title: Lovgivningsmæssig beslutning med Europa-Parlamentets udtalelse om forslag til Rådets afgørelse om proceduren for fastlæggelse af Fællesskabets holdning i Det Blandede Udvalg for Toldunionen, der er nedsat ved afgørelse 1/95 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet om gennemførelsen af slutfasen i toldunionen (5372/97 - C4-0081/97 96/ 0020(CNS))

eurovoc_concepts:
Association Council (EU)
Türkiye
customs union

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title: Regolamento (CE) n° 2307/97 de la Comisión de 18 de noviembre de 1997 por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo relativo a la protección de especímenes de la fauna y flora silvestres mediante el control de su comercio

eurovoc_concepts:
export monitoring
marketing
protected species
protection of animal life
protection of plant life
trade restriction

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title: Comptes trimestriels : Deuxième trimestre 1997.

eurovoc_concepts:
EU Member State
Japan
United States
economic growth
economic statistics


title: Regolamento (CE) n. 2289/97 della Commissione del 18 novembre 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 1164/89 della Commissione relativo alle modalità di applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa

eurovoc_concepts:
flax
hemp
production aid
textile fibre


title: COMMISSION REGULATION (EC) No 2290/97 of 18 November 1997 establishing the standard import values for determining the entry price of certain fruit and vegetables

eurovoc_concepts:
agri-monetary policy
citrus fruit
fruit vegetable
grape
import price
pip fruit


title: Komission asetus (EY) N:o 2288/97, annettu 18 päivänä marraskuuta 1997, valkosipulien kaupan pitämiseen sovellettavien laatuvaatimusten vahvistamisesta

eurovoc_concepts:
bulb vegetable
labelling
marketing standard
packaging
perishable goods


title: Komission asetus (EY) N:o 2307/97, annettu 18 päivänä marraskuuta 1997, luonnonvaraisten kasvien ja eläinten suojelemisesta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta


title: Propuesta de reglamento (CE) del Consejo por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios

eurovoc_concepts:
EU action
EU law
free movement of goods
liberalisation of trade
trade restriction

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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 18. 11. 1997 COM(97) 619 final 97/0330 (CNS) Propuesta de REGLAMENTO (CE^ DEL CONSEJO por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios (presentada por la Comisión) Exposición de motivos I. OBSERVACIONES GENERALES Contexto A/ Conculcación del principio de libre circulación de mercancías 1. La libre circulación de mercancías constituye uno de los principios fundamentales de la Comunidad Europea; figura en el artículo 7A del Tratado y se garantiza, principalmente, mediante el cumplimiento por los Estados miembros de los artículos 30 a 36 del Tratado CE. Tanto los ciudadanos como los agentes económicos observan a diario los beneficios que reporta la aplicación de este principio. Pero también son especialmente sensibles a las deficiencias que pudieran seguir existiendo o aparecer bruscamente. 2. Una serie de ejemplos han puesto de manifiesto que el principio de la libre circulación de mercancías puede sufrir graves atentados. Éstos pueden adoptar distintas formas, pero la más espectacular es, sin duda, la prohibición repentina e injustificada de las importaciones de productos procedentes de otros Estados miembros, su inmovilización o incluso su destrucción. Estas medidas pueden perturbar gravemente el buen funcionamiento del mercado interior e infligir a los agentes económicos un evidente perjuicio, que debe remediarse cuanto antes. Ante estos graves atentados, es preciso que la Comunidad disponga de medios de actuación eficaces, so pena de verse acusada de no garantizar una verdadera protección de los derechos de los particulares y de tolerar que se ponga en peligro uno de los principios fundamentales de la Comunidad. Ahora bien, todo indica que los medios de actuación actualmente disponibles no siempre permiten poner remedio con la rapidez necesaria a ciertas violaciones específicas del Derecho comunitario. B/ Medios de actuación existentes en el ámbito comunitario 3. Los actuales medios de actuación contra las violaciones del Derecho comunitario se dividen en dos categorías : por una parte, los particulares pueden invocar sus derechos ante los órganos jurisdiccionales nacionales; por otra, la Comisión y/o un Estado miembro tienen la posibilidad de interponer ante el Tribunal de Justicia un recurso por incumplimiento con arreglo al procedimiento correspondiente (artículos Î 69 y 170). La Comisión, pese a fomentar el recurso a los órganos jurisdiccionales nacionales, no puede sino reconocer el elevado número de denuncias que se le presentan para que incoe procedimientos de recurso por incumplimiento. Así, los particulares siguen ejerciendo su derecho legítimo a denunciar incumplimientos del Derecho comunitario que les resultan perjudiciales. El procedimiento de recurso por incumplimiento consta de dos fases: una fase contenciosa previa (carta de emplazamiento y dictamen motivado) y una fase contenciosa (recurso y juicio ante el Tribunal). El procedimiento hasta que el Tribunal de Justicia dicta la sentencia en la que se declara el incumplimiento puede ser muy prolongado. C/ La solicitud del Consejo Europeo de Amsterdam 4. 5. El Consejo Europeo de Amsterdam de 16 y 17 de junio de 1997, en sus conclusiones sobre el Plan de Acción en favor del Mercado Interior, solicitó a la Comisión que estudiase "el modo de garantizar de manera eficaz la libre circulación de mercancías, incluyendo la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros". El Consejo Europeo instó a la Comisión a "presentar propuestas adecuadas antes de su próxima sesión en diciembre de 1997". La presente propuesta constituye la respuesta a este mandato, pero la Comisión ha hecho lo posible porque pueda adaptarse, si procede y en el momento oportuno, a las demás libertades del Mercado Interior. Propuesta de Reglamento por la que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión Si bien la aceleración de la tramitación interna de la fase contenciosa previa por la Comisión supone una apreciable mejora, el recurso por incumplimiento sigue resultando inadecuado para reaccionar frente a determinados obstáculos graves a la libre circulación de mercancías, circunstancia que debe corregirse con urgencia. El procedimiento contencioso hasta la sentencia del Tribunal en la que se declara el incumplimiento resulta largo (como mínimo dos años). Entre tanto, el agente económico carece de acto vinculante alguno que le permita hacer valer rápida y eficazmente sus derechos en el marco de las vías de recurso previstas por los Estados miembros. La Comisión propone, pues, la aprobación de un Reglamento por el que se establezca un mecanismo específico de intervención de la Comisión a fin de eliminar con prontitud determinados obstáculos a la libre circulación de mercancías. 6. En virtud de este mecanismo, la Comisión, mediante una decisión, solicitaría ai Estado miembro interesado que adoptase las medidas necesarias para poner fin a un obstáculo manifiesto y específico a la libre circulación de mercancías según lo dispuesto en ios artículos 30 a 36 del Tratado. Este poder otorgado a la Comisión se limitaría a determinados casos en los cuales fuera preciso actuar con celeridad. Establecer un mecanismo de este tipo traería consigo obvias ventajas en relación con la situación actual. Una decisión adoptada por la Comisión produciría de inmediato en el ordenamiento jurídico nacional efectos jurídicos favorables para los particulares. A diferencia del dictamen motivado conforme al procedimiento del artículo 169 del Tratado CE, el cual únicamente constituye una fase del proceso cuyo objetivo es la declaración del incumplimiento por parte del Tribunal de Justicia, los particulares podrían invocar de inmediato la decisión ante los órganos jurisdiccionales nacionales y lograr, según las vías y medios de recurso nacionales, que se dictasen medidas cautelares, acompañadas de sanciones o multas para impedir una extensión o agravamiento del obstáculo, que se pusiese fin a la presunta violación y, en su caso, que se reparasen los perjuicios ocasionados. La Comisión considera, por lo tanto, que la decisión que adopte constituirá un fundamento útil que los particulares podrán invocar en el ordenamiento jurídico nacional a fin de que se adopten sanciones eficaces, adecuadas y disuasivas. Así, este mecanismo ofrecerá la ventaja de animar a los particulares a actuar ante los tribunales nacionales, facilitándoles los medios para obtener sanciones con rapidez y en el momento oportuno. 7. En el supuesto de que el Estado miembro no se ajuste a la decisión de la Comisión en el plazo estipulado, habría podido preverse, conforme al segundo elemento contenido en el mandato de Amsterdam, un mecanismo de sanciones, en forma de multa coercitiva, que la Comisión fijaría al término de dicho plazo. No se ha considerado oportuno, sin embargo, avanzar una propuesta en este sentido en estos momentos, ya que un mecanismo de multas coercitivas constituye una primicia en derecho comunitario que necesita un análisis en profundidad. 8. Así, ha parecido preferible inspirarse en el procedimiento previsto por el Tratado en materia de ayudas estatales (artículo 93), cuya primera fase comprende una decisión con efectos similares a los de la decisión prevista en la propuesta de Reglamento. La segunda fase consiste en un procedimiento acelerado para recurrir al Tribunal de Justicia, en el que queda suprimida la etapa precontenciosa. 9. En esta línea, la presente propuesta prevé que, en el supuesto de que el Estado miembro no se ajuste a la decisión de la Comisión en el plazo estipulado, ésta deberá recurrir inmediatamente al Tribunal de Justicia conforme al artículo 169 CE en los plazos, muy breves, previstos por el Reglamento. 10. Al tomar la decisión de proponer el establecimiento de un mecanismo específico de intervención, la Comisión ha tomado en consideración, junto al mandato del Consejo Europeo de Amsterdam, los siguientes elementos : a) b) c) La especificidad que debe caracterizar el ámbito contemplado por el mecanismo de intervención, que se limitará a los atentados graves a la libre circulación de mercancías que requieran la intervención de la Comisión. Las expectativas de los particulares y, en particular, de los agentes económicos: dada la gravedad de los obstáculos a los intercambios comerciales de que se trata, estos particulares sufren perjuicios muy importantes, que requieren que la Comunidad Europea y los Estados miembros adopten las medidas pertinentes. El hecho de que el derecho comunitario no ofrezca medios adecuados para poner fin a ciertos tipos de obstáculos a la libre circulación de mercancías con la eficacia y urgencia debidas. d) La salvaguardia del equilibrio institucional establecido por el Tratado. Fundamento jurídico 11. Para garantizar uno de los objetivos de la Comunidad, a saber, la libre circulación de mercancías, consagrada en el artículo 7A del Tratado, y, por consiguiente, el buen funcionamiento del mercado interior, es necesario atribuir a la Comisión la competencia para adoptar una decisión por la que se inste a un Estado miembro a tomar con rapidez las medidas adecuadas para poner fin a un obstáculo al comercio. Ahora bien, esta atribución no recae, ni directa ni indirectamente, en el ámbito de la armonización según lo dispuesto en el artículo 100A del Tratado. El Reglamento contempla una actuación de la Comisión que no pone en entredicho como tales las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de ios Estados miembros. Por lo tanto, dado que el Tratado no contempla poderes de actuación que permitan otorgar este derecho de intervención a la Comisión, ésta ha considerado que el artículo 235 constituye el único fundamento jurídico adecuado. La propuesta consiste en un Reglamento. 11. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA CON RESPECTO AL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD ¿Cuáles son los objetivos de la acción prevista en relación con las obligaciones de la Comunidad? 12. Los objetivos de la acción consisten en garantizar un rápido restablecimiento de la libre circulación de mercancías cuando ésta se vea obstaculizada de tal modo que se perturbe gravemente el buen funcionamiento del mercado interior. Esta acción se engloba en el objetivo estratégico de garantizar las ventajas y la cohesión del mercado interior. ¿Pertenece la acción al ámbito de las competencias exclusivas de la Comunidad o de las competencias compartidas con los Estados miembros? 13. La acción es competencia exclusiva de la Comunidad, pues atañe al cumplimiento del principio de libre circulación de mercancías. ¿Son los medios de la intervención comunitaria proporcionados respecto de los objetivos? 14. La respuesta es positiva, ya que el instrumento propuesto se limita a los atentados manifiestos y específicos a la libre circulación de mercancías, a tenor de los artículos 30 a 36 del Tratado CE, que perturben gravemente el funcionamiento del mercado interior, ocasionen grave perjuicio a los agentes económicos y requieran una intervención inmediata. Por consiguiente, se trata de situaciones particulares, que deben afrontarse con medios de actuación específicos. La proporcionalidad del mecanismo propuesto se basa pues, fundamentalmente, en la rapidez y fuerza vinculante de la intervención de la Comisión ante estas situaciones. III. EXAMEN DE LAS DISPOSICIONES DE LA PROPUESTA Artículo 1 15. Este artículo define de manera restrictiva el ámbito de aplicación del Reglamento propuesto. En primer lugar, el Reglamento se aplica únicamente cuando exista un obstáculo a la libre circulación de mercancías a tenor de los artículos 30 a 36 del Tratado, en el marco de la aplicación del derecho primario y del derecho derivado. El obstáculo debe haberse originado en una acción u omisión de un Estado miembro. La omisión se produce cuando el Estado miembro interesado se abstiene de tomar las medidas, de orden general o particular, necesarias y adecuadas para poner fin a acciones emprendidas por personas privadas. Es evidente que la evaluación de tales casos de omisión no se extenderá a supuestos de ejercicio de derechos fundamentales, reconocidos en los órdenes jurídicos nacionales, a los que el derecho comunitario no afecta en tanto tales. En el ejercicio de sus funciones, la Comisión examinará si el Estado miembro ha usado los medios de que dispone en virtud de su ordenamiento jurídico para garantizar la libre circulación de mercancías sin menoscabo para el ejercicio de dichos derechos fundamentales. Por otra parte, deben acumularse tres condiciones: - la existencia de una grave perturbación a la libre circulación de mercancías; esta perturbación debe ocasionar un perjuicio grave a perjudicados y, los particulares - por último, es precisa una intervención inmediata para evitar cualquier extensión o agravación de la perturbación y del perjuicio. 16. Los casos más representativos del tipo de obstáculo contemplado en el Reglamento podrían ser, por ejemplo, los siguientes • • • • La prohibición intempestiva e injustificada de la importación de productos procedentes de otros Estados miembros. Las medidas que de modo precipitado establezcan o restablezcan formalidades de importación; por ejemplo, licencias o visados técnicos. La destrucción de cantidades importantes de productos procedentes de otros Estados miembros; por ejemplo, en carreteras, centros comerciales o depósitos. La inmovilización de productos que impida su acceso al territorio nacional o su circulación en el mismo : por ejemplo, el bloqueo de medios de transporte en fronteras, autopistas, puertos o aeropuertos. Artículo 2 17. El artículo 2 describe el principio del mecanismo de intervención de la Comisión. Dicho mecanismo se basa en : a) b) c) La comprobación por la Comisión de la existencia de un obstáculo al comercio que reúna las condiciones establecidas en el artículo 1 del proyecto de P. eglamento. la adopción por la Comisión de una decisión que surta efectos jurídicos vinculantes. La obligación de que el Estado miembro adopte medidas adecuadas en un plazo estipulado por la Comisión. El artículo 2 supone para la Comisión la obligación de adoptar una decisión una vez comprobada la existencia de un obstáculo al comercio que cumpla las condiciones del artículo 1 del proyecto de Reglamento. 18. La decisión de la Comisión es directamente aplicable en el ordenamiento jurídico nacional y surte efectos jurídicos inmediatos. Los particulares perjudicados por el obstáculo de que se trata podrán de inmediato invocar la decisión ante los órganos nacionales responsables y, en particular, los de carácter jurisdiccional. De este modo, los particulares podrán obtener, en el marco de las vías y medios de recurso nacionales, la aplicación de medidas cautelares, acompañadas, en su caso, de sanciones o multas a fin de impedir toda extensión o agravación de las consecuencias del obstáculo de que se trata* la eliminación de dicho obstáculo o, por último, la reparación del perjuicio ocasionado. 19. Dado que se trata de una decisión adoptada conforme a lo dispuesto en el artículo 189 del Tratado CE, será posible interponer contra la misma recurso de anulación en virtud del artículo 173. Del mismo modo, se respetan enteramente las competencias del Tribunal de Justicia definidas en el artículo 169: así, en virtud del artículo 2 del proyecto de Reglamento, la intervención de la Comisión se concibe como un mecanismo que debe aplicarse con independencia del procedimiento por incumplimiento contemplado en el artículo 169. Artículo 3 20. El artículo 3 describe el procedimiento que debe seguir la Comisión para adoptar la decisión. Se respetarán los derechos de defensa del Estado miembro interesado, ya que la Comisión deberá ofrecerle la oportunidad de dar a conocer su punto de vista antes de adoptar su decisión. A tal efecto podrá emplearse cualquier medio, incluso reuniones bilaterales con la Comisión. Habida cuenta de los criterios de urgencia y eficacia que caracterizan el mecanismo de intervención contemplado en el proyecto de Reglamento, se establecen plazos imperativos de actuación y de respuesta tanto para el Estado miembro interesado como para la Comisión. Artículo 4 21. El artículo 4 establece plazos extremadamente breves y estrictos que permiten a la Comisión recurrir rápidamente al Tribunal de Justicia cuando el Estado miembro no se haya ajustado a la decisión de la Comisión en el plazo prescrito. En tal caso deberán cumplirse las condiciones fijadas en el artículo 169 del Tratado CE. Artículos 5 y 6 I 22. El artículo 5 estipula que la Comisión tendrá la obligación de publicar las decisiones adoptadas en virtud del artículo 2 y de remitir el texto a los particulares interesados que lo soliciten. El artículo 6 establece la fecha de entrada en vigor del Reglamento. Propuesta de REGLAMENTO ÍCE^ DEL CONSEJO por el que se establece un mecanismo de intervención de la Comisión para la eliminación de determinados obstáculos a los intercambios EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235, Vista la propuesta de la Comisión1, Visto el dictamen del Parlamento Europeo2, 1. Considerando que en sus conclusiones, el Consejo Europeo de Amsterdam de 16 y 17 de junio de 1997 solicitó a la Comisión que estudiase el modo de garantizar de manera eficaz la libre circulación de mercancías, incluyendo la posibilidad de imponer sanciones a los Estados miembros, y que presentase propuestas adecuadas; 2. 3. 4. 5. 6. Considerando que, de conformidad con el artículo 7A del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que debe garantizarse, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 30 a 36 del Tratado, en particular, la libre circulación de mercancías, que constituye uno de los fundamentos de la Comunidad; Considerando que los atentados a este principio, tales como la inmovilización o destrucción de mercancías procedentes de otros Estados miembros, o las prohibiciones repentinas e injustificadas de sus importaciones pueden perturbar gravemente el buen funcionamiento del mercado interior y ocasionar daños muy graves a los particulares perjudicados, sin que los procedimientos establecidos en los artículos 169 y 186 del Tratado permitan poner remedio a los mismos en el momento oportuno; Considerando que dichos atentados pueden ser resultado, no sólo de la acción, sino también de la inacción de un Estado miembro; que éste es el caso, en particular, cuando estas acciones son realizadas por particulares y el Estado miembro se abstiene de aplicar todas las medidas necesarias y proporcionadas de que dispone para garantizar la libre circulación de mercancías sin menoscabar por ello el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional; Considerando que, a falta de una intervención inmediata, las perturbaciones y daños mencionados pueden prolongarse, extenderse o agravarse; que, de este modo, podrían interrumpirse los flujos comerciales y las relaciones contractuales en que se basan; Considerando, por otra parte, que situaciones de este tipo pueden poner en entredicho los logros y la credibilidad del mercado interior; 7. 8. Considerando que el Derecho comunitario no ofrece medios adecuados para poner fin a este tipo de obstáculos con la eficacia y urgencia necesarias y que los particulares perjudicados no disponen de un instrumento adecuado para defender sus derechos; Considerando, por lo tanto, que la Comisión debe poder intervenir mediante una decisión dirigida al Estado miembro interesado a fin de que éste ponga rápida y eficazmente remedio a los mencionados atentados a la libre circulación de mercancías y de que los particulares puedan hacer valer sus derechos en el ordenamiento jurídico nacional; 9. Considerando que, cuando el Estado miembro interesado no se ajuste a la decisión de la Comisión, ésta debería poder recurrir sin demora ante el Tribunal de Justicia con arreglo al artículo 169 del Tratado; que, a tal efecto, deben establecerse plazos estrictos para la fase precontenciosa del procedimiento; 10. Considerando que el Tratado no ha previsto para la adopción del presente Reglamento otros poderes de acción que los del artículo 235 del Tratado, HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO: Artículo 1 1. El presente Reglamento se aplicará en el caso de obstáculos manifiestos, específicos y no justificados a la libre circulación de mercancías, a tenor de los artículos 30 al 36 del Tratado, resultantes de una acción o de una inacción de un Estado miembro que : — provoquen una perturbación grave de la libre circulación de mercancías; y — ocasionen grave daño a los particulares perjudicados y — exijan una acción inmediata a fin de evitar la continuación, extensión o agravamiento de la perturbación y el daño mencionados. 2. A los efectos del presente Reglamento, existirá inacción cuando un Estado miembro, ante acciones realizadas por particulares, se abstenga de aplicar todas las medidas necesarias y proporcionadas de que disponga para garantizar la libre circulación de mercancías sin menoscabar por ello el ejercicio de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional. Articulo 2 Cuando la Comisión compruebe la existencia en un Estado miembro de obstáculos a que se refiere el artículo 1, dirigirá una decisión a dicho Estado miembro obligándole a adoptar las medidas necesarias y proporcionadas para poner fin a los mismos en el plazo que la Comisión establezca. Artículo 3 1. La Comisión incoará el procedimiento establecido en el presente artículo a más tardar en un plazo máximo de cinco días a partir del día en que disponga de todos los elementos de hecho relativos a los obstáculos. 10 2. Antes de adoptar la decisión contemplada en el artículo 2, la Comisión ofrecerá al Estado miembro interesado la oportunidad de dar a conocer su punto de vista en un plazo que la Comisión establecerá en función de la urgencia, pero que, en todo caso, será de tres a cinco días hábiles a partir del momento en que la Comisión se dirija a dicho Estado miembro. 3. 1. 2. 3. La Comisión adoptará la decisión contemplada en el artículo 2 en el plazo más breve posible y, a más tardar dentro de los diez días siguientes a la expiración del plazo establecido en el apartado 2. Artículo 4 Si el Estado miembro destinatario de la decisión no se ajusta a la misma en el plazo establecido, la Comisión emplazará inmediatamente a dicho Estado para que le presente sus observaciones en un plazo de tres días. Si, al término del plazo de tres días contemplado en el apartado 1, persiste el obstáculo, la Comisión emitirá de inmediato un dictamen motivado, instando al Estado miembro a que se ajuste al mismo en el plazo de tres días. Si, al término del plazo previsto en el apartado 2, el Estado miembro no se ha ajustado al dictamen motivado, la Comisión recurrirá sin demora ante el Tribunal de Justicia. Articulo 5 La Comisión publicará la decisión que adopte en virtud del artículo 2 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y comunicará inmediatamente su texto a los interesados que lo soliciten. Artículo 6 El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente 11 ISSN 0257-9545 COM(97) 619 final DOCUMENTOS ES 02 06 10 01 N° de catálogo : CB-C0-97-652-ES-C ISBN 92-78-28265-0 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo 12


title: Règlement (CE) nº 2321/97 du Conseil du 18 novembre 1997 modifiant le règlement (CEE) nº 805/68 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine

eurovoc_concepts:
beef
calf
common organisation of markets
slaughter premium