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32001D0508

2001/508/CE: Decisión del Consejo, de 26 de junio de 2001, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Reglamento n° 106 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación de los neumáticos de los vehículos agrícolas y de sus remolques

Diario Oficial n° L 183 de 06/07/2001 p. 0036 - 0036

Decisión del Consejode 26 de junio de 2001relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Reglamento n° 106 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación de los neumáticos de los vehículos agrícolas y de sus remolques(2001/508/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Vista la Decisión 97/836/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 1997, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Acuerdo de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la adopción de prescripciones técnicas uniformes aplicables a los vehículos de ruedas y los equipos y piezas que puedan montarse o utilizarse en éstos, y sobre las condiciones de reconocimiento recíproco de las homologaciones concedidas conforme a dichas prescripciones ("Acuerdo revisado de 1958")(1), y en particular el apartado 3 de su artículo 3 y el segundo guión del apartado 2 de su artículo 4,Vista la propuesta de la Comisión(2),Visto el dictamen conforme del Parlamento Europeo(3),Considerando lo siguiente:(1) El objetivo de las prescripciones uniformes del Reglamento n° 106 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación de los neumáticos de los vehículos agrícolas y de sus remolques es eliminar los obstáculos técnicos al comercio de vehículos agrícolas entre las Partes contratantes en lo que se refiere a los neumáticos y garantizar un nivel elevado de seguridad y protección del medio ambiente.(2) El Reglamento n° 106 ha sido notificado a las Partes contratantes y ha entrado en vigor con respecto a las Partes contratantes que no han notificado su desacuerdo en la fecha o fechas que se especificaron como un Reglamento anejo al Acuerdo revisado de 1958.(3) El Reglamento n° 106 debe integrarse en el sistema comunitario de homologación de tractores agrícolas y forestales, completando así la legislación vigente en la Comunidad.DECIDE:Artículo únicoLa Comunidad Europea se adherirá al Reglamento n° 106 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre la homologación de los neumáticos de los vehículos agrícolas y de sus remolques.El texto del Reglamento se adjunta a la presente Decisión(4).Hecho en Luxemburgo, el 26 de junio de 2001.Por el ConsejoEl PresidenteT. Östros(1) DO L 346 de 17.12.1997, p. 78.(2) DO C 274 E de 26.9.2000, p. 34.(3) Dictamen emitido el 15 de mayo de 2001 (no publicado aún en el Diario Oficial).(4) El Reglamento se publicará ulteriormente en el Diario Oficial.


title: Decisión (UE) 2016/455 del Consejo, de 22 de marzo de 2016, por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea sobre el borrador de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional

text:
               30.3.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 79/32

         DECISIÓN (UE) 2016/455 DEL CONSEJO
   de 22 de marzo de 2016
   por la que se autoriza la apertura de negociaciones en nombre de la Unión Europea sobre el borrador de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 192, apartado 1, leído en relación con su artículo 218, apartados 3 y 4,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Unión Europea celebró formalmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) mediante la Decisión 98/392/CE del Consejo (1), en aquellas materias reguladas por la CNUDM para las cuales los Estados miembros han transferido la competencia a la Unión, siendo la Unión hasta la fecha la única organización internacional que es parte en esa Convención a tenor del artículo 305, apartado 1, letra f), y el artículo 1 de su anexo IX.

               (2)

               En su calidad de parte en la CNUDM, la Unión junto con sus Estados miembros ha participado en el Grupo de trabajo informal especial de composición abierta (el «Grupo de trabajo») para estudiar las cuestiones relativas a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina fuera de las zonas de jurisdicción nacional. En la última reunión del Grupo de trabajo, se recomendó la formulación de un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la CNUDM relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional (el «Instrumento»).

               (3)

               A raíz de las recomendaciones adoptadas por el Grupo de trabajo el 23 de enero de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 19 de junio de 2015 la Resolución 69/292, que, antes de la celebración de una Conferencia Intergubernamental, establece un Comité Preparatorio, abierto a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, miembros de las agencias especializadas y partes signatarias de la CNUDM, a fin de formular a la Asamblea General recomendaciones de fondo sobre los elementos de un proyecto de Instrumento. El Comité Preparatorio empezará a trabajar en 2016 y, para finales de 2017, informará sobre los progresos alcanzados a la Asamblea, que decidirá sobre la convocatoria y la fecha de inicio de una Conferencia Intergubernamental para estudiar las recomendaciones del Comité Preparatorio sobre los distintos elementos, y elaborar el texto de un instrumento jurídicamente vinculante en el marco del CNUDM.

               (4)

               La Unión y sus Estados miembros son partes del CNUDM. Junto con sus Estados miembros, la Unión debe participar en las negociaciones sobre los elementos de un proyecto de instrumento que deberá elaborar el Comité Preparatorio. Los derechos de participación de la Unión en lo que se refiere a la reunión de este Comité se contemplan en el apartado 1, letra j), de la Resolución 69/292.

               (5)

               A la presente Decisión de entablar las negociaciones y a sus directrices de negociación podrá seguir posteriormente una nueva decisión con directrices de negociación de cara a la participación en una Conferencia Intergubernamental.

               (6)

               Los asuntos cubiertos por las negociaciones pueden entrar en el ámbito de competencias de la Unión, así como en los ámbitos de competencia de los Estados miembros.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se autoriza a la Comisión a negociar, en nombre de la Unión, sobre las cuestiones que sean competencia de la Unión y respecto de las cuales la Unión haya adoptado normas, sobre los elementos de un borrador de un instrumento internacional jurídicamente vinculante con arreglo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, en las reuniones del Comité preparatorio de las Naciones Unidas establecido en virtud de la Resolución 69/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
   Artículo 2
   La Comisión llevará a cabo las negociaciones en nombre de la Unión, en lo que se refiere a las cuestiones que sean competencia de la Unión y respecto de las cuales esta haya adoptado normas, de conformidad con las directrices de negociación que figuran en el addendum de la presente Decisión. Las directrices de negociación no pueden interpretarse de manera que afecten en forma alguna a las competencias respectivas de la Unión y de los Estados miembros.
   Artículo 3
   La Comisión llevará a cabo dichas negociaciones en consulta con un comité especial creado por la presente Decisión. El Comité especial es el Grupo «Derecho del Mar» (COMAR).
   Artículo 4
   En la medida en que el contenido del acuerdo se refiera a cuestiones de competencia compartida de la Unión y de sus Estados miembros, la Comisión y los Estados miembros deberán cooperar estrechamente a lo largo del proceso de negociación, con el fin de procurar la unidad en la representación internacional de la Unión y sus Estados miembros.
   Artículo 5
   La destinataria de la presente Decisión es la Comisión.

      Hecho en Bruselas, el 22 de marzo de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         A.G. KOENDERS

      (1)  Decisión 98/392/CE del Consejo, de 23 de marzo de 1998, relativa a la celebración por la Comunidad Europea de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 y del Acuerdo de 28 de julio de 1994 relativo a la aplicación de la parte XI de dicha Convención (DO L 179 de 23.6.1998, p. 1).


title: Decisión (PESC) 2015/143 del Consejo, de 29 de enero de 2015 , por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania

text:
                  30.1.2015

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  L 24/16

         DECISIÓN (PESC) 2015/143 DEL CONSEJO
         de 29 de enero de 2015
         por la que se modifica la Decisión 2014/119/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29,
         Vista la Decisión 2014/119/PESC del Consejo, de 5 de marzo de 2014, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas, entidades y organismos habida cuenta de la situación en Ucrania (1),
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     El 5 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/119/PESC.

                     (2)

                     Deben clarificarse los criterios de designación respecto a la inmovilización de fondos de personas responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano, de violaciones de los derechos humanos.

                     (3)

                     Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 2014/119/PESC en consecuencia.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

            Artículo 1
            El artículo 1, apartado 1, de la Decisión 2014/119/PESC se sustituye por el texto siguiente:

                  «1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, tenencia o control corresponda a personas que hayan sido identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano o de violaciones de los derechos humanos, y a las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas que figuren en el anexo.
                  A los efectos de la presente Decisión, entre las personas que hayan sido identificadas como responsables de apropiación indebida de fondos del Estado ucraniano se incluirá a aquellas personas sujetas a investigación por parte de las autoridades ucranianas:

                              a)

                              por apropiación indebida de fondos o activos públicos ucranianos, o por su complicidad en dicha apropiación, o

                              b)

                              por abuso de cargo ejercido como titular de empleo o cargo público con ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para un tercero, causando con ello un perjuicio para los fondos o activos públicos ucranianos, o por su complicidad en dicho abuso.»

            .

            Artículo 2
            La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

            Hecho en Bruselas, el 29 de enero de 2015.

                  Por el Consejo

                  La Presidenta

               F. MOGHERINI

            (1)  DO L 66 de 6.3.2014, p. 26.


title: Decisión (UE) 2016/1233 del Consejo, de 26 de julio de 2016, por la que se nombra a un miembro y un suplente del Comité de las Regiones, propuestos por la República de Chipre

text:
               28.7.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 202/41

         DECISIÓN (UE) 2016/1233 DEL CONSEJO
   de 26 de julio de 2016
   por la que se nombra a un miembro y un suplente del Comité de las Regiones, propuestos por la República de Chipre
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 305,
   Vista la propuesta del Gobierno chipriota,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020.

               (2)

               Ha quedado vacante un puesto de miembro del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de D. Georgios GEORGIOU.

               (3)

               Ha quedado vacante un puesto de suplente a raíz del nombramiento de D. Kyriakos CHATZITTOFIS como miembro del Comité de las Regiones.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se nombra para el Comité de las Regiones, para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2020:

               a)

               como miembro a:

                           —

                           D. Kyriakos CHATZITTOFIS, Mayor of Agios Athanasios,

                     y

               b)

               como suplente a:

                           —

                           D. Stavros YEROLATSITES, Municipal Councilor, Strovolos Municipality.

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 26 de julio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. LAJČÁK

      (1)  Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 20 de 27.1.2015, p. 42).

      (2)  Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 31 de 7.2.2015, p. 25).

      (3)  Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 23 de junio de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 159 de 25.6.2015, p. 70).


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41997D0032

Acervo de Schengen - Decisión del Comité ejecutivo de 15 de diciembre de 1997 relativa a la armonización de la política de visados [SCH/Com-ex (97) 32]

Diario Oficial n° L 239 de 22/09/2000 p. 0186 - 0186

DECISIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVOde 15 de diciembre de 1997relativa a la armonización de la política de visados[SCH/Com-ex (97) 32]EL COMITÉ EJECUTIVO,Visto el artículo 132 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen,Visto el artículo 9 de dicho Convenio,Considerando de interés para todos los Estados Schengen que, dentro del marco de su política común en materia de circulación de personas, se armonicen de común acuerdo sus políticas de visados para evitar posibles consecuencias negativas en relación con el cruce de fronteras y la seguridad interior,Deseoso de eliminar cuanto antes las diferencias entre los regímenes en materia de visados que siguen existiendo actualmente en los Estados miembros de Schengen respecto de los Estados mencionados en la parte III del anexo I de la Instrucción consular común,Visto el documento "Criterios básicos para la inclusión en la lista de régimen común de exigencia de visados" [SCH/M (92) 32a rev.], adoptado en Madrid el 15 de diciembre de 1992 por los Ministros y Secretarios de Estado,Guiado por el principio de la solidaridad entre los Estados miembros de Schengen,DECIDE:1. Los Estados Schengen emprenderán las medidas necesarias con vistas a la supresión de la obligación de visado para los nacionales de Australia, Brunei, Costa Rica, Croacia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Malasia, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Singapur y Venezuela, con la antelación necesaria para que surtan efecto el 1 de enero de 1999 a más tardar.2. La parte I del anexo I de la Instrucción consular común [Lista común de Estados cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado(1)] se ampliará incluyendo a Bosnia Herzegovina, Jamaica, Kenia y Malawi.3. La obligación de visado para los nacionales de los Estados mencionados en el punto 2 entrará en vigor a más tardar el 1 de enero de 1999.4. Por lo que respecta a Bolivia, Colombia y Ecuador, los Estados Schengen se comprometen a adoptar, a más tardar el 1 de enero de 1999, la solución que se obtenga en aplicación del artículo 100 C del Tratado CE.Viena, 15 de diciembre de 1997.El PresidenteK. Schlögl(1) Véase el documento SCH/Com-ex (99) 13.


75/406/Euratom: Decisión del Consejo, de 26 de junio de 1975, por la que se adopta un programa relativo a la gestión y almacenamiento de los desechos radiactivos


title: 2008/604/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de julio de 2008 , relativa al nombramiento de los miembros del Grupo de expertos sobre la trata de seres humanos

text:
               23.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 194/12

      DECISIÓN DE LA COMISIÓN

   de 22 de julio de 2008
   relativa al nombramiento de los miembros del Grupo de expertos sobre la trata de seres humanos
   (2008/604/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Decisión 2007/675/CE de la Comisión, de 17 de octubre de 2007, por la que se crea el Grupo de expertos en la trata de seres humanos (1) y en particular su artículo 3,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Grupo de expertos debería estar compuesto por 21 miembros.

               (2)

               Los miembros del Grupo de expertos deberían ser nombrados entre especialistas con los conocimientos y la experiencia necesaria en la lucha contra la trata de seres humanos, incluida su dimensión laboral.

               (3)

               Once de los miembros del Grupo deben ser nombrados por la Comisión entre las administraciones de los Estados miembros a propuesta de éstos.

               (4)

               De entre los que han respondido a la convocatoria de candidaturas, la Comisión debería nombrar cinco miembros de organizaciones intergubernamentales, internacionales y no gubernamentales activas a nivel europeo, cuatro miembros de las asociaciones de interlocutores sociales y de los empresarios que operan a nivel europeo, y dos miembros de entre personas con experiencia en la materia procedentes del sector de la investigación académica.

               (5)

               La Comisión publicó el 19.1.2008 una convocatoria de candidaturas para elaborar la lista de candidatos con el fin de crear el Grupo de expertos (2).

               (6)

               La Comisión ha llevado a cabo un procedimiento de selección entre las candidaturas recibidas. Al evaluar las candidaturas, la Comisión ha tenido en cuenta los criterios enumerados en la convocatoria y, en especial, los criterios recogidos en el punto 2 de la misma.

               (7)

               Es aconsejable que el Grupo de expertos incluya a cuatro miembros adicionales procedentes de organizaciones intergubernamentales, internacionales y no gubernamentales activas a nivel europeo con el fin de compensar la ausencia de candidaturas recibidas de los interlocutores sociales y de las asociaciones de empresarios que actúan a nivel europeo, con el objeto de garantizar una representación por sectores y geográfica equilibrada y alcanzar el total de 21 miembros previsto originalmente.

               (8)

               Un miembro del Grupo ha sido designado por Europol.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La Decisión 2007/675/CE se modifica como sigue:
   En el artículo 3, apartado 2, la letra b) se sustituye por el texto siguiente:

               «b)

               las organizaciones intergubernamentales, internacionales y no gubernamentales que desarrollen actividades a nivel europeo con competencia y experiencia demostrada en el ámbito de la trata de seres humanos (9 miembros como máximo)».

         Artículo 2
   La Comisión nombra a los siguientes miembros del Grupo de expertos en la trata de seres humanos:

               1)

               Miembros nombrados de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra a), de la Decisión 2007/675/CE de la Comisión:

                           Sr. D. Jan AUSTAD

                           Sr. D. Sandi ČURIN

                           Sra. Dña. Rita THEODOROU SUPERMAN

                           Sr. D. Luís GOUVEIA

                           Sra. Dña. Jelena KAMINSKA

                           Sr. D. Glynn RANKIN

                           Sra. Dña. Bärbel Heide UHL

                           Sr. D. Floris VAN DIJK

                           Sra. Dña. Kajsa WAHLBERG

               2)

               Miembros nombrados de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra b), de la Decisión 2007/675/CE de la Comisión, modificada por la actual Decisión:

                           Sra. Dña. Antonia BALKANSKA LAVINE

                           Sra. Dña. Stana BUCHOWSKA

                           Sr. D. Marco BUFO

                           Sra. Dña. Muireann O BRIAIN

                           Sr. D. Martijn PLUIM

                           Sra. Dña. Evelyn PROBST

                           Sra. Dña. Klara SKRIVANKOVA

                           Sra. Dña. Patsy SÖRENSEN

                           Sra. Dña. Liliana SORRENTINO

               3)

               Miembros nombrados de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra e), de la Decisión 2007/675/CE de la Comisión:

                           Sr. D. Ryszard PIOTROWICZ

                           Sra. Dña. Georgina VAZ CABRAL

         Artículo 3
   La Comisión toma nota del nombramiento del Sr. D. Steve HARVEY de Europol como miembro del Grupo de expertos en la trata de seres humanos de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra d), y apartado 3, de la Decisión de la Comisión (2007/675/CE).
   Artículo 4
   Los miembros del Grupo de expertos son nombrados a título personal durante un período renovable de tres años.
   Artículo 5
   De acuerdo con el procedimiento de selección, los candidatos que cumplan con los criterios para ser miembros del Grupo, pero no hayan sido designados como miembros del mismo, se incluirán en una lista de reserva previo consentimiento de los interesados.
   Artículo 6
   Los nombres de los miembros que formen parte del Grupo se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Artículo 7
   La presente Decisión surtirá efecto el día de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 2008.

            Por la Comisión

         Jacques BARROT

            Vicepresidente

      (1)  DO L 277 de 20.10.2007, p. 29.

      (2)  DO C 14 de 19.1.2008, p. 27.


title: 2013/554/UE: Decisión del Parlamento Europeo, de 17 de abril de 2013 , sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2011

text:
               16.11.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 308/161

      DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

   de 17 de abril de 2013
   sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2011
   (2013/554/UE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía relativas al ejercicio 2011,

               —

               Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía relativas al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de la Agencia (1),

               —

               Vista la Recomendación del Consejo de 12 de febrero de 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

               —

               Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185,

               —

               Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3), y, en particular, su artículo 208,

               —

               Visto el Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea una Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (4), y, en particular, su artículo 24,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, su artículo 94,

               —

               Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

               —

               Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0068/2013),

               1.

               Aprueba la gestión del Director de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2011;

               2.

               Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

               3.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al director de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Martin SCHULZ

            El Secretario General

         Klaus WELLE

      (1)  DO C 388 de 15.12.2012, p. 1.

      (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (3)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

      (4)  DO L 211 de 14.8.2009, p. 1.

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

         RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

      de 17 de abril de 2013
      que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2011
      EL PARLAMENTO EUROPEO,

                  —

                  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía relativas al ejercicio 2011,

                  —

                  Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía relativas al ejercicio 2011, acompañado de las respuestas de la Agencia (1),

                  —

                  Vista la Recomendación del Consejo de 12 de febrero de 2013 (05753/2013 – C7-0041/2013),

                  —

                  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

                  —

                  Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185,

                  —

                  Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3), y, en particular, su artículo 208,

                  —

                  Visto el Reglamento (CE) no 713/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se crea una Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía (4), y, en particular, su artículo 24,

                  —

                  Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, su artículo 94,

                  —

                  Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A7-0068/2013),

                  A.

                  Considerando que el Tribunal de Cuentas ha declarado haber obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales de la Agencia Europea de Cooperación de los Reguladores de la Energía («la Agencia») correspondientes al ejercicio 2011 son fiables y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares;

                  B.

                  Considerando que la Agencia se mudó de Bruselas a su sede en Liubliana (Eslovenia) el 1 de febrero de 2011, comenzó oficialmente sus actividades el 3 de marzo de 2011 y alcanzó su autonomía financiera el 8 de marzo de 2011;

                  C.

                  Considerando que el presupuesto total de la Agencia para el ejercicio 2011 ascendió a 4 792 345 EUR; que la contribución de la Unión al presupuesto de la Agencia para 2011 ascendió a 4 362 607,98 EUR (6),

         Gestión presupuestaria y financiera

                  1.

                  Recuerda que la contribución inicial de la Unión ascendió a 4 362 607,98 EUR en 2011; toma nota de que este es el primer año en que la Agencia ha sido autónoma financieramente;

                  2.

                  Aprecia en las cuentas anuales que el presupuesto inicial de la Agencia en 2011 ascendió a 5 119 000 EUR (incluidos 119 000 EUR para la contribución a la Asociación Europea de Libre Comercio);

                  3.

                  Constata en las cuentas anuales que se han utilizado el 67 % de los créditos de compromiso y el 74 % del total de créditos de pago;

         Prórroga de créditos

                  4.

                  Toma nota con preocupación de la observación del Tribunal de Cuentas en el sentido de que el elevado volumen de créditos no utilizados y de prórrogas, así como el bajo nivel de pagos, denotan deficiencias en la planificación y ejecución presupuestarias y contravienen el principio presupuestario de anualidad;

                  5.

                  Acepta la explicación de la Agencia en el sentido de que durante su primer año operativo tuvo que contratar a la mayor parte de la plantilla, lo que provocó retrasos en las posiciones abiertas, lo que ha incidido sustancialmente en la tasa de ejecución presupuestaria de la Agencia, así como en las previsiones de las licitaciones públicas necesarias, lo que ha desembocado en la concentración de las licitaciones a finales de año; comprende que esto, a su vez, ha generado un alto nivel de prórrogas para atender los compromisos jurídicos y presupuestarios contraídos;

                  6.

                  Toma nota de la declaración de la Agencia de que ahora está en mucha mejor posición para realizar las tareas que le han sido encomendadas y ejecutar el presupuesto correspondiente y le insta a que dé seguimiento a esta cuestión e informe a la autoridad de aprobación de la gestión;

         Pagos irregulares

                  7.

                  Toma nota con preocupación de que en 2011 la Agencia pagó dietas por valor de 10 839 EUR a expertos en comisión de servicio que son nacionales del Estado donde se encuentra su sede y de que tales pagos no se ajustan a las normas adoptadas por el Consejo de Administración de la Agencia para la comisión de servicio de expertos nacionales, que contemplan la atribución de dichas dietas solo a agentes temporales que no sean nacionales del Estado miembro donde están contratados;

                  8.

                  Toma nota de que la Agencia ya ha suspendido el pago de dietas en esos casos; no obstante, dado el carácter irregular de esos pagos, pide a la Agencia que dé seguimiento a la cuestión, examine la posibilidad de recuperar las dietas indebidamente abonadas y que informe al respecto a la autoridad de aprobación de la gestión;

         Procedimientos de selección del personal

                  9.

                  Toma nota de la observación del Tribunal de Cuentas de que conviene mejorar la transparencia de los procedimientos de contratación de personal; pide que la Agencia dé seguimiento a esa cuestión e informe sobre las medidas adoptadas a la autoridad de aprobación de la gestión; considera que algunas de las disposiciones del Estatuto de los funcionarios pueden suponer una carga administrativa considerable; anima, por lo tanto, a la Comisión a que permita un cierto grado de simplificación respecto a las agencias con arreglo al artículo 110 del Estatuto;

                  10.

                  Señala que, a pesar de haber concluido ya la contratación de personal permanente, la Agencia tiene escasez de expertos nacionales en comisión de servicios, y persisten las dudas sobre la competencia técnica de parte del personal, lo que puede generar incertidumbre acerca del trabajo de la Agencia; pide que la Agencia dé seguimiento a esta cuestión e informe a la autoridad de aprobación de la gestión sobre las medidas adoptadas;

                  11.

                  Insta a la Agencia a que mejore su cooperación con los reguladores nacionales, en particular con vistas a garantizar que su trabajo se organiza de acuerdo con principios de eficiencia y a establecer una sede permanente, permitiendo así que la Agencia y los reguladores nacionales realicen ahorros sustanciales y resuelvan los problemas incipientes de transporte y limitación de los recursos;

                  12.

                  Remite, en relación con las demás observaciones de carácter horizontal que acompañan a la decisión de aprobación de la gestión, a su Resolución de 17 de abril de 2013 (7) sobre el rendimiento, la gestión financiera y el control de las Agencias.

         (1)  DO C 388 de 15.12.2012, p. 1.

         (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

         (3)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

         (4)  DO L 211 de 14.8.2009, p. 1.

         (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

         (6)  Informe anual de actividades 2011 de la ACER, pp. 85-91.

         (7)  Textos aprobados, P7_TA(2013)0134 (véase la página 374 del presente Diario Oficial).


title: 2006/464/CE: Decisión de la Comisión, de  27 de junio de 2006 , relativa a las medidas provisionales urgentes para prevenir la introducción y propagación en la Comunidad del organismo  Dryocosmus kuriphilus  Yasumatsu  [notificada con el número C(2006) 2881]

text:
               5.7.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 183/29

         DECISIÓN DE LA COMISIÓN
   de 27 de junio de 2006
   relativa a las medidas provisionales urgentes para prevenir la introducción y propagación en la Comunidad del organismo Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
   [notificada con el número C(2006) 2881]
   (2006/464/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad (1), y, en particular, su artículo 16, apartado 3, tercera frase,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con la Directiva 2000/29/CE, cuando un Estado miembro considera que existe peligro de introducción o propagación en su territorio de un organismo nocivo que no figura en los anexos I o II de dicha Directiva, puede adoptar temporalmente todas las medidas adicionales necesarias para protegerse de este peligro.

               (2)

               Debido a la presencia de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu en China, Corea, Japón, EE.UU. y en una zona limitada de la Comunidad, el 14 de marzo de 2005 Francia comunicó a los demás Estados miembros y a la Comisión que el 16 de febrero de 2005 había adoptado medidas oficiales para proteger su territorio contra el peligro de la introducción de este organismo.

               (3)

               A causa de los brotes del mismo organismo en su territorio, Eslovenia informó el 29 de junio de 2005 a los Estados miembros y a la Comisión de que el 24 de junio de 2005 había adoptado medidas adicionales para evitar que prosiguiera su introducción y propagación en el país.

               (4)

                  Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu no figura en la lista de los anexos I ni II de la Directiva 2000/29/CE. No obstante, un informe de evaluación sobre el riesgo de plaga, basado en la información científica limitada de que se dispone, ha demostrado que puede ser uno de los insectos más perjudiciales para los castaños (Castanea Mill.). Podría reducir considerablemente la producción y la calidad de los frutos y hay indicios de que es capaz incluso de destruir los árboles. Los castaños crecen, a menudo, en tierras marginales de colinas o montañas. Los daños resultantes de la propagación de dicho insecto pueden poner fin a la producción de castañas para el consumo humano en estas zonas, provocando su degradación económica y medioambiental.

               (5)

               Por consiguiente, es necesario tomar medidas provisionales contra la introducción y propagación en la Comunidad de este organismo nocivo.

               (6)

               Las medidas dispuestas en la presente Decisión deben aplicarse a la introducción o la propagación del citado organismo nocivo, a la producción y el traslado en la Comunidad de los vegetales de tipo Castanea, al control de dicho organismo y a las inspecciones para detectar su presencia o ausencia continuada en los Estados miembros.

               (7)

               Es conveniente que se evalúen periódicamente en 2006, 2007 y 2008 los resultados de las medidas adoptadas, en especial a partir de la información que faciliten los Estados miembros. A la luz de los resultados de esta evaluación, debe considerarse la adopción eventual de otras medidas posteriores.

               (8)

               En su caso, los Estados miembros deberían adaptar sus legislaciones para que estén en consonancia con la presente Decisión.

               (9)

               Procede revisar los resultados de estas medidas el 1 de febrero de 2008, a más tardar.

               (10)

               Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité fitosanitario permanente.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Definición
   En la presente Decisión, se entenderá por «vegetales» todas las plantas o partes de plantas del género Castanea Mill., distintas de los frutos o las semillas, destinadas a la plantación.
   Artículo 2
   Medidas contra el organismo nocivo Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu
   Queda prohibida la introducción y propagación en la Comunidad de Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu, denominado, en lo sucesivo, «el organismo».
   Artículo 3
   Importación de vegetales
   Sólo se podrán introducir vegetales en la Comunidad si:

               a)

               cumplen con las medidas establecidas en el anexo I, punto 1, y

               b)

               han sido objeto de una inspección en el momento de su entrada en la Comunidad para detectar la presencia del organismo, de conformidad con el artículo 13 bis, apartado 1, de la Directiva 2000/29/CE, y han sido declarados indemnes de este organismo.

         Artículo 4
   Traslado de vegetales en la Comunidad
   Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 5, apartado 3, letra a), y del anexo II, parte II, los vegetales originarios de la Comunidad o importados a la Comunidad con arreglo al artículo 3 de la presente Decisión sólo podrán trasladarse desde su parcela de producción en la Comunidad, incluidos, en su caso, los centros de jardinería, si cumplen las condiciones establecidas en el anexo I, punto 2.
   Artículo 5
   Inspecciones y notificaciones
   1.   Los Estados miembros llevarán a cabo inspecciones anuales oficiales para detectar la presencia del organismo o su infestación en el territorio nacional.
   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, apartado 2, de la Directiva 2000/29/CE, todos los años, a más tardar el 31 de diciembre, notificarán a la Comisión y a los demás Estados miembros los resultados de dichas inspecciones.
   2.   Deberá notificarse inmediatamente a las entidades oficiales competentes cualquier sospecha de la presencia del organismo o la confirmación de su existencia.

               3.

                           a)

                           Los Estados miembros podrán exigir la implantación de un sistema de trazabilidad para los traslados de vegetales a su territorio o dentro de éste, que puede incluir una declaración de traslado de su responsable dirigida a las entidades oficiales competentes.

                           b)

                           Los Estados miembros podrán exigir al responsable de la plantación la presentación de una declaración de plantación a las entidades oficiales competentes.

         Artículo 6
   Delimitación de zonas
   Si los resultados de las inspecciones contempladas en el artículo 5, apartado 1, o la notificación a que se hace referencia en el artículo 5, apartado 2, confirman la presencia del organismo en un área determinada, o bien se ha demostrado la implantación del organismo por otros medios, los Estados miembros delimitarán zonas y adoptarán medidas oficiales conforme a lo dispuesto en el anexo II, apartados I o II.
   Artículo 7
   Cumplimiento
   En caso necesario, los Estados miembros modificarán las medidas que hayan adoptado para protegerse de la introducción y propagación del organismo en consonancia con la presente Decisión, y comunicarán inmediatamente dichas medidas a la Comisión.
   Artículo 8
   Revisión
   La presente Decisión será revisada el 1 de febrero de 2008 a más tardar.
   Artículo 9
   Destinatarios
   Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

      Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 2006.

            Por la Comisión

         Markos KYPRIANOU

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 169 de 10.7.2000, p. 1. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2006/35/CE de la Comisión (DO L 88 de 25.3.2006, p. 9).

      ANEXO I
      MEDIDAS CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA PRESENTE DECISIÓN
      1)   Medidas (certificados)
      Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, letra a), de la presente Decisión y del anexo III, parte A, punto 2, y el anexo IV, parte A, sección I, puntos 11.1, 11.2, 33, 36.1, 39 y 40 de la Directiva 2000/29/CE, los vegetales originarios de terceros países deberán ir acompañados de un certificado de conformidad con el artículo 13, apartado 1, de la misma Directiva, en el que conste lo siguiente en el apartado «Declaración suplementaria»:

                  a)

                  que los vegetales se han cultivado en todo momento en parcelas de producción de países en los que no se ha detectado nunca el organismo; o bien

                  b)

                  que los vegetales se han cultivado en todo momento en parcelas de producción de una zona declarada indemne de la plaga por la institución nacional del país de origen responsable de la protección vegetal, de acuerdo con las normas internacionales pertinentes en materia de medidas fitosanitarias; y que conste, en el apartado «Lugar de origen», la denominación de dicha zona.

            2)   Condiciones de traslado
      Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5, apartado 3, letra a), y en el anexo II, parte II, de la presente Decisión, así como en el anexo IV, parte A, sección II, punto 7, y en el anexo V, parte A, sección I, punto 2.1, de la Directiva 2000/29/CE, todos los vegetales, ya sean originarios de la Comunidad o importados a la Comunidad con arreglo al artículo 3 de la presente Decisión, sólo podrán trasladarse desde su parcela de producción en un Estado miembro, incluidos, en su caso, los centros de jardinería, si van acompañados de un pasaporte fitosanitario preparado y expedido de conformidad con las disposiciones de la Directiva 92/105/CEE de la Comisión (1) y:

                  a)

                  los vegetales originarios de dichas parcelas de producción se han cultivado en todo momento o desde su introducción en la Comunidad en una parcela de producción de un Estado miembro en el que no se ha detectado nunca el organismo; o bien

                  b)

                  los vegetales se han cultivado en todo momento o desde su introducción en la Comunidad en una parcela de producción de una zona declarada indemne de la plaga por la institución nacional de un Estado miembro responsable de la protección vegetal, de acuerdo con las normas internacionales pertinentes en materia de medidas fitosanitarias.

         (1)  DO L 4 de 8.1.1993, p. 22. Directiva modificada por la Directiva 2005/17/CE (DO L 57 de 3.3.2005, p. 23).

      ANEXO II
      MEDIDAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 6 DE LA PRESENTE DECISIÓN
      I.   Delimitación de zonas

                  1)

                  Las zonas delimitadas que se contemplan en el artículo 6 se compondrán de las partes siguientes:

                              a)

                              una zona infestada en la que se haya confirmado la presencia del organismo y que incluya todos los vegetales con síntomas del mismo y, en su caso, todos los vegetales pertenecientes al mismo lote en el momento de la plantación;

                              b)

                              una zona de observación con una frontera situada a un mínimo de 5 km del límite de la zona infestada; y

                              c)

                              una zona barrera con una frontera situada a un mínimo de 10 km del límite de la zona de observación.

                        En caso de que se superpongan diversas zonas barrera o estén geográficamente cercanas, se establecerá un área más amplia que incluya las zonas delimitadas correspondientes y las zonas entre ellas.

                  2)

                  La delimitación exacta de las zonas contempladas en el apartado 1 se basará en principios científicos fundados, la biología del organismo, el nivel de infestación, la época del año y las peculiaridades de la distribución de vegetales en el Estado miembro afectado.

                  3)

                  Si se confirma la presencia del organismo fuera de la zona infestada, se modificará en consecuencia la delimitación de las zonas.

                  4)

                  En caso de que no se detecte la presencia del organismo en ninguna de las zonas delimitadas durante tres años, de acuerdo con las inspecciones anuales contempladas en el artículo 5, apartado 1, estas zonas dejarán de existir como tales y no será necesario continuar con las medidas a que se hace referencia en la parte II del presente anexo.

                  5)

                  Los Estados miembros informarán inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión acerca de las zonas contempladas en el punto 1 facilitando los mapas a escala oportunos de dichas zonas e indicando el tipo de medidas adoptadas para erradicar o frenar la propagación del organismo.

            II.   Medidas en las zonas delimitadas
      Las medidas oficiales contempladas en el artículo 6, que han de adoptarse en las zonas delimitadas, deberán comprender, como mínimo:

                  —

                  la prohibición de traslado de los vegetales fuera y dentro de las zonas delimitadas;

                  —

                  en caso de que se haya confirmado la presencia del organismo en los vegetales de una parcela de producción, la adopción de las medidas oportunas para erradicar el organismo nocivo consistentes, por lo menos, en la destrucción de los vegtales infestados, de todos los vegetales con síntomas de estar infestados por el organismo y, en su caso, de todos los vegetales pertenecientes al mismo lote en el momento de su plantación, así como la vigilancia de la presencia del organismo mediante las inspecciones apropiadas en el período de existencia potencial de agallas habitadas.


title: Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n ° 57/11/COL, de 2 de marzo de 2011 , por la que se modifican, por octogésima segunda vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo relativo a la aplicación, a partir del 1 de enero de 2011 , de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera

text:
               15.12.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 332/20

         DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC
   No 57/11/COL
   de 2 de marzo de 2011
   por la que se modifican, por octogésima segunda vez, las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo relativo a la aplicación, a partir del 1 de enero de 2011, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera
   EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC («el Órgano de Vigilancia»),
   VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo EEE») y, en particular, su artículo 61,
   VISTO el Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (en lo sucesivo denominado «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción») y, en particular, su artículo 24 y su artículo 5, apartado 2, letra b),
   CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia velará por el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo EEE relativas a ayudas estatales,
   CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia publicará notificaciones o impartirá directrices sobre asuntos regulados por el Acuerdo EEE, si este Acuerdo o el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción así lo establecen expresamente o si el propio Órgano de Vigilancia lo considera necesario,
   CONSIDERANDO que, el 1 de diciembre de 2010, la Comisión Europea adoptó una Comunicación relativa a la aplicación, a partir del 1 de enero de 2011, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera (1),
   CONSIDERANDO que dicha Comunicación es también pertinente a efectos del Espacio Económico Europeo,
   CONSIDERANDO que debe garantizarse la aplicación uniforme de las normas de los Estados del EEE relativas a ayudas estatales en todo el Espacio Económico Europeo de acuerdo con el objetivo de homogeneidad establecido en el artículo 1 del Acuerdo EEE,
   CONSIDERANDO que, de conformidad con el punto II del epígrafe «GENERAL» que figura en la página 11 del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia tiene que adoptar, previa consulta a la Comisión Europea, los actos correspondientes a los ya adoptados por esta,
   HABIENDO consultado a la Comisión Europea,
   HABIENDO consultado al respecto a los Estados de la AELC mediante cartas con fecha de 10 de febrero de 2011,
   HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Las Directrices sobre ayudas estatales se modificarán mediante la introducción de un nuevo capítulo sobre la aplicación, a partir del 1 de enero de 2011, de las normas sobre ayudas estatales a las medidas de apoyo a los bancos en el contexto de la crisis financiera.
   El nuevo capítulo se expone en el anexo de la presente Decisión.
   Artículo 2
   El texto en lengua inglesa es el único auténtico.

      Hecho en Bruselas, el 2 de marzo de 2011.

            Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

         Per SANDERUD

            Presidente

         Sabine MONAUNI-TÖMÖRDY

            Miembro del Colegio

      (1)  DO C 329 de 7.12.2010, p. 7.

      ANEXO

         APLICACIÓN, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2011, DE LAS NORMAS SOBRE AYUDAS ESTATALES A LAS MEDIDAS DE APOYO A LOS BANCOS EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS FINANCIERA

      1.   Introducción

                  1.

                  Desde el inicio de la crisis financiera en el otoño de 2008, el Órgano de Vigilancia de la AELC («el Órgano de Vigilancia») ha adoptado cuatro conjuntos de Directrices (1) que ofrecen orientaciones detalladas a propósito de los criterios de compatibilidad de las ayudas estatales a las instituciones financieras (2) con los requisitos del artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («el Acuerdo EEE»). Los capítulos de las Directrices en cuestión son la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en relación con las instituciones financieras (3) («Directrices bancarias»); la recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual (4) («Directrices de recapitalización»); el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el sector bancario comunitario (5) («Directrices sobre activos deteriorados») y la recuperación de la viabilidad y la evaluación de las medidas de reestructuración en el sector financiero en la crisis actual con arreglo a las normas sobre ayudas estatales (6) («Directrices de reestructuración»). Tres de estas cuatro Directrices, las Directrices bancarias, sobre recapitalización y sobre activos deteriorados, establecen los requisitos previos para la compatibilidad de los principales tipos de ayudas concedidas por los Estados de la AELC (garantías sobre obligaciones, recapitalizaciones y medidas de rescate de activos deteriorados), mientras que las Directrices sobre reestructuración enumeran las características específicas que ha de poseer un plan de reestructuración (o un plan de viabilidad) en el marco específico de las ayudas estatales concedidas a las instituciones financieras en un contexto de crisis sobre la base del artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE.

                  2.

                  Los cuatro capítulos de las Directrices subrayan el carácter temporal de la admisibilidad de tales medidas. Cada una de ellas señala que las medidas de ayuda solo pueden justificarse como respuesta de urgencia a la tensión sin precedentes sufrida por los mercados financieros y solo mientras prevalezcan dichas circunstancias especiales. Las Directrices sobre reestructuración son válidas para las ayudas de reestructuración notificadas antes del 31 de diciembre de 2010, mientras que las demás Directrices no tienen fecha de expiración.

                  3.

                  Estas Directrices establecen los parámetros para la admisibilidad temporal de las ayudas concedidas a los bancos en el contexto de la crisis a partir del 1 de enero de 2011.

            2.   Mantenimiento de la aplicabilidad del artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE y prórroga de las Directrices sobre reestructuración

                  4.

                  Las Directrices del Órgano de Vigilancia relativas a las ayudas a los bancos en el contexto de la crisis y todas las decisiones individuales sobre las medidas y los regímenes de ayuda encuadrados en el ámbito de aplicación de dichas Directrices se adoptan teniendo como base jurídica el artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE, que autoriza con carácter excepcional la concesión de ayudas destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado de la AELC. En la fase más aguda de la crisis, la condición de que existiera una grave perturbación se cumplió en todo el EEE, debido a la extraordinaria tensión a la que se vieron sometidos los mercados financieros, combinada posteriormente con una contracción especialmente grave de la economía real.

                  5.

                  La recuperación económica, que ha tenido lugar paulatinamente desde el inicio de 2010, se ha producido a un ritmo más rápido del que se preveía a principios de 2010. Aunque la recuperación es todavía frágil e inestable en el EEE, en algunos Estados se registran tasas de crecimiento modestas o incluso más robustas. Además, a pesar de algunas bolsas de vulnerabilidad, en términos generales la salud del sector bancario ha mejorado si se compara con la situación del año pasado. Como consecuencia de ello, la existencia de una grave perturbación de la economía de los Estados de la AELC ya no es tan clara como lo era en las fases iniciales de la crisis. Aunque es consciente de esta evolución, el Órgano de Vigilancia sigue considerando que se cumplen las condiciones para que se autorice ayuda estatal con arreglo al artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE ante la reciente reaparición de tensiones en los mercados financieros y el riesgo de efectos indirectos negativos más amplios, por las razones esbozadas en las presentes Directrices.

                  6.

                  La reaparición de tensiones en los mercados de deuda soberana ha ilustrado bien a las claras la continua volatilidad de los mercados financieros. El alto grado de interconexión e interdependencia en el sector financiero del EEE condujo a la preocupación de los mercados sobre los riesgos de contagio. La gran volatilidad de los mercados financieros y la incertidumbre de los resultados económicos justifican el mantenimiento de una red de seguridad, a saber, la posibilidad de que los Estados de la AELC puedan alegar la necesidad de recurrir a medidas de apoyo por la crisis sobre la base del artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE.

                  7.

                  Por consiguiente, es necesario que las Directrices bancarias, sobre recapitalización y sobre activos deteriorados, que orientan sobre los criterios relativos a la compatibilidad de las ayudas a los bancos en el contexto de la crisis sobre la base del artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE, especialmente en forma de garantías públicas, recapitalizaciones y medidas de rescate de activos, sigan en vigor con posterioridad al 31 de diciembre de 2010. De modo análogo, las Directrices de reestructuración, que se ocupan del seguimiento de tales medidas de apoyo, también han de seguir siendo aplicables más allá de esa fecha. Por tanto, el alcance temporal de las Directrices de reestructuración, las únicas de las cuatro Directrices que cuentan con una fecha específica de expiración, el 31 de diciembre de 2010, debe ampliarse a las ayudas de reestructuración notificadas antes del 31 de diciembre de 2011.

                  8.

                  No obstante, las Directrices han de adaptarse con vistas a preparar la transición al período posterior a la crisis. Paralelamente, será necesario elaborar nuevas normas permanentes relativas a las ayudas estatales de salvamento y restructuración de los bancos en condiciones normales de mercado que, siempre que lo permitan las condiciones de mercado, se deben aplicar a partir del 1 de enero de 2012. Teniendo en mente ese objetivo, se ha de evaluar la posible necesidad de que se sigan concediendo ayudas estatales extraordinarias al sector financiero inducidas por la crisis. Esta necesidad se ha de abordar estableciendo las condiciones para la compatibilidad de dichas ayudas con el fin de preparar lo mejor posible el nuevo régimen destinado al salvamento y la reestructuración de los bancos basado en el artículo 61, apartado 3, letra c), del Acuerdo EEE.

            3.   Avance del proceso de salida

                  9.

                  El mantenimiento de la disponibilidad de medidas de ayuda con arreglo al artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE ante unas condiciones de mercado excepcionales no debe obstaculizar el proceso de retirada de las medidas de apoyo extraordinarias y temporales para los bancos. En su reunión de 2 de diciembre de 2009, el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros concluyó que era necesario concebir una estrategia destinada a la retirada progresiva de las medidas de apoyo, que debe ser transparente y estar debidamente coordinada con los Estados miembros de la UE, para evitar efectos secundarios negativos, pero teniendo en cuenta las características específicas de cada país de la UE (7). En las conclusiones también se establece que, en principio, el proceso de retirada de las distintas formas de ayuda a los bancos debe comenzar con el desmantelamiento de los regímenes de garantías del Estado, fomentando la salida de los bancos sólidos e induciendo a otros a afrontar sus debilidades.

                  10.

                  En los siguientes apartados el Órgano de Vigilancia definirá las etapas de una retirada progresiva de las medidas de recapitalización y rescate de activos.

            3.1.   Condiciones más estrictas para la compatibilidad de las garantías del Estado con arreglo al artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE

                  11.

                  Desde el 1 de enero de 2011 el Órgano de Vigilancia aplicará condiciones más estrictas para la compatibilidad de las garantías del Estado con arreglo al artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE al introducir una prima de garantía más elevada y el requisito de un plan de viabilidad para los beneficiarios que puedan acceder a nuevas garantías y superen un determinado umbral del total de obligaciones garantizadas pendientes tanto en términos absolutos como en relación con las obligaciones totales (8). Considerando el mercado actual, estas condiciones parecen necesarias en este momento. Los regímenes de garantías estatales pueden, por tanto, ser autorizados hasta el 30 de junio de 2011, sobre la base de las siguientes condiciones introducidas en julio desde el 1 de enero de 2011. En el primer semestre de 2011, el Órgano de Vigilancia volverá a evaluar las condiciones para la compatibilidad de las garantías estatales más allá del 30 de junio de 2011.

            3.1.1.   Condiciones de precios

                  12.

                  El acceso a las garantías del Estado se ha supeditado a una prima, que se determina en función de las recomendaciones del BEI. En el caso de deuda con vencimiento superior a un año, la prima comprende un importe a tanto alzado de 50 puntos básicos incrementado en la mediana del diferencial de las permutas financieras por impago crediticio («CDS») de deuda prioritaria a cinco años de cada banco observada en el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de agosto de 2008 (9).

                  13.

                  El elemento de riesgo crediticio en el actual modelo de fijación de precios se basa en datos anteriores a la fase más aguda de la crisis en 2008. Los diferenciales de los CDS entre unos bancos y otros son ahora notablemente más elevados que antes de la crisis y es probable que se mantengan así. Hasta el momento, se ha considerado necesario para facilitar a los bancos el acceso a financiación externa, salvaguardando así la estabilidad financiera. No obstante, la evolución de los mercados financieros en dos años a partir del 31 de agosto de 2008, incluidos los cambios en el estatus crediticio de los bancos, no se ha tenido en cuenta. Así pues, mientras que el acceso a la financiación en los mercados ha mejorado en general, los bancos cuya calificación ha sido rebajada se siguen beneficiando de su calificación crediticia y de la percepción de su solvencia anteriores a la crisis. Esto aumenta la probabilidad de falseamientos de la competencia. Está demostrado que los bancos con baja calificación se benefician de forma desproporcionada de más garantías que los bancos con una calificación más elevada porque aquellos normalmente pagarían un precio de mercado más alto debido a su baja calificación.

                  14.

                  Para solucionar estos falseamientos, el precio del apoyo del Estado deberá ajustarse más a las condiciones del mercado, reflejando más fielmente la solvencia actual real de cada banco. En la práctica, esto requiere que se aumente la prima de garantía que deben pagar las entidades beneficiarias.

                  15.

                  Un enfoque coordinado entre los Estados de la AELC deberá fomentar la retirada progresiva de los regímenes de garantía, manteniendo cierto grado de flexibilidad para tener en cuenta las distintas situaciones de los Estados de la AELC y de sus bancos. Para ello, el Órgano de Vigilancia considera oportuno introducir un incremento mínimo en la prima para las garantías que se diferenciará en función de la solvencia del banco beneficiario. La diferenciación basada en la solvencia refuerza el mensaje de los precios para los bancos más débiles y permite ajustar mejor el precio de las garantías al perfil de riesgo de la institución beneficiaria, disminuyendo así los falseamientos de la competencia entre instituciones y contribuyendo a garantizar la igualdad de condiciones entre bancos en el mercado único.

                  16.

                  La aprobación de la prórroga de un régimen de garantía (10) con posterioridad al 1 de enero de 2011 requeriría por consiguiente que la prima por una garantía estatal (11) fuera más elevada que la establecida con arreglo a la fórmula de fijación de precios recomendada por el BEI en octubre de 2008, en al menos

                              —

                              20 puntos básicos para bancos con una calificación de A + o A (12),

                              —

                              30 puntos básicos para bancos con una calificación de A- (13), y

                              —

                              40 puntos básicos para bancos con una calificación por debajo de A-. Los bancos sin calificación se considerará que pertenecen a la categoría de bancos con calificación BBB (14).

                  17.

                  Los Estados de la AELC tendrán la posibilidad de superar estos requisitos mínimos al definir los límites máximos de la prima de garantía. Como otro elemento más de flexibilidad que permita a los Estados de la AELC ajustar las condiciones a las circunstancias específicas imperantes en los sectores financieros, el Órgano de Vigilancia aceptará un modelo diferente para el cálculo de un incremento de la prima, siempre y cuando pueda demostrarse de manera inequívoca que de esta fórmula resulta como mínimo el aumento fijado anteriormente para los bancos afectados (15).

            3.1.2.   Examen de viabilidad de los bancos que siguen dependiendo de garantías del Estado

                  18.

                  En la coyuntura actual de la evolución de las condiciones del mercado, el acceso a liquidez en el mercado ya no representa un serio obstáculo para los bancos en su conjunto como lo era en el período más agudo de la crisis. En consecuencia, parece justificado introducir una diferenciación en las condiciones impuestas para el uso de garantías estatales basada en el grado en que los bancos dependen de ellas. Mientras que el uso limitado podría permitirse sin necesidad de un examen más a fondo, un uso más amplio, tanto en términos absolutos como en relación con el importe total de obligaciones del banco, activará la condición de un examen de viabilidad como condición previa para la conformidad de la prórroga de regímenes de garantía con el artículo 61, apartado 3, letra b), del EEE. Una incapacidad persistente de conseguir una proporción considerable de la financiación necesaria sin garantías del Estado puede indicar una falta de confianza en la viabilidad del modelo empresarial de un banco. Debe evitarse que un banco conserve una fuerte dependencia de los regímenes de garantías, que fueron diseñados para hacer frente a dificultades sin precedentes para acceder a financiación, incluso cuando estas circunstancias excepcionales hayan desaparecido, posiblemente permitiendo así que el banco aplace ajustes estructurales necesarios.

                  19.

                  Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia considera oportuno que los regímenes de garantía que se prorroguen después del 1 de enero de 2011 incluyan un umbral relativo a la ratio del total de obligaciones garantizadas pendientes sobre el total de obligaciones de un banco y el importe absoluto de obligaciones garantizadas que, en caso de superarse, activa la condición de un examen de viabilidad. Si un banco solicita garantías del Estado en virtud de un régimen para cubrir deuda nueva o renovada que se emita a partir del 1 de enero de 2011 que tome o mantenga el importe total de obligaciones garantizadas pendientes por encima de dicho umbral en relación de ambos elementos (tamaño absoluto y relativo) (16), se pedirá al Estado de la AELC afectado que presente al Órgano de Vigilancia, en el plazo de tres meses de la concesión de las garantías, un examen que demuestre la viabilidad del banco a largo plazo.

                  20.

                  Este mecanismo no se aplica a los bancos que ya se están reestructurando o están obligados a presentar un plan de reestructuración o que ya están sujetos a un examen de viabilidad pendiente en la fecha de referencia. En esos supuestos, la concesión de ayuda estatal adicional deberá ser tenida en cuenta dentro del marco del proceso de examen de viabilidad/reestructuración en curso (17).

                  21.

                  El umbral se fija en una ratio del 5 % de obligaciones garantizadas pendientes del total de obligaciones y un importe total de deuda garantizada de 500 millones EUR. La determinación de este umbral de activación se basa en un análisis comparativo que ilustra que la gran mayoría de los bancos que recurren a garantías y actualmente no están sometidos a obligaciones de reestructuración (e incluso una proporción significativa de bancos que están sujetos a dichas obligaciones) se mantiene muy por debajo de ese nivel. Para el pequeño grupo de bancos, aunque en número no despreciable, que supera ese límite, es legítimo examinar si la considerable dependencia de las garantías para su financiación indica una debilidad más estructural de su modelo empresarial. La función de activación ofrece un incentivo para que los bancos sólidos inicien un rápido proceso de vuelta a la financiación predominante o exclusivamente en condiciones que no falseen el mercado. En el caso de todos los bancos sometidos a un examen de viabilidad a fondo, o bien se confirma su viabilidad a largo plazo o las dudas a este respecto indicarán la necesidad de confrontar una reestructuración de mayor alcance.

                  22.

                  En cuanto al contenido que debe aportarse en un examen de viabilidad, cabe remitirse a las Directrices de reestructuración, que establecen que los principios relativos al análisis de la situación de un banco con vistas al restablecimiento de la viabilidad a largo plazo se aplican por analogía a aquellos casos en los que el beneficiario de la ayuda no esté obligado formalmente a presentar un plan de reestructuración pero, no obstante, esté obligado a demostrar la viabilidad a largo plazo. En particular, el banco tendrá que demostrar la solidez de su capacidad de financiación y, si es necesario, pasar una prueba de tensión de liquidez (18). Un examen de viabilidad también deberá tener en cuenta cualquier factor específico de las instituciones financieras beneficiarias (19) o del Estado de la AELC afectado (20) y la situación de sus mercados financieros que tengan un impacto en la evaluación de viabilidad y en el valor indicativo de la ratio de obligaciones garantizadas sobre el total de obligaciones. Como norma general, cuanto mayor sea la dependencia de las garantías del Estado y más vaya asociada a la utilización de otras formas de asistencia estatal y/o baja solvencia (21), más evidente resulta la necesidad de introducir cambios en el modelo empresarial para garantizar la viabilidad a largo plazo.

                  23.

                  El mecanismo que activa la condición de un examen de viabilidad indica a los bancos que deben prepararse para el retorno a las condiciones normales de mercado sin apoyo estatal a medida que el sector financiero vaya emergiendo progresivamente de la crisis y representa un incentivo para las distintas instituciones para ir reduciendo la dependencia de las garantías estatales o abstenerse de usarlas en absoluto. Al mismo tiempo, permite la suficiente flexibilidad para tomar debidamente en consideración las circunstancias potencialmente diversas que afectan a la situación de distintos bancos o mercados financieros nacionales y asimismo contempla la posibilidad de que se produzca un deterioro general de la estabilidad financiera, algo que no puede descartarse en la actualidad, dada la fragilidad residual que se observa en la situación de los mercados financieros.

            4.   Eliminación de la distinción entre bancos sólidos y en dificultades a efectos de la presentación de un plan de reestructuración

                  24.

                  Al inicio de la crisis, el Órgano de Vigilancia distinguió entre instituciones financieras en dificultades e instituciones esencialmente sólidas, es decir, entre aquellas que sufrían problemas endógenos, estructurales, achacables, por ejemplo, a su modelo empresarial o a su estrategia inversora y aquellas otras cuyas dificultades procedían esencialmente de la situación extrema de la crisis financiera y no tanto de la solidez de su modelo bancario, la ineficiencia o el riesgo excesivo. Esta distinción se basa especialmente en una serie de indicadores establecidos en las Directrices sobre recapitalización: la adecuación del capital, los diferenciales actuales de permutas financieras por impago crediticio (CDS spreads), la calificación actual del banco y perspectivas al respecto, así como, entre otras cosas, el tamaño relativo de la recapitalización. En relación con esta última, el Órgano de Vigilancia estima que la ayuda recibida en forma de medidas de recapitalización y rescate de activos de más del 2 % de los activos ponderados por riesgo del banco es un indicador que sirve para distinguir entre bancos esencialmente sólidos y bancos en dificultades. La recapitalización de un banco en dificultades activa la condición de presentar un plan de reestructuración al Órgano de Vigilancia, mientras que la recapitalización de un banco sólido activa la condición de presentar un plan de viabilidad.

                  25.

                  La lógica original que subyacía tras esta distinción y el establecimiento de una serie de indicadores, incluido un umbral del 2 % de los activos ponderados por riesgo del banco, era el temor de que las necesidades de capital derivadas del deterioro del valor, las mejores expectativas de los mercados en cuanto a los niveles de capital de los bancos y las dificultades temporales para financiarse en los mercados hicieran que los bancos redujeran sus actividades de crédito a la economía real para no tener que presentar un plan de reestructuración al recurrir a los recursos públicos. Sin embargo, en la actualidad, el sector bancario en conjunto ya no encuentra tantas dificultades para financiarse en los mercados o, entre otras cosas, mediante los beneficios no distribuidos (22), por lo que puede satisfacer sus necesidades de capital sin tener que recurrir a las ayudas públicas (23). El importe del capital obtenido por las instituciones financieras en el mercado se ha incrementado considerablemente en el transcurso de 2009 y 2010, lo que demuestra que las instituciones financieras gozan de mejor acceso a los mercados de capitales y que se anticipan las nuevas condiciones normativas (24).

                  26.

                  Por consiguiente, la distinción entre bancos sólidos y bancos en dificultades ya no parece pertinente a la hora de determinar qué bancos han de entablar conversaciones con el Órgano de Vigilancia de cara a su reestructuración. Como consecuencia de ello, se debe obligar a los bancos que en 2011 aún recurran al Estado para obtener fondos o para el rescate de activos a presentar al Órgano de Vigilancia un plan de reestructuración que ponga de manifiesto su firme voluntad de emprender las medidas de reestructuración necesarias y de volver a la rentabilidad sin retrasos injustificados. Por consiguiente, a partir del 1 de enero de 2011, se exigirá un plan de reestructuración a todo beneficiario de una nueva medida de recapitalización o de rescate de activos (25).

                  27.

                  A la hora de evaluar las necesidades de reestructuración de los bancos, el Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta la situación específica de cada institución, el grado en que dicha reestructuración es necesaria para restablecer la viabilidad sin recibir nuevas ayudas públicas así como la dependencia previa con respecto al apoyo estatal. Como regla general, cuanta mayor haya sido la dependencia de la ayuda estatal, mayor será la necesidad de someterse a una reestructuración en profundidad para garantizar la viabilidad a largo plazo. Además, la evaluación individual tendrá en cuenta cualquier situación específica de los mercados y aplicará las directrices de reestructuración con la oportuna flexibilidad en el caso de que se produzca una grave perturbación que ponga en peligro la estabilidad financiera de uno o más Estados de la AELC.

                  28.

                  La exigencia de un plan de reestructuración a los bancos que se beneficien de ayuda estructural, es decir, medidas de recapitalización o de rescate de activos, aunque simultáneamente se acepte que el simple uso de las garantías de refinanciación aún no activaría la obligación de presentar un plan de reestructuración, indica a los bancos que deben prepararse para el retorno a las condiciones normales de mercado sin apoyo estatal a medida que el sector financiero vaya emergiendo progresivamente de la crisis. Además, ofrece un incentivo para las distintas instituciones que aún tienen que acelerar el necesario proceso de reestructuración. Al mismo tiempo, permite la suficiente flexibilidad para tomar debidamente en consideración las circunstancias potencialmente diversas que afectan a la situación de los distintos bancos o mercados financieros nacionales. Asimismo, contempla la posibilidad de que se produzca un deterioro general de la estabilidad financiera o de la de un país determinado, algo que no puede descartarse en la actualidad, dada la fragilidad residual que se observa en la situación de los mercados financieros.

            5.   Alcance temporal, perspectivas generales

                  29.

                  El artículo 61, apartado 3, letra b), del Acuerdo EEE y las Directrices sobre reestructuración seguirán aplicándose desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2011. (26) Esta prórroga en condiciones cambiantes también se debe considerar en el contexto de una transición gradual a un régimen más permanente de directrices sobre ayudas estatales para el salvamento y la reestructuración de los bancos sobre la base del artículo 61, apartado 3, letra c) del Acuerdo EEE que debe entrar en vigor, si las condiciones de mercado no lo impiden, el 1 de enero de 2012.

         (1)  Directrices para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE y del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, adoptadas y emitidas por el Órgano de Vigilancia el 19 de enero de 1994, publicadas en el DO L 231 de 3.9.1994, p. 1 y en el Suplemento EEE no 32 de 3.9.1994, p. 1. Las Directrices fueron modificadas por última vez el 17 de diciembre de 2008 («las Directrices sobre ayudas estatales»). La versión actualizada de las Directrices sobre ayudas estatales está publicada en el sitio web del Órgano de Vigilancia:
      http://www.eftasurv.int/state-aid/legal-framework/state-aid-guidelines/

         (2)  Para facilitar la comprensión del lector, en el presente documento se utiliza simplemente el término «bancos» para aludir a las instituciones financieras.

         (3)  Decisión 28/09/COL de 29.1.2009.

         (4)  Decisión 28/09/COL de 29.1.2009.

         (5)  Decisión 191/09/COL de 22.4.2009.

         (6)  Decisión 472/09/COL de 25.11.2009.

         (7)  Estas conclusiones fueron respaldadas por el Consejo Europeo en su reunión de 11 de diciembre de 2009. En la misma línea, el Parlamento Europeo insistió, en su Resolución de 9 de marzo de 2010 relativa al Informe sobre la Política de Competencia de 2008
      (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2010-0050), en que la intervención estatal no debería prolongarse indebidamente y que deberían elaborarse lo antes posible las estrategias de salida.

         (8)  Con una cláusula de flexibilidad que permite una reevaluación de la situación y soluciones adecuadas en caso de que se produzca una nueva crisis grave en los mercados financieros del EEE o en uno o varios Estados de la AELC.

         (9)  Véase http://www.ecb.int/pub/pdf/other/recommendations_on_guaranteesen.pdf.

         (10)  Las notificaciones individuales de garantías del Estado al margen de un régimen requerirán por lo general una prima de garantía en los mismos términos. Cuando el beneficiario esté sometido a obligaciones de reestructuración y pueda estar justificada una prima inferior en función de circunstancias específicas, esta desviación deberá ser tenida en cuenta en la evaluación general de la reestructuración y las medidas necesarias para minimizar los falseamientos de la competencia.

         (11)  Incluye las garantías que cubren obligaciones de un año como máximo.

         (12)  O A1 y A2 dependiendo del sistema de calificación empleado.

         (13)  O A3 dependiendo del sistema de calificación empleado.

         (14)  En el caso de evaluaciones divergentes por parte de distintas agencias de calificación, la calificación relevante a efectos del cálculo de la prima deberá ser la más elevada. La fecha de referencia para la calificación en la determinación de la prima de garantía es el día en el que se concede la garantía en contrapartida de una obligación específica emitida por el beneficiario.

         (15)  Por ejemplo, una actualización del período de referencia CDS estipulado en las recomendaciones del BEI de octubre de 2008 de la que resulte de manera demostrable un incremento de 20 pb como mínimo para los bancos con calificación A + y A, 30 pb para los bancos con calificación A- y 40 pb para los bancos con calificación por debajo de A-.

         (16)  La evaluación se llevará a cabo cuando un Estado de la AELC reciba la solicitud para la aprobación de garantías para la emisión de deuda nueva o renovada a partir del 1 de enero de 2011 e incluirá el importe de deuda que cubrirán las garantías, así como las obligaciones garantizadas pendientes existentes en relación con las obligaciones totales/balance en la fecha de referencia. Las obligaciones pendientes que superen el umbral debido a emisiones anteriores al 1 de enero de 2011 no activan un examen de viabilidad salvo si el banco recurre a la emisión de deuda nueva manteniendo las obligaciones garantizadas por encima del umbral.

         (17)  Por ejemplo, cuando un banco ya esté sujeto a un examen de viabilidad debido a una recapitalización y se supere el umbral para las garantías, el examen ha de ampliarse para abordar las razones por las que el banco sigue dependiendo de las garantías estatales, para incluir una prueba de liquidez y analizar si está previsto, y en qué medida, el uso de otras garantías estatales.

         (18)  Directrices de reestructuración, punto 8 y sección 2, así como las secciones relacionadas en el punto 40 de las Directrices de recapitalización y en el anexo V de las Directrices de activos deteriorados.

         (19)  Incluyendo, por ejemplo, una ratio más elevada de deudas garantizadas que se explica por un esfuerzo particular para mantener o incrementar el préstamo a la economía real en interés público y con el respaldo del Estado de la AELC en cuestión, siempre que esta actuación sea compatible con el mercado interior.

         (20)  Teniendo debidamente en cuenta la situación macroeconómica del Estado de la AELC en general y en particular de aquellos elementos como el riesgo soberano que sean determinantes para las condiciones de acceso a la financiación de los bancos situados en el Estado de la AELC.

         (21)  Expresado en la calificación del beneficiario o CDS spreads.

         (22)  Con objeto de incrementar su «colchón» de capital, los bancos han decidido vender sus activos no estratégicos, como las participaciones industriales, o centrarse en determinadas áreas geográficas. Sobre este punto, véase Banco Central Europeo, EU Banking Sector Stability (La estabilidad del sector bancario en la UE), septiembre de 2010.

         (23)  Según el Banco Central Europeo, el coeficiente de solvencia general de los bancos se incrementó sustancialmente en el transcurso de 2009 en todos los Estados miembros de la UE. Además, la información relativa a una muestra de grandes bancos de la Unión Europea sugiere que la mejora de los índices de adecuación de capital continuó en el primer semestre de 2010, apoyada por un incremento de los beneficios no distribuidos, así como por la consecución de más capital privado y de inyecciones de capital público para algunos bancos. Véase Banco Central Europeo: EU Banking Sector Stability (La estabilidad del sector bancario de la UE), septiembre de 2010.

         (24)  El futuro entorno normativo elaborado por el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (CBSB), el denominado Basilea III, marca el camino para la aplicación de las nuevas normas de capital que deben hacer posible que los bancos satisfagan sus nuevas necesidades de capital con el tiempo. En este contexto, interesa señalar, en primer lugar, que la mayoría de los grandes bancos de la Unión Europea han reforzado sus «colchones» de capital en los dos últimos años con el fin de aumentar su capacidad de absorción de pérdidas y, en segundo lugar, que los demás bancos de la Unión Europea deben tener tiempo suficiente (hasta 2019) para incrementar su margen de capital gracias especialmente a los beneficios no distribuidos. Asimismo, se debe señalar que las «medidas transitorias» contempladas por el nuevo marco normativo han establecido un «período de padrinazgo» hasta el 1 de enero de 2018 para las inyecciones de capital ya existentes del sector público. Además, una evaluación cuantitativa del impacto realizada por el Comité de Basilea, y confirmada por los cálculos de la Comisión, indica que el impacto sobre los préstamos bancarios será moderado. Por tanto, no se espera que los nuevos requerimientos de recursos propios incidan en la propuesta esbozada en las presentes Directrices.

         (25)  Ello será de aplicación a todas las medidas de recapitalización o de rescate de activos, independientemente de que se conciban como medidas individuales o se concedan en el contexto de un régimen.

         (26)  Los regímenes nuevos o ya existentes de apoyo a los bancos (con independencia de los instrumentos de apoyo de que consten (garantía, recapitalización, liquidez, rescate de activos u otros) solo se prorrogarán o autorizarán por espacio de seis meses para permitir la introducción de nuevos ajustes, en caso necesario, a mediados de 2011.


title: 2012/549/UE, Euratom: Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012 , sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010

text:
               17.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 286/90

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 10 de mayo de 2012
   sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo para el ejercicio 2010
   (2012/549/UE, Euratom)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010 (1),

               —

               Vistas las cuentas anuales definitivas de la Unión Europea relativas al ejercicio financiero 2010 [COM(2011) 473 — C7-0256/2011] (2),

               —

               Vistas las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo relativas al ejercicio 2010,

               —

               Vistos el Informe de la Comisión sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión presupuestaria del ejercicio 2009 [COM(2011) 736] y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión anejos a dicho informe [SEC(2011) 1350 y SEC(2011) 1351],

               —

               Vistos el Informe anual de la Comisión a la autoridad encargada de la aprobación de la gestión sobre las auditorías internas llevadas a cabo en 2010 [COM(2011) 643] y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión anejo a dicho informe [SEC(2011) 1189],

               —

               Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo correspondientes al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de la Agencia (3),

               —

               Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2010, de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (4),

               —

               Vista la Recomendación del Consejo, de 21 de febrero de 2012, sobre la aprobación de la gestión de las agencias ejecutivas respecto a la ejecución del presupuesto del ejercicio 2010 [06084/2012 — C7-0052/2012], y considerando que el Reino Unido, los Países Bajos y Suecia se han negado por primera vez a recomendar la aprobación de la gestión,

               —

               Vistos los artículos 317, 318 y 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, así como el artículo 106 bis del Tratado Euratom,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5), y, en particular, sus artículos 55, 145, 146 y 147,

               —

               Visto el Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (6), y, en particular, su artículo 14, apartado 3,

               —

               Visto el Reglamento (CE) no 1653/2004 de la Comisión, de 21 de septiembre de 2004, por el que se aprueba el Reglamento financiero tipo de las agencias ejecutivas al amparo del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo, por el que se establece el estatuto de las agencias ejecutivas encargadas de determinadas tareas de gestión de los programas comunitarios (7), y, en particular, su artículo 66, apartados 1 y 2,

               —

               Vista la Decisión 2004/858/CE de la Comisión, de 15 de diciembre de 2004, por la que se crea una agencia ejecutiva, denominada «Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública», encargada de la gestión de la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública, en aplicación del Reglamento (CE) no 58/2003 del Consejo (8),

               —

               Vista la Decisión 2008/544/CE de la Comisión, de 20 junio 2008, por la que se modifica la Decisión 2004/858/CE con objeto de transformar la «Agencia Ejecutiva para el Programa de Salud Pública» en la «Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo» (9),

               —

               Vistos el artículo 76 y el anexo VI de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de las demás comisiones interesadas (A7-0098/2012),

               A.

               Considerando que, de conformidad con el artículo 17, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión ejecutará el presupuesto y gestionará los programas, y que esto lo hará, de conformidad con el artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en colaboración con los Estados miembros bajo su propia responsabilidad, y en el respeto del principio de buena gestión financiera,

               1.

               Aprueba la gestión del Director de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2010;

               2.

               Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de las decisiones por las que se aprueba la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, sección III — Comisión y agencias ejecutivas;

               3.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión, junto con la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010, sección III — Comisión y la Resolución que forma parte integrante de estas decisiones, al Director de la Agencia Ejecutiva de Sanidad y Consumo, Audiovisual y Cultural, al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Martin SCHULZ

            El Secretario General

         Klaus WELLE

      (1)  DO L 64 de 12.3.2010.

      (2)  DO C 332 de 14.11.2011, p. 1.

      (3)  DO C 366 de 15.12.2011, p. 93.

      (4)  DO C 332 de 14.11.2011, p. 134.

      (5)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (6)  DO L 11 de 16.1.2003, p. 1.

      (7)  DO L 297 de 22.9.2004, p. 6.

      (8)  DO L 369 de 16.12.2004, p. 73.

      (9)  DO L 173 de 3.7.2008, p. 27.