El presupuesto capturado. De Manuel Hinds
Publicado en EL DIARIO DE HOY, 4 octubre 2019Los ciudadanos se quejan mucho de que el presupuesto se hace tomando el del año anterior y luego quitando y poniendo algunas cosas al margen, tan pequeñas que realmente no causan ningún cambio excepto un crecimiento continuo que lleva a déficits y deudas más grandes. La queja tiene razón de ser. Más o menos así se hacen los presupuestos pero las razones por las cuales se hacen así no tienen que ver con haraganería de los que lo hacen sino con la rigidez intrínseca de nuestro presupuesto. Esa rigidez está determinada por gastos que una vez se comienzan a hacer no pueden cambiarse. Con el tiempo, estos gastos se han ido convirtiendo en la mayoría de las erogaciones del Estado.Hay dos tipos de rigidez en estos gastos: la legal y la política. Los salarios están entre los primeros. Una vez que una persona ha sido contratada por el gobierno es muy difícil luego prescindir de sus servicios, de tal modo que si el gobierno quiere cambiar de prioridades y ya no hacer las cosas para las cuales la persona fue originalmente contratada sino otras, despedir a esta persona y contratar a otra no está entre las posibilidades. Se ve forzado a dejar a la primera en su lugar, aunque ya no haga nada, o aunque nunca haya hecho nada, y contratar a una nueva, con lo que la planilla del gobierno va aumentando irremisiblemente y la calidad del trabajo va disminuyendo a la par.Esta rigidez del empleo en el Estado no solo va volviendo al gobierno en un aparato pesado y difícil de mover sino también lo vuelve una presa muy codiciada para que partidos políticos creen enormes redes políticamente clientelares contratando a decenas de miles de sus partidarios en puestos para los que no tienen ninguna preparación. El FMLN hizo esto, asegurándose de tres cosas: una, que sus partidarios tendrían trabajos permanentemente: dos, que, como el FMLN cobra una renta por esos empleos a sus partidarios, el partido tendría una fuente de fondeo; y, tres, que tendrían gente adentro del gobierno que les servirían para atacar con huelgas y ataques desde adentro a nuevos gobiernos en el futuro. De esta forma, el FMLN cargó a los que pagan impuestos con la manutención de su red clientelar.La otra fuente de rigidez es el servicio de la deuda del gobierno, que, aunque haya locos que dicen que esta deuda no debe pagarse si ha sido contratada por otro partido y usada para puros desperdicios, no puede dejar de pagarse. ¿Se imaginan cuánta gente estaría dispuesta a financiar al gobierno salvadoreño si este dijera que no va a pagar las deudas contratadas por los gobiernos de otros partidos? Por supuesto que nadie. No ideas infantiles en esto. Hay que pagarlas.Así, cuando se empieza a hacer el presupuesto tienen que ponerse los salarios de todos los que trabajan en el gobierno y los pagos de la deuda estatal. Pero hay otras cosas que también hay que poner como consecuencia del número de personas que trabajan en el gobierno: la compra o el mantenimiento de todas las cosas que ocupan, como papel, plumas, computadoras, etc. Y están las cosas que, aunque legalmente se pueden reducir —como los subsidios— el gobierno tiene miedo de hacerlo porque le van a protestar. Cuando ya todo esto se suma, el presupuesto ya ha alcanzado o sobrepasado el volumen que puede ser financiado. Es de este volumen que unas cositas se pueden sumar y otras restar para que el presidente le dé al presupuesto un toque personal.Esta ruta, por supuesto, lleva al desastre por dos caminos. Uno, porque, para evitar las rigideces, los nuevos gobiernos optan por tomar más dinero prestado, aumentando así la deuda, y la rigidez futura del presupuesto por el lado de las contrataciones nuevas y de las deudas para financiarlas. Dos, porque la carga muerta de empleados llevados al gobierno para formar redes clientelares se va volviendo cada vez más grande.El Salvador necesita más flexibilidad en los empleos estatales, de manera que se vuelva más fácil despedir a los que ya no se necesitan para emplear a los que sí se necesitan. Y necesita una evaluación muy seria de cuán necesarios son los subsidios ahora brindados, en comparación con los mejores servicios sociales que podrían brindarse con esos dineros.