The banks do not have monopoly pricing power in the traditional sense, and their market share – at the national level – is lower than what would trigger an antitrust investigation in the non-financial sectors.
Las reformas de la banca del decenio de 1930 impusieron topes de tamaño que resultaron eficaces y en la Ley Riegle-Neal de 1994 se procuró mantener restricciones semejantes, pero la total desreglamentación de los quince últimos años dio al traste con todas esas limitaciones.