title: Iniciativa de la República Federal de Alemania y de la República de Finlandia con vistas a la adopción de un Reglamento del Consejo sobre procedimientos de insolvencia, presentada al Consejo el 26 de mayo de 1999

eurovoc_concepts:
Finland
Germany
civil procedure
claim
financial solvency
liquidation

text: C 221/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 8. 1999 II (Actos jur(cid:237)dicos preparatorios) CONSEJO INICIATIVA de la Repœblica Federal de Alemania y de la Repœblica de Finlandia con vistas a la adopci(cid:243)n de un Reglamento del Consejo sobre procedimientos de insolvencia, presentada al Consejo el 26 de mayo de 1999 (1999/C 221/06) EL CONSEJO DE LA UNI(cid:211)N EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, la letra c) de su art(cid:237)culo 61 y el apartado 1 de su art(cid:237)culo 67, Vista la iniciativa de Alemania y Finlandia, Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1), Visto el dictamen del ComitØ Econ(cid:243)mico y Social (2), Considerando lo siguiente: (1) La Uni(cid:243)n Europea persigue el objetivo de crear una zona de libertad, seguridad y justicia. (2) El buen funcionamiento del mercado interior exige mejo- rar y acelerar los procedimientos de insolvencia que ten- gan respercusiones transfronterizas y la adopci(cid:243)n del pre- sente Reglamento es necesaria para alcanzar dicho obje- tivo. (3) Se trata de un objetivo que corresponde al Æmbito de cooperaci(cid:243)n judicial en materia civil con arreglo al ar- t(cid:237)culo 65 del Tratado. (4) Las actividades empresariales tienen cada vez mÆs reper- cusiones transfronterizas por lo que cada vez con mayor frecuencia estÆn siendo reguladas por la legislaci(cid:243)n comu- nitaria. Si bien es cierto que la quiebra de dichas empresas afecta al buen funcionamiento del mercado internacional, es necesario un acto comunitario que permita coordinar las medidas que deberÆn adoptarse respecto del activo del deudor insolvente. en busca de una posici(cid:243)n jur(cid:237)dica mÆs favorable (forum shopping). (6) Por consiguiente, esos objectivos no pueden alcanzarse de forma suficiente a nivel nacional, por lo que estÆ justifi- cada una acci(cid:243)n a nivel comunitario. (7) Con arreglo al principio de proporcionalidad, el presente Reglamento se limita a unas disposiciones que regulan la competencia para la apertura de procedimientos de insol- vencia y para decisiones emanadas directamente de dichos procedimientos, con los que estÆn en estrecha relaci(cid:243)n. Asimismo, el presente Reglamento contiene disposiciones relativas al reconocimiento de esas decisiones y al Derecho aplicable, decisiones que satisfacen igualmente dicho prin- cipo. (8) Los procedimientos de insolvencia relativos a la liquida- ci(cid:243)n de empresas insolventes u otras personas jur(cid:237)dicas, los convenios y los demÆs procedimientos anÆlogos estÆn excluidos del Æmbito de aplicaci(cid:243)n del Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecuci(cid:243)n de resoluciones en materia civil y mercantil (3) por los Convenios de adhesi(cid:243)n a dicho Convenio (4). (9) Para alcanzar el objetivo de mejorar y acelerar los proce- dimientos de insolvencia con repercusiones transfronteri- zas es necesario y oportuno que las disposiciones sobre competencia judicial, reconocimiento y Derecho aplicable en este Æmbito se recojan en un instrumento legal comu- nitario vinculante y directamente aplicable en los Estados miembros. (10) El presente Reglamento serÆ igualmente aplicable a todos los procedimientos, independientemente de que el deudor sea una persona f(cid:237)sica o jur(cid:237)dica, un comerciante o un particular. Los procedimientos de insolvencia relativos a empresas de seguros, entidades de crØdito, organismos de inversi(cid:243)n que posean fondos o valores negociables de terceros y organismos de inversi(cid:243)n colectiva estÆn exclui- dos del Æmbito de aplicaci(cid:243)n del presente Reglamento. (5) Para el buen funcionamiento del mercado interior, es ne- cesario evitar que las partes encuentren incentivos para transferir bienes o litigios de un Estado miembro a otro, (1) Dictamen emitido el (2) Dictamen emitido el. (no publicado aœn en el Diario Oficial). (no publicado aœn en el Diario Oficial) (3) DO L 299 de 31. 12. 1972, p. 32. (4) DO L 204 de 2. 8. 1975, p. 28. DO L 304 de 30. 10. 1978, p. 1. DO L 388 de 31. 12. 1982, p. 1. DO L 285 de 3. 10. 1989, p. 1. DO C 15 de 15. 1. 1997, p. 1. 3. 8. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 221/9 Dichos organismos no estÆn contemplados en el Regla- mento dado que estÆn sujetos a reg(cid:237)mes especiales y que, en parte, las autoridades nacionales de control dispo- nen de amplias competencias de intervenci(cid:243)n. (11) El presente Reglamento acepta el hecho de que, para una amplia serie muy diferenciada de casos legales, apenas es practicable un procedimiento œnico de insolvencia con validez universal para toda la Comunidad. La aplicaci(cid:243)n sin excepciones del Derecho del Estado en que se incoa el procedimiento llevar(cid:237)a con frecuencia, dada esta circuns- tancia, a situaciones dif(cid:237)ciles. Esto puede aplicarse, por ejemplo, a las muy diferentes normativas en materia de garant(cid:237)as que pueden encontrarse en la Comunidad. Pero tambiØn los privilegios que los deudores concretos recla- man para s(cid:237) mismos en el procedimiento de insolvencia tienen en gran parte una configuraci(cid:243)n totalmente dife- rente. El Reglamento pretende tenerlo en cuenta mediante dos v(cid:237)as: por una parte, se contemplan v(cid:237)nculos especiales para derechos de especial importancia (por ejemplo, dere- chos reales y contratos de trabajo); por otra parte, se autorizan, junto a un procedimiento principal de insolven- cia con validez universal, procedimientos nacionales que abarcan exclusivamente los bienes situados en el pa(cid:237)s en el que se incoa el procedimiento. (12) El paralelismo entre el procedimiento principal de insol- vencia -reconocido en los demÆs Estados miembros- y el procedimiento secundario, que permite a los deudores en otro Estado miembro invocar un instrumento local para salvaguardar sus intereses, impide una centralizaci(cid:243)n ex- cesivamente r(cid:237)gida. Unas disposiciones imperativas de coordinaci(cid:243)n con el procedimiento principal garantizarÆn la necesaria unidad dentro de la Comunidad. (13) Los procedimientos de insolvencia pueden abrirse en el Estado miembro donde el deudor tiene el centro de inte- reses principal. El procedimiento principal tiene alcance universal. Pretende abarcar todos los bienes del deudor a escala mundial y afectar a todos los acreedores donde quiera que se encuentren. Como centro de intereses prin- cipal se designa el lugar con el que el deudor mantiene regularmente las relaciones mÆs estrechas en el que se concentran sus diversos contactos de negocios y en el que se encuentra la mayor(cid:237)a de las veces la parte mÆs importante de sus bienes. Este lugar es igualmente bien conocido por los acreedores. (14) Las normas de competencia del presente Reglamento s(cid:243)lo fijan la competencia internacional, es decir, designan al Estado miembro contratante cuyos tribunales pueden abrir un procedimiento de insolvencia. La competencia territo- rial interna dentro de ese Estado debe ser determinada por su Derecho nacional. (15) La regla de competencia internacional del apartado 1 del art(cid:237)culo 3 faculta al tribunal competente para abrir el procedimiento principal de insolvencia, para ordenar me- didas provisionales y cautelares desde el momento mismo de solicitud de apertura del procedimiento. Las medidas cautelares y provisionales, ya sean anteriores o posteriores al inicio del procedimiento de insolvencia, son muy im- portantes para garantizar la eficacia del mismo. El pre- sente Reglamento contempla a este respecto dos posibili- dades. Por una parte, el tribunal competente para el pro- cedimiento principal de insolvencia puede tambiØn dispo- ner acerca de los bienes situados en el extranjero. Res- pecto de dichos bienes puede disponerse con arreglo al pÆrrafo tercero del apartado 1 del art(cid:237)culo 25. Por otra parte, el s(cid:237)ndico provisional de insolvencia designado con anterioridad al procedimiento principal puede solicitar, en el Estado en que se encuentre un establecimiento del deu- dor y en el que Øste desea iniciar un procedimiento se- cundario de insolvencia, las medidas de seguridad posibles con arreglo al Derecho de dicho Estado (art(cid:237)culo 38). (16) El derecho a solicitar la apertura de procedimientos terri- toriales independientes estÆ limitado a los acreedores lo- cales y a los acreedores de establecimientos locales o a los casos en que el procedimiento principal no puede incoarse con arreglo al Derecho del Estado miembro en el que el deudor tiene su centro de intereses principal. El motivo de esta limitaci(cid:243)n de procedimientos particulares indepen- dientes es que dichos procedimientos deben limitarse a lo indispensable. (17) Pueden darse casos en que los bienes del deudor sean demasiados complejos para ser administradores unitaria- mente, en que las diferencias en el sistema legal en cues- ti(cid:243)n sean tan grandes que puedan surgir dificultades de- bido a la ampliaci(cid:243)n de los efectos emanados de la legis- laci(cid:243)n del Estado de la apertura a los demÆs Estados en que estØn situados los activos. Por este motivo, el s(cid:237)ndico del procedimiento principal podrÆ solicitar la apertura de procedimiento secundario si la administraci(cid:243)n eficaz de los bienes as(cid:237) lo requiriera. (18) Sin embargo, el procedimiento principal y los procedi- mientos particulares de insolvencia s(cid:243)lo podrÆn contribuir a una liquidaci(cid:243)n eficiente de la masa de insolvencia si los procedimientos paralelos pendientes estÆn coordinados. A este respecto, una condici(cid:243)n esencial es la estrecha cola- boraci(cid:243)n de los diferentes s(cid:237)ndicos, que debe suponer, en particular, un intercambio suficiente de informaci(cid:243)n. Para asegurar el papel predominante del procedimiento princi- pal de insolvencia se ofrecen al s(cid:237)ndico de dicho procedi- miento varias posibilidades de intervenci(cid:243)n en procedi- mientos simultÆneos secundarios. Por ejemplo, puede so- licitar la apertura de un procedimiento de esta (cid:237)ndole, proponer un plan de saneamiento o convenio, o bien solicitar el aplazamiento de la liquidaci(cid:243)n de la masa en el procedimiento secundario de insolvencia. (19) Cualquier acreedor, independientemente de d(cid:243)nde estØ do- miciliado dentro de la Comunidad, tiene el derecho de notificar sus pretensiones sobre el partrimonio del deudor en todos los procedimientos de insolvencia pendientes en la Comunidad. Esto es tambiØn vÆlido para las autoridades fiscales y para los organismos de seguridad social. No obstante, en interØs de la igualdad de trato de los acree- dores, debe coordinarse la distribuci(cid:243)n del activo liqui- dado. Cada acreedor deberÆ conservar lo que haya reci- bido en el marco de un procedimiento de insolvencia, pero s(cid:243)lo podrÆ participar en el reparto de la masa en otro procedimiento cuando los acreedores del mismo rango hayan obtenido el mismo porcentaje de sus preten- siones. De este modo deberÆ establecerse un cuadro gene- ral consolidado de las cuotas para la Comunidad. C 221/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 8. 1999 (20) El presente Reglamento establece un reconocimiento in- mediato de las decisiones relativas a la apertura, desarrollo y terminaci(cid:243)n de los procedimientos de insolvencia que entran en su Æmbito de aplicaci(cid:243)n y de las decisiones pronunciadas en relaci(cid:243)n directa con dicho procedimiento de insolvencia. El reconocimiento automÆtico tiene por consecuencia que los efectos que el Derecho del Estado de la apertura del procedimiento produce en el procedi- miento se extienden a todos los demÆs Estados. El reco- nocimiento de las decisiones pronunciadas por los (cid:243)rga- nos jurisdiccionales de los Estados miembros debe reposar en el principio de la confianza mutua. A este respecto, los motivos de no reconocimiento se reducen al m(cid:237)nimo ne- cesario. TambiØn deberÆ solventarse con arreglo a este principio el conflicto que se produce cuando los tribuna- les de dos Estados miembros se consideran competentes para incoar un procedimiento principal de insolvencia. La decisi(cid:243)n del tribunal que lo inicie en primer lugar deberÆ ser reconocida en los otros Estados miembros, que no la decisi(cid:243)n de estarÆn autorizados a someter a control dicho tribunal. (21) El presente Reglamento establece, para las materias que entran en su Æmbito de aplicaci(cid:243)n, normas uniformes de conflicto sobre la ley aplicable que sustituyen a las normas de Derecho internacional privado nacionales. El tØrmino «ley aplicable» se refiere, en el presente Reglamento, al Derecho interno del Estado miembro, con exclusi(cid:243)n de sus normas de Derecho internacional privado. Salvo dis- posici(cid:243)n en contrario, es de aplicaci(cid:243)n la ley del Estado miembro contratante de apertura del procedimiento (lex concursus). Esta norma de conflicto opera tanto en los procedimientos principales como en los territoriales. La lex concursus determina todos los efectos del procedimiento de insolvencia, tanto procesales como materiales, sobre las personas y las relaciones jur(cid:237)dicas implicadas, y regula todas las condiciones para la apertura, desarrollo y termi- naci(cid:243)n del procedimiento de insolvencia. (22) El reconocimiento automÆtico de un procedimiento de insolvencia, en el que por lo general es de aplicaci(cid:243)n la ley del Estado de apertura de dicho procedimiento, puede interferir en las normas con arreglo a las que se realizan las operaciones mercantiles en dichos Estados miembros. Con el fin de proteger las expectativas leg(cid:237)timas y la se- guridad de las operaciones en Estados miembros distintos de aquel en el que se inicia el procedimiento, el presente Reglamento establece una serie de excepciones a la norma general a que se hace referencia en los art(cid:237)culos 5 a 15. (23) Un requerimiento particular de una conexi(cid:243)n divergente de la ley del Estado en el que se abre el procedimiento existe para los derechos reales, puesto que Østos son de considerable importancia para la concesi(cid:243)n de crØditos. El fundamento, la validez y el alcance de dichos derechos reales se determinan por ello con arreglo al Derecho del lugar de establecimiento y no se ven afectados por la incoaci(cid:243)n del procedimiento de insolvencia. El poseedor del derecho real puede as(cid:237) seguir haciendo valer su dere- cho a la detracci(cid:243)n y separaci(cid:243)n del objeto de la garant(cid:237)a. Cuando, con arreglo a la ley del Estado de establecimiento, pueden tambiØn incluirse en un procedimiento de insol- vencia los derechos reales, el s(cid:237)ndico puede solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia secundario, siempre que el deudor tenga all(cid:237) un establecimiento. Si no se abre dicho procedimiento secundario particular, el ob- jeto en cuesti(cid:243)n se ve sujeto al embargo universal por insolvencia del procedimiento principal, de modo que en el caso de enajenaci(cid:243)n del objeto de la garant(cid:237)a el rema- nente del producto de la venta debe aæadirse a la masa. (24) Si con arreglo al Derecho del Estado de la apertura no estÆ autorizada la compensaci(cid:243)n, el acreedor tendrÆ igual- mente derecho a dicha compensaci(cid:243)n, si Østa es posible segœn la ley aplicable al crØdito del deudor insolvente. De la compensaci(cid:243)n adquiere una funci(cid:243)n de esta forma, garant(cid:237)a sobre la base de disposiciones legales en las que el acreedor puede confiar en la fecha de la aparici(cid:243)n del crØdito. (25) Existe tambiØn una necesidad especial de protecci(cid:243)n en el caso de los sistemas de pago y de los mercados financie- ros. Esto es aplicable, por ejemplo, a los contratos de liquidaci(cid:243)n y a los acuerdos de compensaci(cid:243)n, as(cid:237) como a las cesiones de valores y a las garant(cid:237)as ofrecidas como compensaci(cid:243)n de estas operaciones, tal como establece la Directiva 98/26/CE del Consejo, de 19 de mayo de 1998, sobre la firmeza de la liquidaci(cid:243)n en los sistemas de pago y de liquidaci(cid:243)n de valores (1). Para estas operaciones s(cid:243)lo deberÆ ser determinante el Derecho aplicable al sistema y al mercado en cuesti(cid:243)n. Con esta disposici(cid:243)n podrÆ evi- tarse que, en caso de insolvencia de un socio, puedan modificarse los mecanismos previstos para los sistemas de pagos y liquidaciones de operaciones y para los mer- cados financieros regulados de los Estados miembros. Para una parte de la Directiva 98/26/CE contiene disposiciones especiales que prevalecen sobre la normativa general del presente Reglamento. casos mencionados, los (26) En lo que se refiere a la protecci(cid:243)n de los trabajadores y de las relaciones laborales, los efectos del procedimiento de insolvencia sobre la continuaci(cid:243)n o conclusi(cid:243)n de di- chas relaciones, as(cid:237) como sobre los derechos y obligacio- nes de todas las partes implicadas en dichas relaciones, deberÆn regularse mediante el Derecho aplicable a los contratos con arreglo a las normas generales de conflicto. Otras cuestiones del derecho relativo a la insolvencia, como la posible protecci(cid:243)n de los derechos de los traba- jadores mediante un privilegio, o la de cuÆl ha de ser el rango de dicho privilegio en su caso, se determinarÆn con arreglo al Derecho del Estado de apertura del procedi- miento. (27) En interØs de los flujos comerciales, el contenido esencial de la decisi(cid:243)n relativa a la apertura de un procedimiento deberÆ notificarse a los demÆs Estados miembros, a peti- ci(cid:243)n del s(cid:237)ndico. Si en el Estado de que se trate se encuen- tra un establecimiento, podrÆ disponerse la notificaci(cid:243)n obligatoria. La notificaci(cid:243)n no es, sin embargo, en nin- guno de ambos casos, condici(cid:243)n para el reconocimiento del procedimiento en otro pa(cid:237)s. (1) DO L 166 de 11. 6. 1998, p. 45. 3. 8. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 221/11 (28) Puede darse el caso de que algunas de las personas afec- tadas no tengan efectivamente conocimiento de la aper- tura del procedimiento y actœen de buena fe en contra- dicci(cid:243)n con la nueva situaci(cid:243)n de hecho. En protecci(cid:243)n de esas personas que, en desconocimiento de la apetura del proceso en otro pa(cid:237)s, satisfacen prestaciones al deudor, cuando en realidad deber(cid:237)an haberlas satisfecho al s(cid:237)ndico del otro pa(cid:237)s, el presente Reglamento dispone el efecto liberador de la deuda respecto de quien satisface la pres- taci(cid:243)n o efectœa el pago. (29) El presente Reglamento contiene unos anexos relativos a la organizaci(cid:243)n del procedimiento de insolvencia con arre- glo al Derecho interno de los Estados miembros. El Con- sejo se reserva el derecho de modificar dichos anexos, a fin de poder responder a posibles modificaciones del De- recho interno de los Estados miembros. (30) De conformidad con los art(cid:237)culos 1 y 2 del Protocolo sobre la posici(cid:243)n del Reino Unido e Irlanda, anexado por el Tratado de Amsterdam al Tratado de la Uni(cid:243)n Europea y al Tratado Constitutivo de la Comunidad Euro- pea, dichos Estados miembros no participarÆn en la adop- ci(cid:243)n del presente Reglamento. En consecuencia, el pre- sente Reglamento no vincula al Reino Unido ni a Irlanda y no es de aplicaci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con estos Estados, salvo si ellos ejercen sus respectivos derechos en virtud de los art(cid:237)culos 3 y 4 de dicho Protocolo. (31) De conformidad con los art(cid:237)culos 1 y 2 del Protocolo sobre la posici(cid:243)n de Dinamarca, anexado por el Tratado de Amsterdam al Tratado de la Uni(cid:243)n Europea y al Tra- tado Constitutivo de la Comunidad Europea, este Estado miembro no participarÆ en la adopci(cid:243)n del presente Re- glamento. En consecuencia, el presente Reglamento no vincula a Dinamarca y no es de aplicaci(cid:243)n en relaci(cid:243)n con este Estado, salvo si dicho Estado miembro informa al Consejo con arreglo a lo dispuesto en el art(cid:237)culo 7 de dicho Protocolo manifestando su voluntad de no conti- nuar acogiØndose a la totalidad o a la parte relevante de dicho Protocolo, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: CAP˝TULO I DISPOSICIONES GENERALES Art(cid:237)culo 1 `mbito de aplicaci(cid:243)n 1. El presente Reglamento se aplicarÆ a los procedimientos colectivos fundados en la insolvencia del deudor que impliquen el desapoderamiento parcial o total de este œltimo y el nom- bramiento de un s(cid:237)ndico. El presente Reglamento no se aplicarÆ a los procedimien- 2. tos de insolvencia relativos a las empresas de seguros y a las entidades de crØdito, ni a las empresas de inversi(cid:243)n que presten servicios que impliquen la posesi(cid:243)n de fondos o de valores negociables de terceros, ni a los organismos de inversi(cid:243)n co- lectiva. Art(cid:237)culo 2 Definiciones A efectos del presente Reglamento se entenderÆ por: a) «procedimiento de insolvencia»: uno de los procedimientos colectivos contemplados en el apartado 1 del art(cid:237)culo 1. La lista de dichos procedimientos figura en el anexo A, que forma parte integrante del presente Reglamento; b) «s(cid:237)ndico»: cualquier persona u (cid:243)rgano cuya funci(cid:243)n consista en administrar o liquidar la masa o supervisar la gesti(cid:243)n de los negocios del deudor. En el anexo C, que forma parte integrante del Reglamento, figura la lista de dichas personas u (cid:243)rganos; c) «procedimiento de liquidaci(cid:243)n»: el procedimiento de insol- vencia del apartado 1 del art(cid:237)culo 1 que implica la liquida- ci(cid:243)n de los bienes del deudor, incluidos los casos en los que el procedimiento se termina bien a consecuencia de un convenio o de otras medidas que pongan fin a la insolvencia del deudor, bien a causa de la insuficiencia del activo. Estos procedimientos se enumeran en el anexo B, que forma parte integrante del presente Reglamento; d) «tribunal»: el (cid:243)rgano judicial o cualquier otra autoridad com- petente de un Estado miembro habilitados para abrir un procedimiento de insolvencia o para adoptar decisiones en el curso del procedimiento; e) «decisi(cid:243)n»: en relaci(cid:243)n con la apertura de un procedimiento de insolvencia o el nombramiento de un s(cid:237)ndico, la decisi(cid:243)n de cualquier tribunal competente para abrir un procedi- miento o para nombrar a un s(cid:237)ndico; f) «momento de apertura del procedimiento»: el momento a la decisi(cid:243)n de apertura produzca efectos, partir del cual independientemente de que la decisi(cid:243)n sea o no definitiva; g) «Estado miembro en el que se encuentre un bien»: (cid:151) para los bienes materiales, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el bien, (cid:151) para los bienes y derechos cuya propiedad o titularidad deba inscribirse en un registro pœblico, el Estado miem- bro bajo cuya autoridad se lleve dicho registro, (cid:151) para los crØditos, el Estado miembro en cuyo territorio se encuentre el centro de los intereses principales de su deudor, tal como se determina en el apartado 1 del ar- t(cid:237)culo 3; h) «establecimiento»: todo lugar de operaciones en el que el deudor ejerza de forma no transitoria una actividad econ(cid:243)- mica con medios humanos y bienes. C 221/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 8. 1999 Art(cid:237)culo 3 c) las facultades respectivas del deudor y del s(cid:237)ndico; Competencia internacional 1. TendrÆn competencia para abrir el procedimiento de in- solvencia los tribunales del Estado miembro en cuyo territorio se sitœe el centro de los intereses principales del deudor. En lo que se refiere a las sociedades y personas jur(cid:237)dicas, se presu- mirÆ que el centro de los intereses principales es, salvo prueba en contrario, el lugar de su domicilio social. 2. Cuando el centro de los intereses principales del deudor se encuentre en el territorio de un Estado miembro, los tribu- nales de otro Estado miembro s(cid:243)lo serÆn competentes para abrir un procedimiento de insolvencia con respecto a ese deu- dor si Øste posee un establecimiento en el territorio de este œltimo Estado. Los efectos de dicho procedimiento se limitarÆn a los bienes del deudor situados en el territorio de dicho Estado miembro. 3. Cuando se haya abierto un procedimiento de insolvencia en aplicaci(cid:243)n del apartado 1, cualquier otro procedimiento de insolvencia que se abra con posterioridad en aplicaci(cid:243)n del apartado 2 serÆ un procedimiento secundario. Dicho procedi- miento deberÆ ser un procedimiento de liquidaci(cid:243)n. 4. Con anterioridad a un procedimiento principal de insol- vencia en aplicaci(cid:243)n del apartado 1, un procedimiento territo- rial de insolvencia basado en el apartado 2 s(cid:243)lo podrÆ abrirse en uno de los casos siguientes: a) si no puede obtenerse la apertura de un procedimiento principal de insolvencia a tenor de las condiciones estable- cidas por la ley del Estado miembro en cuyo territorio estØ situado el centro de los intereses principales del deudor; b) si la apertura del procedimiento territorial de insolvencia ha sido solicitada por un acreedor cuyo domicilio, residencia habitual o sede se encuentre en el Estado miembro en cuyo territorio se encuentra el establecimiento en cuesti(cid:243)n, o cuyo crØdito tenga su origen en la explotaci(cid:243)n de dicho establecimiento. d) las condiciones de oponibilidad de una compensaci(cid:243)n; e) f) g) los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los con- tratos en vigor en los que el deudor sea parte; los efectos de la apertura de un procedimiento de insolven- cia sobre las ejecuciones individuales con excepci(cid:243)n de los procesos en curso; los crØditos que deban cargarse al pasivo del deudor y la suerte de los crØditos nacidos despuØs de la apertura del procedimiento de insolvencia; h) las normas relativas a la presentaci(cid:243)n, examen y reconoci- miento de los crØditos; i) j) k) l) las normas del reparto del producto de la realizaci(cid:243)n de los bienes, la graduaci(cid:243)n de los crØditos y los derechos de los acreedores que hayan sido parcialmente indemnizados des- puØs de la apetura del procedimiento de insolvencia en virtud de un derecho real o por el efecto de una compen- saci(cid:243)n; las condiciones y los efectos de la conclusi(cid:243)n del procedi- miento de insolvencia, en particular mediante convenio; los derechos de los acreedores despuØs de terminado el procedimiento de insolvencia; la imposici(cid:243)n de las costas y gastos del procedimiento de insolvencia; m) las normas relativas a la nulidad, anulaci(cid:243)n o inoponibili- dad de los actos perjudiciales al conjunto de los acreedores. Art(cid:237)culo 4 Legislaci(cid:243)n aplicable Art(cid:237)culo 5 Derechos reales de terceros 1. Salvo disposici(cid:243)n en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable al procedimiento de insolvencia y a sus efectos serÆ la del Estado miembro en cuyo territorio se abra dicho procedimiento, denominado en lo sucesivo «Estado de aper- tura». 1. La apertura del procedimiento de insolvencia no afectarÆ al derecho real de un acreedor o de un tercero sobre los bienes, materiales o inmateriales, muebles o inmuebles, que pertenez- can al deudor y que, en el momento de apertura del procedi- miento, se encuentren en el territorio de otro Estado miembro. 2. La ley del Estado de apertura del procedimiento de insol- vencia determinarÆ las condiciones de apertura, desarrollo y terminaci(cid:243)n del procedimiento de insolvencia. Dicha ley deter- minarÆ en particular: los deudores que puedan ser sometidos a un procedimiento de insolvencia en calidad de tales; Los derechos contemplados en el apartado 1 son, en 2. particular: a) el derecho a realizar o hacer realizar el bien y a ser pagado con el producto o los rendimientos de dicho bien, en par- ticular en virtud de prenda o hipoteca; los bienes que forman parte de la masa y la suerte de los bienes adquiridos por el deudor despuØs de la apertura del procedimiento de insolvencia; b) el derecho exclusivo a cobrar un crØdito, en particular el derecho garantizado por una prenda de la que sea objeto el crØdito o por la cesi(cid:243)n de dicho crØdito a t(cid:237)tulo de garant(cid:237)a; a) b) 3. 8. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 221/13 c) el derecho a reivindicar el bien y reclamar su restituci(cid:243)n a cualquiera que lo posea o utilice en contra de la voluntad de su titular; Art(cid:237)culo 9 Sistemas de pago y mercados financieros d) el derecho real a percibir los frutos de un bien. 3. Se asimilarÆ a un derecho real el derecho, inscrito en un registro pœblico y oponible frente a terceros, que permita ob- tener un derecho real en el sentido del apartado 1. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el art(cid:237)culo 5, los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los derechos y obliga- ciones de los participantes en un sistema de pago o compen- saci(cid:243)n o en un mercado financiero se regirÆn exclusivamente por la ley del Estado miembro aplicable a dicho sistema o mercado. 4. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirÆ el ejercicio de las acciones de nulidad, anulaci(cid:243)n o inoponibilidad menciona- das en la letra m) del apartado 2 del art(cid:237)culo 4. 2. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirÆ el ejercicio de una acci(cid:243)n de nulidad, anulaci(cid:243)n o inoponibilidad de los pagos o de las transacciones, en virtud de la ley aplicable al sistema de pago o al mercado financiero de que se trate. Art(cid:237)culo 6 Compensaci(cid:243)n 1. La apertura del procedimiento de insolvencia no afectarÆ al derecho de un acreedor a reclamar la compensaci(cid:243)n de su crØdito con el crØdito del deudor, cuando la ley aplicable al crØdito del deudor insolvente permita dicha compensaci(cid:243)n. 2. Lo dispuesto en el apartado 1 no impedirÆ el ejercicio de las acciones de nulidad, anulaci(cid:243)n o inoponibilidad menciona- das en la letra m) del apartado 2 del art(cid:237)culo 4. Art(cid:237)culo 7 Reserva de propiedad 1. La apertura de un procedimiento de insolvencia contra el comprador de un bien no afectarÆ a los derechos del vendedor basados en una reserva de propiedad cuando dicho bien se encuentre, en el momento de apertura del procedimiento, en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado de aper- tura. 2. La apertura de un procedimiento de insolvencia contra el vendedor de un bien despuØs de que Øste haya sido entregado no constituye una causa de resoluci(cid:243)n o de rescisi(cid:243)n de la venta y no impedirÆ al comprador la adquisici(cid:243)n de la propie- dad del bien vendido cuando dicho bien se encuentre en el momento de apertura del procedimiento en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado de apertura. 3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no impedirÆ el ejercicio de las acciones de nulidad, anulaci(cid:243)n o inoponibilidad mencionadas en la letra m) del apartado 2 del art(cid:237)culo 4. Art(cid:237)culo 8 Contratos sobre bienes inmuebles Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre un contrato que otorgue un derecho de uso o de adquisici(cid:243)n de un bien inmueble se regularÆn exclusivamente por la ley del Estado miembro en cuyo territorio estØ situado el bien. Art(cid:237)culo 10 Contratos de trabajo Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre el contrato de trabajo y sobre la relaci(cid:243)n laboral se regularÆn exclusiva- mente por la ley del Estado miembro aplicable al contrato de trabajo. Art(cid:237)culo 11 Efectos sobre los derechos sometidos a registro Los efectos del procedimiento de insolvencia sobre los derechos del deudor sobre un bien inmueble, un buque o una aeronave que estØn sujetos a la inscripci(cid:243)n en un registro pœblico se regularÆn de acuerdo con la ley del Estado miembro bajo cuya autoridad se lleve el registro. Art(cid:237)culo 12 Patentes y marcas comunitarias A efectos del presente Reglamento, una patente comunitaria, una marca comunitaria o cualquier otro derecho anÆlogo esta- blecido por disposiciones comunitarias œnicamente podrÆ in- cluirse en un procedimiento del apartado 1 del art(cid:237)culo 3. Art(cid:237)culo 13 Actos perjudiciales No se aplicarÆ lo dispuesto en la letra m) del apartado 2 del art(cid:237)culo 4 cuando el que se haya beneficiado de un acto per- judicial para los intereses de los acreedores pruebe que: (cid:151) dicho acto estÆ sujeto a la ley de un Estado miembro dis- tinto del Estado de apertura, y que (cid:151) en ese caso concreto, dicha ley no permite en ningœn caso que se impugne dicho acto. C 221/14 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 8. 1999 Art(cid:237)culo 14 Protecci(cid:243)n de los terceros adquirentes Cuando el deudor, por un acto celebrado despuØs de la aper- tura de un procedimiento de insolvencia, dispusiere a t(cid:237)tulo oneroso: (cid:151) de un bien inmueble, (cid:151) de un buque o de una aeronave sujetos a inscripci(cid:243)n en un registro pœblico, o (cid:151) de valores negociables cuya existencia suponga una inscrip- ci(cid:243)n en un registro determinado por ley, la validez de dicho acto se regirÆ por la ley del Estado en cuyo territorio se encuentre el bien inmueble o bajo cuya autoridad se lleve el registro. Art(cid:237)culo 15 Efectos del procedimiento de insolvencia sobre procedimientos en curso Los efectos del procedimiento de insolvencia con respecto a otros procedimientos en curso en relaci(cid:243)n con un bien o un derecho de la masa se regirÆn exclusivamente por la ley del Estado miembro en el que estØ en curso dicho procedimiento. CAP˝TULO II RECONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE INSOLVENCIA Art(cid:237)culo 16 Principio 1. Toda resoluci(cid:243)n de apertura de un procedimiento de in- solvencia, adoptada por el tribunal competente de un Estado miembro en virtud del art(cid:237)culo 3, serÆ reconocida en todos los demÆs Estados miembros desde el momento en que la resolu- ci(cid:243)n produzca efectos en el Estado de apertura. Esta norma se aplicarÆ tambiØn cuando el deudor, por sus circunstancias personales, no pueda ser sometido a un proce- dimiento de insolvencia en los demÆs Estados miembros. El reconocimiento de un procedimiento de insolvencia 2. abierto por el tribunal de un Estado miembro, competente en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 3, no impedirÆ la apertura de otro procedimiento de insolvencia por parte del tribunal com- petente de otro Estado miembro en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 3. Este otro procedimiento se considerarÆ procedi- miento secundario conforme al cap(cid:237)tulo III. Art(cid:237)culo 17 Efectos del reconocimiento 1. La resoluci(cid:243)n de apertura de un procedimiento del apar- tado 1 del art(cid:237)culo 3 producirÆ, sin ningœn otro trÆmite, en cualquier otro Estado miembro, los efectos que le atribuya la ley del Estado en que se haya abierto el procedimiento, salvo disposici(cid:243)n en contrario del presente Reglamento y en tanto en cuanto ningœn otro procedimiento de los contemplados en el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 sea abierto en ese Estado miembro. 2. Los efectos de un procedimiento de insolvencia abierto por un tribunal competente en virtud del apartado 2 del ar- t(cid:237)culo 3 no podrÆn ser recurridos en los demÆs Estados miem- bros. Cualquier limitaci(cid:243)n de los derechos de los acreedores, en particular un aplazamiento de pago o una condonaci(cid:243)n de deuda resultante de dicho procedimiento, s(cid:243)lo podrÆ oponerse, por lo que respecta a los bienes situados en el territorio de otro Estado miembro, a los acreedores que hayan manifestado su consentimiento. Art(cid:237)culo 18 Poderes del s(cid:237)ndico 1. El s(cid:237)ndico designado por un tribunal competente en vir- tud del apartado 1 del art(cid:237)culo 3 podrÆ ejercer en el territorio de otro Estado miembro todos los poderes que le hayan sido conferidos por la ley del Estado en el que se haya abierto el procedimiento en la medida en que no haya sido abierto nin- gœn otro procedimiento de insolvencia o adoptada ninguna medida cautelar contraria como consecuencia de una solicitud de apertura de un procedimiento de insolvencia en dicho Es- tado. En especial, podrÆ trasladar los bienes del deudor fuera del territorio del Estado miembro en que se encuentren, sin perjuicio de lo dispuesto en los art(cid:237)culos 5 y 7. 2. El s(cid:237)ndico designado por un tribunal competente en vir- tud del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 podrÆ hacer valer por v(cid:237)a judicial o extrajudicial en cualquier otro Estado miembro que un bien mueble ha sido trasladado del territorio del Estado de la apertura al territorio de ese otro Estado miembro tras la apertura del procedimiento de insolvencia. PodrÆ tambiØn ejer- citar cualquier acci(cid:243)n revocatoria conveniente para los intereses de los acreedores. 3. El s(cid:237)ndico deberÆ respetar, en el ejercicio de sus poderes, la ley del Estado miembro en cuyo territorio quiera actuar, en particular en lo que respecta a las modalidades de realizaci(cid:243)n de los bienes. Dichos poderes no incluyen el uso de medios de apremio ni la facultad de pronunciarse sobre litigios o contro- versias. Art(cid:237)culo 19 Prueba del nombramiento del s(cid:237)ndico El nombramiento del s(cid:237)ndico se establecerÆ mediante la presen- taci(cid:243)n de una copia certificada conforme al orginal de la deci- si(cid:243)n por la que se le nombre o por cualquier otro certificado expedido por el tribunal competente. PodrÆ exigirse su traducci(cid:243)n en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en cuyo territorio pre- tenda actuar. No se exigirÆ ninguna otra legalizaci(cid:243)n o forma- lidad anÆloga. 3. 8. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 221/15 Art(cid:237)culo 20 Art(cid:237)culo 24 Restituci(cid:243)n e imputaci(cid:243)n Ejecuci(cid:243)n a favor del deudor 1. El acreedor que, tras la apertura de un procedimiento del apartado 1 del art(cid:237)culo 3, obtenga por cualquier medio, en particular por v(cid:237)a ejecutiva, un pago total o parcial de su crØdito sobre los bienes del deudor situados en el territorio de otro Estado miembro, deberÆ restituir lo que haya obtenido al s(cid:237)ndico, sin perjuicio de lo dispuesto en los art(cid:237)culos 5 y 7. 1. Quien ejecute en un Estado miembro una obligaci(cid:243)n a favor de un deudor sometido a un procedimiento de insolven- cia abierto en otro Estado miembro, cuando deber(cid:237)a haberlo hecho a favor del s(cid:237)ndico de este procedimiento, quedarÆ libe- rado si ignoraba la apertura del procedimiento. 2. Para garantizar la igualdad de trato de los acreedores, el acreedor que haya obtenido en un procedimiento de insolven- cia un dividendo sobre su crØdito, s(cid:243)lo participarÆ en el reparto abierto en otro procedimiento cuando los acreedores del mismo rango o de la misma categor(cid:237)a hayan obtenido, en ese otro procedimiento, un dividendo equivalente. 2. Salvo prueba en contrario, se presumirÆ que quien haya ejecutado dicha obligaci(cid:243)n antes de las medidas de publicaci(cid:243)n en el art(cid:237)culo 21 ignoraba la apertura del procedimiento de insolvencia; de haberla ejecutado despuØs de las medidas de publicaci(cid:243)n, se presumirÆ, salvo prueba en contrario, que ten(cid:237)a conocimiento de la apertura del procedimiento. Art(cid:237)culo 21 Publicaci(cid:243)n El s(cid:237)ndico podrÆ pedir que se publique el contenido esen- 1. cial de la decisi(cid:243)n por la que se abra el procedimiento de insolvencia y, en su caso, la decisi(cid:243)n de su nombramiento, en todo Estado miembro con arreglo a las modalidades de publicaci(cid:243)n previstas en dicho Estado. En estas publicaciones se especificarÆ el s(cid:237)ndico designado y se precisarÆ si la norma de competencia aplicada es la del apartado 1 del art(cid:237)culo 3 o la del apartado 2 del art(cid:237)culo 3. 2. No obstante, cualquier Estado miembro en el que el deu- dor tenga un establecimiento podrÆ prever la publicaci(cid:243)n obli- gatoria. En ese caso, el s(cid:237)ndico o cualquier autoridad habilitada a tal fin en el Estado miembro en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 3 deberÆ adoptar las medidas necesarias para garanti- zar dicha publicaci(cid:243)n. Art(cid:237)culo 22 Inscripci(cid:243)n en un registro pœblico 1. El s(cid:237)ndico podrÆ solicitar que la decisi(cid:243)n por la que se abra el procedimiento previsto en el apartado 1 del art(cid:237)culo 3 se inscriba en el Registro de la propiedad, en el Registro mer- cantil o en cualquier otro registro pœblico llevado en los demÆs Estados miembros. No obstante, cualqier Estado miembro podrÆ prever la 2. inscripci(cid:243)n obligatoria. En ese caso, el s(cid:237)ndico o cualquier otra autoridad habilitada a tal fin en el Estado miembro en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 3 deberÆ tomar las medidas nece- sarias para garantizar dicha publicaci(cid:243)n. Art(cid:237)culo 25 Reconocimiento y carÆcter ejecutorio de otras resoluciones Las resoluciones relativas al desarrollo y conclusi(cid:243)n de un 1. procedimiento de insolvencia dictadas por el tribunal cuya resoluci(cid:243)n de apertura deba reconocerse en virtud del art(cid:237)culo 16 y el convenio aprobado por dicho tribunal se reconocerÆn asimismo sin otros procedimientos. Tales resoluciones se eje- cutarÆn con arreglo a los art(cid:237)culos 31 a 51, con excepci(cid:243)n del apartado 2 del art(cid:237)culo 34, del Convenio de Bruselas relativo a la competencia judicial y a la ejecuci(cid:243)n de las resoluciones judiciales en materia civil o mercantil, modificado por los Con- venios de adhesi(cid:243)n a dicho Convenio. Los dispuesto en el pÆrrafo primero se aplicarÆ asimismo a las resoluciones, incluso las dictadas por otro (cid:243)rgano jurisdiccio- nal, que se deriven directamente del procedimiento de insol- vencia y que guarden inmediata relaci(cid:243)n con Øste. Lo dispuesto en el pÆrrafo primero se aplicarÆ asimismo a las resoluciones relativas a las medidas cautelares adoptadas des- puØs de la solicitued de apertura de un procedimiento de in- solvencia. 2. El reconocimiento y la ejecuci(cid:243)n de las resoluciones dis- tintas de las contempladas en el apartado 1 se regirÆn por el Convenio contemplado en el apartado 1, en la medida en que sea aplicable dicho Convenio. 3. Los Estados miembros no estarÆn obligados a reconocer ni a ejecutar resoluciones de las indicadas en el apartado 1 que tengan por efecto una limitaci(cid:243)n de la libertad personal o del secreto postal. Art(cid:237)culo 23 Gastos Los gastos ocasionados por las medidas de publicaci(cid:243)n y de registro previstas en los art(cid:237)culos 21 y 22 se considerarÆn gastos del procedimiento. Art(cid:237)culo 26 Orden pœblico Todo Estado miembro podrÆ negarse a reconocer un procedi- miento de insolvencia abierto en otro Estado miembro o a C 221/16 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 8. 1999 ejecutar una resoluci(cid:243)n dictada en el marco de dicho procedi- miento cuando dicho reconocimiento o dicha ejecuci(cid:243)n pueda producir efectos claramente contrarios al orden pœblico de dicho Estado, en especial a sus principios fundamentales o a los derechos y a las libertades individuales garantizados por su Constituci(cid:243)n. CAP˝TULO III PROCEDIMIENTOS SECUNDARIOS DE INSOLVENCIA Art(cid:237)culo 27 Apertura El procedimiento de insolvencia abierto por un tribunal com- petente de un Estado miembro reconocido en otro Estado miembro (procedimiento principal), permitirÆ abrir en ese otro Estado miembro en el que un tribunal fuera competente en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 un procedimiento se- cundario de insolvencia sin que sea examinada en dicho Estado la insolvencia del deudor. Dicho procedimiento deberÆ ser uno de los procedimientos mencionados en el anexo B. Sus efectos se limitarÆn a los bienes del deudor situados en el territorio de dicho Estado miembro. Art(cid:237)culo 28 Ley aplicable Salvo disposici(cid:243)n en contrario del presente Reglamento, la ley aplicable al procedimiento secundario serÆ la del Estado miem- bro en cuyo territorio se haya abierto el procedimiento secun- dario. Art(cid:237)culo 29 Derecho a solicitar la incoaci(cid:243)n PodrÆn solicitar la apertura de un procedimiento secundario: a) el s(cid:237)ndico del procedimiento principal; b) cualquier otra persona o autoridad habilitada para solicitar la apertura de un procedimiento de insolvencia con arreglo a la legislaci(cid:243)n del Estado miembro en cuyo territorio se solicite la apertura del procedimiento secundario. Art(cid:237)culo 30 Anticipo de gastos y costas Cuando la legislaci(cid:243)n del Estado miembro en que se haya solicitado la apertura de un procedimiento secundario exija que el activo del deudor sea suficiente para cubrir, total o parcialmente, los gastos y costas del procedimiento, el tribunal que conozca de dicha solicitud podrÆ exigir al solicitante un anticipo de gastos o una fianza adecuada. Art(cid:237)culo 31 Obligaciones de informaci(cid:243)n y cooperaci(cid:243)n 1. Sin perjuicio de las normas que limitan la comunicaci(cid:243)n de informaci(cid:243)n, el s(cid:237)ndico del procedimiento principal y los s(cid:237)ndicos de los procedimientos secundarios estarÆn obligados por un deber de informaci(cid:243)n rec(cid:237)proca. DeberÆn comunicar sin demora toda informaci(cid:243)n que pueda resultar œtil para el otro procedimiento, en especial el estado de la presentaci(cid:243)n y veri- ficaci(cid:243)n de los crØditos y las medidas destinadas a poner tØr- mino al procedimiento. Sin perjuicio de las normas aplicables a cada uno de los 2. procedimientos, el s(cid:237)ndico del procedimiento principal y los s(cid:237)ndicos de los procedimientos secundarios estarÆn sometidos a un deber de cooperaci(cid:243)n rec(cid:237)proca. 3. El s(cid:237)ndico del procedimiento secundario deberÆ permitir al s(cid:237)ndico del procedimiento principal, con tiempo suficiente, que presente propuestas relativas a la liquidaci(cid:243)n o a cualquier otra utilizaci(cid:243)n de los activos del procedimiento secundario. Art(cid:237)culo 32 Ejercicio de los derechos de los acreedores Todo acreedor podrÆ presentar su crØdito en el procedi- 1. miento principal y en todo procedimiento secundario. Los s(cid:237)ndicos del procedimiento principal y de los proce- 2. dimientos secundarios presentarÆn en los otros procedimientos los crØditos ya presentados en el procedimiento para el que se les haya nombrado, en la medida en que sea œtil para los acreedores cuyos intereses representen y sin perjuicio del dere- cho de estos œltimos a oponerse a ello y a retirar su presenta- ci(cid:243)n, cuando as(cid:237) lo contemple la ley aplicable. El s(cid:237)ndico de un procedimiento principal o secundario 3. estarÆ habilitado para participar en otro procedimiento en las mismas condiciones que cualquier acreedor, en particular for- mando parte de una junta de acreedores. Art(cid:237)culo 33 Suspensi(cid:243)n de la liquidaci(cid:243)n 1. El tribunal que haya abierto el procedimiento secundario suspenderÆ total o parcialmente las operaciones de liquidaci(cid:243)n a petici(cid:243)n del s(cid:237)ndico del procedimiento principal, sin perjuicio de la facultad del tribunal de exigir en tal caso al s(cid:237)ndico del procedimiento principal cualquier medida adecuada para garan- tizar los intereses de los acreedores del procedimiento secun- dario y de determinados grupos de acreedores. La petici(cid:243)n del s(cid:237)ndico del procedimiento principal œnicamente podrÆ ser re- 3. 8. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 221/17 chazada si, manifiestamente, no tiene interØs para el procedi- miento principal. Dicha suspensi(cid:243)n de la liquidaci(cid:243)n podrÆ ser ordenada por un per(cid:237)odo mÆximo de tres meses. PodrÆ prolon- garse o renovarse por per(cid:237)odos de la misma duraci(cid:243)n. El tribunal contemplado en el apartado 1 pondrÆ fin a la 2. suspensi(cid:243)n de las operaciones de liquidaci(cid:243)n: (cid:151) a petici(cid:243)n del s(cid:237)ndico del procedimiento principal, (cid:151) de oficio, a petici(cid:243)n de un acreedor o a petici(cid:243)n del s(cid:237)ndico del procedimiento secundario cuando dicha medida no pa- rezca ya justificada, en particular, por el interØs de los acreedores del procedimiento principal o del procedimiento secundario. Art(cid:237)culo 34 Terminaci(cid:243)n del procedimiento secundario de insolvencia 1. Cuando, de conformidad con la ley aplicable al procedi- miento secundario, sea posible terminar dicho procedimiento sin liquidaci(cid:243)n mediante un plan de recuperaci(cid:243)n, un convenio o una medida similar, dicha medida podrÆ ser propuesta por el s(cid:237)ndico del procedimiento principal. La terminaci(cid:243)n del procedimiento secundario mediante una medida contemplada en el pÆrrafo primero s(cid:243)lo pasarÆ a ser definitiva si cuenta con la conformidad del s(cid:237)ndico del proce- dimiento principal, o, en ausencia de conformidad de Øste, cuando la medida propuesta no afecte a los intereses financie- ros de los acreedores del procedimiento principal. 2. Las limitaciones de los derechos de los acreedores, tales como un aplazamiento de pagos o una condonaci(cid:243)n de la deuda, derivadas de una medida de las que se contemplan en el apartado 1 propuesta en un procedimiento secundario, s(cid:243)lo podrÆn producir efectos con respecto a los bienes del deudor que no formen parte de dicho procedimiento si hay conformi- dad de todos los acreedores interesados. 3. Durante la suspensi(cid:243)n de las operaciones de liquidaci(cid:243)n ordenada en virtud del art(cid:237)culo 33, solamente el s(cid:237)ndico del procedimiento principal, o el deudor con su consentimiento, podrÆ proponer una medida de las que se contemplan en el apartado 1 del presente art(cid:237)culo en el procedimiento secunda- rio; no se podrÆ someter a votaci(cid:243)n ni aprobar ninguna otra propuesta de medida similar. Art(cid:237)culo 35 Excedente del activo del procedimiento secundario Si la liquidaci(cid:243)n de activos del procedimiento secundario per- mitire satisfacter todos los crØditos admitidos en dicho proce- dimiento, el s(cid:237)ndico designado en dicho procedimiento remitirÆ de inmediato el excedente del activo al s(cid:237)ndico del procedi- miento principal. Art(cid:237)culo 36 Apertura posterior del procedimiento principal Cuando se abra un procedimiento del apartado 1 del art(cid:237)culo 3 despuØs de que se haya abierto otro procedimiento del apar- tado 2 del art(cid:237)culo 3 en otro Estado miembro se aplicarÆn los art(cid:237)culos 31 a 35 al procedimiento abierto en primer lugar, en la medida en que la situaci(cid:243)n de dicho procedimiento lo per- mita. Art(cid:237)culo 37 Terminaci(cid:243)n y conversi(cid:243)n del procedimiento anterior El s(cid:237)ndico del procedimiento principal podrÆ pedir la conver- si(cid:243)n de un procedimiento mencionado en el anexo A, abierto anteriormente en otro Estado miembro, en un procedimiento de liquidaci(cid:243)n, si ello resulta œtil paras los intereses de los acreedores del procedimiento principal. El tribunal competente en virtud del apartado 2 del art(cid:237)culo 3 ordenarÆ la conversi(cid:243)n en uno de los procedimientos mencio- nados en el anexo B. Art(cid:237)culo 38 Medidas cautelares Cuando el tribunal de un Estado miembro, competente en virtud del apartado 1 del art(cid:237)culo 3, nombrare a un s(cid:237)ndico provisional con el fin de asegurar la conservaci(cid:243)n de los bienes del deudor, dicho s(cid:237)ndico provisional estarÆ habilitado para solicitar cualquier medida de conservaci(cid:243)n o protecci(cid:243)n sobre los bienes del deudor situados en otro Estado miembro, pre- vista por la ley de dicho Estado para el per(cid:237)odo comprendido entre la solicitud de apertura de un procedimiento de insolven- cia y la resoluci(cid:243)n de apertura. CAP˝TULO IV INFORMACI(cid:211)N A LOS ACREEDORES Y PRESENTACI(cid:211)N DE SUS CR(cid:201)DITOS Art(cid:237)culo 39 Derecho a presentar los crØditos Los acreedores que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya abierto el procedimiento, incluidos las autoridades fiscales y los organismos de la seguridad social de los Estados miem- bros, tendrÆn derecho a presentar sus crØditos por escrito en el procedimiento de insolvencia. Art(cid:237)culo 40 Obligaci(cid:243)n de informar a los acreedores 1. Desde el momento en el que se efectœe la apertura de un procedimiento de insolvencia en un Estado miembro, el tribu- C 221/18 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 8. 1999 nal competente de dicho Estado o el s(cid:237)ndico que haya sido nombrado por el mismo informarÆ sin demora a los acreedores conocidos que tengan su residencia habitual, su domicilio o su sede en los demÆs Estados miembros. 2. Esta informaci(cid:243)n, garantizada mediante el env(cid:237)o indivi- dualizado de una nota, se referirÆ, en especial, a los plazos que deberÆn respetarse, a las sanciones previstas en relaci(cid:243)n con dichos plazos, al (cid:243)rgano o autoridad habilitada para recibir la presentaci(cid:243)n de los crØditos y a otras medidas prescritas. Dicha nota indicarÆ asimismo si los acreedores cuyo crØdito estuviere garantizado por un privilegio o por una garant(cid:237)a real deben presentar su crØdito. Art(cid:237)culo 41 Contenido de la presentaci(cid:243)n de un crØdito El acreedor enviarÆ una copia de los justificantes que obren en su poder, e indicarÆ la naturaleza del crØdito, la fecha de su nacimiento y su importe; tambiØn indicarÆ si reivindica para el crØdito un carÆcter privilegiado, una garant(cid:237)a real o una reserva del derecho de propiedad, y cuÆles son los bienes a que se refiere la garant(cid:237)a que invoca. Art(cid:237)culo 42 Lenguas 1. La informaci(cid:243)n prevista en el art(cid:237)culo 40 se darÆ en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia. Para ello se uti- lizarÆ un impreso en cuyo encabezamiento podrÆn leerse, en todas las lenguas oficiales de la Uni(cid:243)n Europea, los tØrminos «Convocatoria para la presentaci(cid:243)n de crØditos. Plazos aplica- bles». 2. Todo acreedor que tenga su residencia habitual, su domi- cilio o su sede en un Estado miembro distinto de aquel en que se haya abierto el procedimiento de insolvencia podrÆ presentar su crØdito en la lengua o en una de las lenguas oficiales de dicho Estado. En tal caso, la presentaci(cid:243)n de su crØdito deberÆ, sin embargo, llevar el encabezamiento «Presentaci(cid:243)n de crØdito» en la lengua o en una de las lenguas oficiales del Estado en que se haya abierto el procedimiento. AdemÆs, se le podrÆ exigir una traducci(cid:243)n de la presentaci(cid:243)n del crØdito de dicha lengua. CAP˝TULO V DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES Art(cid:237)culo 43 `mbito territorial de aplicaci(cid:243)n Las disposiciones del presente Reglamento se aplicarÆn œnica- mente a los procedimientos de insolvencia que se abran des- puØs de la fecha de su entrada en vigor. Los actos jur(cid:237)dicos que el deudor haya llevado a cabo antes de la entrada en vigor del presente Reglamento continuarÆn sujetos a la ley que les fuese aplicable en el momento de su celebraci(cid:243)n. Art(cid:237)culo 44 Relaci(cid:243)n con los Convenios 1. Tras su entrada en vigor, el presente Reglamento, en las relaciones entre los Estados miembros, sustituirÆ, y para las materias a las que se refiere, a los Convenios suscritos entre dos o mÆs Estados miembros, en particular: (cid:151) el Convenio entre BØlgica y Francia relativo a la competen- cia judicial, reconocimiento y ejecuci(cid:243)n de las decisiones judiciales, laudos arbitrales y documentos pœblicos con fuerza ejecutiva, firmado en Paris el 8 de julio de 1899, (cid:151) el Convenio entre BØlgica y Austria sobre la quiebra, el concordato y el aplazamiento de pago (con el Protocolo adicional de 13 de junio de 1973), firmado en Bruselas el 16 de julio de 1969, (cid:151) el Convenio entre BØlgica y los Pa(cid:237)ses Bajos relativo a la competencia judicial territorial, procedimientos de insolven- cia y reconocimiento y ejecuci(cid:243)n de las decisiones judicia- les, laudos arbitrales y documentos pœblicos con fuerza ejecutiva, firmado en Bruselas el 28 de marzo de 1925, (cid:151) el Tratado entre Alemania y Austria sobre quiebra y con- cordato, firmado en Viena el 25 de mayo de 1979, (cid:151) el Convenio entre Francia y Austria sobre la competencia judicial, en reconocimiento y la ejecuci(cid:243)n de las decisiones sobre quiebra, firmado en Viena el 27 de febrero de 1979, (cid:151) el Convenio entre Francia e Italia relativo a la ejecuci(cid:243)n de las actas judiciales en materia civil y mercantil, firmado en Roma el 3 de junio de 1930, (cid:151) el Convenio entre Italia y Austria sobre quiebra y concor- dato, firmado en Roma el 12 de julio de 1977, (cid:151) el Convenio entre el Reino de los Pa(cid:237)ses Bajos y la Repœ- blica Federal de Alemania relativo al reconocimiento y a la ejecuci(cid:243)n rec(cid:237)procos de las decisiones judiciales y otras obligaciones en materia civil y mercantil, firmado en La Haya el 30 de agosto de 1962, (cid:151) el Convenio entre Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia e Islandia, relativo a la quiebra, firmado en Copenhague el 11 de noviembre de 1933, (cid:151) el Convenio europeo relativo a determinados aspectos in- ternacionales de los procedimientos de insolvencia, firmado en Estambul el 5 de junio de 1990. 2. Los Convenios mencionados en el apartado 1 seguirÆn surtiendo efecto en las materias en las que se aplica el presente Convenio, cuando se trate de procedimientos abiertos antes de la entrada en vigor del presente Reglamento. 3. 8. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 221/19 3. El presente Reglamento no serÆ aplicable: (cid:151) en cualquier Estado miembro cuando lo dispuesto en el mismo sea incompatible con las obligaciones en materia de quiebra resultantes de un Convenio celebrado antes de la entrada en vigor del presente Reglamento por dicho Estado y uno o varios terceros Estados. Art(cid:237)culo 46 Entrada en vigor En presente Reglamento entrarÆ en vigor el. El presente Reglamento serÆ obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Art(cid:237)culo 45 Modificaci(cid:243)n de los anexos Hecho en Bruselas, el. Los anexos del presente Reglamento podrÆn ser modificados por decisi(cid:243)n del Consejo. Por el Consejo El Presidente ANEXO A BELGIQUE/BELGI¸ (cid:151) La faillite/Het faillissement (cid:151) Concordat judiciaire/Het gerechtelijk akkoord DEUTSCHLAND (cid:151) Das Konkursverfahren (cid:151) Das gerichtliche Vergleichsverfahren (cid:151) Das Gesamtvollstreckungsverfahren (cid:151) Das Insolvenzverfahren ELLAS (cid:151) —(cid:244)(cid:254)(cid:247)(cid:229)ı(cid:243)(cid:231) (cid:151) ˙ (cid:229)Ø(cid:228)ØŒ(cid:222) (cid:229)ŒŒÆŁ(cid:220)æØ(cid:243)(cid:231) (cid:151) ˙ (cid:240)æ(cid:239)(cid:243)øæØ(cid:237)(cid:222) (cid:228)ØÆ(cid:247)(cid:229)(cid:223)æØ(cid:243)(cid:231) (cid:229)(cid:244)ÆØæ(cid:223)Æ(cid:242). ˙ (cid:228)Ø(cid:239)(cid:223)Œ(cid:231)(cid:243)(cid:231) ŒÆØ (cid:231) (cid:228)ØÆ(cid:247)(cid:229)(cid:223)æØ(cid:243)(cid:231) (cid:244)ø(cid:237) (cid:240)Ø(cid:243)(cid:244)ø(cid:244)(cid:254)(cid:237) (cid:151) ˙ ı(cid:240)Æªøª(cid:222) (cid:229)(cid:240)Ø(cid:247)(cid:229)(cid:223)æ(cid:231)(cid:243)(cid:231)(cid:242) ı(cid:240)(cid:252) (cid:229)(cid:240)(cid:223)(cid:244)æ(cid:239)(cid:240)(cid:239) (cid:236)(cid:229) (cid:243)Œ(cid:239)(cid:240)(cid:252) (cid:244)(cid:231) (cid:243)ı·(cid:237)Æł(cid:231) (cid:243)ı(cid:236)(cid:246)ø(cid:237)(cid:223)Æ(cid:242) (cid:236)(cid:229) (cid:244)(cid:239)ı(cid:242) (cid:240)Ø(cid:243)(cid:244)ø(cid:244)(cid:221)(cid:242) ESPA(cid:209)A (cid:151) Concurso de acreedores (cid:151) Quiebra (cid:151) Suspensi(cid:243)n de pagos FRANCE (cid:151) Liquidation judiciaire (cid:151) Redressement judiciaire avec nomination d’un administrateur C 221/20 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 8. 1999 ITALIA (cid:151) Fallimento (cid:151) Concordato preventivo (cid:151) Liquidazione coatta amministrativa (cid:151) Amministrazione straordinaria (cid:151) Amministrazione controllata LUXEMBOURG (cid:151) Faillite (cid:151) Gestion contr(cid:244)lØe (cid:151) Concordat prØventif de faillite (par abandon d’actif) (cid:151) RØgime spØcial de liquidation du notariat NEDERLAND (cid:151) Het faillissement (cid:151) De sursØance van betaling (cid:214)STERREICH (cid:151) Das Konkursverfahren (cid:151) Das Ausgleichsverfahren (cid:151) Das Vorverfahren PORTUGAL (cid:151) O processo de falŒncia (cid:151) Os processos especiais de recupera(cid:231)ªo de empresa, ou seja: (cid:151) A concordata (cid:151) O acordo de credores (cid:151) A reestrutura(cid:231)ªo financeira (cid:151) A gestªo controlada SUOMI/FINLAND (cid:151) Konkurssi/konkurs (cid:151) Yrityssaneeraus/f(cid:246)retagssanering SVERIGE (cid:151) Konkurs (cid:151) Offentligt ackord (cid:151) F(cid:246)retagsrekonstruktion 3. 8. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 221/21 ANEXO B BELGIQUE/BELGI¸ (cid:151) La faillite/Het faillissement DEUTSCHLAND (cid:151) Das Konkursverfahren (cid:151) Das Gesamtvollstreckungsverfahren (cid:151) Das Insolvenzverfahren ELLAS (cid:151) —(cid:244)(cid:254)(cid:247)(cid:229)ı(cid:243)(cid:231) (cid:151) ˙ (cid:229)Ø(cid:228)ØŒ(cid:222) (cid:229)ŒŒÆŁ(cid:220)æØ(cid:243)(cid:231) ESPA(cid:209)A (cid:151) Concurso de acreedores (cid:151) Quiebra (cid:151) Suspensi(cid:243)n de pagos basada en la insolvencia definitiva FRANCE (cid:151) Liquidation judiciaire ITALIA (cid:151) Fallimento (cid:151) Liquidazione coatta amministrativa LUXEMBOURG (cid:151) Faillite (cid:151) RØgime spØcial de liquidation du notariat NEDERLAND (cid:151) Het faillissement (cid:214)STERREICH (cid:151) Das Konkursverfahren PORTUGAL (cid:151) O processo de falŒncia SUOMI/FINLAND (cid:151) Konkurssi/konkurs SVERIGE (cid:151) Konkurs C 221/22 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 3. 8. 1999 ANEXO C BELGIQUE/BELGI¸ (cid:151) Le curateur/de curator (cid:151) Le juge dØlØguØ/de rechter-commissaris DEUTSCHLAND (cid:151) Konkursverwalter (cid:151) Vergleichsverwalter (cid:151) Sachwalter (nach der Vergleichsordnung) (cid:151) Verwalter (cid:151) Insolvenzverwalter (cid:151) Sachwalter (nach der Insolvenzordnung) (cid:151) Treuh(cid:228)nder ELLAS (cid:151) (cid:211)ı·(cid:237)(cid:228)ØŒ(cid:239)(cid:242) (cid:151) ˇ (cid:240)æ(cid:239)(cid:243)øæØ(cid:237)(cid:252)(cid:242) (cid:228)ØÆ(cid:247)(cid:229)ØæØ(cid:243)(cid:244)(cid:222)(cid:242). ˙ (cid:228)Ø(cid:239)ØŒ(cid:239)ı·(cid:243)Æ (cid:229)(cid:240)Ø(cid:244)æ(cid:239)(cid:240)(cid:222) (cid:244)ø(cid:237) (cid:240)Ø(cid:243)(cid:244)ø(cid:244)(cid:254)(cid:237) (cid:151) ˇ (cid:229)Ø(cid:228)ØŒ(cid:252)(cid:242) (cid:229)ŒŒÆŁÆæØ(cid:243)(cid:244)(cid:222)(cid:242) (cid:151) ˇ (cid:229)(cid:240)(cid:223)(cid:244)æ(cid:239)(cid:240)(cid:239)(cid:242) ESPA(cid:209)A (cid:151) Depositario-administrador (cid:151) Interventor o interventores (cid:151) S(cid:237)ndicos (cid:151) Comisario FRANCE (cid:151) ReprØsentant des crØanciers (cid:151) Mandataire liquidateur (cid:151) Administrateur judiciaire (cid:151) Commissaire (cid:224) l’exØcution de plan ITALIA (cid:151) Curatore (cid:151) Commissario liquidatore LUXEMBOURG (cid:151) Le curateur (cid:151) Le commissaire (cid:151) Le liquidateur (cid:151) Le conseil de gØrance de la section d’assainissement du notariat NEDERLAND (cid:151) De curator in het faillissement (cid:151) De bewindvoerder in de sursØance van betaling 3. 8. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 221/23 (cid:214)STERREICH (cid:151) Masseverwalter (cid:151) Ausgleichsverwalter (cid:151) Sachwalter (cid:151) Treuh(cid:228)nder (cid:151) Besonderer Verwalter (cid:151) Vorl(cid:228)ufiger Verwalter (cid:151) das Konkursgericht PORTUGAL (cid:151) Gestor judicial (cid:151) LiquidatÆrio judicial (cid:151) Comissªo de Credores SUOMI/FINLAND (cid:151) Pes(cid:228)nhoitaja/bof(cid:246)rvaltare (cid:151) Selvitt(cid:228)j(cid:228)/utredare SVERIGE (cid:151) F(cid:246)rvaltare (cid:151) God man (cid:151) Rekonstrukt(cid:246)r


title: Richtlinie 1999/51/EG der Kommission vom 26. Mai 1999 zur fünften Anpassung des Anhangs I der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (Zinn, PCP und Cadmium) an den technischen Fortschritt (Text von Bedeutung für den EWR)

eurovoc_concepts:
approximation of laws
dangerous substance
environmental policy
health policy
marketing restriction

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text: L 142/22 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 5. 6. 1999 RICHTLINIE 1999/51/EG DER KOMMISSION vom 26. Mai 1999 zur fünften Anpassung des Anhangs I der Richtlinie 76/769/EWG des Rates zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährli- cher Stoffe und Zubereitungen (Zinn, PCP und Cadmium) an den technischen Fortschritt (Text von Bedeutung für den EWR) (3) (4) (5) (6) (7) DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN  gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, gestützt auf die Richtlinie 76/769/EWG des Rates vom 27. Juli 1976 zur Angleichung der Rechts- und Verwal- tungsvorschriften der Mitgliedstaaten für Beschränkungen des Inverkehrbringens und der Verwendung gewisser gefährlicher Stoffe und Zubereitungen (1), zuletzt geändert durch die Richtlinie 97/64/EG der Kommission (2), insbe- sondere auf den durch die Richtlinie 89/678/EWG des Rates (3) eingeführten Artikel 2 Buchstabe a), in Erwägung nachstehender Gründe: (1) (2) In der Akte über den Beitritt Österreichs, Finn- lands und Schwedens zur Europäischen Union, insbesondere in den Artikeln 69, 84 und 112, ist vorgesehen, daß während eines Zeitraums von vier Jahren ab dem 1. Januar 1995 einige Bestim- mungen des Anhangs I der Richtlinie 76/ 769/EWG auf Österreich, Finnland und Schweden keine Anwendung finden und in Übereinstim- mung mit festgelegten den im EG-Vertrag Verfahren überprüft werden sollen. Einige zinnorganische Verbindungen, insbesondere Tributylzinn (TBT), das zur Fäulnisverhinderung verwendet wird, stellen immer noch eine Gefahr für die Gewässer und für die menschliche Gesund- heit dar und können möglicherweise Störungen des Hormonsystems hervorrufen. Die Internationale Seeschiffahrtsorganisation (IMO) hat die von TBT ausgehende Gefahr anerkannt, und der IMO- Ausschuß „Schutz der Meeresumwelt“ hat ein welt- weites Verbot von zinnorganischen Verbindungen als Biozide in anwuchsverhindernden Anstrichen für Schiffe bis zum 1. Januar 2003 gefordert. Die TBT-Vorschriften müssen vor dem Hintergrund der Entwicklungen in der IMO überarbeitet werden. Es wurden bereits anwuchsverhindernde Produkte entwickelt, die TBT kontrolliert frei- setzen, und diese Produkte sollten anstelle von Farben verwendet werden, deren Bestandteile chemisch nicht gebunden sind. Die Binnengewässer und die Ostsee sind in dieser Hinsicht besonders gefährdet. Die Verwendung von TBT in Binnengewässern der Gemeinschaft muß verboten werden. Als Übergangsmaßnahme können Österreich und Schweden strengere Vorschriften für die Verwendung von TBT in dieser gefährdeten Umgebung beibehalten. PCP (Pentachlorphenol) stellt trotz der durch die Richtlinie 76/769/EWG eingeführten Beschrän- kungen noch immer eine Gefahr für die Gesund- heit und die Umwelt dar. Seine Verwendung sollte daher weiter eingeschränkt werden. Allerdings sind bestimmte Verwendungsarten von PCP in den Mitgliedstaaten, die an den Atlantischen Ozean noch angrenzen, notwendig. technischen Gründen aus Die Entschließung des Rates vom 25. Januar 1988 fordert eine umfassende Strategie zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung durch Cadmium, einschließlich Maßnahmen zur Beschränkung des Cadmiumgebrauchs und zur Förderung von Alter- nativen. Die Risiken durch Cadmium werden im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates (4) bewertet, und die Kommission wird die Beschränkung des Cadmiumgebrauchs anhand der Ergebnisse überprüfen. Schweden und Österreich können als Übergangsmaßnahme darüber hinaus- gehende Beschränkungen beibehalten. Der Wissenschaftliche Ausschuß für Toxikologie, Ökotoxikologie und Umwelt hat zu zinnorgani- schen Verbindungen und PCP Stellung ge- nommen. Diese Richtlinie berührt nicht die Rechtsvor- schriften der Gemeinschaft über Mindestanforde- rungen zum Schutz der Arbeitnehmer, wie sie in der Richtlinie 89/391/EWG des Rates (5) und den davon abgeleiteten Einzelrichtlinien, insbesondere der Richtlinie 90/394/EWG des Rates (6) und der Richtlinie 98/24/EG des Rates (7) zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit, enthalten sind. (1) ABl. L 262 vom 27. 9. 1976, S. 24. (2) ABl. L 315 vom 19. 11. 1997, S. 13. (3) ABl. L 398 vom 30. 12. 1989, S. 24. (4) ABl. L 84 vom 5. 4. 1993, S. 1. (5) ABl. L 183 vom 29. 6. 1989, S. 1. (6) ABl. L 196 vom 26. 7. 1990, S. 1. (7) ABl. L 131 vom 5. 5. 1998, S. 11. 5. 6. 1999 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 142/23 (8) Die in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses, der für die Anpassung der Richtlinien über die Beseitigung technischer Hemmnisse im Handel mit gefährlichen Stoffen und Zubereitungen an den technischen Fortschritt zuständig ist  HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: Bei Erlaß dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in diesen Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. (2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die wichtigsten Bestimmungen der im Geltungsbereich der Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit. Artikel 1 Artikel 3 Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG wird hiermit gemäß dem beiliegenden Anhang an den technischen Fortschritt angepaßt. Diese Richtlinie tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentli- chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Artikel 2 (1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen die erforderlichen Vorschriften, um dieser Richtlinie vor dem 29. Februar 2000 nachzukommen, und setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. Sie wenden diese Bestimmungen ab dem 1. September 2000 an. Österreich, Finnland und Schweden können diese Vorschriften ab dem 1. Januar 1999 anwenden, außer wenn im Anhang anders angegeben. Artikel 4 Diese Richtlinie ist an alle Mitgliedstaaten gerichtet. Brüssel, den 26. Mai 1999 Für die Kommission Martin BANGEMANN Mitglied der Kommission L 142/24 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 5. 6. 1999 Im Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG werden die Nummern 21, 23 und 24 wie folgt geändert: ANHANG 1. Nummer 21 erhält folgende Fassung: „21. Zinnorganische Verbindungen 1. Dürfen nicht als Stoffe oder Komponenten von Zubereitungen in den Verkehr gebracht werden, wenn sie als Biozide in anwuchsverhindernden Farben wirken, deren Bestandteile chemisch nicht gebunden sind. 2. Nicht zugelassen als Stoffe oder Komponenten von Zubereitungen, wenn diese als Biozide dazu dienen, an folgenden Gegenständen den Bewuchs durch Mikroorganismen, Pflanzen oder Tiere zu verhindern: a) Bootskörper von  Schiffen mit einer Gesamtlänge gemäß der Definition in der Norm ISO 8666 von weniger als 25 m,  Schiffen jeder Länge, die überwiegend auf Binnenwasserstraßen und Seen eingesetzt werden, b) Kästen, Schwimmer, Netze sowie andere Geräte oder Einrichtungen für die Fisch- und Muschelzucht, c) völlig oder teilweise untergetauchte Geräte oder Einrichtungen jeder Art. Solche Stoffe und Zubereitungen  dürfen nur in Verpackungen von 20 l oder mehr in den Handel gebracht werden,  dürfen nicht an die breite Öffentlichkeit, sondern nur zur berufsmäßigen Verwendung verkauft werden. anderer Gemeinschaftsvorschriften die Einstufung, Unbeschadet Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen muß die Verpackung derartiger Zubereitungen leserlich und unverwischbar die Aufschrift tragen: für ,Nicht zu verwenden bei Schiffen mit einer Gesamtlänge von weniger als 25 m, Schiffen jeder Länge, die überwiegend auf Binnenwasserstraßen und Seen eingesetzt werden, sowie bei Geräten und Einrichtungen jeder Art, die in der Fisch- und Muschelzucht eingesetzt werden. Nur zur berufsmäßigen Verwendung. ‘ 3. Die in Abschnitt 2 Buchstabe a) angeführten Vorschriften sowie die beson- deren Kennzeichnungsvorschriften in Abschnitt 2 gelten für Schweden und Österreich ab dem 1. Januar 2003 und werden von der Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und den Beteiligten vor diesem Datum überprüft. 4. Nicht zugelassen als Stoffe oder Komponenten von Zubereitungen, die zur Aufbereitung von Brauchwasser bestimmt sind. “ 2. Nummer 23 erhält folgende Fassung: „23. Pentachlorophenol (CAS Nr. 87-86-5) und seine Salze und Ester Nicht zugelassen in einer Konzentration von 0,1 % Masse oder mehr in den in den Verkehr gebrachten Stoffen oder Zubereitungen. 5. 6. 1999 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 142/25 Abweichend hiervon können Frankreich, Irland, Portugal, Spanien und das Vereinigte Königreich beschließen, diese Bestimmung bis zum 31. Dezember 2008 nicht auf Stoffe und Zubereitungen anzuwenden, die dazu bestimmt sind, in industriellen Verfahren eingesetzt zu werden, bei denen Pentachlorphenol (PCP)-Emissionen und/oder -Ableitungen nicht in höheren als den nach den bestehenden Rechtsvorschriften zulässigen Mengen entstehen können: a) zur Behandlung von Holz. Jedoch darf behandeltes Holz nicht verwendet werden  innerhalb von Gebäuden, ob zu dekorativen oder anderen Zwecken, unab- hängig von der Zweckbestimmung dieser Gebäude (Wohnung, Arbeit, Freizeitgestaltung),  für die Anfertigung und Behandlung von i) Behältern für lebende Pflanzen, ii) Verpackungen, die mit Rohmaterialien, Zwischen- und/oder Ender- zeugnissen für die menschliche und/oder tierische Ernährung in Berührung kommen, iii) anderen Materialien, die die unter i) und ii) angeführten Erzeugnisse kontaminieren können; b) für die Imprägnierung von Fasern und schweren Textilien, die auf keinen Fall aber für Bekleidung oder als Dekorationsmaterial für Möbel verwendet werden dürfen; c) als besondere Ausnahmeregelung dürfen die Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet von Fall zu Fall bei Gebäuden, die Teil ihres kulturellen, künstlerischen und historischen Erbes sind und deren Gebälk und Mauerwerk mit ,dry rot fungus‘ (Serpula lacrymans) sowie ,cubic rot fungus‘ befallen sind, sowie in Notfällen die kurative Behandlung vor Ort durch spezialisierte Fachleute gestatten. Auf jeden Fall a) darf das im Rahmen der vorgenannten Ausnahmeregelungen zum Einsatz gelangende Pentachlorphenol, das in Reinform oder als Bestandteil von Zube- reitungen verwendet wird, einen Gesamtgehalt an Hexachloridibenzopara- dioxin (HCDD) von nicht mehr als 2 ppm (parts per million) aufweisen; b) dürfen die betreffenden Stoffe und Zubereitungen  nur in Behältnissen mit einem Fassungsvermögen von mindestens 20 l in den Verkehr gebracht werden,  nicht an jedermann verkauft werden. Unbeschadet anderer Gemeinschaftsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung Stoffe und Zubereitungen muß die Verpackung derartiger Zubereitungen leserlich und unverwischbar die Aufschrift tragen: gefährlicher ,Nur für gewerbliche Anwender/Fachleute‘. Diese Bestimmung gilt nicht für Abfall, der Gegenstand der Richtlinien 75/ 442/EWG (1) und 91/689/EWG (2) ist. (1) ABl. L 194 vom 25. 7. 1975, S. 39. (2) ABl. L 377 vom 31. 12. 1991, S. 20. “ 3. Folgender Abschnitt wird Nummer 24 (Cadmium) nach Abschnitt 3 hinzugefügt: „4. Österreich und Schweden, in denen bereits Beschränkungen gelten, die über die in den Abschnitten 1, 2 und 3 vorgeschriebenen hinausgehen, dürfen diese bis zum 31. Dezember 2002 beibehalten. Die Kommission wird die Bestimmungen über Cadmium im Anhang I der Richtlinie 76/769/EWG vor diesem Datum unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Cadmiumrisikobe- wertung und des Standes von Wissenschaft und Technik im Hinblick auf Alternativen für Cadmium überprüfen. “


title: Opinion of the Economic and Social Committee on the 'Proposal for a European Parliament and Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to the front underrun protection of motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC'

eurovoc_concepts:
approximation of laws
motor vehicle
road safety
safety device

text: C 209/8 EN Official Journal of the European Communities 22. 7. 1999 Opinion of the Economic and Social Committee on the ‘Proposal for a European Parliament and Council Directive on the approximation of the laws of the Member States relating to the front underrun protection of motor vehicles and amending Council Directive 70/156/EEC’ (1) (1999/C 209/03) On 25 May 1999 the Council decided to consult the Economic and Social Committee, under Article 100a of the Treaty, on the above-mentioned proposal. The Section for the Single Market, Production and Consumption, which was responsible for preparing the Committee’s work on the subject, adopted its opinion on 18 May 1999. The rapporteur was Mr Colombo. At its 364th plenary session, on 26 May 1999, the Economic and Social Committee adopted the following opinion with 109 votes in favour and one abstention. 1. Introduction The aim of the proposed Directive is to mitigate the 1. 1. consequences of the high number of accidents involving commercial vehicles weighing more than 3. 5 tonnes. 1. 2. This legislative initiative, approved by the bodies concerned during wide consultation, is designed to incorporate in European law the technical standards necessary for the type-approval of front underrun protective devices for heavy goods vehicles. 1. 3. It is stipulated that, with a cut-off point of 1 Octob- er 2003, all new vehicles registered must be fitted with a front underrun protective device type-approved as a separate technical unit, i. e. without waiting for the rules on EC type-approval of the whole vehicle to be supplemented. 1. 4. This measure is part of a policy to mitigate the consequences of road accidents and is based on the Com- mission’s finding that more than 80 % of the victims in this kind of accident are the occupants of cars or light commercial vehicles. 1. 5. The measure is also intended to fill a legal gap since, despite the many proposals for Community legislation (2) on safety and preventive action regarding the number and effects of accidents, there has not so far been any move regarding front underrun protective devices for heavy goods vehicles. 1. 6. The proposal for a Directive meets the requirements of Article 75 of the Treaty, which provides, among other things, for the adoption of measures to improve transport safety. The proposal is also in line with the Commission’s communication on road safety (3), which includes provision for vehicles to be so designed that in the case of accident the damage to the more vulnerable party is minimalised (Annex III, Field III). 2. General comments The ESC endorses the aim of mitigating the conse- 2. 1. quences of accidents involving goods vehicles with a maximum mass of more than 3. 5 tonnes by requiring them to be fitted with suitable front underrun protective devices. 2. 2. This is a sensible proposal which will fit into the road traffic framework and has already been advocated in the ESC opinion on the ‘Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions — Promoting road safety in the EU: the programme for 1997-2001’ (4). 2. 3. The ESC believes these measures to be extremely important for this type of vehicle, since the damage caused in accidents is proportional not only to the speed but also to the mass of the vehicles involved. 2. 4. A detailed approach targeted specifically at this techn- ical/design aspect is an important factor in reducing the number of injured and dead, with all the fundamental social benefits which that entails, including limiting the very high health costs. The measure is not a very costly one, especially when the safety benefits are borne in mind. (1) OJ C 89, 30. 3. 1999, p. 11. (2) For example the proposal for a Directive on the interior fittings of motor vehicles, opinion published in OJ C 407, 28. 12. 1998, and the proposal for a Directive on the rear underrun protection of motor vehicles, opinion published in OJ C 407, 28. 12. 1998. (3) Communication on ‘Promoting road safety in the EU: programme for 1997-2001’ (COM(97) 131 final, 9. 4. 1997). the (4) OJ C 73, 9. 3. 1998. 22. 7. 1999 EN Official Journal of the European Communities C 209/9 2. 5. The Committee also agrees that the European Union should accede to the UN/ECE agreement on uniform con- ditions for the approval of and the mutual recognition of approvals for motor-vehicle equipment and components. 2. 6. The Community system involves obligatory adoption of all the features and parts which have a significant and positive impact on the configuration of road vehicles and increase road safety. 2. 7. Application of UN/ECE regulations is optional and not obligatory. European standards on the other hand are binding, either directly or after incorporation in national law. 2. 8. EU accession to the agreement should also be support- ed because 34 countries have already signed up to it, including many in central and eastern Europe, which will make it easier to include these problems in their negotiations for EU membership. 3. Specific comments Economic Commission for Europe (responsible for the techni- cal specifications of motor vehicles) and have also been scrutinised by technical experts and representatives of the ministries concerned in the 34 signatory countries to the UN/ECE agreement. They can therefore be regarded as a particularly sound basis. 3. 2. The device chosen is fixed to the chassis, which makes it sufficiently safe and effective. The Committee is aware that motor manufacturers are examining and evaluating more complex energy-absorbing structures (see also Field III in the Commission communication) but at the moment there is not enough technical and scientific evidence to enable such devices to be introduced in the near future. 3. 3. The Commission should therefore call on motor manufacturers and the Member States to undertake to give maximum encouragement to research and development relat- ing to all technical innovations which increase road safety. 3. 4. It is necessary to correct at least the Italian version of the second indent of Article 2(2) of the Commission proposal to ensure that it reads ‘shall refuse. ’ (no change needed in English). 3. 1. The technical specifications in the Directive have been examined and discussed by Working Party 29 of the UN In the light of the comments made the Committee 3. 5. endorses the proposal for a Directive. Brussels, 26 May 1999. The President of the Economic and Social Committee Beatrice RANGONI MACHIAVELLI