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text: COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS BruseJas, 10. 04. 1996 COM(96) 126 final XXV INFORME SOBRE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA (1995) (presentado por la Comisión) ÍNDICE Introducción I - Normas de competencia aplicables a las empresas: artículos 85 y 86 A - Garantía de los efectos benéficos del mercado interior 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Distribución de vehículos automóviles Restricciones al comercio paralelo Restricciones al acceso al mercado por parte de nuevos operadores Libro Verde sobre restricciones verticales Transferencias transíronterizas de créditos Concesión de trato favorable Acceso al expediente B - Cooperación y competencia en un entorno económico globalizador y en rápida evolución 1. Aplicación de los artículos 85 y 86 en el sector de las telecomunicaciones 1. 1. Alianzas estratégicas 1. 2. Acuerdos de acceso e interconexión 2. Mercados mundiales 3. T r a n s f e r e n c ia de tecnología C - Transporte 1. Transporte marítimo 1. 1. Consorcios de líneas marítimas 1. 2. Fijación de las tarifas de los tramos terrestres por parte de las conferencias marítimas 2. Transporte aéreo 2. 1. Consultas sobre tarifas en la IATA 2. 2. Cooperación entre líneas aéreas D - Redes transeuropeas y política de competencia E - Competencia y medio ambiente F - Mercados de productos secundarios G - Profesiones liberales , H - Subsidiariedad y descentralización 1. 2. Acuerdos de minimis Descentralización I - Resumen estadístico 13 13 13 14 16 19 19 21 21 22 22 22 25 25 26 2 6 26 27 28 29 29 29 30 31 32 33 34 34 35 37 II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 37 y 90 A - Introducción 1. 2. 3. Los servicios de interés económico general, una pieza central de la política de liberalización de la Comisión Las directivas derivadas del apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE Otros instrumentos a disposición de la Comisión B - Telecomunicaciones 40 40 40 41 42 42 1. 2. 3. 4. 5. Medidas generales 42 Directiva sobre liberalización de la televisión por cable 43 43 Directiva de liberalización de la telefonía móvil Directiva de liberalización total 44 Procedimientos de infracción con arreglo al apartado 3 del artículo 90 45 C - Energía D - Servicios Postales E - Transporte " 1. 2. Aeropuertos 1. 1. Canon de aterrizaje 1. 2. Asistencia en escala Puertos F - Otros monopolios estatales de carácter comercial 1. 2. 3. 4. Monopolios sueco y finlandés de alcoholes Monopolio austríaco de alcoholes Monopolio austríaco de la sal Monopolio austríaco de tabacos manufacturados III - Control de las operaciones de concentración A - Introducción B - Investigaciones en profundidad 1. 2. Casos relativos a medios de comunicación Otras investigaciones en profundidad C - Otros casos importantes D - Intereses legítimos de los Estados miembros E - Operaciones de concentración en los sectores del carbón y el " acero F - Perrier G - Resumen estadístico IV - Ayudas estatales A - Política general Nuevas medidas destinadas a dar cumplimiento a la obligación de notificación 1. Recuperación de las ayudas abonadas en infracción del Tratado Cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales 2. B - Concepto de ayuda 47 48 49. 49 49 49 50 51 51 51 52 52 53 53 53 54 55 58 59 60 60 61 63 63 64 64 65 66 C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común 69 1. Ayudas sectoriales 1. 1. Sectores a los que se aplican normas específicas 1. 1. 1. Ayuda a la construcción naval 1. 1. 2. Acero 1. 1. 3. Carbón 1. 1. 4. Sector de los vehículos automóviles 1. 1. 5. Sector de las fibras sintéticas 1. 1. 6. Transportes 1. 1. 7. Agricultura 1. 1. 8. Pesca 1. 2. Sectores no sujetos a directrices comunitarias específicas sobre ayudas estatales 1. 2. 1. Sector bancario 1. 2. 2. Correos 1. 2. 3. Sector audiovisual 2. Ayudas horizontales 2. 1. Investigación y desarrollo 2. 2. Ayudas al empleo y medidas sociales de carácter general 2. 3. Ayudas a la protección del medio ambiente 2. 4. Ayudas a pequeñas y medianas empresas (PYME) 2. 5. Ayudas a la exportación 2. 6. Ayudas de salvamento y de reestructuración 2. 7. Treuhandanstalt 3. Ayudas regionales D - Procedimientos (derechos de los denunciantes) E - Estadísticas V - Dimensión internacional A - Espacio Económico Europeo B - Países de Europa central y oriental, Estados Bálticos, nuevos Estados independientes y países mediterráneos 1. 2. 3. Países de Europa central y oriental Estados Bálticos, Eslovenia y nuevos Estados independientes 92 Países mediterráneos y Mercosur C - América del Norte D - Japón E - Australia y Nueva Zelanda F - Organizaciones multilaterales y otras cuestiones internacionales 95 1. 2. 3. 4. OCDE OMC UNCTAD Cooperación internacional VI - Política de información Anexo : Asuntos mencionados en el Informe 69 69 69 69 70 71 73 73 76 78 78 78 79 80 80 80 82 83 84 85 85 87 87 87 89 91 91 91 91 93 93 94 95 95 95 96 96 97 98 Introducción 1. La existencia de un entorno competitivo como requisito previo para la competitividad Por lo general, se admite que la política de competencia 1. desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que la industria de la UE continua siendo competitiva. La política de competencia sirve para lograr una asignación óptima de recursos, avances técnicos y la flexibilidad necesaria para adaptarse a un entorno en evolución. En este sentido, la competencia y la competitividad son indisociables. La experiencia demuestra que únicamente aquellas empresas acostumbradas a una fuerte competencia y que obtienen buenos resultados en los mercados abiertos y dinámicos podrán hacer otro tanto a una escala aún mayor, ya sea en otras zonas geográficas o en una economía más internacionalizada. La política de competencia y la de competitividad no son, por ] o tanto, contradictorias, sino que persiguen el mismo objetivo de crear las condiciones fundamentales para el desarrollo y mantenimiento de una industria comunitaria eficaz y competitiva, ofreciendo a los ciudadanos europeos unos productos y servicios de más calidad y contribuyendo a la estabilidad del entorno económico. 2. Mercado interior y política de competencia 2. La complementariedad existente entre estas dos políticas también se refleja claramente en el objetivo comunitario de crear un mercado interior. Por una parte, éste es condición esencial para el desarrollo de una industria eficaz y competitiva. Por otra, la política de competencia es un importante instrumento para construir y mantener el mercado interior, especialmente mediante la aplicación de normas que garanticen que los obstáculos normativos al comercio que ya han sido suprimidos no se ven sustituidos por restricciones públicas o privadas que a la postre producen el mismo efecto. 2. 1. Factores que inciden sobre la competencia en el mercado interior 3. Aunque casi todas las etapas legislativas definidas en el Libro Blanco hecho público por la Comisión en 1985 sobre el mercado interior ya han sido recogidas a escala nacional, existen indicios que sugieren que algunos mercados de productos y servicios1 aún continúan fragmentados. Se espera que la integración del mercado interior, junto con la progresiva internacionalización, amplíe los mercados geográficos (no necesariamente a escala comunitaria ya que los mercados de referencia pueden constar de un grupo diferente de mercados regionales o nacionales). De esta forma, dicha integración puede llegar a redéfinir los parámetros estructurales del mercado en el que se deben considerar las repercusiones sobre la competencia de las actuaciones de operadores públicos o privados. En esta fase inicial no se puede juzgar si ya se ha manifestado la repercusión del mercado interior beneficiosa para la competencia. Existen datos provisionales que demuestran que, en algunos mercados, la competencia se produce cada vez más a un nivel supranacional. En cambio, existen motivos que hacen suponer que otros mercados continúan segmentados conforme a una estructura nacional. Esto En 1996 la Comisión pretende dar a conocer los resultados de un análisis global del impacto y eficacia del programa del mercado interior, con arreglo a la resolución del Consejo 92/1218, de 7 de diciembre de 1992. último se puede explicar haciendo referencia a determinados factores que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar las consecuencias de la integración del mercado interior en términos de la expansión geográfica de los "mercados de referencia". 4. El primer factor se refiere a la eficacia de las medidas legislativas (y de determinadas medidas complementarias tales como la normalización europea) a la hora de suprimir las barreras legales y administrativas existentes para las transacciones transíronterizas. En aquellos casos en los que el marco legislativo está incompleto o es inadecuado, la Comisión pretende presionar para que se subsanen estas deficiencias. También pueden darse situaciones en las que no existan barreras de entrada pero donde subsistan discrepancias entre las distintas soluciones nacionales que dan lugar a distintas condiciones económicas propicias al falseamiento del comercio y la competencia (por ejemplo, precios de productos farmacéuticos, fiscalidad, fluctuaciones monetarias). Cuando estos factores dan lugar a diferencias en las condiciones económicas entre los mercados nacionales haciendo que los operadores diferencien entre estos mercados, es posible que haya que tener este hecho en cuenta a la hora de definir el mercado de referencia a efectos de la competencia. Las "barreras naturales" tales como el idioma, el gusto y las costumbres, o las características estructurales que limitan la comerciabilidad de productos o servicios, podrán también dar pie a considerar los mercados nacionales como entidades separadas. Estos aspectos se han suscitado durante la investigación de la Comisión sobre las fusiones en el sector de la radiodifusión televisiva y de los medios de comunicación, en los que los factores culturales y lingüísticos hacen que el mercado comunitario haya de desglosarse en una serie de mercados nacionales distintos. Esta diversidad cultural contribuye a la riqueza de nuestra herencia europea común y la Comisión debe tenerla en cuenta a la hora de analizar los asuntos, aun cuando esto dé lugar a detectar con mayor frecuencia casos de posición dominante (Nordic Satellite; RTL/Veronica/Endemol). 2. 2. Función de la política de competencia 5. Al tiempo que la integración del mercado interior configura el contexto económico en el que debe aplicarse la política comunitaria de competencia, la aplicación de la misma contribuirá también a consolidar el funcionamiento del mercado único. Existen tres principales áreas de actividad: acuerdos y prácticas contrarios a la competencia, sectores regulados o monopolísticos y ayudas estatales. Es fundamental que la Comisión disponga de una panoplia de instrumentos de política de competencia interdependientes. Las normas sobre competencia, el control de. las operaciones de concentración y de las ayudas estatales y las normas sobre liberalización persiguen el mismo objetivo de garantizar que no se falsee la competencia en el mercado interior. 6. La Comisión desempeña una función de vigilancia al aplicar las normas comunitarias de competencia a aquellas empresas que pretenden suprimir los efectos beneficiosos para la competencia derivados de la integración del mercado interior mediante actuaciones anticompetitivas destinadas a mantener la fragmentación del mismo. Como ejemplos de actos que suponen un peligro cabe citar las restricciones al comercio paralelo, algunos tipos de acuerdos verticales o de sistemas de distribución y la negativa injustificada a facilitar acceso (indiscriminado) a ciertas infraestructuras necesarias para que los demás puedan competir. La liberalización 7. tradicionalmente monopolísticos, tales como los servicios públicos, constituye un paso fundamental para el establecimiento de un mercado interior. Goza de gran predicamento la opinión de que sin una base sólida y competitiva en los sectores de la energía, el transporte público y las mercados los de telecomunicaciones, la economía europea, incluyendo los consumidores y las medianas empresas, se encontrarán en situación desfavorecida2. El Consejo Europeo de Madrid de diciembre de 1995 llegó a la conclusión de que es fundamental introducir una mayor competencia en distintos sectores con objeto de mejorar la competitividad y crear nuevos empleos. Por consiguiente, la Comisión ha continuado sus esfuerzos por abrir estos mercados a la competencia y al comercio intracomunitario, garantizando al mismo tiempo la compatibilidad de las medidas propuestas o adoptadas con el desempeño, por parte de los servicios públicos, de funciones de interés económico general, tales como la prestación de un servicio universal a todos los ciudadanos a precios asequibles. 8. Las telecomunicaciones son un sector estratégico que presenta un importante interés para la Unión Europea3. El proceso de liberalización de este sector ha obligado a los operadores a ofrecer nuevos servicios y recortar los precios. Tanto la industria como los consumidores se benefician de la apertura de los mercados de las telecomunicaciones. La introducción de la competencia en este sector es también fundamental para facilitar la transacción a la sociedad de la información y por ende para nuestra capacidad de sobrevivir en un mercado cada vez más competitivo y mundial. En este sentido, la diversidad cultural y la igualdad de acceso a los nuevos servicios son objetivos fundamentales que no deben descuidarse. Gran parte de la legislación a escala comunitaria ya ha sido elaborada o está muy avanzada con vistas a una completa liberalización en 1998. Lógicamente, esta legislación debe incorporarse a la normativa nacional y aplicarse con objeto de garantizar el juego efectivo de la competencia. La función de la Comisión no disminuirá una vez que estén promulgadas las normas. Al contrario, la Comisión debe garantizar que, una vez desaparezcan las barreras legales, éstas no se vean sustituidas por acuerdos o prácticas de carácter similar, tales como concentraciones contrarias a la competencia, acuerdos de reparto de los mercados, conductas abusivas perjudiciales para los nuevos actores en el mercado - por ejemplo, denegando el acceso indiscriminado a infraestructuras fundamentales - o mediante ayudas estatales ilegales. Cuando se conserven derechos exclusivos en algunos sectores reservados, habría que evitar la filtración de subvenciones hacia sectores no reservados al operador en cuestión. Entretanto, este sector se prepara de cara a la aparición de nuevos mercados. La Comisión ha tenido que estudiar nuevas alianzas de alcance global. La valoración que la Comisión ha efectuado de estos asuntos demuestra que las normas de competencia vigentes, si se aplican de forma realista, son igualmente válidas en una dinámica de innovación e internacionalización. Sin embargo, los nuevos mercados emergentes no son un salvoconducto de cara a la autorización. A pesar de que las alianzas deben ser autorizadas, o incluso fomentadas si son beneficiosas para la competencia, no pueden aceptarse cuando obstaculizan o impiden el proceso de desmonopolización. Cuando los grandes operadores unen sus fuerzas, la Comisión debe procurar evitar la compartimentación de los mercados. 9. El sector del transporte aéreo, en el que se alcanzará la plena Grupo consultivo sobre competitividad. Mejorar la competitividad europea, Segundo Informe al Presidente de la Comisión y a los Presidentes de üobierno y Jefes de Estado, diciembre de 1995 ("Informe Ciampi"). En este contexto, se afirma que "lo más importante no es que la propiedad - y la gestión - de los servicios públicos se desplace del Estado al sector privado, sino que se introduzca y se amplié la competencia siempre que sea posible". Libro Verde sobre la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y redes de televisión por cable: primera parte (COM(94) 440, 25. 10. 1994) y segunda parte (COM(94) 682, 25. 01. 1995). liberalización a finales de 1997, demuestra, en mayor medida que el de las telecomunicaciones, que la legislación es necesaria pero no suficiente para alcanzar un entorno plenamente competitivo. En este sector, en el que las líneas aéreas pugnan por alcanzar o mantener una cuota suficiente en un mercado competititvo y de reducido crecimiento, existe el riesgo permanente de que los actuales operadores utilicen métodos desleales con objeto de proteger sus intereses. Es absolutamente necesario aplicar estrictamente las normas de competencia, principalmente en los ámbitos de las ayudas estatales y del control de las prácticas abusivas. Concretamente, se considera que las ayudas estatales son una medida contraproducente que tiende a proteger la ineficacia en detrimento de la eficacia, limitándose a aplazar las necesarias reestructuraciones. Las ayudas estatales pueden incluso utilizarse para hacer frente a nuevos competidores mediante precios predatorios y otras medidas. Aunque la reestructuración sea necesaria para incrementar la eficacia y la competitividad en un mercado en expansión, la Comisión tiene que velar por que un alto grado de concentración no dé lugar a un bloqueo de las rutas y franjas horarias que supondría la reaparición de los obstáculos que han sido suprimidos desde el punto de vista legal. 10. El sector energético es otro factor clave para la industria y como tal se mencionaba en el Informe Ciampi. Sin embargo, durante este año no se han registrado verdaderos avances en su liberalización. 11. Según el cuarto informe sobre ayudas estatales en la Unión Europea, publicado en 1995, el importe total de ayudas nacionales concedidas durante el período 1990 a 1992 ha disminuido, pero continúa siendo, con cerca de 94 000 millones de ecus anuales por término medio en toda la Comunidad, excesivamente elevado para poder alcanzar los objetivos de la Comisión, especialmente por lo que se refiere a los Estados miembros más ricos. La competitividad no se logra mediante grandes cantidades de ayudas públicas, ya que éstas aplazan las reeestructuraciones necesarias, falsean la competencia entre empresas y regiones y suponen una carga para el erario público. No obstante, sería ilusorio sugerir la eliminación pura y simple de todas las ayudas estatales y, de hecho, ni los autores del Tratado ni la Comisión se han planteado nunca esta posibilidad. Las fuerzas del mercado por sí solas, en un mercado que no es perfecto, no permiten alcanzar determinados objetivos fundamentales de los Estados miembros y de la Unión Europea, tales como la cohesión económica y social, un grado suficiente de investigación y desarrollo, la protección del medio ambiente, el desarrollo de las PYME y la necesidad de disponer de tiempo para efectuar los ajustes estructurales, especialmente por motivos sociales. La Comisión considera que es esencial garantizar que, cuando se autoricen las ayudas estatales con carácter excepcional, los efectos negativos sobre la competencia y el comercio entre los Estados miembros se limiten a lo estrictamente necesario y que dichos efectos se compensen con la realización de objetivos de interés comunitario general. 3. Cooperación internacional 12. La internacionalización cada vez mayor de la economía mundial y la evolución del modelo de comercio moderno hacen que la cooperación internacional entre las autoridades de competencia sea inevitable. En primer lugar, las empresas que operan a escala mundial deben conocer y observar las distintas prácticas y normas de competencia de los distintos ordenamientos jurídicos, lo que supone inevitablemente un coste para dichas empresas. Además, cuando las transacciones están sometidas a la jurisdicción de varias autoridades de competencia, existe un mayor peligro de que se impongan medidas contradictorias. Por su parte, las autoridades de competencia pueden experimentar dificultades a la hora de acceder a los datos probatorios de las infracciones de las normas de competencia cuando estas infracciones no son de su jurisdicción. Por otra parte, las normas tendentes a mantener la competencia efectiva en el mercado nacional pueden ser menos eficaces si se aplican a las prácticas contrarias a la competencia a escala global. Por último, se suele admitir que para que la aplicación a mayor escala de estas normas sea efectiva, ésta debe ir acompañada de una liberalización del comercio, es decir los obstáculos de índole privada no deben sustituir a los de carácter público que hayan sido suprimidos. Por todos estos motivos, tanto los sectores industriales como los consumidores se beneficiarán de la mayor cooperación a escala internacional. 13. A escala bilateral, el acuerdo con Estados Unidos (ratificado en abril de 1995 por el Consejo) ya ofrece ámbitos de cooperación y sus disposiciones sobre coordinación de las actividades de aplicación permiten a las partes trabajar conjuntamente en cierta medida con objeto de hacer frente a las situaciones contrarias a la competencia que repercutan en los mercados de la UE y de los EEUU. En un informe sobre política de competencia en el nuevo orden comercial, elaborado por un grupo independiente de expertos a petición del Sr. VanMiert, se recomienda con "carácter prioritario" profundizar en el actual acuerdo UE/EEUU. Este informe formula también recomendaciones referentes a la cooperación plurilateral, ya que el grupo de expertos considera que los acuerdos bilaterales no pueden, por sí solos, hacer frente a todos los problemas que podrían plantearse a nivel internacional. 4. Función de la Comisión al aplicar las normas de competencia 14. Cabe afirmar sin temor a equivocarse que la fase de desarrollo de la política comunitaria de competencia ha concluido. La política y la normativa están ya suficientemente asentadas a través de la práctica administrativa de la Comisión y de los principios desarrollados por los tribunales europeos. Por otra parte, la Comisión dispone de recursos limitados para hacer frente a un número de asuntos cada vez mayor. En 1995, concretamente, el número de asuntos, especialmente los referentes a ayudas estatales y a los artículos 85 y 86 del Tratado, se incrementó considerablemente como consecuencia de la adhesión de tres nuevos Estados miembros. 15. Habida cuenta de lo anterior, la Comisión se ha planteado la posibilidad de centrarse en aquellos acuerdos que producen un efecto considerable sobre la competencia y que pueden afectar de forma importante al comercio entre Estados miembros. En este sentido, ya se han concebido varios instrumentos y conceptos y se están efectuando tareas preparatorias con objeto de ampliarlos y perfeccionarlos. A este respecto, es especialmente importante la aplicación del principio de minimis (tanto en el ámbito de la competencia como en el de las ayudas estatales), las exenciones por categorías (que permiten a las empresas concluir acuerdos sin necesidad de notificarlos a la Comisión para gozar de seguridad jurídica) y la noción del interés comunitario exigible a las denuncias. 16. Dado que la Comisión debe tratar prioritariamente los asuntos que producen efectos considerables sobre la competencia intracomunitaria, el papel de las autoridades y tribunales nacionales en los asuntos de competencia adquiere mayor relevancia. La aplicación descentralizada de las normas de competencia constituye a menudo una forma más rápida y eficaz de poner fin a las infracciones. La aplicación más frecuente por parte de los tribunales y autoridades nacionales contribuye a que los ciudadanos comunitarios recuerden que estas normas son parte del "derecho vivo" de cada Estado miembro y tienen por objeto proteger sus derechos. 17. Por consiguiente, la Comisión continuó fomentando la aplicación descentralizada de las normas comunitarias de competencia, especialmente por lo que se refiere a los asuntos relacionados con los artículos 85 y 86. La Comisión pretende llegar a una cooperación eficaz entre los tribunales nacionales y las autoridades de competencia y la propia Comisión. En este sentido, están ya muy avanzadas las tareas preparatorias de una nueva comunicación sobre cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de competencia, que vendrá a completar la ya vigente sobre cooperación con los tribunales nacionales. Esta política de descentralización debe, no obstante, aplicarse gradual y cuidadosamente. El proceso de descentralización va unido al permanente esfuerzo de la Comisión por clarificar y simplificar las normas sustantivas con objeto de que los Estados miembros utilicen los mismos conceptos a la hora de aplicar la legislación comunitaria de competencia. 18. El principio de subsidiariedad exige que sea la autoridad más adecuada la que intervenga. Así pues, algunos asuntos que son competencia de varias autoridades nacionales deberían ser tramitados por la Comisión. De esta forma, cuando se trata de fusiones, es preferible que sea únicamente la Comisión quien examine las propuestas de las empresas en lugar de que éstas tengan que presentarlas a varias autoridades nacionales. La Comisión comenzó en 1995 una nueva revisión del Reglamento sobre operaciones de concentración, con objeto, entre otras cosas, de estudiar si el criterio basado en el volumen de negocios, aplicable a la hora de determinar los asuntos que deben ser notificados a la Comisión y aquellos que son de competencia exclusiva de los Estados miembros, continúa siendo adecuado. 19. En el ámbito de las ayudas estatales, el principio de subsidiariedad exige que la Comunidad tenga competencia exclusiva, ya que no se puede pedir a los Estados miembros que controlen sus propios gastos en concepto de ayudas de forma ecuánime. No obstante, sí existe una faceta que puede resolverse a nivel nacional : los tribunales nacionales pueden actuar en virtud de denuncias presentadas por los competidores de la empresa beneficiaría de la ayuda estatal y, concretamente, pueden controlar si el Estado miembro ha observado los correspondientes procedimientos de notificación y autorización. La Comisión ha publicado una nueva comunicación al respecto cuyo objetivo tiene tres vertientes: reforzar y descentralizar la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, clarificar la situación jurídica en beneficio de todos los interesados y prestar asistencia a los órganos jurisdiccionales. 5. Transparencia 20. Las normas de competencia son a menudo complejas dado el complicado contexto económico, legal y político en el que se aplican, en permanente evolución. Esto no quiere decir que no se pueda incrementar su transparencia y hacerlas más sencillas. De hecho, la Comisión ha descubierto varias maneras de informar mejor sobre su política y simplificar el marco jurídico. Entre estas maneras cabe citar: el nuevo reglamento de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología, que acaba de sustituir a los dos 10 reglamentos referentes a los conocimientos técnicos y a las licencias de patentes; la utilización de anuncios y comunicaciones que contengan directrices sobre la aplicación de las normas de competencia en determinados ámbitos (transferencias transfronterizas de créditos, servicios postales); la utilización de libros verdes destinados a consulta pública (por ejemplo, los libros verdes cuya publicación está prevista en 1996 referentes a restricciones verticales y a la revisión del Reglamento sobre operaciones de concentración); y la publicación de folletos explicativos (nuevo Reglamento sobre distribución de vehículos automóviles). En el ámbito de las ayudas estatales la obligación de notificarlas, tal y como se establece en el Tratado, es fundamental con vistas a garantizar la transparencia. La Comisión ha señalado en una comunicación que pretende hacer uso de todas las competencias que le confiere el Tratado con objeto de que los Estados miembros respeten dicha obligación. La Comisión ha iniciado también la revisión y refundición de las directrices sobre ayudas regionales y ha aprobado unas nuevas directrices sobre ayudas a la investigación y desarrollo. Finalmente, la Comisión ha continuado informando activamente al público sobre los asuntos de política de competencia mediante comunicados y conferencias de prensa, a través del servicio de información de la DG IV, mediante publicaciones como el boletín denominado "Competition Policy Newsletter" y, en último lugar pero no por ello menos importante, con el Informe anual sobre la política de competencia. Todos estos medios persiguen el mismo objetivo: incrementar la transparencia, la seguridad jurídica y la certidumbre. 6. Responsabilidad democrática 21. La política de competencia no puede limitarse a ser una labor meramente tecnocrática o administrativa, sino que debe aspirar a alcanzar un amplio consenso democrático. Por consiguiente, la Comisión concede gran importancia a mantener un diálogo fructífero con las otras instituciones de la Unión Europea en todo lo referente a su política de competencia. 22. El Informe anual sobre la política de competencia sirve como instrumento básico de comunicación e información a las demás instituciones de la Unión Europea y, especialmente, al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social. Los intercambios de opiniones y los debates en torno al anterior Informe permitieron a la Comisión desempeñar sus tareas y contribuyeron a una mejor información y difusión de la política europea de competencia. Además, en los casos en los que resulta apropiado, la Comisión toma la iniciativa de consultar a las otras instituciones en relación con las nuevas propuestas normativas o con otros documentos sobre política de competencia. Concretamente, en el contexto de la adopción de las directivas de liberalización a tenor del artículo 90, la Comisión ha estudiado con detenimiento las observaciones presentadas por el Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. 23. La Comisión también ha colaborado estrechamente con el Consejo en distintos aspectos de su política, especialmente en los referentes a la relación entre la política de competencia y la competitividad. 24. Los Estados miembros participaron ampliamente en el proceso de toma de decisiones de la Comisión a través del Comité Consultivo sobre Prácticas Restrictivas y Posiciones Dominantes, el Comité Consultivo sobre Operaciones de Concentración y en la Conferencia de expertos nacionales gubernamentales. Además, los funcionarios de la Comisión mantienen contactos periódicos y consultivos de carácter informal con sus colegas a nivel nacional. íi 25. Los días 3 y 4 de abril de 1995, la Comisión organizó el primer Foro Europeo sobre Competencia en Bruselas, centrado en el aspecto de las restricciones verticales4, al que asistieron más de 260 participantes pertenecientes a autoridades de competencia y órganos jurisdiccionales de 35 países europeos. Este foro pretende fomentar el intercambio de experiencias y los debates entre funcionarios de los Estados miembros y de la Comunidad responsables de la aplicación del derecho de competencia, así como incentivar la aplicación descentralizada de dicha normativa. En 1996 está prevista la celebración de un segundo Foro. 26. La presentación del XXV Informe anual de la Comisión sobre la política de competencia (1995) es distinta de la de anteriores informes anuales. 27. En los últimos años, el número de páginas del Informe de competencia de la Comisión se ha ido incrementando hasta llegar a más de 600 páginas en 1994. Por otra parte, la publicación "La política de competencia de la Comunidad Europea-1994 ", que resume la política y las decisiones de la Comisión en un formato más asequible, ha sido bien acogida. Se ha pedido a la Comisión, especialmente por parte del Comité Económico y Social, que presentase un documento más sucinto y de más fácil lectura. Así pues, la Comisión decidió presentar un informe más sucinto que los anteriores, centrándose en los principales acontecimientos políticos en el ámbito de la competencia, que se ilustran, cuando ello ha sido posible, con las principales decisiones y nuevas disposiciones de la Comisión. Además del presente Informe anual, la Dirección General de Competencia (DG IV) de la Comisión Europea ha elaborado un "Informe sobre la aplicación de las normas de competencia en la Unión Europea-1995". Este documento de los servicios de la Comisión describe los principales casos individuales resueltos por la Comisión. Contiene también listas de referencia de las nuevas disposiciones y comunicaciones, de las decisiones y comunicados de prensa de la Comisión y de las resoluciones del Tribunal de Justicia y del de Primera Instancia. Además, describe la aplicación de las normas de competencia en los Estados miembros. 7. Estadísticas 28. El número global de nuevos casos registrados se incrementó considerablemente y ascendió de 1 081 en 1994 a 1 472 en 1995 (incluidos los asuntos de competencia, operaciones de concentración y ayudas estatales), es decir un aumento del 36%. Los nuevos asuntos referentes a los artículos 85 y 86 se incrementaron en más del 42%, las notificaciones de operaciones de concentración aumentaron casi un 16%, mientras que el número de nuevos asuntos referentes a ayudas estatales se incrementó en un 35%. Una parte importante de este incremento, especialmente en el ámbito de ayudas estatales y prácticas contrarias a la competencia se debe a la adhesión a la Unión Europea el 1 de enero de 1995 de tres nuevos Estados miembros. 29. El número total de asuntos archivados en 1995 se mantuvo prácticamente al mismo nivel que en el año anterior: 1 210 en 1995 en comparación con 1 200 en 1994. Competition Policy Newsletter, No 5, volumen 1, verano de 1995, p. 7. 12 I - Normas de competencia aplicables a las empresas: artículos 85 y 86 A - Garantía de los efectos benéficos del mercado interior 30. Garantizar que la plena realización del mercado interior confiera a los consumidores y a la economía europea en su conjunto todos los efectos benéficos derivados de un mercado de alcance comunitario constituye un objetivo esencial de la política europea de competencia. La política de competencia debe facilitar el marco adecuado que permita a las empresas adaptarse a las nuevas posibilidades derivadas de la supresión de las barreras nacionales. No obstante, cuando las empresas intentan ralentizar el proceso de integración del mercado o incluso obstruir el comercio transfronterizo mediante prácticas contrarias a la competencia, es necesario adoptar una actitud vigilante que incluya la imposición de sanciones severas en caso de infracciones graves de las normas de competencia. Los acuerdos verticales entre proveedores y distribuidores son uno de los elementos fundamentales de la política de competencia europea en este sector. Alguno de estos acuerdos pueden ser necesarios para introducirse en nuevos mercados, lanzar nuevos productos o contribuir a construir redes de distribución eficaces, beneficiando así a los consumidores. Sin embargo pueden surgir problemas cuando no existe suficiente competencia entre los fabricantes o entre distribuidores en un mismo mercado o cuando los acuerdos se utilizan con fines contrarios a la competencia, es decir para repartirse el mercado o restringir el acceso al mismo a los nuevos operadores. 1. Distribución de vehículos automóviles 31. Dado que los vehículos automóviles son bienes de consumo duraderos que necesitan un mantenimiento y reparación especializados, los fabricantes cooperan con distribuidores y talleres seleccionados con objeto de ofrecer una distribución y un servicio especializados. Estos acuerdos de cooperación pueden incrementar la eficacia de la distribución de los productos por lo que el carácter exclusivo o selectivo del sistema de distribución se puede considerar indispensable para lograr una racionalización y eficacia del sector de los vehículos de motor. Ésta fue y continúa siendo la justificación básica por la que se autorizan los acuerdos restrictivos de distribución y reparación en el sector de los vehículos automóviles. Sin embargo, la nueva exención por categorías referente a la distribución y servicio de postventa de vehículos automóviles5 adoptada por la Comisión el 28 de junio de 1995 con objeto de sustituir al entonces vigente Reglamento n°123/856, contiene varias modificaciones destinadas a intensificar la competencia en los mercados de los vehículos automóviles y las piezas de recambio y mejorar la situación de los consumidores garantizándoles el pleno aprovechamiento de los beneficios del mercado interior. 32. Concretamente, el nuevo Reglamento concede mayor independencia a los distribuidores frente a los fabricantes de vehículos automóviles y, lo que es aún más importante, permite que los distribuidores de automóviles puedan vender automóviles de otros fabricantes siempre que Reglamento de la Comisión (CE) n° 1475/95, de 28 de junio de 1995, relativa a la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos de distribución y servicio de venta y de postventa de vehículos automóviles, DO L 145, 29. 6. 1995, p. 25. Reglamento de la Comisión (CEE) n' 123/85, de 12 de diciembre de 1984, DO L 15 de 18. 1. 1985. 13 lo hagan en zonas de ventas separadas, bajo gestión independiente, con una personalidad jurídica distinta y de manera tal que se evite la confusión entre marcas. Con objeto de garantizar la competencia efectiva en los mercados de mantenimiento y de servicio de venta y de postventa, los fabricantes o distribuidores de automóviles no pueden impedir el acceso a los mercados a los fabricantes y distribuidores independientes de piezas de recambio ni restringir el derecho de los distribuidores a vender piezas de calidad equivalente fabricadas por empresas de su elección no pertenecientes a la red. Además, los fabricantes de automóviles deben suministrar a los talleres de reparación no pertenecientes a su red la información técnica necesaria para reparar y mantener sus coches, siempre que dicha información no esté protegida por un derecho de propiedad intelectual. 33. Tanto las redes de distribución múltiple como la apertura del mercado de las piezas de recambio y el incremento de la competencia en el sector de las reparaciones contribuyen a incrementar las posibilidades de elección de los consumidores en consonancia con los principios del mercado único. Este mismo objetivo exige que los consumidores puedan adquirir un automóvil y proceder a su reparación o mantenimiento en cualquier lugar de la Unión Europea cuyos precios o condiciones sean más favorables. Esto es aún más importante en el sector de los vehículos automóviles, en el que las diferencias de precios entre Estados miembros son considerables. En su último informe semestral sobre precios de automóviles, publicado en el mes de julio, la Comisión señalaba que las diferencias de precios se habían incrementado considerablemente desde el mes de noviembre de 19947. Desde principios de 1995 la Comisión ha recibido un número cada vez mayor de denuncias procedentes de ciudadanos de la Unión Europea, principalmente de Austria, Alemania y Francia, que no han podido adquirir un vehículo en Italia o España, países en los que, tras la devaluación de la moneda, los precios eran relativamente bajos8. El nuevo Reglamento prohibe expresamente las prácticas destinadas a impedir el comercio paralelo9. Los distribuidores deben poder responder a la demanda externa a sus zonas de venta y podrán, en el futuro, utilizar ciertos medios publicitarios fuera de su territorio. 34. El 26 de septiembre de 1995, los servicios de la Comisión publicaron un folleto en todos los idiomas comunitarios que explica el nuevo marco reglamentario aplicable a los fabricantes, distribuidores, fabricantes de piezas de repuesto y talleres de reparación independientes. Este folleto informa también a los consumidores sobre su libertad para adquirir un vehículo en cualquier lugar del a Comunidad10. 2. Restricciones al comercio paralelo 35. Según uno de los principios mejor asentados del derecho comunitario de competencia, se prohibe a los fabricantes dividir el mercado interior mediante acuerdos privados y mantener diferencias de precios estableciendo una protección territorial absoluta contraria a Comunicados de prensa de la Comisión IP/95/50, de 19. 1. 1995, e IP/95/768, de 24. 7. 1995. "El impacto de las fluctuaciones monetarias en el mercado interior", comunicación de la Comisión al Consejo Europeo, 31. 10. 95, punto 25. Véase también la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de octubre de 1995 en los D GmbH y C-266/93 asuntos C-70/93 Bayerische Bundeskartellamt y Volkswagen AG, VAG Leasing GmbH (pendiente de publicación). AG y ALD Auto-Leasing Motorenwerke "Distribución de vehículos automóviles", Guía orientativa, Comisión Europea, DG IV, IV/9509/95. Ya se han distribuido más de 7 000 ejemplares de este folleto. 14 la competencia. Sin embargo, estas prácticas continúan produciéndose y, cuando se descubren, es lógico que la Comisión actúe con firmeza. BASF/Accinauto 36. Mediante decisión de 12 de julio de 199511, la Comisión impuso una multa de 2,7 millones de ecus al fabricante alemán de productos para repintado de coches BASF Lacke + Farben, filial del grupo BASF, y una multa de 10 000 ecus a su distribuidor exclusivo para Bélgica y Luxemburgo, Accinauto S. A. El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada por dos importadores paralelos británicos de productos para repintado de coches de la marca Glasurit, quienes alegaron que Accinauto, que les proveía de productos Glasurit, había puesto fin a sus suministros durante el verano de 1990, de acuerdo con las instrucciones de BASF. La Comisión efectuó una inspección en los locales de BASF y Accinauto y descubrió que esta última estaba vinculada mediante obligación contractual a transferir a BASF todos los pedidos de clientes establecidos fuera de su territorio exclusivo. La Comisión llegó a la conclusión de que esta obligación constituía una restricción inaceptable de la competencia, ya que impedía a Accinauto exportar los productos de referencia desde Bélgica al Reino Unido. De hecho, como consecuencia de esta obligación, no era el distribuidor exclusivo sino la propia BASF quien decidía y controlaba el suministro a importadores paralelos de otros Estados miembros. Productos farmacéuticos: Organon de los precios productos farmacéuticos 37. Los varían considerablemente según los Estados miembros. Esto se debe, por lo general, a las diferencias existentes entre los sistemas nacionales de control de precios y de asistencia sanitaria. En varias ocasiones, el Tribunal de Justicia ha manifestado que no deben bloquearse las importaciones paralelas, independientemente de los factores que determinen las diferencias de precios. Así pues, en el sector farmacéutico, la Comisión ha aplicado reiteradamente las normas de competencia a los acuerdos o prácticas que reducen el comercio paralelo de productos farmacéuticos. Se considera que la actuación ilimitada de las fuerzas del mercado en este sentido puede actuar como catalizador de la convergencia gradual no sólo de los precios, sino también de los mecanismos de control de los mismos. Los precios en los países más caros deberían descender mientras que los de los países más baratos deberían, si las empresas farmacéuticas no consiguen un rendimiento razonable de sus inversiones, acabar por incrementarse ante el peligro de que los productos sean retirados. Algunos Estados miembros en los que los productos farmacéuticos tienen precios elevados llegan incluso a estimular las importaciones paralelas con objeto de reducir los gastos globales por estos productos. 38. Organon es una filial británica de Akzo (Países Bajos) especializada en la fabricación y comercialización de pildoras contraceptivas. El 4 de mayo de 1994, Organon modificó el régimen de precios aplicable a sus pildoras contraceptivas Mercilon y Marvelon, marca esta que absorbe considerables cuotas de mercado en toda la Comunidad. Antes de dicha fecha, Organon aplicaba un descuento del 12,5% a todos los productos suministrados a sus clientes, independientemente de su destino final. El nuevo régimen de precios establecía diferencias entre las pildoras que se venderían en el RU y las destinadas a la exportación. Sólo a las primeras se les aplicaba el descuento del 12,5%. DO L 272 de 15. 11. 1995, p. 16. 15 A raíz de varias denuncias y de la notificación de Organon de su nuevo sistema de precios, la Comisión incoó un procedimiento contra aquella y le envió un pliego de cargos con objeto de suspender la inmunidad frente a las multas que suponía la notificación. Según la Comisión, el nuevo régimen de precios, que forma parte de las relaciones comerciales continuas entre Organon y sus vendedores al por mayor, y que por lo tanto constituye un acuerdo en el sentido del apartado 1 del artículo 85X2, constituía una importante infracción de las normas de competencia en el sentido de que creaba una discriminación en los precios de los productos según su destino geográfico. Por consiguiente, los consumidores ya no podían disfrutar de las ventajas del comercio paralelo, especialmente, en los Países Bajos, en donde el sistema de seguridad social no cubre los gastos en concepto de pildoras de la denominación Marvelon procedentes de Holanda, mientras que el precio de la pildora de origen británico hace que ésta pueda ser ofrecida a un precio equivalente al precio de reembolso de la seguridad social neerlandesa. Así los consumidores perdieron la ventaja que suponía elegir el Marvelon del RU, no teniendo que pagar la diferencia con el precio de reembolso. Sin embargo, Organon decidió suprimir el nuevo régimen de precios al que se había opuesto la Comisión y volvió a aplicar las antiguas condiciones. Al haberse vuelto a la situación anterior, la Comisión suspendió el procedimiento reservándose el derecho a examinar el próximo sistema de precios que Organon está preparando. 3. Restricciones al acceso al mercado por parte de nuevos operadores 39. En un mercado interior verdaderamente competitivo, las empresas no deben encontrar restricciones a la hora de competir con los operadores ya implantados en él. Por consiguiente, la Comisión hace especial hincapié en la apertura de los mercados y, de hecho, ha intervenido cuando las empresas, ya sea mediante acuerdos restrictivos o mediante prácticas unilaterales, han impedido a los nuevos operadores el acceso al mercado. 40. Los nuevos operadores pueden ver restringido su acceso al mercado mediante acuerdos verticales entre operadores ya implantados y distribuidores. Esto suele suceder cuando un gran número de los minoristas presentes en el mercado están vinculados mediante una obligación de vender únicamente los productos de un fabricante con el que han firmado un contrato o acuerdo que produce un efecto excluyente similar sobre terceros operadores. Los asuntos relacionados con el mercado de los helados de impulso (Unilever/Mars) son buenos ejemplos de este tipo de acuerdos. En otros casos, el medio para impedir que terceros operadores accedan al mercado consiste en un acuerdo horizontal o práctica concertada entre competidores de hecho o en potencia. Así ocurrió en el mercado neerlandés de alquiler de grúas (Van Marwijk/FNK-SCK). El acceso al mercado puede también bloquearse mediante el abuso de una situación monopolística o de una posición dominante por parte de un prestador de infraestructuras fundamentales o de servicios. La importancia de este problema está en aumento en distintos sectores. Cuando una empresa dominante posee o controla el acceso a unas instalaciones esenciales para que sus competidores puedan desarrollar En su sentencia de 24 de octubre de 1995 en el asunto C-70/93 y C-266/93 (véase supra nota 9) , el Tribunal ratificó su jurisprudencia anterior en el sentido de que una circular enviada por una empresa a sus distribuidores no constituye un acto unilateral que no entra en el ámbito del apartado 1 del artículo 85, sino que es un acuerdo en el sentido de dicha disposición, siempre que forme parte de un conjunto de relaciones comerciales permanentes regidas por un acuerdo general elaborado previamente. 16 su actividad, no puede negarles el acceso y debe concedérselo de forma indiscriminada. Ya sea en el sector del transporte, especialmente del transporte aéreo, en el bancario o en el de las telecomunicaciones, la Comisión aplica este principio general del derecho comunitario de competencia13, para permitir el desarrollo de la misma. El asunto relacionado con el acceso al puerto de Roscoff, Francia, (ICG/CCI Morlaix) se refiere también a esta cuestión. Unilever/Mars 41. Unilever es el líder de mercado en la mayor parte de los Estados miembros de la UE en el mercado de los helados "de impulso" (es decir, helados industriales envasados en porciones individuales, vendidos para su consumo inmediato en lugares como quioscos de prensa, gasolineras, etc. ). En la República de Irlanda es, con gran diferencia, el principal fabricante de helados. Unilever suministraba congeladores a los minoristas imponiendo la condición de exclusiva, por la que sólo se podían almacenar en los congeladores los productos Unilever ("exclusiva de congelador"). Además, el coste del suministro del congelador estaba incluido en el precio de los helados cobrado a todos los minoristas, independientemente de si contaban o no con un congelador Unilever. A raíz de una denuncia presentada por Mars, la Comisión examinó los acuerdos de distribución suscritos por Unilever en Irlanda, llegando a la conclusión de que cuando un minorista sólo tiene en su punto de venta uno o varios congeladores Unilever, el establecimiento queda en la práctica vinculado exclusivamente a la venta de helados Unilever. La mayor parte de todos los puntos de venta que disponían de helados de impulso en Irlanda entraban en esta categoría. Esta exclusiva ya había sido condenada por la Comisión en 1992 por lo que se refiere al mercado alemán de los mismos helados14. Los acuerdos Unilever producían el efecto acumulativo de restringir considerablemente la competencia al impedir el acceso al mercado de terceros competidores. También se consideró que los acuerdos constituían un abuso de la posición dominante de Unilever en el mercado. Sin embargo, la empresa aceptó modificar su actuación con objeto de liberalizar el mercado, ampliando las posibilidades de elección de los minoristas. Por consiguiente, la Comisión anunció que la modificación de los acuerdos parecía reunir las condiciones necesarias para la concesión de una exención15. Este principio general se ha visto corroborado en la sentencia del Tribunal de Justicia del 6 de abril de 1995 en los asuntos C-241/91 P y C-242/91 P, Radio Telefis Eireann Ltd / Comisión (Magill), Rec. 1995, p. 1-743. (RTE) e Indépendant Television Publications En 1992, la Comisión adoptó una decisión negativa contra Langnese (Unilever) y Schôller que cuentan con una posición duopolística en el mercado alemán de los helados de impulso. En este caso, la Comisión actuó contra los acuerdos de "exclusiva de puntos de venta" en virtud de los cuales los detallistas se comprometían a vender únicamente los productos del fabricante con el que había firmado un contrato. La Comisión decidió que el efecto acumulativo de estos acuerdos equivalía a una restricción considerable de la competencia por parte de Langnese y Schôller. Las partes recurrieron esta decisión que fue ratificada por el Tribunal de Primera Instancia en sus sentencias de 8 de junio de 1995 en los asuntos T-7/93 Langnese-Iglo GmbH / Comisión, Rec. 1995, p. 11-1533 y T-9/93 Schôller Lebensmittel GmbH & Co. KG / Comisión, Rec. 1995, p. 11-1611. DO C 211 de 15. 08. 1995, p. 4. 17 Van Marwijk/FNK-SCK 42. En su decisión de 29 de noviembre de 199516, la Comisión impuso multas17 a FNK y SCK por las infracciones del apartado 1 del artículo 85 producidas en el mercado neerlandés de alquiler de grúas. FNK (Federatie van Nederlandse Kraanverhuurbedrijven) es una asociación de empresas neerlandesas arrendadoras de grúas móviles. SCK (Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf) fue creada a iniciativa de FNK con objeto de garantizar, mediante un sistema de certificación, la calidad de las grúas y de los equipos utilizados en el sector. La mayor parte de las empresas que participan en SCK son también miembros de FNK y representan entre el 50% y el 80% del mercado neerlandés. Los propios arrendadores de grúas son arredantarios a gran escala de grúas de otras empresas de arrendamiento. Además de los precios recomendados por FNK en concepto de alquiler de grúas y las prácticas concertadas aplicadas entre los miembros de FNK, la Comisión impugnó la prohibición de que las firmas titulares de un certificado de SCK alquilasen grúas a empresas no afiliadas a esta última. La Comisión consideró que la prohibición de alquiler de SCK entra dentro de las prohibiciones del apartado 1 del artículo 85, ya que el sistema de certificación de SCK no reunía las condiciones de apertura y aceptación de otros sistemas equivalentes de garantía de calidad. La Comisión llegó a la conclusión de que esta prohibición no sólo restringía la libertad de actuación de las empresas afiliadas, sino que también impedía considerablemente a los terceros el acceso al mercado neerlandés. En su decisión, la Comisión señalaba que aunque su política sobre certificación admite aquellos sistemas de derecho privado destinados a instaurar un control suplementario de la observancia de disposiciones estatutarias, dichos sistemas deben ajustarse a las normas de competencia. ICG/CCI Morlaix 43. Irish Continental Group (ICG) solicitó a la Cámara de Comercio e Industria de Morlaix (CCI Morlaix) acceso al puerto de Roscoff (Bretaña) con objeto de iniciar un servicio de transbordador entre Irlanda y Bretaña en verano de 1995. En aquella época, Brittany Ferries era la única empresa de transbordadores que operaba entre dichos destinos. Inicialmente, se llegó a un acuerdo de principio entre las partes, tras lo cual ICG comenzó la comercialización y la admisión de reservas en su nuevo servicio de transbordador. Sin embargo, en enero de 1995 se suspendieron las negociaciones y no se pudo llegar a un acuerdo definitivo entre CCI Morlaix e ICG tras la denuncia presentada por este último ante la Comisión y la celebración de nuevas negociaciones. La Comisión consideró que CCI Morlaix, al ser el operador del puerto de Roscoff, que era el único que ofrecía las instalaciones portuarias adecuadas en Francia para los servicios de transbordador entre Bretaña e Irlanda, disponía, aparentemente, de una posición dominante. Además, la Comisión estimó que, al denegar injustificadamente a ICG el acceso a las instalaciones portuarias de Roscoff, CCI Morlaix había abusado, aparentemente, de su posición dominante. Por consiguiente, el 16 de mayo de 1995, la Comisión adoptó medidas provisionales por las que se DO L 312 de 23. 12. 1995, p. 79. La inmunidad frente a las multas derivada de las notificaciones efectuadas en 1992 por FNK y SCK fue suprimida con arreglo al apartado 6 del artículo 15 del Reglamento No 17 mediante Decisión de la Comisión de 13 de abril de 1994, DO L 117 de 7. 5. 1994. 18 obligaba a CCI Morlaix a hacer lo necesario para permitir el acceso de ICG al puerto de Roscoff hasta el final de la temporada de verano. Tras la intervención de la Comisión, las partes firmaron un contrato por una duración de cinco años referente a la utilización por parte de ICG de las instalaciones portuarias de Roscoff, no sólo en beneficio de ambos, sino, lo que es más importante, en beneficio de los viajeros que disponen así de una mayor posibilidad de elección de servicios de transporte y actividades en la zona de Roscoff. 4. Libro Verde sobre restricciones verticales 44. El derecho comunitario siempre ha prestado especial atención a los acuerdos verticales entre proveedores y distribuidores en los distintos Estados miembros con el telón de fondo de la integración del mercado. Mantener canales abiertos para el comercio paralelo frente a las restricciones de las empresas privadas siempre ha sido un elemento fundamental de la política comunitaria. Aunque la política de competencia respecto de las restricciones verticales ha sido correcta hasta la fecha, se considera necesario efectuar una revisión con objeto de comprobar que continua siendo adecuada, teniendo en cuenta las necesidades de la distribución y de los consumidores en el futuro. Por ejemplo, la aplicación de la tecnología de la información y de los métodos de producción denominados "justo a tiempo" está modificando no sólo los métodos de producción, sino también la forma y sistemas de distribución. Las consecuencias de esto deben reflejarse plenamente en las políticas aplicadas con objeto de no poner obstáculos a las técnicas de distribución, muy innovadoras y en rápida evolución. Además, las principales exenciones por categorías concedidas en el ámbito de la restricciones verticales deben ser revisadas dentro de poco: las ventas y compras en exclusiva en 1997 y las franquicias en 1999. Es necesario preparar estas renovaciones. La revisión se plasmará en un Libro Verde que fijará las distintas alternativas previstas. Este libro, con sus distintas opciones, será sometido a una consulta pública amplia y pormenorizada entre todos los interlocutores políticos y socioeconómicos interesados - Parlamento Europeo, Estados miembros, fabricantes, distribuidores y consumidores - que se celebrará previsiblemente el próximo año. 5. Transferencias trasfronterizas de créditos 45. El sector bancario todavía no se caracteriza por su correcto funcionamiento en el mercado interior. Los gastos en concepto de transacciones financieras constituyen un importante factor de coste para las empresas y pueden actuar como obstáculo importante para un funcionamiento satisfactorio del mercado interior. 46. En el mes de septiembre, la Comisión adoptó una 'comunicación sobre aplicación de las normas comunitarias de competencia a las transferencias crediticias transfronterizas18. Esta comunicación forma parte de un paquete de medidas adoptadas por la Comisión en las que se incluye una propuesta de directiva cuyo objetivo consiste en mejorar los servicios de transferencias DO C 251 de 27. 09. 1995, p. 3. 19 transfronterizas prestados por la banca19. Estos sistemas son los que usan los bancos para transferir dinero en nombre de los clientes entre distintos países de la Unión. 47. La comunicación actualiza y sustituye los principios de competencia publicados en 1992. Afirma que el enfoque general de la Comisión consistirá en considerar de forma favorable los acuerdos de cooperación entre bancos que, concretamente, les faculten para cumplir los requisitos contenidos en la directiva. Esta cooperación, sin embargo, no deberá suponer la supresión de la competencia entre bancos. Por consiguiente, la comunicación ofrece a los bancos unas directrices en cuanto a la forma de elaborar los acuerdos de cooperación destinados a tramitar con mayor eficacia las transferencias transfronterizas, sin por ello infringir las normas de competencia. Así, se podrá contribuir al desarrollo de sistemas de pago que sean más ventajosos para los ciudadanos europeos. 48. La comunicación contempla dos aspectos de especial importancia: acceso al mercado y competencia de precios. Por lo que se refiere al primer aspecto, la Comisión quiere garantizar que los bancos más pequeños no se vean excluidos de forma desleal del acceso a sistemas a los que deben pertenecer si quieren ofrecer en la práctica transferencias transfronterizas a sus clientes. Las condiciones para el acceso a estos sistemas deben estar objetivamente justificadas y aplicarse de forma indiscriminada. En cambio, la exclusión de los nuevos competidores de un sistema que no constituye un mecanismo esencial, por ejemplo un pequeño sistema desarrollado por grupos de bancos, no supone ningún problema desde el punto de vista de la competencia. Por lo que se refiere a la competencia de precios, la comunicación distingue entre los acuerdos de precios entre bancos y clientes y los acuerdos de comisiones interbancarias. Los bancos no deben celebrar acuerdos entre sí por los que se establezca el nivel de las tarifas cobradas a los clientes o la forma en que deben cobrarse. El aspecto fundamental de los acuerdos interbancarios sobre precios estriba en la valoración de las comisiones interbancarias acordados multilateralmente, es decir, los gastos correspondientes a transacciones acordados colectivamente y abonados por un banco (en este caso, suele ser el banco de quien efectúa la transferencia o su banco corresponsal) a otro banco (el banco del beneficiario). La Comisión considera que una comisión interbancaria acordada multilateralmente constituye una restricción de la competencia que entra dentro de la prohibición de los acuerdos sobre precios recogida en el apartado 1 del artículo 85. Sin embargo, se le puede conceder una exención con arreglo al apartado 3 del mismo artículo siempre que se reúnan las condiciones necesarias. En el caso de las transferencias transfronterizas OUR (es decir, cuando el expedidor ha solicitado correr con los costes), el banco de un beneficiario no puede cobrar a éste una suma adicional en concepto de tramitación de una transferencia transfronteriza de crédito. En este caso, los bancos pueden acordar que el banco del beneficiario aplique una comisión interbancaria establecida multilateralmente, siempre que dicha comisión cubra los gastos que derivan real y necesariamente de la realización de una transferencia transfronteriza. La comisión acordada no debe sobrepasar el gasto real medio en que hayan incurrido los bancos del beneficiario al realizar Comunicación de la Comisión "Transferencias de fondos en la UE: Transparencia, resultados y estabilidad", COM(94)436, 19 de octubre de 1994; Bol. UE 9-1995, punto 1. 3. 12. 20 transferencias transfronterizas. Además, debe consignarse como gasto por defecto, permitiendo la existencia de acuerdos bilaterales sobre los importes superiores o inferiores a dicho valor. 6. Concesión de trato favorable 49. La Comisión continuó persiguiendo de forma activa los carteles secretos para la fijación de precios o el reparto del mercado, que parecen continuar existiendo en algunos de los principales sectores. La actividad investigadora consume una parte cada vez mayor de los recursos administrativos de la Comisión destinados a la aplicación del derecho de competencia. En 1995, la Comisión efectuó cerca de 91 inspecciones in situ, de las que 87 lo fueron sin previo aviso. 50. Por lo general los carteles funcionan de forma secreta y los participantes en los mismos dedican considerables esfuerzos, incluido el uso de las tecnologías de la información, a evitar que las autoridades los descubran. En algunos casos, el beneficio que para los consumidores se puede derivar del descubrimiento y prohibición de los carteles secretos supera el interés que puede tener la Comunidad en multar a las empresas que cooperan con la Comisión, permitiéndole descubrir y prohibir los carteles o colaborando con ella. Por estos motivos, la Comisión está considerando la posibilidad de conceder un trato favorable a las empresas que cooperen en la investigación previa o en el procedimiento relacionado con una infracción20. La Comisión publicó un proyecto de comunicación que especifica las condiciones en virtud de las cuales aquellas empresas que cooperen con la Comisión pueden quedar exentas de las multas, o lograr una reducción muy significativa del importe de la multa que, de no haber cooperado, se les hubiese impuesto. Antes de aprobar esta comunicación, la Comisión invitó a todos los interesados a presentar sus observaciones al respecto21. 7. Acceso al expediente 51. Los procedimientos de aplicación del derecho comunitario de competencia no deben ser arbitrarios o injustos. La Comisión debe respetar distintas salvaguardias procedimentales con objeto de proteger los intereses de las empresas afectadas por sus decisiones. En este sentido, cabe mencionar el respeto a los derechos de defensa, especialmente el derecho a ser oído. Los destinatarios de las decisiones formales y los terceros interesados disponen también, en último término, del recurso ante los tribunales europeos. 52. El Tribunal de Primera Instancia anuló una serie de decisiones de la Comisión, de 19 de diciembre de 199022, por las que se sancionaban las infracciones de las normas de competencia en el mercado de la sosa. Una de estas decisiones se refería a una práctica concertada en virtud de la cual Solvay e ICI se repartían entre ambas el mercado europeo. Además, la Comisión consideró que, tanto Solvay como ICI, habían abusado respectivamente en el Reino Unido e Irlanda, El 10 de agosto de 1993, la División de Competencia del Ministerio de Justicia de los EEUU lanzó su política de trato favorable a las empresas y, el 10 de agosto de 1994, hizo lo propio con la política de trato favorable a personas físicas. DO C 341 de 19. 12. 1995, p. 13 DO L 152 de 15. 6. 1991. 21 de las posiciones dominantes que tenían en Europa occidental23. La decisión basada en el artículo 85 fue anulada al considerarse que la Comisión no había respetado el derecho a la defensa de las partes. El Tribunal consideró que la Comisión debería haber concedido a Solvay, con arreglo al procedimiento del artículo 85, el acceso a determinados documentos que se encontraban en el expediente correspondiente al asunto incoado contra ICI a tenor del artículo 8624. Por este mismo motivo y con el razonamiento inverso, el Tribunal falló en favor de ICI25. La Comisión está estudiando la repercusión exacta de estas decisiones sobre su práctica habitual, teniendo también en cuenta el nuevo mandato del Consejero Auditor que establece que cuando una empresa considere que la Comisión no le ha facilitado todos los documentos necesarios para su defensa, aquél deberá estudiar esta alegación y pronunciarse sobre el fondo de la misma26. B - Cooperación y competencia en un entorno económico globalizador y en rápida evolución 53. El actual entorno económico se caracteriza por un elevado incremento de la presión competitiva. Para llegar a esta situación han tenido que concurrir varios factores: la permanente reducción de los ciclos de vida de los productos; el crecimiento de la internacionalización de las industrias y de los mercados y la finalización del programa legislativo para la plena realización del mercado interior. Estos factores económicos deben tenerse en cuenta a la hora de aplicar las normas de competencia. A resultas de ello, el análisis económico del mercado adquiere cada vez más importancia en los asuntos de competencia. La Comisión ha de tener en cuenta las características económicas específicas de un mercado concreto a la hora de situar el asunto de turno en su auténtico contexto. En un entorno económico que se caracteriza por unos mercados dinámicos, la innovación y la internacionalización, a menudo es fundamental la cooperación entre empresas con objeto de que éstas puedan seguir siendo competitivas mediante la mejora de su investigación y desarrollo, la reducción de costes y la concepción de nuevos productos. Sin embargo, esta cooperación no debe llevar a situaciones contrarias a la competencia e incompatibles con las normas del Tratado. 1. Aplicación de los artículos 85 y 86 en el sector de las telecomunicaciones 1. 1. Alianzas estratégicas 54. La actual liberalización del sector de las telecomunicaciones, junto con la cada vez mayor convergencia de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y los medios de comunicación, están incrementando considerablemente la actividad comercial en los sectores fundamentales del mercado de la información. Los operadores presentes XX Informe sobre la política de comeptencia (1990), puntos 92 y 113. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia del 29 de junio de 1995, Asunto T-30/91 Solvay/Commission, Rec. 1995, p. 11-1775. Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de junio de 1995, Asunto TI-36/91 Imperial pic/ Commission, Rec. 1995, p. 11-1847. Industries Chemical Decisión de la Comisión de 12 de diciembre de 1994 sobre el mandato de los consejeros auditores en los procedimientos de competencia celebrados ante la Comisión, DO L 330 de 21. 12. 1994, p. 67. 22 en el mismo están tomando posiciones con objeto de aprovechar las nuevas oportunidades. Esto ha dado lugar a una ola de nuevas alianzas y colaboraciones, anunciadas o llevadas ya a la práctica27. Las alianzas estratégicas entre los actuales operadores de telecomunicaciones (OT) que se introducen en mercados mundiales son ejemplo de estas nuevas alianzas (BT/MCI; Atlas-Phoenix). Otras alianzas (las de conglomerados de empresas) se crean o bien entre empresas que anteriormente no estaban presentes en el mercado de las telecomunicaciones pero aprovechan las sinergias resultantes de la penetración en el mercado - tales como empresas eléctricas o bancos que disponen de importantes redes internas y de medios económicos y conocimientos técnicos -o entre éstas y OT (Cable & Wireless and Veba; BT-Viag; BT-BNL, Albacom). También se están formando grandes consorcios con objeto de ofrecer servicios de telecomunicaciones móviles vía satélite a escala mundial (Inmarsat-P, Iridium, Globalstar y Odyssey). La política 55. La aplicación de las normas básicas de competencia a estas alianzas ha llegado a ser unos de los principales retos para la política comunitaria de competencia durante los últimos años. La Comisión debe velar por que el actual proceso de reestructuración dé lugar a unas estructuras de mercado competitivas y propicias al crecimiento. las telecomunicaciones da lugar al surgimiento de nuevos servicios y productos a precios competitivos para los consumidores, costes más bajos para la industria y nuevos puestos de trabajo. Sin embargo, estos esfuerzos serían estériles si se permitiese la aparición de acuerdos restrictivos, de prácticas o de estructuras de mercado que eviten la competencia en los mercados liberalizados o si se permite que los OT actúen de forma abusiva para mantener su posición. Se puede ver así que existe una estrecha relación entre los distintos ámbitos de la política comunitaria y que es necesario aplicar todos los instrumentos de competencia de forma conjunta y coherente. liberalizar comunitaria de 56. La empresa en participación Concert, creada entre British Telecommunications y MCI Corporation (EEUU), fue la primera alianza estratégica importante en el sector de las telecomunicaciones de la que se hubo de ocupar la Comisión, concediéndole finalmente una exención con arreglo al apartado 3 del artículo 8528. Las alianzas destinadas a ofrecer nuevos servicios globales dotados de características que ya experimentan una demanda, especialmente por parte de las grandes empresas (por ejemplo, servicios sin discontinuidad, de extremo a extremo, ventanilla única de contratación y facturación, etc. ) mejorarán por lo general la calidad y disponibilidad de los servicios avanzados de telecomunicación, contribuyendo también a la creación de redes transeuropeas, lo que constituye uno de los objetivos del Tratado CE (artículo 129B). Los consumidores, las grandes empresas multinacionales y también las pequeñas y medianas empresas innovadoras podrán beneficiarse de los servicios globales más avanzados y de los incrementos de eficacia que mejorarán su situación competitiva tanto en el mundo como dentro de la Unión Europea. No obstante, en la medida en que las alianzas ofrecen servicios nacionales e internacionales, la indispensabilidad exigida en el apartado 3 del artículo 85 y la posible eliminación de la competencia a escala nacional son elementos importantes para el análisis de la Para mayor información sobre las decisiones y publicaciones referentes a este ámbito, cabe remitirse a Community Competition Policy in the Telecommunications Sector, Comisión Europea, Documentos Oficiales, actualizado a julio de 1995 (IV/18571/95). Decisión del 27 de julio de 1994, DO L 223 de 27. 08. 1994, p. 36; XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), puntos 156-160. 23 Comisión. También fueron importantes para la actitud positiva de la Comisión ante la creación de Concert la naturaleza auténticamente global de los servicios afectados y el hecho de que los mercados de las dos empresas matrices están abiertos a la competencia. Atlas-Phoenix 57. El acuerdo Atlas, investigado por la Comisión durante 1995, se diferencia de la alianza BT-MCI en dos aspectos importantes. En primer lugar, el elemento nacional de los servicios ofrecidos es mucho mayor que los elementos globales previstos y, en segundo lugar, los mercados nacionales de las partes (Francia y Alemania) están menos liberalizados que los de BT y MCI (Reino Unido y Estados Unidos). La operación Atlas supone la creación de esta empresa en participación entre los operadores públicos de telecomunicaciones de Francia y Alemania, France Telecom (FT) y Deutsche Telekom (DT). Atlas es también el instrumento de participación de DT y FT en la segunda operación, denominada Phoenix, con la empresa estadounidense Sprint Corporation. Atlas se dirige a dos mercados de productos de los servicios de telecomunicación de valor añadido, a saber, el de los servicios avanzados de telecomunicaciones para empresas y el de los servicios normalizados sencillos de conmutación de datos por paquetes. La alianza Phoenix, de mayor alcance, abarcará los mismos mercados de servicios de redes de telecomunicación de valor añadido así como el mercado de los servicios para viajeros y el denominado de servicios de portador a portador. Los acuerdos Atlas y Phoenix planteaban varios problemas desde el punto de vista de la competencia, especialmente por lo que se refiere a los mercados nacionales de las empresas de la UE participantes en las transacciones. FT y DT ocupan posiciones dominantes tanto de hecho como de derecho por lo que se refiere a ciertos servicios de telecomunicación y al suministro de infraestructura. Por consiguiente se consideró que la competencia podía quedar eliminada y que los efectos positivos de la futura plena liberalización estaban en peligro. En su respuesta, las partes de las alianzas, así como los Gobiernos francés y alemán, han efectuado ciertas modificaciones y han adquirido determinados compromisos con vista a resolver estos problemas. Las soluciones propuestas consisten en no integrar en Atlas las redes nacionales públicas francesa y alemana de conmutación de datos, conceder acceso indiscriminado a estas redes y evitar las subvenciones cruzadas. Sin embargo, el principal compromiso adquirido por los Gobiernos consistía en que el uso de las infraestructuras alternativas de telecomunicaciones para la prestación de servicios liberalizados de telecomunicación (es decir, distintos de la telefonía vocal básica) quedará liberalizado a partir del 1 de julio de 1996. Sin esta liberalización, la competencia en el ámbito de la comunicación de datos quedaría también en peligro e incluso desaparecería en otros Estados miembros por mor de la alianza entre las dos mayores organizaciones de telecomunicación de la Unión. La plena liberalización, es decir incluidas la telefonía vocal básica y las infraestructuras, se producirá el 1 de enero de 1998. Con arreglo a todo lo anterior, la Comisión manifestó que está dispuesta, a reserva de las observaciones procedentes de terceros, a adoptar una posición favorable respecto a los acuerdos Atlas-Phoenix29. 58. Otras alianzas estratégicas similares que están siendo Comunicaciones en virtud del apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17, DO C 337 de 15. 12. 1995, p. 2 y 13. 24 investigadas por la Comisión son Unisource y su alianza Uniworld con AT&T. Sistemas móviles globales vía satélite 59. La Comisión ha iniciado un examen exhaustivo y pormenorizado de las alianzas estratégicas de reciente aparición que se forman con objeto de ofrecer servicios móviles de telecomunicación vía satélite a escala mundial. En este mercado, que sólo cuenta con unos pocos operadores mundiales, es fundamental proteger la competencia en los mercados posteriores, a saber la prestación de servicios locales, la distribución y el suministro de equipos. Uno de los sistemas examinados, Inmarsat-P, ya ha recibido una comunicación favorable de la Comisión30. 1. 2. Acuerdos de acceso e interconexión 60. Un importante problema para la aplicación de las normas de competencia comunitarias en el sector, y en general para el marco jurídico del futuro mercado de las telecomunicaciones, es el de los acuerdos de acceso e interconexión31. De hecho, el futuro entorno multimedia desmonopolizado se caracterizará probablemente por situaciones en las que las empresas controlarán - conjunta o individualmente- instalaciones tales como redes, sistemas de acceso condicional o interfaces para soportes lógicos críticos, que pueden constituir una ruta fundamental para los usuarios. Los acuerdos de acceso e interconexión pueden considerarse, en principio, beneficioso para la competencia, ya que su objeto es ampliar los servicios ofrecidos a los consumidores. Sin embargo, estos acuerdos también pueden dar lugar a importantes prácticas colusorias y a la compartimentación de los mercados, así como al abuso de posiciones dominantes32. El acceso indiscriminado a instalaciones fundamentales en condiciones razonables constituye un elemento fundamental en este contexto. Por consiguiente, la Comisión pretende presentar en 1996 un proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas de competencia en este sector. 2. Mercados mundiales ATR/BAe 61. El mercado de los aviones regionales constituye un ejemplo de sector de dimensión mundial. Los principales fabricantes están presentes en todos los continentes. 62. El 18 de agosto la Comisión autorizó, mediante carta administrativa, la empresa en participación, del sector de los aviones para transporte regional, creada entre Aérospatiale y Alenia, ya integrada en ATR, y British Aerospace. El objetivo de la empresa consiste en fusionar las actividades relacionadas con los aviones regionales de las partes. La primera etapa de la cooperación afecta principalmente a los servicios prestados directamente a los usuarios Comunicación con arreglo al apartado 3 del artículo 19 del Reglamento No 17, DO C 304 de 15. 11. 1995, p. 6. Conclusiones del G7 y Libro Verde sobre infraestructuras de telecomunicación. Coudert Bros, Competition aspects of interconnection agreements in the telecommunications sector, Informe a la Comisión Europea, junio de 1995. 25 y a la realización conjunta de estudios de viabilidad de nuevos aviones para este sector. La autorización de la Comisión es de duración limitada, ya que finaliza el 6 de junio del año 2000, por lo que existe la posibilidad de volver a examinar la situación si, a raíz de los estudios de viabilidad, las partes deciden no desarrollar, fabricar o lanzar nuevos aviones, manteniendo su cooperación en los ámbitos de las ventas y del servicio postventa. 3. Transferencia de tecnología 63. Una de las tareas prioritarias que la Comisión se ha atribuido con vistas al desarrollo del gran mercado interior consiste en fomentar el dinamismo de la industria europea a la hora de innovar y difundir las nuevas tecnologías. El papel fundamental que desempeñan las transferencias de tecnologías en el desarrollo de la innovación tecnológica para la economía de la Unión Europea y su contribución al incremento de la competitividad de las empresas que actúan en este espacio quedaban subrayados en el Libro Blanco de la Comisión sobre crecimiento, competitividad y empleo. 64. El nuevo Reglamento de exención por categorías para los acuerdos de transferencia de tecnología33, según se propuso en 1994 y quedó modificado a grandes rasgos en 1995 tras oír a los terceros interesados y después de la segunda reunión del Comité Consultivo sobre acuerdos y posiciones dominantes, debe contribuir al crecimiento económico y al incremento de la competitividad unificando y simplificando el contenido de los dos reglamentos sobre acuerdos de licencia vigentes34 en un solo texto. 65. Así, el nuevo Reglamento reduce las disparidades existentes entre el Reglamento sobre licencias de patentes y el Reglamento sobre licencias de conocimientos técnicos y elimina o traslada al procedimiento de oposición varias cláusulas que, en estos Reglamentos, impedían la exención por categorías. Además recoge nuevas cláusulas lícitas con objeto de respetar aún más la libertad contractual de las partes. Esta flexibilización, que beneficiará a la mayor parte de los operadores de la Comunidad, incluye, no obstante, una advertencia clara para aquellas empresas que gozan de una posición fuerte en el mercado. Según el Reglamento, se suprimirá el beneficio de la exención cuando las empresas consigan, gracias a la obtención de licencias exclusivas, monopolizar el mercado de un producto e impedir el acceso de terceros a las nuevas tecnologías. Al valorar esta situación, la Comisión prestará especial atención a las situaciones en las que la cuota del mercado del licenciatario supere un umbral del 40%, C - Transporte 1. Transporte marítimo 66. La Unión Europea es la principal zona comercial del mundo. La gran mayoría de su comercio con el resto del mundo (y una parte importante del comercio efectuado dentro de la Unión) se realiza a través del transporte marítimo. El transporte marítimo de línea, es decir los servicios organizados de transporte marítimo, tienen especial relevancia en este sentido. Reglamento adoptado por la Comisión el 31 de enero de 1996. Reglamento (CEE) N" 2349/84 de 23 de julio de 1984 y N' 556/89 de 30 noviembre 1988. 26 Por consiguiente, es esencial que la Unión Europea disponga del mejor servicio posible de transporte marítimo al coste más bajo posible. La política de competencia constituye un instrumento adecuado para alcanzar este objetivo. 67. También conviene mencionar que, en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha aprobado recientemente un proyecto de ley destinado a liberalizar el transporte marítimo de línea y a someter este sector a un régimen legal más competitivo. Este proyecto de ley, que está siendo examinado en el Senado, es el denominado "Ocean Shipping Reform Act" de 1995. Si se aprueba finalmente esta norma, el régimen legal americano se aproximará al europeo. 1. 1. Consorcios de líneas marítimas 68. El nuevo Reglamento por el que se concede una exención por categorías a los consorcios de líneas marítimas35 es un importante instrumento en este sentido, ya que alentará a los propietarios de buques a mejorar y racionalizar sus operaciones, reduciendo así sus costes y gastos de flete al tiempo que les permite ofrecer un servicio de mejor calidad con mayor frecuencia. Esta es la segunda exención por categorías aprobada en el sector de las líneas marítimas. El Reglamento 4056/86, que establece normas para la aplicación de los artículos 85 y 86 al transporte marítimo, ya contenía una exención por categorías para las conferencias marítimas36. 69. La nueva exención por categorías entró en vigor el 22 de abril de 1995 por un período de 5 años. Los consorcios de líneas marítimas son acuerdos entre dos o más compañías marítimas para explotar conjuntamente servicios de transporte de línea mediante la cooperación en los ámbitos técnico, operativo y/o comercial, excluida la fijación de precios. La exención por categorías abarca únicamente los servicios internacionales de línea marítima desde o hacia uno o más puertos comunitarios y exclusivamente para el transporte de mercancías, fundamentalmente en contenedor. Además, abarca tanto los consorcios que operan dentro de una conferencia marítima como los que no lo están, pero excluye la fijación conjunta de costes de flete. Los miembros del consorcio que deseen determinar conjuntamente las tarifas y no cumplan las condiciones del Reglamento No 4056/86 deberán solicitar una exención individual. La exención por categorías abarca las siguientes actividades: coordinación o fijación conjunta de horarios y determinación de los puertos de escala; cesión, venta o arrendamiento recíproco de espacio o compartimentos en los buques; utilización conjunta ("pooling") de buques e instalaciones portuarias; utilización de una o varias oficinas de explotación conjunta; puesta a disposición de contenedores, chasis y otros equipos y contratos de alquiler, arrendamiento financiero o compra de esos equipos; utilización de un sistema de transmisión de datos informatizados o un sistema de documentación común; ajustes temporales de capacidad37; explotación o utilización conjunta de terminales portuarias y servicios conexos; participación en uno o Reglamento de la Comisión (CE) No 870/95 de 20 de abril de 1995, sobre la aplicación del apartado 3 del artículo 85 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre compañías de transporte marítimo de línea regular (consorcios) en virtud del Reglamento (CEE) No 479/92 del Consejo, DO L 89 de 21. 4. 1995, p. 7. Reglamento 4056/86 de 22 de diciembre 1986, DO L 378 de 31. 12. 1986, p. 4. No se incluyen los acuerdos sobre la no utilización de la capacidad existente en virtud de los cuales las líneas marítimas miembros del consorcio se abstienen de utilizar determinado porcentaje de la capacidad de los buques que operan en el marco del consorcio; véase artículo 4 del Reglamento n" 870/95 y Decisión de la Comisión de 19 de octubre de 1994 referente al Acuerdo Trans-Atlantic en la que la Comisión prohibía un acuerdo de no utilización de la capacidad, DO L 376 de 31. 12. 1994, p. l. 27 varios de los siguientes "pools": "pool" de tonelaje, de ingresos o de resultados; ejercicio conjunto de los derechos de voto en conferencias marítimas; utilización de una estructura conjunta de comercialización y expedición de un conocimiento de embarque conjunto; cualquier otra actividad accesoria a las mencionadas anteriormente que sea necesaria para su realización. 70. La Comisión considera que, por lo general, los consorcios contribuyen a mejorar la productividad y la calidad de los servicios marítimos gracias a la racionalización que introducen en las actividades de sus empresas integrantes y mediante las economías de escala que permiten obtener en la operación de buques y utilización de instalaciones portuarias. Por lo general, los usuarios del transporte obtienen una participación equitativa en el beneficio resultante de los consorcios cuando existe suficiente competencia en los mercados en los que éstos operan. Con objeto de acogerse a la exención por categorías, los consorcios deben tener, por lo que a la gama de puertos que cubren se refiere, una cuota de comercio directo inferior al 3 0% cuando operen dentro de una conferencia e inferior al 35% cuando lo hagan fuera de una conferencia. Existe un procedimiento de oposición simplificado aplicable a aquellos consorcios cuya cuota de comercio supere el límite antes citado sin exceder el 50% del comercio directo. 1. 2. Fijación de las tarifas de los tramos terrestres por parte de las conferencias marítimas 71. El 8 de junio de 1994, la Comisión aprobó un informe38 sobre sus planes para la aplicación de las normas de competencia a los transportes marítimos de línea que fue presentado al Consejo de Ministros de Transportes. Este informe se centraba en el análisis de la situación jurídica que planteaban los acuerdos de fijación de precios celebrados por los armadores miembros de las conferencias marítimas para los segmentos terrestres de los servicios de transporte multimodal prestados en la Comunidad. El informe afirma que esta práctica de las conferencias es contraria a las normas comunitarias de competencia y que, en las condiciones actuales, no puede ser objeto de exención alguna. Por lo tanto, en sus orientaciones propone la adopción de un nuevo enfoque que sea compatible con la política de competencia y permita una organización del transporte terrestre de contenedores más eficaz y más favorable para los usuarios. 72. En el debate del Consejo de noviembre de 1994 sobre dicho informe, el Comisario Van Miert aceptó informar al Consejo sobre la aplicación de estas orientaciones a partir del trabajo de un "Comité de Sabios". Este Comité, denominado Grupo Multimodal, fue constituido en julio de 1995 y a comienzos de 1996 presentará un informe provisional que será remitido al Consejo durante el primer semestre del mismo año. 73. En 1994 la Comisión tomó dos decisiones de prohibición de acuerdos de fijación de tarifas en tramos terrestres: la decisión sobre el TAA39 (Acuerdo Transatlántico) y la del FEFC (Far Eastern Freight Conference)40. El 10 de marzo de 1995, el Tribunal de Primera Instancia ordenó la suspensión de la decisión sobre el TAA que prohibía la fijación conjunta de los precios de los segmentos terrestres en los SEC(94)933. Decisión de 19 de octubre de 1994, DO L 376 de 31. 12. 1994, p. 1. Decisión de 21 de diciembre de 1994, DO L 378 de 31. 12. 1994, p. 17. 28 servicios comunitarios de transporte intermodal41. La orden fue recurrida ante el Tribunal de Justicia, que la corroboró el 19 de julio de 199542. Mientras tanto, la Comisión recibió la notificación de una versión modificada del TAA, el Trans-Atlantic Conference Agreement (Acuerdo de la Conferencia Transatlántica, TACA). La Comisión envió a las partes firmantes del Acuerdo TACA un pliego de cargos en el que exponía las razones por las que, de forma provisional, había considerado conveniente retirar la dispensa de multas a las prácticas de fijación de precios de segmentos terrestres en que hubiera podido incurrir el nuevo acuerdo TACA43. El Tribunal de Primera Instancia desestimó la solicitud de medidas que anularan esta decisión provisional de la Comisión44. 2. Transporte aéreo 2. 1. Consultas sobre tarifas en la IATA 74. El Reglamento (CEE) n° 1617/93 de 25 de junio de 199345 dispone que el apartado 3 del artículo 85 puede ser aplicado, entre otras cosas, a la celebración de consultas sobre precios del transporte de pasajeros y mercancías en servicios regulares entre aeropuertos de la Comunidad. La concesión de toda excepción debe ajustarse a las condiciones recogidas en el artículo 4 del dicho Reglamento. Por ejemplo, la excepción sólo se concederá si las consultas permiten la posibilidad de "interlining". 75. De acuerdo con los primeros datos recogidos por la Comisión en 1995, parece ser que, en general, los acuerdos de "interlining" en el ámbito del transporte de mercancías son escasos, prácticamente inexistentes. Por otro lado, suele admitirse que los precios fijados de forma concertada por las líneas aéreas son bastante superiores a los habituales del mercado, es decir, se produce un aumento de tarifas al margen del juego normal de la competencia. Por todo ello, la Comisión opina que sería conveniente modificar el citado Reglamento con el fin de excluir de su ámbito de aplicación las concertaciones sobre tarifas en el transporte de mercancías. A tal fin, la Comisión ha publicado una comunicación46 con el fin de dar la posibilidad a las compañías aéreas y a terceros interesados de hacer conocer su opinión. En 1996 la Comisión decidirá el curso que debe darse a este asunto. 2. 2. Cooperación entre líneas aéreas 76. La cooperación entre líneas aéreas puede facilitar la reestructuración del transporte aéreo en Europa y contribuir a la mejora de la calidad de los servicios en beneficio de los consumidores, así como a un mayor control de los costes. La Comisión no tiene la intención de entorpecer estas operaciones de reestructuración del transporte aéreo europeo, pero cree necesario garantizar que no se permitan restricciones de la competencia no imprescindibles y no se Asunto T-395/94 R Atlantic Container Line y otros/Comisión, Rec. 1995, p. 11-595. Asunto C-149/95 P (R) Comisión/Atlantic Container Line y otros, Rec. 1995, p. 1-2165. Nota de prensa de la Comisión IP/95/646, 21. 06. 1995. Sentencia del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de 22 de noviembre de 1995, asunto T-395/94 R II Atlantic (aún sin publicar). Line y otros/Comisión Container DO L 155 de 26. 6. 1993, p. 18. DO C 322 de 2. 12. 1995, p. 15. 29 excluya la posibilidad de acceso al mercado de nuevos competidores en las rutas principales. Las condiciones propuestas por Swissair-Sabena para la operación de concentración entre las dos líneas aéreas y aprobadas por la Comisión, así como las condiciones impuestas a Lufthansa y SAS antes de conceder- una exención a su acuerdo de cooperación, persiguen este objetivo. Lufthansa/SAS 77. El acuerdo general de cooperación entre Lufthansa y SAS instituye un sistema integrado de transporte aéreo entre las dos compañías basado en unas relaciones comerciales y operativas duraderas, y supone, entre otras cosas, la integración de sus redes mundiales. La cooperación comercial será especialmente intensa en las rutas comprendidas entre Escandinavia y Alemania, zona en la que las partes van a crear una empresa en participación. 78. La Comisión indicó47 que, aunque el acuerdo restringe de manera sensible la competencia en los mercados afectados, y en especial en las rutas comprendidas entre Escandinavia y Alemania, podía concedérsele una exención siempre que se observaran una serie de condiciones destinadas a mantener una competencia real y potencial suficiente. Las condiciones son esencialmente las siguientes: congelación del número de vuelos de ambas compañías; apertura de sus programas de fidelidad a otras compañías que no los posean; obligación de LH/SAS de celebrar, en determinadas condiciones, acuerdos de "interlining" con nuevos competidores; renuncia a algunos acuerdos de cooperación con otras líneas aéreas; renuncia a algunas franjas horarias en determinados aeropuertos congestionados con el fin de permitir el acceso al mercado a nuevos competidores. El 16 de enero de 1996 la Comisión adoptó una decisión de exención. D - Redes transeuropeas y política de competencia 79. A lo largo de todo el año 1995, la Comisión ha reflexionado sobre la compatibilidad de la financiación privada de las redes transeuropeas con las normas de competencia. Estas reflexiones han sido incorporadas al informe general sobre redes transeuropeas, que fue muy bien recibido en el Consejo Europeo de Madrid de los días 15 y 16 de diciembre de 1995. En este informe, la Comisión desarrolló una serie de líneas directrices para el tratamiento de los asuntos de competencia y anunció la creación de un "punto de información"(fax: 32/2/295. 65. 04) para suministrar a los responsables de proyectos informaciones complementarias referentes a estas directrices. 80. La Comisión se propone aplicar los siguientes criterios generales en el análisis de los expedientes: i) cuando el operador de la infraestructura quiera dar a empresas de transporte la posibilidad de reservar capacidad desde el momento del lanzamiento de un proyecto, dicha posibilidad debe estar abierta a todas las empresas comunitarias interesadas; ii) las capacidades reservadas a una empresa deben ser proporcionales al compromiso financiero directo o indirecto suscrito por ella y corresponder a unas necesidades operativas planificadas en un período razonable; iii) una infraestructura recién creada no suele estar congestionada desde su puesta en servicio. Por lo tanto, una empresa o agrupación de empresas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3 de la Directiva 91/440/CEE no debería acaparar la totalidad de la capacidad disponible. Una parte de esta siempre debe reservarse DO C 201 de 5. 8. 1995, p. 2. 30 con el fin de permitir la prestación de servicios por parte de otras empresas competidoras; iv) las empresas titulares de los derechos de utilización no pueden oponerse a la pérdida de estos derechos si no los ejercen; v) la duración de los acuerdos de reserva de capacidad no deben superar un período razonable, que será fijado en cada caso de forma individual. Esta lista de criterios no es exhaustiva y no prejuzga la decisión que adopte finalmente la Comisión con arreglo a las características de cada proyecto. 81. La Comisión hará lo posible para tratar rápidamente las notificaciones de acuerdos vinculados a la financiación de las redes transeuropeas. Su intención es que la decisión final sea adoptada en un plazo máximo de seis meses, siempre que las partes hayan tomado contacto con los servicios de la Comisión antes de la conclusión de ios acuerdos. Interconexión de gas 82. En su Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, la Comisión puso de relieve la importancia de las nuevas redes de infraestructuras europeas porque pueden contribuir a superar la fragmentación de algunos mercados. El 17 de mayo de 1995 la Comisión envió una carta administrativa por la que se aprobaba el acuerdo de constitución de una empresa de participación entre nueve importantes empresas europeas de gas para la construcción y explotación de una interconexión marítima de gas entre el Reino Unido y Bélgica; ésta consistiría, en particular, en un gasoducto de alta presión que constituiría el primer enlace entre los mercados de gas del Reino Unido y del continente. Debido a que los terceros interesados tienen derecho a acceder, de acuerdo con unas condiciones libremente negociadas, a una parte de la capacidad de transporte de la citada conexión, y debido al hecho de que este proyecto fomentará la competencia entre mercados que hasta el momento han estado aislados, la Comisión consideró que los factores que fomentan la competencia superan a los que la restringen. En la carta administrativa la Comisión hizo hincapié en que, en la práctica, los acuerdos permitirían invertir el sentido del flujo de capacidad según lo exija la demanda. E - Competencia y medio ambiente 83. En 1995, los servicios de la Comisión tuvieron la oportunidad de recordar la política de competencia que va a aplicarse en el ámbito del medio ambiente, en particular a través de acuerdos voluntarios48. 84. La política de la Comunidad en materia de medio ambiente se basa en el principio de "quien contamina paga", cuya eficacia depende, sobre todo, del funcionamiento del mecanismo de precios que transforma en costes los efectos negativos de una actividad económica sobre el medio ambiente. Para que dicho mecanismo de precios desempeñe su papel de indicador de forma correcta, es necesario que las empresas hagan suyos los costes ligados a la protección del medio ambiente. Ahora bien, el principio de "quien contamina paga" no excluye la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, sean aceptables ayudas estatales para Véase el documento "Competencia y medio ambiente", presentado por la DG IV en la Mesa Redonda sobre el medio ambiente y la competencia, organizada por el Comité del derecho y de la política de competencia de la OCDE - París, mayo de 1995. 31 la protección del medio ambiente (véase más adelante). Los métodos para fomentar una mejor asignación de recursos desde el punto de vista del medio ambiente son la reglamentación pública directa, la imposición de gravámenes, los acuerdos denominados "acuerdos voluntarios" y la autoreglamentación. Los voluntarios son contratos celebrados entre la industria y la administración encaminados a un cierto número de objetivos de medio ambiente que debe perseguir el sector de que se trate según un calendario preciso. Su contenido puede consistir tanto en los propios objetivos como en los medios para lograrlos. La utilización de acuerdos voluntarios se está intensificando en la mayor parte de los países de la OCDE, de forma paralela a una tendencia a la desreglamentación y a una menor intervención del Estado. Se considera que los acuerdos voluntarios, del mismo modo que la autoreglamentación, son una solución menos burocrática y más flexible que los enfoques tradicionales. Sin embargo, los acuerdos voluntarios o la autoreglamentación pueden conllevar restricciones a la competencia con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del Tratado. La Comisión está tramitando diversas denuncias a este respecto. 85. Al analizar cada asunto, la Comisión hace un balance entre la restricción de la competencia que conlleva un determinado acuerdo y los objetivos medioambientales que permite alcanzar, aplicando para ello el principio de proporcionalidad con arreglo al apartado 3 del artículo 85. Se considera que la protección del medio ambiente es un elemento que contribuye a la mejora de la producción o de la distribución y a la promoción del progreso económico y técnico. La Comisión tiene la intención de seguir una política muy estricta en lo relativo al principio de apertura de los mercados nacionales a los operadores extranjeros. Por otro lado, seguirá muy de cerca los problemas de acceso de terceros a un determinado sistema y vigilará los acuerdos que supongan la retirada de un producto de un mercado. La Comisión tiene una actitud negativa respecto a la fijación multilateral de tarifas o precios a raíz de la puesta en práctica de un acuerdo de medio ambiente; los asuntos se analizarán individualmente con el fin de determinar si el acuerdo es imprescindible. En sí mismo, un objetivo de protección del medio ambiente no justifica la celebración de un acuerdo de precios. F - Mercados de productos secundarios 86. Algunas de las denuncias recibidas por la Comisión daban parte de un supuesto abuso de posición dominante en mercados de productos secundarios tales como piezas de recambio, productos consumibles y servicios de mantenimiento. Se trata de productos que se utilizan conjuntamente con otro producto primario y que tienen que ser técnicamente compatibles con él (por ejemplo, programas o accesorios para ordenador). Puede suceder que, aparte de las piezas o servicios suministrados por el proveedor primario, existan pocas alternativas, o no existan en absoluto. Esto plantea la cuestión de si un fabricante de productos primarios que se encuentra en una posición no dominante puede convertirse en dominante en un mercado secundario más reducido (éste puede ser el caso de productos secundarios compatibles con el producto primario suministrado por un proveedor). La cuestión es bastante compleja. Los fabricantes de productos primarios alegan que no pueden ser dominantes en mercados secundarios 32 si no lo son en primarios, ya que los posibles compradores se abstendrían de comprar los productos primarios si ven que los precios de las piezas o servicios aumentan. Pero esto presupone que en el mercado primario los consumidores han calculado desde el principio los costes totales del producto primario durante toda su vida útil, incluidos los de las piezas de recambio, productos consumibles, posibles mejoras del equipo, servicios, etc. También presupone que no es posible discriminar en cuanto a los precios entre los posibles nuevos clientes y los antiguos, que ya son clientes seguros, y presupone que estos últimos pueden cambiar de proveedor a un precio razonable. Frente a esto, los denunciantes, que son productores de productos consumibles o prestadores de servicios de mantenimiento, aseguran que existe un predominio en los mercados secundarios desde el momento en que las cuotas de mercado son elevadas; es decir, se centran únicamente en los mercados secundarios sin analizar las posibles consecuencias derivadas del mercado primario. A juicio de la Comisión, ninguna de estas posturas refleja totalmente la realidad. El predominio en el mercado debe ser definido como la capacidad de actuar en gran parte de forma independiente de los competidores y los consumidores. Por lo tanto, se necesita en cada caso un examen de la situación y un análisis de las circunstancias concretas. Cuando tenga que evaluar la existencia de posiciones dominantes, la Comisión tendrá en cuenta todos los factores importantes, tales como los precios y la duración del producto primario, la transparencia de precios de los productos secundarios, el precio de estos últimos con relación al valor del producto primario, los costes de información y otros factores mencionados más arriba. Este fue también el planteamiento adoptado por el Tribunal Supremo estadounidense en su sentencia de 1992 en el asunto Kodak. Pelikan/Kyocera 87. Ésta fue también la actitud adoptada por la Comisión cuando en 1995 desestimó la denuncia de Pelikan, fabricante alemán de cartuchos de toner para impresora, en contra de Kyocera, un fabricante de impresoras para ordenador y de cartuchos para dichas impresoras. De acuerdo con la denuncia de Pelikan, Kyocera había intentado deshancarle del mercado del toner y le acusaba, entre otras cosas, de abusar de la posición dominante que ocupaba en el mercado secundario (aunque era evidente que no la ocupaba en el primario). Sin embargo, aparte del hecho de que no existían indicios de actuación contraria a la competencia, la Comisión no consideró que Kyocera ocupara una posición dominante en el mercado de los productos consumibles. Esto se debe a las características especiales que imperaban en los mercados primario y secundario. Los compradores parecían bien informados de los precios de los productos consumibles y parecían haberlos tenido en cuenta a la hora de adquirir la impresora. Uno de los criterios más utilizados por los consumidores a la hora de elegir una impresora era el "coste total por página". Esto se debe a que los costes de los productos consumibles (fundamentalmente, de los cartuchos de toner) suponen una gran parte del valor de una impresora durante su vida útil. Por lo tanto, si aumentaran los precios de los productos consumibles de una determinada marca, los consumidores tenderían a comprar otra. Por otro lado, no parecía haber posibilidad de discriminación en cuanto a los precios entre antiguos y nuevos clientes. G - Profesiones liberales 88. La libre circulación de profesionales liberales en la Comunidad propicia la aparición de prácticas restrictivas en este ámbito que pueden afectar al comercie entre Estados miembros. Es probable que 33 aumente el número de denuncias en este ámbito. En repetidas ocasiones, el Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión una aplicación más estricta de las normas de competencia a las profesiones liberales49. Coapi 89. El 30 de enero la Comisión tomó una decisión con arreglo al artículo 85 que constituía un caso de aplicación de las normas de competencia en este ámbito. El Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Industrial (COAPI) es la asociación profesional española del sector. Está compuesto por todos los agentes que operan en España. Su función es asesorar al público en general y asistir o representar a clientes en procedimientos de derechos de propiedad industrial. La Comisión decidió que la fijación en la junta general de COAPI de unas tarifas mínimas obligatorias para los servicios transfronterizos prestados por sus miembros constituía una infracción del apartado 1 del artículo 85. Con arreglo a la normativa comunitaria vigente, la Comisión confirmó que la normativa nacional de acuerdo con la cual las profesiones liberales celebran acuerdos o toman decisiones de este tipo no es relevante desde el punto de vista del artículo 85. Aunque las propias autoridades públicas fomenten esta práctica o deleguen en una asociación de empresas la función de fijar los precios que vayan a aplicar sus miembros, las actividades de la asociación a la hora de cumplir dicha función no pueden sustraerse a la aplicación del artículo 85 del Tratado. H - Subsidiariedad y descentralización 90. En su discurso al Parlamento Europeo con ocasión del debate de investidura de la nueva Comisión, el Presidente de la Comisión Europea hizo hincapié en la necesidad de centrar los esfuerzos en los aspectos esenciales: "Hacer menos, pero mejor". En lo que se refiere a los asuntos que entran en el ámbito de aplicación de los artículos 85 y 86, la Comisión llevó a la práctica este principio limitando su aplicación a los acuerdos que verdaderamente afectan a la competencia y pueden falsear el comercio entre Estados miembros de manera apreciable. Por otro lado la Comisión, consciente de las responsabilidades que le incumben, ya que es la única que la descentralización, en especial en aquellos casos que pueden dar lugar a una decisión de prohibición. restrictivos, autorizar estimula acuerdos puede 1. Acuerdos de minimis 91. Los acuerdos cuyos efectos sobre el comercio entre Estados miembros o sobre la competencia en general sean inapreciables, no están incursos en la prohibición de acuerdos restrictivos del apartado 1 del artículo 85. Sólo están prohibidos los acuerdos que influyan de forma apreciable apreciable en las condiciones de mercado. Por esta razón, es muy importante que la Comisión haga un análisis adecuado del mercado en el que operan dichos acuerdos. Resolución sobre el XIX Informe sobre la política de competencia, punto 9 (iii) y Resolución sobre el XX Informe sobre la política de competencia, punto 38; respuesta de la Comisión en el XXI Informe sobre la política de competencia, p. 233-234. 34 La Comunicación de la Comisión sobre acuerdos de menor importancia establece unos criterios cuantitativos que sirven de orientación acerca del significado concreto del concepto de "efectos apreciables". A pesar del reciente incremento de los umbrales50, parece ser que convendría llevar a cabo una nueva revisión de la normas de minimis. Por ello, la Comisión ha comenzado una reflexión a nivel interno sobre este tema con el fin de presentar nuevas propuestas para mantener consultas a lo largo de 1996. 2. Descentralización 92. En su intento de tratar prioritariamente asuntos de una clara dimensión comunitaria, la Comisión está fomentando la aplicación de la normativa comunitaria de competencia a nivel nacional. La Comisión considera que cuando el denunciante puede lograr una protección adecuada de sus derechos recurriendo a los tribunales nacionales, el asunto no tiene, en la mayoría de los casos, un interés comunitario suficiente51. En sus sentencias SACEM de 24 de enero de 1995, el Tribunal de Primera Instancia especificó en qué casos puede la Comisión desestimar una denuncia por falta de interés comunitario suficiente52. En 1995 se archivaron varios asuntos gracias a esta forma de proceder. 93. Un importante avance en el terrero de la descentralización fue la Comunicación de la Comisión sobre cooperación entre los tribunales nacionales y la Comisión en la aplicación de los artículos 85 y 8653. En 1995, varios tribunales nacionales de España, Francia, Alemania y Bélgica han recurrido al mecanismo de cooperación descrito en esta Comunicación con el fin de obtener información de la Comisión sobre temas de competencia. En su resolución preliminar de 12 diciembre de 199554, el Tribunal de Justicia llegó a la conclusión de que, en el ámbito de la agricultura, deben aplicarse también los principios de cooperación entre la Comisión y los Tribunales nacionales y que el Reglamento n° 26 determina la medida en que deben aplicarse las normas comunitarias de competencia. Hay que destacar que, de acuerdo con la sentencia del Tribunal, el tribunal nacional puede, en su análisis del asunto, tomar en consideración los criterios establecidos por la jurisprudencia del Tribunal y la práctica de la Comisión, y ello no sólo a partir de las decisiones adoptadas, sino también a partir de los informes y comunicaciones sobre política de competencia. 94. No sólo los tribunales, sino también las autoridades nacionales de competencia tienen un importante papel que desempeñar en la aplicación de la normativa comunitaria de competencia y, en general, en el logro de unas condiciones de competencia justas y transparentes en la Unión. Tratándose de casos en los que los efectos económicos se Comunicación de la Comisión sobre la actualización de la Comunicación de 1986 sobre acuerdos de menor importancia, DO C 368 de 23. 12. 1994. El Tribunal de Primera Instancia corroboró esta práctica por primera vez en su sentencia de 17 de septiembre de 1992, asunto T-24/90 Automec/Commission, Rec. 1992, p. 11-2223, apartados 91-94. Asunto T-114/92 BENIM/Commission, Rec. 1995, p. 11-147 y asunto T-5/93 Tremblay/Commission, Rec. 1995, p. 11-185. Refiriéndose a la sentencia Automec II, el Tribunal de Primera Instancia indicó que, para evaluar el interés comunitario, la Comisión tiene que sopesar la importancia de la supuesta infracción desde el punto de vista del funcionamiento del mercado común, la probabilidad de existencia de infracción y la medida en que se requiere una labor de investigación para garantizar el cumplimiento de las normas de competencia. También puede tener en cuenta la Comisión el hecho de que un tribunal o autoridad nacionales del ámbito de la competencia estén ya tratando de la compatibilidad con los artículos 85 u 86 de un determinado acuerdo o práctica. DO C 39 de 13. 2. 1993, p. 6. Asuntos acumulados C-319/93, C-40/94 and C-224/94, Dijkstra/Frico de Bie/Campina Melkunie (aún sin publicar). Roessel/Campiña Melkunie, Domo, van 35 hacen sentir principalmente en un único Estado miembro, las autoridades nacionales se encuentran más cerca del mercado y, por lo tanto, en una mejor posición para tratar el asunto. La Comisión ha continuado la preparación de una Comunicación sobre la cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales de defensa de la competencia55. La Comunicación propugna el intercambio de información y la celebración de consultas entre la Comisión y las autoridades nacionales al aplicar estas últimas el apartado 1 del artículo 85, el artículo 86 o la normativa nacional de competencia en asuntos de dimensión comunitaria. Los Estados miembros han recibido ya un proyecto para su estudio. Posteriormente se consultará también a los terceros interesados a través de una propuesta de comunicación que la Comisión piensa publicar en 1996. 95. Ahora bien, la aplicación descentralizada no debe desembocar en divergencias en la aplicación de la política de competencia dentro de la Unión Europea. Por ello, la Comisión considera necesario promover también la uniformidad en el fondo y en la aplicación de las normas nacionales de competencia. Esto no se logra mediante actos formales de armonización, sino fomentando la comunicación y la cooperación entre la Comunidad y las autoridades nacionales. En la actualidad, nueve Estados miembros cuentan ya con normas de competencia en el ámbito de los acuerdos restrictivos y abusos de posición dominante similares a los de la Comunidad. Los demás tienen la intención, en su mayoría, de modificar sus legislaciones nacionales para adaptarlas al Derecho comunitario. Este proceso de "armonización suave" es una consecuencia natural del proceso de integración, que hace necesaria la existencia de unas normas que garanticen la igualdad en toda la Comunidad. El texto de la Comisión se basó en las conclusiones de un grupo ad hoc compuesto por representantes de las autoridades nacionales y de la Comisión; dichas condiciones habían sido aprobadas en 1994 por los directores generales de competencia. Véase el XXIV Informe sobre la política de competencia (1994) puntos 40-42. 36 I - Resumen estadístico Gráfico 1: asuntos nuevos 600 500 • ••• 400 300 + 200 + n Asuntos incoados a iniciativa de la Comisión • Denuncias n Notificaciones 368 282 246 266 236 100 + (H 1991 1992 1993 1994 1995 96. Durante el año la Comisión registró 559 asuntos nuevos, entre ellos 368 notificaciones, 145 denuncias y 46 procedimientos iniciados de oficio. Esto supone un incremento de más del 42% en comparación con 1994 y supera en más del 32% el promedio de casos registrados en los últimos ocho años. Casi la mitad de este aumento (78 asuntos) se debe a la transferencia de asuntos pendientes por parte del Órgano de Vigilancia de la AELC tras la adhesión de Suecia, Finlandia y Francia a la Unión. 37 Gráfico 2 : asuntos tramitados 1200 1000 + 800 + 600 + 400 200 •Decisiones formales • Procedimiento informal 1991 1992 1993 1994 1995 97. Durante el año, la Comisión dio por concluidos 433 asuntos, 419 de ellos mediante procedimiento informal (carta administrativa de compatibilidad o incompatibilidad, desestimación de la denuncia o sobreseimiento administrativo del expediente56) y 14 mediante decisiones formales. En 1995, el número de asuntos concluidos disminuyó en un 23,4% en comparación con 1994. Asuntos concluidos por no estar vigentes ya los acuerdos, por ser su impacto demasiado débil para merecer una investigación, por ser discutibles las denuncias o haber sido éstas retiradas al no revelar las investigaciones ninguna práctica contraria a la competencia. 38 Gráfico 3 : Evolución de los asuntos pendientes 2500 2000 + 1500 + 1000 + 500 + 388 1991 1178 558 559 399 I 404 I 1992 1993 1994 1995 'Asuntos nuevos ISÍSÍSI Asuntos resueltos 'Asuntos pendientes Si se hace un balance neto de los asuntos iniciados y concluidos 98 1995 puede comprobarse que el número de casos pendientes a final de en 1995 puede comprobarse que el número de casos pendientes año ha aumentado por primera vez desde 1988. Este aumento es, sin embargo, bastante modesto, de un 12%, e inferior al 5% si no se tienen en cuenta los expedientes que se han añadido a raíz de la adhesión de los nuevos Estados miembros. El actual contingente de asuntos sigue siendo muy inferior al de finales de la década de los ochenta (más de 3 000 asuntos pendientes) y corresponde más o menos con el número de asuntos efectivamente tramitados. Con todo, la Comisión pretende reducir aún más este contingente, por ejemplo mejorando la eficacia de sus procedimientos y fomentando la aplicación descentralizada de las normas de competencia cuando sea posible. 39 II - Monopolios estatales y derechos monopolísticos: artículos 37 y 90 A - Introducción 1. Los servicios de interés económico general, una pieza central de la política de liberalización de la Comisión 99. La Comisión ha continuado su política de liberalización y apertura a la competencia de algunos sectores tradicionalmente monopolísticos, tales como las telecomunicaciones, la energía, los servicios postales y los transportes. Al ser éstos fundamentales para los consumidores individuales y para la competitividad, crecimiento y creación de empleo de la economía europea en su conjunto, toda mejora de las condiciones de la competencia repercutirá positivamente en la sociedad europea globalmente considerada. Por otro lado, no se puede hablar de un verdadero mercado interior mientras estos sectores fundamentales sigan organizándose a partir de una lógica puramente nacional y de estructuras monopolísticas. La importancia de estos sectores para la sociedad, así como sus características específicas, como su organización en redes, han solido llevar a las autoridades públicas de los Estados miembros a reconocer unos derechos especiales o exclusivos o a permitir restricciones a la competencia en beneficio de operadores públicos o privados como contrapartida de la realización de determinados servicios de interés económico general, tales como la prestación de un servicio universal a todos los ciudadanos en unas condiciones determinadas y a precios asequibles. La Comisión ha reconocido siempre la legitimidad de estos objetivos de interés económico general, pero considera que los medios que tradicionalmente se han utilizado para lograrlos no siempre se justifican hoy en día, debido, sobre todo, a la evolución tecnológica, a las nuevas necesidades de los usuarios y también al mismo hecho de la integración de las economías europeas. Esto es especialmente cierto en el caso de la sociedad de la información, fuente de crecimiento y de creación de nuevos servicios y de empleo en los próximos años. Por lo tanto, a la luz de esta nueva realidad, se hace necesario hacer una revisión de cuáles serían los instrumentos más apropiados para garantizar unos servicios públicos de calidad para todos los ciudadanos. La Comisión considera que, en muchos casos, la apertura a la competencia puede mejorar la calidad de los servicios, fomentar la innovación y la creación de empleo y hacer que disminuyan los precios en beneficio de los consumidores. La eliminación de los obstáculos a la libre competencia sólo es, sin embargo, un aspecto de la política de liberalización de la Comisión. Por un lado, será necesaria la adopción de un nuevo marco normativo para lograr unos servicios universales en un entorno competitivo. Por otro, en los casos en que se alegue la necesidad de restringir la competencia para garantizar el mantenimiento de un servicio universal, la Comisión evaluará su legitimidad con arreglo al derecho comunitario (incluidas las ayudas estatales). Por lo tanto, la Comisión considera que el desarrollo de la política de competencia es perfectamente compatible con el servicio público. Por otro lado, no está de más insistir en la idea de que la liberalización de un sector no tiene nada que ver con la privatización de las empresas públicas que operan en el mismo. Si bien es verdad que a veces las normas comunitarias pueden llevar a una apertura a la competencia, son neutras en cuanto al carácter público o privado de las empresas. 40 2. Las directivas derivadas del apartado 3 del artículo 90 del Tratado CE 100. Para llevar a la práctica estos objetivos de apertura a la competencia, el apartado 3 del artículo 90 del Tratado confiere a la Comisión la facultad de adoptar decisiones o directivas de cumplimiento obligatorio para los Estados miembros. Esta última posibilidad suscita a veces la oposición de algunas partes. En realidad, aunque el apartado 3 del artículo 90 da a la Comisión la posibilidad de adoptar directivas, el Tribunal de Justicia ha precisado que dicha disposición sólo la habilita para establecer unas normas generales que determinen las obligaciones a las que ya están sujetos los Estados miembros en virtud del Tratado respecto a sus empresas públicas y a las empresas titulares de derechos especiales o exclusivos, o para tomar medidas preventivas necesarias para desempeñar su función de vigilancia. La competencia limitada que confiere a la Comisión el apartado 3 del artículo 90 es, por lo tanto, diferente y más específica que las facultades que se reconocen al Parlamento Europeo y al Consejo, o sólo a éste, a la hora de adoptar directivas. La Comisión no puede imponer obligaciones nuevas a los Estados miembros, sino sólo determinar, de una forma aplicable a todos ellos, las obligaciones concretas a que están sujetos en virtud del Tratado. La amplitud de las facultades y obligaciones de la Comisión depende, por lo tanto, del alcance de las normas cuya observancia sea necesario garantizar. La Comisión siempre ha utilizado este instrumento con prudencia. Sólo se ha recurrido a directivas basadas en el apartado 3 del artículo 90 cuando la presencia de numerosas infracciones a normas fundamentales del Tratado CEE las hacía necesarias para evitar una multiplicación de los procedimientos de infracción y para garantizar un mínimo de seguridad jurídica a los operadores57. Normalmente estas iniciativas han correspondido a inquietudes expresadas por el Consejo o el Parlamento. La Comisión siempre ha concedido la mayor importancia a la necesidad de utilizar este instrumento a través de un procedimiento transparente y basado en un diálogo lo más amplio posible con las demás instituciones de la Unión, los Estados miembros y las partes interesadas. Esta forma de proceder se refleja en las primeras fases de la etapa de reflexión, ya que la Comisión suele siempre publicar libros verdes o documentos de debate destinados a lanzar el examen de la situación dentro de un proceso de consulta pública. A partir de los resultados de estas consultas, de estudios realizados por especialistas y de información recogida por la Comisión, ésta suele adoptar, en primera lectura, un proyecto de directiva que se remite al Parlamento para que éste haga sus observaciones, al Comité Económico y Social, al Comité Directiva 80/723/CEE de la Comisión, de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas (DO L 195 de 29. 07. 1980, p. 35), modificada por la Directiva 85/413/CEE de la Comisión, de 24 de julio de 1985 (DO L 229 de 28. 08. 1985, p. 20) y por la Directiva 93/84/CEE de la Comisión de 30 de septiembre de 1993 (DO L 254 de 12. 10. 1993, p. 16); Directiva 88/301/CEE de la Comisión, de 16 de mayo de 1988, relativa a la competencia en los mercados de terminales de telecomunicaciones (DO L 131 de 27. 05. 1988, p. 73); Directiva 90/388/CEE de la Comisión, de 28 de junio de 1990, relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones (DO L 192 de 24. 07. 1990, p. 10), modificada por la Directive 94/46/CE de la Comisión de 13 de octubre de 1994 sobre las comunicaciones vía satélite (DO L 268 de 19. 10. 1994, p. 15) y por la Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, relativa a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados (DO L 256 de 26. 10. 1995, p. 49). 41 de las Regiones y a los Estados miembros. El proyecto se publica también en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas con el fin de que los interesados emitan su parecer. En cualquier caso, la adopción final por parte de la Comisión de una directiva con arreglo al apartado 3 del artículo 90 nunca se lleva a cabo sin considerar primero todas las opiniones, y especialmente las eventuales observaciones del Parlamento Europeo, los Estados miembros, el Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones. Los debates que durante el año 1995 han tenido lugar en torno a las directivas sobre redes de televisión por cable, comunicaciones móviles y liberalización total de las telecomunicaciones son buena prueba de esta forma de proceder. 3. Otros instrumentos a disposición de la Comisión 101. El apartado 3 del artículo 90 permite también que la Comisión adopte decisiones individuales, es decir, actos específicos de aplicación del derecho comunitario a casos concretos, iguales en todo punto a los que la Comisión lleva a cabo en otros ámbitos (ayudas). El Tribunal de Justicia controla dichos actos. En algunos casos, la Comisión considera conveniente explicar, con el fin de aumentar la seguridad jurídica y la transparencia, los criterios que piensa seguir en el ejercicio de sus funciones de control de la observancia del derecho comunitario por parte de los Estados miembros y de los operadores de un sector concreto. El proyecto de comunicación sobre la aplicación de las normas del Tratado al sector postal, publicado en 1995, constituye un ejemplo de este tipo de iniciativas. B - Telecomunicaciones 1. Medidas generales 102. La Comisión ha continuado, con el apoyo del Consejo y del Parlamento Europeo, su política de liberalización del ámbito de las telecomunicaciones. El 25 de enero de 1995, la Comisión dio a conocer la segunda parte del Libro Verde sobre liberalización de las insfraestructuras de telecomunicaciones. El Libro Verde examina los criterios que deberían informar la normativa de apertura de la competencia del sector de las telecomunicaciones dentro del calendario acordado por el Consejo58. Tras amplias consultas sobre el Libro Verde, la Comisión adoptó una Comunicación59 en la que se hace un resumen de la misma y se propone una lista de las medidas que, según ella, serían necesarias para completar la liberalización y establecer un marco normativo claro. Ello comportaría los siguientes elementos: fijación de la fecha del 1 de enero de 1998 para la supresión de todos los derechos especiales y exclusivos aún vigentes en los ámbitos de la telefonía vocal pública y utilización de las redes a través de directivas adoptadas en virtud del artículo 90 y con arreglo a las normas comunitarias de competencia; Resolución del Consejo de 22 de diciembre de 1994 relativa a los principios y al calendario de la liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones, 94/C379/03, DO C 379 de 31. 12. 1994, p. 4. COM(95)158. 42 garantía de la financiación del servicio universal y clarificación de las condiciones de acceso e interconexión, mediante el desarrollo de unas normas que hagan efectiva la Oferta de Red Abierta (ONP); desarrollo del marco normativo a nivel nacional y europeo; debate sobre las relaciones de las normas nacionales y comunitarias en este sector. A lo largo del año se han debatido o aprobado tres propuestas de directiva de la Comisión elaboradas con arreglo al apartado 3 del artículo 90. 2. Directiva sobre liberalización de la televisión por cable 103. El 18 de octubre la Comisión adoptó una Directiva que posibilita la utilización de las infraestructuras de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados60. El texto había sido hecho público para consultas el 21 de diciembre de 199461. Aunque ninguna disposición específica del Tratado le obligaba a hacerlo, la Comisión prefiere utilizar un procedimiento transparente y abierto para la adopción de las directivas del apartado 3 del artículo 90. Los más de 40 comentarios escritos que se recibieron expresaban, en su inmensa mayoría, un apoyo al texto de la Comisión. La Directiva dispone la supresión de las restricciones sobre la utilización de la capacidad de transmisión de las redes de televisión por cable para todos los servicios de telecomunicaciones a partir del 1 de enero de 1996, con la excepción de la telefonía vocal pública; también dispone que las redes de televisión por cable puedan i) interconectarse con las redes de telecomunicaciones públicas nacionales y ii) conectarse directamente entre sí. La Directiva exige, por otro lado, transparencia desde el punto de vista contable y separación de la contabilidad financiera de ambas actividades desde el momento en que el volumen de negocios en el ámbito del mercado de las telecomunicaciones alcance 50 millones de ecus. Esta Directiva no es sino una primera etapa hacia el objetivo de liberalización de las infraestructuras que deberá lograrse con la directiva de liberalización total. Esta primera etapa permitirá también la prestación efectiva de servicios ya liberalizados a partir del 1 de enero de 1996. 3. Directiva de liberalización de la telefonía móvil 104. La segunda Directiva es la que afecta a la liberalización de las comunicaciones móviles y personales. El 1 de agosto de 1995 la Comisión publicó un proyecto para difusión y debate62 con un período de recepción de observaciones de dos meses. También fue remitido al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Los comentarios que se expresaron refrendaban en su mayoría la redacción del texto. Directiva 95/51/CE de la Comisión, de 18 de octubre de 1995, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE relativa a la supresión de las restricciones a la utilización de las redes de televisión por cable para la prestación de servicios de telecomunicaciones ya liberalizados, DO L 256 de 26. 10. 1995, p. 49. XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), punto 220. Propuesta de directiva de la Comisión por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE de la Comisión en relación con las comunicaciones móviles y personales, DO C 197 de 1. 8. 1995, p. 5. 43 En su reunión del día 20 de diciembre de 1995, la Comisión dio su acuerdo de principio a esta Directiva, basada en el apartado 3 del artículo 90. La adopción formal de la misma tuvo lugar el 16 de enero de 199663. El objetivo de la Comisión es garantizar un nivel de competencia adecuado tanto en lo que se refiere a la concesión de licencias a los operadores como a la gestión de las redes de telefonía móvil en la Unión Europea. Para lograr dicho objetivo debe facilitarse la entrada de nuevos competidores al mercado y la interconexión de las redes nacionales. La Directiva pretende conseguir este resultado exigiendo que los Estados miembros supriman todos los derechos preferentes o exclusivos en el ámbito de las comunicaciones móviles y establezcan, si todavía no lo han hecho, unos procedimientos de autorización para la concesión de licencias. Por otro lado, la Directiva exige a los Estados miembros que permitan la entrada de nuevos competidores al mercado de los servicios de telecomunicaciones móviles con el fin de prestar servicios a través de las estructuras existentes o de las denominadas infraestructuras alternativas. Esto es imprescindible para fomentar la competencia ya que, como señaló la Comisión en s,u Comunicación de 1992 sobre la revisión del sector de las telecomunicaciones64, lo elevado de las tarifas y la insuficiente accesibilidad a las infraestructuras básicas a través de las cuales se operan u ofrecen servicios liberalizados a terceros han hecho que el desarrollo generalizado de los mismos se haga esperar. Sin embargo, los Estados miembros con unas redes menos desarrolladas (España, Grecia, Irlanda y Portugal) pueden retrasar cinco años, si lo desean, la aplicación de esta disposición. Luxemburgo, debido al pequeño tamaño de su red, puede hacerlo durante dos años. El argumento jurídico que, con arreglo a la directiva, justifica la supresión de los derechos especiales o exclusivos es que constituyen una restricción a la libertad de prestación de servicios con arreglo al artículo 59. Por otro lado, la Directiva se fundamenta en el artículo 86. Así su décimo considerando afirma lo siguiente: "En general, los derechos exclusivos vigentes en el ámbito de las comunicaciones móviles se han concedido a organismos que ya disfrutaban de una posición dominante para la creación de redes terrenales, o a una de sus filiales. En tal situación, el efecto de estos derechos es ampliar y, por ende, reforzar la posición dominante de que disfrutan estas organizaciones, lo que, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, constituye un abuso de posición dominante incompatible con el artículo 90. " 4. Directiva de liberalización total 105. En su Resolución de 22 de diciembre de 1994, el Consejo de Ministros reafirmó que la fecha de liberalización de las infraestructuras de telecomunicaciones y de los servicios de telefonía vocal pública debería ser el día 1 de enero de 1998, con períodos transitorios para algunos Estados miembros (Grecia, España, Portugal e Irlanda, hasta cinco años; Luxemburgo, hasta dos años). Esta confirmación llevó a la Comisión a proponer dos medidas: una Directiva de la Comisión con arreglo al apartado 3 del artículo 90 encaminada a Directiva 96/2/CE de la Comisión, de 16 de enero de 1996, por la que se modifica la Directiva 90/388/CEE en relación con las comunicaciones móviles y personales, DO L 20 de 26. 1. 1996, p. 59. Comunicación de 21 de octubre de 1992 sobre la revisión de la situación en el sector de las comunicaciones, SEC (92) 1048. la liberación total de los mercados de telecomunicaciones y una propuesta de directiva del Consejo y el Parlamento con arreglo al artículo 100A del Tratado CE con el fin de armonizar las normas de interconexión. Estas dos medidas reflejan la necesidad de que la política de competencia se desarrolle en cooperación estrecha con otros aspectos de telecomunicaciones. la política comunitaria generales más de 106. La Directiva con arreglo al apartado 3 del artículo 90, relativa a la liberalización de todos los servicios de telecomunicaciones, incluida la telefonía vocal, a partir del 1 de enero de 1998, con períodos transitorios para algunos Estados miembros, fue publicada el 10 de octubre de 1995 con el fin de lanzar el debate. Las restricciones sobre utilización de estructuras alternativas deben suprimirse en 1996 (excepto tratándose de la telefonía vocal pública, cuya liberalización se llevará a cabo en 199"8) , y en 1997 deben establecerse unas condiciones y normas que regulen las autorizaciones de interconexión. La Directiva establece también los principios fundamentales que deben informar la concesión de autorizaciones a nuevos competidores en los mercados de la telefonía vocal y de las infraestructuras de telecomunicaciones. Estos principios garantizan la apertura de estos sectores a la competencia y recogen las medidas necesarias para garantizar un servicio universal en los Estados miembros. La Directiva dispone también que los Estados miembros deben publicar las condiciones y procedimientos de autorización, así como las condiciones de interconexión. Una vez más, en esta Directiva los Estados miembros que dispongan de unas redes poco desarrolladas o demasiado pequeñas pueden acogerse a unos plazos superiores de cinco y dos años, respectivamente. 107. De forma paralela al establecimiento del citado marco normativo, la Comisión ha continuado promoviendo la puesta en práctica de las directivas vigentes del ámbito de las telecomunicaciones, especialmente la Directiva de servicios65. El 4 de abril, la Comisión hizo pública una Comunicación66 sobre el estado y aplicación de la Directiva; esta Comunicación reflejaba la intención de la Comisión de solventar los problemas y lagunas de aplicación por ella descubiertos. 5. Procedimientos de infracción con arreglo al apartado 3 del artículo 90 108. Aparte de las directivas de aplicación general con arreglo al apartado 3 del artículo 90, la Comisión está autorizada a adoptar, en casos concretos, decisiones en contra de los Estados miembros. La Comisión señaló su intención de hacer uso de esta facultad en caso de que en algunos Estados miembros se adviertan supuestas discriminaciones a operadores alternativos de telefonía móvil. Los operadores estatales disponen ya de grandes ventajas frente a los nuevos competidores (la red de telefonía universal, la posición dominante en el mercado y una base de usuarios de teléfonos móviles; a menudo las autorizaciones de prestación de servicios de telefonía móvil se han concedido sin exigencia alguna en el proceso de selección). Por todo ello, la Comisión ha procurado que los nuevos operadores reciban un trato Directiva 90/388/CEE de la Comisión relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, DO L 192 de 24. 7. 1990, p. 10. La directiva de servicios ordenaba la supresión de los derechos especiales y exclusivos concedidos por los Estados miembros para la prestación de todos los servicios de telecomunicaciones distintos de la telefonía vocal; fue reconocida como una pieza fundamental de la normativa de la Unión para la liberalización del mercado europeo de las telecomunicaciones. Comunicación de la Comisión de 4 de abril de 1995 al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el estado y aplicación de la Directiva 90/388/CEE relativa a la competencia en los mercados de servicios de telecomunicaciones, DO C 275 de 20. 10. 1995, p. 2. 45 equitativo en los Estados miembros. Por ejemplo, la Comisión analizó muy de cerca el procedimiento de concurso que algunos Estados miembros habían incluido en la selección del segundo operador. Estos concursos, que fueron analizados de forma crítica en el Libro Verde sobre comunicaciones móviles y personales de 199467, suponen que la concesión de segundas licencias se lleva a cabo, no sólo sobre la base de una comparación de los elementos cualitativos intrínsecos, sino de una oferta financiera por encima de un mínimo determinado. Omnitel Pronto Italia 109. El 4 de octubre, la Comisión adoptó una Decisión formal con arreglo al apartado 3 del artículo 9068 dirigida a Italia por discriminación en contra de Omnitel Pronto Italia y a favor de Telecom Italia Mobile (el operador estatal). La discriminación, que fortalecía la posición dominante de Telecom Italia Mobile, consistió en exigir a Omnitel Pronto Italia el pago de una suma por la licencia GSM, sin exigir lo mismo a Telecom Italia o compensar a Omnitel mediante una adaptación de la normativa. La Decisión exigía al Gobierno italiano que, bien reclamara a Telecom Italia Mobile el pago de una suma idéntica, bien adoptará, previo acuerdo de la Comisión, unas medidas correctivas equivalentes en términos económicos. Además, en cualquiera de los casos, las medidas adoptadas no podrían perjudicar la competencia ya lograda mediante la autorización del segundo operador de telefonía GSM. Servicios de Radiotelefonía GSM en otros Estados miembros 110. La Comisión ha tenido que actuar también frente a otros Estados miembros (como Bélgica, España e Irlanda) con el fin de situar en pie de igualdad a los dos operadores GSM. Por ejemplo, sólo tras la intervención de la Comisión se logró que Bélgica se comprometiera a cobrar a Belgacom (el operador estatal) un canon por su licencia GSM, que ya poseía, igual a la que se reclamaba al segundo operador, Mobistar. La Comisión sigue estudiando de cerca las condiciones de funcionamiento de los segundos operadores en los Estados miembros. Vebacom 111. La Comisión ha actuado también al amparo del artículo 90 en otras áreas de las telecomunicaciones. En abril de 1995, la Comisión recibió una denuncia al amparo del artículo 90 de Vebacom, la filial de telecomunicaciones de VEBA AG, un holding alemán de servicios públicos. Vebacom había solicitado repetidas veces una licencia para una red de telecomunicaciones de banda ancha basada en la tecnología SDH (jerarquía digital síncrona), que permitiría el envío de datos entre 3 6 diferentes unidades de la cadena pública alemana de televisión ARD. La Comisión consideró que la denuncia estaba justificada, entre otras cosas por que Vebacom pretendía ofrecer una servicio basado en una nueva tecnología (SDH) con la que el titular del monopolio alemán de las infraestructuras, Deutsche Telekom AG, no contaba. Tras unas negociaciones informales con la Comisión, el Ministerio de Correos y Telecomunicaciones de Alemania convino en conceder una licencia para el establecimiento y operación de una red alternativa de telecomunicaciones. Hacia un entorno para las comunicaciones personales - Libro Verde sobre un enfoque común en el ámbito de las comunicaciones móviles y personales en la Comunidad Europea, COM(94)145. DO L 280 de 23. 11. 1995, p. 49-57. 46 C - Energía 112. Los proyectos modificados de directivas en el ámbito de las normas comunes que deben regular el mercado interior de la electricidad y el gas, presentadas por la Comisión el 7 de diciembre de 1993, han seguido siendo objeto de análisis en profundidad en el Consejo. 113. Sin embargo, en 1995 tampoco se ha avanzado de forma apreciable en la liberalización de los mercados comunitarios de la electricidad y el gas natural, que, con algunas excepciones, siguen estando dominados por monopolios o titulares de derechos exclusivos. En su reunión del 2 0 de diciembre, el Consejo de Ministros no pudo alcanzar una posición común en relación con la propuesta de directiva para el establecimiento de unas normas comunes en el mercado interior de la electricidad, pero la presidencia española llegó a la conclusión de que las negociaciones habían alcanzado la fase final y que a comienzos de 1996 sería posible tomar una decisión al respecto. 114. A comienzos de 1995 y por iniciativa del Consejo, la Comisión examinó la posibilidad de coexistencia del método de acceso negociado propugnado por la Comisión (en el que los consumidores y productores negocian con su operador el acceso a la red) con el sistema denominado de comprador único (en el que una sola entidad se encarga de las compras, ventas y servicios públicos de todo el sistema). En su documento de trabajo sobre la organización del mercado interior de la electricidad69, la Comisión llegó a la conclusión de que el modelo de comprador único era, en su estado original, incompatible con el Tratado y no lograría unos resultados económicos equivalentes ni una reciprocidad entre los dos sistemas. La Comisión sugirió reelaborar el modelo de comprador único para lograr una coexistencia entre los dos sistemas. Estas modificaciones del sistema de comprador único determinaban el grado de elección de todos los "consumidores idóneos", las posibilidades de importación y exportación con arreglo a condiciones objetivas, las medidas para garantizar la transparencia y evitar el falseamiento de la competencia, las garantías de competencia leal en el ámbito de la generación y, finalmente, la apertura del mercado a productores independientes y la posibilidad de instalar líneas directas. En su reunión de junio, el Consejo aceptó en principio la posición de la Comisión, ya que admitió que sólo sería posible una coexistencia de los dos sistemas si se modificaba el modelo de comprador único. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo respecto a las modificaciones propuestas por la Comisión. 115. En julio la presidencia española presentó un texto de compromiso en el que se incorporaban todos los acuerdos políticos anteriormente alcanzados en reuniones del Consejo y las conclusiones del documento de trabajo de la Comisión del mes de marzo; el texto pretendía solucionar algunos problemas todavía pendientes. En él se aceptaba la coexistencia de los sistemas de acceso negociado y comprador único, aunque modificando el segundo a la vista de una serie de exigencias. Este texto de compromiso fue ampliamente debatido en el segundo semestre de 1995. 116. Los dos principales temas que todavía están pendientes de solución son el grado de apertura de mercado en función de la definición de los consumidores idóneos y sobre todo la cuestión de si los distribuidores se encuentran entre los consumidores idóneos que tendrían libertad de contratación con los productores considerados más eficaces. Por otro lado, algunos Estados miembros temen que la solución propuesta en relación con las obligaciones de servicio público se utilice de forma abusiva y resulte en una restricción indebida de la competencia. SEC(95)464 de 22. 3. 1995. 47 117. La Comisión lamenta que todavía no se haya llegado a un acuerdo en torno a la propuesta de directiva, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de la cuestión. Como ya se señaló en el informe Ciampi70, la ausencia de liberalización en el sector de la energía está teniendo ya un influjo muy negativo sobre la competitividad de la economía europea. D - Servicios Postales 118. El 26 de julio la Comisión adoptó una serie de medidas entre las que se encontraban un proyecto de directiva del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a las normas comunes que deben regular el desarrollo de los servicios postales y un proyecto de comunicación de la Comisión sobre aplicación de las normas de competencia al sector postal. Estas medidas pretenden garantizar la prestación de un servicio universal y, de forma simultánea, la apertura del mercado postal a una mayor competencia. La propuesta de directiva71, basada en el artículo 100A del Tratado CE, consagra la existencia de un servicio universal obligatorio para todos los habitantes de la Comunidad, que tendría unos precios asequibles, un alto nivel de calidad y que llegaría a todos los puntos del territorio, con un especial hincapié en zonas alejadas o periféricas de la Comunidad. Con el fin de garantizar la viabilidad financiera del servicio universal, la propuesta define unos criterios armonizados para los servicios que puedan quedar reservados a los prestadores de dicho servicio. De este modo, el correo interior de los Estados miembros con un peso inferior a 3 50 gramos y un precio hasta 5 veces superior al de una carta normal (normalmente, de 20 gramos), del mismo modo que el reparto postal de publicidad y el "correo transíronterizo entrante" podrán seguir formando parte del sector reservado hasta el 31 de diciembre del año 2000 (con un nuevo examen del sector del reparto postal de publicidad antes del 30 de junio de 1999). La propuesta establece también que los Estados miembros determinarán las tarifas del servicio universal procurando que los precios sean asequibles y se fijen en relación con los costes, y definirán unas normas de calidad de los servicios nacionales que deberán ser coherentes con las medidas comunitarias. El proyecto de comunicación72, que será lanzado al debate público, completa el proyecto de directiva. En él la Comisión presenta los principios que van a seguirse en la aplicación de las normas de competencia del Tratado al sector postal con el fin de facilitar la liberación progresiva y controlada de este mercado. Se describen también las características de la futura política de análisis de las medidas estatales que limiten la libre prestación de servicios o la libre competencia en los mercados postales, con arreglo a lo establecido en el Tratado. Ante todo, la Comisión aborda las cuestiones relativas a la no discriminación en materia de acceso a la red postal, la detección de subvenciones cruzadas, la determinación de medidas de protección de la competencia y a la aplicación de las normas sobre ayudas en el sector. Véase la anterior nota 2. Propuesta directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las reglas comunes para el desarrollo de los servicios postales comunitarios y la mejora de la calidad del servicio, DO C 322 de 2. 12. 1995, p. 22. Proyecto de comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la normas de competencia al servicio postal y en particular sobre la evaluación de determinadas medidas estatales relativas a los servicios postales, DO C 322 de 2. 12. 1995, p. 3. 48 E - Transporte 1. Aeropuertos 119. La Comisión sigue esforzándose por garantizar que las prácticas contrarias a la competencia en el ámbito aeroportuario no pongan en peligro la liberización del transporte aéreo en la Unión Europea. Por ello ha proseguido la instrucción de varias denuncias y la adopción de decisiones destinadas a lograr una competencia más eficaz en determinados aeropuertos importantes de la Unión Europea. 1. 1. Canon de aterrizaje Aeropuerto de Bruxelles National 120. La Comisión aprobó una Decisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 9073 con respecto al sistema de descuentos sobre las tasas de aterrizaje, establecido en el aeropuerto de Bruxelles-National mediante el Real Decreto de 22 de diciembre de 1989. British Midland, la compañía aérea que había interpuesto la denuncia, consideró que este sistema permitía a la compañía aérea Sabena, su principal competidor en la línea Bruselas-Londres, beneficiarse de un descuento del 18% de sus gastos de aterrizaje, mientras que ninguna otra compañía aérea podía hacerlo. Una vez instruida la denuncia, la Comisión consideró que este sistema era constitutivo de medida estatal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 90, conjuntamente con el artículo 86, puesto que aplicaba a las compañías aéreas condiciones desiguales a prestaciones equivalentes relacionadas con el aterrizaje y el despegue, con lo que se falseaba la competencia. La Comisión estimó que la única justificación posible del sistema en cuestión serían las economías de escala equivalentes que pudiera realizar el gestor del aeropuerto. Al no ser este el caso, la Comisión instó a las autoridades belgas a poner fin a dicho sistema. 1. 2. Asistencia en escala 121. La Comisión siguió interesándose también por las prácticas destinadas a impedir la competencia en el sector de la asistencia en escala (en pista, en las terminales y/o en materia de manipulación de carga). En 1995 se experimentaron avances positivos, dado que las gestiones emprendidas por la Comisión ante las autoridades de los Estados miembros se tradujeron en una apertura progresiva del mercado (como es el caso de la República de Irlanda, en la que el mercado de la asistencia en escala se abrió desde el 1 de enero de 1995 a un segundo operador), o en compromisos concretos en este sentido (como en el caso de Grecia y España, en el que las autoridades de estos países presentaron a la Comisión las medidas que tenían la intención de adoptar para mejorar la eficacia del sector, entre las que se incluía un calendario de liberalización). Por otra parte, la Comisión prosiguió la instrucción de las denuncias interpuestas en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 del Tratado contra dos empresas aeroportuarias privadas, responsables de la gestión de dos aeropuertos que se encuentran entre los más importantes de la Unión: Francfurt y Milán. 122. A este respecto, se ha de señalar un nuevo elemento, que no es otro que el acuerdo de principio alcanzado el 8 de diciembre de 1995 DO L 216 de 12. 9. 1995, p. 8. 49 en el Consejo de transportes a propósito de la Directiva relativa a la liberalización de los servicios de asistencia en escala en los aeropuertos de la Comunidad. Basada en el artículo 84 del Tratado, esta propuesta había sido presentada por la Comisión en diciembre de 1994 y nacía de la Resolución del Consejo de 24 de octubre de 199474 sobre la situación de la aviación civil europea y de la Comunicación de la Comisión titulada "La aviación civil europea hacia mejores horizontes". La asistencia en escala es una actividad ligada al transporte aéreo, indispensable para que los transportistas puedan desarrollar su tarea. Su liberalización se inscribe en el marco de las medidas complementarias a la realización del mercado único en el transporte aéreo y, entre otras cosas, es consecuencia de la aprobación de la normativa comunitaria en materia de asignación de períodos horarios y de funcionamiento de los sistemas informatizados de reserva. Además, se pretende que las compañías aéreas europeas puedan ajustar mejor sus costes de explotación y adaptar con precisión sus servicios a las necesidades de su clientela. El texto establece un período transitorio para la adaptación del mercado. Se prevé la existencia de varios plazos de entrada en vigor en función de determinados umbrales de referencia. La liberalización completa debe llevarse a cabo entre 1998 y el 2003, dependiendo del sector y de los casos específicos. 2. Puertos 123. A raíz de la sentencia del Tribunal en el asunto "Puerto de Genova"75, Italia se lanzó a un proceso de reforma portuaria que condujo en 1994 a la aprobación de la Ley n" 84. En ella se establece el principio de apertura a la competencia del mercado de las operaciones portuarias (carga y descarga). No obstante, este objetivo no se ha hecho realidad debido a que, en un determinado número de puertos italianos, las autoridades locales se negaron sistemáticamente a expedir las autorizaciones que los competidores potenciales de las antiguas compañías de estibadores necesitan para ejercer sus actividades. Ante esta situación de hecho que pone en tela de juicio su política de competencia en el ámbito portuario, la Comisión consideró necesario tomar determinadas medidas que se centraron en el puerto de Genova, debido a la importancia que este último reviste para el conjunto de la Unión, por tratarse del primer puerto italiano. El 21 de junio de 1995, la Comisión emplazó al Gobierno italiano para que expidiese en el plazo de diez días una autorización de explotación a una empresa a la que la autoridad portuaria local le denegaba este derecho de forma arbitraria. El 11 de julio de 1995, las autoridades italianas comunicaron a la Comisión que se había concedido la autorización en cuestión dentro del plazo fijado. Gracias a la misma se abre el sector de las operaciones portuarias en el Puerto de Genova a otros prestadores de servicios. La medida beneficiará a los usuarios del puerto, a numerosas empresas locales, especialmente pequeñas y medianas, y, en definitiva, potenciará el dinamismo del puerto frente a la competencia internacional. DO C 309 de 5. 11. 1994, p. 2. Sentencia de 10 diciembre de 1991 en el asunto C-179/90 Porto di Gabrielli, Rec. 1991, p. 1-5889. Genova/Siderúrgica 50 124. Por otra parte, la Comisión mantiene abiertos sus diferentes procedimientos de infracción en relación con Italia por lo que se refiere a los aspectos de la organización portuaria, que sigue planteando problemas a efectos del Derecho Comunitario. F - Otros monopolios estatales de carácter con eroial 125. La cuestión de la adecuación de los monopolios nacionales de carácter comercial en los nuevos Estados miembros dio lugar a numerosos contactos entre la Comisión y los Gobiernos de estos países. El objetivo de estos contactos era adaptar las normas que regulan estos monopolios al acervo comunitario y especialmente al artículo 37 del Tratado. 1. Monopolios sueco y finlandés de alcoholes 126. La adecuación de los monopolios de los alcoholes en Suecia y Finlandia fue debatida entre la Comisión y estos nuevos Estados miembros con objeto de proceder a la adaptación de los regímenes que regulan estos monopolios a la normativa comunitaria. A la luz de estos objetivos, estos dos Estados miembros aceptaron suprimir los derechos exclusivos de importación, exportación, producción y comercialización al por mayor, incluida la función de venta al por mayor a cafés y restaurantes. La Comisión comprobó cómo las nuevas normas en materia de alcoholes aprobadas por Suecia y Finlandia a finales de 199576 eliminaron definitivamente tales derechos exclusivos, que tendrían que haber sido suprimidos a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre el EEE. Por lo que se refiere a los derechos exclusivos de venta al por menor de alcoholes, la Comisión estima que, sin perjuicio de la posible evolución de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, tales derechos pueden estar justificados en el marco de la legislación comunitaria actual, especialmente en el marco de la legítima preocupación nacional en relación con la lucha contra el alcoholismo, siempre que quede excluida cualquier discriminación entre productos nacionales y productos importados de los demás Estados miembros. Para cerciorarse de que las prácticas de los monopolios de venta al por menor se ajustan a estos requisitos, la Comisión consideró necesario iniciar un seguimiento detallado y periódico de su funcionamiento. 2. Monopolio austríaco de alcoholes 127. Por lo que respecta al alcohol puro y a determinadas bebidas alcohólicas, Austria ejerce un monopolio nacional de carácter comercial caracterizado por la existencia de derechos exclusivos de importación y comercialización al por mayor que, a diferencia de lo que sucede con los derechos exclusivos de venta al por menor, se consideran claramente incompatibles con el artículo 37 del Tratado CE, entre otras disposiciones, sin que puedan alegarse las justificaciones antes mencionadas. Por consiguiente, tales derechos exclusivos tenían que haber sido suprimidos antes del 1 de enero de 1995. Habida cuenta de que, hasta el momento, no ha sido así, la Comisión se vio obligada a incoar a Austria el procedimiento de infracción previsto en el artículo 169 del Tratado CE. Por lo que respecta a Suecia, véase la Ley sobre alcoholes (1994:1738) promulgada el 16. 12. 1994 y en vigor desde el 01. 01. 1995. En el caso de Finlandia, véase la nueva Ley sobre alcoholes (1143/34) aprobada el 08. 12. 1994 y en vigor desde el 01. 01. 1995. 51 3. Monopolio austríaco de la sal 128. Por lo que se refiere al monopolio nacional de carácter comercial en el sector de la sal, a raíz de la intervención de la Comisión, Austria aceptó finalmente derogar los derechos exclusivos de importación y comercialización al por mayor de los productos procedentes de los demás Estados miembros, que tendrían que haber sido eliminados desde comienzos de 199577. 4. Monopolio austríaco de tabacos manufacturados 129. Caracterizado también por la existencia de derechos exclusivos en materia de importación y comercialización, el monopolio austríaco de tabacos manufacturados se rige por lo establecido en los apartados 1 a 3 del artículo 71 del Acta de adhesión de Austria78. En virtud de lo dispuesto en este artículo, Austria está obligada a adecuar progresivamente su monopolio de tabacos manufacturados para la progresiva apertura, a partir de la fecha de adhesión, de contingentes de importación de productos procedentes de los Estados miembros, de tal forma que, a más tardar el 31 diciembre de 1997, desaparezca toda discriminación entre los nacionales de los Estados miembros respecto de las condiciones de abastecimiento y comercialización. La observancia de esta obligación implica la supresión del derecho exclusivo de importación y del derecho exclusivo de comercialización al por mayor. Por lo que se refiere a la venta al por menor de los productos importados dentro de contingentes, su venta a los consumidores deberá realizarse de forma no discriminatoria. Habiendo constatado que Austria no había adoptado las medidas necesarias para dar cumplimiento a dichas disposiciones, especialmente al no proceder a la apertura de los contingentes en las condiciones establecidas, la Comisión se vio obligada a incoar el procedimiento de infracción previsto en el artículo 169 del Tratado CE. Por lo que se refiere a la venta al por menor de los productos importados dentro de contingentes, la Comisión vela también por que la venta de estos productos a los consumidores se lleve a cabo de forma no discriminatoria. Así por ejemplo, la Comisión ha de garantizar que los contratos de licencia y distribución entre el operador Austria Tabakwerke y otros operadores europeos no vayan a dañar los aspectos positivos de la adecuación del monopolio austríaco de tabacos manufacturados y que sean compatibles con las normas de competencia del Tratado. BGBL n' 518/1995, de 4. 8. 1995. DO C 241 de 29. 08. 1994, p. 35. 52 Ill - Control de las operaciones de concentración A - Introducción 13 0. En 1995, las fusiones a las que se aplicó el Reglamento sobre control de las operaciones de concentración fueron incluso más numerosas que en 1994. La Comisión recibió 114 notificaciones (100 en 1994) y adoptó 109 decisiones definitivas (90 en 1994). La actividad registrada en 1995 fue un 24% superior a la del año anterior, que ya de por sí supuso un incremento del 50% en relación con la actividad registrada en los tres años anteriores, de 1991 a 1993. A lo largo de 1995, se iniciaron 7 investigaciones de segunda fase, por 6 en el año anterior, y se prohibieron dos operaciones, por una en 1994. 1995 supuso el quinto aniversario de la entrada en vigor del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración79. Durante esos cinco años, la Comisión adoptó 3 82 decisiones definitivas, lo que supone una media aproximada de una decisión cada tres días laborables y medio o más de 70 decisiones al año. La distribución de casos por sectores indica la existencia de un número cada vez más importante de notificaciones en telecomunicaciones, servicios financieros, medios de comunicación y productos farmacéuticos. El Reglamento de aplicación revisado80 entró en vigor el 1 de marzo de 1995. Además, se aprobaron cuatro comunicaciones interpretativas, publicadas a finales de 1994, sobre diversas cuestiones: distinción entre empresas en participación de carácter concentrativo y de carácter cooperativo, concepto de concentración, concepto de empresas afectadas y cálculo del volumen de negocios. Estas comunicaciones se aplicaron por primera vez en 199581. Estas modificaciones del régimen de control de las operaciones de concentración fueron introducidas por la Comisión a raíz de la revisión iniciada en 1993. En 1995 se volvió a abordar la cuestión de la revisión. La Comisión llevó a cabo una amplia ronda de consultas sobre la reducción de los umbrales que figuran en el Reglamento y sobre otros aspectos del mismo cuya reforma pudiera ser necesaria. Entre los consultados figuran los Estados miembros, otras instituciones comunitarias, determinadas empresas, asociaciones empresariales y asesores legales. A principios de 1996 se publicó el Libro Verde82 sobre el funcionamiento del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración con objeto de poner en marcha un proceso de consultas a todos los niveles sobre estas cuestiones. Es probable que este año se presenten propuestas legislativas. B - Investigaciones en profundidad 131. Se ha dado punto final a siete investigaciones en profundidad (segunda fase) en el marco del Reglamento sobre el control de las operaciones de concentración. Se prohibieron dos operaciones, ambas en el sector de los medios de comunicación, la empresa en participación Nordic Satellite Distribution (NSD) en los países nórdicos y la transacción RTL/Veronica/Endemol (Holland Media Groep - HMG) en los Reglamento (CEE) No 4064/89 del Consejo, de 21 diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, DO L 3 95 de 3 0. 12. 1989, p. 1. Reglamento (CE) No 3384/94 de la Comisión, de 21 d*> diciembre de 1994, relativo a las notificaciones, plazos y audiencias contemplados en el Reglamento (CEE) No 4064/89 del Consejo sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas, DO L 377 de 31. 12. 1994. XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), puntos 234-235. XXIV Informe sobre la política de competencia (1994), puntos 237-260. COM(96)19. 53 Países Bajos. Las cinco operaciones restantes fueron autorizadas, dos incondicionalmente y tres con condiciones que eliminaron los problemas de competencia detectados por la Comisión durante su investigación. 1. Casos relativos a medios de comunicación 132. La Comisión recibió un número creciente de notificaciones en el sector de los medios de comunicación que reflejan unas estructuras de titularidad en evolución y la convergencia de tecnologías que anteriormente seguían destinos separados, como era el caso de las telecomunicaciones y los medios de comunicación. La mayor parte de estas operaciones no presentaron problemas de competencia, por lo que se autorizaron tras una investigación de primera fase. Las decisiones adoptadas en las operaciones NSD y HMG indican la importancia que la Comisión concede. a los casos que se presentan en este sector. Estas transacciones tuvieron consecuencias significativas a nivel horizontal y vertical, al crearse nuevas compañías que en el futuro restringirían el acceso a cadenas de televisión (terrestres, por satélite o cable). En 1994, la Comisión había prohibido la empresa en participación MSG Media Service propuesta por Bertelsmann, Kirch y Deutsche Telekom para prestar servicios de televisión de pago en Alemania. En su prohibición de la operación NSD, la Comisión invitó a las partes a presentar nuevas propuestas que pudiesen ser consideradas compatibles con el mercado común. Este hecho demuestra claramente la voluntad de la Comisión de que se establezcan nuevas empresas en este sector, aunque tendrán que evitar aquellos ámbitos en los que creen o refuercen una posición dominante. Nordic Satellite Distribution 133. El objetivo de NSD consistía en transmitir programas de televisión vía satélite a los operadores de televisión por cable y a los hogares que reciban televisión vía satélite en su propia antena parabólica. No obstante, la Comisión concluyó que la creación de NSD en la forma propuesta habría hecho que la concentración de las actividades de sus empresas matrices crease una entidad integrada verticalmente que habría abarcado desde la producción de programas de televisión hasta los servicios de distribución al por menor para los canales de televisión de pago. Las empresas matrices de NSD son medios de comunicación de gran influencia en la zona nórdica. Norsk Telekom A/S es el mayor operador de cable de Noruega, ejerce actividades de distribución de televisión de pago en este país y también controla la capacidad de satélite adecuada para los telespectadores nórdicos. TeleDanmark A/S (TD) es el principal operador de televisión por cable de Dinamarca. Además, junto con Kinnevik, TD controla la mayor parte del resto de la capacidad de satélite que se adecúa a los telespectadores nórdicos. Kinnevik, un conglomerado sueco de empresas, es el proveedor más importante de programas de televisión de Nordic Satellite, uno de los principales distribuidores de televisión de pago en los países nórdicos y posee una participación importante en la televisión por cable y en la televisión financiada mediante publicidad en Suecia. La Comisión llegó a la conclusión de que NSD habría supuesto la creación o el reforzamiento de una posición dominante en tres mercados: el suministro de capacidad de transpondedor de televisión vía satélite a los países nórdicos (Dinamarca, Noruega, Suecia y Finlandia); el mercado danés de explotación de redes de televisión por cable; y 54 el mercado de distribución de televisión de pago vía satélite y otros canales de televisión codificados para distribución domiciliaria directa. La integración vertical de la entidad habría significado que las partes hubieran podido impedir la entrada de competidores en el mercado nórdico de televisión vía satélite y controlar el acceso al mercado nórdico de difusión televisiva vía satélite. Dado que los mercados afectados se encuentran actualmente en una fase de transición, la Comisión adoptó una serie de medidas para garantizar que no quedasen cerrados para el futuro. RTUVeronica/Endemol 134. A raíz de una solicitud presentada por el Gobierno neerlandés en virtud de lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración, la Comisión inició el examen del El artículo 22 faculta a los Estados caso RTL/Veronica/Endemol. miembros a remitir casos a la Comisión aunque no tengan dimensión comunitaria, siempre que afecten al comercio entre Estados miembros. A pesar de que la Comisión estimó que el mercado geográfico de referencia era los Países Bajos, llegó a la conclusión de que la operación de concentración afectaba a los intercambios entre los Estados miembros puesto que influiría en las condiciones de entrada de nuevos competidores en el mercado neerlandés de emisiones de televisión, repercutiría en la adquisición de programas en lenguas extranjeras y, además, porque la propia empresa en participación tiene su sede en Luxemburgo, donde dos de sus canales gozan de "licencia" concedida por el Gran Ducado de Luxemburgo. El análisis siguió el procedimiento normal, salvo por lo que se refiere a las disposiciones habituales de suspensión, que no se aplicaron. Por consiguiente, en este caso las partes pudieron completar la operación a pesar de la decisión de la Comisión de que la empresa en participación crearía una posición dominante de las partes. El caso suponía la creación de una empresa en participación, Holland Media Groep (HMG), entre RTL, Veronica y Endemol. RTL transfirió sus actividades de radiodifusión en los Países Bajos a HMG y, especialmente, las dos cadenas comerciales RTL4 y RTL5. Mediante Veronica, se introdujo un tercer canal comercial, que permitió que el sistema público de radiodifusión de los Países Bajos participase en la empresa en participación. La otra empresa matriz de mayor importancia, Endemol, es el mayor productor independiente de programas de televisión de los Países Bajos. Como resultado de su investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que la nueva empresa controlaría al menos el 40% del mercado de radiodifusión televisiva de libre acceso en los Países Bajos y más del 60% del mercado de publicidad en televisión. Además, la participación de Endemol en HMG reforzaría su situación como principal productor independiente de televisión. La Comisión aprobó una decisión de prohibición e invitó a las partes a proponer medidas destinadas a restaurar en el plazo de tres meses la competencia efectiva en los mercados neerlandeses de publicidad en televisión y producción de programas. La decisión de la Comisión ha sido impugnada ante el Tribunal de Primera Instancia. 2. Otras investigaciones en profundidad 135. Todas las demás operaciones sobre las que se llevaron a cabo investigaciones en profundidad fueron declaradas, en último término, compatible con el mercado común. Se autorizaron sin condiciones las tel, empresa en participación establecida en operaciones Siemens/Ital 55 Italia en el sector de los equipos de telecomunicaciones, y Mercedes Benz/Kâssbohrer, adquisición por parte de Mercedes de otro fabricante alemán de autobuses y autocares. En ambos casos, las partes presentaron determinadas alegaciones que se incluyeron en la decisión en relación con su futura actuación comercial. Tales observaciones no eran parte integrante del análisis de competencia de la Comisión, sino que habrían sido ofrecidas por las partes. Por ejemplo, STET, empresa matriz de Italtel, se comprometió a no influir en la política de adquisiciones de Telecom Italia en favor de la empresa en participación, y Mercedes manifestó su intención de suministrar motores a precios competitivos a terceros fabricantes que no dispusiesen de capacidad de producción propia. 13 6. En la operación Siemens/'Italtel, Siemens y STET, la sociedad holding para los operadores italianos de telecomunicaciones, en la que está incluida Italtel, tenían la intención de mancomunar en una empresa en participación sus filiales respectivas de fabricación de equipos de telecomunicaciones. La operación planteaba cuestiones de carácter horizontal y vertical. Desde el punto de vista horizontal, la mayor cuota de mercado de la empresa en participación tenía lugar en el sector de los equipos de conmutación, en el que la penetración de ambas partes alcanzaba conjuntamente un 50% ó un 60% del mercado italiano, y un 3 0% de las ventas totales en la UE (tratándose de los equipos de transmisión, las cifras eran inferiores). Desde el punto de vista vertical, la empresa en participación sería propiedad en parte de su principal cliente. A la hora de determinar que la empresa en participación propuesta era compatible con el mercado común, la Comisión tuvo en cuenta: las posibles consecuencias de las nuevas tecnologías, que es probable provoquen cambios significativos en los mercados de telecomunicaciones ; la repercusión que las directivas de normalización y contratación pública tienen en la apertura de los mercados nacionales; y la mayor liberalización de los servicios de telecomunicaciones y, especialmente, la mayor liberalización de la infraestructura de telecomunicaciones que tendrá como consecuencia la de internacionalización telecomunicaciones. los mercados de equipos de 137. En el caso Mercedes Benz/Kàssbohrer aunque fuese el mercado de autobuses de toda Europa el que se viera afectado, la Comisión estimó que el mercado alemán requería específicamente una investigación en profundidad. Se determinaron tres mercados diferenciados: los autobuses urbanos, los autocares turísticos y los autobuses interurbanos. En ellos, la cuota de mercado conjunta de las partes era del 44%, 54% y 74%, respectivamente. La cuota de mercado total en Alemania era del 57%. No obstante, la Comisión consideró que existían límites adecuados a la libertad de acción de Mercedes en el mercado alemán como consecuencia de la existencia de dos competidores alemanes y de la posibilidad de que apareciesen otros nuevos de distintos países de Europa. Según los clientes, era previsible que estos nuevos competidores dieran un nuevo impulso a los fabricantes alemanes de autobuses. Por último, la Comisión comprobó que las directivas de contratación pública, que obligan a la realización de procedimientos de licitación en toda la Comunidad para la mayor parte del mercado de autobuses urbanos e interurbanos, están contribuyendo al desarrollo de un mercado europeo más amplio. 138. En los demás casos, la autorización de la Comisión de las operaciones respectivas se supeditó al cumplimiento de los compromisos contraídos por las partes en el transcurso de los procedimientos. 56 139. En el caso ABB/Daimler Benz, la Comisión estimó que el mercado de trenes de cercanías había seguido siendo nacional en Alemania, aunque en otros Estados miembros la inexistencia a nivel nacional de un sector importante de transporte por ferrocarril ya había conducido a la aparición de mercados geográficos de mayor amplitud. La operación propuesta habría conducido a la creación de un duopolio dominante en el mercado alemán de trenes de cercanías. Por otra parte, la operación de concentración también habría impedido la entrada en el mercado de proveedores extranjeros mediante la eliminación de suministradores alemanes independientes de componentes eléctricos. No se detectaron problemas de competencia en relación con otros mercados de productos afectados. Con objeto de eliminar las reticencias de la Comisión, las partes acordaron proceder a la venta de Kiepe Elektrik GmbH (filial de Daimler-Benz). Kiepe Elektrik GmbH es una empresa especializada en suministros eléctricos para trenes de cercanías. Como consecuencia de esta venta, un productor competente de componentes eléctricos, sin relación con las partes, permanecería en el mercado alemán y estaría en condiciones de suministrar o cooperar con proveedores de los componentes mecánicos de los trenes de cercanías. Kiepe es un fabricante consolidado y eficaz que desempeñó una función importante en la apertura del mercado alemán merced a su cooperación con la empresa canadiense Bombardier. La transacción fue objeto de una solicitud de reenvío presentada por las autoridades alemanas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración. Aunque los problemas de competencia se centraban en dos mercados de productos en Alemania, la operación propuesta, por la que se creaba el mayor proveedor mundial de equipos ferroviarios, tenía consecuencias significativas en toda Europa, por lo que se denegó la solicitud de reenvío. 140. En el caso Orkla/Volvo, se autorizó una adquisición a condición de que se procediera a la enajenación de la cervecera Hansa, propiedad de Orkla. Si no se hubiera procedido a la venta, las partes habrían dispuesto de una cuota del 75% del mercado noruego de la cerveza; además, se consideraba que ni el sector minorista, ni los sectores hotelero y de restauración disponían de un poder adquisitivo que pudiese servir de contrapeso. MetalBox, 141. En el caso Crown Cork and Seal/Carnaud tras una detallada investigación de segunda fase tanto de las cuestiones horizontales como verticales que se planteaban, la Comisión llegó a la conclusión de que el único mercado en el que la operación de concentración propuesta podía crear una posición dominante era el de envases de hojalata para aerosoles. Ambas partes fabrican y venden en el Espacio Económico Europeo (EEE) envases de hojalata para aerosoles y alimentos, además de determinados cierres para envases y latas de bebidas, entre los que se incluyen extremos de latas de bebidas, coronas metálicas y tapones de plástico y de aluminio. En consecuencia, la Comisión llegó a la conclusión de que el compromiso de Crown de vender un grupo específico que fabrica envases de hojalata para aerosoles sería suficiente para eliminar sus reticiencias en el ámbito de la competencia. Las partes acordaron desprenderse de una parte sustancial de sus actividades de fabricación de envases de hojalata para aerosoles en cinco Estados miembros, que suponen casi el 22% del mercado de envases de hojalata para aerosoles del EEE. De no procederse a esta enajenación, la cuota conjunta de mercado en Europa de las dos partes sería superior al 60%, mientras que el siguiente competidor tendría una cuota de entre el 15% y el 20%, dándose además la circunstancia de que 57 la mayor parte del exceso de capacidad en este mercado se encuentra en manos de las partes. C - Otros casos importantes sector ejemplo Rohrer/Fisons Pharmaceutical, farmacéutico, y Upjohn/Pharmacia. 142. Algunas de las operaciones de mayor importancia se autorizaron en el plazo de un mes desde su notificación, sin llevar a cabo investigaciones en profundidad. Varios de estos casos se inscriben en el por Glaxo/Wellcome, Behringwerke/'Armour Merrell Dow, Rhône Con el fin de desterrar Poulenc cualquier posible duda en cuanto a la compatibilidad, Glaxo accedió a conceder una licencia exclusiva a un tercero para uno de los compuestos antimigraña que están siendo desarrollados actualmente por Glaxo o Wellcome. Se constata que las fusiones que últimamente se están produciendo en el sector farmacéutico pretenden incrementar la gama de productos que ofrecen las empresas y, de esa forma, que éstas sean más competitivas a la hora de suministrar dichos productos a mayoristas, hospitales y oficinas de farmacia. Como resultado de ello, hasta el momento las operaciones han sido en gran parte complementarias y no han dado lugar a problemas de competencia. Hoechst/Marion 143. En el caso Swissair/Sabena, la Comisión recibió garantías de que se resolverían los problemas de competencia planteados por la operación por la que Swissair adquirió el 49,5% de las acciones de Sabena. Esta transacción habría creado un monopolio en el transporte aéreo entre Suiza y Bélgica. Además, Swissair participaba en la Alianza Europea para la Calidad junto con SAS y Austrian Airlines, mientras que SAS había propuesto la celebración de un acuerdo de cooperación con Lufthansa. Unida a estos acuerdos, la operación habría permitido a las compañías aéreas que en ella participan crear una amplia red de rutas que transportaría aproximadamente el 3 5% del tráfico de pasajeros en Europa, es decir, el doble del siguiente competidor en el ranking. Con el fin de autorizar la operación, la Comisión aceptó compromisos de las dos compañías aéreas y de los Gobiernos belga y suizo para facilitar los derechos de tráfico y las franjas horarias necesarias para que las compañías competidoras pudiesen explotar vuelos entre Bélgica y Suiza. Por otra parte se exigía a Swissair y Sabena que facilitasen a sus competidores acuerdos de interlínea y la oportunidad de participar en programas de fidelidad de la clientela. Por último, Swissair se vio obligada a romper los vínculos que mantenía con SAS a través de la Alianza Europea para la Calidad. Esta transacción se notificó en dos ocasiones, la segunda de ellas a raíz de las modificaciones introducidas en ella. En ese momento se había procedido a su plena evaluación (incluida la consulta a los Estados miembros) sin necesidad de iniciar la segunda fase del procedimiento. 144. La Comisión autorizó una operación por la que las empresas finlandesas Repola fusionaron plenamente sus actividades. Repola y Kymmene son grandes empresas internacionales que desarrollan su actividad en los ámbitos del papel de imprenta y los materiales de embalaje. Los mercados afectados por la operación eran, entre otros, los de papel prensa, papel para revista, bolsas de papel, etc. y Kymmene Corporation Corporation Por lo que se refiere a las bolsas de papel, la investigación de la Comisión llegó a la conclusión de que existe un mercado finlandés específico de este producto y que la operación de concentración llevaría a la creación de una posición dominante en él. La nueva empresa sería prácticamente el único proveedor de bolsas de papel para los clientes finlandeses. Las partes se comprometieron a vender una parte de su capacidad de fabricación de bolsas de papel en el mercado finlandés. 58 Europa occidental es, como mínimo, el ámbito geográfico de los mercados de papel prensa y papel para revistas, por lo que Repola/Kymmene, al igual que todos los principales fabricantes europeos de papel, transportan y comercializan sus productos en casi todos los Estados miembros. Como consecuencia de la operación la nueva empresa pasará a ser el primer fabricante europeo de papel prensa y papel de revista. No obstante, sus cuotas conjuntas de mercado no superarán una cifra próxima al 20% en cualquiera de los dos mercados de productos y, además, se ha de señalar la presencia de varios competidores bien situados. Junto con otros cinco fabricantes finlandeses de papel, Repola forma parte de la asociación de marketing Finnpap. Es ésta una organización conjunta de ventas que comercializa los productos de papel de sus miembros a nivel mundial; Kymmene no pertenece a ella y posee su propia red de ventas. Las partes se comprometieron a no vender productos de papel a través de la organización conjunta de ventas de Finnpap. D - Intereses legítimos de los Estados miembros 145. El 6 de marzo, las autoridades del Reino Unido presentaron, ante la adquisición propuesta de Northumbrian Water por parte de Lyonnaise des Eaux, la primera solicitud con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 21 del Reglamento sobre control de las operaciones de concentración con objeto de que se reconociera un interés legítimo. La solicitud se refería a la normativa que regula el suministro de agua en el Reino Unido. Esta normativa consta de disposiciones específicas sobre operaciones de concentración concebidas para hacer posible que el sistema normativo logre su objetivo de salvaguardar la prestación de un servicio vital y proteger al consumidor. En consecuencia, siempre que se lleve a cabo una operación de concentración o se espere su realización, se remitirá el caso a la Comisión de Monopolios y Fusiones (MMC) para que analice la posibilidad de que sea contraria al interés público. Uno de los criterios que se utilizan para determinar si las fusiones realizadas entre compañías de suministro de agua vulneran el interés público es el del número de compañías bajo control independiente entre las que la autoridad reguladora podría efectuar comparaciones a efectos de calcular la fórmula de regulación de precios. La solicitud del Reino Unido abarcaba estas disposiciones, dado que la remisión a la MMC es automática, es decir, no tiene carácter discrecional. Con el reconocimiento del interés legítimo del Reino Unido, la Comisión establece límites específicos a las investigaciones de la MMC en estas circunstancias. La decisión de la Comisión de 29 de marzo de 1995 reconoció la facultad de la MMC para evaluar el interés público de las posibles operaciones de concentración, aunque señaló que en esos casos se circunscribía a aquellas cuestiones que estuviesen directamente relacionadas con el funcionamiento de la normativa de regulación del agua. Se exigió a las autoridades del Reino Unido que informasen a la Comisión de cualquier medida adoptada con arreglo a la decisión para que pudiese valorar la oportunidad de la misma. Poco después de la decisión de la Comisión, las autoridades del Reino Unido remitieron la oferta pública de adquisición propuesta a la MMC. A raíz del informe de esta Comisión, en el que se dictaminó que la operación de concentración vulneraba el interés público, a menos que se aplicasen reducciones considerables de precios a los consumidores, OFWAT consultó a Lyonnaise y Northumbrian y propuso una medida que implicaba una fórmula de reducción de precios, que posteriormente recibió la aprobación formal de Lyonnaise. Como exige la decisión, se informó a la Comisión de la medida propuesta por el Gobierno del Reino Unido, sin que aquélla presentase observaciones al respecto. 59 E - Operaciones de concentración en los sectores del carbón y el acero 146. A lo largo de 1995, la Comisión adoptó siete decisiones con arreglo a lo dispuesto en el artículo 66 del Tratado CECA. Tres de estos casos se referían a la venta al sector privado de empresas siderúrgicas que previamente habían pertenecido al sector público: nos referimos a la adquisición de la línea de productos planos de RIVA, una empresa en participación entre Usinor Sacilor y Hoogovens para hacerse con el control de la sociedad portuguesa de productos planos SN-Planos y otra empresa en participación entre RIVA y FREIRÉ que se hizo con el control de SN-Longos. F - Perrier 147. El 27 de abril, el Tribunal de Primera Instancia (TPI) se pronunció sobre dos asuntos, el primero interpuesto por los empleados de Perrier y el otro por los de Vittel y Pierval, contra la Decisión del 22 de julio de 1992 de la Comisión en el asunto Nestlé/Perrier. La Comisión había aprobado la operación de concentración siempre que se cumpliesen determinadas condiciones y obligaciones. Los puntos más importantes de la sentencia fueron los siguientes: a pesar de reconocer que el Reglamento sobre control de las operaciones de concentración se ocupa fundamentalmente de las cuestiones de competencia, el TPI sostuvo que ello no excluye la posibilidad de que la Comisión tenga en cuenta las consecuencias sociales de una operación de concentración si éstas afectan al nivel o a las condiciones de empleo en la Comunidad Europea o en una parte sustancial de la misma; el hecho de que un tercero no haya intervenido directamente en el procedimiento administrativo no siempre implica que dicho tercero pierda la facultad de oponerse a la Decisión; los representantes de los trabajadores de una empresa no están afectados directamente, en principio, por un procedimiento de fusión y, por consiguiente, no están facultados para solicitar la anulación de una decisión, salvo de que se trate de proteger sus derechos procesales; los terceros no tienen derecho a recibir un trato idéntico al que se concede a las partes que participan en la operación de concentración en el procedimiento administrativo. 60 G - Resumen estadístico Gráfico 1 : Cifra anual de decisiones definitivas adoptadas desde 1990 Decisiones finales con arreglo al Reglamento sobre operaciones de concentración 60 60 56 120 100 80 60 40 20 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 Gráfico 2 : Desglose de los tipos de operación en 1995 Tipo de operación (total 1990-95) Otros 7% OPA amistosa 5% Empresa en participación / control conjunto 49% Adquisició de participación majoritaria 39% 61 Gráfico 3 : Países de origen de las empresas protagonistas de las transacciones de 1995 Desglose de empresas por país de origen (en 1995; asuntos en los que ha recaído decisión final) 49 50 45 t 40 + 35 + D UK USA F I NL CH S B E Otros 62 IV - Ayudas estatales A - Política general 148. En julio, la Comisión publicó su Cuarto Informe sobre las ayudas estatales en la Comunidad83, que abarca a los años 1991 y 1992. Este Informe constituye un instrumento cuantitativo esencial para la definición de la política de ayudas. La tendencia a la baja, lenta pero estable, del volumen global de las ayudas que ya se observó en el período 1981-1990 ha podidio confirmarse a pesar de los elevados costes de la unificación alemana, la recesión económica y la intensificación de la competencia internacional. A pesar de todo, el volumen global de ayudas sigue siendo elevado, ya que, por término medio, alcanza los 94 000 millones de ecus anuales para el conjunto de la Comunidad, es decir, el 1,9% de su PIB o 704 ecus por trabajador. El Consejo de Ministros de industria, que se reunió en noviembre, aprobó el análisis de la Comisión según el cual, al tiempo que se tienen en cuenta otros objetivos comunitarios, es necesario seguir reduciendo el volumen de ayudas, reforzando los mecanismos de control y mejorando su transparencia. 149. La obligación de notificar las ayudas impuesta por el Tratado es un elemento fundamental para garantizar su transparencia. En una comunicación aprobada en mayo, la Comisión recordó que tiene la intención de hacer uso de todas las facultades que le confiere el Tratado para hacer que los Estados miembros respeten esta obligación. Con la publicación de una comunicación sobre cooperación entre la Comisión y los tribunales nacionales, esta institución mostró su voluntad de colaborar con los órganos jurisdiccionales nacionales para que éstos puedan proteger los derechos de las empresas afectadas por las ayudas concedidas ilegalmente a sus competidores. 150. La publicación de directrices y comunicaciones que definen los criterios utilizados por la Comisión a la hora de analizar la compatibilidad de las ayudas estatales con el mercado común es otro elemento importante de la política de transparencia y simplificación de la Comisión. Todos los textos vigentes a 31 de diciembre de 1994, entre los que se incluye un manual de procedimientos y un repertorio de las sentencias del Tribunal de Justicia, se reúnen en la actualización de la recopilación "Derecho de la competencia en la Unión Europea. Volumen II: normas aplicables a las ayudas estatales". Dado que a lo largo de los años se han ido acumulando numerosas normas, es conveniente que se consoliden determinados textos y se revisen todos ellos. Por ello, se está procediendo a sistematizar los textos en materia de ayudas regionales y la Comisión aprobó unas nuevas directrices para las ayudas destinadas a investigación y desarrollo, cuyo proyecto fue examinado por sus servicios, con la colaboración de expertos de los Estados miembros, en una reunión multilateral que se celebró en abril. En esta misma reunión también se desarrolló un debate sobre los criterios de distinción entre ayudas estatales y las denominadas "medidas generales", que quedan al margen del apartado 1 del artículo 92, y en relación con los problemas que plantean las ayudas concedidas en el marco de ventas de terrenos del sector público y a las otorgadas en forma de garantía de préstamo. Se envió a todos los Estados miembros un cuestionario detallado sobre las garantías públicas. 151. En 1995 se celebraron otras dos reuniones multilaterales. En julio, los expertos de los Estados miembros se ocuparon de la revisión Cuarto Informe de la Comisión sobre las ayudas estatales en el sector de los productos manufacturados y otros sectores de la Unión Europea, COM(95) 365 final. 63 de la norma de minimis, de las directrices sobre las ayudas a la pequeña y mediana empresa y de un proyecto de directrices para las ayudas estatales en favor de las artes y la cultura, referido más expecíficamente al sector audiovisual. En diciembre, estos expertos debatieron sobre el futuro control de las ayudas en el sector de las fibras sintéticas, un primer proyecto de directrices horizontales de ayudas regionales destinadas a los grandes proyectos de inversión y los problemas relacionados con la definición y recogida de los tipos de referencia y actualización cuya función es determinante a la hora de calcular las ayudas. 152. En 1995, la Comisión adoptó un número récord de decisiones en materia de ayudas estatales, debido en parte a la adhesión de los tres nuevos Estados miembros. Muchas de las ayudas que ha debido examinar están destinadas a amortiguar las consecuencias sociales de las reestructuraciones en determinados sectores. Por otra parte, la Comisión pretende controlar mejor las ayudas en aquellos sectores que se han mantenido durante mucho tiempo al margen de la competencia internacional y las concedidas mediante formas poco transparentes, que, a menudo, han escapado a todo tipo de control. El hecho de que las empresas sean más sensibles a las ayudas que reciben sus competidores y de que conozcan mejor las posibilidades que les ofrecen las normas comunitarias en la materia para garantizar una competencia justa les lleva a interponer un número cada vez mayor de denuncias a la Comisión, aunque también a presentar con mayor frecuencia recursos ante el Tribunal de Primera Instancia contra decisiones de la Comisión de aprobar ayudas destinadas a sus competidores. Nuevas medidas destinadas a dar cumplimiento a la obligación de notificación 153. La Comisión siguió empeñada en potenciar la observancia de la obligación contraída por los Estados miembros de notificarle todos los proyectos de ayudas estatales. En efecto, la experiencia ha demostrado que esta obligación, cuyo fundamento jurídico se encuentra en el Tratado CE (apartado 3 del artículo 93) ha de ir acompañada, si quiere ser de utilidad, de una serie de medidas de incitación o, incluso, de sanción. 1. Recuperación de la ayudas abonadas en infracción del Tratado 154. La Comisión dio muestras una vez más de la importancia que concede al sistema de control a priori de las ayudas estatales y a su manifestación concreta, es decir, a la norma de la obligación de notificación previa. Por ello, en mayo aprobó una comunicación84, en la que se detallan los principios que pretende aplicar a la hora de ejecutar su política de recuperación de las ayudas abonadas en infracción de esta obligación. Esta comunicación se inscribe en un contexto más amplio destinado, por una parte, a lograr un mayor cumplimiento por parte de los Estados miembros de lo dipuesto en el apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE y, por otra, a incitar a los operadores económicos a que presten mayor atención a la legalidad de las ayudas que se les concedan. Sin embargo, esta problemática no es nueva, dado que la Comisión ya se había ocupado de ella al solicitar la devolución de las ayudas incompatibles e ilegales85, posición que había sido confirmada e DO C 156 de 27. 6. 1995, p. 5. Comunicación de la Comisión sobre las ayudas abonadas en infracción del Tratado, DO C 318 de 24. 11. 1983. 64 incluso reforzada por el Tribunal de Justicia86. Recientemente, el Tribunal de Primera Instancia ha corroborado una vez más su apoyo a la política de la Comisión en este ámbito. En su sentencia de 13 de septiembre en los asuntos acumulados T-244/93 y T-486/93, Textilwerke Deggendorf GmbH/Comisión, el TPI respaldó la decisión de la Comisión de supeditar su autorización a la concesión de un nuevo paquete de ayudas a la devolución de una ayuda anterior concedida a la misma compañía que había sido declarada incompatible, puesto que de la decisión de la Comisión se deducía claramente que la acumulación de la ayuda incompatible y el nuevo paquete de ayudas haría que la totalidad de ellas fuese incompatible. No obstante, la eficacia de la única medida cautelar provisional de suspensión utilizada en este caso era escasa en la medida en que sólo tenía consecuencias en el futuro, es decir, que no producía efecto inmediato alguno sobre la parte (o la totalidad) de la ayuda ya abonada. Por consiguiente, estos medios no bastaban para afrontar y resolver el problema del posible falseamiento de la competencia cuyas consecuencias podrían mantenerse hasta la decisión definitiva de la Comisión. De esta forma, aunque en último término tuvieran que devolver el importe percibido, las empresas que hubieran recibido una ayuda ilegal gozaban de ventajas en relación con sus competidores, tanto en términos financieros como de prórroga de su período de solvencia, en el caso de las empresas en crisis. Es en este contexto en el que se encuadra la nueva comunicación de la Comisión. En ella se dispone que, en determinados casos, la Comisión se reserva el derecho, mediante una decisión provisional de medidas cautelares y tras haber emplazado al Estado miembro en cuestión a que exprese su punto de vista y se plantee como alternativa la concesión de una ayuda de salvamento, de ordenar al Estado miembro la recuperación de la ayuda o la parte de la misma que ya haya sido abonada en infracción del Tratado. La recuperación ha de llevarse a cabo de conformidad con lo dispuesto en el Derecho nacional y al importe que se haya de recuperar se deberán sumar los intereses de demora, devengados a partir de la fecha de concesión de la ayuda ilegal. A este respecto, se ha de señalar la introducción de otra novedad, que consiste en que los intereses no se deberán calcular sobre la base del tipo legal, sino a partir del tipo de mercado, es decir, el tipo de referencia utilizado por la Comisión en el marco de las ayudas regionales87. En el caso de que el Estado miembro no dé cumplimiento a esta decisión de medidas cautelares, la Comisión podrá acudir directamente al Tribunal de Justicia siguiendo un procedimiento similar al establecido en el segundo párrafo del apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, pudiendo recurrir al procedimiento de urgencia. 2. Cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales nacionales 155. Con la misma voluntad de reforzar el respeto de la legalidad en la Comunidad, la Comisión adoptó en octubre una comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los tribunales nacionales en el Sentencia del Tribunal de Justicia, de 21 de marzo de 1990, en el asunto C 142/87 Reino (Tubemeuse), Rec. 1990, p. 1-959 y sentencia del Tribunal de Justicia de Bélgica/Comisión de 14 de febrero de 1990 en el asunto C 301/87 República <Boussac), Rec. 1990, p. 1-307. franciesa/Comisión Véase la Comunicación de la Comisión a los Estados miembros, carta SG(95) D/1971 de 22. 2. 1995. El Tribunal de Primera Instancia ha confirmado muy recientemente la posibilidad de que la Comisión solicite el pago de intereses sobre los importes recuperados: sentencia de 0 de junio de 1995 en el asunto T 459/93 Siemens SA, Rec. 1995, p. 11-1675. 65 ámbito de las ayudas estatales88. Este texto no tiene carácter imperativo o limitativo alguno, sino que más bien aspira a dar un nuevo impulso a las relaciones entre el ejecutivo comunitario y las jurisdicciones nacionales y a llamar la atención de estas últimas sobre la importante función que pueden desempeñar en la salvaguardia rápida de los derechos de terceros y en el respeto de determinadas obligaciones procesales por parte de los Estados miembros. Por lo tanto, esta comunicación también se inscribe en la tendencia general desarrollada en el punto anterior. Este documento recuerda que, aunque la Comisión es el órgano comunitario encargado de la aplicación y el desarrollo de la política de ayudas en interés comunitario, son los tribunales nacionales los que están obligados a tutelar, hasta la decisión definitiva de la Comisión, los derechos de los demandantes frente al posible desconocimiento, por parte de las autoridades estatales, de la prohibición contemplada en la última frase del apartado 3 del artículo 93 del Tratado CE89. A tal fin, se insta a los tribunales nacionales a que hagan uso de todos los medios oportunos y apliquen todas las disposiciones pertinentes de Derecho nacional y, especialmente, adopten medidas provisionales por las que se ordene el bloqueo o la devolución de las ayudas abonadas ilegalmente o concedan indemnizaciones por daños y perjuicios a las partes cuyos intereses se hayan lesionado. Para lograr estos objetivos, la Comisión se propone colaborar con los tribunales nacionales, especialmente de la siguiente forma: aplicando y mejorando la política de transparencia mediante la publicación de información en materia de ayudas estatales, facilitando información de carácter procesal sobre los asuntos pendientes, facilitando datos factuales, estadísticos y analíticos. B - Concepto de ayuda 156. La interpretación del concepto de ayuda que se define en los Tratados es a menudo la parte más difícil del análisis de las medidas examinadas por la Comisión. Los criterios que determinan la presencia de ayudas en las medidas adoptadas por los Estados miembros en relación con sus empresas revisten especial importancia, no sólo para las autoridades administrativas de estos últimos, que están encargadas de su notificación, sino también para los tribunales nacionales, que pueden verse en la circunstancia de tener que determinar si ha de ser notificada una medida que haya sido impugnada delante de los mismos. Varias decisiones adoptadas por la Comisión en 1995 permiten deslindar mejor el concepto de ayuda contemplado por las normas de competencia. 157. a) Para que sea de aplicación lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 la medida ha de proporcionar a una empresa un beneficio económico que no habría obtenido en el curso de operaciones comerciales normales. La Comisión estima que se cumple esta condición si una empresa adquiere un solar o un terreno industrial de propiedad pública a un precio inferior al de mercado. Por consiguiente, la Comisión decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 en relación con la adquisición por parte de la empresa Siemens Nixdorf AG/Mainz de un solar público a un precio que se calculó entre 5,5 y 21,5 millones de DM por debajo de su precio de mercado. El mismo razonamiento se sigue si el Estado adquiere un solar a una DO C 312 de 23. 11. 1995, p. Sentencia del Tribunal de Justicia de 21. 11. 1991 en el asunto C 354/90, nationale négociants alimentaires francés, Rec. 1991, p. 1-5527, punto 14. du commerce extérieur transformateurs et des produits de saumon/Estado Fédération des et Syndicat national 66 empresa por un precio superior al de mercado. Habida cuenta de que la Comisión no estaba segura de si el precio pagado por un terreno vendido por la compañía siderúrgica española Tubacex a las autoridades públicas correspondía al valor de mercado, esta institución decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93. 158. La financiación pública de los costes aparejados a la preparación de un solar de construcción o industrial o precisos para establecer conexiones a diversos servicios públicos no se inscribe en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92, si la empresa paga por el uso de la infraestructura mediante gravámenes directos o indirectos. Habida cuenta de que la preparación de los terrenos de Villey, Meurthe- et-Moselle, para el establecimiento de una nueva fábrica de la empresa papelera Kimberly-Clark sólo benefició a esta empresa, especialmente por ser propietaria y única usuaria de las instalaciones creadas, la financiación pública parcial de dicha preparación fue constitutiva de ayuda a la empresa mencionada. En este contexto, la Comisión también tuvo en cuenta que un inversor en una economía de mercado no habría llevado a cabo esta obra, dado que el precio de venta del terreno ni siquiera habría cubierto la financiación parcial de la misma. 159. Son constitutivos de ayuda estatal los fondos públicos que se' faciliten a una empresa (pública) en condiciones más favorables que las que un inversor privado que operase en condiciones normales de mercado ofrecería a una empresa privada en un contexto financiero y competitivo comparable. En aquellos casos en los que la adquisición por parte del Estado de una participación en una empresa pueda ir acompañada de otros tipos de intervención pública que hayan de ser notificados a la Comisión con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 93, se presume la existencia de ayuda estatal. De acuerdo con su Comunicación sobre la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE a las participaciones de las autoridades públicas90, la Comisión pidió al Gobierno español que le informase por adelantado de cualquier adquisición realizada por el de Fomento de Andalucía. Instituto GmbH Stahlwerke GmbH y Lech-Stahlwerke Habida cuenta de que la inyección de capital prevista por el estado de Baviera para cubrir las pérdidas acumuladas de las empresas siderúrgicas Neue Maxhütte coincidiría con la venta de sus acciones en esta empresas, con lo que eliminaría, incluso a largo plazo, toda perspectiva de rentabilidad a la concesión de estos fondos, la Comisión decidió que estas inyecciones de capital eran constitutivas de ayuda estatal. Por motivos similares, la Comisión decidió que las inyecciones de capital efectuadas por el Estado italiano a través de su sociedad holding industrial ENI en la empresa de fertilizantes Enichem Agricultura S. p. A. en el período 1991-1994 constituían ayuda estatal, dado que se llevaron a efecto antes de que se estableciera un plan de reestructuración exclusivamente para evitar la quiebra de la empresa y, por consiguiente, sin perspectivas de obtener una rentabilidad razonable. Por otra parte, la Comisión estimó que, en estas circunstancias, el período de cinco años durante el cual la empresa había sufrido elevadas pérdidas era demasiado prolongado para un inversor privado en una economía de mercado, que habría liquidado o reestructurado totalmente la empresa mucho antes. Por consiguiente, las inyecciones de capital que se han de llevar a cabo en el marco de un plan de reestructuración elaborado posteriormente también serán constitutivas de ayuda estatal y, además, la Comisión consideró que los resultados positivos que se esperaba obtener de la aplicación del plan eran demasiado escasos si se les comparaba con la inyección total de capital. Sin embargo, si la inyección de capital efectuada por el Estado en una Véase la Comunicación de la Comisión de 1983, Boletín CE 9-1984, puntos 3. 4 y 4. 4. 67 empresa va acompañada de otra efectuada por un inversor privado en igualdad de condiciones, y la participación de este inversor privado en la empresa es económicamente significativa, la Comisión estima que la intervención pública no constituye ayuda estatal. Por consiguiente, la Comisión decidió que la inyección de capital y los préstamos facilitados por las autoridades de Valonia (Bélgica) a la empresa textil EM-Filature se basaban en consideraciones comerciales normales y no consituían ayuda estatal, dado que esta intervención se realizó conjuntamente con una inyección de capital efectuada por inversores privados gracias a la cual se convirtieron en accionistas mayoritarios de la empresa y que determinados accionistas privados ofrecieron préstamos en condiciones similares. Por razones similares, la Comisión consideró que la aportación de capital efectuada por el Estado portugués en la empresa de reparación naval Lisnave en relación con una reestructuración de la empresa no era constitutiva de ayuda estatal según lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. 160. b) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92, la ayuda se ha de conceder a determinadas empresas (o a la producción de determinados productos) para que sea constitutiva de ayuda estatal. Las medidas generales de política económica, fiscal o social no se encuadran en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 y, en caso necesario, se habrá de aplicar el procedimiento oportuno establecido en los artículos 101 y 102 a las ventajas competitivas que las empresas de un Estado miembro obtengan como consecuencia de las diferencias existentes en tales medidas generales. Por consiguiente, el apartado 1 del artículo 92 no se aplica a las medidas generales aplicables a todas las empresas de un Estado miembro que cumplan unos requisitos objetivos y no discriminatorios. A la luz de estas consideraciones, la Comisión estimó que la ayuda concedida por el Gobierno alemán a los trabajadores de la empresa Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH para cubrir la deuda en concepto de seguridad social en relación con la liquidación de la empresa no constituían ayuda estatal, puesto que este tipo de ayudas se concede automáticamente a cualquier empresa que sea objeto de liquidación en Alemania. De modo similar, la Comisión consideró que la suspensión del reembolso de la deuda concedida a la empresa siderúrgica española Tubacex no constituía, en sí misma, una ayuda estatal, sino una medida general adoptada en el marco de la legislación española sobre insolvencia, que se aplica como norma general a todas las empresas. Sin embargo, de los criterios anteriores también se deduce que, si los requisitos objetivos que se exigen en el marco de un régimen abierto a todas las empresas tienen como consecuencia que sólo algunas de ellas puedan beneficiarse de la medida, la Comisión estima que nos encontramos ante un caso de ayuda estatal. Si la medida es aplicable a todas las empresas, pero confiere a las autoridades que la gestionan facultades discrecionales, también puede existir ayuda estatal. Por consiguiente, la Comisión estimó que el régimen finlandés de ayuda al empleo al que pueden acogerse todas las empresas de cualquier sector industrial y todas las regiones del país era constitutivo de ayuda estatal, puesto que las autoridades del mercado laboral podían decidir discrecionalmente el nivel de ayuda y la duración del período subvencionado para cada desempleado contratado por una empresa. 161. c) Para que sean constitutivas de ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92, las ventajas financieras de que gocen determinadas empresas habrán de ser concedidas por un Estado miembro o a través de recursos estatales. El apartado 1 del artículo 92 se aplica a las ayudas concedidas por cualquier autoridad central, regional o local y cualquier organismo público o privado 68 establecido o designado por el Estado para gestionar la ayuda91. Aun en el caso de que la ayuda no se conceda a través de un organismo establecido o designado por el Estado, podrá existir ayuda estatal si la contribución financiera otorgada a la empresa o empresas beneficiarías es impuesta por el Estado. 162. d) Para que exista ayuda ha de resultar afectado el comercio entre Estados miembros de forma apreciable. La Comisión consideró que, GmbH no exporta a pesar de que la empresa alemana Leuna-Werke mercancías a otros Estados miembros, esta condición se cumplía en relación con la ayuda que se le había concedido, dado que cabe la posibilidad de que le permita incrementar su producción para el mercado interior, con lo que se reducirían las posibilidades de vender productos importados de otros Estados miembros. C - Examen de la compatibilidad de las ayudas con el mercado común 1. Ayudas sectoriales 1. 1. Sectores a los que se aplican normas específicas 1. 1. 1. Ayuda a la construcción naval 163. El 21 de diciembre, el Consejo aprobó el Reglamento CE/3094/9592, por el que se aplica un Acuerdo de la OCDE con relación a las condiciones normales de competitividad en el sector comercial de la construcción y reparación de buques, incluida la eliminación de las subvenciones a la producción. El nuevo Reglamento será aplicable a partir de la entrada en vigor del Acuerdo de la OCDE, que debía haberse producido el 1 de enero de 1996, pero, desgraciadamente, a pesar de que la Unión Europea lo ratificó en diciembre, se postergó su entrada en vigor como consecuencia de los retrasos producidos en el proceso de ratificación de otras partes signatarias. Por consiguiente, el Consejo decidió que debían seguir aplicándose provisionalmente y, como fecha límite, hasta el 1 de octubre de 1996, las normas de la Séptima Directiva sobre ayudas a la construcción naval93. En caso de que el Acuerdo de la OCDE no haya entrado en vigor antes del 1 de junio de 1996, la Comisión presentará las oportunas propuestas al Consejo para que éste pueda determinar la línea a seguir antes del 1 de octubre de 1996. En estas circunstancias, la Comisión decidió mantener el límite máximo común de ayudas a la producción a partir del 1 de enero de 1996 en el 9% para los grandes buques y en el 4,5%, para aquellos con un coste inferior a 10 millones de ecus y para las actividades de transformación. 1. 1. 2. Acero 164. A lo largo de 1995 la Comisión continuó su vigilancia sobre la aplicación de las normas comunitarias relativas a las ayudas a la siderurgia94. Esta aplicación estricta de las normas aplicables tuvo como consecuencia la adopción de una serie de decisiones negativas, entre las que se incluye la obligación de recuperar ayudas concedidas ilegalmente. Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 78/76, Steinike Ernâhrung Rec. 1977, p. 575. und Forstwirtschaft, und Weinlig/Bundesamt für DO L 332 de 30. 12. 1995. Directiva 90/684/CEE del Consejo, cuya modificación más reciente la constituye la Directiva 94/73/CE. Decisión 3855/91/CECA ds la Comisión. 69 El Consejo dio su aprobación unánime a la concesión de excepciones especiales con arreglo a lo dispuesto en el artículo 95 del Tratado CECA en relación, respectivamente, a las ayudas a la producción y al cierre en el sector de la minería del hierro en Austria, en noviembre, y, en diciembre, a la privatización de la empresa siderúrgica pública de Irlanda. Mediante la presentación al Consejo de informes semestrales se llevó a cabo un seguimiento pormenorizado de seis casos anteriores de aplicación del artículo 95 del Tratado CECA. Se trata de los asuntos Uva en Italia, CSI y Sidenor en España, EKO Stahl y SEW Freital en Alemania y de Siderurgia Nacional en Portugal. En marzo, la Comisión propuso la conveniencia de modificar las disposiciones de las normas comunitarias sobre ayudas a la siderurgia relativas a las ayudas para proteger el medio ambiente, de modo que se ajusten a las directrices comunitarias revisadas sobre ayudas estatales destinadas a la protección ambiental en el marco del Tratado CE con el fin de garantizar que la industria siderúrgica reciba el mismo trato que los demás sectores industriales. Se está a la espera de recibir la autorización del Consejo. 1. 1. 3. Carbón 165. La Decisión N° 3632/93/CECA95, de 28 de diciembre de 1993, establece las normas comunitarias sobre las ayudas estatales para la industria del carbón en el período que media entre 1994 y el 2002. El 4 de abril, la Comisión autorizó96 una ayuda financiera por un total de 3. 384,2 millones de ecus, concedida por Alemania para 1995 en concepto de compensación a los generadores de electricidad en el marco de la tercera Ley de producción de electricidad a partir de carbón comunitario, una ayuda para el mantenimiento de la mano de obra que ejerce su actividad en el interior de las minas ("Bergmannsprámie"), y otra ayuda para cubrir los costes excepcionales de una serie de empresas carboneras producidos por deudas heredadas. El 19 de julio, la Comisión emitió un dictamen favorable sobre el plan de reestructuración presentado por las autoridades francesas y autorizó una ayuda97, por un total de 912,8 millones de ecus, destinada a cubrir las pérdidas de funcionamiento para 1994, una ayuda para cubrir las deudas heredadas como consecuencia de la modernización, la racionalización y la reestructuración de la industria del carbón y otra destinada a investigación y desarrollo. En esa misma reunión, la Comisión autorizó una nueva ayuda alemana, por un total de 196,9 millones de ecus, para el suministro de carbón de coque y coque al sector siderúrgico comunitario98. El 26 de julio, la Comisión autorizó99 a Francia la concesión de una ayuda, por un total de 668,1 millones de ecus, destinada a cubrir las pérdidas de funcionamiento registradas en 1995, una ayuda para cubrir las deudas heredadas como consecuencia de la modernización, la racionalización y la reestructuración de la industria del carbón y otra destinada a investigación y desarrollo. DO L 329 de 30. 12. 1993, p. 12. Decisión 95/464/CECA, DO L 267 de 9. 11. 1995, p. 42. Decisión 95/465/CECA, DO L 267 de 9. 11. 1995, p. 46. Decisión 95/499/CECA, DO L 287 de 30. 11. 1995, p. 53. Decisión 95/519/CECA, DO L 299 de 12. 12. 1995, p. 18. 70 Mediante la Decisión de la Comisión de 3 de noviembre de 1994100, la Comisión autorizó al Reino Unido la concesión de una ayuda total de 2 594,4 millones de ecus destinada a cubrir las deudas heredadas en 1995. Se recibieron notificaciones de ayudas para el año 1995 remitidas por las autoridades portuguesas y españolas y otra notificación de las autoridades alemanas. Todas ellas están siendo analizadas por los servicios de la Comisión para determinar su compatibilidad o no con la Decisión 3632/93/CECA. 1. 1. 4. Sector de loa vehículos automóviles 166. Mediante su sentencia de 29 de junio de 1995101, el Tribunal de Justicia mantuvo, contra lo dispuesto en la Decisión de la Comisión por la que se prorrogan las Directrices de la CE relativas a las ayudas estatales al sector de los vehículos automóviles por un período ilimitado, que dichas directrices habían dejado de estar en vigor desde el 1 de enero de 1995. Con objeto de evitar el vacío legal que podía crear la sentencia, la Comisión se vio obligada a actuar de modo extraordinario decidiendo el 5 de julio de 1995 prorrogar retroactivamente desde el 1 de enero de 1995 estas Directrices comunitarias y, al mismo tiempo, proponiendo a los Estados miembros su reintroducción por un período de dos años, que, a más tardar, comenzaría el 1 de enero de 1996. Posteriormente, el Gobierno español recurrió ante el Tribunal la primera decisión de la Comisión y, al contrario que los demás Estados miembros, también se opuso a la propuesta de reintroducción de las mismas por un período de dos años. Como consecuencia de esta oposición, la Comisión se vio obligada a incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con el fin de analizar la compatibilidad de todos los regímenes de ayuda a que se podrían acoger las empresas automovilísticas en España. El 20 de diciembre, la Comisión aprobó una decisión definitiva por la que se obliga a España a dar cumplimiento, al igual que ya habían hecho los demás Estados miembros, a lo dispuesto en las Directrices que acababan de ser reintroducidas. Basándose en su decisión de 5 de julio, la Comisión siguió aplicando a lo largo de todo 1995 las Directrices sobre ayudas estatales a la industria del automóvil. Esta institución recibió nueve notificaciones sobre la base de regímenes autorizados y dos notificaciones basadas en regímenes ad hoc. La Comisión aprobó una decisión por la que se autorizan seis ayudas notificadas. Asimismo, la Comisión adoptó una decisión provisional por la que se ordenaba al Gobierno alemán que facilitase, en un plazo determinado, toda la información necesaria para que se pudiera valorar la ayuda concedida a los nuevos proyectos de VW Sachsen, que quedaron al margen de una decisión anterior de 1994102. 167. A la hora de evaluar concesiones concretas basadas en regímenes de ayuda regional (por ejemplo FORD Genk) , la Comisión siguió fiel a sus criterios según los cuales las ayudas regionales que se concedan en este sector deben guardar proporción con la dificultad real que se plantea a los inversores a nivel regional. No obstante, debe indicarse que, en general, la Comisión ha permitido intensidades de ayuda más elevadas para fabricantes de automóviles para contribuir a proyectos de inversión situados en las regiones más desfavorecidas de la UE. 100 101 102 Decisión 95/995/CECA, DO L 379 de 31. 12. 1995, p. 6. Asunto C-135/93 España/Comí s ion, Rec. 1995, p. 1-1651. XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 367 y Anexo II. E. , p. 2. 6. 71 168. Por lo que se refiere a los casos de ayuda de salvamento y reestructuración, la Comisión aprobó decisiones definitivas sobre los casos de ayuda relativos a DAF Bélgica, Volkswagen. Con arreglo a lo dispuesto en las normas vigentes, estas decisiones implicaron una recuperación de parte de la ayuda, en el caso de la quiebra de DAF, y una reducción significativa de la capacidad de producción en el caso de SEAT. Por otra parte, la Comisión decidió incoar el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en relación con la ayuda concedida por las autoridades españolas a Santana Motor, DAF Países y SEAT- Bajos S. A. 169. A la hora de evaluar casos de ayudas destinadas a investigación y desarrollo, la Comisión, al tiempo que reconoce las consecuencias positivas que las actividades de I+D podrían tener en el desarrollo económico, tiene en cuenta el riesgo de que se falsee la competencia y garantiza que tales ayudas sólo se concedan a aquellos proyectos genuinamente innovadores a nivel europeo. Asimismo, comprueba que se cumplen las intensidades máximas establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas destinadas a I+D. Como estas condiciones se cumplían en los casos Opel Austria la Comisión y Ford Valencia, autorizó las ayudas propuestas para tales proyectos. 170. En ambos casos también se incluían ayudas destinadas a proyectos de inversión cuyo objetivo consistía en reducir la contaminación ambiental. En consonancia con las Directrices relativas a los vehículos automóviles y las relativas a las ayudas estatales destinadas a la protección ambiental, este tipo de ayuda se puede autorizar si se destina exclusivamente a cubrir costes extraordinarios de inversión que se necesiten para reducir o eliminar la contaminación o adaptar los métodos de producción para proteger el medio ambiente y si no se superan los límites de intensidad de ayuda establecidos en estas últimas directrices, es decir, un 15% para aquellos proyectos cuyo objetivo es ajustarse a las nuevas normas y un 30% para aquellos otros que las superen claramente o para las medidas voluntarias. Tanto en los casos Opel Austria y Ford Valencia, como en el anteriormente mencionado de Ford Genk, la Comisión autorizó las ayudas propuestas al cumplirse todas estas condiciones. y Fiat Mezzogiorno 171. En varios casos, la Comisión había exigido a las autoridades nacionales que supervisasen la realización de la inversión que podría acogerse a las ayudas, solicitando a los Estados miembros que enviasen informes anuales sobre el resultado de las inversiones y los abonos de las ayudas. La experiencia ya ha desmostrado la importancia de seguir de cerca estos proyectos, si tenemos en cuenta que la ejecución de grandes programas plurianuales de inversión provoca un sinfín de cambios que podrían exigir modificaciones de los pagos de ayuda. A lo largo de 1995, este control a posteriori se llevó a cabo en los casos Ford/VW Setubal Austria, en los que la Unión Europea había logrado con este país acuerdos sobre reducciones de ayudas. En su decisión sobre el caso NedCar, la Comisión había exigido a las autoridades neerlandesas que notificasen las normas sobre asignación de costes entre modelos antiguos y nuevos, para que pudiese garantizar que no se concede ningún tipo de ayuda a Volvo y Mitsubishi mediante normas inadecuadas103. El análisis de las normas de asignación de costes para 1994 y 1995 puso de relieve que no incluían elementos de ayuda estatal. Por último, en el caso Rover de ayuda a la reestructuración, que data de un período anterior al establecimiento de las Directrices, y en el caso Opel Eisenach de ayuda regional, se dio por terminado el proceso de evaluación a posteriori, una vez que se cumplieron todas las condiciones de las decisiones. y en los de Chrysler y SNF en 103 XXIV Informe sobre la política de competencia, puntos 367 y Anexo II. E, punto 2. 6. 72 1. 1. 5. Sector de las fibras sintéticas 172. Desde 1977, la ayuda a este sector ha sido objeto de un control complementario mediante las Directrices relativas a las ayudas destinadas al sector de las fibras sintéticas. En abril, la Comisión pidió a un consultor independiente que evaluase los efectos de dichas Directrices y, si se seguía considerando necesaria la introducción de un nuevo control, qué forma debía adoptar. Los consultores presentaron su informe en octubre y la Comisión decidirá su postura a principios de 1996. Por otra parte, la Comisión prorrogó en abril el período de vigencia de las Directrices104 actuales por un nuevo período de nueve meses hasta el 31 de marzo de 1996105. 1. 1. 6. Transportes 173. En 1995 aumentó significativamente (de 29 a 52) el número de expedientes de ayudas al sector de transportes. A este aumento hay que añadir la creciente complejidad de los asuntos y la ampliación del ámbito de vigilancia de la aplicación de los artículos 92 y 93. A medida que avanza la liberalización de los mercados de transporte, se acentúa la presión comercial sobre los operadores en toda la Comunidad. La próxima culminación del proceso de liberalización de la aviación civil incluirá la concesión de derechos de cabotaje a las empresas europeas de transporte a partir de marzo de 1997. Las directivas recientemente de infraestructuras y acceso a las redes ferroviarias en este sector suponen un paso adelante en el camino iniciado con la Directiva 91/440. La aplicación de estas nuevas disposiciones está siendo ampliada a las líneas nacionales del transporte marítimo. Se trata simplemente de unos pocos ejemplos de la evolución hacia un mercado único de los servicios de transporte. de utilización aprobadas tarifas sobre 174. Como las operaciones comerciales avanzan hacia nuevas aéreas, debe intensificarse el control del apoyo financiero público para garantizar el mantenimiento de la igualdad de condiciones para todas las empresas, tanto públicas como privadas. En el caso de los transportes, no se debería autorizar ninguna ventaja que provoque una reducción de la estructura normal de costes de una empresa y proceda de una iniciativa estatal, salvo que responda a las necesidades de coordinación del transporte o se trate de compensar por la dispensa de las obligaciones de servicio público. Además, el desarrollo del transporte como una actividad económica o como un proyecto concreto de interés común europeo podría acogerse a una exención. 175. A lo largo del año pasado, los servicios de la Comisión fueron consultados sobre varios asuntos (Ferrovie dello Stato, enlace fijo de Óresund) por parte de los Estados miembros con objeto de aclarar si las inversiones públicas en infraestructura habían de considerarse ayudas estatales. Los gobiernos han utilizado siempre las intervenciones financieras como un instrumento esencial de su política de desarrollo de las infraestructuras. En principio, siempre y cuando el acceso y el uso sean públicos y generales, estas intervenciones no constituirán ayuda en el sentido del apartado 1 del artículo 92 sino que, normalmente, serán consideradas de interés público. Para que haya falseamiento de la competencia, lo que calificaría la intervención de ayuda estatal, las ventajas derivadas de la infraestructura han de tener carácter selectivo en cuanto a los destinatarios, que serán empresas específicas: por ejemplo, instalaciones especiales para el uso exclusivo de una empresa o restricciones discriminatorias al acceso a dichas infraestructuras. DO C 346 de 30. 12. 1992 DO C 142 de 8. 6. 1995. 73 En términos económicos, las autoridades públicas proporcionan en general estos bienes y servicios debido a la incapacidad del sistema de precios para hacerlo con eficacia. Bienes como las infraestructuras tienden a ser indivisibles y consumibles colectivamente por todos los ciudadanos independientemente de que paguen o no por su utilización. La realización de estas tareas públicas por parte del Gobierno beneficia a la sociedad en general y no a una empresa o industria específica (principio de no exclusión). Por lo tanto, el apoyo público a las infraestructuras no será, en general, constitutivo de ayuda, sino que más bien se tratará de una medida de carácter general derivada de la soberanía del Estado sobre la política económica, la ordenación territorial y el desarrollo. 176. Durante 1995 se presentaron varias denuncias en relación con el apoyo público prestado a los puertos. Se plantea la cuestión de si el apoyo financiero a las actividades portuarias puede ser examinado en el contexto del artículo 92. 177. En 1995, la Comisión basó sus decisiones sobre ayudas estatales en el sector de la aviación civil en los principios desarrollados en las nuevas Directrices adoptadas en noviembre de 1994106. En las Directrices se parte del creciente carácter competitivo del mercado de los servicios de transporte aéreo tras la entrada en vigor del tercer paquete de liberalización en 1993. En 1994, la Comisión autorizó la concesión de sendas ayudas de reestructuración pagaderas a plazos en favor de TAP y Air France. En ambos casos la autorización de la Comisión estaba condicionada al cumplimiento de una serie de compromisos y planes de reestructuración. En 1995, la Comisión verificó dicho cumplimiento con ayuda de expertos independientes. Dado que tanto TAP107 como Air France108cumplían satisfactoriamente ambos requisitos, no se planteó ninguna objeción al pago del segundo tramo de la ayuda. 178. También en 1994, la Comisión decidió que la suscripción, por parte de la entidad pública francesa CDC-P, de bonos emitidos por Air France constituía ayuda ilegal, incompatible con el mercado común, por lo que solicitó su reembolso. En octubre de dicho año, Francia y Air France recurrieron contra la Decisión de la Comisión ante el Tribunal de Primera Instancia. El 4 de abril de 1995109, la Comisión decidió modificar su decisión inicial y pedir a Francia que garantizase que la ayuda y los intereses devengados quedarían depositados en una cuenta bancaria bloqueada hasta que el Tribunal resolviera el asunto. La razón económica de este mecanismo estriba en privar a Air France del uso del importe de la ayuda hasta el término del procedimiento ante el Tribunal. 179. El cuatro de mayo de 1995110, la Comisión estudió las transaccciones económicas incluidas en el acuerdo entre Swissair y Sabena para la adquisición por parte de la primera de una participación estratégica (49,5%) en Sabena. Con arreglo a la operación, Sabena había de emitir nuevas acciones por un importe de 9 500 millones de BEF, de los que 6 000 millones serían suscritos por Swissair y el resto por Bélgica y por un grupo de inversores de este país. La Comisión señaló que cuando es necesario incrementar la participación pública en una empresa, la aportación de capital no constituye ayuda siempre que la inversión pública vaya acompañada por una inyección considerable de capital de un accionista privado. La suscripción de las nuevas acciones XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 375, DO C 154, de 21. 6. 95. DO C 295, de 10. 11. 95. DO L 219, de 15. 9. 95. DO L 239, de 7. 10. 95, p. 19. 74 por parte de Swissair, al mismo precio y en las mismas condiciones que Bélgica y los inversores belgas, fue admitida como prueba de que la operación constituía una transacción económica normal y no ayuda estatal. 180. El 10 de mayo de 1995, La Comisión decidió no plantear objeciones al plan del gobierno alemán de contribuir a los fondos de pensiones en beneficio de los trabajadores de Lufthansa como parte del programa de privatización de la empresa iniciado en 1992. Dicho plan estaba relacionado con las cargas impuestas a Lufthansa a raíz de su retirada obligatoria de un fondo complementario de pensiones gestionado por la entidad pública VBL a la que, en su calidad de empresa pública, había estado obligada a pertenecer. La Comisión estimó que un inversor privado que se hallase en la misma situación que el Estado alemán, obligado a desprenderse del control de Lufthansa, hubiera actuado de la misma manera con objeto de rentabilizar al máximo el valor final de su participación. 181. El 19 de julio de 1995, la Comisión estudió una inyección de capital por un importe de 3 00 millones de FF a la empresa AOM, por parte de su matriz, la empresa de propiedad estatal Crédit Lyonnais. Tras analizar el plan de reestructuración de la línea aérea, la Comisión llegó a la conclusión de que era probable que AOM volviese a ser rentable a corto plazo y que el valor neto actual del flujo de efectivos en el futuro era superior al de la inversión. Se consideró que la operación equivalía a una transacción económica normal y que no constituía ayuda estatal ya que un inversor privado en una economía de mercado hubiera efectuado la inversión en AOM de hallarse en las mismas circunstancias. 182. El 29 de noviembre de 1995, la Comisión adoptó una decisión definitiva negativa respecto del mecanismo excepcional de depreciación de las aeronaves registradas en Alemania y utilizadas para actividades comerciales internacionales. En determinados casos el mecanismo permitía una depreciación excepcional de hasta el 3 0% del coste total de adquisición. La Comisión estimó que el sistema equivalía a una ayuda y que no entraba en el ámbito de aplicación de los apartados 2 y 3 del artículo 92. 183. Asimismo, la Comisión ha adoptado varias decisiones referentes a ayudas en el sector marítimo. Las orientaciones de la Comisión de 1989 para el examen de las ayudas de Estado en favor de las compañías navieras de la Comunidad están siendo examinadas en el contexto de la revisión global de la política comunitaria sobre el transporte marítimo. La Comisión presentó los resultados en un documento estratégico que las Instituciones Europeas, los Estados miembros y otros interesados serán invitados a debatir y comentar. 184. Concretamente, la Comisión decidió que un acuerdo entre autoridades regionales y locales del País Vasco y la empresa Ferries del Golfo de Vizcaya no contenía elementos de ayuda estatal. La decisión final, tras la apertura del procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 93, se adoptó el 6 de junio de 1995. 185. Se plantearon serias dudas en cuanto a la compatibilidad con el Tratado de la ayuda concedida a la empresa naviera, propiedad del Estado francés, Compagnie Générale Maritime (CGM). El 31 de octubre de 1995 la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93, ampliándolo posteriormente el 20 de diciembre de dicho año. La ayuda asciende aproximadamente a 330 millones de ecus. 186. La Comisión ha examinado varios expedientes de ayudas estatales al sector del transporte terrestre teniendo especialmente en cuenta el proceso de liberalización del cabotaje que se desarrolla gradualmente 75 desde el 1 de enero de 1995111 y que supone la apertura de los mercados locales a la competencia comunitaria. 187. El 18 de agosto de 1995, la Comisión presentó un recurso ante el Tribunal de Justicia contra la República italiana por no haber adoptado las medidas necesarias para ajustarse a la decisión de la Comisión, de 9 de junio de 1993, por la que se declaraba que un crédito fiscal concedido a los transportistas profesionales por carretera de Italia era incompatible con el mercado común y se instaba a las autoridades italianas a recuperar los importes abonados. Además, este régimen que había sido considerado simple ayuda de funcionamiento y que estaba inicialmente previsto para el año fiscal 1992, fue prorrogado por las autoridades italianas para 1993 y 1994, con un presupuesto de 558 millones de ecus. El 4 de octubre de 1995, la Comisión decidió iniciar el procedimiento del apartado 2 del artículo 93 del Tratado contra dichas prórrogas y solicitó la suspensión inmediata de la ayuda. 188. • En el sector de la navegación interior, sigue su curso la labor de saneamiento estructural para reducir el exceso de capacidad derivado del desguace de buques iniciada en 1990 con arreglo al Reglamento (CE) n' 1101/89 del Consejo, de 27 abril de 1989. Dado el gran excedente de varaderos, la Comisión presentó al Consejo el 23 de mayo de 1995 una propuesta por la que se modifica el Reglamento citado y se recomienda una iniciativa de desguace a gran escala entre los años 1996-1998, cofinanciada por la Comunidad, los Estados miembros afectados y representantes del sector. Esta iniciativa constituye una medida complementaria importante del proceso de liberalización progresiva del mercado fluvial, al que también aludía una propuesta de la Comisión del 23 de mayo de 1995. 189. Durante 1995, la Comisión examinó a tenor de los artículos 92 y 93 varias operaciones efectuadas por empresas ferroviarias. Por lo que se refiere a la venta en el Reino Unido de las empresas de equipos móviles de ferrocarril (ROSCOs) , la Comisión decidió el 2 9 de noviembre que las garantías concedidas a los compradores rentabilizaban al máximo la venta y, por consiguiente, no constituían ayuda estatal. Asimismo, el 18 de octubre del mismo año, la Comisión decidió que no constituía ayuda estatal una garantía en favor de Ferrovie dello Stato S. p. A. concedida por el gobierno italiano para cubrir un préstamo por un importe de 3 72 millones de ecus para efectuar inversiones en infraestructuras en el enlace ferroviario de alta velocidad entre Brenner y Verona. 1. 1. 7. Agricultura 190. En cierto modo, la adhesión de los tres nuevos Estados miembros (Austria, Suecia y Finlandia) ha modificado los datos sobre ayudas estatales en el sector agrícola. El Acta de adhesión ha previsto un procedimiento específico para cada Estado miembro en cuanto a las ayudas existentes en el momento de la adhesión y durante un determinado período transitorio. Tal y como establece el Acta de adhesión, los nuevos Estados miembros comunicaron a la Comisión antes del 3 0 de abril de 1995 sus regímenes de ayudas, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE, en el sector agrícola. Además, el 13 de febrero de 1995 la Comisión adoptó dos decisiones por las que se aprueban los programas austríaco y finlandés de aplicación de los artículos 138 a 140 del Acta de adhesión, que prevén la concesión de ayudas nacionales transitorias y decrecientes para productos agrícolas. 111 Reglamento 3118/93 del Consejo, DO L 279 de 12. 11. 1993 76 Estas decisiones fueron modificadas posteriormente a la vista de nuevos elementos. 191. En términos generales, corresponde a la Comisión oponerse a aquellas ayudas nacionales otorgadas por cualquier Estado miembro que contengan medidas de apoyo que puedan perturbar los mecanismos del mercado comunitario y, al tratarse de ayudas de funcionamiento, no tengan efectos duraderos sobre el desarrollo del sector del que se trate. 192. En lo que respecta a las ayudas a la inversión en el sector de la producción primaria y, en particular, a la aplicación del apartado 1 del artículo 12 del Reglamento (CEE)n' 2328/91 del Consejo, relativo a la mejora de la eficacia de las estructuras agrarias112, la evaluación de las ayudas comunitarias y nacionales debería ir acompañada, en la medida de lo posible, de un examen paralelo de los expedientes en los plazos fijados para las ayudas estatales; este procedimiento permitiría remitir al Estado miembro de que se trate una única carta en virtud de los artículos 92 y 93 del Tratado y del Reglamento n" 2328/91. 193. En cuanto a las ayudas a la inversión destinadas a mejorar las condiciones de transformación y comercialización de productos agrícolas, la política comunitaria se rige por el Reglamento (CEE) N" 866/90 del Consejo113, que autoriza también a los Estados miembros a conceder ayudas, bajo determinadas condiciones, conforme a lo dispuesto en los artículos 92 y 93 del Tratado. No obstante, esta facultad está limitada por los criterios de selección previstos en el citado texto, aplicados por la Comisión por analogía en la evaluación de las ayudas estatales. Hasta 1994, los criterios de selección para estas inversiones, denominados "límites sectoriales", estaban fijados en la Decisión 90/342/CEE de la Comisión de 7 de junio de 1990114 pero, la Decisión 94/173/CEE de la Comisión, de 22 de marzo de 1994115, los ha modificado. En 1994, la Comisión informó a los Estados miembros de que seguía aplicando, en lo que respecta a las ayudas estatales, los límites sectoriales previstos en el punto 2 del Anexo de la Decisión de 1990116. En 1995, la Comisión ha matizado su posición para aplicar los límites previstos en la Decisión de 1994, siempre que fueran menos severos117. Una vez finalizados los trabajos preparatorios con los Estados miembros, la Comisión adoptó el principio de aplicar a las ayudas estatales, a partir del 1 de enero de 1996, los criterios contenidos en la Decisión de 22 de marzo de 1994, en vez de los fijados en su Decisión de 7 de junio de 1990118. 194. Asimismo, la Comisión decidió en principio revisar su política sobre créditos de gestión subvencionados en el sector agrícola119. DO L 218 de 6. 8. 1991, p. 1, DO L 91 de 26. 4. 1990, p. 1. DO L 163 de 29. 6. 1990, p. 71. DO L 79 de 23. 3. 1994, p. 29. DO C 189 de 12. 7. 1994, p. 5. DO C 71 de 23. 3. 1995, p. 6. DO C 29 de 2. 2. 1996, p. 4. DO C 44 de 16. 2. 1996, p. 2. 77 1. 1. 8. Pesca 195. En 1995, la Comisión registró 37 nuevos expedientes de ayuda notificados y otros 20 de ayudas no notificadas o notificadas demasiado tarde, así como tres nuevos casos de ayudas existentes en este sector. Decidió no formular objeciones a la concesión de ayudas en el caso de 22 expedientes, uno de los cuales se remontaba a 1994. Por otro lado, decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE con respecto a dos ayudas, una concedida por Italia y la otra por Alemania. En el mismo período, la Comisión decidió archivar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 incoado con respecto a una ayuda concedida en Italia, notificada en 1993. 1. 2. Sectores no sujetos a directrices comunitarias específicas sobre ayudas estatales 196. Desde hace algunos años, se registra en Europa un gran movimiento de liberalización, privatización y reordenación de sectores nacionales en situación monopolística. Este movimiento, asociado al proceso de armonización de las directrices comunitarias, ha inducido a la Comisión a estudiar la forma de aplicar la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales a determinados sectores específicos como bancos o correos. Estos sectores, aunque teóricamente deben estar sujetos al mismo tratamiento que los demás (sobre todo, en lo que respecta al principio del "inversor privado en una economía de mercado"), no por ello dejan de presentar una serie de características específicas que justifican su consideración, por parte de la Comisión, a la hora de aplicar la normativa sobre ayudas estatales. 1. 2. 1. Sector bancario 197. Este sector presenta una serie de características específicas debido, en particular, a consideraciones de orden social y jurídico (protección del ahorro), macroeconómico y financiero (necesaria estabilidad del sector, buen funcionamiento del sistema de pagos), político e internacional (posibles repercusiones como, por ejemplo, manifestaciones de "pánico" en otras entidades del mismo país o en otros países por mor de la enorme interdependencia que registran sectores como el bancario, sobre todo en casos de quiebra de una entidad de gran tamaño). Por este motivo, hay autoridades específicas encargadas de la supervisión de este sector en los distintos Estados miembros. Tras el caso Banesto en 1994, el asunto Crédit Lyonnais constituye un buen ejemplo de la forma en la que han de aplicarse las normas sobre ayudas estatales teniendo en cuenta al mismo tiempo la especial sensibilidad del sector. Este asunto, desde el punto de vista cuantitativo, es el más importante de todos los asuntos tratados por la Comisión hasta el momento: el volumen global de la ayuda asciende a 45 000 millones de FF (7 500 millones de ecus). Además, el Crédit Lyonnais estaba situado a finales de 1993 a la cabecera de los bancos europeos en cuanto a balance total, lo que constituye un ejemplo de quiebra de un banco de gran tamaño, con todas las consecuencias que ello hubiera podido tener sobre el conjunto del sistema financiero y bancario francés e incluso europeo. El principio mantenido por la Comisión, tras consultar a un grupo de expertos de alto nivel, fue aplicar al sector bancario las normas de fondo y de procedimiento en materia de ayudas estatales teniendo en cuenta la especificidad del sector. Además, el respeto a las normas tiene como efecto evitar que determinadas entidades de crédito, sirviéndose del apoyo implícito o explícito del Estado, en la medida en que se trata de entidades públicas o demasiado importantes para ser 78 dejadas a merced de una quiebra, se comporten imprudentemente. En efecto, esta actitud puede implicar la necesidad de recurrir al apoyo estatal y, por lo tanto, un falseamiento de la competencia que hubiera podido ser evitado. Aunque la intervención del Estado se considerara necesaria para evitar consecuencias indeseables para las demás entidades y los mercados financieros, la Comisión consideró que era imprescindible asegurar que la solución definitiva falseara la competencia lo menos posible. Por último, le entidad en quiebra debe ofrecer contrapartidas suficientes para compensar los efectos negativos de la intervención estatal sobre los demás operadores del mercado. Por este motivo, la decisión adoptada finalmente por la Comisión condiciona la aprobación de la ayuda al Crédit Lyonnais, a la venta de una parte importante de su red internacional, a su contribución a los costes del mecanismo de separación de activos mediante, una cláusula de retorno a la prosperidad, a una separación neta entre Crédit Lyonnais y la estructura de disociación y la probable privatización del banco en el plazo de cinco años. 1. 2. 2. Correos 198. La Comisión considera que se trata de un sector esencial que representa un instrumento ineludible para el desarrollo de las actividades sociales y económicas de un país. No obstante, al mismo tiempo ha de tener en cuenta el hecho de que el Tribunal de Justicia ha reconocido la aplicación de las normas de competencia a este sector120, sin perjuicio del principio contenido en el apartado 2 del artículo 90 del Tratado CE. Los servicios de correos, sobre todo los públicos, semipúblicos o aquellos que disfrutan de derechos especiales y exclusivos, mantienen todavía relaciones privilegiadas con el Estado. De esta situación se deriva un apoyo financiero directo (subvenciones) o indirecto (deducciones fiscales) a menudo poco transparente. Por un lado, la Directiva de la Comisión sobre transparencia de las relaciones financieras entre el Estado y las empresas públicas es de aplicación en este sector121, lo que implica obligaciones contables y financieras especiales. Por otro lado, estas intervenciones financieras directas o indirectas constituyen ayudas estatales que la Comisión tiene el deber de supervisar, tanto en lo que respecta a la obligación de notificación previa de los proyectos de ayuda que incumbe a los Estados miembros como en cuanto a la revisión permanente de los regímenes vigentes que la Comisión debe llevar a cabo con objeto de salvaguardar el desarrollo progresivo y el funcionamiento del mercado común. de del servicio en materia de competencia A este respecto, el asunto de las Actividades correos resulta interesante desde dos puntos francés de vista, en la medida en que hace referencia tanto a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales (artículos 92-93) como a las disposiciones aplicables a las empresas responsables de la gestión de servicios de interés económico general (apartado 2 del artículo 90). Este asunto representa la primera aplicación conjunta, por parte de la Comisión, de estas dos disposiciones. La Comisión consideró que las ventajas fiscales de que disfruta el servicio de correos no superan los costes adicionales ocasionados por la presión a la que está sometido para cumplir correctamente su misión de servicio público y no beneficia a sus actividades en el marco de la competencia (es decir, las actividades no reservadas al servicio de correos en aplicación de la Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 febrero de 1992 en los asuntos acumulados C- 48/90 y C-66/90 Nederland Rec. 1992, p. 1-565; sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-320/91 Paul Corbeau, Rec. 1993, p. 1-2563. and PTT Post/Comisión, en PTT Nederland Directiva de la Comisión 80/723/CEE de 25. 6. 1980 mollificada por la Directiva 84/413/CEE, DO L 229 de 28. 8. 1985, p. 20. 79 legislación francesa). Por lo tanto, la Comisión decidió que estas ventajas fiscales no eran constitutivas de ayudas estatales conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. 1. 2. 3. Sector audiovisual 199. La Comisión reconoce que las industrias cinematográfica y de producción televisiva en Europa son un componente esencial de la diversidad cultural europea. Así, ha aceptado la promoción de la diversidad cultural como justificación para la concesión de ayudas estatales a la industria cinematográfica y a la producción de programas de televisión. No obstante, a la hora de evaluar las ayudas estatales en este sector, la Comisión garantizará que no falseen indebidamente la competencia y que no se produzca discriminación por razones de nacionalidad o cualesquiera otros obstáculos a la libre circulación de bienes, servicios, personas e ideas en todo el territorio de la Unión Europea. La Comisión aspira a lograr un equilibrio entre las exigencias de promoción cultural y del patrimonio común y la apertura del comercio y la competencia en el mercado único. Para aclarar su política en este ámbito, la Comisión está trabajando en unas directrices sobre ayudas estatales a la cultura, las artes y el sector audiovisual, que fueron debatidas con los Estados miembros en una reunión multilateral que se celebró en el mes de junio. En general, los Estados miembros mostraron su apoyo a las directrices. 200. A la luz de las denuncias presentadas por cadenas de televisión privadas, que alegan que los organismos públicos de radiodifusión reciben ayudas estatales que falsean la competencia en el mercado europeo de la televisión, en 1993 la Comisión encomendó a una empresa de consultoria un estudio de la situación con especial atención a las obligaciones de servicio público impuestas a los organismos públicos de radiodifusión, a los costes y a las ayudas que reciben dichos organismos. La Comisión recibió el informe definitivo en octubre de 1995 y lo ha enviado a los Estados miembros para que presenten sus observaciones. En lo que respecta a los nuevos Estados miembros y a los Estados miembros de la AELC signatarios del Acuerdo EEE, la Comisión ha convocado una licitación para realizar un estudio similar. Una vez que reciba los comentarios de los Estados miembros sobre el primer y se complete el segundo, la Comisión examinará los casos pendientes e impulsará un debate sobre las perspectivas de futuro. 2. Ayudas horizontales 2. 1. Investigación y desarrollo 201. El 20 de diciembre de 1. 995, la Comisión aprobó las nuevas "Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de investigación y desarrollo". La revisión de las Directrices vigentes desde 1986 se inscribe en el nuevo contexto de competencia tanto comunitaria como internacional. En la versión revisada se han tenido en cuenta las recomendaciones del Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo, así como las consecuencias de los acuerdos derivados de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay. Además, el texto aclara determinadas prácticas no explícitas que la Comisión ha desarrollado desde la entrada en vigor de las Directrices de 1986. En efecto, aunque, como norma general, el nivel de ayuda admisible se mantiene en el 25% para los proyectos de desarrollo precompetitivo, más próximas al mercado, y en el 50% para los proyectos de investigación fundamental, se establece un sistema de bonificaciones para los proyectos de PYME (+10 puntos), las regiones subvencionadas (+5 o 10 puntos) y los proyectos correspondientes a las prioridades del programa marco comunitario de I+D (+15 puntos). 80 Por otro lado, la intensidad admisible también será bonificada (10 puntos) para proyectos que cumplan al menos unos de los siguientes criterios: cooperación transfronteriza entre empresas independientes, amplia difusión de los resultados de la investigación y cooperación entre las universidades y la industria. Se admitirá un incremento de 25 puntos para los proyectos incluidos entre las prioridades del programa marco comunitario de I+D que establezcan también una colaboración transfronteriza entre empresas o entre empresas y organismos públicos de investigación así como una amplia difusión de los resultados. Este sistema de bonificaciones permitirá ajustar el importe admisible de la ayuda sobre la base del interés común, y deberá respetar en cualquier circunstancia los índices máximos del Código de Subvenciones de la OMC. Con objeto de tomar en consideración la competencia extracomunitaria y las nuevas posibilidades previstas por el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, las nuevas directrices establecen que las empresas europeas podrán acogerse al importe máximo de las ayudas aceptado por la OMC (50% para las actividades de investigación precompetitiva y 75% para las actividades de investigación industrial fundamental) en los siguientes casos: acumulación entre ayuda estatal y subvención comunitaria, proyecto importante de interés común europeo (excepción prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 92), proyectos o programas que incluyan actividades similares a otras desarrolladas por empresas situadas fuera de la Unión Europea que hayan recibido durante los últimos tres años o vayan a recibir una ayuda de intensidad admitida por la OMC para estos dos tipos de investigación. Con las nuevas Directrices, a fin de reducir la carga burocrática para los Estados miembros y la Comisión, teniendo en cuenta la experiencia adquirida, no será necesario notificar el aumento del presupuesto anual (inferior al 100% del importe inicial) o la prolongación de un régimen autorizado, siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones. En principio, no se deberá notificar la concesión de una ayuda a un proyecto individual integrado en un régimen de ayudas de investigación y desarrollo que haya sido autorizado por la Comisión. Las Directrices de 1995 introducen un criterio diferente de notificación de los "grandes casos individuales" relativo al importe de la ayuda abonada (5 millones de ecus) y al coste del proyecto (25 millones de ecus). Las nuevas Directrices también hacen referencia a las diferentes situaciones en las que la financiación pública de las actividades de investigación y desarrollo realizadas por centros de enseñanza superior o de investigación públicos sin fines lucrativos, en solitario o por cuenta de empresas o en colaboración con éstas, no entra dentro del ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. Por otro lado, el texto precisa los factores que la Comisión tomará en consideración a la hora de evaluar si las ayudas de investigación y desarrollo propuestas por un Estado miembro impulsan a las empresas a llevar a cabo actividades suplementarias en este ámbito, además de las que desarrollan normalmente en el marco de sus actividades cotidianas (efecto de estímulo de las ayudas de I+D). En lo que respecta a las PYME, se presumirán la necesidad de la ayuda y su efecto de estímulo, mientras que, en lo que respecta a las grandes empresas que emprendan una investigación próxima al mercado, la Comisión deberá verificar estos factores con especial cuidado. 81 2. 2. Ayudas al empleo y medidas sociales de carácter general 202. La persistencia de las elevadas tasas de desempleo en la Comunidad fue el problema económico y social más importante que la Comisión se vio obligada a afrontar en 1995. En un esfuerzo por paliar esta grave situación, los Estados miembros intensif ican sus iniciativas para fomentar el empleo y, en su Libro Blanco sobre crecimiento, competitividad y empleo, la Comisión determina varias vías para impulsar el empleo en armonía con la política comunitaria sobre competencia. La mayor parte de las medidas adoptadas por los Estados miembros para poner en práctica sus políticas de empleo son, por naturaleza, de carácter general y no contienen. elementos constitutivos de ayudas, bien porque no favorecen a determinadas empresas o bien porque no afectan a los intercambios entre Estados miembros conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. Por ejemplo, la nueva legislación danesa sobre energía, que introduce nuevos impuestos, o sube los existentes, sobre las emisiones de C02 y S02 aplicables a la industria prevé que una parte de los ingresos derivados de estos impuestos sea reembolsada a la industria en forma de una reducción general de sus contribuciones sociales. Como todas las empresas se benefician de esta reducción de forma automática y sobre la base de criterios objetivos, la Comisión no consideró que constituía ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 92. Sólo las iniciativas que, de forma selectiva, reducen los costes laborales de determinadas empresas o sectores para fomentar la creación de puestos de trabajo, mantener el nivel de empleo o contratar a determinadas categorías de desempleados falsean o pueden falsear la competencia porque favorecen a los destinatarios frente a sus competidores. Así, la Comisión concluyó que un régimen sueco de ayudas al empleo, disponible únicamente para empresas de hasta 500 empleados, constituía ayuda estatal en beneficio de estas empresas y en perjuicio de los competidores con más de 500 trabajadores. 203. Debido al considerable aumento del número de ayudas al empleo, la Comisión consideró conveniente precisar su política en este ámbito, plasmada en las correspondientes Directrices sobre ayudas122. Por lo que se refiere a las medidas de apoyo a la formación, este aspecto se tratará indirectamente en las Directrices más genéricas que distinguen entre ayudas estatales y medidas generales, ya que las medidas de apoyo a la formación pueden definirse, en muchos casos, como medidas generales. El principal objetivo sobre ayudas estatales de las Directrices es informar a los Estados miembros e interesados sobre los principios que aplicará la Comisión para determinar la existencia y la compatibilidad de las ayudas al empleo con el mercado común y para garantizar la coherencia entre las normas de competencia y las recomendaciones sobre la política de empleo formuladas en el Libro Blanco sobre Crecimiento, Compatetividad y Empleo. Las Directrices confirman el enfoque positivo que normalmente adopta la Comisión con respecto a las ayudas estatales para la creación de empleo, en particular cuando la ayuda se concede a PYME o a empresas situadas en regiones que pueden acogerse a ayudas regionales, siempre y cuando la medida lleve a un aumento neto del número de puestos de trabajo en la empresa afectada. De forma similar, la Comisión adoptará en principio una posición favorable cuando la ayuda se conceda a empresas que contraten a personas con especiales dificultades para encontrar un puesto de trabajo permanente, como desempleados de larga duración o jóvenes. En su evaluación, la Comisión también tendrá en cuenta las posibles contrapartidas que ofrezcan las empresas cuando reciban ayudas DO C 334 de 12. 12. 1995, p. 4. 82 distintas a las citadas, por ejemplo de formación. Además, en consonancia con los principios generales que rigen su política sobre ayudas estatales, la Comisión examinará siempre si la ayuda es necesaria para contratar a un desempleado y reviste carácter temporal. No obstante, no todas las ayudas al empleo gozarán de una actitud favorable por parte de la Comisión. En opinión de ésta, algunas ayudas al empleo, por su efecto perjudicial, real o potencial, sobre la competencia en el mercado común son contrarias al interés común y solo podrán ser aprobadas, si acaso, en un número limitado de casos. Así, las Directrices confirman la actitud negativa de la Comisión con respecto a las ayudas para mantener puestos de trabajo en una empresa. De hecho, las ayudas para mantener puestos de trabajo constituyen ayudas de funcionamiento y, en general, frustran o retrasan los necesarios cambios estructurales para restablecer la viabilidad económica de una empresa o sector, manteniendo artificialmente en funcionamiento actividades que no son rentables. A juicio de la Comisión, los efectos negativos de estas ayudas pesan más que las posibles ventajas a corto plazo que pueda suponer el mantenimiento de un determinado nivel de empleo. Además, la Comisión adoptará generalmente una actitud desfavorable con respecto a las ayudas para la creación de empleo destinadas exclusivamente a uno o más sectores especialmente sensibles que registren exceso de capacidad o atraviesen una crisis. Los efectos negativos que estas medidas pueden tener sobre las empresas competidoras del mismo sector en otros Estados miembros y el riesgo de que la ayuda se limite a trasladar un problema de desempleo a otros Estados miembros prevalecen sobre la reducción de las tasas de desempleo en el Estado miembro que conceda la ayuda. Por lo tanto, la Comisión decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 con respecto a una ayuda de empleo concedida al sector del calzado en Italia dentro de un régimen general de ayudas a sectores en crisis. No obstante, las ayudas para mantener puestos de trabajo podrán ser aprobadas si se conceden a empresas situadas en regiones que, debido a sus graves problemas socioeconómicos, pueden acogerse a ayudas regionales conforme a la letra a) del apartado 3 del artículo 92 o si se conceden en el contexto de un plan de salvamento o de reestructuración123. Además, podrán autorizarse ayudas sectoriales en regiones con elevadas tasas de desempleo o subsectores en crecimiento económico y que generen empleo. 204. Con objeto de reflejar la necesidad urgente de abordar la crisis de empleo en la Unión Europea y de apoyar el fomento de políticas estructurales de empleo, en particular mediante la intervención activa en los mercados laborales, la Comisión está examinando la posibilidad de adoptar un procedimiento acelerado para la notificación de regímenes de ayudas al empleo y a la formación. Conforme a este procedimiento, la Comisión decidirá sobre las ayudas notificadas en el plazo de 20 días laborables. 2. 3. Ayudas a la protección del medio ambiente 205. La política de la Comunidad en este ámbito se basa en el principio de que la empresa contaminante debe pagar por el perjuicio que causa al medio ambiente. En principio, las ayudas a las empresas para la protección del medio ambiente son incompatibles con el principio de quien contamina paga. No obstante, ha de reconocerse que, en determinados casos, estas ayudas pueden ser necesarias como incentivo para que las empresas adopten medidas de protección del Directrices comunitariaa sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, DO C 36« de 23. 12. 1994. 83 entorno que excedan de las obligatorias por ley o para mantener la competitividad de la industria cuando se impongan nuevas exigencias al respecto. Así, puede justificarse la concesión de ayudas para la protección del medio ambiente en determinadas circunstancias. No obstante, es evidente que estas ayudas pueden falsear la competencia entre empresas en el mercado común y que sólo se justifican cuando los efectos beneficiosos sobre el medio ambiente compensen los efectos negativos sobre la competencia. 206. Las Directrices comunitarias124 sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente tienen como objetivo buscar un equilibrio entre la citada política de competencia y las consideraciones de política medioambiental. Así, las Directrices confirman el principio de quien contamina paga pero, al mismo tiempo establecen que en determinadas condiciones estas ayudas podrán ser autorizadas. del en Dinamarca consumo de energía En consonancia con estos principios, las Directrices establecen que, aunque las ayudas de funcionamiento son consideradas normalmente incompatibles con el mercado común, la Comisión podrá autorizarlas en casos excepcionales en forma de deducción de los impuestos sobre el medio ambiente y otras medidas compensatorias, siempre y cuando la ayuda sea necesaria para lograr los objetivos ambientales perseguidos. Por lo tanto, la Comisión concluyó que la deducción de los nuevos impuestos sobre las emisiones de C02 y S02 en favor con un la alto de deducción en los Países Bajos podían ser autorizadas porque determinadas constituían el precio inevitable de encontrarse entre los primeros países que han introducido un impuesto que será beneficioso para el medio ambiente. Sin algunas deducciones, estos impuestos dañarían seriamente la competitividad de las empresas con elevado consumo de energía en los países que han introducido el impuesto, en este caso Dinamarca y los Países Bajos, de forma que sería impracticable. No obstante, para garantizar que estas deducciones fiscales no falseen indebidamente la competencia y para ofrecer un incentivo para que los destinatarios de estas ayudas introduzcan medidas para reducir la contaminación, la Comisión exigirá en todos los casos que la deducción fiscal sea temporal y, en principio, decreciente. de empresas así en favor y los Países Bajos, y residuos sobre aguas subterráneas impuesto empresas como 2. 4. Ayudas a pequeñas y medianas empresas (PYME) 207. En 1995, la Comisión siguió aplicando al análisis de las ayudas en favor de las PYME los criterios de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas, adoptadas por la Comisión el 20 de mayo de 1992125. Estas Directrices establecían que la Comisión revisaría su aplicación en el plazo de tres años a partir de su publicación. Por lo tanto, los servicios de la Comisión presentaron a los expertos de los Estados miembros, en una reunión multilateral celebrada en julio, las conclusiones de esta revisión y propusieron los cambios que consideran necesarios a la luz de dicha revisión. El objetivo de la Comisión sigue siendo el de autorizar las ayudas que tengan carácter estimulante y que respondan a las desventajas específicas de las PYME limitando en la medida de lo posible el falseamiento de la competencia. En el debate se abordó principalmente la necesidad de precisar y simplificar las normas, la actualización de la regla de minimis y la posibilidad de tomar en consideración los gastos de las inversiones ligadas a la transferencia de tecnología. 124 125 DO C 72 de 1 0. 3. 1 9 9 4. DO C 2 13 de 1 9. 8. 1 9 9 2, p. 2. 84 2. 5. Ayudas a la exportación 208. Las ayudas a la exportación, ligadas a la cantidad126 de mercancías vendidas en otros Estados miembros de la CE o del EEE o estrechamente vinculadas a la comercialización y venta de mercancías en estos países, como las destinadas al establecimiento o funcionamiento de redes de distribución o de agencias de venta de bienes y servicios en la Comunidad y el EEE, son claramente incompatibles con el objetivo de construir un mercado interior. Estas ayudas no fomentan ningún objetivo comunitario que pueda justificar los efectos directamente nocivos para la competencia que provocan. Por consiguiente, la Comisión no autorizará ayudas a la exportación. No obstante, en consonancia con su enfoque favorable con respecto a las ayudas financieras a las PYME, habida cuenta sobre todo de sus limitaciones en cuanto a los conocimientos técnicos y de sus dificultades a la hora de obtener financiación externa, la Comisión podrá autorizar ayudas blandas en favor de PYME que se refieren al desarrollo de los mercados de exportación, por ejemplo, las ayudas para servicios de consultoría y estudios de mercado, siempre y cuando se trate de una operación no recurrente limitada al acceso a nuevos mercados. En las mismas circunstancias, la Comisión podrá autorizar ayudas a PYME para su participación en ferias comerciales. 209. Las empresas europeas no sólo compiten dentro de la CE y del EEE, sino que también lo hacen para las inversiones en mercados extranjeros como Europa oriental, Rusia y sureste asiático. En opinión de la Comisión, las ayudas para inversiones en mercados extranjeros pueden falsear la competencia y afectar a los intercambios dentro de la Comunidad y, por lo tanto, entran dentro del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales del Tratado CE. A la Comisión le preocupa que estas ayudas puedan conducir a deslocalizaciones y que se concedan sobre todo en las regiones centrales y más desarrolladas de la Comunidad, en contra de los esfuerzos de la política de cohesión para reducir las diferencias entre las regiones más y menos prósperas de la Comunidad. Por otro lado, estas ayudas pueden ayudar a los países de Europa oriental, los Estados Bálticos y Rusia en sus procesos de conversión a una economía de mercado y, por lo tanto, pueden estar justificadas en determinados casos. Para establecer una política clara en este ámbito, la Comisión decidió, en una serie de regímenes de internacionalización, incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 e instar a los Estados miembros y terceros interesados para que presentaran sus observaciones. 210. La Comisión ha proseguido sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo con los Estados miembros en torno a una Comunicación sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo que exigirá que los Estados miembros retiren el apoyo público a las compañías de seguro de crédito a la exportación en lo que respecta a los riesgos comerciales a corto plazo. La Comisión espera que los problemas pendientes se resuelvan a lo largo de 1996 de forma que pueda adoptarse la citada Comunicación. 2. 6. Ayudas de salvamento y de reestructuración 211. La Comisión continuó aplicando las nuevas Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis127. De no haber un control estricto, estas ayudas pueden ser utilizadas por los Estados miembros para mantener artificialmente a flote empresas aquejadas de grandes problemas, con el riesgo de frustar o retrasar indebidamente los necesarios cambios La Comisión está considerando la posibilidad de incluir a tal fin una exención explícita en la regla "de minimis", que está siendo objeto de revisión. DO C 368 de 23. 12. 1994, p. 12. 85 estructurales en el mercado interior y de desviar el peso de dichos ajustes a empresas viables. No obstante, consideraciones de política social o regional pueden justificar la concesión de ayudas de salvamento y de reestructuración, y el principal objetivo de las Directrices es establecer un equilibrio entre estas consideraciones y el desarrollo de un mercado común con una competencia libre y exenta de falseamientos. 212. El objetivo de las ayudas de salvamento es mantener una empresa temporalmente en funcionamiento mientras se elabora un plan de reestructuración adecuado. Por lo tanto, tales ayudas sólo pueden concederse durante un período limitado de tiempo, generalmente inferior a seis meses. La Comisión concluyó que la garantía de 18 meses concedida por el Gobierno español a la empresa Gutiérrez Asunce (Guascor) sobre unos préstamos comerciales no cumplían los Corporación requisitos para obtener una ayuda de esta índole. 213. Conforme a las Directrices, la Comisión supedita la aprobación de las ayudas de reestructuración a unas condiciones estrictas, entre las que destaca la de que se trate, en principio, de una operación no recurrente. Además, la ayuda ha de estar vinculada a un plan de reestructuración que pueda restablecer la viabilidad a largo plazo de la empresa en un plazo razonable de tiempo y sobre la base de perspectivas realistas en cuanto a sus futuras condiciones de funcionamiento, de forma que no resulte necesario conceder nuevas ayudas. A juicio de la Comisión, se trata de una condición sine qua non para la autorización de las ayudas de reestructuración128. En un asunto en el que determinados regímenes de garantía y de préstamos blandos establecidos en Alemania para el salvamento y la reestructuración de empresas en crisis no excluía, en principio, la concesión reiterada de ayudas en beneficio de la misma empresa para las mismas operaciones, la Comisión se reservó el derecho de examinar las ayudas individualmente. De forma similar, el plan de reestructuración de SANTANA Motor S. A. , filial de SUZUKI Motor Corporation Group, estaba poco definido y no era convincente; además, su objetivo no era restablecer la viabilidad de la empresa a largo plazo, por lo que la Comisión no pudo autorizar la ayuda que el Gobierno español pretendía conceder conforme a dicho plan y decidió iniciar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 CE. 214. Para compensar en la medida de lo posible los posibles efectos negativos sobre los competidores, las ayudas de reestructuración a empresas que operan en sectores que registran un exceso de capacidad estructural han de cumplir la condición de que la empresa beneficiaría reduzca su capacidad productiva de forma efectiva e irreversible. Cuando aprobó la ayuda de reestructuración concedida a la empresa italiana de fertilizantes Enichem Agricultura la Comisión hizo hincapié en la reducción irreversible de la capacidad productiva de la empresa y decidió, además, que esta condición debía respetarse hasta que los efectos de la ayuda sobre la situación competitiva en la Comunidad fueran imperceptibles. No obstante, la Comisión no pudo aprobar una garantía estatal en favor de la empresa española Guascor porque el plan de reestructuración de la empresa no parecía fijar reducciones de la capacidad productiva por lo menos en uno de sus sectores de producción en los que hay exceso de capacidad en la CE. S. p. A. , La Comisión no puede por sí misma imponer como condición la privatización de una empresa que recibe ayudas de reestructuración. No obstante, un compromiso por parte de un Estado miembro de privatizar la empresa beneficiaría de la ayuda puede ser un elemento decisivo para 129 Véanse también las Directrices comunitarias aplicables a las ayudas estatales en el sector de la aviación, DO C 350 de 10. 12. 1994,p. 5. 86 la Comisión a la hora de valorar la futura viabilidad de la empresa sin necesidad de recibir nuevas ayudas. Por lo tanto, en su decisión sobre la compatibilidad de la ayuda de reestructuración a la empresa italiana la Comisión tuvo en cuenta de fertilizantes Enichem Agricultura el compromiso ofrecido por el Gobierno italiano de privatizar la empresa. S. p. A. , 2. 7. Treuhandanstalt 215. En el mes de enero, la Comisión fijó las condiciones aplicables en 1995 para las ayudas a la privatización de empresas en los nuevos estados federados. Dichas condiciones habían sido fijadas previamente en 1991129 y en 1992130. A raíz de la disolución del Treuhandanstalt la Comisión decidió que los procedimientos y los criterios de evaluación aplicables a las privatizaciones en 1995 debían estar más en consonancia con los aplicables con respecto a otros Estados miembros. A partir de 1995, año de transición, no existirían normas especiales. La Comisión examinó algunos casos individuales de ayudas concedidas para privatizar empresas en los nuevos estados federados. El más importante, con gran diferencia frente al resto, hacía referencia a la privatización de las instalaciones petroquímicas de BSL (Buna, Sâchsische Olefinwerke, Leuna) de Dow Chemical. En noviembre, la Comisión adoptó una decisión definitiva autorizando una ayuda de 5 000 millones de ecus (9 500 millones de DM) para la reestructuración de BSL como un complejo integrado. 3. Ayudas regionales 216. La Comisión prosiguió su revisión de los regímenes vigentes de sus modalidades y de los mapas de las regiones que pueden optar a ayudas de finalidad regional (conforme a los principios de reducción de la cobertura de población y de coherencia con los mapas de los Fondos Estructurales). Se adoptaron decisiones con respecto a los Países Bajos, Bélgica (salvo Hainaut), España e Italia. De este modo, prácticamente ha concluido la campaña global de revisión de los mapas regionales; solo queda un país pendiente de revisar su mapa. Por lo que respecta a los tres países adheridos a la Comunidad el 1 de enero de 1995 (Austria, Suecia y Finlandia) , la Comisión ha aceptado los mapas elaborados por el Órgano de Vigilancia de la AELC en el marco del Espacio Económico Europeo en 1994. Asimismo, la Comisión siguió examinando, de conformidad con los artículos 92 y 93 del Tratado, la compatibilidad de las intervenciones de los Fondos Estructurales en función de los distintos objetivos e iniciativas comunitarias. D - Procedimientos (derechos de los denunciantes) 217. En su sentencia de 28 de septiembre de 1995 en el asunto T-95/94 SYTRAVAL/Comisión, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión de la Comisión de 31 de diciembre de 1993 por la que se desestimaba una denuncia de una supuesta ayuda estatal en favor de "Sécuripost", filial del servicio de correos público francés, que opera en mercados competitivos. El Tribunal consideró que la Comisión no había razonado suficientemente la desestimación de una serie de alegaciones de los denunciantes en relación con el trato preferente dado a Sécuripost por parte del Estado a través del servicio de correos. XXI Informe sobre la política de competencia, punto 249. XXII Informe sobre la política de competencia, punto 349. 87 La importancia de esta sentencia reside en las manifestaciones del Tribunal con respecto a los derechos de los denunciantes en procedimientos sobre ayudas estatales. El Tribunal declara taxativamente que la Comisión ha de examinar con imparcialidad y de forma exhaustiva todas las alegaciones formuladas por denunciantes y no puede imponer al denunciante la carga de la prueba sobre la existencia e incompatibilidad de una ayuda. De lo contrario, se exigiría a los denunciantes la obtención de información en apoyo de sus alegaciones que en muchos casos no podrían obtener sin la Comisión como intermediaria. Por consiguiente, la Comisión no puede alegar que la argumentación es insuficiente o que no puede ser analizada a causa de la escasa información facilitada por el denunciante. Las conclusiones del asunto SYTRAVAL confirman la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de septiembre de 1995 en el asunto T-49/93 SIDE/ Comisión. 218. El procedimiento de examen de las ayudas estatales por parte de la Comisión consta de dos fases: examen previo de la medida e inicio del procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 CE en los asuntos en los que la Comisión, a raíz del examen previo, sigue teniendo dudas en cuanto a la compatibilidad de aquélla con el mercado común. Mientras el Tratado establece un procedimiento para invitar a los terceros interesados para que presenten sus observaciones en el procedimiento incoado conforme al apartado 2 del artículo 93, no ocurre lo mismo con respecto al examen previo. Cuando la compatibilidad de una ayuda con el mercado común puede determinarse sin proceder a nuevos exámenes, no parece necesario que intervengan terceros antes de la decisión de la Comisión. Por lo tanto, la práctica sistemática de la Comisión ha consistido en no conceder el derecho a audiencia a terceros, incluidos los denunciantes, durante el examen previo. El Tribunal Europeo de Justicia ha corroborado esta posición en una serie de sentencias131. No obstante, además de la exigencia de examinar imparcialmente y de forma exhaustiva todas las alegaciones formuladas por el denunciante y de exponer las razones en que basó su decisión en el asunto SYTRAVAL el Tribunal de Primera Instancia impone además a la Comisión, en determinadas circunstancias, la obligación de iniciar un procedimiento contradictorio con los denunciantes en los casos que impliquen dificultades en cuanto a la calificación de determinadas medidas como ayudas estatales incluso antes de haberse iniciado el procedimiento del apartado 2 del artículo 93. Como su sentencia parece imponer obligaciones suplementarias a la Comisión en su examen de las denuncias cuando los casos plantean dudas en cuanto a la existencia de ayuda, y parece también contravenir la jurisprudencia consolidada del Tribunal Europeo de Justicia, la Comisión ha recurrido esta sentencia ante este último. Véase, en particular, el asunto 84/82 Alemania/Comisión, Rec. 1984, p. 1451. 88 E - Estadísticas 219. A lo largo del año, la Comisión registró 680 notificaciones de nuevas ayudas o de modificaciones de ayudas existentes y 113 casos de ayudas no notificadas132. Asimismo, en 504 casos decidió no formular objeciones. En 57, decidió incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE o en el apartado 4 del artículo 6 de la Decisión 3855/91/CECA como resultado de estos procedimientos. Adoptó 22 decisiones definitivas positivas, 9 negativas y 5 condicionales. Por último, propuso la adopción de las medidas apropiadas previstas en el apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE con respecto a 6 casos. Gráfico 1 : Asuntos nuevos en 1995 900 • Reexamen de la ayuda • A y u da sin notificar a Ayuda notificada 1994 1995 Estas cifras no abarcan las ayudas en los sectores de la agricultura, la pesca, los transportes y el carbón. 89 Gráfico 2 700 400 1 300 200 I 100 0 1991 Decisiones adoptadas por la Comisión 619 1992 1993 1994 1995 Cuadro 1 : Decisiones por Estado miembro Austria Bélgica Dinamarca Alemania Grecia España Finlandia Francia Irlanda Italia Luxemburgo Países Bajos Portugal Suecia Reino Unido 22 15 17 209 9 110 2 51 3 93 1 34 12 6 35 UNIÓN EUROPEA 'l I 619 II 90 V - Dimension internacional A - Espacio Económico Europeo 220. Desde la adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea, el 1 de enero de 1995, Noruega e Islandia son los únicos países de la AELC signatarios de Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Acuerdo EEE). A ellos se sumó Liechtenstein el 1 de mayo de 1995. Las normas de cooperación en materia de competencia derivadas del Acuerdo EEE y completadas por los mecanismos de concertación informal, pero sistemática, establecidos en un acuerdo entre la Comisión y el Órgano de Vigilancia de la AELC133, siguen vigentes en las relaciones con estos tres países. Por otro lado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 172 del Acta de adhesión de Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea134, los expedientes relativos a los nuevos Estados miembros pendientes de tramitación ante el Órgano de Vigilancia de la AELC fueron traspasados a la Comisión (casi 80 expedientes relativos a los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE y unos 4 00 expedientes de ayudas). B - Países de Europa central y oriental, Estados Bálticos, nuevos Estados independientes y países mediterráneos 1. Países de Europa central y oriental 221. En el contexto de la estrategia previa a la adhesión de los seis PECO asociados135, el Consejo Europeo de Essen de diciembre de 1994 subrayó la importancia no sólo de la política de competencia sino también de la necesidad de garantizar su cumplimiento. Entre otras misiones, encomendó a la Comisión el desarrollo, junto con los Estados miembros, de un programa de formación sobre la política de competencia. La Comisión y las autoridades de los Estados miembros se han reunido en varias ocasiones y han logrado mejorar la coordinación de sus actividades y emprender una importante iniciativa conjunta. En el mes de septiembre, funcionarios de los seis PECO asociados y de los Estados Bálticos participaron en un curso colectivo de formación, durante dos semanas, en la DG IV (financiado por el programa PHARE) y, posteriormente, cada uno de ellos visitó a las autoridades nacionales responsables de la competencia en un Estado miembro de la Unión. La iniciativa tuvo una excelente acogida entre los participantes. Hasta ahora, la asistencia técnica dentro del programa PHARE ha girado fundamentalmente en torno a los aspectos de la normativa de defensa de la competencia. En 1996, la atención se centrará en los monopolios, los derechos exclusivos y las ayudas estatales, dedicándose una especial atención al cumplimiento efectivo de la legislación. XXII Informe sobre la política de competencia, puntos 85 a 89 y XXIV Informe, punto 399. DO C 241 de 29. 8. 1994. Los Acuerdos Europeos con Rumania, la República Checa, Bulgaria y la República Eslovaca entraron en vigor el 1 de febrero de 1995; los suscritos con Polonia y Hungría entraron en vigor el 1 de febrero de 1994. Las normas básicas sobre competencia recogidas en los acuerdos son las del Tratado de Roma,- véase el XXIV Informe sobre la política de competencia, p. 2 83, punto 4 01. 91 El Libro Blanco de la Comisión136, que ofrece una serie de orientaciones para la integración de los PECO, resalta la importancia de una política de competencia viable para las economías en proceso de transición y establece cuatro pilares (defensa de la competencia, fusiones, ayudas estatales y monopolios públicos y derechos exclusivos) para la aproximación de las normas que los países asociados deben adoptar en estos ámbitos. Se ha avanzado significativamente en el ámbito de la defensa de la competencia; todos los países asociados menos uno disponen ya de autoridades competentes en la materia. Hasta el momento de su adhesión, estos países aceptarán el acervo comunitario y, entretanto, se está prestando asistencia técnica. Por lo que respecta a las normas de aplicación de los acuerdos europeos, las relativas a la competencia aplicables a las empresas se encuentran en proceso de adopción por parte de los consejos de asociación. En cuanto a las ayudas estatales, se está debatiendo un conjunto de normas. Un país ha dado su acuerdo a estas normas y ha iniciado el proceso formal de adopción. Otro país ha anunciado su acuerdo. La Comisión ha desarrollado varias iniciativas para difundir su política de competencia entre todos los agentes económicos de estos países. En la conferencia de Brno, celebrada en abril de 1995, el Director General de Competencia habló al numeroso público, entre el que se encontraban funcionarios de competencia y representantes del mundo económico, de la dimensión internacional de la política de competencia y de la importancia que reviste la cooperación entre las diversas autoridades responsables en este ámbito. En la conferencia de Visegrado celebrada entre el 19 y el 21 de junio de 1995, responsables de los servicios de competencia de los PECO y funcionarios de la DG IV abordaron problemas específicos que, desde el punto de vista de la competencia, plantean las economías en proceso de transición, así como la interacción de las políticas de defensa de la competencia y de ayudas estatales; se llegó a un acuerdo en torno a un programa de acción común. Entre otras cosas, se acordó establecer una red para el intercambio electrónico de datos. En otoño, el Director General de Competencia visitó Bulgaria y abordó cuestiones relativas a las ayudas estatales y los monopolios. 2. Estados Bálticos, Eslovenia y nuevos Estados independientes 222. En el contexto de la estrategia previa a la adhesión de los Estados Bálticos (Estonia, Letonia y Lituania), los acuerdos de libre cambio, que contienen las mismas normas de competencia que los acuerdos europeos celebrados con los PECO, entraron en vigor el 1 de enero de 1995. Estos acuerdos serán sustituidos próximamente por los acuerdos europeos firmados en el mes de junio de 1995; ahora estos tres Estados han de cumplir las mismas condiciones para integrarse en la estrategia previa a la adhesión que las establecidas por la Unión Europea con respecto a los PECO. En cuanto a las normas de aplicación, se ha propuesto a los Estados Bálticos el mismo marco jurídico que el relativo a los PECO. Un país ha notificado su acuerdo básico en torno a las normas aplicables a las empresas y a las ayudas estatales. Las negociaciones con Eslovenia para la firma de un acuerdo europeo siguen su curso. Se han suscrito acuerdos de asociación y cooperación con Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Kazajistan, Kirguizistán y Moldavia; aunque las normas sobre competencia son menos rigurosas que las contenidas en los acuerdos con los PECO, los acuerdos también contienen una cláusula sobre aproximación de las legislaciones. Ya se ha iniciado la cooperación, en concreto mediante la prestación de asistencia técnica dentro del programa TACIS. En este contexto, se financió una Libro Blanco de la Comisión. Preparación de los países asociados de Europa central y oriental para su integración en el mercado interior de la Unión (mayo de 1995), refrendado por el Consejo Europeo de Cannes en junio de 1995. 92 conferencia internacional organizada por las autoridades rusas responsables de la competencia en otoño de 1995 en Moscú, a la que asistió el Director General Adjunto de Competencia. En mayo y diciembre se reunió un grupo de trabajo con Rusia para estudiar la forma de comenzar la aplicación práctica del acuerdo de asociación y cooperación. 3. Países mediterráneos y Mercosur 223. Se han suscrito acuerdos de asociación con Túnez, Marruecos e Israel, y se están negociando acuerdos similares con Jordania, Egipto y Líbano. Estos acuerdos contienen, o está previsto que contengan, normas de competencias similares a las previstas en los acuerdos europeos. El acuerdo para establecer una unión aduanera con Turquía, que ya ha sido firmado y está en proceso de ratificación, contiene obligaciones extremadamente rígidas en cuanto a aproximación de la normativa, especialmente la de competencia, que deben cumplirse en períodos específicos. Cabe señalar que detrás de todos estos acuerdos bilaterales se observa un importante movimiento de armonización, lo que está en consonancia con las recomendaciones formuladas por el grupo de expertos sobre política de competencia en el nuevo orden comercial (véanse los apartados siguientes). Las negociaciones con Mercosur, incluidos algunos aspectos de la competencia, están ya en marcha. C - América del Norte 224. El Acuerdo entre la Comunidad Europea y Estados Unidos sobre aplicación de sus legislaciones de competencia fue aprobado por el Consejo Europeo el 10 de abril de 1995. Al mismo tiempo, el Consejo aprobó el texto de una carta dirigida a Estados Unidos aclarando la interpretación comunitaria de determinadas disposiciones del Acuerdo137. Esta carta, que refleja el texto de las declaraciones formuladas por la Comisión al Consejo, aclaraba dos aspectos. En primer lugar, la información a la que hacen referencia las disposiciones del artículo 20 del Reglamento n°17 o las correspondientes disposiciones contenidas en otros Reglamentos del ámbito de la competencia, no deberá ser comunicada por la Comisión a las autoridades estadounidenses de defensa de la competencia salvo acuerdo expreso de la fuente interesada. En segundo lugar, cada parte garantiza la confidencialidad de toda la información facilitada con este carácter por la otra parte y hará uso de todos los medios legales a su disposición para impedir que esta información sea revelada. La Comisión, tras remitir una comunicación a las autoridades estadounidenses, informará a los Estados miembros cuyos intereses se vean afectados por notificaciones presentadas a la Comisión por las autoridades estadounidenses de defensa de la competencia y, tras consultar con estas últimas, también informará a dichos Estados miembros sobre cualquier iniciativa de cooperación o coordinación de actividades relacionadas con el cumplimiento efectivo de la legislación. A este último respecto, no obstante, la Comisión respetará la petición de las autoridades estadounidenses de no difundir información que suministren cuando resulte necesario para garantizar su confidencialidad. DO L 95 de 27. 4. 1995 rectificado por DO L 131 de 15. 6. 1995. 93 La aprobación del Acuerdo por parte de los Estados miembros ha dado el impulso político y la seguridad jurídica que se requieren para redoblar los esfuerzos de cooperación entre la CE y Estados Unidos. A lo largo del año, las notificaciones de Estados Unidos a la CE conforme al Acuerdo han mantenido una pauta constante con un total de 35 (21 del Ministerio de Justicia y 14 de la Comisión Federal de Comercio); 21 casos se refirieron a operaciones de concentración. Las notificaciones de la CE a Estados Unidos se reanudaron a partir del 10 de abril tras una breve interrupción como consecuencia de la incertidumbre en torno a la legalidad del acuerdo conforme al Derecho comunitario138. La CE notificó a Estados Unidos 43 casos, 3 0 de los cuales afectaban a operaciones de concentración. Las reuniones bilaterales de alto nivel que se celebran dos veces al año entre la Comisión y las autoridades estadounidenses de defensa de la competencia se reanudaron el 13 de noviembre tras una interrupción de dos años. Los debates se centraron en la eficacia de la cooperación bilateral y se determinaron algunas áreas de debate para el futuro. También se abordó la futura cooperación bilateral y multilateral en el contexto del informe del grupo de expertos sobre política de competencia en el nuevo orden comercial y de la adopción, por parte de Estados Unidos, de la ley de asistencia internacional en materia de defensa de la competencia en 1994. Una parte importante de la reunión se dedicó a los mercados innovadores y a su relación con la política de competencia. El 23 de enero, el Consejo autorizó a la Comisión la apertura de negociaciones con Canadá para la firma de un acuerdo de cooperación bilateral en el ámbito de la competencia139. Una primera ronda de negociaciones a este respecto tuvo el lugar el 27 de enero de 1995; se avanzó significativamente en la definición de un borrador de acuerdo, que fue debatido por el grupo de asuntos económicos del Consejo el 6 de marzo. Se espera que las negociaciones concluyan en el primer trimestre de 1996. El 14 de noviembre se celebró una reunión informal entre la Comisión y el servicio canadiense de política de competencia para intercambiar puntos de vista sobre la reciente evolución de dicha política en la UE y Canadá. D - Japón 225. Durante 1995, las relaciones entre la DG IV y el servicio japonés de defensa de la competencia mantuvieron su buen rumbo. El 22 de noviembre se celebró en Tokio el tercer seminario organizado conjuntamente por ambas autoridades. Este seminario abordó la función de la política de competencia en una economía internacionalizada y su ámbito de aplicación. La reunión bilateral anual entre la DG IV y el servicio japonés de defensa de la competencia se celebró el 24 de noviembre. Ambas partes hicieron referencia a cuestiones relativas a las relaciones bilaterales y a temas de interés común como la liberalización y la internacionalización de las normas de competencia. También se comunicaron recíprocamente las principales evoluciones en el plano legislativo y en el ámbito de la aplicación de la normativa de competencia. 13B 139 XXIV Informe sobre la. política de competencia, punto 413. XXIV Informe sobre la política de competencia, punto 414. 94 Por otro lado, se intensificaron los contactos formales e informales con las autoridades japonesas. Así, en el contexto del "Plan de liberalización" adoptado por el Gobierno japonés en el mes de mayo, la DG IV pudo transmitir a este Gobierno sus reivindicaciones en materia de competencia, en el sentido de una aplicación más amplia y más rigurosa de la normativa, la supresión de prácticamente todas las excepciones a estas normas y el reforzamiento del servicio de defensa de la competencia. E - Australia y Nueva Zelanda 226. Durante 1995 tuvieron lugar varios contactos bilaterales con Australia. Los temas abordados en estas reuniones informales incluyen los recientes acontecimientos en la UE y Australia en el ámbito de la competencia, sobre todo en lo que respecta a la liberalización, y la reforma de la ley australiana de competencia. F - Organizaciones multilaterales y otras cuestiones internacionales 1. OCDE 227. La DG IV participó activamente en los trabajos de la OCDE relativos a la competencia. Los temas más importantes hacen referencia a la convergencia de las legislaciones, la cooperación internacional y las relaciones entre la política de competencia y el comercio internacional, en el contexto de la liberalización de los intercambios. También se abordó la aplicación de las normas de competencia en sectores liberalizados (telecomunicaciones y transporte marítimo) ; por último, se profundizó en determinados aspectos específicos o sectoriales de la aplicación de la política de competencia (empresas en quiebra y exigencias de rentabilidad, integración vertical en el sector cinematográfico, política de competencia y política del medio ambiente). La DG IV representa a la Comisión en el grupo de trabajo de subvenciones públicas del Comité de Industria de la OCDE. Gracias a su pericia, el grupo siguió contribuyendo al estudio que está llevando a cabo la OCDE sobre las subvenciones públicas al sector de transformación. 2. OMC 228. Prosiguen activamente las negociaciones en los ámbitos sectoriales en los que no se pudo llegar a un acuerdo al concluir la Ronda Uruguay, especialmente en materia de servicios de telecomunicaciones de base. En el marco de estas negociaciones, la Unión Europea presentó un proyecto de oferta que insiste sobre todo en un calendario de liberalización externa compatible con el proceso de liberalización llevado a cabo en la Unión Europea y en las garantías sobre independencia de los órganos reguladores. En el ámbito de las ayudas estatales, todos los Estados miembros se mostraron de acuerdo con la propuesta de la Comisión para establecer un procedimiento conjunto de notificación y comunicación a la Comisión y a la OMC que modifica el sistema normalizado vigente de notificación y presentación de informes anuales sobre ayudas estatales140. Como resultado de esta modificación, la notificación de las ayudas, tal y como exige el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC, y la presentación del informe anual se llevan a cabo en una sola fase. La Comisión confía en que este nuevo procedimiento alivie Carta de la Comisión D/20500 de 2. 8. 1995 que substituye la carta de la Comisión SG(94) D/2484 de 22. 2 1994. 95 la carga administrativa que recae sobre los Estados miembros y garantice un elevado grado de transparencia. 3. UNCTAD 229. La DG IV continúa estrechamente vinculada a los trabajos de la UNCTAD sobre las prácticas comerciales restrictivas. En concreto, participó en la tercera conferencia de Naciones Unidas encargada de revisar el conjunto de los principios y normas acordados por la UNCTAD en esta materia. 4. Cooperación internacional 230. El grupo de expertos creado por el Sr. Van Miert en 1994 para debatir las perspectivas de una cooperación más estrecha entre las diversas autoridades responsables de la competencia presentó su informe en julio de 1995141, formulando una serie de recomendaciones. Tras examinar brevemente la posibilidad de establecer una autoridad internacional de defensa de la competencia y un código mundial en este ámbito, el grupo abandonó esta idea al considerarla poco realista a corto o medio plazo. En cambio, consideró idóneo comenzar con la adopción de un conjunto de normas de competencia adecuado por parte de aquellos países que aún no lo tengan. A este respecto, el grupo recomendó que los países que ya posean experiencia en este ámbito presten asistencia a los demás. El grupo propuso un enfoque paralelo, que es el resultado de una combinación de dos ideas. En primer lugar, recomienda que se refuerce la cooperación bilateral entre las autoridades de competencia, estableciéndose como prioridad una profundización en la cooperación con Estados Unidos y una ampliación de la cooperación bilateral a otros países. En segundo lugar, la principal recomendación del grupo consistió en la elaboración de un marco de cooperación multilateral, dado que, en su opinión, la cooperación bilateral, incluso reforzada, no puede resolver todos los problemas que afrontan las autoridades de competencia ni impulsar de forma eficaz el cumplimiento efectivo de las normas de competencia en terceros países. Un acuerdo multilateral incluiría todos los elementos que ya están incorporados en los acuerdos bilaterales, a los que se les añadiría un conjunto de normas mínimas de competencia, un instrumento vinculante de cortesía internacional y un mecanismo efectivo y progresivo de resolución de conflictos. El 17 de julio la Comisión autorizó la presentación del informe al Consejo y al Parlamento con objeto de iniciar los debates con los principales socios de la Unión y en las organizaciones internacionales correspondientes. En una reunión celebrada entre los directores generales de competencia de los Estados miembros el 17 de octubre de 1995, se acordó la creación de un grupo de trabajo para estudiar los aspectos técnicos de algunas de las recomendaciones del grupo. Este informe también ha sido presentado al Parlamento Europeo, al Comité del artículo 113 del Consejo y a los miembros de la OCDE. La reacción inicial ha sido positiva. La política de competencia en el nuevo orden comercial. Fortalecimiento de la cooperación y de las normas internacionales. COM(95) 359 final. 96 VI - Política de información Information) 231. Durante 1995, la Comisión siguió informando activamente al público sobre la política de competencia. Igual que en años anteriores, los comunicados de prensa sobre asuntos de competencia representaron casi un tercio del total. Con sus limitados recursos, el servicio de respondió a lo largo del información de la DG IV {Cellule año a más de 1000 preguntas del público, facilitando documentación u ofreciendo asesoramiento. Desde finales de 1995, debido a la falta de recursos, la mayor parte de las peticiones de información se contestan mediante un modelo de carta que contiene una lista actualizada de las sobre competencia Publicaciones (que incluye estudios y discursos del personal de la DG IV). Durante 1995, en colaboración con la Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas, la DG IV publicó varias recopilaciones sobre la^ normativa de competencia, mientras que la EC Competition que se publica tres veces al año (en la actualidad se Newsletter, imprimen 17 000 copias) , se ha consolidado como una de las principales fuentes de información en este ámbito. Se están preparando otras publicaciones nuevas para 1996, y la DG IV proyecta introducir datos en EUROPA, la red interna de las instituciones europeas en World Wide Web143. comunitarias público1*2 disponibles Policy al Para más información y para obtener la última lista de esta publicación, póngase en contacto con la Cellule Information de la DG IV, C150 00/158, Wetstraat, 200 rue de la Loi, Bruxelles B-1049 Bruselas, teléfono: ( + 32-2) 295 76 20, fax: ( + 32-2) 295 54 37, Correo electrónico: X400: c=BE;a=RTT; p=CEC,-o=DG4 ,-s = INF04, Internet: Info4@dg4. cec. be http://www. cec. lu 97 Anexo : Asuntos mencionados en el Informe 1. Artículos 85 y 86 y Artículo 90 Case Paragraph numbers Aeropuerto de Bruxelles National Atlas-Phoenix ATR/BAe BASF/Accinauto Coapi Gas Interconnector ICG/CCI Morlaix Inmarsat-P Lufthansa/SAS " Omnitel Pronto Italia Organon Pelikan/Kyocera TACA. Unilever /Mars Van Marwijk/FNK-SCK Vebacom 120 57 61-62 36 89 82 40,43 59 77-78 109 37-38 87 73 40, 41 40,42 111 2. Control de las operaciones de concentración Case ABB/Daimler benz Crown Cork and Seal/Carnaud MetalBox Glaxo/Wellcome Lyonnaise des Eaux/Northumbrian Water Paragraph numbers 139 141 142 145 Mercedes Benz/Kássbohrer 135,137 Nordic Satellite Distribution Orkla/volvo Perrier Repola Corporation/Kymmene RTL/Veronica/Endemol Siemens/Italtel Swissair/Sabena 133 140 147 144 134 135-136 76,143 98 3. Ayudas estatales Case Air France AOM BSL (Buna, Sâchsiche Olef inwerke, Leuna) CGM Chrysler Correos francés Crédit Lyonnais DAF Belgium DAF Netherlands EM-Filature Enichem Agricultura S. p. A. Ferries Golfo De Viscaya Ferrovie dello Stato S. p. A. Fiat Mezzogiorno Ford Genk Ford Valencia Ford/VW Setubal Guascor (Gutierrez Asunce Corporación) Impuestos energía en los Países Bajos Instituto de Fomento de Andalucía Kimberley-Clark Lech-Sthlwerke GmbH Paragraph numbers 177, 178 1 81 215 185 171 198 197 168 16 8 159 159, 214 184 189 171 167 169 171 212 206 159 158 159 Legislación danesa sobre energía 202, 206 Leuna-Werke GmbH Lisnave Lufthansa Maschinenfabrik Sangerhausen GmbH NedCar-Volvo/Mitsubishi Opel Austria Opel Eisenach Régimen sueco de ayudas al empleo ROSCOS Rover _^ Santana Motor SA SEAT -Volkswagen Sector del calzado en Italia Siemens Nixdorf AG/Mainz 162 159 180 160 171 169 171 202 189 171 213 168 203 157 SNF I 1 71 I 99 Swissair-Sabena Sytraval TAP. Textilwerke Deggendorf GmbH/Comisión Tubacex 179 217 177 154 157, 160 100 ISSN 0257-9545 COM(96) 126 final DOCUMENTOS ES 08 N* de catálogo : CB-CO-96-135-ES-C ISBN 92-78-01871-6 Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas L-2985 Luxemburgo no/)