title: Segundo informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación de la directiva sobre blanqueo de capitales

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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 01. 07. 1998 COM(1998) 401 final SEGUNDO INFORME de la COMISIÓN al PARLAMENTO EUROPEO y al CONSEJO relativo a la aplicación de la Directiva sobre blanqueo de capitales RESUMEN Éste es el segundo informe que la Comisión presenta al Parlamento Europeo y al Consejo en relación con la aplicación de la Directiva de 1991 sobre blanqueo de capitales. Su objetivo es responder a los interrogantes y solicitudes que plantearon ambas instituciones al examinar el primer informe de la Comisión, presentado en 1995. Dado que el problema del blanqueo de capitales es de dimensión mundial, el presente informe pretende situar la lucha antiblanqueo que lleva a cabo la Unión Europea en un contexto internacional más amplio. Por consiguiente, se presentan en él las iniciativas adoptadas para difundir el mensaje entre los terceros países, poniéndose asimismo de relieve los considerables avances logrados en la ratificación de los dos principales convenios internacionales sobre blanqueo de capitales. La situación general en lo que respecta a la aplicación de la Directiva es sumamente satisfactoria. Todos los Estados miembros la han incorporado a su legislación nacional y únicamente se ha incoado un procedimiento de infracción. El informe subraya la tendencia positiva registrada en todos los Estados miembros hacia la atribución de carácter delictivo al blanqueo del producto de una gama mucho más amplia de actividades ilícitas. Asimismo, examina la labor realizada para combatir el blanqueo de capitales a través de agencias de cambio y otras actividades financieras, posiblemente no reguladas. El informe apunta igualmente los avances logrados en la ampliación de la lista de actividades no financieras que quedan sujetas a la legislación de los Estados miembros sobre blanqueo de capitales, y estudia el problema de la aplicación de las medidas antiblanqueo a determinadas profesiones no financieras, y en particular las del ámbito jurídico. En relación con estos y otros aspectos, el informe hace referencia al Plan de acción detallado adoptado por el Consejo Europeo de Amsterdam para luchar contra la delincuencia organizada. El informe presenta además ios trabajos que se están realizando en diversos foros para mejorar la cooperación y el intercambio de información entre las diversas autoridades competentes en materia de blanqueo de capitales. Respondiendo a la solicitud del Parlamento, la Comisión reseña también las técnicas utilizadas actualmente para el blanqueo de capitales y los estudios que se han iniciado en otros foros en relación con los efectos macroeconómicos del blanqueo de capitales. Además, el informe intenta aportar datos preliminares sobre los resultados de la lucha antiblanqueo. Éstos demuestran que se realizan notificaciones de transacciones sospechosas en todos los Estados miembros. El número de casos de enjuiciamiento y condena comunicados es mucho más limitado. Los importes confiscados, por su parte, parecen también ser reducidos. Por último, el informe señala, a modo de conclusión, que sería ahora oportuno actualizar y ampliar las disposiciones de la Directiva, en consonancia con los déseos del Parlamento y las recomendaciones del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada. I. INTRODUCCIÓN La Directiva 91/308/CEE del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales, se adoptó el 10 de junio de 1991!. El artículo 17 de la Directiva dispone que, al menos cada tres años, se presente un informe sobre la aplicación de la misma al Parlamento Europeo y al Consejo. El primer informe de la Comisión (COM(95)54 final), que se presentó en marzo de 1995, se refería a doce Estados miembros, ya que los tres países que acababan de integrarse en la Unión Europea estaban incluidos, junto con Islandia y Noruega, en un informe paralelo que había elaborado el Comité Permanente de la AELC en relación con los países de la AELC pertenecientes al Espacio Económico Europeo (EEE). Este segundo informe abarca los quince Estados miembros. Las autoridades de la AELC han elaborado un informe paralelo sobre los demás países del EEE, esto es, Islandia, Liechtenstein y Noruega. En el primer informe se describía detenidamente la forma en que los Estados miembros habían incorporado a su legislación las principales disposiciones de la Directiva y se señalaban las mayores dificultades a las que se habían enfrentado, intentándose asimismo dar una idea tanto de los aspectos aún pendientes de resolución como de las insuficiencias del sistema europeo de prevención del blanqueo de capitales. El Consejo examinó el informe en marzo de 1995 y sus conclusiones figuran en el anexo 1 del presente informe. En sus conclusiones, el Consejo insistió especialmente en la conveniencia de coordinar en mayor medida la aplicación de la Directiva, incluida la gama de actividades delictivas contempladas en la legislación antiblanqueo y las profesiones y empresas no pertenecientes al sector financiero tradicional que están sujetas a lo dispuesto en la Directiva. Por otra parte, el Consejo coincidió plenamente con la Comisión en que el refuerzo de los sistemas de prevención del blanqueo de capitales dependía de una colaboración más estrecha entre las diversas autoridades implicadas en la lucha contra este fenómeno. Finalmente, el Consejo pedía a la Comisión que siguiera estudiando los diferentes problemas planteados y que le comunicase sus conclusiones al respecto (en el plazo de dieciocho meses). El Parlamento Europeo celebró un debate de amplio espectro sobre el blanqueo de capitales. El informe de la Comisión fue examinado por varias comisiones y se organizó asimismo una audiencia. El informe y la resolución del Parlamento fueron aprobados en junio de 19962. La resolución en 21 puntos del Parlamento figura en el anexo 2 del presente informe. 1 DO L 166 de 28. 6. 1991, p. 77. 2 Documento A4-0187/96 y DO C 198 de 8. 7. 1996, p. 245. El Parlamento solicitó que se facilitara mayor información acerca de los resultados concretos de la lucha contra el blanqueo de capitales, de las nuevas técnicas de blanqueo utilizadas y de los efectos macroeconómicos de este fenómeno. Asimismo, abogó por que esta figura delictiva englobase el blanqueo del producto de todo crimen organizado y por que se incluyeran directamente en el ámbito de aplicación de la Directiva todas las profesiones y categorías de empresas que intervienen o tienen grandes probabilidades de intervenir en el blanqueo de capitales. El Parlamento pidió a la Comisión que le volviese a remitir un informe en el plazo de dos años y que presentase una nueva propuesta de directiva para colmar las lagunas que, a su juicio, existían en el sistema de prevención del blanqueo de capitales de la Unión Europea. El presente informe pretende responder, en un solo documento, a la inquietud del Consejo y del Parlamento Europeo y, en la medida de lo posible, facilitar la información adicional que solicitaba este último. En consonancia con los motivos de preocupación manifestados por el Parlamento y con la misión que le fue encomendada por el Consejo, la Comisión ha adoptado en el presente informe un planteamiento amplio, estudiando la labor desarrollada por la Unión para combatir el blanqueo de capitales en su conjunto y no limitándose necesariamente a la legislación de aplicación de la Directiva o a los asuntos que dependen exclusivamente del primer pilar. El informe intenta también situar la labor de la Unión Europea en el contexto internacional. El informe consta de los siguientes anexos : • Anexo 1 Conclusiones del Consejo sobre el primer informe de la Comisión • Anexo 2 Resolución del Parlamento Europeo en respuesta al primer informe • Anexo 3 Firma, ratificación y aplicación de la Convención de Viena y el Convenio de Estrasburgo • Anexo 4 Cuadro de los delitos contemplados en la legislación antiblanqueo de los Estados miembros • Anexo 5 Recomendación 26 del informe sobre la delincuencia organizada presentado al Consejo Europeo de Amsterdam y aprobado por el mismo • Anexo 6 Actividades no financieras sujetas a la legislación antiblanqueo de los Estados miembros • Anexo 7 Conclusiones del Grupo Egmont sobre las posibilidades de cooperación entre los servicios de inteligencia financiera de los Estados miembros • Anexo 8 Datos sobre las notificaciones de transacciones sospechosas • Anexo 9 Resultados del sistema de notificación, enjuiciamientos y condenas II. La LUCHA de la UNION EUROPEA contra el BLANQUEO de CAPITALES en el CONTEXTO MUNDIAL 1. Consideraciones generales El tráfico de drogas y el crimen organizado son notablemente de carácter internacional y no conocen apenas fronteras. También el blanqueo del producto de delitos graves es cada día más un fenómeno internacional y sus autores están preparados para aprovechar las posibilidades y deficiencias que presenta el sistema de defensa de cualquier país del mundo. La lucha contra el blanqueo de capitales debe considerarse en el contexto mundial. Por muy complejos y desarrollados que sean los sistemas establecidos por los países de la Unión Europea, pueden fácilmente quedar neutralizados por la falta de prevención o las lagunas existentes en el sistema de prevención de otros países. Por ello, es fundamental que todos los países del mundo puedan oír la voz de alarma contra el blanqueo de capitales. La lucha internacional en este ámbito viene liderada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), creado en la Cumbre de 1989 por el Grupo de los Siete e integrado actualmente por 28 miembros, a saber, 26 países que representan los principales mercados financieros mundiales, más la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Los quince Estados miembros de la UE participan en su totalidad en el GAFI. En 1990, el GAFI adoptó 40 Recomendaciones, que se actualizaron en 1996 y que consisten en una serie de medidas, relativas a la justicia penal y la aplicación de la legislación, el sistema financiero y su regulación y la cooperación internacional, que los miembros del GAFI se han comprometido a llevar a la práctica y que se aconseja adoptar a todos los países. El GAFI ha decidido continuar sus trabajos una vez que concluya su actual mandato, esto es, a mediados de 1999. Una de sus principales tareas en los próximos años consistirá en crear una red mundial para difundir su mensaje antiblanqueo en todos los países del globo. La revisión de sus futuros trabajos y función fue aprobada por los ministros del GAFI y el Comisario Mario Monti el 28 de abril de 1998 y por la Cumbre del G7/8 que tuvo lugar los días 15 a 17 de mayo de 1998. La Organización de las Naciones Unidas desempeña también un papel fundamental en la lucha contra el blanqueo de capitales. En octubre de 1996, al amparo del Programa de las Naciones Unidas para la Fiscalización Internacional de las Drogas (PNUFID), se inició un programa mundial contra el blanqueo de capitales en cuya aplicación colabora la División de las Naciones Unidas para la Prevención de Delitos y la Justicia Penal. De esta forma, las Naciones Unidas están expandiendo su labor más allá de la lucha contra el blanqueo de los fondos procedentes exclusivamente del tráfico de drogas. De hecho, el PNUFID ha pasado a estar bajo la tutela de la Oficina de las Naciones Unidas para el Control de la Droga y la Prevención del Crimen. La lucha contra el blanqueo de capitales será uno de los principales extremos que se debatirán en la sesión extraordinaria dedicada a las drogas que mantendrá la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York en junio de 1998. 2. Función de la Directiva comunitaria La Directiva comunitaria de 1991 sobre blanqueo de capitales marcó un hito en la lucha internacional contra este fenómeno, al dotar de eficacia jurídica dentro de la UE, es decir en una mayoría de los países miembros del GAFI, a algunas de las 40 recomendaciones relacionadas con la prevención del uso indebido del sistema financiero. Al mismo tiempo, la Directiva reconocía claramente la dimensión mundial del problema y hacía referencia a los dos principales convenios internacionales en la materia, a saber: la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, Viena, 1988, de la que tomó la definición de blanqueo de capitales; y el Convenio del Consejo de Europa sobre el blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del delito, Estrasburgo, 1990, uno de cuyos principales objetivos consiste en facilitar y fomentar la colaboración internacional. Dos de las 40 recomendaciones del GAFI se refieren a la firma y ratificación de estos dos Convenios internacionales. 3. Aplicación de la Convención de Viena y el Convenio de Estrasburgo por los Estados miembros En una declaración de sus representantes reunidos en Consejo, que se incorporó en anexo a la Directiva, los Estados miembros se comprometieron a poner en vigor disposiciones penales que les permitieran cumplir con las obligaciones contempladas en la Convención de Viena y el Convenio de Estrasburgo. Todos los Estados miembros han firmado y ratificado ya la Convención de Viena y el proceso de incorporación de los artículos correspondientes al blanqueo de capitales ha concluido. Asimismo, se han registrado considerables progresos en lo que respecta al Convenio de Estrasburgo. La situación exacta en relación con la firma, la ratificación y la incorporación de este Convenio se presenta en el Anexo 3. Todos los Estados miembros han firmado el Convenio y once de ellos lo han ratificado. El Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada3, presentado al Consejo Europeo de Amsterdam y aprobado por el mismo, atribuye también a los Estados miembros el compromiso de concluir el proceso de ratificación de éste y otros instrumentos internacionales para finales de 1998 o elaborar un informe por escrito cada seis meses sobre las dificultades registradas. 4. Aplicación de la Directiva u otras normas equivalentes por países no pertenecientes a la Comunidad 4. 1. Países del Espacio Económico Europeo En virtud del Acuerdo sobre el EEE, la aplicación de la Directiva se hace extensiva a Islandia, Liechtenstein y Noruega, y la Autoridad de Vigilancia de la AELC ha elaborado un informe paralelo al respecto. 3 DOC 251 de 15. 8. 1997, p. I 4. 2. Países de Europa central y oriental La Directiva sobre el blanqueo de capitales forma parte integrante del acervo comunitario, por lo que todos los países candidatos a la adhesión vendrán obligados a incorporarla a su ordenamiento jurídico interno. La estrategia de preadhesión incluye medidas de asistencia en este sentido. Todos los acuerdos de asociación contienen un artículo por el que los signatarios se comprometen a combatir el blanqueo de capitales, de acuerdo con las normas de la Comunidad y otros organismos internacionales, en particular el GAFI. Dentro del programa multinacional PHARE de lucha contra la droga, la Comisión presta actualmente asistencia técnica a trece países de Europa central y oriental para combatir el blanqueo de capitales. Cabe, asimismo, hacer referencia a la recomendación n° 3 del Plan de acción para luchar contra el blanqueo de capitales, en la que se "anima al Consejo y a la Comisión a que definan, conjuntamente con los países candidatos de Europa central y oriental, incluidos los Estados bálticos, un pacto de preadhesión sobre cooperación contra la delincuencia organizada. ". 4. 3. Los nuevos Estados independientes Los acuerdos de asociación y cooperación entre la UE y los nuevos Estados independientes (NEI) incluyen disposiciones destinadas a establecer una cooperación mutua en determinados asuntos judiciales e internos, incluido el blanqueo de capitales. Tras la decisión del Consejo de incorporar estas medidas al programa TACIS, es probable que, en breve, se definan proyectos de asistencia técnica a los países de Asia central en este ámbito. 4. 4. Miembros del Consejo de Europa no integrados en el GAFI La Comisión aporta una contribución financiera al proyecto de evaluación mutua del Consejo de Europa destinado a fomentar la extensión de las 40 recomendaciones del GAFI, así como de sus procedimientos de autoevaluación y evaluación mutua, a veintiún países europeos no pertenecientes al GAFI. La contribución de la Comisión ayudará a financiar la evaluación de los países PHARE. 4. 5. Países del Caribe En esta zona, la Comisión, en colaboración con EE. UU. , ha puesto en marcha un importante proyecto regional de control del blanqueo de capitales, el cual se llevará a cabo a través del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). 4. 6. Comunidad Andina En febrero de 1998, los cinco países miembros de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) firmaron un acuerdo de cooperación económica para llevar a cabo un programa regional de lucha contra la droga, programa que incluye también un componente antiblanqueo. 4. 7. Asia Tras la primera Cumbre de países de Asia y Europa (ASEM) celebrada en marzo de 1996, los Ministros de Economía de Asia y Europa se reunieron por primera vez en Bangkok, en septiembre de 1997, y acordaron tomar medidas concretas para intensificar la cooperación entre la UE y Asia en la lucha contra el blanqueo de capitales. En la Cumbre ASEM II, que se celebró en Londres en abril de 1998, se presentaron propuestas para dar efectividad a dicho acuerdo y se reconoció la incidencia de la lucha contra el blanqueo en la transparencia de los sistemas financieros y la necesidad de colaboración entre los países ASEM. En este contexto, cabe señalar que se han entablado conversaciones preparatorias con la Secretaría del Grupo Asia- Pacífico sobre el blanqueo de capitales. 4. 8. Otros países no comunitarios Finalmente, la Comisión intenta incluir una cláusula para combatir el blanqueo de capitales en los acuerdos de todo tipo que celebra con terceros países, cláusula en la que suele hacerse referencia a las medidas y- la cooperación para prevenir el blanqueo de capitales y al establecimiento de normas adecuadas frente a este fenómeno, equivalentes a las adoptadas por la UE y otros foros internacionales, tales como el GAFI. III. APLICACIÓN de la DIRECTIVA por los ESTADOS MIEMBROS 1. Situación general Todos los Estados miembros han incorporado ya la Directiva sobre blanqueo de capitales a su ordenamiento jurídico interno y han comunicado oficialmente sus normas de aplicación a la Comisión. El examen de algunos de los textos de aplicación o de determinadas normas suplementarias que no fueron recibidos sino recientemente aún no ha concluido. Únicamente se encuentra pendiente un procedimiento de infracción basado en el artículo 169 del Tratado, por inaplicación o aplicación incorrecta de la Directiva. El procedimiento fue incoado contra Austria, debido, en particular, a la subsistencia en dicho país de cuentas de ahorro anónimas. En octubre de 1997, la Comisión decidió llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia. 2. Prohibición del blanqueo de capitales El artículo 2 de la Directiva dispone que el blanqueo de capitales "quede prohibido" en todos los Estados miembros. Tal como se explicaba en el primer informe de la Comisión, el Consejo no logró llegar a un acuerdo para que la Directiva obligara a atribuir al blanqueo de capitales carácter delictivo. No obstante, la declaración incluida en anexo a la Directiva contenía este compromiso (si bien es cierto que no se enmarcaba en la Directiva) y, de hecho, todos los Estados miembros han declarado delito el blanqueo de capitales. La Directiva únicamente exige que se prohiba el blanqueo del producto del tráfico de drogas, conforme a lo prescrito en la Convención de Viena, si bien alienta a los Estados miembros a aplicar el enfoque del Convenio de Estrasburgo, esto es, a combatir el blanqueo de los productos de una gama más amplia de actividades delictivas (designadas, con frecuencia, como "delitos subyacentes"). El GAFI reafirmó su correspondiente recomendación en 1996, declarando que todos los países deberían extender el delito de blanqueo del dinero de la droga y tipificarlo como un delito basado en delitos graves. Ello se corresponde con una tendencia cada vez mayor, que obedece al enorme aumento del crimen organizado no relacionado con la droga y a la toma de conciencia de que, al establecer una amplia gama de delitos subyacentes, aumentarán las notificaciones de transacciones sospechosas y la cooperación internacional entre las autoridades judiciales y policiales de distintos países se verá facilitada. Esta tendencia ha sido sumamente clara entre los Estados miembros de la UE. En el anexo 4 se presenta un panorama actualizado de los delitos subyacentes a los que se refiere su legislación antiblanqueo. Todos los Estados miembros han hecho o (en el caso de Luxemburgo) están haciendo extensivas sus normas al blanqueo del producto de una amplia gama de delitos graves. La petición hecha por el Parlamento a los Estados miembros y contenida en el punto 5 de su resolución ha sido ya, en realidad, satisfecha. Ello significa también que la recomendación que se recoge en el punto 26. c) del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada y con arreglo a la cual "la obligación de informar que impone el artículo 6 de la Directiva sobre blanqueo de capitales tendría que ampliarse a todas las infracciones relativas a delitos graves" se ha cumplido ya en gran medida. En este contexto, resulta asimismo oportuno hacer referencia al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades y a sus dos Protocolos complementarios. Los Estados miembros se han comprometido a consagrar como figura delictiva el blanqueo del producto del fraude y la corrupción, a tenor de lo previsto en el Convenio. El establecimiento de requisitos de identificación y notificación constituye un complemento fundamental de este compromiso. Pese a que los Estados miembros han ampliado el ámbito de cobertura de su legislación antiblanqueo, cabe preguntarse si es aceptable que la Directiva, que sigue siendo uno de los textos internacionales básicos a este respecto, no refleje la realidad presente, tal como queda patente en la actualidad. 3. Cobertura de las actividades del sector financiero La Directiva se aplica a las entidades de crédito y las entidades financieras en el sentido más amplio, por lo que prácticamente todos los intermediarios del sector financiero están sujetos a las obligaciones en ella impuestas. 3. 1. Agencias de cambio La implicación de las agencias de cambio en el proceso de blanqueo de capitales ha dado ya lugar a extensos debates. Si bien estas agencias entran claramente en el ámbito de aplicación de la Directiva, en algunos Estados miembros no estaban sujetas, tal como se señalaba en el primer informe, a ninguna supervisión cautelar. Dado el considerable número de casos en los que ha quedado demostrada la participación de estas agencias en el blanqueo de capitales, prácticamente todos los Estados miembros las someten ahora a algún tipo de supervisión oficial. En la actualidad, únicamente dos Estados miembros, a saber, Dinamarca y el Reino Unido, no imponen requisitos particulares a las agencias de cambio. No obstante, el Gobierno de este último país ha anunciado su intención de someter a las agencias de cambio a supervisión, y Dinamarca ha hecho saber que está reconsiderando la situación. Los demás Estados miembros disponen de un sistema de control cautelar o imponen una obligación de registro y autorización o requisitos de honorabilidad a los directivos o accionistas. En cualquier caso, todos los Estados miembros han incluido las agencias de cambio en el ámbito de aplicación de su normativa antiblanqueo. Pese a no contar con un régimen específico de supervisión, el Reino Unido y Dinamarca han destacado la buena disposición que, a juzgar por el número de transacciones sospechosas notificadas, han manifestado dichas agencias. 3. 2. Otras actividades financieras En su informe, el Parlamento hace referencia a otras actividades posiblemente no reguladas, tales como los servicios de transferencia de fondos, el arrendamiento financiero y el factoring. Estas actividades entran igualmente en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre blanqueo de capitales y los Estados miembros deberían asegurarse de que se observan las obligaciones en ella impuestas, tales como la identificación del cliente, el mantenimiento de un registro y la notificación de las transacciones sospechosas. En relación con las correspondientes empresas, el Parlamento solicitó a la Comisión que estudiara la posibilidad de incorporar a la Directiva disposiciones en materia de supervisión. La Comisión desea poner de manifiesto que la actual Directiva no se ocupa directamente de las cuestiones de supervisión y la imposición de requisitos cautelares o de supervisión coordinados obedece invariablemente a la voluntad de facilitar la prestación de servicios transfronterizos o el establecimiento. Además, determinadas actividades no existen en todos los Estados miembros o son realizadas exclusivamente por otras entidades que sí están reguladas. El Derecho general de sociedades puede también ofrecer ciertas salvaguardias. No obstante, en el supuesto de que se descubriera que una actividad financiera no regulada en concreto genera serios problemas de blanqueo de capitales, la Comisión espera que los Estados miembros tomen medidas oportunas, tal y como lo han hecho en el caso de las agencias de cambio. En primer lugar, así lo exige la Directiva y, en segundo lugar, todos los Estados miembros han aceptado la recomendación n° 8 del GAFI, con arreglo a la cual los Estados deberían garantizar que estas entidades no reguladas queden sujetas a las mismas disposiciones legales o reglamentarias de prevención del blanqueo de capitales que todas las demás entidades financieras y que tales disposiciones se apliquen de forma efectiva. La Comisión insta a los Estados miembros a prestar particular atención a este extremo. La Comisión, a su vez, seguirá supervisando atentamente la situación, en particular a través de los informes anuales del GAFI sobre las técnicas de blanqueo de capitales (véase punto III. 7 del presente informe) y de los trabajos del Comité de Contacto. 4. Inclusión de actividades no pertenecientes al sector financiero El artículo 12 de la Directiva establece: "Los Estados miembros velarán para hacer extensivas, total o parcialmente, las disposiciones de la presente Directiva a aquellas profesiones y categorías de empresas que no sean entidades de crédito o instituciones financieras contempladas en el artículo 1 y que ejerzan actividades particularmente susceptibles de ser utilizadas para blanqueo de capitales". Tal como se señalaba en el primer informe, este artículo impone una obligación, pero el carácter general de su formulación otorga a los Estados miembros un amplio margen de discrecionalidad en su aplicación. Con vistas a coordinar en toda la medida de lo posible la aplicación de esta disposición, el artículo 13. 1. d) encomienda al Comité de Contacto de la Directiva la misión de "examinar la conveniencia de incluir una profesión o una categoría de empresas dentro del ámbito de aplicación del artículo 12 cuando se compruebe que en un Estado miembro esta profesión o categoría de empresas haya sido utilizada para el blanqueo de capitales". El Comité de Contacto ha venido realizando esta tarea desde hace ya algún tiempo, pese a lo cual no ha logrado acordar de forma definitiva un dictamen formal sobre la aplicación del artículo 12. El principal escollo siguen siendo las obligaciones que habrían de imponerse a determinadas profesiones, y en particular las del ámbito jurídico. Lo delicado del problema quedaba ya patente en las conclusiones del Consejo sobre el primer informe de la Comisión, en las que apoyaba una aplicación más coordinada de la Directiva, en particular en relación con aquellas profesiones y categorías de empresas que estén sujetas a lo dispuesto en la misma, atendiendo a la situación específica de las profesiones jurídicas. En el punto 4 de su resolución, el Parlamento "pide a la Comisión que presente, tomando en consideración los trabajos preparatorios del Comité de Contacto, (. ) una propuesta con vistas a la revisión de la actual directiva, en virtud de la cual se incluya directamente en su ámbito de aplicación a aquellas profesiones y categorías de empresas de las que se pueda suponer con certitud que están implicadas o pueden estar implicadas en actividades o actitudes relacionadas con el blanqueo de capitales". Los trabajos del Comité de Contacto a este respecto permiten extraer las siguientes conclusiones preliminares : - cualquier decisión de incluir una determinada profesión en el ámbito de aplicación de la normativa de un Estado miembro dado debe mantener el oportuno equilibrio entre las obligaciones que han de imponerse y el riesgo real de blanqueo de capitales existente ; - no imponer controles similares a profesionales cuyas actividades presentan un riesgo comparable de blanqueo de capitales sería contrario al espíritu de la Directiva ; - - los Estados miembros deberían estudiar detenidamente si determinadas profesiones implican en su territorio un riesgo demostrable de blanqueo de capitales y, de ser éste el caso, deberían aplicar a las profesiones consideradas ciertas normas contenidas en la legislación de incorporación de la Directiva, siempre que ello pudiera resultar eficaz ; las profesiones y actividades consideradas son las relacionadas con juegos y apuestas, esto es, casinos, corredores de apuestas y loterías; y el comercio de artículos de elevado valor, categoría a la que pertenecen concretamente los agentes inmobiliarios, los joyeros, los comerciantes en metales y piedras preciosos, los marchantes de arte y los anticuarios, los subastadores y los comerciantes en monedas y sellos de colección ; 10 - entre las disposiciones de la Directiva que cabría aplicar figurarían la obligación de identificación, siempre que se efectuara un pago en efectivo o mediante un instrumento al portador superior a un determinado importe, la obligación de llevar un registro y posiblemente la de notificar las transacciones sospechosas; al mismo tiempo, para que cualquiera de estos requisitos resulte válido, sería necesario establecer los procedimientos oportunos para velar por su observancia ; - en lo que respecta a las profesiones, la mayoría de las delegaciones ha reconocido que, como norma general, las profesiones jurídicas podrían quedar sujetas a las disposiciones sobre blanqueo de capitales cuando, en el ejercicio de las mismas, se lleve a cabo algún tipo de intermediación en transacciones financieras, y ha accedido a considerar cuidadosamente la necesidad de aplicar las disposiciones antiblanqueo a los abogados y notarios, atendiendo a su situación jurídica y a su ámbito efectivo de actividad ; - no obstante, algunas delegaciones se han declarado en la imposibilidad de establecer una distinción entre los diversos servicios que quienes ejercen una profesión jurídica pueden prestar a sus clientes y han señalado que, en su país, existe entre estas (y otras) profesiones una obligación absoluta de discreción y reserva en lo relacionado con el cliente; algunos Estados miembros han subrayado las posibilidades que ofrece la autorregulación, antes de considerar la conveniencia de incluir estas profesiones en el ámbito de aplicación de la legislación antiblanqueo. también que desearían explorar plenamente Ésta es la situación en la que se halla actualmente el debate del Comité de Contacto. No obstante, el tema de la aplicación de las normas antiblanqueo a profesiones y actividades no pertenecientes al sector financiero tradicional se ha debatido también en otros foros. Las conclusiones del Consejo Europeo de Dublin de diciembre de 1996 contenían un compromiso de cara a la plena aplicación de la Directiva sobre blanqueo de capitales y su posible extensión a los organismos y profesiones pertinentes fuera del sector financiero tradicional. Ese mismo Consejo Europeo creó el Grupo de Alto Nivel para la delincuencia organizada, confiándole la misión de elaborar un plan completo de actuación con recomendaciones específicas, incluido un calendario realista para ponerlas en práctica. Su Plan de acción fue aprobado por el Consejo Europeo de Amsterdam en junio de 1997. En la letra e) de la recomendación n° 26, que se refiere en gran parte a las medidas antiblanqueo (y que figura en el anexo 4 del presente informe), se señala que "la obligación de informar que impone el artículo 6 de la Directiva sobre blanqueo de capitales tendría que ampliarse a (. ) otras personas y profesiones además de las entidades financieras que se mencionan en la Directiva". Para ello se fija como plazo el final de 1998. En su reunión del 11 de diciembre de 1997, el Comité de Contacto reanudó el debate sobre la aplicación de la Directiva a las profesiones no financieras vulnerables, centrándose en particular en el Plan de acción. La Comisión puso de relieve las ambiciosas y amplias recomendaciones del Plan de acción a este respecto, las cuales habían sido aprobadas por los máximos responsables políticos. El debate giró en torno a las mencionadas profesiones, y en particular las del ámbito jurídico. La Comisión estudió nuevamente con los Estados miembros la posibilidad de establecer una distinción entre las actividades de los profesionales del Derecho que se refieren al asesoramiento jurídico, la defensa y la representación en pleitos y otras actividades comerciales de carácter menos confidencial realizadas por esos mismos profesionales. 11 En lo que a las profesiones se refiere, el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada contiene también una recomendación que puede resultar relevante a la hora de prevenir que se utilicen indebidamente los servicios prestados por profesionales con fines de blanqueo de capitales. En la recomendación n° 12 se prevé lo siguiente: "Deberían formularse medidas para proteger a determinadas profesiones vulnerables de la influencia de la delincuencia organizada, por ejemplo mediante la adopción de códigos de conducta. En un estudio deberían proponerse medidas específicas, incluidas medidas legislativas, que impidan que notarios, abogados, contables y auditores sean explotados o se vean implicados en la delincuencia organizada y aseguren que sus organismos profesionales están comprometidos en la creación y el fortalecimiento de dichos códigos de conducta a nivel europeo". Para mediados de 1999 está prevista una posible iniciativa conjunta. En el anexo 6 se presenta la situación actual en lo que respecta a la inclusión de actividades no financieras en la legislación sobre blanqueo de capitales de los Estados miembros. Como puede verse, los progresos registrados desde el primer informe de la Comisión son considerables. Además, algunos Estados miembros se proponen ampliar en mayor medida el ámbito de aplicación de su legislación. No obstante, sigue habiendo diferencias sustanciales entre unos Estados y otros. Habida cuenta de estas diferencias y de que, tal como apunta el GAFI, las actividades de blanqueo se han desplazado del sector financiero tradicional hacia profesiones o empresas no financieras, parecería extraño que la Comisión no mostrase, dentro de su propio ámbito de competencias, aspiraciones similares a las que quedan reflejadas en el Plan de acción. 5. Identificación de clientes en transacciones efectuadas a distancia El artículo 3 de la Directiva dispone que los bancos y las entidades financieras deben comprobar la identidad de sus clientes, llevar los oportunos registros y tomar medidas razonables para tratar de identificar a las personas por cuenta de las cuales actúan sus clientes. En su informe, el Parlamento manifestaba su preocupación ante la eventualidad de que los requisitos de identificación del cliente quedasen desvirtuados, particularmente en el contexto de la banca directa. El Comité de Contacto ha discutido el problema de las operaciones efectuadas a distancia en reiteradas ocasiones y ha acordado una serie de principios que deberán aplicarse para garantizar la adecuada identificación del cliente. El GAFI también ha estudiado toda la problemática de la identificación del cliente, incluyendo en anexo a su informe anual de 1996-97 una evaluación de las medidas adoptadas por sus miembros en este sentido. A modo de conclusión, el GAFI señalaba que "en conjunto, los sistemas de identificación establecidos en los países miembros del GAFI se consideran satisfactorios". Asimismo, se indicaba que este extremo debía someterse a un seguimiento constante, atendiendo especialmente a la evolución de las operaciones electrónicas y los servicios financieros prestados a través de las nuevas tecnologías. La Comisión está de acuerdo con tales conclusiones. 12 6. Colaboración entre las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales Este aspecto, de vital importancia para que la lucha contra el blanqueo de capitales a nivel comunitario e internacional pueda alcanzar su objetivo, ha sido evocado tanto por el Consejo como por el Parlamento. En el artículo 6 de la Directiva se hace referencia a "las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales", sin especificar de qué autoridades se trata y, a diferencia de otras directivas del sector financiero, sin contemplar expresamente una colaboración transfronteriza entre tales autoridades. En el primer informe de la Comisión se apuntaba que la Directiva no trataba en modo alguno de armonizar los aspectos relacionados con el cumplimiento de la ley, incluidos la naturaleza y la organización de las autoridades que deberían recibir las notificaciones de transacciones sospechosas, los procedimientos a seguir una vez transmitida la información y el intercambio de información con otras autoridades nacionales y extranjeras. Con todo, el primer informe señalaba que una adecuada coordinación de estos y otros aspectos relacionados con el cumplimiento de la legislación contribuiría a dotar de mayor eficacia al sistema de notificación, en particular, y al de prevención del blanqueo de capitales, en general. Una primera observación que cabría formular es que la plena aplicación del Convenio de Estrasburgo del Consejo de Europa por parte de todos los Estados miembros sentaría unas bases más apropiadas para la cooperación internacional. Tal como se ha indicado con anterioridad (véase apdo. 11. 3), parece existir realmente la voluntad de alcanzar este objetivo lo antes posible. No obstante, es posible que aun esto no sea suficiente. El artículo 18 del Convenio de Estrasburgo sigue contemplando múltiples motivos por los cuales puede denegarse la colaboración. Se han emprendido ya diversas iniciativas para mejorar, concretamente, el intercambio de información: 6. 1. Intercambio de información y colaboración entre los organismos encargados de recibir las notificaciones de transacciones sospechosas El artículo 6 de la Directiva supone para los Estados miembros la obligación de designar a una o varias autoridades encargadas de recibir las notificaciones de transacciones sospechosas. Estos órganos se denominan, en ocasiones, Servicios de Inteligencia Financiera o SIF. La Directiva no especifica qué forma deben adoptar tales órganos y, a diferencia de otros textos legislativos comunitarios en el ámbito de los servicios financieros, tampoco contiene disposiciones referentes al secreto profesional o al intercambio de información. Dada la distinta consideración y función de los SIF que se han venido creando en los Estados miembros (véase a continuación), resultaría extremadamente difícil ahora lograr una total coordinación de este aspecto de la lucha contra el blanqueo de capitales al amparo del primer pilar de la legislación de la UE. Con todo, dada la trascendencia del mismo, la Directiva podría tal vez prever alguna disposición sobre las relaciones entre los SIF administrativos, fomentando al mismo tiempo la cooperación de éstos con los SIF de otro tipo, así como de estos últimos entre sí. 13 En junio de 1995, la Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) de EE. UU. y la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) de Bélgica organizaron en el Palacio Egmont de Bruselas el primer encuentro internacional de SIF. El conocido como Grupo Egmont se ha reunido ya en cinco ocasiones, convirtiéndose en un auténtico foro internacional y, pese a carecer de carácter oficial, en un elemento esencial de la lucha internacional contra el blanqueo de capitales. Los objetivos generales del Grupo Egmont pueden resumirse del siguiente modo4 : - establecer la lista de todos los SIF ; - organizar reuniones para debatir problemas de funcionamiento ; - compartir la experiencia del Grupo, para ayudar a países que estén estudiando o preparando la creación de un SIF ; - fomentar y facilitar la cooperación internacional y el intercambio de información entre los diversos SIF. Más de 30 países de Europa, América, Asia y Oceania han participado en los trabajos del Grupo Egmont. Una serie de organizaciones internacionales, entre ellas la Comisión, han participado en calidad de observadores. El Grupo cuenta con tres grupos de trabajo que se ocupan de los obstáculos jurídicos, los medios de comunicación y la formación. El grupo de trabajo jurídico ha elaborado un modelo de acuerdo de cooperación o memorando de acuerdo. Asimismo, a través de un cuestionario, este grupo ha intentado establecer un inventario de las posibilidades, las condiciones y las limitaciones para la colaboración entre los SIF de los países participantes. El principal obstáculo detectado es la distinta naturaleza de los SIF en los diversos países. Las tres principales categorías en las que pueden clasificarse son: autoridades administrativas o intermediarias, policiales y judiciales, si bien en algunos casos son al mismo tiempo de carácter policial y judicial, y en otros su consideración exacta no está clara. El desglose por Estados miembros es el siguiente (fuente: encuesta sobre cooperación internacional del Grupo Egmont) : - Órgano intermediario : Bélgica, Finlandia (FSA), Francia, Grecia, Italia, Países Bajos y España - Autoridad policial : Austria, Finlandia (MLID), Alemania, Irlanda, Suecia, Reino Unido - Autoridad judicial : Luxemburgo, Portugal - Autoridad mixta policial y judicial : Dinamarca 4 Información basada en el informe anual de la CTIF de 1995-96. 14 La diferente consideración jurídica de los SIF puede plantear y, de hecho, plantea problemas de cara a la cooperación y el intercambio de información. Este obstáculo no es siempre insuperable, puesto que existen ya algunos acuerdos bilaterales de cooperación pese a la distinta naturaleza de los SIF (p. ej. , entre un servicio administrativo y otro policial). No obstante, ciertos Estados miembros se ven actualmente en la imposibilidad de celebrar tales acuerdos, ya que su legislación sólo permite a sus servicios de policía cooperar con otros servicios de policía a través de los canales existentes. En cualquier caso, los acuerdos bilaterales no son la solución ideal, siendo preferible un enfoque multilateral, basado quizá en un convenio internacional o comunitario. Es obvio que la resolución del problema que plantea el intercambio de información entre SIF contribuiría considerablemente a la lucha internacional contra el blanqueo de capitales. En el anexo 7 se presentan, en relación con los Estados miembros de la UE, las actuales conclusiones del grupo de trabajo jurídico Egmont sobre la posibilidad general de celebrar acuerdos bilaterales y el intercambio directo de información. Otro problema que dificulta la transmisión de información radica en el carácter y el tratamiento particular que otorgan muchos Estados miembros a la información derivada de las notificaciones de transacciones sospechosas que remiten las entidades financieras a los SIF. Con frecuencia, esta información se considera especialmente confidencial (sin duda para ganar la confianza del sector financiero) y no se permite difundirla automáticamente a través de los circuitos policiales y judiciales tradicionales. Los SIF se encargan a menudo de cribar la información y realizar un análisis inicial antes de canalizarla a través de tales circuitos. Esta criba en sí puede encomendarse a un servicio de policía, si bien se tratará de un servicio independiente. 6. 2. Intercambio de información sobre blanqueo de capitales una vez que las autoridades policiales y judiciales disponen de ella En el contexto del estudio de viabilidad que se está realizando actualmente, al amparo del tercer pilar, para analizar la posibilidad de establecer en toda la UE un sistema informático de intercambio de información sobre transacciones relacionadas con el blanqueo de capitales con fines de investigación, es necesario tener presente la tarea de criba antes señalada. Este proyecto ha sido debatido por varios órganos correspondientes al tercer pilar y, en particular, por el Grupo de Trabajo sobre Estupefacientes y Delincuencia Organizada. La información en cuestión habría pasado ya por la fase de criba y estaría a disposición de las autoridades responsables de velar por el cumplimiento de la ley. En la letra a) de la recomendación n° 26 del Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada se confirma la voluntad de poner en práctica esta iniciativa (véase anexo 5). El referido sistema, en el que se aprovecharían las posibilidades que ofrecen instrumento complementario para la lucha policial contra el blanqueo de capitales. Sin embargo, es poco probable que se elimine con ello la necesidad de una mayor colaboración y un intercambio de información entre los propios SIF. la UDE y Europol, constituiría un valioso 15 El segundo Protocolo adicional al Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas5 ofrece una base jurídica para el intercambio de información. El artículo 7 de dicho Protocolo prevé una colaboración entre los Estados miembros y la Comisión en la lucha contra el blanqueo del producto del fraude y la corrupción en detrimento de los intereses financieros de las Comunidades. A tal fin, las autoridades competentes de los Estados miembros pueden intercambiar información con la Comisión, para facilitar la aclaración de los hechos y garantizar una acción eficaz contra el blanqueo de capitales. 7. Técnicas de blanqueo de capitales (tipología) En el punto 3 de su resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que le informara "sobre las nuevas modalidades de blanqueo de capitales que se generan como consecuencia de las modificaciones en la gestión de las transacciones y las transferencias de capitales" y que presentara "propuestas apropiadas para luchar contra ellas". La Comisión Europea en sí no tiene un conocimiento directo de las distintas técnicas utilizadas para el blanqueo de capitales ni de la evolución de los procedimientos que emplean los delincuentes. No obstante, sigue son suma atención los trabajos e informes de otros organismos. El informe internacional de 1997 sobre la droga6 ("World Drugs Report"), elaborado al amparo del PNUCID, contiene un interesante capítulo dedicado al blanqueo de capitales y describe diferentes técnicas empleadas en la actualidad. La publicación periódica de mayor utilidad sobre las técnicas de blanqueo de capitales es el informe anual relativo a la tipología del blanqueo de capitales que elabora el GAFI. Estos informes figuran en anexo a los Informes Anuales del GAFI y están a disposición del público en el sitio Web del GAFI (dirección: http://www. oecd. org/fatf/). En sus conclusiones, el informe de 1996-97 del GAFI señala que: "en lo que respecta a las técnicas de blanqueo de capitales, la tendencia más destacable es el recurso cada día más frecuente de los blanqueadores de capitales a entidades financieras no bancarias y empresas no financieras, en relación con los bancos. Cabe considerar que ello refleja el mayor grado de observancia de las medidas antiblanqueo por parte de la banca. Los métodos más empleados siguen siendo los tradicionales, según demuestra el aumento de los casos de introducción clandestina de fondos en efectivo en otro país, y la atomización ("smurllng") de depósitos en efectivo, seguida por los giros telegráficos a territorios que quedan bajo otra jurisdicción. En el sector financiero no bancario, el recurso a agencias de cambio o empresas de envío de dinero para hacer desaparecer el producto de actividades delictivas sigue siendo el riesgo más destacado. Los blanqueadores de capitales continúan recibiendo la ayuda de proveedores profesionales de servicios que contribuyen de diversas maneras a ocultar el origen del dinero sucio y a sus propietarios. La utilización de empresas tapadera, constituidas generalmente en paraísos fiscales, constituye el método más común, recurriéndose también con frecuencia a la apertura de cuentas a nombre de familiares o amigos". 5 DO C 221 de 19. 7. 1997, p. 12. 6 Oxford University Press 1997 - ISBN 0-19-829299-6. 16 En un anexo del mismo informe sobre la tipología del blanqueo de capitales del GAFI se estudian los problemas planteados por las nuevas técnicas de pago. El GAFI permite, por primera vez, disponer de un foro en el que puede coordinarse y facilitarse el diálogo entre el sector del dinero electrónico y las autoridades normativas o las encargadas de velar por el cumplimiento de la ley, así como las organizaciones internacionales interesadas. El principal motivo de inquietud radica en la posibilidad de transferir con mayor facilidad enormes cantidades de dinero, permitiendo sin duda conservar el anonimato o no dejar ninguna huella que haga posible un control. De forma general, los expertos en materia de blanqueo de capitales parecen considerar que este problema se planteará más bien en un futuro próximo que en la actualidad. El GAFI afirma que: "el dinero electrónico puede simplificar para los delincuentes la ocultación del origen de sus fondos y los movimientos sin rastro alguno de tales fondos. Y podemos suponer sin miedo a equivocarnos que, si estos nuevos sistemas se desarrollan de tal manera que satisfagan, en cierto modo, mejor las necesidades de los delincuentes, éstos no dudarán en utilizarlos". El Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada aboga, en la recomendación n° 5, por un estudio transfronterizo de la delincuencia de alta tecnología, señalando que "deberá prestarse atención a las prácticas ilegales (por ejemplo, el uso de dichas tecnologías por parte de organizaciones criminales con vistas a facilitar sus actividades) o a los contenidos ilegales". La Comisión se mantendrá sumamente atenta a la evolución en el área de las nuevas tecnologías. 8. El blanqueo de capitales y la introducción del euro La introducción material del euro, a partir del 1 de enero del 2002, representará una operación de enorme envergadura. Cuanto más breve sea este período mayor será la presión a la que se verá sometido el sistema financiero. Cabe prever que, en ese momento, surgirá un importante volumen de fondos inactivos que se encuentran en poder de personas que carecen de una cuenta bancaria. Obviamente, cuando estas personas intenten canjear su dinero, serán para los bancos perfectos desconocidos. Existe el riesgo de que surjan además fondos procedentes de actividades delictivas, ya sea para ser ingresados en cuentas bancarias ya existentes o para ser sometidos a un blanqueo preliminar (canje de billetes usados de escasa cuantía por billetes nuevos de mayor cuantía). La Comisión viene recalcando desde un principio la necesidad de no relajar el sistema de prevención del blanqueo de capitales ante la transición a la moneda única. Obviamente, este sistema se aplicará a la apertura de nuevas cuentas y a las transacciones cuyo importe exceda del límite de 15. 000 ecus. Sin embargo, será más difícil para los bancos detectar las transacciones sospechosas de importe inferior, dado que se verán sometidos a una presión considerable y que se presentarán en sus ventanillas numerosos clientes desconocidos. El Comité de Contacto de Blanqueo de Capitales ha considerado que debería estudiar este extremo en profundidad para determinar si es necesario y posible adoptar medidas preventivas adicionales. Asimismo, será necesario entablar un diálogo con el sector bancario. 17 9. Efectos macroeconómicos del blanqueo de capitales En el punto 15 de su resolución, el Parlamento pedía a la Comisión que le informara sobre las posibles implicaciones monetarias y otros efectos macroeconómicos del blanqueo de capitales. La Comisión no ha realizado por sí misma ninguna investigación en este campo, ni dispone tampoco de los recursos necesarios para hacerlo. En realidad, el único organismo que ha trabajado en este interesante tema, aunque extremadamente complejo, parece ser el Fondo Monetario Internacional (FMI). El propio GAFI, en su limitado estudio de este tema, se ha basado también en los trabajos del FMI para entablar el debate. El FMI realizó una presentación oficial a este respecto en la sesión plenaria del GAFI de junio de 1996. Asimismo, se han publicado dos documentos de trabajo del FMI7. Los párrafos que figuran a continuación reproducen en gran parte un resumen de ambos documentos publicado en la edición del IMF Survey de 29 de julio de 1996. Una de las conclusiones es que, aunque resulta difícil de evaluar, la magnitud de las sumas en juego y el alcance de las actividades delictivas que generan ingresos [ilícitos] inciden en la asignación de los recursos, tanto a nivel nacional como internacional, así como en la estabilidad macroeconómica. Si bien, según señala el FMI, no se han publicado obras teóricas sobre los efectos macroeconómicos del blanqueo de capitales, las investigaciones empíricas indirectas a nivel macroeconómico y los estudios conexos sobre la delincuencia y la economía sumergida, unidos al papel preponderante del blanqueo de capitales en la actividad ilegal, sugieren que el blanqueo de capitales podría estar lo suficientemente desarrollado como para ejercer, por sí solo, un impacto sobre la macroeconomía. Los estudios disponibles coinciden en que, si la criminalidad, la actividad sumergida y el consiguiente blanqueo de capitales son fenómenos de una escala suficientemente amplia, los responsables de la política económica deben tenerlos en cuenta. Los blanqueadores de capitales no suelen buscar el máximo rendimiento para los fondos que blanquean, sino el lugar o la inversión que más fácilmente les permitirá reciclar su dinero, aun cuando ello les obligue a aceptar un rendimiento más bajo. Estos movimientos pueden perfectamente ser los opuestos a los que cabría esperar a la luz de las variables fundamentales de las economías. Así, el dinero puede pasar de países con una política económica adecuada y actividades con mayores tasas de rendimiento a países con una política más pobre y actividades con menores tasas de rendimiento. De esta forma, debido al blanqueo de dinero, el capital, considerado a nivel mundial, tiende a invertirse peor de lo que se haría si no existieran tales actividades. Como consecuencia de tales movimientos contra natura de capitales, los responsables políticos pueden verse sumidos en la confusión a la hora de determinar las políticas que deben aplicarse y reaccionar de manera inadecuada. Por ejemplo, una variación en la demanda monetaria aparente -debido a operaciones de blanqueo de capitales que no se reflejan en modo alguno en los datos- podría incidir en la volatilidad de los tipos de interés y de cambio. 7 "Money laundering and the international financial system" de Vito Tanzi, documento de trabajo n° 96/55 y "Macroeconomic implications of money laundering" de Peter J. Quirk, documento de trabajo n° 96/66. 18 Por consiguiente, a nivel nacional, movimientos financieros importantes relacionados con el blanqueo de capitales podrían influir en variables tales como los tipos de interés y de cambio. A nivel internacional, los movimientos de capital originados por las operaciones de blanqueo - especialmente si se consideran temporales- podrían tener un efecto desestabilizador, debido a la integración de los mercados financieros mundiales. Las dificultades financieras que se produzcan en un centro pueden fácilmente extenderse a otros, transformando así un problema nacional en un problema sistémico. Ambos documentos de trabajo subrayan que el desarrollo de mercados de capitales eficientes y estables requiere la plena confianza en los mismos de los participantes. Si los mercados se viesen contaminados por dinero controlado por delincuentes, reaccionarían de forma más radical ante los rumores y las falsas estadísticas, generando así una mayor inestabilidad. La transparencia y la solidez de los mercados financieros constituyen factores clave para un funcionamiento eficaz de las economías, y el blanqueo de capitales puede representar una amenaza para ambas. Los fondos obtenidos de manera ilícita pueden corromper a los directivos de los mercados financieros y los daños pueden ser duraderos, ya que la credibilidad de los mercados, pese a perderse con gran rapidez, necesita mucho tiempo para poder restablecerse. En su presentación ante los miembros en pleno del GAFI, el FMI resumió las repercusiones macroeconómicas potenciales del blanqueo de capitales del siguiente modo : • variaciones en la demanda monetaria que aparentemente no guardan relación con los cambios observados en las variables económicas • volatilidad de los tipos de interés y de cambio a raíz de las transferencias transfronterizas inesperadas de fondos • mayor inestabilidad de los pasivos y mayores riesgos para la valoración de los activos de las entidades financieras, lo que origina un riesgo sistémico para la estabilidad del sector financiero y la evolución monetaria en general efectos adversos sobre la recaudación tributaria y la asignación de recursos públicos debido al falseamiento de los datos sobre la renta y la riqueza efecto de contagio sobre las transacciones legales debido al temor de los interesados a una posible involucración delictiva • otros efectos sobre la distribución propios de cada país o desviaciones del precio de los activos debido a la existencia de "dinero negro". A modo de conclusión, el FMI anunció su propósito de examinar detenidamente las implicaciones del blanqueo de capitales, en particular en aquellos países en los que el análisis de este fenómeno resulta especialmente importante para entender la evolución de la macroeconomía (por ejemplo, aquellos en los que las exportaciones de droga u otras exportaciones ilegales son, sin lugar a dudas, considerables o aquellos en los que las deficiencias del sistema fiscal favorecen el blanqueo de capitales). 19 Obviamente, la atención del FMI se centra particularmente en la situación de los países con los que está más relacionado. Se reconoce que algunos países pueden ser mucho más vulnerables que otros. Cuando se discutió este punto de la resolución del Parlamento en el Comité de Contacto de Blanqueo de Capitales (noviembre de 1996), una delegación sostuvo que cualquier efecto macroeconómico del blanqueo de capitales en los principales países industrializados no era probablemente sino marginal. Pese a que esta opinión no fuese rebatida, el Comité consideró que la Comisión debía, por lo menos, intentar hacer un seguimiento de los trabajos que se estuvieran llevando a cabo en otros foros sobre este aspecto técnico y complejo. La Comisión hará todo lo posible para responder a esta solicitud. 10. Resultados de la lucha contra el blanqueo de capitales En su debate sobre el primer informe de la Comisión, el Parlamento concedió gran importancia a la recogida de datos acerca de los resultados de la intensa labor que se viene desarrollando para combatir el blanqueo de capitales. En efecto, el punto 1 de la resolución del Parlamento vincula la plena incorporación de la Directiva con la presentación de un informe pormenorizado en el que se indiquen el número de transacciones sospechosas notificadas, el número de casos de blanqueo de capitales descubiertos y de personas condenadas y los importes confiscados. Antes de presentar la labor que ha realizado para obtener la información solicitada por el Parlamento, la Comisión desearía insistir una vez más en la finalidad preventiva de la Directiva, la cual queda reflejada en su título, que se refiere a la "prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales". Lo ideal sería que todos aquellos que se propusieran blanquear fondos topasen con un sistema financiero bien protegido y se vieran disuadidos de intentar valerse del mismo. Ciertos indicios permiten pensar que esto es lo que está ocurriendo. El aumento de los movimientos transfronterizos de efectivo, la búsqueda de posibilidades de blanqueo fuera del sector financiero tradicional y el incremento señalado en el coste real del blanqueo de capitales indican que los esfuerzos para dificultar y encarecer el blanqueo por parte de organizaciones delictivas no han sido vanos. Por consiguiente, la Comisión y los Estados miembros opinan que no se deberían juzgar los resultados de la aplicación de la Directiva y, de forma más general, de la lucha contra el blanqueo de capitales únicamente a la luz de ciertos indicadores estadísticos relativamente rudimentarios. Por otra parte, el sistema establecido por la Directiva se basa en la observación por el sector financiero de todo comportamiento inusual o sospechoso y en su obligatoria notificación a las autoridades. La respuesta del sector, es decir, el número de notificaciones efectuadas, proporciona sin lugar a dudas una indicación del esfuerzo realizado y de la eficacia del sistema instaurado. El sector financiero, y el bancario en particular, ha llevado a cabo una importante labor y gastado sumas considerables para lograr que el sistema resulte eficaz. El propio sector viene pidiendo que se dé a conocer la repercusión que ha tenido su actuación, al objeto de demostrar que merece la pena y de poder seguir mejorando su respuesta. 20 El anexo 8 muestra el número de transacciones sospechosas notificadas a las autoridades en los Estados miembros. Si bien debe tenerse en cuenta que las categorías de personas que están sujetas a la obligación de comunicar las operaciones sospechosas y las categorías de presuntas actividades delictivas (delitos subyacentes) que deben dar lugar a notificación difieren entre unos Estados miembros y otros, los datos facilitados muestran que el sistema de notificación funciona aparentemente de forma bastante satisfactoria. Por otra parte, la cantidad de datos disponibles en la actualidad en relación con los casos de enjuiciamiento, condena y confiscación de fondos derivados, total o parcialmente, de las notificaciones de transacciones sospechosas es mucho menor. Algunos Estados miembros no contemplan el blanqueo de capitales como figura delictiva independiente, por lo que el cargo imputado es el de "receptación". Ello hace probablemente imposible la obtención de datos específicos sobre los casos de blanqueo de capitales. En otras ocasiones, el servicio de inteligencia financiera (SIF) actúa como filtro y sólo transmite una parte de los casos examinados a las autoridades judiciales o policiales, tras lo cual puede no volver a tener ninguna noticia de un expediente concreto. Aparentemente, las mencionadas autoridades no siempre se encargan de mantener informado al SIF, lo cual le permitiría llevar un registro de las notificaciones que dan lugar a enjuiciamiento y condena. El tiempo que exigen muchas de las investigaciones y de los juicios dificulta también la obtención de datos acerca de los resultados, sobre todo cuando los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales no se han implantado sino recientemente o siguen evolucionando. Además, varios Estados miembros han facilitado información que no puede compararse directamente con los datos obtenidos de otros. El modelo relativamente simple de cuestionario enviado por la Comisión ha resultado claramente difícil de cumplimentar para algunos Estados miembros y los datos recibidos no siempre se prestan a ser resumidos en forma de cuadro. En el anexo 9 se intenta ofrecer una indicación de los resultados del sistema de notificación de las transacciones sospechosas y del número de casos de enjuiciamiento y/o condena por blanqueo de capitales en una serie de Estados miembros. Está claro que, en algunos Estados miembros, sería necesaria una labor considerable para facilitar datos de mayor utilidad. En determinados Estados miembros, los datos sobre enjuiciamientos y condenas por blanqueo de capitales son, por ahora, simplemente inexistentes. Tampoco se dispone apenas de información sobre las cantidades de dinero embargadas o confiscadas. También en este caso, la labor de recogida de datos resulta difícil por su propia naturaleza. Los juicios son largos y complejos y los fondos pueden permanecer bloqueados durante dilatados períodos antes de ser comisados definitivamente o devueltos. Aparentemente, las cantidades confiscadas no son considerables y, según han apuntado algunos Estados miembros, gran parte de los fondos embargados o bloqueados han de ser finalmente devueltos. 21 De la información facilitada a la Comisión, cabe mencionar, a modo de ejemplo, los siguientes datos : Desde que se creó el SIF belga, en diciembre de 1993, se ha confiscado un importe de 3. 116 millones de francos belgas a raíz de denuncias presentadas al SIF. Dinamarca ha indicado que se han confiscado unos 50 millones de coronas danesas. Dieciocho millones de coronas han sido reingresados o han servido para pagar daños y perjuicios y se han impuesto multas adicionales por valor de 12 millones de coronas. Irlanda ha declarado haber decomisado 15. 500 libras irlandesas. En Italia, de acuerdo con las cifras correspondientes a 1996, se embargaron (aunque no se confiscaran) los siguientes importes: 3. 002 millones de liras en virtud del artículo 648 bis del Código penal (blanqueo de capitales) y 68. 631 millones de liras en virtud del artículo 648 ter (utilización de fondos o bienes de origen ilícito). Por su parte, el Reino Unido confiscó cerca de 10,5 millones de libras esterlinas en 1996. Luxemburgo ha embargado más de 300 millones de francos luxemburgueses en conexión con los juicios entablados y ha ejecutado, además, una orden de confiscación procedente de los tribunales alemanes por valor de unos 200. 000 marcos. La condena pronunciada en Portugal dio lugar a la confiscación de 2,5 millones de escudos, y las investigaciones que se están realizando podrían suponer el embargo de efectivo y bienes inmuebles por un valor de cerca de 1. 800 millones de escudos. Suecia ha señalado que, en 1996-97, se tomaron medidas cautelares o de embargo en relación con fondos por un importe total de 124 millones de coronas. La Comisión no pretende hacer creer que el volumen de datos que puede facilitar, por el momento, al Consejo y al Parlamento es satisfactorio. Seguirá trabajando con los Estados miembros en el Comité de Contacto para mejorar la situación, si bien es consciente de que no será fácil. Asimismo, resultará, sin duda, necesaria la participación de las autoridades judiciales y policiales al amparo del tercer pilar, así como la de la UDE y Europol. El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías podría también aportar una contribución, al menos a medio o largo plazo. En el punto 5 de su Anexo A, el Reglamento (CE) n° 302/93 del Consejo incluye la recogida de información sobre el blanqueo de capitales dentro del quinto ámbito prioritario de actuación del Observatorio. 22 IV. CONCLUSIONES Este segundo informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento relativo a la aplicación de la Directiva de 1991 sobre blanqueo de capitales confirma que todos los Estados miembros han dado rigurosamente cumplimiento a la misma. Así pues, los Estados miembros de la Unión Europea siguen demostrando su voluntad de combatir el blanqueo de capitales y de dar un buen ejemplo a nuestros vecinos europeos y a otros países más distantes. La dimensión mundial del problema y la necesidad de una respuesta de las mismas características quedan patentes en el apoyo constante que los Estados miembros y la Comisión aportan al Grupo de Acción Financiera Internacional, así como en la asistencia técnica para la prevención del blanqueo de capitales prestada a través del programa PHARE, en los países caribeños y otros países. Ello refleja que el sistema de defensa de la Unión Europea frente al blanqueo de capitales, por muy impenetrable que sea, puede fácilmente verse comprometido por las deficiencias existentes en otros lugares. Ahora bien, la legislación de los Estados miembros no se limita a la aplicación de la Directiva. Aun dejando a un lado los aspectos relacionados exclusivamente con el tercer pilar, la disposición de los Estados miembros a desarrollar esta normativa más allá de lo que exige la Directiva demuestra que son plenamente conscientes de la amenaza a largo plazo y de carácter evolutivo que supone el blanqueo de capitales y del esfuerzo que se requiere para combatirla. Ante esta evolución, la Directiva de 1991 podría parecer algo desfasada en ciertos aspectos, lo cual nos lleva naturalmente a preguntarnos si no convendría actualizarla. Lo primero que debe considerarse en este contexto es la prohibición del blanqueo de capitales. Si nos remitimos a la recomendación actualizada del GAFI, es necesario "extender el delito de blanqueo del dinero de la droga y tipificarlo como un delito basado en delitos graves". Según muestra el anexo 4, todos los Estados miembros han progresado ya de manera significativa en este sentido. Al mismo tiempo, si hubiera de modificarse la Directiva para incluir en su ámbito de aplicación otros delitos subyacentes, se plantearía de nuevo el problema de la prohibición por oposición a la atribución de carácter delictivo. Algunos Estados miembros siguen oponiéndose a que la Directiva exija la definición del blanqueo de capitales como figura delictiva, por lo que la solución óptima a la que cabría recurrir sería una prohibición más amplia. Por otra parte, dada la dificultad manifiesta de acordar una definición de lo que constituye un "delito grave", es muy probable que, aunque se modifique la Directiva, siga habiendo diferencias entre unos Estados miembros y otros y no se consiga nada parecido a una total armonización en este ámbito. Con todo, la Comisión opina que la necesidad de mantener actualizado este importante instrumento aboga vigorosamente por una extensión de la gama de delitos subyacentes cubiertos. 23 En lo que respecta a las actividades que entran en el ámbito de aplicación de la Directiva, es obvio que la cobertura del sector financiero es relativamente exhaustiva. Por otro lado, muchas actividades y profesiones no pertenecientes al sector financiero son o pueden ser vulnerables frente al blanqueo de capitales. La situación evoluciona constantemente, dado que los blanqueadores buscan nuevas aperturas. El artículo 12 de la Directiva de 1991 demuestra que, ya entonces, los Estados miembros eran conscientes de los peligros, por lo que se comprometieron a aplicar las disposiciones oportunas de la Directiva a actividades no integradas en el sector financiero cuando existiese un riesgo real de blanqueo de capitales. Ciertamente, tal como puede verse en el anexo 6, los Estados miembros no han dudado en cumplir su promesa en un creciente número de casos, a medida que su experiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales se iba desarrollando. Al adoptar, en junio de 1997, el Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada, tras su aprobación por el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior, los Jefes de Estado o de Gobierno de los Estados miembros de la UE respaldaron la extensión general, para finales de 1998, de la obligación de notificar las transacciones sospechosas a personas y profesiones no pertenecientes al sector financiero. Aunque esto no se haya especificado, la Comisión considera que la obligación de notificar las transacciones sospechosas supone, como condición previa, que se exija la identificación de los clientes y la conservación de registros. En este supuesto, la Comisión debe estar preparada para asumir sus responsabilidades, de acuerdo con las competencias que le corresponden al amparo del primer pilar. En consecuencia, la Comisión considera que es necesaria una nueva directiva y sus servicios han comenzado a trabajar en una propuesta de directiva, cuya principal disposición consistirá en extender de forma considerable la obligación de notificar las sospechas de blanqueo de capitales más allá del sector financiero. En sus conclusiones sobre el primer informe de la Comisión, el Consejo ponía especial énfasis en la cooperación entre las autoridades responsables de combatir el blanqueo de capitales. La Comisión respalda y se ha comprometido a financiar, dentro del programa Oisin, un estudio de viabilidad referente a un sistema de intercambio de la información sobre blanqueo de capitales que obre en poder de las autoridades policiales de la UE. En lo que respecta a la colaboración entre los servicios de inteligencia financiera (Sil'), la Comisión manifiesta su preocupación ante los obstáculos (reflejados en el anexo 7) que aparentemente impiden aún la comunicación y el intercambio de información entre servicios que no tienen la misma consideración jurídica. En lo que respecta a la defensa de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, está ya previsto el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales y la Comisión. No obstante, es también necesaria una colaboración estructurada y un intercambio de información entre los propios SIF y entre éstos y la Comisión, dentro de los mecanismos de asistencia mutua administrativa. Para ello debería establecerse a nivel comunitario un marco jurídico claramente delimitado. 24 La Comisión felicita al Grupo Egmont por el excelente trabajo que ha realizado en un marco internacional más amplio. Invita a los Estados miembros a considerar la conveniencia de reunir a los SI F de los Estados miembros para debatir posibles maneras de fomentar una mayor cooperación dentro de la Unión Europea. Paralelamente, los servicios de la Comisión están estudiando si la propuesta de actualizar y ampliar la Directiva de 1991 podría resolver convenientemente alguno de los problemas que plantean las relaciones entre los diversos SIF. Finalmente, en lo que se refiere a los resultados de la lucha contra el blanqueo de capitales, la Comisión seguirá intentando aportar datos estadísticos más precisos y exhaustivos. La Comisión subraya el interés de Europol en este ámbito y opina que este organismo podrá desempeñar un importante papel en la obtención de datos sobre los casos de enjuiciamiento, condena y confiscación de activos. La Comisión se propone en lo sucesivo incluir datos sobre los resultados en todos los informes relativos a la aplicación de la Directiva que presente al Consejo y al Parlamento. Pese a la relativa carencia de estadísticas, podemos concluir que, si bien la respuesta del sector financiero ha sido, en general, muy satisfactoria, a juzgar por el número de notificaciones de transacciones sospechosas a las autoridades competentes, no parece que este esfuerzo dé lugar, por ahora, a un número considerable de enjuiciamientos, condenas o confiscaciones de activos. La Comisión desea destacar nuevamente que la Directiva desempeña una importante función preventiva y considera que ha logrado dificultar el acceso del dinero ilícito al sistema financiero de la UE. Al mismo tiempo, está claro que el blanqueo de capitales continúa y que las notificaciones de transacciones sospechosas permiten ubicar una parte de ese dinero ilícito. Siendo así, cabe destacar que los resultados obtenidos al margen de la Directiva en las esferas policial y judicial son limitados, aun cuando vayan mejorando. Si bien no entra dentro del cometido del presente informe analizar los motivos de esta situación, es, sin lugar a dudas, vital que el compromiso de que hace muestra el sector financiero, y cada vez más los demás sectores que han sido llamados a participar en la lucha contra el blanqueo de capitales, quede justificado y encuentre una respuesta en la adopción de medidas penales satisfactorias. No cabe duda de que aún queda mucho por hacer a este respecto. 25 ANEXO 1 CONCLUSIONES del CONSEJO El Consejo ha estudiado el primer informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales. El Consejo ha tomado nota con gran interés del análisis que la Comisión hace en su informe, así como de las conclusiones extraídas del mismo. El Consejo comparte en lo esencial las conclusiones. Como observa la Comisión, la aplicación de la Directiva ha tenido un impacto evidente sobre el establecimiento por parte de los Estados miembros de sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales. Los progesos realizados resultan muy alentadores, pero es importante continuar los esfuerzos para aumentar la eficacia a nivel tanto nacional como europeo e internacional, de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales. El Consejo invita a los Estados miembros a que tomen las medidas necesarias para garantizar la plena y entera aplicación de la Directiva. Se congratula por las reflexiones en curso, encaminadas a alcanzar una mejor coordinación en la aplicación de la Directiva, en particular en lo que respecta al ámbito de las actividades reguladas o también a las profesiones o categorías de empresas sometidas a las disposiciones de la Directiva, teniendo en cuenta el estatuto específico de las profesiones jurídicas. El Consejo desea que la Comisión profundice en la reflexión sobre estas cuestiones, en estrecha concertación con los representantes de los Estados miembros reunidos en el Comité de Contacto creado por la Directiva. El Consejo comparte plenamente el punto de vista de la Comisión según el cual el refuerzo de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales requiere la intensificación entre las diferentes autoridades implicadas en la lucha contra este fenómeno. También en este punto, el Consejo manifiesta su deseo de que la Comisión, dentro del ámbito de sus competencias, siga profundizando en su reflexión. Con un sentido más general pide a todas las instancias competentes que profundicen en sus reflexiones y que, en todos los casos en que sea necesario, intensifiquen su cooperación en este ámbito. El Consejo invita a la Comisión a que profundice en el examen de estas diferentes cuestiones y a que le presente todas las propuestas apropiadas que tengan en cuenta la experiencia adquirida desde la adopción de la Directiva, de su transposición a cada uno de los Estados miembros, así como de los trabajos desarrollados sobre estas mismas cuestiones en los distintos foros internacionales. En cualquier caso, el Consejo invita a la Comisión a que le presente un informe sobre el estado de sus reflexiones sobre estas cuestiones dentro de un plazo de 18 meses. 26 Resolución del Parlamento sobre el primer informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 91/308/CEK, relativa al blanqueo de capitales (COM(95)0054 - C4-0137/95) (Diario OficialC 198 de 8-7-1996, p. 245) ANEXO 2 El Parlamento Europeo, - Vista la Directiva 91/308/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1991, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales (DO L 166 de 28-6-1991, pág. 77), - Visto el primer informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva relativa al blanqueo de capitales (COM(95)0054 - C4-0137/95), - Visto el Convenio del Consejo de Europa celebrado en 1990 en Estrasburgo sobre el blanqueo, identificación, embargo y comiso de los productos del delito, - Vista la Convención de las Naciones Unidas celebrada en 1988 en Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, - Vistas las recomendaciones sobre el blanqueo de capitales adoptadas por el Consejo de Ministros de Justicia e Interior en su sesión de Copenhague de los días 1 y 2 de junio de 1993, - Vista la opinión de los expertos en los ámbitos de la supervisión bancaria y de la prosecución criminal que, en la reunión del 20 de diciembre de 1995 ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos y la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, informaron sobre los problemas registrados en la aplicación y en la puesta en práctica de la directiva, - Visto el acto del Consejo relativo al establecimiento del Convenio, basado en el artículo K. 3 del Tratado de la Unión Europea, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol) (DO C 316 de 27-11-1995, pág. 1), - Vista su Resolución de 14 de marzo de 1996 sobre Europol (DO C 96 de 1-4-1996, pág. 288), - Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y de Derechos de los Ciudadanos así como las opiniones de la Comisión de Libertades Públicas y de Asuntos Interiores, de la Comisión de Control Presupuestario y de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y de Política Industrial (A4-0187/96), A. Considerando actividades delictivas, las transacciones financieras que se siguen realizando en relación con B. Considerando que el sistema de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales presenta deficiencias y, en particular, no toma suficientemente en consideración los nuevos tipos de operaciones financieras, 27 C. Considerando que, tanto a nivel nacional como a escala europea, se necesitan nuevas medidas legislativas para garantizar la supervisión sin huecos de todas las personas físicas y jurídicas que intervienen en la gestión con fines profesionales de las transacciones financieras, D. Considerando que el citado Convenio de Estrasburgo de 1990 ya incluye disposiciones para una asistencia judicial que posibilitaría una lucha eficaz a escala europea contra la utilización para fines económicos del dinero procedente de delitos, E. Considerando que a pesar de la existencia de suficientes disposiciones en el Título VI del Tratado de la Unión Europea sobre la cooperación en los ámbitos de la justicia y de los asuntos de interior no se observa ninguna actividad legislativa global con vistas a una mejor coordinación de los trabajos de las autoridades de justicia y policía a escala europea, F. Convencido de que el rápido establecimiento de una Oficina Europea de Policía como resultado del Convenio EUROPOL puede constituir una importante contribución a una lucha eficaz contra el blanqueo de capitales y contra los delitos en los que tiene su origen, G. Considerando que el Consejo de Ministros de Justicia e Interior en sus recomendaciones de 1993 ha calificado de importantes pasos para la lucha contra el blanqueo de capitales tanto la ratificación y la aplicación del citado Convenio de Estrasburgo de 1990 como la incorporación de EUROPOL, 1. Pide a la Comisión que garantice la plena aplicación de la directiva y que presente en el plazo de los próximos dos años un informe más detallado que refleje el número de transacciones notificadas, el número de casos demostrados de blanqueo de capitales y el número de personas condenadas, así como las sumas confiscadas ; 2. Opina que el sistema de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales debe configurarse de manera más eficaz y ha de adaptarse a la evolución técnica de las operaciones financieras ; 3. Pide por ello a la Comisión que informe sobre las nuevas modalidades de blanqueo de capitales que se generan como consecuencia de las modificaciones en la gestión de las transacciones y las transferencias de capitales, así como que presente, en el marco de una revisión de la directiva, propuestas apropiadas para luchar contra ellas ; 4. Pide a la Comisión que presente, tomando en consideración los trabajos preparatorios del Comité de Contacto, a la mayor brevedad, y en todo caso a más lardar antes del 6 de marzo de 1998, una propuesta con vistas a la revisión de la actual directiva, en virtud de la cual se incluya directamente en su ámbito de aplicación a aquellas profesiones y categorías de empresas de las que se pueda suponer con certitud que están implicadas o pueden estar implicadas en actividades o actitudes relacionadas con el blanqueo de capitales ; 5. Pide a los Estados miembros que, en el medida en que todavía no lo hayan hecho, extiendan su legislación en materia de lucha contra el blanqueo del dinero no sólo a los capitales procedentes del tráfico de drogas sino también a todo el dinero resultante de la perpetración organizada y profesional de actos delictivos ; 28 6. Acoge con satisfacción la voluntad de la Comisión de incluir, de manera expresa y vinculante, en todos los futuros acuerdos de colaboración y de asociación las disposiciones de la Directiva relativa al blanqueo de capitales y de intensificar la cooperación con las partes contratantes respectivas en este ámbito ; 7. Pide a los Estados miembros que ratifiquen y apliquen la Convención de las Naciones Unidas adoptada el 19 de diciembre de 1988 en Viena contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y el repetido Convenio de Estrasburgo de 1990, tal como se comprometieron los propios Estados miembros en la «Declaración de los representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo» publicada en el Anexo a la Directiva relativa al blanqueo de capitales ; 8. Opina que en todos los Estados miembros existen o deberían introducirse normas procesales adecuadas para que : a) pueda ordenarse la vigilancia de las telecomunicaciones cuando exista la sospecha de que se ha realizado o va a realizarse un delito en relación con el blanqueo de capitales, b) puedan adoptarse medidas provisionales, como el comiso o la confiscación provisionales, para evitar el intercambio, la transferencia o la enajenación de bienes que procedan del blanqueo de capitales o de un delito anterior en este sentido, c) puedan adoptarse medidas provisionales en el sentido de la letra b) en aquellos casos en que las autoridades competentes dispongan de datos que constituyan indicios suficientes de delito, d) puedan confiscarse las sumas procedentes del blanqueo de capitales, o de los respectivos delitos anteriores, o los bienes adquiridos con estos productos ; 9. Pide a los Estados miembros que continúen los trabajos relativos al Convenio EUROPOL para introducir la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de conformidad con el tercer párrafo de la letra c) del apartado 2 del artículo K. 3 del Tratado de la Unión Europea, exigida por el Parlamento, y que ratifiquen y apliquen tras ello dicho convenio ; 10. Desea que todas las autoridades de los Estados miembros encargadas de la aplicación de las disposiciones de la directiva aprovechen las posibilidades existentes para la cooperación ; los bancos y también en 11. Subraya expresamente que consonancia con el artículo 5 de la Directiva relativa al blanqueo de capitales, deben disponer, para poder cumplir en la forma debida sus obligaciones de registro y notificación, de personal adecuadamente formado y de controles con el fin de poder facilitar las aclaraciones necesarias en caso de sospecha de blanqueo de capitales ; instituciones financieras, las 12. Pide a la Comisión que establezca un sistema de incentivos apropiados para que los distintos bancos e instituciones financieras dispongan de un personal adecuadamente formado así como de controles eficaces en el sentido del apartado precedente ; 29 13. Considera necesario que tanto las instituciones crediticias y financieras, en el sentido de la Segunda Directiva de coordinación de las disposiciones bancarias, como también todas las demás personas físicas y jurídicas que efectúen, con fines profesionales y de lucro, operaciones de capitales o que ejerzan actividades particularmente susceptibles de servir para el blanqueo, incluidas las operaciones efectuadas en nombre de terceros deben ser incluidas en el ámbito de aplicación de la directiva y estar sometidas a una supervisión estatal ; 14. Opina además que esta supervisión debe llevarse a cabo según criterios unificados para toda Europa ; 15. Pide a la Comisión, de conformidad con el artículo 17 de la citada Directiva (91/308/CEE), que en su segundo informe sobre la aplicación de esta Directiva haga referencia a los posibles efectos monetarios que potencialmente se derivan de las transacciones ilegales de capitales, que podrían ser : a) la velocidad de los capitales afectados por el flujo de fondos ilegales que se desplazan de los países de origen a los países de destino, b) las repercusiones en la oferta monetaria de los países implicados en el circuito del blanqueo, c) la forma de inversión que pueden adoptar los fondos ilegales una vez blanqueados, d) la transmisión de la política monetaria en los países implicados, e) la estabilidad de los mercados financieros situados en el circuito del blanqueo de capitales y del destino final. 16. Pide, asimismo, a la Comisión, que en este segundo informe actúe contra las causas y las actividades de las transacciones ilegales de capitales, adoptando medidas que contribuyan a solucionar el problema, como por ejemplo : a) Incluir en los acuerdos comerciales artículos relativos al blanqueo de capitales, a fin de pedir y asegurar que los países socios adoptan normas equivalentes a las de la Unión Europea. b) Reforzar en los Acuerdos europeos con los países de la Europa Central y Oriental los artículos relativos al blanqueo de dinero, a fin de pedir y asegurar que los países asociados adoptan normas equivalentes a las de la Unión Europea. c) Reforzar en los Acuerdos de Asociación y Cooperación con la Federación Rusa y con los Nuevos Estados Independientes de la antigua Unión Soviética los artículos relativos al blanqueo de dinero, a fin de pedir y asegurar que los países asociados adoptan normas equivalentes a las de la Unión Europea. d) Elaborar una lista de «bancos limpios». e) Asegurar que la Comisión Europea y sus subcontratistas operan sólo con bancos «limpios». 0 Aplicar una supervisión prudencial de la concesión de licencias a los bancos y del funcionamiento de éstos en la Unión Europea. g) Incluir en los acuerdos comerciales determinados artículos sobre la fijación de estándares de «supervisión prudencial», a fin de pedir y asegurar que los países socios adopten normas equivalentes a las de la Unión Europea. 30 17. Desea disponer de pruebas convincentes de que el blanqueo de capitales está aumentando y de que está adquiriendo una importancia creciente en las redes de la delincuencia organizada ; 18. Desea dejar claro que sólo puede atajarse de modo eficaz el blanqueo de capitales si se hace a escala europea, bajo un control único y en estrecha colaboración con los EE. UU. ; 19. Pide, además, a la Comisión que proponga una norma en cuyo marco toda participación en operaciones financieras orientadas a dar salida a fondos generados por actividades delictivas sea prohibida y objeto de sanción penal en los Estados miembros ; señala que dicha medida podría invocar como fundamento jurídico el artículo 100 A del Tratado CE ; 20. Pide a los Estados miembros que procedan con mayor rigor contra el blanqueo de dinero y que faciliten a ciudadanos y empresas apoyo en forma de información con objeto de impedir cualquier tipo de participación en el blanqueo de capitales ; 21. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo y a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros. 31 A N E XO 3 Firma, ratificación y aplicación de la Convención de Viena y del Convenio de Estrasburgo Convención de Viena Convenio de Estrasburgo Firma Ratificación Aplicación Arts. 3-9 rma Ratificacion Entrada en vigor Aplicacion Belgica Dinamarca A Ionian ia Grecia Fspafia Francia Irlanda Italia Luxemburgo Paises Bajos Austria Portugal I-in landia Suecia Reino Unido S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S s s s S s s s s s s S S N N N s s s N s s s s s s S S N N N s s s N s s s s s s S S S s s s s s s s s s s s s 32 ANEXO 4 Actividades delictivas contempladas en la legislación de los Estados miembros en materia de prevención del blanqueo de capitales Bélgica El Código penal (art. 505) se refiere al blanqueo del producto de cualquier actividad delictiva. Las normas específicas de prevención del blanqueo de capitales (Ley de 11-1-1993 modificada) se aplican al blanqueo de fondos derivados de delitos relacionados con las siguientes actividades: terrorismo, delincuencia organizada, tráfico ilícito de drogas, tráfico ilícito de armas y otros bienes, tráfico de seres humanos, prostitución, uso ilegal de hormonas en animales, tráfico de órganos o tejidos humanos, fraude en detrimento de los intereses financieros de la UE, fraude fiscal grave y organizado, corrupción de funcionarios públicos, defraudaciones en inversiones, estafa, retención de rehenes, robo o extorsión con violencia y amenazas, y quiebra fraudulenta. trabajadores clandestinos, tráfico de Dinamarca La Ley sobre blanqueo de capitales danesa se refiere a los activos derivados de la violación del Código penal de Dinamarca (es decir, cualquier delito). No obstante, en el Derecho danés, el blanqueo de capitales no constituye una figura delictiva independiente, sino que queda contemplado en dos artículos del Código penal referentes a la "receptación" : S 191. a), por el que se declara delito el aprovechamiento de las ganancias derivadas de los delitos relacionados con el tráfico de drogas, según quedan tipificados en el artículo 191 ; S 284, por el que se declara delito el aprovechar para sí mismo o el ayudar a otros a que se aprovechen de las ganancias derivadas de hurto, apropiación de lo hallado, apropiación indebida, fraude, fraude informático, abuso de confianza, extorsión, defraudación de acreedores, contrabando de carácter especialmente grave y robo con violencia. 33 Alemania El blanqueo de capitales es un delito en virtud del artículo 261 del Código penal (blanqueo de capitales ; encubrimiento de activos ilícitos). Los delitos subyacentes del blanqueo de capitales son los siguientes : - - todos los delitos graves castigados con penas de prisión de un año, como mínimo ("Verbrechen"), como, por ejemplo, las modalidades más graves del tráfico de seres humanos, el robo y la receptación, así como el tráfico ilegal de drogas y armas ; todos los delitos de menor gravedad castigados con penas de prisión inferiores a un año o multas ("Vergehen") y contemplados en el artículo 29, apartado 1, frase primera, de la Ley de narcóticos ("Betàubungsmitelgesetz") o en el artículo 29, apartado 1, de la Ley de control de materias primas ("Grundstoffuberwachungsgesetz"), y en particular, el tráfico ilegal de narcóticos y sustancias precursoras ; - determinados delitos ("Vergehen") relacionados con la propiedad, el fraude, la falsificación de documentos y la corrupción cometidos con intención de lucro por miembros de bandas formadas para la comisión reiterada de tales delitos (por ejemplo, fraudes comerciales y organizados) ; - todos los delitos ("Vergehen") cometidos por miembros de bandas u organizaciones delictivas, según se definen en el artículo 129 del Código penal (por ejemplo, extorsión, proxenetismo y juegos ilegales). El 16 de enero de 1998, el Parlamento alemán aprobó un proyecto de ley para intensificar la lucha contra la delincuencia organizada, el cual extenderá considerablemente la lista de delitos subyacentes, en particular dentro de la delincuencia organizada. Grecia La Ley griega sobre blanqueo de capitales se refiere al tráfico ¡legal de drogas y armas, el robo con violencia, el chantaje, el secuestro, los hurtos graves, la apropiación indebida o el fraude, el tráfico ilegal de antigüedades, el robo de la carga de buques, el tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos, el contrabando, los delitos relacionados con la energía nuclear, la prostitución y los juegos ¡legales. España El artículo 301 del Código penal engloba el blanqueo de capitales bajo la sección correspondiente a receptación y otros delitos similares. Dicho artículo se refiere a todos los delitos graves (es decir, todos aquellos castigados con penas de prisión de más de 3 años). El hecho de que el delito esté relacionado con el tráfico de drogas se considera una circunstancia agravante. La Ley española sobre blanqueo de capitales (de 23-12-1993) tiene por objeto combatir el blanqueo del producto de la delincuencia organizada, el terrorismo y el tráfico de drogas. 34 Francia La Ley n° 96-392, de 13-5-1996, por la que se modificó el Código penal, hizo extensivo el delito de blanqueo de capitales al producto de cualquier delito ("crimes" o "délits"). Irlanda La Ley de enjuiciamiento criminal de 1994 atribuye carácter delictivo al blanqueo del producto del tráfico ilícito de drogas y demás actividades delictivas. Italia La Ley 328/1993 modificó los artículos 648 bis y ter del Código penal, atribuyendo carácter delictivo al blanqueo del producto de todos los delitos dolosos ("tutti i delitti non colposi"). Luxemburgo La legislación actual sólo se refiere al blanqueo de fondos derivados de delitos relacionados con el tráfico de drogas. No obstante, el proyecto de ley que se encuentra actualmente ante el Parlamento luxemburgués ampliará, una vez aprobado, la gama de delitos subyacentes a cualquier delito castigado con una pena de cárcel superior a 5 años, a los delitos ("délits") relacionados con la delincuencia organizada y a determinados delitos relacionados con los menores, la prostitución, la corrupción de menores y el tráfico de armas y municiones. Países Bajos La definición del delito de receptación contenida en el Código penal (artículos 416 - 417 bis) engloba el producto de cualquier delito grave ("misdrijf '). Austria El Código penal austríaco (artículos 165 y 278a) atribuye carácter delictivo al blanqueo de cualquier activo derivado de delitos graves, esto es, todos los delitos ("Verbrechen") castigados con una pena de prisión de 3 años en virtud del apartado 1 del artículo 17 del Código penal. 35 Portugal El Decreto-ley 15/93 tipificó el tráfico de drogas y sustancias precursoras, atribuyendo asimismo carácter delictivo al blanqueo de capitales. La Directiva sobre blanqueo de capitales se incorporó al ordenamiento jurídico portugués mediante el Decreto-ley 313/93 y el Decreto- ley 325/95 extendió la lista de delitos subyacentes, incluyendo en ella el terrorismo, el tráfico de armas, la extorsión, el secuestro, la prostitución, la corrupción y diversos delitos económicos y financieros graves. Finlandia El delito correspondiente al blanqueo de capitales previsto en el Código penal finlandés (no se utiliza el término de "blanqueo de capitales") abarca el producto de cualquier delito. Su ce i a Constituye delito blanquear el producto de los delitos graves. El capítulo 9 del Código penal sueco, relativo a la receptación, declara delito el blanquear intencionadamente o por negligencia el producto de cualquier delito grave castigado con una pena de más de 6 meses de cárcel. Asimismo, se tipifica la complicidad en el blanqueo de capitales. No obstante, en el Código penal no se utiliza el término "blanqueo de capitales". Reino Unido El "blanqueo de capitales" no está tipificado en la legislación primaria. En la práctica, se considera delito blanquear el producto de cualquier delito grave. Entre éstos, se incluiría el tráfico ilícito de drogas, el terrorismo, el robo y el fraude, el robo con violencia, la falsificación, la captación ilegal de depósitos, el chantaje y la extorsión (fundamentalmente, cualquier acto que constituya un "indictable offence" o delito grave en el Reino Unido). 36 ANEXO 5 Plan de acción para luchar contra la delincuencia organizada 26. En el ámbito de la lucha contra el blanqueo de dinero y de la confiscación del fruto de la delincuencia, se proponen las medidas siguientes : a) a fin de mejorar el intercambio de datos policiales a escala internacional, es necesario establecer un sistema de intercambio de información sobre casos en los que haya sospechas de blanqueo de dinero a nivel europeo, de conformidad con la normativa pertinente sobre protección de datos. A tal fin, debería complementarse el Convenio Europol con una disposición que autorizara a Europol a intervenir al respecto (véase la orientación política n° 10) b) la penalización del blanqueo de los beneficios del delito debería hacerse lo más general posible, y habría que establecer un base jurídica que cubriera la mayor variedad posible de facultades de investigación. Debería estudiarse si es conveniente incluir dentro del blanqueo la conducta negligente. Debería emprenderse un estudio con vistas a perfeccionar la localización e incautación de los bienes ilegales y la aplicación de las resoluciones judiciales sobre la confiscación de bienes de la delincuencia organizada (véase la orientación política n° 11); c) deberían adoptarse normas sobre confiscación que hicieran posible la confiscación independientemente de la presencia del autor del delito, como en los casos en que el autor del delito ha muerto o ha huido (véase la orientación política n° 11); d) debería estudiarse la posibilidad de compartir, a nivel de listados miembros, los bienes que se hayan confiscado a raíz de la cooperación internacional (véase la orientación política n° 11) ; e) la obligación de informar que impone el artículo 6 de la Directiva sobre blanqueo de capitales tendría que ampliarse a todas las infracciones relativas a delitos graves y a otras personas y profesiones además de las entidades financieras que se mencionan en la Directiva. Los Estados miembros deberían estudiar si es oportuno que el incumplimiento de la obligación de informar de operaciones sospechosas se someta a sanciones disuasorias (véase la orientación política n° 11). Al mismo tiempo, la legislación nacional debería imponer a las autoridades fiscales una obligación análoga de informar en el caso de operaciones relacionadas con la delincuencia organizada y, como mínimo, para las operaciones relacionadas con el IVA y con los impuestos especiales. Hay que mejorar la cooperación entre los puntos de contacto previstos en la Directiva ; 0 debería abordarse el problema del blanqueo de capitales a través de Internet y de los productos monetarios electrónicos y exigir, en los pagos electrónicos y en los sistemas de mensajería, que los mensajes enviados especifiquen quiénes son el remitente y el beneficiario (véase la orientación política n° 11) ; g) habría que evitar que las personas físicas o jurídicas hagan un uso excesivo de los pagos en efectivo o cambios excesivos de divisas en efectivo para encubrir la conversión de los beneficios del delito en otro tipo de bienes (véase la orientación política n° 11). 37 Por otra parte, el Consejo y la Comisión deberían estudiar, teniendo en cuenta los instrumentos nacionales e internacionales existentes, la necesidad de crear disposiciones comunes para luchar contra la delincuencia organizada en materia de falsificación comercial y económica y de la falsificación total o parcial de monedas y de billetes de banca con motivo de la introducción de la moneda única. Fecha propuesta : finales de 1998 Responsables : Consejo/Europol/Comisión 38 A N E XO 6 Actividades del sector no financiero contempladas en la legislación antiblanqueo de los Estados miembros Bélgica Existe un proyecto de ley por el que se incluirán notarios y agentes judiciales ("notaires" y agentes "huissiers de inmobiliarios, casinos y transportistas de fondos justice"), contables y auditores, Dinamarca Casinos Alemania Grecia España Francia Irlanda Italia Casinos, subastadores, otras empresas que no estén ya sujetas a la obligación de colaborar en virtud de la legislación sobre blanqueo de capitales y cualquier persona que administra activos por cuenta de otra a cambio de remuneración Casinos Casinos, administradores de fincas, agentes inmobiliarios, joyeros, anticuarios, entidades relacionadas con la numismática y la filatelia Todas aquellas personas que, en el ejercicio de su profesión, proporcionan asesoramiento en operaciones que implican movimientos de capitales o ejecutan o controlan tales operaciones están obligadas a presentar una declaración a las autoridades cuando transacción está relacionada con el blanqueo de capitales. Las transacciones en efectivo están también sujetas a ciertos límites. tengan conocimiento de que una El Gobierno ha anunciado su subastadores, los agentes inmobiliarios y los contables. intención de incluir a los abogados, los Las transacciones por un importe superior a 20 millones de efectuarse a través de un intermediario financiero. liras deben Las nuevas normas legislativas aprobadas en 1997 establecen un procedimiento acelerado por el que las actividades no financieras pueden incluirse en el ámbito de aplicación de la legislación antiblanqueo. Luxemburgo Existe un proyecto de ley que engloba los casinos, los juegos de azar, los auditores y los notarios. Países Bajos Casinos. Los notarios han anunciado su intención de implantar voluntariamente un sistema de notificación de las transacciones sospechosas, indicando los casos graves de blanqueo de capitales. Los abogados y los contables ya han establecido un sistema similar. Austria Portugal Casinos Casinos, corredores y agentes fincas, empresas que organicen juegos y loterías, anticuarios, marchantes de arte, joyeros, comerciantes de aeronaves, embarcaciones y automóviles. inmobiliarios, administradores de 39 Finlandia (La normativa, que se encuentra en fase de proyecto, engloba los casinos, las oficinas de apuestas y los agentes inmobiliarios) Suecia Empresas fiduciarias Reino Unido Las normas fundamentales se refieren a todas las personas. Los reglamentos en materia de blanqueo de capitales engloban a todas las personas y entidades, incluidos los abogados y contables, cuando realicen actividades relacionadas con la banca, la inversión o los seguros. 40 ANEXO 7 Servicios de Inteligencia Financiera Conclusiones del Grupo Egmont con respecto a la colaboración y el intercambio de información Posibilidad general de celebrar acuerdos bilaterales y de información intercambiar directamente 1. A efectos de información Italia, Portugal, Suecia 2. A efectos de información y de investigación y enjuiciamiento penal Bélgica, Francia, Países Bajos, España, Reino Unido Posibilidad limitada Austria Dinamarca, Alemania, Luxemburgo Irlanda Finlandia (FSA) Ningún secreto de la información policial y judicial intercambio con servicios administrativos; Ningún intercambio con servicios administrativos Ningún intercambio con servicios administrativos y autoridades judiciales Ningún judiciales judicial intercambio con autoridades policiales o secreto de la información policial y ; 41 ANEXO 8 Número de notificaciones de transacciones sospechosas ESTADOS MIEMBROS 1994 1995 1996 1997 Belgicax Dinamarca Alcmania Grecia Espana Francia Irlanda Italia 2183 200 3282 684 3926 174 2935 163 866 5771 7747 254 3289 670 902 38 1213 199 (parte) 378 1034 2961 3218 Luxcmburgo9 75 77 Paises Bajos (inusualcs) (sospcchosas) 14 753 3546 15 007 2994 16 087 2 572 +/-17 000 Austria Portugal Finlandia Suecia 346 17 223 429 310 85 190 391 301 115 232 502 129 206 909 Reino Unido 15 007 13 170 16 125 14 148 x IJ Las cifras correspondientes a liclgica se relleren a 564, 7(>5, 1317 y 14X4 casos respect i vamenle. Las notificaciones correspondientes a ambos años se relleren a 901 y 3. 264 transacciones, respectivamente. 42 ANEXO 9 Resultados del sistema de notificación, enjuiciamientos y condenas Bélgica Dinamarca remitidos a Casos ; la Fiscalía del Estado 1995 - 149 ; 1996 - 321 y 1997 - 495. Desde 1994 se han pronunciado condenas en 48 casos, a raíz de informes enviados por el SI F belga a las autoridades judiciales. : 1994 117 - sobre se dispone de estadísticas completas los casos de No enjuiciamiento y condena, si bien se sabe que ha habido una serie de condenas por el blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas (7 en 1994 y 5 en 1995). En lo que respecta a los resultados del sistema de incoación de 26 notificación, 35 denuncias han dado procedimientos (por diversos delitos), en los que 49 personas han sido condenadas a prisión o han accedido a pagar mullas administrativas. Una persona ha sido absuelta. lugar a la Alemania 16 personas fueron condenadas en 1994, 15 en 1995 y 24 en 1996. Círecia España Francia Irlanda Italia De los 38 casos notificados al Comité establecido en virtud de la Ley n° 2331 de 24. 8. 1995, 13 han sido remitidos al Fiscal del Estado. Transacciones sospechosas notificadas a las autoridades policiales o judiciales: 19 en 1995; 165 en 1996. Expedientes remitidos a las autoridades judiciales : 22 en 1994 ; 30 en 1995 ; 47 en 1996 y 75 en 1997. A I males de 1996, se habían pronunciado 34 condenas definitivas (25 desde 1993). No obstante, esta cifra no incluye los casos en que el cargo imputado era el de receptación. I lasta la fecha ha habido una condena. Condenas por blanqueo de capitales en virtud de los artículos 648 bis (blanqueo de capitales) y 648 ter (utilización de fondos, bienes o activos ; de origen 62 y 3 en 1995 ; 116 y 9 en 1996. Las notificaciones de transacciones sospechosas han dado lugar a la apertura de 85 procesos penales, 16 por blanqueo y 69 por otros delitos. : 72 y 1 en 1993 58 y 4 en 1994 ilícito) ; Luxemburgo Están pendientes dos juicios de ámbito nacional. Países Bajos No existen estadísticas precisas sobre los casos de enjuiciamiento y condena por blanqueo de capitales. Anualmente se investigan unos 5. 000 casos de "•receptación". 43 Austria Portugal Finlandia Suecia Reino Unido Se han entablado 13 juicios formales, que han dado lugar a 3 condenas (1 en 1994 y 2 en 1995), una de las cuales se refería a dos personas; cuatro juicios han concluido en una absolución. En uno de los juicios que dieron lugar a una condena, se pidió a otro Estado miembro que entablase una acción judicial contra otras personas. Las notificaciones dieron lugar a 12 investigaciones en 1994, 49 en 1995 y 53 en 1996. Se han entablado 3 juicios, imputándose cargos a 26 personas. Una persona fue condenada en 1996. lugar a que se iniciaran Entre 1994 y 1997, 119 notificaciones de transacciones sospechosas dieron investigaciones pre-judiciales y se incoaron 70 procedimientos penales. De estos, a finales de 1997, se habían juzgado 13 y 4 se hallaban pendientes. En 4 casos se estaba fueron estudiando archivados y las investigaciones pre-judiciales aún continuaban en 28 casos. imputación de cargos. Veintiún expedientes la En el período 1994-97, fueron remitidas a la Fiscalía 66 notificaciones para que iniciara una investigación preliminar. En el mismo período se celebraron 21 juicios. Entre 1993 y 1996 hubo 25 condenas por blanqueo de capitales, de las cuales 13 fueron pronunciadas en 1996. Si bien uno solo de los casos de enjuiciamiento por este delito se derivaba de una notificación de transacciones sospechosas, las notificaciones remitidas a las autoridades policiales dieron lugar a más de 200 casos registrados de enjuiciamiento por otros delitos en 1996. 44 ISSN 0257-9545 COM(98) 401 final DOCUMENTOS ES 09 11 06 10 N° de catálogo : CB-C0-98-412-ES-C ISBN 92-78-37455-5 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo <+S