title: Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo relativo a su investigación de oficio sobre el carácter secreto de los procedimientos para la contratación de personal de la Comisión

eurovoc_concepts:
European Commission
European Ombudsman
European Parliament
competition (EU)
fact-finding mission
professional secret

text: C 371/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 12. 1999 EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO INFORME ESPECIAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO AL PARLAMENTO EUROPEO relativo a su investigaci(cid:243)n de oficio sobre el carÆcter secreto de los procedimientos para la contrataci(cid:243)n de personal de la Comisi(cid:243)n (1999/C 371/09) En noviembre de 1997, el Defensor del Pueblo Europeo inici(cid:243) una investigaci(cid:243)n de oficio sobre el carÆcter secreto de los procedimientos para la contrataci(cid:243)n de personal de la Comisi(cid:243)n Europea. El 8 de marzo de 1999, tras examinar detalladamente las observaciones de la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo comunic(cid:243) a esta instituci(cid:243)n que hab(cid:237)a establecido la existencia de mala administraci(cid:243)n. Con el fin de poner remedio al problema, el Defensor del Pueblo redact(cid:243) un proyecto de recomendaci(cid:243)n, segœn lo establecido en el apartado 6 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo (1). En una carta del 5 de julio de 1999 dirigida al Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n formulaba observaciones detalladas sobre el proyecto de recomendaci(cid:243)n. Este Informe especial se presenta al Parlamento Europeo de conformidad con lo establecido en el apartado 7 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo y, de acuerdo con la mencionada disposici(cid:243)n, incluye tambiØn una recomendaci(cid:243)n que el Defensor del Pueblo considera necesaria en el presente asunto. A. Investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo y proyecto de recomendaci(cid:243)n El 7 de noviembre de 1997, el Defensor del Pueblo abri(cid:243) una investigaci(cid:243)n de oficio sobre el carÆcter secreto de los procedimientos para la contrataci(cid:243)n de personal de la Comisi(cid:243)n Europea. En su carta a la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo seæalaba que, considerando que el primer contacto de los ciudadanos con las instituciones comunitarias es, a menudo, para solicitar empleo en ellas, ser(cid:237)a de desear que la impresi(cid:243)n que le causara la instituci(cid:243)n contactada fuera satisfactoria. El Defensor del Pueblo tambiØn hac(cid:237)a referencia a diversas reclamaciones sobre falta de transparencia en los procesos de contrataci(cid:243)n de personal. El Defensor del Pueblo hab(cid:237)a detectado dos temas recurrentes en las observaciones formuladas por las instituciones comunitarias ante este tipo de reclamaciones. El primero de ellos es el art(cid:237)culo 6 del anexo III del Estatuto de los funcionarios, que establece que los procedimientos del tribunal del concurso deberÆn ser secretos. El segundo se refiere al amplio margen de discrecionalidad de que gozan estos tribunales. El Defensor del Pueblo es consciente de que el prop(cid:243)sito del art(cid:237)culo 6 es garantizar la independencia de los tribunales de los concursos, protegiØndolos de interferencias y presiones. No obstante, opina que esta consideraci(cid:243)n leg(cid:237)tima no debe entorpecer la aplicaci(cid:243)n de los derechos del candidato, compatibles con lo establecido en el art(cid:237)culo 6. El Defensor del Pueblo reconoce asimismo el amplio margen de discrecionalidad de que gozan los tribunales de los concursos. Sin embargo, considera que dicha discrecionalidad no ha de impedir que las autoridades pœblicas cumplan los principios de la buena administraci(cid:243)n. Por ello, el Defensor del Pueblo pregunt(cid:243) a la Comisi(cid:243)n si estaba dispuesta a: 1) permitir que los candidatos pudieran llevarse consigo las preguntas de los exÆmenes escritos tras finalizar la prueba; 2) comunicar los criterios de evaluaci(cid:243)n a los candidatos que lo solicitasen; 3) dar a conocer a los candidatos los nombres de los miembros del tribunal de selecci(cid:243)n; 4) permitir que los candidatos que hubieran realizado un examen pudieran consultar una copia corregida de la prueba. (1) Decisi(cid:243)n 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (DO L 113 de 4. 5. 1994, p. 15). 22. 12. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 371/13 La Comisi(cid:243)n emiti(cid:243) su respuesta el 2 de marzo de 1998. Respecto a las dos primeras cuestiones, inform(cid:243) al Defensor del Pueblo de que, actualmente, 1) los candidatos pueden llevarse consigo las preguntas de los exÆmenes, a menos que su contendio estØ protegido por derechos de propiedad intelectual, y 2) los tribunales de los concursos comunican los criterios de evaluaci(cid:243)n o correcci(cid:243)n a los candidatos que as(cid:237) lo solicitan. En cuanto a las otras dos preguntas planteadas por el Defensor del Pueblo (3 y 4), la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que la supuesta falta de transparencia se basaba en un nœmero limitado de reclamaciones. En opini(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, existe una diferencia fundamental entre los concursos-oposici(cid:243)n y los exÆmenes de otro tipo: en la evaluaci(cid:243)n de un candidato que se presente a un examen se basa en unos criterios prefijados, mientras que en la de un opositor se toma en consideraci(cid:243)n al resto de los participantes en la prueba, y œnicamente los candidatos que obtienen los mejores resultados pasan a formar parte de una lista de reserva. Segœn la Comisi(cid:243)n, œnicamente el tribunal del concurso estÆ capacitado para evaluar los resultados de cada opositor, pues s(cid:243)lo sus miembros estÆn en situaci(cid:243)n de comparar los exÆmenes del conjunto de los candidatos. La entrega de una copia corregida a un candidato no le aportar(cid:237)a ningœn beneficio, pues no tiene sentido que una persona que no ha juzgado a los otros candidatos pueda calificar una prueba aislada. La Comisi(cid:243)n declar(cid:243) asimismo que, dado el elevado nœmero de opositores que participan en las pruebas, la carga econ(cid:243)mica y administrativa derivada de la entrega de los exÆmenes corregidos ser(cid:237)a muy elevada. Por œltimo, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que el margen de discrecionalidad de los tribunales de los concursos estÆ sujeto a la supervisi(cid:243)n del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. En su carta de 8 de marzo de 1999, el Defensor del Pueblo tomaba nota de las explicaciones ofrecidas por la Comisi(cid:243)n respecto a las dos primeras cuestiones, e indicaba que teniendo en cuenta las explicaciones que le hab(cid:237)an sido facilitadas, no consideraba necesario seguir investigando al respecto. En cuanto a la divulgaci(cid:243)n de los nombres de los miembros de los tribunales de concursos, el Defensor del Pueblo recordaba que es un principio fundamental de buena prÆctica administrativa que los ciudadanos puedan saber el nombre de los funcionarios que con los que tratan. El Defensor del Pueblo estimaba que una administraci(cid:243)n an(cid:243)nima resulta alejada del pœblico, por lo que inform(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que consideraba inaceptable que los candidatos participantes en un examen oral no pudieran conocer los nombres de sus examinadores. En relaci(cid:243)n con el acceso de cada candidato a la correci(cid:243)n de su examen, el Defensor del Pueblo insisti(cid:243) en la importancia de que se garantice una completa confianza del pœblico en los procedimientos de los tribunales de los concursos. En su opini(cid:243)n, los documentos en cuesti(cid:243)n constan de dos partes: el propio examen escrito y las correcciones realizadas por los examinadores. El Defensor del Pueblo afirmaba que si el candidato es el autor del examen escrito, no se le puede negar el acceso al mismo. En respuesta a la segunda observaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo insist(cid:237)a en que correspond(cid:237)a al ciudadano, y no a la administraci(cid:243)n, decidir si era razonable solicitar esa informaci(cid:243)n. De hecho, el candidato tiene un interØs fundamental por saber quØ errores ha cometido. En cuanto a las cargas econ(cid:243)micas y adminis- trativas mencionadas por la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo suger(cid:237)a que si el nœmero de los candidatos que solicitaban copias de sus exÆmenes era elevado, la Comisi(cid:243)n pod(cid:237)a plantearse la posibilidad de cobrar una tasa razonable para cubrir los costes derivados de la operaci(cid:243)n. Sobre la base de estas consideraciones, el Defensor del Pueblo present(cid:243) a la Comisi(cid:243)n el siguiente proyecto de recomendaci(cid:243)n, de acuerdo con el apartado 6 del art(cid:237)culo 3 de su Estatuto: (cid:151) La Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a dar a conocer a los candidatos que se presenten a exÆmenes orales los nombres de los miembros del tribunal del concurso. (cid:151) En las oposiciones que se convoquem en el futuro, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a permitir a los candidatos que as(cid:237) lo soliciten el acceso a sus exÆmenes corregidos. B. Respuesta de la Comisi(cid:243)n al proyecto de recomendaci(cid:243)n En su respuesta de 5 de julio de 1999, la Comisi(cid:243)n reconoc(cid:237)a que, segœn el Tratado de Amsterdam, la transparencia es un principio bÆsico de la Uni(cid:243)n Europea y los ciudadanos han de tener derecho a acceder a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisi(cid:243)n (art(cid:237)culo 255 CE). En este contexto, la Comisi(cid:243)n llamaba particularmente la atenci(cid:243)n respecto a su Decisi(cid:243)n 94/90/CECA, CE, Euratom, de 8 de febrero de 1994, sobre el acceso del pœblico a los documentos de la Comisi(cid:243)n (1) y sobre el C(cid:243)digo de conducta relativo al acceso del pœblico a los documentos del Consejo y de la Comi- si(cid:243)n (2). Sin embargo, la Comisi(cid:243)n seæalaba que, de momento, ninguno de esos textos preve(cid:237)a una excepci(cid:243)n a las reglas aplicables a las oposiciones en virtud del Estatuto de los funcionarios y la jurisdic- ci(cid:243)n de los tribunales comunitarios. (1) DO L 46 de 18. 2. 1994, p. 58. (2) DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 41. C 371/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 22. 12. 1999 En cuanto a la divulgaci(cid:243)n de los nombres de los miembros de los tribunales de los concursos, la Comisi(cid:243)n accedi(cid:243) a tal idea y declar(cid:243) que dichos nombres se comunicarÆn formalmente (cid:150)y no s(cid:243)lo verbalmente(cid:150) a las candidatos que se presenten a futuros exÆmenes orales. Con relaci(cid:243)n al acceso a las correcciones de los exÆmenes, la Comisi(cid:243)n estim(cid:243) que ya hab(cid:237)a permitido dicho acceso al Defensor del Pueblo en un caso en que Øste hab(cid:237)a expresado su deseo de consultar un documento. El Defensor del Pueblo hab(cid:237)a tenido ocasi(cid:243)n de inspeccionar ese documento en las oficinas de la Comisi(cid:243)n. El acceso se le hab(cid:237)a permitido (y se le volver(cid:237)a a permitir en el futuro) en virtud de la tarea institucional espec(cid:237)fica que el Tratado CE confiere al Defensor del Pueblo. Sin embargo, la Comisi(cid:243)n segu(cid:237)a oponiØndose a que dicho acceso se extendiese a los propios candidatos. La Comisi(cid:243)n apoyaba su postura en los argumentos que ya hab(cid:237)a expuesto en su carta de 2 de marzo de 1998, a saber, que existe una diferencia fundamental entre los concursos-oposici(cid:243)n y los exÆmenes de otro tipo, pues en la evaluaci(cid:243)n de un candidato que se presente a Østos se toma como punto de referencia un criterio preestablecido, mientras que en un concurso este criterio dependerÆ del conjunto de participantes en la prueba; s(cid:243)lo el tribunal del concurso estarÆ en posici(cid:243)n de establecerlo, una vez comparados los exÆmenes de todos los candidatos. Se indicaba tambiØn que la entrega a un candidato de su examen corregido no le aportar(cid:237)a ningœn beneficio, pues no tiene sentido que una persona que no ha juzgado a los otros candidatos pueda calificar una prueba aislada. Por œltimo, se argumentaba tambiØn que la carga econ(cid:243)mica y administrativa derivada de la entrega de los exÆmenes corregidos ser(cid:237)a muy elevada. La Comisi(cid:243)n hizo hincapiØ en que la entrega de la copia de un examen a su autor, tanto si estaba corregida como si no, supondr(cid:237)a un cambio radical respecto a las prÆcticas anteriores. Por lo tanto, deber(cid:237)a consi- derarse de modo mÆs general en el contexto del Reglamento que rige la aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 255 del Tratado CE, que ha de ser adoptado por el Consejo sobre la base de una propuesta de la Comisi(cid:243)n. Aœn aceptando la posibilidad de introducir el pago de tasas para cubrir los gastos derivados de la operaci(cid:243)n, dada la importancia de la cuesti(cid:243)n y las consecuencias que tal cambio conllevar(cid:237)a en tØrminos de recursos humanos, la Comisi(cid:243)n, que en ese momento ya hab(cid:237)a dimitido, consideraba que no estaba en situaci(cid:243)n de adoptar la medida sugerida por el Defensor del Pueblo, y trasladaba a la futura Comisi(cid:243)n la responsabilidad de dar una respuesta definitiva. C. AnÆlisis de la respuesta de la Comisi(cid:243)n Divulgaci(cid:243)n de los nombres de los miembros de los tribunales de selecci(cid:243)n El Defensor del Pueblo acoge con satisfacci(cid:243)n la disponibilidad de la Comisi(cid:243)n a divulgar entre los opositores los nombres de los miembros de los tribunales de selecci(cid:243)n. La aplicaci(cid:243)n de esta medida garantizarÆ en cualquier caso una mayor transparencia y darÆ confianza a los candidatos que participen en oposiciones. Aunque la Comisi(cid:243)n utiliza un lenguaje muy formal para expresar su aceptaci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo supone que la instituci(cid:243)n procederÆ de acuerdo con sus declaraciones y divulgarÆ los corres- pondientes nombres. En base a los anteriores considerandos, el Defensor del Pueblo no considera necesario continuar la investigaci(cid:243)n en relaci(cid:243)n a este aspecto del asunto. Acceso de los candidatos a la correcci(cid:243)n de sus exÆmenes El Defensor del Pueblo no conoce ninguna disposici(cid:243)n del derecho comunitario ni de la jurisprudencia de los Tribunales comunitarios que impida a la Comisi(cid:243)n permitir que un candidato que haya realizado un examen escrito consulte la correcci(cid:243)n del mismo. El art(cid:237)culo 6 del anexo III del Estatuto de los funcionarios estipula que los procedimientos de los tribunales de los concursos han de ser secretos. Por lo tanto, las deliberaciones del tribunal de selecci(cid:243)n deberÆn ser secretas, pero de ello no se deduce que los candidatos que deseen consultar la correcci(cid:243)n de sus exÆmenes no puedan hacerlo. El primer argumento presentado por la Comisi(cid:243)n para justificar su negativa estÆ relacionado con la naturaleza del procedimiento de contrataci(cid:243)n de personal. En opini(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, para evaluar a los diferentes candidatos los tribunales de los concursos comparan los diferentes resultados del conjunto de opositores. La Comisi(cid:243)n deduce de esto que la posibilidad de permitir a una persona el acceso a la correcci(cid:243)n de su examen carece de utilidad, pues la persona en cuesti(cid:243)n no habrÆ tenido acceso a las pruebas de los candidatos restantes. Sin embargo, la posibilidad de consultar la correcci(cid:243)n de su examen conlleva diversas ventajas para el candidato. En primer lugar, le permite conocer sus errores, lo que le darÆ la oportunidad de mejorar en el futuro. En segundo lugar, refuerza su confianza en la administraci(cid:243)n. Esto es importante, pues muchos de los candidatos insatisfechos estiman que la correcci(cid:243)n realizada por la Comisi(cid:243)n no ha sido adecuada, y 22. 12. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 371/15 algunos incluso creen que sus exÆmenes no se han corregido. En tercer lugar, un candidato que considere que la correcci(cid:243)n de su examen no ha sido justa podrÆ defender su posici(cid:243)n de una manera mucho mÆs precisa si se la ha permitido consultarla. En cualquier caso, cuando un ciudadano solicita informaci(cid:243)n, es Øl, y no la administraci(cid:243)n, quien debe juzgar si Østa es œtil. La Comisi(cid:243)n se refiere tambiØn a las cargas administrativas y econ(cid:243)micas derivadas de la posibilidad de permitir el acceso a los exÆmenes corregidos. El Defensor del Pueblo conf(cid:237)a en que los servicios de la Comisi(cid:243)n puedan organizar el proceso de manera que los costes sean m(cid:237)nimos, teniendo en cuenta que es improbable que todos los candidatos deseen consultar la correcci(cid:243)n de su examen. La Comisi(cid:243)n estÆ en lo cierto al afirmar que el Defensor del Pueblo tuvo acceso al examen corregido de un opositor que present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n. En este contexto, resulta conveniente recordar que, de acuerdo con el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de su Estatuto, todas las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios estÆn «obligados a facilitar al Defensor del Pueblo las informaciones requeridas y darle acceso a la documentaci(cid:243)n relativa al caso». Sin embargo, la posibilidad de que el Defensor del Pueblo consulte un examen corregido no constituye un sustituto satisfactorio del acceso al mismo por parte del propio candidato. TambiØn es correcta la afirmaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n que la actividad de los tribunales de los concursos estÆ sujeta al control jurisdiccional de los Tribunales comunitarios. Sin embargo, ello significa que ciertos problemas que se podr(cid:237)an haber resuelto fÆcilmente dando al candidato acceso a la correcci(cid:243)n de su examen terminarÆn en los tribunales. El Defensor del Pueblo juzga que este procedimiento puede ser muy gravoso para los candidatos. Por otro lado, el hecho de facilitar el acceso de los candidatos a los exÆmenes corregidos puede zanjar numerosos problemas con un esfuerzo y un tiempo m(cid:237)nimos. La Comisi(cid:243)n considera que ser(cid:237)a mÆs adecuado resolver la cuesti(cid:243)n del acceso a los exÆmenes corregidos en el contexto de las disposiciones de aplicaci(cid:243)n que se adoptarÆn de acuerdo con el art(cid:237)culo 255 del Tratado CE. Las disposiciones de aplicaci(cid:243)n podr(cid:237)an establecer el derecho de los opositores a acceder a dichos documentos. Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que esta posibilidad administrativa no impide que la Comisi(cid:243)n mejore ya sus prÆcticas administrativas. La cuesti(cid:243)n es urgente y deber(cid:237)a resolverse lo antes posible. El Defensor del Pueblo se muestra satisfecho por el hecho que la Comunidad haya dejado de excluir categ(cid:243)ricamente a futuro la posibilidad de que los candidatos puedan consultar la correcci(cid:243)n de sus exÆmenes, y tambiØn, que hubiera propuesta que la decisi(cid:243)n al respecto recayera sobre la nueva Comisi(cid:243)n. Sin embargo, el cumplimiento de los principios del Derecho comunitario no deber(cid:237)a depender de la composici(cid:243)n del colegio de Comisarios. Tal como establece el Tratado de Amsterdam, la obligaci(cid:243)n de que el proceso de toma de decisiones sea lo mÆs transparente posible representa uno de los principios fundamentales del Derecho administrativo de las Comunidades Europeas. AdemÆs, se ha de garantizar que los ciudadanos se formen una idea satisfactoria de la instituciones comunitarias cuando entran en contacto por primera vez con ellas. Los ciudadanos que desean trabajar para las Comunidades reciben una impresi(cid:243)n muy negativa si dudan que se les haya evaluado de una mancera justa y correcta. Para disipar dicha duda es esencial que los candidatos puedan consultar la correcci(cid:243)n de sus exÆmenes. Esta posibilidad no interfiere con el secreto de los procedimientos de los tribunales de los concursos, pues no afecta a las deliberaciones que Østos mantienen para evaluar los mØritos de los candidatos. Por estas razones, el hecho que la Comisi(cid:243)n no modifique sus procedimientos administrativos con el fin de ofrecer a los candidatos la posibilidad de acceder a sus exÆmenes corregidos se ha de considerar como un caso de mala administraci(cid:243)n. El Defensor del Pueblo tiene, pues, el deber de presentar este Informe especial al Parlamento Europeo, de acuerdo con el apartado 7 del art(cid:237)culo 3 de su Estatuto. El Defensor del Pueblo formula tambiØn la siguiente recomendaci(cid:243)n encaminada a acabar con la mala administraci(cid:243)n. D. Recomendaci(cid:243)n del Defenser del Pueblo En las futuras oposiciones convocadas por la Comisi(cid:243)n Europea, y a mÆs tardar a partir del d(cid:237)a 1 de julio del aæo 2000, esta instituci(cid:243)n deber(cid:237)a permitir el acceso de los candidatos que lo soliciten a sus propias pruebas corregidas. Estrasburgo, el 18 de octubre de 1999. Jacob S(cid:214)DERMAN


title: Drag reduction in a turbulent boundary layer.

eurovoc_concepts:
physical sciences
research report
scientific research


title: Særrapport fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-Parlamentet i fortsættelse af undersøgelsen på eget initiativ om fortrolighed i Kommissionens ansættelsesprocedurer

formats: html pdf print

text: C 371/12 DA De Europ(cid:230)iske F(cid:230)llesskabers Tidende 22. 12. 1999 DEN EUROP˘ISKE OMBUDSMAND S˘RRAPPORT FRA DEN EUROP˘ISKE OMBUDSMAND TIL EUROPA-PARLAMENTET i forts(cid:230)ttelse af undersłgelsen p(cid:229) eget initiativ om fortrolighed i Kommissionens ans(cid:230)ttelses- procedurer (1999/C 371/09) I november 1997 indledte Den Europ(cid:230)iske Ombudsmand en undersłgelse p(cid:229) eget initiativ om fortrolighed i forbindelse med Kommissionens ans(cid:230)ttelsesprocedurer. Efter en indg(cid:229)ende behandling af Kommissionens udtalelse meddelte Ombudsmanden i skrivelse af 8. marts 1999 Kommissionen, at han fandt, at Kommissionens fremgangsm(cid:229)de indebar fejl og forsłmmelser. Dette var baggrunden for, at Ombudsmanden forelagde et udkast til henstillinger, jf. artikel 3, stk. 6, i Ombuds- mandens statut (1). I skrivelse af 5. juli 1999 forelagde Kommissionen Ombudsmanden en detaljeret udtalelse om dette udkast til henstillinger. Denne s(cid:230)rlige rapport forel(cid:230)gges Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 7, i Ombuds- mandens statut. Den indeholder endvidere i overensstemmelse med den n(cid:230)vnte bestemmelse en henstilling, som Ombudsmanden finder p(cid:229)kr(cid:230)vet i den omhandlede sag. A. Ombudsmandens undersłgelse og udkast til henstillinger Den 7. november 1997 indledte Ombudsmanden en undersłgelse p(cid:229) eget initiativ om fortrolighed i forbindelse med Kommissionens ans(cid:230)ttelsesprocedurer. I en skrivelse til Kommissionen p(cid:229)pegede Ombuds- manden, at mange borgeres fłrste kontakt med F(cid:230)llesskabets institutioner fandt sted i forbindelse med en ansłgning om ans(cid:230)ttelse i disse institutioner. Det ville derfor v(cid:230)re nyttigt for institutionerne, hvis borgerne fik et positivt indtryk ved denne lejlighed. Ombudsmanden henviste endvidere til en r(cid:230)kke klager om manglende gennemsigtighed i ans(cid:230)ttelsesspłrgsm(cid:229)l. Ombudsmanden bem(cid:230)rkede, at to argumenter til stadighed forekom i f(cid:230)llesskabsinstitutionernes udtalelser om denne form for klager. Det fłrste var bestemmelsen i tjenestemandsvedt(cid:230)gtens bilag 3, artikel 6, om, at »udv(cid:230)lgelseskomitØens arbejde er fortroligt«. Det andet argument var udv(cid:230)lgelseskomitØernes omfattende skłnsbefłjelser. Ombudsmanden var enig i, at artikel 6 har til form(cid:229)l at sikre udv(cid:230)lgelseskomitØens uafh(cid:230)ngighed ved at beskytte den mod p(cid:229)virkninger og pression. Imidlertid skulle dette ikke v(cid:230)re til hinder for, at ansłgernes procedurem(cid:230)ssige rettigheder blev styrket under hensyntagen til kravene i artikel 6. Ombudsmanden var endvidere enig i, at udv(cid:230)lgelseskomitØerne har omfattende skłnsbefłjelser. Han mente dog, at s(cid:229)danne befłjelser ikke burde hindre offentlige myndigheder i at handle i overensstemmelse med god forvaltningsskik. Ombudsmanden bad derfor Kommissionen redegłre for, om den havde til hensigt 1) at give ansłgere, der deltager i skriftlige prłver, tilladelse til at tage spłrgsm(cid:229)lene med sig, n(cid:229)r de forlader prłvelokalet 2) at meddele evalueringskriterierne til ansłgere, der m(cid:229)tte anmode herom 3) at meddele ansłgerne navnene p(cid:229) udv(cid:230)lgelseskomitØens medlemmer, og 4) give ansłgere, der deltager i skriftlige prłver, aktindsigt i deres egne rettede prłvebesvarelser. (1) Europa-Parlamentets afgłrelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrłrende Ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udłvelsen af hans hverv (EFT L 113 af 4. 5. 1994, s. 15). 22. 12. 1999 DA De Europ(cid:230)iske F(cid:230)llesskabers Tidende C 371/13 Kommissionen svarede den 2. marts 1998. For s(cid:229) vidt angik de to fłrste punkter, meddelte den Ombuds- manden, 1) at ansłgerne nu har mulighed for at beholde spłrgsm(cid:229)lene, medmindre indholdet er beskyttet af intellektuelle ejendomsrettigheder, og 2) at udv(cid:230)lgelseskomitØerne meddeler de ansłgere, som anmoder herom, hvilke generelle kriterier der er fastsat for rettelse og evaluering af opgaverne. For s(cid:229) vidt angik Ombudsmandens to sidste spłrgsm(cid:229)l (3 og 4), p(cid:229)pegede Kommissionen, at p(cid:229)standen om manglende gennemsigtighed tog udgangspunkt i et begr(cid:230)nset antal klager. Kommissionen mente, at der var en grundl(cid:230)ggende forskel p(cid:229) udv(cid:230)lgelsesprłver og normale eksamener, fordi deltagerne i sidstn(cid:230)vnte bedłmmes i henhold til objektive kriterier, hvorimod ansłgerne ved en udv(cid:230)lgelsesprłve bedłmmes i forhold til hinanden og kun de bedste opfłres p(cid:229) reservelisten. Ifłlge Kommissionen kan kun udv(cid:230)lgelses- komitØen vurdere de enkelte ansłgeres resultater, eftersom kun den er i stand til at sammenligne alle ansłgeres resultater. Det ville ikke gavne ansłgeren at f(cid:229) adgang til en rettet prłvebesvarelse, eftersom det ville v(cid:230)re meningslłst, at denne vurderedes af en person, som ikke havde vurderet de łvrige ansłgere. Kommissionen anfłrte endvidere, at som fłlge af det store antal ansłgere ved udv(cid:230)lgelsesprłverne ville offentliggłrelsen af rettede prłvebesvarelser indeb(cid:230)re en betydelig administrativ og finansiel byrde. Kommissionen p(cid:229)pegede ogs(cid:229), at udv(cid:230)lgelseskomitØernes skłnsbefłjelse er underlagt f(cid:230)llesskabsdomsto- lenes kontrol. Ved skrivelse af 8. marts 1999 tog Ombudsmanden Kommissionens redegłrelse ang(cid:229)ende de to fłrste spłrgsm(cid:229)l til efterretning og oplyste, at han p(cid:229) denne baggrund ikke fandt det nłdvendigt at undersłge disse spłrgsm(cid:229)l yderligere. For s(cid:229) vidt angik offentliggłrelsen af navnene p(cid:229) udv(cid:230)lgelseskomitØernes medlemmer, erindrede Ombuds- manden om, at god forvaltningsskik kr(cid:230)ver, at alle borgere, som kommer i forbindelse med en tjeneste- mand, kan f(cid:229) oplyst navnet p(cid:229) den p(cid:229)g(cid:230)ldende tjenestemand. Eftersom en forvaltning uden et ansigt og et navn virker fremmedgłrende, meddelte Ombudsmanden Kommissionen, at han fandt det uacceptabelt, at ansłgere, som deltog i en mundtlig prłve, ikke havde ret til at f(cid:229) oplyst navnene p(cid:229) eksaminatorerne. For s(cid:229) vidt angik ansłgernes adgang til de rettede prłvebesvarelser, understregede Ombudsmanden, hvor vigtigt det var fuldt ud at sikre offentlighedens tillid til udv(cid:230)lgelseskomitØernes arbejde. Ombudsmanden var af den opfattelse, at de p(cid:229)g(cid:230)ldende dokumenter var sammensat af to dele, nemlig selve besvarelsen og eksaminatorernes rettelser. Ombudsmanden sluttede, at ansłgeren fłlgelig m(cid:229)tte opfattes som forfatteren til besvarelsen og ikke kunne n(cid:230)gtes aktindsigt i selv samme besvarelse. Som svar p(cid:229) Kommissionens andet argument understregede Ombudsmanden, at det var borgerne og ikke forvaltningen, som afgjorde, om det var passende at anmode om de p(cid:229)g(cid:230)ldende oplysninger. En ansłger havde nemlig en grundl(cid:230)ggende interesse i at f(cid:229) kendskab til sine eventuelle fejl. For s(cid:229) vidt angik den administrative og finansielle byrde, Kommissionen henviste til, p(cid:229)pegede Ombudsmanden, at hvis et stort antal ansłgere anmodede om en kopi af deres besvarelse, kunne Kommissionen overveje at opkr(cid:230)ve et passende gebyr til d(cid:230)kning af de dermed forbundne udgifter. Ud fra disse betragtninger forelagde Ombudsmanden Kommissionen fłlgende udkast til henstillinger, jf. artikel 3, stk. 6, i Ombudsmandens statut: Kommissionen błr meddele ansłgere, som deltager i mundtlige prłver, navnene p(cid:229) udv(cid:230)lgelseskomitØens medlemmer. Kommissionen błr i fremtidige udv(cid:230)lgelsesprłver give ansłgere, der deltager i skriftlige prłver, og som anmoder herom, aktindsigt i deres egne rettede besvarelser. B. Kommissionens svar p(cid:229) udkastet til henstillinger I sit svar af 5. juli 1999 erkender Kommissionen, at Amsterdam-traktaten har indfłjet gennemsigtighed som et generelt princip for den Europ(cid:230)iske Union og sikrer borgerne aktindsigt i Europa-Parlamentets, R(cid:229)dets og Kommissionens dokumenter (EF-traktatens artikel 255). I denne forbindelse henviste Kommis- sionen is(cid:230)r til Kommissionens afgłrelse 94/90/EKSF, EF, Euratom af 8. februar 1994 om aktindsigt i Kommissionens dokumenter (1) og adf(cid:230)rdskodeksen for aktindsigt i R(cid:229)dets og Kommissionens doku- menter (2). Kommissionen p(cid:229)pegede dog, at ingen af disse tekster endnu imłdes(cid:229) undtagelser fra de bestemmelser, som fandt anvendelse p(cid:229) udv(cid:230)lgelsesprłver i henhold til tjenestemandsvedt(cid:230)gten og f(cid:230)lles- skabsdomstolenes retspraksis. (1) EFT L 46 af 18. 2. 1994, s. 58. (2) EFT L 340 af 31. 12. 1993, s. 41. C 371/14 DA De Europ(cid:230)iske F(cid:230)llesskabers Tidende 22. 12. 1999 For s(cid:229) vidt angik offentliggłrelsen af navnene p(cid:229) udv(cid:230)lgelseskomitØens medlemmer, gav Kommissionen et positivt svar, idet den oplyste, at navnene p(cid:229) udv(cid:230)lgelseskomitØens medlemmer ville blive meddelt ansł- gerne formelt (og ikke kun mundtligt) i forbindelse med mundtlige prłver. For s(cid:229) vidt angik aktindsigt i de rettede besvarelser, p(cid:229)pegede Kommissionen, at den allerede havde givet Ombudsmanden adgang hertil i sager, hvor denne havde anmodet om at stifte bekendtskab med det p(cid:229)g(cid:230)ldende dokument. Ombudsmanden havde f(cid:229)et tilladelse til at gennemg(cid:229) dokumentet i Kommissionens lokaler. Denne aktindsigt var blevet bevilliget (og ville blive bevilget i fremtidige sager) som fłlge af den specifikke institutionelle rolle, som EF-traktaten tilkender Ombudsmanden. Ikke desto mindre modsatte Kommissionen sig fortsat forslaget om, at en s(cid:229)dan aktindsigt skulle sikres ansłgerne. Som begrundelse herfor anfłrte Kommissionen i det v(cid:230)sentligste de argumenter, den allerede havde fremfłrt i sin skrivelse af 2. marts 1998, nemlig at der er en grundl(cid:230)ggende forskel mellem udv(cid:230)lgelsesprłver og normale eksamener, eftersom deltagerne i sidstn(cid:230)vnte vurderes i henhold til objek- tive normer, hvorimod ansłgere ved en udv(cid:230)lgelsesprłve vurderes i forhold til hinanden. Endvidere anfłrte Kommissionen, at kun udv(cid:230)lgelseskomitØen kan vurdere de enkelte ansłgeres pr(cid:230)station, eftersom den som den eneste instans sammenligner samtlige ansłgeres resultater; at udleveringen af en rettet besvarelse til en ansłger ikke tjente noget form(cid:229)l, eftersom en vurdering foretaget af en person, som ikke havde vurderet alle de łvrige ansłgere, ville v(cid:230)re meningslłs, og at en forpligtelse til at udlevere rettede prłvebesvarelser ville indeb(cid:230)re en betydelig administrativ og finansiel byrde. Kommissionen betonede, at en udlevering af prłvebesvarelserne med eller uden rettelser til ansłgerne ville udgłre et radikalt brud med Kommissionens hidtidige praksis. Spłrgsm(cid:229)let burde derfor behandles i en mere generel sammenh(cid:230)ng i forbindelse med forordningen om gennemfłrelsen af EF-traktatens artikel 255, som skulle vedtages af R(cid:229)det p(cid:229) grundlag af et forslag fra Kommissionen. Eftersom dette spłrgsm(cid:229)l var af stor betydning og ville f(cid:229) omfattende konsekvenser for de menneskelige ressourcer, ogs(cid:229) selv om Kommissionen opkr(cid:230)vede et gebyr, mente den afg(cid:229)ende Kommission ikke, den var i stand til at tr(cid:230)ffe de foranstaltninger, Ombudsmanden havde anmodet om, og at det endelige svar p(cid:229) Ombudsmandens henstil- ling m(cid:229)tte gives af den nye Kommission. C. Analyse af Kommissionens svar Offentliggłrelse af navnene p(cid:229) udv(cid:230)lgelseskomitØernes medlemmer Ombudsmanden konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen har erkl(cid:230)ret sig rede til at offentliggłre navnene p(cid:229) udv(cid:230)lgelseskomitØernes medlemmer til ansłgerne ved udv(cid:230)lgelsesprłver. Gennemfłrelsen af denne foranstaltning vil i alle tilf(cid:230)lde v(cid:230)sentligt fremme gennemsigtigheden og berolige de ansłgere, som deltager i udv(cid:230)lgelsesprłverne. Selv om Kommissionens accept udtrykkes i meget forsigtige vendinger, l(cid:230)gger Ombudsmanden til grund, at Kommissionen rent faktisk vil foretage det fornłdne og offentliggłre de relevante navne. Henset hertil finder Ombudsmanden det ufornłdent at forts(cid:230)tte undersłgelsen for s(cid:229) vidt ang(cid:229)r dette forhold. Ansłgernes aktindsigt i deres egne rettede prłvebesvarelser Ombusmanden er ikke bekendt med, at der inden for f(cid:230)llesskabsretten skulle findes bestemmelser, eller at f(cid:230)llesskabsdomstolene skulle have fastlagt en retspraksis, som forhindrer Kommissionen i at give en ansłger, som deltager i en skriftlig prłve tilladelse til at se sin egen rettede besvarelse. Ifłlge tjeneste- mandsvedt(cid:230)gtens bilag 3, artikel 6, er udv(cid:230)lgelseskomitØens arbejde fortroligt. Udv(cid:230)lgelseskomitØens drłftelser błr derfor forblive fortrolige, hvilket dog ikke nłdvendigvis indeb(cid:230)rer, at en ansłger skal n(cid:230)gtes aktindsigt i sin egen rettede prłvebesvarelse. Kommissionens v(cid:230)sentligste argument for at n(cid:230)gte aktindsigt vedrłrer ans(cid:230)ttelsesprocedurens karakter. Ifłlge Kommissionen vurderer udv(cid:230)lgelseskomitØen de enkelte ansłgere ved at sammenligne vedkom- mendes pr(cid:230)station med de łvrige ansłgeres. Kommissionen konkluderer heraf, at det ikke vil tjene noget form(cid:229)l at udlevere de rettede prłvebesvarelser, eftersom der kun vil v(cid:230)re tale om en vurdering foretaget af en person, som ikke har vurderet de łvrige ansłgere. Muligheden for at gennemg(cid:229) sin egen rettede opgavebesvarelse er dog nyttig for ansłgeren i flere henseender. For det fłrste f(cid:229)r ansłgeren mulighed for at se sine fejl og s(cid:229)ledes forbedre sine fremtidige resultater. For det andet styrkes ansłgerens tillid til forvaltningen. Dette punkt er vigtigt, eftersom mange 22. 12. 1999 DA De Europ(cid:230)iske F(cid:230)llesskabers Tidende C 371/15 łjensynligt tror, at Kommissionen ikke altid vurderer prłverne korrekt og endog til tider slet ikke vurderer dem overhovedet. For det tredje vil en ansłger, der mener, at en prłve er blevet vurderet forkert, kunne forel(cid:230)gge meget mere pr(cid:230)cise argumenter, hvis han/hun har set den rettede opgavebesvarelse. Under alle omst(cid:230)ndigheder m(cid:229) det v(cid:230)re op til de borgere, der anmoder om oplysninger, og ikke administrationen at vurdere, hvorvidt disse er anvendelige. Kommissionen henviser desuden til den administrative og finansielle byrde, som aktindsigt i prłvebesva- relserne kan medfłre. Ombudsmanden er overbevist om, at Kommissionens tjenestegrene vil v(cid:230)re i stand til at organisere proceduren for aktindsigt p(cid:229) en m(cid:229)de, s(cid:229)ledes at omkostningerne nedbringes mest muligt, og finder det usandsynligt, at samtlige ansłgere udtrykker łnske om at se deres rettede opgavebesvarelser. Kommissionen p(cid:229)peger med rette, at Ombudsmanden har haft mulighed for at gennemg(cid:229) den rettede prłvebesvarelse for en ansłger, der havde indgivet en klage. I denne forbindelse skal det p(cid:229)peges, at alle f(cid:230)llesskabsinstitutioner og -organer i henhold til artikel 3, stk. 2, i Ombudsmandens statut »er forpligtet til at give Ombudsmanden de oplysninger, han anmoder om, og give ham adgang til de p(cid:229)g(cid:230)ldende doku- menter«. Ikke desto mindre er Ombudsmandens mulighed for at gennemg(cid:229) en rettet opgavebesvarelse ikke en tilfredsstillende erstatning for ansłgerens aktindsigt. Kommissionen har endvidere ret i, at udv(cid:230)lgelseskomitØens arbejde er underlagt f(cid:230)llesskabsdomstolenes kontrol. Dette indeb(cid:230)rer dog, at spłrgsm(cid:229)l, som let kunne v(cid:230)re blevet lłst, hvis ansłgeren havde haft mulighed for at se den rettede besvarelse, skal behandles af domstolene. Ombudsmanden finder dette yderst utilfredsstillende for ansłgerne. Aktindsigt i de rettede besvarelser ville derimod sandsynligvis udgłre en tilfredsstillende lłsning i mange sager og v(cid:230)re mindre ressource- og tidskr(cid:230)vende. Kommissionen mener, at spłrgsm(cid:229)let om aktindsigt i rettede prłvebesvarelser kunne finde en mere b(cid:230)redygtig lłsning inden for rammerne af de gennemfłrelsesbefłjelser, der skal vedtages i henhold til EF-traktatens artikel 255. Gennemfłrelsesbestemmelserne kunne fastsl(cid:229) retten til aktindsigt i s(cid:229)danne dokumenter for ansłgerne ved udv(cid:230)lgelsesprłver. Ombudsmanden finder dog, at denne lovgivningsm(cid:230)s- sige mulighed ikke hindrer, at Kommissionen allerede p(cid:229) nuv(cid:230)rende tidspunkt forbedrer sine forvaltnings- metoder. Spłrgsm(cid:229)let haster og błr lłses snarest muligt. Ombudsmanden konstaterer med tilfredshed, at Kommissionen ikke l(cid:230)ngere kategorisk udelukker mulig- heden for i fremtiden at give ansłgerne aktindsigt i deres rettede prłvebesvarelser, og at den imłdeser, at den nye Kommission vil tr(cid:230)ffe afgłrelse i sagen. Dog błr h(cid:229)ndh(cid:230)velsen af f(cid:230)llesskabsrettens principper ikke v(cid:230)re et spłrgsm(cid:229)l om Kommissionens sammens(cid:230)tning. Som fastsl(cid:229)et i Amsterdam-traktaten udgłr forpligtelsen til at tr(cid:230)ffe afgłrelser s(cid:229) (cid:229)bent som muligt et af EU’s grundl(cid:230)ggende forvaltningsm(cid:230)ssige principper. Endvidere er det vigtigt at sikre at borgerne f(cid:229)r et positivt indtryk ved deres fłrste młde med f(cid:230)llesskabsinstitutionerne. Borgere, der łnsker at arbejde for F(cid:230)llesskaberne f(cid:229)r et meget d(cid:229)rligt indtryk, hvis de er i tvivl om, hvorvidt de er blevet bedłmt retf(cid:230)rdigt og korrekt. For at fjerne denne tvivl, er det vigtigt, at alle ansłgere f(cid:229)r muligheden for at gennemse den rettede kopi af deres egen prłvebesvarelse. Denne mulighed er p(cid:229) ingen m(cid:229)de i modstrid med kravet om, at udv(cid:230)lgelseskomitØernes arbejde skal v(cid:230)re fortroligt, eftersom den ikke vedrłrer udv(cid:230)lgelseskomitØernes drłftelser om ansłgernes respektive resultater. Af disse (cid:229)rsager m(cid:229) det faktum, at Kommissionen ikke har (cid:230)ndret de administrative procedurer og sikret de enkelte ansłgere aktindsigt i deres egne rettede opgave- besvarelser, anses for et tilf(cid:230)lde af fejl og forsłmmelser. Ombudsmanden forel(cid:230)gger derfor denne s(cid:230)rrap- port for Parlamentet i henhold til artikel 3, stk. 7, i Den Europ(cid:230)iske Ombudsmands statut. Ombudsmanden frems(cid:230)tter endvidere fłlgende henstilling, for s(cid:229) vidt ang(cid:229)r det konstaterede tilf(cid:230)lde af fejl og forsłm- melser. D. Ombudsmandens henstilling Kommissionen błr i fremtidige udv(cid:230)lgelsesprłver og senest fra den 1. juli 2000 give alle ansłgere, der m(cid:229)tte anmode herom, aktindsigt i deres egne rettede prłvebesvarelser. Strasbourg, den 18. oktober 1999. Jacob S(cid:214)DERMAN


title: Speciaal verslag van de Europese Ombudsman aan het Europees Parlement naar aanleiding van het eigen-initiatiefonderzoek inzake geheimhouding bij de aanwervingsprocedures van de Commissie

text: C 371/12 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 22. 12. 1999 DE EUROPESE OMBUDSMAN SPECIAAL VERSLAG VAN DE EUROPESE OMBUDSMAN AAN HET EUROPEES PARLEMENT naar aanleiding van het eigen-initiatiefonderzoek inzake geheimhouding bij de aanwervings- procedures van de Commissie (1999/C 371/09) In november 1997 begon de Europese Ombudsman een eigen-initiatiefonderzoek betreffende geheimhou- ding bij de aanwervingsprocedures van de Commissie. Na een zorgvuldige beoordeling van het standpunt van de Commissie deelde de Ombudsman de Com- missie bij schrijven van 8 maart 1999 mee dat de aanpak van de Commissie volgens hem in sommige gevallen neerkwam op wanbeheer. Teneinde deze tekortkomingen te verhelpen, deed de Ombudsman overeenkomstig artikel 3, lid 6, van het Statuut van de Ombudsman (1) een aantal ontwerp-aanbevelingen. In haar brief van 5 juli 1999 deed de Commissie de Ombudsman een gedetailleerd standpunt inzake deze ontwerp-aanbevelingen toekomen. Dit speciaal verslag wordt overeenkomstig artikel 3, lid 7, van het Statuut van de Ombudsman bij het Europees Parlement ingediend. Overeenkomstig dezelfde bepaling bevat het een aanbeveling, die de Om- budsman in het onderhavige geval noodzakelijk acht. A. Onderzoek Ombudsman en ontwerp-aanbevelingen Op 7 november 1997 opende de Ombudsman een eigen-initiatiefonderzoek betreffende geheimhouding bij de aanwervingsprocedures van de Commissie. In zijn brief aan de Commissie wees de Ombudsman erop dat voor veel burgers een sollicitatie naar een baan bij de instellingen het eerste contact met de com- munautaire instellingen is. Het is derhalve voor de instellingen van belang om bij een dergelijke gelegen- heid een positieve indruk te maken. Tevens verwees de Ombudsman naar een aantal klachten met betrekking tot een geringe transparantie bij aanwervingskwesties. De Ombudsman stelde vast dat twee punten in de opmerkingen van communautaire aanstellingen naar aanleiding van dergelijke klachten altijd weer terugkomen. In de eerste plaats is dat een verwijzing naar artikel 6 van bijlage III bij het Statuut waarin wordt bepaald dat de werkzaamheden van de jury geheim zijn. In de tweede plaats gaat het om de ruime discretionaire bevoegdheden van jury’s. De Ombudsman erkent dat artikel 6 tot doel heeft de onafhankelijkheid van jury’s te waarborgen door hen te beschermen tegen inmenging en het uitoefenen van druk van buitenaf. Hoe gerechtvaardigd deze overweging ook mag zijn, volgens de Ombudsman hoeft een en ander de toepassing van procedurele rechten voor kandidaten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 niet in de weg te staan. Ook erkent de Ombudsman dat jury’s ruime discretionaire bevoegdheden hebben. Het feit dat overheids- diensten dergelijke bevoegdheden hebben betekent volgens hem echter nog niet dat zij zich niet behoeven te houden aan de beginselen van behoorlijk bestuur. De Ombudsman vroeg de Commissie derhalve of zij voornemens was 1. kandidaten bij schriftelijke examens toe te staan vragen mee te nemen uit de examenruimte, 2. de beoordelingscriteria desgewenst aan kandidaten mee te delen, 3. aan de kandidaten de namen van de juryleden bekend te maken en 4. het mogelijk te maken kandidaten bij schriftelijke examens een gecorrigeerd exemplaar van zijn of haar examentekst te doen toekomen. (1) Besluit 94/262/EGKS, EG, Euratom van het Europees Parlement van 9 maart 1994 inzake het Statuut van de Europese Ombudsman en de algemene voorwaarde voor de uitoefening van zijn ambt (PB L 113 van 4. 5. 1994, blz. 15). 22. 12. 1999 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 371/13 De Commissie antwoordde op 2 maart 1998. Met betrekking tot de eerste twee punten deelde zij de Ombudsman mee dat 1. kandidaten nu de mogelijkheid hebben om vragen mee te nemen, tenzij de inhoud daarvan beschermd is door instellectuele-eigendomsrechten en dat 2. jury’s desgewenst de algemene correctie- of beoordelingscriteria meedelen aan kandidaten. Met betrekking tot de twee andere door de Ombudsman aan de orde gestelde kwesties 3. en 4. stelde de Commissie dat de bewerking omtrent een tekortschietende transparantie gebaseerd was op een beperkt aantal klachten. Volgens de Commissie is er een fundamenteel verschil tussen vergelijkende onderzoeken en gewone examens, omdat deelnemers aan gewone examens beoordeeld worden op grond van objectieve normen, terwijl kandidaten voor een vergelijkend onderzoek met elkaar worden vergeleken en alleen de beste kandidaten op de reservelijst worden geplaatst. Volgens de Commissie kan alleen de jury de resultaten van elke individuele kandidaat beoordelen, omdat alleen zij de resultaten van alle kandidaten met elkaaar kan vergelijken. Indien een kandidaat de beschikking zou krijgen over een gecorrigeerde examentekst, zou hij of zij daar niets aan hebben, omdat beoordeling door een persoon die niet ook alle andere kandidaten heeft beoordeeld, zonder enige betekenis zou zijn. Bovendien voerde de Commissie aan dat het overleggen van gecorrigeerde examenteksten gezien het grote aantal kandidaten voor vergelijkende onderzoeken veel administratieve rompslomp en hoge kosten met zich zou brengen. Tevens wees de Commissie erop dat de discretionaire bevoegdheden van de jury’s onderworpen zijn aan controle door de communautaire gerech- telijke instanties. De Ombudsman nam bij schrijven van 8 maart 1999 nota van de uitleg van de Commissie met betrekking tot de eerste twee vraagstukken; hij merkte daarbij op dat hij op basis van deze uitleg niet van mening was dat verder onderzoek met betrekking tot deze punten noodzakelijk was. Met betrekking tot de bekendmaking van de namen van juryleden wees de Ombudsman erop dat elk lid van het publiek bij contacten met ambtenaren overeenkomstig de fundamentele beginselen van behoorlijk bestuur gerechtigd is de naam van de betrokken ambtenaar te kennen. Wanneer een overheidsadministratie geen gezicht en geen naam heeft, is dat voor de betrokkene een vervreemdende ervaring, en daarom deelde de Ombudsman de Commissie mee dat hij het onaanvaardbaar achtte dat kandidaten die deelnemen aan mondelinge examens niet gerechtigd zijn om de namen van de examinatoren te kennen. Met betrekking tot het recht van kandidten op inzage in gecorrigeerde examenteksten wees de Ombuds- man met nadruk op het belang van een zo groot mogelijk vertrouwen van het publiek in de werk- zaamheden van jury’s. Volgens hem hebben de betrokken documenten twee onderdelen, de examentekst zelf en de door de examinatoren aangebrachte correcties. De Ombudsman voerde aan dat de kandidaat de auteur van de examentekst is en dat inzage in een dergelijke tekst bijgevolg niet kan worden geweigerd. In antwoord op de tweede opmerking van de Commissie wees de Ombudsman er met nadruk op dat het aan de burger en niet aan de overheidsadministratie is om te beoordelen of het redelijk is de betrokken informatie te vragen. Een kandidaat heeft er immers fundamenteel belang bij om te weten welke fouten hij heeft gemaakt. Met betrekking tot de opmerkingen van de Commissie over de administratieve romp- slomp en hoge kosten suggereerde de Ombudsman dat de Commissie wellicht zou kunnen overwegen om een redelijke vergoeding voor deze kosten te vragen, wanneer een groot aantal kandidaten afschriften van hun examenteksten zouden vragen. Op basis van deze overwegingen deed de Ombudsman overeenkomstig artikel 3, lid 6, van het Statut van de Ombudsman de navolgende ontwerp-aanbevelingen aan de Commissie: De Commissie dient deelnemers aan mondelinge examens de namen van de leden van de jury mede te delen. Bij toekomstige vergelijkende onderzoeken dient de Commissie deelnemers aan schriftelijke examens op hun verzoek inzage te geven in hun gecorrigeerde examenteksten. B. Antwoord van de Commissie op de ontwerp-aanbevelingen In haar antwoord van 5 juli 1999 erkende de Commissie dat transparantie overeenkomstig het Verdrag van Amsterdam een algemeen beginsel van de Europese Unie is en dat burgers op grond van hetzelfde Verdrag recht hebben op inzage in documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (artikel 255 van het EG-Verdrag). In dit verband vestigde de Commissie met name de aandacht op Besluit 94/90/EGKS, EG, Euratom van de Commissie van 8 februari 1994 inzake de toegang tot documenten (1) en de gedrags- code inzake de toegang van het publiek tot documenten van de Raad en de Commissie (2). De Commissie wees er echter op dat voorlopig in deze teksten nog geen uitzondering wordt gemaakt op de bepalingen die overeenkomstig het Statuut en de jurisprudentie van communautaire gerechtelijke instanties van toepassing zijn op vergelijkende onderzoeken. (1) PB L 46 van 18. 2. 1994, blz. 58. (2) PB L 340 van 31. 12. 1993, blz. 41. C 371/14 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 22. 12. 1999 Wat de bekendmaking van de namen van leden van jury’s betreft reageerde de Commissie positief, en merkte zij op dat de namen van de leden van de jury officieel (en niet uitsluitend mondeling) aan kandidaten voor mondelinge examens zouden worden meegedeeld. Wat de inzage in gecorrigeerde examenteksten betreft wees de Commissie erop dat zij de Ombudsman al een keer inzage had gegeven in een geval waarin laatstgenoemde had gevraagd het betrokken document te mogen inzien. De Ombudsman had toestemming gekregen om het document in de kantoren van de Commissie te controleren. Daarvoor was toestemming gegeven (en zou ook in de toekomst toestemming worden gegeven) in verband met de specifieke institutionele rol die de Ombudsman krachtens het EG- Verdrag vervult. De Commissie bleef zich echter verzetten tegen het voorstel om een dergelijk recht op inzage ook aan kandidaten zelf te verlenen. Ter onderbouwing van haar desbetreffende standpunt verwees de Commissie inhoudelijk opnieuw naar de reeds in haar brief van 2 maart 1998 aangevoerde argumenten, namelijk dat er een fundamenteel verschil bestaat tussen vergelijkende onderzoeken en gewone examens, omdat deel- nemers aan gewone examens worden beoordeeld op basis van objectieve normen, terwijl kandidaten voor een vergelijkend onderzoek worden beoordeeld doordat zij met elkaar worden vergeleken; dat alleen de jury de resultaten van elke individuele kandidaat kan beoordelen, omdat alleen zij de resultaten van alle kandidaten onderling vergelijkt; dat, indien een kandidaat de beschikking zou krijgen over een gecorri- geerde tekst, hij of zij daaraan niets zou hebben, omdat de beoordeling door een persoon die niet ook alle andere kandidaten heeft beoordeeld, zonder enige betekenis is, en ten slotte dat de verplichting om gecorrigeerde examenteksten vrij te geven tot een enorme administratieve rompslomp en hoge kosten zou leiden. De Commissie wees er met nadruk op dat het vrijgeven van de al dan niet gecorrigeerde examenteksten aan kandidaten zou betekenen dat radicaal wordt gebroken met eerder gevolgde praktijken. Het probleem zou derhalve moeten worden bezien in het meer algemene kader van de verordening tot uitvoering van artikel 255 van het EG-Verdrag, die door de Raad op basis van een voorstel van de Commissie zou moeten worden vastgesteld. Gezien het belang van deze kwestie en de gevolgen van een dergelijke verandering in termen van personeel, zelfs wanneer daarvoor vergoedingen zouden moeten worden betaald, was de op dat moment demissionaire Commissie van mening dat zij niet in een positie verkeerde om de door de Ombudsman gevraagde maatregel te kunnen vaststellen, en dat een definitief antwoord op de aanbeveling van de Ombudsman zou moeten worden gegeven door de nieuwe Commissie. C. Analyse van het antwoord van de Commissie Bekendmaking van de namen van leden van jury’s De Ombudsman is ingenomen met de bereidheid van de Commissie om de namen van de leden van jury’s mee te delen aan kandidaten voor vergelijkende onderzoeken. Uitvoering van deze maatregel zal in alle gevallen leiden tot een aanmerkelijke vergroting van de transparantie en het vertrouwen van kandidaten die deelnemen aan vergelijkende onderzoeken. Hoewel de aanvaarding van het desbetreffende voorstel door de Commissie omzichtig is verwoord, neemt de Ombudsman aan dat de Commissie inderdaad dienovereen- komstig zal handelen en de desbetreffende namen zal meedelen. Op grond van deze veronderstelling, acht de Ombudsman het niet noodzakelijk zijn onderzoek met betrekking tot dit punt verder te zetten. Inzage van kandidaten in gecorrigeerde examenteksten De Ombudsman is niet op de hoogte van enige bepaling in het Gemeenschapsrecht of de jurisprudentie van communautaire gerechtelijke instanties die de Commissie ervan zou kunnen weerhouden een kandi- daat voor een schriftelijk examen inzage te verlenen in gecorrigeerde teksten. In artikel 6 van bijlage III bij het Statuut wordt bepaald dat de werkzaamheden van de jury geheim zijn. De beraadslagingen van de jury moeten derhalve geheim blijven, maar hieruit volgt niet automatisch dat een kandidaat zijn of haar gecorrigeerde examenteksten niet zou mogen inzien. Het belangrijkste argument dat de Commissie ter onderbouwing van haar weigering aanvoert betreft de aard van de aanwervingsprocedure. Volgens de Commissie beoordeelt de jury elke kandidaat door zijn of haar prestaties te vergelijken met die van alle andere kandidaten voor hetzelfde vergelijkend onderzoek. De Commissie concludeert hieruit dat het vrijgeven van de gecorrigeerde examenteksten geen enkel doel zou dienen, omdat de tekst dan zou worden beoordeeld door iemand die niet ook alle andere kandidaten heeft beoordeeld. De mogelijkheid echter om gecorrigeerde examenteksten in te zien heeft voor de kandidaat verschillende voordelen. In de eerste plaats heeft de kandidaat dan de mogelijkheid om te zien wat hij fout heeft gedaan en derhalve in de toekomst beter te presteren. In de tweede plaats wordt het vertrouwen van de kandidaat in de overheidsadministratie versterkt. Dit is belangrijk, omdat men in brede kring van mening lijkt te zijn 22. 12. 1999 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 371/15 dat examens door de Commissie niet altijd adequaat worden beoordeeld en soms zelfs helemaal niet worden beoordeeld. In de derde plaats kan een kandidaat, wanneer hij of zij van mening is dat hij niet juist is beoordeeld, veel nauwkeuriger argumenten aanvoeren, wanneer hij zijn gecorrigeerde examentekst heeft ingezien. En in elk geval moet de vraag of de informatie zinvol is, worden beoordeeld door de burger die om de desbetreffende informatie vraagt en niet door de administratie. De Commissie wijst tevens op de administratieve rompslomp en de hoge kosten die het vrijgeven van examenteksten met zich zou kunnen brengen. De Ombudsman heeft er alle vertrouwen in dat de Com- missiediensten de desbetreffende procedure op een zodanige wijze kunnen organiseren dat de kosten tot een minimum worden beperkt, omdat het niet erg waarschijnlijk is dat elke kandidaat inzage wil hebben in zijn of haar gecorrigeerde examentekst. De Commissie merkt terecht op dat de Ombudsman in de gelegenheid is gesteld om de gecorrigeerde examentekst in te zien van een kandidaat die een klacht had ingediend. In dit verband is het zinvol erop te wijzen dat alle communautaire instellingen en organen overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Statuut van de Ombudsman gehouden zijn (cid:132)de gevraagde inlichtingen aan de Ombudsman te verstrekken en hem inzage te verlenen van de desbetreffende stukken(cid:148). De mogelijkheid dat de Ombudsman een gecorrigeerde examentekst inziet, vormt echter geen bevredigend alternatief voor inzage door de kandidaat zelf. De Commissie merkt ook terecht op dat de werkzaamheden van de jury’s zijn onderworpen aan gerech- telijke toetsing door de communautaire gerechtelijke instanties. Dit betekent echter dat klachten die gemakkelijk zouden kunnen worden opgelost, indien de kandidaat inzage zou krijgen in gecorrigeerde examenteksten, wellicht moeten worden behandeld door gerechtelijke instanties. De Ombudsman is van mening dat dit voor kandidaten een hoogst onbevredigende gang van zaken is. Anderzijds zou het verlenen van inzage in gecorrigeerde examenteksten er waarschijnlijk toe leiden dat een groot aantal klachten met een minimale inspanning en gering tijdverlies zouden kunnen worden behandeld. De Commissie is van mening dat het vraagstuk van inzage in gecorrigeerde examenteksten beter zou kunnen worden opgelost in het kader van de overeenkomstig artikel 255 van het EG-Verdrag vast te stellen uitvoeringsbepalingen. In die uitvoeringsbepalingen zou dan een recht kunnen worden opgenomen be- treffende inzage van dergelijke documenten door kandidaten voor vergelijkende onderzoeken. De Ombuds- man is echter van mening dat deze mogelijkheid de Commissie er niet van dient te weerhouden om haar administratieve praktijken nu al te verbeteren. Het gaat hierbij om een urgent vraagstuk dat zo spoedig mogelijk moet worden opgelost. De Ombudsman is ingenomen met het feit dat de Commissie niet langer categorisch uitsluit dat kandidaten in de toekomst inzage kan worden verleend in gecorrigeerde examenteksten, en dat het haar bedoeling is dat de nieuwe Commissie daarover een besluit neemt. Naleving van de beginselen van het Gemeenschaps- recht mag echter niet afhankelijk zijn van de samenstelling van de Commissie. Zoals in het Verdrag van Amsterdam is bevestigd, vormt de verplichting om op een zo transparant mogelijke wijze besluiten te nemen een van de fundamentele beginselen van het bestuursrecht van de Europese Gemeenschappen. Bovendien is het van belang ervoor te zorgen dat burgers bij hun eerste contacten met de communautaire instellingen een positieve indruk van diezelfde instellingen krijgen. Burgers die voor de Gemeenschappen willen werken, krijgen een erg slechte indruk, wanneer er ondui- delijkheid blijft bestaan over de vraag of zij eerlijk en juist zijn beoordeeld. Om dergelijke twijfels weg te nemen, is het van wezenlijk belang dat elke kandidaat de mogelijkheid heeft de gecorrigeerde tekst van zijn of haar examen in te zien. Een dergelijke mogelijkheid is op geen enkele wijze in strijd met de bepaling volgens welke de werkzaamheden van jury’s geheim zijn, omdat het daarbij niet gaat om de beraad- slagingen van jury’s tijdens welke de relatieve merites van kandidaten worden beoordeeld. Om die redenen lijkt het feit dat de Commissie haar administratieve procedures niet wijzigt teneinde elke kandidaat de mogelijkheid te geven om zijn of haar gecorrigeerde examentekst in te zien, neer te komen op een geval van wanbeheer. De Ombudsman ziet zich derhalve genoodzaakt het Europees Parlement overeenkomstig artikel 3, lid 7, van het Statuut van de Europese Ombudsman dit speciaal verslag te doen toekomen. Tevens doet de Ombudsman met het oog op dit geval van wanbeheer de navolgende aanbeveling. D. Aanbeveling van de Ombudsman De Commissie dient bij haar toekomstige vergelijkende onderzoeken, en ten laatste per 1 juli 2000, kandidaten op hun verzoek inzage te verlenen in hun gecorrigeerde examenteksten. Straatsburg, 18 oktober 1999. Jacob S(cid:214)DERMAN


title: Relatório especial do Provedor de Justiça Europeu ao Parlamento Europeu na sequência do inquérito de iniciativa própria sobre a confidencialidade nos processos de recrutamento da Comissão

text: C 371/12 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias 22. 12. 1999 PROVEDOR DE JUSTI˙A EUROPEU RELAT(cid:211)RIO ESPECIAL DO PROVEDOR DE JUSTI˙A EUROPEU AO PARLAMENTO EUROPEU na sequŒncia do inquØrito de iniciativa pr(cid:243)pria sobre a confidencialidade nos processos de recru- tamento da Comissªo (1999/C 371/09) Em Novembro de 1997, o Provedor de Justi(cid:231)a Europeu abriu um inquØrito de iniciativa pr(cid:243)pria sobre a confidencialidade nos processos de recrutamento da Comissªo. Ap(cid:243)s aprecia(cid:231)ªo cuidada do parecer da Comissªo, o Provedor de Justi(cid:231)a comunicou a esta institui(cid:231)ªo, por carta de 8 de Mar(cid:231)o de 1999, ter detectado a existŒncia de casos de mÆ administra(cid:231)ªo. A fim de obviar a tal situa(cid:231)ªo, o Provedor de Justi(cid:231)a apresentou projectos de recomenda(cid:231)ıes, nos termos do n. o 6 do artigo 3. o do seu Estatuto (1). Por carta de 5 de Julho de 1999, a Comissªo transmitiu ao Provedor de Justi(cid:231)a um parecer circunstanciado sobre os referidos projectos de recomenda(cid:231)ıes. O presente relat(cid:243)rio especial Ø apresentado ao Parlamento Europeu nos termos do n. o 7 do artigo 3. o do Estatuto do Provedor de Justi(cid:231)a, incluindo, em conformidade com a citada disposi(cid:231)ªo, uma recomenda(cid:231)ªo que o Provedor de Justi(cid:231)a entende necessÆria no caso em apre(cid:231)o. A. O inquØrito do Provedor de Justi(cid:231)a e os projectos de recomenda(cid:231)ıes Em 7 de Novembro de 1997, o Provedor de Justi(cid:231)a abriu um inquØrito de iniciativa pr(cid:243)pria sobre a confidencialidade nos processos de recrutamento da Comissªo. Na carta que dirigiu a esta institui(cid:231)ªo, o Provedor de Justi(cid:231)a salientou que muitos cidadªos tŒm o seu primeiro contacto com as institui(cid:231)ıes comunitÆrias quando procuram emprego junto das mesmas. Por tal motivo, seria desejÆvel que a impressªo deixada pelas institui(cid:231)ıes junto dos cidadªos fosse positiva. O Provedor de Justi(cid:231)a referiu igualmente diversas queixas relativas (cid:224) falta de transparŒncia em matØria de recrutamento. O Provedor de Justi(cid:231)a detectou dois temas recorrentes nas observa(cid:231)ıes formuladas pelas institui(cid:231)ıes comunitÆrias ao tipo de queixas mencionado. O primeiro consiste na referŒncia ao artigo 6. o do anexo III do Estatuto dos funcionÆrios, nos termos do qual «os trabalhos do jœri sªo secretos». O segundo tema consiste nos vastos poderes discricionÆrios dos jœris. O Provedor de Justi(cid:231)a reconhece que o artigo 6. o foi adoptado com o objectivo de garantir a independŒncia dos jœris, protegendo-os de interferŒncias e pressıes. Em seu entender, essa leg(cid:237)tima preocupa(cid:231)ªo nªo deveria, contudo, obstar (cid:224) aplica(cid:231)ªo dos direitos do candidato, no que diz respeito ao processo, em conformidade com o disposto no artigo 6. o. O Provedor de Justi(cid:231)a aceita igualmente os amplos poderes discricionÆrios atribu(cid:237)dos aos jœris, entendendo no entanto que os referidos poderes nªo deverªo impedir as autoridades pœblicas de respeitar os princ(cid:237)pios da boa administra(cid:231)ªo. Nesse sentido, o Provedor de Justi(cid:231)a perguntou (cid:224) Comissªo se estaria disposta a: 1. Permitir que, ap(cid:243)s a realiza(cid:231)ªo de provas escritas, os candidatos levassem consigo o questionÆrio. 2. Comunicar os critØrios de avalia(cid:231)ªo aos candidatos que o solicitassem. 3. Divulgar aos candidatos o nome dos membros do jœri. 4. Permitir aos candidatos que participam em provas escritas a consulta da c(cid:243)pia corrigida da respectiva prova. (1) Decisªo 94/262/CECA, CE, Euratom do Parlamento Europeu, de 9 de Mar(cid:231)o de 1994, relativa ao Estatuto e (cid:224)s condi(cid:231)ıes gerais de exerc(cid:237)cio das fun(cid:231)ıes de Provedor de Justi(cid:231)a Europeu (JO L 113 de 4. 5. 1994, p. 15). 22. 12. 1999 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 371/13 A Comissªo respondeu em 2 de Mar(cid:231)o de 1998, tendo informado o Provedor de Justi(cid:231)a, no que diz respeito aos dois primeiros pontos, de que os candidatos tŒm actualmente a possibilidade de levar consigo o questionÆrio, excepto no caso de o respectivo conteœdo se encontrar protegido por direitos de pro- priedade intelectual (ponto 1), e ainda de que os jœris comunicam os critØrios gerais de correc(cid:231)ªo ou avalia(cid:231)ªo aos candidatos que o solicitem (ponto 2). No que diz respeito (cid:224)s duas outras questıes suscitadas pelo Provedor de Justi(cid:231)a (pontos 3 e 4), a Comissªo alegou que a acusa(cid:231)ªo de falta de transparŒncia se baseava num nœmero reduzido de queixas. No entender da Comissªo, existe uma diferen(cid:231)a fundamental entre concursos e exames normais, dado que nestes os participantes sªo avaliados em fun(cid:231)ªo de um critØrio objectivo, ao passo que os candidatos a um concurso sªo avaliados por mØrito relativo, cabendo apenas aos melhores a inscri(cid:231)ªo na lista de reserva. Segundo a Comissªo, apenas o jœri estÆ em condi(cid:231)ıes de avaliar o desempenho de cada candidato, uma vez que s(cid:243) ele pode comparar o desempenho de todos os candidatos. A transmissªo de um c(cid:243)pia corrigida a um candidato nªo o beneficiaria, dado nªo fazer sentido a avalia(cid:231)ªo por alguØm que nªo tivesse avaliado todos os outros candidatos. A Comissªo declarou ainda que, perante o elevado nœmero de candidatos a concursos, a entrega de c(cid:243)pias corrigidas daria origem a encargos administrativos e financeiros. Por outro lado, a Comissªo salientou que o poder discricionÆrio dos jœris se encontra sujeito (cid:224) supervisªo dos tribunais comunitÆrios. Por carta de 8 de Mar(cid:231)o de 1999, o Provedor de Justi(cid:231)a tomou nota das explica(cid:231)ıes fornecidas pela Comissªo no que diz respeito aos dois primeiros pontos, tendo comunicado que, com base nas explica(cid:231)ıes fornecidas, entendia nªo ser necessÆrio prosseguir a anÆlise da matØria. No que diz respeito (cid:224) divulga(cid:231)ªo dos nomes dos membros do jœri, o Provedor de Justi(cid:231)a recordou que constitui um princ(cid:237)pio fundamentalda boa administra(cid:231)ªo o direito do pœblico a conhecer o nome do funcionÆrio com o qual tem de tratar. Dado que uma administra(cid:231)ªo sem rosto e sem nome tende a afastar os cidadªos, o Provedor de Justi(cid:231)a informou a Comissªo de que considerava inaceitÆvel que os candidatos participantes numa prova oral nªo pudessem conhecer os nomes dos examinadores. No que diz respeito ao acesso dos candidatos (cid:224) prova corrigida, o Provedor de Justi(cid:231)a salientou a importa(cid:136)ncia de garantir a plena confian(cid:231)a do pœblico nos procedimentos do jœri. Em seu entender, os documentos em causa apresentam duas componentes: o pr(cid:243)prio exame escrito e as correc(cid:231)ıes introdu- zidas pelos examinadores. No entender do Provedor de Justi(cid:231)a o candidato Ø o autor do exame escrito, nªo podendo, por tal motivo, ser-lhe negado acesso ao mesmo. Em resposta ao segundo aspecto suscitado pela Comissªo, o Provedor de Justi(cid:231)a insistiu em que derveria ser o cidadªo, e nªo a administra(cid:231)ªo, a decidir sobra a razoabilidade de solicitar as informa(cid:231)ıes em causa. O candidato tem efectivamente um interesse fundamental em conhecer os errros eventualmente cometidos. No que diz respeito aos encargos adminis- trativos e financeiros mencionados pela Comissªo, o Provedor de Justi(cid:231)a prop(cid:244)s que, no caso de existir um nœmero elevado de candidatos a requerer c(cid:243)pias das respectivas provas escritas, a Comissªo encarasse a possibilidade de cobrar uma taxa de montante razoÆvel, destinada a garantir a cobertura dos custos. Com base nas considera(cid:231)ıes expostas, o Provedor de Justi(cid:231)a formulou, nos termos do n. o 6 do artigo 3. o do respectivo Estatuto, os seguintes projectos de recomenda(cid:231)ıes (cid:224) Comissªo: A Comissªo deverÆ dar a conhecer aos candidatos a exames orais os nomes dos membros do jœri. Em futuros concursos, a Comissªo deverÆ facultar, aos candidatos que o solicitem o acesso (cid:224)s respectivas provas escritas corrigidas. B. Resposta da Comissªo aos projectos de recomenda(cid:231)ıes Na sua resposta de 5 de Julho de 1999, a Comissªo reconheceu que o Tratado de Amesterdªo consagra a transparŒncia como princ(cid:237)pio geral da Uniªo Europeia, atribuindo aos cidadªos o direito de acesso a documentos do Parlamentos Europeu, do Conselho e da Comissªo (artigo 255. o do Tratado CE). Neste contexto, a Comissªo destacou em especial a sua Decisªo 94/90/CECA, CE, Euratom, de 8 de Fevereiro de 1994, relativa ao acesso do pœblico aos documentos da Comissªo (1), bem como o c(cid:243)digo de conduta em matØria de acesso do pœblico aos documentos do Conselho e da Comissªo (2). A Comissªo assinalou, todavia, que atØ ao momento nenhum dos textos citados prevŒ uma derroga(cid:231)ªo (cid:224)s normas aplicÆveis aos concursos de recrutamento, (cid:224) luz do Estatuto dos funcionÆrios e da jurisprudŒncia dos tribunais comu- nitÆrios. (1) JO L 46 de 18. 2. 1994, p. 58. (2) JO L 340 de 31. 12. 1993, p. 41. C 371/14 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias 22. 12. 1999 No que diz respeito (cid:224) divulga(cid:231)ªo dos nomes dos membros do jœri, a Comissªo deu resposta positiva, declarando que os mesmos seriam comunicados formalmente «e nªo apenas oralmente» aos candidatos a exames orais. Relativamente ao acesso (cid:224)s provas corrigidas, a Comissªo salientou que o mesmo foi jÆ facultado ao Provedor de Justi(cid:231)a, num caso em que este solicitou a consulta do documento em causa. O Provedor de Justi(cid:231)a foi autorizado a analisar o documento nas instala(cid:231)ıes da Comissªo. Tal acesso foi facultado (e sŒ-lo-Æ em casos futuros), tendo em conta o papel institucional espec(cid:237)fico que o Tratado CE atribui ao Provedor de Justi(cid:231)a. A Comissªo continuou, todavia, a manifestar a sua oposi(cid:231)ªo (cid:224) proposta de facultar o acesso dos pr(cid:243)prios candidatos. Para justificar a sua posi(cid:231)ªo, a Comissªo baseou-se fundamentalmente nos argumentos jÆ avan(cid:231)ados na carta de 2 de Mar(cid:231)o de 1998, a saber: existe uma diferen(cid:231)a fundamental entre concursos e exames normais, dado que nestes os participantes sªo avaliados em fun(cid:231)ªo de um critØrio objectivo, ao passo que os candidatos a um concurso sªo avaliados por mØrito relativo; apenas o jœri estÆ em condi(cid:231)ıes de avaliar o desempenho de cada candidato, uma vez que s(cid:243) ele pode comparar o desempenho de todos os candidatos; a transmissªo de uma c(cid:243)pia corrigida a um candidato nªo o beneficiaria, dado nªo fazer sentido a avalia(cid:231)ªo por alguØm que nªo tivesse avaliado todos os outros candidatos; finalmente, perante o elevado nœmero de candidatos a concursos, a entrega de c(cid:243)pias corrigidas daria origem a encargos administrativos e financeiros. A Comissªo insistiu em que a entrega das provas, corrigidas ou nªo, aos candidatos representaria uma viragem radical em rela(cid:231)ªo (cid:224) prÆtica anterior, devendo por tal motivo ser encarada no contexto mais geral de um regulamento de aplica(cid:231)ªo do artigo 255. o do Tratado CE, a adoptar pelo Conselho com base numa proposta da Comissªo. Dada a releva(cid:136)ncia da matØria, bem como as consequŒncias de tal altera(cid:231)ªo em termos de recursos humanos, mesmo no caso de ser cobrada uma taxa, a actual Comissªo demissionÆria entendia nªo se encontrar em posi(cid:231)ªo de adoptar a medida solicitada pelo Provedor de Justi(cid:231)a, devendo a resposta definitiva (cid:224) recomenda(cid:231)ªo do mesmo ser dada pela nova Comissªo. C. AnÆlise da resposta da Comissªo Divulga(cid:231)ªo dos nomes dos membros de jœris O Provedor de Justi(cid:231)a acolhe favoravelmente a disponibilidade, manifestada pela Comissªo, para divulgar os nomes dos membros de jœris aos candidatos a concursos. A aplica(cid:231)ªo de tal medida, em todos os casos, proporcionarÆ um aumento substancial da transparŒncia e fornecerÆ garantias aos candidatos que partici- pam em concursos. Embora a anuŒncia da Comissªo seja expressa numa linguagem cautelosa, o Provedor de Justi(cid:231)a presume que a institui(cid:231)ªo actuarÆ de acordo com as suas declara(cid:231)ıes e divulgarÆ os nomes em causa. Com base nesta presun(cid:231)ªo, o Provedor de Justi(cid:231)a nªo considera necessÆrio prosseguir o inquØrito sobre esta matØria. Acesso dos candidatos (cid:224)s respectivas provas corrigidas O Provedor de Justi(cid:231)a nªo tem conhecimento de qualquer disposi(cid:231)ªo de direito comunitÆrio ou de jurisprudŒncia dos tribunais comunitÆrios que impe(cid:231)am a Comissªo de permitir que os candidatos a exames escritos tenham acesso (cid:224)s respectivas provas corrigidas. O artigo 6. o do anexo III do Estatuto dos funcionÆrios determina que os «trabalhos do jœri» serªo secretos. Por tal motivo, as delibera(cid:231)ıes do jœri deverªo permanecer secretas, nªo decorrendo da(cid:237) necessariamente que deva ser impedido o acesso dos candidatos (cid:224)s respectivas provas corrigidas. O principal argumento aduzido pela Comissªo para justificar a sua recusa diz respeito (cid:224) natureza do processo de recrutamento. No entender da Comissªo, o jœri avalia cada candidato comparando o respectivo desempenho com o de todos os outros candidatos ao mesmo concurso. Da(cid:237) conclui a Comissªo que seria inœtil divulgar a prova corrigida, dado que a mesma apenas reflecte a avalia(cid:231)ªo de alguØm que nªo avaliou todos os outros candidatos. No entanto, a possibilidade de consultar a respectiva prova corrigida proporciona ao candidato diversas vantagens. Em primeiro lugar, Ø-lhe dada oportunidade de verificar os erros cometidos, melhorando assim o seu futuro desempenho. Em segundo lugar, Ø refor(cid:231)ada a confian(cid:231)a do candidato na administra(cid:231)ªo. Tal 22. 12. 1999 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias C 371/15 facto assume releva(cid:136)ncia, uma vez que parece existir a cren(cid:231)a generalizada de que os testes nem sempre sªo devidamente avaliados pela Comissªo, e mesmo,em alguns casos, nªo sªo avaliados de todo. Em terceiro lugar, no caso de um candidato entender que foi incorrectamente avaliado, poderÆ argumentar de forma muito mais rigorosa se tiver tido acesso (cid:224) respectiva prova corrigida. De qualquer modo, compete ao cidadªo que solicita informa(cid:231)ıes, e nªo (cid:224) administra(cid:231)ªo, avaliar a utilidade das informa(cid:231)ıes em causa. A Comissªo invoca igualmente os encargos administrativos efinanceiros que a divulga(cid:231)ªo das provas acarretaria. O Provedor de Justi(cid:231)a manifesta confian(cid:231)a nos servi(cid:231)os da Comissªo para organizarem o processo de divulga(cid:231)ªo de forma a minimizar tais custos, dado ser improvÆvel que todos os candidatos manifestem o desejo de ter acesso (cid:224)s respectivas provas corrigidas. A Comissªo regista acertadamente que o Provedor de Justi(cid:231)a teve oportunidade de verificar a prova corrigida de um candidato que apresentou queixa. Neste contexto, Ø conveniente recordar que, nos termos do n. o 2 do artigo 3. o do seu Estatuto, todas as «institui(cid:231)ıes e organismos comunitÆrios deverªo fornecer ao Provedor de Justi(cid:231)a as informa(cid:231)ıes por este solicitadas e permitir-lhe o acesso (cid:224) documenta(cid:231)ªo per- tinente». No entanto, a possibilidade de o Provedor de Justi(cid:231)a verificar uma prova corrigida nªo substitui satisfatoriamente o acesso do pr(cid:243)prio candidato (cid:224) mesma prova. A Comissªo salienta ainda, acertadamente, que a actividade dos jœris se encontra sujeita ao controlo judicial exercido pelos tribunais comunitÆrios. Tal significa que estes poderªo ter de tratar questıes que poderiam ter sido facilmente resolvidas se o candidato tivesse oportunidade de consultar a respectiva prova corrigida. No entender do Provedor de Justi(cid:231)a, tal situa(cid:231)ªo Ø altamente insatisfat(cid:243)ria para os candidatos. Por outro lado, permitir o acesso (cid:224)s provas corrigidas poderÆ dar resposta a numerosas dœvidas, com um m(cid:237)nimo de esfor(cid:231)o e de tempo. A Comissªo entende que a questªo do acesso (cid:224)s provas corrigidas poderia ser mais adequadamente solucionada no contexto de disposis(cid:231)ıes de aplica(cid:231)ªo a adoptar nos termos do artigo 255. o do Tratado CE. Tais disposi(cid:231)ıes de aplica(cid:231)ªo poderiam estabelecer o direito de acesso aos documentos em causa por parte dos candidatos a concursos. O Provedor de Justi(cid:231)a considera, todavia, que a referida possibilidade legislativa nªo impede a Comissªo de introduzir desde jÆ uma melhoria nas suas prÆticas admistrativas. Trata-se de uma questªo urgente, que deverÆ ser resolvida tªo rapidamente quanto poss(cid:237)vel. O Provedor de Justi(cid:231)a acolhe favoravelmente o facto de a Comissªo jÆ nªo excluir, de forna categ(cid:243)rica, a possibilidade de os candidatos virem futuramente a ter acesso (cid:224)s respectivos provas corrigidas, remetendo uma decisªo sobre a matØria para a nova Comissªo. O cumprimento dos princ(cid:237)pios do direito comunitÆrio nªo deverÆ, todavia, estar dependente da composi(cid:231)ªo da Comissªo. Tal como foi confirmado pelo Tratado de Amsterdªo, um dos princ(cid:237)pios fundamentais do direito adminis- trativo das Comunidades Europeias consiste na obriga(cid:231)ªo de adoptar decisıes de forma tªo aberta quanto poss(cid:237)vel. Importa, alØm disso, garantir que os cidadªos colham uma impressªo positiva do seu primeiro contacto com as institui(cid:231)ıes comunitÆrias. Os cidadªos que pretendem trabalhar para as Comunidades colhem uma impressªo muito negativa se forem deixados na dœvida quanto (cid:224) equidade e correc(cid:231)ªo da avalia(cid:231)ªo a que foram sujeitos. A fim de dissipar tal dœvida, Ø indispensÆvel que todos os candidatos tenham a possibilidade de verificar a c(cid:243)pia da respectiva prova corrigida. Tal possibilidade de modo algum prejudica a exigŒncia de confidencialidade em rela(cid:231)ªo aos trabalhos do jœri, uma vez que nªo se aplica (cid:224)s delibera(cid:231)ıes em que sªo avaliados os mØritos relativos dos candidatos. Pelas razıes enunciadas, o facto de a Comissªo nªo alterar os procedimentos administrativos, atribuindo aos candidatos a possibilidade de acesso (cid:224)s respectivas provas corrigidas, parece configurar um caso de mÆ administra(cid:231)ªo. Por tal motivo, Ø dever do Provedor de Justi(cid:231)a elaborar o presente relat(cid:243)rio especial, dirigido ao Parlamento Europeu, nos termos do n. o 7 do artigo 3. o do seu Estatuto. O Provedor de Justi(cid:231)a formula igualmente a recomenda(cid:231)ªo seguinte, tendo em vista resolver o caso de mÆ administra(cid:231)ªo. D. Recomenda(cid:231)ªo do Provedor de Justi(cid:231)a Em futuros concursos de recrutamento, no mÆximo a partir de 1 de Julho de 2000, a Comissªo deverÆ facultar, aos candidatos que o solicitem, o acesso (cid:224)s respectivos provas escritas corrigidas. Estrasburgo, 18 de Outubro de 1999. Jacob S(cid:214)DERMAN


title: IPTS-ESTO techno-economic analysis report 1998.

eurovoc_concepts:
Joint Research Centre
economic analysis
information society
prospective technological studies
research and development
research report
technology


title: Relazione speciale del Mediatore europeo al Parlamento europeo a seguito di un'indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione

text: C 371/12 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 12. 1999 IL MEDIATORE EUROPEO RELAZIONE SPECIALE DEL MEDIATORE EUROPEO AL PARLAMENTO EUROPEO a seguito di un’indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione (1999/C 371/09) Nel novembre 1997 il Mediatore europeo ha avviato un’indagine di propria iniziativa relativa alla segre- tezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione. Dopo un attento esame del parere della Commissione, il Mediatore, con lettera dell’8 marzo 1999, ha informato tale istituzione di ravvisare nel suo approccio gli estremi della cattiva amministrazione. Per ovviare a tale mancanza, il Mediatore ha presentato dei progetti di raccomandazione conformemente all’articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore (1). Con la sua lettera del 5 luglio 1999 la Commissione ha sottoposto al Mediatore un parere circostanziato su tali progetti di raccomandazione. La presente relazione speciale Ł presentata al Parlamento europeo conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore. Essa Ł inoltre corredata, secondo quanto stabilito dalla disposizione suddetta, di una raccomandazione che il Mediatore ritiene necessaria nel caso presente. A. L’indagine del Mediatore e i progetti di raccomandazione Il 7 novembre 1997 il Mediatore ha avviato un’indagine di propria iniziativa sulla segretezza inerente alle procedure di assunzione della Commissione. Nella sua lettera alla Commissione il Mediatore ha evidenziato che per molti cittadini il loro primo contatto con le istituzioni comunitarie avviene allorchØ presentano una domanda per ottenere un impiego. Sarebbe quindi assai utile per le istituzioni se le impressioni che i cittadini ricevono in tale occasione fossero positive. Il Mediatore ha anche fatto riferimento ad alcune denunce relative alla mancanza di trasparenza in materia di assunzioni. Il Mediatore ha rilevato che vi sono due temi ricorrenti nei commenti delle istituzioni comunitarie a proposito di questo tipo di denunce. Il primo Ł il riferimento all’articolo 6 dell’allegato III dello statuto del personale che stabilisce che i «lavori della commissione giudicatrice sono segreti». Il secondo tema Ł rappresentato dagli ampi poteri discrezionali delle medesime. Il Mediatore riconosce che la ratio dell’articolo 6 Ł quella di garantire l’indipendenza delle commissioni giudicatrici, tutelandole da ingerenze e pressioni. A suo avviso, tuttavia, tale legittima considerazione non dovrebbe ostacolare la formazione di diritti procedurali per il candidato, che siano coerenti con il disposto dell’articolo 6. Il Mediatore concorda anche sul fatto che alle commissioni giudicatrici siano attribuiti ampi poteri di- screzionali. Egli ritiene tuttavia che il possedere tali poteri non dovrebbe impedire alle pubbliche autorit(cid:224) di ottemperare ai principi di buona amministrazione. Il Mediatore ha pertanto chiesto alla Commissione se prevedeva: 1) di consentire ai candidati che svolgono delle prove scritte di portare con sØ il testo dei quesiti allorchØ lasciano l’aula in cui hanno sostenuto l’esame, 2) di comunicare i criteri di valutazione a un candidato che ne faccia richiesta, 3) di rendere noti ai candidati i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici e 4) di consentire che un candidato che ha sostenuto una prova scritta, possa prendere visione dei suo elaborato corretto. (1) Decisione 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento europeo, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l’esercizio delle funzioni del Mediatore (GU L 113 del 4. 5. 1994, pag. 15). 22. 12. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee C 371/13 La Commissione ha risposto il 2 marzo 1998. Per quanto riguarda i primi due punti, essa ha informato il Mediatore che 1) i candidati hanno ora la possibilit(cid:224) di trattenere con sØ il testo dei quesiti, a meno che il loro contenuto non sia protetto da diritti di propriet(cid:224) intellettuale, e che 2) le commissioni giudicatrici comunicano i criteri generali di correzione e di valutazione ai candidati che ne facciano richiesta. Per quanto riguarda gli altri due punti sollevati dal Mediatore (3 e 4), la Commissione ha sostenuto che l’accusa di mancanza di trasparenza si basava su un numero limitato di denunce. Secondo la Commissione, esiste una differenza fondamentale tra i concorsi e i normali esami, ovvero in questi ultimi i candidati sono giudicati rispetto a uno standard obiettivo, laddove i candidati di un concorso vengono giudicati l’uno rispetto all’altro e solo i migliori vengono inseriti in un elenco degli idonei. Secondo la Commissione, solo la commissione giudicatrice Ł in grado di giudicare la prova fornita da ciascun candidato in quanto essa sola compara le prove di tutti i candidati. Trasmettere a un candidato la copia corretta del suo elaborato non gli gioverebbe in quanto non avrebbe senso che una persona valuti una prova isolata senza avere esaminato tutti gli altri candidati. La Commissione ha inoltre asserito che, dato il numero elevato di candidati partecipanti ai concorsi, la divulgazione delle copie corrette sarebbe causa di oneri amministrativi e finanziari. La Commissione ha anche fatto presente che il potere discrezionale delle commissioni giudi- catrici Ł soggetto al controllo dei tribunali comunitari. Con lettera dell’8 marzo 1999 il Mediatore ha preso atto delle spiegazioni fornite dalla Commissione per quanto riguarda i primi due punti ed ha indicato che sulla loro base non riteneva necessario svolgere ulteriori indagini su tali questioni. Per quanto riguarda la comunicazione dei nomi dei membri della commissione giudicatrice il Mediatore ha ricordato che Ł un principio fondamentale di buona amministrazione che ogni cittadino nei suoi contatti con un funzionario pubblico abbia il diritto di conoscerne il nome. Il Mediatore considera che una amministrazione anonima risulti estranea al pubblico; egli ha pertanto informato la Commissione che riteneva inaccettabile che i candidati che sostengono un esame orale non abbiano il diritto di conoscere i nomi degli esaminatori. Per quanto riguarda l’accesso dei candidati al loro elaborato corretto, il Mediatore ha ribadito l’importanza di garantire la piena fiducia del pubblico nei lavori delle commissioni giudicatrici. A suo avviso, i docu- menti in questione sono costituiti da due parti: l’elaborato in sØ e le correzioni apportate dagli esaminatori. Il Mediatore ha argomentato che il candidato Ł l’autore dell’elaborato e che pertanto non gli pu(cid:242) essere rifiutato l’accesso allo stesso. In risposta al secondo punto della Commissione, il Mediatore ha insistito che spettava al cittadino e non all’amministrazione decidere se fosse ragionevole o meno chiedere le informa- zioni in questione. In effetti un candidato ha un interesse sostanziale di conoscere gli errori che pu(cid:242) avere il commesso. Per quanto riguarda gli oneri amministrativi e finanziari cui ha alluso la Commissione, Mediatore ha suggerito che se un gran numero di candidati dovessero richiedere le copie dei loro elaborati la Commissione potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di riscuotere una tassa ragionevole per coprire le spese incorse. In base a queste considerazioni, il Mediatore ha formulato i seguenti progetti di raccomandazione alla Commissione, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, dello statuto del Mediatore: La Commissione render(cid:224) noti ai candidati delle selezioni orali giudicatrici. i nomi dei membri delle commissioni Nei suoi futuri concorsi la Commissione conceder(cid:224) l’accesso ai propri elaborati corretti ai candidati che lo richiedano. B. La risposta della Commissione ai progetti di raccomandazione In tale contesto, Nella sua risposta del 5 luglio 1999 la Commissione ha ammesso che il trattato di Amsterdam riconosce la trasparenza quale principio generale dell’Unione europea e concede ai cittadini un autentico diritto di accesso a documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (articolo 25 del trattato CE). la Commissione ha richiamato particolarmente l’attenzione sulla sua decisione 94/90/CECA, CE, Euratom, dell’8 febbraio 1994, sull’accesso del pubblico ai documenti della Commis- sione (1) e sul codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai documenti della Commissione e del Consiglio (2). La Commissione ha tuttavia sottolineato che per il momento ai sensi dello statuto del personale e della giurisprudenza dei tribunali comunitari nessuno di questi testi prevede un’eccezione alle norme applicabili ai concorsi organizzati a scopo di assunzione. (1) GU L 46 del 18. 2. 1994, pag. 58. (2) GU L 340 del 31. 12. 1993, pag. 41. C 371/14 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee 22. 12. 1999 Per quanto riguarda la divulgazione dei nomi dei membri delle commissioni giudicatrici, la Commissione ha fornito una risposta positiva, dichiarando che i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici verranno comunicati ufficialmente (e non solo oralmente) ai candidati durante gli esami orali. In relazione all’accesso agli elaborati corretti, la Commissione ha fatto presente di aver gi(cid:224) accordato tale accesso al Mediatore in un caso in cui quest’ultimo aveva chiesto di vedere il documento in questione. Al Mediatore era stato consentito di ispezionare il documento negli uffici della Commissione. Tale accesso gli era stato concesso (e ci(cid:242) accadrebbe anche nel futuro) alla luce dello specifico ruolo istituzionale che il trattato CE conferisce al Mediatore. la Commissione continuava ad opporsi all’ipotesi che tale accesso dovesse essere concesso ai Tuttavia, candidati stessi. A sostegno della propria posizione, la Commissione riproponeva sostanzialmente gli argomenti gi(cid:224) fatti valere nella sua lettera del 2 marzo 1998, e cioŁ che vi Ł una differenza fondamentale tra concorsi e normali esami. Tale differenza consiste nel fatto che in questi ultimi i candidati sono giudicati rispetto a uno standard obiettivo, laddove i candidati di un concorso vengono giudicati l’uno rispetto all’altro e solo i migliori vengono inseriti in un elenco degli idonei; che solo la Commissione giudicatrice Ł in grado di giudicare la prova fornita da ciascun candidato in quanto essa sola compara le i candidati; che trasmettere a un candidato la copia corretta del suo elaborato non gli prove di tutti gioverebbe in quanto la valutazione di una persona che non avesse valutato tutti gli altri candidati non avrebbe alcun valore e, infine che l’obbligo di divulgare le copie corrette provocherebbe notevoli oneri amministrativi e finanziari. La Commissione ha insistito che la divulgazione degli elaborati d’esame, siano essi corretti o meno, ai candidati segnerebbe una radicale rottura con la prassi precedente. Pertanto essa dovrebbe essere contem- plata nel contesto piø generale del regolamento che d(cid:224) attuazione all’articolo 255 del trattato CE che dovrebbe essere adottato dal Consiglio sulla base di una proposta della Commissione. Data l’importanza dell’argomento e le conseguenze che tale cambiamento comporterebbe in termini di risorse umane, anche qualora venissero pagati dei diritti, la Commissione, che nel frattempo si era dimessa, riteneva di non essere in grado di adottare le misure richieste dal Mediatore e che competesse alla nuova Commissione dare una risposta definitiva alla raccomandazione del Mediatore. C. Analisi della risposta della Commissione Divulgazione dei nomi dei membri delle commissioni giudicatrici Il Mediatore accoglie positivamente la disponibilit(cid:224) della Commissione a rendere noti i nomi dei membri delle commissioni giudicatrici ai candidati dei concorsi. L’attuazione di questa misura in tutti i casi accrescer(cid:224) notevolmente la trasparenza e rassicurer(cid:224) i candidati che partecipano a dei concorsi. BenchØ il consenso della Commissione sia formulato con molta cautela, il Mediatore ritiene che la Commissione agir(cid:224) veramente in tal senso e render(cid:224) noti i nomi in questione. Il Mediatore considera pertanto che non sia necessario continuare la propria indagine relativamente a questo aspetto del caso. Accesso di un candidato al suo elaborato d’esame corretto Il Mediatore non Ł a conoscenza di alcuna disposizione del diritto comunitario o della giurisprudenza dei tribunali comunitari che impedisca alla Commissione di consentire a un candidato che ha partecipato ad un concorso di prendere visione delle correzioni apportate al suo elaborato. L’articolo 6 dell’allegato III dello statuto del personale stabilisce che i «lavori della commissione giudicatrice» devono essere segreti. Le deliberazioni della commissione giudicatrice devono pertanto restare segrete, ma non ne consegue neces- sariamente che si debba impedire a un candidato di prendere visione della copia corretta del suo elaborato d’esame. L’argomento principale opposto dalla Commissione per giustificare il suo rifiuto riguarda la natura della procedura di assunzione. Secondo la Commissione, la commissione giudicatrice valuta ciascun candidato comparando la sua prova con quella di tutti gli altri candidati dello stesso concorso. La Commissione ne trae la conclusione che la divulgazione degli elaborati corretti non servirebbe a nulla, dal momento che rispecchia soltanto il giudizio di una persona che non ha valutato tutti gli altri candidati. Tuttavia, poter ispezionare la copia corretta del proprio elaborato comporta vari vantaggi per il candidato. In primo luogo, il candidato ha l’opportunit(cid:224) di conoscere i propri errori e quindi di migliorare le proprie In secondo luogo, ci(cid:242) rafforza la fiducia del candidato nell’amministrazione. Questo Ł prove future. 22. 12. 1999 IT Gazzetta ufficiale delle Comunit(cid:224) europee C 371/15 importante, dato che sembra essere diffusa la convinzione che le prove non siano valutate correttamente dalla Commissione e che in realt(cid:224) a volte non siano affatto valutate. In terzo luogo, se un candidato ritiene di essere stato valutato ingiustamente, egli potr(cid:224) formulare le sue contestazioni in maniera molto piø precisa se avr(cid:224) visto le correzioni apportate al suo elaborato. In ogni caso, dovrebbe essere il cittadino che chiede un’informazione (cid:151) e non l’amministrazione (cid:151) a giudicare se tale informazione sia utile. La Commissione fa anche riferimento agli oneri amministrativi e finanziari che comporterebbe la divul- gazione degli elaborati. Il Mediatore Ł fiducioso che i servizi della Commissione possano organizzare la procedura di divulgazione in modo tale da minimizzare i costi, dal momento che Ł improbabile che ogni candidato desideri prendere visione della copia corretta del proprio elaborato. La Commissione rileva giustamente che il Mediatore ha potuto ispezionare l’elaborato corretto di un candidato che aveva sporto denuncia. In tale contesto, giova ricordare che secondo l’articolo 3, paragrafo le istituzioni e gli organi comunitari hanno «l’obbligo di fornire al Mediatore le 2, del suo statuto, informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei la possibilit(cid:224) per il Mediatore di ispezionare un elaborato corretto non sostituisce in maniera soddisfacente l’accesso da parte del candidato stesso. loro fascicoli». Tuttavia, La Commissione fa presente, anche qui giustamente, che l’attivit(cid:224) delle commissioni giudicatrici Ł soggetta al controllo giurisdizionale dei tribunali comunitari. Tuttavia, ci(cid:242) significa che quesiti che avrebbero potuto essere risolti facilmente qualora il candidato avesse avuto la possibilit(cid:224) di vedere la copia corretta dell’ela- borato di esame rischiano di essere trattati in sede di tribunale. Il Mediatore ritiene che ci(cid:242) sia estrema- mente insoddisfacente per i candidati. Consentire l’accesso agli elaborati corretti pu(cid:242) d’altro canto dare una risposta a molti quesiti con un dispendio minimo di energia e di tempo. La Commissione ritiene che il problema dell’accesso agli elaborati corretti possa essere risolto in maniera piø idonea nel contesto delle disposizioni di applicazione da adottarsi ai sensi dell’articolo 255 del trattato CE. Le disposizioni di applicazione potrebbero istituire un diritto di accesso a tali documenti da parte dei candidati che prendono parte ai concorsi. Tuttavia, il Mediatore ritiene che tale possibilit(cid:224) legislativa non impedisca alla Commissione di migliorare ora le sue pratiche amministrative. La questione Ł urgente e dovrebbe essere risolta nel minor tempo possibile. Il Mediatore esprime il suo apprezzamento per il fatto che la Commissione non escluda piø categorica- mente la possibilit(cid:224) per i candidati di avere accesso in futuro alle copie corrette dei propri elaborati di esame, e che preveda che la nuova Commissione prender(cid:224) una decisione in materia. Tuttavia, il rispetto dei principi del diritto comunitario non dovrebbe dipendere dalla composizione della Commissione. Cos(cid:236) come stabilito nel trattato di Amsterdam, l’obbligo di trasparenza nell’adozione delle decisioni Ł uno dei principi fondamentali del diritto amministrativo delle Comunit(cid:224) europee. Inoltre, Ł importante garantire che i cittadini ricevano un’impressione positiva al loro primo incontro con le istituzioni europee. I cittadini che desiderano lavorare per le Comunit(cid:224) ricevono un’impressione molto negativa se restano con il dubbio di non essere stati giudicati equamente e correttamente. Per fugare tale dubbio Ł essenziale che ciascun candidato abbia la possibilit(cid:224) di prendere visione della copia corretta del proprio elaborato d’esame. Tale possibilit(cid:224) non Ł assolutamente in conflitto con il requisito che i lavori della commissione giudicatrice debbano essere segreti, dal momento che non riguarda le deliberazioni della commissione giudicatrice in cui vengono valutati i meriti relativi dei candidati. Per questi motivi, il mancato intervento della Commis- sione per modificare le sue procedure amministrative in modo da dare a ciascun candidato la possibilit(cid:224) di accesso al suo elaborato corretto sembra costituire un caso di cattiva amministrazione. Il Mediatore ha pertanto il dovere di presentare la presente relazione speciale al Parlamento europeo conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, dello statuto del Mediatore. Il Mediatore formula inoltre la seguente raccoman- dazione volta a porre rimedio alla cattiva amministrazione. D. La raccomandazione del Mediatore Nei suoi futuri concorsi a scopo di assunzione, e al piø tardi a partire dal 1o luglio 2000, la Commis- sione dovrebbe concedere ai candidati che ne facciano richiesta l’accesso ai propri elaborati d’esame corretti. Strasburgo, 18 ottobre 1999. Jacob S(cid:214)DERMAN