la ley del 28 de febrero es una ley que se establece para regular el tráfico en las ciudades y reducir los accidentes de tránsito. Esta ley fue aprobada por el Congreso Nacional y promulgada por el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un evento simbólico que se llevó a cabo frente al monumento al héroe nacional Guadalupe Victoria en la Plaza de la Constitución.
 La Ley del 28 de febrero (Ley General de Vialidad) es una normativa jurídica mexicana creada para establecer un marco legal que regulara el tráfico urbano y buscara disminuir las muertes y lesiones causadas por accidentes vehiculares en la Ciudad de México. Adoptada a través del proceso legislativo con la aprobación del Congreso de la Unión, fue firmada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y promulgada oficialmente el 28 de febrero de 2021.

Este acto simbólico tuvo lugar en una plaza significativa para la historia nacional mexicana: La Plaza de la Constitución, donde se erige un monumento al Héroe Nacional Guadalupe Victoria. Este evento no solo sirvió como reconocimiento a los principios que promueve el nuevo código legal sino también como una declaración pública de compromiso del gobierno con la mejora en las condiciones viales y seguridad de sus ciudadanos.

La Ley General de Vialidad incluye diversas disposiciones, entre ellas:

- Establece un marco para el diseño, construcción e integración de infraestructuras viales que promueva la movilidad y seguridad en las ciudades.

- Prohíbe actividades no autorizadas sobre caminos públicos urbanos y establece multas y sanciones para el incumplimiento de estas normativas.

- Fomenta estrategias de transporte público, ciclovías y peatones como alternativas viables a los vehículos motorizados para reducir la congestión vial.

- Integra un sistema de gestión vial que incluye indicadores clave para evaluar su eficiencia y efectividad en la prevención de accidentes, así como el uso sostenible del tránsito urbano.

La promulgación y ejecución de esta ley son parte de un esfuerzo más amplio por el Gobierno mexicano para mejorar las condiciones urbanas y reducir la tasa creciente de accidentes viales, considerando estos incidentes una prioridad en su agenda pública.