La Fiscalía urge cumplir acuerdo CEL-Enel para cerrar juicio en Washington
Viernes será audiencia especial en Tribunal Cuarto de Sentencia CEL mantiene latente reclamo civil, pese a que hasta emitió finiquitos.El presidente de la CEL, segundo desde la izquierda, celebra con altos ejecutivos de la Enel Green Power la suscripción del acuerdo marco que ponía fin al asocio . foto edh /Óscar irahetaNota EDH, 29 junio 2015La Fiscalía General de la República (FGR) se propone definir de una vez por todas el caso CEL-Enel y que se cumpla el Acuerdo Marco en su totalidad, incluyendo la liberación de responsabilidad civil para los involucrados, uno de los compromisos asumidos por el Estado salvadoreño en diciembre pasado.La idea es certificar el cumplimiento de los compromisos y cerrar el juicio promovido el año anterior por Enel en el Centro de Arreglo de Disputas sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.«Hemos pedido una audiencia especial (en el Tribunal Cuarto de Sentencia) y ahí esperamos resolverlo todo para cumplir el acuerdo que se firmó en el CIADI... Ya pedimos que se liberan las responsabilidades civiles. Todo esto ya fue contenido dentro de la misma negociación financiera que se dio», declaró el Fiscal General, Luis Martínez, tras un acto oficial ayer por la mañana (ver declaraciones en página 4).El presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David López Villafuerte, ha insistido en no liberar de responsabilidad civil a los involucrados en el caso CEL-Enel, pese a que el funcionario participó en las negociaciones en las que se acordó lo anterior e incluso firmó finiquitos para la empresa italiana y los acusados.Sin embargo, el mismo Fiscal General de la República, Luis Martínez, le recordó ayer que el Estado salvadoreño tiene la obligación de cumplir con el Acuerdo Marco suscrito entre con Enel, el cual contempla la liberación de la responsabilidad civil como se pactó.Dicho acuerdo acabó con diez años de litigio entre el Estado salvadoreño y Enel por desacuerdos en el control de la explotación de la geotermia en el país.CEL extendió finiquitosSegún documentos a los que tuvo acceso El Diario de Hoy, López Villafuerte firmó, tanto en representación de CEL como de su filial INE, dos finiquitos donde liberó de responsabilidad a Enel, sus subsidiarias y afiliadas, incluyendo ejecutivos, directores y funcionarios.También, el presidente de LaGeo, Daniel Ernesto Rodríguez, suscribió un finiquito similar a favor de Enel.Según los documentos, CEL, INE y LaGeo se comprometieron «a no hacer más reclamos por ningún hecho contra Enel, sus accionistas, directivos, representantes, mandatarios o funcionarios por hechos pasados, actuales o futuros» (ver documentos en la parte superior).Pero López Villafuerte alegó, la semana anterior, que CEL ya cumplió el Acuerdo Marco en su totalidad y que el caso «no se puede reactivar», aunque no se haya cumplido la parte de que no se abrirá un proceso civil o por daños y perjuicios–como se establece en los finiquitos emitidos– en vista de que ya hubo un arreglo.«Ya hubo un acuerdo comercial que es la base de todo lo que hemos hecho y ahí dice que cumplimos. Incluso tengo una carta en la que Enel dice que hemos finiquitado la parte comercial, el CIADI se terminó», afirmó el presidente de CEL.Sin embargo, el fiscal Martínez no piensa igual y sostuvo que el caso se tiene que cerrar formalmente y con el cumplimiento de todos los compromisos en el tribunal del CIADI. El cumplimiento total del Acuerdo Marco pasa por el hecho de exonerar la responsabilidad civil.Pero al preguntarle a López Villafuerte si el proceso en el CIADI podría continuar si no se desiste de la acción civil en el país, el presidente de la autónoma se limitó a decir que «eso ya no depende de la CEL».Sin embargo, el abogado Luis Parada, del bufete Foley Hoag, que defiende a El Salvador en el litigio, ha advertido que el incumplimiento del Acuerdo Marco genera «incertidumbre en el proceso internacional» en el Ciadi.El 7 de junio pasado venció el plazo acordado por el Estado salvadoreño y Enel para entrar a un proceso de revisión del cumplimiento del Acuerdo Marco.Aplicación parcialLa defensa en el caso ha señalado que no se puede aplicar parcialmente el Acuerdo Marco.Para Édgar Morales Joya, defensor del expresidente de CEL, Guillermo Sol Bang, se ha aplicado «de forma parcial» el Acuerdo Marco, lo cual es contradictorio, porque la exención de la responsabilidad civil sólo se ha aplicado a Vicente Machado, ejecutivo de Enel, pero no al resto de imputados.Incluso, recordó que el Estado salvadoreño le compró las acciones a Enel, lo cual significa que éstas eran legítimas y, por tanto, no tiene sentido el proceso penal abierto contra ocho exfuncionarios que estuvieron relacionados con el contrato con Enel en 2002.«Desde el momento que el Estado y CEL adquieren las acciones están reconociendo que todo fue legal, todo se hizo con fundamento», valoró Morales Joya.Por su parte, el abogado Arturo Muyshondt, defensor del exministro de Economía, Miguel Lacayo, señaló que tiene que haber equidad en todo el proceso porque si le compraron las acciones a Enel, era porque realmente no tenían un origen ilícito.«Caso contrario, el presidente y los directivos de CEL actuales se exponen a una persecución judicial que puede durar hasta 15 años, después de dejar de ser funcionarios por su proceder», advirtió el abogado.Lo anterior significa que incluso los actuales directivos de la CEL podrían haber cometido peculado de $287.6 millones al comprar las acciones de Enel, señaló Muyshondt.La audiencia del 3 de julio es crucial para definir el caso ante el CIADI, pero también para un proceso que ha sido calificado como parte de una «persecución política» del actual partido oficial, el FMLN, contra miembros de su principal opositor, ARENA.Además, el juez determinará si acepta cambiar el delito de peculado a negociaciones ilícitas tal como lo ha solicitado la defensa de los exfuncionarios acusados de favorecer a la firma en la suscripción del contrato para la explotación geotérmica en el país.Lea también:La criminalización de la política pública. De Cristina LópezEl caso ENEL. Editorial de la UCAFGR pedirá liberar de cargos civiles en caso CEL-EnelLa medida está enmarcada en el acuerdo al que llegaron la CEL y la empresa italiana Enel, según el fiscal general.Miguel Portillo, 29 junio 2015 / LPG El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que pedirán liberar de responsabilidad civil (pago por daños o perjuicios económicos ocasionados) a los señalados en el caso que involucra a la empresa italiana Enel Green Power S.p.A. y a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), conocido como caso CEL-Enel.El fiscal general, Luis Martínez, dijo que ya han pedido una audiencia especial en la que solicitarán que se libere de responsabilidades civiles un grupo de acusados en el caso CEL-Enel, entre ellos, exdirectivos de la autónoma, ejecutivos de LaGeo (empresa dedicada al a explotación del vapor del subsuelo para generar energía) y exfuncionarios de Gobierno procesados por peculado.“Nosotros pediremos que se liberen las responsabilidades civiles. Todo esto ya fue contenido en la misma negociación financiera que se dio en el CIADI. Ya hemos pedido también una audiencia especial y esperamos resolverlo”, indicó Martínez.Enel inició en 2008 un arbitraje en contra del Estado salvadoreño por no permitirle hacer una inversión adicional que le habría llevado a superar el 50 % de la posesión accionaria de LaGeo.El proceso fue llevado por la Corte de Arbitraje de la Cámara Internacional de Comercio, en París, Francia. La inyección de capital que los italianos pensaban hacer era de $127.4 millones, con los que habrían llegado al 53.3 % de las acciones.En diciembre de 2014, el Estado salvadoreño, representado por el fiscal general de la República, firmó con representantes de la empresa Enel Green Power el Acuerdo Marco que puso fin a un diferendo comercial que duró varios años en tribunales internacionales. Enel aceptó abandonar su operación en el país y acordó vender sus acciones en LaGeo, por un pago de $284 millones de parte del Gobierno salvadoreño.El fiscal dijo que la medida quedó pactada en el acuerdo marco firmado entre la estatal CEL y la empresa italiana Enel. “Todo esto (exonerar de cargos civiles) es para cumplir el acuerdo que se firmó en el CIADI, y después regresar al CIADI y dejar este caso de la demanda internacional como un caso cerrado”, apuntó Martínez.El artículo 3 del Acuerdo Marco estipula: “Las partes han acordado como condición no suspensiva de los efectos del acuerdo marco la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil”.Fiscal: el caso no responde a persecución políticaAbogados concluyen que el caso CEL-Enel tiene injerencia política.Miguel Portillo, 29 junio 2015 / LPGAlgunos sectores han tachado el caso CEL-Enel de persecución política; sin embargo, Luis Martínez, el fiscal general de la República, desmintió dicho señalamiento.“Yo quiero dejar bien claro, esto no es un caso de persecución política, todo eso son rumores que se han estado comentando”, dijo el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).No obstante, Francisco Bertrand Galindo, quien fue representante de la empresa italiana en el país, recientemente detalló que el Acuerdo Marco firmado por el Estado salvadoreño y Enel en diciembre de 2014 puso fin al origen de la polémica, pero desde El Salvador se continuó investigando a las personas por el mismo motivo. “¿Cuál es el carácter del juicio en estos momentos contra los funcionarios, si el problema principal, el que generó todo esto, ya se resolvió?”, manifestó Bertrand.También, el caso CEL-Enel no solo deja un precedente de persecución política, sino que pone más trabas a negociaciones y licitaciones futuras, según analistas.Por su parte, el exvicepresidente de la República Enrique Borgo Bustamante dijo que el caso CEL-Enel marca un precedente para los futuros asocios público-privados en el país.