Elección de magistrados: peligro en la demora. De Centro de Estudios Jurídicos
En la inconstitucionalidad 13-2009/14-2009 la Sala de lo Constitucional examinó la suplencia que ejerció el fiscal general adjunto durante los meses en que la Asamblea Legislativa se retrasó en elegir al titular.Centro de Estudios Jurídicos, 29 junio 2015 / LPGEn esa sentencia el tribunal expresó: “El plazo para la elección del Fiscal General de la República, y consecuentemente, el plazo en el que el Fiscal Adjunto puede suplirlo, no es un plazo indefinido, es decir, que si bien es cierto el Órgano Legislativo puede encarar dificultades para la ágil y pronta elección del titular de la Fiscalía, el período para resolverlas no puede ser arbitrario e irrazonable. La razonabilidad de los plazos no definidos expresamente por el legislador o la Constitución viene determinada por una serie de condiciones o aspectos objetivos que permiten determinar que la dilación en el plazo para la elección del referido funcionario, no obedece al capricho o a la arbitrariedad de los sujetos que integran al Órgano encargado de la elección”.Luego la Sala agregó: “En ese orden de ideas, la Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado, el cual se encarga de una gran variedad de asuntos, siendo su tarea esencial la de legislar; pero también tiene a su cargo por mandato constitucional la elección de los funcionarios titulares del Ministerio Público, entre ellos, la del fiscal general de la República.De lo anterior se deriva que la prolongación de la elección por sí sola no es indicativo de una vulneración automática a la Constitución, no obstante ello, el retraso arbitrario sin una razón válida que justifique la dilación en la elección del fiscal general de la República podría derivar en una vulneración a la norma fundamental”.El proceso de elección de 5 magistrados propietarios e igual número de suplentes para la Corte Suprema de Justicia está en su recta final en el seno de la Asamblea Legislativa.Está próximo el día en que los magistrados salientes terminen su período, pero algunos diputados ya expresaron que el proceso no terminará antes de esa fecha. Así anuncian que se retrasarán en cumplir con su obligación constitucional.No es un problema menor. Mientras dure la mora de la Asamblea Legislativa, las salas de lo Contencioso Administrativo, de lo Penal y de lo Civil quedarían seriamente afectadas. En la primera faltarían dos de sus cuatro magistrados propietarios, en la segunda dos de los tres que la conforman, y en la última uno de tres.En la sentencia la Sala reconoció la complejidad de ejercer la facultad constitucional de elegir funcionarios, y que esto puede provocar retrasos. Pero señaló categóricamente que “un retraso arbitrario sin una razón válida” puede suponer una violación constitucional.De manera que la Asamblea Legislativa no solo debe elegir a los mejores candidatos como magistrados de la Corte Suprema de Justicia, debe hacerlo ya. No podemos permitir un retraso que afecte una eficaz y completa administración de justicia.Además, si nuevamente se permite una demora en la elección de magistrados, se estaría consolidando un precedente nefasto que podemos lamentar después. En 2018 la Asamblea Legislativa deberá elegir a 4 de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional. Y si en esa ocasión ocurre un retraso como el que nos anuncian para este año, ¿permanecería la República sin justicia constitucional mientras dure la mora parlamentaria? Un Estado de Derecho sin tribunal constitucional sería inconcebible.Es el momento de impedir que la Asamblea caiga en incumplimientos que un dañen a la administración de justicia y a los ciudadanos, o que siente los cimientos para peligros aun mayores en un futuro cercano.