title: Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica

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text: L 13/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19. 1. 2000 DIRECTIVA 1999/93/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se establece un marco comunitario para la firma electrónica de 13 de diciembre de 1999 EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47 y sus artículos 55 y 95, Vista la propuesta de la Comisión (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), Visto el dictamen del Comité de las Regiones (3), De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (4), Considerando lo siguiente: (1) (2) (3) (4) (5) El 16 de abril de 1997, la Comisión presentó al Parla- mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones la comunicación «Iniciativa europea de comercio electrónico». El 8 de octubre de 1997, la Comisión presentó al Parla- mento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones la comunicación «El Fomento de la seguridad y la confianza en la comunica- ción electrónica: hacia un marco europeo para la firma digital y el cifrado». El 1 de diciembre de 1997, el Consejo invitó a la Comi- sión a que presentara lo antes posible una propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la firma digital. La comunicación y el comercio electrónicos requieren firmas electrónicas y servicios conexos de autenticación de datos. La heterogeneidad normativa en materia de reconocimiento legal de la firma electrónica y acredita- ción de los proveedores de servicios de certificación entre los Estados miembros puede entorpecer grave- mente el uso de las comunicaciones electrónicas y el comercio electrónico. Por otro lado, un marco claro comunitario sobre las condiciones aplicables a la firma electrónica aumentará la confianza en las nuevas tecno- logías y la aceptación general de las mismas. La legisla- ción de los Estados miembros en este ámbito no debería obstaculizar la libre circulación de bienes y servicios en el mercado interior. la interoperabilidad de Es preciso promover los productos de firma electrónica; de conformidad con el artículo 14 del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que está garantizada la libre circulación de mercancías. Deben satisfacerse los requisitos esenciales específicos de los productos de (1) DO C 325 de 23. 10. 1998, p. 5. (2) DO C 40 de 15. 2. 1999, p. 29. (3) DO C 93 de 6. 4. 1999, p. 33. (4) Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de enero de 1999 (DO C 104 de 14. 4. 1999, p. 49), Posición común del Consejo de 28 de junio de 1999 (DO C 243 de 27. 8. 1999, p. 83) y Decisión del Parlamento Europeo de 27 de octubre de 1999 (no publicada aún en el Diario Oficial), Decisión del Consejo de 30 de noviembre de 1999. firma electrónica a fin de garantizar la libre circulación en el mercado interior y fomentar la confianza en la firma electrónica, sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 3381/94 del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, por el que se establece un régimen comunitario de exportaciones de productos de doble uso (5) y en la Decisión 94/942/PESC del Consejo, de 19 de diciembre de 1994, relativa a la Acción común adoptada por el Consejo referente al control de las exportaciones de productos de doble uso (6). control de las (6) (7) (8) (9) (10) La presente Directiva no armoniza la prestación de servi- cios por lo que respecta a la confidencialidad de la información cuando sean objeto de disposiciones nacio- nales en materia de orden público y seguridad pública. El mercado interior garantiza también la libre circulación de personas, por lo cual es cada vez más frecuente que los ciudadanos y residentes de la Unión Europea tengan que con autoridades de Estados miembros distintos de aquél en el que residen. La disponibilidad de la comunicación electrónica puede ser de gran utilidad a este respecto. tratar rápidos avances tecnológicos y la dimensión Los mundial de Internet hacen necesario un planteamiento abierto a diferentes tecnologías y servicios de autentica- ción electrónica de datos. La firma electrónica se utilizará en muy diversas circuns- tancias y aplicaciones, dando lugar a una gran variedad de nuevos servicios y productos relacionados con ella o que la utilicen. La definición de dichos productos y servicios no debe limitarse a la expedición y gestión de también cualesquiera otros certificados, servicios o productos que utilicen firmas electrónicas o se sirvan de ellas, como los servicios de registro, los servicios de estampación de fecha y hora, los servicios de guías de usuarios, los de cálculo o asesoría relacio- nados con la firma electrónica. sino incluir El mercado interior permite a los proveedores de servi- cios de certificación llevar a cabo sus actividades trans- fronterizas para acrecentar su competitividad y, de ese modo, ofrecer a los consumidores y a las empresas nuevas posibilidades de intercambiar información y comerciar electrónicamente de una forma segura, con independencia de las fronteras. Con objeto de estimular la prestación de servicios de certificación en toda la Comunidad a través de redes abiertas, los proveedores de servicios de certificación deben tener libertad para prestar sus servicios sin autorización previa. La autoriza- ción previa implica no sólo el permiso que ha de (5) DO L 367 de 31. 12. 1994, p. 1; Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 837/95 (DO L 90 de 21. 4. 1995, p. 1). (6) DO L 367 de 31. 12. 1994, p. 8; Decisión cuya última modificación la constituye la Decisión 1999/193/CE (DO L 73 de 19. 3. 1999, p. 1). 19. 1. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 13/13 (11) (12) (13) (14) (15) (16) obtener el proveedor de servicios de certificación intere- sado en virtud de una decisión de las autoridades nacio- nales antes de que se le permita prestar sus servicios de certificación, sino también cualesquiera otras medidas que tengan ese mismo efecto. Los sistemas voluntarios de acreditación destinados a un nivel reforzado de prestación de servicios pueden aportar a los proveedores de servicios de certificación un marco apropiado para aproximarse a los niveles de confianza, seguridad y calidad exigidos por un mercado en evolución. Dichos sistemas deben fomentar la adop- ción de las mejores prácticas por parte de los provee- dores de servicios de certificación; debe darse a los proveedores de servicios de certificación libertad para adherirse a dichos sistemas de acreditación y disfrutar de sus ventajas. Los servicios de certificación pueden ser prestados tanto por entidades públicas como por personas físicas o jurí- dicas cuando así se establezca de acuerdo con el Derecho nacional. Los Estados miembros no deben prohibir a los proveedores de servicios de certificación operar al margen de los sistemas de acreditación voluntaria; ha de velarse por que acreditación no supongan mengua de la competencia en el ámbito de los servicios de certificación. sistemas de los Los Estados miembros pueden decidir cómo llevar a cabo la supervisión del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva. La presente Directiva no excluye el establecimiento de sistemas de supervisión basados en el sector privado. La presente Directiva no obliga a los proveedores de servicios de certificación a solicitar ser supervisados con arreglo a cualquier sistema de acredita- ción aplicable. Es importante alcanzar un equilibrio entre las necesi- dades de los consumidores y las de las empresas. El anexo III abarca los requisitos de los dispositivos seguros de creación de firmas electrónicas para garan- tizar la funcionalidad de las firmas electrónicas avan- zadas; no abarca la totalidad del sistema en cuyo entorno operan dichos dispositivos. El funcionamiento del mercado interior exige que la Comisión y los Estados miembros actúen con celeridad para hacer posible la designación de los organismos encargados de evaluar la conformidad de los dispositivos seguros de firma con el anexo III. Con objeto de subvenir a las necesidades del mercado, la evaluación de la conformidad ha de produ- cirse oportunamente y ser eficaz. La presente Directiva contribuye al uso y al reconoci- miento legal de la firma electrónica en la Comunidad; no se precisa un marco reglamentario para las firmas elec- trónicas utilizadas exclusivamente dentro de sistemas basados en acuerdos voluntarios de Derecho privado celebrados entre un número determinado de partici- pantes. En la medida en que lo permita la legislación nacional, ha de respetarse la libertad de las partes para concertar de común acuerdo las condiciones en que aceptarán las firmas electrónicas; no se debe privar a las firmas electrónicas utilizadas en estos sistemas de eficacia jurídica ni de su carácter de prueba en los proce- dimientos judiciales. (17) (18) (19) La presente Directiva no pretende armonizar las legisla- ciones nacionales sobre contratos, en particular por lo que respecta al perfeccionamiento y eficacia de los mismos, ni tampoco otras formalidades de naturaleza no contractual relativas a la firma; por dicho motivo, las disposiciones sobre los efectos legales de la firma elec- trónica deberán entenderse sin perjuicio de los requisitos de forma establecidos por las legislaciones nacionales en materia de celebración de contratos, ni para las normas que determinan el lugar en que se considera celebrado un contrato. El almacenamiento y la copia de los datos de creación de la firma pueden poner en peligro la validez jurídica de la firma electrónica. La firma electrónica se utilizará en el sector público en el marco de las administraciones nacionales y comunitaria y en la comunicación entre dichas administraciones y entre éstas y los ciudadanos y agentes económicos, por ejemplo en la contratación pública, la fiscalidad, la segu- ridad social, la atención sanitaria y el sistema judicial. (20) Unos criterios armonizados en relación con la eficacia jurídica de la firma electrónica mantendrán un marco jurídico coherente en toda la Comunidad. Las legisla- ciones nacionales establecen requisitos divergentes con respecto a la validez jurídica de las firmas manuscritas; se pueden utilizar certificados para confirmar la iden- tidad de la persona que firma electrónicamente; las firmas electrónicas avanzadas basadas en un certificado reconocido pretenden lograr un mayor nivel de segu- ridad. Las firmas electrónicas avanzadas relacionadas con un certificado reconocido y creadas mediante un disposi- tivo seguro de creación de firma únicamente pueden considerarse jurídicamente equivalentes a las firmas manuscritas si se cumplen los requisitos aplicables a las firmas manuscritas. (21) (22) (23) Para contribuir a la aceptación general de los métodos de autenticación electrónica, debe garantizarse la admisi- bilidad de la firma electrónica como prueba en procedi- mientos judiciales en todos los Estados miembros. El reconocimiento legal de la firma electrónica debe basarse en criterios objetivos y no estar supeditado a la autoriza- ción del proveedor de servicios de certificación de que se trate; la legislación nacional rige la determinación de los ámbitos jurídicos en los que pueden usarse los docu- mentos electrónicos y de la firma electrónica. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de la facultad de los tribunales nacionales para dictar resoluciones acerca de la conformidad con los requisitos de la presente Directiva y no afecta a las normas nacionales en lo que se refiere a la libertad de la valoración judicial de las pruebas. Los proveedores de servicios de certificación al público están sujetos a la normativa nacional en materia de responsabilidad. acuerdos transfronterizos que El desarrollo del comercio electrónico internacional implican a requiere terceros países; para garantizar la interoperabilidad a nivel mundial, podría ser beneficioso celebrar acuerdos con terceros países sobre normas multilaterales en materia de reconocimiento mutuo de servicios de certifi- cación. L 13/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19. 1. 2000 (24) (25) Para incrementar la confianza de los usuarios en la comunicación y el comercio electrónicos, los provee- dores de servicios de certificación deben observar la normativa sobre protección de datos y el respeto de la intimidad. Las disposiciones relativas al uso de seudónimos en los certificados no deben impedir a los Estados miembros exigir la identificación de las personas de conformidad con el Derecho comunitario o nacional. (26) Habida cuenta de que las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva son medidas de gestión con arreglo al artículo 2 de la Decisión 1999/ 468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1), dichas medidas deben ser aprobadas con arreglo al procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de la citada Decisión. (27) Transcurridos dos años desde su aplicación, la Comisión procederá a una revisión de la presente Directiva a fin de cerciorarse de que los avances tecnológicos y los cambios del entorno jurídico no han creado obstáculos logro de los objetivos formulados en la presente al Directiva. La Comisión debe estudiar la incidencia de ámbitos técnicos afines y presentar un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. (28) De conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad recogidos en el artículo 5 del Tratado, el objetivo de crear un marco jurídico armonizado para la prestación del servicio de firma electrónica y de servi- cios conexos no puede ser alcanzado de manera sufi- ciente por los Estados miembros y, por consiguiente, puede lograrse mejor a nivel comunitario. La presente Directiva no excede de lo necesario para lograr dicho objetivo, HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 Ámbito de aplicación La presente Directiva tiene por finalidad facilitar el uso de la firma electrónica y contribuir a su reconocimiento jurídico. La presente Directiva crea un marco jurídico para la firma electró- nica y para determinados servicios de certificación con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. La presente Directiva no regula otros aspectos relacionados con la celebración y validez de los contratos u otras obligaciones legales cuando existan requisitos de forma establecidos en las legislaciones nacionales o comunitaria, ni afectan a las normas y límites, contenidos en las legislaciones nacionales o comuni- taria, que rigen el uso de documentos. Artículo 2 Definiciones A efectos de la presente Directiva, se entenderá por: 1) «firma electrónica»: los datos en forma electrónica anejos a otros datos electrónicos o asociados de manera lógica con ellos, utilizados como medio de autenticación; (1) DO L 184 de 17. 7. 1999, p. 23. 2) «firma electrónica avanzada»: la firma electrónica que cumple los requisitos siguientes: a) estar vinculada al firmante de manera única; b) permitir la identificación del firmante; c) haber sido creada utilizando medios que el firmante puede mantener bajo su exclusivo control; d) estar vinculada a los datos a que se refiere de modo que cualquier cambio ulterior de los mismos sea detectable; 3) «firmante»: la persona que está en posesión de un disposi- tivo de creación de firma y que actúa en su propio nombre o en el de la entidad o persona física o jurídica a la que representa; 4) «datos de creación de firma»: los datos únicos, tales como códigos o claves criptográficas privadas, que el firmante utiliza para crear la firma electrónica; 5) «dispositivo de creación de firma»: un programa informá- tico configurado o un aparato informático configurado que sirve para aplicar los datos de creación de firma; 6) «dispositivo seguro de creación de firma»: un dispositivo de creación de firma que cumple los requisitos enumerados en el anexo III; 7) «datos de verificación de firma»: los datos, tales como códigos o claves criptográficas públicas, que se utilizan para verificar la firma electrónica; 8) «dispositivo de verificación de firma»: un programa infor- mático configurado o un aparato informático configurado, que sirve para aplicar los datos de verificación de firma; 9) «certificado»: la certificación electrónica que vincula unos datos de verificación de firma a una persona y confirma la identidad de ésta; 10) «certificado reconocido»: el certificado que cumple los requisitos establecidos en el anexo I y es suministrado por un proveedor de servicios de certificación que cumple los requisitos establecidos en el anexo II; 11) «proveedor de servicios de certificación»: la entidad o persona física o jurídica que expide certificados o presta otros servicios en relación con la firma electrónica; 12) «producto de firma electrónica»: el programa informático o informático, o sus componentes específicos, el material que se destinan a ser utilizados por el proveedor de servi- cios de certificación para la prestación de servicios de firma electrónica o que se destinan a ser utilizados para la creación o la verificación de firmas electrónicas; 13) «acreditación voluntaria»: todo permiso que establezca derechos y obligaciones específicas para la prestación de servicios de certificación, que se concedería, a petición del proveedor de servicios de certificación interesado, por el organismo público o privado encargado del estableci- miento y supervisión del cumplimiento de dichos derechos y obligaciones, cuando el proveedor de servicios de certifi- cación no esté habilitado para ejercer los derechos deri- vados del permiso hasta que haya recaído la decisión positiva de dicho organismo. 19. 1. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 13/15 Artículo 3 Acceso al mercado Los Estados miembros no condicionarán la prestación de 1. servicios de certificación a la obtención de autorización previa. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán establecer o mantener sistemas voluntarios de acreditación destinados a mejorar los niveles de provisión de servicios de certificación. Todas las condiciones relativas a tales sistemas deberán ser objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias. Los Estados miembros no podrán limitar el número de proveedores de servicios de certificación acreditados amparándose en la presente Directiva. 3. Los Estados miembros velarán por que se establezca un sistema adecuado que permita la supervisión de los provee- dores de servicios de certificación establecidos en su territorio que expiden al público certificados reconocidos. 4. La conformidad de los dispositivos seguros de creación de firma con los requisitos fijados en el anexo III será determinada por los organismos públicos o privados pertinentes, designados por los Estados miembros. La Comisión, con arreglo al procedi- miento del artículo 9, establecerá criterios para que los Estados miembros determinen si procede designar un determinado organismo. La conformidad con los requisitos del anexo III establecida por dichos organismos será reconocida por todos los Estados miembros. 5. La Comisión, con arreglo al procedimiento del artículo 9, podrá determinar, y publicar en el Diario Oficial de las Comuni- dades Europeas, los números de referencia de las normas que gocen de reconocimiento general para productos de firma elec- trónica. Los Estados miembros presumirán que los productos de firma electrónica que se ajusten a dichas normas son conformes con lo prescrito en la letra f) del anexo II y en el anexo III de la presente Directiva. 6. Los Estados miembros y la Comisión cooperarán para promover el desarrollo y la utilización de los dispositivos de creación de firma, a la luz de las recomendaciones para la verificación segura de firma que figuran en el anexo IV y en interés del consumidor. 7. Los Estados miembros podrán supeditar el uso de la firma electrónica en el sector público a posibles prescripciones adicionales. Tales prescripciones serán objetivas, transparentes, proporcionadas y no discriminatorias, y sólo podrán hacer referencia a las características específicas de la aplicación de que se trate. Estas prescripciones no deberán obstaculizar los servi- cios transfronterizos al ciudadano. Artículo 4 Principios del mercado interior 1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacio- nales que adopten en cumplimiento de la presente Directiva a los proveedores de servicios de certificación establecidos en su territorio y a los servicios prestados por ellos. Los Estados miembros no podrán restringir la prestación de servicios de certificación en los ámbitos regulados por la presente Directiva que procedan de otro Estado miembro. 2. Los Estados miembros velarán por que los productos de firma electrónica que se ajusten a lo dispuesto en la presente Directiva puedan circular libremente en el mercado interior. Artículo 5 Efectos jurídicos de la firma electrónica Los Estados miembros procurarán que la firma electró- 1. nica avanzada basada en un certificado reconocido y creada por un dispositivo seguro de creación de firma: a) satisfaga el requisito jurídico de una firma en relación con los datos en forma electrónica del mismo modo que una firma manuscrita satisface dichos requisitos en relación con los datos en papel; y b) sea admisible como prueba en procedimientos judiciales. 2. Los Estados miembros velarán por que no se niegue eficacia jurídica, ni la admisibilidad como prueba en procedi- mientos judiciales, a la firma electrónica por el mero hecho de que: — ésta se presente en forma electrónica, o — no se base en un certificado reconocido, o — no se base en un certificado expedido por un proveedor de servicios de certificación acreditado, o — no esté creada por un dispositivo seguro de creación de firma. Artículo 6 Responsabilidad Los Estados miembros garantizarán, como mínimo, que 1. el proveedor de servicios de certificación que expida al público un certificado presentado como certificado reconocido o que garantice al público tal certificado, será responsable por el perjuicio causado a cualquier entidad o persona física o jurídica que confíe razonablemente en el certificado por lo que respecta a: a) la veracidad, en el momento de su expedición, de toda la información contenida en el certificado reconocido y la inclusión en el certificado de toda la información prescrita para los certificados reconocidos; b) la garantía de que, en el momento de la expedición del certificado, obraban en poder del firmante identificado en el certificado reconocido los datos de creación de firma corres- pondientes a los datos de verificación de firma que constan o se identifican en el certificado; c) la garantía de que los datos de creación y de verificación de firma pueden utilizarse complementariamente, en caso de que el proveedor de servicios de certificación genere ambos; salvo que el proveedor de servicios de certificación demuestre que no ha actuado con negligencia. L 13/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19. 1. 2000 Los Estados miembros garantizarán como mínimo que el 2. proveedor de servicios de certificación que haya expedido al público un certificado presentado como certificado reconocido será responsable por el perjuicio causado a cualquier entidad o persona física o jurídica que confíe razonablemente en dicho certificado por no haber registrado la revocación del certifi- cado, salvo que el proveedor de servicios de certificación pruebe que no ha actuado con negligencia. 3. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación pueda consignar en un certificado reconocido límites en cuanto a sus posibles usos, siempre y cuando los terceros. El proveedor de servicios de certificación no deberá responder de los daños y perjuicios causados por el uso de un certificado reconocido que exceda de los límites indicados en el mismo. sean reconocibles para límites 4. Los Estados miembros velarán por que el proveedor de servicios de certificación pueda consignar en el certificado reco- nocido un valor límite de las transacciones que puedan reali- zarse con el mismo, siempre y cuando los límites sean recono- cibles para terceros. El proveedor de servicios de certificación no será responsable por los perjuicios que pudieran derivarse de la superación de este límite máximo. 5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4 se aplicarán sin perjuicio de la Directiva 93/13/CEE, del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos cele- brados con consumidores (1). Artículo 7 Aspectos internacionales 1. Los Estados miembros velarán por que los certificados expedidos al público como certificados reconocidos por un proveedor de servicios de certificación establecido en un tercer país, sean reconocidos como jurídicamente equivalentes a los expedidos por un proveedor de servicios de certificación esta- blecido en la Comunidad si se cumple alguna de las condi- ciones siguientes: a) que el proveedor de servicios de certificación cumpla los requisitos establecidos en la presente Directiva y haya sido acreditado en el marco de un sistema voluntario de acredita- ción establecido en un Estado miembro; b) que un proveedor de servicios de certificación establecido en la Comunidad, que cumpla las prescripciones de la presente Directiva, avale el certificado; c) que el certificado o el proveedor de servicios de certificación estén reconocidos en virtud de un acuerdo bilateral o multi- lateral entre la Comunidad y terceros países u organiza- ciones internacionales. 2. Para facilitar tanto la prestación de servicios transfronte- rizos de certificación con terceros países como el reconoci- miento legal de las firmas electrónicas avanzadas originarias de estos últimos, la Comisión presentará, en su caso, propuestas para lograr el efectivo establecimiento de normas y acuerdos internacionales aplicables a los servicios de certificación. En particular, y en caso necesario, solicitará al Consejo mandatos para la negociación de acuerdos bilaterales y multilaterales con terceros países y organizaciones internacionales. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada. Cuando la Comisión sea informada de cualquier dificultad 3. encontrada por las empresas comunitarias en relación con el acceso al mercado en terceros países, podrá, en caso necesario, presentar propuestas al Consejo para obtener un mandato adecuado para la negociación de derechos comparables para las empresas comunitarias en dichos terceros países. El Consejo se pronunciará por mayoría cualificada. Las medidas tomadas en virtud del presente apartado se enten- derán sin perjuicio de las obligaciones de la Comunidad y de los Estados miembros con arreglo a los acuerdos internacio- nales pertinentes. Artículo 8 Protección de datos 1. Los Estados miembros velarán por que los proveedores de servicios de certificación y los organismos nacionales compe- tentes en materia de acreditación y supervisión cumplan los requisitos establecidos en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al trata- miento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (2). Los Estados miembros velarán por que los proveedores de 2. servicios de certificación que expidan al público certificados únicamente puedan recabar datos personales directamente del titular de los datos o previo consentimiento explícito de éste, y sólo en la medida necesaria para la expedición y el manteni- miento del certificado. Los datos no podrán obtenerse o tratarse con fines distintos sin el consentimiento explícito de su titular. Sin perjuicio de los efectos jurídicos concedidos a los 3. seudónimos con arreglo al Derecho nacional, los Estados miembros no impedirán al proveedor de servicios de certifica- ción que consigne en el certificado un seudónimo del firmante en lugar de su verdadero nombre. Artículo 9 Comité 1. La Comisión estará asistida por el Comité de firma elec- trónica (denominado en lo sucesivo «el Comité»), compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión. 2. En los casos en que se haga referencia al presente apar- tado, se aplicará el procedimiento de gestión previsto en el artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE observando lo dispuesto en el artículo 8 de la misma. El plazo previsto en el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE será de tres meses. 3. El Comité aprobará su Reglamento interno. Artículo 10 Funciones del Comité El Comité procederá a la clarificación de los requisitos estable- cidos en los anexos, los criterios a que se refiere el apartado 4 del artículo 3 y las normas para los productos de firma electró- nica que gocen de reconocimiento general establecidas y publi- cadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 3, conforme al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 9. (1) DO L 95 de 21. 4. 1993, p. 29. (2) DO L 281 de 23. 11. 1995, p. 31. 19. 1. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 13/17 Artículo 11 Notificación Artículo 13 Aplicación Los Estados miembros interesados notificarán a la Comi- 1. sión y a los demás Estados miembros lo siguiente: a) información sobre los sistemas voluntarios de acreditación de ámbito nacional, incluidos cualesquiera requisitos adicio- nales con arreglo al apartado 7 del artículo 3; b) el nombre y dirección de los organismos nacionales compe- tentes en materia de acreditación y supervisión, así como de los organismos a que se refiere el apartado 4 del artículo 3; y c) el nombre y dirección de todos los proveedores nacionales de servicios de certificación acreditados. 2. Toda la información facilitada en virtud del apartado 1 y cualquier modificación de su contenido serán notificadas por los Estados miembros a la mayor brevedad. Artículo 12 Revisión 1. La Comisión procederá al examen de la aplicación de la presente Directiva y presentará el oportuno informe al Parla- mento Europeo y al Consejo a más tardar el 19 de julio de 2003. 2. Dicho examen permitirá, entre otras cosas, determinar si conviene modificar el ámbito de aplicación de la presente Directiva en vista de la evolución tecnológica y comercial y deI contexto jurídico. El informe incluirá, en particular, una valora- ción de los aspectos de armonización, basada en la experiencia adquirida. El informe irá acompañado, en su caso, de propuestas legislativas. 1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva antes del 19 de julio de 2001. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompa- ñadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada refe- rencia. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el 2. texto de las principales disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva. Artículo 14 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 15 Destinatarios Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 1999. Por el Parlamento Europeo Por el Consejo La Presidenta N. FONTAINE El Presidente S. HASSI L 13/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19. 1. 2000 ANEXO I Requisitos de los certificados reconocidos Los certificados reconocidos habrán de contener: a) la indicación de que el certificado se expide como certificado reconocido; b) la identificación del proveedor de servicios de certificación y el Estado en que está establecido; c) el nombre y los apellidos del firmante o un seudónimo que conste como tal; d) un atributo específico del firmante, en caso de que fuera significativo en función de la finalidad del certificado; e) los datos de verificación de firma que correspondan a los datos de creación de firma bajo control del firmante; f) una indicación relativa al comienzo y fin del período de validez del certificado; g) el código indentificativo del certificado; h) la firma electrónica avanzada del proveedor de servicios de certificación que expide el certificado; i) los límites de uso del certificado, si procede; y j) los límites del valor de las transacciones para las que puede utilizarse el certificado, si procede. 19. 1. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 13/19 ANEXO II Requisitos de los proveedores de servicios de certificación que expiden certificados reconocidos Los proveedores de servicios de certificación deberán: a) demostrar la fiabilidad necesaria para prestar servicios de certificación; b) garantizar la utilización de un servicio rápido y seguro de guía de usuarios y de un servicio de revocación seguro e inmediato; c) garantizar que pueda determinarse con precisión la fecha y la hora en que se expidió o revocó un certificado; d) comprobar debidamente, de conformidad con el Derecho nacional, la identidad y, si procede, cualesquiera atributos específicos de la persona a la que se expide un certificado reconocido; e) emplear personal que tenga los conocimientos especializados, la experiencia y las cualificaciones necesarias correspon- dientes a los servicios prestados, en particular: competencia en materia de gestión, conocimientos técnicos en el ámbito de la firma electrónica y familiaridad con los procedimientos de seguridad adecuados; deben poner asimismo en práctica los procedimientos administrativos y de gestión adecuados y conformes a normas reconocidas; f) utilizar sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y criptográfica de los procedimientos con que trabajan; g) tomar medidas contra la falsificación de certificados y, en caso de que el proveedor de servicios de certificación genere datos de creación de firma, garantizar la confidencialidad durante el proceso de generación de dichos datos; h) disponer de recursos económicos suficientes para operar de conformidad con lo dispuesto en la presente Directiva, en particular para afrontar el riesgo de responsabilidad por daños y perjuicios, por ejemplo contratando un seguro apropiado; i) registrar toda la información pertinente relativa a un certificado reconocido durante un período de tiempo adecuado, en particular para aportar pruebas de certificación en procedimientos judiciales. Esta actividad de registro podrá realizarse por medios electrónicos; j) no almacenar ni copiar los datos de creación de firma de la persona a la que el proveedor de servicios de certificación ha prestado servicios de gestión de claves; k) antes de entrar en una relación contractual con una persona que solicite un certificado para apoyar a partir del mismo su firma electrónica, informar a dicha persona utilizando un medio de comunicación no perecedero de las condiciones precisas de utilización del certificado, incluidos los posibles límites de la utilización del certificado, la existencia de un sistema voluntario de acreditación y los procedimientos de reclamación y solución de litigios. Dicha información deberá hacerse por escrito, pudiendo transmitirse electrónicamente, y deberá estar redactada en un lenguaje fácilmente comprensible. Las partes pertinentes de dicha información estarán también disponibles a instancias de terceros afectados por el certificado; l) utilizar sistemas fiables para almacenar certificados de forma verificable, de modo que: — sólo personas autorizadas puedan hacer anotaciones y modificaciones, — pueda comprobarse la autenticidad de la información, — los certificados estén a disposición del público para su consulta sólo en los casos en los que se haya obtenido el consentimiento del titular del certificado, y — el agente pueda detectar todos los cambios técnicos que pongan en entredicho los requisitos de seguridad mencionados. L 13/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 19. 1. 2000 ANEXO III Requisitos de los dispositivos seguros de creación de firma electrónica 1. Los dispositivos seguros de creación de firma garantizarán como mínimo, por medios técnicos y de procedimiento adecuados, que: a) los datos utilizados para la generación de firma sólo pueden producirse una vez en la práctica y se garantiza razonablemente su secreto; b) existe la seguridad razonable de que los datos utilizados para la generación de firma no pueden ser hallados por deducción y la firma está protegida contra la falsificación mediante la tecnología existente en la actualidad; c) los datos utilizados para la generación de firma pueden ser protegidos de forma fiable por el firmante legítimo contra su utilización por otros. 2. Los dispositivos seguros de creación de firma no alterarán los datos que deben firmarse ni impedirán que dichos datos se muestren al firmante antes del proceso de firma. ANEXO IV Recomendaciones para la verificación segura de firma Durante el proceso de verificación de firma, deberá garantizarse, con suficiente certeza, que: a) los datos utilizados para verificar la firma corresponden a los datos mostrados al verificador; b) la firma se verifica de forma fiable y el resultado de esa verificación figura correctamente; c) el verificador puede, en caso necesario, establecer de forma fiable el contenido de los datos firmados; d) se verifican de forma fiable la autenticidad y la validez del certificado exigido al verificarse la firma; e) figuran correctamente el resultado de la verificación y la identidad del firmante; f) consta claramente la utilización de un seudónimo; y g) puede detectarse cualquier cambio pertinente relativo a la seguridad


title: QUESTION ÉCRITE E-2307/99 posée par Lone Dybkjær (ELDR) à la Commission. Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification.

eurovoc_concepts:
EU environmental policy
desertification
environmental cooperation

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text: C 280 E/26 Journal officiel des CommunautØs europØennes FR 3. 10. 2000 intØgralement en (cid:156)uvre toutes les rØsolutions du Conseil de sØcuritØ des Nations Unies L(cid:146)UE met concernant l(cid:146)Irak, y compris celles qui ont trait au programme «pØtrole contre nourriture». Elle a demandØ instamment (cid:224) l(cid:146)Irak de coopØrer pleinement avec les Nations Unies. Le Conseil note que la rØsolution 1284 du Conseil de sØcuritØ, adoptØe le 17 dØcembre 1999, vise (cid:224) permettre l(cid:146)Ølargissement et l(cid:146)amØlioration du programme «pØtrole contre nourriture». Le Conseil ne partage pas l(cid:146)opinion que l(cid:146)Honorable Parlementaire exprime dans la derniŁre phrase de sa question. (2000/C 280 E/025) QUESTION (cid:201)CRITE E-2307/99 posØe par Lone Dybkj(cid:230)r (ELDR) (cid:224) la Commission (13 dØcembre 1999) Objet: Convention des Nations unies sur la lutte contre la dØsertification Les questions suivantes visent (cid:224) clarifier les mesures adoptØes par la Commission dans le cadre de la mise en vigueur de la convention des Nations unies sur la lutte contre la dØsertification. Dans quels pays en voie de dØveloppement l(cid:146)Union europØenne participe-t-elle au financement de la 1. mise en vigueur de mesures nationales pour combattre la dØsertification? Combien dØpense-t-elle, dans quels buts et qui sont les bØnØficiaires? Comment la coopØration financiŁre Øtablie assure-t-elle la continuitØ des programmes d(cid:146)action et permet-elle la planification (cid:224) long terme nØcessaire? Qu(cid:146)a fait l(cid:146)Union europØenne pour favoriser la mobilisation de fonds du secteur privØ et d(cid:146)autres 2. sources non-gouvernementales, et pour promouvoir et faciliter l(cid:146)accŁs des PVD affectØs (cid:224) la technologie, la connaissance et le savoir-faire appropriØs, conformØment (cid:224) l(cid:146)article 6 de la Convention sur la lutte contre la dØsertification? Qu(cid:146)a fait l(cid:146)Union europØenne pour garantir que sa politique commerciale et ses structures tarifaires 3. n(cid:146)aboutissent pas (cid:224) la dØsertification, en favorisant par exemple les monocultures? Qu(cid:146)a fait l(cid:146)Union europØenne pour garantir que sa politique agricole n(cid:146)aboutisse pas (cid:224) la dØsertifica- 4. tion, par le biais par exemple de subventions (cid:224) l(cid:146)exportation qui rendent l(cid:146)agriculture traditionnelle dans les rØgions arides non lucrative? Qu(cid:146)a fait l(cid:146)Union europØenne pour assurer une mise en vigueur rapide et exhaustive de la Convention 5. sur la lutte contre la dØsertification ces prochaines annØes? Qu(cid:146)a fait l(cid:146)Union europØenne pour veiller (cid:224) l(cid:146)implication adØquate des parties prenantes europØennes 6. (cid:224) la mise en vigueur de la Convention sur la lutte contre la dØsertification? RØponse donnØe par M. Nielson au nom de la Commission (27 janvier 2000) 1. (cid:192) l(cid:146)heure actuelle, la CommunautØ ne finance la mise en (cid:156)uvre de plans d(cid:146)action nationaux de lutte contre la dØsertification dans aucun pays, car peu d(cid:146)entre eux ont effectivement ØlaborØ de tels plans. Elle a en revanche financØ et continuØ (cid:224) financer une sØrie de programmes et de projets de lutte contre la sØcheresse et la dØgradation des sols dans les pays en dØveloppement, notamment dans les (cid:201)tats d(cid:146)Afrique, des Cara(cid:239)bes et du Pacifique (ACP). Il est impossible de quantifier le montant des dØpenses actuellement engagØes en raison du caractŁre transversal de ce volet d(cid:146)action. Un rapport (1), qui est en cours de rØvision, fournit toutefois des informations dØtaillØes sur les mesures de lutte contre la dØsertification financØes par la CommunautØ dans les pays en dØveloppement et dans l(cid:146)Union au cours de la pØriode 1990-1995. En accordant (cid:224) chaque pays ACP une enveloppe financiŁre destinØe au financement, sur cinq ans, de son programme indicatif national dans le cadre de la convention de LomØ, la CommunautØ apporte un ØlØment de prØvisibilitØ qui permet au pays concernØ de planifier ses programmes d(cid:146)action (cid:224) long terme. 2. La CommunautØ a pour politique gØnØrale d(cid:146)encourager le secteur privØ des pays en dØveloppement et de faciliter l(cid:146)accŁs de ces pays aux technologies, aux connaissances et au savoir-faire appropriØs. C(cid:146)est 3. 10. 2000 FR Journal officiel des CommunautØs europØennes C 280 E/27 d(cid:146)ailleurs pour cette raison qu(cid:146)elle a mis en place le Centre pour le dØveloppement industriel (CDI) dans le cadre de la convention de LomØ. Le CDI mobilise des fonds et des moyens technologiques auprŁs de sources privØes et non gouvernementales dans le but de dØvelopper l(cid:146)industrie des pays ACP. Par le soutien qu(cid:146)elle accorde en matiŁre d(cid:146)ajustement structurel, la CommunautØ aide ses partenaires (cid:224) crØer un environnement propice (cid:224) la croissance du secteur privØ. 3. En poursuivant sa politique globale d(cid:146)intØgration progressive des pays en dØveloppement dans le systŁme Øconomique mondial, la CommunautØ entend faire en sorte que le commerce n(cid:146)ait pas d(cid:146)incidence nØgative sur l(cid:146)environnement. C(cid:146)est pourquoi elle a plaidØ en faveur de l(cid:146)inscription de la question «commerce et environnement» (cid:224) l(cid:146)ordre du jour du cycle du millØnaire de l(cid:146)Organisation mondiale du commerce (OMC). 4. La CommunautØ poursuit une politique de dØveloppement durable et de protection de l(cid:146)environne- ment dans les pays en dØveloppement. Les subventions (cid:224) l(cid:146)exportation de produits agricoles (stabex) constituent l(cid:146)une des questions qui sont en cours de renØgociation avec les pays ACP dans le cadre des dispositifs post-LomØ. Sans prØjuger de leur issue, le but de la CommunautØ est prØcisØment de veiller (cid:224) ce qu(cid:146)elles n(cid:146)aient pas d(cid:146)effets nØgatifs sur l(cid:146)agriculture dans ces pays. Il a ØtØ demandØ aux dØlØgations de la Commission dans les pays ACP d(cid:146)entamer dans la mesure du 5. possible un dialogue avec les organes de coordination et les points focaux nationaux prØvus par la convention sur la lutte contre la dØsertification afin de dØterminer la meilleure fa(cid:231)on de faire progresser la mise en (cid:156)uvre de cette convention. Le rØsultat de ce dialogue permettra (cid:224) la Commission d(cid:146)agir plus rapidement. 6. La CommunautØ est favorable (cid:224) une coopØration dØcentralisØe et (cid:224) la participation de toutes les parties concernØes en Europe au processus de dØveloppement, et notamment (cid:224) la mise en (cid:156)uvre de la convention sur la lutte contre la dØsertification. Elle a cofinancØ des projets dans les pays en dØveloppe- ment avec des organisations non gouvernementales europØennes et continuera (cid:224) agir dans ce sens. (1) SEC(97) 1429. (2000/C 280 E/026) QUESTION (cid:201)CRITE E-2313/99 posØe par Ari Vatanen (PPE-DE) (cid:224) la Commission (13 dØcembre 1999) Objet: SØcuritØ du trafic ferroviaire dans les (cid:201)tats membres de l(cid:146)Union europØenne Le trafic des poids lourds dans les (cid:201)tats membres de l(cid:146)Union europØenne a considØrablement augmentØ au cours des derniŁres dØcennies. En 1970, un tiers du transport de marchandises se faisait par rail; l(cid:146)annØe derniŁre, ce n(cid:146)Øtait plus que 14 %. L(cid:146)ouverture du trafic ferroviaire (cid:224) la concurrence est de ce fait une Øtape importante permettant aux chemins de fer de prendre en charge une partie toujours plus grande du transport de marchandises. Par ailleurs, la promotion du trafic ferroviaire rØduirait l(cid:146)encombrement des routes, ainsi que la pollution due au trafic routier. L(cid:146)accroissement de la compØtitivitØ des chemins de fer permettrait donc de soulager les problŁmes liØs au trafic routier. Toutefois, la libØralisation du marchØ ne doit pas se faire au dØtriment de la sØcuritØ du trafic ferroviaire. Ainsi, il conviendrait, par exemple, de dissocier l(cid:146)entretien des voies de leur exploitation. Quelles sont les mesures prises par la Commission pour renforcer la sØcuritØ du trafic ferroviaire dans les (cid:201)tats membres de l(cid:146)Union europØenne? RØponse donnØe par Mme de Palacio au nom de la Commission (27 janvier 2000) La nature et le mode de fonctionnement du rail en font un moyen de transport trŁs sßr. Si l(cid:146)on comptabilise tous les dØcŁs dus au train, y compris les dØcŁs par suicide et ceux dus aux accidents survenus aux passages (cid:224) niveau, le nombre d(cid:146)accidents mortels par unitØ de trafic reprØsente environ le


title: SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2314/99 van Bartho Pronk (PPE-DE) aan de Commissie. Autoverzekering in het buitenland.

eurovoc_concepts:
application of EU law
free movement of persons
motor vehicle insurance

text: C 280 E/28 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen NL 3. 10. 2000 bij het spoorvervoer slechts een kwart van het aantal slachtoffers op de weg. Per passagierskilometer is het dodental bij het wegvervoer twintigmaal hoger dan bij het spoor. In het goederenvervoer eist de weg ook twintigmaal meer levens van personeelsleden dan het spoor. Uit deze statistieken blijkt dat het spoor in alle opzichten aanzienlijk veiliger is dan het wegvervoer en bijgevolg kunnen maatregelen die binnen het verkeer een verschuiving van de weg naar het spoor helpen bewerkstelligen tot een algehele daling van het aantal doden en gewonden leiden. Daarom is het een bron van grote zorg voor de Commissie dat het marktaandeel van het spoor is teruggelopen tot ongeveer 40 % van zijn omvang in 1970. In 1997 bedroeg het aandeel van het spoor in het totale intracommunautaire vervoer over land en over zee (korte vaart) 8,6 % en het aandeel in het vervoer over land alleen, zoals vermeld, 14,4 %. Indien het concurrentievermogen van het spoor kan worden verbeterd en ervoor kan worden gezorgd dat de het spoorvervoer de diensten kan leveren waaraan de bestaande en potentiºle klanten behoefte hebben, zou dit een belangrijke stimulans zijn voor de vervoersstromen die zich daarvoor lenen om op het spoor over te schakelen. De tenuitvoerlegging van het spoorweginfrastructuurpakket, waarover de Raad op 10 december 1999 een politiek akkoord heeft bereikt, zou een belangrijke stap betekenen voor het creºren van de nodige randvoorwaarden. De tekst voorziet ook in de vaststelling van veiligheidsnormen door instanties die geen banden hebben met een spoorwegmaatschappij om vertrouwen te wekken in de veiligheidsprocedures. De Commissie is zich bewust van de noodzaak om op communautair niveau te zorgen voor passende veiligheidsnormen. Met het oog hierop heeft de Commissie op twee gebieden reeds veel werk verzet. In de eerste plaats heeft zij onlangs een voorstel ingediend voor een richtlijn (1) inzake de interoperabiliteit van conventionele spoorwegsystemen, waarin wordt voorzien in de totstandbrenging van technische normen en de certificering van materieel door aangemelde instanties en dat de lidstaten de verplichting oplegt de exploitatie en het gebruik van het gecertificeerde spoorwegmaterieel regelmatig te controleren. Tevens heeft de Commissie een studie uitgevoerd naar veiligheidsvoorschriften en -normen voor Europese spoorwegmaatschappijen. Aan de hand van het eindrapport dat weldra zal worden uitgebracht zal kunnen worden beoordeeld welke verdere maatregelen op communautair niveau nodig zijn. (1) COM(1999) 617 def. (2000/C 280 E/027) SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2314/99 van Bartho Pronk (PPE-DE) aan de Commissie (13 december 1999) Betreft: Autoverzekering in het buitenland In een aantal lidstaten van de EU, waaronder Nederland, beperkt een autoverzekering de mogelijkheden om voor een periode langer dan drie maanden, soms zelfs slechts acht weken, in het buitenland te verblijven. De reden is dat een verzekerde auto uit deze landen slechts een beperkte aaneengesloten periode in het buitenland mag verblijven. Deze situatie kan een belemmering zijn voor het verblijfsrecht in andere landen. Dit temeer omdat men in het algemeen in het land waar men tijdelijk verblijft geen verzekering kan afsluiten, omdat het kentekennummer van de auto niet staat geregistreerd in het land van verblijf. 1. Is de Commissie op de hoogte van deze situatie? Zo ja, is de Commissie van mening dat dergelijke maatregelen het vrij verkeer van werknemers en 2. het vrij verkeer van personen belemmeren? 3. In welke landen doet deze situatie zich wel c. q. niet voor? 4. Wat denkt de Commissie aan deze situatie te doen? Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie (13 januari 2000) De Commissie is op de hoogte van de door het geachte parlementslid vermelde handelspraktijk, maar beschikt niet over precieze informatie betreffende de specifieke verzekeringsondernemingen die in de verschillende lidstaten hierbij betrokken zijn. 3. 10. 2000 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 280 E/29 In artikel 2 van de Derde Richtlijn 90/232/EEG van de Raad van 14 mei 1990 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende de verzekering tegen de wettelijke aansprake- lijkheid waartoe deelneming aan het verkeer van motorrijtuigen aanleiding kan geven (1), wordt gesteld dat (cid:132)alle polissen in het kader van de verplichte wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot de deelneming van voertuigen aan het verkeer, tegen betaling van ØØn enkele premie, dekking moeten verschaffen voor het gehele grondgebied van de Gemeenschap(cid:148). Verzekeringsondernemingen mogen daarom geen deel van het grondgebied van de Gemeenschap uitsluiten van dekking. In overeenstemming met het beginsel van vrijheid van overeenkomst, dat in de nationale wetgeving is opgenomen, bepalen een aantal verzekeringsondernemingen in hun polissen dat de overeenkomst vervalt als de verzekerde een bepaalde periode in een andere lidstaat verblijft. Zij gaan ervan uit dat een wijziging van de verblijfplaats van de verzekerde een nieuwe beoordeling van het verzekerde risico vergt. In dit geval moet de verzekeringsonderneming het deel van de premie dat door de verzekerde ten gevolge van de vervroegde stopzetting van de overeenkomst te veel werd betaald, terugbetalen. De stopzetting van een verzekeringsovereenkomst bij een verhuizing van de verzekerde naar een andere lidstaat lijkt gerechtvaardigd aangezien de auto in de nieuwe lidstaat van verblijf moet worden geregistreerd en het risico zich volgens de verzekeringsrichtlijnen in het land van registratie bevindt. De dekking mag in dit geval geen speciale problemen opleveren. Dit kan gebeuren door dezelfde verzekeringsonderneming, door een andere verzekeringsonderneming die werkzaam is vanuit de lidstaat van herkomst op basis van het vrije verrichten van diensten of door een onderneming in de nieuwe lidstaat van verblijf. In de belastingwetgeving worden bepaalde tijdslimieten opgelegd voor de registratie van auto(cid:146)s in de lidstaat van verblijf, teneinde te garanderen dat de motorrijtuigenbelasting wordt betaald. In de verzeke- ringsovereenkomsten zou rekening moeten worden gehouden met deze tijdslimieten. Redelijkerwijs kan echter niet worden verwacht dat verzekeringspolissen een permanente waarborg bieden door de verzeker- den de mogelijkheid te geven de registratie van hun auto onbeperkt uit te stellen tot na het verstrijken deze tijdslimieten. Er is echter sprake van een heel andere situatie als de verzekerde niet echt naar een andere lidstaat verhuist, maar beroepshalve of om privØ-redenen tijdelijk in het buitenland verblijft. In dit geval kan de vervroegde stopzetting van de verzekeringsovereenkomst moeilijkheden opleveren voor de verzekerde, die dan een alternatieve verzekeringsovereenkomst moet vinden voor een tijdelijk verblijf in het buitenland. In derge- lijke situaties moeten Europese burgers gedekt blijven door hun verzekeringspolis. De Commissie, die in samenwerking met de lidstaten een werkgroep voor de modernisering van de richtlijnen motorrijtuigenverzekering heeft opgericht, zal de door het geachte parlementslid vermelde situatie bestuderen en sluit hierbij geen enkele actie uit. (1) PB L 129 van 19. 5. 1990. (2000/C 280 E/028) SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2339/99 van Alexandros Alavanos (GUE/NGL) aan de Commissie (13 december 1999) Betreft: Het Griekse scheepsregister Na een controle door het terzake bevoegde comitØ van de Europese Unie werd het Griekse scheepsregister als een met controle en inspectie belast orgaan erkend, maar slechts voor Griekse schepen en voor een duur van drie jaar. Het voldeed namelijk alleen aan de kwalitatieve criteria van richtlijn 94/57/EG (1) houdende de gemeenschappelijke regels en voorschriften voor de met controle en inspectie op schepen belaste organen. Kan de Commissie ons informatie verstrekken over de resultaten van de controle op het Griekse scheeps- register? Acht zij de resultaten van de kwalitatieve controle bevredigend? Wat zijn de tekortkomingen met betrekking tot de kwantitatieve criteria? Is er rekening gehouden met de klachten ten aanzien van het Griekse scheepsregister? Welke algemene opmerkingen zou de Commissie in dit verband willen maken? (1) PB L 319 van 12. 12. 1994, blz. 20


title: SKRIFTLIG FRÅGA P-2450/99 från Mathieu Grosch (PPE-DE) till kommissionen. Gemenskapens åtgärdsprogram Ungdom.

eurovoc_concepts:
Council of the European Union
EU programme
European Parliament
interinstitutional relations (EU)
young person

text: C 219 E/166 Europeiska gemenskapernas officiella tidning SV 1. 8. 2000 Vilka (cid:229)tg(cid:228)rder (cid:228)mnar r(cid:229)det vidta f(cid:246)r att det skall kunna garanteras att gemenskapsprogrammet Ungdom f(cid:246)r Europa genomf(cid:246)rs enligt planerad tidtabell? ˜mnar r(cid:229)det garantera att ministerr(cid:229)det (ungdomsfr(cid:229)gor) kan komma att forts(cid:228)tta sin verksamhet? Svar (31 januari 2000) N(cid:228)r det g(cid:228)ller ungdomsprogrammet i framtiden k(cid:228)nner den (cid:228)rade parlamentsledamoten s(cid:228)kert till att enligt f(cid:246)rdraget (artikel 251 (cid:129) medbeslutandef(cid:246)rfarandet) har r(cid:229)det tre m(cid:229)nader p(cid:229) sig f(cid:246)r att godk(cid:228)nna eller inte godk(cid:228)nna Europaparlamentets (cid:228)ndringsf(cid:246)rslag efter andra behandlingen, och d(cid:228)refter, om de inte god- k(cid:228)nns, sex veckor f(cid:246)r att sammankalla f(cid:246)rlikningskommittØn. Det m(cid:229)ste emellertid betonas att r(cid:229)det anser det som mycket angel(cid:228)get att detta program antas s(cid:229) snart som m(cid:246)jligt under det nya (cid:229)ret. N(cid:228)r det g(cid:228)ller framtiden f(cid:246)r r(cid:229)det (ungdomsfr(cid:229)gor) b(cid:246)r det p(cid:229)pekas att den allm(cid:228)nna fr(cid:229)gan om den framtida organisationen av r(cid:229)dets arbete fanns p(cid:229) dagordningen f(cid:246)r Europeiska r(cid:229)det i Helsingfors, och att r(cid:229)det visserligen besl(cid:246)t att minska antalet r(cid:229)dskonstellationer till h(cid:246)gst femton men att inga slutgiltiga beslut (cid:228)nnu har fattats om vilka r(cid:229)dskonstellationer som kommer att tr(cid:228)ffas (cid:228)ven i forts(cid:228)ttningen. Det b(cid:246)r icke desto mindre g(cid:246)ras fullst(cid:228)ndigt klart att de initiativ som r(cid:246)r ungdomssektorn p(cid:229) europeisk niv(cid:229) kommer att ges sin r(cid:228)ttm(cid:228)tiga plats p(cid:229) r(cid:229)dets dagordning, oberoende av sammans(cid:228)ttningen av r(cid:229)det i fr(cid:229)ga. (2000/C 219 E/211) SKRIFTLIG FR¯GA P-2450/99 fr(cid:229)n Mathieu Grosch (PPE-DE) till kommissionen (13 december 1999) ˜mne: Gemenskapens (cid:229)tg(cid:228)rdsprogram (cid:148)Ungdom(cid:148) Den 28 augusti 1998 lade kommissionen fram ett f(cid:246)rslag till Europaparlamentets och r(cid:229)dets beslut om att inr(cid:228)tta gemenskapens (cid:229)tg(cid:228)rdsprogram (cid:148)Ungdom(cid:148) f(cid:246)r perioden 2000-2004 (KOM(1998) 331) (1). Efter Europaparlamentets andra behandling den 28 oktober 1999 f(cid:246)relades r(cid:229)det detta beslut f(cid:246)r en andra behandling. Om f(cid:246)rhandlingarna inte leder till en h(cid:229)llbar kompromiss kommer programmet inte att kunna inledas som planerat den 1 januari 2000. 1. Kommer ett tillf(cid:228)lligt program att genomf(cid:246)ras i st(cid:228)llet f(cid:246)r det egentliga programmet om r(cid:229)det och Europaparlamentet inte kan komma fram till en kompromiss, eller kommer de ber(cid:246)rda organisationerna och ungdomarna att gl(cid:246)mmas bort? Om ett tillf(cid:228)lligt program genomf(cid:246)rs, kommer detta i s(cid:229) fall att utformas enligt riktlinjerna f(cid:246)r det 2. gamla eller det nya (cid:229)tg(cid:228)rdsprogrammet? (1) EGT C 311, 10. 10. 1998, s. 6. Svar fr(cid:229)n Viviane Reding p(cid:229) kommissionens v(cid:228)gnar (17 december 1999) R(cid:229)det och parlamentet har hittills inte kunnat enas om en slutlig kompromiss f(cid:246)r programmet Ungdom. Det f(cid:246)rsta m(cid:246)tet med f(cid:246)rlikningskommittØn har satts till den 13 januari 2000 under det portugisiska ordf(cid:246)randeskapet. Kommissionen (cid:228)r s(cid:228)ker p(cid:229) att det nya programmet kommer att antas. Om f(cid:246)rliknings- f(cid:246)rfarandet avslutas under det f(cid:246)rsta kvartalet 2000, kommer allt att g(cid:246)ras f(cid:246)r att garantera kontinuiteten i programmet