text: 11. 6. 2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 151/39 TRADUCCIÓN CONVENIO RELATIVO A LA COMPETENCIA, LA LEY APLICABLE, EL RECONOCIMIENTO, LA EJECUCIÓN Y LA COOPERACIÓN EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL Y DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS ( h e c h o e l 1 9 d e o c t u b r e d e 1 9 9 6 ) Los Estados signatarios del presente Convenio, Considerando que conviene mejorar la protección de los niños en las situaciones de carácter internacional; Deseando evitar conflictos entre sus sistemas jurídicos en materia de competencia, ejecución de medidas de protección de los niños; ley aplicable, reconocimiento y Recordando la importancia de la cooperación internacional para la protección de los niños; Confirmando que el interés superior del niño merece una consideración primordial; Constatando la necesidad de revisar el Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores; Deseando establecer disposiciones comunes a tal fin, teniendo en cuenta el Convenio de Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, Han acordado las disposiciones siguientes: CAPÍTULO I ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO Artículo 1 lación de autoridad análoga que determine los derechos, poderes y obligaciones de los padres, tutores o de otro representante legal respecto a la persona o los bienes del niño. 1. El presente Convenio tiene por objeto: Artículo 2 a) determinar el Estado cuyas autoridades son competentes para tomar las medidas de protección de la persona o de los bienes del niño; b) determinar la ley aplicable por estas autoridades en el ejerci- cio de su competencia; c) determinar la ley aplicable a la responsabilidad parental; El Convenio se aplica a los niños a partir de su nacimiento y hasta que alcancen la edad de 18 años. Artículo 3 Las medidas previstas en el artículo primero pueden referirse, en particular, a: d) asegurar el reconocimiento y la ejecución de las medidas de protección en todos los Estados contratantes; a) la atribución, ejercicio y privación total o parcial de la res- ponsabilidad parental, así como su delegación; e) establecer entre las autoridades de los Estados contratantes la cooperación necesaria para conseguir los objetivos del Con- venio. A los fines del Convenio, 2. la expresión «responsabilidad parental» comprende la autoridad parental o cualquier otra re- b) el derecho de guarda, incluyendo el derecho relativo al cui- dado de la persona del niño y, en particular, el de decidir sobre su lugar de residencia, así como el derecho de visita, incluyendo el derecho de trasladar al niño durante un pe- ríodo limitado de tiempo a un lugar distinto del de su resi- dencia habitual; L 151/40 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11. 6. 2008 c) la tutela, la curatela y otras instituciones análogas; d) la designación y las funciones de toda persona u organismo encargado de ocuparse de la persona o de los bienes del niño, de representarlo o de asistirlo; Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 7, en caso de 2. cambio de la residencia habitual del niño a otro Estado contra- tante, son competentes las autoridades del Estado de la nueva residencia habitual. Artículo 6 e) la colocación del niño en una familia de acogida o en un establecimiento, o su protección legal mediante kafala o me- diante una institución análoga; f) la supervisión por las autoridades públicas del cuidado dis- pensado al niño por toda persona que lo tenga a su cargo; 1. Para los niños refugiados y aquellos niños que, como consecuencia de desórdenes en sus respectivos países, están internacionalmente desplazados, las autoridades del Estado con- tratante en cuyo territorio se encuentran como consecuencia del desplazamiento ejercen la competencia prevista en el artículo 5, apartado 1. g) la administración, conservación o disposición de los bienes del niño. La disposición del apartado precedente se aplica también a 2. los niños cuya residencia habitual no pueda determinarse. Artículo 4 Están excluidos del ámbito del Convenio: a) el establecimiento y la impugnación de la filiación; b) la decisión sobre la adopción y las medidas que la preparan, así como la anulación y la revocación de la adopción; c) el nombre y apellidos del niño; d) la emancipación; e) las obligaciones alimenticias; f) los trusts y las sucesiones; g) la seguridad social; h) las medidas públicas de carácter general en materia de edu- cación y salud; i) j) las medidas adoptadas como consecuencia de infracciones penales cometidas por los niños; las decisiones sobre el derecho de asilo y en materia de inmigración. CAPÍTULO II COMPETENCIA Artículo 5 Artículo 7 1. En caso de desplazamiento o retención ilícitos del niño, las autoridades del Estado contratante en el que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su desplazamiento o su retención conservan la competencia hasta el momento en que el niño adquiera una residencia habitual en otro Estado y: a) toda persona, guarda acceda al desplazamiento o a la retención, o institución u otro organismo que tenga la b) el niño resida en este otro Estado por un período de al menos un año desde que la persona, institución o cualquier otro organismo que tenga la guarda conozca o debiera haber conocido el lugar en que se encuentra el niño, sin que se encuentre todavía pendiente petición alguna de retorno pre- sentada en este plazo, y el niño se hubiera integrado en su nuevo medio. El desplazamiento o la retención del niño se considera 2. ilícito: a) cuando se haya producido con infracción de un derecho de guarda, atribuido, separada o conjuntamente, a una persona, a una institución o a cualquier otro organismo, con arreglo al Derecho vigente en el Estado en que el niño tenía su residencia habitual inmediatamente antes de su traslado o de su retención, y b) este derecho se ejercía de forma efectiva, separada o conjun- tamente, en el momento del desplazamiento o de la reten- ción, o lo hubiera sido si no se hubieran producido tales acontecimientos. 1. Las autoridades, tanto judiciales como administrativas, del Estado contratante de la residencia habitual del niño son com- petentes para adoptar las medidas para la protección de su persona o de sus bienes. El derecho de guarda a que se refiere la letra a) puede resultar, en particular, de una atribución de pleno derecho, de una de- cisión judicial o administrativa o de un acuerdo vigente según el Derecho de dicho Estado. 11. 6. 2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 151/41 3. Mientras las autoridades mencionadas en el apartado 1 conserven su competencia, las autoridades del Estado contra- tante al que el niño ha sido desplazado o donde se encuentra retenido solamente pueden tomar las medidas urgentes necesa- rias para la protección de la persona o los bienes del niño, de acuerdo con el artículo 11. Artículo 8 1. Excepcionalmente, si la autoridad del Estado contratante competente según los artículos 5 o 6, considera que la auto- ridad de otro Estado contratante está en mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, puede: — solicitara esta autoridad, directamente o con la colaboración de la Autoridad Central de este Estado, que acepte la com- petencia para adoptar las medidas de protección que estime necesarias, o — suspender la decisión sobre el caso e invitar a las partes a presentar la demanda ante la autoridad de este otro Estado. — invitar a las partes a presentar dicha petición ante las auto- ridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño. Las autoridades interesadas pueden proceder a un inter- 2. cambio de opiniones. La autoridad de origen de la solicitud solo puede ejercer su 3. competencia en lugar de la autoridad del Estado contratante de la residencia habitual del niño si esta autoridad ha aceptado la petición. Artículo 10 1. Sin perjuicio de los artículos 5 a 9, las autoridades de un Estado contratante, en el ejercicio de su competencia para co- nocer de una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres de un niño con residencia habitual en otro Estado contratante o en anulación de su matrimonio, pueden adoptar, si la ley de su Estado lo permite, medidas de protección de la persona o de los bienes del niño, si: 2. Los Estados contratantes cuya autoridad puede ser reque- rida en las condiciones previstas en el apartado precedente son: a) uno de los padres reside habitualmente en dicho Estado en el momento de iniciarse el procedimiento y uno de ellos tiene la responsabilidad parental respecto al niño, y a) un Estado del que el niño posea la nacionalidad; b) un Estado en que estén situados bienes del niño; c) un Estado en el que se esté conociendo de una demanda de divorcio o separación de cuerpos de los padres del niño o de anulación de su matrimonio; d) un Estado con el que el niño mantenga algún vínculo estre- cho. b) la competencia de estas autoridades para adoptar tales me- didas ha sido aceptada por los padres, así como por cual- quier otra persona que tenga la responsabilidad parental respecto al niño, si esta competencia responde al interés superior del niño. 2. La competencia prevista en el apartado 1 para adoptar medidas de protección del niño cesa cuando la decisión acep- tando o desestimando la demanda de divorcio, separación de cuerpos o anulación del matrimonio sea firme o el procedi- miento finaliza por otro motivo. Las autoridades interesadas pueden proceder a un inter- 3. cambio de opiniones. Artículo 11 4. La autoridad requerida en las condiciones previstas en el apartado 1 puede aceptar la competencia, en lugar de la auto- ridad competente según los artículos 5 o 6, si considera que ello responde al interés superior del niño. Artículo 9 Si las autoridades de los Estados contratantes mencionados 1. en el artículo 8, apartado 2, consideran que están en mejor situación para apreciar, en un caso particular, el interés superior del niño, pueden, ya sea: 1. En caso de urgencia, son competentes para adoptar las medidas de protección necesarias las autoridades de cualquier Estado contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan. 2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado prece- dente respecto de un niño que tuviera su residencia habitual en un Estado contratante dejan de tener efecto desde que las auto- ridades competentes, en virtud de los artículos 5 a 10, adopten las medidas exigidas por la situación. — solicitar a la autoridad competente del Estado contratante de la residencia habitual del niño, directamente o con la coo- peración de la Autoridad Central de este Estado, que les permita ejercer su competencia para adoptar las medidas de protección que estimen necesarias, o ya sea Las medidas adoptadas en aplicación del apartado 1 res- 3. pecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de tener efecto en todo Estado contratante desde que las medidas exigidas por la situación y adoptadas por las autoridades de otro Estado se reconocen en dicho Estado contratante. L 151/42 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11. 6. 2008 Artículo 12 1. Sin perjuicio del artículo 7, son competentes para adoptar medidas de protección de la persona o bienes del niño, con carácter provisional y eficacia territorial restringida a este Es- tado, las autoridades del Estado contratante en cuyo territorio se encuentren el niño o bienes que le pertenezcan, siempre que tales medidas no sean incompatibles con las ya adoptadas por las autoridades competentes según los artículos 5 a 10. nalmente aplicar o tomar en consideración la ley de otro Estado con el que la situación tenga un vínculo estrecho. En caso de cambio de la residencia habitual del niño a 3. otro Estado contratante, la ley de este otro Estado rige las condiciones de aplicación de las medidas adoptadas en el Estado de la anterior residencia habitual a partir del momento en que se produce la modificación. 2. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado prece- dente respecto a un niño que tenga su residencia en un Estado contratante dejan de surtir efecto desde el momento en que las autoridades competentes en virtud de los artículos 5 a 10 se hayan pronunciado sobre las medidas que pueda exigir la situa- ción. Artículo 16 1. La atribución o la extinción de pleno derecho de la res- ponsabilidad parental, sin intervención de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño. Las medidas adoptadas en aplicación del apartado 1 res- 3. pecto de un niño que tenga su residencia habitual en un Estado no contratante dejan de surtir efecto en el Estado contratante en que han sido adoptadas desde el momento en que se reconocen las medidas exigidas por la situación, adoptadas por las auto- ridades de otro Estado. La atribución o la extinción de la responsabilidad parental 2. en virtud de un acuerdo o de un acto unilateral, sin interven- ción de una autoridad judicial o administrativa, se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño en el momento en que deviene eficaz el acuerdo o el acto unilateral. Artículo 13 3. La responsabilidad parental existente según la ley del Es- tado de la residencia habitual del niño subsiste después del cambio de esta residencia habitual a otro Estado. 1. Las autoridades de un Estado contratante que sean com- petentes para adoptar medidas de protección de la persona o de los bienes del niño según los artículos 5 a 10, deben abstenerse de ejercer su competencia si, en el momento de iniciarse el procedimiento, se hubieran solicitado las medidas correspon- dientes a las autoridades de otro Estado contratante que fueran competentes en virtud de los artículos 5 a 10 en el momento de la petición y estuvieran todavía en proceso de examen. 4. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, la atribución de pleno derecho de la responsabilidad parental a una persona que no estuviera ya investida de tal responsabilidad se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual. Artículo 17 2. La disposición del apartado precedente no se aplica si las autoridades ante las que se presentó inicialmente la petición de medidas han declinado su competencia. El ejercicio de la responsabilidad parental se rige por la ley del Estado de la residencia habitual del niño. En caso de cambio de la residencia habitual del niño, se rige por la ley del Estado de la nueva residencia habitual. Artículo 14 Artículo 18 Las medidas adoptadas en aplicación de los artículos 5 a 10 continúan en vigor en sus propios términos, incluso cuando un cambio de las circunstancias ha hecho desaparecer la base sobre la que se fundaba la competencia, en tanto que las autoridades competentes en virtud del Convenio no las hayan modificado, reemplazado o dejado sin efecto. CAPÍTULO III LEY APLICABLE Artículo 15 1. En el ejercicio de la competencia atribuida por las dispo- siciones del capítulo II, las autoridades de los Estados contra- tantes aplican su propia ley. Podrá privarse de la responsabilidad parental a que se refiere el artículo 16 o modificarse las condiciones de su ejercicio me- diante medidas adoptadas en aplicación del Convenio. Artículo 19 1. No puede impugnarse la validez de un acto celebrado entre un tercero y una persona que tendría la condición de representante legal según la ley del Estado en que se ha cele- brado el acto, ni declararse la responsabilidad del tercero, por el único motivo de que dicha persona no tuviera la condición de representante legal en virtud de la ley designada por las dispo- siciones del presente capítulo, salvo que el tercero supiera o debiera haber sabido que la responsabilidad parental se regía por esta ley. 2. No obstante, en la medida en que la protección de la persona o de los bienes del niño lo requiera, pueden excepcio- 2. El apartado precedente solo se aplica en los casos en que el acto se ha celebrado entre personas presentes en el territorio de un mismo Estado. 11. 6. 2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 151/43 Artículo 20 Las disposiciones del presente capítulo se aplicarán incluso si designan la ley de un Estado no contratante. Artículo 21 1. A efectos del presente capítulo, se entenderá por «ley» el Derecho vigente en un Estado, con exclusión de sus normas de conflicto de leyes. 2. No obstante, si la ley aplicable en virtud del artículo 16 fuera la de un Estado no contratante y las normas de conflicto de dicho Estado remitieran a la ley de otro Estado no contra- tante que aplicaría su propia ley, la ley aplicable será la de este último Estado. Si este otro Estado no contratante no aplicaría su propia ley, se aplicará la ley designada por el artículo 16. f) si no se ha respetado el procedimiento previsto en el ar- tículo 33. Artículo 24 Sin perjuicio del artículo 23, apartado 1, toda persona intere- sada puede solicitar a las autoridades competentes de un Estado contratante que decidan acerca del reconocimiento o no reco- nocimiento de una medida adoptada en otro Estado contratante. El procedimiento se rige por la ley del Estado requerido. Artículo 25 La autoridad del Estado requerido está vinculada por las consta- taciones de hecho sobre las que la autoridad del Estado que ha adoptado la medida haya fundado su competencia. Artículo 22 Artículo 26 La aplicación de la ley designada por las disposiciones del pre- sente capítulo solo puede excluirse si es manifiestamente contra- ria al orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño. CAPÍTULO IV RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN Artículo 23 Las medidas adoptadas por las autoridades de un Estado 1. contratante se reconocerán de pleno derecho en los demás Estados contratantes. 2. No obstante, el reconocimiento podrá denegarse: a) si la medida se ha adoptado por una autoridad cuya compe- tencia no estuviera fundada en uno de los criterios previstos en el capítulo II; b) si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado en el marco de un procedimiento judicial o administrativo, en el que el niño no ha tenido la posibilidad de ser oído, en violación de principios fundamentales de procedimiento del Estado requerido; c) a petición de toda persona que sostenga que la medida atenta contra su responsabilidad parental, si, excepto en caso de urgencia, la medida se ha adoptado sin que dicha persona haya tenido la posibilidad de ser oída; d) si el reconocimiento es manifiestamente contrario al orden público del Estado requerido, teniendo en cuenta el interés superior del niño; e) si la medida es incompatible con una medida adoptada pos- teriormente en el Estado no contratante de la residencia habitual del niño, cuando esta última medida reúna las con- diciones necesarias para su reconocimiento en el Estado re- querido; 1. Si las medidas adoptadas en un Estado contratante y eje- cutorias en el mismo comportan actos de ejecución en otro Estado contratante, serán declaradas ejecutorias o registradas a los fines de ejecución en este otro Estado, a petición de toda parte interesada, según el procedimiento previsto por la ley de este Estado. Cada Estado contratante aplicará un procedimiento simple 2. y rápido a la declaración de exequátur o al registro. 3. La declaración de exequátur o el registro no pueden de- negarse más que por uno de los motivos previstos en el ar- tículo 23, apartado 2. Artículo 27 Sin perjuicio de la revisión necesaria en aplicación de los ar- tículos precedentes, la autoridad del Estado requerido no proce- derá a revisión alguna en cuando al fondo de la medida adop- tada. Artículo 28 Las medidas adoptadas en un Estado contratante, declaradas ejecutorias o registradas a los fines de ejecución en otro Estado contratante, se ejecutarán como si hubiesen sido tomadas por las autoridades de este otro Estado. La ejecución se realizará conforme a la ley del Estado requerido en la medida prevista por dicha ley, teniendo en cuenta el interés superior del niño. CAPÍTULO V COOPERACIÓN Artículo 29 1. Todo Estado contratante designará una autoridad central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Con- venio le impone. L 151/44 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11. 6. 2008 Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor 2. varios sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una autoridad central y es- pecificar la extensión territorial o personal de sus atribuciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la autoridad central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la autoridad central competente dentro de ese Estado. o en un establecimiento o su protección legal por kafala o por una institución análoga, y esta colocación o este acogimiento haya de tener lugar en otro Estado contratante, consultará pre- viamente a la autoridad central o a otra autoridad competente de este último Estado. A este efecto le transmitirá un informe sobre el niño y los motivos de su proposición sobre la coloca- ción o el acogimiento. Artículo 30 1. Las autoridad central deberán cooperar entre ellas y pro- mover la colaboración entre las autoridades competentes de sus respectivos Estados para alcanzar los objetivos del Convenio. El Estado requirente solo puede adoptar la decisión sobre 2. la colocación o el acogimiento si la autoridad central u otra autoridad competente del Estado requerido ha aprobado esta colocación o este acogimiento, teniendo en cuenta el interés superior del niño. Dichas autoridades adoptarán, en el marco de la aplicación 2. del Convenio, las disposiciones apropiadas para proporcionar informaciones sobre su legislación, así como sobre los servicios disponibles en sus respectivos Estados en materia de protección del niño. Artículo 31 La autoridad central de un Estado contratante tomará, ya sea directamente o con la cooperación de autoridades públicas o de otros organismos, todas las medidas apropiadas para: a) facilitar las comunicaciones y ofrecer la asistencia previstas en los artículos 8 y 9 y en el presente capítulo; b) facilitar por la mediación, la conciliación o cualquier otro procedimiento análogo, acuerdos amistosos para la protec- ción de la persona o de los bienes del niño, en las situacio- nes a las que se aplica el Convenio; c) ayudar, a petición de una autoridad competente de otro Estado contratante, a localizar al niño cuando parezca que este se encuentra en el territorio del Estado requerido y necesita protección. Artículo 32 A petición motivada de la autoridad central o de otra autoridad competente de un Estado contratante con el que el niño tenga un vínculo estrecho, la autoridad central del Estado contratante en que el niño tenga su residencia habitual y en el que este se encuentre, puede, sea directamente, sea con el concurso de auto- ridades públicas o de otros organismos, a) proporcionar un informe sobre la situación del niño; b) solicitar a la autoridad competente de su Estado que examine la oportunidad de adoptar medidas para la protección de la persona o de los bienes del niño. Artículo 33 1. Cuando la autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 prevea la colocación del niño en una familia de acogida Artículo 34 1. Cuando se prevé una medida de protección, las autorida- des competentes en virtud del Convenio pueden, si la situación del niño lo exige, solicitar que toda autoridad de otro Estado contratante les transmita las informaciones útiles que pueda tener para la protección del niño. Todo Estado contratante podrá declarar que las solicitudes 2. previstas en el apartado 1 solo podrán realizarse a través de su autoridad central. Artículo 35 1. Las autoridades competentes de un Estado contratante pueden pedir a las autoridades de otro Estado contratante que les presten su asistencia para la puesta en práctica de las me- didas de protección adoptadas en aplicación del Convenio, en particular para asegurar el ejercicio efectivo de un derecho de visita, así como el derecho a mantener contactos directos regu- lares. Las autoridades de un Estado contratante en el que el niño 2. no tenga su residencia habitual pueden, a petición de un pro- genitor que resida en este Estado y desee obtener o conservar un derecho de visita, recabar informaciones o pruebas y pro- nunciarse sobre la aptitud de este progenitor para ejercer el derecho de visita y sobre las condiciones en las que podría ejercerlo. La autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 deberá, antes de pronunciarse, admitir y tomar en consideración estas informa- ciones, pruebas o conclusiones. 3. Una autoridad competente para decidir sobre el derecho de visita en virtud de los artículos 5 a 10 puede suspender el procedimiento hasta que se resuelva sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2, particularmente cuando se le haya presentado una solicitud para modificar o suprimir el derecho de visita concedido por las autoridades del Estado de la antigua residencia habitual. 11. 6. 2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 151/45 Las disposiciones de este artículo no impiden que una 4. autoridad competente en virtud de los artículos 5 a 10 tome medidas provisionales hasta que se resuelva sobre la solicitud hecha de acuerdo con el apartado 2. Artículo 36 En caso de que el niño esté expuesto a un grave peligro, las autoridades competentes del Estado contratante en el que se hayan adoptado o estén en vías de adoptarse medidas de pro- tección de este niño, avisarán, si son informadas del cambio de residencia o de la presencia del niño en otro Estado, a las autoridades de este Estado acerca del peligro y de las medidas adoptadas o en curso de examen. Artículo 37 Una autoridad no puede solicitar o transmitir informaciones en aplicación de este capítulo si considera que tal solicitud o trans- misión podría poner en peligro la persona o los bienes del niño o constituir una amenaza grave para la libertad o la vida de un miembro de su familia. Cada Estado contratante designará las autoridades compe- 3. tentes para expedir el certificado. Artículo 41 Los datos personales que se hubieran obtenido o transmitido conforme al Convenio, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron. Artículo 42 Las autoridades a las que se transmitan informaciones, garanti- zarán su confidencialidad conforme a la ley de su Estado. Artículo 43 Los documentos transmitidos o expedidos en aplicación del Convenio estarán exentos de legalización o cualquier otra for- malidad análoga. Artículo 44 Artículo 38 Todo Estado contratante podrá designar las autoridades a las que deben dirigirse las solicitudes previstas en los artículos 8, 9 y 33. Sin perjuicio de la posibilidad de reclamar los gastos ra- 1. zonables correspondientes a los servicios prestados, las auto- ridad central y las demás autoridades públicas de los Estados contratantes soportarán sus gastos derivados de la aplicación de las disposiciones del presente capítulo. Artículo 45 1. Las designaciones a que se refieren los artículos 29 y 44 se comunicarán a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Todo Estado contratante puede concluir acuerdos con otro 2. o varios Estados contratantes sobre el reparto de gastos. La declaración a que se refiere el artículo 34, apartado 2, 2. se hará al depositario del Convenio. Artículo 39 Artículo 46 Todo Estado contratante podrá concluir acuerdos con otro o varios Estados contratantes para mejorar la aplicación del pre- sente capítulo en sus relaciones recíprocas. Los Estados que hayan concluido tales acuerdos transmitirán una copia al depo- sitario del Convenio. Un Estado contratante en el que se aplican sistemas jurídicos o conjuntos de normas diferentes en materia de protección del niño y de sus bienes no está obligado a aplicar las normas del Convenio a los conflictos únicamente relacionados con estos diferentes sistemas o conjuntos de reglas. CAPÍTULO VI DISPOSICIONES GENERALES Artículo 40 En relación con un Estado en el que dos o más sistemas jurí- dicos o conjuntos de reglas relativas a las cuestiones reguladas en el presente Convenio se aplican en unidades territoriales diferentes: Artículo 47 1. Las autoridades del Estado contratante de la residencia habitual del niño o del Estado contratante en que se ha adop- tado una medida de protección podrán expedir un certificado al titular de la responsabilidad parental o a toda otra persona a quien se haya confiado la protección de la persona o de los bienes del niño, a petición suya, indicando su condición y los poderes que le han sido atribuidos. 1) Cualquier referencia a la residencia habitual en este Estado se refiere a la residencia habitual en una unidad territorial; 2) Cualquier referencia a la presencia del niño en este Estado se refiere a la presencia del niño en una unidad territorial; La condición y los poderes indicados por el certificado se 2. tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. 3) Cualquier referencia a la situación de los bienes del niño en este Estado se refiere a la situación de los bienes del niño en una unidad territorial; L 151/46 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11. 6. 2008 4) Cualquier referencia al Estado del que el niño posee la nacionalidad se refiere a la unidad territorial designada por la ley de este Estado o, en ausencia de reglas pertinen- tes, a la unidad territorial con la que el niño presente el vínculo más estrecho; 5) Cualquier referencia al Estado en el que se presenta a una autoridad una demanda de divorcio o separación de cuer- pos de los padres del niño o en anulación de su matrimo- nio, se refiere a la unidad territorial en la que se presenta dicha demanda a una autoridad; reglas aplicables a categorías diferentes de personas, se aplicarán las reglas siguientes: a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifique cual de estas leyes es aplicable, se aplicará esta ley; b) a falta de tales normas, se aplicará la ley del sistema o del conjunto de reglas con el que el niño presente el vínculo más estrecho. 6) Cualquier referencia al Estado con el que el niño presenta un vínculo estrecho se refiere a la unidad territorial con la que el niño presenta este vínculo; Artículo 50 7) Cualquier referencia al Estado al que el niño ha sido trasla- dado o retenido se refiere a la unidad territorial a la que el niño ha sido desplazado o retenido; 8) Cualquier referencia a los organismos o autoridades de este Estado, diferentes de las autoridades centrales, se refiere a los organismos o autoridades habilitados para actuar en la unidad territorial afectada; 9) Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la auto- ridad del Estado en que la medida ha sido adoptada se refiere a la ley, el procedimiento o la autoridad de la unidad territorial en la que dicha medida ha sido adoptada; 10) Cualquier referencia a la ley, el procedimiento o la auto- ridad del Estado requerido se refiere a la ley, el procedi- miento o la autoridad de la unidad territorial en la que se invoca el reconocimiento o la ejecución. Artículo 48 Para determinar la ley aplicable en virtud del capítulo III, en el caso de que un Estado comprenda dos o más unidades territo- riales, cada una de las cuales posea su propio sistema jurídico o un conjunto de reglas relativas a las cuestiones reguladas por el presente Convenio, se aplican las reglas siguientes: a) en el caso de que en dicho Estado existan normas vigentes que identifiquen la unidad territorial cuya ley deberá ser aplicada, se aplicará dicha ley; b) en defecto de tales normas, se aplicará la ley de la unidad territorial determinada según las disposiciones del artículo 47. El presente Convenio no afecta al Convenio de 25 de octubre de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacio- nal de menores, en las relaciones entre las Partes en ambos Convenios. Nada impide, sin embargo, que se invoquen dispo- siciones del presente Convenio para obtener el retorno de un niño que ha sido ilícitamente desplazado o retenido, o para organizar el derecho de visita. Artículo 51 En las relaciones entre los Estados contratantes, el presente Convenio sustituye al Convenio de 5 de octubre de 1961 sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de pro- tección de menores y al Convenio para regular la tutela de los menores, firmado en La Haya el 12 de junio de 1902, sin perjuicio del reconocimiento de las medidas adoptadas según el Convenio de 5 de octubre de 1961 antes citado. Artículo 52 1. El Convenio no derogará los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Conve- nio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos. 2. El Convenio no afectará a la posibilidad para uno o varios Estados contratantes de concluir acuerdos que contengan dispo- siciones sobre las materias reguladas por el presente Convenio, respecto a niños que tengan su residencia habitual en uno de los Estados parte en tales acuerdos. 3. Los acuerdos a concluir por uno o varios Estados contra- tantes sobre materias reguladas por el presente Convenio no afectarán a la aplicación de las disposiciones del presente Con- venio en las relaciones de estos Estados con los demás Estados contratantes. Artículo 49 A los fines de determinar la ley aplicable en virtud del capítulo III, cuando un Estado tenga, para las cuestiones reguladas por el presente Convenio, dos o más sistemas jurídicos o conjuntos de 4. Los apartados precedentes se aplicarán igualmente a las leyes uniformes basadas en la existencia entre los Estados afec- tados de vínculos especiales, particularmente de naturaleza re- gional. 11. 6. 2008 ES Diario Oficial de la Unión Europea L 151/47 Artículo 53 1. El Convenio se aplicará tan solo a las medidas adoptadas en un Estado después de la entrada en vigor del Convenio para dicho Estado. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos 2. de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio. Artículo 58 2. El Convenio se aplicará al reconocimiento y a la ejecución de las medidas adoptadas después de su entrada en vigor en las relaciones entre el Estado en que se han adoptado las medidas y el Estado requerido. Cualquier otro Estado podrá 1. al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del artículo 61, apartado 1. adherirse Artículo 54 2. El depositario. instrumento de adhesión se depositará en poder del 1. Toda comunicación a la autoridad central o a cualquier otra autoridad de un Estado contratante se dirigirá en la lengua original y acompañada de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales de este Estado o, cuando esta tra- ducción sea difícilmente realizable, de una traducción al francés o al inglés. No obstante, un Estado contratante podrá oponerse a la inglés, haciendo la reserva 2. utilización sea del francés, sea del prevista en el artículo 60. Artículo 55 1. Todo Estado contratante podrá, conforme al artículo 60: a) reservarse la competencia de sus autoridades para tomar medidas de protección de los bienes de un niño situados en su territorio; 3. La adhesión solo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el artículo 63, apartado b). Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas obje- ciones serán notificadas al depositario del Convenio. Artículo 59 1. Cuando un Estado comprenda dos o más unidades terri- toriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, acep- tación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva. b) reservarse el derecho de no reconocer una responsabilidad parental o una medida que sería incompatible con una me- dida adoptada por sus autoridades en relación con dichos bienes. 2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al de- positario del Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable. 2. La reserva podrá restringirse a ciertas categorías de bienes. 3. En el caso de que un Estado no formule declaración al- guna al amparo del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado. Artículo 56 Artículo 60 El Secretario General de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del Conve- nio. Todo Estado contratante podrá, a más tardar en el mo- 1. mento de la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, o en el momento de una declaración hecha en virtud del ar- tículo 59, hacer una o ambas reservas previstas en los artículos 54, apartado 2, y 55. No se admitirá ninguna otra reserva. CAPÍTULO VII CLÁUSULAS FINALES Artículo 57 2. Todo Estado podrá, en cualquier momento, retirar una reserva que hubiera hecho. Este retiro se notificará al deposita- rio. 1. El Convenio está abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado cuando se celebró su decimoctava sesión. 3. La reserva dejará de surtir efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación mencionada en el apartado precedente. L 151/48 ES Diario Oficial de la Unión Europea 11. 6. 2008 Artículo 61 Artículo 63 1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes si- guiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto por el artículo 57. El depositario notificará a los Estados miembros de la Confe- rencia de La Haya de Derecho Internacional Privado así como a los Estados que se hayan adherido de conformidad con las disposiciones del artículo 58: 2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor: a) las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 57; a) para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe poste- riormente, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhe- sión; b) para cada Estado que se adhiera, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la expiración del plazo de seis meses previsto en el ar- tículo 58, apartado 3; c) para las unidades territoriales a las que se haya hecho exten- siva la aplicación del Convenio de conformidad con el ar- tículo 59, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo. b) las adhesiones y las objeciones a las adhesiones a que se refiere el artículo 58; c) la fecha en la que el Convenio entrará en vigor de confor- midad con las disposiciones del artículo 61; d) las declaraciones a que se refieren los artículos 34, apartado 2, y 59; e) los acuerdos a que se refiere el artículo 39; f) las reservas a que se refieren los artículos 54, apartado 2, y 55 y el retiro de las reservas prevista en el artículo 60, apartado 2; Artículo 62 g) las denuncias a que se refiere el artículo 62. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denun- 1. ciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario. La denuncia podrá limitarse a ciertas unidades territoriales a las que se aplique el Convenio. En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio. 2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de 12 meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario. En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, este tendrá efecto cuando transcurra di- cho período. Hecho en La Haya, el 19 de octubre de 1996, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplo- mática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado en el momento de celebrarse su decimoctava sesión


Den Europæiske Unions fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.


title: Convention on jurisdiction, applicable law, recognition, enforcement and cooperation in respect of parental responsibility and measures for the protection of children

eurovoc_concepts:
European convention
European judicial area
child protection
judicial cooperation
judicial proceedings
jurisdiction
parental responsibility

formats: pdf print

text: 11. 6. 2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 151/39 TULKOJUMS KONVENCIJA PAR JURISDIKCIJU, PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM, ATZĪŠANU, IZPILDI UN SADARBĪBU ATTIECĪBĀ UZ VECĀKU ATBILDĪBU UN BĒRNU AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM ( P i e ņ e m t a 1 9 9 6. g a d a 1 9. o k t o b r ī ) Valstis, kas parakstījušas šo Konvenciju, atzīstot vajadzību uzlabot bērnu aizsardzību situācijās, kur iesaistītas vairākas valstis, vēlēdamās novērst savu tiesību sistēmu pretrunas saistībā ar jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, atzīšanu un izpildi attiecībā uz bērnu aizsardzības pasākumiem, vēršot uzmanību uz to, cik svarīga ir starptautiska sadarbība bērnu aizsardzības jomā, apliecinot, ka bērnu interesēm jābūt pirmajā vietā, norādot, ka ir jāpārskata 1961. gada 5. oktobra Konvencija par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami attiecībā uz bērnu aizsardzību, vēlēdamās šim nolūkam izveidot kopējus noteikumus, ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989. gada 20. novembra Konvenciju par bērna tiesībām, ir vienojušās par šādiem noteikumiem. I NODAĻA KONVENCIJAS DARBĪBAS JOMA 1. pants 1. Šīs Konvencijas mērķi ir: a) noteikt valsti, kuras iestādēm ir jurisdikcija veikt pasākumus bērna personas vai īpašuma aizsardzībai; b) noteikt, kuri tiesību akti minētajām iestādēm ir jāpiemēro, īstenojot savu jurisdikciju; c) noteikt vecāku atbildībai piemērojamos tiesību aktus; aizbildņu vai citu likumīgo pārstāvju tiesības, pilnvaras un pienākumus attiecībā uz bērna personu vai īpašumu. 2. pants Konvencija attiecas uz bērniem no dzimšanas brīža līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai. 3. pants Šīs Konvencijas 1. pantā minētie pasākumi var jo īpaši attiekties uz: d) nodrošināt šādu aizsardzības pasākumu atzīšanu un izpildi visās Līgumslēdzējās valstīs; a) vecāku atbildības iegūšanu, īstenošanu, izbeigšanos vai iero- bežošanu, kā arī uz tās deleģēšanu; e) ieviest starp Līgumslēdzēju valstu iestādēm sadarbību, kas var būt vajadzīga šīs Konvencijas mērķu sasniegšanai. 2. vai citas Šajā Konvencijā termins “vecāku atbildība” ir vecāku vara līdzīgas atbildības attiecības, kas nosaka vecāku, b) aizbildnības/aizgādības tiesībām, tostarp tiesībām, kas sais- tītas ar bērna aprūpi, un jo īpaši tiesībām noteikt bērna dzīvesvietu, kā arī tostarp tiesībām uz noteiktu laiku aprūpēt bērnu vietā, kas nav bērna pastāvīgā dzīvesvieta; tiesībām satikties ar bērnu, L 151/40 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 11. 6. 2008. c) aizbildnības tiesībām līdzīgiem tiesiskiem režīmiem; d) tādu personu vai atbildīgas par bērna personu vai vai palīdz viņam; iestāžu iecelšanu un funkcijām, kuras ir īpašumu, pārstāv bērnu e) bērna ievietošanu audžuģimenē vai aprūpes iestādē vai uz aprūpi, ko nodrošina kafala vai līdzīga iestāde; f) publisku iestāžu pārraudzību attiecībā uz to, kā par bērnu atbildīgās personas īsteno aprūpi; Ja bērna pastāvīgā dzīvesvieta mainās, pārceļoties uz kādu 2. citu Līgumslēdzēju valsti, tad, ievērojot 7. pantu, jurisdikcija ir tās valsts iestādēm, kurā ir jaunā pastāvīgā dzīvesvieta. 6. pants Attiecībā uz bēgļu bērniem un bērniem, kas sakarā ar viņu 1. valstī notiekošām nekārtībām ir pārvietoti uz kādu citu valsti, 5. panta 1. punktā paredzētā jurisdikcija ir tās Līgumslēdzējas valsts iestādēm, kuras teritorijā bērni atrodas pēc šādas pārvie- tošanas. g) bērna īpašuma pārvaldīšanu, saglabāšanu vai atsavināšanu. Iepriekšējais punkts attiecas arī uz bērniem, kuru pastāvīgo 2. dzīvesvietu nav iespējams noteikt. 4. pants Šī Konvencija neattiecas uz: a) vecāku un bērnu attiecību nodibināšanu vai apstrīdēšanu; b) lēmumiem par adopciju, adopcijas sagatavošanas pasāku- miem vai adopcijas anulēšanu vai atcelšanu; c) bērna uzvārdu un vārdiem; d) pilngadības sasniegšanu; e) uzturēšanas saistībām; f) trastiem un mantošanu; g) sociālo drošību; h) vispārējiem publiskiem pasākumiem izglītības vai veselības jomā; i) pasākumiem, ko veic saistībā ar bērnu izdarītiem noziedzī- giem nodarījumiem; j) lēmumiem par patvēruma tiesībām un imigrāciju. II NODAĻA JURISDIKCIJA 5. pants Bērna personas un īpašumu aizsardzības pasākumu veik- 1. šana ir tās Līgumslēdzējas valsts tiesu vai pārvaldes iestāžu juris- dikcijā, kurā ir bērna pastāvīgā dzīvesvieta. 7. pants Ja bērns ir prettiesiski aizvests vai aizturēts, tās Līgumslē- 1. dzējas valsts iestādes, kurā tieši pirms aizvešanas vai aizturēšanas bija bērna pastāvīgā dzīvesvieta, saglabā savu jurisdikciju, kamēr bērns nav ieguvis pastāvīgo dzīvesvietu kādā citā valstī, un: a) kamēr visas personas, iestādes vai citas struktūras ar aizbild- nības/aizgādības tiesībām nav piekritušas aizvešanai vai aiztu- rēšanai; vai b) kamēr bērns šajā citā valstī nav nodzīvojis vismaz vienu gadu kopš laika, kad persona, iestāde vai cita struktūra ar aizbild- nības/aizgādības tiesībām ir uzzinājusi bērna atrašanās vietu vai kad tām bija jāuzzina bērna atrašanās vieta, ja nav tādu neizskatītu pieteikumu par bērna atgriešanos, kas iesniegti minētajā laikā, un kamēr bērns nav pieradis pie jaunajiem apstākļiem. Bērna aizvešanu vai aizturēšanu uzskata par prettiesisku, 2. ja: a) ar to pārkāptas aizbildnības/aizgādības tiesības, kas personai, iestādei vai citai struktūrai kopīgi vai atsevišķi piešķirtas saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā pirms aizvešanas vai aizturēšanas bija bērna pastāvīgā dzīvesvieta; un b) aizvešanas vai aizturēšanas laikā šīs tiesības atsevišķi vai kopīgi tika faktiski īstenotas vai arī tās tiktu šādi īstenotas, ja nebūtu notikusi aizvešana vai aizturēšana. a) apakšpunktā minētās Šā punkta aizbildnības/aizgādības tiesības var jo īpaši rasties, piemērojot tiesību aktus vai arī tiesas vai pārvaldes iestāžu lēmumus, vai pēc vienošanās, kam saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem ir juridisks spēks. 11. 6. 2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 151/41 Kamēr vien iepriekš 1. punktā minētās iestādes saglabā 3. tās Līgumslēdzējas valsts iestādes, uz kuru savu jurisdikciju, bērns ir aizvests vai kurā viņš aizturēts, var saskaņā ar 11. tikai tādus steidzamus pasākumus, kas vajadzīgi pantu veikt bērna personas vai īpašuma aizsardzībai. 8. pants Tās Līgumslēdzējas valsts iestāde, kurai ir 5. un 6. pantā 1. paredzētā jurisdikcija, izņēmuma gadījumā – ja tā uzskata, ka otras Līgumslēdzējas valsts iestāde attiecīgajā gadījumā varētu labāk aizsargāt bērna intereses, – var vai nu: — tieši vai ar savas valsts centrālās iestādes palīdzību lūgt šo jurisdikciju veikt aizsardzības pasā- citu iestādi pārņemt kumus, ko tā uzskata par vajadzīgiem, vai arī — pārtraukt lietas izskatīšanu un lūgt puses iesniegt attiecīgu lūgumu šīs citas valsts iestādei. Līgumslēdzējas valstis, kuru iestādēs var griezties, kā pare- 2. dzēts iepriekšējā punktā, ir: a) valsts, kuras pilsonis ir bērns; b) valsts, kurā atrodas bērna īpašums; — aicināt puses iesniegt šādu lūgumu tās Līgumslēdzējas valsts iestādei, kurā ir bērna pastāvīgā dzīvesvieta. 2. Attiecīgās iestādes var apmainīties ar viedokļiem. Iestāde, kas iesniedz lūgumu, var īstenot jurisdikciju tās 3. Līgumslēdzējas valsts iestādes vietā, kurā ir bērna pastāvīgā dzī- ja pēdējā minētā iestāde ir akceptējusi vesvieta, lūgumu. tikai tad, 10. pants Neskarot 5. līdz 9. pantu, Līgumslēdzējas valsts iestādes, 1. kas īsteno jurisdikciju lemt par bērna, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā citā Līgumslēdzējā valstī, vecāku laulības šķiršanas vai laulāto atšķiršanas pieteikumu vai pieteikumu par viņu laulības atzīšanu par neesošu, var veikt šā bērna personas vai īpašuma aizsardzības pasākumus, ja to paredz šīs valsts tiesību akti un ja: a) tiesvedības sākšanas laikā viens no bērna vecākiem pastāvīgi dzīvo šajā valstī un ja vienam no viņiem ir vecāku atbildība par bērnu, un b) minēto iestāžu jurisdikciju veikt šādus pasākumus ir atzinuši vecāki vai kāda cita persona, kurai pieder vecāku atbildība par bērnu, un ja šāda rīcība ir bērna interesēs. c) valsts, kuras iestādēm ir iesniegts pieteikums par bērna vecāku laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu vai arī pietei- kums par viņu laulības atzīšanu par neesošu; d) valsts, ar kuru bērnam ir nozīmīgas saites. Šā panta 1. punktā paredzētā jurisdikcija veikt pasākumus 2. bērna aizsardzībai izbeidzas, tiklīdz stājas spēkā lēmums, ar ko tiek apmierināts vai noraidīts pieteikums par laulības šķiršanu, laulāto atšķiršanu vai ja tiesvedība tiek izbeigta kāda cita iemesla dēļ. laulības atzīšanu par neesošu, vai arī 3. Attiecīgās iestādes var apmainīties ar viedokļiem. 11. pants Iestāde, kurā griežas atbilstīgi 1. punktam, var pārņemt tās 4. iestādes jurisdikciju, kam tā ir saskaņā ar 5. un 6. pantu, ja tā uzskata, ka šāda pārņemšana ir bērna interesēs. Visos steidzamības gadījumos jurisdikcija veikt jebkādus 1. vajadzīgos aizsardzības pasākumus ir tās Līgumslēdzējas valsts iestādēm, kuras teritorijā atrodas bērns vai bērna īpašums. 9. pants Ja 8. panta 2. punktā minētās Līgumslēdzējas valsts 1. iestādes uzskata, ka attiecīgajā gadījumā tās varētu labāk aizsargāt bērna intereses, tās var vai nu: Pasākumus, ko attiecībā uz bērnu, kura pastāvīgā dzīves- 2. vieta ir kādā Līgumslēdzējā valstī, veic saskaņā ar šā panta iepriekšējo punktu, izbeidz, tiklīdz iestādes, kam ir 5. līdz 10. pantā paredzētā jurisdikcija, ir veikušas apstākļiem atbilstošus pasākumus. — tieši vai ar attiecīgās valsts centrālās iestādes palīdzību lūgt tās Līgumslēdzējas valsts kompetentajai iestādei, kurā ir bērna pastāvīgā dzīvesvieta, atļauju īstenot jurisdikciju tādu aizsardzības pasākumu veikšanai, ko tās uzskata par vajadzī- giem, vai arī Pasākumus, ko saskaņā ar šā panta 1. punktu Līgumslē- 3. dzējās valstīs veic attiecībā uz bērnu, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā trešā valstī, izbeidz, tiklīdz attiecīgā Līgumslēdzēja valsts ir atzinusi pasākumus, kas vajadzīgi attiecīgajos apstākļos un ko veic trešās valsts iestādes. L 151/42 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 11. 6. 2008. 12. pants Ievērojot 7. pantu, tādus pagaidu pasākumus bērna personas vai tās Līgumslēdzējas valsts iestādēm, 1. kuras teritorijā atrodas bērns vai bērna īpašums, ir jurisdikcija īpašuma veikt aizsardzībai, kas attiecas tikai uz attiecīgās valsts teritoriju, ciktāl šādi pasākumi ir saderīgi ar pasākumiem, ko jau ir veikušas iestādes, kurām ir jurisdikcija saskaņā ar 5. līdz 10. pantu. Pasākumus, ko attiecībā uz bērnu, kura pastāvīgā dzīves- 2. vieta ir kādā Līgumslēdzējā valstī, veic saskaņā ar šā panta iepriekšējo punktu, izbeidz, tiklīdz iestādes, kam ir 5. līdz 10. pantā paredzētā jurisdikcija, ir pieņēmušas lēmumu par aizsar- dzības pasākumiem, kuri var būt vajadzīgi attiecīgajos apstākļos. Pasākumus, ko saskaņā ar šā panta 1. punktu Līgumslē- 3. dzējā valstī veic attiecībā uz bērnu, kura pastāvīgā dzīvesvieta ir kādā trešā valstī, izbeidz, tiklīdz attiecīgā Līgumslēdzēja valsts ir atzinusi pasākumus, kas vajadzīgi attiecīgajos apstākļos un ko veic trešās valsts iestādes. 13. pants Līgumslēdzēju valstu iestādes, kuru jurisdikcijā saskaņā ar 1. līdz 10. pantu ir veikt pasākumus bērna personas vai 5. īpašuma aizsardzībai, nedrīkst īstenot šo jurisdikciju, ja procesa sākšanas laikā lūgums veikt atbilstīgus pasākumus ir iesniegts kādas citas Līgumslēdzējas valsts iestādēm, kurām ir 5. līdz 10. pantā paredzētā jurisdikcija, un neīsteno to lūguma iesniegšanas vai izskatīšanas laikā. Ja bērna pastāvīgā dzīvesvieta mainās, pārceļoties uz kādu 3. citu Līgumslēdzēju valsti, tad iepriekšējās pastāvīgās dzīvesvietas valstī veikto pasākumu turpmāko īstenošanu reglamentē šīs citas valsts tiesību akti. 16. pants Vecāku atbildības iegūšanu vai izbeigšanos, pamatojoties 1. uz normatīvajiem aktiem un bez tiesu vai pārvaldes iestāžu iesaistīšanās, reglamentē bērna pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti. Vecāku atbildības iegūšanu vai izbeigšanos, pamatojoties 2. uz vienošanos vai vienpusēju darbību un bez tiesu vai pārvaldes iestāžu iesaistīšanās, reglamentē tās valsts tiesību akti, kurā līguma vai darījuma spēkā stāšanās laikā ir bērna pastāvīgā dzī- vesvieta. Vecāku atbildība, kas pastāv saskaņā ar bērna pastāvīgās 3. dzīvesvietas valsts tiesību aktiem, turpina pastāvēt pēc pastāvīgās dzīvesvietas maiņas, pārceļoties uz kādu citu valsti. to, kā vecāku 4. Mainoties bērna pastāvīgajai dzīvesvietai, atbildību, pamatojoties uz likumu, iegūst personas, kurām nav šādas atbildības, reglamentē jaunās pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti. 17. pants Šā panta iepriekšējā punkta noteikumus nepiemēro, ja 2. iestādes, kurām sākotnēji ir iesniegts lūgums veikt pasākumus, ir atteikušās īstenot savu jurisdikciju. Vecāku atbildības īstenošanu reglamentē bērna pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti. Mainoties bērna pastāvīgajai dzīvesvietai, jaunās pastāvīgās dzīvesvietas valsts tiesību akti. šādu īstenošanu reglamentē 14. pants 18. pants Atbilstīgi 5. ir spēkā tiem līdz 10. pantam veiktie pasākumi noteikto laiku, pat ja, mainoties apstākļiem, ir zudis jurisdikcijas pamats, un tie ir spēkā, kamēr iestādes, kurām ir šajā Konvencijā paredzētā jurisdikcija, nav attiecīgos pasākumus grozījušas, aizstājušas vai izbeigušas. III NODAĻA PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI 15. pants Īstenojot šīs Konvencijas II nodaļā paredzēto jurisdikciju, 1. Līgumslēdzēju valstu iestādes piemēro savas valsts tiesību aktus. Šīs Konvencijas 16. pantā minēto vecāku atbildību var izbeigt un tās īstenošanas nosacījumus var grozīt, veicot šajā Konven- cijā paredzētos pasākumus. 19. pants Nevar apstrīdēt tāda darījuma spēkā esamību, ko noslēgusi 1. trešā persona un kāda persona, kas saskaņā ar darījuma noslēg- šanas valsts tiesību aktiem varētu būt tiesīga rīkoties kā bērna likumiskais aizbildnis, un trešā persona nevar būt atbildīga tikai tā iemesla dēļ, ka saskaņā ar šajā nodaļā norādītajiem tiesību aktiem otra darījuma puse nebija tiesīga rīkoties kā bērna liku- miskais pārstāvis, izņemot gadījumu, kad trešā persona zināja vai arī tai būtu vajadzējis zināt, ka vecāku atbildību reglamentē minētie tiesību akti. Ja tas vajadzīgs bērna personas vai īpašuma aizsardzībai, 2. tad izņēmuma gadījumos šīs iestādes tomēr var piemērot vai ņemt vērā tādas citas valsts tiesību aktus, ar kuru attiecīgajiem apstākļiem ir nozīmīga saistība. Šā panta iepriekšējo punktu piemēro tikai tad, ja darījumu 2. noslēgušas personas, kas atrodas vienas un tās pašas valsts teri- torijā. 11. 6. 2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 151/43 20. pants f) ja nav ievērota 33. pantā paredzētā procedūra. Šīs nodaļas noteikumus piemēro arī tad, ja norādītie tiesību akti ir trešās valsts tiesību akti. 21. pants Šajā nodaļā termins “tiesību akti” nozīmē valstī spēkā 1. esošos tiesību aktus, izņemot noteikumus par kolīziju normām. 24. pants ikviena ieinteresētā persona var Neskarot 23. panta 1. pantu, lūgt Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes lemt par kādā citā Līgumslēdzējā valstī veikta pasākuma atzīšanu vai neatzī- šanu. Procedūru reglamentē lūguma saņēmējas valsts tiesību akti. Ja saskaņā ar 16. pantu piemērojamie tiesību akti ir trešās 2. valsts tiesību akti un ja šīs valsts normas par tiesībām izvēlēties tiesību sistēmu norāda uz kādu citu trešo valsti, kas varētu piemērot savus aktus, tad tomēr piemēro pēdējās minētās valsts tiesību aktus. Ja šī cita trešā valsts nevarētu piemērot savus tiesību aktus, tad piemēro 16. pantā norādītos aktus. 25. pants Lūguma saņēmējas valsts iestādei ir saistoši konstatētie fakti, ar ko savu jurisdikciju pamato tās valsts iestāde, kurā ir veikts attiecīgais pasākums. 22. pants 26. pants Atteikties no šajā nodaļā norādīto tiesību aktu piemērošanas var ja šāda piemērošana viennozīmīgi būtu pretrunā sabied- tikai, riskajai kārtībai, ņemot vērā bērna intereses. Ja Līgumslēdzējā valstī veikti un šajā valstī izpildāmi pasā- 1. kumi ir jāizpilda kādā citā Līgumslēdzējā valstī, tad pēc ieinte- resētās personas lūguma šādus pasākumus attiecīgajā citā valstī pasludina par izpildāmiem vai reģistrētiem izpildes nolūkā, ievē- rojot procedūru, kas paredzēta minētās valsts tiesību aktos. IV NODAĻA ATZĪŠANA UN IZPILDE 23. pants Piemērojot Līgumslēdzēju valstu tiesību aktus, atzīst kādas 1. citas Līgumslēdzējas valsts iestāžu veiktos pasākumus. 2. a) No atzīšanas tomēr var atteikties: ja pasākumu veikusi iestāde, kuras jurisdikciju nenosaka kāds no II nodaļā paredzētajiem pamatojumiem; b) ja pasākums – izņemot steidzamības gadījumus – veikts sakarā ar tiesas vai administratīviem procesiem, nedodot bērnam iespēju tikt uzklausītam, un pārkāpjot lūguma saņē- mējas valsts procedūras pamatprincipus; c) pēc kādas personas lūguma, kura apgalvo, ka pasākums tās vecāku atbildību, un ja pasākums – izņemot šai personai pārkāpj steidzamības gadījumus – veikts, nedodot iespēju tikt uzklausītai; d) ja šāda atzīšana viennozīmīgi ir pretrunā lūguma saņēmējas valsts sabiedriskajai kārtībai, ņemot vērā bērna intereses; e) ja pasākums nav saderīgs ar kādu pasākumu, kas vēlāk veikts trešā valstī, kurā ir bērna pastāvīgā dzīvesvieta, un ja šāds vēlāk veikts pasākums atbilst lūguma saņēmējas valsts prasībām attiecībā uz atzīšanu; Ikviena Līgumslēdzēja valsts, 2. vai reģistrētu, piemēro vienkāršu un ātru procedūru. lai pasludinātu izpildāmību Izpildāmības pasludināšanu vai reģistrāciju var atteikt, 3. pamatojoties tikai uz kādu no 23. panta 2. punktā minētajiem iemesliem. 27. pants Neskarot tādu pārskatīšanu, kas varētu būt vajadzīga iepriekšējo pantu piemērošanai, veiktie pasākumi nav pārskatāmi pēc būtības. 28. pants Pasākumus, kas veikti vienā Līgumslēdzējā valstī un citā Līgum- slēdzējā valstī pasludināti par izpildāmiem vai reģistrēti izpildes nolūkā, pēdējā minētajā valstī izpilda tā, it kā tos būtu veikušas šīs valsts iestādes. Izpildi veic saskaņā ar lūguma saņēmējas valsts tiesību aktiem un tādā apjomā, kā tas paredzēts šādos tiesību aktos, ņemot vērā bērna intereses. V NODAĻA SADARBĪBA 29. pants Līgumslēdzējas valstis norāda centrālo iestādi, kas pilda 1. pienākumus, kurus šī Konvencija uzliek šādām iestādēm. L 151/44 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 11. 6. 2008. Federālas valstis, valstis ar vairākām tiesību sistēmām vai 2. valstis ar autonomām teritoriālām vienībām ir tiesīgas norādīt vairākas centrālās iestādes un precizēt to funkciju teritoriālo un individuālo raksturu. Ja valsts ir norādījusi vairāk nekā vienu centrālo iestādi, tā izraugās to centrālo iestādi, kurai var adresēt visus paziņojumus, lai tos pārsūtītu attiecīgai šīs valsts centrā- lajai iestādei. iespēju, ka aprūpi nodrošina kafala vai līdzīga iestādē vai arī iestāde, un ja šādai nodošanai, ievietošanai vai aprūpei jānotiek kādā citā Līgumslēdzējā valstī, tad minētā iestāde sākotnēji apspriežas ar minētās valsts centrālo iestādi vai kādu citu kompetento iestādi. Šajā nolūkā tā pārsūta ziņojumu par bērnu, norādot ierosinātās nodošanas, ievietošanas vai aprūpes pamatojumu. 30. pants Lai sasniegtu šīs Konvencijas mērķus, centrālās iestādes 1. sadarbojas un veicina sadarbību starp savu valstu kompeten- tajām iestādēm. Saistībā ar Konvencijas piemērošanu tās veic atbilstīgus 2. pasākumus, lai sniegtu informāciju par savu valstu tiesību aktiem un pieejamiem dienestiem, kas saistīti ar bērnu aizsar- dzību. 31. pants Līgumslēdzēju valstu centrālās iestādes tieši vai ar valsts iestāžu vai citu struktūru starpniecību veic visus attiecīgus pasākumus, lai: Lēmumu par nodošanu, aprūpi var 2. pieņemt lūguma iesniedzējā valstī tikai tad, ja lūguma saņēmējas valsts centrālā iestāde vai cita kompetentā iestāde ir piekritusi ievietošanai vai aprūpei, ņemot vērā bērna šādai nodošanai, intereses. ievietošanu vai 34. pants Ja tiek apsvērts kāds aizsardzības pasākums un ja tas vaja- 1. dzīgs sakarā ar bērna apstākļiem, Konvencijā paredzētās kompe- tentās iestādes var lūgt citas Līgumslēdzējas valsts iestādi, kuras rīcībā ir informācija, kas attiecas uz bērna aizsardzību, paziņot šo informāciju. a) veicinātu saziņu un piedāvātu 8. un 9. pantā un šajā nodaļā paredzēto palīdzību; Ikviena Līgumslēdzēja valsts var paziņot, ka šā panta 1. 2. punktā paredzētie lūgumi jānodod tās iestādēm tikai ar šīs valsts centrālās iestādes starpniecību. b) izmantojot mediāciju, saskaņošanu vai līdzīgus līdzekļus, veicinātu savstarpēji pieņemamus risinājumus bērna personas un īpašuma aizsardzībai gadījumos, uz ko attiecas Konven- cija; c) pēc citas Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes lūguma sniegtu palīdzību bērna atrašanās vietas noteikšanā, ja ir ziņas, ka bērns varētu atrasties lūguma saņēmējas valsts teri- torijā un ka viņam varētu būt vajadzīga aizsardzība. 32. pants Pēc pamatota lūguma, ko iesniegusi tādas Līgumslēdzējas valsts centrālā iestāde vai cita kompetentā iestāde, ar kuru bērnam ir būtiska saikne, bērna pastāvīgās dzīvesvietas un atrašanās Līgumslēdzējas valsts centrālā iestāde var tieši vai ar valsts iestāžu vai citu struktūru starpniecību: a) sniegt ziņojumu par bērna situāciju; b) lūgt savas valsts kompetento iestādi apsvērt vajadzību veikt pasākumus bērna personas vai īpašuma aizsardzībai. 33. pants Ja iestāde, kam ir 5. līdz 10. pantā paredzētā jurisdikcija, 1. apsver iespēju bērnu nodot audžuģimenei vai ievietot aprūpes 35. pants Vienas Līgumslēdzējas valsts kompetentās iestādes var lūgt 1. kādas citas Līgumslēdzējas valsts kompetentajām iestādēm palī- dzību, lai īstenotu aizsardzības pasākumus, ko veic saskaņā ar šo Konvenciju, jo īpaši – lai nodrošinātu iespēju efektīvi īstenot tiesības satikties ar bērnu, kā arī tiesības saglabāt regulārus tiešus kontaktus. Tādas Līgumslēdzējas valsts iestādes, kurā nav bērna pastā- 2. vīgā dzīvesvieta, var – ja to lūdz viens no vecākiem, kas pastā- vīgi dzīvo šajā valstī un cenšas iegūt vai saglabāt tiesības satik- ties ar bērnu, – ievākt informāciju vai pierādījumus, kā arī izdarīt secinājumus par šīs personas piemērotību tam, lai tiktos ar bērnu, un nosacījumiem, atbilstīgi kuriem ir īstenojamas tiesības satikties ar bērnu. Iestāde, kas īsteno 5. līdz 10. pantā paredzēto jurisdikciju lemt par pieteikumiem sakarā ar tiesībām satikties ar bērnu, pirms lēmuma pieņemšanas pieņem un izskata minēto informāciju, pierādījumus un secinājumus. Iestāde, kurai saskaņā ar 5. līdz 10. pantu ir jurisdikcija 3. lemt par tiesībām satikties ar bērnu, pārtrauc procedūras līdz laikam, kamēr tiek pieņemts lēmums par atbilstīgi 2. punktam iesniegto pieteikumu, jo īpaši tad, ja tā izskata lūgumu ierobežot vai atņemt saskarsmes tiesības, kas piešķirtas bērna iepriekšējās pastāvīgās dzīvesvietas valstī. 11. 6. 2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 151/45 Šis pants neliedz iestādei, kam saskaņā ar 5. līdz 10. pantu 4. ir jurisdikcija, veikt pagaidu pasākumus, gaidot lēmumu par atbilstīgi 2. punktam iesniegtu pieteikumu. Katra Līgumslēdzēja valsts norāda iestādes, kas ir tiesīgas 3. izsniegt šādas apliecības. 36. pants Ikvienā gadījumā, kad bērns ir nopietni apdraudēts, tās Līgum- slēdzējas valsts kompetentās iestādes, kurā tiek veikti bērna aizsardzības pasākumi vai kurā tiek lemts par tiem, ja tās tiek informētas par bērna pastāvīgās dzīvesvietas maiņu, pārceļoties uz kādu citu valsti, vai par bērna atrašanos šādā valstī, informē šīs citas valsts iestādes par apdraudējumu un pasākumiem, kuri tiek veikti vai par kuriem tiek lemts. 37. pants Iestādes nepieprasa un nepārsūta informāciju, kā paredzēts šajā nodaļā, ja pēc šo iestāžu ieskatiem varētu apdraudēt bērna personu vai īpašumu vai radīt nopietnus draudus bērna ģimenes locekļa brīvībai vai dzīvībai. 38. pants Neskarot iespēju noteikt pamatotu maksu par pakalpo- 1. jumu sniegšanu, Līgumslēdzēju valstu centrālās iestādes un citas valsts iestādes pašas sedz izmaksas, kas tām rodas, piemē- rojot šo Konvenciju. 41. pants Personas datus, kas apkopoti vai pārsūtīti saskaņā ar Konvenciju, izmanto tikai tādā nolūkā, kādā tie apkopoti vai pārsūtīti. 42. pants Iestādes, kam tiek pārsūtīta informācija, nodrošina tās slepenību atbilstīgi savas valsts tiesību aktiem. 43. pants šo Visus dokumentus, ko nosūta vai Konvenciju, atbrīvo no legalizācijas vai līdzīgām formalitātēm. iesniedz saskaņā ar 44. pants Katra Līgumslēdzēja valsts var norādīt iestādes, kurām iesniedz 8. , 9. un 33. pantā paredzētos lūgumus. 45. pants Par saskaņā ar 29. un 44. pantu norādītajām iestādēm 1. paziņo Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences Pastāvī- gajam birojam. Līgumslēdzējas valstis var slēgt nolīgumus ar vienu vai 2. vairākām citām Līgumslēdzējām valstīm par maksas izlietojumu. Konvencijas 34. panta 2. punktā minēto paziņojumu 2. iesniedz Konvencijas depozitāram. 39. pants 46. pants Līgumslēdzējas valstis var slēgt nolīgumus ar vienu vai vairākām citām Līgumslēdzējām valstīm, lai to savstarpējās attiecībās uzla- botu šīs nodaļas noteikumu piemērošanu. Valstis, kas noslēgušas šādus nolīgumus, nodod to kopijas Konvencijas depozitāram. Līgumslēdzējai valstij, kurā attiecībā uz bērna un viņa īpašuma aizsardzību piemēro dažādas tiesību sistēmas vai dažādus tiesību normu kopumus, nav jāpiemēro Konvencijas noteikumi attie- cībā uz strīdiem, kas rodas tikai saistībā ar šādām dažādajām sistēmām vai tiesību normu kopumiem. VI NODAĻA VISPĀRĒJI NOTEIKUMI 40. pants 47. pants Attiecībā uz valstīm, kur saistībā ar jautājumiem, uz ko attiecas šī Konvencija, dažādās teritoriālajās vienībās piemēro divas vai vairāk tiesību sistēmas vai tiesību normu kopumus: Bērna pastāvīgās dzīvesvietas Līgumslēdzējas valsts iestādes 1. vai tās Līgumslēdzējas valsts iestādes, kurā ir veikti aizsardzības pasākumi, var izdot personai, kam ir vecāku atbildība vai kam uzticēta bērna personas vai īpašuma aizsardzība, ja šī persona to lūdz, apliecību, norādot šīs personas statusu un tai piešķirtās pilnvaras. 1) norādes uz pastāvīgu dzīvesvietu šādā valstī uzskata par norādēm uz pastāvīgu dzīvesvietu teritoriālajā vienībā; 2) norādes uz bērna atrašanos šādā valstī uzskata par norādēm uz atrašanos teritoriālajā vienībā; Apliecībā norādītais statuss un pilnvaras tiek uzskatītas par 2. piešķirtām šai personai, ja vien nav pierādījumu par pretējo. 3) norādes uz bērna īpašuma atrašanos šādā valstī uzskata par norādēm uz īpašuma atrašanos teritoriālajā vienībā; L 151/46 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 11. 6. 2008. 4) norādes uz valsti, kuras pilsonis ir bērns, uzskata par norādēm uz teritoriālo vienību, kā noteikts šādas valsts tiesību aktos, vai – ja nepastāv attiecīgas tiesību normas – uz teritoriālo vienību, ar kuru bērnam ir visciešākā saikne; tiesību normu kopumi, ko piemēro dažādām personu katego- rijām saistībā ar jautājumiem, uz ko attiecas šī Konvencija, piemēro šādus noteikumus: 5) norādes uz valsti, kuras iestādēm ir iesniegts pieteikums par bērna vecāku laulības šķiršanu vai laulāto atšķiršanu vai arī pieteikums par viņu laulības atzīšanu par neesošu, uzskata par norādēm uz teritoriālo vienību, kuras iestādēm ir iesniegts šāds pieteikums; 6) norādes uz valsti, ar kuru bērnam ir būtiska saikne, uzskata par norādēm uz teritoriālo vienību, ar ko bērnam ir šāda saikne; 7) norādes uz valsti, uz kuru bērns ir aizvests vai kurā viņš aizturēts, uzskata par norādēm uz attiecīgo teritoriālo vienību, uz kuru bērns ir aizvests vai kurā viņš aizturēts; 8) norādes uz šādas valsts struktūrām vai iestādēm, kas nav centrālā iestāde, uzskata par norādēm uz struktūrām vai iestādēm, kam ir tiesības rīkoties attiecīgajā teritoriālajā vienībā; 9) norādes uz tās valsts tiesību aktiem, procedūrām vai iestādēm, kurā tiek veikti pasākumi, uzskata par norādēm uz tās teritoriālās vienības tiesību aktiem, procedūrām vai iestādēm, kurā ir veikti šādi pasākumi; 10) norādes uz lūguma saņēmējas valsts tiesību aktiem, proce- dūrām vai iestādēm uzskata par norādēm uz tās teritoriālās vienības tiesību aktiem, procedūrām vai iestādēm, kurā tiek lūgta atzīšana vai izpilde. 48. pants Lai saskaņā ar III nodaļu noteiktu piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz valstīm, kurās ir divas vai vairāk teritoriālās vienības, kam saistībā ar jautājumiem, uz ko attiecas šī Konvencija, ir pašām sava tiesību sistēma vai tiesību normu kopums, piemēro šādus noteikumus: a) ja šādā valstī ir spēkā esošas tiesību normas, kas nosaka to, kuras teritoriālās vienības tiesību akti jāpiemēro, tad piemēro attiecīgās teritoriālās vienības tiesību aktus; b) ja šādu tiesību normu nav, piemēro attiecīgās teritoriālās vienības tiesību aktus, kā definēts 47. pantā. a) ja šādā valstī ir tiesību normas, kas nosaka, kurus no tiesību aktiem piemēro, tad piemēro attiecīgos tiesību aktus; b) ja šādu tiesību normu nav, piemēro to tiesību sistēmu vai tiesību normu kopumu, ar ko bērnam ir visciešākās saiknes. 50. pants Šī Konvencija neskar to, kā abu konvenciju Līgumslēdzējas valstis savstarpējās attiecībās piemēro 1980. gada 25. oktobra Konvenciju par bērna starptautiskas nolaupīšanas civiltiesiska- jiem aspektiem. Tomēr nekas neliedz atsaukties uz šīs Konven- cijas noteikumiem, lai panāktu nelikumīgi aizvesta vai aizturēta bērna atgūšanu vai lai nokārtotu tiesības satikties ar bērnu. 51. pants Attiecībās starp Līgumslēdzējām valstīm šī Konvencija aizstāj 1961. gada 5. oktobra Konvenciju par iestāžu pilnvarām un tiesību aktiem, kas piemērojami saistībā ar nepilngadīgo aizsar- dzību, un 1902. gada 12. jūnijā Hāgā parakstīto Konvenciju par aizbildnību pār nepilngadīgajiem, neskarot tādu pasākumu atzī- šanu, kas veikti saskaņā ar iepriekšminēto 1961. gada 5. oktobra konvenciju. 52. pants Šī Konvencija neskar ir starptautiskos nolīgumus, kuru 1. šīs Konvencijas Līgumslēdzējas valstis un līgumslēdzējas kuros ir noteikumi par jautājumiem, uz ko attiecas šī Konven- cija, ja vien šāda nolīguma Līgumslēdzējas valstis nav deklarē- jušas ko citu. Šī Konvencija neskar iespēju vienai vai vairākām Līgum- 2. slēdzējām valstīm slēgt nolīgumus, kuros attiecībā uz bērniem, kas ir šāda nolīguma Līgumslēdzējas valsts pastāvīgie iedzīvotāji, ir noteikumi par jautājumiem, uz ko attiecas šī Konvencija. Nolīgumi, ko viena vai vairākas Līgumslēdzējas valstis 3. noslēdz par jautājumiem, uz kuriem attiecas šī Konvencija, starp šādām neskar valstīm un pārējām Līgumslēdzējām valstīm. šīs Konvencijas piemērošanu attiecībās 49. pants Lai saskaņā ar III nodaļu noteiktu piemērojamos tiesību aktus attiecībā uz valstīm, kurās ir divas vai vairāk tiesību sistēmas vai Šā panta iepriekšējie punkti attiecas arī uz vienotiem 4. tiesību aktiem, ko pamato īpašas reģionālas vai citādas saites starp attiecīgajām valstīm. 11. 6. 2008. LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 151/47 53. pants Konvencija attiecas uz pasākumiem tikai tad, ja tos kādā 1. valstī veic pēc šīs Konvencijas stāšanās spēkā šajā valstī. To ratificē, pieņem vai apstiprina, un ratifikācijas, pieņem- instrumentus deponē Nīderlandes 2. šanas vai apstiprināšanas Karalistes Ārlietu ministrijai, kas ir Konvencijas depozitārs. Konvencija attiecas uz tādu pasākumu atzīšanu un izpildi, 2. kas veikti pēc tam, kad Konvencija ir stājusies spēkā starp valsti, kur tiek veikti pasākumi, un lūguma saņēmēju valsti. 58. pants Ikviena cita valsts var pievienoties Konvencijai pēc tam, 1. kad tā stājusies spēkā saskaņā ar 61. panta 1. punktu. 54. pants 2. Pievienošanās dokumentus deponē depozitāram. Visus paziņojumus Līgumslēdzēju valstu centrālajām 1. iestādēm vai citām iestādēm nosūta oriģinālvalodā, pievienojot tulkojumu attiecīgās valsts oficiālajā valodā vai kādā no oficiā- lajām valodām vai – ja tas nav iespējams – tulkojumu franču vai angļu valodā. Līgumslēdzējas valstis, izdarot atrunu saskaņā ar 60. 2. pantu, tomēr var iebilst pret angļu vai franču valodas lietojumu, bet ne pret abu valodu lietojumu. 55. pants 1. Līgumslēdzējas valstis saskaņā ar 60. pantu var: a) izdarīt atrunu par to, ka attiecīgās valsts iestāžu jurisdikcijā ir veikt aizsardzības pasākumus attiecībā uz bērna īpašumu, kas atrodas attiecīgās valsts teritorijā; Šāda pievienošanās ir spēkā tikai attiecībās ar valsti, kas 3. pievienojas Konvencijai, un tām Līgumslēdzējām valstīm, kas sešos mēnešos pēc 63. panta b) punktā paredzētā paziņojuma saņemšanas nav iebildušas pret pievienošanos. Šādus iebildumus valstis var celt arī pēc pievienošanās, kad tās ratificē, pieņem vai apstiprina Konvenciju. Par visiem šādiem iebildumiem paziņo depozitāram. 59. pants Ja Līgumslēdzējā valstī saistībā ar ir divas vai vairāk teritoriālās 1. vienības, kurās šī jautājumiem, uz ko attiecas Konvencija, piemēro dažādas tiesību sistēmas, tad šāda valsts var – parakstot, ratificējot, pieņemot vai apstiprinot Konvenciju vai arī pievienojoties tai – deklarēt, ka Konvencija attiecas uz visām šīs valsts teritoriālajām vienībām vai tikai uz vienu vai vairākām teritoriālajām vienībām, un šādu deklarāciju var jebkurā laikā grozīt, iesniedzot citu deklarāciju. b) izdarīt atrunu par to, ka attiecīgajai valstij ir tiesības neatzīt vecāku atbildību vai pasākumu, ja tas nav saderīgs ar pasā- kumiem, ko attiecīgās valsts iestādes veikušas saistībā ar šādu īpašumu. Šādas deklarācijas paziņo depozitāram, un tajās skaidri 2. norāda teritoriālās vienības, uz ko attiecas Konvencija. 2. Atrunu var attiecināt uz noteiktām īpašuma kategorijām. Ja valsts neiesniedz šajā pantā paredzēto deklarāciju, 3. Konvencija attiecas uz visām šīs valsts teritoriālajām vienībām. 56. pants 60. pants Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences ģenerālsekretārs regulāri lai pārskatītu Konvencijas faktisko piemērošanu. īpašo komisiju, sasauc VII NODAĻA NOBEIGUMA NOTEIKUMI 57. pants Ikviena valsts var – ne vēlāk kā ratificējot, pieņemot vai 1. apstiprinot Konvenciju vai pievienojoties tai, vai arī iesniedzot 59. pantā paredzētās deklarācijas – iesniegt vienu vai abas atrunas, kas paredzētas 54. panta 2. punktā un 55. pantā. Citas atrunas iesniegt nevar. Ikviena valsts var jebkurā laikā atsaukt iesniegtu atrunu. 2. Par šādu atsaukumu paziņo depozitāram. Konvencija atvērta parakstīšanai valstīm, kas Hāgas Starp- 1. tautisko privāttiesību konferences astoņpadsmitās sesijas laikā ir tās dalībvalstis. Atruna zaudē spēku trešā kalendārā mēneša pirmajā dienā 3. pēc iepriekšējā punktā minētā paziņojuma saņemšanas. L 151/48 LV Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 11. 6. 2008. 61. pants 63. pants Konvencija stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas seko 1. trīs mēnešu termiņam pēc trešā ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas, kā minēts 57. pantā. Hāgas Starptautisko privāttiesību konferences dalībvalstīm un valstīm, kas pievienojušās saskaņā ar 58. pantu, depozitārs paziņo par: 2. Pēc tam Konvencija stājas spēkā: a) parakstīšanu, ratifikāciju, pieņemšanu un apstiprināšanu, kas minēta 57. pantā; a) attiecībā uz valstīm, kas Konvenciju ratificē, pieņem vai ap- stiprina pēc tās stāšanās spēkā, – tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu termiņam pēc attiecīgā ratifikācijas, pieņemšanas vai apstiprināšanas dokumenta deponēšanas; b) attiecībā uz valstīm, kas pievienojas Konvencijai, – tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu termiņam pēc 58. panta 3. punktā paredzētā sešu mēnešu termiņa; c) attiecībā uz teritoriālajām vienībām, uz kurām Konvencija tiek attiecināta saskaņā ar 59. pantu, – tā mēneša pirmajā dienā, kas seko trīs mēnešu termiņam pēc minētajā pantā paredzētā paziņojuma saņemšanas. b) pievienošanos un iebildumiem, kas celti sakarā ar 58. pantā minēto pievienošanos; c) dienu, kad šī konvencija stājas spēkā saskaņā ar 61. pantu; d) deklarācijām, kas minētas 34. panta 2. punktā un 59. pantā; e) nolīgumiem, kas minēti 39. pantā; f) atrunām, kas minētas 54. panta 2. punktā un 55. pantā, kā arī par 60. panta 2. punktā minētajiem atsaukumiem; 62. pants g) denonsēšanu, kas minēta 62. pantā. Šīs Konvencijas Līgumslēdzējas valstis var denonsēt to, 1. iesniedzot depozitāram rakstisku paziņojumu. Denonsēšana var attiekties tikai uz noteiktām teritoriālajām vienībām, uz ko attiecas Konvencija. To apliecinot, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo Konvenciju. Denonsēšana stājas spēkā tā mēneša pirmajā dienā, kas 2. seko divpadsmit mēnešu termiņam pēc tam, kad depozitārijs ir saņēmis paziņojumu. Ja paziņojumā ir norādīts ilgāks termiņš, tad denonsēšana stājas pēc kura denonsēšana stājas spēkā, spēkā, beidzoties šādam ilgākam termiņam. Konvencija noslēgta Hāgā 1996. gada 19. oktobrī angļu un franču valodā vienā oriģināleksemplārā, ko deponē Nīderlandes Karalistes Valdības arhīvā un kura apliecinātas kopijas pa diplo- mātiskajiem kanāliem nosūta visām valstīm, kas Hāgas Starptau- tisko privāttiesību konferences astoņpadsmitās sesijas laikā ir tās dalībvalstis; abi teksti ir vienlīdz autentiski