Dos posiciones opuestas sobre la violencia en México: Joaquín Villalobos y Epigmenio Ibarra
@font-face {  font-family: "Times New Roman";}@font-face {  font-family: "Calibri";}p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { margin: 0in 0in 10pt; line-height: 115%; font-size: 11pt; font-family: Calibri; }table.MsoNormalTable { font-size: 10pt; font-family: "Times New Roman"; }div.Section1 { page: Section1; }  Siguiente Página documenta aquí dos puntos de vista opuestos de la violencia en México y de la guerra del gobierno de Felipe Calderón contra los narcotraficantes.Los dos artículos, muy diferentes también en sus formatos, provienen de dos hombres que se conocen muy bien: Joaquín Villaobos, en los años 80 comandante en jefe del ERP y miembro de la Comandancia General del FMLN, y Epigmenio Ibarra, corresponsal de guerra y ahora uno de los más influyentes productores de cine y televisión de México, se hicieron amigos durante la guerra civil salvadoreña.Ahora, en el debate sobre la violencia en México, sostienen dos puntos de vista opuestos. Epigmenio Ibarra reta al presidente Calderón en una carta publicada en Milenio a cesar la guerra contra el narcotráfico. Y Joaquín Villalobos, pocos días después, publica una análisis en Nexos apoyando la estrategia de Felipe Calderón.Es tiempo que incluyamos en nuestro debate sobre la violencia en El Salvador y las políticas para combatirla este interessante debate en México, con muchas voces calificadas. Este es un primer paso para doumentar esta discusión. Carta a Felipe CalderónEpigmenio Ibarra MILENIO, 9 diciembre 2011Se ha lanzado usted, aprovechando la ventaja estratégica que le da su posición como jefe de Estado, a una campaña intensiva para desprestigiar a quienes, haciendo uso de nuestro derecho, por amor a México, por nuestros hijos, con nuestros hijos, criticamos su estrategia de combate al narco.Nos ha tachado de calumniadores. Ha sugerido que somos faltos de entendederas, que obedecemos a propósitos político-electorales inconfesables. Que nos mueven sólo el odio y el resentimiento. Le hace falta, señor Calderón, verse al espejo.Todo su discurso parte de la tesis de que no hay otro camino para enfrentar al crimen y de que usted ha ido el único que ha tenido el coraje y la decisión de seguirlo.Se presenta usted ahora diciéndose víctima de las injurias de un pequeño grupo, como el “salvador de la patria”, el cruzado dispuesto, por el bien de la nación, a enfrentarse al sacrificio, al juicio de la historia. Pero usted, señor Calderón, no pone la sangre; los muertos son otros, son de otros.Gastando miles de millones de pesos del erario, aprovechándose de la reverencia atávica de los medios frente al poder, ha logrado establecer, al menos entre seguidores, gente atenazada por el miedo e incautos, la falsa disyuntiva: o se está de acuerdo con su estrategia o se está contra México y con los criminales.Lo cierto, señor Calderón, es que ha procedido, por decir lo menos, irresponsablemente.Lo cierto, señor Calderón, es que, al incitar al linchamiento, ha puesto en peligro la vida de cientos, quizá miles de ciudadanos. Ya jugó a sembrar el encono y la discordia en 2006; ahora, literalmente, juega con fuego.Lo cierto también es que ha promovido la acción de esos golpeadores que abundan en su gabinete y en su partido y ha puesto a los aparatos de inteligencia operativa en las redes sociales y a los mecanismos de guerra sucia propagandística a actuar con virulencia contra sus opositores.No hablo, créame, por los firmantes de la petición a la CPI de La Haya para que lo procese por su responsabilidad, en tanto comandante en jefe y artífice de la estrategia de combate contra el narco, por los crímenes de guerra que aquí se han cometido.Nosotros, los 23 mil, contra los cuales amenaza usted con proceder legalmente, estamos listos para hacerle frente. Ni somos calumniadores ni nos hacemos para atrás. En los tribunales, si usted quiere, nos veremos las caras.Hablo, señor Calderón, de otros; de los mas valiosos y también los mas vulnerables; de los defensores de derechos humanos, de los activistas por la paz que en las regiones mas peligrosas del país, luchando todos los días, se ven atrapados entre dos fuegos.Cada vez que usted sale en la televisión —y sale muchas veces— incitando al linchamiento de sus críticos pone una diana en el pecho de uno de estos luchadores sociales.Cada vez que se atreve usted a sugerir —y también lo hace con mucha frecuencia— que quien se opone a la guerra está por la negociación con los criminales, o de plano trabaja para ellos, firma una sentencia de muerte.Ya de por sí el crimen organizado anda tras ellos. Ya de por sí usted y su gobierno se han mostrado incapaces de ofrecer protección a quienes, como Nepomuceno Morales, se la solicitaron personalmente.Sus acusaciones a críticos, defensores de derechos humanos, activistas por la paz, es tomado por funcionarios, soldados y policías agobiados por el combate, marcados por la pérdida de sus compañeros y la amenaza constante contra sus vidas y las de sus familiares como instrucción de hacerse a un lado o, peor aún, como una orden para desbrozar el camino.Otro tanto sucede con esos a los que la justicia por propia mano les parece la única solución y andan buscando, como los criminales, dar lecciones, con muertes ejemplares, a sus enemigos.Habla usted mucho de la guerra y la conoce poco. Dudo, que mas allá de su identificación propagandística con las víctimas, sepa usted lo que se siente estar bajo fuego, o lo que la tensión, el peligro y el miedo provocan en cualquier ser humano.Yo he vivido de cerca el horror de la guerra. He visto también como la opinión de un líder, un juicio a la ligera de un comandante pueden costarle la vida a un ciudadano cualquiera.He sido testigo de cómo la propaganda, los dogmas de fe del poder autoritario, hacen ver a quienes lo sirven, enemigos a granel y los mueven a considerar como necesaria y urgente la muerte de esos que se consideran un obstáculo.Lo he visto a usted, señor Calderón, en cuarteles y desfiles; jamás con los soldados en el terreno, con esos que manda a matar y a morir. Tampoco lo he visto, fuera de sus zonas de confort, reunirse, siquiera, con las víctimas.Desató usted la guerra. Una guerra en la que hay siempre mas muertos y heridos, y que antes que traer paz y seguridad —ahí están los hechos— ha exacerbado la violencia.Deténgase, se lo exijo, guarde, al menos, frente a esta patria herida, respetuoso silencio.No siga ya alimentando con sangre inocente, víctima de su retórica incendiaria, de su intolerancia frente a la crítica, de sus ambiciones políticas a la guerra que es, lo dice César Vallejo, un monstruo grande y pisa fuerte.Nuevos   mitos de la guerra contra el narco  Joaquín Villalobos ( Ver   todos sus artículos )NEXOS, 1 de enero 2012    En el siguiente ensayo Joaquín  Villalobos refuta las varias lecturas sobre la violencia que en los  últimos años se han publicado en nexos. Para este  analista, la violencia no es un problema generado por una estrategia  gubernamental fallida. Es el indicador del aumento de la densidad  criminal como producto de una “aversión al conflicto” que durante mucho  tiempo llevó a administrar los problemas en vez de resolverlos.  Villalobos confronta a quienes, tomando como bandera los altos niveles  de violencia, exigen poner alto a la lucha contra el crimen organizado o  solicitan cambios de estrategia a partir de argumentaciones que él  considera endebles. Los puntos centrales del debate, afirma, no están en  cómo administrar el crimen, sino en cómo construir Estado y ciudadanía.Pobreza analítica y populismo pacifista México enfrenta cinco duras realidades con relación al tema de la lucha  contra el crimen organizado y la inseguridad: 1. La violencia es  inevitable. 2. Tomará bastante tiempo controlarla. 3. No hay atajo,  salida fácil, ni solución rápida posible. 4. No existe un “culpable”,  porque lo que se está viviendo es el resultado de un proceso histórico.  5. La violencia sólo se reducirá con un gran esfuerzo en dos aspectos:  el fortalecimiento y transformación profunda de las instituciones de  seguridad y justicia, y un cambio de los ciudadanos con respecto al  valor que tienen la ley y el orden en una sociedad democrática. México  tiene sobradas capacidades intelectuales y suficientes recursos  materiales para resolver el problema, pero ha venido enfrentando  dificultades para entender lo que está pasando.En general, en otros países, a los gobiernos se les exige  eficiencia para controlar a los violentos o delincuentes porque la gente  entiende que éstos son los que generan la violencia. En México, por el  contrario, la demanda es que termine la violencia; y esto deriva en que  hay sectores de la sociedad que exigen paz a toda costa, culpando al  gobierno por la violencia y le piden que deje de perseguir a los  violentos. Generándose lo que podemos calificar como “populismo  pacifista”. La realidad es que la violencia es simplemente una manifestación del  problema; es un indicador de lo que Guillermo Valdés, ex director del  CISEN, ha llamado crecimiento de la “densidad criminal”, y que consiste  en la suma de: la existencia de organizaciones nacionales y regionales  con amplia presencia territorial; el crecimiento de los brazos armados  de los cárteles, hasta convertirse en “ejércitos privados”; la expansión  de sus sistemas de información y la creciente disponibilidad de armas;  la penetración, cooptación o intimidación de algunos sectores sociales,  claves para la actividad criminal. Todo ello en un contexto de profunda  debilidad institucional y un mercado de drogas —internacional y  nacional— cambiante, que afecta sus ingresos. Detrás de análisis supuestamente sofisticados para demandar el final  urgente de la violencia, subyace la idea de que lo mejor hubiera sido  evitarse el conflicto y continuar conviviendo con los grupos criminales.  En otras palabras: administrar el problema en vez de resolverlo. A esto  obedecen ideas como tregua o negociación.                             En el fondo, lo que ocurre es que hay una distribución desigual de los  riesgos que genera un escenario muy complejo. Para unos la violencia  propicia un problema de percepción por el impacto de noticias  atemorizantes; pero para otros lo principal son los delincuentes como  parte de su realidad cotidiana, ante la cual viven sometidos y  humillados. Obviamente, no es lo mismo hablar de convivir con criminales  desde Santa Fe, Polanco o la Condesa, que soportarlos en Ciudad Juárez,  Nuevo Laredo o Michoacán. Esta realidad termina dividiendo a las elites del país sobre si era o no  indispensable actuar. Un escenario de unidad sólo hubiese sido posible  si la amenaza fuera percibida de igual manera por todos, pero esto  hubiera implicado actuar hasta que el problema se agravara más, como  ocurrió en Colombia. En ese sentido, decirle a la sociedad que son necesarios sacrificios,  tiempo y mucho trabajo para resolver el problema es nadar contra  corriente. Lo más sencillo y rentable es sintonizarse con el auditorio,  señalar un culpable y presentar ideas populistas sobre la paz que  supuestamente resolverían la violencia rápido, con poco esfuerzo y sin  mucho ruido. Por ello han tenido tanto éxito mediático enfoques  analíticos evidentemente pobres.  Aversión al conflicto Tiene razón mi amigo Jorge Castañeda cuando en su excelente libro Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos1  habla de un rasgo cultural de la sociedad que él llama “aversión al  conflicto”. Dice Castañeda que este rasgo “resulta  disfuncional para la  incipiente democracia mexicana e impide su desarrollo”. La tesis de  Castañeda de “aversión al conflicto” como rasgo cultural mexicano se ha  visto reflejada en distintos hechos de los últimos años, como la  decisión de no construir el nuevo aeropuerto de la ciudad de México  porque un pequeño grupo de habitantes de una comunidad se opuso; también  apareció cuando las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma  de México permanecieron tomadas por una minoría de estudiantes durante  un año; igual lo vimos cuando el gobierno de Oaxaca fue virtualmente  derrocado y mantenido bajo control rebelde durante seis meses. No es  casual que se diga que México es la ciudad con la mayor cantidad de  protestas callejeras, plantones y ocupación de plazas (algunas durante  años) en todo el planeta. Hay, en general, temor a poner orden, no  importa cuánto se afecte el interés colectivo, con tal de “evitarse un  pleito”.   Lo que Castañeda llama “aversión al conflicto” no es exclusivo de  México, se trata en realidad de un rasgo cultural del subdesarrollo,  común a otras sociedades. En Colombia, por ejemplo, se referían a ella  como la “cultura del atajo”, que consiste en buscar un camino que evite  enfrentar —y por tanto resolver— un problema. El Estado colombiano se  tomó demasiado tiempo para asumir la responsabilidad de confrontar a las  decenas de grupos armados que le disputaban autoridad en extensas zonas  de su territorio. Igual que en México hubo quienes en su momento  cuestionaron que se combatiera al crimen organizado porque decían que  eso generaría violencia. Los costos para Colombia de haber atrasado la  decisión de confrontar fue la expansión del problema, 30 años de guerra,  más de 300 mil muertos y tres millones de desplazados.2“Aversión al conflicto” significa administrar problemas en vez de  resolverlos, lo que deriva en convivir con éstos hasta que exploten.  Jorge Castañeda lo dice de forma más clara cuando dice que los mexicanos  “son renuentes a elegir entre polares o binarios. En pocas palabras,  queremos siempre ‘chiflar y comer pinole’, o ‘mamar y dar de topes’ ”.3  Los colombianos, al enfrentar mediante campañas mediáticas esta  disfuncionalidad, la señalaban como “cinismo” que debía ser superado por  el civismo. Es justamente este rasgo cultural lo que conduce a analizar  el problema de la seguridad en México desde la lógica de los  criminales, en vez de revisar y fortalecer las capacidades propias del  Estado y los ciudadanos. Muchas de las tesis que se oponen a confrontar  al crimen organizado intentan encontrar caminos para volver pacíficos a  los criminales, en vez de fortalecer al Estado para que controle a los  delincuentes. Lo primero les luce más confortable que lo segundo porque  depende de los criminales, mientras que lo segundo requiere un gran  esfuerzo propio. Sin embargo, lo que ocurrió en México es que se agotó  la posibilidad de continuar con una seguridad basada en administrar el  delito. El control social centralizado, que era el componente principal  de ese modelo, se debilitó con la pluralidad que trajo la democracia.  El viejo modelo de administración de los conflictos en su momento fue  muy exitoso. México tiene en su historia reciente niveles de represión  política comparativamente muy bajos con respecto al resto de  Latinoamérica. La cooptación como primer recurso para enfrentar  protestas sociales o grupos rebeldes funcionó muy bien y dejó un valioso  legado de tolerancia. Mientras los sindicalistas mexicanos se volvían  millonarios, los de Centroamérica y Sudamérica eran asesinados. Sin  embargo, la cooptación creó redes clientelares, desnaturalizó los  movimientos sociales, fomentó la corrupción y volvió caótica la capital y  otras ciudades del país. La cultura de movilizaciones y protestas  pagadas acabó con su carácter de recurso espontáneo de excepción. Al  punto que éstas se han deslegitimado y convertido en un ejercicio  clientelar sin ningún valor de presión. La disfuncionalidad de los  movimientos sociales y sindicatos estratégicos tendrá que ser enfrentada  y resuelta tarde o temprano.   Igualmente, el viejo modelo de seguridad está en una profunda crisis y  por ello hay tanta violencia. México necesita mandar al baúl de los  recuerdos su viejo sistema de creencias sobre “caudillos que controlaban  todo”; “delincuentes armados que eran sólo unos contrabandistas  pacíficos” y “policías mal pagadas, poco educadas, corruptas y abusivas  que funcionaban”. Ya no queda más opción que sustituir esas ideas, ahora  reaccionarias, por un ideario progresista y modernizante sobre lo que  implican la seguridad y la justicia en una sociedad democrática. El  éxito del documental Presunto culpable es una señal de  esa demanda de modernización. Historias similares podrían documentarse  sobre las policías, las prisiones, la corrupción, o sobre la complicidad  y tolerancia social al delito. 10 argumentos para evadir el conflicto Han tomado carta de naturalidad en el debate público mexicano al menos  10 argumentos para evadir el conflicto, argumentos de aversión al riesgo  y cultura del atajo. Son los siguientes.1. Primero debió prepararse la fuerza.  El crimen organizado es un enemigo que se come al Estado por dentro. En  México ya dominaba algunas ciudades y zonas del país, controlaba el  Aeropuerto Internacional de la capital, otros aeropuertos, puertos,  prisiones, y había penetrado a las instituciones municipales, estatales y  federales de seguridad y justicia. Postergar la decisión de actuar por  evadir el conflicto era permitirle que siguiera creciendo. En una  situación así la determinación para contener es mucho más importante que  esperar hasta poder hacerlo en un escenario perfecto. La primera medida  es expulsar al enemigo de los puntos vitales, después hay que  organizarse sobre la marcha e ir a buscarlo a las zonas donde éste es  más fuerte. En realidad, decir “primero debimos prepararnos” es decir de  forma indirecta que “no debimos actuar”. 2. Se debe priorizar la prevención. La  prevención supone actuar antes de una emergencia, no se puede aplicar  una política preventiva para evitar lo que ya está pasando. El dilema  entre prevención o represión es normalmente presentado como si se  tratara de alternativas separadas, cuando en realidad ambas son  indispensables para la seguridad. La dosis de una u otra depende del  nivel de desarrollo que tenga la amenaza que se está enfrentando. Las  políticas sociales no pueden reducir la densidad criminal ya existente y  tampoco pueden transformar en buenas personas a los miles de asesinos  que ya están matando en las calles. En una situación como la que  enfrenta México es tan importante tener suficientes escuelas y maestros  para garantizar seguridad en el futuro, como tener suficientes prisiones  y policías para garantizar la seguridad en el presente. En otras  palabras, no hay manera de evadir el conflicto y evitar la necesidad de  reprimir a los delincuentes. 3. Se debe usar más la inteligencia.  Lo que la mayoría de la gente sabe de inteligencia viene del imaginario  que se construyó con la propaganda de la época de la Guerra Fría. Así  que cuando se habla de inteligencia se piensa en superhombres expertos  en todo que se infiltran en las filas enemigas. La realidad es, en  sentido práctico, bastante más sencilla y, en sentido social, bastante  más compleja. La base de la inteligencia es el control social y  territorial. Esto es lo que permite contar con redes de informantes y  reclutar personas que pueden infiltrarse de forma natural en las filas  enemigas, sin necesidad de ser superhombres. Una vez que se tiene ese  dominio se producen capturas que permiten reclutar criminales y  convertirlos en informantes. Estados Unidos suele tener mucho éxito con  los criminales extraditados que al arribar a su territorio se  desmoralizan al saber que allí no serán dueños de la prisión. Esto los  lleva rápidamente a confesar y colaborar. Pero en México eran los  criminales quienes dominaban socialmente en sus zonas y quienes habían  reclutado a policías y funcionarios. Con esto podían anticiparse a los  movimientos de la autoridad y realizar sus actividades con seguridad.  Cuando las fuerzas federales empezaron a disputarles el control  territorial y comenzaron a realizarse capturas que permitieron obtener  más información para lograr nuevas capturas, se abrió un ciclo  ascendente de resultados que ha llevado a capturar a 20 de los 37 capos  más buscados. Es indispensable usar más inteligencia, pero la  inteligencia no se construye en el imaginario, ni surge sólo de una  reforma administrativa o legal, o gastando más dinero. La inteligencia  no es un instrumento mágico que permite evadir el conflicto y resolver  el problema con acciones quirúrgicas rápidas y fáciles, como en las  películas. Para tener el dominio de inteligencia, entre otras cosas, hay  que recuperar autoridad en el terreno, depurar las corporaciones  propias y controlar de verdad las prisiones. 4. Hay que negociar o acordar una tregua. Ésta es una  de las formas más ingenuas, directas y desesperadas de pretender evadir  el conflicto. Comenzó como una idea pragmática de sectores  conservadores, pero ahora ha sido asumida incluso por algunos sectores  de la izquierda. Más allá de las dificultades legales que implica, es  impracticable. Lo que existe es, esencialmente, una guerra entre  cárteles, por lo tanto el Estado tendría que convertirse en mediador y  reconciliador de los criminales. Proponerse una negociación implica  responderse estas preguntas: ¿cómo se negociaría?, ¿quiénes  representarían al Estado y quiénes a los criminales?, ¿qué se  negociaría?, y ¿cuáles serían las garantías para que unos tipos que  decapitan, descuartizan y masacran cumplan su palabra? Cuando se habla  de negociar se está confesando debilidad propia y se está reconociendo  legitimidad a los criminales. Esa legitimidad criminal se convierte en  autorización para que funcionarios y agentes de las instituciones de  seguridad y justicia acepten colaborar con los delincuentes por temor o  por dinero. Si “El  Chapo” es como “Marcos” y el “Cártel de Sinaloa” es  como los “zapatistas” no hay problema. 5. Hay que utilizar las tácticas disuasivas que utiliza Estados Unidos.  Esta otra forma de evadir el conflicto está fundada en las ideas del  académico Mark Kleiman, cuyas propuestas están basadas en el uso  quirúrgico de la coerción contra los grupos más violentos. Estas ideas  han servido para desarrollar diversos programas de seguridad por parte  de académicos e instituciones policiacas en varias regiones de Estados  Unidos y han tenido éxito en algunos casos, como en Boston (Boston Gun Project or Operation Ceasefire) y en St. Louis (Knock and Talk-Consenttosearch Project).  Sin embargo, otros proyectos fundados en los mismos principios no  pudieron demostrar su éxito —como fue el caso de programas similares en  Los Ángeles y Atlanta—. Todos estos programas fueron desarrollados para  aplicarse en zonas pequeñas y buscan el control del uso de armas de  fuego por parte de jóvenes involucrados con pandillas, y no para el  control de la violencia ejercida por organizaciones criminales  regionales o nacionales, con “ejércitos” de sicarios fuertemente  armados. Kleiman desarrolló su teoría con base a la realidad de Estados  Unidos, donde existen instituciones fuertes y sólidas y donde no hay  territorios en los cuales la soberanía del Estado esté cuestionada por  los delincuentes. Estados Unidos es, además, la primera potencia  policial y militar del planeta, posee un poder judicial que funciona, un  sistema de prisiones que no está bajo control criminal y una elevada  cultura de legalidad en los ciudadanos. En otras palabras, ni los  programas experimentales ni las teorías que los sustentan fueron  pensados para las selvas colombianas, las favelas brasileñas, el Petén  de Guatemala, las maras de San Salvador, los barrios de Ciudad Juárez o  los dominios del Chapo Guzmán en el triángulo dorado.  Entre Estados Unidos y México existe un claro escenario asimétrico,  México tiene más pobreza, menos fortaleza institucional, más corrupción,  elevados niveles de complicidad social con los delincuentes y un  sistema judicial particularmente débil y corrupto. El problema de  Estados Unidos son las drogas y el de México es su propia seguridad. En  algunas zonas de México los criminales están en tal ventaja que sin  teorizar mucho han inventado una eficaz táctica disuasiva a la que  llaman: “plata o plomo”. 6. Se debe perseguir sólo a los cárteles violentos.  Esta premisa está de hecho cumplida en la realidad porque el gobierno  actúa concentrando fuerzas sobre un grupo, avanza por partes y busca  evitar combatir en muchos frentes al mismo tiempo; todos ellos son  principios tácticos básicos de un plan, pero no son la estrategia. La  meta estratégica es siempre desmantelar a todas las organizaciones  criminales. Sería un error grave que por evadir el conflicto se combata  sólo a una, mientras se deja funcionar a otras porque se las supone más  “pacíficas”. A las organizaciones criminales se las puede dividir en dos  grupos: las que son más violentas que corruptoras; y las que son más  corruptoras que violentas. En Colombia consideraron que el cártel más  peligroso no era el más violento de Pablo Escobar en Medellín, sino el  de Cali porque era el que había penetrado más a las instituciones de  seguridad. No existen organizaciones criminales pacíficas. Por lo tanto,  la única diferencia entre estos grupos es cómo usan la violencia. Los  violentos la usan de forma reactiva y son más visibles; los corruptores,  por el contrario, la usan de forma más selectiva y tratan de ser menos  visibles. Los segundos acumulan más fuerza y debilitan más al Estado,  por lo tanto su violencia tiene más poder de intimidación. 7. Es un error fragmentar a los cárteles. En primer  lugar, la fragmentación de los cárteles viene ocurriendo desde hace más  de 15 años como resultado de sus propios conflictos y los cambios en el  mercado internacional de drogas, y no sólo por los golpes que les han  asestado los distintos gobiernos. Hace 30 años existían sólo dos grandes  cárteles, ahora hay más de una docena con distintas capacidades. Todos  han sido debilitados por la acción del Estado y, efectivamente, esto los  empuja a fragmentarse más. Debemos suponer que quienes argumentan que  su fragmentación es un error, consideran que es preferible que existan  en México organizaciones criminales grandes, fuertes y monopólicas.  Suena absurdo, pero así es. Por lo tanto, piensan que una amenaza a la  seguridad nacional, que pone en riesgo la capacidad del Estado de  proteger a la sociedad, es un peligro menor frente a un problema de  seguridad pública. La fragmentación trae consecuencias, pero éstas son  temporales y es una etapa inevitable para mejorar la seguridad. Es menos  difícil perseguir pequeñas pandillas desde el ámbito local que combatir  contra cárteles nacionales que poseen territorio, fuerza social, mucho  dinero y miles de hombres armados. La conclusión de quienes sostienen  que la fragmentación es un problema, lo digan o no, es que debió  evadirse el conflicto y que lo mejor era no hacer nada.      8. Hay que legalizar las drogas. Bajo esta idea las  drogas son la explicación al problema de seguridad que padece México, y  en ese sentido el esfuerzo principal no debería ser el uso de la fuerza  del Estado contra los narcotraficantes, sino la diplomacia contra los  países consumidores. Es posible que dentro de una década se termine  legalizando la marihuana, pero la legalización de la cocaína y las  drogas duras con suerte quizás ocurra dentro de muchas décadas. Esto  será así porque los países consumidores tienen instituciones fuertes,  economías potentes y ciudadanos que creen en la ley y el orden, por lo  tanto las drogas son un problema marginal para ellos. Los políticos de  los países consumidores no arriesgarán jamás sus puestos frente a  electores que en su mayoría rechazan las drogas, por muy racionales,  lúcidos y morales que sean los argumentos sobre la legalización. Sin  duda, ésta es una muy buena causa para organismos no gubernamentales,  pero no para gobiernos. Además, la lucha diplomática no sirve para  atender la emergencia de seguridad ni para reducir la densidad criminal y  tampoco para resolver el problema de policías e instituciones de  justicia corruptas e ineficaces. Sin resolver esos problemas ningún país  puede aspirar a la consolidación de su democracia y su Estado de  derecho. Sin embargo, proponer la legalización de las drogas es un buen  argumento para evadir el conflicto.9. Hay que priorizar el combate a otros delitos, no al narcotráfico.  La base de esta otra idea para evitar el conflicto con el crimen  organizado se sustenta en que el narcotráfico no le afecta a los  ciudadanos; lo que sí padecen son los asaltos, los secuestros, las  extorsiones, el robo de coches, etcétera. Lo que no se acepta es que  todos estos delitos están vinculados al problema del narcotráfico ya que  el crimen organizado debilita al Estado, corrompe a las policías y a la  justicia, intimida a la autoridad local, crea poderes armados  paralelos, empodera a los capos y crea una cultura criminal que se  expande entre los jóvenes. El debilitamiento del Estado deriva, tarde o  temprano, en incapacidad de éste para proteger a la gente. El  narcotráfico destruye el sistema institucional que tiene a cargo la  defensa de la sociedad. Esto implica que en última instancia los  ciudadanos tendrían que aceptar a policías delincuentes (tal como ya  había ocurrido) y que sus demandas sobre seguridad y justicia sólo las  podrían resolver mediante arreglos con los capos y no a través de  instituciones. 10. En todas partes hay policías corruptas y grupos armados.  Efectivamente, en todos lados hay policías corruptos y gente armada,  incluso criminales, pero, en este caso, el tamaño sí importa. No hay un  Chapo Guzmán en Estados Unidos que aparezca en la revista Forbes; no hay  más de 100 mil armas en manos de criminales en Reino Unido; no hay  grupos armados ilegales en Holanda con el poder y el tamaño de los  mexicanos y no hay policías de Nueva York, París o Madrid que tengan  entre sus responsabilidades organizar el comercio ilegal de drogas y  otros productos ilícitos. Incluso en países más pobres que México, como  Nicaragua, que tiene una de las policías peor pagadas del continente  —junto a su pequeño ejército— las autoridades no han permitido que  ningún grupo criminal armado levante cabeza y les quite autoridad sobre  el territorio. En efecto, hay corrupción en muchas partes, pero sólo en  algunos países del mundo subdesarrollado la corrupción es considerada un  valor funcional del sistema y se castiga muy poco. Lo que está en juego  en este argumento es si México quiere seguir en el atraso reaccionario  de su vieja cultura sobre la legalidad y la política, o si está  dispuesto a enfrentar el conflicto que implica fortalecer a las  instituciones y acabar con la cultura de la ilegalidad, para llegar a la  modernidad y el progreso. Necesidad de un culpable y la teoría del avisperoEn una sociedad basada en la desconfianza la primera pregunta no es ¿qué  pasó?, sino ¿quién fue? En el debate sobre la seguridad en México hay  algo de esto. La primera reacción de los analistas y estudiosos del  fenómeno fue tratar de señalar un culpable, en lugar de tratar de  explicar lo que estaba pasando. Es impresionante cómo tomó fuerza una  idea intelectualmente tan pobre como la que estableció una relación de  causa-efecto entre los operativos del gobierno federal y las capturas de  capos con la violencia. La culpa del gobierno cobró carácter de verdad  científica, con sólo presentar una relación mecánica entre algunos  despliegues de las fuerzas federales o capturas de uno u otro criminal,  con el aumento de la violencia en algunas zonas. Que la violencia  aumente o se expanda cuando las fuerzas del Estado se hacen presentes en  un lugar que tiene alta presencia criminal es lógico pero no se puede  inferir de ello que el gobierno es el responsable del aumento de la  violencia y, mucho menos, suponer que si no se hubiese hecho nada al  respecto la sociedad estaría más segura. Por ejemplo, si hay una gran  pelea en un bar y llega la policía, es probable que la violencia aumente  por un momento hasta que la autoridad logre controlar el problema, lo  que dependerá de muchos factores: cuánto tiempo llevaban peleando, qué  armas tienen los violentos, qué tan profundos son los agravios,   etcétera. Señalar la relación causa-efecto en este caso sería una descripción y no  un análisis. Si aceptamos como válida la relación  operativos-capturas-violencia tendríamos que concluir, absurdamente, que  si las fuerzas federales se retiraran de las zonas críticas y se dejara  de capturar delincuentes la violencia terminaría. No se necesita ser  muy sabio para concluir que la consecuencia de una retirada sería lo  contrario, la violencia y el poder de los criminales crecerían. Pero, además, la relación causa-efecto con que se ha intentado explicar  la violencia no concuerda con la realidad, ya que en algunos casos de  intervención efectivamente aumentó la violencia y ha mostrado  resistencia a disminuir, en otros sólo aumentó temporalmente y luego  descendió o se mantuvo con la misma tendencia, y en otros se redujo muy  rápidamente. Por ejemplo, las intervenciones federales en Nuevo Laredo,  Ciudad Juárez, Tijuana, Monterrey y Guerrero han generado una reducción  de la violencia y los delitos. En Ciudad Juárez el resultado tomó años,  en Monterrey varios meses y en Guerrero sólo unos pocos días, luego de  iniciarse el operativo en octubre de 2011 (ver gráfica 1).Lo mismo ocurre con las capturas de capos: no todas produjeron violencia. Los casos de Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén Tony Tormenta y Nazario Moreno González El Chayo,  son asuntos donde, posterior al abatimiento, se presentó un ligero  incremento en la tendencia de los homicidios. La detención de Vicente  Carrillo Leyva El Ingeniero sí generó un incremento  importante en la tendencia de los homicidios posterior a la detención.  Pero la detención de Eduardo Arellano Félix El Doctor, o el fallecimiento por ajuste de cuentas de Alberto Pineda Villa El Borrado,  disminuyeron la tendencia de homicidios en sus respectivas zonas de  influencia; y en los abatimientos de Arturo Beltrán Leyva El Barbas e  Ignacio Coronel Villarreal Nacho Coronel la tendencia creciente de los homicidios no se mantuvo en cada caso.4 En el caso del abatimiento de Nacho Coronel la tendencia prácticamente se estancó después de este hecho (ver gráfica 2).5En tres casos más  —el de Teodoro García Simental El Teo, el de Édgar Valdez Villarreal La Barbie y el de Flavio Méndez Santiago El Amarillo— no puede concluirse efecto alguno tras las detenciones.Lo que genera y explica la violencia no es la intervención del gobierno  federal, sino la dimensión que tiene el fenómeno criminal. A mayor  densidad criminal corresponderá, lógicamente, un mayor tiempo de  persistencia de la violencia frente a los esfuerzos del Estado para  restablecer el orden. Si capturamos a un capo que maneja una gran  organización criminal existe la posibilidad de que su organización se  fragmente y esto provoque violencia. Obviamente, esto quiere decir que  el Estado necesita seguir atacando a los fragmentos que quedan y esto  requiere más tiempo. Sería absurdo concluir que si capturar criminales  poderosos genera violencia, lo mejor es sólo capturar delincuentes de  poca monta. Conforme a esta teoría El Chapo Guzmán no  debería ser un blanco de la justicia, y si por el azar fuese capturado  tendría que ser liberado de inmediato para evitar problemas.  Es contradictorio pedir una solución integral a un problema que se  reconoce como complejo y, al  momento de explicarlo, caer en la  simplificación analítica de que “la violencia la provocó o exacerbó el  gobierno”. Los operativos del gobierno federal sólo destaparon una  cloaca, el problema ya estaba ahí. Dejar de actuar porque habrá  consecuencias en el corto plazo de nuevo nos conecta con la “aversión al  conflicto”. Colombia enfrentó ascensos persistentes, pero temporales,  de violencia resultado de operativos del Estado y de los arrestos de  capos, pero sus gobiernos no retrocedieron y ahora su seguridad ha  mejorado. En sentido estricto, lo que el gobierno federal hizo fue “reaccionar”  frente a los focos de violencia que iban apareciendo. Nunca decidió  combatir en todas partes ni perseguir a todos los cárteles al mismo  tiempo, simple y sencillamente porque no había capacidad para hacerlo.  Las intervenciones de la Policía Federal y del Ejército fueron, en ese  sentido, escalonadas y determinadas por lo que los criminales hacían. En  conclusión, la idea de que el gobierno “alborotó el avispero” no hace  sentido desde el punto de vista analítico y más bien parece un esfuerzo  por buscar un culpable de cara a una opinión pública desconfiada. La  violencia era inevitable por la existencia de una alta densidad criminal  que desbordó en la violencia actual. En ese sentido, cualquier  autoridad gobernante podría haber sido declarada culpable de actuar o de  no actuar.   La guerra es esencialmente entre grupos criminales El enfrentamiento principal —y el más violento— no es entre el Estado y  los criminales, sino entre los mismos grupos del crimen organizado.  Existen nueve guerras entre los distintos cárteles que están produciendo  violencia en diferentes lugares del país. Esas guerras produjeron más  de 45 mil muertes desde diciembre de 2006 hasta la fecha. De este total,  casi 90% se cometen entre delincuentes, sin que la autoridad esté  involucrada.Los opositores a la política de confrontar al crimen organizado han  llamado peyorativamente a ésta “la guerra de Calderón”. Pero como  dijimos anteriormente, en sentido estricto, el gobierno lo que hizo fue  reaccionar sobre una violencia que comenzó en los estados de Tamaulipas,  Michoacán y Guerrero y que luego se extendió hacia Chihuahua, Sinaloa,  Durango, Nuevo León, Baja California y otros estados. El uso del término guerra es técnicamente correcto conforme a las nuevas  teorías sobre conflictos,6 pero para la condición de México resulta  políticamente inconveniente utilizarlo, ya que a partir del enfoque  comunicacional del gobierno, del uso temporal del concepto guerra y de  la extensión que cobró la violencia, los opositores y los medios dieron  vida política a la “guerra de Calderón” y a la “guerra fallida”, muy a  pesar de que, como ya señalamos, la mayor parte de la violencia no  responde a una confrontación Estado vs. criminales, sino a grupos  criminales entre sí. Human Rights Watch (HRW) cuestionó recientemente  los datos sobre homicidios atribuidos a criminales. Con un argumento  intelectualmente correcto, pero débil, sostiene que no se puede afirmar  que el 90% de los homicidios han sido cometidos por criminales porque  las instituciones no han realizado investigaciones judiciales que  identifiquen a las víctimas y sustenten esta afirmación. Entonces la  pregunta sería ¿quién cometió esos 45 mil asesinatos? Tenemos cuatro  sospechosos: el crimen organizado, el Estado, la delincuencia común y  los ciudadanos como resultado de violencia social.  Si bien no hay sustento judicial en los datos, y el gobierno deberá  corregir esto en la medida en que se logre el fortalecimiento de las  instituciones de seguridad y justicia, tampoco es aceptable el juicio  político que esconde el informe de HRW al poner en duda cuál es el  epicentro del conflicto en México. Cuestionar que se trata de una guerra  entre criminales le daría base a la idea de que la violencia la generó  el gobierno y por lo tanto daría lugar al juicio de  la “guerra de  Calderón”. En primer lugar, es importante señalar que estamos frente a  un escenario que está produciendo una cantidad y calidad anormal de  homicidios, por lo tanto no es fácil investigar todos los casos, como si  estuviéramos investigando homicidios en Suecia, o con unas  instituciones de policía y justicia como las británicas. Estamos  hablando de un promedio de 800 homicidios por mes y casi 30 al día, en  un país con graves deficiencias en sus instituciones. Si a esto  agregamos que casi el 40% de éstos se concentra en tres estados y más  del 60% en otros siete, el problema se complica mucho más.En diciembre de 2009 HRW acusó a las policías de Sao Paulo y Río de  Janeiro en Brasil de haber cometido 11 mil asesinatos en sólo cinco años  (2003-2008). En 2010 denunció que los primeros seis meses de ese año  estaban ocurriendo tres ejecuciones diarias en Brasil. En México no hay  suficiente sustento para culpar al gobierno de un volumen similar al de  Brasil. HRW documentó 24 ejecuciones extrajudiciales en México en cinco  años. Esto es muy grave porque el Estado democrático debe evitar que  estos casos existan y porque atenta, además, contra la propia estrategia  de seguridad del gobierno y complica seriamente el trabajo de los  policías y militares. Sin embargo, el dato tiene valor para establecer  que HRW no encontró evidencias que le permitieran acusar al gobierno de  México de tener relación con la inmensa mayoría de los 45 mil  homicidios. Con que existieran unos cuantos cientos de ejecuciones  extrajudiciales, se habrían filtrado muchas evidencias y el gobierno  estaría siendo blanco, justificadamente, de un demoledor juicio político  de la prensa, la oposición política y las organizaciones de la sociedad  civil. Eso no está ocurriendo; lo responsabilizan de exacerbar la  violencia, de abusos y violaciones aisladas a los derechos humanos, pero  nadie se atreve a afirmar que las instituciones de seguridad estén  matando miles de personas de forma sistemática como en Brasil. ¿Cómo podemos identificar que los homicidios responden a los conflictos  entre criminales? Hay factores que pueden ser muy útiles como la  reacción social, la forma de los homicidios, la localización, la  sistematicidad, etcétera. De hecho, una parte considerable de las  víctimas no son ni buscadas ni reconocidas por nadie. No hay datos  confirmados, pero se habla de más del 40%. Con total certeza hay  inocentes entre las víctimas, pero si lo dominante fueran personas  inocentes la convulsión política y social por esas muertes sería de  grandes proporciones. En una guerra los muertos que representan a los  bandos no producen reacción social, pero la muerte sistemática de  inocentes sí. Por ejemplo, cuando se encontraron las fosas de San  Fernando donde fueron masacrados emigrantes por grupos criminales hubo  una fuerte reacción social y política. En Colombia, muy a pesar del  enorme apoyo que tiene el Ejército, se produjo el escándalo llamado de  los “falsos positivos” por el asesinato de mil 741 inocentes que fueron  presentados como guerrilleros. Los procesos judiciales abiertos  involucran a más de tres mil miembros del Ejército.7 En democracia estos  crímenes terminan, tarde o temprano, en un tribunal. En México una parte de los homicidios son cometidos con un alto nivel de  brutalidad y las ejecuciones representan el 80% de todas las muertes.  La “muerte ejemplar” (decapitar, descuartizar y exhibir) es un código  mafioso que utilizaron en el pasado policías, militares y escuadrones de  la muerte en Centroamérica y Sudamérica, pero no hay antecedentes de  ese nivel de brutalidad en México y tampoco hay antecedentes de  “limpiezas sociales” con asesinatos sistemáticos a la escala que están  ocurriendo ahora. El “exhibicionismo mortal” responde claramente al  interés intimidatorio de los criminales.Otro dato importante es que los homicidios y masacres están ocurriendo,  precisamente, donde hay disputas por plazas y rutas entre bandas  criminales, y esas guerras comenzaron antes de que tuviera más presencia  la autoridad. En conclusión, no hay razones para pensar que el Estado  sea el responsable de la mayoría de los homicidios. La evidencia  judicial y la identificación de las víctimas es indispensable y debe  demandarse, pero de ahí a concluir que dada la debilidad de las  instituciones de justicia el sospechoso de los asesinatos podría ser el  gobierno, hay un largo trecho por recorrer.Teniendo en cuenta lo anterior, y dado que es difícil que una esposa  celosa decapite al marido, que un asaltante descuartice a su víctima  para robarle la billetera, que una pelea de borrachos acabe con uno de  ellos colgado bajo un puente con una manta firmada por su enemigo, o que  rivalidades deportivas o comunitarias se estén convirtiendo en  homicidios sistemáticos, debemos concluir que el principal sospechoso de  todas esas muertes sigue siendo el crimen organizado,  independientemente de lo que diga HRW. En conclusión, en México hay una cruenta guerra entre más de una docena  de grupos criminales que se disputan rutas y plazas, en la cual el  Estado se vio obligado a intervenir. ¿Son pacíficos los mexicanos?¿Por qué miles de mexicanos decidieron armarse y enfrentarse contra  otros mexicanos? ¿Cómo pudieron decidirse tan fácilmente a matar o  morir? ¿De dónde surge esta violencia tan grande? No estamos hablando de  volverse ladrones comunes, sino de construir o ser miembros de extensos  aparatos criminales que tienen la violencia como eje de acción. No  todas las sociedades tienen la violencia como primera opción de sus  ciudadanos para dirimir conflictos o realizar “negocios”, incluso  tratándose de criminales. Resolver diferencias personales, políticas,  comerciales, comunitarias, familiares o de cualquier tipo usando la  violencia es una característica cultural que precede a la formación de  organizaciones criminales. Éstas sólo multiplican ese rasgo de la  sociedad.Jorge Castañeda sostiene en su libro que derivado de la  “aversión al conflicto” los mexicanos tienen “la agresividad como último  recurso y emerge sólo al fracasar otras opciones”, lo cual es una  manera de decir que México es un país culturalmente pacífico. Desde mi  perspectiva, hay fundadas razones para dudar de esta afirmación y  “aversión al conflicto” no implica necesariamente aversión a la  violencia. México es un país muy grande, y como ocurre con otros de  igual o mayor tamaño, las regiones o estados que lo componen tienen  historias distintas y poseen imaginarios culturales diferentes, incluso  en lo que se refiere a la percepción sobre la utilidad o inutilidad de  la violencia. En otro buen libro titulado Tráfico de armas en México,  de Magda Coss Nogueda,8 se aborda el tema de la cultura de la violencia  en México. En el prólogo, escrito por Leonardo Curzio, me enteré de que  en una discusión frente al poeta Pablo Neruda, los maestros Rivera y  Siqueiros sacaron sus pistolas para tratar de imponer su opinión. En el  mismo libro Magda Coss sostiene que “... en el México de los cuarenta,  políticos y diputados no sólo cargaban pistola en la cintura para andar  por las calles, sino que exhibían sus revólveres y en las sesiones  legislativas las diferencias se subrayaban con un par de balazos”.9La predisposición a la violencia no puede surgir de forma espontánea y  no se puede explicar ni por la pobreza ni por las drogas ni por las  armas, mucho menos por unos operativos de emergencia del gobierno. La  disposición a la violencia es una construcción cultural histórica. Al  respecto, Magda Coss nos dice: “Cuando la pérdida de vidas de manera  violenta se convierte en algo usual, a menudo responde a una situación  de repetida violencia estructural y cotidiana. La falta de posibilidades  de desarrollo y de opciones no violentas para alcanzar posiciones o  reconocimientos permiten que subculturas violentas como la del  narcotráfico, las pandillas o el acoso escolar, ganen terreno y  comiencen a verse como normales. Mientras la violencia no alcance  desenlaces fatales, es tolerada e ignorada”.10 Posiblemente esto  explique por qué comunidades enteras en distintas regiones de México han  convivido durante décadas con organizaciones criminales armadas y altas  tasas de homicidios.Centroamérica es un ejemplo más claro de lo expuesto. El Salvador,  Guatemala y Honduras forman la región más violenta del planeta, lo que  contrasta con Nicaragua que es igualmente pobre y políticamente  inestable, pero mucho menos violenta. La diferencia es que las tres  primeras son sociedades con una cultura de violencia fuertemente  arraigada, resultado de una historia de paramilitarismo, escuadrones de  la muerte y formas privadas de violencia que el propio Estado promovía.  En Nicaragua, por el contrario, el Estado no utilizó formas privadas de  violencia, incluso durante la dictadura de Somoza. En los tres primeros  países el Estado, al no establecer el monopolio de la violencia  legítima, activó la violencia entre los ciudadanos y esto terminó  convertido en rasgo cultural. En la ruta de la cocaína hay más de una  decena de países desde Colombia hasta México. Cabe preguntarse por qué  la violencia vinculada al crimen organizado sólo se vuelve brutalmente  extrema en Colombia, México, Guatemala, Honduras y El Salvador.  Igualmente, al mirar hacia más al sur, Perú y Bolivia producían cocaína  antes que Colombia, pero la violencia ha sido más persistente en  Colombia. Para entender lo que está pasando en México es indispensable estudiar el  mapa cultural de la violencia en el país. Es importante saber cuáles  han sido los niveles de violencia social y delictiva de las zonas  críticas a lo largo de la historia, cómo y en cuánto tiempo se gestaron  las capacidades operacionales, organizacionales, materiales y, sobre  todo, las morales de actores tan violentos. Esto nos llevaría a otras  preguntas fundamentales: ¿Era posible continuar conviviendo con esa  violencia potencial en un escenario de paz tan frágil? ¿A dónde hubiesen  llevado la pasividad y la inacción? Es ingenuo pensar que  organizaciones criminales con ingresos tan elevados y decenas de miles  de armas podían convivir pacíficamente entre ellos y con el Estado si la  autoridad se hacía de la vista gorda y no los molestaba. Lo que está  pasando parece mostrar que ha llegado la hora de domar al “México  bronco”, de educarlo para la paz y de acotar su violencia con la fuerza  del Estado.  Factores que explican la violenciaTal como señalamos al inicio, la violencia responde a un contexto donde  se han combinado una multiplicidad de causas. Éstas coincidieron y  produjeron una detonación que le tocó en suerte al actual gobierno, pero  cualquiera que hubiera sido el presidente o el partido en el gobierno  habría tenido que enfrentar esta crisis. Éste no es un problema de un  gobierno, sino del Estado mexicano a todos sus niveles, incluyendo a  toda la clase política y la sociedad civil en su conjunto. Algunos de  los más importantes factores que se conjugaron en el tiempo y el espacio  para producir el estallido de violencia fueron: Colapso del modelo de seguridad anterior. La llegada de  la democracia extinguió el modelo corporativo de “partido de Estado”  que mantenía la seguridad a partir de un efectivo control social. Éste  no requería de instituciones de seguridad y justicia fuertes y eficaces  porque el control social producía mucha inteligencia y permitía actuar  de forma preventiva. El fin del modelo trajo la pluralidad política, la  independencia de los poderes, la división del antiguo PRI, el  empoderamiento y la creciente autonomía de las organizaciones de la  sociedad civil, la libertad de expresión, el poder de fiscalización de  los medios y el fin del poder casi absoluto del presidencialismo. Estos  factores crearon una sociedad completamente distinta que necesitaba de  mayor fortaleza institucional, pero durante la transición el vacío de  poder que dejó el viejo sistema en materia de seguridad fue llenado, en  algunas zonas del país, por organizaciones criminales.Alta densidad criminal. Los arrestos de  delincuentes, el descubrimiento o destrucción de infraestructuras de  apoyo para la operación de los negocios ilícitos, los miles de presuntos  de criminales muertos en sus propias luchas y los decomisos de armas,  dinero, drogas y medios de transporte realizados por las autoridades son  los mejores datos para confirmar que, efectivamente, México enfrenta un  problema de elevada densidad criminal. Según datos que han hecho  públicos distintas autoridades federales, en cinco años se han  decomisado a grupos criminales más de 120 mil armas, 61 mil vehículos,  550 aviones, 400 embarcaciones marinas, 900 millones de dólares, 500  millones de pesos, 110 mil  kilogramos de cocaína, nueve millones de  kilogramos de marihuana, 60 mil kilogramos de precursores para  metanfetaminas. Se han capturado a más de 150 mil delincuentes  nacionales y más de mil 900 extranjeros, y se han destruido más de 600  laboratorios. Se les han decomisado, también, alrededor de una decena de  tanques de combate artesanales, éstos son una muestra del nivel de  estabilidad e impunidad cínica que habían alcanzado. No hay estudios  serios sobre la dimensión del fenómeno criminal, pero estos datos bastan  para demostrar el tamaño del “monstruo” y entender por qué tomará  tiempo controlarlo.Extrema debilidad institucional. En 2006 la Policía  Federal contaba con sólo 12 mil efectivos para un país de 112 millones  de habitantes, en otras palabras, el Estado central no tenía un poder  coercitivo con la fuerza y calidad suficientes para atender la  emergencia. Las policías estatales y municipales no sólo no eran una  solución, sino que constituían una buena parte del problema, ya fuera  por corrupción estructural, cooptación criminal o simplemente por las  debilidades estructurales que se reflejaban en insuficiencia numérica,  malos salarios, falta de formación y de equipamiento adecuado,  deficientes sistemas de inteligencia y ausencia total de confianza y  reconocimiento social. A lo anterior hay que sumar una reducida  capacidad investigadora del Ministerio Público, una elevada tasa de  impunidad, inoperancia del sistema de justicia penal, enorme rezago en  los juzgados, así como las carencias del sistema penitenciario federal y  estatal, que tiene una enorme sobrepoblación y problemas serios de  corrupción. El resultado de la combinación de todos los factores hasta  ahora es, por un lado, un ambiente permisivo para las organizaciones  criminales y, por el otro, de indefensión casi total de la sociedad  frente a la delincuencia. Los intentos y propuestas previos a 2006 para  fortalecer estas instituciones fueron siempre parciales, aislados, de  breve duración y sin respaldo presupuestal adecuado. Por lo tanto, la  velocidad de fortalecimiento de las organizaciones criminales rebasó,  por mucho, la de los dispersos e insuficientes cambios en el entramado  institucional.Cultura de violencia y disponibilidad de armas. No  basta que haya disponibilidad de armas, lo fundamental es que esa  disponibilidad se combine con ciudadanos determinados a utilizarlas,  para delinquir, para defenderse, para resolver diferencias o,  simplemente, como símbolo de respeto. Magda Coss nos dice que “en el año  2004 se cometieron en México 11 millones 810 mil 65 delitos; en el 40%  de ellos el delincuente portaba un arma de fuego, mientras en el 31% de  los casos la víctima fue agredida con un arma”.11 También cita Coss un  reportaje del periódico El Universal de noviembre de  2008 donde dice que “el 55% de los alumnos de bachillerato a nivel  nacional aseguraron que en sus escuelas al menos uno de sus compañeros  ha llevado armas a la escuela”,12 y ese dato aumenta en los estados con  mayor violencia.  Agreguemos a esto la facilidad con que a partir de  2004 fue posible adquirir en Estados Unidos armas de guerra y el  resultado será tal como lo señala Coss: “un cambio en los códigos de  conducta y en los hábitos de los integrantes del crimen organizado”.13  Esas armas más poderosas los volvieron más peligrosos, más amenazantes y  más violentos.   Elevado nivel de complicidad social. Esto ocurre como  resultado de dos factores: la fortaleza de la economía ilegal frente a  la debilidad de la economía formal en determinados lugares, y la poca  importancia que los ciudadanos le asignan a la ley. Malcolm Beith en el  prólogo de su libro El último narco,14 hablando sobre Badiraguato, la tierra del Chapo Guzmán,  dice que allí “cerca del 97% de los residentes en el campo trabajan en  el tráfico de drogas de una u otra manera. Desde los campesinos y sus  familias —incluso niños— que cultivan marihuana y amapola para el opio,  hasta los jóvenes armados que se encargan de tareas desagradables, los  conductores y los pilotos que transportan el producto así como los  políticos y policías locales: casi todo mundo está involucrado”.15 Esta  descripción de Beith se repite en muchos otros lugares. Otra modalidad  de complicidad social muy común son las empresas y/o personas que  aceptan pagos de grandes sumas en efectivo por propiedades, vehículos,  aviones y artículos de lujo. Unos se involucran por codicia, otros por  temor, otros por necesidad y otros porque no conocen otra ley que no sea  la de los criminales.Cambios en el mercado de drogas. Tres factores han  tenido incidencia sobre el aumento de la violencia desde el punto de  vista del mercado: en primer lugar, el cambio de ruta de la cocaína, que  dejó de transitar desde Colombia a Estados Unidos por el Caribe, y  comenzó a moverse hacia el norte vía Centroamérica y México. En segundo  lugar, la reducción en el consumo de cocaína en Estados Unidos y el  aumento de la producción de marihuana en ese país; y, en tercer lugar,  el aumento del consumo de drogas en México y la consiguiente aparición  de redes de narcomenudeo. El cambio de ruta convirtió el narcotráfico  mexicano en un negocio multimillonario, esto atrajo nuevos jugadores y  abrió una competencia salvaje que se agudizó con los cambios en el  mercado de la marihuana y cocaína en Estados Unidos. A este ya agravado  escenario se agregó una nueva y también brutal lucha por algunas plazas  de narcomenudeo.  La seguridad depende del monopolio de la violencia legítima Son fuertes, sólidas y universalmente reconocidas las corrientes  académicas que sostienen que para que haya Estado la primera y más  importante condición es que exista el monopolio y control de los  instrumentos de coerción dentro de las fronteras de un país (Weber,  Tilly, Guidens, Fukuyama y muchos otros). Es decir, que en última  instancia la autoridad del Estado descansa en la capacidad de usar la  violencia legítima. El monopolio de la violencia es la principal  característica del Estado moderno. Conforme al estudio de Janice  Thomson, Mercenarios, piratas y soberanos, fue “el  desarme de actores transnacionales no estatales lo que marcó la  transición de la heteronomía hacia la soberanía y la transformación de  los Estados en sistemas estatales nacionales”.16 Durante la era  medieval, dice Thomson, la violencia estaba “democratizada,  comercializada e internacionalizada”,17 existían múltiples actores no  estatales que ejercían la violencia guiados por intereses propios dentro  y afuera de las fronteras de los países. Los soberanos contrataban  piratas, corsarios y mercenarios para llevar adelante las guerras y  dominar territorios y mares. En la actualidad, la existencia de múltiples actores capaces de ejercer  autoridad usando la violencia dentro de un territorio supone la  existencia de un Estado débil. Ésa es la situación en algunos países  africanos como la República del Congo, Somalia, Sudán, Angola, Sierra  Leona, Liberia y otros. Esto es lo que estaba y está presente en  Afganistán y por ello Al Qaeda pudo establecer allí su principal base.  La debilidad de un Estado en el ejercicio de la autoridad sobre su  territorio deja en manos de grupos armados recursos estratégicos y  facilita la realización de negocios ilícitos, abriendo las puertas a la  formación de potentes organizaciones criminales, al desarrollo de  persistentes guerras internas y al posible surgimiento del terrorismo,  en suma, a una violencia e inestabilidad crónicas y al riesgo de  convertirse en un Estado fallido. Cuando el Estado central es débil, la  competencia por el monopolio de la coerción entre distintos grupos  armados criminales, nacionalistas, religiosos o insurgentes termina  volviéndose inevitable.  Ocho características esenciales del crimen organizado:1. Poder financiero. Resultado del  control de uno o varios negocios ilícitos, ya sean armas, drogas, trata  de personas, productos piratas, gasolina, vehículos robados, entre  otros.2. Fuerza social. A partir de que  emplea personas para sus negocios ilícitos y las convierte en redes de  colaboradores para sus actividades delictivas. 3. Cooptación, penetración o sustitución del Estado. La combinación de los dos factores anteriores le permite tomar control de la autoridad local a través de dinero o intimidación.4. Dominio territorial. En tanto sus  actividades requieren del control de rutas, plazas, retaguardias o áreas  de producción, el dominio del territorio se vuelve indispensable. Las  prisiones, los aeropuertos, las fronteras y otros lugares estratégicos  también son parte de sus objetivos a dominar. 5. Poder armado. Dado que no puede dirimir diferendos  en tribunales, necesita crear un poder armado para intimidar en su  espacio de control y para defenderse de otros grupos criminales y del  Estado. 6. Interconexión global. El poder financiero proviene  de estar conectado con mercados externos que le permiten tener una muy  alta rentabilidad en sus negocios ilícitos. Por ejemplo, las  metanfetaminas producen ganancias del 1000%.7. Empoderamiento cultural. Son los componentes  religiosos, símbolos, música y códigos culturales que reproducen la  superestructura del fenómeno criminal. Narcocorridos, Santa Muerte,  Virgen de los Sicarios, Omerta o ley del silencio, por ejemplo. 8. Poder político. Sostiene Fabio Armao, académico de  la Universidad de Turín, Italia, que una empresa criminal tiene poder  político cuando: “es capaz de disputarle al Estado el monopolio de la  violencia en una parte del territorio”.18 A partir de esto, Armao habla  de la existencia de bolsones de soberanía (“cluster of sovereignity”) bajo control de grupos criminales.  Cuando el crimen organizado logra su mayor nivel de desarrollo adquiere  cuatro características esenciales: segunda generación de sus miembros,  capitales legalizados, violencia subterránea y representación política.  Éste es el nivel que llegó a alcanzar en Italia luego de varias décadas y  lo que estuvo a punto de ocurrir en Colombia. La guerra de los cárteles  colombianos contra el Estado fue señalada por algunos como la lucha de  una nueva clase por ser socialmente reconocida. El punto, entonces, es  si una sociedad está dispuesta a aceptar grupos de poder que tienen el  recurso intimidatorio armado para imponerse sobre el resto de la  sociedad. Ya sabemos que siempre habrá delincuentes, pero el Estado no  puede permitir que existan poderes armados que le disputen autoridad y  por eso resulta fundamental que asegure el monopolio pleno de la  violencia legítima. La razón final de la violencia es la ausencia de  autoridad, porque sin autoridad el caos es lo único que está  garantizado. Sólo la autoridad del Estado democrático puede garantizarle  a los ciudadanos derechos, seguridad y paz. El problema de Colombia hasta hace pocos años era, en esencia, la  incapacidad del Estado para mantener el monopolio de la violencia en  extensas regiones de su territorio. Durante décadas el Estado colombiano  no se ocupó de este control, de hecho, hacia los años sesenta hubo  intentos incluso de formación de repúblicas independientes, la más  conocida fue Marquetalia bajo control de Jacobo Arenas y Manuel  Marulanda (Tirofijo). En esos espacios vacíos de  Estado proliferaron diversidad de grupos armados compuestos por al menos  cinco grupos guerrilleros, decenas de organizaciones paramilitares,  grandes cárteles de narcotraficantes y todo tipo de bandidos armados. A  pesar de que todos esos criminales tenían negocios ilícitos millonarios,  Colombia se convirtió en el país con la mayor cantidad de secuestros y  extorsiones del planeta. El delito común se disparó resultado del caos,  la violencia se volvió endémica, llegó con fuerza a Bogotá y terminó  amenazando seriamente la vida de la elite económica, política e  intelectual del país. Por otro lado, la identidad del país sufrió daños  muy severos a partir de la relación entre Colombia y violencia.   La violencia en Colombia no se redujo, ni con paramilitarismo, ni con  guerra sucia, ni con disuasiones, ni con negociaciones, ni dejando de  perseguir capos. Los colombianos ensayaron de todo, desde una cárcel  especial para Pablo Escobar, hasta concederle una zona de distensión a  las FARC de 44 mil kilómetros cuadrados en 1998. La violencia sólo  comenzó a reducirse cuando el Estado se decidió a recuperar, por la  fuerza, los territorios que estaban en manos de cárteles, paramilitares y  narcoguerrilleros. Establecer el monopolio de la violencia legítima por  parte del Estado implicó para Colombia un largo proceso (que aún no  termina y lleva más de 30 años), un difícil aprendizaje sobre la  relación entre derechos humanos y legitimidad de la fuerza, un gran  sacrificio en vidas y un enorme esfuerzo de reconstrucción institucional  y ampliación del poder coercitivo del Estado. Tan sólo entre 2003 y 2006 se desmovilizaron un total de 31 mil 664  efectivos armados pertenecientes a grupos guerrilleros y  paramilitares,19 a la fecha esta cifra debe haber sobrepasado los 60  mil. No se trató solamente de un problema de drogas, como muchos  piensan. Lo fundamental fue la recuperación de la autoridad del Estado  en todo el país. Las fuerzas militares y policiales de Colombia  crecieron exponencialmente en la última década hasta convertirse en el  Ejército más numeroso del continente, con 431 mil 253 efectivos, que  incluye una policía nacional de 145 mil 871 miembros.20 El cansancio por  la violencia condujo, gradualmente, a un consenso mayoritario y un gran  soporte nacional, primero para perseguir y desmantelar a los cárteles  del narcotráfico y luego para derrotar a las narcoguerrillas. No se  demandó el fin de la violencia, sino el sometimiento de los violentos.  Guatemala, por el contrario, ha sufrido un proceso inverso al colombiano  ya que su poder coercitivo ha ido disminuyendo en los últimos años,  resultado, en gran medida, de la liberalización económica que trajo un  aumento de la seguridad privada, y una reducción dramática en el  presupuesto estatal destinado al Ejército y la policía. Con ello, el  Estado perdió capacidad para mantener el monopolio de la violencia en el  territorio. Hoy en día, en Guatemala, las empresas privadas de  seguridad son tres veces más grandes que los 35 mil elementos del  Ejército y la policía juntos;21 la reconstrucción, calificación y  multiplicación del poder coercitivo parece ahora una tarea casi  imposible. Otro ejemplo es Brasil, donde el gobierno ha debido reconocer que en las  favelas de Río de Janeiro el Estado se ha ausentado durante más de 40  años, ese vacío de poder fue llenado por pandillas criminales armadas.  Motivados por el reto de mejorar la seguridad antes del Mundial de  Futbol de 2014, los gobiernos (federal y locales) se han propuesto  recuperar su autoridad en las favelas, colocando de forma permanente a  las unidades de policía pacificadoras. México necesita tener en cuenta este conjunto de experiencias y decidir  si quiere fragmentar su territorio y soberanía aceptando convivir con  ejércitos criminales o si, por el contrario, desea asegurarse una paz  sólida a futuro estableciendo el monopolio legitimo de la violencia del  Estado en todo el país. El dilema está planteado entre creer  ingenuamente que existen formas de convivencia pacífica con grupos  criminales armados, o aceptar que es indispensable confrontarlos para  tener una sociedad en paz.  El problema no son las drogas, sino tener la casa en ordenSe habla de “guerra perdida” porque erradamente se piensa que la lucha  de México es por combatir el narcotráfico, cuando de antemano se sabe  que eso no es posible, porque mientras haya demanda existirá oferta. La  lucha es en realidad por mejorar la seguridad de los mexicanos. El  combate al narcotráfico es, en ese sentido, una consecuencia de la lucha  por la seguridad interna, que es la tarea principal. Según Sergio  Jaramillo, ex viceministro de Defensa del gobierno de Álvaro Uribe y  actual alto asesor para la Seguridad Nacional del presidente Santos, en  Colombia “la seguridad no es un problema de legalizar o combatir a las  drogas, sino de tener la casa en orden”. Usemos un ejemplo para explicar mejor la idea anterior. Imaginemos que  el crimen organizado y las drogas son un peligroso virus que puede  llegar a cualquier país de forma inevitable. Al llegar a Europa  Occidental el virus se enfrentará con gente saludable, ciudadanos  organizados y responsables y sistemas de salud eficaces desplegados con  personal y medicinas por todo el territorio. El virus, no hay duda,  causará algún daño pero no será relevante. Bien, ahora imaginemos que  ese mismo virus llega a Latinoamérica y África donde hay mucha gente en  extrema pobreza, con bajos niveles de organización, ignorancia y  conductas irresponsables, donde además los sistemas de salud son  ineficientes y no se cuenta con el despliegue territorial adecuado y  existe escasez de medicinas y personal. Sin duda los efectos del virus  serán letales y harán estragos. Lo mismo ocurre con la seguridad y,  efectivamente, como lo afirma Jaramillo, el problema no son las drogas,  el problema es tener la casa en orden. Tener la casa en orden implica que el Estado posea las instituciones de  seguridad y justicia con la dimensión y calidad necesarias para  enfrentar las amenazas del presente y que los ciudadanos interioricen el  valor de la ley y el orden. La seguridad no mejorará si se buscan  excusas intelectuales para seguir manteniendo a las mismas instituciones  ineficaces de justicia y las mismas policías fragmentadas,  desorganizadas, débiles, impopulares, corruptas y cínicas que han  protegido a criminales bien armados, organizados y populares. Con drogas  o sin drogas la transformación de la seguridad y la justicia es una  tarea indispensable e impostergable de la democracia. El debate debería ser sobre posiciones progresistasIndiscutiblemente, la estrategia del gobierno federal no es perfecta y  requiere un esfuerzo de revisión y mejora constante, pero está asentada  en cuatro pilares que no admiten discusión y cualquiera que gobierne a  México necesitará continuarlos: reducir al máximo la densidad criminal,  recuperar autoridad sobre los territorios que están en situación  crítica, fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y alentar  cambios cívicos en la conducta de los ciudadanos. Vale decir que de esto  último es todavía poco lo que se ha avanzado. Sin duda hay mucho que  cuestionar pero, con las excepciones del caso, quienes han asumido la  crítica a la lucha contra el crimen organizado utilizando la violencia  como bandera, en vez de presionar para que la modernización y el cambio  en seguridad y justicia vayan a fondo, se han colocado en una posición  conservadora. Sin decirlo claramente, asumieron la defensa de un statu  quo que da ventaja a los criminales frente a los ciudadanos. Este ensayo  es un intento para colocar la discusión en un terreno más progresista,  señalando que los puntos centrales del debate no están en cómo  administrar el crimen, sino en cómo construir Estado y ciudadanía. nJoaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales.1 Jorge Castañeda, Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos, Ed. Aguilar, 2011. 2 Colombia tiene muchas guerras en su historia. Aqui se considera el  espacio de tiempo que va del final del gobierno de Belisario Betancourt,  en 1985, hasta el presente. Como en todas las guerras los datos sobre  víctimas son inciertos. Sobre muertes, Mauricio Romero sostiene que en  los noventa hubo un promedio de 25 mil muertes por año (Paramilitares y  Autodefensas, Editorial Planeta, 2003). Datos similares proporcionan  otras fuentes. Sobre desplazados el dato más bajo es de 800 mil, pero  Naciones Unidas (ACNUR) registra tres millones 672 mil 54 desplazados.       3 Jorge Castañeda op. cit., p. 165. 4 Datos obtenidos de la página en internet de la presidencia de la  República:  http://www.presidencia.gob.mx/el-blog/falso-que-la-caida-de-los-capos-origine-la-violencia/#more-65690  5 Gráfica obtenida del artículo de Alejandro Poiré y María Teresa  Martínez, “La caída de los capos no multiplica la violencia. El caso de  Nacho Coronel”, nexos, núm. 40, mayo, 2011, pp. 24-26. Las líneas  punteadas de color las agregó el autor para enfatizar las tendencias. 6 Mary Kaldor los llama “Nuevas Guerras” y Paul Collier y otros académicos los llama “guerras con agenda económica”. 7 Reportaje sobre “falsos positivos”, periódico El Tiempo Bogotá, 21 de noviembre de 2011. 8 Magda Coss Nogueda, Tráfico de armas en México, Grijalbo, 2011. 9 Ibíd., p. 155. 10 Ibíd., p. 62. 11 Ibíd., p. 46. 12 Ibíd., p. 143. 13 Ibíd., p. 79. 14 Malcolm Beith, El último narco. Chapo, Ediciones B, 2011. 15 Ibíd., 22. 16 Janice Thomson, Mercenaries, Pirates and Sovereigns, Princeton University Press, 1996, p. 4. 17 Ídem. 18 Fabio Armao, Organized Crime ́s Chalenge to Sovereignty: A European  Perspective,  Power Point Presentation, George Washington University,  mayo 8,2011.   19 En las entrañas de la desmovilización. Un grito de esperanza,  Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de  Colombia, 2007, p. 156. 20 “Pie de fuerza militar llegó a su techo”, El Tiempo, 30 de enero de 2009. 21 Patricia Arias, Seguridad privada en América Latina, FLACSO, Chile, 2008, p. 53.