Otro asesinato espeluznante
El pasado domingo, en horas de la mañana, Rodrigo Rosenberg Marzano, ex vicedecano de Derecho de la Universidad Rafael Landívar y ex director de la Cámara de Comercio de Guatemala, fue asesinado a pocos metros de su residencia localizada en la zona 14 de la capital. Los sicarios le acertaron 7 impactos de bala y quedó tendido en el asfalto.Ha trascendido que Rosenberg Marzano era el abogado del industrial Khalil Musa Bassila, quien fue asesinado junto a su hija Marjorie Musa hace aproximadamente un mes, y que el móvil del crimen es que Rosenberg Marzano había profundizado en las pesquisas del doble asesinato de sus clientes y que había detectado quiénes fueron los autores intelectuales.Asimismo se sabe que Rosenberg Marzano fue amenazado en reiteradas ocasiones, presuntamente con el propósito de que no denunciara el resultado de sus investigaciones.El asesinato de Rosenberg Marzano coincide con la visita a nuestro país del relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy. La misión principal del relator Despouy es apoyar la transparencia del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones.En nuestra opinión, el relator Despouy debe imponerse del crimen del abogado Rosenberg Marzano, sobre todo porque fue precedido por otro doble asesinato que él mismo investigaba.Todo apunta a que el asesinato Rosenberg Marzano, así como los de los señores Musa, fueron perpetrados por cuerpos ilegales o aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) que operan en el marco del denominado Estado Paralelo, que investiga la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), bajo la conducción del español Carlos Castresana.Son las “gusaneras” incrustadas en el sector público que en su oportunidad denunció y evidenció el ex vicepresidente Eduardo Stein, y que, con absoluta impunidad, siguen segando vidas de seres humanos en este suelo ensangrentado.Por tanto, resulta imperativo que este crimen, así como los otros cometidos contra operadores de justicia y abogados, se esclarezca y que los responsables sean debidamente castigados. La impunidad sería, además de injusta, intolerable e inadmisible.  (El Periódico, Guatemala)