Gobierno con $772.7 Mlls. de préstamos sin usar desde 2011
Muchas de las escuelas públicas del país necesitan material didáctico, mobiliario nuevo y rehabilitar edificios.Eugenia Velásquez, 31 agosto 2015 / EDHMientras el Gobierno plantea ante la Asamblea Legislativa la necesidad de adquirir más deuda por no contar con los recursos suficientes para combatir la inseguridad y cumplir con los programas sociales, en la Memoria de Labores presentada a los diputados por el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, en junio de este año, se desprende que el Gobierno no ha utilizado ni un cinco de $448.6 millones de fondos provenientes de nueve préstamos para diferentes rubros, algunos de ellos aprobados desde 2013.También presenta una baja ejecución en 12 empréstitos más que datan desde 2011 con distintos organismos internacionales. La deuda de estos asciende a $484.3 millones, de los cuales y, según información de Hacienda, a mayo de este año, sólo se han ejecutado $160.3 millones.En total son $772.7 millones en préstamos que el FMLN desde el gobierno del expresidente Mauricio Funes no ha podido ejecutar hasta la fecha, aunque sí ha utilizado el cien por ciento de $5,059.7 millones entre deuda de libre disponibilidad y emisión de bonos. (Ver más detalles en nota aparte).Dentro de los préstamos en los que el Gobierno no ha ejecutado ni un solo centavo destaca el firmado por el Gobierno con el Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) por $71 millones el 3 de octubre de 2013.El dinero fue aprobado por la Asamblea Legislativa para comprar brazaletes electrónicos con el fin de descongestionar las cárceles, así como para ampliar el penal de Izalco y crear granjas carcelarias.De estos fondos, y según consta en la memoria de labores de Hacienda, el Estado no ha ejecutado absolutamente nada. Es más, reclama a la oposición política su rechazo a la creación de un impuesto para seguridad y a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por haber congelado la emisión de $900 millones en bonos, de los cuales $100 millones eran para el combate a la delincuencia.Seguridad y agriculturaLa presidenta del Congreso, Lorena Peña, del FMLN, matizó en días pasados que el atraso en ejecutar los $71 millones del préstamo con el BCIE se debe a que antes de implementar los brazaletes electrónicos se debe modificar la Ley Penitenciaria, una tarea pendiente por parte de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, argumentó (Ver más en la siguiente página).Otro préstamo que data de 2013 es el de Desarrollo y Modernización Rural (Prodemor Central Fase II) ratificado el 21 de noviembre de 2013 por un monto de $14.8 millones con el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).Estos fondos servirían para apoyar con proyectos de producción de granos básicos a varios municipios de la zona central y paracentral del país, tales como Cinquera, Dolores, Guacotecti, Ilobasco, Jutiapa, San Isidro, Sensuntepeque, Tejutepeque y Victoria, todos de Cabañas.También en Cojutepeque, Suchitoto, San Pedro Perulapán, San José Guayabal, Tenancingo, San Rafael Cedros, Candelaria, El Carmen, Monte San Juan, San Cristóbal, Santa Cruz Michapa, San Bartolomé Perulapía, San Ramón, El Rosario, Oratorio de Concepción, y Santa Cruz Analquito, en el departamento de Cuscatlán; entre otros.En las mismas condiciones se encuentra un préstamo por $16.2 millones para la recuperación social y económica del Centro Histórico de San Salvador. Este acuerdo se firmó con la Institución Financiera Italiana (IF) Artigiancassa, S.P.A., el 2 de mayo de 2014.Para turismoCon nula ejecución se detalla también el crédito para el desarrollo turístico de la franja costero-marina entre La Libertad y Usulután por $25 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).El ministro de Turismo, Napoleón Duarte, expresó en su momento que el dinero sería destinado a incrementar el ingreso y empleo que genera el sector turismo en las zonas de La Libertad y de la Bahía de Jiquilisco, de Usulután. “En particular para determinados grupos vulnerables de la población local, generando alternativas productivas compatibles con la conservación de la biodiversidad de dichas áreas”, manifestó Duarte.Estos son algunos de los empréstitos en los que el Gobierno no ha ejecutado nada.Para saludPero hay otros préstamos que datan desde 2011 que presentan una baja ejecución, por ejemplo, uno de $80 millones para el fortalecimiento del sistema de salud público con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), que representa al Banco Mundial.Según el ministerio de Hacienda, de este préstamo sólo se han ejecutado $5.1 millones a marzo de este año, siendo que los fondos están destinados a ampliar la cobertura en los sistemas de atención de salud, con un enfoque especial para la atención en el área rural, además de invertir en equipo médico y atención de emergencia de 16 hospitales y equipamiento para 14 más.La ratificación de este préstamo tardó en la Asamblea, ya que ARENA pidió que antes de aprobarlo se redistribuyeran $9.3 millones para comprar una nueva bomba de cobalto para dar tratamiento a los pacientes con cáncer, así como para un equipo de hemodiálisis en el hospital de Usulután. El partido otorgó sus votos hasta que se redistribuyó el dinero de la deuda.Pero han pasado cuatro años y pese a tener esos $80 millones las carencias en los hospitales siguen en aumento. Los sindicatos de los hospitales Rosales y el Bloom han protestado por la falta de medicamentos y de equipos para atender a los pacientes.Para educaciónEn igual circunstancia se encuentra otro préstamo para Educación de $60 millones, fondos que serían utilizados para implementar la Educación de Tiempo Pleno, una de las apuestas de campaña electoral del actual presidente Salvador Sánchez Cerén.En el informe de Hacienda se indica que hasta mayo de este año, de esos $60 millones el Gobierno solo ha ejecutado $12.1 millones.Para Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestros y Maestras de Educación Rural Urbana y Urbano Marginal de El Salvador (Simeduco), el atraso en echar a andar esos fondos se los atribuye al “fracaso” del programa de Tiempo Pleno, porque no ha tenido continuidad.“Fue un proyecto que se ejecutó como proyecto piloto en varias escuelas, el último informe que tuvimos fue que de las 5,264 escuelas únicamente se habían convertido en escuelas inclusivas de tiempo pleno 64”, afirmó.Y aseguró que fueron a verificar cómo estaban funcionando las escuelas y se percataron que esos 64 centros escolares ya estaban funcionando como “Escuelas 10”, un programa que instalaron los gobiernos anteriores.“Sólo les cambiaron el nombre, la diferencia fue en cuanto al tiempo de atención. Lo que hicieron fue alargar la jornada de atención a los estudiantes para permanecer todo el día en la escuela, pero esta estrategia se les ha caído en la mayoría de escuelas. En algunos centros educativos el Gobierno había contratado empresas para que vendieran almuerzos, pero los primeros tres meses dejó de pagarles y ya no le prestaron el servicio”, explicó.Zelada añadió que a raíz de esto los alumnos se iban a sus casas y por la tarde ya no tenían obligación de retornar a la escuela, por lo que muchos maestros contratados para ese programa se han quedado como un recurso “semidesperdiciado”, dijo el sindicalista.Pedirán explicacionesPara la efemelenista Lorena Peña no es cierto que hayan préstamos sin ejecutar o que tengan déficit de inversión. “Vamos a pedir que se revisen esos datos, porque efectivamente los préstamos tienen un tren de ejecución que está diseñado en el documento mismo; nunca se gasta el 100% en un año, el gasto principal va en los últimos dos o tres años. No es real que hayan préstamos al cero por ciento”, defendió.Pero ARENA critica el galopante endeudamiento que han tenido los dos Gobiernos del FMLN. La legisladora Milena de Escalón expresó que si bien algunos préstamos no se pueden desembolsar de una sola vez, no hay excusas para la baja ejecución y, peor aún, para no haber invertido nada de varios créditos que fueron aprobados desde 2013.Según De Escalón, no hacer uso de ese dinero podría tener una finalidad escondida. “¿Es que hay una estrategia abajo de eso o hay una total incapacidad? Sólo hay dos caminos: o una estrategia electorera o, sencillamente, una incapacidad para ejecutarlos”, acotó.Y agregó que cada préstamo tiene su propia unidad de seguimiento de ejecución, por lo que ARENA pedirá el detalle del avance de cada uno.Guillermo Gallegos, de GANA, expresó que “sería una lástima que tanto que cuesta aprobar un préstamo y que la ejecución sea cero o con un porcentaje muy deficiente”, por lo que añadió que también pedirán explicaciones.De igual forma, Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, afirmó que pedirán cuentas y dijo que se debe analizar en qué ha gastado el Gobierno los fondos. “Dónde ha fallado el Gobierno para no dar esa información en forma oportuna”, cuestionó. “¿Es que hay una estrategia abajo de eso o hay una total incapacidad? Sólo hay dos caminos: o una estrategia electorera o, sencillamente, una incapacidad para ejecutarlos”, Milena Calderón de Escalón, ARENA———-Gobierno tiene $138 Mlls. para seguridad que aún no ejecutaSon producto de tres préstamos, el más antiguo fue aprobado en 2013.Denuncian hacinamiento de policías por nuevas medidas de seguridadEdmee Velásquez/Eugenia Velásquez, 31 agosto 2015 / EDHAunque el FMLN sigue pidiendo a la Sala de lo Constitucional, a través de sus diputados y del Presidente Salvador Sánchez Cerén, que quite las restricciones para que el Gobierno pueda emitir $900 millones en bonos y combatir la delincuencia, tienen al menos $138 millones en préstamos que no han usado.Estos fondos, que son producto total de tres créditos otorgados por igual número de instituciones bancarias a nivel mundial, fueron aprobados entre 2013 y 2015 por la Asamblea Legislativa, para ser gestionados y disponer del dinero para el combate de la violencia.Por ejemplo, el empréstito más antiguo es el otorgado por Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que fue avalado por la Asamblea el 3 de octubre de 2013. Son $71 millones de los que puede disponer el Gobierno para el “Programa de Fortalecimiento del Sistema Penitenciario en El Salvador”.Según el decreto 503, se aprobó el contrato de préstamo No 2102 con el BCIE y desde ese año el Ejecutivo cuenta con esos fondos para mejorar el sistema penitenciario pero hasta la semana pasada no se había utilizado nada de ese dinero. Al menos no se ha informado públicamente.Fue el pasado 20 de agosto, durante un acto público de las obras con las que se finalizará la tercera etapa del penal de Izalco, que las autoridades del ministerio de Justicia y Seguridad anunciaron que se utilizarán $8 millones, de los $71 que están disponibles.Según reportes del Ministerio de Hacienda, que están en su página web, hay otros proyectos que pese a tener fondos asignados no han sido ejecutados como: la ampliación del Centro Penal de Izalco, la readecuación de granjas penitenciarias tanto en Izalco (Sonsonate), como en Zacatecoluca (La Paz) y en el municipio Santa Ana (Santa Ana).En los reportes de 2014 y 2015 también se establece que parte de los fondos del préstamo del BCIE están destinados para el fortalecimiento institucional, pero cuando se revisó el monto ejecutado hasta el momento, aparece que es de cero.Otro fondos otorgados al país por parte de instituciones extranjeras son los del banco alemán gubernamental Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), los cuales fueron aprobados el 9 de abril de 2015.Se trata de 17 millones de euros ($22 millones), de los cuales €7 millones fueron dados en calidad de préstamo (poco más de $9.1 millones) y €10 millones son producto de donación (poco más de $12.8 millones).En la memoria de labores más reciente del Ministerio de Hacienda, presentada en junio de 2015, se ven reflejados solo los $9.1 millones del préstamo y ahí se establece que aún no se ha hecho ningún desembolso al momento.Según los documentos, este dinero está destinado para financiar el proyecto “Espacios Seguros de Convivencia para Jóvenes en El Salvador, CONVIVIR”.Según las condiciones del contrato, ese dinero será utilizado únicamente para la construcción , reparación y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, cofinanciamiento del trabajo y la capacitación con jóvenes.Y el tercer préstamo es el contraído con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $45 millones. Este fue avalado por la Asamblea el 9 de abril de 2015, pero tampoco se ha utilizado el dinero. Estos fondos están destinado para un programa de apoyo integral a la estrategia de prevención de la violencia.Algunos de los proyectos en los que se debe invertir estos recursos son los brazaletes electrónicos, dotación de equipamiento para centros penales, sistemas que permitan identificar, controlar y vigilar la introducción de objetos ilícitos a las penitenciarías y proyectos que ayuden a prevenir la violencia juvenil.El BID informó a diputados de la Comisión de Hacienda, en julio pasado, que hasta el momento no se ha ejecutado ni una parte de esos fondos.Ante tal situación, diputados y representantes de partidos políticos han cuestionado que no se usen los fondos.Carmen Elena de Escalón, diputada de ARENA y miembro de la Comisión de Hacienda, considera que el motivo por el cual esto ocurre son por fines “electoreros”.“Tendríamos que ver el préstamo para cuando quedó el primer desembolso (sobre el de $45 millones) y porqué no se hizo. Fue aprobado y ratificado en abril debería estar ejecutándose, (aunque) no en su totalidad”, afirmó.Misael Mejía, diputado del FMLN, manifestó que el informe de Hacienda ya tiene desfase “de algunos días” y dice no creer que la ejecución de estos fondos este a cero.“El informe, bueno, tendría que revisarlo, no es de que esté a cero. ARENA miente cuando plantea que para el tema de seguridad hay recursos, eso no es cierto”, defendió.Manuel Rodríguez, secretario general del PCN, expresó que el Gobierno debería estar asegurando la ejecución de esos fondos.“Hay que pedir explicaciones al Ejecutivo (sobre) qué está pasando. Algunos préstamos están destinados exclusivamente para medidas especificas”, indicó.Rodolfo Parker, diputado del PDC, afirmó que le exigirán al Gobierno la ejecución de los préstamos.“¿Cuál es la manera de resolverlo? Que la ley exija poner un techo mínimo del 80% de ejecución, como se ejecutan  cada año (los préstamos), según los convenios, en ese marco que se exija”, expresó.