Una nueva "ley mordaza" que apunta a silenciar determinadas voces
Fue tristemente célebre durante el menemismo. Un proyecto de ley imaginado para silenciar a medios y periodistas que se atrevieran a investigar o criticar funcionarios. Pronto se popularizaría como Ley Mordaza. Multiplicaba las penas de injurias, por encima de delitos graves como el cohecho o el enriquecimiento ilícito. Pero ni aún con el caudal político del 93, el menemismo se atrevió a darle impulso, tras la oleada de críticas que recibió.Hoy, el proyecto de radiodifusión K podría tener efectos parecidos: el silenciamiento de medios de comunicación independientes y su apoderamiento por parte del gobierno, o de empresarios amigos. El kirchnerismo no tolera a la prensa no adicta en su concepción excluyente del poder. Si el proyecto se aprobara como está, deberían cerrar o venderse a precio de remate, justo un año antes de las próximas elecciones presidenciales, canales de televisión abierta (como el 13, del Grupo Clarín, u otros del interior del país) que tienen licencias vigentes por varios años más.O deberían desaparecer numerosos canales de cable, entre ellos varios de noticias, que son los que le permiten al televidente contar con diversidad de opciones a la hora de informarse. Dato al margen: fueron estas señales las que transmitieron el debate del jueves en Diputados por la ley de medios, mientras Canal 7 emitía en "frecuencia fútbol".El proyecto K no sólo prohibe tener un canal abierto y un cable en la misma área, algo que no ocurre en ningún país del mundo. También prohibe que el titular de un cable pueda producir contenidos, salvo la señal propia de cada localidad. En otras palabras, canales como TN, que hoy llega a 5 millones de hogares, mañana podría llegar sólo a los 500 mil de la ciudad de Buenos Aires, dejando al resto del país sin esa señal de noticias. Sólo podrían ver TN quienes fueran abonados de Cablevisión, y además porteños. Lejos de democratizar, esto parece reducir las opciones de la gente.Lo mismo sucedería con América 24 o Canal 26, señales periodísticas que hoy se ven en todo el país. Si sus propietarios decidieran mantenerlas, sólo podrían funcionar como "canales propios" de sus sistemas de cable. Canal 26 sería sólo para los abonados de Telecentro y América 24 para los de Supercanal. En síntesis, de cinco canales nacionales de noticias que existen en la actualidad, tres de ellos quedarían con una "espada de Damocles". Muchísimos televidentes ya no podrían acceder a ellos. Y serían económicamente inviables. De las cinco señales de noticias, sólo dos no tendrían problemas.Tampoco en ninguna legislación del mundo se limita la producción audiovisual como lo hace esta ley. En Estados Unidos, por ejemplo, las señales más prestigiosas, como CNN o HBO, pertenecen a Time Warner, que es dueña de un gran sistema de cable. Lo único que la ley exige es que no más del 40% de los canales de ese cable sean producidos por Time Warner. Aquí, en la Argentina, se daría un extremo inédito: sólo un canal. El resto, por ejemplo Volver, Magazine, Metro o Quiero, deberían cerrar. Flaco favor a la diversidad y la producción nacional.Algo parecido sucede con las radios, que a través de repetidoras llegan a otros puntos del país. El proyecto obligaría a que radios como Continental, Cadena 3 de Córdoba, Mitre o La Red tengan que abandonar de golpe a cientos de miles de oyentes, sobre todo en el interior. Otra vez, en lugar de sumar, el proyecto resta. Las cadenas de radios coexisten con los medios locales, dándole más opciones al oyente. En la Argentina probablemente la radio será cada vez más débil.El proyecto le da al gobierno total discrecionalidad para determinar si un diario, una revista o un simple sitio de Internet pueden tener una radio o un canal. Hoy ese derecho no está sujeto al humor de ningún funcionario, ni puede ser usado como premio o castigo. Mañana sí. Otra herramienta para forjar un escenario mediático a medida.Todo el espíritu del proyecto de ley de medios K parece buscar eso: silenciar a los medios actuales, quitarles sustentabilidad u obligarlos a vender. Y a los que queden, a depender de la pauta estatal o de otros negocios. El discurso habla de buscar más voces. La realidad, de acallar las existentes.(Clarín, Argentina; http://www.clarin.com/diario/2009/09/06/elpais/p-01992969.htm)