title: COMUNICACION DE LA COMISION AL CONSEJO - RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA COMERCIAL Y LAS NORMAS LABORALES INTERNACIONALMENTE RECONOCIDAS

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International Labour Organisation
World Trade Organisation
liberalisation of trade
social policy
working conditions

text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Bruselas, 24. 07. 1996 COM(96) 402 final COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA COMERCIAL Y LAS NORMAS LABORALES INTERNACIONALMENTE RECONOCIDAS RELACIÓN ENTRE EL SISTEMA COMERCIAL Y LAS NORMAS LABORALES INTERNACIONALMENTE RECONOCIDAS 1. Introducción El debute internacional y la definición de las normas 2. fundamentaleslahorales a) b) c) d) e) f) 3. a) b) 4) a) b) Las deliberaciones previas en la Unión Europea El estudio de la OCDE Trabajos en el marco de la Organización Mundial del Comercio La conferencia del G 7 sobre el empleo del 1 y 2 de abril de 1996 en Lille y la Cumbre del G7 en Lyon (28,29 y 30 de junio de 1996) Cumbre social. Definición de las normas laborales "fundamentales" Los caminos seguidos por la Unión Europea Acciones autónomas Relaciones bilaterales Los ámbitos de actuación multilateral El refuerzo del papel de la OIT El papel de la OMC 1. Introducción Durante la reunión ministerial de Marrakech, de abril de 1994, la relación entre el sistema multilateral de comercio y las normas laborales internacionalmente reconocidas figuraba, en las conclusiones de la Presidencia, entre los temas que algunos participantes pidieron que fueran examinados en el marco de la O. M. C. Desde Marrakech, la cuestión ha sido objeto de discusiones y debates por parte de las organizaciones internacionales así como del Consejo de la Unión Europea. La Comisión emitió su postura en su comunicación sobre el acceso a los mercados1 según la cual "la Conferencia ministerial de Singapur podría dirigir provechosamente el debate y crear un grupo de trabajo en la O. M. C. que profundizaría en la cuestión de la relación entre comercio internacional y condiciones laborales. " Según las conclusiones del Comité 113, de las que tomó nota el Consejo de asuntos generales el 13 de mayo de 1996, "merecería la pena estudiar la posibilidad de abordar esta cuestión en la O. M. C. La Comunidad seguirá participando activamente en los trabajos que se desarrollan en otros foros internacionales. " Al mismo tiempo, en Ginebra, en el marco de los debates informales para la preparación de la conferencia ministerial de Singapur de diciembre de 1996, los Estados Unidos y Noruega presentaron dos documentos no oficiales sobre la cuestión de las normas laborales internacionalmente reconocidas y del sistema multilateral de comercio (Anexo I). La presente comunicación explora de manera más detallada las perspectivas para un debate en el marco de la O. M. C, teniendo en cuenta el principio fundamental de respeto de las ventajas comparativas de los países en vías de desarrollo relacionadas con la existencia de una mano de obra abundante y con bajo coste salarial. El desarrollo económico, favorecido especialmente por la liberalización del comercio es una condición primordial para el progreso social. En los países en vías de desarrollo, la mejora de la protección social se convierte en un objetivo político perseguido por todos cuando la renta nacional llega a un nivel en el que es posible lograr estos objetivos. A largo plazo, la solución residirá principalmente en el hecho de ayudar a estos países a alcanzar las condiciones necesarias para aumentar la demanda interior y para elevar el nivel de vida. La elección de las legislaciones laborales corresponden a la soberanía de los Estados nacionales y refleja al mismo tiempo el nivel de desarrollo económico y las prioridades de carácter político y social. Sin embargo, las necesidades del desarrollo no sirven de pretexto a prácticas abusivas en el ámbito del trabajo, y en particular a justificar el incumplimiento de normas laborales fundamentales que se considere tienen aplicación universal. COM (96) 53 final El interés que la Unión Europea presta a la cuestión de las normas laborales internacionalmente reconocidas encuentra sus raíces en las bases sociales de la propia Unión: principio de solidaridad, cohesión social y respeto de los derechos fundamentales, así como en su vocación de defender los principios de la democracia y los derechos humanos, reflejada en los aspectos de su política exterior en sentido amplio. Así, entre los objetivos del TUE (artículo F2), de la PESC y de la política de cooperación ai desarrollo de la Unión Europea figuran el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia y del estado de derecho, así como el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Del mismo modo, los Estados miembros de la Unión suscribieron la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración universal de los derechos humanos y los pactos internacionales relativos a los derechos cívicos y políticos, económicos, sociales y culturales, y otros instrumentos universales y europeos sobre los derechos humanos. Entre los instrumentos de la Organización Internacional del Trabajo, además de la Constitución de la OIT, pueden mencionarse los Convenios n_ 29 y 105 sobre la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzado, los Convenios n_ 87 y 98 sobre la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, los Convenios n_ 100 y 111 sobre igualdad de remuneración y no discriminación y el Convenio n_ 138 sobre la edad mínima para trabajar. Los principios generales comunes a estos instrumentos internacionales han sido aceptados por la comunidad internacional como umversalmente obligatorios, teniendo también en cuenta la Declaración de Viena y el Programa de Actuación, aprobados por la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de junio de 1993, la Declaración de la Cumbre Social de Copenhague de marzo de 1995 y otros instrumentos similares aprobados por consenso por las recientes conferencias mundiales. La Comunidad Europea insiste en que sean respetadas por todos sus socios y reconoce sus correspondientes obligaciones a este respecto, como demuestra su actual práctica de tratados bilaterales. Así, los ciudadanos europeos y las autoridades políticas no pueden seguir siendo indiferentes al incumplimiento de los derechos humanos en el contexto de las relaciones laborales y que puede tomar la forma de privación de las libertades fundamentales, como la esclavitud o el trabajo forzoso, la explotación infantil, la prohibición de asociación y de negociación colectiva. Con esto, la Unión Europea no busca la armonización de las políticas sociales entre países que tienen un diferente nivel de desarrollo económico y estructuras sociales diferentes. No tiene tampoco como objetivo conseguir un resultado económico privando a países donde la mano de obra es abundante y barata, pero también poco cualificada, de la posibilidad de explotar las ventajas comparativas que se derivan. En cambio, debe pretender garantizar el respeto de las libertades fundamentales capaces de generar condiciones de trabajo y de vida adaptadas al nivel de desarrollo económico y de las estructuras sociales de los distintos países. El debate 2. fundamentales internacional v la definición de las normas laborales a) Las deliberaciones en la Unión Europea. La Comunidad aún no se ha pronunciado de manera detallada sobre el fondo de esta cuestión. Son sin embargo pertinentes algunas posiciones adoptadas por la Comisión o por la Comunidad desde el punto de vista de la relación entre comercio y normas laborales internacionalmente reconocidas. El libro blanco de la Comisión titulado "Crecimiento, competitividad, empleo: los desafíos y las pistas para entrar en el siglo XXI " concluyó claramente que ni el nivel de respeto de las normas laborales internacionalmente reconocidas ni, de forma más amplia, los diferenciales del coste del trabajo constituyen factores que explican las dificultades que tiene Europa en materia de competitividad y empleo. El libro blanco reconoce que estas dificultades se deben a distorsiones estructurales internas de la Comunidad y no propone, lógicamente, la introducción de restricciones comerciales contra países que tengan bajos costes salariales. En cambio, las líneas de actuación propuestas se refieren a la necesidad de fijar normas a nivel multilateral en lugar de medidas unilaterales, establecer políticas de cooperación económica positivas sin servirse de la discriminación comercial como palanca y preparar el debate sobre el mejor medio para aumentar el respeto de los acuerdos actuales y futuros en el ámbito de la política social (Anexo II). En su intervención del 29 de marzo de 1994 ante la Comisión de relaciones económicas exteriores del Parlamento Europeo, Sir Leon Brittan destacó que la inclusión de las cuestiones sociales en el orden del día de la OMC era un objetivo claro de la Comisión. El Parlamento Europeo siguió después debatiendo esta cuestión, el ejemplo más reciente es el dictamen del Comité de Asuntos Sociales y Empleo sobre la relación entre comercio y normas sociales, el cual invita al Consejo a "dar a la Comisión el mandato de asumir y buscar activamente la creación de un grupo de trabajo relativo al comercio y las normas laborales por parte de la Conferencia Ministerial de Singapur". ^ En Marrakech, la Comisión declaró que la OMC debía tratar problemas como la explotación infantil, el trabajo forzoso o incluso la negativa a consentir la libre expresión o la libre asociación de los trabajadores. Destacó también la necesidad de protección adecuada contra el unilateralismo o los abusos proteccionistas y el derecho de los países en vías de desarrollo a desarrollar sus ventajas comparativas. El libro blanco sobre la política social europea (1994) aborda "las cuestiones sociales vinculadas al comercio internacional" y se pronuncia a favor de que este aspecto esté tratado en la OMC y que el respeto de los derechos sociales fundamentales, especialmente el derecho de asociación y el derecho a negociaciones colectivas, así como la cuestión del trabajo forzoso y del trabajo infantil, se tengan en cuenta. En junio de 1994, el Consejo Europeo reunido en Corfú consideró en sus conclusiones que los aspectos sociales deberían discutirse en el marco de la Organización Mundial del Comercio. En 1995, se desarrolló un debate importante en el Consejo de asuntos sociales del 27 de marzo. Sobre la base de este debate, el Consejo de asuntos generales del 12 de junio de 1995 llegó a las siguientes conclusiones: "La Comisión y los Estados miembros contribuirán activamente a los estudios en curso, especialmente en la OCDE. En este sentido, el Consejo invita a la Comisión a proporcionar para el debate interno a la Unión, su propia evaluación de la situación. " La Comisión entregó recientemente al Consejo un documento relativo a "la estrategia de acceso a los mercados para la Unión Europea" en el cual se hace referencia a las negociaciones multilaterales o a los programas de estudio que podrían emprenderse sobre algunos de los temas propuestos por los Ministros en Marrakech. Habida cuenta de la evolución del debate internacional sobre el tema del comercio y de las normas laborales la Comisión consideró que debería adoptarse un enfoque progresivo, basado en los derechos humanos fundamentales que no volviera a discutir el derecho de los países en vías de desarrollo a utilizar la ventaja comparativa de una mano de obra abundante y barata. La Comisión propuso finalmente en su comunicación que la conferencia de Singapur creara un grupo de trabajo en la OMC con el fin de estudiar esta cuestión. Como ya se ha indicado, el Comité 113 discutió la posibilidad de abordar esta cuestión en la O. M. C. y concluyó que merecía la pena estudiarla. Comunicó esta conclusión al Consejo, que tomó nota el 13 de mayo de 1996. b) El estudio de la OCDE Este estudio se emprendió en 1994 tras una demanda ministerial para proceder a un análisis "de los sectores donde podrían ser necesarios nuevos progresos en el proceso de liberalización y fortalecimiento del sistema multilateral". Se trata especialmente de los sectores siguientes: "los intercambios, el empleo y las normas de trabajo internacionalmente reconocidas". Los debates relativos al estudio se han desarrollado bajo la responsabilidad del Comité de intercambios de la OCDE y del Comité ELSA y han durado dos años, suscitando la cuestión numerosas discusiones. En definitiva los participantes llegaron a ponerse de acuerdo sobre un informe conjunto para los Ministros. No se llegó a ningún consenso sobre el propio estudio, que se presentó bajo la responsabilidad única de la Secretaría General de la OCDE. El estudio se divide en tres partes: 1. El estudio enumera una serie de normas laborales "fundamentales": libertad de asociación y negociación colectiva, eliminación de la explotación del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso y no discriminación en materia de empleo. Estas normas laborales fundamentales se presentan como derechos humanos, están umversalmente reconocidas y constituyen las condiciones marco de otras normas laborales. Figuran en los convenios de la OIT y en los instrumentos de las Naciones Unidas. El estudio de la OCDE innova cuando habla "de eliminar la explotación del trabajo infantil" en vez "de eliminar el trabajo infantil"; destaca que el Convenio de la OIT sobre el trabajo infantil (nl38) fija una edad mínima para el trabajo infantil pero no cuenta con ninguna disposición sobre la explotación y los abusos. El Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos infantiles (aprobada en 1989) contiene esas disposiciones. De hecho el organismo directivo de la OIT expresó su intención de inscribir un punto relativo al trabajo infantil en el orden del día de la Conferencia internacional del trabajo de 1998 con el fin de dotar al arsenal normativo de la OIT de un nuevo instrumento vinculante destinado a proscribir las formas más intolerables del trabajo infantil. 2. La segunda parte del estudio hace hincapié en el papel que pueden desempeñar las normas laborales fundamentales en la economía. Es "la parte analítica" del estudio. Este análisis es limitado y el propio estudio hace referencia a las dificultades encontradas en esta parte. El estudio concluye que es probable que los efectos económicos de las normas laborales fundamentales sean reducidos; los países en vías de desarrollo no deben temer que estas normas fundamentales afecten negativamente a su resultado económico o a su posición competitiva en el mundo. Por lo que se refiere a la relación entre los flujos comerciales, y las normas fundamentales, el estudio destaca que no está probado que los países que cuentan con las normas de bajo nivel gocen globalmente de mejores resultados comerciales que los países dotados con normas de elevado nivel. La conclusión más clara es que existe a largo plazo una relación positiva entre una reforma de los intercambios llevada a cabo con éxito y una mejora de las normas fundamentales. Sobre la cuestión de las inversiones extranjeras directas, el estudio concluye que aunque las normas de trabajo no son sistemáticamente ajenas a la elección por criterios geográficos de los inversores de la OCDE en favor de destinos que no pertenecen a la OCDE, la observación del conjunto de las inversiones extranjeras directas sugiere que en laborales fundamentales no son elementos determinantes. Los países de acogida pueden instituir normas laborales fundamentales sin exponerse a repercusiones negativas sobre los flujos de inversiones extranjeras directas. lu mayoría de las normas los casos Por lo que se refiere a la cuestión del empleo, en particular el miedo a que el comercio con los países con normas de escaso nivel implique un aumento del desempleo de los trabajadores no cualificados o un aumento de las desigualdades salariales en los países industrializados, el estudio pone de manifiesto que la incidencia sobre el conjunto del empleo de las modificaciones de los términos de los intercambios debería ser limitada aunque no haya consenso entre los investigadores sobre la amplitud del impacto de los intercambios en las características sectoriales del empleo en relación con el impacto de otros factores como el progreso tecnológico y los cambios institucionales. 3. Con relación a los mecanismos, el principal problema ha sido el papel de la OMC y la dificultad de introducir en términos de igualdad los actuales mecanismos de promoción de las normas laborales fundamentales (como la OIT) y la posibilidad de incluir nuevos mecanismos en la Organización Mundial del Comercio. El texto final aprobado reconoce las diferencias de opinión entre los Estados miembros de la OCDE. Cuando se discutió la cuestión en París, en el Consejo de Ministros (21/22 de mayo), éstos se comprometieron "a seguir trabajando en el fomento de las normas laborales fundamentales en todos los países del mundo. Los Ministros se congratularon por las conclusiones del los intercambios, el empleo y las normas laborales que contribuyen en gran parte a una mejor comprensión de la cuestión. Animaron a los Gobiernos de los países miembros a examinar estas conclusiones así como el informe analítico de la Secretaría sobre este tema con un grupo más amplio de países no miembros, con el fin de determinar cualquier acción posterior; este debate podría comenzar en el marco del diálogo con las economías dinámicas de países no miembros sobre las políticas que deben seguirse, que deberá tener lugar en otoño ". la OCDE sobre informe de c) a) Trabajos en el marco de la OIT Labor del grupo de trabajo sobre la dimensión social de la liberalización del comercio internacional El Consejo de administración creó en 1994 un grupo de trabajo tripartito sobre la dimensión social de la liberalización del comercio internacional para discutir todos los "aspectos pertinentes de la dimensión social de la liberalización del comercio internacional". Tras las primeras reuniones, el grupo se puso de acuerdo 10 para no proseguir la cuestión de las sanciones comerciales y para suspender cualquier debate posterior sobre la relación que debe establecerse entre el comercio internacional y las normas laborales por medio de una cláusula social y un mecanismo de sanciones. En su última reunión, marzo de 1996, el grupo de trabajo tomó determinadas orientaciones sobre su futuro programa de trabajo y especialmente el estudio de las consecuencias de la universalización de la economía con el fin de prever lo que conviene hacer para obtener partido de sus efectos positivos y reducir los efectos negativos. Se ha previsto igualmente el envío de un cuestionario a los Estados miembros (ya efectuado) así como la realización de estudios por países y el análisis de las actividades emprendidas en los otros organismos internacionales, como la OCDE. El grupo de trabajo seguirá también las iniciativas tomadas en el ámbito de la eliminación del trabajo infantil y de la ratificación de las normas fundamentales (véase b). La próxima reunión del grupo de trabajo tendrá lugar en noviembre de 1996, justo antes de la reunión ministerial de Singapur. Hay que señalar que se avanzó la idea de elaborar una declaración para esta reunión. b) Tareas de otros órganos de la OIT trabajo infantil: en este sector, empieza a verse la necesidad de un nuevo convenio sobre las formas más intolerables del trabajo infantil. En efecto, los convenios actuales sólo se refieren a la edad mínima de acceso al empleo. El Consejo de administración decidió inscribir esta cuestión en el orden del día de la Conferencia internacional del trabajo de junio de 1998. examen de la política normativa de la OIT: un grupo de trabajo del Consejo de administración realizó, en noviembre de 1995, un estudio detallado de la política normativa de la OIT. El Consejo de administración ha empezado también, y seguirá realizando, el estudio sobre la posibilidad de extrapolar los mecanismos de control existentes en el ámbito de la libertad sindical a los sectores del trabajo forzoso y de la igualdad de trato (los Gobiernos y los empresarios no se han mostrado, sin embargo, favorables). Por último, en noviembre de 1995 se inició una campaña en favor de la ratificación de los convenios fundamentales de la OIT para el envío de un cuestionario remitido por el Director General de la OIT a todos los Estados miembros que les pedían que explicara los obstáculos que han encontrado para ratificar dichos convenios. d) Conferencia del G 7 sobre el empleo (1 y 2 de abril de 1996 en Lille) y la cumbre del G7 en Lyon (28,29 y 30 de junio de 1996) La cuestión de las normas sociales básicas se debatió en la reciente conferencia del G 7 en Lille. Las conclusiones de la Presidencia describen la importancia "de mejorar las normas laborales básicas en todo el mundo y examinar las relaciones entre estas condiciones y el comercio internacional en los foros pertinentes". 11 En la cumbre del G7 en Lyon, se planteó de nuevo esta cuestión durante el debate sobre la ampliación del orden del día de la OMC de cara a la Conferencia ministerial de Singapur. Los jefes de Estado reconocieron que existe voluntad de hacer frente a la cuestión del comercio y de las normas laborales internacionalmente reconocidas. e) Cumbre social De la descripción de los debates en el marco de la OCDE y de la OIT, pueden resaltarse algunas orientaciones. En primer lugar, parece que se está llegando a un consenso sobre la elección de determinados principios que podrían designarse como "normas laborales fundamentales". Puede considerarse que estas normas laborales incorporan derechos humanos fundamentales, como figura en la Declaración universal, y a las que, por lo tanto, se reconoce generalmente su carácter universal. Pueden tener un impacto directo en la mejora de las condiciones laborales y constituir un marco para el establecimiento de otras normas. Pueden considerarse como condiciones previas al desarrollo social. Estos principios relativos a normas laborales se reflejan mejor en los convenios de la OIT sobre esta materia. Esto se reconoció en la Declaración de la cumbre social de Copenhague en marzo de 1995 cuyo texto es el siguiente: "Nos esforzaremos en garantizar empleos de calidad y defender los derechos e intereses elementales de los trabajadores y, a tal fin, promover libremente el respeto de los convenios pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos los que tratan sobre la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, la libertad de asociación, el derecho a organizarse y el derecho de negociación colectiva y al principio de no discriminación". f) Definición de las normas laborales "fundamentales" Este reconocimiento por parte de los Jefes de Estado y de Gobierno de todos los países del mundo de estas normas laborales es muy significativo porque confirma su carácter universal y los consolida como derechos fundamentales. Si bien las NU y otras organizaciones internacionales han adoptado una amplia gama de normas sobre derechos humanos y aspectos laborales, algunas de ellas bastante detalladas, la discusión internacional sobre comercio y derechos laborales fundamentales se ha centrado en los últimos años en una serie de derechos mínimos cuya aplicación universal está generalmente reconocida. Se ha prestado especial atención a la prohibición de la esclavitud y el trabajo forzoso, la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de la discriminación en el puesto de trabajo y la supresión de la explotación del trabajo infantil. La esclavitud y el instrumentos internacionales, entre ellos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Convenio sobre Çsclavitud de 1926 con forzoso están prohibidos en varios trabajo 12 sus subsiguientes convenios complementarios, así como los convenios de la OIT n_ 29 y 105. Estas prohibiciones tienen una larga y firme existencia en el derecho internacional y forman parte de los principios generales de derecho internacional cuya derogación no está permitida (normas imperativas de derecho internacional). La libertad de asociación y el derecho a crear y a formar parte de sindicatos están reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Constitución de la OIT. En especial dos Convenios de la OIT, los números 87 y 98, así como el Pacto Internacional de 1966, proporcionan unas normas más detalladas al respecto, incluido el derecho a la negociación colectiva. Al menos los principios generales expresados en estos instrumentos forman parte de los principios generales de derecho internacional. La eliminación de la discriminación está reconocida de forma general prácticamente en todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El artículo 26 del Pacto Internacional sobre Derechos Cívicos y Políticos contiene una cláusula general sobre la no discriminación que también es aplicable al ámbito de los derechos económicos y sociales. Asimismo, la discriminación con respecto a los derechos reconocidos en cada instrumento concreto está prohibida, entre otros, en el artículo 2 de la Declaración Universal, el apartado 2 del artículo 2 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en importantes instrumentos de la OIT. El Convenio n_ 111 de la OIT sobre la Discriminación en materia de empleo y ocupación y el Convenio n_ 100 de la OIT sobre igualdad de remuneración para trabajadores y trabajadoras que realicen las mismas tareas, son especialmente importantes en este contexto. No existe ninguna duda, por ejemplo, sobre el hecho de que la exclusión formal de segmentos de la población a causa de su raza o sexo constituiría una violación del derecho general internacional. En cuanto a la explotación del trabajo infantil, el apartado 3 del artículo 10 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 32 del Convenio sobre los Derechos de la Infancia de 1989 estipulan que los niños y niñas deben ser protegidos de la explotación económica y de realizar trabajos de naturaleza arriesgada o dañina. Se solicita a los Estados que declaren una edad mínima para la admisión al empleo. El Convenio n_ 138 de la OIT contiene normas más específicas a este respecto. Si bien, por ejemplo, la utilización de niños pequeños para trabajos que pueden resultar dañinos para su salud o su desarrollo es claramente ilegal, y de hecho puede constituir también esclavitud y trabajo forzoso, la OIT ha iniciado los preparativos para un nuevo convenio que pueda clarificar la cuestión de lo que constituye explotación ilegal del trabajo infantil. 3. Los caminos seguidos por la Unión Europea Teniendo en cuenta los principios de su propia política, ¿cuáles son los medios de los que dispone la Unión Europea para actuar en esta dirección? Debemos actuar com amplitud de miras, pues los diversos problemas sociales requerirán diferentes instrumentos políticos de la UE. Por ejemplo, en el ámbito de la explotación infantil, hemos de tener en cuenta que si bien una pequeña minoría de niños son explotados en industrias 13 relacionadas con la exportación, pueden encontrarse muchos más en granjas de subsistencia o en proyectos locales de construcción. 14 a) Acciones autónomas Ya figuran en el nuevo régimen SPG2 de la Unión consideraciones relativas a los derechos humanos y, de manera más concreta, a las normas laborales y han dado lugar a dos tipos de medidas: • Posibilidad de retirada de la totalidad o de una parte de las preferencias concedidas en el caso de prácticas de esclavitud o de trabajo forzoso. En sí, la posibilidad de retirar el beneficio del SPG debido a determinados comportamientos no es nueva. Es inherente al carácter autónomo del SPG y se ha aplicado anteriormente en casos de prácticas comerciales discriminatorias o de fraudes. En este caso, se hace referencia precisa a las prácticas de cualquier forma de trabajo forzoso tal y como se definen en los Convenios de Ginebra de 25 de septiembre de 1926 y de 7 de septiembre de 1956 así como en los Convenios de la OIT n° 29 y 105. El Consejo decide las retiradas del beneficio a propuesta de la Comisión como resultado de una investigación. El procedimiento permite a cada parte interesada alegar sus argumentos, después de la fase de instrucción llevada a cabo en el comité de gestión. • El segundo tipo de medidas se refiere "a los regímenes especiales de estímulo" cuyo objetivo principal es el de ayudar a los países beneficiarios a mejorar la calidad de su desarrollo dotándose con políticas sociales y medioambientales más avanzadas. Así, en el ámbito de las normas laborales, está previsto que a partir del 1. 1. 1988, puedan concederse preferencias suplementarias a los países que presenten la demanda y que respeten efectivamente los Convenios de la OIT n° 87 y n° 98 relativos a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva y n° 138 relativo al trabajo infantil. Las modalidades de ejecución y la intensidad de estas preferencias (margen suplementario) se definirán sobre la base de un informe de la Comisión qué tendrá en cuenta los resultados de los estudios realizados en otros foros internacionales como la OIT, la OMC y la OCDE. Reglamento (CE) n_ 1256/96 del Consejo, 20 de junio de 1996 y Reglamento (CE) n_ 3281/94 del Consejo de 19 de diciembre de 1994. 15 b) Cooperación bilateral con terceros países El respeto y el fomento de los principios relativos a los derechos humanos y a la democracia es uno de los objetivos generales de la política de la Comunidad en el ámbito de la cooperación al desarrollo. A nivel bilateral, los acuerdos de cooperación que la Unión ha celebrado con los terceros países establecen una cooperación en loa ámbitos económico y social. Por lo tanto, la Unión organiza y financia en colaboración con otros organismos internacionales (el Banco Mundial, la O. I. T. ) programas de asistencia financiera y técnica, en el ámbito de la educación o de la participación de las mujeres en las actividades económicas, que pueden referirse a: a) la construcción de escuelas; b) la formación profesional; c) la formación de los profesores para la educación secundaria (dónde a menudo se opera una discriminación positiva respecto a las mujeres); d) la educación "no oficial" (niños que han abandonado muy pronto sus estudios, adultos, enseñanza en el medio rural). Esta ayuda puede concederse a los Gobiernos o a las organizaciones no gubernamentales. Habida cuenta de los compromisos suscritos a nivel internacional durante la Cumbre mundial de Copenhague, la Unión podría proponer, como ocurre por ejemplo con los nuevos acuerdos con Pakistán o Bangladesh, incluir en los acuerdos de cooperación con terceros países una mención de los objetivos de desarrollo social, así como una referencia específica a la necesidad de salvaguardar los derechos fundamentales de los trabajadores teniendo en cuenta los principios de los instrumentos pertinentes de la OIT, incluidos los relativos a la prohibición del trabajo forzoso y del trabajo infantil, el derecho de organización y de negociación colectiva y el principio de no discriminación. En la misma línea, la Declaración de 1995 del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre la "Cooperación al desarrollo en el nuevo contexto global" definida en su enfoque de las estrategias para integrar los medios más eficaces para eliminar el trabajo infantil: en primer lugar combatir la pobreza (actuando incluso en la célula familiar), invertir en el ámbito de la educación, crear oportunidades de empleo para los adultos, promover la participación de las mujeres en el desarrollo económico. En este mismo contexto, la Oficina internacional del trabajo avanzó la idea de la posibilidad de compensar la pérdida de ingresos sufrida por las familias por la escolarización infantil. Referencia a los derechos humanos En sus relaciones exteriores, la Unión Europea desarrolló una política en materia de derechos humanos y de las libertades fundamentales que cubre una amplia gama de acciones. Desde este punto de vista, la Comisión publicó en noviembre de 1995 una comunicación "La Unión Europea y los aspectos exteriores de la política de los derechos humanos: de Roma a Maastricht y más allá ". 16 Por lo que se refiere concretamente a las relaciones con terceros países, desde 1992, debe introducirse una cláusula por la que se definen los derechos humanos como elemento esencial de los acuerdos con estos países. Esta cláusula se refiere a todos los derechos, no sólo civiles y políticos sino también al desarrollo, a los derechos económicos, culturales y sociales. La Comisión, en su comunicación de mayo de 1995 "Sobre la consideración del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos entre la Comunidad y los terceros países" desarrolló el significado de esta cláusula. 4. Ámbitos de actuación multilateral Sin ignorar la importancia de la contribución de los organismos internacionales que, a través, del diálogo político pueden tener un impacto indirecto en la promoción de las normas laborales fundamentales, el presente documento se concentra sobre todo en: La Organización Internacional del Trabajo, que es por vocación la institución más conveniente para examinar la cuestión del fomento de las normas laborales. La Organización Mundial del Comercio, que es el lugar de debate de la relación entre comercio y normas laborales. En efecto, el objetivo del fomento de las normas laborales implica el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y la eficacia de la OIT. Por otra parte, evitando la politización del sistema multilateral de comercio, ¿puede el proceso de liberalización del comercio ignorar casos de violación de los derechos humanos? Esta cuestión es aún más significativa si se tiene en cuenta la interacción entre el desarrollo económico, la liberalización del comercio y el progreso social, tal como se describe en los trabajos de la OCDE y de la OIT. Así, la liberalización del comercio tendrá un impacto positivo en el desarrollo económico y, en consecuencia, en la mejora de las condiciones de vida mientras que el mantenimiento de un nivel artificialmente bajo de las condiciones sociales será un obstáculo al crecimiento. a) El fortalecimiento del papel de la OIT La OIT dispone de mecanismos de control de la aplicación efectiva de los convenios internacionales de trabajo. La Comisión de expertos sobre la aplicación de los convenios y recomendaciones examina los informes periódicos que los Estados miembros están obligados a presentar sobre la ejecución de los convenios que han ratificado. La Conferencia internacional del trabajo trata las conclusiones de esta Comisión. Por otro lado, existe un mecanismo concreto en materia de libertad sindical. El Comité de libertad sindical es competente para examinar los casos relativos a todos los Estados miembros de la OIT, hayan ratificado o no los convenios de este sector. Por último, la constitución de la OIT prevé un procedimiento de denuncia ( por iniciativa de cada uno de los miembros tripartitos de la OIT) cuando un Estado miembro no garantice satisfactoriamente la 17 ejecución de un convenio que éste hubiera ratificado. Este procedimiento puede implicar la consulta de una Comisión de investigación. Es necesario no obstante destacar que ninguno de estos procedimientos termina en sanciones. La OIT dispone de medios de estímulo como el diálogo con el país afectado y la asistencia técnica. La OIT desarrolló también un programa específicamente destinado a la eliminación progresiva del trabajo infantil en el mundo ("IPEC"). El sistema de la OIT se caracteriza pues por el voluntarismo y la persuasión. Los mecanismos existentes tienen una influencia moral (especialmente sobre la opinión pública) y no coercitiva. La presión ejercida por los Gobiernos y los interlocutores sociales es también muy importante. Ya se ha iniciado el debate en esta organización sobre una serie de acciones que pueden dotar de mayor eficacia a la OIT. Toda estrategia europea para tratar el problema de las normas laborales deberá tener en cuenta este debate, algunos de cuyos elementos son los siguientes: En primer lugar, habría que apoyar a la OIT en su diálogo y sus contactos directos con los Gobiernos así como en sus acciones de asistencia técnica, especialmente el programa IPEC, para las que se necesitarán recursos financieros. Apoyar el principio según el cual el respeto de las normas laborales fundamentales se convierte en un compromiso implícito para todos los miembros de la organización, independientemente de que hayan ratificado los convenios correspondientes o no. En otros términos, prever el mismo tipo de procedimiento que el que se aplica a la libertad de asociación que permite la apertura de una investigación sin la autorización previa del Gobierno interesado. Tratar de forma más concreta los problemas vinculados a las formas intolerables de la explotación del trabajo infantil. Una posibilidad, además de las ya previstas, -podría ser la creación de un Comité especial, que tendría como tarea no sólo efectuar investigaciones y elaborar informes sino trabajar sobre regímenes que promuevan la educación infantil. (Ayuda directa a las familias, distribución de comida en las escuelas). Reforzar el grado de ratificación. La Oficina internacional de trabajo lanzó una campaña de ratificación pidiendo a los Gobiernos que ratificaran estos convenios o explicaran porqué no pueden hacerlo. También pueden llevarse a cabo otras acciones: Posibles acciones en el ámbito "de los códigos de buena conducta" iniciados por las autoridades públicas o el sector privado. Hay que recordar a tal efecto el código de conducta que la Unión Europea envió voluntariamente a las empresas europeas instaladas en Sudáfrica y las políticas aplicadas por algunas empresas privadas y que se refieren a su propio Reglamento de trabajo, a los criterios de su elección para el país de inversión o las condiciones que imponen a sus proveedores. Más allá de la declaración de principios 18 tripartita sobre las empresas multinacionales y la política social adoptada por la Oficina Internacional del Trabajo, se podrían considerar acciones para hacer más transparentes estas iniciativas y valorizarlas. Examinar cuál podría ser la contribución de la experiencia de la O. I. T. en caso de "labelling social". Las iniciativas privadas sobre el "labelling social" se multiplican y existen ya programas para que el consumidor sepa que el producto que se le ofrece se fabricó en condiciones sociales adecuadas. Aunque la O. I. T. no debería establecer sus propios programas de "labelling social", podría tener interés en proporcionar asistencia técnica teniendo en cuenta el riesgo de que se soslayen tales iniciativas con fines proteccionistas. También serían importantes en este contexto las normas de la OMC. b) El papel de la O. M. C. Desde la conferencia de Marrakech, la cuestión de la interdependencia entre la liberalización del comercio, el desarrollo económico y el progreso social es objeto de debates profundos en los organismos internacionales. En este contexto, varios aspectos se revelaron significativos: la convergencia entre los objetivos del sistema multilateral de comercio y la promoción de las normas laborales; el enfoque multilateral ante la aparición de las políticas comerciales autónomas vinculadas a la promoción de las normas laborales; las consecuencias de la aplicación de normas laborales fundamentales sobre la competitividad internacional, especialmente para los países en vías de desarrollo. (i) La convergencia de los objetivos En el texto actual de los acuerdos del GATT / OMC, solamente el párrafo e) del artículo XX relaciona el trabajo penitenciario y las restricciones comerciales y autoriza a una parte contratante a imponer o a reforzar sanciones relativas a los productos del trabajo penitenciario. El artículo XX precisa, por otra parte, que estas medidas no deben aplicarse de modo que constituyan un medio de discriminación arbitrario o no justificado, entre partes donde existan las mismas condiciones, ni una restricción velada al comercio. El enfoque de las disposiciones del artículo XX es un enfoque "restrictivo" que autoriza medidas restrictivas al comercio. Tal enfoque genera riesgos de desvío con fines proteccionistas que serían contrarios al objetivo de la promoción de las normas laborales. En efecto, el desarrollo económico, el crecimiento del comercio y el progreso social se refuerzan mutuamente y en consecuencia el camino que debe emprenderse es el de la liberalización y no el de la restricción de los intercambios. En este orden de ideas, los objetivos del sistema multilateral de comercio no parecen tan distantes de la promoción de las normas laborales fundamentales. 19 No hay que olvidar que son esencialmente los mismos Estados los que son miembros de la O. M. C, de la O. N. U. y de la O. I. T; se podría considerar que los principios que suscribieron voluntariamente son, en los tres casos, complementarios. El acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización del Comercio confirma la idea de una interacción entre la liberación de los intercambios, el desarrollo económico y el progreso social, puesto que las partes signatarias retomaron el texto del preámbulo del GATT reconociendo que "sus informes en el sector comercial y económico debían orientarse hacia el aumento de los niveles de vida, la realización del pleno empleo y un nivel elevado y cada vez más creciente de la renta real y de la demanda efectiva. ". Por último, en la medida en que la liberalización del comercio va pareja a la libertad individual de negociar y contratar, es esencial asociar la libertad de los trabajadores de negociar sus condiciones laborales y de vida. Ya la Carta de la Habana (Anexo 111) hacía referencia a las condiciones laborales no equitativas y preveía introducir el principio de la obtención de las normas laborales, especialmente para los productos destinados a la exportación. El Acuerdo general sobre aranceles y comercio se había limitado inicialmente a los aspectos arancelarios que cubrían solamente el sector de las mercancías y hasta la Ronda de Tokio no se reconoció el impacto de las medidas no arancelarias sobre los intercambios, lo cual permitió la negociación de los códigos relativos a las subvenciones, las licencias de importación, el valor en aduana, etc. extendiendo así el ámbito de aplicación de las normas multilaterales del GATT fuera de los aspectos arancelarios. Con la conclusión de la Ronda Uruguay, comienza un nuevo período. La Organización Mundial del Comercio es fundamentalmente diferente del GATT, no solamente porque su ámbito de aplicación se ha ampliado aún más para cubrir otros temas como los servicios, pero también desde el punto de vista institucional. En efecto, la OMC es más que un conjunto de normas entre partes contratantes; constituye un marco institucional común para los debates de cualquier aspecto relativo al comercio3. Por lo tanto, la creación de un grupo de trabajo sobre la relación entre comercio y normas laborales internacionalmente reconocidas no tienen consecuencias, de manera casi automática, en las disciplinas comerciales. Por otra parte, la instauración de un grupo de trabajo en el marco de la OMC no debe percibirse como un camino alterno a la del refuerzo de la OIT. Ai contrario, se trata de dos procedimientos complementarios, teniendo en cuenta especialmente del papel de la OIT a nivel internacional como organismo legislativo y también como institución de vigilancia. (ü) la necesidad de un marco multilateral 3Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio - Art. Ill, página 1 "La OMC participará en la aplicación, administración y funcionamiento del presente acuerdo y de los acuerdos comerciales multilaterales y favorecerá la realización de sus objetivos. " 20 En la realidad económica y política, surjen ejemplos de la relación entre el comercio y las normas laborales, bien en el marco de las políticas preferenciales autónomas (SPG - EE. UU / UE), o en forma de integración regional (NAFTA). Estas acciones autónomas, bilaterales o multilaterales fijan distintos criterios y medidas que constituirán poco a poco un conjunto de textos normativos que no serán siempre coherentes o conformes a los principios de la liberalización del comercio. Del mismo modo, no se puede ignorar la presión de la opinión pública que se preocupa cada vez más por los aspectos humanitarios de las condiciones laborales en el mundo entero y pide la autorización de las autoridades públicas, entre otras mediante la adopción de medidas restrictivas a las importaciones. Esta presión se concreta también en iniciativas de organizaciones de consumidores que pueden tomar o la forma "del labelling social" o el boicot de los productos de determinados orígenes. Un ejemplo muy conocido del primer caso es "la Rugmark Foundation" que expide certificados "sociales" a compañías de fabricación de alfombras hechas a mano. El segundo camino, el boicot de los productos implican el riesgo inherente de ser manipulados con fines proteccionistas si la industria local fabrica productos similares. Hay que destacar que el sector privado ya comenzó a reaccionar y algunas empresas (especialmente en el sector de la ropa o del calzado) adoptaron normas que deben respetarse relativas a las normas laborales aplicadas por sus filiales o por sus proveedores. La ausencia de marco multilateral por lo que se refiere a la relación entre el comercio y las normas laborales genera el riesgo de adoptar medidas comerciales unilaterales que no pueden tener sino un efecto desestabilizador sobre el progreso realizado en el ámbito de la liberalización del comercio con la conclusión de las negociaciones de la Ronda Uruguay. En los próximos años, la Organización Mundial del Comercio deberá confirmar su papel de gestor del sistema de comercio. Esta obra sería más difícil si la OMC tiviera que enfrentarse a restricciones comerciales unilaterales, no compatibles con las normas multilaterales y que darán lugar a consecutivos arreglos de desacuerdos, cuyos resultados corren el riesgo de disminuir la credibilidad de esta organización. (iü) El impacto en la competitividad v los países en vías de desarrollo Los países en vías de desarrollo perciben el debate sobre las normas laborales en la OMC como una tentativa de los países desarrollados de imponerles normas laborales y niveles salariales desproporcionados para su grado de desarrollo bajo la amenaza de represalias comerciales. En consecuencia, o bien desaparecería una de sus ventajas comparativas, o las economías industrializadas podrían utilizar la referencia a las normas laborales con el fin de elevar barreras proteccionistas para los sectores económicos menos potentes. Así, el debate toma muy a menudo la orientación de un conflicto norte-sur entre países con altos sueldos y países con sueldos bajos, lo que no hace más que volver aún más confusas las dimensiones del problema y aleja la posibilidad de obtener el consenso político indispensable para lanzar un debate en el marco de la OMC. 21 Es pues primordial tranquilizar a los países en vías de desarrollo precisando que el objetivo no consiste en afectar su posición competitiva en el mercado internacional y darles garantías contra abusos proteccionistas. La primera garantía consiste en la elección de limitar el debate solamente sobre la promoción de las normas laborales fundamentales, lo cual aleja toda perspectiva de debate relativa a las diferencias salariales. Esta elección es aún más significativa si se tienen en cuenta los resultados del estudio de la OCDE según los cuales "el miedo de los países en vías de desarrollo de que la aplicación de las normas laborales fundamentales afecte su competitividad no es fundado. Al contrario, es teóricamente posible que la aplicación de estas normas refuerce a largo plazo los resultados económicos de todos los países ". Por añadidura, un debate de todos los aspectos en el marco multilateral, constituye también una garantía contra los desvíos con fines proteccionistas, teniendo en cuenta también todas las iniciativas autónomas de los gobiernos o del sector privado que se desarrollen en este sentido. Por último, sería necesario hacer hincapié en el hecho de que e la O. M. C. no dispone de una experiencia suficiente en el ámbito de las normas laborales y que se impone la coordinación con el O. I. T. 22 Conclusiones Tradicionalmente, la Unión Europea ha sido uno de los motores de la promoción de los derechos humanos en el mundo. Tiene una responsabilidad histórica como prueban las esperanzas expresadas por sus socios. La Unión Europea responde por los medios de los que dispone en el marco de su política exterior así como en el marco de su política de ayuda al desarrollo. t Actualmente se está llegando a un consenso internacional sobre la necesidad de promover determinadas normas laborales calificadas como fundamentales y consideradas de carácter universal y que incluyen aspectos vinculados a los derechos humanos. Se trata de normas relativas a la abolición del trabajo forzado y de la esclavitud así como a la eliminación de la explotación del trabajo infantil, a la libertad sindical y al derecho de negociación colectiva y a la no discriminación en el empleo. Los Estados miembros de la Unión consideraron, en el marco del Comité 113, que habría que estudiar la posibilidad de abordar la cuestión de la promoción de estas normas en el marco de la OMC. Sería necesario velar por mantener un equilibrio entre el refuerzo del papel de la OIT a quien corresponde en derecho la experiencia en el ámbito de las normas laborales y el lanzamiento de un debate en el marco de la O. M. C. La O. M. C. tiene que jugar un papel real en este sector en cumplimiento de las ventajas comparativas de los países en vías de desarrollo y de su derecho a definir sus políticas nacionales. El tratamiento de esta cuestión en la OMC es también necesario pata fomentar el desarrollo del libre comercio y para limitar los abusos de las medidas autónomas unilaterales o de las iniciativas privadas que corren el riesgo de degenerar y dirigirse con fines proteccionistas. El inicio del debate en la OMC sería la convergencia entre los objetivos del sistema multilateral de comercio y la promoción de normas laborales fundamentales del trabajo, como resulta del texto de preámbulo del GATT que se retomó en el acuerdo de Marrakech y que establece una relación entre liberalización del comercio, desarrollo económico y progreso social. Así, el camino que debe emprenderse es el del desarrollo de los intercambios en un sistema multilateral abierto y no discriminatorio y no el de las restricciones comerciales. Sobre la base de este análisis, la inclusión de las cuestiones sociales en el programa de trabajo de la O. M. C. debería constituir un objetivo claro de la Unión. La Comisión propone pues al Consejo que se plantee, durante la Conferencia ministerial de Singapur, la creación de un grupo de trabajo que examine el vínculo entre el sistema multilateral de comercio y las normas laborales fundamentales y los sectores en los cuales la OMC podría intervenir, en colaboración con las otras instituciones internacionales para contribuir a la promoción de estas normas. En este sentido, la Comisión propone también al Consejo apruebe una contribución escrita que explique el enfoque de la UE en este asunto, para que se entregue rápidamente en Ginebra. 23 Anexo I Conferencia Ministerial de la OMC - Singapur 1996 Normas laborales fundamentales y sistema multilateral de comercio Elementos para un acuerdo Documento no oficial de la Delegación de Estados Unidos 15 de mayo de 1996 1. Un acuerdo alcanzado en Singapur recordaría los objetivos del sistema multilateral de comercio y la conveniencia de fomentar unas normas laborales fundamentales internacionalmente reconocidas. Los miembros de la OMC tendrían en cuenta que el fomento de las normas laborales fundamentales puede reforzar los resultados económicos a largo plazo de todos los países y reconocerían este hecho en una declaración concebida para aprovechar la oportunidad de reforzar y desarrollar aún más el apoyo al sistema de comercio. Al mismo tiempo, y en la misma declaración, los miembros de la OMC reiterarían su apoyo a un sistema de comercio abierto y no discriminatorio, y se comprometerían a lograr una mayor liberalización del comercio y a evitar actos o medidas proteccionistas que pusieran en tela de juicio las legítimas ventajas comparativas de los miembros de la OMC. Esta declaración multilateral sobre políticas no crearía por sí misma nuevos derechos u obligaciones vinculantes de la OMC. La Declaración de Marrakesh sobre la coherencia en la elaboración de políticas económicas mundiales puede constituir un modelo en este sentido. 2. La declaración de Singapur se referiría estrictamente a las normas laborales "fundamentales", basadas en las siguientes normas de derechos humanos acordadas por los miembros de la OMC en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales: • Libertad de asociación • Derecho de organización y negociación colectiva • Prohibición del trabajo forzoso • Eliminación de las formas explotadoras del trabajo de los niños • No discriminación en el empleo o la profesión El limitar las normas laborales que se están discutiendo a las anteriormente mencionadas eliminaría la preocupación de los miembros de la OMC en el sentido de que esta cuestión pudiera desembocar en una discusión de las disparidades salariales. 3. El acuerdo de Singapur deberá poner en marcha un estudio de seguimiento en la OMC (realizado por un grupo de trabajo de la OMC) destinado a identificar los vínculos entre los objetivos y las disposiciones de la OMC y las normas laborales fundamentales, el trabajo conexo en otras organizaciones, particularmente la OIT, y las maneras en que la OMC podría seguir cooperando en este campo con otras instituciones. Los resultados de los esfuerzos del grupo de trabajo deberán aprovecharse en una reunión ministerial ^ posterior con vistas a considerar la manera en que la OMC podría contribuir a fomentar el cumplimiento de las normas laborales fundamentales y definir modalidades para dicha actuación, con objeto de mantener un sistema de comercio abierto y no discriminatorio. 1Ç 13. 05. 1996 FOMENTO DE LAS NORMAS LABORALES FUNDAMENTALES EN EL CONTEXTO DEL COMERCIO INTERNACIONAL - Posición de Noruega Noruega está dedicada plenamente al fomento de las normas laborales internacionalmente reconocidas, como la libertad de asociación, el derecho de organización y negociación colectiva, la prohibición del trabajo forzoso, la eliminación de las formas explotadoras del trabajo de los niños y la no discriminación en el empleo o la profesión. Si bien la responsabilidad fundamental de cara al fomento de estas normas corresponde a los gobiernos nacionales y los interlocutores sociales, la comunidad internacional comparte la responsabilidad de cara a supervisar los avances y apoyar los esfuerzos nacionales destinados a mejorar la calidad de estas normas. La globalización de la economía y un sistema de comercio internacional más abierto y dinámico han permitido centrarse aún más en las normas laborales en el contexto del comercio. El comercio se concibe a la vez como un medio de mejorar las normas mediante un crecimiento económico impulsado por los intercambios y como un campo de interacción internacional basado en la obligación común de respetar y fomentar los derechos humanos fundamentales, de los que forman parte integrante estas normas laborales. Un estudio reciente de la OCDE ha señalado que el comercio puede asociarse a la mejora de las normas laborales. Noruega está interesada en un seguimiento del estudio, con el objetivo de hacer participar a un número mayor de países, y especialmente países en desarrollo, en una discusión abierta sobre las estrategias más efectivas de cara a mejorar la calidad de las normas laborales a escala mundial y sobre el modo en que el comercio puede contribuir a este objetivo. Noruega ha tomado la iniciativa de crear un taller en la OCDE, con la participación de no miembros, para introducir el estudio y las conclusiones que cabe extraer de él. Estas discusiones también apoyarían los actuales esfuerzos de la OIT para mejorar la supervisión y aplicación de los convenios sobre normas laborales, incluido un nuevo convenio sobre el trabajo de los niños. Noruega prevé una discusión en el contexto de la OMC para aclarar los temas e determinar los posibles vínculos que cabe considerar en el ámbito de competencia de la OMC. En este contexto reconocemos la importancia de evitar la introducción de medidas unilaterales de comercio. Una discusión en la OMC que aproveche la labor de otras organizaciones internacionales podría incluir los esfuerzos para mejorar las normas laborales como parte integrante de una estrategia para el crecimiento económico y el incremento del comercio. También podría contribuir a desmitificar la creencia de que unas normas laborales poco exigentes producen beneficios comerciales. Unas relaciones más estrechas entre las instituciones nacionales y regionales de investigación laboral podrían también contribuir a mantener una discusión sin enfrentamientos en este campo. Noruega considera que una estrategia de diálogo sin enfrentamientos en la que participen todas las partes interesadas y que tenga en cuenta todos los medios efectivos de apoyar 76 los esfuerzos nacionales destinados a mejorar gradualmente las normas laborales, tendría grandes posibilidades de éxito de cara a mejorar la calidad de estas normas a escala mundial e incrementar el bienestar de las personas afectadas. La OMC, por su parte, deberá examinar el modo en que el sistema multilateral de comercio puede contribuir a la consecución de estos objetivos. rl- EXTRAIT DU LIVRE BLANC ANNEXE II f) Mejorar ta competitividad Las políticas comercial y económica no pueden sustituir a la elaboración por las empresas tanto de productos comerciales como de sistemas de distribución mundial en los plazos y con los costes y calidades exigidos. En cuanto a los costes sociales, el temor al denominado dumping social no se justifica si se basa en la creencia de que algunos países mantienen artificialmente la protección social en un bajo nivel para obtener ventajas competitivas en otros mercados. Debemos rechazar una imagen simplista que asocie países industriales a salarios altos y países en desarrollo a salarios bajos. Puede ser engañoso fiarse únicamente de las diferencias observadas en los salarios. Es cierto que las tecnologías modernas se extienden más rápidamente y con mayor facilidad que antes por las regiones del mundo. Pero una educación peor, unos niveles de cualificación inferiores, menores inversiones globales de capital y unas infraestructuras inadecuadas pueden anular la ventaja que representan los bajos salarios. Esto no significa que la Comunidad no tenga problemas para competir con países de abundante mano de obra. Pero la competitividad europea no está cayendo principalmente debido ai impacto de las diferencias internacionales de costes sociales en algunos sectores, sino por las distorsiones estructurales que padecemos en Europa. En los países en desarrollo, la mejora de la protección social se convierte en un objetivo politico generalmente aceptado a medida que aumenta la renta nacional hasta un nivel que permite alcanzarlo. A largo plazo, la solución consistirá en gran medida en ayudar a estos países a lograr las condiciones necesarias para el aumento de la demanda interior y la elevación del nivel de vida La búsqueda de una mayor competitividad, en las políticas comerciales u otras, no implica reducir la protección social en Europa o ignorarla en el resto del mundo. Tenemos motivos para estar orgullosos en este punto, en el que rivalizamos con lo mejor del mundo, y tenemos motivos seguir impulsando el establecimiento de niveles de protección social como los europeos donde sea oportuno. La Comunidad y sus Estados miembros pueden aprovechar todas las oportunidades que se les ofrezcan para plantear a los países involucrados la necesidad de poner al día su normativa. Podemos alentar este proceso con medidas positivas, por ejemplo facilitando asesoría legislativa o cooperación técnica, según los casos. Se trata de objetivos legítimos en la ayuda al desarrollo y la cooperación económica Pero la política comercial no es un instrumento para el logro de estos objetivos. Nos oponemos con razón a la voluntad unilateral de otros de imponer a Europa su opinión sobre la forma de organizar el mundo. Son las organizaciones internacionales responsables de las reglas multilaterales las que deben juzgar cómo las cumple la Comunidad. Debemos aplicar el mismo principio para juzgar el cumplimiento de los demás. Existen tres frentes de actuación: aportar más información a los actuales debates sobre el dumping social, explicando por qué la Comunidad desea el establecimiento de reglas multilaterales, no permitiendo que ningún país se establezca como juez unilateral de la legislación nacional de los demás o de su cumplimiento de los acuerdos internacionales; establecer una política comunitaria positiva de cooperación económica que incremente los niveles sociales en todo el mundo, pero sin utilizar como palanca discriminaciones comerciales unilaterales; prepararse para los necesarios debates, en la Organización Internacional del Trabajo, y en otros foros, con posterioridad a la Ronda Uruguay, sobre la jnejor forma de reforzar el cumplimiento de los acuerdos actuales y futuros en el ámbito social. T. * Anexo III Conferencia de las Naciones Unidas sobre comercio y empleo La Habana, abril de 1948 Artículo 7 • Página 7 Normas de trabajo equitativas: 1. Los miembros reconocen que las medidas relativas al empleo deben tener plenamente en cuenta los derechos de los trabajadores conforme a las declaraciones, convenciones y convenios intergubernamentales. Reconocen también que todos los países tienen un interés común en el logro y mantenimiento de normas de trabajo equitativas en relación con la productividad y, por consiguiente, en el mejoramiento de los salarios y de las condiciones de trabajo en la medida en que lo pueda permitir la productividad. Los miembros reconocen que las condiciones inequitativas de trabajo, especialmente en la producción destinada a la exportación, crean dificultades en el comercio internacional y, por consiguiente, cada miembro adoptará cualesquiera medidas que sean apropiadas y factibles para hacer desaparecer tales condiciones dentro de su territorio. 2. Los miembros que lo sean también de la Organización Internacional del Trabajo cooperarán con esa Organización para dar efectividad a este compromiso. 3. Para todas las cuestiones relativas a las normas de trabajo que pudieran ser sometidas a la Organización, conforme a las disposiciones del articulo 94 ó 95, la Organización consultará y cooperará con la Organización Internacional del Trabajo. Q1 ISSN 0257-9545 COM(96) 402 final DOCUMENTOS ES 02 04 05 11 N° de catálogo : CB-CO-96-416-ES-C ISBN 92-78-07872-7 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxcmburgo


title: COMMISSION REGULATION (EC) No 1446/96 of 24 July 1996 determining the extent to which applications lodged in July 1996 for import licences for certain poultrymeat products under the regime provided for in Council Regulation (EC) No 774/94 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas for poultrymeat and certain other agricultural products can be accepted

eurovoc_concepts:
import licence
poultrymeat
tariff quota