title: Decisión (PESC) 2015/740 del Consejo, de 7 de mayo de 2015, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur y por la que se deroga la Decisión 2014/449/PESC

text:
               8.5.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 117/52

         DECISIÓN (PESC) 2015/740 DEL CONSEJO
   de 7 de mayo de 2015
   relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur y por la que se deroga la Decisión 2014/449/PESC
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 10 de julio de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/449/PESC (1), dado que sigue profundamente preocupado por la situación reinante en Sudán del Sur.

               (2)

               El 3 de marzo de 2015, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 2206 (2015) [«RCSNU 2206 (2015)»], dada la grave alarma y preocupación por el conflicto que existe entre el Gobierno de la República de Sudán del Sur y las fuerzas de la oposición desde diciembre de 2013, la preocupación por el gran sufrimiento humano ocasionado por dicho conflicto y la condena enérgica de las violaciones y abusos contra los derechos humanos y las violaciones del derecho internacional humanitario que se han perpetrado y siguen perpetrándose, así como el desplazamiento de personas a gran escala y la intensificación de la crisis humanitaria. El Consejo de Seguridad destacaba que todas las partes en el conflicto son responsables del sufrimiento del pueblo de Sudán del Sur. También afirmaba que la situación en Sudán del Sur constituye una amenaza para la paz y la seguridad internacionales en la región.

               (3)

               Los apartados 9 y 12 de la RCSNU 2206 (2015) establecen medidas restrictivas en forma de prohibición de viajar e inmovilización de activos que podrán aplicarse a las personas y entidades que el Comité del Consejo de Seguridad creado en virtud del apartado 16 de la RCSNU 2206 (2015) («el Comité») haya incluido en la lista de personas y entidades sometidas a las medidas restrictivas. En los apartados 6, 7 y 8 de la RCSNU 2206 (2015) también se establecen los criterios para someter a las personas y entidades a las medidas restrictivas contempladas en los apartados 9 y 12 de dicha Resolución.

               (4)

               En aras de la claridad, las medidas restrictivas impuestas en la Decisión 2014/449/PESC y las medidas restrictivas previstas en la RCSNU 2206 (2015) deberían integrarse un único acto jurídico.

               (5)

               Por lo tanto, debe derogarse la Decisión 2014/449/PESC en consecuencia.

               (6)

               Son necesarias nuevas disposiciones de la Unión con el fin de aplicar determinadas medidas.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   1.   Se prohíbe a los nacionales de los Estados miembros, o desde el territorio de los Estados miembros o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Sudán del Sur de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ellos, sean o no originarios del territorio de los Estados miembros.
   2.   Se prohíbe asimismo:

               a)

               prestar, directa o indirectamente, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Sudán del Sur o para su utilización Sudán del Sur, asistencia técnica, servicios de corretaje u otros servicios relacionados con los artículos que se enumeran en el apartado 1 o con el suministro, la fabricación, el mantenimiento y la utilización de dichos artículos;

               b)

               ofrecer, directa o indirectamente, financiación o asistencia financiera relacionada con los artículos que se enumeran en el apartado 1, en particular subvenciones, préstamos y seguros de crédito a la exportación, así como seguros o reaseguros, para cualquier venta, suministro, transferencia o exportación de dichos artículos, o para prestar asistencia técnica, servicios de corretaje u otros servicios relacionados, a cualquier persona física o jurídica, entidad u organismo sitos en Sudán del Sur o para su utilización en Sudán del Sur;

               c)

               participar, consciente y deliberadamente, en actividades cuyo objeto o efecto sea eludir las medidas a que se refieren las letras a) o b).

         Artículo 2
   1.   El artículo 1 no se aplicará a:

               a)

               la venta, suministro, transferencia o exportación de equipos militares no letales destinados únicamente a un uso humanitario, de seguimiento de los derechos humanos o de protección, o para programas de desarrollo institucional de las Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la UE o la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD, por sus siglas en inglés), o de material destinado a operaciones de gestión de crisis de las Naciones Unidas, la UA y la UE;

               b)

               la venta, suministro, transferencia o exportación de vehículos no destinados al combate que hayan sido fabricados o equipados con materiales que les aporten protección balística, destinados únicamente a un uso de protección, en Sudán del Sur, por el personal de la UE, sus Estados miembros, las Naciones Unidas, la UA o la IGAD;

               c)

               la asistencia técnica, los servicios de corretaje y otros servicios relacionados con los equipos o con los programas y operaciones a que se refiere la letra a);

               d)

               la financiación y la asistencia financiera relativas a los equipos o programas y operaciones a que se refiere la letra a);

               e)

               la venta, suministro, transferencia o exportación de equipos y material de desminado para su empleo en operaciones de desminado;

               f)

               la venta, suministro, transferencia o exportación de equipos militares no letales destinados únicamente a apoyar el proceso de reforma del sector de la seguridad en Sudán del Sur así como la financiación, asistencia financiera o asistencia técnica relativa a dichos equipos,

         siempre que la autoridad competente del Estado miembro correspondiente haya aprobado previamente dichas prestaciones.
   2.   El artículo 1 no se aplicará a las prendas de protección, incluidos los chalecos antibala y cascos militares, exportados temporalmente a Sudán del Sur por el personal de la UE, sus Estados miembros, las Naciones Unidas o la IGAD, o por representantes de los medios de comunicación, trabajadores humanitarios y cooperantes, y personal asociado, únicamente para su uso personal.
   3.   Los Estados miembros estudiarán caso por caso las prestaciones previstas en el presente artículo, teniendo plenamente en cuenta los criterios establecidos en la Posición Común 2008/944/PESC del Consejo (2). Los Estados miembros exigirán las garantías adecuadas contra el uso indebido de las autorizaciones concedidas en virtud del presente artículo y, en su caso, tomarán medidas para la repatriación de los equipos.
   Artículo 3
   1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir la entrada en su territorio o el tránsito por el mismo de las personas:

               a)

               incluidas por el Consejo de Seguridad o el Comité, con arreglo a los apartados 6, 7, 8 y 9 de la RCSNU 2206 (2015), en la lista del anexo I de la presente Decisión;

               b)

               no incluidas en la letra a), que obstruyen el proceso político en Sudán del Sur mediante, entre otros, actos de violencia o violaciones de los acuerdos de cese de hostilidades, así como aquellas personas responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Sudán del Sur, y las personas asociadas a ellas, incluidas en la lista del anexo II.

         2.   El apartado 1 no obliga a los Estados miembros a prohibir a sus propios nacionales la entrada en su territorio.
   Artículo 4
   1.   El presente artículo se aplicará a las personas incluidas en la lista del anexo I.
   2.   El artículo 3, apartado 1, no se aplicará cuando:

               a)

               el viaje esté justificado por razones humanitarias, incluidas las obligaciones religiosas, lo que determinará el Comité en cada caso concreto;

               b)

               la entrada o el tránsito sean necesarios para la realización de una causa judicial;

               c)

               el viaje ayude al logro de los objetivos de paz y reconciliación nacional en Sudán del Sur y de estabilidad de la región, lo que determinará el Comité en cada caso concreto.

         Artículo 5
   1.   El presente artículo se aplicará a las personas incluidas en la lista del anexo II.
   2.   El artículo 3, apartado 1, se entiende sin perjuicio de aquellos casos en los que un Estado miembro esté obligado por una disposición de Derecho Internacional, es decir:

               a)

               como país anfitrión de una organización internacional intergubernamental;

               b)

               como país anfitrión de una conferencia internacional convocada o auspiciada por las Naciones Unidas;

               c)

               en virtud de un acuerdo multilateral que confiera privilegios e inmunidades, o bien

               d)

               en virtud del Concordato de 1929 (Pacto de Letrán) celebrado entre la Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) e Italia.

         3.   El apartado 2 también se considerará de aplicación cuando un Estado miembro sea país anfitrión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
   4.   Se informará debidamente al Consejo en todos los casos en que un Estado miembro conceda una exención de conformidad con los apartados 2 o 3.
   5.   Los Estados miembros podrán conceder exenciones de las medidas impuestas en el artículo 3, apartado 1, cuando el viaje esté justificado por razones humanitarias urgentes o en razón de la asistencia a reuniones de organismos intergubernamentales y a reuniones promovidas o acogidas por la UE o celebradas en un Estado miembro que ejerza la Presidencia de la OSCE, en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente los objetivos políticos de las medidas restrictivas, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Sudán del Sur.
   6.   Los Estados miembros que deseen conceder las exenciones citadas en el apartado 5 lo notificará por escrito al Consejo. Se considerarán concedidas las exenciones a menos que uno o varios miembros del Consejo presenten objeciones por escrito en los dos días hábiles siguientes a la recepción de la notificación de la exención propuesta. En caso de que uno o varios miembros del Consejo formulen objeciones, el Consejo podrá decidir, por mayoría cualificada, conceder la exención propuesta.
   7.   Cuando, un Estado miembro en cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 2, 3, 5 y 6, autorice a entrar en su territorio o a transitar por él a alguna de las personas enumeradas en el anexo II, la autorización estará limitada al objeto para el cual fue concedida y a las personas a las que afecte.
   Artículo 6
   1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos de los que sean propietarios, proveedores, tenedores o que controlen, directa o indirectamente:

               a)

               las personas y entidades incluidas por el Consejo de Seguridad o el Comité, con arreglo a los apartados 6, 7, 8 y 12 de la RCSNU 2206 (2015), en la lista del anexo I de la presente Decisión;

               b)

               las personas que obstruyan el proceso político en Sudán del Sur mediante, entre otros, actos de violencia o violaciones de los acuerdos de cese de hostilidades, o que sean responsables de violaciones graves de los derechos humanos en Sudán del Sur, así como las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos asociados a ellas, incluidos en la lista del anexo II.

         2.   No se pondrán, directa ni indirectamente, fondos ni recursos económicos a disposición de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos enumerados en los anexos I o II ni en beneficio de ellos.
   Artículo 7
   1.   El presente artículo se aplicará a las personas y entidades incluidas en la lista del anexo I.
   2.   La autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos en las condiciones que considere oportunas y tras haber comprobado que los fondos o recursos económicos:

               a)

               son necesarios para necesidades esenciales, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

               b)

               se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

               c)

               se destinan exclusivamente a comisiones o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados.

         El Estado miembro afectado deberá notificar por adelantado al Comité su intención de autorizar, si procede, la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados. Las autorizaciones podrán concederse cuando el Comité no haya tomado una decisión negativa en los cinco días hábiles siguientes a la notificación.
   3.   La autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos en las condiciones que considere oportunas y tras haber comprobado que los fondos o recursos económicos son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando dicha comprobación haya sido notificada por el Estado miembro afectado al Comité y este la haya aprobado.
   4.   No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar también la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados cuando el Estado miembro afectado haya comprobado que los fondos o recursos económicos son objeto de un embargo judicial, administrativo o arbitral y que los fondos o recursos económicos se utilizarán exclusivamente para satisfacer las obligaciones impuestas por tal embargo o resolución, y siempre que el embargo o la resolución se decidieran antes de la fecha de la adopción de la RCSNU 2206 (2015), es decir, antes del 3 de marzo de 2015, y no beneficie a una de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figure en la lista de los anexos I o II, y que el Estado miembro afectado lo haya notificado al Comité.
   5.   El artículo 6, apartado 1, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

               a)

               intereses u otros beneficios correspondientes a dichas cuentas, o

               b)

               pagos adeudados en virtud de contratos, acuerdos u obligaciones anteriores a la fecha en que las cuentas quedaron sujetas a las medidas previstas en el artículo 6,

         siempre y cuando dichos intereses, beneficios y pagos sigan estando sujetos a las medidas previstas en el artículo 6, apartado 1.
   6.   El artículo 6 no será óbice para que una persona física o jurídica, entidad u organismo incluido en la lista efectúe pagos adeudados en virtud de un contrato celebrado antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo I a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, siempre y cuando el Estado miembro afectado haya comprobado que el pago no es percibido, directa o indirectamente por ninguna de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figure en las listas de los anexos I o II y previa notificación del Estado miembro correspondiente al Comité de su intención de efectuar o recibir dichos pagos o autorizar, si procede, el desbloqueo de fondos, otros activos financieros o recursos económicos con ese fin, diez días hábiles antes de la fecha de dicha autorización.
   Artículo 8
   1.   El presente artículo se aplicará a las personas y entidades incluidas en la lista del anexo II.
   2.   La autoridad competente de un Estado miembro podrá autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos en las condiciones que considere oportunas y tras haber comprobado que los fondos o recursos económicos:

               a)

               son necesarios para atender las necesidades básicas de las personas incluidas en la lista del anexo II y de los familiares a su cargo, como el pago de alimentos, alquileres o hipotecas, medicamentos y tratamientos médicos, impuestos, primas de seguros y tasas de servicios públicos;

               b)

               se destinan exclusivamente al pago de honorarios profesionales razonables y al reembolso de gastos correspondientes a la prestación de servicios jurídicos;

               c)

               se destinan exclusivamente al pago de comisiones o gastos ocasionados por servicios ordinarios de custodia o mantenimiento de fondos o recursos económicos inmovilizados, o

               d)

               son necesarios para gastos extraordinarios, siempre y cuando la autoridad competente haya notificado a las autoridades competentes de los demás Estados miembros y a la Comisión, al menos dos semanas antes de concederla, los motivos por los cuales considera que debe concederse una autorización específica.

         El Estado miembro afectado informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización que conceda con arreglo al presente apartado.
   3.   No obstante lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, las autoridades competentes de un Estado miembro podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

               a)

               que los fondos o recursos económicos sean objeto de una resolución arbitral dictada antes de la fecha en que la persona física o jurídica, entidad u organismo a que se refiere el artículo 6, apartado 1, fuera inscrita en el anexo II, o de una resolución judicial o administrativa pronunciada en la Unión, o de una resolución judicial ejecutable en el Estado miembro afectado, antes o después de esa fecha;

               b)

               que los fondos o recursos económicos vayan a utilizarse exclusivamente para satisfacer las demandas garantizadas por tales resoluciones o reconocidas como válidas en tal resolución, en los límites establecidos por las normas aplicables a los derechos de los acreedores;

               c)

               que la resolución no beneficie a una persona física o jurídica, entidad u organismo que figure en la lista de los anexos I o II, y

               d)

               que el reconocimiento de la resolución no sea contrario al orden público del Estado miembro afectado.

         El Estado miembro afectado informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización que conceda con arreglo al presente apartado.
   4.   El artículo 6, apartado 1, no será óbice para que una persona física o jurídica, entidad u organismo incluido en la lista efectúe pagos adeudados en virtud de un contrato celebrado antes de la fecha en que se haya incluido en el anexo II a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo, siempre y cuando el Estado miembro afectado haya comprobado que el pago no es percibido, directa ni indirectamente, por ninguna de las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos que figure en las listas de los anexos I o II.
   5.   El artículo 6, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

               a)

               intereses u otros beneficios correspondientes a dichas cuentas;

               b)

               pagos adeudados en virtud de contratos, acuerdos u obligaciones anteriores a la fecha en que las cuentas quedaran sujetas a las medidas previstas en el artículo 6, o

               c)

               pagos adeudados en virtud de resoluciones judiciales, administrativas o arbitrales dictadas en la Unión, o ejecutables en el Estado miembro en cuestión,

         siempre y cuando dichos intereses, beneficios y pagos sigan estando sujetos a las medidas previstas en el artículo 6, apartado 1.
   Artículo 9
   1.   Cuando el Consejo de Seguridad o el Comité consigne en la lista a una persona o entidad, el Consejo incluirá a dicha persona o entidad en el anexo I.
   2.   El Consejo, a propuesta de un Estado miembro o del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, decidirá establecer y modificar la lista que figura en el anexo II.
   3.   El Consejo comunicará las decisiones a que se refieren los apartados 1 y 2, y la motivación de su inclusión en la lista a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados, ya sea directamente, si se conoce su domicilio, o mediante la publicación de una notificación, y ofrecerá a dicha persona física o jurídica, entidad u organismo la oportunidad de presentar observaciones al respecto.
   4.   Cuando se presenten observaciones o nuevas pruebas sustanciales, el Consejo reconsiderará su decisión e informará en consecuencia a la persona física o jurídica, entidad u organismo afectados.
   Artículo 10
   1.   Los anexos I y II contendrán los motivos de inclusión en la lista de las personas y entidades a que se refiere el artículo 3, apartado 1, y el artículo 6, apartado 1, conforme a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad o por el Comité con respecto al anexo I y por el Consejo con respecto al anexo II.
   2.   En los anexos I y II se recogerá asimismo, cuando se disponga de ella, la información necesaria para identificar a las personas y entidades de que se trate, conforme a lo dispuesto por el Consejo de Seguridad o por el Comité con respecto al anexo I y por el Consejo con respecto al anexo II. Respecto de las personas, esa información podrá incluir el nombre y apellidos y los alias, el lugar y fecha de nacimiento, la nacionalidad, el número de pasaporte o de documento de identidad, el sexo, la dirección postal (si se conoce) y el cargo o profesión. En el caso de las personas jurídicas, entidades u organismos, la información podrá incluir el nombre, el lugar y la fecha de registro, los datos registrales y el lugar de actividad. En los anexos I y II constará asimismo la fecha de inclusión en la lista.
   Artículo 11
   Para que las medidas establecidas en la presente Decisión tengan el mayor impacto posible, la Unión animará a terceros Estados a que adopten medidas restrictivas similares a las establecidas en la presente Decisión.
   Artículo 12
   1.   Estará sujeta a revisión continua. Se renovará o modificará, según proceda, en caso de que el Consejo considere que no se han cumplido sus objetivos y teniendo en cuenta las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad.
   2.   Las medidas a que se refieren el artículo 3, apartado 1, letra b), y el artículo 6, apartado 1, letra b), se revisarán de forma periódica y como mínimo cada 12 meses. Dichas medidas dejarán de aplicarse respecto de las personas y entidades afectadas si el Consejo determina, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 9, que ya no se cumplen las condiciones para su aplicación.
   Artículo 13
   Queda derogada la Decisión 2014/449/PESC.
   Artículo 14
   La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 7 de mayo de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         E. RINKĒVIČS

      (1)  Decisión 2014/449/PESC del Consejo, de 10 de julio de 2014, relativa a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Sudán del Sur (DO L 203 de 11.7.2014, p. 100).

      (2)  Posición Común 2008/944/PESC del Consejo, de 8 de diciembre de 2008, por la que se definen las normas comunes que rigen el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares (DO L 335 de 13.12.2008, p. 99).

      ANEXO I

         Lista de personas y entidades a que se refieren el artículo 3, apartado 1, letra a), y el artículo 6, apartado 1, letra a)

      ANEXO II

         Lista de personas y entidades a que se refieren el artículo 3, apartado 1, letra b), y el artículo 6, apartado 1, letra b)

                  Nombre

                  Información identificativa

                  Motivos

                  Fecha de inclusión en la lista

                  1.

                  Santino DENG
                  (alias: Santino Deng Wol)

                  Comandante de la tercera División de Infantería del Ejército Popular de Liberación del Sudán (SPLA)

                  Santino Deng es el comandante de la tercera División de Infantería del SPLA que participó en la nueva toma de Bentiu en mayo de 2014. Por lo tanto, Santino Deng es responsable de la violación del acuerdo de cese de las hostilidades de 23 de enero.

                  11.7.2014

                  2.

                  Peter GADET
                  (alias: Peter Gatdet Yaka; Peter Cadet; Peter Gadet Yak; Peter Gadet Yaak; Peter Gatdet Yaak; Peter Gatdet; Peter Gatdeet Yaka)

                  Dirigente de la milicia antigubernamental Nuer. Lugar de nacimiento: distrito de Mayom, Estado de Unidad

                  Peter Gadet es dirigente de la milicia antigubernamental Nuer que llevó a cabo un ataque contra Bentiu del 15 al 17 de abril de 2014, violando el acuerdo de cese de las hostilidades de 23 de enero. El ataque dio lugar a la matanza de más de 200 civiles. Por lo tanto, Peter Gadet es responsable de atizar el ciclo de violencia, obstruyendo de ese modo el proceso político en Sudán del Sur, así como de graves violaciones de los derechos humanos.

                  11.7.2014


Avis juridique important

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31987D0095

87/95/CEE: Decisión del Consejo de 27 de diciembre de 1986 relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones

Diario Oficial n° L 036 de 07/02/1987 p. 0031 - 0037 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 16 p. 0105  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 16 p. 0105

*****DECISIÓN  DEL CONSEJO  de 27 de diciembre de 1986  relativa a la normalización en el campo de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones  (87/95/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,  Vista la propuesta de la Comisión,  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2),  Considerando que las normas aplicables en el campo de la tecnología de la información y las actividades necesarias para su preparación deberán tener en cuenta en particular  - la complejidad de las especificaciones técnicas y la precisión necesaria para asegurar el intercambio de datos e informaciones y el funcionamiento compatible de los sistemas;  - la necesidad de asegurar la rápida publicación de las normas, de modo que los retrasos injustificados no ocasionen la obsolescencia prematura de los textos que hayan sido superados por la rapidez del cambio tecnológico;  - la necesidad de fomentar la aplicación de las normas internacionales para el intercambio de datos e informaciones de acuerdo con unos principios que establezcan la credibilidad desde el punto de vista de la puesta en práctica;  - la importancia económica del papel que la normalización desempeña en la contribución a la creación de un mercado comunitario en este sector;  Considerando que la Directiva 83/189/CEE (3) permite a la Comisión, a los Estados miembros y a los organismos de normalización recibir información acerca de las intenciones de los organismos de normalización de elaborar o modificar una norma y considerando que, de acuerdo con las disposiciones de dicha Directiva, la Comisión podría establecer las líneas directrices para que el trabajo sobre las normas de interés común se emprenda de manera conjunta y desde las primeras etapas;  Considerando que dicha Directiva no contiene todas las disposiciones necesarias para la puesta en práctica de una política comunitaria sobre normalización en el sector de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones;  Considerando que el creciente nivel de coincidencia técnica entre los diferentes sectores de normalización, en especial en el caso de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones, permite justificar la estrecha cooperación entre los organismos de normalización, que deberían colaborar con el fin de tratar los asuntos de interés común;  Considerando que recientemente la Comisión ha celebrado acuerdos dentro del marco de la Declaración común de intenciones firmada con la Conferencia Europea de las Administraciones de Correos y Telecomunicaciones (CEPT) y en el contexto de las directrices generales aprobadas con el organismo de normalización conjunto Comité Europeo de Normalización/Comité Europeo de normalización Electrotécnica (CEN/CENELEC);  Considerando que la Directiva 86/361/CEE (4) establece programas de trabajo sobre especificaciones técnicas comunes que corresponden a las Normas Europeas de Telecomunicaciones (NETs) en este sector recomendadas por la Conferencia Europea de las Adminsitraciones de Correos y de Telecomunicaciones, consultando cuando fuere necesario al Comité Europeo de Normalización y al Comité Europeo de Normalización Electrotécnica;  Considerando que el campo de los pedidos del sector público está convenientemente situado para fomentar una mayor aceptación de las normas de los Sistemas Abiertos de Interconexión para el intercambio de datos e informaciones, haciendo referencia a ellas en el momento de la compra;  Considerando que es necesario encomendar a un comité la tarea de ayudar a la Comisión en la ejecución y en la gestión de los objetivos y actividades que establece la presente Decisión,  HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:  Artículo 1  A los efectos de la presente Decisión se entenderá por:  (1) « especificación técnica », la especificación que figure en un documento y que establezca las características exigidas de un producto, como los niveles de calidad o de idoneidad de utilización, la seguridad, las dimensiones, incluidas las prescripciones aplicables al producto en lo que respecta a la terminología, los símbolos, las pruebas y los métodos de prueba, el envasado, el marcado y el etiquetado;  (2) « especificación técnica común », la especificación técnica elaborada con objeto de garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros de la Comunidad;  (3) « norma », la especificación técnica aprobada por un organismo reconocido que ejerza una actividad normativa por su aplicación repetida o continua, cuyo cumplimiento no sea obligatorio;  (4) « norma internacional », la norma adoptada por un organismo internacional de normalización reconocido;  (5) « proyecto de norma internacional », el proyecto de norma adoptada por un organismo internacional de normalización reconocido;  (6) « especificación técnica internacional de telecomunicaciones », la especificación técnica de todas o algunas de las caracaterísticas de un producto, recomendadas por organizaciones tales como el Comité Internacional de Telegrafía y Telefonía (CCITT) o el CEPT;  (7) « norma europea », la norma aprobada con arreglo a las normas estatutarias de los organismos de normalización con los que la Comunidad haya celebrado acuerdos;  (8) « norma previa europea », una norma adoptada con la referencia « ENV » conforme a las normas estatutarias de los organismos de normalización con los que la Comunidad haya celebrado acuerdos;  (9) « norma funcional », una norma elaborada para desempeñar una función compleja exigida para garantizar la interoperabilidad de los sistemas, obtenida generalmente mediante la combinación de diversas normas de referencia ya existentes, y adoptada con arreglo a las normas estatutarias de los organismos de normalización.  (10) « especificación funcional »: la especificación que define, en el ámbito de las telecomunicaciones, la aplicación de una o más normas de interconexión de sistemas abiertos, reforzando una exigencia específica de comunicación entre sistemas de tecnología de la información [normas recomendadas por organizaciones como el « Comité international télégraphique et téléphonique » (CCITT) o el CEPT];  (11) « reglamentación técnica », las especificaciones técnicas, incluidas las disposiciones administrativas correspondientes, cuyo cumplimiento sea obligatorio, de jure o de facto, para la utilización o la comercialización en un Estado miembro o en una parte importante de dicho Estado, con excepción de aquellas determinadas por las autoridades locales;  (12) « certificación de conformidad », la acción consistente en certificar, mediante un certificado de conformidad o un sello de conformidad, que un producto o un servicio se atiene a determinadas normas u otras especificaciones técnicas;  (13) « tecnología de la información », los sistemas, equipos, componentes y logiciales necesarios para garantizar la captación, el tratamiento y el almacenamiento de la información en todos los campos de la actividad humana (hogar, oficina, fábrica, etc . . .) y cuya puesta en práctica recurre, por regla general, a la electrónica o a las técnicas conexas;  (14) « las contrataciones públicas » serán aquellas  - definidas en el artículo 1 de la Directiva 77/62/CEE (1),  - celebradas para el suministro de equipos relativos a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, sea cual fuera el sector de actividad de la autoridad adjudicadora;  (15) « administraciones de telecomunicaciones »: las administraciones o empresas privadas reconocidas de la Comunidad que ofrezcan servicios públicos de telecomunicaciones.  Artículo 2  Con el fin de promover en Europa la normalización, la preparación y la aplicación de las normas y las especificaciones funcionales en el campo de la tecnología de la información y las telecomunicaciones, se aplicarán en la Comunidad las siguientes medidas, sometidas a las disposiciones del apartado 2 del artículo 2 y del artículo 3:  a) una definición periódica, al menos con carácter anual, y con arreglo a las normas internacionales, a los proyectos de normas internacionales o a documentos equivalentes, de las necesidades prioritarias de normali  zación con el objeto de preparar programas de trabajo y encargar la elaboración de cuantas normas europeas y especificaciones funcionales se consideren necesarias para asegurar el intercambio de datos e informaciones y la interoperabilidad de los sistemas;  b) con arreglo a las actividades de normalización internacional:  - se invitará a los organismos europeos de normalización y a los organismos técnicos especializados en el sector de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones a que establezcan normas europeas, normas previas europeas o especificaciones funcionales de telecomunicaciones, recurriendo, en su caso, a la elaboración de un proyecto de normas funcionales, a fin de garantizar la precisión que requieren los usuarios para intercambiar informaciones y datos, así como la interoperabilidad de los sistemas. Dichos organismos basarán su trabajo en las normas internacionales, las normas previas internacionales o las especificaciones técnicas internacionales en el ámbito de las telecomunicaciones. Cuando una norma internacional, una norma previa internacional o una especificación técnica internacional en el ámbito de las telecomunicaciones ofrezca disposiciones claras que permitan su aplicación uniforme, dichas disposiciones se adoptarán sin modificaciones en la norma europa, la norma previa europea o la especificación funcional de telecomunicaciones. La norma europea, la norma previa europea o la especificación funcional de telecomunicaciones se elaborarán a fin de clarificar o, en su caso, complementar la norma internacional, la norma previa internacional o la especificación técnica internacional en el ámbito de las telecomunicaciones, evitándose al mismo tiempo la divergencia respecto de éstas, únicamente cuando no existan dichas disposiciones inequívocas en la norma internacional, en la norma previa internacional o en la especificación técnica internacional en el ámbito de las telecomunicaciones;  - se invitará a estos mismos organismos a elaborar especificaciones técnicas que puedan constituir la base de las normas europeas o las normas previas europeas, en ausencia de normas internacionales acordadas o como contribución a la producción de las mismas, para el intercambio de información y datos, así como para la interoperabilidad de los sistemas;  c) medidas que faciliten la aplicación de normas y de especificaciones funcionales, especialmente mediante la coordinación de las actividades de los Estados miembros en:  - la verificación de la conformidad de los productos y servicios con las normas y especificaciones funcionales, con arreglo a métodos de prueba definidos;  - la certificación de conformidad con las normas y especificaciones funcionales de acuerdo con procedimientos convenientemente armonizados;  d) el fomento de la aplicación de normas y especificaciones funcionales relacionadas con la tecnología de la información y de las telecomunicaciones en los pedidos y en la normativa técnica del sector público.  Artículo 3  1. En el Anexo de la presente Decisión se describen los objetivos específicos de las medidas propuestas.  2. La presente Decisión abarca:  - las normas en el campo de la tecnología de la información que se exponen en el artículo 5,  - especificaciones funcionales para los servicios que se ofrezcan específicamente en redes públicas de telecomunicaciones para el intercambio de información y de datos entre sistemas de tecnología de la información.  3. La Decisión no abarca:  - las especificaciones técnicas comunes para terminales de equipo conectadas a las redes públicas de telecomunicaciones, que están cubiertas por la Directiva 86/361/CEE,  - especificaciones sobre el equipo que constituya una parte de las redes de telecomunicación mismas.  Artículo 4  Para determinar los requisitos relativos a la normalización y para elaborar un programa de trabajo sobre la normalización y preparación de especificaciones funcionales, la Comisión se remitirá en particular a la información que se le haya comunicado en virtud de la Directiva 83/189/CEE.  La Comisión, tras consultar con el comité que establece el artículo 7, confiará la labor técnica a las organizaciones europeas de normalización competentes o a los organismos técnicos especializados (CEN, CENELEC y CEPT), pidiéndoles, si fuere necesario, que elaboren las normas europeas (o las especificaciones funcionales) correspondientes. Los mandatos que se den a dichas organizaciones se sometarán al comité establecido por el artículo 5 de la Directiva 83/189/CEE para su aprobación, de acuerdo con los procedimientos de dicha Directiva. No se emitirá ningún mandato que coincida con cualquier parte de los programas de trabajo iniciados o elaborados con arreglo a la Directiva 83/361/CEE.  Artículo 5  1. Habida cuenta de las diferencias entre los procedimientos nacionales existentes, los Estados miembros aceptarán las medidas necesarias para garantizar que se haga referencia a:  - las normas europeas y las normas previas europeas, tal como se describen en la letra b) del artículo 2;  - las normas internacionales que hayan sido aceptadas por el país al que pertenece el poder adjudicador;  en los contratos públicos de suministros relativos a la tecnología de la información, de manera que dichas normas se utilicen como base para el intercambio de información y de datos, así como para la interoperabilidad de los sistemas. 2. Con el fin de proporcionar una compatibilidad de un extremo a otro, los Estados miembros tomarán las medidas precisas para garantizar que sus servicios de telecomunicaciones utilicen especificaciones funcionales en los medios de acceso a sus redes públicas de telecomunicaciones para aquellos servicios que estén específicamente dirigidos al intercambio de información y de datos entre sistemas de tecnología de la información que utilicen las normas a las que se refiere el apartado 1.  3. En la aplicación del presente artículo se tendrán en cuenta las circunstancias especiales que más adelante se señalan y podrían justificar la utilización de normas y especificaciones distintas de las dispuestas en la presente Decisión:  - la necesidad de una continuidad en el funcionamiento de los sistemas existentes, pero sólo como parte de estrategias claramente definidas y reconocidas para posteriores transiciones a normas internacionales o europeas;  - la naturaleza realmente innovadora de algunos proyectos;  - cuando la norma de especificación funcional sea técnicamente inadecuada para su finalidad por no proporcionar los medios adecuados para lograr el intercambio de datos e informaciones o la interoperabilidad de los sistemas, o cuando no existan medios (incluidas las pruebas) para determinar satisfactoriamente la conformidad de un producto con dicha norma o especificación funcional, o cuando, tratándose de normas previas europeas, carezcan éstas de la estabilidad necesaria para su aplicación. Otros Estados miembros podrían demostrar al Comité mencionado en el artículo 7 que el equipo que cumple con dicha norma se ha usado de manera satisfactoria y que el recurso a la suspensión no estaba justificado;  - cuando, tras un estudio detenido del mercado, existan importantes razones relacionadas con la efectividad del coste que hacen inadecuado el uso de la norma o especificación funcional en cuestión. Otros Estados miembros podrán demostrar ante el Comité mencionado en el artículo 7 que el equipo que cumple con dicha norma se ha usado de manera satisfactoria según un criterio comercial normal y que el recurso a la suspensión no estaba justificado.  4. Además, los Estados miembros podrán solicitar referencias, sobre la misma base que en el apartado 1, para elaborar normas internacionales.  5. Los poderes adjudicadores que recurran al apartado 3 del presente artículo harán constar sus razones, a ser posible, en los expedientes iniciales de ofertas publicados en relación con la contratación, y en todos los casos harán constar dichas razones en su documentación interna y proporcionarán dicha información a petición de las empresas adjudicatarias y del Comité mencionado en el artículo 7, dentro del respeto al secreto comercial. Asimismo se podrán dirigir directamente a la Comisión las quejas relativas a la utilización de la excepción contemplada en el apartado 3.  6. La Comisión garantizará que las disposiciones del presente artículo se apliquen para todos los proyectos y programas comunitarios, incluidos los pedidos mediante contratación pública financiados con el presupuesto de la Comunidad.  7. En caso necesario, los poderes adjudicadores podrán aplicar otras especificaciones para los contratos de valor inferior a 100 000 ECUS, siempre que dichas compras no impidan el uso de las normas a las que se refieren los apartados 1 y 2 en ningún contrato por un importe mayor que el mencionado en este apartado. Se revisará tres años después de la puesta en aplicación de esta Decisión la necesidad de excepciones o el nivel del umbral establecido en este apartado.  Artículo 6  Al elaborar o modificar las reglamentaciones técnicas en las áreas cubiertas por la presente Decisión, los Estados miembros aludirán a las normas europeas mencionadas en el artículo 5, cuando éstas se ajusten de modo apropiado a las especificaciones técnicas exigidas por la reglamentación.  Artículo 7  1. Un comité consultivo denominado « grupo de altos responsables en materia de normalización en el sector de la tecnología de la información » ayudará a la Comisión en la consecución de sus objetivos y en la gestión de las actividades establecidas en la presente Decisión. Dicho grupo estará formado por representantes nombrados por los Estados miembros, que podrán contar con la ayuda de expertos o consejeros y el presidente será un representante de la Comisión. Para asuntos de telecomunicaciones, el comité competente será el « grupo de altos responsables en materia de telecomunicaciones » previsto en el artículo 5 de la Directiva 86/361/CEE.  2. La Comisión consultará al comité para determinar las prioridades de la Comunidad, aplicar las medidas mencionadas en el Anexo, tratar los temas relativos a la verificación de la conformidad con las normas, vigilar la aplicación de las disposiciones del artículo 5 y otros asuntos relacionados con la normalización en el sector de la tecnología de la información y de las telecomunicaciones, o con otros sectores conexos. Asimismo consultará al comité sobre el informe citado en el artículo 8.  3. La Comisión coordinará las actividades de dichos comités con el comité previsto en el artículo 5 de la Directiva 83/189/CEE, especialmente cuando haya una posible coincidencia en la presentación de solicitudes a los organismos europeos de normalización con arreglo a la presente Decisión. 4. Cualquier cuestión relacionada con la aplicación de la presente Decisión podrá presentarse al comité a petición del presidente de un Estado miembro.  5. El comité se reunirá al menos dos veces al año.  6. El comité establecerá su reglamento interno.  7. La Secretaría del comité corresponderá a la Comisión.  Atículo 8  Cada dos años la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe periódico sobre la marcha de las actividades de normalización en el sector de la tecnología de la información. Este informe tratará sobre las medidas de aplicación adoptadas en la Comunidad, los resultados obtenidos, la aplicación de dichos resultados en las contrataciones públicas y en las reglamentaciones técnicas nacionales y, en particular, sobre su importancia práctica en la certificación.  Artículo 9  La presente Decisión no prejuzgará la aplicación de la Directiva 83/189/CEE ni de la Directiva 86/361/CEE.  Artículo 10  Esta Decisión será puesta en aplicación un año después de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.  Artículo 11  Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.  Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 1986.  Por el Consejo  El Presidente  G. SHAW  (1) DO no C 36 de 17. 2. 1986, p. 55.  (2) DO no C 303 de 25. 11. 1985, p. 2.  (3) DO no L 109 de 26. 4. 1983, p. 8.  (4) DO no L 217 de 5. 8. 1986, p. 21.  (1) DO no L 13 de 15. 1. 1977, p. 1.  ANEXO  MEDIDAS RELATIVAS A LA NORMALIZACIÓN EN EL SECTOR DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNICACIONES  1.2 // 1.   // Objetivos   //   // a) Contribuir a la integración del mercado interior de la Comunidad en el sector de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones;   //   // b) mejorar la competitividad de los fabricantes comunitarios, permitiendo una mayor captación del mercado en la Comunidad de equipo manufacturado según normas europeas e internacionales reconocidas;   //   // c) facilitar los intercambios de información en toda la Comunidad mediante la reducción de los obstáculos creados por incompatibilidades resultantes de la ausencia de normas o su falta de precisión;   //   // d) garantizar el que se tomen en cuenta las necesidades de los usuarios otorgándoles mayor libertad para ensamblar sus sistemas sobre bases que les garanticen un grado suficiente de interoperabilidad y con ello mejores resultados a menor coste;   //   // e) fomentar la aplicación de las normas y de las especificaciones funcionales en los pedidos del sector público.   // 2.   // Descripción de las acciones y de los trabajos que se deberán emprender  // 2.1.   // Establecimiento de programas y prioridades   //  // Al establecer los programas de trabajo y atribuir las prioridades se tendrán en cuenta las necesidades de la Comunidad y las repercusiones económicas de tales trabajos desde el punto de vista de los usuarios, de los productores y de las administraciones de telecomunicaciones. Las tareas que habrán de realizarse a este nivel podrán incluir, en particular:   // 2.1.1.   // la recogida de información detallada sobre la base de programas nacionales e internacionales , su presentación en una forma que facilite el análisis comparativo y la redacción de los documentos de síntesis que sean precisos para los trabajos del comité;  // 2.1.2.   // la difusión de tal información, el examen de las necesidades y las consultas a las partes interesadas;  // 2.1.3.   // la sincronización de los programas de trabajo con las actividades de normalización a nivel internacional;  // 2.1.4.   // la gestión de los programas de trabajo;  // 2.1.5.   // la preparación de informes sobre la ejecución de los trabajos y los resultados prácticos de su aplicación.  // 2.2.   // La ejecución de los trabajos de normalización en el campo de las tecnologías de la información   //   // La ejecución de los programas requiere la realización de una serie de actividades, confiadas en general al CEN/CENELEC y a la CEPT, que corresponden a las diferentes etapas necesarias para garantizar la credibilidad de las normas.   //   // Dichas actividades incluyen:   // 2.2.1.   // el perfeccionamiento de normas internacionales con el fin de eliminar las ambigueedades y las opciones que desvirtúen la función de una norma que debe utilizarse para garantizar los intercambios de información y la interoperabilidad de los sistemas;   // 2.2.2.   // la elaboración de normas previas en los casos justificados por la excesiva lentitud de los procedimientos internacionales de normalización, o de las normas requeridas en el marco comunitario en ausencia de normas internacionales;   // 2.2.3.  // la definición de las condiciones necesarias para determinar la conformidad total con una norma;   // 2.2.4.   // la elaboración de normas de pruebas o especificaciones sobre pruebas incluidas en las normas y la organización de procedimientos y estructuras que permitan a los laboratorios de prueba verificar la conformidad con dichas normas sobre una base convenientemente armonizada.  // 2.3.   // Actividades relacionadas con el sector de las telecomunicaciones   //   // Las medidas de normalización relativas al sector de las telecomunicaciones incluyen dos tipos de actividad:   //   // - la elaboración de especificaciones funcionales basadas en normas y especificaciones internacionales o europeas en su caso, para los medios de acceso a las redes públicas de telecomunicaciones en aquellos servicios específicamente dirigidos al intercambio de información y datos entre sistemas de tecnología de la información. Estos trabajos técnicos corresponden a las actividades de armonización del sector de las telecomunicaciones y se confían al CEPT de acuerdo con el procedimiento descrito en la Directiva 86/361/CEE;   //   // - los trabajos que deban llevarse a cabo en el campo común a las tecnologías de la información y a las telecomunicaciones requieren una mayor cooperación entre los organismos técnicos competentes (por ejemplo: CEN/CENELEC/CEPT). Dichos trabajos deberán favorecer las convergencias para que puedan ponerse en práctica las normas y las especificaciones técnicas comunes de forma armonizada en un máximo de aplicaciones, de acuerdo con el procedimiento descrito en la Directiva 83/189/CEE.   // 2.4.   // Medidas complementarias   //   // Esta parte del programa comprende las siguientes medidas:   // 2.4.1.   // las actividades metrológicas específicas relativas a:   //   // - la promoción del desarrollo de instrumentos de prueba y validación así como de las técnicas de descripción formal;  //   // - el apoyo de las aplicaciones de referencia, sobre todo en el caso de las aplicaciones que requieren la utilización de normas funcionales basadas en la combinación de diversas normas;   // 2.4.2.   // la promoción de la elaboración de las guías de aplicación de las normas destinadas al usuario final;   // 2.4.3.   // la promoción de demostraciones relativas a la interoperabilidad obtenida a partir de la norma. El objetivo principal de dicha medida será poner a disposición de diferentes proyectos los instrumentos metrológicos y de prueba definidos en el apartado 2.4.1. y garantizar la experimentación de normas de desarrollo;  // 2.4.4.   // la promoción de convenios que trasciendan el marco de la normalización industrial, dependan de acuerdos alcanzados en determinados sectores profesionales y contribuyan a la eficacia de los intercambios de información (operaciones de las agencias de viajes, automatización de las transacciones monetarias, informatización de los documentos aduaneros, robótica, burótica, microinformática, etc.);   // 2.4.5.  // los estudios y proyectos específicos en el campo de la normalización de las tecnologías de la información.   // 3.  // Medidas relativas a la aplicación de normas en la contratación pública   //   // Determinar los métodos más eficaces de garantizar la rápida aplicación de las normas y especificaciones técnicas en el marco de la presente Decisión y garantizar al mismo tiempo que se relacionen de forma debida con actividades que dependen de la Directiva 77/62/CEE (1).  (1) DO no L 13 de 15. 1. 1977, p. 1.


title: 2007/317/CE: Decisión del Consejo, de 16 de abril de 2007 , por la que se aprueba la posición que debe adoptarse, en nombre de la Comunidad, en el seno del Consejo internacional de cereales en relación con la prórroga del Convenio sobre el comercio de cereales de 1995

text:
               9.5.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 119/30

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 16 de abril de 2007
   por la que se aprueba la posición que debe adoptarse, en nombre de la Comunidad, en el seno del Consejo internacional de cereales en relación con la prórroga del Convenio sobre el comercio de cereales de 1995
   (2007/317/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 133, leído en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo segundo,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Considerando lo siguiente:
   El Convenio sobre el comercio de cereales de 1995, aprobado por la Comunidad por medio de la Decisión 96/88/CE (1), se ha venido prorrogando periódicamente por períodos de dos años, la última vez mediante una decisión del Consejo internacional de cereales de junio de 2005, y vence el 30 de junio de 2007. Prorrogarlo nuevamente redunda en beneficio de la Comunidad. Por consiguiente, debe autorizarse a la Comisión, que representa a la Comunidad en el Consejo internacional de cereales, a votar a favor de una nueva prórroga.
   DECIDE:
   Artículo único
   La posición de la Comunidad en el Consejo internacional de cereales consistirá en votar a favor de la prórroga del Convenio sobre el comercio de cereales de 1995 por un nuevo período máximo de dos años.
   Se autoriza a la Comisión a expresar esta posición en el Consejo internacional de cereales.

      Hecho en Luxemburgo, el 16 de abril de 2007.

            Por el Consejo

            El Presidente

         H. SEEHOFER

      (1)  DO L 21 de 27.1.1996, p. 47.


title: 2012/760/UE: Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 2012 , por la que se nombra a un miembro y a un suplente alemanes del Comité de las Regiones

text:
               8.12.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 336/82

         DECISIÓN DEL CONSEJO
   de 6 de diciembre de 2012
   por la que se nombra a un miembro y a un suplente alemanes del Comité de las Regiones
   (2012/760/UE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 305,
   Vista la propuesta presentada por el Gobierno alemán,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 22 de diciembre de 2009 y el 18 de enero de 2010, el Consejo adoptó las Decisiones 2009/1014/UE (1) y 2010/29/UE (2), por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2010 y el 25 de enero de 2015.

               (2)

               Ha quedado vacante un cargo de miembro del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato del Sr. Heinz MAURUS.

               (3)

               Ha quedado vacante un cargo de suplente del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato del Sr. Ekkehard KLUG.

         HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se nombra para el Comité de las Regiones, para el período restante del mandato, es decir, hasta el 25 de enero de 2015:

               a)

               como miembro a la:

                           —

                           Sra. Anke SPOORENDONK, Ministerin für Justiz, Kultur und Europa

                     y

               b)

               como suplente al:

                           —

                           Sr. Eberhard SCHMIDT-ELSAESSER, Staats-sekretär.

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 6 de diciembre de 2012.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         S. CHARALAMBOUS

      (1)  DO L 348 de 29.12.2009, p. 22.

      (2)  DO L 12 de 19.1.2010, p. 11.