Similarly, public-sector wage cuts and caps – currently being pursued by 75 developing countries – threaten to undermine service delivery to citizens, particularly at the local level in poor rural areas, where a single teacher or nurse can determine whether a child receives an education or health care.
De forma similar, las reducciones y los límites de los salarios del sector público, aplicado actualmente por 75 países en desarrollo, amenazan con socavar la prestación de servicios a los ciudadanos, en particular en el nivel local de las zonas rurales, donde un solo maestro o una enfermera puede determinar si un niño recibe educación o atención de salud.