Carros militares no son suficientes. De Erika Saldaña
Quienes en algún momento fueron líderes de la guerrilla, se enfrentaron a la Fuerza Armada durante la guerra civil y promovieron la separación de las labores de seguridad pública de la defensa nacional, hoy promueven que militares colaboren en el mantenimiento del orden.Erika Saldaña, colaboradora de la Sala de lo ConstitucionalErika Saldaña, 25 septiembre 2017 / EL DIARIO DE HOYRegresaron los carros blindados con ametralladoras punto 30 o punto 50 a San Salvador. Eso es parte de las nuevas medidas que implementa la administración Sánchez Cerén. Los vehículos de la Fuerza Armada patrullan las calles con militares encapuchados y con grandes armas a la vista de la gente. Pareciera que nos preparamos, otra vez, para la guerra. Pero no. Se trata de la reciclada estrategia de seguridad pública, con la cual pretenden devolver seguridad y confianza a la población.Los grupos que formaron el FMLN se rebelaron en parte contra un modelo de seguridad pública similar. Por esto resulta irónico que sean los dos últimos gobiernos los que desde 2009 mantengan la remilitarización del territorio y den un gran protagonismo a esta institución en el combate a la delincuencia. Quienes en algún momento fueron líderes de la guerrilla, se enfrentaron a la Fuerza Armada durante la guerra civil y promovieron la separación de las labores de seguridad pública de la defensa nacional, hoy promueven que militares colaboren en el mantenimiento del orden.Fue con los Acuerdos de Paz que se cambió el modelo de seguridad en el país. La Fuerza Armada ya no cumpliría labores policiales ni los cuerpos policiales tendrían cultural militar. Se implantó una separación entre las labores de ambas instituciones. En los Acuerdos se estableció que el fin de la seguridad pública es mantener el orden y la paz, fundamentado en el respeto de los derechos de las personas y esta labor estaría bajo la dirección de la PNC; estas funciones son distintas a las encomendadas a la Fuerza Armada, la cual está orientada a la defensa nacional en contexto de conflicto armado.Usar a los militares para trabajos de paz interna y seguridad pública está habilitada por la Constitución, pero de manera excepcional, señalando que esta debe ser temporal y limitarse a lo estrictamente necesario. Sin embargo, en el país hemos normalizado esa excepción volviéndola permanente, pues la presencia de la Fuerza Armada en actividades de seguridad pública no es nada nuevo. A finales del año 2008 se aprobó un decreto que autorizaba el apoyo de los militares a la PNC durante un año. Desde esa época a la fecha, dicho decreto ha sido renovado durante diez años consecutivos. Es decir, la Fuerza Armada es parte de la seguridad pública de este país.Este despliegue militar en las calles tiene dos finalidades: que la población se sienta segura y disuadir a las personas de delinquir. Y aunque son objetivos válidos, una vez más parece que son un papel pegado con saliva. La gente en Santa Elena y colonia Escalón probablemente no necesite un patrullaje de camiones militares como sí urgen en zonas como Soyapango o Apopa; los esfuerzos deberían enfocarse en resolver un problema real y no solo en crear una percepción de control de la situación.Y si los planes de seguridad no rinden frutos evidentes de manera inmediata, el efecto disuasivo hacia los delincuentes durará lo mismo que el tráfico fluido en San Salvador: nada. Durante años hemos sido testigos de estrategias como la mano dura, sacar militares a las calles, endurecimiento de penas y de varias medidas más. Los resultados han sido escasos y la población tiene que cargar con miles de muertes violentas cada año.A la fecha, la PNC no ha sido suficiente para detener la delincuencia y traer seguridad. Súmele que la colaboración de militares se ha vuelto permanente y aun así no se percibe que exista un control sobre la situación. El apoyo militar ha colaborado en el combate a la delincuencia; sin embargo, en el fondo descansa una desnaturalización de sus funciones, hay una ausencia de estrategia integral por parte de las autoridades y una insuficiencia de recursos para volver eficientes los planes ya existentes.Por eso es urgente fortalecer a la PNC y la Fiscalía General de la República. Si no lo hacemos, nos quedamos con planes impactantes pero probablemente ineficaces. A los criminales hay que intimidarlos, sí; pero también perseguirlos, investigarlos, arrestarlos, juzgarlos y condenarlos. Para eso necesitamos PNC y FGR fuertes. Si no, nos quedaremos con la sensación efímera que brindan los militares en las calles. La percepción de seguridad debe ser permanente y que no la bote la próxima muerte violenta.