Castresana: un confuso fuera de combate
Con la salida de Carlos Castresana de la Comisión  Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se evidenció el  estilo ambiguo de Naciones Unidas, cuya política consiste en hacer  saltar las alarmas para enseguida satisfacerse con recomendaciones  burocráticas y volantazos incoherentes. Es difícil que, estando contaminada por la realidad  guatemalteca y la vaguedad ideológica de Nueva York, la CICIG desbarate  los aparatos criminales que defienden sus intereses en el corazón del  Estado. Además, los enemigos de la CICIG juegan con las cartas marcadas.  Trafican al amparo de una red de infiltrados, asesinos y parásitos.  Mantienen boyante un negocio cimentado en la colonización del servicio  público.El empuje de Carlos Castresana para enfrentarse a la  mafia decayó al portarse como el boxeador que, ante el inminente choque  con un peso pesado, desperdicia su fuerza en nimiedades. El yerro de  Naciones Unidas: su debilidad por la prensa, una relación de amor-odio  que aleja a sus enviados de la discreción estratégica y hace brotar  malquerencias que pasan factura.El 12 de enero pasado, Castresana  afirmó que Rodrigo Rosenberg concibió su propio asesinato para vengarse  de Álvaro Colom y sus allegados. Al final, la bomba que el vídeo  prometía estallar resultó un globo melodramático. Gracias a la CICIG, el  presidente guatemalteco pudo envalentonarse ante la conspiración. Sin  embargo, esta ayuda simboliza el haraquiri de su independencia. Porque  si la teoría sobre el caso Rosenberg es categórica, chirría un defecto: resolver en tiempo récord el asesinato de Rosenberg, no así el caso Musa  (Khalil y Marjorie fueron ametrallados en abril de 2009 a raíz de una  disputa que, según el suicida, involucra a la élite política). Hasta  hoy, ignoramos quién ordenó sus muertes.Dos meses después de  aquella rueda de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de  Guatemala solicitó y obtuvo la prórroga del mandato de la CICIG. Aunque  su presupuesto no surge del erario local ni de la ONU, sino de las  donaciones de 16 países, sólo el Gobierno Colom puede requerir  prolongaciones. Semejante débito condiciona la labor de la CICIG. De ahí  que en su hoja de resultados no figure ningún pez gordo. En la captura  del ex presidente Alfonso Portillo, es obvio que el reclamo de EE UU fue  determinante. Que la CICIG se adjudique el éxito da señales de  confusión sobre su objetivo y sus prácticas.Con la última  designación del fiscal general ardió Troya. La Constitución establece  que su nombramiento recae en el presidente de la República, quien lo  escoge entre seis candidatos calificados por autoridades judiciales,  académicas y gremiales. Para Castresana, el grueso de los aspirantes  incumplía la idoneidad o representaba al crimen organizado. Peor:  sospechó de la propia Comisión de Postulación.En las  circunstancias actuales, ¿a quién iba a elegir Álvaro Colom? Al aliado  que pare las embestidas en su contra. Ante esa coyuntura, Castresana  dimitió asegurando que era objeto de una campaña negra. ¿Esperaba  que los criminales jugaran limpio? "Le estamos mirando la cara al  monstruo, y le sostenemos la mirada", dijo. Los capos respondieron con  hechos: "Pero no nos puedes sostener el pulso". Aquí reaparece el caso Rosenberg.  Precisamente, Mario David García -el periodista radial que recomendó al  desesperado grabar su testimonio- ventiló el rumor de que el fiscal  español tenía amoríos y favoritismos profesionales con una joven abogada  jamaicana. García, de trayectoria golpista, se dio el lujo de  entrevistar a un supuesto portavoz de la esposa de Castresana. Esta  pedrada, calumniosa o no, es la predilecta para defenestrar incómodos.Sorprende  que la CICIG reproduzca a ratos la conducta de Rosenberg: denunciar sin  probar. Mientras el muerto jura que Colom y su entorno asesinaron a los  Musa, el jefe de la CICIG acusó al fiscal general electo, Conrado  Reyes, de proteger los intereses de organizaciones ilícitas. Esa  imputación emplazaba a Castresana, no a las salas de prensa ni al  despacho presidencial, sino a los tribunales de justicia.La Corte  de Constitucionalidad revocó el 10 de junio el brevísimo periodo del  ahora ex fiscal general Conrado Reyes. Los magistrados mediaron en una  situación que empieza a desbordarse para desgracia de un país  brutalizado por la violencia.De ser cierta la adscripción de Reyes, era la ocasión para acreditar in fraganti  que el Estado guatemalteco está plagado de mafiosos. En este contexto,  las reacciones complotistas son inevitables, incluyendo contestaciones  sanguinarias, como esas cuatro cabezas mensajeras que aparecieron en la  capital, o el secuestro y descuartizamiento de una funcionaria de  presidios.Carlos Castresana tiró la toalla precipitadamente. El  Departamento de Asuntos Políticos no podía barajar, veloz y en frío, una  lista de sustitutos. Si ya tenían en mente un reemplazo -Francisco  Dall'Anese, el fiscal general de Costa Rica-, el encuentro con el  secretario general Ban Ki-moon se trató de una remoción.Los capos  de la mafia apenas mostraron las orejas del lobo a Castresana. Si  Francisco Dall'Anese acepta la servidumbre mediática y extralimita los  privilegios de su cargo, pregonando más que apretando, también habrá  mordido el polvo.(El País/Madrid. El autor es escritor guatemalteco, autor de El cálculo egoísta: inmigración y racismo en la España del siglo XXI.)