en qué gobierno se desarrolla la guerra del agua
Los funcionarios en Bolivia para Aguas de Tunari eran sobre todo ingenieros que carecían de la experiencia en la comercialización. Eran también extranjeros que desconocían de las dificultades de la sociedad y de la economía boliviana. Al tomar control, la compañía levantó las tarifas del agua en un promedio de 350 %, a cerca de $20 por mes como tarifa mínima. Mientras que esto parece minúsculo en las naciones desarrolladas de las cuales el personal de Aguas de Tunari había venido, muchos de sus nuevos clientes solamente perciben cerca de $100 por mes. En la ignorancia completa de la realidad de su situación, un encargado para el consorcio, Geoffrey Thorpe dijo simplemente que "si la gente no pagaba sus cuentas del agua se le cortaría el servicio". Ya el servicio, por ser escaso, era regulado por horarios y zonificado, por tanto esta declaración generó en las familias de diferentes clases sociales el rechazo al incremento y cobro de un servicio que en algunas ocasiones no llegaba a sus domicilios. Esta situación inició en enero del 2000. Dirigentes de sectores sociales intentaron dialogar con el gobierno, y acudieron junto a la iglesia católica a una reunión en la Prefectura (hoy Gobernación), dirigida por el Prefecto Hugo Galindo Saucedo, el alcalde Manfred Reyes Villa, el Monseñor Tito Solari, Arzobispo del departamento, Oscar Olivera, dirigente fabril y de la Coordinadora del Agua, Omar Fernández, dirigente de los regantes, y representantes del Gobierno, que se vieron sorprendidos al ser detenidos en pleno diálogo y encarcelados por algunas horas en celdas de la Policía Técnica Judicial (PTJ). Ya la revuelta y protesta crecía con una vigilia en las puertas de esta institución, que decidió al día siguiente, como reacción, tomar la plaza de armas. Estos enfrentamientos llevaron al prefecto Galindo a presentar la renuncia a su cargo, y el gobierno designó al Comandante Departamental de la Policía, Cnl. Eduardo Wayar, como el prefecto interino. Esa misma noche se detuvieron a más de 6 dirigentes de diferentes sectores, secuestrándolos y confinándolos a la población oriental de Puerto Rico (Departamento de Pando). Con estas detenciones empeoró la reacción de la población, que inició el bloqueo de las calles de la ciudad y de las carreteras de forma espontánea. El Gobierno, presidido por Hugo Banzer Suárez, dictó un estado de excepción local (Estado de sitio) el 8 de abril de 2000, para asumir estas medidas.