La otra elección. De Luis Mario Rodríguez
Los ataques a la autonomía de los magistrados, especialmente a los de la Sala de lo Constitucional, se han incrementado, llegando incluso a la amenaza de procesarlos penalmente una vez concluya su período como miembros de esa instancia.Luis Mario Rodríguez, 1 febrero 2018 / El Diario de HoyLos diputados que integren la Asamblea Legislativa a partir del 1 de mayo elegirán a cinco nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esta designación tendrá lugar en julio. Los legisladores deberán escudriñar los antecedentes de treinta candidatos procedentes, la mitad de ellos producto de la elección que efectúan los abogados, y el resto, de la lista que envíe el Consejo Nacional de la Judicatura.Sobre este tema existen dos posibles escenarios: el primero, una eventual acefalía en la Sala de lo Constitucional por no lograr las fuerzas mayoritarias un acuerdo que atienda los mandatos de la Constitución, situación que pondría en riesgo la tutela de los derechos fundamentales; y el segundo, una elección con criterios políticos que no responda al perfil del magistrado establecido en la Ley Fundamental y en las sentencias dictadas por la actual Sala, cuyos miembros ya no estarán en funciones y, por tanto, no ejercerían ningún control de legalidad.La Fundación para el Debido Proceso, un organismo internacional de carácter privado, de reconocido prestigio por su labor a favor de la justicia en el Continente, anunció que vigilará la transparencia de la designación de los nuevos magistrados. Varias universidades y organizaciones civiles solicitaron también a la OEA su asistencia. Este último organismo hemisférico veló por la limpieza del nombramiento de los jueces de la CSJ en Ecuador durante el 2005. Asimismo el gobierno boliviano requirió de nuevo los oficios de la OEA para resguardar las elecciones judiciales que se realizaron en diciembre de 2017.Son preocupantes las señales que se observan en el caso salvadoreño. Los ataques a la autonomía de los magistrados, especialmente a los de la Sala de lo Constitucional, se han incrementado, llegando incluso a la amenaza de procesarlos penalmente una vez concluya su período como miembros de esa instancia. Este comportamiento denota una clara intención de elegir para los siguientes nueve años a personas que no continúen con la labor desarrollada desde el 2009 por la Sala. Semejante realidad enfrentaría al país a una crisis de gobernabilidad por la reversión de la jurisprudencia que ha contribuido a fortalecer varios ámbitos del sistema político y democrático.Durante los últimos ocho años la justicia constitucional ha impactado positivamente al sistema político y a la democracia salvadoreña. Las diferentes resoluciones han fortalecido el acceso a la información pública, la transparencia y el combate a la corrupción.Se han sentado precedentes relativos a la “despartidización” de las instituciones públicas. Entidades como la Fiscalía General de la República, la Corte de Cuentas, el Tribunal Supremo Electoral y la misma CSJ, entre otras, estaban cooptadas ideológicamente con titulares directamente vinculados a las organizaciones partidarias; algunas mantienen esa distorsión. La Sala también obligó a que el proyecto de Presupuesto General de la Nación contemplara tanto los ingresos como los gastos ya que la práctica, desde hace más de una década, era la de aprobar este instrumento no obstante la omisión de las autoridades de incluir el financiamiento necesario para hacer frente a las inversiones que se proponían.Otros fallos han generado debate por su influencia en el sistema electoral y en la amnistía que benefició a los que intervinieron en el conflicto armado, tanto guerrilleros como miembros de la Fuerza Armada. Para una parte de la población la Sala fortaleció el sistema de representación y, para la otra, las elecciones se han complejizado. En todo caso la falta de iniciativa de los partidos, que debían revisar periódicamente el funcionamiento del sistema electoral, motivó a los ciudadanos a presentar recursos ante la Sala de lo Constitucional. Quienes hicieron la guerra y principalmente los familiares de las víctimas asesinadas en las masacres cometidas por uno y otro bando festejaron la decisión de la Sala, mientras que otros señalaron que la sentencia vendría a desestabilizar políticamente a la nación que terminó los años de violencia armada con la firma de la paz.Lo cierto es que esta otra elección es tan importante como la del próximo 4 de marzo. La observación internacional y la atención de la sociedad civil significan una garantía para sostener la independencia de la justicia.