title: Informe explicativo del Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (Texto aprobado por el Consejo el 19 de diciembre de 1997)

text: 15. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 11/5 del Protocolo del Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas INFORME EXPLICATIVO (Texto aprobado por el Consejo el 19 de diciembre de 1997) (98/C 11/02) I. INTRODUCCIÓN Diversos estudios y proyectos emprendidos en los Estados miembros y en las Instituciones comunitarias (1) pusieron de relieve el hecho de que la legislación de los Estados miembros contiene disposiciones que pueden ser utiliza- das en la lucha contra el fraude y contra la corrupción activa y pasiva de los funcionarios nacionales. Aunque las características específicas de estas legislacio- nes nacionales varían de un Estado miembro a otro, todas ellas tienen elementos comunes que hacen posible llegar a una definición común. Se ha establecido tambie´n que los distintos Derechos penales de los Estados miembros no son ni mucho menos completos en su aplicabilidad a la dimensión internacio- nal de la corrupción —en la que están implicados funcio- narios comunitarios o funcionarios de otros Estados miembros— que afecta o que puede afectar a los intereses financieros de las Comunidades. El hecho de que existan todos estos elementos comunes en los Derechos nacionales muestra la necesidad de medidas que susciten una respuesta adecuada a escala de la Unión Europea y garanticen una mayor convergencia en el modo en que los Derechos penales de los Estados miembros perciben las formas de corrupción con ramifi- caciones internacionales. El presente Protocolo relativo a la corrupción de los funcionarios fue propuesto a petición de la Presidencia (1) En particular: — proyecto de Tratado de 10 de agosto de 1976 (DO C 222 de 22. 9. 1976, p. 13), — Resolución del Parlamento Europeo de 11 de marzo de 1994 (DO C 91 de 28. 3. 1994, p. 334), — Resolución del Consejo de 6 de diciembre de 1994 (DO C 355 de 14. 12. 1994, p. 2), — Resolución del Parlamento Europeo de 15 de diciembre de 1995. La Presidencia española pidió a la Comisión que presentase los resultados del estudio comparativo del asunto. El trabajo fue ultimado el 1 de diciembre de 1994; se descubrió que cada sistema legal tenía medidas coherentes propias, pero que existían divergencias inevitables —y contraproducentes— entre los Estados miembros con respecto a la definición tanto de la corrupción propiamente dicha como de las personas contra las que iban dirigidas las medidas de lucha contra la corrupción entre los funcionarios públicos. española como un instrumento adicional para completar el Convenio (2) celebrado el 26 de julio de 1995 y para reforzar la protección de los intereses financieros de las Comunidades. Constituye, en particular, una respuesta a la letra h) del punto 7 de la Resolución del Consejo, de 6 de diciembre de 1994, sobre la protección jurídica de los intereses financieros de las Comunidades (3), que esta- blece que «los Estados miembros deberían adoptar medi- das eficaces para sancionar el soborno en el que este´n implicados funcionarios de las Comunidades Europeas en relación con los intereses financieros de las Comuni- dades». II. COMENTARIO DE LOS ARTÍCULOS Artículo 1 Esta disposición introductoria define los te´rminos «fun- cionario» y «Convenio» a efectos del Protocolo cuando dichos te´rminos aparezcan en e´l. 1. 1. El te´rmino «funcionario» hace referencia a diversas categorías de personas —funcionarios comunita- rios, funcionarios nacionales o funcionarios de otro Estado miembro— con objeto de garantizar una aplicación generalizada y homoge´nea de las dispo- siciones esenciales del Protocolo en la lucha contra la corrupción. Estas categorías se definen en relación con sus respectivos estatutos. 1. 2. La letra b) del apartado 1, basada en la redacción del proyecto de Tratado de 1976, se aplica a «funcionarios comunitarios», entre los que se cuen- tan no solamente los funcionarios permanentes stricto sensu, a los que se aplica el Estatuto de los Funcionarios de las Comunidades Europeas, sino tambie´n las distintas categorías de personal contra- tado con arreglo al re´gimen aplicable a los otros agentes. La definición incluye tambie´n a los exper- tos nacionales destinados a las Comunidades Euro- (2) DO C 316 de 27. 11. 1995, p. 48. (3) DO C 355 de 14. 12. 1994, p. 2. C 11/6 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 1. 98 peas para llevar a cabo funciones equivalentes a las desempeñadas por funcionarios comunitarios y otros agentes. Los miembros de las Instituciones comunitarias —la Comisión, el Parlamento Europeo, el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas— no están cubiertos por esta definición (ve´anse los comenta- rios sobre el apartado 2 del artículo 4). 1. 3. La última frase de la letra b) incluye en la defini- ción de «funcionario comunitario» al personal de los organismos creados de conformidad con el Derecho comunitario, que en la actualidad son los siguientes: — la Agencia Europea de Cooperación (1), — el Banco Europeo de Inversiones (2), — el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (3), — la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y Trabajo (4), — el Instituto Universitario Europeo (5), — el Fondo Europeo de Inversiones (6), — la Agencia Europea de Medio Ambiente (7), — la Fundación Europea de Formación (8), — el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (9), (1) Reglamento (CEE) no 3245/81 del Consejo (DO L 328 de 16. 11. 1981, p. 1). (2) Artículos 198 D y 198 E del Tratado CE. (3) Reglamento (CEE) no 337/75 del Consejo (DO L 39 de 13. 2. 1975, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 354/95 (DO L 41 de 23. 2. 1995, p. 1). (4) Reglamento (CEE) no 1365/75 del Consejo (DO L 139 de 30. 5. 1975, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 1947/93 (DO L 181 de 27. 7. 1993, p. 13). (5) Convenio por el que se crea un Instituto Universitario Europeo (DO C 29 de 9. 2. 1976, p. 1). (6) Estatutos del Fondo Europeo de Inversiones (DO L 173 de 7. 7. 1994, p. 1); ve´ase tambie´n el artículo 30 del Protocolo sobre los Estatutos del Banco Europeo de Inversiones y el artículo 239 del Tratado CE. (7) Reglamento (CEE) no 1210/90 del Consejo (DO L 120 de 11. 5. 1990, p. 1). (8) Reglamento (CEE) no 1360/90 del Consejo (DO L 131 de 23. 5. 1990, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2063/94 (DO L 216 de 20. 8. 1994, p. 9). (9) Reglamento (CEE) no 302/93 del Consejo (DO L 36 de 12. 2. 1993, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 3294/94 (DO L 34 de 30. 12. 1994, p. 7). — la Agencia Europea para la Evaluación de Medicamentos (10), — la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (11), — la Oficina de Armonización del Mercado Inte- rior (marcas, diseños y modelos) (12), — el Instituto Monetario Europeo (13), — la Oficina Comunitaria de Variedades Vegeta- les (14), — el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión (15), — el Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (16). Esta disposición se refiere al personal de los orga- nismos responsables en un sentido muy amplio de aplicar la legislación comunitaria, ya adoptada o todavía por adoptar con arreglo a los Tratados comunitarios, cuyas actividades son tales que su corrupción tendría una repercusión perjudicial para la protección de los intereses financieros de las Comunidades. 1. 4. La letra c) del apartado 1 define el concepto de «funcionario nacional» en te´rminos de un funcio- nario o empleado público definido conforme al Derecho nacional de cada Estado miembro a efec- tos de su propio Derecho penal. Se da por tanto prioridad a la definición del Derecho penal. Esto implicado un significa que, en caso de que este´ funcionario nacional del Estado en el que se incoan las diligencias, se aplicará su definición de funcio- nario nacional; pero cuando este´ implicado un funcionario de otro Estado miembro, la definición con arreglo al Derecho de dicho Estado no es concluyente si la persona de que se trate no hubiere tenido la condición de funcionario de conformidad con la legislación del Estado miembro (10) Reglamento (CEE) no 2309/93 del Consejo (DO L 214 de 24. 8. 1993, p. 1). (11) Reglamento (CE) no 2062/94 del Consejo (DO L 216 de 20. 8. 1994, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1643/95 (DO L 156 de 7. 7. 1995, p. 3). (12) Reglamento (CE) no 40/94 del Consejo (DO L 11 de 14. 1. 1994, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 3288/94 (DO L 349 de 31. 12. 1994, p. 83). (13) Artículo 109 F del Tratado CE; Protocolo sobre los Estatutos del Instituto Monetario Europeo, anejo al Tratado de la Unión Europea. (14) Reglamento (CE) no 2100/94 del Consejo (DO L 227 de 1. 9. 1994, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2506/95 (DO L 258 de 28. 10. 1995, p. 3). (15) Reglamento (CE) no 2965/94 del Consejo (DO L 314 de 7. 12. 1994, p. 1). Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 2610/95 (DO L 268 de 10. 11. 1995, p. 1). (16) Reglamento (CE) no 1035/97 del Consejo (DO L 151 de 10. 6. 1997, p. 1). 15. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 11/7 en que se incoan las diligencias. Esto se deduce del párrafo segundo de la letra c), según el cual un Estado miembro podrá determinar que las infrac- ciones de corrupción en que este´n implicados fun- cionarios nacionales de otro Estado miembro se refieran únicamente a aquellos funcionarios cuya condición sea compatible con la de funcionarios nacionales conforme al Derecho nacional del Estado en que se incoen diligencias. La referencia al Derecho del Estado miembro del funcionario significa que pueden tenerse debida- mente en cuenta situaciones nacionales específicas relativas a la condición jurídica de las personas que ejerzan funciones públicas. Los apartados 2 y 3 del artículo 4 muestran que el concepto de «funcionario nacional» no incluye de forma automática, en todos los Estados miembros, a los parlamentarios, a los ministros, a los jueces de los tribunales supremos o a los miembros de un tribunal de cuentas. No obstante, ello no impide que cualquier Estado miembro extienda la defini- ción de «funcionario nacional» a una o varias de estas categorías de personas. 1. 5. En el apartado 2 del artículo 1 se define el concepto de «Convenio», a los efectos del Proto- colo, como el Convenio celebrado en Bruselas el 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidad, publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 316, de 27 de noviembre de 1995. Se hace referencia a las disposiciones pertinentes de dicho Convenio en el apartado 1 del artículo 4, en el artículo 7 y en el apartado 3 del artículo 9. Artículo 2 En el artículo 2 se definen los elementos de la infracción de corrupción pasiva que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las Comunidades. Esta definición vincula el Protocolo al Convenio al que com- pleta. La expresión «pueda causar perjuicio» se utiliza para abarcar los casos de corrupción cuyos efectos en las finanzas de las Comunidades no han logrado el objetivo perseguido. 2. 1. El apartado 1 enumera una serie de elementos constitutivos de corrupción de un funcionario, entre los cuales la intención constituye un compo- nente necesario. 2. 2. Los componentes materiales de la corrupción inclu- yen «aceptar, solicitar o recibir» determinadas cosas, «directamente o a trave´s de un intermedia- rio». Esto incluye: — un acto unilateral por parte de un funcionario que solicita un beneficio para sí mismo haciendo saber a otra persona, explícita o implícitamente, que deberá «pagar» para que cumpla o se abstenga de cumplir un acto ofi- cial; es irrelevante si se atiende esa solicitud, siendo el elemento clave de la infracción la solicitud en sí misma, — que el infractor acepte o reciba determinadas cosas de conformidad con un acuerdo con el que entrega dichas cosas; la infracción es com- pleta cuando se hayan intercambiado consenti- mientos, incluso si posteriormente el funciona- rio renuncia a ejecutar el acuerdo o devuelve la cosa recibida. El Protocolo no hace distinción entre formas direc- tas e indirectas de corrupción. El hecho de que pueda estar involucrado un intermediario, con lo que se amplía el ámbito de la corrupción pasiva para incluir la actuación indirecta del funcionario, supone necesariamente identificar la naturaleza delictiva de la conducta del funcionario, indepen- dientemente de la buena o la mala fe del interme- diario implicado. 2. 3. La infracción tambie´n cubre el caso en el que el funcionario verbi gratia pida obsequios u otra ventaja no ya para sí mismo sino para terceros, como su cónyuge o socio, un amigo íntimo, un partido político u otra organización. 2. 4. Las cosas que constituyen la sustancia material de la corrupción incluyen ofertas, promesas o ventajas de cualquier tipo en beneficio del funcionario o de cualquier otra persona. Las «ventajas de cualquier tipo» constituyen un concepto deliberadamente general que abarca no solamente objetos materiales (dinero, objetos valio- sos, bienes de todos los tipos, servicios prestados) sino tambie´n cualquier cosa que pueda representar un intere´s indirecto, tal como saldar las deudas de la persona corrupta, realizar obras en una propie- dad suya. Esta enumeración no es exhaustiva. El concepto de ventaja, solicitada, recibida o prome- tida, abarca todo tipo de ventajas materiales o intangibles. C 11/8 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 1. 98 A efectos del Protocolo, es irrelevante el momento en el tiempo en el que se dan o proporcionan las cosas que constituyen la sustancia de la corrup- ción. Al abarcar expresamente el hecho de aceptar promesas, el apartado 1 del artículo 2 incluye pagos aplazados, siempre que tengan su origen en un acuerdo delictivo entre la persona corrompida y el corruptor. Corresponde por tanto a los Estados miembros ver si su actual Derecho penal abarca todas las catego- rías de personas y formas de conducta pertinentes y, de no ser así, adoptar las medidas necesarias para establecer las infracciones penales correspon- dientes. Pueden hacerlo estableciendo una infrac- ción de carácter general o estableciendo varias infracciones específicas. 2. 5. Es esencial que la solicitud o la aceptación sean anteriores al acto o abstención ofrecida o aceptada por el funcionario. Artículo 3 El texto es inequívoco: «el hecho. de que un funcionario. solicite, o reciba ventajas. o el hecho de aceptar la promesa. por cumplir o no cumplir. ». Este artículo describe los componentes de la infracción de corrupción activa de un funcionario que cause o pueda causar perjuicio a los intereses financieros de las Comuni- dades. Así, resulta claro que, desde un punto de vista cronológico, debe producirse primero la solicitud o aceptación y despue´s el acto o la abstención del mismo por parte del funcionario. Por consiguiente, un beneficio recibido despue´s del acto, pero sin que haya una solicitud o aceptación previa, no genera responsabilidad penal según el Protocolo. Además, el artículo no se aplica a los regalos que no este´n relacionados con alguna actuación posterior del funcionario realizada en cumplimiento de sus obligaciones. 2. 6. Las tareas o funciones de los funcionarios son el objetivo de las conductas a las que se aplica el Protocolo. El Protocolo se aplica tanto al hecho de cumplir o de abstenerse de cumplir cualquier acto dentro de las competencias del que ocupa el cargo o función en virtud de cualquier ley o norma (deberes oficia- les) en la medida en que se realice incumpliendo los deberes de su cargo. Además esta conducta tiene que ser de tal naturaleza que cause o pueda causar perjuicios a los intereses financieros de las Comunidades. Los Derechos de algunos Estados miembros inclu- yen los casos en que un funcionario, en contra de la obligación de su cargo de actuar imparcialmente, recibe una ventaja por actuar de conformidad con sus funciones (por ejemplo, dar un trato preferente acelerando o suspendiendo la tramitación de un asunto). El presente artículo cubre estos casos. Es el corolario de la infracción definida en el artículo 2, vista desde el punto de vista del autor de la corrupción; se trata en particular de garantizar el buen funciona- miento de la administración pública y de proteger a los funcionarios de posibles maniobras contra ellos, enten- die´ndose que en la mayoría de los Estados miembros la corrupción activa y pasiva son infracciones diferentes y autónomas para las que existen actuaciones judiciales diferenciadas y autónomas. El apartado 1 del artículo 3 identifica una serie de formas censurables de conducta del autor de la corrupción que constituyen corrupción activa de un funcionario. 3. 1. El «hecho intencionado de que cualquier persona. » se refiere al autor de la corrupción, sea cual sea la calidad (negocios, servicio público, etc. ) en la que actúe; el autor puede ser un particular que actúa como tal o en nombre de una empresa, o una persona que ejerce una función pública. El acto constitutivo de corrupción debe realizarse intencionalmente, es decir, con intención delibe- rada de que se produzcan actos contrarios a las obligaciones propias de la función pública. La cuestión de si existe infracción cuando el autor de la corrupción actúe deliberadamente pero este´ equivocado en cuanto al poder que cree tiene el funcionario deberá determinarse de conformidad con el Derecho nacional. 2. 7. El apartado 2 del artículo 2 solicita a los Estados miembros que adopten las normas de Derecho penal necesarias para garantizar que las conductas del tipo que se describen en el apartado 1 se tipifiquen como infracciones penales. 3. 2. La acción del autor de la corrupción puede consis- tir en prometer o dar, directamente o a trave´s de un intermediario, una ventaja (material o intangi- ble) de cualquier naturaleza, tanto si se obra o no en consecuencia de la oferta como si se materializa o no alguna ventaja. 15. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 11/9 La maniobra de corrupción puede ser unilateral o bilateral; puede referirse a un bien material o inmaterial: el concepto de ventaja debe entenderse en su sentido más amplio posible, en relación con los puntos 2. 4 y 2. 5 anteriores. El artículo no distingue entre las formas —directa o indirecta— en que se realiza la maniobra de corrupción. Incluye las actuaciones cuyo objetivo es el funcionario, sean e´stas directas o a trave´s de un intermediario. Cada Estado miembro podrá elegir la forma de efectuar dicha extensión. 4. 2. En la reunión del Consejo de 23 de noviembre de 1995, los Estados miembros y la Comisión estuvie- ron de acuerdo en que, a efectos de este Protocolo, los ministros de los gobiernos nacionales y los miembros de la Comisión deberían ser tratados de forma similar. 3. 3. La corrupción activa tiene como objetivo una per- sona que debe, por definición, ser un funcionario, independientemente de si la ventaja es para el propio funcionario o para otra persona. 3. 4. El objetivo perseguido por la corrupción activa es el mismo que en el caso de la corrupción pasiva; ve´ase el punto 2. 6. 3. 5. El apartado 2 del artículo 3 está redactado en los mismos te´rminos que el apartado 2 del artículo 2; ve´ase el punto 2. 7. Artículo 4 Este artículo refuerza las medidas contra el fraude y la corrupción mediante la exigencia de ajustar el Derecho penal de los Estados miembros en lo relativo a la conducta pertinente de sus funcionarios nacionales con objeto de incluir una conducta similar de funcionarios comunitarios que afecten o puedan afectar a los ingresos y gastos comunitarios. 4. 1. El apartado 1 se refiere a las infracciones que en los Estados miembros están relacionadas con con- ductas fraudulentas que afectan a los intereses financieros de la Comunidad, tal como se definen en el artículo 1 del Convenio, y que sean cometidas por funcionarios nacionales en el ejercicio de sus funciones. Aquí, el Derecho penal de todos los Estados miem- bros debe aplicar el principio de asimilación al carácter punible de las infracciones, del mismo modo que para las infracciones indicadas en los artículos 2 y 3, de forma que todo lo que consti- tuya infracción cuando sea cometido por funciona- rios de una categoría (nacionales) constituya tam- bie´n una infracción cuando haya sido cometido por funcionarios de otra categoría (comunitarios). El efecto del principio es que los Estados miembros tambie´n deberán tomar las medidas necesarias para ampliar la aplicación de sus infracciones de fraude a conductas similares atribuibles a funcionarios comunitarios que actúen en el ejercicio de sus funciones. Esta ampliación no se refiere tanto a la conducta en sí misma como a la categoría de los infractores. Este parecer se refleja en el apartado 2 con res- pecto a las infracciones de fraude que dañen o puedan dañar los intereses financieros de la Comu- nidad y las infracciones de corrupción pasiva y activa tal como aparecen definidas en el Protocolo. A escala nacional se refiere a los ministros del gobierno, diputados de los parlamentos nacionales, miembros de los tribunales supremos y miembros del tribunal de cuentas; a escala de Instituciones comunitarias, se refiere a sus equivalentes en el ejercicio de estas funciones (miembros de la Comi- sión, diputados del Parlamento Europeo, miembros del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro- peas y miembros del Tribunal de Cuentas). Por ello, a efectos de las infracciones punibles de fraude y corrupción, los miembros de la Comisión se asimilan a los ministros del gobierno, los diputa- dos del Parlamento Europeo a los miembros de los parlamentos nacionales, los miembros del Tribunal de Justicia a los miembros de los tribunales supe- riores nacionales y los miembros del Tribunal de Cuentas Europeo con los equivalentes nacionales. En virtud de esta asimilación, las disposiciones nacionales relativas a infracciones cometidas por miembros de parlamentos nacionales, ministros de gobiernos, etc. , deberán ampliarse con el fin de incluir a los miembros de las Instituciones comuni- tarias arriba mencionados. Dado que determinados Estados miembros no tie- nen un tribunal de cuentas como tal, los organis- mos equivalentes serán: — «National Audit Office» en el Reino Unido, — «Office of the Comptroller and Auditor-Gene- ral» en Irlanda, — «Rigsrevisionen» en Dinamarca, — «Riksrevisionsverket» en Suecia, — «Valtiontalouden tarkastusvirasto/Statens revi- sionsverk» en Finlandia. 4. 3. El apartado 3 permite la posibilidad de establecer excepciones al principio de asimilación del apar- tado 2 en aquellos Estados miembros en que la C 11/10 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 1. 98 responsabilidad penal de los ministros del gobierno este´ regida por una legislación especial aplicable en situaciones nacionales específicas. No obstante, ello no excluye la responsabilidad penal por infraccio- nes cometidas por miembros de la Comisión o contra ellos con arreglo a las normas comunes del Derecho penal nacional. Esta posibilidad es especialmente útil en Dina- marca, donde las normas de Derecho penal que rigen la responsabilidad de los ministros se aplican en situaciones específicas (por ejemplo, aquellas en que los ministros pueden tener responsabilidad penal por actos cometidos por sus subordinados) en las que otras personas con cargos importantes no serían penalmente responsables. 4. 4. Con arreglo al apartado 4, los apartados preceden- tes sobre asimilación con respecto al carácter puni- ble se entenderán «sin perjuicio de las disposicio- nes aplicables en cada Estado miembro en lo relativo al procedimiento penal y a la determina- ción de los órganos jurisdiccionales competentes». A efectos de los distintos apartados del artículo 4 considerados en su conjunto, el Protocolo no podrá en modo alguno afectar u obstaculizar las normas nacionales de procedimiento penal o las normas sobre jurisdicción de los tribunales para someter a juicio casos referentes a las infracciones correspondientes, lo que no impide que el artículo produzca plenos efectos en los sistemas jurídicos nacionales. En especial, con relación a las personas contempla- das en el apartado 2, con respecto a las cuales el principio de asimilación implica de manera general y sin excepciones la igualdad de trato respecto del Derecho penal, debe señalarse lo siguiente: cuando una ley especial de un Estado miembro confiera a un tribunal específico la competencia jurisdiccional para juzgar a los ministros del gobierno, a los diputados de los parlamentos nacionales, a los miembros de los tribunales supremos o a los miem- bros de los tribunales de cuentas que hayan sido acusados de una infracción, dicho tribunal tambie´n podrá tener jurisdicción en asuntos similares que afecten a los miembros de la Comisión, a los miembros del Parlamento Europeo, a los miembros del Tribunal de Justicia de las Comunidades Euro- peas y a los miembros del Tribunal de Cuentas, pero sin perjuicio de las disposiciones nacionales relativas a la jurisdicción. inmunidades, con sujeción a los procedimientos existentes y las posibilidades de reparación previs- tas en el Derecho comunitario (1). Artículo 5 5. 1. El apartado 1 del artículo 5 dispone que los las Estados miembros deberán garantizar que infracciones de corrupción activa y pasiva definidas en los artículos 2 y 3 sean siempre objeto de sanciones penales, en otras palabras, que puedan ser juzgadas por tribunales penales. Esto se aplica igualmente a la complicidad en la infracción y a su instigación, que deben interpre- tarse con arreglo a las definiciones dadas en los derechos penales de cada Estado miembro. las Puesto que tipificadas como infracciones corrupción activa y pasiva incluyen la conducta consistente en hacer promesas, con independencia de que luego tales promesas se mantengan o cum- plan realmente, no se consideró necesario imponer la obligación de tipificar las tentativas de corrup- ción activa o pasiva. No obstante, los Estados miembros que lo deseen tambie´n pueden penalizar la tentativa de infracción. Las sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias, expresión que se ha tomado de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunida- des Europeas. En el asunto 68/88 (Sentencia de 21 de septiembre de 1989, Rec. 2965) el Tribunal de Justicia se expresaba en estos te´rminos: (los Esta- dos miembros) «deben procurar, en particular, que las infracciones del Derecho comunitario sean san- cionadas en las condiciones análogas de fondo y de procedimiento a las aplicables a las infracciones del Derecho nacional cuando tengan una índole y una importancia similares y que, en todo caso, confie- ran un carácter efectivo, proporcionado y disuaso- rio a la sanción». En cumplimiento de esta sentencia, los Estados miembros tienen cierto margen al determinar la naturaleza y severidad de las penas que puedan ser impuestas. Éstas no tienen por que´ ser privativas de libertad. Adicionalmente o como alternativa al encarcelamiento, pueden imponerse multas. 4. 5. El apartado 5 establece que el Protocolo se enten- derá sin perjuicio de las disposiciones relativas a la retirada de la inmunidad para el personal de las Instituciones comunitarias. Por lo tanto, la retirada de la inmunidad es una condición previa al ejercicio de la mencionada jurisdicción; el Protocolo reconoce la obligación de cada una de las instituciones afectadas de aplicar las disposiciones relativas a los privilegios y las 5. 2. No obstante, el Protocolo sí exige que los Estados miembros establezcan en los casos más graves penas privativas de libertad, que pueden dar lugar a la extradición. Corresponderá a los Estados miembros decidir que´ criterios o elementos de hecho determinarán la gravedad de una infracción a la luz de sus respectivas tradiciones jurídicas. (1) Ve´ase en particular el artículo 18 del Protocolo sobre los privilegios e inmunidades de las Comunidades Europeas. 15. 1. 98 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas C 11/11 5. 3. El apartado 2 se refiere a la relación entre el Derecho penal y las normas disciplinarias cuando las circunstancias sean tales que un mismo acto de corrupción pueda estar sujeto a ambos; se da prioridad al principio de independencia de los sistemas disciplinarios nacionales o europeo en el hecho de que la incoación del procedimiento penal «no obstará al ejercicio de los poderes disciplina- rios de las autoridades competentes contra los funcionarios nacionales o los funcionarios comuni- tarios». Para tener en cuenta determinadas tradiciones jurí- dicas nacionales, el apartado permite seguidamente que las autoridades nacionales tengan en cuenta los principios de su propia legislación en virtud de las cuales, al determinar la sanción penal que deba imponerse, se puedan tener en cuenta las sanciones disciplinarias ya impuestas a la misma persona por la misma infracción. Esta es una disposición especí- fica que no será obligatoria en aquellos Estados miembros que no reconozcan o no apliquen san- ciones disciplinarias. Artículo 6 6. 1. Este artículo establece una serie de criterios para otorgar a las autoridades judiciales y de aplicación de la ley la competencia para entablar acciones y entender en los asuntos relativos a las infraccio- nes cubiertas por el Protocolo: corrupción activa y pasiva e infracciones especificadas en el artícu- lo 4. 6. 2. Según el apartado 1, un Estado miembro establece- rá su competencia en cuatro situaciones: a) cuando la infracción se haya cometido, total o parcialmente, en su territorio, por ejemplo cuando el caso de corrupción se produzca allí, la ventaja se conceda allí o el acuerdo de infracción se alcance allí, con independencia de la condición o nacionalidad del corruptor o del funcionario de que se trate (principio de terri- torialidad); b) cuando el autor de la infracción sea uno de sus nacionales o uno de sus funcionarios (principio de personalidad activa): el criterio de la condi- ción del autor de la infracción significa que la competencia puede establecerse independiente- mente de la lex loci delicti. En ese caso, corres- ponderá a los Estados miembros entablar accio- nes por infracciones cometidas en el extranjero, incluidos los países no miembros. Esta disposi- ción reviste especial importancia en el caso de los Estados miembros que no extraditen a sus propios nacionales; c) cuando la infracción se haya cometido contra uno de los nacionales del Estado miembro, sea e´ste un funcionario o un miembro de una Institución comunitaria (principio de personali- dad pasiva). Esto es de particular intere´s en los casos de corrupción activa en el extranjero por parte de personas que no son nacionales del Estado miembro pertinente; d) cuando el autor de la infracción sea un funcio- nario comunitario al servicio de una Institución de las Comunidades Europeas que tenga su sede en el Estado miembro de que se trate. El criterio de la sede es útil para casos especiales no cubiertos por otras normas de competencia, en particular cuando la infracción sea cometida fuera de la Comunidad por parte de un funcio- nario de la Comunidad que no sea nacional de un Estado miembro (1). 6. 3. El apartado 2 permite a cualquier Estado miembro no aceptar, o hacerlo con condiciones, las normas enunciadas en las letras b), c) y d) del apartado 1 a trave´s de una declaración a estos efectos en el momento de la notificación contemplada en el apartado 2 del artículo 9 del Protocolo. El efecto del apartado 1 del artículo 11, como se verá más tarde, es que las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 6 son las únicas disposicio- nes con respecto a las que podrán formularse reservas. Artículo 7 El artículo 7 se refiere a disposiciones específicas del Convenio, declarándolas aplicables a la corrupción activa y pasiva tal como se define en el Protocolo así como a las infracciones definidas en el artículo 4. Las disposiciones pertinentes del Convenio pueden resu- mirse como sigue: — el artículo 3 establece que los jefes de empresa pueden ser penalmente responsables, — los apartados 1, 2 y 4 del artículo 5 tratan de la extradición y del principio aut dedere aut judicare, — el artículo 6 establece el principio de estrecha coope- ración entre los Estados miembros en casos de fraude contra los intereses financieros de la Comunidad. Estos tres principios se aplican sin restricción a la con- ducta a la que se aplique el Protocolo. (1) Si bien, como regla general, los funcionarios de la Comuni- dad tienen la nacionalidad de uno de sus Estados miembros, puede haber excepciones a dicha regla. C 11/12 ES Diario Oficial de las Comunidades Europeas 15. 1. 98 — El artículo 7 establece el principio ne bis in idem, que tambie´n es aplicable en asuntos del Protocolo. Hay que señalar que la ejecución de una sentencia incluye casos en que la ejecución se suspende, Los comentarios pormenorizados figuran en el informe explicativo del Convenio. Este artículo del Protocolo recoge el artículo 8 del Convenio con objeto de garanti- zar la coherencia entre los dos instrumentos. — el artículo 9 permite a los Estados miembros adoptar disposiciones de Derecho interno que sean más estric- tas que las derivadas el Convenio; así pues, el Proto- colo constituye un conjunto de normas mínimas, — el artículo 10 establece, entre otras cosas, disposicio- nes para la transmisión de información por parte de los Estados miembros a la Comisión, lo que es tam- bie´n aplicable al ámbito del Protocolo. El informe explicativo del Convenio recoge los detalles sobre el contenido de estas reglas. Artículo 8 El apartado 2 del artículo 8 especifica los casos en que el Tribunal de Justicia es competente para entender de desacuerdos entre los Estados miembros y la Comisión. Es importante señalar que el Tribunal de Justicia tiene competencia específica para interpretar el concepto de «funcionario comunitario» tal y como se define en el artículo 1. Artículo 9 Este artículo se refiere a la entrada en vigor del Proto- colo, que no podrá ser anterior a la del Convenio. Artículo 10 Este artículo se refiere a la adhesión de nuevos Estados miembros al presente Protocolo. Artículo 11 Este artículo especifica la competencia que se otorga al Tribunal de Justicia para resolver sobre litigios entre Estados miembros y entre los Estados miembros y la Comisión referentes a la interpretación o aplicación del Protocolo (1). Este artículo establece que únicamente podrán formularse reservas con respecto a las letras b), c) y d) del apartado 1 del artículo 6. Una reserva podrá ser retirada en todo momento dirigiendo una notificación al Secretario Gene- ral del Consejo. (1) Cabe señalar que el Consejo, mediante acto de 29 de noviembre de 1996, celebró el Protocolo relativo a la inter- pretación, con carácter prejudicial, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, del Convenio sobre la protec- ción de los intereses financieros de las Comunidades Euro- peas (DO C 151 de 20. 5. 1997, p. 1). Este acto se aplica no sólo al Convenio, sino tambie´n al presente Protocolo


title: RÈGLEMENT (CE) N° 2583/97 DE LA COMMISSION du 19 décembre 1997 fixant les restitutions à l'exportation du riz et des brisures

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export refund
rice
third country


title: Regulamento (CE) nº 49/98 do Conselho de 19 de Dezembro de 1997 que reparte entre os Estados-membros as quotas de capturas de 1998 para os navios que pescam nas águas das ilhas Faroé

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EU Member State
Faroe Islands
catch quota
fishery management
fishing area
fishing rights

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text: L 12/70 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias 19. 1. 98 REGULAMENTO (CE) No. 49/98 DO CONSELHO de 19 de Dezembro de 1997 que reparte entre os Estados-membros as quotas de capturas de 1998 para os navios que pescam nas águas das ilhas Faroe´ O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia, Tendo em conta o Regulamento (CEE) no. 3760/92 do Conselho, de 20 de Dezembro de 1992, que institui um regime comunitário da pesca e da aquicultura (1), nomea- damente o no. 4 do artigo 8o. , Tendo em conta a proposta da Comissão, Considerando que, nos termos do procedimento previsto no Acordo de Pesca entre a Comunidade Económica Europeia, por um lado, e o Governo da Dinamarca e o Governo local das ilhas Faroe´ (2), por outro, as duas partes realizaram consultas a respeito dos direitos de pesca recíprocos para 1998; Considerando que, na sequeˆncia dessas consultas, as duas partes acordaram num conve´nio para 1998 respeitante, nomeadamente, à atribuição de certas quotas de captura para os navios da Comunidade na zona de pesca das ilhas Faroe´; Considerando que, para garantir uma gestão eficaz das conveniente possibilidades de captura disponíveis, e´ reparti-las entre os Estados-membros atrave´s de quotas, em conformidade com o artigo 8o. do Regulamento (CEE) no. 3760/92; Considerando que as actividades de pesca abrangidas pelo presente regulamento estão submetidas às medidas de controlo previstas pelo Regulamento (CEE) no. 2847/ /93 do Conselho, de 12 de Outubro de 1993, que institui um regime de controlo aplicável à política comum das pescas (3); Considerando que as condições suplementares para a gestão anual dos TAC e quotas, nos termos do disposto no artigo 2o. do Regulamento (CE) no. 847/96 do Conse- lho (4), não foram acordadas com as ilhas Faroe´; Considerando que, por razões imperativas de interesse comum, o presente regulamento deve ser aplicado com efeitos desde 1 de Janeiro de 1998, ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO: Artigo 1o. De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1998, as capturas efectuadas, no âmbito do conve´nio sobre os direitos recíprocos de pesca em 1998, por navios que arvoram pavilhão de um Estado-membro nas águas sob jurisdição das ilhas Faroe´ em mate´ria de pesca, são limitadas às quotas fixadas no Anexo. Artigo 2o. As quotas de pesca fixadas no Anexo não estão sujeitas às condições estabelecidas nos artigos 2o. e 3o. e no no. 2 do artigo 5o. do Regulamento (CE) no. 847/96. Artigo 3o. O presente regulamento entra em vigor no dia da sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Euro- peias. O presente regulamento e´ aplicável com efeitos desde 1 de Janeiro de 1998. O presente regulamento e´ obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em todos os Estados-membros. Feito em Bruxelas, em 19 de Dezembro de 1997. Pelo Conselho O Presidente F. BODEN (1) JO L 389 de 31. 12. 1992, p. 1. Regulamento com a redacção que lhe foi dada pelo Acto de Adesão de 1994. (2) JO L 226 de 29. 8. 1990, p 12. (3) JO L 261 de 20. 10. 1993, p. 1. Regulamento com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) no. 2205/ 97 (JO L 304 de 7. 11. 1997, p. 1). (4) JO L 115 de 9. 5. 1996, p. 3. 19. 1. 98 PT Jornal Oficial das Comunidades Europeias L 12/71 Repartição das quotas de captura da Comunidade em 1998 nas águas das ilhas Faroe´, referidas no artigo 1o. ANEXO Espe´cies Bacalhau, arinca Divisão CIEM Vb 1 500 (Peso fresco arredondado, em toneladas) Quotas de captura da Comunidade Quotas atribuídas aos Estados-Membros Escamudo Vb 2 500 França Alemanha Reino Unido Be´lgica França Alemanha Países Baixos Reino Unido Be´lgica França Alemanha Reino Unido França Alemanha Reino Unido Dinamarca França Alemanha Países Baixos Reino Unido França Alemanha Reino Unido 60 10 430 50 1 510 310 50 580 50 435 6 440 75 2 340 1 055 205 11 000 3 000 11 000 140 180 680 7 000 3 600 (1) 25 000 1 000 (2) 3 270 Dinamarca 3 270 760 (2) França Alemanha Reino Unido 275 305 180 Cantarilho Maruca azul, maruca Verdinho Peixes-chatos Sardas e cavalas Outras espe´cies Vb Vb Vb Vb Vb Vb (1) Capturas acessórias de lagartixa-da-rocha e de peixe-espada negro são imputadas na quota em causa. (2) Incluindo o alabote da Gronelândia. (3) Excluindo espe´cies sem valor comercial. (cid:252) (cid:253) (cid:254)