title: Decisión 2008/633/JAI del Consejo, de 23 de junio de 2008 , sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves

text:
               13.8.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 218/129

      DECISIÓN 2008/633/JAI DEL CONSEJO

   de 23 de junio de 2008
   sobre el acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, con fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 30, apartado 1, letra b), y su artículo 34, apartado 2, letra c),
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Decisión 2004/512/CE del Consejo, de 8 de junio de 2004, por la que se establece el Sistema de Información de Visados (VIS) (1), estableció un sistema de intercambio de datos sobre visados entre los Estados miembros. La creación del VIS constituye una de las iniciativas clave de las políticas de la Unión Europea destinadas a establecer un espacio de libertad, seguridad y justicia. El VIS debe tener como objetivo mejorar la aplicación de la política común de visados y contribuir también a la seguridad interior y la lucha contra el terrorismo en circunstancias claramente definidas y supervisadas.

               (2)

               En su reunión del 7 de marzo de 2005, el Consejo adoptó en sus conclusiones que «para cumplir plenamente el objetivo de mejorar la seguridad interior y la lucha antiterrorista», debe garantizarse a las autoridades de los Estados miembros responsables en materia de seguridad interior el acceso al VIS «dentro del marco del ejercicio de sus competencias en el ámbito de la prevención y la detección de infracciones penales y de investigación en la materia, incluidos los actos o amenazas terroristas», «dentro del estricto respeto de las normas relativas a la protección de datos de carácter personal».

               (3)

               Es esencial que, en la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves, los servicios responsables tengan la información más completa y actualizada en sus sectores respectivos. Los servicios nacionales competentes de los Estados miembros necesitan información para desempeñar sus tareas. La información que contiene el VIS puede ser necesaria para la prevención y la lucha contra el terrorismo y los delitos graves y, por lo tanto, debe estar disponible, con arreglo a las condiciones establecidas en la presente Decisión, para ser consultada por las autoridades designadas.

               (4)

               Además, el Consejo Europeo ha declarado que Europol desempeña una función clave para la cooperación entre las autoridades de los Estados miembros en el ámbito de la investigación penal transfronteriza, al apoyar la investigación, los análisis y la prevención de la delincuencia en toda la Unión. En consecuencia, Europol también debe tener acceso a los datos del VIS, en el marco de sus funciones y de conformidad con el Convenio de 26 de julio de 1995, por el que se crea una Oficina Europea de Policía (2).

               (5)

               La presente Decisión es complementaria del Reglamento (CE) no 767/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, sobre el Sistema de Información de Visados (VIS) y el intercambio de datos sobre visados de corta duración entre los Estados miembros (Reglamento VIS) (3), en la medida en que establece la base jurídica, prevista en el título VI del Tratado de la Unión Europea, que autoriza el acceso al VIS a las autoridades designadas y a Europol.

               (6)

               Es necesario designar a las autoridades competentes de los Estados miembros, así como los puntos centrales de acceso a través de los cuales se facilita el acceso, y disponer de una lista de las unidades encargadas de las autoridades designadas autorizadas a acceder al VIS con fines específicos de prevención, detección e investigación de los delitos de terrorismo y otros delitos graves, como se menciona en la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (4). Es fundamental garantizar que el personal debidamente habilitado para acceder al VIS se limite a quienes «necesitan saber» y poseen los conocimientos adecuados en materia de seguridad de datos y de normas de protección de datos.

               (7)

               Las unidades encargadas de las autoridades designadas deben presentar solicitudes de acceso al VIS a los puntos centrales de acceso. Dichos puntos deben tramitar a continuación las solicitudes de acceso al VIS al comprobar si se cumplen todas las condiciones de acceso. En un caso excepcional de urgencia, los puntos centrales de acceso deben tramitar la solicitud de inmediato y solo posteriormente efectuar la comprobación.

               (8)

               A fin de proteger los datos personales y, en particular, de excluir el acceso regular, la tramitación de datos del VIS solo se efectuará en función del caso concreto. Casos concretos de este tipo se dan, en particular, cuando el acceso a la consulta esté vinculado con un acontecimiento específico, o con un peligro asociado a un delito grave, o con una persona específica con respecto a la cual haya motivos fundados para creer que cometerá o ha cometido actos de terrorismo u otros delitos graves o que guarda una relación pertinente con una persona así. Las autoridades designadas y Europol realizarán búsquedas en los datos contenidos en el VIS únicamente cuando tengan motivos fundados para creer que dicha búsqueda facilitará información que les ayudará sustancialmente en la prevención, detección o investigación de un delito grave.

               (9)

               Cuando la propuesta de Decisión marco sobre la protección de datos de carácter personal tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal haya entrado en vigor, deberá aplicarse a los datos de carácter personal tratados con arreglo a la presente Decisión. No obstante, hasta que las normas establecidas en dicha Decisión marco sean aplicables y para completarlas, habrá que prever las disposiciones adecuadas para garantizar la necesaria protección de los datos. Cada Estado miembro debe garantizar un nivel de protección de datos adecuado en su legislación nacional que corresponda al menos con el que se deriva del Convenio del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y la respectiva jurisprudencia relativa al artículo 8 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y, para los Estados miembros que lo hayan ratificado, el Protocolo adicional al Convenio de 8 de noviembre de 2001, y tener en cuenta la Recomendación no R (87) 15 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 17 de septiembre de 1987, por la que se regula la utilización de datos personales en el sector policial.

               (10)

               El control eficaz de la aplicación de la presente Decisión debe evaluarse a intervalos regulares.

               (11)

               Dado que los objetivos de la presente Decisión, a saber, la creación de obligaciones y condiciones de acceso para la consulta de datos del VIS por las autoridades designadas de los Estados miembros y por Europol, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión Europea, el Consejo puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad mencionado en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y definido en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

               (12)

               Con arreglo al artículo 47 del Tratado de la Unión Europea, la presente Decisión no afecta a las competencias de la Comunidad Europea, en particular a las ejercidas en virtud del Reglamento (CE) no 767/2008 y de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (5).

               (13)

               La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el que el Reino Unido no participa de conformidad con la Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (6). Por consiguiente, el Reino Unido no participa en su adopción y no está vinculado ni sometido a su aplicación.

               (14)

               La presente Decisión constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, en el que Irlanda no participa de conformidad con la Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (7). Por consiguiente, Irlanda no participa en su adopción y no está vinculada ni sometida a su aplicación.

               (15)

               No obstante, con arreglo a la Decisión marco 2006/960/JAI del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación del intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea (8), las autoridades competentes de los Estados miembros cuyas autoridades designadas tengan acceso al VIS con arreglo a la presente Decisión pueden facilitar la información contenida en el VIS al Reino Unido y a Irlanda. La información conservada en los registros nacionales sobre visados del Reino Unido e Irlanda puede facilitarse a las autoridades judiciales y policiales competentes de los demás Estados miembros. Cualquier forma de acceso directo de las autoridades centrales del Reino Unido e Irlanda al VIS requeriría, con arreglo a su situación actual de participación en el acervo de Schengen, un acuerdo entre la Comunidad y dichos Estados miembros, posiblemente complementado por otras disposiciones que especifiquen las condiciones y procedimientos para dicho acceso.

               (16)

               En lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Decisión constituye, con excepción del artículo 7, un acto de desarrollo de las disposiciones del acervo Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (9), que entra dentro del ámbito a que se refiere el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (10), relativa a determinadas normas de desarrollo de dicho Acuerdo.

               (17)

               Por lo que se refiere a Suiza, la presente Decisión desarrolla, con excepción del artículo 7, disposiciones del acervo de Schengen, en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, letra B, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 4, apartado 1, de la Decisión 2004/849/CE del Consejo (11).

               (18)

               La presente Decisión, salvo el artículo 6, constituye un acto basado en el acervo de Schengen o relativo al mismo según la definición del artículo 3, apartado 2, del Acta de adhesión de 2003 y del artículo 4, apartado 2, del Acta de adhesión de 2005.

               (19)

               La presente Decisión respeta los derechos fundamentales y observa los principios reflejados, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Objeto y ámbito de aplicación
   La presente Decisión establece las condiciones en que las autoridades designadas de los Estados miembros y la Oficina Europea de Policía (Europol) podrán tener acceso para consultar el Sistema de Información de Visados (VIS) con fines de prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves.
   Artículo 2
   Definiciones
   1.   A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

               a)

               «Sistema de Información de Visados (VIS)», el Sistema de Información de Visados establecido en la Decisión 2004/512/CE;

               b)

               «Europol», la Oficina Europea de Policía creada en el Convenio de 26 de julio de 1995 por el que se crea una Oficina Europea de Policía (Convenio Europol);

               c)

               «delitos de terrorismo», los delitos tipificados en la legislación nacional que corresponden o son equivalentes a los delitos contemplados en los artículos 1 a 4 de la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (12);

               d)

               «delitos graves», las formas de delincuencia que corresponden o son equivalentes a aquellas a que se refiere el artículo 2, apartado 2, de la Decisión marco 585/2002/JAI;

               e)

               «autoridades designadas», las autoridades responsables de la prevención, detección e investigación de delitos de terrorismo y otros delitos graves designadas por los Estados miembros con arreglo al artículo 3.

         2.   También se aplicarán las definiciones contenidas en el Reglamento (CE) no 767/2008.
   Artículo 3
   Autoridades designadas y puntos centrales de acceso
   1.   Los Estados miembros designarán las autoridades a que se refiere el artículo 2, apartado 1, letra e), que tendrán acceso a los datos del VIS con arreglo a la presente Decisión.
   2.   Cada Estado miembro dispondrá de una lista de autoridades designadas. A más tardar el 2 de diciembre de 2008, cada Estado miembro comunicará en una declaración a la Comisión y a la Secretaría General del Consejo sus autoridades designadas y podrá en cualquier momento modificar o sustituir su declaración por otra.
   3.   Cada Estado miembro designará un(os) punto(s) central(es) de acceso a través del (de los) cual(es) se facilitará el acceso. Los Estados miembros podrán designar más de un punto central de acceso para reflejar su estructura organizativa y administrativa en cumplimiento de sus requisitos constitucionales o jurídicos. A más tardar el 2 de diciembre de 2008, cada Estado miembro notificará en una declaración a la Comisión y a la Secretaría General del Consejo su(s) punto(s) central(es) de acceso y podrá en todo momento modificar su declaración o sustituirla por otra.
   4.   La Comisión publicará las declaraciones mencionadas en los apartados 2 y 3 en el Diario Oficial de la Unión Europea.

   5.   Cada Estado miembro dispondrá de una lista nacional de las unidades encargadas dependientes de las autoridades designadas que estarán autorizadas a acceder directamente al VIS a través del (de los) punto(s) central(es) de acceso.
   6.   Únicamente el personal de las unidades encargadas debidamente habilitado, así como el (los) punto(s) central(es) de acceso, estarán autorizados a acceder al VIS con arreglo al artículo 4.
   Artículo 4
   Procedimiento de acceso al VIS
   1.   Cuando se cumplan las condiciones del artículo 5, las unidades encargadas mencionadas en el artículo 3, apartado 5, presentarán una solicitud escrita o electrónica motivada a los puntos centrales de acceso mencionados en el artículo 3, apartado 3, para acceder al VIS. Tras recibir una solicitud de acceso, los puntos centrales de acceso comprobarán si se cumplen las condiciones de acceso mencionadas en el artículo 5. De cumplirse todas estas condiciones, el personal debidamente habilitado de los puntos centrales de acceso procesará las solicitudes. Los datos del VIS consultados se transmitirán a las unidades encargadas mencionadas en el artículo 3, apartado 5, de un modo que no comprometa la seguridad de los datos.
   2.   En un caso excepcional de urgencia, los puntos centrales de acceso podrán recibir solicitudes escritas, electrónicas o verbales. En estos casos, los puntos centrales de acceso procesarán las solicitudes de inmediato y solo comprobarán posteriormente si se cumplen todas las condiciones del artículo 5, incluida la existencia de un caso excepcional de urgencia. La comprobación posterior se realizará a la mayor brevedad después de procesar la solicitud.
   Artículo 5
   Condiciones de acceso a los datos del VIS por las autoridades designadas de los Estados miembros
   1.   Las autoridades designadas tendrán acceso para consultar el VIS dentro de los límites de sus competencias y cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

               a)

               el acceso para consultar el sistema deberá ser necesario a efectos de prevención, detección o investigación de delitos de terrorismo o de otros delitos graves;

               b)

               el acceso para consultar el sistema deberá ser necesariamente en un caso concreto;

               c)

               existen motivos fundados para considerar que la consulta de los datos del VIS contribuirá sustancialmente a la prevención, detección o investigación de cualquiera de los delitos de que se trata.

         2.   La consulta del VIS se limitará a la búsqueda de cualquiera de los siguientes datos VIS en el expediente de solicitud:

               a)

               apellidos, apellidos de nacimiento [apellido(s) anterior(es)]; nombre(s); sexo; fecha, lugar y país de nacimiento;

               b)

               nacionalidad actual y nacionalidad de origen;

               c)

               tipo y número de documento de viaje, autoridad que lo expidió y fechas de expedición y de expiración;

               d)

               destino principal y duración de la estancia prevista;

               e)

               motivo del viaje;

               f)

               fechas de llegada y de salida previstas;

               g)

               primera frontera de entrada o itinerario de tránsito previstos;

               h)

               residencia;

               i)

               impresiones dactilares;

               j)

               tipo de visado y número de la etiqueta adhesiva de visado;

               k)

               información detallada sobre la persona que ha cursado una invitación o que puede sufragar los gastos de mantenimiento del solicitante durante la estancia.

         3.   En caso de respuesta positiva, la consulta del VIS dará acceso a todos los datos mencionados en el apartado 2, así como a:

               a)

               cualquier otro dato que figure en el formulario de solicitud;

               b)

               fotografías;

               c)

               datos introducidos en relación con cualquier visado expedido, denegado, anulado, retirado o prorrogado.

         Artículo 6
   Condiciones de acceso a los datos del VIS por las autoridades designadas de un Estado miembro en relación con el cual aún no se ha puesto en aplicación el Reglamento (CE) no 767/2008
   1.   Las autoridades designadas de un Estado miembro en relación con el cual aún no se ha puesto en aplicación el Reglamento (CE) no 767/2008 tendrán acceso para consultar el VIS, dentro de los límites de sus competencias, y

               a)

               en las mismas condiciones previstas en el artículo 5, apartado 1, y

               b)

               mediante una petición escrita o electrónica, debidamente motivada, dirigida a una autoridad designada del Estado miembro al que se aplica el Reglamento (CE) no 767/2008; a continuación, esta autoridad pedirá a su(s) punto(s) de acceso nacional central(es) que consulte(n) el VIS.

         2.   El Estado miembro en relación con el cual aún no se ha puesto en aplicación el Reglamento (CE) no 767/2008 pondrá a disposición de los Estados miembros a los que se aplica el Reglamento (CE) no 767/2008 su información sobre visados, previa petición escrita o electrónica debidamente motivada, que cumpla las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 1.
   3.   El artículo 8, apartados 1 y 3 a 6, el artículo 9, apartado 1, el artículo 10, apartados 1 y 3, el artículo 12 y el artículo 13, apartados 1 y 3, de la presente Decisión se aplicarán en consecuencia.
   Artículo 7
   Condiciones de acceso de Europol a los datos del VIS
   1.   El acceso de Europol para consultar el VIS tendrá lugar dentro de los límites de su mandato, y

               a)

               cuando sea necesario para desempeñar sus funciones con arreglo al artículo 3, apartado 1, punto 2, del Convenio Europol, y para los fines de análisis específico previstos en el artículo 10 del Convenio Europol, o

               b)

               cuando sea necesario para desempeñar sus funciones con arreglo al artículo 3, apartado 1, punto 2, del Convenio Europol, y para el análisis de tipo general y estratégico a que se refiere el artículo 10 del Convenio Europol, siempre que antes de su tratamiento Europol mantenga los datos del VIS anónimos y en una forma que haga imposible la identificación de las personas afectadas.

         2.   El artículo 5, apartados 2 y 3, de la presente Decisión se aplicará en consecuencia.
   3.   A los fines de la presente Decisión, Europol designará una unidad especializada, con funcionarios europeos debidamente autorizados para actuar como el punto de acceso central para acceder a la consulta del VIS.
   4.   El tratamiento de la información obtenida por Europol tras su acceso al VIS estará supeditado al consentimiento del Estado miembro que haya introducido los datos en el VIS. Dicho consentimiento se obtendrá a través de la unidad nacional de Europol de dicho Estado miembro.
   Artículo 8
   Protección de datos de carácter personal
   1.   El tratamiento de los datos de carácter personal consultados con arreglo a la presente Decisión estará sometido a las normas expuestas a continuación y a la legislación nacional del Estado miembro que los consulte. En relación con el tratamiento de datos de carácter personal consultados con arreglo a la presente Decisión, cada Estado miembro garantizará un adecuado nivel de protección de los datos en su legislación nacional que equivalga al menos al correspondiente al Convenio de 28 de enero de 1981 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal y, para aquellos Estados miembros que lo hayan ratificado, al Protocolo Adicional de dicho Convenio, de 8 de noviembre de 2001, y deberá tener en cuenta la Recomendación no R (87) 15 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 17 de septiembre de 1987, por la que se regula la utilización de los datos personales en el sector policial.
   2.   El tratamiento de datos de carácter personal efectuado por Europol en virtud de la presente Decisión se hará de conformidad con el Convenio Europol y sus normas de aplicación, y será supervisado por la autoridad común independiente de control creada en el artículo 24 del Convenio.
   3.   Los datos de carácter personal obtenidos del VIS con arreglo a la presente Decisión serán tratados únicamente a efectos de la prevención, detección, investigación y represión de delitos de terrorismo u otros delitos penales graves.
   4.   Los datos de carácter personal obtenidos del VIS con arreglo a la presente Decisión no podrán transmitirse ni ponerse a disposición de terceros países ni de organizaciones internacionales. Sin embargo, en un caso excepcional de urgencia, dichos datos podrán transmitirse o ponerse a disposición de terceros países o de organizaciones internacionales exclusivamente a los efectos de prevenir y detectar delitos terroristas y otros delitos graves, y en las condiciones establecidas en el artículo 5, apartado 1, de la presente Decisión, con el consentimiento del Estado miembro que haya introducido los datos en el VIS y de conformidad con la legislación nacional del Estado miembro que transmite los datos o los pone a disposición. Con arreglo a la legislación nacional, los Estados miembros garantizarán que se conservan registros de estas transmisiones y los pondrán a disposición previa petición de las autoridades nacionales de protección de datos. La transmisión de datos por el Estado miembro que los introdujo en el VIS con arreglo al Reglamento (CE) no 767/2008 estará sometida a la legislación nacional del dicho Estado miembro.
   5.   Controlará la legalidad del tratamiento de los datos de carácter personal con arreglo a la presente Decisión el/los órgano(s) competente(s) que, conforme a la legislación nacional, esté(n) encargado(s) de la supervisión del tratamiento de los datos de carácter personal. Los Estados miembros garantizarán que dichos órganos dispondrán de los recursos suficientes para cumplir las funciones que tienen asignadas con arreglo a la presente Decisión.
   6.   El/los órgano(s) a que se refiere el apartado 5 velará(n) por que se realice al menos cada cuatro años una auditoría del tratamiento de los datos de carácter personal con arreglo a la presente Decisión, y en su caso de acuerdo con las normas de auditoría internacionales.
   7.   Los Estados miembros y Europol permitirán al/a los órgano(s) competente(s) a que se refieren los apartados 2 y 5 obtener la información necesaria para permitirles llevar a cabo sus tareas de conformidad con el presente artículo.
   8.   Antes de que se le autorice a procesar datos almacenados en el VIS, el personal de las autoridades que tenga acceso al VIS recibirá la formación adecuada en relación con la seguridad de los datos y las normas de protección de datos y tendrá información respecto de los delitos y las penas pertinentes.
   Artículo 9
   Seguridad de los datos
   1.   El Estado miembro responsable garantizará la seguridad de los datos durante su transmisión a las autoridades designadas y al recibirlos de estas.
   2.   Cada Estado miembro adoptará las medidas de seguridad en relación con los datos que deban buscarse en el VIS con arreglo a la presente Decisión y su posterior almacenamiento, en particular para:

               a)

               proteger los datos físicamente, entre otras cosas mediante la elaboración de planes de emergencia para la protección de infraestructuras críticas;

               b)

               prohibir el acceso de las personas no autorizadas a las instalaciones nacionales en que el Estado miembro almacena datos (controles de entrada a la instalación);

               c)

               impedir que los soportes de datos puedan ser leídos, copiados, modificados o retirados por una persona no autorizada (control de los soportes de datos);

               d)

               impedir que puedan conocerse, modificarse o suprimirse sin autorización, datos personales almacenados (control del almacenamiento);

               e)

               impedir el tratamiento no autorizado de datos del VIS (control del procesamiento de datos);

               f)

               garantizar que el personal autorizado para acceder al VIS solo pueda consultar los datos que prevea su autorización de acceso, mediante identificaciones individuales y de utilización única, así como la obligatoriedad de claves de acceso confidenciales (control de acceso a los datos);

               g)

               velar por que todas las autoridades con derecho de acceso al VIS creen perfiles descriptivos de las funciones y responsabilidades de las personas autorizadas para acceder y consultar datos, y pongan estos perfiles sin demora a disposición de las autoridades a que se refiere el artículo 8, apartado 5, a petición de estas (perfiles del personal);

               h)

               garantizar la posibilidad de verificar y comprobar a qué autoridades pueden ser remitidos datos personales a través de las instalaciones de transmisión de datos (control de la transmisión);

               i)

               garantizar la posibilidad de controlar y determinar qué datos han sido extraídos del VIS, en qué momento, por quién y con qué fin (control del registro de datos);

               j)

               impedir la lectura y copia no autorizadas de datos personales durante su transmisión desde el VIS, en particular mediante técnicas adecuadas de criptografiado (control de transporte).

               k)

               hacer un seguimiento de la eficacia de las medidas de seguridad previstas en el presente apartado y adoptar las medidas organizativas necesarias en materia de controles internos para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Decisión (auditoría interna).

         Artículo 10
   Responsabilidad
   1.   Cualquier persona o Estado miembro que haya sufrido un daño como consecuencia de una operación de tratamiento ilegal o de un acto incompatible con la presente Decisión tendrá derecho a recibir una indemnización del Estado miembro responsable del daño sufrido. Dicho Estado miembro quedará eximido de su responsabilidad, total o parcialmente, si demuestra que no es responsable del acontecimiento que originó el daño.
   2.   Si el incumplimiento por un Estado miembro de las obligaciones que le impone la presente Decisión causa daños al VIS, dicho Estado miembro será considerado responsable de los daños, a no ser que otro Estado miembros no hubiese adoptado las medidas adecuadas para impedir que se produjeran dichos daños o para atenuar sus efectos.
   3.   Las reclamaciones contra un Estado miembro por los daños mencionados en los apartados 1 y 2 estarán sujetas a las disposiciones del Derecho nacional del Estado miembro demandado.
   Artículo 11
   Autocontrol
   Los Estados miembros velarán por que toda autoridad habilitada para acceder a los datos del VIS tome las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente Decisión y coopere, en caso necesario, con los órganos nacionales a que se refiere el artículo 8, apartado 5.
   Artículo 12
   Sanciones
   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que cualquier utilización de datos introducidos en el VIS contraria a las disposiciones de la presente Decisión se castigue con sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que podrán ser de carácter administrativo o penal.
   Artículo 13
   Conservación de datos del VIS en ficheros nacionales
   1.   Solo podrán conservarse datos obtenidos del VIS en ficheros nacionales cuando sea menester en un caso determinado de acuerdo con la finalidad del VIS y con arreglo a los objetivos establecidos en la presente Decisión y a las disposiciones jurídicas pertinentes, incluidas las relativas a la protección de datos, y por un plazo no superior al que requiera el caso concreto de que se trate.
   2.   Lo dispuesto en el apartado 1 se entiende sin perjuicio de las disposiciones de la legislación nacional de un Estado miembro sobre la introducción por sus autoridades designadas en sus ficheros nacionales de datos que ese Estado miembro haya introducido en el VIS con arreglo al Reglamento (CE) no 767/2008.
   3.   Toda utilización de datos que no sea conforme con los apartados 1 y 2 se considerará una desviación de la finalidad con arreglo al Derecho nacional de cada Estado miembro.
   Artículo 14
   Derecho de acceso, corrección y supresión
   1.   El derecho de toda persona a acceder a los datos que se refieran a ella extraídos del VIS con arreglo a la presente Decisión se ejercerá respetando el derecho del Estado miembro en el que se hubiere invocado tal derecho.
   2.   Si el Derecho nacional así lo dispone, la autoridad nacional de control decidirá si se facilita información y con arreglo a qué modalidades.
   3.   Un Estado miembro que no sea el Estado que introdujo los datos en el VIS con arreglo al Reglamento (CE) no 767/2008 no podrá facilitar información relativa a dichos datos, a no ser que previamente hubiere dado al Estado miembro que los introdujo la ocasión de pronunciarse al respecto.
   4.   Cuando sea indispensable para la ejecución de una medida legal consignada en la descripción o para la protección de los derechos y libertades de terceros, no se comunicará la información a la persona interesada.
   5.   Toda persona tiene derecho a hacer rectificar datos sobre su persona que contengan errores de hecho o a hacer suprimir datos sobre su persona que contengan errores de derecho. Si las autoridades designadas recibieran una solicitud de este tipo o tuvieran algunas otra prueba que sugiera que los datos introducidos en el VIS son inexactos, informarán inmediatamente a la autoridad encargada de los visados del Estado miembro que introdujo los datos en el VIS, que comprobará los datos de que se trata y, en su caso, los corregirá o suprimirá inmediatamente con arreglo al artículo 21 del Reglamento (CE) no 7672008.
   6.   Se informará a la persona interesada lo antes posible y en cualquier caso en el plazo máximo de 60 días desde la fecha en que solicitó el acceso, o antes si la legislación nacional así lo dispone.
   7.   Se informará a la persona interesada lo antes posible del resultado del ejercicio de sus derechos de rectificación y supresión y, en todo caso, en el plazo máximo de tres meses desde la fecha en que solicitó la rectificación o la supresión, o antes si la legislación nacional así lo dispone.
   8.   En cada Estado miembro, cualquier persona tendrá derecho a incoar una acción o presentar una reclamación ante las autoridades u órganos jurisdiccionales competentes del Estado miembro que haya denegado el derecho de acceso, de corrección o de supresión de datos que se refieran a ella previsto en el presente artículo.
   Artículo 15
   Costes
   Cada Estado miembro y Europol crearán y mantendrán a sus expensas la infraestructura técnica necesaria para aplicar la presente Decisión, y serán responsables de sufragar los costes derivados del acceso al VIS para los fines de la presente Decisión.
   Artículo 16
   Registros
   1.   Cada Estado miembro y Europol velarán por que todas las operaciones de tratamiento de datos derivadas del acceso al VIS para fines de consulta de acuerdo con la presente Decisión queden registradas para comprobar si la consulta es o no admisible, controlar la legalidad del tratamiento de datos, para fines de control interno y para garantizar el correcto funcionamiento del sistema y la integridad y seguridad de los datos.
   En el registro se indicarán:

               a)

               el fin exacto de la consulta a que se refiere el artículo 5, apartado 1, letra a), incluido el delito de terrorismo u otro delito grave de que se trate, y, para Europol, el fin exacto del acceso de la consulta mencionada en el artículo 7, apartado 1;

               b)

               el número de referencia nacional respectivo;

               c)

               la fecha y hora exacta de acceso al sistema;

               d)

               en su caso, si se recurrió al procedimiento mencionado en el artículo 4, apartado 2;

               e)

               los datos utilizados para la consulta;

               f)

               los tipos de datos consultados;

               g)

               conforme a las normas nacionales y a las normas del Convenio Europol, la marca identificadora del funcionario que haya realizado la búsqueda y la del funcionario que haya ordenado la búsqueda o la facilitación de datos.

         2.   Los registros que contengan datos de carácter personal solo se utilizarán para el control de la legalidad del tratamiento de datos, a efectos de protección de datos, y para garantizar la seguridad de los datos. Solo los registros que contengan datos de carácter no personal podrán utilizarse para el control y la evaluación a que se refiere el artículo 17.
   3.   Los registros se protegerán con medidas adecuadas contra el uso indebido y el acceso no autorizado, y se suprimirán transcurrido un período de un año desde la expiración del período de conservación a que se refiere el artículo 23, apartado 1, del Reglamento (CE) no 767/2008, a menos que sean necesarios para los procedimientos de control mencionados en el apartado 2 del presente artículo y ya iniciados.
   Artículo 17
   Seguimiento y evaluación
   1.   La Autoridad de Gestión contemplada en el Reglamento (CE) no 767/2008 garantizará el establecimiento de sistemas de control del funcionamiento del VIS con arreglo a la presente Decisión en relación con los objetivos, y ello desde el punto de vista de los resultados, la rentabilidad, la seguridad y la calidad del servicio.
   2.   A efectos de mantenimiento técnico, la Autoridad de Gestión tendrá acceso a la información necesaria relacionada con las operaciones de tratamiento que se realizan en el VIS.
   3.   Dos años después de que se ponga en funcionamiento el VIS y cada dos años en lo sucesivo, la Autoridad de Gestión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo y a la Comisión sobre el funcionamiento técnico del VIS con arreglo a la presente Decisión. Este informe contendrá información sobre el funcionamiento del VIS con respecto a los indicadores cuantitativos definidos previamente por la Comisión, en particular con respecto a la necesidad y utilización del artículo 4, apartado 2.
   4.   Tres años después de que se ponga en funcionamiento el VIS y cada cuatro años en lo sucesivo, la Comisión realizará una evaluación global del VIS con arreglo a la presente Decisión. Esta evaluación incluirá un examen de los resultados en comparación con los objetivos y estudiará si los principios que subyacen a la presente Decisión siguen siendo válidos, la aplicación de la presente Decisión con respecto al VIS, la seguridad del VIS y las consecuencias para las operaciones futuras. La Comisión transmitirá los informes de evaluación al Parlamento Europeo y al Consejo.
   5.   Los Estados miembros y Europol suministrarán a la Autoridad de Control y a la Comisión la información necesaria para elaborar los informes a que se refieren los apartados 3 y 4. Esta información no deberá nunca poner en peligro los métodos de trabajo ni incluir datos que revelen fuentes, miembros del personal o investigaciones de las autoridades designadas.
   6.   La Autoridad de Gestión facilitará a la Comisión la información necesaria para realizar las evaluaciones globales a que se refiere el apartado 4.
   7.   Durante el período transitorio antes de que la Autoridad de Gestión asuma sus funciones, la Comisión será responsable de elaborar y presentar los informes a que se refiere el apartado 3.
   Artículo 18
   Entrada en vigor y aplicación
   1.   La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

   2.   La presente Decisión surtirá efecto a partir de la fecha que determine el Consejo, una vez que la Comisión le haya comunicado que el Reglamento (CE) no 767/2008 ha entrado en vigor y es plenamente aplicable.

      La Secretaría General del Consejo publicará dicha fecha en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Luxemburgo, el 23 de junio de 2008.

            Por el Consejo

            El Presidente

         I. JARC

      (1)  DO L 213 de 15.6.2004, p. 5.

      (2)  DO C 316 de 27.11.1995, p. 2. Convenio modificado en último lugar por el Protocolo por el que se modifica dicho Convenio (DO C 2 de 6.1.2004, p. 3).

      (3)  Véase la página 60 del presente Diario Oficial.

      (4)  DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

      (5)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31. Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

      (6)  DO L 131 de 1.6.2000, p. 43.

      (7)  DO L 64 de 7.3.2002, p. 20.

      (8)  DO L 386 de 18.12.2006, p. 89.

      (9)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.

      (10)  DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.

      (11)  Decisión 2004/849/CE del Consejo, de 25 de octubre de 2004, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, y a la aplicación provisional de determinadas disposiciones del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de este Estado a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (DO L 368 de 15.12.2004, p. 26).

      (12)  DO L 164 de 22.6.2002, p. 3.


Avis juridique important

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41986D0517

86/517/CEE: Decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, reunidos el el seno del Consejo, de 27 de octubre de 1986, sobre la suspensión de nuevas inversiones directas en la República de Sudáfrica

Diario Oficial n° L 305 de 31/10/1986 p. 0045

*****DECISIÓN  DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,  de 27 de octubre de 1986  sobre la suspensión de nuevas inversiones directas en la República de Sudáfrica  (86/517/CEE)  LOS REPRESENTANTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS, REUNIDOS EN EL SENO DEL CONSEJO,  Considerando que la negativa del Gobierno de la República de Sudáfrica a adoptar medidas concretas que conduzcan a la abolición del apartheid y que el deterioro de la situación en dicho país han dado lugar a deliberaciones en el contexto de la Cooperación Política Europea;  Considerando que dichas deliberaciones han llevado, en particular, a un consenso para establecer la suspensión de nuevas inversiones directas en la República de Sudáfrica;  Considerando que es necesario que los Estados miembros adopten medidas con vistas a dicha suspensión;  Considerando que determinados Estados miembros han suspendido ya las inversiones directas en la República de Sudáfrica,  DECIDEN:  Artículo Unico  1. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que se suspendan las nuevas inversiones directas en la República de Sudáfrica por parte de personas físicas o jurídicas residentes en la Comunidad. El cumplimiento de dicha disposición podrá llevarse a cabo mediante la elaboración de líneas directrices destinadas a las personas físicas y jurídicas.  2. Se entenderá por inversión directa:  - el establecimiento y la ampliación de sucursales o de nuevas empresas que pertenezcan exclusivamente a la persona que aporte el capital y la adquisición de la totalidad de empresas existentes;  - la participación nueva o ampliada en empresas nuevas o existentes;  - los préstamos a largo plazo de carácter participativo concedidos por un período de más de cinco años para el establecimiento de vínculos económicos duraderos.  3. No se incluirán las inversiones directas realizadas con el fin de mantener el nivel de una actividad económica existente ni las efectuadas en ejecución de contratos celebrados antes de la fecha de publicación de la presente Decisión en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  4. Podrán establecerse excepciones en el caso de inversiones en los ámbitos de la formación, la salud y del sector social, de acuerdo con las medidas positivas que vienen siendo aplicadas por la Comunidad o sus Estados miembros como consecuencia de las Decisiones adoptadas en Luxemburgo el 10 de septiembre de 1985 y en Bruselas el 16 de septiembre de 1986.  Hecho en Bruselas, el 27 de octubre de 1986.  El Presidente  G. HOWE


title: Decisión de la Comisión, de 25 de febrero de 2016, por la que se establece un Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca

text:
               26.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 74/4

         DECISIÓN DE LA COMISIÓN
   de 25 de febrero de 2016
   por la que se establece un Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca
   (2016/C 74/05)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (UE) n.o 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.o 1954/2003 y (CE) n.o 1224/2009 del Consejo, y se derogan los Reglamentos (CE) n.o 2371/2002 y (CE) n.o 639/2004 del Consejo y la Decisión 2004/585/CE del Consejo (1), y, en particular, su artículo 26,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En el artículo 43 del Tratado se confía a la Unión Europea y a los Estados miembros la tarea de establecer las disposiciones que resulten necesarias para la consecución de los objetivos de la política pesquera común (PPC).

               (2)

               Con miras a la aplicación de la política de la Unión en el ámbito de la pesca y la acuicultura, se precisa la asistencia de expertos científicos altamente cualificados, en particular en la aplicación de la biología marina y de la pesca, de la tecnología de los artes de pesca, de la economía de la pesca, de la gobernanza de la pesca, de los efectos ecosistémicos de la pesca, de la acuicultura o de disciplinas similares, o en el ámbito de la recopilación, gestión y uso de los datos del sector de la pesca y de la acuicultura.

               (3)

               Por consiguiente, es necesario crear un grupo de expertos en el ámbito de la pesca y la acuicultura y definir su cometido y estructura. Esta asistencia será prestada por un Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP) de carácter permanente, creado por la Comisión.

               (4)

               La Comisión debe consultar al grupo CCTEP para desarrollar la PPC, cuando proceda, sobre asuntos relativos a la conservación y gestión de los recursos acuáticos vivos, incluidos los aspectos biológicos, económicos, medioambientales, sociales y técnicos, de conformidad con el artículo 26 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013. El asesoramiento de este grupo debe basarse en los principios de excelencia, independencia, imparcialidad y transparencia.

               (5)

               El grupo CCTEP debe estar compuesto por un número de miembros adecuado para realizar las tareas necesarias. Los miembros del grupo deben ser expertos especializados, altamente cualificados e independientes seleccionados con criterios objetivos y a través de una convocatoria pública de candidaturas. Son nombrados a título personal y proporcionan a la Comisión dictámenes que son necesarios para la aplicación de la política pesquera común. Es esencial que el grupo aproveche lo mejor posible la labor de expertos independientes de dentro y fuera de la Unión cuando sea necesario para dar respuesta a cuestiones específicas.

               (6)

               La Comisión no podría cumplir plenamente los objetivos políticos de la Unión para la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros sin la contribución sustancial específica del grupo CCTEP. Es preciso que la toma de decisiones en el ámbito de la PPC se base en el mejor asesoramiento científico disponible. A fin de cumplir este requisito, las propuestas de la Comisión deben basarse en los mejores conocimientos científicos disponibles. El grupo CCTEP evalúa y proporciona los últimos datos científicos disponibles a fin de ofrecer a la Comisión asesoramiento científico fiable y en su debido momento, basado en evidencias, para la aplicación y el seguimiento de la PPC de la UE. El asesoramiento del CCTEP se exige explícitamente de conformidad con, entre otros, el artículo 2, apartado 5, letra a); el artículo 3, letra c); el artículo 6, apartado 2; el artículo 9, apartados 1 y 5; el artículo 10, apartado 2, letra a), y apartado 3; el artículo 11, apartado 3; el artículo 15, apartado 4, letra b), y apartado 5, letra c); el artículo 18, apartados 2, 3 y 5; el artículo 28, apartado 2, letra a); el artículo 29, apartados 2 y 4); y el artículo 31, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 1380/2013. El asesoramiento del CCTEP también está previsto en los planes de gestión plurianuales, las medidas relativas a las obligaciones de desembarque, la gestión de pesquerías mixtas, la posición de la Unión en las organizaciones internacionales de pesca, así como en los acuerdos de colaboración de pesca sostenible con terceros países. Por lo tanto, estos expertos independientes deben percibir indemnizaciones especiales, además del reembolso de sus gastos, que sean proporcionales a las tareas concretas que tienen atribuidas y en consonancia con normas internacionales.

               (7)

               El requisito del suministro del mejor asesoramiento científico disponible se aplica también a las responsabilidades de los miembros del grupo CCTEP que prestan asistencia a los servicios de la Comisión aportando información científica a las reuniones en el contexto regional, así como internacional, que forman parte del proceso legislativo, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) n.o 1380/2013, en virtud del cual, sobre la base de los resultados de tales reuniones, los Estados miembros dirigen a la Comisión recomendaciones comunes basadas en el mejor asesoramiento científico disponible, que sirven de base para la adopción de actos delegados o de ejecución. La Comisión es responsable de facilitar la cooperación entre los Estados miembros y los organismos científicos pertinentes, entre los que el CCTEP desempeña un papel predominante. Por consiguiente, la labor del grupo CCTEP contribuye eficazmente a la realización de los objetivos de la PPC.

               (8)

               Deben establecerse las normas relativas a la divulgación de información por parte de los miembros del grupo.

               (9)

               Los datos personales deben ser tratados de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

               (10)

               Los miembros del grupo designados previamente deberán seguir desempeñando su función hasta que se designe a los nuevos miembros.

               (11)

               Debe derogarse la Decisión 2005/629/CE de la Comisión (3).

         DECIDE:
   Artículo 1
   Objeto
   Queda constituido el Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca, en lo sucesivo denominado «el grupo» o «el grupo CCTEP».
   Artículo 2
   Funciones
   En el ámbito de la conservación y la gestión de los recursos acuáticos vivos, incluidos los aspectos biológicos, económicos, medioambientales, sociales y técnicos, al grupo se le encomendarán las tareas siguientes:

               a)

               ayudar a la Comisión en la preparación de propuestas legislativas, actos delegados o iniciativas políticas.

               b)

               supervisar la evolución de la política y fomentar un intercambio de experiencia y buenas prácticas.

         Artículo 3
   Consulta
   1.   La Comisión podrá consultar al grupo cualquier asunto relacionado con la biología marina y de la pesca, la tecnología de los artes de pesca, la economía de la pesca, la gobernanza de la pesca, los efectos ecosistémicos de la pesca, la acuicultura o con disciplinas similares. La Comisión podrá exigir la adopción de un dictamen al respecto dentro de un plazo determinado. De acuerdo con los servicios de la Comisión, el grupo también podrá dirigir a la Comisión, por iniciativa propia, dictámenes sobre dichas materias.
   2.   El presidente del grupo podrá aconsejar a la Comisión que consulte al grupo en relación con una cuestión determinada.
   Artículo 4
   Nombramiento de miembros
   1.   El número de miembros del grupo estará comprendido entre treinta y treinta y cinco.
   2.   Estos serán personas físicas nombradas a título personal. Actuarán con independencia y en interés público.
   3.   Los miembros serán nombrados por el director general de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca de entre especialistas con competencia en los ámbitos contemplados en el artículo 2 y en el artículo 3, apartado 1, y que hayan respondido a la convocatoria de candidaturas. En el nombramiento de los miembros se incluirá la fecha en que iniciarán su mandato. Al definir la composición del grupo, la Comisión tendrá por objetivo, en la medida de lo posible, conseguir un equilibrio entre hombres y mujeres y una distribución geográfica equilibrada que refleje la diversidad de la pesca y la acuicultura en la Unión, teniendo en cuenta el resultado del procedimiento de selección.
   4.   Los miembros serán nombrados por un período de tres años. Seguirán en ejercicio hasta que finalice su mandato, salvo que sean sustituidos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 6. Su mandato podrá ser renovado. En caso de que la sustitución o la renovación de los miembros del grupo no haya tenido lugar en la fecha de la expiración del período de tres años, estos seguirán en funciones hasta su sustitución o la renovación.
   5.   Los candidatos idóneos que no sean nombrados podrán ser inscritos en una lista de reserva elaborada por la Comisión. Esta lista podrá ser utilizada por la Comisión para sustituir a los miembros que abandonen el grupo de conformidad con el apartado 6 del presente artículo. La Comisión deberá solicitar el consentimiento de los solicitantes antes de incluir sus nombres en la lista. Los sustitutos de los miembros que abandonen el grupo serán nombrados con arreglo a las mismas condiciones que los miembros.
   6.   Los miembros que ya no puedan contribuir de manera efectiva a las deliberaciones del grupo, que dimitan o que no cumplan lo dispuesto en el apartado 3 del presente artículo o en el artículo 339 del Tratado, podrán ser sustituidos para el resto de su mandato.
   7.   Los nombres de los miembros serán publicados en el Registro de Grupos de Expertos de la Comisión y en otras instancias similares (en lo sucesivo denominado «el Registro») (4).
   8.   Los datos personales se recogerán, tratarán y publicarán de acuerdo con el Reglamento (CE) n.o 45/2001.
   Artículo 5
   Independencia
   1.   Los expertos que soliciten ser designados miembros del grupo CCTEP deben revelar cualquier circunstancia que pueda poner en peligro, o que pueda percibirse razonablemente como tal, la capacidad del experto de actuar con independencia y en aras del interés público en su asesoramiento a la Comisión, incluyendo todas las circunstancias pertinentes relativas a los miembros de su familia. En particular, los servicios de la Comisión exigirán a los expertos que presenten una declaración de intereses («formulario DDI») y un curriculum vitae, como parte del procedimiento de solicitud. El formulario DDI constará de una serie de preguntas en las que se solicitará a los expertos que revelen todo interés pertinente para el objeto de las tareas que van a realizarse. Para que una persona pueda ser nombrada miembro del grupo, será necesario que haya presentado un formulario DDI debidamente cumplimentado. La declaración de intereses será accesible al público mientras los expertos en cuestión sean miembros del grupo.
   2.   En caso de que el servicio competente de la Comisión concluya que, según la evaluación de las DDI, no existen conflictos de intereses, el experto en cuestión podrá ser nombrados a título personal, siempre que posea los conocimientos necesarios.
   3.   Los miembros estarán obligados a informar a los servicios competentes de la Comisión tan pronto como exista cualquier modificación de la información previamente proporcionada, en cuyo caso tendrían que presentar inmediatamente un nuevo formulario de DDI cumplimentado indicando los cambios pertinentes.
   Artículo 6
   Funcionamiento
   1.   El grupo CCTEP elegirá de entre sus miembros a un presidente y dos vicepresidentes por mayoría simple para un período de tres años. El presidente y los vicepresidentes del grupo no podrán ser reelegidos para el mismo cargo durante más de dos períodos consecutivos.
   2.   El presidente del grupo podrá designar ponentes de entre los miembros de un grupo. Para cuestiones particularmente complejas de naturaleza multidisciplinar podrán designarse varios ponentes.
   3.   Los servicios de la Comisión podrán invitar de forma ocasional a participar en los trabajos del grupo o de un subgrupo a expertos («expertos externos») que posean competencias específicas sobre un tema del orden del día.
   4.   El grupo CCTEP podrá, con el acuerdo de los servicios de la Comisión, crear subgrupos para examinar cuestiones concretas sobre la base de las condiciones establecidas por la Comisión. Los subgrupos estarán compuestos por, al menos, dos miembros del grupo y expertos externos. Los subgrupos presentarán sus informes al grupo en un plazo determinado de conformidad con dichas condiciones. Tales subgrupos se disolverán tan pronto como hayan cumplido su mandato.
   5.   La Comisión se hará cargo de la secretaría del grupo y de sus subgrupos. La secretaría será la encargada de proporcionar asistencia técnica y administrativa y la coordinación necesaria para el funcionamiento eficaz del grupo, así como de la organización de reuniones de sus subgrupos. En caso necesario, la secretaría coordinará actividades del grupo y de sus subgrupos con las de otros organismos internacionales y de la Unión Europea. Los representantes de la Comisión con interés en los procedimientos podrán asistir a reuniones del grupo y de sus subgrupos. En principio, las reuniones del grupo de expertos y de los subgrupos se celebrarán en locales de la Comisión.
   6.   La Comisión publicará todos los documentos pertinentes (tales como los órdenes del día, las actas y las contribuciones de los participantes) en el Registro o introduciendo en el mismo un enlace a un sitio web específico en el que pueda encontrarse la información. El acceso a sitios web específicos no estará supeditado a que el usuario se registre ni a ninguna otra restricción. Se admitirán excepciones a la publicación de un documento cuando su divulgación suponga un perjuicio para la protección de un interés público o privado, tal como se define en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).
   7.   El grupo aprobará su reglamento interno sobre la base del modelo de reglamento interno de los grupos de expertos.
   Artículo 7
   Confidencialidad
   1.   Los miembros del grupo CCTEP y los expertos externos deberán cumplir las obligaciones de secreto profesional establecidas en los Tratados y sus disposiciones de aplicación, así como las normas de seguridad de la Comisión relativas a la protección de la información clasificada de la UE, establecidas en el anexo de las Decisiones (UE, Euratom) 2015/443 (6) y 2015/444 (7) de la Comisión. En caso de que no respeten esas obligaciones, la Comisión podrá adoptar todas las medidas pertinentes.
   2.   Las deliberaciones del grupo serán confidenciales. De común acuerdo con los servicios de la Comisión, el grupo podrá decidir, por mayoría simple de sus miembros, hacer públicas sus deliberaciones.
   Artículo 8
   Reembolsos e indemnizaciones especiales
   1.   Los miembros del grupo CCTEP y los expertos externos tendrán derecho a una indemnización especial por su trabajo de preparación y/o participación en las actividades del grupo y en reuniones externas relacionadas, conforme a lo dispuesto en el anexo.
   2.   La Comisión reembolsará los gastos de desplazamiento y estancia de los miembros del grupo y los expertos externos debidos a la participación en las reuniones del grupo o de los subgrupos y en reuniones externas relacionadas, de conformidad con las normas vigentes en la Comisión.
   3.   Dichos gastos se reembolsarán dentro del límite de los créditos disponibles que se hayan asignado en el marco del procedimiento anual de asignación de recursos.
   Artículo 9
   Disposiciones transitorias
   Los miembros del grupo CCTEP, nombrados de conformidad con el artículo 4 de la Decisión 2005/629/CE, permanecerán en funciones como miembros del Comité establecido por la presente Decisión hasta que los nuevos miembros del grupo sean nombrados de acuerdo con el artículo 4 de la presente Decisión. Se les aplicarán las disposiciones de la presente Decisión.
   Artículo 10
   Derogación
   Queda derogada la Decisión 2005/629/CE.

      Hecho en Bruselas, el 25 de febrero de 2016.

            Por la Comisión

         Karmenu VELLA

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 354 de 28.12.2013, p. 22.

      (2)  Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

      (3)  Decisión 2005/629/CE de la Comisión, de 26 de agosto de 2005, por la que se establece un Comité científico, técnico y económico de pesca (DO L 225 de 31.8.2005, p. 18).

      (4)  Los miembros que no deseen que se divulguen sus nombres podrán solicitar una excepción a esta norma. La petición de no divulgar el nombre de un miembro de un grupo de expertos se considerará justificada cuando su publicación pueda poner en peligro su seguridad o perjudicar indebidamente su intimidad.

      (5)  Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). El objetivo de estas excepciones es proteger la seguridad pública, los asuntos militares, las relaciones internacionales, la política financiera, monetaria o económica, la intimidad e integridad de las personas, los intereses comerciales, los procedimientos judiciales y el asesoramiento jurídico, las actividades de inspección, investigación y auditoría, y el proceso de toma de decisiones de la institución.

      (6)  Decisión (UE, Euratom) 2015/443 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre la seguridad en la Comisión (DO L 72 de 17.3.2015, p. 41).

      (7)  Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión, de 13 de marzo de 2015, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (DO L 72 de 17.3.2015, p. 53).

      ANEXO
      Indemnizaciones especiales

                  1)

                  Los miembros del grupo y los expertos externos tendrán derecho a una indemnización especial que compense su participación, presencialmente o a distancia (por procedimiento escrito), en las reuniones del grupo. La indemnización especial es de un importe máximo de 450 EUR en concepto de coste unitario diario por cada día completo de trabajo, conforme al cuadro que figura a continuación. La indemnización total se calculará y se redondeará al alza hasta alcanzar el importe correspondiente al medio día de trabajo más cercano.

                              EUR por día completo (1)

                              Plenos del grupo

                              Subgrupos

                              Presidente

                              450

                              450

                              Vicepresidente

                              450

                              450

                              Miembros del grupo

                              300

                              300

                              Expertos externos

                              300

                              300

                  2)

                  Los miembros del grupo tendrán derecho a una indemnización especial por participar como ponentes, a fin de compensar el trabajo realizado fuera de las reuniones por actividades tales como la elaboración y la finalización de la contribución al informe de la reunión del grupo o subgrupo. Esta indemnización especial es equivalente a un día de trabajo completo y es de 450 EUR.

                  3)

                  Los miembros del grupo y los expertos externos tienen derecho a una indemnización especial por participar como ponentes, a fin de proporcionar informes científicos (resúmenes, estudios e información sobre el contexto) para preparar las reuniones del grupo o subgrupo; o por redactar el informe de las reuniones del grupo o subgrupo después de las reuniones.

                  4)

                  El presidente tiene derecho a una asignación especial por la supervisión científica y la organización del trabajo del grupo distinto del pleno del grupo.
                  Cuando la Comisión solicite trabajo preparatorio, consistente, en particular, en la redacción de dictámenes o informes del grupo o de subgrupos, en análisis para sustentar la evaluación de impacto, o en supervisión científica, especificará las tareas que deben llevarse a cabo así como sus plazos. El cálculo del número de días de trabajo depende, en particular, de la carga de trabajo relativa a la complejidad del asunto, la duración del período necesario para completar las tareas debido a la cantidad y accesibilidad de los datos y de la bibliografía científica, y la información que debe recopilarse y tratarse. Por tanto, solo será posible no ceñirse al número indicativo de días de trabajo que figura a continuación en casos excepcionales y debidamente justificados:

                              Número indicativo de días de trabajo

                              Tipo de tarea solicitada

                              1-10 días

                              Trabajos preparatorios (informes científicos, investigación, análisis para sustentar una evaluación de impacto)

                              4-6 días

                              Informe tras una reunión del grupo o de subgrupos, dictamen del CCTEP

                              10-30 días

                              La supervisión científica y la organización de trabajo del grupo distinto de los plenos del grupo (en particular, para asesorar a la Comisión sobre planificación científica general, sobre el recurso a expertos externos, sobre la definición de las condiciones aplicables a los informes científicos así como a las reuniones del grupo y de subgrupos, y sobre garantizar la disponibilidad de los datos existentes y de la investigación científica), preparar y coordinar la creación y las reuniones de subgrupos, y mantener contactos con otros órganos consultivos, las partes interesadas y los servicios de la Comisión (tanto con la DG MARE como con otras DG y el JRC)

                        Los expertos que actúan como ponentes a fin de presentar informes científicos como preparación de reuniones de grupo o subgrupo, o para redactar el informe de las reuniones del grupo o subgrupo después de las reuniones, y el presidente, por la supervisión científica y la organización de trabajo del grupo distinto de los plenos del grupo, recibirán el importe de 450 EUR en concepto de coste unitario diario por cada día completo de trabajo.

                  5)

                  De conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 1380/2013 sobre la política pesquera común, los miembros del grupo pueden prestar apoyo a los servicios de la Comisión participando en calidad de miembros del grupo en reuniones celebradas en un contexto regional o internacional. Tienen derecho a una indemnización especial de 300 EUR en concepto de coste unitario diario por día completo de trabajo. La participación estará sujeta a la autorización previa de los servicios de la Comisión y el pago estará sujeto a una verificación posterior, por parte de los servicios de la Comisión, de la asistencia.

                  6)

                  El total de la indemnización especial recibida por un miembro del grupo o un experto externo por día no puede exceder de 450 EUR, de conformidad con la Decisión C(2014) 2220 de la Comisión.

         (1)  En caso de que la participación se desarrolle únicamente durante una mañana o una tarde, la asignación consistirá en el 50 % de la indemnización prevista para el día completo.


title: 2008/527/CE: Decisión del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2007, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2005

text:
               15.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 187/149

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 24 de abril de 2007
   sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2005
   (2008/527/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,
   Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima relativas al ejercicio 2005 (1),
   Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de de Seguridad Marítima relativas al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Agencia (2),
   Vista la Recomendación del Consejo de 27 de febrero de 2007 (5711/2007 — C6 0080/2007),
   Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 276,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3), y, en particular, su artículo 185,
   Visto el Reglamento (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (4), y, en particular, su artículo 19,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (5), y, en particular, su artículo 94,
   Vistos el artículo 71 y el anexo V de su Reglamento,
   Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0114/2007),

               1.

               Aprueba la gestión del Director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en la ejecución del presupuesto de la Agencia para el ejercicio 2005;

               2.

               Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

               3.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Hans-Gert PÖTTERING

            El Secretario General

         Harald RØMER

      (1)  DO C 266 de 31.10.2006, p. 13.

      (2)  DO C 312 de 19.12.2006, p. 30.

      (3)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).

      (4)  DO L 208 de 5.8.2002, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1891/2006 (DO L 394 de 30.12.2006, p. 1).

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
    ---documentbreak---

               15.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 187/150

         RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 24 de abril de 2007
   que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión del presupuesto de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2005
   EL PARLAMENTO EUROPEO,
   Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de Seguridad Marítima relativas al ejercicio 2005 (1),
   Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales definitivas de la Agencia Europea de de Seguridad Marítima relativas al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas de la Agencia (2),
   Vista la Recomendación del Consejo de 27 de febrero de 2007 (5711/2007 — C6 0080/2007),
   Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 276,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3), y, en particular, su artículo 185,
   Visto el Reglamento (CE) no 1406/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Marítima (4), y, en particular, su artículo 19,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (5), y, en particular, su artículo 94,
   Vistos el artículo 71 y el anexo V de su Reglamento,
   Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Transportes y Turismo (A6-0114/2007),

               A.

               Considerando que el Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2005 son fiables y de que las operaciones correspondientes son, en su conjunto, legales y regulares,

               B.

               Considerando que el 27 de abril de 2006 el Parlamento concedió al Director la aprobación de la gestión del presupuesto para el ejercicio 2004 (6) y que, en la resolución que acompañaba la decisión por la que se concedía la aprobación del Parlamento, éste indicaba, entre otras cosas, que

                           —

                           tomaba nota de los fallos detectados por el Tribunal de Cuentas en el sistema de control interno,

                           —

                           lamentaba el poco uso que se había hecho de los créditos destinados a medidas de lucha contra la contaminación marítima, ya que sólo se habían utilizado 200 000 EUR de los 700 000 EUR disponibles en créditos de compromiso y de pago, lo que representaba un 28 %;

         Cuestiones generales relativas a la mayoría de las agencias de la UE que precisan una concesión individual de la aprobación de la gestión del presupuesto

               1.

               Considera que el creciente número de agencias comunitarias y las actividades de algunas de ellas no parecen integrarse en un marco de orientación global y que las misiones de algunas agencias no siempre reflejan las necesidades reales de la Unión ni las expectativas de los ciudadanos, y constata que, en general, las agencias no tienen siempre buena imagen ni buena prensa;

               2.

               Insta a la Comisión, por consiguiente, a que defina un marco de orientación global para la creación de nuevas agencias comunitarias y a que presente un estudio coste-beneficio antes de crear una nueva agencia, velando siempre por evitar la duplicación de actividades entre las agencias o con las misiones de otras organizaciones europeas;

               3.

               Pide al Tribunal de Cuentas que emita su dictamen sobre el estudio coste-beneficio antes de que el Parlamento tome su decisión;

               4.

               Pide a la Comisión que presente cada cinco años un estudio sobre el valor añadido de cada una de las agencias existentes; pide a todas las instituciones pertinentes que, en caso de evaluación negativa del valor añadido de una agencia, adopten las medidas oportunas reformulando el cometido de dicha agencia o clausurándola;

               5.

               Lamenta, habida cuenta del creciente número de agencias reguladoras, que las negociaciones sobre el proyecto de acuerdo interinstitucional para el encuadramiento de estas agencias todavía no hayan dado resultados, y pide a los servicios competentes de la Comisión que, en concertación con el Tribunal de Cuentas, hagan todo lo posible para que se alcance rápidamente ese acuerdo;

               6.

               Constata que la responsabilidad presupuestaria de la Comisión exige una vinculación más estrecha entre las agencias y la Comisión; pide a la Comisión y al Consejo que adopten todas las medidas necesarias para conceder a la Comisión, antes del 31 de diciembre de 2007, una minoría de bloqueo en el seno de los órganos de supervisión de las agencias reguladoras y que prevean esta posibilidad desde el principio en caso de creación de nuevas agencias;

               7.

               Insta al Tribunal de Cuentas a que prevea en su informe anual un capítulo adicional dedicado a todas las agencias que deben recibir la aprobación de la gestión del presupuesto en el marco de las cuentas de la Comisión a fin de disponer de una visión mucho más clara de la utilización de los fondos de la UE por parte de las agencias;

               8.

               Recuerda el principio según el cual todas las agencias comunitarias, subvencionadas o no, están sometidas a la aprobación de la gestión por parte del Parlamento, incluso si en virtud de su texto constitutivo interviene una autoridad de aprobación de la gestión;

               9.

               Pide al Tribunal de Cuentas que someta a todas las agencias a auditorías de resultados y que informe a las comisiones competentes del Parlamento, incluida la Comisión de Control Presupuestario;

               10.

               Observa que el número de agencias crece sin cesar y que, de conformidad con la responsabilidad política de la Comisión sobre el funcionamiento de las agencias, que va mucho más allá de un simple apoyo logístico, resulta cada vez más necesario que las direcciones generales de la Comisión responsables de la creación y supervisión de las agencias desarrollen un enfoque común sobre éstas; considera que una medida pragmática con vistas a la adopción de un enfoque común de la Comisión para todas las cuestiones relativas a las agencias podría ser el establecimiento de una estructura similar a la creada por las agencias para la coordinación de las direcciones generales implicadas;

               11.

               Pide a la Comisión que mejore la asistencia administrativa y técnica a las agencias teniendo en cuenta la creciente complejidad de las normas administrativas de la Comunidad y los problemas técnicos existentes;

               12.

               Constata que ninguna agencia comunitaria cuenta con un órgano disciplinario, y pide a la Comisión que adopten las medidas pertinentes para que se establezca rápidamente un mecanismo de este tipo;

               13.

               Se congratula de las grandes mejoras conseguidas en cuanto a la coordinación entre agencias, lo que les permite abordar problemas recurrentes y lograr una coordinación más eficiente con la Comisión y el Parlamento;

               14.

               Considera que la creación de un servicio común de apoyo por parte de varias agencias, destinado a ajustar los sistemas informáticos de gestión financiera a los de la Comisión, constituye una medida que debe proseguirse y ampliarse;

               15.

               Pide a las agencias que mejoren su cooperación y evaluación de resultados con los actores pertinentes; insta a la Comisión a que adopte los medios que juzgue necesarios para ayudar a las agencias a valorizar su imagen y a mejorar la visibilidad de sus actividades;

               16.

               Pide a la Comisión que presente una propuesta de armonización sobre la presentación de los informes de actividades de las agencias y para la elaboración de indicadores de resultados que permitan comparar su eficiencia;

               17.

               Insta a las agencias a que presenten al comienzo de cada ejercicio los indicadores de resultados que permitan evaluar su actividad;

               18.

               Pide a todas las agencias que recurran en mayor medida a la fijación de objetivos SMART que permitan una planificación y ejecución más realista de las tareas;

               19.

               Conviene con el Tribunal de Cuentas en que la Comisión también es responsable de la gestión (financiera) de las agencias; insta, por tanto, a la Comisión que controle y, cuando proceda, oriente y asista en la gestión de las distintas agencias, en particular en lo relativo a la correcta aplicación de los procedimientos de licitación, la transparencia de los procedimientos de contratación, la buena gestión financiera (infrautilización y sobreestimación) y, especialmente, la correcta aplicación de las normas relativas al marco de control interno;

               20.

               Considera que en los programas de trabajo de las agencias debería exponerse su contribución en términos operativos y cuantificables y tomarse debidamente en consideración las normas de control interno de la Comisión;

         Cuestiones específicas

               21.

               Señala que la ejecución presupuestaria del ejercicio 2005 se vio afectada por los retrasos observados en la contratación de personal, y que esta situación repercutió en la utilización de los créditos de funcionamiento;

               22.

               Indica que no se ha introducido la gestión por actividades pese a la disposición que prevé dicha introducción en el reglamento financiero de la Agencia, a semejanza de las medidas aplicadas en este sentido en el presupuesto general, con objeto de mejorar el seguimiento de las actividades;

               23.

               Se muestra preocupado por el hecho de que el sistema informático de contabilidad general de la Agencia permita modificar directamente los asientos contables sin anotaciones correctoras;

               24.

               Insiste en que debería controlarse más rigurosamente el registro de las deudas que se consignarán en el balance, ya que éstas se encuentran sobrestimadas en 92 000 EUR como mínimo (casi el 10 % de las deudas corrientes), importe correspondiente a servicios que todavía no se habían prestado a 31 de diciembre de 2005;

               25.

               Señala que la documentación de las operaciones, condición previa para la validez de un sistema de control interno, presentó debilidades y que los expedientes relativos a los compromisos y a los pagos a menudo estaban incompletos o resultaban confusos;

               26.

               Observa con preocupación que no resulta sencillo determinar el número total de contratos celebrados durante el ejercicio, ni el de contratos en curso de ejecución; insiste en que se impone un refuerzo del sistema de control, empezando por la aprobación de unas normas mínimas relativas a los procedimientos de gestión y de control, teniendo también en cuenta el contenido y la organización de los datos;

               27.

               Señala que las cláusulas contractuales que prevén una prefinanciación no han sido armonizadas en lo que respecta a la presentación de garantías bancarias; invita a la Agencia a solucionar este problema de inmediato;

               28.

               Señala asimismo que la gestión de los procedimientos de adjudicación de contratos adoleció de varias insuficiencias e insiste en que la Agencia tiene que respetar los requisitos reglamentarios;

               29.

               Lamenta el hecho de que los retrasos en la contratación de personal hayan tenido repercusiones en la utilización de los créditos consignados para actividades operativas (Título III); acoge con satisfacción la decisión de la Agencia de establecer un plan de contratación e insiste en que deben evitarse retrasos similares en el futuro a fin de que la Agencia sea plenamente operativa.

      (1)  DO C 266 de 31.10.2006, p. 13.

      (2)  DO C 312 de 19.12.2006, p. 30.

      (3)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).

      (4)  DO L 208 de 5.8.2002, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1891/2006 (DO L 394 de 30.12.2006, p. 1).

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

      (6)  DO L 340 de 6.12.2006, p. 123.


title: 2005/533/CE: Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2005, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003, sección IV — Tribunal de Justicia

text:
               27.7.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 196/42

      DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

   de 12 de abril de 2005
   sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003, sección IV — Tribunal de Justicia
   (2005/533/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,
   Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003 (1),
   Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 2003 (C6-0017/2005),
   Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2003, junto con las respuestas de las instituciones (2),
   Vista la declaración del Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE, sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes (3),
   Vistos el artículo 272, apartado 10, y los artículos 275 y 276 del Tratado CE,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y, en particular, el artículo 50, el artículo 86, apartado 4, y los artículos 145, 146 y 147,
   Visto el Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5),
   Vistos el artículo 71 y el anexo V de su Reglamento,
   Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0066/2005),

               1.

               Concede al Secretario del Tribunal de Justicia la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2003;

               2.

               Expone sus observaciones en la resolución adjunta;

               3.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión y la resolución correspondiente al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Defensor del Pueblo y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Josep BORRELL FONTELLES

            El Secretario General

         Julian PRIESTLEY

      (1)  DO L 54 de 28.2.2003, p. 1.

      (2)  DO C 293 de 30.11.2004, p. 1.

      (3)  DO C 294 de 30.11.2004, p. 99.

      (4)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1

      (5)  DO L 356 de 31.12.1977, p. 1.

         RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

      con las observaciones que acompañan a la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003, sección IV — Tribunal de Justicia
      EL PARLAMENTO EUROPEO,
      Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2003 (1),
      Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 2003 (C6-0017/2005),
      Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2003, junto con las respuestas de las instituciones (2),
      Vista la declaración del Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE, sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes (3),
      Vistos el artículo 272, apartado 10, y los artículos 275 y 276 del Tratado CE,
      Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y, en particular, el artículo 50, el artículo 86, apartado 4, y los artículos 145, 146 y 147,
      Visto el Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5),
      Vistos el artículo 71 y el anexo V de su Reglamento,
      Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0066/2005),
      El informe anual del Tribunal de Cuentas Europeo

                  1.

                  Toma nota de que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas administró un presupuesto de 150 599 614 EUR, del que, hasta el 31 de diciembre de 2003, se había comprometido el 99,34 % (149 598 960,09 EUR) y gastado el 93,32 % (146 842 346,23 EUR);

                  2.

                  Acoge con satisfacción el hecho de que, por primera vez, el Tribunal de Cuentas haya evaluado individualmente el entorno de control de todas las instituciones y haya publicado sus observaciones en una parte separada;

                  3.

                  Toma nota de que parte de los requisitos más importantes (normas mínimas de control, normas para agentes financieros, alcance de la misión del auditor interno) del Reglamento financiero no se ejecutaron completamente en 2003;

                  4.

                  Reconoce en este contexto que, no obstante, el Tribunal de Justicia adoptó sus nuevas normas financieras internas en enero de 2003 y que prefirió elaborar disposiciones y normas detalladas una vez que hubiera adquirido una cierta experiencia con el funcionamiento del nuevo sistema; los documentos exigidos por el Tribunal de Cuentas se adoptaron en marzo de 2004;

                  5.

                  Manifiesta su preocupación por la declaración del Tribunal de Justicia de que dicha Institución sólo disponía para la aplicación de las nuevas disposiciones de un número sumamente limitado de personas con un conocimiento completo de los sistemas financieros y de los precedentes;

                  6.

                  Manifiesta asimismo su preocupación por el hecho de que el auditor interno no pudiera llevar a cabo su programa de trabajo en 2003 debido a la escasez de personal; acoge con satisfacción la buena disposición del Tribunal de Justicia para transmitir una copia del programa del trabajo del auditor interno para 2004; pide al Tribunal de Justicia que ponga remedio a esta escasez de personal sin demora y en el marco de los recursos presupuestarios asignados; considera que disponer de una capacidad de auditoría interna constituye un componente natural y obligatorio de toda buena gestión;

                  7.

                  Toma nota de que, tras las observaciones del Tribunal de Cuentas, se han separado en el Tribunal de Justicia las funciones de verificación y de auditoría;

                  8.

                  Toma nota de que el Tribunal de Justicia negoció la compra de licencias de sitios para el uso de programas informáticos mediante procedimiento restringido sin publicación previa de un anuncio, infringiendo así disposiciones legales actualmente en vigor; el Tribunal de Justicia ha admitido su error;

            Seguimiento del procedimiento de aprobación de la gestión de 2002

                  9.

                  Sigue alarmado por el creciente retraso de asuntos en 2003, aunque las cifras orientativas iniciales para 2004 muestren, por lo que se refiere al Tribunal de Justicia, una leve mejora (6):
                  Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas:

                              2000

                              2001

                              2002

                              2003

                                 2004

                              asuntos concluidos

                              526

                              434

                              513

                              494

                                 665

                              nuevos asuntos

                              503

                              504

                              477

                              561

                                 531

                              asuntos pendientes

                              873

                              943

                              907

                              974

                                 840

                        Los principales sectores en cuestión son: medio ambiente y consumidores, agricultura, armonización legislativa, política social e impuestos; los asuntos tuvieron una duración media de dos años;
                  Tribunal de Primera Instancia

                              2000

                              2001

                              2002

                              2003

                                 2004

                              asuntos concluidos

                              344

                              340

                              331

                              339

                                 361

                              nuevos asuntos

                              398

                              345

                              411

                              466

                                 536

                              asuntos pendientes

                              786

                              792

                              872

                              999

                                 1 174

                        Los principales sectores en cuestión son: recursos de anulación, casos presentados por el personal y propiedad intelectual; los asuntos tuvieron una duración media de un año y medio;
                  Acoge con satisfacción las siguientes mejoras:

                              —

                              las salas más reducidas emiten sentencias,

                              —

                              menor número de conclusiones presentadas por los Abogados generales,

                              —

                              creación de un Tribunal de la Función Pública (el 26 % de los casos presentados al Tribunal de Primera Instancia),

                              —

                              simplificación de los informes para la audiencia elaborados por los Jueces ponentes,

                        Espera que el Tribunal de Justicia fije objetivos de rendimiento y establezca planes de acción para lograrlos, con objeto de reducir el plazo necesario para concluir los asuntos pendientes durante los próximos años;

                  10.

                  Hará de esta cuestión uno de los puntos centrales del procedimiento de aprobación de la gestión 2004;

                  11.

                  Acoge con satisfacción las medidas tomadas por el Tribunal de Justicia por lo que se refiere al uso de vehículos oficiales para los miembros, de acuerdo con su decisión administrativa de 31 de marzo de 2004; reconoce que las nuevas disposiciones son transparentes y representan una mejora de la situación; observa que, con objeto de reducir la carga administrativa, el Tribunal también sufraga el coste de 15 000 km, además de los viajes autorizados mediante órdenes de misión, y que el uso profesional del vehículo se consigna en el registro del conductor;

                  12.

                  Observa que el artículo 6 de la decisión mencionada estipula que: «Cuando el miembro utiliza el vehículo oficial para efectuar desplazamientos distintos de los contemplados en el artículo 5 (es decir, desplazamientos en el ejercicio de sus funciones sobre la base de una orden de misión o globalmente 15 000 km/año), los gastos correspondientes (peajes, gastos de combustible y costes suplementarios de arrendamiento vinculados a una superación global de los 45 000 km/año previstos en el contrato marco) van a su cargo»; opina que el uso privado de un vehículo oficial representa una ventaja en especie no hecha pública, que el Parlamento considera inoportuna;

            Informe anual de actividades del ordenador e informe anual del auditor interno

                  13.

                  Toma nota de la respuesta del Secretario del Tribunal de Justicia, según la cual es incapaz de presentar el informe de conformidad con el artículo 86, apartado 4, o el informe del auditor interno porque no se concluyó ningún informe de auditoría interna (7); prestará, por lo tanto, una atención especial a estos dos documentos en el procedimiento de aprobación de la gestión 2004;

                  14.

                  Toma nota de que el informe anual de actividades de 2003 del ordenador no se presentó hasta julio de 2004 y no contiene una declaración de fiabilidad; opina que el informe anual de actividades debería estar listo a tiempo para la auditoría del Tribunal de Cuentas, que contiene una declaración de fiabilidad firmada como imagen visible de la responsabilidad financiera;

            Otras observaciones

                  15.

                  Felicita al Tribunal de Justicia por el trabajo preparatorio global emprendido en 2003 con vistas a la ampliación, tal y como se muestra en el informe del grupo de trabajo; hará un seguimiento de las medidas tomadas en su informe de aprobación de la gestión 2004;

                  16.

                  Pide al Tribunal de Justicia que evalúe las implicaciones del nuevo Reglamento financiero para su trabajo administrativo y judicial con antelación suficiente para su estudio en 2005/2006, que debe remitirse al Parlamento Europeo para su examen;

                  17.

                  Toma nota de que el Tribunal de Justicia ha acordado, en el debate del 19 de enero de 2005, contestar a varias preguntas adicionales por escrito con la antelación suficiente para que las respuestas se examinen durante el procedimiento de aprobación de la gestión 2003.

         (1)  DO L 54 de 28.2.2003, p. 1.

         (2)  DO C 293 de 30.11.2004, p. 1.

         (3)  DO C 294 de 30.11.2004, p. 99.

         (4)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

         (5)  DO L 356 de 31.12.1977, p. 1.

         (6)  Cifras tomadas del Informe anual de 2003; las cifras para 2004 son preliminares y fueron suministradas por la administración del Tribunal de Justicia.

         (7)  Respuesta a la pregunta 3.