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31981D0428

81/428/CEE: Decisión de la Comisión, de 20 de mayo de 1981, relativa a la creación de un Comité de comercio y distribución

Diario Oficial n° L 165 de 23/06/1981 p. 0024 - 0025 Edición especial en finés : Capítulo 15 Tomo 3 p. 0117  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 11 p. 0201  Edición especial sueca: Capítulo 15 Tomo 3 p. 0117  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 11 p. 0201

 DECISIÓN DE LA COMISIÓN    de 20 de mayo de 1981    relativa a la creación de un Comité de comercio   y distribución     ( 81/428/CEE )    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea ,    Considerando que la mejora constante de las condiciones   de vida y del empleo , así como el desarrollo armónico   de la economía forman parte de los objetivos de la   Comunidad Económica Europea ;    Considerando que , en virtud del artículo 2 del   Tratado , la Comunidad tiene como misión « promover   un desarrollo armónico de las actividades económicas   en el conjunto de la Comunidad , una expansión continua y   equilibrada , una mayor estabilidad , una elevación   acelerada del nivel de vida y unas relaciones más   estrechas entre los Estados que la integran » ;    Considerando que el establecimiento de vínculos   estrechos y permanentes con los medios comerciales puede   contribuir a la realización de dichos fines ; que el   medio más apropiado para ello es crear un Comité   de comercio y distribución adjunto a la Comisión en el   que estén representados dichos sectores ;    Considerando que es conveniente la presencia en el Comité   de personas que conozcan a fondo el sector del comercio y   distribución ;    Considerando que , desde su creación en 1978 , para   un período experimental de tres años , el funcionamiento   del Comité de comercio y distribución ha dado   resultados positivos para los servicios de la Comisión ,    HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN :    Artículo 1    Se creará adjunto a la Comisión , un Comité de   comercio y distribución , en adelante denominado el   « Comité » .    El Comité estará compuesto por representantes de los   organismos europeos y nacionales del comercio , así como   por otras personalidades especialmente cualificadas en   materia de comercio y distribución , que ocupen cargos   directivos en empresas .    Artículo 2    El Comité tendrá como función emitir dictámenes   ante la Comisión y , a petición de ésta , por una   parte , sobre todos aquellos problemas relacionados con   el comercio y la distribución que se planteen en el   marco de la Comunidad y , por otra parte , sobre las   repercusiones en el sector del comercio de las actividades   que la Comisión lleve a cabo en otros sectores .    Artículo 3    El Comité constará de 42 miembros .    Veintidós puestos se atribuirán a personas   especialmente cualificadas en materia de comercio y de   distribución , que representen a las organizaciones de las   diferentes formas de comercio a nivel comunitario , o a   nivel nacional si no hubiere una representación   única para todos los Estados miembros .    Se atribuirán dos puestos por cada estado miembro a las   organizaciones profesionales de comercio de ámbito   nacional más representativas en dicho Estado .    Se atribuirán dos puestos de observador : el primero ,   al UNICE y el segundo , a la Conferencia Permanente de   Cámaras de Comercio e Industria .    Artículo 4    Los miembros del Comité serán nombrados por la   Comisión .    Para cubrir los puestos que se les han atribuido , las   organizaciones mencionadas en el párrafo tercero del   artículo 3 propondrán a la Comisión una lista que   comprenda un número de personas igual al doble del   número de puestos .    Además , cada una de las organizaciones que   representen las diferentes formas de comercio   mencionadas en el párrafo segundo del artículo 3   propondrá a la Comisión dos candidatos , al   menos , pertenecientes a la categoría de   personas cualificadas en materia de comercio . Once de las   veintidós personalidades nombradas por la Comisión   serán elegidas entre dichos candidatos .    Artículo 5    El mandato de miembro del Comité tendrá una   duración de dos años . Dicho mandato será   renovable .    Tras la expiración del período de dos años , los   miembros del Comité permanecerán en el cargo hasta que   se proceda a su sustitución o a la renovación de su   mandato .    El mandato de un miembro podrá terminar antes de la   expiración del período de dos años , por dimisión ,   por cese en la organización a la cual represente o por   fallecimiento . De igual manera , el mandato de un   miembro podrá terminar cuando la organización que   haya presentado su candidatura solicite su sustitución .    El miembro cuyo mandato haya concluido antes de la   expiración del período de mandato , según el   procedimiento previsto en el artículo 4 .    Artículo 6    A título de información , la Comisión publicará   la lista de los miembros en el Diario Oficial de las   Comunidades Europeas .    Artículo 7    El Comité eligirá , entre sus propios miembros , un   equipo compuesto de diez miembros , procurando que haya   en él un representante de cada Estado miembro de la   Comunidad .    Este equipo tendrá como función el preparar , en   colaboración con los servicios de la Comisión , las   reuniones del Comité .    Artículo 8    La Comisión podrá invitar a participar en los   trabajos del Comité , en calidad de experto , a toda   persona que tenga conocimientos específicos sobre un tema   inscrito en el orden del día .    Los expertos únicamente participarán en las   deliberaciones de la cuestión que haya motivado   su presencia .    Artículo 9    El Comité podrá constituir grupos de trabajo .    Artículo 10    El Comité se reunirá en la sede de la Comisión y por   convocatoria de ésta . Las reuniones se celebrarán al   menos dos veces al año .    Los representantes de los servicios interesados de la   Comisión participarán en las reuniones del Comité ,   del equipo y de los grupos de trabajo .    Un representante de la Comisión se hará cargo de la   presidencia de las reuniones del Comité , del equipo y   de los grupos de trabajo .    Artículo 11    La Comisión , al solicitar el dictamen del Comité ,   podrá fijar el plazo en el que deberá emitirse dicho   dictamen .    Artículo 12    Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 214 del   Tratado , los miembros del Comité y los grupos de trabajo   tendrán la obligación de no divulgar las informaciones   de que hayan tenido conocimiento a través de los   trabajos del Comité o de los grupos de trabajo , si la   Comisión les ha indicado que el dictamen solicitado o la   cuestión planteada se refieren a un tema de carácter   confidencial .    En dicho caso , únicamente los miembros del Comité y   los representantes de los servicios de la Comisión podrán   asistir a las sesiones .    Artículo 13    La presente Decisión entrará en vigor el 20 de mayo de   1981 .    Hecho en Bruselas , el 20 de mayo de 1981 .    Por la Comisión    Karl-Heinz NARJES    Miembro de la Comisión


title: DECISIÓN DEL CONSEJO de 6 de abril de 1992 sobre la celebración del Acuerdo en forma de canje de notas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil sobre el comercio de productos textiles (92/233/CEE) #

text:
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31992D0233

DECISIÓN DEL CONSEJO de 6 de abril de 1992 sobre la celebración del Acuerdo en forma de canje de notas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil sobre el comercio de productos textiles (92/233/CEE)  -

Diario Oficial n° L 111 de 29/04/1992 p. 0026

DECISIÓN DEL CONSEJO  de 6 de abril de 1992  sobre la celebración del Acuerdo en forma de canje de notas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil sobre el comercio de productos  textiles  (92/233/CEE)EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,  Vista la propuesta de la Comisión,  Considerando que la Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad un Acuerdo en forma de canje de notas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil sobre el comercio de productos textiles  por una duración de doce meses (del 1 de enero al 31 de diciembre de 1992);  Considerando que las dos Partes han acordado que este Acuerdo sustituya al Acuerdo en forma de canje de notas rubricado el 20 de diciembre de 1991 y aplicado con carácter provisional por el Consejo, el 10 de febrero de 1992, por una duración de tres  meses (del 1 de enero al 31 de marzo de 1992) mediante Decisión 92/114/CEE (1);  Considerando que conviene aprobar dicho Acuerdo,  DECIDE:  Artículo 1  1. Queda aprobado en nombre de la Comunidad el Acuerdo en forma de canje de notas por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Federativa de Brasil sobre el comercio de productos textiles.  El texto del Acuerdo en forma de canje de notas se adjunta a la presente Decisión.  Se pidió a la Comisión que informe a la República Federativa de Brasil acerca de la presente Decisión y recabe su acuerdo mediante canje de notas, dando cuenta de ello al Consejo.  El texto de dicho canje de notas se adjunta a la presente Decisión.  2. Se autoriza al presidente del Consejo para que designe a las personas facultadas para firmar el Acuerdo mencionado en el apartado 1 a fin de obligar a la Comunidad.  Artículo 2  1. La presente Decisión entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Será aplicable a partir del 1 de enero de 1992.  2. La Decisión 92/114/CEE, quedará derogada a partir de la entrada en vigor de la presente Decisión. Hecho en Luxemburgo, el 6 de abril de 1992. Por el Consejo  El Presidente  Joao PINHEIRO   (1) DO no L 43 de 19. 2. 1992, p. 25.


title: Decisión (PESC) 2017/1102 del Consejo, de 20 de junio de 2017, por la que se modifica la Decisión 2014/219/PESC relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali)

text:
               21.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 158/44

         DECISIÓN (PESC) 2017/1102 DEL CONSEJO
   de 20 de junio de 2017
   por la que se modifica la Decisión 2014/219/PESC relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 28, su artículo 42, apartado 4, y su artículo 43, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En sus conclusiones de 20 de junio de 2016, el Consejo pidió que se examinasen a fondo, a la mayor brevedad posible, las posibilidades de regionalización de las misiones de la política común de seguridad y defensa (PCSD) en la región del Sahel.

               (2)

               El 15 de mayo de 2017, el Consejo aprobó un concepto de operaciones sobre la regionalización de la acción de la PCSD en el Sahel.

               (3)

               El concepto de operaciones sobre la regionalización de la acción de la PCSD en el Sahel establece que los objetivos estratégicos de la regionalización de las acciones de la PCSD en la región del Sahel son los siguientes: respaldar la cooperación transfronteriza en el Sahel, apoyar las estructuras de cooperación regional, en particular las de los países del G5 del Sahel, y, en este contexto, mejorar las capacidades nacionales de los países del G5 del Sahel.

               (4)

               En una primera fase, debe crearse una red de seguridad de la PCSD en la región del Sahel, y debe llevarse a cabo una evaluación de las necesidades con el fin de desarrollar un plan regional de ejecución de la PCSD que habrán de aprobar los Estados miembros.

               (5)

               Para propiciar la realización de esos objetivos debe establecerse, en el marco de la EUCAP Sahel Mali, una Célula de Coordinación Regional, que incluya a expertos en seguridad interior y defensa (ESID) ubicados en los países del G5 del Sahel.

               (6)

               Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2014/219/PESC del Consejo (1) en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   En la Decisión 2014/219/PESC se inserta el artículo siguiente:

      «Artículo 14 bis

      1.   Se creará una Célula de Coordinación Regional (CCR) en el marco de la EUCAP Sahel Mali.
      2.   La CCR tendrá su sede en el cuartel general de la EUCAP Sahel Mali en Bamako. Incluirá al personal al servicio de la EUCAP Sahel Mali y a los expertos en seguridad interior y defensa (ESID) ubicados en las delegaciones de la Unión en Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger.
      3.   Los objetivos de la CCR, en estrecha cooperación con las misiones de la PCSD en el Sahel, serán los siguientes:

                  a)

                  contribuir a la sensibilización de la Unión sobre la situación de las necesidades y las lagunas de los países del G5 del Sahel en materia de seguridad y defensa por lo que respecta a la cooperación transfronteriza regional y en materia de retos para la seguridad, con el fin de desarrollar un plan regional de ejecución de la PCSD con recomendaciones sobre fases subsiguientes;

                  b)

                  facilitar la organización de cursos de formación por las misiones de la PCSD de la Unión en la región del Sahel, destinados a personal en formación de seguridad y defensa de los países del G5 del Sahel.

            4.   Los ESID recopilarán información relativa a cuestiones de seguridad y defensa en su país anfitrión respectivo. Transmitirán dicha información y, en su caso, recomendaciones al jefe de la CCR. Mantendrán debidamente informado al jefe de la Delegación de la Unión del país en que se encuentren.
      5.   El comandante civil de la operación ejercerá el mando y el control estratégicos de la CCR, bajo el control político y la dirección estratégica del CPS y la autoridad general de la Alta Representante. Como excepción a lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, el jefe de la CCR será directamente responsable ante el comandante civil de la operación y actuará bajo las instrucciones de este. El jefe de la CCR impartirá instrucciones a todo el personal de la CCR.
      6.   El jefe de Misión ejercerá la autoridad sobre el personal de la CCR en aplicación del artículo 6, apartados 2, 3 y 4, y del artículo 11. Por lo que respecta a los ESID, la presente disposición se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 7 del presente artículo.
      7.   La EUCAP Sahel Mali concluirá los acuerdos administrativos necesarios con las delegaciones de la Unión en Burkina Faso, Chad, Mauritania y Níger.
      Dichos acuerdos administrativos:

                  a)

                  asegurarán que se facilite a los ESID el apoyo logístico y de seguridad necesarios para que desempeñen sus cometidos;

                  b)

                  establecerán que los jefes de Delegación tendrán autoridad sobre los ESID en sus respectivas delegaciones de la Unión, especialmente con el fin de cumplir su deber de diligencia, garantizando el cumplimiento de los requisitos de seguridad aplicables y contribuyendo al ejercicio del control disciplinario, y los ESID los mantendrán debidamente informados de sus actividades;

                  c)

                  establecerán asimismo que los jefes de Delegación deberán garantizar que los ESID disfruten de los mismos privilegios e inmunidades concedidos al personal de las delegaciones de la Unión en el país en que se encuentren.».

   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Luxemburgo, el 20 de junio de 2017.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         H. DALLI

      (1)  Decisión 2014/219/PESC del Consejo, de 15 de abril de 2014, relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali) (DO L 113 de 16.4.2014, p. 21).


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32003D0628(01)

Decisión del Consejo de 5 de junio de 2003 por la que se adaptan los sueldos base y las indemnizaciones aplicables al personal de Europol

Diario Oficial n° C 152 de 28/06/2003 p. 0007 - 0008

Decisión del Consejode 5 de junio de 2003por la que se adaptan los sueldos base y las indemnizaciones aplicables al personal de Europol(2003/C 152/03)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Acto del Consejo, de 3 de diciembre de 1998, por el que se adopta el Estatuto del personal de Europol(1) (denominado en lo sucesivo Estatuto), y en particular su artículo 44,Vista la propuesta de la República Helénica(2),Visto el dictamen del Parlamento Europeo(3),Vista la revisión de la retribución de los agentes de Europol llevada a cabo por el Consejo de administración de Europol,Considerando lo siguiente:(1) En la mencionada revisión, el Consejo de administración ha tenido en cuenta las variaciones del coste de la vida en los Países Bajos, así como las modificaciones de los salarios en la función pública de los Estados miembros.(2) Dicha revisión justifica un incremento del 4,4 % de la retribución para el período comprendido entre el 1 de julio de 2002 y el 1 de julio de 2003.(3) Corresponde al Consejo adaptar, por unanimidad, los sueldos base y las indemnizaciones de los agentes de Europol, basándose en dicha revisión.DECIDE:Artículo 1El Estatuto se modifica como sigue:1) Con efecto a partir del 1 de julio de 2002:a) el cuadro de los sueldos base mensuales del artículo 45 se sustituye por el siguiente:">SITIO PARA UN CUADRO>";b) en el apartado 3 del artículo 59, se sustituye el importe de "908,40 euros" por el de "948,37 euros";c) en el apartado 3 del artículo 59, se sustituye el importe de "1816,80 euros" por el de "1896,74 euros";d) en el apartado 1 del artículo 60, se sustituye el importe de "242,24 euros" por el de "252,90 euros";e) en el apartado 1 del artículo 2 del apéndice 5, se sustituye el importe de "253,25 euros" por el de "264,39 euros";f) en el apartado 1 del artículo 3 del apéndice 5, se sustituye el importe de "11010,92 euros" por el de "11495,40 euros";g) en el apartado 1 del artículo 3 del apéndice 5, se sustituye el importe de "2477,46 euros" por el de "2586,47 euros";h) en el apartado 2 del artículo 3 del apéndice 5, se sustituye el importe de "14864,74 euros" por el de "15518,79 euros";i) en el apartado 1 del artículo 4 del apéndice 5, se sustituye el importe de "1101,09 euros" por el de "1149,54 euros";j) en el apartado 1 del artículo 4 del apéndice 5, se sustituye el importe de "825,83 euros" por el de "862,17 euros";k) en el apartado 1 del artículo 4 del apéndice 5, se sustituye el importe de "550,54 euros" por el de "574,76 euros";l) en el apartado 1 del artículo 4 del apéndice 5, se sustituye el importe de "440,43 euros" por el de "459,81 euros";m) en el apartado 3 del artículo 5 del apéndice 5, se sustituye el importe de "1553,86 euros" por el de "1622,23 euros";n) en el apartado 3 del artículo 5 del apéndice 5, se sustituye el importe de "2071,82 euros" por el de "2162,98 euros";o) en el apartado 3 del artículo 5 del apéndice 5, se sustituye el importe de "2589,77 euros" por el de "2703,72 euros".2) Con efecto a partir de la entrada en vigor de la presente Decisión:- en el apartado 3 del artículo 7 del apéndice 5, se sustituye el importe de "0,23 euros" por el de "0,24 euros".Artículo 2La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.Artículo 3La presente Decisión surtirá efecto al día siguiente de su adopción.Hecho en Luxemburgo, el 5 de junio de 2003.Por el ConsejoEl PresidenteM. Chrisochoïdis(1) DO C 26 de 30.1.1999, p. 23. Acto cuya última modificación la constituye el Acto del Consejo de 19 de diciembre de 2002 (DO C 24 de 31.1.2003, p. 1).(2) DO C 52 de 6.3.2003, p. 17.(3) Dictamen emitido el 9 de abril de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial).


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32001D0647

2001/647/CE: Decisión del Consejo, de 18 de junio de 2001, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Chipre por el que se añade un Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas al Acuerdo de asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chipre

Diario Oficial n° L 229 de 25/08/2001 p. 0005 - 0005

Decisión del Consejode 18 de junio de 2001relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Chipre por el que se añade un Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia de aduanas al Acuerdo de asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chipre(2001/647/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 133 en relación con la primera frase del primer párrafo del apartado 2 de su artículo 300,Vista la propuesta de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) Con el fin de posibilitar la asistencia administrativa mutua entre las Partes en materia aduanera, tal y como está previsto en el Acuerdo de asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chipre(1), parece necesario añadir un Protocolo a dicho Acuerdo.(2) A tal efecto se han celebrado negociaciones con la República de Chipre que han desembocado en un Acuerdo en forma de Canje de Notas cuya aprobación redunda en beneficio de la Comunidad.DECIDE:Artículo 1Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Chipre por el que se añade un Protocolo relativo a la asistencia administrativa mutua en materia aduanera al Acuerdo de asociación entre la Comunidad Económica Europea y la República de Chipre.El texto del Acuerdo en forma de Canje de Notas se adjunta a la presente Decisión.Artículo 2Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las personas facultadas para firmar el Acuerdo en forma de Canje de Notas a fin de obligar a la Comunidad.Artículo 3El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la Comunidad, a la notificación prevista por el Acuerdo en forma de Canje de Notas.Hecho en Luxemburgo, el 18 de junio de 2001.Por el ConsejoEl PresidenteM. Winberg(1) DO L 133 de 21.5.1973, p. 1.


title: Decisión (PESC) 2016/890 del Consejo, de 6 de junio de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/219/PESC relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali)

text:
               7.6.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 149/6

         DECISIÓN (PESC) 2016/890 DEL CONSEJO
   de 6 de junio de 2016
   por la que se modifica la Decisión 2014/219/PESC relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 28, su artículo 42, apartado 4, y su artículo 43, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 15 de abril de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/219/PESC (1), relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali).

               (2)

               El 18 de enero de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/50 (2), que establece un importe de referencia financiera para la EUCAP Sahel Mali hasta el 14 de enero de 2017.

               (3)

               La EUCAP Sahel Mali debe adoptar medidas de seguridad reforzadas y adaptar el número de su personal.

               (4)

               Procede modificar la Decisión 2014/219/PESC con el fin de adaptar el importe de referencia para la EUCAP Sahel Mali.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   En el artículo 14 de la Decisión 2014/219/PESC, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:

      «El importe de referencia financiera previsto para cubrir los gastos relativos a la EUCAP Sahel Mali durante el período comprendido entre el 15 de abril de 2014 y el 14 de enero de 2015 será de 5 500 000 EUR. El importe de referencia financiera previsto para cubrir los gastos relativos a la EUCAP Sahel Mali durante el período comprendido entre el 15 de enero de 2015 y el 14 de enero de 2016 será de 11 400 000 EUR. El importe de referencia financiera previsto para cubrir los gastos relativos a la EUCAP Sahel Mali desde el 15 de enero de 2016 hasta el 14 de enero de 2017 será de 19 775 000 EUR. El Consejo decidirá el importe de referencia financiera para los períodos subsiguientes.».

   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Luxemburgo, el 6 de junio de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         H.G.J. KAMP

      (1)  Decisión 2014/219/PESC del Consejo, de 15 de abril de 2014, relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali) (DO L 113 de 16.4.2014, p. 21).

      (2)  Decisión (PESC) 2016/50 del Consejo, de 18 de enero de 2016, por la que se modifica la Decisión 2014/219/PESC relativa a la Misión PCSD de la Unión Europea en Mali (EUCAP Sahel Mali) (DO L 12 de 19.1.2016, p. 48).


title: Comisión Administrativa de Coordinación de los Sistemas de Seguridad Social — Decisión n ° S9, de 20 de junio de 2013 , relativa a los procedimientos de reembolso en aplicación de los artículos 35 y 41 del Reglamento (CE) n ° 883/2004  Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo CE/Suiza

text:
               27.9.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 279/8

         COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL
   DECISIÓN No S9
   de 20 de junio de 2013
   relativa a los procedimientos de reembolso en aplicación de los artículos 35 y 41 del Reglamento (CE) no 883/2004
   (Texto pertinente a efectos del EEE y del Acuerdo CE/Suiza)
   2013/C 279/05
   LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL,
   Visto el artículo 72, letra a), del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (1), según el cual la Comisión Administrativa tiene la responsabilidad de resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas de las disposiciones del Reglamento (CE) no 883/2004 y del Reglamento (CE) no 987/2009 (2),
   Vistos los artículos 35 y 41 del Reglamento (CE) no 883/2004,
   Vistos los artículos 66 a 68 del Reglamento (CE) no 987/2009,
   De conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 71, apartado 2, del Reglamento (CE) no 883/2004,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El coste de las prestaciones en especie dispensadas por la institución de un Estado miembro por cuenta de la institución de otro Estado miembro debe reembolsarse íntegramente.

               (2)

               Salvo que se acuerde otra cosa, los reembolsos entre instituciones deben realizarse con rapidez y eficiencia para evitar la acumulación de solicitudes que permanecen sin resolver durante largos períodos de tiempo.

               (3)

               La acumulación de solicitudes pendientes de pago puede poner en peligro el buen funcionamiento del sistema de la Unión y vulnerar los derechos de las personas.

               (4)

               La Comisión Administrativa, en su Decisión no S1, decidió que el coste de la asistencia sanitaria prestada sobre la base de una tarjeta sanitaria europea válida será reembolsado a la institución del lugar de estancia.

               (5)

               La aplicación de buenas prácticas acordadas en común contribuiría a un reembolso rápido y eficiente entre las instituciones.

         DECIDE:
   A.   Reembolso basado en el gasto real [artículo 62 del Reglamento (CE) no 987/2009]

   Artículo 1
   La institución que solicite un reembolso basado en el gasto real presentará la solicitud, a más tardar, en el plazo mencionado en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) no 987/2009 (en lo sucesivo, «el Reglamento de aplicación»). La institución que reciba una solicitud garantizará su pago en el plazo establecido en el artículo 67, apartado 5, del Reglamento de aplicación, pero, dentro de ese plazo, efectuará el pago tan pronto como esté en disposición de hacerlo.
   Artículo 2
   1.   Una solicitud de reembolso de prestaciones dispensadas sobre la base de una tarjeta sanitaria europea (TSE), un documento sustitutivo de la TSE o cualquier otro documento acreditativo, podrá ser rechazada y devuelta a la institución acreedora si, por ejemplo:

               —

               está incompleta o no está cumplimentada correctamente,

               —

               se refiere a prestaciones que no se han dispensado durante el período de validez de la TSE o del documento acreditativo utilizado por el beneficiario de las prestaciones.

         2.   Una solicitud no podrá rechazarse por el hecho de que la persona haya dejado de estar asegurada por la institución que ha emitido la TSE o el documento acreditativo, siempre que el beneficiario haya recibido las prestaciones en el período de validez del documento utilizado.
   3.   Una institución que esté obligada a reembolsar el coste de las prestaciones dispensadas sobre la base de una TSE podrá solicitar que la institución en la que la persona estuviese debidamente inscrita en el momento de la concesión de las prestaciones reembolse el coste de dichas prestaciones a la primera institución o, en caso de que la persona no tuviese derecho a utilizar la tarjeta, resuelva el asunto con la persona en cuestión.
   Artículo 3
   La institución deudora no podrá comprobar si una solicitud cumple o no lo dispuesto en el artículo 19 y el artículo 27, apartado 1, del Reglamento (CE) no 883/2004, a menos que existan motivos razonables para sospechar la existencia de abuso, tal como aclara la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo (3). En consecuencia, la institución deudora está obligada a aceptar la información en la que se basa la solicitud y proceder al reembolso. En caso de que existan sospechas de abuso, la institución deudora podrá, por razones pertinentes, rechazar la solicitud según se establece en el artículo 67, apartado 5, del Reglamento de aplicación.
   Artículo 4
   A los efectos de la aplicación de los artículos 2 y 3, si la institución deudora expresa dudas acerca de la corrección de los datos en que se basa una solicitud, incumbe a la institución acreedora reconsiderar si la solicitud se ha emitido adecuadamente y, si procede, retirarla o volver a calcular el importe solicitado.
   Artículo 5
   No se tomarán en consideración las solicitudes presentadas fuera del plazo especificado en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento de aplicación.
   B.   Reembolso sobre la base de importes a tanto alzado (artículo 63 del Reglamento de aplicación)

   Artículo 6
   El inventario previsto en el artículo 64, apartado 4, del Reglamento de aplicación se presentará al organismo de enlace del Estado miembro deudor, a más tardar, al término del año siguiente al de referencia, y las solicitudes basadas en este inventario se presentarán al mismo organismo lo antes posible tras la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de los importes a tanto alzado anuales por persona, y en cualquier caso dentro del plazo previsto en el artículo 67, apartado 2, del Reglamento de aplicación.
   Artículo 7
   Cuando sea posible, la institución acreedora presentará a la institución deudora todas las solicitudes correspondientes a un mismo año civil a la vez.
   Artículo 8
   La institución deudora que reciba una solicitud relativa a un reembolso determinado sobre la base de importes a tanto alzado garantizará su pago dentro del plazo establecido en el artículo 67, apartado 5, del Reglamento de aplicación, pero, dentro de ese plazo, efectuará el pago tan pronto como esté en disposición de hacerlo.
   Artículo 9
   No se tomarán en consideración las solicitudes presentadas fuera del plazo especificado en el artículo 67, apartado 2, del Reglamento de aplicación.
   Artículo 10
   Una solicitud de reembolso sobre la base de importes a tanto alzado podrá ser rechazada y devuelta a la institución acreedora si, por ejemplo:

               —

               está incompleta o no está cumplimentada correctamente,

               —

               se refiere a un período de tiempo que no queda cubierto por una afiliación basada en un documento acreditativo válido.

         Artículo 11
   Si la institución deudora expresa dudas acerca de la corrección de los datos en que se basa una solicitud, incumbe a la institución acreedora reconsiderar si la factura se ha emitido adecuadamente y, según proceda, retirar la solicitud o volver a calcular el importe solicitado.
   C.   Pago de las solicitudes de reembolso (artículo 67 del Reglamento de aplicación)

   Artículo 12
   1.   De conformidad con el artículo 67, apartado 5, del Reglamento de aplicación, las solicitudes no podrán impugnarse una vez transcurrido un plazo de dieciocho meses a partir del final del mes en que se hayan presentado al organismo de enlace del Estado miembro deudor.
   2.   En caso de que el organismo de enlace del Estado miembro acreedor no haya respondido y presentado las pruebas exigidas en el plazo de doce meses a partir del final del mes en el que dicho organismo haya recibido la impugnación, esta se considerará aceptada por el Estado miembro acreedor y la solicitud o sus partes pertinentes serán rechazadas de forma definitiva.
   D.   Pagos a cuenta e intereses de demora (artículo 68 del Reglamento de aplicación)

   Artículo 13
   En caso de que se efectúe un pago a cuenta con arreglo al artículo 68 del Reglamento de aplicación, el importe de dicho pago se determinará por separado para las solicitudes basadas en gastos reales (artículo 67, apartado 1, del Reglamento de aplicación) y las solicitudes basadas en importes a tanto alzado (artículo 67, apartado 2, del Reglamento de aplicación).
   Artículo 14
   1.   Un pago a cuenta de conformidad con el artículo 68, apartado 1, del Reglamento de aplicación deberá representar al menos el 90 % de la cantidad total de la solicitud inicial del organismo de enlace del Estado miembro acreedor.
   2.   Si el Estado miembro acreedor ha hecho una declaración general de que acepta pagos a cuenta, dichos pagos se considerarán aceptados automáticamente. La Comisión de Cuentas elaborará una lista de los Estados miembros que han declarado aceptar pagos a cuenta.
   3.   Generalmente, los Estados miembros que no hayan declarado aceptar pagos a cuenta deberán responder a las ofertas específicas de pagos a cuenta en un plazo de seis meses a partir del final del mes en el que se introduce la solicitud. A falta de una respuesta en el plazo fijado, el pago a cuenta se considerará aceptado y se ejecutará.
   Artículo 15
   1.   En el pago de una solicitud respecto a la cual se había hecho un pago a cuenta, el deudor deberá pagar únicamente la diferencia entre el importe final de la solicitud y el pago a cuenta.
   2.   Si el importe de la solicitud es inferior al pago a cuenta determinado sobre la base de la cantidad original de la solicitud, el Estado miembro acreedor deberá:

               a)

               devolver la cantidad percibida en exceso al Estado miembro deudor; esta transacción de liquidación será efectuada por el organismo de enlace del Estado miembro acreedor sin demora, y en cualquier caso en el plazo de seis meses a partir del final del mes en que se haya determinado el importe de la solicitud, o

               b)

               acordar con el Estado miembro deudor la recuperación de la cantidad pagada en exceso mediante compensación en la solicitud posterior. El acto de liquidación indicará claramente la cantidad en exceso que debe recuperarse en una solicitud posterior.

         3.   Los intereses generados por un pago a cuenta no reducirán la deuda del Estado miembro deudor y permanecerán como activo del Estado miembro acreedor.
   Artículo 16
   1.   Los intereses de demora aplicados de conformidad con el artículo 68, apartado 1, del Reglamento de aplicación se calcularán sobre una base mensual de acuerdo con la fórmula siguiente:

   Donde:

               —

               «I» representa los intereses de demora.

               —

               «VA» (valor actual) representa el valor del pago demorado; dicho valor equivale al importe de la solicitud pendiente que no se haya pagado en los plazos establecidos en el artículo 67, apartados 5 y 6, del Reglamento de aplicación ni se haya incluido en un pago a cuenta de acuerdo con el artículo 68, apartado 1, del Reglamento de aplicación. El valor actual incluirá solo la solicitud o sus partes reconocidas mutuamente como válidas por los Estados miembros deudor y acreedor, incluso si la totalidad o parte de la solicitud había sido objeto de un procedimiento de impugnación.

               —

               «i» representa el tipo de interés anual establecido por el Banco Central Europeo para sus principales operaciones de refinanciación vigente el primer día del mes de vencimiento del pago.

               —

               «
                     n
                  » representa el período (en meses) desde el primer mes después de que se superen las fechas límite especificadas en el artículo 68, apartado 1, del Reglamento de aplicación hasta el mes previo, inclusive, al mes de recepción del pago. Este período no se interrumpirá en el transcurso del procedimiento contemplado en el artículo 67, apartado 7, del Reglamento de aplicación.

         2.   La solicitud de intereses de demora será presentada por el organismo de enlace del Estado miembro acreedor al organismo de enlace del Estado miembro deudor dentro de los seis meses siguientes al mes en que se produjo el pago demorado.
   3.   No se tomarán en consideración las solicitudes de intereses de demora presentadas fuera del plazo establecido en el apartado 2.
   Artículo 17
   1.   Los intereses de demora se abonarán al organismo de enlace del Estado miembro acreedor en un plazo de doce meses a partir del fin del mes en que se haya presentado la solicitud al organismo de enlace del Estado miembro deudor.
   2.   La Comisión de Cuentas facilitará el cierre final de las cuentas si no se ha logrado resolver la solicitud de intereses de demora en los plazos establecidos en el apartado 1, previa petición motivada de una de las partes. El dictamen motivado de la Comisión de Cuentas se emitirá en el plazo de seis meses a partir del mes en que le haya sido sometido el asunto.
   E.   Disposiciones diversas

   Artículo 18
   1.   A efectos de los pagos a que se hace referencia en la presente Decisión, la fecha de pago es la fecha valor de la transacción que introduzca la entidad bancaria del organismo de enlace del Estado miembro acreedor.
   2.   El organismo de enlace del Estado miembro deudor acusará recibo de la solicitud en un plazo de dos meses a partir de la fecha de su recepción. El acuse de recibo indicará la fecha de recepción de la solicitud.
   3.   Dos o más Estados miembros, o sus autoridades competentes u organismos de enlace, podrán renunciar a las solicitudes contempladas en la presente Decisión o acordar otros métodos para su resolución.
   4.   El dictamen de la Comisión de Cuentas emitido de acuerdo con el artículo 67, apartado 7, del Reglamento de aplicación podrá eximir del pago de las solicitudes contempladas en la presente Decisión o disponer otros métodos para su resolución, teniendo en cuenta el principio de la buena cooperación entre las autoridades y las instituciones de los Estados miembros.
   F.   Disposiciones finales

   Artículo 19
   1.   Las instituciones deben velar por que exista una buena cooperación entre ellas y actuar como si estuvieran aplicando su propia legislación.
   2.   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Se aplicará, a partir del primer día siguiente a su publicación, a todas las solicitudes de reembolso sobre la base de los gastos reales registrados en las cuentas del Estado miembro acreedor después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 987/2009 y a todas las solicitudes de reembolso a tanto alzado publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea después de la entrada en vigor del Reglamento (CE) no 987/2009.
   3.   La presente Decisión sustituye a la Decisión no S4 de 2 de octubre de 2009.
   4.   No obstante lo dispuesto en el apartado 2, el artículo 12, apartado 2, y el artículo 18, apartado 2, se aplicarán a las solicitudes a que se hace referencia en el apartado 2 presentadas al organismo de enlace del Estado miembro deudor después de la publicación de la presente Decisión en el Diario Oficial de la Unión Europea.

            La Presidenta de la Comisión Administrativa

         Anne McMANUS

      (1)  DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.

      (2)  DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.

      (3)  Sentencia de 12 de abril de 2005 en el asunto C-145/03, Herederos de Annette Keller contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) e Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Rec. 2005, p. I-02529.


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41999D0499

1999/499/CE, CECA, Euratom: Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros adoptada de común acuerdo con el Presidente designado de la Comisión, de 19 de julio de 1999, por la que se designa a las personalidades a las que los Estados miembros se proponen nombrar miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas

Diario Oficial n° L 194 de 27/07/1999 p. 0045 - 0046

DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROSadoptada de común acuerdo con el Presidente designado de la Comisiónde 19 de julio de 1999por la que se designa a las personalidades a las que los Estados miembros se proponen nombrar miembros de la Comisión de las Comunidades Europeas(1999/499/CE, CECA, Euratom)LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, DE COMÚN ACUERDO CON EL PRESIDENTE DESIGNADO DE LA COMISIÓN,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el párrafo segundo del apartado 2 de su artículo 214 y su artículo 215,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, el párrafo segundo del apartado 2 de su artículo 10 y su artículo 12,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, el párrafo segundo del apartado 2 de su artículo 127 y su artículo 128,Considerando lo siguiente:(1) Por Declaración adoptada en el Consejo Europeo de 24 de marzo de 1999 los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros han designado de común acuerdo al señor Romano Prodi como la personalidad que prevén nombrar como Presidente de la Comisión;(2) Por Resolución de 5 de mayo de 1999 el Parlamento Europeo ha aprobado dicha designación;(3) Por Declaración de 9 de julio de 1999 el señor Romano Prodi ha comunicado el resultado de sus contactos con los Gobiernos de los Estados miembros;(4) Teniendo en cuenta la dimisión colectiva el 16 de marzo de 1999 de los miembros de la Comisión nombrados hasta el 22 de enero de 2000 procede la entrada en funciones de la nueva Comisión cuanto antes al objeto de que prosiga su trabajo con un mandato completo a partir del 23 de enero de 2000 y para los cinco años posteriores,DECIDEN:Artículo 11. Los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, de común acuerdo con el señor Romano Prodi, Presidente designado de la Comisión, tienen previsto nombrar miembros de la Comisión a las personalidades designadas a continuación, tanto para remplazar los miembros de la Comisión actual, dimisionarios, por la duración del mandato que queda por transcurrir hasta el 22 de enero de 2000 como para los cinco años posteriores, a saber, desde el 23 de enero de 2000 hasta el 22 de enero de 2005:- el Sr. Michel Barnier- el Sr. Frits Bolkestein- el Sr. Philippe Busquin- el Sr. David Byrne- la Sra. Loyola de Palacio del Valle Lersundi- la Sra. Anna Diamantopoúlou- el Sr. Franz Fischler- el Sr. Neil Kinnock- el Sr. Pascal Lamy- el Sr. Erkki Liikanen- el Sr. Mario Monti- el Sr. Poul Nielsen- el Sr. Christopher Patten- la Sra. Viviane Reding- la Sra. Michaele Schreyer- el Sr. Pedro Solbes Mira- el Sr. Günter Verheugen- el Sr. António Vitorino- la Sra. Margot Wallström2. El Presidente y los miembros de la Comisión así designados se someterán, de manera colegiada, al voto de aprobación del Parlamento Europeo.Artículo 2La presente Decisión entrará en vigor el día de su aprobación.Artículo 3La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 19 de julio de 1999.El PresidenteT. HALONEN


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32000D0003

2000/3/CE: Decisión del Consejo, de 21 de diciembre de 1999, sobre la aplicación provisional del Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Árabe de Egipto sobre comercio de productos textiles

Diario Oficial n° L 002 de 05/01/2000 p. 0068 - 0068

DECISIÓN DEL CONSEJOde 21 de diciembre de 1999sobre la aplicación provisional del Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Árabe de Egipto sobre comercio de productos textiles(2000/3/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 133, juntamente con la primera frase del segundo apartado del artículo 300,Vista la propuesta de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) La Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad Europea un Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República Árabe de Egipto sobre comercio de productos textiles.(2) Este Memorándum de Acuerdo deberá aplicarse con carácter provisional a partir del 1 de enero de 2000, a la espera de que se completen los procedimientos de conclusión, previa aplicación provisional recíproca por la República Árabe de Egipto,HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:Artículo únicoEl Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Árabe de Egipto sobre comercio de productos textiles se aplicará con carácter provisional a partir del 1 de enero del 2000, a la espera de que se completen los procedimientos de conclusión, previa aplicación provisional recíproca por la República Árabe de Egipto(1).El texto rubricado del Memorándum de Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1999.Por el ConsejoEl PresidenteT. HALONEN(1) La fecha a partir de la que el Memorándum de Acuerdo será aplicable con carácter provisional será publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, serie C, por la Secretaría General del Consejo.


Aviso jurídico importante

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E2000C0078

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 78/00/COL, de 12 de abril de 2000, por la que se revisan las Directrices sobre la aplicación de las disposiciones de ayuda de Estado del EEE para establecer garantías y a las garantías dadas a las empresas públicas en el sector de la fabricación, y que modifica por vigesimoséptima vez las normas procesales y sustantivas en el campo de la ayuda de Estado

Diario Oficial n° L 274 de 26/10/2000 p. 0029 - 0035

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELCn° 78/00/COLde 12 de abril de 2000por la que se revisan las Directrices sobre la aplicación de las disposiciones de ayuda de Estado del EEE para establecer garantías y a las garantías dadas a las empresas públicas en el sector de la fabricación, y que modifica por vigesimoséptima vez las normas procesales y sustantivas en el campo de la ayuda de EstadoEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo(1) y, en particular, la letra a) del apartado 1 de su artículo 62,Visto el Acuerdo entre los Estados de la AELC sobre el establecimiento de un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia(2) y, en particular, su artículo 24 y el artículo 1 de su Protocolo no 3,Considerando que, en virtud del artículo 24 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC aplicará las disposiciones relativas a las ayudas estatales;Considerando que, de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC publicará avisos o directrices sobre asuntos tratados en el Acuerdo EEE, si dicho Acuerdo o el Acuerdo de vigilancia y jurisdicción expresamente así lo establecen, o si el Órgano de Vigilancia de la AELC lo considera necesario;Recordando las Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales(3) aprobadas el 19 de enero de 1994 por el Órgano de Vigilancia de la AELC(4) y, en particular, lo dispuesto en su capítulo 17 (Ayudas en forma de garantías estatales) y en el punto 20.7.2 del capítulo 20 (Garantías a las empresas públicas del sector de la fabricación);Considerando que la Comisión Europea publicó el 24 de noviembre de 1999 un aviso a los Estados miembros en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales bajo la forma de garantías (DO C 71 de 11.3.2000, p. 14);Considerando que este aviso es interesante también para el Espacio Económico Europeo;Considerando que debe garantizarse una aplicación uniforme de las normas sobre ayudas estatales del EEE en todo el Espacio Económico Europeo;Considerando que, con arreglo al punto II del título "General" al final del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC adoptará, previa consulta con la Comisión Europea, actos correspondientes a los adoptados por la Comisión, con el fin de mantener la igualdad de las condiciones de competencia;Habiendo consultado a la Comisión Europea,Recordando que la Autoridad de Vigilancia de la AELC ha consultado los Estados de la AELC en una reunión multilateral sobre el tema,HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:1. Las Directrices sobre ayudas estatales se modificarán reemplazando el actual capítulo 17 y el punto 7.2.(1) del capítulo 20 con un nuevo capítulo 17 sobre garantías estatales, contenidas en el anexo I de la presente Decisión.2. La presente Decisión, incluido el anexo I, se publicará en la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y en el Suplemento EEE.3. Se informará a los Estados de la AELC mediante una copia de la presente Decisión, con inclusión del anexo I.4. Se informará a la Comisión Europea, de conformidad con la letra d) del Protocolo no 27 del Acuerdo EEE, mediante una copia de la presente Decisión, con inclusión del anexo I.5. El texto de la presente Decisión en lengua inglesa será el único auténtico.Hecho en Bruselas, el 12 de abril de 2000.Por el Órgano de Vigilancia de la AELCKnut AlmestadPresidente(1) En lo sucesivo denominado "Acuerdo EEE".(2) En lo sucesivo denominado "Acuerdo de vigilancia y jurisdicción".(3) En lo sucesivo denominadas "Directrices sobre ayudas estatales".(4) Inicialmente publicadas en el DO L 231 de 3.9.1994 y en su Suplemento EEE 32 de la misma fecha; la última modificación (26a) la constituye la Decisión n° 72/00/COL de 5 de abril de 2000 (véase la página 26 del presente Diario Oficial).ANEXO I"17. GARANTÍA ESTATAL(1)17.1. Introducción(1) Este capítulo resume el planteamiento de la Autoridad de Vigilancia de la AELC sobre las ayudas estatales concedidas bajo la forma de garantías. Las garantías generalmente se asocian con un préstamo u otra obligación financiera que debe ser contraída por un prestatario con un prestamista. Sin embargo, este capítulo cubre todas las formas de garantías, con independencia de su base jurídica y de la transacción cubierta. Las garantías pueden concederse como garantías individuales o bajo sistemas de garantía. Si la ayuda está implicada, en la mayoría de los casos beneficia al prestatario. Sin embargo, en ciertas circunstancias puede también haber una ayuda al prestamista.(2) Este capítulo se aplica sin perjuicio del artículo 125 del Acuerdo EEE y no prejuzga, por lo tanto, la normativa del sistema de propiedad de los Estados de la AELC. La Autoridad de Vigilancia de la AELC es neutra por lo que se refiere a la propiedad pública o privada. Esta nota no se aplica a las garantías de crédito a la exportación.(3) La Autoridad de Vigilancia de la AELC adoptó en 1994 Directrices referentes a las garantías estatales(2), que establecen que la Autoridad de Vigilancia de la AELC considerará que todas las garantías concedidas directamente por el Estado, o por delegación a través de las instituciones financieras, caen en el ámbito del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE. Según estas Directrices, debería notificarse a la Autoridad de Vigilancia de la AELC cualquier plan para establecer sistemas de garantía o garantías de subvención fuera de un sistema. Las Directrices adoptadas por la Autoridad de Vigilancia de la AELC en 1994 en la aplicación de las disposiciones de ayuda estatal a empresas públicas en el sector de la fabricación(3) también abordaron el tema de los garantías.(4) La experiencia adquirida mientras tanto hace necesario revisar la política de la Autoridad de Vigilancia de la AELC en este campo. Este capítulo reemplaza el actual capítulo 17 sobre garantías estatales y el punto 20.7.2.(1). Su propósito es proporcionar a los Estados de la AELC explicaciones más detalladas de los principios en los cuales la Autoridad de Vigilancia de la AELC se propone basar su interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE, así como el Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, y de su aplicación para declarar garantías. La Autoridad de Vigilancia de la AELC se propone de esta manera hacer su política en este campo tan transparente como sea posible, asegurándose de que sus decisiones sean fiables y de que la igualdad de trato esté garantizada.17.2. Aplicabilidad del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE17.2.1. Ayuda al prestatario(1) Generalmente, el beneficiario de la ayuda es el prestatario. La garantía estatal permite que el prestatario obtenga mejores términos financieros para un préstamo que los normalmente disponibles en los mercados financieros. Típicamente, con el beneficio de la garantía estatal, el prestatario puede obtener tipos más bajos y/o ofrecer menos garantías. En algunos casos, el prestatario, sin una garantía estatal, no encontraría a ninguna institución financiera dispuesta a prestarle en cualquier término. Las garantías estatales pueden facilitar de esta manera la creación de nuevos negocios y permitir que ciertas empresas aumenten su capital para llevar a cabo nuevas actividades o seguir siendo simplemente activas en vez de desaparecer o reestructurarse, creando así distorsiones de la competencia. De esta manera, las garantías estatales generalmente corresponden al ámbito del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE, si afectan al comercio entre las Partes contratantes y no se paga ninguna prima de mercado.(2) El beneficio de una garantía estatal es que el riesgo asociado con la misma es contraído por el Estado. Esto implica que el Estado debe ser remunerado normalmente por una prima apropiada. En los casos en que el Estado olvida tal prima, hay tanto un beneficio para la empresa como una pérdida en los recursos del Estado. Así pues, incluso si el Estado no hiciera nunca un pago bajo garantía, puede, sin embargo, haber una ayuda estatal de conformidad con el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE. Se concede actualmente la ayuda cuando se da la garantía, no cuando ésta se invoca o se hacen los pagos de conformidad con ella. Independientemente de si una garantía constituye o no ayuda estatal y, si lo es, de cuál es la cantidad de la misma, debe evaluarse en cuanto se concede la garantía.(3) La Autoridad de Vigilancia de la AELC también considera como ayuda bajo la forma de garantía los términos más favorables de financiación obtenidos por empresas cuya forma jurídica excluye la quiebra u otros procedimientos de insolvencia o proporciona una garantía estatal o una cobertura explícita de pérdidas por el Estado. Lo mismo se aplica a la adquisición por un Estado de una sociedad de cartera en una empresa si se acepta la responsabilidad ilimitada en vez de la responsabilidad limitada usual(4).(4) El apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE cubre la ayuda concedida por los Estados de la AELC o a través de los recursos del Estado. Por lo tanto, de la misma manera que otras formas de ayuda potencial, las garantías dadas directamente por el Estado, a saber, por las autoridades centrales, regionales o locales, así como las garantías dadas por las empresas bajo la influencia dominante de los poderes públicos, pueden constituir ayuda estatal.17.2.2. Ayuda al prestamista(1) Aunque generalmente el beneficiario de la ayuda es el prestatario, no puede excluirse que, en determinadas circunstancias, el prestamista también se beneficie de la ayuda. En tal caso la Autoridad de Vigilancia de la AELC seguirá en consecuencia el asunto.(2) En especial, por ejemplo, si se da una garantía estatal ex post por lo que se refiere a un préstamo o a otra obligación financiera ya suscrita sin que los términos de este préstamo u obligación financiera haya sido ajustada, o si se utiliza un préstamo con garantía para restituir otro no garantizado a la misma institución de crédito, entonces puede haber una ayuda al prestamista, siempre que se incremente la seguridad de los préstamos. Tal ayuda puede favorecer al prestamista y distorsionar la competencia, y generalmente entra en el ámbito del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE, si afecta al comercio entre las Partes contratantes.17.3. Cuantía de la ayuda(1) En el caso de una garantía estatal individual, el elemento de la ayuda debe ser evaluado por referencia a los aspectos de la garantía y del préstamo (u otra obligación financiera). Los factores relevantes son en especial la duración y la cuantía de la garantía y el préstamo, el riesgo de impago por el prestatario, el precio pagado por el prestatario por la garantía, la naturaleza de la seguridad dada, cómo y cuándo se puede exigir al Estado que pague una deuda y los medios (por ejemplo, declaración de quiebra) que deben ser utilizados por el Estado para recuperar cantidades debidas por el prestatario una vez que se ha invocado la garantía.(2) La donación en efectivo equivalente a una garantía de préstamo en un año dado puede ser:- calculada de la misma manera que la donación equivalente a un préstamo a bajo interés, donde la subvención de interés representa la diferencia entre el tipo de mercado y el índice obtenido gracias a la garantía estatal después de que se haya deducido cualquier prima pagada, o- calculando la diferencia entre: a) el importe garantizado pendiente de reembolso, multiplicado por el coeficiente de riesgo (probabilidad de impago), y b) las primas pagadas, esto es: (importe garantizado × riesgo) - prima,- calculada por cualquier otro método objetivamente justificable y generalmente aceptado.Para las garantías individuales, el primer método debe ser, en principio, la forma normal de cálculo; para sistemas de garantía, el segundo.En cuanto al coeficiente de riesgo, éste tendrá que reflejar los casos en que no hayan sido reembolsados los préstamos concedidos en circunstancias similares (sector, tamaño de la empresa, nivel de actividad económica general). Los equivalentes anuales en donación deberían descontarse a su actual valor, utilizando el índice de referencia, y sumarse para obtener el equivalente en donación total.(3) En los casos en que, cuando se conceda el préstamo, haya una probabilidad de impago por parte del prestatario, por ejemplo porque está en dificultades financieras, el valor de la garantía puede ser tan alto como la cantidad cubierta efectivamente por ella.(4) Si una obligación financiera está totalmente cubierta por una garantía estatal, el prestamista tiene menos incentivos para evaluar correctamente, para asegurar y minimizar el riesgo que surge de la operación de préstamos, y en especial para calcular correctamente la capacidad acreedora del prestatario. Tal evaluación del riesgo podría también no ser asumida siempre por el garante, por falta de medios. Esta falta de incentivo para minimizar el riesgo de impago de préstamo podría animar a prestamistas a contratar préstamos con un riesgo comercial superior al normal y de este modo aumentar la cantidad de garantías de alto riesgo en la cartera del Estado.(5) La Autoridad de Vigilancia de la AELC considera que un porcentaje de por lo menos 20 % no cubierto por una garantía estatal será el límite apropiado para inducir al prestamista a evaluar correctamente la capacidad acreedora del prestatario(5), asegurar correctamente sus préstamos y minimizar el riesgo asociado con la transacción(6). La Autoridad de Vigilancia de la AELC, por lo tanto, examinará, por regla general, críticamente cualquier garantía que cubra la totalidad (o casi la totalidad) de una transacción financiera.(6) En el caso de los sistemas de garantía estatal, las características específicas de los casos individuales pueden no conocerse en el momento en que se debe evaluar el sistema. En estas circunstancias, el elemento de ayuda debe ser evaluado por referencia a las disposiciones del sistema referentes entre otros a la cantidad y duración máximas de los préstamos, a la categoría de la empresa y el tipo de proyecto elegibles, a la seguridad requerida por parte de los prestatarios, a la prima que debe pagarse y a los tipos de interés obtenidos por ellos.17.4. Condiciones que excluyen la existencia de la ayuda(1) Una garantía individual o un sistema de garantía contraída por el Estado estará fuera del ámbito del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE cuando la ayuda no favorezca ciertas empresas o la producción de determinadas mercancías. En estos casos, la notificación del Estado de la AELC no es necesaria. Una garantía no constituye tampoco ayuda estatal de conformidad con el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE cuando la medida no afecte al comercio entre las Partes contratantes.(2) La Autoridad de Vigilancia de la AELC considera que el cumplimiento de todas las siguientes condiciones asegurara que una garantía estatal individual no sea ayuda estatal de conformidad con el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE:a) el prestatario no está en dificultades financieras;b) los prestatarios estarían en condiciones de obtener, teóricamente, un préstamo en condiciones normales en el mercado financiero sin intervención del Estado;c) las garantías están vinculadas a una transacción financiera específica, con un importe máximo fijo, no cubren más del 80 % de cada préstamo u otra obligación financiera (a excepción de bonos e instrumentos similares) y son de duración limitada;d) se paga el precio de mercado para la garantía (que refleja, entre otros, su cantidad y duración, la seguridad dada por el prestatario, la situación financiera del prestatario, el sector de actividad y de las perspectivas, los índices de impagos y otras condiciones económicas).(3) La Autoridad de Vigilancia de la AELC considera que el cumplimiento de todas las siguientes condiciones garantizan que un sistema de garantía estatal no sea ayuda estatal de conformidad con el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE:a) el régimen no permite conceder garantías a prestatarios que se encuentren en una situación financiera difícil;b) los prestatarios estarían en condiciones de obtener, teóricamente, un préstamo en condiciones normales en el mercado financiero sin intervención del Estado;c) las garantías están vinculadas a una transacción financiera específica, con un importe máximo fijo, no cubren más del 80 % de cada préstamo u otra obligación financiera (a excepción de bonos e instrumentos similares) y son de duración limitada;d) las modalidades del régimen se fijan sobre la base de una evaluación realista del riesgo, de forma que, con casi completa seguridad, pueda financiarse con las primas pagadas por las empresas beneficiarias;e) el régimen prevé una revisión anual, como mínimo, de las condiciones de concesión de futuras garantías y de la financiación general del sistema;f) las primas cubren tanto los riesgos corrientes asociados a las garantías como los costes administrativos del régimen, incluyendo una remuneración normal de dicho capital, en los casos en los que el Estado aporta el capital inicial para la puesta en marcha del régimen.(4) El hecho de no cumplir con cualesquiera de las condiciones anteriormente mencionadas previstas en los puntos 17.4.(2) y 17.4.(3) no significa que se considere automáticamente tal garantía o sistema de garantía como ayuda estatal. Si hay cualquier duda en cuanto a si una garantía o un sistema constituye ayuda estatal, debe notificarse.(5) Puede darse la circunstancia de que se planifique utilizar garantías estatales para que empresas, en especial pequeñas y medianas empresas, puedan obtener préstamos que el mercado no suministraría. Las empresas pueden estar en sus comienzos, extendiéndose rápidamente, o ser pequeñas y por lo tanto incapaces de suministrar la seguridad necesaria para garantizar un préstamo u obtener una garantía. Pueden entrar en la categoría de empresas de riesgo elevado (que se espera se trasladen a la rentabilidad solamente a largo plazo o tener un porcentaje de impagos particularmente alto). Esto puede ser el caso, por ejemplo, de proyectos referentes a productos o procesos nuevos, innovadores. La Autoridad de Vigilancia de la AELC considera que en tales circunstancias las garantías del Estado no quedan, generalmente, fuera del ámbito del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE. Las garantías del Estado concedidas en tales circunstancias deben, por lo tanto, notificarse a la Autoridad de Vigilancia de la AELC con tiempo suficiente, de la misma manera que garantías estatales dadas en otras circunstancias.17.5. Compatibilidad de las ayudas estatales bajo la forma de garantías con el funcionamiento del Acuerdo EEE(1) Las garantías estatales en el ámbito del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE deben ser examinadas por la Autoridad de Vigilancia de la AELC con objeto de determinar si efectivamente son compatibles con el funcionamiento del Acuerdo. Antes de poder evaluar la compatibilidad, debe identificarse al beneficiario de la ayuda que, como se ha explicado en el punto 17.2, puede ser el prestatario, el prestamista, o ambos.(2) En la mayoría de los casos la garantía contiene la ayuda al prestatario (punto 17.2.1). Si esta ayuda es compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE será examinada por la Autoridad de Vigilancia de la AELC según las mismas normas que se aplican a medidas de ayuda que toman otras formas. Los criterios concretos para la evaluación de la compatibilidad pueden considerarse en los capítulos de las Directrices que cubren la ayuda horizontal, regional y sectorial. El examen tendrá en cuenta, en especial, la intensidad de la ayuda, las características de los beneficiarios y los objetivos llevados a cabo.(3) La Autoridad de Vigilancia de la AELC aceptará garantías solamente si su movilización está ligada contractualmente a condiciones específicas que pueden ir hasta la declaración obligatoria de quiebra de la empresa beneficiaria, o cualquier procedimiento similar. Estas condiciones tendrán que ser acordadas en el examen previo de la garantía propuesta por la Autoridad de Vigilancia de la AELC conforme a los procedimientos normales del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, cuando se conceda. En caso de que un Estado de la AELC quiera movilizar la garantía bajo condiciones distintas a las acordadas inicialmente en la etapa de concesión, entonces la Autoridad de Vigilancia de la AELC considerará la movilización de la garantía como una nueva ayuda que hay que notificar de conformidad con el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción.(4) En los casos en que la garantía contenga ayuda al prestamista (punto 17.2.2), hay que tener en cuenta que tal ayuda podría, en principio, constituir ayuda de explotación.17.6. Consecuencias de la infracción del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción(1) Cuando un Estado de la AELC no observe las obligaciones de notificación previa y suspensión fijadas en el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, se deberá cualificar el elemento de ayuda de la garantía como ilegal de conformidad con el capítulo 6 de estas Directrices. En cuanto a las consecuencias de la infracción de la tercera frase del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, se plantean diversas posibilidades. A continuación se examinará la posición del beneficiario de la ayuda y la del prestamista que no sea beneficiario.(2) Primero, cuando se haya concedido ilegalmente la ayuda, los beneficiarios de la ayuda contenida en la garantía corren un riesgo. La Autoridad de Vigilancia de la AELC puede tomar medidas cautelares de conformidad con el punto 6.2.1 del capítulo 6 de estas Directrices, hasta que finalice el resultado del examen en cuanto a la compatibilidad de la ayuda. Si, después de este examen, la Autoridad de Vigilancia de la AELC encuentra que la ayuda estatal es incompatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE, por regla general pedirá al Estado que recupere la ayuda del beneficiario de conformidad con el punto 6.2.3 del capítulo 6 de estas Directrices, incluso si esto significa la declaración de la quiebra de la empresa.(3) Por otra parte, los beneficiarios de ayuda también corren un riesgo a nivel nacional, ya que el papel de los tribunales nacionales es salvaguardar los derechos de que disfrutan los individuos como resultado de la prohibición establecida en la 'disposición de inmovilización' de la última frase del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, que se ha transpuesto en el ordenamiento jurídico nacional de los Estados de la AELC. El hecho de que la última frase del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción se haya incorporado al ordenamiento jurídico nacional de los Estados de la AELC da a los tribunales nacionales suficientes poderes para hacer que se cumpla la 'disposición de inmovilización'(7). Los tribunales nacionales de los Estados de la AELC tienen que sacar las conclusiones apropiadas de la ilegalidad de la ayuda estatal concedida infringiendo las normas procesales del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción. Si se solicita a un tribunal nacional que pida la recuperación de la ayuda ilegal, debe concederlo normalmente(8).(4) En segundo lugar, las garantías difieren de otras medidas de ayuda estatal, tales como subvenciones o exenciones fiscales, en el sentido de que en el caso de una garantía el Estado también entra en relación legal con el prestamista. Por lo tanto, hay que considerar el hecho de que haber concedido ilegalmente una ayuda estatal tiene consecuencias para terceros. En el caso de las garantías estatales para préstamos, esto concierne principalmente a las instituciones financieras de crédito. En el caso de obligaciones con garantías emitidas para obtener la financiación de compromisos, concierne a las instituciones financieras implicadas en la emisión de las obligaciones.(5) La cuestión de si la ilegalidad de la ayuda afecta a las relaciones legales entre el Estado y los terceros es una cuestión que debe examinarse conforme al Derecho nacional. Los tribunales nacionales deben examinar si el Derecho nacional impide que los contratos de garantía se cumplan, y en esa evaluación la Autoridad de Vigilancia de la AELC considera que deben tener en cuenta la infracción de la legislación EEE. Por consiguiente, los prestamistas pueden tener interés en verificar, como precaución normal, que, al conceder las garantías, se haya observado la normativa EEE sobre ayudas estatales. El Estado miembro de la AELC debería poder proporcionar un número de expediente expedido por la Autoridad de Vigilancia de la AELC para un caso individual o de sistema y, en su caso, una copia no confidencial de la decisión de la Autoridad de Vigilancia de la AELC así como la referencia pertinente a la sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas y del Suplemento EEE. La Autoridad de Vigilancia de la AELC, por su parte, hará todo lo posible para que exista información transparente sobre casos y sistemas aprobados por ella.17.7. Informes que deben ser presentados a la Autoridad de Vigilancia de la AELC por los Estados de la AELC(1) Como se puede producir una evolución en los mercados financieros y el valor de garantías estatales es difícil de evaluar, es muy importante revisar constantemente los sistemas de garantía estatal aprobados por la Autoridad de Vigilancia de la AELC de conformidad con el apartado 1 del artículo 62 del Acuerdo EEE. Además de los datos usuales sobre el gasto, los informes que deben presentarse anualmente a la Autoridad de Vigilancia de la AELC deberían contener (para los sistemas y las garantías individuales igualmente) datos sobre la cantidad total de las garantías estatales pendientes de pago, la cantidad total pagada en el año anterior por el Estado a los deudores morosos (netos de cualquier fondo recuperado), y las primas pagadas por las garantías estatales en el mismo año. Esta información ayudará a calcular el índice de impagos y se utilizará para valorar de nuevo el valor de garantías futuras y, en caso de necesidad, de la prima que debe desembolsarse.(2) La Autoridad de Vigilancia de la AELC no se propone utilizar la información suministrada en los informes previamente mencionados y no conocida o previsible cuando tomó una decisión previa para revisar sus conclusiones iniciales referentes a la existencia o escala de la ayuda contenida en los sistemas de garantía estatal. La Autoridad de Vigilancia de la AELC puede, sin embargo, utilizar tal información para proponer medidas apropiadas a un Estado de la AELC de conformidad con el apartado 1 del artículo 1 del Protocolo n° 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, para alterar un sistema existente de garantía estatal.".(1) Este capítulo corresponde al Aviso de la Comisión sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales bajo la forma de garantías (DO C 71 de 11.3.2000, p. 14).(2) Véase el capítulo 17 de las presentes Directrices. El capítulo 17 corresponde a las siguientes cartas de la Comisión a los Estados miembros de la CE: SG(89) D/4328 de 5 de abril de 1989 y SG(89) D/12772 de 12 de octubre de 1989 (puntos 11 y 12 del anexo XV del Acuerdo EEE).(3) Véase el capítulo 20 de las presentes Directrices. Las garantías se encuentran en su punto 20.7.2.(4) Véase el capítulo 20 de estas Directrices, puntos 20.7.2.(2) y 20.7.2.(3).(5) Suponiendo que la empresa proporcione el mismo nivel de seguridad al Estado y a la institución de crédito.(6) Las respuestas a un cuestionario sobre garantías estatales en los Estados de la AELC muestran que este principio solamente se aplica hasta cierto punto. La mayoría de las garantías cubren la cantidad completa de la operación financiera subyacente, eximiendo así a la institución de crédito de la necesidad de evaluar correctamente la capacidad acreedora del beneficiario en su propio interés.(7) Véase también en este contexto el capítulo 9A de estas Directrices (la cooperación entre los tribunales nacionales y la Autoridad de Vigilancia de la AELC en el campo de ayudas estatales).(8) Véase el asunto C-39/94: Syndicat français de l'Express International (SFEI) y otros contra La Poste y otros (Recopilación 1996, p. I-3547).


title: Decisión 2007/670/PESC del Consejo, de 1 de octubre de 2007 , relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre la participación de Nueva Zelanda en la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN)

text:
               18.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 274/17

         DECISIÓN 2007/670/PESC DEL CONSEJO
   de 1 de octubre de 2007
   relativa a la celebración de un Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre la participación de Nueva Zelanda en la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 24,
   Vista la recomendación de la Presidencia,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 30 de mayo de 2007, el Consejo adoptó la Acción Común 2007/369/PESC sobre el establecimiento de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN) (1).

               (2)

               El artículo 12, apartado 5, de la Acción Común establece que las disposiciones concretas relativas a la participación de terceros Estados serán objeto de un acuerdo de conformidad con el artículo 24 del Tratado.

               (3)

               El 13 de septiembre de 2004, el Consejo autorizó a la Presidencia, asistida si fuera necesario por el Secretario General/Alto Representante, en caso de futuras operaciones civiles de gestión de crisis de la Unión Europea, a entablar negociaciones con terceros Estados con miras a la celebración entre la Unión Europea y el tercer Estado de un acuerdo, sobre la base de un modelo de acuerdo relativo a la participación de un tercer Estado en una operación civil de gestión de crisis de la Unión Europea. Conforme a ello, la Presidencia negoció un Acuerdo con Nueva Zelanda sobre la participación de esta en la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN).

               (4)

               El Acuerdo debe aprobarse.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Queda aprobado, en nombre de la Unión Europea, el Acuerdo entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre la participación de Nueva Zelanda en la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN).
   El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
   Artículo 2
   Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para firmar el Acuerdo a fin de obligar a la Unión Europea.
   Artículo 3
   La presente Decisión surtirá efecto el día de su adopción.
   Artículo 4
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Luxemburgo, el 1 de octubre de 2007.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. LINO

      (1)  DO L 139 de 31.5.2007, p. 33.
    ---documentbreak---

               18.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 274/18

         TRADUCCIÓN
   ACUERDO
   entre la Unión Europea y Nueva Zelanda sobre la participación de Nueva Zelanda en la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN)
   LA UNIÓN EUROPEA (UE),
   por una parte, y
   NUEVA ZELANDA,
   por otra,
   conjuntamente denominados en lo sucesivo «las Partes»,
   TENIENDO EN CUENTA:

               —

               la adopción por parte del Consejo, el 30 de mayo de 2007, de la Acción Común 2007/369/PESC sobre el establecimiento de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN),

               —

               la invitación a Nueva Zelanda para que participe en la EUPOL AFGANISTÁN,

               —

               la decisión de Nueva Zelanda de participar en la EUPOL AFGANISTÁN,

               —

               la decisión adoptada por el Comité Político y de Seguridad de aceptar la contribución de Nueva Zelanda a la EUPOL AFGANISTÁN.

         HAN CONVENIDO EN LAS DISPOSICIONES SIGUIENTES:
   Artículo 1
   Participación en la operación
   1.   Nueva Zelanda se asociará a la Acción Común 2007/369/PESC y a cualquier Acción Común o Decisión por las que el Consejo de la Unión Europea decida prorrogar la EUPOL AFGANISTÁN, de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo y con las correspondientes normas de aplicación.
   2.   La contribución de Nueva Zelanda a la EUPOL AFGANISTÁN se realizará sin perjuicio de la autonomía de decisión de la Unión Europea.
   3.   Nueva Zelanda velará por que su personal que participe en la EUPOL AFGANISTÁN desempeñe su misión de manera coherente con:

               —

               la Acción Común 2007/369/PESC así como sus modificaciones posteriores,

               —

               el Plan de la Operación,

               —

               las medidas de aplicación.

         4.   El personal enviado en comisión de servicios por Nueva Zelanda ejercerá sus funciones y se conducirá teniendo presentes únicamente los intereses de la operación EUPOL AFGANISTÁN.
   5.   Nueva Zelanda informará a su debido tiempo al Jefe de Misión de la EUPOL AFGANISTÁN y a la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea de cualquier cambio en su contribución a dicha operación.
   6.   El personal enviado en comisión de servicio a la EUPOL AFGANISTÁN será sometido a un amplio reconocimiento médico y vacunado, y su aptitud para el servicio será certificada por una autoridad médica competente de Nueva Zelanda. El personal enviado en comisión de servicios a la EUPOL AFGANISTÁN presentará una copia de dicho certificado.
   Artículo 2
   Estatuto del personal
   1.   Sin perjuicio de cualquier acuerdo celebrado entre el Gobierno de Nueva Zelanda y el Gobierno de la República Islámica de Afganistán, el estatuto del personal enviado por Nueva Zelanda en comisión de servicios a la EUPOL AFGANISTÁN se regirá por el Acuerdo sobre el estatuto del personal celebrado entre la Unión Europea y la República Islámica de Afganistán.
   2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el Acuerdo a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, Nueva Zelanda tendrá jurisdicción sobre su personal que participe en la EUPOL AFGANISTÁN.
   3.   Nueva Zelanda deberá atender cualquier reclamación debida a la participación de su personal en la EUPOL AFGANISTÁN, vinculada a dicha participación o relacionada con ella. A Nueva Zelanda le corresponderá emprender acciones legales o disciplinarias contra cualquier miembro de su personal, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias.
   4.   Nueva Zelanda se compromete a formular una declaración relativa a la renuncia a presentar reclamaciones contra cualquier Estado que participe en la EUPOL AFGANISTÁN, y a hacerlo a la firma del presente Acuerdo. Anejo al presente Acuerdo figura un modelo de dicha declaración.
   5.   La Unión Europea garantizará que sus Estados miembros formulen una declaración relativa a la renuncia a presentar reclamaciones contra la participación de Nueva Zelanda en la EUPOL AFGANISTÁN, y a hacerlo a la firma del presente Acuerdo.
   Artículo 3
   Información clasificada
   1.   Nueva Zelanda adoptará las medidas adecuadas para garantizar que la información clasificada de la UE esté protegida de conformidad con las normas de seguridad del Consejo de la Unión Europea contenidas en la Decisión 2001/264/CE del Consejo (1), y con otras directrices que puedan emitir las autoridades competentes, en particular el Jefe de la Misión de la EUPOL AFGANISTÁN.
   2.   Cuando la Unión Europea y Nueva Zelanda hayan celebrado un Acuerdo sobre los procedimientos de seguridad para el intercambio de información clasificada, las disposiciones de dicho Acuerdo serán de aplicación en el contexto de la EUPOL AFGANISTÁN.
   Artículo 4
   Cadena de mando
   1.   Todo el personal que participe en la EUPOL AFGANISTÁN seguirá estando enteramente a las órdenes de sus autoridades nacionales.
   2.   Las autoridades nacionales transferirán el mando operativo al Jefe de Misión de la EUPOL AFGANISTÁN, que lo ejercerá por medio de una estructura jerárquica de mando y control.
   3.   El Jefe de Misión dirigirá la EUPOL AFGANISTÁN y se encargará de la gestión diaria.
   4.   Nueva Zelanda tendrá los mismos derechos y obligaciones en la gestión cotidiana de la EUPOL AFGANISTÁN que los Estados miembros de la Unión Europea que participen en la misma, de conformidad con los instrumentos jurídicos citados en el artículo 1, apartado 1, del presente Acuerdo.
   5.   El Jefe de Misión de la EUPOL AFGANISTÁN será responsable de la disciplina del personal de la EUPOL AFGANISTÁN. Cuando proceda, la autoridad nacional correspondiente ejercerá las acciones disciplinarias.
   6.   Nueva Zelanda designará un punto de contacto del contingente nacional que represente al contingente nacional en la EUPOL AFGANISTÁN. El punto nacional de contacto responderá ante el Jefe de Misión de la EUPOL AFGANISTÁN en lo relativo a cuestiones nacionales y será responsable de la disciplina diaria del contingente.
   7.   La decisión de terminar la operación será adoptada por la Unión Europea, tras consultar con Nueva Zelanda, siempre que Nueva Zelanda siga contribuyendo a la EUPOL AFGANISTÁN en la fecha de terminación de la misma.
   Artículo 5
   Aspectos financieros
   1.   Nueva Zelanda asumirá la totalidad de los costes ligados a su participación en la operación, salvo en lo que se refiere a los costes que, de conformidad con el presupuesto operativo de la operación, sean objeto de financiación común.
   2.   A reserva de los acuerdos celebrados entre el Gobierno de la República Islámica de Afganistán y el Gobierno de Nueva Zelanda, en caso de muertes, lesiones, pérdidas o daños a personas físicas o jurídicas de Afganistán, Nueva Zelanda, siempre que su responsabilidad haya quedado demostrada, pagará las indemnizaciones en las condiciones estipuladas en el Acuerdo sobre el estatuto de la misión a que se refiere el artículo 2, apartado 1, del Acuerdo, cuando exista.
   Artículo 6
   Contribución al presupuesto operativo
   Dado que la participación de Nueva Zelanda constituye una contribución significativa que es esencial para esta operación, Nueva Zelanda queda exenta de contribuir al presupuesto operativo de la EUPOL AFGANISTÁN.
   Artículo 7
   Normas de aplicación del presente Acuerdo
   Toda norma técnica y administrativa de aplicación del presente Acuerdo que se considere necesaria deberá ser acordada entre el Secretario General/Alto Representante, y las correspondientes autoridades de Nueva Zelanda.
   Artículo 8
   Incumplimiento
   Si una de las Partes incumpliera las obligaciones contraídas en virtud del presente Acuerdo, la otra Parte tendrá derecho a poner término al presente Acuerdo, notificándolo con un mes de antelación.
   Artículo 9
   Resolución de litigios
   Los litigios relativos a la interpretación o aplicación del presente Acuerdo serán resueltos por cauces diplomáticos entre las Partes.
   Artículo 10
   Entrada en vigor
   1.   El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del mes siguiente a la fecha en que las Partes se hayan notificado mutuamente que han completado los procedimientos internos al efecto.
   2.   El presente Acuerdo se aplicará provisionalmente desde la fecha de la firma.
   3.   El presente Acuerdo permanecerá en vigor mientras dure la contribución de Nueva Zelanda a la operación.

      Hecho en Bruselas, el tres de octubre de dos mil siete, en dos ejemplares en lengua inglesa.

            Por la Unión Europea

            Por Nueva Zelanda

      (1)  DO L 101 de 11.4.2001, p. 1. Decisión modificada en último lugar por la Decisión 2007/438/CE (DO L 164 de 26.6.2007, p. 24).
   ANEXO
   DECLARACIONES
   Relativas al artículo 2, apartados 4 y 5
   Declaración de los Estados miembros de la UE:
   «Los Estados miembros, al aplicar la Acción Común 2007/369/PESC, de 30 de mayo de 2007, relativa al establecimiento de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN), procurarán, en la medida en que lo permitan sus respectivos ordenamientos jurídicos internos, renunciar, sobre una base de reciprocidad, en la medida de lo posible, a las reclamaciones contra Nueva Zelanda por lesiones o muerte de su personal, o por daños o pérdidas de material perteneciente a los Estados miembros y utilizado en la EUPOL AFGANISTÁN, siempre que dichas lesiones, muertes, daños o pérdidas:

               —

               hayan sido causadas por personal de Nueva Zelanda en el ejercicio de sus funciones en relación con la EUPOL AFGANISTÁN, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa,

               —

               o hayan resultado de la utilización de material perteneciente a Nueva Zelanda, siempre que ese material se haya utilizado en relación con la operación y salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa del personal de Nueva Zelanda adscrito a la EUPOL AFGANISTÁN que lo haya utilizado.».

         Declaración de Nueva Zelanda:
   «Nueva Zelanda, al estar asociada a la Acción Común 2007/369/PESC, de 30 de mayo de 2007, relativa al establecimiento de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL AFGANISTÁN), procurará sobre una base de reciprocidad, en la medida en que lo permita su ordenamiento jurídico interno, renunciar en la medida de lo posible a las reclamaciones contra cualquier otro Estado participante en la EUPOL AFGANISTÁN por lesiones o muerte de su personal, o por daños o pérdidas de material perteneciente a Nueva Zelanda y utilizado en la EUPOL AFGANISTÁN, siempre que dichas lesiones, muertes, daños o pérdidas:

               —

               hayan sido causados por personal en el ejercicio de sus funciones en relación con la EUPOL AFGANISTÁN, salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa, o

               —

               hayan resultado de la utilización de material perteneciente a Estados participantes en la EUPOL AFGANISTÁN, siempre que ese material se haya utilizado en relación con la operación y salvo en caso de negligencia grave o de conducta dolosa del personal de la EUPOL AFGANISTÁN que lo haya utilizado.».


Avis juridique important

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31995D0495

95/495/CE, Euratom: Decisión del Consejo, de 20 de noviembre de 1995, por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social

Diario Oficial n° L 283 de 25/11/1995 p. 0016 - 0016

DECISIÓN DEL CONSEJO de 20 de noviembre de  1995 por la que se nombra a un miembro del Comité Económico y Social (95/495/CE, Euratom) EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 195, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su  artículo 167, Vista la Decisión del Consejo de 26 de septiembre de 1994, por la que se nombran a los miembros del  Comité Económico y Social para el período que finaliza el 20 de septiembre de 1998  (1), Considerando que se ha producido una vacante de miembro del Comité mencionado, como consecuencia  del fallecimiento de D. Achim Denkhaus, de la que se informó al Consejo con fecha de 12 de  septiembre de 1995; Vistas las candidaturas presentadas por el Gobierno alemán con fecha de 9 de octubre de 1995, Tras haber recibido el dictamen de la Comisión de las Comunidades Europeas, DECIDE: Artículo único Se nombra a D. Michael Kubenz miembro del Comité Económico y  Social en sustitución de D. Achim Denkhaus para el período del mandato de éste que queda por  cumplir, es decir, hasta el 20 de septiembre de 1998. Hecho en Bruselas, el 20 de noviembre de 1995. Por el Consejo El Presidente C. ALBORCH BATALLER


title: 2013/119/UE: Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 6 de marzo de 2013 , por la que se nombra a jueces del Tribunal General

text:
               8.3.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 65/21

         DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
   de 6 de marzo de 2013
   por la que se nombra a jueces del Tribunal General
   (2013/119/UE)
   LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 19,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 254 y 255,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 106 bis, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los mandatos de trece jueces del Tribunal General expiran el 31 de agosto de 2013. Conviene proceder a nuevos nombramientos para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2019.

               (2)

               Se ha propuesto a la Sra. Mariyana KANCHEVA y a la Sra. Ingrīda LABUCKA, así como al Sr. Alfred DITTRICH y al Sr. Nicholas James FORWOOD para una renovación de su mandato.

               (3)

               El comité creado en virtud del artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la idoneidad de la Sra. Mariyana KANCHEVA y la Sra. Ingrīda LABUCKA, así como del Sr. Alfred DITTRICH y el Sr. Nicholas James FORWOOD para ejercer las funciones de jueces del Tribunal General.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se nombra jueces del Tribunal General para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2013 y el 31 de agosto de 2019 a:

               —

               Sr. Alfred DITTRICH,

               —

               Sr. Nicholas James FORWOOD,

               —

               Sra. Mariyana KANCHEVA,

               —

               Sra. Ingrīda LABUCKA.

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 6 de marzo de 2013.

            El Presidente

         R. MONTGOMERY