When a sufficient proportion of creditors agree to a restructuring plan (in the case of Argentina, the holders of more than 90% of the country’s debt did), the others can be forced to go along.
Cuando una proporción suficiente de los acreedores acuerda un plan de reestructuración (en el caso de Argentina, los tenedores de más del 90 % de la deuda del país lo hicieron), se puede obligar al resto a lo mismo.