Brutal e insuficiente
(editorial publicado el 12 de enero 2010)Con la devaluación del bolívar decretada el viernes, Hugo Chávez ha logrado  un récord mundial. Venezuela es ya el único país del mundo en el que operarán  tres tipos de cambio: el que se aplica a alimentos y otros productos de primera  necesidad (2,6 bolívares por dólar); el general (4,3) y el del mercado negro  (6,20).La devaluación era inevitable, por la continua erosión de la posición  internacional de la economía venezolana. Y es aparentemente brutal, por cuanto  supone una pérdida de valor de su moneda del 50%. Su magnitud tiene que ver con  la tozudez de mantener durante años un tipo de cambio artificial de 2,15  bolívares por dólar, para evitar el coste del ajuste. Aunque, ironía de la  realidad, la divisa ha perdido durante el mandato chavista, desde 1999, el 87%  de su valor. Pero al mismo tiempo es insuficiente porque el bolívar se seguirá  negociando en el mercado negro, con las mismas ineficiencias y corrupciones en  los mercados de cambio y en general en las compraventas de productos importados.  Es también insuficiente (y, por tanto, efímera) porque no va acompañada de otras  medidas, presupuestarias, fiscales y salariales, que son las que afianzan en el  largo plazo los beneficios de una devaluación. La medida no se justifica como  compensación de los menores ingresos derivados del descenso del precio mundial  del petróleo, de 126 dólares en su pico máximo de julio de 2008 al entorno  actual de los ochenta, pues el caudillo populista se encontró al inicio de sus  mandatos con un precio del crudo entre 10 y 11 dólares el barril. La incompetencia de su política económica se resume así en dos datos: el  producto estrella de su exportación se ha multiplicado por ocho, y el valor de  su moneda se ha dividido por nueve. A corto plazo, la devaluación duplicará los ingresos públicos derivados  de la exportación petrolera, lo que servirá para financiar los gastos sociales  del presidente en un año electoral. Pero también alimentará la ya insólita  inflación del 25% en perjuicio del consumo popular. Combinada con la obligación legal de solicitar permiso para repatriar  dividendos, perjudica desde ya a grandes empresas internacionales instaladas en  el país, especialmente las españolas. La inepcia política y la inseguridad  jurídica se dan así la mano en desfavor de casi todos, incluidos los ciudadanos,  que verán reducido el valor de los salarios a la mitad.