Corte Suprema avala entregar declaraciones patrimoniales
Ayer hubo acuerdo unánime para entregar información de magistrado, en cumplimiento a lo ordenado el viernes por el IAIP.Transparencia. La declaración de patrimonio del magistrado Rodolfo González (izquierda) es la primera que hará pública la CSJ, luego de que el IAIP dijera que funcionarios como están sujetos al escrutinio.J. Ávalos/E. Barrera, 30 julio 2015 / LPGEl pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) acordó ayer entregar la declaración patrimonial que presentó el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, cuando tomó posesión del cargo en 2009. Lo anterior en cumplimiento de una resolución emitida el pasado viernes por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), a favor del abogado Herbert Vega.El acuerdo fue tomado por los 14 magistrados que asistieron ayer a la reunión de corte plena, incluido el magistrado González. La información estará lista el jueves porque aún falta que los funcionarios firmen el acuerdo final.El aval del pleno de la Corte supone una autorización para que el jefe de la Sección de Probidad y el oficial de Información de la Corte entreguen todas las declaraciones patrimoniales, de funcionarios de todo rango, que sean solicitadas a futuro en la CSJ.“Es unánime la resolución para facilitarse la información patrimonial de todo funcionario público a quien lo solicita. El análisis para nosotros comprende a toda clase de funcionarios y empleados públicos que deben declarar ante la sección de Probidad, y eso incluye a los tres órganos de gobierno: Ejecutivo, legislativo y Judicial, como funcionarios de autónomas”, explicó ayer el magistrado de lo Constitucional Sidney Blanco.El plazoEl instituto falló el viernes que la CSJ cuenta con un plazo de cinco días hábiles para entregar una versión pública, es decir, que deberá omitir datos confidenciales del magistrado como números de cuentas bancarias, nombre de cónyuge e hijos, domicilios o direcciones de propiedades y placas de vehículos.“La decisión ya está tomada pero falta que se firme. El jueves se entregará. Desde mi punto de vista con esta información contribuimos a que se combata la corrupción”, comentó otro de los magistrados que avaló la decisión en la reunión de ayer.El IAIP estableció que la declaración patrimonial del magistrado no es información “reservada”, sino de carácter confidencial” como lo establece el artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), ya que contienen datos personales.“El instituto reafirma, entonces, el criterio que tanto la Constitución de la República como la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos no hacen referencia a la reserva de una información como tal, en términos regulados por la LAIP, sino a la confidencialidad, porque únicamente se puede reservar aquella información pública que es excluida temporalmente del acceso al público, mientras que la confidencialidad se atribuye a la información de naturaleza privada”, reza el fallo del IAIP.