Cultura de la impunidad. De Erika Saldaña
Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo ConstitucionalErika Saldaña, 30 noviembre 2015 / EDHA medida pasan las noticias, los salvadoreños demostramos nuestro nivel de tolerancia ante ciertas situaciones. Pero no la tolerancia que deberíamos tener en el trato con los demás o sus opiniones; no aquella tolerancia que conlleva respeto a las creencias ajenas cuando no concuerdan con las propias. Los ciudadanos estamos “tolerando” (o mas bien, dejando pasar), actos de descaro de muchas personas civiles y funcionarios que realizan (o realizaron) hechos contrarios al correcto desempeño de una labor o de un cargo que le fue encomendado. Estamos permitiendo la falta de castigo para quienes realizan actos indebidos y propiciando una cultura de impunidad, donde los responsables pueden andar tranquilos a sabiendas que nada pasará.Sorprende cómo cada semana se destapan noticias que tienen que ver con dudosas actuaciones gubernamentales, legislativas, judiciales, fiscales, policiales, entre otras, y los ciudadanos nos indignamos momentáneamente, lo que dura la crónica en primera plana o un tuit en el aire; luego se nos olvida o aceptamos con resignación los hechos, describiéndolos como “el pan nuestro de cada día” o “una raya más al tigre”.Esta semana nos escandalizamos con la posible liberación de una persona que descuartizó a alguien sin cumplir ni la décima parte de la condena que recibió, y, probablemente, nos vamos a indignar lo que dura la audiencia programada por el juez, pero terminaremos aceptando la actuación de una fiscalía que solicitó el proceso abreviado y “logró” un tercio de la pena que le correspondía a un homicidio confesado. En los próximos días se llevará acabo la audiencia contra un expresidente de la República, y se levantan los rumores que la tan controvertida actuación fiscal será premiada por los partidos políticos con la reelección del actual Fiscal General, a quien el puesto le ha quedado grande. Y, si no queda más remedio, es posible que los ciudadanos terminemos aceptando tres años más de una institución sumamente cuestionada.Nos indignamos por la corrupción existente en e l sistema judicial, que estos días ha sido representada por el juez noveno de paz, suspendido por la Corte Suprema por realizar actuaciones que son incompatibles con su cargo y de las cuales debía tener conocimiento bajo el aforismo “nadie puede alegar ignorancia de la ley”, menos un juez, y los exjueces de San Miguel que están siendo procesados por actos de corrupción. Ojalá no se nos olvide y sigamos de cerca la depuración del Órgano Judicial, algo que debería realizarse en todas las instituciones estatales. También, muchos nos enojamos y entristecimos por el aceptado delito de abuso sexual de una menor de edad por un sacerdote durante varios años, que deja en evidencia el hecho que la corrupción es un riesgo latente en todo tipo de instituciones.Llevamos varios años observando cómo el gabinete de seguridad no desarrolla ningún plan que combata la delincuencia y reduzca la tasa de homicidios diarios. Con ello, nos encontramos tolerando la ausencia de castigo de las autoridades de seguridad a las personas que han cometido delitos y hemos llegado al punto de deshumanizarnos tanto que una muerte se convierte en un número más. Llevamos más de dos décadas aceptando que en todos los gobiernos hay corrupción y consolándonos bajo el efecto placebo del “antes las cosas eran peores”.Ahora bien, no todos los funcionarios, jueces, fiscales, legisladores o sacerdotes son malos, pero para que el trabajo de los buenos se refleje y aprecie de mejor manera es necesario depurar a quienes deshonran los cargos que se les ha encomendado. Los ciudadanos ya no podemos seguir tolerando la pasividad de las distintas autoridades en el ejercicio de sus funciones, ni el descaro de muchos al evadir los cuestionamientos que se les realizan, llámandolos “irrelevantes”, “cortinas de humo” o “banalidades”. No se debe permitir que las noticias que tanto nos indignan se desvanezcan y permitan a las redes de corrupción seguir perpetuándose y vivir de los fondos del Estado; ni que personas carentes de moralidad se presenten a cargos de elección popular en las próximas elecciones (populares o de segundo grado). De alguna forma, ya sea cuestionando a las autoridades o solicitando que se activen las instancias pertinentes para la investigación, los salvadoreños tenemos que erradicar la cultura de impunidad que se encuentra arraigada a nuestro sistema y que tanto daños nos hace como sociedad.