Debates imposibles
Supongamos, que ya es mucho suponer, que es posible  un debate público sobre la fiscalidad en España con unos gobernantes  socialistas que en menos de dos años han pasado de decir que se podía  devolver a los ciudadanos parte de sus impuestos, porque sobraba  recaudación, a afirmar ahora que los ciudadanos pagan pocos impuestos  para financiar los servicios públicos. Supongamos, que ya es mucho  suponer, que es posible un debate sobre la cuestión con unos gobernantes  que utilizan como argumento el dato bruto de la presión fiscal  comparada entre países distintos, cuando cualquiera sabe hoy que la  única comparación válida entre países es la del índice de esfuerzo  fiscal de la población, ese que tiene en cuenta la distinta capacidad  para pagar impuestos en función de la renta disponible. Pues bien, aun suponiendo lo anterior, resultaría que  a los ciudadanos nos falta un elemento de juicio esencial para poder  debatir razonablemente sobre la relación entre impuestos y servicios  públicos, un elemento que se nos oculta con alevosía y premeditación por  nuestros gobernantes de toda laya, sean los estatales, los autonómicos o  los locales. Hablo de los datos económicos sobre la eficiencia del  gasto público en la prestación de los diversos servicios, es decir, de  los datos que nos muestren cuánto invierten nuestras Administraciones  Públicas para lograr unos determinados servicios, cuál es el coste  comparativo de un mismo servicio tal como una operación cardiaca  concreta prestado en España o en Suecia, o en Bilbao y Sevilla. Porque  hablar solo del volumen del gasto público, sin contar con los datos  mínimos acerca de la eficiencia de ese gasto, es un diálogo de tontos.En  uno de los pocos sectores en que existe una comparativa internacional  continuada en el tiempo acerca de resultados del gasto público a nivel  internacional, como es el sector de la enseñanza no universitaria, los  sucesivos Informes PISA han puesto de manifiesto que no existe relación  ninguna entre volumen total del gasto público por alumno y la  competencia cognitiva o aprovechamiento obtenido por éstos (Julio  Carabaña). Que hay países, como Dinamarca y Noruega, que obtienen peores  resultados que otros que invierten mucho menos que ellos, como la  República Checa.  Que hay Comunidades Autónomas que invierten 8.858  euros anuales por alumno (País Vasco) y obtienen peores resultados que  otras que invierten 5.791 (La Rioja). Que la enseñanza concertada  obtiene los mismos resultados educativos que la pública con un coste  inferior en más de un 40%. Vamos, que la calidad de los servicios  públicos no depende en exclusiva del volumen global de la financiación a  ellos destinada, sino también depende mucho de la eficiencia de la  organización y gestión del servicio.Y sobre este punto carecemos  de datos: con lo que llegamos a la escasamente democrática situación de  que a los ciudadanos se nos piden los impuestos, pero no se nos  facilitan a cambio los índices de eficiencia comparativa de los  Gobiernos en la gestión de esos impuestos. Se nos trata en esta cuestión  (mejor dicho, nos dejamos tratar) como súbditos y no como ciudadanos.En  una reciente obra sobre la financiación de las autonomías, el  hacendista Carlos Monasterio ha puesto de manifiesto la perversión a que  ha conducido la falta de información contrastada y fiable sobre el  grado de eficiencia en la gestión de los servicios públicos por los  Gobiernos autonómicos, que son los que prestan la mayor parte de ellos  (sanidad y educación, por ejemplo). Los ciudadanos carecemos de la  información mínima para juzgar la gestión de nuestros respectivos  Gobiernos, no sabemos si lo hacen peor o mejor, no podemos someterles a  un verdadero juicio político en su gestión. Esa famosa democratic accountability que los políticos no se quitan de la boca en sus discursos, la hacen en realidad imposible en su práctica cotidiana.Es  más, nuestros gobernantes autonómicos han conseguido algo  verdaderamente pasmoso: no solo que no podamos juzgar su gestión y  corregirla en su caso en las urnas, sino que han logrado que el debate  público se desplace siempre a la presunta cicatería de la Administración  Central en la financiación. El mensaje que propalan y que ha calado en  un público indefenso es el de que cualquier deficiencia de gestión se  debe a una insuficiente provisión de financiación procedente del Estado,  nunca a su gestión mejor o peor del dinero a su disposición. Con lo que  el juego político permanente que presenciamos es el de la permanente  renegociación de la distribución de recursos entre Estado y Comunidades,  como si esa fuera la cuestión relevante y no la gestión que realmente  se hace de los recursos disponibles.Para poder establecer un  debate público serio e informado sobre impuestos y servicios públicos es  preciso que los gobernantes nos muestren la parte de la cuestión que  sistemáticamente nos ocultan: la de sus índices de gestión y resultados.  Sin ellos lo que tenemos no es debate, sino palabrería barata.(El País/España)