title: Propuesta de directiva del Consejo relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea

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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ft^ft ft ft ft ft ft ft. ftftft Bruselas, 08. 10. 1997 COM(97) 486 final 97/0265 (CNS) Propuesta de DIRECTIVA PEL CONSEJO relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea (presentada por la Comisión) EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I. INTRODUCCIÓN El Consejo Europeo, reunido en Amsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997, reiteró la importancia que concede a un funcionamiento correcto del mercado interior como elemento esencial de una estrategia general para promover la competitividad, el crecimiento económico y el empleo en la Unión. Además, el Consejo Europeo acordó medidas concretas para lograr el máximo progreso posible hacia la consecución del mercado interior; hacer las normas más eficaces, hacer frente a las principales distorsiones del mercado que aún subsisten, evitar una competencia fiscal perjudicial, suprimir los obstáculos sectoriales para la integración de los mercados y garantizar un mercado interior en beneficio de todos los ciudadanos. Además, el Consejo Europeo concede una importancia capital a la creación en los Estados miembros de las condiciones que puedan fomentar una mano de obra cualificada y adaptable y mercados de trabajo flexibles para responder a las transformaciones económicas, lo que exige una intervención activa de los Estados miembros y de la Unión Europea para facilitar la libre circulación de esta mano de obra en el interior de la Unión y para ayudar a las personas a aumentar su empleabilidad. El objeto de la presente Directiva es proteger los derechos a pensión de los trabajadores y los miembros de su familia que se desplazan de un Estado miembro de la Unión Europea a otro, en lo que concierne a ios regímenes complementarios de pensión (vejez, invalidez, supervivencia). Esta protección abarca, en particular, el mantenimiento de los derechos de pensión complementaria en virtud de regímenes complementarios, tanto si la afiliación a dichos regímenes es facultativa como si es obligatoria, y el pago transfronterizo de prestaciones y la posibilidad de afiliación transfronteriza para los trabajadores desplazados. En consecuencia, la propuesta proporciona los medios para eliminar algunos de los obstáculos a la libre circulación de los trabajadores en el interior de la Unión, lo que tendrá un efecto positivo sobre la movilidad del mercado de trabajo, puesto que los trabajadores, sabiendo que sus derechos complementarios de pensión están protegidos, dudarán menos en desplazarse a otro Estado miembro para trabajar. De igual modo, la proposición prepara el terreno para las empresas que deseen utilizar de la mejor forma posible sus recursos humanos desplazando a trabajadores a otros Estados miembros. Por su misma naturaleza, una mayor flexibilidad y movilidad del mercado de trabajo fomentarán el empleo y el crecimiento. Como se subraya en el Libro Verde de 1997 sobre las pensiones complementarias en el mercado único1 y en la Comunicación de la Comisión sobre los regímenes complementarios de pensión2, éstos desempeñan una importante función en tanto que segundo pilar de la seguridad social y completan la protección que prestan los regímenes legales. Dado que muchos ciudadanos de la 1 2 "Los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único - Libro Verde" COM (97) 283 de 10 de junio de 1997. "Sistemas complementarios de seguridad social: el papel de los sistemas de jubilación profesionales en la protección social de los trabajadores y sus implicaciones para la libre circulación", SEC(91) 1332. Unión se deciden por los regímenes complementarios de pensión para tener la garantía de una renta segura durante su jubilación, es aún más necesario proteger estos derechos. II. CONSIDERACIONES GENERALES El artículo 51 del Tratado CE establece que el Consejo, por unanimidad a propuesta de la Comisión, adoptará las medidas que sean necesarias en el ámbito de la seguridad social para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores. Sobre la base de este artículo, la Comunidad ha adoptado ya textos legislativos (Reglamentos 1408/71 y 574/72)3 encaminados a suprimir los obstáculos a la movilidad transfronteriza de los trabajadores en el ámbito de las pensiones legales. La legislación no impide la libertad de los Estados miembros para definir la organización de sus propios regímenes legales de pensión; simplemente garantiza que la movilidad potencial de un trabajador no sea obstaculizada por una penalización cuando este último se desplaza de un Estado miembro a otro. Estos Reglamentos comunitarios no se aplican a los regímenes complementarios de pensión que no se derivan de la legislación sino de iniciativas del sector privado. La mayoría se basa en convenios o acuerdos colectivos celebrados entre los interlocutores sociales, mientras que otros surgen por iniciativa de los empresarios. En materia de regímenes complementarios de pensión en la Unión Europea, la Comunicación de la Comisión al Consejo de julio de 1991 fijó las orientaciones necesarias y trazó el camino de la acción futura de la Comisión en este ámbito. Esta comunicación hizo hincapié fundamentalmente en el papel positivo desempeñado por los regímenes complementarios de pensión en la protección social de los trabajadores. No obstante destacó también una serie de posibles obstáculos para la libre circulación de los trabajadores y, por consiguiente, para la realización del mercado único. Se deben adoptar medidas para eliminar estos obstáculos con el fin de promover, a nivel europeo, la movilidad transfronteriza de los trabajadores de conformidad con la letra y el espíritu de los Tratados, teniendo en cuenta las características propias de los regímenes complementarios de pensión. El Tratado no sólo exige la abolición de toda discriminación basada en la nacionalidad, sino también la eliminación de toda medida nacional que pueda obstaculizar o hacer menos interesante el ejercicio, por parte de los trabajadores, de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado, según la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en sucesivas sentencias4. La versión actualizada de estos Reglamentos está publicada en el DO L 28 de 30. 1. 1997. Desde la extensión del ámbito de aplicación personal de los reglamentos a los trabajadores por cuenta propia se ha añadido el artículo 235 del Tratado como fundamento jurídico. Véase asunto C-279/93, Finanzamt Kóln-Altstadt contra Schumacher, sentencia de 14 de febrero de 1995, Recopilación p 1-225; Asunto C-19/92, Kraus, sentencia de 31 de marzo de 1993, Recopilación p 1-1663; Asunto C-80/94, Wielockx, sentencia de 11 de agosto de 1995, Recopilación p 1-2493; Asunto C-107/94, Asscher, sentencia de 27 de junio de 1996, Recopilación p 1-3089. En febrero de 1996, la Comisión decidió examinar más a fondo la cuestión de los regímenes complementarios antes de presentar propuestas específicas y, a tal efecto, pidió a un Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas, presidido por la Sra. Simone Veil, que estudiara el expediente y redactara un informe. En su informe, presentado el 28 de noviembre de 1996, el Grupo considera que teniendo en cuenta el predominio de los derechos contractuales y el papel de los interlocutores sociales en este ámbito, toda intervención legislativa comunitaria debería limitarse al mínimo necesario para garantizar la conservación de los derechos; no obstante, el Grupo destacó también la necesidad de adoptar otras Iniciativas para fomentar la extensión voluntaria de los derechos. Para sus recomendaciones el Grupo se inspiró en un principio fundamental del Derecho comunitario, el de "la igualdad de trato": un ciudadano europeo que elige trabajar para empresarios en más de un Estado miembro no debe, como consecuencia de ello, correr el riesgo de perder sus derechos a pensión complementaria, riesgo al que no se habría expuesto si el antiguo y el nuevo empresario hubieran estado en el mismo Estado miembro. El Grupo sugirió, pues, a la Comisión limitar, al menos inicialmente, toda propuesta de Directiva a un triple enfoque que contemplaría los siguientes elementos: a) el mantenimiento de los derechos adquiridos b) los pagos trasfronterizos, c) el empleo de corta duración en otro Estado miembro y la posibilidad de seguir cotizando a un régimen complementario de pensión en el Estado miembro de origen. En su reciente Comunicación "Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea"5, la Comisión reconoció que la ausencia de toda coordinación de los regímenes complementarios de pensión a escala comunitaria constituye un verdadero problema para los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan en la Unión Europea, y concluyó que es necesaria una legislación comunitaria basada en las recomendaciones del Grupo de alto nivel. sociales y interlocutores Por otra parte, en el reciente Libro Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único, la Comisión planteó a todas las partes interesadas (es decir los Gobiernos, los regímenes de pensiones complementarias) una serie de cuestiones destinadas a profundizar en el análisis de los problemas pendientes que constituyen obstáculos a la libre circulación. Eso se refiere, en particular, a periodos de carencia largos, a las dificultades encontradas para transferir los derechos adquiridos y los problemas fiscales vinculados a la adquisición de derechos a pensión en más de un Estado miembro. representantes de los los Dado lo anteriormente expuesto, la Comisión presenta esta propuesta de Directiva del Consejo como una primera etapa hacia la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre circulación en materia de pensiones complementarias, a la luz de las recomendaciones del Grupo de alto nivel sobre la libre circulación de las personas y previa consulta todas las partes interesadas. 5 COM (97) 102 final de 12. 3. 97. Esta propuesta se ajusta a las recientes conclusiones del Consejo Europeo de Amsterdam, que reafirman la importancia del buen funcionamiento del mercado único como elemento esencial de la estrategia global para promover la competitividad, el crecimiento económico y el empleo en la Unión. El Consejo acogió favorablemente el "Plan de acción en favor del mercado único"6 de la Comisión y aprobó su objetivo general. Los cuatro objetivos estratégicos del Plan de acción deberían constituir la base de un nuevo esfuerzo político destinado a eliminar los últimos obstáculos para garantizar la realización de los beneficios potenciales del mercado único. Esta propuesta es una de las acciones previstas en el cuarto objetivo estratégico del plan de acción: "Poner el mercado único al servicio de todos los ciudadanos". III LA ACCIÓN COMUNITARIA ¿Por qué una Directiva? Todos los problemas expuestos en la Comunicación de 1991 tienen un gran peso sobre la movilidad de los trabajadores dentro de la Unión Europea. Puesto que la libre circulación es un principio fundamental del Tratado, es esencial que cualquier trabajador o trabajadora que ejerce su derecho a la libre circulación pueda ir a trabajar en otro Estado miembro sin temor a perder sus derechos a las prestaciones adquiridas en virtud de un régimen complementario de pensión. No obstante, la Comisión ha comprobado que este objetivo no puede lograrse limitándose a extender a los regímenes complementarios de pensión la legislación comunitaria existente en materia de protección social legal. Dada la multiplicidad y diversidad de los regímenes complementarios de pensión y cómo, en general, los empresarios no están obligados por ley a establecer estos regímenes, se admite que toda medida comunitaria destinada a mejorar la protección de los trabajadores migrantes debería dejar el máximo margen posible de flexibilidad a los Estados miembros y a los interlocutores sociales. Por otra parte, la única forma de alcanzar el objetivo buscado es adaptar las legislaciones de los Estados miembros. Por todo ello, una directiva es el instrumento jurídico más conveniente para proteger los derechos existentes en virtud de los regímenes complementarios de pensión. Como continuación de su Programa de acción social a medio plazo 1995-19977, de la comunicación titulada "Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea", del Libro Verde sobre los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único y del "Plan de acción en favor del mercado único", la Comisión presenta esta propuesta de Directiva relativa a la protección de los derechos complementarios a pensión de los trabajadores que se desplazan dentro de la Unión Europea. En la Directiva en cuestión, la Comisión se ha limitado a elaborar un marco general que establece el enfoque global que debe adoptarse. 6 CSE (97) 1 final del 4. 6. 97. 7 COM (95) 134 final de 12. 4. 95. Fundamento jurídico Las bases jurídicas de la propuesta de Directiva son los artículos 51 y 235 del Tratado. El artículo 51 establece que "El Consejo, por unanimidad a propuesta de la Comisión, adoptará, en materia de seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores. ". Este artículo pide que se supriman todos los obstáculos que, directa o indirectamente, obstaculicen la libre circulación en el ámbito de la seguridad social. El artículo 235 del Tratado es necesario, puesto que el artículo 51 no cubre a los trabajadores autónomos. El artículo 235 ya fue invocado para extender el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 1408/71 a los trabajadores por cuenta propia. No obstante, debe destacarse que la presente propuesta no pretende reducir la aplicabilidad de las disposiciones del mercado interior y las normas de competencia del Tratado a las instituciones que proporcionan prestaciones de pensión complementaria. Esta postura se ajusta al planteamiento adoptado en el Libro Verde sobre las pensiones complementarias en el mercado único. IV. COMENTARIOS SOBRE LOS ARTÍCULOS DE LA DIRECTIVA SECCIÓN 1 Objetivo y ámbito de aplicación Artículo 1 Este artículo fija el objetivo de la Directiva: velar por que se protejan de manera adecuada los derechos individuales, adquiridos o en curso de adquisición, de los afiliados a regímenes complementarios de pensión - tal como se define en el artículo 1 de la Directiva - que se desplacen de un Estado miembro a otro dentro de la Unión Europea. Esta protección no sólo cubre a los afiliados que estén cotizando a un régimen complementario de pensión o en cuyo nombre se estén abonando cotizaciones, sino también a los afiliados para los que cesó el pago de cotizaciones. Se refiere en particular a la conservación de los derechos con arreglo a los regímenes complementarios, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 de la Directiva, tanto si la afiliación a estos regímenes es facultativa como si es obligatoria. Las referencias a los derechos "en curso de adquisición" se hacen en los artículos 1 y 2 para cubrir la situación contemplada en el artículo 6. Esta disposición tiene por objeto permitir a los trabajadores que estén desplazados en otro Estado miembro seguir contribuyendo a un régimen complementario de pensión en el Estado miembro de origen. Artículo 2 Este artículo se refiere a las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva, la cual se aplica a todos los afiliados a regímenes complementarios de pensión con arreglo al artículo 1 de la Directiva que hayan adquirido derechos o estén adquiriéndolos en uno o más Estados miembros, así como a los miembros de su familia y a sus supervivientes. SECCIÓN 2 Definiciones Artículo 3 Dada la diversidad y la complejidad de los regímenes complementarios de pensión en los distintos Estados miembros, conviene definir algunos de los términos utilizados en la propuesta de Directiva con el fin de evitar toda confusión. a) b) c) Por "pensión complementaria" se entienden todas las prestaciones de invalidez, de jubilación y de supervivencia destinadas a completar o sustituir las prestaciones abonadas por los regímenes legales de seguridad social para los mismos riesgos. Por lo que se refiere a la invalidez, el ámbito de aplicación de la presente Directiva sólo cubre la invalidez en la medida en que los regímenes complementarios de pensión en cuestión prevén derechos a pensión en caso de invalidez. la definición más general de La definición "de régimen complementario de pensión" dada en este apartado corresponde a los regímenes profesionales o complementarios que figura en el artículo 2 de la Directiva 86/378/CEE8, modificada por la Directiva 96/97/CE9 relativa a la igualdad de trato a hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad social. Con arreglo a la Directiva, se entiende por "régimen complementario de pensión" todo régimen profesional de pensión y otros dispositivos de carácter colectivo que persiguen el mismo fin, como los contratos de seguros de grupo, los regímenes por reparto concluidos por rama o sector, los regímenes por capitalización o los compromisos de pensión garantizados por provisiones en el balance de las empresas, destinados a abonar una pensión complementaria a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia, con independencia de que la afiliación a estos regímenes sea obligatoria o facultativa. La Directiva no se aplica a los regímenes complementarios de pensión legales, ya cubiertos por las disposiciones del Reglamento del Consejo 1408/71 (CEE), como por ejemplo el régimen ATP danés. Este apartado da la definición de "régimen complementario de pensión autorizado". Un régimen complementario de pensión autorizado es un régimen complementario de pensión que, en el Estado miembro en el que está establecido, cumple las condiciones requeridas por este Estado miembro para beneficiarse de las reducciones fiscales específicas previstas en relación con prestaciones complementarias de pensión. El objetivo de este apartado consiste en definir los regímenes de pensión que cumplen las exigencias fijadas en cada Estado miembro para acogerse a beneficios fiscales. Esto es necesario puesto que el artículo 7 extiende este tratamiento fiscal ventajoso en un Estado miembro de recepción a las cotizaciones pagadas por un trabajador desplazado, o en su nombre, a un régimen complementario de pensión autorizado, establecido en el Estado miembro de origen. d) Por "derechos a pensión" se entiende toda prestación a la que tiene derecho un afiliado en virtud de un régimen complementario de pensión. DOn°L225de 12. 8. 86, p 40. D O n ° L 4 6 de 17. 2. 97, p. 20. e) f) g) las características específicas y Por "derechos a pensión adquiridos" se entienden los derechos acumulados al término del período de carencia requerido por las normas del régimen complementario al que está afiliado el trabajador que ejerce su derecho a la libre circulación. Teniendo en regímenes cuenta complementarios, la Directiva no contempla la totalización de los periodos de seguro realizados bajo distintos regímenes. Por "período de carencia" se entiende tanto cualquier plazo de espera exigido por la normativa de un régimen complementario, que un trabajador debe realizar para obtener la afiliación a este régimen, como todo período mínimo de afiliación al régimen prescrito por dicha normativa, que el afiliado debe respetar para poder adquirir derechos a pensión. la diversidad de los En este apartado se expone la definición de "trabajador". Según lo dispuesto en la Directiva, el término "trabajador" incluye a los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia. Es importante observar que el Reglamento 1408/71 ya cubre a los trabajadores por cuenta propia. Este apartado define a los "trabajadores desplazados". Un trabajador desplazado es un trabajador enviado a trabajar en otro Estado miembro y que, a tenor de lo dispuesto en el Título II del Reglamento 1408/71, sigue estando sujeto a la legislación del Estado miembro de origen. El objetivo es cubrir a los trabajadores desplazados por lo que se refiere a su afiliación transfronteriza a un régimen complementario de pensión según lo dispuesto en el Título II del Reglamento 1408/71, que se refiere a la afiliación transfronteriza de un trabajador desplazado a un régimen legal. Por razones de coherencia, la duración de la afiliación transfronteriza a un régimen complementario de pensión debería ser la misma que la autorizada por los regímenes legales. Véase también el comentario sobre el artículo 6 para más informaciones sobre el desplazamiento de los trabajadores de conformidad con el Reglamento 1408/71. h) Este apartado define la expresión "Estado miembro de origen". En el marco de la Directiva, el Estado miembro de origen es el Estado miembro en el cual un trabajador estuviera empleado inmediatamente antes de su desplazamiento y en el que está establecido el régimen complementario de pensión al que está afiliado este trabajador. i) Este apartado define el "Estado miembro de recepción" como el Estado miembro en el que está desplazado un trabajador. SECCIÓN 3 Medidas de protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores que se desplazan dentro de la Unión Europea Artículo 4 El artículo 4 trata del mantenimiento de los derechos adquiridos de los afiliados que dejan de cotizar a un régimen complementario de pensión cuando se desplazan a otro Estado miembro. El objetivo consiste en garantizar el mantenimiento total de los derechos adquiridos a los afiliados que dejan de cotizar a un régimen complementario de pensión porque se desplazan de un Estado miembro a otro, a un nivel al menos comparable al nivel del que se benefician los afiliados que dejan de cotizar al régimen pero permanecen en el Estado miembro en 8 cuestión. Esta disposición refleja un principio fundamental del Derecho comunitario, que se deriva del artículo 48 del Tratado, es decir el hecho de que un trabajador que ejerce su derecho a la libre circulación no debe tener un tratamiento menos favorable que otro que permanece en el Estado miembro de origen. Eso significa que un trabajador que deja de cotizar a un régimen complementario de pensión porque va a trabajar por cuenta de otro empresario en otro Estado miembro no debería perder los derechos que ya adquirió en este régimen en el caso de que estos derechos se hubieran mantenido si hubiera cambiado de empresario pero permaneciendo en el mismo Estado miembro. Artículo 5 Este artículo recuerda un principio muy importante del Derecho comunitario: la libre circulación de capitales (artículo 73 B del Tratado). Los Estados miembros deben garantizar que en todos los Estados miembros de la Unión Europea se paguen a los afiliados a estos regímenes y a sus derechohabientes (miembros de su familia o supervivientes) las prestaciones debidas en virtud de los regímenes complementarios de pensión. Este principio es aplicable en todos los casos en los que un afiliado a un régimen complementario de pensión, por la razón que sea, se haya desplazado de un Estado miembro a otro. No obstante, esta disposición no está destinada a impedir la imposición de las prestaciones en el Estado miembro en el que está establecido el régimen complementario de pensión. Artículo 6 1. Los trabajadores desplazados esperan volver a su Estado miembro de origen sin ruptura en la adquisición de sus derechos a pensión, por lo que a menudo prefieren, igual que sus empresarios, seguir cotizando al régimen complementario de pensión del Estado miembro de origen durante la duración de su desplazamiento. El objetivo de la propuesta sobre este punto concreto consiste en procurar que eso sea posible e igualar los derechos de un trabajador en virtud de un régimen complementario de pensión a los que tienen los trabajadores en materia de regímenes legales de seguridad social de conformidad con el Reglamento 1408/71. Esto responde a la solicitud explícita presentada por varios Estados miembros durante el procedimiento de consulta (véase sección VII). La letra a) del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento 1408/71 establece que una persona que ejerce una actividad por cuenta ajena en el territorio de un Estado miembro al servicio de una empresa de la que depende normalmente y que es desplazado por dicha empresa al territorio de otro Estado miembro con el fin de efectuar un trabajo por cuenta de ésta, sigue estando sujeta a la legislación del primer Estado miembro, siempre y cuando la duración previsible de este trabajo no exceda de doce meses. Con arreglo a la letra b) del apartado 1 del artículo 14, este período puede prolongarse otros doce meses, siempre y cuando el Estado miembro de recepción haya dado el visto bueno. No obstante, con arreglo al artículo 17 del Reglamento 1408/71, dos o más Estados miembros pueden acordar desplazamientos de una duración superior a veinticuatro meses. Por iniciativa del Comité Consultivo de seguridad los social de interlocutores sociales y los Gobiernos, la Comisión Administrativa de Seguridad trabajadores migrantes, compuesto por representantes de los Social de los Trabajadores Migrantes adoptó, en 1984, la Recomendación n° 1610, que tiene por objeto fomentar la utilización del artículo 17 cuando los trabajadores sean desplazados debido a sus conocimientos y aptitudes especiales, o por el carácter particular de los objetivos de la empresa que les emplea, a condición que los trabajadores estén de acuerdo. Sin decirlo de manera tan explícita, la Recomendación contempla en particular a los trabajadores contratados por empresas multinacionales. A petición de la Comisión Europea, en 1995 se realizó un estudio sobre la aplicación práctica de estas disposiciones. Los resultados de este estudio se presentaron en la Segunda Conferencia europea sobre la seguridad social, celebrada en Creta en octubre de 199511. Aunque conviene ser prudente en las conclusiones que se extraigan del estudio12, éste proporciona un cuadro útil no sólo del número de personas a las que afecta, sino también de la duración de los desplazamientos entre los Estados miembros. En efecto, el estudio puso de manifiesto que en 1994 se produjeron 539 169 desplazamientos sobre la base de la letra a) del apartado 1 del artículo 14 del Reglamento 1408/71 (es decir, de una duración de menos de doce meses). Las peticiones de prolongación del desplazamiento hasta dos años, enviadas al Estado miembro en virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 14 fueron escasas: sólo 1 802 casos en 1994. El Estado miembro de recepción concedió prácticamente siempre la autorización de prolongación. El estudio destacó en particular que cuando la prolongación de un desplazamiento era solicitada desde el principio, casi siempre se concluía inmediatamente un acuerdo en virtud del artículo 17. Por lo general, la duración máxima de un desplazamiento en virtud del artículo 17 era de cinco años. Entre 1988 y 1994 se celebraron 43 568 acuerdos en total (de los cuales 12 914 sólo en el año 1994) a este respecto. Se pretende que el artículo 6 cubra al máximo número de trabajadores desplazados que cotizan a regímenes complementarios de pensión. La Comisión continuará vigilando para garantizar que se cumplan los objetivos de la Directiva, por lo que el informe de la Comisión al Consejo sobre la aplicación de la Directiva, al que se refiere el artículo 12, examinará también la aplicación del artículo 17 del Reglamento 1408/71 a fin de garantizar que las administraciones de los Estados miembros permitan que los trabajadores desplazados que cotizan a regímenes complementarios de pensión hagan uso de lo dispuesto en el presente artículo. El segundo apartado del artículo 6 precisa que cuando siguen siendo abonadas cotizaciones por parte de un trabajador, o en su nombre, a un régimen complementario de pensión en su Estado miembro de origen, el Estado miembro de recepción reconoce que ello equivale a una afiliación a un régimen complementario de pensión 10 Recomendación n° 16 de 12 de diciembre de 1984 relativa a la celebración de acuerdos con arreglo al artículo 17 del Reglamento (CEE) n° 1408/71 del Consejo", DO n° C 273 de 24. 10. 1985. 11 "La libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión Europea: el desplazamiento y las perspectivas de la coordinación comunitaria en el contexto del Reglamento 1408/71. " 12 Los datos estadísticos con los que se cuenta sobre el número de desplazamientos son incompletos. Los Estados miembros pequeños, cuya estructura administrativa está centralizada, tuvieron menos dificultades para proporcionar las informaciones pedidas que los Estados miembros más grandes, que tienen una estructura descentralizada. 10 en este Estado. En estas circunstancias, el Estado miembro de recepción no podrá obligar al trabajador a afiliarse a un régimen obligatorio establecido en su territorio. Esta disposición se ajusta a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En la sentencia que dictó en el asunto Guiot13, el Tribunal de Justicia dictaminó que los artículos 59 y 60 del Tratado se oponen a que un Estado miembro obligue a una empresa establecida en otro Estado miembro, y que realiza temporalmente un trabajo en el primer Estado, a pagar cotizaciones empresariales de conformidad con "timbres de fidelidad" y "timbres de mal tiempo" a los trabajadores que hayan sido desplazados para la realización de este trabajo, cuando esta empresa ya deba abonar cotizaciones patronales comparables por lo que se refiere a los mismos trabajadores y para los mismos períodos de actividad, en el Estado en donde está establecida. Artículo 7 Este artículo trata de los aspectos fiscales de las cotizaciones de pensión complementaria pagadas por un trabajador desplazado, o en su nombre, a un régimen de pensión comparable establecido en el Estado miembro de origen. Su ámbito de aplicación se limita a situaciones en las que continúa cotizándose a dichos regímenes por trabajadores desplazados de acuerdo con lo establecido en el Título II del Reglamento (CE) 1408/71. El trato establecido para esta categoría concreta de trabajadores no va en detrimento de la necesidad de encontrar una solución adecuada al problema de la imposición de las pensiones complementarias dentro de la Comunidad. El objeto de este artículo es eliminar posibles medidas fiscales que pudieran disuadir del desplazamiento; con este fin, y de acuerdo con los principios existentes de no discriminación y de igualdad de trato establecidos por el Tratado, y tal como han sido interpretados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, el artículo dispone que el Estado miembro de recepción deberá conceder el mismo trato fiscal a las cotizaciones pagadas a un régimen complementario de pensión autorizado (por las autoridades fiscales) establecido en el Estado miembro de origen, que a las que se pagan a un régimen de pensión autorizado y comparable establecido en su propio territorio. Este artículo sólo es aplicable en la medida en que el Estado miembro de recepción disponga de facultades de imposición, por lo que no afectará al tratamiento impositivo de las cotizaciones de pensión cuando los derechos de imposición sigan perteneciendo al Estado miembro de origen, como puede ser el caso cuando los desplazamientos sean de muy corta duración y, por lo tanto, los trabajadores no se convierten en residentes a efectos fiscales del Estado miembro de recepción. El artículo tampoco afecta a la asignación de derechos impositivos entre Estados miembros que se realiza mediante acuerdos bilaterales. El artículo se aplica tanto a las cotizaciones pagadas por el trabajador trasladado como a las pagadas por otra parte, por ejemplo por su empresario. El trato fiscal que prevé incluye todo tipo de deducciones o créditos concedidos en relación con cotizaciones a un régimen de pensión. Incluye también toda imposición, o exención, de las cotizaciones pagadas por el trabajador o por el empresario. 13 Guiot, Asunto C-272/94, sentencia de 28 de marzo de 1996, Recopilación p 1-1905. 11 Al igual que el artículo 6, este artículo sólo se aplica cuando siguen pagándose cotizaciones a un régimen complementario de pensión establecido en el Estado miembro en el que el trabajador desplazado trabajaba inmediatamente antes del principio del desplazamiento. Así pues, el artículo contempla los casos reales en que un trabajador desea seguir adquiriendo derechos durante el período de desplazamiento en virtud de un régimen complementario de pensión al que ya está afiliado. Artículo 8 Los afiliados deben ser4 convenientemente informados de sus derechos a prestaciones complementarias de pensión. Deben disponer de los medios para evaluar las consecuencias, sobre el nivel de su pensión, de un cambio de empleo a otro Estado miembro, y también deberían recibir informaciones completas sobre las posibles alternativas como, por ejemplo, el valor de transferencia que se les aplicará si deciden transferir sus derechos a pensión (siempre y cuando eso sea posible conforme al régimen en cuestión) y los posibles acuerdos existentes entre los Estados miembros, así como sobre el importe de las prestaciones de pensión que les serían abonadas si sus derechos se mantuvieran en el mismo régimen. SECCIÓN 4 Disposiciones finales Artículo 9 Este artículo permite simplemente a los Estados miembros aplicar las disposiciones del artículo 6 a los desplazamientos que comiencen en la fecha de entrada en vigor de la Directiva o con posterioridad a ella. Artículo 10 Se trata de una disposición clásica, que figura en una serie de directivas, sobre el derecho de recurso de las personas ante los tribunales. Artículo 11 De acuerdo con la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 3 de mayo de 1995 (COM (95) 162 final) sobre el papel de las sanciones en la aplicación de la legislación comunitaria en el ámbito del mercado interior, la Directiva incluye una disposición final relativa a las sanciones. Artículo 12 Este artículo contiene las disposiciones clásicas relativas a la aplicación de la Directiva. Los Estados miembros deben disponer de un plazo razonable para ajustarse a las exigencias de la Directiva. Por lo que se refiere a algunos aspectos de ésta, como las condiciones que rigen el mantenimiento de los derechos adquiridos, los interlocutores sociales pueden, en el marco de algunos regímenes, celebrar un acuerdo y establecer las disposiciones necesarias. A este respecto, no obstante, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para ajustarse a la Directiva. En aras de la transparencia, y para respetar el espíritu del Tratado de la Unión Europea, los Estados miembros deben hacer referencia a la Directiva para cualquier 12 medida de incorporación a la legislación nacional de sus disposiciones. Como es habitual, la Comisión deberá también elaborar un informe que debe presentar al Consejo sobre la aplicación de la Directiva y proponer, cuando proceda, toda modificación que resulte necesaria. Disposición clásica que indica la fecha de entrada en vigor de la Directiva. Artículo 13 Artículo 14 El artículo 14 precisa que los Estados miembros son los destinatarios de la Directiva. V. JUSTIFICACIÓN DE LA DIRECTIVA RESPECTO A LA SUBSIDIARIEDAD La presente propuesta satisface los dos criterios fijados para determinar la conformidad con el principio de subsidiariedad, es decir la necesidad y la proporcionalidad, tal como se establece en el artículo 3B del Tratado de la Unión Europea. Por una parte, la acción a escala comunitaria se justifica desde el punto de vista de la libre circulación de los trabajadores. Esta libertad fundamental prevista por el Tratado constituye uno de los cuatro pilares del mercado único, como lo prueba el artículo 48 del Tratado. Mientras que los trabajadores que hacen uso de esta libertad ven sus derechos en materia de seguridad social legal protegidos desde 1958 en virtud de reglamentos de coordinación de los distintos regímenes nacionales, sus derechos por lo que se refiere a los regímenes complementarios de pensión nb se benefician de ninguna protección. Es innegable que la pérdida de tales derechos constituye un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores. Ahora bien, como destaca la Comunicación de la Comisión de marzo de 1997, "Modernización y mejora de la protección social en la Unión Europea", el sistema actual de coordinación de los regímenes nacionales no parece apropiado para los regímenes complementarios. En consecuencia, la Comunidad Europea debe adoptar un instrumento específico, adecuado para regular la cuestión de los derechos a pensión complementaria. Por otra parte, es evidente que una intervención legislativa (es decir, obligaciones vinculantes) es lo más adecuado para el objetivo de una libre circulación efectiva, ámbito en el que son necesarios cambios en las legislaciones nacionales. En este caso, la directiva resulta el instrumento jurídico más conveniente. Se trata, además, de un ejemplo típico del funcionamiento del principio de subsidiariedad, en la medida en que se limita a fijar grandes objetivos que los Estados miembros deben lograr, sin entrar en el detalle en cuanto a la organización y el funcionamiento de los regímenes nacionales. La adopción del Acta Única Europea destacó precisamente esta necesidad de favorecer las directivas en el marco de la realización del "espacio sin fronteras". La Directiva ofrece, pues, suficiente margen de maniobra a los Estados miembros, lo que conviene perfectamente a la diversidad de los regímenes complementarios de pensión. VI. CONSECUENCIAS FINANCIERAS DE LA PROPUESTA Los Estados miembros, los administradores de los fondos de pensión, los empresarios y otros gestores de los derechos a pensión complementaria no deberían encontrar especiales dificultades para adaptar las disposiciones de la nueva propuesta de Directiva. Con esta propuesta la Comisión pretende mejorar la movilidad transfronteriza de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia en el mercado único. La propuesta se refiere al mantenimiento de los derechos a pensión complementaria, a los pagos transfronterizos de las prestaciones y, en lo que respecta a los trabajadores desplazados, a la posibilidad de seguir cotizando a su régimen complementario de pensión en el Estado miembro de origen. El artículo 4 prevé el mantenimiento de los derechos adquiridos cuando una persona se desplaza a otro Estado miembro sólo en el caso de que, de acuerdo con las normas del régimen de pensión en cuestión, esta persona hubiera conservado estos derechos si se hubiese desplazado dentro del mismo Estado miembro. En consecuencia, la Directiva sólo impone a dicho régimen de pensión la misma responsabilidad financiera que si la persona hubiera cambiado de empleo en el mismo Estado miembro. Dicho de otro modo, los derechos adquiridos por el trabajador en el momento en que decide ir a otro Estado miembro siguen siendo determinados de acuerdo con las normas del régimen complementario de pensión en cuestión. Si en ese momento el trabajador no ha terminado el período mínimo de carencia, no podrá mantenerse ningún derecho adquirido. A este respecto, la situación del trabajador no es diferente de la de otro que cambia de empresario pero permanece en el mismo Estado miembro. El segundo pilar de la propuesta es la garantía del pago transfronterizo de las pensiones. Esto no debería implicar costes financieros suplementarios, puesto que esta disposición no hace más que reflejar un principio existente del Derecho comunitario, el de la libre circulación de capitales, tal como lo prevé el artículo 73 B del Tratado. Esta disposición enuncia simplemente la legislación comunitaria existente. El tercer pilar de la propuesta se refiere a los trabajadores que temporalmente son desplazados de un Estado miembro a otro. Para tener una idea del número de desplazamientos de conformidad con el Reglamento 1408/71, consúltese el comentario sobre el artículo 6. No obstante, no ha de olvidarse que sólo una parte de los trabajadores desplazados pagará cotizaciones a un régimen complementario de pensión. En 1990 se hizo un cálculo14 del número total de trabajadores migrantes en la Unión Europea (no sólo de los trabajadores desplazados) que habían adquirido derechos complementarios a pensión. La cifra era de 256 000 trabajadores para los doce Estados miembros de aquel momento, lo que suponía un poco más del diez por ciento del número total de trabajadores migrantes. Más del 50% de ellos procedían del Reino Unido y de Irlanda. Por lo que se refiere a los trabajadores de empresas multinacionales, esta disposición facilitará en particular el traslado de personal de dirección y de mandos medios a otro Estado miembro, dentro de la misma empresa o a una filial. Consúltese igualmente el comentario sobre el artículo 6, que examina la utilización del artículo 17 del Reglamento 1408/71 y la 14 Documento presentado en el "International Seminar on the future of supplementary pension schemes in the European Community - 1992 and beyond" por J. Joliffe, Universidad de Bremen, 1990. 14 Recomendación 16 de la Comisión Administrativa de Seguridad Social de los Trabajadores Migrantes. Por último, conviene señalar que, de acuerdo con esta propuesta, los Estados miembros son libres para limitar el efecto retroactivo de esta disposición a los trabajadores desplazados. Aunque sea difícil prever con precisión cuáles podrán ser las consecuencias fiscales de la propuesta sobre el desplazamiento, es probable que no sean considerables, a la luz de las observaciones siguientes: en primer lugar, la Directiva no interfiere con los acuerdos bilaterales para repartir las facultades impositivas entre Estados miembros. Sólo afecta al trato de la continuación de las cotizaciones a un régimen de pensión en la medida en que el Estado miembro de recepción tiene facultades de imposición. En muchos casos, por ejemplo cuando el desplazamiento sea de corta duración, el trabajador desplazado seguirá siendo residente fiscal en el Estado miembro de origen y seguirá beneficiándose de reducciones fiscales sobre las cotizaciones en dicho Estado miembro. En segundo lugar, el número de los trabajadores desplazados afiliados a regímenes complementarios de pensión representa una proporción muy escasa de la mano de obra (véanse las observaciones anteriores). Por otro lado, las disposiciones en materia de imposición de los trabajadores desplazados se limitan a los casos en que las cotizaciones siguen pagándose a un régimen complementario de pensión establecido en el Estado miembro en el que el trabajador desplazado trabajaba justo antes del desplazamiento. La importancia concedida a la continuación del pago de las cotizaciones a un régimen establecido en el Estado miembro de origen debería impedir una explotación, con fines de evasión fiscal, de las diferencias existentes en materia de fiscalidad y limitará el posible impacto de esta medida sobre la renta. VIL CONSULTAS REALIZADAS El 7 de marzo de 1997 se organizó una reunión entre la Comisión y los representantes de los Estados miembros para estudiar un proyecto de propuesta. Doce Estados miembros transmitieron después a la Comisión comentarios por escrito, más detallados y más técnicos. La mayoría de ellos han sido tenidos en cuenta en el proyecto de propuesta. Por lo general los Estados miembros aprobaron el enfoque global de la propuesta y consideraron que reflejaba el dictamen del Grupo de alto nivel presidido por la Sra. Veil, en particular por lo que se refiere a la forma en que en el proyecto de texto se recoge el principio del mantenimiento de los derechos adquiridos. Los interlocutores sociales fueron invitados a presentar sus comentarios sobre un proyecto de propuesta el 30 de abril de 1997; después, el 26 de mayo de 1997 se organizó un seminario. Por lo que se refiere a los comentarios escritos de los interlocutores sociales, la C. E. S. se mostró muy favorable a la propuesta. El CEC (Consejo de los directivos europeos) también era favorable, pero habría preferido que la propuesta fuera más lejos e hiciera hincapié en el problema de los períodos de carencia largos. Este problema ya se abordó en el Libro Verde 15 sobre las pensiones complementarias en el mercado único15, presentado por la Comisión el 10dejuniodel997. Eurocadres aprobó plenamente el proyecto de propuesta, mientras que UNICE, aunque favorable al enfoque global, emitió reservas en cuanto al texto de algunas disposiciones. El proyecto actual tiene en cuenta varios de sus comentarios. El CEC y UNICE pidieron en particular que la propuesta aborde también las cuestiones de fiscalidad. VIH. APLICACIÓN EN LOS PAÍSES DEL EEE La libre circulación de las personas es uno de los objetivos y de los principios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que entró en vigor el 1 de enero de 1994. Los artículos 28,29 y 30 de la tercera parte del primer capítulo (la libre circulación de las personas, los servicios y los capitales) se refieren a la libre circulación de los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Más concretamente, el artículo 29 recoge los principios enunciados en el artículo 51 del Tratado CE en materia de seguridad social de las personas que ejercen su derecho a la libre circulación. Así pues, si se adopta, esta propuesta de Directiva debería integrarse en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. 15 "Los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único - Libro Verde". 10 de junio de 1997, COM (97) 283. 16 Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 51 y 235, Vista la propuesta de la Comisión16, Visto el dictamen del Parlamento Europeo17, Visto el dictamen del Comité Económico y Social18, Considerando que una de las libertades fundamentales de la Comunidad es la libre circulación de las personas; que el Tratado prevé que el Consejo adopte por unanimidad, en el ámbito de la seguridad social, las medidas necesarias para el establecimiento de la libre circulación de los trabajadores; Considerando que la seguridad social de los trabajadores está garantizada por los regímenes legales de seguridad social y por los regímenes complementarios de seguridad social; Considerando que la legislación ya aprobada por el Consejo con vistas a proteger los derechos a la seguridad social de los trabajadores que se desplazan dentro de la Comunidad y de los miembros de su familia, y más concretamente los Reglamentos (CEE) n° 1408/7119 y (CEE) n° 574/7220, sólo se refieren a los regímenes legales de pensión; Considerando que el Consejo Europeo reunido en Amsterdam los días 16 y 17 de junio de 1997 reafirmó la importancia que concede al buen funcionamiento del mercado interior como elemento esencial de la estrategia global destinada a promover la competitividad, el crecimiento económico y el empleo en toda la Unión Europea; 16 DOn°C 17 DOn°C 18 DOn°C 19 DO n° L 149 de 5. 7. 1971, p 2; Reglamento actualizado por última vez por el Reglamento (CE) n° 118/97 (DO n° L 28 30. 1. 1997, p. 1. ); y cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1290/97 (DO n° 176 de 4. 7. 1997, p. 1). 20 DO n° L 74 de 27. 3. 1972, p 1; Reglamento actualizado por última vez por el Reglamento (CE) n° 118/97 (véase la nota a pié de página 19). 17 Considerando que, a tal efecto, en su Resolución sobre el crecimiento y el empleo21, el Consejo Europeo en dicha reunión acordó medidas concretas para lograr el máximo progreso en la realización del mercado interior: dar una mayor efectividad de las normas, hacer frente a las principales distorsiones del mercado que aún subsisten, evitar una competencia fiscal nociva, suprimir los obstáculos sectoriales a la integración de los mercados y establecer un mercado interior en beneficio de todos los ciudadanos; Considerando que, en su Recomendación 92/442/CEE, de 27 de julio de 1992, relativa a la convergencia de los objetivos y políticas de protección social22, el Consejo recomienda, en la letra h) del punto 5 la sección I. B, a los Estados miembros "favorecer, cuando sea necesario, la adecuación de las condiciones de adquisición de los derechos a las pensiones de jubilación, en particular, a las pensiones complementarias, con objeto de eliminar los obstáculos a la movilidad de los trabajadores por cuenta ajena"; Considerando que este objetivo sólo puede alcanzarse si los derechos a pensión complementaria están protegidos de forma adecuada cuando el trabajador se desplaza de un Estado miembro a otro; Considerando que la libertad de circulación de las personas, que es una de las piedras angulares de la Comunidad, no se limita a los trabajadores por cuenta ajena, sino que también se extiende a los trabajadores por cuenta propia en el marco de la libertad de establecimiento y de la libertad de prestación de servicios; i - Considerando que, con vistas a hacer efectivo*el ejercicio del derecho a la libre circulación, los trabajadores deberían tener ciertas garantías en cuanto al mantenimiento de sus derechos adquiridos en virtud de regímenes complementarios de pensión; Considerando que los Estados miembros deberían adoptar las medidas necesarias para garantizar el pago, con arreglo a los regímenes complementarios de pensión, de las prestaciones a los afiliados, a los miembros de su familia y a sus supervivientes en todos los Estados miembros, dado que todas las restricciones a la libre circulación de los pagos y de los capitales están en lo sucesivo prohibidas en virtud del artículo 73 B del Tratado; Considerando que al objeto de facilitar el ejercicio del derecho a la libre circulación, deberían adaptarse las reglamentaciones nacionales para que las cotizaciones puedan seguir siendo pagadas a un régimen complementario de pensión establecido en un Estado miembro por los trabajadores desplazados, durante un breve período de tiempo, en otro Estado miembro, o en nombre de ellos; Considerando que, a este respecto, el Tratado no sólo exige la. abolición de toda discriminación basada en la nacionalidad, sino también la eliminación de toda medida nacional que pueda obstaculizar o hacer menos interesante el ejercicio, por los trabajadores, de las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado según la interpretación dada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en sucesivas sentencias; 21 DO n°C 236 de 2. 8. 1997, p. 3. 22 DO n°L 245 de 26. 8. 1992, p 49. 18 Considerando que, en el ámbito limitado de los trabajadores desplazados, la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la necesidad de hallar una solución adecuada al problema más amplio de la imposición de las pensiones complementarias dentro de la Comunidad; Cpnsiderando que los trabajadores que ejercen su derecho a la libre circulación deberían ser convenientemente informados por los gestores de los regímenes complementarios de pensión, en particular por lo que se refiere a las opciones y alternativas que se les ofrecen; Considerando que la presente Directiva se entiende sin perjuicio de la aplicabilidad a los regímenes complementarios de pensión de las normas del mercado interior y las normas de competencia del Tratado; Considerando que, debido a la diversidad de los regímenes complementarios de seguridad social, la Comunidad debería limitarse a fijar un marco general de objetivos, dejando a los Estados miembros la libertad de elegir los medios para llevar a cabo estos objetivos; Considerando que, para alcanzar tales objetivos, los Estados miembros deben adaptar su legislación nacional y que, por ello, una directiva es el instrumento jurídico apropiado; Considerando que, de acuerdo con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, tal como se definen en el artículo 3 B del Tratado, los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario; que la presente Directiva se limita al mínimo requerido para alcanzar estos objetivos y no excede de lo necesario a tal fin, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: CAPITULO I Objetivo y ámbito de aplicación Artículo 1 El objetivo de la presente Directiva es velar por que se protejan de manera adecuada los derechos, ya adquiridos o en vías de adquisición, de los afiliados a regímenes complementarios de pensión que se desplacen de un Estado miembro a otro. Esta protección se refiere, en particular, al mantenimiento de los derechos a pensión en virtud de regímenes complementarios, tanto voluntarios como obligatorios, a excepción de los regímenes ya cubiertos por el Reglamento (CEE) n° 1408/71. Artículo 2 La presente Directiva se aplicará a los afiliados a regímenes complementarios de pensión, que hayan adquirido o estén en vías de adquirir derechos en uno o varios Estados miembros, así como a los miembros de su familia y a sus supervivientes. 19 CAPITULO II Definiciones Artículo 3 A los efectos de la presente Directiva, se entenderá por: a) b) c) d) e) f) g) h) i) "pensión complementaria", las prestaciones de invalidez, jubilación y supervivencia destinadas a completar o sustituir las prestaciones de los regímenes legales de seguridad social para los mismos riesgos; "régimen complementario de pensión", todo régimen profesional de pensión y cualquier dispositivo de carácter colectivo que persiga el mismo fin, como los contratos de seguros de grupo, los regímenes por reparto concluidos por rama o sector, los regímenes por capitalización o los compromisos de pensión garantizados por provisiones en el balance de las empresas, destinados a abonar una pensión complementaria a trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia; "régimen complementario de pensión autorizado", un régimen complementario de pensión que, en el Estado miembro en el que se haya establecido, cumple las condiciones requeridas por dicho Estado miembro para la concesión de reducciones fiscales específicas previstas en relación con prestaciones complementarias de pensión; 4 • "derechos a pensión", toda prestación a la que tiene derecho un afiliado en virtud de un régimen complementario de pensión; "derechos a pensión adquiridos", todos los derechos a prestaciones obtenidos después de haber cumplido las condiciones mínimas, en particular en materia de período de garantía, requeridas por las normas de un régimen complementario de pensión; "periodo de garantía", cualquier período que se tenga en cuenta para la admisión a un régimen complementario de pensión y la adquisición de derechos en virtud de este régimen; "trabajador", un trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia; "trabajador desplazado", trabajador enviado a trabajar en otro Estado miembro y que, a tenor de lo dispuesto en el Título II del Reglamento (CEE) n° 1408/71, sigue estando sujeto a la legislación del Estado miembro de origen; el término "desplazamiento" deberá interpretarse en consecuencia. "Estado miembro de origen", el Estado miembro en el cual el trabajador estuviera empleado inmediatamente antes de su desplazamiento y en el que se ha establecido el régimen complementario de pensión al cual está afiliado; "Estado miembro de recepción", el Estado miembro en el que está desplazado un trabajador. 20 CAPITULO III Medidas de protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores que se desplazan dentro de la Unión Europea Artículo 4 Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los derechos adquiridos a pensión de los afiliados a un régimen complementario se mantengan cuando los afiliados se desplacen de un Estado miembro a otro. A tal fin, los Estados miembros garantizarán que se asegure el mantenimiento íntegro de los derechos adquiridos a los afiliados para los que ya no se abonen cotizaciones a un régimen complementario de pensión como consecuencia de su desplazamiento de un Estado miembro a otro, a un nivel al menos comparable al nivel del que se benefician los afiliados que dejan de cotizar al régimen pero permanecen en el Estado miembro de que se trate. La presente artículo también será aplicable a los miembros de su familia y a sus supervivientes. Artículo 5 Los Estados miembros garantizarán que los regímenes complementarios de pensión paguen en otros Estados miembros, a los afiliados a estos regímenes, a los miembros de su familia y a sus supervivientes, la totalidad de las prestaciones que les sean debidas en virtud de estos regímenes. Artículo $ Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que las cotizaciones puedan seguir siendo abonadas a un régimen complementario de pensión establecido en el Estado miembro de origen por un trabajador desplazado que esté afiliado a este régimen, o en su nombre, durante todo el periodo de desplazamiento en el Estado miembro de recepción. Cuando, en aplicación del apartado 1, continúen pagándose cotizaciones a un régimen complementario de pensión establecido en el Estado miembro de origen, el Estado miembro de recepción las considerará equivalentes a cotizaciones a un régimen complementario de pensión en el Estado miembro de recepción. Artículo 7 Cuando continúen pagándose cotizaciones, con arreglo al apartado 1 del artículo 6, a un régimen complementario de pensión autorizado, el Estado miembro de recepción, en la medida en que disponga de facultades en materia de imposición, tratará dichas cotizaciones de la misma manera que trataría las cotizaciones pagadas a un régimen complementario de pensión autorizado comparable establecido en el Estado miembro de recepción. 21 Artículo 8 Los Estados miembros adoptarán medidas para que los responsables de los regímenes complementarios de pensión informen adecuadamente a sus afiliados sobre sus derechos a pensión y las posibilidades que se les ofrecen en virtud del régimen cuándo se desplacen a otro Estado miembro. CAPÍTULO IV Disposiciones finales Artículo 9 Los Estados miembros podrán prever que las disposiciones del artículo 6 se apliquen solamente a los desplazamientos que comiencen en la fecha de entrada en vigor de la presente Directiva o con posterioridad a ella. Artículo 1Q Los Estados miembros introducirán en su ordenamiento jurídico interno las medidas necesarias para permitir a toda persona que se considere perjudicada por la no aplicación de las disposiciones de la presente Directiva pueda hacer valer sus derechos por vía judicial tras recurrir, si fuere preciso, a otras instancias competentes. Artículo 11 Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicable a las infracciones de las disposiciones nacionales adoptadas en aplicación de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para asegurar su aplicación. Éstas sanciones deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán, estas disposiciones a la Comisión a más tardar 18 meses a partir de la entrada en vigor de la presente Directiva, así como, con la mayor brevedad, toda modificación ulterior de las mismas. Artículo 12 las disposiciones legales, reglamentarias y Los Estados miembros adoptarán administrativas necesarias cumplir la presente Directiva a más tardar 18 meses a partir de su entrada en vigor, o garantizarán que, a más tardar, en dicha fecha, los interlocutores sociales introduzcan las disposiciones requeridas por vía de acuerdo. Los Estados miembros están obligados a tomar todas las medidas necesarias a fin de que puedan, en cualquier momento, garantizar los resultados exigidos por la presente Directiva. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 22 Comunicarán a la Comisión el nombre de las autoridades nacionales a las que debe contactarse con respecto a la aplicación de la presente Directiva. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de derecho interno que adopten en el ámbito regido por la presente Directiva en el plazo de dos años a partir de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los Estados miembros facilitarán, en la misma fecha, un cuadro donde se recojan las disposiciones nacionales preexistentes o las que hayan sido introducidas con el fin de respetar cada disposición de la presente Directiva. 4. A partir de la información facilitada por los Estados miembros, la Comisión elaborará un informe que será presentado al Parlamento Europeo, al Consejo, y al Comité Económico y Social seis años después de la entrada en vigor de la presente Directiva. El informe se referirá a la aplicación de la presente Directiva y propondrá, cuando proceda, cualquier modificación que resulte necesaria. Artículo 13 La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Artículo 14 Hecho en Bruselas, el Por el Consejo El Presidente 23 FICHA DE EVALUACIÓN DE IMPACTO - IMPACTO DE LA PROPUESTA SOBRE LAS EMPRESAS Y, EN PARTICULAR, SOBRE LAS PYME Título de la propuesta: Propuesta de directiva del consejo relativa a la protección de los derechos a pensión complementaria de los trabajadores por cuenta ajena y los trabajadores por cuenta propia que se desplazan dentro de la Unión Europea. Número de referencia del documento: 97003 1. Teniendo en cuenta el principio de subsidiariedad, ¿por qué es necesaria una legislación comunitaria en este ámbito y cuáles son sus principales objetivos? La directiva propuesta es necesaria para la efectividad de la libre circulación de las personas ya que permitirá que los trabajadores conserven sus derechos a pensión complementaria y atenuará el efecto disuasorio actual contrario al ejercicio del derecho a la libre circulación. Impacto sobre las empresas 2. ¿Quién se verá afectado por la propuesta? La directiva propuesta tiene implicaciones para todas las empresas relacionadas con un régimen complementario de pensión, es decir, esencialmente las compañías de seguros, los fondos de jubilación o fondos de pensión, los diferentes tipos de cajas de pensiones, las mutuas, asociaciones mutualistas e instituciones de previsión. Dado que la dimensión de la empresa no constituye un criterio, las pequeñas y medianas empresas pueden verse afectadas, pero se estima que su número será bastante limitado puesto que los trabajadores a los que afecta son, por lo general, los que trabajan en grandes empresas. El número de empresas afectadas en los diferentes Estados miembros varía mucho, lo cual está en estrecha relación con el hecho de que los regímenes de jubilación complementaria presentan importantes disparidades en la Comunidad Europea. El Reino Unido, los Países Bajos y Alemania, por ejemplo, se verán particularmente afectados. 3. ¿Qué medidas deberán adoptar las empresas para ajustarse a la propuesta? Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros. Las'medidas que los Estados miembros adopten tendrán, forzosamente, efectos sobre las empresas gestoras de los regímenes complementarios de pensión, en la medida en que deberán respetar las normativas nacionales adoptadas en aplicación de la directiva. 24 Conviene distinguir entre las disposiciones que obligan a los Estados miembros a adoptar medidas (artículos 4, 5, 6, 7 y 8), y las que alientan o invitan (artículo 7 y artículo 1) a los Estados, ya que, por supuesto en este último caso, las empresas sólo tendrán que adoptar medidas particulares si los Estados miembros han decidido mejorar la situación de la que ellos son los únicos responsables (7). En consecuencia, esta distinción obliga a presentar los diferentes casos posibles que contiene la directiva, pero conviene llamar la atención sobre el hecho de que los derechos a pensión experimentan una situación diferente en cada Estado miembro, lo que implica que algunos de éstos, y por tanto las empresas gestoras de regímenes complementarios, ya respetan algunos de estos casos. En otras palabras, las situaciones de los diversos regímenes complementarios en los diferentes Estados miembros no implican las mismas necesidades de transformaciones respecto a las normas de la directiva. Así, se pueden enumerar 5 casos distintos: Io 2o 3 o 4o 5o Mantenimiento de los derechos adquiridos (art. 4) Abono de prestaciones en otro Estado miembro (art. 5) Mantenimiento de la afiliación de origen (art. 6) Fiscalidad (art. 7) Derecho a la información (art. 8) Io Mantenimiento de los derechos adquiridos Los fondos de pensión deberán adoptar medidas para ofrecer garantías a todos los afiliados de que conservarán sus derechos adquiridos en el caso en que se retiren del fondo de pensiones, es decir, pongan fin a su afiliación con motivo de un cambio de empleo o de actividad en otro Estado miembro, al menos de la misma manera que en el caso de los trabajadores que cambian de empleo o de actividad dentro de un Estado miembro. Los Estados miembros, por regla general y con contadas excepciones, ya velan por el mantenimiento de los derechos adquiridos. Además, en lo que se refiere a los regímenes de prestaciones definidas, las empresas deberán respetar un ajuste periódico de los derechos a fin de evitar una depreciación del valor monetario pero, por el momento, sólo Austria (reservas contables y fondos de pensión), Finlandia (TEL y regímenes privados registrados), Irlanda y el Reino Unido han instaurado modalidades de "indización" de los derechos mantenidos en beneficio de los ex-afiliados. En los demás Estados miembros, es evidente que la directiva producirá cierto impacto legislativo. Por el contrario, en lo concerniente a los regímenes de cotizaciones definidas, no es perceptible un impacto legislativo, en la medida en que las situaciones nacionales parecen regímenes observar complementarios franceses AGIRC y ARRCO utilizan la técnica del reparto y no están provisionados, lo que les permite reevaluar las prestaciones mantenidas, en función de la tendencia media del nivel de remuneración de los afiliados activos. la directiva. No obstante, impuesta por la condición los 2o Abono de prestaciones en otro Estado miembro 25 En virtud del artículo 73 y siguientes del Tratado, las empresas, gestoras de los regímenes complementarios de pensión, ya tienen la obligación de garantizar el pago íntegro en otros Estados miembros de todas las prestaciones debidas a los afiliados o ex-afiíiados que se han desplazado. La concesión de estas prestaciones eri curso de liquidación es un elemento esencial. 3o Mantenimiento de la afiliación de origen Las empresas se verán obligadas a mantener la afiliación de un trabajador a un régimen complementario de pensión de su Estado miembro de origen cuando se reúnan dos condiciones (carácter temporal y probable retomo). El impacto legislativo de este artículo 6 sobre las empresas es importante. Esto permite a los trabajadores de grupos multinacionales seguir afiliados al régimen del grupo en su país de origen. 4o Fiscalidad Este artículo 7 es de una extraordinaria flexibilidad y no tiene impacto sobre las empresas, ya que concierne a las autoridades fiscales. 5o Derecho a la información El impacto legislativo de este artículo 8 sobre las empresas es patente. Los responsables de los regímenes complementarios de jubilación, incluidas las empresas, deben respetar una obligación de transparencia que los Estados miembros deberán organizar, con lo que las empresas tendrán la obligación de dar informaciones precisas y regulares a sus afiliados a fin de permitirles la elección de la movilidad con conocimiento de causa. Esta obligación exige adelantarse a las necesidades de los afiliados y, por lo tanto, una presencia, pero también una atención, eficaces. Por último, esta directiva tiene cierto impacto, esencialmente legislativo, sobre las empresas gestoras de derechos a pensión complementaria. En general, los deberes de las empresas no van a implicar un gran cambio de las reglamentaciones nacionales actuales, pero es cierto que van a necesitar adaptaciones legislativas y la adopción de comportamientos y actitudes de las empresas en la práctica mucho más abiertas. De todos modos, conviene subrayar que este impacto se ve moderado por la disposición general de no retroactividad contenida en el artículo 9. 4. ¿Qué efectos económicos puede tener la propuesta? a) Sobre el empleo En la medida en que esta directiva contribuye a garantizar la efectividad de la libre circulación de los trabajadores, serán patentes los efectos benéficos sobre el empleo. Los trabajadores asalariados tendrán menos dudas acerca de ir a ocupar ún empleo en otro Estado miembro, es decir, que por lo menos no se verán disuadidos por la posible pérdida de sus derechos a pensión complementaria, con lo que podrán responder a ofertas de 26 empleo procedentes de otros Estados miembros y verán multiplicadas sus posibilidades de encontrar un empleo que convenga a sus cualifícaciones. Los trabajadores por cuenta propia también tendrán la oportunidad de establecerse en un Estado miembro, o más precisamente en una región, en la que parezca que sus servicios tengan posibilidades de todas las desarrollarse, con lo que las ofertas y demandas de empleo tendrán oportunidades para encontrarse, lo que beneficiará a la situación del empleo, sin lugar a dudas la mejorará y contribuirá a la cohesión económica y social de la L^nión Europea. b) Sobre las inversiones y la creación de nuevas empresas Los regímenes complementarios de pensión no se financian de forma idéntica en cada Estado miembro, y él criterio de financiación (capitalización, reparto, pay-as-you-go, acumulación de reservas, es decir, o bien provisiones inscritas en el pasivo del balance o sistema de "book reserves", o bien activos poseídos por un fondo de pensiones) determina muchas realidades diferentes, sobre todo en lo que se refiere a las inversiones. La técnica de la capitalización es utilizada con frecuencia para financiar las pensiones privadas y corresponde a un tipo de gestión financiera de un capital que implica inversiones y acumulación de ganancias. Esta técnica requiere cotizaciones definidas. Las cajas de pensiones y las compañías de seguros son las empresas que recurren con más frecuencia a este tipo de técnica, gracias a la cual se acumula una gran masa de capitales, sobre todo en algunos Estados miembros que recurren esencialmente a este método. Incluso en los demás Estados miembros, esta técnica permite aumentar el volumen de capitales. En lo que se refiere a los regímenes por reparto, no hay acumulación de reservas, excepto en forma de provisión para riesgos. Además, los regímenes complementarios franceses AGIRC y ARRCO no utilizan la técnica preconizada por la letra b) del artículo 4 de la propuesta de directiva, es decir, según la cual los derechos mantenidos representan "economías" acumuladas que pueden ser objeto de inversiones. _ En cuanto a la técnica de las provisiones en el balance o reservas contables, no se acerca a la capitalización puesto que no permite acumular activos con el objeto de invertirlos en el mercado de capitales, pero es, a pesar de todo, importante desde el punto de vista financiero en la medida en que constituye una fuente notable de autofmanciación para la empresa. La financiación por un fondo de pensión no es ajena a la capitalización, ya que el ahorro liberado se reinvierte en la economía gracias a inversiones en títulos o en el mercado de capitales. Dichas inversiones rinden, y el capital que aportan pertenece a los fondos de pensión que pueden volver a invertirlo. c) Sobre la competitividad de las empresas Esta propuesta de directiva no deberá tener implicaciones financieras importantes para las empresas. A pesar de todo, en caso de que las adaptaciones requeridas por las nuevas reglamentaciones nacionales introducidas en aplicación de la directiva implicaran algunas consecuencias financieras para las empresas, conviene moderar este elemento de coste mediante la progresividad prevista por la directiva. Si las adaptaciones que deben 27 introducir los Estados miembros para ajustarse a las propuestas pueden tener un impacto, éste se sitúa a un nivel diferente, como el marco legislativo y, sobre todo, la percepción que los empresarios, los administradores y las autoridades fiscales tienen, por tradición, de la problemática de los trabajadores que se expatrían en el curso de su vida activa. La movilidad efectiva de los trabajadores necesariamente será un factor de calidad para las empresas y su productividad, puesto que permite una flexibilidad del mercado de trabajo y una transferencia de competencia y de experiencia a escala europea. Además, la conservación de los derechos a pensión complementaria constituye un factor innegable de motivación del personal. 5. La propuesta ¿contiene medidas para tener en cuenta la situación específica de las pequeñas y medianas empresas (exigencias menores o diferentes, etc)? La propuesta de directiva no implica una distinción entre el tamaño de las empresas, por lo que no está prevista ninguna medida específica para las PYME. No obstante, dado que pocas PYME tienen regímenes de pensión complementaria, su-efecto sobre ellas será mínimo. Consulta 6. Suministre una relación de las organizaciones que han sido consultadas acerca de la propuesta y dé una síntesis de sus principales puntos de vista La Comisión ha consultado a los Estados miembros, a los interlocutores sociales y a los representantes de los regímenes de pensión complementaria. En general, los Estados miembros apoyaban el enfoque global de la propuesta, pues reflejaba los puntos de vista del Grupo de alto nivel de la libre circulación (presidido por la Sra. Veil) y los principios fundamentales del Tratado. En cuanto a los interlocutores sociales, la CES manifestó con fuerza su apoyo a la propuesta, considerando que ha de ser un primer paso para eliminar los obstáculos a la libre circulación. El CEC (Consejo del personal europeo de dirección y cuadros) también la apoyó, aunque hubiera preferido que la propuesta tuviera mayor alcance. Asimismo apuntó el problema de los largos plazos para la adquisición de derechos. Este problema se trata en el Libro 28 Verde "Los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único: libro verde'*1, presentado por la Comisión el 10 de junio de 1997. Eurocadres apoyó plenamente el proyecto de propuesta, mientras la UNICE también apoyó el planteamiento general, si bien expresó su preocupación en cuanto a la formulación de algunas disposiciones. La Asociación "Europa y Empresas" expresó su total apoyo a la propuesta de la Comisión. Varios de sus comentarios se han tenido en cuenta en el presente proyecto de propuesta. Por ejemplo, en el artículo 11 se prevé la posibilidad de que los interlocutores sociales se pongan de acuerdo para tomar las disposiciones necesarias conducentes a la aplicación de las disposiciones de la Directiva. El CEC y la UNICE pidieron específicamente que la propuesta incluyese también las cuestiones fiscales. El artículo 7 refleja estas preocupaciones. Los representantes de los regímenes de pensiones complementarias (EFRP) estuvieron plenamente de acuerdo con la voluntad de tener en cuenta las recomendaciones del Grupo de alto nivel. 1 "Los sistemas complementarios de pensiones en el mercado único: libro verde", 10 de junio de 1997, COM(97) 283. 29 ISSN 0257-9545 COM(97) 486 final DOCUMENTOS ES 05 10 09 06 N° de catálogo : CB-CO-97-524-ES-C ISBN 92-78-25781-8 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo


title: 97/672/EF: Kommissionens beslutning af 8. oktober 1997 om en dispensationsanmodning fra Luxembourg i henhold til artikel 8, stk. 2, litra c, i Rådets direktiv 70/156/EØF om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil (Kun den franske udgave er autentisk)

eurovoc_concepts:
Luxembourg
approximation of laws
commercial vehicle
derogation from EU law
motor vehicle
signalling device

formats: html pdfa1b print


title: REGULAMENTO (CE) Nº 1953/97 DA COMISSÃO de 8 de Outubro de 1997 que fixa os preços representativos e os montantes dos direitos adicionais aplicáveis na importação dos melaços no sector do açúcar

eurovoc_concepts:
CCT duties
import
molasses
representative price


title: 97/668/CE: Decisione della Commissione dell'8 ottobre 1997 riguardante una domanda di deroga presentata dal Lussemburgo ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c) della direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)


title: 97/679/CE: Decisão da Comissão de 8 de Outubro de 1997 respeitante a um pedido de derrogação introduzido pelo Reino Unido por força do n° 2, alínea c), do artigo 8º da Directiva 70/156/CEE do Conselho relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes à recepção dos veículos a motor e seus reboques (Apenas faz fé o texto em língua inglesa)

eurovoc_concepts:
United Kingdom
approximation of laws
commercial vehicle
derogation from EU law
motor vehicle
signalling device


title: Convenção ACP-CE de Lomé : Relatório Anual do Conselho de Ministros ACP-CE (1996).

eurovoc_concepts:
activity report
fourth Lomé Convention


title: 97/679/ΕΚ: Απόφαση της Επιτροπής της 8ης Οκτωβρίου 1997 σχετικά με αίτηση εξαίρεσης που υποβλήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο βάσει του άρθρου 8 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)