It would also lead to broader economic-policy coordination, particularly with respect to wage-setting, because governments would be compelled to use national legislation and public-sector wage settlements to influence wage policy in such a way that imbalances among euro-zone countries are reduced.
Esto llevaría a una mayor coordinación de las políticas económicas, particularmente con respecto a la estipulación salarial, ya que los gobiernos estarían obligados a utilizar legislación nacional y acuerdos salariales del sector público para influir en la política salarial de manera tal que se reduzcan los desequilibrios entre los países de la eurozona.