Avis juridique important

|

32001D0248

2001/248/CE: Decisión del Consejo, de 19 de marzo de 2001, sobre la celebración del Acuerdo marco de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra

Diario Oficial n° L 090 de 30/03/2001 p. 0045 - 0045

Decisión del Consejode 19 de marzo de 2001sobre la celebración del Acuerdo marco de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra(2001/248/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 57, su artículo 71, el apartado 2 de su artículo 80 y sus artículos 133 y 308, en relación con la segunda frase del párrafo primero del apartado 2 de su artículo 300 y el párrafo primero del apartado 3 de ese mismo artículo,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),Previa consulta al Comité Económico y Social,Considerando que procede aprobar el Acuerdo marco de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra.DECIDE:Artículo 1Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo marco de comercio y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra.El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.Artículo 21. Un representante de la Comisión, asistido por los representantes de los Estados miembros representará a la Comunidad en el Comité mixto contemplado en el apartado 3 del artículo 19 del Acuerdo marco.2. La posición que vaya a adoptar la Comunidad en el seno del Comité mixto cuando formule recomendaciones, será fijada por el Consejo a propuesta de la Comisión de conformidad con las correspondientes disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.Artículo 3El Presidente del Consejo efectuará, en nombre de la Comunidad Europea, la notificación prevista en el artículo 21 del Acuerdo marco.Artículo 4La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 19 de marzo de 2001.Por el ConsejoEl PresidenteA. Lindh(1) DO C 188 de 28.6.1996, p. 11.(2) DO C 104 de 14.4.1999, p. 59.


title: 2005/223/CE: Decisión de la Comisión, de 25 de febrero de 2005, por la que se modifica la Decisión 94/140/CE, relativa a la creación de un Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude

text:
               17.3.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 71/67

      DECISIÓN DE LA COMISIÓN

   de 25 de febrero de 2005
   por la que se modifica la Decisión 94/140/CE, relativa a la creación de un Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude
   (2005/223/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Mediante la Decisión 94/140/CE de la Comisión (1), la Comisión instituyó en su seno un Comité consultivo para la coordinación de la lucha contra el fraude (en lo sucesivo denominado «el Comité»), encargado de aconsejarla en todas aquellas cuestiones referentes a la prevención y a la represión de los fraudes e irregularidades, así como en las relativas a la cooperación entre los Estados miembros y entre éstos y la Comisión en materia de lucha contra el fraude.

               (2)

               Desde la creación del Comité, el mecanismo comunitario para la protección de los intereses financieros de la Comunidad se desarrolló y potenció ampliamente, en particular, mediante nuevas medidas legislativas y cambios organizativos de la Comisión.

               (3)

               Así, merced al Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo (2), se aprobó una reglamentación general en la que se definía el concepto de irregularidad y por la que se adoptaban las medidas y sanciones administrativas impuestas en materia de protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas e, igualmente, mediante el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo (3), se introdujo una normativa específica, aplicable a todos los ámbitos de actividad de las Comunidades, sobre los controles y comprobaciones administrativos in situ efectuados por la Comisión.

               (4)

               El artículo 280, introducido en el Tratado CE por el Tratado de Amsterdam, dio un nuevo marco institucional a la lucha contra el fraude. El nuevo texto prevé en particular una competencia compartida de la Comunidad y de los Estados miembros y una colaboración estrecha y regular entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión, con vistas a proteger los intereses financieros de las Comunidades.

               (5)

               La Decisión 1999/352/CE, CECA, Euratom de la Comisión (4) instituyó en el seno de ésta la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), encargada de efectuar las investigaciones administrativas contra el fraude, ampliándose sus competencias a todas aquellas actividades relacionadas con la protección de los intereses comunitarios frente a conductas irregulares que pudieren desembocar en procedimientos administrativos o penales.

               (6)

               El Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo (6) fijaron el marco legal de las actividades de la OLAF, encargándola especialmente de garantizar la colaboración entre las autoridades competentes de los Estados miembros y de la Comisión, al objeto de coordinar las acciones de protección de los intereses financieros comunitarios contra el fraude.

               (7)

               Por lo que se refiere a la protección del euro contra la falsificación de moneda, el Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo (7) organizó una cooperación estrecha y regular entre, en particular, las autoridades nacionales y la Comisión, confiriendo a esta última el mandato de asegurar, con la ayuda de un Comité consultivo adecuado, la protección global de la moneda única europea. La Decisión 2001/923/CE del Consejo (8) confirió a la Comisión competencias en la gestión y aplicación, en cooperación con los Estados miembros, de un programa comunitario de acción en materia de intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles»).

               (8)

               Habida cuenta de esta nueva orientación del mecanismo comunitario y en vista del carácter horizontal del Comité, es conveniente adaptar sus competencias consultivas y la representación en el mismo de los Estados miembros, cuyos representantes podrán estar asistidos por las autoridades nacionales competentes. Para una mayor flexibilidad de los trabajos del Comité, es conveniente también contemplar la posibilidad de constituir grupos de trabajo sectoriales.

               (9)

               Es procedente, pues, modificar la Decisión 94/140/CE.

         DECIDE:
   Artículo 1
   La Decisión 94/140/CE se modificará como sigue:

               1)

               En el artículo 2, el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:
               «1.   La Comisión podrá consultar al Comité sobre cualquier cuestión relativa a la prevención y a la represión del fraude y cualquier otra actividad que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Comunidad, así como sobre cualquier cuestión de cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y entre éstas y la Comisión tendente a proteger los intereses financieros de la Comunidad, y ello con vistas a establecer una mejor organización de la colaboración estrecha y regular entre las autoridades competentes en materia de lucha contra el fraude.
               El Comité podrá ser consultado por la Comisión sobre toda cuestión que afecte a las actividades vinculadas a la protección de los intereses financieros de la Comunidad y a la protección del euro, billetes y monedas, contra la falsificación de moneda.
               El Comité podrá ser consultado también por la Comisión sobre toda cuestión relativa a la protección jurídica de los intereses financieros de la Comunidad, incluso en aquellos aspectos que se refieren a la dimensión policial y judicial de las actividades de concepción y de cooperación en materia de lucha contra el fraude.».

               2)

               El artículo 3 se modificará como sigue:

                           a)

                           el apartado 1 se sustituirá por el texto siguiente:
                           «1.   El Comité estará compuesto por dos representantes de cada Estado miembro, los cuales podrán estar asistidos por dos representantes de las respectivas autoridades nacionales competentes.»;

                           b)

                           el apartado 3 se sustituirá por el texto siguiente:
                           «3.   Previo acuerdo de la Comisión, el Comité podrá crear grupos de trabajo que faciliten su tarea en sectores de su competencia.
                           La Comisión se encargará de la secretaría.».

               3)

               En el artículo 6, la referencia al artículo 214 del Tratado se sustituirá por la referencia al artículo 287 del Tratado.

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 25 de febrero de 2005.

            Por la Comisión

         Siim KALLAS

            Vicepresidente

      (1)  DO L 61 de 4.3.1994, p. 27.

      (2)  DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.

      (3)  DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

      (4)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.

      (5)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

      (6)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 8.

      (7)  DO L 181 de 4.7.2001, p. 6.

      (8)  DO L 339 de 21.12.2001, p. 50.


Avis juridique important

|

32002D1009(01)

Decisión del Consejo de 30 de septiembre de 2002 por la que se nombran los miembros titulares y suplentes del Comité consultivo de formación profesional

Diario Oficial n° C 243 de 09/10/2002 p. 0001 - 0003

Decisión del Consejode 30 de septiembre de 2002por la que se nombran los miembros titulares y suplentes del Comité consultivo de formación profesional(2002/C 243/01)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Vista la Decisión del Consejo, de 18 de diciembre de 1963, por la que se establece el Estatuto del Comité consultivo de formación profesional(1),Vistas las listas de candidatos presentadas al Consejo por cada uno de los Gobiernos de los Estados miembros,Considerando lo siguiente:(1) Conviene tener en cuenta, en particular, el cuarto principio enunciado en la Decisión por la que se establecen los principios generales de aplicación de una política común de formación profesional, adoptada por el Consejo el 2 de abril de 1963.(2) Mediante su Decisión de 5 de junio de 2000(2), el Consejo nombró a los miembros titulares y suplentes del Comité consultivo de formación profesional para el período comprendido entre el 5 de junio de 2000 y el 4 de junio de 2002.(3) Es oportuno nombrar a los miembros titulares y suplentes del Comité consultivo de formación profesional para un período de dos años.DECIDE:Artículo 1Se nombran miembros titulares y suplentes del Comité consultivo de formación profesional para el período comprendido entre el 30 de septiembre de 2002 y el 29 de septiembre de 2004:I. REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS>SITIO PARA UN CUADRO>II. REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES>SITIO PARA UN CUADRO>III. REPRESENTANTES DE LOS EMPRESARIOS>SITIO PARA UN CUADRO>Artículo 2El Consejo procederá ulteriormente al nombramiento de los miembros todavía no designados de Suecia.Artículo 3La presente Decisión se publicará, para información, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 30 de septiembre de 2002.Por el ConsejoEl PresidenteB. Bendtsen(1) DO 190 de 30.12.1963, p. 3090/63, modificada por la Decisión de 9 de abril de 1968 (DO L 91 de 12.4.1968, p. 26).(2) DO C 165 de 15.6.2000, p. 1.


title: 2005/356/CE: Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, sobre la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses

text:
               4.5.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 114/9

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 22 de diciembre de 2004
   sobre la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses
   (2005/356/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 94 en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo primero, apartado 3, párrafo primero, y apartado 4,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de octubre de 2001, el Consejo autorizó a la Comisión a negociar con el Principado de Andorra un Acuerdo apropiado para garantizar la adopción, por este Estado, de medidas equivalentes a las que se habrán de aplicar en la Comunidad para garantizar la fiscalidad efectiva de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.

               (2)

               El texto del Acuerdo resultante de estas negociaciones cumple las directrices de negociación adoptadas por el Consejo. Este texto se acompaña de un Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y el Principado de Andorra, por otra, cuyo texto figura adjunto a la Decisión 2004/828/CE del Consejo (2).

               (3)

               La aplicación de las disposiciones de la Directiva 2003/48/CE (3) depende de que el Principado de Andorra aplique medidas equivalentes a las previstas en esa Directiva, en virtud de un acuerdo celebrado por este Estado con la Comunidad Europea.

               (4)

               De conformidad con la Decisión 2004/828/CE, y bajo reserva de la adopción en una fase ulterior de una Decisión relativa a la celebración del Acuerdo, el Acuerdo ha sido firmado en nombre de la Comunidad Europea el 15 de noviembre de 2004.

               (5)

               Es conveniente aprobar el Acuerdo.

               (6)

               Es necesario establecer un procedimiento sencillo y rápido para las eventuales adaptaciones de los anexos I y II del Acuerdo.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, el Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Principado de Andorra relativo al establecimiento de medidas equivalentes a las previstas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses.
   El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión (4).
   Artículo 2
   Se autoriza a la Comisión a aprobar, en nombre de la Comunidad, las modificaciones de los anexos del Acuerdo que garanticen que estos corresponden a los datos relativos a las autoridades competentes derivados de las notificaciones a que se refieren el artículo 5, letra a), de la Directiva 2003/48/CE y a los datos del anexo de la misma.
   Artículo 3
   El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Comunidad Europea, a la notificación mencionada en el artículo 15, apartado 1, del Acuerdo (5).
   Artículo 4
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 2004.

            Por el Consejo

            El Presidente

         C. VEERMAN

      (1)  Dictamen emitido el 17 de noviembre de 2004 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (2)  DO L 359 de 4.12.2004, p. 32.

      (3)  DO L 157 de 26.6.2003, p. 38. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/66/CE (DO L 168 de 1.5.2004, p. 35).

      (4)  DO L 359 de 4.12.2004, p. 33.

      (5)  La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.


title: Decisión del Consejo, de  9 de marzo de 2006 , por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Comité consultivo para la formación en el sector de la arquitectura

text:
               21.3.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 68/6

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 9 de marzo de 2006
   por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Comité consultivo para la formación en el sector de la arquitectura
   (2006/C 68/03)
   El CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Decisión 85/385/CEE del Consejo, de 10 de junio de 1985, sobre la creación de un Comité consultivo para la formación en el sector de la arquitectura (1), y, en particular, sus artículos 3 y 4,
   Vista el Acta de adhesión de 2003 y, en particular, su artículo 52, apartado 1,
   Considerando que, en virtud del artículo 3 de la citada Decisión, el mencionado Comité consta de tres expertos, con sendos suplentes, por Estado miembro; que, en virtud del artículo 4 de esa misma Decisión, la duración del mandato de dichos expertos y suplentes es de tres años;
   Considerando que, por sus Decisiones de 23 de octubre de 2001 (2) y de 1 de marzo de 2002 (3), el Consejo nombró a los miembros titulares y suplentes de dicho Comité para el período que va hasta el 22 de octubre de 2004;
   Considerando que los Gobiernos de veintidós Estados miembros han designado candidatos para el nombramiento, sustitución o renovación del mandato de dichos miembros titulares y suplentes,
   DECIDE:
   Artículo único
   Se nombra miembros titulares y suplentes del Comité consultivo para la formación en el sector de la arquitectura, para un período de tres años a partir de la fecha de la presente Decisión, a las siguientes personas:
   A.   Profesionales en ejercicio

               País

               Titulares

               Suplentes

               Bélgica

               Sr. Jos LEYSSENS

               Sr. Michel de KEYSER

               República Checa

               Sr. Petr BÍLEK

               Sr. Michal KOHOUT

               Alemania

               Prof. Ralf NIEBERGALL

               Sr. Wolfgang SCHNEIDER

               Estonia

               Sr. Tõnu LAIGU

               Sr. Veljo KAASIK

               Grecia

               Sr. Dionyssios DIGENIS

               Sr. Sotiris PAPADOPOULOS

               España

               Sr. Jordi QUEROL i PIERA

               Irlanda

               Sr. John E. O'REILLY

               Sr. Eoin O'COFAIGH

               Italia

               Sr. Leopoldo FREYRIE

               Sr. Pierluigi MISSIO

               Chipre

               Sr. Vasos CHRISTOU

               Sr. Sokratis STRATIS

               Letonia

               Sr. Sergejs ŅIKIFOROVS

               Dr. arq., Sra. Dace KALVĀNE

               Lituania

               Sr. Kęstutis PEMPĖ

               Sr. Linas TULEIKIS

               Hungría

               Dr. Ferenc MAKOVÉNYI

               Sr. Sandor PÁLFI

               Malta

               Sr. David PACE

               Sr. David FELICE

               Países Bajos

               Sra. S. D. NIEUWENDIJK

               Sr. R. Van der SLUYS

               Austria

               Sr. Alexander RUNSER

               Sr. Johannes Simon STEINER

               Polonia

               Sr. Tomasz TACZEWSKI

               Sr. Stanislaw DEŃKO

               Eslovenia

               Dr. Viktor PUST

               Sr. Vladimir KRAJCAR

               Eslovaquia

               Sr. Branislav SOMORA

               Sra. Mária LICHVÁROVÁ

               Finlandia

               Sr. Veikko VASKO

               Sr. Pekka SALMINEN

               Suecia

               Sr. Anders BODIN

               Sra. Katarina NILSSON

               Reino Unido

               Sr. R. C. SHRIMPLIN

               Sr. Ken TAYLOR

         B.   Profesionales de los centros de enseñanza universitaria o de nivel equivalente en el sector de la arquitectura

               País

               Titulares

               Suplentes

               Bélgica

               Sr. Yvon CLOSSEN

               Sr. Johan RUTGEERTS

               República Checa

               Sr. Ladislav LÁBUS

               Sr. Alois NOVÝ

               Alemania

               Prof. H. BÜHLER

               Prof. Rudolf SCHÄFER

               Estonia

               Dr. Jüri SOOLEP

               Sr. Andres ALVER

               Grecia

               Sr. Constantin-Victor SPYRIDONIDIS

               Irlanda

               Sr. James HORAN

               Prof. Loughlin KEALY

               Italia

               Prof. Mario DOCCI

               Prof. Piero ALBISINNI

               Chipre

               Sr. Christos CHATZICHRISTOS

               Sr. Mario FOKAS

               Letonia

               Dr. Habil., Prof. Sr. Jānis KRASTIŅŠ

               Dr. arq., Prof. Sr. Jānis BRIŅĶIS

               Lituania

               Sr. Gintaras ČAIKAUSKAS

               Prof. Juozas PALAIMA

               Hungría

               Prof. Balázs BALOGH

               Prof. Bálint BACHMANN

               Malta

               Sr. Joseph FALZON

               Sr. Dennis DE LUCCA

               Países Bajos

               Prof. L. VAN DUIN

               Sr. Aart OXENAAR

               Austria

               Sr. Christian KÜHN

               Prof. Wolf D. PRIX

               Polonia

               Prof. Stefan WRONA

               Prof. Andrzej KADŁUCZKA

               Eslovenia

               Sr. Peter GABRIJELČIČ

               Dr. Tadeja ZUPANČIČ STROJAN

               Eslovaquia

               Prof. Julián KEPPL

               Sra. Lubica VITKOVÁ

               Finlandia

               Prof. Juhani KATAINEN

               Prof. Simo PAAVILAINEN

               Suecia

               Sr. Finn WERNE

               Sr. Hasse ERNEFELDT

               Reino Unido

               Prof. James A. LOW

               Sr. Lawrence JOHNSTON

         C.   Profesionales designados por las autoridades competentes de los Estados miembros

               País

               Titulares

               Suplentes

               Bélgica

               Sr. Olivier REMACLE

               Sr. Benjamin HOUET

               República Checa

               Sra. Zuzana BĚHOUNKOVÁ

               Sra. Lenka RUDÁ

               Alemania

               Sra. Vera STAHL

               Sr. Michael ELZER

               Estonia

               Sr. Priit ENOK

               Sr. Martin LEPP

               Grecia

               Sr. Nikolaos KATSIMBINIS

               Sra. Margarita KARAVASSILI

               Irlanda

               Sr. Michael McCARTHY

               Sra. Nancy CALLAGHAN

               Italia

               Dra. Teresa CUOMO

               Chipre

               Sra. Lilia PAPADOURY

               Sra. Antroula FLORIDOU

               Letonia

               Sr. Dainis OZOLIŅŠ

               Sra. Gunta ARĀJA

               Lituania

               Sr. Gintautas TIŠKUS

               Sr. Gediminas BUDREIKA

               Hungría

               Sra. Mária BÁNÓNÉ NYÉKHELYI

               Sra. Zsuzsanna SZABÓ

               Malta

               Sr. Raymond FARRUGIA

               Sra. Carmel MIFSUD BORG

               Países Bajos

               Sr. M. VAN HECK

               Portugal

               Sr. António Vasco MASSAPINA

               Sr. Fernando Rocha PINTO

               Austria

               Sr. Wolfgang LENTSCH

               Sra. Evelyn NOWOTNY

               Polonia

               Sr. Kazimierz Andrzej KOBYLECKI

               Sra. Monika MAJEWSKA

               Eslovenia

               Sra. Pavli KOC

               Sr. Saša GALONJA

               Eslovaquia

               Sr. Milán MARHAVÝ

               Sra. Viktória KOSÁROVÁ

               Finlandia

               Sra. Anita LEHIKOINEN

               Suecia

               Sra. Nina KOWALEWSKA

               Sra. Karin DAHL BERGENDORFF

               Reino Unido

               Dr. Jon LEVETT

               Sr. David PETHERICK

      Hecho en Bruselas, el 9 de marzo de 2006.

            Por el Consejo

            El Presidente

         J. PRÖLL

      (1)  DO L 223 de 21.8.1985, p. 26.

      (2)  DO C 320 de 15.11.2001, p. 2.

      (3)  DO C 72 de 21.3.2002, p. 1.


Avis juridique important

|

31999D0735

1999/735/CE: Decisión del Consejo, de 8 de noviembre de 1999, por la que se nombra a un miembro del Comité de las Regiones

Diario Oficial n° L 296 de 17/11/1999 p. 0022 - 0022

DECISIÓN DEL CONSEJOde 8 de noviembre de 1999por la que se nombra a un miembro del Comité de las Regiones(1999/735/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 263,Vista la Decisión del Consejo, de 26 de enero de 1998(1) por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Comité de las Regiones,Considerando que ha quedado vacante un puesto de miembro titular del Comité de las Regiones como consecuencia de la dimisión del Sr. Antonio La Forgia, miembro titular, comunicado al Consejo el día 25 de mayo de 1999;Vista la propuesta del Gobierno italiano,DECIDE:Artículo únicoSe nombra al Sr. Vasco Errani miembro titular del Comité de las Regiones en sustitución del Sr. Antonio La Forgia para el resto de su mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2002.Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 1999.Por el ConsejoEl PresidenteS. NIINISTÖ(1) DO L 28 de 4.2.1998, p. 19.


title: 2002/262/: Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n o  262/02/COL de  18 de diciembre de 2002  por la que se modifican por trigesimoquinta vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de nuevas Directrices sobre la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a los costes de transición a la competencia

text:
               10.5.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 123/1

      DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

      N
      o 262/02/COL
   de 18 de diciembre de 2002
   por la que se modifican por trigesimoquinta vez las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de nuevas Directrices sobre la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a los costes de transición a la competencia
   EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,
   VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1) y, en particular, sus artículos 61 a 63,
   VISTO el Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (2) y, en particular, su artículo 24 y el artículo 1 de su Protocolo no 3,
   CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC ha de aplicar las disposiciones del Acuerdo EEE sobre ayudas estatales,
   CONSIDERANDO que, de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC aprobará comunicaciones o directrices en los ámbitos que abarca el Acuerdo EEE cuando así lo dispongan expresamente este Acuerdo, o el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, o cuando el Órgano de Vigilancia de la AELC lo considere necesario,
   RECORDANDO las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas (3) estatales aprobadas el 19 de enero de 1994 por el Órgano de Vigilancia de la AELC (4),
   CONSIDERANDO que, el 26 de Julio de 2001, la Comisión Europea aprobó una Comunicación sobre los principios con arreglo a los cuales analizará las ayudas estatales vinculadas a los costes de transición a la competencia en el sector de la electricidad (5),
   CONSIDERANDO que dicha Comunicación también es pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo,
   CONSIDERANDO que conviene garantizar la uniforme aplicación en todo el Espacio Económico Europeo de la normativa sobre ayudas estatales del EEE,
   CONSIDERANDO que, de conformidad con el punto II del epígrafe «GENERAL» que figura al final del Anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC tiene que aprobar, previa consulta con la Comisión, los actos correspondientes a los ya aprobados por ésta para mantener la igualdad de condiciones de la competencia,
   HABIENDO CONSULTADO a la Comisión Europea,
   RECORDANDO que el Órgano de Vigilancia de la AELC consultó al respecto a los Estados miembros de la AELC en una reunión multilateral celebrada el 19 de octubre de 2001,
   DECIDE:

               1.

               Se modificarán las Directrices sobre Ayudas Estatales introduciendo un nuevo Capítulo 21; Metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a los costes de transición a la competencia. El nuevo capítulo figura en el Anexo I de la presente Decisión.

               2.

               Se informará a los Estados de la AELC mediante una carta a la que se adjuntará una copia de la presente Decisión y del Anexo I. Los Estados miembros de la AELC deberán manifestar su acuerdo a las medidas apropiadas propuestas [obligación de presentar informes, punto 21.4.(5)c)] expuesta en el Anexo I dentro de veinte días hábiles a partir de la fecha en la que se les notifique la presente carta.

               3.

               Se informará a la Comisión Europea, de conformidad con la letra d) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE, mediante una copia de la presente Decisión y de su Anexo I.

               4.

               La Decisión, incluido su Anexo I, será publicada en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas, una vez que los Estados de la AELC hayan manifestado su acuerdo a las medidas apropiadas.

               5.

               El texto en lengua inglesa es el único auténtico.

      Hecho en Bruselas, el 18 de diciembre de 2002.

            Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

         Einar M. BULL

            Presidente

         Hannes HAFSTEIN

            Miembro de la Comisión

      (1)  En lo sucesivo denominado Acuerdo EEE.

      (2)  En lo sucesivo denominado Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

      (3)  En lo sucesivo denominadas Directrices sobre ayudas estatales.

      (4)  Publicadas inicialmente en el DO L 231 de 3.9.1994, Suplemento EEE no 32.

      (5)  Puede consultarse la Comunicación en la página web de la Comisión:
   http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/legislation/stranded_costs/en.pdf

      ANEXO

         «21.   METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE LAS AYUDAS ESTATALES VINCULADAS A LOS COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA
         21.1.   INTRODUCCIÓN

                     (1)

                     La Directiva 96/92/CE de 19 de diciembre de 1996 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (1) (en lo sucesivo, “la Directiva” o “Directiva 96/92/CE”) sentó el principio de la apertura a la competencia del sector eléctrico europeo.

                     (2)

                     La citada Directiva fue incorporada al Acuerdo EEE mediante la Decisión del Comité Mixto del EEE no 168/1999 (2).

                     (3)

                     La transición progresiva de una situación en la que la competencia se veía ampliamente limitada a una situación de auténtica competencia a nivel del EEE debe hacerse en condiciones económicas aceptables, habida cuenta de las especificidades de la industria eléctrica. Esta preocupación se refleja ya en gran medida en el texto de la Directiva.

                     (4)

                     Para hacer frente a algunas situaciones muy específicas, el artículo 24 de la Directiva permite que los Estados miembros de la AELC puedan retrasar transitoriamente la aplicación de algunas de sus disposiciones. Los mecanismos de ayuda de Estado para que las empresas eléctricas puedan adaptarse en buenas condiciones a la introducción de la competencia no entran en el campo de las excepciones previstas por el artículo 24.

                     (5)

                     El objeto de las presentes Directrices es precisar la forma en que el Órgano de Vigilancia se propone aplicar, a la vista de la Directiva 96/92/CE, las normas del Acuerdo EEE en relación a tales ayudas de Estado. Estas Directrices se entenderán sin perjuicio de las normas sobre ayudas estatales derivadas de otros encuadramientos, directrices o comunicaciones pertinentes. En particular, el Órgano de Vigilancia seguirá autorizando ayudas regionales y ayudas en materia de medio ambiente de acuerdo con las directrices y el encuadramiento en vigor. Del mismo modo, las ayudas que no puedan autorizarse en virtud del artículo 61 del Acuerdo EEE podrán, cuando proceda, analizarse a la luz del apartado 2 del artículo 59 del Acuerdo EEE.

               21.2.   MEDIDAS TRANSITORIAS Y AYUDAS ESTATALES

                     (1)

                     El artículo 24 de la Directiva 96/92/CE, adaptado por la letra i) del artículo 1 de la Decisión no 168/1999 del Comité Mixto EEE de 26 de noviembre de 1999, prevé que el Órgano de Vigilancia puede autorizar medidas transitorias que introduzcan temporalmente una excepción a la aplicación de la Directiva (3):
                     “Los Estados de AELC en que los compromisos y las garantías de funcionamiento ofrecidos antes de la entrada en vigor de la Decisión del Comité Mixto del EEE no 168/1999, de 26 de noviembre de 1999, no puedan cumplirse a causa de las disposiciones de esta Decisión, podrán solicitar acogerse a un régimen transitorio de conformidad con los apartados 1 y 2 del artículo 24. Las solicitudes para acogerse a un período transitorio deberán notificarse al Órgano de Vigilancia de la AELC, a más tardar seis meses después de la entrada en vigor de la Decisión del Comité Mixto del EEE no 168/1999, de 26 de noviembre de 1999”.

                     (2)

                     En el estado actual del debate, el Órgano de Vigilancia considera que las decisiones que ha tomado en aplicación del artículo 24 de la Directiva sólo pueden crear un régimen de transición cuando haya constatado previamente que las medidas notificadas por los Estados miembros de la AELC en virtud de dicho artículo son incompatibles con las disposiciones de la Directiva incluidas en sus capítulos IV, V, VI y VII. En virtud del artículo 24 de la Directiva, sólo el Órgano de Vigilancia puede autorizar excepciones a dichas disposiciones.

                     (3)

                     En consecuencia, un sistema de exacción instituido por un Estado de la AELC y que transite por un fondo para compensar los costes de compromisos o garantías con riesgo de que no puedan ser respetados debido a la aplicación de la Decisión no 168/1999, no constituye una medida que pueda ser objeto de una decisión del Órgano de Vigilancia para conceder un régimen de transición en aplicación del artículo 24 de la Directiva 96/92/CE; tal medida no requiere de hecho excepción alguna a los capítulos correspondientes de la Directiva. Sin embargo, tal medida podría constituir una ayuda estatal, y como tal estar incluida en el artículo 61 del Acuerdo EEE y en el Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia.

                     (4)

                     El objeto de las presentes Directrices es indicar cómo se propone aplicar el Órgano de Vigilancia las normas del Acuerdo EEE en materia de ayudas estatales respecto a las medidas de ayuda destinadas a compensar el coste de compromisos o garantías con riesgo de que no puedan ser respetados debido a la Decisión 168/1999. En particular, las Directrices no se aplicarán a las medidas que no puedan calificarse de ayudas estatales a efectos del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

               21.3.   DEFINICIÓN DE LOS COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA ELEGIBLES

                     (1)

                     Habitualmente estos compromisos o garantías de explotación se denominan “costes de transición a la competencia (CTC)” (stranded costs). Estos compromisos o garantías de explotación pueden de hecho adoptar distintas formas: contratos de compra a largo plazo, inversiones realizadas con una garantía implícita o explícita de mercados, inversiones fuera de la actividad normal, etc. Para que puedan considerarse costes de transición a la competencia elegibles, que puedan ser reconocidos por el Órgano de Vigilancia, estos compromisos o garantías deberán cumplir los criterios siguientes:

                                 (a)

                                 Los “compromisos o garantías de explotación” que puedan dar lugar a costes de transición a la competencia deben ser anteriores al 27 de noviembre de 1999, fecha de entrada en vigor de la Decisión no 168/1999.

                                 (b)

                                 La realidad y la validez de los compromisos o garantías se establecerán teniendo en cuenta las disposiciones legales y contractuales de las que resultan, así como del contexto reglamentario en el cual se inscribían en el momento en que fueron concedidos.

                                 (c)

                                 Estos compromisos o garantías de explotación deben estar sujetos al riesgo de que no puedan ser respetados debido a las disposiciones de la Directiva 96/92/CE. Para constituir costes de transición a la competencia, los compromisos o garantías deben, en consecuencia, convertirse en no económicos debido a los efectos de la Directiva 96/92/CE e incidir sensiblemente en la competitividad de la empresa en cuestión. Este hecho debe, en concreto, conducir a la empresa interesada a efectuar asientos contables (por ejemplo provisiones) destinadas a reflejar el impacto previsible de estas garantías o compromisos.
                                 Con mayor razón, cuando de los compromisos o garantías de que se trate se desprenda que, sin ayuda o medidas transitorias, podría verse comprometida la viabilidad de estas empresas, se considerará que dichos compromisos o garantías confirman las condiciones del apartado anterior.
                                 El efecto de los compromisos o garantías de que se trate sobre la competitividad o viabilidad de las empresas afectadas se evaluará a escala de las empresas consolidadas. Para que los compromisos o garantías puedan constituir costes de transición a la competencia, debe poder establecerse un vínculo de causa a efecto entre la entrada en vigor de la Decisión 168/1999 y la dificultad de las empresas interesadas en cumplir o hacer respetar estos compromisos o garantías. Para establecer la relación de causa a efecto, el Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta fundamentalmente los descensos del precio de la electricidad o las pérdidas de cuota de mercado de las empresas en cuestión. Los compromisos o garantías que no hubieran podido respetarse independientemente de la entrada en vigor de la Decisión 168/1999 no constituyen costes de transición a la competencia.

                                 (d)

                                 Estos compromisos o garantías deben ser irrevocables. En el supuesto de que una empresa tuviera la posibilidad de revocar mediante pago o de modificar tales compromisos o garantías, deberá tenerse en cuenta al calcular los costes de transición a la competencia elegibles.

                                 (e)

                                 Los compromisos o garantías que vinculen a empresas que pertenezcan a un mismo grupo no pueden en principio constituir costes de transición a la competencia.

                                 (f)

                                 Los costes de transición a la competencia son costes económicos, que deben corresponder a la realidad de las sumas invertidas, pagadas o por pagar en virtud de los compromisos o garantías de los que resultan: las evaluaciones globales no son pues, en principio, aceptables, salvo si puede demostrarse que corresponden a la realidad económica.

                                 (g)

                                 Los costes de transición a la competencia deben ser netos de las rentas, beneficios o plusvalías vinculados a los compromisos o garantías de los que resultan.

                                 (h)

                                 Los costes de transición a la competencia deben evaluarse netos de toda ayuda pagada o por pagar por los activos correspondientes. En particular, cuando un compromiso o una garantía de explotación correspondan a una inversión que haya sido objeto de una ayuda pública, el valor de esta ayuda deberá deducirse del importe de los eventuales costes de transición a la competencia que resulten de este compromiso o de esta garantía.

                                 (i)

                                 En la medida en que los costes de transición a la competencia resulten de compromisos o garantías difíciles de respetar debido a la Decisión 168/1999, el cálculo de los costes de transición a la competencia elegibles tendrá en cuenta la evolución efectiva en el tiempo de las condiciones económicas y competitivas de los mercados nacionales y del mercado común de la electricidad. En particular, cuando los compromisos o las garantías puedan constituir costes de transición a la competencia por el descenso previsible de los precios de la electricidad, el cálculo de dichos costes de transición a la competencia deberá basarse en la evolución constatada de los precios de la electricidad.

                                 (j)

                                 Los costes amortizados antes de la transposición de la Decisión 168/1999 no pueden dar lugar a costes de transición a la competencia. Sin embargo, las provisiones o depreciaciones de activos consignadas en el balance de las empresas afectadas con el objetivo explícito de tener en cuenta los efectos previsibles de la Decisión podrán corresponder a costes de transición a la competencia.

                                 (k)

                                 Los costes de transición a la competencia elegibles no superarán el mínimo necesario para permitir a las empresas interesadas seguir cumpliendo o haciendo respetar los compromisos o garantías puestos en entredicho por la Decisión 168/1999 (4). Por consiguiente, los costes de transición a la competencia deberán calcularse teniendo en cuenta la solución más económica (en ausencia de ayuda) desde el punto de vista de las empresas en cuestión. Esto puede pasar, en los casos en que ello no contradiga los principios mismos de dichos compromisos o garantías, por la declaración de los compromisos o garantías que generan costes de transición a la competencia o por la cesión de la totalidad o parte de los activos que dan lugar a costes de transición a la competencia.

                                 (l)

                                 Los costes de determinadas empresas más allá del horizonte previsto en el artículo 26 de la Directiva 96/92/CE (26 de noviembre de 2006) no pueden constituir, en principio, costes de transición a la competencia elegibles en virtud de la presente metodología (5). Si se considera necesario, el Órgano de Vigilancia podrá, sin embargo, tener en cuenta con la suficiente antelación estos compromisos o garantías y considerarlas, en su caso, como costes de transición a la competencia elegibles en el contexto de la próxima fase de apertura del mercado común de la electricidad.

                                 (m)

                                 En el caso de los Estados de la AELC que abran su mercado más deprisa de lo que impone la Decisión del Comité Mixto del EEE no 168/1999, el Órgano de Vigilancia podrá aceptar considerar como costes de transición a la competencia elegibles en virtud de la presente metodología los costes que deberían sufrir determinadas empresas después del horizonte indicado en el artículo 26 de la Directiva 96/92/CE, siempre que estos costes resulten de compromisos o garantías que cumplan los criterios enunciados en los puntos (a) a (l) de la sección 21.3 y que estos costes se limiten a un periodo que no supere el 31 de diciembre de 2010.

               21.4.   COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA Y AYUDAS ESTATALES

                     (1)

                     El principio general enunciado por el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE es el de la prohibición de las ayudas estatales. Sin embargo, los apartados 2 y 3 de dicho artículo prevén algunas posibilidades de excepción a esta norma general. Por otra parte, en virtud del apartado 2 del artículo 59 del Acuerdo EEE, “las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal” están sometidas a las normas del Acuerdo EEE, y en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. En cualquier caso, el desarrollo de los intercambios no deberá verse perjudicado por medidas contrarias al interés de las Partes Contratantes.

                     (2)

                     Las ayudas estatales que corresponden a los costes de transición a la competencia elegibles definidos en estas Directrices tienen por finalidad facilitar la transición de las empresas eléctricas a un mercado de la electricidad competitivo. El Órgano de Vigilancia puede tener una actitud favorable respecto a estas ayudas siempre y cuando la distorsión de la competencia se vea contrapesada por su contribución a la realización de un objetivo común que las fuerzas del mercado no podrían lograr. En efecto, la distorsión de la competencia producida por las ayudas desembolsadas para facilitar el paso de las empresas eléctricas de un mercado más o menos cerrado a un mercado parcialmente liberalizado puede no ser contraria al interés común cuando es limitada en el tiempo y sus efectos, ya que la liberalización del mercado de la electricidad se sitúa en el interés general del mercado del EEE y completa la creación del mercado interior. Además, el Órgano de Vigilancia considera que las ayudas concedidas por los costes de transición a la competencia permiten a las empresas eléctricas reducir los riesgos ligados a sus compromisos o inversiones históricas, y pueden por tanto incitar a estas empresas a mantener sus inversiones a largo plazo. Por último, a falta de compensación de los costes de transición a la competencia habría más riesgo de que las empresas afectadas hicieran soportar a sus clientes cautivos todos los costes de sus compromisos o garantías no económicas.

                     (3)

                     Por otra parte, las ayudas para compensar los costes de transición a la competencia en el sector de la electricidad tienen su justificación en relación con los demás sectores liberalizados por el hecho de que la liberalización del mercado de la electricidad no ha ido acompañada de una aceleración tecnológica ni de un aumento de la demanda y porque la protección del medio ambiente, la seguridad de suministro y la buena marcha de las economías de los países del EEE hacen poco concebible esperar que las empresas del sector tengan dificultades para prever intervenciones del Estado a su favor.

                     (4)

                     En este contexto, el Órgano de Vigilancia considera que las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia pueden en principio beneficiarse de la exención de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE si facilitan el desarrollo de algunas actividades económicas sin alterar las condiciones de los intercambios en una medida contraria al interés común.

                     (5)

                     Sin perjuicio de las disposiciones específicas derivadas de las Directrices del Órgano de Vigilancia sobre la aplicación de las disposiciones sobre ayudas estatales del EEE, incluidas las Directrices para la protección del medio ambiente (6), el Órgano de Vigilancia podrá aceptar, en principio, como compatibles con la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia elegibles que cumplan los siguientes criterios:

                                 (a)

                                 La ayuda deberá servir para compensar costes de transición a la competencia elegibles claramente determinados e individualizados. La ayuda no podrá superar en ningún caso el importe de los costes de transición a la competencia elegibles.

                                 (b)

                                 El dispositivo de pago de la ayuda deberá permitir tener en cuenta la evolución efectiva futura de la competencia. Esta evolución podrá medirse, en particular, a través de factores cuantificables (precio, cuotas de mercado u otros factores pertinentes que indique el Estado de la AELC). Al influir la evolución de las condiciones de competencia directamente sobre el importe de los costes de transición a la competencia elegibles, el importe de la ayuda pagada se supeditará necesariamente al desarrollo de una competencia verdadera, y el cálculo de las ayudas pagadas a medida que vaya pasando el tiempo deberá tener en cuenta la evolución de los factores pertinentes para medir el grado de competencia alcanzado.

                                 (c)

                                 El Estado de la AELC deberá comprometerse a presentar al Órgano de Vigilancia un informe anual que precise la evolución de la situación competitiva de su mercado eléctrico, indicando, en particular, las variaciones observadas en los factores cuantificables pertinentes. Este informe anual enumerará el cálculo de los costes de transición a la competencia tenidos en cuenta de conformidad con el año correspondiente y precisará los importes de ayuda pagados.

                                 (d)

                                 La reducción progresiva de las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia constituye para el Órgano de Vigilancia un elemento positivo en su apreciación: en efecto, esta degresividad permite acelerar la preparación de la empresa de que se trate a un mercado de la electricidad liberalizado.

                                 (e)

                                 El importe máximo de las ayudas que puedan pagarse a una empresa para compensar los costes de transición a la competencia deberá indicarse de antemano. Este importe deberá tener en cuenta los posibles aumentos de productividad de la empresa.
                                 Del mismo modo, deberán especificarse claramente de antemano las modalidades precisas de cálculo y financiación de las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia así como el plazo máximo durante el cual pueden desembolsarse las ayudas. La notificación de estas ayudas precisará en particular de qué manera el cálculo de los costes de transición a la competencia tendrá en cuenta la evolución de los diferentes factores mencionados en el punto (b).

                                 (f)

                                 El Estado de la AELC se comprometerá por adelantado a no pagar ninguna ayuda de salvamento y reestructuración a las empresas que se beneficien de ayudas para los costes de transición a la competencia, con el fin de evitar una acumulación de ayudas. El Órgano de Vigilancia considera que el pago de compensaciones por costes de transición a la competencia vinculados a inversiones en activos que no tengan perspectivas de viabilidad a término no favorece la transición del sector de la electricidad a un mercado liberalizado, por lo que no puede beneficiarse de la excepción prevista en la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE.

                     (6)

                     El Órgano de Vigilancia expresa en cambio la más extrema reserva respecto a las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia que no cumplan los criterios citados o que pudieran generar distorsiones de competencia contrarias al interés común por las razones siguientes:

                                 (a)

                                 La ayuda no está vinculada a los costes de transición a la competencia elegibles conformes a la definición anteriormente mencionada, no está vinculada a los costes de transición a la competencia claramente definidos e individualizados o supera el importe de los costes de transición a la competencia elegibles.

                                 (b)

                                 La ayuda tiene por objeto mantener la totalidad o parte de las rentas previas a la entrada en vigor de la Decisión 168/1999, sin tener estrictamente en cuenta los costes de transición a la competencia elegibles que podrían resultar de la introducción de la competencia.

                                 (c)

                                 El importe de ayuda no puede adaptarse para tener correctamente en cuenta las diferencias entre las hipótesis económicas y de mercado sostenidas inicialmente para la estimación de los costes de transición a la competencia y su evolución efectiva en el tiempo.

               21.5.   MODALIDAD DE FINANCIACIÓN DE LAS AYUDAS DESTINADAS A COMPENSAR LOS COSTES DE TRANSICIÓN A LA COMPETENCIA

                     (1)

                     Los Estados de la AELC tienen la facultad de escoger los modos de financiación de las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia que les parezcan más apropiados. Sin embargo, el Órgano de Vigilancia, para autorizar una ayuda de este tipo verificará que su mecanismo de financiación no engendre un efecto contrario a los objetivos de la Directiva 96/92/CE o a los intereses de las Partes Contratantes. Los intereses de las Partes Contratantes tienen en cuenta fundamentalmente la protección de los consumidores, la libre circulación de bienes y servicios y la competencia.

                     (2)

                     Los mecanismos de financiación no deberán tener como efecto disuadir de entrar en determinados mercados nacionales o regionales a empresas exteriores a dichos mercados o a nuevos actores. En particular, las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia no pueden financiarse a partir de exacciones sobre la electricidad en tránsito entre Estados del EEE o por exacciones ligadas a la distancia entre el productor y el consumidor.

                     (3)

                     El Órgano de Vigilancia velará igualmente por que todos los mecanismos de financiación de las ayudas destinadas a compensar los costes de transición a la competencia conduzcan a un tratamiento equitativo entre consumidores elegibles y no elegibles. Para ello, el informe anual contemplado en la letra (c) de la sección 21.4 precisará el reparto entre consumidores elegibles y consumidores no elegibles de las fuentes de financiación destinadas a compensar los costes de transición a la competencia. Cuando los consumidores no elegibles participen en la financiación de los costes de transición a la competencia directamente a través de la tarifa de compra de la electricidad, deberá estar claramente explícito. La contribución impuesta a una de las dos categorías de consumidores (elegibles o no elegibles) no deberá superar la parte de los costes de transición a la competencia a compensar que corresponda a la cuota de mercado representada por estos consumidores.

                     (4)

                     Cuando los fondos se colecten por empresas privadas para financiar mecanismos de ayuda destinados a compensar los costes de transición a la competencia, la gestión de estos fondos deberá estar claramente separada de la de los recursos normales de estas empresas. Estos fondos no deberán favorecer a las empresas que los gestionen.

               21.6.   OTROS FACTORES DE VALORACIÓN

                     (1)

                     En su examen de las ayudas de Estado destinadas a compensar los costes de transición a la competencia, eL Órgano de Vigilancia tiene en cuenta en particular el tamaño y el nivel de interconexión de la red en cuestión y la estructura de la industria eléctrica. Una ayuda a una pequeña red poco interconectada con el resto del EEE tendrá menos posibilidades de generar distorsiones de competencia importantes.

                     (2)

                     La presente metodología para los costes de transición a la competencia no obstará a la aplicación, en las regiones contempladas por la letra a) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE, de las Directrices sobre las ayudas regionales nacionales (7). De conformidad con el apartado 2 del artículo 59 del Acuerdo EEE, cuando la aplicación de las normas en materia de ayudas de Estado para los costes de transición a la competencia impida la realización de hecho o de derecho de las misiones particulares asignadas a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que presenten carácter de monopolio fiscal, podrán no aplicarse estas normas siempre que el desarrollo de los intercambios no se vea afectado en un sentido contrario al interés de las Partes Contratantes.

                     (3)

                     Las normas derivadas de la presente metodología en materia de ayudas estatales destinadas a compensar los costes de transición a la competencia que resulten de la Decisión 168/1999 se entenderán sin perjuicio de la propiedad pública o privada de las empresas en cuestión.»

         (1)  DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.

         (2)  DO L 61 de 1.3.2001, p. 23, y Suplemento EEE no 11 de 1.3.2001, p. 221.

         (3)  El artículo 3 de la Decisión no 168/1999 prevé lo siguiente: “La presente Decisión entrará en vigor el 27 de noviembre de 1999, siempre que se hayan efectuado al Comité Mixto del EEE todas las notificaciones establecidas en el apartado 1 del artículo 103 del Acuerdo”.

         (4)  En el caso de un contrato de compra o venta a largo plazo, los costes de transición a la competencia se calcularán pues comparándolos con las condiciones en las cuales, en un mercado liberalizado, la empresa hubiera podido vender o comprar normalmente el bien en cuestión, en igualdad de condiciones.

         (5)  Entendiéndose que las inversiones no recuperables o no viables económicamente por la liberalización del mercado interior de la electricidad pueden constituir costes de transición a la competencia de acuerdo con la presente metodología, incluso cuando su duración deba extenderse, en principio después de 2006. Además, los compromisos o garantías que haya que seguir satisfaciendo imperativamente después del 26 de noviembre de 2006 por riesgos importantes para la protección del medio ambiente, la seguridad de las personas, la protección social de los trabajadores y la seguridad de la red eléctrica podrán considerarse, siempre que esté debidamente justificado, costes de transición a la competencia elegibles según la presente metodología.

         (6)  DO L 237 de 6.9.2001, p. 16.

         (7)  DO L 111 de 29.4.1999 y Suplemento EEE no 18. Véase al respecto el capítulo 25 de las Directrices sobre ayudas estatales.


Avis juridique important

|

31987D0255

87/255/CEE: Decisión del Consejo de 28 de abril de 1987 relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de canje de notas referente a la aplicación provisional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de las Seychelles sobre la pesca frente a las costas de las Seychelles

Diario Oficial n° L 119 de 07/05/1987 p. 0024 - 0024

*****DECISIÓN  DEL CONSEJO  de 28 de abril de 1987  relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Canje de Notas referente a la aplicación provisional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de las Seychelles sobre la pesca frente a las costas de las Seychelles  (87/255/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,  Vista el Acta de Adhesión de España y de Portugal, y, en particular, el apartado 3 del artículo 167,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Considerando que el Acuerdo entre el Gobierno de la República de las Seychelles y la Comunidad Económica Europea sobre la pesca frente a las costas de las Seychelles, firmado en Bruselas el 23 de mayo de 1985 (2), ha sido denunciado por la República de las Seychelles al finalizar su primer período de aplicación de tres años;  Considerando que, según lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo, la Comunidad y la República de las Seychelles han celebrado negociaciones con el fin de determinar las modificationes necesarias a introducir en dicho Acuerdo;  Considerando que, como resultado de dichas negociaciones, se rubricó un nuevo Acuerdo el 3 de diciembre de 1986 por el que los pescadores de la Comunidad ampliada han visto incrementadas sus posibilidades de pesca en las aguas bajo la jurisdicción o soberanía de las Seychelles;  Considerando que, a fin de preservar sin interrupción las actividades pesqueras de los barcos de la Comunidad ampliada, las dos Partes rubricaron igualmente un Canje de Notas por el que se establecía la aplicación provisional del nuevo Acuerdo a partir del 18 de enero de 1987; que es, por tanto, imperativo aprobar dicho Acuerdo en forma de Canje de Notas a la mayor brevedad, en espera de su celebración según lo dispuesto en el artículo 43 del Tratado.  DECIDE:  Artículo 1  Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo en forma de Canje de Notas referente a la aplicación provisional del Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de las Seychelles sobre la pesca frente a las costas de las Seychelles.  Los textos del Acuerdo en forma de Canje de Notas y del Acuerdo se adjuntan a la presente Decisión.  Artículo 2  Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las personas facultadas para firmar el Acuerdo en forma de Canje de Notas a fin de obligar a la Comunidad.  Hecho en Luxemburgo, el 28 de abril de 1987.  Por el Consejo  El Presidente  P. DE KEERSMAEKER  (1) DO no C 81 de 28. 3. 1987, p. 7.  (2) DO no L 149 de 8. 6. 1985, p. 1.