title: Propuesta de recomendación del Consejo sobre criterios mínimos de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros

eurovoc_concepts:
EU environmental policy
approximation of laws
environmental law
environmental monitoring
member country

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 16. 12. 1998 COM(1998) 772 final 98/0358 (SYN) PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO SOBRE CRITERIOS MÍNIMOS DE LAS INSPECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS (presentada por la Comisión) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS L JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 1. 1 Consideraciones generales En los últimos años, el interés por la aplicación y el cumplimiento de la legislación comunitaria de medio ambiente ha aumentado a medida que se desarrollaba el acervo comunitario en este sector. El Consejo Europeo de Dublin celebrado en junio de 1990 insistió en que el Derecho comunitario de medio ambiente sólo podía ser eficaz si se aplicaba y cumplía totalmente en los Estados miembros. En 1992, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre este asunto1. En mayo de 1996, la Comisión y el Parlamento Europeo celebraron una audiencia pública conjunta sobre problemas de la protección del medio ambiente y la puesta en marcha de la legislación. Todo ello culminó en la adopción por la Comisión de una comunicación sobre aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente2, que se remitió al Consejo y el Parlamento Europeo el 5 de noviembre de 1996. La comunicación ponía de manifiesto la gran disparidad entre las tareas de inspección medioambiental en los Estados miembros, indicaba las lagunas existentes y reconocía la necesidad de realizar unas tareas de inspección mínimas, en particular con respecto ai control de las emisiones industriales y las normas de calidad del medio ambiente. Por consiguiente, la comunicación recomendaba el "establecimiento de orientaciones, y reducir así las grandes disparidades existentes en las tareas de inspección entre Estados miembros". El Parlamento Europeo y el Consejo refrendaron esa recomendación en sendas resoluciones aprobadas en respuesta a la comunicación3. La comunicación de la Comisión y la resolución del Consejo indicaban que la red de la Unión Europea para la aplicación de la legislación medioambiental IMPEL (Implementation and Enforcement of Environmental Law) debí» realizar una función en este contexto. Según la resolución del Consejo, IMPEL debía "desempeñar. un importante papel en las diversas fases del proceso normativo'* y que por lo tanto podría asesorar, previa petición o por iniciativa propia, sobre cuestiones de carácter general relativas a la aplicación y DOC 125 de 18. 5. 1992, p. 122 COM(96) 500 final de 22. 10. 96 PE 259. 215/63 14. 5. 97 y DO C 321 de 22. 10. 1997. También denominado "cadena reglamentaria" y que es el proceso completo de determinación, concepción, proyecto, adopción, ejecución y cumplimiento de una norma legislativa hasta la evaluación de su eficacia. Se trata de una herramienta metodológica que posibilita la aplicación de un enfoque "hollstico" a los instrumentos de política ambiental. -iü^ cumplimiento, así como sobre las propuestas de nuevos textos de legislación comunitaria, en particular cuando sea necesaria la aportación de experiencia práctica". En particular, la resolución del Consejo solicita ". a la Comisión que, teniendo en cuenta la variedad de sistemas existentes, proponga para ulterior estudio en el Consejo, en particular basándose en el trabajo de la red IMPEL, criterios mínimos o directrices para las tareas de inspección que se realizan a escala de los Estados miembros, así como los distintos modos en que los Estados miembros podrían supervisar su aplicación concreta, con objeto de conseguir en la práctica una ejecución y cumplimiento uniformes de la legislación en materia de medio ambiente ". La red IMPEL, creada en 1992 para impulsar el intercambio de información y experiencias y conseguir que la legislación de medio ambiente se desarrolle, aplique y cumpla de una forma más coherente, tras estudiar el tema de los criterios mínimos de las inspecciones medioambientales, aprobó en noviembre de 1997 un documento en la materia, que ha servido de base para la presente propuesta. Hasta este punto, la Comisión ha deseado poner en práctica la intención manifestada en su comunicación de implicar a los responsables de aplicar y hacer cumplir la legislación en los Estados miembros desde las primeras fases del proceso legislativo. 1. 2 Objetivos medioambientales La letra k del artículo 3 del Tratado incluye entre las actividades de la Comunidad una política en el ámbito del medio ambiente. Este concepto se desarrolla en el Título XVI del Tratado. En concreto, el apartado 4 del artículo 130 S establece que "los Estados miembros tendrán a su cargo. la ejecución de la política en materia de medio ambiente" de la Comunidad. Por otra parte, según el artículo 155 del Tratado, la Comisión dispone de un poder de decisión propio y puede participar en la formación de los actos del Consejo y del Parlamento Europeo en las condiciones previstas en el Tratado, y el artículo 189 se refiere a la formulación de recomendaciones, entre otras cosas por el Parlamento Europeo y el Consejo conjuntamente. Desde mediados de los setenta ha aumentado considerablemente el corpus legislativo comunitario sobre medio ambiente y, por ello, es evidente la importancia de velar por el cumplimiento pleno y efectivo de esa normativa desde el punto de vista de la aplicación de la política comunitaria de medio ambiente. El establecimiento, en una primera fase, de orientaciones sobre criterios mínimos con inspecciones respecto a medioambientales en los Estados miembros impulsará ese proceso. realización de la La propuesta se refiere a la contaminación del aire, el agua y el suelo desde fuentes concretas reguladas por la legislación comunitaria. Quiere aplicarse al principio a las inspecciones medioambientales de instalaciones industriales y otras empresas y centros sujetos en virtud del Derecho comunitario de medio ambiente a la concesión de un permiso o autorización de emisiones o vertidos o de las actividades que pueden provocarlos. Por consiguiente, va a regular las inspecciones medioambientales que se refieren a sectores de la legislación comunitaria que guardan una relación con la prevención y el control integrados de la contaminación, la calidad del agua, los residuos y las instalaciones industriales, incluyendo las correspondientes a los sectores médico y de investigación. En esta fase no cubre las inspecciones en relación con la contaminación de fuentes difusas. 2- ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL FUNDAMENTO JURÍDICO El fundamento jurídico de la propuesta lo constituye el artículo 130 S (procedimiento de cooperación) del Tratado, que es la base jurídica específica de la política comunitaria de medio ambiente. El artículo 100 A sólo puede servir de fundamento jurídico en el caso de medidas que tengan por objeto el establecimiento y funcionamiento del mercado interior. Aunque algunos de los aspectos de la propuesta, si se aplican en todo el territorio comunitario, pueden redundar en favor de la igualdad de trato de las entidades explotadoras de instalaciones industriales, no reside ahí la intención principal de la propuesta. 3. SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD 3. 1 Objetivos de la medida propuesta en relación con las obligaciones de la Comunidad La propuesta se ha preparado con objeto de garantizar los requisitos del artículo 130 R y del apartado 4 del artículo 130 S del Tratado con respecto a la aplicación de la política comunitaria de medio ambiente. 3. 2 Dimensión comunitaria del problema instalaciones La aplicación y el cumplimiento del Derecho comunitario de medio ambiente son temas que incumben a todos los Estados miembros y a la Comisión. El Derecho comunitario de medio ambiente obliga a los Estados miembros a velar por que algunos tipos de emisiones o vertidos, o las actividades que pueden provocarlos, estén sujetos a la concesión de una autorización o permiso previo. Las industriales y demás empresas y centros ("instalaciones controladas") que tengan que atenerse a esos requisitos son o deben ser objeto de una inspección de las autoridades competentes; el establecimiento de orientaciones sobre criterios mínimos de esas inspecciones medioambientales servirá para que se den los primeros pasos para conseguir una norma uniforme en toda la Comunidad. El logro de dicha norma de inspección igualmente como ventaja el evitar distorsiones de competitividad. tendrá 3 3 Solución más eficaz entre una actuación a nivel de la Comunidad o a cargo de los Estados miembros En virtud de las facultades que le confieren, en particular, los artículos 155, 169 y 171 del Tratado, corresponde a la Comisión supervisar la incorporación de la legislación comunitaria en el ordenamiento interno de los Estados miembros, así como la conformidad y aplicación eficaz de la misma. La labor de hacer cumplir disposiciones concretas de la legislación comunitaria es responsabilidad de los Estados miembros. La labor de inspección ha sido dominio exclusivo de los Estados miembros que, a este respecto actuaban por separado y según sus propios criterios o normas discrecionales. Se ha demostrado que esta forma de actuar no conduce a una aplicación y un cumplimiento coherentes ni uniformes del Derecho comunitario de medio ambiente. Es preciso contar en este terreno con medidas comunitarias para que en toda la Comunidad se apliquen unas normas mínimas sobre inspección ambiental de instalaciones controladas. No obstante, ante la gran disparidad que registran los sistemas y mecanismos de inspección entre Estados miembros, la propuesta se presenta en forma de recomendación (instrumento no vinculante) y se deja en manos de los Estados miembros la elección de la estructura y los sistemas administrativos de las inspecciones, así como de la esfera (nacional, regional o local) en la que se van a crear tales estructuras y sistemas. 3. 4 Instrumentos a disposición de la Comunidad Se considera muy importante que la aplicación de la legislación comunitaria de medio ambiente en este campo se aplique de manera uniforme. No obstante, dadas las grandes diferencias existentes entre los sistemas y mecanismos de inspección de los Estados miembros, se ha considerado prudente limitarse en primer lugar a establecer orientaciones mediante un instrumento no vinculante como es la recomendación en lugar de en un acto legislativo vinculante como la directiva. Además, es probable que algunos Estados miembros duden de su capacidad para aplicar con eficacia los criterios mínimos. Se podría considerar una cofinanciación comunitaria para las zonas elegibles ó los Estados miembros con cargo a instrumentos financieros comunitarios existentes tales como los relacionados con el Fondo de Cohesión o el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 3. 5 Proporcionalidad Una medida comunitaria en forma de recomendación se ajusta en este campo al principio de proporcionalidad habida cuenta de las grandes disparidades existentes entre los sistemas y mecanismos de inspección ambiental de los Estados miembros no sólo desde el punto de vista de la capacidad para llevar a cabo las inspecciones sino también por el alcance y contenido de las tareas de inspección realizadas e, incluso, por la existencia misma de tareas de inspección en algunos pocos Estados miembros. A la vista de esas diferencias, inspecciones la Comisión medioambientales con arreglo a la recomendación puede resultar necesario aumentar la capacidad de algunos Estados miembros. En esos casos, puede considerarse la posibilidad de conceder cofinanciación comunitaria a los Estados miembros idóneos con cargo a instrumentos financieros comunitarios reconoce que para llevar a cabo las "ries e/y~~o ;OR •'doeulpr,os ai Fondo de Cohesion, e c'; Fondo Eiír^wr? de Desarropo Aesdona. l. Además, *c medida se ainsta al princioi? de proporcionalidad porque se limita a introducir criterios mínimos y deja a discreción. r-e les Briad^s rnie. rn. bros ?a )T"*VQT? de arJ icarios en su? prontos sistemas de insrec'vón. '^or r^p- pr e^. re traía de la primera fase de un programa en curso sobre inspecciones y cumplimiento. A la luz de la experiencia adouirida con la aplicación de la recomendación y sobre la base de oíree consultes con las rîflries interesadas, incluida la red IMPEL, se estudiarán las í^s^s siRiv. cntes para amp'ip" ?a naturaleza. , a?canee y aplicación ^e ?os rc^";s;t-8 mí'« •Irnos cor:, ob^cv. o. en '"'articular, de incluir, además del centro! de las emisiones desde fuentes concretas para el que se han adaptado estas reoom. en. daci. ones. , íes fuentes de contara nación difusas y les m. speeciones generales de los distintos componentes de! medio ambiente. En etapas posteriores se va a estudiar asimismo la elaboración de criterios mínimos en relación con la formación y cual ideaciones de los inspectores y con la frecuencia de las inspecciones de instalaciones industríales, empresas y centros sobre 'a base de las mejores prácticas disponibles en los Estados miembros. A su debido tiempo y a la luz de la experiencia adquirida, se estudiará también la adopción de una directiva Enarco sobre inspecciones medioambientales en Pror,e"?>" 4- COATES DE LA APLICACIÓN DE LA PROPUESTA PARA LOS ESTADOS'MIEMBROS, LA COMUNIDAD Y LAS INSTALACIONES ~ Âîj?îCTAnAS ™" "~ "" " ~ ~ ' 4. 1 Costes pnm los Estados miembros llevarlas a cabo. Otras directivas que no Hay muchas directivas sectoriales comunitarias que obligan a los Estado}; inspecciones medioambientales. Por miembros a reali^r algún tipo de consiguiente, los Estados miembros tienen que haber creado yo sistemas y mecanismos para incluyen obligaciones de inspección tienen que ejecutarse plenamente lo cual, según la jurisprudencia de' Tribuna^. Europeo de justicia, quiere decir que deben aplicarse y cumplirse adecuadamente sobre el terreno. El cumplimiento de esas obligaciones implica costes. No obstante, en la medida en la que los Estados miembros deberían cumplir ya con las obligaciones de derecho comunitario, la ppí. ioación de la recomendación va a suponer muy pocos costes adicionales par?, ¡ellos. Eos únicos costes extras pueden derivarse de la obligación de cía! erar informes y poner algunos de ellos, por ejemplo los que se refieren a visitas a instalaciones, a disposición del público. Prácticamente con toda probabilidad esos costes se incurrirán para cubrir necesidades en recursos humanos, que podrán satisfacerse mediante reorganizaciones mejor que con nuevas infraestructuras. La red IMPEL podrá brindar asistencia para cubrir lar- necesidades de formación a este respecto. Además, como la propuesta se basa en las mejores prácticas aplicadas con frecuencia en la Comunidad, los costes del cumplimiento de los criterios mínimos serán insignificantes o, todo lo más. limitados en la mayoría de los Estados miembros. -5 En cualquier caso, los beneficios resultantes para el medio ambiente deberían ser superiores a los costes ocasionados. Los Estados miembros cuyos sistemas de inspección no están muy desarrollados podrán recibir cofinanciación de los instrumentos financieros comunitarios existentes en los casos oportunos. 4. 2 Costes para la Comunidad Los Estados miembros que puedan demostrar que necesitan financiación podrán recibir asistencia de fondos comunitarios (Fondo de Cohesión o Fondos Estructurales: Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para poder aumentar su capacidad y poner en práctica las orientaciones de la recomendación. Dado que esos fondos ya existen, la repercusión sobre el presupuesto comunitario va a ser nula. En algunos aspectos, el cumplimiento en una fase temprana de las disposiciones comunitarias gracias a unas inspecciones medioambientales correctas tendrá repercusiones positivas sobre los costes porque permite ahorrar posteriormente los costes de índole administrativa o en concepto de devolución que llevan aparejadas las infracciones del Derecho comunitario por una aplicación incorrecta de las normas y requisitos establecidos en los instrumentos comunitarios. 4. 3 Costes para las instalaciones controladas Los costes para las instalaciones controladas van a ser insignificantes. Esas instalaciones ya tienen que cumplir las disposiciones legislativas comunitarias que les son aplicables, y la presente propuesta no les impone ninguna obligación específica. Sólo habría costes reales adicionales en la hipótesis de que los Estados miembros decidieran imponer un pago por las inspecciones realizadas. En la medida en que este caso no se da en la actualidad, es un asunto que compete a los Estados miembros y que puede considerarse de auténtica subsidiariedad. 5. RESULTADOS DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS 5. 1 Estados miembros No se han celebrado consultas oficiales con los Estados miembros. La propuesta se basa sobre todo en la labor de la red IMPEL, que está compuesta por inspectores y representantes técnicos de las organizaciones pertinentes de los Estados miembros. Así y todo, puede decirse que se ha consultado a los Estados miembros sobre lo esencial de la propuesta al estar asociados a la red IMPEL y porque sus representantes mantuvieron consultas internas con las autoridades de su Estado miembro durante la realización de sus trabajos. 5. 2 ONG En enero de 1998 se convocó a una reunión a las siguientes organizaciones no gubernamentales : Birdlife International Oficina Europea del Medio Ambiente (BEE) Amigos de la Tierra Greenpeace Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) Birdlife International presentó observaciones por escrito a la Comisión. Se mostró favorable a los aspectos de la propuesta relacionados con la puesta a disposición del público de los informes relativos a las visitas a instalaciones y los informes nacionales consolidados de los Estados miembros. Manifestaba su deseo por que continuara la labor de la red IMPEL sobre otras inspecciones medioambientales como las relacionadas con la contaminación desde fuentes difusas. La Oficina Europea del Medio Ambiente (BEE) asistió a la reunión y también presentó observaciones por escrito. Declaró estar de acuerdo con el principio inspecciones medioambientales pero consideraba que la propuesta podía insistir más en la difusión pública de los informes de inspección y en la frecuencia de las inspecciones. Además, consideraba que la propuesta debía establecer criterios mínimos con respecto a las cualificaciones de los inspectores. criterios mínimos establecer las de de No se ha recibido ninguna respuesta por parte de las demás ONG. 5. 3 Consulta del sector industrial En la medida en la que la propuesta se dirige a los servicios de inspección, ésta no debería conllevar consecuencias reales para la industria que debe va conformarse con las legislaciones adoptadas en distintos momentos en el pasado y que requerían inspecciones. El sector industrial había sido consultado formalmente cuando esas legislaciones habían sido propuestas por la Comisión. 6. EXPLICACIÓN PORMENORIZADA DE LA PROPUESTA Punto I - Propósito La recomendación tiene por objeto establecer unas orientaciones sobre las inspecciones medioambientales que se llevan a cabo en los Estados miembros con arreglo a una serie de criterios mínimos sobre la organización, realización, seguimiento y divulgación de los resultados de esas tareas para conseguir que -7 el Derecho comunitario de medio ambiente se cumpla mejor y se aplique de una manera uniforme en todos los Estados miembros. Punto II - Campo de aplicación y definiciones La recomendación se refiere a las inspecciones medioambientales de todas las instalaciones industriales y demás empresas y centros sujetos en virtud del Derechos comunitario a la concesión de un permiso o autorización de las emisiones o vertidos o de las actividades que pueden provocarlos, así como a las inspecciones de instalaciones nucleares, incluyendo las relativas a los sectores médico y de investigación ("instalaciones controladas"). Este punto incluye asimismo las definiciones correspondientes a "inspecciones medioambientales", "entidad explotadora de una instalación controlada" y "autoridades encargadas de las inspecciones". Según este punto, además, un Estado miembro puede decidir que las inspecciones corran a cargo de una autoridad estatal, ya sea a nivel nacional, regional o local, o que esas tarcas se deleguen en cualquier otra persona física en determinadas condiciones. Se ha incluido esta posibilidad habida cuenta de que en los Estados miembros se tiende cada vez más a privatizar esas tareas. Punto Oí medioambientales - Organización y realización de las inspecciones En este punto se recomienda que los Estados miembros organicen y lleven a cabo las inspecciones medioambientales de acuerdo con las orientaciones de la recomendación. Se prevé asimismo que los Estados miembros deberán prestarse asistencia administrativa mutua mediante el intercambio de la información pertinente y, si procede, de inspectores. Punto IV - Planificación de las inspecciones medioambientales Este punto se refiere a la planificación por adelantado de las inspecciones medioambientales en los Estados miembros. Los programas de inspecciones deberán cubrir todo el territorio nacional y todas las instalaciones controladas que se encuentran en el mismo. Deberán ponerse a disposición del público según lo establecido en la Directiva 9G7313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. Podrán elaborarse a nivel nacional, regional y local y deberá designarse a las autoridades competentes para la realización de las inspecciones medioambientales. En este punto se establecen los fundamentos de los programas y especifica algunos temas que deben incluirse en los mismos. Punto V - Visitas a instalaciones En este punto se explican los criterios que deben aplicar los Estados miembros a las visitas a instalaciones controladas. Las visitas deben realizarse con carácter periódico como parte de las inspecciones medioambientales rutinarias de instalaciones controladas. Asimismo se especifican las circunstancias en que conviene realizar visitas no rutinarias, por ejemplo en la investigación de reclamaciones serias o en caso de accidentes graves, así como con motivo de la expedición del primer permiso o autorización, o antes de expedir de nuevo, renovar o modificar esos permisos o autorizaciones. Punto VI - Informes y conclusiones de las visitas a instalaciones En este punto se recomienda que los Estados miembros velen por que las autoridades encargadas de las inspecciones elaboren un informe después de cada visita a una instalación con sus conclusiones sobre el cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias en la instalación controlada, la evaluación de las mismas y un dictamen sobre la conveniencia de adoptar medidas adicionales. Los informes deben ser fácilmente accesibles y deben ponerse a disposición del público de acuerdo con lo establecido en la Directiva 90/313/CEE. Punto VII - Investigación de accidentes e incidentes graves y de casos de incumplimiento Este punto se refiere a la investigación de accidentes e incidentes graves y casos de incumplimiento de la legislación comunitaria. La investigación debe poner de manifiesto las causas del hecho, determinar las medidas adecuadas para mitigar su impacto ambiental, incluidas las medidas correctoras, recomendar las medidas que deben adoptarse para evitar nuevos accidentes y posibilitar la aplicación de medidas necesarias para hacer cumplir la legislación, o sanciones, cuando proceda. Punto VIII - Informes sobre las actividades de inspección medioambiental en general En este punto se aconseja a los Estados miembros que informen a la Comisión de sus experiencias en la aplicación de la recomendación dos años después de la fecha mencionada en el punto X. Punto IX- Examen por la Comisión de la aplicación de los criterios mínimos Según este punto, la Comisión debe estudiar cómo se ha aplicado la recomendación y su grado de eficacia lo antes posible una vez recibidos los informes nacionales consolidados a que se refiere el punto VIII con objeto de desarrollar los criterios mínimos a la luz de la experiencia adquirida y habida cuenta de las contribuciones de las partes interesadas, incluida la red IMPEL. Punto X -Aplicación En este punto se recomienda a los Estados miembros que apliquen la recomendación a más tardar doce meses después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. • 10 PROPUESTA DE RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO SOBRE CRITERIOS MÍNIMOS DE LAS INSPECCIONES MEDIOAMBIENTALES EN LOS ESTADOS MIEMBROS EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 130 S, Vista la propuesta de la Comisión1, Visto el dictamen del Parlamento Europeo2, Visto el dictamen del Comité Económico y Social3 y el dictamen del Comité de las Regiones4, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 C del Tratado5, 1. Considerando que la Resolución del Consejo y de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, de 1 de febrero de 1993, sobre un Programa comunitario de política y actuación en materia de medio ambiente y desarrollo sostenible6 y la Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la revisión de dicho programa7 hacían hincapié en la importancia de la aplicación de la legislación comunitaria en materia de medio ambiente sobre la base del concepto de responsabilidad compartida; I 2 3 4 5 6 DO No. C 138 de 17. 5. 1993. 7 DO No L 275 de 10. 10. 1998. í( 2. Considerando que la comunicación de la Comisión al Consejo de la Unión Europea y al Parlamento Europeo relativa a la aplicación del Derecho comunitario en materia de medio ambiente8 de 5 de noviembre de 1996 y, en particular, su apartado 29, propone establecer orientaciones a escala comunitaria con el fin de asistir a los Estados miembros en la realización de sus tareas de inspección, y reducir de esta manera la gran disparidad existente en la actualidad entre los procedimientos de inspección de los Estados miembros; 3. Considerando que el Consejo, mediante su Resolución de 7 de octubre de 1997 sobre la redacción, aplicación y cumplimiento del Derecho comunitario en materia de medio ambiente9 pidió a la Comisión que propusiera al Consejo, para su examen más profundo, en particular, sobre la base de los trabajos realizados en el marco de la Red de la Unión Europea para la aplicación de la legislación medioambiental (IMPEL o Implementation and Enforcement of EU Environmental Law) una serie de orientaciones o criterios mínimos para las tareas de inspección realizadas a nivel de los Estados miembros así como las posibles maneras de que los Estados miembros puedan supervisar su aplicación, a fin de garantizar una aplicación y un cumplimiento uniformes del Derecho en materia de medio ambiente; que la propuesta de la Comisión tuvo en cuenta un documento adoptado por la red IMPEL relativo a criterios mínimos en materia de inspecciones10; 4. Considerando que el Parlamento, mediante su Resolución de 14 de mayo de ll)97" relativa a la comunicación de la Comisión, solicitó que se elaborara una normativa comunitaria sobre inspecciones medioambientales; que el Comité Económico y Socially el Comité de las Regiones13 emitieron dictámenes favorables sobre la comunicación de la Comisión y destacaron la importancia de las inspecciones medioambientales; 5. Considerando que el hecho de que existan sistemas de inspección y que las inspecciones se lleven a cabo de una manera eficaz sirve de disuasión para que no se produzcan infracciones medioambientales porque permiten que las autoridades las detecten y hagan cumplir la legislación de medio ambiente por medio de sanciones u otros medios, de manera que las inspecciones son un eslabón indispensable de la cadena reglamentaria y un instrumento eficaz para que las legislación comunitaria de medio ambiente se cumpla y haga cumplir con uniformidad en toda la Comunidad y para evitar falseamientos de la competencia; 8 9 10 11 12 13 COM(96) 500 final de 22. 10. 1996. DO No. C 321 de 22. 10. 1997. Noviembre de 1997. PE 259. 215/63. CES 479/97 ENV/439 29. Abril de 1997. CdR 437/96 final. 11-12 de junio de 1997. i-L 6. Considerando que en la actualidad los sistemas y mecanismos de inspección varían mucho de un Estado miembro a otro no sólo desde el punto de vista de la capacidad para llevar a cabo las inspecciones sino también por el alcance y contenido de las tareas de inspección realizadas e, incluso, por la existencia misma de tareas de inspección en unos pocos Estados miembros, situación que no puede considerarse satisfactoria si se tiene en cuenta el objetivo de conseguir que el desarrollo, la aplicación práctica y la vigilancia del cumplimiento de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente sean uniformes y eficaces; 7. Considerando, pues, que es necesario establecer en una primera fase un programa de medidas sobre inspecciones medioambientales y orientaciones en forma de criterios mínimos que habrá que aplicar como base común en la realización de tareas de inspección en los Estados miembros; 8. Considerando que el Derecho comunitario de medio ambiente obliga a los Estados miembros a regular algunos tipos de emisiones y vertidos, o las actividades que pueden dar lugar a tales emisiones o vertidos; que los Estados miembros deberán cumplir unos criterios mínimos sobre organización y práctica de las inspecciones de, en una primera etapa, instalaciones industriales, empresas y centros sujetos en virtud del Derecho comunitario de medio ambiente a la concesión de un permiso o una autorización de las emisiones o vertidos o de las actividades que pueden provocarlos; que conviene asimismo que esos criterios mínimos se apliquen también a las inspecciones de instalaciones nucleares, incluyendo las instalaciones en los sectores médico y de investigación, realizadas por los servicios de inspección de protección radiológica creados en los Estados miembros en virtud de la legislación comunitaria sobre seguridad nuclear adoptada con arreglo al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica; 9. Considerando que para que el sistema de inspecciones sea eficaz, las inspecciones medioambientales deberán programarse con anticipación en los Estados miembros; 10. Considerando que las visitas a las instalaciones son una parte importante de las inspecciones medioambientales; la 11. Considerando que información y documentación proporcionada por agentes industriales y registrada con arreglo al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales14 pueden ser una fuente valiosa de información para las inspecciones medioambientales; Reglamento (CEE) No 1836/93 del Consejo de 29 de junio de 1993 por el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales. DO n° L 168 de 10. 7. 1993, p. 1. il 12. Considerando que para sacar conclusiones de las visitas a instalaciones deberán elaborarse informes periódicos; 13. Considerando que los informes sobre las inspecciones y el acceso de la población a los mismos son un medio importante de conseguir por medio de la transparencia la participación de los ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas en la aplicación del Derecho comunitario de medio ambiente; que el acceso a esa información deberá realizarse con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 90/313/CEE de 7 de junio de 1990 sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente15; 14. Considerando que los Estados miembros deben prestarse asistencia administrativa mutua para aplicar la presente Recomendación; 15. Considerando que la Comisión debe revisar la aplicación y eficacia de la presente Recomendación e informar de ello al Consejo y el Parlamento Europeo lo antes posible tras recibir los informes de los Estados miembros; 1 ó. Considerando que según los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 3 B del Tratado, y dadas las diferencias existentes entre los sistemas y mecanismos de inspección en los distintos Estados miembros, los objetivos de la medida propuesta pueden lograrse mejor gracias a las orientaciones establecidas a nivel comunitario. RECOMIENDA I Propósito Los Estados miembros deberán llevar a cabo tareas de inspección medioambiental on arreglo a una serie de criterios mínimos que deberán aplicarse en la organización, realización, seguimiento y publicación de los resultados de esas tareas para cumplir y facilitar de ese modo la aplicación y el cumplimiento uniformes del Derecho comunitario de medio ambiente en todos los Estados miembros. 15 DO No L158 de 23. 6. 1990, p. 56. II 'C Campo de aplicación y definiciones 1. La presente Recomendación se refiere a las inspecciones medioambientales de todas las instalaciones industriales, las empresas y los centros sujetos en virtud del Derecho comunitario a la concesión de un permiso o una autorización de las emisiones o vertidos o de las actividades que pueden provocarlos. Se aplica asimismo a las inspecciones de instalaciones nucleares, incluyendo las instalaciones en los sectores médico y de investigación. Todas estas instalaciones se denominarán en lo sucesivo "instalaciones controladas". 2. Con arreglo a la presente Recomendación se entenderá por "inspección medioambiental" una actividad consistente, según convenga, en: a) si las instalaciones controladas cumplen Comprobar requisitos medioambientales establecidos en la legislación de la Comunidad Europea y las leyes, reglamentos, órdenes, directrices, prohibiciones, autorizaciones o permisos mediante los cuales se aplican o desarrollan en los Estados miembros tales requisitos medioambientales (en lo sucesivo denominados "disposiciones legislativas comunitarias"), así como fomentar su cumplimiento. los b) Vigilar el impacto ambiental de las instalaciones controladas con objeto de determinar si es necesario realizar más inspecciones o aplicar medidas para hacer cumplir la legislación (por ejemplo, modificar o revocar las autorizaciones o permisos) para garantizar el cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias. c) Realizar las actividades necesarias para esos propósitos, por ejemplo: visitas a las instalaciones supervisión de la calidad medioambiental consideración de informes y declaraciones de ecoauditorías consideración y verificación de las actividades de autocontrol realizadas por entidades explotadoras de instalaciones controladas o en su nombre evaluación de las actividades y operaciones realizadas en la instalación controlada control de la infraestructura y los equipos de mantenimiento pertinentes así como de la adecuación de la gestión de la instalación K control de los registros pertinentes en poder de las entidades explotadoras de las instalaciones controladas. 3. Las inspecciones medioambientales, incluidas las visitas a las instalaciones, podrán ser rutinarias, es decir, realizadas como parte de un programa de inspecciones previsto no rutinarias, es decir, realizadas, por ejemplo, en respuesta a una reclamación, en relación con la expedición, renovación o modificación de una autorización o permiso, o para investigar accidentes, incidentes o casos de incumplimiento. 4. a) Las inspecciones medioambientales podrá realizarlas cualquier autoridad estatal, ya sea a nivel nacional, regional o local, instituida o designada por el listado miembro y que será responsable de las tareas incluidas en la presente Recomendación. b) Los organismos a que se refiere el apartado a) podrán, de acuerdo con la legislación nacional, delegar las tareas que deberán realizarse en virtud de la presente Recomendación, bajo su autoridad y supervisión, en cualquier persona jurídica de Derecho público o privado siempre y cuando tal persona no tenga intereses personales en los resultados de las inspecciones que realiza. c) Los organismos a que se refieren los apartados a) y b) se denominarán "autoridades encargadas de las inspecciones". 5. Con arreglo a la presente Recomendación, se entenderá por "entidad explotadora de una instalación controlada" toda persona física o jurídica que explote o supervise la instalación controlada o, si así lo dispone la legislación nacional, en quien se hayan delegado poderes económicos determinantes sobre el funcionamiento técnico de la instalación controlada. III Organización y ejecución de las inspecciones medioambientales 1. Los Estados miembros velarán por que las inspecciones medioambientales tengan por objeto conseguir un nivel elevado de protección del medio ambiente y, a tal tin, adoptarán las medidas necesarias para que las inspecciones medioambientales de instalaciones controladas se organicen y lleven a cabo según lo establecido en los puntos IV, V, VI, VII y VIII de la presente Recomendación. 2. Los Estados miembros se prestarán asistencia mutua en los asuntos administrativos ÍG relacionados con la aplicación de las orientaciones de la presente Recomendación mediante el intercambio de la información pertinente y, si procede, de inspectores. IV Planificación de las inspecciones medioambientales 1. Los Estados miembros velarán por que las inspecciones medioambientales estén planificadas de antemano, para lo cual deberá contarse, en todo momento, con uno o varios programas de inspecciones medioambientales que cubran todo el territorio del Estado miembro y todas las instalaciones controladas que se encuentren en el mismo. Los programas deberán ponerse a disposición del público según lo establecido en la Directiva 90/313/EEC sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. 2. Los programas podrán elaborarse a nivel nacional, regional o local, pero los Estados miembros velarán por que se apliquen a todas las inspecciones medioambientales de las instalaciones controladas en su territorio y por que se designe a las autoridades a que se refiere el apartado 4 del punto II para realizar tales inspecciones. 3. Los programas de inspecciones medioambientales se elaborarán sobre la base de: a) b) c) d) las disposiciones legislativas comunitarias que deben cumplirse una lista de las instalaciones controladas de la zona del programa una apreciación general de los principales problemas ecológicos de la zona del programa y una evaluación general del cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias por parte de las instalaciones controladas información de actividades de inspección anteriores 4. Los programas de inspecciones medioambientales deberán: a) Convenir a las tareas de inspección de las autoridades pertinentes y tener en cuenta las instalaciones controladas a que se dirigen y los riesgos de impacto ambiental de las emisiones y vertidos de las mismas. b) la Tener en cuenta información pertinente disponible en relación con emplazamientos o tipos concretos de instalaciones controladas, por ejemplo informes remitidos por las entidades explotadoras a las autoridades, datos sobre las actividades de autocontrol, información de ecoauditorías y declaraciones ambientales, en particular las elaboradas por instalaciones controladas y registradas con arreglo al sistema comunitario de ecogestión y ecoauditoría, resultados de inspecciones anteriores e informes del seguimiento de la calidad ft del medio ambiente. 5. Cada programa de inspecciones medioambientales deberá, como mínimo: a) Determinar el área geográfica que cubre y que puede formar parte total o parcialmente del territorio de un Estado miembro. b) Tener un período de vigencia establecido y nunca superior a un año. c) Incluir disposiciones específicas sobre su revisión. d) Indicar los emplazamientos o tipos concretos de instalaciones controladas que regula. e) Especificar los programas de inspecciones medioambientales rutinarias y, si procede, la frecuencia de las visitas a los distintos tipos de instalaciones controladas o a una serie de instalaciones especificadas. I) Presentar un resumen de los procedimientos de las inspecciones medioambientales no rutinarias que deban realizarse, por ejemplo, en respuesta a reclamaciones, accidentes, incidentes o casos de incumplimiento, así como para conceder una autorización. V Visitas a instalaciones 1. Los Estados miembros velarán por que en todas las visitas a instalaciones se apliquen los criterios siguientes: b) c) a) Deberá comprobarse de forma exhaustiva si se cumplen las disposiciones legislativas comunitarias pertinentes con respecto a la visita que se está realizando. Si más de una autoridad debe realizar visitas a instalaciones, todas ellas deberán intercambiar información sobre sus actividades respectivas y, siempre que sea posible, coordinar las visitas y demás tareas de inspección medioambiental. Las conclusiones de las visitas a instalaciones deberán presentarse en los informes elaborados con arreglo al punto VI e intercambiarse, si es necesario, entre las autoridades responsables de hacer cumplir la legislación y otras autoridades pertinentes a nivel nacional, regional o local. Los inspectores u otros funcionarios facultados para realizar las visitas a emplazamientos deberán tener derecho legal de acceso a los lugares y a la información para los fines de la inspección medioambiental. las autoridades encargadas de inspecciones, las d) 2. Los Estados miembros velarán por que las autoridades encargadas de las inspecciones inspecciones realicen visitas periódicas a medioambientales rutinarias y por que en esas visitas se apliquen los criterios instalaciones como parte de las tr adicionales siguientes: a) Deberá aplicarse un planteamiento integrado que tenga en cuenta la serie completa de impactos ambientales, de conformidad con las disposiciones legislativas inspecciones medioambientales y los acuerdos de los organismos inspectores en materia de organización. los programas de comunitarias aplicables, b) c) Esas visitas a instalaciones deberán tener por objeto conseguir que las entidades explotadoras conozcan y comprendan mejor las disposiciones legislativas comunitarias pertinentes, las distintas formas de vulnerabilidad del medio ambiente y los impactos ambientales de sus actividades. Los riesgos e impactos ambientales de la instalación controlada deberán considerarse para evaluar la eficacia de los requisitos vigentes en materia de autorizaciones y permisos así como para determinar la necesidad de mejorar o modificar esos requisitos. 3. Los Estados miembros velarán asimismo por que se realicen visitas no rutinarias a instalaciones en las circunstancias siguientes: a) b) En la investigación realizada por las autoridades encargadas de las inspecciones sobre reclamaciones medioambientales graves, y lo antes posible después de que las autoridades las hayan recibido. En la investigación de accidentes e incidentes ecológicos graves y de casos de incumplimiento y en cuanto las autoridades encargadas de la inspección correspondiente tengan conocimiento de los hechos. c) Cuando deba decidirse sobre la conveniencia y condiciones de la primera autorización o permiso de un procedimiento o actividad dentro de una instalación controlada o su emplazamiento propuesto. d) Antes de expedir de nuevo, renovar o modificar, según convenga, autorizaciones o permisos. V! Informes y conclusiones de las visitas a instalaciones 1. Los Estados miembros velarán por que las autoridades encargadas de las inspecciones elaboren después de cada visita un informe con sus conclusiones sobre el Í3 cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias, la evaluación de las mismas y un dictamen sobre la conveniencia o no de medidas adicionales, por ejemplo de tipo vinculante, sanciones incluidas, o medidas tales como expedir una autorización o permiso nuevo o modificado, o realizar inspecciones de seguimiento, por ejemplo otras visitas a la instalación. 2. Los Estados miembros velarán por que esos informes se registren adecuadamente por escrito, se conserven en una base de datos de fácil acceso, se comuniquen a la entidad explotadora de la instalación controlada objeto del informe y se pongan a disposición del público de acuerdo con lo establecido en la Directiva 90/313/CEE sobre libertad de acceso a la información en materia de medio ambiente. VII Investigación de accidentes e incidentes graves y de casos de incumplimiento 1. Los Estados miembros velarán por que la autoridad encargada de la inspección pertinente investigue los accidentes e incidentes graves y los casos de incumplimiento de la legislación de la CE que lleguen a conocimiento de las autoridades a través de reclamaciones o de otro modo con objeto de: a) Determinar las causas del hecho y su impacto ambiental y. si procede, las responsabilidades jurídicas y de otro tipo de lo sucedido y sus consecuencias, y comunicar las conclusiones a la autoridad encargada de la aplicación de las disposiciones reglamentarias (si se trata de una autoridad distinta). b) Mitigar y si es posible corregir los impactos ambientales del hecho mediante el establecimiento de las medidas que deberán adoptar la entidad o entidades explotadoras y las autoridades. c) Determinar las medidas que deben adoptarse para prevenir nuevos accidentes, incidentes o incumplimientos. d) Aplicar medidas de cumplimiento de las disposiciones reglamentarias o sanciones, cuando proceda. 2. la Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que la autoridad encargada de inspecciones medioambientales y compruebe si la entidad explotadora toma las medidas adecuadas en respuesta al accidente, incidente o incumplimiento y a la investigación de la autoridad encargada de la inspección. realice un seguimiento de esas inspección VIII ¿O Informes sobre las actividades de inspección medioambiental en general 1. Los Estados miembros informarán a la Comisión sobre sus experiencias relativas a la aplicación de esta Recomendación transcurridos dos años después de la fecha indicada en el punto X, utilizando, en la medida de lo posible, cualquier dato disponible de las autoridades de inspección tanto locales como regionales. 2. Esos informes se pondrán a disposición del público e incluirán, en particular: a) Datos cuantitativos sobre el personal y demás recursos a disposición de las autoridades encargadas de las inspecciones. b) Pormenores sobre la función de la autoridad encargada de las inspecciones y los resultados de su labor de elaboración y aplicación del programa o programas úc inspecciones correspondientes. c) Un resumen de las inspecciones realizadas en el que se deberá incluir el número de visitas realizadas a instalaciones, el porcentaje de instalaciones controladas inspeccionadas (por tipo) y el período de tiempo estimado que llevará inspeccionar todas las instalaciones controladas. d) El grado de cumplimiento de las disposiciones legislativas comunitarias por parte de las instalaciones controladas según se desprenda de las inspecciones realizadas y de cualquier otra información que obre en poder de la autoridad competente, con referencia a la ubicación y el tipo de instalaciones controladas, a las disposiciones reglamentarias comunitarias que se hayan incumplido y al grado de ese incumplimiento. e) Un resumen de las medidas adoptadas en respuesta a reclamaciones, accidentes, incidentes y casos de incumplimiento, con las cifras correspondientes. f) Una evaluación del éxito o fracaso de los programas de inspecciones aplicables al organismo encargado de la inspección, con recomendaciones para programas futuros. IX Examen por la Comisión de la aplicación de los criterios mínimos La Comisión estudiará cómo se ha aplicado la presente Recomendación y su grado de eficacia lo antes posible una vez recibidos los informes a que se refiere el punto VIII, con objeto de ampliar el campo de aplicación de los criterios mínimos a la luz de la experiencia adquirida en su aplicación y habida cuenta de las contribuciones de las partes interesadas, incluida la red IMPEL. X Aplicación 3( Se recomienda a los Estados miembros que apliquen la presente Recomendación a más tardar doce meses después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas e informen de ello a la Comisión exponiéndole asimismo una descripción de los mecanismos de inspección existentes o previstos. Hecho en Bruselas el Por el Consejo El Presidente Zv ISSN 0257-9545 COM(98) 772 final DOCUMENTOS ES 14 15 05 N° de catálogo : CB-C0-98-771-ES-C Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2l)85 Luxemburgo Z2>