title: Decisión (PESC) 2016/1108 del Consejo, de 7 de julio de 2016, por la que se modifica la Decisión 2013/354/PESC sobre la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS)

text:
               8.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 183/65

         DECISIÓN (PESC) 2016/1108 DEL CONSEJO
   de 7 de julio de 2016
   por la que se modifica la Decisión 2013/354/PESC sobre la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 28, su artículo 42, apartado 4, y su artículo 43, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 3 de julio de 2013, el Consejo adoptó la Decisión 2013/354/PESC (1), que prorrogaba la EUPOL COPPS desde el 1 de julio de 2013.

               (2)

               El 2 de julio de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1064 (2), que modifica la Decisión 2013/354/PESC y prorroga la EUPOL COPPS desde el 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016.

               (3)

               A raíz de la revisión estratégica intermedia de la EUPOL COPPS, la Misión debe prorrogarse por un período adicional de 12 meses, hasta el 30 de junio de 2017.

               (4)

               La Decisión 2013/354/PESC debe ser modificada en consecuencia.

               (5)

               La EUPOL COPPS se llevará a cabo en el contexto de una situación que puede deteriorarse y que podría obstaculizar el logro de los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 del Tratado.

         HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
   Artículo 1
   La Decisión 2013/354/PESC se modifica como sigue:

               1)

               En el artículo 12, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:
               «El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos asociados a la EUPOL COPPS durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio de 2017 será de 10 320 000 EUR.».

               2)

               En el artículo 15, el párrafo tercero se sustituye por el texto siguiente:
               «Expirará el 30 de junio de 2017.».

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
   Será aplicable a partir del 1 de julio de 2016.

      Hecho en Bruselas, el 7 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. LAJČÁK

      (1)  Decisión 2013/354/PESC del Consejo, de 3 de julio de 2013, sobre la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS) (DO L 185 de 4.7.2013, p. 12).

      (2)  Decisión (PESC) 2015/1064 del Consejo, de 2 de julio de 2015, por la que se modifica la Decisión 2013/354/PESC sobre la Misión de Policía de la Unión Europea para los Territorios Palestinos (EUPOL COPPS) (DO L 174 de 3.7.2015, p. 21).


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31998D0445

98/445/CE: Decisión del Consejo de 14 de abril de 1997 relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Georgia por el que se mantiene en vigor el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad Económica Europea y la República de Georgia, rubricado en Bruselas el 17 de noviembre de 1993, modificado por un Acuerdo en forma de Canje de Notas rubricado el 15 de junio de 1995

Diario Oficial n° L 199 de 15/07/1998 p. 0001 - 0005

DECISIÓN DEL CONSEJO de 14 de abril de 1997 relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Georgia por el que se mantiene en vigor el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad Económica Europea y la República de Georgia, rubricado en Bruselas el 17 de noviembre de 1993, modificado por un Acuerdo en forma de Canje de Notas rubricado el 15 de junio de 1995 (98/445/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 113 en relación con la primera frase del apartado 2 de su artículo 228,Vista la propuesta de la Comisión,Considerando que la Comisión negoció en nombre de la Comunidad Europea un Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Georgia por el que se mantiene en vigor el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad Económica Europea y la República de Georgia, rubricado en Bruselas el 17 de noviembre de 1993, modificado por un Acuerdo en forma de Canje de Notas rubricado el 15 de junio de 1995;Considerando que, de conformidad con la Decisión 96/593/CE del Consejo, de 16 de septiembre de 1996, relativa a la aplicación provisional de ciertos acuerdos entre la Comunidad Europea y determinados terceros países sobre el comercio de productos textiles (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Kirguistán, Moldova, Tayikistán, Turkmenistán) (1), y hasta la terminación de los procedimientos requeridos para su celebración, el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles se ha venido aplicando con carácter provisional desde el 1 de enero de 1996;Considerando que debe aprobarse el Acuerdo en forma de Canje de Notas,DECIDE:Artículo 1Queda aprobado en nombre de la Comunidad el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Georgia por el que se mantiene en vigor el Acuerdo sobre el comercio de productos textiles entre la Comunidad Económica Europea y la República de Georgia, rubricado en Bruselas el 17 de noviembre de 1993, modificado por un Acuerdo en forma de Canje de Notas rubricado el 15 de junio de 1995.El texto del Acuerdo en forma de Canje de Notas se adjunta a la presente Decisión.Artículo 2Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las personas facultadas para firmar el Acuerdo en forma de Canje de Notas.Artículo 3El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Comunidad, a la notificación prevista en el apartado 4 del Acuerdo en forma de Canje de Notas (2).Hecho en Luxemburgo, el 14 de abril de 1997.Por el ConsejoEl PresidenteJ. VAN AARTSEN(1) DO L 263 de 16.10.1996, p. 1.(2) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar la fecha de entrada en vigor del Acuerdo en forma de Canje de Notas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.


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32001D0937

2001/937/CE,CECA,Euratom: Decisión de la Comisión, de 5 de diciembre de 2001, por la que se modifica su Reglamento interno [notificada con el número C(2001) 3714]

Diario Oficial n° L 345 de 29/12/2001 p. 0094 - 0098

Decisión de la Comisiónde 5 de diciembre de 2001por la que se modifica su Reglamento interno[notificada con el número C(2001) 3714](2001/937/CE, CECA, Euratom)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 218,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 16,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 131,Visto el Tratado sobre la Unión Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 28 y el apartado 1 de su artículo 41.DECIDE:Artículo 1Las disposiciones relativas a la aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión(1), cuyo texto figura en el anexo de la presente Decisión, se añaden en forma de anexo al Reglamento interno de la Comisión.Artículo 2Se deroga la Decisión 94/90/CECA, CE, Euratom de la Comisión(2).Artículo 3La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 5 de diciembre de 2001.Por la ComisiónEl PresidenteRomano Prodi(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.(2) DO L 46 de 18.2.1994, p. 58.ANEXODisposiciones relativas a la aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la ComisiónConsiderando lo siguiente:(1) De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 255 del Tratado CE, el Parlamento Europeo y el Consejo han adoptado el Reglamento (CE) n° 1049/2001(1) relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.(2) En aplicación del apartado 3 del artículo 255 del Tratado, este Reglamento, por el que se establecen los principios generales y los límites que regulan el ejercicio del derecho de acceso a los documentos, prevé en su artículo 18 que cada Institución adapte su Reglamento interno a las disposiciones de dicho Reglamento.Artículo 1BeneficiariosLos ciudadanos de la Unión, así como las personas físicas o jurídicas que residan o tengan su domicilio social en un Estado miembro ejercerán su derecho de acceso a los documentos de la Comisión en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 255 del Tratado y en el apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1049/2001 con arreglo a los procedimientos establecidos en las presentes disposiciones. Este derecho de acceso se refiere a los documentos que obren en poder de la Comisión, es decir, los que la Comisión ha elaborado o recibido y estén en su posesión.En aplicación del apartado 2 del artículo 2 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, tanto los ciudadanos de terceros países que no tengan su residencia en un Estado miembro como las personas jurídicas que no tengan su domicilio social en uno de los Estados miembros se beneficiarán del derecho de acceso a los documentos de la Comisión en las mismas condiciones que los beneficiarios citados en el apartado 1 del artículo 255 del Tratado.No obstante, en virtud del apartado 1 del artículo 195 del Tratado, estas personas no tendrán la facultad de presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo. En caso de que la Comisión les denegara total o parcialmente el acceso a un documento tras la presentación de una solicitud confirmatoria, sí podrán en cambio interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, de acuerdo con las disposiciones del párrafo cuarto del artículo 230 del Tratado.Artículo 2Solicitudes de accesoToda solicitud de acceso a un documento se enviará por correo, fax o correo electrónico a la Secretaría General de la Comisión, a la Dirección General o al Servicio competente. Las direcciones a las que deben enviarse las solicitudes aparecen publicadas en la guía práctica a que se refiere el artículo 8 de las presentes disposiciones.La Comisión responderá a las solicitudes de acceso iniciales y confirmatorias dentro de los quince días laborables siguientes al registro de la solicitud. Cuando se trate de solicitudes complejas o voluminosas, este plazo podrá prolongarse quince días laborables. Toda prolongación del plazo deberá justificarse y comunicarse previamente al solicitante.En caso de solicitud imprecisa contemplada en el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, la Comisión invitará al solicitante a proporcionar informaciones complementarias que permitan identificar los documentos solicitados; el plazo de respuesta sólo comenzará a correr una vez que la institución disponga de tales informaciones.Toda decisión negativa, aún en el caso de que sea parcial, deberá indicar el motivo de la denegación sobre la base de una de las excepciones enumeradas en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, debiendo asimismo informar al solicitante de las vías de recurso de que dispone.Artículo 3Tramitación de las solicitudes inicialesSin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 9 de las presentes disposiciones, se remitirá un acuse de recibo al solicitante una vez registrada su solicitud, salvo cuando la respuesta pueda enviarse a vuelta de correo.Tanto el acuse de recibo como la respuesta se enviarán por escrito, en su caso por vía electrónica.El solicitante será informado del curso reservado a su solicitud bien por el Director General o el Jefe de Servicio al que competa la solicitud, bien por un director designado al efecto por la Secretaría General, bien por un director designado por la OLAF en caso de solicitud referente a documentos relativos a las actividades de la OLAF contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión(2), por la que se instituye la OLAF, bien por el funcionario que designen al efecto.Toda respuesta total o parcialmente negativa deberá informar al solicitante de su derecho a presentar, en el plazo de quince días laborables a contar desde la recepción de la respuesta, una solicitud confirmatoria ante el Secretario General de la Comisión, o ante el Director de la OLAF cuando la solicitud confirmatoria se refiera a documentos relativos a las actividades de la OLAF contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom.Artículo 4Tramitación de las solicitudes confirmatoriasDe conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento interno de la Comisión, la facultad de adoptar las decisiones relativas a las solicitudes confirmatorias se delega en el Secretario General. No obstante, cuando la solicitud confirmatoria se refiera a documentos relativos a las actividades de la OLAF contempladas en los apartados 1 y 2 del artículo 2 de la Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom, la decisión se delegará en el Director de la OLAF.La Dirección General o el Servicio asistirán a la Secretaría General en la preparación de la decisión.La decisión será adoptada por el Secretario General o por el Director de la OLAF previo acuerdo del Servicio Jurídico.La decisión se comunicará al solicitante por escrito, en su caso por vía electrónica, informándole de su derecho a interponer un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, o a presentar una reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo.Artículo 5Consultas1. Cuando la Comisión reciba una solicitud de acceso a un documento que obre en su poder pero emane de un tercero, la Dirección General o el Servicio depositarios del documento comprobarán la aplicabilidad de alguna de las excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001. Si el documento solicitado está clasificado en virtud de las normas de seguridad de la Comisión, será de aplicación el artículo 6 de las presentes disposiciones.2. Si, al término de este examen, la Dirección General o el Servicio depositarios consideraran que el acceso al documento solicitado debe denegarse en virtud de alguna de las excepciones contempladas en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, la respuesta negativa se enviará al solicitante sin previa consulta del tercero autor del documento.3. La Dirección General o el Servicio depositarios darán curso favorable a la solicitud sin consultar previamente al tercero autor del documento cuando:a) El documento solicitado ya haya sido divulgado por su autor o en virtud del Reglamento o de disposiciones similares.b) La divulgación, eventualmente parcial, de su contenido no afecte manifiestamente a ninguno de los intereses contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001.4. En todos los demás casos, se consultará al tercero autor del documento. En particular, cuando la solicitud de acceso se refiera a un documento que emane de un Estado miembro, la Dirección General o el Servicio depositarios consultarán a la autoridad de origen cuando:a) El documento haya sido transmitido a la Comisión antes de la fecha de entrada en vigor del Reglamento (CE) n° 1049/2001.b) El Estado miembro haya pedido a la Comisión que no divulgue el documento sin su previo consentimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001.5. El tercer autor del documento al que se haya consultado dispondrá de un plazo de respuesta que no podrá ser inferior a cinco días laborables, pero que deberá permitir a la Comisión respetar sus propios plazos de respuesta. A falta de respuesta en el plazo fijado, o cuando el tercero en cuestión resulte inencontrable o inidentificable, la Comisión resolverá con arreglo al régimen de excepciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, teniendo en cuenta los intereses legítimos del tercero sobre la base de los elementos disponibles.6. En caso de que la Comisión tenga previsto otorgar el acceso a un documento en contra de la voluntad explícita de su autor, informará a éste de su intención de divulgar el documento en un plazo de diez días laborables, y le informará de las vías de recurso de que dispone para oponerse a esta divulgación.7. Cuando un Estado miembro reciba una solicitud de acceso a un documento que emane de la Comisión, aquél podrá dirigirse a efectos de consulta a la Secretaría General, quien se encargará de determinar cuál es la Dirección General o el Servicio responsable del documento en la Comisión. La Dirección general o el Servicio autor del documento responderá a esta solicitud tras consultar a la Secretaría General.Artículo 6Tramitación de las solicitudes de acceso a los documentos reservadosCuando una solicitud de acceso se refiera a un documento sensible a tenor del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, o a otro documento reservado en virtud de las normas de seguridad de la Comisión, dicha solicitud será tramitada por funcionarios autorizados a tener conocimiento del documento en cuestión.Toda decisión por la que se deniegue el acceso a la totalidad o parte de un documento reservado deberá justificarse sobre la base de las excepciones enumeradas en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001. En el caso de que el acceso al documento solicitado no pudiera denegarse sobre la base de tales excepciones, el funcionario encargado de tramitar la solicitud procederá a desclasificar el citado documento antes de transmitirlo al solicitante.No obstante, se precisará el consentimiento de la autoridad de origen para otorgar acceso a un documento sensible.Artículo 7Ejercicio del derecho de accesoLos documentos se enviarán por correo, fax o, en su caso, por correo electrónico, según la solicitud. Cuando la solicitud se refiera a documentos de gran volumen o difíciles de manipular, podrá invitarse al solicitante a desplazarse para consultar los documentos in situ. Esta consulta será gratuita.Cuando el documento haya sido publicado, la respuesta consistirá en facilitar las referencias de publicación y/o el lugar en que puede accederse al documento y, en su caso, la dirección del documento en el sitio EUROPA.Cuando el volumen de los documentos solicitados supere las veinte páginas, podrá exigirse al solicitante el pago de 0,10 euros por página, más los gastos de envío. Los gastos que se deriven de otro tipo de soportes se decidirán caso por caso, evitando que excedan de un importe razonable.Artículo 8Medidas por las que se facilita el acceso a los documentos1. La cobertura del registro previsto en el artículo 11 del Reglamento (CE) n° 1049/2001 se ampliará gradualmente. Dicha cobertura aparecerá indicada en la página principal del sitio EUROPA.El registro contendrá el título del documento (en las lenguas en que esté disponible), la signatura y demás referencias útiles, así como una indicación de su autor y la fecha de su creación o adopción.Una página de ayuda (en todas las lenguas oficiales) informará al público de la forma en que es posible obtener el documento. Si el documento está publicado, se incluirá un enlace con el texto íntegro.2. La Comisión elaborará una guía práctica destinada a informar al público de los derechos que le amparan en virtud del Reglamento (CE) n° 1049/2001. Esta guía se difundirá en todas las lenguas oficiales en el sitio EUROPA, así como en forma de folleto.Artículo 9Documentos directamente accesibles por el público1. Las disposiciones del presente artículo sólo se aplicarán a los documentos redactados o recibidos tras la fecha de aplicación del Reglamento (CE) n° 1049/2001.2. Los siguientes documentos se facilitarán automáticamente previa petición y, en la medida de lo posible, estarán directamente accesibles por vía electrónica:a) los órdenes del día de las reuniones de la Comisión,b) las actas ordinarias de las reuniones de la Comisión, una vez aprobadas,c) los textos adoptados por la Comisión destinados a su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas,d) los documentos originarios de terceros ya divulgados por su autor o con su consentimiento,e) los documentos ya divulgados en respuesta a una solicitud previa.3. En la medida en que sea evidente que no puede aplicárseles ninguna de las excepciones previstas en el artículo 4 del Reglamento (CE) n° 1049/2001, podrán divulgarse los siguientes documentos, a ser posible por vía electrónica, siempre que no reflejen opiniones o posiciones individuales:a) Tras la aprobación de una propuesta de acto del Consejo o del Parlamento Europeo y el Consejo, los documentos preparatorios de estas propuestas sometidos al Colegio durante el proceso de adopción.b) Tras la adopción de un acto por la Comisión en virtud de los poderes de ejecución que le son conferidos, los documentos preparatorios de estos actos sometidos al Colegio durante el proceso de adopción.c) Tras la adopción por la Comisión de un acto en virtud de sus propios poderes, así como de una comunicación, de un informe o de un documento de trabajo, los documentos preparatorios de estos documentos sometidos al Colegio durante el proceso de adopción.Artículo 10Organización internaCompeterá a los Directores Generales y Jefes de Servicio decidir el curso que deba darse a las solicitudes iniciales. En este sentido, designarán a un funcionario para que tramite las solicitudes de acceso y coordine la posición de su Dirección General o su Servicio.Las respuestas a las solicitudes iniciales se comunicarán para información a la Secretaría General.Las solicitudes confirmatorias se comunicarán para información a la Dirección General o al Servicio que haya respondido a la solicitud inicial.La Secretaría General garantizará la correcta coordinación y la aplicación uniforme de estas normas por las Direcciones Generales y Servicios de la Comisión. Facilitarán a tal efecto todas las orientaciones y directrices necesarias.(1) DO L 145 de 31.5.2001, p. 43.(2) DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.


title: 2006/826/CE: Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2006 , sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2004

text:
               6.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 340/80

      DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

   de 27 de abril de 2006
   sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2004
   (2006/826/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Vistas las cuentas anuales definitivas del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2004 (1),

               —

               Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia correspondientes al ejercicio 2004, acompañado de las respuestas del Observatorio (2),

               —

               Vista la Recomendación del Consejo de 14 de marzo de 2006 (5972/2006 — C6-0093/2006),

               —

               Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 276,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3), y, en particular, su artículo 185,

               —

               Visto el Reglamento (CE) no 1035/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997, por el que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (4), y, en particular, su artículo 12 bis,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, su artículo 94,

               —

               Vistos el artículo 71 y el anexo V de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0096/2006),

               1.

               Aprueba la gestión del Director del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en la ejecución del presupuesto del Observatorio para el ejercicio 2004;

               2.

               Presenta sus observaciones en la Resolución que acompaña a la presente Decisión;

               3.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que la acompaña al Director del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial (serie L).

            El Presidente

         Josep BORRELL FONTELLES

            El Secretario General

         Julian PRIESTLEY

      (1)  DO C 269 de 28.10.2005, p. 48.

      (2)  DO C 332 de 28.12.2005, p. 97.

      (3)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (4)  DO L 151 de 10.6.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1652/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 33).

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 1261/2005 (DO L 201 de 2.8.2005, p. 3).


title: 2013/627/UE: Decisión del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013 , sobre el cierre de las cuentas de la Empresa Común SESAR para el ejercicio 2011

text:
               16.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 308/373

      DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

   de 17 de abril de 2013
   sobre el cierre de las cuentas de la Empresa Común SESAR para el ejercicio 2011
   (2013/627/UE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa común SESAR relativas al ejercicio 2011,

               —

               Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común SESAR relativas al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de la Empresa Común (1),

               —

               Vista la Recomendación del Consejo de 12 de febrero de 2013 (05755/2013 – C7-0040/2013),

               —

               Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185,

               —

               Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3), y, en particular, su artículo 208,

               —

               Visto el Reglamento (CE) no 219/2007 del Consejo, de 27 febrero 2007, relativo a la constitución de una empresa común para la realización del sistema europeo de nueva generación para la gestión del tránsito aéreo (SESAR) (4), y, en particular, su artículo 4 ter,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, su artículo 94,

               —

               Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A7-0101/2013),

               1.

               Aprueba el cierre de las cuentas de la Empresa Común SESAR para el ejercicio 2011;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la Empresa Común SESAR, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Martin SCHULZ

            El Secretario General

         Klaus WELLE

      (1)  DO C 6 de 10.1.2013, p. 46.

      (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (3)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

      (4)  DO L 64 de 2.3.2007, p. 1.

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

         RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

      de 17 de abril de 2013
      sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de las agencias de la Unión Europea para el ejercicio 2011: rendimiento, gestión financiera y control
      EL PARLAMENTO EUROPEO,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 14 de noviembre de 2011, sobre seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 [COM(2011) 736] y los documentos de trabajo de la Comisión adjuntos [SEC(2011) 1350 y SEC(2011) 1351],

                  —

                  Vista la Declaración común del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea sobre las agencias descentralizadas, de 19 de julio de 2012,

                  —

                  Visto el enfoque común aplicado a las agencias descentralizadas de la UE, anexo a la Declaración común de 19 de julio de 2012,

                  —

                  Vista la hoja de ruta para el seguimiento del enfoque común aplicado a las agencias descentralizadas de la UE, aprobada por la Comisión en diciembre de 2012,

                  —

                  Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Agencias europeas – Orientaciones para el futuro» [COM(2008) 135],

                  —

                  Vista su Resolución de 10 de mayo de 2012 sobre el presupuesto 2010: rendimiento, gestión financiera y control de las agencias de la UE (1),

                  —

                  Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185,

                  —

                  Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3), y, en particular, su artículo 208,

                  —

                  Vistos el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y, en particular, su artículo 96,

                  —

                  Visto el Informe Especial no 15/2012 del Tribunal de Cuentas titulado «Gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas»,

                  —

                  Vistos los Informes Anuales específicos (5) del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de las agencias descentralizadas correspondientes al ejercicio 2011,

                  —

                  Visto su estudio titulado «Oportunidad y viabilidad de la creación de servicios de apoyo común para las agencias de la UE», de 7 de abril de 2009,

                  —

                  Vista su Declaración de 18 de mayo de 2010 sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (6), su Resolución de 15 de septiembre de 2011 sobre los esfuerzos de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción (7) y la Comunicación de la Comisión sobre la lucha contra la corrupción en la UE [COM(2011) 308],

                  —

                  Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0118/2013),

                  A.

                  Considerando que la presente Resolución incluye, para cada organismo en el sentido del artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002, observaciones horizontales que acompañan la decisión de aprobación de la gestión de conformidad con el artículo 96 del Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 y el anexo VI, artículo 3, del Reglamento del Parlamento;

                  B.

                  Considerando que el número de agencias se ha multiplicado por tres en el último decenio, pasando de 10 en 2001 a 30 en 2011;

         Cuestiones generales

                  1.

                  Destaca la importancia de las tareas desempeñadas por las agencias y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos, en particular por lo que se refiere a la calidad de los medicamentos, la seguridad alimentaria, la seguridad aérea y el control de los brotes de enfermedades infecciosas; pone de relieve, en este contexto, la suprema importancia de la autonomía de las agencias, en particular de las agencias reguladoras y de las encargadas de recopilar información independiente; recuerda que la finalidad principal de la creación de las agencias descentralizadas fue poder proporcionar evaluaciones técnicas y científicas independientes;

                  2.

                  Recuerda que en julio de 2012, tras tres años de análisis y negociaciones, el Parlamento, el Consejo y la Comisión adoptaron un Enfoque común sobre las agencias descentralizadas, acuerdo político relativo a la futura gestión y a la reforma de las agencias; acoge favorablemente la conclusión de este acuerdo, aunque deplora que en él no se establezcan procedimientos de decisión para la puesta en marcha de las actuaciones propuestas ni disposiciones para la supervisión de tales procedimientos por el Parlamento Europeo;

                  3.

                  Valora positivamente los informes del Tribunal de Cuentas y, en particular, sus esfuerzos por atender a los requerimientos del Parlamento para que mejore la calidad de sus auditorías y haga más fácil el procedimiento de aprobación de la gestión;

                  4.

                  Observa con satisfacción que los informes de auditoría contienen ahora información más detallada que en los ejercicios anteriores; anima al Tribunal a mantener esta tendencia y a seguir desarrollando elementos de evaluación del rendimiento en sus varios informes anuales de auditoría y en sus informes especiales; pide al Tribunal que promueva los debates contradictorios siempre que las agencias lo soliciten y que mejore así la información y la transparencia en sus informes, reseñando, por ejemplo, aquellos casos en los que haya sido la propia agencia la que ha detectado el problema y lo ha comunicado al Tribunal, y caracterizando con mayor claridad todavía los casos en los que se haya emitido una reserva;

                  5.

                  Recuerda a todas las agencias su obligación de presentar a la autoridad de aprobación de la gestión un informe elaborado por su director ejecutivo en el que se resuman el número y tipo de auditorías internas realizadas por el auditor interno, las recomendaciones formuladas y el curso dado a estas recomendaciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 72, apartado 5, del Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002;

                  6.

                  Elogia la buena cooperación mantenida con la comisión competente de la Red de agencias de la Unión («la Red»), foro para la coordinación, el intercambio de información y la adopción de posiciones comunes sobre asuntos de interés común para las agencias, y pide encarecidamente que se refuerce esta Red; observa con satisfacción la disponibilidad y la apertura de los directores de las agencias contactadas en el marco del procedimiento anual de aprobación de la gestión; observa con sorpresa la carta de la Red de 19 de octubre de 2012 en la que se pide al Parlamento que vuelva a su práctica de años anteriores; por el contrario, anima a la Red, y espera que así lo haga, a que apoye los cambios propuestos por el Parlamento en la anterior aprobación de la gestión en favor de una mejor gestión, transparencia y lucha contra los conflictos de intereses en beneficio de los consumidores y por el dinero de los contribuyentes;

                  7.

                  Hace hincapié en la necesidad de centrarse en la eficacia y transparencia en el ejercicio de aprobación de la gestión y pide a todas las partes interesadas —el Tribunal de Cuentas, el Consejo, las agencias y la Red— que adopten esta posición con respecto a la aprobación de la gestión; destaca que el hecho de reorientarse hacia el rendimiento no debe suponer en modo alguno un obstáculo para la regularidad y la buena gestión financiera;

                  8.

                  Destaca, en este sentido, la relación que existe entre la carga administrativa de las agencias y su rendimiento; considera que para que las agencias funcionen lo más eficazmente posible y optimicen al máximo los recursos de los que disponen, deben buscar sinergias, proceder a un mayor intercambio de buenas prácticas y compartir servicios en función de la proximidad geográfica o temática; considera que también se debería mejorar, ampliar y facilitar el acceso a los servicios ofrecidos por la Comisión;

                  9.

                  Propone una simplificación de la reglamentación financiera aplicada a las agencias, lo que permitiría reducir los gastos correspondientes a su personal administrativo; pide a la Comisión que elabore propuestas cuyo efecto sea animar a las agencias a utilizar la opción de simplificación con respecto a los procedimientos de contratación en aquellos casos en los que el procedimiento estándar esté concebido para organizaciones de mayor tamaño y represente una carga excesiva para las agencias;

                  10.

                  Observa con preocupación diversos problemas detectados por el Tribunal de Cuentas y que afectan a varias agencias, en particular en relación con:

                              —

                              prórrogas que no se apoyan en compromisos o que parecen excesivamente elevadas,

                              —

                              falta de transparencia o de rigor en las contrataciones,

                              —

                              adjudicación y gestión de contratos,

                              —

                              posibles conflictos de intereses, incluso en los consejos de administración;

                  11.

                  Toma nota, en este contexto, de la respuesta de la Red; se felicita de la acción coordinada llevada a cabo por las agencias y de su intención de afrontar los problemas detectados por el Tribunal de Cuentas y pide a la Red, así como individualmente a las agencias, que informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre los progresos hechos en la aplicación de las medidas concretas destinadas a salvar las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas y el Parlamento en el procedimiento de aprobación de la gestión correspondiente al ejercicio 2010; hace hincapié en el hecho de que la responsabilidad recae sobre el director ejecutivo y el consejo de administración de cada agencia;

                  12.

                  Insta a la Red, así como a las agencias individuales, a que informen a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de los progresos realizados en la aplicación de estas ideas y planteamientos, con objeto de evaluar si el enfoque escogido ha servido para resolver las cuestiones pendientes constatadas por el Tribunal de Cuentas y señaladas en el enfoque común, y a que también le informen de las acciones individuales y colectivas emprendidas para abordar las observaciones del Tribunal de Cuentas, así como del resultado de las mismas;

                  13.

                  Recalca que las agencias vienen solicitando desde hace tiempo una mayor flexibilidad de las normas del Reglamento Financiero aplicables a las agencias; reconoce que la mayor parte de estas normas son desproporcionadas y no están adaptadas ni al tamaño ni a los objetivos ni a las características de la mayor parte de las agencias; considera que una simplificación de la reglamentación financiera y estatutaria aplicable a las agencias permitirá mejorar la eficiencia de estas, limitar sus gastos y solucionar muchos de los problemas señalados por el Tribunal de Cuentas;

                  14.

                  Observa que algunas agencias del espacio de libertad, seguridad y justicia son operativas y que la ejecución de sus presupuestos puede depender de factores externos que deberían tenerse en cuenta en el curso del procedimiento presupuestario;

         Gestión presupuestaria y financiera

                  15.

                  Reitera que el principio de anualidad es uno de los tres principios contables básicos (unidad, anualidad y equilibrio) indispensables para garantizar una ejecución eficiente del presupuesto de la Unión; señala que las agencias descentralizadas no siempre cumplen cabalmente este principio;

                  16.

                  Recuerda a las agencias que no se ha solucionado todavía el problema persistente de las prórrogas; toma nota de las explicaciones dadas por las agencias en lo que se refiere a la dificultad para evitar las prórrogas en los gastos de operaciones; considera, no obstante, que en algunos casos todavía hay margen de mejora, en particular mediante una mejor gestión de los créditos de compromiso basados en las necesidades reales, una mejor planificación interna y de las previsiones generales de ingresos, una disciplina presupuestaria más estricta y un control regular del gasto; pide a las agencias que examinen sus procesos administrativos internos con el fin de reducir la carga administrativa, especialmente en los procesos de contratación pública y contratación de personal; considera que tanto la Comisión como el Tribunal de Cuentas deben ayudar eficazmente a las agencias en esta labor;

                  17.

                  Señala que en algunos casos la planificación interna requiere mejoras, lo que exige que las agencias mejoren sus procedimientos de trabajo; reconoce al mismo tiempo que en determinadas circunstancias y con una justificación adecuada (por ejemplo, la imposibilidad de liquidar pagos durante el ejercicio de la contratación), esto debe mencionarse de manera transparente en el informe del Tribunal de Cuentas; considera que solo de este modo puede evaluarse con certeza si las prórrogas son demasiado elevadas o no;

                  18.

                  Destaca, en este contexto, la necesidad de tener en cuenta la jerarquía de normas y opina que, en general, debe prevalecer la buena gestión financiera; señala, no obstante, que la reglamentación financiera actual no resuelve el problema que se crea en las agencias cuya financiación se basa en el cobro de tasas, y pide a la Comisión que proponga una solución a este problema en la próxima revisión de la reglamentación aplicable a las agencias; señala que el Reglamento Financiero tampoco está adaptado a aquellas agencias que generan superávits y hace hincapié en que es imprescindible que en la reforma se contemplen soluciones para estos casos como, por ejemplo, la creación de un fondo de reserva limitado;

                  19.

                  Espera que el Tribunal de Cuentas, en su papel de auditor externo en cumplimiento del informe de aprobación de la gestión del Parlamento de 2010 y de su informe sobre la evaluación comparativa de las agencias, consulte a la Red para organizar un procedimiento abierto, accesible y transparente para evaluar y clasificar las agencias utilizando indicadores importantes en el ámbito de la buena gestión financiera y presupuestaria, bajos costes de gobernanza y una efectividad operativa eficaz, y presente los datos subyacentes en un formato fácilmente accesible (por ejemplo, en ficheros Excel o CSV);

                  20.

                  Observa con preocupación que algunas agencias han reconocido que la falta de flexibilidad que existe dentro del presupuesto constituye una deficiencia, y que podrían obtenerse ahorros si existiera suficiente flexibilidad dentro del presupuesto entre un título y otro; pide a la Comisión que examine atentamente la situación y que presente propuestas para abordar esta cuestión;

                  21.

                  Observa que las agencias están sujetas a un gran número de auditorías y procedimientos diferentes en el transcurso del ejercicio que a menudo se distribuyen de manera irregular y pueden ocasionarles dificultades; considera que debe hacerse frente a este problema, en primer lugar, coordinando mejor estas varias auditorías (8); considera que se debe consultar a las agencias para encontrar soluciones prácticas que no les impidan llevar a cabo sus principales cometidos; pide al Tribunal de Cuentas, a la Comisión, a las agencias y a la Red que presenten un enfoque de este asunto que sea adecuado para todas las partes interesadas;

                  22.

                  Pide que todas las agencias y empresas comunes adjunten sistemáticamente una plantilla normalizada relativa a la publicación de sus cuentas anuales definitivas que incluya los datos presentados en sus informes sobre la ejecución presupuestaria y sobre la gestión presupuestaria y financiera; recomienda a todas las agencias y empresas comunes que aporten esta información de forma detallada, fácilmente accesible y transparente (por ejemplo, mediante hojas de cálculo Excel o ficheros CSV), para facilitar la comparación entre sus ejecuciones presupuestarias, permitiendo así al Parlamento y a la opinión pública hacer una comparación detallada entre los gastos de las agencias y empresas comunes;

                  23.

                  Pide a la Red de agencias que introduzca un sistema de líneas presupuestarias detallado y normalizado, de manera que se pueda proceder a la agregación y la comparación de los ingresos y gastos de las agencias, así como a la comparación de la ejecución y utilización de cada línea presupuestaria por título, capítulo y partida; pide, además, a la Red de agencias que lleve a cabo la consiguiente comparación y vele por que las conclusiones y los datos subyacentes se publiquen gratuitamente y en un formato fácilmente accesible (por ejemplo, en ficheros Excel o CSV);

         Recursos humanos y política de contratación

                  24.

                  Señala que el Estatuto de los Funcionarios define los principios que permiten la adopción de la política de personal por parte de las agencias y que también son necesarias una mayor flexibilidad y simplificación de las normas estatutarias aplicables a las agencias para garantizar su mejor funcionamiento en este ámbito; señala, además, que, si bien el artículo 110 del Estatuto permite una cierta flexibilidad, dado que es la Comisión la que decide en última instancia, resulta fundamental que agencias y Comisión alcancen un acuerdo previo; considera que en caso de disenso la Comisión debería presentar una decisión motivada a la comisión competente del Parlamento;

                  25.

                  Recuerda a las agencias que, en sus planes de política de personal, deben adoptar una programación global de sus recursos humanos de acuerdo con la capacidad presupuestaria y administrativa de la que disponen con el fin de garantizar una política de personal coherente y adaptada a sus propias necesidades; recuerda igualmente que estos planes deberán tener en cuenta factores fundamentales como el equilibrio de género y el geográfico; en este sentido, recibe con satisfacción las iniciativas contempladas por la Comisión en su hoja de ruta así como el hecho de que las especificidades de las agencias ya se reconozcan en el procedimiento de revisión del Estatuto de los funcionarios ahora en curso;

                  26.

                  Muestra su preocupación por el hecho de que los procedimientos de contratación de personal de las agencias sigan siendo un problema recurrente prácticamente desde la creación de las mismas; de hecho, el Tribunal de Cuentas, en sus auditorías sobre el ejercicio 2011, ha constatado problemas o deficiencias de este tipo en todas las agencias menos en dos; se extraña de que ni el enfoque común ni la hoja de ruta ni prevean ninguna actuación en este ámbito;

                  27.

                  Considera que la práctica consagrada de los planes de política de personal es un valioso instrumento para una planificación del personal a largo plazo; expresa su creciente preocupación ante el hecho de que la Comisión anule, en el contexto del procedimiento presupuestario anual, planes de política de personal ya acordados y, por consiguiente, pide a la Comisión que limite el alcance de sus decisiones;

                  28.

                  Pide a todas las agencias que notifiquen a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria el número de días de vacaciones autorizados para cada grado con arreglo a los regímenes de horario flexible y de compensación de horas extras compensatorias que se adjuntan cada año a sus informes anuales de actividades;

         Conflicto de intereses y transparencia

                  29.

                  Se felicita por el Informe Especial no 15/2012 del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los conflictos de intereses en varias agencias de la UE seleccionadas, cuyo origen se encuentra en la solicitud del Parlamento de que el Tribunal llevase a cabo un análisis general del enfoque de las agencias en lo que se refiere a la gestión de las situaciones en las que pueden producirse conflictos de intereses;

                  30.

                  Considera que el valor añadido del Informe Especial no 15/2012 del Tribunal de Cuentas radica en su control periódico del progreso de las agencias en relación con la gestión y la prevención de los conflictos de intereses; pide al Tribunal que mantenga el seguimiento de este asunto extendiendo el alcance de su auditoría a otras agencias y que presente sus resultados en un futuro Informe Especial sobre la materia;

                  31.

                  Recuerda que en su Informe Especial no 15/2012 el Tribunal de Cuentas ha evaluado las políticas y los procedimientos para la gestión de los conflictos de intereses en cuatro agencias: la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA), la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA);

                  32.

                  Considera que la finalidad de la auditoría del Tribunal de Cuentas era dar respuesta a dos preguntas: en primer lugar, si las políticas y los procedimientos en vigor eran los adecuados y, en segundo lugar, si dichas políticas y dichos procedimientos se aplicaban adecuadamente; observa, además, que el Tribunal de Cuentas basó su trabajo en la definición de conflicto de intereses que figura en las directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y que el marco de referencia para los requisitos mínimos adoptado por el Tribunal también tiene su origen en dichas directrices; subraya, sin embargo, que, a pesar de ofrecer una referencia internacional en esta materia, las líneas directrices de la OCDE se refieren fundamentalmente al problema del conflicto de intereses de los trabajadores en el servicio público y, por lo tanto, no ofrecen una base adecuada para responder eficazmente a los posibles conflictos de intereses entre los órganos de dirección y otros órganos que intervienen en la actividad de las agencias, como es el caso de los consejos de administración o los paneles de expertos; reconoce, sin embargo, la utilidad del instrumental de la OCDE, en especial la lista de control para regalos, beneficios, etc., así como las recomendaciones en relación con las sanciones, a la necesidad de verificar la integridad y el contenido de las declaraciones de interés así como a la exigencia de pericia y conocimientos en la identificación de riesgos de conflictos de intereses;

                  33.

                  Toma nota de que los conflictos de intereses también pueden producirse entre los miembros del consejo de administración y la propia agencia, debido a intereses nacionales o institucionales, lo que puede poner en peligro el buen funcionamiento de la agencia; por consiguiente, pide a la Comisión que presente con urgencia al Parlamento una propuesta sobre el modo de abordar esta cuestión; espera que entre tanto se harán transparentes y públicas las declaraciones de interés de todos y cada uno de los miembros de los consejos de administración de las agencias;

                  34.

                  Lamenta que, según las conclusiones del Tribunal de Cuentas expuestas en su Informe Especial no 15/2012, en el momento de finalización del trabajo de campo (octubre de 2011), ninguna de las cuatro Agencias gestionase de manera adecuada las situaciones de conflicto de intereses; señala que si bien EMA y EFSA habían desarrollado políticas más avanzadas para la gestión de los conflictos de intereses, las políticas de la ECHA eran incompletas y la AESA no había puesto en funcionamiento ese tipo de políticas;

                  35.

                  Toma nota con preocupación de que el Tribunal de Cuentas detectó diversas insuficiencias, en particular, en lo que respecta a la aplicación de política y procedimientos para el personal y los miembros de la sala de recurso (ECHA), la transparencia en la publicación de declaraciones anuales de intereses (ECHA), la formación sobre conflictos de intereses (ECHA y AESA); subraya que de las cuatro agencias auditadas por el Tribunal solo la AEM aplicaba una política efectiva en materia de obsequios e invitaciones;

                  36.

                  Acoge con satisfacción las recomendaciones hechas por el Tribunal de Cuentas a las cuatro agencias auditadas; se felicita por el hecho de que, a raíz de las fiscalizaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas, las cuatro agencias seleccionadas hayan adoptado una serie de medidas para corregir sus propias deficiencias; insta a las agencias a que informen a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria acerca de cualesquiera otras medidas adoptadas en relación con las políticas y los procedimientos para hacer frente a tales deficiencias, incluidos los relativos a la gestión de conflictos de intereses;

                  37.

                  Toma nota de que el Tribunal de Cuentas señaló varias deficiencias importantes relativas a la extinción de la relación laboral que debilitan la prevención de las situaciones de «puertas giratorias»; apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas en la que este destaca la necesidad de abordar estas cuestiones de extinción de la relación laboral, y opina que procede aclarar el período en el que una persona que haya ocupado el cargo de director de una agencia o haya ejercido importantes responsabilidades en ella debe abstenerse de actividades que puedan implicar conflicto de intereses;

                  38.

                  Respalda las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en las que se invita a todas las instituciones de la Unión y órganos descentralizados a examinar si las recomendaciones del Informe Especial no 15/2012 del Tribunal son pertinentes y aplicables en su caso; considera que todas las agencias deben desarrollar y aplicar políticas y procedimientos generales en materia de independencia, estableciendo, entre otras cosas, un mecanismos para los casos de abuso de confianza y sanciones claras, o modificando los ya existentes basándose en la experiencia adquirida y en las recomendaciones del Informe Especial no 15/2012; pide a todas las agencias que informen a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre esta cuestión antes de finales de 2013;

                  39.

                  Celebra la iniciativa del Defensor del Pueblo Europeo de llevar a cabo una investigación de propia iniciativa sobre los caso de conflicto de intereses en su vertiente de «puertas giratorias» en relación con varios casos que se han denunciado recientemente en la Comisión; se hace eco de la advertencia del Defensor del Pueblo Europeo según la cual, aunque la gestión eficaz de los conflictos de intereses es esencial para la buena gobernanza y la correcta conducta ética, no todos los problemas de gobernanza y ética implican conflictos de intereses; considera que los conflictos de intereses deben abordarse dentro de sus estrictos límites y subraya la necesidad de promover estrategias de formación y prevención en relación con los conflictos de intereses en las instituciones de la Unión;

                  40.

                  Celebra la recomendación dirigida Tribunal de Cuentas a la Unión para que considere la posibilidad de seguir desarrollando el marco regulador relativo a la gestión de las situaciones de conflicto de intereses;

                  41.

                  Se felicita de la declaración interinstitucional común de 19 de julio de 2012 sobre las agencias descentralizadas, en particular de sus disposiciones relativas a la gestión y prevención de los conflictos de intereses (apartados 11 y 18) y a la independencia de los expertos científicos (apartado 20);

                  42.

                  Pide al Tribunal de Cuentas que lleve a cabo una evaluación de las medidas aplicadas por las agencias a partir de las recomendaciones que se les hicieron en su Informe Especial no 15/2012; pide a la Red que desarrolle propuestas que se basen en el intercambio de buenas prácticas y en las lecciones aprendidas y que le permitan determinar, en cooperación con la Comisión y con el Tribunal de Cuentas, aquellas agencias o aquellos ámbitos de actuación de las mismas donde el riesgo de albergar conflictos de intereses sea mayor; en este sentido, celebra la revisión del registro de transparencia relativo a los grupos de interés ante las instituciones de la Unión e insta a la Comisión y a las agencias a aplicar las medidas que se desprendan de esta revisión para los posibles conflictos de intereses;

                  43.

                  Celebra las acciones anunciadas por la Comisión en materia de conflictos de intereses y, en particular, su intención de presentar directrices para una política coherente de prevención y gestión de conflictos de intereses en relación con los miembros del consejo de administración y directores, miembros de los comités científicos y miembros de las salas de recurso (9), una tarea de la que se ha responsabilizado la Comisión y que se ha propuesto para 2013; observa con agrado que esta tarea constituye uno de los objetivos y acciones prioritarios de la Comisión; insta a la Comisión a que se atenga al año fijado como objetivo y a que informe a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de los resultados de esta acción antes de finalizar 2013 adjuntando las propuestas de acción legislativa que sean necesarias;

                  44.

                  Toma nota con satisfacción, en este sentido, de que para 2013 están previstas dos acciones que deberán emprender las agencias, a saber, a) adoptar y aplicar una política clara en materia de conflictos de intereses y, en particular, intercambiar experiencias y posiblemente desarrollar un enfoque coordinado para problemas comunes relativos a los comités científicos y las salas de recurso, y definir criterios transparentes y objetivamente verificables de imparcialidad e independencia de los miembros de la sala de recurso, y b) revisar los procedimientos de selección para los miembros de los comités científicos (10); insta a las agencias a que informen a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria de la situación relativa a estas tareas antes de finalizar 2013;

                  45.

                  Pide a la Comisión que tenga en cuenta la necesidad de mantener el equilibrio entre los riesgos y los beneficios, en particular en lo que respecta a la gestión de los conflictos de intereses, por una parte, y el objetivo de obtener el mejor asesoramiento científico posible, por la otra; considera que la proliferación de códigos de conducta y directrices éticas no puede impedir que surjan conflictos de intereses; considera que la adopción de códigos de conducta y directrices éticas es necesaria, pero no suficiente, y que la erradicación de conflictos de intereses solo puede lograrse aplicando normas sencillas y adecuadas y asegurando con eficacia su cumplimiento, como parte de una cultura general de honradez, integridad y transparencia;

                  46.

                  Reitera el hecho de que un elevado grado de transparencia es un elemento clave para reducir los riesgos de conflictos de intereses; por lo tanto, pide a las agencias que todavía no lo hayan hecho que publiquen en su sitio web la lista de los miembros de su consejo de administración, de su personal con responsabilidades administrativas y de los expertos externos e internos junto con sus declaraciones de intereses y sus currículums respectivos;

         Hoja de ruta

                  47.

                  Se congratula, en este contexto, por la hoja de ruta de la Comisión sobre el seguimiento del enfoque común aplicado a las agencias descentralizadas («la hoja de ruta»), adoptada por la Comisión en diciembre de 2012, y pide a todas las partes interesadas que hagan suyas las ideas expresadas en ella, en particular en el contexto de las negociaciones en curso sobre el marco financiero plurianual;

                  48.

                  Apoya sin reservas los objetivos principales de la Comisión establecidos en la hoja de ruta, a saber: lograr una gobernanza más equilibrada, mejorar la eficiencia y la responsabilización de las agencias e introducir mayor coherencia en su forma de funcionamiento; acoge con satisfacción las acciones que se proponen en la hoja de ruta, en particular las relacionadas con la simplificación de los consejos de administración, con los esfuerzos por hallar sinergias entre las agencias y con la posibilidad de fusionar algunas de ellas;

                  49.

                  Observa, no obstante, que la hoja de ruta, si bien constituye un buen punto de partida, sigue careciendo de una evaluación global del panorama de las agencias, así como de una visión y una estrategia claras para afrontar la necesidad de modernizar las agencias; considera que la Comisión podía haber sido más ambiciosa y exigente a la hora de definir acciones específicas para cada una de las agencias o cada tipo o grupo de agencias; lamenta que la larga duración del trabajo del Grupo de Trabajo Interinstitucional haya conducido a un resultado más bien modesto en esta etapa, y lamenta que el Consejo no se haya mostrado más abierto a un enfoque más ambicioso; está convencido de que un enfoque más ambicioso y orientado al futuro habría aportado un valor añadido considerablemente mayor;

                  50.

                  Celebra que una de las prioridades del enfoque común sea la mejora de la gobernanza de las agencias, sobre todo a través de la clarificación y establecimiento de los papeles del Consejo de administración y del Director ejecutivo, así como la revisión del papel de los representantes de la Comisión y del Parlamento Europeo en los consejos de administración y su función; este ejercicio contribuirá igualmente a aclarar la relación de las agencias con las instituciones de la UE y con los Estados miembros, a establecer los mecanismos reforzados de rendición de cuentas de las agencias y a definir el grado de responsabilidad de la Comisión en las actividades de las agencias en pleno respeto del principio de independencia de las mismas;

                  51.

                  Pide a la Comisión que utilice mejor las recomendaciones de las agencias y su potencial de desarrollo de capacidades en el marco del Semestre Europeo, en particular en la elaboración del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y los indicadores macroeconómicos; subraya el papel fundamental de las agencias en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020;

         Independencia

                  52.

                  Subraya que la independencia de las agencias reviste suma importancia; recuerda que las agencias deben estar en condiciones de ejecutar su mandato de forma independiente, y lamenta que actualmente este no siempre sea el caso; opina que las Direcciones Generales de la Comisión deben considerarse socias de las agencias, y toma nota con preocupación de que, en ocasiones, las intervenciones de la Comisión suscitan dudas acerca de la objetividad de las decisiones y de las acciones que realizan las agencias, en particular cuando se presentan riesgos elevados en relación con la seguridad de los consumidores;

         Rendición de cuentas

                  53.

                  Considera debería racionalizarse la responsabilidad democrática de las agencias, en particular la forma en que las agencias informan a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria (sigue habiendo incoherencias, en particular, en la forma de presentar información financiera y en la presentación de los informes sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria); considera que las relaciones entre el Parlamento y las agencias mejorarían con la introducción de un sistema más sólido y mejor estructurado de información al Parlamento; considera que la actual situación está más bien fragmentada y que en demasiadas ocasiones los contactos y la transmisión de información tienen lugar como acciones ad hoc;

                  54.

                  Considera indispensable que las comisiones parlamentarias competentes para las agencias examinen con extrema atención los programas de trabajo anuales de estas y velen por que dichos programas reflejen la situación actual en cada caso y las prioridades políticas; Espera, a este respecto, una cooperación intensa de las agencias con las comisiones y la Comisión, en consonancia con la Declaración común de 19 de julio de 2012 sobre las agencias descentralizadas, durante la elaboración de los programas de trabajo anuales;

                  55.

                  Pide a las agencias que publiquen en su sitio web, en interés de la transparencia y del control democrático, incluido el control ejercido por el Parlamento, las actas de las reuniones de sus consejos de administración;

                  56.

                  Sugiere que un miembro de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento pueda asistir a las reuniones de los consejos de administración de las agencias en calidad de observador;

         Posibilidades de cooperación más estrecha y de fusión de agencias

                  57.

                  Considera que deben explorarse otras posibles sinergias entre la Escuela Europea de Policía y la Oficina Europea de Policía, teniendo en cuenta los resultados del estudio publicado por la primera en 2011 (contrato CEPOL/CT/2010/002); toma nota de que en marzo de 2014 la Escuela Europea de Policía deberá abandonar sus instalaciones actuales de Bramshill (Reino Unido); pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de traslado de la Escuela Europea de Policía a La Haya (Países Bajos), donde tiene actualmente su sede la Oficina Europea de Policía, para que ambas agencias puedan compartir instalaciones y servicios sin comprometer el cumplimiento de sus tareas básicas ni su autonomía; pone de relieve que una decisión rápida sobre el traslado de la Escuela Europea de Policía reduciría en proporción considerable el grado de inseguridad que puede afectar desfavorablemente al personal y a los procedimientos de reclutamiento;

                  58.

                  Pide a la Comisión que, junto con la Fundación Europea de Formación, el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo y la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, siga investigando las sinergias que existen entre estas agencias y que informe a la autoridad responsable de la aprobación de la gestión de la posibilidad de una mayor integración de las mismas; pide a esas agencias y a la Comisión que evalúen si una cooperación más estrecha podría dar lugar a economías de escala y optimizar su rendimiento;

                  59.

                  Considera que debe establecerse una coordinación más estrecha entre determinadas agencias, en particular por lo que se refiere a las decisiones que causen efectos en el ámbito de competencias de otra agencia; propone que las agencias interesadas alcancen un acuerdo entre ellas, con la participación de las partes interesadas pertinentes, para evitar conflictos en materia de legislación; pide a las agencias que, en estos casos, informen en todo momento a las comisiones parlamentarias competentes;

         Intercambio de las mejores prácticas

                  60.

                  Subraya la necesidad de asegurar que las agencias de reciente creación [por ejemplo, la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), la Autoridad Bancaria Europea (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), todas creadas en 2011] se beneficien de las mejores prácticas de las agencias más antiguas y experimentadas, con el fin de prevenir deficiencias en la contratación de personal, la adjudicación de contratos y las reglamentaciones financieras;

                  61.

                  Observa con satisfacción que las agencias de reciente creación participan en las reuniones de la Red tres veces al año y que esas reuniones incluyen intercambios de buenas prácticas; observa, además, que las agencias de reciente creación están invitadas a participar en las redes secundarias creadas para debatir cuestiones que requieren conocimientos técnicos, en particular la red secundaria de Jefes de Administración que se reúne con la misma frecuencia que la Red y trata de cuestiones relativas a la contratación de personal, la adjudicación de contratos y las reglamentaciones financieras;

                  62.

                  Toma nota de las dos visitas de estudio organizadas por la AEVM a la Agencia Ferroviaria Europea (AFE) en 2011 y a la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM) en 2012, en las que el personal de la AEVM tuvo la oportunidad de familiarizarse con las buenas prácticas de otras agencias ya consolidadas; toma nota del desarrollo de contactos frecuentes entre la AEVM, la AESPJ y la ABE, gracias a los cuales pueden intercambiar experiencias, armonizar sus prácticas y beneficiarse de sinergias;

                  63.

                  Insta a la Red a establecer vínculos con la Comisión con miras a explorar las posibilidades de organizar acciones comunes de formación para agencias y solucionar de este modo los problemas financieros detectados por el Tribunal de Cuentas en 2011;

         Autoridades Europeas de Supervisión (AES)

                  64.

                  Observa con preocupación que las disposiciones del Reglamento Financiero no se adaptan plenamente al sistema financiero de las AES, ya que entre el 55 % y el 60 % de sus presupuestos se financia a partir de las aportaciones de los Estados miembros y de los países de la Asociación Europea de Libre Comercio; considera que es fundamental encontrar los mecanismos adecuados para garantizar la seguridad y estabilidad financiera de las AES, que están expuestas a riesgos específicos por el carácter híbrido de su financiación: considera que esta cuestión se debería abordar, a más tardar, durante la próxima revisión del Reglamento Financiero en lo que se refiere a las agencias, y pide a la Comisión que evalúe esta situación y que informe a la autoridad de aprobación al respecto;

                  65.

                  Destaca la importancia de que el presupuesto asignado se corresponda adecuadamente con los puestos disponibles, por una parte, y con las tareas que se han encomendado a las AES, por otra, ya que, de no ser así, podrían generarse desequilibrios en materia de personal en lo que se refiere a la contratación del personal de las AES, por una parte, y a la participación de expertos nacionales, por otra; manifiesta su preocupación por el hecho de que la Comisión haya modificado la plantilla de personal, con arreglo a lo propuesto por las AES, sin indicarlo claramente; pide a la Comisión que sea totalmente transparente con respecto a esta y otras cuestiones;

                  66.

                  Señala a este respecto los motivos de preocupación expuestos en las conclusiones preliminares de la evaluación del sector financiero del FMI de diciembre de 2012 sobre la UE, en las que se recomienda que se incrementen los recursos y competencias de las AES en la medida en que ello sea necesario para que estas den cumplimiento a sus mandatos de manera satisfactoria, reforzando al mismo tiempo su independencia operativa;

         Igualdad de género

                  67.

                  Subraya la importancia de establecer políticas que garanticen una representación adecuada de mujeres y hombres en los órganos directivos de las agencias; insta a la Red a que introduzca y promueva directrices generales relativas a las mejores prácticas en este ámbito, aunque los reglamentos constitutivos no incluyan indicaciones específicas para las agencias a este respecto; pide a los directores ejecutivos de las agencias que, como responsables últimos de las cuestiones de personal, garanticen la paridad de género tanto entre el personal de las agencias como entre las personas que ocupan puestos de responsabilidad en las mismas;

                  68.

                  Observa con preocupación el escaso número de mujeres en los puestos de dirección ejecutiva de las agencias; ya que en la mayor parte de las agencias el nombramiento de los directores es competencia del consejo de administración sobre la base de una lista de preselección adoptada por la Comisión, pide a los consejos de administración de las agencias y a la Comisión que respeten los principios de igualdad y que tengan en cuenta la estrategia lanzada por la Comisión en 2010 con miras a mejorar el equilibrio entre hombres y mujeres en los puestos de responsabilidad; muestra su preocupación por el hecho de que ni el enfoque común ni la hoja de ruta contemplen las políticas de igualdad entre sus objetivos y pide a la Comisión que elabore propuestas concretas para remediar esta situación;

                  69.

                  Señala que es responsabilidad de los Estados miembros seleccionar a sus representantes en los órganos directivos de las agencias; pide a los Estados miembros que tengan en cuenta los principios de igualdad de género a la hora de designar a sus representantes para estos órganos y pide a los directores ejecutivos que sensibilicen a los miembros de los consejos de administración sobre esta cuestión cuando se trate de elegir a los presidentes y vicepresidentes; toma nota con satisfacción de que las presidencias de los actuales consejos de administración de dos de las agencias de la troika están ocupadas por mujeres;

         Sistemas informáticos complejos

                  70.

                  Subraya la necesidad de que las agencias, al igual que la Comisión, coordinen y compartan las mejores prácticas y experiencias con el fin de superar los retos tecnológicos y de gestión que plantean los complejos sistemas informáticos que deben funcionar a escala de la Unión; muestra su extrañeza ante el hecho de que la Comisión cobre tasas a las agencias por utilizar sus sistemas informáticos y de que dichas tasas no se fijen con arreglo a parámetros objetivos como, por ejemplo, el tamaño de las agencias; teniendo en cuenta que estas tasas representan una carga considerable para las agencias de menor tamaño y que no hay alternativa al cobro de estas cantidades, pide a la Comisión que las adapte a las medidas y capacidades financieras de las agencias;

                  71.

                  Señala a la atención de la Comisión las dificultades que han encontrado las agencias con los complejos sistemas informáticos como la contabilidad de ejercicio (ABAC) y SYSPER2, debido al hecho de que esos sistemas están diseñados para satisfacer las necesidades de la Comisión, más que las de las agencias; celebra las medidas de las redes secundarias que se ocupan de las consecuencias de este problema, en particular la Red de Tecnologías de la Información y la Comunicación de las Agencias de la UE (cuestiones de TI), y la red secundaria de Jefes de Administración (ABAC y SYSPER2), y pide a la Comisión que coopere más estrechamente con las agencias en esta cuestión;

                  72.

                  Propone que se dé a las agencias tengan la posibilidad de utilizar los programas informáticos de recursos humanos, o cualquier otra clase de programas informáticos, de la Comisión en vez de tener que adquirir programas propios a precios muy elevados;

                  73.

                  Propone que a partir del próximo ejercicio, en aras de facilitar la tarea de la autoridad responsable de la aprobación de la gestión para las agencias y dados el número de estas y la complejidad creciente de su actividad y de su producción, el Parlamento considere, cuando examine la actuación de cada una de las agencias y elabore su dictamen sobre la misma, la posibilidad de efectuar una reconfiguración que prevea la designación de varios ponentes, como ya se ha hecho con otras instituciones en este ejercicio;

                  74.

                  Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a las agencias sujetas al procedimiento de aprobación de la gestión, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas.

         (1)  DO L 286 de 17.10.2012, p. 388.

         (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

         (3)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

         (4)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

         (5)  DO C 368 de 16.12.2011.

         (6)  DO C 161 E de 31.5.2011, p. 62.

         (7)  DO C 51 E de 22.2.2013, p. 121.

         (8)  Véase, a este respecto, la acción 53 de la hoja de ruta para el seguimiento del enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la UE.

         (9)  Véase la hoja de ruta para el enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la UE, acción 33.

         (10)  Véase la hoja de ruta para el seguimiento del enfoque común sobre las agencias descentralizadas de la UE, acciones 34 y 35.


title: Decisión (UE) 2017/1743 del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2017, sobre el cierre de las cuentas de la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 relativas al ejercicio 2015

text:
               29.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 252/360

         DECISIÓN (UE) 2017/1743 DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 27 de abril de 2017
   sobre el cierre de las cuentas de la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 relativas al ejercicio 2015
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 relativas al ejercicio 2015,

               —

               Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 relativas al ejercicio 2015, acompañado de la respuesta de dicha Empresa Común (1),

               —

               Vista la declaración (2) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2015 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               —

               Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2017, sobre la aprobación de la gestión de la Empresa Común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2015 (05875/2017 — C8-0089/2017),

               —

               Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               —

               Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n.o 1605/2002 del Consejo (3), y en particular su artículo 209,

               —

               Visto el Reglamento (UE) n.o 557/2014 del Consejo, de 6 de mayo de 2014, por el que se establece la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 (4), y en particular su artículo 12,

               —

               Visto el Reglamento Delegado (UE) n.o 110/2014 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, sobre el Reglamento Financiero tipo para los organismos de las colaboraciones público-privadas a que se hace referencia en el artículo 209 del Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (5),

               —

               Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento,

               —

               Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0083/2017),

               1.

               Aprueba el cierre de las cuentas de la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2 relativas al ejercicio 2015;

               2.

               Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al director ejecutivo de la Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Antonio TAJANI

            El Secretario General

         Klaus WELLE

      (1)  DO C 473 de 16.12.2016, p. 57.

      (2)  DO C 473 de 16.12.2016, p. 58.

      (3)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

      (4)  DO L 169 de 7.6.2014, p. 54.

      (5)  DO L 38 de 7.2.2014, p. 2.


Avis juridique important

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32000D0296

2000/296/CE: Decisión de la Comisión, de 5 de abril de 2000, adoptada con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 3286/94 del Consejo, relativa a la prohibición de Chile de descargar las capturas de pez espada en los puertos chilenos [notificada con el número C(2000) 926]

Diario Oficial n° L 096 de 18/04/2000 p. 0067 - 0069

Decisión de la Comisiónde 5 de abril de 2000adoptada con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, relativa a la prohibición de Chile de descargar las capturas de pez espada en los puertos chilenos[notificada con el número C(2000) 926](2000/296/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) n° 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio(1), modificado por el Reglamento (CE) n° 356/95(2), y, en particular, sus artículos 13 y 14,Previa consulta al Comité consultivo,Considerando lo siguiente:A. PROCEDIMIENTO(1) El 26 de mayo de 1998 la Comisión recibió una denuncia con arreglo al artículo 3 y al artículo 4 del Reglamento (CE) no 3286/94 (en lo sucesivo denominado "el Reglamento"). La denuncia fue presentada por ANAPA (Asociación nacional de armadores de buques palangreros de altura).(2) El denunciante alegó que Chile mantiene una prohibición sobre el transbordo y el tránsito de las capturas de pez espada en los puertos chilenos, y que exige un certificado zoosanitario para los productos pesqueros que entran en territorio chileno, independientemente de la manera en que se produzca su entrada o de su destino final, prácticas ambas que no se ajustan, respectivamente, al artículo V del GATT 1994 y al apartado 3 del artículo 2 y los apartados 4 y 6 del artículo 5 del Acuerdo OMC sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Sobre esa base, el denunciante solicitó de la Comisión que tomara las medidas necesarias para convencer a Chile de que anulara estas medidas.(3) La denuncia contenía pruebas suficientes para justificar la iniciación de un procedimiento de investigación comunitario con arreglo al artículo 8 del Reglamento. En consecuencia, dicho procedimiento se inició el 10 de julio de 1998(3).(4) Tras iniciarse el procedimiento de investigación, la Comisión llevó a cabo una investigación, que llevó a las conclusiones que figuran más abajo.B. CONCLUSIONES RELATIVAS A LA EXISTENCIA DE UN OBSTÁCULO AL COMERCIO(5) La correspondiente legislación chilena relativa a la prohibición de descargar las capturas de pez espada en los puertos chilenos se basa en el artículo 165 de la Ley general de pesca y acuicultura, consolidada por el Decreto supremo no 430, de 28 de septiembre de 1991.(6) La investigación puso de manifiesto que la legislación chilena impone una prohibición sobre la descarga y el tránsito de las especies altamente migratorias (como el pez espada) capturadas dentro o fuera de la zona económica exclusiva de Chile, cuando estas capturas se efectúan contraviniendo las normas de conservación impuestas unilateralmente por Chile. Estas normas se aplican a las capturas de pez espada efectuadas en aguas interiores, el mar territorial o la zona económica exclusiva. En consecuencia, la prohibición se aplica a las capturas de pez espada efectudas en las zonas limítrofes de la zona económica exclusiva, es decir, fuera de la zona económica exclusiva.(7) Si bien la Comisión comparte el objetivo general de conservar los recursos de pez espada, considera que cualesquiera medidas encaminadas a este fin deben tomarse de la manera que menos perturbe el comercio y no deben producir una discriminación arbitraria o injustificable.(8) Se adoptó la correspondiente legislación chilena y se puso en vigor la prohibición de importación sin que Chile hubiera iniciado ninguna negociación seria con la Comunidad con objeto de celebrar acuerdos bilaterales o multilaterales. De hecho, Chile ha estado negociando desde 1997 un acuerdo sobre la conservación de los recursos vivos del Pacífico meridional en el marco de una organización regional, pero no ha contemplado la posibilidad de iniciar acuerdos de cooperación con la Comunidad.(9) La obligación de que los miembros de la OMC emprendan serios esfuerzos para negociar medios consensuales de protección y conservación de los recursos marinos vivos con todos los miembros interesados, en vez de tomar medidas unilaterales y discriminatorias, se estableció en "Estados Unidos - Prohibición de importación de determinados camarones y productos a base de camarones"(4). Como consecuencia del incumplimiento por Chile de esta obligación y de su arbitraria aplicación de sus medidas unilaterales, la investigación llegó a la conclusión de que la aplicación de las medidas chilenas equivale a una discriminación injustificable y arbitraria.(10) La investigación puso de manifiesto que la legislación chilena prohíbe a los buques pesqueros comunitarios descargar sus capturas de pez espada en los puertos chilenos, ya sea para desembarcarlos para su almacenamiento o para transbordarlos a otros buques. Esta prohibición también se aplica al mar territorial y la zona económica exclusiva de Chile y viola el principio de libertad de tránsito establecido por el artículo V del GATT 1994.(11) Por otra parte, las medidas chilenas, al imposibilitar la descarga en los puertos chilenos por lo que respecta a las capturas de pez espada efectuadas por buques comunitarios, imposibilitan también la importación de dichas capturas en Chile, lo que se opone al artículo XI del GATT 1994.(12) Por lo que respecta a la obligación de un certificado zoosanitario, la investigación señaló que las autoridades chilenas declararon que la legislación que introdujo la obligación en cuestión (Oficio circular no 240) fue derogada en noviembre de 1991. Considerando la rectificación de hecho efectuada por las autoridades chilenas, los servicios de la Comisión no llevaron a cabo un análisis más detallado de este obstáculo al comercio.(13) En estas circunstancias, la Comisión considera que la alegación del denunciante sobre la prohibición de descarga tiene fundamento y que las prácticas chilenas constituyen un obstáculo al comercio a efectos del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento, del mismo modo que se oponen al artículo V y al artículo XI del GATT 1994.(14) Con todo, la Comisión considera que la referencia a las bases jurídicas antes mencionadas no elimina el recurso a cualquier otra disposición oportuna del Acuerdo OMC y de los Acuerdos anejos a él, que puedan ser utilizados en los procedimientos ante la OMC.C. CONCLUSIONES RELATIVAS AL PERJUICIO(15) La investigación puso de manifiesto que los puertos chilenos son los más adecuados para el transbordo de las capturas de pez espada efectuadas por los buques comunitarios en el Pacífico sudoriental, debido a su posición geográfica, el adecuado desarrollo de su infraestructura y sus instalaciones comerciales. En consecuencia, la prohibición chilena relativa al transbordo de pez espada obliga a los buques comunitarios a desembarcar o transbordar sus capturas en los puertos de otros terceros países de la región, lo que requiere como mínimo un largo viaje de seis días y les produce los perjuicios siguientes:- costes derivados de las deficiencias de los puertos de otros terceros países comparados con los chilenos;- costes operativos adicionales derivados del viaje a los puertos de otros terceros países;- pérdida potencial de capturas durante el período adicional de viaje a los puertos de otros terceros países.(16) La Comisión llegó a la conclusión de que los efectos antes mencionados constituyen un perjuicio a efectos del apartado 3 del artículo 2 del Reglamento.D. CONCLUSIONES RELATIVAS A LOS EFECTOS COMERCIALES ADVERSOS(17) La investigación confirmó que las prácticas chilenas discutidas impiden a los buques pesqueros comunitarios acceder a los mercados de terceros países. En particular, los puertos chilenos constituyen bases esenciales para la exportación, especialmente de pez espada fresco, a Estados Unidos, debido a la estrecha relación comercial en este campo entre Chile y Estados Unidos.(18) La prohibición de desembarcar las capturas y, en consecuencia, utilizar los aeropuertos adyacentes, impide a los productores comunitarios exportar al mercado de Estados Unidos, que es uno de los mayores mercados mundiales de pez espada, creando así efectos comerciales adversos para los productores comunitarios.(19) Por otra parte, deben tenerse también en cuenta otros posibles efectos comerciales adversos. En la perspectiva de la futura cooperación internacional en el Pacífico sudoriental establecida por el Convenio de Derecho marítimo, la posición de la Comunidad se verá debilitada por la limitada presencia de buques comunitarios en la zona. En consecuencia, cabe prever que la imposibilidad de que los buques comunitarios accedan a los puertos chilenos producirá nuevos efectos adversos para la Comunidad.(20) En consecuencia, la Comisión llegó a la conclusión de que los efectos antes mencionados causan y amenazan causar efectos comerciales adversos a efectos del apartado 4 del artículo 2 del Reglamento.E. INTERÉS COMUNITARIO(21) Es esencial que los buques comunitarios tengan acceso a las zonas de pesca internacionales y que la libertad de tránsito sea garantizada por normas internacionales.(22) Interesa a la Comunidad hallar soluciones a las disputas sobre temas medioambientales a través de medidas negociadas multilateralmente, que favorezcan tanto el comercio como el desarrollo sostenible.(23) Por otra parte, no es aceptable que Chile imponga una medida que impide el accesso de los buques comunitarios a sus puertos si dichos buques no cumplen las normas de conservación impuestas unilateralmente. Tal como se declara en el informe del Órgano de Apelación en "Estados Unidos - Gasolina"(5) y se vuelve a confirmar en el informe del Órgano de Apelación en "Estados Unidos - Prohibición de importación de determinados camarones y productos a base de camarones"(6), los miembros de la OMC son libres de adoptar sus propias políticas encaminadas a proteger el medio ambiente en la medida en que al hacerlo cumplan sus obligaciones y respeten los derechos de los demás miembros con arreglo a los acuerdos OMC. Chile no lo ha hecho así en este caso concreto.(24) El que los socios de la OMC cumplan plenamente sus obligaciones reviste la máxima importancia para la Comunidad, que se ha comprometido a respetar las mismas obligaciones. Es fundamental para el adecuado funcionamiento de un sistema comercial multilateral abordar de manera coherente todas las prácticas supuestamente incompatibles con la OMC.F. CONCLUSIONES Y MEDIDAS A ADOPTAR(25) Se han celebrado reuniones con las correspondientes autoridades chilenas para discutir esta cuestión, con vistas a encontrar una solución amistosa, pero las autoridades chilenas no han efectuado ninguna propuesta que pueda constituir la base de dicha solución.(26) Por otra parte, Chile adoptó un nuevo Decreto (Decreto 598 de 15 de octubre de 1999) que amplía expresamente las normas en cuestión a las capturas de pez espada efectuadas en alta mar. En consecuencia, la prohibición de descarga en los puertos chilenos, que anteriormente se aplicaba a las capturas de pez espada efectuadas en la zona económica exclusiva y en sus zonas adyacentes, se aplica también actualmente a las capturas efectuadas en cualquier zona de alta mar.(27) En estas circunstancias, el interés de la Comunidad exige la iniciación de los procedimientos de solución de diferencias de la OMC.DECIDE:Artículo 11. La prohibición chilena de descargar las capturas de pez espada en los puertos chilenos no se atiene a las obligaciones de ese país con arreglo al Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio y constituye un "obstáculo al comercio" a efectos del apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CE) no 3286/94.2. La Comunidad iniciará procedimientos de solución de diferencias contra Chile con arreglo al Entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias y demás disposiciones correspondientes de la OMC con vistas a suprimir el obstáculo al comercio.Artículo 2La presente Decisión se aplicará a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 5 de abril de 2000.Por la ComisiónPascal LamyMiembro de la Comisión(1) DO L 349 de 31.12.1994, p. 71.(2) DO L 41 de 23.2.1995, p. 3.(3) Anuncio de iniciación de un procedimiento de examen relativo a un obstáculo al comercio, a efectos del Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, consistente en las prácticas comerciales mantenidas por Chile en relación con el tránsito y el transbordo de pez espada en los puertos chilenos (DO C 215 de 10.7.1998, p. 2).(4) El informe del Órgano de Apelación "Estados Unidos - Prohibición de importación de determinados camarones y productos a base de camarones" (WT/DS58/AB/R) fue adoptado el 12 de octubre de 1998, apartados 171 y 172.(5) El informe del Órgano de Apelación "Estados Unidos - Normas para la gasolina de nueva y antigua formulación" (WT/DS2/AB/R) fue adoptado el 20 de mayo de 1996.(6) Véase el apartado 186 del Informe del Órgano de Apelación, mencionado en la nota 4.