Hacia una filosofía de la seguridad. De Mario Vega
Aunque el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad es secreto, en el desarrollo del mismo se intuyen sus directrices básicas. Es bastante obvio que el plan va en el sentido de aislar a los dirigentes nacionales de las pandillas de sus bases y eliminar a las jefaturas locales. No hay un mensaje claro de las autoridades que prevenga a los miembros de la Policía de cometer abusos a los derechos humanos o hacer uso indebido de la fuerza. Por el contrario, ha habido discursos de respaldo moral y sin consecuencias para quienes disparen “en cumplimiento del deber”.Mario Vega, pastor general de ELIMMario Vega, 29 julio 2015 / EDHDesde que se instaló el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se dejó muy en claro que el propósito del mismo no era el de elaborar el plan de seguridad del gobierno; el propósito era asesorar al gobierno, desde la experiencia de cada invitado, en temas de seguridad. Esas condiciones eran comprensibles para cualquiera pues la protección de los ciudadanos es una responsabilidad indelegable del gobierno. Pero además de los insumos del Consejo de Seguridad el gobierno cuenta con otros dos instrumentos: el programa quinquenal que es un documento del partido en el poder y el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad, el cual, por su carácter, es secreto.No debería existir mayor dificultad con que el gobierno cuente con tres instrumentos para abordar el tema de seguridad, siempre y cuando, ellos sean coherentes y complementarios. Pero lo que ocurre es lo inverso. Mientras el plan quinquenal y el plan El Salvador Seguro del Consejo de Seguridad poseen un fuerte ingrediente de prevención de la violencia, el plan de Justicia y Seguridad es eminentemente represivo.Mientras que el actual es el gobierno que más consistentemente ha hablado de prevención de la violencia, en la práctica, es el gobierno más represivo de la posguerra. Las campañas propagandísticas de Mano Dura y Súper Mano Dura de gobiernos anteriores no pasaron de ser propaganda. No obstante, el actual gobierno ha llevado la represión al uso excesivo de fuerza, detenciones arbitrarias y ejecuciones sumarias. Los mismos vicios por los cuales en los acuerdos de paz se optó por la disolución de la antigua Policía Nacional.Mientras el gobierno desplegó en el territorio la Policía Comunitaria también creó los Batallones de Reacción Inmediata con una filosofía que desconoce totalmente la de aquella. Una acción pesa más que las muchas palabras y los grandes esfuerzos que la Policía Comunitaria ha hecho por ganarse un espacio en los pobladores de asentamientos precarios se tira por la borda con una intervención corta, pero muy violenta de los batallones que producen anticuerpos en las comunidades. Es un grave problema cuando los niños comienzan a tener temor de la Policía.Aunque el plan del Ministerio de Justicia y Seguridad es secreto, en el desarrollo del mismo se intuyen sus directrices básicas. Es bastante obvio que el plan va en el sentido de aislar a los dirigentes nacionales de las pandillas de sus bases y eliminar a las jefaturas locales. No hay un mensaje claro de las autoridades que prevenga a los miembros de la Policía de cometer abusos a los derechos humanos o hacer uso indebido de la fuerza. Por el contrario, ha habido discursos de respaldo moral y sin consecuencias para quienes disparen “en cumplimiento del deber”.No hay investigación de los casos bastante evidentes de ejecuciones sumarias y si acaso existieron esa investigaciones no han conducido a ninguna consecuencia legal. Se adivina entonces que el plan secreto de seguridad consiste en usar la violencia como prevención de la violencia. Por supuesto que semejante camino es una contradicción absoluta al camino de la prevención propuesta por el Consejo de Seguridad y por el plan quinquenal del partido en el poder. En el fondo, se trata de la falta de una filosofía para la seguridad que no termina por definir un camino seguro de esperanza.