title: Propuesta de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso

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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS &&& Bruselas, 09. 07. 1997 COM(97) 356 final 97/0198 (COD) Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso (Presentada por la Comisión) índice Introducción I. El acceso condicional en el mercado interior A. De la codificación al acceso condicional B. Servicios de radiodifusión C. Servicios de la sociedad de la información II. Necesidad de una legislación comunitaria A. Un mercado expuesto a la piratería B. Un mercado amenazado por una reglamentación fragmentada C. Obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios III. Observaciones sobre cada uno de los artículos IV. Propuesta de Directiva Página 3 5 6 9 10 12 13 15 19 Introducción En 1994, la Comunicación de la Comisión titulada "Europa en marcha hacia la sociedad de la información"1 anunciaba la preparación de un Libro Verde sobre la protección jurídica de los servicios codificados. La necesidad de una iniciativa comunitaria en este ámbito se había recogido ya en el "Programa estratégico para el mercado interior"2 y se habían efectuado estudios preliminares sobre el tema por encargo de la Comisión. En 1995, la Comisión celebró una consulta con las partes interesadas distribuyendo un cuestionario al que respondieron numerosos agentes económicos. Esta consulta confirmó que la recepción ilícita de los servicios codificados y la fragmentación del marco jurídico constituían ciertamente un problema para la industria de los medios de comunicación en el mercado interior. El Libro Verde sobre "Protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior"3 fue objeto de amplísimas consultas en 1996. Las reacciones suscitadas por este Libro Verde confirmaron que resultaba necesario un instrumento jurídico comunitario cuyo objetivo fuera la armonización de la protección jurídica de todos los servicios cuya remuneración depende de técnicas de "acceso condicional" tales como la codificación y los cerrojos electrónicos. Tanto el Parlamento Europeo4 como una clara mayoría de Estados miembros comparten esta opinión y han solicitado a la Comisión que presente una propuesta de Directiva. Esta propuesta de Directiva fue anunciada en el Programa de Trabajo de la Comisión para 1997, así como en el "Plan de actuación móvil" de la sociedad de la información5. El 16 de abril de 1997, la Comisión adoptó una Comunicación sobre una "Iniciativa europea de comercio electrónico"6. La finalidad de esta iniciativa es "fomentar un vigoroso crecimiento del comercio electrónico en Europa" mediante la aplicación de un "marco coherente de medidas tecnológicas, reguladoras y de apoyo con carácter de urgencia, antes del año 2000"7. Con vistas a crear un marco regulador favorable, la Comunicación afirma que: "Para que haya una distribución segura de los servicios se requerirá una protección jurídica adecuada de los servicios de acceso condicional en todo el mercado único. Muchos servicios recurrirán a algún tipo de cifrado u otro sistema de acceso condicional para asegurarse una remuneración adecuada. Los prestadores de servicios tendrán que protegerse contra la piratería mediante descodificadores ilícitos, tarjetas inteligentes u otros dispositivos semejantes. En este contexto, la Comisión piensa proponer una directiva que establezca un nivel equivalente de protección para los prestadores de servicios de toda Europa"8. 1 COM (94) 347 final de 19 de julio de 1994. 2 COM (93) 632 final de 22 de diciembre de 1993. 3 COM (96) 76 final de 6 de marzo de 1996. 4 Resolución de 13 de mayo de 1997. 5 COM (96) 607 final de 27 de noviembre de 1996. 6 COM (97) 157 final de 16 de abril de 1997. 7 Resumen, pp. 3 y 5, de la Comunicación mencionada. 8 Página 27, punto 55. Exposición de motivos I. El acceso condicional en el mercado interior LA. De la codificación al acceso condicional los ejemplos presentados por referencia En el Libro Verde, fundamentalmente a la "codificación" y a los "servicios codificados". En realidad, la protección de las señales radiodifundidas a efectos de remuneración (televisión de pago y radio de pago) se efectúa normalmente mediante codificación. Sin embargo, la codificación es una herramienta que puede utilizarse para distintas finalidades, algunas de las cuales quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente iniciativa comunitaria9. la Comisión hacen Más aún, los intereses legítimos de un proveedor de servicios pueden protegerse también mediante técnicas distintas de la codificación. El Libro Verde trata de servicios que se ofrecen al público mediante contraprestación económica, y dicha contraprestación puede obtenerse por varias técnicas que distinguen entre acceso "autorizado" y "no autorizado"10. Las respetas al Libro Verde confirman que este modelo (y la necesidad de protección jurídica aneja) es común a una amplia gama de servicios de radiodifusión interactivos, independientemente de cual sea el medio de transmisión11. Lo que tienen en común es que el acceso al servicio a distancia depende de una autorización 4 previa cuyo propósito es garantizar la remuneración del servicio. Por ese motivo, el ámbito de aplicación de la directiva propuesta incluye todos los servicios suministrados sobre la base del acceso condicional, lo que incluye la televisión (y la radio) de pago tradicional, los servicios de vídeo y audio a la carta, la edición electrónica y una amplia gama de servicios en línea que se ofrecen al público contra el pago de un abono o de una cuota dependiente del uso12. La evolución del mercado parece indicar que el suministro de acceso condicional deberá considerarse, cada vez con mayor frecuencia, un servicio en sí mismo. 9 Entre ellas figuran la confidencialidad de las comunicaciones privadas y la seguridad de las transacciones financieras. 10 Por ejemplo, contraseñas y cerrojos electrónicos. 11 Un mismo servicio puede ofrecerse a través de medios de transmisión distintos y a tipos de equipo terminal distintos. Por ejemplo, la radio de pago (o los servicios de música a la carta) puede transmitirse: • • • • a través de la red telefónica (a un aparato de radio especial) por vía aérea al aparato de radio de un automóvil (difusión restringida) por una red de cable a un televisor (dentro de un paquete de servicios digitales) en línea, a través de un ordenador multimedios. 12 Todos estos servicios se "ofrecen al público" en el sentido de que se pone un contenido dado a disposición de cualquiera que está dispuesto a "pagar la entrada" de acceso al servicio. El acceso a los teatros y cines se basa en el mismo principio (la diferencia es que el "control del acceso" a distancia es más difícil y exige técnicas distintas). En ambos casos, el servicio puede limitarse a determinados tipos de público (por ejemplo, las películas no autorizadas para menores), sin que ello afecte a la definición de servicio "que se ofrece al público". En la práctica, las relaciones actuales entre las partes son múltiples y diferenciadas. Por ejemplo, en algunos casos los operadores de redes de cable intervienen en una cadena de servicios que puede resumirse de la siguiente manera: a) b) c) el suministro de contenidos (cadenas y/o servicios interactivos) que el operador de la red por cable hace llegar al consumidor final; el suministro de los dispositivos que permiten al consumidor final recibir los contenidos de las cadenas y servicios a los que ha sido autorizado a acceder; la administración de los abonos y/o. cuotas pagados por los consumidores finales (en principio estos ingresos se reparten entre las cadenas, una vez deducida la remuneración percibida por el proveedor de acceso)13. Hasta cierto punto, el proveedor de acceso (p. ej. , el operador de la red por cable en el ejemplo precedente) desempeña la misma función que el mayorista que vende viajes organizados (que constan de varios servicios, no siendo necesario que el mayorista preste ninguno de ellos directamente). Si se considera un conjunto de cadenas, el razonamiento es semejante: el consumidor final firma un único contrato (con el proveedor de acceso, que posiblemente actúa como agente), en lugar de firmar tantos contratos como servicios están incluidos en el conjunto14. Esto significa que, en caso de recepción no autorizada, el proveedor de acceso soporta (directamente) una pérdida de ingresos, además del perjuicio financiero soportado (indirectamente) por los suministradores de contenidos, etc. Por ello, a efectos de la directiva propuesta, el suministro de acceso condicional se considera un servicio por derecho propio. I. B. Servicios de radiodifusión: televisión de pago, pago por consumo y radio de pago Durante décadas, los servicios de radiodifusión se han financiado a través de la publicidad o mediante ingresos procedentes del abono de cánones. El consumo de televisión de "pago directo" se desarrolló primeramente en Estados Unidos: en 1995, la televisión de pago representó el 54% del mercado de la televisión en Estados Unidos (frente a un 39% en Europa y un 28% en Japón)15. No obstante, la televisión de pago experimentó el crecimiento más rápido en Europa en 1996, pasando el número de abonados de 13,2 a 16,1 millones16. De persistir las tendencias actuales, se considera que la televisión de pago se convertirá en el medio más importante de consumo de películas en todo el mundo en un plazo de dos o tres años17. En la Unión Europea, esto es ya una realidad. Según Screen Digest, el desglose de los gastos en películas en la UE fue en 1996 el siguiente (las cifras entre paréntesis corresponden a 1988): 13 Además, los servicios de codificación pueden ser objeto de otro contrato entre un "proveedor de tecnología" y la entidad de radiodifusión. 14 Análoga situación puede plantearse en el negocio de las telecomunicaciones, en el que un operador actúa como "pasarela" hacia varios servicios distintos. 15 Fuente: IDATE. Según la misma fuente, el crecimiento anual de la televisión de pago en Europa fue de un 23% (comparado con el 11% de la "televisión gratuita"). 16 El país que cuenta con mayor número de abonados es el Reino Unido (5,57 millones), seguido de Francia (4,913), España (1,465) y Alemania (1,404). 17 Screen Digest, enero de 1997. salas cinematográficas: 31,3% (41,0%) alquiler de vídeos: 14,2% (39,9%) ventas de vídeos: 20,4% (5,1 %) televisión de pago: 34,0% (13,9%) La competencia por los derechos de emisión entre las cadenas de televisión de pago ha creado un importante mercado para la industria audiovisual: según estudios llevados a cabo por encargo de la Comisión, los ingresos totales del sector audiovisual europeo aumentaron en un 93% en términos reales entre 1985 y 1994. La razón principal fue la creación de. nuevas fuentes de ingresos tales como la televisión de pago, cuyos ingresos totales por abonos crecieron en casi un 400% en términos reales a lo largo de dicho período18. Otro mercado nuevo puede abrirse en un futuro próximo al disponer de películas y acontecimientos deportivos en la modalidad de pago por consumo: en 1997, el partido de clasificación para el campeonato mundial Inglaterra-Italia contó con 3,8 millones de telespectadores en el Reino Unido; en Italia (donde el primer servicio de transmisiones futbolísticas en pago por consumo obtuvo 41. 173 abonados en cuatro meses) esta sometiéndose a prueba un servicio nuevo que permitiría a los abonados adquirir partidos sueltos en lugar de comprar un "abono de temporada". El desarrollo reciente de la radiodifusión sonora digital, permite distribuir a los abonados varias cadenas de radio nuevas "temáticas" o especializadas. Se espera que esto genere nuevas oportunidades para la industria de los medios de comunicación19. Lo que la televisión de pago, la radio de pago y el pago por consumo tienen en común es la necesidad de proteger la señal difundida contra la recepción no autorizada, ya que el servicio se explota mediante abono (o, cada vez en mayor medida, mediante tarifas dependientes del uso). La viabilidad comercial de todos estos servicios depende de las técnicas de "acceso condicional" (en particular, las tecnologías de enmascaramiento y "codificación"20). Las tecnologías de codificación o cifrado se utilizan ya en una amplia gama de sistemas de telecomunicación, tanto para proteger la información transportada por la aplicación como 18 KPMG, "Organisation and Performance of Audio-visual Services and Production", informe final a la Comisión Europea, diciembre de 1996 (Estudios sobre la eficacia y las repercusiones de la integración del mercado interior). Recientemente se han publicado conclusiones parecidas en lo que se refiere al mercado mundial: "a lo largo de la pasada década, el desarrollo y la aparición de nuevas formas de consumo de películas ha coincidido con aumentos espectaculares del gasto total relacionado con el soporte fílmico. El advenimiento de la televisión de pago y el vídeo ha estimulado la sensibilidad del público hacia los buenos productos, así como su demanda, y esto es lo que en parte ha impulsado el crecimiento del mercado del espectáculo" (Screen Digest, enero de 1997). 19 Véase la " Notificación de un acuerdo de asociación entre empresas para la creación y puesta en funcionamiento de un estación de radio de pago digital para Europa (Music Choice Europe)" en el D O n ° C 7 0 d e 6. 3. 1997, p. 7. 20 En este documento se entiende por "codificación" el proceso de convertir unos datos de entrada legibles en unos datos de salida cifrados. El proceso opuesto se denomina "descodificación". para identificar al emisor y al receptor autorizado de dicha información. La codificación, asociada en tiempos a medios diplomáticos y militares, desempeña una función cada vez más importante en diversas aplicaciones utilizadas en la vida cotidiana. Por ejemplo, la introducción de redes radioeléctricas de móviles exige identificar al terminal que efectúa la llamada a efectos de facturación, en tanto que también resulta preciso proteger la llamada frente a posibles escuchas. Por esta razones, el GSM21 proporciona la posibilidad tanto de cifrar la comunicación vocal (aunque no siempre se encuentre implementada esta opción) como de utilizar el cifrado en el proceso de autenticación del usuario. Este proceso también se ha utilizado como base de la especificación DVB22. En septiembre de 1991, el Consejo de Europa adoptó y dirigió a sus Estados miembros una "Recomendación sobre la protección jurídica de los servicios de televisión codificados"23 (actualizada posteriormente, en enero de 1995, por una "Recomendación sobre medidas contra la piratería sonora y audiovisual"24). En este texto se ponen de manifiesto las consecuencias adversas de la piratería y se define el abanico de actividades que deben ser objeto tanto de acciones civiles25 como de "sanciones penales o administrativas"26. En la Recomendación se define el "servicio codificado" como cualquier "servicio de televisión, transmitido o retransmitido por cualquier medio técnico, cuyas características se modifican o alteran para restringir su acceso a un público determinado". A nivel comunitario, la noción equivalente es la de "acceso condicional", contenida en la Directiva 95/47 sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión (artículo 4)27. No obstante, la evolución del mercado parece indicar que es probable que la tecnología de acceso condicional se utilice también para controlar el acceso a servicios digitales distintos de la difusión de televisión. "Por ejemplo, servicios distintos de la televisión retransmitidos utilizando las redes de difusión (. ) o servicios distribuidos a través de redes conmutadas"28. Por ello, no conviene olvidar estos servicios a la hora de definir el ámbito de aplicación del instrumento jurídico comunitario. I. C. Servicios de la sociedad de la información En 1996 se vendieron en todo el mundo 68,4 millones de ordenadores29. A finales de enero de 1997, estaban conectados a Internet 16,1 millones de ordenadores centrales30. Aun cuando los Estados Unidos siguen dominando esta red (con casi un 60% de los ordenadores 21 Norma europea para servicios móviles digitales de acceso público. 22 Algoritmo común de codificación para la difusión de vídeo digital. 23 Recomendación n° R (91 ) 14 del Comité de Ministros. 24 Recomendación n° R (95) 1 del Comité de Ministros. 25 Mandamientos judiciales e indemnizaciones (principio II. 2). 26 Principio II. 1. 27 Directiva 95/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995 (DO n° L 281 de 23. 11. 1995, p. 51). 28 DTI, "The Regulation of Conditional Accès Services for Digital Television" (Final Consultation Paper), 27 de noviembre de 1996. Según este documento, la opinión del Gobierno (del Reino Unido) es que el acceso condicional a tales servicios debe incluirse en un solo marco unificado. 29 Fuente: International Data Corp. 30 Cada uno de ellos cuenta con entre uno y varios miles de usuarios (cuando la conexión la proporcionan colectividades locales, universidades, empresas, etc. ): por este motivo existen cálculos divergentes con respecto al número de usuarios de Internet, que lo sitúan entre 48 y 60 millones. centrales31 , la Unión Europea representa aproximadamente el 20% del total (el resto del mundo ocupa el otro 20%32). En la propuesta de directiva sobre la transparencia normativa33, se definen los servicios de la sociedad de la información como "cualquier servicio prestado a distancia por medios electrónicos y a petición individual de quien lo recibe". Esta definición cubre una amplia gama de servicios, ejemplos de los cuales figuran en la Comunicación que acompaña a la propuesta de directiva. En un primer momento, estos servicios se ofrecían sin codificar y gratuitamente. Sin embargo, un número creciente de servicios nuevos se establecen con arreglo al modelo de "acceso condicional" o evolucionan hacia él. Cabe citar ejemplos que van desde la versión electrónica de los periódicos tradicionales34 al suministro de información económica y "paquetes de servicios"35. El acceso condicional a estos servicios se basa actualmente en cerrojos electrónicos, mientras que otros servicios en línea recurren al cifrado. Según Andersen Consulting36, el porcentaje del mercado de la edición correspondiente a la edición electrónica oscilará en el año 2000 entre el 5 y el 15%, situándose su valor entre 8. 800 y 12. 400 millones de ecus. La edición electrónica permite crear nuevas fuentes de información a bajo coste y mejorar el acceso a las ya existentes: numerosas publicaciones (tales como enciclopedias y revistas especializadas) cuya versión impresa sería demasiado cara para el consumidor medio resultan accesibles a un precio razonable en versión electrónica. También las aplicaciones en línea podrían mejorar el acceso a una amplia gama de datos, siempre que la viabilidad comercial quedase garantizada por unas tarifas dependientes del uso aplicadas mediante acceso condicional (y su protección jurídica): sencillamente, el acceso ilimitado no es compatible con la inversión necesaria para crear la base de datos. Combinado con la edición electrónica37, el acceso en línea a baies de datos es una de las aplicaciones más prometedoras de la sociedad de la información: en palabras de un estudio reciente38 "muchos servicios de información empresarial, patrimonio a lo largo de muchos años de clientes profesionales muy solventes, podrían encontrar una difusión más amplia como servicios interactivos para el consumidor"39. 31 Conviene señalar que el recuento estadounidense incluye todos los ordenadores centrales que terminan en ". com", factor que puede "inflar" su cuota, ya que muchos ordenadores "comerciales" representan en realidad a empresas europeas. El mismo razonamiento puede aplicarse a los ordenadores centrales que terminan en ". net" y ". org", incluidos en el recuento estadounidense del mercado con independencia de la ubicación física de los propietarios. 32 Fuente: Network Wizards. 33 COM (96) 392 final de 30 de agosto de 1996. 34 El número de periódicos disponibles en línea en la World Wide Web en febrero de 1997 ascendía a 1 553 (327 en Europa frente a 880 en Estados Unidos). 35 Por ejemplo: America on Line (AOL) alcanzó los 8 millones en febrero de 1997. 36 "Strategic Developments for the European Publishing Industry towards the Year 2000": Estudio para la Comisión Europea, 1996. 37 La versión electrónica de un periódico contiene cierto número de enlaces (hipertexto), cada uno de los cuales lleva al consumidor a los archivos de quien lo edita o a otras publicaciones afines. 38 Farncombe Technologie "The impact of new signal protection methods on interactive services' business strategies": Estudio para la Comisión Europea, 1996. 39 P. J. , algunos periódicos económicos ofrecen en línea a quienes se abonen al mismo un "periódico personal" que incluye una página de noticias personalizada, así como un acceso personalizado a informes de empresas y presentación gráfica del curso de la acciones. 8 Otra novedad que podría producirse a corto plazo es la oferta en línea de música a la carta: la Federación Internacional de la Industria Fonográfica40 calculaba recientemente en "2. 000 millones de dólares el volumen de negocios potencial del suministro electrónico de grabaciones musicales". A un plazo más largo, se espera contar con la posibilidad de acceder a los servicios a la carta tanto desde los televisores como desde los ordenadores. Por este motivo, cualquier discriminación entre medios de transmisión (o terminales de recepción) resultaría contraria al principio de igualdad de trato y, posiblemente, falsearía la competencia. II. Necesidad de una legislación comunitaria II. A. Un mercado expuesto a la piratería Las oportunidades de negocio antes mencionadas (así como su incidencia sobre la creación de puestos de trabajo en la industria de los medios de comunicación) dependerá de la disponibilidad de técnicas de acceso condicional y de la protección jurídica de las mismas. Como se trata de un servicio costoso de prestar, su viabilidad depende de las técnicas de acceso condicional, pero, en ausencia de protección jurídica frente a la piratería, los editores potenciales no estarán dispuestos a exponer sus productos a un acceso "no protegido". En realidad, el mercado de servicios basados en el acceso condicional está creciendo rápidamente como resultado de la tecnología digital, pero este crecimiento podría verse amenazado por el desarrollo, igualmente rápido, de la "piratería", industria paralela y floreciente que fabrica y comercializa dispositivos que facilitan el acceso no autorizado a tales servicios. Actualmente se comercializan tales servicios desde "publicaciones" especializadas y varios sitios de Internet, y también se ha desarrollado un mercado de "servicios postventa" (dedicado al mantenimiento de dichos dispositivos). Este tipo de "piratería" tiene varias consecuencias adversas: • pérdida de ingresos procedentes de los abonos para el proveedor de servicios: se ha calculado que el coste directo de la piratería para los operadores de televisión de pago se elevó en 1996 a 240 millones de ecus41 (no se incluyen en esta cifra los costes indirectos ocasionados por la necesidad de sustituir el sistema sometido a piratería); • perjuicio económico para el proveedor de acceso condicional, que puede verse obligado a efectuar gastos suplementarios para sustituir los dispositivos de acceso condicional y cuyos ingresos potenciales se ven afectados en caso de acceso no autorizado a servicios protegidos; • perjuicio económico indirecto para el proveedor de contenidos: como los cánones que se abonan a los titulares de derechos suelen tener en cuenta la audiencia potencial, la recepción ilícita les priva de los ingresos que hubieran procedido del pago de los abonos; 40 Citado por Reuters, 2 de diciembre de 1996. 41 Fuente: AEPOC (Association Européenne pour la Protection des Oeuvres et services Cryptés). • precios más elevados para el consumidor: el proveedor de servicios tratará necesariamente de recuperar las pérdidas que la piratería le ocasiona aumentando el precio (y/o las cuotas de alquiler) de sus servicios y dispositivos; • menores posibilidades de elección para el consumidor: el uso de dispositivos ilícitos para acceder de forma no autorizada a servicios protegidos erosiona la confianza del mercado, por lo cual los proveedores de contenidos se muestran reacios a permitir la distribución de sus obras en forma de señales de radiodifusión o de servicios en línea42; • fraudes al consumidor: a muchos consumidores no se les indica cuál es el origen del dispositivo pirateado que compran, por lo que se les hace creer que adquieren un dispositivo autorizado; si el operador modifica el sistema de acceso condicional (por motivos de seguridad u otros), el consumidor no podrá utilizar el dispositivo así adquirido. Por estas razones el Parlamento Europeo y el Consejo introdujeron un considerando sobre la piratería en la Directiva 95/47 de 24 de octubre de 199543. Este considerando reza: "Considerando que, en el contexto del entorno digital del sector audiovisual europeo, aumentarán las posibilidades de piratería (. ) resulta cada vez más necesario adoptar una legislación eficaz para prevenir este tipo de delitos a escala europea". II. B. Un xnercado amenazado por una reglamentación fragmentada La oferta de servicios basados en el acceso condicional se ha desarrollado para satisfacer una demanda cada vez más especializada (lo que justifica que el usuario final pague por estos servicios). La viabilidad de estos servicios exige un mercado de una cierta envergadura: dada una zona geográfica idéntica, un mercado de nicho será más pequeño que un mercado de masas y, por consiguiente, la superficie geográfica puede no bastar para garantizar la viabilidad del servicio "especializado". Los servicios examinados en la presente Comunicación suelen satisfacer la demanda de "nichos transnacionales" (es decir, demanda basada en factores culturales distintos de la nacionalidad). Las discrepancias que existen actualmente en el nivel de protección jurídica contra la piratería tienen repercusiones negativas sobre el desarrollo de estos servicios a escala europea. A este respecto, cabe señalar que: L en la mayoría de los Estados miembros, la normativa contra la piratería existente afecta sólo a los servicios de radiodifusión44; 2. la legislación de un Estado miembro introduce una distinción entre la difusión por cable y por satélite, privando a esta última de la protección jurídica concedida a la primera; 2. en otro Estado miembro, la protección jurídica se limita a los servicios difundidos a partir del territorio nacional; 42 Véase "Intellectual Property Protection in Cyberspace" (ITAA Discussion Paper) 1996. 43 Véase nota 22. 44 Libro Verde sobre la protección jurídica de los servicios codificados, p. 27. 10 4. en varios Estados miembros, la piratería sólo se sanciona al amparo de las disposiciones generales sobre "competencia desleal", disposiciones aplicables solamente si la práctica ilícita afecta al "mercado nacional" y en la medida en que lo afecte (situación que puede no darse si los descodificadores piratas producidos en estos países se comercializan en un Estado miembro distinto); 5. la lista de actividades ilícitas (cuando existe) difiere de un Estado miembro a otro (al igual que el nivel de protección); 6. en algunos Estados miembros no existe normativa sancionadora de la recepción ilícita de los servicios prestados sobre la base del acceso condicional. A tal respecto, conviene señalar que la Directiva de "cable y satélite45, aun cuando contenga normas sobre la difusión por satélite y la retransmisión por cable de obras, protegidas, no asiste a los operadores en su lucha contra la recepción ilícita. Esto se debe a que la recepción no constituye un "acto" relevante a efectos de la normativa sobre derechos de autor, que tradicionalmente resulta aplicable a la comunicación, pero no a la recepción46. U. C. Obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios Una reglamentación fragmentada puede crear obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios y comprometer el adecuado funcionamiento del mercado único. A efectos de protección jurídica contra la recepción ilícita, una normativa que introduzca una distinción basada en el origen del servicio47 es incompatible con los principios del Tratado y, por consiguiente, es necesario suprimirla. Otras normas efectúan distinciones entre diferentes medios de transmisión, p. ej. , las que protegen los servicios de difusión por tierra y por cable contra la recepción ilícita, en tanto que los servicios por satélite (todos los cuales son de origen extranjero) no disfrutan de la misma protección48. Estas normas no parecen justificadas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Justicia. Las medidas discriminatorias que afectan a la libre prestación de servicios sólo son compatibles con el Derecho comunitario si pueden ampararse en una excepción explícita, tal como la contenida en el artículo 56 del Tratado, que hace referencia a razones de orden público, seguridad y salud públicas. En los casos a que nos referimos, no parece que ninguna de estas razones pueda justificar tal discriminación49. Los obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios pueden derivar también de la ausencia de protección jurídica en determinados Estados receptores. Las consultas efectuadas han confirmado que los operadores consideran que la protección jurídica frente a la recepción ilícita del servicio constituye un factor importante de su estrategia de mercado. La ausencia de dicha protección en algunos Estados miembros (unida a las lagunas que contiene, cuando existe, en lo que se refiere a la prestación transfronteriza de servicios) hace que actualmente el mercado interior sea mucho menos atractivo de lo que podría ser. 45 Directiva 93/83/CEE. 46 Libro Verde sobre la protección jurídica de los servicios codificados, p. 26. 47 Véase Capítulo II. B, punto 3. 48 Véase Capítulo II. B, punto 2. 49 Libro Verde, página 32. 11 Las negociaciones con los proveedores de contenidos resultan más difíciles en ausencia de una protección equivalente en todos los Estados miembros en los que es posible la recepción; por ello, a los proveedores de acceso les resulta más difícil adquirir los derechos a un precio razonable, lo que afecta en particular a sus actividades transfronterizas. Las discrepancias entre las normativas nacionales pueden también obstaculizar la libre circulación de mercancías. Algunos de estos obstáculos son incompatibles con el Derecho comunitario y, por lo tanto, es preciso suprimirlos; otros podrían justificarse50 por objetivos de interés general tales como la protección de los consumidores (contra el fraude) y de los derechos de propiedad intelectual e industrial (contra la piratería). Para suprimir los obstáculos mencionados y completar el marco regulador de los servicios de acceso condicional en el mercado interior resulta necesario un instrumento comunitario jurídicamente vinculante que establezca un nivel equivalente de protección. Por razones de proporcionalidad, la Comisión considera apropiado que este instrumento revista la forma de directiva, ya que de este modo los Estados miembros serán libres de elegir los medios que consideren más adecuados para la consecución de dichos objetivos. La directiva propuesta no incluye las actividades que eluden la información sobre la gestión de derechos51 ni las medidas tecnológicas utilizadas por los autores en relación con el ejercicio de sus derechos52. La Comisión abordó estas cuestiones en el Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información y, según lo anunciado en la Comunicación de la Comisión de 20 de noviembre de 199653 serán objeto de medidas aparte. Tampoco aborda la directiva propuesta la cuestión de los derechos de propiedad industrial sobre los descodificadores, ya que estos derechos son objeto de legislación comunitaria específica. El uso de la codificación por motivos distintos de la remuneración del servicio tampoco entra en el ámbito de la directiva propuesta: cuando tiene que ver con la integridad y/o confidencialidad de los datos y de las comunicaciones, entran en juego diferentes consideraciones relativas al interés general (a saber, la seguridad de las transacciones comerciales54 y la protección del derecho fundamental a la intimidad, que incluye el secreto de las comunicaciones). Se pretende que la directiva propuesta se aplique sin perjuicio de las posibles restricciones sobre el uso de tecnología y productos de codificación55. 50 Siempre que respeten el principio de proporcionalidad. 51 Según se define en el artículo 12 del Tratado sobre Derechos de Autor de la OMPI, 1996. 52 Artículo 11 del mencionado Tratado. 53 COM(96) 568 final: "Seguimiento del Libro Verde sobre derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información". 54 Ejemplo: las firmas digitales entrarán en el ámbito de aplicación de la directiva si se utilizan como "contraseñas" en un servicio de acceso condicional, pero no si están al servicio de otros objetivos. la política criptográfica". Al 55 El 27 de marzo de 1997, el consejo de la OCDE adoptó una recomendación relativa a unas "orientaciones para tiene diversas aplicaciones (. ) y que cada uno de sus usos presenta problemas diferentes", el Consejo subrayaba que "no utilizar métodos criptográficos podría afectar negativamente a la protección de la intimidad, la propiedad intelectual (. ) y el funcionamiento del comercio electrónico". tiempo que se "reconoce que la criptografía 12 III. COMENTARIOS SOBRE CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS Letra a) Artículo 1 La letra a) define, en conjunción con la b), el ámbito de aplicación de la propuesta. Entran en dicho ámbito la radiodifusión (televisiva y sonora) y los servicios de la sociedad de la información, así como el suministro de acceso a los servicios mencionados, en la medida en que se ofrezca sobre la base de una técnica de acceso condicional (según se define en la letra b)). "radiodifusión La definición de la televisiva" es Directiva 89/552/CEE. En cuanto a la "radiodifusión sonora", que se basa en la anterior, debe entenderse que incluye no solamente las señales sonoras, sino posiblemente también las señales de datos que utilizan el mismo canal. Estas definiciones de radiodifusión no incluyen la prestación de servicios a petición individual, que se incluye en el tercer guión ("servicios de la sociedad de la información"). la misma que figura en La definición de "servicios de la sociedad de la información" se basa en la propuesta de directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 83/189/CEE en lo que se refiere a la "transparencia normativa en el mercado interior para los servicios de la sociedad de la información". Según el artículo 1 de esta propuesta, la definición se aplica a "todo servicio prestado a distancia, por vía electrónica y a petición individual de un destinatario de servicios". Son ejemplos de este tipo de servicios el vídeo a la carta y el audio a la carta (que no entran en la definición de "radiodifusión"), con independencia del terminal que utilice el receptor (televisor, pantalla de ordenador o cualquier otro equipo). La función de controlar el acceso de los usuarios finales potenciales a los servicios mencionados constituye una operación diferente que puede realizar el propio proveedor de servicio (por ejemplo, una empresa de radiodifusión), pero que en un número creciente de casos corre a cargo de una empresa especializada que actúa êh representación suya. En este sentido, las relaciones funcionales (aunque no las técnicas de acceso condicional) son semejantes a las que se dan en una serie de conciertos públicos que configuran una "temporada". Cada usuario autorizado recibe una entrada de temporada que representa un contrato con la administración de los conciertos, pero no con los miembros de las diferentes orquestas que intervienen en los conciertos contratados. Resulta relativamente sencillo hacer cumplir las condiciones de acceso a la sala de conciertos inspeccionando las entradas de quienes desean acceder para comprobar que están autorizados a hacerlo. En el caso de la radiodifusión, la única técnica eficaz de acceso condicional consiste en impedir a los usuarios finales la obtención de información inteligible a partir de la señal distribuida, a menos que dispongan del equipo y del software adecuados para procesarla. Letra b) Los servicios enumerados en la letra a) entrarán en el ámbito de aplicación de la directiva propuesta si se prestan sobre la base de una técnica de "acceso condicional", y en la medida 13 en que lo sean. Según la letra b), esto significa cualquier medida técnica en virtud de la cual se condicione el acceso al servicio a una autorización previa individual, en la medida que tal autorización tenga por objeto garantizar la remuneración de dicho servicio. Esto es así porque la protección jurídica afecta no a la tecnología como tal, sino al interés legítimo a cuyo servicio está la tecnología (remuneración de un servicio). Las mismas técnicas pueden estar al servicio de intereses distintos (p. ej. , confidencialidad de las comunicaciones privadas), que quedarán fuera del ámbito de aplicación de la directiva. En realidad, los servicios enumerados en la letra a) se ponen a disposición de cualquier persona que esté dispuesta a "pagar la entrada", y las medidas técnicas a que se refiere la letra b) tienen por objetivo garantizar el pago de dicha "entrada". En este campo, las tecnologías disponibles evolucionan con enorme rapidez y es posible que aparezcan otras nuevas. Ésta es una de las razones por las que la definición propuesta no se expresa en términos de una tecnología concreta, tal como la codificación, aunque esta tecnología se utilice mucho en los sistemas digitales. He aquí algunos ejemplos, a título indicativo, de técnicas de acceso condicional: codificación (digital) y enmascaramiento (analógico) de las señales radiodifundidas sobres criptográficos, que contienen una versión cifrada de un documento (texto, imagen y vídeo), así como las reglas para determinar las posibilidades de acceso; cerrojos electrónicos, que permiten al editor "sellar" un contenido dado de forma que el acceso al servicio dependa de la obtención de una autorización previa (p. ej. , un abono). Letra c) los descodificadores, La definición de "dispositivo de acceso condicional" adaptadores, tarjetas inteligentes y cualquier otro material o software que, por sí solo o conjuntamente con otros dispositivos, sea necesario para recibir el servicio en forma inteligible (por oposición a una forma codificada no inteligible). incluye Letra d) Aunque no puedan acogerse a la protección jurídica que ofrecen los artículos 3 y 4, los "servicios vinculados" se beneficiarán de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 2. El desarrollo de un mercado interior en este ámbito exige ciertamente la libre circulación de estas actividades conexas sustitución y comunicación comercial), que no deberá limitarse por motivos que entren en el ámbito coordinado por la directiva. instalación, mantenimiento, (servicios de Por "comunicación comercial" se entiende, de conformidad con el Libre Verde sobre las comunicaciones comerciales en el mercado interior - COM(96) 192 de 8 de mayo de 1996 - "todo tipo de comunicación que tenga como finalidad la promoción de los servicios, los productos o la imagen de una empresa u organización entre los consumidores finales o los distribuidores". 14 Letra e) La definición de "dispositivo ilícito" se relaciona con la lista de actividades prohibidas contenida en el artículo 3: todas estas actividades guardan relación con dispositivos ilícitos, pero la propuesta de directiva no sanciona la mera posesión (con fines privados) de estos dispositivos, ya que este aspecto se deja al arbitrio de los Estados miembros (considerando n°15). Letra f) La noción de "acceso no autorizado" deriva de la definición contenida en la letra b) y debe entenderse en conjunción con ella: de esta forma, no se contempla en la propuesta la denegación de una autorización por motivos distintos de la remuneración del servicio. La propuesta de directiva no sanciona el acceso no autorizado como tal: lo sancionado son las actividades comerciales que lo hacen posible (artículo 3). Letra g) legales, La definición delimita el ámbito de la aproximación de las disposiciones reglamentarias y administrativas de los Estados miembros. Esta aproximación se relaciona con la protección jurídica de los servicios frente al acceso no autorizado, que se define en la letra f) como el "acceso a un servicio protegido sin autorización del proveedor del servicio". Por consiguiente, los derechos de autor y derechos afines no entran en el ámbito coordinado por la directiva: el interés protegido por las medidas propuestas es la remuneración de los proveedores de servicios. Aunque, desde un punto de vista económico, los titulares de derechos se beneficiarán ciertamente de tales medidas, será de forma indirecta, y sus intereses permanecen diferenciados. El mismo razonamiento se aplica a la cuestión de los derechos de propiedad industrial relativos a los dispositivos de acceso condicional. Artículo 2 El objetivo de este artículo es garantizar la libre circulación de los servicios protegidos, de los servicios vinculados y de los dispositivos de acceso condicional. Para garantizar el nivel equivalente de protección necesario para conseguir dicha libertad, el apartado 1 exige que todos los Estados miembros adopten las medidas que se enumeran en los artículos 3 y 4. Para dar cumplimiento a esta obligación, algunos Estados miembros tendrán que adaptar su legislación de conformidad con las definiciones contenidas en el artículo 1. Por ejemplo, si la normativa actual se refiere solamente a los servicios de radiodifusión, habrá que modificarla para incluir todos los servicios definidos en la letra a) del artículo 1; si la protección jurídica se limita a los servicios que se difunden a partir del territorio nacional, habrá que suprimir esta distinción, y lo mismo cabe decir de la legislación que introduzca distinciones basadas en el medio de transmisión (p. ej. , entre cable y satélite) o en los equipos terminales (p. ej. , entre televisores y ordenadores). En realidad, muchos servicios se transmiten simultáneamente en Europa por satélite, por cable o por tierra, y los servicios digitales de un futuro próximo utilizarán una plataforma integrada de conexiones por cable, receptores de satélite y descodificadores, líneas telefónicas, etc. 15 El apartado 2 constituye la aplicación directa de los principios del mercado interior: una vez coordinado un ámbito mediante un instrumento de armonización, no es posible justificar ya ninguna limitación a la libre circulación de mercancías y servicios. Excepción hecha de las medidas contempladas en el apartado 1, los Estados miembros no podrán restringir la libre circulación de los bienes y servicios que entren en el ámbito de aplicación de la directiva por razones relacionadas con su protección jurídica frente a las actividades ilícitas contenidas en el artículo 3. Artículo 3 La lista de actividades prohibidas se basa fundamentalmente en el principio I de la Recomendación R(91)14 del Consejo de Europa. En esta Recomendación se efectúa una distinción tajante entre la posesión para fines privados y para fines comerciales: ésta última se declara ilegal, pero no la primera. Además, en varios Estados miembros la protección jurídica de los servicios codificados corre a cargo de disposiciones generales relativas a la "competencia desleal", que afectan sólo a las actividades comerciales: la legislación sobre competencia desleal se aplica exclusivamente a las actividades que se llevan a cabo en el ámbito del comercio. Teniendo presente la necesidad de respetar el principio de proporcionalidad establecido en el artículo 3 del Tratado CE, que limita la actuación comunitaria a lo que resulta imprescindible para alcanzar el objetivo propuesto, la propuesta de directiva se atiene a la recomendación del Consejo de Europa en este punto. En lo que se refiere al punto b), la directiva llega un poco más lejos que la Recomendación, pero se inspira en el mismo principio: sancionar las actividades comerciales que favorecen la recepción no autorizada, y no la recepción no autorizada en sí. La letra a) del artículo 3 prevé, en particular, la restricción de la importación con fines comerciales de dispositivos ilícitos. Las restricciones a la importación desde terceros países tienen que ser compatibles con las obligaciones que derivan de las disposiciones relevantes de la OMC. Dado que esta medida se aplicará sin discriminación tanto a los productos europeos como a los de terceros países, y considerando que responde al objetivo legítimo de combatir prácticas fraudulentas, resultará compatible con la OMC. La noción de sanciones y recursos "apropiados" se aclara en el artículo 4. Apartado 1 Artículo 4 Toda disposición jurídica debe, si se quiere que resulte eficaz, ir acompañada de las sanciones apropiadas. En lo que se refiere al Derecho comunitario, este principio se consagra en una Comunicación de la Comisión sobre la función de las sanciones en relación con la aplicación de la legislación comunitaria, COM(95)162. Sin embargo, esto no implica necesariamente la fijación de un nivel armonizado de sanciones. El apartado 1 del artículo 4 contiene un conjunto de criterios que deben permitir alcanzar el ^objetivo al tiempo que conceden flexibilidad suficiente a los Estados miembros. Además, pueden encontrarse elementos útiles en la parte sobre "observancia" del Acuerdo ADPIC, que contiene un conjunto global de medidas contra la piratería. 16 Apartado 2 Este apartado enumera los recursos civiles habitualmente aplicables a las actividades relevantes en la mayor parte de los Estados miembros; a dichos recursos pueden acogerse uno o más proveedores de servicios. El artículo 44 del Acuerdo ADPIC se refiere a los mandamientos judiciales, mientras que el artículo 45 del mismo Acuerdo contiene normas sobre daños y perjuicios. Además, la confiscación de mercancías infractoras se prevé en el artículo 46 del Acuerdo ADPIC, al igual que en el artículo 7 de la Directiva 91/250/CEE, que autoriza a las autoridades competentes a confiscar las copias ilegítimas de programas de ordenador. Se trata de disposiciones estándar. Artículos 5 a 8 17 Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 57, y sus artículos 66 y 100A, Vista la propuesta de la Comisión56, Visto el dictamen del Comité Económico y Social57, De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 189 B del Tratado58, Considerando que entre los objetivos de la Comunidad Europea, de acuerdo con el Tratado, figura el de crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa y garantizar el progreso social y económico eliminando las barreras que los separan; Considerando que la prestación transfronteriza de servicios de radiodifusión y de servicios de la sociedad de la información puede contribuir significativamente a la consecución de estos objetivos; Considerando que el Tratado prevé la libre circulación de todos los servicios prestados a cambio de una remuneración; que este derecho, aplicado a los servicios de radiodifusión y a los servicios de la sociedad de la información, constituye también una manifestación concreta en el Derecho comunitario de un principio más general, el de libertad de expresión consagrado en el articulo 10 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales; Considerando que la Comisión emprendió una consulta de amplio alcance basada en el Libro verde "Protección jurídica de los servicios codificados en el mercado interior"59; que los resultados de dicha consulta confirmaron la necesidad de un instrumento jurídico comunitario que garantizase la protección jurídica de todos los servicios cuya remuneración depende del acceso condicional; Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 13 de mayo de 1997 sobre el Libro Verde60, pedía a la Comisión que presentase una propuesta de Directiva relativa a todos los. servicios codificados en los que se utiliza la codificación para garantizar el pago de un 56 DOn° 57 DOn° 58 Dictamen del Parlamento Europeo 59 COM(96) 76 final de 6 de marzo de 1996. 60 DO n° C , Posición común del Consejo de canon, mostrándose de acuerdo en que se deben incluir los servicios de la sociedad de la información, prestados a distancia por medios electrónicos previa solicitud individual del receptor del servicio, así como los servicios de radiodifusión; Considerando que las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales permiten brindar al consumidor mayores posibilidades de elección y contribuyen al pluralismo cultural, mediante el desarrollo de un abanico cada vez más amplio de servicios a efectos de los artículos 59 y 60 del Tratado; que la viabilidad de estos servicios dependerá con frecuencia del uso del acceso condicional para garantizar la remuneración del proveedor del servicio; Considerando que la importancia de esta cuestión quedó reconocida en la Comunicación de la Comisión sobre una "Iniciativa europea sobre comercio electrónico"61, en la que se anunciaba una propuesta de Directiva por la que se establecería un nivel equivalente de protección de los proveedores de servicios en toda Europa; Considerando que, de conformidad con el artículo 7 A del Tratado, el mercado interior implica un espacio sin fronteras interiores en el que queda garantizada la libre circulación de mercancías y servicios; que el apartado 4 del artículo 128 del Tratado exige que la Comunidad tenga en cuenta los aspectos culturales en su actuación en virtud de las disposiciones del Tratado; que en virtud del apartado 3 del artículo 130 la Comunidad debe contribuir, mediante las políticas y actividades que lleve a cabo, a asegurar la existencia de las condiciones necesarias para la competitividad de la industria comunitaria; Considerando que la disparidad entre las normativas nacionales relativas a la protección jurídica de los servicios de acceso condicional o basados en dicho acceso puede crear obstáculos a la libre circulación de mercancías y servicios; Considerando que la aplicación del Tratado no es suficiente al objeto de suprimir estos obstáculos al mercado interior y que, por consiguiente, es necesario suprimirlos previendo un nivel de protección equivalente entre los Estados miembros; que esto implica la aproximación de las normas nacionales relativas a las actividades comerciales en las que intervienen dispositivos ilícitos; Considerando que estas actividades comerciales van en perjuicio de los consumidores a los que no se manifiesta el origen de los dispositivos ilícitos, y que resulta necesario un nivel elevado de protección del consumidor para combatir este tipo de fraude; que el apartado 1 del artículo 129 A del Tratado dispone que la Comunidad debe contribuir a que se alcance un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en aplicación del artículo 100 A; Considerando que, por consiguiente, es necesario completar el marco jurídico relativo a la creación de un espacio audiovisual único establecido en la Directiva 89/552/CEE del Consejo62 de 3 de octubre de 1989 sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de la actividades de radiodifusión televisiva, cuya última modificación la constituye 61 COM(97) 157 final de 16 de abril de 1997. 62 DO n°L 298 de 17. 10. 1989, p. 23. 19 Directiva 97/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo63, en lo que se refiere a las técnicas de acceso condicional tal como se establece en la presente Directiva, así como también para garantizar la igualdad de trato a quienes efectúen radiodifusión transfrontériza, con independencia del lugar en que se encuentren establecidos; Considerando que, de conformidad con la Resolución del Consejo, de 29 de junio de 1995, sobre la aplicación uniforme y eficaz del Derecho comunitario y sobre las sanciones aplicables por incumplimiento de sus disposiciones relativas al mercado interior64, los Estados miembros deben adoptar medidas que conduzcan a una aplicación del Derecho comunitario con la eficacia y un rigor equivalente a los empleados en aplicación de su Derecho nacional; la aproximación de legales, reglamentarias y Considerando que administrativas de los Estados miembros no debe exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos del mercado interior, de conformidad con el principio de proporcionalidad previsto en el párrafo tercero del artículo 3 B del Tratado; las disposiciones Considerando que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones nacionales que puedan prohibir la posesión privada de dispositivos ilícitos; que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia; que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias relativas a los derechos de propiedad intelectual; Considerando que la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las normas nacionales que no entren en el ámbito por ella coordinado, tales como las adoptadas para la protección de los menores en cumplimiento de la Directiva 89/552/CEE, HA ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA: Artículo 1 Definiciones y ámbito de aplicación A los efectos de la presente Directiva se entenderá por: a) "servicio protegido", cualquiera de los siguientes servicios, siempre que se presten sobre la base del acceso condicional: radiodifusión televisiva, según se define en la letra a) del artículo 1 de la Directiva 89/552/CEE; radiodifusión sonora, entendiendo por tal cualquier transmisión por hilo o radioeléctrica, incluida la transmisión por satélite, de programas de radio destinados a su recepción por el público; 63 DO n° L 202 de 30. 7. 1997, p. 60. 64 DO n°C 188 de 22. 7. 1995, p. 1. 20 servicios de la sociedad de la información, a efectos del punto 2 del artículo 1 de la Directiva 83/189/CEE del Consejo65, en la redacción dada a la misma por la Directiva ,. /. 66; o el suministro de acceso condicional a los servicios antedichos en calidad de servicio independiente; "acceso condicional", cualquier medida o mecanismo técnico en virtud del cual se condicione el acceso al servicio en forma inteligible a una autorización individual previa con el fin de garantizar la remuneración de dicho servicio; "dispositivo de acceso condicional", cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso a un servicio protegido en forma inteligible; "servicio vinculado", la instalación, mantenimiento o sustitución de dispositivos de acceso condicional, así como la prestación de servicios de comunicación comercial relacionados con servicios o dispositivos protegidos u otros servicios vinculados; "dispositivo ilícito", cualquier equipo o programa informático diseñado o adaptado para hacer posible el acceso no autorizado a un servicio protegido; "acceso no autorizado", el acceso a un servicio protegido en forma inteligible sin autorización del proveedor del servicio; "ámbito coordinado por la presente Directiva", cualquier disposición relativa al acceso no autorizado a los servicios protegidos. b) c) d) e) f) g) Artículo 2 Principios del mercado interior Cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para prohibir en su territorio las actividades enumeradas en el articulo 3, así como para establecer las sanciones y recursos previstos en el artículo 4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros no podrán, por motivos que entren en el ámbito coordinado por la presente Directiva, a) restringir la prestación de servicios protegidos, o servicios vinculados, que tengan su origen en otro Estado miembro; b) restringir la libre circulación de los dispositivos de acceso condicional. 65 DO n°L 109 de 26. 4. 1983, p. 8. 66 DO n° L 21 Artículo 3 Actividades infractoras Los Estados miembros prohibirán en su territorio cada una de las siguientes actividades: a) b) la fabricación, importación, venta o posesión con fines comerciales de dispositivos ilícitos la instalación, mantenimiento o sustitución con fines comerciales de un dispositivo ilícito c) el uso de comunicaciones comerciales para la promoción de dispositivos ilícitos. Artículo 4 Sanciones y recursos Las sanciones a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 deberán ser eficaces, disuasorias y proporcionales al efecto potencial de la actividad infractora. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que los proveedores de servicios cuyos intereses se vean afectados por una actividad , infractora llevada a cabo en su territorio puedan plantear una demanda por daños y perjuicios, o solicitar un mandamiento judicial y, cuando proceda, la incautación de los dispositivos ilícitos. Artículo 5 Aplicación Los Estados miembros adoptarán la presente Directiva a más administrativas necesarias para cumplir el 31 de diciembre de 1999. Informarán inmediatamente de ello a la Comisión. legales, reglamentarias y tardar las disposiciones 1. 2. 1. Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia. 2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las disposiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito coordinado por la presente Directiva. 22 Artículo 6 Informes A más tardar cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva, y posteriormente cada tres años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, el Consejo y el Comité Económico y Social relativo a la aplicación de la presente Directiva acompañándolo, cuando proceda, de propuestas para su adaptación en función del desarrollo técnico y económico. Artículo 7 Entrada en vigor La presente Directiva entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Artículo 8 Destinatarios Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros. Por el Parlamento Europeo Por el Consejo El Presidente El Presidente ISSN 0257-9545 COM(97) 356 final DOCUMENTOS ES 06 09 N° de catálogo : CB-CO-97-359-ES-C ISBN 92-78-22693-9 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo 24


title: Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Kommissionens grønbog om vertikale begrænsninger i EU's konkurrencepolitik«

eurovoc_concepts:
competition policy
distributive trades
single market
trade restriction

formats: html pdfa1b print


title: 97/486/EG: Beschikking van de Commissie van 9 juli 1997 inzake gemeenschappelijke technische voorschriften voor de algemene koppelingseisen van de eindapparatuurinterface voor aansluiting op tweedraads analoge ONP-huurlijnen (Voor de EER relevante tekst)

eurovoc_concepts:
computer terminal
harmonisation of standards
public service
technical regulations
telecommunications
transmission network


title: 97/526/EG: Kommissionens beslut av den 9 juli 1997 om en gemensam teknisk föreskrift för allmänna anslutningskrav för allmänt tillgänglig, alleuropeisk digital landbaserad mobilkommunikation (Utgåva 2) (Text av betydelse för EES)

eurovoc_concepts:
computer terminal
harmonisation of standards
radio telecommunications
technical regulations
telecommunications


title: 97/528/EF: Kommissionens beslutning af 9. juli 1997 om en fælles teknisk forskrift med generelle tilslutningskrav til mobilstationer, der er bestemt til brug i offentlige digitale celleopbyggede telenet, fase II, og som anvender DCS 1800-båndet (EØS-relevant tekst)