El director de EL PAIS sobre WikiLeaks: Lo que de verdad ocultan los Gobiernos
El interés global concitado por los papeles de  Wikileaks se explica principalmente por una razón muy simple, pero al  mismo tiempo poderosa: porque revelan de forma exhaustiva, como  seguramente no había sucedido jamás, hasta qué grado las clases  políticas en las democracias avanzadas de Occidente han estado engañando  a sus ciudadanos. EL PAÍS ha asumido desde el principio el reto de  revelar   lo que el poder oculta y responder a la obligación profesional  de informar a sus lectores. » 1. La filtración y sus consecuencias. Cuando  un viernes por la tarde del mes de noviembre Julian Assange llamó a mi  teléfono móvil, apenas le podía oír. Entrecortada por la barahúnda  habitual de un fin de semana en el aeropuerto de Roma, donde me  encontraba aquel día de regreso a Madrid, la conversación fue  extrañamente breve. Assange habla despacio, sopesa con extremo cuidado  cada palabra que pronuncia y su voz grave, como de barítono, tiende a  volverse inaudible al final de la frase, característica ésta que no  facilita precisamente la comprensión. Momentos antes los carabinieri  habían mostrado un interés especial por mi escaso equipaje, y en ese  preciso momento se aprestaban a analizar las trazas químicas de un  trapito blanco con el que previamente habían repasado todas las  superficies de mi iPad, aunque nunca supe si era en busca de explosivos,  de drogas o de las dos cosas.Se trata por lo general de una  situación que me intranquiliza, pero a la que ese día apenas presté  atención. Assange, según entendí, estaba dispuesto a facilitar a EL PAÍS  250.000 comunicaciones entre el Departamento de Estado y las embajadas de Estados Unidos   en una treintena de países, en lo que suponía de hecho la mayor  filtración de documentos secretos de la historia. Acordamos proseguir la  conversación en otro momento más propicio y luego nos despedimos.  Cuando retomamos el diálogo dos días después, esta vez ya en  profundidad, empezaron a perfilarse con una claridad inusitada las  gigantescas cuadernas del proyecto que ha venido luego a conocerse como  el cablegate. En paralelo me fui dando cuenta, con mayor  precisión si cabe, de las importantes consecuencias que de todo ello se  iban a derivar para la maquinaria diplomática de EE UU, para la  reputación de su Gobierno, la de sus aliados, la de sus adversarios,  para el futuro del periodismo y aun para el debate sobre las libertades  en las democracias occidentales.Hoy, tres semanas después de que The Guardian, The New York Times, Le Monde, Der Spiegel y EL PAÍS   comenzáramos a publicar las informaciones que ahora todo el mundo  conoce, me atrevería a afirmar que de todo este asunto se puede extraer  ya una primera conclusión, siquiera provisional, pero muy importante  según trataré de explicar luego. Más que un agudo estado de crisis de  seguridad supranacional, como anticiparon algunos, lo que verdaderamente  se ha instalado entre las élites políticas en Washington y en Europa es  una espesa atmósfera de irritación y de embarazosa contrariedad que  resulta extremadamente reveladora del alcance y del significado real de  los papeles de Wikileaks.No fueron precisamente esos los  augurios. Bien al contrario. Desde antes de publicarse la primera línea  se sucedieron las más diversas admoniciones en contra, tanto en público  como en privado. Portavoces en Washington advirtieron de la  irresponsabilidad del empeño. Los directores de los periódicos  responsables del proyecto fuimos también debidamente advertidos de que  la publicación del material que ya teníamos en nuestro poder -tanto las  crónicas elaboradas por nuestras redacciones como los despachos en las  que aquellas se basaban- pondría en peligro decenas de vidas,  arruinaría nobles esfuerzos diplomáticos vitales para cimentar la lucha  contra el terrorismo mundial y debilitaría de forma irremediable la  coalición internacional encabezada por Estados Unidos, al exponer a sus  socios a situaciones tan embarazosas que dificultarían o impedirían la  colaboración entre ellos.No me sorprendió pues que el presidente Barack Obama calificase las filtraciones de actos deplorables.  Tampoco que la secretaria de Estado Hillary Clinton utilizase esos  argumentos, casi con esas mismas palabras, durante su primera  comparecencia ante la prensa en Washington para condenar las acciones de  Wikileaks y lamentar la decisión que, sin atender a los ruegos de su  Administración, finalmente tomamos los cinco periódicos que habíamos  tenido acceso al material filtrado.Lo que éste comenzó enseguida a  revelar dejó seguramente pequeñas las peores pesadillas del  Departamento de Estado, al tiempo que levantó quejas amargas de  diplomáticos en todo el mundo. No sólo quedaban al descubierto algunas  de sus maniobras u órdenes menos confesables, sino que también se  acumulaban pruebas del doble discurso de los aliados de Washington en  los más diversos asuntos -muchos de ellos en clave estrictamente  nacional-, que veían con estupefacción cómo la publicación de los  despachos les dejaba en evidencia, ora frente a países vecinos y  aliados, ora frente a sus conciudadanos, quienes descubrían con  comprensible irritación opiniones, declaraciones o acciones de sus  líderes que les habían sido convenientemente ocultadas.» 2. América, haciendo su trabajo.  No dispongo en estos momentos de información precisa, pero resulta  evidente para cualquier observador que la Administración estadounidense  llegó bien pronto a la conclusión de que su estrategia inicial de  condenar las filtraciones, deplorar su difusión y predecir un  apocalipsis diplomático como consecuencia inmediata de su publicación no  surtía el efecto deseado. Así que pronto se articuló otra muy distinta  que encontró con rapidez su camino en hartos editoriales y artículos de  opinión en importantes periódicos, revistas y televisiones de Estados  Unidos y de otros países.Más que mentiras o engaños, los  telegramas mostrarían las habilidades de los diplomáticos  estadounidenses, según esta nueva interpretación apoyada sobre todo por  medios conservadores. Más que sus fracasos, la información que se iba  conociendo pondría de relieve cómo la maquinaria de Washington se  conduce, in situ y en privado, según los mismos altos principios  proclamados en público desde los púlpitos oficiales del Capitolio. Y en  toda ocasión, América demostraría profesar más atención a los intereses  de la seguridad internacional que a los suyos propios.Como casi  siempre y para desgracia de los españoles, se dio también una versión  castiza de las exculpaciones anteriores, que devino en estrambote  nacional cuando fueron los propios periódicos los que sostuvieron sin  rubor que la mayor parte de los contenidos de los cables filtrados, y  aun el conjunto de ellos en su totalidad, no pasaba de la categoría de  cotilleos o chismes sin valor alguno para los ciudadanos en general y  para sus lectores en particular, a los que consiguientemente se les  hurtó la información. No pocos comentaristas y tertulianos en España les  siguieron en esa tosca argumentación, por pereza mental o por otras  motivaciones igualmente espurias, ignorando así de forma bochornosa la  oleada de interés público que la publicación de los papeles de Wikileaks  ha suscitado en todo el planeta.» 3. Mintiendo a los ciudadanos.  Nada de lo anterior resultó cierto, naturalmente, como a estas alturas  han podido comprobar por sí mismos los millones de lectores que han  seguido con avidez la información en periódicos, webs, blogs y demás  contenedores informativos en todo el mundo. Sería tarea vana dedicar  mayor esfuerzo a refutarlo. Por el contrario, tengo para mí que el  interés global concitado por los papeles de Wikileaks se explica  principalmente por una razón muy simple, pero al mismo tiempo muy  poderosa: porque revelan de forma exhaustiva, como seguramente no había  sucedido jamás, hasta qué grado las clases políticas en las democracias  avanzadas de Occidente han estado engañando a sus ciudadanos.Lo  mismo cabría predicar desde luego de Gobiernos con menor pedigrí  democrático en otras zonas del mundo, lo que si se quiere resulta menos  sorprendente y, desde luego, constituiría materia de otro ensayo. Baste  reseñar aquí el inicial júbilo de la dictadura cubana, que celebró con  alborozo los apuros por los que previsiblemente iba a pasar Washington  en los días siguientes. Júbilo que se trocó primero en incomodidad al  trascender los relatos sobre el grado de implicación de sus agentes secretos en Venezuela   y otros países latinoamericanos, así como el nivel de deterioro de su  economía, y que acabó luego en insultos a este periódico y a su grupo  editor.La lista de argucias que dejan al descubierto los papeles  de Wikileaks es larga, y no pretendo aquí realizar un recuento  exhaustivo. La enumeración de algunas de entre ellas, sin embargo, sí  resulta imprescindible para la argumentación de este esbozo, pues la  mayoría afecta a los fundamentos democráticos de nuestras sociedades,  así como a su correlato moral en unos tiempos de creciente escepticismo  de los ciudadanos con sus gobernantes.Decenas de miles de  soldados libran en Afganistán una guerra que sus respectivos primeros  ministros o presidentes consideran de imposible victoria. Decenas de  miles de soldados sostienen con sus esfuerzos a un Gobierno cuya corrupción es conocida y tolerada por aquellos que les enviaron a luchar.  Según revelan los despachos de Wikileaks, ninguna de las principales  potencias occidentales involucrada cree firmemente en la posibilidad de  que el país sea viable a medio plazo, por no hablar ya de su altamente  hipotético ingreso al club de las democracias, objetivo declarado de los  combatientes. Así que a nadie debería sorprender que el vicepresidente  afgano traslade al extranjero millones de dólares en maletines con el  consentimiento de sus patronos en aras de mantener la fachada de que el  país asiático cuenta con un Gobierno si no decente, al menos  semisolvente.Pakistán se ahoga en la corrupción, mantiene un  arsenal nuclear en tan lamentable estado que cabe razonablemente temer  por su seguridad y ayuda a grupos terroristas  que se emplean a fondo contra India y en países de Occidente. Dinero en abundancia proveniente de donantes en Arabia Saudí   o los emiratos del Golfo financia también el terrorismo de grupos  suníes sin que Estados Unidos denuncie a sus firmes aliados en la región  como potencias del mal ante las tribunas internacionales. Clinton o  alguno de sus subordinados más directos ordenó espiar en la ONU   no sólo a un grupito de países raros -sospechosos desde siempre por su  excentricidad en la geopolítica global y sobre cuya necesidad de ser  espiados parece existir consenso entre los más desenvueltos- sino al  propio secretario general de la organización sin que éste, que se sepa,  haya exigido explicación alguna a semejante violación de su estatuto  internacional.Parecería ahora, a tenor de aquellos que sostienen  que los papeles de las embajadas no contienen novedades de envergadura,  que los ciudadanos estaban ya al corriente de todo lo anterior, así como  del resto de exclusivas de impacto que han inundado las primeras  páginas de los periódicos de todo el mundo durante dos semanas. No voy a  insistir más en la falacia de tal aseveración. Me interesa más señalar  que la publicación de los cables secretos revela por añadidura que, colectivamente,  la clase política en Occidente era consciente de la situación en  Afganistán, de las turbias maquinaciones de Pakistán o de las  ambigüedades de los países árabes aliados de Washington, por limitarme  únicamente a los ejemplos antes citados, en un ejercicio de doble moral  sin muchos precedentes conocidos. Sabían, pero ocultaban. Y los  destinatarios de semejante impostura eran sus electores, las sociedades  con cuyo esfuerzo en soldados y en impuestos se sostiene la guerra en  Afganistán. No me parece ya exagerada la comparación de agudos  observadores, como John Naugthon, cuando señalan que el régimen de  Karzai resulta igual de corrupto y de incompetente que el Vietnam del  Sur sostenido por Estados Unidos en los setenta. Y que Washington y la  OTAN se están hundiendo en una ciénaga, la afgana, cada vez más similar a  la que sufrió Estados Unidos con el régimen de Saigón hace cuarenta  años.» 4. La incompetencia de las élites políticas. Sin  duda argumentarán los más cínicos que nada de todo esto resulta ajeno a  la forma en la que tradicionalmente se ha conducido la alta política  internacional, y que el correlato objetivo del oficio consiste  precisamente en el mantenimiento de los secretos diplomáticos, sin los  cuales el mundo resultaría más ingobernable si cabe y por ende más  peligroso para todos. Las clases políticas a ambos lados del Atlántico  vienen por ello a transmitir un mensaje tan sencillo como ventajista:  confíen en nosotros; no intenten desvelar nuestros secretos; a cambio,  les ofrecemos seguridad.¿Pero cuánta seguridad ofrecen realmente a  cambio de aceptar tamaño chantaje moral? Poca o ninguna, pues se da la  triste paradoja de que se trata de la misma clase política que se mostró  incapaz de supervisar adecuadamente el sistema financiero internacional  cuyo estallido provocó la mayor crisis desde 1929, arruinó a países  enteros o condenó al desempleo y a la depauperación a millones de  trabajadores. Los mismos responsables del deterioro de los niveles de  vida y de riqueza de sus conciudadanos, del incierto destino del euro,  de la falta de un proyecto europeo de futuro y en fin, de la crisis de  gobernanza global que atenaza al mundo en los últimos años y a la que no  son ajenas las élites en el poder en Washington y Bruselas. No estoy  seguro de que mantener ocultos los secretos de las embajadas nos  garantice una mejor diplomacia o un desenlace más benigno a las  encrucijadas actuales.Las incompetencias de los Gobiernos  occidentales respecto a la crisis económica, el cambio climático, la  corrupción o la agresión militar ilegal en Irak y otros países han  quedado abundantemente expuestas ante la opinión pública en los últimos  años. Ahora sabemos además, gracias a los papeles de Wikileaks, que  todos ellos son conscientes de su desgraciada falibilidad, y que sólo la  inercia de las maquinarias oficiales y el poder de mantener los  secretos les evitan tener que rendir cuentas ante los ciudadanos, razón  última en una democracia.Ese poder inmenso, el de evitar que la  verdad aflore, el de mantener secretos los secretos, es el que ahora,  siquiera de forma parcial, limitada, aleatoria han venido a quebrar las  revelaciones que nos ocupan.Comprendo bien que, ante semejante  destrozo en sus reputaciones, tanto para el Gobierno de Estados Unidos  como, en un tono menor, para sus aliados occidentales resulte  irresistible centrar la culpa en Julian Asssange.  Ahí creen tener un blanco fácil. ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué  inconfesables procedimientos emplea? ¿Por qué y bajo qué condiciones  cinco grandes medios de prestigio internacional accedieron a colaborar  con él y con su organización? No son preguntas ilícitas, naturalmente, y  han sido contestadas a satisfacción en los últimos días por los  directores de los cinco periódicos que hemos llevado adelante este  proyecto, pese a que el martilleo oficial -o peor aún, el martilleo  sicario que se embosca en ciertos periódicos y televisiones- insista una  y otra vez en lo contrario.» 5. Assange y los procedimientos.  Aunque el director adjunto de EL PAÍS, Vicente Jiménez, y el  subdirector Jan Martínez Ahrens mantuvieron varias reuniones con él en  Suiza, yo sólo conozco a Assange de un encuentro en persona en Londres  que se alargó muchas horas y del par de conversaciones telefónicas que  he relatado al inicio de este texto. Insuficiente desde luego para que  pretendiera esbozar aquí un perfil con el imprescindible rigor  periodístico. Pero sí bastante para dar testimonio de que lo único que  se discutió en todos los encuentros fue la conveniencia de acordar un  calendario común de publicación y la exigencia de proteger nombres,  fuentes o datos que pudiesen poner en riesgo la vida de personas en  países en los que la pena de muerte sigue vigente, o en los que no rige  el Estado de derecho como se disfruta en Occidente.Ni hubo  petición de contraprestación económica alguna por su parte ni EL PAÍS la  hubiese aceptado. Los papeles, en sí, ofrecen una fiabilidad fuera de  todo cuestionamiento y nadie, ni siquiera en las filas de los  adversarios de su publicación, empezando por la Administración  estadounidense, ha dudado de su autenticidad.Tanta obcecación por  centrar la atención en Assange y sus métodos, tanto interés por  escrutar sus motivaciones, tantas maniobras por destruir su reputación  personal contrastan sin embargo con la colosal falta de respeto, cuando  menos, que los diplomáticos estadounidenses muestran hacia las  legislaciones, las normas y los procedimientos de los países en los que  ejercen su oficio, empezando por España, a juzgar por los cables  publicados.Lo más importante de las revelaciones de Wikileaks son  sin duda alguna las propias revelaciones, pese a que gran parte de la  cobertura mediática sobre Assange haya preferido hurgar en los supuestos  pactos inconfesables con los periódicos que hemos difundido las  informaciones, en la financiación de su organización, en su pretendida  opacidad o en unas acusaciones de agresión sexual   cuya endeblez, a expensas de lo que finalmente determine la justicia  sueca si se produce la extradición, no deja de resultar inquietante.Y pese al fascinante debate que se ha abierto sobre el futuro del periodismo   y las nuevas tecnologías en la era de Wikileaks, tampoco debería éste  centrar ahora todo el interés de los periodistas. Resulta de todo punto  imprescindible insistir por ello en que nos encontramos ante noticias de  cuya importancia solo fingen dudar aquellos interesados en ocultar los  daños que han causado en nuestras democracias.Más allá de lo que  determinen las leyes, después de quince días de revelaciones ha quedado  meridianamente claro que la Embajada de Estados Unidos en Madrid  presionó, conspiró e hizo lo posible y lo imposible para lograr aquello  que, en público, ningún embajador se hubiese atrevido ni siquiera a  sugerir, no digamos ya exigir.Todos los casos son graves, y no es  cuestión aquí y ahora de extenderse en cada uno de ellos. Pero a ningún  observador atento se le escapa que las maniobras para conseguir el archivo de los tres casos en la Audiencia Nacional   que de una manera u otra afectaban a Estados Unidos, así como las  gestiones para forzar a bancos y empresas españolas a abandonar los  negocios que de acuerdo con la legislación internacional realizaban en  Irán comparten una misma característica: el desprecio por la legislación  española, y aun por la internacional.Que los jueces españoles  sean ferozmente independientes, como recordó a la embajada en más de una  ocasión el fiscal general o algún ministro, o que ninguno de los bancos  u empresas con transacciones en Irán violase ninguna norma, no ya  española, sino tampoco de rango internacional, no fue óbice para el  ejercicio de las presiones más obscenas, de las que hemos publicado  hasta los últimos detalles.» 6. Los daños morales.  Desconozco de quién partió la orden. No sé si se trató de una directiva  recibida de Washington o fue producto del espíritu emprendedor del  propio jefe de la legación. Pero la determinación en ambos asuntos, por  lo que conocemos del relato detallado de los hechos, fue rotunda: cerrar  los casos de la Audiencia Nacional a como diese lugar e impedir los  negocios con Irán de firmas españolas.No se dudó para ello en  emplear cualquier método, sin reparar en los costes. Y los costes fueron  altos. A expensas de que se haya podido cometer algún delito tipificado  en el Código Penal que convendría aclarar debidamente, del embrollo en  la Audiencia Nacional quedó en la retina de los españoles la excesiva  promiscuidad con la embajada de ministros y fiscales, la sensación de un  doble discurso, de una doble moral, de un paisaje demoledor para la  salud democrática de este país.De forma similar, los diplomáticos  estadounidenses en Berlín advirtieron al Ejecutivo alemán de las graves  consecuencias de proseguir con el procedimiento legal contra los agentes de la CIA acusados de secuestrar a Khaled El-Masri,  ciudadano germano, y trasladarlo a Afganistán para ser interrogado bajo  tortura. El-Masri fue posteriormente abandonado en Albania toda vez que  los agentes descubrieron que habían secuestrado a la persona  equivocada. El secuestro y la tortura son delitos graves. Ningún  Gobierno, tampoco el de Estados Unidos, debería contemplarlos con la  indulgencia que transpiran los documentos secretos. Presionar a un  Gobierno aliado para evitar que los acusados sean investigados resulta  inaceptable y, francamente, encaja con dificultad con la idea de que los  papeles de Wikileaks muestran tan solo a diplomáticos estadounidenses  haciendo mal que bien su trabajo.Otro tanto cabría predicar del  caso de las empresas y bancos españoles en Irán. Para clausurar sus  magros negocios en el país de los ayatolás y sus minúsculas oficinas de  representación, en el caso de los bancos, se recurrió a conseguir información del Banco de España   que el mismo subgobernador, a la sazón José Viñals, se encargó de  recabar y hacer llegar a la Embajada. Leí con interés las explicaciones  de los portavoces del banco central. A mí no me tranquilizaron. Y puedo  imaginarme que la misma sensación que tuve de que la Embajada  estadounidense dispone de un poder excesivo sobre los principales  organismos de este país la habrán compartido muchos ciudadanos,  conscientes de la importancia de la independencia y la dignidad de las  instituciones en una sociedad democrática.La distancia entre los objetivos y los medios empleados para conseguirlos resulta por ello de una desproporción devastadora. El caso Couso  sigue abierto, un desarrollo que en última instancia honra y salva al  sistema judicial español. Los raquíticos intercambios comerciales y  financieros de las empresas y bancos españoles afectados de poco servían  para avanzar la causa de los ayatolás, ciertamente inquietante por lo  demás. Pero a cambio de lograr tan escuálido resultado no se dudó en  violar todos los procedimientos. Una democracia se compone de los más  diversos elementos, instituciones y normativas: elecciones con  regularidad, jueces independientes y prensa libre, entre muchos otros.  En la base se encuentran los procedimientos. Cuando se atropellan estos  últimos, se pone en riesgo todo lo anterior.Eso es lo que, en  última instancia, muestran los papeles de Wikileaks: un desprecio  constante por los procedimientos incompatible no solo con el  funcionamiento de las instituciones de un país sino también, o  especialmente, con la mejor tradición legal y democrática de Estados  Unidos. De paso, en su destrozo, daña más allá de cualquier reparación  posible la imagen de tantos Gobiernos que muestran, a la luz de lo  revelado hasta ahora, una necesidad de acomodo y una triste desnudez  moral que resulta patética a ojos de los ciudadanos.Es de  justicia aceptar que existe una distinción fundamental entre el Gobierno  elegido por los ciudadanos de un país, temporal siempre en su ejercicio  del poder, y el aparato militar, burocrático o diplomático en el que  aquel se sostiene, pero al que no siempre controla, o lo hace de forma  superficial, que en numerosas ocasiones funciona al margen y casi  siempre con un deficiente grado de rendición de responsabilidades. Esta  idea antigua, formulada hace ya cien años por Theodore Roosevelt en su  plataforma progresista de 1912, es lo que las revelaciones contenidas en  los papeles filtrados vienen tristemente a certificar.No digo  que Obama o Clinton no deban ofrecer explicaciones. Me limito a  constatar que casi todo lo que hemos conocido por los cables tuvo lugar  al margen e independientemente de quién ocupaba la cúpula del poder en  Washington. Que con seguridad sucedía de forma similar antes de tomar  posesión la actual Administración demócrata y con probabilidad seguirá  sucediendo cuando ésta haya abandonado la Casa Blanca.» 7. Las obligaciones de los periódicos. El poder detesta la verdad revelada, escribía sir Simon Jenkins en The Guardian   a propósito de Wikileaks. Yo añadiría que, sobre todo, el poder teme  la verdad cuando la verdad no coincide con su discurso. Aquel viernes en  que recibí la primera llamada telefónica de Assange supe de inmediato  que EL PAÍS tenía entre manos una gran historia, y que nuestro deber era  publicarla.Vinieron luego las conversaciones con el resto de  diarios, la evaluación de los pros y los contras, el cuidadoso sopesar  de las consecuencias, los días y las noches y de nuevo los días de  cavilaciones. Pero hubo algo que nunca, nadie de los que participamos en  todo el proceso puso jamás en duda: lo verdaderamente responsable, lo  legal y lo importante para las sociedades democráticas a las que nos  dirigimos -y con cuyo impulso y progreso nos sentimos comprometidos- era  dar a conocer la historia. Revelar lo oculto constituye la piedra de  toque definitiva del periodismo comprometido, y nuestra raison d'être última.Publicar  informaciones confidenciales, reservadas o cuyas consecuencias  políticas, económicas o sociales exceden de lo común plantea siempre un  dilema, sobre todo si se trata de documentos de los que los Gobiernos  puedan aducir, con razón o sin ella, que amenazan la seguridad nacional o  la vida de determinadas personas. Dar a conocer esas informaciones pone  a prueba algunos límites morales. Por supuesto, también tantea los  contornos de determinadas normas legales. A veces puede ser  irresponsable. Y siempre resulta incómodo.Los papeles del  Departamento de Estado no han sido una excepción. Y en verdad no suelen  darse tantas: en mis casi cinco años como director de este periódico la  situación no se ha producido en más de una decena de ocasiones. Puedo  entender las objeciones oficiales a hacer públicos ciertos detalles,  operaciones aún en marcha, nombres o lugares por el alto riesgo que su  publicación comporta. A evitarlo los periodistas de EL PAÍS han aplicado  toda su capacidad profesional, que es mucha, así como a proveer del  contexto necesario una información que de por sí puede resultar prolija  en exceso y difícil de seguir en todas sus consecuencias.No  comparto, naturalmente, otras objeciones. Sobre todo aquellas que  persiguen mantener ocultos hechos que no ponen en riesgo más que la  carrera política o la estatura moral de quien ha emitido opiniones  francas, en demasiadas ocasiones contrarias a aquellas que sostiene en  público, en el convencimiento de que su doble juego no corría riesgo  alguno de acabar en las primeras páginas de cinco periódicos de alcance  internacional.Soy consciente de que publicar esta información  pese a las objeciones de los Gobiernos supuso correr determinados  riesgos. Pero también sé que nos resultaba de todo punto impensable  escamotear a los lectores de EL PAÍS, a ambos lados del Atlántico, el  relato detallado de lo que nuestros Gobiernos, así como el de Estados  Unidos, hacen en nombre suyo, en el convencimiento de que, finalmente,  la información redundará siempre en un ciudadano más comprometido con la  democracia.Es tarea de los Gobiernos, no de la prensa, mantener  los secretos mientras puedan, y no seré yo quien discuta su derecho,  ciertamente legítimo, a hacerlo así siempre que ello no encubra hechos  dolosos o engaños a los ciudadanos.Pero el principal de los  deberes de un diario consiste en publicar aquello que haya averiguado, y  en buscar las noticias allá donde las pueda conseguir. Como dije ya en  un chat con los lectores de EL PAÍS, los periódicos tenemos muchas  obligaciones en una sociedad democrática: la responsabilidad, la  veracidad, el equilibrio y el compromiso con los ciudadanos. Entre ellas  no se encuentra la de proteger a los Gobiernos, y al poder en general,  de revelaciones embarazosas.(El País/Madrid; el autor es el director de El País.)