El debate sobre el agua como derecho constitucional. Erika Saldaña y Roberto Rubio
Hay una polémica sobre anclar o no en la Constitución el derecho al agua. Aquí dos columnas que definen las dos posiciones, ambas desde la Sociedad Civil.Erika Saldaña y Roberto RubioDerecho al agua: ¿es necesaria la reforma constitucional?de Erika Saldaña, Sábado, 25 de Abril de 2015/EDHEn El Salvador existe un lobby orientado a la incorporación del agua como un derecho explícitamente reconocido en la Constitución, cuyo acuerdo de reforma constitucional no ha logrado los 56 votos para ser ratificado. La adición al artículo 69 establecería: «el agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes. El Estado creará las políticas públicas y la ley regulará esta materia». Cuando faltan pocos días para que la legislatura encargada de ratificar el acuerdo cese sus funciones, cabe preguntarnos, ¿es necesaria la incorporación del derecho al agua en la Constitución para volver efectivo su disfrute a cada salvadoreño?En la jurisprudencia constitucional se ha realizado una interpretación de los artículos 117, 2 y 65 de la Constitución, reconociendo la existencia del derecho al agua; así, el derecho al medio ambiente, en relación con los derechos a la vida y a la salud, permite establecer el derecho de toda persona a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible. La disponibilidad implica el abastecimiento continuo en cantidad suficiente para el uso personal y doméstico –entre 50 y 100 litros de agua por persona al día, según la Observación General N° 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU–. Además, la Sala señala que «la accesibilidad y la asequibilidad tienen que ver con la posibilidad de acceder al agua sin discriminación alguna, instalaciones adecuadas y necesarias para la prestación del servicio de acueducto, la obligación de remover barreras físicas o económicas que impidan el acceso al agua –especialmente de los más pobres y los grupos históricamente marginados– y a información relevante sobre la misma».El reconocimiento por parte de la Sala de lo Constitucional del derecho al agua es acorde a la regulación hecha por los pactos internacionales suscritos por el Estado salvadoreño, con lo cual es posible advertir la falta de una regulación legal sobre el agua, pero no una inexistencia del derecho y obligados específicos a satisfacer el mismo. En países como Perú y Costa Rica tampoco existe el derecho explícito en la Constitución, pero el desarrollo del mismo por los tribunales ha sido suficiente para garantizar el derecho a los ciudadanos. Además, en El Salvador, los derechos a la protección de datos personales, recursos judiciales y administrativos, información pública, de los consumidores y derecho a la verdad, no se encuentran establecidos expresamente en la Constitución, pero sí cuentan con un desarrollo en la ley y jurisprudencia que los hace efectivos.Según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD, el problema con este derecho es que muchas personas quedan sistemáticamente excluidas del acceso al agua a causa de la pobreza, de los limitados derechos que les reconoce la ley o de políticas públicas que restringen su acceso a las infraestructuras de abastecimiento de agua. Es aquí donde se manifiesta el rol que el Estado debe jugar, pues de toda la normativa y jurisprudencia se colige que es éste el obligado a lograr progresivamente la plena realización del derecho, el cual debe manifestarse en la garantía a todas las personas del acceso a una cantidad suficiente de agua potable para el uso personal y doméstico. El incumplimiento a dichas garantías abre la posibilidad a que el derecho pueda ser reclamado judicialmente por vulneraciones atribuidas al Estado o a los particulares.Más que una reforma constitucional que ratifique el derecho constitucional al agua, necesitamos plena voluntad del gobierno central y de ANDA de adoptar las medidas necesarias para abastecer del vital líquido; además, la Asamblea Legislativa tiene una deuda desde hace más de diez años del proyecto de la «Ley de Aguas», con la cual contribuiría a garantizar una adecuada gestión del recurso hídrico. De poco sirve que la Constitución contenga enunciado explícitamente el derecho al agua cuando no existe una política gubernamental que asuma la responsabilidad de asegurar a todas las personas el acceso al agua potable. En palabras de Gerardo Pisarello, «la constitucionalización de los derechos sociales aparecería la más de las veces como una promesa irresponsable que, supeditada al infranqueable límite de «lo financieramente posible», en poco o nada obligaría a los poderes públicos». El acceso al agua: un derecho humano fundamentalDe Roberto Rubio/27 de Abril de 2015/LPGHay que recordar que el agua es un bien público que no puede privatizarse ni quedar en las manos del mercado.El país confronta actualmente serios problemas, donde se destacan la inseguridad, la falta de empleo y el bajo crecimiento económico, la corrupción. Quizá la gravedad con que se presentan tales problemas opaca otros no mayores. Entre ellos encontramos el acceso al agua, y ya no se diga al agua potable.Según el MARN, el 90 % de nuestras aguas superficiales está contaminado y cerca de 1.5 millones de personas no tiene acceso al agua potable. Asimismo, El Salvador es el tercer país de Latinoamérica con mayor nivel de desigualdad en acceso al agua potable (PNUD).La carencia de agua potable, sus altos niveles de contaminación, su desigual acceso, sobre todo en un entorno donde el cambio climático está agudizando tales deficiencias, trae aparejado otros problemas: incrementa las enfermedades infecciosas y los gastos en salud; presiona al alza el costo para hogares, empresas o subsidios gubernamentales; impacta negativamente en la agricultura y sobre todo en la producción de alimentos; atenta contra la generación de energía hidroeléctrica.Dada la gravedad de la situación en que se encuentra el recurso hídrico y sus significativas consecuencias, es fundamental contar con políticas y manejos adecuados para dicho recurso estratégico. Un paso en tal dirección vienen siendo los esfuerzos que ha impulsado un amplio conjunto de organizaciones ciudadanas por convertir el acceso al agua en un derecho ciudadano reconocido en nuestra Constitución.Gracias a esos esfuerzos (apoyados con más de 92 mil cartas ciudadanas), el 19 de abril de 2012 la Asamblea Legislativa aprobó de manera unánime la reforma del artículo 69 de la Constitución con objeto de reconocer dicho derecho (después de cinco años de espera). Así, en la reforma de dicho artículo se estableció: “El agua es un recurso esencial para la vida, en consecuencia, es obligación del Estado aprovechar y preservar los recursos hídricos y procurar su acceso a los habitantes”.Esto mereció el reconocimiento de amplios sectores nacionales e internacionales, nos unimos a muchos países que reconocen ese derecho, y honró los compromisos y protocolos internacionales firmados por El Salvador en la materia.Ahora bien, para finalizar el proceso de reforma constitucional es necesario que la actual Asamblea Legislativa la ratifique con mayoría calificada de 56 votos. Y he acá la duda, pues durante la actual legislatura se han frustrado dos intentos de culminar el proceso de reforma constitucional, una en mayo de 2013 y otra en octubre de 2014, en buena medida debido a resistencias de diputados de ARENA, PCN y PDC.Mientras tanto, la presión ciudadana por la ratificación de la reforma continúa: el 13 de abril 135 organizaciones internacionales provenientes de 18 países presentaron a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales una carta de apoyo a las organizaciones nacionales que impulsan la reforma; el 16 de abril los relatores especiales de la ONU para el Derecho Humano al agua potable y al saneamiento enviaron una carta al presidente Sánchez Cerén haciendo un llamamiento a diferentes órganos del Estado para que adoptaran las medidas necesarias para ratificar dicha reforma constitucional; el 22 de abril cerca de 20,000 firmas provenientes de diversas partes del país fueron entregadas a la Asamblea Legislativa, para que en el marco del Día Mundial de la Tierra, sean escuchadas sus voces reclamando, entre otras peticiones, el derecho al acceso al agua. Estas peticiones han sido acompañadas por varias organizaciones de la cooperación internacional.No entendemos bien por qué tales partidos, que anteriormente dieron sus votos para la reforma, ahora se resisten a ratificarla. Tampoco entendemos cuáles son los intereses que están detrás de ello. Hay que recordar que el agua es un bien público que no puede privatizarse ni quedar en las manos del mercado, que como sabemos, suele moverse principalmente por los latidos de las ganancias y no tanto por los sentires solidarios del corazón.Quedan pocos días para que la Asamblea actual termine su período, y pueda dar un paso positivo ratificando el derecho constitucional al acceso al agua. Ojalá los intereses particulares no se sobrepongan al bienestar público.