiciones según la Decisión marco del Consejo 2002/584/JAI sobre orden europea de extradi - ción tienen sus propias garantías procesales (249). Los solicitantes han de someterse a una entrevista personal (artículos 14 y 15 de la Directiva sobre procedimientos de asilo) (250). La entrevista tendrá lugar en un entorno confidencial, normalmente sin la presencia de miembros de la familia del solicitante. La persona encargada de realizarla debe ser competente para tener en cuenta las circunstancias que rodean la solicitud, incluidas las raíces culturales del solicitante, su género, su orientación sexual, su identidad de género o su vulnera - bilidad. Se redactará un informe escrito de esta, que se pondrá a disposición del solicitante (artículo 17).
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Los Estados miembros de la UE brindarán al solicitante la oportunidad de formular comentarios sobre el informe antes de que la autoridad responsable adopte una decisión sobre la solicitud (artículo 17.3). Con arreglo al artí - culo 15.3 e) de la Directiva refundida, las entrevistas de los niños se celebrarán de una manera adecuada para los niños. Se establecerán garantías específicas para los niños no acompañados, que incluirán el derecho a un representante (artículo 25). El interés superior del niño será objeto de una consideración primordial (artículo 25.6; véase también el capítulo 10 ). Para más información sobre la asistencia jurídica, véase el apartado 5.5 . El examen de una solicitud de asilo debe respetar los requisitos procesales de la Directiva sobre procedimientos de asilo, así como los requisitos para valorar los elementos pertinentes de una solicitud según la Directiva de requisitos para el reconocimiento (artículo 4). Se debe realizar siempre de forma individual, objetiva (249) TJCE, C -388/08 , Procedimiento penal contra Artur Leymann y Aleksei Pustovarov , 1 de diciembre de 2008. (250) Véase también TJUE, C -277/11, M. M. contra Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland y Attorney General , 22 de noviembre de 2012.
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157Garantías procesales y apoyo jurídico en asuntos de asilo y de retorno e imparcial, basándose en información actualizada (artículo 10 de la Directiva sobre procedimientos de asilo y artículo 4 de la Directiva sobre requisitos para el recono - cimiento). El artículo 10 de la Directiva sobre procedimientos de asilo establece que las solicitudes no deben ser automáticamente rechazadas por el órgano adminis - trativo o cuasijudicial encargado de adoptar las decisiones en primera instancia por no haber presentado la solicitud lo antes posible. El artículo 12 de la Directiva sobre procedimientos de asilo prescribe que los solicitantes de asilo han de ser informados del procedimiento y los plazos en una lengua que sea razonable suponer que com - prendan, disponer de los servicios de un intérprete cuando sea necesario, tener la posibilidad de ponerse en contacto con el ACNUR o con organizaciones que faciliten asistencia jurídica, obtener el acceso a los elementos que se usaron para adoptar la decisión en su caso, recibir la notificación de la resolución en un plazo razonable y ser informados del resultado de la resolución en una lengua que sea razonable suponer que comprendan. El artículo 13 de la Directiva establece el deber de los solicitantes de cooperar con las autoridades. Ejemplo: el asunto A, B y C (251) se refería a tres solicitantes de protección internacional en los Países Bajos que temían ser perseguidos por su orienta - ción sexual. Las autoridades nacionales rechazaron su solicitud por considerar que las declaraciones relativas a su homosexualidad eran vagas, inverosímiles y carecían de credibilidad.
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El TJUE declaró que, al verificar una solicitud de asilo, los Estados miembros de la UE están obligados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE , en particular por su artículo 1 (dignidad humana) y su artículo 7 (derecho al respeto de la vida privada y familiar). Si bien el Tribunal reconoció que las «nociones estereotipadas» podían constituir elementos útiles para la evaluación de una solicitud de asilo, la evaluación debía incluir una valo - ración individualizada que tuviera en cuenta las circunstancias personales y la vulnerabilidad del solicitante. Las autoridades nacionales no deben llevar a cabo un interrogatorio detallado sobre las prácticas sexuales de un solicitante, ya que ello sería contrario a la dignidad humana. El Tribunal llegó a la conclusión de que la no declaración de homosexualidad al principio a las autoridades no puede llevar a la conclusión de que la declaración del individuo carece de credibilidad. Los solicitantes de asilo tienen derecho a retirar sus solicitudes. Los procedimientos de retirada también han de cumplir unos requisitos de notificación, como presen - tarse por escrito (artículos 44 y 45 de la Directiva sobre procedimientos de asilo). (251) TJUE, asuntos C -148/13 a C -150/13, A, B y C contra Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie [GS], 2 de diciembre de 2014.
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