title: Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento n° 3932/92 de la Comisión relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (ex apartado 3 del artículo 85) del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas en el sector de los seguros

eurovoc_concepts:
insurance
insurance contract
insured risk
inter-company agreement
inter-company cooperation

text: COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, COM(l999) 192 final INFORME DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA APLICACIÓN DEL REGLAMENTO n° 3932/92 DE LA COMISIÓN RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 81 (EX APARTADO 3 DEL ARTICULO 85) DEL TRATADO A DETERMINADAS CATEGORÍAS DE ACUERDOS, DECISIONES Y PRÁCTICAS CONCERTADAS EN EL SECTOR DE LOS SEGUROS INFORME DE LA COMISION AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO SOBRE LA APLlCACIÓN DL!_. I<: :CiL!\7vlLNTO no 3932192 DI·: LA COr"vliSIÚN RELATIVO A LA APLICACIÓN DEL APARTADO 3 DEL ARTÍCULO 81 (EX APARTADO 3 DEL ARTICULO 85) DEL TRATADO A DETERMINADAS CATEGORÍAS DE ACUERDOS) DECISIONES Y PRÁCTICAS CONCERTADAS EN EL SECTOR DE LOS SEGUROS (Texto pertinente a efectos del EEE) Advertencia : el presente informe utiliza la nueva numeración de los artículos del Tratado CE tal y como resulta de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam el 1 de mayo de 1999. La numeración antigua continua indicada, sin embargo, entre paréntesis. INTRODUCCIÓN l. Con el Reglamento n° 1534/91 de 31 de mayo de 199II, el Consejo habilitó a la Comisión para adoptar un Reglamento sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 81 (ex-apartado 3 del artículo 85) del Tratado CE a determinados tipos de acuerdos entre empresas, decisiones de asociaciones de empresas y prácticas concertadas (en lo sucesivo, acuerdos) en el sector de los seguros. Esta habilitación abarca los acuerdos que tengan por objeto a) el establecimiento en común de tarifas de primas de riesgo basadas en estadísticas colectivas o en el número de siniestros; b) el establecimiento de condiciones tipo para pólizas; e) la cobertura colectiva de determinados tipos de riesgos; d) la liquidación de siniestros; e) la verificación y aceptación de equipos de seguridad y f) los registros de los riesgos agravados y los correspondientes sistemas de información. DO L 143 de 7. 6. 1991, p. l. Recuérdese que los acuerdos que tienen por objeto o efecto restringir la competencia con arreglo al apartado 1 del artículo 81 (ex-apartado 1 del articulo 85) del Tratado pueden ser autorizados en virtud del apartado 3 articulo 81 (ex-apartado 3 articulo 85) de ese mismo artículo siempre que contribuyan a fomentar el progreso técnico o económico o a mejorar la producción o la distribución de los productos de seguro, y al mismo tiempo resulten beneficiosos para los asegurados y se limiten a lo estrictamente indispensable (principio de proporcionalidad) y no eliminen completamente la competencia en el mercado común. 2. El 21 de diciembre de 1992, en virtud del reglamento de habilitación del Consejo, la Comisión adoptó el Reglamento n° 3932/92 para eximir cuatro de los seis tipos de acuerdos arriba enumerados2. Este Reglamento se refiere a los acuerdos sobre cálculo de las primas, establecimiento de las condiciones de las pólizas, cobertura colectiva de determinados tipos de riesgos y equipos de seguridad. La Comisión estimó que todavía no contaba con la experiencia suficiente en el tratamiento de acuerdos relativos a la liquidación de siniestros y a los registros de los riesgos agravados para incluir estos acuerdos en el ámbito de aplicación de su reglamento de exención (en adelante denominado el Reglamento). Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8 del reglamento de habilitación del Consejo, la Comisión debe remitir al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de su Reglamento acompañado de cuantas modificaciones considere necesarias. La Comisión debe presentar este informe a más tardar a los seis años de entrar en vigor el Reglamento (el 1 de abril de 1993) Este es el inforrne exigido. Su primera parte trata de la aplicación del artículo 81 (ex artículo es) a los cuatro tipos de acuerdos a que se refiere el Reglamento, mientras que la segunda (mucho más breve) se ocupa de la aplicación del artículo 81 (ex artículo 85) a los dos tipos de acuerdos no incluidos en el Reglamento. Al abordar cada tipo de acuerdo, la Comisión comienza con algunas consideraciones generales, a continuación expone su experiencia práctica y acaba con una reflexión sobre las perspectivas futuras. El informe no contiene propuestas de modificación. No obstante, encierra varias reflexiones prospectí~¡as. La Comisión desearía recabar las 2 DO L 398 de 31. 12. 1992, p. 7. 2 observaciones de-las autoridades de supervisión y de defensa de la competencia de los Estados miembros y de los círculos interesados al respecto. 3. Antes de entrar en materia, convendría hacer algunas observaciones generales. Como los detnás reglamentos de exención, el Reglamento trata de evitar que la Comisión tenga que examinar una ingente cantidad de acuerdos similares, de manera que pueda consagrar sus recursos al examen de los casos que exigen un análisis específico. Antes de que entrase en vigor el Reglamento, los servicios de la Comisión (DG IV) estaban tramitando cientos de acuerdos notificados. Cufllldo entró en vigor el Reglamento, estos servicios invitaron a las partes notificantes a precisar si deseaban mantener sus notificaciones o si, por el contrario, insistían en que la Comisión se pronunciase sobre la compatibilidad de los acuerdos notificados con el artículo 81 (ex-artículo 85). Los servicios de la Comisión también informaron a los interesados de que, de no recibir respuesta en el plazo de seis meses, procederían a archivar los asuntos. Ello hizo posible reducir a algunas decenas el número de notificaciones en trámite. La mayoría se refería a acuerdos de creación de agrupaciones de coaseguro o correaseguro (en lo sucesivo, las agrupaciones). Hay que señalar, de entrada, que éstos son, de lejos, los acuerdos más de dit1ciles de evaluar a la luz de las disposiciones del Reglamento (Título IV) y que la Comisión seguirá considerando prioritaria esta tarea durante los próximos años. Como todo reglamento de exención, el Reglamento contribuye a la aplicación descentralizada del derecho comunitario de competencia. En efecto, tanto los órganos jurisdiccionales nacionales como las autoridades nacionales de defensa de la competencia están facultados para comprobar por sí mismas si un acuerdo cumple las condiciones de aplicación del Reglamento y, por lo tanto, se le puede aplicar la exención. Además, desde la entrada en vigor del Reglamento, la Comisión ha precisado las modalidades de cooperación con estos órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales3. No obstante, en el sector de los seguros la Comisión no dispone de una relación sistemática de los casos de aplicación del Reglamento por parte de órganos jurisdiccionales y autoridades nacionales. La Comisión piensa que 3 Véanse sus comunicaciones de 1993 (DO C 39 de 13. 2. 1993, p. 10) y de 1997 (DO C 313 de 15. 10. 1997, p 9). 3 sería necesano contar con tal información antes de tormular propuestas de modificación del Reglamento. De ahí que invite a las autoridades nacionales de defensa de la competencia a que le faciliten dicha inf{lrmación. Esta inf{lnnaciún podría servir de punto de partida para un eventual intercambio de pareceres sobre la aplicación del Reglamento en el Comité consultivo en materia de prácticas restrictivas y de posiciones dominantes. Desde la entrada en vigor del Reglamento, en dos ocasiones los servicios de la Comisión han tenido la oportunidad de dar explicaciones sobre la aplicación de este Reglamento a las autoridades de supervisión de los Estados miembros, en el marco del Comité de,Seguros, que está presidido por la DG XV. PRIMERA PARTE CATEGORÍAS DE ACUERDOS SUJETOS AL REGLAMENTO l. Cálculo de la prima (Título 11) A. Aspectos generales 4. La prima comercial (o bruta) es el precio que paga el asegurado por la cobertura de un riesgo dado. Este precio incluye un elemento que refleja el coste neto de esta cobertura. Se trata de la prima de riesgo, que se fija en funcióu de la magnitud (intensidad) del riesgo aseguradn y de la' frecuencia (:on que se materializa el riesgo. Los aseguradores fi1an la prima de riesgo determinando, priinero, la prima pura (o neta), que está basada en los datos estadísticos sobre la frecuencia y la intensidad media del riesgo, a la que a continuación se aplica un coeficiente que tiene en cuenta las previsiones de desarrollo del riesgo. La prima comercial (o bruta) está formada por la prima de riesgo más los gastos administrativos y el margen de beneficios del asegurador. 6. El Reglamento autoriza a los aseguradores a establecer una cooperación para calcular una prima pur:1 que refleje el coste medio de la cobertura de los riesgos. La 4 letra a) del artículo 2 precisa que la cooperación debe limitarse a los aspectos necesarios para obtener estadísticas fiables sobre la magnitud y la frecuencia de los siniestros. Los aseguradores también pueden realizar conjuntamente estudios para hacer previsiones sobre la frecuencia o magnitud de los siniestros (letra b) del artículo 2), siempre que no calculen conjuntamente los márgenes de seguridad basados en estas previsiones (letra b) del artículo 3 ). La cooperación entre los aseguradores tampoco puede incluir el cálculo conjunto de los gastos administrativos o de los márgenes de beneficios de los aseguradores (ibídem). 6. La ratio legis del Título 11 se resume así. Cada riesgo individual es específico y varía en función de una serie de parámetros. Por ejemplo, en los seguros de automóviles la magnitud y la frecuencia del riesgo de responsabilidad civil (RC) que corre cada asegurado individualmente depende de una combinación de parámetros, como el tipo de vehículo (modelo, potencia del motor), el lugar de matriculación, su perfil personal (edad, profesión), etc. El asegurador intenta evitar (o al menos reducir al máximo) la ''dispersión", es decir, la diferencia entre el valor real de un siniestro por el que el asegurado debe ser indemnizado y la prima que este último paga. Para ello, el asegurador agrupa los riesgos similares y calcula su coste medio. La dispersión es menor cuanto a) más homogénos sean los riesgos y b) mayor sea el número de riesgos. La letra a) del artículo 2 autoriza a los aseguradores a agrupar riesgos en común. Corresponde a los actuarios y especialistas en estadísticas determinar qué número resulta suficiente para cada tipo de riesgo. La letra b) del artículo 2 pennite a los aseguradores perfeccionar las estadísticas elaborando conjuntamente estudios sobre la evolución del riesgo de que se trate. Esta cooperación permite conocer mejor los riesgos y facilita a las compañías de seguros su evaluación (véase el sexto considerando). A este respecto, conviene hacer una precisión. El tamaño es el factor clave a la hora de determinar en qué medida un asegurador verdaderamente necesita cooperar con sus competidores en el cálculo de las primas. Un gran asegurador puede tener el tamaño suficiente para agrupar por sí solo los riesgos similares necesarios para obtener estadísticas fiables. En tal caso, desde su punto de vista una cooperación del tipo previsto en el Título 11 no tendrá por efecto mejorar su conocimiento de los riesgos, sino antes bien el de sus competidores de tamaño insuficiente para p_roceder al agrupamiento de riesgos similares. En esas circunstancias, la cooperación tiene 5 otra virtud muy diferente: fomenta cierta solidaridad entre los aseguradores de distinto tamaño y crea así un leve/ playinK field (igualdad de condiciones de competencia) que redunda en beneficio de los aseguradores más pequeíios·1 B. Experiencia práctica 7. La Comisión no ha tenido que examinar detalladamente ningún acuerdo sobre cálculo conjunto de primas en el sector de los seguros de vida. Pero sí ha tenido que examinar acuerdos de este tipo en '-1 sector de los seguros no de vida. En todos los casos se tratabft de recomendaciones formuladas por asociaciones nacionales de aseguradores. En otras palabras, la cooperación en materia de cálculo de primas se extendía a (prácticamente) la totalidad de los operadores activos en el mercado nacional en cuestión. En dos casos (uno protagonizado por la asociación alemana VdS y el otro por la asociación belga UPEA), el examen se realizó sin que se iniciara procedimiento formal alguno. Un tercer caso se refería a una notificación efectuada por la UPEA. Los dos últimos casos (relativos a unas recomendaciones formuladas por la asociación italiana ANIA) fueron objeto de un procedimiento ex o. fficio. 8. El caso alemán se refería a la elaboración de estadísticas sobre los riesgos de RC en el sector del automóvil. La asociación Verband der Sachversicherer (VdS) se había fijado como objetivo determinar el coste medio de la cobertura de los riesgos (prima pura media) en función de la potencia del motor y en ~w\c;ión del índice de siniestralidad de cada región. En Alemania hay 400 regiones de matriculación. La VdS sostenía que hacía falt:1 tener al menos treinta mil riesgos para calcular de manera fiable la siniestralidad regional. Por ello, reagrupó algunas regiones limítrofes hasta llegar a un número de 320 regiones con al menos treinta mil riesgos cad~ una. La VdS preguntó informalmente a los servicios de la Comisión si podía 4 El Título 11 va más allá de las· decisiones Nuovo Cegam (DO L 99 de 11. 4. 1984, p. 29) y Concordato Incendio (DO L 15 de 19. 1. 1990, p. 25), por las que la Comisión estableció una exención para determinados acuerdos en materia de cálculg de la prima. En ambos casos, las partes irttegrant~s del acuerdo sólo representaban parte del mercado (el 26% y el 50% respectivarr. cnte) y la Comisión motivó la exención en las dificultades que los socios habrían tenido para entrar en el mercado de no mediar el acuerdo. 6 reagrupar en diez clases regionales globales las J20 primas puras resultantes de este primer rea~!nlpamicnto. A finales de 1 ')<)), los servicios de la ( 'omisiún respondilTon negativamente ~eñalando que este segundo reagrupamiento rebasaba los límites fijados en la letra a) del artículo 2 del Reglamento. Con la reducción a 320 regiones ya se había alcanzado el número suficiente para constituir "la población que pueda tratarse estadísticamente" prevista en esa disposición. Por lo tanto, tenían que ser los aseguradores quienes, de manera individual, redujesen este número aún más y definiesen según sus propios criterios unas clases más amplias. 9. El caso protagonizado por la Association Professionnelle des Entreprises d'Assurance (UPEA) le fue comunicado a la Comisión por la asociación belga de consumidores, Test Achats. Ésta denunció, entre otras cosas, una recomendación de la UPEA encaminada a establecer una prima pura mínima para la cobertura de los gastos de hospitalización en los contratos colectivos. Había una prima uniforme para los contratos con grupos de hasta 1 O afiliados y reducciones para los contratos con grupos mayores. No había indicio alguno de que esta recomendación estuviese basada en datos estadísticos. De ahí que los servicios de la Comisión concluyesen que la recomendación no era conforme al Título 11 e informasen de ello a Test Achats y la UPEA. Posteriormente, se llevó el asunto a tribunales nacionales. Tanto el Tribunal de Comercio primero, como el Tribunal de Apelación posteriormente, corroboraron la posición informal de los servicios de la Comisións. En la actualidad, el asunto está en n1anos del Tribunal de Casación. 1 O. El otro caso en que estaba implicada la UPEA se refería a una recomendación sobre el cálculo de las primas para los riesgos denominados especiales, relativos a la cobertura del riesgo de incendio en bienes muebles e inmuebles de un valor superior a determinado importe, como numerosos bienes industriales. La UPEA ya había notificado esta recomendación en 1988, es decir, mucho antes de que entrase en vigor el Reglamento. En lugar de recomendar una prima pura media, la UPEA instaba a sus miembros a aumentar o disminuir la ''"prima comercial básica", es decir, la prima pura básica más los gastos de administración y de distribución de cada asegurador. La mera elección de esta banda de valores excluía la recomendación del 5 Sentencia del presidente del Tribunal de Comercio de 1 de septiembre de 1995, confirmada por el Tribunal de Apelación de Bruselas el 24 de mayo de 1996. 7 ámbito de aplicación del Reglamento. Por añadidura, cada factor agravante o atenuante se traducía en un incremento o reducción porcentual (normalmente del 1 0%) que no parecía tener ningún fundamento estadístico, lo cual constituía un motivo más para concluir que la recomendación no estaba cubierta por el Reglamento. Finalmente, vino a corroborar esta conclusión una declaración de la propia UPEA según la cual las primas aplicadas por los aseguradores por regla general eran bastante inferiores a las que se habría derivado de la aplicación de la tarifa recomendada. Vistas las notables diferencias existentes entre las primas aplicadas por los aseguradores, los servicios de la Comisión se limitaron a informar a la UPEA de la incompatibilidad de su recomendación con el Título 11 y archivaron el asunto. 11. Los servicios de la Comisión también iniciaron dos procedimientos de oficio para examinar unas recomendaciones de la ANIA. La primera recomendación se refería a los recargos que los aseguradores debían aplicar en las primas de los seguros de carga marítima. Habida cuenta de que estos recargos se incluían en las primas comerciales (brutas), la recomendación de la ANIA guardaba cierta semejanza con la recomendación de la VdS que la Comisión había condenado formalmente en 1987 y era evidente que no podía aplicársele el Reglamento. Tras recibir el pliego de cargos, la ANIA declaró, con motivo de la audiencia (y posteriormente confirmó por escrito), que los recargos se expresaban en forma de porcentaje del valor de las mercancías aseguradas (y no de la priJ11a comercial) y que todos estos porcentajes tenían un fundamente ~s-t ,¡dístico. A la vista de ello, los servicios de la Comisión decidieron archivar el asunto en cuanto la ANIA hubiese dejado bien claro que su recomendación tenía carácter puramente indicativo y no vincuiaba en modo alguno a sus miembros (véase la letra a) del artículo 3). En 1997 los servtctos de la Comisión incoaron un procedimiento de oficio para verificar si ciertas recomendaciones de la ANIA verdaderamente cumplían todas las condiciones de aplicación del Título 11 del Reglamento 3932/92. Se trata, entre otras, de las recomendaciones o los bancos de datos ~n materia de seguro de automóvik ·~ (tanto riesgos varios, como robo e incendio, cerno RC)6. Este procedimiento vuelve a 6 A principios de 1993~ la ANIA certificó que la recomendación referente a los riesgos varios (robo, incendio) del seguro de automóviles sería modificada a la luz de las 8 colocar a los serviciOs de la Comisión ante la dificil tarea de comprobar la compatibilidad de un acuerdo con el Título II. El examen que se está realizando tiene por objeto verificar, por una parte, si los datos que cada asegurador debe facilitar a la ANIA son los estrictamente necesarios para determinar la frecuencia media de los siniestros y el coste medio de cobertura de los mismos, y por otra, qué efecto tiene la recomendación sobre las primas comerciales que aplican los aseguradores en la práctica. C. Perspectivas 12. La prueba de legalidad enunciada en el Título 11 es clara: la cooperación en materia de cálculo de la prima debe limitarse a los aspectos necesarios para formar grupos de riesgos comparables en número sufi9iente para constituir una población que pueda tratarse estadísticamente (letra a) del artículo 2). Los aseguradores deben ser libres de formar otros grupos. Cada asegurador elegirá uno u otro camino basándose en la técnica estadística, pero también atendiendo a su propia política comercial. La prueba de legalidad es clara, pero no es fácil de aplicar. La agrupación de riesgos autorizada por el Reglamento constituye un ejercicio técnico que los aseguradores encomiendan a los actuarios y que los servicios de la Comisión no están en condiciones de analizar y evaluar en profundidad. Además, si estos servicios acometiesen tal tarea, el Reglamento perdería su razón de ser: ofrecer a los aseguradores la posibilidad de que sus acuerdos estén amparados por una exención sin tener que notificarlos a la Comisión. Por lo tanto, los servicios de la Comisión se limitarán a examinar si el organismo encargado de calcular la prima pura media a) sólo recibe de los aseguradores los datos necesarios desde el punto de vista estadístico para calcular la prima y b) sólo transmite, a su vez, a los aseguradores estos datos en forma agregada (esto es, el número total de siniestros durante el período de observación y el total de disposiciones del Título II del Reglamento. Posteriormente, la autoridad de defensa de la competencia italiana (1 'Autorita) cuestionó la validez de ésta y otras recomendaciones desde el punto de vista del derecho de competencia italiano, por estimar que movía a los aseguradores a aplicar unas primas comerciales uniformes. L' Autorita adoptó una decisión de prohibición e impuso una multa a la ANIA, si bien ésta c. onsiguió la anulación, primero, de la multa por el Tribunal de Latium y, posteriormente, de la decisión por el Consejo de Estado. 9 indemnizaciones pagadas o pendientes por los siniestros ocurridos durante dicho período). Si encuentran dificultades a la hora de cercwrarsc del cumplimiento de las condiciones de aplicación del Título 11 del Reglamento, los servicios de la Comisión examinarán el efecto de la cooperación en materia de cá1culo de las primas sobre el mercado de referencia. Si los aseguradores no se atienen a los cálculos conjuntos de la prima pura media o aplican primas comerciales diferentes, los servicios de la Comisión tendrán que evaluar la magnitud de las desviaciones o diferencias para determinar si el acuerdo restringe la competencia de manera apreciable. En caso negativo, no intervendrán. 11. Condiciones tipo en los contratos de seguro (Título 111) A. Aspectos generales 13. El Título 111 del Reglamento se refiere a los acuerdos que tengan por objeto establecer y divulgar condiciones tipo en los contratos de seguro directo (art. 5. 1) o modelos comunes ilustrativos de los beneficios de un contrato de seguro que incluya un elemento de capitalización (art. 5. 2). Estos acuerdos restringen la competencia en la medida en que tienden a uniformar las condiciones propuestas por los aseguradores y, por consiguiente, a limitar la elección de los consumidores. No obstante, ""ofrecen la ventaja ~ los tomadores del seguro de facilitarles la comparación de las ofertas y de permitjr que los riesgos sean clasificados de un modo más homogéneo" (séptüno considerando). Como una normalÍ7:-1C;_6n lvml dejaría prácticamente sin elección a los consumidores, la exención sólo es aplicable a las condiciones tipo y los modelos comunes que indiquen explícitamente que tienen carácter puramente ilustrativo, es decir, que sólo sirven de ejemplo (apartados 1 y 2 del ari. ículo 6 ). Además, los aseguradores no pueden concertarse para servirse únicamente de estas condiciones tipo en las pólizas de seguro (artículo 7. 2). 14. Desde la entrada en vigor del Regiarrtento, los servicios de la Comisión no han tenido que ocuparse de ningún asunto relacionado con modelos comunes. Por lo 10 tanto, el presente inf(>rmc sólo trata del úmbito de aplicaciún de los artículos 7 y X. relativos a las condiciones de las pólizas. 15. El artículo 7 enumera una serie de condiciones que los aseguradores no pueden imponer a los consumidores de manera concertada. Estas condiciones que no están amparadas por el Reglamento se conocen con el nombre de "cláusulas negras". Se dividen, esencialmente, en tres categorías. La primera categoría incluye las cláusulas a que se refieren las letras a) a d) del artículo 7, que están relacionadas con el alcance de las coberturas. Las que excluyan de la cobertura daños que correspondan al ramo de riesgos de que se trate (letra a)), subordinen la cobertura de ciertos riesgos a determinadas condiciones (letra b)) o impongan una cobertura global que incluya riesgos a los cuales un número significativo de tomadores del seguro no están simultáneamente expuestos (letra e)) pueden, empero, ser eximidas si mencionan explícitamente que el asegurador es libre de suprimirlas. Por el contrario, las cláusulas a que se refiere la letra d), las que mencionen los importes de la garantía o de la franquicia, son cláusulas "negras" en todos los casos (es decir, incluso si se indica explícitamente que el asegurador es libre de suprimirlas). A la segunda categoría pertenecen las cláusulas a que se refieren las letras e) a i), que guardan relación con la duración de las pólizas. El Reglamento persigue evitar que con este tipo de ciáusulas los clientes se conviertan en prisioneros de los aseguradores. Con todo, hay dos cláusulas a las que puede aplicarse la exención siempre que el tomador del seguro de su consentimiento expreso (las referidas en las letras e) y t) ). Las demás no están cubiertas por la exención en ningún caso. El tercer grupo de cláusulas no cubiertas por la exención (en ningún caso), las mencionadas en las letras j) y k), se refieren a ciertos tipos de venta condicionada. El primer tipo impone al tomador del seguro la obligación de asegurar ante el mismo asegurador riesgos diferentes, mientras que el segundo, en caso de cesión del objeto asegurado, obliga al tomador del seguro a transferir el contrato de seguro al adquirente. 16. En virtud del artículo 8, la exención no es aplicable a los acuerdos que excluyan la cobertura de ciertas categorías de riesgos en razón de características relacionadas con 11 el tomador del seguro. No obstante, el artículo 8. permite el establecimiento de condiciones de seguro específicas para determinadas categorías sociales o profesionales de la población. B. Experiencia práctica 17. Muchas de las notificaciones efectuadas antes de entrar en vigor el Reglamento fueron retiradas posteriormente, al considerar las partes notificantes que los acuerdos estaban cubiertos por aquél. Otras fueron mantenidas porque las partes estimaron que había cierto margen de interpretación de las disposiciones del Reglamento, especialmente de las relativas a las cláusulas negras, y solicitaron a los servicios de la Comisión que confirmasen que las cláusulas notificadas estaban exentas. En algunos casos se pidió a los servicios de la Comisión que precisasen el alcance del artículo 7 sin que mediase notificación formal alguna. En un caso, el desencadenante fue una denuncia ( cf. infra). 18. En algunos casos se cuestionó la razón de ser de la condición de la letra a) del artículo 7, porque se consideraba imposible asegurar determinados riesgos. Los aseguradores afectados estimaron que debían tener la posibilidad de excluir, de común acuerdo, ciertos riesgos de toda cobertura. Alegaron que el riesgo de inundación en los Países Bajos, especialmente la provocada por el mar (una parte importante del país está por debajo del nivel del mar), no era asegurable. Ese era el motivo por el que la organización nacional de aseguradores (VvV) había decidido prohibir la cobertura del riesgo de inundación (tanto por d. ¡~qr como por aguas · fluviales). Los servicios de la Comisión preguntaron "'Or qué era necesario tomar tal decisión si los aseguradores consideraban que, de todos modos, el riesgo no era asegurable. La VvV justificó su decisión aduciendo las singulares características de los Países Bajos. En otros países, los distintos riesgos naturales catastróficos (im-ndaciones, incendios forestales, etc. ) afectan a regiones diferentes. Ello permite que el Gobierno imponga una solidaridad del conjunto de la población y los aseguradores ofrezcan un seguro global para todos esos riesgos. Esto es imposible en los Países Bajos. El VvV había contemplado la posibilidad de constituir un consorcio especial para los riesgos de inundación lir,ütados a las aguas fluviales en el que habrían participado los aseguradores y el Gobierno. Pero el Consejo de Estado neerlandés bloqueó el proyecto al estimar que no era razonable que el riesgo de 12 inundación por aguas fluviales, que afectaba a 200 000 hogares. fúese financiado por los seis millones de hogares titulares del seguro global contra riesgos naturales. Al final, la VvV modificó su condición tipo conf(>rme al artículo 7. 1. a) haciéndola facultativa para que cada asegurador decida si quiere cubrir el riesgo de inundación. También se examinó un acuerdo que excluía los riesgos de guerra del seguro de buques. Los servicios de la Comisión no lo consideraron contrario al artículo 7. l. a) en la medida en que la exclusión se aplicaba a pérdidas que no correspondían "normalmente" al ramo en cuestión. Sin embargo, el término "normalmente" no aparece en todas las versiones lingüísticas del Reglamento. Esta cuéstión tendrá que abordarse cuando expire el Reglamento. 19. La cuestión del alcance exacto del artículo 7. d. 1 ha sido debatida en vanas ocasiones. Es más, la única denuncia que la Comisión ha recibido relacionada con el Título 111 se refería a esta cuestión. La denuncia (informal) fue presentada por Test Achat, la asociación belga de consumidores, y tenía por objeto, entre otras cosas, la recomendación anteriormente mencionada de la UPEA relativa a la cobertura tipo de los gastos de hospitalización y a la fijación de una franquicia tipo (para los aspectos relacionados con el Título II, véase el punto 9). La UPEA proponía limitar la cobertura al doble del importe de los gastos reembolsados por la seguridad social básica y fijar la franquicia en un 10% de esta cobertura (con un tope máximo de 20 000 FB). Los servicios de la Comisión consideraron que esta recomendación infringía el artículo 7. l. d)l. La Gliedertaxe alemana, que fue notificada formalmente, también planteó un problema de interpretación del · artículo 7. l. d). Como el riesgo de guerra anteriormente mencionado, el problema de interpretación tenía su origen en una divergencia entre la distintas versiones lingüísticas del Reglamento. Si se sigue el texto alemán, la exención por categorías no sólo no puede aplicarse si los aseguradores se ponen de acuerdo sobre el importe de la cobertura, ~ino tampoco si conciertan cualquier otro aspecto de la cobertura ("Angabe"). Una recomendación de la asociación alemana de aseguradores (GDV) sobre el seguro general de accidentes determina los grados de invalidez de las personas privadas del uso de uno de sus miembros o de un órgano sensorial. Es 7 Como se señaló en el punto 9, el asunto acabó en los tribunales nacionales. 13 evidente que estas indicaciones tienen repercusiOnes sobre el nivel de cobertura ofrecido por los aseguradores. Sin embargo, aunque consideraban aplicable el artículo 7. l. d), los servicios de la Comisión hallaron suficientes motivos para enviar una carla administrativa de compatibilidad a la GDV en septiembre de 1998. En efecto, no encontraron elemento alguno para refutar el argumento de que la fijación de grados uniformes de invalidez da una transparencia al mercado que permite a los asegurados presionar a los aseguradores para que compitan entre sí. Además, los servicios de la Comisión tuvieron en cuenta el hecho de que los grados de invalidez estaban fundados en informes médicos y, de todos modos, los aseguradores podían renunciar a ir Gliedertaxe. En 1996, la cláusula tipo "%de la responsabilidad en caso de colisión» del seguro de buques también fue examinada a la luz del artículo 7. l. d). Había que determinar si el cuarto restante debía considerarse como una franquicia uniforme incompatible con las disposiciones del artículo 7. 1. d). En este caso concreto se comprobó que había coberturas complementarias para el cuarto restante (que ofrecían los aseguradores del casco o los P&I Clubs). De manera que no cabía hablar de franquicia. En cualquier caso, los servicios de la Comisión consiguieron que el Institute of London Underwriters (ILU) y la Lloyd's Underwriters' Association (LUA) precisasen que la regla de los% no tenía carácter vinculante. 20. Las disposiciones del artículo 7. l. e) también han sido objeto de discusión en varias ocasiones. Se invitó a los servicios de la Comisión a comentar la cláusula tipo del GDV que permite a los aseguradores mantener una póliza aunque hayar. aumentado la prima sin alterar la cobertura (seguro de automóviles) o hayau reducido la cobertura (seguro contra la piratería r:1arítima). Estas cláusulas sólo están cubiertas por la exención del Reglamento si el tomador del seguro da su consentimiento expreso. No obstante, en ambos casos, los servicios de la Comisión aceptaron estas condiciones tipo porque fijaban un preaviso suficiente para que el tomador del seguro manifestase su desacuerdo. 21. De confomlidad con el artículo 8, el Reglamento no es aplicable a los acuerdos que excluyan la cobertura de ciertas categorí?. S de riesgos en razón de características relacionadas con el tomador del seguro. De ahí que se declarase contraria al artículo 8 una cláusula tipo que excluía del seguro general de accidentes a quienes precisasen 14 permanentemente cuidados intensivos o padeciesen trastornos mentales. l·:t hecho de que esta cxdusiún súlo pudiese producirse al poco de lir111arsc el contrato no 111odi licú esta conclusión. C. Perspectivas 22. Como demuestran los ejemplos anteriormente mencionados, las divergencias entre las versiones lingüísticas del Reglamento pueden originar problemas de interpretación. Este informe brinda a la Comisión la oportunidad de invitar a todos los interesados a que le comuniquen otras diferencias lingüísticas que hayan podido producir tales problemas, sugiriendo las modificaciones del texto que consideren apropiadas. 23. Como se señaló más arriba, hay tres cláusulas tipo enumeradas en el artículo 7. 1 que no están cubiertas por la exención si no indican que el asegurador es libre de suprimirlas (las cláusulas a que se refieren las letras a) a e). del artículo 7. 1 ). Habrá que reconsiderar este principio. En primer lugar, porque el artículo 6. 1 ya dispone que las cláusulas "blancas" disfrutan de la exención siempre que ~~se establezcan y difundan con la mención explícita de que son solamente ind~cativas", es decir, si el asegurador es libre de renunciar a ellas. La ·exigencia de las disposiciones de las letras a) a e) del artículo 7. 1 anula la distinción entre "cláusulas negras" y "cláusulas blancas". En segundo lugar, porque poco importa el que las cláusulas tipo para pólizas contengan o no una mención explícita de que no son obligatorias para los aseguradores; lo importante es saber en qué medida estas condiciones son el reflejo de la voluntad de una asociación de aseguradores de coordinar el comportamiento de sus miembros en el mercado8. Así ocurre cuando en la práctica todos los aseguradores siguen la recomendación de la asociación. En tercer lugar, porque las letras d) a k) del artículo 7. 1 y el artículo 8 tienen por objeto «cláusulas negras» a secas (es decir, que lo son por mucho que los aseguradores sean libres de no aplicarlas). Ahora bien, estas cláusulas no son más petjudiciales para los asegurados que las referidas en las letras a) a e) del artículo 7. 1. 8 Véase la sentencia Verband der Sachversicherer, punto 32 - Asunto 45/85, Rec. 1987, p. 405. 15 24. Como ya se ha visto, el Reglamento no es aplicable a los acuerdos en cuya virtud los aseguradores estén obligados a no ofrecer individualmente determinadas coberturas (artículo 7. 1. a) y artículo 8). La cuestión está en saber si tampoco debería ser aplicable cuando los aseguradores decidan ofrecer una cobertura conjunta creando una agrupación con arreglo al Título IV y en qué medida tal agrupación cumple las condiciones establecidas en ese Título (véase más adelante). 111 Cobertura en común de determinados tipos de riesgos (Título IV) A. Aspectos generales 25. El Título IV se refiere a los acuerdos por los q~e los aseguradores crean agrupaciones de coaseguro o de correaseguro para cubrir "un número indeterminado de riesgos" (décimo considerando). En otras palabras, sólo afecta a las agrupaciones institucionalizadas destinadas a la cobertura conjunta de determinados tipos de riesgos, y no a las agrupaciones ad hoc que pueden crearse para cubrir un nesgo dado. Estas últimas no plantean problemas de competencia. 26. El Reglamento está basado en la premisa de que en sí toda agrupación institucionalizada restringe la competencia. No obstante, la exención por categorías es aplicable a las agrupaciones de este tipo siempre que la cuota de mercado de sus participantes (o de la propia agrupación en el caso de los riesgos catastróficos o agravados) no supere cierto límite. En virtud del artículo 11. 1, las agrupaciones pueden eximirse sobre la base del Reglamento cu::utdo la cuota de mercado de sus miembros no supere el 10% ( coasegur0) o del 15o/o ( correaseguro ). La cuota de mercado se calcula basándose en el volumen de negocios total de los miembros en el mercado de seguros de que se trate, tanto si este volumen de negocios se genera a través de la agrupación como independientemente. A este respecto, cabe señalar que la obligación de aportar todos los riesgos a la agrupación debe considerarse como una restricción excesiva de la competencia y debe excluirse del ámbito de aplicación de la exención ( decimotercer considerando). El artículo 11. 2 precisa que la cuota de mercado que hay que tomar en consideración en caso de cobertura de riesgos catastróficos o agravados es únicamente la de los 16 ""productos de seguro aportados a la agrupación", es decir, viene determinada por el volumen de negocios generados a través de la agrupación (sin perjuicio de dos condiciones que no se mencionan aquí). La buena aplicación del artículo 11 depende de una correcta definición del mercado de productos de referencia y del mercado geográfico de referencia. En una reciente Comunicación9, la Comisión definió el mercado de productos de referencia como aquel que comprende la totalidad de los productos que ejercen una presión competitiva sobre el producto de que se trate. La Comisión señaló tres fuentes principales de presiones: la sustituibilidad de la demanda, la sustituibilidad de la oferta y la competencia potencial. Como cada póliza de seguros es única y, por consiguiente, la sustituibilidad de la demanda en principio es nula, la sustituibilidad de la oferta cobra especial importancia en la definición de los mercados en el sector de los seguros. En cuanto a la competencia potencial, no se tiene en consideración este factor en la definición del mercado, pero sí en una fase ulterior, a la hora de determinar la posición de las empresas en ese mercado (véase el apartado 24 de la Comunicación). 27. Las demás disposiciones del Reglamento, especialmente los apartados 3 y 4 del artículo 1 O y los artículos 12 y 13, indican qué restricciones de su libertad de acción pueden aceptar los miembros de una agrupación sin que ésta quede excluida de la exención por categorías. Algunas de estas restricciones restringen apreciablemente la competencia entre los miembros: por ejemplo, la obligación de utilizar las mismas condiciones en las pólizas y aplicar las mismas primas (primas de riesgo en el caso del coaseguro, primas comerciales en el del correaseguro) o someter la liquidación de los siniestros a la aprobación de la agrupación. No obstante, estas restricciones se consideran inherentes a un acuerdo de agrupación. Por ello, no plantean por sí mismas problemas de competencia, a condición de que no se rebasen las cuotas de mercado fijadas en el artículo 11. B. Experiencia práctica 9 Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia; DO C 372 de 9. 12. 97. 17 28. Desde la entrada en vigor del Reglamento, los servicios de la Comisión han depurado el enfoque que siguen con las agrupaciones. En el plano conceptual, aplican una prueba de legalidad en tres fases para determinar si una agrupación entra dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 (ex-apartado 1 del artículo 85. ). La segunda fase de esta prueba es nueva, en la medida en que no está prevista en el Reglamento de manera explícita. a) El primer paso consiste en determinar si la agrupación o sus miembros cumplen las cuotas de rnercado fijadas en el artículo 11. Para ello, una de las principales dificultades radica en definir correctamente el mercado o mercados de productos de referencia y el mercado o mercados geográficos de referencia y, a continuación, evaluar del mismo modo las cuotas de mercado. Esta dificultad tiene su origen en el hecho de que el sector de los seguros está organizado en ramos de riesgos (anexo de la Primera Directiva de seguros no de vida 10) y estos ramos no corresponden forzosamente a los mercados de productos de referencia. Otra dificultad más radica en el hecho de que a menudo una misma agrupación cubre simultáneamente riesgos catastróficos o agravados y riesgos normales. Ello obliga a examinar la agrupación a la luz tanto del apartado 1 como del apartado 2 del artículo 11. b) La segunda fase sólo es pertinente si la agrupación no cumple (o sólo parcialmente) los requisitos del artículo 11, especialmente si rebasa los lhnites máximos fijados. En tal caso hay que determinar si la agrupación es necesaria para que sus miembros estén presentes en un mercado concreto. En efecto, en todos los ramos del sector de los seguros un asegurador debe asegurar un número mínimo de riesgos para estar presente en el mercado sin correr riesgos e(,_ccsivos. El riesgo medio de su cartera debe corresponder a la media de ~a totalidad de los riesgos de este tipo. Por tanto, es necesaria una elevada probabilidad para que la siniestralidad real del asegurador sea igual a la siniestralidad media del conjunto de los aseguradores. Esta elevada probabilidad sólo puede conseguirse cubriendo un núm-,;;(o mínimo de riesgos. Es lo que se llama dimensión mínima. Sin embargo, algunos riesgos catastróficos son de tal envergadura que ningún asegurador puede asegurarlos por sí -solo. En tales circunstancias, una agrupación que persiga alcanzar 10 Directiva 73/239 del Consejo, de 24 de julir' de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentaria~ y ádministrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio. DO L 228 de 16 de agosto 1973, p. 3. 18 la dimensión mínima no restringe la competencia. Más bien la fortalece, ya que permite a un grupo de aseguradores que no podrían cubrir estos riesgos aunar sus recursos e introducir un nuevo operador en el mercado, lo cual redunda en beneficio de quienes necesitan el seguro. Aun en el caso de los riesgos no catastróficos, los pequeños aseguradores pueden verse obligados a agruparse para alcanzar la dimensión mínima. En cualquier caso, la Comisión considera que las agrupaciones que son necesarias para que sus miembros puedan ofrecer un tipo de cobertura que no podrían ofrecer en solitario no entran dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 (ex-apartado 1 del artíiculo 85. ), sea cual sea la cuota de tnercado de los interesados. e) En el supuesto de que la agrupación no sea necesaria para que sus miembros cubran un riesgo, habrá que determinar si los miembros tienen la obligación contractual de aportar todos o parte de sus contratos sobre el riesgo de que se trate a la agrupación. Si media tal obligación, es aplicable del apartado 1 del artículo 81 (ex-apartado 1 del artículo 85). De lo contrario, del apartado 1 del artículo 81 (ex apartado 1 del artículo 85. ) puede ser aplicable siempre que para los miembros no sea preferible desde el punto de vista comercial ofrecer sus productos fuera de la agrupación (véase a este respecto el último párrafo del punto 33 ). 29. Este nuevo enfoque relativo a las agrupaciones de aseguradores (y, en particular, la evaluación de la necesidad de la agrupación para alcanzar una dimensión mínima) confiere al artículo 11 del Reglamento el efecto de una norma de minimis. Este enfoque fue aplicado a un acuerdo de reparto de siniestros dentro de una mutua de seguros (entidad equivalente a una agrupación en el sector del seguro mutualista) en el asunto P&l Clubs (Protection and Indemnity insurance). La Comisión llegó a la conclusión de que este acuerdo entre aseguradores mutualistas que tenían una cuota del 89% del mercado mundial del seguro marítimo de responsabilidad contractual y no contractual no entraba dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 (ex-apartado 1 del artículo 85), ya que la agrupación era indispensable para que sus miembros pudiesen ofrecer el nivel de cobertura que ofrecen actualmente ( 4 250 millones de dólares estadounidenses). Un estudio pormenorizado del mercado, en el que se consultó a los principales corredores y reaseguradores presentes en el mercado de los P&I Clubs así como los propios P&I Clubs, puso de manifiesto que ninguna entidad o grupo que tuviese una cuota de mercado inferior al 50o/o podía ofrecer tal nivel de cobertura. La Comisión también eximió el procedimiento de 19 tarificaci~n con el que se intenta evitar que los Clubs compitan entre sí rebajando sus pr~cios (expresados en ""rates per ton"). La Comisión lo hizo por analogía con el artículo 13 del Reglamento, que autoriza la tijación de primas de riesgo u ni formes en las agrupaciones de correaseguro, pero no la fijación de primas comerciales uniformes. Efectivamente, tras la modificación del mecanismo inicial, el procedimiento de tarificación se aplica únicamente a los costes de los Clubs relacionados con el riesgo (incluidos, por motivos prácticos concretos, los costes de la retención) y ya no se aplica a los costes administrativos. Para más información al respecto, véase la decisión recientem(!nte adoptada por la Comisión. 30. En septiembre de 1997, los servicios de la Comisión iniciaron una investigación sobre el mercado del seguro contra los riesgos de la aviación para determinar si las agrupaciones (notificadas o no) presentes en la Comunidad en este sector entraban dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 (ex-apartado 1 del artículo 85. ). Esta investigación puso de manifiesto que, para la gran mayoría de estos riesgos, el mercado geográfico de referencia tiene dimensiones internacionales, ya que los clientes (esencialmente compañías aéreas que disponen de una importante flota propia) son grandes compañías que pueden buscar por todo el mundo las condiciones de seguro más favorables. En este mercado, ninguna agrupación ha conseguido hacerse con una cuota de mercado cercana a los límites fijados en el artículo 11 del Reglamento. Por lo tanto, ninguna de estas agrupaciones restringe la competencia de manera apreciable, con arreglo al apartado 1 del artículo 81 (ex apartado 1 artículo 85), en este mercado (primera fase la prueba). Por el contrarie, en el caso de los riesgos no catastróficos (a los que corresponden valores d~ seguro relativamente bajos en comparación con los demás riesgos de la aviación del mismo ramo) el mercado estaba fragmentado en mercados nacionales. Los clientes son propietarios d~ 2. ~;~one3 más pequeños, aeroclubes o clubes de paracaidismo que tiene pvcas posibilidades de buscar mejores condiciones de seguro en el extranjero. En estos mercados nacionales, las agrupaciones poseen cuotas de mercado que. rebasan con creces los límites del artículo 11 (primera fase). Además, estas agrupaciones no parecen ser necesarias para cubrir los riesgos en cuestión (segunda fase). Sin embargo, los servicios de la Comisión decidieron no seguir adelante con sus investigaciones. El estudio de mercado demostró que la cobertura de estos riesgos pequeños no constituye más que una parte muy reducida del volumen de negocios mundial de los operadores implicados. De ahí que los servicios de la 20 Comisión concluyesen, a principios de 1999, que no mediaba un interés cOinunitario suficiente para investigar posibles infracciones a la normativa comunitaria de compl~tencia y decidiesen enviar sendas cartas administr:. 1Livas de con((lnnidad a los ~ aseguradores que habían notificado su agrupación para el ramo de la aviación. No obstante, estas cartas contenían un párrafo referente a los mercados nacionales en el que se subrayaba que las autoridades nacionales de defensa de la competencia podían intervenir en lo tocante a los aspectos estructurales y las actuaciones anticompetitivas de las agrupaciones si lo juzgaban necesario. En dos casos no se estimó necesario enviar una carta administrativa de conformidad porque entretanto los interesados habían decidido disolver la agrupación (Italia) o transformarla en una compañía que aseguraba los riesgos de la aviación por cuenta propia (Países Bajos). En aras de una buena administración, los servicios de la Comisión también infonTtaron por escrito del fin de las investigaciones a los aseguradores que no habían notificado su agrupación pero habían sido consultados en el marco del estudio de mercado. 31. Hay que hacer algunas precisiones acerca de la experiencia práctica de la Comisión con las agrupaciones. En primer lugar, puede ocurrir que los aseguradores consideren necesaria una agrupación en un momento dado, pero no posteriormente. El motivo puede ser que al cabo de cierto tiempo los aseguradores adquieran la capacidad mínima o la experiencia suficiente para asegurar solos el riesgo de que se trate. También puede ocurrir que se produzcan alteraciones en la importancia o la naturaleza de los riesgos cubiertos por la agrupación y que, de resultas de ello, estos riegos puedan ser cubiertos individualmente por los miembros de la agrupación. La agrupación neerlandesa de correaseguro del riesgo de invalidez lnvalidileilscentrale (IVC), que fue creada en 1955, constituye un buen ejemplo. Al principio, todos los aseguradores efectuaban la totalidad de sus operaciones a través de la agrupación y se consideraban incapaces de ofrecer una cobertura individualmente, ya que carecían de experiencia suficiente en ese campo. Pero con el tiempo los aseguradores acumularon experiencia y comenzaron a competir entre sí. En 1983, la cuota de mercado de la agrupación había bajado hasta el 25% del total. En 1993 ya era inferior al 5% y en 1994 los aseguradores decidieron no ofrecer más pólizas a través de la agrupación. Ésta sólo se mantiene para la gestión de las pólizas ya existentes. La agrupación irá perdiendo consistencia a medida que los asegurados lleguen a la 21 edad de jubilación o fallezcan. En este caso concreto, no podía aplicarse la exención del Reglamento ya que los miembros de la agrupación tenían una cuota conjunta que superaba netamente el límite del 15% previsto en el artículo 11. 1. Sin embargo, los servicios de la Comisión remitieron una carta administrativa de conformidad con arreglo al apartado 3 del artículo 81 (ex-apartado 3 del articulo 85 ). Dichos servicios constataron que, a la vista de la insignificante cuota de mercado de la agrupación, cabía descartar, sin necesidad de analizar más el mercado, todo riesgo de que los miembros de la agrupación coordinasen su comportamiento competitivo fuera de la agrupación (riesgo denominado "spill over"). Naturalmente, la cosa cambia si la agrupación deviene innecesaria pero conserva cuotas de mercado sustanciales. AsL en el asunto P&I Clubs (véase arriba) la Comisión se reservó el derecho a revocar la exención concedida al procedimiento de tarificación (véase el punto 29) si el acuerdo dejase de ser necesario para que las partes ofrezcan el nivel de cobertura que ofrecen. En segundo lugar, en algunos casos los servicios de la Comisión enviaron cartas administrativas de conformidad porque el volumen de negocios total generado por la agrupación era tan bajo que era innecesario hacer un examen más detenido. Los volúmenes de negocios a que nos referimos eran muy inferiores a los fijados para las PYME en la Comunicación de mini mis de la Comisión 11 • Este enfoque pragmático se aplicó a algunas agrupaciones neerlandesas que cubrían riesgos profesionales. En otros casos, el bajo nivel de volumen de negocios llevó a los servicios de la Comisión a archivar el expediente por falta de interés comunitario (por ejemplo, en el caso de una agrupación neerlandesa relacionada con el seguro de incendio de caravanas) o sin pronunciarse sobre la existencia de una infracci0:J al apart&¿o 1 del artículo 81 (ex-apart(;ldo 1 del artículo 85) (una agrupación aleraana de seguros de automóviles paru. los conductores extranjeros que Ho estén provistos de un seguro de RC suficif. 'r. 1e en la frontera). En lercer lugar, en otros casos, los servicios de la Comisión aplicaron directamente la norma "de minimis " del artículo 11, definiendo con amplitud el mercado de productos de referencia o el mercado geográfico de referencia (por ejemplo, se ' 1 DO C 3 72 de 9. 12. 1997, p. 13, particularmente el apartado 19. Por supuesto, no podía invocarse esta Comunicación por sí misma porque las empresas de seguros que participaban en la agrupación no se ajustaban a la definición de PYME en ella formulada. 22 consideró que una agrupación austríaca que aseguraba transportes internacionales y que obtenía alrededor de un tercio de su volumen de negocios con clientes extranjeros operaba en un mercado más amplio que Austria~ la cuota de mercado de otra agrupación austríaca que aseguraba vehículos de la marca Volkswagcn se determinó tomando como referencia el mercado de productos, más amplio, del seguro de automóviles en general; y se consideró que una agrupación italiana que ofrecía a los empresarios un seguro contra los retrasos en la ejecución de obras tenía como con1petidores las entidades financieras que ofrecían garantías bancarias para tales casos). C. Perspectivas 32. Los servicios de la Comisión acaban de iniciar el examen de las agrupaciones de coaseguro o correaseguro en el sector de los riesgos medioambientales y en el de los riesgos nucleares. Algunas de estas agrupaciones fueron objeto de notificación (a la agrupación francesa Assurpol se le concedió una exención en 1991, que expiró el año pasado 12). Todas estas agrupaciones serán sometidas a la prueba de legalidad en tres fases arriba descrita (punto 28). 33. Todavía cabe hacer algunas observaciones acerca de la aplicación del Reglamento de exención en el futuro. En primer lugar, la Comisión reconoce que en el caso de algunos riesgos muy especiales (satélites y naves espaciales, por ejemplo) puede ser imposible determinar con certeza la cartera mínima indispensable para entrar en el mercado y, por consiguiente, si realmente es necesaria la agrupación para sus miembros. En tales casos, la Comisión tiene la intención de conceder el beneficio de la duda a la agrupación y adoptar una actitud favorable, salvo que se opongan a ello otros factores particulares. En segundo lugar, cabe la posibilidad de que una agrupación que reúna a miembros de tamaños sensiblemente diferentes sea necesaria para algunos de ellos, pero no para otros, que podrían operar solos en el mercado. En tales casos, la Comisión no exigirá la disolución de la agrupación si con ello se impide a los primeros mantenerse en el mercado. No obstante, si la agrupación tiene un tamaño suficiente 12 DO L 37 de 14. 2. 1992, p. 16. 23 para ser reemplazada por dos o más agrupaciones que compitan entre sí, la Comisión exigirá que se lleve a cabo una reestructuración de este tipo. En tercer lugar, la Comisión es consciente del hecho de que los aseguradores pueden crear agrupaciones de coaseguro o corrcascguro por otros motivos que el de hacer posible la presencia de sus miembros en un mercado. La agrupación puede crearse para poner en marcha mecanismos de subvención cruzada entre diferentes tipos de riesgos, para efectuar de manera colectiva la compra de reaseguros, para aumentar los conocimientos técnicos de sus miembros o para simplificar la gestión administrativa de diferentes riesgos. En esta fase de su reflexión, los servicios de la Comisión se inclinan tendencia a creer que los aseguradores pueden alcanzar estos objetivos sin crear agrupaciones, es decir, por otros métodos que restrinjan menos la competencia (véase de nuevo el punto '28). IV. Equipos de seguridad (Título V) A. Generalidades 34. El Título V autoriza a los aseguradores a fijar de común acuerdo a) especificaciones técnicas relativas a los equipos de seguridad y procedimientos para verificar si estos equipos se ajustan a tales especificaciones (primer guión del artículo 14) y b) normas para la homologación de las empresas de instalación o mantenimiento y procedimientos que permitan evaluar el cumplimiento de estas normas (segundo guión del artículo 14 ). Este tipo de cooperación permite a los aseguradores evaluar mejor los riesgos que cubren y calcular con mayor precisión las prünas que perciben. También anima a los fabricantes de sistemas de seguri¿ad a mejorar sus productos y, por consiguiente, r:8ntribuye a minimizar los riesgos asegurados. En principio, el asegurado también sale beneficiado, ya que si compra un equipo de seguridad eficaz el riesgo que corre es menor y la prima también. 35. Por lo que se refiere a las especificaciones técnicas relativas a los eqUipos de seguridad, el Reglamento está en la línea del nuevo enfoque en materia de armonización técnica y de normalización y del enfoque en materia de certificación y 24 de ensayos de la Comisión 13. Esta política preconiza un proceso de armonización basado, por un lado, en una normativa que establezca las exigencias esenciales y, por otro, en los trabajos de los organismos europeos de normalización reconocidos, con la participación de todos los operadores del mercado. Éste es el motivo por el que el artíq. tlo 14 se refiere "en particular" a las especificaciones técnicas "destinadas a convertirse en normas europeas" (véase, asimismo, el decimosexto considerando). Los términos "en particular" indican, empero, que las especificaciones técnicas establecidas por los aseguradores (o sus asociaciones) a escala nacional (y, por consiguiente, sin aspiraciones europeas) también pueden acogerse a la exención del Reglamento a condición (entre otras) de que estén "técnicamente justificadas" (letra a) del artículo 15). Concretamente, las especificaciones deben incluir una clasificación en función del nivel de las prestaciones obtenido (letra e) del artículo 15). El artículo 15 supedita, pues, la· aplicabilidad de la exención a estas especificaciones a unas condiciones de legalidad "Cassis de Dijon" aplicables a las medidas estatales que tengan por efecto restringir la libre circulación de las mercancías con arreglo al artículo 28 (ex-artículo 30) del Tratado. 36. En cuanto a las normas para la homologación de los instaladores y reparadores, el artículo 14 no incluye referencia alguna a sus aspiraciones europeas. Basta con que estas normas sean "objetivas", se apliquen sin discriminar a las empresas en cuestión y tengan por objeto "la cualificación técnica de estas empresas" (letra b) del artículo 15). B. Experiencia práctica 3 7. Los servicios de la Comisión sólo han tenido que examinar unos cuantos casos que entran dentro del ámbito de aplicación del Título V. Además de cierto número de denuncias informales relacionadas con los sistemas de alarma para vehículos de motor, recibieron algunas notificaciones de asociaciones nacionales de aseguradores referentes a los equipos de seguridad destinados a evitar los robos en edificios. Por otra parte, el Comité Europeo de Seguros (CES) comunicó a los servicios de la Comisión algunas iniciativas aisladas del sector encaminadas a crear sistemas "con 13 Véanse la Resolución del Consejo de 7 de mayo de 1985 (DO C 136 de 4 de junio de 1985, p. 1), la Comunicación de la Comisión de 15 de junio de 1989 (DO C 267 de 19 de octubre de 1989, p. 3) y la Directiva 98/34 del Parlamento y del Consejo de 22 de junio de 1998 (DO C 204 de 21 de julio de 1998, p. 37). 25 vocación europea" (sistema contra incendios, normas mínimas comunes para la homologación de los instaladores). Por contrario, el Comité indicó que en el ámbito de las alarmas contra el robo o el allanamiento se habían elaborado pocas normas europeas. 38. Al examinar los sistemas en cuestión, los servicios de la Comisión distingue dos situaciones. O bien el legislador comunitario adopta directivas de armonización en el ámbito correspondiente, como en el caso de los vehículos de motor, para los que existe un procedimiento de homologación comunitaria, y también en el de los sistemas de alarma instalados en estos vehículos, para los que hay vigentes normas para su armonización facultativa 14 • O bien no se ha producido armonización alguna. Así ocurre con los demás equipos de seguridad. Las directivas sobre "baja tensión" y "compatibilidad electromagnética" sólo cubren algunos aspectos de estos equipos. No obstante, cuando no se ha producido una armonización a escala comunitaria, los Estados miembros tienen la obligación de notificar sus proyectos de normas técnicas nacionales a la Comisión y a los demás Estados miembros 15. Hay que reconocer que los trabajos de armonización voluntaria de los organismos europeos de normalización reconocidos (particularmente, los del Comité Técnico TC 79 del CENELEC) apenas han avanzado debido a la existencia de normativas y especificaciones nacionales. 39. En la primera situación (p. ej. , sistemas de alarma para vehículos), las directivas en cuestión prevén una armonización facultativa: al tiempo que autorizan a los Estados miembros a promulgar normas más estrictas para los equipr. ·; fabricados en el territorio nacional, les prohíben oponerse a la comercialización de equipos importados si éstos cumplen la normativa comunitaria. ·De ello se sigue, mutatis mutandis, que el artículo 81 (ex-articulo 85) prohíbe a las asociaciones nacionales de aseguradores emitir recomendaciones que obstaculicen la libre circulación de los equipos conformes a las directivas de armonización. Parece lógico que se prohíba a 14 Véase, para los sistemas de alarma, la Directiva 74/61 del Consejo (DO L 42 de 23 de febrero de 1970), modificada por la Directiva 95/56 de la Comisión (DO L 286 de 29 de noviembre de 1995). IS Véase la Directiva 98/34 del Parlamento y del Consejo (DO L 204 de 21 de julio de 1998), que codifica la Directiva 83/189 del Consejo (DO L 109 de 26 de abril de 1983), por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas. 26 las empresas privadas hacer aquello que las autoridades públicas de los Estados miembros no están autorizadas a haccr' 6. Por poner un ejemplo, si la Directiva dispone que los cables de los sistemas de alarma sean de determinado color, los aseguradores no podrán oponerse a la comercialización de equipos con cables de ese color. En general, tampoco podrán someter los equipos homologados de conformidad con lo previsto en la Directiva, a un procediiniento de evaluación nacional (suplementario) encaminado a con1probar el cumplimiento de las especificaciones técnicas nacionales. La infracción a las normas de competencia será aún más patente si la asociación de aseguradores concede un trato diferente a los sistemas de alarma instalados en los vehículos por el fabricante. 40. En la segunda situación (p. ej. , sistemas de seguridad antirrobo), hay que comenzar por señalar que no cabe descartar a priori la posibilidad de que las recomendaciones formuladas por asociaciones nacionales de aseguradores para establecer especificaciones técnicas estén sujetas a las disposiciones de la Directiva por la que se establece un procedimiento de información en materia de normas y reglamentaciones técnicas 17. En cuanto a las condiciones de aplicación del artículo 81 (ex-articulo 85), del artículo 15 del Reglamento se desprende que deben aproximarse a las relativas a la aplicación del artículo 28 (ex-articulo 30) (libre circulación de mercancías) y los artículos 43 (ex-articulo 52) y 49 (ex-articulo 59) (libre circulación de personas y servicios). Salvo que medien motivos objetivos, los aseguradores establecidos en un Estado miembro deben respetar el principio de reconocimiento mutuo. Por lo tanto, no pueden oponerse a la comercialización de equipos de seguridad fabricados y comercializados legalmente en otro Estado miembro ni a las actividades de los instaladores o reparadores cuyas cualificaciones profesionales estén reconocidas en otro Estado miembro. Por lo tanto, cuando estos equipos o estos instaladores o reparadores ya hayan sido objeto de procedimientos de 16 Véase la respuesta a la pregunta parlamentaria no E-0021/98 del Sr. von Wogau: ". la Directiva 74/61 CEE del Consejo, cuya última modificación la constituye la Directiva 95/56 CE (. ) recoge disposiciones técnicas armonizadas para los vehículos provistos de sistema de alarma y los sistemas de alarma destinados a dichos vehículos. Por consiguiente, desde el 1 de enero de 1997 los Estados miembros ya no pueden denegar la homologación comunitaria de éstos ni tampoco de los sistemas de alarma, que las compañías de seguros también deben aceptar". 17 Cf. nota 15. 27 evaluación en el Estado miembro de origen, el Estado miembro de acogida no podrá someterles a más procedimientos de este tipo. Dentro de los trámites que siguieron a su notificación de una recomendación relativa a los equipos antirrobo para edificios, SKAFOR (la asociación danesa de aseguradores) aceptó este principio de reconocimiento mutuo. No obstante, pidió a los servicios de la Comisión que la autorizasen a aplicar un método "inteligente" que la permitiese probar la eficacia de los equipos de seguridad en cuestión (fabricados en Dinamarca o en cualquier otro Estado miembro). Este método era válido tanto para los equipos mecánicos (p. ej. , una reja metálica detrás de la puerta de entrada de un edificio) como para los sistemas de alarma electrónica. En lugar de probar el grado de resistencia de estos equipos a los diversos tipos de violencia, el método "inteligente" evalúa en qué medida puede un ladrón eludir estos equipos. Los servicios de la Comisión estimaron que este método era aceptable. En efecto, la letra e) del artículo 15 permite a los aseguradores establecer especificaciones técnicas que incluyan una "clasificación en función del nivel de las prestaciones obtenido". Es el caso del método "inteligente", que tiene por objeto medir de modo más adecuado posible el grado de eficacia de los distintos equipos de seguridad. Además, SKAFOR se comprometió a encomendar a una nueva entidad independiente de la tarea de efectuar las pruebas de resistencia al sabotaje con arreglo a dicho método. En este estado de cosas, los servicios de la Comisión archivaron el asunto recientemente mediante carta administrativa. C. Perspectivas 41. Como lo indica la referencia del pnmer guión del artículo 14 a unas "normas europeas", el Título V no sólo autoriza a los aseguradores a acordar especificaciones, siempre que no se opongan a la integración de los mercados nacionales, sino que les incita a sentar las bases comunitarias de unas verdaderas normas europeas que contribuyan activamente a dicha integración. A este respecto, hay que reconocer que la experiencia ha sido decepcionante. Según la información que obra en poder de los servicios de la Comisión, hasta la fecha ningún documento elaborado por asociaciones de aseguradores ha constituid{) ia base de unos trabajos europeos de normalización. Cualquier revisión del Título V del Reglamento deberá 1r acompañada de una reflexión sobre la aplicación del enfoque comunitario en el 28 ámbito de la armonización técnica basada en normas europeas. Para llegar a un verdadero mercado común, la Comisión tiene previsto solicitar a los organismos europeos, sobre la base de un marco bien definido, que elaboren normas europeas en colaboración con todos los interesados. SEGUNDA PARTE CATEGORÍAS DE ACUERDOS NO INCLUIDAS EN EL REGLAMENTO l. Liquidación de siniestros A. Aspectos generales 42. En el ámbito de la liquidación de siniestros, los acuerdos entre aseguradores abordan normalmente dos aspectos. En un acuerdo puede presentarse uno de ellos o ambos. El primero se refiere a la indemnización directa del asegurado. Los acuerdos de este tipo permiten a los asegurados dirigirse directamente a su propio asegurador para que éste les indemnice sin esperar la resolución del litigio en que se delimitan las responsabilidades. La ventaja de este tipo de acuerdos reside en la rapidez con la que se liquida el siniestro. El segundo aspecto se refiere al reparto de los costes de la indemnización entre los aseguradores, que puede determinarse con arreglo a un importe fijo o según un baremo de responsabilidad de los asegurados. Este tipo de acuerdo permite a los aseguradores reducir sus gastos de gestión, lo que en principio debería reflejarse en el nivel de las primas. B. Experiencia práctica 43. Cuando se adoptó el Reglamento, la Comisión no había adquirido la experiencia suficiente para incluir en él los acuerdos de liquidación de siniestros. Transcurridos seis años, esta experiencia apenas se ha enriquecido. Los servicios de la Comisión han examinado algunos acuerdos notificados relacionados con la indemnización directa de los asegurados o con el reparto de Jos costes de la indemnización entre aseguradores, o incluso con una combinación de ambos aspectos. En todos estos casos, han podido enviar una carta administrativa a las partes notificantes 29 confirmando que los acuerdos no planteaban problemas desde la perspectiva del artículo 81 (ex-articulo 85 ). 44. Ha de señalarse que, en todos los casos, el ámbito de aplicación de estos acuerdos era limitado. En efecto, se referían a siniestros que daban lugar a indemnizaciones relativamente reducidas. Así, un acuerdo por el cual las compañías de seguros habían acordado pagar respectivamente el 50% de las indemnizaciones derivadas de una colisión entre buques de pabellones distintos en las vías navegables interiores de los Países Bajos (y, además, sin que s~ determinara la responsabilidad) se limitaba a reclamaciones de indemnización que no rebasaban los diez mil francos suizos. El ámbito de aplicación de un acuerdo español sobre el principio de un reparto global de los costes de indemnización entre aseguradores y, al mismo tiempo, sobre el de la indemnización directa de los asegurados en el ámbito del seguro de responsabilidad civil de automóviles, se limitaba a reclamaciones de un importe máximo de un millón de pesetas. Los servicios de la Comisión estimaron que las ventajas derivadas de estos acuerdos de liquidación, que se refieren a siniestros en los cuales el riesgo financiero es limitado (rapidez de la liquidación, ahorro en los gastos de gestión), compensaban los posibles inconvenientes (subvención cruzada entre las primas abonadas por los asegurados que no asumen responsabilidad alguna y las pagadas por los asegurados con ciertas responsabilidades). 45. Más recientemente, los servicios de la Comisión recibieron por vez pnmera una denuncia referente a un acuerdo de liquidación de siniestros. Los denunciantes aseguran que el acuerdo conlleva un aumento injustificadn C:e su pnma y una subvención cruzada entre asegurados. Esta denuncia está en trámite. C. Pe::-sp~i:tivas 46. Habida cuenta de que la denuncia de la repercusiones negativas de los acuerdos sobre liquidación de siniestros sobre los asegurados es relativamente reciente, la Comisión deberá concluir su tramitación y, en su caso, la de cualquier otra denuncia que reciba antes de estudiar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación del ·Reglamento a esta categoría de acuerdos. 30 11. Los registros de los riesgos agravados y los sistemas de información correspondientes A. Aspectos generales 4 7. Los acuerdos sobre la tenencia de registros o el intercambio de inf01mación sobre los riesgos agravados tienen por objeto permitir a los aseguradores conocer mejor la naturaleza de los riesgos que van a asegurar. Se utilizan S'Obre todo en los seguros de automóvil, donde tales registros o mecanismos de información puntual permiten, por ejemplo, conocer el historial de « malos » conductores o « malos» pagadores de los asegurados o incluso llevar registros de vehículos robados. Por regla general, estos acuerdos no entran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 (ex-apartado 1 del artículo 85) cuando se limitan a facilitar información sobre los riesgos agravados. Esta apreciación se entiende sin perjuicio de las disposiciones aplicables en materia de protección de los datos personales. En todo caso, no parece que un simple intercambio de información sobre la naturaleza de un riesgo tenga por objeto restringir la competencia entre aseguradores. No ocurre lo mismo si el intercambio de información se acompaña de un acuerdo para adoptar una actitud común con respecto a los riesgos implicados. Por ejemplo, cuando se trata de recomendaciones de denegar la cobertura de los riesgos agravados o de incrementar las primas de riesgo ligadas a estos riesgos (ya se trate del simple principio de tal incremento o de un determinado porcentaje o importe de incremento), los acuerdos entran sin lugar a dudas en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 81 (ex-apartado 1 del artículo 85) y no parece que puedan ser objeto de una de las excepciones del apartado 3 del artículo 81 (ex-apartado 3 del artículo 85) (véanse los Títulos II y III del Reglamento). B. Experiencia práctica 48. Desde la entrada en vigor del Reglamento, sólo se han sometido a la Comisión tres acuerdos relativos a la tenencia de registros o al intercambio de información sobre los riesgos agravados. En un solo caso (español), los servicios de la Comisión debieron insistir en la supresión de una cláusula que rebasaba el objeto legítimo de estos acuerdos. Esta cláusula obligaba a los aseguradores a incrementar en un 31 importe mínimo las primas de los « malos » conductores. En los tres casos, los servicios de la Comisión declararon inapl icahle el apartado 1 del artículo X 1 (ex apartado 1 del articulo 85) mediante una carta administrativa de conformidad, precisando que esta apreciación se entendía sin perjuicio de las disposiciones relativas a la protección de datos personales. Mayor complejidad reviste la cuestión de determinar si procede intervenir en el caso de los acuerdos cuyo objeto es establecer registros de malos riesgos si, como consecuencia de los mismos, los aseguradores deniegan sistemáticamente k cobertura de tales riesgos. En ausencia de un compromiso formal de los aseguradores en este sentido o de una recomendación de su asociación con objeto de animarles a no seguir asegurando estos riesgos, no debería aplicarse el artículo 7. l. a) del Título III (que prohíbe toda cláusula que excluya de la cobertura daños que correspondan al ramo de riesgos de que se trate). En cualquier caso, los servicios de la Comisión no disponen por el momento de indicios de que los aseguradores incurren en tales comportamientos paralelos. C. Perspectivas 49. En definitiva, no parece que los acuerdos limitados a la tenencia de registros y al intercambio de información sobre los riesgos agravados puedan entrar, salvo en casos excepcionales, en el ámbito de aplicación del artículo 81 ( ex-aticulo 85). Los acuerdos que no se limitan a estos aspectos deberán, en principio, examinars~ con arreglo a los Títulos 11 y 111 del Reglamento. A la luz de la experiencia adquirida hasta el momento, la Comisión no considera oportuní, introducir a este respecto un mecanismo de exención por categorías. CONCLUSIÓN 50. El Reglamento se aplica a dos tipos de acuerdos que afectan a parámetros de la competencia que, cuando se adoptó el Reglamento, acababan de ser liberalizados a escala comunitaria, a saber, las primas y las condiciones de las pólizas. El objetivo del Reglamento era acompañar este proceso de liberalización y garantizar que las 32 nuevas condiciones de competencia no se vteran restringidas por iniciativas de autorregubr. ión que rebasaran los límites de lo justificable por las particularidades del sector de los seguros. La cuestión decisiva es si el Reglamento ha cumplido este objetivo. La experiencia demuestra que la aplicación del Título II, relativo al cálculo de la prima, no es tarea fácil. A causa de la gran tecnicidad de la materia, los servicios de la Comisión tienen dificultades para verificar si la cooperación en lo que respecta a la prima de riesgo es compatible con el Reglamento. No obstante, en los escasos asuntos en los que han recabado datos sobre las primas con1erciales (brutas) aplicadas por los aseguradores, los servicios de la Comisión han constatado con alivio cierto grado de diferenciación de estas primas. En lo que respecta a las condiciones de las pólizas (Título III), la experiencia demuestra la existencia de un problema de aplicación de naturaleza distinta. En efecto, entre las denominadas cláusulas "negras", las más nocivas para la competencia, hay varias que, en los propios términos del artículo 7, quedan exentas desde el momento en el que sus autores declaren que no vinculan a los asegurados. 51. El análisis de las agrupaciones ("pools") de coaseguro o de correaseguro a la luz del Título IV del Reglamento seguirá siendo un objetivo prioritario. El enfoque económico que ha de seguirse ha sido fijado (véase el apartado 28) y aplicado ya a las agrupaciones que cubren los riesgos de la aviación. Habrá que adaptar las disposiciones del Título IV a la luz de este enfoque y de su aplicación a las categorías de agrupaciones notificadas actualmente a la Comisión. Cada una de la~ etapas del enfoque económico en cuestión plantea una pregunta cuya respuesta depende de las circunstancias de cada caso. El saber si la agrupaciones pueden acogerse a la regla « de minimis » del artículo 11 del Reglamento depende de la definición del mercado afectado (primera fase). La verificación de si la agrupación es necesaria para la cobertura del riesgo depende de la dimensión mínima (segunda fase). Y la cuestión relativa al carácter restrictivo de una agrupación en la cual no existe la obligación de aportar todos los riesgos exige determinar hast~ qué punto a los aseguradores les interesa económicamente ofrecer una cobertura al margen de la agrupación (tercera fase). 33 52. Los acuerdos regulados por el Título V (equipos de seguridad) y los mencionados en el reglamento de habilitación del Consejo (liquidación de siniestros y registros de malos riesgos) no han ocupado hasta ahora un lugar predominante en la prúctica administrativa de la Comisión. Ésta sólo intervendrá en caso de denuncia y, en este caso, únicamente en la medida en que los tribunales o autoridades de competencia nacionales no estén en mejores condiciones de examinarla. 53. El presente informe ofrece a la Comisión la oportunidad no sólo de informar a las instancias y empresas interesadas de cómo sus servicios han aplicado el Reglamento. sino también de recabar elementos de información, observaciones y sugerencias de estas instancias y empresas. A este respecto, conviene señalar que, s1 se Juzga necesario, podría estudiarse la posibilidad de organizar una audiencia. 34


title: Rozhodnutie Rady a Komisie z 12. mája 1999 o záveroch Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na druhej strane

eurovoc_concepts:
EAEC
ECSC
Kyrgyzstan
cooperation agreement (EU)
customs duties
trade agreement (EU)

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text: 84 SK Úradný vestník Európskej únie 11/zv. 32 31999D0491 28. 7. 1999 ÚRADNÝ VESTNÍK EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 196/46 ROZHODNUTIE RADY A KOMISIE z 12. mája 1999 o záveroch Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na druhej strane (1999/491/ES, ESUO, Euratom) RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 54 ods. 2, posledná veta článku 57 ods. 2 a článku 66, 73 ods. 2 písm. c), 75, 84 ods. 2, 99, 100, 113 a 235 v súvislosti s druhou vetou článku 228 ods. 2 a druhým podod- sekom článku 228 ods. 3, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, najmä na jej článok 95, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, najmä na jej druhý odsek článku 101, so zreteľom na návrh Komisie, so zreteľom na súhlas Parlamentu (1), po konzultácii Konzultačného výboru ESUO a so súhlasom Rady, (1) (2) keďže záver Dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jed- nej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, pod- písanej 9. februára 1995 v Bruseli, prispeje k dosiahnutiu cieľov Európskych spoločenstiev; keďže účelom dohody je posilniť vzťahy vytvorené najmä Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločen- stvom a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a Zväzom sovietskych socialistických republík o obchode a obchodnej a hospodárskej spolupráci, podpísanou 18. rozhodnutím 90/116/EHS (2); decembra 1989 a schválenou (3) (4) (5) (6) (7) keďže niektoré povinnosti ustanovené dohodou o partner- stve a spolupráci mimo rámca obchodnej politiky spolo- čenstva ovplyvňujú alebo pravdepodobne ovplyvnia dojed- nania spoločenstva, ktoré prijalo v oblastiach práva usadiť sa, práva na prechod a práva zalo- žiť podniky; stanovené aktmi keďže uvedená dohoda ukladá Európskemu spoločenstvu niektoré povinnosti týkajúce sa pohybu kapitálu a platieb medzi spoločenstvom a Kirgizskou republikou; keďže uvedená dohoda má okrem toho vplyv na smernicu Rady 90/434/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdanenia uplatniteľného na fúzie, rozdelenia, prevody aktív a výmeny podielov týkajúcich sa spoločností rozličných členských štátov (3) a na smernicu Rady 90/435/EHS z 23. júla 1990 o spoločnom systéme zdanenia uplatniteľ- ného v prípade materských spoločností a dcérskych spo- ločností rozličných členských štátov (4), ktoré sú založené na článku 100 Zmluvy o založení Európskeho spoločen- stva, tento by sa mal používať ako právny základ; keďže niektoré ustanovenia uvedenej dohody ukladajú spoločenstvu povinnosť v oblasti ustanovenia služieb, ktoré prekračujú cezhraničný rámec; keďže pre niektoré ustanovenia uvedenej dohody, ktoré sú vykonávané spoločenstvom, Zmluva o založení Európ- skeho spoločenstva nestanovuje žiadne osobitné právomo- ci; keďže je preto potrebné použiť článok 235 Zmluvy, ROZHODLI TAKTO: Článok 1 Dohoda o partnerstve spolupráci medzi Európskymi strane spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej a Kirgizskou republikou na strane druhej, spoločne s protokolom, deklaráciami a výmenou listou, sa týmto schvaľuje v mene a (1) Ú. v. ES C 339, 18. 12. 1995, s. 52. (2) Ú. v. ES L 68, 15. 3. 1990, s. 1. (3) Ú. v. ES L 225, 20. 8. 1990, s. 1. (4) Ú. v. ES L 225, 20. 8. 1990, s. 6. 11/zv. 32 SK Úradný vestník Európskej únie 85 Európskeho spoločenstva, Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. 3. Rozhodnutie uverejniť odporúčania rady pre spoluprácu a výboru v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev prijme Rada a Komisia z prípadu na prípad. Texty sú pripojené k tomuto rozhodnutiu. Článok 2 1. Stanovisko prijaté spoločenstvom v rámci rady pre spoluprácu a v rámci výboru pre spoluprácu, pričom posledne menovaný je splnomocnený konať z poverenia rady pre spoluprácu, sa usta- noví Radou na návrh Komisie a je v zhode s ustanoveniami Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, Európskeho spolo- čenstva uhlia a ocele a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. Článok 3 Predseda Rady v mene spoločenstva predloží oznámenie, ktoré ustanovuje článok 98 Zmluvy. Predseda Komisie predloží takéto oznámenie v mene Európskeho spoločenstva uhlia a ocele a Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu. V Bruseli 12. mája 1999 2. V súlade v článkom 76 dohody o partnerstve a spolupráci predsedá predseda Rady rade pre spoluprácu a predkladá stano- visko spoločenstva. Zástupca Komisie predsedá výboru pre spo- luprácu v súlade s rokovacím poriadkom a predkladá stanovisko Komisie. Za Komisiu J. SANTER predseda Za Radu predseda K. -H. FUNKE


title: Kommissionens förordning (EG) nr 1006/1999 av den 12 maj 1999 om ändring av förordning (EG) nr 566/1999 om öppnandet av anbudsförfarande för sänkning av importtullar på majs till Spanien från tredje land

eurovoc_concepts:
CCT duties
Spain
award of contract
import
third country

text: 13. 5. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 123/27 KOMMISSIONENS F(cid:153)RORDNING (EG) nr 1006/1999 av den 12 maj 1999 om (cid:132)ndring av f(cid:148)rordning (EG) nr 566/1999 om (cid:148)ppnandet av anbudsf(cid:148)rfarande f(cid:148)r s(cid:132)nkning av importtullar p(cid:134) majs till Spanien fr(cid:134)n tredje land EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA F(cid:153)RORDNING med beaktande av F(cid:148)rdraget om uppr(cid:132)ttandet av Euro- peiska gemenskapen, med beaktande av r(cid:134)dets f(cid:148)rordning (EEG) nr 1766/92 av den 30 juni 1992 om den gemensamma organisationen av (cid:132)ndrad genom marknaden f(cid:148)r kommissionens f(cid:148)rordning (EG) nr 923/96 (2), s(cid:132)rskilt artikel 12. 1 i denna, och spannm(cid:134)l (1), senast av f(cid:148)ljande sk(cid:132)l: (1) (2) I och med genomf(cid:148)randet av jordbruksavtalet som sl(cid:148)ts inom ramen f(cid:148)r de multilaterala handelsf(cid:148)r- handlingarna i Uruguayrundan, har gemenskapen (cid:134)tagit sig att Spanien skall importera en viss kvan- titet majs. I kommissionens f(cid:148)rordning (EG) nr 1839/95 av den 26 juli 1995 med till(cid:132)mpningsf(cid:148)reskrifter f(cid:148)r tullkvoter vad g(cid:132)ller de s(cid:132)rskilda ordningar f(cid:148)r import av respektive majs och sockerhirs till Spanien och majs till Portugal (3), (cid:132)ndrad genom f(cid:148)rordning (EG) nr 1963/95 (4), fastst(cid:132)lls de regler g(cid:132)llande f(cid:148)rvaltningen av dessa speciella arrange- i denna f(cid:148)rordning fastst(cid:132)lls de specifika mang, kompletterande regler som (cid:132)r n(cid:148)dv(cid:132)ndiga f(cid:148)r att verkst(cid:132)lla anbudsf(cid:148)rfarandet, s(cid:132)rskilt de som r(cid:148)r uppr(cid:132)ttande och frisl(cid:132)ppande av den s(cid:132)kerhet som skall st(cid:132)llas av akt(cid:148)rerna f(cid:148)r att garantera att de g(cid:132)ller iakttar (cid:134)taganden, speciellt sina vad (3) (4) (cid:134)taganden om bearbetning eller anv(cid:132)ndning av den importerade produkten p(cid:134) den spanska marknaden. Genom kommissionens f(cid:148)rordning (EG) nr 566/ 1999 (5) inleddes en anbudsinfordran f(cid:148)r s(cid:132)nkning av importtullar p(cid:134) majs till Spanien fr(cid:134)n tredje land; det (cid:132)r n(cid:148)dv(cid:132)ndigt att fastst(cid:132)lla en sista dag f(cid:148)r den sista delanbudsinfordran som f(cid:148)reskrivs i f(cid:148)rord- ning (EG) nr 566/1999. De (cid:134)tg(cid:132)rder som f(cid:148)reskrivs i denna f(cid:148)rordning (cid:148)verensst(cid:132)mmer med yttrandet fr(cid:134)n F(cid:148)rvaltnings- kommitt(cid:130)n f(cid:148)r spannm(cid:134)l. H(cid:142)RIGENOM F(cid:153)RESKRIVS F(cid:153)LJANDE. Artikel 1 Punkt 2 i artikel 1 i f(cid:148)rordning (EG) nr 566/1999 skall ers(cid:132)ttas med f(cid:148)ljande: Anbudsf(cid:148)rfarandet (cid:132)r (cid:148)ppet till den 24 juni ”2. 1999. Under denna period vidtas anbudsf(cid:148)rfarande veckovis f(cid:148)r vilken kvantiteterna och datumen f(cid:148)r inl(cid:132)mnandet av anbud avg(cid:148)rs i avin om anbudsf(cid:148)rfa- rande. ” Artikel 2 Denna f(cid:148)rordning tr(cid:132)der i kraft samma dag som den i Europeiska gemenskapernas officiella offentligg(cid:148)rs tidning. Denna f(cid:148)rordning (cid:132)r till alla delar bindande och direkt till(cid:132)mplig i alla medlemsstater. Utf(cid:132)rdad i Bryssel den 12 maj 1999. P(cid:134) kommissionens v(cid:132)gnar Franz FISCHLER Ledamot av kommissionen (1) EGT L 181, 1. 7. 1992, s. 21. (2) EGT L 126, 24. 5. 1996, s. 37. (3) EGT L 177, 28. 7. 1995, s. 4. (4) EGT L 189, 10. 8. 1995, s. 22. (5) EGT L 70, 17. 3. 1999, s. 9


title: Règlement (CE) n° 1013/1999 de la Commission, du 12 mai 1999, modifiant le règlement (CE) n° 411/97 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire

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EU financing
common organisation of markets
fruit
operational programme
producer organisation
vegetable

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text: L 123/42 FR Journal officiel des Communaut(cid:130)s europ(cid:130)ennes 13. 5. 1999 R(cid:221)GLEMENT (CE) No 1013/1999 DE LA COMMISSION du 12 mai 1999 modifiant le r(cid:138)glement (CE) no 411/97 portant modalit(cid:130)s d’application du r(cid:138)gle- ment (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes op(cid:130)ration- nels, les fonds op(cid:130)rationnels et l’aide financi(cid:138)re communautaire LA COMMISSION DES COMMUNAUT(cid:144)S EUROP(cid:144)ENNES, vu le trait(cid:130) instituant la Communaut(cid:130) europ(cid:130)enne, (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 vu le r(cid:138)glement octobre 1996 portant organisation commune des march(cid:130)s dans le secteur des fruits et l(cid:130)gumes (1), modifi(cid:130) en dernier lieu par le r(cid:138)glement (CE) no 857/1999 de la Commis- sion (2), et notamment son article 48, (CE) no 411/97 de lieu par consid(cid:130)rant que l’article 8, paragraphe 1, deuxi(cid:138)me alin(cid:130)a, du r(cid:138)glement la Commission (3), modifi(cid:130) en dernier le r(cid:138)glement (CE) no 1647/98 (4), fixe un plafond pour le montant total des avances vers(cid:130) au cours d’une ann(cid:130)e donn(cid:130)e au titre de la couverture des d(cid:130)penses pr(cid:130)visibles r(cid:130)sultant des programmes op(cid:130)rationnels; (1) (2) de l’aide financi(cid:138)re vis(cid:130) (cid:133) l’article 10, deuxi(cid:138)me alin(cid:130)a; (3) consid(cid:130)rant que les mesures pr(cid:130)vues dans pr(cid:130)sent comit(cid:130) de gestion des fruits et l(cid:130)gumes frais, le sont conformes (cid:133) l’avis du r(cid:138)glement A ARR(cid:219)T(cid:144) LE PR(cid:144)SENT R(cid:221)GLEMENT: Article premier Les termes «et, (cid:133) partir de 1999, 2,5 %» sont ins(cid:130)r(cid:130)s (cid:133) l’article 8, paragraphe 1, deuxi(cid:138)me alin(cid:130)a, troisi(cid:138)me phrase, apr(cid:138)s «2 %». Article 2 consid(cid:130)rant que, dans un souci de coh(cid:130)rence, il convient de relever ledit plafond (cid:133) 2,5 % (cid:133) partir de 1999, de mani(cid:138)re (cid:133) le faire correspondre au plafond Le pr(cid:130)sent r(cid:138)glement entre en vigueur le septi(cid:138)me jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communaut(cid:130)s europ(cid:130)ennes. Le pr(cid:130)sent r(cid:138)glement est obligatoire dans tous ses (cid:130)l(cid:130)ments et directement applicable dans tout (cid:144)tat membre. Fait (cid:133) Bruxelles, le 12 mai 1999. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO L 297 du 21. 11. 1996, p. 1. (2) JO L 108 du 27. 4. 1999, p. 7. (3) JO L 62 du 4. 3. 1997, p. 9. (4) JO L 210 du 28. 7. 1998, p. 59


title: Reglamento (CE) n° 1007/1999 de la Comisión, de 12 de mayo de 1999, por el que se establecen valores globales de importación para la determinación del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas

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agri-monetary policy
citrus fruit
fruit vegetable
import price
perennial vegetable
pip fruit

text: L 123/28 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 13. 5. 1999 REGLAMENTO (CE) No 1007/1999 DE LA COMISI(cid:222)N de 12 de mayo de 1999 por el que se establecen valores globales de importaci(cid:155)n para la determinaci(cid:155)n del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas LA COMISI(cid:222)N DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Visto el Reglamento (CE) no 3223/94 de la Comisi(cid:155)n, de 21 de diciembre de 1994, por el que se establecen disposi- ciones de aplicaci(cid:155)n del r(cid:130)gimen de importaci(cid:155)n de frutas y hortalizas (1), modificado en (cid:156)ltimo lugar por el Regla- mento (CE) no 1498/98 (2), y, en particular, el apartado 1 de su art(cid:146)culo 4, Considerando que el Reglamento (CE) no 3223/94 esta- blece, en aplicaci(cid:155)n de los resultados de las negociaciones comerciales multilaterales de la Ronda Uruguay, los crite- rios para que la Comisi(cid:155)n fije los valores a tanto alzado de importaci(cid:155)n de terceros pa(cid:146)ses correspondientes a los productos y per(cid:146)odos que se precisan en su anexo; Considerando que, en aplicaci(cid:155)n de los criterios antes los valores globales de importaci(cid:155)n deben indicados, fijarse en los niveles que figuran en el anexo del presente Reglamento, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Art(cid:146)culo 1 Los valores globales de importaci(cid:155)n a que se refiere el art(cid:146)culo 4 del Reglamento (CE) no 3223/94 quedan fijados seg(cid:156)n se indica en el cuadro del anexo. Art(cid:146)culo 2 El presente Reglamento entrar(cid:145) en vigor el 13 de mayo de 1999. El presente Reglamento ser(cid:145) obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el 12 de mayo de 1999. Por la Comisi(cid:155)n Franz FISCHLER Miembro de la Comisi(cid:155)n (1) DO L 337 de 24. 12. 1994, p. 66. (2) DO L 198 de 15. 7. 1998, p. 4. 13. 5. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 123/29 ANEXO del Reglamento de la Comisi(cid:155)n, de 12 de mayo de 1999, por el que se establecen los valores globales de importaci(cid:155)n para la determinaci(cid:155)n del precio de entrada de determinadas frutas y hortalizas C(cid:155)digo NC 0702 00 00 0707 00 05 0709 10 00 0709 90 70 0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50 0805 30 10 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 C(cid:155)digo pa(cid:146)s tercero (1) Valor global de importaci(cid:155)n (EUR/100 kg) 052 068 204 999 052 064 628 999 220 999 052 999 204 212 600 624 999 052 388 999 388 400 508 512 524 528 720 804 999 72,0 92,4 87,9 84,1 91,8 41,3 133,3 88,8 206,1 206,1 57,0 57,0 42,3 63,8 59,0 48,2 53,3 63,1 74,9 69,0 77,1 77,5 77,3 75,7 79,1 69,1 82,3 101,2 79,9 (1) Nomenclatura de pa(cid:146)ses fijada por el Reglamento (CE) no 2317/97 de la Comisi(cid:155)n (DO L 321 de 22. 11. 1997, p. 19). El c(cid:155)digo «999» significa «otros or(cid:146)genes»