a quien aplica la ley de transparencia
La ley afecta, entre otras, a la Administración General del Estado, las administraciones de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y a las administraciones locales. También a la Casa Real, al Congreso, al Senado, al Tribunal Constitucional, al Banco de España, al Defensor del Pueblo, a los organismos autónomos y agencias estatales, entidades públicas empresariales, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, fundaciones del sector público, etc. Se incluye a sociedades mercantiles en las que participen entidades públicas con un capital superior al 50%. Sin embargo, no todas tienen las mismas obligaciones.