El grupo de trabajo de envejecimiento del Comité de política económica consideró que un aumento de un año en la edad de jubilación efectiva provocaría una reducción del incremento previsto del gasto público en pensiones de entre el 0,6 % y el 1% del PIB (si se da por hecho que la incidencia reducida en la jubilación anticipada no da lugar a derechos de pensión adicionales).