title: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles)

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EC Directive
approximation of laws
insurance indemnity
motor vehicle insurance
third-party insurance

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 10. 10. 1997 COM(97) 510 final 97/ 0264 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (presentada por la Comisión) Exposición de motivos 1. Antecedentes La indemnización de las víctimas de accidentes de la circulación ocurridos en la Unión Europea ha sido una de las preocupaciones de la Comisión desde que se aprobara la Primera Directiva sobre seguro de vehículos automóviles en 19721. Esta Directiva establecía el seguro obligatorio de responsabilidad civil para el conjunto de lo que entonces constituía la Comunidad Económica Europea. Esa protección básica se amplió en la Segunda2 y la Tercera3 Directivas sobre seguro de vehículos automóviles. Estas directivas, conocidas como las Directivas sobre seguro de automóviles, se referían a accidentes de la circulación ocurridos en el país de residencia de la víctima y ocasionados por vehículos matriculados y asegurados en el país de la víctima o matriculados y asegurados en otro Estado miembro. En la Directiva de 1990 sobre libre prestación de servicios en el sector del seguro de automóviles se trató de asimilar a esos casos aquellos otros en los que el accidente tenía lugar también en el país de la víctima y el vehículo estaba matriculado en ese mismo país, pero asegurado (en virtud de la libre prestación de servicios) en otro Estado miembro. Sin embargo, en ninguna de esas directivas se tuvo presente a las personas que, hallándose temporalmente en otro Estado miembro, sufrieran daños materiales o corporales en ese otro Estado, ocasionados por un vehículo matriculado en un Estado miembro distinto del de residencia de la víctima. A medida que el tráfico interestatal aumentaba se hizo evidente que esas víctimas ("transeúntes") necesitaban protección específica. De este modo, a principios de la década de los años noventa, la Comisión decidió ponerse en contacto con dos organizaciones profesionales de seguros: el Comité Europeo de Seguros y el Consejo de Oficinas, y les pidió que estudiaran el problema. Este procedimiento era absolutamente lógico, pues la directivas sobre seguro de automóviles ya vigentes, en especial la Primera Directiva, de 1972, se basaban en una relación de equilibrio entre los acuerdos privados entre empresas de seguros y las medidas legislativas. Como consecuencia de esta iniciativa, el Consejo de Oficinas elaboró un Convenio entre Oficinas para la protección de las víctimas transeúntes (Convenio de Roma, 27 de mayo de 1994), que podría haber cambiado notablemente la situación de esas personas. Lamentablemente, no pudo conseguirse el necesario acuerdo unánime entre todas las partes interesadas, es decir, las empresas europeas de seguros de vehículos automóviles de todos los países afectados. Al quedar esto patente, tomó el relevo el Parlamento Europeo. 'Directiva del Consejo, de 24. 4. 72, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (72/166/CEE). 2Segunda Directiva del Consejo, de 30. 12. 83, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (84/5/CEE). 3Tercera Directiva del Consejo, de 14. 5. 90, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (90/232/CEE). 1 En resolución de 26 de octubre de 1995, adoptada en virtud del artículo 138 B del Tratado CE4, sobre reparación de daños ocasionados por accidentes de tráfico acaecidos fuera del país de origen de la víctima, el Parlamento Europeo pidió a la Comisión que elaborará una propuesta de directiva en virtud de la cual: - "se introduzca una normativa en todos los Estados miembros de la Unión Europea que permita a las víctimas de un accidente de tráfico dirigirse directamente a la empresa de seguros de la responsabilidad civil. ("acción directa")"; - "se encomiende a los Estados miembros garantizar. que todas las compañías de seguros de responsabilidad civil del sector del automóvil. cuenten en cada uno de los demás Estados miembros con un apoderado permanente. que, en nombre de la empresa de seguros. pueda regularizar los daños ocasionados por el vehículo asegurado por la empresa de seguros fuera del país de origen de la víctima. " -"se encomiende a los Estados miembros velar por que las empresas de seguros. creen una oficina de información,. que pueda informar a las víctimas sobre quiénes son los apoderados. " - "se encomiende a los Estados miembros velar. por que las empresas de seguros. comuniquen a las oficinas de información. quiénes son sus apoderados". 2. Objetivo de la propuesta La resolución del PE responde al deseo de mejorar la situación existente en lo que se refiere a las reclamaciones de personas que han estado temporalmente en otro Estado miembro distinto del suyo de residencia ("transeúntes") y han sufrido en ese Estado miembro daños o perjuicios ocasionados por un vehículo matriculado y asegurado en otro Estado miembro distinto del suyo de residencia. La Comisión reconoce que la inquietud del PE está justificada y que es necesario mejorar la situación de esas personas. - La liquidación de siniestros es más complicada en el extranjero que en el propio país. En primer lugar, la víctima puede no saber a qué empresa de seguros debe reclamar. Los medios para averiguar la identidad de la empresa de seguros varían entre los distintos países, y la víctima puede, incluso, comprobar que no existe medio alguno. - La víctima debe probar normalmente que su reclamación está justificada. Por razones obvias puede resultarle difícil recabar pruebas (atestados policiales, testigos, etc. ) si el accidente ha sucedido en el extranjero y, tal vez, lejos de su país de origen. DO n° C 308/95, de 20. 11. 95, pág. 108. - Lo habitual es que los siniestros se liquiden con arreglo a una legislación que no es la aplicable en el país de origen de la víctima. Ello supone que los procedimientos para la liquidación de siniestros pueden ser distintos a los de su país. - Todas estas dificultades se agravan si la víctima se enfrenta a tácticas dilatorias de la empresa de seguros, que ante la desfavorable situación de la víctima pueden estar tentadas por la posibilidad de hacerla desistir de reclamar. La libre circulación de personas es uno de los objetivos del Tratado CE, por lo que la Comisión debe estar atenta a cualquier dificultad que pueda surgir al respecto. En este mismo orden de cosas, la Comisión se propone emprender la codificación de las Directivas sobre seguro de automóviles, con el objeto de refundir en un solo texto las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE y 90/232/CEE, así como la presente Directiva, una vez aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo, y racionalizar su estructura. Ello hará que la legislación comunitaria en la materia sea transparente y comprensible, y permitirá que las empresas de seguros y los conductores de automóviles tengan acceso a ella más fácilmente. 3. Contenido de la directiva Respetando, en todo momento, el principio de subsidiariedad, la situación de la víctima puede mejorar si cuenta con un "interlocutor". Esto es factible sin necesidad de cambiar las normas sobre responsabilidad civil, ni las normas sobre la jurisdicción competente vigentes en los Estados miembros. Por ello, haciéndose eco de lo sugerido por el Parlamento, la Comisión propone que: - se refuerce la protección de las víctimas de accidentes, ocurridos en un Estado miembro que no sea el de residencia de las mismas, frente a la empresa de seguros del vehículo involucrado en el accidente, estableciendo normas específicas que complementen el régimen vigente, implantado por las directivas del sector del seguro de automóviles (artículo 1); - se implante, en toda la Unión Europea, el derecho de acción directa para la citada categoría de víctimas (artículo 2); - todas las empresas de seguros designen, en cada Estado miembro de la Unión Europea, un representante encargado de la liquidación de siniestros (artículo 3); - se creen organismos de información (artículo 4). Asimismo, la Comisión propone: - que existan centros de información que se ocupen de lo relativo a la identificación del representante encargado de la liquidación de siniestros y de la empresa de seguros responsable del vehículo implicado en el accidente (artículo 4); y - que en el país de origen de la víctima transeúnte exista un organismo encargado los siniestros declarados por aquella cuando no exista un de liquidar representante o la empresa de seguros se desentienda; dicho organismo asumirá la función de un "organismo indemnizatorio"; que este organismo, cuando haya hecho efectiva la indemnización en el país de residencia de la víctima, tenga automáticamente el derecho a recurrir contra su organismo homólogo del país de la empresa de seguros que haya incumplido, subrogándose este último en los derechos de la víctima frente a la empresa de seguros (artículo 5); - que se prevea expresamente que, si el vehículo que ha provocado el accidente no está asegurado o la empresa de seguros no ha podido ser identificada, corresponde a los fondos de garantía, en las condiciones previstas en la Segunda Directiva sobre seguro del automóvil (84/5/CEE) indemnizar a la víctima (artículo 6). 4. Comentarios a los artículos de la Directiva Artículo 1 (ámbito de aplicación) La presente Directiva se refiere a los casos de reclamación de indemnización como consecuencia de accidentes provocados por vehículos: - matriculados y asegurados en el Estado miembro del accidente, o - matriculados en el Estado miembro del accidente y asegurados, en régimen de libre prestación de servicios, en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima, o - matriculados y asegurados en un Estado miembro que no sea ni el de residencia de la víctima ni el del lugar del accidente. El objetivo de este artículo es delimitar el ámbito de aplicación de la directiva. Ésta da cobertura a una categoría de víctimas muy concreta, que, aun encontrándose en la misma situación jurídica que las víctimas "nacionales" gracias al sistema de carta verde en vigor, en la práctica están en situación de desventaja frente a estas últimas. Se define, además, en este artículo el objetivo de la directiva, esto es, poner remedio a las anomalías observadas en la liquidación de los siniestros ocurridos a esa categoría concreta de víctimas, sin ocuparse, al menos de momento, de otros problemas detectados en el funcionamiento del sistema comunitario de seguro de automóviles. Con esta finalidad, para aumentar la protección de esas víctimas y facilitar el proceso de indemnización, en los siguientes artículos se establecen mecanismos jurídicos complementarios, que se añaden a ese mecanismo jurídico que es el sistema de carta verde. Artículo 2 (acción directa) Para que el sistema propuesto funcione es requisito previo que la "acción directa" se haga extensiva a todos los Estados miembros. El derecho de la víctima a reclamar la indemnización directamente a la empresa de seguros que cubre la responsabilidad civil del responsable del accidente se añade a la posibilidad, que asiste a la víctima de pleno derecho, de entablar acción contra el propio responsable. La presente directiva no impone el reconocimiento de la acción directa en los ordenamientos jurídicos nacionales con carácter general por lo que respecta al derecho de daños, sino sólo en los casos de personas víctimas de un accidente ocurrido fuera de su país de residencia. En lo que se refiere a las consecuencias prácticas de la imposición de la acción directa, hay que señalar, en primer lugar, que en los Estados miembros que ya prevén en su ordenamiento jurídico ese tipo de acción, la situación no variará en la práctica. El artículo 2 de la presente directiva transforma la acción directa en una obligación (deja, pues, de ser una opción), imponiendo a los Estados miembros el deber de implantar un mecanismo de ese tipo. En los citados países, el hecho de que la obligación se imponga sólo en relación a las víctimas no residentes constituye un falso problema, es decir, una falsa discriminación de las víctimas residentes, puesto que la acción directa se impone ya de forma unitaria y universal, sin establecer distinciones en función del origen de la víctima. En la práctica, las disposiciones de derecho interno, que ya tienen carácter vinculante, pasarán a tener alcance comunitario, al menos en lo que se refiere a las víctimas no residentes. En segundo lugar, en lo que respecta a los Estados miembros que contemplan la posibilidad de acción directa, nada les impide establecer ese derecho con carácter universal, es decir, sin establecer distinciones entre las víctimas no residentes y las residentes, evitando así una posible discriminación. De cualquier modo, el mecanismo de la presente directiva se ha concebido pensando en el hecho de que son, precisamente, las víctimas no residentes las que, en la práctica, están en desventaja, por lo que resulta oportuno que dispongan de un mecanismo jurídico reforzado, fuera de sus países de residencia, frente a las víctimas residentes. Actualmente, en los Estados miembros en los que no existe la posibilidad de "acción directa", la víctima de un accidente de tráfico no puede presentar una reclamación directamente contra la empresa de seguros de la persona responsable, ya que dicha empresa de seguros no tiene legalmente la responsabilidad civil, ni existen vínculos contractuales entre ella y la víctima. La "acción directa" expone a la empresa de seguros a la reclamación directa de la víctima. De no ser así, la existencia de un representante para la liquidación de siniestros no tendría sentido. La importancia de introducir la posibilidad de entablar "acción directa" en toda la UE es considerable, por las siguientes consideraciones: 1. Mejora notablemente la actual situación jurídica de la víctima de un accidente ocurrido fuera de su Estado miembro de residencia - frente a la situación actual, derivada de las Directivas sobre seguro de automóviles vigentes - en los países en los que no existe todavía la posibilidad de emprender "acción directa" contra la empresa de seguros. 5 Esto es especialmente válido en los casos en que no existe certidumbre sobre la persona responsable o ésta no está localizable (p. ej. , porque está en el extranjero) o no dispone de medios. 2. La combinación de la acción directa con el mecanismo del representante para la liquidación de siniestros, establecido en el país de residencia de la víctima (artículo 3), supone para la persona damnificada la posibilidad de obtener más fácilmente la reparación extrajudicial del siniestro y, si se dan las condiciones necesarias, de entablar un proceso contra la empresa de seguros responsable. En este sentido, es evidente que la acción directa mejora notablemente la situación de esta categoría de víctimas en todos los casos en que no haya podido llegarse a un acuerdo extrajudicial. Por último, cabe señalar que la posibilidad de que la citada categoría de víctimas pueda entablar acción directa contra la empresa de seguros supone una mayor garantía de ejecución de la decisión adoptada. La directiva no crea nuevas normas sobre la legislación aplicable, ni modifica las normas de derecho internacional privado sobre atribución de competencias jurisdiccionales. Tanto para la determinación de la legislación aplicable como para la asignación de competencias jurisdiccionales se remite a las normas de derecho internacional privado, válidas en la mayoría de Estados miembros. En efecto, la implantación de la acción directa no implica, en sí misma, una atribución de competencia judicial a los tribunales del país de residencia de la víctima. Dicha competencia vendrá dada exclusivamente por lo dispuesto en el Convenio de Bruselas (art. 10. 2, en conjunción con los artículos 7 a 9). Artículo 3 (representante para la liquidación de siniestros) El apartado 1 especifica el objetivo del artículo. Toda empresa de seguros de origen comunitario, que opere en el conjunto del territorio comunitario en virtud de una autorización única obtenida con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 92/49/CEE (Tercera Directiva sobre seguro no de vida) o que haya sido autorizada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Directiva 73/239/CEE deberá nombrar un representante para la liquidación de siniestros en cada Estado miembro de la Unión Europea. De este modo, toda persona damnificada fuera de su país podrá contar con un interlocutor en su propio país que pueda encargarse de tramitar las reclamaciones contra la empresa de seguros de la persona responsable cuando esa empresa de seguros no esté establecida en el país de residencia de la citada persona damnificada. Naturalmente, si un sistema nacional prevé ya un mecanismo de indemnización de las personas damnificadas, el mismo podrá adaptarse para absorber la función de representante para la liquidación de siniestros, o incluso coexistir con el sistema previsto en la presente directiva. En este sentido, la intervención del representante podría tener carácter subsidiario, cuando así lo desee la persona damnificada, si la legislación nacional prevé otros medios para obtener resarcimiento. Convenio del 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Este mismo apartado fija el ámbito de aplicación del artículo. Dicho ámbito no incluye los accidentes que hayan sucedido en el país de residencia de la víctima, aunque el vehículo involucrado esté matriculado fuera del país (casos de "carta verde", que se solucionan a través del convenio entre las Oficinas Nacionales de seguros; véase el art. 2. 2 de la Directiva 72/166/CEE) o esté matriculado en el país pero asegurado en otro Estado miembro (casos de "prestación de servicios", regulados en la Directiva 90/618/CEE). En lo que atañe al interlocutor, se desea dar a las empresas gran libertad. El "representante" no tiene que ser, forzosamente, un tercero. La empresa puede utilizar cualquier estructura que posea en el país considerado. Por ejemplo, dicha actividad puede ejercerla una sucursal o una agencia de la empresa de seguros, o una empresa de seguros que pertenezca al mismo grupo, o, incluso, que sea independiente, o bien una oficina de liquidación de siniestros, o la Oficina Nacional de Carta Verde si sus integrantes están de acuerdo. Las empresas de seguros pueden, incluso, en su caso, recurrir a sus representantes fiscales o a sus abogados o designar un representante común para varias empresas. Además, si la empresa de seguros dispone ya de un representante de "servicios"6, encargado de pagar las indemnizaciones derivadas de contratos celebrados por la empresa, en régimen de libre prestación de servicios, en el país en el que dicho representante haya sido designado, podrá nombrar al mismo también representante para la liquidación de siniestros en los casos previstos en el artículo 3 de la presente directiva. La letra a) del apartado 2 establece que la designación del representante para la liquidación de siniestros es un requisito previo a la concesión de la autorización prevista en la Directiva 92/49/CEE para el ejercicio de la actividad. De no cumplirse ese requisito, la consecuencia es doble. Por un lado, no se otorga la autorización o, lo que es lo mismo, no es posible ejercer la actividad empresa de seguros en el ramo de responsabilidad civil por el uso de vehículos automóviles. Por otro, dado que la supervisión cautelar y financiera, según se define en las Terceras Directivas de seguros, ha de ser permanente, la Directiva 92/49/CEE permite retirar la autorización otorgada para el citado ramo si la empresa de seguros deja de cumplir el requisito de disponer de un representante para la liquidación de siniestros en cada uno de los Estados miembros de la Unión. Dicho de otro modo, supone la prohibición de ejercer la actividad si desaparecen las condiciones que permitieron conceder la autorización. La letra b) del apartado 2 afecta a las empresas de seguros cuyo domicilio social esté situado fuera de la Comunidad; se ha añadido al objeto de que la presente directiva guarde coherencia con el sistema vigente desde que se aprobara la Directiva 73/239/CEE. El apartado 3 establece las funciones del representante y, en consecuencia, su relación con la empresa. Especifica que dicho representante actúa con arreglo a instrucciones generales o individuales dictadas por aquélla. Sus actuaciones vinculan a la empresa de seguros sólo frente a la víctima. La empresa de seguros puede exigirle responsabilidades Apartado 4 del artículo 12bis de la Directiva 88/357/CEE, añadido en virtud del artículo 6 de la Directiva 90/618/CEE. 7 si no se atiene a las instrucciones de la misma o se excede, de algún otro modo, en las competencias que se le asignan. El texto no se pronuncia con respecto a la legislación aplicable a la reclamación de la víctima transeúnte. En la mayoría de los casos, con arreglo a las normas de derecho internacional privado en vigor en los diferentes Estados miembros, será la del país en el que se produjo el accidente. Como en el caso de la acción directa, es preciso recordar que la legislación aplicable vendrá siempre determinada por las normas de derecho internacional privado habitualmente aplicadas. La presente directiva no establece criterios para determinar la legislación aplicable (p. ej. , lex loci o legislación del país de residencia de la víctima, etc. ). El apartado 4 establece la cualificación que debe tener el representante. Ha de tenerse en cuenta que en los casos a los que normalmente se dirige la Directiva las negociaciones no se basarán en la legislación del país de la víctima, sino, habitualmente, en la del país en el que ocurrió el accidente, es decir, en la mayoría de los casos, la del país en el que radica la empresa de seguros. Aunque resultaría excesivo exigir que el representante "conozca" esa legislación, y, especialmente, la legislación de todos los demás Estados miembros, sí debería poder establecer diferencias entre la legislación aplicable y la legislación a la que la víctima puede estar habituada, al menos en lo que se refiere al sistema y al nivel de indemnización previsto en cada Estado miembro. El apartado 5 establece las consecuencias que la actuación del representante tendrá para la víctima. Dado que el representante ostentará la representación legal de la empresa de seguros en la liquidación de las reclamaciones, su actuación vinculará a la empresa de seguros frente a la víctima. El texto no atribuye la competencia judicial al país de residencia de la víctima, pues resultaría inapropiado en los casos que normalmente deben resolverse con arreglo a una legislación distinta de la del fuero, esto es, con arreglo a las normas de derecho internacional privado del tribunal al que se recurra. Por ello, el hecho de que el representante esté facultado para representar a la empresa de seguros "ante los tribunales" tendrá, en la práctica, una importancia limitada, en el contexto de la presente Directiva. El apartado 6 responde al deseo de que se presente una oferta de indemnización en un plazo razonable. El objetivo es impedir que la empresa de seguros se limite a dar respuestas dilatorias. Por otro lado, la oferta debe ser seria, y no meramente formal con el objeto de cumplir con la obligación de presentar una oferta. En otras palabras, en los tres meses siguientes a la reclamación motivada presentada por la víctima, la empresa de seguros del responsable del accidente debe iniciar realmente el proceso de indemnización, adoptando una decisión motivada. En cualquier caso, antes de poder pronunciarse definitivamente, la empresa de seguros o su representante deben poder determinar las responsabilidades y la magnitud de los daños. Si no se ha establecido claramente la responsabilidad derivada del accidente de la circulación o no se han determinado plenamente los daños sufridos por la víctima, la obligación de que la empresa de seguros presente una oferta de indemnización queda en suspenso hasta tanto no se disponga de esa información. Las sanciones previstas en el apartado 6 se dejan a la facultad discrecional de los Estados miembros; sin embargo, deberán ser las apropiadas para garantizar que la empresa de seguros cumpla sus obligaciones frente a la víctima. Aunque persigue un objetivo diferente al del apartado 2, el apartado 6 refuerza la presión ejercida sobre la empresa de seguros para que cumpla sus obligaciones frente a la víctima, al verse obligada a presentar una oferta de indemnización en un determinado plazo. Se trata de una combinación de sanciones administrativas complementarias, puesto que la sanción administrativa de denegación o retirada de la autorización se completa con una sanción de diferente naturaleza (pecuniaria o administrativa); el conjunto de ambas persigue el objetivo de garantizar que se indemnice a la víctima a la mayor brevedad posible. La primera sanción (denegación o retirada de la autorización) obliga a la empresa de seguros a crear una estructura que permita a la víctima reclamar sus derechos. La segunda, afecta a la propia sustancia del derecho de la víctima, esto es, su finalidad es que el litigio se resuelva a la mayor brevedad posible. Además, este doble dispositivo responde al deseo de garantizar que la propia empresa de seguros liquide el siniestro en un plazo razonable, de tal manera que la intervención del organismo indemnizatorio tenga más bien carácter excepcional y sirva sólo de "ultimo refugio" a la víctima que desea obtener indemnización. El apartado 7 especifica que el representante para la liquidación de siniestros, designado con arreglo a lo dispuesto en la presente directiva, no constituye un establecimiento en el sentido de lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de la Directiva 73/239/CEE, modificada por el artículo 32 de la Directiva 92/49/CEE. Artículo 4 (organismo de información) El artículo 4 persigue la finalidad de que la víctima pueda averiguar la identidad de la empresa de seguros del vehículo involucrado en el accidente. A menudo, es en esta fase donde empieza el vía crucis de la víctima. Se trata, igualmente, de un requisito necesario para la aplicación efectiva del derecho de acción directa. Ya en 1990, el legislador europeo era consciente del problema de identificar a la empresa de seguros de la responsabilidad civil de un vehículo involucrado en un accidente. El art. 5. 1 de la Directiva 90/232/CEE exigía a los Estados miembros que "adoptaran las medidas necesarias para garantizar que las personas implicadas en un accidente de la circulación por carretera puedan averiguar a la mayor brevedad el nombre de la empresa de seguros. ". Desde entonces, se han producido quejas en el sentido de que esta disposición no se ha aplicado de manera satisfactoria en todos los Estados miembros. Un estudio realizado por la Comisión sobre la situación actual revela que se trata de quejas bien fundadas. Un ejemplo de ello es el hecho de que, actualmente, en algunos Estados miembros, una víctima que conozca tan solo el número de matrícula del vehículo no puede averiguar de ningún modo la identidad de la empresa de seguros, o lo logra con muchas dificultades. Es preciso distinguir entre la obligación establecida en el artículo 5. 1 de la Directiva 90/232/CEE y la establecida en la presente Directiva, con arreglo a la cual los Estados miembros deben crear registros de información. El apartado 1 del artículo 4 de la presente Directiva establece la obligación de implantar un mecanismo preciso (un "registro de información") destinado a identificar a la empresa de seguros, a su representante para la liquidación de siniestros en el país de residencia de la víctima y, en su caso, al asegurado. En la Tercera Directiva sobre seguro de automóviles, se exige a los Estados miembros un resultado, sin especificar la manera de cumplir con esa obligación. Además, la obligación atañía sólo a determinados datos, es decir, el nombre de las empresas de seguros. En el caso que nos ocupa, el contenido de la información es más amplio, pues se trata también de identificar al representante para la liquidación de siniestros. Esta información es igualmente necesaria para el funcionamiento efectivo del mecanismo establecido en el artículo 3; resulta oportuno asignar a los centros de información la responsabilidad de llevar registros, no sólo de las empresas de seguros, sino, igualmente, de los representantes para la liquidación de siniestros que las mismas designen. La víctima tiene derecho, asimismo, a otra información sobre el asegurado, siempre y cuando concurran las circunstancias que justifiquen la revelación de esa información y que se especifican en el apartado 3 del artículo 4 de la presente propuesta de Directiva (que el vehículo no esté válida o legalmente asegurado). « •' Lógicamente, aquellos Estados miembros que, en virtud del artículo 5. 1 de la Tercera Directiva sobre seguro de automóviles, hayan creado ya bases de datos o registros de información podrán adaptarlos o completarlos fácilmente para utilizarlos en el ámbito de lo dispuesto en la presente Directiva. Para que la víctima pueda identificar fácilmente a la empresa de seguros del vehículo involucrado en el accidente, así como al representante de dicha empresa de seguros en el país de residencia de la víctima, no es imprescindible que los medios necesarios para alcanzar ese objetivo estén centralizados en una única entidad. Los distintos datos pueden ser gestionados por diferentes organismos, según cuál sea la situación de cada país, siempre y cuando la información pueda obtenerse en una única dirección. Para que la estructura que se propone sea efectiva, es necesario que se establezcan vías de comunicación entre los organismos de información homólogos de los diferentes países, a fin de que la víctima pueda obtener información tanto en el país de matriculación del vehículo como -en especial- en su país de residencia. De cualquier modo, la cooperación entre los centros de información es indispensable para conseguir el numero de matrícula del vehículo y el nombre de la empresa de seguros en el país de residencia de la víctima, puesto que esa información sólo consta en el país de matriculación del vehículo. La solicitud de información de la víctima tiene como principal objetivo facilitarle el ejercicio del derecho de acción directa, según se define en el artículo 1 de la presente Directiva. A este respecto, del apartado 3 se deduce que, para que la víctima pueda iniciar un procedimiento contra la empresa de seguros, basta con identificar a esta última. Ahora bien, en los casos de vehículos que no estén debidamente asegurados, es indispensable que la víctima pueda obtener información sobre el propietario o el conductor habitual del vehículo que haya provocado el accidente. 10 Artículo 5 (organismo indemnizatorio) El apartado 1 mejora la situación de la víctima en los casos en los que, pese a la obligación de designar un representante, éste no ha sido designado, o en los que la empresa de seguros, aun habiendo designado un representante, no se decide a liquidar el siniestro. No sería justo que la víctima tuviera que confiar exclusivamente en las sanciones meramente administrativas que pueda imponer la autoridad de supervisión si la empresa de seguros no reúne los requisitos necesarios para la concesión de autorización. Además, para garantizar la eficaz intervención del organismo indemnizatorio, el apartado 1 prevé un plazo preciso para dicha intervención, a contar desde la fecha en que la víctima presente su reclamación de indemnización. Asimismo, para que la empresa de seguros pueda preparar su defensa, en este apartado se establece que el organismo indemnizatorio está obligado a informar oficialmente a aquélla, lo que resulta lógico dado que es ella la deudora en última instancia. Hay que señalar que este deber de información no afecta al proceso de indemnización de la víctima -del texto no se desprende efecto suspensivo alguno-, que debe concluir en los dos meses siguientes a la fecha de presentación de la reclamación de indemnización. El apartado 2 tiene como objetivo estimular la buena disposición de la empresa de seguros para cumplir con la obligación que se establece en el artículo 3, de manera que resuelva pronto las reclamaciones cuando se trate de víctimas no residentes, exponiéndola al riesgo de quedar vinculada por las decisiones de terceros. No existe razón alguna por la que, en los dos supuestos contemplados en el apartado 1, no sea la empresa de seguros la que, en última instancia, pague el siniestro y los gastos de liquidación del mismo. Sin duda, es preciso distinguir entre el objetivo perseguido por la imposición de sanciones prevista en el apartado 6 del artículo 3 y el objetivo perseguido por el presente artículo. En el primer caso, las sanciones son meramente disciplinarias, orientadas a penalizar a la empresa de seguros que incumpla con las obligaciones previstas en el artículo 3. En el segundo caso, el objetivo es indemnizar a la víctima, independientemente de lo que le suceda a la propia empresa de seguros. Una disposición que tan sólo se proponga sancionar a la empresa de seguros no sirve para garantizar los derechos de la víctima. El estatuto legal del "organismo", que, en la práctica, viene constituido por una red de "organismos", se corresponde con el del organismo contemplado en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE: la víctima puede presentar una reclamación de indemnización, el organismo no está obligado a seguir las instrucciones de la empresa de seguros y sus decisiones son vinculantes para la misma, salvo si ésta puede demostrar que el organismo indemnizatorio no le ha informado, según lo previsto en el anterior apartado, y, por tanto, no ha podido preparar su defensa, o si el siniestro se ha liquidado deliberadamente, a sabiendas de que la reclamación no era justa. La propia empresa de seguros estará interesada en evitar esa situación, por lo que cabe suponer que el procedimiento previsto en el artículo 5 se aplicará en contadas ocasiones. Su objetivo fundamental es ejercer una presión eficaz. Al igual que sucede con el representante para la liquidación de siniestros y con los organismos de información, los Estados miembros pueden utilizar las estructuras ya existentes y fácilmente adaptables á las exigencias del presente artículo; por ejemplo, los 11 fondos de garantía del automóvil, creados en virtud el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE, o las Oficinas Nacionales de Carta Verde. Además, los Estados miembros deben tomar las decisiones necesarias para la financiación de este organismo, es decir, sobre los recursos financieros que se le asignan y cualquier otro medio de financiación. En virtud de lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 2, el organismo indemnizatorio del país de residencia de la víctima tiene un derecho automático de repetición, pero no contra el responsable del accidente, ni tampoco contra la empresa que asegura la responsabilidad civil del mismo, sino contra su organismo homólogo del país de la empresa de seguros que haya incumplido. El citado párrafo parte del principio de que cada organismo indemnizatorio debe indemnizar a las personas que residan en su propio Estado miembro y hayan sido víctimas de accidentes en otro Estado miembro que no sea el suyo de residencia (por tanto, distinto de aquél en el que ese organismo esté situado). A continuación, el párrafo segundo del apartado 2 especifica que el citado organismo pasa a ser acreedor del organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros. Al objeto de que el derecho automático de repetición funcione correctamente, el párrafo primero del apartado 2 fija un determinado plazo para que el organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros efectúe el reembolso. Además, el apartado 3 impone a los Estados miembros la obligación de definir los sistemas de reembolso y sus aspectos técnicos. Es preciso señalar que ni el artículo 5, ni los artículos precedentes, tienen por objeto modificar las normas de derecho aplicables en materia de responsabilidad. Al establecer este derecho automático de repetición, con subrogación del organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros en los derechos de la víctima, será fácil obtener el reembolso de la empresa de seguros responsable, por dos razones: por un lado, el hecho de que el organismo indemnizatorio acreedor de la empresa de seguros radique en el mismo Estado miembro que esta última tiene la ventaja de que todos los litigios se desarrollarán ante los tribunales nacionales y con arreglo al ordenamiento jurídico nacional. Por otro, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, el Fondo de Garantía del país de establecimiento de la empresa de seguros, financiado por las empresa de seguros que estén establecidas y operen en ese país, será el designado como organismo indemnizatorio. En este sentido, la presión ejercida sobre la empresa de seguros que haya incumplido por las demás empresas de seguros de su país de establecimiento será muy las consecuencias derivadas del incumplimiento de uno de los integrantes del Fondo de Garantía. importante, puesto que no desearán soportar Artículo 6 (imposibilidad de identificar a la empresa de seguros) Si no puede identificarse a la empresa de seguros, el sistema de mecanismos complementarios (acción directa, representante para la liquidación de siniestros, organismo de indemnización) no puede funcionar. Por ello, este artículo tiene por objeto garantizar que, en los casos en que no se den las condiciones necesarias para la aplicación del mecanismo establecido por la Directiva, la víctima sea, de cualquier modo, 12 indemnizada. En ese caso, el Fondo de Garantía del Estado miembro de residencia de la víctima será responsable de indemnizarla. A continuación, y previa reclamación de dicho Fondo, el deudor final de la indemnización pagada a la víctima será el Fondo de Garantía del Estado miembro en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual. De la lectura conjunta del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE y el apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 72/166/CEE se deduce que la obligación de velar por que todo vehículo esté asegurado frente a la responsabilidad civil, con arreglo a lo dispuesto en esa última Directiva, incumbe al Estado miembro en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual. En consecuencia, si se produce un accidente provocado por un vehículo que incumple la citada obligación, la indemnización de la víctima corresponde al Fondo de Garantía del Estado miembro en que tenga su estacionamiento habitual el vehículo no asegurado y causante del accidente. Hay que señalar, además, que este artículo responde a la misma lógica que el artículo 5 de la presente propuesta: a la víctima de un accidente ocurrido fuera de su país de residencia le interesa ser indemnizada en su país de residencia, en las mismas condiciones que las consideradas válidas para la intervención del organismo indemnizatorio previsto en el artículo 5. A continuación, se prevé el derecho de repetición del Fondo de Garantía del país de residencia de la víctima frente al Fondo de Garantía del país en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual, en las mismas condiciones que las establecidas en el apartado 2 del artículo 5 (subrogación en los derechos de la víctima, plazo de dos meses para el reembolso por el Fondo de Garantía del país en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual, etc. ) y mediante remisión a ese último artículo. Por otro lado, en algunos casos, si el vehículo no estaba asegurado, el deudor final de la indemnización pagada por el Fondo de Garantía del país de la víctima será (previa reclamación de dicho fondo), bien el Fondo de Garantía del país en el que se haya producido el accidente, si el vehículo del responsable del accidente está matriculado en ese país, bien la Oficina de Carta Verde, asimismo del país en el que se haya producido el accidente, si el vehículo está matriculado (tiene su estacionamiento habitual) en un tercer país; en este último caso, la Oficina tendrá el derecho de repetición frente a la Oficina homologa del país de estacionamiento habitual del vehículo. En cualquier caso, no hay que confundir el caso recogido en este artículo (vehículo identificado - empresa de seguros no identificada) con los casos de vehículos no identificados. Estos últimos están cubiertos directamente por el mecanismo de carta verde ya existente, y parece lógico que, según lo previsto en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE, el deudor final sea el Fondo de Garantía del país en que haya tenido lugar el accidente. Artículos 7 y 8 (Incorporación al ordenamiento jurídico interno - Entrada en vigor) Estos artículos recogen las fórmulas clásicas sobre los plazos de incorporación y aplicación del acto y sobre los destinatarios del mismo. 13 Artículo 9 (Sanciones) Esta disposición, que se viene incluyendo ya hace algunos años en todas las propuestas legislativas de la Comisión, refleja la política de ésta de velar, en su función de guardiana de los Tratados, por la adecuada incorporación y aplicación de las medidas legislativas que propone7. 7COM(95) 162 final, de 3. 5. 95. 14 Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y por la que se modifican las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 del artículo 57 y el artículo 100 A, Vista la propuesta de la Comisión8, Visto el dictamen del Comité Económico y Social9, De conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 189 B del Tratado, Considerando que actualmente existen diferencias entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles que obstaculizan la libre circulación de personas y la libre prestación de servicios en el sector asegurador; Considerando que, por consiguiente, es necesario aproximar las citadas legislaciones, para facilitar el funcionamiento del mercado interior; Considerando que, mediante la Directiva 72/166/CEE10, modificada en última instancia la Directiva 90/232/CEE11, el Consejo adoptó disposiciones relativas a la por aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles y sobre el control de la obligación de asegurar esa responsabilidad; Considerando que, mediante la Directiva 88/357/CEE12, modificada en última instancia por la Directiva 92/49/CEE13, el Consejo adoptó normas sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida y sobre el ejercicio de la libre prestación de servicios; °DON°C. 9DON°C. 10DO N° L 103, de 2. 5. 72, pág. 1. "DO N° L 129, de 19. 5. 90, pág. 33. 12DO N° L 172, de 04. 7. 88, pág. 1. ,3DO N° L228, de 11. 8. 92, pág. 1. 15 Considerando que, mediante su Resolución "sobre la reparación de los daños ocasionados por accidentes de tráfico acaecidos fuera del país de origen de la víctima", de 26 de octubre de 199514, el Parlamento Europeo tomó la iniciativa, según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 138 B del Tratado CE, de solicitar a la Comisión que presentara una propuesta de Directiva del Consejo y del Parlamento Europeo en la que se abordara el citado tema; Considerando que, efectivamente, resulta oportuno completar el régimen instaurado por las Directivas 72/166/CEE, 84/5/CEE15 y 90/232/CEE, a fin de garantizar a las víctimas de accidentes de la circulación un trato comparable, sea cual sea el lugar de la Comunidad en que haya ocurrido el accidente; que existen lagunas en lo que se refiere a la liquidación de siniestros en los casos de accidentes ocurridos en un Estado miembro distinto del de residencia de la víctima; Considerando que, para colmar dichas lagunas, al menos en parte, procede establecer la obligación de que el Estado miembro de establecimiento de la empresa de seguros exija a ésta que designe representantes, que residan o estén establecidos en los demás Estados miembros, encargados de recoger toda la información necesaria en relación con los citados siniestros y que dispongan de poderes suficientes para representar a la empresa ante las personas damnificadas, incluido en lo relativo al pago de indemnizaciones, y para representarla o, en su caso, hacer que esté representada ante los tribunales (siempre y cuando ello sea compatible con las normas de derecho internacional privado sobre la atribución de competencias jurisdiccionales) y ante las autoridades de dicho Estado miembro en lo que se refiere a tales siniestros; Considerando que la designación de representantes para la liquidación de siniestros forma parte de las condiciones de acceso a la actividad de seguro en el ramo 10 del apartado A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, y de ejercicio de la misma; que, por tanto, ese requisito está cubierto por la autorización administrativa única, concedida por las autoridades del Estado miembro en que se halle el domicilio social de la empresa de seguros, según se define en el Título II de la Directiva 92/49/CEE; que dicho requisito es igualmente válido en lo que se refiere a las empresas cuyo domicilio social esté situado fuera de la Comunidad y que hayan sido autorizadas a operar en el territorio de un Estado miembro de la Comunidad; que se modifican y completan, a este respecto, las Directivas 73/239/CEE y 92/49/CEE; Considerando que dar a la víctima la posibilidad de emprender acciones directas contra la empresa de seguros es el lógico requisito previo a la designación de tales representantes; que dicha posibilidad mejoraría la situación jurídica de las víctimas de accidentes de la circulación ocurridos fuera de su Estado miembro de residencia; Considerando que, además de garantizar la existencia de un interlocutor, representante de la empresa de seguros en el país de residencia de la víctima, procede garantizar la sustancia misma del derecho de la víctima, esto es, la resolución del litigio en el plazo más breve posible; que, por consiguiente, las legislaciones nacionales deben prever la aplicación de sanciones apropiadas a la empresa de seguros responsable, en el supuesto l4DO n° C 308, de 20. 11. 95, pág. 108. 15DO n° L 8, de 11. 01. 84, pág. 17. 16 de que ésta incumpla la obligación de presentar una oferta de indemnización en un plazo razonable; que, no obstante, para que la empresa de seguros pueda presentar una oferta válida en los plazos previstos, ni la responsabilidad ni los daños sufridos deben estar sujetos a controversia; Considerando que las víctimas de accidentes de la circulación a veces tienen dificultad para averiguar el nombre de la empresa de seguros que cubre la responsabilidad civil derivada del uso de un vehículo automóvil implicado en un accidente; que, en interés de dichas víctimas, procede que los Estados miembros creen organismos de información que permitan disponer de esos datos prontamente; que estos organismos de información deben aportar también a las víctimas información sobre los representantes para la liquidación de siniestros; que es necesario que dichos organismos cooperen entre sí y obren con rapidez frente a las reclamaciones de indemnización que les sean presentadas por organismos de información situados en otros Estados miembros; Considerando que es necesario prever que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en los casos en que la empresa de seguros no haya designado un representante o recurra manifiestamente a tácticas dilatorias; que, en tales casos, es importante que la víctima pueda dirigirse directamente a dicho organismo; que procede otorgar al citado organismo el derecho de subrogación, en la medida en que haya procedido a indemnizar a la víctima; que, a fin de facilitar las acciones frente a la empresa de seguros, el organismo indemnizatorio del país de la víctima tiene el derecho automático de reembolso, y su organismo homólogo en el país donde se halle el domicilio social de la empresa de seguros el derecho a subrogarse en los derechos de la víctima; que este último organismo está mejor situado para entablar acción de repetición contra la empresa de seguros; Considerando que es necesario que un organismo garantice que la víctima no se quede sin indemnización en los casos en que la empresa de seguros del vehículo causante del siniestro no haya podido ser identificada; que está justificado prever que el deudor final del importe pagado para indemnizar a la víctima sea un organismo situado en el Estado miembro en el que el vehículo no asegurado que haya provocado el accidente tenga su estacionamiento habitual; HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: 17 Artículo 1 (Ámbito de aplicación) La presente Directiva tiene por objeto: Establecer disposiciones específicas en relación con las víctimas de siniestros: a) acaecidos en un Estado miembro que no sea el de residencia de dichas víctimas, y b) ocasionados por un vehículo: - asegurado por una empresa de seguros establecida en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima, y - matriculado en un Estado miembro que no sea el de residencia. de la víctima. Artículo 2 (Acción directa) Los Estados miembros velarán por que toda persona víctima de un siniestro, según se define en el artículo 1 de la presente Directiva, tenga derecho a interponer una acción directa contra la empresa de seguros del tercero a quien corresponda la responsabilidad civil. Artículo 3 (Representante para la liquidación de siniestros) 1. Los Estados miembros velarán por que toda empresa de seguros autorizada, en virtud de lo dispuesto en: - el artículo 6 de la Directiva 73/239/CEE, modificado por el artículo 4 de la Directiva 92/49/CEE, para cubrir los riesgos comprendidos en el ramo 10 de la sección A del anexo de la Directiva 73/239/CEE, salvo el derivado de la responsabilidad civil del transportista, o - en el apartado 2 del artículo 23 de la Directiva 73/239/CEE, designe libremente en todos los Estados miembros, salvo aquel en el que haya obtenido la autorización, un órgano (en lo sucesivo denominado "representante para la liquidación de siniestros"). Este órgano estará encargado de tramitar y liquidar los siniestros originados por accidentes ocurridos en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima y causados por un vehículo asegurado por dicha empresa y matriculado en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima. El representante para la liquidación de siniestros deberá residir o estar establecido en el Estado miembro de residencia de la víctima. 18 2. La Directiva 73/239/CEE se modifica del siguiente modo: a) Se añade al apartado 1 del artículo 8 la siguiente letra: "f) faciliten el nombre y dirección del representante encargado de la liquidación de siniestros que designen, en cada uno de los Estados miembros, cuando se trate de riesgos clasificados en el ramo 10 del apartado A del anexo". b) Se añade al apartado 2 del artículo 23 la siguiente letra: "h) faciliten el nombre y dirección del representante encargado de la liquidación de siniestros que designen, en cada uno de los Estados miembros, cuando se trate de riesgos clasificados en el ramo 10 del apartado A del anexo". 3. El representante para la liquidación de siniestros deberá recabar toda la información necesaria en relación con la reclamación de indemnización y adoptará las medidas necesarias para negociar la liquidación del siniestro con arreglo a las instrucciones recibidas de la empresa de seguros afectada, así como a las normas en materia de seguro obligatorio de responsabilidad civil previstas en el ultimo párrafo del artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE, y a las normas nacionales sobre responsabilidad civil aplicables al accidente. La obligatoriedad de un representante no será obstáculo para que la víctima o su empresa de seguros puedan entablar acción directa contra el autor del daño o su empresa de seguros. 4. El representante para la liquidación de siniestros deberá estar debidamente cualificado. Deberá estar dotado de los medios necesarios para desempeñar las funciones previstas en el presente artículo. 5. El representante para la liquidación de siniestros deberá disponer de poderes suficientes para representar a la empresa de seguros ante las personas damnificadas que puedan reclamar indemnización, incluido el pago liberatorio de dicha indemnización, y para representarla o, en su caso, hacer que esté representada ante los tribunales, en lo que se refiere a la reclamación de indemnización, en la medida en que ello sea compatible con el Convenio de Bruselas, de 27 de septiembre de 1968, sobre competencia judicial y ejecución de las sentencias en materia civil y mercantil16 y con otras normas de derecho internacional privado relativas a la atribución de competencias judiciales, y ante las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio representa a la empresa de seguros. 6. Los Estados miembros deberán prever obligaciones, so pena de sanción, a fin de velar por que, en el plazo de tres meses a contar desde la fecha en que la víctima notifique su reclamación de indemnización, ya sea directamente a la empresa de seguros responsable, ya al representante para la liquidación de siniestros: ,6DO n° L 299, de 31. 12. 72. 19 - la empresa de seguros del responsable o su representante para la liquidación de siniestros presenten una oferta de indemnización, en el supuesto de que se haya determinado la responsabilidad y el daño; - la empresa de seguros a la que se haya presentado la reclamación de indemnización o su representante para la liquidación de siniestros respondan apropiadamente a lo suscitado en la reclamación, en el supuesto de que no se haya determinado claramente la responsabilidad y no se haya cuantificado plenamente el daño sufrido por la víctima. 7. Será de aplicación lo dispuesto en el último párrafo del apartado 4 del artículo 12bis de la Directiva 88/357/CEE. Artículo 4 (Organismo de información) 1. Cada uno de los Estados miembros creará o designará un organismo (en lo sucesivo denominado "organismo de información") encargado de llevar registros de los vehículos automóviles matriculados en ese Estado miembro, de las empresas de seguros que cubran la responsabilidad civil de dichos vehículos y de los representantes para la liquidación de siniestros designados con arreglo a lo previsto en el precedente artículo 3, cuyos nombres habrán de notificarse al citado organismo, en virtud de lo dispuesto en el siguiente apartado 2, o de gestionar la recogida y difusión de tales datos; asimismo, deberá prestar asistencia a los interesados para averiguar la identidad de las empresas que aseguran los vehículos matriculados en ese Estado miembro, así como la de sus representantes para la liquidación de siniestros. 2. Las empresas de seguros de la responsabilidad civil derivada del uso de vehículos automóviles deberán comunicar al organismo de información del Estado miembro en el que estén establecidas el número de matrícula de los vehículos matriculados en ese Estado miembro que tengan asegurados, los números de las pólizas y los nombres y direcciones de los tomadores del seguro correspondiente a esos vehículos. Asimismo, deberán comunicar a los organismos de información de los demás Estados miembros esos mismos datos en relación con los vehículos matriculados en dichos Estados y asegurados por las citadas empresas en virtud de la libre prestación de servicios, e, igualmente, el nombre y dirección de los representantes para la liquidación de siniestros designados en esos Estados miembros con arreglo a lo previsto en el artículo 3. 3. Los Estados miembros velarán por que la víctima de un accidente ocurrido en un Estado miembro que no sea su país de residencia tenga derecho a pedir al organismo de información de su país de residencia o del país de matriculación del vehículo que le facilite el nombre de la empresa de seguros y el número de la póliza de seguro del vehículo considerado, así como el nombre del representante para la liquidación de siniestros de dicha empresa de seguros en el país de residencia de la víctima. Si el vehículo no estuviera válida o legalmente asegurado, el organismo de información deberá proporcionar a la víctima el nombre y dirección del propietario o del conductor habitual. 20 Artículo 5 (Organismo indemnizatorio) 1. Cada uno de los Estados miembros creará o autorizará un organismo ( en lo sucesivo denominado "organismo indemnizatorio") encargado de indemnizar en los casos en que los daños materiales o corporales hayan sido ocasionados a una persona residente en ese Estado miembro por un vehículo matriculado y asegurado en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima, y el accidente que provocó el daño o perjuicio se haya producido en un Estado miembro que no sea el de residencia de la víctima. El organismo indemnizatorio del país de residencia de la víctima intervendrá, en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de presentación de la reclamación de indemnización que le presente la víctima, en los casos en que: - la empresa de seguros del vehículo que originó el accidente no haya designado un representante para la liquidación de siniestros, según lo dispuesto en el artículo 2, o - la empresa de seguros o su representante para la liquidación de siniestros no hayan formulado una oferta de indemnización o no hayan dado una respuesta motivada en relación con las exigencias formuladas por la víctima en su reclamación de indemnización, o hayan rechazado la indemnización de la víctima sin comunicarle las razones de ese rechazo, en el plazo de tres meses a contar desde que esta última presentara su reclamación a la empresa de seguros o a su representante, y ello dentro de los límites de la obligación de seguro, establecidos en el último párrafo del artículo 2 de la Directiva 90/232/CEE, y conforme a las disposiciones nacionales en materia de responsabilidad civil aplicables al accidente. En el plazo de dos meses a contar desde la fecha de presentación de la reclamación de indemnización de la víctima el organismo indemnizatorio del país de residencia de la víctima deberá informar a la empresa de seguros del responsable o a su representante para la liquidación de siniestros de que ha recibido una reclamación de indemnización de la víctima y va a intervenir al respecto. 2. El organismo indemnizatorio que haya indemnizado a la víctima en su Estado miembro de residencia pasará a ser acreedor del organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros, que deberá reembolsarle el importe satisfecho en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha en que haya presentado la solicitud de reembolso. A continuación, el organismo indemnizatorio del país de establecimiento de la empresa de seguros se subrogará en los derechos de la víctima frente al responsable del accidente o a su empresa de seguros, siempre y cuando el organismo indemnizatorio del Estado miembro de residencia de la víctima haya indemnizado a ésta por el siniestro. Si la indemnización de la víctima ha sido fijada por sentencia judicial, ha sido reconocida por la empresa de seguros u objeto de acuerdo, la citada empresa no podrá oponerse al reembolso, salvo si puede demostrar que el organismo no la ha informado, según lo previsto en el apartado 1 del presente artículo, ha satisfecho erróneamente una 21 reclamación infundada o ha sobrevalorado el daño. Los organismos indemnizaíorios del país de residencia de la víctima y del país de establecimiento de la empresa de seguros podrán exigir también el reembolso de los gastos en que razonablemente hayan incurrido. 3. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que el organismo indemnizatorio situado en su territorio reembolse, en el plazo establecido en el apartado 2 del presente artículo, al organismo indemnizatorio de otro Estado miembro que haya indemnizado a la víctima de un accidente provocado por un vehículo asegurado por una empresa de seguros con domicilio social en el citado primer Estado miembro, en los casos previstos en el párrafo segundo del apartado 2 del presente artículo. Artículo 6 (Imposibilidad de identificar a la empresa de seguros) Si no fuera posible identificar a la empresa de seguros, el vehículo se considerará vehículo no asegurado. La reparación por los daños materiales y corporales ocasionados a la víctima correrá a cargo del organismo contemplado en el apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 84/5/CEE dentro de los límites establecidos en el mismo. La víctima deberá ser indemnizada por el organismo previsto en el presente artículo en su Estado miembro de residencia. A continuación, este organismo, en las mismas condiciones que las previstas en el apartado 2 del artículo 5 de la presente Directiva, pasará a ser acreedor del organismo equivalente del país en el que el vehículo tenga su estacionamiento habitual, o, en su caso, de la Oficina de Carta Verde del citado Estado miembro. Artículo 7 (Incorporación al ordenamiento jurídico interno) 1. Los Estados miembros deberán aprobar y publicar las disposiciones nacionales necesarias para cumplir con la presente Directiva, en el plazo de dieciocho meses, a contar desde la fecha de notificación de la misma. Informarán de ello inmediatamente a la Comisión. Aplicarán las citadas disposiciones en el plazo de veinticuatro meses a contar desde la fecha de notificación de la presente Directiva. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión las disposiciones necesarias de derecho interno que adopten en el ámbito de lo dispuesto en la presente Directiva. Artículo 8 (Entrada en vigor) La presente Directiva entrará en vigor el. día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. 22 Artículo 9 (Sanciones) Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a la contravención de las disposiciones nacionales aprobadas en aplicación de la presente Directiva y adoptarán cuanta medida resulte necesaria para garantizar la aplicación de dichas disposiciones. Las sanciones que se establezcan deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán las citadas disposiciones a la Comisión a más tardar en la fecha mencionada en el artículo 7; asimismo, le comunicarán, a la mayor brevedad posible, cualquier modificación posterior que les afecte. Artículo 10 (Destinatarios) Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. Hecho en Bruselas, Por el Parlamento Europeo, El Presidente Por el Consejo, El Presidente, 23 ISSN 0257-9545 COM(97) 510 final DOCUMENTOS ES 10 07 05 06 N° de catálogo : CB-CO-97-520-ES-C ISBN 92-78-25702-8 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo ¿L<f


title: REGULAMENTO (CE) Nº 1985/97 DA COMISSÃO de 10 de Outubro de 1997 que fixa as taxas de conversão agrícolas

eurovoc_concepts:
agri-monetary policy
farming sector
representative rate


title: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1976/97 της Επιτροπής της 10ης Οκτωβρίου 1997 για τον καθορισμό, για την περίοδο εμπορίας 1996/97, του ποσού που θα πληρωθεί από τους βιομηχάνους ζάχαρης στους πωλητές ζαχαροτεύτλων λόγω της διαφοράς μεταξύ του μέγιστου ποσού της εισφοράς Β και του ποσού της εισφοράς αυτής

eurovoc_concepts:
farm prices
marketing
product quality
sugar beet
sugar industry
sugar levy

formats: html pdfa1b print


title: Résolution du comité consultatif CECA concernant la proposition de directive du Conseil restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques présentée par la Commission Européenne (Adoptée à l'unanimité moins une abstention lors de la 337e session du 10 octobre 1997)

eurovoc_concepts:
ECSC
energy-generating product
industrialised country
proposal (EU)
restriction on competition
tax system


title: Collection of consolidated texts, 380 L 0778.,Recueil de textes consolidés, 380 L 0778.

eurovoc_concepts:
European standard
consolidation of EU law
drinking water
public health


title: REGOLAMENTO (CE) N. 1980/97 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 1997 relativo alla fornitura di zucchero bianco a titolo di aiuto alimentare

eurovoc_concepts:
Tajikistan
award of contract
food aid
white sugar


title: VERORDNUNG (EG) Nr. 1981/97 DER KOMMISSION vom 10. Oktober 1997 über die Erteilung von Lizenzen zur Einfuhr von Bananen im Rahmen des Zollkontingents für das vierte Quartal 1997 (zweiter Zeitraum) (Text von Bedeutung für den EWR)

eurovoc_concepts:
import licence
tariff quota
tropical fruit


title: Id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni ta’ l-10 ta’ Ottubru 1997 li temenda d-Deċiżjoni 93/195/KEE dwar il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ l-annimali u ċ-ċertifikazzjoni veterinarja għad-dħul mill-ġdid taż-żwiemel reġistrati għat-tiġrija, kompetizzjoni u avvenimenti kulturali wara l-esportazzjoni temporanjaTest b’relevanza ghall-Ftehim ŻEE

eurovoc_concepts:
cultural event
equidae
health certificate
health control
sport
temporary admission

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text: 16 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea 03/Vol. 22 31997D0684 21. 10. 1997 IL-ĠURNAL UFFIĊJALI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ L 287/49 ID-DEĊIŻJONI TAL-KUMMISSJONI ta’ l-10 ta’ Ottubru 1997 temenda d-Deċiżjoni 93/195/KEE dwar l-annimali u ċ- li ċertifikazzjoni veterinarja għad-dħul mill-ġdid taż-żwiemel reġistrati għat-tiġrija, kompetizzjoni u avvenimenti kulturali wara l-esportazzjoni temporanja il-kondizzjonijiet tas-saħħa ta’ (Test b’relevanza ghall-Ftehim ŻEE) (97/684/KE) Il-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ, ADOTTAT DIN ID-DEĊIŻJONI: Artikolu 1 inċiż ta’ l-Artikolu 1 huwa sostitwit bil-kliem li Id-Deċiżjoni 93/195/KEE hija emendata kif ġej: 1. It-tielet ġejjin: “— ikunu ħadu sehem fil-Logħob Olimipiku ta’ Sydney fl- 2000 jew il-ġrajjiet preparatorji tagħhom u jilħqu l- ħtiġiet preskritti fiċ-ċertifikat tas-saħħa skond il-mudell stipulat f’ l-Anness III li jinsab ma din id-Deċiżjoni. ” 2. L-Anness III huwa sostitwit b’ l-Anness I li jinsab ma’ din id-Deċiżjoni. 3. Ir-raba indenti bil-kliem li ġejjin huwa miżjud ma’ l- Artikolu 1: “— ikun ħadu sehem fit-Tazza tad-Dinja tat-Tlielaq ta’ Dubaj u jilħqu l-ħtiġiet preskritti fiċ-ċertifikat tas-saħħa skond il-mudell stipulat f’L-Anness IV li jinsab ma’ din id-Deċiżjoni. ” 4. L-Anness II li bħala l-Anness IV. jinsab ma’ din id-Deċiżjoni huwa miżjud Din id-Deċiżjoni hija indirizzata lill-Istati Membri. Artikolu 2 Magħmul fi Brussel, fl-10 ta’Ottubru 1997. Għall-Kummissjoni Franz FISCHLER Membru tal-Kummissjoni Wara li kkonsidrat it-Trattat li jistabilixxi l-Komunità Ewropea, Wara li kkonsidrat id-Direttiva tal-Kunsill 90/426/KEE tas-26 ta’ Ġunju 1990 dwar kundizzjoni tas-saħħa ta’ li jirregolaw it-tmexxija u l-importazzjoni għall-pajjiżi terzi ta’ l- equidae (1), kif l-aħħar emendata mill-Att ta’ l- l- Awtrija, Artikolu 19 (ii) tagħha, l-Adeżjoni ta’ l-Finlandja u l-Iżvezja, u b’mod partikolari l-annimali Billi, skond id-Deċiżjoni tal-Kummisjoni 93/195/KEE (2), kif l- aħħar emendata bid-Deċiżjoni 97/160/KE (3), id-dħul mill-ġdid taż-żwiemel reġistrati għat-tiġrija, kompetizzjoni u avvenimenti temporanja huwa ristrett għal kulturali wara esportazzjoni żwiemel miżmuma għall-inqas minn 30 jum f’pajjiż terz; Billi sabiex ikun aktar ħafif għaż-żwiemel joriġinaw fil- Komunità biex jieħdu parti fil-Logħob Olimpiku ta’ Sydney fl- Awstralja fl-2000 jew fl-avvenimenti preparatorji tagħhom, il- perjodu għandu jkun imtawwal għal mhux anqas minn 90 jum; li Billi sabiex jkun aktar ħafif għaż-żwiemel joriġinaw fil- Komunità biex jieħdu parti fit-Tazza tad-Dinja tat-Tlielaq ta’ Dubaj fl-Emirati Għarab Maqgħuda, dak il-perjodu għandu jkun imtawwal għal mhux anqas minn 90 jum; li l-miżuri Billi skond l-opinjoni tal-Kumitat Veterinarju Permanenti, li għalihom tipprovdi din id-Deċiżjoni huma (1) ĠU L 224, tat-18. 8. 1990, pg. 42. (2) ĠU L 86, tas-6. 4. 1993, pg. 1. (3) ĠU L 62, ta’ l-4. 3. 1997, pg. 39. 03/Vol. 22 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea 17 L-ANNESS I “L-ANNESS III 18 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea 03/Vol. 22 03/Vol. 22 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea 19 L-ANNESS II “L-ANNESS IV 20 MT Il-Ġurnal Uffiċjali ta' l-Unjoni Ewropea 03/Vol. 22


title: Risoluzione del comitato consultivo CECA concernente la proposta della Commissione Europea di una direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro comunitario per l'imposizione dei prodotti energetici (Adottata all'unanimità con un'astensione durante la 337a sessione del 10 ottobre 1997)


title: Règlement (CE) nº 1979/97 de la Commission du 10 octobre 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé

eurovoc_concepts:
marketing
olive oil
production aid
production policy


title: Decyzja Komisji z dnia 10 października 1997 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw weterynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowymTekst mający znaczenie dla EOG

text: 16 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 03/t. 22 31997D0684 21. 10. 1997 DZIENNIK URZĘDOWY WSPÓLNOT EUROPEJSKICH L 287/49 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 października 1997 r. zmieniająca decyzję 93/195/EWG w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt i świadectw wete- rynaryjnych przy powrotnym wwozie zarejestrowanych koni wyścigowych, biorących udział w zawodach i wykorzystywanych w wydarzeniach kulturalnych, po wywozie czasowym (Tekst mający znaczenie dla EOG) (97/684/WE) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Artykuł 1 uwzględniając dyrektywę Rady 90/426/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt regulują- cych przemieszczanie i przywóz zwierząt z rodziny koniowa- tych z państw trzecich (1), ostatnio zmienioną Aktem Przy- stąpienia Austrii, Finlandii jej art. 19 ii), i Szwecji, w szczególności W decyzji 93/195/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 1 tiret trzecie otrzymuje brzmienie: „— brały udział w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w lub w przygotowaniach do nich i spełniają 2000 r. wymagania zdrowia zgodnie ze wzorem podanym w załączniku III do niniejszej decyzji. ”; ustanowione w świadectwie a także mając na uwadze, co następuje: 2) załącznik III zastępuje się załącznikiem I do niniejszej decyzji; 3) w art. 1 dodaje się tiret czwarte w brzmieniu: „— brały udział w Pucharze Świata w Wyścigach Konnych w Dubaju i spełniają wymagania ustalone w świadec- twie ze wzorem podanym w załączniku IV do niniejszej decyzji. ”; zdrowia zgodnie 4) załącznik II do niniejszej decyzji dodaje się jako załącznik IV. Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich. Artykuł 2 Sporządzono w Brukseli, dnia 10 października 1997 r. W imieniu Komisji Franz FISCHLER Członek Komisji zgodnie z decyzją Komisji 93/195/EWG (2), ostatnio zmienioną decyzją 97/160/WE (3), za powtórny wwóz zarejestrowanych koni wyścigowych biorących udział w zawodach i wykorzysty- wanych w wydarzeniach kulturalnych po ich czasowym wywozie uznaje się wwóz koni, które znajdowały się w państwie trzecim przez okres krótszy niż 30 dni; aby ułatwić koniom pochodzącym ze Wspólnoty uczestnictwo w Igrzyskach Olimpijskich w Sydney, w Australii lub w przygo- towaniach do nich powyższy okres należy przedłużyć do nie więcej niż 90 dni; aby ułatwić koniom pochodzącym ze Wspólnoty uczestnictwo w dorocznym Pucharze Świata w Wyścigach Konnych w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, powyższy okres należy przedłużyć do nie więcej niż 90 dni; środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu Weterynaryjnego, (1) Dz. U. L 224 z 18. 8. 1990, str. 42. (2) Dz. U. L 86 z 6. 4. 1993, str. 1. (3) Dz. U. L 62 z 4. 3. 1997, str. 39. 03/t. 22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17 ZAŁĄCZNIK I „ZAŁĄCZNIK III 18 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 03/t. 22 03/t. 22 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19 ZAŁĄCZNIK II „ZAŁĄCZNIK IV 20 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 03/t. 22


title: KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1981/97 af 10. oktober 1997 om udstedelse af importlicenser for bananer i forbindelse med toldkontingentet for fjerde kvartal af 1997 (anden periode) (EØS-relevant tekst)


title: REGULAMENTO (CE) Nº 1983/97 DA COMISSÃO de 10 de Outubro de 1997 que altera o Regulamento (CEE) nº 1627/89 relativo à compra de carne de bovino por concurso

eurovoc_concepts:
EU Member State
award of contract
beef
intervention buying
product quality


title: Komission asetus (EY) N:o 1978/97, annettu 10 päivänä lokakuuta 1997, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta oliiviöljyn vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 1997/1998

eurovoc_concepts:
award of contract
export licence
export refund
marketing
olive oil


title: Regulamento (CE) nº 1979/97 da Commissão de 10 de Outubro de 1997 que fixa, para a campanha de comercialização de 1996/1997, a produção estimada de azeite, bem como o montante da ajuda unitária à produção que pode ser adiantado


title: Resolución del Comité Consultivo CECA sobre la clasificación de la chatarra (Adoptada por unanimidad menos dos abstenciones en la 337a sesión, de 10 de octubre de 1997)

eurovoc_concepts:
ECSC
environmental protection
metal waste
product safety
waste management
waste recycling


title: EHTY:n neuvoa-antavan komitean päätöslauselma Eurooppa-neuvoston Amsterdamissa 16. kesäkuuta 1997 perustamasta tutkimusrahastosta (Hyväksytty yksimielisesti 337. kokouksessa 10. lokakuuta 1997)

eurovoc_concepts:
ECSC
applied research
research expenditure (EU)
research policy
social analysis


title: Resolución del Comité Consultivo CECA sobre el fondo de investigación decidido por el Consejo Europeo el 16 de junio de 1997 en Amsterdam (Adoptada por unanimidad en la 337a sesión, de 10 de octubre de 1997)


title: Ψήφισμα της Συμβουλευτικής Επιτροπής ΕΚΑΧ που αφορά στην πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων που υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ψηφίστηκε ομόφωνα με μία αποχή στην 337η σύνοδο της 10ης Οκτωβρίου 1997)


title: COMMISSION REGULATION (EC) No 1980/97 of 10 October 1997 on the supply of white sugar as food aid


title: Entschließung des Beratenden Ausschusses der EGKS zur Einstufung des Schrotts (in der 337. Vollsitzung am 10. Oktober 1997 bei zwei Stimmenthaltungen einstimmig angenommen)


title: Collection of consolidated texts, 380 L 0778.,Recueil de textes consolidés, 380 L 0778.


title: Kommissionens förordning (EG) nr 1977/97 av den 10 oktober 1997 om fastställande för regleringsåret 1996/97 av produktionsavgifterna för socker

eurovoc_concepts:
isoglucose
marketing
production aid
sugar levy
syrup
white sugar


title: Règlement (CE) nº 1977/97 de la Commission du 10 octobre 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1996/1997, les montants des cotisations à la production dans le secteur du sucre