title: Propuesta de decisión del Consejo relativa a la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de asociación en relación con la aplicación del artículo 65 del Acuerdo euro mediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra

eurovoc_concepts:
Tunisia
association agreement (EU)
social security
social-security benefit
social-security harmonisation

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 13. 04. 2000 COM(2000) 216 final Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de asociación en relación con la aplicación del artículo 65 del Acuerdo euro mediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra. (presentada por la Comisión) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El objeto de la presente propuesta es aplicar las disposiciones relativas a la coordinación en materia de seguridad social contenidas en el Acuerdo euromediteráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, firmado en Bruselas el 17 de julio de 19951. El artículo 67 de este Acuerdo establece que las disposiciones mencionadas serán adoptadas por el Consejo de asociación. 1. FUNDAMENTO JURÍDICO El proyecto de Decisión del Consejo de asociación se basa en los artículos 65, 66, 67 y 68 del Acuerdo de asociación CE-Túnez. 2. CONSIDERACIONES GENERALES 2. 1. Contenido del Acuerdo Las disposiciones del Acuerdo de asociación CE-Túnez prevén la creación de un sistema de coordinación basado en lo siguiente: 1. En favor de los trabajadores tunecinos que residen legalmente y están legalmente empleados en un Estado miembro y de los miembros de su familia que residan legalmente en un Estado miembro: a) b) c) d) la eliminación de toda discriminación basada en la nacionalidad; la totalización de los períodos de seguro, empleo o residencia cumplidos con arreglo a la legislación de uno o más Estados miembros para la apertura del derecho, en otro Estado miembro, a las pensiones y rentas de jubilación, invalidez y supervivencia, así como a las prestaciones familiares y a las prestaciones de enfermedad y de maternidad; el pago de las prestaciones familiares al trabajador ocupado en un Estado miembro y los miembros de cuya familia residan en el interior de la Comunidad; la exportación a Túnez de las pensiones y rentas de jubilación, supervivencia, por accidente de trabajo, enfermedad profesional o invalidez. 2. En favor de los trabajadores nacionales de un Estado miembro que residen y trabajan legalmente en Túnez y de los miembros de su familia que residen legalmente en ese mismo país: La concesión mutatis mutandis de las ventajas contempladas en los apartados a), c) y d) del punto 1. 1 DO L 97, de 30. 3. 1998. 2 2. 2. Objeto del Acuerdo El objeto del Acuerdo de asociación UE Túnez es establecer un sistema de coordinación que garantice a los trabajadores tunecinos una protección inspirada en la que la normativa comunitaria concede a los ciudadanos europeos. No obstante, las disposiciones del Acuerdo no se inscriben en el marco de la libre circulación de los trabajadores, y no pretenden conceder a los trabajadores tunecinos un trato tan favorable como el que garantiza el sistema de coordinación de los regímenes de seguridad social establecido por el Reglamento nº1408/71. 3. COMENTARIOS DEL PROYECTO DE DECISIÓN 3. 1. Presentación del proyecto La decisión deberá incluir disposiciones relativas a las obligaciones que incumben a cada parte contratante y disposiciones relativas únicamente a las obligaciones de los Estados miembros con respecto a los trabajadores tunecinos. Por ello, el proyecto de decisión se ha elaborado con arreglo al siguiente esquema: – – – las partes I, III, y IV se refieren a los Estados miembros y a Túnez; la parte II se aplica solamente a los Estados miembros; los anexos introducen precisiones sobre la aplicación de la decisión a las legislaciones de los Estados miembros y de Túnez. 3. 2. Contenido del proyecto de Decisión COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS. PARTE I - DISPOSICIONES GENERALES Artículo único Los términos definidos en este artículo corresponden básicamente a las definiciones del Reglamento nº 1408/71. No obstante, con arreglo a lo dispuesto en el Acuerdo, el término trabajador sólo designa a los trabajadores por cuenta ajena. Por último, algunas definiciones del Reglamento nº 1408/71 se refieren a los Estados miembros: por consiguiente, ha sido necesario introducir también una referencia a Túnez. Artículo 2 Este artículo delimita el ámbito de las personas cubiertas por la Decisión: los trabajadores tunecinos o nacionales de un Estado miembro, así como los miembros de su familia y sus supervivientes, que estén legalmente empleados y residan legalmente en un Estado miembro o en Túnez, respectivamente. Esta disposición recoge el enunciado clásico de la norma de igualdad de trato, que corresponde, mutatis mutandis, al artículo 3 del Reglamento nº 1408/71. Artículo 3 3 Artículo 4 El campo de aplicación material tiene en cuenta el concepto de seguridad social especificado por el Acuerdo y corresponde al establecido en el artículo 4 del Reglamento nº 1408/71. Artículo 5 Esta disposición corresponde al artículo 5 del Reglamento nº1408/71 y permite a cada parte contratante tener conocimiento de las legislaciones y regímenes a los cuales se aplicará la Decisión. Artículo 6 Este artículo, inspirado en el apartado 3 del artículo 3 del Reglamento nº1408/71, permite ampliar a los trabajadores tunecinos cubiertos por la Decisión determinados convenios de seguridad social -mencionados en el Anexo III- celebrados entre Estados miembros. Artículo 7 El apartado 1 se refiere a la supresión de las cláusulas de residencia para las prestaciones enumeradas en el Acuerdo. Por una parte, las prestaciones adquiridas por un trabajador tunecino en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros se exportarán a todo Estado miembro. Por otra parte, las prestaciones adquiridas en virtud de la legislación las prestaciones tunecina deberán exportarse a todo Estado miembro y, a la inversa, adquiridas en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros se exportarán a Túnez. Artículo 8 Esta disposición prevé el pago de las prestaciones especiales de carácter no contributivo en el Estado miembro en el que resida el interesado, sin posibilidad de exportación, pero también sin totalización de los períodos, conforme a las disposiciones del Acuerdo. Artículo 9 Esta disposición se refiere a la revalorización de las prestaciones y corresponde al artículo 11 del Reglamento nº1408/71. Cuando la legislación de un Estado miembro contiene normas al respecto, éstas son aplicables a las prestaciones adquiridas en virtud de la Decisión. Artículo 10 Esta disposición remite a las condiciones previstas en el artículo 12 del Reglamento nº 1408/71 para la aplicación de las normas sobre no acumulación de prestaciones. 4 PARTE II - DISPOSICIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS A LOS TRABAJADORES TUNECINOS Y A LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA TÍTULO I DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Artículos 11 a 18 Estas disposiciones incorporan esencialmente las normas de determinación de la legislación aplicable del título II del Reglamento nº1408/71 válidas para los trabajadores por cuenta ajena. Su objetivo es evitar que las personas cubiertas por la Decisión estén sometidas simultáneamente a dos legislaciones de seguridad social (doble cotización) o, por el contrario, a ninguna (ausencia de protección). Estas normas se basan en el principio de que sólo es aplicable una legislación, en general la del Estado en el que está empleado el trabajador, pero prevén algunas normas particulares, en especial en relación con los trabajadores destacados. TÍTULO II DISPOSICIONES PARTICULARES PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE PRESTACIONES Artículos 19 a 38 Estas disposiciones corresponden esencialmente al capítulo sobre «enfermedad y maternidad» del Reglamento nº1408/71. Artículos 39 a 45 Estas disposiciones corresponden esencialmente al capítulo sobre «invalidez» del Reglamento nº1408/71. Artículos 46 a 56 Estas disposiciones corresponden esencialmente al capítulo sobre «vejez y muerte (pensiones)» del Reglamento nº1408/71. Artículos 57 a 68 Estas disposiciones corresponden esencialmente al capítulo sobre «accidentes de trabajo y enfermedades profesionales» del Reglamento nº1408/71. Artículos 69 a 71 Estas disposiciones corresponden esencialmente al capítulo sobre «subsidios de defunción» del Reglamento nº1408/71. Artículos 72 a 76 Estas disposiciones corresponden al capítulo sobre «prestaciones familiares» del Reglamento nº1408/71. 5 Artículos 77 a 79 Estas disposiciones corresponden al capítulo sobre «prestaciones en favor de menores a cargo de titulares de pensiones o de rentas y en favor de huérfanos» del Reglamento nº1408/71. PARTE III - DISPOSICIONES DIVERSAS Estas disposiciones, que incorporan algunos artículos del Reglamento nº1408/71, organizan principalmente la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros y de Túnez. PARTE IV - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Esta parte, que concierne tanto a Túnez como a los Estados miembros, se refiere a las formas posteriores de aplicación de la Decisión. Se ha solicitado al Consejo que adopte una Decisión relativa a la posición de la Comunidad, a la cual corresponde el proyecto de Decisión del Consejo de asociación CE-Túnez que se adjunta. 6 Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición de la Comunidad en el seno del Consejo de asociación en relación con la aplicación del artículo 65 del Acuerdo euro mediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra. EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, primera frase del apartado 2 de su artículo 300, Vista la propuesta de la Comisión1, Considerando lo siguiente : (1) (2) Mediante Decisión del Consejo y de la Comisión, de 26 de enero de 1998, se celebró el Acuerdo euro mediterráneo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra. El artículo 65 del Acuerdo prevé la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de la Unión Europea y de Túnez, HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo único La posición que debe adoptar la Comunidad en el seno del Consejo de asociación establecido conforme al Acuerdo euro mediterráneo celebrado entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra, en relación con la aplicación del artículo 67 del citado Acuerdo, corresponde al proyecto de Decisión del Consejo adjunto a la presente Decisión. Hecho en Bruselas, el 1 DO C …, de …, p. … Por el Consejo El Presidente 7 PROYECTO DE DECISIÓN nº / DEL CONSEJO DE ASOCIACIÓN Entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra de Relativa a la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de la Unión Europea y de Túnez EL CONSEJO DE ASOCIACIÓN, Visto el Acuerdo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Túnez, por otra1, Considerando que los artículos 65, 66, 67 y 68 del Acuerdo de asociación prevén la coordinación de los regímenes de seguridad social de los Estados miembros de la Unión Europea y de Túnez. DECIDE: PARTE I - DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 Definiciones A efectos de la aplicación de la presente Decisión: a) El término «trabajador» designa a toda persona: i) ii) que esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo continuado contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas de un régimen de seguridad social, que se aplique a los trabajadores por cuenta ajena; que esté asegurada con carácter obligatorio contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica la presente Decisión, en el marco de un régimen de seguridad social que sea de aplicación a todos los residentes o al conjunto de la problación activa: – cuando las formas de gestión o de financiación de este régimen permitan identificarla como trabajador por cuenta ajena, 1 DO L 98, de 30. 3. 1998. 8 o – cuando, a falta de tales criterios, esté asegurada en virtud de un seguro obligatorio o facultativo continuado contra alguna otra contingencia especificada en el Anexo I, en el marco de un régimen aplicable a los trabajadores por cuenta ajena, o de un régimen mencionado en el inciso iii) o, a falta de un régimen semejante en el Estado miembro afectado, cuando responda a la definición dada en el Anexo I; que esté asegurada con carácter obligatorio contra varias contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica la presente Decisión, en el marco de un régimen de seguridad social aplicable de manera uniforme al conjunto de la población rural, según los criterios fijados en el Anexo I; que esté asegurada con carácter voluntario contra una o varias contingencias correspondientes a las ramas a las cuales se aplica la presente Decisión, en el marco de un régimen de seguridad social aplicable a los trabajadores por cuenta ajena, o de todos los residentes, o de ciertas categorías de residentes: – – si ejerce una actividad por cuenta ajena si anteriormente ha estado asegurada con carácter obligatorio contra la misma contingencia en el marco de un régimen aplicable a los trabajadores por cuenta ajena del mismo Estado miembro; iii) iv) o b) c) la expresión «trabajador fronterizo» designa a todo trabajador por cuenta ajena que ejerza su actividad profesional en el territorio de un Estado miembro y resida en el territorio de otro Estado miembro, al que regresa en principio cada día o al menos una vez por semana; sin embargo, el trabajador fronterizo que esté destacado por la empresa de la que depende normalmente, o que preste sus servicios en el territorio del mismo Estado miembro o de otro Estado miembro, conservará la condición de trabajador fronterizo durante un tiempo que no excederá de cuatro meses, aun cuando durante su estancia como destacado no pueda regresar cada día o al menos una vez por semana, al lugar de su residencia; la expresión «trabajador de temporada» designa a todo trabajador por cuenta ajena que se desplaza al territorio de un Estado miembro distinto de aquél donde reside, con el fin de efectuar allí, por cuenta de una empresa o de un empresario de este Estado, un trabajo de carácter estacional cuya duración no podrá sobrepasar en ningún caso ocho meses si permanece en el territorio de dicho Estado mientras dura su trabajo; por trabajo de carácter estacional se entenderá un trabajo que depende del ritmo de las estaciones y que se repite automáticamente cada año; 9 d) e) f) g) h) la expresión «miembro de la familia» designa a toda persona definida o admitida como miembro de la familia o designada como miembro del hogar por la legislación en virtud de la cual se sirvan las prestaciones o, en los casos contemplados en la letra a) del apartado 1 del artículo 23 y en el artículo 34, por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio reside; no obstante, si estas legislaciones no consideran como miembro de la familia o del hogar más que a una persona que viva en el hogar del trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, esta condición se considerará cumplida cuando la persona de que se trate esté principalmente a cargo de dicho trabajador. Si la legislación de un Estado miembro, relativa a las prestaciones en especie de enfermedad o de maternidad, no permite identificar a los miembros de la familia entre las demás personas a las que se aplica la expresión «miembro de la familia» tendrá el significado que se le da en el Anexo I; el término «superviviente» designa a toda persona definida o admitida como superviviente por la legislación en virtud de la cual se concedan las prestaciones; no obstante, como superviviente a una persona que hubiera vivido en el hogar del fallecido, esta condición se considerará cumplida cuando la persona de que se trate hubiera estado principalmente a cargo del fallecido; legislación sólo considera si esta el término «residencia» significa la estancia habitual; el término «estancia» significa la estancia temporal; el término «legislación» designa, para cada Estado miembro y para Túnez, las leyes, los reglamentos, las disposiciones estatutarias y todas las demás medidas de aplicación, existentes o futuras, que afecten a las ramas y los regímenes de seguridad social contemplados en los apartados 1 y 2 del artículo 4. Quedan excluidas de este término las disposiciones convencionales existentes o futuras, que hayan sido o no objeto de una decisión de los poderes públicos haciéndolas obligatorias o ampliando su campo de aplicación. No obstante, en lo que se refiere a las disposiciones convencionales: i) o ii) que sirvan para establecer una obligación de seguro derivada de las leyes o reglamentos mencionados en el subpárrafo anterior, que creen un régimen cuya gestión está encomendada a la misma institución que administra los regímenes instituidos por las leyes o reglamentos mencionados en el subpárrafo anterior, esta limitación podrá ser suprimida en cualquier momento mediante una declaración formulada por el Estado miembro interesado, mencionando los regímenes de esta naturaleza a los cuales es aplicable la presente Decisión. 10 i) j) k) Esta declaración habrá de ser notificada y publicada con arreglo a las disposiciones del artículo 90; la expresión «convenio» designa todo instrumento bilateral o multilateral que vincule o pueda vincular exclusivamente a dos o varios Estados miembros, o a un Estado miembro y a Túnez, en el campo de la seguridad social, para el conjunto o parte de las ramas y regímenes mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 4, así como los acuerdos de cualquier naturaleza concluidos en el marco de dichos instrumentos; la expresión «autoridad competente» designa, para cada Estado miembro y para Túnez, al ministro, a los ministros o a cualquier otra autoridad correspondiente de la cual dependan, para el conjunto o parte del territorio del Estado de que se trate, los regímenes de seguridad social; el término «institución» designa, para cada Estado miembro y para Túnez, el organismo o la autoridad encargada de aplicar la totalidad o parte de la legislación; l) la expresión «institución competente» designa: i) o ii) o iii) o iv) la institución a la cual el interesado esté afiliado en el momento de la solicitud de prestaciones, la institución de la cual el interesado tiene derecho a prestaciones o tendría derecho a prestaciones si residiera, o si el miembro o los miembros de su familia residieran en el territorio del Estado miembro o de Túnez donde se encuentra esta institución, la institución designada por miembro de que se trate o de Túnez, la autoridad competente del Estado si se trata de un régimen relativo a las obligaciones del empresario en relación con las prestaciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 4, ya sea el empresario o el asegurador subrogado, ya sea, en su la autoridad defecto, el organismo o la autoridad designada por competente del Estado miembro de que se trate o de Túnez; m) las expresiones «institución del lugar de residencia» e «institución del lugar de estancia» designan respectivamente a la institución habilitada para servir las prestaciones en el lugar en que reside el interesado, y la institución habilitada para abonar las prestaciones en el lugar donde se encuentra, según la legislación que aplique esta institución o, si dicha institución no existe, la institución designada por la autoridad competente del Estado miembro de que se trate o de Túnez; 11 n) o) p) q) r) s) t) u) la expresión «Estado competente» designa el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra la institución competente; la expresión «períodos de seguro» designa los períodos de cotización o de empleo, tales como se definen o admiten como períodos de seguro por la legislación bajo la cual han sido cubiertos o se consideran como cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de seguro; la expresión «períodos de empleo» designa los períodos definidos o admitidos como tales por la legislación bajo la cual hayan sido cubiertos, así como todos los períodos asimilados en la medida en que sean reconocidos por esta legislación como equivalentes a los períodos de empleo; la expresión «períodos de residencia» designa los períodos definidos o admitidos como tales por la legislación bajo la cual hayan sido cubiertos o sean considerados como cubiertos; los términos «prestaciones», «pensiones» y «rentas» designan todas las prestaciones, pensiones y rentas, comprendidos todos los elementos a cargo de los fondos públicos, revalorización o subsidios las mejoras por suplementarios, sin perjuicio de las disposiciones del título II de la parte II, así como las prestaciones consistentes en entrega de capital que puedan sustituir a las pensiones, o rentas y los pagos efectuados en concepto de reembolso de cotizaciones; la expresión «prestaciones familiares» designa todas las prestaciones i) en especie o en metálico destinadas a compensar las cargas familiares en el marco de una legislación prevista en la letra h) del apartado 1 del artículo 4, con exclusión de los subsidios especiales por natalidad o adopción mencionados en el Anexo II; ii) la expresión «subsidios familiares» designa las prestaciones periódicas en metálico concedidas exclusivamente en función del número y, en su caso, de la edad de los miembros de la familia; la expresión «subsidios de defunción» designa toda suma abonada de una sola vez en caso de fallecimiento, con exclusión de las prestaciones consistentes en entrega de capital que se mencionan en la letra r). la expresión «Reglamento nº 1408/71» designa, a efectos de la aplicación de la presente Decisión, el Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplacen dentro de la Comunidad. Artículo 2 Campo de aplicación personal A menos que se disponga otra cosa, la presente Decisión se aplicará: 12 a) b) 1. 2. 3. 1. a los trabajadores de nacionalidad tunecina, legalmente empleados en un Estado miembro y que estén o hayan estado sometidos a la legislación de uno o varios Estados miembros, así como a los miembros de su familia que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro y a sus supervivientes; a los trabajadores nacionales de un Estado miembro legalmente empleados en Túnez y que estén o hayan estado sometidos a la legislación tunecina, así como a los miembros de su familia que residan legalmente en Túnez y a sus supervivientes. Artículo 3 Igualdad de trato Las personas que sean nacionales de Túnez, a las cuales sean aplicables las disposiciones de la presente Decisión y que residan en el territorio de uno de los Estados miembros, estarán sujetas a las obligaciones y podrán acogerse al beneficio de la legislación de todo Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de éste, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en la presente Decisión. Asimismo, las personas que sean nacionales de un Estado miembro, a las cuales sean aplicables las disposiciones de la presente Decisión y que residan en Túnez, estarán sujetas a las obligaciones y podrán acogerse al beneficio de la legislación tunecina en las mismas condiciones que los nacionales de este país, sin perjuicio de las disposiciones particulares contenidas en la presente Decisión. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán aplicables al derecho de elegir a los miembros de los órganos de las instituciones de seguridad social o de participar en su designación, pero no afectarán a las disposiciones de la legislación de los Estados miembros o de la legislación tunecina en lo que se refiere a elegibilidad y formas de designación de los interesados para estos órganos. Artículo 4 Campo de aplicación material Teniendo en cuenta las disposiciones particulares que contiene, la presente Decisión se aplicará a todas las legislaciones relativas a las ramas de seguridad social relacionadas con: a) las prestaciones de enfermedad y de maternidad; b) las prestaciones de invalidez; c) las prestaciones de vejez; d) las prestaciones de supervivencia; 13 e) las prestaciones de accidente de trabajo y de enfermedad profesional; f) los subsidios de defunción; g) las prestaciones de desempleo; h) las prestaciones familiares. 2. 3. 4. 5. 6. La presente Decisión se aplicará a los regímenes de seguridad social generales y especiales, contributivos y no contributivos, así como a los regímenes relativos a las obligaciones del empresario o del armador referentes a las prestaciones citadas en el apartado 1. La presente Decisión se aplicará a las prestaciones especiales de carácter no contributivo sujetas a una legislación o a un régimen distintos de los mencionados en el apartado 1 o que se excluyen de conformidad con el apartado 4, cuando dichas prestaciones vayan destinadas: a) b) bien a cubrir, con carácter supletorio, complementario o accesorio, las contingencias correspondientes a las ramas contempladas en las letras a) a h) del apartado 1; bien a minusválidos. asegurar únicamente la protección específica de los La presente Decisión no se aplicará a las disposiciones de la legislación de un Estado miembro en lo que se refiere a las prestaciones especiales de carácter no contributivo, mencionadas en la sección II del Anexo II, cuya aplicación se limite a una parte de su territorio. No obstante, las disposiciones del título II de la parte II no afectarán a disposiciones de las legislaciones relativas a las obligaciones del armador. La presente Decisión no se aplicará ni a la asistencia social y médica, ni a los regímenes de prestaciones en favor de las víctimas de la guerra o de sus consecuencias. Artículo 5 Declaraciones de las partes contratantes relativas al campo de aplicación de la presente Decisión En las declaraciones notificadas y publicadas de conformidad con el artículo 90, los Estados miembros y Túnez mencionarán las legislaciones y regímenes mencionados en los apartados 1 y 2 del artículo 4, las prestaciones mínimas mencionadas en el artículo 55, así como las prestaciones mencionadas en los artículos 77 y 78. Convenios de seguridad social celebrados entre dos o más Estados miembros Artículo 6 14 Los convenios de seguridad social que vinculen exclusivamente a dos o más Estados miembros, según lo establecido en el Anexo III, se ampliarán a las personas a las cuales se aplique la presente Decisión. Artículo 7 Supresión de las cláusulas de residencia - Incidencia del seguro obligatorio en el reembolso de las cotizaciones 1. 2. 3. 1. 2. A menos que la presente Decisión disponga otra cosa, las prestaciones de vejez o de supervivencia, las rentas de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, así como las prestaciones en metálico de invalidez, adquiridas en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros, no podrán ser objeto de ninguna reducción, modificación, supresión o confiscación por el hecho de que el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que se encuentra la institución deudora. suspensión, Las disposiciones del primer párrafo se aplicarán igualmente a las prestaciones consistentes en entrega de capital concedidas en caso de nuevas nupcias del cónyuge superviviente que tuviera derecho a una pensión o una renta de supervivencia. Las disposiciones del apartado 1 se aplicarán, salvo por lo que respecta a las prestaciones de invalidez que no sean las concedidas en caso de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, a las prestaciones adquiridas en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros, cuando el beneficiario sea nacional de Túnez y resida en ese país, así como a las prestaciones adquiridas en virtud de la legislación tunecina, cuando el beneficiario sea nacional de un Estado miembro y resida en el territorio de ése o de cualquier otro Estado miembro. Si la legislación de un Estado miembro subordina el reembolso de las cotizaciones a la condición de que el interesado haya dejado de estar sujeto al seguro obligatorio, esta condición no se considerará satisfecha mientras que el interesado esté sujeto, en calidad de trabajador, al seguro obligatorio en virtud de la legislación de otro Estado miembro. Artículo 8 Prestaciones especiales de carácter no contributivo No obstante lo dispuesto en el artículo 7 y en el título II de la parte II, las personas a las que se aplica la presente Decisión se beneficiarán de las prestaciones especiales en metálico de carácter no contributivo mencionadas en el apartado 3 del artículo 4 exclusivamente en el territorio del Estado en el que residan y con arreglo a la legislación de dicho Estado, siempre que estas prestaciones se mencionen en el Anexo IV. Las prestaciones serán satisfechas por la institución del lugar de residencia y a su cargo. Cuando la legislación de un Estado miembro supedite el derecho a una prestación de las contempladas en el apartado 1, concedida a título complementario, al beneficio de una prestación de las contempladas en una 15 de las letras a) a h) del apartado 1 del artículo 4, si no se tiene derecho a ninguna prestación de tal género con arreglo a dicha legislación, toda prestación correspondiente concedida con arreglo a la legislación de otro Estado miembro será considerada, a efectos de la concesión de la prestación complementaria, como prestación concedida con arreglo a la legislación del primer Estado miembro. 3. Cuando la legislación de un Estado miembro supedite la concesión de prestaciones de las contempladas en el apartado 1, destinadas a los inválidos o a los minusválidos, a la condición de que la invalidez o la minusvalía se hubiere constatado por vez primera en el territorio de dicho Estado miembro, se considerará cumplida esta condición cuando la constatación haya sido realizada por vez primera en el territorio de otro Estado miembro. Artículo 9 Revalorización de las prestaciones Las normas de revalorización previstas por la legislación de un Estado miembro o de Túnez serán aplicables a las prestaciones debidas en virtud de esa legislación, teniendo en cuenta las disposiciones de la presente Decisión. Artículo 10 No acumulación de prestaciones 1. 2. La presente Decisión no podra conferir ni mantener el derecho a beneficiarse de varias prestaciones de la misma naturaleza relativas a un mismo período de seguro obligatorio. No obstante, esta disposición no se aplicará a las prestaciones de invalidez, de vejez, de muerte (pensiones) o de enfermedad profesional, que sean liquidadas por las instituciones de dos o varios Estados miembros, con arreglo a las disposiciones del artículo 43, de los apartados 2 y 3 del artículo 45, de los artículos 48, 55 y 56 o de la letra b) del apartado 1 del artículo 65. Salvo en los casos en que la presente Decisión disponga otra cosa, las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión establecidas en la legislación de un Estado miembro en caso de acumulación de una prestación con otras prestaciones de seguridad social o con otros ingresos de cualquier tipo podrán hacerse valer frente al beneficiario, aunque se trate de prestaciones adquiridas en virtud de la legislación de otro Estado miembro o de ingresos obtenidos en el territorio de otro Estado miembro o de Túnez. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión establecidas en la legislación tunecina en caso de acumulación de una prestación con otras prestaciones de seguridad social o con otros ingresos de cualquier tipo podrán hacerse valer frente al beneficiario, aunque se trate de prestaciones adquiridas en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros o de ingresos obtenidos en el territorio de uno o varios Estados miembros. 16 3. 4. No obstante, las disposiciones del apartado 2 no se aplicarán cuando el interesado se beneficie de prestaciones del mismo tipo de invalidez, de vejez o de defunción (pensiones) que sean liquidadas: – – por las instituciones de dos o varios Estados miembros conforme los artículos 48, 56 y 66 de la presente Decisión; por una institución tunecina, conforme a las disposiciones de un convenio de seguridad social celebrado entre Túnez y un Estado miembro. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación de un Estado miembro en el caso en que el beneficiario de prestaciones de invalidez o de prestaciones anticipadas de vejez ejerza una actividad profesional, le afectarán aunque ejerza su actividad profesional en el territorio de otro Estado miembro o de Túnez. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación de Túnez en el caso en que el beneficiario de prestaciones de invalidez o de prestaciones anticipadas de vejez ejerza una actividad profesional, le afectarán aunque ejerza su actividad profesional en el territorio de un Estado miembro. PARTE II - DISPOSICIONES RELATIVAS A LA APLICACIÓN DE LOS REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS ESTADOS MIEMBROS A LOS TRABAJADORES TUNECINOS Y A LOS MIEMBROS DE SU FAMILIA TÍTULO I DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE Artículo 11 Normas generales 1. 2. El trabajador al que sea aplicable la presente Decisión sólo estará sometido a la legislación de un único Estado miembro. Esta legislación será determinada con arreglo a las disposiciones del presente título. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 12 a 17: a) b) c) el trabajador ocupado en el territorio de un Estado miembro estará sometido a la legislación de este Estado, incluso cuando resida en el territorio de otro Estado miembro o aunque la empresa o el empresario que lo ocupa tenga su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro; el trabajador que esté ocupado a bordo de un buque que enarbole el pabellón de un Estado miembro estará sometido a la legislación de ese Estado; el trabajador al que deje de serle aplicable la legislación de un Estado miembro, sin que por ello pase a aplicársele la legislación de otro 17 Estado miembro de conformidad con una de las reglas enunciadas en las letras anteriores o con una de las excepciones o normas especiales establecidas en los artículos 12 a 17, quedará sometido a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, de conformidad con las disposiciones de esta legislación únicamente. Artículo 12 Normas particulares 1. La norma enunciada en la letra a) del apartado 2 del artículo 11 será aplicada teniendo en cuenta las excepciones y particularidades siguientes: a) b) el trabajador que esté ocupado en el territorio de un Estado miembro al servicio de una empresa de la que dependa normalmente y destacado en el territorio de otro Estado miembro por esta empresa con el fin de efectuar allí un trabajo por su cuenta, quedará sujeto a la legislación del primer Estado miembro, a condición de que la duración previsible de este trabajo no exceda de doce meses y que no sea enviado en sustición de otro trabajador que haya llegado al término del período por el que ha sido destacado; si la duración del trabajo que ha de ser realizado se prolonga debido a circunstancias imprevisibles más allá de la duración en un principio prevista y llega a exceder de doce meses, la legislación del primer Estado seguirá siendo aplicable hasta la finalización de ese trabajo, a condición de que la autoridad competente del Estado miembro en cuyo territorio esté destacado el interesado, o el organismo designado por dicha autoridad, haya dado su conformidad; esa conformidad deberá ser solicitada antes de que termine el período inicial de doce meses. No obstante, esa conformidad no podrá darse para un período que exceda de doce meses. 2. El trabajador que esté normalmente ocupado en el territorio de dos o más Estados miembros estará sometido a la legislación determinada como sigue: a) el trabajador que forme parte del personal itinerante o navegante de una empresa que efectúe por cuenta de otro o por su propia cuenta transportes internacionales de pasajeros o de mercancías por vía férrea, por carretera, por aire o por navegación interior y que tenga su sede en el territorio de un Estado miembro, estará sometido a la legislación de este último Estado. No obstante: i) el trabajador ocupado por una sucursal o por una representación permanente que dicha empresa posea en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en que ella tenga su sede, estará sometido a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio se encuentre esta sucursal o representación permanente; ii) el trabajador ocupado de forma preponderante en el territorio del Estado miembro en que resida estará sometido a la legislación de 18 ese Estado, incluso cuando la empresa que lo ocupa no tenga sede, ni sucursal, ni representación permanente en este territorio; b) el trabajador distinto de aquel a que se hace referencia en la letra a) estará sometido: i) ii) a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, si ejerce una parte de su actividad en este territorio o si depende de varias empresas o de varios empresarios que tengan su sede o su domicilio en el territorio de diferentes Estados miembros; a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio la empresa o el empresario que lo ocupa tenga su sede o su domicilio, si no reside en el territorio de uno de los Estados miembros en los que ejerce su actividad; 3. el trabajador que esté ocupado en el territorio de un Estado miembro, en una empresa que tenga su sede en el territorio de otro Estado miembro y que está atravesada por la frontera común de estos Estados, estará sometido a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio tenga su sede dicha empresa. Artículo 13 Normas particulares aplicables a los trabajadores del mar La norma enunciada en la letra b) del apartado 2 del artículo 11 será aplicada teniendo en cuenta las excepciones y particularidades siguientes: 1. 2. 3. el trabajador que esté ocupado al servicio de una empresa de la que dependa normalmente, bien sea en el territorio de un Estado miembro o bien a bordo de un buque que enarbole pabellón de un Estado miembro, y que esté destacado por esta empresa para realizar un trabajo por su cuenta a bordo de un buque que enarbole pabellón de otro Estado miembro seguirá sometida a la legislación del primer Estado miembro en las condiciones previstas en el apartado 1 del artículo 12; el trabajador que, no ejerciendo habitualmente su actividad profesional en el mar, realiza un trabajo en las aguas territoriales o en un puerto de un Estado miembro, en un buque que enarbole pabellón de otro Estado miembro que se encuentre en esas aguas territoriales o en ese puerto, sin pertenecer a la tripulación de dicho buque, estará sometido a la legislación del primer Estado miembro; el trabajador que esté ocupado a bordo de un buque que enarbole pabellón de un Estado miembro y que sea remunerado por esta actividad por una empresa o una persona que tenga su sede o su domicilio en el territorio de otro Estado miembro, estará sometido a la legislación de este último Estado, si reside en su territorio; la empresa o la persona que pague la retribución será considerada como empresario para la aplicación de dicha legislación. 19 Artículo 14 Normas particulares aplicables a los trabajadores que ejerzan simultáneamente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en el territorio de diferentes Estados miembros La persona que ejerza simultáneamente una actividad por cuenta ajena y una actividad por cuenta propia en el territorio de diferentes Estados miembros estará sometida a la legislación del Estado miembro en cuyo territorio ejerza una actividad por cuenta ajena o, si ejerce dicha actividad en el territorio de dos o más Estados miembros, a la legislación determinada de conformidad con los apartados 2 ó 3 del artículo 12. Artículo 15 Disposiciones diversas 1. 2. 1. 2. La persona a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 12 será tratada, a efectos de la aplicación de la legislación determinada de conformidad con estas disposiciones, como si ejerciera la totalidad de sus actividades por cuenta ajena o por cuenta propia en el territorio del Estado miembro afectado. Las disposiciones de la legislación de un Estado miembro que prevean que el titular de una pensión o de una renta que ejerza alguna actividad profesional no estará sujeto al seguro obligatorio por razón de esa actividad, se aplicarán igualmente al titular de una pensión o de una renta adquirida en virtud de la legislación de otro Estado miembro, a menos que el interesado solicite expresamente quedar sujeto al seguro obligatorio, a cuyo fin se dirigirá a la institución designada por la autoridad competente del primer Estado miembro. Normas referentes al seguro voluntario o al seguro facultativo continuado Artículo 16 Los artículos 11 a 15 no serán aplicables en materia de seguro voluntario, o facultativo continuado, salvo cuando para alguna de las ramas enunciadas en el artículo 4 no exista en un Estado miembro más que un régimen de seguro voluntario. En el caso en que la aplicación de las legislaciones de dos o varios Estados miembros entrañe la acumulación de afiliación: – – a un régimen de seguro obligatorio y a uno o varios regímenes de seguro voluntario o facultativo continuado, el interesado estará sujeto exclusivamente al régimen de seguro obligatorio, a dos o varios regímenes de seguro voluntario o facultativo continuado, el interesado sólo podrá ser admitido al régimen de seguro voluntario o facultativo continuado por el que haya optado. 3. No obstante, en materia de invalidez, de vejez y de muerte (pensiones), el interesado podrá ser admitido al seguro voluntario o facultativo continuado 20 de un Estado miembro, incluso cuando está obligatoriamente sujeto a la legislación de otro Estado miembro, en la medida en que esa acumulación esté admitida explícita o implícitamente en el primer Estado miembro. Artículo 17 Excepciones a las disposiciones de los artículos 11 a 16 Dos o más Estados miembros, las autoridades competentes de dichos Estados o los organismos designados por dichas autoridades podrán prever de común acuerdo, y en beneficio de determinadas categorías de personas o de determinadas personas, excepciones a las disposiciones de los artículos 11 a 16. Artículo 18 Normas particulares relativas a los titulares de pensiones o de rentas debidas en virtud de la legislación de uno o varios Estados miembros El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro o de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de varios Estados miembros, que resida en el territorio de otro Estado miembro, podrá quedar exento, si así lo solicita, de la aplicación de la legislación de este último Estado, siempre que no este sujeto a esta legislación en razón del ejercicio de una actividad profesional. TÍTULO II - DISPOSICIONES PARTICULARES PARA LAS DIFERENTES CATEGORÍAS DE PRESTACIONES CAPÍTULO 1 ENFERMEDAD Y MATERNIDAD Sección 1 Disposiciones comunes Artículo 19 1. 2. Totalización de los períodos de seguro, de empleo o de residencia La institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones al requisito de haber cubierto períodos de seguro, de empleo o de residencia, tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro, de empleo o de residencia cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como si se tratara de períodos cubiertos bajo la legislación que aplica. Las disposiciones del apartado 1 serán aplicables al trabajador de temporada, aunque se trate de períodos anteriores a una interrupción del seguro que haya excedido la duración admitida por la legislación del Estado competente, a condición, sin embargo, de que el interesado no haya dejado de estar asegurado durante un período superior a cuatro meses. 21 Sección 2 Trabajadores y miembros de su familia Artículo 20 Residencia en un Estado miembro distinto del Estado competente - Normas generales 1. 2. El trabajador que resida en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente y que satisfaga las condiciones exigidas por la legislación del Estado competente para tener derecho a las prestaciones, teniendo en cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 19, disfrutará en el Estado de su residencia: a) b) de las prestaciones en especie servidas por cuenta de la institución lugar de residencia, según las competente por la institución del disposiciones de la legislación que ésta aplique y como si estuviera afiliado a la misma; de las prestaciones en metálico, abonadas por la institución competente con arreglo a la legislación aplicada por ella. No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la institución del lugar de residencia, estas prestaciones podrán ser servidas por esta última institución, por cuenta de la primera, según las disposiciones de la legislación del Estado competente. Las disposiciones del apartado 1 serán aplicables por analogía a los miembros de la familia que residan en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, siempre que no tengan derecho a estas prestaciones en virtud de la legislación del Estado en cuyo territorio residen. En caso de residencia de los miembros de la familia en el territorio de un Estado miembro en cuya legislación el derecho a las prestaciones en especie no esté subordinado a condiciones de seguro o de empleo, las prestaciones en especie que les sean servidas se considerarán por cuenta de la institución a la cual esté afiliado el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia, excepto cuando su cónyuge o la persona que tenga la custodia de los hijos ejerza una actividad profesional en el territorio de dicho Estado miembro. Artículo 21 Trabajadores fronterizos y miembros de sus familias - Normas particulares El trabajador fronterizo también podrá obtener las prestaciones en el territorio del Estado competente. Estas prestaciones serán servidas por la institución competente según las disposiciones de la legislación de este Estado como si el interesado residiera en el mismo. Los miembros de su familia podrán beneficiarse de las prestaciones en las mismas condiciones; no obstante, el disfrute de estas prestaciones estará subordinado, salvo en caso de urgencia, a un acuerdo entre los Estados interesados o entre las autoridades competentes de esos Estados o, en su defecto, a la autorización previa de la institución competente. 22 1. 2. 3. 4. Artículo 22 Estancia en el Estado competente o traslado de residencia al mismo El trabajador mencionado en el apartado 1 del artículo 20, que se halle en el territorio del Estado competente, disfrutará de las prestaciones según las disposiciones de la legislación de este Estado como si residiera en el mismo, incluso aunque haya disfrutado ya de prestaciones por el mismo proceso de enfermedad o de maternidad antes de su estancia. El apartado 1 se aplicará por analogía a los miembros de la familia mencionados en el apartado 2 del artículo 20. No obstante, cuando estos últimos residan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en cuyo territorio reside el trabajador por cuenta ajena, las prestaciones en especie serán servidas por la institución del lugar de estancia por cuenta de la institución del lugar de residencia de los interesados. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán al trabajador fronterizo ni a los miembros de su familia. El trabajador y los miembros de su familia mencionados en el artículo 20 que trasladen su residencia al territorio del Estado competente disfrutarán de las prestaciones según las disposiciones de la legislación de ese Estado, aun cuando se hayan beneficiado ya de prestaciones por el mismo proceso de enfermedad o de maternidad antes del traslado de su residencia. Artículo 23 Estancia fuera del Estado competente - Regreso o traslado de residencia a otro Estado miembro durante una enfermedad o maternidad - Necesidad de desplazarse a otro Estado miembro para recibir la asistencia apropiada 1. El trabajador que satisfaga las condiciones exigidas por la legislación del Estado competente para tener derecho a las prestaciones, teniendo en cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 19 y: a) o b) o c) cuyo estado requiera de modo inmediato prestaciones durante una estancia en el territorio de otro Estado miembro, que, después de haber sido admitido al disfrute de las prestaciones a cargo de la institución competente, sea autorizado por esta institución a regresar al territorio del Estado miembro en que reside o a trasladar su residencia al territorio de otro Estado miembro, que sea autorizado por la institución competente a desplazarse al territorio de otro Estado miembro para recibir en el mismo la asistencia apropiada a su estado; 23 tendrá derecho: i) ii) la institución del a las prestaciones en especie servidas, por cuenta de la institución competente, por lugar de estancia o de residencia, según las disposiciones de la legislación que ésta aplique, como si estuviera afiliado a la misma, regulándose la duración del servicio de las prestaciones por la legislación del Estado competente; a las prestaciones en metálico abonadas por la institución competente de acuerdo con las disposiciones que ésta aplique. No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la institución del estas prestaciones podrán ser servidas por esta última institución por cuenta de la primera, según las disposiciones de la legislación del Estado competente. lugar de estancia o de residencia, 2. La autorización requerida en virtud de lo previsto en la letra b) del apartado 1, solamente podrá ser denegada cuando haya constancia de que el desplazamiento del interesado puede comprometer su estado de salud o la aplicación del tratamiento médico. La autorización requerida en virtud de la letra c) del apartado 1 no podrá ser denegada cuando la asistencia de que se trate figure entre las prestaciones previstas por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida el interesado y cuando, habida cuenta de su estado de salud actual y la evolución probable de la enfermedad, esta asistencia no pueda serle dispensada en el plazo normalmente necesario para obtener el tratamiento de que se trata en el Estado miembro en que reside. 3. Las disposiciones de los apartados 1 y 2 serán aplicables por analogía a los miembros de la familia del trabajador. No obstante, para la aplicación del inciso i) de la letra a) y del inciso i) de la letra c) del apartado 1, a los miembros de la familia mencionados en el apartado 2 del artículo 20 que residan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en cuyo territorio reside el trabajador: a) b) las prestaciones en especie serán servidas, por cuenta de la institución del Estado miembro en cuyo territorio residen los miembros de la familia por la institución del lugar de estancia, según las disposiciones de la legislación que ésta aplique, como si el trabajador estuviera afiliado a la misma. La duración del servicio de las prestaciones se regulará no obstante por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio residan los miembros de la familia; la autorización requerida en virtud de la letra c) del apartado 1 será expedida por la institución del Estado miembro en cuyo territorio residan los miembros de la familia. 24 4. El hecho de que el trabajador se beneficie de las disposiciones del apartado 1 no afectará al derecho a las prestaciones de los miembros de su familia. Artículo 24 Actividad ejercida en un Estado miembro distinto del Estado competente - Estancia en el Estado en el que se ejerce la actividad El trabajador a que se refieren los artículos 12, 13, 14 y 17, así como los miembros de su familia que le acompañen, se beneficiarán de las disposiciones de la letra a) del apartado 1 del artículo 23 en cualquier situación que requiera asistencia durante su estancia en el territorio del Estado miembro en el que el trabajador ejerza su actividad profesional o cuyo pabellón enarbole el navío a bordo del cual ejerza el trabajador su actividad profesional. 1. 2. 3. 1. 2. Artículo 25 Cálculo de las prestaciones en metálico La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que el cálculo de las prestaciones en metálico se efectúe en función de unos ingresos medios o de una base de cotización media determinará dichos ingresos medios o dicha base de cotización media exclusivamente en función de los ingresos comprobados o de las bases de cotización aplicadas durante los períodos cubiertos bajo dicha legislación. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que las prestaciones en metálico habrán de ser calculadas sobre la base de los ingresos a tanto alzado, computará exclusivamente éstos o, dado el caso, el promedio de los ingresos a tanto alzado correspondiente a los períodos cubiertos bajo dicha legislación. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que la cuantía de las prestaciones en metálico varíe con el número de los miembros de la familia, tendrá en cuenta igualmente a los miembros de la familia del interesado que residan en el territorio de otro Estado miembro, como si residieran en el territorio del Estado competente. Artículo 26 Prestaciones en especie de gran importancia El trabajador al que le sea reconocido, para él mismo o para algún miembro de su familia, el derecho a una prótesis, a un gran aparato, o a otras prestaciones en especie de gran importancia por la institución de un Estado miembro, antes de su nueva afiliación a la institución de otro Estado miembro, disfrutará de esas prestaciones con cargo a la primera institución aunque se concedan cuando dicho trabajador se encuentre ya afiliado a la segunda institución. La lista de las prestaciones a las que se aplican las disposiciones del apartado 1 es la establecida por la Comisión administrativa sobre la seguridad social de los trabajadores migrantes a que se hace referencia en el artículo 80 del 25 Reglamento nº 1408/71 definido en la letra u) del artículo 1 de la presente Decisión. Sección 3 Desempleados y miembros de su familia Artículo 27 Las disposiciones del artículo 20 se aplican por analogía al trabajador fronterizo en paro completo que cumple las condiciones exigidas por la legislación del Estado competente para tener derecho a las prestaciones del seguro de enfermedad, así como a los miembros de su familia. Cuando un desempleado que no cumpla los requisitos mencionados en el apartado 1 satisfaga las condiciones exigidas para tener derecho a las prestaciones de enfermedad y maternidad por la legislación del Estado miembro a cuyo cargo han de correr las prestaciones por desempleo - teniendo en cuenta, cuando proceda, lo dispuesto en el artículo 19 -, los miembros de su familia disfrutarán de las prestaciones en cuestión, cualquiera que sea el Estado miembro donde residan o se hallen. Estas prestaciones serán servidas: i) ii) en lo que se refiere a las prestaciones en especie, por la institución del lugar de residencia o de estancia, según las disposiciones de la legislación que aplique, por cuenta de la institución competente del Estado miembro al que incumba el cargo de las prestaciones por desempleo; en lo que se refiere a las prestaciones en metálico, por la institución competente del Estado miembro al que incumba el cargo de las prestaciones por desempleo, según las disposiciones de la legislación que aplique. Sin perjuicio de las disposiciones de la legislación de un Estado miembro que permitan la concesión de las prestaciones de enfermedad por un período más amplio, la duración prevista en el apartado 1 podrá ser prolongada, en caso de fuerza mayor, por la institución competente en el límite fijado por la legislación que esta institución aplique. Sección 4 Solicitantes de pensiones o de rentas y miembros de sus familias Artículo 28 Derecho a las prestaciones en especie en caso de cesación del derecho a las prestaciones por parte de la institución que fuera competente en último lugar El trabajador, los miembros de su familia o sus supervivientes que, durante la tramitación de una solicitud de pensión o de renta, dejen de tener derecho a las prestaciones en especie en virtud de la legislación del Estado miembro que fuera competente en último lugar disfrutarán no obstante de estas 26 1. 2. 3. 1. 2. 3. prestaciones en las condiciones siguientes: las prestaciones en especie serán abonadas según las disposiciones de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio residan el interesado o los interesados, en tanto tengan derecho a las mismas en virtud de esta legislación o tuvieran derecho a ellas en virtud de la legislación de otro Estado miembro, si residieran en su territorio teniendo en cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 19. El solicitante de una pensión o de una renta cuyo derecho a las prestaciones en especie se derive de la legislación de un Estado miembro que obliga al interesado a pagarse las cotizaciones relativas al seguro de enfermedad durante la tramitación de su solicitud de pensión, dejará de tener derecho a las prestaciones en especie transcurrido el segundo mes por el cual no haya pagado las cotizaciones debidas. Las prestaciones en especie abonadas en cumplimiento de las disposiciones del apartado 1 correrán a cargo de la institución que, según lo previsto en el apartado 2, haya percibido las cuotas; cuando no exista la obligación de cotizar conforme a las disposiciones del apartado 2, la institución que, en virtud del artículo 30, tenga que asumir el coste de las prestaciones en especie tras el reconocimiento de la pensión o la renta, reembolsará a la institución de lugar de residencia el importe de las prestaciones abonadas. Sección 5 Titulares de pensiones o de rentas y miembros de sus familias Artículo 29 Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de varios Estados miembros cuando exista un derecho a las prestaciones en el país de residencia El titular de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o de varios Estados miembros, incluida la de aquel Estado miembro en cuyo territorio reside, que tenga derecho a las prestaciones en virtud de la legislación de este último Estado miembro - habida cuenta, cuando proceda, de las disposiciones del artículo 19 y del Anexo VI -, así como los miembros de su familia, recibirán estas prestaciones de la institución del lugar de residencia y con cargo a esta institución, como si el interesado fuera titular de una pensión o de una renta debida únicamente en virtud de la legislación de este último Estado miembro. Artículo 30 Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de un solo Estado, o de varios, cuando no existe derecho a las prestaciones en el país de residencia 1. El titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro, o de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o varios Estados miembros, que no tenga derecho a las prestaciones en virtud de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio reside, disfrutará, no obstante, de estas prestaciones, para él y para los miembros de su familia, siempre que pudiera tener derecho a las mismas en virtud de la legislación del Estado miembro, o al menos de uno de los 27 Estados miembros competentes en materia de pensiones -habida cuenta, cuando proceda, de los dispuesto en el artículo 19 y en el Anexo VI-, si residiese en el territorio del Estado de que se trate. El servicio de las prestaciones estará garantizado en las condiciones siguientes: a) b) las prestaciones en especie serán servidas, con cargo a la institución a que se refiere el apartado 2, por la institución del lugar de residencia, como si el interesado fuese titular de una pensión o de una renta en virtud de la legislación del Estado en cuyo territorio reside y tuviese derecho a las prestaciones en especie; las prestaciones en metálico serán servidas, dado el caso, por la institución competente determinada según lo preceptuado en el apartado 2 con arreglo a lo establecido en la legislación que ésta aplique. No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la del lugar de residencia, estas prestaciones podrán ser abonadas por la segunda de dichas instituciones, con cargo a la primera y según las disposiciones de la legislación del Estado competente. 2. En los casos previstos en el apartado 1, la institución a cuyo cargo habrán de correr las prestaciones en especie será la determinada según las normas siguientes: a) b) si el titular tiene derecho a las mencionadas prestaciones en virtud de la legislación de un solo Estado miembro, la obligación de sufragarlas recaerá en la institución competente del mismo Estado; si el titular tiene derecho a las mencionadas prestaciones en virtud de las legislaciones de dos o de varios Estados miembros, la obligación de sufragarlas recaerá en la institución competente del Estado miembro a cuya legislación haya estado sometido el titular durante el mayor período de tiempo; cuando según esta norma proceda atribuir a varias instituciones las prestaciones, dicha obligación recaerá en la institución que aplique la legislación a la que el titular haya estado sujeto en último lugar. la obligación de sufragar Artículo 31 Pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de uno o de varios Estados miembros distintos del país de residencia, cuando existe un derecho a prestaciones en especie en este último país En el supuesto de que el titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un solo Estado miembro, o de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o de varios Estados miembros, resida en el territorio de un Estado miembro donde según su legislación el derecho a las prestaciones en especie no esté subordinado al cumplimiento de requisitos de seguro o de empleo y donde no se le deba ninguna pensión o renta, las prestaciones en especie servidas al titular en cuestión y a los miembros de su familia serán sufragadas por la institución de alguno de los Estados miembros competentes en materia de pensiones, a la que corresponda tal obligación como consecuencia de lo previsto en el apartado 2 del artículo 30, siempre que el titular y los miembros de su familia tuvieran derecho a dichas 28 prestaciones en virtud de la legislación aplicada por esa institución si residieran en el territorio del Estado miembro donde radica la misma. Artículo 32 Residencia de los miembros de la familia en un Estado distinto de aquél en que reside el titular. Traslado de residencia al Estado donde reside el titular 1. Los miembros de la familia del titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro, o de pensiones o rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o varios Estados miembros, que residan en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel en que reside el titular, disfrutarán de las prestaciones como si el titular residiera en el mismo territorio que ellos, siempre que el titular tenga derecho a las mencionadas prestaciones en virtud de la legislación de algún Estado miembro. El servicio de las prestaciones estará garantizado en las condiciones siguientes: a) b) las prestaciones en especie serán servidas por la institución del lugar de residencia de los miembros de la familia, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que dicha institución aplique, con cargo a la institución del lugar de residencia del titular; las prestaciones en metálico serán servidas, dado el caso, por la institución competente determinada según lo preceptuado en el artículo 29 o en el apartado 2 del artículo 30 con arreglo a lo dispuesto en la legislación que ésta aplique. No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la institución del lugar de residencia de los miembros de la familia, estas prestaciones podrán ser servidas por la segunda de dichas instituciones, con cargo a la primera y con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Estado competente. 2. Cuando los miembros de la familia a que se refiere el apartado 1 trasladen su residencia al titular, disfrutarán: territorio del Estado miembro donde reside el a) b) de las prestaciones en especie con arreglo a lo dispuesto en la legislación de dicho Estado, aunque hubieran disfrutado, antes de trasladar su residencia, de prestaciones por el mismo proceso de enfermedad o de maternidad; la de las prestaciones en metálico, servidas, dado el caso, por institución competente - determinada según lo preceptuado en el artículo 29 o en el apartado 2 del artículo 30 - con arreglo a lo dispuesto en la legislación que ésta aplique. No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la institución del lugar de residencia del titular, estas prestaciones podrán ser servidas por la segunda de dichas instituciones, con cargo a la primera y con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Estado competente. 29 Artículo 33 Prestaciones en especie de gran importancia Las disposiciones del artículo 26 se aplicarán por analogía a los titulares de pensiones o de rentas. Artículo 34 Estancia del titular y/o de los miembros de su familia en un Estado distinto de aquél donde tienen su residencia El titular de un pensión o de una renta debidas en virtud de la legislación de un Estado miembro, o de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o de varios Estados miembros, que tenga derecho a las prestaciones en virtud de la legislación de uno de esos Estados miembros, así como los miembros de su familia, que se hallen en el territorio de un Estado miembro distinto de aquél en el que tengan su residencia, se beneficiarán: a) b) 1. 2. de las prestaciones en especie, servidas por la institución del lugar de estancia con arreglo a la legislación que aplique y con cargo a la institución de residencia del titular; de las prestaciones en metálico, servidas, dado el caso, por la institución competente - determinada según lo preceptuado en el artículo 29 o en el apartado 2 del artículo 30 - con arreglo a lo dispuesto en la legislación que ésta aplique. No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la del lugar de estancia, estas prestaciones podrán ser servidas por la segunda de dichas instituciones, con cargo a la primera y con arreglo a lo dispuesto en la legislación del Estado competente. Artículo 35 Cotizaciones a cargo de titulares de pensiones o de rentas La institución de un Estado miembro que sea deudora de una pensión o de una renta y que aplique una legislación que prevea, para la cobertura de las prestaciones de enfermedad y de maternidad, la retención de cuotas al titular de una pensión o de una renta, quedará facultada para practicar estas retenciones, calculadas de conformidad con dicha legislación, sobre la pensión o la renta que deba, siempre que las prestaciones servidas en cumplimiento de los artículos 29, 30, 31, 32 y 34 sean a cargo de alguna institución de dicho Estado miembro. Cuando, en los supuestos contemplados en el artículo 31, el titular de una pensión o de una renta esté sujeto a cotizaciones o retenciones equivalentes para la cobertura de las prestaciones de enfermedad y de maternidad en virtud de la legislación del Estado miembro en cuyo territorio resida, por el hecho de ser residente, estas cotizaciones no serán exigibles. 30 Artículo 36 Disposiciones generales 1. 2. Para la aplicación de los artículos 30, 31, 32 y 34, el titular de dos o más pensiones o rentas debidas en virtud de la legislación de un solo Estado miembro, será considerado, según estas disposiciones, como titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro. Lo dispuesto en los artículos 29 a 35 no se aplicará al titular de una pensión o de una renta, ni a los miembros de su familia, que, como consecuencia del ejercicio de una actividad profesional, tengan derecho a las prestaciones en virtud de la legislación de cualquier Estado miembro. En tales casos, el interesado será considerado como trabajador por cuenta ajena o como miembro de la familia de un trabajador por cuenta ajena, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el presente capítulo. Sección 6 Disposiciones diversas Artículo 37 Régimen aplicable cuando haya pluralidad de regímenes en el país de residencia o de estancia. Afección preexistente. Duración máxima de la concesión de las prestaciones 1. 2. 3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, cuando la legislación del país de estancia o de residencia incluya varios regímenes de seguro de enfermedad o maternidad, las normas aplicables en virtud de lo dispuesto en los artículos 20, apartado 1 del artículo 22, artículos 23, 27 y 28, apartado 1 del artículo 30, apartado 1 del artículo 32, o artículo 34, serán las correspondientes al régimen a que pertenezcan los trabajadores manuales de la industria del acero. No obstante, si dicha legislación incluye un régimen especial para los trabajadores de las minas y de los centros de trabajo asimilados, serán las normas de tal régimen las que se aplicarán a esta clase de trabajadores y a los miembros de sus familias, siempre que la institución del lugar de estancia o de residencia a que se dirijan sea competente para aplicar el régimen en cuestión. En el supuesto de que la legislación de un Estado miembro subordine la concesión de las prestaciones al hecho de que concurran determinadas condiciones relacionadas con el origen de la afección, esas condiciones no podrán ser exigidas a los trabajadores ni a los miembros de la familia a los que procede aplicar la presente Decisión, cualquiera que sea el Estado miembro en cuyo territorio residan. Cuando la legislación de algún Estado miembro fije una duración máxima la institución que aplique esta para la concesión de las prestaciones, legislación podrá tener en cuenta a tal efecto -si se da la circunstancia- el 31 período durante el que una institución de otro Estado miembro haya servido ya las prestaciones por el mismo proceso de enfermedad o de maternidad. Sección 7 Reembolso entre instituciones Artículo 38 1. 2. 3. Las prestaciones en especie servidas por la institución de un Estado miembro por cuenta de la institución de otro Estado miembro, en virtud de lo preceptuado en el presente capítulo, darán lugar al reembolso de su coste íntegro. Los reembolsos previstos en el apartado 1 serán determinados y efectuados según las modalidades previstas por la Decisión a que se refiere el artículo 91, ya sea mediante la justificación de los gastos realizados, ya sobre la base de un tanto alzado. En este último supuesto, dicho tanto alzado deberá asegurar un reembolso lo más cercano posible al importe de los gastos reales. Dos o varios Estados miembros, o las autoridades competentes de los mismos, podrán convenir otras formas de reembolso o renunciar a todo reembolso entre las instituciones que de ellos dependan. CAPÍTULO 2 INVALIDEZ Sección 1 Trabajadores sujetos exclusivamente a legislaciones con arreglo a las cuales la cuantía de las prestaciones de invalidez sea independiente de la duración de los períodos de seguro Artículo 39 Disposiciones generales 1. 2. El trabajador que haya estado sujeto sucesiva o alternativamente a las legislaciones de dos o más Estados miembros, y haya cumplido períodos de seguro únicamente en virtud de legislaciones según las cuales la cuantía de las prestaciones de invalidez sea independiente de la duración de los períodos de seguro, disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41. Este artículo no afectará a los incrementos o suplementos de pensión por hijos, concedidos según lo preceptuado en el capítulo 7. En la parte A del Anexo IV se enumeran, para cada uno de los Estados miembros interesados, las legislaciones vigentes en sus territorios que pertenecen al tipo contemplado en el apartado 1. 32 Artículo 40 Cómputo de los períodos de seguro o de residencia cumplidos bajo las legislaciones a que han estado sujetos los trabajadores para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones 1. 2. 1. 2. 3. Cuando, en virtud de un régimen que no sea un régimen especial en el sentido de los apartados 2 ó 3, la legislación de un Estado miembro subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones al cumplimiento de períodos de seguro o de residencia, la institución competente de dicho Estado miembro computará, en la medida necesaria, los períodos de seguro o de residencia cumplidos con arreglo a la legislación de cualquier Estado miembro, tanto si lo ha sido en un régimen general como si lo ha sido en uno especial. A tal efecto, computará dichos períodos como si se tratase de períodos cumplidos con arreglo a la legislación que aplica. Cuando la legislación de un Estado miembro subordine la concesión de ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro hayan sido cumplidos únicamente en una profesión sometida a algún régimen especial aplicable a trabajadores por cuenta ajena o, en su caso, en un empleo determinado, los períodos cumplidos bajo las legislaciones de otros Estados miembros sólo serán computables para la concesión de tales prestaciones en el supuesto de que hayan sido cumplidos al amparo de un régimen de igual naturaleza o, en su defecto, en la misma profesión o, dado el caso, en el mismo empleo. Si, habida cuenta de los períodos así cumplidos, el interesado no reúne las condiciones necesarias para tener derecho a tales prestaciones, dichos períodos le serán computados para la concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen aplicable a los obreros o a los empleados, según proceda, a condición de que el interesado haya estado afiliado a alguno de dichos regímenes. Artículo 41 Pago de las prestaciones La institución de un Estado miembro cuya legislación era aplicable en el momento de sobrevenir la incapacidad laboral seguida de invalidez determinará, con arreglo a lo dispuesto en dicha legislación, si el interesado reúne las condiciones necesarias para tener derecho a dichas prestaciones, teniendo en cuenta, cuando proceda, lo dispuesto en el artículo 40. El interesado que reúna las condiciones mencionadas en el apartado 1 obtendrá las prestaciones exclusivamente de la institución mencionada, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que ésta aplique. El interesado que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1, no tenga derecho a las prestaciones se beneficiará de aquéllas a las que aún tenga derecho en virtud de la legislación de otro Estado miembro, habida cuenta, cuando proceda, de lo dispuesto en el artículo 40. 33 4. 5. Cuando la legislación aplicable contemplada en los apartados 2 ó 3 determine que, para calcular la cuantía de las prestaciones, se tenga en cuenta la existencia de miembros de la familia que no sean los hijos, la institución competente incluirá entre ellos a los miembros de la familia del interesado que residan en el territorio de otro Estado miembro, como si residiesen en el territorio del Estado competente. Cuando la legislación aplicable que se menciona en los apartados 2 ó 3 establezca cláusulas de reducción, suspensión o supresión en caso de acumulación con prestaciones de distinta naturaleza, tal como se definen en el apartado 2 del artículo 49, o con otros ingresos, se aplicarán por analogía el apartado 3 del artículo 49 y el apartado 5 del artículo 51. Sección 2 Trabajadores sujetos exclusivamente a legislaciones según las cuales la cuantía de la prestación de invalidez depende de la duración de los períodos de seguro o de residencia, o a legislaciones de este tipo y del tipo señalado en la sección 1 Artículo 42 Disposiciones generales 1. 2. El trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sujeto a las legislaciones de dos o más Estados miembros, de las cuales al menos una no sea del tipo señalado en el apartado 1 del artículo 39, se beneficiará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3, que serán aplicables por analogía, teniendo en cuenta lo dispuesto en el apartado 4. No obstante, el interesado que padezca incapacidad laboral seguida de invalidez y que esté sometido a alguna de las legislaciones mencionadas en la parte A del Anexo V, se beneficiará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 39, con las siguientes condiciones: – y – y – que reúna los requisitos exigidos por dicha legislación o por otras legislaciones del mismo tipo, teniendo en cuenta, cuando proceda, lo dispuesto en el artículo 40, sin que sea preciso recurrir a los períodos de seguro cumplidos con arreglo a legislaciones no mencionadas en la parte A del Anexo V, que no reúna los requisitos exigidos para tener derecho a prestaciones de invalidez al amparo de una legislación no mencionada en la parte A del Anexo V, que no haga valer eventuales derechos a prestaciones de vejez, habida cuenta de la segunda frase del apartado 2 del artículo 46. 3. a) Para determinar el derecho a las prestaciones en virtud de la legislación de un Estado miembro, mencionada en la parte A del Anexo V, que subordine la 34 concesión de las prestaciones de invalidez al requisito de que, durante un período determinado, el interesado haya percibido las prestaciones de enfermedad en metálico o haya estado incapacitado para el trabajo, cuando un trabajador, que haya estado sujeto a esta legislación, padezca incapacidad laboral seguida de invalidez, y esté sometido a la legislación de otro Estado miembro, se tendrá en cuenta, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 39: i) ii) cualquier período durante el cual, con arreglo a la legislación del segundo Estado miembro, haya percibido, por esta incapacidad laboral, prestaciones de enfermedad en metálico o, en lugar de éstas, su retribución; cualquier período durante el cual, con arreglo a la legislación del segundo Estado miembro, haya percibido, por la invalidez derivada de esta incapacidad laboral, prestaciones en el sentido del presente capítulo 2 y del capítulo 3 siguiente, como si se tratara de un período durante el cual se le hubieran concedido prestaciones de enfermedad en metálico con arreglo a la legislación del primer Estado miembro o durante el cual hubiera estado incapacitado para el trabajo conforme a lo dispuesto en dicha legislación. Se tendrá derecho a las prestaciones de invalidez respecto a la legislación del primer Estado miembro, ya sea una vez agotado el período previo de indemnización de la enfermedad contenido en dicha legislación o una vez agotado el período previo de incapacidad laboral que igualmente contempla dicha legislación y, en ningún caso con anterioridad: i) o ii) a la fecha en que se tenga derecho a las prestaciones señaladas en el inciso ii) de la letra a) en virtud de la legislación del segundo Estado miembro, al día siguiente al último día en que el interesado tenga derecho a las prestaciones de enfermedad en metálico en virtud de la legislación del segundo Estado miembro. La decisión que tome la institución de un Estado miembro sobre el estado de invalidez del solicitante será respetada por la institución de cualquier otro Estado miembro afectado, siempre que la concordancia de los requisitos referentes al estado de invalidez entre las legislaciones de ambos Estados esté reconocida en el Anexo V del Reglamento nº 1408/71 definido en la letra u) del artículo 1 de la Decisión. b) 4. 35 Sección 3 Agravación de una invalidez Artículo 43 1. En el supuesto de que se agrave la invalidez por la que un trabajador percibe prestaciones en virtud de la legislación de un solo Estado miembro, se aplicarán las normas siguientes: a) b) c) d) si el interesado no ha estado sujeto, desde la fecha en que comenzó a disfrutar de las prestaciones, a la legislación de otro Estado miembro, la institución competente del primer Estado estará obligada a concederle las prestaciones, teniendo en cuenta la agravación, de conformidad con lo dispuesto en la legislación que aplique; si el interesado ha estado sujeto, desde la fecha en que comenzó a disfrutar de las prestaciones, a la legislación de uno o varios de los demás Estados miembros, las prestaciones le serán concedidas teniendo en cuenta la agravación de conformidad con la previsto en el apartado 1 del artículo 39, o en los apartados 1 ó 2 del artículo 40, según proceda; si la cuantía total de la prestación o prestaciones debidas en virtud de lo dispuesto en la letra b) resultase inferior a la cuantía de la prestación que el interesado percibía con cargo a la institución anteriormente deudora, esta estará obligada a abonarle un complemento igual a la diferencia existente entre ambas cuantías; en el supuesto al que se refiere la letra b), si la institución competente en relación con la incapacidad inicial fuera una institución neerlandesa, y si: i) ii) y iii) la afección que haya provocado la agravación fuera idéntica a la que haya originado la concesión de prestaciones en virtud de la legislación neerlandesa, dicha afección fuera una enfermedad profesional en el sentido atribuido por la legislación del Estado miembro a la que el interesado haya estado sujeto en último lugar, y abriera derecho a pago del suplemento al que se refiere la letra b) del apartado 1 del artículo 65, la legislación o legislaciones a que el interesado haya estado sujeto desde que empezó a disfrutar de las prestaciones fuera o fuesen legislaciones incluidas en la parte A del Anexo V, la institución neerlandesa seguirá abonando la prestación inicial después de la agravación, y la prestación debida en virtud de la legislación del último Estado miembro a la cual el interesado 36 haya estado sujeto quedará reducida en una cuantía igual al importe de la prestación neerlandesa; e) en el supuesto al que se refiere la letra b), si el interesado no tuviese derecho a prestaciones con cargo a la institución del otro Estado miembro, la institución competente del primer Estado estará obligada a concederle las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en la legislación de dicho Estado, teniendo en cuenta la agravación y, en su caso, lo dispuesto en el artículo 40. 2. Cuando se produzca la agravación de una invalidez, por la que un trabajador esté disfrutando de prestaciones en virtud de las legislaciones de dos o más Estados miembros, las prestaciones le serán concedidas teniendo en cuenta la agravación, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 42. Sección 4 Restablecimiento del abono de las prestaciones después de una suspensión o de una supresión - Transformación de las prestaciones de invalidez en prestaciones de vejez - Nuevo cálculo de las prestaciones liquidadas en virtud del artículo 41 Artículo 44 Determinación de la institución deudora en los casos de restablecimiento del abono de las prestaciones de invalidez 1. 2. 1. 2. Si, después de haberlo suspendido, se restableciera el abono de las prestaciones, la obligación de hacerlo efectivo recaerá sobre la institución o instituciones que fuesen deudoras de las prestaciones en la fecha de la suspensión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45. Si, después de haber sido suprimidas las prestaciones, el estado del interesado justifica la concesión de nuevas prestaciones, éstas le serán concedidas conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 39, o en los apartados 1 o 2 del artículo 42, según proceda. Artículo 45 Conversión de las prestaciones de invalidez en prestaciones de vejez - Nuevo cálculo de las prestaciones liquidadas en virtud del artículo 41 Las prestaciones de invalidez se convertirán, llegado el caso, en prestaciones de vejez, con arreglo a las condiciones establecidas por la legislación o legislaciones en virtud de las cuales hayan sido concedidas, y con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3. Toda institución que sea deudora de prestaciones de invalidez en virtud de la legislación de cualquier Estado miembro continuará abonando al beneficiario de prestaciones de invalidez que, con arreglo al artículo 54, haya invocado las prestaciones de vejez al amparo de la legislación de uno o varios de los demás Estados miembros, aquellas prestaciones de invalidez a las que el interesado tenga derecho en virtud de la legislación que dicha institución aplique, hasta que llegue el momento en que le corresponda aplicar lo 37 3. 4. dispuesto en el apartado 1 o, si no, mientras el interesado reúna los requisitos necesarios para percibir dichas prestaciones. Cuando unas prestaciones de invalidez liquidadas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 41 en virtud de la legislación de cualquier Estado miembro se conviertan en prestaciones de vejez y el interesado no reúna aún las condiciones requeridas por la legislación o legislaciones de uno o varios de los demás Estados miembros para tener derecho a dichas prestaciones, percibirá las prestaciones de invalidez concedidas por el o los citados Estados miembros a partir del día de la conversión, y liquidadas con arreglo a las disposiciones del capítulo 3, como si dicho capítulo hubiera sido aplicable en la fecha de manifestación de la incapacidad laboral seguida de invalidez, hasta el momento en que el interesado reúna las condiciones requeridas por la legislación o legislaciones nacionales afectadas para tener derecho a las prestaciones de vejez, o cuando tal conversión no esté prevista, mientras el interesado tenga derecho a prestaciones de invalidez en virtud de la legislación o legislaciones de que se trate. Las prestaciones de invalidez liquidadas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 39 serán objeto de una nueva liquidación en aplicación de lo dispuesto en el capítulo 3, tan pronto como el beneficiario reúna las condiciones requeridas para tener derecho a las prestaciones de invalidez en virtud de una legislación no indicada en la parte A del Anexo V, o en cuanto se beneficie de las prestaciones de vejez en virtud de la legislación de otro Estado miembro. CAPÍTULO 3 VEJEZ Y MUERTE (PENSIONES) Artículo 46 Disposiciones generales relativas a la liquidación de las prestaciones cuando el trabajador haya estado sometido a la legislación de dos o más Estados miembros 1. 2. 3. Los derechos a prestaciones de un trabajador que haya estado sujeto a la legislación de dos o más Estados miembros, así como los de sus supervivientes, serán determinados de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 54, se procederá a practicar las operaciones de liquidación con respecto a todas las legislaciones a que haya estado sujeto el trabajador por cuenta ajena tan pronto como el interesado presente una solicitud de liquidación. Dejará de aplicarse esta norma si el interesado solicita expresamente que se aplace la liquidación de las prestaciones de vejez que pudieran corresponderle con arreglo a la legislación de uno o de varios Estados miembros. El presente capítulo no afectará a los incrementos o suplementos de pensión por hijos, ni a las pensiones de orfandad que se conceden con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 7. 38 Artículo 47 Cómputo de los períodos de seguro o de residencia cumplidos bajo las legislaciones a que han estado sujetos los trabajadores para la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones 1. 2. 3. 4. Cuando, en virtud de un régimen que no sea un régimen especial de acuerdo con los apartados 2 ó 3, la legislación de un Estado miembro subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones al requisito de que hayan sido cumplidos determinados períodos de seguro o de residencia, la institución competente de dicho Estado miembro tendrá en cuenta, en la medida necesaria, los períodos de seguro o de residencia cumplidos de acuerdo con la legislación de cualquier otro Estado miembro, ya sea en un régimen general o especial. Para ello, tendrá en cuenta dichos períodos como si se tratara de períodos cumplidos de acuerdo con la legislación que aplique. Cuando la legislación de un Estado miembro subordine la concesión de ciertas prestaciones al requisito de que los períodos de seguro hayan sido cumplidos únicamente en una profesión sometida a algún régimen especial aplicable a trabajadores por cuenta ajena o, en su caso, en un empleo determinado, los períodos cumplidos bajo las legislaciones de otros Estados miembros sólo serán computables para la concesión de tales prestaciones en el supuesto de que hayan sido cumplidos al amparo de un régimen de igual naturaleza o, en su defecto, en la misma profesión o, dado el caso, en el mismo empleo. Si, tras haberle computado los períodos así cumplidos, el interesado no reúne las condiciones requeridas para disfrutar de tales prestaciones, dichos períodos le serán computados para la concesión de las prestaciones del régimen general o, en su defecto, del régimen aplicable a los obreros o a los empleados, según proceda, a condición de que el interesado haya estado afiliado a uno u otro de dichos regímenes. Los períodos de seguro cumplidos bajo un régimen especial de un Estado miembro serán computados conforme al régimen general o, en su defecto, conforme al régimen aplicable a los obreros o a los empleados, según el caso, de otro Estado miembro para la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones, a condición de que el interesado haya estado afiliado a uno u otro de dichos regímenes, aunque dichos períodos ya se hayan computado en este último Estado conforme a un régimen señalado en el apartado 2 o en la primera frase del apartado 3. Cuando la legislación de un Estado miembro subordine la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones a una condición de seguro en el momento en que se produzca el hecho causante, se presumirá el cumplimiento de dicha condición en caso de aseguramiento en virtud de la legislación de otro Estado miembro, según las normas establecidas en el Anexo VI para cada Estado miembro interesado. 39 Artículo 48 Pago de las prestaciones 1. Cuando se reúnan las condiciones requeridas por la legislación de un Estado miembro para tener derecho a las prestaciones sin que sea preciso recurrir a lo dispuesto en el artículo 47 ni al apartado 3 del artículo 42, se aplicarán las reglas siguientes: a) la institución competente calculará la cuantía de la prestación que será debida: b) i) por una parte, en virtud únicamente de las disposiciones de la legislación que aplique, y ii) por otra, en aplicación de lo dispuesto en el apartado 2; no obstante, la institución competente podrá renunciar al cálculo que habrá de ser efectuado de acuerdo con lo dispuesto en el inciso ii) de la letra a), si el resultado de éste es idéntico o inferior al del cálculo efectuado con arreglo a lo dispuesto en el inciso i) de la letra a), haciendo abstracción de las diferencias debidas a la utilización de números redondos, siempre y cuando dicha institución no aplique una legislación que contenga cláusulas de acumulación como las señaladas en los artículos 50 y 51, o si la legislación las incluye en el caso señalado en el artículo 51, a condición de que establezca que el cómputo de las prestaciones de naturaleza distinta se efectuará sólo proporcionalmente a la duración de los períodos de seguro o de residencia cumplidos de acuerdo con su legislación, y a la duración de los períodos de seguro y de residencia exigidos por dicha legislación para tener derecho a una prestación completa. En la parte B del Anexo V se enumeran para cada Estado miembro afectado los casos en los que ambos cálculos conducirían a dicho resultado. 2. En el supuesto de que sea preciso recurrir a lo dispuesto en el artículo 47 y/o en el apartado 3 del artículo 42 para satisfacer los requisitos exigidos por la legislación de un Estado miembro con el fin de tener derecho a las prestaciones, se aplicarán las reglas siguientes: a) la institución competente calculará la cuantía teórica de la prestación que el interesado podría obtener en el supuesto de que todos los períodos de seguro y/o de residencia cumplidos de acuerdo con las diversas legislaciones de los Estados miembros a que haya estado sometido el trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia hubieran sido cumplidos en el Estado miembro en que radique la institución de que se trate y de acuerdo con la legislación que ésta aplique en la fecha en que se liquide la prestación. Cuando, con arreglo a dicha legislación, la cuantía de la prestación sea independiente de la duración de los períodos cumplidos, dicha cuantía será considerada como la cuantía teórica objeto de la presente letra; 40 b) la institución competente determinará el importe a continuación, efectivo de la prestación, prorrateando la cuantía teórica señalada en la letra a) entre la duración de los períodos de seguro o de residencia cumplidos antes de la fecha del hecho causante de acuerdo con la legislación que ésta aplica, en relación con la duración total de los períodos de seguro y de residencia cumplidos antes de la fecha del hecho causante de acuerdo con las legislaciones de todos los Estados miembros afectados. 3. El interesado tendrá derecho a percibir de la institución competente de cada Estado miembro afectado la prestación más elevada, determinada de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 1 y 2, sin perjuicio, llegado el caso, de la aplicación del conjunto de las cláusulas de reducción, suspensión o supresión previstas por la legislación en virtud de la cual dicha prestación habrá de ser abonada. En tal caso, la comparación que ha de realizarse se refiere a las cuantías determinadas tras la aplicación de dichas cláusulas. Artículo 49 Disposiciones generales relativas a las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión aplicables a las prestaciones de invalidez, de vejez o de supervivencia en virtud de lo dispuesto por las legislaciones de los Estados miembros 1. 2. 3. A efectos del presente capítulo, se entenderá por acumulación de prestaciones de la misma naturaleza toda acumulación de prestaciones de invalidez, de vejez y de supervivencia calculadas o abonadas sobre la base de los períodos de seguro y/o de residencia cumplidos por una misma persona. se entenderá por acumulación de A efectos del presente capítulo, prestaciones de naturaleza distinta toda acumulación de prestaciones que, con arreglo al apartado 1, no puedan considerarse de la misma naturaleza. Para la aplicación de las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas en la legislación de un Estado miembro en caso de acumulación de una prestación de invalidez, de vejez o de supervivencia con una prestación de la misma naturaleza o una prestación de naturaleza distinta o con otros ingresos, se aplicarán las reglas siguientes: a) b) c) sólo se considerarán las prestaciones adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado miembro o de otros ingresos obtenidos en otro Estado miembro si la legislación del primer Estado miembro establece el cómputo de las prestaciones o los ingresos obtenidos en el extranjero; se tomará en consideración el importe de las prestaciones que ha de abonar otro Estado miembro antes de la deducción del impuesto, de las cotizaciones de la seguridad social y otras retenciones individuales; no se tomará en consideración el importe de las prestaciones adquiridas con arreglo a la legislación de otro Estado miembro y que se hayan 41 abonado sobre la base de un seguro voluntario o facultativo continuado; d) cuando con arreglo a la legislación de un único Estado miembro sean aplicables cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión por el hecho de que el interesado disfrute de prestaciones de la misma o de distinta naturaleza debidas en virtud de la legislación de otros Estados miembros o de otros ingresos obtenidos en el territorio de otros Estados miembros, la prestación debida en virtud de la legislación del primer Estado miembro sólo podrá quedar reducida dentro del límite del importe de las prestaciones debidas en virtud de la legislación o de los ingresos adquiridos en el territorio de los demás Estados miembros. Artículo 50 Disposiciones particulares aplicables en caso de acumulación de prestaciones de la misma naturaleza, debidas en virtud de la legislación de dos o más Estados miembros 1. 2. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas en la legislación de un Estado miembro no serán aplicables a una prestación calculada según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas en la legislación de un Estado miembro sólo se aplicarán a una prestación calculada según lo dispuesto en el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 46 si se trata: a) o b) de una prestación cuyo importe sea independiente de la duración de los períodos de seguro o de residencia cumplidos y que esté señalada en la parte C del Anexo V, de una prestación cuyo importe se determine en función de un período ficticio, que se presumirá cumplido entre la fecha del hecho causante y una fecha posterior. En este último supuesto, dichas cláusulas se aplicarán en caso de acumulación de dicha prestación: i) con una prestación del mismo tipo, salvo si entre dos o más Estados miembros se ha firmado un acuerdo para evitar que se tenga en cuenta dos o más veces el mismo período ficticio, ii) o con una prestación del tipo mencionado en la letra a). Las prestaciones contempladas en las letras a) y b) y en los acuerdos se mencionan en la parte C del Anexo V. Artículo 51 Disposiciones particulares aplicables en caso de acumulación de una o varias prestaciones señaladas en el apartado 1 del artículo 49 con una o varias 42 prestaciones de naturaleza distinta o con otros ingresos, cuando ello afecte a dos o más Estados miembros 1. 2. 3. 4. 5. Cuando el derecho a las prestaciones de naturaleza distinta o a otros ingresos implique a la vez la reducción, la suspensión o la supresión de dos o más prestaciones señaladas en el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 48, las cantidades que no se abonarían en caso de aplicarse estrictamente las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas en la legislación de los Estados miembros afectados serán divididas por el número de prestaciones sujetas a reducción, suspensión o supresión. Cuando se trate de una prestación calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48, la prestación o prestaciones de naturaleza distinta de los demás Estados miembros o los demás ingresos, así como todos los elementos previstos en la legislación del Estado miembro para la aplicación de las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión serán computados proporcionalmente a los diversos períodos de seguro y/o de residencia especificados en la letra b) del apartado 2 del artículo 48 que se hayan tomado en consideración para el cálculo de dicha prestación. Cuando el derecho a las prestaciones de naturaleza distinta o a otros ingresos implique a la vez la reducción, la suspensión o la supresión de una o varias prestaciones de las contempladas en el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 48, y de una o varias prestaciones de las que se contemplan en el apartado 2 del artículo 48, se aplicarán las reglas siguientes: a) b) cuando se trate de la prestación o prestaciones que se especifican en el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 48, las cantidades que no se abonarían en caso de aplicarse estrictamente las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas en la legislación de los Estados miembros afectados se dividirán por el número de prestaciones sujetas a reducción, suspensión o supresión; cuando se trate de la prestación o prestaciones calculadas según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48, la reducción, la suspensión o la supresión se efectuará de acuerdo con el apartado 2. Cuando, en los casos indicados en el apartado 1 y en la letra a) del apartado 3, la legislación de un Estado miembro disponga que para la aplicación de las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión se computen las prestaciones de naturaleza distinta y/u otros ingresos, así como todos los elementos restantes, proporcionalmente a los períodos de seguro que se especifican en la letra b) del apartado 2 del artículo 48, no se aplicará para dicho Estado miembro la división contemplada en los apartados antes citados. El conjunto de las disposiciones antes citadas se aplicará por analogía cuando la legislación de uno o varios Estados miembros establezca que no se puede tener derecho a una prestación en caso de percibir una prestación de naturaleza diferente debida con arreglo a la legislación de otro Estado miembro u otros ingresos. 43 Artículo 52 Disposiciones complementarias para el cálculo de las prestaciones 1. Para el cálculo de la cuantía teórica y de la prorrata señalados en el apartado 2 del artículo 48, se aplicarán las reglas siguientes: a) b) c) d) e) si la duración total de los períodos de seguro y de residencia cumplidos antes del hecho causante de acuerdo con las legislaciones de todos los Estados miembros afectados es superior a la duración máxima exigida por la legislación de uno de esos Estados para obtener una prestación la institución competente de este Estado tomará en completa, consideración dicha duración máxima en vez de la duración total de dichos períodos. Este método de cálculo no podrá tener como efecto imponer a dicha institución la carga de una prestación de una cuantía superior a la de la prestación completa establecida en su legislación. Esta disposición no será válida para las prestaciones cuya cuantía no está en función de la duración de los períodos de seguro; las normas para el cómputo de los períodos que se superpongan serán fijadas en la Decisión de aplicación a que se refiere el artículo 91; la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe a partir de unos ingresos medios, una cotización media, un aumento medio o atendiendo a la relación que haya existido, durante los períodos de seguro, entre los ingresos brutos del interesado y la media de los ingresos brutos de todos los asegurados, exceptuados los aprendices, determinará dichas cifras medias o proporcionales únicamente atendiendo a los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de dicho Estado o de los ingresos brutos percibidos por el interesado únicamente durante dichos períodos; la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe atendiendo a la cuantía de los ingresos, las cotizaciones o los aumentos determinará los ingresos, las cotizaciones o los aumentos que habrán de tomarse en consideración en virtud de los períodos de seguro o de residencia cumplidos bajo las legislaciones de otros Estados miembros, atendiendo a la media de los ingresos, las cotizaciones o los aumentos que correspondan a los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación que aplique dicha institución; la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe atendiendo a unos ingresos o cuantía a tanto alzado considerará que los ingresos o la cuantía que habrán de tomarse en consideración en virtud de los períodos de seguro o de residencia cumplidos bajo la legislación de otros Estados miembros son iguales a los ingresos o cuantías a tanto alzado o, en su caso, a la media de los ingresos o cuantías a tanto 44 f) alzado que correspondan a los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación que aplique dicha institución; la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe, para ciertos períodos, atendiendo a la cuantía de los ingresos y, para otros períodos, atendiendo a unos ingresos o cuantía a tanto alzado tendrá en cuenta, en virtud de los períodos de seguro o de residencia cumplidos bajo legislaciones de otros Estados miembros, los ingresos o las cuantías, determinados según lo dispuesto en las letras d) o e) o la media de dichos ingresos o cuantías, según cada caso; cuando, para todos estos períodos cumplidos bajo la legislación que aplique dicha institución, se efectúe el cálculo de las prestaciones sobre unos ingresos o cuantía a tanto alzado, dicha institución considerará que los ingresos que hay que tener en cuenta en virtud de los períodos de seguro o de residencia cumplidos bajo legislaciones de otros Estados miembros son iguales a los ingresos ficticios correspondientes a estos ingresos o cuantías a tanto alzado; g) la institución competente de un Estado miembro cuya legislación disponga que el cálculo de las prestaciones se efectúe atendiendo a una base de cotización media, determinará dicha base media en función, únicamente, de los períodos de seguro cumplidos bajo la legislación de dicho Estado. Las reglas de la legislación de un Estado miembro relativas a la revalorización de los elementos tomados en consideración para el cálculo de las prestaciones se aplicarán, en su caso, a los elementos considerados por la institución competente de dicho Estado, según lo dispuesto en el apartado 1, con arreglo a los períodos de seguro o de residencia cumplidos de acuerdo con las legislaciones de otros Estados miembros. Cuando, con arreglo a la legislación de un Estado miembro, se establezca la cuantía de las prestaciones teniendo en cuenta a los miembros de la familia que no sean los hijos, la institución competente de dicho Estado tomará igualmente en consideración a los miembros de la familia del interesado que residan en el territorio de otro Estado miembro, como si residiesen en el territorio del Estado competente. Artículo 53 Períodos de seguro o de residencia inferiores a un año No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48, la institución de un Estado miembro no estará obligada a conceder prestaciones en virtud de períodos cumplidos con arreglo a la legislación que aplique y que deban tomarse en consideración en el momento del hecho causante, cuando: la duración de dichos períodos sea inferior a un año, – y 45 2. 3. 1. 2. 3. – una vez computados dichos períodos, no se adquiera ningún derecho con arreglo a lo dispuesto en dicha legislación. La institución competente de cada uno de los demás Estados miembros afectados tendrá en cuenta los períodos señalados en el apartado 1, para aplicar el apartado 2 del artículo 47, a excepción de la letra b). En caso de que la aplicación del apartado 1 tuviese por efecto liberar de sus obligaciones a todas las institucioines de los Estados afectados, se concederán las prestaciones exclusivamente con arreglo a la legislación del último de estos Estados cuyas condiciones se cumplan, como si todos los períodos de seguro y de residencia cumplidos y computados según los apartados 1 a 4 del artículo 47 se hubiesen cumplido con arreglo a la legislación de dicho Estado. Artículo 54 Cálculo de las prestaciones cuando el interesado no cumpla simultáneamente los requisitos exigidos por todas las legislaciones con arreglo a las cuales se han cumplido períodos de seguro o de residencia, o cuando el interesado haya pedido expresamente que se aplace la liquidación de prestaciones de vejez 1. Cuando, en un momento dado, el interesado no cumpla los requisitos exigidos para beneficiarse de las prestaciones por todas las legislaciones de los Estados miembros a las que haya estado sujeto, teniendo en cuenta, en su caso, las disposiciones del artículo 47 y/o del apartado 3 del artículo 42, sino que solamente reúna las condiciones de una o varias de aquellas, se aplicarán las siguientes disposiciones: a) cada una de las instituciones competentes que apliquen una legislación cuyas condiciones se cumplan, calculará el importe de la prestación debida según lo dispuesto en el artículo 48; b) no obstante: i) ii) interesado cumple los si el requisitos de al menos dos legislaciones sin que sea necesario recurrir a los períodos de seguro o de residencia cumplidos con arreglo a las legislaciones tomarán en cuyas consideración estos períodos para la aplicación del apartado 2 del artículo 48, a no ser que el cómputo de dichos períodos permita la determinación de una cuantía de prestación más elevada; condiciones no se satisfacen, no se si el interesado reúne las condiciones exigidas por una sola legislación sin necesidad de recurrir a los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo las legislaciones ante las que no reúne dichas condiciones, la cuantía de la prestación debida será calculada, de conformidad con el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 48, exclusivamente con arreglo a las disposiciones de la legislación ante la que reúna las condiciones exigidas y sobre la única base de los períodos cubiertos bajo dicha legislación, a no ser que el cómputo de los períodos 46 cubiertos bajo las legislaciones ante las que no reúne las condiciones permita, de acuerdo con el inciso ii) de la letra a) del apartado 1 del artículo 48, la determinación de una cuantía de prestación más elevada. Las disposiciones del presente apartado se aplicarán por analogía en el caso en que el interesado haya pedido expresamente que se aplace la liquidación de las prestaciones de vejez, según lo dispuesto en la segunda frase del apartado 2 del artículo 46. La prestación o prestaciones concedidas con arreglo a una o varias de las legislaciones afectadas, en el caso previsto en el apartado 1, serán automáticamente objeto de un nuevo cálculo según lo dispuesto en el artículo 48, a medida que se vayan cumpliendo los requisitos exigidos por una o varias de las demás legislaciones a las que el interesado haya estado sujeto, teniendo en cuenta, en su caso, lo dispuesto en el artículo 47 y teniendo en cuenta de nuevo, cuando proceda, las disposiciones del apartado 1. El presente apartado se aplicará por analogía cuando una persona solicite la liquidación de las prestaciones de vejez adquiridas con arreglo a la legislación de uno o más Estados miembros, que hasta entonces hubiera estado suspendida con arreglo a lo dispuesto en la segunda frase del apartado 2 del artículo 46. Se efectuará automáticamente un nuevo cálculo según lo dispuesto en el apartado 1, y sin perjuicio del apartado 2 del artículo 42, cuando las condiciones estipuladas por una o varias legislaciones afectadas dejen de cumplirse. Artículo 55 2. 3. Asignación de un complemento cuando la suma de las prestaciones debidas con arreglo a legislaciones de distintos Estados miembros no alcance el mínimo establecido en la legislación de aquel de dichos Estados en cuyo territorio resida el beneficiario El beneficiario de las prestaciones al que le haya sido aplicado el presente capítulo no podrá percibir, en el Estado en cuyo territorio resida y con arreglo a la legislación por la que se le deba una prestación, en concepto de prestaciones una cuantía inferior a la de la prestación mínima fijada por dicha legislación para un período de seguro o de residencia igual al conjunto de los períodos computados para la liquidación según lo dispuesto en los artículos precedentes. En tal caso, la institución competente de dicho Estado le abonará, durante todo su período de residencia en su territorio, un complemento igual a la diferencia entre la suma de las prestaciones debidas en virtud del presente capítulo y la cuantía de la prestación mínima. Artículo 56 Revalorización y nuevo cálculo de las prestaciones 1. Cuando, por razón del aumento del coste de la vida, de la variación del nivel de los salarios o de otras causas de adaptación, las prestaciones de los Estados afectados se modifiquen en un porcentaje o cuantía determinados, 47 dicho porcentaje o cuantía deberá aplicarse directamente a las prestaciones establecidas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48, sin que haya que proceder a un nuevo cálculo. 2. Por el contrario, en caso de modificación del modo de establecimiento o de las reglas de cálculo de las prestaciones, se efectuará un nuevo cálculo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 48. ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES CAPÍTULO 4 Sección 1 Derecho a las prestaciones Artículo 57 Residencia en un Estado miembro distinto del Estado competente - Normas generales El trabajador que resida en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente y que sea víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, disfrutará en el Estado donde resida: a) b) de las prestaciones en especie servidas con cargo a la institución competente, por la institución del lugar de residencia con arreglo a lo dispuesto en la legislación aplicada por ésta, como si el trabajador estuviese afiliado a ella; de las prestaciones en metálico, abonadas por la institución competente con arreglo a la legislación aplicada por ella. No obstante, previo acuerdo entre la institución competente y la del lugar de residencia, dichas prestaciones podrán ser abonadas por esta última institución con cargo a la primera y de conformidad con lo dispuesto en la legislación del Estado competente. Artículo 58 Trabajadores fronterizos - Norma particular El trabajador fronterizo también podrá obtener las prestaciones en el territorio del Estado competente. Las prestaciones serán servidas por la institución competente con arreglo a lo dispuesto en la legislación de dicho Estado, como si el interesado residiera en su territorio. Artículo 59 Estancia en el Estado competente o traslado de residencia al mismo 1. Cuando se halle en el territorio del Estado competente el trabajador a que se refiere el artículo 57, disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en la legislación de dicho Estado, aunque con anterioridad a su estancia en el mismo haya disfrutado ya de prestaciones. Esta norma no se aplicará, sin embargo, al trabajador fronterizo. 48 2. territorio del Estado competente el Cuando traslade su residencia al trabajador a que se refiere el artículo 57, disfrutará de las prestaciones con arreglo a lo dispuesto en la legislación de dicho Estado, aunque haya disfrutado ya de prestaciones antes de trasladar su residencia. Artículo 60 Estancia fuera del Estado competente. Regreso o traslado de residencia a otro Estado miembro después de haberse producido el accidente o la enfermedad profesional. Necesidad de desplazarse a otro Estado miembro para recibir la asistencia apropiada 1. El trabajador víctima de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional: a) o b) o c) que se halle en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, que, tras haber comenzado a disfrutar de la prestaciones con cargo a la institución competente, sea autorizado por dicha institución para regresar al territorio del Estado miembro donde resida, o para traladar su residencia al territorio de otro Estado miembro, que sea autorizado por la institución competente para desplazarse al territorio de otro Estado miembro con el fin de recibir allí la asistencia médica apropiada a su estado, tendrá derecho: i) ii) la institución del a las prestaciones en especie servidas, con cargo a la institución competente, por lugar de estancia o de residencia con arreglo a lo dispuesto en la legislación que ésta aplique, como si el trabajador estuviese afiliado a ella, aunque la duración de las prestaciones se regulará por la legislación del Estado competente; a las prestaciones en metálico abonadas por la institución competente de acuerdo con las disposiciones que ésta aplique. Sin embargo, previo acuerdo entre la institución competente y la institución del estas prestaciones podrán ser abonadas por esta última institución, por cuenta de la primera, con arreglo a la legislación del Estado competente. lugar de estancia o de residencia, 2. La autorización requerida en virtud de lo previsto en la letra b) del apartado 1, solamente podrá ser denegada cuando haya constancia de que el desplazamiento del interesado puede comprometer su estado de salud o la aplicación del tratamiento médico. 49 La autorización requerida en virtud de lo previsto en la letra c) del apartado 1, no podrá ser denegada cuando la asistencia de que se trate no pueda ser dispensada al interesado en el territorio del Estado miembro donde resida. Artículo 61 Accidentes de itinerario El accidente de itinerario ocurrido en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente será considerado como ocurrido en el territorio del Estado competente. Artículo 62 Prestaciones por enfermedad profesional cuando el interesado haya estado expuesto al mismo riesgo en varios Estados miembros 1. 2. 3. 4. 5. Cuando la víctima de una enfermedad profesional haya ejercido, bajo la legislación de dos o más Estados miembros, una actividad que, por su propia naturaleza, pueda provocar dicha enfermedad, las prestaciones a las que la víctima o sus supervivientes puedan aspirar se concederán exclusivamente en virtud de la legislación del último de dichos Estados cuyas condiciones se hayan satisfecho, teniendo en cuenta, en su caso, las disposiciones de los apartados 2 a 5. Si la concesión de las prestaciones por enfermedad profesional en virtud de la legislación de un Estado miembro está supeditada a que la enfermedad de que se trate haya sido reconocida médicamente por primera vez en su territorio, se considerará que se ha cumplido este requisito si dicha enfermedad ha sido reconocida por primera vez en el territorio de otro Estado miembro. Si la concesión de prestaciones por enfermedad profesional, en virtud de la legislación de un Estado miembro, está supeditada a que la enfermedad de que se trate haya sido reconocida en un plazo determinado tras el cese de la última actividad que haya podido provocar dicha enfermedad, la institución competente de tal Estado, al examinar en qué momento se ha ejercido esta última actividad, tendrá en cuenta, en la medida necesaria, las actividades de la misma naturaleza ejercidas bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, como si se hubieran ejercido bajo la legislación del primer Estado. Si la concesión de prestaciones por enfermedad profesional en virtud de la legislación de un Estado miembro está supeditada a que la actividad que haya podido provocar dicha enfermedad se haya ejercido durante un plazo determinado, la institución competente de dicho Estado tendrá en cuenta, en los períodos durante los que se haya ejercido tal la medida necesaria, actividad bajo la legislación de cualquier Estado miembro, como si se hubiera ejercido bajo la legislación del primer Estado. la carga de las prestaciones en En caso de neumoconiosis esclerógena, metálico, instituciones competentes de los Estados miembros en cuyo territorio la víctima haya se distribuirá entre las incluidas rentas, las 50 6. 1. 2. 3. 1. 2. ejercido una actividad que pueda provocar dicha enfermedad. La distribución será a prorrata de la duración de los períodos de seguro de vejez o de los períodos de residencia a los que se refiere el apartado 1 del artículo 47 cubiertos bajo la legislación de cada uno de dichos Estados, en relación con la duración total de los períodos de seguro de vejez o de residencia cubiertos bajo la legislación de todos estos Estados, en la fecha en la que comiencen dichas prestaciones. El Consejo de asociación decidirá por unanimidad las enfermedades profesionales a las que se hacen extensivas las disposiciones del apartado 5. Artículo 63 Cálculo de las prestaciones en metálico La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que las prestaciones en metálico habrán de ser calculadas sobre la base de unos ingresos medios determinará éstos en función exclusivamente de los ingresos comprobados durante los períodos cubiertos bajo dicha legislación. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que las prestaciones en metálico habrán de ser calculadas sobre la base de los ingresos a tanto alzado, computará exclusivamente éstos o, dado el caso, el promedio de los ingresos a tanto alzado correspondiente a los períodos cubiertos bajo dicha legislación. La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea que la cuantía de las prestaciones en metálico varíe con el número de los miembros de la familia, tendrá también en cuenta a los miembros de la familia del interesado que residan en el territorio de otro Estado miembro, como si residiesen en el territorio del Estado competente. Artículo 64 Gastos de transporte de la víctima La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea tomar a su cargo los gastos de transporte de la víctima, ya sea hasta su residencia, ya hasta el centro hospitalario, tomará a su cargo los gastos producidos hasta el territorio de otro Estado miembro en que resida la víctima, siempre que el transporte haya sido autorizado previamente por dicha institución, teniendo en cuenta los motivos que lo justifican. Esta autorización no será exigida cuando se trate de un trabajador fronterizo. lugar correspondiente del La institución competente de un Estado miembro cuya legislación prevea tomar a su cargo los gastos de transporte del cuerpo de la vícitima hasta el lugar de la inhumación, tomará a su cargo los gastos producidos hasta el lugar correspondiente del territorio de otro Estado miembro en que residiera la víctima en el momento de ocurrir el accidente, según lo dispuesto en la legislación aplicada por dicha institución. 51 Sección 2 Agravación de una enfermedad profesional indemnizada Artículo 65 1. En caso de agravación de una enfermedad profesional, por la cual un trabajador haya disfrutado o esté disfrutando de una compensación al amparo de la legislación de un Estado miembro, se aplicarán las normas siguientes: a) b) c) si, desde que disfruta de las prestaciones, el interesado no ha ejercido bajo la legislación de otro Estado miembro una actividad profesional la que pueda provocar o agravar la enfermedad de que se trata, institución competente del primer Estado vendrá obligada a hacerse cargo de las prestaciones, teniendo en cuenta la agravación, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique; si, desde que disfruta de las prestaciones, el interesado ha ejercido una actividad de la índole antes indicada bajo la legislación de otro Estado miembro, la institución competente del primer Estado miembro vendrá obligada a hacerse cargo de las prestaciones, sin tener en cuenta la agravación, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique. La institución competente del segundo Estado miembro concederá al interesado un suplemento de cuantía igual a la diferencia existente entre la cuantía de las prestaciones a que el interesado tenga derecho después de la agravación y la cuantía de las prestaciones a que hubiera tenido derecho antes de la agravación, según la legislación aplicada por la institución del segundo Estado, en el supuesto de que la enfermedad hubiese sobrevenido bajo la legislación de dicho Estado; en el caso a que se refiere la letra b), si un trabajador aquejado de neumoconiosis esclerógena o de una enfermedad que sea determinada según lo previsto en el apartado 6 del artículo 62, no tiene derecho a las prestaciones en virtud de la legislación del segundo Estado miembro, la institución competente del primer Estado vendrá obligada a servir las prestaciones, teniendo en cuenta la agravación, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique. No obstante, la institución competente del segundo Estado miembro tomará a su cargo la diferencia existente entre la cuantía de las prestaciones en metálico, incluidas las rentas, debidas por la institución competente del primer Estado miembro, teniendo en cuenta la agravación, y la cuantía de las prestaciones correspondientes debidas antes de la agravación; d) las claúsulas de reducción, de suspensión o de supresión contenidas en la legislación de un Estado miembro no podrán oponerse al beneficiario de prestaciones liquidadas por las instituciones de dos Estados miembros según lo dispuesto en la letra b). 2. En caso de agravación de una enfermedad profesional que haya dado lugar a la aplicación de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 62, se aplicarán las normas siguientes: 52 a) b) la institución competente que haya concedido las prestaciones en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 62, vendrá obligada a servir las prestaciones, teniendo en cuenta la agravación, con arreglo a lo dispuesto en la legislación que aplique; el coste de las prestaciones en metálico, incluidas las rentas, seguirá repartiéndose entre las instituciones que venían participando en el coste de las prestaciones anteriores, conforme a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 62. No obstante, si la víctima hubiese ejercido de nuevo alguna actividad que pudiera haber provocado o agravado la enfermedad profesional de que se trate, ya sea bajo la legislación de uno de los Estados miembros donde ejerció una actividad de la misma naturaleza, ya sea bajo la legislación de otro Estado miembro, la institución competente de este Estado tomará a su cargo la diferencia existente entre la cuantía de las prestaciones debidas teniendo en cuenta la agravación y la cuantía de las prestaciones debidas antes de la agravación. Sección 3 Disposiciones diversas Artículo 66 Normas para tener en cuenta las particularidades de algunas legislaciones 1. 2. 3. 4. 5. Si en el territorio del Estado miembro donde se halle el interesado no existe un seguro contra los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales, o si existe pero no implica que haya una institución encargada de servir prestaciones en especie, estas prestaciones serán servidas por la institución del lugar de estancia o de residencia que esté encargada de servir las prestaciones en especie en caso de enfermedad. Si la legislación del Estado competente subordina la gratuidad completa de las prestaciones en especie a la condición de que se utilice el servicio médico organizado por el empresario, las prestaciones de esta clase servidas en los supuestos a que se refieren el artículo 57 y el apartado 1 del artículo 60, serán consideradas como servidas por dicho servicio médico. Si la legislación del Estado competente incluye un régimen relativo a las obligaciones del empresario, las prestaciones en especie servidas en los supuestos a que se refieren el artículo 57 y el apartado 1 del artículo 60 serán consideradas como servidas a instancia de la institución competente. Cuando el régimen del Estado competente relativo a la compensación de los accidentes de trabajo no tenga carácter de seguro obligatorio, las prestaciones en especie serán servidas directamente por el empresario o por el asegurador subrogado. Si la legislación de un Estado miembro prevé explícita o implícitamente que los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sobrevenidos o comprobados con anterioridad sean tomados en cuenta para apreciar el grado 53 de la incapacidad, la apertura del derecho a las prestaciones o la cuantía de éstas, la institución competente de dicho Estado tendrá también en cuenta los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales sobrevenidos o comprobados con anterioridad bajo la legislación de otro Estado miembro, como si hubieran sobrevenido o hubieran sido comprobados bajo la legislación aplicada por ella. 6. Si la legislación de un Estado miembro prevé explícita o implícitamente que los accidentes de trabajo o enfermedades profesionales sobrevenidos o comprobados con posterioridad sean tomados en cuenta para apreciar el grado de la incapacidad, la apertura del derecho a las prestaciones o la cuantía de éstas, la institución competente de dicho Estado tendrá también en cuenta los accidentes de trabajo o las enfermedades profesionales sobrevenidos o comprobados con posterioridad bajo la legislación de otro Estado miembro, como si hubieran sobrevenido o hubieran sido comprobados bajo la legislación aplicada por ella, a condición de: 1) y 2) que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional anteriormente sobrevenidos o comprobados bajo la legislación que ella aplique no hayan dado lugar a indemnización, que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional sobrevenidos o comprobados con posterioridad no den lugar, no obstante lo dispuesto en el apartado 5, a indemnización en virtud de la legislación de otro Estado miembro bajo la cual hayan sobrevenido o hayan sido comprobados. Artículo 67 Régimen aplicable cuando haya pluralidad de regímenes en el país de residencia o de estancia - Duración máxima de estas prestaciones 1. 2. Cuando la legislación del país de estancia o de residencia incluya varios regímenes de seguro, las normas aplicables a los trabajadores a que se refieren el artículo 57 y el apartado 1 del artículo 60, serán las correspondientes al régimen a que pertenezcan los trabajadores manuales de la industria del acero. No obstante, si dicha legislación incluye un régimen especial para los trabajadores de las minas y de los centros de trabajo asimilados, serán las normas de tal régimen las que se aplicarán a esta clase lugar de estancia o de de trabajadores, siempre que la institución del residencia a que se dirijan sea competente para aplicar el régimen en cuestión. Cuando la legislación de un Estado miembro fije un limite máximo de duración para la concesión de las prestaciones, la institución que aplique dicha legislación podrá computar a tal efecto el período durante el cual una institución de otro Estado miembro haya servido ya las prestaciones. 54 Sección 4 Reembolso entre instituciones Artículo 68 1. 2. 3. La institución competente estará obligada a reembolsar la cuantía de las prestaciones en especie servidas por su cuenta en cumplimiento de lo previsto en el artículo 57 y en el apartado 1 del artículo 60. Los reembolsos de que trata el apartado 1 serán determinados y efectuados según las modalidades previstas por la Decisión a que se refiere el artículo 91, mediante justificación de los gastos realizados. Dos o varios Estados miembros, o las autoridades competentes de los mismos, podrán convenir otras formas de reembolso o renunciar a todo reembolso entre las instituciones que de ellos dependan. CAPÍTULO 5 SUBSIDIOS DE DEFUNCIÓN Artículo 69 Totalización de períodos de seguro o de residencia La institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine la adquisición, la conservación, o la recuperación del derecho a los subsidios de defunción, al requisito de que hayan sido cubiertos determinados períodos de seguro o de residencia, computará, en la medida necesaria, los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro, como si se tratase de períodos cubiertos bajo la legislación que dicha institución aplique. Artículo 70 Derecho a los subsidios cuando ocurre el fallecimiento, o cuando el beneficiario reside en un Estado miembro distinto del Estado competente 1. 2. 3. Cuando un trabajador por cuenta ajena, un titular o solicitante de una pensión o de una renta, o un miembro de su familia, fallezca en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente, se condiserará el fallecimiento como ocurrido en el territorio de este último Estado. La institución competente estará obligada a conceder los subsidios de defunción debidos en virtud de la legislación que aplique, aunque el beneficiario resida en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado competente. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 será también aplicable cuando el fallecimiento se produzca como consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. 55 Artículo 71 Abono de prestaciones en caso de fallecimiento de un titular de pensiones o de rentas que haya residido en un Estado distinto de aquel donde radique la institución a la que incumbiera la carga de las prestaciones en especie En caso de fallecimiento del titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un Estado miembro, o de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de dos o más Estados miembros, cuando dicho titular residiese en el territorio de un Estado miembro distinto de aquel donde radique la institución a la que incumbiera la carga de las prestaciones en especie servidas a dicho titular en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 30, los subsidios de defunción debidos en virtud de la legislación que aplique esta institución serán abonados y sufragados por ella, como si el titular en cuestión hubiera residido, al fallecer, en el territorio del Estado miembro donde radique la mencionada institución. Lo dispuesto en el párrafo precedente se aplicará por analogía a los miembros de la familia de un titular de una pensión o de una renta. CAPÍTULO 6 PRESTACIONES FAMILIARES Artículo 72 Totalización de los períodos de seguro o de empleo La institución competente de un Estado miembro cuya legislación subordine la adquisición del derecho a las prestaciones al cumplimiento de períodos de seguro o de empleo, computará a tal efecto, en la medida necesaria, los períodos de seguro o de empleo cubiertos en el territorio de cualquier otro Estado miembro, como si se tratare de períodos cubiertos bajo la legislación que aplica. Artículo 73 Trabajadores cuya familia resida en un Estado miembro que no sea el Estado competente El trabajador sometido a la legislación de un Estado miembro tendrá derecho, para los miembros de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado, como si residieren en el territorio de éste, sin perjuicio de las disposiciones del Anexo VI. Artículo 74 Desempleados cuya familia resida en un Estado miembro que no sea el Estado competente El trabajador en desempleo que disfruta de las prestaciones por desempleo al amparo de la legislación de un Estado miembro tendrá derecho, para los miembros de su familia que residan en el territorio de otro Estado miembro, a las prestaciones familiares previstas por la legislación del primer Estado, como si residieren en el territorio de éste, sin perjuicio de las disposiciones del Anexo VI. 56 Artículo 75 Abono de las prestaciones Las prestaciones familiares serán abonadas, en los casos a que se refiere el artículo 73, por la institución competente del Estado a cuya legislación esté sometido el trabajador y, en los casos a que se refiere el artículo 74, por la institución competente del Estado al amparo de cuya legislación disfrute el trabajador en desempleo de las prestaciones por desempleo. Serán abonadas de conformidad con las disposiciones que apliquen dichas instituciones, tanto si la persona física o jurídica a la que deben abonarse tales prestaciones reside, permanece o tiene su sede en el territorio del Estado competente o en el territorio de otro Estado miembro. No obstante, si la persona a la que deben abonarse las prestaciones familiares no las destina al mantenimiento de los miembros de la familia, la institución competente abonará dichas prestaciones, con efecto liberatorio, a la persona física o jurídica que tenga efectivamente a su cargo los miembros de la familia, a instancia y por mediación de la institución o el organismo que designe a tal fin la autoridad competente del Estado miembro donde residan. Dos o más Estados miembros podrán convenir que la institución competente abone las prestaciones familiares debidas en virtud de la legislación de estos Estados o de alguno de dichos Estados a la persona física o jurídica que tenga efectivamente a su cargo a los miembros de la familia, directamente o por medio de la institución del lugar donde éstos residan. Artículo 76 Normas de prioridad en caso de acumulación de derechos a prestaciones familiares en virtud de la legislación del Estado competente y en virtud de la legislación del Estado miembro de residencia de los miembros de la familia Cuando durante el mismo período, para el mismo miembro de la familia y debido al ejercicio de una actividad profesional, las prestaciones familiares estén previstas por la legislación del Estado miembro en cuyo territorio residan los miembros de la familia, el derecho a las prestaciones familiares debidas en virtud de la legislación de otro Estado miembro quedará suspendido, llegado el caso, en aplicación de los artículos 73 ó 74, hasta el total establecido por la legislación del primer Estado miembro. Si no se presenta una solicitud de prestaciones en el Estado miembro en cuyo territorio residen los miembros de la familia, la institución competente del otro Estado miembro podrá aplicar las disposiciones del apartado 1 como si aquéllas hubieran sido concedidas en el primer Estado miembro. 1. 2. 3. 1. 2. 57 CAPÍTULO 7 PRESTACIONES POR HIJOS A CARGO DE TITULARES DE PENSIONES O RENTAS Y POR HUÉRFANOS Artículo 77 Hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas 1. 2. El término «prestaciones», en el sentido con que se utiliza en el presente artículo, designa los subsidios familiares previstos para los titulares de pensiones o de rentas de vejez, de invalidez, de accidente de trabajo o de enfermedad profesional, así como los incrementos o los suplementos de esas pensiones o rentas, establecidos en favor de los hijos de dichos titulares, con la excepción de los suplementos concedidos en virtud del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las prestaciones serán concedidas según las normas siguientes, cualquiera que sea el Estado miembro en cuyo territorio residan el titular de pensiones o de rentas, o los hijos: a) b) al titular de una pensión o de una renta debida en virtud de la legislación de un solo Estado miembro, según la legislación del Estado miembro que sea competente en relación con la pensión o la renta; al titular de pensiones o de rentas debidas en virtud de las legislaciones de varios Estados miembros: i) o ii) conforme a la legislación de aquel de dichos Estados en cuyo territorio resida, siempre que tenga en él derecho, en virtud de esa misma legislación, a alguna de las prestaciones a que se refiere el apartado 1, habida cuenta, cuando proceda, de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 79, en los demás casos, conforme a la legislación de aquel de dichos Estados miembros bajo la que el interesado haya permanecido más tiempo, siempre que tenga derecho, en virtud de esa misma legislación, a alguna de las prestaciones a que se refiere el apartado 1, habida cuenta, cuando proceda, de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 79; si no tiene ningún derecho ante dicha legislación, se examinará qué derechos puede tener ante las restantes Estados miembros afectados, siguiendo, en escala decreciente, el orden marcado por la distinta duración de los períodos de seguro o de residencia que haya cubierto bajo las legislaciones de tales Estados miembros. legislaciones de los 58 Artículo 78 Huérfanos 1. 2. El término «prestaciones», en el sentido con que se utiliza en el presente artículo, designa los subsidios familiares y, dado el caso, los subsidios suplementarios o especiales establecidos en favor de los huérfanos, así como las pensiones o las rentas de orfandad, con la excepción de las rentas de orfandad concedidas en virtud del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Las prestaciones en favor de los huérfanos serán concedidas según las normas siguientes, cualquiera que sea el Estado miembro en cuyo territorio resida el huérfano o la persona física o jurídica que lo tenga efectivamente a su cargo: a) b) cuando se trate de un huérfano de un trabajador fallecido que haya estado sujeto a la legislación de un solo Estado miembro, según la legislación de dicho Estado; cuando se trate de un huérfano de un trabajador fallecido que haya estado sujeto a las legislaciones de varios Estados miembros: i) o ii) conforme a la legislación de aquel de dichos Estados en cuyo territorio resida el huérfano, siempre que tenga en él derecho, en virtud de esa misma legislación, a alguna de las prestaciones a que se refiere el apartado 1, habida cuenta, cuando proceda, de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 79, en los demás casos, conforme a la legislación de aquel de dichos Estados miembros bajo la que el fallecido hubiera permanecido más tiempo, siempre que tenga derecho, en virtud de esa misma legislación, a alguna de las prestaciones a que se refiere el apartado 1, habida cuenta, cuando proceda, de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 79; si no tiene ningún derecho ante dicha legislación, se examinará qué derechos pueda tener ante las legislaciones de los otros Estados miembros afectados, siguiendo, en escala decreciente, el orden marcado por la distinta duración de los períodos de seguro o de residencia cubiertos bajo las legislaciones de tales Estados miembros. No obstante, la legislación del Estado miembro aplicable para la concesión de las prestaciones referidas en el artículo 77 en favor de los hijos de un titular de pensiones o de rentas, continuará siendo aplicable después del fallecimiento de dicho titular para la concesión de las prestaciones de sus huérfanos. 59 Artículo 79 Normas comunes a las prestaciones por hijos a cargo de titulares de pensiones o de rentas y a las prestaciones por huérfanos 1. 2. 3. Las prestaciones, en el sentido dado a este término en los artículos 77 y 78, serán servidas y sufragadas, según la legislación que resulte aplicable como consecuencia de lo previsto en dichos artículos, por la institución encargada de aplicar esa misma legislación, como si el titular de pensiones o de rentas, o el fallecido, estuviese o hubiera estado sometido únicamente a la legislación del Estado competente. No obstante: a) b) si esta legislación prevé que la adquisición, la conservación o la recuperación del derecho a las prestaciones depende de la duración de los períodos de seguro, de empleo o de residencia, tal duración será determinada teniendo en cuenta, cuando proceda, lo preceptuado en el artículo 47 o en el 72, según el caso; si esta legislación prevé que la cuantía de las prestaciones habrá de ser calculada en función de la cuantía de la pensión o dependa de la duración de los períodos de seguro, la cuantía de estas prestaciones será calculada en función de la cuantía teórica determinada según lo preceptuado en el apartado 2 del artículo 48. En el caso en que por aplicación de la norma fijada en el inciso ii) de la letra b) del apartado 2 de los artículos 77 y 78, resulten competentes varios Estados miembros por ser igual la duración de los períodos correspondientes, las prestaciones en el sentido del artículo 77 o del artículo 78, según el caso, serán concedidas según la legislación del Estado miembro a la que el titular o el fallecido hubiera estado sometido en último lugar. El derecho a las prestaciones debidas en virtud de la legislación nacional únicamente o en virtud de lo dispuesto en el apartado 2 y en los artículos 77 y 78 quedará suspendido cuando los hijos tengan derecho a prestaciones o a subsidios familiares ante la legislación de un Estado miembro como consecuencia del ejercicio de una actividad profesional. En tal supuesto, los interesados serán considerados como miembros de la familia de un trabajador. PARTE III - DISPOSICIONES DIVERSAS Artículo 80 Cooperación de las autoridades competentes 1. Las autoridades competentes de los Estados miembros y de Túnez se comunicarán todas las informaciones relacionadas con: a) las medidas adoptadas para la aplicación de la presente Decisión; 60 2. 3. 4. 5. 1. 2. b) las modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan afectar a la aplicación de la presente Decisión. Para la aplicación de la presente Decisión las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de Túnez se prestarán el apoyo de sus buenos oficios, como si se tratase de aplicar sus propias legislaciones. La mutua ayuda administrativa de dichas autoridades o instituciones será en principio gratuita. No obstante, las autoridades competentes de los Estados miembros y de Túnez podrán concertar el reembolso de determinados gastos. Para la aplicación de la presente Decisión las autoridades y las instituciones de los Estados miembros y de Túnez podrán comunicarse directamente entre ellas, y también con las personas interesadas o con sus mandatarios. Las autoridades, las instituciones y los órganos de un Estado miembro o de Túnez no podrán rechazar las peticiones u otros documentos que les sean dirigidos, por el hecho de que estén redactados en la lengua oficial de otro Estado miembro o de Túnez. a) Cuando, en virtud de la presente Decisión o de la Decisión a que se refiere el artículo 91, las autoridades o instituciones de un Estado miembro o de Túnez comuniquen datos de carácter personal a las autoridades e instituciones de otro Estado miembro o de Túnez, dicha comunicación se atendrá a las disposiciones de la legislación sobre protección de datos del Estado miembro que los transmita. comunicación adicional, la Cualquier modificación y la destrucción de datos se atendrá a las disposiciones de las legislaciones sobre protección de datos del Estado miembro que los reciba. la memorización, como así b) Los datos de carácter personal sólo podrán utilizarse para fines distintos de los de seguridad social con el consentimiento de la persona a la que se refieran o respetando las otras garantías previstas por el ordenamiento interno. Artículo 81 Exenciones o reducciones de tasas - Dispensa del visado de legalización Las exenciones o reducciones de tasas, timbres y derechos judiciales o de registro, establecidos en la legislación de un Estado miembro o de Túnez para la expedición de los documentos exigidos por esa misma legislación, se extenderán a la expedición de los documentos análogos exigidos por la legislación de cualquier otro Estado miembro o de Túnez, o por la presente Decisión. Los certificados y documentos de toda índole expedidos a cualquier efecto relacionado con la aplicación de la presente Decisión quedan dispensados del visado de legalización de las autoridades diplomáticas y consulares. 61 Artículo 82 Peticiones, declaraciones o recursos presentados ante una autoridad, una institución o una jurisdicción de un Estado miembro distinto del Estado competente o ante una autoridad, una institución o una jurisdicción de Túnez 1. 2. 3. 1. Las peticiones, declaraciones o recursos que, según la legislación de un Estado miembro, deban ser presentados dentro de un plazo determinado ante una autoridad, una institución o una jurisdicción de dicho Estado, serán admitidos siempre que sean presentados, dentro del mismo plazo, ante la autoridad, la institución o la jurisdicción correspondiente de cualquier otro Estado miembro o de Túnez. En tal caso, la autoridad, la institución o la trasladará sin demora las peticiones, jurisdicción que lo haya recibido, declaraciones o recursos a la autoridad, a la institución o a la jurisdicción competente del primer Estado, bien directamente, o bien a través de las autoridades competentes afectadas. La fecha en que las peticiones, declaraciones o recursos, hayan sido presentados ante la autoridad, la institución o la jurisdicción del segundo Estado, será considerada como la fecha de presentación ante la autoridad, la institución o la jurisdicción competente para conocer del asunto. Las peticiones, declaraciones o recursos que, según la legislación de Túnez, deban ser presentados dentro de un plazo determinado ante una autoridad, una institución o un órgano de dicho Estado, serán admitidos siempre que sean presentados, dentro del mismo plazo, ante la autoridad, la institución o el órgano correspondiente de un Estado miembro. En tal caso, la autoridad, la institución o la jurisdicción que lo haya recibido, trasladará sin demora las peticiones, declaraciones o recursos a la autoridad, a la institución o a la jurisdicción competente de Túnez, bien directamente, o bien a través de las autoridades competentes afectadas. La fecha en que las peticiones, la declaraciones o recursos, hayan sido presentados ante la autoridad, institución o la jurisdicción del Estado miembro, será considerada como la fecha de presentación ante la autoridad, la institución o la jurisdicción competente para conocer del asunto. Las autoridades competentes de los Estados miembros y de Túnez deberán designar las autoridades, las instituciones o las jurisdicciones habilitadas para admitir las peticiones, declaraciones o recursos. Artículo 83 Reconocimientos médicos A requerimiento de la institución competente, los reconocimientos médicos previstos por la legislación de un Estado miembro podrán ser efectuados, en el territorio de cualquier otro Estado miembro o de Túnez, por la institución del lugar de estancia o de residencia del beneficiario de las prestaciones, con arreglo a las condiciones señaladas por la Decisión a que se refiere el artículo 91 o, en su defecto, con arreglo a las condiciones concertadas entre las autoridades competentes de los Estados miembros interesados. 62 2. Los reconocimientos médicos efectuados conforme a las condiciones previstas en el apartado 1 serán considerados como efectuados en el territorio del Estado competente. Artículo 84 Transferencias de sumas debidas como consecuencia de la aplicación de la presente Decisión En su caso, las transferencias de sumas originadas por la aplicación de la presente Decisión serán efectuadas de conformidad con los acuerdos vigentes sobre la materia entre los Estados miembros interesados en el momento de hacerse la transferencia. En el supuesto de que tales acuerdos no se hallasen en vigor entre dos Estados miembros, las autoridades competentes de esos Estados, o las autoridades encargadas de realizar los pagos internacionales, adoptarán, de común acuerdo, las medidas necesarias para efectuar dichas transferencias. Artículo 85 Modalidades particulares de aplicación de determinadas legislaciones Las modalidades particulares de aplicación de las legislaciones de determinados Estados miembros y de Túnez se especifican en el Anexo VI. Artículo 86 Recaudación de cotizaciones 1. 2. 1. La recaudación de las cotizaciones debidas a una institución de cualquier Estado miembro podrá ser practicada en el territorio de otro Estado miembro, con arreglo al procedimiento administrativo y con las garantías y privilegios aplicables a la recaudación de las cotizaciones debidas a la institución correspondiente del segundo Estado. Las diversas formas de aplicar lo dispuesto en el apartado 1 serán reguladas, en la medida necesaria, por la Decisión a que se refiere el artículo 91, y por medio de acuerdos entre los Estados miembros. Dichas formas de aplicación podrán afectar incluso a los procedimientos de recaudación por vía ejecutiva. Artículo 87 Derecho de las instituciones deudoras frente a terceros responsables Si una persona está disfrutando de prestaciones en virtud de la legislación de un Estado miembro por los daños subsiguientes a hechos acaecidos en el territorio de otro Estado miembro, los eventuales derechos de la institución deudora frente al tercero a quien incumba la obligación de reparar los daños, quedan regulados del modo siguiente: a) cuando, en virtud de la legislación que aplique, las institución deudora se subrogue en los derechos que tenga el beneficiario frente a terceros, tal subrogación será reconocida por todos y cada uno de los Estados miembros; 63 b) cuando la institución deudora tenga algún derecho directo frente a terceros, todos y cada uno de los Estados miembros reconocerán ese derecho. 2. Si una persona está disfrutando de prestaciones en virtud de la legislación de un Estado miembro por los daños subsiguientes a hechos acaecidos en el territorio de otro Estado miembro, las disposiciones de dicha legislación que especifiquen los casos en que se excluye la responsabilidad civil de los empresarios o de los trabajadores por cuenta ajena empleados por ellos, serán aplicables respecto de dicha persona o de la institución competente. Las disposiciones del apartado 1 serán también aplicables a los eventuales derechos de la institución deudora frente a cualquier empresario o a los trabajadores por cuenta ajena empleados por él en los casos en que no esté excluida la responsabilidad de los mismos. PARTE IV - DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 1. 2. 3. 4. 5. 6. Artículo 88 Disposiciones transitorias La presente Decisión no abre derecho alguno por un período anterior a la fecha de su aplicación. Cualquier período de seguro así como, en su caso, cualquier período de empleo o residencia cubierto bajo la legislación de un Estado miembro o de Túnez antes de la fecha de aplicación de la presente Decisión se tomará en cuenta para la determinación de los derechos abiertos conforme a lo que dispone la presente Decisión. Salvo lo dispuesto en el apartado 1, nacerá un derecho en virtud de la presente Decisión, incluso cuando se deba a un hecho causante acaecido antes de la fecha de aplicación de la presente Decisión. Toda prestación que no haya sido liquidada o que haya sido suspendida a causa de la nacionalidad o de la residencia de la persona interesada será, a petición de ésta, liquidada o restablecida a partir de la fecha de aplicación de la presente Decisión, salvo cuando los derechos anteriormente liquidados no hayan dado lugar a una liquidación a tanto alzado. Los derechos de todos aquellos que antes de la fecha de aplicación de la presente Decisión hayan obtenido la liquidación de una pensión o de una renta podrán ser revisados, a petición de las personas interesadas, con arreglo a lo dispuesto en la presente Decisión. Cuando la petición a que se refieren los apartados 4 ó 5 sea presentada dentro de los dos años siguientes a la fecha de aplicación de la presente Decisión, los derechos nacidos en virtud de la presente Decisión serán adquiridos a partir de dicha fecha. En tal supuesto, y a tal efecto no será aplicable a las personas interesadas lo preceptuado en la legislación de cualquier Estado miembro o de Túnez sobre caducidad o prescripción de derechos. 64 7. 1. 2. 1. 2. Cuando la petición a que se refieren los apartados 4 ó 5 sea presentada después de haberse agotado el plazo de los dos años siguientes a la fecha de aplicación de la presente Decisión, aquellos derechos que no estén afectados por la caducidad o por la prescripción serán adquiridos a partir de la fecha de su petición, salvo que resulte más beneficioso lo dispuesto en la legislación del Estado miembro interesado o de Túnez. Artículo 89 Anexos a la presente Decisión Los anexos de la presente Decisión forman parte integrante de la misma. A petición del Estado miembro o de los Estados miembros interesados o de Túnez, estos anexos podrán modificarse mediante decisión del Consejo de asociación. Artículo 90 Notificaciones relativas a determinadas disposiciones Las notificaciones previstas en el artículo 5 serán dirigidas al Presidente del Consejo de asociación. En ellas se indicará la fecha de entrada en vigor de las leyes y regímenes de que se trate. Las notificaciones recibidas conforme a lo dispuesto en el apartado 1 se publicarán en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 91 Modalidades de aplicación de la presente Decisión Una decisión posterior fijará las modalidades de aplicación de la presente Decisión. Artículo 92 Acuerdos que completan las modalidades de aplicación de la presente Decisión Dos o varios Estados miembros, o Túnez y uno o varios Estados miembros, en tanto fuere necesario, podrán celebrar las modalidades administrativas de aplicación de la presente Decisión. acuerdos para completar Artículo 93 Cada parte contratante adoptará las medidas necesarias para aplicar la presente Decisión. Hecho en, 65 ANEXO I CAMPO DE APLICACIÓN PERSONAL I. Trabajadores por cuenta ajena [incisosii) y iii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión] A. BÉLGICA Sin objeto. B. DINAMARCA 1. Se considerará trabajador por cuenta ajena con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión, toda persona que, por ejercer una actividad asalariada, esté sometida: a) b) la legislación sobre a profesionales, para el período anterior al 1 de septiembre de 1977; accidentes de trabajo y enfermedades a la legislación sobre el régimen de pensión complementaria de los asalariados («arbejdsmarkedets tillægspension», ATP), para el período del 1 de septiembre de 1977 en adelante. C. ALEMANIA Si una institución alemana es la institución competente para la concesión de las prestaciones familiares, conforme al capítulo 6 del título II de la parte II de la Decisión, se considerará trabajador por cuenta ajena, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión, a la persona asegurada con carácter obligatorio contra el riesgo de desempleo o a la persona que obtenga, al amparo de este seguro, prestaciones en metálico del seguro de enfermedad o prestaciones análogas. D. ESPAÑA Sin objeto. E. FRANCIA Si una institución francesa es la institución competente para la concesión de las prestaciones de conformidad con el capítulo 6 del título II de la parte II de la Decisión, se considerará trabajador por cuenta ajena, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión, a toda persona, afiliada con carácter obligatorio a la seguridad social según el artículo L 311-2 del código de la seguridad social, que cumpla las condiciones mínimas de actividad o de retribución previstas en el artículo L 313-1 del código de la seguridad social para beneficiarse de las prestaciones en metálico del seguro de enfermedad, maternidad o invalidez, o a la persona que se beneficie de dichas prestaciones en metálico; F. GRECIA 1. Se considerarán trabajadores por cuenta ajena con arreglo al inciso iii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión aquellas personas aseguradas en el marco del régimen OGA que ejerzan únicamente una actividad por cuenta ajena o que estén sometidas o hayan estado sometidas a la legislación de otro Estado miembro y que por este motivo posean o hayan poseído la calidad de 66 trabajadores por cuenta ajena con arreglo a la letra a) del artículo 1 de la Decisión. 2. Para la concesión de las prestaciones familiares del régimen nacional se considerarán trabajadores por cuenta ajena con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión, las personas contempladas en los incisos i) y iii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión. G. IRLANDA Se considerará trabajador por cuenta ajena con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión a la persona que, con carácter obligatorio o voluntario, esté asegurada de conformidad con lo dispuesto en las secciones 5 y 37 de la ley codificada de 1981 sobre seguridad social y servicios sociales [Social Welfare (Consolidation) Act, (1981)]. H. ITALIA Sin objeto. I. LUXEMBURGO Sin objeto. J. PAÍSES BAJOS Sin objeto. K. AUSTRIA Sin objeto. L. PORTUGAL Sin objeto. M. FINLANDIA Se considerarán trabajadores por cuenta ajena, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión, todas aquellas personas que sean trabajadores por cuenta ajena con arreglo a la legislación del régimen de pensiones de empleo. N. SUECIA Se considerarán trabajadores por cuenta ajena, con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión, todas aquellas personas que sean trabajadores por cuenta ajena con arreglo a la legislación del seguro de accidentes de trabajo. O. REINO UNIDO Se considerarán trabajadores por cuenta ajena con arreglo al inciso ii) de la letra a) del artículo 1 de la Decisión todas aquellas personas que posean la condición de trabajador por cuenta ajena («employed earner») con arreglo a la legislación de Gran Bretaña o a la de Irlanda del Norte, así como cualquier persona por la que exista obligación de cotizar como trabajador por cuenta ajena («employed person») con arreglo a la legislación de Gibraltar. 67 II. Miembros de la familia [Segunda frase de la letra d) del artículo 1 de la Decisión] A. BÉLGICA Sin objeto. B. DINAMARCA Para determinar un derecho a las prestaciones en especie en caso de enfermedad o de maternidad en aplicación de la letra a) del apartado 1 del artículo 23 y del artículo 34 de la Decisión, la expresión «miembro de la familia» designará: 1) o 2) al cónyuge de un trabajador por cuenta ajena o de otra persona que tenga la calidad de causahabiente con arreglo a la Decisión, siempre que dicho cónyuge no tenga, a título personal, la calidad de causahabiente en virtud de la Decisión, a un hijo menor de 18 años a cargo de una persona que tenga la calidad de causahabiente con arreglo a la Decisión. C. ALEMANIA Sin objeto. D. ESPAÑA Sin objeto. E. FRANCIA El término «miembro de la familia» designa a cualquier persona mencionada en el artículo L 512-3 del código de la seguridad social. F. GRECIA Sin objeto. G. IRLANDA Para determinar el derecho a prestaciones en especie de enfermedad y maternidad con arreglo a la Decisión, la expresión «miembro de la familia» designará a cualquier persona considerada a cargo del trabajador a los efectos de la aplicación de las Leyes de Sanidad de 1947 a 1970 (Health Acts 1947-1970). H. ITALIA Sin objeto. I. LUXEMBURGO Sin objeto. J. PAÍSES BAJOS Sin objeto. 68 K. AUSTRIA Sin objeto. L. PORTUGAL Sin objeto. M. FINLANDIA Para determinar el derecho a prestaciones en especie conforme a las disposiciones del capítulo 1 del título II de la parte II de la Decisión, la expresión «miembro de la familia» designará al cónyuge o al hijo tal y como se define en la Ley de Seguro de Enfermedad. N. SUECIA Para determinar el derecho a prestaciones en especie conforme a las disposiciones del capítulo 1 del título II de la parte II de la Decisión, la expresión «miembro de la familia» designará al cónyuge o al hijo menor de 18 años. O. REINO UNIDO A los efectos de determinar el derecho a prestaciones en especie, «miembro de la familia» designará: la expresión 1. En lo que respecta a las legislaciones de Gran Bretaña y de Irlanda del Norte: 1) Al cónyuge de la persona en cuestión, siempre que: a) esta persona, con independencia de que trabaje por cuenta ajena o de que sea una persona reconocida como causahabiente con arreglo al Reglamento, resida con el cónyuge, i) o ii) contribuya al mantenimiento del cónyuge, y que, b) el cónyuge i) o ii) no perciba rentas como trabajador por cuenta ajena o como causahabiente con arreglo al Reglamento, no perciba prestaciones de la seguridad social ni pensiones derivadas de su propio seguro. 2) A cualquier persona que tenga un niño a su cargo, siempre que a) el trabajador por cuenta ajena u otra persona reconocida como causahabiente con arreglo al Reglamento: i) conviva maritalmente con dicha persona, 69 o ii) contribuya al mantenimiento de dicha persona, y que, b) la persona i) o ii) no perciba rentas como trabajador por cuenta ajena o como causahabiente con arreglo al Reglamento, no perciba prestaciones de la seguridad social ni pensiones derivadas de su propio seguro. 3) A cualquier hijo por el que la persona, el trabajador por cuenta ajena u al con arreglo como otra persona Reglamento perciba o pueda percibir prestaciones por hijo a cargo. causahabiente reconocida 2. En lo que respecta a la legislación de Gibraltar: a cualquier persona considerada «persona a cargo» con arreglo al reglamento relativo al régimen médico de medicina de grupo de 1973 (Group Practice Scheme Ordinance, 1973). 70 ANEXO II Campo de aplicación material I. Subsidios especiales de natalidad o de adopción excluidos del ámbito de aplicación de la Decisión en virtud del inciso i) de la letra s) del artículo 1 A. BÉLGICA a) Subsidio de natalidad b) Prima de adopción B. DINAMARCA Nada. C. ALEMANIA Nada. D. ESPAÑA Nada. E. FRANCIA a) Subsidio concedido a lactantes hasta la edad de tres meses b) Subsidio de adopción F. GRECIA Nada. G. IRLANDA Nada. H. ITALIA Nada. I. LUXEMBURGO a) las asignaciones prenatales, b) las asignaciones de nacimiento. J. PAÍSES BAJOS Nada. K. AUSTRIA La parte general del subsidio de natalidad. 71 L. PORTUGAL Nada. M. FINLANDIA La prima de maternidad o la prestación a tanto alzado por maternidad según lo dispuesto en la Ley de Prestaciones de Maternidad. N. SUECIA Nada. O. REINO UNIDO Nada. II. Prestaciones especiales de carácter no contributivo con arreglo al apartado 4 del artículo 4 no incluidas en el campo de aplicación de la Decisión A. BÉLGICA Nada. B. DINAMARCA Nada. C. ALEMANIA a) Las prestaciones concedidas en virtud de las legislaciones de los «Länder» en favor de los minusválidos, en especial de los invidentes. b) El suplemento social en virtud de la ley de ajuste de pensiones de 28 de junio de 1990. D. ESPAÑA Nada. E. FRANCIA Nada. F. GRECIA Nada. G. IRLANDA Nada. H. ITALIA Nada. I. LUXEMBURGO 72 Nada. J. PAÍSES BAJOS Nada. K. AUSTRIA Las prestaciones concedidas en virtud de las legislaciones de los «Bundesländer» en favor de los minusválidos y de las personas sin asistencia. L. PORTUGAL Nada. M. FINLANDIA Nada. N. SUECIA Nada. O. REINO UNIDO Nada. 73 ANEXO III DISPOSICIONES DE CONVENIOS DE SEGURIDAD SOCIAL CUYO BENEFICIO SE EXTIENDE A TODAS LAS PERSONAS A LAS QUE SE APLICA LA DECISIÓN [Artículo 6 de la Decisión] 1. BÉLGICA-DINAMARCA Sin objeto. 2. BÉLGICA-ALEMANIA a) Los artículos 3 y 4 del protocolo final de 7 de diciembre de 1957 del convenio general de la misma fecha, en la redacción que figura en el protocolo complementario de 10 de noviembre de 1960. b) El acuerdo complementario n° 3 de 7 de diciembre de 1957 del convenio general de la misma fecha, en la redacción que figura en el protocolo complementario de 10 de noviembre de 1960 (pago de pensiones y rentas debidas correspondientes al período anterior a la entrada en vigor del convenio). 3. BÉLGICA-ESPAÑA Nada. 4. BÉLGICA-FRANCIA a) Artículos 13, 16 y 23 del acuerdo complementario de 17 de enero de 1948 del convenio general de la misma fecha (trabajadores de minas y de establecimientos asimilados). b) Canje de cartas de 27 de febrero de 1953 (aplicación del apartado 2 del artículo 4 del convenio general de 17 de enero de 1948). c) Canje de cartas de 29 de julio de 1953 sobre los subsidios a los trabajadores por cuenta ajena de avanzada edad. 5. BÉLGICA-GRECIA Apartado 2 del artículo 15, apartado 2 del artículo 35 y artículo 37 del convenio general de 1 de abril de 1958. 6. BÉLGICA-IRLANDA Sin objeto. 7. BÉLGICA-ITALIA Artículo 29 del convenio de 30 de abril de 1948. 8. BÉLGICA-LUXEMBURGO Artículos 2 y 4 del Acuerdo de 27 de octubre de 1971 (seguridad social de ultramar). 9. BÉLGICA-PAÍSES BAJOS 74 Artículos 2 y 4 del Acuerdo de 4 de febrero de 1969 (actividad profesional de ultramar). 10. BÉLGICA-AUSTRIA a) Artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 4 abril 1977, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. b) Punto III del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 11. BÉLGICA-PORTUGAL Artículos 1 y 5 del Convenio de 13 de enero de 1965 (seguridad social de los empleados del Congo belga y de Ruanda-Urundi), en la redacción que figura en el Acuerdo celebrado mediante Canje de Notas de 18 de junio de 1982. 12. BÉLGICA-FINLANDIA Sin objeto. 13. BÉLGICA-SUECIA Sin objeto. 14. BÉLGICA-REINO UNIDO Nada. 15. DINAMARCA-ALEMANIA a) Punto 15 del protocolo final del Convenio sobre los seguros sociales de 14 de agosto de 1953. b) Acuerdo complementario de 14 de agosto de 1953 del Convenio antes mencionado. 16. DINAMARCA-ESPAÑA Sin objeto. 17. DINAMARCA-FRANCIA Sin objeto. 18. DINAMARCA-GRECIA Sin objeto. 19. DINAMARCA-IRLANDA Sin objeto. 20. DINAMARCA-ITALIA Sin objeto. 21. DINAMARCA-LUXEMBURGO 75 Sin objeto. 22. DINAMARCA-PAÍSES BAJOS Sin objeto. 23. DINAMARCA-AUSTRIA a) Artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 16 de junio de 1987, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. b) Punto I del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 24. DINAMARCA-PORTUGAL Sin objeto. 25. DINAMARCA-FINLANDIA Artículo 10 del Convenio Nórdico de Seguridad Social de 15 de junio de 1992. 26. DINAMARCA-SUECIA Artículo 10 del Convenio Nórdico de Seguridad Social de 15 de junio de 1992. 27. DINAMARCA-REINO UNIDO Sin objeto. 28. ALEMANIA-ESPAÑA El apartado 1 del artículo 4 y el apartado 2 del artículo 45 del convenio sobre la seguridad social de 4 de diciembre de 1973. 29. ALEMANIA-FRANCIA a) Apartado 1 del artículo 11, el párrafo segundo del artículo 16 y el artículo 19 del convenio general de 10 de julio de 1950. b) Artículo 9 del acuerdo complementario n° 1 de 10 de julio de 1950 del convenio general de la misma fecha (trabajadores de las minas y centros asimilados). c) Acuerdo complementario n° 4 de 10 de julio de 1950 del convenio general de la misma fecha, en la redacción que figura en el apéndice n° 2 de 18 de junio de 1955. d) Títulos I y III del apéndice n° 2 de 18 de junio de 1955. e) Puntos 6, 7 y 8 del protocolo general de 10 de julio de 1950 del convenio general de la misma fecha. f) Títulos II, III y IV del acuerdo de 20 de diciembre de 1963 (seguridad social del Estado federado de Sarre). 30. ALEMANIA-GRECIA a) Apartado 2 del artículo 5 del convenio general de 25 de abril de 1961. 76 b) Apartado 1, la letra b) del apartado 2, así como el apartado 3 del artículo 8, los artículos 9 a 11 y los capítulos I y IV, en la medida en que se refieran a dichos artículos, del convenio sobre el seguro de desempleo de 31 de mayo de 1961, así como la nota unida al acta de 14 de junio de 1980. c) Protocolo de 7 de octubre de 1991, en unión con el Convenio de 6 de julio de 1984 concluido entre el Gobierno de la República Democrática Alemana y el Gobierno de la República Helénica sobre la regulación de las pensiones. 31. ALEMANIA-IRLANDA Sin objeto. 32. ALEMANIA-ITALIA a) Apartado 2 del artículo 3, el apartado 2 del artículo 23 y los artículos 26 y el apartado 3 del 36, del convenio de 5 de mayo de 1953 (seguros sociales). b) Acuerdo complementario de 12 de mayo de 1953 del Convenio de 5 de mayo de 1953 (pago de pensiones y rentas debidas correspondientes al período anterior a la entrada en vigor del Convenio). 33. ALEMANIA-LUXEMBURGO Artículos 4, 5, 6 y 7 del Tratado de 11 de julio de 1959 («Ausgleichsvertrag»). 34. ALEMANIA-PAÍSES BAJOS a) Apartado 2 del artículo 3 del convenio de 29 de marzo de 1951. b) Artículos 2 y 3 del acuerdo complementario n° 4 de 21 de diciembre de 1956 del convenio de 29 de marzo de 1951 (regulación de los derechos adquiridos conforme al régimen alemán de seguros sociales por los trabajadores neerlandeses entre el 13 de mayo de 1940 y el 1 de septiembre de 1945). 35. ALEMANIA-AUSTRIA a) Artículo 41 del Convenio de Seguridad Social de 22 de diciembre de 1966, modificado por los Convenios complementarios n° 1 de 10 de abril de 1969, n° 2 de 29 de marzo de 1974 y n° 3 de 29 de agosto de 1980. b) Incisos c) y d) del apartado 3, apartado 17, inciso a) del apartado 20 y apartado 21 del Protocolo final de dicho Convenio. c) Artículo 3 de dicho Convenio en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. d) Inciso g) del apartado 3 del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. e) Apartado 1 del artículo 4 del Convenio en lo que se refiere a la legislación alemana, según la cual los accidentes (y las enfermedades profesionales) que sucedan fuera del territorio de la República Federal de Alemania y los períodos cumplidos fuera de dicho territorio no dan lugar al pago de prestaciones, o sólo dan lugar al pago de prestaciones en determinadas condiciones cuando quienes tienen derecho a las mismas residen fuera del territorio de la República Federal de Alemania, en los casos que: 77 i) se conceda o pueda optarse a esta prestación con fecha de 1 de enero de 1994, ii) el beneficiario haya fijado su domicilio habitual en Austria antes del 1 de enero de 1994 y el pago de las pensiones con cargo al seguro de pensiones y accidentes empiece antes del 31 de diciembre de 1994; de igual forma se procederá respecto de los períodos de percepción de otra pensión, incluida una pensión de supervivencia, que sustituya a la primera, cuando los períodos se sucedan sin interrupción. f) La letra b) del apartado 19 del Protocolo final de dicho Convenio. Para la aplicación de la letra c) del número 3 de dicha disposición, la cuantía que deberá tener en cuenta la institución competente no podrá superar el importe debido en relación con los períodos correspondientes a cargo de dicha institución. g) El artículo 2 del Convenio complementario n° 1 de dicho Convenio, de 10 de abril de 1969. h) El apartado 5 del artículo 1 y el artículo 8 del Convenio sobre seguro de desempleo de 19 de julio de 1978. i) El apartado 10 del Protocolo final de dicho Convenio. 36. ALEMANIA-PORTUGAL Apartado 2 del artículo 5 del convenio de 6 de noviembre de 1964. 37. ALEMANIA-FINLANDIA a) Artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 23 de abril de 1979. b) Inciso a) del apartado 9 a del Protocolo final de dicho Convenio. 38. ALEMANIA-SUECIA a) Apartado 2 del artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 27 de febrero de 1976. b) Inciso a) del apartado 8 a del Protocolo final de dicho Convenio. 39. ALEMANIA-REINO UNIDO a) Los apartados 1 y 6 del artículo 3 y los apartados 2 a 6 del artículo 7 del Convenio sobre la seguridad social de 20 de abril de 1960. b) Los artículos 2 a 7 del protocolo final del Convenio sobre le seguridad social de 20 de abril de 1960. c) Apartado 5 del artículo 2 y los apartados 2 a 6 del artículo 5 del Convenio sobre el seguro de desempleo de 20 de abril de 1960. 40. ESPAÑA-FRANCIA Nada. 41. ESPAÑA-GRECIA Sin objeto. 78 42. ESPAÑA-IRLANDA Sin objeto. 43. ESPAÑA-ITALIA Artículo 5, apartado 1 c) del artículo 18 y el artículo 23 del convenio de seguridad social de 30 de octubre de 1979. 44. ESPAÑA-LUXEMBURGO a) Apartado 2 del artículo 5 del Convenio de 8 de mayo de 1969. b) Artículo 1 del acuerdo administrativo del 27 de junio de 1975 para la aplicación del Convenio de 8 de mayo de 1969 a los trabajadores por cuenta propia. 45. ESPAÑA-PAÍSES BAJOS Apartado 2 del artículo 23 del Convenio de seguridad social de 5 de febrero de 1974. 46. ESPAÑA-AUSTRIA a) Artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 6 de noviembre de 1981, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 47. ESPAÑA-PORTUGAL Apartado 2 del artículo 4, el apartado 2 del artículo 16 y el artículo 22 del convenio general de 11 de junio de 1969. 48. ESPAÑA-FINLANDIA Apartado 2 del artículo 5 del Convenio de Seguridad Social de 19 de diciembre de 1985. 49. ESPAÑA - SUECIA Apartado 2 del artículo 5 y artículo 16 del Convenio de Seguridad Social de 4 de febrero de 1983. 50. ESPAÑA - REINO UNIDO Nada. 51. FRANCIA - GRECIA Párrafo cuarto del artículo 16 y artículo 30 del convenio general de 19 de abril de 1958. 52. FRANCIA - IRLANDA Sin objeto. 53. FRANCIA-ITALIA 79 a) Artículos 20 y 24 del convenio general de 31 de marzo de 1948. b) Canje de cartas de 3 de marzo de 1956 (prestaciones de enfermedad a los trabajadores de temporada de la profesiones agrícolas). 54. FRANCIA-LUXEMBURGO Artículos 11 y 14 del Acuerdo complementario de 12 de noviembre de 1949 del convenio general de la misma fecha (trabajadores de las minas y centros asimilados). 55. FRANCIA-PAÍSES BAJOS Artículo 11 del acuerdo complementario de 1 de junio de 1954 del convenio general de 7 de enero de 1950 (trabajadores de las minas y centros asimilados). 56. FRANCIA-AUSTRIA Nada. 57. FRANCIA-PORTUGAL Nada. 58. FRANCIA-FINLANDIA Nada. 59. FRANCIA-SUECIA Nada. 60. FRANCIA-REINO UNIDO Canje de notas de 27 y 30 de julio de 1970 sobre la situación en materia de seguridad social de los profesores del Reino Unido que ejerzan temporalmente su actividad en Francia en el marco del convenio cultural de 2 de marzo de 1948. 61. GRECIA - IRLANDA Sin objeto. 62. GRECIA-ITALIA Sin objeto. 63. GRECIA - LUXEMBURGO Sin objeto. 64. GRECIA-PAÍSES BAJOS Apartado 2 del artículo 4 del convenio general de 13 de septiembre de 1966. 65. GRECIA-AUSTRIA a) Artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 14 de diciembre de 1979, modificado por el Convenio complementario de 21 de mayo de 1986, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 80 b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 66. GRECIA - PORTUGAL Sin objeto. 67. GRECIA-FINLANDIA Apartado 2 del artículo 5 y artículo 21 del Convenio de Seguridad Social de 11 de marzo de 1988. 68. GRECIA - SUECIA Apartado 2 del artículo 5 y artículo 23 del Convenio de Seguridad Social de 5 de mayo de 1978, modificado por el Convenio complementario de 14 de septiembre de 1984. 69. GRECIA-REINO UNIDO Sin objeto. 70. IRLANDA-ITALIA Sin objeto. 71. IRLANDA-LUXEMBURGO Sin objeto. 72. IRLANDA-PAÍSES BAJOS Sin objeto. 73. IRLANDA-AUSTRIA Artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 30 septiembre 1988 por lo que respecta a las personas que residen en un tercer país. 74. IRLANDA-PORTUGAL Sin objeto. 75. IRLANDA-FINLANDIA Sin objeto. 76. IRLANDA-SUECIA Sin objeto. 77. IRLANDA-REINO UNIDO Artículo 8 del acuerdo de 14 de septiembre de 1971 sobre seguridad social. 78. ITALIA-LUXEMBURGO 81 Apartado 2 del artículo 18 y el artículo 24 del Convenio general de 29 de mayo de 1951. 79. ITALIA-PAÍSES BAJOS Apartado 2 del artículo 21 del Convenio general de 28 de octubre de 1952. 80. ITALIA-AUSTRIA a) Apartado 3 del artículo 5 y apartado 2 del artículo 9 del Convenio de Seguridad Social de 21 de enero de 1981. b) Artículo 4 de dicho Convenio y apartado 2 del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a personas que residen en un país tercero. 81. ITALIA-PORTUGAL Sin objeto. 82. ITALIA-FINLANDIA Sin objeto. 83. ITALIA-SUECIA Artículo 20 del Convenio de Seguridad Social de 25 de septiembre de 1979. 84. ITALIA - REINO UNIDO Nada. 85. LUXEMBURGO-PAÍSES BAJOS Nada. 86. LUXEMBURGO-AUSTRIA a) Apartado 2 del artículo 5 del Convenio de Seguridad Social de 21 de diciembre de 1971, modificado por los Convenios complementarios n° 1 de 16 de mayo de 1973 y n° 2 de 9 de octubre de 1978. b) Apartado 2 del artículo 3 de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. c) Punto III del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 87. LUXEMBURGO-PORTUGAL Apartado 2 del artículo 3 del Convenio de 12 de febrero de 1965. 88. LUXEMBURGO-FINLANDIA Apartado 2 del artículo 5 del Convenio de Seguridad Social de 15 septiembre 1988. 89. LUXEMBURGO - SUECIA 82 a) Artículo 4 y apartado 1 del artículo 29 del Convenio de Seguridad Social de 21 de febrero de 1985 por lo que respecta a las personas que residen en un tercer país. b) Artículo 30 de dicho Convenio. 90. LUXEMBURGO - REINO UNIDO Nada. 91. PAÍSES BAJOS-AUSTRIA a) Artículo 3 del Convenio de Seguridad Social de 7 de marzo de 1974, modificado por el Convenio complementario de 5 noviembre 1980, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 92. PAÍSES BAJOS-PORTUGAL Apartado 2 del artículo 5 y artículo 31 del convenio de 19 de julio de 1979. 93. PAÍSES BAJOS-FINLANDIA Sin objeto. 94. PAÍSES BAJOS-SUECIA Artículo 4 y apartado 3 del artículo 24 del Convenio de Seguridad Social de 2 de julio de 1976, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 95. PAÍSES BAJOS-REINO UNIDO Nada. 96. AUSTRIA-PORTUGAL Nada. 97. AUSTRIA-FINLANDIA a) Artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 11 de diciembre de 1985, modificado por el Convenio complementario de 9 de marzo de 1993, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 98. AUSTRIA-SUECIA a) Artículo 4 y apartado 1 del artículo 24 del Convenio de Seguridad Social de 11 de noviembre de 1975, modificado por el Convenio complementario de 21 de octubre de 1982, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. b) Punto II del Protocolo final de dicho Convenio, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. 99. AUSTRIA - REINO UNIDO 83 a) Artículo 3 del Convenio de Seguridad Social de 22 de julio de 1980, modificado por los Convenios complementarios n° 1 de 9 de diciembre de 1985 y n° 2 de 13 de octubre de 1992, en lo que se refiere a las personas que residen en un país tercero. b) Protocolo sobre las prestaciones en especie anejo a dicho Convenio, a excepción del apartado 3 del artículo 2 en lo que se refiere a las personas que no tengan derecho a prestaciones con arreglo al capítulo 1 del título III del Reglamento. 100. PORTUGAL-FINLANDIA Sin objeto. 101. PORTUGAL-SUECIA Artículo 6 del Convenio de Seguridad Social de 25 de octubre de 1978. 102. PORTUGAL - REINO UNIDO a) Apartado 1 del artículo 2 del protocolo sobre tratamientos médicos de 15 de noviembre de 1978. b) Por lo que se refiere a los trabajadores portugueses y para el período que va desde el 22 de octubre de 1987 hasta el final del período transitorio previsto en el apartado 1 del artículo 220 del Acta de adhesión de España y de Portugal: el artículo 26 del convenio sobre seguridad social, de 15 de noviembre de 1978, modificado por el canje de notas de 28 de septiembre de 1987. 103. FINLANDIA-SUECIA Artículo 10 del Convenio Nórdico de Seguridad Social de 15 de junio de 1992. 104. FINLANDIA - REINO UNIDO Nada. 105. SUECIA - REINO UNIDO Apartado 3 del artículo 4 del Convenio de Seguridad Social de 29 de junio de 1987. 84 PRESTACIONES ESPECIALES DE CARÁCTER NO CONTRIBUTIVO ANEXO IV [Artículo 8 de la Decisión] A. BÉLGICA a) Asignaciones a minusválidos (Ley de 27 de febrero de 1987). b) Ingreso garantizado para personas de edad avanzada (Ley de 1 de abril de 1969). c) Prestaciones familiares garantizadas (Ley de 20 de julio de 1971). B. DINAMARCA a) El subsidio fijo de readaptación abonado con arreglo a la ley sobre ayuda social dirigida al mantenimiento de personas en curso de readaptación. b) Gastos de vivienda de los pensionistas (Ley de ayuda a la vivienda individual, codificada por la Ley n° 204, de 29 de marzo de 1995). C. ALEMANIA Nada. D. ESPAÑA a) Prestaciones económicas de la Ley de integración social de los minusválidos (Ley 13/82 de 7 de abril de 1982). b) Prestaciones en metálico de asistencia a personas de edad avanzada e inválidos incapacitados para el trabajo (Real Decreto n° 2620/81 de 24 de julio de 1981). c) Pensiones de invalidez y de jubilación y prestaciones familiares por hijo a cargo, en su modalidad no contributiva, contenidas en los artículos 132 apartado 1, 136 bis, 137 bis, 138 bis, 154 bis, 155 bis, 156 bis, 167, 168 apartado 2, 169 y 170 de la Ley general de seguridad social tal como ha sido modificada por la Ley 26/90, de 20 de diciembre de 1990, por la que se establecen en la seguridad social las prestaciones no contributivas. E. FRANCIA a) Subsidio complementario del fondo nacional de solidaridad (Ley de 30 de junio de 1956). b) Subsidio para minusválidos adultos (Ley de 30 de junio de 1975). c) Subsidio especial (Ley de 10 de julio de 1952). F. GRECIA a) Prestaciones especiales para las personas de edad avanzada (Ley 1296/82). b) Asignaciones por hijos a las madres que no ejerzan actividad remunerada y cuyo marido esté realizando el servicio militar (Ley 1483/84, apartado 1 del artículo 23). 85 c) Asignaciones por hijos a las madres que no ejerzan actividad remunerada y cuyo marido esté en prisión (Ley 1483/84, apartado 2 del artículo 23). d) Asignaciones a las personas afectadas de anemia hemolítica congénita (Decreto ley 321/69) (Decreto ministerial común G4a/F. 222/oik. 2204). e) Asignaciones a los sordomudos (Ley de excepción 421/37) (Decreto ministerial común G4B/F. 422/oik 2205). f) Asignaciones a los minusválidos graves (Decreto ley 162/73) (Decreto ministerial común G4a/F. 225/oik 161). g) Asignaciones a los espasmofílicos (Decreto ley 162/72) (Decreto ministerial común G4a/F. 224/oik. 2207). h) Asignaciones a las personas que sufran un retraso mental grave (Decreto ley 162/73) (Decreto ministerial común G4b/F. 423/oik. 2208). i) Asignaciones a los G4b/F. 421/oik. 2209). G. IRLANDA invidentes (Ley 958/79) (Decreto ministerial común a) Ayuda al desempleo [Social Welfare (Consolidation Act de 1981), tercera parte, capítulo 2]. b) Pensiones de vejez y para los invidentes (no contributivas) [Social Welfare (Consolidación) Acto de 1981, tercera parte, capítulo 3]. c) Pensiones de viudedad y de orfandad (no contributivas) (Consolidación) Acto de 1981, tercera parte, capítulo 4]. [Social Welfare d) Subsidio para padres que viven solos (Social Welfare Act de 1990, tercera parte). e) Subsidio para custodias (Social Welfare Act de 1990, cuarta parte). f) Suplemento de ingresos familiares (Social Welfare Act de 1984, tercera parte). g) Subsidio de subsistencia para minusválidos (Health Act de 1970, artículo 69). h) Subsidio de movilidad (Health Act de 1970, artículo 61). i) Subsidio de subsistencia para las enfermedades infecciosas (Health Act de 1947, artículo 5 y apartado 5 del artículo 44). j) Subsidio de asistencia domiciliaria (Health Act de 1970, artículo 61). k) Subsidio de ayuda a los invidentes (Blind Persons Act de 1920, capítulo 49). l) Subsidio de rehabilitación para minusválidos (Health Act de 1970, artículos 68, 69 y 72). H. ITALIA a) Pensiones sociales para los nacionales carentes de recursos (Ley n° 153 de 30 de abril de 1969). 86 b) Pensiones, subsidios e indemnizaciones a los mutilados y a los inválidos civiles (Leyes n° 118 de 30 de marzo de 1974, n° 18 de 11 de febrero de 1980 y n° 508 de 23 de noviembre de 1988). c) Pensiones e indemnizaciones a los sordomudos (Leyes n° 381 de 26 de mayo de 1970 y n° 508 de 23 de noviembre de 1988). d) Pensiones e indemnizaciones a los invidentes civiles (Leyes n° 382 de 27 de mayo de 1970 y n° 508 de 23 de noviembre de 1988). e) El complemento a la pensión mínima (Leyes n° 218 de 4 de abril de 1952, n° 638 de 11 de noviembre de 1983 y n° 407 de 29 de diciembre de 1990). f) El complemento al subsidio de invalidez (Ley n° 222 de 12 de junio de 1984). g) Los subsidios mensuales de asistencia personal y continua a los pensionistas por incapacidad laboral (Ley n° 222 de 12 de junio de 1984). I. LUXEMBURGO a) Subsidio especial para minusválidos graves (Ley de 16 de abril de 1979). b) Subsidio de maternidad (Ley de 30 de abril de 1980). J. PAÍSES BAJOS Nada. K. AUSTRIA a) Suplemento compensatorio (Ley Federal de 9 de septiembre de 1955 sobre el Seguro Social General - ASGV, Ley Federal de 11 de octubre de 1978 relativa al Seguro Social para personas que trabajen en el comercio - GSVG y Ley Federal de 11 de octubre de 1978 relativa al Seguro Social para los productores agrarios - BSVG). b) Asignaciones de asistencia («Pflegegeld») con arreglo a la Ley Federal Austríaca de asignaciones de asistencia («Bundespflegegeldgesetz») con la excepción de la asignación de asistencia concedida por instituciones de seguros de accidentes cuando la minusvalía es causada por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. L. PORTUGAL a) Asignaciones familiares no contributivas (Decreto ley n° 160/80 de 27 de mayo de 1980). b) Prima de lactancia (Decreto ley n° 160/80 de 27 de mayo de 1980). c) Asignación complementaria para niños y jóvenes minusválidos (Decreto ley n° 160/80 de 27 de mayo de 1980). d) Asignación para casos de asistencia a un centro escolar especial (Decreto ley n° 160/80 de 27 de mayo de 1980). e) Pensión no contributiva de orfandad (Decreto ley n° 160/80 de 27 de mayo de 1980). f) Pensión no contributiva de invalidez (Decreto ley n° 464/80 de 13 de octubre de 1980). 87 g) Pensión no contributiva de vejez (Decreto ley n° 464/80 de 13 de octubre de 1980). h) Pensión complementaria para inválidos totales (Decreto ley n° 160/80 de 27 de mayo de 1980). i) Pensión no contributiva de viudedad (Decreto normativo n° 52/81 de 11 de noviembre de 1981). M. FINLANDIA a) Asignaciones para menores (Ley de asignaciones para menores, 444/69). b) Prestaciones por invalidez (Ley de prestaciones por invalidez, 124/88). c) Asignaciones de vivienda para jubilados (Ley relativa a las asignaciones de vivienda para jubilados, 591/78). d) Prestaciones básicas de desempleo (Ley de prestación de desempleo, 602/84) en los casos en que una persona no reúna las condiciones correspondientes para la prestación de desempleo relacionada con la renta. N. SUECIA a) Suplemento a las pensionas de base para viviendas municipales (Ley 1962:392, reimpresión 1976/1014). b) Asignaciones a minusválidos que no se paguen a una persona que reciba una pensión (Ley 1962:381, reimpresión 1982:120). c) Asignaciones de asistencia para menores minusválidos (Ley 1962:381, reimpresión 1982:120). O. REINO UNIDO a). b) Subsidio por custodia de persona inválida [Ley de 1975 sobre la seguridad social, de 20 de marzo de 1975, artículo 37, y Ley de 1975 sobre la seguridad social (Irlanda del Norte), de 20 de marzo de 1975, artículo 37]. c) Ingresos familiares [Ley de 1986 sobre la seguridad social, de 25 de julio de 1986, secciones 20 a 22, y reglamento de 1986 sobre la seguridad social (Irlanda del Norte), de 5 de noviembre de 1986, artículos 21 a 23]. d) Subsidio de ayuda [Ley de 1975 sobre la seguridad social de 20 de marzo de 1975, artículo 35, y Ley de 1975 sobre la seguridad social (Irlanda del Norte), de 20 de marzo de 1975, artículo 35]. e) Ayuda a los ingresos [Ley de 1986 sobre la seguridad social, de 25 de julio de 1986, artículos 20 a 22 y artículo 23, y reglamento de 1986 sobre la seguridad social (Irlanda del Norte), de 5 de noviembre de 1986, artículos 21 a 24]. f) Subsidio de subsistencia para minusválidos [Ley de 1991, sobre el subsidio de subsistencia para minusválidos y sobre el subsidio de trabajo para minusválidos, de 27 de junio de 1991, artículo 1 y reglamento de 1991, de subsidio de subsistencia para minusválidos y subsidio de trabajo para minusválidos (Irlanda del Norte), de 24 de julio de 1991, artículo 3]. 88 g) Subsidio de trabajo para minusválidos [Ley de 1991, sobre el subsidio de subsistencia para minusválidos y sobre el subsidio de trabajo para minusválidos, de 27 de junio de 1991, artículo 6 y reglamento de 1991, de subsidio de subsistencia para minusválidos y subsidio de trabajo para minusválidos (Irlanda del Norte), de 24 de julio de 1991, artículo 8]. h) Subsidios para solicitantes de empleo basados en los ingresos [Jobseekers Act 1995, 28 de junio de 1995, secciones I, apartado 2 letra d) inciso ii) y 3, y Jobseekers (Northern Ireland) Order 1995, 18 de octubre de 1995, artículo 3 apartado 2 letra d) inciso ii) y artículo 5]. 89 ANEXO V A. Legislaciones mencionadas en el apartado 1 del artículo 39 de la Decisión, según las cuales la cuantía de las prestaciones de invalidez es independiente de la duración de los períodos de seguro A. BÉLGICA a) Las legislaciones sobre el régimen general de invalidez, el régimen especial de invalidez de los trabajadores de la mina, el régimen especial de los marinos de la marina mercante; b) la legislación sobre invalidez en el régimen de seguridad social de ultramar y en el régimen de invalidez de los antiguos empleados del Congo belga y de Ruanda- Urundi. B. DINAMARCA Nada. C. ALEMANIA Nada. D. ESPAÑA Las legislaciones relativas al seguro de invalidez del régimen general y de los regímenes especiales. E. FRANCIA Todas las legislaciones sobre el seguro de invalidez, exceptuada la legislación sobre el seguro de invalidez del régimen de la seguridad social para los mineros. F. GRECIA La legislación relativa al régimen del seguro agrícola. G. IRLANDA Capítulo 10 de la parte II de la ley codificada de 1981 de seguridad social y los servicios sociales [Social Welfare (Consolidation) Act 1981]. H. ITALIA Nada. I. LUXEMBURGO Nada. J. PAÍSES BAJOS a) Ley de 18 de febrero de 1966 sobre el seguro de incapacidad laboral, en su versión modificada. 90 b) Ley de 11 de diciembre de 1975 sobre el seguro generalizado de incapacidad laboral, en su versión modificada. K. AUSTRIA Nada. L. PORTUGAL Nada. M. FINLANDIA Pensiones nacionales para personas que han nacido con minusvalías o inválidas desde corta edad (Ley Nacional de Pensiones (574/93)). N. SUECIA Nada. O. REINO UNIDO a) Gran Bretaña Artículos 15 y 36 de la Ley de la seguridad social de 1975 (Social Security Act 1975). Artículos 14, 15 y 16 de la Ley de pensiones de la seguridad social de 1975 (Social Security Pensions Act 1975). b) Irlanda del Norte Artículos 15 y 36 de la Ley de seguridad de Irlanda del Norte de 1975 [Social Security (Northern Ireland) Act 1975]. Artículos 16, 17 y 18 del Reglamento de pensiones de la seguridad social de Irlanda del Norte de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]. B. Casos mencionados en la letra b) del apartado 1 del artículo 48 de la Decisión, en los que se puede renunciar al cálculo de la prestación con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48 de la Decisión A. BÉLGICA Nada. B. DINAMARCA Todas las solicitudes de pensiones establecidas por la Ley de pensión social, salvo las pensiones mencionadas en la parte C del Anexo V. C. ALEMANIA Nada. D. ESPAÑA Nada. 91 E. FRANCIA Nada. F. GRECIA Nada. G. IRLANDA Todas las solicitudes de pensiones de jubilación, de pensiones de vejez contributivas y de pensiones de viudedad. H. ITALIA Todas las solicitudes de pensiones de invalidez, de jubilación y de supervivencia de los trabajadores por cuenta ajena. I. LUXEMBURGO Nada. J. PAÍSES BAJOS Todas las solicitudes de pensión de vejez con arreglo a la Ley de 31 de mayo de 1956 sobre el seguro de vejez generalizado, en su versión modificada. K. AUSTRIA Nada. L. PORTUGAL Todas las solicitudes de pensiones de invalidez, de vejez y de viudedad. M. FINLANDIA Nada. N. SUECIA Todas las solicitudes de pensiones de base y suplementarias de vejez, salvo las pensiones mencionadas en la parte C del Anexo V. O. REINO UNIDO Todas las solicitudes de pensión de jubilación y de viudedad determinadas con arreglo a lo dispuesto en el capítulo 3 del título II de la parte II de la Decisión, con excepción de aquéllas respecto de las cuales: a) durante cualquier ejercicio fiscal a partir del 6 de abril de 1975, inclusive: i) el interesado haya cumplido períodos de seguro, de empleo o de residencia con arreglo a la legislación del Reino Unido y de otro Estado miembro, y 92 ii) uno (o más) de los ejercicios fiscales a los que se aplique el punto i) no constituya un año calificador en el sentido de la legislación del Reino Unido; b) los períodos de seguro cumplidos en el Reino Unido con arreglo a la legislación vigente en relación con los períodos anteriores al 5 de julio de 1948 serán tomados en cuenta, a efectos de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, mediante la aplicación de los períodos de seguro, de empleo o de residencia cumplidos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro. C. Prestaciones y acuerdos señalados en la letra a) del apartado 2 del artículo 50 de la Decisión 1. Prestaciones señaladas en la letra a) del apartado 2 del artículo 50 de la Decisión cuya cuantía sea independiente de la duración de los períodos de seguro o de residencia cumplidos: a) las prestaciones de invalidez establecidas por las legislaciones mencionadas en la parte A del presente Anexo; b) la pensión nacional danesa completa de vejez, adquirida tras diez años de residencia por las personas a las que se haya abonado una pensión a partir, como máximo, del 1 de octubre de 1989; c) las pensiones españolas de muerte y de supervivencia concedidas dentro del régimen general y los regímenes especiales; d) la asignación de viudedad del seguro de viudedad del régimen general francés de seguridad social; e) la pensión de viudo o de viuda inválido(a) del régimen general francés de seguridad social, cuando se calcule basándose en una pensión de invalidez del cónyuge fallecido, liquidada según lo dispuesto en el inciso i) de la letra a) del apartado 1 del artículo 48; f) la pensión de viudedad neerlandesa en virtud de la Ley de 9 de abril de 1959 sobre el seguro generalizado de viudedad y de orfandad, en su versión modificada; g) pensiones nacionales finlandesas determinadas de conformidad con la Ley Nacional de Pensiones de 8 de junio de 1956 y concedidas con arreglo a las disposiciones transitorias de la Ley Nacional de Pensiones (547/93); h) la pensión de base sueca completa, concedida con arreglo a la legislación de pensiones de base aplicada antes del 1 de enero de 1993 y la pensión de base completa concedida con arreglo a las disposiciones transitorias de la legislación aplicable a partir de dicha fecha. 2. Prestaciones a que se refiere la letra b) del apartado 2 del artículo 50 de la Decisión cuya cuantía se determine en función de un período ficticio que se presumirá cumplido entre la fecha del hecho causante y una fecha posterior: a) las pensiones danesas de jubilación anticipada cuya cuantía se fije con arreglo a la legislación vigente antes del 1 de octubre de 1984; b) las pensiones alemanas de invalidez y de supervivencia para las cuales se computa un período complementario y las pensiones alemanas de vejez para las cuales se computa un período complementario ya adquirido; c) las pensiones italianas de incapacidad laboral total para el trabajo («inabilità»); 93 d) las pensiones luxemburguesas de invalidez y de supervivencia; e) las pensiones finlandesas de desempleo para las que se computan períodos futuros con arreglo a la legislación nacional; f) las pensiones suecas de invalidez y de supervivencia para las que se computan períodos ficticios de seguro y pensiones suecas de vejez para los que se computan períodos ficticios ya adquiridos. 3. Acuerdos previstos en el inciso i) de la letra b) del apartado 2 del artículo 50 de la Decisión para evitar que se tome en consideración dos o más veces el mismo período ficticio: Acuerdo de 20 de julio de 1978 entre el Gobierno del Gran Ducado de Luxemburgo y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre diversas cuestiones de la seguridad social. Convenio Nórdico de Seguridad Social de 15 de junio de 1992. 94 ANEXO VI MODALIDADES PARTICULARES DE APLICACIÓN DE LAS LEGISLACIONES DE CIERTOS ESTADOS MIEMBROS [Artículo 85 de la Decisión] A. BÉLGICA 1. Para la aplicación, por la institución competente belga, de los capítulos 6 y 7 del título II de la parte II de la Decisión, se considerará que el hijo ha sido educado en el Estado miembro en cuyo territorio resida. 2. Para la aplicación del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, se considerarán igualmente como períodos de seguro cubiertos, en aplicación de la legislación belga del régimen general de invalidez y del régimen de los marinos, los períodos de seguro de vejez cubiertos bajo la legislación belga antes del 1 de enero de 1945. 3. Para la aplicación del inciso ii) de la letra a) del apartado 3 del artículo 42, sólo se tendrán en cuenta los períodos durante los cuales el trabajador hubiera estado incapacitado para el trabajo, con arreglo a la legislación belga. 4. Para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 72 y en la letra a) del apartado 1 del artículo 79 de la Decisión, se tendrán en cuenta los períodos de empleo y/o de seguro cubiertos bajo la legislación de otro Estado miembro, en el caso en que, en virtud de la legislación belga, el derecho a las prestaciones esté subordinado a la condición de haber satisfecho, durante un período anterior determinado, las condiciones que dan derecho a los subsidios familiares en el marco del régimen para trabajadores por cuenta ajena. 5. Para el cálculo de la cuantía teórica de una pensión de invalidez, contemplada en el apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, la institución competente belga se basará en los ingresos percibidos en la última profesión ejercida por el interesado. 6. Se considerará que todo trabajador que haya dejado de estar asegurado en Bélgica con arreglo a la legislación belga sobre el seguro de enfermedad-invalidez (que supedita la concesión del derecho a las prestaciones también a la condición de estar asegurado en el momento de la realización del riesgo) estará asegurado en el momento de la realización del riesgo a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el capítulo 3 del título II de la parte II de la Decisión, siempre y cuando dicho trabajador estuviere asegurado contra el mismo riesgo con arreglo a la legislación de otro Estado miembro. 7. Si, en aplicación del artículo 47 de la Decisión, el interesado tiene derecho a una prestación de invalidez belga, esta prestación se liquidará, según las normas previstas en el apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, conforme a las disposiciones de la ley de 9 de agosto de 1963 por la que se establece y organiza un régimen de seguro obligatorio de enfermedad e invalidez, en el caso de que el interesado, en la fecha en que sobrevino la incapacidad laboral, estuviera asegurado contra ese riesgo con arreglo a la legislación de otro Estado miembro en calidad de trabajador por cuenta ajena conforme a lo establecido en la letra a) del artículo 1 de la Decisión. B. DINAMARCA 1. En caso de residencia o de estancia en Dinamarca, los trabajadores solicitantes y titulares de pensión o de renta, así como los miembros de sus familias incluidos en el artículo 20, en los apartados 1 y 3 del artículo 23, en los apartados 1 y 3 del artículo 95 27 y en el apartado 1 del artículo 28 y en los artículos 31, 32 y 34 de la Decisión, disfrutarán de prestaciones en especie en las mismas condiciones que las que están previstas por la legislación danesa para las personas aseguradas de la categoría 1, en virtud de la ley sobre servicio público de salud (lov om offentlig sygesikring). 2. a) Las disposiciones de la legislación danesa sobre pensiones sociales, en virtud de las cuales el derecho a pensión esté subordinado a la residencia en Dinamarca del solicitante, no serán aplicables a los trabajadores o a sus supervivientes que residan en el territorio de un Estado miembro que no sea Dinamarca. b) Para el cálculo de la pensión, los períodos de empleo asalariado cubiertos en Dinamarca por un trabajador fronterizo o de temporada se considerarán como períodos de residencia cubiertos en Dinamarca por el cónyuge superviviente, siempre que, durante dichos períodos, este último haya estado unido al trabajador fronterizo o de temporada por los vínculos del matrimonio, y que no haya existido ni separación de cuerpos ni separación de hecho por desavenencia, y que, durante los citados períodos, el cónyuge haya residido en el territorio de otro Estado miembro. c) Para el cálculo de la pensión, los períodos de empleo asalariado cubiertos en Dinamarca antes del 1 de enero de 1984 por un trabajador que no sea trabajador fronterizo o de temporada, se considerarán como períodos de residencia cubiertos en Dinamarca por el cónyuge superviviente, siempre que, durante dichos períodos, este último haya estado unido por los vínculos del matrimonio al trabajador asalariado, que no haya habido separación de cuerpos ni separación de hecho por desavenencia, y que, durante dichos períodos, el cónyuge haya residido en el territorio de otro Estado miembro. d) Los períodos que haya que computar en virtud de las letras b) y c) no se computarán cuando coincidan con los períodos tomados en consideración para el cálculo de la pensión debida al interesado en virtud de la legislación sobre el seguro obligatorio de cualquier otro Estado miembro, o cuando coincidan con los períodos durante los cuales el interesado se haya beneficiado de una pensión con arreglo a tal legislación. Dichos períodos serán computados, sin embargo, si la cuantía anual de dicha pensión fuere inferior a la mitad de la cuantía básica de la pensión social. 3. Las disposiciones de la Decisión no afectarán a las disposiciones transitorias de las leyes danesas de 7 de junio de 1972, relativas al derecho a pensión de los súbditos daneses que hayan residido efectivamente en Dinamarca durante un período determinado, inmediatamente antes de la fecha de la solicitud. No obstante, la pensión será atribuida, en las condiciones previstas para los súbditos daneses, a los súbditos de los otros Estados miembros que hayan residido efectivamente en Dinamarca durante el año inmediatamente precedente a la fecha de la solicitud. 4. a) Los períodos durante los cuales un trabajador fronterizo, que tenga su residencia en el territorio de un Estado miembro distinto de Dinamarca, haya ejercido su actividad profesional en el territorio de Dinamarca, se considerarán como períodos de residencia con respecto a la legislación danesa. Igualmente se considerarán los períodos durante los cuales un trabajador fronterizo haya sido destacado o efectúe una prestación de servicios en un Estado miembro distinto de Dinamarca. b) Los períodos durante los cuales un trabajador de temporada, que tenga su residencia en el territorio de un Estado miembro distinto de Dinamarca, haya estado ocupado en el territorio de Dinamarca, se considerarán como períodos de residencia con respecto a las legislación danesa. Del mismo modo se considerarán los períodos durante los cuales un trabajador de temporada esté destacado en el territorio de un Estado miembro distinto de Dinamarca. 96 5. Para determinar si se cumplen las condiciones para tener derecho a las prestaciones diarias por enfermedad o maternidad previstas en la Ley de 20 de diciembre de 1989 sobre las prestaciones diarias por enfermedad o maternidad, cuando el interesado no hubiere estado sometido a la legislación danesa durante todos los períodos de referencia fijados en la citada ley: a) se tendrán en cuenta los períodos de seguro o de empleo cubiertos bajo la legislación de un Estado miembro distinto de Dinamarca en el curso de dichos períodos de referencia durante los cuales el interesado no ha estado sometido a la legislación danesa, como si se tratara de períodos cubiertos bajo esa última legislación; y b) en el curso de los períodos así tenidos en cuenta, se considerará que un trabajador por cuenta ajena (en la medida en que, para este último, su remuneración actual no conviniera como base para calcular las prestaciones diarias) ha percibido una remuneración o un salario medio de un importe igual al tomado como base para calcular las prestaciones diarias en el curso de los períodos cubiertos bajo la legislación danesa durante los períodos de referencia. 6. La letra d) del apartado 3 del artículo 49 y los apartados 1 y 3 del artículo 51 de la Decisión no se aplicarán a las pensiones liquidadas en el marco de la legislación danesa. 7. Cuando el beneficiario de una pensión de jubilación, en su caso anticipada, tenga también derecho a una pensión de supervivencia de otro Estado miembro, dichas pensiones se considerarán, en cuanto a la aplicación de la legislación danesa, como si fueran prestaciones de la misma naturaleza tal como se definen en el apartado 1 del artículo 54 de la Decisión, con la condición, no obstante, de que la persona cuyos períodos de seguro o de residencia sirvan de base para el cálculo de la pensión de supervivencia haya cumplido períodos de residencia en Dinamarca. C. ALEMANIA 1. Las disposiciones del artículo 7 de la Decisión no afectarán a las disposiciones en virtud de las cuales los accidentes (y enfermedades laborales) que se produzcan fuera del territorio de la República Federal de Alemania, así como los períodos transcurridos fuera de dicho territorio, no sean motivo o sólo sean motivo en determinadas condiciones para el pago de prestaciones cuando los titulares residen fuera del territorio de la República Federal de Alemania. 2. a) El período global de imputación (pauschale Anrechnungszeit) se determinará exclusivamente en función de los períodos alemanes; b) para la computación de los períodos alemanes de pensión para el seguro de pensión de los trabajadores de la mina sólo se aplicará la legislación alemana; c) para la computación de los períodos alemanes de sustitución (Ersatzzeiten), sólo será aplicable la legislación alemana. 3. Si la aplicación de la Decisión o de Decisiones posteriores en materia de seguridad social lleva consigo gastos extraordinarios para determinadas entidades de seguros de enfermedad, estos gastos podrán compensarse total o parcialmente. La asociación federal de cajas locales generales, como organismo de enlace (seguro de enfermedad) decidirá dicha compensación de común acuerdo con las demás federaciones centrales de seguros de enfermedad. Los recursos necesarios para la compensación procederán de los gravámenes impuestos a la totalidad de las entidades de seguros de enfermedad 97 proporcionalmente a la media de los afiliados durante el año precedente, con exclusión de los jubilados. 4. El artículo 7 del libro VI del Código social se aplicará a los nacionales de los demás Estados miembros así como a los apátridas y refugiados que residan en el territorio de los demás Estados miembros según las modalidades siguientes. Si se reúnen las condiciones generales, podrá cotizarse voluntariamente en el seguro de pensiones alemán: a) cuando el interesado haya fijado su domicilio o resida en el territorio de la República Federal de Alemania; b) cuando el interesado haya fijado su domicilio o resida en el territorio de otro Estado miembro y haya estado afiliado con anterioridad, en cualquier momento, obligatoria o voluntariamente en el seguro de pensión alemán; c) cuando el interesado, nacional de otro Estado miembro, tenga su domicilio o su residencia en el territorio de un tercer Estado, haya cotizado durante sesenta meses al menos al seguro de pensión alemán o pueda ser admitido al seguro voluntario en virtud de las disposiciones del artículo 232 del libro VI del Código social, y no esté asegurado obligatoria o voluntariamente en virtud de la legislación de otro Estado miembro. 5. Si las prestaciones en especie que abonan las instituciones alemanas del lugar de residencia a titulares de pensión o a miembros de su familia, asegurados en las instituciones competentes de otros Estados miembros, deben ser reembolsadas sobre la base de tantos alzados mensuales, estas prestaciones se considerarán para los fines de la distribución financiera entre instituciones alemanas para el seguro de enfermedad de titulares de pensión, como prestaciones a cargo del régimen alemán del seguro de enfermedad de titulares de pensión. Los tantos alzados reembolsados por las instituciones competentes de los otros Estados miembros a las instituciones alemanas del lugar de residencia, serán considerados como ingresos que habrán de tenerse en cuenta en la distribución financiera antes citada. libro V del código de seguridad social 6. Para la aplicación de la legislación alemana relativa a la afiliación obligatoria de los pensionistas al régimen de seguro de enfermedad previsto en el punto 11 del apartado 1 del artículo 5 del (Fünftes Buch Sozialgesetzbuch - SGB V) y en el artículo 56 de la Ley de reforma del seguro de enfermedad (Gesundheitsreformgesetz), los períodos de seguro o de residencia que se cumplan bajo la legislación de otro Estado miembro y durante los cuales el interesado tenía derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedad se tomarán en consideración, en la medida necesaria, como si se tratase de períodos de seguro cumplidos bajo la legislación alemana, siempre que no se superpongan a períodos de seguro cumplidos bajo dicha legislación. 7. Para la concesión a los asegurados que residan en el territorio de otro Estado miembro de las prestaciones en metálico contempladas en el apartado 1 del artículo 47 del libro V del código de seguridad social (SGB V), en el apartado 2 del artículo 200 y en el apartado 1 del artículo 561 del código alemán de seguros sociales (Reichsversicherungsordnung - RVO), las instituciones alemanas determinarán la retribución neta en la que se basará el cálculo de dichas prestaciones, como si estos asegurados residieren en Alemania. 8. Para la concesión de las prestaciones a las personas que necesiten cuidados intensivos, de conformidad con el artículo 53 y siguientes del libro V del código de seguridad social (SGB V), en el marco de la ayuda concedida en forma de prestaciones en especie, la institución del lugar de residencia tendrá en cuenta los 98 períodos de seguro, de empleo o de residencia cumplidos en virtud de la legislación de otro Estado miembro, como si se tratare de períodos cumplidos en virtud de la legislación aplicable a esta última institución. 9. A efectos de aplicación del artículo 29 de la Decisión, se considerará que el titular de una pensión o una renta en virtud de la legislación alemana o de una pensión o renta en virtud de la legislación de otro Estado miembro tiene derecho a las prestaciones en especie del seguro de enfermedad y maternidad si, en virtud del punto 4 del apartado 1 del artículo 8 de la Sozialgesetzbuch (SGB V), está exento de la obligación de afiliarse al seguro de enfermedad (Krankenversicherung). 10. Un período de seguro para la educación de los hijos de conformidad con la legislación alemana será válido incluso para el período durante el cual el trabajador por cuenta ajena de que se trate haya educado a su hijo en otro Estado miembro, siempre y cuando dicho trabajador por cuenta ajena no pueda ejercer su empleo en virtud del apartado 1 del artículo 6 de la Mutterschutzgesetz o disfrute de un permiso concedido la conformidad Bundeserziehungsgeldgesetz y no haya ejercido un empleo menor (geringfügig) de conformidad con el artículo 8 del SGB IV. artículo padres con los 15 de de el a D. ESPAÑA 1. El requisito de ejercer una actividad por cuenta ajena, o de haber estado anteriormente asegurado obligatoriamente contra el mismo riesgo en el marco de un régimen establecido en beneficio de los trabajadores por cuenta ajena del mismo Estado miembro, previsto en el inciso iv) de letra a) del artículo 1 de la Decisión, no será exigible a las personas que, de conformidad con las disposiciones del Real decreto n° 2805/79 de diciembre de 1979, estén afiliadas a título voluntario al régimen general de seguridad social por su condición de funcionario o de empleado al servicio de una organización internacional intergubernamental. 2. Las disposiciones del Real decreto n° 2805/79 de 7 de diciembre de 1979 serán aplicables a los nacionales de los Estados miembros y de Túnez: a) cuando residan en territorio español; o b) cuando residan en territorio de otro Estado miembro y hayan estado anteriormente, en algún momento, afiliados obligatoriamente al régimen español de seguridad social; o c) cuando residan en territorio de un tercer Estado y hayan efectuado cotizaciones durante al menos 1 800 días al régimen español de seguridad social y no estén asegurados obligatoria o voluntariamente en virtud de la legislación de otro Estado miembro. 3. Todo trabajador que haya dejado de estar asegurado con arreglo a la legislación española, se considerará que lo está todavía en el momento en que se produzca el hecho causante, a efectos de aplicación de lo dispuesto en el capítulo 3 del título II de la parte II de la Decisión, si está asegurado con arreglo a la legislación de otro Estado miembro en el momento en que se produzca el hecho causante o, en su defecto, en el caso en que una prestación sea debida de acuerdo con la legislación de otro Estado miembro por el mismo hecho. No obstante, se presumirá el cumplimiento de esta última condición en el caso contemplado en el apartado 1 del artículo 53. 99 4. a) En aplicación del artículo 52 de la Decisión, el cálculo de la prestación teórica española se efectuará sobre las bases de cotización reales del asegurado, durante los años inmediatamente anteriores al pago de la última cotización a la seguridad social española. b) La cuantía de la pensión se incrementará con arreglo al importe de los aumentos y revalorizaciones calculados para cada año posterior y hasta el año anterior al hecho causante, para las pensiones de la misma naturaleza. E. FRANCIA 1. a) El subsidio para los trabajadores ancianos por cuenta ajena, así como el subsidio de vejez agrícola, se concederán, en las condiciones previstas para los trabajadores franceses por la legislación francesa, a todos los trabajadores por cuenta ajena nacionales de Túnez que, en el momento en que formulen su petición, residan en el territorio francés. b) Lo mismo ocurrirá con los refugiados y apátridas. c) Las disposiciones de la Decisión no afectarán a las disposiciones de la legislación francesa en virtud de las cuales, para la obtención del derecho al subsidio de los trabajadores ancianos por cuenta ajena, se consideran únicamente los períodos de actividad por cuenta ajena o asimilada cubiertos en el territorio de los departamentos europeos y de los departamentos de Ultramar (Guadalupe, Guyana, Martinica y Reunión) de la República Francesa. 2. El subsidio especial y la indemnización acumulable previstos por la legislación especial de seguridad social en las minas, sólo se abonarán a los trabajadores ocupados en las minas de Francia. 3. La ley n° 65-555 de 10 de julio de 1965 que concede a los franceses que ejerzan o hayan ejercido en el extranjero una actividad profesional, la facultad de acceder al régimen de seguro voluntario de vejez, se aplicará a los nacionales de Túnez en las condiciones siguientes: - la actividad profesional que dé lugar al seguro voluntario con respecto al régimen francés, no deberá ser ejercida ni en el territorio francés ni en el territorio de Túnez, - el trabajador por cuenta ajena, en la fecha de la solicitud de admisión al beneficio de la ley, deberá justificar haber residido en Francia por lo menos durante diez años, consecutivos o no, o haber estado sujeto a la legislación francesa, con carácter obligatorio o facultativo continuado, durante el mismo período. 4. La persona que esté sometida a la legislación francesa en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 de la Decisión tendrá derecho, para los miembros de su familia que lo acompañen en el territorio del Estado miembro en el que efectúe un trabajo, a las siguientes prestaciones familiares: a) la asignación por hijo pequeño abonada hasta los tres meses de edad; b) las prestaciones familiares abonadas en aplicación del artículo 73 de la Decisión. 5. Para el cálculo de la cuantía teórica mencionada en la letra a) del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, en los regímenes en que las pensiones de vejez se calculen sobre la base de puntos de jubilación, la institución competente tendrá en cuenta para cada uno de los años de seguro cubiertos bajo la legislación de cualquier otro Estado miembro, un número de puntos de jubilación igual al cociente del número de puntos 100 de jubilación adquiridos en virtud de la legislación que aplique por el número de años que corresponden a estos puntos. 6. a) Los trabajadores fronterizos que ejerzan su actividad en el territorio de un Estado miembro distinto de Francia y que residan en los departamentos franceses de Alto Rhin, de Bajo Rhin y de Mosela, disfrutarán en estos departamentos de los prestaciones en especie previstas por el régimen local de Alsacia-Lorena, instituido por los decretos n° 46-1428, de 12 de junio de 1946, y n° 67-814, de 25 de septiembre de 1967, en aplicación del artículo 19 del Reglamento. b) Estas disposiciones serán aplicables por analogía a los beneficiarios de los apartados 2 y 3 del artículo 32 y del artículo 33 de la Decisión. 7. No obstante lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de la Decisión, los subsidios de alojamiento, el subsidio por guarda de un hijo a domicilio y el subsidio parental de educación sólo se concederán a los interesados y a los miembros de su familia que residan en territorio francés. 8. Cuando un trabajador por cuenta ajena haya dejado de estar sujeto a la legislación francesa relativa al seguro de viudedad del régimen general francés de la seguridad social o del régimen agrícola de los trabajadores por cuenta ajena, se presumirá que, a efectos de la aplicación de las disposiciones del capítulo 3 del título II de la parte II del Reglamento, está asegurado con arreglo a dicha legislación en la fecha del hecho causante si está asegurado como trabajador por cuenta ajena con arreglo a la legislación de otro Estado miembro en la fecha del hecho causante, o, en su defecto, cuando se le deba una prestación de supervivencia con arreglo a la legislación relativa a los trabajadores por cuenta ajena de otro Estado miembro. No obstante, se presumirá el cumplimiento de esta última condición en el caso señalado en el apartado 1 del artículo 53. F. GRECIA 1. La Ley n° 1469/84, relativa a la afiliación voluntaria al régimen del seguro de pensión para los nacionales griegos y para los nacionales extranjeros de origen griego, se aplicará a los nacionales de los demás Estados miembros, a los apátridas y a los refugiados que residan en el territorio de un Estado miembro, con arreglo al párrafo segundo. Siempre que se reúnan las demás condiciones de la mencionada Ley, se podrán pagar cotizaciones: a) cuando la persona de que se trate esté domiciliada o resida en el territorio de un Estado miembro, y, además, haya estado afiliada en el pasado a título obligatorio al régimen del seguro de pensión griego, o b) cuando, independientemente del lugar de domicilio o de residencia, la persona de que se trate haya residido, anteriormente en Grecia durante diez años, con o sin interrupción, o haya estado afiliada al régimen griego, a título obligatorio o voluntario, durante un período de mil quinientos días. 2. Contrariamente a lo previsto en la legislación pertinente aplicada por el OGA, los períodos de pensión debidos en razón de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional con arreglo a la legislación de un Estado miembro que prevea un marco específico para estos riesgos y que, por tanto, coincidan con períodos de empleo en el sector agrario en Grecia, se considerarán como períodos de seguro en virtud de la 101 legislación aplicada por el OGA con arreglo a lo definido en la letra r) del artículo 1 de la Decisión. 3. En el marco de la legislación griega, la aplicación del apartado 2 del artículo 54 de la Decisión quedará subordinada al requisito de que el nuevo cálculo señalado en el citado artículo no se realice en perjuicio del interesado. 4. En los casos en que las disposiciones de las cajas auxiliares griegas del seguro de pensiones prevean la posibilidad de renunciar los períodos de seguro obligatorio cumplidos a efectos de pensiones en las instituciones griegas de aseguramiento principal, tales disposiciones serán igualmente válidas para los períodos de seguro obligatorio de pensiones cumplidos con arreglo a la legislación de cualquier otro Estado miembro incluida en el campo de aplicación material del Reglamento. 5. Los trabajadores que estuvieran afiliados hasta el 31 de diciembre de 1992 al seguro obligatorio de pensiones de cualquier otro Estado miembro y que se hayan afiliado por primera vez al seguro social obligatorio de Grecia después del 1 de enero de 1993, serán asimilados a los «antiguos afiliados» de conformidad con las disposiciones de la Ley n° 2084/92. G. IRLANDA 1. En caso de residencia o de estancia en Irlanda, los trabajadores por cuenta ajena, los desempleados, los demandantes y titulares de pensión o de renta así como los miembros de sus familias, mencionados en el apartado 1 del artículo 20, los apartados 1 y 3 del artículo 23, los apartados 1 y 3 del artículo 27, en el apartado 1 del artículo 28 y en los artículos 31, 32 y 34 de la Decisión, se beneficiarán gratuitamente del conjunto de la asistencia médica prevista por la legislación irlandesa, cuando la carga de estas prestaciones corresponda a la institución de un Estado miembro distinto de Irlanda. 2. Los miembros de la familia de un trabajador que esté sujeto a la legislación de un Estado miembro distinto de Irlanda y que cumpla las condiciones exigidas teniendo en cuenta en su caso el artículo 19 de la Decisión, disfrutará gratuitamente, cuando residan en Irlanda, de la totalidad de la asistencia. La carga de las prestaciones así servidas corresponderá a la institución a la que el trabajador está afiliado. No obstante, cuando el cónyuge del trabajador o la persona que tenga la custodia de los hijos, ejerza una actividad profesional en Irlanda, las prestaciones servidas a los miembros de la familia seguirán a cargo de la institución irlandesa, en la medida en que el derecho a las citadas prestaciones se derive, únicamente, de la legislación irlandesa. 3. Si un trabajador sujeto a la legislación irlandesa es víctima de un accidente después de haber abandonado el territorio de un Estado miembro, para desplazarse, durante su empleo, al territorio de otro Estado miembro, pero antes de llegar al mismo, su derecho a las prestaciones por este accidente se establecerá: a) como si este accidente se hubiera producido en el territorio irlandés; y b) no teniendo en cuenta su ausencia del territorio irlandés para determinar si, en virtud de su empleo, hubiese estado asegurado bajo la citada legislación. 102 4. Para el cálculo del salario con el fin de conceder la prestación variable en función del salario, prevista por la legislación irlandesa en caso de concesión de prestaciones de desempleo, no obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 25 de la Decisión, se computará al trabajador, por cada semana de empleo cubierta en calidad de trabajador por cuenta ajena, bajo la legislación de otro Estado miembro, durante el ejercicio fiscal (impuesto sobre la renta) de referencia, una cuantía equivalente al salario semanal medio de los trabajadores por cuenta ajena masculinos o femeninos, respectivamente, durante este ejercicio. 5. Para la aplicación del inciso ii) de la letra a) del apartado 3 del artículo 42, no se considerarán más que los períodos durante los cuales el trabajador por cuenta ajena haya estado incapacitado para el trabajo según la legislación irlandesa. 6. Para la aplicación del apartado 2 del artículo 46, se considerará que el trabajador ha solicitado expresamente que se le suspenda la liquidación de la pensión de vejez a la que habría tenido derecho en virtud de la legislación irlandesa, si no se ha jubilado efectivamente, cuando esta condición sea exigida para obtener la pensión de vejez. 7. De conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 11 de la Decisión, un período de sujeción a la legislación irlandesa: i) no se tendrá en cuenta en virtud de dicha disposición como período de sujeción a la legislación irlandesa a los efectos del título II de la parte II de la Decisión, ni ii) convertirá a Irlanda en el Estado competente para abonar las prestaciones mencionadas en el artículo 19 o en el apartado 1 del artículo 41 de la Decisión. H. ITALIA Nada. I. LUXEMBURGO 1. No obstante lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 88 de la Decisión, los períodos de seguro o asimilados cumplidos por un trabajador bajo la legislación luxemburguesa de seguros de pensiones, de invalidez, de vejez o de defunción, ya sea antes del 1 de enero de 1946 o antes de una fecha anterior determinada mediante un convenio bilateral, sólo se tomarán en consideración para la aplicación de esta legislación si el interesado justifica estar asegurado durante seis meses bajo el régimen luxemburgués con posterioridad a la fecha considerada. En caso de aplicación de varios convenios bilaterales, se tendrán en cuenta los períodos de seguro o asimilados a partir de la fecha más antigua. 2. Para la asignación de la parte fija en las pensiones luxemburguesas, los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación luxemburguesa por los trabajadores que no residan en territorio luxemburgués, se asimilarán a períodos de residencia con efectos de 1 de octubre de 1972. 3. El párrafo segundo del apartado 2 del artículo 23 de la Decisión no afectará a las disposiciones de la legislación luxemburguesa en virtud de las cuales la autorización de la caja de enfermedad para un tratamiento en el extranjero no podrá ser denegada si el tratamiento que se precisa no puede prestarse en el Gran Ducado de Luxemburgo. 4. Con vistas al cómputo del período de seguro previsto en el punto 7 del artículo 171 del código de seguros sociales, la institución luxemburguesa tendrá en cuenta los períodos de seguro cumplidos por el interesado bajo la legislación de cualquier Estado 103 miembro como si se tratare de períodos cumplidos bajo la legislación que ella aplica. La aplicación de la disposición anterior estará subordinada a la condición de que el interesado haya cumplido en último lugar períodos de seguro bajo la legislación luxemburguesa. J. PAÍSES BAJOS 1. Seguro de gastos de enfermedad a) Por lo que se refiere al derecho a las prestaciones en especie en virtud de la legislación neerlandesa, deberá entenderse por beneficiario de las prestaciones en especie, a efectos de aplicación del capítulo 1 del título II de la parte II, a la persona asegurada o coasegurada en virtud del seguro previsto por la Ley neerlandesa sobre las cajas de enfermedad. b) Para la aplicación de los artículos 29 a 36 de la Decisión, se asimilarán a las pensiones debidas en virtud de las disposiciones legales mencionadas en los apartados b) (invalidez) y c) (vejez) de la declaración de los Países Bajos con arreglo al artículo 5 del Reglamento: - las pensiones en virtud de la Ley de 6 de enero de 1966 (Staatsblad 6) relativa a una nueva regulación de las pensiones de los funcionarios civiles y de sus parientes próximos (Ley general de pensiones civiles); - las pensiones en virtud de la Ley de 6 de octubre de 1966 (Staatsblad 445) relativa a una nueva regulación de las pensiones de los militares y de sus parientes próximos (Ley general de pensiones de militares); - las pensiones en virtud de la Ley de 15 de febrero de 1967 (Staatsblad 138) relativa a una nueva regulación de las pensiones del personal de los ferrocarriles holandeses y de sus parientes próximos (Ley sobre las pensiones del personal de los ferrocarriles); - las pensiones en virtud del reglamento relativo a las condiciones de servicio de los ferrocarriles holandeses (RDV 1964 NS); - las prestaciones en concepto de pensión antes de los 65 años en virtud de un régimen de pensiones que tenga por objeto suministrar una asistencia por vejez a los trabajadores y ex trabajadores, o las prestaciones en concepto de jubilación anticipada concedidas en virtud de una regulación establecida por el Estado o por un convenio colectivo laboral en materia de jubilación anticipada o en virtud de la regulación que determine el consejo de cajas del seguro de enfermedad. c) Los miembros de la familia residentes en los Países Bajos a que se refiere el apartado 2 del artículo 20, los trabajadores y los miembros de su familia a que se refieren la letra b) del apartado 1 y el apartado 3 del artículo 23, en relación con la letra b) del apartado 1 y los artículos 27 y 28, que tengan derecho a prestaciones en virtud de la legislación de otro Estado miembro no estarán cubiertos por la Ley general de gastos extraordinarios de enfermedad (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). 2. Aplicación de la legislación neerlandesa sobre el seguro de vejez generalizado (AOW) a) La reducción contemplada en el apartado 1 del artículo 13 de la AOW no se aplicará a los años civiles o a las partes de los mismos anteriores al 1 de enero de 1957 durante los cuales el titular que no cumpla las condiciones que le permiten obtener la asimilación de dichos períodos a los períodos de seguro haya residido en los Países Bajos entre los 15 y 65 años de edad o durante los que, siendo residente en 104 otro Estado miembro, haya ejercido una actividad como trabajador por cuenta ajena en los Países Bajos para un empresario establecido en dicho país. No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de la AOW, también podrá obtener dicha asimilación el titular que sólo haya residido o trabajado en los Países Bajos antes del 1 de enero de 1957 con arreglo a las condiciones antes mencionadas. b) La reducción a que se refiere el apartado 1 del artículo 13 de la AOW no se aplicará a los años naturales o las partes de los mismos anteriores al 2 de agosto de 1989 durante los cuales, entre los 15 y los 65 años de edad, la persona casada o que haya estado casada no estuviera asegurada en virtud de la legislación mencionada aunque residiera en el territorio de un Estado miembro distinto de los Países Bajos, siempre que tales años naturales o las partes de los mismos coincidan con los períodos de seguro cubiertos por su cónyuge con arreglo a dicha legislación -con tal que hayan continuado casados durante estos períodos- y con los años naturales o las partes de los mismos que deben tomarse en consideración de conformidad con la letra a). No obstante lo dispuesto en el artículo 7 de la AOW, se considerará titular a dicha persona. c) La reducción a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 de la AOW no se aplicará a los años naturales o a las partes de los mismos anteriores al 1 de enero de 1957 durante los cuales el cónyuge del titular que no cumpla las condiciones que le permitan obtener la asimilación de dichos años a los períodos de seguro haya residido en los Países Bajos entre los 15 y los 65 años de edad o durante los que, siendo residente en otro Estado miembro, haya ejercido una actividad como trabajador por cuenta ajena en los Países Bajos para un empresario establecido en dicho país. d) La reducción a que se refiere el apartado 2 del artículo 13 de la AOW no se aplicará a los años naturales o a las partes de los mismos anteriores al 2 de agosto de 1989 durante los cuales, entre los 15 y los 65 años de edad, el cónyuge del titular haya residido en un Estado miembro distinto de los Países Bajos y no estuviera asegurado en virtud de la legislación mencionada, siempre que tales años naturales o las partes de los mismos coincidan con los períodos de seguro cubiertos por el titular con arreglo a dicha legislación, y siempre que hayan continuado casados durante estos períodos, y con los años naturales, o las partes de los mismos que deban tomarse en consideración de conformidad con la letra a). e) Las disposiciones de las letras a), b), c) y d) sólo serán aplicables si el titular ha residido durante seis años en el territorio de uno o varios Estados miembros después de haber cumplido los 59 años de edad y mientras resida en el territorio de uno de dichos Estados miembros. f) No obstante lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 45 de la AOW y en el apartado 1 del artículo 47 de la AWW (seguro generalizado de viudas y huérfanos), el cónyuge de un trabajador sujeto al régimen de seguro obligatorio, que resida en un Estado miembro distinto de los Países Bajos, podrá asegurarse libremente en virtud de la legislación del Estado de que se trate por los períodos, posteriores al 2 de agosto de 1989, durante los que el trabajador esté o haya estado sujeto al seguro obligatorio en virtud de dicha legislación. Tal autorización concluirá a partir del día en que termine el período de seguro obligatorio del trabajador. Sin embargo, la autorización no concluirá cuando el seguro obligatorio del trabajador haya sido interrumpido por fallecimiento del trabajador y la viuda sea beneficiaria exclusivamente de una pensión en el marco de la legislación sobre seguro generalizado de viudas y huérfanos (AWW). 105 La autorización de seguro voluntario concluirá en cualquier caso a partir del día en el que el asegurado voluntario cumpla 65 años. La prima que corresponderá al cónyuge de un trabajador sujeto al régimen de seguro obligatorio del seguro generalizado de vejez o del seguro generalizado de viudas y huérfanos se establecerá con arreglo a las disposiciones de fijación de la prima de seguro obligatorio, entendiéndose que se supone que los ingresos del cónyuge, en tal caso, se han percibido en los Países Bajos. Para el cónyuge de un trabajador que se haya convertido en asegurado obligatorio, a partir del 2 de agosto de 1989, la prima se establecerá con arreglo a las disposiciones sobre fijación de la prima de seguro voluntario en virtud del seguro generalizado de vejez y del seguro generalizado de viudas y huérfanos. g) La autorización a la que se refiere la letra f) sólo se concederá si el cónyuge del trabajador ha comunicado a la Sociale Verzekeringbank en el plazo de un año a partir del principio del período de seguro obligatorio del trabajador, su propósito de cotizar voluntariamente. Para los cónyuges de los trabajadores que hayan pasado al régimen de seguro obligatorio el 2 de agosto de 1989 o durante el período inmediatamente anterior a dicha fecha, el plazo de un año contará a partir de la fecha de 2 de agosto de 1989. El cónyuge no residente en los Países Bajos del trabajador al que se apliquen las disposiciones del apartado 1 del artículo 12 o del artículo 17 de la Decisión no podrá hacer uso de la posibilidad prevista en el párrafo cuarto de la letra f) si dicho cónyuge, de conformidad exclusivamente con las disposiciones de la legislación neerlandesa, está o ha sido ya autorizado a asegurarse libremente. h) Las disposiciones de las letras a), b), c), d) y f) no se aplicarán a los períodos que coincidan con los períodos que puedan ser computados para el cálculo de los derechos de pensión en virtud de la legislación de un Estado miembro distinto de los Países Bajos en materia de seguro de vejez ni a los períodos durante los cuales el interesado se haya acogido a una pensión de vejez en virtud de dicha legislación. i) Sólo se considerarán como períodos de seguro cumplidos a los efectos de la aplicación del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, los períodos de seguro cumplidos después de haber alcanzado la edad de 15 años en virtud del régimen general del seguro de vejez (AOW). 3. a) Cuando un trabajador haya dejado de estar sujeto a la legislación neerlandesa relativa al seguro de viudedad, se presumirá que, a efectos de la aplicación de las disposiciones del capítulo 3 del título II de la parte II de la Decisión, está asegurado en virtud de dicha legislación en la fecha del hecho causante si está asegurado contra ese mismo riesgo con arreglo a la legislación de otro Estado miembro o, en su defecto, cuando se le deba una prestación de supervivencia con arreglo a la legislación de otro Estado miembro. No obstante, se presumirá el cumplimiento de esta última condición en el caso contemplado en el apartado 1 del artículo 53. b) Cuando, en virtud de la letra a), una viuda tenga derecho a una pensión de viudedad con arreglo a la legislación neerlandesa relativa al seguro generalizado de viudedad y orfandad, dicha pensión se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 48 de la Decisión. Para la aplicación de dichas disposiciones, se considerarán también períodos de seguro cumplidos bajo dicha legislación neerlandesa aquellos períodos cumplidos con anterioridad al 1 de octubre de 1959 durante los cuales el trabajador haya residido en el territorio de los Países Bajos después de haber cumplido la edad de quince años o 106 durante los cuales, al mismo tiempo que residía en el territorio de otro Estado miembro, ejerció una actividad por cuenta ajena en los Países Bajos para un empresario establecido en dicho país. c) No se computarán los períodos que habrían de tomarse en consideración con arreglo a las disposiciones de la letra b) si coinciden con períodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación de otro Estado miembro sobre pensiones o rentas de supervivencia. d) Sólo se considerarán como períodos de seguro cumplidos a efectos de aplicación del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, los períodos de seguro cumplidos después de la edad de quince años en virtud del régimen general del seguro de viudedad y orfandad (AWW). 4. a) Cuando un trabajador por cuenta ajena haya dejado de estar asegurado con arreglo a la Ley de 18 de febrero de 1966 relativa al seguro sobre la incapacidad laboral (WAO) y/o en virtud de la Ley de 11 de diciembre de 1975 relativa a la incapacidad laboral (AWW), se presumirá que lo sigue estando en la fecha del hecho causante, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en el capítulo 3 del título II de la parte II de la Decisión, si está asegurado contra este mismo riesgo con arreglo a la legislación de otro Estado miembro o, en su defecto, cuando se le deba una prestación con arreglo a la legislación de otro Estado miembro, por el mismo riesgo. No obstante, se presumirá el cumplimiento de esta última condición en el caso contemplado en el apartado 1 del artículo 53. b) Cuando, en virtud de la letra a), el interesado tenga derecho a una prestación de invalidez neerlandesa, dicha prestación será liquidada según las normas previstas en el apartado 2 del artículo 48 de la Decisión: i) con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de febrero de 1966 (WAO), si el interesado, en la fecha en que sobrevino la incapacidad laboral, estaba asegurado contra dicho riesgo de acuerdo con la legislación de otro Estado miembro en cuanto trabajador por cuenta ajena tal como se define en la letra a) del artículo 1 de la Decisión; ii) con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de diciembre de 1975 (AAW), si el interesado, en la fecha en que sobrevino la incapacidad laboral: - estaba asegurado contra dicho riesgo de acuerdo con la legislación de otro Estado miembro sin tener la condición de trabajador por cuenta ajena tal como se define en la letra a) del artículo 1 de la Decisión, o - no estaba asegurado contra dicho riesgo de acuerdo con la legislación de otro Estado miembro, pero puede hacer valer un derecho a prestaciones con arreglo a la legislación de otro Estado miembro. Si el importe de la prestación calculada con arreglo a lo dispuesto en el inciso i) es inferior al que resulta de la aplicación de lo dispuesto en el inciso ii), se concederá la prestación por esta última cantidad. c) Para el cálculo de las prestaciones liquidadas con arreglo a la Ley de 18 de febrero de 1966 (WAO) o a la Ley de 11 de diciembre de 1975 (AAW), las instituciones neerlandesas tendrán en cuenta: - los períodos de trabajo por cuenta ajena y los períodos asimilados cumplidos en los Países Bajos antes del 1 de julio de 1967; 107 - los períodos de seguro cumplidos de acuerdo con la Ley de 18 de febrero de 1966 (WAO); - los períodos de seguro cumplidos por el interesado después de la edad de quince años, de acuerdo con la Ley de 11 de diciembre de 1975 (AAW), siempre que éstos no coincidan con los períodos de seguro cumplidos con arreglo a la Ley de 18 de febrero de 1966 (WAO). d) Al efectuar el cálculo de la prestación neerlandesa de invalidez en aplicación del apartado 1 del artículo 42 de la Decisión, los organismos neerlandeses no tendrán en cuenta el suplemento que se haya podido conceder al titular de la prestación con arreglo a la ley sobre suplementos. El derecho a este suplemento y la cuantía del mismo se calcularán exclusivamente en función de las disposiciones de la ley sobre suplementos. 5. Aplicación de la legislación neerlandesa sobre los subsidios familiares a) Un trabajador al que se aplique la legislación neerlandesa sobre los subsidios familiares durante un trimestre civil y que, el primer día de dicho trimestre, estuviera sujeto a la legislación correspondiente de otro Estado miembro, se considerará asegurado desde este primer día a efectos de la legislación neerlandesa. b) El importe de los subsidios familiares a que tenga derecho el trabajador que, en base a la letra a), puede ser considerado como asegurado en virtud de la legislación neerlandesa sobre los subsidios familiares, se determinará según las modalidades previstas por la Decisión de aplicación mencionada en el artículo 91 de la Decisión. 6. Aplicación de ciertas disposiciones transitorias El apartado 1 del artículo 47 no será de aplicación cuando se aprecie el derecho a las prestaciones en virtud de las disposiciones transitorias de las legislaciones sobre seguro de vejez generalizado (artículo 48), sobre el seguro generalizado de las viudas y los huérfanos y sobre el seguro generalizado contra la incapacidad para el trabajo. K. AUSTRIA 1. Para la aplicación del capítulo 1 del título II de la parte II de la Decisión, se considerará titular de una pensión a cualquier persona que perciba una pensión de funcionario. los incrementos correspondientes 2. Para la aplicación del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, no se tendrán en cuenta seguro complementario y la prestación complementaria de los mineros establecidos por la legislación austriaca. En los casos mencionados, se añadirán a la suma calculada conforme al apartado 2 del artículo 48 de incrementos correspondientes a cotizaciones para el seguro complementario y la prestación complementaria de los mineros. la Decisión los cotizaciones para el a 3. Para la aplicación del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, al aplicar la legislación austriaca se considerará que la fecha pertinente para la pensión (Stichtag) es la fecha en la que se materializa el riesgo. 4. La aplicación de las disposiciones de la Decisión no tendrá como efecto la reducción de ningún derecho a prestaciones en virtud de la legislación austriaca en lo que se refiere a las personas que se hayan visto perjudicadas en su situación de seguridad social por motivos políticos o religiosos o por motivos familiares. 108 L. PORTUGAL Nada. M. FINLANDIA 1. Para determinar si el período transcurrido entre el momento en el que se produce la contingencia cubierta por la pensión y la edad preceptiva para tener derecho a la jubilación (período futuro) debe tenerse en cuenta al calcular la cuantía de la pensión de empleo finlandesa, los períodos de seguro o de residencia bajo la legislación de otro Estado miembro se computarán para la condición relativa a la residencia en Finlandia. 2. Cuando el trabajo en Finlandia haya finalizado y la contingencia se produzca durante el trabajo en otro Estado miembro al que se aplique la Decisión, y cuando la pensión con arreglo a la legislación de pensión de empleo finlandesa ya no incluya el período comprendido entre la contingencia y la edad preceptiva para tener derecho a la pensión (período futuro), los períodos de seguro con arreglo a la legislación de otro Estado miembro se computarán para la condición del período futuro como si fueran períodos de seguro en Finlandia. 3. Cuando con arreglo a la legislación de Finlandia, una institución finlandesa deba pagar un incremento a causa de un retraso en la tramitación de una solicitud de prestación, para la aplicación de las disposiciones de la legislación finlandesa relativas a dicho incremento se considerará que la solicitud presentada ante una institución de otro Estado miembro al que se aplique la presente Decisión se ha presentado en la fecha en que la solicitud, junto con toda la documentación necesaria, llegó a la institución competente en Finlandia. N. SUECIA 1. Para la aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 19 al objeto de establecer el derecho de una persona a percibir prestaciones parentales, se considerará que los períodos de seguro cubiertos bajo la legislación de un Estado miembro distinto de Suecia, al que se aplique la presente Decisión, se basan en los mismos ingresos medios que los períodos de seguro suecos a los que se agregan. 2. Las disposiciones de la Decisión sobre la totalización de períodos de seguro o de residencia no se aplicarán a las normas transitorias de la legislación sueca sobre el derecho a un cálculo más favorable de las pensiones de base para las personas que hayan residido en Suecia durante un período determinado anterior a la fecha de solicitud. 3. Para determinar si satisfacen las condiciones que dan derecho a una pensión de invalidez o de supervivencia basada parcialmente en posibles períodos futuros de seguro, se considerará que una persona satisface las condiciones de seguro y de ingresos de la legislación sueca cuando esté cubierta como trabajador por cuenta ajena por un régimen de seguro o de residencia de otro Estado miembro al que se aplique la presente Decisión. 4. Los años dedicados al cuidado de hijos de corta edad se considerarán, conforme a las condiciones prescritas por la legislación sueca, como períodos de seguro a efectos de pensión complementaria incluso cuando el hijo y la persona interesada residan en otro Estado miembro al que se aplique la presente Decisión, a condición de que la persona que se ocupe del hijo se halle en situación de baja parental conforme a las disposiciones de la ley sobre el derecho a baja para la educación de los hijos. 109 O. REINO UNIDO 1. Cuando una persona resida habitualmente en el territorio de Gibraltar o, desde su última llegada a ese territorio, haya tenido que cotizar bajo la legislación de Gibraltar en calidad de trabajador por cuenta ajena, y en razón de una incapacidad para el trabajo, maternidad o desempleo, solicite quedar exenta del pago de cotizaciones durante cierto período y que se le acrediten cotizaciones por dicho período, todo período durante el cual haya estado ocupada en el territorio de un Estado miembro distinto de Reino Unido, se considerará, para los fines de esta solicitud, como un período durante el cual ha estado empleada en el territorio de Gibraltar y por el cual ha cotizado en calidad de trabajador por cuenta ajena en aplicación de la legislación de Gibraltar. 2. Cuando, en virtud de la legislación del Reino Unido, una persona solicite el benefício de una pensión de vejez: a) si las cotizaciones del ex cónyuge se computaren como si fueran cotizaciones personales; o b) si el cónyuge o ex cónyuge cumpliere las condiciones de cotización, y, en todo caso, el cónyuge o ex cónyuge estuviere o hubiere estado sujeto como trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia a la legislación de dos o varios Estados miembros, se aplicarán las disposiciones del capítulo 3 del título II de la parte II de la Decisión, para determinar su derecho a la pensión, en virtud de la legislación del Reino Unido. En este caso, cualquier referencia que se haga en dicho capítulo 3 a un «período de seguro» se considerará como referencia a un período de seguro cubierto por: i) el cónyuge o ex cónyuge, si la solicitud proviniere de una mujer casada, de un viudo o de una persona cuyo matrimonio haya terminado por cualquier motivo que no sea defunción del cónyuge, o ii) el ex cónyuge, si la solicitud proviniere de una viuda no beneficiaria de una prestación de supervivencia inmediatemente antes de la edad de jubilación o beneficiaria únicamente de una pensión de viudedad relacionada con su edad, calculada por aplicación del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión. 3. La prestación en favor de las viudas (widow's payment), abonada en virtud de la legislación del Reino Unido se considerará, a los efectos del capítulo 3 del título II de la parte II de la Decisión, como una pensión de supervivencia. 4. Para la aplicación del apartado 2 del artículo 8 de las disposiciones que regulan el derecho al subsidio de ayuda (attendance allowance), al subsidio por custodia de persona inválida y al subsidio de subsistencia en caso de incapacidad, los períodos de empleo, de actividad no remunerada o de residencia cumplidos en el territorio de Estados miembros distintos del Reino Unido se tendrán en cuenta siempre que sea necesario para cumplir los requisitos relativos a la presencia en el Reino Unido, antes de la fecha en que se origine el derecho al subsidio de que se trate. 5. Si un trabajador por cuenta ajena sujeto a la legislación del Reino Unido es víctima de un accidente después de haber dejado el territorio de un Estado miembro para desplazarse en el curso de su empleo al territorio de otro Estado miembro, pero antes de llegar al mismo, su derecho a las prestaciones por este accidente se establecerá: 110 a) como si este accidente se hubiera producido en el territorio del Reino Unido, y b) sin tener en cuenta, para determinar si era trabajador por cuenta ajena (employed earner) bajo la legislación de Gran Bretaña o la legislación de Irlanda del Norte, o trabajador por cuenta ajena (employed person) bajo la legislación de Gibraltar, su ausencia de estos territorios. 6. La Decisión no será de aplicación a las disposiciones de la legislación del Reino Unido destinadas a poner en vigor un acuerdo de seguridad social concluido entre el Reino Unido y un tercer Estado. 7. Para la aplicación del capítulo 3 del título II de la parte II de la Decisión, no se tendrán en cuenta las cotizaciones proporcionales abonadas por el asegurado bajo la legislación del Reino Unido, ni las prestaciones proporcionales de vejez abonables bajo esta legislación. La cuantía de las prestaciones proporcionales se añadirá a la cuantía de la prestación debida en virtud de la legislación del Reino Unido, determinada conforme a dicho capítulo, y la suma de los dos importes constituirá la prestación efectivamente debida al interesado. 8. Para la aplicación de las disposiciones relativas a las prestaciones no contributivas del seguro social por las cuales no se ha pagado ninguna cotización y del seguro de desempleo (non-contributory social insurance benefits and unemployment insurance ordinance) en Gibraltar, toda persona a la que sea aplicable la presente Decisión se considerará domiciliada en Gibraltar si reside en un Estado miembro. 9. Para la aplicación de los artículos 7, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 de la Decisión, el subsidio de ayuda (attendance allowance) concedido a un trabajador en aplicación de la legislación del Reino Unido, se considerará como una prestación de invalidez. 10. Para la aplicación del apartado 1 del artículo 7 de la Decisión, el beneficiario de una prestación debida en virtud de la legislación del Reino Unido, que se encuentre en el territorio de otro Estado miembro, será considerado, durante el tiempo de esa estancia, como si residiera en el territorio de ese otro Estado miembro. 11. 1. Para calcular el factor «ganancias» con vistas a determinar el derecho a las prestaciones previstas por la legislación del Reino Unido, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 13, cada semana durante la cual el trabajador haya estado sujeto a la legislación de otro Estado miembro y que haya comenzado durante el ejercicio correspondiente al impuesto sobre la renta de referencia, de conformidad con la legislación del Reino Unido, se tendrá en cuenta con arreglo a las siguientes modalidades: a) períodos del 6 de abril de 1975 al 5 de abril de 1987: por cada semana de seguro, de empleo o de residencia como trabajador por cuenta ajena, se considerará que el interesado ha abonado una cotización como trabajador por cuenta ajena sobre la base de un salario correspondiente a las dos terceras partes del límite superior del salario de dicho año; b) períodos a partir del 6 de abril de 1987: por cada semana de seguro, de empleo o de residencia como trabajador por cuenta ajena, se considerará que el interesado ha recibido un salario semanal por el que habría pagado cotizaciones como trabajador por cuenta ajena correspondientes a las dos terceras partes del límite superior del salario de dicha semana; c) por cada semana completa para la cual pueda hacer valer un período asimilado a un período de seguro, de empleo o de residencia, se considerará que el interesado se 111 benefició de un crédito de cotizaciones o de sueldos, según los casos, dentro de los límites necesarios para que su factor «ganancias» global de aquel ejercicio fiscal alcance el nivel exigido para que se pueda tener en cuenta este ejercicio de conformidad con la legislación del Reino Unido sobre la concesión de créditos de cotización o de salarios. 11. 2. Para la aplicación de la letra b) del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión: a) cuando, para cualquier ejercicio correspondiente al impuesto sobre la renta, que comience el 6 de abril de 1975 o después de esta fecha, un trabajador por cuenta ajena haya cumplido períodos de seguro, de empleo o de residencia únicamente en un Estado miembro distinto del Reino Unido y cuando la aplicación del inciso i) de la letra a) del apartado 1 o del inciso i) de la letra b) del apartado 1 permita tener en cuenta dicho año de conformidad con la legislación británica a los efectos de la aplicación de la letra a) del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, se considerará que aquel año el interesado estuvo asegurado durante 52 semanas en el otro Estado miembro; b) cuando, con arreglo a la legislación británica, no se compute cualquier año fiscal, a partir del 6 de abril de 1975 o con posterioridad a esa fecha, para la aplicación de la letra a) del apartado 2 del artículo 46 de la Decisión, no se computará ningún período de seguro, de empleo o residencia cubierto en dicho año. 11. 3. Para la conversión del factor «ingreso» en períodos de seguro, el factor «ingreso» obtenido durante el año fiscal de referencia, en el sentido de la legislación del Reino Unido, se dividirá por la cuantía del límite inferior del salario fijado para este año fiscal. El cociente obtenido se expresará en forma de número entero, despreciando los decimales. El número así calculado se considerará que representa el número de semanas de seguro cubiertas bajo la legislación del Reino Unido durante este año fiscal, en el entendimiento de que este número no podrá exceder al de semanas durante las cuales, durante este año fiscal, el interesado haya estado sujeto a esta legislación. 12. Para la aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 42 no se tendrán en cuenta más que los períodos durante los cuales el trabajador haya estado incapacitado para el trabajo en el sentido de la legislación del Reino Unido. 13. 1. Para el cálculo, en virtud de la letra a) del apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, de la cuantía teórica de la parte de pensión que consiste en un elemento adicional en el sentido de la legislación del Reino Unido: a) los términos «ingresos», «cotizaciones» y «mejoras» mencionados en la letra b) del apartado 1 del artículo 52 de la Decisión designarán los excesos de factores «ingreso» en el sentido de la ley sobre las pensiones de seguridad social de 1975 (Social Security Pensions Act. 1975) o, según el caso, del Reglamento sobre las pensiones de seguridad social en Irlanda del Norte de 1975 [Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975]; b) se calculará una media de excesos de factores de «ingreso» conforme a la letra b) del apartado 1 del artículo 52 de la Decisión, interpretado como se indica en la letra a) anterior, dividiendo el exceso registrado bajo la legislación del Reino Unido por el número de años de imposición sobre la renta (comprendidas las fracciones de años), cubiertos bajo esta legislación a partir del 6 de abril de 1978 durante el período de seguro correspondiente. 13. 2. Para el cálculo de la cuantía de la parte de pensión que consiste en un elemento adicional en el sentido de la legislación del Reino Unido, la expresión «períodos de seguro y de residencia» que figura en el apartado 2 del artículo 48 de la Decisión, 112 designa los períodos de seguro y de residencia cubiertos a partir del 6 de abril de 1978. 14. A los efectos de adquisición del derecho al subsidio de incapacidad grave, el trabajador que esté o haya estado sujeto a la legislación del Reino Unido de conformidad con el título I de la parte II de la Decisión, con la excepción de la letra c) del apartado 2 del artículo 11: a) se considerará que estuvo presente o residió en el Reino Unido durante todo el período durante el que ejerció una actividad por cuenta ajena y durante el cual permaneció sometido a la legislación del Reino Unido, mientras estaba presente o residía en otro Estado miembro; b) tendrá derecho a que se asimilen a períodos de presencia o de residencia en el Reino Unido los períodos de seguro cumplidos, como trabajador por cuenta ajena, en el territorio o bajo la legislación de otro Estado miembro. 15. De conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 11 de la Decisión, un período de sujeción a la legislación del Reino Unido: i) no se tendrá en cuenta en virtud de dicha disposición como período de sujeción a la legislación del Reino Unido a los efectos del título II de la parte II de la Decisión; y ii) no convertirá al Reino Unido en el Estado competente para abonar las prestaciones mencionadas en los artículos 19, 40 o en el apartado 1 del artículo 41 de la Decisión. 6. Salvo lo dispuesto en cualquier convenio celebrado con los Estados miembros, a los efectos de la letra c) del apartado 2 del artículo 11 de la Decisión, la legislación del Reino Unido dejará de ser aplicable a cualquier persona que anteriormente estuviere sujeta a la legislación del Reino Unido como trabajador por cuenta ajena al expirar la última de las tres fechas que se relacionan a continuación: a) el día en que se traslade la residencia al otro Estado miembro contemplado en la letra c) del apartado 2 del artículo 11; b) el día de cese de la actividad por cuenta ajena, permanente o temporal, durante la cual esta persona estaba sujeta a la legislación del Reino Unido; c) el último día de cualquier período durante el que se hayan abonado prestaciones británicas en materia de enfermedad, maternidad (incluidas las prestaciones en especie para las cuales el Reino Unido es el Estado competente) o prestaciones de desempleo que: i) hubiesen empezado antes de la fecha de traslado de residencia a otro Estado miembro o, si hubiese comenzado en fecha posterior, ii) que hayan seguido inmediatamente al ejercicio de una actividad por cuenta ajena en otro Estado miembro, mientras esta persona estaba sujeta a la legislación del Reino Unido. 17. El hecho de que una persona haya adquirido la condición de sujeto a la legislación de otro Estado miembro de conformidad con la letra c) del apartado 2 del artículo 11 de la Decisión, y con el punto 19, no obstará para: a) la aplicación a esta persona por parte del Reino Unido en su calidad de Estado competente, de las disposiciones relativas a los trabajadores del capítulo 1 y de la 113 sección 1 del capítulo 2 del título II de la parte II , y del apartado 2 del artículo 42 de la Decisión, si esta persona conservare la condición de trabajador por cuenta ajena a estos efectos y estuviere asegurada en último lugar por este concepto en virtud de la legislación del Reino Unido; b) que esta persona reciba el trato correspondiente a su condición de trabajador por cuenta ajena a los efectos de los capítulos 6 y 7 del título II de la parte II de la Decisión, siempre y cuando la prestación británica correspondiente al capítulo 1 del título II pueda serle abonada de conformidad con la letra a). 114