title: El Defensor del Pueblo Europeo - Informe anual 1998

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text: 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/1 I (Comunicaciones) EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO INFORME ANUAL 1998 (1999/C 300/01) Estrasburgo, febrero de 1999 SE(cid:209)OR JOS(cid:201) MAR˝A GIL-ROBLES GIL-DELGADO Presidente Parlamento Europeo rue Wiertz B-1047 Bruselas Seæor Presidente: De conformidad con el apartado 1 del art(cid:237)culo 138 E del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y el apartado 8 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n del Parlamento Europeo sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones, le adjunto mi Informe relativo al aæo 1998. Jacob S(cid:214)DERMAN Defensor del Pueblo Europeo C 300/2 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 ˝NDICE PÆgina 1. PR(cid:211)LOGO. 6 2. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO. 10 2. 1. Fundamento jur(cid:237)dico de la actuaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo. 10 2. 2. `mbito de competencias del Defensor del Pueblo. 10 2. 2. 1. «Mala administraci(cid:243)n». 12 2. 2. 2. C(cid:243)digo de buena conducta administrativa. 12 2. 3. Libre circulaci(cid:243)n y Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo. 13 2. 4. Admisibilidad de las reclamaciones. 15 2. 5. Razones para llevar a cabo una investigaci(cid:243)n. 15 2. 6. AnÆlisis de las reclamaciones. 16 2. 7. Casos en los que se aconsej(cid:243) al demandante que recurriera a otros (cid:243)rganos, as(cid:237) como remisiones 16 2. 8. Decisiones tomadas a ra(cid:237)z de una investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo. 16 2. 9. Casos relacionados con la falta de contestaci(cid:243)n a la correspondencia. 17 2. 10. Cuestiones relativas al acceso a documentos. 18 2. 10. 1. Reclamaciones por denegaci(cid:243)n del acceso a documentos. 18 2. 10. 2. Procedimiento equitativo en las investigaciones del Defensor del Pueblo. 18 2. 10. 3. Poder del Defensor del Pueblo para inspeccionar expedientes. 19 3. DECISIONES TOMADAS TRAS UNA INVESTIGACI(cid:211)N. 20 3. 1. Casos en los que no se ha constatado mala administraci(cid:243)n. 20 3. 1. 1. Parlamento Europeo. 20 Reembolso de gastos mØdicos. 20 Normas para acogerse al plan de pensiones del Parlamento Europeo. 21 3. 1. 2. Consejo de la Uni(cid:243)n Europea. 24 Inspecci(cid:243)n para comprobar las razones de una denegaci(cid:243)n de acceso a documentos. 24 3. 1. 3. Comisi(cid:243)n Europea. 27 Reglas sobre competencia: respuesta a unas observaciones y Æmbito competencial del Defensor del Pueblo. 27 Salarios de los comisarios: petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n. 28 Impuestos daneses sobre coches de ocasi(cid:243)n importados. 29 Procedimientos de licitaci(cid:243)n para el suministro de servicios tØcnicos a la Comisi(cid:243)n. 33 Supuesta infracci(cid:243)n de las normas sobre competencia. 35 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/3 Selecci(cid:243)n de becarios para per(cid:237)odos de prÆcticas. 40 Fraude en el Fondo Social Europeo: presunta falta de actuaci(cid:243)n de la UCLAF. 41 Procedimiento de licitaci(cid:243)n. 44 Apoyo financiero a los agentes de aduanas espaæoles tras la entrada en vigor del mercado interior. 45 Subvenci(cid:243)n del Estado alemÆn a las energ(cid:237)as renovables. 47 Plazo de presentaci(cid:243)n de propuestas para una licitaci(cid:243)n. 49 Protecci(cid:243)n contra los incendios forestales: interpretaci(cid:243)n del Reglamento (CEE) n o 3529/86. 50 Cancelaci(cid:243)n de asistencia financiera a un proyecto. 51 Aranceles aplicables a la carne de ciervo. 52 Decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de no iniciar un procedimiento de infracci(cid:243)n de conformidad con el art(cid:237)culo 169 del Tratado CE. Denegaci(cid:243)n de env(cid:237)o de una cuesti(cid:243)n prejudicial por parte de un tribunal nacional: decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de no estudiar una reclamaci(cid:243)n. 53 54 Aceptaci(cid:243)n rec(cid:237)proca de licencias de aviaci(cid:243)n civil. 55 Precio de las publicaciones de la Comisi(cid:243)n. 56 Beca de la Comisi(cid:243)n: contribuciones a la seguridad social. 57 Contrataci(cid:243)n fallida de un experto. 58 Lista de reserva para contrataci(cid:243)n. 59 Supuesta discriminaci(cid:243)n en una licitaci(cid:243)n. 60 Art(cid:237)culo 169 del Tratado CE: falta de motivaci(cid:243)n y exclusi(cid:243)n del demandante de una reuni(cid:243)n. 61 Transferencia de los derechos de pensi(cid:243)n. 65 Directiva sobre las vacaciones combinadas: supuesta tramitaci(cid:243)n incorrecta de una reclamaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n. 65 Procedimientos de contrataci(cid:243)n: decisi(cid:243)n de nombrar a otro candidato. 68 Supuesto fallo por no impedir la discriminaci(cid:243)n en el acceso al empleo pœblico. 70 3. 1. 4. Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 70 OPOCE: sistema de distribuci(cid:243)n y pol(cid:237)tica de precios. 70 3. 2. Asuntos cuyo estudio se archiv(cid:243) por otras razones. 72 3. 2. 1. Parlamento Europeo. 72 Sistema de dietas de los miembros del Parlamento Europeo. 72 3. 3. Asuntos resueltos por las instituciones. 74 3. 3. 1. Parlamento Europeo. 74 Contrataci(cid:243)n: resultados negativos en una revisi(cid:243)n mØdica. 74 No existencia de documentos contractuales en el idioma del licitador. 75 C 300/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 3. 3. 2. Comisi(cid:243)n Europea. 76 Subvenciones: aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario por parte de la Comisi(cid:243)n. 76 Supuesta falta de informaci(cid:243)n solicitada en conversaciones telef(cid:243)nicas. 78 Retraso de la Comisi(cid:243)n en el pago de su contribuci(cid:243)n a un proyecto. 79 Omisi(cid:243)n de mantener informado a un demandante sobre el curso de su reclamaci(cid:243)n. 80 3. 3. 3. Oficina de Armonizaci(cid:243)n del Mercado Interior. 82 Concurso para contrataci(cid:243)n de agentes temporales: no selecci(cid:243)n de un candidato. 82 3. 4. Soluciones amistosas propuestas por el Defensor del Pueblo. 83 3. 4. 1. Parlamento Europeo. 83 Gastos de viaje de una visita oficial realizada por un eurodiputado. 83 3. 4. 2. Comisi(cid:243)n Europea. 85 Acceso a los documentos de la Comisi(cid:243)n. 85 Concurso para cubrir un puesto de gestor financiero en el programa Phare. 86 No renovaci(cid:243)n de un contrato externo: supuesta falta de informaci(cid:243)n a su debido tiempo. 87 3. 5. Asuntos cuyo estudio se archiv(cid:243) con un comentario cr(cid:237)tico del Defensor del Pueblo. 89 3. 5. 1. Parlamento Europeo. 89 Personal: reconocimiento de una enfermedad laboral. 89 Concurso: omisi(cid:243)n de facilitar informaci(cid:243)n precisa. 90 3. 5. 2. Consejo de la Uni(cid:243)n Europea. 92 Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo: significado de «solicitud reiterada» y «documentos volumino- sos». 92 Consejo: acceso pœblico a los documentos. 95 Denegaci(cid:243)n de acceso a documentos: razonamiento inadecuado. 98 Concurso general: falta de informaci(cid:243)n sobre posibles recursos. 100 Acceso a documentos. 103 3. 5. 3. Comisi(cid:243)n Europea. 105 Embalse de Itoiz: la Comisi(cid:243)n no justifica suficientemente la inexistencia de una infracci(cid:243)n. 105 Disputa sobre un contrato de investigaci(cid:243)n. 109 Ley de competencia: supuesta inactividad y falta de respuesta a la correspondencia. 114 Reconocimiento de t(cid:237)tulos de odontolog(cid:237)a de terceros pa(cid:237)ses. 117 Confidencialidad en la relaci(cid:243)n entre mØdico y paciente. 120 Exclusi(cid:243)n de un candidato. 121 Modificaci(cid:243)n de las becas de investigaci(cid:243)n. 123 Subvenci(cid:243)n para un festival cinematogrÆfico: razonamiento inadecuado. 126 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/5 Reconocimiento rec(cid:237)proco de licencias para pilotar helic(cid:243)pteros. 128 Falta de informaci(cid:243)n sobre el resultado de una reclamaci(cid:243)n. 130 Cambio en la pol(cid:237)tica de contrataci(cid:243)n. 132 Procedimientos de contrataci(cid:243)n. 134 Retraso en la contestaci(cid:243)n de correspondencia. 136 3. 5. 4. Tribunal de Cuentas. 139 Reembolso de gastos a los participantes en un concurso. 139 3. 6. Proyectos de recomendaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo. 141 3. 6. 1. Consejo de la Uni(cid:243)n Europea. 141 Lista actualizada de las medidas adoptadas en el Æmbito de la justicia y de los asuntos de. interior. 141 3. 7. Investigaciones de oficio del Defensor del Pueblo. 143 3. 7. 1. Comisi(cid:243)n Europea. 143 Reclutamiento: aplicaci(cid:243)n de l(cid:237)mites de edad. 143 Derecho de pensi(cid:243)n de los agentes locales de la Comisi(cid:243)n. 147 4. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DE LA UNI(cid:211)N EUROPEA. 148 4. 1. El Parlamento Europeo y la Comisi(cid:243)n de peticiones. 148 4. 2. La Comisi(cid:243)n Europea. 148 5. RELACIONES CON DEFENSORES DEL PUEBLO NACIONALES Y (cid:211)RGANOS SIMILARES. 149 5. 1. La Red de coordinadores. 149 5. 2. Cooperaci(cid:243)n en la tramitaci(cid:243)n de reclamaciones. 149 5. 3. Cooperaci(cid:243)n con Defensores del Pueblo regionales y (cid:243)rganos similares. 150 6. RELACIONES P(cid:218)BLICAS. 150 6. 1. Actos destacados del aæo. 150 6. 2. Conferencias y reuniones. 151 6. 3. Otros actos. 155 6. 4. Relaciones con los medios de comunicaci(cid:243)n. 157 ANEXOS A. Estad(cid:237)sticas relativas al trabajo del Defensor del Pueblo durante el per(cid:237)odo del 1 de enero al 31 diciembre de 1998. 159 B. Presupuesto del Defensor del Pueblo. 163 C. Colaboradores. 165 C 300/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 1. PR(cid:211)LOGO El establecimiento de la instituci(cid:243)n del Defensor del Pueblo Europeo constituy(cid:243) uno de los mayores logros del Tratado de Maastricht en relaci(cid:243)n con la ciudadan(cid:237)a de la Uni(cid:243)n. La posibilidad de dirigirse al Defensor del Pueblo es uno de los derechos que confiere dicha ciudadan(cid:237)a, y garantiza el Derecho comunitario. En mi primer Informe anual de 1995, anunciØ que en el Informe anual de 1998 propondr(cid:237)a posibles reformas y cambios en el Æmbito de las competencias, poderes y procedimientos del Defensor del Pueblo, a la luz de la experiencia adquirida desde el comienzo de los trabajos de la instituci(cid:243)n, en septiembre de 1995. En cumplimiento de aquel compromiso, he dedicado gran parte de este pr(cid:243)logo a este tema. Mi prop(cid:243)sito es evaluar lo que resta por hacer para que el Defensor del Pueblo pueda servir a los ciudadanos europeos con la mayor eficacia posible. Me gustar(cid:237)a informar a los lectores, en primer lugar, que este Informe anual tiene la misma estructura que los de los dos ejercicios anteriores, correspondientes a los aæos 1996 y 1997. La selecci(cid:243)n de los asuntos presentados en el Informe, no obstante, ha cambiado significativamente. Los Informes anuales anteriores inclu(cid:237)an todos los asuntos que hab(cid:237)an sido archivados tras una investigaci(cid:243)n. Esta prÆctica result(cid:243) œtil durante los primeros aæos de la instituci(cid:243)n para dar una imagen completa del trabajo del Defensor del Pueblo. Dado que el nœmero de asuntos es cada vez mayor, no resulta conveniente, desde el punto de vista de las necesidades de los ciudadanos, incluir todos los casos, pues muchos de ellos plantean cuestiones anteriores, y en realidad no cuentan con un interØs pœblico significativo. En consecuencia, en el presente Informe he adoptado una prÆctica corriente para los Defensores del Pueblo nacionales de realizar una selecci(cid:243)n de asuntos, con el prop(cid:243)sito que la extensi(cid:243)n del Informe se mantenga dentro de unos l(cid:237)mites razonables, y para garantizar as(cid:237) su claridad y su fÆcil lectura. Por supuesto, se han incluido todos los asuntos que plantean cuestiones de principio significativas, as(cid:237) como los que inciden sobre nuevos temas sobre la competencia o los procedimientos del Defensor del Pueblo, as(cid:237) como tambiØn los que incluyen decisiones de interØs general. Para quienes deseen consultar todos los asuntos archivados tras una investigaci(cid:243)n, desde julio de 1998, nuestra pÆgina en Internet con- tiene esta informaci(cid:243)n de forma clara y completa, habiØndose incluido todas las decisiones en inglØs as(cid:237) como en el idioma del demandante. Asimismo, puede solicitarse una copia impresa de cualquier decisi(cid:243)n a la Secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo. RESULTADOS En su evaluaci(cid:243)n del Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente al aæo 1997, el Parlamento Europeo formul(cid:243) algunas cr(cid:237)ticas relativas al reducido porcentaje de asuntos en los que la instituci(cid:243)n hab(cid:237)a conseguido resultados positivos. Se llegaba a esa opini(cid:243)n tomando como punto de referencia todas las reclamaciones recibidas, incluidas las que quedaban fuera del Æmbito de competencias de la instituci(cid:243)n. No creo que esta forma de evaluar los resultados de las actividades de un Defensor del Pueblo sea justa. Cuando la reclamaci(cid:243)n queda fuera del Æmbito de competencias dif(cid:237)cilmente puede llevarse a cabo cual- quier acci(cid:243)n al respecto, salvo aconsejar al demandante o transferir la reclamaci(cid:243)n al (cid:243)rgano competente. Y eso lo conseguimos en casi el 80 % de dichos asuntos. En el curso de este aæo 1998, el Defensor del Pueblo tramit(cid:243) un total de 1 617 asuntos, de los que 1 372 proced(cid:237)an de nuevas reclamaciones recibidas durante el aæo. Se inici(cid:243) en este per(cid:237)odo una investigaci(cid:243)n de oficio, archivÆndose 185 investigaciones por medio de una decisi(cid:243)n. En el 45 % de estos asuntos, la institu- ci(cid:243)n resolvi(cid:243) la cuesti(cid:243)n, o se consigui(cid:243) una soluci(cid:243)n amistosa, o bien se archiv(cid:243) el asunto con un comen- tario cr(cid:237)tico. Los porcentajes correspondientes a 1997 y 1996 fueron el 40 % y el 35 %, respectivamente. Durante 1998, no se detect(cid:243) mala administraci(cid:243)n en el 52 % de los asuntos. Una decisi(cid:243)n en la que no se constata mala administraci(cid:243)n no siempre resulta negativa para el ciudadano. El proceso de investigaci(cid:243)n exige que la instituci(cid:243)n explique al demandante sus actuaciones y las razones de las mismas. En algunos casos, incluso, la explicaci(cid:243)n dada por la instituci(cid:243)n fue suficiente como para convencer al demandante de la correcci(cid:243)n de la actuaci(cid:243)n. El Defensor del Pueblo debe mantener una estricta vigilancia de los resultados prÆcticos de sus investiga- ciones para el ciudadano. Aœn queda mucho por hacer en ese Æmbito, pero no debemos olvidar que se ha producido una mejora continua tanto en el nœmero de asuntos tramitados como en los resultados de esos asuntos. Nuestra principal meta deber(cid:237)a ser acortar en el aæo pr(cid:243)ximo el tiempo de tramitaci(cid:243)n de las reclamaciones. Si bien aœn no se ha alcanzado completamente el objetivo de decidir sobre la admisibilidad de los asuntos en un per(cid:237)odo mÆximo de un mes, ni el de un aæo para proceder al archivo de un asunto 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/7 tras la correspondiente investigaci(cid:243)n, estos plazos deber(cid:237)an convertirse en realidad durante los pr(cid:243)ximos aæos. A menudo se pueden alcanzar resultados positivos mediante una investigaci(cid:243)n por iniciativa propia del Defensor del Pueblo. La tramitaci(cid:243)n diaria de las reclamaciones de los ciudadanos puede dirigir la atenci(cid:243)n del Defensor del Pueblo hacia problemas concretos o temas recurrentes. En tales casos, una iniciativa del Defensor del Pueblo puede resultar necesaria para hacer frente a la cuesti(cid:243)n. En noviembre de 1998 iniciØ una investigaci(cid:243)n de oficio para determinar si los (cid:243)rganos e instituciones de la Comunidad contaban con un C(cid:243)digo de buena conducta administrativa en las relaciones de los funcionarios con el pœblico, y si dicho C(cid:243)digo era accesible al pœblico. La idea ha recibido el firme apoyo del Parlamento Europeo, donde el Sr. Roy Perry, miembro del Parla- mento Europeo ponente del Informe de la Comisi(cid:243)n de peticiones sobre las actividades de esta Comisi(cid:243)n en 1996-1997, hizo un llamamiento para que todos los (cid:243)rganos e instituciones de la Comunidad estable- cieran c(cid:243)digos de buena conducta administrativa. El Parlamento subray(cid:243) «la importancia que dicho C(cid:243)digo sea, por motivos de accesibilidad y de comprensi(cid:243)n del pœblico, lo mÆs similar posible para todas las ins- tituciones y (cid:243)rganos europeos». Se pueden encontrar mÆs detalles sobre esta investigaci(cid:243)n de oficio en el cap(cid:237)tulo 2 del presente Informe (punto 2. 2. 2). Espero que en un pr(cid:243)ximo Informe anual pueda anunciar los resultados positivos de esta iniciativa. LIBRE CIRCULACI(cid:211)N En la inicial propuesta espaæola para la creaci(cid:243)n de la instituci(cid:243)n del Defensor del Pueblo Europeo, la idea era que la instituci(cid:243)n supervisara los derechos que los ciudadanos europeos disfrutan en virtud del Dere- cho comunitario. Tal actividad podr(cid:237)a haberse llevado a cabo en todos los Æmbitos de la Uni(cid:243)n Europea, incluso en el desarrollo de actividades a nivel nacional, regional o municipal. El elevado nœmero de recla- maciones que quedan fuera del Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo, que aœn se mantiene cer- cano al 70 % del total recibido, indica que los ciudadanos europeos no comprenden la limitaci(cid:243)n del marco de competencias del Defensor del Pueblo Europeo por la que la tarea de la instituci(cid:243)n se circuns- cribe œnicamente a las actividades de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios. Un anÆlisis de las reclamaciones que quedan fuera del Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo pero que afectan a la legislaci(cid:243)n comunitaria, realizado por el Sr. JosØ Mart(cid:237)nez Arag(cid:243)n, Jurista principal en mi Secretar(cid:237)a, y presentado en el cap(cid:237)tulo 2 del presente Informe anual, ha puesto de relieve que muchas de dichas reclamaciones se refieren al derecho de libre circulaci(cid:243)n dentro de la Uni(cid:243)n. La libre cir- culaci(cid:243)n es uno de los derechos de la ciudadan(cid:237)a de la Uni(cid:243)n y estÆ garantizado por el art(cid:237)culo 8 A del Tratado. ¿No convendr(cid:237)a que el Defensor del Pueblo pudiera ayudar a los ciudadanos europeos para que se beneficiaran de este derecho fundamental que se les ha conferido? Yo considero correcto creer en el principio de subsidiariedad, y en esa l(cid:237)nea, promover la idea que los defensores del pueblo nacionales y (cid:243)rganos similares deben contar con el apoyo y la asistencia necesaria para tramitar las reclamaciones de los ciudadanos europeos relativas a la legislaci(cid:243)n comunitaria. Esta prÆctica se harÆ aœn mÆs relevante cuando entre en vigor el Tratado de Amsterdam, en el que las cuestio- nes de visados, asilo y derechos de los extranjeros, (cid:151)temas clÆsicos de reclamaci(cid:243)n a los defensores del pueblo nacionales y (cid:243)rganos similares en el Æmbito nacional(cid:151), quedan incluidas en el Æmbito de la legisla- ci(cid:243)n comunitaria. TambiØn deber(cid:237)a divulgarse mÆs el derecho de petici(cid:243)n al Parlamento Europeo, especial- mente en cuestiones de principio o en aquØllas con mÆs significaci(cid:243)n pol(cid:237)tica. Dado que nuestra cooperaci(cid:243)n con los (cid:243)rganos nacionales y regionales se ha desarrollado de una forma muy positiva, no pretendo proponer ahora cambio alguno relativo al Æmbito de competencias del Defen- sor del Pueblo Europeo tal y como se establece en el Tratado, sino que me comprometo a incrementar mis esfuerzos en ese sentido. Lo que realmente podr(cid:237)a ayudar al ciudadano ser(cid:237)a que el Tratado mencionase claramente todas las v(cid:237)as de recurso que se han venido desarrollando a la luz del Derecho comunitario, con lo que los ciudadanos europeos estar(cid:237)an as(cid:237) mejor informados de sus derechos, en particular aquellos relativos a la libre circula- ci(cid:243)n. En una sociedad regida por el imperio de la ley, los tribunales constituyen el principal medio para defender este sistema. Sin embargo, en este momento no existen disposiciones para informar a los ciuda- C 300/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 danos del papel vital que desempeæan los tribunales nacionales a la hora de garantizar el respeto del Dere- cho comunitario. En el Tratado tambiØn se deber(cid:237)a mencionar el derecho a presentar una reclamaci(cid:243)n a los defensores del pueblo nacionales y peticiones a los parlamentos en los casos en que exista un conflicto con la administraci(cid:243)n y que guarden relaci(cid:243)n con la legislaci(cid:243)n comunitaria. Todos los Estados miembros deber(cid:237)an venir obligados a garantizar que su sistema jur(cid:237)dico incluya un (cid:243)rgano no judicial, eficaz y ade- cuado, al que los ciudadanos puedan apelar en las situaciones anteriores. Me gustar(cid:237)a seæalar, igualmente, que el Tratado deber(cid:237)a incluir el derecho de los ciudadanos europeos a presentar quejas a la Comisi(cid:243)n Europea sobre posibles infracciones a la legislaci(cid:243)n comunitaria por parte de los Estados miembros. (cid:201)sta parece ser la œnica forma de garantizar que los ciudadanos sean considera- dos como una parte en este proceso, asegurando tambiØn que sus quejas se tramitan de una forma correcta y transparente en el futuro. NECESIDAD DE MODIFICAR EL ESTATUTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO El Parlamento Europeo ha tomado la iniciativa de modificar el Reglamento financiero con el fin de estable- cer un presupuesto independiente para el Defensor del Pueblo Europeo. Esta iniciativa serÆ bien acogida si la instituci(cid:243)n dispone del tiempo necesario para adaptarse a la nueva situaci(cid:243)n, de manera que la tramita- ci(cid:243)n de las reclamaciones no se vea obstaculizada. Ser(cid:237)a realista, en este sentido, que el presupuesto inde- pendiente se aplicara a partir del aæo 2001. Este calendario tambiØn permitir(cid:237)a realizar las necesarias enmiendas al Estatuto del Defensor del Pueblo. Otro tema relacionado con el Estatuto presenta una importancia mÆs significativa. Afecta a las restriccio- nes que el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 establece para las investigaciones. Segœn dicho art(cid:237)culo, se puede denegar el acceso a un expediente por «razones de secreto o de confidencialidad debidamente justificadas», y cuando los funcionarios y otros agentes de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios testifiquen a petici(cid:243)n del Defensor del Pueblo «se expresarÆn en nombre de la administraci(cid:243)n de la que dependan y conforme a las instrucciones de Østa y tendrÆn la obligaci(cid:243)n de mantener el secreto profesional». Considero que estas restricciones son innecesarias, e incluso inapropiadas. Tras las idea de una investiga- ci(cid:243)n del Defensor del Pueblo, los ciudadanos conf(cid:237)an que Øste tenga acceso a todos los hechos y documen- tos relevantes, aun cuando la informaci(cid:243)n no pueda hacerse completamente pœblica por estar clasificada. Los ciudadanos deber(cid:237)an tener la seguridad que las investigaciones del Defensor del Pueblo no estÆn limita- das, y que Øste puede llevar a cabo todas las declaraciones e inspeccionar de expedientes que considere necesarias. Las restricciones establecidas para las audiciones a los testigos son inaceptables porque, si se toman literal- mente, podr(cid:237)an incluso obligar a un testigo a mentir (por ejemplo, para ocultar un caso de fraude) si as(cid:237) se ha ordenado por parte de sus superiores en la administraci(cid:243)n. Para realizar una investigaci(cid:243)n fiable, los testigos s(cid:243)lo deber(cid:237)an venir a decir la verdad y a revelar todos los hechos pertinentes durante la investiga- ci(cid:243)n. De hecho, el razonamiento que sustenta la actual disposici(cid:243)n del Estatuto resulta un obstÆculo para la correcta tramitaci(cid:243)n de los asuntos de corrupci(cid:243)n y fraude dentro de la administraci(cid:243)n europea. Si el objetivo es que las investigaciones del Defensor del Pueblo, ya sobre la base de las reclamaciones recibidas de los ciudadanos o de las iniciativas de oficio, deben de contribuir a luchar contra toda corrupci(cid:243)n y fraude en la administraci(cid:243)n, estas restricciones impropias deber(cid:237)an eliminarse. En la prÆctica, el Defensor del Pueblo aœn no ha recibido ninguna denegaci(cid:243)n de acceso a un expediente, aunque s(cid:237) han surgido discusiones y debates debido a las susodichas restricciones. No se ha iniciado hasta ahora el proceso para llamar a declarar. Con el fin de evitar dudas, convendr(cid:237)a que el Tratado estableciese con claridad que, en el ejercicio de sus investigaciones, el Defensor del Pueblo tiene acceso completo a los expedientes y documentos que obran en poder de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios, as(cid:237) como que los funcionarios llamados a declarar deben ofrecer un testimonio completo y verdadero. Naturalmente, deber(cid:237)a seguir en vigor el requisito establecido en el apartado 1 del art(cid:237)culo 4 del Estatuto, segœn el cual el Defensor del Pueblo y su personal no deben divulgar los documentos ni revelar la informaci(cid:243)n que obtie- nen en el curso de sus investigaciones. COOPERACI(cid:211)N POSITIVA Las normas del Parlamento Europeo relativas al Defensor del Pueblo Europeo se modificaron recientemen- te, estando casi actualizadas. No obstante ser(cid:237)a conveniente incluir en ellas una disposici(cid:243)n referente a la 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/9 forma en la que el Parlamento Europeo tomarÆ en consideraci(cid:243)n el Informe anual y los posibles informes especiales del Defensor del Pueblo, con el objeto de garantizar que estas responsabilidades se asignen a una comisi(cid:243)n responsable dentro del Parlamento. Dicha comisi(cid:243)n podr(cid:237)a pedir, cuando fuera apropiado, los dictÆmenes de expertos de otras comisiones, segœn el contenido del informe. Un proyecto de informe sobre este tema ha sido ya preparado, y probablemente el tema deber(cid:237)a quedar resuelto antes del fin de la actual legislatura, lo cual significar(cid:237)a que a la entrada en funciones del nuevo Parlamento en el segundo semestre de 1999, todos los procedimientos necesarios deber(cid:237)an haber quedado establecidos. Es posible que se lleguen a discutir otras normas relativas a la cooperaci(cid:243)n entre el Parlamento Europeo, su comisi(cid:243)n responsable y el Defensor del Pueblo, pero desde mi punto de vista ello no ser(cid:237)a preciso. La cooperaci(cid:243)n existente hasta la fecha ha demostrado la buena voluntad de ambas partes, habiendo ofrecido resultados muy positivos. Ciertamente, esta cooperaci(cid:243)n constructiva y flexible seguirÆ desarrollÆndose con mejores resultados incluso. Ni las mÆs detalladas y sofisticadas normas podr(cid:237)an sustituir con Øxito una acti- tud y un ambiente tan positivos. Para concluir, quisiera agradecer a todas las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios la actitud de cooperaci(cid:243)n y aportaci(cid:243)n que han mostrado hacia la instituci(cid:243)n del Defensor del Pueblo. Me gustar(cid:237)a hacer especial menci(cid:243)n a los intensos esfuerzos y el firme apoyo del Parlamento Europeo y de su comisi(cid:243)n responsable, la Comisi(cid:243)n de peticiones, en el establecimiento de la instituci(cid:243)n del Defensor del Pueblo Europeo, y en su ayuda a fin que la instituci(cid:243)n estuviera en condiciones de ayudar a los ciudadanos de Europa, fortaleciendo con ello las relaciones entre estos ciudadanos, la Uni(cid:243)n Europea y su administraci(cid:243)n. Jacob S(cid:214)DERMAN 31 de diciembre de 1998 C 300/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 2. RECLAMACIONES PRESENTADAS AL DEFENSOR DEL PUEBLO El cometido mÆs importante del Defensor del Pueblo Europeo es hacer frente a la mala administraci(cid:243)n en la actuaci(cid:243)n de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios, con la excepci(cid:243)n del Tri- bunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia, en el ejer- cicio de sus funciones jurisdiccionales. El Defensor del Pueblo conoce de los presuntos casos de mala administraci(cid:243)n funda- mentalmente a travØs de las reclamaciones presentadas por los ciudadanos europeos. Asimismo, el Defensor del Pueblo tiene la posibilidad de llevar a cabo investigaciones por iniciativa propia. Tanto los ciudadanos europeos como aquellos que no son ciu- dadanos de la Uni(cid:243)n pero que residen en uno de los Estados miembros, pueden presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo. Igualmente estÆn legitimadas para presentar reclama- ciones las empresas, asociaciones u otros organismos que dis- pongan de una oficina registrada en el territorio de la Uni(cid:243)n. Las reclamaciones pueden presentarse al Defensor del Pueblo directamente o a travØs de un diputado al Parlamento Europeo. El examen de las reclamaciones presentadas al Defensor del Pueblo tiene carÆcter pœblico, a menos que el demandante soli- cite su confidencialidad. Es importante que el Defensor del Pue- blo actœe con la mÆxima apertura y transparencia, dando ejem- plo a otros, y con el fin que los ciudadanos europeos puedan seguir y comprender su trabajo. En 1998, el Defensor del Pueblo se ocup(cid:243) de 1 617 asuntos. De ellos, 1 372 fueron nuevas reclamaciones recibidas en 1998; de Østas, 1 237 fueron enviadas por ciudadanos, 63 de asociaciones y 60 de empresas. Las reclamaciones transmitidas por diputados del Parlamento Europeo fueron 9. Desde el aæo 1997 ven(cid:237)an tramitÆndose 244 asuntos. El Defensor del Pueblo inici(cid:243), ademÆs, una investigaci(cid:243)n de oficio. Como se seæal(cid:243) por primera vez en el Informe anual del Defensor del Pueblo correspondiente a 1995, existe un acuerdo entre la Comisi(cid:243)n de peticiones y el Defensor del Pueblo sobre la mutua remisi(cid:243)n de reclamaciones y peticiones, cuando as(cid:237) procede. En 1998, fueron remitidas 3 peticiones al Defensor del Pueblo, previa conformidad de los peticionarios, para que fueran tramitadas como reclamaciones. Se remitieron al Parla- mento Europeo 10 reclamaciones, previo acuerdo de los demandantes, para su tramitaci(cid:243)n como peticiones. AdemÆs, en 80 asuntos el Defensor del Pueblo aconsej(cid:243) al demandante que presentara una petici(cid:243)n al Parlamento Europeo (vØase el anexo A, «Estad(cid:237)sticas»). 2. 1. FUNDAMENTO JUR˝DICO DE LA ACTUACI(cid:211)N DEL DEFENSOR DEL PUEBLO El Defensor del Pueblo desempeæa su trabajo de conformidad con el art(cid:237)culo 138 E del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con el Estatuto del Defensor del Pueblo (1) y con las reglas de aplicaci(cid:243)n adoptadas por el Defensor del Pueblo en virtud del art(cid:237)culo 14 del Estatuto. Dichas disposiciones estÆn publicadas en todos los idiomas oficiales, en la pÆgina de Inter- net del Defensor del Pueblo (http://www. euro-ombudsman. eu. int), pudiØndose tambiØn obtener directamente en la Secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo. Las reglas de aplicaci(cid:243)n afectan al funcionamiento interno de la Secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo. Sin embargo, al objeto de hacerlas comprensibles y œtiles a los ciudadanos, incluyen tam- biØn cierta informaci(cid:243)n relativa a otras instituciones y (cid:243)rganos que ya se recog(cid:237)a en el Estatuto del Defensor del Pueblo. El art(cid:237)culo 13 de las reglas de aplicaci(cid:243)n regula el acceso del pœblico a los documentos en poder del Defensor del Pueblo Europeo. El reglamento interno del Parlamento Europeo incluye una serie de disposiciones (art(cid:237)culos 159-161) sobre la relaci(cid:243)n del Parlamento con el Defensor del Pueblo Europeo. En julio de 1998, el Parlamento modific(cid:243) el art(cid:237)culo 161, a propuesta de su Comisi(cid:243)n de Reglamento (ponente: Sr. Brian Crowley) (2). Dicha Comisi(cid:243)n estÆ estudiando un borrador de informe que propone una nueva enmienda al art(cid:237)culo 161 (ponente: Sr. Johannes Voggenhuber). La enmienda planteada hace referencia a que el estudio del Informe anual y de los Informes especiales del Defensor del Pueblo corresponde a una sola comisi(cid:243)n (en la prÆctica, a la Comisi(cid:243)n de peticiones). 2. 2. `MBITO DE COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO enviÆndose Todas las reclamaciones enviadas al Defensor del Pueblo son registradas, inmediatamente despuØs acuse de recibo de las mismas. En Øste se informa al demandante del procedimiento de examen de su reclamaci(cid:243)n, mencionÆndose el nombre y el nœmero de telØfono del jurista responsable. El siguiente paso consiste en evaluar si la reclamaci(cid:243)n entra den- tro del Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo. (cid:201)ste viene delimitado por el art(cid:237)culo 138 E del Tratado CE, y faculta al Defensor del Pueblo para la tramitaci(cid:243)n de reclama- ciones de cualquier ciudadano de la Uni(cid:243)n o de cualquier per- sona f(cid:237)sica o jur(cid:237)dica que resida o tenga una sede registrada en un Estado miembro, en relaci(cid:243)n con casos de mala administra- ci(cid:243)n por parte de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios, con la excepci(cid:243)n del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. En consecuencia, una reclamaci(cid:243)n quedarÆ fuera de su Æmbito de competencias si: (1) Decisi(cid:243)n 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (DO L 113 de 4. 5. 1994, p. 15). (2) A4-0416/97 (DO C 292 de 21. 9. 1998, p. 116). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/11 1) el demandante no es una persona capacitada para presentar la reclamaci(cid:243)n, 2) la reclamaci(cid:243)n no se dirige contra una instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario, 3) la reclamaci(cid:243)n se dirige contra el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funcio- nes jurisdiccionales, o 4) la reclamaci(cid:243)n no se refiere a un presunto caso de mala administraci(cid:243)n. en el Centro hab(cid:237)a sido concluido. El demandante consideraba que no pod(cid:237)a confiar en el ComitØ de personal del CTA, por lo que deseaba que el Defensor del Pueblo le informase de las for- mas de recurso legal a su alcance. El Defensor del Pueblo consider(cid:243) que la reclamaci(cid:243)n quedaba fuera de su Æmbito de competencias, en tanto no se refer(cid:237)a a ninguna instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario (apartado 1 del art(cid:237)- culo 2 del Estatuto). De hecho, el CTA se hab(cid:237)a fundado en el marco de la Convenci(cid:243)n ACP-CE de LomØ (ACP: Estados de `frica, el Caribe y el Pac(cid:237)fico), quedando bajo la supervisi(cid:243)n del ComitØ de Embajadores ACP-CE (vØase el art(cid:237)culo 53 de la Cuarta Convenci(cid:243)n de LomØ). El Defensor del Pueblo inform(cid:243) de ello al Sr. D. ¿QuiØn tiene derecho a presentar una reclamaci(cid:243)n? (Asunto 218/98/OV) En abril de 1998, la «Asociaci(cid:243)n de personas con bienes ra(cid:237)ces nacionalizados», con sede en Rumania, present(cid:243) una reclama- ci(cid:243)n al Defensor del Pueblo. La reclamaci(cid:243)n hac(cid:237)a referencia a una la ley rumana relativa a la restituci(cid:243)n de bienes ra(cid:237)ces nacionalizados durante el rØgi- men comunista. En opini(cid:243)n del demandante, la ley legalizaba de forma extensa la nacionalizaci(cid:243)n, en violaci(cid:243)n de la Cons- tituci(cid:243)n Rumana y el Convenio Europeo para la Protecci(cid:243)n de los Derechos Humanos, ratificado por Rumania en 1994. El demandante ped(cid:237)a al Defensor del Pueblo que persuadiera a las autoridades rumanas que modificasen la legislaci(cid:243)n, con el fin que se procediera a una mÆs amplia restituci(cid:243)n de las propie- dades. El Defensor del Pueblo inform(cid:243) a la asociaci(cid:243)n demandante que la reclamaci(cid:243)n quedaba al margen de su Æmbito de compe- tencias, pues la sede de la asociaci(cid:243)n no estaba en un Estado miembro de la Uni(cid:243)n Europea. Puesto que el Consejo de Europa ya hab(cid:237)a adoptado una reso- luci(cid:243)n sobre la cuesti(cid:243)n a la que hac(cid:237)a referencia la reclama- ci(cid:243)n, y el demandante era consciente de ello, no se consider(cid:243) necesario informar al demandante de la posibilidad de ponerse en contacto con la Comisi(cid:243)n Europea para la Protecci(cid:243)n de los Derechos Humanos. Nota: En los asuntos en que una reclamaci(cid:243)n procede de un demandante no autorizado, el Defensor del Pueblo tiene la posibilidad de llevar a cabo una investigaci(cid:243)n de oficio. Sin embargo, en esta ocasi(cid:243)n no se pod(cid:237)a proceder de tal forma, pues la cuesti(cid:243)n no estaba relacionada con ningœn posible caso de mala administraci(cid:243)n en las actividades de ninguna institu- ci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario. (Asunto 398/98/HL) Ejemplo de reclamaci(cid:243)n no dirigida contra una instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario En febrero de 1998, el Sr. D. , empleado del Centro tØcnico para la cooperaci(cid:243)n agr(cid:237)cola y rural (CTA) present(cid:243) una recla- maci(cid:243)n al Defensor del Pueblo porque su contrato de trabajo ¿CuÆndo actœan el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Pri- mera funciones Instancia jurisdiccionales» ejercicio de «en el sus De conformidad con el a apartado 1 del art(cid:237)culo 138 E del Tra- tado CE, el Defensor del Pueblo Europeo estÆ autorizado a tra- mitar las reclamaciones referidas a casos de mala administra- ci(cid:243)n en la actuaci(cid:243)n de las instituciones y (cid:243)rganos comunita- rios, «con la excepci(cid:243)n del Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdicciona- les». En febrero de 1997, el Sr. Hartmut Nassauer, miembro del Par- lamento Europeo, transmiti(cid:243) al Defensor del Pueblo una recla- maci(cid:243)n del Sr. L. Segœn dicha reclamaci(cid:243)n, la Secretar(cid:237)a del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia hab(cid:237)a incurrido en un caso de mala administraci(cid:243)n al tramitar la peti- ci(cid:243)n del Sr. L. para acceder a los expedientes de los procedi- mientos que hab(cid:237)a iniciado ante dichos Tribunales. El Sr. L. afirmaba que los servicios de registro del Tribunal estaban haciendo uso de su capacidad administrativa y que, por lo tan- to, sus decisiones no correspond(cid:237)an a los Tribunales en el ejer- cicio de sus funciones jurisdiccionales. TambiØn sosten(cid:237)a que el acceso de los ciudadanos a sus expedientes en poder del Tribu- nal es un derecho fundamental, recogido en las constituciones nacionales y en el Convenio Europeo para la Protecci(cid:243)n de los Derechos Humanos. Por consiguiente, el violar este derecho infringe las constituciones de los Estados miembros, en particu- lar, el art(cid:237)culo 103 de la Constituci(cid:243)n alemana. El problema de si una reclamaci(cid:243)n de ese tipo afecta al Tribu- nal de Justicia y al Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales es una cuesti(cid:243)n de Derecho Comunitario, y el Tribunal de Justicia es la autoridad mÆxima en cuestiones relacionadas con las leyes comunitarias. En respuesta a las investigaciones del Defensor del Pueblo en el presente asunto, los Presidentes del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia indicaron que cuando tramitan solicitudes de acceso a expedientes, los Tribunales ejercen sus funciones jurisdiccionales. En consecuencia, el Defensor del Pueblo no deb(cid:237)a continuar investigando la posibilidad de mala administraci(cid:243)n en el presente caso. Por tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (Asunto 126/97/VK) C 300/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 2. 2. 1. «MALA ADMINISTRACI(cid:211)N» El Informe anual del Defensor del Pueblo de 1995 inclu(cid:237)a una lista incompleta de ejemplos de mala administraci(cid:243)n. En el Informe anual de 1997, y en respuesta a un llamamiento del Parlamento Europeo para que se incluyera una clara definici(cid:243)n de este tØrmino, el Defensor del Pueblo concluy(cid:243) que: Se produce mala administraci(cid:243)n cuando un organismo pœblico no obra de conformidad con las normas o principios a los que debe obligatoriamente atenerse. Al examinar el Informe anual de 1997, el Parlamento Europeo consider(cid:243) que esta definici(cid:243)n, junto con las demÆs explicacio- nes ofrecidas en el mismo, constituye una imagen clara de lo que corresponde a las tareas del Defensor del Pueblo. A pro- puesta del Sr. Newman en nombre de la Comisi(cid:243)n de peticio- nes (1), el Parlamento adopt(cid:243) una resoluci(cid:243)n aprobando la defi- nici(cid:243)n. A fin de aplicar la definici(cid:243)n anterior es necesario identificar las normas y principios de obligado cumplimiento, por lo que resultar(cid:237)a muy œtil la redacci(cid:243)n de un C(cid:243)digo de buena con- ducta administrativa. 2. 2. 2. C(cid:211)DIGO DE BUENA CONDUCTA ADMINISTRATIVA Un C(cid:243)digo de buena conducta administrativa podr(cid:237)a ser de gran utilidad para el personal de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios encargado de tramitar peticiones o reclamaciones de los ciudadanos. AdemÆs, si el pœblico pudiera acceder fÆcil- mente a dicho C(cid:243)digo (por ejemplo, en forma de decisi(cid:243)n publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas), los ciudadanos podr(cid:237)an informarse acerca de sus derechos y de las normas administrativas que se pueden aplicar. En los œltimos aæos, tanto los Estados miembros como las organizaciones internacionales han tendido a establecer c(cid:243)digos y listas de control sobre buena conducta administrativa. El Defensor del Pueblo ha mencionado, por ejemplo, la Recomen- daci(cid:243)n de 23 de abril de 1998 del Consejo de la OCDE para mejorar la conducta Øtica en la funci(cid:243)n pœblica. En 1993, el Instituto Internacional del Defensor del Pueblo public(cid:243) una Lista de control sobre equidad administrativa que result(cid:243) muy œtil. Respecto a la legislaci(cid:243)n de los Estados miembros, el Defensor del Pueblo llam(cid:243) la atenci(cid:243)n sobre un reciente pro- yecto de ley francØs referido a la mejora de las relaciones entre las administraciones y el pœblico (2), una lista de control sobre Øtica administrativa establecida por el Defensor del Pueblo irlandØs en 1996, y algunas leyes administrativas de derecho procesal (BØlgica, Dinamarca, Finlandia y Portugal). En cuanto a las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios, la œnica iniciativa de la que el Defensor del Pueblo tiene conocimiento es la de la Comisi(cid:243)n Europea. En diciembre de 1997, la Secre- tar(cid:237)a General de la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) al Defensor del Pueblo un primer borrador de un «C(cid:243)digo de conducta para los funciona- rios de la Comisi(cid:243)n Europea en sus relaciones con el pœblico». En enero de 1998, el Defensor del Pueblo envi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n sus comentarios sobre los contenidos y la forma de dicho borrador, aæadiendo ejemplos nacionales de c(cid:243)digos de buena conducta administrativa. De conformidad con el art(cid:237)culo C del Tratado de la Uni(cid:243)n Europea, los ciudadanos europeos tienen derecho a un enfoque coherente de la cuesti(cid:243)n, lo que implica que deber(cid:237)an evitarse diferencias arbitrarias entre las instituciones y (cid:243)rganos en lo que se refiere a la existencia de dichos c(cid:243)digos y a su accesibili- dad por parte del pœblico. Por esta raz(cid:243)n, el Defensor del Pueblo comenz(cid:243) una investiga- ci(cid:243)n de oficio en noviembre de 1998, para averiguar si las ins- tituciones y (cid:243)rganos comunitarios contaban con un C(cid:243)digo de buena conducta administrativa relativo a las relaciones de los funcionarios con el pœblico, y si el pœblico ten(cid:237)a acceso a dicho c(cid:243)digo. El Defensor del Pueblo solicit(cid:243) a los diferentes (cid:243)rganos, instituciones y organismos descentralizados que le comunica- ran si ya hab(cid:237)an adoptado, o estar(cid:237)an en condiciones de adop- tar, un C(cid:243)digo de buena conducta administrativa sobre las rela- ciones de sus funcionarios con el pœblico, al que los ciudada- nos pudieran acceder con facilidad. Respecto al contenido de tal C(cid:243)digo, el Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que podr(cid:237)a incluir normas generales sobre principios tanto de carÆcter sustantivo como procesal. Por lo que se refiere a los principios de orden sustantivo, el C(cid:243)digo podr(cid:237)a refe- rirse, por ejemplo, a la obligaci(cid:243)n de: (cid:151) aplicar la ley y las normas y procedimientos establecidos (principio de legalidad), (cid:151) evitar cualquier discriminaci(cid:243)n (principio de igualdad de trato), (cid:151) tomar medidas proporcionales al objetivo perseguido (prin- cipio de proporcionalidad), (cid:151) evitar el abuso de poder, (cid:151) asegurar la objetividad y la imparcialidad (incluida la abs- tenci(cid:243)n en casos de interØs personal), (cid:151) respetar la confianza leg(cid:237)tima (principio de seguridad jur(cid:237)di- ca), (1) A4-0258/98 (DO C 292 de 21. 9. 1998, p. 168). (2) Projet de loi relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, AssemblØe Nationale, 1997-1998, no 900. (cid:151) obrar con equidad, (cid:151) actuar coherentemente. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/13 En cuanto a los principios de carÆcter procesales, el C(cid:243)digo podr(cid:237)a incluir la obligaci(cid:243)n de: 2. 3. LIBRE CIRCULACI(cid:211)N Y `MBITO DE COMPETENCIAS DEL DEFENSOR DEL PUEBLO (cid:151) contestar a la correspondencia en el idioma del ciudadano (vØase art(cid:237)culo 8 D del Tratado CE, tal y como se establece en el Tratado de Amsterdam), (cid:151) enviar un acuse de recibo si no es posible establecer inme- diatamente una respuesta, e indicar el nombre y el nœmero de telØfono de los servicios encargados del expediente, (cid:151) enviar una carta/expediente al servicio correspondiente, El Defensor del Pueblo ha recibido un creciente nœmero de reclamaciones relativas a los obstÆculos con que se enfrentan numerosos ciudadanos en el ejercicio de su derecho a circular libremente entre las fronteras interiores de la Uni(cid:243)n. Los pro- blemas mÆs frecuentes van desde la existencia de controles fronterizos y las dificultades para establecerse en otro Estado miembro y ejercer all(cid:237) una actividad econ(cid:243)mica, hasta las tra- bas para la concesi(cid:243)n de permisos de residencia a estudiantes, jubilados y desempleados, as(cid:237) como la aplicaci(cid:243)n de prÆcticas discriminatorias basadas en la nacionalidad. Este tipo de pro- blemas parece crear confusi(cid:243)n y decepci(cid:243)n entre los ciudada- nos. (cid:151) respetar el derecho a ser escuchado y a presentar decla- raciones antes que se tome una decisi(cid:243)n (derechos de defensa), Ejemplos de reclamaciones presentadas en 1998 relativas a la libre circulaci(cid:243)n (cid:151) contestar/tomar una decisi(cid:243)n en un plazo razonable (in- cluida la decisi(cid:243)n impl(cid:237)cita de denegaci(cid:243)n), Entrada y residencia (cid:151) tener en cuenta todas las consideraciones relevantes y des- cartar las irrelevantes, El Sr. K. es un ciudadano alemÆn que present(cid:243) una reclama- ci(cid:243)n porque no hab(cid:237)a obtenido la suficiente asistencia por parte de la administraci(cid:243)n alemana cuando quiso trasladarse de Alemania a Irlanda. (cid:151) indicar los motivos de las decisiones (individuales), espe- cialmente cuando estas son denegatorias, (Asunto 295/98/VK) (cid:151) notificar la decisi(cid:243)n a las personas afectadas, El demandante era un ciudadano alemÆn residente en Francia que no llegaba a obtener un permiso de residencia porque la administraci(cid:243)n francesa afirmaba que hab(cid:237)a demostrado que efectivamente viv(cid:237)a en el pa(cid:237)s. (cid:151) indicar las posibilidades de recurso/apelaci(cid:243)n respecto a las decisiones individuales negativas, (Asunto 420/98/ADB) (cid:151) mantener unos registros adecuados. El C(cid:243)digo tambiØn podr(cid:237)a incluir algunas obligaciones sobre el trato directo con los ciudadanos, tales como el deber de: (cid:151) facilitar una informaci(cid:243)n clara y comprensible/aconsejar adecuadamente, (cid:151) atender correctamente a las llamadas de telØfono, (cid:151) actuar con cortes(cid:237)a, La Sra. V. R. vive en Alemania, y su marido, en Italia. La Sra. V. R. se quejaba que cada vez que ella o sus amigos y parientes pretenden visitar a su marido, deben comunicar la visita a la polic(cid:237)a. (Asunto 512/98/ADB) Estudio y empleo La Sra. F. C. , ciudadana francesa, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n por discriminaci(cid:243)n contra su hija, que estudiaba en los Pa(cid:237)ses Bajos. Por ser extranjera, no se le hab(cid:237)an ofrecido las mismas facilida- des que a los estudiantes neerlandeses, como la gratuidad del transporte pœblico, habiendo sido adscrita a un plan de seguri- dad social diferente. (cid:151) disculparse por los errores, (Asunto 869/98/ADB) (cid:151) fomentar el acceso del pœblico al C(cid:243)digo (distribuyendo un folleto entre los ciudadanos). La investigaci(cid:243)n de oficio se dirige a 19 instituciones y (cid:243)rganos comunitarios, que deberÆn contestar al Defensor del Pueblo antes del 28 de febrero de 1999. El demandante es un ciudadano francØs que curs(cid:243) su estudios superiores de profesor de enseæanza primaria en BØlgica. Tras mudarse a Francia debi(cid:243) esperar tres aæos antes que se le per- mitiera trabajar en las escuelas privadas de dicho pa(cid:237)s, y cuando pudo hacerlo fue con un contrato temporal que deb(cid:237)a renovarse cada aæo. Al objeto de ser autorizado a trabajar como cualquier otro profesor francØs, el demandante tuvo que C 300/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 superar un examen y hacerse funcionario, as(cid:237) como asistir a un curso de un aæo de duraci(cid:243)n. (Asunto 5/98/XD) El demandante es un dietista neerlandØs que quer(cid:237)a ejercer en Francia, pero no consigui(cid:243) que reconocieran su diploma. Tanto el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Educaci(cid:243)n de dicho pa(cid:237)s afirmaron no tener competencia para tratar la cues- ti(cid:243)n. (Asunto 121/98/OV) La Sra. S. es una psicoterapeuta cualificada y con experiencia. Le ofrecieron un empleo en el Reino Unido a condici(cid:243)n que su diploma espaæol fuera reconocido. El Consejo britÆnico para las profesiones complementarias de la medicina se neg(cid:243) a reco- nocer el diploma basÆndose en que existen grandes diferencias entre Espaæa y el Reino Unido en relaci(cid:243)n con esa profesi(cid:243)n. (Asunto 298/98/XD) Tributaci(cid:243)n y formalidades administrativas El Sr. P. es un ciudadano finlandØs que trabaj(cid:243) en Suecia. Se quejaba de que tanto en Suecia como en Finlandia se le exigie- ran impuestos por su pensi(cid:243)n sueca. (Asunto 97/98/BB) El demandante se mud(cid:243) de Alemania a los Pa(cid:237)ses Bajos, denun- ciando que para registrar su coche en este œltimo pa(cid:237)s, se vio obligado a entregar a las autoridades neerlandesas todos los papeles pertinentes, as(cid:237) como las placas de matr(cid:237)cula del auto- m(cid:243)vil. Su queja ven(cid:237)a dada porque este proceso le llev(cid:243) varias semanas, durante las cuales no pudo utilizar el veh(cid:237)culo. (Asunto 291/98/VK) El Sr. C. A. es un ciudadano portuguØs que trabaj(cid:243) en Francia. Tras haber sido despedido, decidi(cid:243) volver a Portugal y recibir all(cid:237) el subsidio de desempleo. Su reclamaci(cid:243)n seæalaba las gran- des dificultades a que se enfrentaba para obtener los documen- tos pertinentes en Francia. (Asunto 393/98/ADB) El Sr. A. , ciudadano espaæol, trabaj(cid:243) en Francia y en Suiza. Tras haber sido despedido en 1996, decidi(cid:243) volver a Espaæa con sus padres. Para obtener las prestaciones de la seguridad social en Espaæa, se le pidi(cid:243) que presentara un tipo de docu- mento (E 301), que s(cid:243)lo se puede expedir a los trabajadores cuya œltima actividad se haya desarrollado en un Estado miem- bro de la Uni(cid:243)n. (Asunto 436/98/ADB) La causa de los obstÆculos al ejercicio del derecho a la libre cir- culaci(cid:243)n de personas suele ser una incorrecta aplicaci(cid:243)n e incumplimiento de la legislaci(cid:243)n comunitaria por parte de las administraciones nacionales, regionales y locales. Al evaluar los problemas revelados por estas reclamaciones y buscar posibles soluciones, el Defensor del Pueblo ha tenido en cuenta el trabajo llevado a cabo en los œltimos aæos por otras instituciones comunitarias. En concreto, ha tomado en conside- raci(cid:243)n las propuestas realizadas por el «Grupo de expertos de alto nivel sobre la libre circulaci(cid:243)n de personas» (1) (cid:151)un grupo de expertos reunidos por la Comisi(cid:243)n en enero de 1996(cid:151) y el Informe preparado por el Parlamento Europeo sobre dichas propuestas (2). La experiencia del Defensor del Pueblo corro- bora las conclusiones alcanzadas por el Grupo de expertos de alto nivel y en el Informe del Parlamento. El Defensor del Pueblo Europeo no puede iniciar una investiga- ci(cid:243)n sobre las reclamaciones dirigidas contra las administracio- nes nacionales, regionales ni locales de los Estados miembros, pues el apartado 1 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto establece: «En las condiciones y con los l(cid:237)mites que establecen los Tratados ((cid:133)), el Defensor del Pueblo contribuirÆ a descubrir los casos de mala administraci(cid:243)n en la acci(cid:243)n de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios ((cid:133)). No podrÆ ser objeto de reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo la actuaci(cid:243)n de ninguna otra autoridad o persona. » De conformidad con esta disposici(cid:243)n, la mayor(cid:237)a de las recla- maciones recibidas relativas a la libre circulaci(cid:243)n de personas dentro de la Uni(cid:243)n quedaban fuera del Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo, por lo que debieron declararse inad- misibles. Sin embargo, se sugiri(cid:243) a los demandantes en estos casos que transmitan sus reclamaciones a otras instituciones con poder para considerar problemas derivados de incumplimientos de la legislaci(cid:243)n comunitaria por parte de los Estados miembros. Como medida alternativa, se procede a transmitir directamente la reclamaci(cid:243)n a dichas instituciones, siempre que el deman- dante se muestre previamente de acuerdo con esa l(cid:237)nea de acci(cid:243)n. Dependiendo de la situaci(cid:243)n y de la soluci(cid:243)n mÆs efi- caz, el Defensor del Pueblo transfiere el asunto a otra institu- ci(cid:243)n comunitaria, por ejemplo a la Comisi(cid:243)n, como guardiana de los Tratados, o a la Comisi(cid:243)n de peticiones del Parlamento Europeo; en otras ocasiones se ha recurrido a instituciones similares de los Estados miembros, como los Defensores del Pueblo nacionales y regionales. Este tipo de respuesta no siempre ha sido del todo satisfactoria, pues la mayor(cid:237)a de estos problemas requieren una acci(cid:243)n rÆpida y concertada tanto en el Æmbito comunitario como en el nacional. Normalmente, las instituciones comunitarias care- cen de los recursos y tambiØn de los medios necesarios para abordar los problemas creados por decisiones administrativas cuando aparecen elementos individuales. Parad(cid:243)jicamente, (1) Informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre la libre circula- ci(cid:243)n de personas, presidido por la Sra. Simone Veil, presentado a la Comisi(cid:243)n el 18 de marzo de 1997 (C4-181/97). (2) Informe de la Sra. Schaffner sobre el informe del Grupo de expertos de alto nivel, presidido por la Sra. Simone Veil; Comisi(cid:243)n de liber- tades pœblicas y de asuntos interiores, 19. 3. 1998 (A4-0108/98). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/15 comunitarias de un cierto nivel de complicaci(cid:243)n, el recurso a los (cid:243)rganos nacionales resulta generalmente limitado. 3) la reclamaci(cid:243)n deberÆ presentarse en un plazo de dos aæos contados desde que el demandante tuvo conocimiento de los hechos que la motivaron (apartado 4 del art(cid:237)culo 2); Ser(cid:237)a conveniente diseæar nuevos mecanismos destinados a combatir mÆs eficazmente estos problemas, de forma que los (cid:243)rganos comunitarios y nacionales puedan combinar sus esfuerzos en pos de una soluci(cid:243)n rÆpida de los mismos. En ese sentido, el Defensor del Pueblo comparte el punto de vista expresado por el Grupo de expertos de alto nivel, que lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n que «la aplicaci(cid:243)n satisfactoria del derecho a la libre circulaci(cid:243)n requiere la implicaci(cid:243)n de todos los afecta- dos» (1), incluidos, como el mismo Informe reconoce, el Defen- sor del Pueblo Europeo y los defensores del pueblo nacionales. Una cooperaci(cid:243)n mÆs estrecha entre el Defensor del Pueblo Europeo y otras instituciones similares en los Estados miem- bros, (cid:151)ya sean de Æmbito nacional, regional o local(cid:151), facilita- r(cid:237)a un mejor intercambio de informaci(cid:243)n sobre problemas indi- viduales relativos a la libre circulaci(cid:243)n de personas en Europa y, con el tiempo, contribuir(cid:237)a a ejercer una presi(cid:243)n mÆs eficaz sobre las autoridades administrativas responsables. Esta coo- peraci(cid:243)n tambiØn podr(cid:237)a incluir a la Comisi(cid:243)n Europea y a la Comisi(cid:243)n de Peticiones del Parlamento Europeo. TambiØn parece necesario definir los derechos individuales que se derivan de la legislaci(cid:243)n comunitaria (cid:151)concretamente, el alcance del derecho a la libre circulaci(cid:243)n de personas(cid:151) as(cid:237) como los medios disponibles para su protecci(cid:243)n y defensa. Ser(cid:237)a conveniente que los ciudadanos conocieran los medios a su alcance para la protecci(cid:243)n de los derechos que les confiere la ciudadan(cid:237)a europea, y que para alcanzar este objetivo se incorporase una clÆusula al respecto en el Tratado. El Defensor del Pueblo tiene la intenci(cid:243)n de continuar el exa- men de estas reclamaciones relativas a la libre circulaci(cid:243)n de personas dentro de la Uni(cid:243)n y controlar la evoluci(cid:243)n de esta problemÆtica, con vistas a formular propuestas mÆs espec(cid:237)ficas en el futuro. 2. 4. ADMISIBILIDAD DE LAS RECLAMACIONES Una reclamaci(cid:243)n que queda dentro del Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo debe cumplir, ademÆs, otros criterios de admisibilidad para que el Defensor del Pueblo pueda iniciar una investigaci(cid:243)n. Los criterios establecidos por el Estatuto del Defensor del Pueblo son los siguientes: 1) el autor de la reclamaci(cid:243)n y su objeto deben quedar paten- tes en la misma (apartado 3 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto); 4) previamente deberÆn haberse hecho gestiones administrati- vas adecuadas ante las instituciones u (cid:243)rganos que se trate (apartado 4 del art(cid:237)culo 2); 5) en caso de reclamaciones relativas a relaciones laborales instituciones y (cid:243)rganos comunitarios y sus entre las funcionarios u otros agentes, antes de la presentaci(cid:243)n de la reclamaci(cid:243)n deben haberse agotado las posibilidades de solicitud o reclamaci(cid:243)n administrativas internas (apartado 8 del art(cid:237)culo 2). Ejemplo de reclamaci(cid:243)n inadmisible por estar la causa sujeta a procedimientos ante los tribunales En febrero de 1998, el Sr. S. , abogado, escribi(cid:243) al Defensor del Pueblo en relaci(cid:243)n a procedimientos judiciales iniciados por PO, empresa a la que representaba. En marzo de 1997, PO hab(cid:237)a presentado una reclamaci(cid:243)n ante la Comisi(cid:243)n relativa a una propuesta de fusi(cid:243)n entre otras dos empresas. La Comisi(cid:243)n se neg(cid:243) a abrir un expediente sobre la fusi(cid:243)n. La compaæ(cid:237)a PO llev(cid:243) el asunto al Tribunal de Primera Instancia para impugnar el rechazo. El Sr. S. solicit(cid:243) al Defensor del Pueblo que: i) interviniera en los procedimientos ante el Tribunal de Pri- mera Instancia, ii) examinara si la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a obrado con equidad al negarse a investigar la reclamaci(cid:243)n de PO. En relaci(cid:243)n con la primera petici(cid:243)n, el apartado 3 del art(cid:237)culo 1 del Estatuto del Defensor del Pueblo estipula que: «El Defen- sor del Pueblo no podrÆ intervenir en las causas que se sigan ante los tribunales (cid:133)». Respecto a la segunda petici(cid:243)n, el art(cid:237)culo 138 E del Tratado CE establece que el Defensor del Pueblo llevarÆ a cabo investi- gaciones salvo «que los hechos alegados sean o hayan sido objeto de un procedimiento jurisdiccional». En consecuencia, el Defensor del Pueblo inform(cid:243) al Sr. S. que no pod(cid:237)a intervenir en los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia, ni investigar si la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a sido par- cial al tramtar la reclamaci(cid:243)n de PO. (Asunto 223/98/IJH) 2) el Defensor del Pueblo no puede intervenir en las causas que se sigan ante los tribunales ni poner en tela de juicio la conformidad a derecho de las resoluciones judiciales (apartado 3 del art(cid:237)culo 1); (1) Informe del Grupo de expertos de alto nivel sobre la libre circula- ci(cid:243)n de personas, pp. 80-83. 2. 5. RAZONES PARA LLEVAR A CABO UNA INVESTIGACI(cid:211)N El Defensor del Pueblo puede examinar las reclamaciones que incidan en su Æmbito de competencias y cumplan los criterios de admisibilidad. El art(cid:237)culo 138 E del Tratado CE estipula que «el Defensor del Pueblo llevarÆ a cabo las investigaciones que C 300/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 considere justificadas». En algunos casos, puede no haber razo- nes suficientes para que el Defensor del Pueblo inicie una investigaci(cid:243)n, aunque tØcnicamente la reclamaci(cid:243)n sea admisi- ble. Por lo general, cuando una reclamaci(cid:243)n ha sido tramitada con anterioridad como petici(cid:243)n por la Comisi(cid:243)n de peticiones del Parlamento Europeo, el Defensor del Pueblo considera que no hay razones para iniciar una investigaci(cid:243)n a menos que aparezcan nuevos elementos de juicio. La mayor(cid:237)a de las reclamaciones que dieron lugar a una inves- tigaci(cid:243)n se dirig(cid:237)a contra la Comisi(cid:243)n Europea (75 %). Teniendo en cuenta que la Comisi(cid:243)n es la instituci(cid:243)n comunitaria mÆs destacada en lo que se refiere a la toma de decisiones con repercusi(cid:243)n directa en los ciudadanos, es l(cid:243)gico que esta ins- tituci(cid:243)n sea el objeto principal de sus reclamaciones. Hubo 27 reclamaciones contra el Parlamento Europeo y 7 contra el Con- sejo de la Uni(cid:243)n Europea. Ejemplo de reclamaci(cid:243)n que no justificaba el inicio de una investigaci(cid:243)n En febrero de 1998, la Sra. B. , funcionaria de la Comisi(cid:243)n Europea, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo ale- gando que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a incoado un procedimiento de infracci(cid:243)n contra Francia, a ra(cid:237)z de su reclamaci(cid:243)n. (cid:201)sta hac(cid:237)a relaci(cid:243)n a la negativa de las autoridades francesas en materia de seguridad social a reembolsar el coste de los tres meses de convalecencia que su padre hab(cid:237)a pasado en BØlgica. Segœn la demandante, este rechazo contraven(cid:237)a las disposiciones del Reglamento (CEE) no 1408/71. De los documentos transmitidos por la demandante se deduc(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido suspender la investigaci(cid:243)n de la reclamaci(cid:243)n de la Sra. B. debido a que estaban pendientes dos sentencias del Tribunal de Justicia (asuntos C-120/95 y C-160/96) en las que se deb(cid:237)a resolver la cuesti(cid:243)n de la previa autorizaci(cid:243)n prevista en el art(cid:237)culo 22 del Reglamento (CEE) no 1408/71, que tambiØn condicionaba el curso de la reclamaci(cid:243)n de la Sra. B. Al examinar la reclamaci(cid:243)n, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a iniciado el estudio de su reclamaci(cid:243)n, habiendo solicitado informaci(cid:243)n a las autoridades francesas e informando detallada- mente a la demandante sobre las cuestiones legales que plan- teaba su reclamaci(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) suspender sus investigaciones hasta que el Tribunal hubiera dictado sentencia. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que no hab(cid:237)a motivos para investigar la reclamaci(cid:243)n e inform(cid:243) a la Sra. B. de esta decisi(cid:243)n. (Asunto 283/98/OV) 2. 6. AN`LISIS DE LAS RECLAMACIONES De las 3 693 reclamaciones registradas desde el principio de la actividad del Defensor del Pueblo, el 15 % proced(cid:237)a de Francia, el 14 %, de Espaæa, el 13 % de Alemania, el 12 %, de Italia, y el 11 %, del Reino Unido. En el anexo A («Estad(cid:237)sticas»), se pro- porciona un anÆlisis completo de la procedencia geogrÆfica de las reclamaciones. En 1998, el proceso de examen de las reclamaciones se com- plet(cid:243) en el 93 % de los casos, comprobÆndose en consecuencia si Østas estaban dentro del Æmbito de competencias, cumpl(cid:237)an inicio de una los criterios de admisibilidad y justificaban el investigaci(cid:243)n. El 31 % de las reclamaciones examinadas era de la competencia del Defensor del Pueblo. De Østas, 212 cum- pl(cid:237)an los criterios de admisibilidad, si bien 42 entre ellas no justificaban la apertura de una investigaci(cid:243)n. Por lo tanto, se iniciaron investigaciones en 170 casos. La mala administraci(cid:243)n se debi(cid:243) en esos casos a la falta de transparencia (69 asuntos), discriminaci(cid:243)n (21 asuntos), proce- dimientos insatisfactorios o no observancia del derecho de defensa (25 asuntos), agravio comparativo o abuso de poder (29 asuntos), demoras injustificadas (17 asuntos), negligencia (38 asuntos), omisi(cid:243)n de la garant(cid:237)a del cumplimiento de las obligaciones, es decir, incumplimiento por parte de la Comi- si(cid:243)n Europea del desempeæo de su funci(cid:243)n de «guardiana de los Tratados» frente a los Estados miembros (11 asuntos), y errores jur(cid:237)dicos (7 asuntos). 2. 7. CASOS EN LOS QUE SE ACONSEJ(cid:211) AL DEMANDANTE QUE RECURRIERA A OTROS (cid:211)RGANOS, AS˝ COMO REMISIONES Si la reclamaci(cid:243)n queda fuera del Æmbito de competencias o es inadmisible, el Defensor del Pueblo trata de aconsejar al demandante que se dirija a un (cid:243)rgano que pueda hacerse cargo de la reclamaci(cid:243)n. Si ello es posible, el Defensor del Pueblo remite la reclamaci(cid:243)n directamente al (cid:243)rgano competente, con el consentimiento del demandante y siempre que la reclama- ci(cid:243)n parezca estar motivada. En 1998 se recomend(cid:243) este tipo de actuaci(cid:243)n en 600 casos, la mayor(cid:237)a de los cuales guardaban relaci(cid:243)n con cuestiones de Derecho comunitario. En 259 casos se aconsej(cid:243) al demandante que presentara su reclamaci(cid:243)n ante el correspondiente defensor del pueblo nacional o regional, o ante un (cid:243)rgano similar. Ade- mÆs, con el consentimiento del demandante, en 7 casos se pro- cedi(cid:243) a remitir directamente la reclamaci(cid:243)n a un Defensor del Pueblo nacional. Se aconsej(cid:243) a 80 demandantes que presenta- ran una petici(cid:243)n al Parlamento Europeo, remitiØndose ademÆs, 10 reclamaciones al Parlamento Europeo, previo consenti- miento del demandante, para que se tramitaran como peticio- nes. En 154 casos se sugiri(cid:243) que se contactase directamente a la Comisi(cid:243)n Europea. En esta cifra se incluyen algunos casos en los que la reclamaci(cid:243)n contra la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a sido decla- rada inadmisible por no haberse realizado ante esta instituci(cid:243)n las gestiones administrativas adecuadas. En 107 casos se acon- sej(cid:243) al demandante que recurriera a otros (cid:243)rganos. 2. 8. DECISIONES TOMADAS A RA˝Z DE UNA INVESTIGACI(cid:211)N DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Cuando el Defensor del Pueblo decide iniciar una investigaci(cid:243)n sobre una reclamaci(cid:243)n, el primer paso es transmitir la reclama- ci(cid:243)n y los anexos incluidos en la misma a la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario responsable, con el objeto que Øste pre- sente sus observaciones. (cid:201)stas, una vez recibidas, se remiten al demandante a fin de que formule comentarios si as(cid:237) lo desea. Como se explica en el punto 2. 10, el Defensor del Pueblo no puede tomar en consideraci(cid:243)n la informaci(cid:243)n facilitada por 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/17 una de las partes a menos que la otra tenga la oportunidad de comentarla. En algunos casos, la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano responsable toma ini- ciativas para resolver el asunto y dar satisfacci(cid:243)n al demandan- te. Si las observaciones de ambas partes muestran que se ha lle- gado a tal situaci(cid:243)n, se archiva el asunto como «resuelto por la instituci(cid:243)n». En otros casos, el demandante opta por no prose- guir su reclamaci(cid:243)n, procediØndose al archivo de la misma. Si la instituci(cid:243)n no resuelve la reclamaci(cid:243)n y el demandante tampoco decide desistir del procedimiento, el Defensor del Pue- blo continœa sus investigaciones. Si en el curso de las mismas no se constata mala administraci(cid:243)n, se informa al demandante y a la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario, procediØndose al archivo del asunto. Si en las investigaciones del Defensor del Pueblo se constata mala administraci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo trata, en la medida de lo posible, de encontrar una soluci(cid:243)n amistosa para reme- diarlo y satisfacer al demandante. En una reuni(cid:243)n celebrada en Estrasburgo el 21 de octubre de 1997, el Defensor del Pueblo y el Secretario General de la Comisi(cid:243)n, Sr. Carlo Trojan, se mostraron de acuerdo en que, en algunos casos, una reuni(cid:243)n informal podr(cid:237)a ser un camino adecuado para tratar de llegar a una soluci(cid:243)n amistosa cuando la Comisi(cid:243)n se viera afectada. En 1998 tuvo lugar una reuni(cid:243)n de este tipo, que tuvo como resultado el encontrar una soluci(cid:243)n amistosa para el caso en cuesti(cid:243)n. Si no se logra una soluci(cid:243)n amistosa, o si no se alcanzan resul- tados en las gestiones hacia una soluci(cid:243)n de ese tipo, el Defen- sor del Pueblo archiva el asunto y emite un comentario cr(cid:237)tico hacia la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano afectado, o procede a constatar de manera formal que ha existido mala administraci(cid:243)n, estable- ciendo posteriormente proyectos de recomendaci(cid:243)n. Se ha considerado apropiado realizar un comentario cr(cid:237)tico en los asuntos en que la mala administraci(cid:243)n no parece tener con- secuencias generalizadas y no resulta necesario un seguimiento por parte del Defensor del Pueblo. En los casos, por el contrario, en que resulta necesario el segui- miento por parte del Defensor del Pueblo (a saber, en los casos mÆs graves de mala administraci(cid:243)n o aquØllos que tienen repercusiones generalizadas), Øste elabora una decisi(cid:243)n en la que se incluyen proyectos de recomendaci(cid:243)n dirigidos a la ins- tituci(cid:243)n u (cid:243)rgano afectado. De conformidad con el apartado 6 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la institu- ci(cid:243)n u (cid:243)rgano afectado debe remitirle un informe detallado al respecto en un plazo de tres meses. Dicho informe puede con- sistir en la aceptaci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n del Defensor del Pueblo y en una descripci(cid:243)n de las medidas tomadas para poner en prÆctica las recomendaciones. Si una instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario no responde satisfac- toriamente a un proyecto de recomendaci(cid:243)n, el apartado 7 del art(cid:237)culo 3 dispone que el Defensor del Pueblo remita un informe al Parlamento Europeo y a la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano afectado. En el informe podrÆ formular recomendaciones. La posibilidad que el Defensor del Pueblo presente al Parlamento informes especiales de este tipo es de un valor inestimable para su trabajo: algunos Defensores del Pueblo nacionales han luchado durante mucho tiempo por obtener una posibilidad comparable. Por consiguiente, no deber(cid:237)an presentarse infor- mes especiales a menudo, sino s(cid:243)lo cuando se trate de cuestio- nes importantes, en casos en que el Parlamento pueda tomar medidas para asistir al Defensor del Pueblo, de conformidad con su Estatuto. El primer Informe Especial del Defensor del Pueblo se concluy(cid:243) el 15 de diciembre de 1997, tras la investigaci(cid:243)n por iniciativa propia del Defensor del Pueblo sobre el acceso del pœblico a los documentos. El Parlamento debati(cid:243) el mismo en la sesi(cid:243)n plenaria de julio de 1998, basÆndose en el informe elaborado al respecto por la Comisi(cid:243)n de Peticiones (ponente: Sra. Astrid Thors) (1). En 1998, el Defensor del Pueblo inici(cid:243) 171 investigaciones, 170 a ra(cid:237)z de reclamaciones y una de oficio. Las propias instituciones u (cid:243)rganos resolvieron 51 casos (como se explica en el punto 2. 9, en 1998 se incluyeron en esta cate- gor(cid:237)a algunos casos que anteriormente no se hab(cid:237)an clasificado como resueltos por la instituci(cid:243)n). En 96 casos, las investiga- ciones del Defensor del Pueblo no pusieron de manifiesto la existencia de mala administraci(cid:243)n. Se dirigi(cid:243) un comentario cr(cid:237)tico a la instituci(cid:243)n afectada en 29 casos, se logr(cid:243) una soluci(cid:243)n amistosa en 4 casos y se elabor(cid:243) un proyecto de recomendaci(cid:243)n para las instituciones y (cid:243)rganos afectados (para mÆs detalles, vØase el anexo A, «Estad(cid:237)sticas»). 2. 9. CASOS RELACIONADOS CON LA FALTA DE CONTESTACI(cid:211)N A LA CORRESPONDENCIA Muchas de las reclamaciones se refieren a la falta de respuesta a la correspondencia. Poco despuØs del comienzo de la activi- dad del Defensor del Pueblo, qued(cid:243) patente que si la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo contactaba telef(cid:243)nicamente al servicio responsable, sol(cid:237)a conseguirse con frecuencia una respuesta inmediata para el ciudadano. En esos casos no suele haber motivo para continuar la investigaci(cid:243)n. Con anterioridad a esta prÆctica, en los casos en que esta inter- venci(cid:243)n consegu(cid:237)a que se contestara a la correspondencia, el Defensor del Pueblo sol(cid:237)a informar al demandante que, en vir- tud del art(cid:237)culo 138 E del Tratado CE, ya no parec(cid:237)a haber motivos para llevar a cabo una investigaci(cid:243)n sobre la reclama- ci(cid:243)n (vØase el punto 2. 5). En los Informes anuales de 1996 y 1997, estos casos se incluyeron, a efectos estad(cid:237)sticos, en la categor(cid:237)a de «reclamaciones que no justificaban el inicio de una investigaci(cid:243)n». En marzo de 1998 se revis(cid:243) esta prÆctica, a ra(cid:237)z de una pregunta del Sr. Edward Newman (ponente del Informe de la Comisi(cid:243)n de peticiones sobre el Informe anual de 1997) sobre dicha categor(cid:237)a. Se lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n que, en adelante, estos casos se clasificar(cid:237)an como «resueltos por la instituci(cid:243)n». En 1998 se tomaron 32 decisiones de ese tipo. (1) A4-0265/98 (DO C 292 de 21. 9. 1998, p. 170). C 300/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Reclamaciones por falta de contestaci(cid:243)n a la correspon- dencia: ejemplos de asuntos resueltos por la instituci(cid:243)n can las diversas cuestiones que surgen y las respuestas recogi- das en el Tratado y en el Estatuto del Defensor del Pueblo. El 3 de marzo de 1998, el Sr. B. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo alegando que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a con- testado a su carta del 2 de diciembre de 1996, en la que ped(cid:237)a informaci(cid:243)n sobre la introducci(cid:243)n del euro. El Defensor del Pueblo se puso en contacto con el servicio responsable de la Comisi(cid:243)n para pedir que contestaran al demandante y le envia- ran la informaci(cid:243)n que hab(cid:237)a solicitado. A ra(cid:237)z de esta inter- venci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n contest(cid:243) al demandante el 18 de marzo de 1998. Dado que este paso parec(cid:237)a solucionar la cuesti(cid:243)n, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (Asunto 269/98/ADB) En junio de 1998, la Sra. V. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n en nom- bre del tribunal provincial administrativo de Uusimaa, alegando que la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas (OPOCE) no hab(cid:237)a contestado a dos cartas que dicho tribunal le hab(cid:237)a enviado. El 10 de junio de 1996 el tribunal hab(cid:237)a escrito en finØs a la OPOCE para preguntar por las razo- nes por las que no hab(cid:237)a recibido la edici(cid:243)n especial de 1994 del Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El 14 de abril de 1997 envi(cid:243) un recordatorio en inglØs, pero no recibi(cid:243) contes- taci(cid:243)n a ninguna de las dos cartas. El Defensor del Pueblo llam(cid:243) por telØfono a la OPOCE para pedir que enviara una respuesta al tribunal provincial adminis- trativo de Uusimaa. A ra(cid:237)z de esta intervenci(cid:243)n, la OPOCE se puso en contacto con el tribunal y le envi(cid:243) los volœmenes que le faltaban del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, en finØs y en sueco. Dado que este paso parec(cid:237)a solucionar la cuesti(cid:243)n, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (Asunto 615/98/BB) Naturalmente, no todas las reclamaciones por falta de contesta- ci(cid:243)n a la correspondencia llegan a resolverse satisfactoriamente por medio de una simple llamada de telØfono. Si el servicio res- ponsable o la instituci(cid:243)n afectada no consiguen identificar la correspondencia, o si nadie quiere aceptar la responsabilidad para preparar una respuesta rÆpida, el Defensor del Pueblo pro- cede a dirigirse al presidente de la instituci(cid:243)n afectada para solicitar sus observaciones acerca de la reclamaci(cid:243)n. El Defen- sor del Pueblo tambiØn seguir(cid:237)a ese camino si hubiera razones para sospechar que el fallo original no se debi(cid:243) a un simple descuido administrativo aislado, o si la reclamaci(cid:243)n es bÆsica- mente una alegaci(cid:243)n de demora injustificada en la contestaci(cid:243)n a la correspondencia. 2. 10. CUESTIONES RELATIVAS AL ACCESO A DOCUMENTOS 2. 10. 1. RECLAMACIONES POR DENEGACI(cid:211)N DEL ACCESO A DOCUMENTOS La mayor(cid:237)a de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios dispo- nen de normas sobre el acceso del pœblico a los documentos que obran en su poder. En 1993, la Comisi(cid:243)n y el Consejo adoptaron un C(cid:243)digo de conducta comœn sobre el acceso a sus documentos. Este C(cid:243)digo se aplic(cid:243) mediante Decisiones separa- das de las dos instituciones (1). Tras una investigaci(cid:243)n por ini- ciativa propia que el Defensor del Pueblo llev(cid:243) a cabo en 1996, otras instituciones y (cid:243)rganos comunitarios tambiØn han adop- tado normas sobre el acceso del pœblico a sus documentos, la mayor(cid:237)a de ellas similares a las del Consejo y la Comisi(cid:243)n. Si se deniega una solicitud de acceso a documentos, las normas del Consejo y de la Comisi(cid:243)n permiten que el ciudadano realice una solicitud de confirmaci(cid:243)n. Si Østa tambiØn se recha- za, el ciudadano tiene la posibilidad de presentar una reclama- ci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, o bien de iniciar un procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia. Cuando se presenta una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, la cuesti(cid:243)n que se plantea es si la denegaci(cid:243)n de acceso cons- tituye un caso de mala administraci(cid:243)n. Por tanto, la investiga- ci(cid:243)n debe determinar si la instituci(cid:243)n afectada ha aplicado correctamente las normas sobre el acceso del pœblico, y si al ejercer su margen de discrecionalidad, se ha mantenido dentro de los l(cid:237)mites de su autoridad legal. En 1998 se plante(cid:243) el problema de determinar el camino a seguir ante el caso que el Defensor del Pueblo considerase que una instituci(cid:243)n no hab(cid:237)a aplicado correctamente sus propias normas. En esta situaci(cid:243)n, la respuesta mÆs adecuada ser(cid:237)a que la instituci(cid:243)n afectada reconsiderase la cuesti(cid:243)n y aplicara correctamente las normas. Por supuesto, el Defensor del Pueblo no puede ordenar a la instituci(cid:243)n que lo haga, ni puede anular la decisi(cid:243)n correspondiente. Sin embargo, al explicar su punto de vista mediante un comentario cr(cid:237)tico, ofrece a la instituci(cid:243)n la posibilidad de adoptar las medidas necesarias. 2. 10. 2. PROCEDIMIENTO EQUITATIVO EN LAS INVESTIGACIONES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Otra cuesti(cid:243)n planteada en 1998 se refiere a los documentos que la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano afectado env(cid:237)a al Defensor del Pue- blo como parte de sus observaciones sobre la reclamaci(cid:243)n. En algunas ocasiones, la instituci(cid:243)n afectada ha enviado documen- tos con informaci(cid:243)n que podr(cid:237)a ser relevante para la decisi(cid:243)n Durante 1998, el Defensor del Pueblo estudi(cid:243) una serie de pro- blemas relativos al acceso a documentos. Dado que, al parecer, las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios no siempre han mos- trado un criterio abierto respecto a las normas y los principios que rigen dicho acceso, en este apartado del Informe se expli- (1) C(cid:243)digo de conducta (DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 41); Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativa al acceso del pœblico a los documentos del Consejo (DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 43); Decisi(cid:243)n 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisi(cid:243)n, de 8 de febrero de 1994, relativa al acceso del pœblico a los documentos de la Comisi(cid:243)n (DO L 46 de 18. 2. 1994, p. 58). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/19 del Defensor del Pueblo sobre el asunto, pero le ha pedido que el demandante no tenga acceso a ellos. En estos casos, se ha explicado a la instituci(cid:243)n afectada que un principio bÆsico del procedimiento justo consiste en que la decisi(cid:243)n del Defensor del Pueblo sobre una reclamaci(cid:243)n no puede tomar en consideraci(cid:243)n la informaci(cid:243)n contenida en documentos facilitados por una de las partes, a menos que la otra tenga opci(cid:243)n a responder. Por consiguiente, la decisi(cid:243)n del Defensor del Pueblo sobre una reclamaci(cid:243)n no puede tener en cuenta la informaci(cid:243)n contenida en documentos facilitados por la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario salvo si el demandante ha tenido la oportunidad de formular sus observaciones res- pecto a dichos documentos. 2. 10. 3. PODER DEL DEFENSOR DEL PUEBLO PARA INSPECCIONAR EXPEDIENTES Una tercera cuesti(cid:243)n planteada durante 1998 guarda relaci(cid:243)n con el poder del Defensor del Pueblo para inspeccionar los expedientes que obran en poder de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios. El apartado 2 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo seæala: «Las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios estarÆn obligados a facilitar al Defensor del Pueblo las informaciones requeridas y darle acceso a la documentaci(cid:243)n relativa al caso. S(cid:243)lo podrÆn negarse a ello por razones de secreto o de confidencialidad debida- mente justificadas. Para dar acceso a los documentos procedentes de un Estado miem- bro clasificados como secretos en virtud de una disposici(cid:243)n legisla- tiva o reglamentaria serÆ necesario que hayan obtenido el acuerdo previo de dicho Estado miembro. Para dar acceso a los demÆs documentos procedentes de un Estado miembro serÆ necesario que hayan advertido al Estado miembro que se trate. » Por lo general, en los Estados miembros que cuentan con la instituci(cid:243)n del defensor del pueblo nacional se sigue el princi- pio que Øste puede inspeccionar cualquier documento en poder de la administraci(cid:243)n, incluidos aquellos a los que los ciudada- nos no tienen acceso, en caso de que considere que la investi- gaci(cid:243)n as(cid:237) lo requiere. Este poder resulta de vital importancia, pues garantiza al ciuda- dano la posibilidad de que el Defensor del Pueblo verifique de forma independiente la exactitud y la integridad de las respues- tas dadas por la administraci(cid:243)n. Mientras el apartado 2 del art(cid:237)- culo 3 siga imponiendo ciertas limitaciones para el acceso del Defensor del Pueblo a los documentos, es fundamental que las mismas se interpreten de manera limitada y que la carga de la prueba corresponda a la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano que intenta ser- virse de ellas para denegar el acceso. Las tres instituciones que toman parte en el procedimiento de enmienda del Estatuto del Defensor del Pueblo (Parlamento Europeo, Comisi(cid:243)n y Consejo) podr(cid:237)an estudiar la cuesti(cid:243)n de si las restricciones sobre el acceso del Defensor del Pueblo a los expedientes resultan apropiadas en una Uni(cid:243)n Europea comprometida con la democracia, la transparencia, la eficacia y la honradez de la administraci(cid:243)n. Por supuesto, el poder de inspecci(cid:243)n del Defensor del Pueblo se ve complementado con su deber de confidencialidad. El art(cid:237)- culo 4 del Estatuto del Defensor del Pueblo deja claro que, cuando el Defensor del Pueblo o sus colaboradores inspeccio- nan documentos que obran en poder de la administraci(cid:243)n, tie- nen la misma obligaci(cid:243)n de mantener la confidencialidad que la propia administraci(cid:243)n, de suerte que la inspecci(cid:243)n de los documentos por parte del Defensor del Pueblo no implica que los documentos lleguen a manos del demandante ni de nin- guna otra persona. Resulta por tanto err(cid:243)neo sugerir que las normas adoptadas por las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios sobre acceso del pœblico a los documentos puedan utilizarse para restringir su acceso por parte del Defensor del Pueblo. Esta sugerencia parece estar basada en una grave equivocaci(cid:243)n sobre la natura- leza del poder de inspecci(cid:243)n del Defensor del Pueblo, que sirve para comprobar la veracidad e integridad de las respuestas de la administraci(cid:243)n a una reclamaci(cid:243)n y no implica el acceso del pœblico a los documentos afectados. C 300/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 3. DECISIONES TOMADAS TRAS UNA INVESTIGACI(cid:211)N 3. 1. CASOS EN LOS QUE NO SE HA CONSTATADO MALA Investigaci(cid:243)n ADMINISTRACI(cid:211)N 3. 1. 1. PARLAMENTO EUROPEO REEMBOLSO DE GASTOS M(cid:201)DICOS Observaciones del Parlamento La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) al Parlamento Europeo. En sus observaciones, el Parlamento declaraba que el procedimiento normal en este tipo de casos era apelar al Tribunal de Primera Instancia. Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1044/20. 11. 96/KP/JMA contra el Parlamento Europeo En s(cid:237)ntesis, las observaciones formuladas sobre la esencia de la reclamaci(cid:243)n fueron las siguientes: Reclamaci(cid:243)n En noviembre de 1996, X. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo acerca de la negativa del Parlamento Europeo a abonar el coste de una cura de salud para niæos a la que se hab(cid:237)a sometido su hija. i) en su decisi(cid:243)n, la autoridad designada tom(cid:243) debida nota de la opini(cid:243)n del ComitØ de gesti(cid:243)n del sistema de seguros de enfermedad, ii) en el centro seleccionado, el tratamiento se sol(cid:237)a aplicar a niæos de edad inferior a 16 aæos, y la hija de X contaba ya 17 cuando se someti(cid:243) al mismo, El Parlamento Europeo desestim(cid:243) su solicitud basÆndose en que el centro mØdico correspondiente no «se consideraba un instituto mØdico ni paramØdico competente». Una segunda soli- citud fue tambiØn rechazada, basÆndose en que el tratamiento en cuesti(cid:243)n no parec(cid:237)a corresponder a los requisitos de una cura de salud para niæos. iii) la petici(cid:243)n de X de reembolso de los gastos mØdicos indivi- duales derivados de la cura no cumpl(cid:237)a las normas perti- nentes, pues era demasiado general e inclu(cid:237)a costes que no se pod(cid:237)an reembolsar. AdemÆs, las normas correspondien- tes establecen que no se reembolsen los gastos de viaje. En diciembre de 1994, X apel(cid:243) sin Øxito al Secretario General del Parlamento. Segœn la respuesta de Øste, X ten(cid:237)a derecho a que se le abonasen los gastos mØdicos espec(cid:237)ficos ocasionados por la cura. En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, X. manifestaba que: i) el Parlamento Europeo no hab(cid:237)a seguido los procedimien- tos adecuados, pues el ComitØ de gesti(cid:243)n del sistema de seguros de enfermedad no hab(cid:237)a expresado su opini(cid:243)n sobre el tema, ii) el tratamiento se deb(cid:237)a considerar el mÆs apropiado para su hija, iii) su solicitud de reembolso de gastos mØdicos espec(cid:237)ficos se hab(cid:237)a desestimado por no haberse estipulado el precio y la fecha de cada visita mØdica, y tampoco el nombre ni la especialidad de los mØdicos. Observaciones de X En sus observaciones, X. afirm(cid:243) que hab(cid:237)a decidido no apelar al Tribunal de Primera Instancia. Alegaba que la factura del centro mØdico era correcta, y que se hab(cid:237)a calculado basÆndose en un precio global, por lo que los costes mØdicos no se pod(cid:237)an identificar por separado. Conside- raba que la negativa del Parlamento de reembolsarle los gastos mostraba falta de flexibilidad y buenos deseos. X tambiØn incluy(cid:243) algunos comentarios relativos al procedi- miento seguido por el Defensor del Pueblo para tratar las reclamaciones. Consideraba que no era apropiado iniciar el procedimiento remitiendo la reclamaci(cid:243)n a la instituci(cid:243)n correspondiente para que Østa diera su opini(cid:243)n. Decisi(cid:243)n Poderes del Defensor del Pueblo Europeo para investigar sobre el asunto X pidi(cid:243) al Defensor del Pueblo que adoptara las medidas nece- sarias para obligar al Parlamento Europeo a pagar todos los gastos derivados de la cura, incluidos los de viaje. 1. 1. El Parlamento Europeo afirm(cid:243) que el procedimiento nor- mal en un asunto de este tipo era dirigirse al Tribunal de Primera Instancia. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/21 1. 2. Segœn el esquema derivado de los Tratados, el Tribunal de Justicia es la autoridad mÆxima en lo que se refiere a la interpretaci(cid:243)n y la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario. El Defensor del Pueblo realiza investigaciones para contribuir a descubrir casos de mala administraci(cid:243)n en las activida- des de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios. laborales entre las 1. 3. Para que una reclamaci(cid:243)n presentada al Defensor del Pue- blo sea admisible, debe ir precedida de gestiones adminis- trativas adecuadas ante la instituci(cid:243)n correspondiente. De la reclamaci(cid:243)n estÆ relacionada con manera similar, si relaciones instituciones y (cid:243)rganos comunitarios y sus funcionarios y otros agentes, antes de la presentaci(cid:243)n de la reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo deben de haberse agotado las posibilidades de solicitud o reclamaci(cid:243)n administrativas internas, y en particular aque- llas a que se refieren los apartados 1 y 2 del art(cid:237)culo 90 del Estatuto de los Funcionarios (1). 1. 4. Una vez se han agotado dichos procedimientos internos, los funcionarios y empleados comunitarios tienen la posi- bilidad de apelar al Tribunal de Primera Instancia o bien presentar una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo. 2. Procedimientos del Defensor del Pueblo 2. 1. En sus observaciones, X declaraba que no consideraba apropiado que el Defensor del Pueblo procediese al comienzo de una investigaci(cid:243)n remitiendo la reclamaci(cid:243)n a la instituci(cid:243)n correspondiente para que Østa diera su opini(cid:243)n. 2. 2. El apartado 1 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo exige que Øste informe a la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano correspondiente de sus investigaciones sobre cualquier sospecha de mala administraci(cid:243)n, para que dicha institu- ci(cid:243)n o dicho (cid:243)rgano puedan hacerle comentarios œtiles al respecto. 3. Consideraciones mØdicas sobre el tipo de cura que se deb(cid:237)a seguir 3. 1. El t(cid:237)tulo XI del anexo I de las normas que rigen el reem- bolso de gastos mØdicos, establece que el funcionario mØdico responsable de la resoluci(cid:243)n de una reclamaci(cid:243)n deberÆ considerar si las curas realizadas en un centro sani- tario son o no estrictamente necesarias. 3. 2. En el caso que nos ocupa, tras estudiar la situaci(cid:243)n, el funcionario mØdico responsable concluy(cid:243) que la cura no cumpl(cid:237)a los requisitos mØdicos necesarios. Al tomar esa decisi(cid:243)n, el funcionario mØdico responsable no conculc(cid:243) los criterios mØdicos correspondientes, segœn los elemen- tos de hecho aportados en este caso. 4. Reembolso de gastos 4. 1. Aunque el Parlamento se neg(cid:243) a abonar el coste completo de la cura de salud para niæos, se avino no obstante a hacerse cargo de gastos mØdicos espec(cid:237)ficos. Sin embargo, el Parlamento rechaz(cid:243) la factura que present(cid:243) X porque en ella no se identificaban dichos costes por separado, sino que s(cid:243)lo aparec(cid:237)a una suma general correspondiente a los cargos diarios del centro mØdico. 4. 2. Las normas aplicables s(cid:243)lo establecen el reembolso de los gastos mØdicos, con lo que, el Parlamento actu(cid:243) correcta- mente al exigir que los gastos mØdicos figurasen por sepa- rado como condici(cid:243)n para el reembolso. 4. 3 En el t(cid:237)tulo XI del anexo I de las normas que rigen el reembolso de gastos mØdicos, se establece que no se reembolsen los gastos de viaje. Conclusi(cid:243)n A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo en relaci(cid:243)n con esta reclamaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte del Parlamento Europeo, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. NORMAS PARA ACOGERSE AL PLAN DE PENSIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO Decisi(cid:243)n sobre las reclamaciones acumuladas 74/97/PD y 85/97/PD contra el Parlamento Europeo Reclamaci(cid:243)n En enero de 1997, el diputado europeo Sr. M. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo contra del Parlamento Europeo, en la que alegaba mala administraci(cid:243)n de Øste en rela- ci(cid:243)n con el plan de pensiones complementario de los miem- bros del Parlamento. En ese mismo mes de enero, el Sr. B. , antiguo miembro del Parlamento Europeo, inform(cid:243) al Defensor del Pueblo que le gustar(cid:237)a apoyar y suscribir la reclamaci(cid:243)n del Sr. M. Las circunstancias de las reclamaciones eran que, mediante decisi(cid:243)n de 12 de junio de 1990, la Mesa del Parlamento hab(cid:237)a establecido un plan de pensiones complementario (voluntario) para los miembros de dicha instituci(cid:243)n. Las normas que rigen dicho plan de pensiones constituyen el anexo IX (antiguo anexo X) de las normas aplicables al pago de gastos e indemni- zaciones a los miembros. En otoæo de 1992 se estableci(cid:243) un plazo de seis meses para acogerse al plan de pensiones. Ni el Sr. M. ni el Sr. B. lo hicieron en ese momento: afirmaron que no se les hab(cid:237)a informado de la existencia de una fecha l(cid:237)mite. Dado que en 1994 el Sr. M. fue reelegido al Parlamento Euro- peo, se le permiti(cid:243) acogerse al plan para el per(cid:237)odo de 1994-1999, pero no para el per(cid:237)odo anterior. El Sr. B. dej(cid:243) de ser miembro del Parlamento Europeo, por lo que no pudo aco- gerse al plan para el per(cid:237)odo 1994-1999, y tampoco se le per- miti(cid:243) acogerse a Øl para el per(cid:237)odo anterior. (1) Apartado 8 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo. El Sr. M. se puso en contacto con diversas instancias del Parla- mento a fin de que se le permitiera acogerse al plan con efecto retroactivo para el per(cid:237)odo anterior a 1994. Argument(cid:243) que C 300/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 no se le hab(cid:237)a informado sobre el plazo introducido en 1992, y que el Parlamento hab(cid:237)a aplicado el plazo de una forma injusta y discriminatoria. El 24 de julio de 1995, el presidente de la Caja de pensiones establecida en virtud del plan, que tam- biØn era miembro de la Junta de cuestores del Parlamento, res- pondi(cid:243) a su requerimiento. En su carta llamaba la atenci(cid:243)n del Sr. M. sobre la fecha l(cid:237)mite para ingresar en el plan, y le infor- maba que se hab(cid:237)a considerado la posibilidad de permitir con- tribuciones retroactivas. Sin embargo, se hab(cid:237)a llegado a la conclusi(cid:243)n que esa retroactividad no era posible desde un punto de vista prÆctico, o incluso jur(cid:237)dico. La carta aæad(cid:237)a: «Perm(cid:237)tame tambiØn que corrija un error que ha cometido en rela- ci(cid:243)n con la discusi(cid:243)n de la Junta de cuestores del 24 de abril rela- tiva al Sr. L. Como puede comprobar en el extracto adjunto de las actas de aquella reuni(cid:243)n, la cuesti(cid:243)n se refer(cid:237)a a los planes de pen- siones francØs e italiano administrados por el Parlamento Europeo en nombre de los Gobiernos de Francia e Italia. Por lo tanto, se refiere al anexo III de las normas sobre los gastos e indemnizacio- nes de los miembros, y no al anexo X (ahora anexo IX), que es el que contiene las normas sobre el plan de pensiones complementa- rio y voluntario para los miembros del Parlamento Europeo. Ade- mÆs, el Sr. L. solicitaba recibir una pensi(cid:243)n de ese plan de pensio- nes en concreto, y no unirse a Øl. » El mencionado extracto de las actas de la reuni(cid:243)n de la Junta de Cuestores indicaba : «(cid:133) en virtud de las normas que rigen las pensiones de los miem- bros de la Asamblea Nacional francesa, que, por analog(cid:237)a, se aplicaban a los miembros franceses del Parlamento Europeo, las solicitudes para recibir una pensi(cid:243)n deben realizarse por escrito en un plazo de seis meses a partir de la fecha en que el Miembro o antiguo Miembro empieza a ser elegible. Un antiguo miembro francØs, que no conoc(cid:237)a esta disposici(cid:243)n, hab(cid:237)a presentado su soli- citud al Parlamento Europeo siete meses despuØs de ser elegible. Tras una breve discusi(cid:243)n, la Junta: Autoriz(cid:243) una excepci(cid:243)n a las actuales normas en favor del Sr. L. con el fin de permitirle recibir la pensi(cid:243)n, a pesar que no lo hab(cid:237)a solicitado en el plazo establecido de seis meses. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Parlamento Europeo La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) al Parlamento Europeo. En sus la instituci(cid:243)n declar(cid:243) que hab(cid:237)a examinado la observaciones, reclamaci(cid:243)n a la luz de un dictamen de su Servicio Jur(cid:237)dico, y hab(cid:237)a adoptado una decisi(cid:243)n que rechazaba las afirmaciones de los demandantes. Adjunt(cid:243) una copia del dictamen de su Servi- cio jur(cid:237)dico. En s(cid:237)ntesis, el dictamen del Servicio jur(cid:237)dico llegaba a la con- clusi(cid:243)n que la afirmaci(cid:243)n de los demandantes de que no se les hab(cid:237)a informado adecuadamente de los cambios era infundada. Se hab(cid:237)a dado aviso por escrito al Sr. M. Tanto en el Parla- mento como en su domicilio. AdemÆs, las actas de las decisio- nes de la Mesa se distribuyeron entre todos los miembros del Parlamento Europeo, quienes, aparte, tuvieron otros seis meses para acogerse al plan de pensiones a partir de su reelecci(cid:243)n. En cuanto al Sr. B. , el Servicio jur(cid:237)dico no hab(cid:237)a recibido ninguna prueba que demostrara que no hab(cid:237)a sido consciente del plazo fijado para acogerse al plan. El Servicio jur(cid:237)dico tampoco ten(cid:237)a pruebas de que el Sr. B. hubiera solicitado acogerse al plan antes de que la Junta de cuestores tomara la decisi(cid:243)n impug- nada o que la Mesa modificara los reglamentos. Por lo que respecta a la decisi(cid:243)n de 28 de octubre de fijar un plazo de seis meses, el Servicio jur(cid:237)dico consider(cid:243) que la Junta ten(cid:237)a obligaci(cid:243)n de respetar la norma general que ella misma hab(cid:237)a establecido. Obrar de otra manera hubiera infringido el principio de igualdad de trato. En consecuencia, no se permiti(cid:243) que ingresaran los miembros del Parlamento que lo solicitaron despuØs del 15 de diciembre de 1992, salvo en un caso. Pero esa excepci(cid:243)n era concreta y se hab(cid:237)a basado en un acuerdo de la Junta de cuestores adoptado antes que surgiera la cuesti(cid:243)n de limitar la participaci(cid:243)n en el plan de pensiones en mitad del mandato parlamentario. Por consiguiente, no se pod(cid:237)a aplicar en el presente asunto como una excepci(cid:243)n general a la norma. Dio instrucciones a la administraci(cid:243)n para que presentara un pro- yecto de enmienda con el fin de aclarar los plazos aplicables al anexo III de las normas sobre los gastos e indemnizaciones de los miembros». Finalmente, el dictamen del Servicio jur(cid:237)dico presentaba los tres motivos adicionales que siguen a continuaci(cid:243)n como base para su conclusi(cid:243)n que la decisi(cid:243)n impugnada no era arbitraria: En sus reclamaciones al Defensor del Pueblo, los demandantes alegaron, en s(cid:237)ntesis, que «1) i) el plazo para acogerse al plan de pensiones no se hab(cid:237)a anunciado adecuadamente, garantizar una gesti(cid:243)n financiera saludable y restaurar un equi- librio financiero en la caja de pensiones que, segœn un informe de Coopers y Lybrand de 4 de agosto de 1992, en aquel momento resultaba deficiente; ii) era injusto y discriminatorio que no se permitiera a los demandantes acogerse al plan con efectos retroactivos. 2) permitir que los contables llevaran a cabo los cÆlculos actuaria- les exactos, necesarios dentro del marco de la gesti(cid:243)n financiera, y permitir que las autoridades presupuestarias realizaran previ- siones presupuestarias mÆs detalladas; 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/23 3) no discriminar a los miembros que se hab(cid:237)an acogido al plan en sus comienzos y cuya situaci(cid:243)n financiera ser(cid:237)a, de hecho, menos favorable que la de los (cid:147)nuevos miembros(cid:148), que podr(cid:237)an realizar pagos atrasados. » 1. 3. En cuanto a las prÆcticas administrativas de las institucio- nes comunitarias, se constat(cid:243) que las comunicaciones generales son utilizadas con frecuencia para informar a los funcionarios de los posibles derechos que pueden solicitar (3). Observaciones de los demandantes En sus observaciones, los demandantes mantuvieron sus recla- maciones. Decisi(cid:243)n 1. Alegaci(cid:243)n que la fecha l(cid:237)mite para acogerse al plan de pensiones no se hab(cid:237)a anunciado adecuadamente 1. 1. Se constat(cid:243) que no exist(cid:237)an normas para regular lo que debe considerarse un anuncio adecuado a los miembros del Parlamento Europeo. Concretamente, el reglamento interno de dicha instituci(cid:243)n no contiene ninguna norma pertinente al respecto. 1. 2. En relaci(cid:243)n con el art(cid:237)culo 173 del Tratado y con los art(cid:237)culos 90 y 91 del Estatuto de los Funcionarios, los Tribunales de la Comunidad han decidido que la notifica- ci(cid:243)n de una medida normalmente ocurre cuando la medida se comunica al destinatario y llega as(cid:237) a su cono- cimiento (1). Asimismo, los Tribunales han determinado que la carga de la prueba de la debida notificaci(cid:243)n recae en la administraci(cid:243)n. Sin embargo, no parece que esta jurisprudencia se pueda aplicar al presente asunto. La jurisprudencia se refiere a actos individuales que tuvieron un efecto negativo para su destinatario, en los que la definici(cid:243)n exacta del momento de la notificaci(cid:243)n es de la mayor importancia a fin de establecer el plazo a partir del cual pueden iniciarse procedimientos judiciales. Este asunto, en cambio, se refiere a una comunicaci(cid:243)n de informaci(cid:243)n general relativa a una oferta que el destina- tario pod(cid:237)a o no aprovechar. En caso que el destinatario la hubiese solicitado, y su requerimiento hubiera sido rechazado, ser(cid:237)a esta decisi(cid:243)n negativa a la que deber(cid:237)a aplicarsele un plazo para iniciar procedimientos judicia- les (2). (1) VØanse, entre otras, la sentencia de 9 de junio de 1994 en el asunto T-94/92: X contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n sobre legislacion del personal 1994, II-481) la sentencia de 20 de marzo de 1991 en el asunto T-1/90, Casariego contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. II-143), [1991] Rec. II-143, la sentencia de 13 de julio de 1989 en el asunto 58/88: Olbrechts contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1989, p. 2643), y la sentencia de 11 de marzo de 1989 en los asuntos acu- mulados 193/87 y 194/87: Maurissen y Union Syndicale contra Tribunal de Cuentas (Recopilaci(cid:243)n 1989, p. 1045). (2) Segœn la reiterada jurisprudencia de los Tribunales de la Comuni- dad, las medidas individuales que afectan a la situaci(cid:243)n financiera de los Miembros individuales pueden ser objeto de revisi(cid:243)n legal; vØase la sentencia de 23 de marzo de 1993 en el asunto C-314/91: Weber contra Parlamento (Recopilaci(cid:243)n 1993, p. I-1093). 1. 4. Sobre esta base, se lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n que la correcta comunicaci(cid:243)n de informaci(cid:243)n a los miembros del Parla- mento Europeo entra dentro del Æmbito de los poderes de organizaci(cid:243)n interna del Parlamento. Al ejercer dichos poderes, el Parlamento deber(cid:237)a actuar, segœn la jurispru- dencia de los Tribunales de la Comunidad, en l(cid:237)nea con los intereses de la buena administraci(cid:243)n (4). Por lo tanto, la cuesti(cid:243)n radicaba en determinar si el Parlamento actu(cid:243) o no de ese modo. Se constat(cid:243) que, en el presente asunto, el Parlamento envi(cid:243) a sus Miembros una comunicaci(cid:243)n relativa al plazo introducido en el plan de pensiones, a travØs del sistema de distribuci(cid:243)n interna de la instituci(cid:243)n. Como forma complementaria de asegurar la comunicaci(cid:243)n a los miembros del Parlamento Europeo, el Parlamento tambiØn la envi(cid:243) por correo normal al domicilio de cada miembro. De esta manera, los miembros del Parlamento Europeo tuvieron al menos dos ocasiones ocasi(cid:243)n de conocer el plazo introducido. No se consider(cid:243) que esto constituyera un caso de mala administraci(cid:243)n. 2. Trato injusto y discriminatorio 2. 1. En cuanto a la cuesti(cid:243)n de si la negativa a admitir a los demandantes en el plan con efectos retroactivos era injusta y discriminatoria, se consider(cid:243) que este tema planteaba dos cuestiones. La primera era si resultaba injusto que el reglamento en general no estipulara la par- ticipaci(cid:243)n en el plan con efectos retroactivos. La segunda cuesti(cid:243)n consist(cid:237)a en evaluar si los demandantes deber(cid:237)an haber sido dispensados del plazo para acogerse al plan de pensiones. En este contexto, parec(cid:237)a que los deman- dantes y el Parlamento estaban de acuerdo en el hecho que dispensar del plazo en este caso implicar(cid:237)a una parti- cipaci(cid:243)n en el plan con efectos retroactivos. Por tanto, la respuesta a la primera cuesti(cid:243)n estaba claro que si dejaba abierta la posibilidad de acogerse al plan con efec- tos retroactivos, la segunda cuesti(cid:243)n resultaba redun- dante. 2. 2. Por lo que se refiere a la primera cuesti(cid:243)n, los deman- dantes y el Parlamento estaban de acuerdo en que el (3) VØanse, por ejemplo, los comentarios de la Comisi(cid:243)n al Defensor del Pueblo sobre las reclamaciones acumuladas 669/17. 6. 96/ND/ L/VK, 670/27. 6. 96/KM/L/VK y 679/1. 7. 96/CS/L/VK, publicadas en el Informe anual del Defensor del Pueblo de 1997, p. 125, y los alegatos de la Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1988, p. 4839) en el asunto 159/86: Canters contra Comisi(cid:243)n en la sentencia de 22 de septiem- bre de 1988. (4) VØase el apartado 37 de la sentencia de 30 de abril de 1996 en el asunto C-58/94: los Pa(cid:237)ses Bajos, apoyados por el Parlamento, con- tra el Consejo, apoyado por la Comisi(cid:243)n y Francia (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. I-2169. C 300/24 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 reglamento no conten(cid:237)a ninguna disposici(cid:243)n que permi- tiera acogerse al plan con efectos retroactivos. Por lo tan- to, el nœcleo de la cuesti(cid:243)n consist(cid:237)a en evaluar si era justo que el Parlamento no hubiera introducido una dis- posici(cid:243)n de ese tipo. Se constat(cid:243) que el Parlamento no lo hab(cid:237)a hecho en aras de la correcta gesti(cid:243)n financiera del plan. AdemÆs, debe seæalarse que entraba dentro de los poderes del Parlamento no establecer un plan en absoluto. Por consiguiente, el Parlamento tambiØn deb(cid:237)a tener derecho a estipular las limitaciones del plan por los motivos mencionados. En consecuencia, el Defensor del Pueblo determin(cid:243) que el hecho que el Parlamento no hubiera proporcionado la posibilidad general de acogerse al plan con efectos retro- activos no constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n. 2. 3. En cuanto a la cuesti(cid:243)n de si los demandantes deber(cid:237)an haber sido dispensados del plazo para acogerse al plan, el examen de esta cuesti(cid:243)n se dividi(cid:243) en varias partes. En primer lugar, hubo de estudiarse si la negativa a dispen- sar del plazo era injusta, y despuØs si era discriminatoria. 2. 4. Respecto a la cuesti(cid:243)n de si era o no justa, debe seæalar- se, en primer lugar, que el reglamento que rige el plan de pensiones no contiene ninguna disposici(cid:243)n que per- mita dispensar del plazo en aras de la equidad. La dispo- sici(cid:243)n correspondiente del reglamento se limita a estipu- lar que los miembros deberÆn disponer de un «per(cid:237)odo mÆximo de seis meses a partir de su elecci(cid:243)n o reelec- ci(cid:243)n» para acogerse al plan. 2. 5. En ausencia de una disposici(cid:243)n particular que permitiera dispensar del plazo, la cuesti(cid:243)n radicaba averiguar si en virtud de la legislaci(cid:243)n comunitaria, exist(cid:237)a algœn princi- pio general que posibilitara el prescindir del plazo en aras de la equidad. Se constata que no exist(cid:237)a tal princi- pio general. 2. 6. En estas circunstancias y habida cuenta de los motivos de la correcta gesti(cid:243)n financiera indicados por el Parla- mento, no se pudo considerar injusto que el plazo se aplicara a los candidatos de una manera estricta. 2. 7. En cuanto a la alegaci(cid:243)n sobre discriminaci(cid:243)n, debe recordarse que el principio de igualdad de trato exige que las situaciones idØnticas se traten de forma idØntica, y que las situaciones distintas no se traten de forma idØn- tica. 2. 8. Se afirm(cid:243) que a otro miembro del Parlamento se le hab(cid:237)a permitido unirse al plan a pesar que el plazo estaba cerrado. De las observaciones del Parlamento se despren- di(cid:243) que, antes de la introducci(cid:243)n de dicho plazo, ya se le hab(cid:237)a asegurado a este miembro que podr(cid:237)a acogerse al plan. Por lo tanto, la situaci(cid:243)n no era idØntica a la del presente asunto. 2. 9. En segundo lugar, se declar(cid:243) que, en virtud del plan de pensiones de jubilaci(cid:243)n el plan del anexo III, el Parla- mento hab(cid:237)a dispensado del plazo en una ocasi(cid:243)n, es decir, en el caso mencionado en la carta de 24 de julio de 1995 anteriormente citada. En ese sentido, debe seæa- larse que la demanda en cuesti(cid:243)n se present(cid:243) un mes despuØs de que expirara el plazo, que se present(cid:243) en vir- tud de otro plan, en una situaci(cid:243)n financiera distinta, y que la solicitud se refer(cid:237)a al derecho a una pensi(cid:243)n a la que el miembro en cuesti(cid:243)n ya hab(cid:237)a contribuido. Ade- mÆs, teniendo en cuenta las enmiendas a las normas, de las que se pidi(cid:243) a la administraci(cid:243)n que presentara una propuesta en las mencionadas actas de la reuni(cid:243)n de la Junta de cuestores, las solicitudes presentadas fuera de plazo no ten(cid:237)an efectos retroactivos. Por lo tanto, se constat(cid:243) que la situaci(cid:243)n difer(cid:237)a de la del presente asunto. 2. 10. En consecuencia, no se constat(cid:243) que se hubiera infrin- gido el principio de igualdad de trato. Sin embargo, la posible infracci(cid:243)n del principio de igualdad de trato es una cuesti(cid:243)n legal y, por lo tanto, debe recordarse que la autoridad mÆxima con capacidad para decidir sobre el significado y la interpretaci(cid:243)n del Derecho comunitario es el Tribunal de Justicia. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo en la presente reclamaci(cid:243)n, no se detect(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte del Parlamento Europeo. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 3. 1. 2. CONSEJO DE LA UNI(cid:211)N EUROPEA INSPECCI(cid:211)N PARA COMPROBAR LAS RAZONES DE UNA DENEGACI(cid:211)N DE ACCESO A DOCUMENTOS Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1087/10. 12. 96/STATEWATCH/UK/ IJH contra el Consejo Reclamaci(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se refiere a cuatro peticiones de documentos que el demandante dirigi(cid:243) al Consejo en julio y agosto de 1996. Sus solicitudes se realizaron en virtud de la Decisi(cid:243)n del Consejo relativa al acceso del pœblico a los documentos del Consejo (1) «la Decisi(cid:243)n 93/731/CE»). (denominada sucesivo en lo El 30 de julio de 1996, el demandante solicit(cid:243) copias de 71 informes que el ComitØ K. 4 hab(cid:237)a estudiado en reuniones cele- bradas en septiembre, octubre y noviembre de 1994. El 31 de julio de 1996 pidi(cid:243) seis documentos con fechas de 1992 y 1993. El 13 de agosto de 1996 envi(cid:243) dos cartas al Consejo. En la primera solicitaba una copia de un œnico informe redactado en 1992. En la segunda ped(cid:237)a copias de 26 informes estudia- dos en el Consejo JAI celebrado en Luxemburgo el 4 de junio de 1996, de los que 23 estaban fechados en 1996 y el resto correspond(cid:237)a a aæos anteriores. (1) Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo (DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 43). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/25 El 26 de septiembre de 1996, la Secretar(cid:237)a General del Consejo contest(cid:243) al demandante. En la respuesta se declaraba que sus peticiones «a este respecto son solicitudes repetidas que, ade- mÆs, se refieren a numerosos documentos» y que, en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, la Secreta- r(cid:237)a General hab(cid:237)a llegado a una soluci(cid:243)n equitativa, al examinar s(cid:243)lo los documentos elaborados en 1996 (es decir, 23 de los 26 documentos solicitados en la segunda carta, del 13 de agosto de 1996). La Secretar(cid:237)a General facilit(cid:243) al demandante 16 de los 23 documentos, pero deneg(cid:243) el acceso a los otros siete. El 20 de junio de 1997, el Consejo satisfizo la petici(cid:243)n del Defensor del Pueblo. En lo que respecta a la aplicaci(cid:243)n de una «soluci(cid:243)n equitativa», el Consejo seæal(cid:243) que sus observaciones sobre otra reclamaci(cid:243)n presentada por el mismo demandante (1053/25. 11. 96/STATEWATCH/ UK/IJH) tambiØn se aplicaban a este asunto. Observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante afirm(cid:243) que: El 10 de octubre de 1996, el demandante present(cid:243) una solici- tud confirmativa sobre todos los documentos a los que se le hab(cid:237)a denegado el acceso. El 20 de noviembre de 1996, la Pre- sidencia del Consejo contest(cid:243) manteniendo la decisi(cid:243)n original de aplicar una «soluci(cid:243)n equitativa» y, por lo tanto, s(cid:243)lo exa- min(cid:243) los siete documentos elaborados en 1996. (cid:151) el Consejo no ten(cid:237)a derecho a aplicar una «soluci(cid:243)n equita- tiva» a sus cuatro peticiones de documentos, (cid:151) el Consejo no ten(cid:237)a derecho a negar el acceso a documen- tos alegando que se han adoptado recientemente, o que incluyen opiniones de los Estados miembros. En relaci(cid:243)n con estos siete documentos, el Consejo declar(cid:243) que hab(cid:237)a comparado cuidadosamente el interØs del demandante en acceder a ellos con el interØs del Consejo en mantener el secreto de sus deliberaciones, y que este œltimo ten(cid:237)a mÆs importancia. Aæadi(cid:243) los detalles siguientes: «En los documentos 7574/96, 6982/2/96 y 7753/96 se tratan posiciones nacionales detalladas acerca de un convenio sobre fron- teras exteriores, una recomendaci(cid:243)n sobre el empleo ilegal de ciu- dadanos de terceros pa(cid:237)ses y un convenio de extradici(cid:243)n, respecti- vamente. Estos temas estÆn aœn en proceso de debate o se han adoptado recientemente. En los documentos 7717/1/96 y 7718/1/96 se tratan posiciones nacionales detalladas sobre el presupuesto de la Unidad de drogas de la Europol y del sistema informÆtico de la Europol. Por œltimo, en los documentos 7788/96 y 7791/96 se hace refe- rencia a dictÆmenes de los Servicios Jur(cid:237)dicos del Consejo sobre la interpretaci(cid:243)n judicial del Convenio de la Europol, as(cid:237) como a los comentarios que algunas delegaciones ha realizado al respecto. » En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el demandante afirm(cid:243) que la forma en que el Consejo hab(cid:237)a tramitado sus peticiones de acceso a documentos era injusta y posiblemente ilegal. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Consejo La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) al Consejo, junto con otras cinco reclamaciones presentadas por el mismo demandante. En marzo de 1997, el Consejo envi(cid:243) su respuesta, en la que negaba la competencia del Defensor del Pueblo para tramitar las reclamaciones. El 15 de abril de 1997, el Defensor del Pue- blo escribi(cid:243) al Consejo reafirmando su decisi(cid:243)n original de que las reclamaciones entraban dentro de su Æmbito de competen- cias, y pidiØndole nuevamente que formulara sus observaciones sobre la esencia de las reclamaciones. Inspecci(cid:243)n de los documentos por parte del Defensor del Pueblo El Defensor del Pueblo consider(cid:243) necesario inspeccionar los siete documentos a los que el Consejo hab(cid:237)a negado el acceso en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. El Defensor del Pueblo inform(cid:243) al demandante de esta acci(cid:243)n. De conformidad con el apartado 1 del art(cid:237)culo 4 del Estatuto del Defensor del Pueblo, la inspecci(cid:243)n no pod(cid:237)a implicar el que los propios documentos, o cualquier informaci(cid:243)n contenida en ellos, llegaran al conocimiento del demandante. La inspecci(cid:243)n se llev(cid:243) a cabo en el edificio Justus Lipsius del Consejo, en Bruselas, el 2 de octubre de 1998. Los servicios del Consejo no s(cid:243)lo dieron acceso a los documentos, sino que ofrecieron facilitar copias a los servicios del Defensor del Pue- blo, si as(cid:237) lo requer(cid:237)an. Tras la inspecci(cid:243)n de los documentos, los servicios del Defensor del Pueblo consideraron que no era necesario hacer copias. Decisi(cid:243)n 1. La cuesti(cid:243)n jurisdiccional 1. 1. La objeci(cid:243)n del Consejo respecto a la competencia del Defensor del Pueblo parec(cid:237)a estar basada en dos nociones: a) b) la competencia del Defensor del Pueblo no alcanza las acciones emprendidas por el Consejo en relaci(cid:243)n con la cooperaci(cid:243)n en los Æmbitos de Justicia y Asuntos de Interior (el «tercer pilar»); y la cuesti(cid:243)n objeto de las reclamaciones afecta a accio- nes emprendidas por el Consejo en virtud del tercer pilar. 1. 2. La decisi(cid:243)n del Defensor del Pueblo de que puede tramitar estas reclamaciones se basa en su opini(cid:243)n de que la segunda de estas proposiciones es err(cid:243)nea. Por lo tanto, no necesita adoptar una postura respecto a la primera afirmaci(cid:243)n. C 300/26 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 1. 3. La cuesti(cid:243)n objeto de las reclamaciones se refiere a la res- puesta dada por el Consejo a las peticiones de acceso a documentos. Las solicitudes se realizaron de conformidad con la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, y as(cid:237) las tramit(cid:243) el Consejo. La Decisi(cid:243)n 93/731 se elabor(cid:243) en virtud del art(cid:237)culo 151 del Tratado CE. En la sentencia del asunto Pa(cid:237)ses Bajos contra Consejo (1), el Tribunal de Justicia confirm(cid:243) que, como cuesti(cid:243)n de Derecho comunitario, la Decisi(cid:243)n tiene efectos legales en relaci(cid:243)n con terceras partes. 1. 4. El Tribunal de Primera Instancia interpret(cid:243) y aplic(cid:243) esta Decisi(cid:243)n en el asunto Carvel y Guardian Newspapers con- tra Consejo (2), que tambiØn estaba relacionado con el acceso a documentos del tercer pilar. Dadas las limitacio- nes a la jurisdicci(cid:243)n del Tribunal de Justicia impuestas por el art(cid:237)culo L del Tratado de la Uni(cid:243)n Europea, el Tribunal de Primera Instancia no habr(cid:237)a tenido jurisdicci(cid:243)n para tratar este aspecto del asunto Carvel si el acceso a los documentos del tercer pilar fuera por s(cid:237) mismo una cues- ti(cid:243)n del tercer pilar. 1. 5. A la luz de lo anterior, se constata que la correcta inter- pretaci(cid:243)n y aplicaci(cid:243)n de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE relativa al acceso del pœblico a los documentos es una cuesti(cid:243)n de Derecho comunitario, y no del tercer pilar, aun cuando los documentos afectados se refieran a acciones emprendi- das en virtud de Øste. El Defensor del Pueblo inform(cid:243) al Consejo de esta decisi(cid:243)n el 15 de abril de 1997. Nota: En su sentencia de 17 de junio de 1998, el Tribunal de Pri- mera Instancia rechaz(cid:243), por los mismos motivos, la obje- ci(cid:243)n del Consejo sobre la jurisdicci(cid:243)n del Tribunal en el asunto Tidningen Journalisten (3). 2. Aplicaci(cid:243)n de una «soluci(cid:243)n equitativa» 2. 1. El demandante afirm(cid:243) que el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE no autoriza al Consejo a aplicar una «soluci(cid:243)n equitativa» a sus cuatro solicitudes de acceso a documentos. 2. 2. Tal como observ(cid:243) el Consejo en sus observaciones, la cuesti(cid:243)n en este aspecto de la reclamaci(cid:243)n es idØntica a la planteada en otra reclamaci(cid:243)n del mismo demandante: 1053/25. 11. 96/STATEWATCH/UK/IJH. Por lo tanto, la decisi(cid:243)n del Defensor del Pueblo de 28 de julio de 1998 en el asunto anteriormente mencionado tambiØn se aplica al presente asunto. 2. 3. De conformidad con la anterior decisi(cid:243)n, concretamente en lo que se refiere al significado de las expresiones «soli- citudes repetidas» y «documentos voluminosos», queda claro que, en el presente asunto, el Consejo no ten(cid:237)a dere- (1) Asunto C-58/94 (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. I-2169). (2) Asunto T-194/94 (Recopilaci(cid:243)n 1995, p. II-2765). (3) Svenska Journalistf(cid:246)rbundet (Tidningen Journalisten) contra Conse- jo, sentencia de 17 de junio de 1998 (vØanse los apartados 70-87 de la sentencia). cho a aplicar una «soluci(cid:243)n equitativa» a las cuatro solici- tudes de acceso a documentos basÆndose en el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. 3. Denegaci(cid:243)n de acceso en virtud del art(cid:237)culo 4 (2) 3. 1. El Consejo rechaz(cid:243) el acceso a siete documentos en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE que reza: «El acceso a un documento del Consejo podrÆ denegarse para proteger el secreto de las deliberaciones del Consejo. » De conformidad con la reiterada jurisprudencia, la aplica- ci(cid:243)n de esta disposici(cid:243)n exige que el Consejo establezca un verdadero equilibrio entre, por un lado, el interØs del ciudadano en acceder a los documentos y, por el otro, cualquier interØs propio en mantener la confidencialidad de sus deliberaciones. 3. 2. El demandante afirmaba que, al aplicar el apartado 2 del art(cid:237)culo 4, el Consejo no tiene derecho a denegar el acceso a documentos alegando que se han adoptado recientemente, o que incluyen las opiniones de los Estados miembros. El Defensor del Pueblo no tiene conocimiento de ningœn principio o norma legal que exija que el Con- sejo no tome en consideraci(cid:243)n esos elementos a la hora de comparar los intereses en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4. 3. 3. La inspecci(cid:243)n de los documentos que realiz(cid:243) el Defensor del Pueblo confirm(cid:243) que los contenidos de los documen- tos en cuesti(cid:243)n correspond(cid:237)an a las razones ofrecidas por el Consejo. 3. 4 Por lo tanto, no se detect(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte del Consejo en relaci(cid:243)n con este aspecto del asunto. Conclusi(cid:243)n Por lo que se refiere a la aplicaci(cid:243)n de una «soluci(cid:243)n equitativa» por parte del Consejo, el comentario cr(cid:237)tico del Defensor del Pueblo en el asunto 1053/25. 11. 96/STATEWATCH/UK/IJH (decisi(cid:243)n de 28 de julio de 1998) tambiØn se aplica en el pre- sente asunto a las peticiones del demandante para acceder a documentos. En cuanto a la denegaci(cid:243)n del acceso a siete documentos en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 (2) de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, a la vista de los resultados de las investi- gaciones del Defensor del Pueblo no se detect(cid:243) mala adminis- traci(cid:243)n por parte del Consejo. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/27 3. 1. 3. COMISI(cid:211)N EUROPEA REGLAS SOBRE COMPETENCIA: RESPUESTA A UNAS OBSERVACIO- NES Y `MBITO COMPETENCIAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 449/96/20. 2. 96/HKC/PD contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En febrero de 1996, el bufete de abogados danØs HKC present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo en representaci(cid:243)n de LF, un sindicato danØs. El motivo de la reclamaci(cid:243)n era la deci- si(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de conceder una excepci(cid:243)n a las reglas de competencia a un acuerdo de alianza entre dos compaæ(cid:237)as aØreas cuyos empleados eran miembros de LF. En opini(cid:243)n del demandante, el acuerdo dar(cid:237)a lugar a la pØrdida de puestos de trabajo entre los miembros de LF. Segœn el denunciante, la Comisi(cid:243)n estaba obligada a tener en cuenta los efectos que pueden tener las concesiones de excepciones a las reglas de la competencia como causa de desempleo. La reclamaci(cid:243)n se refe- r(cid:237)a tambiØn al hecho de que LF no hab(cid:237)a recibido respuesta ni acuse de recibo alguno sobre las observaciones que hab(cid:237)a pre- sentado a la Comisi(cid:243)n, y a petici(cid:243)n de Østa, de acuerdo con los Reglamentos aplicables sobre excepciones. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observacio- nes, la Comisi(cid:243)n sosten(cid:237)a que no correspond(cid:237)a a las competen- cias del Defensor del Pueblo pronunciarse sobre la cuesti(cid:243)n de si los efectos en el desempleo deb(cid:237)an tomarse en cuenta al con- ceder una excepci(cid:243)n de competencias, pues la reclamaci(cid:243)n se refer(cid:237)a a un supuesto fallo en la aplicaci(cid:243)n de la ley, y no a la Comisi(cid:243)n afirmaba que no mala administraci(cid:243)n. AdemÆs, estaba obligada a responder a las observaciones que hab(cid:237)a invitado a presentar a terceras partes, como LF, pues la œnica finalidad de las observaciones era asistir a la Comisi(cid:243)n en sus anÆlisis. Observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante manten(cid:237)a su reclamaci(cid:243)n y consideraba al Defensor del Pueblo competente para tratar ese tipo de cuestiones. Decisi(cid:243)n 1. El Defensor del Pueblo se consideraba competente para tra- tar la cuesti(cid:243)n de si la Comisi(cid:243)n estaba o no obligada a tener en cuenta los efectos que las concesiones de excep- ciones de competencia pod(cid:237)an tener en el desempleo. En una carta al Presidente de la Comisi(cid:243)n se hicieron comen- tarios adicionales sobre el tema, cuyo contenido se resume en el apartado sobre otros comentarios. 2. Sobre el asunto principal, el Defensor del Pueblo estimaba que, a la vista de las reglas aplicables y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no parec(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n estu- viera obligada a tener en cuenta dichas consideraciones. 3. En cuanto al hecho de que la Comisi(cid:243)n no hubiera enviado respuesta ni acuse de recibo a las observaciones de LF, el Defensor del Pueblo observ(cid:243) que los Reglamentos aplica- bles no mencionaban dicha obligaci(cid:243)n. Sin embargo, al invitar a terceras partes a presentar observaciones destina- das a ayudarle en sus anÆlisis, la Comisi(cid:243)n se hab(cid:237)a colo- cado en una situaci(cid:243)n en la que los ciudadanos pod(cid:237)an, razonablemente, esperar una reacci(cid:243)n por su parte. MÆs aœn si cabe en ese caso, dado que LF ten(cid:237)a intereses en la decisi(cid:243)n, pues sus miembros pod(cid:237)an verse afectados por ella. Por lo tanto, el hecho de que la Comisi(cid:243)n no hubiera reaccionado constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n. Dado que este aspecto de la reclamaci(cid:243)n afectaba a procedi- mientos relacionados con hechos concretos acaecidos con anterioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cuesti(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. Otros comentarios En una carta dirigida al Presidente de la Comisi(cid:243)n, adjunta a la Decisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo realiz(cid:243), en s(cid:237)ntesis, los comen- tarios siguientes: Las opiniones de la Comisi(cid:243)n sobre la admisibilidad de una reclamaci(cid:243)n son bien recibidos, siempre que se reconozca que corresponde al Defensor del Pueblo decidir sobre la cuesti(cid:243)n. Sin embargo, en ese caso, era preciso corregir un malentendido fundamental. El servicio responsable de redactar las respuestas de la Comisi(cid:243)n al Defensor del Pueblo parec(cid:237)a haber asumido que una «aplicaci(cid:243)n incorrecta de la ley» no pod(cid:237)a ser un caso de «mala administraci(cid:243)n». En realidad, lo opuesto era cierto: no puede haber buena administraci(cid:243)n si no se actœa de acuerdo con la ley. La tarea primera y mÆs esencial que desempeæa el Defensor del Pueblo al realizar investigaciones sobre posibles casos de mala administraci(cid:243)n en las actividades de una institu- ci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario, consiste en establecer si la institu- ci(cid:243)n en cuesti(cid:243)n ha actuado de forma legal. Al realizar esta tarea, el Defensor del Pueblo tiene siempre en mente el hecho de que la autoridad mÆxima que puede pronunciarse sobre el significado y la interpretaci(cid:243)n de las leyes comunitarias es el Tribunal de Justicia. En otros casos en los que una reclamaci(cid:243)n ha suscitado expre- samente una cuesti(cid:243)n relativa a la interpretaci(cid:243)n o la aplica- ci(cid:243)n de la ley, la Comisi(cid:243)n ha ofrecido su opini(cid:243)n al respecto y Østa ha sido transmitida al demandante. Es normal que la Comisi(cid:243)n responda de esta manera y el Defensor del Pueblo conf(cid:237)a en que siga haciØndolo. La Secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo Europeo se cre(cid:243) con el fin de intensificar las relaciones entre las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios y los ciudadanos europeos, lo que resulta imposible si una instituci(cid:243)n no da su opini(cid:243)n sobre todas las cuestiones planteadas por un deman- C 300/28 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 dante. En caso de que la instituci(cid:243)n explique que ha actuado correctamente, de acuerdo con las reglas y principios en los que se basa, en ocasiones el ciudadano queda satisfecho con la explicaci(cid:243)n, o, al menos, comprende mejor las acciones de la instituci(cid:243)n. De una manera mÆs general, siempre resulta de ayuda que la Comisi(cid:243)n explique en sus observaciones su posi- ci(cid:243)n respecto a los elementos legales de un caso, con el fin de asegurar que el Defensor del Pueblo puede tener en cuenta sus opiniones al realizar una investigaci(cid:243)n. El Defensor del Pueblo concluy(cid:243) pidiendo al Presidente de la Comisi(cid:243)n que se cerciorase de que los servicios responsables de la Comisi(cid:243)n tendr(cid:237)an en cuenta los comentarios anteriores al preparar las respuestas de la Comisi(cid:243)n al Defensor del Pue- blo. Por œltimo, la Comisi(cid:243)n precisaba que todos estos gastos estÆn sujetos al control financiero interno de la instituci(cid:243)n y al con- trol externo que realiza el Tribunal de Cuentas. Observaciones de la demandante En sus observaciones, la Sra. A. insist(cid:237)a en que la respuesta de la Comisi(cid:243)n no respond(cid:237)a a las cuestiones planteadas. En su opini(cid:243)n, la instituci(cid:243)n se hab(cid:237)a simplemente remitido a un Reglamento que la denunciante desconoc(cid:237)a. Igualmente la res- puesta de la Comisi(cid:243)n ofrec(cid:237)a una cantidad global de 1 300 000 ecus asignada al pago de gastos del conjunto de los miembros de la Comisi(cid:243)n, pero sin indicar ninguna cantidad concreta en relaci(cid:243)n con los dos Comisarios mencionados en su petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n. SALARIOS DE LOS COMISARIOS: PETICI(cid:211)N DE INFORMACI(cid:211)N Gestiones del Defensor del Pueblo del pueblo para llegar a una soluci(cid:243)n amistosa Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 586/3. 5. 96/MCA/ES/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En abril de 1996, la Sra. A. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo en nombre de la asociaci(cid:243)n «Amigos de Benal- mÆdena», acerca de la respuesta insatisfactoria de la Comisi(cid:243)n Europea a sus requerimientos en los que solicitaba informaci(cid:243)n sobre el salario y otros emolumentos de dos de los miembros de la Comisi(cid:243)n en 1993 y 1994. De acuerdo con el apartado 5 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo y con la intenci(cid:243)n de buscar una soluci(cid:243)n amistosa al asunto, el Defensor del Pueblo se dirigi(cid:243) por escrito nuevamente a la Comisi(cid:243)n, seæalando la insatisfacci(cid:243)n de la demandante con la respuesta ofrecida por la Comisi(cid:243)n. Se suger(cid:237)a tambiØn que esta respuesta deber(cid:237)a ser considerada desde el punto de vista del compromiso de la Uni(cid:243)n hacia una mayor transparencia y acceso pœblico a la informaci(cid:243)n. En aplicaci(cid:243)n de estos principios, se indicaba que podr(cid:237)a alcan- zarse una soluci(cid:243)n satisfactoria si, tras hacer un balance de los intereses en juego, la Comisi(cid:243)n acced(cid:237)a a facilitar una informa- ci(cid:243)n mÆs clara y precisa, justificando de ese modo, una conclu- si(cid:243)n clara en cuanto a la informaci(cid:243)n que se pod(cid:237)a facilitar. La demandante declaraba que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a respondido a las dos cartas que hab(cid:237)a enviado a la oficina de la Comisi(cid:243)n en Madrid el 17 de octubre y el 17 de diciembre de 1995. En dichas cartas solicitaba informaci(cid:243)n sobre los ingresos en raz(cid:243)n de su cargo (salario y dietas) de los entonces Comisarios espaæoles, Sres. Mar(cid:237)n y Matutes, durante los aæos 1993 y 1994. la Comisi(cid:243)n indic(cid:243) que para llegar a un En su respuesta, equilibrio aceptable entre la necesidad de transparencia y la protecci(cid:243)n de la vida privada, hab(cid:237)a revelado datos de carÆcter general que se aplican a los salarios y las dietas de todos los miembros de la instituci(cid:243)n, en lugar de detallar los importes percibidos por los dos miembros en cuesti(cid:243)n. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que, en sus observa- ciones, se excus(cid:243) por la falta de respuesta a las cartas de la demandante, indicando que los salarios de los Comisarios se ajustaban a lo establecido por los Reglamentos no 422/67/CEE, no 5/67/Euratom del Consejo, de 25 de julio de 1967, con sus respectivas modificaciones. En relaci(cid:243)n con los gastos de misi(cid:243)n y desplazamiento, se indi- caba que el importe asignado para el conjunto de los miem- bros de la Comisi(cid:243)n ascend(cid:237)a en 1994 a 1 300 000 ecus. Se precisaba, igualmente, que los Comisarios pueden obtener el reembolso de los gastos de representaci(cid:243)n, que ascend(cid:237)an a 341 000 ecus en 1993 y 335 000 en 1994. A continuaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n declaraba que las retribuciones e indemnizaciones mensuales de sus miembros hab(cid:237)an quedado fijadas por el Consejo en diciembre de 1996, y explicaba su cÆlculo. Con respecto a los gastos de representaci(cid:243)n, Østos se reembolsan previa presentaci(cid:243)n de factura, hasta un mÆximo de 11 347 ecus por aæo (para los Comisarios responsables de las relaciones exteriores, el l(cid:237)mite es de 17 023 ecus). Los fun- cionarios que deban desplazarse en el ejercicio de sus funcio- nes, tendrÆn derecho al reembolso de sus gastos de viaje y a una indemnizaci(cid:243)n por d(cid:237)a completo de desplazamiento, que depende del pa(cid:237)s donde la misi(cid:243)n haya tenido lugar. La respuesta de la Comisi(cid:243)n se remiti(cid:243) a la demandante, invi- tÆndola a considerar la soluci(cid:243)n propuesta por la Comisi(cid:243)n. En su contestaci(cid:243)n, la demandante expres(cid:243) su reconocimiento por los esfuerzos del Defensor del Pueblo para buscar una soluci(cid:243)n amistosa a su reclamaci(cid:243)n. No obstante, segu(cid:237)a considerando que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a respondido clara y concretamente a sus preguntas. En su opini(cid:243)n, el control de los gastos pœblicos es una cuesti(cid:243)n capital que debe considerarse prioritaria sobre cualquier derecho a la intimidad. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/29 Decisi(cid:243)n Europeo no considera que, al decidir divulgar ciertas informa- ciones relativas al conjunto de sus miembros, la Comisi(cid:243)n haya infringido los principios de una buena administraci(cid:243)n. 1. Derecho de acceso a la informaci(cid:243)n comunitaria 3. Falta de respuesta La solicitud de informaci(cid:243)n enviada por la demandante a la Comisi(cid:243)n en sus cartas del 17 de octubre y del 17 de diciem- bre de 1995 plantea cuestiones relativas al derecho de todo ciudadano comunitario a conocer aspectos relevantes del fun- cionamiento administrativo de la Comisi(cid:243)n. A fin de ponderar los valores jur(cid:237)dicos en juego, es preciso tomar como punto de partida el compromiso de la Uni(cid:243)n Europea en favor de un funcionamiento mÆs transparente y abierto de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios. Este com- promiso qued(cid:243) de manifiesto en el Acta final del Tratado de la Uni(cid:243)n Europea, en la que se incluy(cid:243) la Declaraci(cid:243)n no 17 sobre el derecho de acceso a las informaciones. Distintos Con- sejos Europeos han reafirmado este compromiso y han insis- tido en el mismo, en particular los celebrados en Birmingham y Edimburgo. Hasta la fecha las œnicas reglas sobre el acceso pœblico a las informaciones comunitarias vienen referidas al acceso a docu- mentos. Por lo que concierne la Comisi(cid:243)n, esta instituci(cid:243)n adopt(cid:243) el 2 de junio de 1993 la Comunicaci(cid:243)n 93/C 166/04 sobre transparencia en la Comunidad (1), sobre cuyas l(cid:237)neas principales aprob(cid:243) la Decisi(cid:243)n 94/90/CECA, CE, Euratom de 8 de febrero de 1994 sobre el acceso del pœblico a los documen- tos de la Comisi(cid:243)n (2). En ausencia de reglas mÆs generales rela- tivas al acceso a la informaci(cid:243)n, las solicitudes al respecto podr(cid:237)an ser decididas utilizando como modelo las reglas exis- tentes sobre acceso a documentos. 2. Conflicto entre transparencia y derecho a la intimidad La Comisi(cid:243)n indic(cid:243) en sus observaciones que, haciendo pœbli- cas informaciones detalladas sobre los salarios y otros emolu- mentos de sus miembros, en particular las relativas a gastos de desplazamiento, podr(cid:237)a vulnerarse el derecho a la intimidad. En consecuencia, dicha instituci(cid:243)n proporcion(cid:243) datos de carÆcter general aplicables al conjunto de sus miembros. La revelaci(cid:243)n de ciertas informaciones puede entrar en con- flicto con otros valores importantes, como el derecho a la inti- midad. En la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n relativa al acceso pœblico a los documentos que obran en su poder, se prevØ que las ins- tituciones puedan negar el acceso a los documentos, en raz(cid:243)n de la protecci(cid:243)n de la intimidad. En su interpretaci(cid:243)n de estas clÆusulas, el Tribunal de Primera Instancia ha establecido que: «[(cid:133)] la Comisi(cid:243)n estÆ obligada a denegar el acceso a los docu- mentos que correspondan a una de las excepciones que figuran en esta categor(cid:237)a, cuando existen circunstancias relevantes» (3). En raz(cid:243)n de las circunstancias del caso, el Defensor del Pueblo (1) DO C 166 de 17. 6. 1993, p. 4. (2) DO L 46 de 18. 2. 1994, p. 58. (3) Asunto T-105/95: WWF UK contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. II-313), apartado 58. La Comisi(cid:243)n admiti(cid:243) que no hab(cid:237)a llegado a responder a la solicitud de informaciones presentada por la demandante en su oficina de Madrid. Sin embargo, explic(cid:243) sus razones y pidi(cid:243) excusas por la falta de respuesta. Dado que tambiØn facilit(cid:243) una contestaci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo Europeo no consider(cid:243) justificado seguir adelante con este aspecto del asunto. 4. Control del gasto pœblico Segœn la demandante, el hecho de que la Comisi(cid:243)n no respon- diera a sus solicitudes de informaci(cid:243)n acerca de los salarios y otros emolumentos de los dos Comisarios, evidenciaba una falta de control de ese tipo de gastos. Todos los gastos comunitarios, incluidos los de personal y fun- cionamiento, estÆn sujetos al control del Tribunal de Cuentas. Como establece el art(cid:237)culo 188 C del Tratado, esta instituci(cid:243)n «examinarÆ la legalidad y regularidad de los ingresos y gastos y garantizarÆ una buena gesti(cid:243)n financiera. » El Defensor del Pueblo Europeo observ(cid:243) que el Tribunal de Cuentas, en sus Informes Anuales de 1993 y 1994 (4), no hab(cid:237)a seæalado ninguna irregularidad con respecto a los salarios y otros emolumentos recibidos durante dichos per(cid:237)odos por los miembros de la Comisi(cid:243)n. A la vista de los resultados de las investigaciones, no se cons- tat(cid:243) mala administraci(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. IMPUESTOS DANESES SOBRE COCHES DE OCASI(cid:211)N IMPORTADOS Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 764/9. 7. 96/TH/DK/PD contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n El Sr. H. , ciudadano danØs, present(cid:243) en julio de 1996 una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo Europeo acerca del comportamiento y la evaluaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n respecto a una reclamaci(cid:243)n en la que alegaba que Dinamarca no hab(cid:237)a cum- plido las obligaciones que se derivaban de la normativa comu- nitaria. En su reclamaci(cid:243)n, el Sr. H. declaraba que durante aæos hab(cid:237)a mantenido correspondencia con la Comisi(cid:243)n sobre el cÆlculo (4) DO C 327 de 24. 11. 1994, p. 1. DO C 303 de 14. 11. 1995, p. 1. C 300/30 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 del IVA aplicado a los coches de segunda mano importados a Dinamarca desde otro Estado miembro (en lo sucesivo demoni- nados «coches de ocasi(cid:243)n importados»). Afirmaba que las con- testaciones que hab(cid:237)a recibido de la Comisi(cid:243)n eran err(cid:243)neas. De los anexos a la reclamaci(cid:243)n se deduc(cid:237)a que su correspon- dencia se refer(cid:237)a tambiØn a los impuestos de matriculaci(cid:243)n de los coches de ocasi(cid:243)n importados. En consecuencia, el Defen- sor del Pueblo pidi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que tratase ambas cuestio- nes en sus comentarios sobre la reclamaci(cid:243)n. En cuanto al motivo de la reclamaci(cid:243)n relativa al IVA, conside- raba que las reglas danesas sobre el IVA aplicado a los coches de ocasi(cid:243)n importados resultaban discriminatorias para los comerciantes daneses, entre los que se contaba. Afirmaba que, segœn las reglas danesas, un particular residente en Dinamarca pod(cid:237)a importar un coche de segunda mano de Alemania y no pagar el IVA en Dinamarca, si Øste impuesto hab(cid:237)a sido pagado en Alemania sobre el margen de beneficios del vendedor. Pero si un comerciante danØs importaba el mismo coche, ten(cid:237)a que pagar el IVA danØs sobre el precio completo del mismo coche, ademÆs de solicitar que se le abonase el IVA alemÆn residual. Como consecuencia, el precio al que un comerciante danØs pod(cid:237)a ofrecer un coche a un particular era significativamente mÆs elevado que el que pod(cid:237)a pedir el comerciante alemÆn. Por lo tanto, el demandante consideraba que las reglas daban lugar a una distorsi(cid:243)n discriminatoria de la competencia y eran con- trarias a la Directiva 94/5/CE sobre el IVA de los bienes de segunda mano, el principio fundamental de la cual es que el IVA se debe pagar sobre el margen de beneficios del comer- ciante. El Sr. H. pidi(cid:243) informaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n sobre esta cuesti(cid:243)n y al no quedar satisfecho con la respuesta inicial de la institu- ci(cid:243)n, pidi(cid:243) a su abogado y a un miembro danØs del Parlamento Europeo que hicieran un seguimiento del trato que la Comisi(cid:243)n daba a la cuesti(cid:243)n. En la respuesta que la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) al abogado el 3 de marzo de 1995, as(cid:237) como en la que envi(cid:243) al miembro del Parlamento Europeo el 23 de octubre de 1995, la Comisi(cid:243)n mantuvo que las reglas danesas no eran contrarias a las directivas comunitarias sobre el asunto. En su carta del 23 de octubre de 1995, el Comisario responsable declar(cid:243): «Usted [el miembro del Parlamento Europeo] insiste en las distor- siones de la competencia que parecen existir contra los comercian- tes daneses de coches de segunda mano a causa de los diferentes reg(cid:237)menes aplicables en Dinamarca y Alemania. En esta fase de la armonizaci(cid:243)n de las leyes nacionales, me temo que no hay manera, en tØrminos legales, de escapar a ese inconve- niente. En realidad, el apartado 2 del art(cid:237)culo 28 sexdecies (o) de la Directiva 94/5/CE relativa a disposiciones especiales aplicables, entre otras cosas, a bienes de segunda mano, permite expresa- mente a Dinamarca disminuir el margen. Sin embargo, en caso de que quiera hacer otros comentarios o dis- ponga de informaci(cid:243)n nueva, no dude en ponerse en contacto con los servicios de la DG XXI - unidad 01. » En cuanto a los otros motivos de la reclamaci(cid:243)n del deman- dante, y que concern(cid:237)an los impuestos de matr(cid:237)cula, los antece- dentes eran en s(cid:237)ntesis, los siguientes: en el juicio del 11 de diciembre de 1990 sobre el asunto C-47/88 (Recopilaci(cid:243)n alcanzar su precio, IVA incluido, hasta I-4509), el Tribunal de Justicia fall(cid:243) sobre la cuesti(cid:243)n de si los impuestos de matr(cid:237)cula daneses aplicables a los coches de oca- si(cid:243)n importados ocasionaban una fiscalidad discriminatoria, prohibida por el art(cid:237)culo 95 del Tratado CE. En aplicaci(cid:243)n del sistema tributario danØs, los coches de ocasi(cid:243)n importados estaban sujetos a un impuesto de matr(cid:237)cula del motor del 90 % de su valor como coches nuevos, mientras que los coches de segunda mano procedentes de Dinamarca no estaban gravados con impuestos de matr(cid:237)cula. Para justificar este hecho, Dina- marca sosten(cid:237)a que, dado que el pa(cid:237)s no tiene industria del autom(cid:243)vil, todos los coches de segunda mano procedentes de Dinamarca hab(cid:237)a sido importados en un momento u otro. Los coches nuevos estaban sujetos a un impuesto de matr(cid:237)cula del 105 % de las 19 750,00 coronas danesas, y del 180 % del resto del precio. De esta manera, una parte considerable del precio de un coche de segunda mano procedente de Dinamarca consistir(cid:237)a en un impuesto de matr(cid:237)cula residual. En consecuencia, los impuestos de matr(cid:237)cula aplicados a los coches de ocasi(cid:243)n importados deb(cid:237)an fijarse de manera que se tuviese en cuenta el impuesto de matr(cid:237)cula residual aplicado a los coches de segunda mano procedentes de Dinamarca. Aunque, en principio, el Tribunal de Justicia acept(cid:243) esta consideraci(cid:243)n, consider(cid:243) que, en general, la fiscalidad del sistema sobre los coches de ocasi(cid:243)n importa- dos resultaba manifiestamente excesiva. Por lo tanto, dicho sis- tema era contrario al art(cid:237)culo 95 del Tratado CE. Tras la reso- luci(cid:243)n del Tribunal, las autoridades danesas establecieron un sistema orientado a asegurar que los coches de ocasi(cid:243)n impor- tados no se graven con impuestos de matr(cid:237)cula hasta el punto de que el valor total del coche resulte igual al de otro coche idØntico de segunda mano, procedente de Dinamarca. El sis- tema se administra de forma que, antes de importar un coche de segunda mano, el importador, sea un particular o un profe- sional, pueda obtener una indicaci(cid:243)n provisional del impuesto de matr(cid:237)cula que se le aplicarÆ. Una vez realizada la importa- ci(cid:243)n, las autoridades fijan el impuesto final de matr(cid:237)cula que se debe pagar, posiblemente despuØs de examinar el coche impor- tado de segunda mano. El Sr. H. consideraba que el nuevo sistema funcionaba de tal manera que segu(cid:237)a quebrantando el art(cid:237)culo 95 del Tratado. Segœn Øl, el impuesto final de matr(cid:237)cula fijado tras la importa- ci(cid:243)n del coche podr(cid:237)a resultar tan elevado que hiciese imposi- ble vender el coche. Igualmente manten(cid:237)a que los impuestos no se fijaban de un modo objetivo y que el retraso derivado de los procedimientos que se hab(cid:237)an de seguir cuando se impor- taba un coche de segunda mano, era considerable. Con estos antecedentes, el Sr. H. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante la Comisi(cid:243)n. El 29 de noviembre de 1994, la Comisi(cid:243)n le respondi(cid:243) en los siguientes tØrminos : «Respecto a la reclamaci(cid:243)n que present(cid:243) ante la Comisi(cid:243)n el 28 de octubre de 1993 y el tØlex que envi(cid:243) el 24 de febrero de 1994, la postura de la Comisi(cid:243)n es como sigue: Usted afirma que, debido al sistema danØs de IVA e impuestos de importar coches usados de otro Estado matr(cid:237)cula, resulta dif(cid:237)cil miembro a Dinamarca con el prop(cid:243)sito de venderlos, pues los impuestos que gravan los coches importados son tan altos que no pueden competir con los coches usados inicialmente matriculados en Dinamarca, y sostiene que estÆ prÆctica infringe el art(cid:237)culo 95 del Tratado. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/31 Respecto al impuesto de matr(cid:237)cula sobre coches usados importados a Dinamarca, las normas danesas sobre coches usados se enmen- daron tras la sentencia del Tribunal de Justicia sobre el caso 47/88, en el proceso celebrado el 11 de diciembre de 1990. El Tribunal consider(cid:243) que el impuesto entonces existente sobre coches usados era discriminatorio e infring(cid:237)a el art(cid:237)culo 95 del Tratado. Aunque le supongo al corriente de las nuevas normas sobre la matriculaci(cid:243)n de coches usados, insistirØ en que se pueden encon- trar en el Reglamento conforme a la Ley no 665 de 16 de agosto de l993 sobre impuestos de matr(cid:237)cula de veh(cid:237)culos de motor, donde se declara que la base para calcular el impuesto la deciden tres asesores designados por el Ministro de Hacienda. Uno de los asesores es un experto tØcnico, y otro es un experto comercial, designados ambos por recomendaci(cid:243)n de las principales asociacio- nes de propietarios de autom(cid:243)viles. Las reclamaciones sobre el valor imponible establecido por las aduanas y las autoridades fis- cales se deben presentar a dichos asesores. El Reglamento anteriormente mencionado incluye una descripci(cid:243)n detallada del procedimiento, e indica que el impuesto que grava un coche importado de segunda mano se basa en su valor real. A la vista de la informaci(cid:243)n facilitada, la Comisi(cid:243)n opina que gene- ralmente no se trata de un impuesto superior al que corresponde al valor residual del impuesto aplicable a un coche de segunda mano del mismo tipo inicialmente matriculado en Dinamarca. La base de evaluaci(cid:243)n de un veh(cid:237)culo es el precio normal de un veh(cid:237)- culo similar, o de un veh(cid:237)culo que, en la medida de lo posible, sea de tipo y modelo similar en un estado normal de reparaci(cid:243)n en el momento de la matriculaci(cid:243)n. Se practican reducciones o se aæa- den pluses por kilometraje, estado de reparaci(cid:243)n, mejoras y otras caracter(cid:237)sticas. De esta manera, el precio final difiere del estable- cido en las diversas listas comerciales, segœn la evaluaci(cid:243)n indivi- dual. El valor imponible estimado de los coches de segunda mano no debe dar lugar a desviaciones de las listas de precios oficial- mente aplicados a los coches inicialmente matriculados en Dina- marca, si se prueba que son idØnticos en todos los aspectos. Si considera que el valor imponible finalmente establecido es demasiado alto en comparaci(cid:243)n con el valor imponible residual de un veh(cid:237)culo similar inicialmente matriculado en Dinamarca, le insto a que se vuelva a poner en contacto con mis servicios para facilitarnos detalles de la evaluaci(cid:243)n. » Dado que el Sr. H. no qued(cid:243) satisfecho con las respuestas de la Comisi(cid:243)n, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, alegando que las respuestas de la Comisi(cid:243)n eran falsas y con- trarias a la ley comunitaria. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n mismo, establecido en las cartas citadas anteriormente. Ade- mÆs, declar(cid:243) que segu(cid:237)a estudiando la afirmaci(cid:243)n del Sr. H. segœn la cual, a pesar de respetar el art(cid:237)culo 28 (o) de la Direc- tiva 94/5/CE, las normas danesas infring(cid:237)an el art(cid:237)culo 95 del Tratado. La Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que el argumento relativo a la incompatibilidad de la Directiva con el Tratado CE suscitaba problemas que deb(cid:237)an analizarse detalladamente. El 26 de junio de 1997, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pueblo de los resultados de su anÆlisis, seæalando lo siguiente: «1. En primer lugar consideramos que, en casos en que son apli- cables las (cid:147)disposiciones fiscales especiales(cid:148) a las que se refiere el art(cid:237)culo 28 apartado de la sexta Directiva sobre el IVA (principalmente en Dinamarca, debido a la opci(cid:243)n acordada en el apartado 2 de dicho art(cid:237)culo) mediante derogaci(cid:243)n del sistema fiscal normal aplicado a la reventa de bienes de segunda mano introducido por la Directiva 94/5/CE, la dife- rencia entre las cargas impositivas deriva de las diferencias existentes entre el tipo de IVA vigente en Dinamarca (25 %) y el vigente en otros Estados miembros. Incluso se puede afir- mar que, debido a los mecanismos de deducci(cid:243)n prescritos, o incluso impuestos por la letra b) del apartado 1 del art(cid:237)culo 28 sexdecies y por el tercer pÆrrafo de la letra c), la diferencia en los impuestos con que se gravan los veh(cid:237)culos de segunda mano, y que var(cid:237)a segœn el Estado miembro de donde proce- den los veh(cid:237)culos, es una consecuencia directa de la diferencia de los tipos de IVA aplicados por los diversos Estados miem- bros. En cualquier caso, debe observarse de paso que esta diferencia en los tipos de IVA es el resultado de una elecci(cid:243)n deliberada por parte del legislador comunitario, quien, dentro de un amplio sistema fiscal armonizado como el del IVA, se limit(cid:243) a establecer, en la letra a) del apartado 12 del art(cid:237)culo 12 de la sexta Directiva, un tipo m(cid:237)nimo del 15 %, con lo que impl(cid:237)citamente dejaba libertad a los Estados miembros para establecer tipos de IVA superiores al llamado tipo m(cid:237)ni- mo. 2. La existencia de una diferencia de trato entre los productos, y tambiØn entre los comerciantes, de diferentes Estados miem- bros (cid:151)diferencia completamente atribuible a las que existen entre las leyes nacionales no armonizadas (o no del todo armonizadas)(cid:151) ha sido tratada muy recientemente por el Tribunal en el juicio Perfili del 1 de febrero de 1996 (1), en el que declar(cid:243) (pÆrrafo 17 de la sentencia): (cid:147)Sin embargo, el Tribunal ha sostenido firmemente que, al prohibir que cada Estado miembro aplique la ley de forma diferente segœn la nacionalidad, en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n del Tratado, los art(cid:237)culos 6, 52 y 59 no que- dan afectados por ninguna disparidad de trato que pueda resultar, entre Estados miembros, de las diferencias exis- tentes entre las leyes de los diversos Estados miembros siempre que afecten a todas las personas sujetas a ellas de acuerdo con criterios objetivos y sin influencia de su nacionalidad [vØanse las sentencias del asuntos 1/78: (Recopilaci(cid:243)n 1978, Kenny contra Insurance Officer acumulados asuntos los apartado 18; p. 1489), (Recopilaci(cid:243)n C-251/90 y 252/90:Wood y Cowie En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n expuso que hab(cid:237)a tratado adecuadamente el caso del Sr. H. , y mantuvo sus anÆlisis del (1) Asunto C-177/94: Procedimientos criminales contra Gianfranco Perfili (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. I-161). C 300/32 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 1992, p. 2873), apartado 19; y los asuntos acumulados a 185/78 a 204/78: Van Dam en Zonen y otros (Re- copilaci(cid:243)n 1979, p. 2345), apartado 10]. (cid:148) (los subra- yado sou de la Comisi(cid:243)n). 3. Consideramos que el principio general expresado por el Tri- bunal en el anteriormente mencionado juicio Perfili y en otros muchos juicios anteriores, puede aplicarse, adaptÆndolo a las circunstancias del caso, al problema en cuesti(cid:243)n, que se clasifica bajo una regla de no discriminaci(cid:243)n (cid:151)el art(cid:237)culo 95(cid:151) cuyo esp(cid:237)ritu es muy similar al de los art(cid:237)culos 6, 52 y 59 del Tratado que el Tribunal menciona expl(cid:237)citamente. Si el legislador comunitario hubiera establecido directamente el tipo de IVA en un porcentaje uniforme del precio de los bienes suministrados en toda la Comunidad, las desventajas indicadas por ciertos comerciantes daneses desaparecer(cid:237)an automÆticamente. TambiØn debe notarse que, incluso actualmente, el problema de una carga fiscal superior para los coches de segunda mano revendidos en Dinamarca y comprados en otro Estado miem- bro s(cid:243)lo se presenta en el caso de veh(cid:237)culos procedentes de Estados miembros que aplican tipos de IVA inferiores al danØs, y que, en caso de que se importasen coches de segunda adquiridos en un Estado miembro que aplique el mismo tipo de IVA que Dinamarca (por ejemplo, Suecia) no existir(cid:237)an diferencias fiscales. Un veh(cid:237)culo procedente de un Estado miembro que, para aclarar la cuesti(cid:243)n, haya fijado su tipo de IVA en mÆs del 25 % recibir(cid:237)a un tratamiento fiscal mÆs ventajoso que el mismo veh(cid:237)culo de segunda mano adquirido en Dinamarca. 4. A la vista de las consideraciones anteriores, opinamos que la diferencia en la carga impositiva que, en Dinamarca, deriva de los diferentes tipos de IVA que el comerciante ha de dedu- cir como (cid:147)impuestos deducibles(cid:148) de los (cid:147)impuestos devenga- dos(cid:148) a los que estÆ sujeto de conformidad con el apartado 1 del art(cid:237)culo 28 sexdecies de la sexta Directiva, (cid:147)resulta(cid:148) (cid:151)para usar las mismas palabras que el Tribunal(cid:151) (cid:147)de las diferencias existentes entre las leyes de los diversos Estados miembros(cid:148). TambiØn se podr(cid:237)a constatar que el (cid:147)IVA deducible(cid:148) se deduce siguiendo un criterio objetivo, a saber, (cid:147)el tipo aplicable en los Estados miembros en los que estÆ situado el lugar del suministro al comerciante sujeto a impuestos, determinado segœn el art(cid:237)culo 8(cid:148), criterio que no tiene relaci(cid:243)n con el ori- gen del producto y que se aplica sin distinci(cid:243)n a todos los comerciantes sujetos a la legislaci(cid:243)n danesa sobre el IVA y a todos los veh(cid:237)culos de segunda mano revendidos en Dina- marca. En estas circunstancias, concluimos que Dinamarca no estÆ infringiendo el art(cid:237)culo 95 del Tratado. » Observaciones del demandante En sus observaciones, el Sr. H. sostuvo que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a tratado adecuadamente el caso. Afirm(cid:243) ademÆs, respecto al motivo de su reclamaci(cid:243)n acerca del impuesto de matr(cid:237)cula, que en algunos casos el impuesto final fijado por las autorida- des danesas era considerablemente diferente del provisional, y que el personal encargado de la evaluaci(cid:243)n de coches importa- dos de segunda mano no era competente. Declar(cid:243) igualmente que antes de importar un coche de segunda mano se exig(cid:237)a que el importador presentase los documentos referentes a la matriculaci(cid:243)n del coche, para despuØs calcular el impuesto pro- visional, y que este requisito implicaba en la prÆctica que el coche deb(cid:237)a comprarse sin conocer el impuesto final, pues ningœn comerciante de coches entregar(cid:237)a los docu- mentos de matriculaci(cid:243)n sin haber vendido antes el coche en cuesti(cid:243)n. Asimismo, declar(cid:243) que las reglas danesas eran la causa de otro problema en caso de accendamiento financiero (leasing) de coches de ocasi(cid:243)n importados, y que los taxis importados de segunda mano no estaban en la misma situa- ci(cid:243)n que los taxis de segunda mano procedentes de Dinamarca. AdemÆs, afirm(cid:243) y prob(cid:243) que en el supuesto de que un resi- dente en Dinamarca trabajase en Alemania para una empresa alemana y Østa pusiera a su disposici(cid:243)n un coche, no lo podr(cid:237)a usar libremente en Dinamarca. importe del Decisi(cid:243)n Se debe recordar, con respecto a los motivos de ambas recla- maciones, que el Defensor del Pueblo Europeo no tiene compe- las actividades de las autoridades tencias puede investigar nacionales. S(cid:243)lo puede, por lo tanto, realizar investigaciones sobre la alegaci(cid:243)n inicial del Sr. H. relativa al hecho que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a tratado ni evaluado adecuadamente el caso planteado por el demandante. En cuanto al motivo de la reclamaci(cid:243)n acerca del impuesto de matr(cid:237)cula, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n lo hab(cid:237)a estudiado y la evaluaci(cid:243)n de la evaluado. La cuesti(cid:243)n pendiente era si Comisi(cid:243)n era correcta. El sistema adoptado por las autoridades danesas tras el mencionado fallo del Tribunal de Justicia estaba orientado a garantizar que los impuestos de matr(cid:237)cula fuesen tales que el valor total del coche importado de segunda mano, incluido el impuesto de matr(cid:237)cula, no fuera superior al de un coche de segunda mano procedente de Dinamarca, incluido el impuesto de matr(cid:237)cula con que se grava a los coches nuevos. La Comisi(cid:243)n consideraba que el sistema era conforme al fallo del Tribunal. Si el Sr. H. ten(cid:237)a pruebas que demostrasen lo con- trario, la Comisi(cid:243)n le invitaba a presentarlas. No se hab(cid:237)an aportado elementos de prueba que indicasen que la evaluaci(cid:243)n era err(cid:243)nea. Sin embargo, se debe recordar que el Tribunal de Justicia es la autoridad mÆxima en las cuestiones relacionadas con las leyes comunitarias. En cuanto al motivo de la reclamaci(cid:243)n acerca del IVA, se cons- tat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n lo hab(cid:237)a estudiado y evaluado. La cues- ti(cid:243)n crucial era, tambiØn en este caso, si la evaluaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n era correcta. Ambas partes, el Sr. H. y la Comisi(cid:243)n, parec(cid:237)an estar de acuerdo sobre el hecho que, en ciertas situa- ciones, las reglas en cuesti(cid:243)n pod(cid:237)an provocar desventajas com- petitivas para los comerciantes daneses respecto a los alemanes. Se constat(cid:243) igualmente que el Sr. H. y la Comisi(cid:243)n estaban de acuerdo en que las reglas danesas eran conformes a la Directiva 94/5/CE. La cuesti(cid:243)n era, pues, si el rØgimen autorizado por la Directiva 94/5/CE era contrario al Tratado. La Comisi(cid:243)n consi- deraba que dichas desventajas derivaban de las diferencias en 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/33 los tipos de IVA autorizadas por las leyes comunitarias. De hecho, se observ(cid:243) que las desventajas desaparecer(cid:237)an si se apli- case el mismo tipo de IVA en Dinamarca y en Alemania. Por lo tanto, la evaluaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n se consider(cid:243) correcta. Sin embargo, debe recordarse una vez mÆs que el Tribunal de Justicia es la autoridad mÆxima en las cuestiones relacionadas con el Derecho comunitario. un prop(cid:243)sito ileg(cid:237)timo. Concretamente, los requisitos res- pecto a la calidad del personal que se especificaban en el primer procedimiento se consideraron no operativos en el segundo. Como consecuencia, empresas con un personal de calidad inferior hab(cid:237)an resultado aventajadas, y en parti- cular la empresa adjudicataria. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n Europea, por lo que el Defensor del Pue- blo decidi(cid:243) archivar el asunto. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n PROCEDIMIENTO DE LICITACI(cid:211)N PARA EL SUMINISTRO DE SERVICIOS T(cid:201)CNICOS A LA COMISI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 817/19. 8. 96/0KA/NL-EN/IJH contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En agosto de 1996, el Dr. O. d. K present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo acerca de una licitaci(cid:243)n organizada por la Comisi(cid:243)n. Su empresa consultora hab(cid:237)a presentado una oferta para suministrar asistencia tØcnica a la Direcci(cid:243)n de Salud Pœblica y Salud y Seguridad del Trabajo (DG V/F). La Comisi(cid:243)n le inform(cid:243) seguidamente de que hab(cid:237)a cancelado la licitaci(cid:243)n a causa de la existencia de errores de traducci(cid:243)n en los docu- mentos de la licitaci(cid:243)n, y que pretend(cid:237)a iniciar un nuevo proce- dimiento limitado de carÆcter acelerado. El Dr. O. d. K. particip(cid:243) sin Øxito en el nuevo procedimiento. En su reclamaci(cid:243)n manifestaba que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a violado requisitos establecidos en la Directiva sobre los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n de los contratos pœblicos sobre servicios (1) (Directiva sobre servicios) al no i) ii) facilitar los documentos relativos a la segunda licitaci(cid:243)n por el conducto mÆs rÆpido, tal como exige el apartado 3 del art(cid:237)culo 20 de la Directiva; responder a las peticiones de aclaraciones que hab(cid:237)a hecho por fax a mÆs tardar cuatro d(cid:237)as antes de la fecha de cierre de la licitaci(cid:243)n, tal como exige el apartado 2 del art(cid:237)culo 20 de la Directiva; iii) responder a su petici(cid:243)n de negociaciones, tal como se prevØ en el apartado 2 del art(cid:237)culo 11 de la Directiva. Sosten(cid:237)a tambiØn que: iv) la verdadera raz(cid:243)n para la cancelaci(cid:243)n de la primera licita- ci(cid:243)n no tuvo su origen en los errores de traducci(cid:243)n, sino (1) Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinaci(cid:243)n de los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n de los contra- tos pœblicos de servicios (DO L 209 de 24. 7. 1992, p. 1). La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. Con relaci(cid:243)n a los la Comisi(cid:243)n formul(cid:243), supuestos errores en el procedimiento, en s(cid:237)ntesis, las observaciones siguientes: i) ii) la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) los documentos necesarios para la licita- ci(cid:243)n por correo certificado a todas las empresas selecciona- das; la fecha l(cid:237)mite para la recepci(cid:243)n de ofertas era el 14 de junio de 1996. El 10 de junio de 1996 la Comisi(cid:243)n res- pondi(cid:243) por telØfono a las preguntas que el demandante hab(cid:237)a formulado por fax, esto es tan s(cid:243)lo un d(cid:237)a y medio despuØs de recibir el fax. La Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) que no hab(cid:237)a respondido por escrito; iii) la aplicaci(cid:243)n del apartado 2 del art(cid:237)culo 11 de la Directiva sobre servicios s(cid:243)lo es pertinente cuando se adjudica un contrato mediante el procedimiento negociado. En ese asunto se hab(cid:237)a usado el procedimiento restringido acelera- do. La respuesta de la Comisi(cid:243)n a la observaci(cid:243)n iv) del deman- dante fue, en s(cid:237)ntesis, la siguiente: a) cuando se abrieron las ofertas de la primera licitaci(cid:243)n, se descubri(cid:243) que exist(cid:237)an diferencias de interpretaci(cid:243)n entre los licitadores acerca de las especificaciones sobre recursos humanos, pues, como resultado de un error de traducci(cid:243)n, en la versi(cid:243)n francesa de las especificaciones se hac(cid:237)a refe- rencia a «hombre/meses», mientras que en las versiones ale- mana e inglesa se hablaba de «horas/mes». Dado que las ofertas no se pod(cid:237)an comparar, la Comisi(cid:243)n cancel(cid:243) el pro- cedimiento; b) en vista de la urgencia, la Comisi(cid:243)n organiz(cid:243) una nueva licitaci(cid:243)n usando el procedimiento restringido acelerado; c) aparte de adaptar la convocatoria de la licitaci(cid:243)n al nuevo procedimiento y de corregir el error de traducci(cid:243)n, las especificaciones tØcnicas de la invitaci(cid:243)n a la segunda licita- ci(cid:243)n eran idØnticas a las de la invitaci(cid:243)n a la primera; d) a diferencia del procedimiento general, el restringido incluye dos fases distintas: selecci(cid:243)n de las empresas parti- cipantes y adjudicaci(cid:243)n del contrato. Los requisitos acerca de la calidad del personal se aplicaron en la fase de selec- ci(cid:243)n; C 300/34 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 e) el procedimiento se sigui(cid:243) adecuadamente, y el informe sobre la adjudicaci(cid:243)n mostr(cid:243) que la acusaci(cid:243)n de que el contratante previo hab(cid:237)a tenido ventaja era infundada. Los diversos lotes se adjudicaron a las empresas que hab(cid:237)an presentado las ofertas mÆs baratas. Observaciones del demandante Otras observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante criticaba detalladamente la respuesta de la Comisi(cid:243)n, e insist(cid:237)a en que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a violado las reglas de la contrataci(cid:243)n pœblica y en que la manera de proceder de la Comisi(cid:243)n constitu(cid:237)a un ejemplo de mala administraci(cid:243)n. En sus observaciones, el demandante critic(cid:243) detalladamente las observaciones de la Comisi(cid:243)n, y dio mÆs detalles sobre sus ale- gaciones. En s(cid:237)ntesis, el demandante formul(cid:243) las observaciones siguientes: Sosten(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n deb(cid:237)a probar que los criterios de cali- dad del personal se hab(cid:237)an aplicado realmente, facilitÆndole para ello informaci(cid:243)n detallada y documentos relativos a la oferta y a la calidad del personal del licitador que hab(cid:237)a fir- mado el contrato. i) el uso del procedimiento negociado, de conformidad con la Directiva, hubiera resultado apropiado dadas las irregulari- dades existentes en las ofertas correspondientes a la pri- mera licitaci(cid:243)n, y que ven(cid:237)an derivadas de las diferencias de interpretaci(cid:243)n resultantes de errores de traducci(cid:243)n; Decisi(cid:243)n ii) el demandante cuestionaba si, al comparar las ofertas reci- bidas, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a hecho uso realmente de los crite- rios relativos a la calidad del personal seæalados en los documentos de la licitaci(cid:243)n, y si la Comisi(cid:243)n pod(cid:237)a demos- trar que el adjudicatario satisfac(cid:237)a realmente dichos crite- rios. Otras investigaciones Las nuevas alegaciones incluidas en las observaciones del demandante se remitieron a la Comisi(cid:243)n junto con una peti- ci(cid:243)n de observaciones adicionales. Respuesta de la Comisi(cid:243)n La respuesta de la Comisi(cid:243)n inclu(cid:237)a, en s(cid:237)ntesis, las observacio- nes siguientes: i) el demandante no ten(cid:237)a raz(cid:243)n al pedir un procedimiento negociado, pues no se hab(cid:237)an producido irregularidades sino, en el peor de los casos, un error en la interpretaci(cid:243)n del texto. En cuanto a los defectos de la traducci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n compar(cid:243) cuidadosamente la parte de las licitacio- nes que hab(cid:237)a resultado afectada, con el fin de no discrimi- nar a ningœn licitador a pesar de las diferencias en las ofer- tas recibidas; ii) en la fase de selecci(cid:243)n del procedimiento restrictivo acele- rado, la Comisi(cid:243)n comprob(cid:243) la calidad y las calificaciones del personal propuesto sobre la base de los detalles facilita- dos por los diversos licitadores. S(cid:243)lo se enviaron las especi- ficaciones que permit(cid:237)an presentar una oferta a aquellos licitadores que cumpl(cid:237)an los criterios de selecci(cid:243)n. 1. Alegaciones relativas a incumplimientos del procedi- miento establecido en la Directiva sobre servicios 1. 1. El art(cid:237)culo 56 del Reglamento financiero (1) exige que las instituciones comunitarias cumplan las obligaciones de la Directiva sobre Servicios cuando concluyan contratos de servicios en los que la cantidad acordada sea igual o mayor a una cierta cantidad. La Comisi(cid:243)n no contest(cid:243) la afirmaci(cid:243)n del demandante que la Directiva era aplicable a las licitaciones en cuesti(cid:243)n. 1. 2. El demandante sosten(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a incumplido el apartado 3 del art(cid:237)culo 20 de la Directiva al no facilitar por el medio mÆs rÆpido los documentos necesarios para la licitaci(cid:243)n. De acuerdo con la evidencia presentada por la Comisi(cid:243)n, no cuestionada por el demandante, los docu- mentos se enviaron por correo certificado al mismo tiempo a todas las empresas seleccionadas. Por otro lado, no resulta evidente que el art(cid:237)culo de la Directiva citado por el demandante pretenda imponer obligaciones a la autoridad contratante ademÆs de imponØrselas al licitador. 1. 3. El demandante aleg(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a incumplido el apartado 2 del art(cid:237)culo 20 de la Directiva al no facilitar informaci(cid:243)n adicional dentro del per(cid:237)odo prescrito. La Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) que no hab(cid:237)a respondido por escrito a la petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional formulada por el demandante. Sin embargo, ambas partes se mostraron de acuerdo en que existi(cid:243) una comunicaci(cid:243)n por telØfono. AdemÆs, el apartado 2 del art(cid:237)culo 20 s(cid:243)lo es aplicable cuando el licitador ha pedido informaci(cid:243)n adicional «con la debida antelaci(cid:243)n». Por lo tanto, sobre la base de las cir- cunstancias de este caso reveladas en la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo, no ha quedado demostrado que se produjera incumplimiento de los requisitos estipulados en el apartado 2 del art(cid:237)culo 20. (1) Tal como figura en la enmienda del Reglamento (CE) no 2333/95 del Consejo, en su versi(cid:243)n modificada (DO L 240 de 7. 10. 1995, p. 1). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/35 1. 4. El demandante sosten(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a haber seguido el procedimiento negociado. La elecci(cid:243)n del pro- cedimiento corresponde a la autoridad contratante, sujeta a los requisitos de la Directiva sobre servicios. AdemÆs de las alegaciones consideradas en la secci(cid:243)n 3 de esta deci- si(cid:243)n, el Defensor del Pueblo no recibi(cid:243) ninguna informa- ci(cid:243)n que pusiera de manifiesto el incumplimiento de los requisitos de la Directiva al usar de un procedimiento res- tringido acelerado en lugar de un procedimiento negocia- do. sobre las estipulaciones pertinentes de la Directiva ni de la Decisi(cid:243)n. 3. 3. A la vista de los resultados del apartado 2 de esta deci- si(cid:243)n, el Defensor del Pueblo no consider(cid:243) necesario pedir a la Comisi(cid:243)n que le facilitase informaci(cid:243)n o documentos adicionales como parte de las investigaciones relacionadas con este asunto. 1. 5. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n del Defen- sor del Pueblo, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto del asunto. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 2. Alegaci(cid:243)n de prop(cid:243)sito ileg(cid:237)timo SUPUESTA INFRACCI(cid:211)N DE LAS NORMAS SOBRE COMPETENCIA 2. 1. La Comisi(cid:243)n rechaz(cid:243) la alegaci(cid:243)n que los errores de tra- ducci(cid:243)n no fueran la verdadera raz(cid:243)n de la cancelaci(cid:243)n del primer procedimiento de licitaci(cid:243)n. La comparaci(cid:243)n de las diferentes versiones ling(cid:252)(cid:237)sticas del Diario Oficial de las Comunidades Europeas confirma la existencia de las dife- rencias identificadas por la Comisi(cid:243)n. 2. 2. La Comisi(cid:243)n rechaz(cid:243) la alegaci(cid:243)n que el contratante ante- rior hubiera gozado de preferencia, y afirm(cid:243) que los diversos lotes tratados en la licitaci(cid:243)n se adjudicaron a las empresas que hicieron las ofertas mÆs bajas. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n insisti(cid:243) en que los criterios referentes a la cali- dad del personal se aplicaron en la primera fase del proce- dimiento restringido acelerado. Este relato de los hechos era coherente y compatible con la prueba documental facilitada por la Comisi(cid:243)n y sobre la que el demandante hab(cid:237)a tenido ocasi(cid:243)n de formular observaciones. Si bien el demandante no estaba de acuerdo con la exactitud del relato de la Comisi(cid:243)n, no facilit(cid:243) pruebas que respaldasen sus alegaciones. 2. 3. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n del Defen- sor del Pueblo, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto del asunto. 3. Solicitud de informaci(cid:243)n y documentos 3. 1. El demandante manten(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n deb(cid:237)a presen- tarle informaci(cid:243)n y documentos que probasen que hab(cid:237)a aplicado los criterios de calidad. Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 829/22. 8. 96/FDR/D/PD contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En julio de 1996, el Sr. R. present(cid:243) una petici(cid:243)n al Parlamento Europeo acerca de la tramitaci(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a reali- zado de sus reclamaciones relativas a unas supuestas infraccio- nes de las normas comunitarias sobre competencia por parte de algunos fabricantes e importadores de autom(cid:243)viles. En agosto de 1996, el Sr. R. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo sobre la misma cuesti(cid:243)n. En septiembre de 1996, el Parlamento Europeo consider(cid:243) que la petici(cid:243)n del Sr. R. se refer(cid:237)a a un supuesto caso de mala administraci(cid:243)n en las actividades de la Comisi(cid:243)n y, por lo tanto, la transmiti(cid:243) al Defensor del Pueblo para que la tramitara como reclamaci(cid:243)n. Segœn el demandante, los autom(cid:243)viles de fabricaci(cid:243)n alemana suelen ser mÆs caros en Alemania que en otros Estados miem- los Pa(cid:237)ses Bajos y Finlandia. Por esta bros como Dinamarca, raz(cid:243)n, algunos consumidores residentes en Alemania acuden a concesionarios de otros Estados miembros para comprar all(cid:237) sus veh(cid:237)culos; pero a veces tropiezan con problemas, como la negativa a vender a consumidores residentes en Alemania, tiempos de entrega excesivos o aumentos artificiales de los pre- cios. 3. 2. El art(cid:237)culo 12 de la Directiva sobre servicios establece dis- posiciones espec(cid:237)ficas referentes a la presentaci(cid:243)n de informaci(cid:243)n y motivaciones a los licitadores descartados. El acceso pœblico a los documentos de la Comisi(cid:243)n se rige por la Decisi(cid:243)n 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comi- si(cid:243)n (1). El demandante no present(cid:243) ninguna alegaci(cid:243)n (1) Decisi(cid:243)n 94/90/CECA, CE, CE, Euratom de la Comisi(cid:243)n, de 8 de febrero de 1994, sobre el acceso del pœblico a los documentos de la Comisi(cid:243)n (DO L 46 de 18. 2. 1994, p. 58). En varias ocasiones, el Sr. R. , con residencia en Alemania, se dirigi(cid:243) a distribuidores individuales de coches de otros Estados miembros con el fin de comprar un veh(cid:237)culo, encontrando al parecer algunas dificultades del tipo ya mencionado. El Sr. R. consider(cid:243) que las negativas y la reticencia a vender autom(cid:243)vi- les a determinados consumidores basÆndose en que viven en otro Estado miembro contraven(cid:237)an las normas de la Comuni- dad sobre competencia, por lo que se dirigi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. Posteriormente, mantuvo una correspondencia considerable con dicha instituci(cid:243)n, de la que se pod(cid:237)a deducir que, en prin- cipio, la Comisi(cid:243)n no pon(cid:237)a en duda la interpretaci(cid:243)n de la ley C 300/36 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 realizada por el demandante, y segœn la cual los casos denun- ciados contraven(cid:237)an las normas sobre competencia, incluido el Reglamento (CE) no 1475/95 (1) Sin embargo, el Sr. R. consi- der(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a dado ningœn paso para hacer cumplir competencia. Concretamente, expres(cid:243) su descontento en relaci(cid:243)n con una carta que la Comi- si(cid:243)n le hab(cid:237)a enviado el 28 de junio de 1996, en la que hac(cid:237)a referencia a su intercambio de correspondencia con el Sr. R. e intentaba explicar la pol(cid:237)tica que sigue en esta cuesti(cid:243)n. Los pÆrrafos correspondientes indicaban: las normas sobre «(cid:133) La Comisi(cid:243)n, como autoridad administrativa responsable que actœa en interØs pœblico, tiene la obligaci(cid:243)n de garantizar el cum- plimiento de la pol(cid:237)tica de competencia de la CE y, cuando se pro- ducen infracciones, tomar las medidas necesarias en materia de organizaci(cid:243)n y, en particular, establecer prioridades. Al realizar esa elecci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n da preferencia a aquellos casos que son de particular importancia desde el punto de vista pol(cid:237)tico, econ(cid:243)- mico o legal. Por supuesto, este principio tambiØn se aplica a la recepci(cid:243)n y a la tramitaci(cid:243)n de las reclamaciones. En relaci(cid:243)n a este punto debo seæalarle, sin embargo, que las normas europeas sobre competencia no permiten a la Comisi(cid:243)n ayudar a las perso- nas privadas a ejercer sus derechos subjetivos. Esta funci(cid:243)n corres- ponde bÆsicamente a los tribunales nacionales que (cid:151)a diferencia de la Comisi(cid:243)n(cid:151) pueden tambiØn determinar el derecho a daæos y perjuicios (cid:133) (cid:133) La Comisi(cid:243)n es consciente que, en casos individuales, puede haber dificultades para comprar un coche en Finlandia o Dina- marca, y los servicios de la Comisi(cid:243)n responsable ya le han expli- cado por escrito los posibles motivos. El intercambio considerable de correspondencia que hasta la fecha ha originado su asunto demuestra que la Comisi(cid:243)n ha emprendido acciones dentro del Æmbito de sus responsabilidades. Habida cuenta del comprensible deseo de millones de conductores de la Uni(cid:243)n Europea de comprar sus coches al mejor precio posible, y tambiØn de las dificultades que a veces surgen al hacerlo, la Comisi(cid:243)n no puede emprender acciones en cada caso individual que implique un interØs personal (cid:133)» El demandante consider(cid:243) que la referencia de la Comisi(cid:243)n a los casos de interØs personal era inadecuada, ya que Øl estaba pro- cediendo en beneficio del pœblico en general. A la vista de esta informaci(cid:243)n, el Sr. R. present(cid:243) seis quejas en su reclamaci(cid:243)n: i) la Comisi(cid:243)n se mostraba inactiva en los procedimientos pendientes; ii) la Comisi(cid:243)n toleraba prÆcticas ilegales e infracciones conti- nuas y sistemÆticas del Reglamento (CE) no 1475/95; iii) la Comisi(cid:243)n no supervisaba las normas aplicables; (1) Reglamento (CE) no 1475/95, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 85 del Tratado a determina- das categor(cid:237)as de acuerdos de distribuci(cid:243)n y de servicio de venta y de postventa de veh(cid:237)culos autom(cid:243)viles (DO L 145 de 29. 6. 1995, p. 25), que reemplaza el Reglamento (CE) no 123/85 (DO L 15 de 18. 1. 1985, p. 16). iv) la Comisi(cid:243)n no tomaba en serio contravenciones demostra- das de la ley; v) la Comisi(cid:243)n evaluaba de forma incorrecta si se deb(cid:237)an o no incoar procedimientos contra los fabricantes de autom(cid:243)vi- les que supuestamente contraven(cid:237)an las normas pertinentes sobre competencia; vi) la Comisi(cid:243)n hac(cid:237)a caso omiso del derecho de los ciudada- nos a reclamar. la reclamaci(cid:243)n se refer(cid:237)a a que la Comisi(cid:243)n se En resumen, hab(cid:237)a mostrado pasiva en la cuesti(cid:243)n sobre la que se reclama- ba, o a que el curso de la acci(cid:243)n emprendida por la Comisi(cid:243)n no era el apropiado. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n la cual, en sus La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, observaciones, explic(cid:243) que el tema en general se refiere a supuestos obstÆculos a las exportaciones paralelas de veh(cid:237)culos autom(cid:243)viles nuevos desde ciertos Estados miembros. Segœn el Reglamento (CE) no 1475/95, un distribuidor no puede recha- zar la oferta de compra de un consumidor, ni pedir un precio mÆs alto, simplemente porque el consumidor resida en otro Estado miembro. la Comisi(cid:243)n Por lo que se refiere a la presente reclamaci(cid:243)n, present(cid:243) un informe completo de su correspondencia con el Sr. R. (cid:201)ste hab(cid:237)a dirigido 30 cartas a la Comisi(cid:243)n desde 1994, en las que se quejaba de la conducta de seis fabricantes alema- nes de autom(cid:243)viles de gran importancia, as(cid:237) como de la de los importadores de estos fabricantes en otros cinco Estados miem- bros. La Comisi(cid:243)n investig(cid:243) todas las reclamaciones del Sr. R. sobre estas supuestas prÆcticas ilegales. Al mismo tiempo, la Comisi(cid:243)n explic(cid:243) repetidamente al Sr. R. su actitud hacia el tema en cuesti(cid:243)n. En una carta del Comisario para cuestiones de competencia, se inform(cid:243) al Sr. R. que en caso de infracci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n no dudar(cid:237)a en tomar las medidas necesarias en materia de organizaci(cid:243)n, aunque deber(cid:237)a hacerlo de conformi- dad con sus prioridades. Sin embargo, el Comisario tambiØn inform(cid:243) al Sr. R. que no era deber de la instituci(cid:243)n ayudar a las personas privadas a hacer valer sus derechos subjetivos (o sus llamados «Partikularinteresse»), pues esta tarea corresponde a las jurisdicciones nacionales. Asimismo, la Comisi(cid:243)n decla- raba en sus comentarios que el enfoque que hab(cid:237)a elegido correspond(cid:237)a a los principios confirmados por el Tribunal de Primera Instancia. La Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que la sentencia en cuesti(cid:243)n confirmaba que la instituci(cid:243)n tiene el deber de actuar en bien del interØs pœblico. Esto implica, entre otras cosas, que la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a tener en cuenta sus recursos administrati- vos a la hora de dar prioridad a las reclamaciones sobre infrac- ciones del Derecho comunitario. El Comisario hizo hincapiØ, igualmente, en que corresponde a la Comisi(cid:243)n evaluar si exis- ten pruebas por las que se pueda determinar que se ha produ- cido una infracci(cid:243)n contra la competencia. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/37 En œltimo lugar, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que la cuesti(cid:243)n era de reclamaciones (cid:237)ndole general. La Comisi(cid:243)n recibe muchas sobre la distribuci(cid:243)n de autom(cid:243)viles en la Uni(cid:243)n Europea, y consagra un tiempo y unos recursos considerables al segui- miento e investigaci(cid:243)n de estas reclamaciones, entre las que se encontraban las del Sr. R. A la vista de estas circunstancias, la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) que las afirmaciones del Sr. R. eran infundadas. Observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante subray(cid:243) que ten(cid:237)a dere- cho a reclamar y que no s(cid:243)lo representaba su propio interØs personal; que la Comisi(cid:243)n no estaba contestando a su corres- pondencia ni enviando acuses de recibo por sus cartas; que se estaban produciendo infracciones que tanto la Comisi(cid:243)n como el Parlamento Europeo podr(cid:237)an detectar fÆcilmente mediante una investigaci(cid:243)n; que, sin embargo, la Comisi(cid:243)n no estaba investigando estas infracciones, sino que mÆs bien mostraba una completa inactividad; y que, en realidad, la libre circula- ci(cid:243)n de bienes no estaba protegida en ningœn lugar de la Uni(cid:243)n. Por œltimo, especific(cid:243) diversas acciones que, segœn Øl, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a estar obligada a emprender. AdemÆs, el demandante se reafirm(cid:243) en sus declaraciones sobre la inactividad y la tolerancia de la Comisi(cid:243)n con respecto a las supuestas infracciones de las normas sobre competencia, y a la manera en que, a su modo de ver, la instituci(cid:243)n estaba elu- diendo su responsabilidad en el refuerzo de dichas normas, rayando incluso en el fraude. Segœn el Sr. R. , la Comisi(cid:243)n apo- yaba las infracciones y estaba completamente predispuesta a favor de la industria del autom(cid:243)vil. Es mÆs, incluy(cid:243) material, principalmente art(cid:237)culos period(cid:237)sticos y listas de precios de algunas de las compaæ(cid:237)as denunciadas que, en su opini(cid:243)n, demostraba que se estaban produciendo infracciones. El Sr. R. pidi(cid:243) tambiØn al Defensor del Pueblo que investigara directamente a los fabricantes e importadores de autom(cid:243)viles, y le present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n por el propio Reglamento (CE) no 1475/95. Evoluci(cid:243)n posterior Tras presentar la reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el Sr. R. sigui(cid:243) dirigiØndose a la Comisi(cid:243)n. El 16 de diciembre de 1997, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) una carta al Sr. R. en virtud del art(cid:237)culo 6 del Reglamento (CE) no 99/63 de la Comisi(cid:243)n informÆndole que no pretend(cid:237)a abrir una investigaci(cid:243)n formal respecto a cua- tro de los expedientes relativos a sus reclamaciones, pues las cuestiones por las que reclamaba no eran de suficiente interØs comunitario como para merecer tales investigaciones. Se invi- taba al Sr. R. a presentar a la Comisi(cid:243)n sus observaciones sobre esta conclusi(cid:243)n preliminar en un plazo de seis semanas, si as(cid:237) lo deseaba. La carta estaba dividida en dos apartados; el pri- mero se llamaba «Sus opiniones», y el segundo, «Observaciones de la Comisi(cid:243)n». Este œltimo rezaba: «De conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 del Reglamento no 17, las personas f(cid:237)sicas o jur(cid:237)dicas que afirman tener un interØs leg(cid:237)timo pueden presentar reclamaciones. Aun suponiendo que usted tenga un interØs leg(cid:237)timo, se deben tener en cuenta los puntos que se establecen a continuaci(cid:243)n. La apertura de una investigaci(cid:243)n formal por parte de la Comisi(cid:243)n implicar(cid:237)a un gasto desproporcionado en relaci(cid:243)n con la limitada significaci(cid:243)n del asunto. Como autoridad responsable de aplicar la pol(cid:237)tica comunitaria de competencia, la Comisi(cid:243)n debe estar al servicio del interØs general. S(cid:243)lo dispone de recursos administrati- vos limitados para llevar a cabo esta funci(cid:243)n, y no puede desple- garlos en todos los casos que se le seæalan. En las cartas que usted ha enviado a la Comisi(cid:243)n, se queja por la supuesta negativa general de los concesionarios oficiales de diver- sas marcas de autom(cid:243)viles en los Estados comunitarios menciona- dos a venderle un coche con el prop(cid:243)sito de volverlo a exportar inmediatamente, o por el hecho de que, supuestamente, s(cid:243)lo estu- vieran dispuestos a hacerlo a un precio excesivo. En sus cartas, usted afirma que se han violado sus derechos subje- tivos. Usted es libre de emprender una acci(cid:243)n legal respecto a la violaci(cid:243)n de dichos derechos ante los tribunales nacionales de los Estados miembros. Los tribunales nacionales pueden aplicar las normas europeas sobre competencia y (cid:151)a diferencia de la Comi- si(cid:243)n(cid:151) pueden conceder indemnizaciones por daæos y perjuicios. AdemÆs, desde 1985, la venta de veh(cid:237)culos autom(cid:243)viles es objeto de un reglamento que otorga una exenci(cid:243)n por grupo. El Regla- mento (CEE) no 123/85 de la Comisi(cid:243)n, de 12 de diciembre de 1984, estuvo en vigor desde el 1 de julio de 1985 hasta el 30 de junio de 1995. El 1 de julio de 1995 fue reemplazado por el Reglamento (CE) no 1475/95 de la Comisi(cid:243)n, de 28 de junio de 1995. El prop(cid:243)sito (cid:151) y la principal ventaja(cid:151) de los Reglamen- tos que otorgan una exenci(cid:243)n de grupo es que, en parte, permiten a los tribunales nacionales aplicar la legislaci(cid:243)n europea sobre competencia. Los apartadas 1 a 7 del art(cid:237)culo 6 del Reglamento no 1475/95, por ejemplo, estipula que el beneficio de la exenci(cid:243)n desaparece automÆticamente cuando se restringe directa o indirec- tamente la libertad de los usuarios finales, de los intermediarios con procuraci(cid:243)n o de los distribuidores, de comprar un veh(cid:237)culo autom(cid:243)vil a una empresa de la red de su elecci(cid:243)n dentro del mer- cado comœn. Por consiguiente, no existe un interØs comunitario suficiente para autorizar la apertura de una investigaci(cid:243)n. » Como respuesta a esta carta, el Sr. R. envi(cid:243) sus observaciones a la Comisi(cid:243)n, en las que declaraba que era un error considerar que las reclamaciones no representaban un interØs comunitario suficiente. TambiØn envi(cid:243) unas observaciones similares al Defensor del Pueblo, en las que declaraba repetidamente que, con su carta, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a rechazado todas sus reclama- ciones. Sin embargo, se constat(cid:243) que la carta s(cid:243)lo se refer(cid:237)a a cuatro de los expedientes que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a abierto a ra(cid:237)z de sus reclamaciones. Segœn las observaciones del Sr. R. , la Comisi(cid:243)n llegar(cid:237)a a una conclusi(cid:243)n final sobre archivar o no esos cuatro expedientes. AdemÆs, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n todav(cid:237)a estaba investigando otros dos expedientes que hab(cid:237)a abierto con motivo de las reclamaciones del Sr. R. C 300/38 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Otros hechos Debe recordarse que la Comisi(cid:243)n publica un Informe anual sobre pol(cid:237)tica de competencia. En los puntos 54 y 55 del informe de 1996, relativos al sector del autom(cid:243)vil, la Comisi(cid:243)n declaraba que hab(cid:237)a recibido numerosas reclamaciones de consumidores que tropezaban con problemas importantes al comprar un coche fuera de su Estado miembro. De conformidad con la prÆctica habitual, el Parlamento Euro- peo adopt(cid:243) una resoluci(cid:243)n sobre el informe de la Comisi(cid:243)n, en la que: «lamenta la falta de un autØntico mercado interior relacionado con la distribuci(cid:243)n y los servicios de venta y de postventa de veh(cid:237)- culos autom(cid:243)viles, como demuestran las numerosas reclamaciones de los consumidores; y pide a la Comisi(cid:243)n que garantice final- mente un mercado libre, en el que los consumidores puedan com- prar un coche sin ningœn problema fuera de sus propios Estados miembros y en el que no haya obstÆculos para el comercio parale- lo (1)». AdemÆs, debe seæalarse que en enero de 1998 la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243) una decisi(cid:243)n (2) en la que se establec(cid:237)a que Volkswagen hab(cid:237)a cometido una infracci(cid:243)n de las normas sobre competen- cia, e impon(cid:237)a una multa de 102 millones de ecus a esta com- paæ(cid:237)a. En el comunicado de prensa emitido por la Comisi(cid:243)n al adoptar la decisi(cid:243)n, se afirmaba: «Al comentar la decisi(cid:243)n, el Sr. van Miert dijo que la Comisi(cid:243)n no dudar(cid:237)a en tomar las medidas necesarias en contra de los fabricantes de autom(cid:243)viles que no cumplieran el Reglamento [(CE) no 1475/95] que regula el comercio de estos bienes (cid:133) La importancia de la multa es una indicaci(cid:243)n de que la Comisi(cid:243)n no tolerarÆ las prÆcticas de ese tipo y que actuarÆ con igual deter- minaci(cid:243)n contra otros fabricantes que se propongan repartirse el mercado. » Decisi(cid:243)n `mbito de competencias del Defensor del Pueblo En sus observaciones, el Sr. R. pidi(cid:243) al Defensor del Pueblo que investigara directamente a los fabricantes e importadores de autom(cid:243)viles en cuesti(cid:243)n y que examinara el interØs social del Reglamento (CE) no 1475/95. De conformidad con el apar- tado 1 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo: «Con los l(cid:237)mites que establecen los Tratados ((cid:133)) el Defensor del Pueblo contribuirÆ a descubrir los casos de mala administraci(cid:243)n en la acci(cid:243)n de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios ((cid:133)) No podrÆ ser objeto de reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo la actuaci(cid:243)n de ninguna otra autoridad o persona. ». (1) DO C 358 de 24. 11. 1997, p. 55. (2) DO L 124 de 25. 4. 1998, p. 60. Por este motivo, el Defensor del Pueblo no puede investigar las supuestas infracciones cometidas por los fabricantes e importa- dores de autom(cid:243)viles, sino s(cid:243)lo las investigaciones de la Comi- si(cid:243)n sobre dichas infracciones. AdemÆs, el apartado 2 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto estipula: «Todo ciudadano de la Uni(cid:243)n ((cid:133)) podrÆ someter al Defensor del Pueblo ((cid:133)) una reclamaci(cid:243)n relativa a un caso de mala adminis- traci(cid:243)n (cid:133)». Como se afirma en el Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo de 1995, esto significa que no corresponde al Defen- sor del Pueblo examinar el interØs social de los actos legislati- vos de las Comunidades, como reglamentos y directivas. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no pudo tener en cuenta la afir- maci(cid:243)n del Sr. R. sobre el interØs social del Reglamento (CE) no 1475/95. Supuesta pasividad de la Comisi(cid:243)n y l(cid:237)nea de acci(cid:243)n adoptada 1. En primer lugar, fue necesario recordar el marco legal en que deb(cid:237)a evaluarse la reclamaci(cid:243)n del Sr. R. 2. En cuanto al Derecho positivo, el apartado 1 del art(cid:237)culo 85 del Tratado proh(cid:237)be los acuerdos y el comportamiento anticompetitivos que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros. El apartado 3 del art(cid:237)culo 85 estipula que, en determinadas circunstancias, el apartado 1 del art(cid:237)- culo 85 puede ser declarado inaplicable. En virtud del Reglamento no 19/65/CEE del Consejo, la Comisi(cid:243)n estÆ autorizada a emitir dicha declaraci(cid:243)n de inaplicabilidad mediante un Reglamento general, llamado Reglamento de exenci(cid:243)n. As(cid:237), el prop(cid:243)sito de ese reglamento general es que los acuerdos que cumplan las condiciones establecidas en el mismo no queden prohibidos por el apartado 1 del art(cid:237)culo 85 del Tratado. Y viceversa, si un acuerdo no cum- ple las condiciones, o las infringe, en principio queda sujeto a la prohibici(cid:243)n segœn el apartado 1 del art(cid:237)culo 85. Por lo que se refiere al sector de los veh(cid:237)culos autom(cid:243)viles, la Comisi(cid:243)n, en virtud del Reglamento no 19/65/CEE ha adoptado el Reglamento (CEE) no 1475/95, de 28 de junio de 1995, relativo a la aplicaci(cid:243)n del apartado 3 del art(cid:237)culo 85 del Tratado a determinadas categor(cid:237)as de acuerdos de distribuci(cid:243)n y de servicio de venta y de postventa de veh(cid:237)- culos autom(cid:243)viles. Por el art(cid:237)culo 6 del Reglamento (CEE) no 1475/95, dicho art(cid:237)culo del Tratado no se aplica cuando un fabricante, un proveedor u otra empresa intentan, directa o indirectamente, restringir la libertad de los consu- midores finales de obtener un nuevo veh(cid:237)culo autom(cid:243)vil de cualquier concesionario oficial que elijan dentro de la Comunidad. Por lo tanto, ese comportamiento queda, en principio, prohibido por el apartado 1 del art(cid:237)culo 85 del Tratado. 3. En cuanto al derecho procesal establecido para la operativi- dad de las normas anteriormente mencionadas, debe recor- darse que el apartado 1 del art(cid:237)culo 85 obliga y por tanto puede ser aplicado tanto por la Comisi(cid:243)n como por las autoridades nacionales, incluidas las jurisdicciones naciona- les. Por el contrario, s(cid:243)lo la Comisi(cid:243)n puede aplicar el 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/39 apartado 3 del art(cid:237)culo 85. La relaci(cid:243)n entre esta institu- ci(cid:243)n y las autoridades nacionales es objeto de una comuni- caci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre la cooperaci(cid:243)n entre las auto- ridades nacionales con poder en cuestiones de competencia y la Comisi(cid:243)n en la tramitaci(cid:243)n de los asuntos que entran dentro del Æmbito de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado CE. Dicha comunicaci(cid:243)n se ha publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas DO 1997 C 313 de 15. 10. 1997, p. 3. La cooperaci(cid:243)n con los tribunales nacionales tambiØn es objeto de una comunicaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, publicada en el DO C 39 de 13. 2. 1993, p. 6. Respecto a los procedi- mientos de la Comisi(cid:243)n, las principales disposiciones se encuentran en el Reglamento no 17 del Consejo y, en vir- tud del art(cid:237)culo 24 de dicho Reglamento, la Comisi(cid:243)n ha adoptado unos Reglamentos mÆs detallados, como el Regla- mento no 99/63/CEE. El art(cid:237)culo 3 del Reglamento no 17 estipula: «1. Si la Comisi(cid:243)n comprobare, de oficio o a instancia de parte, una infracci(cid:243)n a las disposiciones del art(cid:237)culo 85 o del art(cid:237)culo 86 del Tratado, podrÆ obligar, mediante decisi(cid:243)n, a las empresas y asociaciones de empresas a poner fin a la infracci(cid:243)n comprobada. EstarÆn facultados para presentar solicitudes con este 2. fin: a) los Estados miembros, b) las personas f(cid:237)sicas o jur(cid:237)dicas que invoquen un interØs leg(cid:237)timo. » El art(cid:237)culo 6 del Reglamento no 99/63/CEE estÆ relacionado con esta disposici(cid:243)n, y estipula: «Cuando la Comisi(cid:243)n, recibida una solicitud en aplicaci(cid:243)n del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 del Reglamento no 17, considere que los elementos por ella reunidos no justifican dar a esa solicitud curso favorable, indicarÆ las razones a los solicitan- tes, y les concederÆ un plazo para presentar por escrito sus eventuales observaciones» Por lo tanto, estÆ claro que las personas que tienen un interØs leg(cid:237)timo pueden presentar una reclamaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n sobre supuestas infracciones del art(cid:237)culo 85 del Tratado. Teniendo en cuenta que el Tribunal de Justicia ha considerado que el demandante no tiene derecho a pedir a la Comisi(cid:243)n que llegue a una decisi(cid:243)n final sobre si se ha producido o no una infracci(cid:243)n, el procedimiento seguido tras una reclamaci(cid:243)n se puede resumir, de manera general de la siguiente manera: Si, tras las investigaciones iniciales, la Comisi(cid:243)n decide que la reclamaci(cid:243)n estÆ justificada y la empresa en cuesti(cid:243)n no estÆ dispuesta a solucionar el problema, la Comisi(cid:243)n puede incoar un procedimiento formal de infracci(cid:243)n, que implica una estricta observancia de los derechos de defensa de la empresa afectada. Si, tras las investigaciones iniciales, la Comisi(cid:243)n considera que la reclamaci(cid:243)n estÆ injustificada, informarÆ al deman- dante de esta decisi(cid:243)n en virtud del art(cid:237)culo 6 del Regla- mento no 99/63/CEE (cid:151)con la llamada «carta del art(cid:237)culo 6»(cid:151), y Øste tendrÆ derecho a presentar sus observaciones, pero no podrÆ impugnar la carta ante los tribunales de la Comunidad. Si, la Comisi(cid:243)n persiste en su opini(cid:243)n, tomarÆ una postura defi- nitiva que el demandante podrÆ impugnar (1). tras considerar estas observaciones, Debe seæalarse que, en caso de que el demandante consi- dere que la Comisi(cid:243)n no ha actuado en relaci(cid:243)n con su reclamaci(cid:243)n, se deduce de la jurisprudencia que la carta del art(cid:237)culo 6 pone fin a esta omisi(cid:243)n (2). 4. El sistema se ha venido complementando con la jurispru- dencia de los Tribunales comunitarios, segœn la cual la Comisi(cid:243)n puede abstenerse de proseguir con la tramitaci(cid:243)n de una reclamaci(cid:243)n si carece de interØs comunitario sufi- ciente (3). El razonamiento de los Tribunales es que las res- ponsabilidades de la Comisi(cid:243)n en materia de competencia forman parte de sus obligaciones generales, como guar- diana del Tratado, de controlar la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario; en la ejecuci(cid:243)n de esta obligaci(cid:243)n, la Comi- si(cid:243)n estÆ obligada y autorizada a conceder distintos grados de prioridad a las cuestiones que se le presentan; dentro del Æmbito de la competencia, el criterio del «interØs comu- nitario» constituye un criterio pertinente y legal. Se suele entender que, en caso de que la Comisi(cid:243)n rechace una reclamaci(cid:243)n por falta de interØs comunitario, los derechos de defensa de la empresa denunciada impiden que la Comi- si(cid:243)n se pronuncie sobre si se ha producido o no infrac- ci(cid:243)n. 5. Por lo tanto, en s(cid:237)ntesis, la Comisi(cid:243)n debe actuar respecto a las reclamaciones presentadas por personas que tengan un interØs leg(cid:237)timo. Puede decidir que la reclamaci(cid:243)n debe ser rechazada sobre la base de que carece del suficiente «in- terØs comunitario» y, en ese caso, deberÆ informar al demandante mediante la carta del art(cid:237)culo 6. Esta carta pone fin a la posible falta de actuaci(cid:243)n sobre la reclama- ci(cid:243)n. El demandante puede presentar sus observaciones a la carta del art(cid:237)culo 6, manteniendo la reclamaci(cid:243)n. Si la Comisi(cid:243)n persiste en su opini(cid:243)n de que la reclamaci(cid:243)n carece de «interØs comunitario», deberÆ adoptar una pos- tura final a ese efecto. Al evaluar el «interØs comunitario», la Comisi(cid:243)n actuarÆ dentro de los l(cid:237)mites de su autoridad legal. El demandante puede impugnar la postura final de la Comisi(cid:243)n. 6. A partir de ah(cid:237), se pudo evaluar la reclamaci(cid:243)n del Sr. R. 7. Ambas partes aceptan que, durante algunos aæos, el Sr. R. llam(cid:243) la atenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre algunas supuestas infracciones. Se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) que el Sr. R. era una persona con interØs leg(cid:237)timo en presentar (1) VØase la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de marzo de 1997 en el asunto C-282/95 P: Guerin Automobiles (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. I-1503). (2) VØase, entre otras, la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de octubre de 1979 en el asunto 125/78: GEMA contra Comisi(cid:243)n Recopilci(cid:243)n 1979, p. 3173. (3) VØase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de sep- tiembre de 1992 en el asunto T-24/90: Automec II Recopilaci(cid:243)n 1992, p. II-2223. C 300/40 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 reclamaciones, en el sentido del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 del Reglamento no 17. Se dedujo que una de las supuestas infracciones se resolvi(cid:243) a ra(cid:237)z de la intervenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n y que las demÆs se estaban investigando. ciones y los ciudadanos europeos. Esta tarea implica que el Defensor del Pueblo tambiØn deber(cid:237)a ayudar a afianzar la posici(cid:243)n de los ciudadanos fomentando buenas prÆcticas administrativas y animando a las autoridades administrati- vas a buscar soluciones que mejoren sus relaciones con los ciudadanos. Teniendo en cuenta todo esto, el Defensor del Pueblo Europeo debe emitir las siguientes sugerencias: 8. Durante las investigaciones, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) al Sr. R. la mencionada carta de 1996, en la que hac(cid:237)a referencia a casos de interØs personal. Esta carta pareci(cid:243) estar conforme con la pol(cid:237)tica general de la Comisi(cid:243)n, como se describe, por ejemplo, en la anterior cita de su informe anual sobre pol(cid:237)tica de competencia, que, a su vez, estÆ basada en la jurisprudencia de los Tribunales de la Comunidad. Por lo tanto, no se consider(cid:243) que la afirmaci(cid:243)n de que la carta constituyera un caso de mala administraci(cid:243)n estuviera justi- ficada. 9. Las investigaciones iniciadas en algunas de las reclamacio- nes del Sr. R. todav(cid:237)a estaban en marcha. Hasta aquel momento, no hab(cid:237)a elementos disponibles que indicaran que la Comisi(cid:243)n no estaba investigando estas reclamacio- nes con la debida atenci(cid:243)n, de conformidad con los princi- pios de la buena administraci(cid:243)n. 10. En cuatro de los expedientes abiertos por la Comisi(cid:243)n a ra(cid:237)z de las reclamaciones del Sr. R. , las investigaciones ini- ciadas llevaron a la Comisi(cid:243)n a la conclusi(cid:243)n provisional de que sus reclamaciones no representaban suficientemente el interØs comunitario, y as(cid:237) se le comunic(cid:243) en la carta del art(cid:237)culo 6, del 16 de diciembre de 1997. Como ya se ha comentado anteriormente, de la jurisprudencia del Tribunal se deduce que una carta de ese tipo pone fin a la posible falta de actuaci(cid:243)n sobre una reclamaci(cid:243)n. Quedaba aœn por ver a quØ conclusi(cid:243)n final llegar(cid:237)a la Comisi(cid:243)n en su debido momento, tras estudiar las extensas observaciones del demandante. En estas circunstancias, no habr(cid:237)a resul- tado apropiado que el Defensor del Pueblo evaluase la car- ta. Sin embargo, la carta condujo al Defensor del Pueblo a formular mÆs adelante otros comentarios a la atenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. 11. Por consiguiente, en aquellas circunstancias, el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) que no hab(cid:237)a justificaci(cid:243)n para afirmar que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a mostrado pasividad o hab(cid:237)a emprendido una l(cid:237)nea de acci(cid:243)n inapropiada. Aunque el Sr. R. pudo haber deseado que la Comisi(cid:243)n desplegara mÆs medios en esta cuesti(cid:243)n, tan importante para Øl, no se constat(cid:243) que hubiera motivos para afirmar que la Comi- si(cid:243)n hab(cid:237)a estado inactiva o hab(cid:237)a emprendido una l(cid:237)nea de acci(cid:243)n inapropiada. A la luz de las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre la presente reclamaci(cid:243)n, no se detect(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n Europea y, por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 2. Sin perjuicio de la naturaleza no vinculante de la llamada carta del art(cid:237)culo 6, la Comisi(cid:243)n podr(cid:237)a, de oficio, intentar ofrecer en la carta unos motivos completos y adecuados a su intenci(cid:243)n de archivar el expediente de una reclamaci(cid:243)n, permitiendo as(cid:237) que el ciudadano comprendiera plena- mente la postura de la Comisi(cid:243)n y presentase las observa- ciones pertinentes. Esto estar(cid:237)a de acuerdo con los princi- pios de la buena administraci(cid:243)n. 3. Es mÆs, en materias que puedan ser de interØs general, la Comisi(cid:243)n podr(cid:237)a tener en cuenta el hecho de que los ciu- dadanos europeos quizÆ dispongan de un tiempo y unos recursos limitados para entablar procedimientos judiciales en defensa de sus derechos, mÆs aœn cuando estos procedi- mientos deben entablarse en un Estado miembro distinto del de su residencia. SELECCI(cid:211)N DE BECARIOS PARA PER˝ODOS DE PR`CTICAS Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 846/29. 8. 96/AISR/ES/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n la Sra. S. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al En agosto de 1996, Defensor del Pueblo acerca de una supuesta falta de respuesta a unas cartas que hab(cid:237)a escrito a la Comisi(cid:243)n. Tras una primera solicitud de beca para per(cid:237)odos de prÆcticas enviada a la Comisi(cid:243)n en 1995, y de la que la denunciante fue excluida, la Sra. S. volvi(cid:243) a presentar su candidatura en 1996. A pesar de sus buenas cualificaciones acadØmicas y profesiona- les, la mayor(cid:237)a de las cuales estaban relacionadas con las pol(cid:237)ti- cas de la Uni(cid:243)n Europea, las solicitudes de la Sra. S. no fueron tenidas en cuenta en la primera fase del procedimiento de selecci(cid:243)n. La Sra. S. escribi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n en mayo y en julio de 1996, preguntando, en ambas ocasiones, por las razones de su exclusi(cid:243)n, y solicitando informaci(cid:243)n sobre los criterios gene- rales que se aplicaban en el procedimiento de selecci(cid:243)n. Al no recibir respuesta a sus cartas, reclamaci(cid:243)n formal ante el Defensor del Pueblo. la Sra. S. present(cid:243) una Investigaci(cid:243)n Otros comentarios Observaciones de la Comisi(cid:243)n 1. La figura del Defensor del Pueblo Europeo se cre(cid:243), entre otras cosas, para fortalecer las relaciones entre las institu- La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n pidi(cid:243) disculpas en primer lugar por no haber con- 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/41 testado a las cartas de la Sra. S. , y declar(cid:243) que el Servicio de becas para per(cid:237)odos de prÆcticas no hab(cid:237)a recibido la carta que la demandante le hab(cid:237)a enviado en julio de 1996. tivas que hab(cid:237)a adoptado la instituci(cid:243)n. No se obtuvo respuesta a la carta. Segœn la Comisi(cid:243)n, se hab(cid:237)an recibido 936 solicitudes de can- didatos espaæoles para el per(cid:237)odo de prÆcticas que empezaba en octubre de 1996. Tras la primera fase del procedimiento de selecci(cid:243)n, 157 de ellos hab(cid:237)an quedado incluidos en la lista de preselecci(cid:243)n («Libro Azul»). La Comisi(cid:243)n subray(cid:243) que todas las solicitudes se hab(cid:237)an estu- diado siguiendo los criterios objetivos establecidos en la nor- mativa aplicable. La Comisi(cid:243)n reconoc(cid:237)a que las cualificaciones de la Sra. S. eran extremadamente buenas y equivalentes a las de los candidatos seleccionados. Sin embargo, indic(cid:243) que la presentaci(cid:243)n de soli- citud no confiere a los candidatos el derecho de conseguir una beca, y que, en raz(cid:243)n del elevado nœmero de solicitantes, era inevitable que algunos candidatos muy buenos no resultasen elegidos. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que, con el fin de minimizar la exclusi(cid:243)n de candidatos muy capacitados para la beca, hab(cid:237)a establecido recientemente un procedimiento mÆs riguroso y sistemÆtico para estudiar las solicitudes. Observaciones de la demandante En sus observaciones, la Sra. S. seæal(cid:243) que el sistema adoptado por la Comisi(cid:243)n para el procedimiento de selecci(cid:243)n de candi- datos no era claro. La demandante no se consider(cid:243) satisfecha con la respuesta de la Comisi(cid:243)n, que, en su opini(cid:243)n, segu(cid:237)a siendo demasiado general. Investigaciones ulteriores Dado que en las observaciones de la Comisi(cid:243)n no se hab(cid:237)an tratado suficientemente algunos aspectos importantes de la reclamaci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo pidi(cid:243) mÆs detalles sobre el nuevo procedimiento de selecci(cid:243)n. AdemÆs, con el fin de com- probar que el procedimiento de selecci(cid:243)n de candidatos en que hab(cid:237)a participado la Sra. S. hab(cid:237)a sido correcto, el Defensor del Pueblo pidi(cid:243) informaci(cid:243)n adicional, como por ejemplo, las solicitudes de los candidatos espaæoles seleccionados. En su respuesta, la Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que el nuevo procedi- miento de selecci(cid:243)n inclu(cid:237)a la creaci(cid:243)n de grupos de preselec- ci(cid:243)n para cada nacionalidad integrados por funcionarios de la Comisi(cid:243)n. Dichos grupos estaban constituidos por funcionarios de la Comisi(cid:243)n con experiencia en asuntos de personal y reclu- tamiento, junto con personal recientemente reclutado. Su tarea consist(cid:237)a en examinar solicitudes basÆndose en los criterios establecidos en las normas internas relativas a Østos per(cid:237)odos de prÆcticas y en las preferencias indicadas por los candidatos. El Defensor del Pueblo remiti(cid:243) a la demandante los documen- tos presentados por la Comisi(cid:243)n sobre el nuevo proceso de selecci(cid:243)n, junto con una invitaci(cid:243)n a que comentara las inicia- La respuesta de la Comisi(cid:243)n inclu(cid:237)a tambiØn una serie de docu- mentos confidenciales destinados al Defensor del Pueblo, a las solicitudes de los candidatos seleccionados para el saber, per(cid:237)odo de prÆcticas de octubre de 1996. La Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a utilizado esos documentos como base para su selecci(cid:243)n final. Decisi(cid:243)n BasÆndose en los art(cid:237)culos 15 y 16 de las normas aplicables a la formaci(cid:243)n en la Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas (Decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de 16 de marzo de 1976), la selec- ci(cid:243)n de candidatos se basa en las calificaciones que Østos han obtenido durante sus estudios, siempre que se mantenga un equilibrio geogrÆfico adecuado. Se concede prioridad en el pro- ceso de selecci(cid:243)n a los candidatos con estudios o experiencia profesional en el Æmbito de la integraci(cid:243)n europea. Debido a la naturaleza de este procedimiento de selecci(cid:243)n, la Autoridad Facultada para proceder a los Nombramientos dis- pone de un margen discrecional. En el ejercicio de esta discre- cionalidad, la Comisi(cid:243)n debe considerar los mØritos de los can- didatos de acuerdo con las normas antes indicadas. Con el fin de cerciorarse de que el ejercicio de la discrecionali- dad de la Comisi(cid:243)n en este proceso se hab(cid:237)a atenido a los prin- cipios de la buena administraci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo revis(cid:243) las solicitudes de los candidatos espaæoles seleccionados para el per(cid:237)odo de prÆcticas de octubre de 1996. A la vista de la amplia experiencia profesional y de las elevadas calificacio- nes de todos los candidatos seleccionados, el Defensor del Pue- blo no constat(cid:243) que existiera mala administraci(cid:243)n respecto a este aspecto del caso. En cuanto a los criterios generales que aplican los servicios de la Comisi(cid:243)n para seleccionar a los candidatos, el Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que la instituci(cid:243)n hab(cid:237)a adoptado un nuevo pro- cedimiento para garantizar una selecci(cid:243)n mÆs eficaz y objetiva. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) archivar el asunto. FRAUDE EN EL FONDO SOCIAL EUROPEO: PRESUNTA FALTA DE ACTUACI(cid:211)N DE LA UCLAF Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 943/14. 10. 96/Open Line/GR/BB/OV contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En octubre de 1996, el Sr. I. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo contra la Unidad de Coordinaci(cid:243)n de la Lucha Antifraude (UCLAF) de la Comisi(cid:243)n, pues sosten(cid:237)a que dicha unidad no hab(cid:237)a respondido a la informaci(cid:243)n que Øl hab(cid:237)a facilitado sobre un posible fraude en la administraci(cid:243)n de los programas del Fondo Social Europeo (FSE) en Grecia. El Sr. I. present(cid:243) la reclamaci(cid:243)n en representaci(cid:243)n de un grupo griego con sede en Atenas. C 300/42 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Entre septiembre de 1995 y junio de 1996, el demandante escribi(cid:243) tres cartas a la Direcci(cid:243)n de la UCLAF en las que manifestaba que hab(cid:237)an existido irregularidades en la gesti(cid:243)n de los recursos del FSE en Grecia entre 1994 y 1996. Ped(cid:237)a que las autoridades comunitarias actuasen inmediatamente. Recibi(cid:243) una respuesta de la Direcci(cid:243)n de la UCLAF por correo ordinario en la que se le agradec(cid:237)a su interØs, indicÆndole tam- biØn que se investigar(cid:237)a el asunto. El Sr. I. escribi(cid:243) una segunda carta a la UCLAF en la que facilitaba informaci(cid:243)n adicional detallada. No recibi(cid:243) respuesta alguna. El Sr. I. envi(cid:243) entonces una tercera carta a la UCLAF en la que repet(cid:237)a la informaci(cid:243)n incluida en la segunda carta y aæad(cid:237)a nueva informaci(cid:243)n relativa a las supuestas irregularidades. En respuesta a la tercera carta, el demandante recibi(cid:243) otra carta por correo ordinario de la Direcci(cid:243)n de la UCLAF, con fecha 7 de agosto de 1996, en la que declaraba que se estaba investi- gando el asunto y se tomar(cid:237)an las medidas oportunas. La Comisi(cid:243)n observ(cid:243) ademÆs que sus servicios llevaron a cabo una serie de controles en Grecia durante los aæos 1995-1996 que tuvieron como resultado la invalidaci(cid:243)n de todos los certi- ficados emitidos por los centros griegos de formaci(cid:243)n ocupa- cional y una petici(cid:243)n de reforma del sistema griego de emisi(cid:243)n de certificados. Sobre la base de la informaci(cid:243)n anterior, la Comisi(cid:243)n concluy(cid:243) afirmando que no hab(cid:237)a permanecido inactiva en lo referente a la informaci(cid:243)n enviada por el demandante, pero que la misi(cid:243)n y las tareas de la Direcci(cid:243)n de la UCLAF no permit(cid:237)an que se revelasen los detalles de sus actividades. Observaciones del demandante eran incompletas. En concreto, En sus observaciones, el demandante afirm(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a tenido en cuenta todas sus alegaciones y que sus con- clusiones el demandante observ(cid:243) que la auditor(cid:237)a realizada por la Direcci(cid:243)n de la UCLAF no hab(cid:237)a estudiado todos los asuntos sobre los que hab(cid:237)a presentado alegaciones. Adjunt(cid:243) un memorÆndum rela- tivo a todas sus alegaciones. En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el Sr. I. requer(cid:237)a que pusiera fin a las actividades del FSE mal gestionadas en Grecia. TambiØn se quejaba de que sus cartas no hab(cid:237)an tenido una respuesta adecuada. Decisi(cid:243)n Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que se hab(cid:237)a enviado al demandante en la informaci(cid:243)n que el dos ocasiones acuses de recibo y que, demandante hab(cid:237)a enviado, hab(cid:237)a sido estudiada inmediata- mente por la Direcci(cid:243)n de la UCLAF. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n declaraba que en noviembre de 1995 sus servicios pidieron a las autoridades griegas informaci(cid:243)n relativa a los proyectos del FSE sobre los que se alegaban irregularidades. Las autoridades griegas facilitaron dicha informaci(cid:243)n en marzo de 1996. BasÆndose en esas informaciones, la Comisi(cid:243)n llev(cid:243) a cabo una investigaci(cid:243)n en las dependencias correspondientes entre el 29 y el 31 de octubre de 1996, en la que tambiØn se tuvo en cuenta la informaci(cid:243)n adicional remitida por el demandante. Se organiz(cid:243) una visita a una de las organizaciones referidas por el demandante, con el fin de evaluar el papel de dicho (cid:243)rgano en la gesti(cid:243)n y el seguimiento de los proyectos del FSE, para comprobar las afirmaciones del demandante. La investigaci(cid:243)n revel(cid:243) algunos gastos no subvencionables en los proyectos estudiados. Las autoridades nacionales estuvieron de acuerdo con el resultado de la investigaci(cid:243)n, y prometieron proceder a las correcciones necesarias para extender el control a todos los programas del beneficiario afectado. 1. Petici(cid:243)n al Defensor del Pueblo de que pusiera fin a la mala gesti(cid:243)n de los fondos del FSE 1. 1. La responsabilidad de combatir el fraude que afecta a los intereses financieros de la Comunidad recae, en primer lugar, en los Estados miembros. (cid:201)stos, de conformidad con el art(cid:237)culo 209 A el Tratado CE, deben adoptar las mismas medidas para combatir el fraude que afecte a los intereses financieros de la Comunidad, que para combatir el fraude que afecte a sus propios intereses financieros. Los Estados miembros comparten con la Comisi(cid:243)n esta responsabilidad, en el marco de su tarea general de asegu- rar que el presupuesto de la Comunidad se ejecuta correc- tamente. En lo que respecta a las operaciones financiadas por los Fondos Estructurales, las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisi(cid:243)n en relaci(cid:243)n con el control financiero vienen fijadas en el art(cid:237)culo 23 del Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo (1). 1. 2. El control financiero final de las operaciones financiadas por los Fondos Estructurales es responsabilidad del tribu- nal de Cuentas que, de conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)culo 188 C del Tratado CE, examina si todos los ingre- sos y gastos de la Comunidad han sido realizados de manera regular y legal, y si la gesti(cid:243)n financiera ha sido buena. El apartado 3 del art(cid:237)culo 188 C del Tratado CE habilita al Tribunal de Cuentas a llevar a cabo auditor(cid:237)as en las dependencias correspondientes en los Estados miembros. De acuerdo con el apartado 4 del art(cid:237)culo 188 C, el Tribunal de Cuentas puede tambiØn presentar obser- (1) Reglamento (CEE) no 2082/93 del Consejo (DO L 193 de 31. 7. 1993 p. 20). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/43 vaciones en cualquier momento, que podrÆn consistir en informes especiales sobre cuestiones particulares. 1. 3. El Tratado CE s(cid:243)lo habilita al Defensor del Pueblo Euro- peo a investigar posibles casos de mala administraci(cid:243)n en las actividades de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios. La investigaci(cid:243)n de posibles casos de mala administraci(cid:243)n por parte de autoridades nacionales, como sucede con los (cid:243)rganos griegos pœblicos y privados relacionados con este asunto, no corresponde al Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo. 1. 4. Por las razones anteriores, en relaci(cid:243)n con la petici(cid:243)n del demandante de que se pusiera fin a la mala gesti(cid:243)n de los fondos del FSE en Grecia, el Defensor del Pueblo no estÆ autorizado a investigar un posible caso de mala adminis- traci(cid:243)n de Æmbito nacional. 2. Supuesta falta de respuesta adecuada por parte de la Direcci(cid:243)n de la UCLAF 2. 1. El demandante envi(cid:243) tres cartas a la UCLAF entre sep- tiembre de 1995 y junio de 1996. La primera y la tercera de ellas obtuvieron sendas respuestas en las que se agrade- c(cid:237)a al demandante su interØs y se declaraba en tØrminos generales que se realizar(cid:237)an investigaciones y se adopta- r(cid:237)an las medidas pertinentes. El demandante consider(cid:243) que sus cartas no hab(cid:237)an tenido una respuesta adecuada. 2. 2. La Comisi(cid:243)n indic(cid:243) que se hab(cid:237)a mandado un primer acuse de recibo correspondiente a la carta del 6 de sep- tiembre de 1995, y un segundo acuse de recibo corres- pondiente a las otras dos cartas. Seæal(cid:243) tambiØn que, en cuanto recibi(cid:243) las alegaciones, la Direcci(cid:243)n de la UCLAF empez(cid:243) a investigar la informaci(cid:243)n remitida por el demandante. Pero la Comisi(cid:243)n concluy(cid:243) que la misi(cid:243)n y las tareas de la Direcci(cid:243)n de la UCLAF no permit(cid:237)an que se revelase informaci(cid:243)n relativa a las acciones emprendi- das. 2. 3. El Defensor del Pueblo constat(cid:243) que la informaci(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a obtenido en relaci(cid:243)n a las investigaciones de fraude sobre operaciones financiadas por los Fondos Estructurales estÆ protegida por el secreto profesional. As(cid:237) se contempla, en particular, en el art(cid:237)culo 10 del Regla- mento de la UCLAF (1), que trata del intercambio de infor- maci(cid:243)n entre los Estados miembros y la Comisi(cid:243)n. Esta medida prevØ que los Estados miembros y la Comisi(cid:243)n adopten las precauciones necesarias para asegurarse que la informaci(cid:243)n que intercambian permanece confidencial. El apartado 2 del art(cid:237)culo 10 estipula que dicha informaci(cid:243)n se puede enviar œnicamente a personas que trabajen en las instituciones de los Estados miembros o de la Comuni- dad y que en raz(cid:243)n de sus cargos puedan tener acceso a la misma. 2. 4. De ello se desprende que la Direcci(cid:243)n de la UCLAF no estaba autorizada a revelar al demandante los resultados de sus investigaciones, a causa de las exigencias de su misi(cid:243)n y sus tareas. El Defensor del Pueblo consider(cid:243) que si se facilitaba informaci(cid:243)n a terceras partes sobre las investigaciones que la Comisi(cid:243)n estaba realizando sobre un supuesto fraude en un Estado miembro, se pod(cid:237)an poner en peligro las pesquisas llevadas a cabo por la Direcci(cid:243)n de la UCLAF. 2. 5. De manera que el hecho que la Direcci(cid:243)n de la UCLAF s(cid:243)lo informase en tØrminos generales al demandante sobre las investigaciones en curso, y de que no diera detalles sobre la supuesta mala gesti(cid:243)n de los fondos, no cons- titu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n. 3. Supuesta falta de actuaci(cid:243)n por parte de la UCLAF respecto a las alegaciones del demandante 3. 1. De la informaci(cid:243)n presentada en las observaciones de la Comisi(cid:243)n se desprend(cid:237)a que la UCLAF hab(cid:237)a comenzado a investigar las alegaciones de mala gesti(cid:243)n de los fondos del FSE inmediatamente despuØs de recibir la primera carta del demandante. TambiØn se desprend(cid:237)a que la UCLAF estaba evaluando el asunto, y hab(cid:237)a iniciado inme- diatamente una serie de controles al respecto. En sus observaciones sobre las declaraciones de la Comisi(cid:243)n, el demandante manifestaba que la auditor(cid:237)a realizada por la Direcci(cid:243)n de la UCLAF hab(cid:237)a sido incompleta y no hab(cid:237)a examinado todas las alegaciones. 3. 2. La Secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo se puso en contacto con la Direcci(cid:243)n de la UCLAF, habiendo sido informada que el demandante hab(cid:237)a enviado nuevas alegaciones que estaban siendo analizadas por la UCLAF. Igualmente se envi(cid:243) tambiØn a la Direcci(cid:243)n de la UCLAF una copia del memorÆndum que el demandante hab(cid:237)a adjuntado a sus observaciones al Defensor del Pueblo. A la vista de la informaci(cid:243)n anterior, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n en el modo en que la UCLAF hab(cid:237)a tratado las alegaciones del demandante. 3. 3. Sin embargo, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) importante llamar la atenci(cid:243)n del demandante sobre el hecho de que el control financiero final de las operaciones financiadas por los Fondos Estructurales era competencia del Tribunal de Cuentas. De conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)- culo 188 C del Tratado CE, el Tribunal de Cuentas exa- mina si todos los ingresos y gastos de la Comunidad se han producido de modo regular y legal, y si la gesti(cid:243)n financiera ha sido buena. (1) Reglamento (CE) no 1681/94 de la Comisi(cid:243)n (DO L 178 de 12. 7. 1994, p. 43). A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. C 300/44 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 PROCEDIMIENTO DE LICITACI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre D/VK contra la Comisi(cid:243)n Europea la reclamaci(cid:243)n 1040/21. 11. 96/HYDROPLAN/ Reclamaci(cid:243)n El 18 de noviembre de 1996, el Sr. F. present(cid:243) una reclama- ci(cid:243)n al Defensor del Pueblo Europeo relativa a una licitaci(cid:243)n en la que hab(cid:237)a participado, consistente en la prestaci(cid:243)n de servicios para la Comisi(cid:243)n (94/C 173/17). Estos servicios consist(cid:237)an en la realizaci(cid:243)n de estudios, trabajos de consulta y asistencia tØcnica que deber(cid:237)an llevarse a cabo principalmente en Estados no miembros de la Uni(cid:243)n. El 25 de marzo de 1995, el Sr. F. recibi(cid:243) una invitaci(cid:243)n para participar en una licitaci(cid:243)n restringida. Envi(cid:243) su oferta a la Comisi(cid:243)n, recibiendo acuse de recibo el 15 de mayo de 1995. El Sr. F. afirm(cid:243) que la elaboraci(cid:243)n de la oferta hab(cid:237)a dado lugar a gastos considerables y le hab(cid:237)a obligado a colaborar con no menos de 13 empresas domiciliadas en ocho Estados miem- bros. licitaciones en procedimientos no pœblicos, la Comisi(cid:243)n no estÆ obligada a ofrecer un contrato al final de un procedi- miento de licitaci(cid:243)n. Cuando la Comisi(cid:243)n decide no ofrecer contratos, tampoco estÆ obligada a abonar a los participantes los gastos derivados de la presentaci(cid:243)n de su oferta (nœmero 7 del anexo III). Observaciones del demandante En s(cid:237)ntesis, el demandante formul(cid:243) las observaciones siguien- tes: La Comisi(cid:243)n no estÆ obligada a adjudicar contratos. Sin embar- go, con vistas al ahorro pœblico, la repentina interrupci(cid:243)n del procedimiento no parece l(cid:243)gica. Se presentaron 157 licitadores de 1 570 empresas, y en las ofertas participaron 16 560 exper- tos. Parec(cid:237)a que la interrupci(cid:243)n tras la evaluaci(cid:243)n de las ofertas hab(cid:237)a causado daæos econ(cid:243)micos evitables. La actuaci(cid:243)n del Jurado del Concurso result(cid:243) aœn menos comprensible, pues la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) posteriormente ofrecer contratos mediante un procedimiento directo de negociaci(cid:243)n. Por carta de 15 de febrero de 1996, se inform(cid:243) al Sr. F. que despuØs del procedimiento de selecci(cid:243)n no se hab(cid:237)a llegado a elegir a ninguno de los candidatos, aunque no se especificaba la raz(cid:243)n. Decisi(cid:243)n El 26 de agosto de 1996, el Sr. F. solicit(cid:243) a la DG I de la Comisi(cid:243)n las razones que justificaban la anulaci(cid:243)n del procedi- miento. En su respuesta del 28 de octubre de 1996, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que el procedimiento se hab(cid:237)a cerrado porque ninguna de las propuestas cumpl(cid:237)a los requisitos de la licita- ci(cid:243)n. El Sr. F. manifest(cid:243) al Defensor del Pueblo que: i) las razones aducidas eran insuficientes; ii) la Comisi(cid:243)n deb(cid:237)a reembolsarle los gastos. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n Respecto a las protestas del demandante, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que: El 15 de febrero de 1996 se inform(cid:243) al demandante que el Jurado del concurso hab(cid:237)a examinado todas las ofertas recibi- das y hab(cid:237)a decidido cerrar el procedimiento por considerarlo infructuoso. 1. Constituye una buena prÆctica administrativa informar del procedimiento a los licitadores sin sobrepasar un plazo adecuado. El 15 de febrero se inform(cid:243) a todos los licitado- res que el procedimiento de selecci(cid:243)n hab(cid:237)a resultado infructuoso y, por lo consiguiente, se dar(cid:237)a por cerrado. El Sr. F. se puso en contacto por telØfono con los servicios correspondientes de la Comisi(cid:243)n con el fin de que se le facilitase mÆs informaci(cid:243)n sobre el asunto. Afirm(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no le hab(cid:237)a dado una respuesta satisfactoria. En su carta del 26 de agosto de 1996, el Sr. F. solicit(cid:243) informaci(cid:243)n completa sobre las razones del cierre del pro- ceso. La Comisi(cid:243)n le respondi(cid:243) el 28 de octubre que el procedimiento se hab(cid:237)a dado por concluido y declarado infructuoso porque ninguna de las propuestas satisfac(cid:237)a los requisitos de la licitaci(cid:243)n. En la carta se insist(cid:237)a en que se hab(cid:237)a enviado una notificaci(cid:243)n por escrito a todos los lici- tadores. Por lo tanto, parec(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a cum- plido los principios de la buena prÆctica administrativa al enviar una notificaci(cid:243)n a los licitadores y explicar las razo- nes a quienes las hab(cid:237)an pedido por escrito. 2. De la informaci(cid:243)n en poder del Defensor del Pueblo, se desprend(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n no estaba obligada a ofrecer contratos ni a reembolsar a los participantes que no acep- tados. El art(cid:237)culo 8 del anexo II de la descripci(cid:243)n de los servicios establece que, de conformidad con las disposiciones relativas a A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n Europea, por lo que el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) archivar el asunto. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/45 APOYO FINANCIERO A LOS AGENTES DE ADUANAS ESPA(cid:209)OLES TRAS LA ENTRADA EN VIGOR DEL MERCADO INTERIOR b) acciones derivadas de los Fondos de Desarrollo Regio- nal, y en particular de Interreg; Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1048/21. 11. 96/FPR/ES/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En noviembre de 1996, el Sr. P. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo acerca de la aplicaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n del Reglamento (CEE) no 3904/92 del Consejo (1) sobre las medidas para adaptar la profesi(cid:243)n de agente de adua- nas al mercado interior. La agencia de aduanas del Sr. P. sufri(cid:243) importantes pØrdidas como consecuencia de la entrada en vigor del mercado interior a partir del 1 de enero de 1993, y de la consiguiente supresi(cid:243)n de los controles fronterizos. Por ello, el Sr. P. present(cid:243) una soli- citud a las autoridades espaæolas responsables del examen y la selecci(cid:243)n de proyectos financiados en el marco del Reglamento (CEE) no 3904/92. Durante los procedimientos, el Sr. P. mantuvo correspondencia con miembros del Parlamento espaæol y con el gabinete del antiguo Comisario, Sr. Matutes. En una carta de un miembro del gabinete del Sr. Matutes a un parlamentario espaæol, con fecha 24 de febrero de 1994, se indicaba que era probable que subvenci(cid:243)n de el proyecto del 100 000 ecus. Por lo demÆs, en opini(cid:243)n del demandante, la informaci(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n le hab(cid:237)a remitido era en general, poco clara e insuficiente. P. obtuviese una Sr. El demandante aleg(cid:243) que la aplicaci(cid:243)n del Reglamento (CEE) no 3904/92 por parte de la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a sido deficiente y que ello constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n c) otras iniciativas incluidas en el Reglamento (CEE) no 3904/92, con un presupuesto de 30 millones de ecus, de los cuales 3 516 991 ecus correspond(cid:237)an a Espaæa; ii) las propuestas de ayudas a las empresas y los servicios espaæoles afectados por la entrada en vigor del mercado interior deb(cid:237)an presentarse al organismo espaæol responsa- ble de la ejecuci(cid:243)n del Reglamento (CEE) no 3904/92, la Agencia Tributaria; iii) tras la evaluaci(cid:243)n de 82 propuestas espaæolas por parte de un comitØ de la Agencia Tributaria, fueron aprobados 20 proyectos. La evaluaci(cid:243)n se realiz(cid:243) con completa indepen- dencia por parte de los evaluadores y se bas(cid:243) en criterios objetivos establecidos en el Reglamento y en las disposicio- nes presupuestarias correspondientes; iv) el 16 de diciembre de 1994, la Agencia Tributaria solicit(cid:243) informaci(cid:243)n adicional al demandante sobre su proyecto. La informaci(cid:243)n solicitada, sin embargo, nunca fue recibida. El proyecto no result(cid:243) finalmente seleccionado porque su des- cripci(cid:243)n era vaga e imprecisa y su coste equival(cid:237)a al total del dinero asignado a Espaæa procedente de los fondos, de conformidad con el Reglamento (CEE) no 3904/92; v) en cuanto a la correspondencia con el gabinete del ex la carta del 24 de febrero de 1994 Comisario Matutes, pudo haber confundido dos empresas con nombres idØnti- cos («C. »), una de ellas con domicilio en Espaæa, y la otra en Francia. S(cid:243)lo esta œltima obtuvo financiaci(cid:243)n comunita- ria. El malentendido se debi(cid:243) a que el presidente y director general de la empresa francesa «C. » era socio comercial del demandante. La Comisi(cid:243)n escribi(cid:243) una carta al Sr. P. en la que le ped(cid:237)a disculpas por la confusi(cid:243)n; vi) la Comisi(cid:243)n neg(cid:243) haber cometido deficiencias en la aplica- ci(cid:243)n del Reglamento (CEE) no 3904/92, y seæal(cid:243) que tanto sus propios Servicios financieros como el Tribunal de Cuentas hab(cid:237)an supervisado la correcta aplicaci(cid:243)n del Reglamento. La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En s(cid:237)ntesis, la Comi- si(cid:243)n formul(cid:243) las siguientes observaciones: Observaciones del demandante i) la Comisi(cid:243)n reconoc(cid:237)a las consecuencias negativas que la realizaci(cid:243)n del mercado interior ha tenido para los agentes y comisionistas de aduanas, habiendo perdido mÆs de un 25 % de los mismos sus puestos de trabajo a partir de 1993. Se consideraba tambiØn que la reestructuraci(cid:243)n del sector era responsabilidad de los Estados miembros, sobre la base del principio de subsidiariedad, aunque debido a la importancia del problema, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) respaldar los esfuerzos de los Estados miembros por medio de medi- das de acompaæamiento como las: a) financiadas a travØs del Fondo Social Europeo; (1) DO L 394 de 31. 12. 1992, p. 1. En s(cid:237)ntesis, el Sr. P. hizo las observaciones siguientes: i) aunque el Reglamento (CEE) no 3904/92 se public(cid:243) el 31 de diciembre de 1992, la Comisi(cid:243)n s(cid:243)lo se hab(cid:237)a puesto en contacto con Øl 22 d(cid:237)as antes del fecha en que acababa el plazo para la presentaci(cid:243)n de propuestas (31 de marzo de 1993); ii) en cuanto a la falta de respuesta a la petici(cid:243)n de la Comi- si(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional de diciembre de 1994, el demandante declar(cid:243) que no comprend(cid:237)a el prop(cid:243)sito de tal petici(cid:243)n, pues ya se hab(cid:237)a adoptado una decisi(cid:243)n en febrero de 1994, por la que su proyecto hab(cid:237)a quedado excluido; C 300/46 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 iii) respecto a la suma solicitada, indic(cid:243) que en el momento de presentar la solicitud no dispon(cid:237)a de informaci(cid:243)n sobre el importe total de los fondos comunitarios que se asignaba a Espaæa en el marco de aquel programa en particular; iv) la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a haber revelado el nombre de los agen- tes de aduanas cuyos proyectos hab(cid:237)an sido seleccionados. encontraban en el Reglamento (CEE) no 3904/92, que se public(cid:243) en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 31 de diciembre de 1992, por lo que el plazo de presen- taci(cid:243)n de proyectos hab(cid:237)a sido razonablemente largo. En consecuencia, no parec(cid:237)a haber razones que justificasen la reclamaci(cid:243)n en lo que se refiere a la brevedad del plazo para la presentaci(cid:243)n de proyectos. Decisi(cid:243)n 1. Falta de eficiencia en las medidas adoptadas por la Comisi(cid:243)n 1. 1. Una supuesta ineficiencia en la respuesta de la Comisi(cid:243)n a la situaci(cid:243)n de los agentes y comisionistas de aduanas tras la entrada en vigor del mercado interior ha sido la causa reclamaciones ante el de la presentaci(cid:243)n de diversas Defensor del Pueblo Europeo (1). 1. 2. Los art(cid:237)culos 7 B y 7 C del Tratado disponen que la Comisi(cid:243)n y el Consejo emprenderÆn una serie de acciones para asegurar un progreso equilibrado de todos los secto- res afectados por la entrada en vigor del mercado interior. Aunque la Comisi(cid:243)n consideraba que la ayuda para el sec- tor era una responsabilidad que correspond(cid:237)a en lo funda- mental a los Estados miembros, esta instituci(cid:243)n empren- di(cid:243) diversas iniciativas que se incluyen en el vademØcum de 1992 sobre la reestructuraci(cid:243)n del sector aduanero. TambiØn dispuso medidas espec(cid:237)ficas de asistencia estable- cidas en el Reglamento (CEE) no 3904/92. 1. 3. La tarea de examinar los mØritos de los actos o propuestas legislativas comunitarias no corresponde al Defensor del Pueblo. Este tipo de evaluaci(cid:243)n rebasa los l(cid:237)mites de la mala administraci(cid:243)n, y afecta mÆs bien a consideraciones de naturaleza pol(cid:237)tica. Por otra parte, se deber(cid:237)a recordar que el Parlamento Europeo adopt(cid:243) diversas resoluciones muy cr(cid:237)ticas sobre esta cuesti(cid:243)n, como la del 17 de sep- tiembre de 1992 y la del 20 de noviembre del mismo aæo, as(cid:237) como el Informe Jackson del 4 de noviembre de 1992. 2. Selecci(cid:243)n de proyectos 2. 1. El demandante critic(cid:243) la selecci(cid:243)n de los proyectos llevada a cabo de forma conjunta por la Comisi(cid:243)n y la Agencia Tributaria espaæola, as(cid:237) como la exclusi(cid:243)n de su proyecto de los veinte finalmente seleccionados. En su opini(cid:243)n, el plazo para la presentaci(cid:243)n de proyectos hab(cid:237)a sido innece- sariamente breve, y la petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional en una fase tard(cid:237)a del proceso de selecci(cid:243)n hab(cid:237)a resultado inapropiada. 2. 2. Aunque el demandante no recibi(cid:243) informaci(cid:243)n sobre las posibilidades de ayuda comunitaria hasta el 8 de marzo de 1993, el contenido del programa y su calendario se 2. 3. La Comisi(cid:243)n justificaba la exclusi(cid:243)n del proyecto del demandante basÆndose en su vaguedad y su excesiva peti- ci(cid:243)n financiera. El demandante no hab(cid:237)a respondido a una petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional, pues crey(cid:243) que la deci- si(cid:243)n ya se hab(cid:237)a tomado en febrero de 1994. 2. 4. Al evaluar los factores que deb(cid:237)an tenerse en cuenta para la adjudicaci(cid:243)n de un contrato tras una convocatoria a las instituciones comunitarias disponen de un terceros, amplio grado de discrecionalidad (2). Sin embargo, esta discrecionalidad no puede justificar ningœn abuso de poder ni errores graves o manifiestos en el procedimiento de selecci(cid:243)n (3). 2. 5. De la informaci(cid:243)n a disposici(cid:243)n del Defensor del Pueblo, no se desprend(cid:237)a ninguna prueba que sugiriera que la Comisi(cid:243)n actuara fuera dentro de los l(cid:237)mites de sus com- petencias al adoptar su decisi(cid:243)n sobre las solicitudes de ayuda que se iban a financiar de acuerdo con el Regla- mento (CEE) no 3904/92. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que no hab(cid:237)a pruebas de mala adminis- traci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto del asunto. 3. Informaci(cid:243)n supuestamente engaæosa procedente de los servicios de la Comisi(cid:243)n 3. 1. Uno de los miembros del gabinete del ex Comisario Matu- tes indic(cid:243) al parecer en una carta que el proyecto del demandante podr(cid:237)a recibir una subvenci(cid:243)n de la Comuni- dad. Esta comunicaci(cid:243)n pudo resultar engaæosa para el demandante. 3. 2. La Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que pod(cid:237)a haber existido una confusi(cid:243)n entre dos empresas con el mismo nombre. La Comisi(cid:243)n envi(cid:243) al demandante una carta en la que le ped(cid:237)a disculpas. Dado que la Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) su error y pidi(cid:243) disculpas por su posible confusi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo no consider(cid:243) que hubiese pruebas de mala administraci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto del asunto. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (2) Asunto T-19/95: Adia Interim SA contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. II-321), apartado 49. (1) Reclamaciones 189/18. 10. 95/SP/GR/KT y 262/27. 11. 95/APF/PO/ (3) Asunto 56/77: Agence EuropØenne d’Interims contra Comisi(cid:243)n EF-po. (Recopilaci(cid:243)n 1999, p. 2215), apartado 20. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/47 SUBVENCI(cid:211)N DEL ESTADO ALEM`N A LAS ENERG˝AS RENOVABLES Decisi(cid:243)n sobre las reclamaciones 1086/11. 12. 96/HK/D/VK, 1092/ 11. 12. 96/JS/D/VK, 1095/12. 12. 96/FS/D/VK, 1097/12. 12. 96/ KS/D/VK, 1104/16. 12. 96/FP/D/VK, 1112/31. 12. 96/SB/D/VK, 1113/31. 12. 96/GS/D/VK, 1134/ 31. 12. 96/HS/D/VK, 1135/31. 12. 96/AD/D/VK, 1139/31. 12. 96/ MS/D/VK, 1/97/VK, 4/97/VK, 9/97/VK, 12/97/VK, 13/97/VK, 72/97/VK, 43/97/VK, 28/97/VK, 88/97/VK, 161/97/VK contra la Comisi(cid:243)n Europea 1124/31. 12. 96/KPS/D/VK, 58/97/VK, 34/97/VK, Reclamaciones Entre diciembre de 1996 y enero de 1997, el Defensor del Pue- blo recibi(cid:243) un total de 23 reclamaciones formuladas por ciuda- danos alemanes, relativas a una carta que el Comisario Karel Van Miert hab(cid:237)a dirigido al Ministro de Econom(cid:237)a alemÆn, Sr. Rexrodt, sobre la ley alemana a favor de la producci(cid:243)n de ener- g(cid:237)as renovables (Stromeinspeisegesetz). Con el fin de evaluar estas reclamaciones con eficacia y prontitud, el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) tratarlas conjuntamente. La Stromeinspeisegesetz era tambiØn objeto de peticiones por parte del Parlamento Europeo. El Defensor del Pueblo no suele tratar cuestiones pendientes del ComitØ de Peticiones del Parla- mento Europeo, salvo si, con el consentimiento del peticiona- rio, dicho ComitØ las remite al Defensor del Pueblo para que Øste las trate como una reclamaci(cid:243)n. Sin embargo, en este caso el Defensor del Pueblo hab(cid:237)a recibido tambiØn diversas recla- maciones procedentes de ciudadanos que no hab(cid:237)an dirigido peticiones al Parlamento. La Stromeinspeisegesetz entr(cid:243) en vigor el 1 de enero de 1991, e impone a las compaæ(cid:237)as de suministro de energ(cid:237)a elØctrica la obligaci(cid:243)n de adquirir electricidad generada con fuentes de energ(cid:237)a renovable, pagando un precio m(cid:237)nimo garantizado que depende de la naturaleza de la fuente renovable. El apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la ley prescribe que el precio m(cid:237)nimo de la electricidad procedente de la energ(cid:237)a e(cid:243)lica sea del 90 % de los ingresos medios por kWh de la electricidad que la compaæ(cid:237)a suministradora haya generado por venta de electricidad durante el penœltimo aæo civil. Las autoridades alemanas presentaron la Stromeinspeisegesetz ante la Comisi(cid:243)n en 1990 como una ayuda estatal, de acuerdo con el apartado 3 del art(cid:237)culo 93 de Tratado CE. La Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) que la ley era compatible con el mercado comœn de conformidad con la letra c) del apartado 3 del art(cid:237)culo 92. El 25 de octubre de 1996, el Comisario Van Miert escribi(cid:243) al Ministro Rexrodt proponiØndole la reducci(cid:243)n del precio m(cid:237)nimo de la energ(cid:237)a e(cid:243)lica del 90 % por kWh a no mÆs del 75 % por kWh. Considerando como una unidad todas las reclamaciones que recibi(cid:243) el Defensor del Pueblo sobre el tema, exist(cid:237)an bÆsica- mente dos alegaciones: i) el Comisario Van Miert no estaba capacitado para enviar la carta en cuesti(cid:243)n, pues la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a aprobado la Stromeinspeisegesetz en una decisi(cid:243)n vinculante de confor- midad con la letra c) del apartado 3 del art(cid:237)culo 92 del Tra- tado CE. Los demandantes consideraban que el contenido de la carta implicaba una alteraci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, lo que s(cid:243)lo se pod(cid:237)a hacer mediante otra deci- si(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n; ii) el Comisario Van Miert hab(cid:237)a evaluado err(cid:243)neamente la situaci(cid:243)n legal y econ(cid:243)mica de los productores de energ(cid:237)a e(cid:243)lica en Alemania, pues aparentemente s(cid:243)lo hab(cid:237)a basado su postura en datos y cifras facilitados por los suministra- dores alemanes de energ(cid:237)a elØctrica y no hab(cid:237)a verificado si las cifras eran correctas. Segœn los demandantes, los efectos de la propuesta del Comisario ser(cid:237)an desastrosos para los productores de energ(cid:237)a e(cid:243)lica, pues la reducci(cid:243)n del nivel de remuneraci(cid:243)n pondr(cid:237)a en una situaci(cid:243)n peligrosa las centrales e(cid:243)licas y, por consiguiente, la situaci(cid:243)n actual de empleo. TambiØn se ver(cid:237)an perjudicadas las investigaciones en dicho campo, lo que tendr(cid:237)a un impacto negativo en el desarrollo tØcnico y medioambiental. La competencia se distorsionar(cid:237)a y surgir(cid:237)a un monopolio. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que, en s(cid:237)ntesis, for- mul(cid:243) las observaciones siguientes: i) la Comisi(cid:243)n recibi(cid:243) diversas a partir de julio de 1995, reclamaciones de suministradores alemanes de energ(cid:237)a elØc- trica relativas a la ayuda a la energ(cid:237)a e(cid:243)lica. Los demandan- tes alegaban que el precio garantizado de la energ(cid:237)a e(cid:243)lica ya no estaba justificado y que tendr(cid:237)an que enfrentarse a pØrdidas considerables si no cambiaba y si el Land (Estado federado) alemÆn segu(cid:237)a adelante con sus planes de exten- der la capacidad de la energ(cid:237)a e(cid:243)lica hasta 4 000 MW para el aæo 2000. Tras recibir dichas reclamaciones, la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) necesario realizar una nueva evaluaci(cid:243)n de la situaci(cid:243)n; ii) en noviembre de 1995, la Comisi(cid:243)n pidi(cid:243) al Gobierno ale- mÆn su opini(cid:243)n sobre el asunto. Tras una audici(cid:243)n en el Parlamento alemÆn en la que se discuti(cid:243) si las enmiendas a la ley eran o no necesarias, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a atendido los comentarios de todos los participantes, entre los que hab(cid:237)a representantes del Land alemÆn, de las compaæ(cid:237)as de suministro de energ(cid:237)a y de las asociaciones a favor de las energ(cid:237)as renovables. AdemÆs, hab(cid:237)an tenido lugar diversas reuniones con todas las partes interesadas, incluidos los representantes de los productores de energ(cid:237)a e(cid:243)lica; iii) aparentemente, las condiciones fÆcticas y legales hab(cid:237)an cambiado entre 1990, aæo en que la Comisi(cid:243)n aprob(cid:243) la Stromeinspeisegesetz, y octubre de 1996. El mecanismo de apoyo a la energ(cid:237)a e(cid:243)lica que proporcionaba la Stromeins- peisegesetz hab(cid:237)a dado lugar a un aumento muy considera- ble de la producci(cid:243)n de dicho tipo de energ(cid:237)a, en particular en las regiones costeras alemanas. Desde la aprobaci(cid:243)n, promulgaci(cid:243)n y sanci(cid:243)n de el nœmero y capacidad de las centrales hab(cid:237)a aumentado con- siderablemente lo que hab(cid:237)a generado costes para los sumi- la Stromeinspeisegesetz, C 300/48 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 nistradores de energ(cid:237)a. Otro factor que influy(cid:243) en la segunda evaluaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n fue la mejora de la tecnolog(cid:237)a de las nuevas centrales e(cid:243)licas que result(cid:243) en una mayor eficiencia y una producci(cid:243)n mÆs barata de energ(cid:237)a e(cid:243)lica; iv) con estos antecedentes, el Comisario Van Miert envi(cid:243) una carta al Ministro Rexrodt en la que ped(cid:237)a que estudiara si el mecanismo de apoyo a la energ(cid:237)a e(cid:243)lica proporcionado por la Stromeinspeisegesetz deb(cid:237)a enmendarse de manera que, por una parte, se tuviera en cuenta que algunos producto- res de energ(cid:237)a e(cid:243)lica todav(cid:237)a necesitaban apoyo, y por otra parte, no se distorsionase la competencia. Se propon(cid:237)an, entre otras, la reducci(cid:243)n de la remuneraci(cid:243)n por energ(cid:237)a e(cid:243)lica del 90 % por kWh al 75 % por kWh como un cam- bio rÆpido y relativamente simple de la situaci(cid:243)n actual; v) vi) la carta en cuesti(cid:243)n no tuvo consecuencias legales para el Gobierno alemÆn. Se trataba de una recomendaci(cid:243)n no vinculante para modificar la Ley. Se estim(cid:243) que la mejor soluci(cid:243)n consistir(cid:237)a en adoptar una acci(cid:243)n sin carÆcter legal que permitiera al Gobierno alemÆn resolver internamente el problema de la competencia. La carta formaba parte de las medidas que la Comisi(cid:243)n pod(cid:237)a tomar de conformidad con el art(cid:237)culo 93 del Tratado CE; los datos que la DG IV utiliz(cid:243) relativos al nœmero de cen- trales e(cid:243)licas, su capacidad y su producci(cid:243)n, se basaban en informaci(cid:243)n que el Gobierno alemÆn hab(cid:237)a facilitado a la Comisi(cid:243)n. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n obtuvo informaci(cid:243)n adi- cional en una audiencia celebrada en el Parlamento Federal alemÆn y en la que estaban representadas ambas partes del problema: los productores de energ(cid:237)a e(cid:243)lica y los principa- les suministradores de energ(cid:237)a. Asimismo, se celebraron diversas reuniones extraordinarias con todas las partes afec- tadas. La Comisi(cid:243)n tuvo en cuenta las opiniones de todas las partes. 1. 2. Las medidas del Tratado CE relativas a ayudas estatales exigen que cuando un Estado miembro desee conceder una nueva ayuda, lo notifique previamente a la Comisi(cid:243)n. (cid:201)sta elaborarÆ una decisi(cid:243)n sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado comœn. La Stromeinspeisegesetz se hab(cid:237)a aprobado en 1990 siguiendo este procedimiento, y de esta forma hab(cid:237)a pasado a ser un sistema de ayuda ya existente. 1. 3. El art(cid:237)culo 93 del Tratado CE prevØ dos procedimientos para que la Comisi(cid:243)n modifique un rØgimen de ayudas existente. El primero de ellos consiste en proponer medi- das al Estado miembro, de conformidad con el apartado 1 del art(cid:237)culo 93. Estas propuestas no tienen carÆcter vincu- lante. El segundo procedimiento consiste en dirigir una decisi(cid:243)n vinculante al Estado miembro correspondiente, pidiØndole la abolici(cid:243)n o la modificaci(cid:243)n de la ley segœn el procedimiento establecido en el apartado 2 del art(cid:237)culo 93. 1. 4. No existe base legal para considerar que el procedimiento establecido en el apartado 1 del art(cid:237)culo 93 no pueda usarse en asuntos en que la Comisi(cid:243)n haya aprobado pre- viamente una ayuda de conformidad con el apartado 3 del art(cid:237)culo 92. 1. 5. La carta en cuesti(cid:243)n no pretende ser vinculante para el Estado miembro, ni alterar la decisi(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243) en 1990 en relaci(cid:243)n con la Stromeinspeisegesetz. Por lo tanto, la carta no parece contener ningœn elemento que exceda la competencia de la Comisi(cid:243)n de conformi- dad con el apartado 1 del art(cid:237)culo 93. 1. 6. Por lo tanto, la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo en relaci(cid:243)n con la primera reivindicaci(cid:243)n de los demandantes no revela mala administraci(cid:243)n. Observaciones de los demandantes 2. Segunda reivindicaci(cid:243)n de los demandantes Tomando las observaciones enviadas al Defensor del Pueblo como una unidad, las reclamaciones se mantuvieron. Los demandantes expresaron su insatisfacci(cid:243)n por las observacio- nes de la Comisi(cid:243)n. Decisi(cid:243)n 1. Primera reivindicaci(cid:243)n de los demandantes 1. 1. BÆsicamente, la primera reivindicaci(cid:243)n de los demandan- tes se refer(cid:237)a a que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a infringido el Tra- tado usando un procedimiento err(cid:243)neo. Segœn los deman- dantes, la carta dirigida al Gobierno alemÆn dio lugar a una alteraci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, tomada de conformidad con la letra c) del apartado 3 del art(cid:237)culo 92 del Tratado, segœn la cual la Stromeinspeisegesetz es compa- tible con el mercado comœn. Alegaban que dicha altera- ci(cid:243)n s(cid:243)lo pod(cid:237)a considerarse vÆlida si se realizaba por medio de otra decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. 2. 1. BÆsicamente, la segunda reivindicaci(cid:243)n de los demandan- tes hac(cid:237)a referencia a que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a evaluado incorrectamente la situaci(cid:243)n legal y econ(cid:243)mica de los pro- ductores de energ(cid:237)a e(cid:243)lica, pues hab(cid:237)a confiado en datos que le hab(cid:237)an sido facilitados por la industria elØctrica ale- mana. 2. 2. El apartado 1 del art(cid:237)culo 93 no establece requisitos espe- c(cid:237)ficos relativos a la cooperaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n con los Estados miembros en relaci(cid:243)n a la revisi(cid:243)n de los sistemas de ayuda existentes. Sin embargo, con el fin de que la la Comisi(cid:243)n puede prÆctica administrativa sea buena, basar sus evaluaciones econ(cid:243)micas y tØcnicas en informa- ci(cid:243)n precisa, garantizando cuando resulte adecuado, la verificaci(cid:243)n de los datos correspondientes, con atenci(cid:243)n a las opiniones de los distintos interesados. 2. 3. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n facilit(cid:243) una explicaci(cid:243)n de sus actividades, que no estÆn en contradicci(cid:243)n con las observaciones de los demandantes. La Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a informado al Gobierno alemÆn sobre las reclamaciones 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/49 que hab(cid:237)a recibido relativas al sistema de ayudas a la energ(cid:237)a e(cid:243)lica, y le hab(cid:237)a pedido que presentase sus comentarios al respecto. Tras una audiencia en el Parlamento alemÆn en la que se discuti(cid:243) si las enmiendas a la Ley resultaban o no necesarias, la Comisi(cid:243)n recibi(cid:243) los comentarios de todos los participantes, entre los que hab(cid:237)a representantes de los Gobiernos de los L(cid:228)nder ale- manes, de las compaæ(cid:237)as de suministro de energ(cid:237)a y de las asociaciones partidarias de las energ(cid:237)as renovables. Ade- mÆs, se hab(cid:237)an celebrado diversas reuniones con todas las partes interesadas, entre las que hab(cid:237)a representantes de los productores de energ(cid:237)a e(cid:243)lica. 2. 4. A la vista de lo anterior, parec(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a razonables para asegurar que sus adoptado medidas evaluaciones tØcnicas y econ(cid:243)micas se basasen en infor- maci(cid:243)n precisa, que se hab(cid:237)a presentado la ocasi(cid:243)n de realizar una estimaci(cid:243)n cr(cid:237)tica de los datos correspondien- tes, y que se hab(cid:237)an escuchado diversas opiniones. Por lo tanto, la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo en relaci(cid:243)n con la segunda reivindicaci(cid:243)n de los demandantes no revel(cid:243) mala administraci(cid:243)n. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. PLAZO DE PRESENTACI(cid:211)N DE PROPUESTAS PARA UNA LICITACI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1101/16. 12. 96/CFUI/IT/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En diciembre de 1996, la AUEF present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo acerca de la brevedad del plazo de presen- taci(cid:243)n de ofertas para una licitaci(cid:243)n. El 29 de octubre de 1996 (1), la Comisi(cid:243)n public(cid:243) un aviso en el que se invitaba al pœblico a presentar ofertas sobre acciones innovadoras para la creaci(cid:243)n de empleo, que financiar(cid:237)a el Fondo Social Europeo (FSE). La fecha l(cid:237)mite del matasellos para la presentaci(cid:243)n de la documentaci(cid:243)n era el 30 de noviembre de 1996. Por un retraso del correo, la AUEF no recibi(cid:243) el Diario Oficial de las Comunidades Europeas hasta el 15 de noviembre de 1996. Inmediatamente solicit(cid:243) los impresos necesarios a los servicios de la Comisi(cid:243)n (DG V). Dado que el 26 de noviembre todav(cid:237)a no hab(cid:237)a recibido los documentos, la AUEF pidi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que le enviase los formularios por fax, cosa que la Comisi(cid:243)n hizo el 27 de noviembre de 1996. A pesar de ello, la AUEF no pudo presen- tar la solicitud a tiempo. (1) DO C 323 de 29. 10. 1996, p. 13. En su reclamaci(cid:243)n, la AUEF sosten(cid:237)a que el plazo hab(cid:237)a sido demasiado corto y que no todos los interesados hab(cid:237)an reci- bido los impresos al mismo tiempo. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que explic(cid:243) las diferentes etapas del procedimiento de selecci(cid:243)n de la licitaci(cid:243)n y su calendario, as(cid:237) como la correspondencia que hab(cid:237)a mante- nido con el demandante. Respecto a la puesta en marcha de la iniciativa, dado que el proceso requer(cid:237)a el visto bueno del ComitØ del FSE, la primera etapa no se pod(cid:237)a iniciar hasta despuØs de la reuni(cid:243)n del Comi- tØ, que tuvo lugar a finales de septiembre de 1996. Tras ello, la Comisi(cid:243)n tuvo que finalizar sus consultas internas antes de que pudiese aparecer la oferta en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. En consecuencia, la licitaci(cid:243)n no se hizo pœblica hasta el 29 de octubre de 1996. En cuanto al establecimiento del plazo de presentaci(cid:243)n de ofer- tas, la Comisi(cid:243)n afirm(cid:243) que por razones presupuestarias, el proceso deb(cid:237)a haber terminado a finales de 1996. Dado que la evaluaci(cid:243)n de las propuestas requerir(cid:237)a varias semanas, los ser- vicios de la Comisi(cid:243)n fijaron la fecha del 30 de noviembre como plazo l(cid:237)mite. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) tambiØn que la œnica petici(cid:243)n de formula- rios que hab(cid:237)a recibido del demandante fue el fax del 26 de noviembre de 1996. Asimismo, declar(cid:243) que sus servicios hab(cid:237)an respondido rÆpidamente al mismo. Pueblo transmiti(cid:243) al demandante El Defensor del las observaciones de la Comisi(cid:243)n, y le invit(cid:243) a su vez a hacer las observaciones que recibi(cid:243) respuesta alguna. considerase oportunas. No se Decisi(cid:243)n De conformidad con el art(cid:237)culo 102 del Reglamento que regula la aplicaci(cid:243)n del Reglamento financiero, el plazo de presenta- ci(cid:243)n de ofertas «se fijarÆ, de acuerdo con la naturaleza del con- trato, en funci(cid:243)n del tiempo que se estime necesario para res- ponder a la convocatoria del concurso» (2). El 29 de octubre de 1996, la Comisi(cid:243)n hizo pœblico el plazo de presentaci(cid:243)n de ofertas, fijado para el 30 de noviembre de 1996. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n indic(cid:243) diversas razo- nes que justificaban la brevedad del plazo, entre las que se pue- den citar: la necesidad de consultar al ComitØ del FSE a finales de septiembre de 1996, la duraci(cid:243)n de los subsiguientes proce- (2) Reglamento (Euratom, CECA, CE) 3418/93 de la Comission de 9 de diciembre de 1993, sobre normas de desarrollo de disposiciones del Reglamento financiero de 21 de diciembre de 1977 (DO L 315 de 16. 12. 1993). C 300/50 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 dimientos internos de la Comisi(cid:243)n, y la necesidad de presentar los gastos antes del final de 1996. Este razonamiento no pare- c(cid:237)a contradecir los criterios establecidos en el Reglamento ante- riormente mencionado. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n El Defensor del Pueblo hab(cid:237)a manifestado en un asunto ante- rior (reclamaci(cid:243)n 154/02. 10. 95/SF/IT) que cuando se establece un plazo de tiempo breve para la presentaci(cid:243)n de solicitudes, es una buena prÆctica administrativa considerar si los servicios postales constituyen un medio de comunicaci(cid:243)n adecuado para informar a las partes interesadas. En referencia a aquel asunto, y como compromiso para el futu- ro, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a reconocido que los plazos deber(cid:237)an ser mÆs largos y que si ello no era posible se usar(cid:237)a el fax como medio de comunicaci(cid:243)n complementario. Este procedimiento se utiliz(cid:243) en este asunto. La reclamaci(cid:243)n se trasmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observacio- nes la instituci(cid:243)n manifest(cid:243), en s(cid:237)ntesis, que hab(cid:237)a considerado en detalle la reclamaci(cid:243)n del Sr. L. sobre la protecci(cid:243)n forestal en Italia. La Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) archivar el expediente porque el Reglamento (CEE) no 3529/86 no especifica en ningœn momento el tipo de equipamiento que debe ser utilizado por los bomberos y, en consecuencia, su elecci(cid:243)n corresponde a los Estados miembros. Comentarios del demandante En sus observaciones, el Sr. L. mantuvo su reclamaci(cid:243)n. A la vista de los resultados de las investigaciones, no se cons- tat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. Decisi(cid:243)n PROTECCI(cid:211)N CONTRA LOS INCENDIOS FORESTALES: INTERPRETACI(cid:211)N DEL REGLAMENTO (CEE) no 3529/86 1. La cuesti(cid:243)n planteada por la reclamaci(cid:243)n implicaba consi- derar si la interpretaci(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a hecho del Reglamento (CEE) no 3529/86 era la correcta. Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 26/97/VK contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En enero de 1997, el Sr. L. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo alegando que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a sabido garantizar el cumplimiento del Reglamento (CEE) no 3529/86 relativo a la protecci(cid:243)n de los bosques en la Comunidad contra los incendios (1) por parte de las autoridades italianas. las autoridades reclamaci(cid:243)n, Segœn la italianas hab(cid:237)an contratado ciertas compaæ(cid:237)as para luchar contra los incendios forestales en Calabria. El Sr. L. consideraba que el equipa- miento utilizado por estas compaæ(cid:237)as resultaba insuficiente, por lo que reclam(cid:243) sin Øxito ante las autoridades italianas. Ante este resultado, el Sr. L. se quej(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, afirmando que Østa ten(cid:237)a el deber de garantizar la idoneidad del equipa- miento de las compaæ(cid:237)as. La Comisi(cid:243)n contest(cid:243) que, en virtud del Reglamento (CEE) no 3529/86, no ten(cid:237)a competencias res- pecto a la idoneidad del equipamiento. Segœn la Comisi(cid:243)n, esta cuesti(cid:243)n entraba por completo dentro del Æmbito de compe- tencias de los Estados miembros. A la vista de esta informaci(cid:243)n, el Sr. L. present(cid:243) una reclama- ci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo, alegando que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a sabido garantizar la aplicaci(cid:243)n del Reglamento. referirse principalmente Segœn el art(cid:237)culo 1 del Reglamento, Øste tiene como obje- tivo establecer un plan comunitario para la protecci(cid:243)n con- tra los incendios forestales. Este plan, como establece el art(cid:237)culo 2, debe a medidas preventivas, como por ejemplo «construcci(cid:243)n de caminos forestales» y «organizaci(cid:243)n de campaæas de informaci(cid:243)n». El art(cid:237)culo 3 estipula que los Estados miembros deben informar a la Comisi(cid:243)n de todos sus programas y proyec- tos encaminados a incrementar la protecci(cid:243)n forestal. El art(cid:237)culo 4 describe el papel del ComitØ consultivo para la protecci(cid:243)n de los bosques. Los art(cid:237)culos 5 y 6 se refieren a la contribuci(cid:243)n financiera de la Comunidad en las medidas previstas por el plan. Los art(cid:237)culos 7 y 8 estipulan que los Estados miembros deben designar organismos para ejecutar las disposiciones adoptadas en virtud del Reglamento y adoptar las medidas necesarias para cerciorarse de que la financiaci(cid:243)n de la Comunidad se aplica correctamente. El art(cid:237)culo 9 obliga a la Comisi(cid:243)n a presentar un informe anual, y el art(cid:237)culo 10 establece la fecha de entrada en vigor del Reglamento. El Reglamento no contiene, por tanto, ninguna disposici(cid:243)n relativa al control de la idoneidad del equipamiento. Se constat(cid:243) en consecuencia que no hab(cid:237)a ningœn elemento que indicara que la interpretaci(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a hecho del Reglamento era incorrecta. Sin embargo, se debe recordar que la autoridad mÆxima con capacidad de decidir en cuestiones de legislaci(cid:243)n comunitaria es el Tribunal de Justicia. (1) Reglamento (CEE) no 3529/86 del Consejo (DO L 326 de 21. 11. 1986, p. 5). 2. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se cons- tat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/51 CANCELACI(cid:211)N DE ASISTENCIA FINANCIERA A UN PROYECTO Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 120/97/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea de la retirada del socio espaæol porque no estaba al corriente de tal hecho. El Sr. C. manifest(cid:243) que no se hab(cid:237)a producido ningœn otro cambio respecto a la propuesta original En su opi- ni(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n no pod(cid:237)a cancelar su contribuci(cid:243)n financie- ra, sino, en todo caso, rechazar los cambios producidos en el proyecto. Reclamaci(cid:243)n Decisi(cid:243)n En febrero de 1997, el Sr. C. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo en representaci(cid:243)n de la empresa C. La reclamaci(cid:243)n hac(cid:237)a referencia a la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de cancelar su asistencia financiera a un proyecto. En diciembre de 1995, la empresa C. respondi(cid:243) a la invitaci(cid:243)n para presentar ofertas para proyectos de carÆcter transnacional realizada por la Comisi(cid:243)n. A fin de participar en el procedi- miento, C. constituy(cid:243) una sociedad transnacional que inclu(cid:237)a cierto nœmero de empresas procedentes de diversos Estados miembros. La Comisi(cid:243)n (DG XXIII) acept(cid:243) hacerse cargo de la mitad de los costes totales del proyecto (159 000 ecus). MÆs adelante, una de las empresas asociadas se retir(cid:243) del proyecto. La Comisi(cid:243)n inform(cid:243) entonces al Sr. C. que hab(cid:237)a decidido cancelar su apoyo financiero, pues se hab(cid:237)an producido modifi- caciones substanciales respecto a la propuesta original. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observacio- nes, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que en la invitaci(cid:243)n a presentar pro- puestas s(cid:243)lo se aceptaban proyectos de carÆcter transnacional. En agosto de 1996, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a aceptado contribuir al proyecto de la empresa C. debido a la participaci(cid:243)n equilibrada de socios griegos, espaæoles y portugueses. En octubre de la Comisi(cid:243)n fue informada que se hab(cid:237)an producido 1996, cambios fundamentales en el objetivo y las condiciones de las propuestas originales. En particular, tras la retirada del socio espaæol en julio de 1996, se hab(cid:237)an producido cambios en el papel y la participaci(cid:243)n financiera de los socios restantes. Tras solicitar informaci(cid:243)n adicional al Sr. C. , la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) que la retirada del socio espaæol hab(cid:237)a reducido el carÆcter transnacional de la propuesta, y que el objetivo pro- yecto hab(cid:237)a quedado limitado a la regi(cid:243)n de Calabria, en Italia. Como consecuencia de los cambios sustanciales que hab(cid:237)an tenido lugar respecto al proyecto original y de la omisi(cid:243)n de notificaci(cid:243)n de los mismos por parte de la empresa, la Comi- si(cid:243)n consider(cid:243) que la empresa C no hab(cid:237)a respetado las bases del contrato al modificar unilateralmente la propuesta sin su consentimiento. En consecuencia, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) cancelar su participaci(cid:243)n financiera en el proyecto. Observaciones del demandante En sus observaciones, el Sr. C. sostuvo que la empresa C. hab(cid:237)a actuado de buena fe. No hab(cid:237)a podido informar a la Comisi(cid:243)n De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Primera Ins- tancia, la obligaci(cid:243)n de cumplir las condiciones correspondien- tes a una decisi(cid:243)n de concesi(cid:243)n de ayuda econ(cid:243)mica constituye un deber esencial del beneficiario. Por lo tanto, su cumpli- miento es una condici(cid:243)n para que se otorgue una ayuda comu- nitaria (1). En este asunto, en la convocatoria de propuestas se manifes- taba que: «[(cid:133)] la naturaleza de las acciones debe ser innovadora y trans- nacional». Tras la retirada del socio espaæol, el aspecto transnacional del proyecto qued(cid:243) profundamente afectado. Las clÆusula 10 de la declaraci(cid:243)n firmada por el demandante establec(cid:237)a que «en caso de que se produzca algœn cambio en el proyecto (objeto, contenido, socios, presupuesto, financiaci(cid:243)n (cid:133)) el beneficiario se compromete a notificarlos a la Comisi(cid:243)n, y pedirle autorizaci(cid:243)n de seguir adelante». Aunque el proyecto se firm(cid:243) en agosto de 1996, los cambios relativos a los socios y a su participaci(cid:243)n en el mismo hab(cid:237)an tenido lugar en julio de 1996. Sin embargo, no se comunica- ron a la Comisi(cid:243)n hasta tres meses y medio despuØs de que la instituci(cid:243)n pidiera informaci(cid:243)n sobre el curso del proyecto. El hecho de no haber comunicado dichos cambios rÆpidamente a la Comisi(cid:243)n y no haber obtenido su autorizaci(cid:243)n previa, signi- ficaba una vulneraci(cid:243)n de las obligaciones establecidas en la clÆusula 10 de la declaraci(cid:243)n del beneficiario. A la vista de los hechos anteriores, el Defensor del Pueblo con- sider(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a actuado razonablemente al can- celar la ayuda al proyecto del demandante tras decidir que las condiciones que reg(cid:237)an su participaci(cid:243)n financiera en el mismo no se hab(cid:237)an cumplido. Por lo tanto no se constat(cid:243) mala admi- nistraci(cid:243)n, y el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (1) Asunto apartado T-331/94: IPK-M(cid:252)nchen GmbH contra Comisi(cid:243)n, 15. 10. 1997, T-551/93, 38; Asuntos T-231/94, T-232/94, T-233/94 y T-234/94, Industrias Pesqueras Campos y otros contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1996, p. II-247), apartado 160. acumulados C 300/52 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 ARANCELES APLICABLES A LA CARNE DE CIERVO Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 133/97/VK contra la Comisi(cid:243)n Euro- pea Reclamaci(cid:243)n En febrero de 1997, el Sr. R. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo en nombre de la Federaci(cid:243)n de asociacio- nes de criadores europeos de ciervos. La reclamaci(cid:243)n se refer(cid:237)a a la correspondencia que el Sr. R. hab(cid:237)a mantenido con la Comisi(cid:243)n acerca de los aranceles aduaneros aplicados a la carne de ciervo importada en la Uni(cid:243)n Europea. De acuerdo con la reclamaci(cid:243)n, el reducido (cid:237)ndice de los dere- chos de importaci(cid:243)n hace que la carne de ciervo procedente de explotaciones agr(cid:237)colas sea comparativamente mÆs barata, por lo que esta competencia crea dificultades a los criadores euro- peos de ciervos. Por ese motivo, el demandante solicit(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que considerara la carne de ciervo procedente de criaderos como carne de animal domØstico, lo que implicar(cid:237)a un (cid:237)ndice de derechos de importaci(cid:243)n mucho mÆs elevado. El demandante afirmaba que la carne de ciervo procedente de criaderos deber(cid:237)a considerarse carne de animal domØstico, puesto que los ciervos se cr(cid:237)an como animales domØsticos en lo que se refiere a alimentaci(cid:243)n, producci(cid:243)n y tratamiento de la carne. Asimismo, el demandante aleg(cid:243) que se respetar(cid:237)a la decisi(cid:243)n del Tribunal de Justicia, que sosten(cid:237)a: «Debe interpre- tarse que la palabra (cid:147)caza(cid:148), tal y como aparece en el subt(cid:237)tulo 02. 04-B del arancel aduanero comœn 1970, se aplica a anima- les que viven en estado salvaje y que son objeto de caza» (1). Dado que los ciervos en cuesti(cid:243)n no son objeto de caza, sino que son conducidos al matadero como las ovejas y las vacas, el demandante consider(cid:243) que ser(cid:237)a justo que, a efectos de aduana, se les tratara como animales domØsticos. Esta petici(cid:243)n origin(cid:243) un intercambio de correspondencia entre el demandante y la Comisi(cid:243)n, del que se dedujo que la Comisi(cid:243)n no compart(cid:237)a el punto de vista del demandante. En estas circunstancias, el demandante present(cid:243) una reclama- ci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, en la que alegaba que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a interpretado err(cid:243)neamente las disposiciones en vigor sobre los aranceles aduaneros aplicables a la carne de ciervo. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La Comisi(cid:243)n evalu(cid:243) la queja del demandante, expuesta en varias cartas, y lleg(cid:243) a la siguiente conclusi(cid:243)n: es necesario obedecer las instrucciones dadas por el acuerdo del arancel aduanero comœn, que establece que la carne de animales que normalmente se cazan (como el ciervo), sigue considerÆndose caza, aun cuando estos animales hayan sido criados en cautivi- dad (2). Esta argumentaci(cid:243)n estÆ de acuerdo con las explicacio- nes que el Comisario Monti ofreci(cid:243) al demandante. AdemÆs, el punto 3 de la sentencia del Tribunal de Justicia citada por el demandante establece que la palabra «caza», en su sentido ordinario, designa aquellas categor(cid:237)as de animales que viven en libertad y que son cazados. Indudablemente, los cier- vos se adecuan a esta descripci(cid:243)n. Por œltimo, se debe recordar que la protecci(cid:243)n que se concede se decide, principalmente, a diversos productos agr(cid:237)colas mediante acciones pol(cid:237)ticas, no administrativas. La Comisi(cid:243)n opinaba que, tras una profunda evaluaci(cid:243)n, se hab(cid:237)a informado correcta y suficientemente al demandante sobre la cuesti(cid:243)n. Observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante mantuvo su reclamaci(cid:243)n. Decisi(cid:243)n La cuesti(cid:243)n que planteaba la reclamaci(cid:243)n era si la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a interpretado err(cid:243)neamente las disposiciones que rigen los aranceles aplicables a la carne de ciervo. El arancel aduanero comœn establece que la carne de ciervo, aun cuando el animal no haya sido cazado, se puede conside- rar «caza». Por lo tanto, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a eva- luado correctamente las disposiciones correspondientes, y que la carne de ciervo procedente de animales en cautividad se puede importar a la Uni(cid:243)n como caza. Sin embargo, debe seæalarse que la autoridad mÆxima para decidir sobre el signifi- cado y la interpretaci(cid:243)n del Derecho comunitario es el Tribunal de Justicia. La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. Las observaciones de la instituci(cid:243)n fueron, en s(cid:237)ntesis, las siguientes: A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre la presente reclamaci(cid:243)n, no se detect(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (1) Sentencia de 12 de diciembre de 1973 en el asunto C 149/73: Otto Witt KG contra Hauptzollamt Hamburg-Ericus, (Recopilaci(cid:243)n 1973, p. 1587). (2) DO C 342 de 5. 12. 1994, p. 23. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/53 DECISI(cid:211)N DE LA COMISI(cid:211)N DE NO INICIAR UN PROCEDIMIENTO DE INFRACCI(cid:211)N DE CONFORMIDAD CON EL ART˝CULO 169 DEL TRATADO CE Observaciones del demandante Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 175/97/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En febrero de 1997, el Sr. P. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo en representaci(cid:243)n de su cliente, el Sr. D. , alegando que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a garantizado la correcta aplicaci(cid:243)n de la Directiva 91/533/CEE en Portugal. El Sr. P. hab(cid:237)a trabajando para la empresa «Casinos do Algar- ve», cuya direcci(cid:243)n estaba a cargo de una comisi(cid:243)n administra- tiva designada por las autoridades portuguesas. Tras una dis- puta por razones laborales, el Sr. P. emprendi(cid:243) una acci(cid:243)n legal contra su patr(cid:243)n. Sin embargo, la agencia administrativa a cargo de los Casinos declar(cid:243) ante los tribunales que no era responsable de la gesti(cid:243)n de la empresa. La situaci(cid:243)n parec(cid:237)a contravenir la Directiva 91/533/CEE, sobre la obligaci(cid:243)n de los empresarios de infor- mar a sus empleados de las condiciones aplicables al contrato o a la relaci(cid:243)n laboral. establecidos criterios los en El Sr. P. llev(cid:243) el caso a los tribunales portugueses. Dado que el asunto estaba relacionado con la aplicaci(cid:243)n de una Directiva comunitaria por parte de las autoridades portuguesas, envi(cid:243) tambiØn una reclamaci(cid:243)n y diversas cartas a la Comisi(cid:243)n. El motivo de la reclamaci(cid:243)n del Sr. P. al Defensor del Pueblo era que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a respondido a ninguna de sus cartas. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n fue transmitida a la Comisi(cid:243)n. En sus observa- ciones, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que su Secretar(cid:237)a General hab(cid:237)a registrado la primera carta del Sr. P. A la vista de los hechos presentados en la carta, la Comisi(cid:243)n conclu(cid:237)a que las autorida- des portuguesas pod(cid:237)an estar aplicando incorrectamente la Directiva 91/533/CEE y tambiØn la Directiva 77/187/CEE acerca de la protecci(cid:243)n de los derechos de los empleados en caso de transferencias de empresas. Sin embargo, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a juzgado inadecuado que se realizara una investigaci(cid:243)n al respecto, dado que la valoraci(cid:243)n del caso depend(cid:237)a de la interpretaci(cid:243)n de la ley portuguesa y que los hechos que se discut(cid:237)an ya estaban siendo objeto de dos procedimientos legales ante los tribunales nacionales. No obstante, en mayo de 1997 la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a pedido mÆs informaci(cid:243)n sobre el tema a las autoridades portuguesas. En sus observaciones, el Sr. P. declar(cid:243) que el caso todav(cid:237)a estaba ante los tribunales portugueses, y aœn lejos de resolver- se. Se hab(cid:237)a producido incluso una diferencia de interpretaci(cid:243)n sobre la Directiva 91/533/CEE entre el juez que trataba el caso inicialmente y el Tribunal Supremo de Portugal. En opini(cid:243)n del demandante, dado que las autoridades nacionales no hab(cid:237)an respetado la ley comunitaria, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a haber inter- venido. Al no hacer uso de los poderes que le confiere el Trata- do, la Comisi(cid:243)n habr(cid:237)a desconocido su obligaci(cid:243)n de velar por la aplicaci(cid:243)n del mismo, permitiendo que un Estado miembro violase los derechos de los ciudadanos europeos. Decisi(cid:243)n 1. Decisi(cid:243)n de no admitir una reclamaci(cid:243)n De acuerdo con el art(cid:237)culo 155 del Tratado, el deber de la Comisi(cid:243)n como guardiana del mismo es velar por la apli- caci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria. la Para cumplir con su deber de guardiana del Tratado, Comisi(cid:243)n investiga posibles infracciones de la legislaci(cid:243)n comunitaria de las que tiene conocimiento por las reclama- ciones que recibe, o por iniciativa propia. La investigaci(cid:243)n puede dar lugar a que mande una carta de notificaci(cid:243)n for- mal al Estado miembro en cuesti(cid:243)n, que tiene oportunidad de presentar sus observaciones. Si la Comisi(cid:243)n considera entonces que el Estado miembro no ha cumplido las obli- gaciones impuestas por el Tratado, el art(cid:237)culo 169 prevØ que presente un dictamen motivado sobre el asunto. Si la Comisi(cid:243)n opta por no realizar ninguna investigaci(cid:243)n al respecto, deben justificar esta actitud. Las razones de tal opci(cid:243)n constituirÆn la base de cualquier investigaci(cid:243)n reali- zada por el Defensor del Pueblo con el fin de garantizar que no se ha producido mala administraci(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n justific(cid:243) su falta de actuaci(cid:243)n en el asunto del Sr. P. por el hecho de que la valoraci(cid:243)n de la reclamaci(cid:243)n depend(cid:237)a de la interpretaci(cid:243)n de la ley portuguesa, y por- que los hechos en disputa ya eran objeto de dos procedi- mientos legales ante los tribunales nacionales. Los tribunales nacionales pueden tratar de forma expeditiva casos relacionados con la aplicaci(cid:243)n incorrecta de la nor- mativa comunitaria, utilizando en caso preciso el recurso prejudicial mencionado en el art(cid:237)culo 177 y remitiendo en tal caso la cuesti(cid:243)n pertinente sobre el Derecho comunita- rio al Tribunal de Justicia. La Comisi(cid:243)n hizo tambiØn referencia a su facultad discrecional para iniciar procedimientos de infracci(cid:243)n contra un Estado miembro, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia. Al evaluar la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pue- blo consider(cid:243) que la instituci(cid:243)n hab(cid:237)a actuado respetando los l(cid:237)mites de su mandato jur(cid:237)dico, por lo que concluy(cid:243) que no se hab(cid:237)a producido mala administraci(cid:243)n. C 300/54 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 2. Respuesta rÆpida a las cartas de los demandantes La Comisi(cid:243)n declar(cid:243) en sus observaciones que la reclama- ci(cid:243)n que el Sr. P. hab(cid:237)a presentado a la Comisi(cid:243)n se hab(cid:237)a registrado como tal. Sin embargo, al Sr. P. no le hab(cid:237)a sido comunicado por escrito. Tal como ha manifestado el Defensor del Pueblo en otros casos similares, la Comisi(cid:243)n, como administraci(cid:243)n pœblica, tiene el deber de responder adecuadamente a las preguntas de los ciudadanos. Al no hacerlo en el presente caso, la Comisi(cid:243)n no cumpli(cid:243) los principios de la buena prÆctica administrativa (1). Sin embargo, el Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que la Comi- si(cid:243)n hab(cid:237)a reconocido su fallo y hab(cid:237)a pedido disculpas al demandante. Por lo tanto, no se consider(cid:243) necesario hacer comentarios adicionales. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defen- sor del Pueblo en relaci(cid:243)n con esta reclamaci(cid:243)n, se deduc(cid:237)a que, si la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a optado por no emprender accio- nes contra un Estado miembro a ra(cid:237)z de la reclamaci(cid:243)n del Sr. P. , era porque la evaluaci(cid:243)n de los hechos depend(cid:237)a de la interpretaci(cid:243)n de la ley portuguesa y, ademÆs, porque Østos ya estaban siendo objeto de dos procedimientos lega- les ante los tribunales nacionales. Al revisar el modo de proceder que hab(cid:237)a elegido la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo Europeo consider(cid:243) que la instituci(cid:243)n hab(cid:237)a actuado respetando los l(cid:237)mites de su mandato legal, y que, por lo tanto, no se constataba mala administraci(cid:243)n. En su primera carta a la Comisi(cid:243)n, el demandante explicaba que su cliente, el Sr. K. , originalmente ciudadano finlandØs, hab(cid:237)a sido arrestado por las autoridades portuguesas a ra(cid:237)z de una petici(cid:243)n de extradici(cid:243)n de las autoridades de Finlandia. Durante el proceso legal, sin embargo, se revel(cid:243) que el Sr. K. tambiØn pose(cid:237)a la nacionalidad de la Repœblica Dominicana. Las autoridades judiciales competentes de Portugal considera- ron que, al haber adoptado la nacionalidad dominicana, el Sr. K. hab(cid:237)a perdido su nacionalidad finlandesa original y deb(cid:237)a, por tanto aplicÆrsele las normas relativas a nacionales de terce- ros pa(cid:237)ses, en lugar de las relativas a ciudadanos de la Uni(cid:243)n Europea. El Tribunal Supremo portuguØs confirm(cid:243) este enfo- que. El demandante consideraba que esta interpretaci(cid:243)n legal violaba los art(cid:237)culos 8 y 8 A del Tratado. Asimismo, afirmaba que el Tribunal Supremo portuguØs ten(cid:237)a el deber de remitir la cuesti(cid:243)n al Tribunal de Justicia para obtener una decisi(cid:243)n pre- judicial, de conformidad con el art(cid:237)culo 177 del Tratado. El Sr. D. pidi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que interviniera en su papel de guardiana del Tratado, a fin de asegurar que las autoridades portuguesas aplicaban correctamente la legislaci(cid:243)n comunita- ria. El 11 de diciembre de 1996, en su segunda carta a la Comi- si(cid:243)n, el Sr. D. proporcionaba documentaci(cid:243)n adicional. Investigaci(cid:243)n Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. Observaciones de la Comisi(cid:243)n DENEGACI(cid:211)N DE ENV˝O DE UNA CUESTI(cid:211)N PREJUDICIAL POR PARTE DE UN TRIBUNAL NACIONAL: DECISI(cid:211)N DE LA COMISI(cid:211)N DE NO ESTUDIAR UNA RECLAMACI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 176/97/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea La reclamaci(cid:243)n se trasmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que afirm(cid:243) que no hab(cid:237)a podido elaborar una respuesta hasta junio de 1997, tras una exhaustiva evaluaci(cid:243)n de los documentos presentados en las cartas del demandante. La Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) el largo retraso, y se disculp(cid:243) por no haber contestado a las cartas en un plazo mÆs razonable. Reclamaci(cid:243)n En febrero de 1997, el Sr. D. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo en nombre de su cliente, el Sr. K. La recla- maci(cid:243)n se refer(cid:237)a a la falta de respuesta de la Comisi(cid:243)n a las cartas que le hab(cid:237)a dirigido el 7 de agosto y el 11 de diciembre de 1996. Estas cartas se hab(cid:237)an enviado a la Comisi(cid:243)n como reclamacio- nes contra supuestas infracciones de la legislaci(cid:243)n comunitaria por parte de las autoridades portuguesas. Por lo que se refiere al objeto del problema, la Comisi(cid:243)n con- firm(cid:243) las circunstancias descritas por el demandante. Sin embargo, consider(cid:243) que no se hab(cid:237)a producido ninguna infrac- ci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria. Dado que ninguno de los documentos presentados en las cartas del demandante demos- traba que el Sr. K. Poseyera la nacionalidad finlandesa, la Comi- si(cid:243)n consider(cid:243) que el enfoque del Tribunal Supremo portuguØs era justificado. Asimismo, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que, hasta aquel momento, no hab(cid:237)a utilizado los procedimientos de infracci(cid:243)n estipulados en el art(cid:237)culo 169 del Tratado contra ninguna deci- si(cid:243)n emitida por un tribunal nacional. (1) VØase el Manual de procedimientos operativos de la Comisi(cid:243)n (punto 15. 4, p. 45). El Defensor del Pueblo trasmiti(cid:243) los comentarios de la Comi- si(cid:243)n al demandante y le invit(cid:243) a formular sus observaciones, pero no recibi(cid:243) respuesta. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/55 Decisi(cid:243)n 1. Falta de respuesta a la correspondencia A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 1. 1. La Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) que se hab(cid:237)a producido un retraso en la tramitaci(cid:243)n de las cartas enviadas por el demandan- te, ofreci(cid:243) una explicaci(cid:243)n y se disculp(cid:243) por el retraso. ACEPTACI(cid:211)N REC˝PROCA DE LICENCIAS DE AVIACI(cid:211)N CIVIL Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 260/97/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea 1. 2 A la vista de estos hechos, se constat(cid:243) que no hab(cid:237)a base para que el Defensor del Pueblo Europeo prosiguiera con el examen de este aspecto del asunto. Reclamaci(cid:243)n 2. Decisi(cid:243)n de no admitir una reclamaci(cid:243)n 2. 1. En virtud del art(cid:237)culo 155 del Tratado, corresponde a la Comisi(cid:243)n, como «guardiana del Tratado», asegurar que se aplica la legislaci(cid:243)n comunitaria. 2. 2. Al cumplir con su deber de guardiana del Tratado, la Comisi(cid:243)n investiga las posibles infracciones de la legisla- ci(cid:243)n comunitaria que se le presentan como resultado de las reclamaciones, o por iniciativa propia. La investigaci(cid:243)n puede llevar al env(cid:237)o de una carta de emplazamiento al Estado miembro afectado, que tiene la oportunidad de presentar sus observaciones. Si la Comisi(cid:243)n considera que el Estado miembro no ha cumplido una obligaci(cid:243)n del Tratado, el art(cid:237)culo 169 estipula que emita un dictamen motivado sobre la cuesti(cid:243)n. 2. 3. Si la Comisi(cid:243)n decide no continuar las investigaciones sobre una materia, debe apoyar esta decisi(cid:243)n por medio de algœn tipo de razonamiento justificativo. Estas razones deber(cid:237)an proporcionar la base de cualquier posible investi- gaci(cid:243)n por parte del Defensor del Pueblo Europeo orien- tada a asegurar que no ha existido mala administraci(cid:243)n. En abril de 1997, el Sr. M. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo por considerar que la Comisi(cid:243)n no garan- tizaba la adecuada aplicaci(cid:243)n de la Directiva 91/670/CEE del Consejo (1) sobre la aceptaci(cid:243)n rec(cid:237)proca de las licencias del personal que ejerce funciones en la aviaci(cid:243)n civil. La reclamaci(cid:243)n indicaba que las autoridades britÆnicas compe- tentes se negaban a reconocer las licencias de piloto como la que el demandante hab(cid:237)a obtenido en Espaæa. La negativa se justificaba por la exigencia de requisitos adicionales para poder conceder el reconocimiento rec(cid:237)proco. El demandante aleg(cid:243) tambiØn que no se hab(cid:237)a tenido en cuenta su experiencia prÆc- tica. Dado que el demandante consider(cid:243) que las autoridades britÆni- cas infring(cid:237)an la Directiva 91/670/CEE, el Sr. M. present(cid:243) en febrero y marzo de 1997 sendas reclamaciones a la Comisi(cid:243)n a travØs de su Representaci(cid:243)n en Madrid. En su carta al Defensor del Pueblo, el demandante argument(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no garantizaba la adecuada aplicaci(cid:243)n de la Directiva 91/670/CEE en el Reino Unido, y que no hab(cid:237)a reci- bido contestaci(cid:243)n a sus cartas a la Representaci(cid:243)n de la Comi- si(cid:243)n en Madrid. 2. 4. La Comisi(cid:243)n defendi(cid:243) su inactividad en este asunto sobre la base de que el enfoque adoptado por el Tribunal Supremo portuguØs estaba justificado, ya que ninguno de los documentos enviados por el demandante demostraba que su cliente siguiese teniendo nacionalidad finlandesa. Investigaci(cid:243)n La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) tambiØn que, hasta aquel momento, no hab(cid:237)a utilizado los procedimientos de infracci(cid:243)n esti- pulados en el art(cid:237)culo 169 del Tratado contra ninguna decisi(cid:243)n emitida por un tribunal nacional. 2. 5. Al revisar la l(cid:237)nea de acci(cid:243)n adoptada por la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) que la instituci(cid:243)n hab(cid:237)a actuado dentro de los l(cid:237)mites de su autoridad jur(cid:237)dica y que, por lo tanto, no se hab(cid:237)a establecido ningœn caso de mala administraci(cid:243)n en lo que se refiere a este aspecto del asunto. Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que pidi(cid:243) excusas por la falta de respuesta a las cartas del demandante por parte de su Representaci(cid:243)n en Madrid. La Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que recientemente se hab(cid:237)an producido cambios en la secci(cid:243)n «Eu- rojus» de esta representaci(cid:243)n, lo que hab(cid:237)a producido retrasos en el despacho de la correspondencia. (1) Directiva 91/670/CEE del Consejo de 16 de diciembre de 1991 sobre aceptaci(cid:243)n rec(cid:237)proca de licencias de personal que ejerce fun- ciones en la aviaci(cid:243)n civil (DO L 373 de 31. 12. 1991, p. 21). C 300/56 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que hab(cid:237)a dado instrucciones a sus repre- sentaciones en todos los Estados miembros para evitar que en el futuro se produjeran retrasos semejantes. Por lo que se refiere a la aplicaci(cid:243)n de la Directiva 91/670/CEE en el Reino Unido, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que, para clarificar la situaci(cid:243)n, sus servicios se hab(cid:237)an puesto en contacto con la autoridad de aviaci(cid:243)n civil de dicho pa(cid:237)s. Se hab(cid:237)a informado al demandante de tal iniciativa, y los servicios de la Comisi(cid:243)n le pidieron algunos detalles relativos a su licencia y su expe- riencia. El Defensor del Pueblo transmiti(cid:243) al demandante las observa- ciones de la Comisi(cid:243)n, y lo invit(cid:243) a su vez a presentar los comentarios que considerase oportunos. No recibi(cid:243) respuesta. 2. 3. De la informaci(cid:243)n disponible se desprende que la Comi- si(cid:243)n actu(cid:243) con la debida diligencia en la tramitaci(cid:243)n de la presente reclamaci(cid:243)n. Por tanto, el Defensor del Pueblo no constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto del asunto. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. PRECIO DE LAS PUBLICACIONES DE LA COMISI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 269/97/PD contra la Comisi(cid:243)n Euro- pea Decisi(cid:243)n Reclamaci(cid:243)n 1. Falta de respuesta a la correspondencia 1. 1. La Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) que su representaci(cid:243)n en Madrid no hab(cid:237)a tramitado con prontitud las cartas que el deman- dante le hab(cid:237)a enviado. Sin embargo, facilit(cid:243) una explica- ci(cid:243)n por ello y pidi(cid:243) disculpas por el retraso. 1. 2. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) una carta a todas sus repre- sentaciones en los Estados miembros en la que les ped(cid:237)a que tomaran las medidas necesarias para evitar que en el futuro se volvieran a producir retrasos semejantes. 1. 3. Dado que se hab(cid:237)a respondido a la correspondencia del demandante y que se hab(cid:237)an tomado medidas para evitar situaciones similares, no hab(cid:237)a fundamento para nuevas actuaciones del Defensor del Pueblo en relaci(cid:243)n con este aspecto del caso. En marzo de 1997, el Sr. B. , miembro del Parlamento Europeo, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n en nombre del Sr. K. , cient(cid:237)fico grie- go. El Sr. B. afirmaba que, para algunos ciudadanos de la Uni(cid:243)n Europea, las publicaciones de la Comisi(cid:243)n Europea resultaban excesivamente caras. En su opini(cid:243)n, algunos ciuda- danos quedaban prÆcticamente excluidos del acceso a estas publicaciones, algo que consideraba problemÆtico desde el punto de vista de la transparencia. El Sr. B. adjuntaba a su reclamaci(cid:243)n una carta que hab(cid:237)a reci- bido del Sr. K. En su carta, el Sr. K. afirmaba que algunas publicaciones de la Comisi(cid:243)n resultaban casi inasequibles para los ciudadanos griegos. Declaraba, como ejemplo, que una publicaci(cid:243)n de 300-400 pÆginas pod(cid:237)a costarle a un cient(cid:237)fico griego el equivalente a cinco d(cid:237)as de paga. Investigaci(cid:243)n 2. Diligencia debida en garantizar la aplicaci(cid:243)n del Observaciones de la Comisi(cid:243)n Derecho comunitario 2. 1. Al cerciorarse del cumplimiento por parte de los Estados miembros del Derecho comunitario, la Comisi(cid:243)n debe tra- bajar conforme a los principios de la buena administra- ci(cid:243)n y actuar con la debida diligencia. Esto significa que la Comisi(cid:243)n, como guardiana del Tratado, debe actuar para que el Estado miembro afectado ponga fin a la supuesta infracci(cid:243)n e informe al demandante acerca de sus acciones. 2. 2. Tras recibir las cartas del demandante, los servicios de la Comisi(cid:243)n se pusieron en contacto con las autoridades nacionales responsables, con el fin de garantizar la ade- cuada aplicaci(cid:243)n de la Directiva 670/91/CEE por parte de las autoridades britÆnicas competentes. La Comisi(cid:243)n soli- cit(cid:243) tambiØn informaci(cid:243)n adicional sobre el problema del demandante, en particular en lo referente a su licencia de piloto y su experiencia profesional. La reclamaci(cid:243)n se trasmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, la cual, en sus observaciones, describi(cid:243) los criterios utilizados para fijar el pre- cio de los documentos: «La pol(cid:237)tica de precios de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas se basa en los principios que todas las instituciones han establecido. Los autores institucionales deciden el precio de una publicaci(cid:243)n de acuerdo con la recomendaci(cid:243)n de la Oficina, teniendo en cuenta los objetivos de la pol(cid:237)tica, los costes de producci(cid:243)n y los precios m(cid:237)nimos exigidos por las redes de ven- ta. Con mucha frecuencia, sobre todo en los casos de tirajes redu- cidos en algunos idiomas, el precio ni siquiera cubre los gastos ocasionados. De conformidad con el principio de no discrimina- ci(cid:243)n, los precios se fijan en ecus y son los mismos en todos los pa(cid:237)ses miembros. » La Comisi(cid:243)n tambiØn explic(cid:243) que se hab(cid:237)a hecho cargo de varias redes, tales como los centros de documentaci(cid:243)n europea, 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/57 que proporcionan acceso gratuito a sus publicaciones. Asi- mismo indic(cid:243) que, actualmente, las instituciones comunitarias estÆn haciendo accesible al pœblico gran cantidad de informa- ci(cid:243)n disponible por medio de Internet. hab(cid:237)a contestado a su solicitud de informaci(cid:243)n acerca de cier- tos problemas relacionados con el pago de su subsidio por desempleo en Suiza. No se recibieron Comentarios del demandante sobre las obser- vaciones de la Comisi(cid:243)n. Decisi(cid:243)n Una pol(cid:237)tica de precios exorbitantes o arbitrarios podr(cid:237)a resul- tar incoherente con el principio de transparencia, al impedir que los ciudadanos europeos tuvieran acceso a la informaci(cid:243)n publicada por las instituciones comunitarias. Sin embargo, se constata que la actual pol(cid:237)tica de precios descrita por la Comi- si(cid:243)n se basa en criterios objetivos, con el leg(cid:237)timo prop(cid:243)sito de cubrir los costes de producci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n de las publica- ciones. Por todo ello, esta pol(cid:237)tica no constituye un caso de mala administraci(cid:243)n. La pol(cid:237)tica de precios tambiØn deber(cid:237)a considerarse en relaci(cid:243)n con el principio de igualdad de trato. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, este principio implica que las situaciones idØnticas no deben tratarse de forma dife- rente, y que las situaciones diferentes no deben tratarse de forma idØntica. La cuesti(cid:243)n fundamental al aplicar este princi- pio es establecer quØ es una situaci(cid:243)n idØntica y quØ constituye una situaci(cid:243)n diferente. Por un lado, a la hora de establecer su pol(cid:237)tica de precios, la Comisi(cid:243)n podr(cid:237)a tener en cuenta las diferencias en la distribu- ci(cid:243)n de la renta dentro de la Comunidad. Esto podr(cid:237)a llevar a una situaci(cid:243)n en la que la misma publicaci(cid:243)n apareciera con distintos precios en los distintos Estados miembros. Por otro lado, se podr(cid:237)a considerar que la misma publicaci(cid:243)n deber(cid:237)a tener sustancialmente el mismo precio dondequiera que se ven- diese. Se concluy(cid:243) que la Comisi(cid:243)n considera apropiada la segunda opci(cid:243)n, y que ello es leg(cid:237)timo. En consecuencia, el hecho de que la Comisi(cid:243)n opine que la misma publicaci(cid:243)n deber(cid:237)a, en principio, tener el mismo precio, no viola el princi- pio de igualdad de trato y, por consiguiente, no se constat(cid:243) un caso de mala administraci(cid:243)n. En consecuencia, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (VØase tambiØn la decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1077/4. 12. 96/WG/ D/VK/OV contra la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comu- nidades Europeas). BECA DE LA COMISI(cid:211)N: CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 340/97/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n La demandante era beneficiaria de una beca del programa IDT «Recursos humanos y movilidad» de la Comunidad. En diciem- bre de 1994, se traslad(cid:243) a Duebendorf (Suiza) con el fin de completar un per(cid:237)odo de veinte meses de investigaci(cid:243)n cient(cid:237)- fica. A los beneficiarios de este tipo de ayuda se les exig(cid:237)a que garantizaran su propio plan de seguridad social. Por ese moti- vo, la demandante estuvo pagando su seguro de desempleo durante todo ese per(cid:237)odo. Tras finalizar su investigaci(cid:243)n en julio de 1996, se traslad(cid:243) a Zurich, donde no consigui(cid:243) encon- trar empleo. La demandante solicit(cid:243) entonces el pago del subsi- dio de desempleo a la oficina de la seguridad social suiza de esa ciudad. Sin embargo, no obtuvo respuesta positiva a su petici(cid:243)n por parte de las autoridades suizas. El 23 de octubre de 1996 escribi(cid:243) a diversos organismos, entre ellos la Comisi(cid:243)n, solicitando informaci(cid:243)n, sin que recibiera respuesta a su pregunta. En su reclamaci(cid:243)n, la Sra. L. pidi(cid:243) al Defensor del Pueblo que realizara las investigaciones necesarias para garantizar que la Comisi(cid:243)n aclarara la situaci(cid:243)n. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. Las observaciones de la Comisi(cid:243)n fueron, en s(cid:237)ntesis, las siguientes: Tras haber realizado una cuidadosa investigaci(cid:243)n en los diver- sos sistemas de registro del correo de llegada en los archivos de la Comisi(cid:243)n no se encontr(cid:243) rastro de la carta que la deman- dante hab(cid:237)a enviado el 23 de octubre de 1996. La instituci(cid:243)n seæal(cid:243) que la carta no iba dirigida a ninguna persona ni institu- ci(cid:243)n espec(cid:237)fica, sino que s(cid:243)lo indicaba que deb(cid:237)a copiarse y enviarse, entre otros, a la «Commission EuropØenne (Directorat GØnØral)». Respecto al fondo de la cuesti(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que en virtud de las condiciones generales que rigen las becas de for- maci(cid:243)n asociadas a proyectos de investigaci(cid:243)n, y que eran apli- investigador deb(cid:237)a pagar los cables al presente asunto, el impuestos y las contribuciones a la seguridad social con el dinero de la beca. La instituci(cid:243)n de acogida hab(cid:237)a informado debidamente a la demandante sobre esta condici(cid:243)n. AdemÆs, en este tipo de becas, el investigador es el œnico responsable de garantizar el cumplimiento de las disposiciones impositivas nacionales. En marzo de 1997, la Sra. L. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo en la que afirmaba que la Comisi(cid:243)n no Asimismo, la Comisi(cid:243)n aclar(cid:243) que la legislaci(cid:243)n comunitaria no era aplicable a este asunto, puesto que las normas pertinen- C 300/58 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 tes (cid:151)el Reglamento (CEE) no1408/71(cid:151) son aplicables, como mÆximo, en el Æmbito del Espacio Econ(cid:243)mico Europeo y, por lo tanto, no en pa(cid:237)ses como Suiza, que no forman parte del mismo. 3. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n proporcion(cid:243) una res- la puesta exhaustiva a los problemas planteados por demandante, y tambiØn los medios de encontrar una posi- ble soluci(cid:243)n. Con el fin de asistir a la demandante, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que se pondr(cid:237)a rÆpidamente en contacto con las autoridades nacio- nales competentes para buscar informaci(cid:243)n adicional respecto a una posible resoluci(cid:243)n del asunto, y que la mantendr(cid:237)a infor- mada de los resultados. Informaci(cid:243)n suplementaria facilitada por la demandante El 10 de junio de 1997, antes de que el Defensor del Pueblo la demandante recibiera las observaciones de la Comisi(cid:243)n, envi(cid:243) informaci(cid:243)n adicional por carta. La demandante expli- caba que se le hab(cid:237)a informado de un acuerdo bilateral entre Francia y Suiza de reconocimiento de los derechos por desem- pleo y, sobre la base de las disposiciones de este acuerdo, hab(cid:237)a conseguido que se le reconocieran las contribuciones por desempleo pagadas a partir de octubre de 1996. No obstante, afirmaba que sus primeros pagos a la seguridad social se remontaban a agosto de 1996. Al no estar informada de este acuerdo bilateral, la demandante hab(cid:237)a perdido la oportunidad de aprovechar un salario m(cid:237)nimo para la reintegraci(cid:243)n en el mercado laboral. En s(cid:237)ntesis, afir- maba que el hecho de que la Comisi(cid:243)n no le hubiera explicado completamente las consecuencias de su beca, le hab(cid:237)a costado una cantidad sustancial de dinero. Dado que estas cuestiones no figuraban en la reclamaci(cid:243)n ori- ginal, el Defensor del Pueblo no procedi(cid:243) a investigarlas. El Defensor del Pueblo envi(cid:243) las observaciones de la Comisi(cid:243)n a la demandante, que no formul(cid:243) ninguna observaci(cid:243)n. Decisi(cid:243)n 1. Como ya hab(cid:237)a seæalado el Defensor del Pueblo en asuntos similares, la Comisi(cid:243)n tiene el deber, en su papel de admi- nistraci(cid:243)n pœblica, de responder adecuadamente a las pre- guntas de los ciudadanos. 4. Dado que, al parecer, se hab(cid:237)a contestado a la pregunta de la demandante, no hab(cid:237)a motivos para que el Defensor del Pueblo prosiguiera sus investigaciones sobre este asunto. A la vista de los resultados de las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo sobre la presente reclamaci(cid:243)n, no se detect(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n y, por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. CONTRATACI(cid:211)N FALLIDA DE UN EXPERTO Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 376/97/PD contra la Comisi(cid:243)n Euro- pea Reclamaci(cid:243)n En mayo de 1997, X present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defen- sor del Pueblo contra la Comisi(cid:243)n, a la que consideraba res- ponsable por no haber sido contratado para un puesto de director ejecutivo de un proyecto de desarrollo que afectaba a tres pa(cid:237)ses. La Comisi(cid:243)n financiaba el puesto en cuesti(cid:243)n y proporcionaba asistencia financiera para la contrataci(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n contrat(cid:243) la ayuda de un consultor especialista para el proceso de contra- taci(cid:243)n. En mayo de 1996, el consultor notific(cid:243) a X que deb(cid:237)a reunirse con el (cid:243)rgano directivo del proyecto, compuesto por representantes de los pa(cid:237)ses afectados. MÆs tarde, se inform(cid:243) a X que hab(cid:237)a sido seleccionado para el puesto. En julio de 1996 fue invitado a asistir a una reuni(cid:243)n en Bruselas en calidad de futuro director ejecutivo del proyecto, durante la que asistir(cid:237)an tambiØn funcionarios de la Comisi(cid:243)n y los embajadores de los pa(cid:237)ses que participaban en el proyecto. Se supon(cid:237)a que el 1 de noviembre de 1996 X tomar(cid:237)a posesi(cid:243)n de su cargo como director ejecutivo. Sin embargo, en noviembre de 1996 todav(cid:237)a no se hab(cid:237)a fir- mado su contrato. X afirm(cid:243) que cada vez que se pon(cid:237)a en con- tacto con la Comisi(cid:243)n para tratar esa cuesti(cid:243)n le respond(cid:237)an que ten(cid:237)a que esperar porque hab(cid:237)a problemas con la firma del acuerdo de financiaci(cid:243)n entre la Uni(cid:243)n Europea y el (cid:243)rgano directivo. 2. En el presente asunto, sin embargo, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a jus- tificado su falta de respuesta a la pregunta de la deman- dante basÆndose en que no quedaba rastro de su carta en ninguno de los diversos sistemas de registro de la institu- ci(cid:243)n. Dado que la carta simplemente se hab(cid:237)a copiado a la Comisi(cid:243)n, y que no se hab(cid:237)a incluido ninguna direcci(cid:243)n, es concebible que los servicios postales no fueran capaces de entregarla. El 15 de diciembre de 1996, X recibi(cid:243) el borrador de un con- trato del (cid:243)rgano directivo. Al mismo tiempo, se le inform(cid:243) de que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a aprobado el borrador. El 16 de diciem- bre de 1996, X propuso una serie de enmiendas al borrador del contrato. El 6 de febrero de 1997, recibi(cid:243) una carta del (cid:243)rgano directivo afirmando que no pod(cid:237)an aceptar las enmien- das y que ten(cid:237)an la intenci(cid:243)n de romper las negociaciones con Øl. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/59 Tras dirigirse en vano a la Comisi(cid:243)n para discutir la cuesti(cid:243)n, X present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo. Dicha reclamaci(cid:243)n se resum(cid:237)a en que la Comisi(cid:243)n, dado su papel de intermediario, era responsable de que el procedimiento de con- trataci(cid:243)n no hubiera dado sus frutos, y solicitaba, por tanto, ser compensado. tados por funcionarios comunitarios. El hecho de que la Comi- si(cid:243)n hubiera aprobado la elecci(cid:243)n final la hac(cid:237)a igualmente res- ponsable. X rebati(cid:243) la afirmaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de que ya se hubieran acordado algunos tØrminos del contrato. Investigaci(cid:243)n Decisi(cid:243)n El Tratado CE s(cid:243)lo autoriza al Defensor del Pueblo Europeo a investigar posibles casos de mala administraci(cid:243)n cuando Østa se produce en las actividades de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios. El Estatuto del Defensor del Pueblo estipula expresamente que ninguna acci(cid:243)n de cualquier otra autoridad o persona puede ser objeto de reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo. En consecuencia, las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre la reclamaci(cid:243)n de X se dirigieron a examinar si hab(cid:237)a habido mala administraci(cid:243)n en las actividades de la Comisi(cid:243)n. Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se trasmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, la cual, en sus observaciones, afirm(cid:243) que el (cid:243)rgano directivo se hab(cid:237)a dirigido a la Comisi(cid:243)n en marzo de 1995 para solicitar la financiaci(cid:243)n de la Comunidad. La Comisi(cid:243)n acord(cid:243) financiar tanto el proce- dimiento de selecci(cid:243)n para el puesto de director ejecutivo del proyecto como el propio puesto. La Comisi(cid:243)n present(cid:243) una breve lista de cuatro candidatos al (cid:243)rgano directivo, que seleccion(cid:243) a X. MÆs tarde, el (cid:243)rgano directivo se dirigi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n con el fin de que aprobara el nombramiento y para pedirle que actuara como intermediario para tratar los tØrminos de la remuneraci(cid:243)n con el candidato elegido. La Direcci(cid:243)n General correspondiente aprob(cid:243) el nom- bramiento y envi(cid:243) al (cid:243)rgano directivo los tØrminos y condicio- nes que deb(cid:237)an incluirse en el contrato. La Comisi(cid:243)n afirm(cid:243) que el (cid:243)rgano directivo decidi(cid:243) romper las negociaciones porque las demandas de X exced(cid:237)an lo acordado y porque hab(cid:237)a puesto en duda tØrminos que ya se hab(cid:237)an esta- blecido. Finalmente, la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que la asistencia financiera de las Comunidades Europeas al proyecto no constitu(cid:237)a ningœn compromiso por parte de la Comisi(cid:243)n en relaci(cid:243)n con los can- didatos, dado que la instituci(cid:243)n contratante no era la Comisi(cid:243)n, sino el (cid:243)rgano directivo. Comentarios del demandante La cuesti(cid:243)n que planteaba esta reclamaci(cid:243)n consist(cid:237)a en si la no contrataci(cid:243)n del demandante para el puesto de director eje- cutivo del proyecto constitu(cid:237)a o no un caso de mala adminis- traci(cid:243)n imputable a la Comisi(cid:243)n. Se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a ayudado al (cid:243)rgano directivo a encontrar candidatos para el puesto y a financiar el procedimiento de contrataci(cid:243)n, si bien nunca hab(cid:237)a firmado un contrato con el demandante. TambiØn se constat(cid:243) que el procedimiento se hab(cid:237)a puesto en marcha por iniciativa del (cid:243)rgano directivo, que la elecci(cid:243)n final del candidato seleccionado se realiz(cid:243) sin intervenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, y que el contrato lo hab(cid:237)an de firmar el demandante y el (cid:243)rgano directivo, por lo que correspond(cid:237)a a este œltimo la decisi(cid:243)n de firmarlo o romper las negociaciones. El hecho de que el (cid:243)rgano directivo hubiera pedido a la Comi- si(cid:243)n que aprobara el nombramiento de X (cid:151)lo cual realiz(cid:243) la Comisi(cid:243)n inmediatamente(cid:151) no alteraba su responsabilidad. No exist(cid:237)an elementos que indicaran que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a tomado medidas indebidas para incitar al (cid:243)rgano directivo a romper las negociaciones con X. Tampoco aparecieron elemen- tos que indicaran que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a asumido en ningœn momento la responsabilidad legal de las acciones del (cid:243)rgano directivo, o que se hubiera comportado de forma que el demandante pudiera considerarse leg(cid:237)timamente contratado por la Comisi(cid:243)n. En consecuencia, se concluy(cid:243) que el hecho que el demandante no fuera contratado para el puesto de director ejecutivo del proyecto no constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n en las actividades de la Comisi(cid:243)n y, por lo tanto, el Defensor del Pue- blo archiv(cid:243) el asunto. LISTA DE RESERVA PARA CONTRATACI(cid:211)N la reclamaci(cid:243)n 385/97/PD contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n En sus comentarios, el demandante afirm(cid:243) que exist(cid:237)a un v(cid:237)nculo contractual entre Øl y la Comisi(cid:243)n ya que Østa hab(cid:237)a contratado a una compaæ(cid:237)a europea para la selecci(cid:243)n de los candidatos y que los candidatos tambiØn hab(cid:237)an sido entrevis- En mayo de 1997, el Sr. G. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo por considerar que, la pol(cid:237)tica de contrataci(cid:243)n de personal de la Comisi(cid:243)n representaba un caso de mala administraci(cid:243)n. En 1993, la Comisi(cid:243)n organiz(cid:243) dos concursos C 300/60 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 tanto, generales para los ciudadanos de todos los Estados miembros, COM/A/764 y COM/A/770, con vistas a establecer listas de reserva para cubrir puestos de administradores. El Sr. G. pre- sent(cid:243) su candidatura al œltimo de estos concursos, y aprob(cid:243) los exÆmenes correspondientes. Por su nombre se incluy(cid:243) en la lista de reserva constituida en otoæo de 1994. En junio de 1995, la Comisi(cid:243)n le convoc(cid:243) a Bruselas para pasar el examen mØdico y realizar entrevistas con los servicios de la Comisi(cid:243)n que pudieran estar interesados en su contrataci(cid:243)n. Sin embargo, tras pasar las pruebas mØdicas y realizar las entrevistas, no recibi(cid:243) ninguna oferta de empleo. Mientras tan- to, lleg(cid:243) a su conocimiento que la Comisi(cid:243)n contrataba como agentes temporales a personas que no hab(cid:237)an aprobado un concurso general. El Sr. G. consider(cid:243) mala administraci(cid:243)n el que no se ofreciera un empleo a personas que hubieran apro- bado un concurso pero que al mismo tiempo se contratase a personas que no lo hubieran hecho. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, la cual, en sus observaciones, indic(cid:243) en primer lugar que, en virtud del Esta- tuto de los Funcionarios y de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho que una persona haya aprobado un concurso no le confiere automÆticamente derecho a que se le ofrezca un empleo, tal como quedaba claramente explicado en el anuncio del concurso. Es mÆs, el anuncio dejaba claro que el nœmero de candidatos que figurar(cid:237)an en la lista de reserva ser(cid:237)a sobre el cincuenta por ciento mÆs del nœmero de puestos disponibles. A continuaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n explic(cid:243) su forma habitual de pro- ceder con las listas de reserva. La Comisi(cid:243)n env(cid:237)a las listas de reserva junto con los curr(cid:237)culum vitae de los candidatos a los servicios de la Comisi(cid:243)n, que pueden solicitar la contrataci(cid:243)n de uno de ellos si tienen un puesto permanente vacante. Sin embargo, en el caso concreto de este concurso, los servicios de la Comisi(cid:243)n responsables del personal (DG IX) convocaron a los candidatos en Bruselas, y ello por propia iniciativa para que pudieran celebrar entrevistas y asistir a una sesi(cid:243)n informativa sobre los procedimientos de contrataci(cid:243)n. Tras las entrevistas con el Sr. G. , la DG IX no recibi(cid:243) ninguna solicitud para que se le contratase. Decisi(cid:243)n La cuesti(cid:243)n que plantea la reclamaci(cid:243)n es si constituye un caso de mala administraci(cid:243)n el que la Comisi(cid:243)n permita la contrata- ci(cid:243)n de personal no permanente, en lugar de ofrecer empleos permanentes a las personas incluidas en una lista de reserva. A este respecto, hay que observar, en primer lugar, que la Comi- si(cid:243)n no tiene la obligaci(cid:243)n jur(cid:237)dica de contratar a una persona incluida en una lista de reserva. En segundo lugar, como se desprende de la explicaci(cid:243)n incluida en las observaciones de la Comisi(cid:243)n, esta instituci(cid:243)n realiza una gran variedad de funcio- nes y actos dentro de las limitaciones que le impone la Autori- dad Presupuestaria. Por su propia naturaleza, algunas de estas funciones pueden tener un carÆcter marcadamente temporal, mientras que otras pueden requerir una especializaci(cid:243)n distinta de la que tienen las personas incluidas en la lista de reserva. Por tanto, el simple hecho que la Comisi(cid:243)n no contratase per- sonal permanente durante un per(cid:237)odo en que no hab(cid:237)a agotado una lista de reserva no constituye un caso de mala administra- ci(cid:243)n. A la vista de los resultados de las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo sobre la presente reclamaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) la existencia de un caso de mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. SUPUESTA DISCRIMINACI(cid:211)N EN UNA LICITACI(cid:211)N la reclamaci(cid:243)n 564/97/PD contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n En junio de 1997, el Sr. D. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo acerca de la gesti(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de un con- curso restringido de traducci(cid:243)n al francØs, 97/S36-18547/FR, publicado por la instituci(cid:243)n el 20 de febrero de 1997. El punto 6 del aviso de licitaci(cid:243)n establec(cid:237)a que el nœmero de candidatos invitados a licitar estar(cid:237)a entre 5 y 30, de manera que quedaran cubiertas las necesidades operacionales de la entidad adjudica- dora y de que se garantizara una verdadera competencia. El punto 13 de la licitaci(cid:243)n establec(cid:237)a las condiciones que deb(cid:237)an cumplir los candidatos. El punto 14 estipulaba que la entidad adjudicadora seleccionar(cid:237)a a los candidatos que ser(cid:237)an invitados a licitar basÆndose en la informaci(cid:243)n presentadas en relaci(cid:243)n con el punto 13. Por lo que se refiere a la contrataci(cid:243)n de agentes temporales, la Comisi(cid:243)n indic(cid:243) que, a veces, los perfiles de los candidatos incluidos en la lista de reserva no responden a las necesidades de los servicios afectados. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n estÆ sometida a lugar a que limitaciones presupuestarias que pueden dar disponga de fondos para la contrataci(cid:243)n de personal externo temporal, pero no para la contrataci(cid:243)n de funcionarios perma- nentes. En tercer lugar, la Comisi(cid:243)n observ(cid:243) que, desde 1995, ha debido reservar una parte importante de la contrataci(cid:243)n a los ciudadanos de los nuevos Estados miembros. El Sr. D. solicit(cid:243) tomar parte en esta licitaci(cid:243)n. El 29 de mayo de 1997, la Comisi(cid:243)n le inform(cid:243) que no se le invitar(cid:237)a a licitar, a pesar que su solicitud se adecuaba al aviso de licitaci(cid:243)n. Mediante carta del 2 de junio de 1997, el Sr. D. pidi(cid:243) sin Øxito a la Comisi(cid:243)n que revisara esta decisi(cid:243)n. Ante esta situaci(cid:243)n, el Sr. D. se quej(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a discriminado a su empresa. A fin de justificar esta afirmaci(cid:243)n, 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/61 pidi(cid:243) al Defensor del Pueblo que solicitara la respuesta de la Comisi(cid:243)n a las preguntas siguientes: 1) ¿QuØ criterios utiliza la Comisi(cid:243)n para seleccionar a los candidatos invitados a licitar, en virtud del punto 6 del aviso de licitaci(cid:243)n? 2) ¿QuØ entiende la Comisi(cid:243)n por "verdadera competencia"? 3) ¿QuØ beneficio obten(cid:237)a la Comisi(cid:243)n al excluir a candidatos que cumplen las condiciones del aviso de licitaci(cid:243)n, concre- tamente las establecidas en el punto 13? Por œltimo, el Sr. D. afirmaba que, en otras ocasiones, su empresa hab(cid:237)a sido invitada a participar en licitaciones para la traducci(cid:243)n al inglØs y al alemÆn, lo que resultaba incoherente con la decisi(cid:243)n relativa a la licitaci(cid:243)n para la traducci(cid:243)n al francØs. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que explic(cid:243) en sus observaciones el procedimiento seguido para seleccionar a los candidatos invitados a licitar. En particular, la Comisi(cid:243)n llam(cid:243) la atenci(cid:243)n sobre el hecho de que el procedimiento en cuesti(cid:243)n era uno de los llamados procedimientos restringidos, regidos por las disposiciones del art(cid:237)culo 27 de la Directiva 92/50/CEE del Consejo (1). En virtud de dicho procedimiento, la entidad adjudicadora tiene el derecho, e incluso la obligaci(cid:243)n, de proce- der a una selecci(cid:243)n entre los candidatos que cumplen los crite- rios establecidos en el aviso de licitaci(cid:243)n. la Comisi(cid:243)n indic(cid:243) que En respuesta a la primera pregunta, esta selecci(cid:243)n de candidatos se realizaba comparando sus res- pectivos mØritos. La Comisi(cid:243)n incluy(cid:243) pruebas que justificaban su opini(cid:243)n, en las que se constataba que en el pasado, la cali- dad de las traducciones proporcionadas por la empresa del Sr. D. no se hab(cid:237)a considerado suficiente. Por lo que se refiere a la segunda pregunta, la Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que, en un procedimiento de licitaci(cid:243)n anterior, se hab(cid:237)an elegido 307 empresas para que tradujeran al francØs, de las que posteriormente, 147 no hab(cid:237)an llegado a recibir ningœn encargo y 117 tradujeron menos de 400 pÆginas cada una. Por lo tanto, con la expresi(cid:243)n «garantizar una verdadera competen- cia» la Comisi(cid:243)n entend(cid:237)a limitar el nœmero de empresas, de manera que se garantizara que hab(cid:237)a una competencia real entre ellas. En cuanto a la tercera pregunta, la Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que un procedimiento restringido representaba una ventaja para la Comisi(cid:243)n en tanto que s(cid:243)lo se eleg(cid:237)a a las mejores empresas, por lo que los servicios de la Comisi(cid:243)n ten(cid:237)an que realizar menos trabajo de revisi(cid:243)n de las traducciones recibidas. A la vista de esta informaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n lleg(cid:243) a la conclu- si(cid:243)n de que hab(cid:237)a obrado correctamente y de que no hab(cid:237)a dis- criminado a la empresa del Sr. D. Observaciones del demandante En sus observaciones, el Sr. D. mantuvo su reclamaci(cid:243)n. Con- cretamente, aludi(cid:243) a cierta documentaci(cid:243)n que demostraba que determinados servicios de la Comisi(cid:243)n, distintos de los encar- gados de este procedimiento de licitaci(cid:243)n, hab(cid:237)an quedado satisfechos con su trabajo. Decisi(cid:243)n El principio de no discriminaci(cid:243)n implica que idØnticas situa- ciones no se pueden tratar de manera distinta, y que situacio- nes distintas no se pueden tratar de forma idØntica. No existen elementos disponibles que indiquen que, en esta cuesti(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a cometido una discriminaci(cid:243)n. El elemento dis- tintivo entre las solicitudes que se adecuaban al aviso de licita- ci(cid:243)n era la calidad del trabajo de los candidatos y, en el caso del Sr. D. , el comitØ de selecci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) este elemento como un elemento negativo. De las observaciones de la Comisi(cid:243)n se dedujo que Østa hab(cid:237)a cumplido adecuadamente las disposiciones que rigen el procedimiento. El hecho que la empresa del Sr. D. hubiera tenido Øxito en otras licitaciones no guardaba relaci(cid:243)n con la decisi(cid:243)n en el caso presente. Igual- la consideraci(cid:243)n positiva de la Comisi(cid:243)n respecto a mente, ciertos trabajos anteriores del demandante, tampoco invalidaba el hecho que, para otros de sus trabajos, la instituci(cid:243)n los hab(cid:237)a considerado de calidad insuficiente. Por tanto, el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) que no hab(cid:237)a motivos para afirmar que la deci- si(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de no invitar al Sr. D. a licitar constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n en las actividades de la Comi- si(cid:243)n. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo en esta reclamaci(cid:243)n, no se detect(cid:243) mala administra- ci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n Europea, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. ART˝CULO 169 DEL TRATADO CE: FALTA DE MOTIVACI(cid:211)N Y EXCLUSI(cid:211)N DEL DEMANDANTE DE UNA REUNI(cid:211)N la reclamaci(cid:243)n 651/97/IJH contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n (1) DO L 209 de 24. 7. 1992, p. 1. En julio de 1997, el Sr. R. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo en nombre de su empresa, BLC Limited, que C 300/62 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 importaba cerveza fabricada en Alemania al Reino Unido. Se expone a continuaci(cid:243)n una s(cid:237)ntesis de los hechos tal como los present(cid:243) el demandante: En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el Sr. R. sostuvo que: El 3 de abril de 1993, el Sr. R. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n acerca de una nueva Ley del Reino Unido conocida como «Guest Beer Provision» (GBP). Esta Ley permit(cid:237)a a los arrendatarios de grandes fÆbricas de cerveza del Reino Unido, que estÆn sujetos a compromisos de compra en exclusiva, com- prar tambiØn una cerveza de barril de su elecci(cid:243)n. El Sr. R. sos- ten(cid:237)a que la GBP discriminaba la cerveza producida en otros Estados miembros y, por lo tanto, infring(cid:237)a el art(cid:237)culo 30 del Tratado CE. El 30 de junio de 1993, la Comisi(cid:243)n comunic(cid:243) al Sr. R. que hab(cid:237)a registrado su reclamaci(cid:243)n y que los servicios de la Comi- si(cid:243)n estaba estudiando la GBP desde el punto de vista de la libre circulaci(cid:243)n de mercanc(cid:237)as. El 28 de septiembre de 1995, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Sr. R. de que hab(cid:237)a enviado a las auto- ridades britÆnicas una carta de emplazamiento con fecha de 15 de septiembre de 1995, de acuerdo con el procedimiento esta- blecido en el art(cid:237)culo 169 del Tratado CE. El 7 de febrero de 1996, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Sr. R. de los aspectos mÆs importantes de la respuesta del Reino Unido a la carta de emplazamiento, invitÆndole a presentar sus observa- ciones sobre los argumentos del Reino Unido. El 5 de agosto de 1996, un comunicado de prensa de la Comi- si(cid:243)n (IP/96/774) anunciaba que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido enviar un dictamen motivado al Reino Unido, de conformidad con el procedimiento establecido en el art(cid:237)culo 169 del Tratado CE. El 22 de agosto de 1996, el Sr. R. conoci(cid:243) por un comunicado de prensa emitido por el Departamento de Comercio e Indus- tria del Reino Unido, que se hab(cid:237)a convocado una reuni(cid:243)n tripartita que tendr(cid:237)a lugar en octubre de 1996, entre la Comi- si(cid:243)n, las autoridades britÆnicas y una asociaci(cid:243)n comercial, la «ConfØdØration des Brasseurs du MarchØ commun» (CBMC). El 27 de agosto de 1996, escribi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n para que se le permitiera asistir a la reuni(cid:243)n, pero la Comisi(cid:243)n rechaz(cid:243) su petici(cid:243)n. Sin embargo, se le invit(cid:243) a asistir a otra reuni(cid:243)n con los servicios de la Comisi(cid:243)n que tendr(cid:237)a lugar unos d(cid:237)as mÆs tarde. El 1 de noviembre de 1996, el Sr. R. escribi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n acerca de esta reuni(cid:243)n tripartita, formulando preguntas acerca de la exactitud de la informaci(cid:243)n facilitada por la CBMC. Con posterioridad el Sr. R. inici(cid:243) numerosos contactos con los servicios de la Comisi(cid:243)n responsables de la cuesti(cid:243)n. El 16 de diciembre de 1996, Østos le anunciaron que el dictamen moti- vado estaba listo para ser enviado. En marzo de 1997, el gobierno britÆnico anunci(cid:243) su prop(cid:243)sito de enmendar la GBP con el fin de incluir tambiØn cervezas fer- mentadas en botella, aæadiendo que la Comisi(cid:243)n estaba satisfe- cha con los tØrminos de las modificaciones propuestas y que en consecuencia no pretend(cid:237)a publicar su dictamen motivado. El Sr. R. consider(cid:243) que los cambios propuestos no resultaban adecuados para poner fin a la infracci(cid:243)n del art(cid:237)culo 30. i) la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de no enviar un dictamen moti- vado a las autoridades britÆnicas tras haber anunciado su decisi(cid:243)n de hacerlo el 5 de agosto de 1996, constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n; ii) el procedimiento del art(cid:237)culo 169 se hab(cid:237)a llevado a cabo inadecuadamente a partir del 5 de agosto de 1996; en par- ticular, su exclusi(cid:243)n de la reuni(cid:243)n tripartita celebrada en octubre de 1996 no fue razonable. El Sr. R. requiri(cid:243) tambiØn del Defensor del Pueblo que solici- tase a la Comisi(cid:243)n la continuaci(cid:243)n del procedimiento del art(cid:237)- culo 169 hasta que sus investigaciones hubiesen finalizado. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En s(cid:237)ntesis, Comisi(cid:243)n formul(cid:243) las observaciones siguientes: la i) El art(cid:237)culo 169 confiere poder a la Comisi(cid:243)n para iniciar un procedimiento de infracci(cid:243)n contra un Estado miembro ante el Tribunal de Justicia cuando considere que ha incumplido una obligaci(cid:243)n derivada del Tratado. La Comi- si(cid:243)n dispone de un margen de discrecionalidad para decidir si ha de intervenir el Tribunal, incluso en el caso de que un Estado miembro no cumpla un dictamen motivado. Los particulares, entre los que se cuentan los demandantes, no tienen derecho a exigir que la Comisi(cid:243)n adopte una posi- ci(cid:243)n determinada. ii) La Comisi(cid:243)n anima a los particulares a presentar reclama- ciones, pues ello ayuda a que sus servicios sean conscientes de las violaciones de la normativa comunitaria. La Comi- si(cid:243)n ha considerado que el demandante debe ser informado del resultado y de la acci(cid:243)n que la instituci(cid:243)n decida emprender. iii) La GBP s(cid:243)lo permit(cid:237)a la cerveza de barril para su venta, y t(cid:237)pico este tipo de cerveza es un producto tradicional britÆnico. La Comisi(cid:243)n consider(cid:243) que esto constitu(cid:237)a una discriminaci(cid:243)n de facto que infring(cid:237)a los art(cid:237)culos 30-36 del Tratado CE. Sin embargo, tambiØn se tuvieron en cuenta los objetivos de la GBP, en particular, la garant(cid:237)a de una mejor elecci(cid:243)n por parte de los consumidores y el hecho de proporcionar la oportunidad de comercializar cervezas producidas, en su mayor parte, en fÆbricas pequeæas y medianas, pod(cid:237)a ser leg(cid:237)tima. iv) Tras enviar la carta de emplazamiento y decidir enviar el la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) discutir con las dictamen motivado, autoridades britÆnicas posibles alternativas, teniendo en cuenta su disponibilidad para encontrar una soluci(cid:243)n de 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/63 conformidad con el Derecho comunitario. Se prepararon diversos encuentros, entre los que se encontraba una reu- ni(cid:243)n tripartita entre la Comisi(cid:243)n, las autoridades britÆnicas y la industria cervecera, representada por la CBMC. blo pueda quedar en suspenso en algœn procedimiento administrativo. El principio habitual que se aplica en el Æmbito nacional es que una reclamaci(cid:243)n presentada al Defensor del Pueblo no tiene ese efecto. v) A principios de marzo de 1997, las autoridades britÆnicas propusieron una enmienda de la GBP que permitiese a los arrendatarios de las grandes empresas cerveceras comprar una marca de cerveza embotellada ademÆs de la cerveza de barril. La Comisi(cid:243)n consider(cid:243) que la soluci(cid:243)n era satisfac- toria, pues la mayor(cid:237)a de las cervezas tradicionales fabrica- das en otros Estados miembros se venden embotelladas. Por consiguiente, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) suspender el procedi- miento y no enviar el dictamen motivado. El 22 de julio de 1997 la enmienda fue aprobada por el Parlamento BritÆni- co. vi) El Sr. R. fue adecuadamente informado en todo momento de las acciones emprendidas por la Comisi(cid:243)n. En particular, tras el comunicado de prensa del 5 de agosto de 1996 en el que se declaraba que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido enviar su dictamen motivado al Reino Unido, se le inform(cid:243) por telØfono de la fase en que se encontraba el procedimiento, y fue recibido en tres ocasiones en las oficinas de la Comi- si(cid:243)n. Aunque no se le invit(cid:243) a la reuni(cid:243)n tripartita cele- brada el 11 de octubre de 1996, tres d(cid:237)as mÆs tarde fue recibido por los servicios de la DG XV, habiØndosele facili- tado informaci(cid:243)n sobre las cuestiones no confidenciales discutidas en la reuni(cid:243)n precedente. El 21 de abril de 1997, se le inform(cid:243) por carta que la Comisi(cid:243)n consideraba satisfactoria la extensi(cid:243)n de la GBP a las cervezas tradicio- nales embotelladas. Observaciones del demandante En s(cid:237)ntesis, el Sr. R. formul(cid:243) las observaciones siguientes: i) La Comisi(cid:243)n, al no enviar el dictamen motivado a las auto- ridades britÆnicas, hab(cid:237)a infringido las obligaciones deriva- das de los art(cid:237)culos 155 y 169 del Tratado CE. ii) La decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de respaldar la enmienda de la GBP en 1997 no resolv(cid:237)a el problema de dilucidar lo nece- sario en 1990, cuando la disposici(cid:243)n fue por primera vez introducida. iii) La decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n era legalmente insostenible y no ten(cid:237)a en cuenta la evidencia presentada por el deman- dante. El razonamiento de la Comisi(cid:243)n acerca de la cerveza «tradicional» era una excusa por haber negociado un arreglo pol(cid:237)tico del procedimiento establecido en el art(cid:237)- culo 169. Decisi(cid:243)n 1. Petici(cid:243)n solicitando que la Comisi(cid:243)n no diera por terminado el procedimiento del art(cid:237)culo 169 hasta que hubiesen finalizado las investigaciones del Defensor del Pueblo 1. 2 En el caso actual, no se constat(cid:243) que existieran factores especiales que pudieran justificar que el Defensor del Pue- blo propusiera a la Comisi(cid:243)n no dar por terminado el procedimiento del art(cid:237)culo 169 en cuesti(cid:243)n, que afectaba tambiØn a los intereses de otras partes. 2. Decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de no enviar un dictamen moti- vado al Reino Unido 2. 1. El art(cid:237)culo 155 del Tratado CE establece que la Comisi(cid:243)n «velarÆ por la aplicaci(cid:243)n de las disposiciones del Tratado». Es su deber, por tanto, asegurar que se aplican las disposi- ciones del Tratado y las medidas adoptadas por las institu- ciones en virtud del propio Tratado. 2. 2. El art(cid:237)culo 169 del Tratado dispone que: Si la Comisi(cid:243)n estimare que un Estado miembro ha incum- plido una de las obligaciones que le incumben en virtud del presente Tratado, emitirÆ un dictamen motivado al respecto, despuØs de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones. Si el Estado de que se trate no se atuviere a este dictamen en el plazo determinado por la Comisi(cid:243)n, Østa podrÆ recurrir al Tribunal de Justicia. 2. 3. La evidencia de que dispon(cid:237)a el Defensor del Pueblo era que, tras haber ofrecido al Reino Unido la oportunidad de presentar sus observaciones, la Comisi(cid:243)n estimaba que la GBP incumpl(cid:237)a las disposiciones del Tratado relativas a la libre circulaci(cid:243)n de mercanc(cid:237)as. Sin embargo, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) no enviar inmediatamente el dictamen motivado porque las autoridades britÆnicas deseaban encontrar una soluci(cid:243)n adecuada al Derecho comunitario. 2. 4. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el procedimiento de ejecuci(cid:243)n implica un poder discrecio- nal de la Comisi(cid:243)n para considerar los medios mÆs apro- piados y los l(cid:237)mites temporales, con el objeto de eliminar las violaciones del Tratado (1). 2. 5. No se present(cid:243) evidencia alguna al Defensor del Pueblo por la que se pudiera concluir que se hab(cid:237)a abusado de dicho poder en este caso. No se hab(cid:237)a aportado ningœn elemento que hubiera podido seæalar la existencia de retrasos innecesarios de la Comisi(cid:243)n durante sus conversa- ciones con las autoridades britÆnicas entre agosto de 1996 y marzo de 1997. Durante este plazo las autoridades bri- tÆnicas propusieron una enmienda de la GBP, que la 1. 1. Ni el Tratado ni el Estatuto del Defensor del Pueblo pre- vØn que una reclamaci(cid:243)n presentada al Defensor del Pue- (1) Asunto 7/71: Comisi(cid:243)n contra Francia (Recolilaci(cid:243)n 1971, p. 1003). C 300/64 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Comisi(cid:243)n consider(cid:243) satisfactoria para poner infracci(cid:243)n. fin a la las reclamaciones presentadas por ciudadanos sobre auto- ridades nacionales (1). 2. 6. En sus observaciones, el demandante sosten(cid:237)a tambiØn que, al considerar satisfactorias las enmiendas de 1997 a la GBP, la Comisi(cid:243)n no consigui(cid:243) hacer frente a la cues- ti(cid:243)n de los cambios legales necesarios en 1990, cuando se introdujo la GBP. 2. 7. El art(cid:237)culo 169 dispone que, en el caso del env(cid:237)o de un dictamen motivado, se establezca un plazo para que el Estado en cuesti(cid:243)n se atenga a dicho dictamen. La Comi- si(cid:243)n s(cid:243)lo recurrirÆ al Tribunal de Justicia si el Estado en cuesti(cid:243)n no se atiene al dictamen en el plazo establecido. Por lo tanto, estÆ claro que al actuar de acuerdo con el art(cid:237)culo 169, la cuesti(cid:243)n pertinente que se plante(cid:243) la Comisi(cid:243)n cuando el Reino Unido propuso la enmienda de la GBP en 1997 era si la propuesta pondr(cid:237)a fin a la infrac- ci(cid:243)n. 3. Tratamiento procesal de la reclamaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n 3. 1. En el cumplimiento de su misi(cid:243)n de guardiana del Trata- do, la Comisi(cid:243)n tiene el deber de actuar de acuerdo con los principios de la buena prÆctica administrativa. Al res- ponder a las preguntas sobre asuntos relacionados con el «art(cid:237)culo 169» que le plante(cid:243) el Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) firmemente dicho deber. 3. 2. Existe acuerdo sobre el hecho de que la Comisi(cid:243)n registr(cid:243) la reclamaci(cid:243)n acerca de la GBP, inform(cid:243) al demandante de que hab(cid:237)a enviado una carta de emplazamiento, y le dio la oportunidad de comentar los aspectos mÆs impor- tantes de la respuesta del Reino Unido. La Comisi(cid:243)n anunci(cid:243) entonces pœblicamente que a su juicio se hab(cid:237)a producido una infracci(cid:243)n. 3. 3. a la vista de las evidencias de que dispon(cid:237)a el Defensor del Pueblo, se constata que el demandante tambiØn estaba al corriente de la posterior decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de iniciar conversaciones con las autoridades britÆnicas acerca de posibles alternativas para poner fin a esa infracci(cid:243)n. 3. 4. El 21 de abril de 1997, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al deman- dante de que consideraba que la extensi(cid:243)n de la GBP a las cervezas tradicionales embotelladas resultar(cid:237)a satisfactoria para poner fin a la infracci(cid:243)n. Las informaciones aporta- das por ambas partes al Defensor del Pueblo muestran que el demandante conoc(cid:237)a el razonamiento de esta con- clusi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, y que se le brind(cid:243) la oportunidad de presentar mÆs evidencias y contra argumentos. El demandante, por consiguiente, goz(cid:243) de las ventajas proce- sales ofrecidas por la Comisi(cid:243)n en respuesta a la investiga- ci(cid:243)n de oficio del Defensor del Pueblo sobre los procedi- mientos administrativos de la Comisi(cid:243)n en relaci(cid:243)n con 3. 5. En cuanto a la reuni(cid:243)n tripartita, la exclusi(cid:243)n de un demandante de una reuni(cid:243)n en la que se pretend(cid:237)a discu- tir una soluci(cid:243)n de su reclamaci(cid:243)n ser(cid:237)a irrazonable, prima facie, en un procedimiento administrativo normal en el que el demandante fuera parte interesada. Sin embargo, la elecci(cid:243)n entre diferentes l(cid:237)neas de acci(cid:243)n compatibles con el Derecho comunitario corresponde al Estado miembro afectado. En el estado actual de la Ley comunitaria, no se constata que exista base legal para sostener que resultaba irrazonable excluir al demandante de una reuni(cid:243)n de esas caracter(cid:237)sticas, dado que contaba con la posibilidad proce- sal de comentar la compatibilidad de la normativa comu- nitaria con la l(cid:237)nea de acci(cid:243)n finalmente elegida y acep- tada por la Comisi(cid:243)n. Como se apunta en el anterior punto 3. 4, Øste parece haber sido el caso. 3. 6. Las investigaciones del Defensor del Pueblo no han reve- lado que la Comisi(cid:243)n haya infringido principios de la buena prÆctica administrativa en lo que concierne las cuestiones procesales tratadas en este apartado de la deci- si(cid:243)n. 4. Cuestiones suscitadas en las observaciones del demandante 4. 1. En sus observaciones sobre los comentarios de la Comi- si(cid:243)n, el demandante sosten(cid:237)a que la decisi(cid:243)n de la institu- ci(cid:243)n de respaldar la enmienda de la GBP era legalmente insostenible y que no ten(cid:237)a en cuenta la evidencia aporta- da. Manten(cid:237)a igualmente que el razonamiento en relaci(cid:243)n con la cerveza «tradicional» era una excusa por haber negociado un arreglo pol(cid:237)tico del procedimiento estable- cido en el art(cid:237)culo 169. 4. 2. La reclamaci(cid:243)n inicial se centraba en las cuestiones proce- sales tratadas en los anteriores puntos 2 y 3. Las observa- ciones no parecen justificar que el Defensor del Pueblo realizase investigaciones en relaci(cid:243)n con las nuevas alega- ciones. 4. 3. El Defensor del Pueblo seæala que el demandante tiene la posibilidad de contestar la compatibilidad de la GBP enmendada de acuerdo con el art(cid:237)culo 30 del Tratado CE, iniciando procedimientos en los tribunales britÆnicos. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo en relaci(cid:243)n con esta reclamaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defen- sor del Pueblo archiv(cid:243) el caso. (1) Decisi(cid:243)n 303/97/PD de 13 de octubre de 1997. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/65 TRANSFERENCIA DE LOS DERECHOS DE PENSI(cid:211)N No se recibieron comentarios del demandante. la reclamaci(cid:243)n 733/97/PD contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n En agosto de 1997, la comisi(cid:243)n de peticiones del Bundestag alemÆn transfiri(cid:243) al Defensor del Pueblo Europeo una petici(cid:243)n presentada por el Sr. L. para que fuera tramitada como recla- maci(cid:243)n. El Sr. L. hab(cid:237)a trabajado para la Comisi(cid:243)n Europea desde el 16 de mayo de 1960 hasta el 1 de mayo de 1970, fecha en la que dimiti(cid:243). De conformidad con las disposiciones aplicables del Estatuto de los Funcionarios, se le pag(cid:243) una indemnizaci(cid:243)n por cese en el servicio. En diciembre de 1994 y abril de 1995, el Sr. L. pidi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que le permitiera devolver la indemnizaci(cid:243)n por cese en el servicio y transferir sus derechos a pensi(cid:243)n al sistema de pensiones alemÆn. El demandante alegaba que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a tramitado adecuadamente su petici(cid:243)n. Se constat(cid:243) que, en su respuesta a las indagaciones del Sr. L. , la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a dado razones adecuadas de por quØ no pod(cid:237)a satisfacer su solicitud. Por lo tanto, el Defensor del Pue- blo consider(cid:243) que no se pod(cid:237)a afirmar que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a tramitado la petici(cid:243)n del Sr. L. de manera inadecuada. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. DIRECTIVA SOBRE LAS VACACIONES COMBINADAS: SUPUESTA TRAMITACI(cid:211)N INCORRECTA DE UNA RECLAMACI(cid:211)N POR PARTE DE LA COMISI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1075/97/IJH contra la Comisi(cid:243)n Europea Investigaci(cid:243)n Reclamaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n Se remiti(cid:243) la reclamaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n, la cual, en sus obser- vaciones, afirm(cid:243) que, de conformidad con las disposiciones aplicables del Estatuto de los Funcionarios, el Sr. L. no ten(cid:237)a derecho a una pensi(cid:243)n. Por lo tanto, se le hab(cid:237)a pagado una indemnizaci(cid:243)n por cese en el servicio. Asimismo, en las obser- vaciones se declaraba que el 13 de junio de 1995 la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a contestado del siguiente modo a las investigaciones del demandante de los d(cid:237)as 23 de diciembre de 1994 y 7 de abril de 1995: (cid:151) el reembolso de la indemnizaci(cid:243)n por cese en el servicio no era posible, en tanto que el art(cid:237)culo 4 del anexo VIII del Estatuto de los Funcionarios s(cid:243)lo estipula tal posibilidad si la persona afectada vuelve a ejercer un empleo activo en una instituci(cid:243)n comunitaria, (cid:151) la transferencia de los derechos a pensi(cid:243)n s(cid:243)lo pod(cid:237)a reali- zarse en el caso de funcionarios y agentes temporales que todav(cid:237)a estuvieran en servicio activo o, para aquØllos que, al dejar el servicio de una instituci(cid:243)n comunitaria, pudieran demostrar un derecho inmediato a pensi(cid:243)n o un derecho que resultara efectivo despuØs de un cierto per(cid:237)odo de tiempo. Sin embargo, Øste no era el caso del demandante. En las observaciones tambiØn se afirmaba que con el pago de la indemnizaci(cid:243)n por cese en el servicio, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a cumplido sus obligaciones hacia el demandante. Se aæad(cid:237)a que Øste no ten(cid:237)a derecho a una pensi(cid:243)n, y que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a contestado a todas las preguntas del demandante, y que no se adoptar(cid:237)an medidas adicionales. En noviembre de 1997, el Sr. D. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo por la forma en que la Comisi(cid:243)n trat(cid:243) una reclamaci(cid:243)n que el demandante hab(cid:237)a presentado contra las autoridades del Reino Unido en agosto de 1995. La reclamaci(cid:243)n del Sr. D. ante la Comisi(cid:243)n se refer(cid:237)a a la supuesta omisi(cid:243)n del gobierno del Reino Unido de aplicar y hacer cumplir correctamente las disposiciones relativas a los suplementos de precio contenidas tanto en la Directiva 90/314/CEE como en la legislaci(cid:243)n nacional que incorpor(cid:243) a nivel nacional dicha Directiva (1). La Comisi(cid:243)n registr(cid:243) la recla- maci(cid:243)n con el nœmero 95/4883. En febrero de 1996, los servicios de la Comisi(cid:243)n (DG XXIV) informaron al demandante de que, aparentemente, la Directiva hab(cid:237)a sido correctamente incorporada en el Derecho interno, si bien la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a solicitado informaci(cid:243)n a las autoridades del Reino Unido respecto al folleto informativo sobre la legisla- ci(cid:243)n nacional publicado por el Ministerio britÆnico de Comer- cio e Industria (UK Department of Trade and Industry, DTI). As(cid:237) mismo se seæalaba que si la respuesta de las autoridades del Reino Unido no era satisfactoria, se podr(cid:237)a incoar el proce- dimiento de infracci(cid:243)n previsto en el art(cid:237)culo 169 del Tratado. El 7 de octubre de 1997, la DG XXIV inform(cid:243) al demandante de que su reclamaci(cid:243)n hab(cid:237)a provocado un cambio en la redac- (1) Directiva 90/314/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1990, relativa a los viajes combinados, las vacaciones combinadas y los circuitos combinados (DO L 158 de 23. 6. 1990, p. 61); reglamentos sobre viajes, vacaciones y circuitos combinados, SI 1992 3288. C 300/66 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 ci(cid:243)n del folleto informativo de la DTI y que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido no proseguir sus actuaciones sobre el tema. La carta tambiØn explicaba que la Directiva en cuesti(cid:243)n no exig(cid:237)a que las autoridades nacionales dispusieran de poderes sancionado- res respecto al no respeto de las medidas nacionales de trasposici(cid:243)n, aunque se estaba considerando una propuesta de directiva al respecto. En s(cid:237)ntesis, la reclamaci(cid:243)n del Sr. D. formulaba tres acusacio- nes: i) el plazo de tiempo utilizado para tramitar la reclamaci(cid:243)n ante la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a sido excesivo; ii) la carta de la Comisi(cid:243)n de 7 de octubre de 1997 conten(cid:237)a informaci(cid:243)n irrelevante, iii) las cuestiones planteadas en la reclamaci(cid:243)n no hab(cid:237)an sido correctamente tratadas por la Comisi(cid:243)n. Al aprobar la nueva redacci(cid:243)n del folleto informativo de la DTI, la Comi- si(cid:243)n hab(cid:237)a respaldado la incorrecta e ineficaz aplicaci(cid:243)n de la Directiva 90/314/CEE por parte del gobierno del Reino Unido. Por lo que se refiere a la tercera acusaci(cid:243)n, el demandante se refer(cid:237)a al hecho que el folleto informativo omit(cid:237)a palabras clave que aparec(cid:237)an tanto en la Directiva como en la legislaci(cid:243)n nacional que la hab(cid:237)a traspuesto. En primer lugar, la Ley esti- pula que s(cid:243)lo puede imponerse un suplemento de precio «si el contrato establece de manera expl(cid:237)cita la posibilidad de revi- si(cid:243)n tanto al alza como a la baja, y define las modalidades pre- cisas por las que se efectuarÆ el cÆlculo», mientras que el folleto omite las palabras «de manera expl(cid:237)cita» y «por las que se efec- tuarÆ». Segœn la reclamaci(cid:243)n, en la prÆctica, las empresas que organizan circuitos combinados no explican en sus contratos el mØtodo por el que piensan calcular los suplementos. En segundo lugar, la Ley estipula que s(cid:243)lo se pueden cobrar suple- mentos en una serie limitada de art(cid:237)culos, incluidas «las tasas e impuestos relativos a determinados servicios, como los impues- tos de aterrizaje, de desembarco o de embarque en puertos y aeropuertos». Sin embargo, el folleto s(cid:243)lo se refiere a «las tasas e impuestos relativos a servicios» y, en la prÆctica, las empresas que organizan circuitos combinados facturan cantidades suple- mentarias por gastos administrativos y comisiones de agentes, sin que estØn autorizadas para ello. Segœn el demandante, estas omisiones anulan la protecci(cid:243)n al consumidor que intenta pro- porcionar la Directiva. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. Las observaciones de la Comisi(cid:243)n, inclu(cid:237)an, en s(cid:237)ntesis, los puntos siguientes: El demandante hab(cid:237)a denunciado a la Comisi(cid:243)n tanto el texto del folleto informativo como la ausencia de un mecanismo de aplicaci(cid:243)n para los casos en que un contrato de viaje organi- zado no «define las modalidades precisas de cÆlculo». El 6 de diciembre de 1995, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) de la reclamaci(cid:243)n a las autoridades del Reino Unido. En una carta del 7 de marzo de 1996, las autoridades del Reino Unido declararon que no consideraban engaæoso el folleto informativo. Sin embargo, en una reuni(cid:243)n con funcionarios de la DG XXIV celebrada el 26 de julio de 1996, las autoridades del Reino Unido mostraron su disposici(cid:243)n a modificar el texto. A la vista del nuevo texto, trasmitido el 10 de octubre de 1996, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) archivar el expediente el 19 de marzo de 1997 al considerar que el Reino Unido no hab(cid:237)a infringido la legislaci(cid:243)n comuni- taria. Se inform(cid:243) al demandante de esta decisi(cid:243)n y de las razo- nes de la misma, por carta del 7 de octubre de 1997. En la misma se inclu(cid:237)a tambiØn informaci(cid:243)n clara y detallada sobre las cuestiones planteadas por el demandante respecto a la apli- caci(cid:243)n prÆctica de la legislaci(cid:243)n nacional de desarrollo. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n tambiØn lamentaba la demora desde que se hab(cid:237)a archivado el expediente (19 de marzo de 1997) hasta que se hab(cid:237)a informado de esta decisi(cid:243)n al demandante (7 de octubre de 1997). Comentarios del demandante En sus observaciones, el demandante manten(cid:237)a sus acusaciones de retraso excesivo, informaci(cid:243)n irrelevante y colusi(cid:243)n en la tergiversaci(cid:243)n del significado de la Directiva. Repet(cid:237)a su opi- ni(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a hecho caso omiso de su principal argumento sobre la importancia de una redacci(cid:243)n precisa de la Directiva. En ese sentido, consideraba que la nueva redacci(cid:243)n del folleto informativo del DTI no era mejor que la original. Decisi(cid:243)n 1. Comentarios preliminares acerca de los procedimientos de la Comisi(cid:243)n para la tramitaci(cid:243)n de reclamaciones relativas a infracciones de la legislaci(cid:243)n comunitaria por parte de los Estados miembros 1. 1. La Comisi(cid:243)n archiv(cid:243) el expediente sobre la reclamaci(cid:243)n en marzo de 1997. En abril de 1997, el Defensor del Pueblo inici(cid:243) una investigaci(cid:243)n de oficio sobre las posibi- lidades de mejorar la calidad de los procedimientos admi- nistrativos de la Comisi(cid:243)n en la tramitaci(cid:243)n de las recla- maciones relativas a infracciones de la legislaci(cid:243)n comuni- taria por parte de los Estados miembros (1). Durante dicha investigaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n indic(cid:243) que hab(cid:237)a adoptado una regla interna de procedimiento por la que la decisi(cid:243)n de archivar un expediente sin actuaciones o alternativamente iniciar un procedimiento de infracci(cid:243)n, deber(cid:237)a tomarse en todo caso en un plazo mÆximo de un aæo a partir de la fecha de registro, salvo en situaciones especiales que deberÆn motivarse adecuadamente. (1) Reclamaci(cid:243)n 303/97/PD, publicada en el Informe anual del Defen- sor del Pueblo de 1997, pp. 287-291. VØase tambiØn la introduc- ci(cid:243)n del decimoquinto Informe anual de la Comisi(cid:243)n sobre el control de la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario (1997), pp. III-IV [COM (1998) 317 final] 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/67 1. 2. La Comisi(cid:243)n se comprometi(cid:243) incluso a garantizar que el denunciante ser(cid:237)a informado de su intenci(cid:243)n de archivar el asunto, salvo en los casos en que resulta manifiesto que la reclamaci(cid:243)n es infundada y cuando no se ha vuelto a tener noticias del promotor de la reclamaci(cid:243)n. Era por tanto razonable que en asuntos como el actual, en los que la Comisi(cid:243)n consideraba que no hab(cid:237)a una infracci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria, los demandantes tuvieran la posibilidad de formular sus opiniones y cr(cid:237)ticas acerca del punto de vista de la Comisi(cid:243)n, antes de que Østa llegara a una conclusi(cid:243)n definitiva sobre la inexistencia de viola- ci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria. 3. 3. La reclamaci(cid:243)n ante la Comisi(cid:243)n de 15 de agosto de 1995 planteaba expresamente la cuesti(cid:243)n de la ausencia de mecanismos que obligasen a una adecuada aplicaci(cid:243)n de la Directiva. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que la Comisi(cid:243)n actu(cid:243) correctamente al tratar este tema en su carta al demandante. Es mÆs, tampoco parece que obrara mal al ofrecer voluntariamente informaci(cid:243)n sobre las propuestas legislativas relativas a la aplicaci(cid:243)n. 3. 4. Por lo tanto, no se constat(cid:243) que hubiera mala administra- ci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con esta parte de la reclamaci(cid:243)n. 2. Reclamaci(cid:243)n por retraso excesivo 2. 1. En el presente asunto, el retraso desde el registro de la reclamaci(cid:243)n hasta la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de archivar el expediente fue de mÆs de dos aæos. En sus observacio- nes, la Comisi(cid:243)n se disculp(cid:243) por el siguiente retraso (de casi siete meses) hasta que se inform(cid:243) al demandante de su decisi(cid:243)n. 2. 2. La adopci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n respectivamente de las normas mencionadas en el punto 1. 1, y el compro- miso recogido en el punto 1. 2, deber(cid:237)an evitar los retrasos innecesarios en la tramitaci(cid:243)n de futuras reclamaciones. Pod(cid:237)a concluirse que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a tomado ya medi- das para garantizar que los asuntos futuros se traten en aproximadamente la mitad del tiempo que llev(cid:243) la trami- taci(cid:243)n del presente asunto. A la vista de este compromiso y de la disculpa ofrecida por la Comisi(cid:243)n tal como se reflej(cid:243) en el punto 2. 1, no parec(cid:237)a necesaria ninguna otra acci(cid:243)n por parte del Defensor del Pueblo. 3. Afirmaci(cid:243)n de que la carta de la Comisi(cid:243)n del 7 de octubre de 1997 conten(cid:237)a informaciones irrelevantes 3. 1. En su carta de 7 de octubre de 1997, la Comisi(cid:243)n infor- maba al demandante que consideraba que el nuevo texto del folleto informativo del DTI cumpl(cid:237)a las exigencias necesarias para la clarificaci(cid:243)n, y de que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido no proseguir sus gestiones sobre el tema. Como se seæala en el anterior punto 1. 2, en el futuro los demandantes deber(cid:237)an tener la posibilidad de formular opiniones y cr(cid:237)ticas en relaci(cid:243)n con el parecer de la Comi- si(cid:243)n, antes de que se tome la decisi(cid:243)n de archivar un asunto. 4. Acusaci(cid:243)n relativa a la incorrecta gesti(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n de las cuestiones planteadas en la reclama- ci(cid:243)n, y de respaldo a la incorrecta e ineficaz aplicaci(cid:243)n de la Directiva 90/314/CEE por parte del gobierno del Reino Unido 4. 1. La principal reclamaci(cid:243)n del demandante respecto a estos puntos se refer(cid:237)a al hecho que el folleto informativo del DTI no reproduc(cid:237)a exactamente la redacci(cid:243)n de la Direc- tiva y de la legislaci(cid:243)n nacional de transposici(cid:243)n. Sosten(cid:237)a que, como resultado de ello, los organizadores de circuitos combinados hab(cid:237)an venido incluyendo en sus contratos disposiciones invÆlidas de conformidad con la Directiva y la legislaci(cid:243)n nacional de transposici(cid:243)n, con lo que la pro- tecci(cid:243)n que la Directiva intenta proporcionar al consumi- dor quedaba anulada. Segœn el demandante, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a gestionado su reclamaci(cid:243)n incorrectamente, y al aprobar la nueva redacci(cid:243)n del folleto informativo del DTI hab(cid:237)a respaldado la incorrecta e ineficaz aplicaci(cid:243)n de la Directiva 90/314/CEE por parte del gobierno del Reino Unido. 4. 2. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n se refer(cid:237)a a la carta que hab(cid:237)a enviado al demandante el 21 de enero de 1998 en respuesta a la carta del demandante del 25 de noviembre de 1997. En esta œltima, el demandante explicaba por quØ consideraba que la nueva redacci(cid:243)n del folleto informativo era inaceptable. La respuesta de la Comisi(cid:243)n era que los Estados miembros s(cid:243)lo estÆn obligados a trasponer y apli- car la Directiva 90/134/CEE, y que no tienen obligaci(cid:243)n de publicar ni distribuir informaci(cid:243)n sobre las medidas que se toman para cumplir dicha Directiva. En consecuen- cia, s(cid:243)lo se pod(cid:237)a considerar que el folleto informativo violaba la Directiva si pon(cid:237)a en riesgo el cumplimiento de su objetivo, sin que Øse pareciera ser el caso. La respuesta de la Comisi(cid:243)n tambiØn expresaba su opini(cid:243)n que las dis- posiciones para la aplicaci(cid:243)n no parec(cid:237)an ser necesarias, porque si un contrato de viaje organizado omit(cid:237)a el claro establecimiento de c(cid:243)mo se deb(cid:237)a calcular el precio revisa- do, la sanci(cid:243)n consist(cid:237)a simplemente en que el organiza- dor no tuviera derecho a ningœn pago adicional, y que esto estaba plenamente de conformidad con la letra a) del apartado 4 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva. 3. 2. Segœn el demandante, la Comisi(cid:243)n inclu(cid:237)a en su carta informaciones irrelevantes, en particular la explicaci(cid:243)n adicional sobre la ausencia de sanciones para hacer cum- plir la Directiva 90/314/CEE, o sobre la propuesta de directiva sobre este aspecto. 4. 3. Por lo tanto, la Comisi(cid:243)n contest(cid:243) a los argumentos pre- sentados por el demandante. TambiØn aclar(cid:243) quØ conside- raba como obligaciones legales de los Estados miembros y por quØ entend(cid:237)a que no se hab(cid:237)a producido infracci(cid:243)n de C 300/68 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 la legislaci(cid:243)n comunitaria por parte de un Estado miem- bro. Tras evaluar estas cuestiones, el Defensor del Pueblo no dispon(cid:237)a de pruebas que sugirieran mala administra- ci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n. 4. 4. La correspondencia entre el demandante y la Comisi(cid:243)n (mencionada en el anterior punto 4. 2) tuvo lugar despuØs de que la Comisi(cid:243)n hubiera archivado el expediente sobre la reclamaci(cid:243)n. Tal como se seæala en el anterior punto 1. 2, los demandantes deber(cid:237)an tener en el futuro la posibi- lidad de formular opiniones y cr(cid:237)ticas en relaci(cid:243)n con el parecer de la Comisi(cid:243)n antes de que Østa llegue a una conclusi(cid:243)n definitiva sobre la inexistencia de violaci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria. 4. 5. Sobre la base de todo lo dicho, no se constat(cid:243) que se hubiera producido mala administraci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto de la reclamaci(cid:243)n. Conclusi(cid:243)n A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) que se hubiese producido mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACI(cid:211)N: DECISI(cid:211)N DE NOMBRAR A OTRO CANDIDATO Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1116/97/BB contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En noviembre de 1997, el Sr. K. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo acerca del procedimiento de selecci(cid:243)n COM/R/A/183 y la decisi(cid:243)n del Tribunal de selecci(cid:243)n de desig- nar para el puesto a otro candidato a pesar de que el deman- dante se hallaba incluido en la lista de reserva. El demandante particip(cid:243) en el procedimiento de selecci(cid:243)n COM/R/A/183. El 3 de marzo de 1997, la Comisi(cid:243)n le inform(cid:243) que hab(cid:237)a sido incluido en una lista de reserva vÆlida hasta el 31 de diciembre de 1997. En su reclamaci(cid:243)n, el Sr. K. aleg(cid:243) que en realidad el puesto se hab(cid:237)a creado para un tal Sr. H. quien segœn el demandante, no cumpl(cid:237)a los requisitos de la convocatoria, pues no contaba con los 15 quince aæos de experiencia laboral en ese Æmbito ni era el candidato mejor cualificado. El demandante afirm(cid:243) que el 15 de agosto de 1997 hab(cid:237)a interesÆndose por el puesto. enviado un fax a la Comisi(cid:243)n, TambiØn declar(cid:243) que, con el fin de eliminar a posibles candida- tos de otros Estados miembros, en la convocatoria se exig(cid:237)a ser ciudadano finlandØs. Por lo tanto, el œnico candidato que real- mente ten(cid:237)a posibilidades de ser contratado era el Sr. H. Por œltimo, sostuvo que no se le hab(cid:237)a informado del nombra- miento realizado de conformidad con el procedimiento de selecci(cid:243)n COM/R/A/183. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. Las observaciones de la instituci(cid:243)n fueron, en s(cid:237)ntesis, las siguientes: El procedimiento de selecci(cid:243)n COM/R/A/183, destinado a esta- blecer una lista de reserva para una plaza de jefe de unidad en el Centro comœn de investigaci(cid:243)n de Petten, hab(cid:237)a sido total- mente transparente, objetivo y justo. El Tribunal de selecci(cid:243)n estableci(cid:243) la lista de reserva mencio- nada actuando dentro de su margen de discrecionalidad. La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos deb(cid:237)a seleccionar a los candidatos que cumpl(cid:237)an las cualificaciones exigidas en la convocatoria, basÆndose en esta lista y en uso de su potestad de libre apreciaci(cid:243)n. Se presentaron cinco solicitudes. Tras examinar los expedien- tes, el Tribunal de selecci(cid:243)n determin(cid:243) que dos de los candida- tos no cumpl(cid:237)an los criterios descritos en la convocatoria. Los otros tres candidatos fueron convocados a una entrevista, y el Tribunal decidi(cid:243) unÆnimemente proponer que el Sr. H. y el Sr. K. se incluyeran en la lista de reserva. El 9 de abril de 1997, el Tribunal de selecci(cid:243)n se reuni(cid:243) en Ispra para examinar las dos candidaturas. El Tribunal declar(cid:243) que ambos candidatos eran indicados para el puesto, pero subray(cid:243) que el Sr. H. estaba mejor cualificado en mÆrketing y administraci(cid:243)n de proyectos de investigaci(cid:243)n para la industria. Esta cualificaci(cid:243)n se requer(cid:237)a en la convocatoria para cubrir la plaza. La Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos, haciendo uso de su margen de discrecionalidad, design(cid:243) al Sr. H. para el puesto, y al hacerlo, ejerci(cid:243) leg(cid:237)timamente su poder de elecci(cid:243)n entre los dos candidatos. Los tres candidatos convocados a la entrevista cumpl(cid:237)an los cri- terios formales exigidos en la convocatoria de la plaza. Al con- trario de lo que se hab(cid:237)a afirmado, el Sr. H. cumpl(cid:237)a el requi- sito de contar con quince aæos de experiencia laboral. El hecho de que se exigiera la nacionalidad finlandesa no demostraba que el puesto se hubiera creado para el Sr. H. El Reglamento (CE) no 626/95 del Consejo establece medidas especiales por las que, hasta el 31 de diciembre de 1999, se pueden organizar concursos generales destinados a la contrata- ci(cid:243)n de ciudadanos de los tres nuevos Estados miembros. La secretar(cid:237)a del Tribunal de selecci(cid:243)n afirm(cid:243) que no ten(cid:237)a noticia de ningœn fax enviado por el demandante de fecha de 15 de agosto de 1997. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/69 La Comisi(cid:243)n lament(cid:243) que no se hubiera notificado al deman- dante el nombramiento de otro candidato para el puesto en cuesti(cid:243)n, y aæadi(cid:243) que tomar(cid:237)a las medidas necesarias para ase- gurarse que esta situaci(cid:243)n no volviera a repetirse. Observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante mantuvo su reclamaci(cid:243)n. En cuanto al procedimiento de selecci(cid:243)n, declar(cid:243) que no hab(cid:237)a motivos para afirmar que el Sr. H. estuviera mejor cualificado en mÆrketing y administraci(cid:243)n de proyectos de investigaci(cid:243)n para la industria. Respecto a los criterios formales, aleg(cid:243) que el Sr. H. no con- taba con quince aæos de experiencia laboral en todos los cam- pos exigidos, mientras que tan requisito se cumpl(cid:237)a en su caso. El demandante no puso en duda la pol(cid:237)tica de contrataci(cid:243)n de ciudadanos de los tres nuevos Estados miembros, pero aleg(cid:243) que conoc(cid:237)a a muchos ciudadanos europeos mejor cualificados para el puesto que el candidato seleccionado. Asimismo, el demandante insisti(cid:243) en el hecho que hab(cid:237)a enviado un fax a la Comisi(cid:243)n, pero que nunca hab(cid:237)a recibido informaci(cid:243)n sobre los resultados de la selecci(cid:243)n. Decisi(cid:243)n 2. El requisito de la nacionalidad En virtud del Reglamento (CE) no 626/95, el Tribunal de selecci(cid:243)n pod(cid:237)a imponer un requisito relativo a la nacio- nalidad, y no se encontr(cid:243) ninguna prueba que justificara la afirmaci(cid:243)n de que se hab(cid:237)a extralimitado en el uso de esta facultad. En consecuencia, las investigaciones del Defensor del Pueblo no revelaron que se hubiese produ- cido mala administraci(cid:243)n en este aspecto del asunto. 3. Supuesta pØrdida de un fax del candidato 3. 1. El Defensor del Pueblo subray(cid:243) que los principios de la buena conducta administrativa exigen que se conteste sin retraso excesivo a las solicitudes de informaci(cid:243)n. 3. 2. El demandante aleg(cid:243) que el 15 de agosto de 1997 hab(cid:237)a enviado un fax a la Comisi(cid:243)n Europea, concretamente a la Secretar(cid:237)a de los ComitØs de selecci(cid:243)n para la Investiga- ci(cid:243)n, solicitando informaci(cid:243)n respecto a la ocupaci(cid:243)n del puesto afectado. En sus primeras observaciones, la Comi- si(cid:243)n explic(cid:243) que no hab(cid:237)a recibido el fax con fecha 15 de agosto de 1997. En sus observaciones, el demandante mantuvo su afirmaci(cid:243)n. 3. 3. El Defensor del Pueblo concluy(cid:243) que no se hab(cid:237)an encon- trado pruebas que contradijeran la declaraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de no haber recibido el fax. Por tanto, las inves- tigaciones del Defensor del Pueblo no revelaron mala administraci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto de la reclama- ci(cid:243)n. 1. Procedimiento de selecci(cid:243)n y criterios formales en COM/R/A/183 4. Falta de informaci(cid:243)n sobre el nombramiento para un puesto 1. 1. El apartado 2 del art(cid:237)culo 29 del Estatuto de los Funciona- rios estipula que la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos puede adoptar un procedimiento dis- tinto al del concurso en la contrataci(cid:243)n para cubrir pues- tos que requieren cualificaciones especiales. 1. 2. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Jus- ticia, corresponde a la Autoridad Facultada para Proceder a los Nombramientos evaluar si un candidato cumple las condiciones exigidas en la convocatoria de la plaza, y esa evaluaci(cid:243)n s(cid:243)lo se puede cuestionar en caso de error manifiesto. 1. 3. Por lo que se refiere al procedimiento de selecci(cid:243)n y a los criterios formales aplicados en COM/R/A/183, las investi- gaciones del Defensor del Pueblo sobre la presente recla- maci(cid:243)n indicaron que el Tribunal de selecci(cid:243)n hab(cid:237)a obrado de conformidad con la convocatoria. 4. 1. El Defensor del Pueblo observ(cid:243) que los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que el candidato de un pro- cedimiento de selecci(cid:243)n cuyo nombre estØ en una lista de reserva reciba la notificaci(cid:243)n de que se ha cubierto el puesto. TambiØn seæal(cid:243) que la Comisi(cid:243)n lamentaba que el demandante no hubiera sido notificado del nombramiento de otro candidato para el puesto en cuesti(cid:243)n, e indic(cid:243) que tomar(cid:237)a las medidas necesarias para garantizar que esa situaci(cid:243)n no se repitiese. 4. 2. A la vista de estas comprobaciones y, teniendo en cuenta que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a lamentado la falta de notificaci(cid:243)n al demandante y se hab(cid:237)a comprometido a tomar las medidas necesarias para garantizar que ese fallo no se repitiera, las investigaciones del Defensor del Pueblo no revelaron mala administraci(cid:243)n. Conclusi(cid:243)n 1. 4. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no estableci(cid:243) la exis- tencia de mala administraci(cid:243)n respecto al procedimiento de selecci(cid:243)n y a los criterios formales aplicados por el Tri- bunal de selecci(cid:243)n. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre la presente reclamaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) la existencia de mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n Europea, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. C 300/70 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 SUPUESTO FALLO POR NO IMPEDIR LA DISCRIMINACI(cid:211)N EN EL ACCESO AL EMPLEO P(cid:218)BLICO Decisi(cid:243)n la reclamaci(cid:243)n 272/98/VK contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n En marzo de 1997, el Sr. P. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo contra la Comisi(cid:243)n. Segœn el demandante la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a impedido que las autoridades italianas discriminaran a los ciudadanos no italianos que buscaban un empleo como profesores en el Tirol del Sur, y no hab(cid:237)a dado contestaci(cid:243)n a su petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n sobre esta materia. A principios de 1996, el demandante, de nacionalidad austria- ca, hab(cid:237)a solicitado consejo al funcionario de Euro-Jus de la Representaci(cid:243)n austriaca de la Comisi(cid:243)n sobre una cuesti(cid:243)n de discriminaci(cid:243)n en el acceso al empleo pœblico como profesor en la regi(cid:243)n del Tirol del Sur, en el norte de Italia. Segœn la informaci(cid:243)n recibida, el empleo exig(cid:237)a tener como lengua materna el alemÆn, pero, debido a un complejo sistema de puntos, los candidatos no italianos no ten(cid:237)an igualdad de opor- tunidades a la hora de conseguir un puesto. El funcionario de Euro-Jus investig(cid:243) la cuesti(cid:243)n e inform(cid:243) al demandante que su petici(cid:243)n se hab(cid:237)a transferido al Servicio Jur(cid:237)dico de la Comisi(cid:243)n para que la investigara mÆs a fondo, y que recibir(cid:237)a una respuesta de los servicios de la Comisi(cid:243)n en Bruselas. Sin embargo, el demandante no recibi(cid:243) respuesta, por lo que reclam(cid:243) al Defensor del Pueblo. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observacio- nes, la instituci(cid:243)n declar(cid:243) que, debido al elevado nœmero de reclamaciones recibidas en sus servicios sobre temas relaciona- dos con el acceso al funcionariado en los Estados miembros, la carta del demandante no se hab(cid:237)a contestado a su debido tiem- po. La Comisi(cid:243)n lamentaba este retraso. El 27 de junio de 1997 se envi(cid:243) una carta detallada al demandante. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que era plenamente consciente de los problemas espec(cid:237)ficos del acceso al empleo en la provin- cia de Bolzano, en el Tirol del Sur. El 30 de agosto de 1996, la Comisi(cid:243)n se puso oficialmente en contacto con las autoridades italianas en relaci(cid:243)n con este tema. En su respuesta, Italia inform(cid:243) a la instituci(cid:243)n que las autoridades de Bolzano hab(cid:237)an asumido la eliminaci(cid:243)n de todos los obstÆculos al acceso de los ciudadanos comunitarios al empleo pœblico. El Tratado CE s(cid:243)lo autoriza al Defensor del Pueblo Europeo a investigar los posibles casos de mala administraci(cid:243)n en las acti- vidades de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios. El Estatuto del Defensor del Pueblo estipula espec(cid:237)ficamente que ninguna acci(cid:243)n de cualquier otra autoridad o persona puede ser objeto de una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo. Por lo tanto, las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre la presente recla- maci(cid:243)n se orientaron a examinar si se hab(cid:237)a producido mala administraci(cid:243)n en las actividades de la Comisi(cid:243)n Europea. 1. Por lo que se refiere a la falta de contestaci(cid:243)n, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a enviado una carta detallada al demandante el 27 de junio de 1997. En ella la Comisi(cid:243)n admiti(cid:243) que deber(cid:237)a haber contestado antes y lament(cid:243) el retraso. Por lo tanto, se consider(cid:243) que este aspecto de la reclamaci(cid:243)n estaba resuelto. 2. En cuanto a los requisitos para el acceso al empleo pœblico en la provincia de Bolzano, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n era consciente de la situaci(cid:243)n y que se hab(cid:237)a puesto en contacto con las autoridades nacionales competentes. Las autoridades italianas contestaron a la Comisi(cid:243)n anunciando su compromiso formal de eliminar todos los obstÆculos relativos al acceso de los ciudadanos comunitarios al empleo pœblico. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n se comprometi(cid:243) a llamar la atenci(cid:243)n de estas autoridades sobre el caso con- creto del demandante. En consecuencia, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a tomado medidas activas para mejorar la situaci(cid:243)n actual del acceso al empleo pœblico en general y tambiØn en particular, informando directamente a las auto- ridades competentes del caso del demandante. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre la presente reclamaci(cid:243)n, no se detect(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n y, por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 3. 1. 4. OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS OPOCE: SISTEMA DE DISTRIBUCI(cid:211)N Y POL˝TICA DE PRECIOS Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1077/4. 12. 96/WG/D/VK/OV contra la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas Reclamaci(cid:243)n Asimismo, la Comisi(cid:243)n se comprometi(cid:243) a llamar la atenci(cid:243)n de las autoridades italianas sobre el caso concreto del deman- dante, y a recordarles su responsabilidad. En noviembre de 1996, el Sr. G. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo sobre el sistema de distribuci(cid:243)n de la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Euro- peas (OPOCE). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/71 El demandante trabajaba como proveedor de documentaci(cid:243)n de la CE en Alemania, y recib(cid:237)a el material de la OPOCE a tra- vØs del proveedor central alemÆn, Bundesanzeiger. La reclama- ci(cid:243)n se refer(cid:237)a principalmente a que, en comparaci(cid:243)n con la anterior situaci(cid:243)n, en que los ciudadanos pod(cid:237)an solicitar el material de la CE directamente a la OPOCE, el actual sistema de distribuci(cid:243)n, que s(cid:243)lo permite hacer pedidos al Bundesan- zeiger, no funciona eficazmente. Sosten(cid:237)a, en particular que, en ocasiones, la documentaci(cid:243)n no estaba disponible y tambiØn que los precios eran demasiado elevados. Asimismo, criticaba el acceso a los documentos a travØs de Internet, que no estÆ al alcance de todos los ciudadanos. Comunidad Europea, y al hecho de que el actual sistema de suministro no resultara mÆs cercano al ciudadano. El deman- dante criticaba tambiØn el hecho que la informaci(cid:243)n se ven- diera con beneficio. Segœn Øl, al vender su informaci(cid:243)n, las ins- tituciones europeas actœan como organizaciones comerciales y esto es contrario a la filosof(cid:237)a de una instituci(cid:243)n pœblica. Decisi(cid:243)n 1. Afirmaciones relativas al sistema de suministro y a los problemas para obtener determinados documentos Investigaci(cid:243)n Observaciones de la OPOCE El demandante envi(cid:243) su reclamaci(cid:243)n, dirigida al Defensor del Pueblo, a la OPOCE, y Østa la remiti(cid:243) al Defensor del Pueblo junto con sus observaciones sobre la reclamaci(cid:243)n. En sus observaciones, la OPOCE afirmaba que era necesario suministrar las publicaciones y documentos a travØs de una red de distribuidores nacionales, pues la propia oficina no pod(cid:237)a encargarse de tramitar todos los pedidos. Este sistema tambiØn pretend(cid:237)a acercarse a los ciudadanos. Asimismo, la OPOCE seæalaba que era imposible que todas las obras estuvieran dis- ponibles en todo momento y en todos los puntos de venta nacionales, dado el gran nœmero de publicaciones (15 000 t(cid:237)tu- los actualmente, y 700 nuevas publicaciones cada aæo). Por tanto, era comprensible que algunas de las publicaciones solicitadas por el demandante no estuvieran disponibles. Sin embargo, la OPOCE subrayaba su constante preocupaci(cid:243)n por un eficaz y rÆpido servicio al cliente. En cuanto al coste de documentos como los de tipo COM, la OPOCE seæalaba que los precios difieren de un pa(cid:237)s a otro debido a los distintos costes de la vida de los Estados miem- bros y a los distintos medios utilizados por las oficinas nacio- nales. La OPOCE aæad(cid:237)a que, en el debate entre la venta y la distribuci(cid:243)n gratuita de los documentos, la actual pol(cid:237)tica de las instituciones y de la mayor(cid:237)a de los Estados miembros se basaba en la venta. TambiØn hac(cid:237)a notar que pronto se dispon- dr(cid:237)a de un servicio de «entrega de documentos» centralizado en Eudor, y que incluir(cid:237)a el Diario Oficial de las Comunidades Euro- peas, los documentos COM y otras colecciones, y que aplicar(cid:237)a los mismos precios a los ciudadanos de todos los Estados miembros. la OPOCE afirmaba Respecto al acceso a travØs de Internet, que era paralelo a los demÆs medios de acceso a los documen- tos, sin excluirlos. Comentarios del demandante La OPOCE justific(cid:243) el sistema de distribuci(cid:243)n realizado a travØs de oficinas nacionales de suministro de la docu- mentaci(cid:243)n sobre la base de la descentralizaci(cid:243)n, en tanto que la propia oficina no podr(cid:237)a tramitar todos los pedi- dos. Asimismo, hizo incapiØ en el hecho de que este orga- nismo fomentaba constantemente un rÆpido servicio al cliente. Sin embargo, admiti(cid:243) que era imposible que todos los documentos en cualquier momento, y en todas las oficinas nacionales, debido al gran nœmero de publicaciones. El Defensor del Pueblo estim(cid:243) que el nœmero de publicaciones de la OPOCE constitu(cid:237)a una raz(cid:243)n vÆlida para justificar que algunos t(cid:237)tulos estuvieran temporalmente agotados. Por lo tanto, no se pod(cid:237)a considerar que el hecho de que algunas de las publicaciones solicitadas por el demandante no estuvieran inmediatamente disponibles en Alemania constituyera un caso de mala administraci(cid:243)n. estuvieran disponibles 2. Afirmaciones relativas al precio de los documentos y a la prÆctica de la venta por parte de la OPOCE 2. 1. El demandante se quejaba de los precios de los documen- tos y de que la OPOCE los vendiera en lugar de facilitarlos gratuitamente. Este organismo indic(cid:243) que la actual pol(cid:237)tica de las instituciones era vender los documentos, no facili- tarlos gratuitamente. El Defensor del Pueblo consider(cid:243) que la OPOCE conoc(cid:237)a de que los precios pod(cid:237)an variar de un Estado miembro a otro debido a los diferentes cos- tes de la vida, y que se hab(cid:237)a comprometido a poner a disposici(cid:243)n de los ciudadanos un servicio de «entrega de documentos» que garantizar(cid:237)a los mismos precios para todos. 2. 2. Teniendo en cuenta el objetivo de cubrir los costes de producci(cid:243)n y distribuci(cid:243)n de los documentos, no se cons- tat(cid:243) que la pol(cid:237)tica de precios de la OPOCE estuviera basada en criterios arbitrarios o irrazonables. Por lo tanto no se pod(cid:237)a considerar que constituyera un caso de mala administraci(cid:243)n. A la vista de los resultados de la investigaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) que se hubiese producido mala administraci(cid:243)n por parte de la OPOCE, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. En sus comentarios, el demandante repet(cid:237)a las cr(cid:237)ticas relativas a la dificultad de obtener determinada informaci(cid:243)n de la (VØase tambiØn la Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 269/97/PD contra la Comisi(cid:243)n Europea) C 300/72 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 3. 2. ASUNTOS CUYO ESTUDIO SE ARCHIV(cid:211) POR OTRAS Investigaci(cid:243)n RAZONES 3. 2. 1. PARLAMENTO EUROPEO SISTEMA DE DIETAS DE LOS MIEMBROS DEL PARLAMENTO EUROPEO sobre 971/24. 10. 96/UK/PD, reclamaciones Decisi(cid:243)n 1039/22. 11. 96/SW/PD, 1111/31. 12. 96/DK/PD y 48/97/PD contra el Parlamento Europeo las Reclamaci(cid:243)nes Entre octubre de 1996 y enero de 1997, el Defensor del Pue- blo recibi(cid:243) cuatro reclamaciones referentes al sistema de dietas que el Parlamento Europeo aplica a sus Miembros. En febrero de 1997, el Defensor del Pueblo inform(cid:243) a los demandantes que sus reclamaciones se tratar(cid:237)an conjuntamente y que la investigaci(cid:243)n no incluir(cid:237)a el examen de cuestiones individuales relativas a Miembros del Parlamento Europeo, pues el Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo se limita a las institu- ciones y (cid:243)rganos comunitarios. Las reclamaciones se basaban en informes de prensa sobre el sistema de dietas del Parlamento, en los que se hab(cid:237)a publicado que se estaban gastando fondos pœblicos irregularmente. Los motivos de las reclamaciones eran bÆsicamente dos, ambos estrechamente relacionados. Segœn el primero de ellos, el sis- tema de dietas establecido por el Parlamento era ilegal y con- trario a los principios de una buena gesti(cid:243)n financiera. MÆs concretamente, los demandantes alegaban que el sistema esta- blecido por el Parlamento pretend(cid:237)a burlar las normas que regulan el pago del mismo a los Miembros. En su opini(cid:243)n, de los art(cid:237)culos 21 y 22 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas y del Reglamento del Consejo que resulta de Øste, se sigue ex contrario que los Miembros del Parlamento no recibirÆn pagos de la Comunidad, sino del Estado miembro en que hayan sido elegidos. Una vez mÆs segœn los demandantes, dado que este sistema de remune- raci(cid:243)n parec(cid:237)a insatisfactorio, el Parlamento estableci(cid:243) un generoso sistema de dietas que constituy(cid:243) una forma de pago solapada, pues segœn las normas, el pago de dietas no estÆ condicionado a la presentaci(cid:243)n de justificantes. Observaciones del Parlamento La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) al Parlamento Europeo. En sus observaciones, el Parlamento declar(cid:243) que el 10 de julio de 1997 la Mesa del Parlamento adopt(cid:243) las decisiones siguientes: «(cid:151) Establecer un sistema de control permanente de las dietas de viaje mediante la presentaci(cid:243)n de justificantes que cubran todos los medios de transporte y a todos los Miembros sin distinci(cid:243)n. Las modalidades propuestas de dicho sistema las establecerÆn los Cuestores y se presentarÆn a la Mesa para que Østa las apruebe. (cid:151) En relaci(cid:243)n con la autorizaci(cid:243)n de dietas de manutenci(cid:243)n en Bruselas, estipular que en lo sucesivo se firme un œnico regis- tro central. (cid:151) Respecto a las dietas de manutenci(cid:243)n por las sesiones plena- rias en Estrasburgo, se autorizarÆn cuando el solicitante haya participado en el voto nominal. Los Cuestores presentarÆn a la Mesa una propuesta de modalidades precisas. (cid:151) Se acepta en principio revisar todos los aspectos del mØtodo de cÆlculo de las dietas relacionadas con el kilometraje, inclu- yendo la posible introducci(cid:243)n de una tercera banda, tras estu- diar una propuesta que los Cuestores presentarÆn a la Mesa. » El Parlamento declar(cid:243) ademÆs que el 15 de septiembre de 1997 la Mesa hab(cid:237)a adoptado la disposici(cid:243)n de aplicaci(cid:243)n siguiente: «En el caso de los Miembros que hayan realizado como m(cid:237)nimo una parte del viaje en transporte pœblico, el justificante que debe- rÆn presentar serÆ, para los viajes en avi(cid:243)n, la tarjeta de embar- que. En caso de que no se les haya entregado una tarjeta de embarque, el documento que se presentarÆ serÆ el billete de avi(cid:243)n o bien una copia del mismo. En caso de viaje por tren, el docu- mento que se presentarÆ serÆ el billete de tren o, si dicho billete es necesario para otro viaje, una copia del mismo legalizada por la Tesorer(cid:237)a. En caso de viajes realizados en autom(cid:243)vil privado, el Miembro deberÆ presentar una declaraci(cid:243)n personal en la que detallarÆ la matr(cid:237)cula de su coche, la lectura del cuentakil(cid:243)metros al principio y al final del viaje, la ruta seguida y el lugar exacto en que el coche se aparc(cid:243) en el lugar de trabajo del Parlamento. » El 23 de octubre de 1997, el Presidente del Parlamento dirigi(cid:243) una nota a cada uno de los Miembros del Parlamento en la que les explicaba las consecuencias de la medida adoptada el 15 de septiembre de 1997. La nota estaba redactada en los tØr- minos siguientes: El segundo motivo de queja se refer(cid:237)a a que las reglas no se aplicaban adecuadamente, con lo que los Miembros del Parla- mento cobraban dietas sin que se les exigiese un comprobante del trabajo o del gasto a cubrir con las mismas. «Conf(cid:237)o en que los Miembros estarÆn de acuerdo en que el Parlamento Europeo tiene un total interØs en demostrar a los ciudadanos de la Uni(cid:243)n Europea que los importes pagables a los 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/73 Miembros en concepto de dietas resultan transparentes y objeto de comprobaciones adecuadas, de acuerdo con las decisiones de su propio presupuesto que el Parlamento adopt(cid:243) en diciembre de 1996 y junio de 1997. El Defensor del Pueblo tom(cid:243) tambiØn nota de la existencia de un Interventor en el seno del Parlamento, cuya tarea, segœn los reglamentos Financieros de la Comunidad, con- siste en garantizar que se observen los principios de una buena gesti(cid:243)n financiera. En tØrminos prÆcticos, el nuevo sistema entrarÆ en vigor a partir del 3 de noviembre de 1997. El sistema exigirÆ que todos los Miembros (incluido el Presidente) presenten pruebas en la Tesore- r(cid:237)a que demuestren que los viajes que alegan se realizaron real- mente. Dichas pruebas documentales deben cubrir la mayor parte de los viajes realmente realizados. ConsistirÆn en tarjetas aØreas de embarque para cada viaje por aire, billetes de tren para los via- jes por ferrocarril, o declaraciones personales cuando el viaje se haya realizado en coche particular o por otros medios de transpor- te. La declaraci(cid:243)n personal deberÆ estar redactada de tal forma que se pueda verificar. En los escas(cid:237)simos casos en que una com- paæ(cid:237)a aØrea no entrega tarjetas de embarque, se presentarÆ una copia del billete de avi(cid:243)n correspondiente. » Por œltimo, los d(cid:237)as 15 y 16 de diciembre de 1997, la Mesa del Parlamento estableci(cid:243) la siguiente medida relativa a la autoriza- ci(cid:243)n de pago de gastos de estancia a los Miembros: 2. En las Secretar(cid:237)as de la mayor(cid:237)a de los Defensores del Pue- blo nacionales, se prevØ, o es una prÆctica establecida, que el Defensor del Pueblo no continœe una investigaci(cid:243)n si una instancia de control especializada esta realizando averi- guaciones sobre el mismo asunto, pues la instancia encar- gada de causas generales debe ceder ante la instancia espe- cializada. Se dio el caso de que el Tribunal de Cuentas estaba reali- zando una auditor(cid:237)a sobre los gastos del Parlamento y el sistema de dietas. Merece la pena recordar brevemente las caracter(cid:237)sticas de dicha instituci(cid:243)n comunitaria, establecida en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. «Los gastos de estancia de los Miembros que estØn ausentes durante mÆs de la mitad de los votos nominales que tienen lugar los martes, miØrcoles y jueves en sesiones celebradas en Estras- burgo y los jueves en sesiones celebradas en Bruselas, se reducirÆn en un 50 %. Los Miembros estÆn autorizados a hacer constar que estaban presentes en la sesi(cid:243)n pero no desearon participar en el voto nominal. » Segœn el art(cid:237)culo 188 A del Tratado, el Tribunal de Cuen- tas es responsable del control de las cuentas de la Comuni- dad, y el art(cid:237)culo 188 B establece que: «Los miembros del Tribunal de Cuentas ejercerÆn sus funcio- nes con absoluta independencia y en interØs general de la Comunidad. Debe tenerse en cuenta que los d(cid:237)as mencionados son aquØllos en que se discuten asuntos legislativos. AdemÆs, los Miembros que œnicamente estØn presentes en la mitad de la sesi(cid:243)n plena- ria perderÆn el 50 % de sus gastos generales. Con ello, el Parla- mento Europeo se convertirÆ en el parlamento mÆs exigente de la Uni(cid:243)n Europea en lo referente a la asistencia de sus Miem- bros a las sesiones plenarias. Las observaciones de los demandantes Las observaciones registradas expresaban satisfacci(cid:243)n por la adopci(cid:243)n de nuevas normas sobre el asunto por parte del Par- lamento. Sin embargo, se indicaba asimismo una cierta preocu- paci(cid:243)n porque dichas normas no se mencionaban las sanciones que se impondr(cid:237)an a los Miembros en caso de incumplimiento. Decisi(cid:243)n 1. A la vista de las cr(cid:237)ticas pœblicas y las reclamaciones pre- sentadas, el Parlamento procedi(cid:243) a reformar las normas pertinentes tal como se ha indicado anteriormente. Los demandantes, que hab(cid:237)an comunicado sus observaciones, parecieron satisfechos. Dichas reformas parec(cid:237)an estar de acuerdo con la buena prÆctica administrativa. En el cumplimiento de sus funciones, no solicitarÆn ni acepta- rÆn instrucciones de ningœn gobierno ni de ningœn organis- mo. Se abstendrÆn de realizar cualquier acto incompatible con el carÆcter de sus funciones. » Por lo tanto, el Tribunal de Cuentas es completamente independiente en el cumplimiento de su tarea. El art(cid:237)culo 188 C del Tratado especifica mÆs detalladamente la misi(cid:243)n y los poderes de investigaci(cid:243)n del Tribunal. El art(cid:237)culo 188 C establece literalmente: El Tribunal de Cuentas examinarÆ las cuentas de la «1. t o t a l i d a d de los ingresos y gastos de la Comunidad (cid:133) El Tribunal de Cuentas examinarÆ l a l e g a l i d a d y 2. r e g u l a r i d a d de los ingresos y gastos y g a r a n t i z a r Æ u n a b u e n a g e s t i (cid:243) n f i n a n c i e r a (cid:133) El control se llevarÆ a cabo sobre la documentaci(cid:243)n con- 3. table d e p e n d e n c i a s e n y, c o r r e s p o n d i e n t e s de las otras instituciones de la Comu- nidad y en los Estados miembros (cid:133) en caso necesario, l a s Las otras instituciones de la Comunidad (cid:133) comunica- rÆn al Tribunal de Cuentas, a instancia de Øste, c u a l - q u i e r n e c e s a r i o s p a r a e l c u m p l i m i e n t o d e s u m i s i (cid:243) n ». i n f o r m a c i (cid:243) n d o c u m e n t o o C 300/74 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Por lo tanto, respecto a las cuestiones del gasto regular de los fondos pœblicos y los principios de la buena gesti(cid:243)n financiera, el Tribunal de Cuentas debe considerarse una instancia especializada. De acuerdo con la informaci(cid:243)n dis- ponible, el control que el Tribunal de Cuentas llevaba a cabo en aquel momento, estaba centrado en una evalua- ci(cid:243)n del sistema de dietas y gastos, y en Øl se inclu(cid:237)a un examen de la conformidad del sistema con lo establecido en el Reglamento del Parlamento, los Reglamentos financie- ros de la Comunidad y los principios de la buena gesti(cid:243)n financiera. Estaba previsto que los resultados del control se plasmasen en un informe que se har(cid:237)a pœblico en su momento. A la vista de estos hechos, el Defensor del Pueblo Europeo consider(cid:243) que no estaba justificado continuar sus investigacio- nes, por lo que procedi(cid:243) al archivo del asunto. 3. 3. ASUNTOS RESUELTOS POR LAS INSTITUCIONES 3. 3. 1. PARLAMENTO EUROPEO CONTRATACI(cid:211)N: RESULTADOS NEGATIVOS EN UNA REVISI(cid:211)N M(cid:201)DICA Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1021/14. 11. 96/NLP/ES/JMA contra el Parlamento Europeo Reclamaci(cid:243)n En noviembre de 1996, la Sra. L. C. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo relativa a la decisi(cid:243)n del Parlamento Europeo de no proceder a su nombramiento como funcionaria en raz(cid:243)n de un dictamen mØdico negativo. En 1993, tras participar en el concurso interinstitucional EUR/B/27, la demandante fue incluida en una lista de reserva. En septiembre de 1994, los servicios de la Comisi(cid:243)n Europea responsables del personal y de la administraci(cid:243)n(DG IX) la invi- taron a someterse a un reconocimiento mØdico en Bruselas. El resultado de este procedimiento nunca le fue comunicado. En febrero de 1996, el Parlamento Europeo entrevist(cid:243) a la Sra. L. C. para cubrir una vacante. Poco despuØs, el servicio de contra- taci(cid:243)n del Parlamento le comunic(cid:243) telef(cid:243)nicamente que hab(cid:237)a decidido ofrecerle el puesto. En abril de 1996, al no haber recibido ninguna comunicaci(cid:243)n por escrito, la Sra. L. C. se puso en contacto con los servicios de contrataci(cid:243)n del Parlamento, que le informaron de que se hab(cid:237)a elegido a otro candidato para cubrir la vacante, en raz(cid:243)n de los resultados negativos de su examen mØdico. En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, la demandante seæa- laba que las instituciones concernidas no hab(cid:237)an cumplido las disposiciones del art(cid:237)culo 33 del Estatuto de los Funciona- rios (1), y que no se hab(cid:237)an respetado sus derechos de candi- dato a un concurso de acceso a un puesto de trabajo en la CE, ni tampoco la pol(cid:237)tica de contrataci(cid:243)n del Parlamento, que establece que la validez de los exÆmenes mØdicos no ha de superar los seis meses, mientras que la decisi(cid:243)n se basaba, apa- rentemente, en los resultados de un reconocimiento mØdico realizado en 1994. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Parlamento La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) al Parlamento. En sus observaciones, el Parlamento seæalaba que la decisi(cid:243)n de no seleccionar a la demandante para la vacante se basaba en los resultados negati- vos del examen mØdico establecidos por los servicios mØdicos de la Comisi(cid:243)n. Lamentablemente, el resultado del reconocimiento mØdico no se hab(cid:237)a comunicado a la demandante, que qued(cid:243) privada de la posibilidad de ejercer su derecho de recurso de conformidad con el art(cid:237)culo 33 del Estatuto de los Funcionarios. Sin embar- go, el Parlamento estimaba que no se le pod(cid:237)a considerar res- ponsable de este incumplimiento. En una carta explicativa, el Presidente del Parlamento Europeo indicaba que aunque no exist(cid:237)an puestos vacantes en aquel momento, se ofrecer(cid:237)a a la demandante una nueva oportunidad de someterse a un examen mØdico que ser(cid:237)a realizado por el servicio mØdico del Parlamento. Comentarios de la demandante En sus observaciones y en respuesta a la propuesta contenida en la carta del Presidente, del Parlamento la demandante se mostr(cid:243) conforme con la realizaci(cid:243)n de un nuevo examen mØdico. Dado que el Parlamento hab(cid:237)a hecho hincapiØ en que tal examen se llevar(cid:237)a a cabo «con todas las garant(cid:237)as necesa- rias», la demandante inclu(cid:237)a en su respuesta algunas exigencias al respecto. Decisi(cid:243)n A la vista de las investigaciones, el Defensor del Pueblo cons- tat(cid:243) que el Parlamento hab(cid:237)a adoptado las medidas necesarias para poner fin al problema de manera satisfactoria para la denunciante. En consecuencia, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (1) Antes de su nombramiento, el candidato aceptado serÆ sometido a examen por un mØdico asesor de la instituci(cid:243)n [(cid:133)]. Cuando el exa- men mØdico haya dado lugar a un dictamen negativo, el candidato podrÆ solicitar, dentro del plazo de veinte d(cid:237)as desde la notificaci(cid:243)n que se le haya hecho por la instituci(cid:243)n, que su caso sea sometido al dictamen de una comisi(cid:243)n mØdica [(cid:133)]. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/75 NO EXISTENCIA DE DOCUMENTOS CONTRACTUALES EN EL IDIOMA DEL LICITADOR Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 606/97/VK/OV contra el Parlamento Europeo Reclamaci(cid:243)n En junio de 1997 el Sr. Z. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo a nombre de una empresa neerlandesa de car- pinter(cid:237)a. El Sr. Z. ley(cid:243) un anuncio oficial publicado en un peri(cid:243)dico neerlandØs relativo a una licitaci(cid:243)n para el suministro de muebles al Parlamento Europeo destinados a las salas de conferencias del Edificio Leopold de Bruselas. Solicit(cid:243) la docu- mentaci(cid:243)n necesaria para presentar una oferta, recibiendo la misma en francØs, y no en neerlandØs. Habiendo contactado los servicios del Parlamento, le confirmaron que la documenta- ci(cid:243)n relativa al contrato s(cid:243)lo exist(cid:237)a en francØs. En la reclama- ci(cid:243)n que present(cid:243) al Defensor del Pueblo, el Sr. Z. alegaba que, con el fin de garantizar el equilibrio entre los licitadores, cada uno de Østos deb(cid:237)a recibir la documentaci(cid:243)n en su propio idio- ma. No obstante, el Parlamento indic(cid:243) que era consciente que ese enfoque prÆctico no permit(cid:237)a a las instituciones comunitarias respetar el principio de igualdad de trato entre las lenguas comunitarias. Por ello, el ComitØ consultivo sobre adquisicio- nes y licitaciones adopt(cid:243) el 27 de noviembre de 1997 una Recomendaci(cid:243)n (CCAM no 4 (cid:151) 1997) sobre el uso de las len- guas oficiales para sus propias licitaciones. El Parlamento con- clu(cid:237)a que, de conformidad con dicha Recomendaci(cid:243)n, tomar(cid:237)a todas las medidas necesarias para garantizar en el futuro que las partes esenciales de los documentos contractuales estuvie- ran disponibles en todas las lenguas oficiales de la Uni(cid:243)n. Por œltimo, observaba que en todo caso, los licitadores siempre pueden presentar sus ofertas en la lengua oficial que prefieran. Observaciones del demandante No se recibi(cid:243) ninguna observaci(cid:243)n por escrito del demandante, quien, sin embargo, inform(cid:243) por telØfono a la Secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo que, dado que los documentos contractu- ales no estaban disponibles en neelandØs, le hab(cid:237)a resultado imposible presentar una oferta. No obstante, consider(cid:243) que su reclamaci(cid:243)n hab(cid:237)a tenido un resultado positivo, dado que el futuro cambiar(cid:237)a su Parlamento hab(cid:237)a anunciado que en el modo de proceder. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Parlamento Decisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) al Parlamento. En sus observacio- nes, el Parlamento observ(cid:243) en primer lugar que la licitaci(cid:243)n se hab(cid:237)a publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del 27 de mayo de 1997, as(cid:237) como en diversos peri(cid:243)dicos nacionales, entre los que hab(cid:237)a uno neerlandØs. En cuanto a los requisitos ling(cid:252)(cid:237)sticos de los anuncios de licita- ciones, el Parlamento hizo referencia al art(cid:237)culo 9 de la Direc- tiva 93/36/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993, sobre coordinaci(cid:243)n de los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n de contra- tos pœblicos de suministro (1). En dicho art(cid:237)culo se establece que el anuncio de licitaci(cid:243)n mediante el cual una autoridad contratante ofrece un contrato pœblico de suministro debe publicarse enteramente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas en su lengua original, y que se debe publicar una s(cid:237)n- tesis de los elementos importantes de cada anuncio en las len- guas oficiales de las Comunidades, aunque el œnico texto que se considerarÆ autØntico serÆ el publicado en la lengua original. El Parlamento conclu(cid:237)a que, por lo tanto, el anuncio de licita- ci(cid:243)n objeto de la reclamaci(cid:243)n que se hab(cid:237)a publicado en todas las lenguas oficiales de la Uni(cid:243)n, hab(cid:237)a respetado los requisitos. En cuanto a los documentos del contrato, el Parlamento observ(cid:243) que, de conformidad con la ley comunitaria, las autori- dades contratantes nacionales no ten(cid:237)an obligaci(cid:243)n de traducir- los. Respecto a las ofertas pœblicas de bienes por parte de las instituciones comunitarias, en raz(cid:243)n del hecho que Østas traba- jaban a menudo con documentos contractuales voluminosos, la prÆctica habitual del Parlamento y de otras instituciones era no traducirlos. Por esa raz(cid:243)n, en el presente caso, los docu- mentos contractuales s(cid:243)lo estaban disponibles en francØs. (1) DO L 199 de 9. 8. 1993, p. 1. Falta del Parlamento por no facilitar al demandante los documentos contractuales en neerlandØs 1. En el Æmbito de las licitaciones de las instituciones comuni- tarias, el principio general de no discriminaci(cid:243)n por raz(cid:243)n de nacionalidad, establecido en el art(cid:237)culo 6 del Tratado CE, viene reflejado en el art(cid:237)culo 62 de los Reglamentos Financieros, que dispone que: «respecto a los contratos celebrados por las Comunidades, no debe producirse discri- minaci(cid:243)n entre ciudadanos de los Estados miembros por raz(cid:243)n de nacionalidad. ». 2. En cuanto al principio de no discriminaci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo observ(cid:243) que el Parlamento hab(cid:237)a manifestado ser consciente de que la prÆctica de no traducir los docu- mentos contractuales no permit(cid:237)a respetar dicho principio. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo acogi(cid:243) favorablemente la iniciativa del Parlamento, que el 27 de noviembre de 1997 dio lugar a la adopci(cid:243)n por parte del ComitØ consul- tivo sobre adquisiciones y licitaciones de la Recomendaci(cid:243)n (CCAM no 4 (cid:151) 1997) sobre el uso de las lenguas oficiales para sus propias licitaciones. Para los ciudadanos europeos, incluye la valiosa recomendaci(cid:243)n de que los documentos contractuales enviados por la instituci(cid:243)n a una persona o a una empresa sujeta a la jurisdicci(cid:243)n de un Estado miembro estØn redactados en la lengua de dicho Estado, o en la len- gua empleada en la petici(cid:243)n. 3. Resultaba lamentable que el demandante no pudiera tomar parte en la licitaci(cid:243)n por no disponer de los documentos contractuales en su idioma, lo cual puede constituir una infracci(cid:243)n del principio de no discriminaci(cid:243)n por raz(cid:243)n de nacionalidad. Sin embargo, de lo anterior se desprend(cid:237)a que el Parlamento hab(cid:237)a reaccionado positiva y rÆpida- C 300/76 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 mente a su reclamaci(cid:243)n, y que iba a cambiar su prÆctica habitual respecto a los documentos contractuales. Esto posibilitar(cid:237)a que el demandante, as(cid:237) como otros licitadores participasen en igualdad de condiciones en futuras licitacio- nes organizadas por el Parlamento. A la vista de las observaciones del Parlamento Europeo y del demandante, se constataba que el Parlamento hab(cid:237)a tomado medidas para resolver la cuesti(cid:243)n y satisfacer la reclamaci(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 3. 3. 2. COMISI(cid:211)N EUROPEA SUBVENCIONES: APLICACI(cid:211)N DEL DERECHO COMUNITARIO POR PARTE DE LA COMISI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 852/3. 9. 96/SJB/UK/IJH contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En agosto de 1996, el bufete de abogados S. J. B. en representa- ci(cid:243)n de su cliente, L. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n contra la Comi- si(cid:243)n al Defensor del Pueblo. La reclamaci(cid:243)n se refer(cid:237)a al com- portamiento de la Comisi(cid:243)n en relaci(cid:243)n con unas supuestas subvenciones concedidas por francesas a empresas de las industrias francesas de la h(cid:237)pica y de las apues- tas. las autoridades S. J. B. pidi(cid:243) en un principio que la reclamaci(cid:243)n se tratase confi- dencialmente, pero mÆs adelante inform(cid:243) que pod(cid:237)a revelarse el nombre de su cliente en la decisi(cid:243)n final del Defensor del Pueblo sobre el caso. Segœn el demandante, L. present(cid:243) numerosas reclamaciones a la Comisi(cid:243)n entre 1989 y 1995 sobre supuestas subvenciones concedidas por las autoridades francesas a asociaciones h(cid:237)picas y al Pari Mutuel Urbain (PMU). L. consideraba que, de acuerdo con el apartado 3 del art(cid:237)culo 93 del Tratado CE, dichas sub- venciones deb(cid:237)an notificarse a la Comisi(cid:243)n antes de aplicarse, para que, de conformidad con los apartados 2 o 3 del art(cid:237)culo 93, Østa tomase una decisi(cid:243)n sobre su compatibilidad con el mercado comœn. La reclamaci(cid:243)n presentada al Defensor del Pueblo hac(cid:237)a refe- rencia en especial a tres reclamaciones que S. J. B. hab(cid:237)a presen- tado a la Comisi(cid:243)n en nombre de L. a) Una primera reclamaci(cid:243)n presentada por fax el 23 de diciembre de 1992, relativa a una concesi(cid:243)n de 600 millo- nes de francos franceses, que el Gobierno francØs no hab(cid:237)a comunicado a la Comisi(cid:243)n como subvenci(cid:243)n. El 12 de mayo de 1993, la Comisi(cid:243)n (DG IV) inform(cid:243) a S. J. B. de que tratar(cid:237)a su reclamaci(cid:243)n, a la que se le hab(cid:237)a asignado la referencia NN 35/93. El denunciante no recibi(cid:243) mÆs res- puestas de la Comisi(cid:243)n durante los tres aæos siguientes. francos franceses que, segœn la prensa, el PMU iba a recibir durante los cinco aæos siguientes. S. J. B. no recibi(cid:243) res- puesta de la Comisi(cid:243)n a esta reclamaci(cid:243)n. c) Una reclamaci(cid:243)n presentada por carta el 27 de marzo de 1995, relativa a otra subvenci(cid:243)n, de 450 millones de fran- cos franceses, concedida a las asociaciones h(cid:237)picas francesas y al PMU, de la que informaba la prensa. S. J. B. no recibi(cid:243) respuesta de la Comisi(cid:243)n a esta reclamaci(cid:243)n. S. J. B. sosten(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a investigado las recla- maciones de L. y que no hab(cid:237)a ejecutado la obligaci(cid:243)n impuesta a los Estados miembros por el apartado 3 del art(cid:237)culo 93 del Tratado CE de notificar a la Comisi(cid:243)n las nuevas sub- venciones. relacionados con subvenciones S. J. B. inform(cid:243) tambiØn al Defensor del Pueblo de otras reclama- ciones que hab(cid:237)a presentado a la Comisi(cid:243)n sobre diversos supuestamente incidentes concedidas por las autoridades francesas a las empresas de h(cid:237)pica y apuestas de este pa(cid:237)s. Dichas reclamaciones eran objeto de procedimientos judiciales ante el Tribunal de Primera Instancia o ante tribunales nacionales. S. J. B. no present(cid:243) ninguna reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo respecto al modo en que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a tratado dichas reclamaciones y, de conformidad con el art(cid:237)culo 138 E CE y con el apartado 3 del art(cid:237)culo 1 del Estatuto del Defensor del Pueblo, Østas no se incluyeron en la investigaci(cid:243)n que llev(cid:243) a cabo el Defensor del Pueblo. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que present(cid:243) sus observaciones el 28 de noviembre de 1996. En s(cid:237)ntesis, las observaciones que formul(cid:243) la Comisi(cid:243)n fueron las siguientes: i) El asunto de la reclamaci(cid:243)n estaba relacionado con la legis- laci(cid:243)n fiscal francesa relativa a las recaudaciones sobre apuestas h(cid:237)picas. Esta legislaci(cid:243)n hab(cid:237)a sido enmendada por cinco decretos publicados entre marzo de 1993 y diciem- bre de 1995. Entre enero de 1993 y noviembre de 1995, las autoridades francesas hab(cid:237)an recibido seis peticiones de aclarar el asunto. ii) Antes de tomar una decisi(cid:243)n formal sobre la reclamaci(cid:243)n de L. resultaba necesario (cid:151) revisar las sucesivas enmiendas a la legislaci(cid:243)n francesa, (cid:151) asegurarse de la consistencia de la respuesta de la Comisi(cid:243)n considerando otros casos de subvenciones de naturaleza comparable, y (cid:151) decidir si las medidas a que hac(cid:237)a referencia la reclama- ci(cid:243)n eran efectivamente subvenciones, o si constitu(cid:237)an una forma mÆs general de normativa fiscal. b) Una reclamaci(cid:243)n presentada por carta el 25 de agosto de 1994, relativa a otra subvenci(cid:243)n, de 1 500 millones de La reclamaci(cid:243)n requer(cid:237)a un examen profundo que estaba realizando el personal de la Comisi(cid:243)n. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/77 iii) Contrariamente a lo que hubiera sucedido si las ayudas hubieran sido notificadas, la Comisi(cid:243)n no ten(cid:237)a l(cid:237)mite de tiempo para responder. AdemÆs, el demandante pod(cid:237)a utili- zar otros recursos, ya que, al mismo tiempo, pod(cid:237)a haber utilizado las v(cid:237)as de recurso ante los tribunales nacionales. De las observaciones del demandante sobre esta otra informa- ci(cid:243)n procedente de la Comisi(cid:243)n se desprend(cid:237)a que, al iniciarse una investigaci(cid:243)n de conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)- culo 93, consideraba zanjadas las cuestiones sobre mala admi- nistraci(cid:243)n que expresaba en su primera reclamaci(cid:243)n. Observaciones del demandante Las observaciones se refer(cid:237)an a un comunicado de prensa (IP/97/40) que la Comisi(cid:243)n public(cid:243) el 22 de enero de 1997, en el que se mencionaba la reclamaci(cid:243)n presentada por L. y se indicaba que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido pedir explicaciones a las autoridades francesas sobre la naturaleza de las medidas relativas a las apuestas h(cid:237)picas francesas. S. J. B. dedujo de ese comunicado de prensa que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido abrir un procedimiento formal de conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)culo 93 del Tratado CE para investi- gar si las medidas constitu(cid:237)an una subvenci(cid:243)n ilegal. Sin embargo, se preguntaba si el procedimiento de la Comisi(cid:243)n s(cid:243)lo tendr(cid:237)a en cuenta la reclamaci(cid:243)n que L. hab(cid:237)a presentado el 23 de diciembre de 1992, o si tambiØn tomar(cid:237)a en conside- raci(cid:243)n las presentadas el 25 de agosto de 1994 y el 27 de marzo de 1995. Las observaciones se centraban tambiØn, bÆsicamente, en las cuestiones siguientes: i) Aunque ciertas medidas del Tratado relativas a subvencio- nes ten(cid:237)an efecto directo y, por lo tanto, pod(cid:237)an ser ejecu- tadas por tribunales nacionales, la Comisi(cid:243)n tiene jurisdic- ci(cid:243)n exclusiva para determinar si una subvenci(cid:243)n es com- patible con el mercado comœn. ii) La Comisi(cid:243)n sosten(cid:237)a que estaba investigando activamente las reclamaciones de L. , pero hab(cid:237)a comunicado por œltima vez con las autoridades francesas el d(cid:237)a 21 de noviembre de 1995, mÆs de un aæo antes de su decisi(cid:243)n de iniciar procedimientos formales. Otras investigaciones En respuesta a una petici(cid:243)n del Defensor del Pueblo para acla- rar cuÆles de las reclamaciones de L. estaban incluidas en la investigaci(cid:243)n formal, la Comisi(cid:243)n remiti(cid:243) una copia de su carta a las autoridades francesas, en la que les comunicaba su deci- si(cid:243)n de abrir el procedimiento de conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)culo 93. Dicha carta, de 4 de febrero de 1997, se public(cid:243) en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DO C 163 de 30. 5. 1997, p. 5). Posteriormente, la Comisi(cid:243)n ofreci(cid:243) una aclaraci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, segœn la cual, la carta enviada a las autoridades francesas no s(cid:243)lo mencionaba los decretos relacionados con la reclamaci(cid:243)n de L. de fecha 23 de diciembre de 1992, sino tam- biØn los relativos a otras reclamaciones de 25 de agosto de 1994 y 27 de marzo de 1995. AdemÆs, en la carta tambiØn se hablaba de ciertas subvenciones a las que se refer(cid:237)a un comuni- cado de prensa que el Ministerio de Agricultura francØs public(cid:243) el 10 de diciembre de 1992. Sin embargo, se mostraba preocupado por el progreso de la investigaci(cid:243)n formal, pues no se pod(cid:237)a permitir que durase indefinidamente, en particular por el hecho de no existir l(cid:237)mi- tes obligatorios de tiempo para los procedimientos de la Comi- si(cid:243)n; y declaraba que, en caso de que la Comisi(cid:243)n se demorase excesivamente en su investigaci(cid:243)n, presentar(cid:237)a otra reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo de conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)culo 93. Decisi(cid:243)n 1. El art(cid:237)culo 155 del Tratado CE establece que la Comisi(cid:243)n «velarÆ por la aplicaci(cid:243)n de las disposiciones del [(cid:133)] Trata- do», correspondiØndole por consiguiente garantizar la apli- caci(cid:243)n de las medidas adoptadas por las instituciones. En el caso que una nueva subvenci(cid:243)n no hubiera sido notificada de conformidad con el apartado 3 del art(cid:237)culo 93 CE, la Comisi(cid:243)n estÆ habilitada para aplicar el procedimiento del apartado 2 del art(cid:237)culo 93 (1). 2. Al tratar una reclamaci(cid:243)n relativa a subvenciones, la Comi- si(cid:243)n debe llevar a cabo un examen diligente e imparcial de la reclamaci(cid:243)n, en interØs de una buena administraci(cid:243)n de las reglas fundamentales del Tratado en este campo (2). 3. El 4 de febrero de 1997, la Comisi(cid:243)n inici(cid:243) una investiga- ci(cid:243)n sobre las reclamaciones de L. sobre subvenciones a las industrias francesas de la h(cid:237)pica y las apuestas, de acuerdo con el apartado 2 del art(cid:237)culo 93. La investigaci(cid:243)n parec(cid:237)a incluir todas las cuestiones que eran objeto de la reclama- ci(cid:243)n presentada al Defensor del Pueblo. 4. El Defensor del Pueblo entendi(cid:243) que el demandante acep- taba que las preocupaciones sobre posible mala administra- ci(cid:243)n que expresaba en su primera reclamaci(cid:243)n quedaban satisfechas por el inicio de esta investigaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n de acuerdo con el apartado 2 del art(cid:237)culo 93, el 4 de febrero de 1997. 5. De los comentarios de la Comisi(cid:243)n Europea, as(cid:237) como de las observaciones del demandante se deduc(cid:237)a que la Comi- si(cid:243)n hab(cid:237)a tomado medidas para resolver el asunto, y que de esta manera hab(cid:237)a satisfecho al demandante. Por lo tan- to, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (1) Asunto 173/73: Italia contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1974, p. 717). (2) Asunto C-367/95 P: Comisi(cid:243)n contra Chambre syndicale nationale des entreprises de transport de fonds et valeurs (Sytraval) y Brink’s France SARL, juicio de 2 de abril de 1998, apartado 62. C 300/78 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 SUPUESTA FALTA DE INFORMACI(cid:211)N SOLICITADA EN CONVERSACIONES TELEF(cid:211)NICAS Decisi(cid:243)n sobre contra la Comisi(cid:243)n Europea la reclamaci(cid:243)n 1128/31. 12. 96/MH/L/(VK)OV Reclamaci(cid:243)n En diciembre de 1996, el Sr. H. , que ejerc(cid:237)a como periodista, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo en la que se quejaba de una supuesta falta de informaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n. El Sr. H. hab(cid:237)a intentado en varias ocasiones obtener informaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n acerca de 1) BADGE, una sustancia peligrosa presente en los alimentos enlatados, 2) la importaci(cid:243)n, el comercio y el consumo de carne de cocodrilo procedente de SudÆfrica, y 3) los nuevos reglamentos sobre el equipamiento de cocina de los restaurantes. El demandante afirmaba que, tras una serie de llamadas telef(cid:243)nicas, hab(cid:237)a sido remitido de un funcionario de la Comisi(cid:243)n a otro, sin que ninguno de ellos le facilitara informaci(cid:243)n alguna. El Sr. H. no indicaba con quØ servicios de la Comisi(cid:243)n se hab(cid:237)a puesto en contacto para obtener esta informaci(cid:243)n. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En s(cid:237)ntesis, las obser- vaciones de Østa establec(cid:237)an los puntos siguientes: En principio, los periodistas que deseen informaci(cid:243)n deben solicitarla al Servicio del Portavoz de la Comisi(cid:243)n, que es el responsable de facilitarla y de conceder entrevistas a los perio- distas. La Comisi(cid:243)n comentaba tambiØn que no pod(cid:237)a verificar los pasos que hab(cid:237)a seguido el demandante para obtener la informaci(cid:243)n solicitada, pues era imposible identificar las con- versaciones telef(cid:243)nicas que el demandante hab(cid:237)a mantenido con sus servicios. informaci(cid:243)n general, Sin embargo, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que estaba dispuesta a facili- tar la informaci(cid:243)n solicitada por el demandante, e indic(cid:243) que, el demandante deb(cid:237)a para obtener ponerse en contacto con el Servicio del Portavoz, cuyo nœmero de telØfono le facilit(cid:243). En cuanto al acceso a documentos espe- c(cid:237)ficos, la Comisi(cid:243)n se refer(cid:237)a a las normas establecidas en la Decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de 8 de febrero de 1994 sobre el acceso del pœblico a los documentos de la Comisi(cid:243)n (1) e indi- caba los nombres y nœmeros de telØfono de los funcionarios de las Direcciones Generales III, VIII y XI, responsables de los tres temas sobre los que el demandante solicitaba informaci(cid:243)n. dos, 2) la importaci(cid:243)n de carne de cocodrilo de SudÆfrica y 3) los reglamentos sobre el equipamiento de cocina de los restau- rantes. Por lo que se refiere al primer tema, la Comisi(cid:243)n tam- biØn inclu(cid:237)a el Dictamen del ComitØ Cient(cid:237)fico de alimentaci(cid:243)n humana de 7 de junio de 1996, e indicaba que, a ra(cid:237)z de una conversaci(cid:243)n telef(cid:243)nica el 29 de abril de 1997 entre un funcio- nario de la DG III y el demandante, se hab(cid:237)a enviado a este œltimo documentaci(cid:243)n sobre el tema. Comentarios del demandante No se recibieron comentarios del demandante acerca de las observaciones de la Comisi(cid:243)n. Sin embargo, el demandante declar(cid:243), en una conversaci(cid:243)n telef(cid:243)nica, que se sent(cid:237)a satisfe- cho con la respuesta final de la Comisi(cid:243)n y con la documenta- ci(cid:243)n que le hab(cid:237)an enviado. Decisi(cid:243)n 1. Supuesta falta de informaci(cid:243)n durante las conversaciones telef(cid:243)nicas iniciales 1. 1. Segœn la informaci(cid:243)n contenida en la reclamaci(cid:243)n, las llamadas del Sr. H. habr(cid:237)an sido trasladadas de un funcio- nario de la Comisi(cid:243)n a otro, sin que ninguno de ellos le facilitara informaci(cid:243)n alguna. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n coment(cid:243) que los periodistas deber(cid:237)an solicitar la informaci(cid:243)n al Servicio del Portavoz, en tanto que (cid:243)rgano responsable de informar y conceder entrevistas a los periodistas. 1. 2. Como muestra de buen comportamiento administrativo, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a garantizar que sus funcionarios tra- mitan adecuadamente las solicitudes de informaci(cid:243)n que los ciudadanos realizan por telØfono. Deber(cid:237)a por tanto indicar quØ procedimientos se deben seguir y con quØ ser- vicios responsables han de ponerse en contacto, evitando que un ciudadano no recibiera respuesta a su solicitud. Sin embargo, dado que en el presente asunto la Comisi(cid:243)n sugiri(cid:243) que el demandante se pusiera en contacto con el Servicio del Portavoz si deseaba informaci(cid:243)n general, y le facilit(cid:243) los nombres de los funcionarios con los que deb(cid:237)a ponerse en contacto en las diferentes Direcciones Genera- les a las que pod(cid:237)a solicitar informaci(cid:243)n espec(cid:237)fica, el Defensor del Pueblo estim(cid:243) que no eran necesarias mÆs acciones por su parte. 2. Compromiso de la Comisi(cid:243)n de facilitar la informaci(cid:243)n solicitada Las observaciones de la Comisi(cid:243)n tambiØn proporcionaban informaci(cid:243)n bÆsica sobre 1) BADGE en los alimentos enlata- (1) DO L de 18. 2. 1994, p. 58. 2. 1. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que estaba dis- puesta a facilitar al demandante la informaci(cid:243)n solicitada, y le proporcion(cid:243) informaci(cid:243)n bÆsica acerca de los tres temas: 1) BADGE en los alimentos enlatados, 2) la impor- taci(cid:243)n de carne de cocodrilo de SudÆfrica, y 3) el regla- mento sobre el equipamiento de cocina de los restauran- 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/79 tes-. La Comisi(cid:243)n suger(cid:237)a que el demandante se pusiera en contacto con el Servicio del Portavoz y con diversos fun- cionarios, que le facilitar(cid:237)an informaci(cid:243)n general y espec(cid:237)- fica respectivamente. A la vista de las observaciones de la Comisi(cid:243)n y de los comen- tarios del demandante, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a tomado medidas para solucionar la cuesti(cid:243)n, y que con ello hab(cid:237)a satisfecho al demandante. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. Cuando en mayo de 1997, tras transcurrir mÆs de un aæo de los demandantes presentaron su la finalizaci(cid:243)n del proyecto, reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, aœn no hab(cid:237)an recibido ningœn otro pago de la Comisi(cid:243)n, y su situaci(cid:243)n econ(cid:243)mica se estaba volviendo desesperada. Por ello pidieron informaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo sobre si la Comisi(cid:243)n ten(cid:237)a un plazo para ejecutar los pagos atrasados, solicitando igualmente su inter- venci(cid:243)n para garantizar el pronto abono del pago final. Investigaci(cid:243)n RETRASO DE LA COMISI(cid:211)N EN EL PAGO DE SU CONTRIBUCI(cid:211)N A UN PROYECTO Observaciones de la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 384/97/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En mayo de 1997, el Sr. M. y la Sra. H. presentaron una recla- «European maci(cid:243)n al Defensor del Pueblo en nombre del Nature Heritage Fund» (FPNE) por un supuesto retraso injustifi- cado de la DG VI de la Comisi(cid:243)n en abonar el pago de su con- tribuci(cid:243)n a un proyecto realizado por los demandantes. En junio de 1993, la DG VI hab(cid:237)a concedido un importe de 660 473 ecus al FPNE para realizar un aspecto particular del proyecto «Art(cid:237)culo 8 93. ES. 06. 002» en relaci(cid:243)n con el «Pro- yecto piloto y de demostraci(cid:243)n de aprovechamiento duradero de pastizales arbolados en el oeste de Espaæa» (1). El FPNE complet(cid:243) el proyecto a finales de marzo de 1996, y en mayo del mismo aæo present(cid:243) a la Comisi(cid:243)n los correspon- dientes informes tØcnicos y financieros con el fin de obtener el pago final del proyecto (la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a adelantado a los demandantes la cantidad de 73 755 269 pesetas espæolas) En junio de 1996, un funcionario de la DG VI solicit(cid:243) que se realizaran algunos cambios en la presentaci(cid:243)n de los informes finales del proyecto, que fueron presentados por los demandan- tes ese mismo mes. Posteriormente, Østos se pusieron en con- tacto en varias ocasiones con la Comisi(cid:243)n para solicitar el pago final del proyecto. La Comisi(cid:243)n contest(cid:243) en febrero de 1997, requiriendo una modificaci(cid:243)n del informe financiero del proyecto. Si bien los demandantes consideraban que el primer informe cumpl(cid:237)a las orientaciones originales para la realizaci(cid:243)n del proyecto, trans- mitieron a la Comisi(cid:243)n su nuevo informe financiero en abril de 1997. (1) Decisi(cid:243)n C(93) 1605 de la Comisi(cid:243)n. La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que seæal(cid:243) que el proyecto de los demandantes estaba cofinanciado por la Comi- si(cid:243)n sobre la base del art(cid:237)culo 8 del Reglamento (CEE) no 4256/88. Los pagos correspondientes al proyecto se realizaron en tres tramos: en agosto de 1993, en mayo de 1995 y en julio de 1997. El pago final se hab(cid:237)a retrasado debido a la necesidad de verificar determinada informaci(cid:243)n financiera rela- cionada con el proyecto. La Decisi(cid:243)n C(93)1605, que establece las normas por las que se rige el proyecto, dispone que s(cid:243)lo podrÆn realizarse los pagos finales cuando los servicios compe- tentes de la Comisi(cid:243)n hayan aprobado los informes tØcnicos y financieros presentados por el beneficiario. El anexo II de la citada Decisi(cid:243)n autoriza a la Comisi(cid:243)n a solicitar del beneficia- rio toda la informaci(cid:243)n pertinente. En este caso, los servicios de la Comisi(cid:243)n tuvieron que solicitar informaci(cid:243)n adicional a los demandantes en varias ocasiones. Sin embargo, el retraso de un aæo en el pago final se debi(cid:243) a la revisi(cid:243)n realizada por la Comisi(cid:243)n de todos los proyectos relacionados con el art(cid:237)culo 8 del Reglamento (CEE) no 4256/88, como consecuencia de las observaciones cr(cid:237)ticas del Tribunal de Cuentas. Esta revisi(cid:243)n supuso un importante aumento de la carga de trabajo de los servicios de la Comisi(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n subray(cid:243) que en abril de 1997 recibi(cid:243) el nuevo informe de los demandantes conforme a las nuevas orientacio- nes, procediendo al abono de su contribuci(cid:243)n final en el plazo de dos meses. Informaci(cid:243)n adicional facilitada por los demandantes la Comisi(cid:243)n, los demandantes Antes de que el Defensor del Pueblo recibiera las observaciones enviaron informaci(cid:243)n de adicional por cartas de junio y julio de 1997. En ellas se hac(cid:237)a referencia a los contactos entre los demandantes y los diversos servicios de la Comisi(cid:243)n, con vistas a averiguar la situaci(cid:243)n del pago final de su proyecto. Aunque, al parecer, dicho pago se los servicios competentes de la Comisi(cid:243)n estaba tramitando, tambiØn informaron a ten(cid:237)an los demandantes de que competencia para bloquear los pagos en caso de duda. A la vista de este argumento, los demandantes se preguntaban en su carta al Defensor del Pueblo, si no deber(cid:237)a establecerse un plazo para limitar dicha potestad. C 300/80 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 En su carta de julio de 1997, los demandantes indicaron que hab(cid:237)an recibido el pago final. TambiØn manifestaron su opi- ni(cid:243)n de que si la Comisi(cid:243)n no modificaba sus formas de coo- peraci(cid:243)n con las organizaciones no gubernamentales, organiza- ciones como la suya no podr(cid:237)an participar en cualquier otro proyecto. Los demandantes agradecieron al Defensor del Pue- blo sus esfuerzos por llegar a una soluci(cid:243)n satisfactoria de su problema. El Defensor del Pueblo transmiti(cid:243) las observaciones de la Comisi(cid:243)n a los demandantes, y les invit(cid:243) a que a su vez for- mulasen las suyas. No recibi(cid:243) respuesta. Decisi(cid:243)n A la vista de la informaci(cid:243)n que facilitaron los demandantes y la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a resuelto el asunto a plena satisfacci(cid:243)n de los demandantes. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. OMISI(cid:211)N DE MANTENER INFORMADO A UN DEMANDANTE SOBRE EL CURSO DE SU RECLAMACI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 596/97/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En junio de 1997, el Sr. D. M. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo en nombre de un grupo ecologista, el CER. Aleg(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a informado al CER sobre el curso de la reclamaci(cid:243)n que el grupo hab(cid:237)a enviado a dicha instituci(cid:243)n en mayo de 1996. La reclamaci(cid:243)n del CER a la Comisi(cid:243)n denunciaba que las autoridades espaæolas hab(cid:237)an autorizado una explotaci(cid:243)n minera en los Montes Obarenes-Toloæo, La Rioja. Esta zona estaba clasificada por las autoridades espaæolas como Zona de Especial Protecci(cid:243)n para las Aves (ZEPA). El 5 de junio de 1996, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al CER de que su reclamaci(cid:243)n se hab(cid:237)a registrado con el nœmero 96/4370 SG(96)A/8475, pero posteriormente no hab(cid:237)a vuelto a enviar informaci(cid:243)n. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En s(cid:237)ntesis, la ins- tituci(cid:243)n formul(cid:243) las observaciones siguientes: que el demandante no hab(cid:237)a tomado ninguna iniciativa para ponerse en contacto con sus servicios despuØs de haber presen- tado su primera reclamaci(cid:243)n. En cuanto a los aspectos sustanciales del asunto, la Comisi(cid:243)n se refiri(cid:243) a sus obligaciones generales respecto de los deman- dantes, tal como se establecen en el formulario-tipo para recla- maciones (1). Estas obligaciones incluyen: i) enviar un acuse de recibo en cuanto se registre la reclamaci(cid:243)n; informar al autor de la reclamaci(cid:243)n de cualquier acci(cid:243)n que se lleve a cabo en relaci(cid:243)n con la misma; y iii), en su caso, de la decisi(cid:243)n de incoar procedimientos de infracci(cid:243)n contra el Estado miembro responsable. ii) Respecto a este asunto en concreto, la Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que la carta del demandante de 3 de mayo de 1996 se hab(cid:237)a regis- trado como reclamaci(cid:243)n el 10 de mayo de 1996 (con el nœmero de reclamaci(cid:243)n 96/4370). Dado que las disposiciones de la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la protecci(cid:243)n de las aves silvestres (2), y de la Direc- tiva 92/43/CEE de la Consejo, de 21 de mays de 1992, relativa a la conservaci(cid:243)n de los habitats naturales y de la flora y fauna silvestres (3) pod(cid:237)an ser de aplicaci(cid:243)n en este asunto, el 25 de julio de 1996 se envi(cid:243) una carta a las autoridades espaæolas solicitando sus observaciones. La Comisi(cid:243)n aæadi(cid:243) que, cuando la informaci(cid:243)n contenida en una reclamaci(cid:243)n es limitada, la subsiguiente evaluaci(cid:243)n del asunto se realiza a la luz de la informaci(cid:243)n facilitada por las autoridades nacionales. Al no recibirse respuesta de las autoridades espaæolas dentro del plazo de dos meses fijado en la mencionada carta, se les envi(cid:243) un primer recordatorio el 25 de octubre de 1996, y tras ello todav(cid:237)a un segundo el 12 de febrero de 1997. Dado que el 18 de marzo de 1997 no se hab(cid:237)a recibido ninguna respuesta, la Comisaria Sra. Bjerregaard envi(cid:243) una carta a la Ministra espaæola de Medio Ambiente, Sra. Tocino. Finalmente, la Comisi(cid:243)n recibi(cid:243) una respuesta de las autoridades espaæolas el 2 de junio de 1997. La Comisi(cid:243)n evalu(cid:243) el asunto a la luz de la explicaci(cid:243)n presen- tada por las autoridades espaæolas. Por otra parte solicit(cid:243) los comentarios del demandante sobre tales explicaciones por carta de 7 de julio de 1997. En su respuesta del 25 de agosto de 1997, el demandante se mostr(cid:243) de acuerdo con la evaluaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, y declar(cid:243) que el proyecto que hab(cid:237)a originado su reclamaci(cid:243)n hab(cid:237)a sido suspendido como consecuencia de la intervenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. Observaciones del demandante El Defensor del Pueblo transmiti(cid:243) los comentarios de la Comi- si(cid:243)n al demandante, solicitÆndole que formulara sus observa- ciones. En su respuesta, el demandante indicaba que el pro- yecto se hab(cid:237)a suspendido, y que las autoridades espaæolas hab(cid:237)an ordenado que se realizara una nueva evaluaci(cid:243)n de su impacto medioambiental. En vista de esto, el demandante con- sideraba que su posici(cid:243)n hab(cid:237)a sido la correcta y que la autori- zaci(cid:243)n concedida al proyecto hab(cid:237)a sido ilegal. Como comentario previo, la Comisi(cid:243)n afirm(cid:243) que la reclama- ci(cid:243)n no hab(cid:237)a ido precedida de las adecuadas gestiones admi- nistrativas tal y como se exige en el apartado 4 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo. La Comisi(cid:243)n consider(cid:243) (1) DO C 26 de 1. 2. 1989, p. 6. (2) DO L 103 de 25. 4. 1979, p. 1. (3) DO L 206, de 22. 7. 1992, p. 7. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/81 Por œltimo, el demandante solicitaba al Defensor del Pueblo que no archivara el asunto hasta que las autoridades espaæolas hubieran finalizado el procedimiento relativo a la autorizaci(cid:243)n del proyecto, de manera que se garantizara un perfecto cumpli- miento de la legislaci(cid:243)n comunitaria. Decisi(cid:243)n 1. Admisibilidad del asunto 1. 1. En lo que respecta al argumento de la Comisi(cid:243)n de que el demandante no hab(cid:237)a realizado ninguna gesti(cid:243)n previa respecto a la instituci(cid:243)n, debe seæalarse que corresponde al Defensor del Pueblo decidir si una reclamaci(cid:243)n es o no admisible. Naturalmente, las opiniones de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios sobre el tema en cuesti(cid:243)n son bien acogidas por el Defensor del Pueblo. 1. 2. Para que una reclamaci(cid:243)n sea admisible, deberÆn haberse realizado previamente las gestiones administrativas ade- cuadas ante las instituciones u (cid:243)rganos correspondientes (apartado 4 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto). Dada la existencia de diferentes versiones de este texto (1), y teniendo en cuenta el objetivo de la disposici(cid:243)n, la acci(cid:243)n del Defensor del Pueblo ha consistido en evaluar si se hab(cid:237)an realizado gestiones administrativas oportunas segœn las circunstan- cias de cada asunto. 1. 3. Dado que el asunto se refiere a la ausencia de toda acci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n por mÆs de un aæo para mante- ner informado al demandante del desarrollo del asunto, y puesto que ser(cid:237)a razonable esperar que dicha informaci(cid:243)n se enviara a los demandantes sin petici(cid:243)n previa, el Defen- sor del Pueblo consider(cid:243) que se cumpl(cid:237)an los criterios de admisibilidad de la reclamaci(cid:243)n, sin necesidad de mÆs ges- tiones administrativas. 2. 2. En el contexto de la investigaci(cid:243)n de oficio del Defensor del Pueblo 303/97/PD (2), la Comisi(cid:243)n describi(cid:243) con deta- lle su pol(cid:237)tica al informar al demandante de las acciones llevadas a cabo en respuesta a su reclamaci(cid:243)n, indicÆndose que: «Cuando se registra la queja, se informa al demandante de incluyendo la las medidas tomadas en respuesta a la misma, intervenci(cid:243)n ante las autoridades nacionales responsables». 2. 3. De acuerdo con este compromiso, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a haber informado al demandante de sus numerosas gestio- nes ante las autoridades responsables. No obstante, el Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que, como resultado de todas esas gestiones -incluida una carta personal de la Comisaria encargada de la cartera de medio ambiente a la ministra nacional responsable- el proyecto presuntamente ilegal fue cancelado, y de esta manera se resolvi(cid:243) el problema. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo concluy(cid:243) que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a tomado las medidas apropiadas para resolver la cuesti(cid:243)n a plena satisfacci(cid:243)n del demandante. 3. Solicitud del demandante para que no se archivase el asunto 3. 1. El Defensor del Pueblo s(cid:243)lo estÆ autorizado a investigar los posibles casos de mala administraci(cid:243)n si Østas estÆn relacionados con actividades de las instituciones u (cid:243)rganos comunitarios. El Estatuto del Defensor del Pueblo, en el apartado 1 de su art(cid:237)culo 2, establece que ninguna acci(cid:243)n de cualquier otra autoridad o persona podrÆn ser objeto de reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo (3). 3. 2. Por esta raz(cid:243)n, las investigaciones del Defensor del Pueblo se dirigieron a examinar si hab(cid:237)a existido mala administra- ci(cid:243)n en las actividades de la Comisi(cid:243)n. No correspond(cid:237)a al Defensor del Pueblo evaluar si las acciones llevadas a cabo por las autoridades espaæolas respetaban la legislaci(cid:243)n comunitaria. 2. Omisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de mantener informado a un demandante Conclusi(cid:243)n 2. 1. La Comisi(cid:243)n justific(cid:243) el no haber enviado ninguna infor- maci(cid:243)n al demandante desde mayo de 1996 hasta julio de 1997 en raz(cid:243)n que las autoridades espaæolas no hab(cid:237)an contestado a las cartas y recordatorios que la instituci(cid:243)n hab(cid:237)a enviado. (1) Tal y como se declara en la decisi(cid:243)n previa del Defensor del Pueblo sobre la reclamaci(cid:243)n 45/26. 7. 95/JPB/PD/B-dk: «Parece que hay una ligera discrepancia entre las diferentes versiones ling(cid:252)(cid:237)sticas de esta disposici(cid:243)n. En la versi(cid:243)n danesa se utiliza correctamente el tØr- mino fornłdne y se da la impresi(cid:243)n de que dichas gestiones admi- nistrativas son necesarias. Por otra parte, en las versiones inglesa, francesa, alemana, espaæola y sueca se utilizan los tØrminos appro- priate, appropriØes, geeigneten, adecuadas y l(cid:228)mpliga, lo que parece sig- nificar que deben realizarse oportunas gestiones administrativas» (Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo de 1996, p. 45). A la vista de la informaci(cid:243)n facilitada por el demandante y de las observaciones formuladas por la Comisi(cid:243)n, el Defensor del Pueblo lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a resuelto el asunto a plena satisfacci(cid:243)n del demandante. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) archivar el asunto. (2) Investigaci(cid:243)n llevada a cabo de oficio sobre los procedimientos administrativos de la Comisi(cid:243)n relativos a las reclamaciones de los ciudadanos en relaci(cid:243)n con las autoridades nacionales (vØase el Informe anual del Defensor del Pueblo Europeo de 1997, p. 289). (3) Apartado 1 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo: «En las condiciones y con los l(cid:237)mites que establecen los Tratados [(cid:133)] el Defensor del Pueblo contribuirÆ a descubrir los casos de mala administraci(cid:243)n en la acci(cid:243)n de las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios [(cid:133)]. No podrÆ ser objeto de reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo la actuaci(cid:243)n de ninguna otra autoridad o persona» C 300/82 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 3. 3. 3. OFICINA DE ARMONIZACI(cid:211)N DEL MERCADO INTERIOR CONCURSO PARA CONTRATACI(cid:211)N DE AGENTES TEMPORALES: NO SELECCI(cid:211)N DE UN CANDIDATO candidatos y de su experiencia. S(cid:243)lo se incluyeron 75 candida- tos en la lista final; d) la œltima etapa consisti(cid:243) en un examen oral. Decisi(cid:243)n sobre contra la Oficina de Armonizaci(cid:243)n del Mercado Interior la reclamaci(cid:243)n 1016/13. 11. 96/ALG-PL/ES/JMA El demandante no fue seleccionado para el examen oral a causa de su limitada experiencia, ya que s(cid:243)lo hab(cid:237)a trabajado en la administraci(cid:243)n local espaæola. Reclamaci(cid:243)n En noviembre de 1996, el Sr. P. L. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n sobre una supuesta falta de transparencia en el modo en que la Oficina de Armonizaci(cid:243)n del Mercado Interior (OAMI) hab(cid:237)a llevado a cabo el concurso general AT/C, as(cid:237) como la falta de explicaciones a los candidatos que no hab(cid:237)an resultado selec- cionados. El Sr. P. L. hab(cid:237)a presentado en un principio una reclamaci(cid:243)n al Defensor Regional del Pueblo de Valencia («S(cid:237)ndic de Greuges de la Comunitat Valenciana»), quien la transmiti(cid:243) al Defensor del Pueblo Europeo. El Sr. P. L. hab(cid:237)a participado en una oposici(cid:243)n para agentes temporales que la OAMI organiz(cid:243) en noviembre de 1995. Tras un estudio preliminar de todas las solicitudes, el Tribunal del concurso no le admiti(cid:243) a los exÆmenes orales, lo que le fue comunicado por correo ordinario. En abril de 1996, el Sr. P. L. escribi(cid:243) a la OAMI, subrayando que no estaba contestando la decisi(cid:243)n que hab(cid:237)a tomado el Tri- bunal del concurso, sino, mÆs bien, solicitando informaci(cid:243)n sobre el proceso de selecci(cid:243)n y las razones de su exclusi(cid:243)n. El demandante consider(cid:243) que la respuesta de la OAMI era muy general y carec(cid:237)a de razonamientos claros. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la OAMI La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la OAMI. En sus observaciones, la OAMI seæal(cid:243) de que la oposici(cid:243)n no constitu(cid:237)a un concurso general para la contrataci(cid:243)n de funcionarios comunitarios, sino œnicamente una selecci(cid:243)n de agentes temporales para puestos de secretario (categor(cid:237)a C). No existen reglas generales que rijan la organizaci(cid:243)n de dicho tipo de concursos especiales destina- dos a la contrataci(cid:243)n de agentes temporales. Segœn la OAMI, en el proceso de selecci(cid:243)n se respetaron debidamente los prin- cipios de igualdad de trato, transparencia y equilibrio geogrÆfi- co. Cuando el proceso hubo finalizado, el Tribunal del concurso inform(cid:243) a todos los candidatos del resultado. Se hac(cid:237)an referen- cia en esta carta las razones de la exclusi(cid:243)n de los candidatos no seleccionados que hab(cid:237)an presentado reclamaciones forma- les. La Oficina seæal(cid:243) tambiØn que el demandante no hab(cid:237)a impug- nado su exclusi(cid:243)n por parte del Tribunal del concurso, sino que simplemente hab(cid:237)a pedido informaci(cid:243)n acerca de las razo- nes de la decisi(cid:243)n. Por consiguiente, su carta no se hab(cid:237)a consi- derado como una reclamaci(cid:243)n. El Defensor del Pueblo transmiti(cid:243) al demandante las observa- ciones de la OAMI, y Øste no hizo ninguna observaci(cid:243)n. Decisi(cid:243)n BasÆndose en la informaci(cid:243)n facilitada por el demandante y en las observaciones presentadas por la OAMI, el Defensor del Pueblo lleg(cid:243) a las conclusiones siguientes: 1. Necesidad de motivar la decisi(cid:243)n En su carta de abril de 1996, el demandante pidi(cid:243) expresa- mente a la Oficina de Armonizaci(cid:243)n que le informara de las razones por las que hab(cid:237)a sido rechazado. La respuesta de la OAMI se limitaba a seæalar que, tras una segunda fase en que se hab(cid:237)an cotejado los expedientes de los candida- tos, el demandante no hab(cid:237)a sido seleccionado para realizar el examen oral. Por lo que se refiere a las decisiones por las que se excluye la participaci(cid:243)n de un candidato en un concurso, el Tribu- nal del Concurso debe indicar concretamente cuÆles son los requisitos establecidos en la convocatoria que el candi- dato no cumple (1). En caso de que los candidatos sean muy numerosos, el Tribunal del concurso puede limitarse, en una primera fase, a motivar la decisi(cid:243)n de no admisi(cid:243)n de manera sucinta, y a no comunicar a los candidatos mÆs que los criterios y el resultado de la selecci(cid:243)n (2). No obstante, el Tribunal del concurso tiene la obligaci(cid:243)n de facilitar posteriormente explicaciones individuales a los candidatos que as(cid:237) las soliciten de manera expresa (3). la OAMI envi(cid:243) un El proceso const(cid:243) de cuatro etapas: a) impreso de candidatura a todas aquellas personas que hab(cid:237)an expresado interØs en participar; b) de los 726 formularios enviados, se recibieron 393 respuestas, que fueron registradas. De ellas, 255 se consideraron admisibles; c) el Tribunal del concurso realiz(cid:243) un anÆlisis comparativo de los mØritos de los (1) Asuntos acumulados 4, 19 y 28/78: Salerno contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1978, p. 2403). (2) Asunto 225/82: Verzyck contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1983, p. 1991). (3) Asunto T-55/91: Olivier Fascilla contra Parlamento (Recopilaci(cid:243)n 1992, p. II-1757), apartados 34 y 36. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/83 La respuesta dada por la OAMI al demandante no conten(cid:237)a informaci(cid:243)n suficiente como para que Øste pudiera valorar los factores en que se hab(cid:237)a basado el Tribunal del con- curso para decidir su exclusi(cid:243)n, no permitiØndole tampoco conocer los motivos correspondientes. Por lo tanto, la res- puesta no le informaba de las razones por las que se excluy(cid:243) su candidatura. La OAMI justific(cid:243) la falta de motivaci(cid:243)n basÆndose en que el Sr. P. L. no hab(cid:237)a presentado un recurso formal contra la decisi(cid:243)n del Tribunal del concurso, sino una mera solicitud de informaci(cid:243)n adicional. Este requisito suplementario no se desprende de la Juris- prudencia del Tribunal de Justicia aplicable al caso. El Tri- bunal ha subrayado que el deber de la instituci(cid:243)n de moti- var sus decisiones entra en fuego cuando el candidato a un concurso solicita expresamente una explicaci(cid:243)n individual. 2. Contenido de la decisi(cid:243)n material En las observaciones que facilit(cid:243) al Defensor del Pueblo, la OAMI indicaba que el Tribunal del concurso hab(cid:237)a efec- tuado un anÆlisis comparativo de los mØritos de los candi- datos y hab(cid:237)a tenido en cuenta el tipo de tareas que se habr(cid:237)a de desempeæar, el equilibrio geogrÆfico y la expe- riencia internacional. As(cid:237), se dio preferencia a los candida- tos que hab(cid:237)an adquirido experiencia en un entorno inter- nacional. Sobre la base de esos criterios, el denunciante no hab(cid:237)a resultado seleccionado, pues su experiencia profesio- nal y sus conocimientos prÆcticos de lenguas extranjeras parec(cid:237)an limitados. El Defensor del Pueblo consider(cid:243) que esos aspectos de la respuesta ofrec(cid:237)an una explicaci(cid:243)n completa de las razones por las que el Tribunal del concurso no hab(cid:237)a seleccionado al demandante para los exÆmenes orales. Por consiguiente, la OAMI hab(cid:237)a respondido adecuadamente a las peticiones del demandante. En consecuencia, de las observaciones de la OAMI y la informaci(cid:243)n presentada por el demandante, se desprend(cid:237)a que la Oficina hab(cid:237)a tomado medidas para resolver la cues- ti(cid:243)n a satisfacci(cid:243)n del demandante. Por lo tanto, el Defen- sor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 3. 4. SOLUCIONES AMISTOSAS PROPUESTAS POR EL DEFENSOR DEL PUEBLO 3. 4. 1. PARLAMENTO EUROPEO GASTOS DE VIAJE DE UNA VISITA OFICIAL REALIZADA POR UN EURODIPUTADO Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 760/24. 7. 96/JC/UK/IJH contra el Parlamento Europeo Reclamaci(cid:243)n En julio de 1996, el Sr. C. , Miembro del Parlamento Europeo, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo. Los hechos pertinentes relativos a la reclamaci(cid:243)n fueron los siguientes: El Sr. C. era miembro del ComitØ de desarrollo y cooperaci(cid:243)n del Parlamento Europeo. Cuando sucedieron los hechos que dieron lugar a su reclamaci(cid:243)n, era el ponente del ComitØ para la Convenci(cid:243)n de LomØ. El ComitØ le dio instrucciones para que viajara a Par(cid:237)s junto con otro Membro del Parlamento Europeo, donde deb(cid:237)a participar en una reuni(cid:243)n con el Minis- tro de Asuntos Exteriores francØs el 26 de enero de 1995. HabiØndose celebrado este encuentro, el Parlamento procedi(cid:243) a abonar al Sr. C. los gastos derivados de esta misi(cid:243)n. Unas semanas mÆs tarde, el ComitØ le comunic(cid:243) que no hab(cid:237)a adver- tido a tiempo a la Mesa del Parlamento de la misi(cid:243)n, y que se le ordenaba el reembolso del dinero correspondiente a los gas- tos abonados. El Sr. C. recurri(cid:243) a los Cuestores y al Presidente del Parlamento, quienes le confirmaron que deb(cid:237)a reembolsar los gastos abona- dos. En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el Sr. C. sosten(cid:237)a que no era justo que un Membro del Parlamento Europeo al que se le hab(cid:237)an dado instrucciones para que realizara una misi(cid:243)n, tuviera que pagarse el viaje y los gastos por culpa del error de un tercero. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Parlamento La reclamaci(cid:243)n y los documentos adjuntos se transmitieron al Parlamento Europeo. Las observaciones del Parlamento inclu(cid:237)an los comentarios siguientes: No parece que el Æmbito de competencias y responsabilidades del Defensor del Pueblo le obligue a actuar como Ærbitro espec(cid:237)fico ni autoridad a quien deban recurrir los Miembros cuyas peticiones rechazan los (cid:243)rganos parlamentarios competentes (la Mesa y los Cuestores). [(cid:133)] Lamento que el Defensor del Pueblo haya tenido que intervenir en una desafortunada reclamaci(cid:243)n individual de esta naturaleza, y conf(cid:237)o en que considere inadmisible cualquier caso de este tipo que se le presente en el futuro. En cuanto a la esencia de la reclamaci(cid:243)n, inclu(cid:237)an dos cuestiones: las observaciones i) A pesar de que las reglas del Parlamento estipulan que para asistir a dichas reuniones se requiere una autorizaci(cid:243)n pre- via, el Sr. C. no hab(cid:237)a recibido ni solicitado dicha autoriza- ci(cid:243)n. ii) A cada Membro del Parlamento Europeo le corresponde una dieta de 3 000 ecus anuales para costear los viajes realizados en cumplimiento de sus deberes fuera del pa(cid:237)s donde ha sido elegido. Al Sr. C. se le hubiera concedido, si hubiera presentado una solicitud a su debido tiempo y pre- sentado los justificantes correspondientes, el reembolso de los gastos de viaje derivados de su visita a Par(cid:237)s, que se hubieran deducido de dicha cantidad. C 300/84 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Observaciones del demandante En sus observaciones, el Sr. C. declar(cid:243) que se hab(cid:237)a sentido profundamente agraviado por las observaciones que se repro- ducen en letra cursiva y entre comillas, y a aæadi(cid:243) que no estaba preocupado por los aspectos financieros de la cuesti(cid:243)n, sino por limpiar su nombre, pues consideraba que hab(cid:237)a sido «mancillado» a causa del enfoque que el Parlamento hab(cid:237)a dado a la cuesti(cid:243)n. Gestiones del Defensor del Pueblo para llegara a una soluci(cid:243)n amistosa Tras estudiar las observaciones del Parlamento y las del Sr. C. , el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que exist(cid:237)a una evidencia prima facie de mala administraci(cid:243)n, pues la declaraci(cid:243)n que figuraba en las observaciones del Parlamento, segœn la cual no se hab(cid:237)a presentado una petici(cid:243)n de autorizaci(cid:243)n, parec(cid:237)an estar en desacuerdo con las evidencias documentales adjuntas a la declaraci(cid:243)n del Sr. C. En una reuni(cid:243)n celebrada con los servicios del Defensor del Pueblo, el Sr. C. reiter(cid:243) que, tal como hab(cid:237)a declarado en sus observaciones, no estaba interesado en los aspectos financieros de la cuesti(cid:243)n. Indic(cid:243) que su reclamaci(cid:243)n hab(cid:237)a quedado satis- fecha cuando el Parlamento Europeo hab(cid:237)a declarado pœblica- mente que Øl hab(cid:237)a actuado de buena fe, y que efectivamente hab(cid:237)a pedido autorizaci(cid:243)n para realizar su misi(cid:243)n en Par(cid:237)s. Decisi(cid:243)n 1. El Parlamento Europeo declar(cid:243) pœblicamente que reconoc(cid:237)a que el demandante hab(cid:237)a actuado de buena fe y que hab(cid:237)a solicitado de hecho autorizaci(cid:243)n previa a su misi(cid:243)n en Par(cid:237)s. Por su parte, el demandante aclar(cid:243) que no pretend(cid:237)a reclamar los gastos que el Parlamento le hab(cid:237)a exigido que reembolsase en virtud del apartado 8 del art(cid:237)culo 22 y del art(cid:237)culo 139 del Reglamento interno del Parlamento (1). 2. De lo anterior se deduc(cid:237)a que, tras la iniciativa del Defensor del Pueblo de buscar una soluci(cid:243)n amistosa, no quedaban cuestiones en disputa entre el demandante y el Parlamento Europeo, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el caso. De acuerdo con el apartado 5 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto, el Defensor del Pueblo propuso entonces que se celebrase una reuni(cid:243)n entre sus servicios y los del Parlamento para discutir la posibilidad de una soluci(cid:243)n amistosa. Otras observaciones El 16 de enero de 1998, el entonces Presidente del Parlamento Europeo envi(cid:243) al Defensor del Pueblo una carta en la que inclu(cid:237)a los comentarios siguientes: «De acuerdo con el apartado 8 del art(cid:237)culo 22 y el apartado 5 del art(cid:237)culo 139 del Reglamento interno del Parlamento, los Miembros deben pedir autorizaci(cid:243)n a la Mesa para participar en reuniones que se celebren fuera de los lugares de trabajo habituales del Parlamento. El 18 de enero de 1995, Lord Plumb, Copresidente de la Asam- blea conjunta ACP-EU, envi(cid:243) una petici(cid:243)n para que se autorizase al Sr. C. a participar en una misi(cid:243)n en Par(cid:237)s. Sin embargo, debido a que la petici(cid:243)n se present(cid:243) tard(cid:237)amente, la Mesa no dis- puso de tiempo suficiente para considerarla, y la misi(cid:243)n sigui(cid:243) adelante sin la autorizaci(cid:243)n requerida. El Reglamento interno del Parlamento es claro sobre ese punto, y establece sin ninguna posibilidad de duda que la petici(cid:243)n debe presentarse por adelantado, y que no se prevØ la posibilidad de autorizaci(cid:243)n posterior a la misi(cid:243)n. En estas circunstancias, no considero pertinente que el Parlamento pueda pagar las dietas y gastos de viaje que se habr(cid:237)an concedido al Sr. C. en caso que la Mesa hubiera autorizado tal misi(cid:243)n. Nada de lo anterior pone en duda la buena fe del Sr. C. Estoy seguro de que Øl s(cid:243)lo pretend(cid:237)a realizar su trabajo de ponente de la mejor forma posible. » 1. El Parlamento Europeo no contest(cid:243) formalmente la compe- tencia del Defensor del Pueblo para intervenir en esta reclamaci(cid:243)n. Sin embargo, sugiri(cid:243) que deb(cid:237)a considerar inadmisibles los casos de este tipo que se le presentasen en el futuro, y que el Defensor del Pueblo no hab(cid:237)a de actuar como un «Ærbitro espec(cid:237)fico ni autoridad a quien deban recurrir los Miembros cuyas peticiones rechazan los (cid:243)rga- nos parlamentarios competentes». 2. Tal como se explica en el Informe anual de 1997, el Defen- sor del Pueblo no supervisa el trabajo pol(cid:237)tico del Parla- mento Europeo. Sin embargo, en ausencia de disposiciones expresas en el Tratado y en el Estatuto del Defensor del Pueblo (2), no existe una base legal para que el Defensor del Pueblo considere que las reclamaciones relativas a las tareas administrativas del Parlamento son inadmisibles. 3. De forma similar, aunque el Defensor del Pueblo Europeo no pretende que se le considere un medio de desagravio en (1) Apartado 8 del art(cid:237)culo 22: «La Mesa serÆ la autoridad responsable de autorizar las reuniones de ComitØs fuera de los lugares habitua- les de trabajo, as(cid:237) como las audiciones y los viajes de investigaci(cid:243)n y estudios que realicen los ponentes. ». Apartado 5 del art(cid:237)culo 139: «Cualquier comitØ puede, con el con- sentimiento de la Mesa del Parlamento, dar instrucciones a uno o mÆs de sus miembros para que realice viaje de investigaci(cid:243)n o de estudios. ». (2) Decisi(cid:243)n 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 1994 sobre el Estatuto y las condiciones generales de ejercicio de las funciones del Defensor del Pueblo (DO L 113 de 4. 5. 1994, p. 15). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/85 asuntos de este tipo, no existe base legal para que el Defen- sor del Pueblo considere inadmisibles las reclamaciones presentadas por Miembros del Parlamento Europeo en su propio nombre, siempre que se cumplan todas las condi- ciones de admisibilidad establecidas en el Estatuto. El apar- tado 4 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto exige que las reclamacio- nes vayan precedidas de las gestiones administrativas ade- cuadas, lo que, en un asunto de este tipo, incluye el plan- teamiento del caso ante las autoridades competentes del Parlamento. Estas autoridades pueden resolver normal- mente dichos casos de manera que no existan razones para otras reclamaciones. 4. De acuerdo con el art(cid:237)culo 138 E del Tratado CE, entre la investigaciones del Defensor del Pueblo se incluyen los posibles casos de mala administraci(cid:243)n. En toda investiga- ci(cid:243)n realizada por el Defensor del Pueblo, la instituci(cid:243)n afectada tiene la oportunidad de demostrar que no se ha producido mala administraci(cid:243)n facilitando observaciones que detallen, cuidadosa y correctamente, las cuestiones per- tinentes, para asegurarse de que el Defensor del Pueblo trata la reclamaci(cid:243)n de forma rÆpida y adecuada. 3. 4. 2. COMISI(cid:211)N EUROPEA la pobreza y la exclusi(cid:243)n social, incluido un esbozo de c(cid:243)mo organizaban y determinaban sus pol(cid:237)ticas. La solicitud del demandante se refer(cid:237)a a la compilaci(cid:243)n de los documentos de los Estados miembros. La Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) no enviarle copia de estas contribuciones, pues el documento en cuesti(cid:243)n no hab(cid:237)a sido producido por la Comisi(cid:243)n, sino que era un mate- rial creado originalmente por los distintos Estados miembros que la instituci(cid:243)n se hab(cid:237)a limitado a reunir. BasÆndose en la Decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de 8 de febrero de 1994 sobre el acceso del pœblico a los documentos de la Comi- si(cid:243)n, Østa decidi(cid:243) que el material solicitado no se pod(cid:237)a consi- derar como un documento suyo. La Comisi(cid:243)n opinaba que la solicitud se deber(cid:237)a haber dirigido a los autores de los diversos documentos, esto es, a los Estados miembros. Dado que la pol(cid:237)- tica sobre acceso del pœblico a documentos de la Comisi(cid:243)n s(cid:243)lo se refiere sus propios documentos, no se contemplaba la posibilidad que esta instituci(cid:243)n concediera acceso a documen- tos producidos por otras instituciones. No obstante, la Comi- si(cid:243)n seæal(cid:243) que, una vez hubiera completado el informe final, lo pondr(cid:237)a a la disposici(cid:243)n del demandante. La Comisi(cid:243)n suger(cid:237)a que el demandante deb(cid:237)a ponerse en con- tacto con el Ministerio de Previsi(cid:243)n Social irlandØs a fin de obtener la informaci(cid:243)n deseada. ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE LA COMISI(cid:211)N Comentarios del demandante Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1045/21. 11. 96/BH/IRL/JMA contra la Comisi(cid:243)n Europea En sus comentarios, el Sr. H. seæalaba que: Reclamaci(cid:243)n En noviembre de 1996, el Sr. H. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo relativa a la decisi(cid:243)n negativa de la Comisi(cid:243)n respecto a su petici(cid:243)n de acceso a un documento sobre las pol(cid:237)ticas contra la pobreza en la Uni(cid:243)n Europea. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n No hab(cid:237)a confusi(cid:243)n respecto al tipo de documento solicitado. Su demanda se refer(cid:237)a a un documento de la Comisi(cid:243)n y no a una serie de documentos distintos producidos por los Estados miembros. Puesto que este material se hab(cid:237)a traducido parcial- mente y circulaba con una presentaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, debe- r(cid:237)a considerarse como un documento de la Comisi(cid:243)n. El Sr. H. aæad(cid:237)a que en el verano de 1996, el texto se hab(cid:237)a divulgado en Irlanda como documento de la Comisi(cid:243)n. A pesar de que hab(cid:237)a solicitado una copia del mismo al Ministerio de Previsi(cid:243)n Social irlandØs, se hab(cid:237)a desestimado su solicitud sobre la base de que se refer(cid:237)a a un documento de la Comisi(cid:243)n y, por lo tanto, la decisi(cid:243)n de ponerlo a su disposici(cid:243)n corres- pond(cid:237)a por completo a dicha instituci(cid:243)n. La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, cuyas observaciones se resumen de este modo: En el programa de acci(cid:243)n social a medio plazo de la Comisi(cid:243)n para 1995-1997, se hab(cid:237)a anunciado que se iba a preparar un informe acerca de todas las acciones comunitarias sobre la la Comisi(cid:243)n pobreza y la exclusi(cid:243)n social. En consecuencia, empez(cid:243) a trabajar con los representantes de los Estados miem- bros, en el marco de un Grupo de alto nivel sobre exclusi(cid:243)n social. A ra(cid:237)z de una petici(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n realiz(cid:243) en 1996, cada Estado miembro suministr(cid:243) informaci(cid:243)n a disposici(cid:243)n de dicho grupo sobre los criterios nacionales seguidos para definir El Sr. H. no estaba de acuerdo con el parecer de la Comisi(cid:243)n. En tanto que el documento se hab(cid:237)a compilado y divulgado bajo la autoridad de esta instituci(cid:243)n, deber(cid:237)a considerarse como un documento de la misma. Por œltimo, el demandante seæalaba que el razonamiento de la Comisi(cid:243)n pod(cid:237)a tener consecuencias negativas para la trans- parencia en la Uni(cid:243)n Europea. Sobre la base de estas considera- ciones conclu(cid:237)a que, en pos del principio de transparencia, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a acceder a poner el documento a su disposi- ci(cid:243)n. C 300/86 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Investigaciones ulteriores A tal fin, hab(cid:237)a requerido autorizaci(cid:243)n a todos los Estados miembros para divulgar sus contribuciones. Dada la naturaleza del litigio, y con el fin de llegar a una solu- ci(cid:243)n satisfactoria del problema, el Defensor del Pueblo lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n de que el documento deb(cid:237)a ser inspeccionado por funcionarios de su Secretar(cid:237)a. El objeto de la inspecci(cid:243)n consist(cid:237)a en valorar si el documento era o no una simple com- pilaci(cid:243)n de diversas contribuciones de los Estados miembros y, si en consecuencia, quedaba excluido del acceso del pœblico. El 10 de octubre de 1997 se celebr(cid:243) una reuni(cid:243)n en los edifi- cios de la Comisi(cid:243)n en Bruselas para llevar a cabo dicha ins- pecci(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a informado de la inspecci(cid:243)n con anterioridad a todos los miembros del Grupo de alto nivel. Durante la reuni(cid:243)n, los funcionarios de la Comisi(cid:243)n que esta- ban presentes explicaron que el documento se hab(cid:237)a concebido originalmente en 1995 como un medio para mejorar la com- prensi(cid:243)n rec(cid:237)proca de las pol(cid:237)ticas nacionales de los Estados la miembros sobre pobreza y exclusi(cid:243)n social. Para lograrlo, Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a creado un Grupo de alto nivel, con la partici- paci(cid:243)n de expertos nacionales de todos los Estados miembros. En el marco de dicho Grupo de alto nivel, y con el fin de pre- parar las conversaciones, la Comisi(cid:243)n distribuy(cid:243) un cuestiona- rio entre todos los Estados miembros a finales de 1995. Los servicios de la Comisi(cid:243)n reunieron todas las respuestas recibi- das de los Estados miembros en un œnico documento que se distribuy(cid:243) en la reuni(cid:243)n del Grupo de alto nivel celebrada en junio de 1996. Gestiones del Defensor del Pueblo para llegar a una soluci(cid:243)n amistosa DespuØs de la inspecci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo escribi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, de conformidad con el apartado 5 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto, con el objeto de buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la reclamaci(cid:243)n. En su carta, el Defensor del Pueblo se refer(cid:237)a al papel de la Comisi(cid:243)n en la preparaci(cid:243)n del documento en cuesti(cid:243)n, y al hecho de que un Estado miembro hubiera deses- timado la reclamaci(cid:243)n sobre la base de que la solicitud deb(cid:237)a dirigirse a la Comisi(cid:243)n. Era lamentable que los intentos del demandante de obtener el documento se hubieran encontrado con una respuesta negativa tanto de un Estado miembro como de la Comisi(cid:243)n. Por otra parte el Defensor del Pueblo conside- raba que la falta de transparencia en este asunto concreto pod(cid:237)a debilitar la confianza del pœblico en la administraci(cid:243)n comunitaria, y frustrar los objetivos de la Declaraci(cid:243)n 17 adjunta al Tratado de la Uni(cid:243)n Europea, relativa al derecho de acceso a la informaci(cid:243)n. A la vista de estas consideraciones, el Defensor del Pueblo propon(cid:237)a una soluci(cid:243)n amistosa que per- mitiera a Comisi(cid:243)n facilitar al demandante acceso a los docu- mentos solicitados. El 13 de mayo y el 14 de julio de 1998, el Defensor del Pueblo recibi(cid:243) mÆs informaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n relativa a las respues- tas a tal solicitud. Se constat(cid:243) que todos los Estados miembros hab(cid:237)an consentido enviar sus documentos al demandante, y que algunos de ellos lo hab(cid:237)an hecho con ciertas condiciones respecto a la reproducci(cid:243)n y los derechos de autor. La Comi- si(cid:243)n acord(cid:243) incluso enviar al Sr. H. una copia de las notas pre- paradas por sus servicios durante la reuni(cid:243)n del Grupo de alto nivel sobre exclusi(cid:243)n social celebrada en junio de 1996. En sendas cartas al Defensor del Pueblo de 20 de mayo y de 24 de julio de 1998, el Sr. H. indicaba que se le hab(cid:237)an enviado todos los documentos inicialmente solicitados, como hab(cid:237)a propuesto el Defensor del Pueblo en su iniciativa para una soluci(cid:243)n amistosa. El demandante agradec(cid:237)a al Defensor del Pueblo el trabajo realizado y reconoc(cid:237)a el significativo pro- greso logrado. En su opini(cid:243)n, el Defensor del Pueblo hab(cid:237)a hecho todo lo que su poder y autoridad le permit(cid:237)an y, por lo tanto, estaba de acuerdo con que se archivara el asunto. No obstante, el demandante expresaba cierta preocupaci(cid:243)n res- pecto al uso de los documentos recibidos, y de manera general, seæal(cid:243) su inquietud respecto al procedimiento de acceso del pœblico a los documentos de la Uni(cid:243)n Europea. Decisi(cid:243)n A ra(cid:237)z de la iniciativa del Defensor del Pueblo, la instituci(cid:243)n y el demandante llegaron a una soluci(cid:243)n amistosa del problema, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. CONCURSO PARA CUBRIR UN PUESTO DE GESTOR FINANCIERO EN EL PROGRAMA PHARE Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1109/18. 12. 96/IGL/UK/IJH contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En diciembre de 1996, X present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo relativa a un concurso destinado a cubrir un puesto de gestor financiero de acuerdo con el programa Phare, y que hab(cid:237)a sido convocado por los servicios de la Comisi(cid:243)n (DG 1A). De conformidad con el apartado 3 del art(cid:237)- culo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo, X solicit(cid:243) que su reclamaci(cid:243)n se tramitara confidencialmente. En su respuesta del 3 de febrero de 1998, la Comisi(cid:243)n reafir- maba su posici(cid:243)n sobre la naturaleza del documento. Estaba de acuerdo, sin embargo, con la propuesta del Defensor del Pue- blo de alcanzar una soluci(cid:243)n ad hoc para este asunto concreto. Los hechos relevantes de la reclamaci(cid:243)n eran, en s(cid:237)ntesis, que X estaba empleado en Bruselas como gestor financiero en una unidad de coordinaci(cid:243)n del programa Phare. En agosto de 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/87 1994, este puesto se traslad(cid:243) a otro pa(cid:237)s. Tras recibir promesas informales sobre la duraci(cid:243)n del futuro per(cid:237)odo de empleo, X se traslad(cid:243) con su familia a este pa(cid:237)s. DespuØs de un aæo, aproximadamente, se convoc(cid:243) una oposici(cid:243)n para cubrir el puesto de gestor financiero, sin que X obtuviera el puesto. que parec(cid:237)an existir, a primera vista, pruebas suficientes de mala administraci(cid:243)n en la discrepancia entre las observaciones de la Comisi(cid:243)n, que afirmaba que no hab(cid:237)a tenido lugar una convocatoria de concurso, y la carta dirigida a X por la DG 1A, que hac(cid:237)a referencia al resultado de un ejercicio del con- curso. En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, X afirmaba que: i) El concurso no se hab(cid:237)a realizado de conformidad con el reglamento de Phare. ii) El ganador del concurso ni siquiera satisfac(cid:237)a totalmente las condiciones exigidas para el puesto. iii) El ganador del concurso ocupaba una posici(cid:243)n que le hab(cid:237)a permitido conocer los ingresos que X hab(cid:237)a percibido como gestor financiero. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que, en sus observa- ciones, facilit(cid:243) informaci(cid:243)n sobre el marco contractual y orga- nizativo del programa Phare. En relaci(cid:243)n con este asunto espec(cid:237)fico, las observaciones de la Comisi(cid:243)n hac(cid:237)an referencia a varios aspectos distintos. Se afir- maba que no se hab(cid:237)a realizado una convocatoria de concurso para el puesto de funcionario financiero, sino una evaluaci(cid:243)n comparativa de las cualificaciones de dos candidatos, uno de los cuales era X. Las observaciones tambiØn inclu(cid:237)an un anexo con varios documentos relativos al proceso de selecci(cid:243)n. Comentarios del demandante Los comentarios del demandante rebat(cid:237)an algunas de las afir- maciones de la Comisi(cid:243)n. Concretamente, se refer(cid:237)an a una carta del 22 de diciembre de 1995, dirigida a X por un funcio- nario de la DG 1A de la Comisi(cid:243)n. X facilit(cid:243) al Defensor del Pueblo una copia de dicha carta, que comenzaba del modo siguiente: «Lamento informarle de que la elecci(cid:243)n final realizada por el ComitØ de evaluaci(cid:243)n responsable de la convocatoria del concurso ((cid:133)) no consider(cid:243) su oferta como la mÆs ventajosa. ». Asimismo, X seæalaba que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a respondido a los incisos ii) y iii) de la reclamaci(cid:243)n. Por lo tanto, de conformidad con el apartado 5 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto, el Defensor del Pueblo escribi(cid:243) a la Secretar(cid:237)a General de la Comisi(cid:243)n para proponer una reuni(cid:243)n informal entre los servicios de la Comisi(cid:243)n y la Secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo, con el fin de discutir las posibilidad de una solu- ci(cid:243)n amistosa. Como consecuencia de esta reuni(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pueblo de que hab(cid:237)an tenido lugar conversaciones entre los servicios de la Comisi(cid:243)n y X. Posteriormente, X inform(cid:243) por fax al Defensor del Pueblo que hab(cid:237)a llegado a un acuerdo con la Comisi(cid:243)n en tØrminos de un arreglo econ(cid:243)mico de la reclamaci(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n tambiØn inform(cid:243) al Defensor del Pueblo de que se hab(cid:237)a llegado a un acuerdo amistoso. Decisi(cid:243)n De los resultados preliminares de la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo parecieron desprenderse pruebas suficientes de la existencia de mala administraci(cid:243)n. En consecuencia, y de conformidad con el apartado 5 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto (1), el Defensor del Pueblo propuso una reuni(cid:243)n informal con los servicios de la Comisi(cid:243)n. A ra(cid:237)z de esta iniciativa del Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n y el demandante llegaron a un acuerdo amistoso, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. NO RENOVACI(cid:211)N DE UN CONTRATO EXTERNO: SUPUESTA FALTA DE INFORMACI(cid:211)N A SU DEBIDO TIEMPO la reclamaci(cid:243)n 485/97/OV contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n Gestiones del Defensor del Pueblo para llegar a una soluci(cid:243)n amistosa Tras la evaluaci(cid:243)n de las observaciones de la Comisi(cid:243)n y los comentarios del demandante, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) En junio de 1997, el Sr. V. , periodista que trabajaba como corresponsal en la Representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n Europea en (1) «En la medida de lo posible, el Defensor del Pueblo buscarÆ con la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano afectado una soluci(cid:243)n, que permita eliminar los casos de mala administraci(cid:243)n y satisfacer la reclamaci(cid:243)n del demandante. ». C 300/88 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 La Haya, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo sobre la no renovaci(cid:243)n de su contrato. En primer lugar, seæa- laba que el Jefe de la Representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n se hab(cid:237)a negado a firmar la œltima renovaci(cid:243)n de su contrato de tres aæos porque estimaba que su funci(cid:243)n era superficial. Esto hab(cid:237)a ocurrido el 1 de abril de 1997, es decir, un mes despuØs de la fecha de vencimiento del contrato y sin que hubiera realizado ninguna consulta con la unidad audiovisual de la DG X (Infor- maci(cid:243)n, Comunicaci(cid:243)n, Cultura y Medios de Comunicaci(cid:243)n Audiovisuales) de la Comisi(cid:243)n. En segundo lugar, el deman- dante hab(cid:237)a estado trabajando normalmente durante todo el mes de marzo, si bien se le inform(cid:243) que no se le iba a pagar por ese mes. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. Por lo que se refiere a la no renovaci(cid:243)n del contrato, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que la duraci(cid:243)n inicial del contrato firmado el 25 de abril de 1996 por el Jefe saliente de la Representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n en La Haya, era de un aæo, renovable por otro aæo mÆs. Dado que el nuevo Jefe de la Representaci(cid:243)n se incorpor(cid:243) a su cargo el 3 de marzo de 1997, la decisi(cid:243)n de renovar o no el contrato del demandante se pospuso hasta su llegada. (cid:201)ste decidi(cid:243) que no era apropiado prolongar el contrato. Se inform(cid:243) oralmente al demandante de esta decisi(cid:243)n en dos reuniones con el Jefe de la Representaci(cid:243)n, que tuvieron lugar el 11 de marzo y el 1 de abril de 1997. A ra(cid:237)z de una nota de 3 de abril de 1997 en la que el demandante criticaba la decisi(cid:243)n, el Jefe de la Represen- taci(cid:243)n le inform(cid:243) por carta el 7 de abril de 1997 que no hab(cid:237)a base para revisar la decisi(cid:243)n. Decisi(cid:243)n 1. Supuesta omisi(cid:243)n de informar al demandante sobre la no renovaci(cid:243)n del contrato a su debido tiempo 1. 1. El demandante afirm(cid:243) que no se le hab(cid:237)a informado a su debido tiempo de la no renovaci(cid:243)n del contrato, sino tan s(cid:243)lo hasta un mes despuØs de la fecha de vencimiento del mismo. 1. 2. El Defensor del Pueblo puede tramitar las reclamaciones por mala administraci(cid:243)n nacidas de relaciones contractu- ales. Sin embargo, no intenta determinar si alguna de las partes ha violado el contrato. Esta cuesti(cid:243)n s(cid:243)lo podr(cid:237)an tratarla con eficacia los tribunales neerlandeses que, de conformidad con el art(cid:237)culo 7 del contrato, son compe- tentes para litigar entre las partes. Estos tribunales podr(cid:237)an escuchar los argumentos de las partes en relaci(cid:243)n con la legislaci(cid:243)n nacional correspondiente y evaluar las pruebas contradictorias sobre cualquier punto en disputa de los hechos. 1. 3. Por lo que se refiere a la obligaci(cid:243)n de informar a su debido tiempo, se constat(cid:243) que la fecha de vencimiento del contrato inicial era el 25 de abril de 1997, y no el 1 de marzo de 1997, como hab(cid:237)a indicado el demandante. Asimismo, se constat(cid:243) que se hab(cid:237)a informado al deman- dante de la no renovaci(cid:243)n veinticinco d(cid:237)as antes de la fecha de vencimiento del contrato, y no un mes despuØs de Østa como hab(cid:237)a indicado el demandante. Por lo tanto, se consider(cid:243) que no se hab(cid:237)a producido un caso de mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n respecto a la obligaci(cid:243)n de informar a su debido tiempo. Finalmente el demandante present(cid:243) una petici(cid:243)n para que se le pagara una cantidad de 2 500 ecus por el mes de marzo de 1997, correspondiente a un doceavo del pago debido por el per(cid:237)odo inicial. Esta petici(cid:243)n se desestim(cid:243). 2. Soluci(cid:243)n amistosa respecto al pago de 2 500 ecus correspondientes al mes de marzo de 1997 Por œltimo, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que hab(cid:237)a cierta confusi(cid:243)n res- pecto a la naturaleza exacta de los derechos contractuales del demandante, y declar(cid:243) que estaba dispuesta a buscar una solu- ci(cid:243)n amistosa con el demandante. MÆs adelante, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pueblo que se hab(cid:237)a llegado a una soluci(cid:243)n amistosa y que se iban a pagar al demandante los 2 500 ecus que reclamaba por sus actividades durante el mes de marzo de 1997. Comentarios del demandante 2. 1. Dado que el demandante hab(cid:237)a trabajado durante todo el mes de marzo de 1997, present(cid:243) una petici(cid:243)n para que se le pagara mes la cantidad de 2 500 ecus correspon- diente a este per(cid:237)odo, si bien esta petici(cid:243)n fue desestimada por la Representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) en sus observaciones que hab(cid:237)a existido cierta confusi(cid:243)n respecto a la naturaleza exacta de los derechos contractu- ales del demandante. Como consecuencia de la petici(cid:243)n del Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n se mostr(cid:243) dispuesta a encontrar una soluci(cid:243)n amistosa con el demandante y acord(cid:243) pagarle 2 500 ecus por las actividades que hab(cid:237)a desarrollado durante el mes de marzo de 1997. El deman- dante inform(cid:243) al Defensor del Pueblo de que estaba satis- fecho con el acuerdo que se hab(cid:237)a alcanzado. No se recibieron comentarios por escrito del demandante. Sin embargo, el 6 de julio de 1998 el demandante inform(cid:243) por telØfono a la oficina del Defensor del Pueblo de que estaba satisfecho con la soluci(cid:243)n amistosa, y dio las gracias al Defen- sor del Pueblo por su intervenci(cid:243)n. 2. 2. El Defensor del Pueblo tom(cid:243) nota del hecho de que este acuerdo eliminaba el posible caso de mala administraci(cid:243)n y de que el demandante hab(cid:237)a expresado su satisfacci(cid:243)n con el acuerdo. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/89 A la vista de las investigaciones del Defensor del Pueblo en relaci(cid:243)n con el punto 1 de la reclamaci(cid:243)n, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n. En cuanto al punto 2, se lleg(cid:243) a una soluci(cid:243)n amistosa. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. iii) El conjunto del procedimiento se caracteriz(cid:243) por los retra- sos evitables. iv) El superior del demandante abus(cid:243) de su poder al encargarle tareas incompatibles con su discapacidad. 3. 5. ASUNTOS CUYO ESTUDIO SE ARCHIV(cid:211) CON UN COMENTARIO CR˝TICO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO BasÆndose en los argumentos anteriores, el demandante solici- taba que el Parlamento Europeo reconociera el carÆcter laboral de su enfermedad, reclamando en consecuencia una compensa- ci(cid:243)n. 3. 5. 1. PARLAMENTO EUROPEO PERSONAL: RECONOCIMIENTO DE UNA ENFERMEDAD LABORAL Investigaci(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 977/28. 10. 96/ST/L/BB/(XD-ADB) contra el Parlamento Europeo Observaciones del Parlamento Europeo Reclamaci(cid:243)n El demandante hab(cid:237)a trabajado para el Parlamento Europeo en el marco de una pol(cid:237)tica de contrataci(cid:243)n de discapacitados. Declaraba haber contra(cid:237)do una enfermedad como consecuencia del duro trabajo que tuvo que realizar durante una sesi(cid:243)n par- lamentaria celebrada en Estrasburgo en 1984. Sosten(cid:237)a que su superior le hab(cid:237)a encargado tareas incompatibles con su disca- pacidad. En 1990, present(cid:243) al Parlamento Europeo una declaraci(cid:243)n basÆndose en el art(cid:237)culo 17 de las Normas sobre el seguro de los funcionarios de las Comunidades Europeas frente al riesgo de accidente o enfermedad laboral. El objetivo del demandante era que se le reconociese el deterioro de su salud como una enfermedad laboral. El Parlamento Europeo inici(cid:243) una investigaci(cid:243)n. En 1994, el demandante solicit(cid:243) que se designara un ComitØ mØdico de conformidad con el art(cid:237)culo 19 de las Normas anteriormente mencionadas. En 1996, el Parlamento Europeo desestim(cid:243) su solicitud de reconocimiento de enfermedad laboral basÆndose en el informe presentado por el ComitØ mØdico, que consider(cid:243) que la enfermedad era el resultado de la evoluci(cid:243)n de las con- diciones de salud previas del demandante. En 1996 el demandante impugn(cid:243) dicha decisi(cid:243)n, pero el Parla- mento Europeo rechaz(cid:243) su recurso. Ante ello, el demandante decidi(cid:243) presentar una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo Europeo. El demandante present(cid:243) cuatro argumentos: i) El Parlamento Europeo no realiz(cid:243) una investigaci(cid:243)n objeti- va, pues tuvo en cuenta documentos que no estaban rela- cionados con el asunto. El Parlamento Europeo seæal(cid:243) que hab(cid:237)a enviado al ComitØ mØdico todos los documentos remitidos por el demandante, a excepci(cid:243)n de cinco que no hab(cid:237)an sido recibidos por la institu- ci(cid:243)n, o no hab(cid:237)an sido enviados por el demandante. El Parlamento pod(cid:237)a reconocer cierto retraso en algunas fases del proceso. Sin embargo, el retraso se explicaba en raz(cid:243)n de la complejidad del caso, las continuas acciones que emprendi(cid:243) el demandante, las dificultades que entraæaba el estudio de documentos mØdicos (algunos de ellos en alemÆn), la redacci(cid:243)n de un muy detallado mandato para el ComitØ mØdico y, final- mente, la gesti(cid:243)n simultÆnea de otros tres asuntos relacionados con el demandante. El Parlamento adjunt(cid:243) a sus observaciones un resumen crono- l(cid:243)gico del procedimiento. Observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante mantuvo su reclamaci(cid:243)n e hizo los comentarios siguientes: i) Cuatro de los cinco documentos que el Parlamento Euro- peo declaraba no haber recibido se mencionaban en las conclusiones del ComitØ mØdico o llevaban el sello del Par- lamento Europeo. ii) El Parlamento no hab(cid:237)a llevado a cabo una investigaci(cid:243)n administrativa objetiva, y no hab(cid:237)a remitido al ComitØ mØdico los documentos correspondientes. El demandante sacaba la conclusi(cid:243)n de que el ComitØ mØdico no pudo tra- bajar adecuadamente, y que su razonamiento no era vÆlido. iii) La investigaci(cid:243)n del Parlamento no hab(cid:237)a sido transparente. ii) El Parlamento Europeo no entreg(cid:243) al ComitØ mØdico todos los documentos relacionados con el asunto. Para finalizar, el demandante ped(cid:237)a una soluci(cid:243)n amistosa. C 300/90 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Decisi(cid:243)n 3. Retrasos administrativos evitables por parte del Parlamento Europeo 1. Falta de transparencia en la investigaci(cid:243)n En el apartado 2 del art(cid:237)culo 17 de las Normas sobre el seguro de los funcionarios de las Comunidades Europeas frente al riesgo de accidente o enfermedad laboral se espe- cifica que: «La Administraci(cid:243)n debe realizar una investiga- ci(cid:243)n con el fin de obtener todos los detalles necesarios para determinar la naturaleza de la enfermedad (cid:133)». El Defensor del Pueblo observ(cid:243) que el Parlamento Europeo hab(cid:237)a reunido un gran nœmero de documentos, la mayo- r(cid:237)a de ellos remitidos por el propio demandante, que le permitieron que su requerimiento al ComitØ mØdico fuese muy detallado. Consider(cid:243) que no hab(cid:237)a pruebas claras de que la investigaci(cid:243)n realizada por el Parlamento Europeo careciera de objetividad y pretendiera perjudicar al deman- dante. Por lo tanto, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte del Parlamento en relaci(cid:243)n a este aspecto de la reclamaci(cid:243)n. El Defensor del Pueblo analiz(cid:243) cuidadosamente el resu- men de los hechos y argumentos presentados por el Parla- mento Europeo, y no constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto de la reclamaci(cid:243)n. 4. Abuso de poder por parte de un superior El Defensor del Pueblo hizo hincapiØ en que, de acuerdo con su Æmbito de competencias, no pod(cid:237)a tomar en consi- deraci(cid:243)n esa afirmaci(cid:243)n, pues se realiz(cid:243) mÆs de dos aæos despuØs de la fecha en que el demandante conoci(cid:243) de los hechos. Conclusiones 2. No remisi(cid:243)n de algunos documentos al ComitØ mØdico A la vista de las consideraciones anteriores, el Defensor del Pueblo hizo el comentario cr(cid:237)tico siguiente: 2. 1. Tras un cuidadoso examen del material que el Defensor del Pueblo ten(cid:237)a a su disposici(cid:243)n, result(cid:243) que algunos de los documentos de los que no se dispon(cid:237)a, segœn el Parla- mento, hab(cid:237)an sido, efectivamente, sellados por la institu- ci(cid:243)n. El Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que para una institu- ci(cid:243)n era buena prÆctica administrativa llevar un registro claro de los documentos que recib(cid:237)a. Dado que el Parla- mento Europeo no lo hab(cid:237)a hecho, consider(cid:243) que hab(cid:237)a incumplido ese principio. Para una instituci(cid:243)n es buena prÆctica administrativa llevar un registro claro de los documentos que recibe. Dado que el Parla- mento Europeo no lo hab(cid:237)a hecho, no hab(cid:237)a cumplido ese principio. El Defensor del Pueblo consider(cid:243) que no exist(cid:237)an bases que jus- tificasen un acuerdo amistoso sobre el asunto. Por lo tanto, archiv(cid:243) el asunto. 2. 2. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo estudi(cid:243) los argumen- tos del demandante, que sosten(cid:237)a que el hecho de que el informe del ComitØ mØdico le fuera desfavorable se deb(cid:237)a a que el Parlamento Europeo no hab(cid:237)a remitido a dicho ComitØ algunos de esos documentos. En primer lugar not(cid:243) que, en realidad, algunos de los documentos en cues- ti(cid:243)n se hab(cid:237)an remitido al ComitØ mØdico, pues Øste los mencionaba en su informe. TambiØn observ(cid:243) que uno de los miembros del ComitØ hab(cid:237)a sido designado por el demandante y, tal como ha sostenido el Tribunal Justicia, «los intereses del funcionario quedaban protegidos por la presencia en el ComitØ mØdico de un miembro que gozaba de su confianza, as(cid:237) como por el hecho de que el tercer miembro del ComitØ hab(cid:237)a sido designado por los otros dos, designados a su vez por las partes (cid:133)» (1). 2. 3. A la vista de los elementos anteriores, no parec(cid:237)a que el razonamiento del ComitØ MØdico pudiese considerarse invÆlido, ni que la conclusi(cid:243)n de su informe pudiera haber sido diferente. En consecuencia, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que no exist(cid:237)an elementos que justificasen un acuerdo amistoso sobre el asunto. (1) Asunto 2/87: Biedermann contra Tribunal de Cuentas (Recopilaci(cid:243)n 1988, p. 143). CONCURSO: OMISI(cid:211)N DE FACILITAR INFORMACI(cid:211)N PRECISA Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1051/25. 11. 96/AF/B/VK contra el Parlamento Europeo Reclamaci(cid:243)n Mediante cartas de noviembre de 1996 y enero de 1997, la Sra. F. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, en la que alegaba que el Parlamento Europeo se hab(cid:237)a negado a admitirla, por error, en los exÆmenes escritos del concurso PE/80/A. La denegaci(cid:243)n se basaba en que la demandante no fin de hab(cid:237)a presentado la necesaria documentaci(cid:243)n a demostrar que ten(cid:237)a un conocimiento excelente de una segunda lengua comunitaria, como se exig(cid:237)a en la convocatoria del concurso. La publicaci(cid:243)n del concurso en el Diario Oficial de las Comuni- dades Europeas se divid(cid:237)a en tres partes: i) disposiciones genera- les aplicables a los concursos generales, ii) criterios que han de seguir los participantes en concursos generales organizados por el Parlamento y iii) convocatoria del concurso en cuesti(cid:243)n. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/91 Por lo que se refiere a la documentaci(cid:243)n, bajo el encabeza- miento «Documentaci(cid:243)n» los criterios exigibles establec(cid:237)an que «Los candidatos deben proporcionar documentaci(cid:243)n para cual- quier demanda de excepci(cid:243)n a los l(cid:237)mites de edad, as(cid:237) como para la informaci(cid:243)n dada en el punto 9 (cid:147)formaci(cid:243)n(cid:148) y en el punto 12 (cid:147)experiencia profesional(cid:148) junto con su impreso de solicitud». Estos criterios no especificaban que se debiera pro- porcionar documentaci(cid:243)n para demostrar el conocimiento de una segunda lengua comunitaria. La convocatoria del concurso estipulaba, en el t(cid:237)tulo III. A. 2. , que «el Tribunal del concurso examina la documentaci(cid:243)n y establece la lista de candidatos que cumplen las condiciones especificadas en el t(cid:237)tulo II-B. El Tribunal del concurso basa su decisi(cid:243)n e n t e r a m e n t e en la informaci(cid:243)n dada en el impreso de solicitud, que se respalda con la documentaci(cid:243)n adjuntada». La condici(cid:243)n del t(cid:237)tulo II-B de la convocatoria se divid(cid:237)a en dos partes: la primera exig(cid:237)a que los candidatos poseyeran un diploma universitario o una experiencia profesional equivalen- te, y la segunda exig(cid:237)a que los candidatos poseyeran un conoci- miento muy bueno de una segunda lengua comunitaria. El impreso de solicitud conten(cid:237)a diversos encabezamientos, y s(cid:243)lo se requer(cid:237)a documentaci(cid:243)n para los encabezamientos 9 «formaci(cid:243)n» y 12 «experiencia profesional». El encabezamiento 7 se titulaba «conocimiento de lenguas» y se divid(cid:237)a en dos categor(cid:237)as: a) lengua materna y b) otras lenguas. No hab(cid:237)a ninguna menci(cid:243)n a que el candidato debiera proporcionar documentaci(cid:243)n que respaldase la informaci(cid:243)n del encabeza- miento 7. En agosto de 1996, se inform(cid:243) a la Sra. F. que no pod(cid:237)a ser admitida en los exÆmenes porque «por los documentos que present(cid:243), no se constat(cid:243) que tuviera un excelente conoci- miento de otra lengua comunitaria, como exig(cid:237)a el t(cid:237)tulo II, punto B. 2 del selecci(cid:243)n PE/80/A. ». anuncio del procedimiento de La Sra. F. recurri(cid:243) esta decisi(cid:243)n, sosteniendo que el texto del Diario Oficial de las Comunidades Europeas no exig(cid:237)a expl(cid:237)cita- mente documentos que demostraran el conocimiento de una segunda lengua comunitaria. El 3 de octubre de 1996, se desestim(cid:243) su apelaci(cid:243)n alegando que el Tribunal del concurso s(cid:243)lo pod(cid:237)a basar sus decisiones en la solicitud y en los docu- mentos adjuntos, y que los documentos que ella hab(cid:237)a presen- tado no demostraban que tuviera un excelente conocimiento de una segunda lengua comunitaria. A la vista de esta informaci(cid:243)n, la Sra. F. present(cid:243) una reclama- ci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo. En lo esencial, expon(cid:237)a tres argumentos: 1) La informaci(cid:243)n facilitada a los candidatos relativa a la documentaci(cid:243)n resultaba confusa y engaæosa. Los criterios de selecci(cid:243)n no requer(cid:237)an documentaci(cid:243)n para el conoci- miento de lenguas, debiendo Østos prevalecer sobre las nor- mas contenidas en la convocatoria del concurso. lamento Europeo y, por lo tanto, resultaba obvio que cum- pl(cid:237)a dichos requisitos. 3) El Tribunal del concurso hab(cid:237)a violado el principio de igualdad de trato de los candidatos, ya que, tras una apela- ci(cid:243)n, se hab(cid:237)a admitido a concurso a otro candidato que se encontraba en una situaci(cid:243)n similar a la suya. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Parlamento La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) al Parlamento Europeo, que afirm(cid:243) en sus observaciones que la decisi(cid:243)n de excluir a la Sra. F. se basaba en la redacci(cid:243)n de la convocatoria del concurso, que deb(cid:237)a prevalecer sobre los criterios de selecci(cid:243)n. Comentarios de la demandante En sus comentarios, la Sra. F. mantuvo el objeto de su reclama- ci(cid:243)n. Decisi(cid:243)n 1. Omisi(cid:243)n de facilitar informaci(cid:243)n precisa El facilitar la informaci(cid:243)n mÆs precisa posible sobre las condiciones de elegibilidad para un puesto constituye una buena prÆctica administrativa. Con ello se permite que el candidato decida si desea o no solicitar tal puesto, y cono- cer quØ documentos justificantes son importantes y, por tanto, deben ser incluidos en el impreso de solicitud (1). De conformidad con las los criterios de selecci(cid:243)n de los participantes, s(cid:243)lo se requer(cid:237)a documentaci(cid:243)n para justifi- car el cumplimiento de los requisitos estipulados en los puntos 9 y 12 del impreso de solicitud, cuyos t(cid:237)tulos se refer(cid:237)an a «formaci(cid:243)n» y «experiencia profesional», respec- tivamente. Sin embargo, la convocatoria del concurso esti- pulaba que los candidatos deb(cid:237)an entregar copias de los diplomas, referencias laborales o «cualquier otro docu- mento» que respaldara lo declarado en el impreso de soli- citud. Se constat(cid:243) que la informaci(cid:243)n facilitada en los cri- terios de selecci(cid:243)n y en la convocatoria resultaba contra- dictoria en cuanto a los requisitos de documentaci(cid:243)n. Sin menoscabo del valor legal de los textos, quedaba claro que ambos ten(cid:237)an la funci(cid:243)n de informar correctamente al candidato a un concurso concreto y, por lo tanto, no deb(cid:237)an discrepar. En consecuencia, el Parlamento hab(cid:237)a omitido facilitar a la demandante informaci(cid:243)n clara y precisa sobre el hecho de que consideraba que el conocimiento de lenguas deb(cid:237)a ir acompaæado de pruebas. Deber(cid:237)a haber garantizado que los candidatos recib(cid:237)an instrucciones sobre los requisitos del concurso. 2) El Tribunal del concurso deber(cid:237)a haber llegado a la conclu- si(cid:243)n que la demandante cumpl(cid:237)a los requisitos sobre los idiomas, pues en su solicitud se pod(cid:237)a constatar que hab(cid:237)a estado trabajando como ayudante de un Miembro del Par- (1) Sentencia de 28 de noviembre de 1991en el asunto T-158/89: Van (Recopilaci(cid:243)n 1991, Hecken contra ComitØ Econ(cid:243)mico y Social p. II-1341). C 300/92 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 2. Experiencia laboral como prueba de las cualificaciones ling(cid:252)(cid:237)sticas apropiado buscar un acuerdo amistoso del litigio, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. Aun considerando el ambiente de trabajo pluriling(cid:252)e en el Parlamento Europeo que de demandante hab(cid:237)a ocupado como asistente de un parlamentario, el hecho de que alguien trabaje en esta instituci(cid:243)n no constituye, por s(cid:237) mismo, prueba de un conocimiento suficiente de otra len- gua comunitaria. 3. 5. 2. CONSEJO DE LA UNI(cid:211)N EUROPEA DECISI(cid:211)N 93/731/CE DEL CONSEJO: SIGNIFICADO DE «SOLICITUD REITERADA» Y «DOCUMENTOS VOLUMINOSOS» 3. Igualdad de trato para todos los candidatos por parte del Tribunal del concurso Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1053/25. 11. 96/STATEWATCH/UK/ IJH contra el Consejo Como apoyo a sus afirmaciones, la Sra. F. explic(cid:243) que otro candidato, al que hab(cid:237)an rechazado por las mismas razones, hab(cid:237)a sido admitido en el procedimiento de selec- ci(cid:243)n despuØs de que en su apelaci(cid:243)n argumentara que la estricta interpretaci(cid:243)n de la redacci(cid:243)n de la convocatoria del concurso no implicaba que se exigieran documentos para demostrar el conocimiento de una segunda lengua comunitaria. Dada la ausencia de indicaciones respecto a la identidad de dicha persona, el Defensor del Pueblo no pudo investigar con mÆs detalle este alegato. Conclusi(cid:243)n Sobre la base de la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario realizar los comentarios cr(cid:237)ticos siguientes: El facilitar la informaci(cid:243)n mÆs precisa posible sobre las condi- ciones de elegibilidad para un puesto constituye una buena prÆctica administrativa. Con ello se permite que el candidato decida si desea o no solicitar tal puesto, y conocer quØ docu- mentos justificantes son importantes y, por tanto, deben ser incluidos en el impreso de solicitud (1). De conformidad con los criterios de selecci(cid:243)n de los partici- pantes, s(cid:243)lo se requer(cid:237)a documentaci(cid:243)n para justificar el cum- plimiento de los requisitos estipulados en los puntos 9 y 12 del impreso de solicitud, cuyos t(cid:237)tulos se refer(cid:237)an a «formaci(cid:243)n» la y «experiencia profesional», respectivamente. Sin embargo, convocatoria del concurso estipulaba que los candidatos deb(cid:237)an entregar copias de los diplomas, referencias laborales o «cual- quier otro documento» que respaldara lo declarado en el impreso de solicitud. Se constat(cid:243) que la informaci(cid:243)n facilitada en las criterios de selecci(cid:243)n y en la convocatoria resultaba con- tradictoria en cuanto a los requisitos de documentaci(cid:243)n. Sin menoscabo del valor legal de los textos, quedaba claro que ambos ten(cid:237)an la funci(cid:243)n de informar correctamente al candi- dato a un concurso concreto y, por lo tanto, no deb(cid:237)an discre- par. En consecuencia, el Parlamento hab(cid:237)a omitido facilitar a la demandante informaci(cid:243)n clara y precisa sobre el hecho de que consideraba que el conocimiento de lenguas deb(cid:237)a ir acom- paæado de pruebas. Deber(cid:237)a haber garantizado que los candida- tos recib(cid:237)an instrucciones sobre los requisitos del concurso. Dado que este aspecto del asunto se refer(cid:237)a a procedimientos relativos a acontecimientos espec(cid:237)ficos del pasado, no resultaba (1) Sentencia de 28 de noviembre de 1991 en el asunto T-158: Van Hecken contra ComitØ Econ(cid:243)mico y Social (Recopilaci(cid:243)n 1991, p. II(cid:150)1341). Reclamaci(cid:243)n En febrero de 1996, el Sr. B. escribi(cid:243) al Consejo solicitando copias de las actas de catorce reuniones del ComitØ K. 4, que depende del Consejo de Ministros de Justicia e Interior. Su soli- citud se realiz(cid:243) en virtud de la Decisi(cid:243)n del Consejo relativa al acceso del pœblico a los documentos del Consejo (2) (en lo sucesivo denominada «la Decisi(cid:243)n 93/731/CE»). En abril de 1996, la Secretar(cid:237)a General del Consejo contest(cid:243) a la solicitud refiriØndose al texto del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, que establece que : «Los servicios competentes de la Secretar(cid:237)a General tratarÆn de hallar una soluci(cid:243)n equitativa para dar curso a las solicitudes rei- teradas y a las que se refieren a documentos voluminosos. » La respuesta afirmaba que la demanda constitu(cid:237)a una «solicitud reiterada que, ademÆs, se refer(cid:237)a a documentos numerosos» y que, como «soluci(cid:243)n equitativa», la Secretar(cid:237)a General se com- promet(cid:237)a a facilitarle cinco de los catorce documentos solicita- dos. El Sr. B. present(cid:243) una solicitud de confirmaci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con los otros nueve documentos, pero la Presidencia del Con- sejo mantuvo su decisi(cid:243)n original. En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el Sr. B. sosten(cid:237)a que el Consejo no ten(cid:237)a derecho a aplicar el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE como raz(cid:243)n para rechazar parte de su solicitud de documentos porque: i) nunca antes hab(cid:237)a solicitado esos documentos en cuesti(cid:243)n. En su opini(cid:243)n, el tØrmino «solicitudes reiteradas» se refiere a una situaci(cid:243)n en la que una persona solicita el mismo documento una y otra vez, ii) el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 se refiere a «documentos volu- minosos», no a «documentos numerosos», como se mencio- naba en la respuesta de la Secretar(cid:237)a General. Es mÆs, en febrero de 1996, el Consejo introdujo un sistema de cobro por los documentos solicitados, y el Sr. B. suger(cid:237)a que, por lo tanto, el tamaæo o nœmero de los documentos solicita- dos resultaba irrelevante. (2) Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo (DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 43). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/93 Investigaci(cid:243)n Observaciones del Consejo no estaba facultado para utilizar el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE como raz(cid:243)n para denegar el acceso a parte de los documentos. Las observaciones del Consejo inclu(cid:237)an, en s(cid:237)ntesis, los puntos siguientes: El demandante utiliza una tØcnica sistemÆtica para acceder a todos los documentos JAI del Consejo. Esta tØcnica consiste en solicitar, en un primer momento, los (cid:243)rdenes del d(cid:237)a de todos los (cid:243)rganos del Consejo que tramitan materias JAI y, posterior- mente, solicitar todos los documentos mencionados en dichos (cid:243)rdenes del d(cid:237)a. El apartado 2 del art(cid:237)culo 3 debe interpretarse de una manera prÆctica. Si una persona continœa solicitando el acceso a un documento que ya se le ha denegado y las circunstancias que motivaron tal rechazo permanecen inalteradas, la Secretar(cid:237)a General no estÆ obligada a encontrar una soluci(cid:243)n equitativa, sino que puede adoptar una soluci(cid:243)n idØntica, es decir, puede seguir reteniendo el documento. Restringir el concepto de «soli- citudes reiteradas» a las referidas al mismo documento ser(cid:237)a, por lo tanto, privar al apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de un tal efecto prÆctico. En opini(cid:243)n del Consejo, el concepto de «solicitud reiterada» incluye los casos en que una persona solicita regular y sistemÆ- ticamente, y durante un largo per(cid:237)odo de tiempo, el acceso a un gran nœmero de documentos del mismo tipo, no necesaria- mente idØnticos. En este contexto, el nœmero de documentos solicitados se convierte en uno de los criterios que se deben tener en cuenta. Como muestra claramente la redacci(cid:243)n del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, el volu- men de los documentos solicitados constituye un criterio aparte que puede justificar la aplicaci(cid:243)n de una soluci(cid:243)n equi- tativa, aun cuando la solicitud no sea repetitiva. La versi(cid:243)n francesa del apartado 2 del art(cid:237)culo 3, que sirvi(cid:243) de base para la traducci(cid:243)n a los demÆs idiomas, se refiere a una «demande rØpØtitive», que es un tØrmino con connotaciones negativas y peyorativas. En opini(cid:243)n del Consejo, el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Deci- si(cid:243)n 93/731/CE tiene como objetivo salvaguardar la eficacia de su administraci(cid:243)n en casos excepcionales, y hasta ahora s(cid:243)lo se ha aplicado de manera limitada. El cobro de tasas por el suministro de documentos se basa en el apartado 1 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, por lo que no afecta a la norma de principio estipulada en el apartado 2 del art(cid:237)culo 3. Comentarios del demandante En sus observaciones, el Sr. B. criticaba detalladamente las observaciones del Consejo y manten(cid:237)a su parecer de que Øste Decisi(cid:243)n 1. Decisi(cid:243)n 93/731/CE 1. 1. La Decisi(cid:243)n 93/731/CE ha desarrollado los principios establecidos en el C(cid:243)digo de conducta relativos al acceso a los documentos del Consejo y de la Comisi(cid:243)n (1). El objetivo de la Decisi(cid:243)n es hacer efectivo el principio de que los ciudadanos tengan el mÆximo acceso posible a la informaci(cid:243)n, con vistas a fortalecer el carÆcter democrÆ- tico de las instituciones y la confianza del pœblico en la administraci(cid:243)n (2). 1. 2. El procedimiento que debe seguir el Consejo en la trami- taci(cid:243)n de las solicitudes de acceso a documentos se esta- blece en los art(cid:237)culos 3, 5, 6 y 7 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. Estos art(cid:237)culos prevØn un procedimiento de dos fases. En la primera, corresponde a la Secretar(cid:237)a Gene- ral tramitar las solicitudes, y en su nombre el Secretario General contesta al solicitante. En caso de respuesta nega- tiva, el solicitante tiene la oportunidad de iniciar una segunda fase mediante una solicitud de confirmaci(cid:243)n. Si Østa es denegada, el Consejo se encargarÆ de responder al solicitante. 2. La disposici(cid:243)n debatida: el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 2. 1. De conformidad con apartado 2 del el art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE: «Los servicios competentes de la Secretar(cid:237)a General tratarÆn de hallar una soluci(cid:243)n equitativa para dar curso a las solici- tudes reiteradas y a las que se refieren a documentos volumi- nosos. » La referencia a la Secretar(cid:237)a General indica que la posibili- dad de una soluci(cid:243)n equitativa se prevØ en la fase de soli- citud inicial, como tambiØn es el caso de la disposici(cid:243)n correspondiente del C(cid:243)digo de conducta, que va mÆs allÆ y prevØ que se encuentre una soluci(cid:243)n equitativa «consul- tando con los solicitantes» (3). 2. 2. Ni el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 ni la disposici(cid:243)n corres- pondiente del C(cid:243)digo de conducta estipulan expresamente una excepci(cid:243)n a la norma general de acceso del pœblico que pueda utilizarse para denegar una solicitud de acceso a documentos. En este asunto, sin embargo, el Consejo se (1) DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 41. (2) Sentencia de 17 de junio de 1998 en el asunto T-174/95: Svenska Journalistf(cid:246)rbundet (Tidningen Journalisten) contra Consejo apar- tado 66. (3) Consultando con los solicitantes, la instituci(cid:243)n afectada encontrarÆ una soluci(cid:243)n equitativa para tratar las solicitudes repetidas y/o las referidas a documentos muy extensos. C 300/94 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 justificaba sobre la base del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 para rechazar la solicitud de confirmaci(cid:243)n del demandante sobre los nueve documentos que la Secretar(cid:237)a General no le hab(cid:237)a facilitado. documento del Consejo, sin estar obligada a presentar las razones de la demanda (2). El Consejo no puede bloquear leg(cid:237)timamente el acceso a documentos debido a una posi- ble actitud negativa hacia los prop(cid:243)sitos de la solicitud, o hacia la persona que la haya presentado. 2. 3. El demandante rebat(cid:237)a la interpretaci(cid:243)n del Consejo del tØrmino «solicitud reiterada». Asimismo, afirmaba que la respuesta de la Secretar(cid:237)a General a su solicitud inicial no era adecuada, pues en ella se consideraba que el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 tambiØn se aplica numerosos documen- tos. 2. 4. Segœn las observaciones del Consejo al Defensor del Pue- blo: «el concepto de s o l i c i t u d r e i t e r a d a se refiere, entre otras cosas, a los casos en los que una persona solicita regu- lar y sistemÆticamente, y durante un largo per(cid:237)odo de tiem- po, el acceso a un gran nœmero de documentos del mismo tipo, no necesariamente idØnticos. » Asimismo, el Consejo afirmaba en sus observaciones que «el volumen de los documentos solicitados constituye un criterio aparte que puede justificar la aplicaci(cid:243)n de una soluci(cid:243)n equitativa, aun cuando la solicitud no sea repeti- tiva». 3. 3. El tØrmino «solicitud reiterada» parece referirse, natural- mente, a las solicitudes relativas a un mismo documento. En esta interpretaci(cid:243)n, los efectos prÆcticos del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 incluyen la posibilidad de que una soluci(cid:243)n equitativa permita a los servicios del Consejo tramitar efi- cientemente los casos en que una misma persona presenta repetidas solicitudes para el mismo documento, esperando o alegando que las circunstancias que motivaron las ante- riores denegaciones puedan haber cambiado. 3. 4. Ampliar el sentido de «solicitudes reiteradas» de manera que incluya distintas solicitudes de documentos por parte de una misma persona anular(cid:237)a la aplicaci(cid:243)n de la norma general. La Decisi(cid:243)n 93/731/CE no impone ningœn l(cid:237)mite al nœmero de documentos que, legalmente, un ciudadano puede solicitar. En ausencia de tal l(cid:237)mite, la interpretaci(cid:243)n del Consejo podr(cid:237)a violar el principio de seguridad jur(cid:237)- dica pues no se podr(cid:237)a saber de antemano cuÆntos docu- mentos distintos se pueden solicitar antes de que el Con- sejo considere que la solicitud es «reiterada». 2. 5. Por lo tanto, se constataba que la discrepancia entre el demandante y el Consejo reside en la interpretaci(cid:243)n de los tØrminos «solicitudes reiteradas» y «documentos volumino- sos» utilizados en el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Deci- si(cid:243)n 93/731/CE. Ninguno de los tØrminos queda definido en la propia Decisi(cid:243)n ni en el C(cid:243)digo de conducta. 3. 5. Interpretar el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de manera que todas las solicitudes de documentos numerosos entren dentro de su Æmbito conduce al mismo resultado prÆctico que interpretar «solicitud reiterada» de forma que incluya las solicitudes de una misma persona de documentos dis- tintos. En consecuencia, son de aplicaci(cid:243)n los mismos argumentos contra dicha interpretaci(cid:243)n. 3. Significado de las expresiones «solicitudes reiteradas» y «documentos voluminosos» 3. 1. En tanto que el Consejo puede, si as(cid:237) lo considera oportu- no, utilizar el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 como justificaci(cid:243)n para rechazar, en todo o en parte, una solicitud de acceso a documentos, la disposici(cid:243)n opera como excepci(cid:243)n a la norma general contenida en la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Pri- mera Instancia, cuando se establece un principio general y posteriormente se dictan excepciones a dicho principio, Østas deberÆn interpretarse y aplicarse estrictamente, de manera que no anulen la aplicaci(cid:243)n de la norma gene- ral (1). 3. 2. La Decisi(cid:243)n 93/731/CE confiere a los ciudadanos el dere- cho a acceder a documentos en poder del Consejo. Toda persona estÆ autorizada a solicitar acceso a cualquier (1) Asunto T-194/94: John Carvel y Guardian Newspapers contra Con- sejo, Recopilaci(cid:243)n 1995, p. II-2765; asunto T-105/95: World Wide Fund for Nature (WWF) contra Comisi(cid:243)n Recopilaci(cid:243)n 1997, p. II-313; asunto T-174/95: Svenska Journalistf(cid:246)rbundet (Tidningen Journalisten) contra Consejo, sentencia de 17 de junio de 1998. 3. 6. En consecuencia, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que el Consejo hab(cid:237)a interpretado err(cid:243)neamente el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE y que en este asunto no ten(cid:237)a derecho a utilizar dicho art(cid:237)culo como raz(cid:243)n para rechazar parte de la solicitud del demandante. El tØrmino «solicitudes reiteradas» del apartado 2 del art(cid:237)- culo 3 no incluye las solicitudes de una misma persona de documentos distintos, y no es posible interpretar el art(cid:237)culo de manera que pueda aplicarse a cualquier solici- tud de documentos numerosos. Debe recordarse, sin embargo, que la autoridad mÆxima para decidir sobre el significado y la interpretaci(cid:243)n del Derecho comunitario es el Tribunal de Justicia. Conclusi(cid:243)n Sobre la base de las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario emitir el comentario cr(cid:237)tico siguiente: (2) Sentencia de 17 de junio de 1998 en el asunto T-174/95: Svenska Journalistf(cid:246)rbundet (Tidningen Journalisten) contra Consejo, apar- tado 109. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/95 El Defensor del Pueblo considera que el Consejo ha interpre- tado err(cid:243)neamente el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, y que en este asunto no ten(cid:237)a derecho a utilizar dicho art(cid:237)culo como justificaci(cid:243)n para rechazar parcialmente la solicitud del demandante. El tØrmino «solicitudes reiteradas» del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 no incluye aquellas dirigidas sobre documentos distintos por parte de una misma persona, y no es posible interpretar el art(cid:237)culo de manera que se pueda aplicar a cualquier solicitud de documentos numerosos. Sin embargo, debe recordarse que la autoridad mÆxima para decidir sobre el significado y la interpretaci(cid:243)n del Derecho comunitario es el Tribunal de Justicia. El apartado 3 del art(cid:237)culo 7 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Con- sejo estipula expresamente que a un solicitante al que se le deniegue la solicitud de confirmaci(cid:243)n de acceso a documentos, debe ser informado de la posibilidad de presentar una reclama- ci(cid:243)n al respecto ante el Defensor del Pueblo. El comentario cr(cid:237)- tico del Defensor del Pueblo implica que el Consejo deba reconsiderar la solicitud de confirmaci(cid:243)n del demandante de 17 de abril de 1996 y concederle acceso a los documentos solicitados, a menos que se aplique una de las excepciones con- tenidas en el art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. Dado que correspond(cid:237)a al Consejo llevar a cabo esta reconsideraci(cid:243)n y comunicar el resultado al demandante, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. Otros comentarios documentos Las observaciones del Consejo en relaci(cid:243)n con este asunto hac(cid:237)an referencia a la introducci(cid:243)n de un sistema de cobro por los la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. El Defensor del Pueblo estuvo de acuerdo con la opini(cid:243)n del Consejo de que dicho sistema de cobro era legal- mente irrelevante respecto a la interpretaci(cid:243)n del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. en virtud facilitados, de Sin embargo, las observaciones del Consejo tambiØn expresa- ban una leg(cid:237)tima preocupaci(cid:243)n por salvaguardar la eficacia de su administraci(cid:243)n. En ese contexto, el Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que los Estados miembros que gozan de amplia expe- riencia en la administraci(cid:243)n del derecho al acceso del pœblico a los documentos, utilizan a menudo el sistema de cobro como protecci(cid:243)n en la tramitaci(cid:243)n de las solicitudes de documentos que imponen una pesada carga administrativa. CONSEJO: ACCESO P(cid:218)BLICO A LOS DOCUMENTOS Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1056/25. 11. 96/STATEWATCH/UK/ IJH contra el Consejo Reclamaci(cid:243)n calendario estaba referido al Æmbito de materias de Justicia e Interior, durante el per(cid:237)odo de la Presidencia irlandesa (julio-di- ciembre de 1996). Su petici(cid:243)n se amparaba en la Decisi(cid:243)n del Consejo relativa al acceso pœblico a los documentos del Conse- jo (1) (en adelante, denominada «la Decisi(cid:243)n 93/731/CE»). Por carta de 29 de julio de 1996, la Secretar(cid:237)a General del Consejo desestim(cid:243) la petici(cid:243)n. La carta, referida al apartado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE rezaba as(cid:237): «Cuando el documento solicitado tenga por autor a una persona f(cid:237)sica o jur(cid:237)dica, un Estado miembro, otra instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario o cualquier otro organismo nacional o internacional, la solicitud no deberÆ ir dirigida al Consejo, sino directamente al autor del documento. » En la carta se afirmaba que la responsabilidad del calendario de reuniones correspond(cid:237)a a la Presidencia, y no a la Secretar(cid:237)a General del Consejo, y que, por lo tanto, el Sr. B. deb(cid:237)a dirigir su petici(cid:243)n directamente a la Presidencia irlandesa. El 15 de agosto de 1996, el denunciante escribi(cid:243) a la Representaci(cid:243)n Permanente de Irlanda ante la Uni(cid:243)n Europea solicitando el calendario de reuniones. La petici(cid:243)n fue desechada porque «no tenemos intenci(cid:243)n de hacer pœblica la informaci(cid:243)n en cues- ti(cid:243)n». El Sr. B. sosten(cid:237)a que, segœn el apartado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, la Secretar(cid:237)a General no ten(cid:237)a raz(cid:243)n al desestimar su petici(cid:243)n, pues la Presidencia no es «otra institu- ci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario» sino una funci(cid:243)n u oficina del pro- pio Consejo. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Consejo La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) al Consejo, que formul(cid:243) las observa- ciones siguientes: «En este caso, la Secretar(cid:237)a General consider(cid:243) que el calendario detallado era s(cid:243)lo una herramienta informal para organizar los procedimientos del Consejo, constantemente actualizada por la la Secretar(cid:237)a no distribu(cid:237)a ni archivaba Presidencia y que sistemÆticamente. Las fechas de las reuniones que figuraban en el calendario eran provisionales, y se formalizaban convocando oficialmente la reuni(cid:243)n por tØlex. Dado que la Secretar(cid:237)a General era, por lo tanto, incapaz de determinar con precisi(cid:243)n si la versi(cid:243)n del calendario de reuniones que obraba en su poder era la versi(cid:243)n final del documento, pidi(cid:243) al Sr. B. que se dirigiese directamente a la Presidencia, que era la œnica que pod(cid:237)a facilitar informaci(cid:243)n precisa sobre su estado de programaci(cid:243)n en aquel momento. En julio de 1996, el Sr. B. escribi(cid:243) a la Secretar(cid:237)a General del Consejo pidiendo una copia del calendario de reuniones de los grupos directivos y los grupos de trabajo de la instituci(cid:243)n. Este (1) Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo de 20 de diciembre de 1993 (DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 43). C 300/96 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 A la vista de los argumentos del Sr. B. el Secretario General estÆ reconsiderando la prÆctica y la interpretaci(cid:243)n del apartado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, con relaci(cid:243)n a las peticio- nes de acceso a los documentos de ese tipo. » tos y, en segundo lugar, porque las observaciones del deman- dante hab(cid:237)an suscitado una nueva cuesti(cid:243)n: la desestimaci(cid:243)n de su solicitud de confirmaci(cid:243)n del 28 de julio de 1997 para acce- der a los programas del «Grupo de nivel superior» y de la «Task Force UE-EE UU». En respuesta a una petici(cid:243)n del Defensor del Pueblo de infor- maci(cid:243)n adicional, el Consejo comunic(cid:243) que ya hab(cid:237)a cambiado esa prÆctica y que la Secretar(cid:237)a General hab(cid:237)a garantizado el acceso a los calendarios de las reuniones a celebrarse durante la Presidencia luxemburguesa. TambiØn inform(cid:243) de su inten- ci(cid:243)n de seguir la misma pol(cid:237)tica en el futuro, en el marco de asuntos similares. El Consejo aclar(cid:243) tambiØn que dichos calendarios no ten(cid:237)an carÆcter oficial ni vinculante, que estaban sujetos a modifica- ciones durante el per(cid:237)odo de Presidencia, y que la convocatoria oficial de las reuniones se realiza por medio de tØlex en los que se establecen las fechas y los programas. Observaciones del demandante En s(cid:237)ntesis, el Sr. B. formul(cid:243) las observaciones siguientes: i) La respuesta del Consejo hab(cid:237)a aclarado que el Consejo estaba facilitando copias de los horarios de las reuniones del Æmbito de la justicia y los asuntos internos que se cele- braban durante cada Presidencia. Por lo tanto, este ele- mento de la reclamaci(cid:243)n quedaba satisfecho. ii) El Consejo no hab(cid:237)a contestado al hecho de que la Presi- dencia no es «otra instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario» de conformidad con el significado del apartado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. iii) El Consejo segu(cid:237)a negando el acceso a ciertos documentos basÆndose en los mismos motivos. El Sr. B. cit(cid:243) en particu- lar los programas del «Grupo de nivel superior» y de la «Task Force UE-EE UU» Su solicitud de confirmaci(cid:243)n de acceso a dichos documentos del 28 de julio de 1997, hab(cid:237)a sido rechazada por el Consejo basÆndose en que los pro- gramas en cuesti(cid:243)n los hab(cid:237)an establecido conjuntamente la Presidencia, la Comisi(cid:243)n y las autoridades de los estadou- nidenses, y en que el apartado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Deci- si(cid:243)n 93/731/CE era aplicable, pues los programas en cues- ti(cid:243)n no se hab(cid:237)an preparado bajo responsabilidad œnica del Consejo ni de su Presidencia. Otras investigaciones Tras considerar detenidamente las observaciones del Consejo y del demandante, parec(cid:237)a necesario realizar investigaciones com- plementarias. En primer lugar, con el fin de aclarar la postura del Consejo en relaci(cid:243)n con la condici(cid:243)n de la Presidencia de acuerdo con el significado establecido en el apartado 2 del art(cid:237)- culo 2 de la Decisi(cid:243)n relativa al acceso pœblico a los documen- Respuesta del Consejo En su respuesta a la petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional sobre los temas en cuesti(cid:243)n realizada por el Defensor del Pueblo, el Consejo afirm(cid:243) que no considera su Presidencia como «otra instituci(cid:243)n» separada del Consejo, segœn el significado del apar- tado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. El Consejo sigui(cid:243) afirmando que se deb(cid:237)a establecer una distinci(cid:243)n entre: «documentos redactados por el Estado miembro a cargo de la Pre- sidencia en sus funciones derivadas de la Presidencia del Consejo documentos redactados por un Estado miembro a cargo de la Pre- sidencia sin relaci(cid:243)n con dicha Presidencia. » El Consejo opinaba tambiØn que el apartado 2 del art(cid:237)culo de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE es aplicable a la segunda categor(cid:237)a de documentos. En cuanto a los programas del "«Grupo de nivel superior» y la «Task Force UE-EE UU», el Consejo declar(cid:243) lo siguiente: «La respuesta negativa a la petici(cid:243)n que el Sr. B. present(cid:243) el 28 de julio de 1997 no estaba motivada por el hecho de que se con- siderase a la Presidencia, que contribuy(cid:243) en la redacci(cid:243)n del docu- mento, (cid:147)otra instituci(cid:243)n(cid:148) segœn el significado del apartado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. En ese caso en particular, los programas en cuesti(cid:243)n no se prepararon bajo la œnica respon- sabilidad de la Presidencia, sino conjuntamente por la Presidencia, la Comisi(cid:243)n y las autoridades estadounidenses. » Otras observaciones del demandante En sus observaciones sobre la respuesta del Consejo, el Sr. B. afirm(cid:243) que se alegraba de que el Consejo ya no considerase que su Presidencia era una instituci(cid:243)n independiente del propio Consejo. TambiØn hizo, en s(cid:237)ntesis, los comentarios siguientes: i) Un documento redactado por un Estado miembro que figure en el programa formal del Consejo sobre justicia y asuntos internos y que posteriormente se acepte o adopte, se convierte as(cid:237) en parte del acervo de los asuntos internos y de justicia, y, de conformidad con la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, debe estar abierto a las solicitudes de acceso; un docu- mento que no se acepte ni adopte posteriormente pero que forme parte del proceso de pol(cid:237)ticas de acci(cid:243)n o aplicaci(cid:243)n, tambiØn debe estar abierto a dichas solicitudes. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/97 ii) La justificaci(cid:243)n del Consejo por haberse negado a permitir el acceso a los programas del «Grupo de nivel superior» y de la «Task Force UE-EE UU» era inaceptable: segœn la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, los ciudadanos europeos tienen dere- cho a solicitar al Consejo acceso a los documentos de los que su Presidencia sea coautora. Decisi(cid:243)n biØn observaciones relativas la condici(cid:243)n de los documen- tos redactados por un Estado miembro que formen parte de la programaci(cid:243)n de las reuniones del Æmbito de la jus- ticia y los asuntos internos. Tanto la distinci(cid:243)n del Con- sejo como las observaciones del demandante parecen refe- rirse a casos hipotØticos, y no a los documentos que hab(cid:237)an sido objeto de la reclamaci(cid:243)n. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no consider(cid:243) apropiado adoptar una postura sobre la cuesti(cid:243)n. 1. Acceso a los calendarios de las reuniones del Consejo 3. La negativa al acceso a documentos de los que el Consejo es coautor 1. 1. La reclamaci(cid:243)n inicial se refer(cid:237)a a una negativa de acceso a los calendarios de las reuniones del Consejo previstas durante la Presidencia irlandesa (julio-diciembre de 1996). 1. 2. La investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo estableci(cid:243) que el Consejo hab(cid:237)a cambiado su modo de proceder y hab(cid:237)a garantizado el acceso a los calendarios correspondientes al per(cid:237)odo de la Presidencia luxemburguesa. El Consejo declar(cid:243) asimismo su intenci(cid:243)n de seguir en el futuro para casos similares la misma pol(cid:237)tica. El demandante declar(cid:243) que se consideraba satisfecho con la respuesta. 1. 3. Por lo tanto, el Consejo hab(cid:237)a tomado medidas para resol- ver este aspecto de la reclamaci(cid:243)n y de esa manera hab(cid:237)a satisfecho al demandante. 2. La condici(cid:243)n de la Presidencia 2. 1. La negativa del Consejo a la petici(cid:243)n del demandante de acceder a los calendarios de las reuniones del Consejo hac(cid:237)a referencia al apartado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE relativa al acceso pœblico a los documentos del Consejo. El demandante sosten(cid:237)a que el razonamiento del Consejo era err(cid:243)neo, pues la Presidencia no es «otra instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano» segœn el significado del apartado 2 del art(cid:237)culo 2. 2. 2. Durante la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo, el Con- sejo declar(cid:243) expresamente que no considera que su Presi- dencia sea «otra instituci(cid:243)n» segœn el significado del apar- tado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. El deman- dante declar(cid:243) que quedaba satisfecho por la respuesta. 3. 1. La solicitud del demandante del 28 de julio de 1997, de acceder a los programas del «Grupo de nivel superior» y de la «Task Force UE-EE UU» fue rechazada por el Conse- jo, en primer lugar, porque los programas en cuesti(cid:243)n hab(cid:237)an sido establecido conjuntamente por la Presidencia del Consejo, la Comisi(cid:243)n y las autoridades estadouniden- ses; y tambiØn en raz(cid:243)n a la aplicaci(cid:243)n del apartado 2 del apartado 2 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE en tanto que los programas en cuesti(cid:243)n no se hab(cid:237)an prepa- rado bajo la responsabilidad œnica del Consejo ni de su Presidencia. 3. 2. El objetivo de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE es hacer efectivo el principio de facilitar a los ciudadanos el mayor acceso posible a la informaci(cid:243)n, con el fin de fortalecer el carÆc- ter democrÆtico de las instituciones y la confianza del pœblico en la administraci(cid:243)n (1). 3. 3. El apartado 2 del art(cid:237)culo 2 no se presenta como una excepci(cid:243)n a la regla general del acceso pœblico, aunque en la prÆctica funciona de esta manera. Como consecuencia, los documentos que entran en el Consejo quedan comple- tamente excluidos del campo de aplicaci(cid:243)n de la regla general. La inclusi(cid:243)n de documentos de los que el Consejo es coautor a los fines del apartado 2 del art(cid:237)culo 2 amplia- r(cid:237)a considerablemente de facto el objetivo de esta excep- ci(cid:243)n. 3. 4. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Pri- mera Instancia, cuando se establece un principio general con excepciones, Østas deben construirse y aplicarse estric- tamente, de manera que no anulen la aplicaci(cid:243)n de la regla general (2). 2. 3. Por lo tanto, el Consejo hab(cid:237)a tomado medidas para resol- ver este aspecto de la reclamaci(cid:243)n y de esa manera hab(cid:237)a satisfecho al demandante. 3. 5. Ni la redacci(cid:243)n expresa del apartado 2 del art(cid:237)culo 2 ni la mencionada jurisprudencia respaldan la posici(cid:243)n del Con- sejo de que los documentos de que es coautor entran en el objetivo del apartado 2 del art(cid:237)culo 2. Por lo tanto, 2. 4. En su respuesta a la petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional que realiz(cid:243) el Defensor del Pueblo, el Consejo estableci(cid:243) una distinci(cid:243)n entre documentos redactados por un Estado miembro a cargo de la Presidencia del Consejo relacionados con esta funci(cid:243)n y otros documentos redac- tados por ese Estado miembro. El demandante hizo tam- (1) Sentencia de 17 de junio de 1998 en el asunto T-174/95: Svenska Journalistf(cid:246)rbundet (Tidningen Journalisten) contra Consejo, apar- tado 66. (2) VØanse los asuntos T-194/94, John Carvel and the Guardian News- papers contra Consejo, (Recopilaci(cid:243)n 1995 p. II-2765); T-105/95: World Wide Fund for Nature (WWF) contra Comisi(cid:243)n (Recopila- ci(cid:243)n 1997, p. II-313 y T-174/95 (anterior nota 1). C 300/98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 parece ser que la negativa del Consejo a la solicitud del demandante de acceder a los programas del «Grupo de nivel superior»" y la «Task Force UE-EE UU» se basaban en una aplicaci(cid:243)n incorrecta de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. Debe recordarse, sin embargo, que la mÆxima autoridad para decidir sobre el significado y la interpretaci(cid:243)n del derecho comunitario es el Tribunal de Justicia. Conclusiones El Consejo ha adoptado medidas para resolver los aspectos de la reclamaci(cid:243)n que se tratan en las partes 1 y 2 de esta deci- si(cid:243)n, y por lo tanto ha satisfecho al demandante. En cuanto al aspecto del caso que se trata en la parte 3 de esta decisi(cid:243)n, parece necesario hacer el comentario cr(cid:237)tico siguiente: Ni la redacci(cid:243)n expresa del apartado 2 del art(cid:237)culo 2 ni la juris- prudencia del Tribunal de Justicia respaldan la posici(cid:243)n del Consejo de que los documentos de que es coautor entran en el objetivo del apartado 2 del art(cid:237)culo 2. Por lo tanto, parece ser que la negativa del Consejo sobre la solicitud del demandante de acceder a los programas del «Grupo de nivel superior» y la «Task Force UE-EE UU» se basaban en una aplicaci(cid:243)n incorrecta de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. Debe recordarse, sin embargo, que la mÆxima autoridad para decidir sobre el significado y la inter- pretaci(cid:243)n del derecho comunitario es el Tribunal de Justicia. El apartado 3 del art(cid:237)culo 7 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE sostiene expresamente que un solicitante cuya solicitud de confirmaci(cid:243)n de acceso a documentos sea desestimada, debe ser informado de la posibilidad de presentar una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo. El comentario cr(cid:237)tico del Defensor del Pueblo implica que el Consejo deber(cid:237)a reconsiderar la solicitud de confirma- ci(cid:243)n del demandante del 28 de julio de 1997, y permitirle el acceso a los documentos requeridos, salvo que sean aplicables una o mÆs de las excepciones contenidas en el art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. Puesto que correspond(cid:237)a al Consejo plantearse dicha reconside- raci(cid:243)n y comunicar al demandante el resultado de la misma, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. tiva al acceso del pœblico a los documentos del Consejo (1) (en lo sucesivo denominada «la Decisi(cid:243)n 93/731/CE»). La Secretar(cid:237)a General del Consejo concedi(cid:243) el acceso a 17 de los 41 documentos solicitados, denegando la consulta de los 24 restantes. El demandante formul(cid:243) una solicitud de confir- maci(cid:243)n relativa a 23 de los documentos a los que se le hab(cid:237)a denegado el acceso. La Presidencia del Consejo contest(cid:243) conce- diendo el acceso a otros 7 documentos, si bien confirm(cid:243) la denegaci(cid:243)n del acceso a los 16 documentos restantes. La reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo ten(cid:237)a por objeto 15 de los documentos a los que se le hab(cid:237)a denegado el acceso en la respuesta a su solicitud de confirmaci(cid:243)n. El Consejo explic(cid:243) la denegaci(cid:243)n del acceso a estos documentos del modo siguiente: «Por lo que se refiere a los documentos 5375/95, 5406/ 95+COR1, 5405/95, 5354/95, 5319/95, 11020/93, 11565/93, 11151/93, 10448/93 y SN 1100/94, al conside- rar su demanda comparamos su interØs en acceder a estos docu- mentos en concreto, con el del Consejo por mantener la confi- dencialidad de sus deliberaciones. El Consejo concluy(cid:243) que, en esta situaci(cid:243)n, el interØs de la instituci(cid:243)n era mÆs importante que su interØs individual, en tanto que los documentos en cues- ti(cid:243)n recogen posiciones nacionales detalladas respecto a conve- nios que se acaban de establecer o respecto a otros instrumentos legales adoptados muy recientemente o aœn en proceso de discu- si(cid:243)n. TambiØn contienen informaci(cid:243)n interna sobre los procedi- mientos de contrataci(cid:243)n del personal de las instituciones y de la elecci(cid:243)n de consultores en el Æmbito de JAI. Es mÆs, uno de ellos es un documento de trabajo con prop(cid:243)sitos de organizaci(cid:243)n interna sobre protecci(cid:243)n de la informaci(cid:243)n clasificada, y otros contienen dictÆmenes del Servicio Jur(cid:237)dico del Consejo, que son de uso exclusivo del Consejo en sus deliberaciones, aunque no son vinculantes. Respecto al resto de documentos, las consideraciones relevantes en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo son las siguientes: (cid:151) Protecci(cid:243)n del interØs pœblico (seguridad pœblica) docu- mentos 12247/1/94, SN 1053/94, 10166/4/94 y 9908/2/93+ADD 1, DENEGACI(cid:211)N DE ACCESO A DOCUMENTOS: RAZONAMIENTO INADECUADO (cid:151) Protecci(cid:243)n del interØs pœblico (relaciones internacionales) documento 5121/95. Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1057/25. 11. 96/STATEWATCH/UK/ IJH contra el Consejo Reclamaci(cid:243)n La naturaleza de la informaci(cid:243)n contenida en estos documentos, concretamente en lo que se refiere a la lucha contra el crimen organizado dentro y fuera de la Uni(cid:243)n Europea, ha llevado al Consejo a la conclusi(cid:243)n de que no debe estar permitido acceder a ellos. » En febrero de 1996, el Sr. B. escribi(cid:243) al Consejo solicitando copias de 24 informes examinados en la reuni(cid:243)n del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, celebrada los d(cid:237)as 9 y 10 de marzo de 1994, y de 17 informes examinados en la reuni(cid:243)n del ComitØ K. 4, celebrada los d(cid:237)as 3 y 4 de marzo de 1994. La solicitud se realiz(cid:243) al amparo de la Decisi(cid:243)n del Consejo rela- En la reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo, el demandante afirmaba que el razonamiento del Consejo, citado anteriormen- te, resultaba inadecuado, en particular, que las expresiones «que (1) Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 42). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/99 se acaban de establecer» y «adoptados muy recientemente» no ten(cid:237)an fundamento en la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. rios, el demandante aceptaba la denegaci(cid:243)n de acceso a determinados documentos, pero manten(cid:237)a su petici(cid:243)n res- pecto a los demÆs. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Consejo En sus observaciones, el Consejo sostuvo, en s(cid:237)ntesis, que hab(cid:237)a respetado la obligaci(cid:243)n de motivar la denegaci(cid:243)n del acceso a los documentos solicitados, de conformidad con los principios establecidos por la jurisprudencia comunitaria. «El acceso a una serie claramente identificada de documentos se deneg(cid:243) para proteger la confidencialidad de los procedimientos del Consejo, en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Deci- si(cid:243)n 93/731/CE, mientras que se rechaz(cid:243) el acceso a otra serie claramente identificada de documentos por razones de interØs pœblico (seguridad pœblica y relaciones internacionales) en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. [(cid:133)] Por lo que se refiere a los documentos a los que se deneg(cid:243) el acceso en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, la carta de 2 de mayo de 1996 aduce suficientes razones imperiosas que justifican la aplicaci(cid:243)n de la excepci(cid:243)n con el fin de proteger el interØs pœblico. Por lo que se refiere a los documentos a los que se deneg(cid:243) el acceso en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, debe observarse que el Consejo no rechaz(cid:243) el acceso a dichos documentos por el hecho de que (cid:147)se acababan de esta- blecer(cid:148), como afirma el Sr. B, en su reclamaci(cid:243)n. La justificaci(cid:243)n de que se denegara el acceso a los documentos reside en el hecho de que contienen posiciones nacionales detalladas y, por lo tan- to, el interØs del Consejo en proteger la confidencialidad de sus procedimientos era mÆs importante que el interØs del Sr. B. en obtener el acceso a dichos documentos. » Comentarios del demandante En sus comentarios sobre las observaciones del Consejo, el demandante aceptaba la existencia de razones para rechazar el acceso a algunos de los documentos. Sin embargo, manten(cid:237)a la reclamaci(cid:243)n respecto a los documentos 10448/93, 5354/95, 5319/95, SN 1053/94 y 5121/95 y solicitaba al Defensor del Pueblo que estudiara si la denegaci(cid:243)n del acceso a dichos docu- mentos estaba justificada. Decisi(cid:243)n 1. Afirmaciones del demandante 1. 1. El demandante afirmaba que el razonamiento del Consejo para rechazar el acceso a algunos de los documentos, que eran objeto de una solicitud de confirmaci(cid:243)n con fecha 2 de abril de 1996, resultaba inadecuado. En sus comenta- 2. Principios legales 2. 1. El art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE establece dos cate- gor(cid:237)as de excepciones al principio de acceso general de los ciudadanos a los documentos del Consejo. 2. 2. El apartado 1 del art(cid:237)culo 4 estipula que no se puede con- ceder el acceso a un documento del Consejo si su divulga- ci(cid:243)n puede menoscabar la protecci(cid:243)n del interØs pœblico (seguridad pœblica, relaciones internacionales, estabilidad monetaria, procedimientos judiciales y actividades de ins- pecci(cid:243)n e investigaci(cid:243)n). Con el fin de demostrar que la divulgaci(cid:243)n de documentos individuales puede menosca- bar la protecci(cid:243)n del interØs pœblico, el Consejo estÆ obli- gado a considerar, caso por caso, si en raz(cid:243)n de la infor- maci(cid:243)n de que dispone, es realmente probable que su divulgaci(cid:243)n menoscabe alguna de las facetas del interØs pœblico protegidas. Y si Øste es el caso, el Consejo estÆ obligado a denegar el acceso a los documentos en cues- ti(cid:243)n (1). 2. 3. El apartado 2 del art(cid:237)culo 4 estipula que el Consejo tam- biØn puede denegar el acceso con el fin de proteger el secreto de sus deliberaciones. El Consejo debe ejercer el margen de discrecionalidad de que goza en la aplicaci(cid:243)n del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 encontrando un verdadero equilibrio entre, por un lado, el interØs del ciudadano en obtener el acceso a los documentos y, por otro, cualquier interØs por su parte en mantener la confidencialidad de sus deliberaciones (2). 2. 4. De conformidad con una jurisprudencia establecida, entre los motivos para decidir la denegaci(cid:243)n del acceso a un documento deben contarse las -al menos para cada categor(cid:237)a de documentos afectados- por las que el Consejo considera que la divulgaci(cid:243)n de los documentos solicitados entra dentro del Æmbito de una de las excepciones estipuladas en la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. razones concretas 3. Denegaci(cid:243)n de acceso en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 3. 1. El acceso a dos de los documentos disputados se deneg(cid:243) en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 4. En respuesta a la solicitud de confirmaci(cid:243)n, el Consejo explic(cid:243) que: «La naturaleza de la informaci(cid:243)n contenida en estos docu- mentos, concretamente respecto a la lucha contra el crimen (1) Sentencia de 6 de febrero de 1998 en el asunto T-124/96: Inter- porc contra Comisi(cid:243)n, pÆrrafo 52; sentencia de 19 de marzo de 1998, en asunto T-83/96: Gerard van der Wal contra Comisi(cid:243)n, pÆrrafo 43; sentencia de 17 de junio de 1998 en el asunto T-174/95: Svenska Journalistf(cid:246)rbundet (Tidningen Journalisten) contra Consejo. (2) Asunto T-194/94: John Carvel y Guardian Newspapers contra Con- sejo, Recopilaci(cid:243)n 1995, p. II-2765, apartados 64 y 65. C 300/100 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 organizado dentro y fuera de la Uni(cid:243)n Europea, ha llevado al Consejo a la conclusi(cid:243)n de que no debe estar permitido acceder a ellos. » 3. 2. De conformidad con el Tribunal de Primera Instancia, el concepto de seguridad pœblica puede incluir situaciones en las que el acceso del pœblico a documentos concretos dificultara los intentos de las autoridades por impedir las actividades delictivas (1). Por lo tanto, la referencia del Consejo a la lucha contra el crimen organizado es rele- vante para una de las facetas del interØs pœblico protegi- das por el apartado 1 del art(cid:237)culo 4. 3. 3. En su respuesta a la solicitud de confirmaci(cid:243)n del deman- dante, el Consejo mencionaba «la lucha contra el crimen organizado», pero no proporcionaba ninguna otra explica- ci(cid:243)n al referirse a la «naturaleza de la informaci(cid:243)n» contenida en los documentos. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que el Consejo no cumpli(cid:243) con su obligaci(cid:243)n de comunicar al demandante las razones con- cretas que le llevaron a considerar que la divulgaci(cid:243)n de los documentos entraba dentro del Æmbito del apartado 1 del art(cid:237)culo 4. 4. Denegaci(cid:243)n de acceso en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 4. 1. En su respuesta a la solicitud de confirmaci(cid:243)n, el Consejo se refer(cid:237)a a diversos factores para justificar la denegaci(cid:243)n del acceso a 10 documentos en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4. Sin embargo, en sus observaciones al Defensor del Pueblo, el Consejo declaraba que: «La justificaci(cid:243)n de que se denegara el acceso a los documen- tos reside en el hecho de que contienen posiciones nacionales detalladas y, por lo tanto, el interØs del Consejo en proteger la confidencialidad de sus procedimientos era mÆs impor- tante que el interØs del Sr. B. en obtener el acceso a dichos documentos. » 4. 2. La justificaci(cid:243)n del Consejo para denegar el acceso a los documentos en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4, con- cretamente el uso de la expresi(cid:243)n «por lo tanto», implica que se deber(cid:237)a denegar el acceso a cualquier documento que contenga posiciones nacionales detalladas, indepen- dientemente de lo insignificante que resulte este elemento en proporci(cid:243)n al documento, o del resto de los conteni- dos de los documentos. El Defensor del Pueblo no consi- der(cid:243) que este razonamiento permitiera confirmar que el Consejo cumpli(cid:243) con la obligaci(cid:243)n de encontrar un verda- dero equilibrio entre los intereses afectados. Conclusi(cid:243)n En su respuesta a la solicitud de confirmaci(cid:243)n del demandante, el Consejo mencionaba «la lucha contra el crimen organizado», pero no proporcionaba ninguna otra explicaci(cid:243)n al referirse a la «naturaleza de la informaci(cid:243)n» contenida en los documentos. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que el Consejo no hab(cid:237)a cumplido con su obligaci(cid:243)n de comunicar al deman- dante las razones concretas que le llevaron a considerar que la divulgaci(cid:243)n de los documentos solicitados entraba dentro del Æmbito del apartado 1 del art(cid:237)culo 4. La justificaci(cid:243)n del Consejo para denegar el acceso a los docu- mentos en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4, concretamente el uso de la expresi(cid:243)n «por lo tanto», implica que se deber(cid:237)a denegar el acceso a cualquier documento que contenga posi- ciones nacionales detalladas, independientemente de lo insigni- ficante que resulte este elemento en proporci(cid:243)n al documento, o del resto de los contenidos de los documentos. El Defensor del Pueblo no consider(cid:243) que este razonamiento permitiera con- firmar que el Consejo hab(cid:237)a cumplido con la obligaci(cid:243)n de encontrar un verdadero equilibrio entre los intereses afectados. En relaci(cid:243)n con los dos comentarios cr(cid:237)ticos anteriores, debe recordarse que la mÆxima autoridad para decidir sobre el signi- ficado y la interpretaci(cid:243)n del Derecho comunitario es el Tribu- nal de Justicia. El apartado 3 del art(cid:237)culo 7 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Con- sejo estipula expresamente que un demandante al que se le ha denegado el acceso a documentos, debe ser informado de la posibilidad de reclamar ante el Defensor del Pueblo. El comen- tario cr(cid:237)tico del Defensor del Pueblo implicaba que el Consejo deb(cid:237)a reconsiderar la solicitud de confirmaci(cid:243)n que el deman- dante present(cid:243) el 2 de abril de 1996, y concederle el acceso a los documentos solicitados, a menos que se aplicase una de las excepciones contenidas en el art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. Puesto que correspond(cid:237)a al Consejo realizar esta reconsideraci(cid:243)n y comunicar el resultado al demandante, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. CONCURSO GENERAL: FALTA DE INFORMACI(cid:211)N SOBRE POSIBLES RECURSOS Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 16/97/JMA contra el Consejo de la Uni(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En enero de 1997, el Sr. B. S. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo acerca de la decisi(cid:243)n adoptada por el Tri- bunal de selecci(cid:243)n del concurso general Consejo/C/374 recha- zando su candidatura. Sobre la base de las investigaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario emitir los comentarios cr(cid:237)ti- cossiguientes: (1) Sentencia de 17 de junio de 1998 en el asunto T-174/95, Svenska Journalistf(cid:246)rbundet (Tidningen Journalisten) contra Consejo. El Tribunal de selecci(cid:243)n justific(cid:243) su decisi(cid:243)n con el argumento que el demandante no hab(cid:237)a enviado pruebas documentales de sus conocimientos ling(cid:252)(cid:237)sticos de un segundo idioma comuni- tario. Ni la carta del Tribunal de selecci(cid:243)n ni el anuncio del concurso indicaban ningœn posible medio de recurrir contra esta decisi(cid:243)n del Tribunal. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/101 En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el Sr. B. S. sostuvo que, como ciudadano, ten(cid:237)a derecho a oponerse a una decisi(cid:243)n adoptada por la administraci(cid:243)n pœblica comunitaria. AdemÆs, afirm(cid:243) que no hab(cid:237)a podido ejercer este derecho debido a que el Consejo no le hab(cid:237)a facilitado la informaci(cid:243)n pertinente al respecto. bunal de Primera Instancia requer(cid:237)a o no una reclamaci(cid:243)n pre- via ante el Tribunal de selecci(cid:243)n. El hecho de que otros ochenta y seis candidatos recurrieran la decisi(cid:243)n del Tribunal de selecci(cid:243)n no podr(cid:237)a justificar que Øste no le informase de sus derechos de contestar la decisi(cid:243)n, as(cid:237) como de los requisi- tos para ejercerlos. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Consejo La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) al Consejo. En sus observaciones, la instituci(cid:243)n seæal(cid:243), en primer lugar, que el demandante no hab(cid:237)a presentado reclamaci(cid:243)n alguna contra el Consejo antes de dirigirse al Defensor del Pueblo. En lo referente a la supuesta falta de medios para oponerse a la decisi(cid:243)n del Tribunal de selecci(cid:243)n, el Consejo indic(cid:243) una serie de posibilidades que podr(cid:237)a haber aprovechado el demandante. En primer lugar, de conformidad con el art(cid:237)culo 91 del Esta- tuto de los funcionarios, el candidato podr(cid:237)a haber recurrido ante el Tribunal de Primera Instancia en un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificaci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n del Tribunal, y ello sin necesidad de introducir previamente un recurso ante la misma instituci(cid:243)n (en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 90 del Estatuto). De forma alternativa, el candidato podr(cid:237)a haber presentado una reclamaci(cid:243)n en el plazo de tres meses a partir de la fecha de notificaci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n del Tribunal, de conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)culo 90 del Estatuto. De hecho, ochenta y seis candidatos cuya candidatura hab(cid:237)a sido rechazada as(cid:237) lo hicieron, presentando una reclamaci(cid:243)n ante el Secretario Gene- ral del Consejo. Con el fin de garantizar un adecuado examen de dichas reclamaciones, las pruebas escritas del concurso no se convocaron hasta el 26 de abril de 1997, varios meses des- puØs de la decisi(cid:243)n del Tribunal de selecci(cid:243)n respecto a la admisi(cid:243)n a las pruebas escritas. El Consejo tambiØn explic(cid:243) que, de acuerdo con la jurispruden- cia correspondiente del Tribunal de Justicia, y con el fin de no sobrecargar la organizaci(cid:243)n de los concursos a los que se pre- senta un gran nœmero de candidatos, la Secretar(cid:237)a General no estÆ obligada a recordar los medios de reclamaci(cid:243)n a los candi- datos cuya candidatura es rechazada. No obstante, el Consejo aæadi(cid:243) que en concursos mÆs recien- tes, y con el fin de proporcionar a los candidatos medios infor- males de reclamaci(cid:243)n, la Secretar(cid:237)a General hab(cid:237)a incluido expresamente en la notificaci(cid:243)n de los concursos generales una disposici(cid:243)n por la que se informa a los candidatos cuyas candi- daturas han sido rechazadas de que pueden pedir, en un plazo de tiempo breve, que el Tribunal de selecci(cid:243)n reexamine sus candidaturas. Observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante indic(cid:243), en primer lugar, que, al no haber sido informado por el Consejo sobre sus dere- chos de recurso, no sab(cid:237)a si un recurso presentado ante el Tri- El demandante tambiØn se refiri(cid:243) a la normativa sobre situacio- nes similares segœn la legislaci(cid:243)n espaæola. De conformidad con la Ley de procedimiento administrativo espaæola, la admi- nistraci(cid:243)n pœblica responsable de un acto estÆ obligada a infor- mar al destinatario del mismo de los medios de recurso. Tal informaci(cid:243)n constituye un requisito esencial para la validez del acto administrativo. Decisi(cid:243)n 1. Admisibilidad del asunto 1. 1. De acuerdo con el sistema establecido por el Tratado y por el Estatuto del Defensor del Pueblo, es este œltimo quien decide sobre la admisibilidad de las reclamaciones de conformidad con el Derecho comunitario. Naturalmen- te, las opiniones de las instituciones y (cid:243)rganos comunita- rios sobre el tema son bienvenidas por el Defensor del Pueblo. 1. 2. Para poder ser declarada admisible, una reclamaci(cid:243)n debe ir precedida de las adecuadas gestiones administrativas ante las instituciones u (cid:243)rganos de que se trate (apartado 4 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto). A la vista de las distintas versiones ling(cid:252)(cid:237)sticas de dicho texto (1), y teniendo en cuenta el objetivo de la disposici(cid:243)n, el Defensor del Pue- blo evalœa si se han realizado las adecuadas gestiones administrativas en funci(cid:243)n de las circunstancias de cada caso espec(cid:237)fico. 1. 3. Dado que el presente asunto afecta a una decisi(cid:243)n adop- tada por el Tribunal de Selecci(cid:243)n de un concurso general, contra la que el demandante podr(cid:237)a haber recurrido direc- tamente ante el Tribunal de Primera Instancia, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que se cumpl(cid:237)an los requisitos de admisibilidad de la reclamaci(cid:243)n, sin necesidad de otras exigencias. 2. Informaci(cid:243)n que debe facilitarse al demandante 2. 1. El demandante consideraba que no hab(cid:237)a podido ejercer su derecho a recurrir una decisi(cid:243)n de desestimaci(cid:243)n del Tribunal de selecci(cid:243)n porque no hab(cid:237)a sido informado de la existencia de dicho derecho. Sin embargo, el Consejo (1) Como indic(cid:243) el Defensor del Pueblo en su decisi(cid:243)n sobre la recla- maci(cid:243)n 45/26. 7. 95/JPB/PD/B-dk: «Parece que hay una ligera discre- pancia entre las diferentes versiones ling(cid:252)(cid:237)sticas de esta disposici(cid:243)n. En la versi(cid:243)n danesa se utiliza correctamente el tØrmino (cid:147)fornłdne(cid:148) y se da la impresi(cid:243)n que dichas gestiones administrativas son nece- sarias. Por otra parte, en las versiones inglesa, francesa, alemana, espaæola y sueca se utilizan los tØrminos (cid:147)appropriate(cid:148), (cid:147)appro- priØes(cid:148), (cid:147)geeigneten(cid:148), (cid:147)adecuadas(cid:148) y (cid:147)l(cid:228)mpliga(cid:148), lo que parece signifi- car que deben realizarse oportunas gestiones administrativas». (De- fensor del Pueblo, Informe anual 1996, p. 21). C 300/102 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 argument(cid:243) que informar a los candidatos sobre sus dere- chos de reclamaci(cid:243)n sobrecargar(cid:237)a en exceso la organiza- ci(cid:243)n de los concursos en que participa un gran nœmero de candidatos. 2. 2. En la evaluaci(cid:243)n de las decisiones adoptadas por un Tri- bunal de selecci(cid:243)n, es necesario conceder la debida aten- ci(cid:243)n a la necesidad de asegurar un desarrollo ordenado del concurso, sobre todo cuando Østos acogen a un gran nœmero de candidatos. El Tribunal de Justicia ha tenido en cuenta este factor al establecer el deber de los Tribuna- les de selecci(cid:243)n de informar a los candidatos rechazados sobre las razones del rechazo. De suerte que el Tribunal ha declarado en una reiterada jurisprudencia que puede ser aceptable, en concursos con un gran nœmero de candi- datos, que los Tribunales de selecci(cid:243)n se limiten en un principio a enviar a los candidatos (rechazados) informa- ci(cid:243)n sobre los criterios de selecci(cid:243)n y el resultado de los mismos, sin facilitar explicaciones individuales hasta mÆs tarde (1). 2. 3. Ahora bien, la organizaci(cid:243)n de concursos generales no necesariamente se ver(cid:237)a perturbada o indebidamente sobrecargada por el hecho que el Tribunal de selecci(cid:243)n facilitase, mediante un formulario tipo, informaci(cid:243)n gene- ral sobre los posibles medios de reclamaci(cid:243)n a disposici(cid:243)n de los candidatos rechazados. El facilitar informaci(cid:243)n ade- cuada sobre los derechos que la legislaci(cid:243)n comunitaria confiere a los ciudadanos, as(cid:237) como sobre los medios para protegerlos, es una condici(cid:243)n bÆsica para el ejercicio de dichos derechos, y, en œltimo tØrmino, para su respeto. En consecuencia, con el fin de cumplir con los principios de la buena administraci(cid:243)n, el Consejo deber(cid:237)a garantizar que en sus relaciones con los ciudadanos se informase a Østos adecuadamente de sus derechos y obligaciones. MÆs en particular, en los casos en que el Consejo toma la ini- ciativa de solicitar candidaturas para concursos abiertos con el objetivo de contratar a sus funcionarios. 2. 4. Sin embargo, el Defensor del Pueblo Europeo tom(cid:243) nota de la nueva pol(cid:237)tica adoptada por el Consejo en concursos mÆs recientes, por la que el anuncio publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas incluye una dis- posici(cid:243)n segœn la cual los candidatos rechazados pueden solicitar, en un breve plazo, que el Tribunal de Selecci(cid:243)n examine de nuevo sus candidaturas. A la vista de este cambio de pol(cid:237)tica del Consejo, el Defensor del Pueblo no encontr(cid:243) motivos para proseguir la investigaci(cid:243)n de este aspecto del asunto. 3. Falta de informaci(cid:243)n adecuada en el anuncio del concurso 3. 1. El motivo del rechazo de la candidatura del demandante por el Tribunal de selecci(cid:243)n fue que no hab(cid:237)a facilitado pruebas de su conocimiento de un segundo idioma comu- nitario. 3. 2. De acuerdo con las condiciones espec(cid:237)ficas para la admi- si(cid:243)n al concurso (punto B de la convocatoria), era necesa- rio presentar documentaci(cid:243)n sobre el nivel educativo [le- tra a], la experiencia profesional [letra b], la mecanograf(cid:237)a [letra c] y la edad [letra e]. La convocatoria de concurso s(cid:243)lo requer(cid:237)a de forma espec(cid:237)fica la acreditaci(cid:243)n, a travØs de certificados u otros documentos, de estos aspectos. 3. 3. Corresponde a una buena prÆctica administrativa facilitar la informaci(cid:243)n mÆs precisa posible sobre las condiciones de admisibilidad a un puesto. Dicha informaci(cid:243)n deber(cid:237)a permitir al candidato apreciar si debe presentarse al mis- mo, as(cid:237) como los documentos de prueba pertinentes en el procedimiento y que, por tanto, debe adjuntar al impreso de candidatura (2). El anuncio del concurso tiene la fun- ci(cid:243)n de informar adecuadamente a los candidatos del mismo sobre los requisitos y las condiciones que deben cumplir. En el presente asunto, el anuncio del concurso no indicaba expl(cid:237)citamente la necesidad de presentar documentos que certificasen el conocimiento de un segundo idioma comunitario. En estas circunstancias, el demandante no pod(cid:237)a suponer razonablemente que deb(cid:237)a enviarlos. Por tanto, el Consejo no facilit(cid:243) al demandante informaci(cid:243)n clara y precisa sobre la necesidad de presen- tar pruebas escritas del conocimiento de un segundo idioma comunitario. Conclusi(cid:243)n A la vista de los resultados de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario emitir el comentario cr(cid:237)tico siguiente: Corresponde a una buena prÆctica administrativa facilitar la informaci(cid:243)n mÆs precisa posible sobre las condiciones de admisibilidad a un puesto. Dicha informaci(cid:243)n ha de permitir al candidato apreciar si debe presentarse al mismo, as(cid:237) como los documentos de prueba pertinentes en el procedimiento y que, por tanto, debe adjuntar al impreso de candidatura. El anuncio del concurso tiene la funci(cid:243)n de informar adecuadamente a los candidatos del mismo sobre los requisitos y condiciones que deben cumplir. En el presente asunto, el anuncio del concurso no indicaba expl(cid:237)citamente la necesidad de presentar documen- tos que certificasen el conocimiento de un segundo idioma comunitario. En estas circunstancias, el demandante no pod(cid:237)a suponer razonablemente que deb(cid:237)a enviarlos. Por tanto, el Con- sejo no facilit(cid:243) al demandante informaci(cid:243)n clara y precisa sobre la necesidad de presentar pruebas escritas del conoci- miento de un segundo idioma comunitario. Teniendo en cuenta que este aspecto del asunto afectaba a pro- cedimientos relacionados con hechos concretos acaecidos con anterioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cuesti(cid:243)n. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (1) Asunto 225/82: Verzyck contra Comisi(cid:243)n Recopilaci(cid:243)n 1983, p. (2) Asunto T-158/89: Van Hecken contra ComitØ Econ(cid:243)mica y Social 1991, apartado 16. [1991] (Recopilaci(cid:243)n, p. II-1341). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/103 ACCESO A DOCUMENTOS Respecto al documento «Schoolchildren/5143», declar(cid:243): el Consejo Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 634/97/PD contra el Consejo Reclamaci(cid:243)n En julio de 1997, el Sr. P. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo contra el Consejo. El 19 de febrero de 1997, el demandante hab(cid:237)a enviado una carta al Consejo solicitando, entro otros, copias de varios (cid:243)rdenes del d(cid:237)a relativos a comitØs de la instituci(cid:243)n. El Consejo desestim(cid:243) parte de la solicitud del demandante, amparÆndose en las normas de su Decisi(cid:243)n 93/731/CE, de 20 de diciembre de 1993, relativa al acceso del pœblico a los documentos del Consejo (1). En lo que se refiere a los (cid:243)rdenes del d(cid:237)a, el Consejo inform(cid:243) al demandante que hab(cid:237)a decidido facilitarle copias de los correspondientes a un per(cid:237)odo de seis meses, en lugar de dos aæos y medio, como hab(cid:237)a solicitado. Se hab(cid:237)a llegado a esta decisi(cid:243)n sobre la base del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Deci- si(cid:243)n 93/731/CE, que estipula que el Consejo debe encontrar una «soluci(cid:243)n equitativa» al tratar las solicitudes repetidas y/o aquØllas relacionadas con documentos voluminosos. El deman- dante puso en duda la legalidad de tal decisi(cid:243)n, alegando que el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 no se pod(cid:237)a aplicar a numerosos documentos, sino que s(cid:243)lo era aplicable en relaci(cid:243)n con docu- mentos separados que fueran «voluminosos»; segœn el deman- dante, ninguno de los (cid:243)rdenes del d(cid:237)a superar(cid:237)a, por separado, las tres pÆginas. En cuanto a los otros documentos, el Consejo deneg(cid:243) el acceso a los siguientes: «El documento 5143/1/97 es un comentario de la Secretar(cid:237)a General que contiene una compilaci(cid:243)n de las respuestas de los Estados miembros a un cuestionario sobre la aplicaci(cid:243)n de la susodicha Acci(cid:243)n comœn. Dicha compilaci(cid:243)n todav(cid:237)a no ha sido examinada por el grupo de trabajo correspondiente, y aœn no se ha redactado el informe mencionado en la Acci(cid:243)n comœn. Tras comparar el interØs que usted tiene en acceder a los documen- tos con el interØs del Consejo en mantener el secreto de sus delibe- raciones, el Consejo ha llegado a la conclusi(cid:243)n que en este caso concreto, el interØs de la instituci(cid:243)n tiene mÆs peso, de conformi- dad con el apartado 2 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n. En efecto, la divulgaci(cid:243)n de dicho documento en este momento podr(cid:237)a dificultar las discusiones previstas sobre la cuesti(cid:243)n y tener un efecto negativo en el funcionamiento de los futuros intercam- bios de informaci(cid:243)n de ese tipo. » Por lo que se refiere al documento «CIRIA/1452», el Consejo manifest(cid:243): «Tras comparar su interØs en acceder a este documento en concreto con el interØs del Consejo en mantener el secreto de sus delibera- ciones, el Consejo ha llegado a la conclusi(cid:243)n que el interØs de la instituci(cid:243)n es mÆs importante, de conformidad con el apartado 2 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n [93/731/CE]. El Consejo aœn no ha examinado ni aprobado este documento, funcionamiento del que contiene informaci(cid:243)n detallada sobre el CIRIA. La instituci(cid:243)n considera que su divulgaci(cid:243)n en este momento podr(cid:237)a dificultar las discusiones previstas al respecto. » (cid:151) «Schoolchildren/5143», documento que reœne las respuestas de los Estados miembros a un cuestionario sobre la aplica- ci(cid:243)n de la Acci(cid:243)n comœn de 1994 sobre la «facilidad de desplazamiento dentro de la Uni(cid:243)n Europea para los esco- lares que son ciudadanos de terceros pa(cid:237)ses», En cuanto a los documentos «Asylum/8418» y «Racism/7141», el Consejo declar(cid:243) que su divulgaci(cid:243)n podr(cid:237)a menoscabar la protecci(cid:243)n del interØs pœblico, segœn el apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. (cid:151) «CIRIA/1452», borrador de informe con informaci(cid:243)n deta- llada sobre las actividades del CIRIA en 19941996 (2), (cid:151) «Asylum/8418», formado por dos documentos que contie- nen las respuestas detalladas de los Estados miembros a un cuestionario sobre los principios y las prÆcticas de asilo, (cid:151) «Racism/7141», comentario sobre delitos racistas elabo- rado por un grupo de trabajo del Consejo sobre terroris- mo. En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el demandante afirm(cid:243) que el razonamiento anterior era inadecuado. AdemÆs, como alegaci(cid:243)n aparte, afirm(cid:243) que en la respuesta a su primera solicitud de documentos, el Consejo no hab(cid:237)a com- parado el interØs de los ciudadanos por la transparencia con el interØs del Consejo en imponer la confidencialidad. El deman- dante expuso que, en virtud de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, esta comparaci(cid:243)n, exigida por la jurisprudencia de los Tribunales comunitarios, debe realizarse en la respuesta a la primera soli- citud de acceso a documentos, as(cid:237) como en la respuesta a la solicitud confirmativa que puede presentarse tras la denegaci(cid:243)n inicial. Al denegar el acceso, el Consejo expuso al demandante los siguientes argumentos. (1) DO L 340de 31. 12. 1993, p. 43. (2) CIRIA son las siglas de «Centros de Informaci(cid:243)n, Reflexi(cid:243)n e Inter- cambio en materia de Asilo». Por œltimo, el demandante sostuvo que el hecho que el Con- sejo no estableciera un registro de documentos constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n. En opini(cid:243)n del demandante, aun- que la Decisi(cid:243)n 93/731/CE no impone ninguna obligaci(cid:243)n al respecto, la falta de un registro de documentos hace que los solicitantes tengan enormes dificultades en saber quØ documen- tos internos existen. C 300/104 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Investigaci(cid:243)n Decisi(cid:243)n Observaciones del Consejo La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) al Consejo. En sus observaciones, la instituci(cid:243)n formul(cid:243) los siguientes comentarios respecto al apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE: El apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE tiene como objetivo salvaguardar la eficacia de la administraci(cid:243)n de la instituci(cid:243)n en casos excepcionales. De acuerdo con los crite- rios generales de interpretaci(cid:243)n normativa, el objetivo del art(cid:237)- culo en cuesti(cid:243)n debe de establecerse en l(cid:237)nea con su contexto, de forma que el mismo tenga efectos prÆcticos. Desde ese punto de vista, la aplicaci(cid:243)n de una soluci(cid:243)n equita- tiva al tramitar las solicitudes repetidas, en el sentido del apar- tado 2 del art(cid:237)culo 3, no se puede limitar œnicamente a los documentos idØnticos. El concepto de «solicitud repetida» se refiere, entre otras cosas, a los casos en los que una persona solicita reiterada y sistemÆticamente, durante un largo per(cid:237)odo de tiempo, el acceso a numerosos o incluso todos los docu- mentos de un mismo tipo, no necesariamente idØnticos. En ese contexto, el nœmero de documentos solicitados es un criterio que se debe tener en cuenta. En cuanto a los documentos a los que se deneg(cid:243) el acceso, el Consejo neg(cid:243) que los argumentos citados anteriormente fueran inadecuados. Sin embargo, por lo que se refiere a la aplicaci(cid:243)n del apartado 1 del art(cid:237)culo 4, el Consejo declar(cid:243) que hab(cid:237)a tomado nota de los razonamientos expuestos por el deman- dante, y consider(cid:243) que, al denegar el acceso a los documentos «Asylum/8418» y «Racism/7141», habr(cid:237)a sido mÆs correcto apli- car la excepci(cid:243)n prevista en el apartado 2 del art(cid:237)culo 4. En lo relativo a la no comparaci(cid:243)n de los intereses en su res- puesta a la primera solicitud del demandante, el Consejo declar(cid:243) que, en realidad, se hab(cid:237)a observado este requisito. AdemÆs, consider(cid:243) que sus respuestas al demandante hab(cid:237)an dejado claro que se iba a recurrir a las excepciones pertinentes, as(cid:237) como los motivos para hacerlo. El Consejo admiti(cid:243), sin embargo, que no hab(cid:237)a manifestado expl(cid:237)citamente que la com- paraci(cid:243)n se hubiera llevado a cabo. Por lo tanto, en el futuro se asegurar(cid:237)a que los argumentos iniciales declararan que la comparaci(cid:243)n de intereses se hab(cid:237)a efectuado. Respecto a la falta de un registro central de documentos del Consejo, la instituci(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pueblo que se estaba estudiando en ese momento el establecimiento de un registro de ese tipo. Las dificultades que se hab(cid:237)an de superar se deb(cid:237)an a la necesidad de garantizar que dicho registro fuera fiable y exhaustivo. Observaciones del demandante BÆsicamente, el demandante mantuvo su reclamaci(cid:243)n. El objetivo de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE es permitir que los ciuda- danos tengan el acceso mÆs amplio posible a la informaci(cid:243)n, con vistas a fortalecer el carÆcter democrÆtico de las institucio- nes y la confianza del pœblico en la administraci(cid:243)n (1). 1. Por lo que se refiere al apartado 2 del art(cid:237)culo 3 El tema planteado por la presente reclamaci(cid:243)n era idØn- tico al de la reclamaci(cid:243)n 1053/25. 11. 96/STATEWATCH/ UK/IJH contra el Consejo. Por lo tanto, en lo que respecta a este art(cid:237)culo, el lector deberÆ consultar la Decisi(cid:243)n del Defensor del Pueblo, de fecha 28 de julio de 1998, en relaci(cid:243)n con aquella reclamaci(cid:243)n. 2. Por lo que se refiere a los argumentos 2. 1. De conformidad con una reiterada jurisprudencia de los tribunales comunitarios, la argumentaci(cid:243)n para denegar el acceso a un documento debe mencionar las razones espe- c(cid:237)ficas por las que el Consejo considera que la divulgaci(cid:243)n de los mismos entra en el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de una de las excepciones previstas en la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. 2. 2. Respecto a los documentos «Schoolchildren/5143» y «CIRIA/1452», el acceso se rechaz(cid:243) en virtud del apar- tado 2 del art(cid:237)culo 4, que estipula que el Consejo puede denegar el acceso con el fin de proteger la confidenciali- dad de sus deliberaciones. Los argumentos del Consejo se basaron en la consideraci(cid:243)n que los documentos se refe- r(cid:237)an a asuntos que el Consejo aœn estaban debatiendo, y en que su divulgaci(cid:243)n podr(cid:237)a dificultar el futuro intercam- bio de informaci(cid:243)n entre la instituci(cid:243)n y los Estados miembros. 2. 3. El Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que, en los sistemas en que se permite el acceso del pœblico a la informaci(cid:243)n, se suele considerar que la divulgaci(cid:243)n de documentos relacionados con debates en curso puede dificultar las negociaciones en curso. Sin embargo, para que el sistema de acceso del pœblico a documentos del Consejo alcance su objetivo de fortalecer el carÆcter democrÆtico y la confianza del pœblico en las instituciones, esta consideraci(cid:243)n deber(cid:237)a aplicarse con prudencia. En su declaraci(cid:243)n, el Consejo se refiri(cid:243) a esta consideraci(cid:243)n general, sin especificar por quØ era relevante en relaci(cid:243)n con los documentos en cues- ti(cid:243)n. Por lo tanto, el argumento del Consejo no permite al Defensor del Pueblo evaluar si la instituci(cid:243)n ha aplicado correctamente el apartado 2 del art(cid:237)culo 4. En consecuen- cia, el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) que el demandante ten(cid:237)a raz(cid:243)n al alegar que el razonamiento del Consejo era inadecuado. (1) Asunto T-174/95: Svenska Journalistf(cid:246)rbundet (Tidningen Jour- nalisten) contra Consejo, sentencia de 17 de junio de 1998, apar- tado 66. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/105 2. 4. En cuanto a los documentos «Asylum/8418» y «Ra- cism/7141», el Consejo declar(cid:243) en sus observaciones que hab(cid:237)a sido err(cid:243)neo ampararse en el apartado 1 del art(cid:237)- culo 4, y que en lugar de dicho art(cid:237)culo deber(cid:237)a haber aplicado apartado 2 del art(cid:237)culo 4. Por lo tanto, el Consejo deberÆ reconsiderar su denegaci(cid:243)n de acceso basÆndose en el apartado 2 del art(cid:237)culo 4, a la luz de las decisiones del Defensor del Pueblo mencionadas anterior- mente. 3. Por lo que se refiere a la obligaci(cid:243)n de comparar los intereses en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 en la respuesta a la primera solicitud de documentos El Defensor del Pueblo observ(cid:243) que el Consejo hab(cid:237)a admitido que, al aplicar el apartado 2 del art(cid:237)culo 4, tam- biØn deber(cid:237)a comparar los intereses de las partes en la fase inicial de una solicitud de acceso del pœblico. Asimismo, el Consejo hab(cid:237)a reconocido que, en su primer argumen- to, deb(cid:237)a dejar claro que se hab(cid:237)a efectuado dicha compa- raci(cid:243)n. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no consider(cid:243) justificado continuar la investigaci(cid:243)n de esta cuesti(cid:243)n. El apartado 3 del art(cid:237)culo 7 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE estipula expresamente que, si se rechaza una solicitud confirmativa de acceso a documentos, debe informarse al solicitante de la posi- bilidad de presentar una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo. El comentario cr(cid:237)tico del Defensor del Pueblo implicaba que el Consejo deb(cid:237)a reconsiderar las solicitudes confirmativas del demandante y permitirle el acceso a los documentos pedidos, a menos que se aplicara una de las excepciones contenidas en el art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. Dado que correspond(cid:237)a al Consejo reconsiderar su denegaci(cid:243)n y comunicar el resultado al demandante, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 3. 5. 3. COMISI(cid:211)N EUROPEA EMBALSE DE ITOIZ: LA COMISI(cid:211)N NO JUSTIFICA SUFICIENTEMENTE LA INEXISTENCIA DE UNA INFRACCI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre Comisi(cid:243)n Europea la reclamaci(cid:243)n 472/6. 3. 96/XP/ES/PD contra la 4. Por lo que se refiere al establecimiento de un registro de documentos del Consejo Reclamaci(cid:243)n Dado que, al parecer, el Consejo estaba estableciendo un registro de documentos, el Defensor del Pueblo no consi- der(cid:243) justificado continuar la investigaci(cid:243)n de esta cues- ti(cid:243)n. Conclusi(cid:243)n A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre la presente reclamaci(cid:243)n, se consider(cid:243) necesa- rio emitir los comentarios cr(cid:237)ticos siguientes: 1) El Defensor del Pueblo consider(cid:243) que el Consejo hab(cid:237)a interpretado err(cid:243)neamente el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE y que, en el presente asunto, la ins- tituci(cid:243)n no ten(cid:237)a derecho a utilizar dicho art(cid:237)culo como justificaci(cid:243)n para desestimar la solicitud de parte de los documentos solicitados por el demandante. La expresi(cid:243)n «solicitudes repetidas» del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 no se refiere a las solicitudes realizadas por una misma persona sobre documentos distintos. Tampoco se debe interpretar el art(cid:237)culo de manera que todas las solicitudes de numerosos documentos entren dentro de su Æmbito de aplicaci(cid:243)n. Sin embargo, debe recordarse que la mÆxima autoridad para decidir acerca del significado y la interpretaci(cid:243)n del Dere- cho Comunitario es el Tribunal de Justicia. 2) Al denegar el acceso a los documentos «Schoolchil- dren/5143» y «CIRIA/1452» en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE, el Consejo hab(cid:237)a hecho referencia a una consideraci(cid:243)n general segœn la cual la divulgaci(cid:243)n de los documentos dificultar(cid:237)a las discusio- nes sobre las materias tratadas en los mismos. Este razona- miento tan general no permiti(cid:243) al Defensor del Pueblo eva- luar si el Consejo hab(cid:237)a aplicado correctamente el apartado 2 del art(cid:237)culo 4. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo estim(cid:243) que el Consejo no hab(cid:237)a cumplido el requisito de facilitar al demandante las razones concretas que le hab(cid:237)an llevado a considerar que la divulgaci(cid:243)n obstaculizar(cid:237)a sus delibera- ciones. En marzo de 1996, Greenpeace Espaæa y la asociaci(cid:243)n Coordi- nadora de Itoiz presentaron una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo contra la Comisi(cid:243)n. En la correspondencia posterior, se design(cid:243) al Sr. B. representante de los demandantes. En la recla- maci(cid:243)n, se expon(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a garantizado que la decisi(cid:243)n de las autoridades espaæolas de construir un embalse en Itoiz, Navarra, respetase las Directivas 85/337/CEE y 79/409/CEE del Consejo. La reclamaci(cid:243)n se refer(cid:237)a a la manera como la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a tramitado la queja sobre esta situaci(cid:243)n presentada por el Sr. B. ante esa instituci(cid:243)n, as(cid:237) como la valoraci(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a realizado de los argumen- tos avanzados en ella. En 1990, el Ministerio de Obras Pœblicas espaæol aprob(cid:243) la construcci(cid:243)n de un embalse en Itoiz. Se trataba de un proyecto de gran magnitud, pues el embalse tendr(cid:237)a una capacidad de almacenamiento de 418 Hm3; de agua, y ocasionar(cid:237)a la inun- daci(cid:243)n de una superficie de 11 500 000 m2. Los demandantes consideraron que los procedimientos llevados a cabo por las autoridades espaæolas en el proceso de aproba- ci(cid:243)n del plan de construcci(cid:243)n no cumpl(cid:237)an la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluaci(cid:243)n de las repercusiones de determinados proyectos pœblicos y privados sobre el medio ambiente (1). Es mÆs, las asociaciones consideraron que el proyecto infring(cid:237)a la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservaci(cid:243)n de las aves silvestres (2). Respecto a la primera Directiva, los demandantes opinaron que las autoridades espaæolas no hab(cid:237)an realizado una evaluaci(cid:243)n de impacto medioambiental adecuada. En cuanto a la aplica- ci(cid:243)n de la Directiva 79/409/CEE, las asociaciones hicieron inca- piØ en que deb(cid:237)a considerarse su objetivo de proteger las aves silvestres, en particular la obligaci(cid:243)n contenida en su art(cid:237)culo 4 (1) DO L 175 de 5. 7. 1985, p. 40. (2) DO L 103 de 25. 4. 1979, p. 1. C 300/106 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 que estipula que los Estados miembros deben establecer zonas de protecci(cid:243)n especial. Este art(cid:237)culo 4 dispone en su pÆrrafo 4: «Muy seæores m(cid:237)os: «Los Estados miembros tomarÆn las medidas adecuadas para evi- tar dentro de las zonas de protecci(cid:243)n mencionadas en los aparta- dos 1 y 2 la contaminaci(cid:243)n o el deterioro de los hÆbitats, as(cid:237) como las perturbaciones que afecten a las aves, en la medida en que tengan un efecto significativo respecto a los objetivos del pre- sente art(cid:237)culo. Fuera de dichas zonas de protecci(cid:243)n los Estados miembros se esforzarÆn en evitar la contaminaci(cid:243)n o el deterioro de los hÆbitats. » Las asociaciones demandantes afirmaron que las autoridades espaæolas no hab(cid:237)an respetado esta disposici(cid:243)n, tal y como ha sido interpretada por el Tribunal de Justicia, concretamente en la sentencia del Tribunal de 28 de febrero de 1991 en el asunto C-57/89: Comisi(cid:243)n contra Repœblica Federal de Alema- nia (1). En esta sentencia, el Tribunal fall(cid:243) sobre la posibilidad de reducir una zona de protecci(cid:243)n especial en virtud del apar- tado 4 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva. En palabras del Tribunal: «AdemÆs, [la] interpretaci(cid:243)n del apartado 4 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva se ve confirmada por el noveno considerando de la mis- ma, que pone de relieve la especial importancia que Østa concede a las medidas de conservaci(cid:243)n especiales con respecto a los hÆbitats de las aves mencionadas en el anexo I con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducci(cid:243)n dentro de su Ærea de distribuci(cid:243)n. De ello se deduce que la facultad de los Estados miembros para reducir la superficie de una zona de protecci(cid:243)n especial s(cid:243)lo puede estar justificada por razones excepcionales. Estas razones deben obedecer a un interØs general superior al que responde el objetivo ecol(cid:243)gico al que se refiere la Directiva. En este contexto, no se pueden tomar en consideraci(cid:243)n los intereses enun- ciados en el art(cid:237)culo 2 de la Directiva, a saber, las exigencias eco- n(cid:243)micas y recreativas. » Segœn las asociaciones, el embalse reducir(cid:237)a algunas zonas de protecci(cid:243)n especial, y las œnicas razones para su construcci(cid:243)n eran de (cid:237)ndole econ(cid:243)mica. Por ello, las asociaciones considera- ron que la construcci(cid:243)n del embalse contraven(cid:237)a la jurispru- dencia del Tribunal. las asociaciones, A la vista de estos antecedentes, junto con algunos de los ayuntamientos afectados por la construcci(cid:243)n del embalse, presentaron una queja a la Comisi(cid:243)n Europea, que, en virtud del art(cid:237)culo 155 del Tratado CE, es la responsable de garantizar el cumplimiento de la legislaci(cid:243)n comunitaria. Los demandantes enviaron una cantidad considerable de documen- taci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n para justificar su punto de vista. El 21 de diciembre de 1994, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) una carta a los demandantes en la que les informaba de la decisi(cid:243)n que hab(cid:237)a tomado respecto a la queja. La carta rezaba: (1) Recopilaci(cid:243)n 1993, p. I-883 (el llamado «asunto Leybucht»). MÆs tarde, los demandantes tambiØn hicieron una referencia concreta a la sentencia de 2 de agosto de 1993 en el asunto C-355/90: Comi- si(cid:243)n contra Espaæa Recopilaci(cid:243)n 1993, p. llamado «asunto Santoæa»). I-4221 (el Por la presente les informo de que, en su reuni(cid:243)n del 30 de noviembre de 1994, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) archivar la reclamaci(cid:243)n que hab(cid:237)a presentado contra el proyecto del embalse de Itoiz. La reclamaci(cid:243)n se registr(cid:243) oficialmente con el nœmero P/4758/92. Incluyo la versi(cid:243)n espaæola del comunicado de prensa que la Comisi(cid:243)n ha considerado necesario publicar, explicando la deci- si(cid:243)n de archivar el asunto. Debo seæalarles que, tras considerar la documentaci(cid:243)n que ustedes y las autoridades competentes facilitaron, los servicios de la Comi- si(cid:243)n no pudieron encontrar ninguna infracci(cid:243)n de la ley medioam- biental comunitaria, pues no se pudo establecer, a la vista del conocimiento existente, que el proyecto tuviera un impacto apre- ciable en el medio ambiente, a efectos de lo dispuesto en la Direc- tiva 92/43/CEE, relativa a la conservaci(cid:243)n de los hÆbitats natu- rales y de la flora y fauna silvestres. A la vista de estos hechos, la Comisi(cid:243)n no pudo mÆs que archivar el asunto. Le agradezco el interØs que ustedes y los (cid:243)rganos a los que repre- sentan, los ayuntamientos navarros de Valle de L(cid:243)nguida, Aoiz, Valle de Artze y Oroz-Beztelu, la Junta General del Valle de Aez- coa y la Coordinadora de Itoiz, han mostrado en la conservaci(cid:243)n y protecci(cid:243)n del medio ambiente. Les saluda atentamente (cid:133) [traducci(cid:243)n realizada por los servicios del Defensor del Pueblo]. » El comunicado de prensa al que se alude justifica del siguiente modo la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de archivar el asunto: «La Comisi(cid:243)n acaba de suspender un procedimiento que estudiaba una posible infracci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n relativa a las aves silvestres en la regi(cid:243)n espaæola de Navarra [(cid:133)] La Comisi(cid:243)n intervino a ra(cid:237)z de una reclamaci(cid:243)n que aseguraba que el proyecto afectar(cid:237)a a dos zonas, a saber, la Sierra de Art- xuba y Zariquieta, y los Montes de Areta, que estaban, en princi- pio, protegidas en virtud de la Directiva 79/409/CEE del Conse- jo, relativa a la conservaci(cid:243)n de las aves silvestres. La Comisi(cid:243)n consider(cid:243) la reclamaci(cid:243)n principalmente a la luz de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, relativa a la conservaci(cid:243)n de los hÆbitats naturales y de la fauna y flora silvestres, que desde el 5 de junio de 1994 sustituy(cid:243) a las disposiciones iniciales de la Directiva de 1979. La Comisi(cid:243)n ha investigado esta cuesti(cid:243)n con un esp(cid:237)ritu de diÆ- logo y cooperaci(cid:243)n con las autoridades espaæolas, por un lado, y los demandantes y grupos ecologistas, por otro. Los departamen- tos de la Comisi(cid:243)n tuvieron en consideraci(cid:243)n varios estudios rela- impacto del proyecto, y visitaron las zonas afectadas. tivos al Todas las partes interesadas tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones en una audici(cid:243)n que tuvo lugar en Madrid el 25 de octubre de 1994. La investigaci(cid:243)n permiti(cid:243) valorar los efectos de la presa en el medio ambiente y establecer que dichos efectos no eran apreciables segœn lo dispuesto en la Directiva de 1992. Dado que no hay evidencias de infracci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria, la Comisi(cid:243)n ha archivado el asunto. » 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/107 Teniendo en cuenta los esfuerzos y la considerable cantidad de documentaci(cid:243)n facilitada por la Comisi(cid:243)n, las asociaciones esti- maron que esta decisi(cid:243)n no era satisfactoria. Concretamente, seæalaron que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a tenido en cuenta las quejas relativas a las Directivas 85/337/CEE y 79/409/CEE, y que se equivocaba al referirse a la Directiva 92/43/CEE, puesto que dicha Directiva aœn no estaba en vigor en el momento de ini- ciar el proyecto. A la luz de estos antecedentes, los demandan- tes presentaron una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo. Se adjuntaba una cantidad considerable de documentaci(cid:243)n, inclui- dos los informes establecidos por la Sociedad Espaæola de Ornitolog(cid:237)a, que llegaban a la conclusi(cid:243)n de que el proyecto Itoiz afectar(cid:237)a seriamente a la fauna de aves de la zona en cues- ti(cid:243)n. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n En lo concerniente a la tramitaci(cid:243)n de la reclamaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n, las afirmaciones de la instituci(cid:243)n fueron, en s(cid:237)ntesis, las siguientes: la reclamaci(cid:243)n se present(cid:243) en julio de 1992. En septiembre de 1992 se envi(cid:243) un acuse de recibo a los demandantes y, con tal motivo, la Comisi(cid:243)n solicit(cid:243) infor- maci(cid:243)n complementaria. El 26 de noviembre de 1992, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) a las autoridades espaæolas una solicitud de informaci(cid:243)n. A falta de contestaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) un recordatorio el 4 de febrero de 1993. El 14 de mayo de 1993, las autoridades espaæolas respondieron a la solicitud. El asunto fue examinado con detenimiento en el transcurso de una reu- ni(cid:243)n celebrada en Madrid el 3 de marzo de 1994 entre los representantes de la Comisi(cid:243)n y las autoridades espaæolas. Tras este debate, las autoridades espaæolas remitieron nuevos datos a la Comisi(cid:243)n el 21 de abril de 1994. El asunto se debati(cid:243) a nivel pol(cid:237)tico en Luxemburgo, el 8 de junio de 1994, entre el Comisario Sr. Paleokrassas, el Ministro espaæol Sr. Borrell, la Secretaria de Estado espaæola Sra. Nar- bona y el Presidente de la Diputaci(cid:243)n Foral de Navarra, Sr. Alli. Durante esta reuni(cid:243)n, las autoridades espaæolas hicieron hinca- piØ en el interØs pœblico del proyecto y ofrecieron la llamada compensaci(cid:243)n con arreglo al apartado 4 del art(cid:237)culo 6 de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservaci(cid:243)n de los hÆbitats naturales y de la fauna y flora silvestres. El 23 de junio de 1994, los representantes de los servicios de la Comisi(cid:243)n visitaron las obras de Itoiz. Al finalizar la visita, solicitaron datos y documentaci(cid:243)n de las autoridades locales y centrales; en particular, la justificaci(cid:243)n del interØs pœblico supe- rior del proyecto, el anÆlisis de las dimensiones y emplaza- mientos alternativos considerados antes de adoptar la decisi(cid:243)n de construir el embalse de Itoiz, informaci(cid:243)n sobre los proyec- tos de riego, una promesa formal de que dichos proyectos ser(cid:237)an objeto de un procedimiento (cid:237)ntegro de evaluaci(cid:243)n del impacto, as(cid:237) como un debate abierto a todas las partes interesa- das, en el que se tratar(cid:237)a el tema de las medidas compensato- rias. En julio de 1994, las autoridades espaæolas presentaron una primera serie de documentos sobre la hidrolog(cid:237)a de Navarra, as(cid:237) como un calendario sobre la entrega posterior de la infor- maci(cid:243)n solicitada. El 25 de julio de 1994, el Comisario Sr. Paleokrassas solicit(cid:243) al Ministro Sr. Borrell que se detuviera la ejecuci(cid:243)n de obras de carÆcter permanente en Itoiz mientras no recayera una decisi(cid:243)n definitiva sobre el asunto. El Ministro Borrell acept(cid:243) esta petici(cid:243)n por carta de 3 de agosto de 1994. La situaci(cid:243)n no sufri(cid:243) modificaci(cid:243)n hasta el archivo de la queja por parte de la Comisi(cid:243)n, el 30 de noviembre de 1994. El 21 de septiembre de 1994, las autoridades espaæolas presentaron una completa serie de documentos sobre el interØs pœblico superior del proyecto, las alternativas examinadas y los efectos del proyecto sobre las aves silvestres. El 4 de octubre de 1994, estas autoridades enviaron un documento sobre las compensa- ciones ofrecidas con arreglo a la Directiva 92/43/CEE. A iniciativa de la Comisi(cid:243)n, las autoridades espaæolas organiza- ron en Madrid, el 25 de octubre de 1994, una audici(cid:243)n sobre el proyecto de Itoiz. Todas las partes interesadas pudieron par- ticipar en el mismo a fin de defender de forma activa sus moti- vos a favor o en contra del proyecto. Los medios de prensa, en particular prensa y televisi(cid:243)n, participaron en el debate, as(cid:237) como la asociaci(cid:243)n demandante Coordinadora de Itoiz y sus representantes. Tras el seminario-debate, los servicios de la Comisi(cid:243)n elaboraron un informe final. Respecto a la afirmaci(cid:243)n de los demandantes sobre una infrac- ci(cid:243)n de la Directiva 85/337/CEE, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que las autoridades espaæolas hab(cid:237)an realizado la evaluaci(cid:243)n del impacto medioambiental del proyecto. En lo que se refiere a la afirmaci(cid:243)n relacionada con la Directiva 79/409/CEE, la Comisi(cid:243)n afirm(cid:243) que examin(cid:243) esa denuncia desde el punto de vista del apartado 4 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva. Sin embargo, las obligaciones impuestas a los Esta- dos miembros en virtud de dicho art(cid:237)culo fueron sustituidas, desde el 5 de junio de 1994, por las disposiciones de la Direc- tiva 92/43/CEE. Esta œltima Directiva establece, en el apartado 2 de su art(cid:237)culo 6, que los Estados miembros adoptarÆn las medidas apropiadas para evitar, en las zonas especiales de con- servaci(cid:243)n, el deterioro de los hÆbitats naturales y de los hÆbi- tats de especies, as(cid:237) como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designaci(cid:243)n de las zonas, en tanto que dichas alteraciones pudieran tener efecto apreciable. El apartado 3 del art(cid:237)culo 6 establece que cualquier proyecto que, sin tener relaci(cid:243)n directa con la gesti(cid:243)n del lugar o sin ser necesario para la misma, pudiera afectar de forma apreciable a los citados lugares, individualmente o en combinaci(cid:243)n con otros planes o proyectos, deberÆ someterse a una evaluaci(cid:243)n de impacto medioambiental. El apartado 4 del art(cid:237)culo 6 establece que si, a pesar de las con- clusiones negativas de la evaluaci(cid:243)n, el proyecto debiera reali- zarse por razones imperiosas de interØs pœblico de primer incluidas razones de (cid:237)ndole social o econ(cid:243)mica, el orden, Estado miembro tomarÆ cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de la red ecol(cid:243)gica de las zonas especiales de conservaci(cid:243)n, establecida en el art(cid:237)culo 3 de la Directiva y llamada «Natura 2000», quede protegida. C 300/108 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 A la luz de estas disposiciones, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) que la inundaci(cid:243)n de un 6 % aproximadamente de la superficie de una de las zonas de protecci(cid:243)n especial afectadas por el pro- yecto de Itoiz deb(cid:237)a considerarse negativa. No obstante, de acuerdo con el informe tØcnico de los servicios de la Comisi(cid:243)n, resultaba dif(cid:237)cil determinar si pod(cid:237)a considerarse «apreciable» a efectos de lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE. Por lo tanto, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) no incoar ningœn procedimiento de infrac- ci(cid:243)n contra Espaæa. Observaciones de los demandantes asunto [vØase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Grosskrotzenburg (1)]. Sin embargo, en 1989 se inici(cid:243) un procedimiento de evalua- ci(cid:243)n del impacto del proyecto de Itoiz, que concluy(cid:243) en 1990, tras un per(cid:237)odo de consultas pœblicas. En 1992, se tom(cid:243) la decisi(cid:243)n final sobre la aplicaci(cid:243)n del proyecto y, en 1993, comenzaron los trabajos preliminares. Por lo tanto, en opini(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, se realiz(cid:243) una evaluaci(cid:243)n del impacto, y las pruebas demostraron que tambiØn se hab(cid:237)an tenido en cuenta los efectos que el proyecto tendr(cid:237)a en el medio ambiente y, entre ellos, su impacto sobre las aves protegidas. En sus observaciones, los demandantes hicieron incapiØ en que la Comisi(cid:243)n no les explic(cid:243) adecuadamente las razones para poder concluir que Espaæa hab(cid:237)a cumplido correctamente las obligaciones que le imponen las Directivas 85/337/CEE y 79/409/CEE. Segœn los demandantes, la Comisi(cid:243)n no ten(cid:237)a derecho a evaluar el proyecto a la luz de la Directiva 92/43/CEE, pues esta Directiva aœn no estaba en vigor cuando comenz(cid:243) el proyecto. En su opini(cid:243)n, el proyecto era clara- mente contrario a la Directiva 79/409/CEE: se hab(cid:237)a constatado que al menos una zona de protecci(cid:243)n especial quedar(cid:237)a reduci- da, y que esto no ocurrir(cid:237)a por razones que «obedecieran a un interØs general superior al que responde el objetivo ecol(cid:243)gico al que se refiere la Directiva» (vØase la decisi(cid:243)n del Tribunal en el asunto Leybucht ya mencionado). Junto con sus observacio- nes, los demandantes facilitaron documentos que mostraban que, en un determinado momento, los servicios de la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)an considerado que el proyecto contraven(cid:237)a la Directiva 79/409/CEE. Respecto a la Directiva 79/409/CEE, los servicios de la Comi- si(cid:243)n consideraron al comienzo de la investigaci(cid:243)n que los efec- tos del proyecto de Itoiz sobre las aves y los hÆbitats pod(cid:237)an ser apreciables y, por lo tanto, contrarios a lo estipulado en el apartado 4 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva. No obstante, sus con- clusiones se vieron modificadas tras el estudio de la informa- ci(cid:243)n recibida de las autoridades espaæolas y la informaci(cid:243)n adi- cional recogida durante la audici(cid:243)n celebrada en Madrid. MÆs tarde, el asunto se consider(cid:243) a la luz de la Directiva 92/43/CEE, ya que, desde el 5 de junio de 1994, las disposicio- nes de esta Directiva sustituyeron al apartado 4 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva 79/409/CEE. En sus comentarios a las segundas observaciones de la Comi- si(cid:243)n, los demandantes mantuvieron su reclamaci(cid:243)n. Otras investigaciones Decisi(cid:243)n Tras considerar las observaciones de la Comisi(cid:243)n y de los demandantes, el Defensor del Pueblo escribi(cid:243) una carta a la Comisi(cid:243)n. En ella, el Defensor del Pueblo solicit(cid:243) a esta institu- ci(cid:243)n que le proporcionara una explicaci(cid:243)n mÆs detallada de su opini(cid:243)n sobre el cumplimiento de las Directivas 85/337/CEE y 79/409/CEE por parte de las autoridades espaæolas. En sus segundas observaciones, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243), en s(cid:237)nte- sis, lo siguiente: Por lo que se refiere a la Directiva 85/337/CEE, el Ministerio de Obras Pœblicas espaæol aprob(cid:243) el proyecto de riego llamado «Canal de Navarra» en diciembre de 1961. En 1977, se aprob(cid:243) un primer proyecto para el embalse de Itoiz. La aplicaci(cid:243)n de dicho proyecto se aprob(cid:243) en 1985. Ambos proyectos se modi- ficaron en fechas posteriores para tener en cuenta los resulta- dos de las encuestas pœblicas y las nuevas valoraciones sobre las necesidades de agua. En raz(cid:243)n a estas circunstancias, pare- cer(cid:237)a dif(cid:237)cil justificar que la Directiva 85/337/CEE, que deb(cid:237)a estar en vigor antes del 3 de julio de 1988, se aplicara a este 1. La reclamaci(cid:243)n planteaba la cuesti(cid:243)n de si la tramitaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n de su queja ante esa instituci(cid:243)n hab(cid:237)a sido adecuada. 2. Por lo que se refiere al examen de su queja por la Comi- si(cid:243)n, a la vista de la declaraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n y de la documentaci(cid:243)n facilitada por los demandantes no se cons- tataron elementos inadecuados. 3. Respecto a los motivos de la Comisi(cid:243)n para llegar a su conclusi(cid:243)n, se constat(cid:243) que subsist(cid:237)a un punto fundamental de desacuerdo entre la Comisi(cid:243)n y los demandantes. Se tra- taba de evaluar si la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a dado los motivos ade- cuados para concluir que, si bien el proyecto de Itoiz, hubiera podido infringir la Directiva 79/409/CEE, esta infracci(cid:243)n hab(cid:237)a quedado remediada por la entrada en vigor de la Directiva 92/43/CEE, que no era de aplicaci(cid:243)n en el momento de iniciar el proyecto. (1) Sentencia de 11 de agosto de 1995 en el asunto C-431/92 (Recopi- laci(cid:243)n 1995, p. I-2189). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/109 4. Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la administraci(cid:243)n explique adecuadamente a los ciudadanos los motivos de las decisiones que adopta. En respuesta a la investigaci(cid:243)n de oficio que el Defensor del Pueblo Europeo realiz(cid:243) en 1997 sobre los procedimientos administrativos de la Comisi(cid:243)n para tramitar las reclamaciones relativas a infracciones de la legislaci(cid:243)n comunitaria por parte de los Estados miembros, la Comisi(cid:243)n se comprometi(cid:243) a informar a los demandantes de sus motivos para decidir la inexisten- cia de una infracci(cid:243)n (1). 5. En el presente asunto se comprob(cid:243) que los demandantes hab(cid:237)an insistido en afirmar que el proyecto de Itoiz contra- ven(cid:237)a la Directiva 79/409/CEE y que la infracci(cid:243)n no se pod(cid:237)a remediar mediante la Directiva 92/43/CEE, que no estaba en vigor en el momento del proyecto. TambiØn parece que la Comisi(cid:243)n no tuvo en cuenta la queja en su decisi(cid:243)n original, por lo que resultaba insuficiente en su razonamiento. Esta decisi(cid:243)n se tom(cid:243) antes del compromiso de la Comisi(cid:243)n en el asunto 303/97/PD, mencionado ante- riormente. Sin embargo, en sus observaciones a la presente reclamaci(cid:243)n, tampoco tuvo adecuadamente en cuenta la queja, por lo que se constata que la Comisi(cid:243)n no puede justificar correctamente su decisi(cid:243)n, y esto constituye un caso de mala administraci(cid:243)n. Nota: Tras la decisi(cid:243)n del Defensor del Pueblo, la prensa espaæola inform(cid:243) de que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido volver a abrir la investi- gaci(cid:243)n sobre el embalse de Itoiz. DISPUTA SOBRE UN CONTRATO DE INVESTIGACI(cid:211)N Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 768/26. 7. 96/CP/UK/IJH contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En julio de 1996, el Sr. P. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo acerca de un contrato de investigaci(cid:243)n entre su empresa, LWL, dos empresas asociadas (una portuguesa y la otra griega) y la Comisi(cid:243)n. Las razones alegadas en la reclama- ci(cid:243)n eran que la Direcci(cid:243)n General VI de la Comisi(cid:243)n: i) hab(cid:237)a destruido el proyecto deliberadamente al difundir informaci(cid:243)n falsa sobre el mismo, Conclusi(cid:243)n ii) hab(cid:237)a impedido inadecuadamente el pago final estipulado en el contrato, y Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo en esta reclamaci(cid:243)n, se consider(cid:243) necesario emitir el comentario cr(cid:237)tico siguiente: iii) hab(cid:237)a tratado los costes de una manera confusa para redu- cir el importe del pago final. Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comi- si(cid:243)n explique adecuadamente a los ciudadanos los motivos de las decisiones que adopta. En el presente asunto se constat(cid:243) que los demandantes insistieron en afirmar que el proyecto de Itoiz contraven(cid:237)a la Directiva 79/409/CEE y que esta infracci(cid:243)n no se pod(cid:237)a remediar mediante la Directiva 92/43/CEE, que no estaba en vigor en el momento de los hechos. TambiØn parece que la Comisi(cid:243)n no tuvo en cuenta la queja en su decisi(cid:243)n ori- ginal, por lo que resultaba insuficiente en su razonamiento. Esta decisi(cid:243)n se tom(cid:243) antes de que la Comisi(cid:243)n se comprome- tiera a informar a los ciudadanos de los motivos de una deci- si(cid:243)n cuando concluyera que no se hab(cid:237)a producido una infrac- ci(cid:243)n. Sin embargo, la Comisi(cid:243)n tampoco tuvo adecuadamente en cuenta la queja en sus observaciones a la presente reclama- ci(cid:243)n, por lo que se constata que la Comisi(cid:243)n no puede justifi- car adecuadamente su decisi(cid:243)n, y esto constituye un caso de mala administraci(cid:243)n. Dado que este aspecto del asunto se refiere a procedimientos relativos a acontecimientos espec(cid:237)ficos del pasado, no resulta apropiado buscar un acuerdo amistoso del problema y, por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (1) Asunto 303/97/PD, recogido en la secci(cid:243)n 3. 7 del Informe anual de 1997. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que, segœn el contrato, la Comisi(cid:243)n ten(cid:237)a que pagar la mitad de los gastos subvencionables, hasta un mÆximo de 1 050 000 ecus. La empresa LWL era la responsa- ble de la presentaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n de toda la documentaci(cid:243)n en nombre de todos los contratistas. Las observaciones conti- nuaban como sigue: «Los balances finales debidos s(cid:243)lo se podrÆn pagar antes de que transcurran dos meses de la fecha de aprobaci(cid:243)n de la declaraci(cid:243)n del coste consolidado y el œltimo informe tØcnico, la documenta- ci(cid:243)n, y cualquier otro documento que se deba presentar de confor- midad con el contrato [letra c) del apartado 2 del art(cid:237)culo 21 del anexo II]. Por lo tanto, el contrato debe estar en vigor hasta la œltima de las dos fechas siguientes: la fecha en que se presente la informaci(cid:243)n solicitada por la Comisi(cid:243)n de acuerdo con el contrato (art(cid:237)culo 13 del anexo II) o la fecha en que la Comisi(cid:243)n realice el œltimo pago. Durante este per(cid:237)odo, as(cid:237) como durante los dos a os siguientes a C 300/110 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 la expiraci(cid:243)n del contrato, la Comisi(cid:243)n podrÆ acceder, con fines de control, a todo el material pertinente relacionado con la contabili- dad, y, cuando sea necesario, podrÆ exigir la presentaci(cid:243)n de dichas evidencias documentales (art(cid:237)culo 39 del anexo II). De conformidad con los tØrminos de la letra c) del apartado 1 y el apartado 5 del art(cid:237)culo 6 de las (cid:147)Condiciones generales(cid:148) esta- blecidas en el anexo II del contrato [(cid:133)], el socio coordinador puede considerarse libre de sus obligaciones si, una vez transcurri- dos dos meses de la recepci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n de los œltimos borradores de informes, Østa no le hace comentarios sobre ellos. Sin embargo, el art(cid:237)culo 6 del anexo II del contrato no obliga a la Comisi(cid:243)n a realizar pagos dentro de un plazo determinado. El art(cid:237)culo 6 figura en la parte A del anexo, que se refiere œnica- mente a la realizaci(cid:243)n del trabajo y es aplicable a las obligaciones del contratista respecto a los resultados tØcnicos del trabajo. En relaci(cid:243)n con esto, el personal de la Comisi(cid:243)n concluy(cid:243) que no exist(cid:237)an razones que hicieran dudar de la conformidad del trabajo realizado con los objetivos del proyecto. » En s(cid:237)ntesis, la Comisi(cid:243)n formulaba tambiØn las observaciones siguientes: i) Se efectuaron cuatro pagos a LWL, que ten(cid:237)a instrucciones de transferir a los otros socios las cantidades que les correspond(cid:237)an. vii) En noviembre de 1995, LWL envi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n infor- mes financieros y declaraciones de gastos correspondien- tes al tercer aæo del proyecto y al proyecto completo. La Comisi(cid:243)n hizo diversas peticiones de informaci(cid:243)n adicio- nal, tras lo cual, a mediados de mayo de 1996, LWL le envi(cid:243) una versi(cid:243)n corregida de sus declaraciones de gastos consolidados. Sin embargo, aœn no se enviaron a la Comi- si(cid:243)n informes consolidados de los socios portuguØs y grie- go. viii) A la vista de los anteriores incisos iii) y iv), la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) que, en lo sucesivo, el proyecto se considerar(cid:237)a «dudoso», lo que justificar(cid:237)a un control mÆs estricto. Por la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243) una posici(cid:243)n prudente y lo tanto, decidi(cid:243) que no resultaba adecuado realizar mÆs pagos. ix) x) El 5 de julio de 1996 se llev(cid:243) a cabo una auditoria en la sede central de LWL. LWL no fue capaz de presentar los documentos que se le solicitaron, y en especial las n(cid:243)mi- nas que justificaban los gastos de personal. La Comisi(cid:243)n convoc(cid:243) al socio portuguØs y a LWL a una reuni(cid:243)n el 11 de julio de 1996, con el fin de aclarar la situaci(cid:243)n. En la reuni(cid:243)n, a la que el socio portuguØs no pudo asistir, la Comisi(cid:243)n pidi(cid:243) repetidamente a LWL que le facilitase la evidencia financiera documental que faltaba. LWL adujo, no obstante, que la letra c) del apartado 1 y el apartado 5 del art(cid:237)culo 6 la liberaban de las obligacio- nes derivadas del contrato, e insisti(cid:243) en que la Comisi(cid:243)n deb(cid:237)a realizar el pago final. ii) A la vista de las declaraciones de gastos subvencionables que se presentaron, quedaban 47 967 ecus por pagar, de los cuales 14 370 correspond(cid:237)an a LWL. xi) La unidad antifraude de la Comisi(cid:243)n, UCLAF, hab(cid:237)a ini- ciado una investigaci(cid:243)n porque LWL no hab(cid:237)a sido capaz de facilitar evidencias contables que respaldasen sus supuestos gastos. El 17 de agosto de 1995, LWL inform(cid:243) a la Comisi(cid:243)n de que, en mayo de 1994, las autoridades de Tenerife hab(cid:237)an concluido que la estructura del proyecto era ilegal. Observaciones del demandante El 31 de agosto de 1995, el socio portuguØs inform(cid:243) a la Comisi(cid:243)n de que no hab(cid:237)a recibido de LWL la cantidad de 16 088 ecus correspondientes al segundo aæo de trabajo. El socio portuguØs mencion(cid:243) tambiØn diferencias de opi- ni(cid:243)n con LWL sobre cuestiones cient(cid:237)ficas, as(cid:237) como alte- raciones tØcnicas del proyecto que ellos consideraban importantes. v) La Comisi(cid:243)n organiz(cid:243) una reuni(cid:243)n con los tres socios. Dicha reuni(cid:243)n se celebr(cid:243) el 27 de noviembre de 1995, y en ella se confirm(cid:243) que LWL continuar(cid:237)a siendo el coordi- nador cient(cid:237)fico del proyecto. En s(cid:237)ntesis, el demandante formul(cid:243) las observaciones siguien- tes: i) LWL present(cid:243) los informes peri(cid:243)dicos sobre el progreso y el informe final que impon(cid:237)a el contrato a su debido tiem- po. La Comisi(cid:243)n no present(cid:243) en ninguna ocasi(cid:243)n observa- ciones sobre los informes, ni notific(cid:243) que necesitase un per(cid:237)odo de tiempo mÆs largo para hacerlo. Por lo tanto, de acuerdo con las letras b) y c) del apartado 1 del art(cid:237)- culo 6 del contrato, era de suponer que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a aprobado los informes y que LWL quedaba libre de las obligaciones del contrato, de acuerdo con el apartado 5 del art(cid:237)culo 6. vi) Tras encargar un informe independiente y recibir la opi- ni(cid:243)n del experto en julio de 1996, la Comisi(cid:243)n acept(cid:243) los informes cient(cid:237)ficos que se hab(cid:237)an presentado para el pro- yecto. ii) Los informes financieros sobre el tercer aæo y los infor- mes consolidados se presentaron a la Comisi(cid:243)n en noviembre y diciembre de 1995 respectivamente. En un iii) iv) 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/111 fax enviado por la Comisi(cid:243)n el 18 de abril de 1996, se solicitaba la realizaci(cid:243)n de una correcci(cid:243)n en la declara- ci(cid:243)n del coste consolidado, y se declaraba haber exami- nado y aprobado el informe financiero, anunciÆndose que el pago se realizar(cid:237)a tan pronto se aprobasen los informes cient(cid:237)ficos. del mismo. No resultaba prÆctico ni apropiado realizar ese tipo de registros en el caso de un equipo pequeæo que trabajaba simultÆneamente en dos, e incluso tres o cuatro pa(cid:237)ses. Sin embargo, dispon(cid:237)an de diarios de trabajo en los que se inclu(cid:237)an registros diarios de asistencia indivi- dual y otros detalles. La Comisi(cid:243)n estaba incumpliendo el contrato, al no efec- tuar el pago final estipulado en la letra c) del apartado 2 del art(cid:237)culo 21 del mismo antes de que transcurriesen dos meses de la supuesta aprobaci(cid:243)n. x) A la reuni(cid:243)n del 11 de julio de 1996 asistieron ocho fun- cionarios de la Comisi(cid:243)n y el Sr. P. En ella se plantearon preguntas sobre el manejo del contrato por parte de la Comisi(cid:243)n que no obtuvieron respuesta. iii) iv) v) La primera vez que la Comisi(cid:243)n solicit(cid:243) una aclaraci(cid:243)n de los informes sobre el progreso del proyecto fue el 24 de mayo de 1996. Esta aclaraci(cid:243)n se facilit(cid:243) el 25 de mayo de 1996, pero no fue reconocida por la Comisi(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n se neg(cid:243), sin previo aviso ni explicaci(cid:243)n, a permitir que LWL hiciera uso de las posibilidades previs- tas en el contrato de transferir costes de unas categor(cid:237)as a otras. En particular, la Comisi(cid:243)n se neg(cid:243) a aceptar la pro- puesta de LWL de que los costes asignados en un princi- pio a la partida «equipamiento permanente» se trataran como «consumibles», con lo que quedar(cid:237)a patente su ver- dadera naturaleza, pues se trataba de costes que se hab(cid:237)an depreciado durante el proyecto. vi) Al final del segundo aæo del proyecto, estaba claro que el socio portuguØs no ten(cid:237)a intenci(cid:243)n de asumir sus respon- sabilidades. LWL inform(cid:243) de ello a la Comisi(cid:243)n verbal- mente, y Østa le advirti(cid:243), tambiØn verbalmente, que su pri- mera responsabilidad era «entregar los resultados», de acuerdo con el art(cid:237)culo 2 del contrato, que prevØ que los contratistas «liberen de sus responsabilidades a los contra- tistas que se retiren». vii) En la reuni(cid:243)n celebrada el 27 de noviembre de 1995 [vØase el anterior inciso v) de las observaciones de la Comisi(cid:243)n] se acord(cid:243) que, en lo sucesivo, cada socio envia- r(cid:237)a sus informes directamente a la Comisi(cid:243)n, sin pasar por LWL como intermediario. viii) La descripci(cid:243)n de la auditor(cid:237)a realizada por la Comisi(cid:243)n el 5 de julio de 1996 mal interpretaba lo ocurrido de una manera exagerada. Los auditores identificaron tres partidas de menor importancia que consideraron no subvenciona- bles. En dos casos, LWL consider(cid:243) que se trataba de parti- das subvencionables, y el 8 de julio de 1996 pidi(cid:243) una aclaraci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n. No recibi(cid:243) respuesta. El tercer punto en discordia era una factura por la entrega garanti- zada del contrato firmado a la Comisi(cid:243)n, en Bruselas, que se deb(cid:237)a realizar al d(cid:237)a siguiente. Se consider(cid:243) no subven- cionable porque estaba fechada un d(cid:237)a antes del inicio del contrato. Otras investigaciones Tras examinar el expediente, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que era necesario realizar investigaciones adicionales. Escribi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n pidiØndole que le informara de: 1) a) las razones por las que la Comisi(cid:243)n se hab(cid:237)a negado a aceptar las propuestas de LWL de que ciertos costes se tra- tasen como transferibles de acuerdo con el contrato, y b) si dichas razones se hab(cid:237)an comunicado a LWL; 2) la base legal de la Comisi(cid:243)n para no avanzar en los aspec- tos financieros del caso hasta que el demandante y los otros contratantes facilitasen determinada informaci(cid:243)n. En relaci(cid:243)n con esto, el Defensor del Pueblo hizo referencia a la carta que la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) al demandante el 18 de abril de 1996; 3) si hab(cid:237)an finalizado las investigaciones de la UCLAF y, si as(cid:237) era, su resultado. Respuesta de la Comisi(cid:243)n En respuesta a la letra a) de la pregunta 1, la Comisi(cid:243)n hizo referencia a la petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional que hab(cid:237)a for- mulado a LWL. En cuanto a la letra b) de la pregunta 1, declar(cid:243) que las razones hab(cid:237)an sido comunicadas al Sr. P. tanto durante la auditor(cid:237)a como en el transcurso de la reuni(cid:243)n cele- brada en Bruselas el 11 de julio de 1996. En respuesta a la pregunta 2, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que recibi(cid:243) la declaraci(cid:243)n de costes consolidados del socio portuguØs, que era el œltimo documento exigido en la letra c) del apartado 2 del art(cid:237)culo 21 del contrato, el 25 de noviembre de 1996. BasÆndose en dicha letra c), el pago deber(cid:237)a haberse realizado, a mÆs tardar, en enero de 1997. Sin embargo, ese no era el caso, pues exist(cid:237)a una petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional por parte de la Comisi(cid:243)n, realizada en julio de 1996, que todav(cid:237)a estaba pendiente. ix) Los auditores quisieron examinar tambiØn las hojas de horarios del personal que trabajaba en el proyecto, firma- das y certificadas, al menos una vez al mes, por el director AdemÆs, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a pedido al Sr. P. que presentara evi- dencias de las cantidades que afirmaba haber transferido a sus C 300/112 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 socios, si bien el Sr. P no las present(cid:243). La Comisi(cid:243)n hizo tam- biØn referencia a la «posici(cid:243)n prudente» mencionada en el inciso viii) de sus observaciones. En respuesta a la pregunta 3, investigaciones de la UCLAF segu(cid:237)an adelante. la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que las Otras observaciones del demandante En s(cid:237)ntesis, el Sr. P. seæal(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a contes- tado a la letra a) de la pregunta 1, y afirm(cid:243) que su respuesta a la letra b) no era cierta. Respecto a la respuesta a la pregunta 2, el Sr. P. afirm(cid:243) que, tras la reuni(cid:243)n del 27 de noviembre de 1995 y siguiendo las instrucciones de la Comisi(cid:243)n, todos los documentos separado. El Sr. P. adjunt(cid:243) tambiØn copias de justificantes de transferencias banca- rias al socio portuguØs que ya hab(cid:237)a presentado a la Comisi(cid:243)n el 24 de mayo de 1996. se hab(cid:237)an entregado por En cuanto a la UCLAF, el Sr. P. hizo referencia a la correspon- dencia que hab(cid:237)a mantenido con el Defensor del Pueblo en julio de 1997. La UCLAF le hab(cid:237)a pedido que le facilitara copias de todos los documentos de los registros administrativo y financiero del proyecto. El Sr. P. hab(cid:237)a comunicado a la UCLAF que no le parec(cid:237)a razonable realizar copias de miles de documentos, pues LWL no ten(cid:237)a personal contratado para ese trabajo, y propuso que, como alternativa, se realizase una audi- tor(cid:237)a en sus dependencias tal como contemplaba el art(cid:237)culo 39 del contrato. Gestiones del Defensor del Pueblo para llegar a una soluci(cid:243)n amistosa El 8 de septiembre de 1997, el Defensor del Pueblo escribi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n para sugerir que se intentara buscar una soluci(cid:243)n amistosa a la reclamaci(cid:243)n. El Defensor del Pueblo hac(cid:237)a hincapiØ en que, a la vista de las evidencias del asunto, el demandante no parec(cid:237)a haber recibido una respuesta a su afirmaci(cid:243)n de que la petici(cid:243)n de la UCLAF de facilitar copias de los documentos no era razonable ni a la propuesta alternativa que hizo a la UCLAF de efectuar una auditor(cid:237)a en las dependencias del demandante. El Defensor del Pueblo suger(cid:237)a a la Comisi(cid:243)n que modificara la petici(cid:243)n o diese razones que justificasen la necesidad de copiar toda la docu- mentaci(cid:243)n. La carta del Defensor del Pueblo tambiØn llamaba la atenci(cid:243)n sobre el hecho de que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a facilitado al Defensor del Pueblo la informaci(cid:243)n que Øste le hab(cid:237)a solicitado, relativa a las razones para no subvencionar los costes. Por otra parte, de las investigaciones realizadas no se pod(cid:237)a constatar que la Comisi(cid:243)n hubiera facilitado una explicaci(cid:243)n coherente de por quØ cre(cid:237)a que su punto de vista sobre la posici(cid:243)n con- tractual estaba justificado. El Defensor del Pueblo sugiri(cid:243) que, segœn cuÆl fuera el resultado de las investigaciones de la UCLAF, la Comisi(cid:243)n podr(cid:237)a considerar la revisi(cid:243)n de su pos- tura en relaci(cid:243)n con la cantidad y el pago del balance final debido de conformidad con el contrato. En su respuesta del 12 de noviembre de 1997, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pueblo de que la UCLAF ya no ped(cid:237)a a LWL que le facilitase copias de los documentos sino que se iba a llevar a cabo una inspecci(cid:243)n en las dependencias de LWL y que el Sr. P. hab(cid:237)a sido informado de ello. En relaci(cid:243)n con los desacuerdos acerca del contrato, la Comi- si(cid:243)n afirmaba en su respuesta que, con ocasi(cid:243)n de cada pago peri(cid:243)dico, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a enviado una carta a LWL en la que inclu(cid:237)a un cuadro que mostraba los gastos reclamados y los gastos subvencionables, con la explicaci(cid:243)n de todas las dife- rencias entre ambos. La Comisi(cid:243)n declaraba tambiØn que la base legal para no haber efectuado el pago del balance final era que la Comisi(cid:243)n aœn no hab(cid:237)a aprobado la declaraci(cid:243)n de cos- tes finales de LWL. La carta de la Comisi(cid:243)n se remiti(cid:243) al demandante, quien con- test(cid:243) las afirmaciones de la Comisi(cid:243)n en relaci(cid:243)n con la dis- puta contractual e insisti(cid:243) en que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a empezado a destruir el proyecto al informar a otras partes interesadas de que hab(cid:237)a fallos tØcnicos y econ(cid:243)micos. Por lo tanto, no parec(cid:237)a posible que se llegase a una soluci(cid:243)n amistosa. Decisi(cid:243)n 1. Objetivo de las investigaciones del Defensor del Pueblo y de la decisi(cid:243)n 1. 1. I n v e s t i g a c i (cid:243) n d e l a U C L A F 1. 1. 1. En su intento de que la reclamaci(cid:243)n se resolviese mediante una soluci(cid:243)n amistosa, el Defensor del Pueblo llam(cid:243) la atenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n sobre el hecho de que el demandante estimaba no haber recibido respuesta a su afirmaci(cid:243)n de que la petici(cid:243)n de la UCLAF de facilitar copias de los registros no era razonable, ni a su pro- puesta de que la UCLAF realizase una auditor(cid:237)a en sus dependencias como soluci(cid:243)n alternativa. 1. 1. 2. En su respuesta, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pueblo de que la UCLAF hab(cid:237)a dejado de insistir en que LWL le facilitase copias de los documentos antes de una inspecci(cid:243)n de sus dependencias. Por lo tanto, la Comi- si(cid:243)n parec(cid:237)a aceptar con satisfacci(cid:243)n la soluci(cid:243)n con- creta propuesta por el Defensor del Pueblo. 1. 2. C o n t e x t o c o n t r a c t u a l d e l a r e c l a m a c i (cid:243) n 1. 2. 1. De acuerdo con el apartado 1 del art(cid:237)culo 11 del con- trato del que se deriva la reclamaci(cid:243)n, Øste se rige por las leyes de Inglaterra y Gales. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/113 1. 2. 2. Muchos Defensores del Pueblo nacionales de los Estados miembros no intervienen en disputas contractuales, ya sea por las caracter(cid:237)sticas generales de los contratos regi- dos por leyes nacionales, ya porque la ley que establece el Æmbito de competencias de esos Defensores del Pue- blo excluye expresamente de dichos Æmbitos los asuntos contractuales. 2. 1. 3. A la vista de las investigaciones del Defensor del Pueblo, y sobre la base del informe del perito independiente que hab(cid:237)a eliminado las dudas relativas a los aspectos cient(cid:237)- ficos del proyecto, no se constat(cid:243) evidencia que los fun- cionarios de la Comisi(cid:243)n hubieran realizado declaracio- nes incompatibles con el informe. 1. 2. 3. Como se indicaba en el Informe anual del Defensor del Pueblo de 1995, una de sus misiones consiste en ayudar a aligerar las cargas de los litigios, fomentando solucio- nes amistosas y haciendo recomendaciones que eviten la necesidad de llegar a los tribunales. Por esta raz(cid:243)n, el Defensor del Pueblo Europeo interviene en reclamacio- nes por mala administraci(cid:243)n derivadas de relaciones contractuales. 1. 2. 4. Sin embargo, no es tarea suya determinar si ha existido incumplimiento de contrato por una u otra parte. Esta cuesti(cid:243)n s(cid:243)lo puede tratarla un tribunal jurisdiccional competente, que tendr(cid:237)a la posibilidad de escuchar los argumentos de las partes relativos a las leyes nacionales aplicables y evaluar las evidencias del conflicto sobre cada una de las cuestiones en litigio. 1. 2. 5. Sin embargo, como principio de buena administraci(cid:243)n, una autoridad pœblica que intervenga en una disputa contractual con una parte privada deber(cid:237)a, en cualquier caso, ser capaz de facilitar al Defensor del Pueblo una explicaci(cid:243)n coherente de la base legal de sus acciones y la raz(cid:243)n que le hace pensar que su opini(cid:243)n de la posi- ci(cid:243)n contractual estÆ justificada. 2. Resultados esenciales 2. 1. A l e g a c i (cid:243) n d e q u e l a D i r e c c i (cid:243) n G e n e r a l V I i n i c i (cid:243) d e l i b e r a d a m e n t e l a d e s t r u c c i (cid:243) n d e l p r o y e c t o 2. 1. 1. El demandante afirm(cid:243) que la Direcci(cid:243)n General VI inici(cid:243) la destrucci(cid:243)n deliberada del proyecto al difundir infor- maci(cid:243)n falsa acerca del mismo. Aunque la Comisi(cid:243)n no contradijo dicha alegaci(cid:243)n expresamente, sus observacio- nes y, en particular su explicaci(cid:243)n de por quØ hab(cid:237)a cali- ficado el proyecto de «dudoso» rechazaron la esencia de la alegaci(cid:243)n. 2. 1. 2. Segœn afirma la Comisi(cid:243)n en sus observaciones, tras considerar la informaci(cid:243)n facilitada por el socio portu- guØs, busc(cid:243) la opini(cid:243)n de un experto independiente. Tras recibir esta opini(cid:243)n en julio de 1996, la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) que pod(cid:237)a aceptar los informes cient(cid:237)ficos que se le hab(cid:237)an presentado de conformidad con el contrato. La Comisi(cid:243)n declar(cid:243) tambiØn que sus servicios hab(cid:237)an concluido que no exist(cid:237)an razones para dudar de que el trabajo realizado fuera conforme a los objetivos del pro- yecto. 2. 1. 4. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto de la reclamaci(cid:243)n. 2. 2. R e t e n c i (cid:243) n d e l p a g o f i n a l e s t i p u l a d o e n e l c o n t r a t o 2. 2. 1. LWL hab(cid:237)a expresado de manera vehemente a la Comi- si(cid:243)n su opini(cid:243)n de que estaba libre de las obligaciones derivadas del contrato, y que la Comisi(cid:243)n deb(cid:237)a haber realizado el pago final de conformidad con la letra c) del apartado 2 del art(cid:237)culo 21 del mismo. 2. 2. 2. En sus observaciones y su respuesta a la petici(cid:243)n de mÆs informaci(cid:243)n que le hab(cid:237)a formulado el Defensor del Pue- blo, la Comisi(cid:243)n no se expres(cid:243) claramente sobre su posici(cid:243)n contractual. En su respuesta a la propuesta del Defensor del Pueblo en favor de una soluci(cid:243)n amistosa, la Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que el hecho en que basaba la falta de pago del balance final era que la Comisi(cid:243)n aœn no hab(cid:237)a aprobado la declaraci(cid:243)n de costes finales de LWL. Como raz(cid:243)n de la retenci(cid:243)n del pago, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que el demandante no hab(cid:237)a facilitado la infor- maci(cid:243)n final solicitada en julio de 1996. 2. 2. 3. A la vista de su actual posici(cid:243)n, resultaba engaæoso que la Comisi(cid:243)n enviase una carta al demandante el 18 de abril de 1996, en la que se le ped(cid:237)a que Øste realizase una correcci(cid:243)n determinada en la declaraci(cid:243)n de costes consolidados, y en la que se declaraba que el pago se efectuar(cid:237)a tan pronto se hubieran aprobado los informes cient(cid:237)ficos. Pod(cid:237)a entenderse que dicha carta implicaba una aprobaci(cid:243)n de la declaraci(cid:243)n de costes consolidados, con la condici(cid:243)n de que se realizase la correcci(cid:243)n indi- cada. 2. 3. T r a t a m i e n t o c o n t a b l e d e r e d u c i r e l p a g o f i n a l l o s c o s t e s p a r a 2. 3. 1. El demandante afirmaba que la Comisi(cid:243)n se hab(cid:237)a negado a permitir la transferencia de costes entre cate- gor(cid:237)as sin previo aviso ni explicaci(cid:243)n. En las observacio- nes del demandante se alegaba, en particular, que la Comisi(cid:243)n se hab(cid:237)a negado a aceptar la propuesta de que costes inicialmente considerados en la partida «equipa- miento permanente» se tratasen como «consumibles». C 300/114 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 2. 3. 2. Segœn la respuesta de la Comisi(cid:243)n a la petici(cid:243)n del Defensor del Pueblo de que se facilitara informaci(cid:243)n adi- cional, las razones para no subvencionar ciertos costes fueron comunicadas al demandante durante la auditor(cid:237)a y en el transcurso de la reuni(cid:243)n celebrada en Bruselas el 11 de julio de 1996. El demandante lo neg(cid:243) expresa- mente, adjuntando un informe de la auditor(cid:237)a, junto con las notas de la reuni(cid:243)n del 11 de julio de 1996. Todos estos documentos fueron transmitidos a la Comisi(cid:243)n, que no present(cid:243) evidencias que los refutasen. 2. 3. 3. En su intento de conseguir una soluci(cid:243)n amistosa, el Defensor del Pueblo llam(cid:243) la atenci(cid:243)n sobre el hecho de que la Comisi(cid:243)n no le hab(cid:237)a facilitado la informaci(cid:243)n solicitada para no subvencionar los costes. En su res- puesta, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que, con ocasi(cid:243)n de cada pago peri(cid:243)dico, la Comisi(cid:243)n enviaba a una carta LWL en la que inclu(cid:237)a un cuadro que conten(cid:237)a los gastos reclamados y los gastos subvencionables, as(cid:237) como la explicaci(cid:243)n de las diferencias existentes entre ambos. La Comisi(cid:243)n adjunt(cid:243) a su respuesta copias de cartas que hab(cid:237)a enviado al demandante los d(cid:237)as 4 de julio de 1994 y 14 de marzo y 8 de agosto de 1995. Sin embargo, el Defensor del Pueblo no recibi(cid:243) copias de los cuadros financieros a los que hac(cid:237)an referencia las cartas. 2. 3. 4. El efecto de la negativa de la Comisi(cid:243)n a la petici(cid:243)n del demandante de transferir costes de unas categor(cid:237)a a otras era reducir la proporci(cid:243)n de gastos totales subven- cionables y, por lo tanto, disminuir la contribuci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n a menos del 50 % del total. En esas circunstan- cias, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a haber ofrecido al demandante razones que justificasen su negativa. El razonamiento tambiØn se deber(cid:237)a haber presentado al Defensor del Pueblo. A pesar de que la petici(cid:243)n se repiti(cid:243), la Comi- si(cid:243)n no aclar(cid:243) sus motivos al Defensor del Pueblo, por lo que Øste concluy(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a facilitado al demandante las razones de la negativa a su propuesta por la que los costes inicialmente considerados en la partida «equipamiento permanente» fuesen considerados como «consumibles». el 18 de abril de 1996 pidiØndole que realizara una correc- ci(cid:243)n espec(cid:237)fica en el balance de costes consolidados y declarando que el pago se realizar(cid:237)a tan pronto se aproba- sen los informes cient(cid:237)ficos. Tal carta pod(cid:237)a interpretarse como una aprobaci(cid:243)n impl(cid:237)cita del balance de costes con- solidados, una vez se hubiera aplicado la correcci(cid:243)n solici- tada. 2) El efecto de la negativa de la Comisi(cid:243)n a la petici(cid:243)n del demandante de transferir costes de unas categor(cid:237)as a otras era reducir la proporci(cid:243)n de gastos totales subvencionables a menos del 50 % del total. En esas circunstancias, la Comi- si(cid:243)n deber(cid:237)a haber ofrecido al demandante razones que jus- tificasen su negativa. El razonamiento tambiØn se deber(cid:237)a haber presentado al Defensor del Pueblo a petici(cid:243)n de Øste. A pesar de que la petici(cid:243)n se repiti(cid:243), la Comisi(cid:243)n no aclar(cid:243) sus motivos al Defensor del Pueblo, por lo que Øste con- cluy(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a facilitado al demandante las razones de la negativa a su propuesta de que costes ini- cialmente considerados en la partida «equipamiento perma- nente» se tratasen como «consumibles». 3) Las cuestiones esenciales de la disputa entre el demandante y la Comisi(cid:243)n hac(cid:237)an referencia a sus obligaciones contrac- tuales. El Defensor del Pueblo no puede determinar si exis- ti(cid:243) incumplimiento de contrato por alguna de las partes, por lo que no consider(cid:243) apropiado presentar un proyecto de recomendaci(cid:243)n, a pesar de que sus esfuerzos para alcan- zar una soluci(cid:243)n amistosa resultaron infructuosos. El Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que el contrato en cuesti(cid:243)n estaba regido por las leyes de Inglaterra y Gales, y que el Tribunal de Justicia es el œnico que tiene jurisdicci(cid:243)n res- pecto a las disputas relativas al contrato (apartado 1 del art(cid:237)culo 11; art(cid:237)culo 12 del anexo II). Por lo tanto, corres- pond(cid:237)a a las partes llevar las cuestiones en disputa ante la judicatura comunitaria. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. Conclusiones A la vista de las investigaciones del Defensor del Pueblo, no se constataron evidencias de que, a ra(cid:237)z del informe del tØcnico independiente que elimin(cid:243) las dudas acerca de los aspectos cient(cid:237)ficos del proyecto, los funcionarios de la Comisi(cid:243)n hubie- ran hecho declaraciones incompatibles con el informe. Sin embargo, resultaba necesario hacer los comentarios cr(cid:237)ticos siguientes: 1) A la vista de la postura que hab(cid:237)a adoptado, resultaba engaæoso que la Comisi(cid:243)n enviara al demandante una carta LEY DE LA COMPETENCIA: SUPUESTA INACTIVIDAD Y FALTA DE RESPUESTA A LA CORRESPONDENCIA Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 774/29. 7. 96/ELR/UK/IJH/OV contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En julio de 1996, el Sr. R. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo Europeo acerca de una presunta omisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n (Direcci(cid:243)n General IV) por no tratar adecuadamente su reclamaci(cid:243)n relativa a una supuesta restricci(cid:243)n a la compe- tencia. Esta prÆctica resultar(cid:237)a de contratos de representaci(cid:243)n exclusiva de unos fabricantes de modelos de ferrocarriles ale- manes y austriacos. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/115 El demandante se dirigi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n en representaci(cid:243)n de un minorista de modelos de ferrocarriles (juguetes) establecido en el norte de Gales y especializado en la venta de productos manufacturados procedentes de Alemania, Austria, Francia e Italia. El 3 de agosto de 1994, el demandante escribi(cid:243) al Sr. Joe Wilson, Miembro del Parlamento Europeo, quien transmiti(cid:243) la reclamaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n (Direcci(cid:243)n General IV). En su carta, el demandante alegaba que exist(cid:237)an prÆcticas restrictivas de la competencia realizadas por los fabricantes de modelos de ferro- carriles que trabajaban con contratos de representaci(cid:243)n exclusi- va. La reclamaci(cid:243)n hac(cid:237)a referencia, en particular, al hecho de que los fabricantes alemanes y austriacos designaban a un importador/distribuidor exclusivo para abastecer el mercado del Reino Unido y que, por lo tanto, en dicho pa(cid:237)s los precios comerciales eran considerablemente superiores a los que paga- ban, por ejemplo, sus colegas alemanes. La Comisi(cid:243)n respondi(cid:243) al demandante el 12 de enero de 1995, pidiØndole disculpas por el retraso y seæalando que, en raz(cid:243)n de los hechos denunciados en su carta y del contenido del Derecho comunitario de la competencia, no parec(cid:237)a necesario actuar. Dada su insatisfacci(cid:243)n ante la respuesta de la Comisi(cid:243)n, el demandante volvi(cid:243) a escribir el 23 de enero de 1995, reci- biendo una respuesta similar el 1 de febrero de 1995. El 28 de abril y el 31 de octubre de 1995 el denunciante repiti(cid:243) sus denuncias, sobre las que la Comisi(cid:243)n respondi(cid:243) el 9 de noviembre de 1995. En estas respuestas, la Comisi(cid:243)n pidi(cid:243) al demandante que facilitase informaci(cid:243)n mÆs detallada sobre la supuesta violaci(cid:243)n de las reglas de competencia y, en particu- lar, indicaciones sobre las empresas implicadas en la supuesta competencia desleal. El demandante envi(cid:243), por œltimo, tres car- tas mÆs con fecha de 21 de noviembre de 1995, 29 de marzo y 23 de mayo de 1996, que no fueron contestadas por la ins- tituci(cid:243)n. En su carta de 21 de noviembre de 1995, como res- puesta a la petici(cid:243)n de informaci(cid:243)n mÆs detallada que la Comi- si(cid:243)n le hab(cid:237)a hecho llegar, el demandante incluy(cid:243) una lista con nombres y direcciones de fabricantes alemanes y austriacos que trabajaban con contratos de representaci(cid:243)n exclusiva. Dado que el demandante no recibi(cid:243) respuesta a sus œltimas cartas, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo en julio de 1996 acerca de los hechos siguientes: 1) la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a emprendido ninguna acci(cid:243)n como respuesta a su reclamaci(cid:243)n sobre la supuesta restricci(cid:243)n de la competencia practicada por los fabricantes austriacos y alemanes de modelos de ferrocarriles; 2) la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a respondido a su correspondencia. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n en noviembre de 1996. En s(cid:237)ntesis, la Comisi(cid:243)n formul(cid:243) los comentarios siguientes: Respecto a la supuesta falta de respuesta a las cartas del demandante, la Comisi(cid:243)n observ(cid:243) que recientemente hab(cid:237)a res- pondido a la carta de 23 de mayo de 1996, y adjunt(cid:243) a sus observaciones una copia de dicha respuesta, con fecha de 28 de noviembre de 1996, junto con la contestaci(cid:243)n del deman- dante. Respecto a la supuesta falta consistente en no haber actuado en relaci(cid:243)n con la violaci(cid:243)n de las reglas de competencia, la Comisi(cid:243)n observ(cid:243) que los servicios de la Direcci(cid:243)n General IV s(cid:243)lo pod(cid:237)an iniciar una investigaci(cid:243)n cuando recib(cid:237)an reclama- ciones debidamente respaldadas sobre algœn tema espec(cid:237)fico con el que estØ relacionada la ley comunitaria. La Comisi(cid:243)n sosten(cid:237)a que las circunstancias descritas por el demandante no daban a entender que hubiera tenido lugar ninguna violaci(cid:243)n de las reglas de competencia, y no identificaban a las empresas implicadas, sino que conten(cid:237)an œnicamente afirmaciones de naturaleza pol(cid:237)tica general. Sin embargo, la Comisi(cid:243)n aæadi(cid:243) que, en caso de que el demandante presentase una reclamaci(cid:243)n formal en la que se identificara una infracci(cid:243)n de las reglas de competencia, la tratar(cid:237)a de acuerdo con los procedimientos establecidos en los Reglamentos nos 17 y 99. La Comisi(cid:243)n observ(cid:243) que exist(cid:237)an diversas razones por las que la Direcci(cid:243)n General IV no pod(cid:237)a ofrecer mÆs ayuda al deman- dante. Dado que el demandante no hab(cid:237)a facilitado detalles que hubieran permitido descubrir la existencia de algœn acuerdo restrictivo, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que no exist(cid:237)a infracci(cid:243)n de las reglas de competencia, pues todos los suministradores ten(cid:237)an derecho a designar distribuidores exclusivos, en el Reino Unido o en cualquier otro lugar. La Comisi(cid:243)n coment(cid:243) ademÆs que, al no disponer de informaci(cid:243)n detallada, no pod(cid:237)a tomar la decisi(cid:243)n de llevar a cabo inspecciones in situ, y que una solici- tud de informaci(cid:243)n no justificaba el inicio de una investigaci(cid:243)n sistemÆtica dirigida contra todos los fabricantes y mayoristas de modelos de ferrocarriles de la Comunidad, debido al impacto econ(cid:243)mico del asunto, y sobre el que el demandante hab(cid:237)a admitido que era reducido. En particular, la Comisi(cid:243)n llam(cid:243) la atenci(cid:243)n sobre el hecho de que el demandante hab(cid:237)a enviado con su reclamaci(cid:243)n una copia del «Aviso de la Comi- si(cid:243)n, de 3 de septiembre de 1986, sobre acuerdos de menor importancia», que mostraba que estaba al corriente de que nor- malmente la Comisi(cid:243)n no interven(cid:237)a en tales casos. Por œltimo, la Comisi(cid:243)n observ(cid:243) que, dado que el caso parec(cid:237)a estar rela- cionado con el comercio de modelos de ferrocarriles al por menor, resultaba improbable en cualquier caso que tuviese algœn efecto en el comercio entre los Estados miembros. Observaciones del demandante El demandante rechaz(cid:243) la declaraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n y pidi(cid:243) que se realizase una investigaci(cid:243)n completa de las cuestiones mencionadas en su reclamaci(cid:243)n, de las que declar(cid:243) que no eran observaciones generales, sino hechos. MÆs concretamente, observ(cid:243) que no exist(cid:237)a ninguna fuente de suministro alternativa y que se hab(cid:237)a creado un monopolio, y repiti(cid:243) que los minoris- tas britÆnicos ten(cid:237)an que pagar precios excesivos, al contrario que los de otros pa(cid:237)ses. TambiØn coment(cid:243) que no pod(cid:237)a facili- tar pruebas de los acuerdos comerciales restrictivos sin inspec- cionar las dependencias de los suministradores/fabricantes para obtener dicha informaci(cid:243)n. C 300/116 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Decisi(cid:243)n 1. Supuesta falta por no emprender acciones en relaci(cid:243)n con la reclamaci(cid:243)n 1. 1. Segœn el demandante, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a haber empren- dido acciones como consecuencia de su reclamaci(cid:243)n, en la que alegaba restricci(cid:243)n de competencia por parte de los fabricantes alemanes y austriacos de modelos de ferroca- rriles. En s(cid:237)ntesis, la Comisi(cid:243)n observ(cid:243) que el demandante no hab(cid:237)a facilitado suficiente informaci(cid:243)n detallada que permitiese iniciar las investigaciones. 1. 2. La supuesta mala administraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n al no ini- ciar una acci(cid:243)n de acuerdo con el Derecho comunitario de la competencia debe ser analizada considerando el pro- cedimiento administrativo seguido por la Comisi(cid:243)n en estos casos de conformidad con los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado CE. Este procedimiento administrativo estÆ regu- lado por el Reglamento no 17 del Consejo (1), que concede a la Comisi(cid:243)n amplios poderes para realizar investigacio- nes y obtener informaci(cid:243)n. 1. 3. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justi- cia (2), corresponde a la propia Comisi(cid:243)n, y no a un terce- ro, decidir sobre los prop(cid:243)sitos de una investigaci(cid:243)n de conformidad con el art(cid:237)culo 14 del Reglamento no 17 y, en consecuencia, determinar si una informaci(cid:243)n determi- nada es necesaria para sacar a la luz una infracci(cid:243)n de las reglas de competencia. En particular, el Tribunal de Justi- cia ha declarado que, aun en el caso de que la Comisi(cid:243)n ya tenga evidencias, o incluso pruebas, de la existencia de una infracci(cid:243)n, puede considerar necesario acumular mÆs informaci(cid:243)n para definir con mÆs exactitud la finalidad de dicha infracci(cid:243)n, determinar su duraci(cid:243)n o identificar el Æmbito de sus implicaciones. El hecho de que, en el caso que nos ocupa, la Comisi(cid:243)n pidiese mÆs informaci(cid:243)n al demandante, parece razonable y no excesivo. Por lo tanto, no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comi- si(cid:243)n Europea al decidir que todav(cid:237)a no era capaz de emprender acciones a la vista de la informaci(cid:243)n facilitada por el demandante. supuestamente, tes que, trabajaban con contratos de representaci(cid:243)n exclusiva. Dado que en marzo de 1996 el demandante no hab(cid:237)a recibido contestaci(cid:243)n, escribi(cid:243) otras dos cartas en las que ped(cid:237)a una respuesta de cortes(cid:237)a a la primera, de 21 de noviembre de 1995. La Comisi(cid:243)n con- test(cid:243) que hab(cid:237)a respondido a esas cartas el 28 de noviem- bre de 1996. 2. 2. Los principios de la buena prÆctica administrativa exigen que las cartas que los demandantes env(cid:237)an a la Comisi(cid:243)n obtengan una respuesta dentro de un per(cid:237)odo de tiempo razonable. Ello resulta aœn mÆs necesario cuando una carta de un demandante contiene informaci(cid:243)n nueva res- pecto a la presentada en sus cartas anteriores, por ejemplo si en ella pide a la Comisi(cid:243)n que emprenda acciones a causa de una violaci(cid:243)n de las normas de competencia. 2. 3. Segœn la informaci(cid:243)n facilitada por la Comisi(cid:243)n, la carta de 21 de noviembre de 1995 no recibi(cid:243) respuesta hasta el 28 de noviembre de 1996, es decir, un a o despuØs. Aunque la Comisi(cid:243)n hubiera respondido a las otras cartas en que el demandante hac(cid:237)a referencia a los hechos objeto de la reclamaci(cid:243)n, de conformidad con el anterior apar- tado 2, tambiØn deber(cid:237)a haber contestado a la carta de 21 de noviembre de 1995 sin sobrepasar un per(cid:237)odo de tiempo razonable. 2. 4. En este caso, la necesidad de una respuesta lleg(cid:243) a ser urgente, dado que el demandante hab(cid:237)a contestado la peti- ci(cid:243)n de informaci(cid:243)n adicional de la Comisi(cid:243)n, facilitando nuevos detalles en forma de una lista de fabricantes ale- manes y austriacos que supuestamente trabajaban con contratos de representaci(cid:243)n exclusiva. Esta nueva informa- ci(cid:243)n, que el demandante consider(cid:243) de forma l(cid:243)gica una respuesta a la petici(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de mÆs detalles, constituy(cid:243) un argumento adicional que daba derecho al demandante a recibir una respuesta motivada de la Comi- si(cid:243)n en un per(cid:237)odo de tiempo razonable. Por lo tanto, el hecho de que la Comisi(cid:243)n tardase un aæo en contestar a la carta del demandante de 21 de noviembre de 1995, que inclu(cid:237)a nueva informaci(cid:243)n respecto a su reclamaci(cid:243)n original, constituy(cid:243) un caso de mala administraci(cid:243)n. 2. Supuesta falta por no responder a las cartas del demandante Conclusi(cid:243)n 2. 1. El demandante aleg(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a contestado a sus cartas de 21 de noviembre de 1995, 29 de marzo y 23 de mayo de 1996. En respuesta a la petici(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, el demandante, en su carta del 21 de noviem- bre de 1995, facilit(cid:243) a la instituci(cid:243)n una lista de fabrican- (1) Reglamento no 17 del Consejo de 6 de febrero de 1962, Primer Reglamento de aplicaci(cid:243)n de los art(cid:237)culos 85 y 86 del Tratado (DO 13 de 21. 2. 1962, p. 204/62; EE 08/01, p. 22). (2) Asunto 155/79: AM & S contra Comisi(cid:243)n, (Recopilaci(cid:243)n 1982, p. 1575); asunto 374/87: Orkem contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1989, p. 3283). A la luz de los resultados de la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario hacer el comentario cr(cid:237)tico siguiente: Los principios de la buena prÆctica administrativa exigen que las cartas que los demandantes env(cid:237)an a la administraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n obtengan una respuesta dentro de un per(cid:237)odo de tiempo razonable. Por lo tanto, el hecho de que la Comisi(cid:243)n tardase un aæo en contestar a la carta del demandante de 21 de noviembre de 1995, que inclu(cid:237)a informaci(cid:243)n nueva respecto a la ofrecida en su reclamaci(cid:243)n original, constituy(cid:243) un caso de mala administraci(cid:243)n. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/117 Dado que este aspecto de la reclamaci(cid:243)n afectaba a procedi- mientos relacionados con hechos concretos acaecidos en el pasado, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cues- ti(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. En 1990, la Comisi(cid:243)n inici(cid:243) un procedimiento de infracci(cid:243)n en virtud del art(cid:237)culo 169 contra Espaæa, por no cumplir los en las Directivas 78/686/CEE (1) y criterios 78/687/CEE (2) del Consejo sobre reconocimiento de los t(cid:237)tulos de odont(cid:243)logo. establecidos RECONOCIMIENTO DE T˝TULOS DE ODONTOLOG˝A DE TERCEROS PA˝SES Decisi(cid:243)n sobre contra la Comisi(cid:243)n Europea la reclamaci(cid:243)n 783/01. 08. 96/LBR/ES/KH(JMA) Reclamaci(cid:243)n En julio de 1996, el Sr. B. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo Europeo en nombre del Colegio de Odon- t(cid:243)logos y Estomat(cid:243)logos de Vizcaya. El objeto de la reclama- ci(cid:243)n era la supuesta falta de celo de la Comisi(cid:243)n Europea para garantizar la correcta aplicaci(cid:243)n en Espaæa de la Directiva 78/686/CEE del Consejo sobre el reconocimiento rec(cid:237)proco de los t(cid:237)tulos de odont(cid:243)logo. En su reclamaci(cid:243)n, el Sr. B. seæalaba que Espaæa no cumpl(cid:237)a las obligaciones impuestas por la Directiva, en tanto que sus autoridades reconoc(cid:237)an t(cid:237)tulos odontol(cid:243)gicos obtenidos en pa(cid:237)- ses de LatinoamØrica que no satisfac(cid:237)an los requisitos estableci- dos en la misma. Dado que se hab(cid:237)an recibido diversas reclamaciones sobre el mismo problema, la Comisi(cid:243)n inici(cid:243) un procedimiento de infracci(cid:243)n en virtud del art(cid:237)culo 169 del Tratado CE. En octu- bre de 1990, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) a las autoridades espaæolas una carta de emplazamiento, a la que sigui(cid:243) en agosto de 1992, un dictamen motivado. Las autoridades espaæolas res- pondieron a este œltimo en marzo de 1993. En 1992, el Sr. B. hab(cid:237)a presentado una reclamaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n. Desde entonces, tuvo diversos contactos personales y por escrito con los servicios responsables con el fin de recibir informaci(cid:243)n sobre el curso del procedimiento de infracci(cid:243)n. El demandante solicit(cid:243) formalmente a la Comisi(cid:243)n que acelerase este procedimiento, as(cid:237) como tener acceso a la informaci(cid:243)n sobre la documentaci(cid:243)n relevante, en particular copias de la correspondencia entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades espaæolas. Sin embargo, la Comisi(cid:243)n rechaz(cid:243) sus peticiones de acceso a la documentaci(cid:243)n, justificando su negativa por raz(cid:243)n de la confidencialidad del procedimiento. En todos los contactos y la correspondencia que mantuvo con el demandante, la Comisi(cid:243)n insisti(cid:243) en que el procedimiento segu(cid:237)a su curso normal y que sus servicios estaban examinando la documentaci(cid:243)n remitida por las autoridades espaæolas. El demandante consider(cid:243) que dichas respuestas eran demasiado generales e insatisfactorias. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n fue transmitida a la Comisi(cid:243)n, que, en s(cid:237)ntesis, formul(cid:243) las observaciones siguientes: El apartado 4 del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 78/687/CEE estable- ce: «La presente Directiva no limitarÆ en modo alguno la posi- bilidad de que los Estados miembros, en su territorio y de acuerdo con su regulaci(cid:243)n, permitan el acceso a las actividades de los odont(cid:243)logos y a su ejercicio a los titulares de diplomas [(cid:133)] que no hayan sido obtenidos en un Estado miembro. ». Ahora bien, los Estados miembros deben respetar los criterios bÆsicos establecidos por ambas Directivas, que se aplican a todo especialista en odontolog(cid:237)a. La Comisi(cid:243)n consider(cid:243), por tanto, que un t(cid:237)tulo de odont(cid:243)logo expedido por un tercer pa(cid:237)s deber(cid:237)a cumplir los requisitos m(cid:237)nimos para poder ser recono- cido en la Comunidad. A pesar de la existencia de esas obligaciones, Espaæa reconoci(cid:243) de forma automÆtica t(cid:237)tulos de odontolog(cid:237)a obtenidos en Lati- noamØrica que no cumpl(cid:237)an los requisitos m(cid:237)nimos de las Directivas antedichas. El reconocimiento de estos t(cid:237)tulos se basaba en las disposiciones de acuerdos internacionales bilate- rales celebrados por Espaæa antes de su adhesi(cid:243)n a las Comuni- dades Europeas. Aunque la administraci(cid:243)n espaæola intent(cid:243) cumplir las disposi- ciones de las Directivas antes mencionadas, sus decisiones fue- ron revocadas mediante recursos ante diversos tribunales admi- nistrativos nacionales. En consecuencia, las disposiciones de las Directivas relevantes segu(cid:237)an sin respetarse. La Comisi(cid:243)n explic(cid:243) tambiØn que, teniendo en cuenta que las autoridades espaæolas estaban volviendo a negociar sus acuer- dos bilaterales con terceros pa(cid:237)ses, hab(cid:237)a decidido ejercer la dis- crecionalidad que le reconoce el Tribunal de Justicia Europeo y no introducir un recurso por incumplimiento. Por lo que se refiere al largo plazo de tiempo empleado en el desarrollo del procedimiento de infracci(cid:243)n previsto en el art(cid:237)- culo 169 del Tratado, la Comisi(cid:243)n se justific(cid:243) en raz(cid:243)n de la complejidad de mismo, tanto desde el punto de vista jur(cid:237)dico como del pol(cid:237)tico. Tras recibir la respuesta a su dictamen motivado, la Comisi(cid:243)n solicit(cid:243) informaci(cid:243)n adicional de las autoridades espaæolas en octubre de 1994 y en julio de 1995. Las autoridades espaæolas (1) Directiva 78/686/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre reconocimiento rec(cid:237)proco de los diplomas, certificados y otros t(cid:237)tu- los de odont(cid:243)logo, que contiene ademÆs medidas destinadas a facili- tar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de libre prestaci(cid:243)n de servicios (DO L 233 de 24. 8. 1978, p. 1). (2) Directiva 78/687/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1978, sobre coordinaci(cid:243)n de las disposiciones legales, reglamentarias y adminis- trativas relativas a las actividades de los odont(cid:243)logos (DO L 233 de 24. 8. 1978, p. 10). C 300/118 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 respondieron a estas peticiones en diciembre de 1994 y octu- bre de 1995, respectivamente. Otras investigaciones Cuando el 20 de diciembre de 1996 la Comisi(cid:243)n transmiti(cid:243) sus primeras observaciones al Defensor del Pueblo, aœn atend(cid:237)a la respuesta de las autoridades espaæolas a una nueva solicitud de informaci(cid:243)n. En cuanto a la supuesta falta de transparencia del procedi- miento y a la negativa a revelar la correspondencia mantenida entre la Comisi(cid:243)n y el Gobierno espaæol, la Comisi(cid:243)n insisti(cid:243) en que todas las cartas y la documentaci(cid:243)n intercambiada con un Estado miembro en el contexto del art(cid:237)culo 169 son de naturaleza confidencial. Por consiguiente, no existe obligaci(cid:243)n de revelar o transmitir dicha informaci(cid:243)n a terceros. La Comisi(cid:243)n insisti(cid:243) en que la tramitaci(cid:243)n del asunto hab(cid:237)a respondido en todo momento a los principios de la buena administraci(cid:243)n y que sus servicios hab(cid:237)an respondido de forma rÆpida y adecuada a las cartas del demandante, con quien se hab(cid:237)an reunido en Bruselas. Comentarios del demandante En s(cid:237)ntesis, el Sr. B. formul(cid:243) las observaciones siguientes: La interpretaci(cid:243)n de las Directivas 78/686/CEE y 78/687/CEE por parte de la Comisi(cid:243)n era, en su opini(cid:243)n, correcta, y el demandante siempre hab(cid:237)a hecho cuanto estuvo en su mano para garantizar la adecuada aplicaci(cid:243)n de dichas Directivas en Espaæa. La justificaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n por el largo per(cid:237)odo de tiempo necesario para la tramitaci(cid:243)n del asunto no le parec(cid:237)a, sin embargo, apropiada. En su opini(cid:243)n, dado que la Comisi(cid:243)n es un (cid:243)rgano de carÆcter tØcnico, su principal funci(cid:243)n deber(cid:237)a consistir en garantizar la adecuada aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario por todos los Estados miembros. La Comisi(cid:243)n no pod(cid:237)a, por tanto, justificar el largo plazo empleado en su actua- ci(cid:243)n por razones pol(cid:237)ticas. El demandante pidi(cid:243) al Defensor del Pueblo que realizara las investigaciones necesarias para cerciorarse de que todas las par- tes en este caso actuaron de conformidad con el Derecho comunitario. En abril de 1997, el demandante transmiti(cid:243) al Defensor del Pueblo una copia de una carta que hab(cid:237)a recibido de la Comi- si(cid:243)n. En dicha carta se le informaba de la decisi(cid:243)n de la Comi- si(cid:243)n de 10 de diciembre de 1996 de presentar una demanda contra Espaæa ante el Tribunal de Justicia, aunque se aæad(cid:237)a que dicha demanda aœn no hab(cid:237)a sido materializada. La Comi- si(cid:243)n adopt(cid:243) dicha decisi(cid:243)n a la vista de la insatisfactoria res- puesta por parte de las autoridades espaæolas a su dictamen motivado. En mayo de 1997, el Defensor del Pueblo Europeo se dirigi(cid:243) de nuevo a la Comisi(cid:243)n solicitando informaci(cid:243)n adicional en relaci(cid:243)n con la reclamaci(cid:243)n. En esta nueva carta, el Defensor del Pueblo indic(cid:243) que la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a facilitar informaci(cid:243)n mÆs clara, precisa y transparente en cuanto al contenido de las negociaciones entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades espaæolas, as(cid:237) como sobre el curso del procedimiento a partir de 1990. En su respuesta, la Comisi(cid:243)n confirm(cid:243) sus observaciones ante- riores e inform(cid:243) al Defensor del Pueblo que estaba examinando la nueva informaci(cid:243)n presentada por las autoridades espaæolas en junio de 1997. En febrero de 1998, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pue- blo que hab(cid:237)a decidido no presentar una demanda contra Espaæa ante el Tribunal de Justicia. En opini(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, las autoridades espaæolas ya estaban tramitando el asunto de acuerdo a los criterios del Derecho comunitario. AdemÆs, el Tribunal Supremo espaæol hab(cid:237)a modificado su interpretaci(cid:243)n de las normas nacionales vigentes, con el fin de adaptarlas a las Directivas 78/686/CEE y 78/687/CEE. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que el Defensor del Pueblo hab(cid:237)a recibido varias reclamaciones (531/97/PD y 535/97/PD) de ciudadanos que hab(cid:237)an obtenido sus t(cid:237)tulos de odont(cid:243)logo en pa(cid:237)ses de LatinoamØrica y no hab(cid:237)an conseguido el reconocimiento de lo que dichos t(cid:237)tulos por parte de las autoridades espaæolas, demostraba que la situaci(cid:243)n hab(cid:237)a cambiado. La Comisi(cid:243)n indic(cid:243) su intenci(cid:243)n de archivar el procedimiento de infracci(cid:243)n una vez que se hubieran denunciado todos los acuerdos internacionales suscritos por Espaæa que pudieran infringir el Derecho comunitario. Decisi(cid:243)n 1. Decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de no llevar el caso ante el Tribunal de Justicia 1. 1. En virtud del art(cid:237)culo 155 del Tratado, la Comisi(cid:243)n, como «guardiana de los Tratados», tiene el deber de velar por la correcta aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario. En esta fun- ci(cid:243)n, el principal instrumento de que dispone la Comisi(cid:243)n para obtener el cumplimiento de sus deberes por parte de los Estados miembros es el procedimiento previsto en el art(cid:237)culo 169. 1. 2. Si la Comisi(cid:243)n considera que un Estado miembro incum- ple una obligaci(cid:243)n hacia la Comunidad, emite un dicta- men motivado. Si el Estado miembro no se atiene a dicho dictamen, la Comisi(cid:243)n puede llevar el asunto ante el Tri- bunal de Justicia. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/119 El Tribunal de Justicia ha seæalado en su jurisprudencia (1) que la Comisi(cid:243)n tiene poderes discrecionales para recurrir o no al Tribunal con el fin de obtener una sentencia que establezca el incumplimiento del Estado miembro respon- sable. la Comisi(cid:243)n debe ajustarse a los principios de la buena administraci(cid:243)n y actuar con la debida diligencia. Esto quiere decir que la Comisi(cid:243)n, como guardiana del Trata- do, debe hacer lo necesario para que el Estado miembro afectado ponga fin a la supuesta infracci(cid:243)n, e informar al demandante acerca de sus acciones. 1. 3. En el ejercicio de esa discrecionalidad, es prÆctica normal de toda administraci(cid:243)n pœblica el explicar los motivos que la justifican la elecci(cid:243)n de una determinada acci(cid:243)n. Si Comisi(cid:243)n opta por archivar un procedimiento de infrac- ci(cid:243)n, debe justificar dicha alternativa. Esta justificaci(cid:243)n servirÆ como punto de referencia para cualquier investiga- ci(cid:243)n del Defensor del Pueblo a fin de cerciorarse de que no se ha producido mala administraci(cid:243)n. 1. 4. Sobre la base de las œltimas informaciones facilitadas por las autoridades espaæolas, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) no recurrir al Tribunal de Justicia Europeo. El motivo de esta decisi(cid:243)n fue la denuncia por parte de las autoridades espaæolas de varios tratados internacionales de reconocimiento de t(cid:237)tu- los expedidos por algunos pa(cid:237)ses latinoamericanos, as(cid:237) como el cambio de interpretaci(cid:243)n jurisprudencial adop- tado por el Tribunal Supremo espaæol. 1. 5. Al examinar las razones alegadas por la Comisi(cid:243)n para justificar su actuaci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que la instituci(cid:243)n hab(cid:237)a actuado dentro de los l(cid:237)mites de su autoridad jur(cid:237)dica, y que, por lo tanto, no se hab(cid:237)a pro- ducido ningœn caso de mala administraci(cid:243)n. 2. Diligencia debida en velar por la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario 2. 1. En el marco de la investigaci(cid:243)n de oficio realizada por el Defensor del Pueblo sobre los procedimientos administra- tivos de la Comisi(cid:243)n en relaci(cid:243)n con las reclamaciones de los ciudadanos (303/97/PD), la Comisi(cid:243)n se comprometi(cid:243) a tomar una decisi(cid:243)n respecto a toda reclamaci(cid:243)n en el plazo de un aæo a partir de su registro. Como se seæal(cid:243) en su momento, el respeto a esta regla parece un medio adecuado para garantizar la tramitaci(cid:243)n de una reclama- ci(cid:243)n sin retrasos injustificados. Sin embargo, este objetivo general podr(cid:237)a verse frustrado si, una vez que una reclamaci(cid:243)n ha motivado el inicio de un procedimiento de infracci(cid:243)n, la tramitaci(cid:243)n de Øste se arrastra a lo largo de muchos aæos sin llegar a una solu- ci(cid:243)n satisfactoria del problema. 2. 2. En la tarea de garantizar un cumplimiento adecuado del Derecho comunitario por parte de los Estados miembros, 2. 3. En el proceso de instar a las autoridades espaæolas a cum- plir la Directiva 78/686/CEE, la primera actuaci(cid:243)n oficial de la Comisi(cid:243)n se produjo en octubre de 1990 con el env(cid:237)o de una carta de emplazamiento. En diciembre de 1996, la instituci(cid:243)n decidi(cid:243) recurrir al Tribunal de Justi- cia, aunque suspendi(cid:243) esta decisi(cid:243)n en diciembre de 1997, a la vista de los resultados positivos de sus negocia- ciones con Espaæa. Este proceso, que la Comisi(cid:243)n aœn estÆ examinando, ha durado siete aæos. En ese largo per(cid:237)odo, la Comisi(cid:243)n indic(cid:243) que hab(cid:237)a enviado un dictamen motivado a las autoridades espaæolas en agosto de 1992, y que hab(cid:237)a solicitado informaci(cid:243)n adicional sobre el tema en marzo y julio de 1993, en octubre de 1994, en julio de 1995 y en abril de 1996. 2. 4. En sus respuestas al Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n sos- tuvo que hab(cid:237)a mantenido una activa gesti(cid:243)n de la recla- maci(cid:243)n a lo largo de los siete aæos transcurridos desde el comienzo del procedimiento de infracci(cid:243)n. Sin embargo, a pesar de la solicitud al respecto por parte del Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a facilitado informaci(cid:243)n clara, precisa y transparente en apoyo de dicha alegaci(cid:243)n, que pudiera demostrar que hab(cid:237)a actuado con la debida diligencia a lo largo de tan dilatado per(cid:237)odo de tiempo. 3. Solicitud del demandante de tener acceso a determinados documentos 3. 1. Con el fin de clarificar el procedimiento, el demandante solicit(cid:243) en varias ocasiones informaci(cid:243)n relativa a las comunicaciones entre la Comisi(cid:243)n y las autoridades espaæolas. La Comisi(cid:243)n se neg(cid:243) a acceder a dichas solici- tudes, sobre la base del carÆcter confidencial de los proce- dimientos de infracci(cid:243)n. 3. 2. En sus respuestas a la presente investigaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n indic(cid:243) que, en su funci(cid:243)n de guardiana del Tratado, la ins- tituci(cid:243)n debe velar por mantener una atm(cid:243)sfera de mutua confianza con los Estados miembros. Este objetivo no podr(cid:237)a conseguirse sin el carÆcter confidencial de los con- tactos entre la instituci(cid:243)n y el Estado miembro afectado. (1) VØase, recientemente, el asunto T-182/97, Tribunal de Primera Ins- tancia (Sala segunda), de 16 de febrero de 1998, Smanor SA, Hubert SØgaud y Monique SØgaud contra Comisi(cid:243)n de las Comuni- dades Europeas (Recopilaci(cid:243)n 1998, p. II-271). 3. 3. Las peticiones de acceso a los documentos en poder de la Comisi(cid:243)n deben tramitarse de acuerdo con la Decisi(cid:243)n 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisi(cid:243)n, que aplica el c(cid:243)digo de conducta adoptado por el Consejo y la Comi- C 300/120 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 si(cid:243)n. Estas medidas obligan jur(cid:237)dicamente a la Comisi(cid:243)n a facilitar al pœblico el acceso mÆs amplio posible a los documentos en su poder. Las excepciones al derecho de acceso a los documentos deben interpretarse de forma res- tringida, con el fin de no frustrar este objetivo espec(cid:237)fico del c(cid:243)digo de conducta (1). CONFIDENCIALIDAD EN LA RELACI(cid:211)N ENTRE M(cid:201)DICO Y PACIENTE Decisi(cid:243)n sobre Comisi(cid:243)n Europea la reclamaci(cid:243)n 819/19. 8. 96/GV/I/VK contra la 3. 4. En el caso que nos ocupa, hay que reconocer que los documentos en cuesti(cid:243)n estÆn relacionados con la posible apertura de un procedimiento de infracci(cid:243)n en virtud del art(cid:237)culo 169 del Tratado CE. En la actual situaci(cid:243)n del Derecho comunitario, la Comisi(cid:243)n puede negar el acceso a los documentos relacionados con investigaciones que puedan conducir a un procedimiento de infracci(cid:243)n, por motivos de protecci(cid:243)n del interØs pœblico (2). Por lo tanto, no cabe apreciar que la negativa de facilitar acceso a los documentos por estos motivos constituya un caso de mala administraci(cid:243)n. Conclusi(cid:243)n Sobre la base de las investigaciones efectuadas por el Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario emitir el comentario cr(cid:237)tico siguiente: En la tarea de garantizar un cumplimiento adecuado del Dere- cho comunitario por parte de los Estados miembros, la Comi- si(cid:243)n debe ajustarse a los principios de la buena administraci(cid:243)n y actuar con la debida diligencia. Esto quiere decir que la Comisi(cid:243)n, como guardiana del Tratado, debe hacer lo necesario para que el Estado miembro afectado ponga fin a la supuesta infracci(cid:243)n, e informar al demandante acerca de sus acciones. En sus respuestas al Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n sostuvo que hab(cid:237)a mantenido una activa gesti(cid:243)n de la reclamaci(cid:243)n a lo largo de los siete aæos transcurridos desde el comienzo del pro- cedimiento de infracci(cid:243)n. Sin embargo, a pesar de la solicitud al respecto por parte del Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a facilitado informaci(cid:243)n clara, precisa y transparente en apoyo de dicha alegaci(cid:243)n, que pudiera demostrar que hab(cid:237)a actuado con la debida diligencia a lo largo de tan dilatado per(cid:237)odo de tiempo. Teniendo en cuenta que este aspecto de la reclamaci(cid:243)n afectaba a procedimientos relacionados con hechos concretos acaecidos con anterioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cuesti(cid:243)n. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. Reclamaci(cid:243)n En agosto de 1996, X present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defen- sor del Pueblo relativa al comportamiento de un funcionario de la Comisi(cid:243)n durante su per(cid:237)odo de prÆcticas en el Servicio de Traducci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, en Luxemburgo. En 1994, se concedi(cid:243) al demandante un per(cid:237)odo de prÆcticas en la Comi- si(cid:243)n. Al principio de dicho per(cid:237)odo, X cay(cid:243) enfermo, proce- diendo a enviar a la Comisi(cid:243)n los certificados mØdicos necesa- rios. En enero de 1995, su jefe de servicio contact(cid:243) telef(cid:243)nica- mente al mØdico de X, en Italia, que hab(cid:237)a expedido los certifi- cados, y le pregunt(cid:243) sobre la situaci(cid:243)n del paciente. X consi- der(cid:243) que el jefe de servicio se hab(cid:237)a comportado de manera incorrecta y escribi(cid:243) una carta de reclamaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n, sin que recibiera contestaci(cid:243)n a su carta. En su reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo, X afirmaba: i) que el comportamiento del jefe de servicio en cuesti(cid:243)n hab(cid:237)a sido incorrecto. X alegaba, en s(cid:237)ntesis, que el jefe de servicio hab(cid:237)a advertido al mØdico que no expidiera certifi- cados mØdicos sin fundamento; ii) que la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a haber contestado a su carta. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se remiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que en sus observa- ciones reconoci(cid:243) que el jefe de servicio se hab(cid:237)a puesto en con- tacto con el mØdico del demandante en enero de 1995, con el fin de «aclarar la situaci(cid:243)n». Segœn la Comisi(cid:243)n, la intervenci(cid:243)n del jefe de servicio se hab(cid:237)a limitado sencillamente a las cues- tiones necesarias para este prop(cid:243)sito, y no hab(cid:237)a intentando influir en el juicio del mØdico. Simplemente le hab(cid:237)a recordado que era obligatorio presentar certificados mØdicos para justifi- car cualquier ausencia. La Comisi(cid:243)n tambiØn reconoci(cid:243) que el jefe de servicio inform(cid:243) al mØdico sobre la situaci(cid:243)n del demandante en Luxemburgo. Segœn la Comisi(cid:243)n, esta informa- ci(cid:243)n resultaba relevante para la conversaci(cid:243)n con el mØdico y no conten(cid:237)a elementos de difamaci(cid:243)n. Por lo tanto, la Comi- si(cid:243)n lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n que el jefe de servicio se hab(cid:237)a com- portado en todo momento de conformidad con la prÆctica nor- mal y la Øtica profesional. (1) Sentencia de 6 de febrero de 1998 en el asunto T-124/96: Inter- porc Im- und Export GmbH contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1998, p. II-231), apartados 28 y 29. (2) Asunto T-105/95: WWF UK contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. II-313), apartado 63. Por lo que se refiere a la segunda afirmaci(cid:243)n del demandante, la Comisi(cid:243)n seæalaba en sus observaciones que se hab(cid:237)a redac- tado una respuesta a la carta, pero que no se hab(cid:237)a enviado debido a un descuido administrativo. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/121 Comentarios del demandante Conclusi(cid:243)n En sus comentarios, el demandante mantuvo los aspectos fun- damentales de su reclamaci(cid:243)n. Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario emitir el comentario cr(cid:237)tico siguiente: Decisi(cid:243)n 1. Afirmaci(cid:243)n de que el jefe de servicio no deber(cid:237)a haberse puesto en contacto con el mØdico del demandante 1. 1. Las Normas aplicables a la formaci(cid:243)n en los servicios de la Comisi(cid:243)n disponen el procedimiento que debe seguirse en caso de ausencia debida a enfermedad (1). El art(cid:237)culo 33 de las Normas establece los controles adecuados que la administraci(cid:243)n debe realizar para preservar sus intereses. Un becario que estØ enfermo durante mÆs de tres d(cid:237)as ha de estar en condiciones de demostrarlo con un certificado mØdico; si no estÆ en situaci(cid:243)n de presentar tal prueba, la administraci(cid:243)n puede desestimar la enfermedad. Si un cer- tificado plantea dudas a la Comisi(cid:243)n, se estipula un proce- dimiento espec(cid:237)fico: se puede exigir al becario que pase un examen mØdico. 1. 2. Tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia, existe una relaci(cid:243)n de confidencialidad entre un paciente que busca tratamiento y su mØdico (2), y es importante salvaguardar- la. Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comisi(cid:243)n respete la confidencialidad de la relaci(cid:243)n entre el mØdico y el paciente. 1. 3. En el presente asunto, el jefe de servicio del demandante se puso en contacto con el mØdico que hab(cid:237)a expedido el certificado mØdico, directamente y sin el permiso del demandante. Fuera cual fuese la naturaleza exacta de la informaci(cid:243)n buscada o proporcionada sobre la situaci(cid:243)n del demandante, resulta obvio que esta acci(cid:243)n pod(cid:237)a daæar la confidencialidad de la relaci(cid:243)n entre el mØdico y el paciente. Si la Comisi(cid:243)n consideraba necesario aclarar la situaci(cid:243)n, pod(cid:237)a haber seguido el procedimiento previsto expresamente en el art(cid:237)culo 33 de las Normas aplicables a la formaci(cid:243)n. 2. Falta de respuesta a la carta del demandante Segœn la Comisi(cid:243)n, se hab(cid:237)a redactado una respuesta a la carta del demandante, pero no se envi(cid:243) debido a un des- cuido administrativo. Hubiera sido apropiado que, ade- mÆs, la Comisi(cid:243)n lamentara este descuido. (1) «En caso de enfermedad, los becarios deben notificarlo inmediata- la ausencia dura mÆs de tres d(cid:237)as, mente a sus supervisores. Si deben presentar un certificado mØdico que indique la duraci(cid:243)n pro- bable de su ausencia, y el supervisor lo remitirÆ a la Divisi(cid:243)n de PrÆcticas. Se puede exigir que los becarios pasen un examen mØdico en interØs del servicio. » (2) Asunto 155/78: M. contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1980, p. 1797). 1) Tal y como reconoce el Tribunal de Justicia, existe una relaci(cid:243)n de confidencialidad entre un paciente que busca tratamiento y su mØdico, y es importante salvaguardarla. Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comisi(cid:243)n respete la confidencialidad de la relaci(cid:243)n entre el mØdico y el paciente. En el presente asunto, el jefe de servi- cio del demandante se puso en contacto con el mØdico que hab(cid:237)a expedido el certificado mØdico, directamente y sin el permiso del demandante. No importa la naturaleza exacta de la informaci(cid:243)n buscada o proporcionada sobre la situa- ci(cid:243)n del demandante, resulta obvio que esta acci(cid:243)n pod(cid:237)a daæar la confidencialidad de la relaci(cid:243)n entre el mØdico y el paciente. Si la Comisi(cid:243)n consideraba necesario aclarar la situaci(cid:243)n, pod(cid:237)a haber seguido el procedimiento previsto expresamente en el art(cid:237)culo 33 de las Normas aplicables a la formaci(cid:243)n. 2) Segœn la Comisi(cid:243)n, se hab(cid:237)a redactado una respuesta a la carta del demandante, pero no se envi(cid:243) debido a un des- cuido administrativo. Hubiera sido apropiado que, ademÆs, la Comisi(cid:243)n lamentara este descuido. Dado que ambos aspectos del asunto se refer(cid:237)an a procedi- mientos relativos a acontecimientos espec(cid:237)ficos del pasado, no resultaba apropiado buscar un acuerdo amistoso y, por lo tan- to, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. EXCLUSI(cid:211)N DE UN CANDIDATO Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 825/20. 8. 96/SH/SW/VK contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En agosto de 1996, X present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo por haber sido excluido del concurso general COM/A/972 organizado por la Comisi(cid:243)n, al que se hab(cid:237)a pre- sentado como candidato. Dicho concurso general se basaba en las calificaciones de los candidatos y en un examen oral para constituir una lista de reserva de consejeros mØdicos de grado A 5/A 4 de nacionalidad austr(cid:237)aca, finlandesa o sueca. A petici(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, X present(cid:243) un curr(cid:237)culum vitae con informaci(cid:243)n detallada sobre su formaci(cid:243)n y su experiencia en los campos requeridos. Por carta de 29 de mayo de 1996, X. fue informado que el Tri- bunal del concurso hab(cid:237)a desestimado su candidatura. La circu- C 300/122 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 lar mencionaba como razones de la desestimaci(cid:243)n alternativa- mente, que X. carec(cid:237)a de calificaci(cid:243)n mØdica, o bien que no hab(cid:237)a facilitado pruebas de sus estudios en el campo de la medicina laboral («ett utbildningsbevis efter specialstudier i arbets- medicin»). El 8 de junio de 1996, X escribi(cid:243) una carta al Tribunal del concurso para pedirle que reconsiderase su solicitud. En su res- puesta, el Tribunal del concurso declar(cid:243) que X no ten(cid:237)a sufi- ciente experiencia profesional en el Æmbito de la medicina tro- pical y en cuestiones de seguridad ante las radiaciones. Observaciones del demandante En sus observaciones, el demandante aleg(cid:243) que las explicacio- nes de la Comisi(cid:243)n segu(cid:237)an sin ser del todo claras. TambiØn insisti(cid:243) en que la Comisi(cid:243)n admit(cid:237)a haber dado dos razones diferentes. Por œltimo, X expresaba su satisfacci(cid:243)n acerca de la declaraci(cid:243)n del Consejo de no haber actuado con prejuicios debidos a la distribuci(cid:243)n de sus estudios segœn el sistema de enseæanza sueco. En la reclamaci(cid:243)n que present(cid:243) al Defensor del Pueblo, X ale- gaba que Decisi(cid:243)n i) ii) sus calificaciones cumpl(cid:237)an los requisitos exigidos en el concurso general. En particular, insisti(cid:243) en que ten(cid:237)a expe- riencia profesional en cuestiones de seguridad en casos de radiaciones, y que Østa no se hab(cid:237)a tenido en cuenta; la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a dado dos razones diferentes para desesti- mar su solicitud, y despuØs de eso no hab(cid:237)a recibido res- puesta apropiada a su petici(cid:243)n para que su caso fuese reconsiderado; iii) la falta de razonamiento por parte de la Comisi(cid:243)n pod(cid:237)a indicar discriminaci(cid:243)n contra los candidatos con calificacio- nes mØdicas suecas. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que, en s(cid:237)ntesis, formul(cid:243) las observaciones siguientes: i) El Tribunal del concurso hab(cid:237)a estudiado la solicitud del demandante y hab(cid:237)a decidido no admitirla por considerar que el candidato no pose(cid:237)a ningœn diploma de medicina laboral. «La decisi(cid:243)n se notific(cid:243) a X por carta el 29 de mayo de 1996. El Consejo reconoci(cid:243) que la carta no hab(cid:237)a sido completamente clara en cuanto a los motivos de la decisi(cid:243)n. » ii) Tal como se le hab(cid:237)a pedido, el Tribunal del concurso vol- vi(cid:243) a examinar la solicitud del demandante y lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n de que, comparadas con las de otros candidatos, su experiencia en medicina tropical y en seguridad en caso de radiaciones resultaban insuficientes. «El Consejo puede asegurar [a X que] la decisi(cid:243)n de desestimar la candidatura del demandante no estuvo relacionada con la dis- tribuci(cid:243)n de los estudios propia del sistema sueco de enseæanza, sino œnicamente con la necesidad de asegurar que s(cid:243)lo se invitaba a hacer una entrevista a los candidatos mejor cualificados. » 1. Razonamiento del Tribunal del concurso 1. 1. El concurso COM/A/972 se organiz(cid:243) para que el Servicio MØdico de la Comisi(cid:243)n dispusiera de una lista de reserva de consejeros mØdicos de grado A 5/A 4 especializados en salud laboral. En el apartado III. B. 2 de la convocatoria se especificaba que los candidatos deb(cid:237)an estar en posesi(cid:243)n de un t(cid:237)tulo universitario superior en medicina, as(cid:237) como de un certificado de estudios especializados en medicina laboral. AdemÆs, se requer(cid:237)a que los candidatos tuvieran experiencia profesional en diversos Æmbitos, entre los que figuraban la medicina tropical y la seguridad en caso de radiaciones. 1. 2. En la primera carta que envi(cid:243) al demandante, el Tribunal del concurso justific(cid:243) la desestimaci(cid:243)n de su candidatura porque consideraba bien que carec(cid:237)a de cualificaciones mØdicas suficientes, o bien que no hab(cid:237)a presentado prue- bas de sus estudios en el Æmbito de la medicina laboral («ett utbildningsbevis efter specialstudier i arbetsmedicin»). En su segunda carta, el Tribunal del concurso dio una raz(cid:243)n diferente: que el demandante carec(cid:237)a de experiencia sufi- ciente en comparaci(cid:243)n con otros candidatos, tanto en el Æmbito de la medicina tropical como en cuestiones de la seguridad ante las radiaciones. 1. 3. Es un principio fundamental de la buena prÆctica adminis- trativa que las decisiones se motiven, como se requiere, por ejemplo, en el art(cid:237)culo 190 del Tratado CE. Ello per- mite que la parte afectada sepa por quØ se ha adoptado una medida determinada. En sus comentarios al Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n reconoc(cid:237)a que la primera carta que el Tribunal del concurso dirigi(cid:243) al demandante «no era del todo clara acerca del motivo de su decisi(cid:243)n». De hecho, parece ser que, ademÆs de no ser clara, su razona- miento era err(cid:243)neo. 1. 4. En su segunda carta, el Tribunal del concurso consideraba que la experiencia del demandante en los Æmbitos de la medicina tropical y la seguridad en caso de radiaciones resultaba insuficiente si se comparaba con la de otros can- didatos. 1. 5. El art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas establece que la contrataci(cid:243)n se harÆ de forma directa, con el fin de garantizar a la institu- 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/123 ci(cid:243)n los servicios de funcionarios del mÆs alto nivel de capacidad y eficacia. Al aplicar los criterios que figuran en la convocatoria del concurso, el Tribunal quedaba autori- zado a efectuar una evaluaci(cid:243)n comparativa de los candi- datos, con el fin de cerciorarse de que los mÆs adecuados acceder(cid:237)an a la entrevista. 1. 6. Por s(cid:237) mismas, las razones dadas en la segunda carta pare- cen adecuadas para que el candidato pueda comprender la raz(cid:243)n de su exclusi(cid:243)n. AdemÆs, eran compatibles con el juicio emitido por el Tribunal del concurso. Sin embargo, en la segunda carta no se admit(cid:237)a que las razones dadas en la primera eran err(cid:243)neas. Por lo tanto, si se considera- las cartas eran inadecuadas para ban conjuntamente, explicar las razones de la exclusi(cid:243)n del candidato. 2. Supuesta discriminaci(cid:243)n de los candidatos con titulaci(cid:243)n mØdica sueca 2. 1. En sus observaciones, la Comisi(cid:243)n declaraba que su deci- si(cid:243)n de desestimar la candidatura del demandante no estuvo relacionada con la distribuci(cid:243)n de los estudios pro- pia del sistema sueco de enseæanza, sino œnicamente con la necesidad de asegurar que s(cid:243)lo se convocaba a la entre- vista a los candidatos mejor cualificados. En sus observa- ciones, el demandante se mostr(cid:243) satisfecho con dicha res- puesta. 2. 2. Las investigaciones del Defensor del Pueblo no revelaron mala administraci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este aspecto de la reclamaci(cid:243)n. A la vista de las investigaciones del Defensor del Pueblo, parece necesario realizar los siguientes comentarios cr(cid:237)ticos: Es un principio fundamental de la buena prÆctica administra- tiva que las decisiones se motiven, como se requiere, por ejem- plo, en el art(cid:237)culo 190 del Tratado. Ello permite que la parte afectada sepa por quØ se ha adoptado una medida determinada. En sus comentarios al Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n reco- noc(cid:237)a que la primera carta que el Tribunal del concurso dirigi(cid:243) al demandante «no era del todo clara acerca del motivo de su decisi(cid:243)n». De hecho, parece ser que, ademÆs de no ser clara, su razonamiento era err(cid:243)neo. Por s(cid:237) mismas, las razones dadas en la segunda carta parecen adecuadas para que el candidato pueda comprender la raz(cid:243)n de su exclusi(cid:243)n. AdemÆs, eran compatibles con el juicio emi- tido por el Tribunal del concurso. Sin embargo, en la segunda carta no se admit(cid:237)a que las razones dadas en la primera eran err(cid:243)neas. Por lo tanto, si se consideraban conjuntamente, las cartas eran inadecuadas para explicar las razones de la exclu- si(cid:243)n del candidato. MODIFICACI(cid:211)N DE LAS BECAS DE INVESTIGACI(cid:211)N Decisi(cid:243)n 905/26. 9. 96/AGS/IT/PD contra la Comisi(cid:243)n Europea reclamaciones 878/13. 9. 96/TT/IT/PD y sobre las Reclamaci(cid:243)n En septiembre de 1996, la Asociaci(cid:243)n de Becarios present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo relativa a una reducci(cid:243)n de las becas que sus miembros recib(cid:237)an de la Comi- si(cid:243)n, y sobre la forma en que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a procedido a dicha reducci(cid:243)n. En 1994, el Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron la Decisi(cid:243)n no 1110/94/CE, de 26 de abril de 1994, relativa al cuarto programa marco comunitario para acciones comunita- rias en materia de investigaci(cid:243)n y desarrollo tecnol(cid:243)gicos y demostraci(cid:243)n (1). En virtud del Tratado Euratom, el Consejo adopt(cid:243) una decisi(cid:243)n paralela, la Decisi(cid:243)n 94/268/Euratom, de 26 de abril de 1994, relativa a un programa marco de la Comunidad Europea de la Energ(cid:237)a At(cid:243)mica para actividades comunitarias enseæanza (1994-1998) (2). en materia de investigaci(cid:243)n y De conformidad con lo expuesto en ambas Decisiones, las acciones comunitarias incluidas en los programas marco debe- r(cid:237)an orientarse, entre otros objetivos, a la estimulaci(cid:243)n y el fomento de la formaci(cid:243)n, y la movilidad de los investigadores, especialmente de los mÆs j(cid:243)venes. El Centro Comœn de Investi- gaci(cid:243)n de las Comunidades deber(cid:237)a tambiØn contribuir a la aplicaci(cid:243)n de los programas marco. El papel del Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n se establece con mÆs detalle en la Decisi(cid:243)n 94/918/CE del Consejo (3). En Østa se aprueba un programa espec(cid:237)fico de investigaci(cid:243)n y desarro- llo tecnol(cid:243)gico a realizarse por la Comunidad Europea, de una parte por el Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n, as(cid:237) como tambiØn por medio de actividades en el marco de un enfoque competi- tivo con el objeto de ofrecer un apoyo cient(cid:237)fico y tØcnico a las pol(cid:237)ticas comunitarias, as(cid:237) como mediante la Decisi(cid:243)n 94/919/Euratom del Consejo, de 15 de diciembre de 1994, por la que se adopta un programa espec(cid:237)fico de investigaci(cid:243)n y desarrollo tecnol(cid:243)gico que deberÆ realizar el Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n para la Comunidad Europea de la Energ(cid:237)a At(cid:243)- mica (1995-1998) (4). De lo expuesto en ambas Decisiones, se desprende que el Cen- tro Comœn de Investigaci(cid:243)n, con sus laboratorios e instalacio- nes, debe contribuir eficazmente a la formaci(cid:243)n y movilidad de los investigadores. Dado que este aspecto de la reclamaci(cid:243)n afectaba a procedi- mientos relacionados con hechos concretos acaecidos con ante- rioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cues- ti(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. (1) DO L 126 de 18. 5. 1994, p. 1. (2) DO L 155 de 6. 5. 1994, p. 31. (3) DO L 361 de 31. 12. 1994, p. 114. (4) DO L 361 de 31. 12. 1994, p. 132. C 300/124 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 En virtud de estos hechos, el Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n estableci(cid:243) contratos con investigadores de diversos Estados miembros. El contrato individual es un impreso estÆndar que se debe rellenar con los elementos individuales de cada caso, y que lleva por t(cid:237)tulo «Contrato individual de beca entre la Comunidad Europea y (X)». A este contrato se adjunta un anexo que contiene las condiciones generales aplicables. Ambos documentos son redactados por los servicios de la Comisi(cid:243)n. El impreso estÆndar estipula la duraci(cid:243)n de la beca en el Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n, que normalmente es de investigador recibe una ayuda dos aæos. Durante la beca, el mensual de la Comunidad. A la vista de estos hechos, los investigadores, organizados en la Asociaci(cid:243)n de Becarios, decidieron presentar una reclama- ci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo. En la reclamaci(cid:243)n se decla- raba que la decisi(cid:243)n tomada hab(cid:237)a modificado radicalmente las bases con las que los becarios individuales hab(cid:237)an entrado en el programa de investigaci(cid:243)n, en especial para los investigado- res con familia. Asimismo, se afirmaba que la decisi(cid:243)n tomada hac(cid:237)a materialmente muy dif(cid:237)cil para algunos investigadores continuar su estancia en el Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n. Las quejas de la Asociaci(cid:243)n se refer(cid:237)an, en s(cid:237)ntesis, a los puntos siguientes: En todos los contratos relacionados con este asunto, el apar- tado 1 del art(cid:237)culo 4 del impreso estÆndar utilizado estipulaba: 1) antes de tomar la decisi(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n deber(cid:237)a haber informado a los becarios de la posibilidad de una futura reducci(cid:243)n de las ayudas; la Comisi(cid:243)n pagarÆ al contratante una «Mientras dure la beca, cantidad mensual de (cid:133) ecus. Esta suma se modificarÆ, al alza o a la baja, despuØs de que la Comisi(cid:243)n Europea haya aprobado las nuevas condiciones generales que regulÆran las becas de formaci(cid:243)n para investigaci(cid:243)n. Esta modificaci(cid:243)n no se antedatarÆ. » El art(cid:237)culo 9 del impreso estÆndar establec(cid:237)a que las condicio- nes generales adjuntas formaban una parte integrante del con- trato y que: 2) la carta de 6 de agosto de 1996 deber(cid:237)a haberse dirigido a cada becario en su propio idioma, y 3) las clÆusulas de los contratos que permit(cid:237)an la reducci(cid:243)n de las ayudas eran ilegales e injustas, violando ademÆs el esp(cid:237)- ritu de los programas de movilidad. «Estas condiciones generales se reemplazarÆn tras la aprobaci(cid:243)n de las nuevas condiciones generales que regularÆn las becas de forma- ci(cid:243)n en investigaci(cid:243)n. El reemplazo no se antedatarÆ. » [En negrita y subrayado en el original] Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n El 29 de julio de 1996, la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243) una decisi(cid:243)n que establec(cid:237)a nuevos impresos de contrato estÆndar, nuevas canti- dades para la ayuda y nuevas condiciones generales. La Comi- si(cid:243)n tambiØn resolvi(cid:243) que la decisi(cid:243)n se aplicar(cid:237)a a todos los contratos existentes que contuviesen las clÆusulas citadas ante- riormente. De conformidad con la decisi(cid:243)n, Østa deber(cid:237)a entrar en vigor a partir del 1 de agosto de 1996. Se ha constatado que, como resultado de esta decisi(cid:243)n, las ayudas que unos cin- cuenta becarios recib(cid:237)an hasta el momento sufrieron una reducci(cid:243)n del 30 %. El 6 de agosto de 1996 se inform(cid:243) por carta, individualmente a los becarios de la decisi(cid:243)n y de su entrada en vigor el 1 de agosto de 1996. La carta estaba redactada en francØs. Junto a la carta se adjuntaban las nuevas condiciones generales, en francØs, as(cid:237) como una traducci(cid:243)n no oficial al inglØs. La carta terminaba pidiendo a cada becario que se pusiera en contacto con los servicios de la Comisi(cid:243)n para firmar los nuevos contra- tos, pero no antes del 9 de septiembre de 1996, debido a las vacaciones de verano. En respuesta a esta comunicaci(cid:243)n, los becarios llevaron a cabo diversas actuaciones, consultando a abogados y poniØndose en contacto con los Comisarios y los servicios de la Comisi(cid:243)n para conseguir que dicha instituci(cid:243)n se abstuviera de reducir las ayudas que recib(cid:237)an, y para que les aclararan algunas clÆusulas de las nuevas condiciones generales. Salvo en lo que concierne este œltimo aspecto, tales actuaciones resultaron aparentemente vanas. Respecto a la primera acusaci(cid:243)n de la Asociaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n afirm(cid:243) que la administraci(cid:243)n del Centro Comœn de Investiga- ci(cid:243)n mantuvo informados a los becarios del progreso de las conversaciones sobre las nuevas cuant(cid:237)as de las ayudas, ya directamente, ya a travØs de la Asociaci(cid:243)n. Concretamente, la Comisi(cid:243)n seæalaba que el 11 de julio de 1996 se celebr(cid:243) una reuni(cid:243)n en el Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n, en Ispra, durante la cual se hab(cid:237)a informado a los becarios de la pr(cid:243)xima decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. En cuanto a la carta de 6 de agosto de 1996, la Comisi(cid:243)n reco- noci(cid:243) que hab(cid:237)a sido un error enviar a los becarios s(cid:243)lo la ver- si(cid:243)n francesa, comprometiØndose a que tal situaci(cid:243)n no volve- r(cid:237)a a producirse. Asimismo se comprometi(cid:243) a que los contratos se tradujeran a las demÆs lenguas comunitarias. Por lo que se refiere a la tercera acusaci(cid:243)n de la Asociaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que las nuevas cuant(cid:237)as de las ayudas se hab(cid:237)an adoptado por respeto a la coherencia y la uniformidad, de manera que las cantidades de las ayudas fuera idØntica a las utilizadas en la formaci(cid:243)n a travØs de contratos de investiga- ci(cid:243)n financiados por medio de otros programas del cuarto pro- grama marco. Asimismo, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que las nuevas 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/125 cuant(cid:237)as se hab(cid:237)an determinado despuØs de una rigurosa con- sulta con los representantes de los Estados miembros y de manera que se asegurara que los becarios recib(cid:237)an una cantidad neta comparable a la que ganar(cid:237)a un investigador de un nivel equivalente en el pa(cid:237)s de acogida. Se hab(cid:237)a decidido que las nuevas cuant(cid:237)as tambiØn se aplicaran a los contratos en vigor que contuvieran las clÆusulas mencio- nadas anteriormente. Sin embargo, con el fin de permitir que los 47 becarios del Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n en Ispra y los 4 becarios del Centro en Sevilla tuviesen la oportunidad de ajustar su rØgimen de ayudas, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) con fecha de 16 de diciembre de 1996 suspender la aplicaci(cid:243)n de la deci- si(cid:243)n hasta el 31 de marzo de 1997. De esta manera, hasta esa fecha, no habr(cid:237)a reducci(cid:243)n de las ayudas en vigor. Comentarios de la Asociaci(cid:243)n la Asociaci(cid:243)n Por lo que se refiere a la primera acusaci(cid:243)n, afirm(cid:243) que, si bien la administraci(cid:243)n local del Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n en Ispra estaba haciendo todo lo posible por mantener informados a los becarios sobre las cuestiones que les afectaban, estos esfuerzos hab(cid:237)an encontrado una falta de informaci(cid:243)n por parte de los servicios de la Comisi(cid:243)n en Bru- selas. No obstante, los becarios no llegaron a conocer ningœn aspecto de la pr(cid:243)xima reducci(cid:243)n de sus ayudas hasta la reu- ni(cid:243)n del 11 de julio de 1996. Respecto a la segunda acusaci(cid:243)n, la Asociaci(cid:243)n afirm(cid:243) que aceptaba las disculpas de la Comisi(cid:243)n por no haber enviado a los becarios individuales mÆs que una versi(cid:243)n en francØs de la carta de 6 de agosto de 1996. En cuanto a las nuevas cuant(cid:237)as de las ayudas, la Asociaci(cid:243)n declar(cid:243) que no pon(cid:237)a en duda el derecho de la Comisi(cid:243)n a establecer nuevas cantidades. Incluso estaba dispuesta a aceptar las consideraciones en que se basaban las nuevas cuant(cid:237)as y el objetivo de Østas, es decir, que las cuant(cid:237)as fueran comparables a lo que ganar(cid:237)a un investigador de un nivel equivalente en el mismo pa(cid:237)s. Sin embargo, la Asociaci(cid:243)n no se explicaba por quØ las nuevas cuant(cid:237)as se ten(cid:237)an que aplicar a los contratos aœn en vigor. En ese contexto, se subrayaba que la reducci(cid:243)n de las ayudas de los contratos en vigor no ten(cid:237)a como objetivo compensar, por ejemplo, unos costes de vida mÆs bajos o menores impuestos. En tal caso, el recorte no habr(cid:237)a implicado una reducci(cid:243)n neta de la ayuda. La decisi(cid:243)n que hab(cid:237)a adop- tado la Comisi(cid:243)n no se refer(cid:237)a a esas circunstancias, posible- mente justificables. Al contrario, la decisi(cid:243)n implicaba una reducci(cid:243)n neta del 30 % de las ayudas de los contratos en vigor. En algunos casos, la reducci(cid:243)n anulaba por completo las condiciones por las que el investigador hab(cid:237)a participado en el programa de investigaci(cid:243)n. En cuanto a la suspensi(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243) el 16 de diciembre de 1996 sobre la decisi(cid:243)n tomada, la Asociaci(cid:243)n la acogi(cid:243) favorablemente, pero mani- fest(cid:243) que aquellos investigadores cuyos contratos no termina- ran hasta el final de 1997 todav(cid:237)a sufrir(cid:237)an los efectos negati- vos de la decisi(cid:243)n. Otras investigaciones Tras considerar debidamente las observaciones de la Comisi(cid:243)n y las de la Asociaci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo se dirigi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n indicando que, si bien el objetivo general de las nue- vas cuant(cid:237)as resultaba comprensible, la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a especificado por quØ su decisi(cid:243)n deb(cid:237)a aplicarse tambiØn a los contratos en vigor. Asimismo, el Defensor del Pueblo declar(cid:243) que los investigadores ten(cid:237)an razones para esperar que la Comisi(cid:243)n no hiciera un uso tan radical de las clÆusulas del contrato mencionadas, y que la reducci(cid:243)n del 30 % en las ayu- das en vigor hab(cid:237)a hecho muy dif(cid:237)cil para cierto nœmero de investigadores continuar su trabajo, amenazando, en cualquier caso, su motivaci(cid:243)n. Finalmente, el Defensor del Pueblo afirm(cid:243) que no se pod(cid:237)a descartar que, en un futuro, los investigadores no se uniesen a los proyectos de investigaci(cid:243)n si se hiciera pœblico que las ayudas pod(cid:237)an reducirse drÆsticamente en el curso del contrato. El Defensor del Pueblo conclu(cid:237)a sugiriendo que la Comisi(cid:243)n revisara su posici(cid:243)n a la luz de estas conside- raciones. En su respuesta a esta carta, la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que, con mucha frecuencia, hab(cid:237)a sido criticada por las grandes cantida- des que conced(cid:237)a a los becarios y por no tener plenamente en cuenta las condiciones existentes en el pa(cid:237)s en que se llevaba a cabo la investigaci(cid:243)n. Segœn la Comisi(cid:243)n, estos temas se hab(cid:237)an tratado en el comitØ del programa correspondiente y la Comi- si(cid:243)n hab(cid:237)a establecido las nuevas cuant(cid:237)as considerando los argumentos de varias delegaciones. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que, con las nuevas cantidades, se pretend(cid:237)a dar coherencia y equi- dad respecto a las ayudas utilizadas en otros programas indivi- duales del cuarto programa marco. Otros hechos De una reclamaci(cid:243)n presentada ante el Defensor del Pueblo el 23 de septiembre de 1997 (reclamaci(cid:243)n 855/97/PD) se des- prend(cid:237)a que, dada las drÆsticas reducciones de las ayudas en vigor, un investigador hab(cid:237)a tenido que abandonar su pro- grama de investigaci(cid:243)n y volver con su familia a su pa(cid:237)s de ori- gen. Decisi(cid:243)n 1. Respecto a la primera acusaci(cid:243)n sobre la falta de informa- ci(cid:243)n y comunicaci(cid:243)n con los becarios antes de la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, debe notarse en primer lugar que los prin- cipios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la administra- ci(cid:243)n se relacione con los ciudadanos de una forma impar- cial y justa. Esto implica, entre otras cosas, que cuando la administraci(cid:243)n pretende tomar medidas respecto a un nœmero limitado y claramente identificable de ciudadanos, C 300/126 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Østos deben tener la posibilidad de expresar su opini(cid:243)n. TambiØn supone que se ha de informar a los ciudadanos con la debida antelaci(cid:243)n sobre las medidas tomadas, de manera que puedan actuar adecuadamente para adaptarse a la nueva situaci(cid:243)n. En este asunto, se constat(cid:243) que no hubo contactos entre los servicios responsables de la Comisi(cid:243)n y los becarios. En la reuni(cid:243)n de 11 de julio de 1996, Østos fueron informados de una reducci(cid:243)n de sus ayudas tan s(cid:243)lo como una posibi- lidad, adoptandose la decisi(cid:243)n el 29 de julio de 1996. Cuando se inform(cid:243) a los becarios mediante las cartas de 6 de agosto de 1996 sobre la reducci(cid:243)n en que la decisi(cid:243)n iba a traducirse, tal efecto era ya efectivo. Se consider(cid:243) que esta forma de proceder era desp(cid:243)tica y arrogante, y que no cumpl(cid:237)a los principios de la buena administraci(cid:243)n. 2. Por lo que se refiere a la carta de 6 de agosto de 1996, la Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) que se deber(cid:237)a haber enviado a cada becario en su propio idioma, y pidi(cid:243) disculpas por no haberlo hecho. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no con- sider(cid:243) que hubiera razones para proseguir la investigaci(cid:243)n sobre ese aspecto del caso. 3. En cuanto a la acusaci(cid:243)n relativa a que las clÆusulas que permit(cid:237)an la reducci(cid:243)n radical de las ayudas eran ilegales, debe notarse que corresponde a las autoridades nacionales competentes evaluar esta cuesti(cid:243)n a la luz de la legislaci(cid:243)n nacional aplicable. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo no examin(cid:243) la cuesti(cid:243)n. Sin embargo, la administraci(cid:243)n siem- pre es responsable ante el Defensor del Pueblo de la obser- vancia de los principios de la buena administraci(cid:243)n y, en consecuencia, debe ser capaz de proporcionar al Defensor del Pueblo un relato coherente de sus acciones, y de por quØ cree que estÆn justificadas. Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen, entre otras cosas, que la Comisi(cid:243)n trate con los ciudadanos de una forma imparcial y justa. En este asunto, se estableci(cid:243) que las clÆusulas que la Comi- si(cid:243)n hab(cid:237)a incluido en el contrato estÆndar permit(cid:237)an la reducci(cid:243)n ilimitada de las ayudas en vigor, sin dar ninguna indicaci(cid:243)n de los parÆmetros seguidos para tal reducci(cid:243)n. Debe considerarse que estas clÆusulas hacen muy precaria la aceptaci(cid:243)n de un per(cid:237)odo de aprendizaje y posibilitan los abusos, por lo que no se pueden calificar de justas. A la vista de ello, deber(cid:237)an por lo menos existir razones impe- riosas para recurrir a clÆusulas similares, sin que la Comi- si(cid:243)n hubiera podido indicar tales justificaciones. A la vista de esta informaci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo con- la cluy(cid:243) que, al utilizar clÆusulas contractuales injustas, Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a actuado de conformidad con los princi- pios de la buena administraci(cid:243)n. Conclusi(cid:243)n Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la admi- nistraci(cid:243)n trate con los ciudadanos de una forma imparcial y justa. Al no establecer contactos con los becarios afectados por una reducci(cid:243)n sustancial que la Comisi(cid:243)n preve(cid:237)a efectuar en sus ayudas, y al no informarlos con la debida antelaci(cid:243)n sobre la reducci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n omiti(cid:243) cumplir este requisito, y tam- poco lo cumpli(cid:243) al utilizar clÆusulas contractuales injustas. Dado que estos aspectos del asunto se refer(cid:237)an a procedimien- tos relativos a acontecimientos espec(cid:237)ficos del pasado (cid:151)los becarios afectados ya hab(cid:237)an finalizado su beca en el Centro Comœn de Investigaci(cid:243)n(cid:151), no result(cid:243) apropiado buscar un acuerdo amistoso de la cuesti(cid:243)n y, por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. SUBVENCI(cid:211)N PARA UN FESTIVAL CINEMATOGR`FICO: RAZONAMIENTO INADECUADO Decisi(cid:243)n sobre Europea la reclamaci(cid:243)n 23/97/KH contra la Comisi(cid:243)n Reclamaci(cid:243)n Mediante cartas fechadas en diciembre de 1996 y enero de 1997, el Sr. M. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n en nombre del Sti- chting Nederlands Film Festival (NFF) contra de la Comisi(cid:243)n. En ella alegaba un trato incomprensible por parte de la Direc- ci(cid:243)n General XIII de la Comisi(cid:243)n, mal funcionamiento y esca- sez de informaci(cid:243)n. Las circunstancias que llevaron a la reclamaci(cid:243)n pueden resu- mirse de la manera siguiente. En 1995, el NFF organiz(cid:243) una jornada de cine cient(cid:237)fico por la que recibi(cid:243) una subvenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. Aparentemente, tanto el NFF como los correspon- dientes servicios de la Comisi(cid:243)n consideraron que el aconteci- miento hab(cid:237)a sido un Øxito. El NFF decidi(cid:243) entonces organizar otra jornada de cine cient(cid:237)fico en 1996, para la que tambiØn solicit(cid:243) una subvenci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. Sin embargo, en esa ocasi(cid:243)n no la obtuvo. El NFF present(cid:243) la solicitud de la subvenci(cid:243)n para la jornada de cine cient(cid:237)fico de 1996 en mayo de 1996. La Comisi(cid:243)n contest(cid:243) por carta el 18 y el 28 de junio de 1996. Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario emitir el comentario cr(cid:237)tico siguiente: La primera carta indicaba que el proyecto del demandante era de naturaleza subvencionable. Sin embargo, el demandante 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/127 deber(cid:237)a volver a organizar el presupuesto de manera que se ajustara al l(cid:237)mite de 12 000 ecus que, de conformidad con las normas del programa correspondiente de la Comisi(cid:243)n (1), no se pod(cid:237)a exceder. A la carta se adjuntaba un impreso de solicitud. La segunda carta conten(cid:237)a un impreso de solicitud adicional, y establec(cid:237)a quØ documentos deb(cid:237)an adjuntarse. TambiØn infor- maba al demandante que deb(cid:237)a enviar la solicitud lo antes posible. El 1 de julio de 1996, el NFF contest(cid:243) diciendo: «Reciban con la presente el presupuesto espec(cid:237)fico de la jornada de cine cient(cid:237)fico, el taller y el seminario. Rogamos nos concedan un apoyo financiero de 12 000 ecus y el honor que un representante de la Comunidad Europea participe en los acontecimientos (Direc- ci(cid:243)n General XIII D/2). » La Comisi(cid:243)n contest(cid:243) por carta el 11 de septiembre de 1996, comentando: «Lamento informarle que su solicitud de subvenci(cid:243)n ha sido deses- timada. Lamento sinceramente los problemas que esta decisi(cid:243)n pueda causarle. Aœn no se ha presentado a la Comisi(cid:243)n el informe final sobre el acontecimiento de 1995 en la forma exi- gida por el contrato, y esto se considera una violaci(cid:243)n de las obli- gaciones contractuales. » MÆs tarde, el 23 de septiembre de 1996, los servicios responsa- bles de la Comisi(cid:243)n y el NFF celebraron una reuni(cid:243)n. Tras Østa, el 27 de noviembre de 1996 el NFF envi(cid:243) una carta a la Comi- si(cid:243)n en la que informaba a la instituci(cid:243)n que el Festival de Cine hab(cid:237)a sido un gran Øxito. La carta tambiØn afirmaba: «Tras la visita del Sr. [M] a su oficina y nuestra llamada de telØfono, usted prometi(cid:243) ponerse en contacto conmigo despuØs del festi- val en relaci(cid:243)n con el procedimiento relativo a la subvenci(cid:243)n de 25 000 ecus para la Segunda Jornada de Cine Cient(cid:237)fico. IntentØ hablar con usted por telØfono, pero no consegu(cid:237) encon- trarle. Le estar(cid:237)a muy agradecido si pudiera ponerse en con- tacto conmigo para hablar sobre el proyecto anteriormente mencionado». Hemos estudiado atentamente la posibilidad de conceder tambiØn una participaci(cid:243)n financiera a la XVI edici(cid:243)n del Nederlands Film Festival, pero lamento informarle que nuestras autoridades finan- cieras no aceptaron la solicitud, al considerar que en aquel momento todav(cid:237)a no se hab(cid:237)a presentado un informe satisfactorio del acontecimiento anterior. Siento no haber podido ayudarle en esta ocasi(cid:243)n. » Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus primeras observaciones, la instituci(cid:243)n declar(cid:243) que, respecto a la subven- ci(cid:243)n de 1995, el NFF no hab(cid:237)a cumplido una de sus obligacio- nes bÆsicas, al presentar su informe sobre la ayuda demasiado tarde. Sin embargo, se hab(cid:237)a aprobado el pago. La Comisi(cid:243)n tambiØn mencion(cid:243) la correspondencia del deman- dante sobre el proyecto para 1996. RefiriØndose a su carta de 18 de junio de 1996, la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que se hab(cid:237)a informado debidamente al NFF del l(cid:237)mite de 12 000 para las subvenciones de ese tipo, y que se hab(cid:237)a pedido a la asociaci(cid:243)n que presentara una nueva solicitud. En relaci(cid:243)n con las siguientes solicitudes del NFF, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que, al buscar el documento en el sistema de registro de la Direcci(cid:243)n General correspondiente, no se encontr(cid:243) nin- guna entrada referida a una solicitud o correspondencia de ese tipo. MÆs tarde, el NFF pregunt(cid:243) sobre la subvenci(cid:243)n. La Comi- si(cid:243)n reconoci(cid:243) que la respuesta, en la que se informaba al NFF que se hab(cid:237)a rechazado formalmente su solicitud, era err(cid:243)nea. En una conversaci(cid:243)n telef(cid:243)nica posterior, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) a la asociaci(cid:243)n que, en realidad, no se hab(cid:237)a recibido ninguna solicitud y que ya era demasiado tarde para presentarla. El 23 de septiembre de 1996, el NFF pregunt(cid:243) nuevamente si todav(cid:237)a se pod(cid:237)a conceder una subvenci(cid:243)n para el proyecto de 1996, pero le informaron que no hab(cid:237)a posibilidad de financiarlo. Observaciones del demandante DespuØs de esta carta, el 29 de noviembre de 1996 el NFF inform(cid:243) a los servicios de la Comisi(cid:243)n que hab(cid:237)a decidido con- tinuar con los procedimientos para la subvenci(cid:243)n lo mÆs rÆpi- damente posible a travØs de los medios diplomÆticos. El 9 de enero de 1997, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) al NFF la carta siguiente: En sus observaciones, el NFF mantuvo su reclamaci(cid:243)n. Dado que en la carta de la Comisi(cid:243)n de 9 de enero de 1997 se men- cionaba que el NFF no hab(cid:237)a informado adecuadamente sobre la utilizaci(cid:243)n de la subvenci(cid:243)n de 1995, la asociaci(cid:243)n docu- ment(cid:243) ampliamente la forma en que hab(cid:237)a dado cuenta de la financiaci(cid:243)n. «Es un placer para m(cid:237) informarle que, finalmente, nuestras autori- dades financieras han aprobado el pago de la contribuci(cid:243)n final al NFF de 1995. En los pr(cid:243)ximos d(cid:237)as se ingresarÆ la subvenci(cid:243)n de 12 000 en su cuenta bancaria. Otras investigaciones (1) Innovation: tercera actividad del cuarto programa marco de investi- gaci(cid:243)n y desarrollo tecnol(cid:243)gico (cid:151) Difusi(cid:243)n y explotaci(cid:243)n de los resultados. A la vista de los diferentes motivos presentados por la Comi- si(cid:243)n para no conceder la subvenci(cid:243)n para 1996, el Defensor del Pueblo pidi(cid:243) mÆs informaci(cid:243)n a esta instituci(cid:243)n. C 300/128 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 En sus segundas observaciones, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que la cuesti(cid:243)n de la concesi(cid:243)n de una subvenci(cid:243)n nunca se lleg(cid:243) a considerar, pues no se envi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n ningœn impreso de solicitud debidamente cumplimentado. La Comisi(cid:243)n aæadi(cid:243) que, a ra(cid:237)z de la reclamaci(cid:243)n del NFF, los servicios responsables hab(cid:237)an revisado su procedimiento interno con el fin de hacerlo mÆs formal, especialmente en lo que se refiere a la comunicaci(cid:243)n con los solicitantes de subven- ciones. En sus observaciones a los segundos comentarios de la Comi- si(cid:243)n, el NFF mantuvo su reclamaci(cid:243)n. Decisi(cid:243)n 1. En las dos ocasiones en que present(cid:243) sus observaciones, la Comisi(cid:243)n no sostuvo que se hubiera rechazado la subven- ci(cid:243)n para el acontecimiento de 1996 debido a que el NFF no hab(cid:237)a informado adecuadamente sobre la utilizaci(cid:243)n de la subvenci(cid:243)n en 1995. Por lo tanto, el Defensor del Pue- blo no investig(cid:243) si la Comisi(cid:243)n ten(cid:237)a raz(cid:243)n al opinar que los informes del NFF no eran correctos. 2. La Comisi(cid:243)n mantuvo que el NFF no recibi(cid:243) una subven- ci(cid:243)n para el acontecimiento de 1996 debido a que nunca se recibi(cid:243) una solicitud formal. No se han presentado prue- bas concluyentes que indiquen que la Comisi(cid:243)n s(cid:237) recibi(cid:243) las solicitudes formales. Por lo tanto, el Defensor del Pue- blo no pudo investigar mÆs a fondo la cuesti(cid:243)n de si la tra- mitaci(cid:243)n de la solicitud del NFF por parte de la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a sido o no correcta. 3. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la administraci(cid:243)n ofrezca unos motivos adecuados y coherentes sobre las medidas que toma en relaci(cid:243)n con los ciudadanos (1). En el presente asunto se constat(cid:243) que, en un principio, la Comi- si(cid:243)n no justific(cid:243) la desestimaci(cid:243)n de la solicitud de subven- ci(cid:243)n del demandante; mÆs tarde, justific(cid:243) su desestimaci(cid:243)n refiriØndose a que, supuestamente, el demandante no hab(cid:237)a cumplido el requisito de dar cuenta de la utilizaci(cid:243)n de la subvenci(cid:243)n previa; y, por œltimo, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que la no hab(cid:237)a llegado a recibir la solicitud. Con todo ello, Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a cumplido el requisito de presentar motivos adecuados y coherentes. 4. El Defensor del Pueblo acogi(cid:243) favorablemente la iniciativa de la Comisi(cid:243)n de revisar sus procedimientos. (1) VØase, entre otras, la sentencia de 7 de noviembre de 1997 en el asunto T-218/95: Azienda Agricola «Le Canne» contra Comisi(cid:243)n (Recopilaci(cid:243)n 1997, p. II-2055), apartado 65. Respecto a la respon- sabilidad de la administraci(cid:243)n de explicarse, vØase tambiØn J. A. Usher, («La (cid:147)buena administraci(cid:243)n(cid:148) del Derecho Comunitario»), en Current Legal Problems (Problemas legales actuales) 1985 p. 278. «The (cid:147)Good Administration(cid:148) of Community Law» Conclusi(cid:243)n A la vista de los resultados de las investigaciones sobre la pre- sente reclamaci(cid:243)n, se consider(cid:243) necesario emitir el comentario cr(cid:237)tico siguiente: La jurisprudencia del Tribunal de Justicia y los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la administraci(cid:243)n ofrezca unos motivos adecuados y coherentes sobre las medidas que toma en relaci(cid:243)n con los ciudadanos. En el presente asunto se constat(cid:243) que, en un principio, la Comisi(cid:243)n no justific(cid:243) la desestimaci(cid:243)n de la solicitud de subvenci(cid:243)n del demandante; mÆs tarde, motiv(cid:243) la desestimaci(cid:243)n refiriØndose a que, supues- tamente, el demandante no hab(cid:237)a cumplido el requisito de dar cuenta de la utilizaci(cid:243)n de la subvenci(cid:243)n previa; y, por œltimo, la Comisi(cid:243)n indic(cid:243) que no hab(cid:237)a llegado a recibir la solicitud. Con todo ello, la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a cumplido el requisito de presentar motivos adecuados y coherentes. Dado que este aspecto del asunto afectaba a procedimientos relacionados con hechos concretos acaecidos con anterioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cuesti(cid:243)n. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. RECONOCIMIENTO REC˝PROCO DE LICENCIAS PARA PILOTAR HELIC(cid:211)PTEROS la reclamaci(cid:243)n 121/97/VK contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n En febrero de 1997, el Sr. B. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo contra la Comisi(cid:243)n Europea. Alegaba que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a sabido garantizar el cumplimiento por parte de las autoridades alemanas de la Directiva 91/670/CEE del Consejo, de 16 de ciciembre de 1991, sobre aceptaci(cid:243)n rec(cid:237)proca de licencias del personal que ejerce funciones en la aviaci(cid:243)n civil (2). TambiØn alegaba que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a actuado de conformidad con sus propias obligaciones estableci- das en dicha Directiva. El Sr. B. hab(cid:237)a solicitado a las autoridades alemanas la acepta- ci(cid:243)n de la licencia de piloto profesional de helic(cid:243)pteros que hab(cid:237)a obtenido en Austria. Las autoridades alemanas considera- ron que su licencia no equival(cid:237)a a una alemana y declararon, en consecuencia, que no la aceptar(cid:237)an a menos que el Sr. B. cumpliera una serie de condiciones adicionales. El Sr. B. estim(cid:243) y present(cid:243) una que reclamaci(cid:243)n ante la Comisi(cid:243)n. Tras un intercambio de corres- pondencia, el Sr. B. se mostr(cid:243) insatisfecho con la postura de la esta decisi(cid:243)n era discriminatoria, (2) DO L 373 de 31. 12. 1991, p. 21. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/129 Comisi(cid:243)n, y present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n ante el Defensor del Pueblo. Acusaba a la Comisi(cid:243)n de: Comentarios del demandante 1) no haber comparado los requisitos aplicados en cada Estado miembro para expedir licencias de pilotaje de heli- c(cid:243)pteros, como se prevØ en el art(cid:237)culo 4 de la Directiva; 2) no haber garantizado que las autoridades alemanas no impusieran condiciones discriminatorias para la aceptaci(cid:243)n de licencias austriacas para pilotar helic(cid:243)pteros; 3) no haber establecido la propuesta para un acuerdo del Consejo sobre la total aceptaci(cid:243)n rec(cid:237)proca de las licencias, como se prevØ en las clÆusulas preliminares de la Directiva; 4) no haber contestado a una carta que el Sr. B. dirigi(cid:243) al Sr. Probst de la Direcci(cid:243)n General VII de la Comisi(cid:243)n el 9 de septiembre de 1996. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se trasmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observacio- nes, la Comisi(cid:243)n afirmaba, en s(cid:237)ntesis, lo siguiente: Por lo que se refiere a la primera acusaci(cid:243)n, es cierto que la Comisi(cid:243)n aœn no hab(cid:237)a establecido una comparaci(cid:243)n de los requisitos para expedir licencias de pilotaje helic(cid:243)pteros aplica- dos en cada Estado miembro, aunque, segœn el apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva, deber(cid:237)a haberlo hecho antes del 1 de enero de 1992. Sin embargo, esta omisi(cid:243)n no tiene relevancia para la situaci(cid:243)n particular del Sr. B. Las autoridades alemanas informaron debidamente a la Comi- si(cid:243)n sobre las condiciones adicionales que hab(cid:237)an establecido para aceptar las licencias de pilotaje de helic(cid:243)pteros expedidas en Austria. Tras una adecuada consideraci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n acept(cid:243) estas condiciones e inform(cid:243) de ello al Sr. B. En cuanto a la tercera alegaci(cid:243)n, la propuesta de la Comisi(cid:243)n debe basarse en el trabajo tØcnico llevado a cabo por la Autori- dad Conjunta de Aviaci(cid:243)n, que es un (cid:243)rgano asociado de la Conferencia Europea de la Aviaci(cid:243)n Civil. En el momento de la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo, la Autoridad acababa de finalizar su trabajo sobre las licencias para pilotar helic(cid:243)pteros, que la Comisi(cid:243)n examinarÆ a su debido tiempo con el fin de establecer la propuesta de acuerdo del Consejo. Respecto a la carta del Sr. B. de 9 de septiembre de 1996, la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) que el fax enviado por su Representaci(cid:243)n en Bonn el 7 de noviembre de 1996 hac(cid:237)a innecesaria una contestaci(cid:243)n. En sus observaciones, el Sr. B. mantuvo su reclamaci(cid:243)n. Decisi(cid:243)n 1. En relaci(cid:243)n con la primera acusaci(cid:243)n, el apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva estipula que la Comisi(cid:243)n «estable- cerÆ, y transmitirÆ a todos los Estados miembros, antes del 1 de enero de 1992, una comparaci(cid:243)n de los requisitos exigidos en cada Estado miembro para la expedici(cid:243)n de las licencias que se refieran a las mismas funciones». La Comi- si(cid:243)n admiti(cid:243) que aœn no hab(cid:237)a realizado la comparaci(cid:243)n de las licencias para pilotar helic(cid:243)pteros. Los poderes de la Comisi(cid:243)n la autorizan a proponer una enmienda de la Directiva si no puede cumplir el plazo establecido por Østa. Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comisi(cid:243)n cumpla las normas y principios que le son obli- gatorios. Al no satisfacer lo establecido en el apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva en relaci(cid:243)n a las licencias para pilotar helic(cid:243)pteros, la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a cumplido este requisito. 2. Respecto a la valoraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de las condiciones adicionales establecidas por las autoridades alemanas para aceptar las licencias de pilotaje de helic(cid:243)pteros expedidas en Austria, no se encontraron elementos que indicaran que dicha valoraci(cid:243)n hab(cid:237)a sido incorrecta. 3. Por lo que se refiere al tercer aspecto de la reclamaci(cid:243)n, la œltima clÆusula preliminar de la Directiva establece que la Comisi(cid:243)n deb(cid:237)a presentar una propuesta al Consejo antes del 1 de julio de 1992, con vistas a una total aceptaci(cid:243)n rec(cid:237)proca de las licencias. La Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) que aœn no hab(cid:237)a presentado dicha propuesta. Los poderes de la Comisi(cid:243)n la autorizan a proponer una enmienda de la Directiva si no puede cumplir el plazo establecido por Østa. Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comisi(cid:243)n cumpla aquellas normas que contienen clÆusulas claras, inequ(cid:237)vocas y pœblicas sobre el momento de presen- tar propuestas legislativas. Dado que la Comisi(cid:243)n aœn no hab(cid:237)a actuado de conformidad con la mencionada clÆusula, la instituci(cid:243)n no hab(cid:237)a cumplido ese requisito. 4. En cuanto al cuarto aspecto, debe observarse que el fax de la Representaci(cid:243)n en Bonn de 7 de noviembre de 1996, que la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) como una respuesta a la carta del Sr. B. de 9 del septiembre de 1996, no hac(cid:237)a referencia a dicha carta. No parec(cid:237)a que los contenidos del fax contes- taran a las cuestiones fundamentales planteadas en la carta del Sr. B. Al contrario, el fax terminaba seæalando que la Representaci(cid:243)n se iba a poner en contacto con los servicios de la Comisi(cid:243)n en Bruselas para que Østos respondieran al Sr. B. Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comisi(cid:243)n conteste a las cartas que se le dirigen. Al no contestar a la carta del Sr. B. de 9 de septiembre de 1996, la instituci(cid:243)n no cumpli(cid:243) con ese requisito. C 300/130 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Conclusi(cid:243)n Sobre la base de las investigaciones del Defensor del Pueblo, se consider(cid:243) necesario emitir los comentarios cr(cid:237)ticos siguientes: i) Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comisi(cid:243)n cumpla las normas y principios que le son obli- gatorios. Al no cumplir lo establecido en el apartado 1 del art(cid:237)culo 4 de la Directiva 91/670/CEE respecto a las licen- cias para pilotar helic(cid:243)pteros, la instituci(cid:243)n no hab(cid:237)a cum- plido este requisito. ii) Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comisi(cid:243)n cumpla aquellas normas que contienen clÆusulas claras, inequ(cid:237)vocas y pœblicas sobre el momento de presen- tar propuestas legislativas. Dado que la Comisi(cid:243)n aœn no hab(cid:237)a presentado la propuesta, que la œltima clÆusula preli- minar de la Directiva 91/670/CEE prevØ para antes del 1 de julio de 1992, no hab(cid:237)a cumplido este requisito. iii) El 8 de enero de 1996, la asociaci(cid:243)n, junto con la comuni- dad de Mytika, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n utilizando el for- mulario de reclamaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n (DO C 26 de 1. 2. 1989, p. 6), en la que se alegaba que el Ministerio griego de Medio Ambiente, Planificaci(cid:243)n Regional y Obras Pœblicas hab(cid:237)a contravenido la legislaci(cid:243)n comunitaria. La reclamaci(cid:243)n se refer(cid:237)a a la decisi(cid:243)n conjunta no 30146/94 del Ministerio, de 11 de julio de 1995, de verter aguas resi- duales tratadas en el Mar J(cid:243)nico, en Kalamitsi. Segœn el demandante, esta decisi(cid:243)n era contraria a la legislaci(cid:243)n comunitaria y nacional en materia de medio ambiente. La asociaci(cid:243)n tambiØn pidi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que suspendiera la financiaci(cid:243)n del proyecto mencionado en el anterior inciso i). Asimismo, la asociaci(cid:243)n envi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n otras cinco cartas, el 7 de febrero, el 8 de marzo, el 6 de mayo y el 15 de julio de 1996 y el 8 de enero de 1997, en las que le facilitaba mÆs informaci(cid:243)n sobre su reclamaci(cid:243)n original. La Direcci(cid:243)n General XVI no contest(cid:243) a esas cartas ni inform(cid:243) a la asociaci(cid:243)n sobre el curso de su reclamaci(cid:243)n. iii) Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la Comisi(cid:243)n conteste a las cartas que se le dirigen. Al no con- testar a la carta del Sr. B. de 6 de septiembre de 1996, la instituci(cid:243)n no cumpli(cid:243) ese requisito. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n Dado que estos aspectos del asunto se refer(cid:237)an a procedimien- tos relativos a acontecimientos espec(cid:237)ficos del pasado, no result(cid:243) apropiado buscar un acuerdo amistoso del litigio y, por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. FALTA DE INFORMACI(cid:211)N SOBRE EL RESULTADO DE UNA RECLAMACI(cid:211)N la reclamaci(cid:243)n 250/97/OV contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n En marzo de 1997, el Sr. S. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, en nombre de una asociaci(cid:243)n, alegando falta o denegaci(cid:243)n de informaci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n (Direcci(cid:243)n General XVI (cid:151) E/3). MÆs concretamente, formul(cid:243) las afirmaciones siguientes: i) Cuando la asociaci(cid:243)n tuvo conocimiento de la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de cofinanciar el proyecto «Sistema de desag(cid:252)e y limpieza biol(cid:243)gica» en Preveza, Grecia, con los Fondos de Cohesi(cid:243)n, pidi(cid:243) por telØfono a la Direcci(cid:243)n General XVI (Pol(cid:237)tica Regional y de Cohesi(cid:243)n) una copia de la decisi(cid:243)n, pero su solicitud fue desestimada. La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n en junio de 1997. Por lo que se refiere a la primera afirmaci(cid:243)n, las observaciones de la Comisi(cid:243)n indicaban que sus servicios competentes hab(cid:237)an informado al demandante que, de conformidad con el apartado 1 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, de 8 de febrero de 1994, relativa al acceso del pœblico a los documentos de la Comisi(cid:243)n, la solicitud deb(cid:237)a realizarse por escrito. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que, si recib(cid:237)a una petici(cid:243)n escrita, no tendr(cid:237)a inconve- niente en enviar la decisi(cid:243)n al demandante, si bien no hab(cid:237)a recibido tal petici(cid:243)n. En cuanto a la segunda afirmaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que, de conformidad con el apartado 7 del art(cid:237)culo 10 del Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo (1), s(cid:243)lo deben publicarse en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas los elementos esencia- les de las decisiones de la Comisi(cid:243)n. Los elementos esenciales del proyecto en cuesti(cid:243)n se hab(cid:237)an publicado en el Diario Ofi- cial C 122 de 19 de abril de 1997. Sin embargo, la Comisi(cid:243)n atribuy(cid:243) el retraso entre la adopci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n y su publi- caci(cid:243)n en el Diario Oficial al tamaæo y la naturaleza de la publicaci(cid:243)n, que agrupaba sesenta y seis proyectos adoptados en distintos d(cid:237)as. Dado que, una vez adoptadas, las decisiones se notifican a los Estados miembros, los elementos esenciales s(cid:243)lo se publican por motivos de transparencia. En consecuen- cia, la Comisi(cid:243)n prefiere agrupar la informaci(cid:243)n relativa a dis- tintos proyectos en lugar de publicarla por separado en el Dia- rio Oficial. ii) La decisi(cid:243)n de cofinanciar el proyecto no se hab(cid:237)a publi- cado adecuadamente en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. (1) Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 16 de mayo de 1994, por el que se crea el Fondo de Cohesi(cid:243)n (DO L 130 de 25. 5. 1994, p. 1). 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/131 Por lo que se refiere a la tercera afirmaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que sus servicios hab(cid:237)an concluido que el proyecto no infring(cid:237)a la legislaci(cid:243)n comunitaria y, por lo tanto, no hab(cid:237)a raz(cid:243)n para registrar la reclamaci(cid:243)n. MÆs concretamente, no se hab(cid:237)a infrin- gido la Directiva 85/337/CEE del Consejo (1), que entr(cid:243) en vigor despuØs del inicio del proyecto en 1985. La Comisi(cid:243)n no decidi(cid:243) financiar el proyecto hasta el 5 de noviembre de 1996, tras una decisi(cid:243)n preliminar del Consejo de Estado griego y despuØs que el Ministerio de Medio Ambiente evaluara su impacto medioambiental. La decisi(cid:243)n se tom(cid:243) de conformidad con la decisi(cid:243)n del Consejo de Estado griego. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que, a ra(cid:237)z de la reclamaci(cid:243)n que el demandante present(cid:243) el 8 de enero de 1996, tanto sus servi- cios responsables para el Fondo Regional como para el Fondo de Cohesi(cid:243)n le hab(cid:237)an enviado sendos acuses de recibo los d(cid:237)as 17 de enero y 19 de febrero de 1996, aunque no era necesario contestar a las demÆs cartas que la asociaci(cid:243)n hab(cid:237)a enviado. Sin embargo, el 23 de julio de 1997 los servicios responsables del Fondo de Cohesi(cid:243)n enviaron una carta al demandante en la que contestaban a todas las cartas anteriores. Observaciones del demandante El demandante mantuvo su afirmaci(cid:243)n de que la publicaci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n cinco meses despuØs de su adopci(cid:243)n constitu(cid:237)a una irregularidad, y que la asociaci(cid:243)n no hab(cid:237)a recibido nin- guna informaci(cid:243)n al respecto. AdemÆs, el demandante seæal(cid:243) que la declaraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n en el sentido que no se hab(cid:237)a producido infracci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria era incorrecta y que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a informado en ningœn momento a la asociaci(cid:243)n de que se hubiera rechazado la recla- maci(cid:243)n. El demandante conclu(cid:237)a diciendo que durante todo un aæo no hab(cid:237)a recibido contestaci(cid:243)n a sus cartas, y que la Comi- si(cid:243)n no las hab(cid:237)a tenido en cuenta. Decisi(cid:243)n 1. Supuesta falta de env(cid:237)o de una copia de la decisi(cid:243)n por la que se concede una ayuda econ(cid:243)mica El Defensor del Pueblo observ(cid:243) que, por lo que se refiere a la solicitud de una copia de la decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de cofinanciar un proyecto, el apartado 1 del art(cid:237)culo 2 de la Decisi(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, de 8 de febrero de 1994, relativa al acceso del pœblico a los documentos de la Comisi(cid:243)n estipula que todas las solicitudes de acceso a los documentos deberÆn dirigirse por escrito al departamento correspondiente de la Comisi(cid:243)n. El servicio competente de la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al demandante que deb(cid:237)a cumplir esta formalidad para obtener el documento solicitado. Sin embargo, se constat(cid:243) que el demandante no present(cid:243) esa petici(cid:243)n escrita a la Direcci(cid:243)n General XVI. En esas cir- cunstancias, el hecho que la Comisi(cid:243)n no le enviara una copia de la decisi(cid:243)n no constituy(cid:243) un caso de mala admi- nistraci(cid:243)n. 2. Supuesta falta de publicaci(cid:243)n adecuada de la decisi(cid:243)n en el Diario Oficial 2. 1. El demandante aleg(cid:243) que la decisi(cid:243)n de cofinanciar el pro- yecto no se hab(cid:237)a publicado adecuadamente en el Diario Oficial y que hab(cid:237)an pasado cinco meses desde la adop- ci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n hasta su publicaci(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n contest(cid:243) que los elementos esenciales de la decisi(cid:243)n en cuesti(cid:243)n se publicaron en el Diario Oficial C 122 de 19 de abril de 1997. 2. 2. El apartado 7 del art(cid:237)culo 10 del Reglamento (CE) no 1164/94 estipula que s(cid:243)lo se publicarÆn en el Diario Ofi- cial los elementos esenciales de las decisiones de la Comi- si(cid:243)n por las que se aprueban proyectos y se conceden ayudas financieras del Fondo de Cohesi(cid:243)n. El Reglamento no prevØ ningœn plazo para su publicaci(cid:243)n. En el presente asunto, la decisi(cid:243)n se tom(cid:243) el 5 de noviembre de 1996, y sus elementos esenciales se publicaron el 19 de abril de 1997. La Comisi(cid:243)n justific(cid:243) este retraso de cinco meses en raz(cid:243)n del tamaæo y de la naturaleza de la publicaci(cid:243)n, que agrupaba sesenta y seis proyectos adoptados en dis- tintos d(cid:237)as. Subray(cid:243) que sus servicios prefieren agrupar la informaci(cid:243)n en un Diario Oficial en lugar de publicarla por separado. Se consider(cid:243) que esta explicaci(cid:243)n del retraso entre la adopci(cid:243)n y la publicaci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n era razonable. Por lo tanto, el hecho de que la decisi(cid:243)n no se publicara hasta el 19 de abril de 1997 no constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n. 3. Supuesta falta de informar al demandante sobre el resul- tado de su reclamaci(cid:243)n relativa a una posible infracci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria (procedimiento del art(cid:237)culo 169 del Tratado CE) 3. 1. Esta parte de la reclamaci(cid:243)n se refer(cid:237)a a una supuesta mala administraci(cid:243)n del procedimiento administrativo para tramitar una reclamaci(cid:243)n que alegaba una posible infracci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria por parte de un Estado miembro. Respecto a este procedimiento adminis- trativo, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a seæalado, en sus comentarios en el marco de la investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo de oficio 303/97/PD (2), que todas las reclamaciones que (1) Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluaci(cid:243)n de las repercusiones de determinados proyectos pœblicos y privados sobre el medio ambiente (DO L 175 de 5. 7. 1985, p. 40). (2) Reclamaci(cid:243)n 303/97/PD, publicada en el Informe anual del Defen- sor del Pueblo Europeo de 1997, pp. 287-291. VØase tambiØn el Decimoquinto Informe anual sobre el control de la aplicaci(cid:243)n del Derecho comunitario (1997), «Introducci(cid:243)n», pp. III-IV [COM(1998) 317 final]. C 300/132 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 llegaban a la Comisi(cid:243)n se registraban sin excepci(cid:243)n, que se acusaba recibo de la misma, y que se manten(cid:237)a infor- mado al demandante de las acciones emprendidas por la Comisi(cid:243)n al respecto. Se seæalaba asimismo, que la deci- si(cid:243)n de archivar un expediente sin llevar a cabo ninguna actuaci(cid:243)n debe tomarse, en relaci(cid:243)n a cada queja, y en un plazo mÆximo de un aæo a partir de la fecha de registro. 3. 2. En el presente asunto, se constat(cid:243) que se enviaron al demandante dos acuses de recibo, uno en enero y otro en febrero de 1996. A continuaci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) no registrar la reclamaci(cid:243)n porque lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n de que no se hab(cid:237)a producido una infracci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n la Comisi(cid:243)n no inform(cid:243) al comunitaria. Sin embargo, demandante sobre este hecho ni sobre los motivos por los que no se hab(cid:237)a registrado su reclamaci(cid:243)n. La instituci(cid:243)n no proporcion(cid:243) al demandante informaci(cid:243)n escrita sobre el resultado de su reclamaci(cid:243)n hasta julio de 1997, es decir diecisiete meses despuØs de enviarle los acuses de recibo. MÆs concretamente, durante este per(cid:237)odo de dieci- siete meses en los que el demandante hab(cid:237)a enviado cinco cartas pidiendo informaci(cid:243)n sobre el progreso de su recla- maci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n no le inform(cid:243) de las razones para concluir que no exist(cid:237)a una infracci(cid:243)n de la legislaci(cid:243)n comunitaria. El Defensor del Pueblo observ(cid:243) que, segœn lo reconocido por la propia Comisi(cid:243)n en respuesta a su ini- ciativa de oficio, todas las reclamaciones recibidas por la instituci(cid:243)n deb(cid:237)an registrarse sin excepciones, as(cid:237) como que la decisi(cid:243)n de archivar un expediente sin actuaciones deb(cid:237)a tomarse en un plazo mÆximo de un aæo a partir de la fecha de registro. 3. 3. Aunque los compromisos que adquiri(cid:243) la Comisi(cid:243)n en el marco de esta investigaci(cid:243)n de oficio eran posteriores a la presentaci(cid:243)n de esta reclamaci(cid:243)n, los principios del buen comportamiento administrativo exigen que la Comisi(cid:243)n informe adecuadamente y lo antes posible al demandante sobre el resultado de su reclamaci(cid:243)n. Por tanto, el hecho de que en el presente asunto la Comisi(cid:243)n no informara al demandante de que su reclamaci(cid:243)n no hab(cid:237)a sido registra- da, ni justificara tal actuaci(cid:243)n o proporcionara al deman- dante informaci(cid:243)n escrita sobre el resultado de su recla- maci(cid:243)n durante diecisiete meses, constituy(cid:243) un caso de mala administraci(cid:243)n. Conclusi(cid:243)n A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo en relaci(cid:243)n a las partes 1 y 2 de la presente recla- maci(cid:243)n, no se detect(cid:243) mala administraci(cid:243)n por parte de la Comisi(cid:243)n. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo relativas a la parte 3 de la presente reclamaci(cid:243)n, se consider(cid:243) necesario emitir el comentario cr(cid:237)tico siguiente: Segœn las propias observaciones de la Comisi(cid:243)n en el marco de investigaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo de oficio 303/97/PD, no existen excepciones a la regla por la que deben la registrarse todas las reclamaciones recibidas por la Comisi(cid:243)n, as(cid:237) como que la decisi(cid:243)n de archivar un expediente sin actua- ciones deb(cid:237)a tomarse en un plazo mÆximo de un aæo a partir de la fecha de registro. Aunque los compromisos que adquiri(cid:243) la Comisi(cid:243)n en el marco de dicha investigaci(cid:243)n de oficio eran posteriores a la presentaci(cid:243)n de esta reclamaci(cid:243)n, los principios del buen comportamiento administrativo exigen que la Comi- si(cid:243)n informe adecuadamente y lo antes posible al demandante sobre el resultado de su reclamaci(cid:243)n. Por lo tanto, el hecho de que, en el presente asunto, la Comisi(cid:243)n no informara al demandante de que no hab(cid:237)a registrado su reclamaci(cid:243)n ni de los motivos que justificaban este hecho, y que no proporcio- nara al demandante informaci(cid:243)n escrita sobre el resultado de su reclamaci(cid:243)n durante diecisiete meses, constituy(cid:243) un caso de mala administraci(cid:243)n. Habida cuenta que este aspecto del asunto afectaba a procedi- mientos relacionados con hechos concretos acaecidos con anterioridad, no proced(cid:237)a buscar un acuerdo amistoso de la cuesti(cid:243)n. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. CAMBIO EN LA POL˝TICA DE CONTRATACI(cid:211)N la reclamaci(cid:243)n 320/97/PD contra la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n sobre Europea Reclamaci(cid:243)n En abril de 1997, el Sr. R. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo en la que afirmaba que el cambio de pol(cid:237)tica de contrataci(cid:243)n realizado por la Comisi(cid:243)n constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n. En junio de 1994, el Sr. R. fue seleccionado por la Comisi(cid:243)n para su inclusi(cid:243)n en una lista de reserva con objeto de contra- tar agentes temporales en las categor(cid:237)as A 7/A 6, 65T/XXIII/93. En septiembre de 1996, mientras trabajaba en Perœ, el Sr. R. recibi(cid:243) la llamada de un funcionario de la Direcci(cid:243)n General IB de la Comisi(cid:243)n que deseaba saber si estar(cid:237)a interesado en un puesto relacionado con LatinoamØrica. El Sr. R. confirm(cid:243) su interØs. En noviembre de 1996, el Sr. R. recibi(cid:243) una carta de la Direc- ci(cid:243)n General IX en la que se le convocaba a una entrevista en Bruselas, as(cid:237) como a los exÆmenes mØdicos necesarios en el caso de que se le ofreciera el puesto. La entrevista y los exÆme- nes mØdicos tuvieron lugar ese mismo mes. El 6 de diciembre de 1996, los servicios de la Direcci(cid:243)n Gene- ral IB ofrecieron de manera oral el puesto en cuesti(cid:243)n al Sr. R. Mediante nota de 16 de diciembre de 1996, la Direcci(cid:243)n Gene- ral IB solicit(cid:243) a la Direcci(cid:243)n General IX que iniciara lo antes posible el procedimiento de contrataci(cid:243)n. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/133 El 13 de enero de 1997, el Sr. R. se puso en contacto con la Direcci(cid:243)n General IX, y se le comunic(cid:243) que su contrataci(cid:243)n era segura y que recibir(cid:237)a un fax al respecto en el plazo de una semana. El 16 de enero de 1997, IX inform(cid:243) al Sr. R. de que el procedimiento de contrataci(cid:243)n hab(cid:237)a quedado bloqueado por una decisi(cid:243)n de cerrar el plazo de validez de la lista de reserva en cuesti(cid:243)n y, por lo tanto, que no se le pod(cid:237)a contratar. Nunca se inform(cid:243) por escrito al Sr. R. de tal acci(cid:243)n. la Direcci(cid:243)n General de contratar al Sr. R. no se realiz(cid:243) hasta el 16 de diciembre de 1996, la Direcci(cid:243)n General IX se vio obligada a aplicar las nue- vas normas y, por lo tanto, a desestimar la petici(cid:243)n. la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que le parec(cid:237)a lamentable Asimismo, que el Sr. R. hubiera recibido informaci(cid:243)n contradictoria res- pecto a una posible oferta de trabajo, pero que cre(cid:237)a necesario subrayar los siguientes puntos: Mediante carta de 15 de marzo de 1997, el Sr. R. inform(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que no consideraba que esta forma de proceder fuera adecuada. 1) cuando el Sr. R. fue convocado a Bruselas, aœn no se hab(cid:237)a adoptado la nueva decisi(cid:243)n y, por lo tanto, la Direcci(cid:243)n General IX no pod(cid:237)a rechazar la petici(cid:243)n de la Direcci(cid:243)n General IB de invitar al Sr. B. a una entrevista; En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, el Sr. R. afirm(cid:243) que la forma de proceder de la Comisi(cid:243)n constitu(cid:237)a un caso de mala administraci(cid:243)n. Y demostraba unos procedimientos defec- tuosos, falta de consciencia profesional dentro de sus servicios y de respeto hacia el ciudadano, as(cid:237) como una mala gesti(cid:243)n financiera, ya que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a pagado el vuelo de ida y vuelta Lima-Bruselas del Sr. R. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n, que en sus obser- vaciones declar(cid:243) que el 13 de noviembre de 1996 hab(cid:237)a adop- tado una nueva decisi(cid:243)n respecto a la pol(cid:237)tica que sigue con los agentes temporales, regida por la letra a) del art(cid:237)culo 2 de las Normas aplicables a los otros agentes (de aqu(cid:237) en adelante, «la nueva decisi(cid:243)n»). Antes de adoptar la nueva decisi(cid:243)n, que entr(cid:243) en vigor el 1 de diciembre de 1996, se procedi(cid:243) a una consulta detallada con las representaciones de los servicios y del personal. Las nuevas normas eran mucho mÆs estrictas que las anteriores, ya que limitaban la contrataci(cid:243)n de agentes tem- porales de la categor(cid:237)a A 7/A 6 a los candidatos incluidos en una lista de reserva establecida mediante un concurso externo, o a los candidatos que hubieran pasado un procedimiento de selecci(cid:243)n para profesiones espec(cid:237)ficas. De hecho, segœn la nueva decisi(cid:243)n, la contrataci(cid:243)n de agentes temporales tendr(cid:237)a lugar principalmente en la categor(cid:237)a A 5/A 4, para permitir que la instituci(cid:243)n dispusiera de profesionales especializados. AdemÆs, la administraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n decidi(cid:243) que a partir del 1 de diciembre de 1996, todas las listas de reserva estable- cidas mediante procedimientos de selecci(cid:243)n para cubrir puestos temporales deber(cid:237)an concluir su plazo de validez, con el fin de reiniciar la pol(cid:237)tica seguida con los agentes temporales sobre la base de la nueva decisi(cid:243)n. Los Directores Generales y los Jefes de servicio fueron informados de la nueva decisi(cid:243)n el 3 de diciembre de 1996. 2) el hecho que una persona estØ incluida en una lista de reserva no le confiere el derecho de ser contratado para un puesto. De hecho, el Director General de la Direcci(cid:243)n General IX es el œnico que estÆ autorizado para decidir sobre la contrataci(cid:243)n de agentes temporales, y s(cid:243)lo los ser- vicios de la Direcci(cid:243)n General IX tienen capacidad para ofrecer un empleo en nombre de la Comisi(cid:243)n. EstÆ demos- trado que el Sr. R. nunca recibi(cid:243) una carta a esos efectos; 3) la Comisi(cid:243)n contest(cid:243) a la carta del Sr. R. de 15 de marzo de 1997. Observaciones del demandante En sus observaciones, el Sr. R. mantuvo su reclamaci(cid:243)n. Con- cretamente, subray(cid:243) su opini(cid:243)n de que la forma de proceder de la Comisi(cid:243)n contraven(cid:237)a el principio de la confianza leg(cid:237)ti- ma. Consider(cid:243) que el hecho de que los servicios de la Comi- si(cid:243)n hubieran confirmado oralmente, en diciembre y en enero, la oferta de trabajo que se le iba a hacer, incluso despuØs de que la nueva decisi(cid:243)n hubiera entrado en vigor, apoyaba su punto de vista de que los procedimientos de la Comisi(cid:243)n eran defectuosos. Otras investigaciones Tras la debida consideraci(cid:243)n de las observaciones de la Comi- si(cid:243)n y del demandante, el Defensor del Pueblo pidi(cid:243) a la Comi- si(cid:243)n que le enviara una copia de la decisi(cid:243)n de 13 de noviem- bre de 1996, y que le informara sobre los puntos siguientes: 1) Establec(cid:237)a la susodicha decisi(cid:243)n alguna medida de transi- ci(cid:243)n para los procedimientos de contrataci(cid:243)n que estuvie- ran en marcha? Si no era as(cid:237), ¿quØ razones hab(cid:237)a para ello? La Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) ademÆs, que durante el proceso que hab(cid:237)a conducido a la adopci(cid:243)n de la nueva decisi(cid:243)n, la Direc- ci(cid:243)n General IB estuvo en contacto con el Sr. R. , quien hab(cid:237)a sido entrevistado a fin de cubrir una vacante en esos servicios. Sin embargo, dado que la solicitud de la Direcci(cid:243)n General IB 2) ¿Particip(cid:243) la Direcci(cid:243)n General IB en las detalladas consul- tas con los servicios? ¿CuÆndo se termin(cid:243) el trabajo previo a la decisi(cid:243)n, y cuÆndo se inici(cid:243) el procedimiento para someter la nueva decisi(cid:243)n a la aprobaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n? C 300/134 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 3) ¿C(cid:243)mo se inform(cid:243) a los servicios de la Comisi(cid:243)n sobre la nueva decisi(cid:243)n, una vez que fue adoptada? En su respuesta, la Comisi(cid:243)n envi(cid:243) al Defensor del Pueblo la decisi(cid:243)n de 13 de noviembre de 1996, as(cid:237) como una nota rela- tiva a dicha decisi(cid:243)n que la Direcci(cid:243)n General IX hab(cid:237)a enviado el 3 de diciembre de 1996 a los Directores Generales y a los Jefes de servicio de la Comisi(cid:243)n. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n remiti(cid:243) una copia del curr(cid:237)culum vitae del Sr. R. Segœn la Comisi(cid:243)n, la decisi(cid:243)n conten(cid:237)a medidas de transici(cid:243)n, ya que la nota de 3 de diciembre de 1996 afirmaba que las lis- tas de reserva existentes pod(cid:237)an mantenerse abiertas con el fin de permitir la contrataci(cid:243)n de conformidad con la nueva deci- si(cid:243)n. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que, segœn la nueva decisi(cid:243)n, la formaci(cid:243)n del Sr. R. en ciencias pol(cid:237)ticas no pod(cid:237)a conside- rarse como una profesi(cid:243)n espec(cid:237)fica. Por œltimo, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que el procedimiento que hab(cid:237)a llevado a la adopci(cid:243)n de la nueva decisi(cid:243)n hab(cid:237)a tenido lugar con toda transparencia y que todos sus servicios hab(cid:237)an recibido informaci(cid:243)n con carÆcter regular sobre los trabajos en marcha, por ejemplo, durante las reuniones semanales de los auxiliares, as(cid:237) como mediante la nota del 3 de diciembre de 1996. En sus comentarios a las segundas observaciones de la Comi- si(cid:243)n, el Sr. R. mantuvo su reclamaci(cid:243)n. Sr. R. una condici(cid:243)n que no estaba en vigor cuando super(cid:243) el procedimiento de contrataci(cid:243)n. Por consiguiente, se constat(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a cumplido el requisito de organizar sus procedimientos de manera que tratara a los ciudadanos de una forma justa y equitativa. Conclusi(cid:243)n A la vista de los resultados de las investigaciones sobre la pre- sente reclamaci(cid:243)n, se consider(cid:243) necesario emitir el siguiente comentario cr(cid:237)tico siguiente: Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la admi- nistraci(cid:243)n trate a los ciudadanos de una forma justa y equitati- va. En el presente asunto, se constat(cid:243) que no se hab(cid:237)a contra- tado a un candidato que hab(cid:237)a superado las entrevistas de tra- bajo y los exÆmenes mØdicos y que hab(cid:237)a sido elegido por el servicio responsable. El motivo de ello fue que la Comisi(cid:243)n someti(cid:243) la contrataci(cid:243)n a un requisito que no estaba en vigor cuando el candidato super(cid:243) las pruebas. Al proceder de esta manera, la Comisi(cid:243)n incurri(cid:243) en una falta por mala administra- ci(cid:243)n. Dado que este aspecto del asunto afectaba a procedimientos relacionados con hechos concretos acaecidos con anterioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cuesti(cid:243)n y, por lo tanto, el Defensor del Pueblo decidi(cid:243) archivar el asunto. Decisi(cid:243)n PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACI(cid:211)N Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que la admi- nistraci(cid:243)n trate a los ciudadanos de una forma justa y equitati- va. Corresponde a la Comisi(cid:243)n organizar sus procedimientos de manera que cumplan este requisito. Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 588/97/PD contra la Comisi(cid:243)n Euro- pea En el presente asunto, se demostr(cid:243) que la nueva decisi(cid:243)n rela- tiva a la contrataci(cid:243)n de agentes temporales entr(cid:243) en vigor el 1 de diciembre de 1996, y que esta nueva decisi(cid:243)n establec(cid:237)a el requisito de que los candidatos tuvieran una profesi(cid:243)n especia- lizada. TambiØn se constat(cid:243) que el Sr. R. no cumpl(cid:237)a dicho requisito, por lo que no fue contratado. AdemÆs, se determin(cid:243) que, de conformidad con las normas anteriores, el Sr. R. hab(cid:237)a superado las entrevistas y los exÆme- nes mØdicos, y hab(cid:237)a sido elegido por el servicio responsable. Se constat(cid:243) que, si las normas anteriores hubieran seguido en vigor despuØs del 30 de noviembre de 1996, el Sr. R. habr(cid:237)a sido contratado. Por lo tanto, la cuesti(cid:243)n radicaba en si era justo aplicar al caso del Sr. R. un nuevo requisito que no estaba en vigor cuando super(cid:243) el procedimiento de contrataci(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n no seæal(cid:243) ningœn motivo de interØs superior para ello. El Defensor del Pueblo decidi(cid:243) que no se pod(cid:237)a considerar justo aplicar al Reclamaci(cid:243)n En junio de 1997, el Sr. S. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defen- sor del Pueblo fundada en el hecho de que la Comisi(cid:243)n no le hab(cid:237)a ofrecido un puesto de trabajo a pesar de que hab(cid:237)a supe- rado las pruebas de un concurso general para administradores, COM/A/720, organizado por la Comisi(cid:243)n en 1992. Posterior- mente, el Sr. S. solicit(cid:243) trabajo a la Comisi(cid:243)n en diversas oca- siones, habiendo tenido entrevistas con diferentes jefes de servi- cio. A pesar que se le reconoc(cid:237)an sus cualificaciones, aœn no le hab(cid:237)an ofrecido un trabajo. Segœn le hab(cid:237)a informado la Comi- las razones de ello eran que los puestos vacantes los si(cid:243)n, deb(cid:237)an ocupar candidatos procedentes de los nuevos Estados miembros adheridos a la Uni(cid:243)n el 1 de enero de 1995 (Aus- tria, Finlandia y Suecia), y que ya hab(cid:237)a muchos funcionarios de nacionalidad belga. El demandante consider(cid:243) dichas razones, y en sus contactos con la Comisi(cid:243)n se le comunic(cid:243) verbalmente que eran contra- rias a los derechos fundamentales establecidos en el Convenio 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/135 Europeo para la Protecci(cid:243)n de los Derechos Humanos y en el art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios, en el que se esta- blece que no se pueden reservar puestos para ninguna naciona- lidad. AdemÆs, el demandante consider(cid:243) parad(cid:243)jico que se con- fiasen tareas de la Comisi(cid:243)n a diferentes tipos de personal, es decir, proveedores de servicios, agentes temporales y auxiliares, y no se contratasen solicitantes que hab(cid:237)an superado una opo- sici(cid:243)n. El Sr. S. pidi(cid:243) al Defensor del Pueblo que interviniese para que su solicitud de empleo fuera debidamente estudiada. Investigaci(cid:243)n Observaciones del demandante En sus observaciones sobre los comentarios de la Comisi(cid:243)n, el Sr. S. sostuvo la esencia de su reclamaci(cid:243)n. AdemÆs, plante(cid:243) numerosas preguntas nuevas, como el per(cid:237)odo medio de vali- dez de las listas de reserva, las razones de la Comisi(cid:243)n para no prorrogar la validez de una lista de reserva, el coste de la orga- nizaci(cid:243)n de unas oposiciones, y las razones de la Comisi(cid:243)n para hacer pœblico un puesto, para el que el demandante se consideraba cualificado, tras la expiraci(cid:243)n de la lista de reserva. En otra carta, el Sr. S. ped(cid:237)a que se le informase de la acci(cid:243)n emprendida por el Defensor del Pueblo con el fin de encontrar una soluci(cid:243)n amistosa a su reclamaci(cid:243)n, facilitÆndole para ello un puesto de trabajo en la Comisi(cid:243)n. Observaciones de la Comisi(cid:243)n Decisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. En sus observacio- nes, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que la validez de las listas de reserva en cuesti(cid:243)n se hab(cid:237)a prorrogado en dos ocasiones, y que final- mente hab(cid:237)a expirado el 30 de junio de 1995. Por lo tanto no era posible contratar al Sr. S. , pues la lista de reserva en que figuraba ya no era vÆlida. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n record(cid:243) que, de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el hecho de que una persona figure en una lista de reserva no le confiere derechos a un puesto en las instituciones comunita- rias. En cuanto a la alegaci(cid:243)n del demandante acerca de la violaci(cid:243)n de los derechos fundamentales, es decir, la discriminaci(cid:243)n por raz(cid:243)n de nacionalidad, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) en primer lugar que la norma general, establecida por el art(cid:237)culo 27 del Esta- tuto de los funcionarios, es que ningœn puesto de trabajo se puede reservar para una nacionalidad en particular. A la vista de las listas de reserva, los servicios de la Comisi(cid:243)n seleccionan a los solicitantes cuyo perfil profesional parece satisfacer las necesidades del servicio, tras lo cual realizan la correspondiente propuesta de contrataci(cid:243)n a la Direcci(cid:243)n General pertinente, la Direcci(cid:243)n General IX. La Comisi(cid:243)n insisti(cid:243) en que la Direcci(cid:243)n General IX no hab(cid:237)a recibido ninguna propuesta sobre el Sr. S. AdemÆs, la Comisi(cid:243)n hizo referencia al hecho de que, de ocho solicitantes belgas que figuraban en la lista de reserva en cues- ti(cid:243)n, cuatro hab(cid:237)an sido contratados. En segundo lugar, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que, en relaci(cid:243)n con la adhesi(cid:243)n de los tres Estados miembros mencionados, el Con- sejo hab(cid:237)a adoptado el Reglamento (CE) no 626/95 con el fin de que ciertos puestos quedasen reservados a ciudadanos de una de las tres nacionalidades correspondientes. De esta mane- ra, el Reglamento constituye una disposici(cid:243)n derogatoria legal de la regla general consistente en no reservar ningœn puesto para una nacionalidad en particular. Respecto al empleo de personal temporal, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que las autoridades presupuestarias conced(cid:237)an a la Comisi(cid:243)n puestos permanentes y puestos temporales, y asignaban fondos para contratar agentes auxiliares y proveedores de servicios. En consecuencia, el empleo de ese tipo de personal no afecta a las posibilidades de contratar a funcionarios para puestos perma- nentes. En primer lugar, se debe observar que el Defensor del Pueblo no consider(cid:243) justificado iniciar investigaciones sobre las nuevas preguntas planteadas por el demandante en sus observaciones, pues iban mÆs allÆ del objeto de su reclamaci(cid:243)n inicial. Tam- biØn se debe observar que la posibilidad de encontrar una solu- ci(cid:243)n amistosa a una reclamaci(cid:243)n s(cid:243)lo se plantea cuando el Defensor del Pueblo ha constatado un caso de mala administra- ci(cid:243)n. TambiØn se debe tener en cuenta que la Comisi(cid:243)n no estaba habilitada para ofrecer al demandante un puesto permanente, pues el per(cid:237)odo de validez de la lista de reserva hab(cid:237)a expirado, y el hecho de figurar en una lista de reserva no confiere dere- cho a los candidatos a obtener un puesto en las instituciones comunitarias. Esencialmente, la reclamaci(cid:243)n del Sr. S. planteaba la cuesti(cid:243)n de si estaba expuesto a discriminaci(cid:243)n por raz(cid:243)n de su nacio- nalidad. El hecho de que la Comisi(cid:243)n recurriera a contratar personal externo y/o temporal no parec(cid:237)a tener relaci(cid:243)n con la evaluaci(cid:243)n de dicha cuesti(cid:243)n. El estudio de la cuesti(cid:243)n se divi- di(cid:243) en dos partes: en primer lugar, la discriminaci(cid:243)n en el acceso a puestos para los que es aplicable la regla general del art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios, y, en segundo lugar, la discriminaci(cid:243)n en el acceso a puestos para los que la norma general no es aplicable en virtud del Reglamento (CE) no 626/95. En relaci(cid:243)n con la primera parte, se debe recordar la redacci(cid:243)n del art(cid:237)culo 27: El reclutamiento tendrÆ como objetivo garantizar a la instituci(cid:243)n los servicios de funcionarios que posean las mÆs altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad, seleccionados segœn una base geogrÆfica lo mÆs amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros de las Comunidades. Los funcionarios serÆn seleccionados sin distinci(cid:243)n de raza, creen- cias o sexo. Ningœn puesto de trabajo podrÆ estar reservado a nacionales de un Estado miembro determinado. C 300/136 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Esta disposici(cid:243)n intenta encontrar un equilibrio entre la necesi- dad de contratar personal cualificado y la necesidad que tiene una organizaci(cid:243)n internacional de garantizar que su personal proceda de los diferentes Estados que han fundado la organiza- ci(cid:243)n. De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la disposici(cid:243)n implica lo siguiente: las instituciones «para la contrataci(cid:243)n, la promoci(cid:243)n y la destinaci(cid:243)n de sus funcio- narios, comunitarias deben, por una parte, guiarse por los intereses del servicio, sin tener en cuenta la nacio- nalidad, y por otra parte, cerciorarse de que la contrataci(cid:243)n se realiza sobre una base geogrÆfica lo mÆs amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros de las Comunidades. La ins- tituci(cid:243)n concilia dichos requisitos, tal como declar(cid:243) el Tribunal, en particular en su sentencia de 6 de mayo de 1969 [asunto 17/68; Reinarz, (Recopilaci(cid:243)n 1969, p. 61)], cuando, en aquellos casos en que las calificaciones de los candidatos son esencialmente equi- valentes, hace que la nacionalidad desempeæe el papel de criterio primordial con el fin de mantener o restablecer el equilibrio geo- grÆfico (1). » Result(cid:243) que los servicios de la Comisi(cid:243)n responsable de la con- trataci(cid:243)n (Direcci(cid:243)n General IX) no hab(cid:237)an recibido ninguna propuesta de contratar al demandante, por lo que ninguna pro- puesta se hab(cid:237)a rechazado a causa de su nacionalidad belga. AdemÆs, dado que cuatro de los ocho ciudadanos belgas que figuraban en la lista de reserva hab(cid:237)an encontrado empleo en la Comisi(cid:243)n, resultaba dif(cid:237)cil dar crØdito a la afirmaci(cid:243)n de que los belgas en general quedaban excluidos de la contrataci(cid:243)n. Por lo tanto, no se estableci(cid:243) que la Comisi(cid:243)n practicase una discriminaci(cid:243)n il(cid:237)cita de los solicitantes belgas. Sin embargo, en lo referente a las declaraciones verbales de funcionarios de la Comisi(cid:243)n, a las que hac(cid:237)a referencia el Sr. S. y que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a contestado, era cierto que dichas reclamaciones pod(cid:237)an dar la impresi(cid:243)n de que los funcionarios que las hab(cid:237)an realizado no eran conscientes de las obligacio- nes que ten(cid:237)an de acuerdo con el art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios. Los principios de la buena prÆctica adminis- trativa exigen que, en el trato con los ciudadanos, la adminis- traci(cid:243)n cumpla las reglas que la rigen. Dado que las declaracio- nes a las que hac(cid:237)a referencia el Sr. S. pod(cid:237)an ser fÆcilmente mal interpretadas, con lo que se pod(cid:237)a pensar que los funciona- rios que las hab(cid:237)an pronunciado no respetaban las obligaciones que tienen de acuerdo con el art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios, el Defensor del Pueblo redact(cid:243) un comentario cr(cid:237)- tico dirigido a la Comisi(cid:243)n para que se asegurase de que, en el trato con los solicitantes, su personal respetaba el art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios. En cuanto a los puestos reservados a ciudadanos de nacionali- dad austr(cid:237)aca, finlandesa o sueca, el art(cid:237)culo 1 del Reglamento (CE) no 626/95 del Consejo dispone que: «Hasta el 31 de diciembre de 1999, podrÆn cubrirse puestos vacantes mediante el nombramiento de nacionales austr(cid:237)acos, fin- landeses y suecos, estableciendo una excepci(cid:243)n (cid:133) al pÆrrafo ter- cero del art(cid:237)culo 27 (cid:133) del Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas, dentro del l(cid:237)mite de los puestos previstos a tal fin en el marco de las deliberaciones presupuestarias de las instituciones competentes. » (1) Sentencia de 30 de junio de 1983 en el asunto 85/82: Schloh con- tra Consejo (Recopilaci(cid:243)n 1983, p. 2105); vØase el apartado 26. Parec(cid:237)a claro que este Reglamento establec(cid:237)a una derogaci(cid:243)n de la norma general establecida en el tercer pÆrrafo del art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios. Dado que el Reglamento no hab(cid:237)a sido contestado, la Comisi(cid:243)n estaba obligada a apli- carlo. De esta forma, resultaba que la Comisi(cid:243)n ten(cid:237)a pleno derecho a reservar puestos para ciudadanos de uno de los tres Estados citados. De esta manera, no parec(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n hubiera practicado una discriminaci(cid:243)n il(cid:237)cita en relaci(cid:243)n con los motivos de la reclamaci(cid:243)n del demandante. Las disposiciones de la Conven- ci(cid:243)n Europea sobre los Derechos Humanos no parec(cid:237)an tener relaci(cid:243)n con este resultado. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo, resultaba necesario realizar el siguiente comentario cr(cid:237)tico: La Comisi(cid:243)n debe asegurar que, en su trato con solicitantes de empleo, son conscientes de las obligaciones impuestas por el art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los Funcionarios. servicios sus Dado que este aspecto de la reclamaci(cid:243)n afectaba a procedi- mientos relacionados con hechos concretos acaecidos con ante- rioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cues- ti(cid:243)n, por lo que el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. RETRASO EN LA CONTESTACI(cid:211)N DE CORRESPONDENCIA Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1087/97/OV contra la Comisi(cid:243)n Europea Reclamaci(cid:243)n En noviembre de 1997, el Sr. G. , director de una organizaci(cid:243)n no gubernamental que ofrece cuidados mØdicos a niæos grave- mente heridos en guerras y zonas de crisis, present(cid:243) una recla- maci(cid:243)n al Defensor del Pueblo acerca de la desestimaci(cid:243)n a su solicitud de financiaci(cid:243)n por parte de los servicios de la Comi- si(cid:243)n Europea responsables en materia de desarrollo (Direcci(cid:243)n General VIII). El proyecto ten(cid:237)a como objetivo integrar a niæos sin hogar en familias previamente seleccionadas, en raz(cid:243)n del hecho que los orfanatos no les pod(cid:237)an proporcionar la estruc- tura familiar necesaria para su desarrollo emocional. La AAD (Acci(cid:243)n Angoleæa para el Desarrollo, Luanda) se hab(cid:237)a encar- gado de concebir el proyecto, que hab(cid:237)a sido aprobado por el ministerio angoleæo competente. Sin embargo, dada la falta de recursos financieros adecuados, el 30 de agosto de 1996 el demandante present(cid:243) a la Direcci(cid:243)n General VIII una solicitud de financiaci(cid:243)n para el proyecto, conforme a la partida presu- puestaria B7-7 0 2 0 (Fomento de los derechos humanos y de la democracia en los pa(cid:237)ses en v(cid:237)as de desarrollo). El 3 de diciembre de 1996, se inform(cid:243) al demandante de que su solicitud hab(cid:237)a sido desestimada debido a los limitados recursos de la l(cid:237)nea presupuestaria B7-7 0 2 0 y a que su pro- yecto no cumpl(cid:237)a con exactitud los criterios que en ella se esta- blecen. La Direcci(cid:243)n General VIII tambiØn inform(cid:243) al deman- dante de que dudaba que las nuevas familias, que ya se enfren- taban diariamente a enormes problemas, pudieran ser el hogar ideal para esos niæos tan vulnerables. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/137 Dado que el demandante consider(cid:243) esta decisi(cid:243)n poco clara e insuficientemente motivada, escribi(cid:243) cuatro veces a la Comi- si(cid:243)n entre diciembre de 1996 y septiembre de 1997, pidiendo explicaciones sobre la desestimaci(cid:243)n de su solicitud, a fin de poder formular de nuevo su proyecto. No recibi(cid:243) respuesta alguna hasta noviembre de 1997, cuando, a ra(cid:237)z de una peti- ci(cid:243)n por telØfono de la oficina del Defensor del Pueblo, la Comisi(cid:243)n contest(cid:243) a las cartas del demandante. Sin embargo, Øste segu(cid:237)a insatisfecho con el razonamiento de la decisi(cid:243)n, que consideraba contradictorio, parcial y poco claro. Por lo tanto, present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo ale- gando que la Comisi(cid:243)n: momento de los criterios exactos de selecci(cid:243)n y por quØ su proyecto no cumpl(cid:237)a dichos criterios. En consecuencia, el demandante solicit(cid:243) que el Defensor del Pueblo continuara su investigaci(cid:243)n. Respecto a la falta de contestaci(cid:243)n, el demandante seæal(cid:243) que, de hecho, el fax de la Comisi(cid:243)n del 8 de abril de 1997 respon- d(cid:237)a a su carta del 6 de marzo de 1997, que a su vez era un recordatorio de la carta del 27 de diciembre de 1996. Por tan- to, la observaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n de que hab(cid:237)a contestado en un plazo de tres semanas no era correcta. i) no hab(cid:237)a motivado adecuadamente su decisi(cid:243)n de desesti- maci(cid:243)n, y Otras investigaciones ii) no hab(cid:237)a contestado a las cartas que hab(cid:237)a enviando durante varios meses. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) a la Comisi(cid:243)n. Por lo que se refiere a la motivaci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que, dados los limitados recursos financieros (17 millones de ecus que se hab(cid:237)an de distribuir en unos cien pa(cid:237)ses), se necesitaba un estricto procedimiento de selecci(cid:243)n. TambiØn seæal(cid:243) que s(cid:243)lo se seleccionaban aquellos proyectos que pod(cid:237)an tener mayor impacto en el fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos en la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que el el pa(cid:237)s correspondiente. AdemÆs, proyecto en cuesti(cid:243)n se hab(cid:237)a tramitado siguiendo el mismo procedimiento y con la misma objetividad que el resto. Asimis- mo, la Comisi(cid:243)n consider(cid:243) que los motivos con que justificaba su decisi(cid:243)n de desestimaci(cid:243)n no eran contradictorios, ya que primero hab(cid:237)a informado al demandante que el proyecto no cumpl(cid:237)a los criterios de selecci(cid:243)n de la partida presupuestaria y, mÆs tarde, le hab(cid:237)a explicado que el principal obstÆculo con- sist(cid:237)a en que s(cid:243)lo se pod(cid:237)an financiar los proyectos que contri- bu(cid:237)an al desarrollo democrÆtico del pa(cid:237)s. En cuanto a la falta de contestaci(cid:243)n a las cartas en las que el la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que, demandante ped(cid:237)a explicaciones, en este caso, los plazos de contestaci(cid:243)n (tres semanas para la carta del 8 de abril de 1997 y ocho semanas para la del 12 de noviembre de 1997) hab(cid:237)an sido razonables, teniendo en cuenta la carga de trabajo y los recursos humanos disponibles. Observaciones del demandante Tras considerar atentamente tanto las observaciones de la Comisi(cid:243)n como las del demandante, se constat(cid:243) que eran nece- sarias investigaciones adicionales, en particular por lo que se refiere a los criterios de selecci(cid:243)n para la financiaci(cid:243)n mediante la partida presupuestaria B7-7 0 2 0 que el demandante no hab(cid:237)a cumplido. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que el demandante hab(cid:237)a sido informado de estos criterios de selecci(cid:243)n (impacto en el fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto de los dere- chos humanos en el pa(cid:237)s en cuesti(cid:243)n), pues hab(cid:237)a recibido las condiciones generales que rigen la partida presupuestaria B7-7 0 2 0, habiendo cumplimentado el modelo de impreso que se adjuntaba a Østas. Sin embargo, la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que, a la vista del gran nœmero de solicitudes de financiaci(cid:243)n recibidas (mÆs de 300 al aæo, de las que s(cid:243)lo se puede aceptar el 20 %), resultaba dif(cid:237)cil ofrecer una explicaci(cid:243)n detallada respecto a cada denegaci(cid:243)n. En el presente asunto, la Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que la orientaci(cid:243)n del proyecto era fundamentalmente social y mØdica (cuidado psicol(cid:243)gico de los niæos) y, por lo tanto, no entraba dentro de las prioridades directas de la l(cid:237)nea presupuestaria. Por consi- guiente, la decisi(cid:243)n de desestimar su solicitud se basaba mÆs bien en la naturaleza del proyecto. El demandante admiti(cid:243) haber recibido las condiciones genera- les que rigen la partida presupuestaria. Sin embargo, seæal(cid:243) que esas condiciones eran muy generales y pod(cid:237)an interpretarse de diversas formas. TambiØn declar(cid:243) que aœn no se le hab(cid:237)a presentado una argumentaci(cid:243)n clara de las razones por las que su proyecto no cumpl(cid:237)a exactamente los criterios de selecci(cid:243)n. Decisi(cid:243)n 1. Supuesta falta de motivaci(cid:243)n de la decisi(cid:243)n El demandante coment(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a tomado en consideraci(cid:243)n el hecho que el proyecto hab(cid:237)a sido ya aprobado por el Gobierno angoleæo. RefiriØndose, mÆs concretamente, a los motivos de la decisi(cid:243)n de desestimaci(cid:243)n, el demandante declar(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no le hab(cid:237)a informado en ningœn 1. 1. El demandante aleg(cid:243) que la decisi(cid:243)n de 3 de diciembre de 1996, por la que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a desestimado su solici- tud de financiaci(cid:243)n, era poco clara y no estaba suficiente- mente motivada. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que hab(cid:237)a informado C 300/138 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 al demandante de los criterios de selecci(cid:243)n y que s(cid:243)lo se pod(cid:237)an financiar los proyectos que contribu(cid:237)an al desarro- llo democrÆtico del pa(cid:237)s. En sus comentarios adicionales, la Comisi(cid:243)n manifest(cid:243) que, a la vista del gran nœmero de solicitudes, resultaba dif(cid:237)cil proporcionar una explicaci(cid:243)n detallada de cada denegaci(cid:243)n. 1. 2. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Jus- ticia, el razonamiento seguido por la autoridad que ha adoptado una medida debe hacerse pœblico de una forma clara e inequ(cid:237)voca, de manera que, por un lado, las perso- nas afectadas estØn al corriente de los motivos de la medida y puedan, as(cid:237), defender sus derechos; y por otro, de forma que el Tribunal pueda ejercer su jurisdicci(cid:243)n como supervisor (1). 1. 3. En su carta del 3 de diciembre de 1996, la Comisi(cid:243)n desestim(cid:243) la solicitud en los tØrminos siguientes: «[(cid:133)] Tras haber examinado su propuesta, anteriormente mencionada, en colaboraci(cid:243)n con nuestra delegaci(cid:243)n en Angola y con el servicio geogrÆfico responsable de dicho pa(cid:237)s, lamento informarle de que la Comisi(cid:243)n no puede tomar en consideraci(cid:243)n su proyecto. De hecho, la desproporci(cid:243)n entre los limitados recursos de la l(cid:237)nea presupuestaria B7-7 0 2 0 y los numerosos pa(cid:237)ses y Æmbitos de actividad cubiertos impone el establecimiento de prioridades, de manera que se garantice un equilibrio geogrÆ- fico y temÆtico en la asignaci(cid:243)n de las subvenciones. Su pro- yecto, aunque se centra en un problema muy pertinente e importante, no cumple con exactitud los criterios de la l(cid:237)nea presupuestaria B7-2 0 7 0. De conformidad con los criterios de nuestra l(cid:237)nea presupues- s(cid:243)lo se han seleccionado los proyectos que mejor taria, pod(cid:237)an fomentar el desarrollo democrÆtico del pa(cid:237)s [(cid:133)]. » 1. 4. En primer lugar, el Defensor del Pueblo observ(cid:243) que, en sus observaciones adicionales, el demandante hab(cid:237)a admi- tido que estaba al corriente de los criterios de selecci(cid:243)n (proyectos con un impacto mÆximo en el fortalecimiento de la democracia, del Estado de Derecho y del respeto de los derechos humanos en el pa(cid:237)s). En este sentido, se com- prob(cid:243) que la Comisi(cid:243)n s(cid:237) hab(cid:237)a ofrecido suficientes moti- vos en las cartas citadas para desestimar la solicitud del demandante, ya que le hab(cid:237)a informado de que su pro- yecto no cumpl(cid:237)a dichos criterios de selecci(cid:243)n y de que s(cid:243)lo se hab(cid:237)an seleccionado los proyectos que mejor pod(cid:237)an fomentar el desarrollo democrÆtico del pa(cid:237)s. Dado que el proyecto del demandante se refer(cid:237)a fundamental- mente a ayuda social y mØdica, la explicaci(cid:243)n de la Comi- si(cid:243)n pareci(cid:243) razonable. 2. Supuesto retraso en la contestaci(cid:243)n a la correspondencia 2. 1. El demandante aleg(cid:243) que la Comisi(cid:243)n no hab(cid:237)a contestado a sus cartas de 27 de diciembre de 1996, 6 de marzo, 3 de abril y 3 de septiembre de 1997, en las que ped(cid:237)a mÆs explicaciones sobre la desestimaci(cid:243)n de su solicitud. La Comisi(cid:243)n seæal(cid:243) que hab(cid:237)a contestado a esas cartas en el plazo de tres semanas (fax de 8 de abril de 1997) y ocho semanas (respuesta del 12 de noviembre de 1997) respec- tivamente, y que, a su modo de ver, Østos eran plazos razonables dados los recursos humanos disponibles y la carga de trabajo. Es mÆs, por lo que se refiere al contenido de dicho proyecto, dudamos que las (cid:147)nuevas familias(cid:148), que ya se enfrentan dia- riamente a enormes problemas, puedan ser el hogar ideal para esos niæos tan vulnerables [(cid:133)]. » 2. 2. Los principios del buen comportamiento administrativo exigen que la Comisi(cid:243)n conteste a la correspondencia de los demandantes en un plazo razonable. En la carta del 12 de noviembre de 1997, la Comisi(cid:243)n contest(cid:243) en los tØrminos siguientes: «[(cid:133)] Como ya le hemos mencionado anteriormente, lamento confirmar que la Comisi(cid:243)n no puede tomar en consideraci(cid:243)n la financiaci(cid:243)n de su proyecto. En primer lugar, me gustar(cid:237)a informarle de que el nœmero de propuestas de proyectos que recibimos es tal que se requiere una estricta selecci(cid:243)n para garantizar un equilibrio geogrÆfico y temÆtico en la asignaci(cid:243)n de nuestros limitados recursos financieros (17 millones de ecus al aæo para unos cien pa(cid:237)- ses). 2. 3. El Defensor del Pueblo observ(cid:243) que el fax de la Direcci(cid:243)n General VIII del 8 de abril de 1997 respond(cid:237)a a la carta en que el demandante ped(cid:237)a los nombres de los represen- tantes de la Comisi(cid:243)n en Angola, y no proporcionaba informaci(cid:243)n adicional sobre los motivos de la Comisi(cid:243)n para desestimar la solicitud del demandante. La Direcci(cid:243)n General VIII no contest(cid:243) a la carta en que el demandante ped(cid:237)a informaci(cid:243)n adicional hasta el 12 de noviembre de 1997, tras una petici(cid:243)n por telØfono de la oficina del Defensor del Pueblo. Esto no puede considerarse un plazo razonable de contestaci(cid:243)n a la correspondencia. Por lo tanto, el hecho de que la Comisi(cid:243)n no contestara a las cartas del demandante hasta el 12 de noviembre de 1997, cuando la primera de ellas estaba fechada en diciembre de 1996, constituye un caso de mala administraci(cid:243)n. Nuestros servicios geogrÆficos de Bruselas y Luanda han exa- minado su propuesta de proyecto, junto con las demÆs que hemos recibido, en el marco global de las prioridades que la Comunidad Europea debe encarar en las actuales condiciones angoleæas. Conclusi(cid:243)n (1) Asunto T-166/94: Koyo Seiko contra Consejo (Recogilaci(cid:243)n 1995, p. II-2129); apartado 103. A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo sobre este aspecto de la reclamaci(cid:243)n, se consider(cid:243) necesario emitir el siguiente comentario cr(cid:237)tico: 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/139 Los principios del buen comportamiento administrativo exigen que la administraci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n conteste a la correspon- dencia de los demandantes en un plazo razonable. Por lo tanto, el hecho de que la Comisi(cid:243)n no contestara a las cartas del demandante hasta el 12 de noviembre de 1997, cuando la pri- mera de ellas estaba fechada en diciembre de 1996, constituye un caso de mala administraci(cid:243)n. (cid:151) una cantidad mÆxima de 120 ecus en caso de que la dis- tancia sea superior o igual a 800 km e inferior a 1 500 km; (cid:151) una cantidad mÆxima de 180 ecus en caso de que la dis- tancia sea superior o igual a 1 500 km. » Dado que este aspecto del asunto afectaba a procedimientos relacionados con hechos concretos acaecidos con anterioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cuesti(cid:243)n. Por consiguiente, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 3. 5. 4. TRIBUNAL DE CUENTAS REEMBOLSO DE GASTOS A LOS PARTICIPANTES EN UN CONCURSO Decisi(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 928/7. 10. 96/LL-JP/FIN/PD contra el Tribunal de Cuentas Reclamaci(cid:243)n En octubre de 1996, el Sr. L. y el Sr. P. presentaron una recla- maci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, afirmando que hab(cid:237)an sido tra- tados de forma injusta y discriminatoria por el Tribunal de Cuentas al ofrecerles un reembolso muy reducido de los gastos de viaje en los que habr(cid:237)an incurrido si hubieran participado en un concurso organizado por dicha instituci(cid:243)n. Los deman- dantes tambiØn adjuntaban una copia de la reclamaci(cid:243)n que hab(cid:237)an presentado previamente al Tribunal de Cuentas. El concurso de referencia era interno e interinstitucional, por los funcionarios y agentes de lo que pod(cid:237)an participar en Øl todas las instituciones comunitarias. Los demandantes solicita- ron tomar parte en el concurso. En aquel momento, ambos eran agentes en la representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n en Finlandia. Mediante carta del 9 de agosto de 1996, el Tribunal de Cuentas inform(cid:243) a los demandantes que hab(cid:237)an sido admitidos en los exÆmenes escritos. Segœn la carta, dichos exÆmenes tendr(cid:237)an lugar el 17 de octubre de 1996, en Bruselas. Se ped(cid:237)a a los demandantes que estuvieran presentes a las 8. 30 de la maæana. Se adjuntaba a la carta una hoja en la que se establec(cid:237)an las normas aplicables al reembolso de los gastos de viaje. De con- formidad con el art(cid:237)culo 2 de dichas normas, no habr(cid:237)a reem- bolso alguno si la distancia entre la residencia del candidato y el lugar del concurso era inferior o igual a 300 km. El art(cid:237)culo 3 estipulaba que si la distancia superaba los 300 km, los candi- datos tendr(cid:237)an derecho a una suma calculada segœn el nœmero de kil(cid:243)metros, de la siguiente manera: «(cid:151) una cantidad mÆxima de 60 ecus en caso de que la distan- cia sea superior a los 300 km e inferior a 800 km; Los demandantes consideraron que el nivel de reembolso que establec(cid:237)an estas normas era insuficiente para ellos. Para poder asistir a los exÆmenes, que se celebraban un jueves, deber(cid:237)an haber comprado un billete normal de avi(cid:243)n, de ida y vuelta, entre Helsinki y Bruselas, que aproximadamente 1 212 ecus. Los gastos de alojamiento de una noche en Bruse- las, alrededor de unos 63 ecus, elevar(cid:237)an el coste de la partici- paci(cid:243)n de los demandantes en los exÆmenes escritos a 1 275 ecus, mientras que s(cid:243)lo tendr(cid:237)an derecho a un reem- bolso de 180 ecus. Dado que el monto de los costes que debe- r(cid:237)an sufragar ellos mismos superaba el salario neto de un mes, los demandantes optaron por no tomar parte en el concurso. cuesta En su reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo, los demandantes afirmaron que, en este caso, las normas relativas al reembolso de los costes de viaje hab(cid:237)an privilegiado a los agentes que tra- bajaban en Luxemburgo y en Bruselas, contraviniendo as(cid:237) el principio de igualdad de trato. Los demandantes tambiØn consi- deraron que el efecto de las normas era contrario al principio recogido en el art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios, segœn el cual: «El reclutamiento tendrÆ como objetivo garantizar a la instituci(cid:243)n los servicios de funcionarios que posean las mÆs altas cualidades de competencia, rendimiento e integridad, seleccionados segœn una base geogrÆfica lo mÆs amplia posible entre los nacionales de los Estados miembros de las Comunidades. » Investigaci(cid:243)n Observaciones del Tribunal de Cuentas La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) al Tribunal de Cuentas, que en sus observaciones, declar(cid:243) que se hab(cid:237)a limitado a aplicar las normas establecidas en la Conclusi(cid:243)n 211/95, adoptada por la Junta de jefes de administraci(cid:243)n. De acuerdo con su redacci(cid:243)n, la Conclusi(cid:243)n s(cid:243)lo es aplicable a los concursos generales orga- nizados por las instituciones, pero, mediante una decisi(cid:243)n interna del Tribunal de Cuentas, estas mismas normas se hicie- ron aplicables a concursos como el que se trata en la presente reclamaci(cid:243)n. Otras investigaciones El Defensor del Pueblo solicit(cid:243) al Tribunal de Cuentas que pre- sentara los documentos en que se hab(cid:237)a basado la adopci(cid:243)n de la Conclusi(cid:243)n 211/95. A la luz de los documentos recibidos, se constat(cid:243) que la Conclusi(cid:243)n pretend(cid:237)a reducir los costes de las instituciones en el reembolso de los gastos de viaje y simplifi- car el sistema de reembolso. Sin embargo, tambiØn se constat(cid:243) C 300/140 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 que exist(cid:237)an temores de que la Conclusi(cid:243)n no tuviera en cuenta la pesada carga financiera a la que someter(cid:237)a a los candidatos procedentes de muy lejos y que, por tanto, resultaba dudoso que cumpliera el principio de que todos los candidatos debe- r(cid:237)an disfrutar de las mismas oportunidades para participar en los concursos. Para calmar estos temores, se declar(cid:243) que se aumentar(cid:237)a el nœmero de lugares de celebraci(cid:243)n de los concur- sos, con el fin de descentralizarlos. 2. Asimismo, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) la declaraci(cid:243)n del ComitØ en el sentido de que al adoptar las normas, las instituciones hab(cid:237)an acordado multiplicar el nœmero de lugares de celebraci(cid:243)n de los concursos para acortar las dis- tancias que deb(cid:237)an recorrer los candidatos. El Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que el Tribunal de Cuentas no hab(cid:237)a actuado de conformidad con este acuerdo. Habida cuenta de esta informaci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo diri- gi(cid:243) una carta al Tribunal de Cuentas. En ella, el Defensor del Pueblo observ(cid:243) que los exÆmenes en cuesti(cid:243)n se pod(cid:237)an haber organizado en otro d(cid:237)a de la semana, por ejemplo, en sÆbado, de manera que los candidatos pudieran beneficiarse de tarifas de vuelo mÆs baratas. Asimismo, el Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que, en caso de que el concurso se celebrara en un solo lugar, por ejemplo, en Bruselas, los costes medios que deb(cid:237)an sufragar los candidatos (despuØs de deducir el reembolso por viaje), via- jando en tren, en segunda clase, y procedentes: (cid:151) de Luxemburgo, sumar(cid:237)an 43 ecus, (cid:151) de Estrasburgo, sumar(cid:237)an 29 ecus, y (cid:151) de Atenas, sumar(cid:237)an 330 ecus. El Defensor del Pueblo subray(cid:243) que, al parecer, los candidatos de localidades distantes deb(cid:237)an sufragar costes desproporciona- dos, y al mismo tiempo pregunt(cid:243) al Tribunal de Cuentas si preve(cid:237)a tomar medidas para que esta situaci(cid:243)n no se repitiera. Tras haber presentado esta pregunta al ComitØ para la prepara- ci(cid:243)n de cuestiones estatutarias, que es un (cid:243)rgano dependiente de la Junta de jefes de administraci(cid:243)n, el Tribunal de Cuentas inform(cid:243) al Defensor del Pueblo que, en el ComitØ, las institu- ciones hab(cid:237)an seæalado que el reembolso de los gastos de viaje constitu(cid:237)a de por s(cid:237) un beneficio financiero para los candidatos no estipulado en el Estatuto de los funcionarios, y que, al adoptar la Conclusi(cid:243)n, las instituciones hab(cid:237)an acordado multi- plicar el nœmero de lugares de celebraci(cid:243)n de los concursos para acortar las distancias a los candidatos. Por lo que se refiere a este œltimo aspecto, el Tribunal de Cuentas aæadi(cid:243) que su decisi(cid:243)n de organizar los exÆmenes escritos s(cid:243)lo en Luxemburgo y en Bruselas era razonable, en raz(cid:243)n del interØs del servicio y de las circunstancias. Segœn el Tribunal, la orga- nizaci(cid:243)n de exÆmenes escritos en otros lugares, como las repre- sentaciones de la Comunidad, habr(cid:237)a supuesto costes despro- porcionados. Decisi(cid:243)n 1. El Defensor del Pueblo tom(cid:243) nota de que las instituciones, reunidas en el ComitØ para la preparaci(cid:243)n de cuestiones estatutarias, hab(cid:237)an declarado que el reembolso de los cos- tes de viaje constitu(cid:237)a una participaci(cid:243)n financiera no esti- pulada en el Estatuto de los funcionarios. TambiØn seæal(cid:243) que si la administraci(cid:243)n emprende acciones no previstas por el Estatuto de los funcionarios, deberÆ cumplir igual- mente las normas y principios a que estÆ obligada. 3. El Tribunal de Cuentas intent(cid:243) justificar su incumplimiento del acuerdo haciendo referencia a los costes desproporcio- nados que habr(cid:237)a supuesto celebrar los exÆmenes tambiØn en Finlandia. El Defensor del Pueblo seæal(cid:243) que la organi- zaci(cid:243)n del concurso correspond(cid:237)a al Tribunal de Cuentas, que pod(cid:237)a haber ejercido sus poderes para reducir sus pro- pios costes y los de los candidatos. No se pusieron de manifiesto hechos que hubieran impedido organizar el con- curso otro d(cid:237)a de la semana o en otro lugar, pidiendo en tal caso, por ejemplo, ayuda a las representaciones de la Comisi(cid:243)n y del Parlamento, con lo que se hubieran evitado costes desproporcionados. 4. Resultaba indudable que la aplicaci(cid:243)n de las normas supuso unos costes excesivos a un nœmero limitado de posibles participantes en los exÆmenes escritos del con- curso en cuesti(cid:243)n. Los principios de la buena administra- ci(cid:243)n exigen que la administraci(cid:243)n proceda de una forma justa y equitativa con todos los candidatos de un concurso. No se puede considerar que un concurso organizado de manera que implique gastos excesivos para un nœmero limitado de candidatos cumpla ese requisito. Conclusi(cid:243)n A la vista de los resultados de las investigaciones del Defensor del Pueblo en la presente reclamaci(cid:243)n, resulta necesario emitir el siguiente comentario cr(cid:237)tico: Los principios de la buena administraci(cid:243)n exigen que, en los concursos, la administraci(cid:243)n proceda de una forma justa y equitativa con todos los candidatos. En el presente asunto, se constata que la organizaci(cid:243)n del concurso que realiz(cid:243) el Tribu- nal de Cuentas hab(cid:237)a supuesto unos costes excesivos para dos candidatos de un Estado miembro (billete de ida y vuelta de unos 1 212 ecus). En consecuencia, al organizar as(cid:237) el concur- so, el Tribunal de Cuentas incurri(cid:243) en un caso de mala admi- nistraci(cid:243)n. Correspond(cid:237)a al Tribunal de Cuentas organizar los concursos de forma que se cumpliera el requisito, por ejemplo, estableciendo mÆs lugares para celebrar el concurso de manera que se acortaran las distancias del viaje. Dado que este aspecto del asunto afectaba a procedimientos relacionados con hechos concretos acaecidos con anterioridad, no proced(cid:237)a buscar una soluci(cid:243)n amistosa de la cuesti(cid:243)n. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo archiv(cid:243) el asunto. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/141 3. 6. PROYECTOS DE RECOMENDACI(cid:211)N DEL DEFENSOR DEL Observaciones del demandante PUEBLO 3. 6. 1. CONSEJO DE LA UNI(cid:211)N EUROPEA LISTA ACTUALIZADA DE LAS MEDIDAS ADOPTADAS EN EL `MBITO DE LA JUSTICIA Y DE LOS ASUNTOS DE INTERIOR Proyecto de recomendaci(cid:243)n sobre la reclamaci(cid:243)n 1055/25. 11. 96/ STATEWATCH/ UK/IJH contra el Consejo En sus observaciones, el demandante reconoci(cid:243) los esfuerzos del Consejo por proporcionar mÆs informaci(cid:243)n. Sin embargo, consider(cid:243) que el hecho de que el Consejo no dispusiera de una lista propia y actualizada de las medidas adoptadas en cada Ærea demostraba ineficacia. TambiØn repiti(cid:243) su afirmaci(cid:243)n de que es inaceptable que los ciudadanos no puedan obtener, si as(cid:237) lo solicitan, una lista actualizada de las medidas adoptadas. Reclamaci(cid:243)n Gestiones del Defensor del Pueblo para llegara una soluci(cid:243)n amistosa En noviembre de 1996, el Sr. B. present(cid:243) una reclamaci(cid:243)n al Defensor del Pueblo relativa al hecho de que el Consejo no mantenga ni ponga a disposici(cid:243)n del pœblico una lista actuali- zada de las medidas que adopta en el Æmbito de la justicia y de los asuntos de interior (1). El demandante afirmaba que, con el fin de informar a los ciudadanos y ajustarse a las normas democrÆticas, el Consejo deber(cid:237)a mantener dicha lista y facili- tarla a todo el que la solicitase. Investigaci(cid:243)n Observaciones del Consejo La reclamaci(cid:243)n se transmiti(cid:243) al Consejo, el cual, en sus obser- vaciones, hizo referencia a los considerables esfuerzos que ha realizado para mejorar la transparencia de sus procedimientos en este Æmbito. Concretamente: Cada aæo se redacta un resumen de las decisiones que el Con- sejo toma en virtud del t(cid:237)tulo VI del Tratado de la Uni(cid:243)n Euro- pea, y desde 1995 se publica como anexo del Informe anual del trabajo del Consejo. Las decisiones que toma el Consejo, tanto en virtud del t(cid:237)tulo VI como en otras Æreas, se anuncian en comunicados de prensa realizados por la Secretar(cid:237)a General, en los que se incluyen, en principio, los acuerdos adoptados mediante procedimiento escrito. Las decisiones tomadas formalmente mediante acuerdos del Consejo que no corresponden al tema afectado aparecen bajo un encabezamiento aparte que se puede identificar fÆcil- mente en los comunicados de prensa. Se puede realizar una bœsqueda informÆtica del contenido de los comunicados de prensa del Consejo utilizando la base Rapid, a la que se accede a travØs de Internet utilizando el ser- vidor Europa. La Secretar(cid:237)a General del Consejo estÆ trabajando en el estable- cimiento de sus propias bases de datos, a las que tambiØn se podrÆ acceder a travØs de Internet. Entre otras cosas, se presen- tarÆn en ellas las decisiones del Consejo en las Æreas tanto de justicia y asuntos de interior como de pol(cid:237)tica exterior y de seguridad comœn (2). (1) Es decir, el t(cid:237)tulo VI del Tratado de la Uni(cid:243)n Europea: el «tercer pilar». Tras estudiar cuidadosamente la reclamaci(cid:243)n y las observacio- nes de ambas partes, el Defensor del Pueblo escribi(cid:243) al Consejo el 15 de diciembre de 1997 con la intenci(cid:243)n de buscar una soluci(cid:243)n amistosa a la reclamaci(cid:243)n, de conformidad con el apartado 5 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo. Inform(cid:243) al Consejo que consideraba que el no mantener una lista actualizada de las medidas adoptadas pod(cid:237)a constituir un caso de mala administraci(cid:243)n, ya que: i) un principio bÆsico del buen comportamiento administra- tivo es que las autoridades pœblicas mantengan unos regis- tros adecuados. Dichos registros contribuyen a garantizar la coherencia y la continuidad de las actividades, como se menciona en el art(cid:237)culo C del Tratado de la Uni(cid:243)n Europea. Unos registros inadecuados podr(cid:237)an dificultar la localiza- ci(cid:243)n exacta y rÆpida de los documentos pertinentes; ii) una vez al aæo, el Consejo publica un resumen de las deci- siones tomadas en virtud del t(cid:237)tulo VI del Tratado de la Uni(cid:243)n Europea. El hecho de que la Secretar(cid:237)a del Consejo s(cid:243)lo confeccione esa lista al final de cada aæo puede condu- cir a errores y omisiones. Una tØcnica administrativa mÆs eficaz ser(cid:237)a que la Secretar(cid:237)a mantuviese una lista actuali- zada durante todo el aæo; iii) no parecen existir motivos legales que justifiquen la actual postura. El Consejo podr(cid:237)a mantener una lista en virtud de sus poderes de organizaci(cid:243)n interna, que le autorizan a tomar las medidas adecuadas para garantizar su funciona- miento interno conforme a los intereses de la buena admi- nistraci(cid:243)n (3). El Defensor del Pueblo sugiri(cid:243) que, como respuesta, el Consejo pod(cid:237)a acordar el mantenimiento de una lista actualizada de las medidas que adopta en el Æmbito de la justicia y de los asuntos de interior. El Defensor del Pueblo tambiØn declar(cid:243) que poner dicha lista a la disposici(cid:243)n del pœblico aumentar(cid:237)a la trans- parencia y fortalecer(cid:237)a la naturaleza democrÆtica del Consejo, as(cid:237) como la confianza del pœblico en su administraci(cid:243)n, como prevØ la Declaraci(cid:243)n 17 aneja al Tratado de la Uni(cid:243)n Europea. (2) Es decir, el t(cid:237)tulo V del Tratado de la Uni(cid:243)n Europea: el «segundo (3) VØase, por ejemplo, el asunto C-58/94: Pa(cid:237)ses Bajos contra Consejo, pilar». (Recongilaci(cid:243)n 1996, p. I 2169). C 300/142 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Respuesta del Consejo Mediante carta de 26 de febrero de 1998, el Consejo contest(cid:243) del modo siguiente al Defensor del Pueblo: «Muchas gracias por su carta del 15 de diciembre de 1997, acerca de la reclamaci(cid:243)n del Sr. B. y de su deseo de que el Consejo man- tenga una lista actualizada de las medidas acordadas en el Æmbito de la justicia y de los asuntos de interior y de que el pœblico pueda acceder a dicha lista. Me complace poder confirmar que, de hecho, la Secretar(cid:237)a General dispone de una lista de todas esas medidas. Actualmente, se estÆ tomando en consideraci(cid:243)n la cuesti(cid:243)n de c(cid:243)mo y de quØ forma se puede poner a disposici(cid:243)n del pœblico dicha informaci(cid:243)n. Es mÆs, el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior del 19 de marzo de 1998 examinarÆ la cuesti(cid:243)n general de la transparencia en el tercer pilar. » Mediante carta del 13 de julio de 1998, el Consejo facilit(cid:243) informaci(cid:243)n adicional, incluidos los puntos siguientes: i) la Secretar(cid:237)a General crearÆ una base de datos sobre las actividades del Consejo en el Æmbito de la justicia y de los asuntos de Interior a la que se podrÆ acceder a travØs de listas de Internet y que proporcionarÆ, entre otras cosas, los instrumentos adoptados organizadas por fecha y tema, y la posibilidad de acceder a los textos completos en los idiomas oficiales; ii) en cuanto a la publicaci(cid:243)n de la lista de las medidas toma- das por el Consejo en el Æmbito de la justicia y de los asun- tos de Interior, ademÆs de las facilidades ofrecidas por la base de datos, esta informaci(cid:243)n se incluye en el Informe anual del trabajo del Consejo. La carta del Consejo tambiØn inclu(cid:237)a las conclusiones adopta- das por el Consejo de la justicia y de los asuntos de Interior en su reuni(cid:243)n del 19 de marzo de 1998 respecto a la transparen- cia en el Æmbito de la justicia y de los asuntos de Interior, as(cid:237) como informaci(cid:243)n sobre el seguimiento de las conclusiones. Respuesta del demandante no respond(cid:237)a a su reclamaci(cid:243)n. AdemÆs, el demandante declar(cid:243) que la publicaci(cid:243)n de una lista de medidas en el informe anual del Consejo no bastaba para cumplir las normas democrÆticas, que exigen que los ciudadanos puedan obtener, si as(cid:237) lo solici- tan, una lista actualizada de Østas en cualquier momento del aæo. Habida cuenta de todo ello, el Defensor del Pueblo constat(cid:243) que no hab(cid:237)a conseguido encontrar una soluci(cid:243)n amistosa a la reclamaci(cid:243)n. Proyecto de recomendaci(cid:243)n Tras estudiar la respuesta del Consejo a los puntos establecidos en su carta de 15 de diciembre de 1997, el Defensor del Pue- blo lleg(cid:243) a las siguientes conclusiones: i) El Consejo hab(cid:237)a seæalado que su Secretar(cid:237)a General man- tiene una lista de todas las medidas aprobadas en el Æmbito de la Justicia y de los Asuntos de Interior. ii) El apartado 2 del art(cid:237)culo 1 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, relativa al acceso del pœblico a los documentos del Consejo (1) define «docu- mento del Consejo» como «todo escrito, sea cual fuere su soporte, que contenga datos y que obre en poder de esta instituci(cid:243)n». iii) La lista de todas las medidas aprobadas en el Æmbito de la justicia y de los asuntos de interior que, segœn declara el Consejo, mantiene su Secretar(cid:237)a General, parece ser un «do- cumento del Consejo» en el sentido establecido en el apar- tado 2 del art(cid:237)culo 1 de la Decisi(cid:243)n 93/731/CE. Por lo tanto, de conformidad con el apartado 6 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, Øste formul(cid:243) el siguiente proyecto de recomendaci(cid:243)n: conformidad con las disposiciones de De la Decisi(cid:243)n 93/731/CE del Consejo, el Consejo deber(cid:237)a poner a disposici(cid:243)n del pœblico que lo solicite la lista que mantiene su Secretar(cid:237)a General de todas las medidas aprobadas en el Æmbito de la jus- ticia y de los asuntos de interior. Las cartas del Consejo del 26 de febrero y del 13 de julio de 1998 se transmitieron al demandante, que contest(cid:243), tambiØn por carta, el 9 de marzo y el 18 de septiembre de 1998. El demandante acogi(cid:243) favorablemente las nuevas iniciativas res- pecto a la transparencia en el Æmbito de la justicia y de los asuntos de Interior, mencionadas en la carta del Consejo del 13 de julio de 1998. Sin embargo, mantuvo su reclamaci(cid:243)n, seæalando, concretamente, que la lista de instrumentos mencio- nada por el Consejo no era una lista de medidas, por lo que Se informarÆ al Consejo y al demandante de este proyecto de recomendaci(cid:243)n. De conformidad con el apartado 6 del art(cid:237)culo 3 del Estatuto del Defensor del Pueblo, el Consejo deberÆ enviar un dictamen detallado antes del 31 de enero de 1999. Dicho dictamen detallado podr(cid:237)a consistir en la aceptaci(cid:243)n del proyecto de recomendaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo y en una descripci(cid:243)n de c(cid:243)mo se ha puesto en prÆctica. (1) DO L 340 de 31. 12. 1993, p. 43. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/143 3. 7. INVESTIGACIONES DE OFICIO DEL DEFENSOR DEL Investigaci(cid:243)n PUEBLO 3. 7. 1. COMISI(cid:211)N EUROPEA RECLUTAMIENTO: APLICACI(cid:211)N DE L˝MITES DE EDAD Decisi(cid:243)n sobre la investigaci(cid:243)n de oficio 626/97/BB Cuestiones En julio de 1997, a ra(cid:237)z de un considerable nœmero de recla- maciones referidas principalmente a la exclusi(cid:243)n de candidatos de concursos espec(cid:237)ficos organizados por diversas instituciones comunitarias, el Defensor del Pueblo inici(cid:243) una investigaci(cid:243)n de oficio sobre la aplicaci(cid:243)n de l(cid:237)mites de edad en la contrata- ci(cid:243)n de funcionarios comunitarios. las siguientes: se reclamaciones Entre las alegaciones presentadas en las encontraban, en s(cid:237)ntesis, los l(cid:237)mites de edad contravienen los derechos fundamentales del ciudadano y son discriminatorios (1042/25. 11. 96/SKTOL/FIN/BB, 479/11. 3. 96/ MCHP/ES/KT, 850/3. 9. 96/JIA/FR/KT, 851/3. 9. 96/ALC/ES/PD, 300/97/BB, 725/97/BB, 277/98/IP); violan el principio de igualdad entre candidatos (529/98/XD); no afectan a quienes llevan un aæo empleados por las instituciones (325/8. 1. 96/ML/ L/PD, 529/98/XD); no se aplican a los candidatos a puestos fundamento jur(cid:237)dico pol(cid:237)ticos (479/11. 3. 96/MCHP/ES/KT); el para imponer los actuales l(cid:237)mites de edad a los candidatos no estÆ claro (695/5. 7. 96/RW/UK/KT); y la fecha de nacimiento es un criterio parcial establecido en las convocatorias de concur- sos, y entra en contradicci(cid:243)n con criterios objetivos como la experiencia profesional y los exÆmenes mØdicos (529/98/XD). Algunos demandantes hac(cid:237)an referencia al hecho de que en determinados Estados miembros existen disposiciones constitu- cionales o legislativas que proh(cid:237)ben el establecimiento de l(cid:237)mi- tes de edad. Nota de investigaci(cid:243)n sobre la aplicaci(cid:243)n de los l(cid:237)mites de edad en los Estados miembros de las Comunidades Europeas El Defensor del Pueblo consider(cid:243) que para poder evaluar la situaci(cid:243)n existente a nivel comunitario, era antes preciso inves- tigar la realidad en los Estados miembros. Con ese prop(cid:243)sito, el Defensor del Pueblo solicit(cid:243) la cooperaci(cid:243)n del Tribunal de Justicia, accediendo Øste a que su Centro de Documentaci(cid:243)n e Investigaci(cid:243)n preparase un trabajo de investigaci(cid:243)n al respecto. Este trabajo de investigaci(cid:243)n conclu(cid:237)a que l·os Estados miem- bros no cuentan con un principio comœn, constitucional ni legal, que permita o proh(cid:237)ba los l(cid:237)mites de edad. En el sector pœblico de la mayor parte de los Estados miembros se impone un l(cid:237)mite de edad que es, por lo general, superior a los 35 aæos. Las razones de su aplicaci(cid:243)n difieren de un Estado miem- bro a otro. El informe mencionaba tambiØn que algunos Esta- dos miembros tend(cid:237)an a tratar los l(cid:237)mites de edad como una discriminaci(cid:243)n injustificada y, por lo tanto, a abandonar su aplicaci(cid:243)n. Observaciones de la Comisi(cid:243)n Las observaciones de la Comisi(cid:243)n pueden resumirse de la siguiente manera: Como l(cid:237)nea de principio, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a decidido abando- nar la aplicaci(cid:243)n de l(cid:237)mites de edad en las convocatorias de concursos. La Comisi(cid:243)n reconoci(cid:243) la necesidad de poner en prÆctica esta l(cid:237)nea de actuaci(cid:243)n mediante un acuerdo comœn entre todas las instituciones. Por ese motivo y como medida provisional, deci- di(cid:243) elevar a 45 aæos el l(cid:237)mite de edad de los futuros concursos para los grados iniciales, de conformidad con la decisi(cid:243)n tomada por el Parlamento Europeo el 20 de octubre de 1997. La Comisi(cid:243)n declar(cid:243) que el lapso de tiempo necesario para obtener el acuerdo comœn entre las instituciones permitir(cid:237)a considerar las posibles medidas y tener en cuenta esta evalua- ci(cid:243)n en la evaluaci(cid:243)n de las cualificaciones profesionales de los candidatos. Observaciones del Consejo Las observaciones del Consejo son, en s(cid:237)ntesis, las siguientes: Las instituciones no s(cid:243)lo disfrutan del margen de discrecionali- dad cuando eligen los medios mÆs adecuados para satisfacer sus necesidades de personal, sino que tambiØn disponen de un amplio poder discrecional en el establecimiento de los requisi- tos de un concurso. La edad no se incluye entre los criterios sobre los que el Esta- tuto de los funcionarios proh(cid:237)be que se basen las distinciones realizadas en el momento de la contrataci(cid:243)n. En virtud de la letra g) del art(cid:237)culo 1 del anexo III del Estatuto de los funcionarios, una de las condiciones que la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede determinar leg(cid:237)timamente, si resulta necesario, es un l(cid:237)mite de edad. Queda por ver si el Estatuto de los funcionarios cumple, en ese sentido, los principios generales del Derecho comunitario, con- cretamente el respeto de los derechos fundamentales garantiza- dos por el Convenio Europeo para la Protecci(cid:243)n de los Dere- chos Humanos y las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a todos los Estados miembros. El Consejo seæal(cid:243) que el Tratado de Amsterdam aœn no ha entrado en vigor. La cuesti(cid:243)n de si la edad deb(cid:237)a desempeæar algœn papel como criterio de selecci(cid:243)n se estudi(cid:243) a principios de los aæos noven- ta. Se subrayaron las consecuencias negativas que la abolici(cid:243)n de todos los l(cid:237)mites de edad tendr(cid:237)a para la instituci(cid:243)n, por C 300/144 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 ejemplo, que los candidatos elegidos podr(cid:237)an estar a punto de l(cid:237)mite de edad para toda una jubilarse, y, a continuaci(cid:243)n, el serie de concursos se estableci(cid:243) en 50 aæos. ci(cid:243)n intermedia de elevar los l(cid:237)mites de edad a 45 aæos contra- dice este principio, y por lo tanto es inaceptable. DespuØs de 1995, se celebraron acuerdos sobre la organizaci(cid:243)n comœn de los concursos y la armonizaci(cid:243)n de las condiciones de acceso. Dados los problemas de desempleo que aquejan a los j(cid:243)venes de la Uni(cid:243)n Europea, entre estas condiciones se incluy(cid:243) un l(cid:237)mite de edad de 35 aæos para los candidatos a los puestos de los grados iniciales. Uno de los demandantes declar(cid:243) que no estaba satisfecho con la postura del Consejo. En su opini(cid:243)n, el art(cid:237)culo 27 del Esta- tuto de los funcionarios proporciona, de hecho, un funda- mento leg(cid:237)timo para la discriminaci(cid:243)n en raz(cid:243)n de la edad. El demandante afirm(cid:243) que el Consejo impon(cid:237)a l(cid:237)mites de edad de forma arbitraria y que esa prÆctica deb(cid:237)a acabar. Esperaba que el Defensor del Pueblo no archivara su investigaci(cid:243)n hasta que las instituciones hubieran cambiado sus pol(cid:237)ticas en esa cues- ti(cid:243)n y se hubieran abolido todos los l(cid:237)mites de edad. Por lo que se refiere a los œltimos concursos que afectan a los nuevos Estados miembros, los l(cid:237)mites de edad se fijaron en 45 y 55 aæos, pues los puestos vacantes requer(cid:237)an la posesi(cid:243)n de una experiencia profesional. Decisi(cid:243)n Las œltimas convocatorias de concurso publicadas introducen la posibilidad de que, en algunos casos, el l(cid:237)mite de edad se ampl(cid:237)e, como mÆximo, a seis aæos. Las normas que rigen los l(cid:237)mites de edad no se establecen mecÆnicamente, sino que var(cid:237)an segœn la naturaleza de las necesidades del departamento, de conformidad con los requisi- tos del art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios. TambiØn permiten hacer distinciones entre los candidatos, con el fin de tener en cuenta sus respectivas situaciones. La Secretar(cid:237)a General del Consejo consideraba que la aplicaci(cid:243)n de los l(cid:237)mites de edad se realiza en relaci(cid:243)n con los puestos que deben cubrir los candidatos elegidos del concurso (cid:151)como estipula el Estatuto de los funcionarios, concretamente en la letra g) del art(cid:237)culo 1 del anexo III(cid:151) y permitiendo ademÆs su ampliaci(cid:243)n para tener en cuenta las situaciones espec(cid:237)ficas. Esta prÆctica no constituye una medida «discriminatoria», en el sen- tido que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribu- nal de Justicia han dado a ese concepto. Para mÆs informaci(cid:243)n, la Secretar(cid:237)a General aæadi(cid:243) que se estaba debatiendo una propuesta de enmienda al Estatuto de los funcionarios relativa a la igualdad de trato (1). Observaciones de los demandantes El Defensor del Pueblo envi(cid:243) las observaciones de la Comisi(cid:243)n a siete demandantes, y las del Consejo a un demandante, invi- tÆndoles a formular sus comentarios. Recibi(cid:243) observaciones de tres de ellos. Dos afirmaban que, ya que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a reconocido que la aplicaci(cid:243)n de l(cid:237)mites de edad es incorrecta y hab(cid:237)a tomado una decisi(cid:243)n de principio para abolirlos, la solu- (1) Propuesta modificada de Reglamento (Euratom, CECA, CE) del Con- sejo por el que se modifica el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas y el rØgimen aplicable a los otros agentes de estas Comunidades en materia de igualdad de trato [COM(96) 77 final de 4. 3. 1996]. 1. L(cid:237)mites de edad y derechos humanos 1. 1. El apartado 2 del art(cid:237)culo F del Tratado de la Uni(cid:243)n Euro- pea estipula que: «La Uni(cid:243)n respetarÆ los derechos fundamentales tal y como se garantizan en el Convenio Europeo para la Protecci(cid:243)n de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950, y tal y como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios generales del Derecho comunitario. » 1. 2. Por lo que se refiere a las disposiciones relativas a dere- chos humanos sobre la no discriminaci(cid:243)n, el art(cid:237)culo 14 del Convenio Europeo para la Protecci(cid:243)n de los Derechos Humanos establece lo siguiente: «El disfrute de los derechos y libertades expuestos en el pre- sente Convenio estarÆ garantizado sin ningœn tipo de discri- minaci(cid:243)n por motivos de sexo, raza, color, idioma, religi(cid:243)n, pol(cid:237)tica u otras convicciones, origen nacional o social, asocia- ci(cid:243)n con una minor(cid:237)a nacional, propiedad, nacimiento u otro estado. » El art(cid:237)culo 14 complementa las demÆs disposiciones sus- tantivas del Convenio y los Protocolos. No tiene existencia independiente, puesto que s(cid:243)lo se aplica en relaci(cid:243)n con «el disfrute de los derechos y libertades» salvaguardados por dichas disposiciones. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal Euro- peo de Derechos Humanos respecto al art(cid:237)culo 14 del Convenio, una diferencia de trato es discriminatoria si «no tiene una justificaci(cid:243)n objetiva y razonable», es decir, si no persigue una «meta leg(cid:237)tima» o si no existe una «rela- ci(cid:243)n razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo que se pretende alcanzar» (2). (2) Asunto Gaygusuz contra Austria (39/1995/545/631); sentencia de 16 de septiembre de 1996. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/145 El art(cid:237)culo 2 del Pacto Internacional de las Naciones Uni- das sobre los Derechos Civiles y Pol(cid:237)ticos (1) tambiØn pro- h(cid:237)be la discriminaci(cid:243)n: «Todos los Estados signatarios del presente Pacto se compro- meten a respetar y garantizar los derechos en Øl reconocidos para todos los individuos de su territorio y sujetos a su juris- dicci(cid:243)n, sin distinci(cid:243)n de ningœn tipo, como por cuesti(cid:243)n de raza, color, sexo, idioma, religi(cid:243)n, pol(cid:237)tica u otras conviccio- nes, origen nacional o social, propiedad, nacimiento u otro estado. » 1. 3. Aunque ni el art(cid:237)culo 14 del Convenio Europeo para la Protecci(cid:243)n de los Derechos Humanos ni el art(cid:237)culo 2 del Pacto sobre los Derechos Civiles y Pol(cid:237)ticos proh(cid:237)ben expl(cid:237)citamente la discriminaci(cid:243)n por motivos de edad, el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de ambas clÆusulas es extremada- mente amplio. No se ha de descartar que este Æmbito de aplicaci(cid:243)n pueda cubrir tambiØn la discriminaci(cid:243)n por motivos de edad en los casos en que no exista una justifi- caci(cid:243)n objetiva y razonable para ella. 1. 4. En julio de 1997, la Uni(cid:243)n Europea tom(cid:243) medidas para combatir la discriminaci(cid:243)n por raz(cid:243)n de edad. El Tratado de Amsterdam introdujo un nuevo art(cid:237)culo 13 en el Tra- tado CE, en el que se menciona la edad como una forma de discriminaci(cid:243)n. Dicho art(cid:237)culo establece que: «Sin perjuicio de las demÆs disposiciones del presente Tratado y dentro de los l(cid:237)mites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisi(cid:243)n y previa consulta al Parlamento Europeo, podrÆ adoptar acciones adecuadas para luchar con- tra la discriminaci(cid:243)n por motivos de sexo, de origen racial o Øtnico, religi(cid:243)n o convicciones, discapacidad, e d a d u orien- taci(cid:243)n sexual (subrayado por el Defensor del Pueblo). » 1. 5. A pesar que el Tratado de Amsterdam aœn no ha entrado en vigor, al proponer la introducci(cid:243)n de este nuevo art(cid:237)- culo, la Uni(cid:243)n Europea ha reconocido que la edad puede ser una causa de discriminaci(cid:243)n injustificada. Por otra parte y como afirma el nuevo art(cid:237)culo 13 sobre no discri- instituciones comunitarias no deber(cid:237)an minaci(cid:243)n, dudar en tomar iniciativas para fomentar el respeto a las disposiciones relativas a los derechos humanos. las 1. 6. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha reconocido que la contrataci(cid:243)n realizada por la Comuni- dad debe respetar el principio de igualdad. No debe caer en la discriminaci(cid:243)n tratando de forma distinta a candida- tos que se encuentran en situaciones similares, si no exis- ten motivos justificables para ello. (1) Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Pol(cid:237)ticos, adoptado el 16 de diciembre de 1996. 1. 7. De conformidad con la reiterada jurisprudencia del Tribu- nal, el principio general de igualdad es uno de los princi- pios fundamentales de la legislaci(cid:243)n comunitaria en el Æmbito de la funci(cid:243)n pœblica. Dicho principio exige que situaciones comparables no se traten de manera distinta, a menos que tal diferenciaci(cid:243)n estØ justificada objetivamen- te (2). 2. Aplicaci(cid:243)n de los l(cid:237)mites de edad en los Estados miembros Las investigaciones del Defensor del Pueblo revelaron que los Estados miembros no cuentan con ningœn principio comœn, ni constitucional ni legal, que permita o proh(cid:237)ba los l(cid:237)mites de edad. En el sector pœblico de la mayor parte de los Estados miembros se impone un l(cid:237)mite de edad. Sin embargo, Øste es, por lo general, superior a los 35 aæos. Se observa, por otra parte, que algunos Estados miembros tienden a abandonar los l(cid:237)mites de edad por considerarlos discriminatorios. 3. Aplicaci(cid:243)n de los l(cid:237)mites de edad en los Estados miembros 3. 1. Todas las instituciones comunitarias aplican l(cid:237)mites de edad para la admisi(cid:243)n de candidatos a concursos genera- les. Esta posibilidad se menciona en la letra g) del art(cid:237)- culo 1 del anexo III del Estatuto de los funcionarios, que estipula que la convocatoria del concurso debe especificar: «cuando resulte apropiado, el l(cid:237)mite de edad y cualquier extensi(cid:243)n del mismo en el caso de funcionarios de las Comu- nidades que hayan completado un aæo de servicio como m(cid:237)nimo. » 3. 2. El apartado 2 del art(cid:237)culo 27, del Estatuto de los funciona- rios estipula que: «Los funcionarios serÆn seleccionados sin distinci(cid:243)n de raza, creencias o sexo. » 3. 3. El Defensor del Pueblo entendi(cid:243) que, segœn la letra g) del art(cid:237)culo 1 del anexo III del Estatuto de los funcionarios, la Autoridad facultada para proceder a los nombramientos puede especificar un l(cid:237)mite de edad en las convocatorias a concurso. 3. 4. Sin embargo, el Defensor del Pueblo consider(cid:243) que en tales casos el principio de motivaci(cid:243)n de las decisiones deber(cid:237)a aplicarse. La disposici(cid:243)n establecida en el art(cid:237)culo 27 del Estatuto de los funcionarios, la redacci(cid:243)n de la letra g) del art(cid:237)culo 1 del anexo III del Estatuto de los fun- cionarios, concretamente la expresi(cid:243)n «cuando resulte apropiado», y la reiterada jurisprudencia del Tribunal sobre el principio general de igualdad sugieren que los l(cid:237)mites de edad no pueden imponerse arbitrariamente, por lo que deber(cid:237)a existir un razonamiento para justificar las razones por las que se considera apropiado un l(cid:237)mite de edad espec(cid:237)fico para un concurso concreto. (2) Sentencia de 14 de julio de 1983 en los asuntos acumulados 152, 158, 162, 166, 170, 173, 175, 177 a 179, 182 y 186/81: W. Ferrario y otros contra Comisi(cid:243)n de las Comunidades Europeas (Re- copilaci(cid:243)n 1983, p. 2357, p. 2367). C 300/146 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 3. 5. La prÆctica que se ha seguido indica que las Autoridades facultadas para proceder a los nombramientos han apli- cado distintos l(cid:237)mites de edad en las diversas instituciones. El art(cid:237)culo 31 del Estatuto de los funcionarios establece un principio segœn el cual los candidatos deben ser con- tratados en el grado inicial. Por lo tanto, se ha exigido por lo general una edad por debajo de los 35 aæos, basÆn- dose en que los grados iniciales s(cid:243)lo son adecuados para j(cid:243)venes graduados que, con el tiempo, pueden hacer carrera como funcionarios europeos. 3. 6. Segœn la Comisi(cid:243)n, tambiØn se han establecido otros l(cid:237)mi- tes de edad. Por ejemplo, para los jefes de unidad el l(cid:237)mite estÆ en 55 aæos, para los traductores principales es de 50 aæos, y para los traductores es de 40 aæos, con la posibili- dad de elevar dichos l(cid:237)mites en determinados casos (1). El Consejo estÆ estableciendo l(cid:237)mites de edad de 35, 45, 50 y 55 aæos con la posibilidad de elevarlos seis aæos como mÆximo (2). 4. Motivos para establecer l(cid:237)mites de edad, segœn las instituciones comunitarias 4. 1. Las razones para establecer l(cid:237)mites de edad han variado dependiendo de las instituciones comunitarias. Las institu- ciones presentaron al Defensor del Pueblo una serie de justificaciones relacionadas con las reclamaciones indivi- duales sobre la aplicaci(cid:243)n de los l(cid:237)mites de edad. En s(cid:237)nte- sis, Østas ten(cid:237)an relaci(cid:243)n con los aspectos siguientes: (cid:151) se necesita una gesti(cid:243)n equilibrada de los recursos humanos y, en particular, de la estructura de las cuali- ficaciones profesionales, (cid:151) el sistema no favorece la contrataci(cid:243)n de personas de mÆs edad que cuentan con gran experiencia adquirida a travØs de una larga carrera profesional, (cid:151) las dificultades de los nuevos funcionarios para adap- tarse al ambiente multicultural y multiling(cid:252)e aumen- tan con la edad, (1) En caso de candidatos que hayan realizado el servicio militar obli- gatorio o cualquier otra forma de servicio obligatorio, de candida- tos que en algœn momento hayan dejado de tener un empleo remu- nerado durante al menos un aæo sin interrupci(cid:243)n para cuidar de un hijo o una hija a su cargo que aœn no haya llegado a la edad de escolarizaci(cid:243)n obligatoria, o que sufra una discapacidad mental o f(cid:237)sica grave demostrada, y de candidatos con discapacidad f(cid:237)sica, el l(cid:237)mite de edad puede ser aumentado. AdemÆs, los l(cid:237)mites de edad no se aplican a los candidatos que, hasta la finalizaci(cid:243)n del plazo para presentar las candidaturas, hayan estado ejerciendo continua- mente como funcionarios u otros agentes de las Comunidades Europeas durante al menos un aæo. (2) Los l(cid:237)mites de edad se han aumentado en el caso de candidatos que han dejado un empleo remunerado durante al menos un aæo para cuidar a un niæo menor de 16 aæos que viva con ellos. En ese caso, el l(cid:237)mite de edad aumenta en el mismo nœmero de aæos en que el candidato no tuvo empleo remunerado, concediendo tres aæos por niæo, y un mÆximo de seis aæos en total. En el caso de candidatos que han realizado el servicio militar obligatorio o cualquier otra forma de servicio obligatorio exigido en su pa(cid:237)s de origen, el l(cid:237)mite de edad aumentarÆ en un tiempo equivalente a la duraci(cid:243)n del ser- vicio realizado. No se tendrÆn en cuenta los per(cid:237)odos de servicio voluntario que superen el per(cid:237)odo obligatorio. Si se trata de candi- datos que sufren discapacidades f(cid:237)sicas compatibles con las tareas que deben realizar y debidamente reconocidas por la autoridad nacional competente, el l(cid:237)mite de edad se eleva a tres aæos. (cid:151) las instituciones estÆn obligadas a cumplir el requisito se hagan segœn el mayor que las contrataciones Æmbito geogrÆfico posible, sin recurrir a cuotas nacio- nales, (cid:151) la posibilidad de movilidad disminuye tanto en rela- ci(cid:243)n con la edad como en relaci(cid:243)n con el lugar de tra- bajo y de residencia del candidato, (cid:151) la contrataci(cid:243)n de candidatos mÆs j(cid:243)venes permite conseguir con mÆs facilidad un equilibrio geogrÆfico razonable, y una mejor proporci(cid:243)n entre empleados y empleadas, (cid:151) el establecimiento de un l(cid:237)mite de edad de 35 aæos para los candidatos a los puestos de los grados bÆsicos tiene en cuenta los problemas de desempleo de los j(cid:243)venes de la Uni(cid:243)n Europea, (cid:151) la experiencia demuestra que la participaci(cid:243)n de las mujeres es mayor en los concursos de nivel A 8 que en los de nivel A 7/A 6; por lo tanto, los l(cid:237)mites de edad tambiØn favorecen el equilibrio entre sexos, (cid:151) la abolici(cid:243)n de los l(cid:237)mites de edad ser(cid:237)a contraprodu- cente, pues aumentar(cid:237)a el nœmero de hombres candi- datos, mientras que contribuir(cid:237)a muy poco a eliminar los obstÆculos para las mujeres, (cid:151) es necesario asegurar las mejores condiciones posibles para una administraci(cid:243)n equilibrada de las cualifica- ciones profesionales, (cid:151) la contrataci(cid:243)n de personas muy experimentadas en las categor(cid:237)as mÆs bajas de la carrera desorganiza la estructura del personal, (cid:151) en teor(cid:237)a, si las instituciones abandonaran el principio general de contratar al personal en el grado inicial, quizÆ no estuviera justificada la contrataci(cid:243)n en un grado mÆs apropiado y, por lo tanto, se podr(cid:237)an crear distorsiones entre el personal que tendr(cid:237)an efectos negativos para la motivaci(cid:243)n y una correcta gesti(cid:243)n, (cid:151) es previsible que los funcionarios de niveles A 8 y A 7 de mÆs edad exijan ascensos con mÆs rapidez a fin de obtener un grado que se ajuste mejor a su experien- cia, (cid:151) las normas que rigen los l(cid:237)mites de edad no se estable- cen mecÆnicamente, sino que var(cid:237)an segœn la natura- leza de las necesidades del departamento y permiten hacer distinciones entre los candidatos, para tener en cuenta sus respectivas situaciones, (cid:151) se ha mencionado a menudo de maniera oficiosa que la aplicaci(cid:243)n de un l(cid:237)mite de edad es una forma de reducir el nœmero de candidatos y, por lo tanto, los l(cid:237)mites de edad permiten en la prÆctica la organiza- ci(cid:243)n de concursos «manejables». 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/147 4. 2. El Defensor del Pueblo se mostr(cid:243) preocupado, ya que los motivos para establecer l(cid:237)mites de edad presentados por las diversas instituciones comunitarias no parec(cid:237)an objeti- vamente justificados para eliminar la posibilidad de arbi- trariedad. En consecuencia, al carecer de suficiente justifi- caci(cid:243)n, el establecimiento de l(cid:237)mites de edad pod(cid:237)a cons- tituir una discriminaci(cid:243)n. Posibilidad de los ciudadanos de la Uni(cid:243)n de buscar empleo en la administraci(cid:243)n de la Uni(cid:243)n Europea 5. 1. El Defensor del Pueblo opina que todos los ciudadanos de la Uni(cid:243)n deber(cid:237)an tener la posibilidad de buscar empleo en la administraci(cid:243)n de la Uni(cid:243)n Europea. Si se juzga apropiado limitar esta posibilidad, la limitaci(cid:243)n ha de estar suficientemente justificada a fin de evitar que algœn elemento de los procedimientos de contrataci(cid:243)n se consi- dere discriminatorio o arbitrario. 5. 2. La investigaci(cid:243)n de oficio del Defensor del Pueblo acerca de los l(cid:237)mites de edad, as(cid:237) como las reclamaciones indivi- duales, han indicado con claridad que las instituciones comunitarias han aplicado diversos l(cid:237)mites de edad sin una justificaci(cid:243)n comœn, ya sea en su prÆctica habitual o en la disposici(cid:243)n del Estatuto de los funcionarios que rige el establecimiento de dichos l(cid:237)mites. tificaci(cid:243)n. Si las instituciones comunitarias no pueden dejar de aplicar l(cid:237)mites de edad, convendr(cid:237)a aclarar la dis- posici(cid:243)n correspondiente del Estatuto de los funcionarios, con el fin de garantizar que los l(cid:237)mites de edad no se apli- can de forma discriminatoria o arbitraria. 7. Acciones emprendidas por las instituciones comunitarias en relaci(cid:243)n a los l(cid:237)mites de edad 7. 1. El 20 de octubre de 1997, el Parlamento Europeo decidi(cid:243) elevar a 45 aæos el l(cid:237)mite de edad aplicable en pr(cid:243)ximos concursos para los grados iniciales y realizar, al cabo de dos aæos, una revisi(cid:243)n basada en un informe que deberÆ presentar el servicio del personal a la Secretar(cid:237)a General del Parlamento. 7. 2. El 21 de enero de 1998, la Comisi(cid:243)n adopt(cid:243) un nuevo principio aplicable a su pol(cid:237)tica de reclutamiento tendente al abandono de los l(cid:237)mites de edad. En sus comentarios, la Comisi(cid:243)n consideraba necesario poner en prÆctica esta decisi(cid:243)n de comœn acuerdo con otras instituciones y apli- car, mientras tanto, un l(cid:237)mite de edad de 45 aæos. 7. 3. A la vista de estos acontecimientos, el Defensor del Pueblo reconoci(cid:243) que, en efecto, se precisar(cid:237)a un acuerdo comœn interinstitucional a fin de poner tØrmino a este problema. 6. Aplicaci(cid:243)n correcta de los l(cid:237)mites de edad Conclusi(cid:243)n 6. 1. El Defensor del Pueblo observ(cid:243) que el art(cid:237)culo F del Tra- tado de la Uni(cid:243)n Europea impone a todas las instituciones comunitarias el deber de respetar las disposiciones sobre los derechos humanos tal y como quedan garantizados en el Convenio Europeo para la Protecci(cid:243)n de los Derechos Humanos y como resultan de las tradiciones constitucio- nales de los Estados miembros. Parece conveniente que las instituciones comunitarias apliquen estas disposiciones de oficio, fomentando el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, como parece que se ha hecho con la introducci(cid:243)n del nuevo art(cid:237)culo 13 en el Tratado CE. 6. 2. El Defensor del Pueblo decidi(cid:243) que la edad debe conside- rarse una posible causa de discriminaci(cid:243)n. Por lo que se refiere a la Uni(cid:243)n Europea, esta idea ha quedado clarifi- cada con el Tratado de Amsterdam, y, por lo tanto, la necesaria lucha contra la discriminaci(cid:243)n por edad s(cid:243)lo culminarÆ con la entrada en vigor de dicho Tratado. 6. 3. El Defensor del Pueblo expres(cid:243) que la actual prÆctica de las instituciones comunitarias, consistente en establecer varios l(cid:237)mites de edad en raz(cid:243)n a motivos diversos pero sin una clara justificaci(cid:243)n, no puede considerarse una apli- caci(cid:243)n correcta de los l(cid:237)mites de edad. 6. 4. Sin embargo, las investigaciones del Defensor del Pueblo parecieron indicar que las instituciones comunitarias podr(cid:237)an estudiar el establecimiento de un l(cid:237)mite de edad comœn, con un razonamiento adecuado y la suficiente jus- Sobre la base de la investigaci(cid:243)n de oficio del Defensor del Pueblo, y habida cuenta del anuncio de la Comisi(cid:243)n de una nueva l(cid:237)nea de actuaci(cid:243)n respecto a su pol(cid:237)tica de recluta- miento por la que la aplicaci(cid:243)n de l(cid:237)mites de edad deber(cid:237)a abandonarse mediante un posible acuerdo interinstitucional, el Defensor del Pueblo no hall(cid:243) motivos para proseguir su inves- tigaci(cid:243)n de oficio sobre esta cuesti(cid:243)n y, por lo tanto, decidi(cid:243) archivar el asunto. El Defensor del Pueblo solicit(cid:243) que la Comi- si(cid:243)n le mantuviera informado de las acciones emprendidas orientadas a obtener un acuerdo interinstitucional para abolir dichos l(cid:237)mites. DERECHO DE PENSI(cid:211)N DE LOS AGENTES LOCALES DE LA COMISI(cid:211)N Investigaci(cid:243)n de oficio 1150/97/OI/JMA Reclamaci(cid:243)n En noviembre de 1997, el Parlamento Europeo transmiti(cid:243) al Defensor del Pueblo la petici(cid:243)n L-35/96 que hab(cid:237)a sido enviada por la Sra. A. V. , ciudadana chilena. La petici(cid:243)n hac(cid:237)a referen- cia a la decisi(cid:243)n denegatoria de la Comisi(cid:243)n respecto al reco- nocimiento de derechos de jubilaci(cid:243)n de la demandante durante el bienio 1977-1978. Durante ese per(cid:237)odo la Sra. A. V. hab(cid:237)a trabajado como agente local en la Delegaci(cid:243)n latinoame- ricana de la Comisi(cid:243)n. C 300/148 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 La petici(cid:243)n fue registrada como reclamaci(cid:243)n, pero debi(cid:243) decla- rarse inadmisible puesto que la demandante no era ciudadana de la Uni(cid:243)n Europea ni resid(cid:237)a en uno de sus Estados miem- bros, por lo que no cumpl(cid:237)a los criterios establecidos en el art(cid:237)- culo 138 E del Tratado CE y en el art(cid:237)culo 2. 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo. No obstante, y a la luz de las circunstancias del caso, el Defen- sor del Pueblo decidi(cid:243) abrir una investigaci(cid:243)n de oficio al res- pecto, sobre la base del art(cid:237)culo 138 E del Tratado CE. Esta investigaci(cid:243)n fue registrada bajo el nœmero 1150/97/OI/JMA. Investigaci(cid:243)n Observaciones de la Comisi(cid:243)n En diciembre de 1997, el Defensor del Pueblo inform(cid:243) de esta investigaci(cid:243)n de oficio al Presidente de la Comisi(cid:243)n de peticio- nes del Parlamento Europeo y al Presidente de la Comisi(cid:243)n Europea, y pidi(cid:243) a la Comisi(cid:243)n que enviara sus observaciones antes del 31 de marzo de 1998. En su respuesta, la Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pueblo que, a ra(cid:237)z de su intervenci(cid:243)n, sus servicios responsables en materia de pensiones hab(cid:237)an iniciado una evaluaci(cid:243)n de la situaci(cid:243)n respecto a los derechos de pensi(cid:243)n de su personal local. La Comisi(cid:243)n explic(cid:243) asimismo, que la Sra. A. V. hab(cid:237)a traba- jado para su Delegaci(cid:243)n Latinoamericana desde el 1 de enero de 1977 hasta el 30 de septiembre de 1978. En aplicaci(cid:243)n del art(cid:237)culo 80 de las Condiciones de Empleo de otros agentes de las Comunidades Europeas, la Comisi(cid:243)n cubre los gastos de la seguridad social de sus agentes locales, conforme a los regla- mentos locales. Sin embargo, a causa de la alta tasa de infla- ci(cid:243)n existente en Chile en los aæos setenta, la Comisi(cid:243)n incluy(cid:243) a sus agentes locales empleados en Santiago en un sistema especial de seguridad social, gestionado por la Oficina de Segu- ridad Social de Ultramar (OSSOM) establecida en Bruselas. Tras producirse un cambio en las condiciones econ(cid:243)micas chilenas, los agentes locales de la Comisi(cid:243)n de aquella Delegaci(cid:243)n se fue- ron incorporando progresivamente al sistema chileno de segu- ridad social. Por lo que se refiere a los derechos de pensi(cid:243)n de la Sra. A. V. , la Comisi(cid:243)n se puso en contacto con la OSSOM, que le inform(cid:243) que la demandante constaba en su registro por su per(cid:237)odo de trabajo con la Delegaci(cid:243)n latinoamericana. Por lo tanto, las contribuciones a la seguridad social pagadas durante ese per(cid:237)odo deb(cid:237)an tenerse en cuenta para el cÆlculo de sus derechos de pensi(cid:243)n, a partir de la edad de 55 aæos. La Comisi(cid:243)n tambiØn indic(cid:243) al Defensor del Pueblo que hab(cid:237)a enviado esta informaci(cid:243)n a la demandante, seæalando igual- mente la intervenci(cid:243)n de Øste. Decisi(cid:243)n Habida cuenta de la informaci(cid:243)n contenida en las observacio- nes de la Comisi(cid:243)n y la facilitada por la demandante, el Defen- sor del Pueblo lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n que la Comisi(cid:243)n Europea hab(cid:237)a resuelto el problema y, por lo tanto, archiv(cid:243) el asunto. 4. RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES DE LA UNI(cid:211)N EUROPEA 4. 1. EL PARLAMENTO EUROPEO Y LA COMISI(cid:211)N DE PETICIONES El 19 de enero, el Sr. S(cid:246)derman present(cid:243) a la Comisi(cid:243)n de peticiones su primer Informe especial, originado por una inves- tigaci(cid:243)n de oficio sobre el acceso del pœblico a los documen- tos. El 20 de enero, el Sr. S(cid:246)derman y el Sr. Ian Harden, Responsa- ble de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo, se reunieron en Luxemburgo con el jurisconsulto del Parlamento Europeo, Sr. Garz(cid:243)n Clariana, y con algunos miembros de su servicio jur(cid:237)di- co. El 20 de abril de 1998, el Sr. S(cid:246)derman present(cid:243) su Informe anual de 1997 en la Comisi(cid:243)n de peticiones del Parlamento Europeo, presidida por el Sr. Edward Newman. Tras el discurso del Sr. S(cid:246)derman se organiz(cid:243) un animado debate. Un gran nœmero de periodistas asisti(cid:243) a la conferencia de prensa cele- brada tras la reuni(cid:243)n. El 25 de junio, el Sr. S(cid:246)derman pronunci(cid:243) en Bruselas un dis- curso ante la Comisi(cid:243)n de asuntos institucionales, en el marco de la audici(cid:243)n sobre transparencia y apertura que estaba cele- brando dicha Comisi(cid:243)n. La ponente fue la diputada al Parla- mento Europeo Sra. Maj-Lis L(cid:246)(cid:246)w. Entre los oradores se encontraron la profesora Deirdre Curtin, de la Universidad de Utrecht, la Sra. Kristina Rennerstedt, secretaria de Estado del Departamento de Justicia sueco, y el Sr. Hans Brunmayr, en representaci(cid:243)n del Consejo. Ese mismo d(cid:237)a, el Sr. S(cid:246)derman se reuni(cid:243) con el presidente del Parlamento Europeo, Sr. Gil Robles, y con el Secretario Gene- ral, Sr. Julian Priestley, para debatir temas pendientes relaciona- dos con el establecimiento de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo y con el proyecto de presupuesto para 1999. El 7 de julio, el Sr. S(cid:246)derman y el Sr. Ian Harden celebraron una reuni(cid:243)n con el Sr. Garz(cid:243)n Clariana, jurisconsulto del Parla- mento Europeo en Luxemburgo, para debatir temas jur(cid:237)dicos relacionados con el presupuesto. El 23 de noviembre, el Sr. S(cid:246)derman intercambi(cid:243) sus puntos de vista con la Comisi(cid:243)n de peticiones, en Bruselas. 4. 2. LA COMISI(cid:211)N EUROPEA El Defensor del Pueblo transmiti(cid:243) la carta de la Comisi(cid:243)n a la Sra. A. V. en junio de 1998, pero no se recibieron sus observa- ciones. El 2 de febrero, los Sres. Ian Harden y Peter Dyrberg celebra- ron una reuni(cid:243)n con la Comisi(cid:243)n, con vistas a encontrar una soluci(cid:243)n amistosa para el asunto 1109/96. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/149 El 20 de abril, el Sr. S(cid:246)derman y el Sr. Dyrberg se reunieron con el Sr. Jean-Claude Eeckhout, director en la Secretar(cid:237)a Gene- ral de la Comisi(cid:243)n, y con el Sr. Philippe Godts. Discutieron la posibilidad de celebrar en noviembre, en Bruselas, un semina- rio comœn para funcionarios de enlace y representantes de Euro-Jus en los Estados miembros. El 21 de abril, el Sr. S(cid:246)derman se reuni(cid:243) con el Sr. Santiago G(cid:243)mez-Reino Lecoq, vicepresidente de la Direcci(cid:243)n General IB (Relaciones exteriores: MediterrÆneo Sur, Oriente Pr(cid:243)ximo, Lati- noamØrica, sur y sudeste de Asia y cooperaci(cid:243)n norte-sur). En la reuni(cid:243)n se discuti(cid:243) la posibilidad que la Uni(cid:243)n promoviera a los defensores del pueblo nacionales de CentroamØrica, coo- perando con ellos. El 7 de mayo, el Sr. S(cid:246)derman mantuvo una reuni(cid:243)n con el Sr. Alfonso Mattera Recigliano director de la Direcci(cid:243)n General XV B (Libre circulaci(cid:243)n de bienes y contrataci(cid:243)n pœblica). Su entrevista gir(cid:243) en torno al procedimiento recogido en el art(cid:237)- culo 169. El 8 de julio, el Sr. S(cid:246)derman se reuni(cid:243) con el embajador Sr. Christoffersen, de la Representaci(cid:243)n Permanente de Dinamarca en Bruselas. Por la tarde, se reuni(cid:243) con la comisaria Anita Gra- din para intercambiar opiniones. El 29 de septiembre de 1998, el Sr. S(cid:246)derman se reuni(cid:243) con el Sr. Mattera Recigliano director de la Direcci(cid:243)n General XV, y con algunos de sus colaboradores, para comentar, de manera general, los procedimientos del Defensor del Pueblo en la tra- mitaci(cid:243)n de las reclamaciones relacionadas con los procedi- mientos que la Comisi(cid:243)n puede incoar en virtud del art(cid:237)culo 169. El 30 de septiembre de 1998, el Sr. S(cid:246)derman pronunci(cid:243) un discurso titulado «¿El cliente siempre tiene la raz(cid:243)n?», celebrado en uno de los edificios de la Comisi(cid:243)n Europea en Bruselas. Numerosos miembros del personal de todas las instituciones y (cid:243)rganos comunitarios asistieron a la conferencia. El Sr. Steffen Smidt, director general de la Direcci(cid:243)n General IX, presidi(cid:243) la reuni(cid:243)n. 5. RELACIONES CON LOS DEFENSORES DEL PUEBLO NACIONALES Y (cid:211)RGANOS SIMILARES Con el objetivo de salvaguardar los derechos de los ciudadanos europeos, se ha venido desarrollando un sistema flexible de cooperaci(cid:243)n entre el Defensor del Pueblo Europeo y los defen- sores del pueblo y (cid:243)rganos anÆlogos de los Estados miembros. La aplicaci(cid:243)n de numerosos aspectos de la legislaci(cid:243)n comuni- taria incumbe a las administraciones nacionales, regionales o locales de los Estados miembros. Las reclamaciones de los ciu- dadanos que consideran que estas autoridades han infringido derechos que les son reconocidos por la legislaci(cid:243)n comunita- ria quedan al margen del Æmbito de competencias del Defensor incluso en los casos en los que resulta del Pueblo Europeo, afectado un derecho derivado de la ciudadan(cid:237)a de la Uni(cid:243)n, como la libre circulaci(cid:243)n, garantizada por el art(cid:237)culo 8 A del Tratado CE. En muchos casos, estas reclamaciones podr(cid:237)an ser analizadas de manera eficaz por los defensores del pueblo nacionales y (cid:243)rganos anÆlogos (como las comisiones de peti- ciones), que cada vez tratan mÆs asuntos relacionados con la aplicaci(cid:243)n por parte de las administraciones nacionales del Derecho comunitario. 5. 1. LA RED DE COORDINADORES En 1998 continu(cid:243) la cooperaci(cid:243)n entre los defensores del pue- blo nacionales y (cid:243)rganos similares y el Defensor del Pueblo Europeo. En mayo se public(cid:243) una segunda carta de coordina- ci(cid:243)n, y la tercera se redact(cid:243) a finales del otoæo. El 23 y el 24 de noviembre de 1998 se celebr(cid:243) en Bruselas un seminario con los funcionarios de coordinaci(cid:243)n de las secreta- r(cid:237)as de los defensores del pueblo nacionales y los funcionarios Euro-Jus. Las cuestiones debatidas fueron los Æmbitos del Dere- cho comunitario, las normas de buena conducta administrativa y la labor de los defensores del pueblo nacionales y (cid:243)rganos similares en relaci(cid:243)n con el control judicial, ademÆs de diversos asuntos relacionados con la legislaci(cid:243)n comunitaria. Entre los oradores se encontraban el Sr. S(cid:246)derman; la Sra. Anita Gradin, comisaria; el Sr. Edward Newman, vicepresidente de la Comi- si(cid:243)n de Peticiones del Parlamento Europeo; el Sr. Leif SØvon, juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; el Sr. David O’Keeffe, profesor de Derecho del University College London; el Sr. De Brouwer, de la Comisi(cid:243)n Europea; el Sr. Brophy, de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo irlandØs; el Sr. Ebermann, de la Comisi(cid:243)n Europea; el Sr. Palacio GonzÆlez, administrador del Tribunal de Primera Instancia; el Sr. Philippe Bardiaux, de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo francØs; el Sr. Ribeiro, de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo portuguØs; la Sra. Gerstberger, de la Secretar(cid:237)a de la Comisi(cid:243)n de Peticiones del Bundestag alemÆn; el Sr. Andersen, de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo danØs; el Sr. Tate, de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo del Reino Unido; el Sr. Gasparinetti, de la Comisi(cid:243)n Europea; y el Sr. Stoodley, de la Comisi(cid:243)n Europea. Las sesiones estuvieron presididas por el Sr. S(cid:246)derman; el Sr. Bermejo, de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo espaæol; la Sra. Riitta L(cid:228)nsisyrj(cid:228), de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo finlandØs; y el Sr. Bardiaux, de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo francØs. 5. 2. COOPERACI(cid:211)N EN LA TRAMITACI(cid:211)N DE RECLAMACIONES En el seminario que el Defensor del Pueblo Europeo celebr(cid:243) con los defensores del pueblo nacionales y (cid:243)rganos similares en Estrasburgo en 1996, se convino en que estos œltimos podr(cid:237)an plantear cuestiones sobre Derecho comunitario al Defensor del Pueblo Europeo, y que Øste contestar(cid:237)a a las mis- mas, ya directamente o transmitiendo el tema a la instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario pertinente para que respondiera. En 1998, se atendieron as(cid:237) cinco de estas preguntas. C 300/150 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 5. 3. COOPERACI(cid:211)N CON DEFENSORES DEL PUEBLO REGIONALES Y (cid:211)RGANOS SIMILARES En mayo de 1997, el Defensor del Pueblo Europeo recibi(cid:243) una reclamaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo andaluz, Sr. Chamizo de la Rubia. (cid:201)ste se quejaba de la supuesta pasividad de las autori- dades francesas ante los ataques sufridos en Francia por los camioneros espaæoles y la destrucci(cid:243)n de las mercanc(cid:237)as agr(cid:237)- colas que transportaban. En su opini(cid:243)n, esta actitud contrave- n(cid:237)a uno de los principios bÆsicos de la Comunidad Europea, a saber, la libre circulaci(cid:243)n de bienes, y en concreto los art(cid:237)culos 38, 39 y 74 del Tratado CE. El Sr. Chamizo subrayaba las negativas consecuencias que sufr(cid:237)an las exportaciones agr(cid:237)colas espaæolas y, especialmente, los agricultores andaluces, por culpa de estas acciones (reclamaci(cid:243)n 478/97/JMA). El 12 de octubre de 1998, el Sr. S(cid:246)derman se reuni(cid:243) con la Comisi(cid:243)n de peticiones del S(cid:228)chsischer Landtag, y con su presi- dente, Sr. Thomas M(cid:228)dler. Tras un discurso del Sr. S(cid:246)derman sobre su trabajo como Defensor del Pueblo Europeo, se inter- cambiaron opiniones acerca de la futura cooperaci(cid:243)n entre los dos (cid:243)rganos. 6. RELACIONES P(cid:218)BLICAS 6. 1. ACTOS DESTACADOS DEL A(cid:209)O Apelaba al Defensor del Pueblo para que iniciara una investiga- ci(cid:243)n de oficio sobre esta cuesti(cid:243)n, a fin de obligar a la Comi- si(cid:243)n, como guardiana de los Tratados, a tomar medidas contra el Gobierno francØs. CONGRESO FIDE DE 1998 Tras haber examinado los argumentos presentados en la recla- maci(cid:243)n, el Defensor del Pueblo lleg(cid:243) a la conclusi(cid:243)n de que la misma no pod(cid:237)a ser declarada admisible, ya que no hab(cid:237)a ido precedida de las adecuadas gestiones administrativas ante la instituci(cid:243)n comunitaria responsable, como exige el apartado 4 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo. Por ese motivo, decidi(cid:243) transferir la reclamaci(cid:243)n a la Comisi(cid:243)n Europea. En su carta al Sr. Chamizo de junio de 1997, el Defensor del Pueblo explic(cid:243) que esta remisi(cid:243)n permitir(cid:237)a que la Comisi(cid:243)n tomara las medidas apropiadas. La Comisi(cid:243)n inform(cid:243) al Defensor del Pueblo andaluz de que su carta se hab(cid:237)a registrado como reclamaci(cid:243)n. En agosto de 1997, el director general de la Direcci(cid:243)n General VI, Sr. Legras, puso al Sr. Chamizo al corriente de los œltimos avances en la cuesti(cid:243)n. La Comisi(cid:243)n explic(cid:243) que hab(cid:237)a revisado la situaci(cid:243)n y hab(cid:237)a llegado a la conclusi(cid:243)n de que contraven(cid:237)a el art(cid:237)culo 30 del Tratado. Por lo tanto, tras haber incoado un procedimiento de infracci(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a llevado la cuesti(cid:243)n ante el Tri- bunal de Justicia (asunto C-265/95). En cuanto a los œltimos acontecimientos, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a enviado a las autoridades francesas varias cartas al respecto. En marzo de 1998, el Sr. Legras escribi(cid:243) de nuevo al Sr. Chamizo informÆndole sobre la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia contra Francia. El Sr. Legras tambiØn explicaba que, tras la Cumbre de Amster- dam de junio de 1997, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a trabajado en un pro- yecto de Reglamento que ya hab(cid:237)a presentado al Consejo. Y que permitir(cid:237)a a la Comisi(cid:243)n emprender acciones contra los Estados miembros que no adoptasen las medidas necesarias para impedir los ataques a la libre circulaci(cid:243)n de mercanc(cid:237)as. A la vista de estas explicaciones, el Sr. Chamizo escribi(cid:243) al Defensor del Pueblo, en mayo de 1998, para expresarle su satisfacci(cid:243)n por las acciones que la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a empren- dido y agradecer su cooperaci(cid:243)n en la bœsqueda de una solu- ci(cid:243)n al problema. El Defensor del Pueblo Europeo fue el ponente general del tema «El ciudadano, la administraci(cid:243)n, y el Derecho comunita- rio» en el XVIII Congreso FIDE, celebrado en Estocolmo, Sue- cia, del 3 al 6 de junio de 1998. Le acompaæaban el Sr. Ian Harden, el Sr. Peter Dyrberg y el Sr. JosØ Mart(cid:237)nez Arag(cid:243)n. Las sesiones de trabajo en torno a este tema estuvieron presididas por la Sra. Elisabeth Palm, presidenta del Tribunal Administrativo de Apelaci(cid:243)n de Gotemburgo, y por el Dr. Hans Ragnemalm, juez del Tribunal de Justicia de las Comuni- dades Europeas. MÆs de 500 delegados de las instituciones europeas, proceden- tes de todos los Estados miembros de la Uni(cid:243)n y de Chipre, Malta, Noruega y Suiza asistieron al Congreso FIDE. En la sesi(cid:243)n plenaria de apertura del Congreso, la Ministra de Justicia sueca, Sra. Laila Freivalds, pronunci(cid:243) un discurso sobre «El Estado de Derecho y la ampliaci(cid:243)n de la Uni(cid:243)n Europea», y el presidente del Tribunal de Justicia, Dr. Gil Carlos Rodr(cid:237)guez Iglesias, pronunci(cid:243) la conferencia de apertura «La Cour de jus- tice des CommunautØs europØennes et l’interaction entre le droit europØen et le droit national». En la pÆgina de Internet del Defensor del Pueblo pueden con- sultarse, en inglØs y en francØs, el informe general del Defensor del Pueblo sobre el tema «El ciudadano, la administraci(cid:243)n y el Derecho comunitario» y su informe final para la sesi(cid:243)n plena- ria. EL INFORME ANUAL DE 1997 El 17 de julio de 1998, el Sr. Romano Fantappie, Defensor del Pueblo regional de la Toscana, visit(cid:243), junto con sus colabora- dores, la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo Europeo, e invit(cid:243) a Øste a visitar su regi(cid:243)n. El Defensor del Pueblo Europeo present(cid:243) al Parlamento Euro- peo su Informe anual de 1997 en una sesi(cid:243)n plenaria celebrada en Estrasburgo el d(cid:237)a 16 de julio de 1998. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/151 En nombre de la Comisi(cid:243)n de peticiones del Parlamento, el Sr. Edward Newman, miembro del Parlamento, expres(cid:243) su aproba- ci(cid:243)n de la definici(cid:243)n de «mala administraci(cid:243)n» que el Defensor del Pueblo hab(cid:237)a ofrecido. El aæo anterior, el Parlamento Euro- peo hab(cid:237)a animado al Defensor del Pueblo a hacer pleno uso de sus competencias para tratar los casos de mala administra- ci(cid:243)n en la actuaci(cid:243)n de las instituciones y (cid:243)rganos comunita- rios, y hab(cid:237)a seæalado la importancia de una definici(cid:243)n clara del tØrmino «mala administraci(cid:243)n». BasÆndose en la informaci(cid:243)n facilitada por los defensores del pueblo nacionales y (cid:243)rganos anÆlogos, el Defensor del Pueblo Europeo ofreci(cid:243) la definici(cid:243)n siguiente en su Informe anual: administraci(cid:243)n cuando un organismo «Se produce mala pœblico no obra de conformidad con las normas o principios a que ha de atenerse obligatoriamente». junto con los El Parlamento consider(cid:243) que esta definici(cid:243)n, ejemplos mencionados en el Informe anual, proporciona una idea clara de lo que forma parte del deber del Defensor del Pueblo. A propuesta del Sr. Newman en nombre de la Comi- si(cid:243)n de peticiones, el Parlamento adopt(cid:243) una resoluci(cid:243)n para aprobar la definici(cid:243)n (1). EL INFORME ESPECIAL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO En la sesi(cid:243)n plenaria de julio, el Parlamento Europeo debati(cid:243) el Informe especial del Defensor del Pueblo relativo a la investiga- ci(cid:243)n de oficio sobre el acceso del pœblico a los documentos, que el Defensor hab(cid:237)a presentado al presidente del Parlamento Europeo el 15 de diciembre de 1997. Para ello, el Parlamento se bas(cid:243) en el informe elaborado al respecto por la Comisi(cid:243)n de peticiones (ponente: Sra. Astrid Thors) (2). En su resoluci(cid:243)n sobre el Informe especial, el Parlamento aprob(cid:243) la acci(cid:243)n del Defensor del Pueblo en favor de la transparencia en la Uni(cid:243)n y seæal(cid:243) que una mayor transparencia y la mejora del acceso del pœblico a los documentos estÆn estrechamente relacionadas con el c(cid:243)digo de buena conducta administrativa sugerido por el Defensor del Pueblo en su Informe anual de 1997. AGENDA EUROPEA DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA EL A(cid:209)O 2000 Los d(cid:237)as 9 y 10 de octubre de 1998, el Sr. Jacob S(cid:246)derman, acompaæado por el Sr. Peter Dyrberg, particip(cid:243) en una confe- rencia celebrada en Viena sobre «La Uni(cid:243)n Europea y los dere- chos humanos: hacia una agenda para el aæo 2000». La confe- rencia hab(cid:237)a sido organizada por el Instituto Universitario Europeo en colaboraci(cid:243)n con el Ministerio de Asuntos Exterio- res austriaco. El Sr. S(cid:246)derman pronunci(cid:243) un discurso sobre el Defensor del Pueblo Europeo y los derechos humanos, en el que hac(cid:237)a sugerencias para mejorar la protecci(cid:243)n de los dere- chos humanos dentro de la Uni(cid:243)n. (1) A4-0258/98 (DO C 292 de 21. 9. 1998, p. 168). (2) A4-0265/98 (DO C 292 de 21. 9. 1998, p. 170). 6. 2. CONFERENCIAS Y REUNIONES ALEMANIA El 10 de mayo, el diputado al Parlamento Europeo Sr. Karl von Wogau invit(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman a hablar de «Los derechos de los ciudadanos europeos» en el marco de las celebraciones del «D(cid:237)a de Europa», en Bad Krozingen. MÆs de 1 000 personas de los alrededores de la zona, as(cid:237) como de Francia y Suiza, tomaron parte en las festividades y visitaron los diversos expositores. En el expositor de la UE se mostraban y distribu(cid:237)an folletos sobre el Defensor del Pueblo Europeo. El Sr. S(cid:246)derman tuvo la oportunidad de reunirse con la Sra. Gerdi Staiblin, Ministra de Agricultura de Baden W(cid:252)rttemberg, as(cid:237) como con el alcalde de Bad Krozingen, Sr. Ekkehart Meroth. El 27 de junio, el Sr. S(cid:246)derman particip(cid:243) como invitado en la reuni(cid:243)n de un grupo de expertos en el tema «Europa hoy: Sus instituciones, su gente», organizada por el profesor Dr. H(cid:246)nnig- hausen, de la Universidad de Bonn, en el marco de la Acade- mia TransatlÆntica de Verano (TASA) 1998. El Sr. Matt Mars- Journal Europe, presid(cid:237)a dicho hall, periodista del Wall Street grupo de expertos. Entre los oradores se encontraban tambiØn el Dr. Eckhard L(cid:252)bkemeier, director de los estudios sobre pol(cid:237)- tica exterior de la Fundaci(cid:243)n Friedrich Ebert, y la Sra. Hella Mandt, profesora de ciencias pol(cid:237)ticas en la Universidad de TrØ- veris. Asistieron a la celebraci(cid:243)n 32 estudiantes de diversas uni- versidades de Estados Unidos, CanadÆ, Rusia, Italia, los Pa(cid:237)ses Bajos, la Antigua Repœblica Yugoslava de Macedonia, Gran Bretaæa, Ucrania, Yugoslavia, Irlanda, Lituania y Estonia. Los d(cid:237)as 22 y 23 de octubre, la Sra. Vicky Kloppenburg y el Sr. Mart(cid:237)nez Arag(cid:243)n tomaron parte en un seminario sobre «Cooperaci(cid:243)n en el Æmbito de la justicia y los asuntos internos, y Schengen despuØs de Amsterdam», organizado por la Acade- mia de Derecho Comunitario de TrØveris. El curso pretend(cid:237)a evaluar los cambios introducidos por el Tratado de Amsterdam en lo referente a la cooperaci(cid:243)n judicial y policial en la Uni(cid:243)n Europea, y las consecuencias de las nuevas disposiciones comu- nitarias sobre las normas comunes de asilo, inmigraci(cid:243)n y con- troles aduaneros. teniendo en cuenta las En este seminario se debatieron los poderes que el Tratado confiere al Defensor del Pueblo para controlar la aplicaci(cid:243)n de dichas disposiciones, limitaciones impuestas a otras instituciones comunitarias, especialmente al Tribunal de Justicia, y su impacto en los derechos de los ciuda- danos. La mayor(cid:237)a de los participantes estuvieron de acuerdo en que la aplicaci(cid:243)n de estas nuevas disposiciones plantearÆ importantes problemas legales, que exigirÆn un esfuerzo de cooperaci(cid:243)n entre las instituciones nacionales y las comunita- rias. El 5 de noviembre de 1998, el Sr. Peter Dyrberg se reuni(cid:243) con la Sra. Kn(cid:246)fler, y con el Sr. Sch(cid:228)fer, presidenta y administrador, respectivamente, de la Comisi(cid:243)n de peticiones del Parlamento del Land alemÆn de Sajonia-Anhalt. C 300/152 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 El 6 de noviembre de 1998, el Sr. Peter Dyrberg pronunci(cid:243) un discurso sobre «El Defensor del Pueblo Europeo y su relaci(cid:243)n con la transparencia y la democracia» en una conferencia titu- lada «Transparencia y democracia», organizada en Magdeburgo por la asociaci(cid:243)n Europa-Forum Magdeburger B(cid:246)rde eV. Con ocasi(cid:243)n de las celebraciones de la Declaraci(cid:243)n de los Dere- chos Humanos, la Universidad Complutense de Madrid invit(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman a dar una charla sobre la Uni(cid:243)n Europea y los derechos humanos el 9 de diciembre. El 2 de diciembre, el Sr. S(cid:246)derman, invitado por el profesor Dr. J(cid:252)rgen Schwarze, dio una conferencia en la Universidad de Friburgo. Los d(cid:237)as 10 y 11 de diciembre, el Sr. S(cid:246)derman, acompaæado por el Sr. Mart(cid:237)nez Arag(cid:243)n, particip(cid:243) en el seminario «Jornadas sobre educaci(cid:243)n en derechos humanos», organizado en Sevilla por el Defensor del Pueblo andaluz. El Sr. S(cid:246)derman pronunci(cid:243) el discurso de apertura. ESPA(cid:209)A FRANCIA Con ocasi(cid:243)n del 50o aniversario de la Declaraci(cid:243)n de los Dere- chos Humanos de las Naciones Unidas, el Instituto CatalÆn de los Derechos Humanos invit(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman a participar, junto con el Sr. Caæellas, Defensor del Pueblo catalÆn, y el Sr. `lvarez de Miranda y Torres, Defensor del Pueblo espaæol, en un congreso celebrado en Barcelona el 6 de marzo de 1998. La mesa redonda se centr(cid:243) en el papel que los derechos huma- nos desempeæan en la labor de los defensores del pueblo. El pœblico asistente a las charlas estaba formado por abogados y estudiantes de Derecho. El Sr. JosØ Mart(cid:237)nez Arag(cid:243)n acompaæ(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman. Como parte de las iniciativas de la Federaci(cid:243)n Iberoamericana de defensores del pueblo (FIO), la Universidad de AlcalÆ de Henares (Madrid) desarroll(cid:243) un «Curso para fortalecer la institu- ci(cid:243)n del defensor del pueblo en LatinoamØrica», de marzo a diciembre de 1998. El objetivo del curso era proporcionar una formaci(cid:243)n prÆctica a los funcionarios de diversas secretar(cid:237)as de los defensores del pueblo de LatinoamØrica. El 9 de marzo de 1998 se celebr(cid:243) la ceremonia de apertura, en la que el Sr. S(cid:246)derman pronunci(cid:243) un discurso. Al hacer un repaso de la evoluci(cid:243)n de la ciudadan(cid:237)a de la Uni(cid:243)n en los œltimos aæos, lleg(cid:243) a algunas conclusiones interesantes para el pœblico lati- noamericano. Entre los participantes en este acontecimiento se encontraban asimismo el Sr. Gala, Rector de la Universidad, el Sr. Pimentel, Defensor del Pueblo portuguØs, el Sr. `lvarez de Miranda y Torres, Defensor del Pueblo espaæol, el Sr. Caæellas, Defensor del Pueblo catalÆn, y el Sr. Chamizo, Defensor del Pueblo anda- luz. La Universidad Complutense organiz(cid:243) las Jornadas sobre Dere- cho interno y Derecho comunitario europeo con el lema «Ar- monizaci(cid:243)n e integraci(cid:243)n de los ordenamientos jur(cid:237)dicos de los Estados miembros en el Derecho de la Uni(cid:243)n Europea», cele- bradas en Madrid del 27 al 29 de abril de 1998. El 5 y el 6 de febrero, el Defensor del Pueblo francØs, Sr. Jac- ques Pelletier, invit(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman a participar en el colo- quio que hab(cid:237)a organizado con ocasi(cid:243)n del 25o aniversario de la instituci(cid:243)n francesa. Entre los participantes se encontraban tambiØn el Sr. Jacques Chirac, presidente de la Repœblica Fran- cesa, que pronunci(cid:243) el discurso de apertura, y el Sr. Lionel Jos- pin, primer ministro, que intervino en la ceremonia de clausu- ra. El Sr. S(cid:246)derman habl(cid:243) del origen y el desarrollo de la ins- tituci(cid:243)n del defensor del pueblo en el mundo. Le acompaæ(cid:243) el Sr. Olivier Verheecke. La jurista Sra. Benita Broms particip(cid:243) en el coloquio «En nues- tras manos: La eficacia de la protecci(cid:243)n de los derechos huma- nos cincuenta aæos despuØs de la Declaraci(cid:243)n Universal». El coloquio se celebr(cid:243) en Estrasburgo, del 2 al 4 de septiembre de 1998. Hab(cid:237)a sido organizado por el Consejo de Europa, como contribuci(cid:243)n a la conmemoraci(cid:243)n del 50o aniversario de la Declaraci(cid:243)n Universal de los Derechos Humanos y al examen en 1998 de la aplicaci(cid:243)n de la Declaraci(cid:243)n de Viena y el pro- grama de acci(cid:243)n. El discurso de apertura corri(cid:243) a cargo de la Sra. Mary Robin- son, Alta Comisaria de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Entre los temas debatidos se incluyeron «La preven- ci(cid:243)n de las violaciones estructurales o a gran escala de los dere- chos humanos y c(cid:243)mo responder a ellas», ponente: Sr. Vojin Dimitrijevic; «Los derechos sociales: el desaf(cid:237)o de la indivisibili- dad y la interdependencia», ponente: Sr. Aalt-Willem Heringa; «La aplicaci(cid:243)n eficaz de los derechos de la mujer», ponente: Sra. Katarina Tomasevski; «La protecci(cid:243)n: acci(cid:243)n eficaz en el Æmbito nacional», ponente: Sr. RØgis De Gouttes; «La protec- ci(cid:243)n: acci(cid:243)n eficaz en el Æmbito internacional», ponente: Sr. Jeremy McBride; y «El fomento de los derechos humanos: infor- maci(cid:243)n, educaci(cid:243)n y formaci(cid:243)n», ponente: Sra. Kaija Gertnere. Algunas personas destacadas en el Æmbito de los derechos humanos presidieron los grupos paralelos de debate sobre los diversos temas. El Sr. S(cid:246)derman particip(cid:243) como invitado en la ceremonia de clausura, el 29 de abril, y dio una charla titulada «La figura del Defensor del Pueblo Europeo: Funciones y perspectivas de actuaci(cid:243)n». El Sr. Peter Dyrberg particip(cid:243) en el 24o Congreso Internacional de Ciencias Administrativas, celebrado en Par(cid:237)s por el Instituto Internacional de Ciencias Administrativas del 7 al 11 de sep- tiembre. Asimismo, el Sr. S(cid:246)derman visit(cid:243) la oficina del Parlamento Europeo en Madrid. El 20 de octubre, el Sr. Bernard Stasi, MØdiateur de la RØpubli- que, visit(cid:243) al Defensor del Pueblo Europeo junto con el Sr. Vin- 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/153 cent Bouvier, DØlØguØ gØnØral, el Sr. Philippe Bardiaux, Consei- ller pour les relations extØrieures, la Sra. Anne Morrier, Char- gØe de mission pour la communication, y el Sr. Jean-Fran(cid:231)ois LEROY, ChargØ de mission pour les DØlØguØs dØpartementaux. que, a pesar que Italia cuenta con la actuaci(cid:243)n de defensores del pueblo locales y regionales, y que a menudo Østos tienen a su cargo regiones mayores que algunos de los Estados miem- bros de la Uni(cid:243)n Europea, sigue siendo uno de los pocos pa(cid:237)ses de la Uni(cid:243)n que carece de un defensor del pueblo nacional. Durante las conversaciones se acord(cid:243) celebrar un seminario en Par(cid:237)s en septiembre de 1999. Tras la reuni(cid:243)n, el Sr. Stasi y el Sr. S(cid:246)derman ofrecieron una rueda de prensa comœn. IRLANDA El 4 y el 5 de noviembre, el Sr. Ian HARDEN present(cid:243) la labor del Defensor del Pueblo Europeo en los seminarios sobre «Transparencia y Democracia en Europa» celebrados en Dun- garvan, condado de Waterford, y en Killarney, condado de Kerry, organizados respectivamente por el Centro Europeo del Sudeste y por el Encuentro rural del sudoeste de Irlanda de la Asociaci(cid:243)n para el Desarrollo del sur de Kerry. Entre los orado- res se encontraban tambiØn el Sr. Michael Brophy, de la secre- tar(cid:237)a del Defensor del Pueblo irlandØs, el Sr. Siobhan Duffy, representante Euro-Jus en Irlanda, el Sr. Paul Gormley, de la Jim O’Brien, de la Representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n, y el Sr. Representaci(cid:243)n del Parlamento Europeo. Asimismo, el Defensor del Pueblo Europeo se reuni(cid:243) con el Sr. Paolo Giannarelli, Ministro del Gobierno regional de la Tosca- na, que estÆ a cargo de las pol(cid:237)ticas comunitarias. El Sr. Gian- narelli mencion(cid:243) la importancia de las actividades del Defensor del Pueblo Europeo, que, en su opini(cid:243)n, resultan esenciales para que los ciudadanos italianos sean conscientes de su ciuda- dan(cid:237)a europea. El Sr. S(cid:246)derman expres(cid:243) su deseo de fortalecer las relaciones con los defensores del pueblo italianos en todos los niveles, y declar(cid:243) que el proyecto presentado por el Defen- sor del Pueblo regional toscano ser(cid:237)a una excelente manera de conseguir esta cooperaci(cid:243)n. Durante la reuni(cid:243)n, el Defensor del Pueblo Europeo tuvo ocasi(cid:243)n de ser informado de dos asuntos concretos que enfrentan a la Comisi(cid:243)n Europea con la regi(cid:243)n toscana (relacionados con la producci(cid:243)n vin(cid:237)cola y con la ganader(cid:237)a). El Sr. Fantappie invit(cid:243) a los defensores del pueblo locales de la Toscana, treinta en total, a reunirse con el Defensor del Pueblo Europeo. As(cid:237), se pudieron debatir los problemas originados por la heterogØnea organizaci(cid:243)n de la instituci(cid:243)n italiana del defen- sor del pueblo. Se constat(cid:243) que era imprescindible unificar las normas en este Æmbito y fomentar la cooperaci(cid:243)n entre los diversos defensores. ITALIA El Sr. S(cid:246)derman visit(cid:243) oficialmente Italia los d(cid:237)as 23 a 26 de septiembre de 1998. Durante su visita a Florencia, se reuni(cid:243), en primer lugar, con el Defensor del Pueblo regional de la Tos- cana, Sr. Romano Fantappie, y con sus colaboradores. El Sr. S(cid:246)derman recibi(cid:243) informaci(cid:243)n sobre varios proyectos prepara- dos por la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo regional, como la creaci(cid:243)n de una red electr(cid:243)nica para enlazar a todos los defen- sores del pueblo de la Toscana y la organizaci(cid:243)n de una reu- ni(cid:243)n internacional de defensores del pueblo regionales de la Uni(cid:243)n Europea. Instituto Universitario El Sr. S(cid:246)derman visit(cid:243) igualmente el Europeo de Fiesole y se reuni(cid:243) con su presidente, profesor Masterson, y su director, profesor Meny, as(cid:237) como con el pro- fesor Dehousse y el profesor Ziller. El Sr. S(cid:246)derman habl(cid:243) de su trabajo y del concepto de mala administraci(cid:243)n. MÆs tarde se intercambiaron opiniones sobre las relaciones del Defensor del Pueblo Europeo con las demÆs instituciones comunitarias, as(cid:237) como con algunos tribunales o defensores del pueblo naciona- les. Por œltimo, el Sr. S(cid:246)derman subray(cid:243) la importancia de crear una red entre el Defensor del Pueblo Europeo y los defen- sores del pueblo nacionales, regionales y locales, especialmente a la luz del Tratado de Amsterdam. Tras este encuentro se reuni(cid:243) con el profesor Angelo Passaleva, presidente del Consejo Regional de la Toscana, quien expres(cid:243) su satisfacci(cid:243)n por la visita del Sr. S(cid:246)derman a su regi(cid:243)n, la primera de Italia en disponer de un defensor del pueblo regio- nal. El profesor Passaleva y el Sr. S(cid:246)derman intercambiaron opiniones sobre la actuaci(cid:243)n del Defensor del Pueblo Europeo, as(cid:237) como sobre la importancia de las relaciones entre los diver- sos defensores del pueblo locales, regionales y nacionales. En cuanto a su propia labor, el profesor Passaleva coment(cid:243) que la mayor parte del trabajo de los defensores del pueblo regionales italianos se refiere a cuestiones de salud pœblica, tema que le preocupa especialmente. El profesor Passaleva y el Sr. S(cid:246)der- man se mostraron de acuerdo en que la pr(cid:243)xima votaci(cid:243)n para establecer un defensor del pueblo nacional en Italia resulta fun- damental para la ciudadan(cid:237)a europea. El Sr. S(cid:246)derman subray(cid:243) El 26 de septiembre, el Defensor del Pueblo local de Verona, Sr. Giovanni Fraizzoli, celebr(cid:243) una conferencia en la que el Sr. S(cid:246)derman fue invitado a pronunciar un discurso sobre «Coo- peraci(cid:243)n con los defensores del pueblo nacionales, regionales y locales para proteger y fomentar la ciudadan(cid:237)a europea». El Sr. Anton Caæellas, Defensor del Pueblo catalÆn, expuso su punto de vista sobre la instituci(cid:243)n regional del defensor del pueblo, y subray(cid:243) su propia experiencia. El Sr. Paolo Cavaleri, profesor de Derecho pœblico en Verona, y el profesor Lucio Strumendo, Defensor del Pueblo regional del VØneto, tuvieron la oportuni- dad de comentar las cuestiones espec(cid:237)ficamente italianas rela- cionadas con la instituci(cid:243)n del defensor del pueblo, teniendo particularmente en cuenta la futura votaci(cid:243)n del Parlamento italiano. C 300/154 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 Tras la conferencia se organiz(cid:243) un debate en el que participa- ron los defensores del pueblo regionales y locales de varias par- tes de Italia, as(cid:237) como algunos ciudadanos de Verona. PA˝SES BAJOS Del 8 al 10 de mayo de 1998, el Sr. Olivier Verheecke y el Sr. Ben Hagard asistieron al Congreso de Europa celebrado en La Haya, «Construyamos la Europa del Ærea de solidaridad y liber- tad del siglo XXI», con ocasi(cid:243)n del 50o aniversario del primer Congreso de Europa. El Congreso hab(cid:237)a sido organizado por el Movimiento Europeo Internacional, presidido por el Sr. Mario Soares, que pronunci(cid:243) el discurso de bienvenida. Su Majestad la Reina de Holanda inaugur(cid:243) solemnemente el Congreso el 9 de mayo de 1998. A continuaci(cid:243)n intervinieron el Sr. JosØ Mar(cid:237)a Gil-Robles, presidente del Parlamento Europeo, el Sr. Peter Mandelson, ministro del Reino Unido, el Sr. Jacques San- ter, presidente de la Comisi(cid:243)n Europea, el Sr. Gil Carlos Rodr(cid:237)- guez Iglesias, presidente del Tribunal de Justicia de las Comuni- dades Europeas, y la Sra. Leni Fischer, presidenta de la Asam- blea Parlamentaria del Consejo de Europa. Durante el Congreso, el Sr. Verheecke y el Sr. Hagard estuvie- ron a cargo de un expositor sobre el Defensor del Pueblo Euro- peo en Expo Europa e informaron a los participantes en el Congreso sobre el papel y las actividades de la instituci(cid:243)n. De los 3 000 participantes, mÆs de 700 visitaron el expositor del Defensor del Pueblo para hacer preguntas y recoger material informativo. El Sr. Verheecke asisti(cid:243) al taller «Democracia, ciudadan(cid:237)a y derechos humanos», presidido por el Sr. P. J. G. Kapteyn, juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. Entre los oradores se hallaban el Sr. Jean-Victor Louis, profesor del Ins- tituto de Estudios Europeos (Bruselas) y presidente del comitØ de iniciativas del Movimiento Europeo Internacional, el Sr. Pier Virgilio Dastoli, secretario general del Movimiento Europeo Internacional, y el Sr. Andreas Gross, miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Los debates se basaron en el texto introductorio «Democracia y ciudadan(cid:237)a en Europa», presentado por el Sr. Jo Leinen, presidente de la Uni(cid:243)n de Federalistas Europeos (UEF). Una de las principales cuestiones debatidas fue la redacci(cid:243)n de una constituci(cid:243)n europea. Los otros tres talleres fueron «La dimensi(cid:243)n econ(cid:243)mica y social de Europa», «La dimensi(cid:243)n multicultural de Europa» y «Europa en el mundo». PORTUGAL El Sr. Jacob S(cid:246)derman realiz(cid:243) una visita oficial a Portugal del 13 al 15 de abril de 1998. La visita hab(cid:237)a sido organizada por el Sr. JosØ Meneres Pimentel, Defensor del Pueblo nacional por- tuguØs, y por el Sr. Nuno Antas de Campos, jefe de la Oficina de Informaci(cid:243)n del Parlamento Europeo en Lisboa. El Defensor del Pueblo Europeo visit(cid:243) la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo nacional portuguØs, la Oficina de Informaci(cid:243)n del Parlamento Europeo y la representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n Europea en Lisboa. Asuntos Exteriores; el Sr. Cardoso da Costa, presidente del Tri- bunal Constitucional; el Sr. Santos, presidente del Parlamento portuguØs; y el Sr. Martins, presidente de la Comisi(cid:243)n del Parla- mento portuguØs que trata las cuestiones, derechos, libertades y garant(cid:237)as constitucionales de los ciudadanos. El Sr. S(cid:246)derman tuvo igualmente ocasi(cid:243)n de reunirse con el Sr. Soares, ex presi- dente de la Repœblica Portuguesa y actual presidente del Movi- miento Europeo. Asimismo, el Sr. S(cid:246)derman se reuni(cid:243) con el Sr. Freitas do Amaral, profesor de Derecho administrativo de la Universidad de Lisboa y presidente de la secci(cid:243)n portuguesa del Movi- miento Europeo. FINLANDIA El 14 de marzo, el Sr. S(cid:246)derman dio una conferencia titulada «La Europa de los ciudadanos» en Tampere, Finlandia, a la que asistieron unos 150 miembros de los Tribunales de Primera Instancia. El Sr. S(cid:246)derman particip(cid:243) en un seminario sobre Øtica organi- zado por el arzobispo de Turku el 20 de mayo de 1998 en el que dio una charla sobre «Valores europeos». El Sr. S(cid:246)derman, acompaæado por la Sra. Benita BROMS, jurista de su secretar(cid:237)a, asisti(cid:243) a la «Conferencia n(cid:243)rdica sobre Derecho comunitario», celebrada entre el 6 y el 8 de noviem- bre en Helsinki. El Sr. S(cid:246)derman pronunci(cid:243) un discurso sobre los ciudadanos europeos y las instituciones comunitarias. Asimismo, los d(cid:237)as 11, 12 y 15 de noviembre el Sr. S(cid:246)derman present(cid:243) su trabajo en Kajaani, Sein(cid:228)joki e Imatra. SUECIA Con ocasi(cid:243)n del Congreso FIDE de 1998 (celebrado del 3 al 6 de junio de 1998), el Defensor del Pueblo Europeo visit(cid:243) el Parlamento sueco el d(cid:237)a 2 de junio y present(cid:243) su labor al ComitØ de asuntos europeos. El 16 de octubre, el Sr. S(cid:246)derman visit(cid:243) Gotemburgo (Suecia) y dio una conferencia en el seminario «Demokrati och trans- parens i v(cid:229)rt Europa». El seminario formaba parte del Encuen- tro de Europa Occidental, patrocinado por la Comisi(cid:243)n. La Sra. Linda Steneberg, jefa de la Representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n en Suecia, pronunci(cid:243) un discurso sobre el acceso a la informaci(cid:243)n relacionada con la Uni(cid:243)n Europea, y el Sr. Ivar Virgin y la Sra. Anneli HulthØn, ambos diputados, hablaron de su trabajo en el Parlamento Europeo. REINO UNIDO El programa tambiØn inclu(cid:237)a encuentros con altos funcionarios portugueses, entre los que se encontraban el Sr. Seixas da Cos- ta, secretario general de Asuntos Europeos del Ministerio de El 23 de enero, el Sr. S(cid:246)derman realiz(cid:243) una visita oficial a Escocia, donde se entrevist(cid:243) con el Comisario de Administra- ci(cid:243)n Local, Sr. Frederick Marks. TambiØn visit(cid:243) la representa- 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/155 ci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n en Edimburgo. Respondiendo a la invita- ci(cid:243)n del profesor John Usher, el Sr. S(cid:246)derman pronunci(cid:243) una conferencia en la Universidad de Edimburgo sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo. El 12 de febrero, la Sra. Sandra Piszk, Defensora del Pueblo costarricense, visit(cid:243) al Defensor del Pueblo Europeo en Estras- burgo. El Sr. S(cid:246)derman, acompaæado por el responsable de comunica- ciones a travØs de Internet, Sr. Ben Hagard, visit(cid:243) el Reino Unido los d(cid:237)as 28 y 29 de mayo. El 28 de mayo, el Sr. S(cid:246)der- man particip(cid:243) en un seminario sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo celebrado en el Centro de Estudios sobre el Defensor del Pueblo de la Universidad de Reading. Antes de la charla, el Sr. S(cid:246)derman se reuni(cid:243) con el profesor Roy Gregory, director del Centro, que a continuaci(cid:243)n presidir(cid:237)a el seminario. Tras el discurso del Sr. S(cid:246)derman se organiz(cid:243) un animado debate. Entre los participantes se encontraban el profesor Roy Gregory y el Dr. Philip Giddings, del Centro de Estudios sobre el Defensor del Pueblo; el profesor Peter Woodward y el Dr. Alex Warleigh, del Departamento de Pol(cid:237)tica de la Universidad de Reading; el jefe del Departamento de Pol(cid:237)tica, profesor Richard Bellamy; el decano de la Facultad de Letras de la Uni- versidad, profesor Tony Downs; y el profesor Gavin Drewry, del Royal Holloway College, de la Universidad de Londres. Con posterioridad se publicaron diversos art(cid:237)culos sobre la visita del Sr. S(cid:246)derman en el Reading Evening Post y en el Reading Chronicle, as(cid:237) como en el Bulletin de la Universidad de Reading. Tras el seminario, se celebr(cid:243) una cena en honor del Sr. S(cid:246)der- man, en la que actu(cid:243) como anfitri(cid:243)n el rector de la Universi- dad de Reading, profesor Roger Williams. El 29 de mayo, el Sr. S(cid:246)derman habl(cid:243) en la sesi(cid:243)n de informa- ci(cid:243)n «El enfoque de Europa» de la Escuela del Cuerpo de Fun- cionarios Pœblicos de Londres, que estaba presidida por el Sr. Michael Duggett, catedrÆtico de pol(cid:237)tica, gobierno y Europa en este centro. En el turno de preguntas que sigui(cid:243) al discurso del Sr. S(cid:246)derman participaron, entre otros, el Sr. Michael Duggett; el Sr. John Tate, de la oficina del Comisario parlamentario del Reino Unido; el Defensor del Pueblo para las pensiones del Reino Unido, Sr. la Sra. Margaret Batty, de la Escuela del Cuerpo de Funcionarios Pœblicos; el Sr. Nick O’Brien, de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo para servicios jur(cid:237)dicos del Reino Unido; y el Sr. Keith Finch, del Ministerio de Agricultura. Julian Parry; El 6 de noviembre, el Sr. Ian Harden present(cid:243) el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo en una conferencia organizada por el Consejo comunitario de Lancashire. Entre los oradores se hallaban asimismo el Sr. Tony Cunningham, diputado al Parlamento Europeo; el Sr. Alan Watson, de la oficina del Comisario Parlamentario para la Administraci(cid:243)n; y la Sra. Ali- son Hook, de la representaci(cid:243)n de la Comisi(cid:243)n. La presidencia de la conferencia correspondi(cid:243) a la Sra. Patricia Thomas, Comi- saria para la Administraci(cid:243)n Local de Inglaterra. 6. 3. OTROS ACTOS Ese mismo d(cid:237)a, el Defensor del Pueblo peruano, Sr. Jorge San- tistevan de Noriega, visit(cid:243) la antena de la secretar(cid:237)a del Defen- sor del Pueblo Europeo en Bruselas, y se reuni(cid:243) con su conse- jero jur(cid:237)dico principal all(cid:237), Sr. Peter Dyrberg. El 19 de febrero, el Sr. S(cid:246)derman y el Sr. Harden se reunieron con el Sr. GØrard Beliard, jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la ciudad de Estrasburgo. El 11 de marzo, Sr. S(cid:246)derman dio una conferencia sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo a unos cincuenta miem- bros del ComitØ de la Uni(cid:243)n Europea de la CÆmara de Comer- cio Norteamericana de BØlgica. El acontecimiento tuvo lugar en Estrasburgo. Ese mismo d(cid:237)a, el embajador australiano en Francia, Sr. John Michael Spender, visit(cid:243) al Defensor del Pueblo Europeo en Estrasburgo. El 12 de marzo, el Sr. S(cid:246)derman se reuni(cid:243) en Estrasburgo con el Sr. Jan Grevstad, consejero de la misi(cid:243)n noruega en la Uni(cid:243)n Europea. El 17 de marzo, el Sr. Ian Harden dio una charla en el Centro de Estudios de Pol(cid:237)tica Europea de Bruselas, con el t(cid:237)tulo «La labor de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo Europeo». El 18 de marzo, el Sr. Peter Dyrberg dio una charla sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo a veinte estudiantes de Sajonia-Anhalt. El 23 de marzo, el Sr. Fahri Ozturk, presidente del Consejo de supervisi(cid:243)n estatal de la Presidencia de Turqu(cid:237)a, y el Sr. Nuri Tortop, miembro del mismo consejo, visitaron al Defensor del Pueblo Europeo. Esta visita hab(cid:237)a sido organizada por el Minis- terio francØs de Asuntos Exteriores como parte de un viaje ofi- cial a Francia. El Dr. G(cid:246)khan ˙apoglu, presidente del Partido por el Cambio en Turqu(cid:237)a y miembro del Parlamento turco, visit(cid:243) al Defensor del Pueblo el 1 de abril. El 6 de abril, el Sr. Olivier Verheecke recibi(cid:243) a un grupo de estudiantes y profesores de la Scuola Media Statale de Belluno (Italia) y present(cid:243) el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo. El 7 de abril, el Sr. S(cid:246)derman dio una conferencia a doce estu- diantes de Ciencias Pol(cid:237)ticas procedentes del Strasbourg Centre of Syracuse University (Nueva York, Estados Unidos). El 9 de febrero de 1998, el Sr. S(cid:246)derman dio una conferencia sobre su papel como Defensor del Pueblo Europeo a unos 400 estudiantes de la UniversitØ Robert Schuman de Estrasburgo. Este acontecimiento hab(cid:237)a sido organizado por el Parlamento Europeo en el marco de la Semana Europea, desarrollÆndose en el hemiciclo de Estrasburgo. El 21 de abril, el Sr. Peter Dyrberg dio una charla sobre el tra- bajo del Defensor del Pueblo Europeo a treinta y cinco profeso- res de Sajonia-Anhalt. TambiØn recibi(cid:243) a un grupo de veinte periodistas daneses y habl(cid:243) de los œltimos logros del Defensor del Pueblo. C 300/156 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 El 23 de abril, el Sr. S(cid:246)derman present(cid:243) su labor como Defen- sor del Pueblo Europeo a un grupo de sesenta miembros de la asociaci(cid:243)n Internationales Kolpingwerk. Entre los asistentes se contaban ciudadanos alemanes, suizos, austriacos, hœngaros, checos, polacos y eslovacos. La reuni(cid:243)n se celebr(cid:243) en el marco de una visita anual al Parlamento Europeo en Estrasburgo. El 28 de abril, el Sr. S(cid:246)derman dio una conferencia a un grupo de cincuenta estudiantes de la Universidad de Bayreuth, Alema- nia. El 7 de mayo, el Sr. Peter Dyrberg dio una charla sobre «Aper- tura del gobierno y necesidad de transparencia» en un semina- rio sobre «Parlamentos en la red», organizado por el Centro Europeo de Investigaci(cid:243)n y Documentaci(cid:243)n Parlamentarias de Bruselas. El 25 de mayo, el Sr. Jukka Pasanen, viceprocurador de justicia finlandØs, y el Sr. Jukka Okko, consejero mediador de la oficina del Procurador General de Justicia visitaron al Defensor del Pueblo. Los d(cid:237)as 28 y 29 de mayo, el Sr. Peter Dyrberg asisti(cid:243) a una conferencia organizada por el Instituto Universitario Europeo de Florencia sobre el tema «Una agenda comunitaria de los derechos humanos para el aæo 2000». El d(cid:237)a 11 de junio, el Sr. Ian Harden dio una conferencia sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo a un grupo de estu- diantes de la Facultad de Derecho de Leiden dirigidos por el Profesor Dr. H. G. Schermers. Ese mismo d(cid:237)a, el Sr. S(cid:246)derman present(cid:243) su labor a un grupo de veinte estudiantes de la Universidad de Jyv(cid:228)skyl(cid:228), Finlandia, que estaban visitando Bruselas. El 15 de junio, el Sr. S(cid:246)derman present(cid:243) su trabajo a un grupo de treinta y ocho miembros del Centro Nacional de Cultura de Lisboa, a quienes el eurodiputado Sr. Vaz da Silva hab(cid:237)a invi- tado a visitar el Parlamento Europeo. En el contexto del D(cid:237)a de Europa, el Parlamento Europeo cele- br(cid:243) el 9 de mayo una jornada de puertas abiertas en Bruselas y en Estrasburgo. Muchas de las 9 000 personas que se calcula que participaron en la visita en Bruselas y de las 5 000 que lo hicieron en Estrasburgo se acercaron a los expositores del Defensor del Pueblo situados en el nuevo edificio Leopold de Bruselas y en el IPE1 de Estrasburgo. Los colaboradores de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo que atend(cid:237)an los expositores facilitaron informaci(cid:243)n general y distribuyeron material infor- mativo. El 11 de mayo, veinte miembros de la Asociaci(cid:243)n Europea de Informaci(cid:243)n, procedentes del Reino Unido, Estonia, Austria e Italia, recibieron un informe del Sr. S(cid:246)derman sobre el trabajo del Defensor del Pueblo y sobre el futuro de su pÆgina Web. TambiØn el 11 de mayo, el Sr. S(cid:246)derman ofreci(cid:243) una amplia explicaci(cid:243)n de su trabajo a veinte miembros del ComitØ para la Uni(cid:243)n Europea del Parlamento finlandØs. AdemÆs, el Sr. S(cid:246)derman dio una conferencia ese mismo d(cid:237)a a doce altos funcionarios finlandeses que participaban en una sesi(cid:243)n formativa en el Centre des (cid:201)tudes EuropØennes de Estrasburgo. El 13 de mayo, la secretaria general del Partido Comunista chi- leno, Sra. Gladys Mar(cid:237)n, que se encontraba visitando el Parla- mento Europeo, se entrevist(cid:243) con el Sr. S(cid:246)derman. El 14 de mayo, el Sr. Ian Harden dio una conferencia en Estrasburgo ante los miembros de la Asociaci(cid:243)n Finlandesa de Auditores de la Administraci(cid:243)n Estatal. El tema de la conferen- cia era el papel del Defensor del Pueblo Europeo. El d(cid:237)a 19 de mayo, el Sr. Peter Dyrberg dio una charla en Bru- selas a los miembros del sindicato danØs HK-Handel de ¯rhus. TambiØn el 19 de mayo, la Sra. Vicky Kloppenburg present(cid:243) el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo a un grupo de perio- distas procedentes de Finlandia que se encontraban visitando el Parlamento Europeo en Bruselas, invitados por la diputada Sra. Astrid Thors. El d(cid:237)a 17 de junio, el Sr. Ian Harden dio una conferencia sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo a un grupo de beca- rios procedentes del Centre des Øtudes supØrieures de la fonc- tion publique territoriale. El 18 de junio, el Defensor del Pueblo catalÆn, Sr. Anton Caæe- llas i Balcells, visit(cid:243) la antena de la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo en Bruselas. Le acompaæaba el Sr. Jan Goorden, Defen- sor del Pueblo de la comunidad flamenca de BØlgica. Ambos intercambiaron opiniones con el Sr. Peter Dyrberg. A petici(cid:243)n de la Sociedad Montgelas para el fomento de la coo- peraci(cid:243)n franco-bÆvara, el Sr. S(cid:246)derman pronunci(cid:243) el d(cid:237)a 2 de julio una conferencia ante un grupo formado por veinte altos funcionarios bÆvaros. El 6 de julio, el Sr. S(cid:246)derman recibi(cid:243) a un grupo de estudiantes del Gymnasium Geretsried, de Alemania, que estaban visitando el Parlamento Europeo, y les dio una conferencia sobre el papel y las actividades del Defensor del Pueblo. Ese mismo d(cid:237)a, el profesor Roy Gregory, del Centro de Estu- dios sobre el Defensor del Pueblo de la Universidad de Reading, visit(cid:243) la secretar(cid:237)a del Defensor del Pueblo y se entrevist(cid:243) con el Sr. S(cid:246)derman y con el Sr. Harden. El 15 de septiembre de 1998, el Sr. Ian Harden dio una confe- rencia sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo a un grupo de periodistas de PaquistÆn y Bangladesh que estaban visitando el Centro Europeo de Periodismo. El 24 de septiembre, el Sr. Peter Dyrberg pronunci(cid:243) un dis- curso ante un grupo de universitarios finlandeses sobre el tra- bajo del Defensor del Pueblo y el acceso de los ciudadanos a la informaci(cid:243)n. El 23 de octubre, el Sr. S(cid:246)derman recibi(cid:243) a un grupo de la Asociaci(cid:243)n de Estudiantes de Leiden y les explic(cid:243) el papel y las tareas del Defensor del Pueblo Europeo. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/157 Los d(cid:237)as 17 y 18 de noviembre, el Sr. Ian Harden realiz(cid:243) una presentaci(cid:243)n sobre el derecho a reclamar al Defensor del Pue- blo Europeo, en un seminario organizado por el Institut des hautes Øtudes EuropØennes de Estrasburgo. La visita del Defensor del Pueblo Europeo a Portugal (13-15 de abril) goz(cid:243) de una amplia cobertura por parte de los medios de comunicaci(cid:243)n, en especial de la cadena de televisi(cid:243)n SIC y del peri(cid:243)dico portuguØs DiÆrio de Not(cid:237)cias. El 20 de noviembre, el Sr. S(cid:246)derman recibi(cid:243) en Estrasburgo a un grupo de estudiantes daneses de Handelsskolen i Ballerup. El 23 de noviembre, la Sra. Benita Broms present(cid:243) una visi(cid:243)n general del papel del Defensor del Pueblo Europeo a un grupo de jueces y abogados finlandeses que estaban visitando Estras- burgo. Tras la presentaci(cid:243)n del Informe anual de 1997 a la Comisi(cid:243)n de peticiones, se celebr(cid:243) una rueda de prensa en Bruselas el d(cid:237)a 21 de abril. El Sr. Edward Newman, vicepresidente de la Comi- si(cid:243)n de peticiones, particip(cid:243) en dicha rueda de prensa. El 27 de abril, el Sr. S(cid:246)derman se entrevist(cid:243) por telØfono con el Sr. Seznec para la publicaci(cid:243)n francesa 7 jours Europe. El d(cid:237)a 27 de noviembre, el Sr. S(cid:246)derman dio una conferencia en Estrasburgo sobre «Le MØdiateur dans le systŁme commu- nautaire, r(cid:244)le de la Commission des Affaires juridiques» ante la Union des Avocats EuropØens. El 29 de abril, el Sr. S(cid:246)derman fue entrevistado por la Sra. Berna G. Harbour, del peri(cid:243)dico nacional El Pa(cid:237)s, mientras se encontraba visitando la Oficina de Informaci(cid:243)n del Parlamento Europeo en Madrid. En el marco de las conferencias organizadas por la red Encuen- tro de los centros de informaci(cid:243)n rural, se dieron dos charlas sobre el papel del Defensor del Pueblo Europeo: una de ellas tuvo lugar el d(cid:237)a 2 de diciembre en Wageningen (Pa(cid:237)ses Bajos), siendo desarrolladas por el Sr. Olivier Verheecke; y por el Sr. Xavier Denoºl el d(cid:237)a 10 del mismo mes en Midi-PyrØnØes (Francia). El Sr. Pedro, periodista danØs, entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman para el peri(cid:243)dico danØs Ekstra Bladet, en Estrasburgo, el d(cid:237)a 12 de mayo. El 27 de mayo, el Sr. Gilles Bessec entrevist(cid:243) al Sr. Ian Harden para el programa Accents d’Europe de Radio France Internatio- nale. 6. 4. RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACI(cid:211)N El 6 de enero, Helsingin Sanomat, entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman. la Sra. Anna Paljakka, del peri(cid:243)dico finlandØs La Sra. Frances Horsburgh, del Herald de Glasgow, entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman el d(cid:237)a 23 de enero, con ocasi(cid:243)n de la visita de Øste a Edimburgo, Escocia. El 27 de enero, el Sr. Ian Harden se entrevist(cid:243) con el Sr. Claude Keiflin, representante de La Croix. El tema de la entre- vista fue el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo. La Sra. Eva Spira entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman para el peri(cid:243)dico sueco Statstj(cid:228)nstemannen. Enviados del peri(cid:243)dico sueco Dagens Industri y del finlandØs Kauppalehti entrevistaron al Defensor del Pueblo en Estrasbur- go, el d(cid:237)a 17 de febrero. El 18 de febrero, el Sr. S(cid:246)derman ofreci(cid:243) una sesi(cid:243)n de infor- maci(cid:243)n a una delegaci(cid:243)n de quince periodistas daneses que asist(cid:237)an a un seminario en Estrasburgo. El d(cid:237)a 19 de febrero, la Sra. Zornitza Venkova, periodista bœl- gara que trabaja para la Televisi(cid:243)n Nacional Bœlgara, entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman para una publicaci(cid:243)n trimestral titulada Europ Magazine. El 10 de marzo, la Sra. P(cid:228)ivi Palm entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman para el peri(cid:243)dico Turun Sanomat. El 29 de mayo, la Sra. Jill Morrell, que se encontraba presente en la audici(cid:243)n «El enfoque de Europa» de la Escuela del Cuerpo de Funcionarios Pœblicos de Londres, entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)der- man para British Satellite News. La entrevista, junto con la pel(cid:237)- cula de la sesi(cid:243)n, circul(cid:243) mÆs tarde por todo el mundo como parte de la informaci(cid:243)n divulgada por el Ministerio britÆnico de Relaciones Exteriores y de la Commonwealth. El 2 de junio de 1998, el Sr. S(cid:246)derman fue entrevistado por el peri(cid:243)dico Dagens Nyheter y la agencia de prensa TT, en Estocol- mo. El 17 de junio, un periodista alemÆn, el Sr. Michael Kalz, entre- vist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman. El d(cid:237)a 2 de julio, el Sr. S(cid:246)derman se entrevist(cid:243) con la Sra. Diane Klein. El tema de la entrevista fue el papel y las activida- des del Defensor del Pueblo, y Østa se emiti(cid:243) en Radio Televi- sion Luxembourg. El 3 de julio, el Sr. S(cid:246)derman se entrevist(cid:243) por telØfono con el Sr. Jouni Tanninen para la cadena finlandesa YLE Radio. El 9 de julio, el Sr. S(cid:246)derman asisti(cid:243) a un almuerzo de prensa en la Oficina de Informaci(cid:243)n del Parlamento Europeo, en Lon- dres. El 15 de julio se celebr(cid:243) una rueda de prensa en Estrasburgo tras la presentaci(cid:243)n del Informe anual del Defensor del Pueblo al Parlamento Europeo. Ese mismo d(cid:237)a, el Sr. S(cid:246)derman se entrevist(cid:243) con el Sr. Bj(cid:246)rn M(cid:229)nsson, del peri(cid:243)dico suecofinØs Hufvudstadsbladet. La Sra. Terttu Levonen entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman el d(cid:237)a 11 de marzo para el peri(cid:243)dico Aamulehti. El 17 de julio, el Sr. S(cid:246)derman fue entrevistado por el Sr. Roland Krimm para Le Temps y para Radio Suisse Romande. C 300/158 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 El 22 de julio, el Sr. Jesper Vind Jensen, del peri(cid:243)dico danØs Słndagsavisen, entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman. Ese mismo d(cid:237)a, el Sr. S(cid:246)derman tambiØn fue entrevistado por la Sra. Tiziana Di Simone, de RAI/Radio/Roma. El 21 de octubre, el Sr. S(cid:246)derman concedi(cid:243) una entrevista a la televisi(cid:243)n griega para el programa El Parlamento Europeo y el ciu- dadano. Ese mismo d(cid:237)a, la Sra. Muller le entrevist(cid:243) para la cadena de radio alemana iAD. El 27 de julio, la Sra. Christine Holzbauer-Madison entrevist(cid:243) al Defensor del Pueblo para la publicaci(cid:243)n anual francesa L’An- nØe europØenne. El d(cid:237)a 22 de octubre, el Sr. Mauro Bellabarba, de la cadena ita- liana RAI Radio, entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman para un programa diario relativo a las instituciones europeas. El 29 de julio, el Sr. S(cid:246)derman se entrevist(cid:243) con el Sr. Alfredo Sotillo, del peri(cid:243)dico ABC de Espaæa. El Sr. Lars Str(cid:246)man, del peri(cid:243)dico danØs Europe-Posten, entre- vist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman el 27 de agosto. El d(cid:237)a 19 de octubre, el Sr. S(cid:246)derman se entrevist(cid:243) con el Sr. Markku M(cid:246)tt(cid:246)nen, periodista de la cadena de radio finlandesa YLE. El 20 de octubre, el Sr. Bernard Stasi, MØdiateur de la RØpubli- que, y el Sr. S(cid:246)derman ofrecieron una rueda de prensa con- junta con ocasi(cid:243)n de la visita a Estrasburgo del Defensor del Pueblo francØs. El 20 de octubre, el Sr. Olivier Verheecke concedi(cid:243) una entre- vista a la cadena de radio belga RTBF para el programa Radio 21. Ese mismo d(cid:237)a, el Sr. S(cid:246)derman concedi(cid:243) una entrevista al peri(cid:243)dico suecofinØs Hufvudstadsbladet. El d(cid:237)a 5 de noviembre, la TØlØvision Suisse Romande realiz(cid:243) un programa sobre el trabajo del Defensor del Pueblo Europeo, en el que incluy(cid:243) una entrevista realizada al Sr. S(cid:246)derman en Estrasburgo. El 10 de noviembre, el Sr. S(cid:246)derman concedi(cid:243) una entrevista a la cadena de televisi(cid:243)n finlandesa YLE sobre «La Europa de los ciudadanos». El 18 de noviembre, el Sr. S(cid:246)derman fue entrevistado por la revista francesa Investir Magazine. El Sr. Jakob Vinde entrevist(cid:243) al Sr. S(cid:246)derman para el peri(cid:243)dico mensual de la Comisi(cid:243)n, Europa, el 19 de noviembre. El 20 de noviembre, el Sr. S(cid:246)derman se entrevist(cid:243) con el Sr. Brandon Mitchener para el Wall Street Journal. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/159 ANEXOS ANEXO A ESTAD˝STICAS RELATIVAS AL TRABAJO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DURANTE EL PER˝ODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998 1. ASUNTOS TRAMITADOS EN 1998 1. 1. Nœmero total de asuntos tramitados en 1998 (cid:151) reclamaciones e investigaciones no archivadas a 31 de diciembre de 1997 (cid:151) reclamaciones recibidas en 1998 (cid:151) investigaciones de oficio iniciadas por el Defensor del Pueblo 1. 2. ExÆmenes sobre admisibilidad/inadmisibilidad 1. 3. Clasificaci(cid:243)n de las reclamaciones 1. 3. 1. En funci(cid:243)n del Æmbito de competencias del Defensor del Pueblo Europeo (cid:151) dentro del Æmbito de competencias (cid:151) fuera del Æmbito de competencias 1. 3. 2. Causas que las sitœan fuera del Æmbito de competencias (cid:151) demandante no capacitado para presentar una reclamaci(cid:243)n (cid:151) reclamaci(cid:243)n no dirigida contra una instituci(cid:243)n u (cid:243)rgano comunitario (cid:151) reclamaciones que no guardan relaci(cid:243)n con casos de mala administraci(cid:243)n (cid:151) reclamaciones dirigidas contra el Tribunal de Justicia o el Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales 1. 3. 3. AnÆlisis de las reclamaciones comprendidas en el Æmbito de competencias R e c l a m a c i o n e s a d m i s i b l e s (cid:151) investigaciones abiertas (cid:151) ausencia de razones para abrir la investigaci(cid:243)n (cid:151) tramitada o sometida a examen por la Comisi(cid:243)n de Peticiones: 9 (cid:151) otros: 33 R e c l a m a c i o n e s i n a d m i s i b l e s a c a u s a d e (cid:151) autor/objeto no patente (cid:151) superaci(cid:243)n del plazo (1) De las que 3 son iniciativas de oficio iniciadas por el Defensor del Pueblo y 199 corresponden a reclamaciones admisibles. 1 617 244 (1) 1 372 1 93 % 411 (31 %) 911 (69 %) 18 844 46 3 212 170 42 199 67 6 C 300/160 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 (cid:151) omisi(cid:243)n de las gestiones administrativas previas (cid:151) tramitaci(cid:243)n o resoluci(cid:243)n por un tribunal (cid:151) no agotamiento de las posibilidades internas en asuntos de personal 2. INVESTIGACIONES ABIERTAS EN 1998 (170 reclamaciones admisibles y una por iniciativa de oficio del Defensor del Pueblo) 2. 1. Instituciones y (cid:243)rganos objeto de investigaci(cid:243)n (1) (cid:151) Comisi(cid:243)n Europea (cid:151) Parlamento Europeo (cid:151) Consejo de la Uni(cid:243)n Europea (cid:151) otros (cid:151) Agencia Europea de Evaluaci(cid:243)n de Medicamentos: 1 (cid:151) Tribunal de Justicia: 1 (cid:151) Tribunal de Cuentas: 1 (cid:151) Centro de Traducci(cid:243)n de los (cid:211)rganos de la Uni(cid:243)n: 1 (cid:151) Agencia Europea del Medio Ambiente: 2 (cid:151) ComitØ de las Regiones de la Uni(cid:243)n Europea: 1 (cid:151) Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas: 2 2. 2. Tipo de mala administraci(cid:243)n imputada (En algunos casos se alegan dos tipos distintos de mala administraci(cid:243)n) (cid:151) ausencia o denegaci(cid:243)n de informaci(cid:243)n, falta de transparencia (cid:151) negligencia (cid:151) discriminaci(cid:243)n (cid:151) procedimientos, derecho de defensa (cid:151) agravio comparativo, abuso de poder (cid:151) demora injustificada (cid:151) incumplimiento de obligaciones (art(cid:237)culo 169) (cid:151) error de Derecho (cid:151) otros 97 17 12 171 129 (75 %) 27 (16 %) 7 (4 %) 9 (5 %) 69 (30 %) 38 (16 %) 29 (13 %) 25 (11 %) 21 (9 %) 17 (7 %) 11 (5 %) 7 (3 %) 14 (6 %) (1) Algunos casos afectan a dos o mÆs instituciones u (cid:243)rganos. Las instituciones u (cid:243)rganos mencionados a continuaci(cid:243)n son el objeto de la iniciativa de oficio relativa al c(cid:243)digo de buena conducta administrativa: Parlamento Europeo, Consejo de la Uni(cid:243)n Europea, Comisi(cid:243)n Europea, Tribunal de Cuentas Europeo, ComitØ Econ(cid:243)mico y Social de las Comunidades Europeas, ComitØ de las Regiones de la Uni(cid:243)n Europea, Banco Europeo de Inversiones, Banco Central Europeo, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formaci(cid:243)n Profesional, Fundaci(cid:243)n Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, Agencia Europea del Medio Ambiente, Agencia Europea de Evaluaci(cid:243)n de Medicamentos, Oficina de Armonizaci(cid:243)n del Mercado Interior, Fundaci(cid:243)n Europea para la Formaci(cid:243)n, Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicoman(cid:237)as, Centro de Traducci(cid:243)n de los (cid:211)rganos de la Uni(cid:243)n, Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. DECISIONES DE ARCHIVO DE UNA RECLAMACI(cid:211)N O DE TERMINACI(cid:211)N DE UNA INVESTIGACI(cid:211)N 3. 1. Reclamaciones ajenas al Æmbito de competencias (cid:151) remitidas: (cid:151) al Parlamento Europeo, como petici(cid:243)n (cid:151) a defensores del pueblo nacionales (cid:151) se aconsej(cid:243) a 600 demandantes que recurriera a otro (cid:243)rgano: (cid:151) defensor del pueblo nacional o regional o petici(cid:243)n al Parlamento nacional (cid:151) petici(cid:243)n al Parlamento Europeo (cid:151) Comisi(cid:243)n Europea (cid:151) Tribunal de Justicia (cid:151) otros 3. 2. Reclamaciones comprendidas en el Æmbito decompetencias, pero inadmisibles 3. 3. Reclamaciones comprendidas en el Æmbito de competencias y admisibles, pero ausencia de razones para abrir una investigaci(cid:243)n 3. 4. Investigaciones terminadas con una decisi(cid:243)n motivada (La investigaci(cid:243)n puede terminarse por una o mÆs de las razones indicadas) (cid:151) no se constat(cid:243) mala administraci(cid:243)n (cid:151) con un comentario cr(cid:237)tico dirigido a la instituci(cid:243)n (cid:151) resueltas por la instituci(cid:243)n (cid:151) soluci(cid:243)n amistosa (cid:151) constataci(cid:243)n de mala administraci(cid:243)n con proyectos de recomendaciones (cid:151) otros 4. INFORMACI(cid:211)N REFERENTE A LAS RECLAMACIONES REGISTRADAS EN 1998 4. 1. Procedencia de las reclamaciones (cid:151) enviadas directamente al Defensor del Pueblo (cid:151) por ciudadanos particulares: 1 237 (cid:151) por empresas: 60 (cid:151) por asociaciones: 63 (cid:151) transmitidas por un diputado del Parlamento Europeo (cid:151) peticiones remitidas al Defensor del Pueblo Europeo C 300/161 1 337 911 10 7 259 80 154 1 106 199 42 185 (1) 96 (2) 29 51 (2) 4 1 9 (3) 1 360 9 3 (1) De las que dos fueron por iniciativa de oficio del Defensor del Pueblo. (2) De las que una fue por iniciativa de oficio del Defensor del Pueblo. (3) En cuatro casos, el Defensor del Pueblo termin(cid:243) su investigaci(cid:243)n porque la cuesti(cid:243)n objeto de la reclamaci(cid:243)n tambiØn entraba dentro del Æmbito de competencias del Tribunal de Cuentas, que estaba tramitÆndola; en dos casos, porque la Comisi(cid:243)n de peticiones del Parlamento Europeo estaba tramitando el asunto; y en dos casos mÆs, de conformidad con el apartado 7 del art(cid:237)culo 2 del Estatuto del Defensor del Pueblo, porque estaban en curso procedimientos legales. C 300/162 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 4. 2. Origen geogrÆfico de las reclamaciones Pa(cid:237)s Numero de reclamaciones % de las reclamaciones recibidas % de la poblaci(cid:243)n de la Uni(cid:243)n Europea Alemania Reino Unido Francia Italia Espaæa Pa(cid:237)ses Bajos Grecia BØlgica Portugal Suecia Austria Dinamarca Finlandia Irlanda Luxemburgo Otros 148 111 196 188 197 61 45 105 69 28 18 23 52 35 19 77 11 8 14 14 14 4 3 8 5 2 1 2 4 3 1 6 21,9 15,7 15,6 15,4 10,6 4,1 2,8 2,7 2,6 2,4 2,1 1,4 1,3 0,9 0,1 (cid:151) 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/163 ANEXO B PRESUPUESTO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO El art(cid:237)culo 12 del Reglamento financiero de las Comunidades Europeas establece que el Defensor del Pueblo debe trasmitir cada aæo al Parlamento Europeo, antes del 1 de mayo, las previsiones de ingresos y gastos para el ejercicio siguiente. El Estatuto del Defensor del Pueblo Europeo establece que el presupuesto del Defensor del Pueblo figure como anexo de la secci(cid:243)n 1 (Parlamento Europeo) del presupuesto general de las Comunidades Europeas, que se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los sueldos, dietas y otros gastos de personal se recogen en el t(cid:237)tulo 1 del presupuesto. Este t(cid:237)tulo comprende, asimismo, los costes de las misiones. El t(cid:237)tulo 2 del presupuesto cubre los inmuebles, el material y los gastos de funcionamiento. El t(cid:237)tulo 3 constituye una sola partida, de 2 000 ecus, de la que se pagan las suscripciones a las organizaciones internacionales de defensores del pueblo. Para evitar duplicaciones innecesarias de personal administrativo y tØcnico, el Parlamento Europeo presta muchos de los servicios que requiere el Defensor del Pueblo, o facilita su intermediaci(cid:243)n para ello, segœn los tØrminos del Acuerdo marco sobre cooperaci(cid:243)n entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo Europeo de 22 de octubre de 1995. Dicho Acuerdo marco se completa con los Acuerdos sobre cooperaci(cid:243)n administrativa y cooperaci(cid:243)n presupuestaria y financiera, firmados el 12 de octubre de 1995. Cuando los servicios prestados al Defensor del Pueblo entraæaron gastos directos adicionales para el Parlamento, se hizo por lo general una imputa- ci(cid:243)n en 1998 y el pago se realiz(cid:243) por medio de la cuenta de enlace. El alquiler de edificios y los servicios de traducci(cid:243)n son las partidas mÆs volumi- nosas tratadas de este modo. A partir de principios de 1998, el organigrama del Defensor del Pueblo se compon(cid:237)a de 17 puestos, uno mÆs que a finales de 1997. Todos los pues- tos son temporales. El importe total de los crØditos disponibles en el presupuesto del Defensor del Pueblo para 1998 fue de 2 777 178 ecus. El t(cid:237)tulo 1 (Gastos relativos a las personas vinculadas a la instituci(cid:243)n) ascendi(cid:243) a 2 003 178 ecus. El t(cid:237)tulo 2 (Inmuebles, material y gastos de funcionamiento) ascendi(cid:243) a 772 000 ecus. Durante el aæo se transfirieron crØditos adicionales por valor de 201 000 ecus de la reserva para imprevistos del Parlamento Europeo. Por lo tanto, la cifra final de crØditos disponibles en 1998 fue de 2 978 178 ecus. En el cuadro siguiente se indican los gastos efectivos de 1998 en tØrminos de crØditos disponibles comprometidos. T(cid:237)tulo 1 T(cid:237)tulo 2 T(cid:237)tulo 3 2 081 548 ECU 657 224 ECU 888 ECU Total 2 739 660 ECU Los ingresos consisten en retenciones efectuadas sobre las retribuciones del Defensor del Pueblo y sus colaboradores. En tØrminos de los pagos recibi- dos, en 1998 los ingresos totales fueron de 264 421 ecus. Presupuesto para 1999 El presupuesto para 1999, preparado en 1998, prevØ un organigrama de 23 puestos, lo que supone un incremento de seis respecto al organigrama de 1998. Los crØditos para tres de los puestos se han incluido en la reserva. Los crØditos totales para 1998 son de 3 474 797 ecus. El 2 665 797 ecus. El t(cid:237)tulo 2 (Inmuebles, material y gastos de funcionamiento) supone 807 000 ecus. El t(cid:237)tulo 3 representa 2 000 ecus. t(cid:237)tulo 1 (Gastos relativos a las personas vinculadas a la instituci(cid:243)n) asciende a El presupuesto para 1999 contempla unos ingresos totales (retenciones efectuadas sobre las retribuciones del Defensor del Pueblo y sus colaboradores) de 357 140 ecus. Las previsiones del presupuesto de 1999 se prepararon de acuerdo con los servicios responsables del Parlamento, suponiendo que los actuales Acuer- dos sobre cooperaci(cid:243)n seguir(cid:237)an estando vigentes durante todo el aæo 1999. El presupuesto para 1999 tambiØn incluye un «gasto de gesti(cid:243)n» C 300/164 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 de 156 000 ecus para cubrir el coste que supone al Parlamento Europeo el que su personal emplee tiempo en prestar servicios como la administra- ci(cid:243)n de los contratos, salarios y dietas, y diversos servicios informÆticos. La inclusi(cid:243)n del gasto de gesti(cid:243)n es una mejora mÆs en la transparencia del presupuesto, pero no implica que los costes de 1999 sean superiores a los de 1998. El presupuesto para 1999, como el de aæos anteriores, se ha preparado en forma de anexo del presupuesto del Parlamento Europeo, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Por lo tanto, el presupuesto no contiene ninguna reserva aparte para imprevistos, ya que, si es preciso, el Defen- sor del Pueblo puede solicitar una transferencia de la reserva para imprevistos del Parlamento, como se hizo en 1996 y 1998. 18. 10. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 300/165 ANEXO C COLABORADORES DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO Jacob S(cid:246)derman SECRETAR˝A DEL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO Ian Harden Responsable de la Secretar(cid:237)a Tel. (33-3) 88 17 23 84 Peter Dyrberg Consejero jur(cid:237)dico principal Antena de Bruselas, EAS/104 Tel. (32-2) 284 20 03 JosØ Mart(cid:237)nez Arag(cid:243)n Consejero jur(cid:237)dico principal Tel. (33-3) 88 17 24 01 Olivier Verheecke Jurista Tel. (33-3) 88 17 53 46 Vicky Kloppenburg Jurista Antena de Bruselas, EAS/124 (desde el 1. 4. 1998) Tel. (32-2) 284 25 42 Benita Broms Jurista Tel. (33-3) 88 17 24 23 Xavier Denoºl Becario (hasta el 31. 1. 1998) Jurista adjunto (desde el 1. 2. 1998) Tel. (33-3) 88 17 24 22 Ida Palumbo Becario (hasta el 31. 1. 1998) Jurista adjunto (desde el 1. 2. 1998) Agente temporal (desde el 23. 5. 1998) Tel. (33-3) 88 17 23 85 Alessandro Del Bon Becario (desde el 1. 3. 1998) Jurista adjunto (desde el 1. 10. 1998) Tel. (33-3) 88 17 23 82 Ilta Helkama Responsable de prensa Tel. (33-3) 88 17 23 98 Ben Hagard Responsable de comunicaciones a travØs de Internet (desde el 16. 2. 1998) Tel. (33-3) 88 17 24 24 Panayotis Thanou Responsable de finanzas (hasta el 15. 4. 1998) Alexandros Kamanis Responsable de finanzas (desde el 1. 9. 1998) Tel. (33-3) 88 17 24 03 Daniela Tirelli Asistente (hasta el 31. 3. 1998) Nathalie Christmann Asistente Tel. (33-3) 88 17 23 94 Ursula Garderet Secretaria Antena de Bruselas, EAS/103 Tel. (32-2) 284 23 00 Anna Ruscitti Secretaria Antena de Bruselas, EAS/102 Tel. (32-2) 284 63 93 Murielle Richardson Secretaria del Defensor del Pueblo Europeo (en excedencia desde el 14. 7. 1998 hasta el 4. 1. 1999) Tel. (33-3) 88 17 23 88 Isabelle Foucaud Secretaria Tel. (33-3) 88 17 23 91 Stephanie Kunze Secretaria Secretaria suplente del Defensor del Pueblo Europeo (desde el 14. 7. 1998) Tel. (33-3) 88 17 23 88 Isabelle Lecestre Secretaria adjunta (desde el 1. 3. 1998) Tel. (33-3) 88 17 24 13 Marie-AndrØe Schwoob Secretaria adjunta (desde el 1. 10. 1998) Tel. (33-3) 88 17 23 83 Patrick Schmitt Ujier (en excedencia desde el 1. 8. 1998) Charles Mebs Ujier (desde el 1. 9. 1998) Tel. (33-3) 88 17 70 93 Hanna-Mari Anttilainen Becaria (hasta el 31. 1. 1998) Henrik Leffler Becario (desde el 1. 2. 1998 hasta el 31. 7. 1998) Maria Engleson Becaria (desde el 1. 9. 1998) Tel. (33-3) 88 17 24 02 Peter Bonnor Becario (desde el 15. 9. 1998) Antena de Bruselas, EAS/105 Tel. (32-3) 284 38 97 C 300/166 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 18. 10. 1999 C(cid:211)MO PONERSE EN CONTACTO CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO ESTRASBURGO (cid:151) Por correo Defensor del Pueblo Europeo 1, av. du PrØsident Robert Schuman BP 403 F-67001 Strasbourg Cedex (cid:151) Por telØfono (33-3) 88 17 23 13 (33-3) 88 17 23 83 (cid:151) Por fax (33-3) 88 17 90 62 (cid:151) Por correo electr(cid:243)nico euro-ombudsman@europarl. eu. int (cid:151) Direcci(cid:243)n en Internet http://www. euro-ombudsman. eu. int BRUSELAS (cid:151) Por telØfono (32-2) 284 21 80 (cid:151) Por fax (32-2) 284 49 14