title: 98/667/CE: Decisión de la Comisión de 6 de mayo de 1998 relativa a la ampliación por Alemania de la subvencionabilidad mediante ayudas regionales de los costes de adquisición de bienes inmateriales por parte de grandes empresas, prevista en el 25o programa marco del régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales» [notificada con el número C(1998) 1942] (El texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE)

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text: L 316/48 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 25. 11. 98 DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 6 de mayo de 1998 relativa a la ampliación por Alemania de la subvencionabilidad mediante ayudas regionales de los costes de adquisición de bienes inmateriales por parte de grandes empresas, prevista en el 25o programa marco del régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales» [notificada con el número C(1998) 1942] (El texto en lengua alemana es el único auténtico) (Texto pertinente a los fines del EEE) (98/667/CE) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el párrafo primero del apartado 2 de su artículo 93, Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo y, en particular, la letra a) del apartado 1 de su artícu- lo 62, Después de haber emplazado a los demás Estados miem- bros y otros interesados para que presenten sus observa- ciones de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, Considerando lo siguiente: I Por carta de 25 de marzo de 1996, Alemania notificó, con arreglo al apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, el 25o programa marco del régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales» (25. Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe «Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur»). Mediante carta de 12 de agosto de 1996, la Comisión comunicó a las autoridades alemanas su decisión de incoar el procedimeinto del apartado 2 del artículo 93 del Tratado con respecto a este 25o programa marco, que entre otras cosas prevé la ampliación de la subvencionabilidad con ayudas regionales de los costes de adquisición de bienes inmateriales por parte de grandes empresas. Este procedimiento se refiere a las disposiciones siguien- tes: El régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales», el más importante régimen alemán de ayudas regionales, está cofinanciado y cogestionado por el Gobierno federal y los Estados federados. Prevé la conce- sión de subvenciones y garantías a proyectos de inversión y de infraestructuras ligados a actividades económicas en las zonas que pueden recibir ayudas regionales con arre- glo a las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. Con la aprobación anual de los planes marco se fijan los recursos presupuestarios para el período corres- pondiente y, en su caso, las condiciones de subvención. El programa marco precedente, el vigesimocuarto, que fue autorizado por la Comisión (N 531/95) (1), establece como costes subvencionables, además de los costes de adquisición, de fabricación y de arrendamiento financiero relativos a bienes materiales, los costes de adquisición de bienes inmateriales que puedan consignarse en el activo -por ejemplo, patentes, licencias o proyectos de inversión y aplicación- que cumplan los requisitos siguientes: — que se adquieran a terceras empresas o a una empresa que no tenga otros vínculos económicos, jurídicos o personales con la empresa beneficiaria, y — que permanezcan en el establecimiento de la empresa beneficiaria durante un período mínimo de tres años tras la finalización del proyecto de inversión, a menos que sean sustituidos por bienes económicos de igual o mayor valor; durante este período tampoco se pueden alquilar ni arrendar los bienes subvencionados, salvo que se haga en el marco de una escisión o cogestión empresarial que goce de reconocimiento fiscal con arreglo al artículo 15 de la Ley del impuesto sobre la renta (Einkommensteuergesetz) y dentro del estableci- miento del beneficiario de la ayuda o de una empresa vinculada, y — que no supongan más del 25 % del coste global de proyecto de inversión. En el 25o programa marco, las autoridades alemanas prevén suprimir el tercero de los citados requisitos, es decir, la exclusión de los bienes inmateriales que repre- senten más del 25 % del coste global de la inversión. En su decisión de incoar el procedimiento, la Comisión manifestó dudas en cuanto a la compatibilidad de este proyecto con el mercado común en lo que respecta a las grandes empresas, y ello por los siguientes motivos: (1) DO C 291 de 4. 10. 1996, p. 4. 25. 11. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 316/49 — la modificación en cuestión supone una ampliación de la base de cálculo del régimen, lo que, aplicando la misma intensidad de subvención, elevaría el importe de subvención admisible con respecto al importe auto- rizado conforme a la base-tipo de la ayuda prevista en el método de cálculo de ayudas establecido en la Primera Resolución, de 20 de octubre de 1971, de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miem- bros reunidos en el seno del Consejo, relativa a los regímenes generales de ayudas con finalidad regio- nal (2); — cuando se adoptó la decisión de incoar el procedi- miento, la posibilidad de subvencionar los costes de adquisición de bienes inmateriales al margen de un proyecto de investigación y desarrollo únicamente estaba prevista para las pequeñas y medianas empre- sas (PYME) en aplicación de las Directrices comunita- rias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y media- nas empresas (3); — teniendo en cuenta la movilidad de las inversiones inmateriales en el mercado común y, sobre todo, entre distintas instalaciones pertenecientes a la misma uni- dad económica, resulta difícil controlar con eficacia las malversaciones, porque estas inversiones, incluso cuando se realizan en regiones subvencionables, pue- den beneficiar en la práctica a empresas situadas fuera de tales regiones. Además, la Comisión tuvo en cuenta las consideraciones siguientes: — en el marco de la preparación de las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional (4) y en las reuniones multilaterales centradas en esta cuestión, varias delegaciones subrayaron la necesidad de que también fueran subvencionables los gastos en que incurren las empresas grandes con la adquisición de bienes inmateriales, — en el Libro Verde de la innovación (5) se señala la necesidad de que se subvencionen las innovaciones, — en el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo (6) la Comisión confirma la necesidad de que se subvencionen las inversiones inmateriales, sobre todo en zonas asisti- das. En cuanto a la subvencionabilidad de los gastos en inversiones inmateriales de las grandes empresas en los nuevos Estados federados [regiones a efectos de la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado], la Comisión tuvo en cuenta los aspectos siguientes: — en las zonas con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, las grandes empresas pueden también recibir, conforme a las condiciones (2) DO C 111 de 4. 11. 1971, p. 1. (3) DO C 213 de 23. 7. 1996, p. 4. (4) DO C 74 de 10. 3. 1998, p. 9. (5) COM(95) 688 final. (6) DO C 45 de 17. 2. 1996, p. 5. previstas en la Comunicación de la Comisión sobre el método de aplicación de las letras a) y c) del apar- tado 3 del artículo 92 a las ayudas regionales (7), además de las ayudas para inversiones fijas, ayudas de funcionamiento cuyo efecto distorsionador es mayor que el de las ayudas concedidas a los bienes inmate- riales dentro de los límites máximos aplicables a las ayudas regionales; — en las zonas que pueden acogerse a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado, es frecuente que no existan actividades locales de investigación y desarrollo adecuadas, tal y como ocurre, por ejemplo, en los nuevos Estados federados. Ahora bien, el éxito de la estrategia de desarrollo de los nuevos Estados federados depende básicamente de la capacidad de las empresas para desarrollar productos y procesos com- petitivos. Por tanto, habida cuenta de los problemas de liquidez de estas empresas, podría estar justificado que se tomaran en consideración los costes de adquisi- ción de bienes inmateriales. Cuando se comunicó la decisión de incoar el procedi- miento, se pidió a Alemania que se pronunciara al respecto. Mediante la publicación de esta Comunicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (8), se dio la oportunidad a los demás Estados miembros y otros interesados de que presentaran sus observaciones. II Mediante carta de 20 de septiembre de 1996, Alemania formuló las siguientes observaciones con respecto a la citada decisión: Alemania recuerda que en el Libro Verde de la innova- ción se subrayaba la necesidad de subvencionar las inno- vaciones, incluidas las inversiones inmateriales, y en las Directrices sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo, la necesidad de subvencionar las inversiones inmateriales. En relación con el peligro señalado por la Comisión de que se malversen las ayudas dada la movilidad de los bienes inmateriales en Alemania, las autoridades alema- nas consideran que los requisitos materiales para la concesión de ayudas a inversiones inmateriales son efica- ces para evitar que se produzcan malversaciones. En este contexto, Alemania señala que la subvención de los costes de adquisición de bienes inmateriales sólo se toma en consideración cuando el inversor no ha adquirido dichos bienas a una empresa vinculada o con la que existan lazos económicos, jurídicos o personales. Este requisito garantiza, por ejemplo, que una empresa matriz situada fuera de la zona asistida no disfrute indirectamente, mediante la transferencia de la ayuda obtenida por su filial, de la subvención de los costes de adquisición de bienes inmateriales. En opinión de Alemania, el régimen excluye así la posibilidad de que se transfieran beneficios en el marco de un contrato de adquisición de control o (7) DO C 212 de 12. 8. 1988, p. 2. (8) DO C 35 de 4. 2. 1997, p. 6. L 316/50 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 25. 11. 98 de transferencia de beneficios. Además, esta exlusión de la subvención también se aplica cuando se trata de empresas que mantienen lazos exclusivamente personales. De ello deducen las autoridades alemanas que la subven- ción de las inversiones inmateriales de empresas grandes sólo es aplicable cuando no existen lazos formales o de cualquier otro tipo entre la empresa solicitante, situada en una zona asistida, y otras empresas situadas dentro o fuera de dicha zona. En cuanto al método común para el cálculo de las ayudas previsto en la Resolución de 20 de octubre de 1971 (9), Alemania pone de manifiesto que la base-tipo de la ayuda ha de reflejar el desglose típico de las inversiones en función de cada Estado miembro. Considera que, teniendo en cuenta que esta regla data de hace veinticinco años, la creciente importancia de las inversiones inmate- riales exige su adaptación, y tales inversiones también han de quedar plenamente integradas en la base-tipo en el caso de las empresas grandes. Por último, las autoridades alemanas ilustran con datos actualizados la creciente importancia de los bienes inma- teriales en la subvención de inversiones. A su juicio, estos datos revelan que los proyectos de inversión en bienes inmateriales tienen un efecto mayor en términos de creación de empleo que las inversiones «clásicas». Ade- más, consideran que si se suprime el umbral de exclusión para las empresas grandes también se podrían subvencio- nar proyectos de inversión especialmente innovadores. III tación de la subvención al 25 % del importe global de la inversión de la base-tipo era demasiado restrictiva. Por último, en sus observaciones escritas al proyecto de Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regio- nal, de 16 de junio de 1997, las autoridades alemanas no se pronunciaron sobre el fondo de la cuestión de la subvencionabilidad de las inversiones inmateriales, sino que remitieron al presente procedimiento. En este sentido, ha de señalarse que las Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional fueron aproba- das (10). Las Directrices establecen que los costes subven- cionables también podrán incluir determinadas categorías de inversiones inmateriales (transferencia de tecnología en forma de adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados y conocimientos técnicos no patentados), siempre y cuando no rebasen del 25 % de la base-tipo aplicable a las empresas grandes. Además, los bienes inmateriales han de ser explotados exclusivamente en el establecimiento beneficiario de la ayuda regional, han de ser considerados elementos del activo amortizables, deben ser adquiridos a un tercero en condiciones de mercado y deben figurar en el activo de la empresa y permanecer en el establecimiento del beneficia- rio de la ayuda regional durante un periodo mínimo de cinco años. En este contexto, la Comisión, en consonan- cia con lo dispuesto en el punto 6. 1 de las Directrices y a modo de medidas apropiadas con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado, ha propuesto a los Estados miembros que modifiquen todos los regímenes de ayudas regionales que estén vigentes a 1 de enero de 2002 para hacerlos compatibles con estas Directrices a partir de 1 de enero de 2000. No se han recibido observaciones de otros Estados miem- bros ni de otros interesados en el marco del procedi- miento. IV No obstante, con motivo de la elaboración de las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regio- nal, varios Estados miembros se pronunciaron sobre la cuestión de la subvencionabilidad de los costes de adqui- sición de bienes inmateriales por parte de empresas grandes. En las reuniones multilaterales sobre el proyecto de dichas Directrices, celebradas los días 15 de mayo de 1996 y 23 de mayo de 1997, varias delegaciones manifes- taron su opinión sobre la subvencionabilidad de los bienes inmateriales en presencia de la delegación ale- mana. De hecho, la mayoría de las delegaciones de los Estados miembros abogaba por que se subvencionaran (al menos parcialmente) las inversiones inmateriales. En cambio, en la reunión multilateral de 23 de mayo de 1997, una delegación llamó la atención sobre el problema de la movilidad de los bienes inmateriales y sobre el consi- guiente peligro de malversación; otra estimó que la limi- Las ayudas a la inversión y garantías concedidas en aplicación del régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales» para cubrir también los costes de adquisición de bienes inmateriales constituyen ayudas estatales con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado. Estas ayudas son concedidas mediante recursos estatales a determinadas empresas o sectores de producción y pueden afectar al comercio entre Estados miembros y, por tanto, falsear la competencia. En consonancia con el método común de cálculo de las ayudas previsto en la Resolución de 20 de octubre de 1971, la Comisión, en lo que respecta a las ayudas regionales, parte de una base-tipo que consiste en una clave de desglose, ponderada en función de cada Estado miembro, de los gastos de inversión en terrenos, obras y equipos. Con arreglo a la letra d) del punto 5 del anexo de dicha Resolución, en el caso de Alemania los gastos se desglosan en un 65 % para equipos, un 30 % para obras (9) Véase la nota 2. (10) Véase la nota 4. 25. 11. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 316/51 y un 5 % para terrenos. Cuando se concedan ayudas para otros gastos (en el presente caso, para bienes inmateria- les), el método común del año 1971 prevé una retifica- ción de la base aplicable al régimen de que se trate con respecto a la base-tipo. La base de cálculo de los costes subvencionables del régimen común en el 24o programa marco, aprobado por la Comisión, ya englobaba, junto a los equipos y obras (pero excluidos los terrenos), los costes de adquisición de bienes inmateriales a condición de que no rebasaran el 25 % del coste global de la inversión. Por tanto, toda ayuda concedida en aplicación del 24o programa marco radica, de entrada, en una base distinta de la base-tipo. No está prevista la rectificación de la base de cálculo aplicable a los costes subvencionables dentro del régimen común. De ello se deduce que, de entrada, el importe de la subvención con arreglo al 24o programa marco puede ser mayor que si se aplica la base-tipo, porque la base de cálculo puede elevarse por encima del 25 % y porque esta elevación se compensa sólo parcialmente mediante la exclusión de los terrenos de la base de cálculo prevista por el régimen. La comptibilidad del 24o programa marco con el mer- cado común no constituye el objeto de la presente Decisión. Dado que la Comisión ya ha adoptado las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finali- dad regional y ha propuesto la adopción de medidas apropiadas pra su aplicación, y teniendo en cuenta que las Directrices prevén la subvencionabilidad de los costes de adquisición de determinados bienes inmateriales siem- pre y cuando, en el caso de las empresas grandes, no rebasen del 25 % de la base-tipo, en la fase actual no resulta conveniente proponer medidas apropiadas con arreglo al apartado 1 del artículo 93 para adaptar el 24o programa marco, de cara al futuro, a las normas sobre ayudas estatales. El proyecto de ayuda previsto en el 25o programa marco, que constituye el objeto del presente examen, prevé la supresión de la cláusula de exclusión vigente para las ayudas concedidas para los costes de adquisición de bienes inmateriales por parte de empresas grandes. Por tanto, cabe preguntarse si la inclusión ilimitada y sujeta a determinadas condiciones de los costes de adquisición de bienes inmateriales consignados en el activos en la base de cálculo de las ayudas regionales a empresas grandes en las zonas asistidas con arreglo a las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado puede conside- rarse compatible con el mercado común. Las excepciones previstas en el apartado 2 del artículo 92 del Tratado CE no son aplicables, porque no se trata ni de ayudas de carácter social [letra a)], ni de ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos excepcionales [le- tra b)], ni de ayudas para compensar las desventajas económicas derivadas de la división de Alemania [le- tra c)]. Tampoco cabe aplicar las excepciones previstas en las letras b) y d) del apartado 3 del artículo 92, porque el proyecto no está destinado a fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro ni a promover la cultura y la conservación del patrimonio. Por último, tampoco cabe aplicar la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 92 para los casos en los que se trata de facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas. Como ya se ha explicado, el presente procedimiento sólo se refiere a la cuestión de la subvencionabilidad de los costes de adquisición de bienes inmateriales por parte de empresas grandes, dado que las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas ya permiten, en determi- nadas condiciones, incluir de forma ilimitada los costes de adquisición de bienes inmateriales en la base de cálculo de las ayudas a PYME. Además, el proyecto examinado no prevé la concesión de ayudas para la adquisición de bienes inmateriales relacionados con un proyecto de investigación y desarrollo. Por esta razón, tapoco es aplicable en el presente caso el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo. En cambio, ha de examinarse si el proyecto puede declararse compatible con el mercado común en virtud de las excepciones regionales previstas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92. Como el 25o programa marco fue notificado antes de la entrada en vigor de las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finali- dad regional de 1997, la compatibilidad con el mercado común, a tenor de lo dispuesto en el punto 6. 1 de dichas Directrices, habría de examinarse con arreglo a los crite- rios vigentes en el momento de la notificación. Tal y como explicó Alemania en sus observaciones, la importancia que reviste la innovación para garantizar la competitividad mundial de las empresas comunitarias en un entorno competitivo global fue subrayada tanto en el Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo (11) (1994) como en el Libro Verde de la innova- ción (1995). Se considera que, además de la plena realiza- ción del mercado interior, de la unión económica y monetaria y del establecimiento de una política de com- petencia eficaz, resultan determinantes para reforzar la capacidad innovadora de la economía comunitaria la investigación, la formación profesional y la difusión de los resultados de la investigación. En este sentido, se ha comprobado que, comparativamente, se dedican menos recursos a la investigación y el desarrollo tecnológico en los Estados miembros que en otros países industrializados como Estados Unidos y Japón. Por ejemplo, los costes de inscripción de una patente son seis veces más elevados en la Comunidad que en Estados Unidos. Asimismo, Alema- (11) COM(93) 700 final. L 316/52 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 25. 11. 98 nia remite expresamente a la especial importancia que adquieren las inversiones innovadoras en las zonas menos desarrolladas económicamente de la Comunidad, en las que las PYME, en particular, tienen dificultades para financiar actividades innovadoras. En lo que respecta al empleo de recursos públicos para alcanzar estos objetivos, en el Libro Blanco se señala que «habrá que dispensar a la inversión en formación, investi- gación, promoción de la innovación y, más en general, en los componentes inmateriales del valor añadido un trato al menos tan favorable como a la inversión tradicional. Se trata de favorecer la aparición de nuevas generaciones de productos explotando lo mejor posible las tecnologías disponibles en el mercado mundial y la combinación dinámica entre la innovación en los procesos, en los productos y en la organización. La intensificación del esfuerzo de investigación de nuestras empresas y una mayor selección de los apoyos de los poderes públicos serán condiciones imprescindibles para lograrlo» (12). El cuanto a las disposiciones sobre las ayudas estatales, el Libro Verde de la innovación pone el acento en la revisión del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo. Por último, de una nueva publicación (13) se deduce que los gastos en el ámbito de las inversiones inmateriales están incluidos en una definición muy amplia que engloba gastos en investigación y desarrollo, adquisición de tecno- logía, relaciones públicas, formación y programas infor- máticos, tanto a escala macroeconómica como microeco- nómica de los gastos empresariales. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, ha de señalarse que la posible subvencionabilidad de los costes de adquisición de bienes inmateriales consignados en el activo sólo es una más de las posibles iniciativas para apoyar actividades empresariales innovadoras; además de ellas, existen sobre todo medidas legislativas y adminis- trativas para conseguir un entorno favorable a las innova- ciones o medidas para fomentar la formación profesional, la investigación y el desarrollo, así como las inversiones en bienes inmateriales que no pueden consignarse en el activo. En este contexto, ha de señalarse que la Comisión ya ha adoptado una serie de medidas en el ámbito de las ayudas estatales para respaldar la capacidad innovadora de las empresas. Se trata de las siguientes: — el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo de 1996 prevé que los proyectos de investigación y desarrollo, tam- bién en el caso de las empresas grandes y fuera de las zonas asistidas nacionales, puedan obtener ayudas más cuantiosas, dentro de los límites fijados en el (12) Punto 2. 3b. (13) «Intangible Investments: Impact on Competition and Scale Effects», The Single Market Review, subseries V, vol. 2, Comisión Europea 1998. Código de Subvenciones de la OMC, e incluye tam- bién «la investigación, los conocimientos técnicos, las patentes, etc. » en la lista de los costes de investigación y desarrollo subvencionables; — en el caso de las PYME, las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas de 1996 establecen la posibilidad, por un lado, de subvencionar inversiones inmateriales dentro y fuera de las zonas asistidas nacionales y, por otro, de subvencionar los gastos de asesoramiento, forma- ción y difusión de conocimientos; — las Directirces sobre las ayudas de Estado de finalidad regional de 1997 establecen que los gastos subvencio- nables pueden abarcar, si se cumplen ciertos requisi- tos, determinadas categorías de inversiones inmateria- les, siempre y cuando, en el caso de las empresas grandes, no rebasen del 25 % de la base-tipo de las ayudas; — el proyecto de Directrices sobre ayudas estatales de formación, que fue presentado a los Estados miem- bros por última vez en la reunión multilateral de 10 de marzo de 1998, amplía las posibilidades de conce- der ayudas a iniciativas de formación, también a las empresas grandes. De ello se deduce que la Comisión ya ha adoptado medidas importantes en el ámbito de las ayudas estatales para alcanzar el objetivo, que ella misma fijó, de fomen- tar la capacidad innovadora de empresas grandes. En particular, tal y como explicaba Alemania en sus observa- ciones, la Comisión, al aprobar las nuevas Directrices sobre las ayudas de Estado de finalidad regional, adaptó la base de cálculo de los costes subvencionables mediante ayudas regionales a la creciente importancia de las inver- siones inmateriales dentro de las inversiones de las empre- sas. La subvencionabilidad ilimitada mediante ayudas regio- nales de los costes de adquisición de bienes inmateriales, más allá de las disposiciones de los citados regímenes, no puede considerarse compatible con el mercado común con arreglo a las excepciones previstas en las letras a) y c) del apartdo 3 del artículo 92, por las siguientes razones: En primer lugar, la subvencionabilidad ilimitada de los costes de adquisición de bienes inmateriales mediante ayudas regionales trae como consecuencia una considera- ble ampliación de la base-tipo que sirve de base de cálculo para la concesión de ayudas a la inversión. Ello supondría un aumento importante del importe de subven- ción admisible con arreglo a las mismas intensidades de subvención, lo que elevaría el riesgo de que se falsee la competencia mediante la concesión de ayudas estatales. En segundo lugar, esta ampliación de la base-tipo merma- ría la posibilidad de comparar las ayudas entre los 25. 11. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas L 316/53 distintos Estados miembros y, por tanto, la competencia en el ámbito de las ayudas estatales, porque el concepto de bienes inmateriales que pueden ser consignados en el activo por parte de la empresa benificiaria se define con criterios distintos en cada Estado miembro y porque tales bienes están sujetos a normas contables distintas (14). Además, esta ampliación de la base-tipo también en el caso de las empresas grandes anularía la ventaja relativa que otorga la normativa comunitaria a las PYME en virtud de las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas. Estas Direc- trices deben compensar las desventajas que, entre otras cosas, limitan el acceso de estas empresas a los recursos financieros necesarios para la adquisición de nuevas tec- nologías. Esto no ocurre en el caso de las empresas grandes, que por lo general, gracias al desarrollo de programas de investigación, tienen más capacidad que las PYME para desarrollar sus propios bienes inmateriales. En cuanto al riesgo de malversación de las ayudas dada la movilidad de los bienes inmateriales, han de señalarse, ante los argumentos presentados al respecto por las autoridades alemanas, una serie de consideraciones. El requisito jurídico invocado por Alemania, según el cual el inversor no puede adquirir el bien inmaterial a una empresa vinculada, no permite descartar que la ventaja derivada de la concesión de una ayuda para desarrollar un proyecto de inversión en una zona asistida se trans- fiera a otras regiones, incluidas aquellas que no pueden obtener ayudas regionales. Ciertamente, la disposición invocada por Alemania permite evitar dicha transferencia de la ventaja financiera en caso de adquisición del bien inmaterial a una empresa vinculada y de la cesión de los derechos correspondientes a dicha empresa. Sin embargo, esta disposición no impide que se transfiera la ventaja financiera derivada de la ayuda a una zona no asistida en caso de que el bien inmaterial se adquiera a una empresa no vinculada a la empresa beneficiaria y se cedan los derechos ligados a dicho bien, a un precio inferior al que resultaría sin ayuda estatal, a una empresa (vinculada) situada fuera de una zona asistida. En este contexto, la fijación de un límite máximo para la subvención de los bienes inmateriales con respecto al coste global de las inversiones materiales permitiría vincu- lar las inversiones inmateriales a inversiones materiales garantizando que el valor añadido subvencionado se mantuviera en la región asistida. En particular, este límite máximo permite descartar que una empresa cree un establecimiento en una región asistida cuya única finali- dad consista en adquirir bienes inmateriales que, poste- riormente, beneficien a otros establecimientos, incluidos los que están fuera de las zonas asistidas. (14) Véase la nota 13. El requisito fijado en el régimen común para la concesión de una ayuda con arreglo al cual los bienes (materiales e inmateriales) deben permanecer en el establecimiento beneficiario de la ayuda durante un período mínimo de tres años a partir de la realización del proyecto de inversión, siempre y cuando no se sustituyan por bienes de igual o mayor valor, no puede por sí mismo evitar el riesgo de malversación. Si bien es cierto que esta disposi- ción -en la medida en que sea posible comprobar su observancia- puede garantizar que el bien sea explotado durante este período en el establecimiento beneficiario de la ayuda regional, no excluye la posibilidad de que los derechos ligados al bien inmaterial también sean aprove- chados por otros establecimientos, incluidos los que están situados fuera de las zonas asistidas. Para reducir en la medida de lo posible el riesgo de malversación de las ayudas regionales concedidas a empresas grandes, pero permitiendo al mismo tiempo incluir determinados costes de adquisición de bienes inmateriales en la base de cálculo de los costes subvencio- nables, parece imprescindible vincular las ayudas a inver- siones inmateriales a la realización de inversiones en activos materiales, por ejemplo, equipos y edificios, para poder aplicar las excepciones regionales previstas en las letras a) y c) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado. En cuanto al hecho de que, en el caso de las PYME, estos costes son subvencionables sin límite alguno, ha de tenerse en cuenta que estas empresas, debido a las desventajas que les son propias, se ven obligadas a adquirir bienes inmateriales con más frecuencia que las empresas grandes en vez de desarrollar nuevas tecnologías mediante sus propios proyectos de investigación y de- sarrollo. Con la aprobación de las Directrices comunita- rias sobre ayudas de Estado a las pequeñas y medianas empresas, la Comisión partió de la base de que las ventajas del objetivo perseguido mediante el fomento de la innovación superan las desventajas derivadas del riesgo de malversación. En cualquier caso, el tamaño de las PYME restringe el peligro de que se falsee la competencia por la malversación de las ayudas. Por último, ha de examinarse si, dada la falta de capaci- dad innovadora de las empresas situadas en regiones especialmente desfavorecidas, como los nuevos Estados federados, la inclusión ilimitada de los costes de adquisi- ción de bienes inmateriales en la base de cálculo de las ayudas a zonas asistidas puede considerarse compatible con el mercado común con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92. En todo caso, no ha de olvidarse a este respecto que la Comisión concede un tratamiento privilegiado a estas regiones: en cuanto a la base de cálculo, cuando se trata de inversiones iniciales, puede autorizar intensidades de ayuda más elevadas y, además de las inversiones iniciales, L 316/54 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 25. 11. 98 puede autorizar también ayudas de funcionamiento en determinadas condiciones; asimismo, se pueden conceder ayudas estatales con intensidad más elevada a proyectos de investigación y desarrollo. En consecuencia, no parece conveniente establecer otra base de cálculo de los costes subvencionables distinta de la aplicable a las ayudas concedidas fuera de las zonas asistidas con arreglo a la letra a) del apartado 3 del artículo 92. Los argumentos relativos a la ampliación de la base de cálculo y el consiguiente peligro de que se falsee la competencia, la imposibilidad de comparar definiciones diferentes de las inversiones inmateriales que pueden consignarse en el activo de la empresa beneficiaria, la compensación de las desventajas de las PYME con respecto a las empresas grandes, así como el riesgo de malversación de las ayudas regionales a inversiones inmateriales no pueden pasarse por alto en relación con las ayudas concedidas en estas regiones. Habida cuenta de estas consideraciones, la Comisión estima que la supresión de la cláusula de exclusión prevista en el 25o programa marco del régimen común «Mejora de las estructuras económicas regionales» con respecto a las ayudas para la adquisición de bienes inmateriales por parte de empresas grandes es incompati- ble con el mercado común, estructuras económicas regionales» con respecto a las ayudas para la adquisición de bienes inmateriales es incompatible con el mercado común en la medida en que se trata de empresas que no reúnen los criterios de la definición de PYME. Artículo 2 Alemania no podrá el 25o programa marco en la redac- ción prevista. Artículo 3 Alemania comunicará a la Comisión en un plazo de dos meses a partir de la notifcación de la presente Decisión, las medidas que haya adoptado en cumplimiento de la misma. Artículo 4 El destinatario de la presente Decisión será la República Federal de Alemania. HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN: Hecho en Bruselas, el 6 de mayo de 1998. Artículo 1 La supresión de la cláusula de exclusión prevista en el 25o programa marco del régimen común «Mejora de las Por la Comisión Karel VAN MIERT Miembro de la Comisión


title: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 952/98 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Μαΐου 1998 για καθορισμό του μέγιστου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή της λευκής ζάχαρης για την 37η τμηματική δημοπρασία που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1408/97

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title: Meddelande från kommissionen till rådet angående fastställandet av gemenskapens ståndpunkt inför diskussioner och förhandlingar om frågor gällande miljöskydd inom luftfarten som skall tas upp vid Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) 32:a sammanträde i Montreal från och med den 22 september till och med den 2 oktober 1998

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text: EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 06. 05. 1998 KOM(1998) 265 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET angående fastställandet av gemenskapens ståndpunkt inför diskussioner och förhandlingar om frågor gällande miljöskydd inom luftfarten som skall tas upp vid Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) 32:a sammanträde i Montreal från och med den 22 september till och med den 2 oktober 1998 SAMMANFATTNING ICAO:s generalsekreterare har inbjudit kommissionen att på Europeiska gemenskapens vägnar närvara som observatör vid ICAOis generalförsamlings 32:a sammanträde som kommer att äga rum i Montreal från och med den 22 september till och med den 2 oktober 1998. Generalförsamlingen kommer bland annat att ta upp frågor som rör miljöskydd inom luftfarten på grundval av rapporter från ICAO:s råd. Rapporterna omfattar bl. a. • flygplansbuller, utsläpp från flygplansmotorer, • miljöskatter och miljöavgifter, • förhållandet mellan ICAO och andra FN-organ som ansvarar för att fastställa miljöriktlinjer. i kommittén för Sedan 1991 har kommissionen deltagit med observatörsstatus miljöskydd för att ge rekommendationer till ICAO:s råd när det gäller frågor som flygplansbuller och utsläpp från flygplansmotorer. (CAEP). Denna kommitté ansvarar luftfarten inom Mot bakgrund av de långsamma framstegen vad gäller dessa frågor inom ICAO under de senaste åren, är kommissionen oroad över att det i de beslut som fattas inom ICAO inte tas tillräcklig hänsyn till de särskilda behoven när det gäller miljöskydd och förutsättningarna för utvecklingen av luftfartens infrastruktur i gemenskapen. Mot bakgrund av detta, och i ljuset av gemenskapens nuvarande behörighet på områdena flygplansbuller och beskattning av mineraloljor, samt gemenskapens intressen inom området utsläpp från flygplansmotorer och medlemsstaternas behörigheter på särskilda områden som också skall beaktas vid det 32:a sammanträdet, föreslår kommissionen att rådet godkänner de bifogade slutsatserna avseende den ståndpunkt som gemenskapen och medlemsstaterna skall inta vid det 32:a sammanträdet. MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET angående fastställandet av gemenskapens ståndpunkt inför diskussioner och förhandlingar om frågor gällande miljöskydd inom luftfarten som skall tas upp vid Internationella civila luftfartsorganisationens (ICAO) 32:a sammanträde i Montreal från och med den 22 september till och med den 2 oktober 1998. Inledning 1. Kommittén för miljöskydd inom luftfarten (CAEP) ansvarar för rekommendationer till ICAO:s råd när det gäller miljöfrågor inom luftfarten, och kommissionen har haft observatörsstatus i denna kommitté sedan 1991. 2. Enligt den preliminära dagordningen för ICAO:s generalförsamlings 32:a sammanträde, kommer ICAO:s råd att presentera en lägesrapport avseende verksamheten inom områdena flygplansbuller och konsekvenserna av utsläpp Iran flygplansmotorer. framfördes vid ICAO:s generalförsamlings 31:a sammanträde kommer rådet också att rapportera om miljöskatter och miljöavgifter samt om förhållandet mellan ICAO och andra FN- organ som ansvarar för att fastställa miljöriktlinjer. I enlighet med det krav som 3. Eftersom de frågor som generalförsamlingen kommer att diskutera och förhandla om, och som kan leda till att man fattar beslut, antingen ligger inom gemenskapens behörighetsområde (flygplansbuller och beskattning av mineraloljor) eller är av intresse för gemenskapen (utsläpp från flygplansmotorer), är det väsentligt att man i förväg fastställer gemenskapens ståndpunkt. Gemenskapens behörighet och/eller intressen 4. Gemenskapen har behörighet, eller åtminstone ett särskilt intresse, när det gäller flygplansbuller och gasformiga utsläpp från flygplan. Inom området internationella standarder avseende flygplansbuller är behörigheten exklusiv eftersom gemenskapen redan har lagt fram flera direktiv som berör denna specifika fråga. Del senaste är rådets direktiv 92/14/EEG av den 2 mars 1992 om begränsningar i utnyttjandet av flygplan som omfattas av volym 1, del II, kapitel 2 i bilaga 16 till konventionen om internationell civil luftfart, vilket för närvarande håller på att revideras. Dessutom antog kommissionen den 9 mars 1998 ett förslag till rådsdirektiv om användning och registrering inom gemenskapen av kapitel 2-flygplan utrustade med ljuddämpande anordningar (KOM(1998) 98 slutlig). 5. Frågan om utsläpp från flygplansmotorer är av särskilt intresse för gemenskapen med tanke på miljöskyddet samt industrins konkurrenskraft. Dessutom antog kommissionen den 3 december 1997 ett förslag till rådets direktiv om begränsning av kväveoxidutsläppen från flygplansmotorer. för punktskatter på mineraloljor respektive 6. Miljöskatter, och i synnerhet beskattning av fotogen, ligger inom gemenskapens behörighetsområde eftersom det genom direktiven 92/81/EEG och 92/82/EEG upprättas ett bindande gemenskapsomfattande system för harmonisering av strukturerna tillnärmning av för mineraloljor. Dessa harmoniseringsdirektiv förpliktar punktskattesatser medlemsstaterna att undanta flygbränsle som används för kommersiellt flyg från punktskatter, varigenom man åstadkommer fullständigt harmoniserade regler som medlemsstaterna inte kan påverka. Kommissionen har också antagit ett förslag till ett rådsdirektiv om en omstrukturering av gemenskapens regelverk för beskattning av energiprodukter (KOM(97) 30 slutlig), vilket inbegriper frivilliga bestämmelser när det gäller beskattning av flygbränsle som används för vissa flygningar inom det kommersiella flyget. 7. Dessutom anges, i artikel 2. 2 i Kyotoprotokollet till Förenta Nationernas ramkonvention om klimatförändringar, att parterna som nämns i bilaga I skall inte begränsa eller minska utsläppen från kontrolleras civila luftfartsorganisationen. Gemenskapens och dess medlemsstaters förestående ratificering av Kyotoprotokollet innebär att gemenskapen och medlemsstaterna skall agera tillsammans för att förhandla med ICAO om en sådan minskning. luftfarten av växthusgaser som genom Montrealprotokollet Internationella via 8. De ovannämnda rådsdirektiven och förslagen till rådsdirektiv avspeglar gemenskapens allmänna behörighet i frågor som rör den inre marknadens funktion och den gemensamma transport- och miljöpolitiken. Detta betyder inte bara att medlemsstaterna, oberoende av om de agerar enskilt eller kollektivt, inte får inga avtal med tredje land som påverkar sådana gemensamma regler, utan också, särskilt ljuset av medlemsstaternas skyldighet att underlätta förverkligandet av i gemenskapens uppgifter, att beslut som fattats eller riktlinjer som antagits för dessa områden inte kan fattas eller antas av enskilda medlemsstater eftersom detta skulle åsidosätta lagstiftningsprocessen på gemenskapsnivå. Därför är det, för det första, väsentligt att beslut som fattas eller riktlinjer som antas i ICAO:s generalförsamling blir bindande för gemenskapsprocessen genom en överenskommen ståndpunkt från gemenskapens sida. Detta är i synnerhet fallet när det gäller NOx-utsläpp från flygplansmotorer. Beslut som fattats i denna fråga vid det 3 2: a sammanträdet kommer att tas med i ICAO:s beslutsförfarande och kan mycket väl komma att resultera i ändringar av de standarder som anges i bilaga 16 (miljöskydd) till konventionen om internationell civil luftfart. (Chicagokonventionen). 9. Gemenskapen har emellertid inte undertecknat konventionen om internationell civil luftfart ICAO beslutade 1988 att ge gemenskapen observatörsstatus, men denna status inbegriper inte rätten att ta initiativ i ICAO- institutioner som rådet eller generalförsamlingen. Det kommer därför att vara nödvändigt att se till att rådets ordförandeskap, där det inte är möjligt för kommissionen att till fullo presentera gemenskapens ståndpunkt, presenterar densamma på gemenskapens vägnar. 10. Eftersom de frågor som skall diskuteras huvudsakligen ligger inom gemenskapens behörighetsområde, men också delvis inom medlemsstaternas behörighetsområde, är det, för det andra, nödvändigt att definiera huvudinnehållet i den ståndpunkt som medlemsstaterna skall inta samt förfaranden för en lämplig samordning mellan den ståndpunkten och gemenskapens ståndpunkt. Rådets slutsatser avseende den ståndpunkt som gemenskapen och medlemsstaterna skall inta vid ICAO:s generalförsamlings 32:a sammanträde Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommissionen att rådet antar följande slutsatser: ståndpunkt ICAO. s Gemenskapens generalförsamlings 32:a sammanträde och vid de kommittésammanträden som föregår generalförsamlingens sammanträde (dvs. kommittén för rättsliga, ekonomiska och administrativa frågor) skall vara följande: inför diskussioner och förhandlingar vid - Att säkerställa överensstämmelse mellan de resolutioner som antagits av ICAO:s och gemenskapslagstiftning existerande och generalförsamling gemenskapslagstiftning som är under utarbetande. relevant - Att genomföra förhandlingarna i syfte att • utverka ett löfte från ICAO:s generalförsamling om att starta ett arbetsprogram för att undersöka om det är tekniskt och ekonomiskt genomförbart att fastställa mer pågående forskningsverksamhet skall beaktas, liksom kapacitets- och driftsbegränsningar som av miljöskyddsskäl införs på flygplatser, flygplansbuller, standarder stringenta avseende där • få till stånd ett beslut i ICAO:s generalförsamling om tekniska standarder i or begränsning av kväveoxidutsläpp från flygplansmotorer, varvid hänsyn skall tas till teknisk sakkunskap och kostnadseffektivitet samt kommissionens förslag av den 3 december 1997 i detta ärende, • utverka ett löfte från ICAO:s generalförsamling om att fortsätta förberedelserna för ett progressivt införande av ekonomiska åtgärder som syftar till att förbättra situationen vad gäller luftfartens konsekvenser för miljön, varvid hänsyn skall tas till kostnadseffektiviteten hos dessa åtgärder, • utverka ett löfte från ICAO:s generalförsamling om att starta ett arbetsprogram som syftar till att säkerställa att lufttransporterna bidrar till uppnåendet av internationellt överenskomna mål när det gäller utsläpp av växthusgaser. Gemenskapens ståndpunkt skall läggas fram av kommissionen och, om nödvändigt, av ordförandeskapet på gemenskapens vägnar. Eftersom de frågor som skall diskuteras delvis också ligger inom medlemsstaternas behörighetsområde, skall den ståndpunkt som dessa lägger fram överensstämma med den ståndpunkt som presenteras ovan. Dessutom skall samordning ske (antingen på plats eller, i förekommande fall, i rådets instanser i Bryssel) i syfte att säkerställa nära samarbete mellan gemenskapen och dess medlemsstater och därmed enighet vid representation av gemenskapen på internationell nivå. Om resultaten av förhandlingarna och diskussionerna vid ICAO:s generalförsamlings 32:a sammanträde väsentligen överensstämmer med den ståndpunkt som presenteras ovan, skall dessa resultat godkännas av gemenskapen och dess medlemsstater. ISSN 1024-4506 KOM(98) 265 slutlig DOKUMENT SV 06 14 15 Katalognummer : CB-C0-98-281-SV-C ISBN 92-78-35446-5 Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer L-2985 Luxemburg ->