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32002D0917

2002/917/CE: Decisión del Consejo, de 3 de octubre de 2002, relativa a la celebración del Acuerdo Interbus sobre el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús

Diario Oficial n° L 321 de 26/11/2002 p. 0011 - 0012

Decisión del Consejode 3 de octubre de 2002relativa a la celebración del Acuerdo Interbus sobre el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús(2002/917/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 1 del artículo 71 y el artículo 93 en relación con la primera frase del primer párrafo del apartado 2 y el segundo párrafo del apartado 3 del artículo 300,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),Considerando lo siguiente:(1) De conformidad con el mandato del Consejo de 7 de diciembre de 1995, la Comisión negoció un Acuerdo europeo sobre el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús con Bosnia y Hercegovina, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía.(2) De conformidad con la Decisión del Consejo de 18 de junio de 2001, el 22 de junio de 2001 se firmó en nombre de la Comunidad el Acuerdo Interbus sobre el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús.(3) A 30 de junio de 2001, dicho Acuerdo había sido firmado por la Comunidad Europea y los trece países siguientes: Bosnia y Hercegovina, Bulgaria, Croacia, la República Checa, Hungría, Letonia, Lituania, Moldavia, Polonia, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Turquía.(4) La celebración del Acuerdo Interbus contribuye al desarrollo de las relaciones entre las Partes contratantes en el sector de los transportes; para que pueda entrar en vigor tras la firma es necesario que cuatro Partes contratantes, incluida la Comunidad, lo hayan aprobado o ratificado.(5) Es conveniente aprobar el Acuerdo Interbus.DECIDE:Artículo 1Queda aprobada en nombre de la Comunidad la celebración del Acuerdo Interbus sobre el transporte discrecional internacional de viajeros en autocar y autobús.El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.Artículo 2Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona facultada para depositar en nombre de la Comunidad el instrumento de aprobación contemplado en el artículo 27 del Acuerdo a fin de obligar a la Comunidad.Artículo 3La Comisión, asistida por representantes de los miembros del Consejo, representará a la Comunidad en el Comité Mixto, en lo sucesivo denominado "el Comité", que establece el artículo 23 del Acuerdo.El Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptará por mayoría cualificada la posición de la Comunidad en el Comité. El Consejo deberá pronunciarse por mayoría simple cuando la decisión propuesta por el Comité se refiere al reglamento interno del Comité.Las decisiones tomadas por el Comité serán publicadas en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Artículo 4La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Luxemburgo, el 3 de octubre de 2002.Por el ConsejoEl PresidenteF. Hansen(1) DO C 51 E de 26.6.2002, p. 193.(2) Dictamen emitido el 2 de julio de 2002 (no publicado aún en el Diario Oficial).


title: 2007/368/CE,Euratom: Decisión de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 23 de mayo de 2007 , por la que se nombra a un juez del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas

text:
               31.5.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 139/32

      DECISIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS

   de 23 de mayo de 2007
   por la que se nombra a un juez del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas
   (2007/368/CE, Euratom)
   LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 224,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 140,
   Considerando que, con arreglo a las disposiciones de los Tratados, se produce cada tres años la renovación parcial de los miembros del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas para un mandato de seis años. Para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2013, los Gobiernos de los Estados miembros deben nombrar todavía a un juez para completar el nombramiento de los doce jueces que se llevó a cabo el 25 de abril de 2007.
   DECIDEN:
   Artículo 1
   Se nombra al Sr. Santiago SOLDEVILA FRAGOSO juez del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas, para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2007 y el 31 de agosto de 2013.
   Artículo 2
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 23 de mayo de 2007.

            El Presidente

         W. SCHÖNFELDER


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52005DP0268(03)

Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Umberto Bossi (2004/2101(IMM))

Diario Oficial n° 157 E de 06/07/2006 p. 0071 - 0071

		2.Decisión del Parlamento Europeo sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Umberto Bossi (2004/2101(IMM)El Parlamento Europeo,- Vista la demanda presentada por un abogado en representación de Umberto Bossi de amparo de su inmunidad en relación con un procedimiento penal pendiente ante el Tribunal del Distrito de Bérgamo, presentada el 7 de mayo de 2004, y comunicada en el Pleno del 22 de julio de 2004,- Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas, de 8 de abril de 1965, así como el apartado 2 del artículo 6 del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,- Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 12 de mayo de 1964 y de 10 de julio de 1986 [1],- Vistos el apartado 3 del artículo 6 y el artículo 7 de su Reglamento,- Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0210/2005),A. Considerando que Umberto Bossi fue diputado al Parlamento Europeo durante la cuarta legislatura (inicio del mandato el 19 de julio de 1994, verificación de credenciales el 15 de noviembre de 1994, expiración del mandato el 19 de julio de 1999) y durante la quinta legislatura (inicio del mandato el 20 de julio de 1999, verificación de credenciales el 15 de diciembre de 1999, expiración del mandato el 10 de junio de 2001 por incompatibilidad),B. Considerando que los miembros del Parlamento Europeo no podrán ser buscados, detenidos ni procesados por las opiniones o los votos por ellos emitidos en el ejercicio de sus funciones [2],1. Decide amparar la inmunidad y los privilegios de Umberto Bossi;2. Propone declarar, de conformidad con el artículo 9 del Protocolo antes citado y visto el procedimiento del Estado miembro interesado, que debe interrumpirse el procedimiento en cuestión; en consecuencia, pide al Tribunal que extraiga las conclusiones pertinentes;3. Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de la comisión competente al Tribunal del Distrito de Bérgamo.[1] Asunto 101/63, Wagner/Fohrmann y Krier, Rec. Ed. Esp. 1964-1966, p. 47 y Asunto 149/85, Wybot/Faure y otros, Rec. 1986, p. 2391.[2] Artículo 9 del Protocolo sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas.--------------------------------------------------


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31998D0486

98/486/CE: Decisión del Consejo de 29 de julio de 1998 relativa a la aprobación de un Memorándum de acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Dominicana sobre la protección de las importaciones de leche en polvo de la República Dominicana

Diario Oficial n° L 218 de 06/08/1998 p. 0045 - 0045

DECISIÓN DEL CONSEJO de 29 de julio de 1998 relativa a la aprobación de un Memorándum de acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Dominicana sobre la protección de las importaciones de leche en polvo de la República Dominicana (98/486/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 113 en relación con la primera frase del apartado 2 de su artículo 228,Vista la propuesta de la Comisión,Considerando que la República Dominicana ha solicitado una rectificación de su nomenclatura arancelaria con arreglo al Acuerdo de Marrakech por el que se crea la Organización Mundial del Comercio para ocho partidas arancelarias;Considerando que sólo una de dichas partidas, relativa a la leche en polvo, tiene un interés económico para la Comunidad;Considerando que la República Dominicana ha ofrecido un contingente arancelario de 32 000 toneladas, de las cuales un 70 % estará reservado a la Comunidad;Considerando que la Comunidad gestionará su parte del contingente arancelario aplicando el mecanismo de certificados de exportación establecido en la normativa comunitaria,DECIDE:Artículo 1 Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Memorándum de acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Dominicana sobre la protección de las importaciones de leche en polvo de la República Dominicana.El texto del Memorándum de acuerdo se adjunta a la presente Decisión.Artículo 2 El Presidente del Consejo queda autorizado para nombrar a la persona habilitada para firmar el Memorándum de acuerdo para que éste adquiera carácter vinculante para la Comunidad.Artículo 3 De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 30 del Reglamento (CEE) n° 804/68 del Consejo, de 27 de junio de 1968, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos (1), la Comisión adoptará disposiciones de aplicación del apartado 3 del Memorándum de acuerdo mencionado en el artículo 1.Artículo 4 La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 29 de julio de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteW. SCHÜSSEL(1) DO L 148 de 28. 6. 1968, p. 13; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1587/96 (DO L 206 de 16. 8. 1996, p. 21).


title: 2014/614/UE: Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014 , sobre el cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2012

text:
               5.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 266/295

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 3 de abril de 2014
   sobre el cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2012
   (2014/614/UE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Vistas las cuentas anuales definitivas de la Oficina Europea de Policía relativas al ejercicio 2012,

               —

               Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Oficina Europea de Policía relativas al ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de la Oficina (1),

               —

               Vista la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014),

               —

               Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185,

               —

               Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3), y, en particular, su artículo 208,

               —

               Vista la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (4), y, en particular, su artículo 43,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a los que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5),

               —

               Visto el Reglamento Delegado (UE) no 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y, en particular, su artículo 108,

               —

               Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0179/2014),

               1.

               Aprueba el cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2012;

               2.

               Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al director de la Oficina Europea de Policía, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Martin SCHULZ

            El Secretario General

         Klaus WELLE

      (1)  DO C 365 de 13.12.2013, p. 236.

      (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (3)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

      (4)  DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

      (6)  DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.


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31991D0315

91/315/CEE: Decisión del Consejo, de 26 de junio de 1991, por la que se establece un programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de Madeira y de las Azores (POSEIMA)

Diario Oficial n° L 171 de 29/06/1991 p. 0010 - 0016

DECISIÓN DEL CONSEJO  de 26 de junio de 1991  por la que se establece un programa de opciones específicas por la lejanía y la insularidad de Madeira y de las Azores (POSEIMA)  (91/315/CEE) EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 43, 113 y 235,Vista el Acta de adhesión de España y de Portugal y, en particular, el apartado 3 de su artículo 234,Vista la propuesta de la Comisión (1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),Considerando que las regiones autónomas portuguesas de las Azores y de Madeira están política y económicamente integradas en la Comunidad en virtud del Acta de adhesión, la cual no obstante ha reconocido algunas de sus características especiales por medio de excepciones concretas en la aplicación de las políticas comunes;Considerando que los Estados miembros, en una declaración común anexa al Acta de adhesión, han invitado a las instituciones comunitarias a que presten una atención especial a las políticas de desarrollo de ambos archipiélagos « cuya finalidad es la de superar las desventajas de dichas regiones que se derivan de su situación geográfica alejada del continente europeo, de su particular orografía, de las graves insuficiencias de infraestructura y de su retraso económico »;Considerando que el Parlamento Europeo, en su Resolución de 14 de abril de 1989 sobre los programas comunitarios en favor de las regiones autónomas portuguesas (4), ha considerado que la insularidad y la situación periférica extrema de las Azores y de Madeira justifican un trato específico por parte de la Comunidad;Considerando que las Azores y Madeira experimentan un retraso estructural importante agravado por una serie de condicionamientos (insularidad, acusada lejanía, escasa superficie, relieve y clima difíciles) cuya persistencia y acumulación afectan gravemente a su desarrollo económico y social y sitúan a ambos archipiélagos entre las regiones más desfavorecidas de la Comunidad; que estos condicionamientos particulares hacen necesario reforzar el apoyo de la Comunidad con el fin de garantizar que las Azores y Madeira paticipen plenamente en la dinámica del mercado interior; que este apoyo comunitario se plasma, por una parte, en las intervenciones de los fondos estructurales reformados en el marco de la prioridad reconocida a las regiones del objetivo n° 1, pero debe también plasmarse, por otra parte y de forma complementaria, en el reconocimiento de los condicionamientos específicos de las Azores y Madeira en el momento de aplicar las políticas comunes, siguiendo en ello el enfoque comunitario para las regiones ultraperiféricas, cuya primera manifestación concreta la constituyen la aprobación y aplicación del programa POSEIDOM para los departamentos franceses de Ultramar;Considerando que la toma en consideración de los condicionamientos específicos de las Azores y de Madeira en la aplicación de las políticas comunes requiere un enfoque global y plurisectorial; que, a este respecto, conviene actuar de manera coherente en el marco de un programa global de acciones que incluyan medidas reglamentarias y compromisos financieros;Considerando que la ejecución de dicho programa deberá llevarse a cabo mediante la adopción, por el Consejo o la Comisión, según los casos, de los actos jurídicos necesarios antes del 31 de diciembre de 1992; que la aplicación de determinados elementos de dicho programa podrá proseguirse una vez finalizado el proceso de plena realización del mercado interior habida cuenta de los condicionamientos de índole permanente que caracterizan a las Azores y Madeira;Considerando que este programa debe basarse en el doble principio de la pertenencia de las Azores y de Madeira a la Comunidad y del reconocimiento de su realidad regional derivada de su situación geográfica especial;Considerando que las medidas que figuran en el programa deben permitir el reconocimiento de las características específicas y de los condicionamientos de las Azores y Madeira, sin que ello atente contra la integridad y la coherencia del ordenamiento jurídico comunitario; que, a este respecto, los efectos económicos de las medidas específicas deberán quedar limitados al territorio de las Azores y de Madeira, sin afectar directamente al funcionamiento del mercado común;Considerando que las políticas comunitarias incluyen en la actualidad numerosos instrumentos y programas capaces de hacer frente a determinados problemas y condicionamientos específicos de las Azores y Madeira, en particular en materia de pesca, energía, medio ambiente, artesanía o investigación y desarrollo; que conviene velar por la utilización óptima de dichos instrumentos y programas en las Azores y Madeira, facilitando en particular su difusión en estas regiones alejadas y adoptando las medidas de asistencia técnica adecuadas;Considerando que la normativa comunitaria debe tener en cuenta las características específicas de las Azores y Madeira y permitir su desarrollo económico y social, especialmente en aquellos ámbitos en que la fragilidad de los medios insulares se manifiesta de una forma más aguda, como los transportes, la pesca, la fiscalidad, el ámbito social, la investigación y el desarrollo o la protección del medio ambiente, dada la exposición particular de las Azores y Madeira a los riesgos de catástrofes ecológicas o naturales;Considerando que en el ámbito fiscal, para tener en cuenta las características específicas de las Azores y Madeira, conviene reconocer a estas regiones una fiscalidad indirecta particular, compatible con las normas del Tratado y que pueda contribuir a su desarrollo económico y social;Considerando que es importante disponer, en el marco de las orientaciones de la política común de los transportes, de medios de transporte regulares, y al menor costo posible, para paliar las desventajas de la lejanía y la insularidad; que el transporte aéreo constituye un instrumento de desarrollo regional y que conviene buscar, especialmente en el marco de una cooperación, los mecanismos más apropiados para una mayor liberalización;Considerando que la situación geográfica excepcional de las Azores y Madeira en relación con las fuentes de abastecimiento de productos destinados a determinados sectores de la alimentación, esenciales para el consumo normal o la transformación en los dos archipiélagos, suponen para estas regiones unas cargas que constituyen un grave obstáculo para estos sectores; que, a este respecto, conviene establecer un régimen específico de abastecimiento de dichos productos dentro de los límites de las necesidades del mercado de los dos archipiélagos y habida cuenta de las producciones locales y de los flujos comerciales tradicionales;Considerando que la especial lejanía de las Azores y de Madeira respecto de las fuentes de abastecimiento de productos petroleros refinados, unida a su fuerte dependencia de dichos productos para su abastecimiento energético y a la fragmentación de su mercado, supone para estas regiones costes de abastecimiento excesivos en comparación con las regiones continentales de Portugal; que los que soportan en la actualidad estos costes excesivos son los presupuestos regionales, lo que limita en consecuencia sus posibilidades de acción para fomentar su desarrollo económico y social; que, a este respecto, conviene compensar dichos costes excesivos con una ayuda comunitaria temporal, vinculada a la ejecución, por las dos referidas regiones, de programas de fomento de las inversiones para el ahorro de energía y el desarrollo de fuentes energéticas locales y renovables, con el fin de mejorar la situación de la oferta y la demanda energética en dichas islas;Considerando que las zonas francas pueden representar un valioso instrumento de desarrollo económico para regiones insulares y alejadas como las Azores y Madeira; que podría ser conveniente aprobar medidas aduaneras por lo que se refiere al régimen aplicable a las zonas francas de las Azores y Madeira, habida cuenta de su especial situación geográfica;Considerando que la dependencia externa de las Azores y de Madeira respecto de las fuentes de abastecimiento de productos siderúrgicos justifica que se conceda una atención particular para que puedan mantenerse en los dos archipiélagos precios justos para los productos en cuestión;Considerando que las condiciones específicas de producción de las Azores y de Madeira requieren una atención especial en el marco de la aplicación de la política agraria común; que conviene, a este respecto, adoptar medidas adecuadas para apoyar al sector de frutas y hortalizas, así como al de las flores y de plantas vivas; que estas medidas deberán facilitar especialmente el desarrollo de las producciones tropicales; que deberá prestarse una atención particular, en este marco, al plátano de Madeira, dada su gran importancia económica y social para dicha región y habida cuenta de los aspectos relacionados con el equilibrio ecológico y paisajístico de dicha región; que, vista la importancia preponderante del sector lácteo en la actividad económica de las Azores, y su papel difícilmente sustituible como factor de mantenimiento de la población activa en el archipiélago, conviene asimismo establecer otras medidas de mercado o de tipo estructural en favor de dichas producciones tradicionales;Considerando que se hacen necesarias medidas en el sector de la pesca debido a su importancia económica y social para los dos archipiélagos;Considerando que la gran importancia social del mantenimiento de las actividades artesanales en ambas regiones exige la adopción de medidas comunitarias específicas que sean complementarias de las ya previstas en el marco comunitario de apoyo; que dichas medidas deberán estar encaminadas a promover la formación profesional, el acceso y la utilización de nuevas tecnologías, así como el acceso a nuevos mercados;Considerando que la elaboración, la aplicación, el seguimiento y la evaluación de las medidas establecidas en este programa requieren una cooperación entre la Comisión y las autoridades nacionales y regionales competentes; que esta cooperación deberá permitir la complementariedad entre las medidas establecidas en el programa y las llevadas a cabo a nivel nacional y regional;Considerando que Portugal y las regiones en cuestión deberán tener en cuenta las medidas y acciones establecidas en este programa en el momento de elaborar futuros planes de desarrollo regional; que la Comisión, en el marco de sus competencias, velará por la coherencia de este programa con las intervenciones de los fondos estructurales y de los demás instrumentos financieros comunitarios,DECIDE: Artículo 1 1. Se establece un programa de acción para Madeira y las Azores (programa de opciones específicas por la lejanía a la insularidad de Madeira y de las Azores), denominado en lo sucesivo « programa POSEIMA », tal como figura en el Anexo. Este programa se aplicará a las medidas reglamentarias y a los compromisos financieros.2. En el marco de las competencias que le confiere el Tratado, el Consejo adoptará las disposiciones necesarias para la ejecución de dicho programa e invitará a la Comisión a que le presente las propuestas correspondientes en el plazo más breve posible. Artículo 2 Los recursos financieros para la ejecución de las medidas relativas a las estructuras agrarias, la energía y la artesanía, que figuran en este programa, se determinarán en el marco de los procedimientos presupuestarios anuales. Artículo 3 La presente Decisión surtirá efecto el 1 de julio de 1991. Artículo 4 La presente Decisión será publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Hecho en Luxemburgo, el 26 de junio de 1991. Por el Consejo El Presidente R. STEICHEN (1) DO n° C 81 de 26. 3. 1991, p. 8.(2) DO n° C 158 de 17. 6. 1991.(3) Dictamen emitido el 30 de mayo de 1991 (no publicado aún en el Diario oficial).(4) DO n° C 120 de 16. 5. 1989, p. 321.ANEXO PROGRAMA DE OPCIONES ESPECÍFICAS POR LA LEJANÍA Y LA INSULARIDAD DE MADEIRA Y DE LAS AZORES (POSEIMA) TÍTULO I Principios generales >SITIO PARA UN CUADRO>TÍTULO II Utilización óptima de las políticas e instrumentos existentes >SITIO PARA UN CUADRO>TÍTULO III Aplicación de las políticas comunes en las Azores y Madeira >SITIO PARA UN CUADRO>TÍTULO IV Medidas específicas dirigidas a paliar la situación geográfica excepcional >SITIO PARA UN CUADRO>TÍTULO V Medidas específicas en favor de las producciones de Madeira y de las Azores >SITIO PARA UN CUADRO>TÍTULO VI Disposición final >SITIO PARA UN CUADRO>(1) DO n° L 376 de 31. 12. 1986, p. 7.(2) DO n° L 380 de 31. 12. 1990, p. 1.(3) DO n° L 388 de 30. 12. 1989, p. 1.


title: 2004/597/CE: Decisión del Consejo, de 19 de julio de 2004, por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, revisada y aprobada por la Resolución 12/97 de la vigesimonovena sesión de la Conferencia de la FAO de noviembre de 1997

text:
               14.8.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 267/39

         DECISIÓN DEL CONSEJO
   de 19 de julio de 2004
   por la que se aprueba la adhesión de la Comunidad Europea a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, revisada y aprobada por la Resolución 12/97 de la vigesimonovena sesión de la Conferencia de la FAO de noviembre de 1997
   (2004/597/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 37 en relación con la primera frase del párrafo primero del apartado 2 de su artículo 300 y el párrafo primero del apartado 3 de su artículo 300,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (en adelante denominada «Convención CIPF») fue adoptada por la Conferencia de la FAO en 1951 y entró en vigor el año siguiente. Posteriormente fue modificada en 1979 por la Conferencia de la FAO y las modificaciones entraron en vigor en 1991.

               (2)

               En 1997 se llevó a cabo otra revisión de la CIPF con el fin de adecuarla al Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias del Acta Final de las negociaciones de la Ronda Uruguay para garantizar la coherencia con el nuevo sistema de elaboración de normas internacionales en el ámbito de la CIPF y permitir a las organizaciones miembros de la FAO ser partes contratantes de la misma. El texto revisado fue aprobado por la Resolución 12/97 de la Conferencia de la FAO de noviembre de 1997.

               (3)

               Las modificaciones del texto revisado entrarán a vigor el trigésimo día siguiente al de su aceptación por dos tercios de las partes contratantes. A partir de dicha fecha la Comunidad Europea tendrá derecho a ser parte en la CIPF. En la actualidad, 43 países, entre los que se cuentan cuatro Estados miembros, han aceptado el texto revisado.

               (4)

               Uno de los objetivos principales de la CIPF es actuar eficaz y conjuntamente para prevenir la diseminación e introducción de plagas de plantas y productos vegetales y promover medidas apropiadas para combatirlas.

               (5)

               La competencia de la Comunidad para celebrar o suscribir acuerdos o tratados internacionales no se deriva únicamente de la atribución explícita por el Tratado, sino que también puede derivarse de otras disposiciones del Tratado y de leyes adoptadas de acuerdo con esas disposiciones por las instituciones comunitarias.

               (6)

               Las cuestiones de la Convención CIPF caen también en el ámbito de los actuales reglamentos comunitarios en este campo.

               (7)

               Por consiguiente, la materia abarcada por la Convención CIPF es asunto que compete tanto a la Comunidad como a sus Estados miembros.

               (8)

               La Comunidad deberá adherirse a la Convención CIPF en lo que respecta a cuestiones de su competencia.

               (9)

               Debe autorizarse al Presidente del Consejo a depositar el instrumento de adhesión de la Comunidad.

         DECIDE:
   Artículo 1
   1.   La Comunidad Europea presentará una solicitud de adhesión a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria en lo que respecta a las materias que pertenecen a su ámbito de competencia.
   2.   El texto revisado de la Convención CIPF aprobado por la Resolución 12/97 de la vigesimonovena sesión de la Conferencia de la FAO de noviembre de 1997 se establece en el anexo I.
   Artículo 2
   1.   Se autoriza al Presidente del Consejo a depositar el instrumento de adhesión ante el Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (denominada en lo sucesivo «FAO»).
   2.   La declaración establecida en el anexo II se hará en el instrumento de adhesión.

      Hecho en Bruselas, el 19 de julio de 2004.

            Por el Consejo

            El Presidente

         C. VEERMAN

      (1)  Dictamen emitido el 8 de noviembre de 2003 (no publicado aún en el Diario Oficial).
   ANEXO I

      CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA
      Nuevo texto revisado aprobado mediante la Resolución 12/97 de la vigesimonovena sesión de la Conferencia de la FAO de noviembre de 1997
      Las partes contratantes,

                  —

                  reconociendo la necesidad de la cooperación internacional para combatir las plagas de las plantas y productos vegetales y para prevenir su diseminación internacional, y especialmente su introducción en áreas en peligro;

                  —

                  reconociendo que las medidas fitosanitarias deben estar técnicamente justificadas, ser transparentes y no se deben aplicar de manera que constituyan un medio de discriminación arbitraria o injustificada o una restricción encubierta, en particular del comercio internacional;

                  —

                  deseando asegurar la estrecha coordinación de las medidas tomadas a este efecto;

                  —

                  deseando proporcionar un marco para la formulación y aplicación de medidas fitosanitarias armonizadas y la elaboración de normas internacionales con este fin;

                  —

                  teniendo en cuenta los principios aprobados internacionalmente que rigen la protección de las plantas, de la salud humana y de los animales y del medio ambiente, y

                  —

                  tomando nota de los acuerdos concertados como consecuencia de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales, en particular el Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias,

            HAN CONVENIDO LO SIGUIENTE:
      Artículo I
      Propósitos y responsabilidades
      1.   Con el propósito de actuar eficaz y conjuntamente para prevenir la diseminación e introducción de plagas de plantas y productos vegetales y de promover medidas apropiadas para combatirlas, las partes contratantes se comprometen a adoptar las medidas legislativas, técnicas y administrativas que se especifican en esta Convención, y en otros acuerdos suplementarios en cumplimiento del artículo XVI.
      2.   Cada parte contratante asumirá la responsabilidad, sin menoscabo de las obligaciones adquiridas en virtud de otros acuerdos internacionales, de hacer cumplir todos los requisitos de esta Convención dentro de su territorio.
      3.   La división de responsabilidades para el cumplimiento de los requisitos de esta Convención entre las organizaciones miembros de la FAO y sus Estados miembros que sean partes contratantes deberá corresponder a sus respectivas competencias.
      4.   Cuando las partes contratantes lo consideren apropiado, las disposiciones de esta Convención pueden aplicarse, además de a las plantas y a los productos vegetales, a los lugares de almacenamiento, de empacado, los medios de transporte, contenedores, suelo y todo otro organismo, objeto o material capaz de albergar o diseminar plagas de plantas, en particular cuando medie el transporte internacional.
      Artículo II
      Términos utilizados
      1.   A los efectos de esta Convención, los siguientes términos tendrán el significado que se les asigna a continuación:
      «Área de escasa prevalencia de plagas»: área designada por las autoridades competentes, que puede abarcar la totalidad de un país, parte de un país o la totalidad o partes de varios países, en la que una determinada plaga se encuentra en escaso grado y que está sujeta a medidas efectivas de vigilancia, control o erradicación de la misma;
      «Comisión»: la Comisión de Medidas Fitosanitarias, establecida en virtud de lo dispuesto en el artículo XI;
      «Área en peligro»: área en donde los factores ecológicos favorecen el establecimiento de una plaga cuya presencia dentro del área dará como resultado importantes pérdidas económicas;
      «Establecimiento»: perpetuación, para el futuro previsible, de una plaga dentro de un área después de su entrada;
      «Medidas fitosanitarias armonizadas»: medidas fitosanitarias establecidas por las partes contratantes sobre la base de normas internacionales;
      «Normas internacionales»: normas internacionales establecidas de conformidad con lo dispuesto en el artículo X, párrafos 1 y 2;
      «Introducción»: entrada de una plaga que resulta en su establecimiento;
      «Plaga»: cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales;
      «Análisis del riesgo de plagas»: proceso de evaluación de los testimonios biológicos, científicos y económicos para determinar si una plaga debería ser reglamentada y la intensidad de cualesquiera medidas fitosanitarias que han de adoptarse para combatirla;
      «Medida fitosanitaria»: cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción y/o la diseminación de plagas;
      «Productos vegetales»: materiales no manufacturados de origen vegetal (comprendidos los granos) y aquellos productos manufacturados que, por su naturaleza o por su elaboración, puedan crear un riesgo de introducción y diseminación de plagas;
      «Plantas»: plantas vivas y partes de ellas, incluyendo las semillas y el germoplasma;
      «Plaga cuarentenaria»: plaga de importancia económica potencial para el área en peligro cuando aún la plaga no existe o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial;
      «Normas regionales»: normas establecida por una organización regional de protección fitosanitaria para servir de guía a los miembros de la misma;
      «Artículo reglamentado»: cualquier planta, producto vegetal, lugar de almacenamiento, de empacado, medio de transporte, contenedor, suelo y cualquier otro organismo, objeto o material capaz de albergar o diseminar plagas, que se considere que debe estar sujeto a medidas fitosanitarias, especialmente cuando se involucra el transporte internacional;
      «Plaga no cuarentenaria reglamentada»: plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para plantación influye en el uso propuesto para esas plantas con repercusiones económicamente inaceptables y que, por lo tanto, está reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora;
      «Plaga reglamentada»: plaga cuarentenaria o plaga no cuarentenaria reglamentada;
      «Secretario»: secretario de la Comisión nombrado en aplicación del artículo XII;
      «Técnicamente justificado»: justificado sobre la base de conclusiones alcanzadas mediante un apropiado análisis del riesgo de plagas o, cuando proceda, otro examen y evaluación comparable de la información científica disponible.
      2.   Se considerará que las definiciones que figuran en este artículo, dada su limitación a la aplicación de la presente Convención, no afectan a las definiciones contenidas en las leyes nacionales o reglamentaciones de las partes contratantes.
      Artículo III
      Relación con otros acuerdos internacionales
      Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a los derechos y obligaciones de las partes contratantes en virtud de acuerdos internacionales pertinentes.
      Artículo IV
      Disposiciones generales relativas a los acuerdos institucionales de protección fitosanitaria nacional
      1.   Cada parte contratante tomará las disposiciones necesarias para establecer en la mejor forma que pueda una organización nacional oficial de protección fitosanitaria, con las responsabilidades principales establecidas en este artículo.
      2.   Las responsabilidades de una organización nacional oficial de protección fitosanitaria incluirán las siguientes:

                  a)

                  la emisión de certificados referentes a la reglamentación fitosanitaria del país importador para los envíos de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados;

                  b)

                  la vigilancia de plantas en cultivo, tanto de las tierras cultivadas (por ejemplo, campos, plantaciones, viveros, jardines, invernaderos y laboratorios) y la flora silvestre, de las plantas y productos vegetales en almacenamiento o en transporte, particularmente con el fin de informar de la presencia, el brote y la diseminación de plagas, y de combatirlas, incluida la presentación de informes a que se hace referencia en el párrafo 1 a) del artículo VIII;

                  c)

                  la inspección de los envíos de plantas y productos vegetales que circulen en el tráfico internacional y, cuando sea apropiado, la inspección de otros artículos reglamentados, particularmente con el fin de prevenir la introducción y/o diseminación de plagas;

                  d)

                  la desinfestación o desinfección de los envíos de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados que circulen en el tráfico internacional, para cumplir los requisitos fitosanitarios;

                  e)

                  la protección de áreas en peligro y la designación, mantenimiento y vigilancia de áreas libres de plagas y áreas de escasa prevalencia de plagas;

                  f)

                  la realización de análisis del riesgo de plagas;

                  g)

                  para asegurar mediante procedimientos apropiados que la seguridad fitosanitaria de los envíos después de la certificación fitosanitaria respecto de la composición, sustitución y reinfestación se mantiene antes de la exportación, y

                  h)

                  la capacitación y formación de personal.

            3.   Cada parte contratante tomará las medidas necesarias, en la mejor forma que pueda, para:

                  a)

                  la distribución, dentro del territorio de la parte contratante, de información sobre plagas reglamentadas y sobre los medios de prevenirlas y controlarlas;

                  b)

                  investigaciones en el campo de la protección fitosanitaria;

                  c)

                  la promulgación de reglamentación fitosanitaria, y

                  d)

                  el desempeño de cualquier otra función que pueda ser necesaria para la aplicación de esta Convención.

            4.   Cada una de las partes contratantes presentará al Secretario una descripción de su organización nacional encargada oficialmente de la protección fitosanitaria y de las modificaciones que en la misma se introduzcan. Una parte contratante proporcionará a otra parte contratante que lo solicite una descripción de sus acuerdos institucionales en materia de protección fitosanitaria.
      Artículo V
      Certificación fitosanitaria
      1.   Cada parte contratante adoptará disposiciones para la certificación fitosanitaria, con el objetivo de garantizar que las plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados exportados y sus envíos estén conformes con la declaración de certificación que ha de hacerse en cumplimiento del párrafo 2 b) de este artículo.
      2.   Cada parte contratante adoptará disposiciones para la emisión de certificados fitosanitarios en conformidad con las estipulaciones siguientes:

                  a)

                  La inspección y otras actividades relacionadas con ella que conduzcan a la emisión de certificados fitosanitarios serán efectuadas solamente por la organización oficial nacional de protección fitosanitaria o bajo su autoridad. La emisión de certificados fitosanitarios estará a cargo de funcionarios públicos, técnicamente calificados y debidamente autorizados por la organización nacional oficial de protección fitosanitaria para que actúen en su nombre y bajo su control, en posesión de conocimientos e información de tal naturaleza que las autoridades de las partes contratantes importadoras puedan aceptar los certificados fitosanitarios con la confianza de que son documentos fehacientes.

                  b)

                  Los certificados fitosanitarios o sus equivalentes electrónicos, cuando la parte contratante importadora en cuestión los acepte, deberán redactarse en la forma que se indica en los modelos que se adjuntan en el anexo a esta Convención. Estos certificados se completarán y emitirán tomando en cuenta las normas internacionales pertinentes.

                  c)

                  Las correcciones o supresiones no certificadas invalidarán el certificado.

            3.   Cada parte contratante se compromete a no exigir que los envíos de plantas o productos vegetales u otros artículos reglamentados que se importan a sus territorios vayan acompañadas de certificados fitosanitarios que no se ajusten a los modelos que aparecen en el anexo a esta Convención. Todo requisito de declaraciones adicionales deberá limitarse a lo que esté técnicamente justificado.
      Artículo VI
      Plagas reglamentadas
      1.   Las partes contratantes podrán exigir medidas fitosanitarias para las plagas cuarentenarias y las plagas no cuarentenarias reglamentadas, siempre que tales medidas sean:

                  a)

                  no más restrictivas que las medidas aplicadas a las mismas plagas, si están presentes en el territorio de la parte contratante importadora, y

                  b)

                  limitadas a lo que es necesario para proteger la sanidad vegetal y/o salvaguardar el uso propuesto y está técnicamente justificado por la parte contratante interesada.

            2.   Las partes contratantes no exigirán medidas fitosanitarias para las plagas no reglamentadas.
      Artículo VII
      Requisitos relativos a la importación
      1.   Con el fin de prevenir la introducción y/o la diseminación de plagas reglamentadas en sus respectivos territorios, las partes contratantes tendrán autoridad soberana para reglamentar, de conformidad con los acuerdos internacionales aplicables, la entrada de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados y, a este efecto, pueden:

                  a)

                  imponer y adoptar medidas fitosanitarias con respecto a la importación de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, incluyendo por ejemplo inspección, prohibición de la importación y tratamiento;

                  b)

                  prohibir la entrada o detener, o exigir el tratamiento, la destrucción o la retirada, del territorio de la parte contratante, de plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados o de sus envíos que no cumplan con las medidas fitosanitarias estipuladas o adoptadas en virtud de lo dispuesto en el apartado a);

                  c)

                  prohibir o restringir el traslado de plagas reglamentadas en sus territorios;

                  d)

                  prohibir o restringir, en sus territorios, el desplazamiento de agentes de control biológico y otros organismos de interés fitosanitario que se considere que son beneficiosos.

            2.   Con el fin de minimizar la interferencia en el comercio internacional, las partes contratantes, en el ejercicio de su autoridad con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, se comprometen a proceder de acuerdo con las siguientes condiciones:

                  a)

                  Las partes contratantes, al aplicar su legislación fitosanitaria, no tomarán ninguna de las medidas especificadas en el párrafo 1 de este artículo, a menos que resulten necesarias debido a consideraciones fitosanitarias y estén técnicamente justificadas.

                  b)

                  Las partes contratantes deberán publicar y transmitir los requisitos, restricciones y prohibiciones fitosanitarios inmediatamente después de su adopción a cualesquiera partes contratantes que consideren que podrían verse directamente afectadas por tales medidas.

                  c)

                  Las partes contratantes deberán, si alguna de ellas lo solicita, poner a su disposición los fundamentos de los requisitos, restricciones y prohibiciones fitosanitarios.

                  d)

                  Si una parte contratante exige que los envíos de ciertas plantas o productos vegetales se importen solamente a través de determinados puntos de entrada, dichos puntos deberán ser seleccionados de manera que no se entorpezca sin necesidad el comercio internacional. La respectiva parte contratante publicará una lista de dichos puntos de entrada y la comunicará al Secretario, a cualquier organización regional de protección fitosanitaria a la que pertenezca, a todas las partes contratantes que la parte contratante considere que podrían verse directamente afectadas, y a otras partes contratantes que lo soliciten. Estas restricciones respecto a los puntos de entrada no se establecerán, a menos que las plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados en cuestión necesiten ir amparados por certificados fitosanitarios o ser sometidos a inspección o tratamiento.

                  e)

                  Cualquier inspección u otro procedimiento fitosanitario exigido por la organización de protección fitosanitaria de una parte contratante para un envío de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados que se ofrecen para la importación deberá efectuarse lo más pronto posible, teniendo debidamente en cuenta su perecibilidad.

                  f)

                  Las partes contratantes importadoras deberán informar, lo antes posible, de los casos importantes de incumplimiento de la certificación fitosanitaria a la parte contratante exportadora interesada o, cuando proceda, a la parte contratante reexportadora interesada. La parte contratante exportadora o, cuando proceda, la parte contratante reexportadora en cuestión investigará y comunicará a la parte contratante importadora en cuestión, si así lo solicita, las conclusiones de su investigación.

                  g)

                  Las partes contratantes deberán establecer solamente medidas fitosanitarias que estén técnicamente justificadas, consistentes con el riesgo de plagas de que se trate y constituyan las medidas menos restrictivas disponibles y den lugar a un impedimento mínimo de los desplazamientos internacionales de personas, productos básicos y medios de transporte.

                  h)

                  Las partes contratantes deberán asegurar, cuando cambien las condiciones y se disponga de nuevos datos, la modificación pronta o la supresión de las medidas fitosanitarias si se considera que son innecesarias.

                  i)

                  Las partes contratantes deberán establecer y actualizar, lo mejor que puedan, listas de plagas reglamentadas, con sus nombres científicos, y poner dichas listas periódicamente a disposición del Secretario, las organizaciones regionales de protección fitosanitaria a las que pertenezcan y a otras partes contratantes, si así lo solicitan.

                  j)

                  Las partes contratantes deberán llevar a cabo, lo mejor que puedan, una vigilancia de plagas y desarrollar y mantener información adecuada sobre la situación de las plagas para facilitar su clasificación, así como para elaborar medidas fitosanitarias apropiadas. Esta información se pondrá a disposición de las partes contratantes que la soliciten.

            3.   Una parte contratante podrá aplicar las medidas especificadas en este artículo a plagas que pueden no tener la capacidad de establecerse en sus territorios pero que, si lograran entrar, causarían daños económicos. Las medidas que se adopten para controlar estas plagas deben estar técnicamente justificadas.
      4.   Las partes contratantes podrán aplicar las medidas especificadas en este artículo a los envíos en tránsito a través de sus territorios sólo cuando dichas medidas estén técnicamente justificadas y sean necesarias para prevenir la introducción y/o diseminación de plagas.
      5.   Las partes contratantes podrán aplicar las medidas especificadas en este artículo a los envíos en tránsito a través de sus territorios sólo cuando dichas medidas estén técnicamente justificadas y sean necesarias para prevenir la introducción y/o diseminación de plagas.
      6.   Nada de lo dispuesto en este artículo impedirá a cualquier parte contratante adoptar medidas apropiadas de emergencia ante la detección de una plaga que represente una posible amenaza para sus territorios o la notificación de tal detección. Cualquier medida de esta índole se deberá evaluar lo antes posible para asegurar que está justificado su mantenimiento. La medida tomada se notificará inmediatamente a las partes contratantes interesadas, al Secretario y a cualquier organización regional de protección fitosanitaria a la que pertenezca la parte contratante.
      Artículo VIII
      Cooperación internacional
      1.   Las partes contratantes cooperarán entre sí en la mayor medida posible para el cumplimiento de los fines de la presente Convención, y deberán en particular:

                  a)

                  cooperar en el intercambio de información sobre plagas de plantas, en particular comunicando la presencia, el brote o la diseminación de plagas que puedan constituir un peligro inmediato o potencial, de conformidad con los procedimientos que pueda establecer la Comisión;

                  b)

                  participar, en la medida de lo posible, en cualesquiera campañas especiales para combatir las plagas que puedan amenazar seriamente la producción de cultivos y requieran medidas internacionales para hacer frente a las emergencias, y

                  c)

                  cooperar, en la medida en que sea factible, en el suministro de información técnica y biológica necesaria para el análisis del riesgo de plagas.

            2.   Cada parte contratante designará un punto de contacto para el intercambio de información relacionada con la aplicación de la presente Convención.
      Artículo IX
      Organizaciones regionales de protección fitosanitaria
      1.   Las partes contratantes se comprometen a cooperar entre sí para establecer organizaciones regionales de protección fitosanitaria en las áreas apropiadas.
      2.   Las organizaciones regionales de protección fitosanitaria funcionarán como organismos de coordinación en las áreas de su jurisdicción, participarán en las distintas actividades encaminadas a alcanzar los objetivos de esta Convención y, cuando así convenga, reunirán y divulgarán información.
      3.   Las organizaciones regionales de protección fitosanitaria cooperarán con el Secretario en la consecución de los objetivos de la Convención y, cuando proceda, cooperarán con el Secretario y la Comisión en la elaboración de normas internacionales.
      4.   El Secretario convocará consultas técnicas periódicas de representantes de las organizaciones regionales de protección fitosanitaria para:

                  a)

                  promover la elaboración y utilización de normas internacionales pertinentes para medidas fitosanitarias, y

                  b)

                  estimular la cooperación interregional para promover medidas fitosanitarias armonizadas destinadas a controlar plagas e impedir su diseminación y/o introducción.

            Artículo X
      Normas
      1.   Las partes contratantes acuerdan cooperar en la elaboración de normas internacionales de conformidad con los procedimientos adoptados por la Comisión.
      2.   La aprobación de las normas internacionales estará a cargo de la Comisión.
      3.   Las normas regionales deben ser consistentes con los principios de esta Convención; tales normas podrán depositarse en la Comisión para su consideración como posibles normas internacionales sobre medidas fitosanitarias si se aplican más ampliamente.
      4.   Cuando emprendan actividades relacionadas con esta Convención, las partes contratantes deberán tener en cuenta, según proceda, las normas internacionales.
      Artículo XI
      Comisión de medidas fitosanitarias
      1.   Las partes contratantes acuerdan el establecimiento de la Comisión de Medidas Fitosanitarias en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
      2.   Las funciones de la Comisión serán promover la plena consecución de los objetivos de la Convención, y en particular:

                  a)

                  examinar el estado de la protección fitosanitaria en el mundo y la necesidad de medidas para controlar la diseminación internacional de plagas y su introducción en áreas en peligro;

                  b)

                  establecer y mantener bajo revisión los mecanismos y procedimientos institucionales necesarios para la elaboración y aprobación de normas internacionales, y aprobar éstas;

                  c)

                  establecer reglas y procedimientos para la solución de controversias de conformidad con lo dispuesto en el artículo XIII;

                  d)

                  establecer los órganos auxiliares de la Comisión que puedan ser necesarios para el desempeño apropiado de sus funciones;

                  e)

                  aprobar directrices relativas al reconocimiento de las organizaciones regionales de protección fitosanitaria;

                  f)

                  establecer la cooperación con otras organizaciones internacionales pertinentes sobre asuntos comprendidos en el ámbito de la presente Convención;

                  g)

                  aprobar las recomendaciones que sean necesarias para la aplicación de la Convención, y

                  h)

                  desempeñar otras funciones que puedan ser necesarias para el logro de los objetivos de esta Convención.

            3.   Podrán pertenecer a la Comisión todas las partes contratantes.
      4.   Cada parte contratante podrá estar representada en las reuniones de la Comisión por un solo delegado, que puede estar acompañado por un suplente y por expertos y asesores. Los suplentes, expertos y asesores podrán tomar parte en los debates de la Comisión, pero no votar, excepto en el caso de un suplente debidamente autorizado para sustituir al delegado.
      5.   Las partes contratantes harán todo lo posible para alcanzar un acuerdo sobre todos los asuntos por consenso. En el caso de que se hayan agotado todos los esfuerzos para alcanzar el consenso y no se haya llegado a un acuerdo, la decisión se adoptará en última instancia por mayoría de dos tercios de las partes contratantes presentes y votantes.
      6.   Una organización miembro de la FAO que sea parte contratante y los Estados miembros de dicha organización miembro que sean partes contratantes ejercerán los derechos y cumplirán las obligaciones que les corresponden como miembros, de conformidad, mutatis mutandis, con las disposiciones de la Constitución y el Reglamento General de la FAO.
      7.   La Comisión podrá aprobar y enmendar, en caso necesario, su propio reglamento, que no deberá ser incompatible con la presente Convención o con la Constitución de la FAO.
      8.   El Presidente de la Comisión convocará una reunión ordinaria anual de ésta.
      9.   Las reuniones extraordinarias de la Comisión serán convocadas por el Presidente de la Comisión a petición de por lo menos un tercio de sus miembros.
      10.   La Comisión elegirá su Presidente y no más de dos Vicepresidentes, cada uno de los cuales ocupará el cargo por un período de dos años.
      Artículo XII
      Secretaría
      1.   El Secretario de la Comisión será nombrado por el Director General de la FAO.
      2.   El Secretario contará con la ayuda del personal de secretaría que sea necesario.
      3.   El Secretario se encargará de llevar a cabo las políticas y actividades de la Comisión y desempeñar cualesquiera otras funciones que se le asignen en la presente Convención, e informará al respecto a la Comisión.
      4.   El Secretario divulgará:

                  a)

                  normas internacionales, en un plazo de 60 días a partir de su aprobación, a todas las partes contratantes;

                  b)

                  listas de puntos de entrada comunicadas por las partes contratantes, tal como se estipula en el párrafo 2 d) del artículo VII, a todas las partes contratantes;

                  c)

                  listas de plagas reglamentadas cuya introducción está prohibida o a la que se hace referencia en el párrafo 2 i) del artículo VII, a todas las partes contratantes y a las organizaciones regionales de protección fitosanitaria;

                  d)

                  información recibida de las partes contratantes sobre requisitos, restricciones, y prohibiciones, a las que se hace referencia en el párrafo 2 b) del artículo VII, y descripciones de las organizaciones nacionales de protección fitosanitaria, a las que se hace referencia en el párrafo 4 del artículo IV.

            5.   El Secretario proporcionará traducciones a los idiomas oficiales de la FAO de la documentación para las reuniones de la Comisión y de las normas internacionales.
      6.   El Secretario cooperará con las organizaciones regionales de protección fitosanitaria para lograr los fines de la Convención.
      Artículo XIII
      Solución de controversias
      1.   Si surge alguna controversia respecto a la interpretación o aplicación de esta Convención o si una de las partes contratantes considera que la actitud de otra parte contratante está en conflicto con las obligaciones que imponen a ésta los artículos V y VII de esta Convención y, especialmente, en lo que se refiere a las razones que tenga para prohibir o restringir las importaciones de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados procedentes de sus territorios, las partes contratantes interesadas deberán consultar entre sí lo antes posible con objeto de solucionar la controversia.
      2.   Si la controversia no se puede solucionar por los medios indicados en el párrafo 1, la parte o partes contratantes interesadas podrán pedir al Director General de la FAO que nombre un comité de expertos para examinar la cuestión controvertida, de conformidad con los reglamentos y procedimientos que puedan ser adoptados por la Comisión.
      3.   Este Comité deberá incluir representantes designados por cada parte contratante interesada. El Comité examinará la cuestión en disputa, teniendo en cuenta todos los documentos y demás medios de prueba presentados por las partes contratantes interesadas. El Comité deberá preparar un informe sobre los aspectos técnicos de la controversia con miras a la búsqueda de una solución. La preparación del informe y su aprobación deberán ajustarse a los reglamentos y procedimientos establecidos por la Comisión, y el informe será transmitido por el Director General a las partes contratantes interesadas. El informe podrá ser presentado también, cuando así se solicite, al órgano competente de la organización internacional encargada de solucionar las controversias comerciales.
      4.   Las partes contratantes convienen en que las recomendaciones de dicho Comité, aunque no tienen carácter obligatorio, constituirán la base para que las partes contratantes interesadas examinen de nuevo las cuestiones que dieron lugar al desacuerdo.
      5.   Las partes contratantes interesadas compartirán los gastos de los expertos.
      6.   Las disposiciones del presente artículo serán complementarias y no derogatorias de los procedimientos de solución de controversias estipulados en otros acuerdos internacionales relativos a asuntos comerciales.
      Artículo XIV
      Sustitución de acuerdos anteriores
      Esta Convención dará fin y sustituirá, entre las partes contratantes, a la Convención Internacional relativa a las medidas que deben tomarse contra la Phylloxera vastatrix, suscrita el 3 de noviembre de 1881, a la Convención adicional firmada en Berna el 15 de abril de 1889 y a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria firmada en Roma el 16 de abril de 1929.
      Artículo XV
      Aplicación territorial
      1.   Toda parte contratante puede, en el momento de la ratificación o de la adhesión o posteriormente, enviar al Director General de la FAO la declaración de que esta Convención se extenderá a todos o a algunos de los territorios de cuyas relaciones internacionales sea responsable, y esta Convención se aplicará a todos los territorios especificados en dicha declaración a partir del trigésimo día de su recepción por el Director General.
      2.   Toda parte contratante que haya enviado al Director General de la FAO una declaración de acuerdo con el párrafo 1 de este artículo podrá, en cualquier momento, enviar una nueva declaración que modifique el alcance de cualquier declaración anterior o que haga cesar la aplicación de las disposiciones de la presente Convención a cualquier territorio. Dicha modificación o cancelación surtirá efecto a partir del trigésimo día después de la fecha en que la declaración haya sido recibida por el Director General.
      3.   El Director General de la FAO informará a todas las partes contratantes de cualquier declaración recibida con arreglo al presente artículo.
      Artículo XVI
      Acuerdos suplementarios
      1.   Las partes contratantes podrán, con el fin de resolver problemas especiales de protección fitosanitaria que necesiten particular atención o cuidado, concertar acuerdos suplementarios. Tales acuerdos podrán ser aplicables a regiones concretas, a determinadas plagas, a ciertas plantas y productos vegetales, a determinados métodos de transporte internacional de plantas y productos vegetales, o complementar de cualquier otro modo las disposiciones de esta Convención.
      2.   Todo acuerdo suplementario de este tipo entrará en vigor para cada parte contratante interesada después de su aceptación de conformidad con los acuerdos suplementarios pertinentes.
      3.   Los acuerdos suplementarios promoverán el logro de los objetivos de esta Convención y se ajustarán a los principios y disposiciones de la misma, así como a los principios de transparencia y no discriminación y de evitar restricciones encubiertas, especialmente en el comercio internacional.
      Artículo XVII
      Ratificación y adhesión
      1.   Esta Convención quedará abierta a la firma de todos los Estados hasta el 1 de mayo de 1952 y deberá ser ratificada a la mayor brevedad posible. Los instrumentos de ratificación serán depositados en la Oficina del Director General de la FAO, quien comunicará a todos los Estados signatarios la fecha en que se haya verificado el depósito.
      2.   Tan pronto como haya entrado en vigor esta Convención, conforme a lo dispuesto en el artículo XXII, quedará abierta a la adhesión de los Estados no signatarios y organizaciones miembros de la FAO. La adhesión se efectuará mediante la entrega del instrumento de adhesión ante el Director General de la FAO, quien comunicará el particular a todas las partes contratantes.
      3.   Cuando una organización miembro de la FAO se hace parte contratante en esta Convención, dicha organización miembro deberá, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo II de la Constitución de la FAO, según proceda, notificar en el momento de su adhesión las modificaciones o aclaraciones a su declaración de competencias sometida en virtud del párrafo 5 del artículo II de la Constitución de la FAO, según sea necesario teniendo en cuenta su aceptación de esta Convención. Cualquier parte contratante en esta Convención podrá, en cualquier momento, pedir a una organización miembro de la FAO que sea parte contratante en esta Convención que facilite información sobre quién, entre la organización miembro y sus Estados miembros, es responsable de la aplicación de cualquier asunto concreto regulado por esta Convención. La organización miembro deberá facilitar esta información en un plazo de tiempo razonable.
      Artículo XVIII
      Partes no contratantes
      Las partes contratantes alentarán a cualquier Estado u organización miembro de la FAO que no sea parte de la presente Convención a aceptarla, y alentarán a cualquier parte no contratante a que aplique medidas fitosanitarias acordes con las disposiciones de esta Convención y cualquier norma internacional aprobada con arreglo a ella.
      Artículo XIX
      Idiomas
      1.   Serán textos auténticos de la Convención los redactados en todos los idiomas oficiales de la FAO.
      2.   Nada de lo dispuesto en la presente Convención se interpretará como una exigencia a las partes contratantes de proporcionar y publicar documentos o proporcionar copias de ellos en idiomas distintos de los de la parte contratante, con las excepciones que se indican en el párrafo 3 infra.
      3.   Los siguientes documentos estarán en al menos uno de los idiomas oficiales de la FAO:

                  a)

                  información proporcionada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 4 del artículo IV;

                  b)

                  notas de envío con datos bibliográficos transmitidas de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 2 b) del artículo VII;

                  c)

                  información proporcionada con arreglo a lo dispuesto en los párrafos 2 b), d), i) y j) del artículo VII;

                  d)

                  notas con datos bibliográficos y un breve resumen sobre documentos de interés relativos a la información proporcionada de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1 a) del artículo VIII;

                  e)

                  solicitudes de información a los puntos de contacto, así como las respuestas a tales solicitudes, pero excluidos los documentos que se adjunten;

                  f)

                  todo documento puesto a disposición por las partes contratantes para las reuniones de la Comisión.

            Artículo XX
      Asistencia técnica
      Las partes contratantes acuerdan fomentar la prestación de asistencia técnica a las partes contratantes, especialmente las que sean países en desarrollo, de manera bilateral o por medio de las organizaciones internacionales apropiadas, con objeto de facilitar la aplicación de esta Convención.
      Artículo XXI
      Enmiendas
      1.   Cualquier propuesta que haga una parte contratante para enmendar esta Convención deberá comunicarse al Director General de la FAO.
      2.   Cualquier propuesta de enmienda a esta Convención que reciba el Director General de la FAO de una parte contratante deberá ser presentada en un período ordinario o extraordinario de sesiones de la Comisión para su aprobación y, si la enmienda implica cambios técnicos de importancia o impone obligaciones adicionales a las partes contratantes, deberá ser estudiada por un comité consultivo de especialistas que convoque la FAO antes de la reunión de la Comisión.
      3.   El Director General de la FAO notificará a las partes contratantes cualquier propuesta de enmienda de la presente Convención, que no sea una enmienda al anexo, a más tardar en la fecha en que se envíe el programa del período de sesiones de la Comisión en el cual haya de considerarse dicha enmienda.
      4.   Cualquiera de las enmiendas a esta Convención así propuesta requerirá la aprobación de la Comisión y entrará en vigor a los 30 días de haber sido aceptada por las dos terceras partes de las partes contratantes. A efectos del presente artículo, un instrumento depositado por una organización miembro de la FAO no se considerará adicional a los depositados por los Estados miembros de dicha organización.
      5.   Sin embargo, las enmiendas que impliquen nuevas obligaciones para las partes contratantes entrarán en vigor, para cada una de dichas partes, solamente después de que las hayan aceptado y de que hayan transcurrido 30 días desde dicha aceptación. Los instrumentos de aceptación de las enmiendas que impliquen nuevas obligaciones deberán depositarse en el despacho del Director General de la FAO, quien a su vez deberá informar a todas las partes contratantes del recibo de las aceptaciones y la entrada en vigor de las enmiendas.
      6.   Las propuestas de enmiendas a los modelos de certificado fitosanitario que figura en el anexo a esta Convención se enviarán al Secretario y serán examinadas por la Comisión para su aprobación. Las enmiendas al anexo que apruebe la Comisión entrarán en vigor a los 90 días de su notificación a las partes contratantes por el Secretario.
      7.   Tras hacerse efectiva una enmienda a los modelos de certificado fitosanitario que se establece en el anexo a esta Convención, las versiones precedentes de los certificados fitosanitarios tendrán también validez legal para los efectos de esta Convención durante un período no superior a 12 meses.
      Artículo XXII
      Vigencia
      Tan pronto como esta Convención haya sido ratificada por tres Estados signatarios, entrará en vigor entre ellos. Para cada Estado u organización miembro de la FAO que la ratifique o que se adhiera en lo sucesivo, entrará en vigor a partir de la fecha de depósito de su instrumento de ratificación o adhesión.
      Artículo XXIII
      Denuncia
      1.   Toda parte contratante podrá en cualquier momento denunciar esta Convención mediante notificación dirigida al Director General de la FAO. El Director General informará inmediatamente a todas las partes contratantes.
      2.   La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Director General de la FAO haya recibido la notificación.

   ANEXO AL ANEXO I

   ANEXO II
   Declaración de la Comunidad Europea sobre el ejercicio de competencias de conformidad con el apartado 3 del artículo XVII de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria
   De conformidad con lo dispuesto en el artículo II.7 de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Comunidad Europea declara por la presente que su declaración de competencia presentada a la FAO de conformidad con el artículo II.5 de la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación sigue siendo aplicable a la luz de su adhesión a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF).


title: 2004/750/CE:Decisión del Consejo, de 21 de octubre de 2004, relativa a la apertura de negociaciones acerca de un acuerdo sobre las relaciones monetarias con el Principado de Andorra

text:
               6.11.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 332/15

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 21 de octubre de 2004
   relativa a la apertura de negociaciones acerca de un acuerdo sobre las relaciones monetarias con el Principado de Andorra
   (2004/750/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Decisión 2004/548/CE del Consejo, de 11 de mayo de 2004, relativa a la posición que debe adoptar la Comunidad acerca de un acuerdo sobre las relaciones monetarias con el Principado de Andorra (1), y, en particular, su artículo 8,
   Vista la Recomendación de la Comisión (2),
   Visto el dictamen del Banco Central Europeo (3),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La apertura de las negociaciones relativas a un acuerdo con el Principado de Andorra (en lo sucesivo, «Andorra») sobre asuntos monetarios debe supeditarse al cumplimiento de las condiciones necesarias. La rúbrica previa por ambas partes del acuerdo sobre la fiscalidad de los rendimientos del ahorro y el compromiso de Andorra de ratificar este acuerdo antes de una fecha que se habrá de acordar con la Comunidad deben figurar entre estas condiciones.

               (2)

               El 1 de julio de 2004, Andorra y la Comisión rubricaron el Acuerdo que contempla medidas equivalentes a las establecidas en la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a la fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pagos de intereses (4).

               (3)

               En virtud de la nota verbal de 1 de julio de 2004 de la Embajadora de Andorra ante la Comunidad, este país se ha comprometido a ratificar este acuerdo antes del 30 de abril de 2005. Esta fecha es aceptable para la Comunidad.

               (4)

               Si Andorra no ratifica el acuerdo sobre la fiscalidad del ahorro antes de la fecha acordada, las negociaciones relativas al acuerdo monetario deberán suspenderse hasta dicha ratificación.

         DECIDE:
   Artículo único
   Se cumplen las condiciones necesarias para la apertura de las negociaciones con el Principado de Andorra relativas a un acuerdo sobre asuntos monetarios, conforme a lo establecido en el artículo 8 de la Decisión 2004/548/CE, relativa a la posición que debe adoptar la Comunidad acerca de un acuerdo sobre las relaciones monetarias con el Principado de Andorra.
   La Comisión informará al Principado de Andorra de la disposición de la Comunidad a celebrar un acuerdo sobre asuntos monetarios y propondrá el inicio de negociaciones a tal efecto.

      Hecho en Luxemburgo, el 21 de octubre de 2004.

            Por el Consejo

            El Presidente

         G. ZALM

      (1)  DO L 244 de 16.7.2004, pp. 47-49.

      (2)  DO C 244 de 1.10.2004, p. 19.

      (3)  DO C 256 de 16.10.2004, p. 9.

      (4)  DO L 157 de 26.6.2003, p. 38.