title: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Democratización, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y buen gobierno: retos políticos de la asociación entre la Unión Europea y los países ACP

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 12. 03. 1998 COM(1998) 146 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO Democratización, Estado de derecho, respeto de los derechos humanos y buen gobierno: retos políticos de la asociación entre la Unión Europea y los países ACP RESUMEN 1. La presente Comunicación está en la línea de las anteriores comunicaciones de la Comisión sobre los derechos humanos, la democratización y el Estado de derecho, en particular la de mayo de 1995, sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países, la de noviembre de 1995, sobre "la UE y los aspectos exteriores de la política de derechos humanos: de Roma a Maastricht y en adelante", así como la de marzo de 1996, sobre "la Unión Europea y los conflictos africanos: el restablecimiento de la paz, la prevención de los conflictos y otros problemas". 2. Responde a una triple exigencia: - aclarar a los socios ACP cómo interpreta la Comunidad Europea el contenido del Cuarto Convenio de Lomé revisado, que incluye en sus artículos 5, 224m y 366bis un texto sobre derechos humanos, democracia, Estado de derecho y buen gobierno; - contribuir a intensificar el debate en los países ACP para que, al aprobar las opciones políticas y sociales que les incumben, se respeten los elementos esenciales del Convenio de Lomé; - preparar y facilitar los debates que van a celebrarse, en primer lugar en el Consejo y a continuación con los países ACP, sobre las futuras relaciones ACP/CE. El Convenio de Lomé es el primero que se ha referido al respeto de los derechos humanos1. En ese sentido, desempeñó un papel de vanguardia a la hora de considerar estos principios fundamentales en el marco de la cooperación con terceros países. Estas razones explican por qué la Comisión ha considerado necesario elaborar una Comunicación específica sobre los países ACP. 3. La presente Comunicación se propone pues, a fin de cumplir las orientaciones generales en materia de derechos humanos: * aclarar los conceptos que figuran en el artículo 5 del Cuarto Convenio de Lomé revisado; Véase Lomé III: Preámbulo, artículo 4t, Declaración común ad. artículo 4 * elaborar un plan de acción a fin de: - sistematizar el diálogo con los países ACP y reforzar el debate en estos países sobre estas cuestiones con vistas a incorporarlas realmente; -hacer hincapié en una serie de medidas concretas, acciones prioritarias encaminadas al refuerzo de una cultura democrática y un entorno institucional más apropiado que favorezca el buen gobierno, incluidas directrices para prevenir y luchar contra la corrupción. Todos estos elementos permitirán establecer un marco operativo concreto que deberá inspirar el diálogo entre la Comunidad Europea y los países ACP, así como la programación y la inversión de los medios financieros previstos específicamente en este contexto, pero también influir en la aplicación de programas del FED creando un entorno institucional eficaz, transparente y equitativo. M INDICE I. Introducción Contexto general i) ii) Cuarto Convenio de Lomé iii) Evolución en los Estados ACP iv) Objetivos de la presente comunicación II. Objetivos reforzados de cooperación y asociación 1 1 2 3 3 5. Derechos humanos. Estado de derecho. Principios democráticos i) legitimidad ii) legalidad iii) aplicación efectiva A. Derechos humanos, Estado de derecho y principios democráticos 5 5 5 6 7 7 8 9 10 10 i) Definición ii) Aspectos del buen gobierno iii) La corrupción, principal obstáculo para el buen gobierno B. Buen gobierno 11 13 13 14 15 15 16 III. Plan de acción A. Intensificación del diálogo con los países ACP i) creación de un marco para el análisis ii) apoyo a redes regionales y nacionales de concertación B. Refuerzo de las medidas de apoyo en ámbitos prioritarios i) Reformas institucionales y administrativas ii) Educación para los derechos humanos y educación cívica iii) Refuerzo de la sociedad civil y de la participación de las mujeres en el proceso de democratización y desarrollo iv) Medidas de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción Medidas preventivas Sanciones C Cláusula de incumplimiento D. Conclusión 17 17 18 20 21 21 22 Anexo 1: Principales etapas en la inclusión de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho en las relaciones exteriores 24 DEMOCRATIZACIÓN. ESTADO DE DERECHO. RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y BIJEN GOBIERNO: RETOS POLÍTICOS DE LA ASOCIACIÓN ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS PAÍSES ACP I. INTRODUCCIÓN i) Contexto general 1. Durante la última década, la inclusión de los derechos humanos, el Estado de derecho y los principios democráticos en la política de la Unión Europea en general y en sus relaciones exteriores en particular ha adquirido una importancia creciente. Esta segunda dimensión fue objeto de una Comunicación al Consejo de la Unión 2. Europea y al Parlamento Europeo en noviembre de 19952 sobre "la Unión Europea y los aspectos exteriores de la política de derechos humanos: de Roma a Maastricht y en adelante". Tras recordar el acervo, los fundamentos y las prioridades de la acción llevada a cabo por la Comunidad y sus Estados miembros - cuyas etapas más importantes figuran en el Anexo 1 -, la presente comunicación resume las estrategias que deberán aplicarse en el futuro dentro de un marco coherente y coordinado. Al destacar los principios de universalidad, indivisibilidad e interdependencia que constituyen la base del sistema internacional de protección de los derechos humanos, la Comunicación define las áreas de actuación prioritarias que se desprenden de un planteamiento positivo, concreto y constructivo en este ámbito, en particular: * ; * * * el apoyo a los procesos de democratización en tanto en cuanto procesos a largo plazo que abarcan las fases de desarrollo de la sociedad civil, aplicación de las reformas institucionales y consolidación de la transición; la promoción y el refuerzo del Estado de derecho; el apoyo a las instituciones locales y regionales; el fomento de una sociedad civil pluralista en el marco de un desarrollo social y humano duradero. Esta misma comunicación reconoce la necesidad de profundizar, por una parte, en la reflexión sobre estos distintos temas, de disponer, por otra parte, de una gama de instrumentos que deberán utilizarse en función de las características propias de los países en cuestión y de reforzar^ finalmente, la capacidad de análisis y la competencia en estos ámbitos para poder orientar mejor las intervenciones según las distintas situaciones. COM (95) 567 final de 22. 11. 1995 El objetivo de la presente Comunicación es precisamente profundizar en la reflexión dentro del marco específico del Convenio de Lomé, manteniendo al mismo tiempo la coherencia del planteamiento respecto al conjunto de los países en vías de desarrollo. ii) Cuarto Convenio de Lomé 3. El Cuarto Convenio de Lomé, revisado por el Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995, confirmó estas orientaciones en sus artículos 5, 224m y 366bis indicando, por una parte, que la política de desarrollo y la cooperación están estrechamente vinculadas al respeto de los derechos y libertades fundamentales del hombre, así como al reconocimiento y la aplicación de los principios democráticos, la consolidación del Estado de derecho y el buen gobierno y, por otra parte, haciendo de estos principios elementos esenciales del Convenio. Estas nuevas disposiciones completan el Convenio de Lomé, en su vertiente económica, social y comercial, añadiendo una dimensión institucional y política que incorpora los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho como asuntos de interés común y elementos fundamentales del diálogo entre las Partes y los consagra como parte integrante de la política de cooperación. 4. A fin de reflejar la importancia de esta orientación, se ha previsto en el Protocolo Financiero del 8o FED (párrafo segundo del artículo 3) un importe incentivo de 80 millones de ecus, dentro de la dotación regional, destinado a completar la financiación de "reformas institucionales y administrativas en el contexto de la democratización y el Estado de derecho (artículo 224 m)" programadas por los Estados ACP y financiadas con cargo a su Programa Indicativo Nacional (PIN) o al Programa Indicativo Regional (PIR). Esta cantidad viene a añadirse a los créditos consignados en el presupuesto general de las Comunidades y previstos específicamente para las acciones positivas de apoyo a los derechos humanos y a la democratización. En este marco, se han financiado a partir de 1992 algunas acciones en favor de los países en vías de desarrollo por un importe total de 526 millones de ecus, incluidos 214 en favor de los países ACP. 5. Al m;smo tiempo, y como corolario de este planteamiento positivo, de acuerdo con la Decisión del Consejo de mayo de 19953, el Convenio prevé la posibilidad de adoptar medidas adecuadas en caso de violaciones graves y persistentes de los derechos humanos o de interrupción del proceso de democratización (artículo 366 bis). Introduce a tal efecto una cláusula de "incumplimiento", así como un mecanismo preciso de consulta entre las Partes sobre una base paritaria. El diálogo es el medio más indicado para llegar a una solución antes de aprobar cualquier medida negativa, excepto en caso de especial urgencia. En cuanto a las medidas, se destaca que la suspensión de la cooperación constituiría el último recurso. El artículo 366 bis establece también que toda medida "se revocará tan pronto como los motivos para tomarla hayan desaparecido". Para poder comprenderse y aplicarse correctamente, este artículo en su conjunto, y en particular el proceso de adopción y revocación de medidas negativas, debe tener en cuenta el contexto general del país y la naturaleza de las violaciones que se hayan constatado: será también necesario efectuar un análisis preciso de las condiciones mínimas que permitirán remediarlas. A este respecto, la Comisión transmitió al Consejo el 21 de febrero de 1996 una propuesta de decisión COM (95) 216 final de 23. 05. 1995 "relativa al procedimiento marco de aplicación del artículo 366bis del Convenio de Lomé"4. iü) Evolución en los Estados ACP 6. En pocos años, numerosos Estados ACP han realizado progresos importantes en la puesta en práctica de reformas que implicaban una profunda reorganización de los métodos de devolución y ejercicio del poder político, así como de las relaciones entre las autoridades públicas y los ciudadanos. Estas reformas, en particular, han modificado de manera radical el paisaje institucional y la práctica política en el sentido de una mayor participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos y en el ejercicio efectivo de las libertades civiles fundamentales. Estos avances se realizaron en condiciones socioeconómicas a menudo difíciles, mientras los Gobiernos de los países afectados estaban llevando a cabo programas de ajuste estructural. Estos procesos han tenido distintos resultados, generando una dinámica propia para cada país. De hecho, parece inevitable que reformas orientadas por una inspiración común y con objetivos idénticos deban modularse teniendo en cuenta la situación histórica del país y las distintas circunstancias en términos de secuencia, contenido y ritmo de ejecución. A la Unión Europea y a sus socios ACP les corresponde encontrar vías apropiadas ante esta dinámica múltiple y variada. La Unión Europea y los países ACP asumirán juntos esta nueva responsabilidad de orden político. Ese compromiso requiere una comprensión común, concreta y operativa de conceptos tales como derechos humanos, democracia, Estado de derecho y buen gobierno, lo que permitiría profundizar en el diálogo y reforzar la colaboración actual en estas materias. 7. Por otra parte, la Unión Europea hace cada vez más hincapié en la prevención de los conflictos y en la consolidación de la paz, especialmente en África. La comunicación de la Comisión de 6 de marzo de 19965 en ese sentido y la posición común,decidida por el Consejo con fecha de 2 de junio de 19976 sobre la prevención de los conflictos en África reconocen la importancia de un gobierno democrático para el desarrollo de las capacidades del Estado a la hora de prevenir y solucionar los conflictos. En este contexto, la legitimidad y las capacidades de un Gobierno para concebir políticas y aplicarlas en un contexto institucional que respete los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho constituyen un factor primordial de estabilidad estructural. Un sistema democrático permite establecer mecanismos a través de los cuales los distintos grupos de interés encuentran soluciones pacíficas a las tensiones que pueden oponerlos. iv) Objetivos de la presente comunicación 8. El apoyo a los procesos de democratización, al respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho, así como al buen gobierno, no pueden concebirse al margen del conjunto de las medidas de cooperación. Deben vincularse a ellas, como marco y componentes fundamentales de las políticas de cooperación. 4 COM (96) 69 final de 21. 02. 1996 5 SEC (96) 332 final de 6. 3. 96 6 DOn°L153dell. 6. 1997,p. 1 Si se quieren obtener resultados significativos, conviene precisar el sentido de estos conceptos, proponer algunos instrumentos y modalidades de acción, pero también movilizar medios financieros suficientes. Conviene armonizar también la acción de los Estados miembros y de los otros proveedores de fondos dentro de un planteamiento coherente donde los distintos asociados persiguen objetivos comunes a través de acciones coordinadas. 9. La necesidad de esta reflexión parece todavía más evidente a la luz del proyecto de directrices para la negociación sobre las futuras relaciones entre la Comunidad Europea y los países ACP, donde se profundiza en todos estos aspectos. Esta es una de las razones que abogan a favor de la inscripción de la presente comunicación en el espacio geográfico abarcado por el Convenio de Lomé. Por otro lado, este mismo Convenio contiene un dispositivo que crea un fuerte vínculo entre el diálogo político, la movilización de importantes recursos financieros para utilizarlos en estos ámbitos y el desarrollo. Por último, el marco convencional particular de Lomé, que permite intercambiar puntos de vista y llegar a un acuerdo sobre una base de asociación entre los 71 países ACP y la Comunidad Europea, constituye un marco excepcional para iniciar esta primera reflexión concreta. En el Tercer Convenio de Lomé, este mismo marco ya había desempeñado un papel de vanguardia al afirmar el compromiso de las Partes Contratantes respecto a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y su fe en los derechos humanos fundamentales, así como en la dignidad de las personas. 10. Es en este contexto donde, para llevar a cabo y mantener el rumbo de las reformas institucionales a la vez que se respetan los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de derecho y el buen gobierno, así como las exigencias propias de cada caso, y para dotar de una mayor visibilidad a la acción de la UE, la presente comunicación se propone: * aclarar los conceptos que figuran en el artículo 5 del Cuarto Convenio de Lomé revisado; elaborar un plan de acción destinado a: - establecer los objetivos y criterios que enmarcan el diálogo con los países ACP y reforzar el debate interno sobre dichas cuestiones con vistas a una verdadera asimilación de éstas; - hacer hincapié en una serie de medidas concretas, acciones prioritarias para el refuerzo de una cultura democrática y de un entorno institucional más adecuado que favorezca él buen gobierno, incluidas directrices para prevenir y luchar contra la corrupción. ÍI. OBJETIVOS REFORZADOS PE COOPERACIÓN Y PE ASOCIACIÓN 1. El artículo 5 del Convenio de Lomé revisado establece que "el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho, que sustenta las relaciones entre los Estados ACP y la Comunidad y todas las disposiciones del Convenio y rige las políticas internas e internacionales de las Partes Contratantes, constituirá un elemento esencial del presente Convenio". Este mismo artículo hace referencia al buen gobierno como objetivo de la cooperación, aunque no deba considerarse como un elemento esencial del Convenio. 2. Los objetivos del artículo 5 constituyen, a la luz de la experiencia histórica de los distintos pueblos, la condición necesaria para un desarrollo económico y social duradero. En efecto, ha quedado claro durante estas últimas décadas que no puede haber desarrollo humano duradero sin un entorno institucional y político respetuoso de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho. Este vínculo entre desarrollo y derechos humanos se reconoce explícitamente en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo. Por lo tanto, si bien es cierto que a cada país le corresponde decidir el modelo político y económico sobre cuya base quiere organizar la vida colectiva, no es menos cierto que, cualquiera que sea el modelo político y económico elegido, este deberá respetar los principios generales en materia de derechos humanos, así como los convenios e instrumentos jurídicos internacionales y regionales en estas materias. A. Derechos humanos. Estado de derecho y principios democráticos. Derechos humanos 3. Los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes. Se exigen a toda entidad estatal y no pueden someterse a limitación alguna. Deben ser respetados y promovidos en su totalidad, tanto si se trata de derechos civiles y políticos como de derechos económicos, sociales y culturales. Son objeto de convenios e instrumentos internacionales y regionales que conforman un marco jurídico a escala internacional (Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada en junio de 1981, etc. ). Los Estados participantes reafirmaron el conjunto de los compromisos contenidos en estos instrumentos en las conclusiones de la Conferencia de Viena sobre los derechos humanos celebrada en 1993. Estado de derecho 4. La primacía del Derecho constituye un principio fundamental de todo sistema democrático, y pretende favorecer y promover los derechos civiles y políticos, así como los derechos económicos, sociales y culturales. Implica asimismo la posibilidad del recurso, que permite a cada ciudadano defender sus derechos. Este principio de limitación del poder del Estado encuentra su plena expresión en el marco de un régimen representativo, cuya autoridad se basa en la soberanía popular. Deberá inspirar la estructura del Estado y las competencias de los distintos poderes. Se reflejará por ejemplo en: * un poder legislativo que respete y dé pleno efecto a los derechos humanos y libertades fundamentales; * un poder judicial independiente; * mecanismos jurídicos de recurso eficaces y accesibles; * un sistema jurídico que garantice la igualdad ante la ley * un sistema carcelario que respete la persona humana; * una policía al servicio del Derecho; * un ejecutivo eficaz que haga respetar la ley y que sea capaz de establecer las condiciones sociales y económicas necesarias para la vida colectiva. Principios democráticos 5. Al elegir la expresión "principios democráticos" en vez de "democracia", el artículo 5 del Cuarto Convenio de Lomé quiso hacer hincapié en los principios que deben inspirar el sistema de organización del Estado y garantizar el disfrute de los derechos y libertades fundamentales, reconocidos umversalmente, dejando al mismo tiempo a cada Estado y sociedad el derecho a elegir y desarrollar un modelo propio. Solo a través de un sistema de gobierno democrático podrán los derechos humanos expresarse en el respeto y reconocimiento de las culturas específicas que componen al Estado, puesto que tal sistema funda el poder político en la voluntad de la población y en la contribución voluntaria e individual de cada persona a la vida comunitaria. Por lo tanto, la existencia de un Estado democrático constituye una condición previa para el ejercicio de los derechos humanos. Es propio de un régimen democrático formalizar, cualesquiera que sean el sistema o el modelo adoptados, el desarrollo no violento de una dialéctica entre las aspiraciones de una mayoría y las de una minoría mediante un conjunto de normas aceptadas por todos y basadas en el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. De la adaptación permanente de estas normas a la historia, a las culturas y a las mentalidades específicas de cada país dependerá el refuerzo del proceso de democratización y su asimilación por estos países. El concepto de "principios democráticos" permite, por otro lado, hacer hincapié en "ej proceso dinámico" que lleva a una democracia. El proceso de democratización es, en efecto, un proceso gradual y constante, que debe tener en cuenta el contexto socioeconómico y cultural de cada país. 6. Los principios democráticos son interdependientes e indivisibles, y cada uno de ellos puede aplicarse integrando parcialmente a los demás. Constituyen un conjunto cuyas manifestaciones específicas serán fruto de una cultura democrática original en cada país. Por ejemplo, ía organización de elecciones, que representa un elemento fundamental y una etapa en la vía de la democratización, deberá inscribirse lógicamente en el proceso específico de un país, de su historia y de su cultura. Consideradas como un fin en sí mismas, las elecciones no garantizan necesariamente el carácter democrático de un país ni le dan la estabilidad política necesaria para su expansión. Deberán situarse en un contexto general en el que intervengan distintos elementos para preparar y consolidar el progreso hacia la democratización. Esto nos lleva a privilegiar una concepción plural, evolutiva e interactiva de los principios democráticos como otros tantos objetivos que deben alcanzarse y respetarse y como elementos de pleno derecho de la cooperación al desarrollo. 7. Dichos principios pueden articularse en torno a las tres características siguientes: a) legitimidad; b) legalidad; c) aplicación efectiva. Estos principios son al mismo tiempo objetivos que deben alcanzarse en el marco de la progresión hacia un verdadero Estado de derecho y áreas de intervención donde podrán utilizarse los medios financieros disponibles. i) Legitimidad 8. Este concepto, base de la autoridad estatal, implica que los líderes nacionales y locales se eligen libremente a través de mecanismos reconocidos y aceptados por los ciudadanos. Tales mecanismos deberían responder a criterios de no discriminación y aplicarse regularmente. La elección de los dirigentes de un país por sufragio universal libre e independiente y a través del voto secreto constituye el mecanismo de legitimidad por excelencia. Este proceso, por ejemplo, ha sido y podrá seguir siendo objeto de contribuciones de la Comunidad, sobre todo por lo que se refiere a los procesos de consulta de las poblaciones y a los mecanismos para la designación de los dirigentes y de los responsables públicos (censos, listas y comisiones electorales, elecciones locales o nacionales, supervisión y formación electoral, etc. ) ii) Legalidad 9. La legalidad implica la existencia de normas claramente definidas aplicables a todos los ciudadanos sin discriminación alguna, y se traducirá en: * un sistema constitucional, legislativo y normativo adecuado; * el reconocimiento de los derechos humanos y de las libertades fundamentales e individuales, tal como se mencionan en el punto Ü. A. 3. Toda medida de apoyo en este ámbito tendrá por objeto la elaboración de normas y leyes adecuadas, incluida la incorporación a la legislación nacional de los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. iii) Aplicación efectiva 10. La aplicación efectiva se refiere a los comportamientos y a la práctica de las autoridades, las instituciones y las personas jurídicas en cumplimiento del Estado de derecho y de los principios democráticos. Es en este contexto donde la organización institucional del Estado, la transparencia de las instituciones y de las decisiones, la capacidad institucional y la existencia de órganos de control cobran todo su sentido. Se trata pues de un proceso a largo plazo que afectará tanto a la estructura del Estado y de su administración como a la formación de una cultura democrática que permita a los distintos agentes de la sociedad obrar recíprocamente y reforzarse mutuamente. Debe hacerse especial hincapié en el refuerzo de las capacidades y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones. Por último, es en la aplicación efectiva donde el sistema democrático encontrará su realización concreta y permitirá establecer los mecanismos necesarios para alcanzar un consenso y encontrar la solución pacífica a los conflictos que opongan a los distintos grupos de interés. 11. La aplicación efectiva se traducirá, en particular, en: * la promoción y defensa de las libertades fundamentales, que constituyen el objetivo de todo sistema democrático, ya que este se basa en la protección de las libertades de los ciudadanos y de los grupos frente al poder del Estado; * la independencia de los distintos poderes, principio de limitación de los poderes del Estado que se referirá más concretamente a: la independencia del poder legislativo y judicial en relación con el ejecutivo; - - el funcionamiento efectivo de los tres poderes; * mecanismos institucionales de participación en la toma de decisiones y en las opciones de desarrollo, tanto a escala nacional y regional como local, lo que puede implicar, en particular: - la existencia de mecanismos de consulta y de participación en la toma de decisiones; - el reconocimiento de la democracia a escala local y del principio de libre administración de las poblaciones, que pueden traducirse en una descentralización administrativa; - el recurso a "consultas" sobre asuntos fundamentales; * el pluralismo político e institucional (Estado y sociedad civil, entendida como el conjunto de las instituciones y asociaciones sociales y económicas de un país que son independientes del Estado), que constituye una garantía para el equilibrio de poderes y que se traducirá fundamentalmente en: un sistema político libre y abierto; el reconocimiento de un estatuto para la oposición y de su papel, incluido el derecho a ejercer en la práctica actividades políticas; unos agentes de la sociedad civil dinámicos y libres de organizarse; la independencia y la libertad de los medios de comunicación; * la transparencia y la integridad de las instituciones: un poder democrático es un poder "cedido", limitado entre otras cosas por la soberanía popular. Las instituciones democráticas y sus responsables tienen que dar cuenta, en consecuencia, de sus decisiones y de su gestión, cuya responsabilidad asumirán en su totalidad. Estos principios se traducirán, en particular, en: - , mecanismos de control operativos e independientes; la publicidad de los actos; la información y comunicación de las actividades de las instituciones; el acceso de los ciudadanos a los servicios administrativos; una normativa destinada a favorecer la lucha contra la corrupción. B. Bnen gobierno 12. El buen gobierno representa generalmente el ejercicio del poder político, económico y administrativo en el marco de la gestión de los asuntos de un país. En ese sentido, se referirá a una gestión pública transparente, responsable, participativa, equitativa y respetuosa de los derechos humanos y el Estado de derecho. Abarcará asimismo todas las actividades del Estado en sus relaciones con la sociedad civil, su papel respecto al establecimiento de un entorno propicio al desarrollo económico y social y sus responsabilidades para una distribuciófi equitativa de los recursos. Dentro de este planteamiento general, el buen gobierno tiene al mismo tiempo una dimensión política que se refiere al comportamiento del Estado en su acción estrictamente política y otra relativa a las capacidades institucionales al referirse a la gestión económica y social de los recursos. 13. El artículo 5 del Cuarto Convenio de Lomé hace también referencia al concepto de buen gobierno entre los objetivos de la cooperación para un desarrollo equitativo y duradero. El buen gobierno se asocia a los objetivos de respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de derecho y los completa, pese a ser distinto, ya que el mismo artículo no hace del buen gobierno uno de los elementos esenciales del Convenio: "La política de desarrollo y la cooperación estarán estrechamente vinculadas al respeto y al disfrute de los derechos y las libertades fundamentales del hombre, el reconocimiento y la aplicación de los principios democráticos, la consolidación del Estado de Derecho y el buen gobierno7". 7 Cuarto Convenio de Lomé revisado, párrafo primero del apartado 2 del artículo 5. 9 i) Definición 14. De acuerdo con este planteamiento, el buen gobierno tiende a una gestión transparente y responsable del conjunto de los recursos de un país con vistas a un desarrollo económico y social equitativo y duradero. En ese sentido, los recursos de un país engloban los recursos humanos (conocimientos, competencia y capacidades), los recursos naturales y los recursos económicos y financieros internos y externos, incluidos los recursos de la ayuda al desarrollo. El concepto de buen gobierno se entiende en el marco de un ambiente político e institucional respetuoso de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de derecho. Pero da cuenta específicamente, al mismo tiempo, del papel de las autoridades públicas en la gestión de los recursos, la promoción de un entorno favorable a las iniciativas económicas y sociales y la decisión en materia de distribución de los recursos. El buen gobierno implica por lo tanto la existencia de instituciones competentes y eficaces que respeten los principios democráticos. Dicho concepto prolonga de esta forma los objetivos de democratización en el ámbito de la gestión de los recursos. ü) Aspectos del friien gobierno 15. La gestión transparente y responsable de los recursos a efectos de un desarrollo equitativo y duradero abarca cuatro dimensiones vinculadas y complementarias que coinciden inevitablemente con principios democráticos: • La equidad y la primacía del derecho en el ámbito de la gestión y. distribución de los recursos implican la existencia de un sistema judicial independiente y accesible que garantice a todos los ciudadanos un mínimo acceso a los recursos reconociéndoles el derecho a actuar contra las desigualdades. En el marco específico de la gestión de los asuntos públicos, esta dimensión se refiere, en particular, al entorno jurídico y normativo para que este último sea favorable a las iniciativas e inversiones del sector privado. • La capacidad institucional para administrar los recursos del país de manera eficaz con vistas a un desarrollo económico y social y, en consecuencia, para definir, aplicar y controlar políticas que respondan a las necesidades de las poblaciones. El Estado y las instituciones de la sociedad civil deben ser capaces de aplicar un modelo equitativo de desarrollo y de garantizar una explotación juiciosa de todos los recursos en favor del interés general. El desarrollo de las capacidades de las instituciones públicas y privadas es esencial, puesto que condiciona directamente el desarrollo económico y social, y en particular la eficacia de la cooperación al desarrollo. • La transparencia, o el hecho de rendir cuentas y de organizar procedimientos y mecanismos de control operativos en materia de gestión y distribución de los recursos, remiten a una gestión de estos que sea transparente y esté sujeta a procedimientos de control. Constituye también un factor importante de confianza 10 entre los distintos agentes del desarrollo, así como una garantía de la integridad de las instituciones. La participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones en materia de gestión y asignación de los recursos. Es impensable un desarrollo sin participación de la sociedad civil. Esta participación deberá permitir la concertación entre los distintos agentes del desarrollo para todas las decisiones importantes en materia^ de gestión y distribución de los recursos y en materia de programación del desarrollo. Esta dimensión se refiere también al lugar que se trata de otorgar a la iniciativa privada, a la empresa y a la sociedad civil en el desarrollo. iii) La corrupción, principal obstáculo para un buen gobierno 16. La corrupción, que puede definirse como el abuso de poder o la falta de civismo en el proceso de toma de decisiones con el fin de extraer beneficios o un provecho indebidos8, dificulta seriamente el desarrollo en general y el buen gobierno en particular: * Los criterios de elección de los proyectos en un entorno de corrupción no están directamente vinculados a objetivos de desarrollo ni al interés general, sino a intereses particulares, lo cual implica una reducción cualitativa proporcional en la realización de los contratos e incluso una falta de adecuación entre los objetivos y las acciones. La corrupción trae consigo en primer lugar un aumento de los costes, y a veces también un desvío de los recursos. * El encarecimiento significativo (del 10% al 20%9) del coste de las prestaciones y los suministros crea una inflación injustificada de los precios que grava los recursos internos y externos de las economías, aumenta en proporción la deuda y reduce la eficacia de la cooperación. A consecuencia de ello, el aumento ilícito de los precios recae en última instancia en los ciudadanos (precios más elevados, impuestos, pérdida o reducción del servicio público, etc. ). * La corrupción desemboca inevitablemente en un sistema económico que favorece el beneficio inmediato, la arbitrariedad y los intereses particulares. Se opone a toda idea de transparencia, equidad, Estado de derecho y participación. * La corrupción desalienta también a los inversores privados nacionales e internacionales al incrementar el coste de las transacciones y no procura ninguna garantía en cuanto a la seguridad de sus inversiones. La corrupción obstaculiza las reformas, la apertura y liberalización de la economía en la medida en que sirve intereses que se oponen a la reducción de los controles económicos y los monopolios. Esta definición de la corrupción se ha extraído de la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre una política de la Unión en materia de lucha contra la corrupción (COM (97) 192 final de 21. 5. 97). Estas cifras proceden de Transparency Internacional, ONG que opera en el ámbito de la lucha contra la corrupción internacional. 11 * La debilidad de la función pública incita a la criminalidad organizada a corromperla. La corrupción constituye un problema "horizontal" del buen gobierno. Mina todas sus bases y ha de afrontarse en consecuencia de manera prioritaria. 12 III. PLAN m ACCIÓN 1. El proceso de democratización es un proceso largo y complejo que engloba a todos los agentes de la sociedad y que implica tanto reformas constitucionales y legislativas como en las instituciones del Estado y de la sociedad civil. Tal proceso no puede iniciarse de manera válida y duradera en un país sin tener en cuenta sus características sociales, económicas, políticas y culturales. Por otro lado, deberá basarse asimismo, en: la voluntad política real y determinada de los dirigentes, la asimilación del proceso por los ciudadanos o, al menos, su participación directa en él. La inclusión de esta dimensión política e institucional en la cooperación al desarrollo requiere una serie de medidas concretas a distintos niveles: * * una intensificación del diálogo con los países ACP sobre los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de derecho y el buen gobierno, así como en el interior de estos países; un refuerzo del apoyo en ámbitos prioritarios, incluidas la definición y la aplicación de medidas de prevención y de lucha contra la corrupción; A. Intensificación del diálogo con los países ACP Sólo a través de un diálogo entre la Comunidad y los países ACP sobre estas 2. cuestiones podrá desarrollarse la dimensión política e institucional de la cooperación, a la vez que se respetan la soberanía y las características específicas de los países en cuestión. Debería establecerse un diálogo permanente con los países ACP. Las modalidades de este diálogo tendrían que definirse, especialmente, en el marco de la revalorización de la asociación entre la Comunidad Europea y los países ACP (Comunicación de la Comisión sobre las directrices para la negociación relativas al acuerdo de asociación para el desarrollo con los países ACP)10. Tal como ha propuesto la Comisión en este ámbito, habría que definir las modalidades del diálogo político con un máximo de flexibilidad. Este diálogo debería tener lugar en el momento más apropiado y a un nivel que corresponda a los asuntos que van a tratarse. Podría, en particular, adoptar la forma de intercambios y consultas dentro de instituciones comunes, así como a través de encuentros entre representantes de un país o una región ACP y representantes de la Unión Europea. Este diálogo debería permitir: definir mejor los conceptos a los cuales se hará referencia y los medios de analizarlos; 10 DOC. SEC (98) 119 de 28. 1. 1998 13 definir estrategias de aplicación de la cooperación en estos ámbitos a la vez que se refuerzan como complemento indispensable de la ayuda y de la cooperación económica; determinar medidas de apoyo y prioridades en este ámbito; iniciar en los países ACP una reflexión más profunda y abrir un debate sobre estas cuestiones entre los responsables públicos y políticos y los ciudadanos. i) Creación de un marco para el análisis A fin de iniciar este diálogo, parece indispensable proponer un marco para el análisis de estas cuestiones que le sirva de base. Este marco establecerá un perfil evolutivo del proceso de democratización, de la edificación de un Estado de derecho, la consideración de los derechos humanos y la calidad de la gestión de los asuntos públicos en un país. Su utilización debería ayudar al país y a sus asociados a: identificar mejor las acciones que van a llevarse a cabo; evaluar las acciones ya iniciadas; evaluar mejor, en su caso, un posible retroceso o violación de un elemento esencial del Convenio. Este marco de análisis permitirá evidentemente precisar mejor esta dimensión de la política de desarrollo, y será también ocasión y objeto de diálogo entre la Comunidad y los países ACP. Sería en efecto difícil e inútil iniciar un diálogo que sea puramente teórico. Es indispensable anclar este diálogo en las realidades propias del proceso específico de un país, sobre la base de valores umversalmente admitidos. El marco de análisis será por lo tanto inicialmente el marco del diálogo entre la Comunidad y los países ACP. Este marco de análisis consistirá en un instrumento metodológico que permitirá establecer un perfil evolutivo del proceso de democratización de un país. Se establecerá a partir de los principios democráticos y del Estado de derecho, así como los distintos aspectos del buen gobierno tal como se definen en la presente comunicación, como objetivos que deben lograrse. Por consiguiente, el marco de análisis evaluará la evolución de un país en función de que se alcancen o no estos objetivos, y permitirá valorar y seguir los progresos realizados en cada país, así como analizarlos mejor. El análisis deberá tener en cuenta en principio, a fin de respetar los criterios de Copenhague, tanto las Resoluciones convenientes adoptadas por el Parlamento Europeo como aquéllas aprobadas en el marco de la ONU, así como los informes de los relatores especiales y temáticos de las NU. Con el fin de garantizar un máximo de objetividad y evitar referirse a toda idea preestablecida y emitir un juicio de valores sobre cuestiones que pueden ser delicadas, el análisis respetará los siguientes principios estratégicos: 14 - La evaluación se basará en la observación de la'dinámica de un proceso que se está desarrollando en un país determinado; se evaluará la evolución de un país basándose en la realización concreta de determinados objetivos; los perfiles de países diferentes no son comparables. La única referencia de un país será el propio país. Son los perfiles de un mismo país en momentos diferentes los que se comparan y permiten el análisis; el ejercicio de análisis debe realizarse con los países en cuestión, o deben realizarlo ellos mismos; este ejercicio debe repetirse regularmente con el fin de permitir la comparación y el análisis evolutivo; debe considerar los objetivos como indisociables y formando un conjunto. iH Apoyo a redes regionales y nacionales de concertation 4. Como complemento a su diálogo con los países ACP, la UE debería actuar como catalizador de un debate sobre estas cuestiones en estos mismos países. La instauración de un debate requiere movilizar a los interlocutores. Para ello, conviene apoyar la creación o el refuerzo de redes sobre la base de un planteamiento regional y nacional, según el caso. Estas redes tendrían por objeto: completar el planteamiento propuesto aquí para la definición de los principios democráticos; aplicar este planteamiento a los contextos propios de las regiones en cuestión; validar un módulo de análisis, definir elementos de apreciación adecuados y preparar el ejercicio de evaluación en los distintos países de la región; determinar medidas prioritarias de apoyo; definir las modalidades para un desarrollo de las redes regionales de apoyo a la democracia; definir las modalidades para abrir y acelerar los debates en los propios países. Estos encuentros reunirán a los distintos agentes afectados por las cuestiones de democratización y gestión de los asuntos públicos, es decir, a los representantes del Estado, incluidos los representantes del poder judicial, de los partidos políticos y de la sociedad civil (ONG, instituciones socioeconómicas, sindicatos, movimientos femeninos, medios académicos, jefes tradicionales, responsables de los medios de comunicación, etc. ), así como a los representantes de los asociados al desarrollo. Pueden ponerse en marcha proyectos piloto en ese sentido a fin de experimentar el planteamiento propuesto. B. Refuerzo de las medidas de apoyo en ámbitos prioritarios 5. La inclusión de los nuevos objetivos de la cooperación al desarrollo implica también definir prioridades. Sin embargo, el concepto de acción prioritaria no puede entenderse en un sentido uniforme. Cada país constituye un caso particular y presenta una dinámica de democratización propia. Así como no puede existir un modelo democrático que deba reproducirse, tampoco pueden existir acciones prioritarias que deban reproducirse en todos los países. Habida cuenta de su especificidad cultural, social y económica, en 15 efecto, cada país se caracterizará por una dinámica propia de su proceso político. A la hora de llevar a cabo estas prioridades, convendría reconocer plenamente a las organizaciones interesadas que trabajan en estos ámbitos, con el fin de aprovechar su experiencia. No obstante, existen determinados tipos de medidas que pueden considerarse como prioritarias en el progreso hacia la democratización y el Estado de derecho. Éstas aparecen como componentes esenciales a fin de permitir una mayor eficacia de las políticas de desarrollo y una mejor gestión de los asuntos públicos. Estos tipos de acción pueden distribuirse en 4 categorías: i) Reformas institucionales y administrativas 6. Las reformas institucionales orientadas a la democratización y a la construcción de un Estado de derecho están previstas explícitamente como ámbito de aplicación de la cooperación en el artículo 224 m del Convenio de Lomé revisado y constituyen por lo tanto una prioridad reconocida por la Comunidad Europea y por los mismos Estados ACP. Entre estas reformas, debe hacerse hincapié en: * * * las reformas constitucionales destinadas a dotar al Estado de bases y estructuras apropiadas que respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales, los principios democráticos y el Estado de derecho. las reformas del sistema judicial con vistas a una justicia independiente y eficaz que constituya la base y la garantía de un Estado de derecho y de un entorno favorable al desarrollo. Esta prioridad debe ser objeto de una atención especial con la aplicación de programas de apoyo y desarrollo de la justicia. Del mismo modo, es importante velar por que las medidas previstas en el marco de los programas de ajuste estructural sigan siendo compatibles con las reformas institucionales que vienen a completar estos programas. Esta preocupación es coherente con los programas de ajuste estructural de "segunda generación", que incluyen en adelante la reforma judicial entre sus objetivos. las reformas de cara a la descentralización administrativa para el desarrollo y la implantación de la democracia a escala local. Ningún proceso de democratización será real sin que lo asuman las poblaciones que están en su base. Estas reformas contribuyen a un objetivo fundamental: que los ciudadanos vuelvan a ser responsables de su desarrollo y no sólo los asistidos del Estado, sino también sus asociados en una nueva concepción y distribución de sus papeles respectivos dentro de un entorno favorable a la iniciativa y a la valorización de los conocimientos y de las culturas locales. Estas reformas deben articularse también con un planteamiento descentralizado de la cooperación. * el apoyo al poder legislativo, cuya actuación condiciona directamente el proceso de democratización. Este apoyo debe permitir el ejercicio de una labor parlamentaria independiente y productiva tanto en su papel de control del poder ejecutivo como en el de legislador. 16 En este contexto, el apoyo a la promoción del parlamentarismo y a la cooperation parlamentaria regional podrían constituir vías que permitan reforzar la eficacia de los Parlamentos nacionales y crear fuertes vínculos entre Parlamentos de una misma región, lo que podría también contribuir a largo plazo a hacer más efectiva la participación de los miembros de los Parlamentos ACP en la Asamblea paritaria ACP-CE. el apoyo a la instauración de mecanismos adaptados de control y seguimiento presupuestario, indispensables para la transparencia necesaria de las instituciones en particular, el buen gobierno en general y, sobre todo, la adjudicación de los contratos públicos. el apoyo a los sistemas regionales de protección de los derechos humanos y a sus órganos de control (en particular, la Comisión africana de derechos humanos, la Comisión interamericana de derechos humanos y el Tribunal interamericano de derechos humanos). ii) Education para los derechos humanos y educación çfiyfca 7. Presentada como una condición para la expansión del individuo y como catalizadora de los procesos de democratización en el artículo 26 de la Declaración Universal y reiterada como una de las prioridades durante la celebración de la Conferencia de Viena sobre los derechos humanos. De conformidad con el planteamiento de la ONU, que hizo de la educación para los derechos humanos el tema de la década, la educación debe poner un acento especial en los derechos humanos y los principios democráticos. La educación cívica participa directamente en el objetivo de asimilación del proceso de democratización por parte de las poblaciones Consistirá en: * promover una cultura democrática, sobre todo en los centros docentes y en relación con los jóvenes, a través de programas institucionales; * concienciar a los ciudadanos sobre sus derechos y deberes fundamentales; * abrir el debate sobre las disposiciones específicas de aplicación de los principios democráticos en los países afectados. iii) Refuerzo de la sociedad civil y de la participación de las mujeres en el proceso de democratización y desarrollo 8. No es posible ninguna redefinición de las misiones del Estado en un contexto de democratización sin el refuerzo concomitante de la sociedad civil. Este refuerzo supone, por una parte, un desarrollo institucional que permita la existencia de ciertos mecanismos de limitación de los poderes que equilibren e incluso "validen" el juego democrático, además de garantizar la participación y la igualdad de todos los componentes de la sociedad: mujeres, minorías, etc. Se hace hincapié aquí en: 17 * el apoyo a unos medios de comunicación libres e independientes, que constituyen una exigencia inevitable para la instauración de un sistema pluralista respetuoso de los principios democráticos y una de sus principales manifestaciones. Este apoyo puede situarse en torno a una serie de ejes esenciales tales como la defensa de la libertad de prensa (apoyo a las organizaciones nacionales, regionales o internacionales y protección a las víctimas de violaciones), los aspectos deontológicos de la profesión (formación de los periodistas, mejora del marco legislativo y normativo), el acceso a las fuentes de información (apoyo a la creación de centros de documentación, intercambios Norte/Sur y Sur/Sur entre periódicos y radios, acceso compartido entre varios organismos de prensa a una agencia internacional de prensa o una fototeca). * Los asuntos relacionados con el género revisten una importancia determinante para la realización de los objetivos en materia de desarrollo duradero en todos los países afectados. La consideración del papel de la mujer dentro del proceso democrático para un desarrollo duradero implica el respeto previo de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, así como la lucha contra todo tipo de abuso o explotación del que puedan ser objeto en el entorno familiar, el lugar de trabajo, la comunidad o la sociedad. Esto implica sobre todo el incremento de la información sobre sus derechos y la garantía del acceso al sistema jurídico. Por otra parte, los procesos de democratización en curso o previstos son una ocasión para implicar directamente a las mujeres, que constituyen más de la mitad de las poblaciones afectadas, en la vida política nacional y local. Se trata de prepararlas para ejercer sus responsabilidades al mismo tiempo como electoras y posibles candidatas. La Resolución del Consejo de 20/12/1995 sobre la integración de las cuestiones relacionadas con la igualdad entre los sexos en la cooperación al desarrollo acordó a este respecto fomentar a todos los niveles el reparto del poder político y la participación plena e igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones. Toda dinámica de refuerzo de la sociedad civil debe incluir necesariamente a las instituciones o agrupaciones representativas de las mujeres, cuyo papel en el desarrollo es innegable, tanto si se trata de instituciones sociales como económicas y favorecer el acceso de las mujeres a la toma de decisiones en todos los sectores. la consideración de los derechos de las minorías étnicas, religiosas y culturales, a fin de contribuir a la estabilidad política y social del país. A este respecto, la Conferencia de Viena sobre los derechos humanos celebrada en 1993 subrayó la importancia de proteger y promover los derechos de las personas pertenecientes a minorías, es decir, entre otros, el derecho a practicar su propia cultura y religión y a utilizar su propia lengua. iv) Medidas de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción 9. La problemática del buen gobierno condiciona directamente la eficacia de la ayuda y está íntimamente ligada a la puesta en práctica de algunos de los elementos esenciales. 18 En el marco de la Comunicación de la Comisión al Consejo sobre las orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación entre la UE y los países ACP11, se propone por lo tanto hacer del buen gobierno un elemento esencial del nuevo acuerdo. Varias de las medidas ya citadas en la sección II relativas a la eficacia y al Estado de derecho, así como las medidas prioritarias identificadas anteriormente, redundarán en una mejora del buen gobierno: no es necesario, por lo tanto, insistir en ello. En cambio, en el marco específico del buena gestión de los recursos, incluidos los recursos de la ayuda al desarrollo, debe prestarse una atención especial a la lucha contra la corrupción internacional. Se firmó un convenio a tal efecto en el marco de la OCDE el 17. 12. 1997. La Comisión transmitió al Consejo de Ministros una comunicación sobre "la política anticorrupción de la UE"12. Se están celebrando toda una serie de debates internacionales sobre ese tema. La Coalición Mundial para África, reunida en Maputo los días 1 y 2 de noviembre de 1997, centró su debate en este asunto. La Comunidad ha desarrollado una estrategia de lucha contra el fraude y la corrupción con la que se pretende combatir a la gran delincuencia financiera que atenta contra las finanzas europeas. Se ha creado un marco jurídico nuevo para la protección de los intereses financieros13, incluido en el ámbito penal. Estas medidas de protección de la Unión Europea contra el fraude y la corrupción ya se han tenido en cuenta, y se reforzarán posteriormente, a la hora de llevar a la práctica la cooperación financiera y técnica con los países ACP. La lucha contra la corrupción implica medidas de prevención, así como sanciones, y se dirige tanto á la corrupción activa como a la pasiva, ya que toda acción corre el riesgo de ser ineficaz si no se combaten en paralelo estos dos aspectos. La Comunicación de la Comisión citada más arriba ya identificó una serie de principios y acciones que debían ser objeto de la política integrada de la UE en ese sentido. En este marco se abordan, en particular, las cuestiones de la penalización de la corrupción internacional, la supresión de las deducciones fiscales en los casos de corrupción y la mejora de los procedimientos relativos a los contratos públicos basándose en la transparencia y la eficacia de las directrices contables. La Comunicación también aborda la prevención de la corrupción en los terceros países que se benefician de ayuda comunitaria. Estas acciones recibieron también un apoyo político por parte del Consejo Europeo, que adoptó en junio de 1997 un plan de lucha contra el crimen organizado que incluía el compromiso de luchar contra la corrupción y las prácticas que la favorecen, tanto en el interior de la Unión como en las relaciones internacionales de ésta. 1J Véase nota a pie de página n° 10. 12 COM (97) 192 final de 21. 5. 1997. 13 Reglamentos, convenio y protocolos relativos a la protección de los intereses financieros y Convenio sobre la corrupción. 19 En la línea de lo anterior, deberían articularse una serie de directrices para luchar contra la corrupción en el marco de la política de desarrollo: Medidas preventivas 10. Estas medidas consisten esencialmente en establecer unas condiciones de transparencia que permitan la creación de un entorno justo. Pueden ser múltiples: * Medidas directas relativas a la normativa, que consisten fundamentalmente en aportar un apoyo (asistencia técnica) para la elaboración de legislaciones y normativas adaptadas que tengan en cuenta el problema de la corrupción. * Medidas relativas a los medios de control, que consisten en proporcionar una ayuda a los países para que establezcan instituciones y mecanismos de control eficaces e independientes: Tribunal de Cuentas, Control General de Estado, Instituciones relacionadas con los contratos públicos, auditorías internas y externas, etc. * Mejora de la eficacia de los procedimientos relativos a la financiación del desarrollo (FED) y la coordinación con el CAD y el Banco Mundial a este respecto. las cláusulas específicas anticorrupción en * La financiación de acciones directas de lucha contra la corrupción: envío de asistencia técnica, financiación de proyectos (seminarios, etc. ) y de instituciones específicas (como por ejemplo la Célula de moralización de la vida pública creada recientemente en Benin) y de ONG comprometidas directamente con esta lucha. * La sensibilización es un instrumento importante de lucha contra la-corrupción: no puede llevarse a cabo ninguna estrategia de lucha contra esta última si este fenómeno no se expone abiertamente con todas sus implicaciones. Esto pasa necesariamente por un trabajo de comunicación a distintos niveles a través de los canales existentes: acciones en relación con los medios de comunicación nacionales e internacionales, acciones de formación e información (seminarios, inclusión de este aspecto en determinados programas de formación, etc. ). Estas acciones de comunicación interesan también a las instituciones más afectadas: servicios de aduanas, Ministerios de Hacienda, etc. que deben integrar estrategias de comunicación asociadas a programas internos de lucha contra la corrupción. Algunas acciones de este tipo, sobre todo en Uganda, han dado resultados alentadores. * Medidas incentivas destinadas a reducir la tentación de la corrupción para los funcionarios públicos, como por ejemplo vincular parte de su remuneración al mérito y al rendimiento en el desempeño de sus funciones. * El apoyo de la Comunidad Europea a los programas de ajuste estructural de segunda generación, en los que se concede prioridad a la mejora del funcionamiento de la administración y de las instituciones públicas. Estos programas comportan por lo tanto un aspecto relativo a las acciones de reforma de la función publica y de los sistemas de control, especialmente en materia de lucha contra el fraude, incluido el examen de la definición de los objetivos, las tareas y los recursos humanos. 20 La UE, al igual que los países ACP, debe poner los medios para prevenir los ataques al Estado de derecho y las disfunciones en los mecanismos económicos que pueden resultar de la influencia y la actividad de grupos vinculados al crimen organizado que actúan, en particular, mediante la corrupción de los funcionarios o la participación en actividades económicas, en particular las que dependen del sector público o parapúblico. A este respecto, la UE y los países ACP deberán comprometerse sobre todo a estimular, ratificar y aplicar los convenios internacionales en materia de lucha contra la corrupción, contra las actividades ilícitas y, más en general, los que contribuyen a la lucha contra la criminalidad organizada internacional. Sanciones 11. Aunque el planteamiento negativo no sea el prioritario, ninguna política de lucha contra la corrupción será eficaz sin la existencia de sanciones precisas y operativas: * La introducción de mecanismos de sanción disciplinaria de los funcionarios públicos, sobre todo en caso de malas prácticas. * La definición clara de los crímenes de fraude y corrupción en las leyes nacionales y la aplicación de estas leyes. * La protección de los que denuncien el fraude. Esta debe ser objeto de un apartado especial del Código de Integridad destinado a los agentes e instituciones implicados en la ayuda al desarrollo. * La elaboración, respetando el Derecho comunitario y, en particular, los principios de la Directiva en materia de protección de los datos de carácter personal, de una "lista negra" por la Comisión. Esta lista incluiría los nombres, referencias y objeciones contra todas las empresas, instituciones y particulares que se hayan visto directamente implicados en prácticas de corrupción en el marco de los procedimientos de adjudicación o ejecución de los contratos relativos a la cooperación al desarrollo. Los criterios y modalidades para el establecimiento de tal lista se están estudiando actualmente en los servicios de la Comisión. C Cláusula de incumplimiento 12. El planteamiento de la Comunidad Europea en los ámbitos políticos de cooperación es, al igual que en otros ámbitos, un planteamiento principalmente positivo. Este incluye, no obstante, la posibilidad de adoptar medidas convenientes en caso de incumplimiento de una obligación relativa a uno de los elementos esenciales del Convenio de Lomé. El artículo 366bis del Convenio aclara los pasos que deben seguirse en estos casos y precisa los "momentos" y "agentes" de este proceso, a la vez que prevé una consulta entre las Partes sobre una base paritaria antes de tomar cualquier medida, excepto en caso de urgencia. 21 Para aplicar este dispositivo, es necesario poder evaluar el incumplimiento de una obligación en materia de respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho. La decisión de iniciar consultas con un país dependerá de una valoración política caso por caso, pero esta valoración debería partir de un análisis en profundidad de la situación del país en cuestión. 13. Además de las resoluciones e informes que se mencionan en el apartado 2 de la letra i) de la sección III, este análisis deberá tener en cuenta los informes realizados por los Jefes de las delegaciones de los Estados miembros y de la Comisión. Deberá basarse en una serie de elementos que permitan conocer la evolución del país en materia de respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho y de progreso en la vía de la democratización, con el fin de poder apreciar mejor el retroceso en el cumplimiento, o el incumplimiento, de uno o varios elementos esenciales. Tal valoración resulta importante en el contexto de las consultas entre las Partes que se efectúan "con el fin de examinar a fondo la situación y, cuando proceda, ponerle remedio". Debería también permitir identificar las medidas que deben adoptarse para restaurar, o incluso mejorar, la situación que causó la violación de uno de los elementos esenciales. 14. El artículo 366bis establece que si, a pesar de todos los esfuerzos, no se hubiera hallado ninguna solución, la Parte que haya aducido el incumplimiento podrá tomar las medidas adecuadas. A este respecto, se especifica que podrá considerarse la suspensión total o parcial de la aplicación del Convenio entre estas medidas, quedando entendido que "la suspensión constituirá el último recurso". Con estas medidas se pretende ejercer una presión a fin de mejorar la situación que ha llevado a inocar el artículo 366bis. Este objetivo deberá cumplirse teniendo en cuenta la necesidad de perturbar lo menos posible el funcionamiento del Convenio. La decisión sobre las medidas adecuadas deberá acompañarse, en la medida de lo posible, de medidas positivas de aplicación inmediata destinadas a crear un marco favorable para garantizar el restablecimiento, y la mejora de la situación. Aunque sea difícil precisar estas medidas fuera del contexto particular en el que deben aplicarse, pueden enumerarse una serie de criterios: *' las medidas serán proporcionales al incumplimiento; * a la hora de adoptar estas medidas, hay que evitar a toda costa que perjudiquen a la población; además, deberían acompañarse de acciones que beneficien directamente a esta última; así pues, si la medida prevé la suspensión de la cooperación, sería oportuno examinar caso por caso los proyectos en curso a fin de determinar los que no deberían verse afectados, ya que benefician directamente a las capas más desfavorecidas de la población. * la decisión sobre las medidas convenientes debería coordinarse y ser coherente con las medidas adoptadas por los Estados miembros; 15. La problemática del incumplimiento o la violación de uno de los elementos esenciales deberá conectarse finalmente a la de la prevención de estas violaciones, vinculada ella misma a la prevención de los conflictos. Un retroceso en materia de respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y el Estado de derecho 22 implicaría cuestionar la legalidad de un sistema y la posibilidad de resolver pacíficamente las tensiones y conflictos dentro de un país. D. Concesión 16. El conjunto de los elementos mencionados anteriormente permite establecer un marco operativo concreto que debería inspirar el diálogo entre la UE y los países ACP, así como la programación y la inversión de los medios financieros previstos específicamente en este contexto, pero también influir en la aplicación de programas del FED creando un entorno institucional eficaz, transparente y equitativo. 23 Principales etapas en la inclusión de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho en las relaciones exteriores ANEXO 1 Disposiciones en el Tratado 1. El Tratado de la UE que entró en vigor el 1 de noviembre de 1993 incorporó por primera vez el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de derecho como un elemento esencial de la pertenencia a la UE y como principio básico de su acción, (artículo F2) El artículo 130 U del Tratado de la Comunidad Europea establece también un estrecho vínculo entre la política de desarrollo, los principios democráticos, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos al especificar que "la política de la Comunidad (en el ámbito de la cooperación al desarrollo) contribuirá al objetivo general de desarrollo y consolidación de la democracia y del Estado de derecho, así como al objetivo del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales". Estas disposiciones representan un hito importante en la historia de la Comunidad y reflejan su evolución hacia una entidad política consciente de sus responsabilidades internacionales en estos ámbitos. Evolución de la inclusión de los derechos humanos, los principios democráticos, el Estado de derecho y el buen gobierno en las relaciones exteriores 2. En la Resolución del Consejo del 28 de noviembre de 1991 sobre los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, este recordaba que el respeto de los derechos humanos, el Estado de derecho y la existencia de instituciones políticas eficaces, responsables y con una legitimidad democrática son la base de un desarrollo equitativo; destacaba, por otra parte, su adhesión a los principios de la democracia representativa, el Estado de derecho, la justicia social y el respeto de los derechos humanos. Esta Resolución prolongaba y precisaba la Declaración de los Ministros de Asuntos Exteriores de la Comunidad sobre los derechos humanos, de 21 de julio de 1986, en la que se afirmaba que el respeto, la promoción y la protección de los derechos humanos constituyen un factor esencial de las relaciones internacionales y una de las piedras angulares de la cooperación europea. La misma Resolución introducía también el concepto de buen gobierno refiriéndose a algunos principios generales de gestión sin los cuales no puede existir un desarrollo equitativo, eficaz ni duradero, cuyo respeto desempeñará también un papel decisivo en las relaciones entre la Comunidad, sus Estados miembros y los Estados ACP en materia de cooperación al desarrollo. 24 Él 18 de noviembre de 1992, una segunda Resolución recordaba la de 1991 y precisaba algunos elementos de su aplicación que deberían ser objeto de un examen anual por parte del Consejo. Otra Resolución relativa al desarrollo humano y social reafirmaba en noviembre de 1996 la importancia de la promoción del buen gobierno en el marco de un desarrollo centrado en el Hombre. 3. En su Resolución sobre la democracia, los derechos humanos y el desarrollo en los países ACP adoptada el 31 de marzo de 1993 en Gaborone, la Asamblea paritaria ACP- CE invitaba al Parlamento y a la Comisión a adoptar medidas complementarias positivas en favor de los países ACP comprometidos en el proceso de democratización, así como a decidir los criterios y medios que deben emplearse para evaluar en qué medida se respetan la democracia y los derechos humanos. 4. El Consejo de Asuntos Generales celebrado en mayo de 1995 tomó buena nota de la Comunicación de la Comisión sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos entre la CE y terceros países14 y aprobó un dispositivo que debía insertarse a tal efecto en todos los acuerdos celebrados por la CE con estos países. Esta decisión tiene por objeto hacer más uniforme y coherente el planteamiento en materia de derechos humanos y principios democráticos en el interior de la UE. En aplicación de esta decisión, todos los acuerdos de cooperación, asociación o libre comercio celebrados por la Comunidad con terceros países contienen en lo sucesivo una cláusula relativa al respeto de los derechos humanos. El alcance de esta cláusula se inspira en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 217A (III) de 10 de diciembre de 1948. 14 COM (95) 216 final de 23. 5. 1995 25 ISSN 0257-9545 COM(98) 146 final DOCUMENTOS ES il 06 oí N° de catálogo : CB-CO-98-156-ES-C ISBN 92-78-31994-5 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo H


title: Vorschlag für eine Verordnung (EG) des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2022/95 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland

eurovoc_concepts:
Russia
anti-dumping duty
chemical salt
dumping
import

text: KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN Brüssel, den 12. 03. 1998 KOM(1998) 148 endg. Vorsehlag fur eine VERORDNUNG (EG) DES RATES zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2022/95 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland (von der Kommission vorgelegt) lUX. KflNIHJNC Mit Verordnung (EG) Nr. 2022/95! hat der Rat endgültige Antidumpingzölle auf Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland verhängt. Im Anschluß an die Einreichung einer Beschwerde der European Fertilizer Manufacturers Association am 14 April 1997, leitete die Kommission am 29 Mai 19972 eine Überprüfung gemäß Art. 12 der Verordung (EG) Nr. 384/96 des Rates im Hinblick auf solche Einfuhren ein. Die Ergebnisse dieser Überprüfung zeigen, daß der endgültig verhängte Zoll zu einer unzureichenden Erhöhung der Weiterverkaufspreise in der Gemeinschaft gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 384/963 führte. Nach der Verhängung des Zolls erhöhte sich die Dumpingspanne. Deshalb wird eine Änderung der Antidumpingmaßnahme von einem gegenwärtig anwendbaren Mindesteinfuhrpreis zu einem spezifischen Zollsatz von 26,3 Ecu per Tonne, auch im Hinblick auf die neuen Ergebnissen bezüglich der Ausfuhrpreise, vorgeschlagen. Der Beratende Ausschuß wurde am 14 Januar 1998 konsultiert und stimmte dem Vorschlag einstimmig zu. Der Juristische Dienst, die Generaldirektion für Industrie und die Generaldirektion für Zölle und indirekte Steuern wurden konsultiert und haben diesbezüglich zugestimmt. 1 3 ABl. Nr. L 198 vom 23 8. 1995, S. 1. ABl. Nr. C 162 vom 29. 5. 1997, S. 5. ABl. Nr L 56 vom 6. 3. 1996, S. 1. VERORDNUNG (EG) Nr. /98 DES RATES vom -f998 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2022/95 zur Einführung eines endgültigen Antidumpingzolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION - gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 384/% des Rates vom 22. Dezember 1995 über den Schutz gegen gedumpte Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft gehörenden Ländern1, geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2331/96 des Rates vom 2. Dezember I9962, insbesondere auf Artikel 12, auf Vorschlag der Kommission nach Konsultatton des Beratenden Ausschusses, in Erwägung nachstehender Gründe: A. VERFAHREN 1. Bisherige Maßnahmen (\) !m Rahmen eines regionalen Antidumpittgvei&hrens wurden im Mai 1994 mit Beschluß 94/293/EG der Kommission3 Antidumpingrnaßeahmen betreffend die Einfuhren von Ammoniumnrtrat mit Ursprung in Litauen und Rußland in das Vereinigte Königreich eingeführt. Bei diesen Maßnahmen handelte es sich um Verpflichtungen, denen zufolge die Ausfuhren aus den beiden Ländern in das Vereinigte Königreich jeweils auf 100. 000 Tonnen pro Jahr begrenzt werden sollten. Die Verpflichtung der russischen Behörden wurde jedoch bereits im ersten Jahr nach ihrer Annahme verletzt. 1 ABl. Nr. L 56 vom 6. 3. 1996, S. 1. 2 ABl. Nr. L 317 vom 6. 12. 1996, S. 1. 1 ABI. Nr. L 129 vom 21. 5. 1994, S. 24. 4SL (2) Duher wurde im Juni 1994 auf Antrag der "European Fertilizer Manufacturers' Association" (EFMA) eine gemeinschaftsweite Antidumpinguntersuchung betreffend die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Litauen und Rußland eingeleitet4. Im August 1995 führte der Rat mit Verordnung (EG) Nr. 2022/95* einen endgültigen Antidumpingzoll in Form eines variablen Zolls auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland ein. Der Zoll entsprach der Differenz zwischen einem Mindesteinfuhrpreis von 102,9 ECU/t und dem cif-Nettopreis frei Grenze der Gemeinschaft, unverzollt, sofern dieser niedriger war. Gleichzeitig stellte die Kommission das regionale Antidumpingverfahren betreffend die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland ein6. Was die Einfuhren mit Ursprung in Litauen anbetrifft, so wurde das gemeinschaftsweite Antidumpingverfahren aufgrund der Feststellungen zur Schadensursache ohne die Einfuhrung von Maßnahmen eingestellt7. Allerdings blieb die Verpflichtung, die im Rahmen des regionalen Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren mit Ursprung in Litauen in das Vereinigte Königreich angenommen worden war, weiterhin gültig. Die Untersuchung, die zur Einfuhrung der gemeinschaftsweiten Maßnahmen führte, wird nachstehend als "Ausgangsuntersuchung" bezeichnet. Der Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung erstreckte sich vom 1. April 1993 bis zum 31. März 1994. 4 ABI. Nr. C 158 vom 9. 6. 1994, S. 3. 5 ABl. Nr. L 198 vom 23. 8. 1995, S. l. 6 ABl. Nr. L 198 vom 23. 8. 1995, S. 29. 7 ABl. Nr. L 198 vom 23. 8. 1995, S. 27. 2. Antrag auf Wiederaufnahme der Untersuchung (3) Im April 1997 stellte EFMA einen Antrag gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 des Rates (nachstehend "Grundverordnung" genannt) auf Wiederaufnahme der Untersuchung betreffend die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland, um überprüfen zu lassen, ob sich die Maßnahmen auf die Weiterverkaufspreise oder die späteren Verkaufspreise ausgewirkt hatten. Der Antrag wurde im Namen von Gemeinschaftsherstellern gestellt, auf die gemäß Artikel 5 Absatz 4 der Grundverordnung insgesamt ein größerer Teil der gesamten Gemeinschaftsproduktion von Ammoniumnitrat entfallt und die somit in diesem Verfahren den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft bilden. (4) Im Antrag wurde behauptet, die Einfuhrung der Antidumpingzölle auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland habe zu keiner oder nur zu einer unzureichenden Erhöhung der Weiterverkaufspreise oder der späteren Verkaufspreise in der Gemeinschaft geführt. Die vom Wirtschaftszweig der Gemeinschaft vorgelegten Informationen enthielten genügend Anscheinsbeweise, um die Wiederaufnahme der Untersuchung zu rechtfertigen. Dabei handelte es sich um einen Vergleich des Weiterverkaufspreises je Tonne, der normalerweise nach der Einführung der Maßnahmen hätte in Rechnung gestellt werden müssen (berechnet durch Addition des in der Verordnung (EG) Nr. 2022/95 des Rates festgelegten Mindesteinfuhrpreises und aller zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf entstandenen Kosten), mit den tatsächlichen Weiterverkaufspreisen je Tonne in zwei Mitgliedstaaten (in Frankreich und im Vereinigten Königreich), auf die angeblich 82 % des Ammoniumnitratverbrauchs in der Gemeinschaft entfielen. 3. Wiederaufnahme der Untersuchung (5) Da die Beweise im Antrag als ausreichend angesehen wurden, veröffentlichte die Kommission am 29. Mai 1997 im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften* eine Bekanntmachung über die Wiederaufnahme der Untersuchung (gemäß Artikel 12 der Grundverordnung) betreffend die Antidumpingmaßnahmen für Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland und leitete eine Überprüfung ein. (6) Die Kommission unterrichtete die bekanntermaßen betroffenen Hersteller/Ausführer und Einfuhrer/Händler/Vertriebsgesellschaften, die Vertreter des Ausfuhrlandes und die Gemeinschaftshersteller offiziell über die Wiederaufnahme der Untersuchung. Die interessierten Parteien erhielten Gelegenheit, ihren Standpunkt schriftlich darzulegen und eine Anhörung zu beantragen. Alle Parteien wurden gehört, sofern sie einen entsprechenden Antrag stellten. Mehrere Einfuhrer/Händler/Vertriebsgesellschaften und EFMA sowie einige ihrer Mitglieder machten mündliche und schriftliche Sachäußerungen. Die Kommission sandte allen bekanntermaßen betroffenen Herstellern/Ausfuhrern und Einfuhrern/Händlern/Vertriebsgesellschaften direkt Fragebogen zu. 8 ABl. Nr. C 162 vom 29. 5. 1997, S. 5. (a) Hersteller/Ausfuhr er im Ursprungsland und geschäftlich mit ihnen verbundene Unternehmen Innerhalb der gesetzten Frist gingen keine Antworten auf den Fragebogen ein. Ein Hersteller/Ausfuhrer antwortete nach Ablauf der Frist, allerdings waren seine Antworten unzulänglich. Dieses Unternehmen erhielt daraufhin Gelegenheit, ergänzende Angaben zu machen, was es jedoch unterließ. Daher wurde das Unternehmen gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Grundverordnung davon unterrichtet, daß es als nichtkooperierende Partei angesehen werden würde, und erhielt Gelegenheit zur Stellungnahme. Nach Ablauf der Frist teilte das Unternehmen mit, daß es nichtvertrauliche Angaben gemacht habe, die die Kommission verwenden solle. Die übermittelten nichtvertraulichen Informationen waren jedoch fur die Oberprüfung eindeutig unzulänglich. ß) Einführer/Handler/Vertriebsgesellschaften in der Gemeinschaß Neun unabhängige Einfuhrer/Händler/Vertriebsgesellschaften meldeten sich bei der Kommission und beantworteten den Fragebogen. Zwei dieser Parteien arbeiteten in der Folge nicht mit, so daß sie aus der Überprüfung ausgeschlossen wurden. Gemäß Artikel 18 Absatz 4 der Grundverordnung wurden beide Unternehmen davon unterrichtet und erhielten Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Kommission führte Besuche in den Betrieben der folgenden Unternehmen durch: - Unifert France, SA, Frankreich - SHB Trading Ltd. , Vereinigtes Königreich - ConAgra Resources Europe Ltd. , Vereinigtes Königreich - Common Market Fertilizers, SA, Belgien. In den Betrieben der drei verbleibenden kooperierenden Einführer/Händler/Vertriebsgesellschaften führte die Kommission keine Besuche durch, allerdings trug sie den Antworten dieser Unternehmen gebührend Rechnung. (7) Die Überprüfung betraf den Zeitraum vom 1. April 1996 bis zum 31. März 1997 (nachstehend "Überprüfungszeitraum" genannt). (8) Die Überprüfung überstieg den in Artikel 12 Absatz 4 der Grundverordnung vorgesehenen normalen Zeitraum von sechs Monaten, da die Kommission aufgrund der geringen Bereitschaft zur Mitarbeit Mühe hatte, die erforderlichen Informationen einzuholen. B. WARE (9) Die Überprüfung bezog sich auf die gleiche Ware mit Ursprung in Rußland wie die Ausgangsuntersuchung, d. h. auf Ammoniumnitrat, ein Düngemittel, das in Form von Prills oder Granulat vermarktet wird und derzeit den KN-Codes 3102 30 90 (Ammoniumnitrat, nicht in wäßriger Lösung) bzw. 3102 40 90 (Mischungen von Ammoniumnitrat und Calciumcarbonat oder anderen nichtdüngenden anorganischen Stoffen mit einem Gehalt an Stickstoff von mehr als 28 GHT) zugewiesen wird. C. ÜBERPRÜFUNG 1. Mitarbeit (10) Kein Hersteller/Ausfuhrer von Ammoniumnitrat mit Sitz in Rußland - und auch kein(e) Einführer/Händler/Vertriebsgesellschaft mit Sitz innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft * arbeitete an der Überprüfung mit. Wie unter Randnummer 11 dargelegt, war auch die Mitarbeit auf Seiten der unabhängigen Einführer/Händler/Vertriebsgesellschaften innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft begrenzt. Daher wurden gemäß Artikel 18 der Grundverordnung die verfügbaren Informationen herangezogen, d. h. die Angaben der Zollbehörden des Vereinigten Königreichs, Daten aus Handelsblättern und die Angaben der kooperierenden Einführer/Händler/Vertriebsgesellschaften bzw. des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft. (11) Auf die kooperierenden Unternehmen entfielen im Überprüfungszeitraum nur 20 % der Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland in die Gemeinschaft. Zudem waren mehrere kooperierende Unternehmen mit nichtkooperierenden Unternehmen geschäftlich verbunden, die am Handel mit Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland beteiligt waren. Obwohl die Kommission deswegen nicht hundertprozentig von der Vollständigkeit der Angaben überzeugt sein konnte, berücksichtigte sie gemäß Artikel 18 Absatz 3 der Grundverordnung die Informationen ggf. dennoch, da die Mängel nicht der Art waren, daß sie angemessene und zuverlässige Feststellungen über Gebühr erschwerten. Zur Berechnung des Weiterverkaufspreises der betroffenen Ware, der nach der Annahme der Maßnahmen angemessenerweise zu erwarten gewesen wäre, stützte sich die Kommission daher auf die zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf angefallenen und in den Betrieben überprüften Kosten der kooperierenden Unternehmen, die ihrer Auffassung nach die genauesten Angaben gemacht hatten. 2. Erhöhung der Weiterverkaufspreise in der Gemeinschaft (12) Gemäß Artikel 12 Absätze 1 und 2 der Grundverordnung wurde geprüft, ob sich die Weiterverkaufspreise in der Gemeinschaft nach der Einführung der endgültigen Antidumpingzölle im Jahr 1995 wie erwartet erhöht hatten. Dazu verglich sie den Weiterverkaufspreis, der dem ersten unabhängigen Käufer im Überprüfungszeitraum normalerweise hätte in Rechnung gestellt werden müssen ("Benchmark-Weiterverkaufspreis "), mit dem tatsächlichen Weiterverkaufspreis in diesem Zeitraum ("tatsächlicher Weiterverkaufspreis"). (a) Berechnung des Benchmark-Weiterverkaufspreises (13) Zur Berechnung des Benchmark-Weiterverkaufspreises erschien es angemessen, den in der Ausgangsuntersuchung ermittelten Mindesteinfuhrpreis und sämtliche zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf angefallenen Kosten sowie einen Betrag fur die Gewinne zu addieren. In Ermangelung besserer Informationen wurde bei der Ermittlung der zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf angefallenen Kosten zwischen den kooperierenden Einfuhrern/Händlern/Vertriebsgesellschaften - bei denen die im Betrieb überprüften Kosten zugrunde gelegt wurden - und den nichtkooperierenden Unternehmen unterschieden - bei denen gemäß Artikel 18 der Grundverordnung die verfügbaren Informationen verwendet wurden. (14) Bei der Berechnung der zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf angefallenen Kosten der kooperierenden Unternehmen wurden geeignete, im Betrieb überprüfte Beträge für Zölle, Bereitstellungs- und Nebenkosten, Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten {einschließlich Kreditkosten) sowie Gewinne berücksichtigt. Nach der Unterrichtung über die Feststellungen im Rahmen der Überprüfung machte ein Einführer geltend, der zugrundegelegte Gewinn entspreche nicht den hu Betrieb überprüften tatsächlichen Zahlen. Nach Überprüfung der zugrundegelegten Gewinnspanne wurde eine angemessene Berichtigung (15) Im Falle der nichtkooperierenden Unternehmen wurden angemessene Beträge für Zölle, Bereitstellungs- und Nebenkosten, Warenverluste, Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (einschließlich Kreditkosten) sowie Gewinne berücksichtigt, wobei jeweils die höchsten Kosten herangezogen wurden, die in den einzelnen Mitgliedstaaten bei den kooperierenden Unternehmen ermittelt wurden. Dabei wurde den Angaben der Zollbehörden Rechnung getragen, denen zufolge die nichtkooperierenden Unternehmen die betroffene Ware in erster Linie unverpackt in das Vereinigte Königreich einführten. Daher wurden bei den Einfuhren der nichtkooperierenden Unternehmen in das Vereinigte Königreich auch die Kosten für das Abfüllen der Ware in Säcke und für die Säcke selbst in die zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf angefallenen Kosten einbezogen. Der Betrag für die Gewinne wurde anhand der Angaben im Überprüfungsantrag ermittelt. (16) Zur Berechnung des Benchmark-Weiterverkaufspreises, ausgedrückt in Ecu, im Überprüfungszeitraum wurden die gewogenen durchschnittlichen Kosten zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf, die Gewinne und der in der Ausgangsuntersuchung ermittelte Mindesteinfuhrpreis (auf der Stufe cif Grenze der Gemeinschaft, unverzollt) verglichen. (b) Tatsächlicher Weiterverkaufspreis nach der Einführung der Maßnahmen (17) Danach ermittelte die Kommission den tatsächlichen Preis, zu dem die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland im Überprüfungszeitraum an den ersten unabhängigen Käufer in der Gemeinschaft weiterverkauft wurden. Dabei unterschied sie zwischen den Einfuhren der kooperierenden Einführer/Händler/Vertriebsgesellschaften und denjenigen der nichtkooperierenden Unternehmen. 10 (18) Im Falle der Einfuhren der kooperierenden Unternehmen wurde der tatsächliche Weiterverkaufspreis anhand der im Betrieb überprüften Angaben ermittelt. (19) Bei den Einfuhren der nichtkooperierenden Unternehmen wurde der tatsächliche Weiterverkaufspreis im Überprüfungszeitraum gemäß Artikel 18 der Grundverordnung je Mitgliedstaat auf monatlicher Grundlage anhand der verfügbaren Informationen ermittelt, und zwar anhand der in Handelsblättern veröffentlichten Marktpreise. Um die mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit nicht zu belohnen und um der Tatsache Rechnung zu tragen, daß sich die genannten Marktpreise auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat aus sämtlichen Drittländern bezogen, während die im Verlauf der Überprüfung eingegangenen Informationen darauf hindeuteten, daß das russische Ammoniumnitrat zu niedrigeren Preisen verkauft wurde als das übrige eingeführte Ammoniumnitrat, wurde in Ermangelung besserer Informationen jeweils der niedrigste veröffentlichte Marktpreis zugrunde gelegt. (20) Schließlich wurde für alle Einfuhren der betroffenen Ware (sowohl lose als auch in Säcken) im Überprüfungszeitraum ein einziger gewogener durchschnittlicher tatsächlicher Weiterverkaufspreis in Ecu ermittelt. (c) Unzureichende Erhöhung der Weiterverkaufspreise (21 ) Danach wurde die Differenz zwischen dem tatsächlichen Weiterverkaufspreis und dem Benchmark-Weiterverkaufspreis berechnet, um festzustellen, ob sich die Weiterverkaufspreise nach der Einführung der Antidumpingmaßnahmen ausreichend erhöht hatten. 11 (22) Dabei zeigte sich, daß die Einführung der Antidumpingmaßnahmen nur zu einer unzureichenden Erhöhung der Weiterverkaufspreise in der Gemeinschuft geführt hatte. Der tatsächliche Weiterverkaufspreis war im gewogenen Durchschnitt niedriger als der Benchmark-Weiterverkaufspreis. Dieser fehlende Preisanstieg, ausgedrückt als Prozentsatz des gewogenen durchschnittlichen tatsächlichen Weiterverkaufspreises, erreicht folgenden Wert: 9,0%. Aufgrund dieser deutlich unzureichenden Erhöhung der Weiterverkaufspreise erschien es nicht mehr notwendig zu prüfen, ob sich die späteren Verkaufspreise in der Gemeinschaft ausreichend erhöht hatten. (d) Sonstige Faktoren, die möglicherweise den durchschnittlichen Weiterverkaufspreis der Ware nach der Einführung des Antidumpingzolls beeinflußten (23) Während der Überprüfung brachten die interessierten Parteien keine sonstigen Argumente vor bzw. wurden keine sonstigen Faktoren ermittelt, die hätten erklären können, warum sich die Weiterverkaufspreise nach der Einführung des Antidumpingzolls nicht in dem angemessenerweise zu erwarteten Umfang erhöhten. Einige Einführer behaupteten, die niedrigen Weiterverkaufspreise seien ein Ausfluß der schlechten Lage auf dem Ammoniumnitratmarkt. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, daß die Weiterverkaufspreise im Überprüfungszeitraum (ein Jahr) die verzeichneten Kosten und Gewinne nicht in ausreichendem Maße widerspiegelten, wenn der Mindesteinfuhrpreis eingehalten worden wäre. 12 (e) Schlußfolgerung (24) Der Rat kommt zu dem Schluß, daß die Antidumpingmaßnahmen betreffend Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland gemäß Artikel 12 Absatz 2 der Grundverordnung nur ' zu einer unzureichenden Erhöhung der Weiterverkaufspreise in der Gemeinschaft führten. 3. Neuberechnung der Dumpingspanne (25) Im Einklang mit Artikel 12 Absatz 2 der Grundverordnung wurde gemäß Artikel 2 der Grundverordnung eine neue Dumpingspanne berechnet. (a) Normalwert (26) Da keiner der Hersteller/Ausführer gemäß Artikel 12 Absatz 5 der Grundverordnung geltend machte, daß sich der Normalwert geändert habe, wurde bei der Berechnung der Dumpingspanne der in der Ausgangsuntersuchung ermittelte Normalwert für das Vergleichsland Polen zugrunde gelegt. (b) Neuberechnung des A usfuhrpreises (27) Die Kommission berechnete einen einzigen Ausfuhrpreis für sämtliche Einfuhren von Arnmoniumnitrat mit Ursprung in Rußland in die Gemeinschaft während des Ür^rprüfungszeitraums. (28) Die Preise der Ausfuhren an die kooperierenden EinfÜhrer/Händler/Vertriebsgesellschaften wurden unter Zugrundelegung der in den Betrieben überprüften Informationen anhand des von diesen Wirtschaftsbeteiligten tatsächlich gezahlten oder zu zahlenden Preises ermittelt. 13 (29) Da keine Angaben über die Preise der Ausfuhren an die nichtkooperierenden Parteien vorlagen, wurden diese Preise gemäß Artikel 2 Absatz 9 der Grundverordnung rechnerisch ermittelt. Die Eurostat-Einfuhrstatistiken wurden in dieser Hinsicht nicht als zuverlässige Berechnungsgrundlage angesehen, da offensichtlich eine geschäftliche Verbindung bzw. Ausglcichsvercinbarung zwischen den Parteien bestand. Dies deckt sich mit den Informationen der britischen Zollbehörden, denen zufolge bestimmte nichtkooperierende Parteien die Ausfuhrpreise vielfach überschätzten. Zu dem gleichen Schluß führt auch die Analyse der der Kommission vorliegenden Informationen betreffend die Weiterverkaufsrechnungen, denen zufolge der Weiterverkaufspreis deutlich niedriger war als der Preis, bei dem ein Einführer im Falle der Einhaltung des Mindesteinfuhrpreises eine normale Geschäftstätigkeit betreiben könnte. Anders gesagt ergibt sich bei Abzug sämtlicher zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf entstandenen Kosten vom Rechnungspreis, der dem ersten unabhängigen Käufer in Rechnung gestellt wurde, ein Einfuhrpreis, frei Grenze der Gemeinschaft, unverzollt, der niedriger ist als der Mindesteinfuhrpreis. Zur Ermittlung zuverlässiger Ausfuhrpreise auf der Stufe frei Grenze der Gemeinschaft wurde daher der Preis zugrunde gelegt, zu dem die eingeführte Ware erstmals an einen unabhängigen Käufer weiterverkauft wurde. Dieser Preis wurde gemäß Artikel 18 der Grundverordnung anhand der verfügbaren Angaben, d. h. anhand der unter Randnummer 19 genannten Informationen, berechnet, wobei Berichtigungen für alle zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf entstandenen Kosten einschließlich der Antidumpingzölle und einen angemessenen Betrag für Gewinne vorgenommen wurden. Der Betrag für Gewinne wurde anhand der Angaben im Antrag auf Wiederaufnahme der Untersuchung ermittelt, die durch Informationen aus anderen Quellen bestätigt wurden. 14 (30) Danach wurde für sämtliche Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland ein gewogener durchschnittlicher Ausfuhrpreis frei Grenze der Gemeinschaft ermittelt. (c) Vergleich (31) Gemäß Artikel 2 Absatz 10 der Grundverordnung wurde der im Rahmen der Ausgangsuntersuchung ermittelte Normalwert auf einer fairen Grundlage mit dem vorgenannten gewogenen durchschnittlichen Ausfuhrpreis verglichen. (d) Dumpingspanne (32) Der Vergleich des Normal wertes mit dem neuberechneten gewogenen durchschnittlichen Ausfuhrpreis ergab im Vergleich zur Ausgangsuntersuchung eine höhere Dumpingspanne. Die neuberechnete gewogene durchschnittliche Dumpingspanne, ausgedrückt als Prozentsatz des cif-Preises frei Grenze der Gemeinschaft, erreicht folgenden Wert: 41,9 %. (e) Schlußfolgerung (33) Da die Überprüfung ergab, daß die Maßnahmen nur zu einer unzureichenden Erhöhung der Weiterverkaufspreise in der Gemeinschaft geführt haben und daß sich die Dumpingspannen erhöht haben, sollten die Maßnahmen gemäß Artikel 12 Absatz 3 der Grundverordnung entsprechend den neuen Feststellungen zu den Ausfuhrpreisen geändert werden. 15 4. Vorgeschlagene Änderung der geltenden Maßnahmen (34) Aufgrund der Übernahme der geltenden Antidumpingzölle hatten die bisherigen Maßnahmen nicht die gewünschte Wirkung auf den Weiterverkaufspreis von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland. Die tatsächlichen Weiterverkaufspreise im Überprüfungszeitraum spiegelten nicht die zwischen der Einfuhr und dem Weiterverkauf angefallenen Kosten wider. Bei der Überprüfung wurde untersucht, ob es angemessen wäre, einfach den Mindesteinfuhrpreis zu erhöhen, um der größeren Dumpingspanne Rechnung zu tragen. Angesichts der beobachteten Übernahme der Antidumpingzölle in Form eines Mindesteinfuhrpreises ist jedoch zu berücksichtigen, daß es auch bei einer Erhöhung des Mindesteinfuhrpreises nicht zu der beabsichtigten Änderung der Weiterverkaufspreise oder der späteren Verkaufspreise in der Gemeinschaft kommen könnte. Im Zuge der Flexibilität, die die russischen Hersteller/Ausführer bisher aufgrund des variablen Antidumpingzolls genossen, erhöhten sich die Preise für Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland nicht in ausreichendem Maße, so daß die schädigenden Auswirkungen des Dumpings nicht beseitigt wurden. (35) Aufgrund der Feststellungen im Rahmen der Überprüfung - und unter Berücksichtigung der bisherigen Erfahrungen bei den Antidumpingmaßnahmen betreffend die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland und insbesondere der Verletzung einer Verpflichtung im ersten Jahr nach ihrer 16 Annahme (siehe Randnummer 1) - erscheint es sinnvoll, auch die Form der Maßnahmen zu ändern. Da im Falle dieser saisonabhängigen und preisempfindlichen Ware ein Wertzoll von den betroffenen Parteien getragen werden könnte, hält es der Rat für angemessen, den endgültigen Antidumpingzoll auf die Einfuhren von Ammoniumnitrat mit Ursprung in Rußland zu ändern und den derzeit geltenden Mindesteinfuhrpreis durch einen festen Zollbetrag je Tonne zu ersetzen. Durch Antidumpingmaßnahmen in dieser Form können die Erhöhung der Weiterverkaufspreise und damit die Beseitigung der schädigenden Auswirkungen des Dumpings besser sichergestellt werden. Ein Einführer machte geltend, zur Übernahme des Antidumpingzolls sei es nur bei den Einfuhren von losem Ammoniumnitrat gekommen, so daß ein spezifischer Zoll für diese Einfuhren gerechtfertigt sei, während für die Einfuhren von Ammoniumnitrat in Säcken weiterhin der Mindesteinfuhrpreis gelten sollte. Nach Prüfung der Begründetheit wurde dieser Antrag abgelehnt, da sich die Übernahme der Zölle nach den Ergebnissen der Überprüfung nicht auf die Einfuhren von losem Ammoniumnitrat beschränkte. Ein Hersteller mit Sitz in Rußland, der sich vor der Unterrichtung über die Feststellungen im Rahmen der Überprüfung nicht gemeldet hatte, bot eine Verpflichtung an. Dieses Angebot wurde jedoch aufgrund der Ablehnung der Mitarbeit durch sämtliche russischen Hersteller/Ausführer nicht als annehmbar angesehen. 17 (36) Der neue Antidumpingzoll wurde durch Addition des bisherigen Zolls (Mindesteinfuhrpreis abzüglich des Ausfuhrpreises frei Grenze der Gemeinschalt im Untersuchungszeitraum der Ausgangsuntersuchung) und der Differenz zwischen den im Rahmen der Ausgangsuntersuchung bzw. im Rahmen der Überprüfung ermittelten Ausfuhrpreise ermittelt. Demnach ist an der Grenze der Gemeinschaft ein Betrag von 26,3 ECU je Tonne Eigengewicht der Ware zu erheben - HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: Artikel l Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 2022/95 erhält folgende Fassung: "2. Es gilt ein Zoll von 26,3 ECU je Tonne. " Artikel 2 Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft. Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat. Brüssel, den Im Namen des Rates Der Präsident 18 ISSN 0254-1467 KOM(98) 148 endg. DOKUMENTE DE 02 ll 10 Katalognummer : CB-CO-98-157-DE-C ISBN 92-78-32007-2 Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften L-2985 Luxemburg /IO,