Cuando los jueces se expresan
En los últimos meses, este diario ha publicado  artículos de miembros del poder judicial opinando acerca del  procesamiento por delito de prevaricación contra el hasta hace poco  magistrado instructor del Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. En  uno de ellos una magistrada sostenía que su voto particular oponiéndose a  la posición mayoritaria de la Sala de negar la competencia del juez  instructor para investigar los delitos de lesa humanidad del franquismo  no era prevaricar, sino simplemente discrepar. En otro, cinco  magistrados se pronunciaban sobre el significado del procedimiento en  democracia, en el que decían defender la independencia judicial frente a  críticas externas dirigidas a algunos miembros del Tribunal Supremo  favorables al procesamiento. Es evidente que en ambos casos estaban  ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Ahora bien, de ningún  modo quedan protegidas por la libertad de expresión aquellas  resoluciones judiciales que deslizan expresiones injuriosas o  reflexiones políticas o morales sobre el contenido de la ley que  aplican, como ha sido el caso del pintoresco juez Calamita y sus  consideraciones sobre la homosexualidad. La cuestión más relevante que plantea el ejercicio de  la libre expresión es su alcance y límites. Porque no es lo mismo que  el juez emita opinión en el ejercicio de la función jurisdiccional que  fuera de ella. Y de cómo se ejerza este derecho depende la garantía de  la responsabilidad judicial, que es una consecuencia del principio  constitucional de la independencia judicial, que ha de asegurar la  libertad del juez, en ausencia de presiones externas e internas, para  interpretar el Derecho conforme a la Constitución y la ley. Se trata de  un presupuesto previo para el ejercicio responsable de sus derechos y  deberes. Y es por ello que los jueces han de ser responsables  precisamente porque son independientes, razón por la cual su libertad de  expresión ha de quedar modulada cuando no impedida en tanto que  miembros que son de un poder del Estado. Porque los jueces son  servidores públicos sometidos a un estatus especial que les exige  responsabilidad jurídica -que no política- por sus actos. El control  disciplinario de éstos no les sustrae independencia sino todo lo  contrario, la refuerza.En el ejercicio de la función  jurisdiccional, la independencia y la responsabilidad del juez se  manifiestan en las resoluciones que adopta. Así, todo lo que de su  contenido no permita o no coadyuve a una fundamentación de su decisión  acorde con las reglas de la interpretación jurídica, resulta accesorio.  Los juicios de valor o la emisión de opiniones sobre la ley aplicada  pueden ser merecedores de censura jurídica y, en su caso, de  responsabilidad disciplinaria o incluso más grave. Ha de ser así, porque  en el ámbito jurisdiccional el juez representa al Estado, y éste solo  espera del mismo la exteriorización de los argumentos en los que se  apoya su resolución de acuerdo con las reglas de la razón jurídica.Es  por ello que en ejercicio estricto de la potestad jurisdiccional a  través de sus decisiones, el juez carece de libertad de expresión; lo  que el juez ejerce es la garantía de la tutela judicial que el ciudadano  demanda del Estado de acuerdo con la libertad intelectual de la que ha  de disponer para interpretar las normas aplicables al caso concreto. Una  libertad que es la base de su independencia, un principio  constitucional tributario de la suma que aportan su cultura jurídica,  formación personal y vinculación a los valores de una sociedad  democrática, como sujeto social que es. Porque el juez es un actor  social con ideología. La función que ejerce en nombre del Estado le  exige permeabilidad al contexto social en el que actúa; el poder que  ejerce sobre la libertad y el patrimonio de sus conciudadanos no es un  sacerdocio. Pero sus legítimas convicciones, sus filias y fobias, nunca  deberán alterar la lógica de sus razonamientos.Ya al margen de la  función jurisdiccional, el juez recupera el ejercicio de su libertad de  expresión en su condición de ciudadano activo. Pero la ha de ejercer  acorde con los límites que le afectan como servidor público sujeto a un  régimen jurídico especial. Ello le exige un deber de lealtad  institucional, alejamiento de la controversia política del momento (por  ejemplo, no participar en tertulias) y deferencia hacia la ley que es  expresión del principio democrático. Sentado este requisito, el juez  puede desarrollar a plenitud, y es deseable que lo haga, su actividad  científica como profesional del Derecho, a extramuros de la potestad  jurisdiccional y emitir opiniones con la debida autocontención, siempre  que no lo haga prevaliéndose de su cargo. El juez no puede ignorar que  su condición trasciende a la función que ejerce y ha de ser consciente  que con sus actuaciones externas no puede quebrantar la confianza que,  como recuerda el Tribunal Supremo (sentencia 14/7/1999), la sociedad le  reclama como representante del Estado.(El País, Madrid. El autor es catedrático de de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra.)