Declaración conjunta de los presidentes de las academias venezolanas
DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHO Y LA VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN VENEZUELA.     En la presentación de sus Propuestas a la Nación el 10 de noviembre  de este año, las Academias Nacionales advirtieron sobre el deterioro de  las bases  ins­titucionales de la democracia, propia del Estado de  Derecho que para nuestro país postula la Constitución vigente, y sobre  los efectos  negativos de la infla­ción y del deterioro de la salud  pública, sobre la pérdida de la enseñanza de la historia, así como sobre  los límites de la investigación científica y la falta de planificación y  ejecución de un desarrollo sostenible.     Hoy, ante la  sanción de leyes que violan derechos constitucionales  de natura­leza inalienable e irrenunciable,  así como del principio de  la separación de los poderes y de la institucionalidad democrática, los  presidentes de las Aca­de­mias Nacionales y demás firmantes de este  documento, responsablemente denuncian ante la opinión pública nacional y  mundial  el desconocimiento del Estado de Derecho en Venezuela por la  pretensión de imponer un sistema absolutista. Ello en razón del concepto  totalitario que priva en la legislación recientemente aprobada, que no  sólo confiere ilimitadas facultades al Presi­dente de la República, y  altera la distribución del poder público de la organi­zación federal de  la  Nación, sino que también desconoce la  voluntad  electo­ral  expresada el 26 de septiembre de 2010, que reclamó un poder legislativo   mucho más plural y de mayor representatividad de los diversos sectores  nacionales en la aprobación de las leyes.     Este sistema absolutista se manifiesta  en la grave  restricción de  las libertades públicas de pensamiento, de expresión y de educación  libre, en la imposición de  controles y sanciones al derecho de  información, y en la eliminación de los fundamentos de autonomía en el  funcionamiento de las universidades, que forma parte de su esencia como  instituciones de educación superior. El senti­miento absolutista también  se exterioriza a través de la sanción de leyes que persiguen imponer un  modelo de Estado socialista y comunal, en contra de la voluntad  popular  que lo rechazó en el referéndum del año 2007, que atentan  contra el principio de la soberanía popular como fuente originaria del  poder del Estado. Adicionalmente, ese modelo excluye a los que no se  identifican con esa ideología, alterando los principios de igualdad y de  no discriminación, propias de las democracias constitucionales. Estos  desconocimientos colocan a Venezuela fuera de los estándares  democráticos de los tratados y conven­cio­nes suscritos por el Estado  venezolano.     Consideramos que la actual Asamblea Nacional altera  gravemente el  orden constitucional del Estado de Derecho, al impedir el pleno  funcionamiento de la nueva  Asamblea Nacional al restringir  sus  competencias legislativas por un período de dieciocho (18) meses, cuando  delega ampliamente en el  Presi­dente de la Republica la mayor  parte  de  su reserva legislativa, y sobre mate­rias totalmente ajenas a la  emergencia climática que se argumentó como justi­ficación de tal  delegación. Adicionalmente, la modificación del régimen interior de  debates busca limitar la discusión y deliberación de los nuevos  parlamentarios.  Estas decisiones legislativas  se  toman  con la clara  intención de evitar que los miembros de la nueva Asamblea Nacional  puedan ejercer debidamente  la representación de los votantes que los  eligieron en las  elec­ciones del 26 de  septiembre de 2010.   Creemos que las leyes sancionadas por la actual Asamblea Nacional en  su último período de sesiones desmejoran las inversiones en materias  científicas, tecnológicas y de innovación del conocimiento, y contrarían   los valores de la sociedad democrática del pluralismo, del respeto de  los derechos fundamen­tales, de la separación y del equilibrio entre los  poderes, así como de la  parti­cipación ciudadana, de la organización  federal del Estado, del sistema  económico democrático, de la seguridad  jurídica y del respeto de las minorías.  Leyes como la de  teleco­municaciones y la de responsabilidad e inhabilitación política de  los parla­mentarios, afectan la esencia misma de la dignidad de las  personas, al impo­ner controles y sanciones al ejercicio del derecho a  expresar opiniones y a disentir libremente.    A lo anterior se suma la falta de un Poder Judicial independiente que  garantice la imparcialidad de los procesos judiciales, y que asegure   que la  actuación de los gobernantes se lleve a cabo dentro de los  límites del derecho, y en armonía con los valores constitucionales y las  leyes que están destinadas a conservar­los.  Por otro lado,  la   actuación sin el  debido proceso, arbitraria y despropor­cionada, para  privar a los ciudadanos de su libertad y de sus bienes, afectan la  estabilidad personal y social de los ciudadanos y su libre   desenvol­vimiento. Hoy día en Venezuela, por todo ese  conjunto de  leyes, y por la falta de pro­tección judicial ante sus violaciones, es  cada vez más  riesgoso ejercer dere­chos intangibles como el de la  libre  expresión y de la libre manifestación política.     La utilización de la fuerza militar para ejecutar actividades civiles  y adminis­trativas, contradice sus fines institucionales y los tratados  que respecto de la seguridad ciudadana ha suscrito Venezuela, que  prohíben utilizar cuerpos pro­fesionales armados y armas de guerra en la  realización de actuaciones guber­namentales. Por lo expuesto, estimamos  que está en riesgo el sistema político democrático basado en el imperio  de la  Constitución y de la  Ley.   Dentro de ese contexto, ratificamos que el carácter ilimitado  de la   delegación conferida al Presidente de la República mediante  autorización de leyes  habi­litantes atenta contra el principio de  seguridad jurídica y el principio democrático, porque ello conduce a la  eliminación de las competencias cons­titucionales de la Asamblea  Nacional, y a la desnaturalización de la excepcio­nalidad de la  delegación legislativa.  Asimismo, rechazamos el uso de facul­tades  extraordinarias para afectar derechos económicos y sociales  fundamen­tales, como el de propiedad y el de libre  iniciativa, sin  atenerse  a  los princi­pios constitucionales que garantizan que tales  derechos no se afecten arbitra­riamente, y que tales afectaciones no  produzcan daños mayores, como el des­empleo, la escasez de productos  esenciales, la ineficiencia de los servicios públicos y la corrupción.     Particular denuncia queremos hacer sobre la gravedad de la lesión al  derecho a la libre enseñanza que representa el proyecto de Ley de  Educación Universita­ria, recientemente aprobado en primera discusión  por la Asamblea Nacional. Este instrumento legal despoja a las  universidades de su autonomía adminis­trativa, de  autogobierno, de   dirección y normativa,  al transferirse la mayor parte de sus  competencias autónomas a entes dependientes del poder ejecu­tivo, y al  someter las universi­dades a un régimen de sumisión en cuanto a sus  facultades investigativas y programáticas, imponiéndoles como modelo el  de la educación socialista y un sistema de gobierno similar al comunal.   Exigimos del poder legislativo que en la nueva  legislación se  garanticen a las Universi­dades los principios cons­titucionales de su  autonomía, es decir: 1) La  potestad para  orientar sus  pla­nes  de   estudio y de investigación de su  sistema de edu­cación. 2) La  capaci­dad para darse libremente su propia organización acadé­mica y de  concretar su libertad de enseñanza y económica. 3)  La reserva legal,   en el sentido que sólo  por ley puede  limitarse la libertad de las  univer­sidades, sin que se afecten sus elementos esenciales y    únicamente  para per­mitir la supervisión de la calidad  de la  instrucción y la  observancia de  las  grandes  directrices de la   política  educativa. 4)  La inviolabilidad del recinto universitario  como medio de pro­tección de la autonomía universitaria. 5)  El derecho  de los profesores y estu­diantes,  principalmente, como miembros  de la   comunidad universitaria,  de participar en los órganos de gobierno de  las  universidades y en sus  decisio­nes. Y,  6)  La existencia  de un  sistema  verda­deramente democrático y de respeto pleno a las libertades  públicas y a los derechos humanos, que garantice  efectivamente la  autonomía  universitaria.   Por todo lo expuesto, advertimos y denunciamos que en la actualidad  en Venezuela no están garantizados los principios fundamentales ni el  cumpli­miento  del Pacto Social del Estado de Derecho y de Justicia  de   una  socie­dad democrática y plural que postula la Constitución.   Caracas, 22 de diciembre de 2010   Blas Bruni Celli, Director de la Academia Venezolana de la LenguaElías Pino Iturrieta, Director de la Academia Nacional de la HistoriaClaudio Aoün Soulie, Presidente de la Academia Nacional de MedicinaRomán Duque Corredor, Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y SocialesBenjamín Scharifker, Presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y NaturalesPedro A. Palma, Presidente de la Academia Nacional de Ciencias EconómicasAníbal R. Martínez, Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat