title: 2000/235/CE: Decisión de la Comisión, de 10 de noviembre de 1999, sobre el régimen de ayudas que Italia tiene previsto conceder a las pequeñas y medianas empresas que operan en las regiones del objetivo nº 1 [notificada con el número C(1999) 3867] (El texto en lengua italiana es el único auténtico)

eurovoc_concepts:
Italy
State aid
control of State aid
farming sector
fishing industry
small and medium-sized enterprises

text: L 74/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 3. 2000 II (Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad) COMISIÓN DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 10 de noviembre de 1999 sobre el régimen de ayudas que Italia tiene previsto conceder a las pequeñas y medianas empresas que operan en las regiones del objetivo no 1 [notificada con el número C(1999) 3867] (El texto en lengua italiana es el único auténtico) (2000/235/CE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el primer guión del apartado 2 de su artículo 88, Tras haber invitado a los interesados a remitir sus observa- ciones, con arreglo a las disposiciones mencionadas (1), y habida cuenta de estas últimas, Considerando lo siguiente: I. Procedimiento (1) la Representación Por carta de 10 de abril de 1997, Permanente de Italia notificó a la Comisión, en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado, un proyecto de modificación de la Decisión del Comité interministerial de programación económica (CIPE) correspondiente a las disposiciones de aplicación del fondo de garantía en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) del objetivo no 1, previstas en el artí- culo 2 de la Ley no 341 de 8 de agosto de 1995. (2) El examen de las medidas en cuestión se ha subdividido del modo siguiente: Con la referencia N 249/A/97, la Comisión examinó y autorizó en virtud de lo dispuesto en los artículos 87 y 88 del Tratado [carta de la Comisión no SG (97) D/7216, de 25 de agosto de 1997] las modificaciones de las medidas previstas en la Decisión CIPE de 10 de mayo de 1995, aplicables a sectores distintos de la agricultura, la pesca y la acuicultura. Con la referencia N 249/B/97, la Comisión examinó la aplicación a los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura de las medidas previstas en el artículo 2 del Decreto-ley no 244, de 23 de junio de 1995, convertido en la Ley no 341, de 8 de agosto de 1999 (en lo sucesivo, «Ley 341/1995»), que establece los principios generales de regulación del fondo, y la Decisión del CIPE de 10 de mayo de 1995, por la que se establecen normas de aplicación de la Ley no 341/1995, modifi- cadas por las disposiciones notificadas por carta de las autoridades italianas de 10 de abril de 1997. Por télex no 52140, de 5 de mayo de 1997, no 31756, de 5 de agosto de 1997, y no 14/3786, de 19 de septiembre de 1997, se solicitó información adicional. Mediante télex no 2326 de 12 de enero de 1998, la Comisión instó a las autoridades italianas a responder al télex de 19 de septiembre ya mencionado. Dicha información fue remitida por carta de la Repre- sentación Permanente de 2 de junio de 1997, registrada el 5 de junio de 1997, por fax de 21 de julio de 1997, registrado el 22 de julio de 1997, mediante carta de 27 de noviembre de 1997, registrada el 3 de diciembre de 1997 y mediante carta de 18 de febrero de 1998, regis- trada el 4 de marzo de 1998. Mediante carta de 20 de mayo de 1998 [SG (98) D/ 4034], la Comisión informó a las autoridades italianas de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con dichas medidas en el sector de la agricultura, la pesca y la acuicultura. La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Euro- peas (2). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones al respecto. (3) (4) (5) (1) DO C 245 de 5. 8. 1998, p. 3. (2) Véase la nota 1. 23. 3. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 74/11 (6) (7) (8) (9) Las autoridades italianas presentaron sus observaciones a la Comisión por carta de 24 de junio de 1998, de 26 de noviembre de 1998, de 9 de marzo de 1999 y de 11 de mayo de 1999. No se recibieron observaciones de terceros. No obstante, la Comisión recibió una carta de un posible beneficiario del régimen, quejándose de que se tardase tanto en autorizar las ayudas. La presente Decisión está relacionada exclusivamente con la aplicabilidad de las medidas en cuestión a los sectores indicados en el anexo I del Tratado (es decir, la agricultura, o la producción primaria, transformación y comercialización de los productos de la agricultura, la pesca y la acuicultura). II. Descripción El artículo 2 del Decreto-ley convertido en la Ley no 341/1995 y las disposiciones de aplicación establecidas en la Decisión del CIPE de 10 de mayo de 1995 y sus sucesivas modificaciones prevén el establecimiento de un sistema de garantías en favor de las pequeñas y medianas empresas que operan en las zonas del territorio italiano incluidas en el objetivo no 1. El régimen estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 1999. Dicha ayuda consiste en garantías y bonificaciones de intereses en relación con las operaciones de consolidación de deuda, garantías sobre préstamos participativos y sobre adquisiciones de participaciones por parte de bancos y otros organismos públicos o privados en el capital de las PYME. Está autorizada la acumulación de las medidas de ayuda en forma de consolidación de deuda y de participaciones. El importe previsto asciende a 3,5 billones de liras italianas (unos 1 750 millones de euros). La medida tiene por objeto permitir la consolidación en una sola vez de la deuda a corto plazo, reduciendo el coste de los créditos disponibles en el mercado, así como facilitar a las PYME el acceso a nuevas formas de financiación, favoreciendo su capitalización. Para poder optar a las garantías sobre las operaciones de consolidación de deuda, ésta debe tener una duración de seis años, con un período de carencia de un año. El fondo concede a los bancos interesados una garantía sobre el 60 % del capital consolidado, contra el pago de un canon del 2 % del mismo. La garantía no podrá ejecutarse en caso de insolvencia en los dieciocho meses sucesivos a la concesión del crédito. En caso de quiebra de la empresa, la garantía del fondo cubre un 60 % del crédito del banco en el momento de la comprobación de insolvencia. Dicha garantía se activa cuando tiene lugar la incoación del procedimiento de recuperación de la deuda. Los bancos tienen asimismo la obligación de emprender en beneficio del fondo los trámites necesarios para la recuperación de las cantidades adeudadas. El fondo puede conceder además a las empresas una boni- ficación de intereses equivalente a un 4,5 % del tipo anual de la operación de consolidación. Dicha bonifica- ción no podrá ser superior al 40 % del tipo de referencia vigente en el momento de estipulación del contrato de consolidación. (11) (12) a) el importe de la deuda a corto plazo a 30 de septiembre de 1994; b) la deuda a corto plazo resultante del último balance; c) el importe obtenido multiplicando por diez el volumen de negocios de la empresa registrado en el último balance. La concesión de la ayuda está supeditada a que la ratio entre los instrumentos de financiación permanentes y el inmovilizado material e inmaterial tras la consolidación no sea inferior al 0,75 %. Así pues, el capital consoli- dado no puede ser superior al décuplo del volumen de negocios de la empresa. Cuando una empresa por sepa- rado desee la consolidación de un importe superior a 40 000 millones de liras italianas (20 millones de euros) deberá notificarlo a la Comisión en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE. Por otro lado, el fondo puede conceder garantías sobre préstamos participativos de una duración máxima de diez años, y de hasta el 60 % del importe de los prés- tamos concedidos por los bancos u otros organismos, contra el pago, en una vez, de un canon del 1 % del importe prestado. La garantía no podrá ejecutarse en caso de insolvencia de la empresa en los treinta meses siguientes a la concesión del préstamo. El tipo de interés del préstamo será acordado libremente por el banco y la empresa. El fondo puede conceder asimismo garantías sobre las adquisiciones de participaciones públicas o privadas en el capital de las PYME, con exclusión de las adquisiciones de participación realizadas por organismos plenamente controlados, directa o indirectamente, por el Estado. El canon que debe abonarse por esta garantía es del 0,75 % del importe de la participación. La garantía tiene una duración de cinco años. Por lo que respecta a los préstamos y garantías sobre las operaciones de consolidación de deuda mencionados en los considerandos 8 y 9, en su decisión de incoación del procedimiento, la Comisión observó que, basándose en la información facilitada por las autoridades italianas, no era posible determinar si las intervenciones previstas para dicha consolidación se destinaban a empresas saneadas económicamente o si se proponían el salva- mento de empresas en crisis. La Comisión señala que, en el primer caso, las intervenciones constituirían ayudas de funcionamiento prohibidas en los sectores de la agricul- tura, la pesca y la acuicultura. En caso de que, por el contrario, se destinen a empresas en crisis, la Comisión observa que no se cumplen las condiciones establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis de 1994 y 1997 (3). Por lo que respecta a las disposiciones relativas a las ayudas de salvamento, la Comisión señala concretamente que los préstamos y garantías previstas tienen una duración superior a seis meses y que en su concesión no se aplican los tipos de mercado. En cuanto a las disposiciones sobre ayudas de reestructuración, la Comisión indica que los beneficiarios no están obligados a presentar un plan de reestructura- ción y que las medias en cuestión podrían resultar incompatibles con las Directrices mencionadas. (10) La consolidación debe cubrir el importe menor de los siguientes: (3) DO C 368 de 23. 12. 1994, p. 12, y DO C 283 de 19. 9. 1997, p. 2, respectivamente. L 74/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 3. 2000 (13) Por lo que respecta a las garantías sobre préstamos participativos y sobre adquisiciones de participaciones públicas o privadas en el capital de las empresas, la Comisión observa que las medias constituyen ayudas en la medida en que permiten a los beneficiarios conseguir los préstamos a unos tipos inferiores a los vigentes en el mercado. Además, en caso de que la garantía cubra a una empresa en crisis, habrá que considerar ayuda el importe total garantizado. La Comisión señala que en caso de que la ayuda mencionada se destine a empresas saneadas económicamente y sirva para financiar inver- siones concretas del beneficiario, podrá considerarse compatible con el mercado común sólo si cumple las condiciones específicas aplicables al sector en cuestión. Las ayudas concedidas a empresas saneadas económica- mente y no vinculadas a inversiones específicas consti- tuyen ayudas de funcionamiento prohibidas en los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura. (14) En su decisión de incoación del procedimiento, la Comi- sión recuerda asimismo el punto 20 de la Decisión del CIPE de 20 de mayo de 1995, tal como ha quedado formulado tras la inclusión de las modificaciones propuestas en la notificación, en el que figura la frase siguiente: (15) «[. ] También RIBS Spa, en el desempeño de su función de empresa pública de financiación, específicamente en el sector agroindustrial, puede participar en virtud de la Ley no 662/96 en operaciones de ampliación del capital, notificando cada año las operaciones efectuadas y el desarrollo de las mismas al Ministerio de Recursos Agrarios que, a su vez, procederá a informar al CIPE». La Comisión observó que las intervenciones realizadas por RIBS Spa, una entidad financiera pública en el sector agroindustrial (en lo sucesivo «RIBS»), no habían sido garantizadas por el fondo, y tomó nota de la declaración de las autoridades italianas, según la cual, dichas inter- venciones, efectuadas con arreglo a lo dispuesto en el apartado 132 del artículo 2 de la Ley no 662/96 (Ley financiera de 1997), o sea, en condiciones de mercado, la Comisión no constituían ayudas. No obstante, observó que no había recibido información alguna de las autoridades italianas respecto de las intervenciones en cuestión, según preveía la comunicación de la Comisión relativa a las aportaciones de capital realizadas por el Estado (4) y a pesar de que la Comisión había instado a éstas a facilitarle la información pertinente. III. Observaciones presentadas por Italia (16) En sus observaciones escritas, las autoridades italianas hacen referencia tanto a cuestiones de procedimiento como de fondo. dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE por cartas del Ministerio del Tesoro, del Presupuesto y de la Programación Económica de 16 de diciembre de 1994 y de 17 y 26 de enero de 1995. El régimen (ayuda N 40/95) se había autorizado mediante Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 1995, notificada por carta SG (95) D/3693 de 24 de marzo de 1995. (18) Por carta de 31 de mayo de 1995, las autoridades nacio- nales notificaron a la Representación Permanente la Decisión del CIPE de 10 de mayo de 1995, sobre los criterios, modalidades y procedimientos de funciona- miento del fondo para las PYME (ayuda N 662/95). Por carta SG(95) D/11306 de 7 de noviembre de 1995, la Comisión declaró que las disposiciones de la Decisión del CIPE mencionadas se inscribían en el ámbito de intervención del fondo de garantía —aprobado por Decisión de 1 de marzo de 1995— y que se cumplían los límites y requisitos establecidos en ella. (19) Mediante carta de 28 de marzo de 1997 del Ministerio del Tesoro, del Presupuesto y de la Programación Econó- mica se notificó a la Comisión el proyecto de Decisión del CIPE relativo a la modificación de las normas aplica- bles al fondo. Mediante la comunicación SG (97) D/ 7216 de 25 de agosto de 1997, la Comisión señaló que las modificaciones propuestas entraban en el ámbito de intervención del fondo de garantía —aprobado por deci- sión de 1 de marzo de 1995— y comunicó que adop- taría una decisión por separado para que la aplicación del régimen cubriera los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura. (20) Las autoridades italianas señalan que el proyecto de régimen fue notificado en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y aprobado por Decisión de la Comisión de 1 de marzo de 1995 (véase el considerando 17). Las disposiciones de aplica- ción definidas en la Decisión del CIPE de 10 de mayo de 1995, notificada mediante la carta de 31 de mayo de 1995 ya mencionada, se inscriben, según la Comisión en el ámbito de intervención del fondo de garantía ya apro- bado [carta SG(95) D/11306 de 7 de noviembre de 1995]. Además, la Comisión decidió que las modifica- ciones propuestas, notificadas por carta de 28 de marzo de 1997, se inscriben en el ámbito de aplicación del régimen ya aprobado y que las demás normas de ejecu- ción no varían [carta SG(97)/D/7216 de 25 de agosto de 1997]. Procedimiento (17) En materia de procedimiento, las autoridades italianas declaran que el régimen general de ayudas regionales, que incluye la ayuda concedida por el fondo de garantía a las PYME que operan en zonas del objetivo no 1, fue notificado a la Comisión Europea en virtud de lo (4) Boletín CE 9-1984. (21) Así pues, las autoridades italianas concluyen que el régimen fue notificado en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE, que fue aprobado por la Comisión, y que las consiguientes disposiciones de aplicación, debidamente notificadas a la Comisión, no incluyen ningún elemento de ayuda. Por tanto, mantienen que el régimen constituye una «ayuda existente» según la definición incluida en las normas de procedimiento para la concesión de ayudas estatales 23. 3. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 74/13 codificadas por la Comisión. En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, cuando se trata de medidas ya existentes, la incoación de un procedimiento con arreglo al apartado 2 de ese mismo artículo debe ir precedida de una propuesta de «medidas apropiadas». Las autoridades italianas observan que en el presente caso no se ha efectuado tal propuesta. (26) Esta medida está en total consonancia con el régimen de ayudas autorizado mediante carta de la Comisión de 24 de marzo de 1995, en la que se establecen modalidades y criterios de funcionamiento claros, comprobados y exclusivos de las PYME que operan en las zonas que pueden acogerse a la excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, régimen que en Molise y los Abruzos (en este último caso hasta finales de 1996) ha aportado claros beneficios y ha sido ampliamente aplicado con resultados muy positivos, hasta el punto de que los fondos previstos para prés- tamos en condiciones ventajosas se habrán agotado con toda probabilidad en el otoño de 1998, es decir, antes del plazo fijado en origen, que vence a finales de 1999. (27) En general, pueden acceder a préstamos en condiciones ventajosas las pequeñas empresas: — fundamentalmente sólidas y que puedan ser renta- bles, pero que sufran desequilibrios financieros debido a los intereses que deben pagar por los prés- tamos contraídos a corto plazo, — que en una fecha determinada (30 de septiembre de 1994) estén endeudadas con entidades bancarias. Debe tratarse de un endeudamiento bancario (no está prevista la consolidación de las deudas contraídas con proveedores o empresas de factoring o de servi- cios), — saneadas desde el punto de vista económico y que no estén sujetas a procedimientos de quiebra, — con perspectivas de recuperar el equilibrio mediante flujos financieros adecuados y que presenten una estructura que cumpla los requisitos previamente fijados, — que no estén disfrutando ya de ventajas similares y que, por lo tanto, puedan acogerse a una ayuda concedida con carácter excepcional, por un período determinado, que no pueda considerarse una ayuda de funcionamiento o una ayuda de salvamento en favor de sectores productivos en quiebra o una ayuda a la reestructuración de empresas en crisis, — que puedan demostrar que desde que se les ha auto- rizado a beneficiarse de la ayuda no han sido objeto de ninguna acción ejecutiva, — que en relación con los tipos bonificados para la consolidación autorizada, puedan demostrar que no están involucradas en operaciones ilegales o de blan- queo. (28) Además de estar ubicadas en zonas del objetivo no 1 y de respetar los requisitos mencionados en el apartado anterior, las PYME que operan en los sectores de la agricultura, de la transformación y comercialización de la pesca y la acuicultura deberán productos agrícolas, operar preferentemente en regiones de Italia meridional especializadas y Campania). actividades agrarias (Apulia en (29) Los beneficiarios potenciales de la ayuda son cuarenta y una PYME que operan en los sectores de la agricultura y de la pesca, y que representan, como máximo, el 1 % de las 3 800 solicitudes de ayuda enviadas al fondo de garantía hasta el 31 de mayo. Las solicitudes de ayuda (22) (23) (24) (25) Cuestiones de fondo Por lo que respecta al contenido, las autoridades italianas precisan, en primer lugar, que sus observaciones se refieren exclusivamente a las operaciones de consolida- ción de deuda, y no a la adquisición de participaciones o a los préstamos participativos, dado que el fondo no se ha utilizado para la financiación de dichas actividades. Las autoridades italianas subrayan que la ayuda se destina a empresas que operan en regiones que se inscriben en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87, y que, por lo tanto, en virtud de lo dispuesto en la comunicación sobre el método de aplicación del artículo 92 [actualmente, letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87] a las ayudas regionales (5), dicha ayuda debería poder acogerse a la excepción apli- cable a las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 87. En el supuesto de que a dichas ayudas les sean de aplicación las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y reestructuración de empresas en crisis (6), las autoridades italianas señalan que dichas Directrices no impiden la aplicación de regímenes de ayuda autorizados con otras finalidades, como, por ejemplo, el desarrollo regional o el desarrollo de las PYME, a condición de que las ayudas de salvamento y reestructuración concedidas en el marco de dichos regí- menes cumplan las condiciones fijadas por la Comisión para este tipo de ayudas (segundo apartado del punto 2. 5 de las Directrices de 1997). Por lo que respecta al funcionamiento del régimen, las autoridades italianas han presentado las observaciones que figuran a continuación. El objetivo del fondo de garantía establecido en el artículo 2 de la Ley no 341/ 1995 es lograr la racionalización de los equilibrios financieros de las PYME que operan en las zonas del objetivo no 1, facilitando el acceso al crédito y contribu- yendo a la superación de los problemas estructurales de que adolecen debido a la insuficiencia de capital y al coste particularmente elevado de la financiación en la primera mitad de los años noventa. El objeto de esta medida es, pues, superar los principales obstáculos al crecimiento del tejido productivo en Italia meridional, concediendo a las PYME con carácter excepcional ventajas que, si bien se destinan a reducir sus costes financieros adicionales, no constituyen ayudas de salva- mento ni de reestructuración. (5) DO C 212 de 12. 8. 1988, p. 9. (6) DO C 283 de 19. 9. 1997, p. 2. L 74/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 3. 2000 presentadas por las PYME que operan en sectores «en suspenso» desde noviembre de 1997 están relacionadas exclusivamente con la consolidación de la deuda y, por tanto, no tienen ninguna relación con la ayuda para la adquisición de participaciones y para préstamos partici- pativos, operaciones para las que no se ha concedido ninguna contribución, ni siquiera cuando se trata de los sectores autorizados. Las solicitudes de ayuda para los sectores en suspenso desde noviembre de 1997, corres- ponden a un importe global de 44 686 millones de liras italianas, de las que las contribuciones para la bonifica- ción de intereses representan un importe de 5 400 millones, mientras que las eventuales garantías que deben concederse ascenderían a 24 000 millones. Ninguna de las PYME mencionadas que operan en sectores en suspenso ha recibido, ni siquiera temporal- mente, bonificaciones u otras formas de ayuda del fondo de garantía, e incluso, aunque se retirase la suspensión, la ayuda concedida sería limitada. Los bancos han procedido ya a la comprobación de la solidez fundamental de las cuarenta y una empresas que se acogen a las ventajas previstas en el artículo 2 de la Ley no 341/1995 pues, dado que les corresponde llevar a cabo la operación de consolidación de deuda, están particularmente interesados en efectuar una evaluación de las empresas solicitantes. Además, las solicitudes reci- bidas hacen referencia a bonificaciones no automáticas y tienen en cuenta el hecho de que el 40 % del riesgo es asumido por el banco, y que la garantía concedida por el fondo no puede ejecutarse en los dieciocho meses siguientes a la concesión de la financiación. Las autoridades italianas señalan que las PYME que operan en sectores aún en suspenso han celebrado ya contratos de financiación a costes elevados (en la mayoría de los casos, antes de noviembre de 1997), habiendo contraído ya créditos hipotecarios, sin recibir beneficio alguno en términos de bonificaciones, con la perspectiva de obtener, en caso de que se retire las suspensiones, una ayuda variable para los préstamos a tipo variable, basándose en tipos de referencia más bajos la Comisión Europea en que los notificados por noviembre de 1997. (30) (31) (32) A la luz de todo lo referido anteriormente, las autori- dades italianas mantienen que es necesario autorizar y conceder ayudas, en particular, a las pequeñas empresas que, gracias a estas contribuciones concedidas con carácter excepcional, estarían más preparadas para hacer frente a los desequilibrios financieros que han padecido en los últimos años debido a los costes particularmente elevados que han tenido que asumir. Reconociendo y autorizando las ayudas, concretamente en los sectores de la agricultura, la transformación y comercialización de productos agrícolas, la pesca y la acuicultura, es posible eliminar factores estructurales externos a las empresas que operan en Italia meridional y que, a menudo, dan al traste con sus tentativas de competir libremente en el mercado, falseando la competencia entre empresas. (33) Por consiguiente, las autoridades italianas subrayan que el presente régimen de ayudas con fines regionales ha sido aprobado por la Comisión e incluye únicamente las ayudas concedidas recurriendo al fondo de garantía que respetan las condiciones incluidas en la Decisión de la (34) (35) Comisión por la que se aprobaba el régimen en cuestión. Asimismo, consideran que las características del régimen están vinculadas al logro del objetivo previsto en el acuerdo Pagliarini-Van Miert y contemplado en el punto 1 de la Decisión del CIPE de racionalización de los desequilibrios financieros de las PYME (que se han visto afectadas por la desaparición de la Cassa de Mezzo- giorno y por la crisis económica en general) y de acceso adecuado al crédito, facilitando las relaciones entre bancos y empresas. Por lo que respecta a la participación de la RIBS en la financiación del régimen (véanse los considerandos 14 y 15), las autoridades italianas declararon en su carta de 11 de mayo de 1999 que la RIBS, en virtud de la Decisión en cuestión (aún no operativa) no ha operado nunca en el sector de intervención del «fondo de garantía» en el sentido del artículo 2 de la Ley no 341/ 1995. Además, todas las operaciones efectuadas por la RIBS «en condiciones de mercado» (en virtud de la Ley no 662/1996) han sido notificadas por la Comisión Europea, que, hasta el momento, ha aprobado una de ellas y está analizando las demás. Dichas operaciones respetan las condiciones establecidas por la Comisión para que las contribuciones concedidas por la RIBS en virtud de la Ley no 662/1996 no constituyan ayudas estatales. IV. Evaluación Procedimiento Las autoridades italianas sostienen que la Comisión ha cometido un error procedimental al incoar un procedi- miento contra la aplicación del régimen a los sectores de la agricultura y la pesca, y afirman que las medidas notificadas (ayuda N 249/97) sólo introducían modifica- ciones concretas a un régimen de ayudas que había sido autorizado previamente por la Comisión (ayudas N 40/ 95 y N 662/95). Como ya se ha indicado en el conside- rando 21, dado que las cuestiones planteadas por la Comisión en su decisión de incoación del procedimiento están relacionadas con la aplicación de un régimen de las autoridades italianas consi- ayudas ya autorizado, deran que la incoación del procedimiento en virtud del apartado 2 del artículo 88 habría debido ir precedido de una propuesta de «medidas apropiadas» con arreglo al apartado 1 del artículo 88 del Tratado. (36) Aunque no se haga referencia expresa a ella, las autori- dades italianas parecen aludir a la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Italgrani (7). En aquella ocasión, el Tribunal dictaminó que cuando la Comisión analiza una ayuda individual de la cual se afirma que se ha concedido en ejecución de un régimen previamente autorizado, no puede examinarla de entrada directa- mente a la luz del Tratado, sino que, antes de incoar cualquier procedimiento, debe limitarse a determinar si dicha ayuda se inscribe en el régimen general y cumple los requisitos fijados por la decisión de autorización del mismo. Si no actuara de esta forma, la Comisión podría revocar con motivo del examen de cualquier ayuda indi- régimen de vidual su decisión de autorización del ayudas, la cual presuponía ya un examen con arreglo al artículo 87 del Tratado. Se pondrían en peligro con ello (7) Sentencia de 5 de octubre de 1994, asunto C-47/91: República Italiana contra Comisión (Recopilación 1994 p. I-4635). 23. 3. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 74/15 los principios de confianza legítima y de seguridad jurí- dica tanto para los Estados miembros como para los operadores económicos, ya que la Comisión podría revisar en cualquier momento las ayudas individuales que se ajustaran rigurosamente a la Decisión por la que la Comisión, régimen de ayudas. Si se aprueba el después de efectuar un examen limitado a los puntos antes expuestos, llegara a la conclusión de que la ayuda individual se ajusta a su Decisión por la que se aprueba el régimen, dicha ayuda deberá considerarse ayuda auto- rizada, y, por consiguiente, ayuda existente. En tales casos la Comisión, antes de decidir la incoación del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado deberá proponer las «medidas apropiadas» a interesados en virtud de lo los Estados miembros dispuesto en el apartado 1 del artículo 88. Por el contrario, si la Comisión comprueba que la ayuda indivi- dual no se halla cubierta por su Decisión de aprobación del régimen, la ayuda deberá considerarse como una ayuda nueva y la Comisión estará autorizada a incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88. (37) Como ya señalaron las autoridades italianas en sus observaciones escritas (véanse los considerandos 17 y 18), el régimen general de ayudas con fines regionales, que incluía la ayuda concedida en el ámbito del fondo de garantía para las PYME que operan en zonas del objetivo no 1, había sido autorizado por carta SG(95) D/3693 de 24 de marzo de 1995 (ayuda N 40/95). Los criterios, modalidades y procedimientos de operación del fondo de garantía para las PYME se habían aprobado por carta SG(95) D/11306 de 7 de noviembre de 1995 (ayuda N 662/95). (38) No obstante, las dos decisiones de la Comisión por las que se autorizan los fondos de garantía para las PYME que ejercen su actividad en zonas del objetivo no 1 imponen ciertas condiciones. Tanto la carta de la Comi- sión de 24 de marzo de 1995 [SG(95) D/3693] por la que se autoriza la ayuda estatal N 40/95, como la de 7 de noviembre de 1995 [SG(95) D/11306] por la que se autoriza la ayuda estatal N 662/95 incluyen un apar- tado final que reza de la forma siguiente: «Por último, la Comisión recuerda a las autoridades italianas que la aplicación del régimen en cuestión está sujeta a las normas y Directrices comunitarias en materia de acumulación de ayudas con diversas finalidades, así como a las relativas a ciertos sectores de actividad, entre las cuales se incluyen los inscritos en el ámbito de aplicación del Tratado CECA, el transporte, la agricultura y la pesca». Por consiguiente, la autorización por parte de la Comi- sión de la aplicación del régimen a los sectores de la agricultura y la pesca se supeditaba al hecho de que los préstamos del fondo de garantía en favor de las PYME se concedieran de conformidad con las diversas normas y Directrices comunitarias relativas a dichos sectores. Tras recibir la carta de las autoridades italianas de 10 de abril de 1997, mediante la que se notificaban las modifi- caciones a las normas de ejecución del régimen introdu- cidas por el CIPE, la Comisión se dio cuenta de que el régimen podía aplicarse a los sectores de la agricultura y de la pesca de forma no conforme a las diversas normas (39) (40) (41) (42) (43) y Directrices comunitarias con ellos relacionadas. En particular, la referencia explícita, por vez primera, al papel desempeñado por la RIBS en las operaciones de capitalización en favor de las PYME que ejercen su acti- vidad en zonas del objetivo no 1 planteó la duda de que la ayuda pudiera aplicarse a dichos sectores infringiendo las normas correspondientes. Estas dudas no hicieron sino confirmarse con las respuestas de las autoridades italianas a los cuatro télex remitidos por los servicios de la Comisión por los que se solicitaba que se completara la información facilitada con respecto a la aplicación del régimen. En este contexto, la Comisión no puede aceptar el argu- mento aducido por las autoridades italianas según el cual «el régimen constituye una “ayuda existente” con arreglo al concepto incluido en las normas de procedimiento sobre ayudas estatales, codificadas por la Comisión». Si una ayuda se concede incumpliendo una condición fijada en la Decisión de autorización correspondiente, la Comisión considera que dicha ayuda se ha otorgado ilegalmente, lo que le autoriza a incoar directamente el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado sin tener que proponer previamente medidas apropiadas en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 88. Cuestiones de fondo Con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 87, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia. La Comisión considera que en el presente caso se reúnen todas las condiciones necesarias para la aplicación del apartado 1 del artículo 87. La Comisión observa, además, que las autoridades italianas no han rebatido este extremo. La descripción del régimen de ayudas y las observaciones de las autoridades italianas ya mencionadas ponen de manifiesto que el objetivo de dicho régimen es garan- tizar a las PYME situadas en regiones italianas del obje- tivo no 1 el acceso al crédito en unas condiciones más favorables que las previstas normalmente en el mercado de capitales. Las medidas de ayuda concebidas a tal fin consisten en garantías y préstamos en condiciones ventajosas. Con respecto a las garantías, la Comisión, según una práctica reiterada basada en su carta a los Estados miem- bros de 5 de abril de 1989 [SG (89) D/4328], considera que todas las garantías concedidas por el Estado directa- mente o a través de entidades financieras que actúan en su nombre se inscriben en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 87 del Tratado. En su decisión de incoación del procedimiento y basándose en la informa- ción facilitada por las autoridades italianas por carta de 27 de noviembre de 1997, la Comisión calculó el valor actual de las garantías sobre préstamos para la consoli- dación de la deuda en un 0,2 % (8). tipo de refe- (8) El cálculo se basó en los elementos siguientes: del rencia, que se situaba en un 8,2 %, se dedujo el tipo de interés pagado por el Estado para préstamos de una duración análoga (6 %) y el tipo que debía pagarse por la garantía (2 % para los préstamos destinados a la consolidación de la deuda). L 74/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 3. 2000 Por lo que se refiere a los préstamos en condiciones ventajosas, el fondo puede conceder a las empresas una bonificación que reduce en un 4,5 % el tipo anual apli- cado a la operación de consolidación. Sin embargo, esa bonificación de intereses no puede sobrepasar el 40 % del tipo de referencia vigente en el momento en que se celebró el contrato de consolidación. En su decisión de incoar el procedimiento, basándose en estos mismos datos, la Comisión calculó que el equivalente en subven- ción de dichas bonificaciones ascendía al 12,9 %. Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión de que el porcentaje de ayuda acumulada era del 13,1 %, y que cuando se trata de empresas en crisis podía alcanzar el 100 % (9). En sus observaciones escritas las autoridades italianas señalan que, desde el momento en que el tipo nacional de referencia se ha reducido, el porcentaje efectivo de ayuda en la fecha de concesión de los préstamos y las garantías podría ser inferior al calculado por la Comi- sión. Por lo tanto, no es posible calcular con precisión el importe de la ayuda, ya que este último depende del tipo de interés vigente en el momento en que se otorgó el préstamo y de las condiciones de concesión correspon- dientes. Así pues, la Comisión concluye que la concesión de préstamos y de garantías en condiciones ventajosas constituyen una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87. Por otro lado, las autoridades italianas no han rebatido esta afirmación. comerciales (44) Además, el régimen falsea la competencia y afecta a los entre Estados miembros. intercambios las autoridades Según la información facilitada por italianas, podrían beneficiarse de la ayuda PYME que ejercen su actividad en los sectores de la agricultura y la pesca. Aunque los pagos se hayan suspendido temporal- mente, en espera de una decisión definitiva por parte de la Comisión sobre la aplicación del régimen a dichos sectores, en caso de autorizarse, la ayuda llevaría apare- jadas contribuciones en forma de bonificación de inte- reses para operaciones de consolidación de deuda por un importe de 5 400 millones de liras italianas y la posibi- lidad de conceder garantías por valor de 24 000 millones. Al no disponer de datos de las autoridades italianas que demuestren lo contrario, la Comisión consi- dera posible que al menos algunas de las empresas mencionadas operen en sectores caracterizados por intercambios intracomunitarios importantes. En 1996, (9) Véase la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros «Aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado al artículo 5 de la Directiva 80/723/CEE de la Comisión a las empresas públicas del sector industrial» (DO C 307 de 13. 11. 1993, p. 3). las importaciones totales de productos agroalimentarios a Italia procedentes de otros Estados miembros ascen- dieron a 28 734 millones de liras italianas, y las exporta- ciones italianas a los demás países de la Comunidad a 17 821 millones (10). (45) No obstante, aunque la prohibición de conceder ayudas de Estado establecida en el apartado 1 del artículo 87 no es absoluta, es evidente que las excepciones previstas en el apartado 2 del mismo artículo no son aplicables y, de todas formas, las autoridades italianas tampoco las han alegado. La ayuda tampoco se destina a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo, o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro, en virtud de lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 87, ni tiene por objeto promover la cultura y la conservación del patrimonio con arreglo a la letra d) de ese mismo apartado. Así pues, hay que analizar si la aplicación de las medidas previstas puede acogerse a una excepción en virtud de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 87. (46) (47) (48) Por lo que respecta a las operaciones de consolidación de deuda efectuadas por el fondo de garantía, la Comi- sión observa ante todo que dichas medidas no se destinan a financiar nuevas inversiones con arreglo a las Directrices sobre ayudas estatales en el sector de la agri- cultura (11) y la pesca (12). Las autoridades italianas han insistido además en que las PYME beneficiarias no pueden considerarse empresas en crisis. Dichas autoridades señalan al respecto que las garantías concedidas en el marco del régimen cubren exclusivamente un 60 % del importe del préstamo y que no pueden ejecutarse en caso de insolvencia del deudor en los dieciocho meses siguientes a la concesión del préstamo. En opinión de las autoridades italianas, las empresas beneficiarias son empresas sólidas en esencia y que pueden alcanzar la rentabilidad, pero que sufren desequilibrios financieros debido a los intereses que deben pagar por los préstamos contraídos a corto plazo. Basándose en dichas explicaciones, la Comisión consi- dera que a dicha medida no pueden aplicársele las Direc- trices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (13). El hecho de que la obtención de la ayuda por parte del benefi- ciario no esté supeditada a la presentación de un plan de reestructuración confirma la inaplicabilidad de dichas Directrices. En su decisión de incoación del procedimiento, la Comi- sión observó que, dado que las medidas de ayuda apli- cadas por las autoridades italianas no estaban vinculadas a inversiones ni se destinaban al salvamento y a la reestructuración de empresas en crisis subsistían dudas de que pudieran considerarse compatibles con el artículo 87 del Tratado. En efecto, las medidas mencionadas constituyen ayudas de funcionamiento que no pueden ser autorizadas por la Comisión con arreglo a la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. Las observa- ciones remitidas por las autoridades italianas confirman (10) Fuente: Ministero per le politiche agricole. (11) Véase la Normativa relativa a las ayudas estatales a la inversión en el sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas (DO C 29 de 2. 2. 1996, p. 4). (12) Véanse las Directrices para el examen de las ayudas de Estado en el sector de la pesca y la acuicultura (DO C 100 de 27. 3. 1997, p. 12). (13) Véase la nota 6. 23. 3. 2000 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 74/17 que el objetivo de la medida es reducir los costes en que incurren los beneficiarios y que no se puede considerar que estos últimos, como contrapartida, contribuyan al desarrollo de determinadas actividades económicas o de determinadas regiones. Habida cuenta de los principios sentados por la jurisprudencia (14), la Comisión se ve obligada a concluir que la medida en cuestión no puede acogerse a la excepción prevista en la letra c) del apar- tado 3 del artículo 87 del Tratado. confirmado en repetidas ocasiones (20). En particular, la Comisión ha adoptado diversas decisiones definitivas negativas en relación con medidas de ayuda notificadas por Italia en las que se afirma expresamente que las ayudas de funcionamiento en el sector agrario no pueden acogerse a la excepción prevista en la letra a) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado (21). (49) En sus observaciones, las autoridades italianas hacen hincapié en que la ayuda se destina a empresas ubicadas en regiones que se inscriben en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87, y que, por consiguiente, deberían beneficiarse de una excepción en virtud de dicha disposición, en aplicación de las Direc- trices de la Comisión sobre ayudas de Estado de fina- lidad regional (15). (52) aplicando los (50) De conformidad con el punto 6. 1 de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional de 1998 (16), los proyectos de ayuda notificados antes de la comunicación de esas mismas Directrices a los Estados criterios miembros, deben evaluarse vigentes en el momento de la notificación. La Comunica- ción de la Comisión de 1988 (17) sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 (18) a las ayudas regionales, establece en su punto I. 6 que, habida cuenta de las dificultades especificas inhe- rentes a estas regiones, la Comisión podrá autorizar, mediante excepción, algunas ayudas de funcionamiento en dichas regiones en determinadas condiciones, que se enumeran en guiones sucesivos. En el segundo guión se especifica que la ayuda deber ir «encaminada a promover un desarrollo duradero y equilibrado de la actividad económica y que no de lugar a una sobrecapacidad sectorial dentro de la Comunidad, de forma que el problema sectorial producido en la Comunidad resulte más grave que el problema regional original. En este contexto se requiere una perspectiva sectorial y, en espe- cial, el respeto de la normativa, directivas y líneas de orientación comunitarias a determinados sectores agrarios e industriales (acero, astilleros, fibras sintéticas textiles y confección), así como las que se ocupan de determinadas actividades de transformación de productos agrícolas». aplicables (51) Desde hace años, en relación con los sectores de la agricultura y de la pesca, que abarcan la producción, transformación y comercialización de los productos del anexo I, viene siendo práctica reiterada de la Comisión prohibir el pago de ayudas de funcionamiento en todas las regiones, incluidas las que se inscriben en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87. Por su configuración, dichas ayudas pueden interferir en los mecanismos establecidos por las organizaciones de mercado, que prevalecen sobre las normas del Tratado en materia de competencia (19). Este enfoque se ha visto (14) En particular, véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 8 de junio de 1995 en el asunto T-459/93: Siemens contra Comisión (Recopilación 1995, p. II-1675), y la jurisprudencia que en ella se cita. (15) Véase la nota 5. (16) DO C 74 de 10. 3. 1998, p. 9. (17) Véase la nota 5. (18) Actualmente, artículo 87. (19) Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 177/78: Pigs and Bacon, Commission contra McCarren (Recopilación 1979, p. 2161). Por otro lado, de conformidad con las Directrices de la Comisión sobre las ayudas estatales relativas a las inver- siones en el sector de la transformación y comercializa- ción de productos agrícolas, no pueden concederse ayudas que no respeten los límites sectoriales fijados por la Decisión 94/173/CE de la Comisión (22). Dichos límites prohíben las inversiones en actividades de trans- formación y comercialización en los sectores agrarios que adolecen de un exceso de capacidad dentro de la Comunidad y con arreglo a las condiciones establecidas en la Decisión 94/173/CE se aplican a todo el territorio comunitario, incluidas las regiones que se inscriben en el ámbito de aplicación de la letra a) del apartado 3 del artículo 87. Evidentemente, carecería de lógica que la Comisión prohibiera las ayudas a la inversión en favor de determinadas actividades en el sector agrario y autori- zara al mismo tiempo las ayudas de funcionamiento en favor de esas mismas actividades, en particular, si no se aportan garantías de que los fondos destinados a reducir la deuda no van a utilizarse para financiar inversiones incompatibles. (53) En virtud de todo lo expuesto anteriormente, hay que concluir que la forma en que Italia tiene previsto conceder bonificaciones de intereses para operaciones de consolidacion de la deuda y garantías sobre las mismas operaciones a las empresas que ejercen actividad en los sectores de la agricultura y la pesca en el sentido del artículo 2 del Decreto-Ley no 341/1995 y de las corres- pondientes disposiciones de aplicación previstas en la Decisión del CIPE de 10 de mayo de 1995 y de sus sucesivas modificaciones constituye una ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 que no puede acogerse a ninguna de las excepciones previstas en los apartados 2 y 3 del mismo artículo. (20) XX Informe sobre la política de competencia, 1990, apartados 337 y 347; XXI Informe sobre la política de competencia, 1991, apar- tados 316 y 317; XXII Informe sobre la política de competencia, 1992, apartados 503 y 504; XXIII Informe sobre la política de competencia, 1993, apartados 547 y 548; XXV Informe sobre la política de competencia, 1995, pp. 238-240; XXVI Informe sobre la política de competencia, 1996, pp. 251-255. (21) Decisión 95/366/CE de la Comisión, de 14 de marzo de 1995, relativa a determinadas ayudas concedidas por Italia (Cerdeña) en el sector agrario (DO L 218 de 14. 9. 1995, p. 20). Decisión 97/ 106/CE de la Comisión, de 17 de julio de 1996, relativa a las ayudas establecidas en la Ley regional no 25/93 de la región de Sicilia (DO L 37 de 7. 2. 1997, p. 11). Decisión 97/612/CE de la Comisión, de 16 de abril de 1997, relativa a las ayudas concedidas por la región de Cerdeña (Italia) en el sector agrario (DO L 248 de 11. 9. 1997, p. 27). (22) Decisión 94/173/CE de la Comisión, de 22 de marzo de 1994, por la que se establecen los criterios de selección aplicables para las inversiones destinadas a la mejora de las condiciones de transfor- mación y comercialización de los productos agrarios y silvícolas y por la que se deroga la Decisión 90/342/CEE (DO L 79 de 23. 3. 1994). L 74/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 23. 3. 2000 (54) Dado que las autoridades italianas han explicado que el fondo no ha sido utilizado para garantizar préstamos participativos o inversiones en adquisiciones de partici- paciones, no es necesario examinar estos aspectos en la presente Decisión. (55) Además, teniendo en cuenta que las autoridades italianas han declarado que la Decisión del CIPE sobre la partici- pación de la RIBS en operaciones de capitalización no lleva aparejada la posibilidad de conceder ayudas adicio- nales a las previstas en la Ley no 662/1996 (véase el considerando 15) y que todas las operaciones de capita- lización realizadas por la RIBS en el marco de dicha ley son notificadas a la Comisión individualmente, no se juzga necesario analizar más en profundidad tal aspecto en la presente Decisión. V. Conclusiones (56) La Comisión considera que, al no tener en cuenta las normas específicas aplicables a los sectores de la agricul- tura y la pesca, Italia ha adoptado ilegalmente las medidas de ayuda previstas en el artículo 2 del Decreto-Ley convertido en la Ley no 341/1995 y en las disposiciones de aplicación de la Decisión del CIPE de 10 de mayo de 1995 y sus sucesivas modificaciones, sin respetar las condiciones establecidas en la Decisión de la Comisión de 10 de marzo de 1995, notificada por carta de 24 de marzo de 1995. (57) No obstante, dado que las autoridades italianas han afir- mado que todos los procedimientos de concesión de ayudas han sido suspendidos a partir del momento de la intervención de la Comisión y que previamente no se había otorgado ninguna ayuda, no es necesario proceder a su recuperación. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Artículo 1 La ayuda estatal que Italia tiene previsto conceder a las empresas que ejercen su actividad en los sectores de la agricul- tura y la pesca para la financiación de operaciones de consoli- dación de deuda en virtud de lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto-Ley no 244, de 23 de junio de 1995, convertido en la Ley no 341 de 8 de agosto de 1995, es incompatible con el mercado común y con el funcionamiento del Acuerdo EEE. Así pues, no podrá procederse a su ejecución. Artículo 2 Italia informará a la Comisión de las medidas adoptadas para ajustarse a la presente Decisión en los dos meses siguientes a la notificación de la misma. Artículo 3 El destinatario de la presente Decisión será la República Italiana. Hecho en Bruselas, el 10 de noviembre de 1999. Por la Comisión Franz FISCHLER Miembro de la Comisión


title: 1999/748/EG, EGKS, Euratom: Besluit van de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van 10 november 1999 houdende benoeming van een lid van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen

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text: 20. 11. 1999 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 299/31 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LIDSTATEN BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN van 10 november 1999 houdende benoeming van een lid van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeen- schappen (1999/748/EG, EGKS, Euratom) DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, dient te worden benoemd voor het resterende gedeelte van diens mandaat, d. w. z. tot en met 31 augustus 2001, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen- schap, inzonderheid op artikel 225, BESLUITEN: Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen- schap voor Kolen en Staal, inzonderheid op artikel 32 quin- quies, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen- schap voor Atoomenergie, inzonderheid op artikel 140 A, Gelet op Besluit 88/591/EGKS, EEG, Euratom van de Raad van 24 oktober 1988 tot instelling van een Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen (1), Overwegende dat krachtens de artikelen 7 en 44 van het Protocol betreffende het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap en de overeenkomstige bepalingen van de Protocollen betreffende de Statuten van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en ten gevolge van het ontslag van de heer Christopher Bellamy, een lid van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen Artikel 1 De heer Nicholas Forwood wordt benoemd tot lid van het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen voor de periode van 2 december 1999 tot en met 31 augustus 2001. Artikel 2 Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. Gedaan te Brussel, 10 november 1999. De Voorzitter A. SATULI (1) PB L 319 van 25. 11. 1988, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd bij de Toetredingsakte van 1994


title: Voorstel voor een Verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep

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text: 29. 2. 2000 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen C 56 E/17 Voorstel voor een verordening (EG) van de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1251/1999 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewas- sen, met het oog op uitbreiding van de werkingssfeer tot vezelvlas en -hennep (2000/C 56 E/06) COM(1999) 576 def. (cid:151) 1999/0236(CNS) (Door de Commissie ingediend op 15 november 1999) DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen- schap, en met name op de artikelen 36 en 37, Gezien het voorstel van de Commissie, Gezien het advies van het Europees Parlement, Gezien het advies van het Economisch en Sociaal ComitØ, Gezien het advies van het ComitØ van de Regio’s, Overwegende hetgeen volgt: (1) Met het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden de doeleinden nagestreefd die zijn vermeld in artikel 33 van het Verdrag, daarbij rekening houdend met de marktsitua- tie. (2) In de sector vlas en hennep heeft zich sinds de inwerking- treding van Verordening (EEG) nr. 1308/70 van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vlas en hennep (1) een proces van diepgaande veranderingen voorgedaan; naast de traditionele vlasteelt, hoofdzakelijk gericht op de productie van lange vezels voor de vervaardiging van textiel, heeft zich een goedko- pere vorm van vlasteelt ontwikkeld, die uitsluitend op de productie van korte vezels gericht is. (3) In het geval van vlas met korte vezels en van hennep heeft de in verhouding tot de productiekosten of de waarde van het product zeer hoge hectaresteun de ontwikkeling van speculatieve teelten in zekere mate in de hand gewerkt; de met vlas met korte vezels en hennep ingezaaide opper- vlakten zijn toegenomen, zonder dat dit gepaard is gegaan met een vergelijkbare toename van de productie of van de reºle vraag naar deze producten op de markt; de maat- regelen die zijn genomen om een dergelijke abnormale situatie te voorkomen, hebben niet de verhoopte resultaten opgeleverd, doch hebben er toe geleid dat de wetgeving voor deze sectoren ingewikkelder is geworden. (4) Om de problemen op de markten voor vezelvlas en -hen- nep te kunnen oplossen, dient ervoor te worden gezorgd dat de aan de betrokken landbouwers toegekende steun vergelijkbaar is met die voor concurrerende teelten; hiertoe, en met het oog op vereenvoudiging van de geldende wet- geving, is het dienstig bovengenoemde sector op te nemen in de bij Verordening (EG) nr. 1251/1999 van de Raad van 17 mei 1999 ingestelde steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen (2); voorts wordt, voor zover dat nodig is voor de handhaving van de economische activiteit, voorzien in een steunregeling voor de verwerking van vlas- en hennepstro in het kader van Verordening (EG) nr. /. van de Raad houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector vezelvlas en -hennep (3). (5) Om te zorgen voor een harmonieuze overgang naar het steunniveau voor granen en om ook de huidige problemen als gevolg van het bestaan van een verschillende steunrege- ling voor enerzijds vezelvlas- en anderzijds olievlasrassen op te lossen, moeten de betalingen voor vezelvlas en -hen- nep worden gelijkgetrokken met die voor lijnzaad, die in het verkoopseizoen 2002/2003 op hun beurt moeten wor- den aangepast aan die voor granen. (6) Om te voorkomen dat de met Verordening (EG) nr. 1251/1999 beoogde doelstellingen worden omzeild, dient de toekenning van de hectaresteun voor vezelvlas en -hen- nep afhankelijk te worden gesteld van bepaalde voorwaar- den inzake de teelt. (7) Voor hennep dient te worden voorzien in specifieke maat- regelen om te voorkomen dat bij de voor areaalbetalingen in aanmerking komende teelten illegale hennep wordt ver- bouwd, hetgeen de gemeenschappelijke marktordening voor hennep zou verstoren; derhalve moet worden bepaald dat deze betalingen slechts worden toegekend voor arealen met henneprassen die bepaalde garanties bieden ten aan- zien van het gehalte aan psychotrope stoffen; voorts moe- ten de lidstaten in elk productiegebied de met hennep in- gezaaide arealen beperken ten einde een hoge mate van controle te waarborgen op de inachtneming van het maxi- mumgehalte aan psychotrope stoffen voor de oppervlakten waarvoor een betalingsaanvraag wordt ingediend; derhalve dient een systeem van voorafgaande vergunningen te wor- den ingevoerd om te garanderen dat de door de lidstaten vastgestelde maximumoppervlakte niet wordt overschreden. (8) Met het oog op een controle op de hoeveelheden stro die in aanmerking komen voor verwerkingssteun in het kader van Verordening (EG) nr. /. moet een verband worden gelegd tussen deze productie en het areaal waarvan ze afkomstig is. Bijgevolg moeten de telers contracten sluiten voor de verkoop van het stro aan erkende verwerkers die bepaalde garanties bieden, (1) PB L 146 van 4. 7. 1970, blz. 1. (2) PB L 160 van 26. 6. 1999, blz. 1. (3) Zie blz. van hetzelfde PB. C 56 E/18 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29. 2. 2000 HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Verordening (EG) nr. 1251/1999 wordt als volgt gewijzigd: 1. Artikel 4, lid 2, wordt vervangen door de volgende tekst: (cid:132)2. De in lid 1 bedoelde berekening wordt gemaakt met behulp van de gemiddelde graanopbrengst. Wanneer ma(cid:239)s echter apart wordt behandeld, wordt de (cid:132)ma(cid:239)s(cid:148)-opbrengst gebruikt voor ma(cid:239)s en de opbrengst van (cid:132)andere graansoor- ten dan ma(cid:239)s(cid:148) voor graansoorten, oliehoudende zaden, voor lijnzaad en voor vezelvlas en -hennep. (cid:148) 2. In artikel 4, lid 3, eerste alinea, wordt (cid:132)voor lijnzaad(cid:148) ver- vangen door (cid:132)voor lijnzaad en voor vezelvlas en -hennep(cid:148). 3. Het volgende artikel 5 bis wordt toegevoegd: (cid:132)Artikel 5 bis i) de bepalingen betreffende de in artikel 5 bis, lid 3, bedoelde verkoopcontracten met erkende eer- ste verwerkers, ii) de specifieke controlemaatregelen en de metho- den die moeten worden gebruikt om het gehalte aan tetrahydrocannabinol te bepalen. (cid:148); b) in de tweede alinea wordt het eerste streepje vervangen door de volgende tekst: (cid:132)(cid:151) ofwel de toekenning van de betalingen afhankelijk stellen van het gebruik van: i) specifiek zaad, ii) gecertificeerd zaad in het geval van durumtarwe of van vezelvlas en -hennep, iii) bepaalde rassen in het geval van oliehoudende zaden, van durumtarwe, van lijnzaad en van vezelvlas en -hennep, Voor vezelvlas wordt de areaalbetaling slechts uit- 1. gekeerd indien een verkoopcontract voor het stro is gesloten met erkende eerste verwerkers. (cid:151) ofwel bepalen dat de lidstaten de toekenning van de betalingen van dergelijke voorwaarden afhankelijk kunnen stellen,(cid:148). Voor vezelhennep wordt de areaalbetaling slechts uit- 2. gekeerd indien: 5. In bijlage I wordt punt IV vervangen door de volgende punten IV en V: (cid:151) rassen worden verbouwd waarvan het gehalte aan tetra- hydrocannabinol maximaal 0,2 % bedraagt. Voor het verkoopseizoen 2000/2001 wordt dit maximum echter op 0,3 % vastgesteld. (cid:151) met erkende eerste verwerkers contracten zijn gesloten voor de verkoop van de hele productie, voor andere doeleinden dan menselijke consumptie, 3. De lidstaten stellen voor elk productiegebied een zo- danige maximumoppervlakte vast die in aanmerking kan komen voor areaalbetalingen voor vezelhennep, dat zij voor ten minste 30 % van de oppervlakten waarvoor een betalingsaanvraag wordt ingediend het gehalte aan tetra- hydrocannabinol kunnen controleren. Ten einde te garande- ren dat de vastgestelde maximumoppervlakten niet worden overschreden, voeren de lidstaten een systeem van voor- afgaande vergunningen voor de hennepteelt in waarmee de inzaai in het kader van de onderhavige regeling tot deze oppervlakten wordt beperkt. (cid:148) GN-code Omschrijving IV. VLAS ex 1204 00 Lijnzaad (Linum usitatissimum L. ) ex 5301 10 00 Vezelvlas, ruw of geroot (Linum usitatissi- mum L. ) V. HENNEP ex 5302 10 00 Vezelhennep, ruw of geroot (Cannabis sa- tiva L. ) Artikel 2 Overeenkomstig artikel 3, lid 6, derde alinea, van Verordening (EG) nr. 1251/1999 dienen de lidstaten bij de Commissie uiter- lijk op 1 mei 2000 de eventuele herziening van de regioplan- nen in, met daarin de gegevens betreffende vezelvlas en -hen- nep. 4. Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: Artikel 3 a) in de eerste alinea wordt na het zesde streepje de vol- gende tekst ingevoegd: (cid:132)(cid:151) de bepalingen betreffende de in artikel 5 bis, lid 1, bedoelde contracten met erkende eerste verwerkers voor de verkoop van vezelvlas, (cid:151) voor vezelhennep: Deze verordening treedt in werking op de zevende dag na die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. is van toepassing met Zij 2000/2001. ingang van het verkoopseizoen Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat


title: Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la république de Malte modifiant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte

eurovoc_concepts:
Malta
association agreement (EU)
import
liberalisation of trade
textile product

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text: COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES Bruxelles, le 10. 11. 1999 COM(1999) 572 final 1999/0234 (ACC) Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte modifiant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte (présentée par la Commission) EXPOSÉ DES MOTIFS La proposition ci-jointe vise à modifier l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, signé le 5 décembre 1970 et entré en vigueur le 1er avril 1971, par la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte. Cet échange de lettres a pour objectif de supprimer les plafonds tarifaires appliqués aux produits textiles visés par l'article 2 de l'annexe I de l'accord d'association, modifié par l'article 5 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la CEE et Malte, signé le 27 octobre 1977. Nonobstant les plafonds prévus par l'article 2 de l'annexe I de l'accord d'association, d'un commun accord entre les parties contractantes, jusqu'au 31 décembre 1997, les exportations vers la CE de produits textiles maltais relevant de la catégorie 6 ont été admises dans l'UE en franchise de droits de douane jusqu'à concurrence de certains niveaux de contingents représentant une libéralisation accrue des importations de produits textiles en provenance de Malte par rapport aux dispositions de l'accord d'association. L'arrangement sur ce point entre les parties a pris la forme d'un mémorandum d'accord paraphé le 29 novembre 1990 et prorogé jusqu'au 31 décembre 1997 par un procès-verbal d'accord entre la République de Malte et la Communauté européenne sur le commerce des produits textiles1. Dans le cadre de l'achèvement de la première étape de l'accord d'association et des efforts de libéralisation déployés par la Communauté à l'égard des pays méditerranéens, et compte tenu du niveau actuel et de l'évolution de l'accès des produits textiles maltais à la CE, les parties contractantes ont exprimé l'intention de parvenir à la libéralisation complète des importations de produits textiles en provenance de Malte à partir du 31 décembre 1997. Afin de veiller à ce que la volonté de libéralisation exprimée par les parties soit reflétée dans les dispositions de l'accord d'association, il conviendrait donc de modifier le texte de ce dernier. Sont donc joints à la présente communication : – – 1 une proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte modifiant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte et un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte modifiant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte. JO L 231 du 22. 8. 1997, p. 6. 2 Proposition de DÉCISION DU CONSEIL relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte modifiant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec son article 300, paragraphe 2, première phrase, vu la proposition de la Commission, (1) (2) (3) (4) 2 3 Considérant que l'article 2 de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte2 prévoit des plafonds tarifaires applicables aux importations de produits textiles originaires de Malte; Considérant que, conformément au procès-verbal d'accord entre la République de Malte et la Communauté européenne sur le commerce des produits textiles signé le 4 juin 19973, les produits textiles relevant de la catégorie 6 ont été importés dans la Communauté européenne jusqu'au 31 décembre 1997 en franchise de droits de douane jusqu'à concurrence de certains niveaux de contingents qui représentaient une libéralisation accrue des importations originaires de Malte par rapport aux plafonds tarifaires fixés dans l'accord d'association; Considérant que, dans le cadre de l'achèvement de la première étape de l'accord d'association et des efforts de libéralisation déployés par la Communauté à l'égard des pays méditerranéens, et compte tenu du niveau actuel et de l'évolution de l'accès des produits textiles maltais à la CE, il convient de parvenir à une libéralisation complète des importations de produits textiles en provenance de Malte; Considérant dès lors qu'il convient d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres supprimant les plafonds tarifaires fixés par l'article 2 de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, JO L 61 du 14. 3. 1971, p. 2. Accord complété par le protocole additionel (JO L 304 du 29. 11. 1977, p. 2), le protocole complémentaire (JO L 81 du 23. 3. 1989, p. 2) et le protocole prorogeant la première étape de l'accord (JO L 116 du 9. 5. 1991, p. 67). JO L 231 du 22. 8. 1997, p. 6. 3 DÉCIDE: Article premier L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte modifiant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte est approuvé au nom de la Communauté européenne. Le texte de l'accord est joint à la présente décision. Article 2 Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer l'accord sous forme d'échange de lettres afin de lier la Communauté. Fait à Bruxelles, le Par le Conseil Le président 4 ACCORD sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Malte modifiant l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte A. Lettre de la Communauté Monsieur, J'ai l'honneur de me référer au régime commercial relatif à l'importation de produits textiles originaires de Malte dans la Communauté européenne fixé par l'article 2 de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, modifié par l'article 5 du protocole additionnel dudit accord signé le 27 octobre 1977. Afin de parvenir à la libéralisation complète des importations de produits textiles en provenance de Malte dans le cadre de l'achèvement de la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte et des efforts de libéralisation déployés par la Communauté à l'égard des pays méditerranéens, il a été convenu que les plafonds tarifaires fixés par l'article 2 de l'annexe I dudit accord seront supprimés. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer gouvernement sur ce qui précède. l'accord de votre Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le Conseil de l'Union européenne 5 B. Lettre de Malte Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit : "J'ai l'honneur de me référer au régime commercial relatif à l'importation de produits textiles originaires de Malte dans la Communauté européenne fixé par l'article 2 de l'annexe I de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte, modifié par l'article 5 du protocole additionnel dudit accord signé le 27 octobre 1977. Afin de parvenir à la libéralisation complète des importations de produits textiles en provenance de Malte dans le cadre de l'achèvement de la première étape de l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et Malte et des efforts de libéralisation déployés par la Communauté à l'égard des pays méditerranéens, il a été convenu que les plafonds tarifaires fixés par l'article 2 de l'annexe I dudit accord seront supprimés. Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer gouvernement sur ce qui précède. " l'accord de votre J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. 6


title: Commission Opinion of 10 November 1999 concerning the plan for the disposal of radioactive waste from the decommissioning of the Kahl Experimental Nuclear Power Station located in Bavaria in the Federal Republic of Germany in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty

eurovoc_concepts:
Bavaria
decommissioning of power stations
public health
radiation protection
radioactive effluent

text: C 339/6 EN Official Journal of the European Communities 26. 11. 1999 COMMISSION OPINION of 10 November 1999 concerning the plan for the disposal of radioactive waste from the decommissioning of the Kahl Experimental Nuclear Power Station located in Bavaria in the Federal Republic of Germany in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty (1999/C 339/03) (Only the German text is authentic) On 5 May 1999, the European Commission received from the Government of the Federal Republic of Germany, in accordance with Article 37 of the Euratom Treaty, general data relating to the plan for the disposal of radioactive waste from the decommissioning of the Kahl Experimental Nuclear Power Station located in Bavaria. On the basis of these data and clarifications subsequently provided by the German Government, and following consultation with the group of experts, the Commission has drawn up the following opinion. (a) The distance between the plant and the closest Member State border (with France) is 140 km. (b) Under normal operating conditions, the discharges of liquid and gaseous effluents will not cause an exposure of the population in other Member States significant from the point of view of health. (c) Solid radioactive waste arising from the dismantling operations will be stored or disposed of in licensed sites in Germany; non-radioactive solid waste or residual materials and materials which are released from regulatory control subject to compliance with clearance levels will be released for disposal as conventional waste or for reuse or recycling, in all cases complying with the criteria laid down in the Basic Safety Standards (Directive 96/29/Euratom). (d) In the event of unplanned discharges of radioactive waste which may follow an accident of the type and magnitude considered in the general data, the doses liable to be received by the population in other Member States would not be significant from the point of view of health. In conclusion, the Commission is of the opinion that the implementation of the plan for the disposal of radioactive waste from the decommissioning of the Kahl Experimental Nuclear Power Station, both in normal operation and in the event of an accident of the type and magnitude considered in the general data, is not liable to result in the radioactive contamination, significant from the point of view of health, of the water, soil or airspace of another Member State. Summary of Community Decisions on marketing authorisations in respect of medicinal products from 15 October 1999 to 15 November 1999 (Published pursuant to Article 12 or Article 34 of Council Regulation (EEC) No 2309/93 (1)) (1999/C 339/04) (cid:151) Issuing of a marketing authorisation (Article 12 of Council Regulation (EEC) No 2309/93) Accepted Date of the decision Name of the medicinal product Holder of the marketing authorisation Number of the entry in the Community Register Date of notification 26. 10. 1999 Mirapexin Pharmacia & Upjohn 52, route d’Esch L-1470 Luxembourg EU/1/99/051/011-012 27. 10. 1999 (1) OJ L 214, 24. 8. 1993, p. 1