en qué gobierno se desarrolla la guerra del agua
La Policía Nacional de Bolivia dijo a los ejecutivos del consorcio Aguas del Tunari de la empresa multinacional Bechtel, «que su seguridad no podría ser garantizada». Por lo cual los ejecutivos huyeron de Cochabamba a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Después de cuatro días de estar ocultos pudieron salir finalmente del país. Posteriormente, Oscar Olivera, líder de la "Coordinadora del Agua", firmó un acuerdo con el gobierno que garantizaba el retiro de Aguas del Tunari y que permitía la normalización del servicio de agua potable a Cochabamba. Los manifestantes detenidos debían ser liberados y la Ley 2029 fue derogada. El gobierno de Hugo Banzer entonces dijo que Aguas del Tunari había dejado Cochabamba, «había abandonado» la concesión y declarado el contrato 200 millones de dólares estadounidenses revocado. La compañía Bechtel, insistiendo que no se había ido voluntariamente, sino forzadamente, interpuso una demanda por 40 millones de dólares estadounidenses contra Bolivia, en el centro internacional para el establecimiento de los conflictos de la inversión, un cuerpo de apelación de la Organización Mundial de Comercio.