Seguridad pública: luces y sombras. De Salvador Samayoa
Salvador Samayoa, 30 mayo 2016 / EDH-ObservadoresDiversas encuestas han reportado en los últimos días una prudente pero significativa mejoría en el porcentaje de opiniones favorables de los ciudadanos en relación con el combate a la criminalidad. Es una mejoría atribuible, sin duda, a las medidas extraordinarias de los últimos tres meses, ya que antes de marzo, culminando con la matanza de Opico, la eficacia del gobierno era prácticamente nula y la situación se percibía como más descontrolada y más grave aún que en años anteriores.Por supuesto, el cambio en la opinión pública no es para lanzar las campanas al vuelo. En primer lugar porque todavía está lejos de reflejar una opinión mayoritaria, en segundo lugar porque se trata más de expectativas que de realidades contrastadas, en tercer lugar porque hay serias dudas sobre la sostenibilidad de las medidas que han animado un poco a la gente, y en último término porque está anclado en el comprensible pero muy discutible clamor popular de uso de la violencia para terminar con la violencia.De cualquier manera, los datos de las encuestas merecen consideración. Según LPG ha subido de 9.6% a 20.4% la gente que opina ahora que el presidente está ayudando a resolver el problema de seguridad. Todavía el número es bajísimo, pero es una mejoría de más de 10 puntos. Así de mal estaba la calificación hace solo unos meses, en febrero de 2016. De igual manera ha bajado de 70.0% a 57.5% la gente que cree que el presidente no está ayudando a solucionar la inseguridad. Todavía es muy alto el número negativo, pero se ha reducido en más de 12 puntos en el último trimestre.La encuesta de «Predictvia» para EDH tiene dos lecturas, ambas importantes. La lectura negativa es que casi el 60% cree que las medidas extraordinarias contra las pandillas no están dando resultados. La lectura positiva es que casi el 40% cree que sí lo están haciendo. En condiciones normales, este dato sería malo, pero viniendo de niveles tan altos de desaprobación, que ahora un 40% califique como eficaces las medidas contra las pandillas constituye al menos una evolución digna de reconocimiento y atención.Ha mejorado la expectativa. De la realidad poco sabemos. Las instituciones del ramo de seguridad siguen sin ofrecer datos periódicos confiables, debidamente procesados, estandarizados y bien analizados, sobre los delitos más graves. No lo hacen en materia de homicidios, que hasta cierto punto son más fáciles de registrar, menos aún con delitos más difíciles de procesar.¿Quién está matando? ¿Cuál es el perfil de las víctimas de la violencia? Si mueren 400 personas en un mes, ¿cuántos son pandilleros, cuántos se mataron entre ellos, cuántos murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, cuántos son atribuibles, aunque sea hipotéticamente, a grupos de exterminio? ¿Cuántos homicidios están relacionados con la droga o con la extorsión? ¿Se mantienen las coordenadas geográficas de la violencia o están en expansión? A estas debiéramos poder responder con datos creíbles, entregados con regularidad, con verdadero celo por reflejar la realidad. En cambio, tenemos información fragmentaria, discontinua y dispersa, que no nos permite evaluar la situación con la debida claridad.El presidente está recibiendo al final de su segundo año de gobierno un cierto reconocimiento porque ha mostrado mayor liderazgo y efectividad, comenzando con el cambio de ministro y de director de la PNC, que a muchos les pareció una rueda de caballitos, pero tal vez era algo más.Después de la matanza de Opico, la célebre discusión del estado de emergencia o de excepción, a pesar de sus deficientes definiciones e interpretaciones, dejó la inédita imagen de los jefes de los tres Órganos del Estado y el titular del Ministerio Público conjurados ante la gravedad de la situación. Dejó también la semilla de un amplio consenso para la aprobación de medidas extraordinarias, tanto legislativas como administrativas, para mayor efectividad en el combate contra las pandillas.Enhorabuena al gobierno y a todos por los consensos logrados. Por cierto, no estaríamos como estamos si con similar diligencia, responsabilidad, voluntad y sentido de unidad se trataran otros problemas acuciantes de nuestra realidad. Ahora por primera vez desde el acuerdo de paz, el gobierno tiene prácticamente todo lo que ha pedido en materia de seguridad. Tiene a todos los sectores apoyando su gestión en el CSCC. Tiene todas las leyes especiales que requirió. Tiene tres recursos financieros adicionales a la cuantiosa suma aprobada para seguridad en el presupuesto general de la nación. En este sentido, el gobierno ha recibido de todas las fuerzas políticas mucho más de lo que concedió el FMLN a los gobiernos de ARENA cuando estaba en la oposición.Ahora tiene que producir mejores resultados, pero debe hacerlo superando deficiencias estructurales, perversiones institucionales e inaceptables acciones policiales. En este orden, su mayor desafío será revertir la militarización de la seguridad, evitar la violación de derechos humanos y superar la parálisis mostrada en el componente social de su estrategia general.En este último aspecto ha mostrado una preocupante incapacidad para dar vida en los barrios populares a su propio lineamiento de acción social, de mejoramiento de infraestructura comunal y de transformación educacional. Su excusa ha sido la falta de dinero, pero tal vez debiera buscar la explicación de tanta ineficacia en la deformación burocrática y en la falta de imaginación, compromiso y convicción de sus propios cuadros, tanto en el gobierno central como en la gestión municipal.En cuanto al uso de la Fuerza Armada, el decreto ejecutivo de septiembre de 2009 definió de manera imprecisa su rol y su control. Desde entonces hasta abril de 2016, sucesivos decretos no han hecho más que prorrogar la vigencia de la chapucería original. Los presidentes, además, no han rendido en la forma debida los informes establecidos en la correspondiente disposición constitucional. Esta situación debe terminar. Sería muy triste que después de tantos años de insurgencia, de guerra y de acuerdos de paz, el gobierno del FMLN pasara a la historia como el que volvió a militarizar la seguridad.