Principios presupuestarios constitucionales. De Enrique Borgo Bustamante
La planificación económica de la empresa privada se inicia con la proyección de resultados del futuro y los actos necesarios para obtenerlos, como sus costos estimados; y si sus recursos son insuficientes acomoda los actos para obtener los resultados posibles, no los sueños, o bien obtiene créditos que puede pagar en el futuro; todo se planifica para por lo menos equilibrar sus egresos e ingresos. Enrique Borgo Bustamante, 30 octubre 2015 / LPGEl pensamiento liberal, opuesto a la centralizada y total planificación soviética y la estatización nacional-socialista y de los Estados totalitarios, llevó a los Estados democráticos, después de la Segunda Guerra Mundial, a una tercera vía, “la articulación equilibrada entre planificación y economía de mercado bajo la fórmula de la planificación indicativa o flexible frente a la dirigista e intervencionista”. (Enrique Arnaldo Escubilla), y continúa el autor español, la planificación perdió su carga ideológica y se convirtió en un método para introducir orden, racionalidad y coordinación en las medidas de intervención gubernamental en un Estado, “la libertad de empresa y la economía de mercado no son el único elemento definidor del sistema económico, sino que iniciativa pública y planificación también forman parte del mismo...”.El Consejo de Ministros debe elaborar su Plan General de Gobierno a desarrollar en el quinquenio, así como los programas anuales de acción de cada ejercicio fiscal y su complemento financiero, los presupuestos anuales que deben aprobarse por la Asamblea Legislativa, en representación del pueblo salvadoreño, para cubrir los costos necesarios para la realización de las acciones públicas de cada ejercicio fiscal, utilizando los fondos provenientes de los impuestos.La Constitución le otorga iniciativa de ley exclusiva al Consejo de Ministros para proponer el presupuesto de egresos necesarios para realizar los programas anuales de acción del gobierno, sobre los cuales debe decidir la Asamblea Legislativa, quien determina la contribución del pueblo para sufragar los gastos del gobierno, como el uso de tales recursos para realizar las actividades anuales que el gobierno ejecutará para lograr los fines del Estado (la justicia, la seguridad jurídica y el bien común) que debe contener su Plan de Gobierno quinquenal.El profesor Dino Jarach en su obra Finanzas Públicas y Derecho Tributario señala que en los países del Occidente en que rige el Estado de Derecho constituye punto fundamental y cumple el proceso jurídico democrático la aprobación del Presupuesto por parte del Poder Legislativo, sin perjuicio del control posterior de su ejecución por otras autoridades, como nuestra Corte de Cuentas, organismo independiente de todo órgano de gobierno, a quien le corresponde “la fiscalización de la Hacienda Pública en general y la ejecución del Presupuesto en particular” (art. 196 Cn.), y como tiene, además de la facultad de autorizar toda salida de fondos del Tesoro Público de acuerdo con el Presupuesto e intervenir en todo acto que le afecte, como especial función examinar la cuenta que sobre “la gestión de la Hacienda Pública rinda el Órgano Ejecutivo a la Asamblea, e informar a esta el resultado de su examen”, por lo que al controlar la recaudación de impuestos, la erogación de gastos y su control jurisdiccional garantiza la pureza de la gestión pública del gobierno.Señala Jarach que son funciones fundamentales del presupuesto señalar: a) las actividades de trabajo anual comprometido que debe realizar el gobierno en cumplimiento de los fines, con detalle de cada una de ellas; b) los montos de que dispondrá para cumplir con cada rubro aprobado por el legislativo; c) las bases del control financiero en relación con su gestión; y d) hacer del conocimiento público el plan económico del Estado para que el sector privado pueda acomodar sus acciones al mismo, especialmente en materia de inversión.