title: Proyecto de comunicación interpretativa de la Comisión sobre concesiones en Derecho comunitario de contratos públicos

text: C 94/4 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7. 4. 1999 Proyecto de comunicaci(cid:243)n interpretativa de la Comisi(cid:243)n sobre concesiones en Derecho comuni- tario de contratos pœblicos (1999/C 94/04) El presente proyecto de comunicaci(cid:243)n interpretativa es el resul- tado de una primera reflexi(cid:243)n a la que procedi(cid:243) la Comisi(cid:243)n previa discusi(cid:243)n del asunto en los dos ComitØs consultivos para los contratos pœblicos y sobre la base de las contribuciones procedentes de los c(cid:237)rculos interesados. El objetivo de este proyecto es suscitar un amplio foro de consulta. La Comisi(cid:243)n, tendrÆ en al redactar la versi(cid:243)n final de la Comunicaci(cid:243)n, cuenta cualquier contribuci(cid:243)n a este respecto. Para ello, las contribuciones deberÆn presentarse en el plazo de dos meses a partir de la publicaci(cid:243)n del presente proyecto en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. TambiØn podrÆn enviarse por correro electr(cid:243)nico a la direcci(cid:243)n siguiente: concessions@dg15. cec. be INTRODUCCI(cid:211)N 1. La participaci(cid:243)n del sector privado en la financiaci(cid:243)n de las inversiones pœblicas ha experimentado variaciones impor- tantes a lo largo del tiempo y segœn los pa(cid:237)ses. Algunos Estados miembros no dudaron en confiar la realizaci(cid:243)n de las grandes obras de infraestructura a inversores privados: creaci(cid:243)n de conexiones ferroviarias en el siglo XIX, tendido de redes de transporte urbano a principios del siglo XX, realizaci(cid:243)n en algunos pa(cid:237)ses de una parte importante de la red de carreteras, reordenaci(cid:243)n de centros urbanos, etc. La implicaci(cid:243)n del sector privado disminuy(cid:243) a partir del primer cuarto del siglo XX en la medida en que los Estados favorecieron la realizaci(cid:243)n y la gesti(cid:243)n directa de los equi- pamientos y servicios prestados al pœblico. En el per(cid:237)odo actual, esta implicaci(cid:243)n experimenta de nuevo un conside- rable desarrollo por motivos tØcnicos y financieros. 2. Esta renovaci(cid:243)n del interØs se explica, por una parte, por la necesidad de recurrir a financiaciones privadas para garan- tizar la implantaci(cid:243)n de infraestructuras de gran enverga- dura (metros, autopistas, aereopuertos, etc. ). Por otra parte, el sector privado puede, en algunos casos, poseer unos conocimientos o una experiencia concreta no disponibles en el sector pœblico (gesti(cid:243)n del agua, residuos o transportes urbanos, por ejemplo). En su Comunicaci(cid:243)n relativa a las asociaciones entre los sectores pœblico y privado en los proyectos de la red transeuropea de transporte (1), la Comi- si(cid:243)n indic(cid:243) que deseaba favorecer la realizaci(cid:243)n de este tipo de asociaci(cid:243)n, en particular en la realizaci(cid:243)n de algunos proyectos prioritarios. La Comisi(cid:243)n considera el recurso a la inversi(cid:243)n privada para la realizaci(cid:243)n de las infraestructuras pœblicas como un factor positivo cuyo desarrollo conviene asegurar garantizando al mismo tiempo que se respetarÆ el ordenamiento jur(cid:237)dico comunitario. 3. Las formas que revisten estas asociaciones entre los sectores pœblico y privado var(cid:237)an considerablemente segœn las (1) COM(97) 453 final de 10 de septiembre de 1997. Øpocas y los Estados miembros. Algunos pa(cid:237)ses tienen defi- nido, a veces desde hace siglos, el rØgimen jur(cid:237)dico aplicable a estas relaciones. Generalmente estas relaciones revisten la forma de un contrato de concesi(cid:243)n. 4. Las asociaciones entre el sector pœblico y privado y, en particular, el rØgimen de concesi(cid:243)n, que estÆ en pleno auge, presentan un gran interØs para la realizaci(cid:243)n del mercado œnico. En este tipo de relaci(cid:243)n suele haber en juego inte- reses econ(cid:243)micos considerables, cuyos importes superan muy a menudo los tradicionales en los contratos pœblicos mÆs importantes. 5. A finales de los aæos ochenta se hizo evidente el interØs de un complemento jur(cid:237)dico que precisara las condiciones en que el fen(cid:243)meno de las concesiones podr(cid:237)a abrirse a la competencia comunitaria mediante la implataci(cid:243)n de un rØgimen espec(cid:237)fico aplicable a las concesiones de obras. Por otra parte, el Tribunal de Justicia tuvo que precisar distintos aspectos del ordenamiento jur(cid:237)dico comunitario que tambiØn tienen implicaciones en las concesiones y en otras formas de asociaci(cid:243)n de los sectores pœblico y privado que presentan semejanzas con las concesiones. 6. En su Comunicaci(cid:243)n sobre contrataci(cid:243)n pœblica (2), la Comi- si(cid:243)n anunci(cid:243) su intenci(cid:243)n de examinar tambiØn otras formas de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado con el fin de determinar en quØ medida las normas sobre contratos pœblicos pueden constituir o no un marco jur(cid:237)dico conveniente para garantizar el respecto de las normas del Tratado y permitir al mismo tiempo el desarrollo de estas formas de cooperaci(cid:243)n. Habida cuenta de la jurisprudencia del Tribunal en la materia, as(cid:237) como de la experiencia adquirida en la trami- taci(cid:243)n de casos particulares en el sector en cuesti(cid:243)n, la Comisi(cid:243)n se propone precisar en la presente comunicaci(cid:243)n interpretativa cuÆl es en su opini(cid:243)n, en el estado actual del ordenamiento jur(cid:237)dico comunitario, el rØgimen jur(cid:237)dico apli- cable a las concesiones y a otras formas de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado que presentan semejanzas con las concesiones, sin pretender en cambio interpretar reg(cid:237)mes mÆs espec(cid:237)ficos derivados de las Directivas que se aprobaron para los diferentes sectores. En particular, la Comisi(cid:243)n analizarÆ en quØ medida se aplican a las concesiones y a otras formas anÆlogas de asociaci(cid:243)n de los sectores pœblico y privado las Directivas 93/37/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinaci(cid:243)n de los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n de los contratos pœblicos de obras, 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinaci(cid:243)n de los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n de los contratos pœblicos de servicios, y 93/38/CEE del Consejo, de 14 de junio de 1993, sobre coordinaci(cid:243)n de los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n de contratos en los sectores del agua, de la energ(cid:237)a, de los transportes y de las telecomunicaciones. (2) «La contrataci(cid:243)n pœblica en la Uni(cid:243)n Europea», Comunicaci(cid:243)n adoptada el 11 de marzo de 1998, COM(98) 143; vØase en parti- cular el punto 2. 1. 2. 4. 7. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 94/5 Se trata por supuesto de un marco que puede evolucionar. Se presenta para que los interesados (autoridades pœblicas, (cid:243)rganos de contrataci(cid:243)n, empresas, agentes econ(cid:243)micos, etc. ) conozcan mejor las reglas del juego y contribuyan, con su aplicaci(cid:243)n correcta, a un mejor funcionamiento del mercado œnico europeo. «Concesi(cid:243)n de obras pœblicas: el contrato que presente las mismas caracter(cid:237)sticas que los contratos de obras, con la salvedad de que la contrapartida de las obras consista, o bien œnicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho acompaæado de un precio. » I. DEFINICI(cid:211)N Y PROBLEM`TICA GENERAL DE LAS CONCESIONES Y DE OTRAS FORMAS SIMILARES DE ASOCIACI(cid:211)N ENTRE LOS SECTORES P(cid:218)BLICO Y PRIVADO El recurso creciente de las autoridades pœblicas al sector privado para desempeæar sus funciones al servicio de la colec- tividad se manifiesta en los diferentes Estados miembros segœn modalidades diversas y de importancia variable. Esta coopera- ci(cid:243)n estÆ regulada en algunos casos por las Directivas sobre contrataci(cid:243)n pœblica, pero tambiØn puede presentar formas que Østas no contemplan. En efecto, s(cid:243)lo se regula la concesi(cid:243)n de obras en la Directiva 93/37/CEE, sin que se contemple de manera expl(cid:237)cita en las Directivas sobre contrataci(cid:243)n pœblica ninguna otra forma similar de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado. Todas cooperaci(cid:243)n presentan, sin embargo, caracter(cid:237)sticas comunes, de modo que conviene abordarlas en la presente comunicaci(cid:243)n. formas de estas El hecho de que las concesiones de servicios y otras formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado no estØn contempladas expresamente en las Directivas sobre contrataci(cid:243)n pœblica no significa, sin embargo, que queden fuera de las normas y principios del Tratado. En efecto, dado que las concesiones y otras formas de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado dependen de actos del poder pœblico (3) cuyo objeto es la prestaci(cid:243)n de actividades econ(cid:243)- micas, estÆn sometidas a las disposiciones de los art(cid:237)culos 52 a 66 del Tratado y a los principios enunciados por el Tratado o establecidos por la jurisprudencia del Tribunal en la materia. Se trata en particular de los principios de no discriminaci(cid:243)n, igualdad de trato, reconocimiento mutuo y proporcionalidad. transparencia, Las concesiones y otras formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblicos y privado no estÆn definidas por el Tratado. Es importante por lo tanto resumir sus caracter(cid:237)sticas distin- tivas con el fin de delimitar el Æmbito de aplicaci(cid:243)n de la presente comunicaci(cid:243)n interpretativa. 1. 1. Definici(cid:243)n en materia de concesi(cid:243)n de obras a) Definici(cid:243)n de la Directiva 93/37/CEE En la letra d) del art(cid:237)culo 1 de la Directiva 93/37/CEE se define as(cid:237) la concesi(cid:243)n de obras: (3) En el sentido mÆs amplio del tØrmino, es decir, actos adoptados por todos los poderes pœblicos que forman parte de la organizaci(cid:243)n del Estado (colectividades territoriales, regiones, provincias, comuni- dades aut(cid:243)nomas, municipios, etc. ) y actos adoptados por cualquier entidad que, aun teniendo personalidad jur(cid:237)dica propia, estØ estre- chamente vinculada al Estado de tal forma que deba considerarse parte de su organizaci(cid:243)n. Asimismo se incluyen en esta noci(cid:243)n los actos imputables al Estado, es decir, aquØllos que, sin haber emanado de los poderes pœblicos, les son imputables por estar Østos facultados a intervenir, bien para impedir su adopci(cid:243)n, bien para obligar a su modificaci(cid:243)n. Resulta de esta definici(cid:243)n que la principal caracter(cid:237)stica distintiva del concepto de concesi(cid:243)n es que la contra- partida de las obras reside en el derecho de explotaci(cid:243)n y en que los riesgos de la explotaci(cid:243)n incumben de manera significativa al concesionario. La explotaci(cid:243)n se caracteriza por el hecho de que el empresario que realiza los trabajos, en vez de ser pagado directamente por el (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n que ha originado el procedimiento, cobra su remune- raci(cid:243)n a travØs de pagos por los usuarios de la obra despuØs de la realizaci(cid:243)n de Østa. AdemÆs del riesgo de construcci(cid:243)n, asume pues una parte significativa de los riesgos vinculados a la gesti(cid:243)n y a la frecuentaci(cid:243)n del equipo. Si el reembolso de las financiaciones estuviera garantizado por el (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n sin un elemento de azar vinculado a la gesti(cid:243)n de las obras, faltar(cid:237)a el elemento de riesgo y el contrato deber(cid:237)a cali- ficarse como contrato de obras y no como conce- si(cid:243)n (4). La Directiva precisa tambiØn que el derecho de explo- taci(cid:243)n de la obra puede combinarse con un precio. Este aspecto figura a continuaci(cid:243)n, en la letra b), pues se trata de un elemento importante para distinguir en la prÆctica una concesi(cid:243)n de un contrato pœblico. b) Delimitaci(cid:243)n de los conceptos de «contratos pœblicos de obras» y «concesi(cid:243)n de obras» Al compÆs de la evoluci(cid:243)n legislativa, el concepto de «contratos pœblicos de obras» se ampli(cid:243) a situaciones que no estaban cubiertas por la Directivas anteriores (5). El texto «Contratos pœblicos de obras: los contratos de carÆcter oneroso, celebrados por escrito entre un contratista, por una parte, y un poder adjudicador (. ) por otra que tengan por objeto (. ) bien conjunta- mente la ejecuci(cid:243)n y el proyecto de obras relativas a una de las actividades contempladas en el anexo II o de una obra (. ), bien la realizaci(cid:243)n por cualquier medio, de una obra que responda a las necesidades especifi- cadas por el poder adjudicador» [letra a) del art(cid:237)culo 1]. (4) El ejemplo mÆs conocido de concesi(cid:243)n de obras pœblicas es el contrato por el cual un Estado asigna a una sociedad el derecho a construir y a explotar una autopista y le permite su remuneraci(cid:243)n cobrando un peaje al usuario. (5) VØase, en particular, el octavo considerando de la Directiva 89/440/CEE: «Considerando que es necesario dar mayor precisi(cid:243)n a la noci(cid:243)n de contratos de obras pœblicas con objeto de tener en cuenta, en particular, las nuevas formas de atribuci(cid:243)n contractuales (. )». C 94/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7. 4. 1999 Habida cuenta de esta ampliaci(cid:243)n del concepto comu- nitario de contratos pœblicos de obras, puede existir cierto riesgo de confusi(cid:243)n entre la concesi(cid:243)n de obras pœblicas y los contratos pœblicos de obras, incluidos en un entramado jur(cid:237)dico complejo (6). Si los (cid:243)rganos de contrataci(cid:243)n recurren a f(cid:243)rmulas contractuales complejas, se considerarÆ que Østas siguen siendo contratos pœblicos de obras a los efectos de la legislaci(cid:243)n comunitaria cuando el (cid:243)rgano de contrata- ci(cid:243)n se haga cargo del coste en su totalidad y, por lo tanto, no exista para el contratista ningœn riesgo vincu- lado a la explotaci(cid:243)n (7). El hecho de que la Directiva permita que el derecho de explotaci(cid:243)n vaya acompaæado de un precio no altera este anÆlisis. En efecto, siguen quedando cubiertos por la definici(cid:243)n de concesi(cid:243)n aquellos casos en que el Estado paga un precio, siempre y cuando Øste no elimine una parte significativa del riesgo, pues la Directiva 93/37/CEE precisa que el derecho de explotaci(cid:243)n de la obra puede combinarse con un precio. La prÆctica pone de manifiesto que, en algunos casos, el concedente interviene parcialmente en el riesgo econ(cid:243)- mico asumido por el concesionario. Sucede a veces que el Estado sufraga parcialmente el coste de explotaci(cid:243)n de la concesi(cid:243)n para que disminuya para el usuario el precio de las prestaciones. Esta intervenci(cid:243)n puede revestir distintas modalidades (importe garantizado a tanto alzado, importe fijo pero pagado en funci(cid:243)n del nœmero de usuarios, etc. ). Estas intervenciones no cambian necesariamente la naturaleza del contrato. Si el precio pagado s(cid:243)lo cubre parcialmente el coste de la obra, el concesionario deberÆ seguir asumiendo una parte significativa de los riesgos vinculados a la explo- taci(cid:243)n. De la misma forma, si el concesionario, por «precios razones de interØs general, debe practicar sociales» (8) y recibe con este motivo una compensaci(cid:243)n del Estado, en un solo pago o en pagos fraccionados, (6) As(cid:237), por ejemplo, la Comisi(cid:243)n ya tuvo que pronunciarse sobre casos en que un consorcio compuesto de empresarios y bancos se compromet(cid:237)a a realizar una obra para cubrir las necesidades del (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n, a cambio de que dicho (cid:243)rgano de contra- ci(cid:243)n devolviese un prØstamo contra(cid:237)do por los empresarios con los bancos, junto con un beneficio para los socios privados. La Comi- si(cid:243)n analiz(cid:243) esta situaci(cid:243)n como un caso de contrato pœblico, puesto que el consorcio no realizaba ninguna explotaci(cid:243)n y, por lo tanto, no se hac(cid:237)a cargo de ningœn riesgo vinculado a Østa. La Comisi(cid:243)n lleg(cid:243) a la misma conclusi(cid:243)n en otro caso en el que, a pesar de que parec(cid:237)a que el socio privado que realizaba las obras se encargaba tambiØn de su explotaci(cid:243)n, Øste se beneficiaba en realidad de una garant(cid:237)a de indemnizaci(cid:243)n por parte de las autoridades pœblicas en condiciones tales que Østas asum(cid:237)an de hecho los riesgos vinculados a la explotaci(cid:243)n. (7) En la sentencia de 10 de noviembre de 1998 sobre el asunto Arnhem (asunto C-360/96), el Tribunal de Justicia, sin entrar a interpretar el concepto de concesi(cid:243)n de servicios, reconoce impl(cid:237)- citamente que no puede tratarse de una concesi(cid:243)n de servicio pœblico porque la remuneraci(cid:243)n pagada consiste œnicamente en un precio y no en el derecho a explotar el servicio (apartado 25). (8) Por ejemplo, cuando el Estado fija el peaje de una autopista en un nivel que no cubre el coste de la explotaci(cid:243)n. esta participaci(cid:243)n del Estado en el coste de funciona- miento no libera al concesionario de una parte signifi- cativa del riesgo de explotaci(cid:243)n. Por el contrario, la situaci(cid:243)n es diferente cuanto el (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n asume el elemento de azar inherente a la explotaci(cid:243)n. Se trata entonces de un contrato pœblico. 1. 2. Concesiones de servicios y Æmbito de aplicaci(cid:243)n de la presente comunicaci(cid:243)n El texto de la Directiva 92/50/CEE no contiene ninguna definici(cid:243)n del concepto de «concesi(cid:243)n de servicios» (9). Sin embargo, el concepto de «concesi(cid:243)n de servicios» reœne tambiØn las caracter(cid:237)sticas distintivas consustanciales al concepto de concesi(cid:243)n de obras, tal como estÆn definidas en la legislaci(cid:243)n comunitaria por medio de la Directiva 93/37/CEE. En efecto, una concesi(cid:243)n tiene las mismas caracter(cid:237)sticas, independientemente de cuÆl sea su objeto. As(cid:237), por ejemplo, igual que para las concesiones de obras, el criterio de la explotaci(cid:243)n constituye una caracter(cid:237)stica esencial para determinar si se estÆ en presencia de una concesi(cid:243)n de servicios (10). En virtud de este criterio, el empresario asume el riesgo de explotaci(cid:243)n del servicio en cuesti(cid:243)n, cobrando una parte significativa de su remu- neraci(cid:243)n al usuario, en particular mediante la percepci(cid:243)n de tarifas, en cualquiera de sus formas. Los debates llevados a cabo por la Comisi(cid:243)n sobre este tema en los ComitØs consultivos sobre contrataci(cid:243)n pœblica y con los principales agentes econ(cid:243)micos intere- sados le permitieron constatar ademÆs que en los Estados miembros existen otras formas de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado que presentan grandes seme- janzas con las concesiones tanto en el Æmbito de las obras como en el de los servicios. Se pudo observar, por ejemplo, que a veces el Estado participa al mismo tiempo que el sector privado en la (9) La ausencia de referencia al concepto de «concesi(cid:243)n de servicios» en la Directiva 92/50/CEE requiere algœn comentario. En los trabajos preparatorios de esta Directiva, la Comisi(cid:243)n hab(cid:237)a propuesto prever para este tipo de concesi(cid:243)n un rØgimen especial que equivaldr(cid:237)a al existente para las concesiones de obras, pero el Consejo no acept(cid:243) esta propuesta. No obstante, se podr(cid:237)a plantear en este caso la cuesti(cid:243)n de saber si la adjudicaci(cid:243)n de concesiones de servicios no estÆ incluida enteramente en el rØgimen establecido por la Directiva 92/50/CEE. En efecto, Østa se aplica «a contratos a t(cid:237)tulo oneroso celebrados por escrito entre un prestador de servi- cios y una entidad adjudicadora», excepto algunas excepciones mencionadas en la Directiva entre las cuales no figura el contrato de concesi(cid:243)n. Una interpretaci(cid:243)n literal de esta definici(cid:243)n, seguida por algunos autores, podr(cid:237)a conducir a incluir el contrato de concesi(cid:243)n, puesto que este contrato se celebra a t(cid:237)tulo oneroso y por escrito. Este enfoque supondr(cid:237)a que la adjudicaci(cid:243)n de una concesi(cid:243)n de servi- cios deber(cid:237)a respetar el conjunto del rØgimen detallado previsto por la Directiva 92/50/CEE y, por lo tanto, tendr(cid:237)a que ajustarse a un procedimiento mÆs complejo que el de las concesiones de obras. Sin embargo, a falta de jurisprudencia del Tribunal sobre este punto, la Comisi(cid:243)n no sigue esta interpretaci(cid:243)n. (10) VØase en este sentido tambiØn la Sentencia del Tribunal en el asunto C-360/96, Arnhem, apartado 25. 7. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 94/7 financiaci(cid:243)n y en la explotaci(cid:243)n de una obra o de unos servicios creando mediante un acto reglamentario, no necesariamente contractual, una sociedad de capital mixto pœblico-privado. El hecho de que no se puedan calificar estas formas de concesiones de obras o de contratos pœblicos segœn lo dispuesto en la Directiva 93/37/CEE o de que no estØn contempladas en la Directiva 92/50/CEE no excluye que pueden aplicarse en ese caso las normas de los art(cid:237)culos 52 y 59 del Tratado. En efecto, tanto si es contractual como unilateral, todo acto oficial por el que se fijan las condiciones a las que queda supeditada una prestaci(cid:243)n de actividades econ(cid:243)- micas debe ser evaluado en funci(cid:243)n de las normas del Tratado y, muy especialmente, de las de los art(cid:237)culos 52 a 66. Las concesiones y formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado son el objeto de tales actos y, por lo tanto, deberÆn ajustarse a las normas y principios del Tratado antes citados. La presente Comunicaci(cid:243)n interpretativa se refiere, por lo tanto, a aquellos actos oficiales por los que una autoridad pœblica conf(cid:237)a a un tercero (cid:150)ya sea mediante un acto contractual o mediante un acto unilateral con el consen- timiento de dicha tercera persona(cid:150) la gesti(cid:243)n total o parcial de servicios que normalmente son de su compe- tencia y para los que este tercero asume el riesgo de explotaci(cid:243)n en su mayor parte. La presente Comunicaci(cid:243)n s(cid:243)lo afecta a estos servicios si se pueden interpretar como prestaci(cid:243)n de actividades econ(cid:243)micas segœn lo dispuesto en los art(cid:237)culos 52 a 66 del Tratado. Dichos actos oficiales se designarÆn en adelante como «concesi(cid:243)n y formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado». De todo lo anterior se deduce que esta Comunicaci(cid:243)n interpretativa no afecta a actos del tipo de los que realiza un poder pœblico para confiar a terceros la gesti(cid:243)n de servicios relacionados con el ejercicio de la autoridad pœblica (11) o mediante los cuales confiere una habilitaci(cid:243)n o concede una autorizaci(cid:243)n para ejercer una actividad econ(cid:243)mica, por mÆs que estos actos se considerar(cid:237)an como concesiones en algunos Estados miembros (12). Por otra parte, no se incluyen las relaciones que se producen en el interior de una Administraci(cid:243)n pœblica (13). S(cid:237) se contemplan, sin embargo, en la presente Comunicaci(cid:243)n las relaciones entre poderes pœblicos y empresas pœblicas que tengan encomendadas misiones de interØs general (14). (11) Por ejemplo, los servicios pœblicos llamados «regal(cid:237)as» (concreta- mente, en algunos Estados miembros, la funci(cid:243)n de notario). (12) Por ejemplo, las concesiones de taxi, las autorizaciones para utilizar los actos la v(cid:237)a pœblica (quioscos de prensa, terrazas de cafØ), relativos a las farmacias o las gasolineras. (13) En sus conclusiones relativas al citado asunto Arnhem, el Abogado General La Pergola precis(cid:243) que se trata de formas de delegaci(cid:243)n entre (cid:243)rganos que no salen de la esfera administrativa de los poderes adjudicadores. (14) Sin olvidar, en el sector audiovisual, el Protocolo sobre el sistema de radiodifusi(cid:243)n pœblica en los Estados miembros, que figura como anexo al Tratado de Amsterdam (aœn no ratificado), por el que se modifica el Tratado de la Uni(cid:243)n Europea. II. R(cid:201)GIMEN APLICABLE A LAS CONCESIONES Y A LAS FORMAS SIMILARES DE ASOCIACI(cid:211)N ENTRE LOS SECTORES P(cid:218)BLICO Y PRIVADO Como se indic(cid:243) anteriormente, solamente la concesi(cid:243)n de l(cid:237)mite mÆximo fijado por la Directiva obras que alcance el 93/37/CEE (5 millones de ecus) es objeto de un rØgimen espe- c(cid:237)fico. Por el contrario, las demÆs formas de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado para la realizaci(cid:243)n de obras o de servicios o en los sectores del suministro de agua, energ(cid:237)a, transportes y telecomunicaciones no estÆn sujetas a las dispo- siciones previstas por las Directivas sobre contrataci(cid:243)n pœblica. Esta constataci(cid:243)n no significa, sin embargo, que todos estos fen(cid:243)menos queden al margen de la disciplina comunitaria. En efecto, como todo acto del poder pœblico por el que se fijen las condiciones que debe cumplir una prestaci(cid:243)n de actividades econ(cid:243)micas, las concesiones y las formas similares de asocia- ci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado estÆn sujetas a las disposiciones de los art(cid:237)culos 52 a 66 del Tratado, as(cid:237) como a los principios sentados por la jurisprudencia del Tribunal. Se trata, en particular, de los principios de no discriminaci(cid:243)n, igualdad de trato, reconocimiento mutuo y proporcionalidad (15). transparencia, En cuanto al sector de transportes, las disposiciones que rigen la libre prestaci(cid:243)n de servicios son los art(cid:237)culos 74 a 84 del Tratado, por remisi(cid:243)n expresa del art(cid:237)culo 61 (16). Sin perjuicio de ello, y segœn jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, los principios generales del Derecho comunitario se aplican tambiØn en este campo (17). El tratado no limita la libertad de un Estado miembro para hacer uso de la concesi(cid:243)n y de otras formas anÆlogas de asocia- ci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado, siempre y cuando las modalidades de adjudicaci(cid:243)n sean compatibles con el ordena- miento jur(cid:237)dico comunitario. Por ejemplo, si para la elecci(cid:243)n de un concesionario un Estado miembro desea fijar condiciones en materia de medio ambiente, puede incluir, entre los criterios de selecci(cid:243)n, exigencias no discriminatorias de cualificaci(cid:243)n espe- c(cid:237)fica en la materia, a condici(cid:243)n de que sean compatibles con las disposiciones y principios del Tratado. (15) Es evidente que los actos y la conducta del concesionario estÆn sujetos a las normas y principios citados mÆs arriba en la medida en que sean imputables el Estado, tal como estÆ definido por el Tribunal de Justicia. (16) Los servicios de transporte por ferrocarril, carretera o v(cid:237)a nave- gable se rigen por el Reglamento (CEE) no 1191/69, modificado por el Reglamento (CEE) no 1893/91, que prevØ a quØ mecanismos y procedimientos pueden recurrir las autoridades pœblicas para garantizar el logro de sus objetivos en materia de transporte pœblico. (17) Sentencias de 4 de abril de 1974 en el asunto C-167/73: Comisi(cid:243)n contra Francia; de 30 de abril 1986 en los asuntos acumulados 209/84 y 213/84: Ministerio pœblico contra ASJES et al. ; de 17 de mayo de 1994 en el asunto C-18/96: Corsica ferries; y de 1 de octubre de 1998 en el asunto C-38/97, Autotrasporti Librandi snc contra Cuttica. C 94/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7. 4. 1999 Tal como declar(cid:243) el Tribunal respecto a las Directivas sobre contrataci(cid:243)n pœblica, aunque los Estados miembros mantengan la libertad de establecer normas materiales y procesales, deben respetar todas las disposiciones pertinentes del ordenamiento jur(cid:237)dico comunitario y, en particular, las prohibiciones que se derivan de los principios consagrados por el Tratado en cuanto a derecho de establecimiento y libre prestaci(cid:243)n de servicios (18). El Tribunal precis(cid:243), a este respecto, que las Directivas sobre contrataci(cid:243)n pœblica tienen por objeto, por una parte, «facilitar la realizaci(cid:243)n en el interior de la Comunidad de la libertad de establecimiento y de la libre prestaci(cid:243)n de servicios» y, por otra parte, «garantizar la efectividad de los derechos reconocidos por el Tratado en el sector de los contratos pœblicos de obras y de suministros» (19). Algunos Estados miembros han considerado a veces que la adjudicaci(cid:243)n de una «concesi(cid:243)n» no estaba sometida a las normas del Tratado porque se trata de una delegaci(cid:243)n de un servicio al pœblico que s(cid:243)lo puede concederse sobre la base de la confianza rec(cid:237)proca (intuitu personae). Como se desprende en reiteradas ocasiones de la jurisprudencia del Tribunal, las œnicas razones por las que los actos oficiales que se puedan inter- pretar como transgresi(cid:243)n de los art(cid:237)culos 52 y 59 del Tratado (y, por lo tanto, a las concesiones y a las formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado que puedan incluirse bajo este ep(cid:237)grafe) pueden eludir la prohibici(cid:243)n prevista en estos art(cid:237)culos son aquØllas contempladas en los art(cid:237)culos 55 y 66, cuyas condiciones de aplicaci(cid:243)n, muy restric- tivas, han sido indicadas por el Tribunal y se exponen a conti- nuaci(cid:243)n (20). La Comisi(cid:243)n recordarÆ a continuaci(cid:243)n las normas del Tratado y los principios sentados por la jurisprudencia del Tribunal que se aplican a las concesiones y a las formas similares de asocia- ci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado de que se ocupa la presente Comunicaci(cid:243)n; tambiØn precisarÆ cuÆles son, en la actual fase de sus reflexiones al respecto, los criterios de apli- caci(cid:243)n. 2. 1. Normas y principios de ordenamiento jur(cid:237)dico comu- nitario aplicables a las concesiones y formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado El Tratado no contempla expresamente ni los contratos pœblicos, ni las concesiones, ni otras formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado. Sin embargo, hay varias de sus disposiciones que son perti- nentes para este sector. Se trata de las normas del Tratado por las que se instaura y garantiza el buen funcionamiento del mercado œnico, a saber: (cid:151) las normas por las que se proh(cid:237)be toda discriminaci(cid:243)n por motivos de nacionalidad (apartado 1 del art(cid:237)culo 6), (cid:151) las normas sobre libertad de establecimiento (art(cid:237)culos 52 y siguientes) y las normas sobre libre prestaci(cid:243)n de servicios (art(cid:237)culos 59 y siguientes), as(cid:237) como las excepciones a estas normas previstas en los art(cid:237)culos 55 y 56 (21), (cid:151) las disposiciones del art(cid:237)culo 90 del Tratado pueden tambiØn orientar a la hora de determinar la legitimidad de la concesi(cid:243)n de esos derechos. Las normas y los principios establecidos por el Tribunal se exponen a continuaci(cid:243)n. 1. Igualdad de trato Tal como el Tribunal de Justicia ha establecido en su jurisprudencia de forma constante, el principio general de la igualdad de trato, del cual la prohibici(cid:243)n de discri- minar a alguien por su nacionalidad no es sino una expresi(cid:243)n espec(cid:237)fica, es uno de los principios funda- mentales del ordenamiento jur(cid:237)dico comunitario. Segœn este principio, hay obligaci(cid:243)n de no tratar de forma diferente situaciones similares, a no ser que la diferencia de trato estØ justificada por motivos objetivos (22). En una sentencia relativa a la aplicaci(cid:243)n de las normas y principios del Tratado a la contrataci(cid:243)n pœblica, el tribunal afirm(cid:243) que «el principio de igualdad de trato, del que los art(cid:237)culos 52 y 59 del Tratado constituyen una expresi(cid:243)n particular, proh(cid:237)be no s(cid:243)lo las discrimi- naciones ostensibles, en raz(cid:243)n de la nacionalidad, sino tambiØn cualquier forma encubierta de discriminaci(cid:243)n que, mediante la aplicaci(cid:243)n de otros criterios de distin- ci(cid:243)n, conduzca de hecho al mismo resultado» (23). El principio de igualdad de trato implica, concreta- mente, que todos los licitadores deben conocer las reglas del juego y Østas se deben aplicar a todos de la misma manera. De la jurisprudencia del Tribunal, en particular de la sentencia Raulin (24), as(cid:237) como de la sentencia Parlamento contra Consejo (25), se desprende que el respeto del principio de igualdad de trato implica no s(cid:243)lo la fijaci(cid:243)n de condiciones no discriminatorias para acceder a una actividad econ(cid:243)mica, sino tambiØn que las autoridades pœblicas adopten las medidas nece- sarias para garantizar el ejercicio de esta actividad. (18) Sentencia de 9 de julio de 1987 en los asuntos acumulados 27/86, 28/86 y 29/86: Bellini. (19) Sentencias de 10 de marzo de 1987 en el asunto C-199/85: Comi- si(cid:243)n contra Italia, y de 17 de noviembre de 1993 en el asunto C-71/92: Comisi(cid:243)n contra Espaæa. (20) Sentencia de 26 de abril de 1994 en el asunto C-272/91: Lotto- matica. En esta sentencia, el Tribunal de Justicia consider(cid:243) que, habida cuenta de los hechos, las tareas del concesionario se limi- taban a actividades de carÆcter tØcnico y, como tales, quedaban sujetas a las disposiciones del Tratado. (21) La Comisi(cid:243)n recuerda que las medidas restrictivas pero no discri- minatorias son contrarias a los art(cid:237)culos 52 y 59, a no ser que estØn motivadas por razones de interØs general que justifiquen su protecci(cid:243)n. Este caso se da cuando las medidas no son ni adecuadas ni necesarias para alcanzar el objetivo que se persigue. (22) Sentencia de 8 de octubre de 1980 en el asunto 810/79: (cid:220)bersch(cid:228)r. (23) Sentencia de 5 de diciembre de 1989 en el asunto 3/88: Datapro- cessing, apartado 8 (24) Sentencia de 26 de febrero de 1992 en el asunto C-357/89. (25) Sentencia de 7 de julio de 1992 en el asunto C-295/90. 7. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 94/9 En las Sentencias Storeb(cid:230)lt y Autobuses Valones, el Tribunal tuvo ocasi(cid:243)n de precisar el alcance del prin- cipio de igualdad de trato en cuestiones de contrataci(cid:243)n pœblica, al afirmar, por un lado, que el respeto del principio de igualdad exige que todas las proposiciones sean conformes a las prescripciones del pliego de condiciones con el fin de garantizar una comparaci(cid:243)n objetiva entre las ofertas (26) y, por el otro, que, cuando una entidad contratante toma en consideraci(cid:243)n una modificaci(cid:243)n introducida en las ofertas iniciales de un solo licitador, este œltimo goza de una ventaja sobre sus competidores, lo que viola el principio de igualdad de trato de los licitadores y menoscaba la transparencia del procedimiento. El Tribunal concluye que «el procedi- miento de comparaci(cid:243)n de las ofertas (debe) respetar, en todas sus fases, tanto el principio de igualdad de trato de los licitadores como el de transparencia, para que todos los licitadores (dispongan) de las mismas oportunidades sus ofertas» (27). contenido de formular al el As(cid:237) pues, en estas dos sentencias, el Tribunal ha desa- rrollado un principio de igualdad entre licitadores en el que se hace abstracci(cid:243)n de una posible discriminaci(cid:243)n por motivos de nacionalidad u otros criterios de distin- ci(cid:243)n. La aplicaci(cid:243)n de este principio a las concesiones y a las demÆs formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado (lo que, evidentemente, s(cid:243)lo es posible si el (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n negocia con varios implica que el concedente mantiene su candidatos) libertad para elegir los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n y para fijar los requisitos que los candidatos deberÆn cumplir a lo largo de las distintas fases del procedi- miento. No obstante, la selecci(cid:243)n del candidato o candi- datos debe hacerse basÆndose en criterios objetivos y el procedimiento debe desarrollarse en cumplimiento de las normas procesales y requisitos fundamentales esta- blecidos al principio (28). En el supuesto de que no se hubiesen fijado estas normas, la aplicaci(cid:243)n del principio de igualdad de trato exige que, en cualquier caso, la selecci(cid:243)n de los candidatos se haga de forma objetiva. As(cid:237), por ejemplo, hay que considerar contrarias a las normas antes citadas del Tratado y al principio de igualdad de trato aquellas disposiciones por las que se reservan los contratos pœblicos œnicamente para las sociedades de las que el Estado o el sector pœblico tienen una participaci(cid:243)n mayoritaria o total (29) y las prÆcticas que permitan aceptar ofertas que no respeten (26) Sentencia de 22 de junio de 1993 en el asunto C-243/89: Storeb(cid:230)lt, apartado 37. (27) Sentencia de 25 de abril de 1996 en el asunto 87/94: Autobuses Valones. (28) As(cid:237), por ejemplo, aunque en el pliego de condiciones se puede prever (como de hecho ocurre a menudo en el caso de proyectos complejos de infraestructura) la posibilidad de que los candidatos aporten mejoras tØcnicas en relaci(cid:243)n con las soluciones previstas por el (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n que adjudica la concesi(cid:243)n, dichas mejoras no pueden afectar a los requisitos esenciales del proyecto y deben estar claramente delimitadas. (29) Asunto C-3/88: Dataprocessing, antes citado, apartado 30. el pliego de condiciones o modificadas tras la apertura de plicas, as(cid:237) como la consideraci(cid:243)n de variantes en los casos en que esta posibilidad no estuviera prevista en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitaci(cid:243)n. AdemÆs, el proyecto inicial no debe perder su carÆcter en el transcurso de negociaciones en relaci(cid:243)n con los criterios y requisitos ya fijados al principio del proce- dimiento. tØcnicos Por lo demÆs, cuando, en algunos casos, los (cid:243)rganos de contrataci(cid:243)n no pueden definir sus necesidades en tØrminos suficientemente precisos, buscan ofertas alternativas que puedan aportar soluciones dife- rentes a un problema expresado en tØrminos generales. Sin embargo, en este supuesto, el pliego de condi- ciones, para garantizar una competencia sana y eficaz, debe detallar siempre de manera no discriminatoria y objetiva lo que se pide a los candidatos y, en particular, las modalidades de enfoque que deben seguir para preparar sus ofertas. De esta manera, cada uno de los licitadores sabe de antemano que tiene la posibilidad de prever soluciones tØcnicas diferentes. En tØrminos gene- rales, el pliego de condiciones no debe implicar elementos contrarios a las normas y principios del Tratado antes citados. Las necesidades del concedente pueden tambiØn deter- minarse en colaboraci(cid:243)n con empresas del sector, siempre y cuando esto no impida la libre competencia. 2. Transparencia La Comisi(cid:243)n constata que en prÆcticamente todos los Estados miembros se siguen, en cuanto a concesiones y formas sectores similares de asociaci(cid:243)n entre los pœblico y privado, normas o prÆcticas administrativas en las que se prevØ que las entidades que deseen confiar la gesti(cid:243)n de una actividad econ(cid:243)mica a un tercero deban hacer pœblica su intenci(cid:243)n de acuerdo con modalidades adecuadas, con el fin de garantizar un m(cid:237)nimo de transparencia. La elecci(cid:243)n de estas modalidades se deja a cargo de los (cid:243)rganos de contrataci(cid:243)n Estos (cid:243)rganos publican, por ejemplo, un anuncio o una informaci(cid:243)n previa en diarios, en publicaciones especializadas o a travØs de anuncios adecuados. Estos anuncios deben contener, en general, la informaci(cid:243)n necesaria para permitir a los posibles licitadores decidir si les interesa participar en el procedimiento (criterios de selecci(cid:243)n y adjudica- ci(cid:243)n, por ejemplo). Dicha informaci(cid:243)n ha de incluir el objeto de la concesi(cid:243)n o de la asociaci(cid:243)n, as(cid:237) como la naturaleza y el alcance de las prestaciones esperadas del concesionario o del socio. La Comisi(cid:243)n considera que en tales condiciones la transparencia estÆ garantizada. C 94/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7. 4. 1999 tambiØn, que el Tribunal de La Comisi(cid:243)n recuerda, Justicia afirma, en la jurisprudencia relativa a las fases posteriores del procedimiento, que el principio de transparencia es el corolario del principio de igualdad de trato, ya que persigue la realizaci(cid:243)n de los objetivos de este œltimo garantizando que no se distorsionen las condiciones de competencia (30). 3. Proporcionalidad El Tribunal reconoce constantemente en su jurispru- dencia que «el principio de proporcionalidad forma parte de los principios generales del Derecho comuni- tario» (31); es de obligado cumplimiento por las autori- dades nacionales a la hora de aplicar el Derecho comu- nitario (32), incluso aunque dispongan de un amplio margen de actuaci(cid:243)n discrecional (33). El principio de proporcionalidad exige que toda medida que se tome sea a la vez necesaria y apropiada al fin perseguido (34). En la elecci(cid:243)n de las medidas que deben tomarse, un Estado miembro debe recurrir a las que impliquen menos perturbaciones para el ejercicio de una actividad econ(cid:243)mica (35). Aplicado a las concesiones y a las demÆs formas simi- lares de asociaci(cid:243)n entre el sector pœblico y privado, este principio deja a los (cid:243)rganos de contrataci(cid:243)n la facultad de definir el objetivo perseguido, sobre todo en cuanto a rendimientos y especificaciones tØcnicas, pero exige que toda medida adoptada sea al mismo tiempo necesaria y apropiada al objetivo fijado. As(cid:237), por ejemplo, un Estado miembro no podr(cid:237)a exigir al seleccionar a los candidatos una capacidad tØcnica, profesional o econ(cid:243)mica desproporcionada y excesiva en relaci(cid:243)n con el objeto de la concesi(cid:243)n o forma similar de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado. 4. Reconocimiento mutuo El Tribunal estableci(cid:243) el principio del reconocimiento mutuo y, posteriormente, lo fue precisando progresiva- mente en una abundante jurisprudencia sobre libre circulaci(cid:243)n de mercanc(cid:237)as, personas y servicios. Segœn este principio, un Estado miembro estÆ obligado a aceptar los productos y servicios prestados por opera- dores econ(cid:243)micos de otros pa(cid:237)ses de la Comunidad servicios siempre estos productos cuando y y (30) Tal como ha declarado el Tribunal, s(cid:243)lo puede garantizarse un sistema de competencia sin distorsiones si se garantiza tambiØn la igualdad de oportunidades entre los distintos agentes econ(cid:243)- micos. (31) Sentencia de 11 de julio de 1989 en el asunto 265/87: Schr(cid:228)der, Recopilaci(cid:243)n 1989, p. 2237, apartado 21. (32) Sentencia de 27 octubre de 1993 en el asunto C-127/92, apar- tado 27. (33) Sentencia de 19 de junio de 1980 en los asuntos acumulados 41/79, 121/79 y 796/79: Testa et al. , apartado 21. (34) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 19 de junio de 1997 en el asunto T-260/94: Air Inter SA, apartado 14. respondan de manera equivalente a los objetivos leg(cid:237)- timos perseguidos por el Estado miembro destina- tario (36). La aplicaci(cid:243)n de este principio a las concesiones y a las formas sectores similares de asociaci(cid:243)n entre los pœblico y privado implica, en particular, que el Estado miembro en el que se proporciona la prestaci(cid:243)n estÆ obligado a aceptar las prescripciones tØcnicas y los controles, as(cid:237) como los t(cid:237)tulos, certificados y cualifica- ciones exigidos en otro Estado miembro siempre y cuando estØn reconocidos como los requeridos por el Estado miembro destinatario de la prestaci(cid:243)n. As(cid:237), por ejemplo, el Estado miembro en el que se proporciona la prestaci(cid:243)n estÆ obligado a aceptar las cualificaciones equivalentes relativas a la capacidad profesional, tØcnica o econ(cid:243)mica de los prestadores de servicios que los interesados hayan adquirido ya en otro Estado miembro (37). 5. Excepciones previstas por el Tratado No pueden admitirse restricciones a la libertad de esta- blecimiento y a la libre prestaci(cid:243)n de servicios a menos que estØn justificadas por una de las razones indicadas en los art(cid:237)culos 55 y 56 del Tratado. Por lo que se refiere en especial al art(cid:237)culo 55 (que permite restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestaci(cid:243)n de servicios para las actividades relacionadas, aunque s(cid:243)lo sea de manera ocasional, con el ejercicio del poder pœblico), el Tribunal ha destacado en varias ocasiones (38) que «en cuanto excepci(cid:243)n a la regla fundamental de la libertad de establecimiento, el art(cid:237)culo 55 del Tratado debe ser interpretado de tal (36) Este principio se deduce de la jurisprudencia sobre libertad de establecimiento y libre prestaci(cid:243)n de servicios (en particular, en las sentencias Vlassopoulou (de 7 mayo 1991, asunto C-340/89) y Dennemeyer (de 25 julio 1991, asunto C-76/90). En la primera de estas sentencias, el Tribunal de Justicia constat(cid:243) que las condi- ciones nacionales de calificaci(cid:243)n, incluso si se aplican sin discrimi- naci(cid:243)n por motivos de nacionalidad, pudieran tener como efecto que los nacionales de otros Estados miembros se viesen obstaculi- zados para ejercer el derecho de establecimiento que se garantiza en el art(cid:237)culo 52 del Tratado. Tal podr(cid:237)a ser el caso si en las normas nacionales en cuesti(cid:243)n no se tuviesen en consideraci(cid:243)n los conocimientos y cualificaciones ya adquiridos por el interesado en otro Estado miembro. En la sentencia Dennemeyer, el Tribunal precis(cid:243) concretamente que un Estado miembro no puede supeditar la realizaci(cid:243)n de la prestaci(cid:243)n de servicios en su territorio al cumplimiento de todas las condiciones requeridas para un estable- cimiento, so pena de privar de todo efecto œtil las disposiciones del Tratado destinadas precisamente a garantizar la libre prestaci(cid:243)n de servicios. Finalmente, en el asunto Webb (de 17 de diciembre de 1981, asunto 279/80), el Tribunal aæadi(cid:243) que la libre prestaci(cid:243)n de servicios exige que el Estado miembro destinatario de la prestaci(cid:243)n (tenga en cuenta las justificaciones y garant(cid:237)as ya presentadas por el prestador de servicios para ejercer su actividad en el Estado miembro en que estØ establecido. (37) En lo que se refiere a la cualificaci(cid:243)n de empresas, aparte la apli- caci(cid:243)n de las Directivas sobre armonizaci(cid:243)n tØcnica, la prueba de equivalencia puede provenir de acuerdos de reconocimiento mutuo de los sistemas de certificaci(cid:243)n voluntaria, acuerdos que pueden basarse en la acreditaci(cid:243)n que permite demostrar la competencia de los organismos de evaluaci(cid:243)n. (35) VØase, por ejemplo, la sentencia de 17 de mayo de 1984 en el (38) VØase especialmente la sentencia de 15 de marzo de 1988 en el asunto 15/83: Denkavit Nederland. asunto 147/86: Comisi(cid:243)n contra Repœblica HelØnica. 7. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 94/11 modo que quede limitado el alcance de este art(cid:237)culo a lo estrictamente necesario para salvaguardar los inte- reses cuya protecci(cid:243)n les estØ permitida a los Estados miembros por esta disposici(cid:243)n». Tal excepci(cid:243)n debe limitarse, entre las actividades contempladas por los art(cid:237)culos 52 y 59, a aquØllas que por su propia natu- raleza impliquen de manera directa y espec(cid:237)fica un ejercicio del poder pœblico (39). Por lo tanto, el alcance de la excepci(cid:243)n introducida en el art(cid:237)culo 55 debe limitarse a aquellos casos en los que el concesionario o el socio participen de manera directa y espec(cid:237)fica en el ejercicio del poder pœblico. As(cid:237) pues, las actividades realizadas en virtud de una obligaci(cid:243)n o de una exclusividad establecida por ley o calificada por las autoridades nacionales de servicio pœblico no quedan incluidas automÆticamente en esta excepci(cid:243)n (40). Es cierto que cualquier actividad dele- gada por las autoridades pœblicas tiene, en principio, una connotaci(cid:243)n de utilidad pœblica, pero ello no signi- fica que esta actividad estØ necesariamente relacionada con el ejercicio del poder pœblico. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia descart(cid:243) la aplica- ci(cid:243)n de la excepci(cid:243)n del art(cid:237)culo 55 sobre la base de constataciones como las siguientes: (cid:151) la autoridad pœblica manten(cid:237)a el control de las acti- vidades transferidas y dispon(cid:237)a de medios para garantizar la protecci(cid:243)n de los intereses que estaban a su cargo (41); (cid:151) las actividades transferidas eran de carÆcter tØcnico y, por consiguiente, ajenas al ejercicio del poder pœblico (42). El principio de proporcionalidad exige que toda medida por la que se limite el ejercicio de las libertades previstas en los art(cid:237)culos 52 y 59 sea a la vez necesaria y apropiada a los objetivos perseguidos (43). Ello implica, en particular, el Estado miembro debe preferir las que implican menos obstÆculos para el ejercicio de estas libertades (44). AdemÆs, en el marco de la libre prestaci(cid:243)n de servicios, el Estado miembro de recepci(cid:243)n deberÆ comprobar que interØs que debe ser protegido no lo estÆ por las el (39) Sentencia de 21 de junio de 1974 en el asunto 2/74: Reyners. (40) Conclusiones del Abogado General Mischo en el asunto C-3/88: Dataprocessing, antes citado. (41) Sentencia de 15 de marzo de 1988 en el asunto 147/86, antes citado. (42) Asuntos C-3/88 y C-272/91, Dataprocessing y Lottomatica, antes citados. (43) Asunto T-260/94: Air Inter, antes cidado. Por ejemplo, el Tribunal descart(cid:243) la aplicaci(cid:243)n de la excepci(cid:243)n relativa al orden pœblico cuando no estaba suficientemente justificada y el objetivo que se persegu(cid:237)a pod(cid:237)a lograrse por otros medios que no implicaban una restricci(cid:243)n de la libertad de establecimiento y la libre prestaci(cid:243)n de servicios (vØase el apartado 15 de la sentencia C-3/88: Dataproces- sing, antes citada). (44) Sentencia de 28 de marzo de 1996 en el asunto C-272/94: Guiot/ Climatec. normas a las que se somete el candidato en el Estado miembro en el que ejerce normalmente su actividad. 6. Protecci(cid:243)n de los derechos de los particulares En jurisprudencia reiterada relativa a las libertades fundamentales del Tratado, el Tribunal afirma que las decisiones de denegaci(cid:243)n o de rechazo deben justifi- carse y deben poder ser objeto de recursos judiciales por parte de sus destinatarios (45). Estos requisitos son de aplicaci(cid:243)n general, puesto que, como precisa el Tribunal, derivan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros y fueron consagradas por el Convenio Europeo de Dere- chos Humanos (46). Son tambiØn aplicables por lo tanto a los particulares que se consideren perjudicados en la adjudicaci(cid:243)n de una concesi(cid:243)n o en la elecci(cid:243)n del socio segœn lo dispuesto en la presente Comunicaci(cid:243)n. 2. 2. RØgimen de la Directiva 93/37/CEE para las conce- siones de obras La Comisi(cid:243)n considera œtil recordar que las normas y principios elucidados en cuanto a concesiones de servicios y formas similares de asociaci(cid:243)n entre los sectores pœblico y privado son aplicables mutatis mutandis a las concesiones de obras. El hecho de que la Directiva 93/37/CEE s(cid:243)lo fije para las concesiones de obras normas de publicidad no significa, sin embargo, que estas normas sean las œnicas que les son aplicables. En efecto, las concesiones de obras, en su condici(cid:243)n de actos de los poderes pœblicos cuyo objeto es la prestaci(cid:243)n de actividades econ(cid:243)micas, estÆn sujetas tambiØn a los dispuesto en los art(cid:237)culos 52 a 66 del Tratado, as(cid:237) como a los principios antes citados. Es obvio que las mismas normas y principios del Tratado se aplican a las concesiones que no alcanzan los umbrales previstos por la Directiva 93/37/CEE. a) Fase preliminar: elecci(cid:243)n del concesionario 1. Normas de publicidad y transparencia Por lo que se refiere a las concesiones de obras, los (cid:243)rganos de contrataci(cid:243)n se ven obligados a publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas un anuncio de concesi(cid:243)n segœn el modelo previsto en la Directiva 93/37/CEE con el fin de que este tipo de contrato quede abierto a la competencia a nivel europeo (47). (45) Sentencia de 7 de mayo de 1991 en el asunto C-340/89: Vlasso- poulou, apartado 22. (46) Sentencia de 15 de octubre de 1987 en el asunto 22/86: Heylens, apartado 14. (47) «Con el fin de cumplir el objetivo de la Directiva de garantizar el desarrollo de una competencia efectiva en el Æmbito de los contratos pœblicos, los criterios y condiciones que rigen cada contrato deben ser objeto de una publicidad adecuada por parte de los poderes adjudicadores» (vØase la sentencia de 20 de septiembre de 1988 en el asunto 31/87: Beentjes, apartado 21). C 94/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 7. 4. 1999 Un problema que se le plante(cid:243) a la Comisi(cid:243)n es el de la adjudicaci(cid:243)n de concesiones entre personas pœblicas. Algunos Estados miembros parecen haber considerado que las disposiciones de la Directiva 93/37/CEE aplicables a las concesiones de obras no lo eran en los contratos firmados entre una colecti- vidad pœblica y una persona jur(cid:237)dica de derecho pœblico. Sin embargo, en la Directiva 93/37/CEE se impone la publicidad previa para la adjudicaci(cid:243)n de todo contrato de concesi(cid:243)n de obras pœblicas indepen- dientemente de si el futuro concesionario es privado o pœblico. Por otra parte, en el apartado 3 del art(cid:237)- culo 3 de la Directiva 93/37/CEE se prevØ expresa- mente que el concesionario pueda ser uno de los (cid:243)rganos de contracci(cid:243)n contemplados por la Direc- tiva, lo que implica que este tipo de relaci(cid:243)n debe ser publicado previamente, a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del art(cid:237)culo 3 de esta misma Direc- tiva. 2. Elecci(cid:243)n del tipo del procedimiento Por lo que se refiere a las concesiones de obras, el concedente puede elegir libremente uno de los tres procedimientos mencionados en la Directiva siempre que respete las normas y principios del Tratado citados anteriormente. b) Fase posterior: contratos celebrados por el titular del contrato (48) La Directiva 93/37/CEE defini(cid:243) algunas normas sobre contratos celebrados por un concesionario de obras pœblicas para obras cuyo valor sea superior o igual a 5 millones de ecus. Estas normas var(cid:237)an, sin embargo, en funci(cid:243)n del tipo de concesionario. Si el concesionario es al mismo tiempo un (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n con arreglo a la definici(cid:243)n de la Directiva, los contratos para la ejecuci(cid:243)n de estas obras deberÆn asignarse respetando estrictamente todas las disposi- ciones que la Directiva prevØ para los contratos pœblicos de obras. Si el concesionario no es al mismo tiempo un (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n, la Directiva impone solamente respetar ciertas normas de publicidad. Estas normas no son aplicables cuando el concesionario celebre contratos de obras con empresas vinculadas a Øl con arreglo a la definici(cid:243)n de la Directiva. Por otro lado, en la Direc- (48) RecuØrdese que, a tenor de lo dispuesto en el apartado 2 del art(cid:237)culo 3 de la Directiva, el (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n podrÆ imponer al concesionario que conf(cid:237)e a terceros un parte de los contratos que represente un porcentaje m(cid:237)nimo del valor global de las obras. Asimismo, el (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n puede invitar a los candidatos a la concesi(cid:243)n a que indiquen ellos mismos en sus ofertas dicho porcentaje m(cid:237)nimo. tiva se dispone que se deberÆ adjuntar a la candidatura para la concesi(cid:243)n la lista exhaustiva de estas empresas y que esta lista se actualizarÆ conforme a las modifica- ciones que se produzcan posteriormente en las rela- ciones entre las empresas. Como esta lista debe ser exhaustiva, el concesionario no podrÆ alegar que las normas de publicidad para la celebraci(cid:243)n de un contrato de obras no se aplican a una empresa que no aparezca en la lista antes citada. Por lo tanto, independientemente de que el concesio- nario sea o no sea a su vez (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n, seguirÆ estando obligado a hacer pœblica a escala comunitaria su intenci(cid:243)n de celebrar un contrato de obras con un tercero. realizadas por La Comisi(cid:243)n considera que, por lo que se refiere a obras terceros, un Estado miembro incumple las disposiciones de la Directiva 93/37/CEE cuando utiliza como intermediaria una sociedad vincu- lada a Øl para adjudicar sin concurso alguno contratos de obras a terceras empresas. c) Normas aplicables a los recursos Si se trata de una concesi(cid:243)n de obras, se aplican las disposiciones de la Directiva 89/665/CEE relativa a los recursos (49). la Comisi(cid:243)n recuerda tambiØn lo Por otra parte, dispuesto en el apartado 7 del art(cid:237)culo 2 de la Directiva 89/665/CEE, «los Estados miembros velarÆn para que las decisiones adoptadas por los orga- nismos responsables de los procedimientos de recurso puedan ser ejecutadas de modo eficaz». segœn el cual Los Estados miembros deben, por tanto, abstenerse de toda medida material o procesal que pudiera dejar sin efecto los mecanismos establecidos por esta Directiva. (49) En este contexto, conviene recordar que el Abogado General Elmer, en el asunto C-433/93: Comisi(cid:243)n contra Alemania, constat(cid:243) que, segœn la jurisprudencia del Tribunal (vØanse las sentencias de 20 de septiembre de 1988 en el asunto 31/87: Beentjes, y de 22 de junio de 1989 en el asunto 103/88, Constanzo), las Directivas sobre contrataci(cid:243)n pœblica confieren a los particulares una serie de dere- chos que, en determinadas condiciones, Østos pueden invocar direc- tamente ante los (cid:243)rganos judiciales nacionales contra el Estado y los (cid:243)rganos de contrataci(cid:243)n. El Abogado General mantiene tambiØn que la Directiva 89/665/CEE, que es posterior a esta jurisprudencia, no ten(cid:237)a por objeto limitar los derechos que la jurisprudencia reconoc(cid:237)a a los particulares contra las autoridades «los pœblicas. Al contrario, actuales mecanismos destinados a garantizar dicha aplicaci(cid:243)n, tanto en el plano nacional como en el plano comunitario (. ) en particular, en la fase en la que las infracciones de dichas dispo- siciones aœn pueden corregirse» (vØase el segundo considerando de la Directiva 89/665/CEE). la Directiva se propon(cid:237)a reforzar 7. 4. 1999 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 94/13 AdemÆs de las obligaciones ya mencionadas, estos contratos pœblicos estÆn sujetos a la obligaci(cid:243)n de motivaci(cid:243)n prevista por el art(cid:237)culo 8 de la Directiva 93/37/CEE, que exige que el (cid:243)rgano de contrataci(cid:243)n justifique su decisi(cid:243)n en un plazo de quince d(cid:237)as, as(cid:237) como a las v(cid:237)as de recurso previstas por la Directiva 89/665/CEE. 2. 4. Concesiones en los sectores especiales En la Directiva 93/38/CEE sobre coordinaci(cid:243)n de los procedimientos de adjudicaci(cid:243)n de contratos en los sectores del agua, de la energ(cid:237)a, de los transportes y de las telecomunicaciones no se incluyen normas espec(cid:237)ficas ni sobre las concesiones de obras ni sobre las concesiones de servicios. Por œltimo, en el caso de concesionarios de servicios que sean (cid:243)rganos de contrataci(cid:243)n segœn lo dispuesto en las disposiciones de Østas œltimas se las Directivas, aplican a celebraci(cid:243)n de contratos que convoquen en el marco de la concesi(cid:243)n. los procedimientos de 2. 3. Delimitaci(cid:243)n entre concesiones de obras y conce- siones de servicios Como la Directiva 93/37/CEE organiza un rØgimen espe- cial para los procedimientos que deben seguirse en la adjudicaci(cid:243)n de una concesi(cid:243)n de obras, es conveniente determinar cuÆndo nos hallamos ante tal tipo de conce- si(cid:243)n, especialmente si se trata de un contrato mixto que incluya tambiØn un aspecto de prestaci(cid:243)n de servicios. Por lo demÆs, en la prÆctica casi siempre es as(cid:237), pues el conce- sionario de obras pœblicas presta a menudo un servicio al usuario sobre la base de una obra realizada previamente. Para la Comisi(cid:243)n, el criterio decisivo es saber si el contrato se refiere o no a la construcci(cid:243)n de una obra por cuenta del concedente. Cuando el objeto del contrato se refiera a la construcci(cid:243)n de una obra o a la ejecuci(cid:243)n y realizaci(cid:243)n de obras y la disposici(cid:243)n de los bienes construidos deba permanecer en manos de la autoridad concedente, la Comisi(cid:243)n considera que debe aplicarse el rØgimen previsto por la Directiva 93/37/CEE, siempre y cuando se superen los umbrales de aplicaci(cid:243)n de esta Directiva (5 millones de ecus), aunque estØn incluidos aspectos de servicios. El hecho de que los trabajos o las obras sean realizados en realidad por terceros no cambia la naturaleza del contrato. Lo mismo ocurre si el propio concesionario no puede cons- truir la obra o efectuar los trabajos: el objeto del contrato sigue siendo idØntico. Por el contrario, un contrato de concesi(cid:243)n que no implique ninguna realizaci(cid:243)n de obras o que se refiera solamente a la explotaci(cid:243)n de una obra existente se inter- preta como una concesi(cid:243)n de servicios, pues en ninguno de los dos casos se da la construcci(cid:243)n de una obra. Por otra parte, como parte accesoria de una concesi(cid:243)n de obras, pueden celebrarse contratos de servicios u otras concesiones de servicios para actividades complementarias pero independientes de la explotaci(cid:243)n de la concesi(cid:243)n y, en particular, de una obra. As(cid:237), por ejemplo, los servicios de restauraci(cid:243)n de una autopista pueden ser objeto de una concesi(cid:243)n de servicios diferente de la concesi(cid:243)n de cons- trucci(cid:243)n o gesti(cid:243)n de la autopista. La Comisi(cid:243)n recuerda, sin embargo, que, si el Estado u otra colectividad pœblica que no opere espec(cid:237)ficamente en uno de los cuatro sectores contemplados por la Directiva 93/38/CEE adjudica una concesi(cid:243)n que se destine a una actividad econ(cid:243)mica en uno de estos cuatro sectores, dicha adjudicaci(cid:243)n estÆ regulada, si es de servicios, por las normas y principios del Tratado descritos mÆs arriba y, si es de obras, por las mismas normas y principios y por la Directiva 93/37/CEE (50). telecomunicaciones) cubiertos por Por lo que se refiere al supuesto de una entidad que operase en uno de los cuatro sectores (agua, energ(cid:237)a, trans- la Directiva porte, 93/38/CEE y que decidiese adjudicar una concesi(cid:243)n, se aplica el rØgimen del Tratado y no presenta ninguna pecu- liaridad en comparaci(cid:243)n con el rØgimen aplicable a la adjudicaci(cid:243)n de una concesi(cid:243)n, ya que el concedente es un organismo pœblico y estÆ sujeto a las normas y prin- cipios descritos anteriormente. (50) De acuerdo con los art(cid:237)culos 74 a 84 del Tratado, la Comunidad ha utilizado la v(cid:237)a legislativa para garantizar la libre prestaci(cid:243)n de servicios en determinados sectores del transporte, si bien han quedado excluidos algunos, y en particular la mayor(cid:237)a de los trans- portes terrestres. En cuanto a Østos, las autoridades competentes de los Estados miembros disfrutan de cierto margen de discreciona- lidad en la elecci(cid:243)n de operadores a los que otorgar derechos exclusivos para prestar servicios de transporte por v(cid:237)a terrestre y/o a los que reembolsar por el servicio de transporte pœblico en este sector. No obstante, los Reglamentos (CEE) no 1191/69, modificado por el Reglamento (CEE) no 1893/91, y (CEE) no 1107/70 establecen las reglas sobre compensaci(cid:243)n (ayudas estatales) por la prestaci(cid:243)n del servicio pœblico de transporte terrestre. Algunas prestaciones s(cid:243)lo pueden compensarse si derivan de un contrato de servicio pœblico entre un operador y una autoridad pœblica. Estos requisitos se aplican tambiØn a la parte «prestaci(cid:243)n de servicios» integrada en una concesi(cid:243)n de obras pœblicas en el sector del transporte terrestre o a los contratos de suministros que combinen suminis- tros con servicios. Aunque las autoridades no estØn obligadas a aplicar las reglas detalladas de las Directivas 92/50/CEE y 93/38/CEE en la adjudi- caci(cid:243)n de las concesiones de servicio, se aplican los principios generales de igualdad de trato, transparencia, proporcionalidad, reconocimiento mutuo y protecci(cid:243)n de los derechos individuales mencionados en el punto 2. 1 cuando una autoridad pœblica elija un operador en potencia. Desde la aprobaci(cid:243)n del Reglamento (CEE) no 1191/69 se ha desa- rrollado considerablemente la percepci(cid:243)n de lo que se considera requisitos necesarios para un servicio adecuado de transporte as(cid:237) como de la mejor forma de garantizarlo. Por todo ello, la Comisi(cid:243)n considera que hay que actualizar el Reglamento, entre otras cosas para precisar la proporcionalidad de los derechos exclusivos y extender la utilizaci(cid:243)n de los contratos de servicio pœblico


title: Kommissionens förordning (EG) nr 724/1999 av den 7 april 1999 om fastställande av de representativa priserna och tilläggsbeloppen för import av melass inom sockersektorn

eurovoc_concepts:
CCT duties
import
molasses
representative price

formats: pdf print

text: 8. 4. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 93/3 KOMMISSIONENS F(cid:153)RORDNING (EG) nr 724/1999 av den 7 april 1999 om fastst(cid:132)llande av de representativa priserna och till(cid:132)ggsbeloppen f(cid:148)r import av melass inom sockersektorn EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA F(cid:153)RORDNING med beaktande av F(cid:148)rdraget om uppr(cid:132)ttandet av Euro- peiska gemenskapen, med beaktande av r(cid:134)dets f(cid:148)rordning (EEG) nr 1785/81 av den 30 juni 1981 om den gemensamma organisationen av marknaden f(cid:148)r socker (1), senast (cid:132)ndrad genom f(cid:148)rordning (EG) nr 1148/98 (2), med beaktande av kommissionens f(cid:148)rordning (EG) nr 1422/95 av den 23 juni 1995 om till(cid:132)mpningsf(cid:148)reskrifter f(cid:148)r import av melass inom sockersektorn och om (cid:132)ndring av f(cid:148)rordning (EEG) nr 785/68 (3), s(cid:132)rskilt artiklarna 1. 2 och 3. 1 i denna, och med beaktande av f(cid:148)ljande: I f(cid:148)rordning (EG) nr 1422/95 f(cid:148)reskrivs att cif-import- priset f(cid:148)r melass, i forts(cid:132)ttningen kallat ”representativt i enlighet med kommissionens skall pris” f(cid:148)rordning (EEG) nr 785/68 (4). Detta pris b(cid:148)r fastst(cid:132)llas f(cid:148)r den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den f(cid:148)rordningen. fastst(cid:132)llas Det representativa priset f(cid:148)r melass ber(cid:132)knas f(cid:148)r ett gr(cid:132)ns- (cid:148)verg(cid:134)ngsst(cid:132)lle i gemenskapen, i detta fall Amsterdam. Detta pris b(cid:148)r ber(cid:132)knas med utg(cid:134)ngspunkt i de mest f(cid:148)rm(cid:134)nliga uppk(cid:148)psm(cid:148)jligheterna p(cid:134) v(cid:132)rldsmarknaden, vilka fastst(cid:132)lls p(cid:134) grundval av noteringarna eller priserna p(cid:134) den marknaden, justerade efter eventuella kvalitets- skillnader i f(cid:148)rh(cid:134)llande till standardkvaliteten. Standard- kvaliteten f(cid:148)r melass har definierats i f(cid:148)rordning (EEG) nr 785/68. Vid fastst(cid:132)llandet av de mest f(cid:148)rm(cid:134)nliga uppk(cid:148)psm(cid:148)jlig- heterna p(cid:134) v(cid:132)rldsmarknaden b(cid:148)r h(cid:132)nsyn tas till all infor- mation om anbud p(cid:134) v(cid:132)rldsmarknaden, priser som regi- strerats p(cid:134) viktigare marknader i tredje land och f(cid:148)rs(cid:132)lj- ningskontrakt som ing(cid:134)tts i internationell handel och som kommit till kommissionens k(cid:132)nnedom antingen direkt eller via medlemsstaterna. I enlighet med artikel 7 i f(cid:148)rordning (EEG) nr 785/68 f(cid:134)r detta fastst(cid:132)llande bygga p(cid:134) genomsnittet av flera priser, p(cid:134) villkor att detta genom- snitt kan betraktas som representativt f(cid:148)r den faktiska marknadsutvecklingen. Informationen skall inte beaktas n(cid:132)r det inte (cid:132)r fr(cid:134)ga om varor av sund och god marknadsm(cid:132)ssig kvalitet eller om det pris som anges i anbudet endast g(cid:132)ller en liten kvan- titet och inte (cid:132)r representativt f(cid:148)r marknaden. Dessutom skall det bortses fr(cid:134)n anbudspriser som inte kan antas vara representativa f(cid:148)r den faktiska marknadsutvecklingen. F(cid:148)r att f(cid:134) upplysningar om melass av standardkvalitet som (cid:132)r j(cid:132)mf(cid:148)rbara m(cid:134)ste, allt efter den erbjudna melassens kvalitet, priserna h(cid:148)jas eller s(cid:132)nkas i f(cid:148)rh(cid:134)llande till de resultat som erh(cid:134)llits i enlighet med artikel 6 i f(cid:148)rordning (EEG) nr 785/68. Ett representativt pris f(cid:134)r i undantagsfall f(cid:148)rbli of(cid:148)r(cid:132)ndrat under en begr(cid:132)nsad period n(cid:132)r det anbudspris som legat till grund f(cid:148)r det f(cid:148)reg(cid:134)ende fastst(cid:132)llandet av det represen- tativa priset till kommissionens k(cid:132)nnedom och de anbudspriser som finns tillg(cid:132)ngliga inte verkar vara tillr(cid:132)ckligt representativa f(cid:148)r den faktiska marknadsutvecklingen och skulle medf(cid:148)ra pl(cid:148)tsliga och v(cid:132)sentliga f(cid:148)r(cid:132)ndringar av det representativa priset. inte har kommit finns en skillnad mellan utl(cid:148)sningspriset N(cid:132)r det f(cid:148)r produkten i fr(cid:134)ga och det representativa priset b(cid:148)r till- l(cid:132)ggsbeloppen f(cid:148)r import fastst(cid:132)llas p(cid:134) de villkor som anges i artikel 3 i f(cid:148)rordning (EG) nr 1422/95. Om importtullen upph(cid:132)vs tillf(cid:132)lligt i enlighet med artikel 5 i f(cid:148)rordning (EG) nr 1422/95 b(cid:148)r s(cid:132)rskilda belopp fast- st(cid:132)llas f(cid:148)r dessa tullar. Till(cid:132)mpningen av dessa best(cid:132)mmelser medf(cid:148)r att de representativa priserna och till(cid:132)ggsbeloppen f(cid:148)r import av produkterna i fr(cid:134)ga b(cid:148)r fastst(cid:132)llas s(cid:134) som anges i bilagan till denna f(cid:148)rordning. De (cid:134)tg(cid:132)rder som f(cid:148)reskrivs i denna f(cid:148)rordning (cid:132)r f(cid:148)renliga fr(cid:134)n F(cid:148)rvaltningskommitt(cid:130)n f(cid:148)r socker. med yttrandet H(cid:142)RIGENOM F(cid:153)RESKRIVS F(cid:153)LJANDE. Artikel 1 De representativa priser och de till(cid:132)ggsbelopp som skall till(cid:132)mpas vid import av den produkt som avses i artikel 1 i f(cid:148)rordning (EG) nr 1422/95 fastst(cid:132)lls i enlighet med bilagan. (1) EGT L 177, 1. 7. 1981, s. 4. (2) EGT L 159, 3. 6. 1998, s. 38. (3) EGT L 141, 24. 6. 1995, s. 12. (4) EGT L 145, 27. 6. 1968, s. 12. Artikel 2 Denna f(cid:148)rordning tr(cid:132)der i kraft den 8 april 1999. L 93/4 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 8. 4. 1999 Denna f(cid:148)rordning (cid:132)r till alla delar bindande och direkt till(cid:132)mplig i alla medlemsstater. Utf(cid:132)rdad i Bryssel 7 april 1999. P(cid:134) kommissionens v(cid:132)gnar Franz FISCHLER Ledamot av kommissionen BILAGA F(cid:148)rordning om fastst(cid:132)llande av de representativa priserna och till(cid:132)ggsbeloppen f(cid:148)r import av melass inom sockersektorn KN-nummer Representativt pris i EUR per 100 kg nettovikt av produkten i fr(cid:134)ga Till(cid:132)ggsbelopp i EUR per 100 kg nettovikt av produkten i fr(cid:134)ga Den tull i EUR som skall tas ut p(cid:134) grund av det upph(cid:132)vande som avses i artikel 5 i f(cid:148)rordning (EG) nr 1422/95 per 100 kg nettovikt av produkten i fr(cid:134)ga (2) 1703 10 00 (1) 1703 90 00 (1) 5,84 7,64 0,38 0,00 (cid:190) (cid:190) (1) Fastst(cid:132)llande f(cid:148)r den standardkvalitet som definieras i artikel 1 i den (cid:132)ndrade f(cid:148)rordningen (EEG) nr 785/68. (2) Detta belopp skall i enlighet med artikel 5 i f(cid:148)rordning (EG) nr 1422/95 ers(cid:132)tta den tullsats som Gemensamma tulltaxan f(cid:148)reskriver f(cid:148)r dessa produkter


title: Verordening (EG) nr. 732/1999 van de Commissie van 7 april 1999 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag

eurovoc_concepts:
cereals
export refund
third country

text: L 93/22 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 8. 4. 1999 VERORDENING (EG) Nr. 732/1999 VAN DE COMMISSIE van 7 april 1999 tot w¶ziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, Gelet op Verordening (EEG) nr. 1766/92 van de Raad van 30 juni 1992 houdende een gemeenschappel¶ke ordening der markten in de sector granen (1), laatstel¶k gew¶zigd b¶ Verordening (EG) nr. 923/96 van de Commissie (2), en met name op artikel 13, lid 8, Overwegende dat het correctiebedrag, van toepassing op de restitutie voor granen, werd vastgesteld b¶ Verordening (EG) nr. 689/1999 van de Commissie (3); Overwegende dat het, gezien de cif-pr¶zen en de cif- pr¶zen op term¶n van heden, daarb¶ rekening houdende met de verwachte ontwikkeling van de markt, nodig is het geldende correctiebedrag, toepassel¶k op de restitutie voor granen, te w¶zigen; Overwegende dat het correctiebedrag volgens dezelfde procedure als de restitutie moet worden vastgesteld; dat het tussent¶ds kan worden gew¶zigd, HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: Artikel 1 Het correctiebedrag, van toepassing op de vooraf vastge- stelde restituties voor de uitvoer van de in artikel 1, lid 1, onder a), b) en c), van Verordening (EEG) nr. 1766/92 bedoelde producten, uitgezonderd mout, wordt gew¶zigd overeenkomstig de b¶lage. Artikel 2 Deze verordening treedt in werking op 8 april 1999. Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepassel¶k in elke lidstaat. Gedaan te Brussel, 7 april 1999. Voor de Commissie Franz FISCHLER Lid van de Commissie (1) PB L 181 van 1. 7. 1992, blz. 21. (2) PB L 126 van 24. 5. 1996, blz. 37. (3) PB L 87 van 31. 3. 1999, blz. 5. 8. 4. 1999 NL Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen L 93/23 b¶ de verordening van de Commissie van 7 april 1999 tot wijziging van het op de restitutie voor granen toe te passen correctiebedrag B(cid:246)LAGE Productcode Bestemming (1) Lopend 4 1e term. 5 2e term. 6 3e term. 7 4e term. 8 5e term. 9 6e term. 10 (in EUR/ton) (cid:190) 0 (cid:190) 0 0 (cid:190) 0 0 (cid:190) 0 (cid:190) 0 0 (cid:190) (cid:190) (cid:190) 0 0 0 0 0 (cid:190) (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) 0 0 (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) –1,00 (cid:190) 0 0 (cid:190) –25,00 0 (cid:190) 0 (cid:190) 0 –1,00 (cid:190) (cid:190) (cid:190) 0 0 0 0 0 (cid:190) (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) 0 0 (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) –1,00 (cid:190) 0 0 (cid:190) –35,00 –10,00 (cid:190) 0 (cid:190) 0 –2,00 (cid:190) (cid:190) (cid:190) 0 0 0 0 0 (cid:190) (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) –10,00 –10,00 (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) 0 (cid:190) –10,00 –10,00 (cid:190) –35,00 –10,00 (cid:190) –10,00 (cid:190) 0 –3,00 (cid:190) (cid:190) (cid:190) 0 0 0 0 0 (cid:190) (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) –10,00 –10,00 (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) 0 (cid:190) –10,00 –10,00 (cid:190) –35,00 –10,00 (cid:190) –10,00 (cid:190) 0 –4,00 (cid:190) (cid:190) (cid:190) 0 0 0 0 0 (cid:190) (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) –10,00 –10,00 (cid:190) 0 (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) (cid:190) 1001 10 00 9200 1001 10 00 9400 1001 90 91 9000 1001 90 99 9000 1002 00 00 9000 1003 00 10 9000 1003 00 90 9000 1004 00 00 9200 1004 00 00 9400 1005 10 90 9000 1005 90 00 9000 1007 00 90 9000 1008 20 00 9000 1101 00 11 9000 1101 00 15 9100 1101 00 15 9130 1101 00 15 9150 1101 00 15 9170 1101 00 15 9180 1101 00 15 9190 1101 00 90 9000 1102 10 00 9500 1102 10 00 9700 1102 10 00 9900 1103 11 10 9200 1103 11 10 9400 1103 11 10 9900 1103 11 90 9200 1103 11 90 9800 (cid:190) 01 (cid:190) 01 01 (cid:190) 03 02 (cid:190) 01 (cid:190) 04 02 (cid:190) (cid:190) (cid:190) 01 01 01 01 01 (cid:190) (cid:190) 01 (cid:190) (cid:190) 01 01 (cid:190) 01 (cid:190) (1) De bestemmingen z¶n de volgende: 01 alle derde landen, 02 andere derde landen, 03 de Verenigde Staten, Canada en Mexico, 04 Zwitserland, Liechtenstein en Sloveni(cid:137). NB: De zones z¶n die welke worden omschreven door de gew¶zigde Verordening (EEG) nr. 2145/92 van de Commissie (PB L 214 van 30. 7. 1992, blz. 20)


title: ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 848/99 του Tony CUNNINGHAM Η βάρβαρη τακτική που εφαρμόζεται στο εμπόριο γούνας στην Κίνα

eurovoc_concepts:
China
World Trade Organisation
animal welfare
domestic animal
fur-bearing animal
hides and furskins industry
international trade
protection of animals

formats: html pdf print

text: C 348/138 Επι΄σηµη Εφηµερι΄δα των Ευρωπαι¨κω΄ν Κοινοτη΄των EL 3. 12. 1999 (1999/C 348/189) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0848/99 υποβολη΄: Tony Cunningham (PSE) προς την Επιτροπη΄ (7 Απριλι΄ου 1999) Θε΄µα: Η βα΄ρβαρη τακτικη΄ που εφαρµο΄ζεται στο εµπο΄ριο γου΄νας στην Κι΄να Έχει η Επιτροπη΄ γνω΄ση της βα΄ρβαρης µεταχει΄ρισης των ζω΄ων στην Κι΄να, ιδιαι΄τερα των λυκο΄σκυλων που ενε΄χονται στην παραγωγη΄ γου΄νινων ρου΄χων για τη διεθνη΄ αγορα΄; Θα µπορου΄σε η Επιτροπη΄ να δω΄σει λεπτοµερει΄ς πληροφορι΄ες σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο γου΄νας µεταξυ΄ ΕΕ και Κι΄νας και να παρα΄σχει εγγυη΄σεις ο΄τι δεν υπα΄ρχει σχε΄ση µε δρα΄στες παρο΄µοιων βα΄ρβαρων πρα΄ξεων; Απα΄ντηση του Sir Leon Brittan εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς (3 Μαι΅ου 1999) Η Επιτροπη΄ συµµερι΄ζεται την α΄ποψη του Αξιο΄τιµου µε΄λους του Κοινοβουλι΄ου ο΄τι τα ζω΄α δεν πρε΄πει να υφι΄στανται βα΄ρβαρη συµπεριφορα΄ ιδιαι΄τερα ο΄σον αφορα΄ την παραγωγη΄ γουνω΄ν για τη διεθνη΄ αγορα΄. Εντου΄τοις, η Επιτροπη΄ δεν ε΄χει καµια΄ συγκεκριµε΄νη πληροφορι΄α σχετικα΄ µε το εµπο΄ριο και την επεξεργασι΄α της γου΄νας των σκυ΄λων στην Κι΄να. Κατα΄ συνε΄πεια δεν ει΄ναι σε θε΄ση να επιβεβαιω΄σει αν ο εν λο΄γω κλα΄δος ανθει΄. ∆εδοµε΄νου ο΄τι η ευζωι΄α των ζω΄ων αποκτα΄ συνεχω΄ς µεγαλυ΄τερη σηµασι΄α για το διεθνε΄ς εµπο΄ριο, το θε΄µα αυτο΄ ενδε΄χεται να θιγει΄ στο µε΄λλον στο πλαι΄σιο του Παγκο΄σµιου Οργανισµου΄ Εµπορι΄ου (ΠΟΕ). Η δυνατο΄τητα τροποποι΄ησης των κανο΄νων του ΠΟΕ ω΄στε να αντιµετωπισθου΄ν τα θε΄µατα ευζωι΄ας γενικο΄τερα, θα εξετασθει΄ στο πλαι΄σιο του καθορισµου΄ των κοινοτικω΄ν διαπραγµατευτικω΄ν στο΄χων για το επο΄µενο στα΄διο των διαπραγµατευ΄σεων στο πλαι΄σιο του ΠΟΕ. (1999/C 348/190) ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-0849/99 υποβολη΄: Anne André-Léonard (ELDR) προς την Επιτροπη΄ (7 Απριλι΄ου 1999) Θε΄µα: Περικοπη΄ της συ΄νταξης γη΄ρατος εα΄ν ο δικαιου΄χος εισπρα΄ττει η΄δη συ΄νταξη σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος Τον Απρι΄λιο του 1998, δηµοσιευ΄θηκε στον Τυ΄πο ο΄τι το Βε΄λγιο επρο΄κειτο να καταγγελθει΄ ενω΄πιον του Ευρωπαι¨κου΄ ∆ικαστηρι΄ου, µετα΄ απο΄ διαµαρτυρι΄ες σε σχε΄ση µε την περικοπη΄ των συντα΄ξεων γη΄ρατος εα΄ν ο δικαιου΄χος εισπρα΄ττει η΄δη συ΄νταξη σε α΄λλο κρα΄τος µε΄λος. Θα µπορου΄σε η Επιτροπη΄ να µας ενηµερω΄σει σχετικα΄ µε την εξε΄λιξη της υπο΄θεσης αυτη΄ς; Απα΄ντηση του κ. Flynn εξ ονο΄µατος της Επιτροπη΄ς (29 Απριλι΄ου 1999) Η ερω΄τηση αφορα΄ προφανω΄ς την εφαρµογη΄, απο΄ το βελγικο΄ οργανισµο΄ Office national des pensions (ONP), των εθνικω΄ν κανο΄νων απαγο΄ρευσης της σω΄ρευσης παροχω΄ν, ω΄στε να µειωθει΄ το υ΄ψος του συµπληρωµατικου΄ ποσου΄ που προστι΄θεται στη συ΄νταξη ενο΄ς εργα΄τη ανθρακωρυχει΄ου ο΄ταν λαµβα΄νει αυτο΄ς η΄δη µι΄α η΄ περισσο΄τερες συντα΄ξεις ι΄διας φυ΄σης που καταβα΄λλονται απο΄ ε΄να η΄ περισσο΄τερα κρα΄τη µε΄λη. Με την απο΄φαση΄ του της 22ας Οκτωβρι΄ου 1998 στην υπο΄θεση C 143/97 (cid:28) Conti κατα΄ ONP, το ∆ικαστη΄ριο δικαι΄ωσε τον κ. Conti διαπιστω΄νοντας ο΄τι ε΄νας εθνικο΄ς κανο΄νας ο΄πως ο εν λο΄γω αποτελει΄ ρη΄τρα µει΄ωσης κατα΄ την ε΄ννοια του α΄ρθρου 12 παρα΄γραφος 2 του κανονισµου΄ (ΕΟΚ) 1408/71 που ενηµερω΄θηκε µε τον κανονισµο΄ (ΕΚ) 118/97 περι΄ εφαρµογη΄ς των συστηµα΄των κοινωνικη΄ς ασφαλι΄σεως στους µισθωτου΄ς, στους µη µισθωτου΄ς και στα µε΄λη των οικογενειω΄ν τους που διακινου΄νται εντο΄ς της Κοινο΄τητας, (1). (1) ΕΕ L 28 της 30. 1. 1997


title: SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 893/99 von Elly PLOOIJ-VAN GORSEL Schädigung europäischer Importeure durch Steuernachforderung auf Textilprodukte aus Bangladesch

eurovoc_concepts:
Bangladesh
certificate of origin
fraud against the EU
generalised preferences
import (EU)
surveillance concerning imports

text: 21. 12. 1999 DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften C 370/137 (1999/C 370/192) SCHRIFTLICHE ANFRAGE P-0893/99 von Elly Plooij-van Gorsel (ELDR) an die Kommission (7. April 1999) Betrifft: Schädigung europäischer Importeure durch Steuernachforderung auf Textilprodukte aus Bangla- desch Im Rahmen des APS werden Einfuhren aus Bangladesch mit A-Formularen zu günstigeren Bedingungen auf dem europäischen Markt zugelassen. 1997 hat die Regierung von Bangladesch auf Veranlassung der Europäischen Kommission A-Formulare für ungültig erklärt, die im Zeitraum 1994-1996 eingereicht wurden. Trifft es zu, daß die Regierung von Bangladesch bereits 1989 mitgeteilt hat, daß sie Probleme mit der 1. Verwaltung der Ausgabe der Ursprungszertifikate hat? 2. Wurde jetzt von dieser Regierung ein Antrag auf Flexibilisierung („Ausnahme“) eingereicht? 3. Wie hat die Kommission auf diesen Antrag reagiert? 4. Hat die Kommission im Zeitraum 1989-1994 weitere Hinweise dafür erhalten, daß die Regierung von Bangladesch Probleme mit der rechtmäßigen Ausgabe der Ursprungszertifikate hatte, z. B. anläßlich von Arbeitsbesuchen in Bangladesch? Hat die Kommission Importeurvereinigungen oder Branchenorganisationen darüber unterrichtet? Falls 5. nein, warum nicht? Falls ja, in welcher Form? Antwort von Herrn Monti im Namen der Kommission (5. Mai 1999) 1. 1989 stellte die Regierung von Bangladesch nach dem Beispiel aller anderen präferenzbegünstigten Staaten präferentielle Ursprungsnachweise zu Bedingungen aus, die seit 1971 in ihren Grundsätzen unverändert geblieben sind. Dieses Land hat ebensowenig wie andere von dieser Art der Präferenzen begünstigte Länder Schwierigkeiten gemeldet, die über die normalen bei der laufenden Verwaltung dieser Zertifikate anfallenden hinausgehen. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen daß seit 1983 mehrere EU-Missionen, Seminare und Umfragen in diesem Land stattgefunden haben. Vor allem die in Bangladesch wie auch in anderen begünstigten Ländern abgehaltenen Seminare hatten zum Ziel, die Beamten und Exporteure mit den Anforderungen der operativen Verwaltung dieser Präferenzen, d. h. im wesentlichen mit der Ausstellung von Ursprungszeugnissen vertraut zu machen. 2. Ein Antrag auf eine Ausnahmeregelung wurde schon 1985 von Bangladesch gestellt. 1987 erteilte die Kommission den Behörden von Bangladesch einen ablehnenden Bescheid, da sich 3. die Mehrheit der Mitgliedstaaten gegen die Genehmigung dieser Ausnahmeregelung ausgesprochen hatte. Die Mitgliedstaaten befürchteten nämlich, daß diese Ausnahme eher Halbfertigwaren aus Schwellenländern wie Südkorea als Bangladesch zugute kommen würde. Erst 1997 als Bangladesch einen neuen Antrag stellte, stimmten diese Mitgliedstaaten dem Vorschlag der Kommission für eine Ausnahmeregelung zu. 4. Die EU-Mission nach Bangladesch im Jahre 1993 befaßte sich ausschließlich mit den Problemen, die bei der Einfuhr bei Vorlage von präferentiellen Ursprungsnachweisen (SAP (System allgemeiner Zoll- präferenzen), von 1989 bis 1993 datierte A-Formulare) entstanden, die angeblich in Bangladesch aus- gestellt wurden, in Wirklichkeit jedoch Textilprodukte fernöstlichen oder asiatischen Ursprungs begleiteten. Mehr als 3. 000 völlig falsche oder gefälschte Urspungszertifikate wurden entdeckt, und die betroffenen Mitgliedstaaten haben nach der Einziehung der Zertifikate durch die Behörden von Bangladesch ent- sprechende Maßnahmen ergriffen. Die EU-Mission nach Bangladesch im Jahre 1994 hatte eine spezielle Ermittlung zum Ziel(auf der Grundlage von Exporten aus dem Hafen von Chittagong), da bei der Einfuhr in die Gemeinschaft für aus Pakistan stammende Produkte gefälschte SAP A-Formulare aus Bangladesch vorgelegt wurden. In diesem Fall zogen die Behörden von Bangladesch, nachdem durch gemeinsame Ermittlungen die Identität eines in den Betrug verwickelten Fabrikanten mit Sitz in Bangladesch festgestellt wurde, die Zertifikate zurück, und erließen sofort wirksame verwaltungs- rechtliche Sanktionen und Geldbußen. 5. Im Anschluß an die Veröffentlichung der Ergebnisse der EU-Mission nach Bangladesch von November und Dezember 1996 wurde im Amtsblatt ein Hinweis für Importeure (97/C 107/05) veröffentlicht, der Textilerzeugisse betrifft, die im Rahmen des SAP-Systems aus Bangladesch in die Gemeinschaft eingeführt werden


title: SCHRIFTLICHE ANFRAGE Nr. 868/99 von Joan VALLVÉ URBAN- Beihilfen und städtebauliche Projekte in Valencia

eurovoc_concepts:
EU programme
Spain
heritage protection
historic site
road services department
town planning
urban renewal

text: C 370/132 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften DE 21. 12. 1999 die Mitgliedstaaten (cid:11) die allein für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung zuständig sind (cid:11) zu veranlassen, schwerwiegende Behinderungen des freien Warenverkehrs durch Handlungen von Privat- personen rasch zu beseitigen. Die Kommission verfolgt aufmerksam den Verlauf des derzeitigen Wirtschaftsjahrs für Obst und Gemüse. Sie ist entschlossen, nötigenfalls die genannten Maßnahmen anzuwenden, damit die französischen Behörden zufriedenstellende und ausreichende Maßnahmen zur Gewährleistung des freien Warenverkehrs ergreifen und damit ihren Verpflichtungen nachkommen. (1) ABl. L 337 vom 12. 12. 1998. (1999/C 370/182) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0868/99 von Joan Vallvé (ELDR) an die Kommission (7. April 1999) Betrifft: URBAN-Beihilfen und städtebauliche Projekte in Valencia Der Stadtrat von Valencia hat ein Sonderprogramm für den Schutz und die Umgestaltung des Viertels Cabanyal-Canyamelar (altes Küstendorf) in Valencia genehmigt, das die Verlängerung der Avenida Blasco Ibáñez bis zum Meer beinhaltet. Das städtebauliche Projekt sieht die Zweiteilung des Viertels und den Abbruch von über 1500 einzigartigen, im volkstümlichen Jugendstil erbauten Wohnhäusern vor. Der städtebauliche Komplex gehört zum historischen Erbe der Autonomen Region Valencia. Ist die Kommission der Ansicht, daß die Beihilfen, die die Stadtverwaltung von Valencia im Rahmen des Programms URBAN erhält, mit dem vorgesehenen Programm für die Durchführung dieser Umgestaltung vereinbar sind, die kaum Rücksicht auf die städtebauliche Anlage eines der urtümlichsten Viertel von Valencia nimmt? Antwort von Frau Wulf-Mathies im Namen der Kommission (30. April 1999) Im Rahmen des Programms „URBAN-España“, Zeitraum 1994-1999 kofinanziert die Kommission in Valencia das Projekt „Revitalizacion del barrio de Velluters“ im historischen Zentrum „Ciutat Vella“. Dieses Projekt zielt auf die integrierte Entwicklung des Stadtviertels ab, indem Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur und der Umwelt, zur Entwicklung des Wirtschaftsgefüges sowie zur Ausstattung mit sozialen Einrichtungen und Ausbildungsstätten durchgeführt werden. Den der Kommission vorliegenden Angaben zufolge steht der vom Herrn Abgeordneten genannte städte- bauliche Plan (Plan especial de protection y reforma interior del barrio de Carbanyal-Canyamelar) mit dem URBAN-Projekt sowohl vom Standort her als auch inhaltlich in keinerlei Zusammenhang. (1999/C 370/183) SCHRIFTLICHE ANFRAGE E-0869/99 von Honório Novo (GUE/NGL) an die Kommission (7. April 1999) Betrifft: Rückgang der Einkommen der Fischer in der Autonomen Region Madeira Die große Thunfischknappheit, die sich seit August 1998 in der Autonomen Region Madeira bemerkbar macht, hat äußerst negative soziale Folgen für die lokalen Fischereigemeinschaften. Tatsächlich hat das Ausbleiben dieser wandernden Spezies schwerwiegende Folgen für die wirtschaftliche Lage und den Lebensunterhalt der Familien in den Gemeinden dieser Autonomen Region, wie z. B. in Caniçal und Machico, die bereits an sich in sozialer Hinsicht schwer benachteiligt und ohne Beschäfti- gungsalternativen sind. Die Situation erreicht dramatische Ausmaße, denen die Kommission verstärkt Rechnung tragen sollte


title: Structure des exploitations agricoles : Enquête 1995: Principaux résultats.

eurovoc_concepts:
EU Member State
agricultural holding
agricultural statistics
agricultural structure


title: WRITTEN QUESTION No. 849/99 by Anne ANDRÉ-LÉONARD Reductions in old age pensions for those already receiving a pension in another Member State

eurovoc_concepts:
Belgium
Community migration
EU law - national law
EU national
pension scheme
retirement conditions
self-employment
social security
wage earner

text: C 348/138 Europeiska gemenskapernas officiella tidning SV 3. 12. 1999 (1999/C 348/189) SKRIFTLIG FRÅGA E-0848/99 från Tony Cunningham (PSE) till kommissionen (7 april 1999) Angående: Barbarisk pälshandel i Kina Känner kommissionen till den barbariska behandlingen av djur som förekommer i Kina, framför allt av schäferhundar som används vid pälsproduktion för den internationella marknaden? Kan kommissionen ge närmare upplysningar om all pälshandel mellan EU och Kina och garantera att den inte har något samröre med dem som gör sig skyldiga till dessa fasansfulla inslag i handeln? Svar från sir Leon Brittan på kommissionens vägnar (3 maj 1999) Kommissionen anser liksom frågeställaren att djur inte bör behandlas på ett grymt sätt, i synnerhet inte vid framställning av päls för den internationella marknaden. Kommissionen inhämtar inte någon specifik information rörande handel med eller förädling av hundpäls i Kina. Det är därför inte möjligt att bekräfta huruvida denna affärsverksamhet ökar i omfattning. Eftersom djurskyddsaspekter får allt större betydelse i den internationella handeln kan denna fråga i framtiden komma att tas upp inom ramen för Världshandelsorganisationen (WTO). Kommissionen kommer att i samband med fastställandet av gemenskapens förhandlingsmål inför nästa omgång av WTO-förhandlingarna undersöka möjligheterna att ta upp djurskyddsaspekter i allmänhet. (1999/C 348/190) SKRIFTLIG FRÅGA E-0849/99 från Anne André-Léonard (ELDR) till kommissionen (7 april 1999) Angående: Sänkning av ålderspensionen då förmånstagaren redan erhåller en pension från en annan medlemsstat I pressen stod det i april 1998 att Belgien skulle ställas inför Europeiska gemenskapernas domstol till följd av klagomål som inlämnats med anledning av sänkningen av ålderspensionen då förmånstagaren redan erhåller en pension från en annan medlemsstat. Kan kommissionen redogöra för hur denna fråga utvecklats? Svar från Pádraig Flynn på kommissionens vägnar (29 april 1999) Det tycks som om frågan berör den tillämpning som Office national des pensions (ONP) i Belgien gör av de nationella antikumulativa reglerna för att minska det tilläggsbelopp som läggs på en ålderspension för en gruvarbetare när denne redan uppbär en eller flera pensioner av samma art från en eller flera medlemsstater. Genom sin dom av den 22 oktober 1998 i mål nr C 143/97 8 Conti mot ONP, gav domstolen Francesco Conti rätt genom att besluta att en nationell bestämmelse som den som är i fråga utgör en bestämmelse om minskning enligt artikel 12. 2 i förordning (EEG) 1408/71, uppdaterad version genom förordning (EG) 118/97 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen (1). (1) EGT L 28, 30. 1. 1997