title: Informe especial nº 5/2000 sobre los gastos inmobiliarios del Tribunal de Justicia (edificios anexos Erasmus, Thomas More y Anexo C), acompañado de las respuestas del Tribunal de Justicia

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Court of Justice of the European Union
EU expenditure
Luxembourg
property leasing

text: 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/1 I (Comunicaciones) TRIBUNAL DE CUENTAS INFORME ESPECIAL No 5/2000 sobre los gastos inmobiliarios del Tribunal de Justicia (edificios anexos Erasmus, Thomas More y Anexo C), acompaæado de las respuestas del Tribunal de Justicia (presentado en virtud del segundo pÆrrafo del apartado 4 del art(cid:237)culo 248 CE) (2000/C 109/01) ˝NDICE Apartados PÆgina Introducci(cid:243)n. Puesta en marcha del programa inmobiliario. Realizaci(cid:243)n y ocupaci(cid:243)n de los edificios. Convenio para la adquisici(cid:243)n de los edificios. Aspectos jur(cid:237)dicos y financieros. Costes de construcci(cid:243)n y cargas financieras. Alquiler del Palacio. Conclusi(cid:243)n. 1-2 3-6 7-11 12-19 12-14 15-18 19 20 Recomendaciones. 21-22 Respuestas del Tribunal de Justicia. 2 3 3 3 3 4 4 4 5 7 C 109/2 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 Introducci(cid:243)n 1. El 15 de noviembre de 1994, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas firm(cid:243) con la adminis- traci(cid:243)n luxemburguesa un convenio de alquiler con vistas a la compra (1) de tres edificios anexos al edificio principal (Palacio) que esta instituci(cid:243)n ocupa en Kirchberg desde 1972. 2. La administraci(cid:243)n luxemburguesa hizo construir (2), entre 1986 y 1994, estos tres edificios (vØase la foto a continuaci(cid:243)n), de una superficie total de 65 949 m2, con arreglo a las necesidades espec(cid:237)ficas (3) del Tribunal de Justicia. Estas construcciones se han ido aæadiendo progresivamente en respuesta a las necesidades en cons- tante evoluci(cid:243)n del Tribunal de Justicia y han permitido, con la conclusi(cid:243)n de las obras en 1994, reagrupar en un œnico complejo inmobiliario a la totalidad de la plantilla del Tribunal de Justicia, que hasta entonces se encontraba dispersa por varios lugares. Los gastos correspondientes a este programa inmobiliario (Anexo A o «Erasmus», Anexo B o «Thomas More» y Anexo C) ascienden a un total de 9 200 millones de francos luxem- burgueses (sin IVA, aproximadamente 200 millones de ecus) (vØase el cuadro 1). Dichos gastos han sido objeto de una fiscalizaci(cid:243)n del Tribunal de Cuentas, que se ha centrado en la realizaci(cid:243)n de estos tres edificios anexos, en la conclusi(cid:243)n del convenio de 15 de noviembre de 1994 y en la ejecuci(cid:243)n del mismo hasta 1998. Anexo B Palacio Anexo C Anexo A Cuadro1 Coste de construcci(cid:243)n Elementos de coste (IVA incluido) Importes Variaci(cid:243)n (en millones de francos luxemburgueses) Leyes de autorizaci(cid:243)n a) Costes totales previstos inicialmente Primera ley (Anexo A) Segunda ley (Anexo B) Tercera ley (Anexo C) L(cid:237)mite inicial total b) Aumento del l(cid:237)mite para trabajos suplementarios Cuarta ley c) L(cid:237)mite autorizado finalmente Situaci(cid:243)n al 31. 12. 1998 d) Coste de construcci(cid:243)n constatado e) Exceso con respecto al l(cid:237)mite inicial f) Exceso con respecto al l(cid:237)mite final g) Total gastos financieros h) Coste total de construcci(cid:243)n i) Actualizaci(cid:243)n (1) j) Coste total actualizado (1) k) Total actualizado de los importes abonados por el Tribunal (1) l) Total actualizado del IVA (1) m) Importe pendiente de liquidaci(cid:243)n 1 320 1 750 870 3 940 740 4 680 5 848 1 908 1 168 3 320 9 168 2 038 11 207 7 138 1 177 2 892 (d-a) (d-c) (j-k-l) + 49 % + 25 % (1) La actualizaci(cid:243)n se efectœa sobre la base de la media ponderada de los tipos aplicados a los prØstamos concedidos para la financiaci(cid:243)n de la construcci(cid:243)n. Fuente: Ley de 25. 7. 1985 (Anexo A) Ley de 1. 6. 1989 (Anexo B) Ley de 18. 12. 1990 (Anexo C) Ley de 28. 12. 1992 (aumento del l(cid:237)mite) Convenio de arrendamiento 15. 11. 1994 KPMG CÆlculo del precio de venta: Actualizaci(cid:243)n al 31. 12. 1998. 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/3 Puesta en marcha del programa inmobiliario 3. Desde 1979, debido al aumento de sus actividades y de su plantilla, el Tribunal de Justicia se vio obligado a alquilar oficinas fuera de su edificio principal. A partir del comienzo de los aæos ochenta, confi(cid:243) a la administraci(cid:243)n luxemburguesa la tarea de realizar en su nombre un programa inmobiliario que se fue defi- niendo progresivamente durante los aæos siguientes. En aquel momento, no se firm(cid:243) con la administraci(cid:243)n luxemburguesa nin- gœn contrato que estableciera las disposiciones financieras del programa, as(cid:237) como las de su seguimiento y control. 4. El Tribunal de Justicia puso en marcha y continu(cid:243) esta ope- raci(cid:243)n inmobiliaria que compromet(cid:237)a financieramente a largo plazo a las Comunidades, sin haberla presentado previamente al examen de su interventor. Tampoco inform(cid:243) a la Autoridad Pre- supuestaria de la magnitud de las operaciones previstas, con el fin de obtener su autorizaci(cid:243)n previa. 5. El entramado jur(cid:237)dico (4) y financiero (5) organizado entre el Tribunal de Justicia, la administraci(cid:243)n luxemburguesa y el pro- motor, una filial del constructor al 100 %, dejaba a las Comuni- dades prÆcticamente en la imposibilidad de controlar tØcnica y financieramente una operaci(cid:243)n cuyo coste final pagar(cid:237)an en defi- nitiva (6). 6. Todo el programa fue organizado por la administraci(cid:243)n luxem- burguesa sin respetar el esp(cid:237)titu de los procedimientos comuni- tarios en materia de contratos pœblicos (7). La licitaci(cid:243)n fue par- ticularmente limitada. El constructor del Anexo A fue elegido a resultas de un procedimiento de licitaci(cid:243)n restringida en el que los candidatos s(cid:243)lo dispusieron de veinte d(cid:237)as, en agosto de 1985, para licitar. El contrato se prorrog(cid:243), sin licitaci(cid:243)n real, en 1989 para la realizaci(cid:243)n del Anexo B y en 1992 para el Anexo C. 9. El propio Tribunal de Justicia se ha visto en una situaci(cid:243)n inextricable, ocupando sin arrendamiento, progresivamente a par- tir de septiembre de 1988, edificios cuyo coste exacto desconoc(cid:237)a, con unas condiciones financieras de puesta a disposici(cid:243)n que no hab(cid:237)an sido ni definidas ni aprobadas previamente por las partes interesadas. 10. Entre 1989 y 1994, el Tribunal de Justicia, que ocupaba sin arrendamiento los edificios, pag(cid:243) mÆs de 1 500 millones de fran- cos luxemburgueses (aproximadamente 35 millones de ecus), en forma de pagos a cuenta por alquileres pendientes de regulariza- ci(cid:243)n. Esos importes correspond(cid:237)an a la totalidad de los crØditos disponibles en la partida presupuestaria relativa a alquileres. El interventor del Tribunal de Justicia concedi(cid:243) su visado a las pro- puestas de compromiso y a las (cid:243)rdenes de pago correspondientes, pese a la irregularidad de estas prÆcticas con respecto a la regla- mentaci(cid:243)n financiera comunitaria, que s(cid:243)lo permite pagar un alquiler sobre la base de justificantes adecuados, en este caso, un contrato de arrendamiento. 11. En aquel momento el Tribunal de Justicia se encontraba en una situaci(cid:243)n de alquiler, y todav(cid:237)a no de adquisici(cid:243)n. Aunque la administraci(cid:243)n luxemburguesa expresara claramente su intenci(cid:243)n de fijar un alquiler que compensara los costes de la construc- ci(cid:243)n (6), los importes as(cid:237) abonados para los Anexos no se fijaron sobre la base de una evaluaci(cid:243)n previa, en la que participaran las distintas partes interesadas, de los costes reales de cada edificio, sino en el importe reclamado por la administraci(cid:243)n luxembur- guesa, cuyas peticiones transmiti(cid:243) el Tribunal de Justicia a la Autoridad Presupuestaria. Con este planteamiento, los importes abonados por la instituci(cid:243)n no dependen de parÆmetros econ(cid:243)- micos comprobados, sino principalmente de los crØditos que acepte conceder la Autoridad Presupuestaria. Realizaci(cid:243)n y ocupaci(cid:243)n de los edificios Convenio para la adquisici(cid:243)n de los edificios 7. Las condiciones de realizaci(cid:243)n (adaptaci(cid:243)n a las necesidades del Tribunal de Justicia) y el coste de los edificios han estado direc- tamente afectados por insuficiencias de coordinaci(cid:243)n y por la debilidad de los medios de control de los que ha dispuesto el Tri- bunal de Justicia durante las obras (principalmente en lo que res- pecta a los costes suplementarios generados por las reparaciones de defectos de construcci(cid:243)n y los errores de concepci(cid:243)n o de eje- cuci(cid:243)n). 8. No se han respetado los l(cid:237)mites de gastos (en total, 3 940 millones de francos luxemburgueses, IVA incluido, aproximada- mente 100 millones de ecus) fijados inicialmente por las leyes (2) que autorizan a la administraci(cid:243)n luxemburguesa a hacer proce- der a la construcci(cid:243)n de los Anexos. La dotaci(cid:243)n financiera tuvo que incrementarse, a partir de 1992, en 740 millones de francos luxemburgueses (aproximadamente 18 millones de ecus), para hacer frente a trabajos suplementarios solicitados por la institu- ci(cid:243)n, as(cid:237) como obras en v(cid:237)as de circulaci(cid:243)n o de reparaci(cid:243)n de defectos de construcci(cid:243)n, que pueden acabar finalmente a cargo del Tribunal de Justicia. Aspectos jur(cid:237)dicos y financieros 12. El 15 de noviembre de 1994 la administraci(cid:243)n luxembur- guesa y el Tribunal de Justicia firmaron un convenio mediante el cual la administraci(cid:243)n luxemburguesa alquila al Tribunal de Jus- ticia, con vistas a su adquisici(cid:243)n por las Comunidades Europeas, los Anexos A, B y C. El convenio vencerÆ en la fecha en que las Comunidades Europeas pasen a ser propietarias de los edificios, en 2015 a mÆs tardar, y podrÆ rescindirse antes, en caso de que la sede del Tribunal de Justicia fuera trasladada fuera de Luxemburgo por decisi(cid:243)n adoptada en virtud del art(cid:237)culo 289 CE. Este conve- nio presenta anomal(cid:237)as importantes. La administraci(cid:243)n luxem- burguesa se compromete a vender edificios de los que, en su momento, todav(cid:237)a no era propietaria. El convenio tambiØn incluye clÆusulas (8), que constituyen excepciones al Derecho comœn, que pueden perjudicar gravemente los intereses financieros de las Comunidades, y no es lo bastante claro con respecto a las dispo- siciones de fijaci(cid:243)n y de control del precio de venta, que consti- tuyen un elemento esencial. C 109/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 13. El entramado financiero establecido para la realizaci(cid:243)n de los Anexos impone al Tribunal de Justicia las obligaciones de un pres- tatario, sin conferirle en contrapartida los derechos correspon- dientes (por ejemplo, la propiedad de los inmuebles financiados de ese modo). Formalmente, los intermediarios, la administraci(cid:243)n luxemburguesa y el promotor son los responsables jur(cid:237)dicamente. No obstante, no soportan los costes de las obligaciones que han contra(cid:237)do. Con independencia de que la reglamentaci(cid:243)n finan- ciera de las Comunidades no prevea el recurso al emprØstito para adquirir inmuebles, en un entramado de estas caracter(cid:237)sticas, las Comunidades se ven en la imposibilidad de controlar las cargas financieras que se les imponen, cualquiera que sea su importe. 14. En el marco de la aplicaci(cid:243)n del convenio de 15 de noviem- bre de 1994, se contabilizan a cargo de las Comunidades nume- rosos gastos relacionados con los costes de construcci(cid:243)n de los edificios (gastos de acondicionamiento exterior, construcci(cid:243)n de una carretera de enlace). Las Comunidades han tenido que nego- ciar para obtener finalmente la exenci(cid:243)n del IVA prevista por el protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las Comunida- des. TambiØn deberÆn pagar, para pasar a ser definitivamente pro- pietarias de estos edificios, el precio del terreno, que no estÆ fijado en el convenio. La asunci(cid:243)n de estos gastos por las Comunidades va mÆs allÆ de lo acordado inicialmente (9), cuando los dos socios se encontraban todav(cid:237)a en una situaci(cid:243)n de alquiler. AdemÆs, no existe justificaci(cid:243)n alguna al hecho de tener que sufragar los cos- tes de la carretera. 18. La fiscalizaci(cid:243)n pone de manifiesto insuficiencias en las com- probaciones de las facturas presentadas por el promotor (justifi- caciones de determinados trabajos suplementarios, contabiliza- ciones de pØrdidas de capital). Teniendo en cuenta los importes implicados (algo mÆs de 2,5 millones de ecus) y el riesgo de que dichos importes corran a cargo de las Comunidades, el Tribunal de Justicia deber(cid:237)a proceder a la realizaci(cid:243)n de investigaciones complementarias. Alquiler del Palacio 19. Contrariamente a un compromiso adquirido en 1984, en el marco de la negociaci(cid:243)n del proyecto de realizaci(cid:243)n de los Anexos, de reducir el alquiler del edificio principal, el Palacio, en un importe equivalente al nivel de la amortizaci(cid:243)n financiera del inmueble, en 1994 se segu(cid:237)a exigiendo el pago (cid:237)ntegro de los importes adeudados en virtud del contrato de arrendamiento, aunque el Palacio se hallaba financieramente amortizado. El Tri- bunal de Justicia decidi(cid:243) entonces suspender el pago de este alqui- ler a partir de 1995. DespuØs, en 1996, acept(cid:243) volver a pagarlo a partir de 1997. La motivaci(cid:243)n del Tribunal de Justicia entonces iba mÆs allÆ de la mera obligaci(cid:243)n de respetar sus compromisos con- tractuales, y ha respondido mÆs a su estimaci(cid:243)n del carÆcter pre- supuestariamente aceptable de las peticiones presentadas por los alquileres que a una apreciaci(cid:243)n de su validez. Esta actitud, que implica que las Comunidades deban soportar una cargas finan- cieras con arreglo a los crØditos inscritos en su presupuesto, no constituye una muestra de buena gesti(cid:243)n financiera. Costes de construcci(cid:243)n y cargas financieras Conclusi(cid:243)n 15. La determinaci(cid:243)n y el control de los costes de construcci(cid:243)n se confiaron a un experto. Dichos costes deb(cid:237)an determinarse y controlarse sobre la base de la informaci(cid:243)n recibida por la admi- nistraci(cid:243)n luxemburguesa. Sin embargo, en este caso dicha infor- maci(cid:243)n en general no contiene indicaciones suficientes sobre la naturaleza de las prestaciones realizadas. El Tribunal de Justicia no ha exigido la presentaci(cid:243)n de documentos que puedan justificar 629 millones de francos luxemburgueses (aproximadamente 15 millones de ecus) de trabajos suplementarios, aunque el experto haya llamado la atenci(cid:243)n sobre ello. 16. Los costes de construcci(cid:243)n de los Anexos no se han contro- lado. Segœn los cÆlculos efectuados por el experto, sobrepasan en mÆs de un 49 % la dotaci(cid:243)n prevista inicialmente y superan en un 25 % el nuevo l(cid:237)mite fijado en 1992 para realizar trabajos suple- mentarios en relaci(cid:243)n con los tres Anexos (vØase el cuadro 1). 17. La documentaci(cid:243)n obtenida hasta ahora por el experto para justificar los costes y productos financieros imputados a la ope- raci(cid:243)n sigue siendo insuficiente y sus comprobaciones incomple- tas. Todav(cid:237)a no ofrece una garant(cid:237)a suficiente de que dichos costes y productos se hayan calculado correctamente. El importe de las cargas financieras, que representa el 36 % del coste de la opera- ci(cid:243)n resulta elevado e incluye gastos importantes derivados de la prefinanciaci(cid:243)n de la operaci(cid:243)n por el promotor. 20. El Tribunal de Justicia ha emprendido un importante pro- grama de desarrollo inmobiliario para la progresiva ampliaci(cid:243)n de los recintos que ocupa en Kirchberg, en unas condiciones que suscitan los comentarios siguientes: a) la realizaci(cid:243)n del programa fue confiada a la administraci(cid:243)n luxemburguesa, sin haber presentado previamente informa- ci(cid:243)n adecuada a la Autoridad Presupuestaria y sin que se defi- nieran contractualmente entre las partes interesadas las con- diciones financieras, administrativas y tØcnicas de su realizaci(cid:243)n; b) la realizaci(cid:243)n del programa se subcontrat(cid:243) a su vez a un pro- motor en el marco de un entramado jur(cid:237)dico y financiero que ha resultado muy oneroso; c) el entramado aceptado por la instituci(cid:243)n usuaria ha imposi- bilitado prÆcticamente el control de la ejecuci(cid:243)n y de los cos- tes; d) desde septiembre de 1998, el Tribunal de Justicia ha ocupado sin contrato de arrendamiento los edificios puestos a su dis- posici(cid:243)n y ha abonado por estos inmuebles unos pagos a cuenta que no respetan la reglamentaci(cid:243)n financiera comuni- taria; 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/5 e) a continuaci(cid:243)n, el Tribunal de Justicia firm(cid:243) en noviembre de 1994 un convenio de alquiler-compra que plantea las reservas siguientes: i) para pasar a ser el propietario definitivo de los inmuebles, el Tribunal de Justicia deberÆ pagar a precios de mercado unos terrenos que inicialmente deber(cid:237)an haberse puesto gratuitamente a su disposici(cid:243)n, ii) la determinaci(cid:243)n del precio de venta de los edificios fue confiada a un experto independiente, pero los l(cid:237)mites impuestos a sus comprobaciones no permiten garantizar que el precio de venta refleje fidedignamente la realidad de los costes de la operaci(cid:243)n, c) iii) hasta la fecha, se han contabilizado a cargo de las Comu- nidades determinados costes que Østas no deb(cid:237)an sopor- tar; f) por œltimo, se observan irregularidades de facturaci(cid:243)n, por importes significativos, que deber(cid:237)an dar lugar a investigacio- nes complementarias por parte del Tribunal de Justicia, para evitar que acaben siendo sufragadas por las Comunidades. Recomendaciones 21. Las condiciones de realizaci(cid:243)n y de adquisici(cid:243)n de los edifi- cios anexos del Tribunal de Justicia constituyen un ejemplo de los problemas a los que se enfrentan las instituciones europeas para llevar a cabo sus proyectos inmobiliarios de conformidad con los principios de legalidad, regularidad y buena gesti(cid:243)n financiera. La repetici(cid:243)n de estas situaciones podr(cid:237)a evitarse mediante unas dis- posiciones adecuadas, en cuya importancia ha insistido varias veces el Tribunal de Cuentas (10), para determinar sobre bases transparentes y eficaces la pol(cid:237)tica inmobiliaria de las Comunida- des. Deber(cid:237)an tenerse en cuenta particularmente las recomenda- ciones siguientes: a) las instituciones comunitarias deberÆn obtener siempre la autorizaci(cid:243)n previa de la Autoridad Presupuestaria antes de empren- der un proyecto inmobiliario importante, cualesquiera que sean su forma y objeto (alquiler, alquiler-compra, adquisici(cid:243)n, etc. ); b) el enfoque presupuestario puramente anual de los gastos inmobiliarios no responde a unos criterios de buena gesti(cid:243)n. Da lugar a que las instituciones emprendan sin la suficiente visi- bilidad, sus proyectos inmobiliarios, situando despuØs a la Autoridad Presupuestaria ante hechos consumados. Para pla- nificar su pol(cid:237)tica inmobiliaria en las mejores condiciones de transparencia y eficacia, resulta indispensable la creaci(cid:243)n de un presupuesto plurianual de inversiones, dotado con crØditos disociados; las Comunidades deben tener pleno control administrativo, tØc- nico y financiero de sus proyectos inmobiliarios, dotÆndose para ello de los medios jur(cid:237)dicos, tØcnicos y financieros necesarios. En esta perspectiva, deber(cid:237)an desarrollarse unos servicios comunitarios de carÆcter insterinstitucional, impulsados por la Comisi(cid:243)n, por ejemplo, para ayudar a cada instituci(cid:243)n a definir y dirigir los aspectos administrativos, tØcnicos y finan- cieros del control de la construcci(cid:243)n. TambiØn deber(cid:237)a estu- diarse la posibilidad de modificar la reglamentaci(cid:243)n comuni- taria para permitir a las Comunidades, en su caso, financiar sus programas inmobiliarios recurriendo directamente al emprØstito, en mejores condiciones de transparencia y de cos- tes que las que se observan actualmente con los intermedia- rios y los entramados financieros a los que recurren; d) no obstante, en el supuesto de que las Comunidades deseasen, con carÆcter excepcional, delegar sus facultades de adjudica- dor a terceros, habr(cid:237)a que evitar una diluci(cid:243)n de las respon- sabilidades y los riesgos de que se generen costes suplemen- tarios. A tal efecto, previamente deber(cid:237)an aprobarse contractualmente con los representantes de las distintas par- tes las modalidades de la delegaci(cid:243)n, y los representantes debe- r(cid:237)an respetar las mismas obligaciones a las que estØn sujetas las Comunidades, en particular en materia de respeto de las normas de la competencia. Debe definirse claramente el reparto de las responsabilidades respectivas en las distintas fases de realizaci(cid:243)n del programa. En particular, estos contratos debe- r(cid:237)an prever obligatoriamente la fijaci(cid:243)n de un precio l(cid:237)mite y definir meticulosamente las condiciones de su revisi(cid:243)n, que no podrÆ tener lugar sin el acuerdo de la instituci(cid:243)n y la auto- rizaci(cid:243)n previa de la Autoridad Presupuestaria. 22. Por œltimo, en el caso espec(cid:237)fico de los Anexos del Palacio del Tribunal de Justicia, Øste deber(cid:237)a dirigirse a la administraci(cid:243)n luxemburguesa para negociar de nuevo los aspectos problemÆti- cos del convenio de 1994 (principalmente los relativos a quiØn ha de asumir los costes de acondicionamiento exterior y a la entrega de los terrenos). El presente Informe ha sido aprobado por el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo en su reuni(cid:243)n de 23 y 24 de febrero de 2000. Por el Tribunal de Cuentas Jan O. KARLSSON Presidente C 109/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 (1) Segœn lo dispuesto en el art(cid:237)culo 1 del convenio de 15 de noviembre (6) NOTAS de 1994. (2) Conforme a las leyes luxemburguesas de autorizaci(cid:243)n de 25 de julio de 1985, 1 de junio de 1989, 18 y 28 de diciembre de 1992. (3) Conforme al preÆmbulo del convenio de 15 de noviembre de 1994. (4) Para la realizaci(cid:243)n de las ampliaciones, la administraci(cid:243)n luxembur- guesa concedi(cid:243) al promotor el derecho de superficie y de subsuelo del terreno en que se asentar(cid:237)a cada inmueble. El promotor, quedaba encargado de hacer construir los edificios, de los que pasaba a ser pro- pietario. Al vencimiento de estos contratos de concesi(cid:243)n, de una duraci(cid:243)n de veinte aæos a partir de la recepci(cid:243)n provisional de los inmuebles, los contratos prevØn que la propiedad de los inmuebles vuelva a la administraci(cid:243)n luxemburguesa. (cid:201)sta, por otra parte, firm(cid:243) con el promotor un contrato de alquiler-compra por cada inmueble, previendo, desde la recepci(cid:243)n provisional de los edificios, su alquiler a la administraci(cid:243)n luxemburguesa por una duraci(cid:243)n de veinte aæos. Los contratos contemplaban la posibilidad de que la administraci(cid:243)n luxemburguesa subalquilara o cediera sus derechos. El precio del alquiler-compra se fij(cid:243) en funci(cid:243)n del importe de los prØstamos con- cedidos al promotor. En este entramado, el Tribunal de Justicia figura como subarrendatario. (5) La financiaci(cid:243)n de estas construcciones se realiz(cid:243) mediante prØstamos bancarios cuyas condiciones fueron negociadas por la administraci(cid:243)n luxemburguesa. (cid:201)sta, sin embargo, asumi(cid:243) directamente determina- dos gastos, como los honorarios de los arquitectos. El promotor uti- liz(cid:243) los prØstamos, por una parte, para pagar las facturas presentadas por la empresa general encargada de las obras, previo visado de la administraci(cid:243)n de obras pœblicas, y por otra, para reembolsar las anualidades de emprØstito durante la fase de construcci(cid:243)n. De hecho, desde la recepci(cid:243)n de cada obra, la administraci(cid:243)n luxemburguesa ha pagado directamente los vencimientos adeudados al banco en con- cepto de los prØstamos concedidos al promotor. Para ratificar esta transferencia de obligaciones, en 1994 el promotor cedi(cid:243) oficialmente al banco los t(cid:237)tulos de crØdito que se hallaban en manos de la admi- nistraci(cid:243)n luxemburguesa en virtud de los contratos de alquiler- compra. Inicialmente, los alquileres del subarrendatario (el Tribunal de Justicia) deb(cid:237)an fijarse teniendo en cuenta a la vez la duraci(cid:243)n de la amortiza- ci(cid:243)n de los prØstamos a los que se habr(cid:237)a de proceder y los tipos de interØs por los que se suscribir(cid:237)an dichos prØstamos. (7) En particular la Directiva 71/305/CEE del Consejo, relativa a la coor- dinaci(cid:243)n de los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n de contratos pœblicos de obras (DO L 185 de 16. 8. 1971), transpuesta al Derecho luxembur- guØs por la Ley de 4 de abril de 1974 (MØmorial grand-ducal A nœmero 36 de 13 de mayo de 1974). (8) Esencialmente una clÆusula segœn la cual, si el Tribunal de Justicia no se declara comprador al precio del mercado del terreno sobre el que estÆn construidos los Anexos, Østos pasarÆn a ser propiedad de la administraci(cid:243)n luxemburguesa al tØrmino de la duraci(cid:243)n del derecho de superficie acordado en el convenio (cuarenta y nueve o noventa y ocho aæos segœn el caso). (9) En junio de 1983, el presidente del ComitØ de coordinaci(cid:243)n para la instalaci(cid:243)n de instituciones y organismos europeos indic(cid:243) al Tribunal de Justicia que el Gobierno luxemburguØs estar(cid:237)a dispuesto a correr con los costes del terreno, el acondicionamiento de los alrededores y conceder con carÆcter excepcional la exenci(cid:243)n del IVA. (10) VØanse los trabajos anteriores del Tribunal al respecto: (cid:151) Informe especial sobre la pol(cid:237)tica inmobiliaria de las Instituciones de las Comunidades Europeas (DO C 221 de 3. 9. 1979); (cid:151) Informe anual relativo al ejercicio 1987, apartados 10. 41 a 10. 77 (todas las instituciones); (cid:151) Informe anual relativo al ejercicio 1992, apartados 15. 7 a 15. 9 (Parlamento); (cid:151) Informe anual relativo al ejercicio 1993, apartados 17. 1 a 17. 38 (Parlamento) y 18. 1 a 18. 19 (Consejo); (cid:151) Informe anual relativo al ejercicio 1995, apartados 13. 16 a 13. 39 (Comisi(cid:243)n); (cid:151) Informe especial no 5/95 sobre la firma sin visado previo del con- trato de construcci(cid:243)n del hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo, apartados 5. 1 a 5. 16 (DO C 27 de 31. 1. 1996); (cid:151) Informe anual relativo al ejercicio 1998, apartados 6. 13 a 6. 17 (Comisi(cid:243)n). 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/7 RESPUESTAS DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA Con carÆcter preliminar, el Tribunal de Justicia desea indicar que comparte la opini(cid:243)n expresada por el Tribunal de Cuentas despuØs de examinar los gastos inmobiliarios del Tribunal de Justicia segœn la cual el marco pre- supuestario y financiero en el que las instituciones europeas deben responder a sus necesidades inmobiliarias resulta inadecuado, y que suscribe, por ello, plenamente las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas para evitar esta situaci(cid:243)n. Tal es, sin embargo, el marco en el que, durante los œltimos veinte aæos, en colaboraci(cid:243)n con las autoridades luxemburguesas, el Tribunal de Justicia ha tenido que adoptar medidas que le permitieran hacer frente a unas necesidades inmobiliarias en rÆpido y constante aumento, ocasionadas por un importante crecimiento del nœmero de asuntos, la creaci(cid:243)n del Tribunal de Primera Instancia, las sucesivas ampliaciones de la Comunidad y el incremento de la plantilla de la instituci(cid:243)n. El Tribunal de Justicia desea seæalar, en particular, que el nœmero de asuntos que deben tramitarse y la consi- guiente amplitud de la actividad escapan a su control, y que, para garantizar la continuidad de la funci(cid:243)n jurisdiccional que le atribuyen los Tratados, debe imperativamente disponer de dependencias e infraestructuras adaptadas al funcionamiento del servicio pœblico de la justicia. (cid:201)ste es el contexto, que en lo esencial es comœn a todas las instituciones pero que presenta peculiaridades propias en el caso del Tribunal de Justicia, en el que deben apreciarse los comentarios siguientes en respuesta al Informe del Tribunal de Cuentas sobre los gastos inmobiliarios del Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, «el Informe del Tribunal de Cuentas»), reagrupadas en torno a los temas siguientes: 1. Evoluci(cid:243)n de las necesidades inmobiliarias del Tribunal de Justicia entre 1979 y 1994 y de las respuestas aportadas. 2. Ocupaci(cid:243)n de los Anexos del Palacio sin contrato por escrito. 3. Relaciones entre el Tribunal de Justicia y la Autoridad Presupuestaria. 4. Control del coste de construcci(cid:243)n y de la financiaci(cid:243)n de los edificios anexos al Palacio. 5. Convenio de arrendamiento-compra de 15 de noviembre de 1994. 6. Conclusi(cid:243)n. C 109/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 ˝NDICE PÆgina 1. Evoluci(cid:243)n de las necesidades inmobiliarias del Tribunal de Justicia entre 1979 y 1994 y de las respuestas aportadas. 1. 1. Soluciones provisionales para responder a necesidades en constante y rÆpida evoluci(cid:243)n. 1. 2. Una situaci(cid:243)n poco satisfactoria. 1. 3. Una respuesta apropiada: la construcci(cid:243)n de los Anexos. 1. 4. Pol(cid:237)tica inmobiliaria que evoluciona en paralelo con la de las demÆs instituciones comunitarias 2. Ocupaci(cid:243)n de los Anexos del Palacio sin contrato por escrito. 3. Relaciones entre el Tribunal de Justicia y la Autoridad Presupuestaria. 3. 1. Los simples arrendamientos. 3. 1. 1. La informaci(cid:243)n sobre la intenci(cid:243)n del Tribunal de Justicia de ocupar las nuevas dependencias en calidad de arrendatario y sobre sus consecuencias. 3. 1. 2. La Autoridad Presupuestaria concedi(cid:243) los crØditos necesarios para cubrir los gastos de arrendamiento. 3. 1. 2. 1. La implicaci(cid:243)n de la Autoridad Presupuestaria en el marco de la elaboraci(cid:243)n del presupuesto anual. 3. 1. 2. 2. La informaci(cid:243)n a la Autoridad Presupuestaria en el marco de previsiones plurianuales. 3. 2. El convenio de arrendamiento-compra de 1994. 4. Control del coste de construcci(cid:243)n y de la financiaci(cid:243)n de los edificios anexos al Palacio. 4. 1. Condiciones del control. 4. 1. 1. Condiciones internas. 4. 1. 2. Relaciones con las autoridades luxemburguesas. 4. 2. Reforzamiento progresivo del control. 4. 2. 1. Aumento en intensidad del control. 4. 2. 2. Control establecido por el convenio de arrendamiento-compra. 5. Convenio de arrendamiento-compra de 15 de noviembre de 1994. 5. 1. GØnesis del convenio. 5. 2. Mecanismo creado. 5. 3. Precio de venta. 5. 3. 1. Los elementos constitutivos del precio de venta. 5. 3. 2. Inclusi(cid:243)n de las cantidades pagadas a cuenta de los alquileres entre 1988 y 1994, a falta de contrato por escrito. 5. 3. 3. Formas de determinaci(cid:243)n del precio de venta y misi(cid:243)n del experto independiente. 5. 4. Situaci(cid:243)n de los compromisos asumidos por las autoridades luxemburguesas en 1984. 5. 4. 1. El problema del terreno. 5. 4. 2. Las v(cid:237)as pœblicas. 5. 5. Alquiler del Palacio. 5. 6. Protecci(cid:243)n de los intereses financieros de las Comunidades. 6. Conclusi(cid:243)n. ANEXO: RESUMEN CRONOL(cid:211)GICO. 9 9 9 9 9 9 11 11 11 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/9 1. Evoluci(cid:243)n de las necesidades inmobiliarias del Tribunal de Justicia entre 1979 y 1994 y de las respuestas aportadas Para apreciar las afirmaciones contenidas en el Informe del Tri- bunal de Cuentas es necesario recordar brevemente el contexto en el que evolucionaron las necesidades inmobiliarias del Tribunal de Justicia entre 1979 y 1994 (vØase, en el anexo, el resumen crono- l(cid:243)gico). 1. 1. Soluciones provisionales para responder a necesidades en constante y rÆpida evoluci(cid:243)n Desde 1979, el Palacio del Tribunal de Justicia, terminado en 1972, ven(cid:237)a siendo insuficiente para albergar a toda la plantilla de una instituci(cid:243)n que experimentaba un rÆpido crecimiento. A ra(cid:237)z de las ampliaciones de 1981 y 1986 y de la creaci(cid:243)n del Tribunal de Primera Instancia en 1989, el personal del Tribunal de Justicia pas(cid:243) de 363 agentes en 1980 a 733 en 1989, es decir, un aumento del 102 %. Para hacer frente a este incremento de la plantilla, tuvieron que alquilarse en el edificio Jean Monnet 40 despachos adicionales en 1979 y, posteriormente, en 1980, 80 despachos mÆs. A finales de 1985 se instalaron 140 despachos en una cons- trucci(cid:243)n prefabricada sita en Weimershof. DespuØs de la amplia- ci(cid:243)n de 1986, y tras haber abandonado las dependencias prefa- bricadas de Weimershof en 1988, hubo que alquilar otros 150 despachos en el edificio BAK. 1. 2. Una situaci(cid:243)n poco satisfactoria El arrendamiento de estas diferentes superficies de despachos fuera del recinto de la instituci(cid:243)n, en lugares mÆs o menos aleja- dos del Palacio, no era satisfactoria desde el punto de vista fun- cional, ya que la dispersi(cid:243)n de los servicios en diferentes empla- zamientos supone para una instituci(cid:243)n como el Tribunal de Justicia, cuyas actividades estÆn muy interrelacionadas, una impor- tante pØrdida de tiempo y eficacia. Por lo demÆs, las construcciones prefabricadas arrendadas en Weimershof no respond(cid:237)an a los criterios corrientes en materia de higiene y comodidad. Asimismo, desde 1985 el Palacio ven(cid:237)a siendo insuficiente no s(cid:243)lo por lo que a superficie de despachos se refiere, sino tambiØn, y sobre todo, a causa de la necesidad de disponer de salas de audien- cia equipadas con cabinas de interpretaci(cid:243)n, en particular en la perspectiva de la creaci(cid:243)n del Tribunal de Primera Instancia. las dependencias prefabricadas de Weimershof; dicho Anexo inclu(cid:237)a asimismo los despachos y las salas de audiencia indispen- sables para la actividad del Tribunal de Primera Instancia que, entre tanto, hab(cid:237)a sido creado y que se instal(cid:243) en septiembre de 1989. El Anexo B (edificio Thomas More), cuya construcci(cid:243)n comenz(cid:243) tras votarse la Ley de financiaci(cid:243)n en junio de 1989, fue entregado en 1992 y permiti(cid:243) cubrir una parte de las necesidades derivadas de la ampliaci(cid:243)n de 1986. El Anexo C, cuya construcci(cid:243)n se decidi(cid:243) en 1989 y cuya Ley de financiaci(cid:243)n se vot(cid:243) en diciembre de 1990, no s(cid:243)lo para hacer frente a la futura ampliaci(cid:243)n de 1995, sino asimismo debido a la existencia de amianto en el Palacio y a la insistencia apremiante del Parlamento Europeo en recuperar las dependencias ocupadas por el Tribunal de Justicia en el BAK, fue terminado y ocupado en octubre de 1994. S(cid:243)lo con la entrega de este edificio pudo reunirse, por primera vez en quince aæos, a toda la plantilla en un œnico complejo inmobiliario. Las sucesivas construcciones y entregas de los Anexos del Palacio sustituyeron, pues, a instalaciones precarias y permitieron al Tri- bunal de Justicia disponer de dependencias adaptadas a su misi(cid:243)n y a su funcionamiento. Como se indica en el apartado 2 del Informe del Tribunal de Cuentas, estas construcciones se fueron aæadiendo progresivamente en respuesta a unas necesidades en constante evoluci(cid:243)n. No se inscribieron desde un principio en un pro- grama inmobiliario de conjunto. 1. 4. Pol(cid:237)tica inmobiliaria que evoluciona en paralelo con la de las demÆs instituciones comunitarias En su bœsqueda de soluciones inmobiliarias que le permitieran cumplir del mejor modo posible su misi(cid:243)n jurisdiccional, el Tri- bunal de Justicia adopt(cid:243) en primer lugar, como las demÆs insti- tuciones comunitarias, la f(cid:243)rmula del arrendamiento, aun cuando hab(cid:237)a llegado a plantearse, descartÆndola despuØs, la posibilidad de autofinanciar determinados edificios. Antes de 1992, cuando las sedes de las instituciones comunitarias aœn no hab(cid:237)an sido fija- das definitivamente y cuando la Autoridad Presupuestaria no hab(cid:237)a adoptado todav(cid:237)a una pol(cid:237)tica favorable a la adquisici(cid:243)n de los inmuebles, el Tribunal de Justicia no estaba en condiciones de ser la punta de lanza de una nueva pol(cid:237)tica inmobiliaria, cuya defi- nici(cid:243)n incumb(cid:237)a a las instituciones pol(cid:237)ticas de la Comunidad. Por consiguiente, s(cid:243)lo a partir del momento en que, en 1992, se defini(cid:243) claramente esta nueva pol(cid:237)tica inmobiliaria de la Autori- dad Presupuestaria, el Tribunal de Justicia consider(cid:243) la posibilidad de adquirir los Anexos. 1. 3. Una respuesta apropiada: la construcci(cid:243)n de los Anexos Las observaciones del Informe del Tribunal de Cuentas deben apreciarse en este contexto. El primer Anexo (Anexo A o edificio Erasmus), cuya construcci(cid:243)n se hab(cid:237)a decidido en 1984, fue entregado en octubre de 1988, es decir, nueve aæos despuØs de que el Tribunal de Justicia comuni- cara al Consejo sus problemas inmobiliarios. Su capacidad para albergar aproximadamente 300 despachos permiti(cid:243) abandonar 2. Ocupaci(cid:243)n de los Anexos del Palacio sin contrato por escrito En el apartado 9 de su Informe, el Tribunal de Cuentas reprocha al Tribunal de Justicia el haber ocupado los Anexos del Palacio sin C 109/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 haber firmado previamente un contrato por escrito. A este res- pecto debe observarse lo siguiente. En el contexto arriba descrito, el Tribunal de Justicia pod(cid:237)a optar entre: En cuanto que surgi(cid:243) el proyecto de alquilar un primer edificio anexo por construir, el Tribunal de Justicia manifest(cid:243) a las auto- ridades luxemburguesas su interØs en alcanzar un acuerdo sobre el importe del alquiler que deber(cid:237)a pagar la instituci(cid:243)n. Sin embargo, no pudieron entablarse verdaderas negociaciones sobre su importe exacto hasta seis meses despuØs de ocuparse el Anexo A, en 1989, cuando el ComitØ de coordination pour l(cid:146)installation d(cid:146)institutions et organismes europØens (cid:224) Luxem- bourg (CCIIOE), (cid:243)rgano de coordinaci(cid:243)n interministerial luxem- burguØs, someti(cid:243) al Tribunal de Justicia un proyecto de contrato de arrendamiento relativo a dicho Anexo. Los servicios del Tribu- nal de Justicia insistieron, entonces, en celebrar lo antes posible un contrato relativo al Anexo A y en iniciar, sin dilaci(cid:243)n, nego- ciaciones sobre las condiciones de arrendamiento de los futuros Anexos B y C, con el fin de evitar que estos edificios fueran ocu- pados sin t(cid:237)tulo escrito (carta del Secretario del Tribunal de Justi- cia al Presidente del CCIIOE de 8 de mayo de 1989). En un principio, las negociaciones se limitaron al importe del alquiler. Para ello, se efectuaron comparaciones, en particular, con los alquileres practicados para los edificios ocupados por las demÆs instituciones en Kirchberg. Los servicios del Tribunal de Justicia y las autoridades luxemburguesas llegaron a un acuerdo sobre el importe del alquiler del Anexo A en mayo de 1992. Entre tanto, el Tribunal de Justicia hab(cid:237)a recibido proyectos de contratos de arrendamiento para los Anexos B y C. El importe del alquiler por metro cuadrado era muy superior al aceptado para el Anexo A y superaba ampliamente los alquileres practicados en Kirchberg. El Tribunal de Justicia rechaz(cid:243) estos proyectos, llevado, por una parte, por su voluntad de celebrar contratos que respe- taran los principios de buena gesti(cid:243)n financiera y, en particular, de econom(cid:237)a y relaci(cid:243)n coste/eficacia [vØase el art(cid:237)culo 2 del Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 356 de 31. 12. 1977, p. 1; EE 01/02, p. 90)] y, por otra, para seguir la v(cid:237)a trazada por el Tribunal de Cuentas en su informe de 1979 (1), incluyendo en el contrato de arrendamiento una opci(cid:243)n de com- pra. (cid:151) sacrificar las exigencias de una buena gesti(cid:243)n financiera y fir- mar los contratos a cualquier precio (es decir, aceptando sin discusi(cid:243)n las pretensiones inflexibles y elevadas de la otra parte contratante); o bien (cid:151) mantener, tal cual, no sin costes, el panorama existente, que perturbaba cada vez mÆs su funcionamiento (vØanse los apar- tados 1. 1, y 1. 2 supra); o bien (cid:151) decidir con celeridad y ocupar los Anexos. En aras del deber que le imponen los Tratados de garantizar la continui- dad de su misi(cid:243)n jurisdiccional, y ante la imposibilidad de celebrar por escrito contratos de arrendamiento en condiciones favorables, el Tribunal de Justicia estim(cid:243) oportuno adoptar la tercera soluci(cid:243)n, hasta que, el 15 de noviembre de 1994, se celebr(cid:243) el convenio de arrendamiento-compra (vØase el apartado 5 infra). El Tribunal de Justicia considera que la irregularidad formal resul- tante de la ocupaci(cid:243)n de edificios sin contrato de arrendamiento por escrito debe apreciarse a la luz de estos imperativos. La ocupaci(cid:243)n de los Anexos, a falta de un contrato de arrenda- miento por escrito, justificaba una contrapartida financiera. (cid:201)sta revisti(cid:243) la forma de cantidades pagadas a cuenta del alquiler cal- culadas sobre la base de los alquileres del mercado y de los paga- dos por las demÆs instituciones comunitarias en Kirchberg. Las cantidades a cuenta pagadas entre 1988 y 1994 fueron computa- das como retribuciones vencidas imputables al precio de venta de los Anexos (vØase el apartado 5. 3. 2 infra). En el apartado 11 de su Informe, el Tribunal de Cuentas sostiene que estas cantidades a cuenta fueron pagadas en funci(cid:243)n de las disponibilidades presupuestarias, y no de parÆmetros econ(cid:243)mica- mente comprobados. En realidad, mientras se encontr(cid:243) en una situaci(cid:243)n de alquiler, el Tribunal de Justicia pag(cid:243) cantidades a cuenta por referencia a los alquileres practicados para edificios comparables ocupados por las demÆs instituciones en Kirch- berg (2). S(cid:243)lo a partir del momento en el que el Tribunal de Jus- ticia se plante(cid:243) adquirir los inmuebles las cantidades pagadas a cuenta rebasaron los alquileres practicados para inmuebles com- parables en Kirchberg, para corresponder a los crØditos concedi- dos por la Autoridad Presupuestaria. En efecto, al afirmarse la pol(cid:237)tica de adquisici(cid:243)n de los edificios de las instituciones comunitarias, las reflexiones en aquel momento se enfocaron en la perspectiva de la compra, lo que justificaba que se incluyera, en el contrato discutido, una clÆusula que permit(cid:237)a la compra diferida. Puesto que esta clÆusula exig(cid:237)a negociaciones entre el Tribunal de Justicia y el Estado luxemburguØs, la firma del contrato de arrendamiento qued(cid:243) aplazada. En el mismo apartado, el Tribunal de Cuentas afirma que los pagos a cuenta no se fijaron sobre la base de una evaluaci(cid:243)n con- tradictoria y previa de los costes reales de cada edificio. Sin embargo, mientras las partes se encontraban en situaci(cid:243)n de arrendamiento, el Tribunal de Justicia no estaba en condiciones, en su calidad de mero arrendatario, de exigir ser informado del coste total de construcci(cid:243)n y de las condiciones financieras apro- badas por las autoridades luxemburguesas, en particular por lo (1) Informe especial del Tribunal de Cuentas relativo a la pol(cid:237)tica inmo- biliaria de las instituciones de las Comunidades Europeas, especial- mente su apartado 7. 5. 3 (DO C 221 de 3. 9. 1979, p. 1). (2) VØase, en particular, el Informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1987, apartado 10. 50 (DO C 316 de 12. 12. 1988, p. 1). 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/11 que respecta al plazo de amortizaci(cid:243)n del capital invertido (1). Como arrendatario, se esforz(cid:243) en negociar un alquiler por un importe aceptable. Pod(cid:237)a leg(cid:237)timamente presumir que el pa(cid:237)s anfi- tri(cid:243)n fijar(cid:237)a un plazo de amortizaci(cid:243)n suficiente y que el importe del alquiler se mantendr(cid:237)a a un nivel razonable y conforme con lo que una instituci(cid:243)n comunitaria puede esperar de un pa(cid:237)s anfi- tri(cid:243)n deseoso de desarrollar una pol(cid:237)tica de sede. Ante estas circunstancias, el interventor estim(cid:243) que deb(cid:237)a dar su visado a las propuestas de compromiso y a las correspondientes (cid:243)rdenes de pago relativas a estas cantidades a cuenta. 3. Relaciones entre el Tribunal de Justicia y la Autoridad Presupuestaria En el apartado 4 de su Informe, el Tribunal de Cuentas reprocha que no se informara previamente a la Autoridad Presupuestaria y que no se solicitara una autorizaci(cid:243)n previa para celebrar contra- tos inmobiliarios, independientemente de cuÆl fuera su objeto (arrendamiento, compra o arrendamiento-compra). La participaci(cid:243)n de la Autoridad Presupuestaria en las decisiones inmobiliarias del Tribunal de Justicia se plante(cid:243) de forma diferente segœn Østas se inscribieran en el contexto de un arrendamiento o de una compra. Procede, por consiguiente, distinguir los simples arrendamientos (apartado 3. 1) del convenio de arrendamiento- compra celebrado en 1994 (apartado 3. 2). 3. 1. Los simples arrendamientos No s(cid:243)lo la Autoridad Presupuestaria fue informada de la inten- ci(cid:243)n del Tribunal de Justicia de ocupar las nuevas dependencias en calidad de arrendatario (apartado 3. 1. 1), sino que dicha Autoridad siempre concedi(cid:243) los crØditos necesarios para cubrir estos gastos de arrendamiento (apartado 3. 1. 2). 3. 1. 1. La informaci(cid:243)n sobre la intenci(cid:243)n del Tribunal de Justicia de ocupar las nuevas dependencias en calidad de arrendatario y sobre sus consecuencias Desde principios del aæo 1979, el Tribunal de Justicia pidi(cid:243) a la Autoridad Presupuestaria una soluci(cid:243)n para sus necesidades inmo- biliarias; el Consejo consign(cid:243) entonces en el presupuesto del Tri- bunal de Justicia para el ejercicio 1980 diversos crØditos suple- mentarios destinados al arrendamiento de despachos adicionales. (1) La ignorancia, por parte del Tribunal de Justicia, de las condiciones financieras aprobadas por los propietarios de los inmuebles arrenda- dos por lo que respecta, en particular, a la amortizaci(cid:243)n del capital invertido no ten(cid:237)a, por lo demÆs, nada de extraordinario, como mues- tra la respuesta dada por el Sr. Burke en nombre de la Comisi(cid:243)n a una pregunta del Sr. Tyrell, diputado del Parlamento Europeo (Pregunta escrita no 2039) (DO C 194 de 23. 7. 1984, p. 1). En el marco del mismo ejercicio presupuestario, el Consejo con- cedi(cid:243) asimismo diversos crØditos para la financiaci(cid:243)n de estudios relativos a la posibilidad de albergar ciertos servicios del Tribunal de Justicia en un edificio que deb(cid:237)a construirse en las inmediacio- nes del Palacio. MÆs tarde, a partir de mayo de 1984 (cartas del Presidente del Tribunal de Justicia al Presidente del Consejo y del Secretario del Tribunal de Justicia al Presidente del ComitØ de Representantes Permanentes y a la Presidenta del ComitØ presu- puestario del Consejo), se inform(cid:243) al Consejo de la intenci(cid:243)n del Tribunal de Justicia de alquilar un anexo por construir. El Consejo dio su aprobaci(cid:243)n. Aunque este arrendamiento presentaba la par- ticularidad de referirse a un inmueble que habr(cid:237)a de construirse en funci(cid:243)n de las necesidades espec(cid:237)ficas del Tribunal de Justicia, la Autoridad Presupuestaria no pudo llamarse a engaæo sobre la intenci(cid:243)n de Øste de alquilar tal inmueble. Esta intenci(cid:243)n resultaba claramente de la correspondencia del Tribunal de Justicia y, pos- teriormente, de la Ley de presupuestos luxemburguesa de 1985, que autoriz(cid:243) la construcci(cid:243)n del primer Anexo destinado a alber- gar estos despachos. Esta Ley indicaba que «la f(cid:243)rmula mÆs favo- rable para permitir la realizaci(cid:243)n en breve plazo de la ampliaci(cid:243)n proyectada era la construcci(cid:243)n por parte del Gobierno luxembur- guØs de un anexo al Palacio del Tribunal de Justicia que, como el actual Palacio, ser(cid:237)a arrendado al Tribunal de Justicia en cuanto estuviera construido». El Consejo asimismo fue informado del anÆlisis del Tribunal de Justicia segœn el cual la f(cid:243)rmula del arrendamiento no deb(cid:237)a con- ducir a un incremento inmediato de su presupuesto, y de la inten- ci(cid:243)n del Tribunal de Justicia de dirigirse a la Autoridad Presupues- taria en el momento en el que un incremento del presupuesto resultara necesario debido a la evoluci(cid:243)n de sus necesidades. El anÆlisis del Tribunal de Justicia se basaba en la consideraci(cid:243)n de que, de forma inmediata, los costes de arrendamiento del primer Anexo ser(cid:237)an cubiertos mediante los crØditos concedidos para el arrendamiento de despachos fuera del Palacio. El Tribunal de Jus- ticia jamÆs ocult(cid:243) el hecho de que sus medios presupuestarios deber(cid:237)an adaptarse a sus necesidades inmobiliarias, en constante y rÆpida evoluci(cid:243)n. El Consejo aval(cid:243) la soluci(cid:243)n elegida por el Tribunal de Justicia. 3. 1. 2. La Autoridad Presupuestaria concedi(cid:243) los crØditos necesarios para cubrir los gastos de arrendamiento Los crØditos necesarios para cubrir los gastos soportados en con- cepto de arrendamiento de inmuebles fueron concedidos por la Autoridad Presupuestaria en el marco de la elaboraci(cid:243)n del pre- supuesto anual (apartado 3. 1. 2. 1). La Autoridad Presupuestaria asimismo fue informada de las previsiones plurianuales del Tri- bunal de Justicia en cuanto existi(cid:243) un marco apropiado para ello (apartado 3. 1. 2. 2). 3. 1. 2. 1. La implicaci(cid:243)n de la Autor idad Presupuestar ia en el marco de la elaboraci(cid:243)n del presupuesto anual Siempre que ha resultado necesario aumentar los crØditos para hacer frente a los gastos derivados de arrendamientos existentes o proyectados, la Autoridad Presupuestaria ha sido debidamente informada, en el marco de la elaboraci(cid:243)n del presupuesto anual. Las solicitudes documentadas de crØditos presupuestarios presen- tadas por el Tribunal de Justicia a la Autoridad Presupuestaria C 109/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 para cubrir los gastos de arrendamiento han sido objeto, sistemÆ- ticamente, durante todo el per(cid:237)odo considerado, de profundas dis- cusiones en el seno del ComitØ presupuestario del Consejo y de la Comisi(cid:243)n de presupuestos del Parlamento Europeo, al examinar cada proyecto de presupuesto de la instituci(cid:243)n. Hasta 1997, el ComitØ presupuestario del Consejo proced(cid:237)a a examinar l(cid:237)nea por l(cid:237)nea el proyecto de presupuesto, y la l(cid:237)nea «Alquileres» suscitaba a menudo intensos debates, en particular entre el representante del Gran Ducado de Luxemburgo y los representantes de los demÆs Estados miembros. Por lo que respecta, en particular, al primer ejercicio presupues- tario durante el cual se incurri(cid:243) en gastos de arrendamiento del primer Anexo, es decir, el ejercicio 1988, las previsiones inclu(cid:237)an en la l(cid:237)nea 200, «Alquileres», el importe necesario para el alquiler «del nuevo edificio anexo al Palacio por cuatro meses, previa deducci(cid:243)n del alquiler del edificio (cid:147)Jean Monnet(cid:148) correspondiente al mismo per(cid:237)odo». El hecho de haber obtenido estos crØditos puede considerarse una aprobaci(cid:243)n de la Autoridad Presupuesta- ria en cuanto a la ocupaci(cid:243)n en rØgimen de arrendamiento de este primer edificio anexo. La solicitud de crØditos se hab(cid:237)a presentado a partir de la primavera de 1987 a la Autoridad Presupuestaria, que hab(cid:237)a tenido ocasi(cid:243)n de expresar sus comentarios a lo largo del procedimiento de aprobaci(cid:243)n del presupuesto para el ejercicio de 1988. As(cid:237), la Resoluci(cid:243)n del Parlamento Europeo sobre el pro- yecto de presupuesto para 1988 seæala que «la ocupaci(cid:243)n por el Tribunal de Justicia de su nuevo anexo, edificio cuya superficie es igual a la de sus dependencias actuales, implicarÆ inevitablemente un sensible aumento de sus necesidades financieras» y el ponente propone «que los gastos vinculados a la ocupaci(cid:243)n del nuevo edi- ficio del Tribunal de Justicia sean objeto de una dotaci(cid:243)n suficien- te». 3. 1. 2. 2. La infor maci(cid:243)n a la Autor idad Presupuestar ia en el marco de previsio nes plur ianuales A pesar de no disponer de un marco apropiado para la presenta- ci(cid:243)n de previsiones presupuestarias plurianuales, el Tribunal de Justicia ha informado constantemente al Consejo sobre la evolu- ci(cid:243)n previsible de su desarrollo y de sus necesidades inmobiliarias habida cuenta, en particular, del incremento de su carga de tra- bajo, de la ampliaci(cid:243)n de sus competencias, de las sucesivas ampliaciones de la Comunidad, de la creaci(cid:243)n del Tribunal de Pri- mera Instancia y del crecimiento de su plantilla. Cuando, en 1988, a ra(cid:237)z de una decisi(cid:243)n del Colegio de jefes de administraci(cid:243)n, se cre(cid:243) el marco apropiado para la presentaci(cid:243)n de previsiones presupuestarias plurianuales relativas a los gastos administrativos, el Tribunal de Justicia, al igual que las demÆs ins- tituciones, someti(cid:243) a la Autoridad Presupuestaria tales previsio- nes, entre otras, las relativas a los gastos de alquiler para el per(cid:237)odo 1989-1992. Estas previsiones fueron aceptadas por la Autoridad Presupuestaria sobre la base de una Comunicaci(cid:243)n de la Comi- si(cid:243)n; sin embargo, la Autoridad Presupuestaria no sac(cid:243) las con- secuencias para el establecimiento de un presupuesto plurianual de inversi(cid:243)n dotado de crØditos disociados. 3. 2. El convenio de arrendamiento-compra de 1994 Consejo declar(cid:243) que, en principio, no ten(cid:237)a nada que objetar a la compra de los inmuebles por las instituciones. Pero, como observa el Tribunal de Cuentas, el Consejo se neg(cid:243), como Autoridad Pre- supuestaria, «a facilitar los medios financieros necesarios» para la adquisici(cid:243)n de los inmuebles [Decisi(cid:243)n del Consejo de 14 de diciembre de 1981, citada en los apartados 10. 62 a 10. 66 del Informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1987 (DO C 316 de 12. 12. 1988, p. 1)]. En julio de 1990, el ponente de la Comisi(cid:243)n de presupuestos del Parlamento Europeo sobre el presupuesto de 1991 del Tribunal de Justicia previ(cid:243) consignar en este presupuesto los crØditos necesarios para la compra de los edi- ficios «Palacio» y «Erasmus». Esto no lleg(cid:243) a materializarse, ya que s(cid:243)lo los crØditos destinados a cubrir los alquileres de estos dos edificios se consignaron en el presupuesto de 1991, a pesar del texto de la Resoluci(cid:243)n del Parlamento Europeo A3-360/90. En un momento en el que la construcci(cid:243)n de los Anexos A, B y C se estaba efectuando en la perspectiva de un contrato de arrenda- miento que deb(cid:237)a aœn celebrarse y mientras el Tribunal de Justicia insist(cid:237)a en sus intentos por conseguir del pa(cid:237)s anfitri(cid:243)n un acuerdo sobre un alquiler de un importe razonable, este nuevo contexto condujo al Tribunal de Justicia a considerar la posibilidad de incluir una opci(cid:243)n de compra en el contrato de arrendamiento que se estaba negociando. Como se ha indicado con anterioridad, la Autoridad Presupues- taria defini(cid:243), en 1992, una pol(cid:237)tica inmobiliaria que aconsejaba claramente a las instituciones adquirir los edificios que ocupaban o proyectaran ocupar. El afianzamiento de esta nueva pol(cid:237)tica inmobiliaria de las insti- tuciones comunitarias y el hecho de que la Autoridad Presupues- taria acogiera cada vez mÆs favorablemente la idea de adquirir los Anexos A, B y C, junto con el deseo de las autoridades luxembur- guesas de calcular el alquiler sobre la base de la amortizaci(cid:243)n del capital invertido sobre un per(cid:237)odo de veinte aæos, aceler(cid:243) la nego- ciaci(cid:243)n de un convenio que combinara prestaciones de arrenda- miento y la compra diferida de los edificios. Este cambio de criterio condujo a intensificar la comunicaci(cid:243)n entre el Tribunal de Justicia y las dos ramas de la Autoridad Pre- supuestaria. Como era l(cid:243)gico, Østa fue debidamente informada de que se estaba negociando un convenio con las autoridades luxemburguesas; tanto es as(cid:237), que en 1994 dicha Autoridad Presupuestaria decidi(cid:243), mediante presupuesto rectificativo y suplementario, conceder al Tribunal de Justicia, antes del final del ejercicio presupuestario en curso, un importe de 9,476 millones de ecus con el fin de «cubrir parcialmente la diferencia entre el importe de los alquileres pedi- dos [. ] por el Estado luxemburguØs para el nuevo complejo de edificios del Tribunal, con arreglo a un arrendamiento con opci(cid:243)n de compra, y el importe que ha sido posible pagar con arreglo al presupuesto de la instituci(cid:243)n». Puesto que la utilizaci(cid:243)n de estos crØditos presupon(cid:237)a la celebraci(cid:243)n de un convenio de arrenda- miento con opci(cid:243)n de compra, las Comunidades Europeas, repre- sentadas por el Tribunal de Justicia, y el Estado luxemburguØs fir- maron un convenio de arrendamiento-compra el 15 de noviembre de 1994, tras varios aæos de negociaciones. En 1979, el Tribunal de Cuentas public(cid:243) un Informe en el que recomendaba la adquisici(cid:243)n, y no el arrendamiento, de los inmue- bles ocupados por las instituciones comunitarias. En 1981, el El texto del convenio de arrendamiento-compra fue comunicado a la Autoridad Presupuestaria. 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/13 En 1996, la Autoridad Presupuestaria recibi(cid:243), a petici(cid:243)n propia, un dictamen tØcnico del Tribunal de Cuentas relativo a los com- promisos financieros que rigen los inmuebles del Tribunal de Jus- ticia. Este dictamen no conten(cid:237)a ninguna cr(cid:237)tica del entramado jur(cid:237)dico y financiero resultante del convenio, ni ninguna reserva en cuanto al pago de anticipos sobre el precio de venta por encima de las retribuciones anuales en Øl previsto (a este respecto, vØase el apartado 5. 2 infra). Con posterioridad a este dictamen, se pusie- ron a disposici(cid:243)n del Tribunal de Justicia 50 millones de ecus para efectuar un pago anticipado en el marco del convenio. Se pone, pues, de manifiesto que el Tribunal de Justicia s(cid:237) vincul(cid:243) a la Autoridad Presupuestaria a los proyectos de adquisici(cid:243)n de edificios en el marco del convenio de arrendamiento-compra. 4. Control del coste de construcci(cid:243)n y de la financiaci(cid:243)n de los edificios anexos al Palacio El Tribunal de Cuentas denuncia una falta de control de la ejecu- ci(cid:243)n de los proyectos inmobiliarios y de los elementos de su coste [apartados 5, 7, 11 y letra c) del apartado 20 del Informe del Tri- bunal de Cuentas]. Procede recordar las condiciones en las que el control pudo efec- tuarse (apartado 4. 1) y el reforzamiento progresivo de dicho con- trol (apartado 4. 2). 4. 1. Condiciones del control El control estaba condicionado por imperativos internos (aparta- do 4. 1. 1), por una parte, y por la naturaleza de las relaciones entre la instituci(cid:243)n y las autoridades luxemburguesas (apartado 4. 1. 2), por otra. 4. 1. 1. Condiciones internas Los servicios administrativos del Tribunal de Justicia han sido creados para servir de apoyo a la actividad jurisdiccional y ocu- parse de la gesti(cid:243)n corriente de la instituci(cid:243)n. Su plantilla, poco numerosa, no dispone de las amplias competencias necesarias para garantizar un control detallado y en profundidad, desde el punto de vista tØcnico y financiero, de operaciones de construc- ci(cid:243)n de tal envergadura. Consciente de ello, el Tribunal de Justicia celebr(cid:243) en 1986 un contrato con la empresa de peritajes neerlan- desa Bouwcentrum, que, sin embargo, no pudo cumplir correc- tamente su cometido. (cid:201)ste es el contexto, en ocasiones marcado por la urgencia, en el que el Tribunal de Justicia ha tenido que tomar decisiones que le permitieran hacer frente a sus necesidades inmobiliarias y en el que se ha podido ejercer el correspondiente control de gastos. Las relaciones en materia inmobiliaria entre una instituci(cid:243)n comu- nitaria y el Estado miembro en el que tiene su sede no pueden medirse con el mismo rasero que una relaci(cid:243)n contractual de arrendamiento entre particulares. El Tribunal de Justicia es un inquilino especial porque tiene exi- gencias espec(cid:237)ficas en materia de construcci(cid:243)n (edificios accesi- bles al pœblico, salas de audiencia equipadas con cabinas de inter- pretaci(cid:243)n, etc. ) que van mÆs allÆ de la mera necesidad de despachos. Las autoridades luxemburguesas han invocado esta situaci(cid:243)n par- ticular para intentar fijar el alquiler en funci(cid:243)n del coste de la construcci(cid:243)n. El Informe del Tribunal de Cuentas seæala que tal mØtodo deber(cid:237)a haber llevado al Tribunal de Justicia a desear con- trolar el coste de la construcci(cid:243)n y a exigir la formalizaci(cid:243)n por escrito de los detalles del procedimiento de construcci(cid:243)n. Ade- mÆs, mientras las partes se encontraban en una situaci(cid:243)n de arrendamiento, las autoridades luxemburguesas deber(cid:237)an haber aceptado que el Tribunal de Justicia participara en la definici(cid:243)n de tales detalles. Pues bien, las autoridades luxemburguesas no se sintieron en la obligaci(cid:243)n de implicar al Tribunal de Justicia en la elaboraci(cid:243)n del entramado financiero criticado en el Informe del Tribunal de Cuentas, como tampoco estimaron necesario que el Tribunal de Justicia interviniera en la designaci(cid:243)n del arquitecto, del promotor ni de la empresa constructora. S(cid:243)lo ante la perspectiva de ser propietario pudo el Tribunal de Justicia conocer el entramado financiero. Sus relaciones con las autoridades luxemburguesas siguieron estando, sin embargo, mar- cadas por la situaci(cid:243)n de partida. As(cid:237), sistemÆticamente ha encon- trado dificultades para obtener la informaci(cid:243)n necesaria para lle- var a cabo un control, ya se tratara de los importes de los alquileres, de la exenci(cid:243)n del IVA o de la compra del terreno, o para recibir explicaciones relativas a ciertas obras de reforma o adicionales. Un ejemplo significativo de la ambig(cid:252)edad que ha caracterizado las relaciones con las autoridades luxemburguesas es el hecho de que, a pesar de haber dado su conformidad para ceder sin beneficio los Anexos, dichas autoridades continuaran exigiendo el pago del alquiler del Palacio, siendo as(cid:237) que este edi- ficio hac(cid:237)a tiempo que estaba amortizado, e incluso despuØs de haberse comprometido, en 1984, a reducir este alquiler hasta igualarlo con la amortizaci(cid:243)n financiera del edificio. 4. 2. Reforzamiento progresivo del control El control ejercido por el Tribunal de Justicia aument(cid:243) progresi- vamente en intensidad (apartado 4. 2. 1) antes de ser sistematizado en el marco del convenio de arrendamiento-compra (apartado 4. 2. 2). 4. 2. 1. Aumento en intensidad del control 4. 1. 2. Relaciones con las autoridades luxemburguesas El control del Tribunal de Justicia se ha visto asimismo condicio- nado por la naturaleza de las relaciones con las autoridades luxemburguesas. Los servicios del Tribunal de Justicia intentaron en varias ocasio- nes intervenir en las decisiones tomadas por las autoridades luxem- burguesas, no siempre con Øxito. Durante el per(cid:237)odo en el que el Tribunal de Justicia se encontraba en situaci(cid:243)n de futuro arren- datario, las observaciones formuladas se refer(cid:237)an esencialmente a las necesidades funcionales del Tribunal de Justicia; incluso estas observaciones no siempre fueron tenidas en cuenta. C 109/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 A partir de la ocupaci(cid:243)n del primer edificio anexo (Erasmus), en otoæo de 1988, los servicios del Tribunal de Justicia formularon numerosas reivindicaciones con el fin de que este edificio se ade- cuara mÆs a su utilizaci(cid:243)n y para que esta circunstancia fuera tenida en cuenta ya desde la planificaci(cid:243)n de otras posibles cons- trucciones futuras. Estas reivindicaciones pretend(cid:237)an evitar los importantes sobrecostes ocasionados por las obras de rectifica- ci(cid:243)n. A partir del momento en que se acord(cid:243) que en un futuro pasara a ser propietario de los inmuebles, el Tribunal de Justicia formul(cid:243) observaciones sobre los diferentes aspectos del coste de su cons- trucci(cid:243)n. As(cid:237) ocurri(cid:243), en particular, en el caso del Anexo C, que comenz(cid:243) a construirse en febrero de 1992 y cuyo proyecto ori- ginal fue modificado de forma significativa a iniciativa de los ser- vicios del Tribunal de Justicia. Debe observarse, sin embargo, que en aquel momento el entramado financiero ya hab(cid:237)a sido apro- bado por las autoridades luxemburguesas, y que la parte esencial del programa de construcci(cid:243)n estaba fijada. Respecto a los gastos financieros, pudieron conseguirse nuevas condiciones mÆs favorables de la entidad Banque et Caisse d(cid:146)(cid:201)pargne de l(cid:146)(cid:201)tat (BCEE), tras dif(cid:237)ciles negociaciones iniciadas a ra(cid:237)z de la firma del convenio. El Tribunal de Justicia estim(cid:243) que, en el marco del convenio de arrendamiento-compra, el interØs de una buena gesti(cid:243)n le exig(cid:237)a intentar renegociar, bajo la direcci(cid:243)n de un representante del Ministerio de Hacienda luxemburguØs, las condiciones de prØstamo acordadas entre el Estado luxemburguØs y el BCEE. 4. 2. 2. Control establecido por el convenio de arrendamiento-compra El convenio estableci(cid:243) un dispositivo de control (vØase el apartado 5 infra). En respuesta al apartado 16 del Informe del Tribunal de Cuentas, debe seæalarse que ciertas cantidades que sobrepasan la dotaci(cid:243)n financiera prevista inicialmente se deben a exigencias del Tribunal de Justicia justificadas por la evoluci(cid:243)n de las necesidades (edifi- caci(cid:243)n de una planta adicional en el Anexo C, aumento del nœmero de cabinas de interpretaci(cid:243)n, etc. ). 5. Convenio de arrendamiento-compra de 15 de noviembre de 1994 El convenio de arrendamiento-compra, resultado de largas nego- ciaciones (apartado 5. 1), crea un mecanismo (apartado 5. 2) y determina los elementos del precio final de venta de los edificios (apartado 5. 3), que no incluye ciertos gastos que las autoridades luxemburguesas se hab(cid:237)an comprometido a asumir en 1983 y 1984 (apartado 5. 4), y fue negociado independientemente del contrato de arrendamiento del Palacio (apartado 5. 5). En fin, dicho convenio permite preservar los intereses financieros de las Comu- nidades (apartado 5. 6). El convenio es un compromiso resultante de largas negociaciones entre el Tribunal de Justicia y las autoridades luxemburguesas, y no el contrato ideal que el Tribunal de Justicia ambicionaba sus- cribir. 5. 2. Mecanismo creado El Tribunal de Cuentas conoce bien el mecanismo creado por el convenio, mecanismo que describe en su dictamen tØcnico de 30 de mayo de 1996 relativo a los compromisos financieros que rigen los inmuebles del Tribunal de Justicia. Puede resumirse de la manera siguiente: El convenio no entra en ninguna categor(cid:237)a de contratos t(cid:237)picos. Se trata de un contrato sui generis que combina elementos de arrendamiento y de venta. Mediante este convenio, el Estado luxemburguØs se obliga, en particular, a ceder los inmuebles al Tribunal de Justicia (previa cesi(cid:243)n de Østos en favor del Estado por parte de la sociedad inmobiliaria encargada de la construcci(cid:243)n). Por su parte, el Tribunal de Justicia se compromete a reembolsar al Estado luxemburguØs el precio de coste de la inversi(cid:243)n, sin pØr- dida ni beneficio para este Estado, mediante el pago de retribu- ciones anuales. Las retribuciones pagadas se consideran pagos anticipados con vistas a la compra de los edificios por las Comu- nidades Europeas (art(cid:237)culo 8. 1 del convenio). Son pagaderas hasta tanto su importe acumulado no alcance el precio de venta, IVA excluido. Aunque el convenio surte efectos desde el 1 de agosto de 1988 (fecha de la primera ocupaci(cid:243)n parcial de las dependencias) hasta la fecha en la que las Comunidades Europeas pasen a ser propie- tarias de la totalidad de los tres Anexos (cid:151)a mÆs tardar, el 31 de diciembre de 2015(cid:151), las retribuciones anuales s(cid:243)lo tuvieron que pagarse a partir del 1 de enero de 1995. Las cantidades pagadas por la ocupaci(cid:243)n de los edificios entre 1988 y 1994 fueron impu- tadas sobre el precio como retribuciones vencidas (vØase el apar- tado 5. 3. 2 infra). El importe de la retribuci(cid:243)n anual puede adaptarse en caso de que se realicen pagos anticipados sobre el precio de venta que sobre- pasen las retribuciones anuales (art(cid:237)culo 8. 2 del convenio). En un principio su importe estaba fijado en 633 520 000 francos luxem- burgueses (16,3 millones de ecus). Tras realizarse un pago antici- pado de 50 millones de ecus en octubre de 1996, de acuerdo con el citado dictamen del Tribunal de Cuentas, el importe de la retri- buci(cid:243)n anual se redujo a 405 millones de francos luxemburgue- ses. Este importe podrÆ adaptarse en caso de un aumento signifi- cativo de los tipos de interØs de los prØstamos que sirvieron para financiar los Anexos. 5. 3. Precio de venta 5. 1. GØnesis del convenio 5. 3. 1. Los elementos constitutivos del precio de venta VØase, sobre el particular, el apartado 3. 2 supra. El convenio no fija el importe del precio de venta, sino que enu- mera los elementos que permiten determinarlo. 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/15 Ello se debe a tres razones: en primer lugar, el tipo de interØs al que se concedieron los prØstamos no es fijo para todo el per(cid:237)odo de financiaci(cid:243)n, de modo que los costes de financiaci(cid:243)n pueden variar en funci(cid:243)n de la evoluci(cid:243)n de los tipos de interØs; en segundo lugar, cuando se celebr(cid:243) el convenio, las partes aœn no conoc(cid:237)an algunos costes de construcci(cid:243)n; en tercer lugar, exist(cid:237)a (cid:151)y aœn existe(cid:151) un desacuerdo entre los servicios del Tribunal de Justicia y las autoridades luxemburguesas sobre ciertos costes de construcci(cid:243)n (defectos de concepci(cid:243)n y de construcci(cid:243)n). La oferta de servicios del experto estipula que los Ministerios luxemburgueses de Hacienda y de Obras Pœblicas deberÆn poner a disposici(cid:243)n del experto la informaci(cid:243)n indispensable para deter- minar el precio de venta a fecha de 31 de diciembre de 1994. Segœn la oferta de servicios, «los costes enunciados se determina- rÆn y controlarÆn en funci(cid:243)n de los datos recibidos por los corres- pondientes Ministerios. Se realizarÆ una auditor(cid:237)a segœn los docu- mentos justificativos» (apartado 2. 2 de la oferta de servicios). El precio de venta de los edificios se determina teniendo en cuenta los gastos, independientemente de que sean financiados directa- mente por el Estado o por el promotor (art(cid:237)culo 8. 1 del convenio). Se trata de los gastos relativos al coste de la construcci(cid:243)n, de los honorarios de arquitectos e ingenieros, de los costes derivados de la financiaci(cid:243)n de los gastos (comisiones, garant(cid:237)as e intereses) y de los gastos en los que haya incurrido el Estado en su calidad de arrendador. 5. 3. 2. Inclusi(cid:243)n de las cantidades pagadas a cuenta de los alquileres entre 1988 y 1994, a falta de contrato por escrito Debido a la inexistencia de un contrato de arrendamiento por escrito que estipulara las condiciones de ocupaci(cid:243)n de los Anexos, las partes del convenio de arrendamiento-compra tuvieron que razonar fuera del estricto marco conceptual del contrato de arren- damiento para definir las cantidades pagadas a cuenta del alquiler entre 1988 y 1994. En efecto, a diferencia de la situaci(cid:243)n del Pala- cio, cuya ocupaci(cid:243)n fue objeto de un contrato de arrendamiento por escrito, las autoridades luxemburguesas admitieron que estaba justificado valorizar las cantidades pagadas a cuenta entre 1988 y 1994 (vØanse los apartados 2 y 5. 2 supra) calificÆndolas de retri- buciones vencidas (art(cid:237)culo 6 del convenio), que, de este modo, se distinguen de los alquileres pagados «a fondo perdido». 5. 3. 3. Formas de determinaci(cid:243)n del precio de venta y misi(cid:243)n del experto independiente El art(cid:237)culo 9 del convenio prevØ que, desde su entrada en vigor, las partes designarÆn un experto independiente encargado, entre otras funciones, de calcular el precio de venta de los edificios. Los gastos y honorarios del experto correrÆn a cargo del Estado y del Tribunal de Justicia, a partes iguales. Conforme a este art(cid:237)culo, un experto fue designado en febrero de 1995. Por consiguiente, los medios de que dispone el experto para deter- minar correctamente el coste de construcci(cid:243)n y para verificar que el precio de venta refleja la realidad de los costes de la operaci(cid:243)n estÆn previstos en el marco del convenio. El importe as(cid:237) determinado sirve, a continuaci(cid:243)n, de base de cÆlculo para la actualizaci(cid:243)n anual del precio de venta a partir de 1988 y del importe pendiente de pago. Para ello, se tienen en cuenta las cantidades pagadas anualmente o en concepto de pago anticipado, por una parte, y los costes y gastos soportados, por otra. El importe pendiente de pago por las Comunidades estÆ representado cada aæo por el precio de venta de los edificios actualizado, una vez deducido el importe actualizado de las retri- buciones pagadas por el Tribunal de Justicia y el IVA (art(cid:237)culo 8. 1 del convenio). Para determinar los flujos financieros y el importe pendiente de pago, el experto independiente se basa, por un lado, en los datos generados por el sistema contable de la contabilidad del Estado y, por otra parte, en los datos contenidos en los extractos bancarios relativos a las cuentas correspondientes a prØstamos del BCEE o de otras cuentas bancarias en relaci(cid:243)n con el convenio (apartado 2. 3 de la oferta de servicios). El Tribunal de Justicia estima que, puesto que el coste de cons- trucci(cid:243)n, que sirve de base para calcular el importe pendiente de pago, debe determinarse segœn los documentos justificativos (es decir, de documentos que certifican que se ha incurrido en dichos gastos con arreglo al art(cid:237)culo 8. 1 del convenio), la misi(cid:243)n con- fiada al experto independiente no se limita a un control pura- mente contable de los gastos, sino que se extiende asimismo a una verificaci(cid:243)n del fundamento de Østos. Si se comprueba que el coste de construcci(cid:243)n ha sido determinado de forma err(cid:243)nea o que el precio de venta no refleja los costes de construcci(cid:243)n, deberÆ rectificarse y el importe pendiente de pago deberÆ corregirse en consecuencia (vØase el apartado 5. 6, pÆrrafo primero, infra). Por ello, el Tribunal de Justicia estima que existen garant(cid:237)as de que s(cid:243)lo los gastos que le corresponden en virtud del convenio serÆn definitivamente asumidos por la instituci(cid:243)n. La oferta de servicios presentada por el experto, que fue aceptada por el Tribunal de Justicia y las autoridades luxemburguesas, y que forma parte, pues, del marco contractual de su misi(cid:243)n, prevØ que Østa constarÆ de cuatro fases: en primer lugar, la determinaci(cid:243)n de los parÆmetros de cÆlculo; en segundo lugar, la determinaci(cid:243)n del precio de venta a fecha de 31 de diciembre de 1994; en tercer lugar, el registro anual de los flujos financieros (gastos de finan- ciaci(cid:243)n, gastos soportados por el Estado luxemburguØs como arrendador e IVA), as(cid:237) como la actualizaci(cid:243)n anual del precio de venta y del precio pendiente de pago, y, en cuarto lugar la elabo- raci(cid:243)n de la liquidaci(cid:243)n final. 5. 4. Situaci(cid:243)n de los compromisos asumidos por las autoridades luxemburguesas en 1984 El Tribunal de Cuentas lamenta que el convenio no excluya del precio total diversos gastos que, de forma unilateral, las autorida- des luxemburguesas se hab(cid:237)an comprometido a soportar en junio de 1983 y durante el Consejo de Ministros del Gobierno luxem- burguØs celebrado el 30 de marzo de 1984. C 109/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 Procede subrayar, en primer lugar, que estos compromisos unila- terales, como observa el Tribunal de Cuentas en el apartado 14 de su Informe, fueron asumidos en un contexto totalmente diferente del imperante cuando se celebr(cid:243) el convenio de arrendamiento- compra en 1994. Este convenio es fruto de un compromiso que descansa, no en los compromisos unilaterales de 1983 y 1984, sino esencialmente en elementos de negociaci(cid:243)n de naturaleza diferente, como la valorizaci(cid:243)n de las cantidades a cuenta del alquiler pagadas entre 1988 y 1994 (vØase el apartado 5. 3. 2 supra). Lo cierto es que el convenio de arrendamiento-compra no imputa al Tribunal de Justicia ciertos gastos que las autoridades luxem- burguesas se hab(cid:237)an comprometido a tomar a su cargo en 1983 y 1984, como los relativos al disfrute del terreno (apartado 5. 4. 1) y a las v(cid:237)as pœblicas (apartado 5. 4. 2). Las v(cid:237)as pœblicas no son objeto del convenio. Por consiguiente, el coste de la construcci(cid:243)n de tales v(cid:237)as no constituye en modo alguno un gasto incluido en el cÆlculo del precio de venta deter- minado con arreglo al art(cid:237)culo 8. 1 del convenio. En respuesta a los apartados 8 y 14 del Informe del Tribunal de Cuentas, debe observarse que esta disposici(cid:243)n del convenio per- mite al Tribunal de Justicia excluir, en la determinaci(cid:243)n del precio final de los inmuebles, el coste de la realizaci(cid:243)n de las v(cid:237)as pœbli- cas, como la carretera de enlace entre el bulevar K. Adenauer y la calle de Fort Niedergr(cid:252)newald, aun cuando la construcci(cid:243)n de esta carretera destinada a facilitar la circulaci(cid:243)n pœblica fue una sugerencia del Tribunal de Justicia. 5. 4. 1. El problema del terreno 5. 5. Alquiler del Palacio Cuando las autoridades luxemburguesas presentaron el 14 de marzo de 1994 su primer proyecto de convenio regulador de las condiciones de ocupaci(cid:243)n de los Anexos, una vez que ya se pro- yectaba ceder, despuØs de cierto tiempo, los edificios (situaci(cid:243)n que en absoluto se daba en 1984), especificaron que «el precio del terreno se fijarÆ en 200 millones de francos luxemburgueses por hectÆrea». El Tribunal de Justicia rechaz(cid:243) esta propuesta, pues siempre con- sider(cid:243) que un pa(cid:237)s anfitri(cid:243)n que quisiera desarrollar una pol(cid:237)tica de sede no pod(cid:237)a por menos que ceder gratuitamente los solares de los edificios que la instituci(cid:243)n proyectaba adquirir. Este resul- tado no pudo conseguirse, al invocar las autoridades luxembur- guesas el hecho de que el Tribunal de Cuentas hab(cid:237)a comprado el terreno sobre el que construy(cid:243) su inmueble. Finalmente, las auto- ridades luxemburguesas concedieron al Tribunal de Justicia un derecho de superficie que le permite el disfrute gratuito del terreno durante noventa y ocho aæos. El Tribunal de Justicia consider(cid:243) que esta f(cid:243)rmula era econ(cid:243)micamente la mÆs interesante, habida cuenta del precio de venta propuesto por las autoridades luxem- burguesas. En el marco del convenio de arrendamiento-compra de 1994, el Tribunal de Justicia tiene, pues, en virtud de un derecho de super- ficie, el disfrute gratuito del terreno sobre el que estÆn implanta- dos los Anexos, pero es cierto que no tiene la propiedad de dicho terreno y que deberÆ adquirirla antes de que expire el derecho de superficie si quiere evitar que la propiedad de los edificios revierta al Estado luxemburguØs. A este respecto, hay que resaltar que el derecho de superficie deja abierta, durante todo su per(cid:237)odo de vigencia, la posibilidad de negociar la cesi(cid:243)n del terreno a t(cid:237)tulo gratuito. 5. 4. 2. Las v(cid:237)as pœblicas En respuesta a la œltima frase del apartado 19 del Informe del Tri- bunal de Cuentas, el Tribunal de Justicia desea subrayar que el alquiler del Palacio estÆ fijado en la clÆusula III del contrato de arrendamiento celebrado el 5 de junio de 1973 por el Estado luxemburguØs y el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia se ha limitado a pedir a la Autoridad Pre- supuestaria los crØditos necesarios para pagar el alquiler contrac- tual y a satisfacer Øste mediante tales crØditos. 5. 6. Protecci(cid:243)n de los intereses financieros de las Comunidades Segœn resulta del sistema del convenio de arrendamiento-compra, de su preÆmbulo, de su art(cid:237)culo 8. 1 y del contexto en el que se celebr(cid:243) (impugnaci(cid:243)n de ciertos gastos incluso antes de su firma: vØase el apartado 5. 3. 1, pÆrrafo segundo, supra), el importe pen- diente de pago determinado anualmente por el experto s(cid:243)lo es una estimaci(cid:243)n, susceptible de ser rectificada a la luz de informa- ci(cid:243)n nueva, de datos que los citados Ministerios (vØase el apartado 5. 3. 3 supra) no hubieran facilitado en cumplimiento de sus obli- gaciones, o de la nueva apreciaci(cid:243)n de informaciones ya existen- tes. Por consiguiente, no puede afirmarse que el Tribunal de Justicia aceptara asumir gastos que no deb(cid:237)an ser tomados en considera- ci(cid:243)n para el cÆlculo del precio de venta determinado en el art(cid:237)culo 8. 1 del convenio. Por el contrario, desde un principio, impugn(cid:243) la inclusi(cid:243)n de ciertos gastos en ese cÆlculo (vØase el apartado 5. 3. 1, pÆrrafo segundo, supra). El objeto del convenio se describe con precisi(cid:243)n en su art(cid:237)culo 1. Se trata de los edificios, junto con sus pertenencias y dependen- cias, inscritos en el catastro del municipio de Luxemburgo, sec- ci(cid:243)n E C de Weimerskirch con los nœmeros 840/4284, 871/4923 y 871/4983. En la actualidad subsiste una larga lista de puntos de discrepancia, y los servicios del Tribunal de Justicia continœan negociando con las instancias luxemburguesas para excluir ciertos gastos de la liquidaci(cid:243)n final. 14. 4. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 109/17 El Tribunal de Cuentas seæala, por una parte, ciertas insuficiencias tanto en las comprobaciones de la administraci(cid:243)n luxemburguesa como en las del experto independiente (apartados 17 y 18 del Informe del Tribunal de Cuentas) y, por otra parte, la consiguiente imputaci(cid:243)n indebida de ciertos gastos [apartados 8, 14 y letra f) del apartado 20 del Informe del Tribunal de Cuentas]. Para calibrar las anomal(cid:237)as de facturaci(cid:243)n observadas y los gastos financieros que no estÆn directamente ligados a la financiaci(cid:243)n de las construcciones, el Tribunal de Justicia pedirÆ a las autoridades luxemburguesas que, por un lado, realicen u ordenen la realiza- ci(cid:243)n de investigaciones adicionales detalladas y que, por otro lado, le permitan acceder directamente, o, en su caso, mediante un auditor externo, a todos los documentos que permiten determinar el precio de venta definido en el art(cid:237)culo 8. 1 del convenio. Las aclaraciones sobre este precio deberÆn proporcionarse, a mÆs tardar, en la fecha de expiraci(cid:243)n del convenio, actualmente pre- vista para el aæo 2007. Hasta esa fecha, o hasta que ambas partes interesadas lleguen a un acuerdo sobre la liquidaci(cid:243)n final, cual- quier estimaci(cid:243)n de un eventual perjuicio sufrido por las Comunidades ser(cid:237)a una mera conjetura. El Tribunal de Justicia no tiene ninguna raz(cid:243)n para pensar que la ejecuci(cid:243)n del convenio no respetarÆ el principio de cumplimiento de buena fe de los contratos enunciado en el art(cid:237)culo 1134, pÆrrafo tercero, del C(cid:243)digo civil luxemburguØs, aplicable en virtud del art(cid:237)culo 19 del convenio, que estipula que Øste se regirÆ por el Derecho luxemburguØs. Tampoco hay motivos para dudar de que la ejecuci(cid:243)n de este con- venio no se inspirarÆ en el principio de colaboraci(cid:243)n entre la Comunidad y los Estados miembros consagrado por el Tratado CE, en cuyo marco se inscribe la protecci(cid:243)n de los intereses finan- cieros de las Comunidades. 6. Conclusi(cid:243)n (cid:151) Las construcciones de los tres Anexos del Palacio no se ins- cribieron desde un principio en un programa inmobiliario conjunto, sino que se sucedieron progresivamente en res- puesta a unas necesidades en constante evoluci(cid:243)n. (cid:151) En el momento en el que se emprendieron las diferentes cons- trucciones, el Tribunal de Justicia s(cid:243)lo pod(cid:237)a decidirse por el arrendamiento, teniendo en cuanta la pol(cid:237)tica inmobiliaria entonces practicada por las Instituciones comunitarias. (cid:151) Al solicitar crØditos para hacer frente a los arrendamientos proyectados, el Tribunal de Justicia transmiti(cid:243) a la Autoridad Presupuestaria toda la informaci(cid:243)n de la que Øl mismo dispo- n(cid:237)a. (cid:151) El Tribunal de Justicia no fue plenamente informado del entra- mado financiero creado por las autoridades luxemburguesas hasta que el Tribunal se plante(cid:243) adquirir los edificios; en su calidad de arrendatario no pod(cid:237)a exigir recibir tal informa- ci(cid:243)n. (cid:151) El Tribunal de Justicia se vio forzado a ocupar los edificios sin contrato por escrito y, habida cuenta de tal ocupaci(cid:243)n de hecho, estima que las autoridades luxemburguesas ten(cid:237)an dere- cho a exigir una contrapartida y que el Tribunal estaba, por ello, obligado a efectuar pagos en concepto de cantidades a cuenta. (cid:151) DespuØs de que la Autoridad Presupuestaria hubiera definido una pol(cid:237)tica inmobiliaria que aconsejaba la compra de los inmuebles ocupados por las instituciones comunitarias, el Tri- bunal de Justicia se propuso adquirir los Anexos que ocupa; para ello, firm(cid:243) un convenio de arrendamiento-compra que resulta de un compromiso alcanzado tras largas y dif(cid:237)ciles negociaciones. (cid:151) El Tribunal de Justicia estima que la misi(cid:243)n confiada al experto independiente en el marco de este convenio no se limita a un control puramente contable de los gastos, sino que se extiende igualmente a una verificaci(cid:243)n de su fun- damento. (cid:151) El Tribunal de Justicia considera asimismo que el importe pendiente de pago determinado anualmente por el experto independiente s(cid:243)lo es una estimaci(cid:243)n que puede ser rec- tificada. (cid:151) Las condiciones previstas en el convenio de arrendamiento- compra respecto al precio de venta que deberÆ pagar el Tribunal de Justicia ofrecen garant(cid:237)as para que esta insti- tuci(cid:243)n s(cid:243)lo asuma de forma efectiva los gastos que el con- venio pone a su cargo. (cid:151) El Tribunal de Justicia instarÆ la realizaci(cid:243)n de investigaciones complementarias para asegurarse de que no se haya cometido ninguna irregularidad de la que resulten perjudicados los inte- reses financieros de las Comunidades. C 109/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 14. 4. 2000 ANEXO RESUMEN CRONOL(cid:211)GICO 1972 1973 1979 1980 1981 1982 1984 1985 1986 agosto enero enero noviembre julio enero mayo mayo julio diciembre enero septiembre Ocupaci(cid:243)n del Palacio Adhesi(cid:243)n de Dinamarca, Irlanda y el Reino Unido Comunicaci(cid:243)n del Tribunal de Justicia al Consejo sobre sus necesidades inmobiliarias a largo plazo (diez aæos) Ocupaci(cid:243)n de 40 despachos del edificio Jean Monnet Ocupaci(cid:243)n de 80 despachos adicionales del edificio Jean Monnet Adhesi(cid:243)n de Grecia El Consejo pospone el examen de un proyecto inmobiliario del Tribunal de Justicia A propuesta del Tribunal de Justicia, el Consejo da su aprobaci(cid:243)n a la construcci(cid:243)n de un edificio de 300 despachos Ley de Financiaci(cid:243)n del anexo Erasmus Ocupaci(cid:243)n de 140 despachos en construcciones prefabricadas sitas en Weimershof Adhesi(cid:243)n de Espaæa y de Portugal Inaguraci(cid:243)n de las obras de construcci(cid:243)n del anexo Erasmus 1988 octubre Decisi(cid:243)n por la que se crea un Tribunal de Primera Instancia de las CE Evacuaci(cid:243)n del edificio Jean Monnet Evacuaci(cid:243)n parcial de las construcciones prefabricadas de Weimershof Ocupaci(cid:243)n del anexo Erasmus 1989 1990 1992 febrero junio septiembre Comienzo de las obras de construcci(cid:243)n del anexo Thomas More Ley de Financiaci(cid:243)n del anexo Thomas More Entrada en funcionamiento del Tribunal de Primera Instancia Ocupaci(cid:243)n del edificio BAK Evacuaci(cid:243)n total de las construcciones prefabricadas de Weimershof diciembre Ley de financiaci(cid:243)n del Anexo C febrero septiembre Comienzo de las obras de construcci(cid:243)n del Anexo C Fin de las obras de construcci(cid:243)n del anexo Thomas More Evacuaci(cid:243)n parcial del edificio BAK 1994 octubre noviembre Fin de las obras de construcci(cid:243)n del Anexo C Ocupaci(cid:243)n del Anexo C por el Tribunal de Primera Instancia Evacuaci(cid:243)n del edificio BAK Convenio de arrendamiento-compra entre el Tribunal de Justicia y el Estado luxemburguØs 1995 1996 1998 1999 enero Adhesi(cid:243)n de Austria, de Finlandia y de Suecia noviembre Informe sobre el amianto en el Palacio septiembre El Tribunal de Cuentas anuncia una auditor(cid:237)a sobre los gastos inmobiliarios del Tribunal de Justicia enero julio Ocupaci(cid:243)n del Edificio T (inmueble sustitutorio de carÆcter provisional) Evacuaci(cid:243)n del Palacio


title: 2000/203/EF, EKSF, Euratom: Kommissionens afgørelse af 24. februar 2000 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 1999 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande (meddelt under nummer K(2000) 423)

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text: 9. 3. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 62/41 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 24. februar 2000 om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 1999 finder anvendelse på lønninger til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande (meddelt under nummer K(2000) 423) (2000/203/EF, EKSF, Euratom) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR — under henvisning til traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber, under henvisning til vedtægten for tjenestemænd ved De Euro- pæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige fastsat ved forordning (EØF, ansatte i disse Fællesskaber, Euratom, EKSF) nr. 259/68 (1), senest ændret ved forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 1238/1999 (2), særlig artikel 13, stk. 2, i bilag X, og ud fra følgende betragtninger: (1) (2) (3) I Rådets forordning (EF, Euratom, EKSF) nr. 2120/ 1999 (3) fastsattes i medfør af artikel 13, stk. 1, i bilag X til Vedtægten de justeringskoefficienter, hvormed de lønninger korrigeres fra 1. januar 1999, der i tjeneste- stedets valuta, udbetales til tjenestemænd ansat i tredje- lande. i de seneste måneder Kommissionen har foretaget forskellige tilpasninger af disse justeringskoefficienter (4) i overensstemmelse med artikel 13, stk. 2, i bilag X til Vedtægten. Fra 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 1999 bør visse af disse justeringskoefficienter tilpasses, idet de statistiske oplysninger, som Kommissionen råder over, har vist, at ændringerne i leveomkostningerne, målt efter justeringskoefficienten og den tilsvarende vekselkurs, for nogle tredjelandes vedkommende har oversteget 5 % siden den sidste fastsættelse eller tilpasning af koefficien- terne — TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Eneste artikel Med virkning fra 1. februar, 1. marts, 1. april, 1. maj og 1. juni 1999 tilpasses de justeringskoefficienter, der finder anvendelse på lønninger, som i tjenestestedets valuta udbetales til tjeneste- mænd ansat i tredjelande, som anført i bilaget. Til beregning af disse vederlag anvendes de vekselkurser, der blev brugt ved gennemførelsen af De Europæiske Fællesskabers almindelige budget for den måned, der gik forud for den i foregående afsnit omhandlede dato. Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2000. På Kommissionens vegne Christopher PATTEN Medlem af Kommissionen (1) EFT L 56 af 4. 3. 1968, s. 1. (2) EFT L 150 af 17. 6. 1999, s. 1. (3) EFT L 261 af 7. 10. 1999, s. 1. (4) EFT L 277 af 28. 10. 1999, s. 37. L 62/42 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 9. 3. 2000 BILAG Tjenestested Georgien Justeringskoefficienter februar 1999 77,7 Tjenestested Justeringskoefficienter marts 1999 Angola Georgien Malawi Mauretanien Nicaragua Rumænien São Tomé og Príncipe Surinam Tyrkiet Zambia Zimbabwe 59,7 72,6 22,0 65,7 82,6 60,4 84,8 44,8 81,6 45,9 21,2 Tjenestested Justeringskoefficienter april 1999 Brasilen Forbundsrepublikken Jugoslavien Malawi Rumænien Venezuela 64,8 47,7 24,2 59,2 100,9 Tjenestested Justeringskoefficienter maj 1999 Angola Malawi Papua Ny Guinea Rumænien Tyrkiet Zimbabwe 69,4 26,0 72,6 53,9 82,6 29,5 9. 3. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 62/43 Tjenestested Justeringskoefficienter juni 1999 Angola Guinea-Bissau Kasakhstan Malawi Surinam Tunesien Ukraine Zambia 62,4 103,1 109,6 28,3 50,8 74,9 139,4 58,1