title: Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP)

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ACP countries
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EU policy
Lomé Convention
cooperation policy

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 29. 10. 1997 COM(97) 537 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO Orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los países de Africa, del Caribe y del Pacífico (ACP) Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo Orientaciones para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los países de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) Orientaciones políticas principales INTRODUCCIÓN 1. UNA NUEVA DINÁMICA A LA MEDIDA DE LOS CAMBIOS MUNDIALES 2 REVALORIZAR LA ASOCIACIÓN MEDIANTE LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO COMPROMISO POLÍTICO MUTUO. UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA 2. 1 Motivaciones, responsabilidades de la UE e intereses comunes 2. 2 La propuesta de la Unión 2. 3 Envites de las futuras negociaciones 3. INSCRIBIR LA ASOCIACIÓN UE-ACP EN LA ACCIÓN POLÍTICA DE LA UNIÓN 3. 1 Poner más medios al servicio de la prevención de conflictos y acrecentar la eficacia de la cooperación al desarrollo > 3. 2 Un nuevo diálogo político 3. 3 Un nuevo dispositivo institucional para un diálogo más efectivo y más abierto : 4. CENTRAR LA POLÍTICA COMUNITARIA EN LOS OBJETIVOS COMPLEMENTARIOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DURADERO, LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y LA INTEGRACIÓN EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 4. 1 Objetivos de la cooperación UE-ACP. 4. 2 Tres ejes de apoyo prioritarios 4. 2. 1 Apoyo a los factores de crecimiento y a las políticas de competitividad y de empleo , 4. 2. 2 Apoyo a las políticas sociales y a la cooperación cultural 4. 2. 3 Integración regional 1 8 9 9 11 12 12 12 14 16 17 17 19 19 21 22 4. 3 Tres principios rectores transversales 4. 3. 1 Reforzar la dimensión institucional y apoyar el desarrollo de las capacidades locales 4. 3. 2 Adoptar un planteamiento sensible a la no discriminación entre sexos y reducir las disparidades entre mujeres y hombres 4. 3. 3 Integrar los principios de la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente 5. ABRIR LA COOPERACIÓN A LA ASOCIACIÓN ECONÓMICA 5. 1 Objetivos económicos y comerciales más ambiciosos 5. 2 Apoyar la integración regional 5. 3 Adaptar el planteamiento a la situación de los PMD 5. 4 Acuerdos diferenciados 5. 5 Compatibilidad con la OMC y con la política agrícola común 6. HACIA UNA NUEVA PRACTICA DE LA COOPERACIÓN FINANCIERA Y TÉCNICA 6. 1 Exigencia de eficacia 6. 2 Lógica instrumental simplificada « 6. 3 Asignación de recursos en función de las necesidades y de los méritos 6. 4 Evolución de la naturaleza de las ayudas 6. 5 Gestión más eficaz de los recursos 7. MARCO GEOGRÁFICO: MANTENER LA INTEGRIDAD DEL GRUPO ACP INTRODUCIENDO AL MISMO TIEMPO UNA MARCADA DIFERENCIACIÓN REGIONAL 7. 1 Un acuerdo global, modalidades diferenciadas 7. 2 Tres niveles de diferenciación centrados en las especificidades regionales y las perspectivas de integración 7. 2. 1 Elementos estructuradores de un diálogo político diferenciado 7. 2. 2 Acuerdos de cooperación económica entre la UE y subconjuntos regionales. ". 7. 2. 3 Diálogo específico sobre la integración regional 2 22 22 24 25 26. 26 27. 27 28 29 31 31 32 33 34 35 35. 35 36 36 37 37 7. 3 Un acuerdo abierto a posibles candidaturas o la extensión de algunas disposiciones a otros países solicitantes ANEXO - PROCESO DE CONSULTA 38 39 La relación futura UE-ACP: Orientaciones políticas principales Los cambios profundos del contexto mundial imponen reconsiderar la relación entre la Unión Europea y los países ACP para calibrar sus envites y hacer que pueda afrontar, con una ambición renovada, los desafíos del siglo XXI. El debate público entablado por la Comisión sobre la base de su Libro Verde fue intenso y rentable. Representó un verdadero proceso interactivo, que ha permitido identificar ya los fundamentos de una nueva relación a la medida de los cambios mundiales y regionales. El método participativo y transparente adoptado por la Comisión en esta reflexión sobre una de las políticas arraigadas en la construcción comunitaria, sentó las bases de una nueva asociación abierta, en la cual la sociedad civil, los agentes económicos, los actores sociales y como las colectividades descentralizadas, desempeñan un papel activo. La propuesta de la Comisión para la negociación de nuevos acuerdos de cooperación con los países ACP es una consecuencia de este proceso, lo que le confiere inevitablemente un amplio campo de investigación. No obstante, la Comisión sigue estando convencida de la necesidad de simplificar los próximos acuerdos y, en la presentación del mandato de negociación, velará por reconciliar las exigencias de flexibilidad y de eficacia con un enfoque múltiple e integrado de la cooperación. El período post colonial pertenece al pasado. La Unión Europea y los países ACP tienen un intereses comunes y cuentan con una oportunidad estratégica que debe aprovecharse, adoptando una visión más ambiciosa y más prometedora. Esta ambición conduce a la Comisión a proponer que se revalorice la asociación UE-ACP sobre unas bases profundamente renovadas que permitan conseguir el cambio necesario. Se basa en cinco orientaciones políticas principales. Se trata en primer lugar, de dar a la nueva asociación una fuerte dimensión política. Esto implicará una mayor selectividad en la gestión de la cooperación comunitaria, un diálogo más efectivo y más abierto previo a la condicionalidad y un nuevo contrato global basado en una visión política compartida. La relación UE-ACP ocupará un nuevo lugar en el marco de la acción exterior de la Unión. Contribuirá a los objetivos de paz y de estabilidad, y permitirá poner aún más medios al servicio de la prevención y de la resolución de los conflictos violentos. La nueva política de cooperación UE-ACP tendrá un alcance más significativo aún si puede basarse en una voluntad política clara de la Unión en relación con los principios de complementariedad, coordinación y coherencia. Los logros propios de la relación UE- ACP en materia de apoyo a las políticas de defensa de los derechos humanos y de los principios democráticos, de consolidación del Estado de derecho y de buena administración, serán los principales puntos de apoyo de la asociación. El nuevo modelo de desarrollo que surge progresivamente de las grandes negociaciones internacionales y que procede de una visión integrada de los aspectos económicos, políticos, sociales y ambientales, constituirá su marco de referencia. Un diálogo político profundo, que contribuya al establecimiento de un clima político en el que se favorezca la legitimidad y la eficacia de la administración, garantizará una mayor eficacia de la. cooperación al desarrollo. El reconocimiento del estrecho vínculo que existe entre la voluntad política de un Gobierno, su capacidad de administrar un cambio de las relaciones de fuerza en la sociedad, y las oportunidades efectivas de reducir la pobreza, de elevar los niveles de educación y de salud, de mejorar la situación de las mujeres, y de garantizar las condiciones de un desarrollo sostenible, constituyen en efecto una condición previa de la adaptación de los procesos de desarrollo en los países ayudados por la comunidad internacional. La segunda orientación consiste en la propuesta de volver a centrar la política comunitaria para colocar la lucha contra la pobreza en el centro de la nueva asociación» Esta orientación, que refleja las grandes tendencias del debate público, no constituye en ningún caso una restricción del campo de la cooperación. Se trata en efecto de abordar la problemática de la pobreza en el marco de un enfoque integrado que tome en consideración simultáneamente los factores de crecimiento económico, en particular, el desarrollo de los mercados locales, la integración regional y la inserción en la economía internacional por una parte, y las repercusiones sociales del crecimiento, por otra. El apoyo, de carácter político, a un marco que favorezca el equilibrio de las oportunidades y la aparición de una sociedad civil activa y organizada formará parte integrante de este enfoque. Se concederá una prioridad especial al desarrollo de la iniciativa privada, en particular a través de un apoyo a las reformas necesarias para eliminar los obstáculos institucionales, reglamentarios o de política económica, que limitan a menudo las posibilidades de desarrollo del sector privado en los países ACP, tanto en el sector oficial como en el no oficial de la economía. Dentro del mismo espíritu, deberá reforzarse de forma considerable la dimensión social de la cooperación a través de un apoyo a las políticas de empleo, de acceso a los recursos productivos, a los servicios sociales básicos - en particular la educación y la salud -, así como a través de la consideración sistemática de la necesidad de mejorar la situación de las mujeres en términos de participación en la vida política, económica y social. La concepción y la práctica de las políticas de protección de los recursos naturales y del medio ambiente deberán integrarse en todas las etapas de la cooperación. En términos generales, la cooperación se dejará guiar en gran medida por la consideración de la dimensión institucional y por el principio del desarrollo de las capacidades de los actores locales. La apertura de la cooperación a la asociación económica constituye la tercera gran orientación propuesta por la Comisión. La repercusión y la pertinencia del régimen "de las preferencias Lomé" no han sido suficientes para generar una dinámica de desarrollo en una visión prospectiva. Objetivos más ambiciosos, en particular la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial, así como el interés por dar un nuevo impulso a la relación económica y comercial UE-ACP, suponen evolucionar hacia un enfoque más equilibrado, caracterizado por una auténtica relación de asociación, teniendo en cuenta los intereses mutuos de ambas partes. Este enfoque implica la búsqueda de acuerdos de cooperación y de asociación económica de carácter regional o subregional, vinculados al acuerdo global de asociación UE-ACP. Estos acuerdos regionalizados estarán destinados a intensificar una estrecha cooperación en todos los ámbitos que se vuelvan progresivamente decisivos para el desarrollo de las relaciones económicas y comerciales internacionales. Se tratará, en particular, de intensificar la cooperación en materia de respeto de las normas técnicas, sanitarias y de seguridad, de los derechos sociales fundamentales, de las medidas medioambientales, de protección de la inversión, de protección de la propiedad intelectual, de desarrollo del comercio de los servicios, de establecimiento de una política de la competencia y de acceso a los contratos públicos. Estos acuerdos implicarán también un régimen de intercambios preferente, que introducirá progresivamente países ACP que lo deseen, teniendo en cuenta los criterios definidos por el Consejo Europeo, en particular en términos de compatibilidad con las disposiciones de la OMC y con las de la política agrícola común. Estos acuerdos se conseguirán de manera progresiva, en apoyo a los procesos de integración regional y en fase con ellos. Esta profundización de la asociación económica tendrá en cuenta el nivel de desarrollo de cada uno de los socios, prestando una atención especial a la situación de los países menos avanzados (PMA) - respecto de los cuales la UE ha previsto, por otra parte, ampliar y armonizar el régimen de acceso al mercado (en favor del conjunto de los PMA, incluso fuera de la zona ACP). La cuarta orientación se refiere a las modalidades prácticas de gestión de la cooperación financiera v técnica, que es importante reconsiderar en profundidad. Las adquisiciones principales "de la cultura de Lomé" en términos de contractualidad, de seguridad, y de previsión, constituían la fuerza del Convenio y deben mantenerse. Los límites de su traducción operativa, unidos a la mayor exigencia dé eficacia en la gestión de los recursos financieros y a las necesidades de diferenciación puestas de manifiesto en el Libro Verde, imponen sin embargo un cambio profundo. Tal cambio pasa por una simplificación y una racionalización de los instrumentos de la cooperación, así como por una reorientación del apoyo comunitario hacia enfoques sectoriales que permitan garantizar la adaptación de las reformas por parte los países afectados y una evolución progresiva de las financiaciones comunitarias hacia una ayuda directa a los presupuestos. Esta evolución, que supone el cumplimiento de una serie de condiciones, traduce el principio de la responsabilidad primera de cada país con respecto a su propio desarrollo. El cambio propuesto supone también un sistema de asignación de los recursos basado no sólo en las necesidades de los países afectados sino también en sus méritos, en el marco de una programación arriesgada, a la cual se le debe restituir un lugar central en el proceso de cooperación. Implica, en definitiva, garantizar un método de gestión descentralizado y más eficaz. La quinta orientación garantiza al grupo ACP su integridad, introduciendo al mismo tiempo una fuerte diferenciación geográfica. Este principio de integridad del grupo ACP constituyó uno de los puntos principales del debate sobre el Libro Verde, durante el cual los Estados, así como sus sociedades civiles, expresaron una fuerte voluntad de solidaridad, que la Cumbre de los Jefes de Estado y de Gobierno ACP de Libreville pondrá en primer plano. Esta voluntad eminentemente política debe ser respetada por la Unión. Traduce, más allá de la afirmación del grupo ACP como entidad política, el valor de un conjunto UE-ACP en un mundo que se ha convertido en multipolar. Al mismo tiempo, se impone una necesidad de diferenciación, fundada en la dimensión regional de la cooperación económica y comercial, el papel creciente de la integración regional como factor de desarrollo, y de un modo más general, en la preocupación de adaptar la cooperación a las realidades y especificidades de los distintos componentes del grupo ACP buscando el nivel de diálogo y de cooperación más conveniente. Esta constatación conduce a la Comisión a proponer un nuevo acuerdo global con los Estados ACP, que incluya modalidades y acuerdos diferenciados. Los acuerdos futuros deberán ser además suficientemente flexibles y abiertos para responder a las nuevas necesidades y oportunidades. En la negociación UE-ACP, que se abrirá en septiembre de 1998, se decidirá un elemento esencial de la identidad exterior de la Unión Europea. Lo que está en juego está claro: pasar de un contexto histórico a una oportunidad estratégica. INTRODUCCIÓN La relación entre la Unión Europea y los Estados ACP sé halla en los albores de una evolución histórica sin precedentes, en la que cada cual deberá medir los envites y las posibilidades. Las negociaciones que, conforme al IV Convenio de Lomé revisado por el Acuerdo firmado en Mauricio el 4 de noviembre de 1995, deberán iniciarse en septiembre de 1998 para "examinar las disposiciones que regularán en el futuro las relaciones entre la Comunidad y los Estados miembros, por una parte, y los Estados ACP, por otra"1, brindan a los socios una ocasión única de proyectarse en el siglo XXI y de infundir a esta relación más ambición y ofrecerle mayores oportunidades de éxito. A fin de prepararse para esa cita y con ese objetivo, la Comisión, calibrando los cambios ocurridos en la escena internacional, las transformaciones en curso en los países ACP, un contexto europeo en plena evolución y el análisis crítico de la cooperación anterior, abrió un amplio debate público sobre la base de un "Libro Verde"2. El debate se desarrolló tanto en el marco de las iniciativas de la Comisión, que organizó foros consultivos en cada uno de los Estados miembros y en cada una de las tres grandes regiones ACP3, como en seminarios y conferencias organizados espontáneamente por organizaciones no gubernamentales, el sector privado, organizaciones sindicales o centros de estudios sobre el desarrollo. Las contribuciones escritas fueron también numerosas. El Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social se pronunciaron igualmente sobre las grandes cuestiones planteadas por el Libro Verde4. Los Estados ACP emprendieron, por su parte, su programa de consultas, a escala nacional y regional, con el objeto de definir progresivamente sus posiciones. El debate fue intenso, en ocasiones apasionado, a menudo decisivo para la percepción de los condicionantes de unos y otros, de los desafíos que se presentan y de las estrategias que deben seguirse para hacerles frente. Representó un punto de inflexión entre veinticinco años de cooperación y la organización de una nueva relación a la medida de los cambios mundiales. Teniendo en cuenta este debate, el presente documento propone orientaciones políticas generales para las relaciones futuras entre la Unión Europea y los países ACP. Tendrá su continuación en una propuesta de mandato de negociación que traducirá estas orientaciones, modificadas en su caso en atención a las posiciones expresadas en el Consejo, el Parlamento y otras instituciones, en directrices para la negociación. 1 Artículo 366 del IV Convenio de Lomé revisado. 2 COM (96) 570 final, de 20 de noviembre de 1996: "Libro Verde sobre las relaciones entre la Unión Europea y los países de África, del Caribe y del Pacífico en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación". 3 En anexo figura una lista de los foros consultivos organizados por iniciativa de la Comisión. 4 Informe del Parlamento Europeo sobre el Libro Verde - PE 223. 237. Dictamen del Comité Económico y Social sobre el Libro Verde - C. E. S. 775/97. L V^AmmvA CINÁMICA A. LA M E D I DA m L OS CAMBIOS MUNDIALES En el Libro Verde, la Comisión recordaba brevemente la historia de la relación entre la Unión Europea y los Estados ACP. Rememoraba en particular los orígenes de la política comunitaria de cooperación al desarrollo - que se remontan a la asociación de los Países y Territorios de Ultramar a la Comunidad en 1957 -, el contexto en el que se firmó el primer Convenio de Lomé en 1975 y las adaptaciones sucesivas de que ha sido objeto desde entonces. El Libro Verde inscribía también esta relación en el contexto de la evolución de los demás capítulos de la acción exterior, haciendo especial mención al nuevo marco de asociación con los terceros países mediterráneos, al refuerzo de los vínculos con América Latina y a la nueva estrategia asiática. Destacaba la vocación universal de las relaciones exteriores de la Unión, pero también su carácter diferenciado. Un examen crítico de los resultados de la cooperación en el pasado, fundado singularmente en los estudios de evaluación realizados en función de criterios conformes a las definiciones del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE5, puso de manifiesto las ventajas e inconvenientes de Lomé. Por una parte, la cooperación comunitaria ha permitido movilizar recursos financieros importantes, casi en su totalidad en condiciones muy favorables, que han contribuido a la mejora de las condiciones de vida en los países ACP. Innegablemente, el Convenio de Lomé ha representado un marco único de cooperación entre dos grupos de países, basado en los principios de asociación, contratación, previsibilidad y seguridad. Ha constituido asimismo un laboratorio de nuevas ideas. Pero, como toda cooperación, también ha ha adolecido de insuficiencias. El principio de asociación resultó difícil de llevar a la práctica. La dependencia de la ayuda, las exigencias a corto plazo y la urgencia de las situaciones de crisis determinaron progresivamente la relación. El contexto institucional y de política económica y social en el país beneficiario constituyó a menudo un gran impedimento, con la consiguiente merma del impacto de la cooperación comunitaria. La Unión tiene también su parte de responsabilidad, puesto que en la eficacia de su ayuda han influido considerablemente las trabas procedimentales. El impacto de las preferencias comerciales fue en conjunto decepcionante. En la práctica de la ayuda, la falta de flexibilidad, las dificultades del sistema de cogestion y el carácter casi automático de la concesión de una amplia parte de los recursos repercutieron en la eficacia. El debate, muy rico y muy amplio, que siguió a la publicación del Libro Verde, confirmó las principales premisas de la reflexión: - La importancia de los cambios mundiales que afectan a la relación UE-ACP, en particular las posibilidades, pero también los riesgos que entraña la rápida mundialización de los sistemas comerciales y financieros, la revolución tecnológica y la entrada en la sociedad de la información, las conmociones geopolíticas como consecuencia del hundimiento del bloque del Este y los principios acordados del desarrollo sostenible en consideración a las generaciones futuras. 5 CAD/OCDE, "Principios para una ayuda eficaz". - La evolución del lugar ocupado por la Unión en el mundo, de resultas de la profundización del proceso de integración y de la perspectiva de una ampliación sin precedentes. - La necesidad de una reforma fundamental del Convenio para adaptarlo a las realidades de este fin de siglo, y en particular para ayudar mejor a los países ACP a elevar el nivel de vida de sus poblaciones y a insertarse en la corriente de los intercambios mundiales. - El dinamismo dq las transformaciones en curso en los países ACP. Ciertamente, las dificultades vinculadas a la inestabilidad económica y política son importantes; pero las potencialidades y los signos de conformación de una "nueva Africa" son con cada vez más intensos. Se han emprendido procesos de democratización en numerosos países, cuya profundización y permanencia es necesario garantizar. Las reformas económicas están dando sus primeros resultados, aún frágiles pero prometedores. Los cambios en Sudáfrica, los esfuerzos de integración regional en África occidental, austral y oriental y la apertura hacia otros socios exteriores son nuevas dinámicas que contribuyen a cambiar el rostro de África. En la región caribeña se están abriendo nuevas perspectivas merced a la profundización de las relaciones con sus vecinos; esta región entiende ya sus vínculos futuros con la Unión Europea como una diversificación indispensable de sus relaciones exteriores. Las pequeñas economías insulares del Pacífico, alejadas de sus vecinos más próximos, pretenden mantener una relación significativa con Europa. El propio debate en torno al Libro Verde constituyó en sí mismo una etapa en la renovación de las relaciones UE-ACP. En particular, demostró la existencia, tanto en los países ACP como en los Estados miembros de la UE, de una decidida voluntad de revalorizar la asociación. Novedad, esta voluntad fue manifestada por una amplia gama de actores: las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, tradicionalmente muy comprometidas, pero también organizaciones representativas del territoriales, asociaciones juveniles y medios académicos expresaron claramente su interés en una nueva cooperación UE-ACP, en la que desean poder participar sobre el terreno y a la que quieren asociarse para la fijación de las prioridades políticas. sector privado, organizaciones sindicales, colectividades Como destaca el informe del Parlamento Europeo, "Puede afirmarse que el debate sobre el futuro de Lomé contribuyó a modificar el contenido de este acuerdo, dando nacimiento, por una y otra parte, a motivaciones nuevas, y a colocar en primer plano los problemas esenciales de las políticas de desarrollo y de cooperación al desarrollo, a menudo encubiertos por la actualidad y la necesidad de la urgencia. " & REVALORIZAR LA ASOCIACÍON MEDIANTE LA BÚSQUEDA DB ON NOEVO COMî'ROÎdaSOyOLITICO MÏOTOt TOA O^ORTBNIDÁ» ESTRATÉGICA 2. 1 Motivaciones, responsabilidades de la UE e intereses comunes La Unión, primer socio comercial a escala mundial, principal proveedor de ayuda al desarrollo, polo de estabilidad y ejemplo más avanzado de integración regional, se siente en el deber de desarrollar una estrategia responsable respecto a las regiones del Sur, en particular las más expuestas a los riesgos de pobreza y de marginación. En la Agenda 20006, la Comisión subraya singularmente que "el proyecto europeo sólo seguirá siendo creíble si responde a la creciente demanda de sus ciudadanos de más unidad y más eficacia para construir y defender la paz, la estabilidad y la prosperidad en el continente europeo y en el mundo. " La cooperación al desarrollo constituye un elemento importante en este contexto. Para ser eficaz, la Unión Europea tiene una responsabilidad esencial: garantizar la complementariedad entre las políticas de cooperación al desarrollo de los Estados miembros y de la Comunidad, reforzar la coordinación en los distintos niveles determinados por el Consejo (político, operativo y en los foros internacionales), adoptar una estrategia global común para los países ACP y velar, en particular, por la coherencia de sus políticas (comercial, pesquera, agrícola, etc. ), singularmente en relación con los objetivos de desarrollo. La nueva política de cooperación UE- ACP deberá basarse en una voluntad política clara en relación con estos tres principios. , El período poscolonial es historia y se trata de abandonar la lógica "donante- perceptor". La UE y los países ACP tienen intereses comunes que hacer valer. En este marco, la relación UE-ACP debe: - Convertirse en un elemento constitutivo de una política de paz y de estabilidad, contribuyendo a combatir las causas últimas de los conflictos violentos. - Contribuir, en coordinación con los otros donantes, a la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible acordados a escala mundial, y en particular a la reducción de la pobreza. En el marco de la asociación UE-ACP se dará una de las principales contribuciones de la Unión a los esfuerzos de la comunidad internacional para alcanzar los objetivos fijados en materia de desarrollo humano, singularmente en el marco de la estrategia adoptada por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE7. - Fomentar una forma de desarrollo que garantice el respeto de los derechos humanos y el progreso social. - Mejorar la gestión de los riesgos mundiales y de las interdependencias en los ámbitos del medio ambiente, la lucha contra los tráficos ilícitos, las migraciones, la salud, etc. La UE y los países ACP tienen interés en utilizar el marco pluricontinental de su relación para profundizar en su cooperación, en particular en aquellos ámbitos donde la cooperación internacional progresa lentamente. - Promover el desarrollo económico en interés mutuo. África, cuyos recientes progresos en materia de gestión económica han inducido a revisar al alza sus perspectivas de crecimiento a medio plazo, es, obviamente, un socio potencial importante. 6 COM (97) 2000, de 15 de julio 1997: "Agenda 2000: Por una Unión más fuerte y amplia". 7 "El papel de la cooperación al desarrollo en los albores del siglo XXI", OCDE/CAD, mayo de 1996. 10 Más allá de las interdependencias negativas y de los riesgos inmediatos que provoca la falta de desarrollo para la seguridad y el bienestar del Norte (conflictos violentos, presiones migratorias, auge de los extremismos, droga, pandemias, SIDA, etc. ), la Unión tiene razones de peso para proseguir su cooperación con los países ACP y adaptarla a un contexto radicalmente transformado. Para ello, deberá definir con sus interlocutores los términos de un nuevo compromiso mutuo de naturaleza fundamentalmente política. 2. 2 La propuesta de la Unión8 La Unión propondrá a los países ACP un compromiso duradero sobre una base de asociación. Esta nueva asociación, fundada en el principio de "propiedad", se caracterizará por: - Una fuerte dimensión política y un diálogo profundo. - Una ayuda al establecimiento de un entorno político que favorezca la igualdad de oportunidades, la legitimidad y la eficacia en la gestión de los asuntos públicos, los mecanismos de conciliación que permitan solucionar de manera no violenta los conflictos de intereses y la instauración del diálogo y la participación de la sociedad civil como recursos principales. - Una ayuda a la ejecución de las reformas y un apoyo financiero y técnico a las políticas sólidas y responsables. - La consideración sistemática de la dimensión institucional y del objetivo del desarrollo de la capacidad de los agentes públicos (incluidos los poderes locales) y privados en la concepción, análisis y aplicación de las estrategias de desarrollo y en la organización de la sociedad civil en general. - Un refuerzo de la dimensión social de la cooperación. - Una nueva estrategia en favor del desarrollo del sector privado. - La integración de los aspectos medioambientales en todas las etapas de la cooperación. - Una cooperación económica reforzada en interés mutuo, que extienda la cooperación a una serie de ámbitos relacionados con el comercio y se funde en el objetivo de la integración en la economía mundial. - Una ampliación de la cooperación, sobre todo en los sectores de la investigación científica y tecnológica y de la sociedad de la información, en función de las nuevas oportunidades. - Una asociación más participativa, que incluya la consulta de los agentes económicos y sociales. 8 En aras de la simplicidad, en el presente documento se suele hacer mención a la Unión, pero en el entendimiento de que las partes contratantes son la Comunidad y los Estados miembros. 11 - El principio de regionalización de la cooperación en el marco de un acuerdo global con los países ACP. - La consideración de los factores de vulnerabilidad, singularmente en las pequeñas economías insulares. - Una diferenciación de las modalidades y de las prioridades de la cooperación para adaptarla al nivel de desarrollo del socio, a sus necesidades y a su estrategia largo plazo. Ello se traducirá, concretamente, en una de desarrollo a concentración cada vez mayor de las intervenciones comunitarias. En otras palabras, la Unión no hará todo en todas partes: ampliará el ámbito de las cooperaciones posibles y concentrará, al mismo tiempo, sus intervenciones, en un país o en una región determinada, en algunos sectores prioritarios. Se vinculará, además, el modo de gestión de los recursos al desarrollo de las capacidades en el país socio. - La búsqueda de una mayor eficacia, un Convenio más simple y un acceso más fácil de los nuevos actores de la cooperación. La UE espera de sus socios un compromiso de proseguir o emprender reformas creíbles y una "buena gestión" ("good governance") política, económica, social y medioambiental. Esta exigencia de un nuevo "contrato" implicará, por una parte, una mayor selectividad en la gestión de la ayuda, pero también una preponderancia mayor del diálogo previo a la condicionalidad. 2. 3 Envites de las futuras negociaciones Para la Unión, se tratará fundamentalmente de otorgar un nuevo lugar a la relación UE-ACP en su acción exterior y de garantizar la coherencia entre los aspectos políticos, comerciales y de cooperación al desarrollo, así como con las políticas internas. Para el conjunto de las partes interesadas, el principal envite de estas negociaciones será conseguir el cambio necesario en una visión prospectiva. Las negociaciones deberán desembocar en acuerdos suficientemente innovadores sin hacer por ello tabla rasa del pasado. La nueva asociación con los países ACP debe significar el tránsito de un contexto histórico a una oportunidad estratégica. Esta constatación debe inducir a la Unión a presentar una oferta estructurada políticamente mediante la profundización de la asociación en sus distintas dimensiones, y geográficamente, por su dimensión global y regional. 3, l3SfSCRIBIR3LAASOCJACiO»r ÜE-ACF ISKLA ACCIÓN EOLÍTICA BE LA ÜNION 3. 1 Poner más medios al servicio de la prevención de conflictos y acrecentar la eficacia de la cooperación al desarrollo La cooperación UE-ACP, en un principio considerada neutra en relación con el contexto político de los países ACP, se percibe a partir de ahora como una relación con una clara dimensión política, que deberá expresar plenamente la futura 12 asociación. La especificidad de la acción comunitaria reside cada vez más en la complementariedad de sus tres facetas: la dimensión política, la asociación económica y una acción ambiciosa en favor del desarrollo social. El diálogo político deberá profundizarse por dos razones fundamentales: • La cooperación al desarrollo debe contribuir a la consecución de los objetivos de la política exterior y de seguridad común (artículo J. l del Tratado de la Unión Europea), y más concretamente al mantenimiento de la paz y al fortalecimiento de la seguridad internacional, combatiendo las causas de la pobreza y de las desigualdades, fuentes potenciales de conflictos, y coadyuvando a incrementar la cohesión social y a luchar contra la marginación. Es en este contexto donde el otorgamiento de prioridad a la prevención de los conflictos y a la consolidación de la paz adquiere un sentido particular. Las orientaciones recientemente adoptadas por la UE en materia de prevención de conflictos en África9 están destinadas, en particular, a apoyar el desarrollo de la capacidad de acción de las organizaciones africanas (OUA y organizaciones subregionales). Pero prevén también utilizar de manera coordinada y coherente el conjunto de medios disponibles; ello implicará singularmente la cooperación al desarrollo y el respaldo de las políticas de promoción de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la buena gestión de los asuntos públicos. No obstante, la cooperación al desarrollo deberá poder conservar la autonomía necesaria para perseguir, con continuidad, objetivos a largo plazo. No podrá estar sujeta a cambios de ritmo demasiado frecuentes sin poner en peligro su eficacia; convendrá, entonces, apreciar el carácter temporal o duradero de las situaciones de desequilibrio político que requieran una respuesta en la gestión de la cooperación al desarrollo. La labor de la Unión en materia de prevención de crisis se beneficiará además de las nuevas disposiciones del Tratado, en particular de la creación de una célula de análisis y de previsión^ encargada de alertar al Consejo sobre las situaciones de crisis nacientes, y del refuerzo de la cooperación con la Unión Europea Occidental, sobre todo en lo que atañe a la prevención y gestión de crisis. Deberán llevarse a cabo también acciones de cooperación específicas para acrecentar la seguridad global o regional. Sobre la base de las primeras experiencias en curso de realización, estas acciones podrían tener por objeto la no proliferación, el control de armamentos, la lucha contra el tráfico ilícito de armas y las minas antipersonas. • La profundización del diálogo político debe también permitir acrecentar la eficacia de las acciones de cooperación. Sin voluntad política de los gobiernos de los países interesados, ninguna intervención de ayuda exterior puede realmente tener un impacto significativo, sea en términos de mejora de los indicadores del desarrollo humano o de dinamismo económico. 9 Posición común del Consejo, de 2 de junio de 1997, y SEC(96)322: "La Unión Europea y el problema de los conflictos africanos: restablecimiento de la paz, prevención de las crisis y perspectivas". 13 La necesidad de reforzar los vínculos entre la acción socioeconómica y la acción política es cada vez más evidente en el marco del nuevo modelo de desarrollo que surge progresivamente de las grandes negociaciones internacionales10, un modelo centrado no sólo en la satisfacción de las necesidades básicas sino también en el respeto de los derechos humanos, tanto en sus aspectos políticos como sociales y culturales. La lucha contra la pobreza, los esfuerzos en favor de los sectores de la educación y de la salud, la necesidad de mejorar la situación de la mujer, la consideración de los aspectos medioambientales, las cuestiones demográficas y sus consecuencias en términos de migraciones y la problemática del desarrollo urbano son objetivos que implican cambios profundos en las estructuras sociales y en las relaciones de poder y que no pueden abordarse desde un punto de vista exclusivamente técnico y económico. El apoyo - que la UE propondrá reforzar - ala organización de la sociedad civil y al desarrollo de la capacidad de los actores representativos del sector privado y de los movimientos sociales, en su diversidad, y el estímulo al establecimiento de mecanismos de concertación y de diálogo transparentes constituirán también una nueva y vigorosa dimensión política. 3. 2 Un nuevo diálogo político Por todas estas razones, la Unión propondrá a sus socios ACP profundizar en el diálogo político y extender el ámbito de aplicación en función de la evolución de la actualidad. Sin establecer una lista exhaustiva a priori, se abordarán en particular los problemas siguientes, no aisladamente, sino con un planteamiento integrado que reconozca los numerosos vínculos existentes entre todos estos temas: - El respeto de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho, elementos ya esenciales en las relaciones UE-ACP11. Por lo que se refiere al respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos - elemento esencial de todos los acuerdos firmados por la Comunidad con terceros países desde 199512 -, la Conferencia de Viena13 afirmó singularmente el carácter universal e indivisible de todos los derechos humanos, con especial mención a los derechos civiles y políticos y a los derechos económicos, sociales y culturales. Ello implica, en particular, que deben vincularse con las políticas de 10 Véase, en particular, la Agenda para el Desarrollo (NU, junio de 1997) y el resumen de las conclusiones de las grandes conferencias internacionales "Conferencias Mundiales. Prioridades del desarrollo para el siglo XXI", Informes de las NU, 1997. 11 Artículos 5 y 366 bis del IV Convenio de Lomé revisado. 12 El 29 de mayo de 1995, el Consejo aprobó una fórmula tipo para las cláusulas relativas a los derechos humanos en los acuerdos de la Comunidad con terceros países, que incluye un dispositivo de suspensión que permite a la Comunidad reaccionar inmediatamente en caso de violación de los derechos humanos. 13 Conferencia mundial sobre los derechos humanos, Viena, 1993. 14 progreso social, acceso a la educación, reducción de las disparidades entre hombres y mujeres, respeto de las minorías, etc. El pleno respeto de los convenios internacionales que regulan la protección y las intervenciones humanitarias constituye una condición esencial para la preservación efectiva de un espacio de intervención humanitaria en los países ACP. En este ámbito, resulta indispensable un planteamiento riguroso de los principios y de su aplicación sobre el terreno. El respeto de los principios democráticos no apunta a un modelo aplicable en todas partes. Cada sociedad tiene el derecho de elegir su propia vía a la democracia, teniendo en cuenta el contexto particular de cada país. Pero esta elección debe incluir las características fimdamentales de la democracia representativa: el principio de la separación de poderes - que garantiza en particular la independencia de la justicia -, el derecho de los ciudadanos a elegir o sancionar periódicamente a sus líderes políticos, a expresarse e informarse libremente. El respeto y el funcionamiento de un Estado de Derecho, en particular la equidad, la eficacia y accesibilidad del sistema jurídico y la transparencia, constituyen una de las condiciones fundamentales en relación con los objetivos de los derechos humanos y con los objetivos de desarrollo económico y social. En todos estos ámbitos, los socios deberán comprometerse a prestar una atención especial a la situación de la mujer, a promover la igualdad de condiciones y a facilitar su plena participación en la vida política. Sólo un verdadero diálogo sobre estas cuestiones, basado en un análisis dinámico y que tenga en cuenta la evolución del contexto cultural, social, económico y político local, y la realización de acciones positivas permitirán elaborar un planteamiento eficaz, progresivo y enraizado en la realidad de cada país. Como el Estado de Derecho, la buena gestión de los asuntos públicos o "good governance" es de crucial importancia, tanto para el desarrollo social y la lucha contra la pobreza, como para el desarrollo de las inversiones y del sector privado. Este concepto, ampliamente presente en los debates internacionales relativos a la ayuda al desarrollo, se refiere, en el marco del IV Convenio de Lomé revisado, a la gestión transparente y responsable del conjunto de los recursos (humanos, naturales, económicos y financieros, internos y externos) de un país a efectos de su desarrollo económico y social. Incluye, en particular, la lucha contra la corrupción y se beneficia de los planteamientos participativos. Corresponderá a los socios europeos y ACP fijar juntos los principios a los cuales se proponen referirse, inspirándose la UE, por su parte, en la reciente Comunicación de la Comisión en pro de una política anticorrupción14 - que atañe tanto a la corrupción internacional como la corrupción en la Unión - y en las iniciativas internacionales en este ámbito (G7, etc. ). 14 Com (97) 192, de 21 de mayo de 1997. La Comisión preconiza, en particular en materia de cooperación al desarrollo, tres ejes de acción: medidas preventivas (apoyo a la mejora del marco legislativo, de los procedimientos y del funcionamiento de los contratos públicos, etc. ) integradas en la estrategia de desarrollo, programas específicos de lucha contra lá corrupción e inserción de una cláusula de buena gestión en todos los acuerdos de cooperación. 15 Ello debería inducir a la UE a proponer a sus socios que incluyan la buena gestión de los asuntos públicos entre los elementos esenciales del futuro acuerdo, en el mismo plano que los tres elementos (descritos en el apartado anterior) ya ratificados en el IV Convenio de Lomé revisado. - La prevención y la resolución de conflictos. La acción de la Unión se insertará en el marco internacional o regional apropiado y contemplará al mismo tiempo la prevención en la fase más avanzada posible y el restablecimiento de la paz. Se abordarán también algunas cuestiones como el control y la limitación de las compras y del comercio de armas y la lucha contra su tráfico ilícito, la prohibición de las minas antipersonas y las acciones de limpieza de minas y las necesidades de apoyo a la formación cívica y jurídica. - Las cuestiones atinentes a la justicia y los asuntos de interior de la Unión (tercer pilar), como la problemática de la inmigración, la droga, la criminalidad transnacional y la trata de seres humanos. - Las políticas sectoriales respaldadas por la cooperación comunitaria, incluso en ámbitos como la investigación y la innovación tecnológica. - Los medios aplicados a reducir la pobreza. - Los temas de interés general o regional (protección del medio ambiente a escala planetaria y regional, migraciones transcontinentales, lucha contra los tráficos ilícitos y negociaciones multilaterales). - La cooperación y la integración regional, poderosos factores de estabilización, bajo el doble aspecto de la prevención y resolución de conflictos y del desarrollo económico y social. 3. 3 Un nuevo dispositivo institucional para un diálogo más efectivo y más abierto El diálogo político se convierte así en la tercera herramienta, complemento indispensable de la ayuda y de la cooperación económica. Permite concretar un planteamiento positivo de la condicionalidad y se convierte en el modo de funcionamiento de una asociación revitalizada, que pretende crear una relación entre socios adultos y responsables, respetuosos de sus compromisos y en consecuencia iguales. Las modalidades del diálogo político deberán definirse con extremada flexibilidad y tener por objetivo final la búsqueda de resultados tangibles. Deberá preverse la posibilidad de entablar este diálogo en función de la importancia y del interés de los temas a tratar, en un marco multilateral, regional o bilateral y en niveles políticos o técnicos. En numerosos ámbitos, la exigencia de eficacia implicará que este diálogo se inscriba en el marco de reuniones de carácter regional o subregional, tanto de responsables gubernamentales como de parlamentarios. La búsqueda de eficacia supondrá también una revisión del funcionamiento de las instituciones paritarias - confiriéndoles una nueva dimensión regional - a partir de las propuestas de estas instituciones. 16 4. 1 Objetivos de la cooperación UE-ACP Los compromisos adquiridos por la Comunidad Europea, los Estados miembros y numerosos países ACP en las conferencias de las Naciones Unidas, en materia de desarrollo social, medio ambiente, igualdad entre hombre y mujer, población y seguridad alimentaria, constituyen un nuevo marco de referencia para el diálogo sobre las políticas y para las intervenciones de ayuda de la UE. Las Cumbres de Río y de Copenhague representaron, en particular, un giro importante, en la medida en que permitieron definir una visión integrada del desarrollo en sus dimensiones económica, social y medioambiental. Se pusieron de relieve los vínculos entre la reducción de la pobreza, la lucha contra las discriminaciones - en particular de la mujer -, la protección del medio ambiente y la responsabilidad ante las generaciones futuras. Se reconoció la importancia de hacer progresos decisivos en materia de educación primaria, salud básica y acceso a los demás servicios esenciales. La Agenda para el Desarrollo recientemente adoptada por las Naciones Unidas15 expresa este planteamiento centrado en la mejora de las condiciones de vida, reconociéndole también una dimensión política fundamental. El principio de la responsabilidad principal de los países interesados en su desarrollo informa el conjunto de la iniciativa. Por otra parte, las dificultades y potencialidades propias de los países ACP ante las transformaciones económicas mundiales ponen de manifiesto la necesidad de mejorar fundamentalmente el entorno económico de estos países y de establecer un marco más favorable al desarrollo del sector privado. La importancia del sector informal o "economía popular", su potencial de generación de rentas y empleo y su capacidad de innovación socioeconómica justifican, por otro lado, un apoyo particular que tenga por objeto una mejora duradera de las condiciones de vida y de trabajo. La fuerte dependencia de numerosos países de sus recursos naturales, vinculados a las actividades agrícolas en particular, y la inestabilidad climática exigen también que se otorgue a las cuestiones medioambientales una prioridad adecuada. Debe admitirse, además, el carácter estratégico de una ayuda más sistemática al desarrollo de las capacidades, especialmente científicas y tecnológicas. Teniendo en cuenta también los objetivos generales asignados por el TUE a la política comunitaria de cooperación al desarrollo16, las nuevas prioridades definidas 15 Agenda para el Desarrollo, Asamblea General de las NU, junio de 1997. 16 Artículo 130 U: el desarrollo económico y social duradero de los países en desarrollo, y particularmente de los más desfavorecidos, la inserción armoniosa y progresiva en la economía mundial y la lucha contra la pobreza. 17 estos últimos años en el Consejo17 y los objetivos cuantitativos y cualitativos deterrninados por los principales proveedores de fondos de la OCDE18, la UE propondrá a sus socios conceder una prioridad particular a la lucha contra la pobreza, reforzando insistiendo simultáneamente en la mejora de los factores de crecimiento, competitividad y empleo. la dimensión social de la cooperación e La elección de las políticas de desarrollo compete a los Estados y poblaciones interesados; al mismo tiempo, estas políticas son cada vez más interdependientes. El interés mutuo y la reciprocidad se convierten así, tanto en el plano económico como en el plano social o medioambiental, en los motores de una cooperación intensificada. La mejora de las condiciones de vida y de trabajo en los países en desarrollo adquiere una nueva prioridad en el marco de la acción exterior de la Unión. No se trata para la Unión de exportar su modelo, sino de compartir sus experiencias. Ante las transformaciones externas e internas, la propia UE se enfrenta a la necesidad de adaptarse para mantener la opción de una determinada calidad social, defender su concepción del modelo social y reconciliar el principio de la competencia como fuerza de progreso económico con el de la solidaridad indispensable para la cohesión social. La UE persigue una nueva articulación entre lo económico y lo social, en la que la política social contribuya a los resultados económicos, al empleo y la competitividad. Es en esta perspectiva donde debe poder asegurarse la complementariedad entre los tres objetivos generales de la cooperación comunitaria. La lucha contra la pobreza, que se impone como un objetivo esencial en el marco de una asociación con los países ACP, debe inscribirse en una política general centrada en el desarrollo sostenible y que auspicie el crecimiento económico y la creación de empleo, la eliminación de las discriminaciones de la mujer, el acceso a la educación y a la salud y la conservación y mejora del medio ambiente. Como destaca el último informe mundial sobre el desarrollo humano19, el debate sobre las relaciones entre crecimiento económico y reducción de la pobreza - cuestión ampliamente tratada en el marco de la consulta abierta sobre el "Libro Verde" - es en parte un falso debate, en la medida en que desvía la atención de las dos cuestiones más importantes: ¿ cómo acelerar el ritmo de crecimiento? ¿ cómo crear un modelo de crecimiento centrado en la reducción de la pobreza? Estas consideraciones y las consultas celebradas en el marco del debate sobre el Libro Verde abocan a situar la lucha contra la pobreza, en sus distintas formas - tanto en términos de desarrollo social y humano y de protección de los recursos naturales como de pobreza monetaria -, en el centro de la cooperación UE-ACP, en el marco de un planteamiento integrado que aborde simultáneamente los factores de 17 Conclusiones y Resoluciones sobre desarrollo social y humano, igualdad entre los sexos (noviembre de 1995), prioridades en materia de salud, educación y formación, seguridad alimentaria y lucha contra la pobreza (diciembre de 1993), ayuda al ajuste estructural, vínculos entre ayuda de emergencia, rehabilitación y desarrollo. 18 OCDE, CAD: "El papel de la cooperación al desarrollo en los albores del siglo XXI", mayo de 1996. 19 PNUD, 1997. 18 crecimiento económico y las repercusiones sociales de ese crecimiento. La instauración de un ambiente político que favorezca la creación de oportunidades y el nacimiento de una sociedad civil activa y organizada formará parte integrante de este planteamiento. En este contexto ha de reconocerse y apoyarse el papel del sector privado formal e informal, del Estado y de los poderes locales y de los distintos actores sociales organizados en sindicatos, asociaciones, cooperativas y otras agrupaciones. La acción de la UE debiera facilitar el desarrollo de las capacidades de estos distintos actores y la mejora del marco institucional necesario para la cohesión social y el funcionamiento de una sociedad democrática y de una economía de mercado, dando un amplio margen a la concertación. El Estado debe, en particular, velar por el buen funcionamiento de los mercados y solucionar sus fallos. Por último, la especificidad de la acción comunitaria reside también en el apoyo que puede prestar a los procesos de integración y cooperación regional, reconocidos como factores favorables al desarrollo y como una etapa a menudo necesaria para la inserción en la economía mundial. pstas orientaciones definen una nueva estrategia de cooperación y nuevas prioridades. La cooperación se centrará, de manera diferenciada^ en función de las necesidades, de las potencialidades y de la vqluntad política de cada país, en algunos temas entre un amplio abanico de ámbitos complementarios, favoreciendo aquéllos donde la acción de la Unión presente un valor añadido en relación con los otros proveedores de fondos. Deberá además asegurarse un vínculo estrecho entre la dimensión política reforzada y la cooperación; en este contexto, la prevención de los conflictos violentos y. la necesidad de tratar sus causas profundas podrán también influir sobre las prioridades de acción. Estas acciones, cuya lista no puede a priori ser exhaustiva, se inscribirán en torno a tres eies prioritarios (competitividad y empleo, dimensión social y cultural, integración regional) y deberán satisfacer tres principios esenciales (el desarrollo 4e las capacidades, la consideración de la no mscriminación entre sexos y los principios medioambientales). 4. 2 Tres ejes de apoyo prioritarios 4. 2. 1 Apoyo a los factores de crecimiento y a las políticas de competitividad y de empleo El aumento del empleo y un mejor acceso a los recursos productivos son factores esenciales para reducir duraderamente la pobreza y combatir la dinámica de la exclusión. Los compromisos adquiridos en Copenhague en esta materia fijan un conjunto de objetivos eminentemente pertinentes. La progresión de las inversiones y pl desarrollo de un sector privado dinámico, tanto el segmento formal de la economía corno la economía denominada popular, en las zonas rurales y urbanas, son indispensables para acelerar el crecimiento, ampliar sus bases y aumentar el empleo. Estos empleos serán más seguros y duraderos, y redundarán en una mejora real de las condiciones de vida, al estar vinculados a un incremento de la competitividad de las economías interesadas. Debe tenerse especialmente en cuenta la situación de la mujer, sus posibilidades de participar en la vida económica y de beneficiarse de los efectos del crecimiento. 19 Desde esta perspectiva, la cooperación comunitaria tendrá lugar en varios ámbitos, a fin, en particular, de restaurar la confianza de los agentes económicos y facilitar la creación de empleo: - Apoyo a la aplicación de políticas macroeconómicas, comerciales y sectoriales previsibles y creíbles, que creen un contexto favorable a la inversión privada (interna y extranjera), teniendo explícitamente en cuenta el objetivo del empleo. En este marco podrá proponerse también una cooperación monetaria, singularmente en relación con la introducción del euro. Este apoyo tendrá también por objeto la dotación de infraestructuras económicas y tecnológicas. - Apoyo a las reformas administrativas, institucionales y legislativas que mejoren las condiciones de desarrollo de un sector privado competitivo, a la instauración de un marco legislativo y social que favorezca la integración progresiva del sector informal en la economía formal y a la adopción de disposiciones que garanticen la consideración de la dimensión medioambiental. - Apoyo al desarrollo de los sistemas financieros y a la mejora del acceso a los servicios financieros. - Apoyo a la creación y desarrollo de empresas, en particular aquellas que tienen un fuerte potencial de creación de empleo y que carecen de acceso a los factores de producción (tecnologías, financiación, etc. ) o a los mercados, especialmente las PYME, las microempresas y las cooperativas. La ayuda financiera y técnica administrada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Centro de Desarrollo Industrial (CDI) será, en estos ámbitos, complementaria de las ayudas administradas por la Comisión. - Apoyo a la mejora de los sistemas de educación y formación para contribuir a elevar la productividad de los sectores formales e informales. - Apoyo a las políticas y a las instituciones del mercado del trabajo, en particular para promover la información y la formación, la aplicación de legislaciones que garanticen un nivel apropiado de protección de los trabajadores y el respeto de los derechos sociales fundamentales20, la mejora de las condiciones de salud y de seguridad en el lugar de trabajo y la aplicación, de los principios de no discriminación - en particular respecto de la mujer -, así como para facilitar el diálogo social. Este apoyo deberá tener en cuenta el interés de garantizar la necesaria flexibilidad del mercado del trabajo. - Apoyo a las reformas y a las políticas que faciliten el acceso - en particular de los grupos más vulnerables - a los recursos productivos, como los derechos de propiedad y de explotación de la tierra, el capital y el crédito, la educación y la formación, las tecnologías, la información y los servicios de transporte y de comunicaciones. 20 Convenios de la OIT relativos al derecho de asociación y de negociación colectiva, a la prohibición del trabajo forzado y del trabajo infantil y al principio de la no discriminación. 20 Más allá del marco propio de la relación UE-ACP, es necesaria una solución internacional más ambiciosa del problema de íadeuda exterior, en la medida en que condiciona, en los países muy endeudados, los resultados de sus esfuerzos en términos dé crecimiento, competitividad y empleó. 4. 2. 2 Apoyo a las políticas sociales y a la cooperación cultural Otra prioridad de la futura cooperación UE-ACP será la mejora de la calidad de los servicios sociales y la reducción de las desigualdades en el acceso a la atención sanitaria, la educación, el agua, là vivienda y los demás servicios esenciales. El planteamiento de la UE consistirá, por una parte, en ayudar a los países socios a mantener y aumentar progresivamente los medios financieros de los grandes sectores sociales y, por otra, en apoyar la adaptación de los servicios sociales y de los sistemas de protección social en función de la evolución de las condiciones económicas, de las necesidades locales y de las demandas específicas de cada país o región. En este marco, la cooperación descentralizada reviste también una importancia particular y deberá reforzarse. En todos estos ámbitos, la UE considera que es especialmente importante reducir las diferencias entre mujeres y hombres. Sólo se preverán acciones específicas, en particular para los grupos pobres, cuando las condiciones políticas impidan un apoyo más global a las dinámicas de progreso social. Los principales ámbitos de cooperación serán los siguientes: - Apoyo a las políticas generales y sectoriales que favorezcan el acceso a los grandes servicios básicos - educación primaria, salud básica, agua, habitat urbano -, en coordinación con los Estados miembros y con los otros proveedores de fondos. - Apoyo a las políticas de seguridad alimentaria y que mejoren el acceso a los productos alimentarios - procurando mantener las producciones locales - y a la práctica de una gestión responsable de los recursos hídricos. - Apoyo a las políticas demográficas. - Apoyo a las iniciativas de mutualización de los riesgos y a la constitución de fondos de desarrollo social que permitan una gestión descentralizada y participativa de actores elegibles. Estos fondos podrán organizarse a escala nacional o local, con el objetivo de apoyar la promoción social o, más en general, la economía popular. La responsabilización de los socios sobre la base de criterios de seguimiento y de evaluación de los resultados constituirá un principio básico. - Amplio refuerzo de la participación y desarrollo del diálogo social, es decir, entre el conjunto de los actores significativos de la sociedad civil, y de manera más específica entre los interlocutores sociales. Este apoyo se referirá, en particular, a los Convenios de la O. I. T. relativos a la libertad sindical y a los derechos de negociación colectiva, que figuran entre los derechos sociales 21 fundamentales establecidos en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social y que la Comisión propuso promover en todos sus acuerdos con terceros países21. - Cooperación cultural, mediante acciones que favorezcan el reconocimiento de las identidades culturales y el diálogo intercultural y la consideración de esta dimensión en el conjunto de las intervenciones comunitarias. 4. 2. 3 Integración regional La integración regional constituye una etapa a menudo necesaria en pos de la integración en el sistema económico mundial. Permite diversificar las economías nacionales y favorece las economías de escala La Comunidad ha apoyado distintas formas de cooperación regional desde el primer Convenio de Lomé y ha desarrollado progresivamente su apoyo a la integración regional. Se trata de un eje de intervención específico de la acción comunitaria, que permite que otros países se beneficien de la experiencia de la construcción europea y de los conocimientos adquiridos en una serie de ámbitos. ta UE propondrá a sus socios ÀCp comprometidos en un proceso de integración regional una estrategia de cooperación basada en los elementos siguientes: - apoyo a las iniciativas de integración económica regional (coordinación de las políticas macroeconómicas y de los regímenes de inversión, liberalización comercial y cooperación aduanera, etc. ); - apoyo a las iniciativas regionales de cooperación en materia de infraestructuras - especialmente las infraestructuras de transporte terrestre y los puertos -, medio ambiente, salud, investigación, etc. ; - refuerzo de la capacidad de las organizaciones regionales y los gobiernos nacionales en e| ámbito económico, spc|aj? político y rfledioambiprffàl, WPlujda la promoción de PÓdigps de copducta, nprrnas, etc. ; - consideración, ep un período transitorio, de lps e;fectos de la integración spbrp los recursos presupupsfarips y spbre la balanza de pagos en la valoración de las necesidadesi de gyuggfinanciera, B\ apoyo a la integración regional será también up criterio importante ep e] rnarpp de }a polítipa comercial y de lps acuerdos de cooperación ecpnpmipa^ prpylstps en e| Capitulo 5. 4. 3 Tres principios rectores transversales 4. 3. 1 Reforzar la dimensión institviçipnal y appyar e\ desatrotlq, tfe las capacidades locales {. os aspectos institucionales y pl refuerzo de }a. capacidad local de cppppppión y aplicación de las políticas y reformas apropiadas se tendrá sistem^cjtpepte pp 2* COM ) 97 "Seguimiento 4e la Punibre MuncJiaJ $m el pesarroijp Spp|al; 22 cuenta en la cooperación UE-ACP. La asociación propuesta por la UE, con su dimensión política explícita y sus compromisos mutuos a largo plazo, constituye un marco idóneo para propiciar el desarrollo institucional, la instauración de los mecanismos necesarios para el diálogo social, el apoyo a la organización de los sectores económicos, sociales y civiles, a escala nacional o local, y en general el refuerzo de las estructuras democráticas y participativas. Se fomentarán también los intercambios de experiencias Sur-Sur y Norte-Sur. El desarrollo de las capacidades de los países ACP será uno de los criterios rectores de la elección de las modalidades prácticas de cooperación. La UE se propondrá, en particular, contribuir a: - Acrecentar la capacidad del Estado y del sector público. Se considerarán prioritarias las reformas efectuadas en el contexto de la democratización y consolidación del Estado de Derecho (funcionamiento de los sistemas jurídicos, poder legislativo, etc. ), las reformas destinadas a aumentar la eficacia del sector público (descentralización administrativa, función de las autoridades y de las colectividades locales, etc. ), la vigilancia de la economía de mercado (aplicación del Derecho mercantil, política de competencia, protección de las inversiones, estabilidad del sistema financiero, etc. ), la buena gestión de los asuntos públicos (funcionamiento de la contratación pública, gestión de la hacienda pública, etc. ). Se otorgará también prioridad al desarrollo de la capacidad de análisis y concepción de las políticas económicas y sociales y de las estrategias de desarrollo sostenible (cuyo principio se acordó en la conferencia UNGASS22) y a la formulación y aplicación de políticas que favorezcan el desarrollo de la investigación y de la inversión tecnológica23. La cooperación comunitaria fomentará también la instauración de un marco legislativo de protección de los consumidores que, además de reforzar el Estado de Derecho, contribuirá a la protección de la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a la promoción de su derecho a la información, educación y organización24. - Reforzar la capacidad del sector privado, en términos de recursos humanos, financieros y tecnológicos, en apoyo de las estrategias de diversificación económica. En este contexto, se otorgará una prioridad especial al apoyo institucional a la representación de las empresas, a la formación profesional, al refuerzo de la capacidad de investigación y a la utilización de las tecnologías de la información (mejora de los servicios de telecomunicaciones, creación de nuevos servicios y de nuevas aplicaciones), que pueden contribuir grandemente a 22 Junio de 1997. 23 Conforme a las orientaciones presentadas por la Comisión en su reciente Comunicación: "La investigación científica y tecnológica: un elemento estratégico para la cooperación de la Unión Europea con los países en desarrollo" - COM (97) 174 final, de 25. 4. 1997. 24 Conforme al análisis presentado por la Comisión en su Comunicación de 31. 10. 95 - COM (95) 519. 23 mejorar el acceso a la educación, a desarrollar las redes de investigación y a elevar los niveles de productividad y de competitividad25. - Apoyar la organización de la sociedad civil y fortalecer a los actores sociales existentes. La cooperación podrá apoyar su reagrupación - respetando su propia búsqueda de nuevos modos de representación y de relación con los poderes públicos - y fomentar los intercambios de experiencias, en particular Sur-Sur y a escala regional. Además de las asociaciones de defensa de los derechos humanos, estarán también interesadas las organizaciones sindicales, las asociaciones de consumidores (que contribuyen a un mejor conocimiento de la higiene alimentaria, el uso de los medicamentos, la economía doméstica, la salud, el consumo duradero), de profesionales, de productores y de mujeres, las organizaciones juveniles y de defensa de los derechos del niño y los movimientos de protección del medio ambiente. - Utilizar la experiencia local y valorizarla, en particular en el marco de las redes UE-ACP. 4. 3. 2 Adoptar un planteamiento sensible a la no discriminación entre sexos y reducir las disparidades entre mujeres y hombres Las disparidades entre hombres y mujeres influyen en la vida económica, desde el los resultados macroeconómicos. Estas nivel más microeconómico hasta disparidades quedan por otra parte de manifiesto en todos los análisis de la pobreza. Generalmente, los papeles respectivos de los hombres y de las mujeres en la gestión de los recursos humanos y naturales no se tienen suficientemente en cuenta en las políticas de desarrollo. La eliminación de las disparidades entre mujeres y hombres debe convertirse en un objetivo explícito importante en el marco del desarrollo centrado en la persona. Para la Unión, esta dimensión forma parte integrante del proceso de desarrollo y es indispensable tanto desde el punto de vista de la equidad y de la justicia social como de los objetivos económicos y de la eficacia de las políticas de desarrollo y cooperación. Sobre la base de los compromisos adquiridos en la Unión26 y a nivel internacional27, la cooperación futura UE-ACP deberá respetar los principios destinados a integrar la no discriminación entre sexos en todas intervenciones de ayuda macroeconómica, sectorial o a proyectos. La situación de la mujer será, por lo tanto, objeto de una atención especial en todos los ámbitos de intervención de la UE, y en las 25 Véanse también las propuestas de la Comisión en "Sociedad de la información y desarrollo: el papel de la UE", COM (97) 351, de 15/7/97. 26 COM (95) 423, de 18/9/95, sobre la integración de la no discriminación entre sexos en la cooperación al desarrollo y Resolución del Consejo (diciembre de 1995). 27 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, septiembre de 1995) y Cumbre Mundial para el Desarrollo Social (Copenhague, marzo de 1995). 24 particular en todo lo que respecta al apoyo a las políticas de empleo y a las políticas sociales. Este planteamiento, consistente en integrar sistemáticamente la no discriminación entre sexos ("mainstreaming"), no excluirá sin embargo la realización de acciones positivas en favor de las mujeres en aquellos ámbitos donde este tipo de acciones puedan contribuir a reducir una diferencia especialmente importante entre mujeres y hombres. La Unión concederá prioridad a la reducción de las disparidades en el acceso a los servicios esenciales, en particular la educación y la sanidad, al respeto de los derechos en materia de sexualidad y reproducción y a la reducción de las desigualdades en el acceso a los recursos económicos y al mercado del trabajo. En las intervenciones de emergencia y en su prolongación en la rehabilitación y el desarrollo, la no discriminación entre sexos se abordará también de manera específica. 4. 3. 3 Integrar los principios de la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente La Cumbre de la Tierra constituyó una etapa importante en la reflexión internacional sobre los problemas del medio ambiente, al hacer un llamamiento a un cambio de actitudes y a una visión integrada de los aspectos medioambientales, económicos y sociales del desarrollo. De acuerdo con sus compromisos, la UE procura establecer principios y una nue\a práctica que favorezcan el desarrollo sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental. Estos principios y prácticas deberán integrarse en todos los ámbitos de la cooperación al desarrollo, en la concepción, aplicación y evaluación, con una atención especial a los siguientes aspectos: - el desarrollo de las capacidades y la mejora de las prácticas de evaluación medioambiental; - - los vínculos entre la lucha contra la pobreza y los problemas de medio ambiente, incluidos los aspectos redistributivos de los instrumentos fiscales; la internalización progresiva de los costes medioambientales en el marco del apoyo a las reformas económicas, teniendo en cuenta los efectos sociales y medioambientales; - la instauración de asociaciones público-privadas eficaces, en particular para las transferencias de tecnologías limpias; - podrán también favorecerse acciones específicas en distintos ámbitos, con prioridad para la problemática de los recursos hídricos y las cuestiones relativas a la eficacia energética, la lucha contra la desertización, el desarrollo urbano, la ordenación forestal duradera, la conservación y gestión duradera de la diversidad biológica y de los recursos pesqueros. Por otra parte, se prestará una atención especial a los pequeños países insulares, expuestos a amenazas potenciales relacionadas con el cambio climático. 25 • •• • La cooperación comercial UE-ACP no ha permitido realmente alcanzar los objetivos perseguidos. Los resultados comerciales de los Estados ACP han seguido siendo, en general, decepcionantes, y el interés de los operadores económicos comunitarios en los Estados ACP, limitado. Las razones son múltiples y la situación no se debe, principalmente, a una insuficiencia del régimen comercial del Convenio de Lomé. El análisis de la situación ha demostrado, sin embargo, que la cooperación comercial UE-ACP no ha agotado su potencial y que un planteamiento más dinámico que el seguido, profundizando en la asociación económica entre la UE y los Estados ACP, permitiría a cada una de las partes obtener mayor provecho de las relaciones particulares que mantienen. 5. 1 Objetivos económicos y comerciales más ambiciosos La profundización de la asociación económica UÉ-ACP sólo podrá conseguirse si se abandona el planteamiento tradicional en materia comercial, caracterizado por una relación centrada en el régimen de preferencias unilaterales, en favor de un planteamiento más equilibrado, caracterizado por una verdadera relación de asociación, que tenga en cuenta los intereses mutuos de ambas partes. Un planteamiento de esta naturaleza se funda en objetivos ambiciosos que, para la UE, consisten en: - incitar y ayudar a los países ACP a integrarse de forma progresiva y armoniosa en la economía mundial, lo que se traduce tanto en el desarrollo de su capacidad en materia de intercambios comerciales como de su capacidad para atraer la inversión privada, interna y extranjera; - crear una nueva dinámica de intercambios y reforzar la presencia europea en los países ACP, permitiendo a los agentes económicos de la UE aprovechar las ventajas comparativas de que disponen los países ACP; - invitar a los países ACP a cooperar con la UE en las negociaciones económicas y comerciales internacionales. La consecución de estos objetivos dependerá de la capacidad de la futura asociación para: - Consolidar los procesos de integración regional, etapa hacia la integración mundial. La propuesta de la Unión deberá tener en cuenta la voluntad de integración existente, en distintos grados, entre países del África subsahariana, del Caribe y del Pacífico y la evolución de este proceso. Ello introduce necesariamente un elemento de naturaleza dinámica en la futura asociación económica, que deberá realizarse de forma paulatina. - Acrecentar la capacidad de los países ACP para tratar los otros ámbitos relacionados con el comercio. Estos ámbitos - el respeto de las normas técnicas, sanitarias y de seguridad, el respeto de los derechos sociales fundamentales, las medidas medioambientales, la protección de las inversiones y de la propiedad intelectual, el comercio de servicios, la política de competencia, la política de los 26 consumidores y el acceso a los contratos públicos - están llamados a ser cada vez más determinantes en las relaciones comerciales internacionales. Deberá, por ello, asegurarse una cooperación más estrecha en estos sectores. - Estabilizar las políticas comerciales y de inversiones de los países ACP, dotándolas de mayor previsibilidad y credibilidad para los operadores económicos y los inversores potenciales. La futura asociación económica deberá permitir a los Estados ACP fundar sus reformas en una asociación fuerte y fiable, incrementar la transparencia y la credibilidad de esas reformas y llevarlas a cabo con garantía de coherencia entre sus políticas comerciales y económicas. Deberá permitir movilizar, más que antaño, el interés de los operadores económicos por los países ACP y facilitar la inversión interna y extranjera y la transferencia de la conocimientos competitividad de los países ACP y favoreciendo así su integración progresiva y armoniosa en la economía mundial. tecnología, contribuyendo a acrecentar técnicos y 5. 2 Apoyar la integración regional La UE debería proponerse como objetivo final la celebración de acuerdos de asociación económica con cada una las tres regiones ACP - África, Caribe y Pacífico -, teniendo en cuenta la voluntad política de integración regional de los Estados ACP. La consecución de este objetivo sólo podrá ser progresiva, empezando por la negociación de acuerdos económicos con regionales comprometidos en un proceso de integración y, en un número limitado de casos, con países concretos que no formen parte de agrupaciones regionales y sin embargo cumplan las condiciones de dimensión, nivel de desarrollo y capacidad administrativa. subconjuntos los Las diferentes zonas interesadas son África occidental, África central, África austral, África oriental, el Caribe y el Pacífico. La elección de las estructuras regionales con las que la UE podría entablar negociaciones dependerá, evidentemente, de los propios Estados ACP. La evolución del proceso de integración regional será, en cualquier caso, determinante para establecer el calendario de las negociaciones, en función esencialmente de la liberalización interna en estas zonas de integración y, en su caso, de la aplicación de una política comercial común. Sea como fuere, habida cuenta del estado actual de la integración regional, los interlocutores de la UE podrían ser agrupamientos como UEMOA, UDEAC, CDAA, CAO y CARICOM. En la región del Pacífico, las iniciativas en curso (Foro del Pacífico Sur) no permiten identificar, por el momento, a un socio regional, pero cabría explorar posibilidades de cooperación. 5. 3 Adaptar el planteamiento a la situación de los PMD En el contexto de esta iniciativa destinada a profundizar la asociación económica, convendría tener en cuenta el nivel de desarrollo de cada uno de los socios, sus limitaciones y sus capacidades. 27 Con esta intención, la UE debería mantener, en sus relaciones con los países menos desarrollados (PMD), el régimen actual, ampliándolo todo lo posible. En lo que respecta a los otros ámbitos relacionados con el comercio, no debería requerir de estos países compromisos que superen su capacidad económica e institucional. Sin embargo, esta necesaria diferenciación entre PMD y no PMD no debería hacerse en detrimento de los procesos de integración regional en curso. Numerosos Estados ACP-PMD son efectivamente miembros de una unión aduanera o de una zona de libre comercio con las que sería deseable establecer acuerdos de cooperación económica que implicaran cierta reciprocidad. El interés en participar en un espacio de cooperación económica reforzada con la Unión Europea debería pesar más que los posibles costes transitorios de la liberalización. Para estos PMD, la reciprocidad entrañaría esfuerzos de ajuste más importantes, que deberían tenerse en cuenta en la valoración de sus necesidades y justificar una ayuda adicional,-en forma de medidas complementarias (ayuda a la transición, ayudas macroeconómicas, sectoriales, etc. ). 5. 4 Acuerdos diferenciados Profundizar en la asociación económica implicaría, pues, la negociación de varios acuerdos: un acuerdo global UE-ACP y varios acuerdos de cooperación económica entre la UE y subconjuntos regionales, que prevean, en su capítulo comercial, grados de reciprocidad diferentes y calendarios apropiados. Esa negociación sería difícil de llevar a cabo durante el período previsto por el Convenio de Lomé. Por otro lado, debe reconocerse que la profundización de la asociación económica entrañaría una modificación progresiva de los derechos y obligaciones de los Estados ACP. Sería por ello conveniente prever una negociación en varias etapas. La primera etapa (1998-2000) permitiría negociar el acuerdo marco o acuerdo global. En la segunda etapa se negociarían acuerdos regionalizados. En función de los intereses de los socios y de los de la Unión, estos acuerdos regionalizados podrían, sin perjuicio de las consideraciones que se hacen en el punto 5. 5 siguiente, adoptar la forma de acuerdos de cooperación económica (no totalmente recíprocos) o de acuerdos de asociación económica (recíprocos y constitutivos de zonas de libre comercio). Esta segunda etapa de negociación no debería tener una duración superior a tres años, desde el vencimiento del presente Convenio (2000-2003). El contenido de esos acuerdos sería entonces el siguiente: - El acuerdo global definiría el compromiso de ambas partes de avanzar progresivamente en la asociación económica. Enunciaría como objetivo último la celebración de acuerdos de asociación económica con cada una de las tres regiones ACP. Determinaría los subconjuntos regionales y los países ACP (no PMD) dispuestos a negociar, durante la segunda etapa, acuerdos de cooperación económica o acuerdos de asociación. Precisaría el marco general de esos acuerdos y, en la medida de lo posible, el calendario general. Prevería la futura armonización y fusión de esos acuerdos, en función de los progresos de integración realizados en el interior de las tres regiones ACP. El acuerdo global incluiría, además, disposiciones comunes sobre los ámbitos relacionados con el comercio, que se perfeccionarían después en el marco de los 28 acuerdos regionalizados. Las acciones de cooperación industrial y de desarrollo del comercio podrían realizarse también en el marco del acuerdo global. Propondría el mantenimiento de las preferencias vigentes durante el período de negociación de tres años. Especificaría que los países ACP no PMD que no desearan entablar negociaciones con el fin de introducir en su relación con la UE un elemento de reciprocidad, o en el caso de que fracasaran estas negociaciones o se incumplieran los compromisos iniciales, seguirían beneficiándose (tras el período de tres años) de las preferencias comerciales en el marco del Sistema de Preferencias Generalizadas comunitario. Del mismo modo, definiría, para los PMD que no formaran parte de una agrupación regional que haya accedido a negociar con la UE, el régimen de acceso aplicable, sobre la base del acervo actual y teniendo en cuenta la Decisión del Consejo de Asuntos Generales, de 2 de junio de 1997, en favor de los PMD (continuación del plan de acción en favor de los PMD aprobado en la Conferencia Ministerial de Singapur en diciembre de 1996), entendiéndose que este régimen sería aplicable a la totalidad de los PMD (ACP y no ACP). - Los acuerdos regionalizados de cooperación económica consolidarían el acceso de los países ACP al mercado europeo e introducirían un elemento de reciprocidad para las exportaciones europeas. Estos acuerdos constituirían una etapa esencial en la vía de la liberalización general. Especificarían los regímenes de acceso aplicables a ambas partes y el ritmo y el plazo previstos para los ajustes arancelarios. Contendrían disposiciones relativas a una cooperación avanzada en los otros ámbitos relacionados con el comercio. Determinarían el período a cuyo término sería necesario reexaminar la situación con el fin de apreciar los progresos realizados en la liberalización y fijar el calendario de las etapas siguientes. - Los acuerdos regionalizados de asociación económica podrían prever, además de las disposiciones de cooperación económica, la instauración progresiva de una zona de libre comercio, de conformidad con las disposiciones de la OMC (que no excluya a ningún sector, que abarque lo esencial del comercio y que sea realizable en un período normal de diez años) y con la política agrícola común. La profundización de la asociación económica podría lograrse así mediante acuerdos de asociación económica - previa firma, en su caso,- de acuerdos de cooperación económica -, que regulen el régimen de intercambios y establezcan el principio de reciprocidad, y una cooperación estrecha en los otros ámbitos relacionados con el comercio. Este planteamiento permitiría reforzar considerablemente los vínculos económicos entre las partes, creando zonas económicas ampliamente integradas. 5. 5 Compatibilidad con la OMC y con la política agrícola común Con una visión a largo plazo, en la perspectiva de una armonización del régimen preferente concedido por la UE al conjunto de los PMD, por una parte, y, por otra, 29 de la celebración de acuerdos de asociación económica compatibles con la OMC, en particular con el artículo XXTV del GATT relativo a las zonas de libre comercio, el régimen comercial de la UE podría alcanzar, finalmente, su conformidad con la OMC sin necesidad de exenciones. No obstante, en un horizonte à corto y medio plazo, sea cual sea la vía efectivamente seguida, parece difícil concebir un régimen comercial entre la UE y los países ACP que no exija una exención de la OMC. Se requeriría una exención para mantener el régimen actual durante el período de negociación de tres años. Después, puesto que la evolución de la reciprocidad se plasma, por lo menos para algunas zonas regionales, en acuerdos de cooperación económica, haría falta una exención como la del artículo 9 de la OMC (parecida a la exención vigente) o la del artículo XXIV. 10 del GATT. La Comunidad debería preparar concienzudamente la exposición de estas disposiciones ante la OMC. Podría destacar, concretamente, las considerables ventajas de estos acuerdos, en términos de desarrollo, al permitir a los Estados ACP adaptarse más fácilmente, en función de su nivel de desarrollo, al nuevo contexto internacional. La oportunidad de celebrar acuerdos de asociación económica con zonas de libre comercio deberá examinarse, en cualquier caso, minuciosamente en relación con los criterios definidos en el Informe al Consejo Europeo28 sobre la evolución de la política comercial y los acuerdos preferentes de la Comunidad, especialmente su compatibilidad con las disposiciones de la OMC y de la política agrícola común. Si se apreciaran incompatibilidades en ese examen, la UE debería recurrir entonces a acuerdos de ámbito más restringido y que precisarían de una exención, cuya duración estaría por determinar pero que sería objeto de una revisión anual. La Comisión estudiará en el transcurso de las próximas semanas hasta qué punto resulta factible, ateniéndose a los criterios definidos en el citado Informe del Consejo Europeo, inscribir el objetivo del libre comercio en el acuerdo global que se propondrá a la totalidad de los países ACP. Paralelamente, la Comunidad debería buscar otros medios para ayudar a los países ACP a integrarse en el sistema comercial multilateral. Ello podría hacerse, por una parte, alentando a los países que no son aún miembros de la OMC a adherirse a ella y, por otra, invitando a los países ACP miembros de la OMC a consolidar progresivamente su arancel en los niveles realmente aplicados, según su nivel de desarrollo y sus imperativos económicos y sociales. Las preferencias concedidas en el marco de los protocolos relativos a productos específicos (plátano, azúcar, carne de vacuno) sólo podrán mantenerse para los PMD si son objeto de una exención sobre la base del artículo XXV. 5 del GATT, lo que supondría una exención idéntica para los países que se beneficiaran del SPG. Por último, para los países que se obligaran en acuerdos de cooperación económica con la UE, podrían preservarse, plena o parcialmente, los beneficios proporcionados por los protocolos, integrándolos bajo una forma apropiada en esos nuevos acuerdos. 28 Amsterdam, junio de 1997. 30 En cuanto al Protocolo relativo al azúcar, habida cuenta de su carácter particular de acuerdo entre consumidor y proveedor, sobre cantidades fijas, la UE y los países ACP podrían convenir en mantenerlo, como un acuerdo separado, no vinculado al acuerdo global de cooperación. En este caso podría ser necesaria una exención (artículo 9 de la OMC) para garantizar su conformidad con la OMC. Quizá fuera conveniente integrar esta petición en una solicitud de exención más global, que abarque las distintas necesidades posibles de exención. 6. 1 Exigencia de eficacia La cooperación financiera se basa en un principio fundamental del Convenio: su carácter contractual. El Convenio vincula a los participantes a largo plazo y les garantiza, en este marco contractual libremente negociado, fundado en obligaciones recíprocas y en un diálogo permanente, la seguridad y la previsibilidad de sus relaciones. Este principio ha presidido el Convenio y ha contribuido ampliamente a lo que procede denominar la "cultura de Lomé". Su traducción operativa, sin embargo, ha puesto de manifiesto sus límites. El carácter casi automático de la concesión de los recíursos financieros y la tendencia de los donantes a sustituir al socio incumplidor no han fomentado el compromiso político real que se esperaba de los gobiernos ACP. Ha habido cierta desviación, en la medida en que los instrumentos de la cooperación han tendido a dominar las políticas más que a estar a su servicio. La diversidad y la complejidad creciente de estos instrumentos los vuelven difícilmente manejables, en particular cuando se utilizan simultáneamente en el mismo país. La responsabilidad compartida, en la gestión de la ayuda, entre la Comisión y los países beneficiarios - establecida en razón de su valor "político" - es fuente de confusión y de retrasos. Se impone un cambio en la práctica de la cooperación, dictado además porque la exigencia de eficacia que manifiestan las opiniones públicas respecto de nuestra cooperación, así como la necesidad de diferenciación puesta de relieve por los análisis del Libro Verde, deben convertirse en una preocupación constante. Este cambio debe realizarse concillando tres consideraciones: - el mantenimiento, en sus principios, del acervo principal de Lomé, que construyó la "cultura de Lomé" y conserva, hoy aún más que ayer, todo su valor; - - la evolución necesaria hacia una asociación más responsable, una eficacia acrecentada y una mayor diferenciación; la exigencia de fiabilidad, en el sentido de buena gestión, en la utilización de los recursos. 31 Este propósito de conciliación supone revisar: - la lógica instrumental de la cooperación; - las modalidades de concesión de los recursos; - la naturaleza de las ayudas; - los métodos de gestión. 6. 2 Lógica instrumental simplificada La eficacia y el impacto de la cooperación comunitaria chocan con la dificultad de garantizar la debida coherencia entre distintos instrumentos que interactúan en ámbitos a menudo próximos, respondiendo al mismo tiempo a finalidades y criterios de utilización específicos. Seguramente, algunas iniciativas comunitarias, como los documentos de estrategia para el 8o FED, palian este inconveniente, pero persiste una sensación de complejidad, de rigidez y de falta de transparencia. Se impone la necesidad de simplificar y racionalizar los instrumentos existentes. Esa orientación puede implicar dos medidas principales: 1. Reducir el número de instrumentos La necesidad de una práctica más flexible de la cooperación, que permita responder a necesidades cada vez más diferenciadas y evolutivas sugiere reunir los instrumentos existentes en tres dotaciones distintas: - Una dotación de recursos programables, destinada a apoyar el desarrollo a largo plazo. Esta dotación - que agruparía las asignaciones que actualmente cubren la ayuda programable, la ayuda al ajuste, STABEX y Sysmin - permitiría, según las necesidades y una valoración del tipo de intervención más conveniente, apoyar políticas sectoriales, reformas institucionales, reformas macroeconómicas, a los actores descentralizados o acciones más circunstanciales. Permitiría también a los países actualmente interesados en Stabex y Sysmin compensar las pérdidas de ingresos de exportación con la concesión de recursos adicionales en apoyo a las reformas macroeconómicas o sectoriales. En otras palabras, se impone una distinción entre elegibilidad para un mecanismo de compensación y utilización de los recursos correspondientes. La fuerte dependencia de numerosos países de las fluctuaciones de los ingresos (precios y cantidades) de los productos básicos justifica de hecho que se mantenga el principio de compensación, sobre la base seguramente de un sistema de cálculo simplificado. En cambio, en interés de la máxima eficacia de los recursos, conviene que éstos se utilicen de manera flexible en apoyo de las reformas. -Un fondo de inversión, destinado a promover el desarrollo del sector privado y comercial a través de la inversión directa, el aumento de la capacidad de los servicios de apoyo técnico y financiero y el desarrollo de los 32 mercados de capitales. Ese fondo agruparía las asignaciones que en la actualidad cubren los capitales de riesgo y las bonificaciones de intereses. Debería administrarse con un criterio comercial y beneficiarse de los reflujos de las financiaciones realizadas. El BEI tendrá un papel esencial que desempeñar en la gestión de este fondo, en el marco de las orientaciones aprobadas por la Comisión. En este contexto, deberá asegurarse una mejor articulación de las funciones del BEI, del CDI y de la Comisión. - Una dotación destinada a las crisis excepcionales, por naturaleza imprevisibles. Esta evolución permitiría incrementar la flexibilidad, la coherencia y la transparencia de la política de cooperación comunitaria. 2. Volver a colocar la programación en el centro de todo el dispositivo de cooperación En algunos países, los programas indicativos no representan hoy más que una pequeña parte de los recursos disponibles. Ahora bien, la programación es el instrumento por antonomasia del diálogo sobre las políticas. Será, pues, deseable que el conjunto de los recursos disponibles para cada país pueda integrarse en la programación en apoyo a las políticas macroeconómicas y sectoriales para las que se solicita ayuda comunitaria, en un afán de concentración de estos recursos en un número limitado de ámbitos. En este contexto, el diálogo entablado a efectos de la programación deberá garantizar, de manera apropiada, la plena participación de los actores no oficiales, como los interlocutores sociales, el sector privado, las ONG, las colectividades locales, etc. Este planteamiento no podrá seguramente aplicarse de la misma forma en todos los países. La programación deberá asegurar la debida coordinación con el conjunto de los proveedores de fondos. 6. 3 Asignación de recursos en función de las necesidades y de los méritos El automatismo de la asignación de los recursos programables ya se redujo con la aplicación de la programación en dos tramos, que introdujo un criterio cualitativo en la distribución de los recursos. Es necesario reforzar esta evolución y completar el criterio de necesidades, esencialmente fundado en indicadores de desarrollo, con criterios de méritos basados en los resultados y la buena gestión. Ello supone eliminar previamente las distorsiones heredadas del pasado. 33 Para reconciliar el concepto de previsibilidad con esta mayor selectividad, deberá instituirse un sistema de programación variable, sujeta a revisión periódica, por ejemplo anual. Esas revisiones tendrán por objeto la cantidad total asignada y la naturaleza de la ayuda. Esta orientación se inscribe en una concepción de auténtica asociación en un marco de diálogo permanente. Al proceder de este modo, resulta más fácil adaptar los programas en función de la evolución de la coyuntura global de un país. Esta orientación supone: - transparencia en la utilización de los criterios de resultado; - una modificación del papel de los Estados miembros en el proceso de revisión de la programación; - el abandono del concepto de recursos definitivamente adquiridos por los diferentes países, dado que los importes (mínimos) presentados a cada país al principio del convenio (previsibilidad) no revisten en este planteamiento más que un carácter indicativo. En este planteamiento, el respeto de los compromisos adquiridos y la eficacia en la ejecución de la cooperación serán garantía de flujos financieros más importantes en los países beneficiarios. 6. 4 Evolución de la naturaleza de las ayudas El apoyo a las reformas económicas sigue siendo una necesidad en un mundo en profunda mutación, que impone adaptaciones continuas. Al mismo tiempo, es deseable, para incrementar el impacto y la eficacia de la cooperación, volver a centrar el apoyo comunitario en las reformas sectoriales. Son requisitos de esta evolución: - - la consolidación de la mejora del marco institucional y de la capacidad local de concepción de las políticas; la evolución progresiva de las financiaciones comunitarias - cuando las condiciones de transparencia y de eficacia presupuestaria lo permitan y sobre la base de los compromisos surgidos del diálogo sobre las políticas - hacia una ayuda presupuestaria sectorial directa, en sustitución de los proyectos individuales, con el fin de favorecer la responsabilización y la apropiación. La condicionalidad, que indica que el apoyo a las reformas no es automático, deberá favorecer la apropiación de las reformas por los países beneficiarios, la realización de una evaluación global de los esfuerzos emprendidos por los gobiernos, antes que la superposición de diversas condicionalidades específicas, y la inscripción de esos esfuerzos en una perspectiva de desarrollo a largo plazo. Es éste el sentido de las propuestas formuladas en los debates en curso sobre la reforma de la condicionalidad en el PEA (Programa Especial para África). 34 Esta reforma de la condicionalidad es esencial para la apropiación por los Estados de su política de desarrollo y la puesta en práctica de una auténtica asociación, fundada en una relación de confianza. Para ser plenamente eficaz, la condicionalidad debe proceder de una visión compartida de la política que debe seguirse. 6. 5 Gestión más eficaz de los recursos Todos los estudios de evaluación han puesto de manifiesto que el sistema de cogestion de la ayuda, pese a las mejoras aportadas al hilo de los convenios, influye, por su pesantez, en la eficacia de la cooperación. ¿ Cuáles son las alternativas posibles para responder al mismo tiempo a la exigencia de eficacia y fiabilidad de los recursos y de responsabilización de los beneficiarios ? Esta cuestión debe abordarse con un planteamiento diferenciado, estableciendo un vínculo entre "buena gestión" y aumento de las responsabilidades. Pueden encontrarse elementos de respuesta a partir de las propuestas de reflexión siguientes: - reforzar el concepto de ayuda presupuestaria (véase más arriba); - descentralizar el poder de la Comisión, delegando ciertas funciones y responsabilidades en sus delegaciones; - abrir la cooperación a los actores no gubernamentales; - simplificar el Convenio y sus procedimientos. 7. 1 Un acuerdo global, modalidades diferenciadas La inscripción de la asociación política, económica y social UE-ACP en el marco de la acción política y de la presencia exterior de la Unión es determinante. La configuración del nuevo acuerdo, si bien no debe abocar a la fragmentación geográfica de la relación UE-ACP, deberá sin embargo tener en cuenta dos dinámicas paralelas. La dinámica de un acuerdo global se funda en dos principios que los debates sobre el Libro Verde pusieron de manifiesto. Por una parte, desde el punto de vista político, se impone el valor de un conjunto UE-ACP en un mundo multipolar, donde la relación Norte-Sur adquiere un nuevo significado. La Unión no debería desaprovechar la oportunidad estratégica de desarrollar una relación constructiva con un grupo de Estados, potencial actor mundial, cuya diversidad puede servir a sus intereses en el plano de las negociaciones internacionales. Por otra parte, el propio principio de la integridad del grupo ACP es objeto de indiscutible adhesión por parte de los socios ACP, que expresan su voluntad de solidaridad. Este 35 renacimiento de la solidaridad no se manifiesta exclusivamente por los gobiernos, premisa necesaria de una negociación, sino por numerosos actores de la sociedad civil. Los socios ACP ven de hecho en la asociación UE-ACP un modelo perfectible, pero único en las relaciones Norte-Sur. Cuentan con el recurso al peso acumulado del grupo ACP y de. la Unión en la escena y en las negociaciones internacionales. Por el contrario, la dinámica de un enfoque diferenciado se basa en la dimensión regional de la cooperación económica y comercial y en el papel creciente de la integración regional como factor de desarrollo. La introducción de modalidades diferenciadas en el marco global de cooperación responde a las especificidades, intereses particulares de las agrupaciones regionales o condicionantes e subregionales ACP, así como, más en general, al afán de simplificación y de eficacia de la ayuda mediante la búsqueda del nivel más conveniente y la adaptación a las realidades geográficas regionales. Estos dos elementos deben inducir a la Unión a prever un nuevo acuerdo global, con modalidades diferenciadas centradas en las especificidades regionales y las perspectivas de integración. 7. 2 Tres niveles de diferenciación centrados en las especificidades regionales y las perspectivas de integración El nuevo acuerdo global deberá constituir el marco para la celebración de acuerdos subregionales diferenciados; integrará los elementos esenciales - objetivos generales, principios y aspectos institucionales - de la cooperación UE-ACP. Pero la necesidad de un verdadero cambio impone examinar las modalidades de un planteamiento diferenciado a escala regional (África subsahariana, Caribe y Pacífico) o subregional (en África). Sin embargo, superponer distintos tipos de diferenciación podría atentar contra la simplificación buscada; convendrá, pues, seleccionar los elementos estructuradores de la diferenciación y descartar los elementos contingentes, todo ello a tres niveles: - el diálogo político y sobre las políticas; - la negociación de acuerdos de cooperación económica regionales; - el diálogo sobre la integración regional. El elemento estructurador fundamental del sistema de diferenciación se cifra en la negociación de varios acuerdos de cooperación económica y comercial con polos de integración regionales (Caribe, Pacífico) o subregionales (en África). En los dos otros niveles anteriormente mencionados, se tratará simplemente de considerar lps aspectos que no podrían encontrar en el marco del acuerdo global un nivel de respuesta apropiado. 7. 2. 1 Elementos estructuradores de un diálogo político diferenciado En el plano político, más allá de los aspectos esenciales del diálogo definidos en el marco del acuerdo global, se propondrá un diálogo específico centrado en las realidades regionales y fundado en las iniciativas más coherentes en materia de cooperación y de integración económica, social, cultural y política. 36 Este diálogo diferenciado, basado en el interés mutuo de la Unión y de la agrupación regional interesada, deberá centrarse en un número limitado de ámbitos prioritarios en los que la Unión podrá aportar un apoyo a los esfuerzos de integración regional. La prevención y Ja resolución de conflictos a nivel regional, la buena gestión de los recursos públicos, la gestión de las interdependencias negativas - droga, otros tráficos ilícitos, movimientos de poblaciones, catástrofes y vulnerabilidad naturales -, los problemas del medio ambiente, así como el refuerzo de la capacidad institucional y democrática regional, son puntos de aplicación posibles de este diálogo diferenciado. Deberá establecerse una tipología de las agrupaciones regionales existentes o posibles en África - África occidental, oriental, central, austral y Océano índico -, el Caribe y el Pacífico, con el fin de definir las condiciones y criterios de compromiso del diálogo político regional. Este diálogo deberá entablarse prioritariamente en el marco de las iniciativas de integración que se consideren más duraderas. 7. 2. 2 Acuerdos de cooperación económica entre la UE y subconjuntos regionales La profundización de la asociación económica mediante acuerdos de cooperación económica con subconjuntos regionales será la clave del nuevo planteamiento diferenciado. Fundados en los elementos esenciales, principios y objetivos1 del acuerdo global, los acuerdos económicos y comerciales regionales tendrán por objetivo: - revitalizar a un nivel más apropiado la cooperación UE-ACP, estableciendo los puntos de aplicación coherentes de un nuevo régimen comercial dinámico, creando intereses económicos comunes e implicando así aún más a los agentes económicos de la Unión y de la zona ACP en cuestión; - mantener una relación privilegiada con los socios ACP permitiendo que los subconjuntos del grupo recuperen su retraso en relación con los socios de los otros acuerdos económicos celebrados por la Unión con otras regiones del mundo. La arquitectura propuesta (acuerdos subregionales en el marco de un acuerdo global) permitirá un planteamiento suficientemente flexible, teniendo en cuenta la dinámica de los procesos de integración regional* y el carácter evolutivo de su configuración geográfica. 7. 2. 3 Diálogo específico sobre la integración regional En el marco de los acuerdos de cooperación y de asociación económica, la voluntad política de integración regional constituirá un elemento determinante de la diferenciación, de conformidad con la inscripción del apoyo a la integración regional entre los ejes prioritarios de la cooperación UE-ACP (Capítulo 4. 2. 3). Deberá entablarse un diálogo específico en el contexto de la negociación y de la ejecución de los acuerdos de cooperación y de asociación económica, en el que se tendrá en cuenta, en particular, el grado compromiso de los subconjuntos, organizaciones regionales y gobiernos nacionales en la vía de la integración económica, y que dará lugar, en particular, a un trato diferenciado basado en la 37 valoración de las necesidades de ayuda financiera, lo que permitirá atenuar los efectos transitorios de la integración sobre los recursos presupuestarios y sobre la balanza de pagos. Los países susceptibles de sumarse a los polos regionales de integración en un plazo previsible podrán ser objeto de un trato singular - asistencia financiera y técnica -, destinado a preparar su adhesión29. Se establecerán mecanismos de solidaridad y de cohesión, complementarios de los instrumentos vinculados al proceso de ajuste estructural, para ayudar a los países o provincias menos desarrollados dejos subsconjuntos regionales en la fase de transición. 7. 3 Un acuerdo abierto a posibles candidaturas o la extensión de algunas disposiciones a otros países solicitantes. El Convenio que vincula a la UE con los países ACP ha sido siempre un acuerdo abierto, al que ha podido adherirse con el paso del tiempo un gran número de países; el número de Estados ACP signatarios ha pasado de 46 en 1975 a 71 hoy en día, Esta posibilidad de apertura debe seguir siendo la norma en el futuro. La importancia de los PMD en el grupo ACP y la prioridad otorgada al objetivo de la lucha contra la pobreza pueden inducir a extender, fuera del marco contractual propio de la relación UE-ACP, determinadas disposiciones del futuro acuerdo a otros países que tengan un nivel de desarrollo similar. El nuevo régimen de acceso al mercado comunitario previsto para los PMD ilustra este planteamiento. El principio de la regionalización de los acuerdos económicos y la consideración de las complementariedades existentes entre países ACP y no ACP en una misma zona geográfica constituyen un segundo argumento en pro de la extensión. En este marco, los socios europeos y ACP deberán definir juntos los principios y los mecanismos de las posibles adhesiones, parciales o plenas. Los acuerdos futuros se inscriben en una perspectiva dinámica de desarrollo y de asociación. Deberán constituir un marco de compromisos mutuos que permitan encontrar, con la flexibilidad necesaria, nuevas respuestas a nuevos problemas. 29 Por ejemplo, programas coherentes de rehabilitación económica y/o de prevención de conflictos para la integración progresiva en su sistema subregional de países como el Congo, Ruanda y Burundi. 38 ANEXO - Proceso de consulta Tras la publicación del Libro Verde de la Comisión "Relaciones entre la Unión Europea y los países ACP en los albores del siglo XXI - Desafíos y opciones para una nueva asociación" (COM (96) 570 de 20 de noviembre de 1996), se entabló un debate de ámbito institucional, en los Estados miembros y en los Estados ACP, así como en el conjunto de los medios interesados. 1. CONSULTAS INSTITUCIONALES • El Parlamento Europeo designó al Sr. Martens ponente para el Libro Verde. El informe (PE 223. 237) fue adoptado por la Comisión de Desarrollo y Cooperación el 16 de septiembre de 1997, y en asamblea plenaria, el 2 de octubre. • El Comité Económico y Social aprobó un dictamen sobre el Libro Verde el 10 de julio de 15*97 (C. E. S. 775/97). 2. CONSULTA DE LOS ESTADOS MIEMBROS Y DE LOS ESTADOS ACP Se evacuaron consultas informales en el Consejo de la UE, en el Consejo Conjunto UE-ACP y en una Conferencia Ministerial informal UE-ACP organizada por iniciativa de un Estado miembro. 3. CONSULTA DE LOS MEDIOS INTERESADOS (SOLO DE CATALOGAN LAS INICIATIVAS DE LA COMISION)( Foros consultivos organizados por iniciativa de la Comisión Europea en los Estados miembros: - ESPAÑA - Madrid - 13 de febrero de 1997 - Asociación de Investigación y de Especialización en las cuestiones hispanoamericanas / Centro Europeo de Cooperación Internacional. - SUECIA - Estocolmo - 21 de marzo de 1997 - Nordiska Afrikainstitutet. - GRECIA - Atenas - 8 de abril de 1997 - Centro Helénico de Estudios Europeos. - FRANCIA - París - 14 y 15 de abril de 1997 - SOLAGRAL. - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA Y FEDERAL ALEMANA - Bonn - 16 de abril de 1997 - Sociedad Internacional para el Desarrollo y Oficina de la Comisión Europea en Bonn. - PORTUGAL - Lisboa - 21 y 22 de abril de 1997 - Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa. - AUSTRIA - Viena - 28 de abril de 1997 - Instituto de Economía y Política y Federación de la Industria Austríaca. - IRLANDA - Dublin - 13 de mayo de 1997 - Center for Development Studies. 2>*\ - ITALIA - Roma - 15 de mayo de 1997 - Sociedad Internacional para el Desarrollo. - FINLANDIA - Helsinki - 22 de mayo de 1997 - Universidad de Helsinki. - BÉLGICA - Bruselas - 29 y 30 de mayo de 1997 - Foro Europeo por un contrato de generación Norte-Sur. - DINAMARCA - Copenhague -18 de junio de 1997 - MS & IBIS. - Reino Unido - Londres - 19 de junio de 1997 - Overseas Development Institute. - LUXEMBURGO - Luxemburgo - 9 de julio de 1997 - Ministerio de Asuntos Exteriores. - PAÍSES BAJOS - La Haya - 12 de septiembre de 1997 - Instituto de Estudios Sociales. Seminarios organizados por la Comisión Europea en cada una de las tres regiones. África. Caribe v Pacifico: - REPÚBLICA DOMINICANA - Santo Domingo - 25-27 de marzo de 1997 - Dominex. - Fiyi - Suva - 22 y 23 de mayo de 1997 - The Crown Agents. - GHANA - Accra - 8-10 de junio de 1997 - Ramel Business Service. Conferencia de clausura: BRUSELAS, 29-30 de septiembre de 1997 - Club de Bruselas. Reunión preparatoria con los ponentes de los foros consultivos (EE. MM. ) y consultas regionales (ACP), 26-27 de septiembre de 1997. 40 ISSN 0257-9545 COM(97) 537 final DOCUMENTOS ES il 02 N° de catálogo : CB-CO-97-576-ES-C ISBN 92-78-26325-7 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo tfí