Similarly, the 1984 Convention Against Torture requires states to establish their own jurisdiction to prosecute torture if an offender is on their territory and is not extradited to stand trial in the country where the crime was committed.
Asimismo, las Convenciones de las Naciones Unidas de 1984 contra la tortura imponen a los Estados la obligación de establecer su propia jurisdicción para procesar a los responsables de los actos de tortura si el delincuente está dentro de sus fronteras y no es extraditado para ser procesado en el país donde cometió los crímenes.