Funes, Ortega y la izquierda
El Presidente de El Salvador, Mauricio Funes, declaró a la revista brasileña Veja que “la gran cuestión de la izquierda de hoy ya no es sólo hacer un Gobierno popular, democrático y volcado a la distribución de la renta”. Esas son las “prioridades que marcan diferencias con las derechas”, puntualizó el mandatario salvadoreño, quien ganó la elección presidencial como candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un casi clon del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Nicaragua, pero advirtió el presidente Funes que para “hacer viable la justicia social es preciso adoptar un modelo que apueste en el crecimiento y la estabilidad macroeconómica”. Y además, agregó, “es preciso ser responsable, y eso significa tener las cuentas en orden y el déficit público bajo control”.  Pero si esos requisitos —que más bien son virtudes gubernamentales— son los que, según Funes, definen a un gobierno de izquierda en relación con otro de derecha, entonces debemos convenir en que el régimen de Daniel Ortega no es de izquierda. Lo cual es, precisamente, lo que han dicho invariablemente los miembros del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y de numerosas organizaciones de la sociedad civil que se identifican como izquierda democrática.  En realidad, no hace falta ubicarse en ningún alineamiento ideológico para reconocer que el régimen orteguista no es popular ni democrático; que no redistribuye la renta de manera equitativa, ni promueve la justicia social, ni ha adoptado “un modelo que apueste al crecimiento y la estabilidad macroeconómica”, del que habla el mandatario de izquierda de El Salvador, Mauricio Funes. Ortega más bien ha quebrantado el modelo de crecimiento que tanto le costó construir a los gobiernos democráticos de los 16 años anteriores al 2007. Además, Ortega ha impuesto el desorden en las cuentas del Estado y el descontrol del déficit público, y está a punto de poner fin a la precaria estabilidad macroeconómica que depende de la ayuda financiera internacional, la cual ha sido suspendida y se puede perder definitivamente, por culpa del fraude electoral que el gobierno de Ortega perpetró el año pasado.  Pero al margen de lo que diga el Presidente salvadoreño —quien es obvio que se ha alineado con la izquierda democrática latinoamericana—, la verdad es que Daniel Ortega igual que los hermanos Castro de Cuba, Chávez de Venezuela, Correa de Ecuador y Morales de Bolivia, son gobernantes de izquierda. Como de izquierda son Lula da Silva de Brasil, Michelle Bachelet de Chile y Tabaré Vázquez de Uruguay, con la salvedad de que éstos últimos son de la izquierda democrática y reformista, mientras que los primeros son de la izquierda salvaje y autoritaria, enemiga de la libertad y la democracia. Es el mismo caso de la derecha, en la cual hay sectores y gobernantes ejemplarmente democráticos, como también los hay o los hubo terriblemente represivos, como por ejemplo las criminales dictaduras militares de Centro y Suramérica.  Se dice que en la actualidad, la evolución y la modernización política comienza con el acuerdo social de que tanto las derechas como las izquierdas deben ser democráticas. Es decir, que ya sea de derecha o de izquierda, el gobierno tiene que ejecutar su programa sin desvirtuar las instituciones de la democracia y sin atentar contra los derechos y las libertades de nadie. Se trata de un acuerdo social que en aquellos países donde todavía no se ha podido salir de la etapa poscolonial, como es el caso de Nicaragua, podría parecer un sueño o una utopía, pero que es perfectamente posible y en muchos países es ya una realidad, imperfecta pero objetiva, como los mencionados Chile o Uruguay.  En todo caso, en Nicaragua el problema no es que el gobierno de Ortega sea o no de izquierda. El problema radica en que se trata de un régimen antidemocrático, el cual desde enero de 2007 viene socavando las instituciones básicas de la democracia y atropellando las libertades y los derechos fundamentales de las personas consagrados en la Constitución y en las convenciones internacionales de derechos humanos. Y además, el Gobierno de Daniel Ortega ha provocado una grave recesión económica, que ya casi es una crisis general, agravada por la corrupción gubernamental más descarada que se ha conocido en toda la historia nacional. Es absolutamente irrelevante que el régimen de Daniel Ortega sea de izquierda o no. El problema es que se trata de un desgobierno que está conduciendo al país hacia la ruina económica, política y moral.