title: Directiva 2000/52/CE de la Comisión, de 26 de julio de 2000, por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas

eurovoc_concepts:
EU Member State
economic relations
public sector

text: 29. 7. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 193/75 DIRECTIVA 2000/52/CE DE LA COMISIÓN de 26 de julio de 2000 por la que se modifica la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 3 de su artículo 86, Considerando lo siguiente: (1) (2) (3) (4) (5) La Directiva 80/723/CEE de la Comisión (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 93/84/CEE (2), obliga a los Estados miembros a garantizar la transpa- rencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas. La Directiva 80/ 723/CEE dispone que los Estados miembros han de conservar determinada información financiera para transmitírsela a la Comisión cuando ésta así lo solicite, mientras que otra información debe facilitarse mediante informes anuales. Varios sectores de la economía que en el pasado se caracterizaban por la existencia de monopolios nacio- nales, regionales o locales se han abierto o se están abriendo parcial o totalmente a la competencia en virtud del Tratado o de normas adoptadas por los Estados miembros y la Comunidad. Este proceso ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar que las normas sobre competencia del Tratado se apliquen de manera eficaz y equitativa en estos sectores y, en particular, que no existan abusos de posición dominante con arreglo al artículo 82 del Tratado ni ayudas estatales con arreglo al artículo 87 del Tratado, a menos que éstas sean compati- bles con el mercado común, sin perjuicio de la posible aplicación del apartado 2 del artículo 86 del Tratado. Los Estados miembros conceden con frecuencia dere- chos especiales o exclusivos a determinadas empresas de estos sectores, o efectúan pagos u ofrecen algún otro tipo de compensación a determinadas empresas encar- gadas de la gestión de servicios de interés económico general. Dichas empresas a menudo también compiten con otras empresas. A tenor de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 del artículo 86 del Tratado, en principio incumbe a los Estados miembros confiar a ciertas empresas la gestión de los servicios de interés económico general por ellos establecidos, mientras que corresponde a la Comisión velar por la correcta aplicación de las disposiciones de dicho artículo. El apartado 1 del artículo 86 dispone que los Estados miembros no adoptarán ni mantendrán, respecto a las empresas públicas y aquellas empresas a las que concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas del Tratado. El apartado 2 del artículo 86 del Tratado es aplicable a las empresas (1) DO L 195 de 29. 7. 1980, p. 35. (2) DO L 254 de 12. 10. 1993, p. 16. encargadas de la gestión de servicios de interés econó- mico general. En virtud del apartado 3 del artículo 86 del Tratado, la Comisión debe velar por la aplicación de las disposiciones del artículo 86 y dirigir las directivas o decisiones adecuadas a los Estados miembros; que las disposiciones interpretativas anexas al Tratado mediante el Protocolo relativo a los sistemas de radiodifusión en los Estados miembros se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financia- ción se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financia- ción no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público. A fin de garantizar la aplicación de las disposiciones del artículo 86 del Tratado, la Comisión debe disponer de la información necesaria. Para ello es preciso determinar las condiciones necesarias para garantizar la transpa- rencia. (6) (7) Las complejas situaciones derivadas de los diversos tipos de empresas públicas o privadas a las que se han conce- dido derechos especiales o exclusivos o a las que se ha confiado la gestión de servicios de interés económico general, la variedad de actividades que puede ejercer una misma empresa y los diferentes grados de liberalización del mercado en los distintos Estados miembros pueden dificultar la aplicación de las normas de competencia y, en particular, del artículo 86 del Tratado. Por tanto, es necesario que los Estados miembros y la Comisión dispongan de datos pormenorizados sobre la estructura financiera y organizativa interna de tales empresas y, más concretamente, de cuentas separadas y fidedignas sobre las diversas actividades desarrolladas por una misma empresa. Esta información no siempre está dispo- nible o no siempre es lo suficientemente detallada o fidedigna. En dichas cuentas han de figurar la distinción entre las diferentes actividades, los costes e ingresos derivados de cada una de ellas y los métodos de asignación y distribu- ción de los costes e ingresos. Debe disponerse de cuentas separadas sobre los productos y servicios respecto de los que el Estado miembro haya concedido derechos espe- ciales o exclusivos o confiado a la empresa la gestión de un servicio de interés económico general, así como sobre los demás productos o servicios a que se dedique la empresa. La obligación de llevar cuentas separadas no debe hacerse extensiva a las empresas cuyas actividades L 193/76 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 2000 se limiten a la prestación de servicios de interés econó- mico general y no desarrollen otras actividades distintas de estos servicios de interés económico general. No parece necesario imponer la separación de cuentas en el ámbito de los servicios de interés económico general ni en el de los derechos especiales o exclusivos, en la medida en que no es necesario para la distribución de costes e ingresos entre estos servicios y productos y los pertenecientes a ámbitos distintos de los de los servicios de interés económico general o de los derechos espe- ciales o exclusivos. Imponer a los Estados miembros la obligación de velar por que las empresas en cuestión lleven cuentas sepa- radas es el medio más adecuado para garantizar la apli- cación equitativa y eficaz de las normas sobre compe- tencia a tales empresas. La Comisión ha adoptado una Comunicación sobre los servicios de interés general en Europa (1) en la que pone de relieve su importancia. Es preciso tomar en consideración la importancia de los sectores interesados, que pueden incluir servicios de interés general, la fuerte posición que las empresas en cuestión puedan ocupar en el mercado y la fragilidad de la competencia naciente en los sectores que se están liberalizando. Con arreglo al principio de proporciona- lidad, es necesario y conveniente para alcanzar el obje- tivo fundamental de la transparencia establecer normas sobre tales cuentas separadas. Esta Directiva se limita a lo que resulta indispensable para alcanzar los objetivos contemplados en el párrafo tercero del artículo 5 del Tratado. En determinados sectores, las disposiciones adoptadas por la Comunidad obligan a los Estados miembros y a determinadas empresas a llevar cuentas separadas. Es necesario garantizar en la Comunidad la igualdad de trato para todas las actividades económicas y hacer extensiva la obligación de llevar cuentas separadas a todas las situaciones comparables. La presente Directiva no ha de dar lugar a la modificación de las normas específicas establecidas con el mismo objetivo en otras disposiciones comunitarias ni ha de aplicarse a las activi- dades de las empresas cubiertas por tales disposiciones. (8) (9) (10) Habida cuenta de la limitada repercusión potencial en la competencia y a fin de evitar trámites administrativos excesivos, no es necesario, en estos momentos, obligar a las empresas cuyo volumen de negocios neto anual sea inferior a 40 millones de euros a llevar cuentas sepa- radas. Habida cuenta de los limitados efectos potenciales sobre el comercio entre los Estados miembros, no es necesario, en estos momentos, exigir cuentas separadas en relación con la prestación de determinadas categorías de servicios; que la presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de cualquier otra norma relativa al suministro de información por parte de los Estados miembros a la Comisión. (11) Cuando la compensación por la prestación de servicios de interés económico general se haya fijado por un período apropiado con arreglo a un procedimiento abierto, transparente y no discriminatorio, no parece (1) DO C 281 de 26. 9. 1996, p. 3. necesario, en estos momentos, exigir a las empresas en cuestión que lleven cuentas separadas. (12) El artículo 295 del Tratado establece que el Tratado no prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. No debe existir discriminación injustificada alguna entre empresas públicas y privadas a la hora de aplicar las normas sobre competencia. La presente Directiva es aplicable tanto a las empresas públicas como a las privadas. (13) Los Estados miembros tienen diferentes estructuras terri- toriales administrativas. La presente Directiva debe apli- carse a los poderes públicos en todos los niveles de gobierno de los Estados miembros. (14) Por lo tanto, procede modificar la Directiva 80/723/CEE en consecuencia. HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 La Directiva 80/723/CEE quedará modificada como sigue: 1) El título se sustituirá por el texto siguiente: «Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a financiera de determinadas empresas». transparencia la 2) Los artículos 1 y 2 se sustituirán por el texto siguiente: «Artículo 1 1. Los Estados miembros garantizarán, en las condi- ciones previstas por la presente Directiva, la transparencia de las relaciones financieras entre los poderes públicos y las empresas públicas, poniendo de relieve: a) las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas directamente por los poderes públicos a las empresas públicas de que se trate; b) las puestas a disposición de fondos públicos efectuadas por los poderes públicos por mediación de empresas públicas o instituciones financieras; c) la utilización efectiva de esos fondos públicos. 2. Sin perjuicio de otras disposiciones específicas estable- cidas por la Comunidad, los Estados miembros garantizarán que la estructura financiera y organizativa de cualquier empresa que esté obligada a llevar cuentas separadas se refleje correctamente en dichas cuentas, de manera que aparezcan claramente indicados: a) los costes e ingresos derivados de las diferentes activi- dades; b) información detallada sobre los métodos de asignación o distribución de los costes e ingresos entre las diferentes actividades. 29. 7. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 193/77 Artículo 2 1. A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) “poderes públicos”, todos los poderes públicos, incluido el Estado, así como las autoridades regionales y locales y todas las demás colectividades territoriales; b) “empresas públicas”, cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirecta- mente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen; c) “empresas públicas que operan en el sector manufactu- rero”, todas las empresas cuya principal área de acti- vidad, definida como aquella que representa al menos el 50 % de su volumen de negocios global anual, sean las manufacturas. Estas empresas son aquellas cuyas opera- ciones corresponden a la Sección D — Industria manu- facturera (de la subsección DA hasta —e inclusive— la subsección DN) de la clasificación NACE (Rev. 1) (*); d) “empresa obligada a llevar cuentas separadas”, cualquier empresa a la que un Estado miembro haya concedido derechos especiales o exclusivos con arreglo al apartado 1 del artículo 86 del Tratado, o a la que se haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general con arreglo al apartado 2 del artículo 86 del Tratado y reciba cualquier tipo de ayuda estatal, ya sea en forma de subvención, apoyo o compensación, por prestar ese servicio y que lleve a cabo otras actividades; e) “diferentes actividades”, por una parte, los productos o servicios por los que se hayan concedido derechos espe- ciales o exclusivos a una empresa o los servicios de interés económico general que se hayan confiado a una empresa y, por otra, los demás productos y servicios a que se dedique la empresa; f) “derechos exclusivos”, los derechos concedidos por un Estado miembro a una empresa mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que reserve a esta empresa el derecho a prestar un servicio o emprender una actividad en una zona geográfica especí- fica; g) “derechos especiales”, los derechos concedidos por un Estado miembro a un número limitado de empresas mediante cualquier instrumento legal, reglamentario o administrativo que, en una zona geográfica específica, — limite a dos o más el número de esas empresas autorizadas a prestar un servicio o emprender una actividad, con criterios que no sean objetivos, proporcionales y no discriminatorios, o — designe, con arreglo a tales criterios, a varias a prestar un servicio o autorizadas empresas emprender una actividad, o — conceda a una o varias empresas, con arreglo a tales criterios, ventajas legales o reglamentarias que afecten sustancialmente a la capacidad de cualquier otra empresa de prestar el mismo servicio o ejercer la misma actividad en la misma zona geográfica en condiciones sustancialmente equivalentes. 2. Se presumirá que hay influencia dominante cuando, en relación con una empresa, el Estado u otras administra- ciones territoriales, directa o indirectamente: a) posean la mayoría del capital suscrito de la empresa; o b) dispongan de la mayoría de los votos correspondientes a las participaciones emitidas por la empresa; o c) puedan designar a más de la mitad de los miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa. (*) DO L 83 de 3. 4. 1993, p. 1. » 3) En el artículo 3, los términos «artículo 1» se sustituirán por los términos «apartado 1 del artículo 1». 4) Se insertará el artículo 3 bis siguiente: «Artículo 3 bis 1. A fin de garantizar la transparencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 1, los Estados miembros adop- tarán las medidas necesarias para que en todas las empresas obligadas a llevar cuentas separadas: a) se lleven por separado las cuentas internas correspon- dientes a las diferentes actividades; b) se asignen o distribuyan correctamente los costes e ingresos sobre la base de principios de conta- bilidad de costes aplicados de forma coherente y obje- tivamente justificables; todos c) se establezcan claramente los principios de contabi- lidad de costes con arreglo a los que deban llevarse las cuentas separadas. El apartado 1 sólo será aplicable a las actividades 2. que no estén cubiertas por disposiciones específicas esta- blecidas por la Comunidad y no afectará a las obliga- ciones las empresas por el Tratado o por dichas disposiciones espe- cíficas. ». los Estados miembros o a impuestas a 5) Los artículos 4 y 5 se sustituirán por el texto siguiente: «Artículo 4 1. En lo que respecta al criterio de transparencia a que se refiere el apartado 1 del artículo 1, la presente Direc- tiva no afectará a las relaciones financieras entre los poderes públicos y: a) las empresas públicas, por lo que se refiere a los servi- cios cuya prestación no pueda afectar de forma apre- ciable al comercio entre los Estados miembros; b) los bancos centrales; c) las entidades de crédito públicas, por lo que se refiere a los depósitos de fondos públicos efectuados por los poderes públicos en condiciones comerciales normales; L 193/78 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 29. 7. 2000 d) las empresas públicas cuyo volumen de negocios global neto anual en los dos ejercicios anuales ante- riores al ejercicio en que se hayan puesto a disposi- ción o utilizado los fondos mencionados en el apar- tado 1 del artículo 1 haya sido inferior a 40 millones de euros. No obstante, en el caso de las entidades de crédito públicas el umbral correspondiente será un balance total de 800 millones de euros. 2. En lo que respecta al criterio de transparencia a que se refiere el apartado 2 del artículo 1, la presente Direc- tiva no se aplicará: a) a las empresas, por lo que se refiere a los servicios cuya prestación no pueda afectar de forma apreciable al comercio entre los Estados miembros; b) a las empresas cuyo volumen de negocios global neto anual en los dos ejercicios anuales anteriores a cual- quier año en que disfruten de un derecho especial o exclusivo concedido por un Estado miembro con arreglo al apartado 1 del artículo 86 del Tratado o en que se les haya confiado la gestión de un servicio de interés económico general con arreglo al apartado 2 del artículo 86 del Tratado sea inferior a 40 millones de euros; no obstante, en el caso de las entidades de crédito públicas el umbral correspondiente será un balance total de 800 millones de euros; c) las empresas a que se haya confiado la gestión de servicios de interés económico general con arreglo al apartado 2 del artículo 86 del Tratado, siempre que cualquiera que sea la ayuda estatal que reciban, en forma de subvención, apoyo o de compensación, se haya fijado por un período apropiado con arreglo a un procedimiento abierto, transparente y no discrimi- natorio. Artículo 5 1. Los Estados miembros adoptarán las medidas nece- sarias para que los datos relativos a las relaciones finan- cieras mencionadas en el apartado 1 del artículo 1 permanezcan a disposición de la Comisión durante cinco años desde el final del ejercicio anual durante el cual los fondos públicos hayan sido puestos a disposición de las empresas públicas de que se trate. No obstante, cuando los fondos públicos sean utilizados durante un ejercicio ulterior, el plazo de cinco años empezará a contar a partir del final de ese mismo ejercicio. 2. Los Estados miembros garantizarán que la informa- ción relativa a la estructura financiera y organizativa de las empresas a que se refiere el apartado 2 del artículo 1 permanezca a disposición de la Comisión durante cinco años a partir del final del ejercicio anual a que se refiere la información. A petición de la Comisión y en caso de que esta lo 3. los Estados miembros le facilitarán la estime necesario, información mencionada en los apartados 1 y 2, así como los elementos de apreciación que fuesen necesarios y en particular, los objetivos que se persiguen. ». 6) En el apartado 3 del artículo 5 bis, el término «ecus» se sustituirá por «euros». 7) En el apartado 1 del artículo 6, los términos «apartado 2 del artículo 5» se sustituirán por «apartado 3 del artículo 5». Artículo 2 Los Estados miembros adoptarán las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumpli- miento a lo dispuesto en la presente Directiva a más tardar el 31 de julio de 2001. Informarán de ello a la Comisión. El apartado 2 del artículo 1 de la Directiva 80/723/CEE, modificada por la presente Directiva será aplicable a partir del 1 de enero de 2002. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompa- ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los la Estados miembros mencionada referencia. establecerán las modalidades de Artículo 3 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 4 Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 2000. Por la Comisión Mario MONTI Miembro de la Comisión


title: SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0530/00 von Brigitte Langenhagen (PPE-DE) an die Kommission. Umsetzung des Bildungsprogramms SOKRATES.

eurovoc_concepts:
EU Member State
competence of the Member States
educational system
higher education
recognition of diplomas
recognition of studies
student
student mobility
university

formats: html pdf print

text: C 330 E/182 Amtsblatt der Europ(cid:228)ischen Gemeinschaften DE 21. 11. 2000 Antwort von Frau Diamantopoulou im Namen der Kommission (17. April 2000) Die Kommission ist der Auffassung, da(cid:223) das rasche Wachstum neuer Technologien zur Schaffung neuer Arbeitsm(cid:246)glichkeiten f(cid:252)r behinderte und insbesondere f(cid:252)r blinde Menschen genutzt werden kann und mu(cid:223) und da(cid:223) man sie ferner nicht mehr systematisch auf Berufe hin orientieren sollte, die h(cid:228)ufig geringe Qualifikationen erfordern, die repetititv sind und die mit den fachlichen F(cid:228)higkeiten oder beruflichen Motivationen der betroffenen Personen nichts zu tun haben. Jetzt gibt es eine Technik, die die Anpassung von Telekommunikationsschaltern an die Bed(cid:252)rfnisse sehbehinderter Menschen erm(cid:246)glicht, wobei flexible Standard-PC-Technologie zur Herstellung einer Schnittstelle mit dem Bediener genutzt wird. Ferner gibt es sowohl Software als auch Hardware, die die Zug(cid:228)nglichkeit von Computertechnologien f(cid:252)r Sehbehinderte verbessert. Es stellt sich daher die Frage, inwieweit zus(cid:228)tzliche technische Spezifikationen vorgeschrieben werden m(cid:252)ssen, um einen besseren Anpassungsgrad dieser Ger(cid:228)te zu gew(cid:228)hrleisten. Mit der Richtlinie 1999/5/EG des Europ(cid:228)ischen Parlaments und des Rates vom 9. M(cid:228)rz 1999 (cid:252)ber Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformit(cid:228)t (1) hat die Kommission die M(cid:246)glichkeit, zu pr(cid:252)fen, ob bestimmte Ger(cid:228)teklassen neu konstruiert werden m(cid:252)ssen, damit sie von Menschen mit verschiedenen Formen von Behinderungen leichter benutzt werden k(cid:246)nnen. Die Kommission hat Studiengruppen einge- setzt (in denen Gruppen mit verschiedenen Formen der Behinderung vertreten waren), um zu bewerten, ob die Anwendung dieser Bestimmung notwendig ist. Als Ergebnis dieser Diskussionen kam die Kommission zu dem Schlu(cid:223), da(cid:223) derzeit keine stichhaltige Rechtfertigung hierf(cid:252)r besteht, da die ermittelten Hindernisse f(cid:252)r die Benutzerfreundlichkeit nicht technischer Natur waren. Ferner hat die Kommission im Rahmen der Gemeinschaftspolitik zur Normung in der Informationsgesell- schaft den europ(cid:228)ischen Normenstellen (cid:129) d. h. dem Europ(cid:228)ischen Normenausschu(cid:223) (CEN), dem Europ(cid:228)i- schen Komitee f(cid:252)r elektrotechnische Normung (CENELEC) und dem Europ(cid:228)ischen Institut f(cid:252)r Telekom- munikationsnormen (ETSI) (cid:129) einen Normungsauftrag erteilt, um die spezifischen Normungsbed(cid:252)rfnisse f(cid:252)r eine bessere Integration behinderter Menschen in die Informationsgesellschaft zu ermitteln. Schlie(cid:223)lich hat die Kommission im November 1999 einen Vorschlag f(cid:252)r eine Richtlinie des Rates zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens f(cid:252)r die Verwirklichung der Gleichbehandlung in Besch(cid:228)ftigung und Beruf (2) angenommen. Dieser Vorschlag sieht insbesondere die Verpflichtung der Arbeitgeber vor, den Arbeitsplatz von behinderten Menschen (cid:129) nach M(cid:246)glichkeit (cid:129) so einzurichten, da(cid:223) die Chancengleichheit bei der Besch(cid:228)ftigung gewahrt ist. (1) ABl. L 91 vom 7. 4. 1999. (2) KOM(1999) 565 endg. (2000/C 330 E/209) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0530/00 von Brigitte Langenhagen (PPE-DE) an die Kommission Betrifft: Umsetzung des Bildungsprogramms (cid:132)SOKRATES(cid:147) (28. Februar 2000) Bei der Umsetzung des SOKRATES-Programms f(cid:252)r den Studentenaustausch gibt es nach meinen Recher- chen aufgrund unterschiedlicher Studiensysteme Probleme hinsichtlich der Anerkennung der Abschl(cid:252)sse an den Partneruniversit(cid:228)ten. Besonders scheint diese Problematik zwischen deutschen und franz(cid:246)sischen Universit(cid:228)ten aufzutreten. W(cid:252)rden die Abschl(cid:252)sse solcher Aufbaustudieng(cid:228)nge anerkannt, so w(cid:228)ren junge Studenten leichter zur Teilnahme zu motivieren. So entsteht der Eindruck, da(cid:223) die Teilnehmer durch den Austausch Zeit bei der Erreichung ihrer Studienziele verlieren und in Zukunft kein Interesse an einem Austausch entwickeln. Ich bitte deshalb um Beantwortung folgender Fragen: 1. Inwiefern wurde bei Auflage des Sokrates-Programm die Verschiedenheit von Studiensystemen in den Mitgliedstaaten ber(cid:252)cksichtigt? 21. 11. 2000 DE Amtsblatt der Europ(cid:228)ischen Gemeinschaften C 330 E/183 2. Wie gedenkt die Kommission die Anerkennungsbereitschaft an den Hochschulen zu erh(cid:246)hen bezie- hungsweise die Anerkennungspraxis zu (cid:228)ndern, um interessierten Studenten die Teilnahmen ohne zeitliche Verluste an ihrer Heimatuniversit(cid:228)t zu erm(cid:246)glichen? 3. Welche Ma(cid:223)nahmen gedenkt die Kommission zu ergreifen, um die Hochschulbildungssysteme europa- weit anzugleichen? Antwort von Frau Reding im Namen der Kommission (3. April 2000) Die akademische Anerkennung von Hochschuldiplomen f(cid:228)llt in den Zust(cid:228)ndigkeitsbereich der Mitglied- staaten. Derzeit bestehen keine Gemeinschaftsbestimmungen f(cid:252)r diese Anerkennung. Nach Artikel 149 des EG-Vertrags ist jeder Mitgliedstaat f(cid:252)r den Lehrinhalt und die Organisation seines Bildungssystems verant- wortlich, wobei eine Harmonisierung in diesem Bereich ausgeschlossen ist. Die Beh(cid:246)rden sind berechtigt, f(cid:252)r die Immatrikulation in einen Studiengang die vorherige akademische Anerkennung der in einem anderen Mitgliedsland erworbenen Qualifikationen zu verlangen. Ferner steht es ihnen frei, die Vorschriften f(cid:252)r dieses Verfahren festzulegen, da es keine Gemeinschaftsvorschriften gibt, wonach ein Mitgliedstaat in einem anderen Mitgliedstaat erworbene Hochschuldiplome f(cid:252)r akademische Studienzwecke anerkennen mu(cid:223). Die Kommission f(cid:246)rdert die gegenseitige akademische Anerkennung zwischen verschiedenen Bildungs- insbesondere die Erasmus-Aktion. Ein konkretes systemen in Europa (cid:252)ber das SOKRATES-Programm, Ergebnis der Bem(cid:252)hungen zur F(cid:246)rderung der akademischen Anerkennung von Qualifikationen ist das Netz nationaler Informationszentren zur Anerkennung von Diplomen (NARIC). Diese Zentren vermitteln Infor- mationen (cid:252)ber nationale akademische Anerkennungsverfahren. Aufgabe des 1984 geschaffenen Netzes ist es, die Mobilit(cid:228)t von Studenten, Dozenten und Forschern durch zuverl(cid:228)ssige Beratung und Information (cid:252)ber die akademische Anerkennung von Hochschuldiplomen zu f(cid:246)rdern. Die wichtigsten Benutzer dieser Dienstleistungen sind Hochschulen, Studenten und deren Berater, Eltern, Lehrer und k(cid:252)nftige Arbeitgeber. Ferner unterst(cid:252)tzt und f(cid:246)rdert die Kommission das europ(cid:228)ische System zur Anrechnung von Studien- leistungen (ECDS), mit dem Transparenz hergestellt, Br(cid:252)cken zwischen Institutionen gebaut und Wahl- m(cid:246)glichkeiten der Studenten erweitert werden k(cid:246)nnen. Das System erleichtert es den Institutionen, Studienleistungen von Studenten durch Anwendung allgemein verst(cid:228)ndlicher Ma(cid:223)nahmen anzuerkennen (cid:129) Anrechnungen und akademische Grade. Ferner bietet es eine M(cid:246)glichkeit, die nationalen Systeme der Hochschulbildung zu verstehen. Das ECTS-System basiert auf drei Hauptelementen: Information ((cid:252)ber Studienprogramme und Studienleistungen), gegenseitige Vereinbarung zwischen den Partnerinstitutionen und den Studenten) und die Verwendung von ECTS-Anrechnungen (Angabe der Studienleistung des Studenten). Das ECTS-System wird derzeit in etwa 1 300 Institutionen der Gemeinschaft, den EWR-Staaten und den assoziierten L(cid:228)ndern verwendet. Das System fand bei nationalen Beh(cid:246)rden, Universit(cid:228)ten und Studenten breite Akzeptanz. Nach der 1994 eingeleiteten Diskussion (cid:252)ber die m(cid:246)glichen Synergien zwischen akademischer und beruflicher Anerkennung hat der Rat die Kommission in seinen Schlu(cid:223)folgerungen vom 6. Mai 1996 aufgefordert, die M(cid:246)glichkeit f(cid:252)r eine freiwillige Einf(cid:252)hrung eines europ(cid:228)ischen Verwaltungsanhangs f(cid:252)r akademische Diplome zu pr(cid:252)fen. Arbeiten (cid:252)ber diesen (cid:132)Diplomzusatz(cid:147) werden einer Arbeitsgruppe (cid:252)ber- tragen, die aufgrund einer gemeinsamen Initiative der Kommission, des Europarats und der Unesco/CEPES im Dezember 1996 eingesetzt wurde. Seitdem hat sich ein Modell f(cid:252)r ein Diplomzusatz abgezeichnet. Es enth(cid:228)lt eine Beschreibung der Art und des Inhalts der akademischen Programme, des erworbenen Qualifikationsniveaus und Angaben (cid:252)ber das Hochschulsystem, in dem die Qualifizierung erworben wurde. (2000/C 330 E/210) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0537/00 von Raffaele Costa (PPE-DE) an die Kommission (28. Februar 2000) Betrifft: Europ(cid:228)ische Standards zur Begrenzung von Emissionen und R(cid:252)ckst(cid:228)nden der Verbrennungsan- lagen Kann die Kommission mitteilen, welche Standards (cid:129) zum Schutz der menschlichen Gesundheit und der Natur (cid:129) in der Europ(cid:228)ischen Union die Abfallemissionen oder andere R(cid:252)ckst(cid:228)nde aus den Verbrennungs- anlagen regeln?


title: Règlement (CE) n° 450/2000 de la Commission, du 28 février 2000, modifiant le règlement (CE) n° 2698/1999 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine

eurovoc_concepts:
beef
export refund
health control
third country

formats: pdf print

text: L 55/24 FR Journal officiel des Communautés européennes 29. 2. 2000 RÈGLEMENT (CE) No 450/2000 DE LA COMMISSION du 28 février 2000 modifiant le règlement (CE) no 2698/1999 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (4) vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12, considérant ce qui suit: (1) (2) (3) Les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine ont été fixées par le règlement (CE) no 2698/1999 de la Commission (2). Les modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ont été arrêtées par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (3). Il est opportun de limiter l'octroi de la restitution aux produits pouvant circuler librement à l'intérieur de la Communauté. Il y a donc lieu de prévoir que, pour bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter la marque de salubrité comme prévu respectivement dans la directive 64/433/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE (5), la directive 94/65/CE du Conseil (6) et la directive 77/99/CEE du Conseil (7), modifiée en dernier lieu par la directive 97/76/CE (8). Les mesures prévues sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, au présent règlement A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er du règlement (CE) no 2698/1999, le paragraphe 3 suivant est ajouté: Les produits doivent satisfaire aux conditions de «3. marquage de salubrité respectives telles que prévues à: — l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE, — l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE, — l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés euro- péennes. Il est applicable aux déclarations de paiement visées à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 et aux déclarations d'exportation visées à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999 accompagnées d'un certificat d'ex- portation délivré après le 3 mars 2000. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 2000. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 160 du 26. 6. 1999, p. 21. (2) JO L 326 du 18. 12. 1999, p. 49. (3) JO L 102 du 17. 4. 1999, p. 11. (4) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (5) JO L 243 du 11. 10. 1995, p. 7. (6) JO L 368 du 31. 12. 1994, p. 10. (7) JO L 26 du 31. 1. 1977, p. 85. (8) JO L 10 du 16. 1. 1998, p. 25


title: WRITTEN QUESTION E-0510/00 by Christopher Huhne (ELDR) to the Commission. Studies of inflation differentials.

eurovoc_concepts:
EU Member State
inflation
single monetary policy

text: 28. 12. 2000 EN Official Journal of the European Communities C 374 E/93 (2000/C 374 E/108) WRITTEN QUESTION E-0510/00 by Christopher Huhne (ELDR) to the Commission (28 February 2000) Subject: Studies of inflation differentials In the light of the answer to Written Question E-2228/99 (1), is the Commission aware of the studies undertaken by academics and market participants into the sustainable inflation differentials of each Member State in the eurozone? Would the Commission please list for each Member State the inflation differentials which different studies undertaken by academics and market participants have suggested would be sustainable? (1) OJ C 219 E, 1. 8. 2000, p. 127. Answer given by Mr Solbes Mira on behalf of the Commission (4 April 2000) Academic studies trying to assess the scope for sustainable inflation differentials in Economic and monetary union (EMU) include Alberola and Tyrv(cid:228)inen (1998), and Canzoneri et. al. (1998). These studies rely on the so-called Balassa-Samuelson model or an amended version thereof. The International monetary fund has also attempted a cross-country quantification of the Balassa-Samuelson effect in several recent reports. Market participants tend either to refer to these studies or to refer to the historical experience of some existing monetary unions, notably the United States or the United Kingdom. The European central bank (ECB) analysed the issue of inflation differentials in a monetary union in its monthly bulletin of October 1999. The simulated sustainable inflation rates in the academic studies are given in a table sent direct to the Honourable Member and to Parliament(cid:146)s Secretariat. The simulations rely on three basic assumptions: (i) long-run purchasing power parity (PPP) will hold for tradeables in the euro area; (ii) the productivity growth differential between tradeables and non-tradeables will remain the same in EMU in each country as in the historical period; and (iii) prices in each sector will evolve in line with unit labour costs. Alberola and Tyrv(cid:228)inen allow for differences in sectoral wage trends in what they call an (cid:145)extended Balassa- Samuelson(cid:146) model. These numerical exercises are valuable in showing that sustained inflation differentials in EMU may be justified. This fact needs to be recognised in the multilateral surveillance process and in the economic policies of euro area participants. The simulations should not be viewed as accurate predictions of future long-term differences in inflation across EMU. The role of traded goods productivity bias in explaining real exchange rates across industrialised countries is still a matter of debate in the economic literature (cf. Rogoff (1996)). In the experience of EMU countries, national price levels measured in common currency have diverged by considerably less over long periods than the above simulations suggest. The assumptions underlying the simulations de facto have not been fulfilled (and need not be so in future), for example long-run PPP for traded goods has not been satisfied for all countries in the sample (cf. Canzoneri et. al. (1998)); the relative price of non-tradeables has risen generally less fast than indicated by relative productivity trends (cf. Canzoneri et. al. (1998)); productivity differentials between sectors may change over time (the remaining scope for catching-up in e. g. Italy and Spain is smaller today than in the early 1970s). Experience from other monetary unions may help to shed light on the issue of inflation differentials in EMU. From 1950 to 1978 (when the Irish pound ceased to be linked to the British pound), the average difference in annual consumer price index (CPI) inflation between Ireland and the United Kingdom (countries with a considerable difference in the level of economic development at the time) was 0,4 %. Between Luxembourg and Belgium, the average difference over the period 1950-1988 was about 0,3 % per annum. C 374 E/94 Official Journal of the European Communities EN 28. 12. 2000 The Commission views the above mechanical simulations as upper limits on the likely scope for sustained inflation divergence in EMU. Nevertheless, in the economic management of the euro area it is very important to recognise that persistent inflation differences may be warranted in view of longer-term structural forces. The Commission welcomes the Parliament(cid:146)s interest in this important topic and would be glad to discuss further these issues with the Honourable Member. (2000/C 374 E/109) WRITTEN QUESTION E-0511/00 by Christopher Huhne (ELDR) to the Commission (28 February 2000) Subject: Disrespect for EU law by Member States In the light of the answer to Written Question E-2230/99 (1) (3 December 1999) and to the picture of sustained and increasing disrespect for European Union law, particularly by France, how does the Commission propose to improve matters? Does the Commission recognise that its existing efforts to curb infringements are inadequate? Does it believe that the system of penalties should be reinforced against persistent law-breakers, and will it bring forward proposals to that effect in the forthcoming Intergovern- mental Conference? (1) OJ C 203 E, 18. 7. 2000, p. 153. Answer given by Mr Prodi on behalf of the Commission (10 April 2000) The Commission considers that the existing infringement procedure in Article 226 (ex Article 169) of the EC Treaty has proved its efficiency for years. Therefore the Commission does not intend to propose a reform of this procedure. The largest proportion of infringement proceedings initiated by the Commission is solved before any action is taken in the Court of justice, the Member State having brought the infringement to an end. As an illustration of this efficiency, in 1999 only 16,5 % of infringement cases having been subject to a prior letter of formal notice had to be submitted to the Court by the Commission. The possibility of a second action in the Court of justice with financial penalties (Article 228 ex Article 171 EC Treaty) introduced by the Treaty on European Union has again reinforced the efficiency of this procedure. Moreover, in order to ensure a more and more systematic review of the implementation of Community law by the Member States, the Commission constantly improves its operational procedures in that field. The Honourable Member is invited to refer to the forthcoming 17th report for an outline of these new operational measures. This will be made available to the Parliament in the coming weeks. (2000/C 374 E/110) WRITTEN QUESTION E-0516/00 by Michael Gahler (PPE-DE) to the Commission (28 February 2000) Subject: Nationality in relation to double taxation A German and an Austrian are employed at the Frankfurt branch of the Austrian Chamber of Commerce, a public body. Whilst the Austrian, as an employee of a public body, is treated as having his permanent residence in Austria, the German employee comes under the double taxation agreement between Austria and Germany. Pursuant to that agreement, he has limited tax liability in Austria unless, in accordance with the judgment of the European Court of Justice in the Schumacker case, he applies for unlimited tax liability


title: Komission direktiivi 2000/52/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun komission direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta

text: 29. 7. 2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 193/75 KOMISSION DIREKTIIVI 2000/52/EY, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2000, jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuudesta annetun komis- sion direktiivin 80/723/ETY muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 86 artiklan 3 kohdan, sekä katsoo seuraavaa: (1) (2) (3) (4) (5) velvoitetaan varmistamaan Komission direktiivissä 80/723/ETY (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 93/84/ETY (2), jäsen- viran- valtiot omaisten ja julkisten yritysten välisten taloudellisten suhteiden avoimuus. Direktiivissä 80/723/ETY vaaditaan, että jäsenvaltiot säilyttävät tietyt taloudelliset tiedot ja toimittavat ne komissiolle tämän pyynnöstä sekä toimit- tavat muut tiedot vuosikertomusten muodossa. julkisten Useat talouden alat, joille aiemmin oli luonteenomaista kansallisten, alueellisten tai paikallisten monopolien olemassaolo, on avattu tai niitä ollaan avaamassa osittain tai kokonaan kilpailulle perustamissopimuksen nojalla tai jäsenvaltioiden ja yhteisön antamien sääntöjen nojalla. Tämän prosessin aikana on osoittautunut tärkeäksi varmistaa, että perustamissopimukseen sisäl- tyviä kilpailusääntöjä sovelletaan näillä aloilla tasapuoli- sesti ja tehokkaasti, ja erityisesti on varmistettava se, että markkinoilla ei esiinny perustamissopimuksen 82 artik- lassa tarkoitettua määräävän aseman väärinkäyttöä, ja että perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea ei myönnetä jollei se sovellu yhteismarkki- noille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta perustamissopi- muksen 86 artiklan 2 kohdan mahdollista soveltamista. Jäsenvaltiot myöntävät usein joillekin yrityksille erityisoi- keuksia tai yksinoikeuksia näillä aloilla tai suorittavat maksuja tai muita korvauksia yrityksille, joille on uskottu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottaminen. Nämä yritykset kilpailevat usein myös muiden yritysten kanssa. Perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan ja 86 artiklan 3 kohdan mukaan periaatteessa jäsenvaltioiden tehtävänä on myöntää tietyille yrityksille jäsenvaltioiden määrittelemien yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liitty- vien palvelujen hoito, kun taas komission tehtävänä on valvoa, että kyseisen artiklan määräyksiä noudatetaan. Perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdassa määrä- tään, että jäsenvaltiot eivät toteuta eivätkä pidä voimassa mitään toimenpidettä, joka koskee julkisia yrityksiä taikka yrityksiä, joille jäsenvaltiot myöntävät erityisoi- keuksia tai yksinoikeuksia, ja joka on ristiriidassa perus- tamissopimuksen määräysten kanssa. Perustamissopi- muksen 86 artiklan 2 kohtaa sovelletaan yrityksiin, jotka (1) EYVL L 195, 29. 7. 1980, s. 35. (2) EYVL L 254, 12. 10. 1993, s. 16. tai että komissio valvoo, ja antaa, tuottavat yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja. Perustamissopimuksen 86 artiklan 3 kohdassa että 86 artiklan määrätään, jos se on tarpeen, määräyksiä noudatetaan, jäsenvaltioille osoitetut aiheelliset direktiivit tekee niille osoitetut aiheelliset päätökset. Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitettyihin tulkitseviin määräyk- siin sisältyvässä pöytäkirjassa jäsenvaltioiden julkisen palvelun yleisradiotoiminnasta todetaan, että Euroopan yhteisön perustamissopimuksen määräykset eivät rajoita jäsenvaltioiden toimivaltaa rahoittaa julkista yleisradio- toimintaa, siinä määrin kuin rahoitus myönnetään yleis- radioyritykselle kunkin jäsenvaltion antaman, määritte- lemän ja järjestämän julkisen palvelun tehtävän täyttämi- seksi, ja siinä määrin kuin rahoitus ei vaikuta yhteisön kauppa- ja kilpailuolosuhteisiin sellaisessa laajuudessa, että se olisi yleisen edun vastaista, kun samalla otetaan huomioon tällaisen julkisen palvelun tehtävän toteutta- minen. Perustamissopimuksen 86 artiklan määräysten noudattamisen varmistamiseksi komissiolla on oltava tarpeelliset tiedot. Tämän vuoksi on määriteltävä avoi- muuden saavuttamisen edellytykset. (6) (7) Erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia saaneiden taikka ylei- siin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita tuotta- vien julkisten ja yksityisten yritysten monimuotoinen tilanne, yksittäisen yrityksen mahdollisesti harjoittamien toimintojen määrä ja jäsenvaltioiden eriasteinen markki- noiden vapauttaminen voivat vaikeuttaa kilpailusään- töjen ja erityisesti perustamissopimuksen 86 artiklan soveltamista. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden ja komission on saatava yksityiskohtaisia tietoja näiden yritysten sisäi- sestä taloudellisesta rakenteesta ja organisaatioraken- teesta ja erityisesti eritellyt ja luotettavat kirjanpitotiedot saman yrityksen eri toiminnoista. Näitä tietoja ei ole aina saatavilla tai ne eivät aina ole riittävän yksityiskohtaisia tai luotettavia. ja menot, toiminnot, kunkin ilmettävä eri Kirjanpidosta olisi toiminnon aiheuttamat tulojen ja tulot menojen kohdistamisessa käytetyt menetelmät. Erillisen kirjanpidon tulisi olla saatavilla niistä tuotteista tai palve- luista, joille jäsenvaltio on myöntänyt erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia tai joiden osalta yritykselle on uskottu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palveluiden tuottaminen, sekä toisaalta jokaisesta muusta yrityksen tuottamasta tuotteesta tai palvelusta. Velvoitetta pitää erillistä kirjanpitoa ei tulisi soveltaa yrityksiin, joiden toiminta rajoittuu yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liit- tyvien palvelujen tarjontaan ja joilla ei ole toimintaa näiden yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palve- lujen ulkopuolella. Ei kuitenkaan vaikuta tarpeelliselta L 193/76 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 29. 7. 2000 edellyttää erillistä kirjanpitoa yleisiin taloudellisiin tarkoi- tuksiin liittyvien palvelujen taikka erityisoikeuksien tai yksinoikeuksien osalta, se ei ole välttämätöntä jos tulojen ja menojen jaottelun kannalta näiden palvelujen ja tuotteiden ja sellaisten palvelujen ja tuotteiden välillä, jotka eivät liity yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin taikka erityisoikeuksiin tai yksinoikeuksiin. (8) (9) Kilpailusääntöjen tasapuolinen ja tehokas soveltaminen näihin yrityksiin voidaan parhaiten varmistaa siten, että jäsenvaltiot velvoitetaan varmistamaan, että kyseiset yritykset pitävät erillistä kirjanpitoa. Komissio on hyväk- synyt tiedonannon yleishyödyllisistä palveluista Euroo- passa (1), jossa painotetaan näiden palvelujen merkitystä. On otettava huomioon näiden mahdollisesti yleishyödyl- lisiin palveluihin liittyvien alojen merkitys, kyseisten yritysten mahdollinen vahva markkina-asema ja vapau- tumassa olevien alojen käynnistymässä olevan kilpailun haavoittuvuus. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti ja avoimuuden perustavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen ja asianmukaista laatia erillistä kirjanpitoa koskevat säännöt. Tämä direktiivi rajoittuu siihen, mikä on tarpeen tavoitteiden toteuttamiseksi perustamissopi- muksen 5 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti. Eräillä aloilla yhteisössä hyväksytyt säännökset edellyt- tävät jäsenvaltioilta ja tietyiltä yrityksiltä erillistä kirjan- pitoa. On tarpeen varmistaa kaiken taloudellisen toiminnan yhdenvertainen kohtelu kaikkialla yhteisössä ja ulottaa velvollisuus pitää erillistä kirjanpitoa kaikkiin vastaaviin tilanteisiin. Tällä direktiivillä ei muuteta yhteisön muissa säännöksissä olevia samaa tarkoitusta varten vahvistettuja erityissääntöjä eikä tätä direktiiviä sovelleta sellaisten yritysten toimintoihin, joihin sovelle- taan yhteisön muita säännöksiä. (10) Valtavan ja liiallisen hallinnollisen taakan välttämiseksi ei toistaiseksi ole tarpeen velvoittaa koko vuotuiselta netto- liikevaihdoltaan alle 40 miljoonaa euroa olevia yrityksiä, pitämään erillistä kirjanpitoa, koska niillä on rajoitettu mahdollinen vaikutus kilpailuun. Koska mahdollinen vaikutus jäsenvaltioiden väliseen kauppaan on rajoitettu, ei ole toistaiseksi tarpeen edellyttää erillisen kirjanpidon pitämistä tiettyihin luokkiin kuuluvien palvelujen suori- tulisi tuksista. Tämän direktiivin soveltamisen ei vaikuttaa muihin sääntöihin, jäsenval- tioiden tiedonantovelvollisuutta komissiolle. jotka koskevat (11) Tällä kertaa ei liene tarpeen velvoittaa yritystä pitämään erillistä kirjanpitoa, jos yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista maksettava korvaus on määritetty (1) EYVL C 281, 26. 9. 1996, s. 3. tietyksi ajaksi avointa ja syrjimätöntä menettelyä sovel- taen. (12) Perustamissopimuksen 295 artiklassa määrätään, että perustamissopimuksella ei puututa jäsenvaltioiden omis- tusoikeusjärjestelmiin. Kilpailusääntöjä sovellettaessa ei yksityisiä ja julkisia yrityksiä saa asiattomasti syrjiä. Tätä direktiiviä sovelletaan sekä yksityisiin että julkisiin yrityksiin. (13) Jäsenvaltioiden hallintoalueiden rakenteet poikkeavat toisistaan. Tätä direktiiviä olisi sovellettava jäsenval- tioiden kaikkiin julkisiin viranomaisiin. (14) Tämän vuoksi olisi direktiiviä 80/723/ETY muutettava, ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN: 1 artikla Muutetaan direktiivi 80/723/ETY seuraavasti: 1) Korvataan nimi seuraavasti: ”Komission direktiivi 80/723/ETY, annettu 25 päivänä kesä- jäsenvaltioiden ja julkisten yritysten välisten kuuta 1980, taloudellisten tiettyjen sekä yritysten taloudellisen toiminnan avoimuudesta. ” avoimuudesta suhteiden 2) Korvataan 1 ja 2 artikla seuraavasti: ”1 artikla 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisten viran- omaisten ja julkisten yritysten väliset taloudelliset suhteet ovat avoimia tässä direktiivissä säädetyllä tavalla siten, että seuraavat seikat käyvät selkeästi ilmi: a) julkisten viranomaisten kyseiselle julkiselle yritykselle suoraan myöntämät julkiset varat; b) julkiset varat, jotka julkiset viranomaiset myöntävät julkisten yritysten tai rahoituslaitosten välityksellä; c) kyseisten julkisten varojen todellinen käyttötarkoitus. 2. Rajoittamatta yhteisössä annettuja erityisiä säännöksiä jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden yritysten, jotka ovat velvollisia pitämään erillistä kirjanpitoa, taloudellinen rakenne ja organisaatiorakenne näytetään oikein erillisessä kirjanpidossa siten, että seuraavat seikat selkeästi ilmenevät: a) eri toiminnoista syntyvät tulot ja menot; b) yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä, joilla tulot ja menot kohdistetaan eri toiminnoille. 29. 7. 2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 193/77 2 artikla 1. Tässä direktiivissä tarkoitetaan: a) ’julkisilla viranomaisilla’ kaikkia julkisia viranomaisia, mukaan lukien valtio, alueelliset ja paikalliset julkisyh- teisöt sekä kaikki muut hallintoalueiden julkisyhteisöt; b) ’julkisilla yrityksillä’ kaikkia yrityksiä, joiden suhteen julkiset viranomaiset käyttävät suoraan tai välillisesti määräysvaltaa omistuksen, rahoitukseen osallistumisen tai yritykseen sovellettavien sääntöjen perusteella; c) ’valmistusalalla toimivalla julkisella yrityksellä’ kaikkia yrityksiä, joiden pääasiallinen toimiala, joka vastaa vähin- tään 50:tä prosenttia koko vuoden liikevaihdosta, kuuluu valmistusalaan. Kyse on yrityksistä, joiden toiminta kuuluu NACE-luokituksen (Rev. 1) pääluokkaan D — teollisuus (joka sisältää välitasot DA-DN) (*); d) ’yrityksellä, joka on velvollinen pitämään erillistä kirjanpitoa’ kaikkia yrityksiä, joille jäsenvaltio on myön- tänyt perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan mukaisia erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia, tai joille on uskottu perustamissopimuksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisten yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottaminen, joille on myönnetty kyseistä palvelua varten jossain muodossa valtiontukea, joka voi olla muun muassa avustus, tuki tai korvaus, ja joilla on muita toimintoja; e) ’eri toiminnoilla’ toisaalta kaikkia tuotteita tai palveluja, joiden osalta yritykselle on myönnetty erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia, taikka kaikkia yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja, jotka on uskottu yrityk- selle, ja toisaalta kaikkia muita yrityksen tuottamia eril- lisiä tuotteita ja palveluja; f) ’yksinoikeudella’ oikeutta, jonka jäsenvaltiot myöntävät yhdelle yritykselle laein, asetuksin ja hallinnollisin mää- räyksin ja joka antaa kyseiselle yritykselle oikeuden tiet- tyjen palvelujen tarjoamiseen tai tietyn toiminnan harjoittamiseen tietyllä maantieteellisellä alueella; g) ’erityisoikeuksilla’ oikeuksia, joita jäsenvaltiot myöntävät rajoitetulle määrälle yrityksiä tietyllä maantieteellisellä alueella laein, asetuksin ja hallinnollisin määräyksin, joilla — rajoitetaan kahteen tai useampaan niiden yritysten määrä, joiden sallitaan tarjota tiettyjä palveluja tai harjoittaa tiettyä toimintaa, muulla tavoin kuin objektiivisilla, syrjimättömillä perusteilla, tai oikeasuhteisilla ja — nimetään useita keskenään kilpailevia yrityksiä tar- joamaan tiettyjä palveluja tai harjoittamaan tiettyä toimintaa muulla tavoin kuin objektiivisilla, oikea- suhteisilla ja syrjimättömillä perusteilla, tai — yritykselle tai yrityksille annetaan muulla tavoin kuin objektiivisin, oikeasuhteisin ja syrjimättömin perus- tein lainsäädännössä tai muussa sääntelyssä etuja, jotka vaikuttavat merkittävästi muiden yritysten mahdollisuuksiin tai harjoittaa samaa toimintaa samalla maantieteellisellä alueella olennaisilta osin samanlaisten olosuhteiden vallitessa. palveluja samoja tarjota 2. Julkisten viranomaisten oletetaan käyttävän määräys- valtaa yrityksen suhteen, jos niillä on suoraan tai välillisesti: a) enemmistö yrityksen merkitystä pääomasta; tai b) valvonnassaan yrityksen osakkeiden äänimäärän enem- mistö; taikka c) mahdollisuus asettaa enemmän kuin puolet yrityksen johto- tai valvontaelimen jäsenistä. hallinto-, (*) EYVL L 83, 3. 4. 1993, s. 1. ” 3) Korvataan 3 artiklassa ilmaisu ”1 artiklassa” ilmaisulla ”1 artiklan 1 kohdassa”. 4) Lisätään 3 a artikla seuraavasti: ”3 a artikla 1. Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun avoimuuden varmistamiseksi jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset toimenpiteet jotka ovat velvollisia pitämään erillistä kirjanpitoa, sen varmistamiseksi, että yrityksillä, a) on erillinen juokseva kirjanpito eri toiminnoista; b) on siinä asianmukaisesti kaikki tulot ja menot sovel- perusteltuja (objektiivisesti johdonmukaisesti taen kustannuslaskennan periaatteita; c) on selkeät tiedot erillisen kirjanpidon perustana olevista kustannuslaskennan periaatteista. 2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan ainoastaan toimintoihin, joihin ei sovelleta yhteisössä annettuja erityisiä säännöksiä, eikä tämä säännös vaikuta jäsenvaltioiden tai yritysten jotka perustuvat perustamissopimukseen tai velvoitteisiin, edellä mainittuihin erityisiin säännöksiin. ” 5) Korvataan 4 ja 5 artikla seuraavasti: ”4 artikla Tämä direktiivi ei koske 1 artiklan 1 kohdassa joita 1. mainitun avoimuuden osalta taloudellisia suhteita, julkisilla viranomaisilla on: a) julkisiin yrityksiin sellaisten palvelujen osalta, joiden tarjoaminen ei ole omiaan vaikuttamaan mainittavasti jäsenvaltioiden väliseen kauppaan; b) keskuspankkeihin; c) julkisiin luottolaitoksiin sellaisten julkisia varoja koske- viranomaiset vien talletusten osalta, tekevät tavanomaisilla kaupallisilla ehdoilla; julkiset jotka L 193/78 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 29. 7. 2000 d) julkisiin yrityksiin, joiden koko vuotuinen nettoliike- vaihto kahdelta 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen varojen myöntämistä tai käyttöä viimeksi edeltäneeltä tilikaudelta on ollut vähemmän kuin 40 miljoonaa euroa. Julkisten luottolaitosten osalta vastaavana raja- arvona on kuitenkin taseen 800 miljoonan euron loppusumma. Tätä direktiiviä ei 1 artiklan 2 kohdassa mainitun 2. avoimuuden osalta sovelleta: a) yritysten niihin palveluihin, vaikuta merkittävästi joiden suorittaminen ei jäsenvaltioiden todennäköisesti väliseen kauppaan; b) yrityksiin joiden koko vuotuinen nettoliikevaihto on vähemmän kuin 40 miljoonaa euroa kahdelta mitä hyvänsä sellaista vuotta edeltäneeltä tilikaudelta, jona jäsenvaltio on myöntänyt niille perustamissopimuksen 86 artiklan 1 kohdan mukaisia erityisoikeuksia tai yksinoikeuksia tai jona sille on uskottu perustamissopi- muksen 86 artiklan 2 kohdan mukaisten yleisiin ta- loudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuotta- minen. Julkisten luottolaitosten osalta vastaavana raja- arvona on kuitenkin taseen 800 miljoonan euron loppusumma; noudattaen perustamissopimuksen joille on uskottu avointa ja syrjimätöntä c) yrityksiin, menettelyä 86 artiklan 2 kohdan mukaisten yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvien palvelujen tuottaminen, jos niille joka voi missä hyvänsä muodossa annettu valtiontuki, olla muun muassa avustus, tuki tai korvaus, on myön- netty tietyksi ajaksi. 5 artikla Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 1 1. kohdassa tarkoitettuja taloudellisia suhteita koskevat tiedot ovat komission saatavilla viiden vuoden ajan sen tili- kauden päättymisestä, jonka kuluessa julkiset varat myön- samoja varoja nettiin kyseisille julkisille yrityksille. käytetään myöhempinä tilikausina, viiden vuoden määrä- aika lasketaan kuitenkin mainitun tilikauden päättymisestä. Jos 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut yritysten taloudellista rakennetta ja tiedot ovat komission organisaatiorakennetta koskevat saatavilla viiden vuoden ajan sen tilikauden päättymisestä, johon tiedot liittyvät. 3. Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle sen pyyn- nöstä 1 ja 2 artiklassa tarkoitetut tiedot, jos se pitää sitä erityisesti tarpeellisena, menettelyn tavoitteista. ” taustatiedot tarpeelliset sekä 6) Korvataan 5 a artiklan 3 kohdassa ilmaisu ”ECUa” ilmai- sulla ”euroa”. 7) Korvataan 6 artiklan 1 kohdassa ilmaisu ”5 artiklan 2 kohdan” ilmaisulla ”5 artiklan 3 kohdan”. 2 artikla Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2001. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä. asetukset lait, ja Direktiivin 80/723/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna tällä direktiivillä, 1 artiklan 2 kohtaa on sovellettava 1 päivänä tammikuuta 2002. Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, julkaistaan. miten viittaukset tehdään. 3 artikla Tämä direktiivi voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. tulee Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. 4 artikla Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2000. Komission puolesta Mario MONTI Komission jäsen


title: SKRIFTLIG FORESPØRGSEL E-0524/00 af Giovanni Pittella (PSE), Joan Colom i Naval (PSE), Paulo Casaca (PSE), Vincenzo Lavarra (PSE) og Georges Garot (PSE) til Kommissionen. Beskyttelse af den europæiske nøddeproduktion.

eurovoc_concepts:
agricultural guidance
common agricultural policy
nut

text: 26. 1. 2001 DA De Europ(cid:230)iske F(cid:230)llesskabers Tidende C 26 E/57 Medlemsstaterne skal tr(cid:230)ffe alle nłdvendige foranstaltninger for at sikre, at anordningerne kun markeds- fłres og tages i brug, s(cid:229)fremt de ikke bringer patienters og brugeres sikkerhed og sundhed i fare. De skal anvende en »beskyttelsesklausul«, n(cid:229)r patienters og brugeres sikkerhed og sundhed bringes i fare. I medfłr af denne klausul kan s(cid:229)danne anordninger fjernes fra markedet, eller markedsfłringen og ibrugtagningen af disse kan begr(cid:230)nses eller forbydes. Endelig er det fastsat i direktivet, at medlemsstaterne ikke m(cid:229) forhindre markedsfłringen og ibrugtag- ningen af produkter, der b(cid:230)rer CE-m(cid:230)rkningen. (2001/C 26 E/071) SKRIFTLIG FORESP(cid:216)RGSEL E-0524/00 af Giovanni Pittella (PSE), Joan Colom i Naval (PSE), Paulo Casaca (PSE), Vincenzo Lavarra (PSE) og Georges Garot (PSE) til Kommissionen Om: Beskyttelse af den europ(cid:230)iske nłddeproduktion (28. februar 2000) Med udgangen af 1999 afsluttedes den foreskrevne overgangsperiode mellem udlłbet af de gamle bestemmelser vedrłrende nłdder (forordning E(cid:216)F 2159/89 (1) og 790/89 (2)) og ikrafttr(cid:230)delsen af den almindelige reform af bestemmelserne for frugt- og grłnsagssektoren (artikel 55 i forordning E(cid:216)F 2200/ 96 (3)), hvorefter nłdder (dvs. mandler, hasselnłdder, kastanier og valnłdder) medtages i den nye f(cid:230)lles markedsordning. Den nye forordning fastsl(cid:229)r hermed, at de s(cid:230)rlige stłtteforanstaltninger ophłrer. De var ganske vist begr(cid:230)nsede (kun fast stłtte til hasselnłdder), men viste dog, at F(cid:230)llesskabet var interesseret i et omr(cid:229)de, som ikke blot er af stor betydning set ud fra et produktionssynspunkt, men ogs(cid:229) spiller en afgłrende rolle i ligev(cid:230)gten mellem landbrug miljł og landskabet i forskellige regioner i Unionen. Forsłmmelser p(cid:229) dette omr(cid:229)de har i de seneste (cid:229)r skabt gode betingelser for forskellige naturkatastrofer i Europa. Endvidere var form(cid:229)let med disse foranstaltninger at give de landbrugsbedrifter, som helt eller delvis besk(cid:230)ftiger sig med dyrkning af disse produkter p(cid:229) grund af deres produktionsomr(cid:229)ders marginale karakter, kompensation for deres vanskelige forhold. Endelig tilsides(cid:230)ttes denne sektor i forbindelse med forhandlingerne om fri- handelsaftaler med tredjelandene. Fłlgelig opgives dyrkningen af disse produkter gradvis, selv om efter- spłrgslen er stabil, hvorved underskuddet p(cid:229) den europ(cid:230)iske handelsbalance for nłdder łges. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at tr(cid:230)ffe i forbindelse med den nye ordning for at sikre, at der tages tilstr(cid:230)kkelig hensyn til denne sektor, som fłrst og fremmest berłrer forskellige tilbagest(cid:229)ende foretage en revision af den finansielle omr(cid:229)der? Anser Kommissionen det forpligtelse og stłtteforanstaltningernes art ved at samordne alle strategierne i den nye f(cid:230)lles markeds- ordning med de strategier, der er nłdvendige for at beskytte en ustabil sociołkonomisk situation og for at bevare landbrugsarealer og miljłer, der er typiske for meget fłlsomme omr(cid:229)der? ikke for nłdvendigt at Kan Kommissionen undersłge, om det er muligt i et bestemt tidsrum at fastl(cid:230)gge en fast stłtte til hasselnłdder og indfłre stłtteforanstaltninger pr. ha alt efter de vigtigste arter og betinget af, at der vedtages bindende forskrifter for beskyttelsen af omr(cid:229)det i forbindelse med de nye bestemmelser om udvikling af landdistrikter? (1) EFT L 207 af 19. 7. 1989, s. 19. (2) EFT L 85 af 30. 3. 1989, s. 6. (3) EFT L 297 af 21. 11. 1996, s. 1. Svar afgivet p(cid:229) Kommissionens vegne af Franz Fischler (24. marts 2000) Kommissionen er vel bekendt med de vanskeligheder, der tidligere ramte nłddesektoren, herunder struktursvagheder, som medfłrte lav produktivitet og hłje omkostninger. Det var i direkte erkendelse af disse vanskeligheder, at der blev fastsat stłtte til denne sektor i medfłr af afsnit IIa i R(cid:229)dets forordning (E(cid:216)F) nr. 1035/72 af 18. maj 1972 om den f(cid:230)lles markedsordning for frugt og grłntsager (specifikke C 26 E/58 De Europ(cid:230)iske F(cid:230)llesskabers Tidende DA 26. 1. 2001 foranstaltninger for nłdder og johannesbrłd). En r(cid:230)kke vigtige foranstaltninger blev indfłrt til fordel for producenter af mandler, hasselnłdder, valnłdder, pistacienłdder og johannesbrłd, som afs(cid:230)tter deres produkter gennem en anerkendt producentsammenslutning. Den vigtigste foranstaltning har v(cid:230)ret planerne for forbedring af kvalitet og afs(cid:230)tning, som F(cid:230)llesskabet har finansieret over en periode p(cid:229) hłjst 10 (cid:229)r pr. plan. Ordningen udgłr en betydelig finansiel forpligtelse for F(cid:230)llesskabet i forhold til nłddesektorens specifikke karakter. Fra 1990 til 1999 var F(cid:230)llesskabets samlede udgifter p(cid:229) 725 mio. EUR (inkl. salgsfremmende foranstaltninger). Udgifterne forts(cid:230)tter, indtil de sidste planer udlłber i 2006. Forbedringsplanerne har v(cid:230)ret en stor succes, idet de har samlet udbuddet, ydet landbrugerne indkomst- stłtte og medfłrt strukturforbedringer. Det har dog altid v(cid:230)ret fastsat, at stłtten til forbedringsplanerne skulle v(cid:230)re midlertidig og gradvis aftagende, s(cid:229) det finansielle ansvar gradvis l(cid:230)gges over p(cid:229) producenterne. Hvis hektarstłtten fortsatte, ville det underminere de sidste ti (cid:229)rs indsats. Den samme filosofi g(cid:230)lder ogs(cid:229) for den faste stłtte til hasselnłdder, der blev indfłrt i 1997 for at hj(cid:230)lpe hasselnłdproducenterne til at overvinde deres midlertidigt vanskelige łkonomiske situation. De producentorganisationer, der i over ti (cid:229)r har nydt godt af foranstaltninger som f. eks. forbedringsplanerne, skulle nu have opbygget en tilstr(cid:230)kkelig konkurrence- evne til at kunne viderefłre driften. Desuden kan de fortsat modtage finansiering fra de driftsfonde, der blev indfłrt ved R(cid:229)dets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den f(cid:230)lles markedsordning for frugt og grłntsager (1). P(cid:229) denne baggrund er der fra et markedssynspunkt nłddeproduktionen eller viderefłre den faste stłtte for hasselnłdder. ingen begrundelse for at yde hektarstłtte for Kommissionen ser dog positivt p(cid:229) foranstaltninger, der stłtter de sociale og miljłm(cid:230)ssige aspekter af nłddeproduktionen. De kunne bidrage til at bevare besk(cid:230)ftigelsen i landdistrikterne og plantager i ugunstigt stillede omr(cid:229)der og p(cid:229) marginaljorde og is(cid:230)r i omr(cid:229)der, hvor der er en reel risiko for erosion. Stłtte til denne form for foranstaltninger vil bedst kunne gennemfłres som led i ordninger for udvikling af landdistrikterne. (1) EFT L 118 af 20. 5. 1972. (2001/C 26 E/072) SKRIFTLIG FORESP(cid:216)RGSEL E-0525/00 af Bart Staes (Verts/ALE) til Kommissionen (28. februar 2000) Om: IJzeren Rijn (cid:129) jernbaneforbindelsen I svar p(cid:229) skriftlig forespłrgsel E-2381/99 (1) om IJzeren Rijn (cid:129) jernbaneforbindelsen meddelte Palacio, at den belgisk-nederlandske uafh(cid:230)ngighedstraktat og de efterfłlgende belgisk-nederlandske traktater ikke angiver det nłjagtige sted for jernbaneforbindelsen i dette omr(cid:229)de (kantonen Sittard). Dette betyder i fłlge Kommissionen, at Belgien og Nederlandene błr n(cid:229) frem til en aftale om den m(cid:229)de, hvorp(cid:229) transitforbindelsen kan komme i stand. Kommissionen overser i sin holdning realiteten p(cid:229) dette omr(cid:229)de. Transitretten konkretiseredes mellem 1969 og 1879 med anl(cid:230)ggelsen af den allerfłrste gr(cid:230)nseoverskridende jernbaneforbindelse i Europa. Derved er den nłjagtige placering af jernbanelinien siden da klart angivet. Jeg vil gerne spłrge Kommissionen om fłlgende: 1. Erkender Kommissionen, at dens holdning, som g(cid:229)r ud p(cid:229) at n(cid:229) frem til en aftale om den m(cid:229)de, hvorp(cid:229) transitretten skal komme i stand, overser realiteten p(cid:229) dette omr(cid:229)de, i og med, at transitretten allerede blev realiseret mellem 1869 og 1879, og at den nłjagtige placering af jernbaneforbindelsen i dette omr(cid:229)de (kantonen Sittard) derved klart er angivet?


title: Komission asetus (EY) N:o 454/2000, annettu 28 päivänä helmikuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madeiraan

eurovoc_concepts:
Azores
EU production
Madeira
aid system
rice
supply

text: 29. 2. 2000 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 55/61 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 454/2000, annettu 28 päivänä helmikuuta 2000, tukien määristä yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamiseksi Azoreille ja Madei- raan EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen, ottaa huomioon tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityis- toimenpiteistä Azorien ja Madeiran hyväksi 15 päivänä kesä- kuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1600/ 92 (1), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 562/98 (2), ja erityisesti sen 10 artiklan, (3) sekä katsoo seuraavaa: riisiä Asetuksen (ETY) N:o 1600/92 10 artiklan mukaan Azorien ja Madeiran riisintarpeen täyttyminen määrien, hinnan ja laadun osalta taataan hankkimalla yhteisöstä peräisin olevaa jotka vastaavat tuontimaksusta vapautusta, mikä tarkoittaa tuen myöntämistä yhteisöstä peräisin oleville toimituk- sille. Tämän tuen vahvistamisessa on otettava huomioon erityisesti eri hankintalähteiden kustannukset ja erityi- sesti kolmansiin maihin suunnatussa viennissä käytetyt hinnat. sellaisin myyntiehdoin, (1) (2) riisituotteiden hankintajärjestelmän soveltamista koske- vista yksityiskohtaisista säännöistä ja arvioidun hankinta- taseen vahvistamisesta 16 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa komission asetuksessa (ETY) N:o 1983/92 (5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1683/94 (6). sääntöjen yksityiskohtaisten soveltamisesta Näiden riisialan markkinoiden nykyiseen tilanteeseen ja erityi- sesti näiden tuotteiden noteerauksiin tai hintoihin yhteisön Euroopan puoleisessa osassa ja maailmanmark- kinoilla seuraa, että Azorien ja Madeiran hankintatuki vahvistetaan liitteessä esitettyjen määrien mukaiseksi. (4) Tässä asetuksessa säädetyt hallintokomitean lausunnon mukaiset, toimenpiteet ovat viljan ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN: 1 artikla Komission asetuksessa (ETY) N:o 1696/92 (3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (ETY) N:o 2596/93 (4), säädetään Azorien ja Madeiran tiettyjen maataloustuotteiden, erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä. Edellä mainitun asetuksen säännöksiä täydentävät tai niistä poikkeavat yksityiskoh- taiset säännöt vahvistetaan Azorien ja Madeiran erityisen riisi mukaan lukien, Asetuksen (ETY) N:o 1600/92 10 artiklan mukaan tukien määrät yhteisöstä peräisin olevan riisin toimittamiseksi Azorien ja Madeiran hankintajärjestelmän mukaisesti vahvistetaan tämän asetuksen liitteessä. erityisen Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000. 2 artikla Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval- tioissa. Tehty Brysselissä 28 päivänä helmikuuta 2000. Komission puolesta Franz FISCHLER Komission jäsen (1) EYVL L 173, 27. 6. 1992, s. 1. (2) EYVL L 76, 13. 3. 1998, s. 6. (3) EYVL L 179, 1. 7. 1992, s. 6. (4) EYVL L 238, 23. 9. 1993, s. 24. (5) EYVL L 198, 17. 7. 1992, s. 37. (6) EYVL L 178, 12. 7. 1994, s. 53. L 55/62 FI Euroopan yhteisöjen virallinen lehti 29. 2. 2000 yhteisöstä peräisin olevien riisialan tuotteiden toimittamista Azoreille ja Madeiraan koskevien tukien määristä 28 päivänä helmikuuta 2000 annettuun komission asetukseen LIITE Tavaran kuvaus (CN-koodi) kokonaan hiottu riisi (1006 30) (EUR/t) Tuen määrä Määräpaikka Azorit Madeira 159,00 159,00


title: QUESTION ÉCRITE E-0508/00 posée par Christopher Huhne (ELDR) à la Commission. Chiffres du revenu régional brut réel par habitant.

eurovoc_concepts:
EU statistics
access to information
gross domestic product
gross regional product
publishing deadline
regional statistics

text: C 374 E/92 Journal officiel des CommunautØs europØennes FR 28. 12. 2000 La Commission applique les rŁgles suivantes en matiŁre d(cid:146)horaires. Les heures de travail officielles sont les suivantes: de 8h30 (8h45 le lundi) (cid:224) 13h00 et de 14h15 (cid:224) 17h30 (16h30 le vendredi). Durant ces heures, une permanence doit Œtre assurØe dans chaque service. Les facilitØs suivantes ont ØtØ accordØes dans le cadre des horaires amØnagØs: l(cid:146)ensemble du personnel doit Œtre prØsent de 9h30 (cid:224) 12h00 et de 14h45 (cid:224) 17h00, sauf le vendredi, jour oø la prØsence obligatoire prend fin (cid:224) 16h00. Le reste des heures flexibles doit Œtre accompli entre 8h00 et 20h00, avec une interruption obligatoire de 30 minutes pour le dØjeuner et un temps de travail quotidien limitØ (cid:224) 10 heures par jour. La gestion des horaires amØnagØs relŁve de chaque chef d(cid:146)unitØ, qui effectue le contr(cid:244)le appropriØ en accord avec son personnel. Ces rŁgles sont applicables en principe (cid:224) l(cid:146)ensemble du personnel couvert par le statut du personnel travaillant (cid:224) Bruxelles. Pour ce qui est des autres lieux de travail, les dØtails relatifs aux horaires amØnagØs sont dØterminØs selon les besoins et la spØcificitØ du lieu. Il convient de noter que bon nombre de fonctionnaires travaillent souvent un nombre d(cid:146)heures supØrieur au temps de travail hebdomadaire normal en raison des exigences de leur fonction et du personnel disponible. (2000/C 374 E/107) QUESTION (cid:201)CRITE E-0508/00 posØe par Christopher Huhne (ELDR) (cid:224) la Commission Objet: Chiffres du revenu rØgional brut rØel par habitant (28 fØvrier 2000) Faisant suite (cid:224) la question Øcrite E-2223/99 (1), en rØponse (cid:224) laquelle la Commission avait dØtaillØ, pour l(cid:146)ensemble de l(cid:146)Union les chiffres du produit intØrieur brut rØel par habitant et du produit rØgional brut rØel par habitant, la Commission est-elle en mesure de communiquer, sur la mŒme base, les donnØes les plus rØcentes disponibles par rØgion pour 1997? La Commission pourrait-elle, par ailleurs, expliquer les raisons du retard substantiel de publication de ces chiffres? (1) JO C 203 E du 18. 7. 2000, p. 150. RØponse donnØe par M. Solbes Mira au nom de la Commission (10 avril 2000) Les rØsultats de l(cid:146)estimation du produit intØrieur brut (PIB) rØgional de 1997 sont transmis directement (cid:224) l(cid:146)Honorable Parlementaire ainsi qu(cid:146)au SecrØtariat gØnØral du Parlement. Quant au retard dans la publication de ces statistiques rØgionales, il faut tenir compte du fait que le PIB rØgional est publiØ au niveau NUTS3, qui comprend plus de 1 000 rØgions dans la CommunautØ. La collecte et le traitement de ces donnØes dans les (cid:201)tats membres prennent du temps. Les statistiques de base, la valeur ajoutØe brute (VAB) rØgionale, sont fournies par les (cid:201)tats membres 24 mois aprŁs l(cid:146)annØe de rØfØrence. C(cid:146)est la pØriode de collecte habituelle pour ces statistiques dØtaillØes. Il arrive malheureusement que les (cid:201)tats membres n(cid:146)envoient pas les donnØes dans les dØlais; la publication d(cid:146)Eurostat est reportØe jusqu(cid:146)(cid:224) ce qu(cid:146)un volume suffisant de donnØes de base ait ØtØ transmis. Il y a peu de temps encore, il n(cid:146)existait pas de base juridique pour ces statistiques et aucun instrument n(cid:146)Øtait donc disponible pour assurer la communication des donnØes en temps voulu. Cette situation s(cid:146)amØliorera lorsque le programme de transmission du SystŁme europØen des comptes (SEC95) entrera en vigueur. Le dØlai de transmission sera en fait limitØ (cid:224) 24 mois aprŁs l(cid:146)annØe de rØfØrence, c(cid:146)est-(cid:224)-dire qu(cid:146)en dØcembre 2001, Eurostat disposera des informations nØcessaires pour calculer le PIB rØgional de 1999


title: PREGUNTA ESCRITA E-0536/00 de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisión. La asistencia en las residencias de jubilados.

eurovoc_concepts:
European social policy
legal basis
social facilities

text: C 303 E/202 Diario Oficial de las Comunidades Europeas ES 24. 10. 2000 (2000/C 303 E/229) PREGUNTA ESCRITA E-0531/00 de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisi(cid:243)n (28 de febrero de 2000) Asunto: Posibles contribuciones a los sindicatos italianos CGIL, CISL y UIL ¿Puede hacer saber la Comisi(cid:243)n si en alguna ocasi(cid:243)n se concedieron fondos comunitarios a los sindicatos los italianos CGIL, CISL y UIL o a asociaciones o empresas vinculadas a ellos y, en caso afirmativo, importes y motivos de la ayuda? Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisi(cid:243)n (23 de marzo de 2000) La Confederaci(cid:243)n General Italiana de Trabajadores (CGIT), la Confederaci(cid:243)n Italiana de Sindicatos Obreros (CISL) y la Uni(cid:243)n Italiana de Trabajadores (UIL), en su condici(cid:243)n de organizaciones representativas de los trabajadores, pueden recibir subvenciones comunitarias con cargo a las l(cid:237)neas presupuestarias B3-4000 (diÆlogo social y empleo), B3-4002 (acciones de formaci(cid:243)n e informaci(cid:243)n en favor de las organizaciones de trabajadores) y B3-4003 (informaci(cid:243)n, consulta y participaci(cid:243)n de representantes de empresas), para la realizaci(cid:243)n de acciones subvencionables, en especial para la organizaci(cid:243)n de reuniones y seminarios transnacionales, incluidos los organizados en el marco de la puesta en prÆctica de resultados del diÆlogo social europeo. En el sitio Europa (http://europa. eu. int/comm/dg05/soc-dial/social/index-en. htm) se publi- can las convocatorias de propuestas con las condiciones de admisibilidad y las posibilidades de cofinancia- ci(cid:243)n. A lo largo de los tres œltimos aæos, las tres organizaciones sindicales mencionadas han recibido cerca de treinta subvenciones comunitarias con cargo a estas l(cid:237)neas presupuestarias. (2000/C 303 E/230) PREGUNTA ESCRITA E-0535/00 de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisi(cid:243)n (28 de febrero de 2000) Asunto: El Programa Europa 2000 ¿CuÆles son los 55 proyectos que ha seleccionado la Comisi(cid:243)n para el Programa Europa 2000? Respuesta del Sr. Prodi en nombre de la Comisi(cid:243)n (18 de abril de 2000) Al no disponer de informaci(cid:243)n mÆs precisa que le permita efectuar las investigaciones necesarias sobre el problema planteado, la Comisi(cid:243)n lamenta no poder responder a la pregunta por el momento. Por lo tanto, ruega a Su Seæor(cid:237)a que precise mÆs su cuesti(cid:243)n. (2000/C 303 E/231) PREGUNTA ESCRITA E-0536/00 de Raffaele Costa (PPE-DE) a la Comisi(cid:243)n (28 de febrero de 2000) Asunto: La asistencia en las residencias de jubilados ¿CuÆl es la normativa europea que regula y armoniza la cuesti(cid:243)n de la asistencia en las residencias de jubilados? 24. 10. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 303 E/203 ¿Tiene la Comisi(cid:243)n la intenci(cid:243)n de realizar un estudio que contribuya a proporcionar mÆs seguridad y tranquilidad a los internos? ¿Se ha realizado un estudio de los casos mÆs graves (incluso de muertes de ancianos) que se han producido durante los œltimos aæos, con referencia a las causas, las eventuales lagunas legales y los casos de negligencia probada? Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisi(cid:243)n (20 de marzo de 2000) La Comisi(cid:243)n remite a Su Seæor(cid:237)a a su respuesta a la pregunta escrita E-2474/99 de la Sra. PØrez `lvarez (1). Asimismo, la Comisi(cid:243)n no tiene previsto iniciar ningœn estudio a este respecto. (1) DO C 203 de 18. 7. 2000, p. 174. (2000/C 303 E/232) PREGUNTA ESCRITA P-0555/00 de Karin Riis-Jłrgensen (ELDR) a la Comisi(cid:243)n (23 de febrero de 2000) Asunto: Trato diferenciado de los propios ciudadanos de un Estado miembro El gobierno danØs ha presentado una propuesta de reforma de la legislaci(cid:243)n danesa en materia de vacaciones. La propuesta prevØ que los trabajadores cubiertos por convenios colectivos tengan la posibilidad de traspasar d(cid:237)as de vacaciones, por encima de 20 d(cid:237)as, al aæo siguiente. La nueva norma no se aplica a los trabajadores que no estØn cubiertos por convenios colectivos. La propuesta significa que los trabajadores daneses van a ser tratados de forma diferente en lo que se refiere al traspaso de sus d(cid:237)as de vacaciones al aæo siguiente dependiendo de si estÆn cubiertos por convenios colectivos o no. ¿Considera la Comisi(cid:243)n que es conforme con el Tratado que un Estado miembro trate de manera diferente a sus ciudadanos en su propio territorio? Respuesta de la Sra. Diamantopoulou en nombre de la Comisi(cid:243)n (16 de marzo de 2000) El art(cid:237)culo 7 de la Directiva 93/104/CE del Consejo relativa a determinados aspectos de la ordenaci(cid:243)n del tiempo de trabajo (1) establece que «Los Estados miembros adoptarÆn las medidas necesarias para que todos los trabajadores dispongan de un per(cid:237)odo de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas, de conformidad con las condiciones de obtenci(cid:243)n y concesi(cid:243)n establecidas en las legislaciones y/o prÆcticas nacionales». Sin perjuicio de que la legislaci(cid:243)n danesa, si se modifica, garantice el cumplimiento del art(cid:237)culo 7 de la Directiva 93/104/CE del Consejo, la cuesti(cid:243)n es competencia de las autoridades danesas. (1) DO L 307 de 13. 12. 1993. (2000/C 303 E/233) PREGUNTA ESCRITA P-0574/00 de Fernando FernÆndez Mart(cid:237)n (PPE-DE) a la Comisi(cid:243)n Asunto: Redacci(cid:243)n del art(cid:237)culo 158 del Tratado relativo a las islas (23 de febrero de 2000) En diciembre de 1999, presentØ a la Comisi(cid:243)n la pregunta P-2579/99 (1) acerca de su interpretaci(cid:243)n de la diferente redacci(cid:243)n que se ha hecho del art(cid:237)culo 158 del Tratado de la Uni(cid:243)n Europea (TUE) relativo a las islas de la Uni(cid:243)n. En su respuesta de fecha 18 de enero de 2000, el Presidente Prodi, en nombre de la


title: Règlement (CE) n° 455/2000 de la Commission, du 28 février 2000, fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

eurovoc_concepts:
export refund
white sugar

text: 29. 2. 2000 FR Journal officiel des Communautés européennes L 55/63 RÈGLEMENT (CE) No 455/2000 DE LA COMMISSION du 28 février 2000 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, (5) vu le traité instituant la Communauté européenne, (CE) no 2038/1999 du Conseil, du 13 vu le règlement septembre 1999, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 18 para- graphe 5 point a) et son article 18 paragraphe 15, considérant ce qui suit: Conformément à l'article 18 paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 2038/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er paragraphe 1 points a), c), d), f), g) et h) dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe de ce règlement. Le règlement (CE) no 1222/94 de la Commission, du 30 mai 1994, établis- sant, pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, les modalités communes d'application du régime d'octroi des restitutions à l'exportation et des critères de fixation de leurs montants (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 238/2000 (3), a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 2038/1999. Conformément à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) no 1222/94, le taux de la restitution par 100 kilo- grammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé pour chaque mois. (1) (2) (3) Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incor- porés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitu- tion spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. (6) (7) (8) Conformément à l'article 4 paragraphe 5 point b) du règlement (CE) no 1222/94, lorsque la preuve visée à l'article 4 paragraphe 5 point a) dudit règlement n'est pas apportée, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la resti- tution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1010/86 du Conseil (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1148/98 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises. Il est nécessaire de continuer à garantir une gestion rigoureuse prenant en compte, d'une part, les prévisions de dépense et, d'autre part, les disponibilités budgétaires. Le comité de gestion du sucre n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'article 18 paragraphe 3 du règlement (CE) no 2038/ 1999, ainsi que l'article 11 de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations multilatérales du impose que la restitution octroyée à cycle d'Uruguay, l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe A du règlement (CE) no 1222/94 et visés à l'article 1er paragraphes 1 et 2 du règlement (CE) no 2038/1999, exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe I du règlement (CE) no 2038/1999, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement. (4) Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation de marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2000. (1) JO L 252 du 25. 9. 1999, p. 1. (2) JO L 136 du 31. 5. 1994, p. 5. (3) JO L 24 du 29. 1. 2000, p. 45. (4) JO L 94 du 9. 4. 1986, p. 9. (5) JO L 159 du 3. 6. 1998, p. 38. L 55/64 FR Journal officiel des Communautés européennes 29. 2. 2000 Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 février 2000. Par la Commission Erkki LIIKANEN Membre de la Commission du règlement de la Commission, du 28 février 2000, fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ANNEXE Taux des restitutions en EUR/100 kg Produit En cas de fixation à l'avance des restitutions Sucre blanc: — en application de l'article 4, paragraphe 5, point b) du règlement (CE) no 1222/94 — dans tous les autres cas 1,27 46,99 Autres 1,27 46,99