title: 2006/713/CE: Decisión de la Comisión, de 20 de octubre de 2006 , por la que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de discos versátiles digitales grabables (DVD+/-R) originarios de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán

text:
               24.10.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 293/7

      DECISIÓN DE LA COMISIÓN

   de 20 de octubre de 2006
   por la que se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de discos versátiles digitales grabables (DVD+/-R) originarios de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán
   (2006/713/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) (el «Reglamento de base»), y, en particular, su artículo 9,
   Previa consulta al Comité consultivo,
   Considerando lo siguiente:
   A.   PROCEDIMIENTO
   1.   Inicio

               (1)

               El 6 de agosto de 2005, la Comisión anunció, mediante un anuncio publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea
                   (2), el inicio de un procedimiento antidumping relativo a las importaciones en la Comunidad de discos versátiles digitales grabables (DVD+/-R) originarios de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán (los «países afectados»).

               (2)

               El procedimiento se inició a raíz de una denuncia presentada el 24 de junio de 2005 por CECMA (el «demandante») en nombre de productores que representan un porcentaje elevado, en este caso más del 60 %, de la producción comunitaria total de DVD+/-R. La denuncia incluía pruebas de dumping de DVD+/-R, así como del importante perjuicio resultante, que se consideraron suficientes para justificar el inicio de un procedimiento.

         2.   Partes afectadas por el procedimiento

               (3)

               La Comisión informó oficialmente del inicio del procedimiento al demandante, a los productores demandantes, a los otros productores comunitarios conocidos, a los productores exportadores en los países afectados, a los importadores, a los distribuidores, a los minoristas y a las organizaciones de consumidores notoriamente afectados, así como a los representantes de los países afectados.

               (4)

               Para que los productores exportadores de la República Popular China tuvieran la oportunidad de solicitar el trato de economía de mercado o el trato individual si así lo deseaban, la Comisión envió los formularios a los productores exportadores notoriamente afectados, así como a todas las demás empresas que se dieron a conocer en los plazos establecidos en el anuncio de inicio. Quince empresas solicitaron el trato de economía de mercado, de conformidad con el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, o el trato individual, en caso de que la investigación demostrara que no reunían las condiciones para el primero.

               (5)

               La Comisión envió cuestionarios a todas las partes notoriamente afectadas, incluidos todos los productores demandantes, todos los demás productores de la Comunidad, los productores exportadores de los países afectados y los importadores, los minoristas y los distribuidores. También se enviaron cuestionarios a los productores exportadores de Japón, considerado sustituto de Taiwán como posible país análogo para determinar el valor normal para los productores exportadores de la República Popular China a los que no se concedió trato de economía de mercado. El cambio de posible país análogo se debió a las objeciones presentadas por las partes interesadas, relativas, principalmente, al hecho de que en el pasado se había determinado la existencia de dumping, por parte de los principales exportadores de Taiwán, de un producto similar y, hasta cierto punto, intercambiable. Se recibió respuesta de veintidós productores exportadores de los países afectados, todos los productores demandantes, otro productor de la Comunidad, ocho importadores no vinculados, un distribuidor y siete minoristas (uno de los cuales es también mayorista).

               (6)

               A la luz del elevado número de respuestas recibidas de la República Popular China (nueve grupos de empresas) y Taiwán (once empresas), se llevó a cabo un muestreo en estos dos países, como se había previsto en el anuncio de iniciación. De acuerdo con el artículo 17 del Reglamento de base, la muestra se basó en el mayor volumen de exportaciones representativo que pudiera razonablemente investigarse en el tiempo disponible. Entre las muestras seleccionadas se encontraban, respectivamente, cuatro productores exportadores chinos, que representaban el 79 % del volumen de exportaciones de las partes que cooperaron de la República Popular China, y cinco productores exportadores de Taiwán, que representaban el 97 % del volumen de exportaciones de las partes que cooperaron de este país. De conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó a las autoridades chinas y taiwanesas, que no plantearon objeción alguna. Por lo que se refiere a Hong Kong, no fue necesario el muestreo.

               (7)

               La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para la determinación de la existencia de dumping, el perjuicio derivado y el interés comunitario, y llevó a cabo inspecciones en las instalaciones de las siguientes empresas:

                           a)

                           Productores comunitarios:

                                       —

                                       Computer Support Italcard s.r.l. (Milán, Italia)

                                       —

                                       Manufacturing Advanced Media (Mulhouse, Francia)

                                       —

                                       TDK Recording Media Europe SA (Luxemburgo)

                                       —

                                       Sony DADC (Salzburgo, Austria).

                           b)

                           Productores exportadores de Hong Kong:

                                       —

                                       UME Disc Ltd.

                                       —

                                       China Shing Manufacturing

                                       —

                                       MDA Technology Ltd.

                                       —

                                       Giant Base Technology Ltd.

                                       —

                                       Pop Hero Holdings Ltd.

                                       —

                                       Wealth Fair Investment Ltd.

                           c)

                           Productores exportadores de Taiwán:

                                       —

                                       Prodisc Technology, Inc (Taipei, Taiwán)

                                       —

                                       Daxon Technology (Taipei, Taiwán).

                           d)

                           Importadores y comerciantes independientes:

                                       —

                                       Verbatim Ltd (Londres, Reino Unido)

                                       —

                                       Maxell Europe Ltd (Londres, Reino Unido)

                                       —

                                       Philips Recordable Media (Wiesbaden, Alemania)

                                       —

                                       Sony France S.A. (París, Francia)

                                       —

                                       Ingram Micro Distribution GmbH (Munich, Alemania)

                                       —

                                       SK Kassetten GmbH & Co KG (Neuenrade, Alemania)

                                       —

                                       Intenso GmbH (Vechta, Alemania)

                                       —

                                       Emtec International S.p.a. (París, Francia).

                           e)

                           Mayorista/Minorista:

                                       —

                                       Metro Group Buying GmbH.

                           f)

                           Minoristas:

                                       —

                                       Carrefour Marchandises Internationales (París, Francia)

                                       —

                                       El Corte Inglés S.A. (Madrid, España)

                                       —

                                       FNAC S.A. (París, Francia).

                           g)

                           Productor en el país análogo:

                                       —

                                       Taiyo Yuden (Takasaki, Japón).

               (8)

               Es preciso observar que no se impusieron medidas provisionales en la investigación actual. Todas las partes recibieron una comunicación de los hechos y las consideraciones en que se fundaba la decisión de no imponer medidas provisionales. Se concedió a todas las partes un plazo dentro del cual podían formular observaciones en relación con la información que les había sido comunicada.

               (9)

               Varias partes interesadas presentaron observaciones por escrito. También se concedió a las partes que lo solicitaron la oportunidad de ser oídas. La Comisión buscó y verificó toda la información que consideró necesaria para sus conclusiones definitivas.

         3.   Período de investigación

               (10)

               La investigación sobre el dumping y los perjuicios abarcó el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005 (el «periodo de investigación», «PI»). En ambos casos, el análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el final del período de investigación (el «período considerado»).

         4.   Producto afectado y producto similar
   4.1.   Producto afectado

               (11)

               El producto afectado son los discos versátiles digitales grabables (DVD+/-R) originarios de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán, clasificado normalmente en el código NC ex 8523 90 00 (código de la NC desde el 1 de enero de 2006). Este código corresponde a productos con una capacidad de registro superior a 900 megabytes e igual o inferior a 18 gigabytes y que no se pueden borrar. Este código NC se indica a título meramente informativo. El producto en cuestión pertenece al ámbito de la industria de los soportes de grabación.

               (12)

               Un DVD-R es un soporte de almacenamiento óptico de datos digitales consistente en un disco de policarbonato, recubierto con varias capas de solución coloreada. Los DVD+/-R constan normalmente de dos sustratos de policarbonato de 0,6 mm de espesor, de 120 mm o menos, pegados uno a otro. Aunque estos discos pueden grabarse en varias fases, la información registrada no se puede borrar. El disco es un soporte de almacenamiento óptico de datos digitales, música y video. La grabación se realiza exponiendo la capa de tinte (tinte registrable) a un rayo láser infrarrojo en un grabador de DVD-R.

               (13)

               Existen dos estándares diferentes de DVD, a saber, los DVD-R y los DVD+R. En función del grupo de empresas que diseñó originalmente los diferentes estándares, tradicionalmente los productores han apoyado bien la producción de DVD+R o bien la de DVD-R (por ejemplo, DVD-R es un producto normalizado apoyado por un grupo denominado «DVD Forum», en el que se encontraba entre otros, el productor japonés Panasonic). No obstante, la mayoría de productores producen y comercializan ambos estándares, y casi todos los lectores de DVD pueden leer tanto los DVD-R como los DVD+R.

               (14)

               Los DVD+/-R se pueden diferenciar en función de su aspecto, del tipo de datos almacenados, de la capacidad de almacenamiento, de la capa metálica reflectante y de que estén o no impresos. Además, existen diferentes velocidades de registro, desde 4× a los DVD+/-R de alta velocidad (8×, 16× o más).

               (15)

               El producto se vende en distintas cantidades. Los DVD+/-R se comercializan en distintos tipos de embalaje: en unas cajas estándar o finas que contienen un DVD+/-R, en paquetes que contienen entre 10 y 100 DVD+/-R, bobinas de 10 a 100 DVD+/-R envueltos en material plástico y sobres con DVD+/-R envueltos en celofán, cajas de cartón, etc.

               (16)

               La capacidad de registro de un DVD+/-R de capa simple es de 4,7 gigabytes, mientras que un DVD+/-R de doble capa puede almacenar el doble, es decir, hasta 9,4 gigabytes.

               (17)

               Aunque la calidad de los diversos tipos de DVD+/-R vendidos es diferente, eso no entraña diferencias significativas en las características físicas y técnicas básicas de los diferentes tipos y estándares. Además, la investigación ha puesto de relieve que todos los DVD+/-R tienen el mismo uso. Por lo tanto, se consideran como un solo producto a efectos de esta investigación.

         4.2.   Producto similar

               (18)

               La investigación ha puesto de relieve que no habían diferencias ni en las características físicas y técnicas básicas ni en los usos entre el producto afectado y los DVD+/-R.

                           —

                           producidos y comercializados en los países afectados,

                           —

                           producidos por los productores demandantes y otros productores de la Comunidad y comercializados en el mercado comunitario,

                           —

                           producidos y comercializados en el mercado nacional del país análogo (Japón) con fines de establecer el valor normal con respecto a las importaciones de la República Popular China.

               (19)

               Por lo tanto, se concluye que todos los tipos de DVD+/-R constituyen una misma familia de productos y se consideran similares a efectos de lo dispuesto en el artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

         B.   DUMPING, PERJUICIO Y CAUSALIDAD

               (20)

               La investigación estableció la existencia de dumping y de los perjuicios resultantes. Sin embargo, habida cuenta de las conclusiones establecidas más adelante, no es necesario suministrar los detalles relativos a estos resultados.

         C.   INTERÉS DE LA COMUNIDAD
   5.   Generalidades

               (21)

               De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de base, se examinó si, a pesar de la conclusión sobre un dumping perjudicial, existían razones de peso para concluir que la adopción de medidas antidumping en este caso concreto no redundaría en interés de la Comunidad. Se consideraron tanto la repercusión prevista de las posibles medidas sobre todas las partes implicadas, como las consecuencias de no tomar medidas.

               (22)

               Para establecer la definición de la producción y la industria comunitarias se han aplicado los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1, y en el artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base.

               (23)

               A efectos del presente caso, se consideró que las siguientes empresas vinculadas constituían la industria comunitaria:

                           —

                           Computer Support Italcard s.r.l. («CSI»)

                           —

                           Manufacturing Advanced Media («MAME»).

               (24)

               En la demanda figuraba también otra empresa como demandante. Sin embargo, se pudo establecer que esta empresa importaba de los países afectados un gran porcentaje, si se compara con la producción total, del producto en cuestión durante la investigación. Estas importaciones tuvieron lugar durante un prolongado periodo de tiempo. También se descubrió que la actividad principal de esta empresa se desarrollaba fuera de la Comunidad. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, se consideró apropiado excluir a esta empresa de la definición de industria comunitaria.

               (25)

               Por otro lado, un productor adicional también cooperó plenamente. Sin embargo, se pudo establecer que esta empresa importaba de los países afectados un gran porcentaje, si se compara con la producción total, del producto en cuestión durante la investigación. Estas importaciones tuvieron lugar durante un prolongado periodo de tiempo. Como se establece en el considerando (24), también esta empresa, como parte de un grupo de empresas, desarrolla sus actividades principales fuera de la Comunidad. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 4, apartado 1, letra a), del Reglamento de base, se consideró apropiado excluir a esta empresa de la definición de industria comunitaria.

               (26)

               Finalmente, para liquidar una de las dos empresas restantes una vez finalizado el periodo de investigación, se consideró si esta empresa debería excluirse de la definición de industria comunitaria. No obstante, a la vista de las conclusiones que se exponen más adelante, no es necesario adoptar una decisión al respecto.

               (27)

               Por tanto, sólo CSI y MAME, con una producción conjunta que representa el 88 % de la producción total estimada de la Comunidad, constituyen la industria comunitaria en el sentido del artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base.

         6.   Interés de la industria de la Comunidad, los importadores no vinculados, los usuarios y los consumidores

               (28)

               Sobre la base de la información procedente de las partes interesadas, la evolución del consumo total en la Comunidad y las cuotas de mercado de la industria comunitaria durante el periodo considerado han evolucionado como se indica a continuación:
               Consumo en la UE

                           Miles de unidades

                           2002

                           2003

                           2004

                           PI

                           Consumo total

                           10 570

                           602 390

                           1 575 562

                           1 687 509

                           Índice (2002 = 100)

                           100

                           5 700

                           14 906

                           15 965

                     Consumo total en la UE del producto en cuestión, con un incremento masivo de casi 16 000 puntos porcentuales.
               Cuotas de mercado en el mercado comunitario

                           2002

                           2003

                           2004

                           PI

                           Industria de la Comunidad

                           0 %

                           0,4 %

                           0,6 %

                           0,8 %

                           Productores que prestaron su colaboración excluidos de la definición de producción comunitaria (véanse los considerandos 24 a 25)

                           6,3 %

                           1,0 %

                           3,1 %

                           5,1 %

                           Otros productores que no prestaron su colaboración y siguen siendo operativos en la comunidad (estimación)

                           0 %

                           0,5 %

                           0,2 %

                           0,2 %

                           Importaciones procedentes de los países afectados

                           93,7 %

                           87,6 %

                           89,0 %

                           86,1 %

                           Importaciones procedentes de otros países

                           0 %

                           10,5 %

                           7,1 %

                           7,8 %

               (29)

               Sobre la base de los datos expuestos anteriormente, se puede deducir que la cuota de la industria comunitaria en el mercado de la Comunidad era de 0 % en 2000, pero sólo ha alcanzado el 0,8 % en el periodo de investigación. La cuota de mercado de las importaciones procedentes de los países afectados se redujo en el periodo considerado, pero se mantuvo en un nivel aproximado del 87 % durante el periodo de investigación. La pérdida de la cuota de mercado se corresponde en gran parte con el incremento de las importaciones procedentes de terceros países.

               (30)

               El demandante argumentó que algunos de los productores que no cooperaron y que abandonaron su producción durante el periodo de investigación, o al finalizar el mismo, podrían reanudarla si se introdujeran medidas. Sin embargo, a falta de información procedente directamente de estos productores no cooperantes que confirme estas intenciones, o de otra evidencia que justifique la alegación, debe rechazarse este argumento. Asimismo, se indica que incluso en el caso de que estas empresas reanudaran la producción, lo más probable es que su producción no fuera muy significativa, comparada con los importantes volúmenes procedentes de los países afectados.

               (31)

               Además, como se ha visto anteriormente, parece evidente que la producción de DVD+/-R por parte de la industria comunitaria empezó más bien tarde si se compara con los exportadores de los países afectados. Es muy poco probable que la imposición de medidas permita a la industria comunitaria incrementar sus precios para alcanzar un nivel de rentabilidad que les permita subsistir, o, alternativamente, aumentar las ventas, a fin de reducir los costes de producción y beneficiarse así de las economías de escala. La evolución durante el periodo considerado muestra que la industria comunitaria no ha sido capaz hasta ahora de conquistar una cuota de mercado importante y las pérdidas de cuota de mercado de los países afectados fueron compensadas casi en su totalidad por las importaciones de terceros países. Además, dos de las cuatro empresas que prestaron su colaboración renunciaron a sus intereses como productores de la Comunidad y se convirtieron en importadores de DVD +/-R de los países afectados. En estas circunstancias, es poco probable que la industria comunitaria restante siga siendo sostenible y pueda beneficiarse de la imposición de medidas antidumping.

               (32)

               Todos los importadores y distribuidores, así como la mayoría de los minoristas, han alegado que, si se introdujeran medidas, el consiguiente incremento de los costes tendría que absorberse en uno varios niveles en la cadena de distribución (lo que reduciría significativamente sus respectivos márgenes), o repercutirse en el consumidor (lo que tal vez afectaría negativamente el consumo global de DVD+/-R), o repartirse entre ambas alternativas.

               (33)

               La posible reacción de los importadores, los distribuidores y los minoristas, ante el incremento de los costes resultante de la imposición de medidas dependerá de la situación en cada Estado miembro. En algunos Estados miembros, la demanda de DVD+/-R ya está sometida a las presiones de los «gravámenes especiales» sobre los soportes gravables (un impuesto que incrementa significativamente el precio de venta al consumidor). En este caso, es posible que los consumidores de DVD+/-R no estuvieran dispuestos a pagar más debido a medidas antidumping, puesto que el precio de venta al consumidor se considera ya elevado. Por tanto, muy probablemente, el coste total de las medidas debería repercutirse en la cadena de distribución, a fin de evitar que los consumidores se decidieran a adquirir, cada vez con mayor frecuencia, otros soportes audiovisuales para grabar datos, como los discos duros y las tarjetas de memoria. Puesto que se puede estimar que el margen de beneficio de los importadores/mayoristas en estos países es de un 4 %, la imposición de derechos antidumping reduciría significativamente este ya estrecho margen.

               (34)

               Al contrario, en Estados miembros con gravámenes especiales bajos (o nulos), lo más probable es que gran parte del incremento de los costes repercutiera en el consumidor. Por tanto, el efecto relativo de las medidas antidumping sería mayor en estos países, puesto que el incremento del precio sería relativamente mayor. Como resultado, podría descender el consumo, ya que los consumidores tendrían un incentivo para buscar productos substitutivos.

               (35)

               De los argumentos anteriormente expuestos se deriva que la estrategia de precios de los importadores, distribuidores y minoristas variará en función de la situación en cada Estado miembro. Sin embargo, es evidente que a todos ellos les afectaría negativamente la introducción de medidas antidumping, debido bien a la disminución de los márgenes o bien a la disminución de los volúmenes de ventas. De forma similar, en la medida en que el incremento de los costes de las medidas antidumping repercutieran en los consumidores, a éstos también les afectaría negativamente.

               (36)

               Muchas partes interesadas indicaron que los efectos de cualquier medida en la industria comunitaria deben contraponerse al riesgo de que el consumo de DVD+/-R se reduzca en cualquier caso a favor de otros productos para el almacenamiento de datos, como los discos duros en los grabadores de DVD y las tarjetas de memoria. En efecto, la investigación puso de manifiesto que el desarrollo tecnológico en el mercado de los productos para el almacenamiento de datos es rápido y que los nuevos productos para el almacenamiento de datos tienen la ventaja de ofrecer una mayor capacidad de almacenamiento que, en el caso de las tarjetas de memoria, se combina con un tamaño reducido.

               (37)

               También se ha alegado que la situación de la industria comunitaria es, de hecho, el resultado de un comportamiento abusivo por parte determinados productores exportadores dominantes, consistente en una estrategia de precios por debajo del coste, que habría impedido que la industria comunitaria consiguiera una presencia significativa en el mercado. En primer lugar, es preciso observar que en la normativa de la UE en materia de competitividad no existe ninguna decisión o investigación relativas al abuso de posición dominante, y que el demandante tampoco indicó ninguna decisión al respecto en las normativa nacionales en materia de competitividad. En segundo lugar, la investigación ha puesto de manifiesto la existencia de un gran número de operadores, tanto en Europa como en el mundo, en el mercado del producto en cuestión. En el marco de esta investigación no se ha demostrado que ninguno de los operadores, individualmente o en grupo, tenga una cuota de mercado que sea lo suficientemente significativa como para ser considerada una posición dominante. Además, tampoco se ha demostrado que la fuerza económica de ninguna de las empresas sea suficiente para impedir una competitividad efectiva. En tercer lugar, no existen indicaciones de pérdida de rentabilidad significativa con los exportadores en cuestión que sugieran que los exportadores habían seguido una estrategia de ventas por debajo de los costes. Por tanto, se rechazó la alegación presentada.

               (38)

               Además, mientras el artículo 21 del Reglamento de base hace referencia, en efecto, a la conveniencia de prestar una especial atención a la necesidad de eliminar los efectos distorsionadores sobre el comercio derivados del dumping y restablecer una competencia efectiva, esa disposición particular debe interpretarse en el marco general de la investigación relativa al interés de la Comunidad que prevé el mencionado artículo. Por tanto, deben examinarse y sopesarse los efectos derivados de imponer medidas o de no imponer medidas sobre todas las partes afectadas. A este respecto, es preciso observar que en el mercado mundial, y hasta cierto punto también en el mercado de la Comunidad, hay competencia con otros exportadores y productores. Incluso en una perspectiva a medio plazo, es improbable que la industria comunitaria pudiera beneficiarse plenamente de las posibles medidas, habida cuenta de que puede esperarse que otros terceros países incrementarían considerablemente su cuota en el mercado de la Comunidad.

               (39)

               Habida cuenta de la relativa madurez del mercado de DVD+/-R, la posibilidad de que, en caso de imponerse medidas, la industria comunitaria se convierta en un operador fuerte a corto o medio plazo parece remota, especialmente en términos de cuota de mercado, capacidad de producción o tecnología. Además, la imposición de medidas afectaría a casi un 90 % del consumo del producto en cuestión en la UE, y perjudicaría a los importadores, los distribuidores, los minoristas y los consumidores. En estas circunstancias, la imposición de medidas antidumping resultaría desproporcionada.

               (40)

               Sobre la base de lo expuesto anteriormente, se puede concluir que la imposición de medidas tendría importantes efectos negativos sobre los importadores, los distribuidores, los minoristas y los consumidores del producto en cuestión y que no es probable que la industria comunitaria obtuviera beneficios importantes. Por tanto, se considera que la imposición de medidas sería desproporcionada y contraria a los intereses de la Comunidad.

         7.   Conclusión sobre el interés de la Comunidad

               (41)

               A la luz de lo expuesto anteriormente, existen razones de peso basadas en el interés de la Comunidad para no adoptar ninguna medida antidumping en relación con las importaciones de DVD+/-R procedentes de los países afectados.

         D.   CONCLUSIÓN DEL PROCEDIMIENTO

               (42)

               En estas circunstancias, debería concluirse el procedimiento relativo a las importaciones de DVD+/-R procedentes de los países afectados sobre la base del interés de la Comunidad.

               (43)

               Se informó al denunciante y a las demás partes interesadas de los principales hechos y consideraciones sobre los que la Comisión se propone dar por concluido este procedimiento, tras lo cual los denunciantes dieron a conocer sus puntos de vista; sin embargo, la naturaleza de estas observaciones no condujo a la modificación de las conclusiones anteriores.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo único
   Se da por concluido el procedimiento antidumping relativo a las importaciones de discos versátiles digitales grabables (DVD+/-R) originarios de la República Popular China, Hong Kong y Taiwán, clasificado normalmente en el código NC ex 8523 90 00 (código de la NC desde el 1 de enero de 2006).

      Hecho en Bruselas, el 20 de octubre de 2006.

            Por la Comisión

         Peter MANDELSON

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1, Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2117/2005 (DO L 340 de 23.12.2005, p. 17).

      (2)  DO C 192 de 6.8.2005, p. 12.


title: 2010/292/PESC: Decisión EUPOL Afganistán/1/2010 del Comité Político y de Seguridad, de 18 de mayo de 2010 , por la que se nombra al Jefe de la Misión de EUPOL Afganistán ad interim

text:
               21.5.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 125/52

         DECISIÓN EUPOL AFGANISTÁN/1/2010 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD
   de 18 de mayo de 2010
   por la que se nombra al Jefe de la Misión de EUPOL Afganistán ad interim

   (2010/292/PESC)
   EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 38, párrafo tercero,
   Vista la Decisión 2010/279/PESC del Consejo, de 18 de mayo de 2010, sobre la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán (EUPOL Afganistán) (1), y, en particular, su artículo 10, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 10, apartado 1, de la Decisión 2010/279/PESC, el Consejo autorizó al Comité Político y de Seguridad, con arreglo al artículo 38 del Tratado, a adoptar las decisiones pertinentes relativas al control político y a la dirección estratégica de la Misión EUPOL Afganistán, incluida la decisión relativa al nombramiento del Jefe de Misión.

               (2)

               La Alta Representante de la Unión para la Política Exterior y de Seguridad Común ha propuesto el nombramiento del actual Jefe adjunto de Misión, Comisario-Jefe de Policía Sr. Nigel THOMAS como Jefe de la Misión ad interim desde el 31 de mayo hasta que se nombre un nuevo Jefe de Misión.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se nombra al Comisario-Jefe de Policía Sr. Nigel THOMAS Jefe de Misión de la Misión de Policía de la Unión Europea en Afganistán a partir del 31 de mayo de 2010 hasta que se nombre un nuevo Jefe de Misión.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
   Se aplicará hasta que se nombre un nuevo Jefe de Misión.

      Hecho en Bruselas, el 18 de mayo de 2010.

            Por el Comité Político y de Seguridad

            El Presidente

         C. FERNÁNDEZ-ARIAS

      (1)  DO L 123 de 19.5.2010, p. 4.


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32004D0013

2004/13/CE: Decisión de la Comisión, de 6 de enero de 2004, por la que se da por concluido el procedimiento de examen referente a la aplicación del programa brasileño de financiación de exportaciones "PROEX" en el sector de los aviones de transporte regional

Diario Oficial n° L 004 de 08/01/2004 p. 0025 - 0026

Decisión de la Comisiónde 6 de enero de 2004por la que se da por concluido el procedimiento de examen referente a la aplicación del programa brasileño de financiación de exportaciones "PROEX" en el sector de los aviones de transporte regional(2004/13/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) n° 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio(1), y, en particular, el apartado 1 de su artículo 11,Considerando lo siguiente:(1) El 27 de enero de 1999, el fabricante alemán de aviones de transporte regional Dornier Luftfahrt GmbH (en lo sucesivo, "Dornier"), presentó una denuncia ante la Comisión con arreglo a los artículos 3 y 4 del Reglamento sobre obstáculos al comercio. La denuncia se refería al programa brasileño de financiación de exportaciones denominado Programa de Financiamento das Exportações ("PROEX"), que, en lo que respecta a la exportación de aviones, funciona como un sistema de nivelación de tipos de interés.(2) De acuerdo con las alegaciones del demandante, la aplicación del PROEX al sector aeronáutico brasileño, y concretamente al fabricante de aviones reactores de transporte regional Embraer, permitía a este último ejercer una competencia desleal con Dornier en el mercado de aviones reactores de 30 plazas. En particular, según el demandante, el PROEX permitía a los compradores de aviones Embraer reducir sus costes de financiación a niveles inferiores a los obtenidos en los mercados financieros, lo que se traducía en una marcada disminución del precio de las aeronaves. El demandante aducía que el PROEX constituía una ayuda a la exportación prohibida en virtud de la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre subvenciones y medidas compensatorias (Acuerdo SMC). Dornier alegaba, asimismo, que la utilización abusiva del PROEX por parte de Embraer le causaba importantes perjuicios en el mercado comunitario y tenía efectos comerciales adversos en terceros mercados, especialmente en los mercados suizo y estadounidense.(3) La Comisión determinó que la denuncia presentaba indicios razonables suficientes de la existencia de un obstáculo al comercio, y, mediante Comunicación publicada en el Diario Oficial el 17 de abril de 1999(2), anunció la incoación de un procedimiento de examen. A continuación se resumen las principales conclusiones de la Comisión.(4) El PROEX funciona como un sistema de nivelación de tipos de interés, con arreglo al cual el Gobierno brasileño reembolsa parte de los intereses que los compradores extranjeros de aviones Embraer han de pagar para financiar sus adquisiciones. Los reembolsos representaron 3,8 puntos porcentuales anuales durante un período de 15 años. El PROEX permitía que las compañías aéreas adquiriesen aviones en condiciones de financiación mucho más favorables que las del mercado, lo que comportaba un beneficio, en términos de valor actual neto, del orden de un 15 % del precio de adquisición de los aparatos. De este modo, Embraer podía ofrecer sistemáticamente un precio inferior al de Dornier por los aviones reactores de 30 plazas, y conseguir, así, el grueso de la cuota de los mercados comunitario y estadounidense de dichos aviones reactores. En efecto, en la mayor parte de los pedidos importantes de las compañías aéreas, las condiciones de financiación del PROEX fueron, de lejos, el factor más determinante a la hora de inclinar a dichas compañías en favor del reactor brasileño.(5) En estas circunstancias, la Comisión consideró fundadas las alegaciones del demandante en cuanto a la existencia de un obstáculo al comercio, y estimó que el PROEX causaba perjuicios y producía efectos comerciales adversos a tenor de lo previsto en los apartados 3 y 4 del artículo 2 del Reglamento sobre obstáculos al comercio.(6) En el curso del examen realizado al amparo del referido Reglamento, un grupo especial establecido, a instancias de Canadá, por el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la Organización Mundial del Comercio, llegó a la conclusión de que los pagos efectuados en el marco del PROEX constituían subvenciones a la exportación prohibidas e incompatibles con lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo de la OMC sobre subvenciones y medidas compensatorias. Las conclusiones y consiguientes recomendaciones del grupo especial recibieron el respaldo del Órgano de Apelación de la OMC y ambos informes fueron adoptados por el OSD el 20 de agosto de 1999.(7) El 19 de noviembre de 1999, Brasil informó al OSD de las modificaciones introducidas en el PROEX (PROEX II), en atención a las recomendaciones de dicho órgano. Sin embargo, Canadá consideró que el PROEX II seguía otorgando subvenciones a la exportación contrarias al Acuerdo SMC e inició un procedimiento de compatibilidad conforme al apartado 5 del artículo 21 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias (ESD). Tanto el grupo especial encargado de examinar la compatibilidad del programa como el Órgano de Apelación apoyaron la postura de Canadá, al considerar también que el PROEX II representaba una ayuda a la exportación de carácter ilegal.(8) El 6 de diciembre de 2000, Brasil aprobó una nueva versión revisada del PROEX (PROEX III), y Canadá recurrió de nuevo al oportuno grupo especial, al amparo del apartado 5 del artículo 21 del ESD, a fin de determinar la compatibilidad del programa con la normativa de la OMC. En esta ocasión, el informe del grupo especial, adoptado por el OSD el 23 de agosto de 2001, estimaba que, a diferencia de las versiones precedentes, el PROEX III no infringía, en sí, la letra a) del apartado 1 del artículo 3 del Acuerdo SMC, dado que no exigía a Brasil la concesión de créditos a la exportación en condiciones que pudieran asimilarlos a subvenciones. En sus conclusiones, el grupo especial se refería exclusivamente al PROEX III en cuanto texto normativo, con independencia de su aplicación, y precisaba con claridad que la compatibilidad del texto del PROEX III con el Acuerdo SMC no necesariamente implicaba la de toda futura aplicación del programa.(9) Tras la adopción de las conclusiones del grupo especial por el OSD, las Comunidades Europeas declararon su intención de mantenerse vigilantes y cerciorarse de que Brasil cumpliera con las obligaciones impuestas por la OMC a la hora de aplicar el PROEX III en operaciones concretas. No obstante, durante los dos últimos años de seguimiento, no se ha formulado ninguna otra alegación, ni se ha presentado prueba alguna contra Brasil al respecto.(10) A falta de indicio alguno del ejercicio de prácticas comerciales desleales por parte de Brasil tras la adopción del informe del grupo especial de la OMC sobre el PROEX III, las Comunidades Europeas no estiman necesario adoptar medida alguna, por lo que, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 11 del Reglamento, procede dar por concluido el procedimiento.(11) El Comité consultivo ha sido consultado sobre las medidas previstas en la presente Decisión.HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:Artículo únicoSe da por concluido el procedimiento de examen incoado el 17 de abril de 1999 en relación con la aplicación del programa brasileño de financiación de exportaciones "PROEX" en el sector de los aviones de transporte regional.Hecho en Bruselas, el 6 de enero de 2004.Por la ComisiónPascal LamyMiembro de la Comisión(1) DO L 349 de 31.12.1994, p. 71; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 356/95 (DO L 41 de 23.2.1995, p. 3).(2) DO C 108 de 17.4.1999, p. 33.


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31992D0583

92/583/CEE: Decisión del Consejo, de 14 de diciembre de 1992, relativa a la celebración del protocolo de enmienda del Convenio europeo sobre protección de los animales en las ganaderías

Diario Oficial n° L 395 de 31/12/1992 p. 0021 - 0024 Edición especial en finés : Capítulo 3 Tomo 47 p. 0133  Edición especial sueca: Capítulo 3 Tomo 47 p. 0133

DECISIÓN DEL CONSEJO de 14 de diciembre de 1992 relativa a la celebración del  protocolo de enmienda del Convenio europeo sobre protección de los animales en las ganaderías  (92/583/CEE)EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 43, Vista la propuesta de la Comisión, Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1), Visto el dictamen del Comité Económico y Social (2), Considerando que, mediante la Decisión 78/923/CEE (3), la Comunidad aprobó el Convenio europeo  sobre protección de los animales en las ganaderías, denominado en lo sucesivo «Convenio»; que la  Comunidad depositó el instrumento de aprobación; Considerando que, el 15 de noviembre de 1991, el Comité de Ministros del Consejo de Europa adoptó  un protocolo de enmienda del Convenio con objeto de tener en cuenta los avances científicos y  técnicos que se han producido en la cría de animales; Considerando que las disparidades que presentan las legislaciones nacionales en el ámbito de la  protección de los animales en las ganaderías pueden crear algunas disparidades en las condiciones  de competencia y tener, por esta razón, una incidencia indirecta en el correcto funcionamiento del  mercado común; Considerando que el Convenio abarca materias que entran en el ámbito de la política agrícola  común; Considerando que la participación comunitaria contribuye, pues, a la consecución de los objetivos  de la Comunidad; Considerando que procede aprobar el protocolo de enmienda, DECIDE: Artículo 1Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el protocolo de enmienda  del Convenio europeo sobre protección de los animales en las ganaderías. El texto del protocolo se adjunta a la presente Decisión. Artículo 2El presidente del Consejo procederá al depósito del instrumento de aprobación, de  conformidad con el apartado 4 del artículo 6 del protocolo de enmienda. Hecho en Bruselas, el 14 de diciembre de 1992. Por el ConsejoEl PresidenteJ. GUMMER(1) DO n° C 337 de 21. 12. 1992. (2) DO n° C 332 de 16. 12. 1992, p. 24. (3) DO n° L 323 de 17. 11. 1978, p. 12.


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31979D0486

79/486/CEE: Decisión de Consejo, de 14 de mayo de 1979, por la que se aplica la Decisión 78/870/CEE, por la que se faculta a la Comisión para contratar empréstitos a fin de promover las inversiones en la Comunidad

Diario Oficial n° L 125 de 22/05/1979 p. 0016 - 0017 Edición especial en finés : Capítulo 10 Tomo 1 p. 0021  Edición especial griega: Capítulo 10 Tomo 1 p. 0184  Edición especial sueca: Capítulo 10 Tomo 1 p. 0021

 /* No existe versión española de este documento, pues no está en la Edición Especial en lengua española del Derecho Derivado. En dicha Edición Especial no se incluyeron los actos que  - no estaban vigentes en la fecha de la Adhesión del Reino de España (01/01/1986),  - dejaron de estar vigentes con motivo de la Adhesión, por ejemplo: algunos acuerdos entre la Comunidad y el Reino de España o la República Portuguesa,  - sólo eran vinculantes para sus destinatarios y, por tanto, la única lengua auténtica era la suya,  - no eran obligatorios,  - no eran suficientemente relevantes,  - fueron derogados durante la elaboración de la Edición Especial.   oknoes86 */


title: Decisión 2006/866/PESC del Consejo, de 30 de noviembre de 2006 , por la que se prorroga el mandato del Jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOUE)

text:
               1.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 335/47

      DECISIÓN 2006/866/PESC DEL CONSEJO

   de 30 de noviembre de 2006
   por la que se prorroga el mandato del Jefe de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOUE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 23, apartado 2,
   Vista la Acción Común 2002/921/PESC del Consejo, de 25 de noviembre de 2002, por la que se prorroga el mandato de la Misión de Observación de la Unión Europea (1), y en particular su artículo 5, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 21 de noviembre de 2005, el Consejo adoptó la Decisión 2005/808/PESC (2) por la que se prorroga el mandato de D.a Maryse DAVIET en calidad de Jefe de Misión de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOUE). En virtud de la citada Decisión su mandato expira el 31 de diciembre de 2006.

               (2)

               El 30 de noviembre de 2006, el Consejo adoptó la Acción Común 2006/867/PESC por la que se prorroga y modifica el mandato de la Misión de Observación de la Unión Europea (MOUE) hasta el 31 de diciembre de 2007.

               (3)

               Debe, por consiguiente, prorrogarse asimismo el mandato del Jefe de Misión de la MOUE.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Se prorroga el mandato de D.a Maryse DAVIET en calidad de Jefe de Misión de la MOUE hasta el 31 de diciembre de 2007.
   Artículo 2
   La presente Decisión surtirá efecto el día de su adopción.
   Artículo 3
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2006.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         L. HYSSÄLÄ

      (1)  DO L 321 de 26.11.2002, p. 51. Acción Común cuya última modificación la constituye la Acción Común 2005/807/PESC (DO L 303 de 22.11.2005, p. 61).

      (2)  DO L 303 de 22.11.2005, p. 62.


title: 2012/199/UE: Decisión del Presidente de la Comisión Europea, de 29 de febrero de 2012 , sobre la función y el mandato del Consejero Auditor en determinados litigios comerciales

text:
               19.4.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 107/5

         DECISIÓN DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA
   de 29 de febrero de 2012
   sobre la función y el mandato del Consejero Auditor en determinados litigios comerciales
   (2012/199/UE)
   EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el reglamento interno de la Comisión (1) y, en particular, su artículo 22,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El derecho a una buena administración es un principio consolidado del Derecho de la Unión Europea, que incluye los derechos procesales de las partes interesadas implicadas en contenciosos administrativos, cuyo resultado puede afectar a sus intereses.

               (2)

               Este principio del Derecho europeo se establece en el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2). Los derechos establecidos en el artículo 41, apartados 1 y 2, de la Carta en relación con una persona cuyos intereses se ven afectados por un litigio comercial también están explícitamente establecidos (o bien, por ser principios generales de Derecho, deberían aplicarse) en el Reglamento (CE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (3), el Reglamento (CE) no 597/2009 del Consejo, de 11 de junio de 2009, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea (4), el Reglamento (CE) no 260/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre el régimen común aplicable a las importaciones (5), el Reglamento (CE) no 625/2009 del Consejo, de 7 de julio de 2009, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países (6), el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (7), el Reglamento (CE) no 385/96 del Consejo, de 29 de enero de 1996, sobre protección contra las prácticas perjudiciales en materia de precios en la construcción naval (8), el Reglamento (CE) no 868/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativo a la protección contra las subvenciones y las prácticas tarifarias desleales, que causan perjuicios a las compañías aéreas comunitarias, en la prestación de servicios de transporte aéreo desde los países no miembros de la Comunidad Europea (9), el Reglamento (CE) no 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas a partir del 1 de enero de 2009 y se modifican los Reglamentos (CE) no 552/97, (CE) no 1933/2006 y los Reglamentos (CE) no 1100/2006 y (CE) no 964/2007 de la Comisión (10), el Reglamento (CE) no 1515/2001 del Consejo, de 23 de julio de 2001, relativo a las medidas que podrá adoptar la Comunidad a partir del informe sobre medidas antidumping y antisubvención aprobado por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC (11), y el Reglamento (CE) no 427/2003 del Consejo, de 3 de marzo de 2003, relativo a un mecanismo de salvaguardia transitorio aplicable a las importaciones de determinados productos originarios de la República Popular China y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 519/94, relativo al régimen común aplicable a las importaciones de determinados terceros países (12).

               (3)

               Desde el 1 de enero de 2007, la tarea de salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos procesales de las partes interesadas y garantizar que los litigios comerciales contemplados en los Reglamentos anteriormente enumerados se tramiten con imparcialidad, justicia y en un tiempo razonable se ha confiado a un funcionario de la Dirección General de Comercio, con experiencia en asuntos de defensa comercial y designado «Consejero Auditor».

               (4)

               Al objeto de reforzar este papel e intensificar la transparencia y la justicia procesal de los litigios pertinentes, conviene ahora consolidar esta función de Consejero Auditor en el seno de la Comisión y establecer sus atribuciones.

               (5)

               Esta función debe ser asignada a una persona independiente, con experiencia en litigios comerciales. El Consejero Auditor debe ser nombrado por la Comisión de conformidad con las normas establecidas en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.

               (6)

               Para garantizar la independencia del Consejero Auditor, este debe estar adscrito administrativamente al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial.

               (7)

               Las principales atribuciones del Consejero Auditor establecidas en la presente Decisión consisten en: asesorar al Comisario responsable de Política Comercial y al Director General de Comercio; garantizar los derechos procesales; permitir el acceso al expediente; tomar una decisión sobre el carácter confidencial de un documento, y revisar la posición de la administración en cuanto a la ampliación de plazos. El Consejero Auditor debe procurar que, en la elaboración de los proyectos o propuestas de actos jurídicos de la Comisión, se tengan debidamente en cuenta todos los elementos pertinentes, tanto favorables como desfavorables para las partes afectadas.

               (8)

               A fin de mejorar las garantías procesales para el ejercicio de los derechos procesales de las partes interesadas, es necesario determinar los tipos de audiencia y fijar las reglas de organización, desarrollo y seguimiento de las audiencias con el Consejero Auditor.

               (9)

               El poder del Consejero Auditor para decidir sobre cuestiones relativas al acceso al expediente, la confidencialidad y los plazos debe proporcionar a las partes implicadas en un litigio comercial una garantía procesal adicional, sin perjuicio de los límites temporales de dicho litigio.

               (10)

               Los informes deben garantizar que las principales cuestiones abordadas por el Consejero Auditor y sus recomendaciones más importantes se comuniquen a los responsables de la toma de decisiones y, de este modo, proporcionen una garantía adicional en cuanto al respeto de los derechos de las partes afectadas por un litigio comercial. Los informes anuales también deben informar a los Estados miembros de la UE, al Parlamento Europeo y al público en general sobre las actividades del Consejero Auditor.

               (11)

               Al divulgar información sobre personas físicas, debe prestarse especial atención al Reglamento (CE) no 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (13).

               (12)

               La presente Decisión debe aplicarse sin perjuicio de las normas generales por las que se otorga o deniega el acceso a documentos de la Comisión.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   El Consejero Auditor
   1.   Se crea una función específica de Consejero Auditor en litigios comerciales en el seno de la Comisión.
   2.   La tarea del Consejero Auditor consiste en salvaguardar el ejercicio efectivo de los derechos procesales de las partes interesadas establecidos en los Reglamentos anteriormente enumerados (en lo sucesivo, «los Reglamentos de base») y garantizar que los litigios comerciales en el marco de dichos Reglamentos se tramiten con imparcialidad, justicia y en un tiempo razonable. Dichos Reglamentos de base son los siguientes:

               a)

               el Reglamento (CE) no 1225/2009 y, en particular, su artículo 5, apartados 10 y 11, su artículo 6, apartados 5, 6, 7 y 8, su artículo 8, apartados 3, 4 y 9, y sus artículos 18, 19, 20 y 21;

               b)

               el Reglamento (CE) no 597/2009 y, en particular, su artículo 10, apartados 12 y 13, su artículo 11, apartados 5, 6, 7, 8 y 10, su artículo 13, apartados 3, 4 y 9, y sus artículos 28, 29, 30 y 31;

               c)

               el Reglamento (CE) no 260/2009 y, en particular, sus artículos 6 y 9;

               d)

               el Reglamento (CE) no 625/2009 y, en particular, sus artículos 5 y 7;

               e)

               el Reglamento (CE) no 3286/94 y, en particular, sus artículos 8 y 9;

               f)

               el Reglamento (CE) no 385/96 y, en particular, su artículo 5, apartados 12 y 13, su artículo 6, apartados 5, 6, 7 y 8, y sus artículos 12, 13 y 14;

               g)

               el Reglamento (CE) no 868/2004 y, en particular, sus artículos 7 y 8;

               h)

               el Reglamento (CE) no 732/2008 y, en particular, sus artículos 18, 19 y 20;

               i)

               el Reglamento (CE) no 1515/2001 y, en particular, sus artículos 1, apartado 2, y 2, apartado 2;

               j)

               el Reglamento (CE) no 427/2003 y, en particular, su artículo 5, apartado 5, su artículo 6, apartados 4, 5 y 6, su artículo 17, apartados 2 y 3, y su artículo 18.

         Artículo 2
   Definiciones
   A efectos de la presente Decisión, se entenderá por:

               a)

               «litigio comercial», cualquier investigación o procedimiento administrativo llevado a cabo por los servicios de la Comisión en el marco de cualquiera de los Reglamentos de base;

               b)

               «parte interesada», cualquier persona cuyos intereses se vean afectados por un litigio comercial, con arreglo a la definición del Reglamento de base aplicable;

               c)

               «derechos de las partes interesadas», los derechos procesales y el derecho de cualquier persona a que sus asuntos se tramiten con imparcialidad, justicia y en un tiempo razonable en el marco de litigios comerciales.

         Artículo 3
   Nombramiento, revocación del mandato y suplencia
   1.   El Consejero Auditor será nombrado por la Comisión de conformidad con las normas establecidas en el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y el régimen aplicable a los otros agentes de la Unión.
   2.   El nombramiento del Consejero Auditor se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Cualquier interrupción, revocación del mandato o traslado del Consejero Auditor por medio de cualquier procedimiento estará sujeto a una decisión motivada de la Comisión. Dicha decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

   3.   El Consejero Auditor estará adscrito administrativamente al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial.
   4.   Cuando el Consejero Auditor no pueda intervenir, el miembro de la Comisión responsable de Política Comercial designará, para ejercer sus funciones, previa consulta con el propio Consejero Auditor cuando sea posible, a otro funcionario que no esté implicado en el asunto de que se trate y tenga suficiente experiencia en litigios comerciales.
   Artículo 4
   Principios de intervención del Consejero Auditor
   1.   El Consejero Auditor actuará de manera independiente en el desempeño de su cometido. El Consejero Auditor no recibirá instrucciones en el cumplimiento de sus tareas.
   2.   En el desempeño de su cometido, el Consejero Auditor tendrá en cuenta la necesidad de que se apliquen efectivamente los Reglamentos de base, de conformidad con la legislación vigente de la Unión y con los principios establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
   3.   En el ejercicio de sus funciones, el Consejero Auditor podrá acceder sin restricciones ni demoras indebidas a cualquier expediente relacionado con un litigio comercial en cualquier momento a lo largo de este.
   4.   El Consejero Auditor tomará decisiones con arreglo a lo establecido en la presente Decisión y podrá impartir recomendaciones a los servicios de la Comisión responsables de la investigación sobre cualquier cuestión relativa a los derechos de las partes interesadas que hayan solicitado su intervención. El Consejero Auditor procurará que, en la elaboración de los proyectos o propuestas de actos jurídicos de la Comisión, se tengan debidamente en cuenta todos los elementos pertinentes, tanto favorables como desfavorables para las partes afectadas.
   5.   El Director responsable o su delegado mantendrán informado al Consejero Auditor sobre el desarrollo del litigio en el que este último ha intervenido, hasta que la Comisión o el Consejo, según proceda, adopten un acto jurídico definitivo. Se informará sin demora al Consejero Auditor de todo cambio sustancial en la posición de la Comisión durante la fase definitiva del litigio comercial, a fin de evaluar cualquier posible incidencia en los derechos de las partes interesadas.
   6.   El Consejero Auditor asesorará al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial y, en su caso, al Director General en relación con el seguimiento de sus recomendaciones y, cuando proceda, sobre posibles soluciones.
   7.   El Director responsable consultará al Consejero Auditor acerca de los cambios o las actualizaciones de las medidas relacionadas con cuestiones de procedimiento o sustantivas que incidan en los derechos de las partes interesadas con arreglo a la definición del artículo 2 de la presente Decisión. El Consejero Auditor podrá ser consultado sobre cualquier otra cuestión que surja de un litigio comercial.
   8.   El Consejero Auditor podrá presentar al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial y al Director General de Comercio, en su caso, observaciones y recomendaciones sobre cualquier otro asunto que surja de un litigio comercial.
   Artículo 5
   Condiciones de intervención del Consejero Auditor, plazos e información
   1.   El Consejero Auditor intervendrá a petición de las partes interesadas, del miembro de la Comisión responsable de Política Comercial, del Director General, del Director responsable de un litigio comercial o su delegado, o de un Director de otro servicio al que se haya consultado sobre un litigio comercial.
   2.   El Consejero Auditor podrá intervenir en cualquier momento a lo largo de un litigio comercial, teniendo debidamente en cuenta los límites temporales de este.
   3.   El Consejero Auditor deberá cumplir los plazos aplicables a los litigios comerciales de conformidad con los Reglamentos de base.
   4.   Cualquier acto jurídico definitivo o propuesta de la Comisión irá acompañado de una nota del Consejero Auditor indicando si ha intervenido en el litigio en cuestión y de qué manera.
   Artículo 6
   Audiencias
   1.   Previa petición, o en los casos y condiciones establecidos en los Reglamentos de base, el Consejero Auditor podrá organizar y dirigir dos tipos de audiencias: audiencias entre una parte interesada individual o un grupo de partes interesadas con intereses similares y los servicios de la Comisión responsables de la investigación, y audiencias entre partes interesadas con intereses diferentes.
   2.   Las audiencias podrán versar sobre cualquier asunto que surja en cualquier momento a lo largo del litigio comercial y que pueda afectar a los derechos de las partes interesadas.
   3.   Las personas físicas invitadas a asistir a una audiencia podrán asistir bien en persona, bien representadas por un representante legal. Las personas jurídicas invitadas a asistir a una audiencia estarán representadas por un agente debidamente autorizado, designado entre el personal permanente.
   4.   Las personas físicas o jurídicas invitadas a asistir a una audiencia organizada por el Consejero Auditor podrán estar asistidas por un asesor jurídico o por cualquier otra persona cualificada que no forme parte del personal permanente y que haya sido admitida por el Consejero Auditor.
   5.   El presente artículo se aplicará sin perjuicio del derecho a ser oído contemplado en los Reglamentos de base.
   Artículo 7
   Audiencias con una parte interesada individual o un grupo de partes interesadas con intereses similares
   1.   El Consejero Auditor podrá organizar y dirigir una audiencia entre una parte interesada individual o un grupo de partes interesadas con intereses similares y los servicios de la Comisión responsables de la investigación y, en su caso, otros servicios, previa petición motivada de la parte interesada o el grupo de partes interesadas con intereses similares.
   2.   Una parte interesada individual podrá solicitar que se celebre una audiencia con un grupo de partes interesadas con intereses similares sobre una cuestión específica, audiencia que tendrá lugar siempre y cuando al menos otra parte interesada individual con intereses similares esté de acuerdo en participar.
   Artículo 8
   Audiencias entre partes interesadas con intereses diferentes
   1.   Podrá organizarse una audiencia entre partes interesadas con intereses diferentes, que estará presidida por el Consejero Auditor y en la que podrán presentarse opiniones divergentes y argumentos en contra. El período en el que podrá celebrarse esta audiencia se indicará en el anuncio de inicio del litigio comercial.
   2.   Podrá organizarse una audiencia entre partes interesadas con intereses diferentes en cada litigio de defensa comercial, tras consultar con los servicios de la Comisión responsables de la investigación.
   3.   Una parte interesada individual también podrá solicitar una audiencia entre partes interesadas con intereses diferentes sobre una cuestión específica, audiencia que tendrá lugar siempre y cuando al menos otra parte interesada individual con intereses diferentes esté de acuerdo en participar.
   4.   Asistirán a la audiencia los servicios de la Comisión responsables de la investigación y, en su caso, otros servicios.
   5.   Los representantes competentes de los Estados miembros podrán asistir, en calidad de observadores, a cualquier audiencia entre partes interesadas con intereses diferentes.
   Artículo 9
   Preparación de audiencias
   1.   Tras consultar con el Director responsable o su delegado, el Consejero Auditor determinará la fecha, la duración y el lugar de la audiencia. Cuando las partes interesadas o los servicios de la Comisión soliciten un aplazamiento, el Consejero Auditor decidirá si este se concede o no.
   2.   Cuando proceda, el Consejero Auditor podrá celebrar una reunión de preparación con las partes interesadas o con los servicios de la Comisión responsables de la investigación y otros servicios para identificar y aclarar, en la medida de lo posible, cualquier cuestión de hecho o de derecho que vaya a abordarse durante la audiencia. A tal fin, el Consejero Auditor podrá pedir a los participantes en la audiencia cualquier información necesaria para su preparación.
   3.   El Consejero Auditor preparará el orden del día de cada audiencia y lo pondrá a disposición de todos los participantes antes de la audiencia.
   4.   En un tiempo razonable a partir del plazo para la presentación de comentarios sobre una conclusión y antes de una audiencia entre las partes, el Consejero Auditor podrá invitar a los participantes a hacer preguntas sobre la información facilitada por otras partes interesadas.
   5.   Cuando resulte oportuno en razón de la necesidad de garantizar una preparación adecuada de la audiencia entre las partes y, en particular, de esclarecer en la medida de lo posible las cuestiones de hecho, el Consejero Auditor, previa consulta con el Director responsable o a su delegado, podrá proporcionar de antemano a las partes invitadas a la audiencia una relación de las cuestiones sobre las que desee que expongan su opinión.
   6.   El Consejero Auditor también podrá pedir que se notifique por escrito previamente el contenido esencial de las declaraciones previstas de los participantes en cualquier audiencia.
   7.   El Consejero Auditor podrá invitar a expertos externos a las audiencias. Las partes interesadas y los servicios de la Comisión podrán pedir al Consejero Auditor que admita a expertos externos en las audiencias. El Consejero Auditor decidirá al respecto. Se pedirá a los expertos externos invitados a una audiencia que firmen un acuerdo de confidencialidad.
   8.   Podrá pedirse a los expertos externos que faciliten cualquier análisis, informe o publicación pertinente, que se incluirá en el expediente y se pondrá a disposición de todos los participantes, antes de la audiencia siempre que sea posible.
   Artículo 10
   Desarrollo de las audiencias
   1.   El Consejero Auditor será plenamente responsable del desarrollo de la audiencia. El Consejero Auditor garantizará que la audiencia se desarrolle correctamente, para contribuir a la justicia de la propia audiencia y de cualquier decisión adoptada ulteriormente.
   2.   Las audiencias no serán públicas. El Consejero Auditor decidirá qué personas deben ser oídas en nombre de una parte interesada y si las personas en cuestión deben ser oídas por separado o en presencia de otras personas invitadas a asistir. En este último caso, se tendrá en cuenta el interés legítimo de las partes interesadas en la protección de sus secretos comerciales y otra información confidencial.
   3.   El Consejero Auditor podrá permitir a los participantes que planteen preguntas y respondan durante la audiencia.
   4.   Si el Consejero Auditor ha admitido a expertos externos, se asegurará de que estos tienen la oportunidad de manifestar su opinión y de responder a las preguntas de otros participantes en la audiencia.
   5.   Cuando resulte oportuno en razón de la necesidad de garantizar el derecho a ser oído, el Consejero Auditor, previa consulta con el Director responsable o su delegado, podrá brindar a las partes interesadas la oportunidad de presentar observaciones adicionales por escrito tras la celebración de la audiencia. El Consejero Auditor fijará un plazo para la presentación de tales observaciones. Las observaciones recibidas después de esa fecha no podrán tenerse en cuenta.
   Artículo 11
   Seguimiento de las audiencias
   1.   El Consejero Auditor hará una transcripción o un resumen significativo de las audiencias.

               a)

               Cuando se organicen audiencias entre partes interesadas con intereses diferentes, se pondrá a disposición de todos los participantes en la audiencia una transcripción o un resumen significativo, y se incluirá en el expediente para que las partes interesadas puedan consultarlo libremente.

               b)

               Cuando se organicen audiencias entre una parte interesada individual o un grupo de partes interesadas con intereses similares y los servicios de la Comisión, se pondrá a disposición de todos los participantes en la audiencia una transcripción o un resumen significativo. Los participantes podrán presentar una solicitud motivada de confidencialidad en relación con determinada información incluida en la transcripción o en el resumen. El Consejero Auditor tomará una decisión acerca de tales solicitudes tras consultar con los servicios de la Comisión responsables de la investigación y, en su caso, con otros servicios. La versión no confidencial de la transcripción o el resumen de la audiencia se incluirá en el expediente para que puedan consultarlo las partes interesadas.

         2.   El Consejero Auditor podrá impartir recomendaciones a los servicios de la Comisión responsables de la investigación de conformidad con el artículo 4, apartado 4, de la presente Decisión. Los servicios de la Comisión responsables de la investigación informarán al Consejero Auditor en un plazo razonable antes de la adopción de un acto jurídico definitivo de si han tenido en cuenta las recomendaciones y de qué manera, y facilitarán al Consejero Auditor una copia del proyecto de acto jurídico.
   3.   El Consejero Auditor presentará informes periódicos al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial, con copia al Director General, sobre las audiencias con partes individuales o con un grupo de partes interesadas con intereses similares, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 18 de la presente Decisión, a menos que el asunto requiera una recomendación inmediata al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial o al Director General.
   4.   Cualquier recomendación dirigida a los servicios de la Comisión responsables de la investigación y cualquier informe u observación dirigido al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial y al Director General por parte del Consejero Auditor se considerarán documentos internos con carácter confidencial.
   5.   Si se organiza una audiencia entre partes, el Consejero Auditor preparará por escrito un informe final sobre el respeto de los derechos de las partes interesadas. Dicho informe podrá ser modificado por el Consejero Auditor a la luz de las modificaciones introducidas en el proyecto de acto jurídico hasta el momento en que se adopte el acto jurídico definitivo.
   Artículo 12
   Acceso al expediente
   1.   Cuando una parte solicite ser parte interesada, podrá pedir al Consejero Auditor que revise cualquier negativa por parte de los servicios de la Comisión responsables de la investigación a que acceda, en un tiempo razonable, al expediente abierto para consulta o a un documento determinado que obre en poder de la Comisión. El Consejero Auditor examinará la cuestión y tomará una decisión sobre si permite el acceso parcial o total al expediente o al documento solicitado o lo deniega.
   2.   El Consejero Auditor establecerá los plazos en los que los servicios de la Comisión responsables de la investigación deberán permitir el acceso.
   Artículo 13
   Confidencialidad
   1.   El Consejero Auditor estará sujeto a las normas generales en materia de confidencialidad en relación con la información presentada por las partes interesadas en los procedimientos administrativos ante la Comisión.
   2.   Una parte interesada o los servicios de la Comisión responsables de la investigación podrán pedir al Consejero Auditor que tome una decisión sobre el carácter confidencial de un documento que obre en poder de los servicios de la Comisión responsables de la investigación.
   Artículo 14
   Resúmenes no confidenciales de información confidencial
   1.   Una parte interesada podrá pedir al Consejero Auditor que revise la evaluación de los servicios de la Comisión responsables de la investigación a fin de determinar si un resumen no confidencial de información confidencial presentada en el transcurso de una investigación es lo suficientemente detallado para permitir que se comprenda razonablemente la esencia de la información presentada con carácter confidencial.
   2.   Si los servicios de la Comisión responsables de la investigación pretenden no tener en cuenta un documento o una información en relación con los cuales una parte interesada se ha negado a facilitar un resumen no confidencial significativo, dicha parte interesada podrá pedir al Consejero Auditor que tome una decisión al respecto.
   3.   El Consejero Auditor examinará la petición. Si considera que el resumen no confidencial no es lo suficientemente detallado, el Consejero Auditor brindará a la parte interesada que presentó el informe la oportunidad de comentar y mejorar su resumen en un plazo razonable.
   4.   Si la parte interesada que presentó la información confidencial facilita un informe deficiente, aporta justificaciones que no pueden ser aceptadas o no hace nada, el Consejero Auditor decidirá si tiene o no en cuenta la información confidencial en relación con la cual no se ha presentado el resumen no confidencial significativo de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Reglamentos de base.
   Artículo 15
   Acceso a información confidencial por naturaleza, que no se puede resumir
   A petición de una parte interesada, el Consejero Auditor podrá examinar información que sea confidencial por naturaleza y no se pueda resumir, a la que dicha parte no tenga acceso, a fin de verificar cómo la han utilizado los servicios de la Comisión responsables de la investigación.
   El Consejero Auditor informará a la parte interesada en cuestión de si considera que:

               a)

               la información a la que no tiene acceso dicha parte es pertinente para su defensa, y

               b)

               en su caso, los servicios responsables de la investigación han reflejado correctamente dicha información en los hechos y consideraciones en los que han basado sus conclusiones.

         Artículo 16
   Ampliación de los plazos
   1.   Las solicitudes de ampliación de los plazos o aplazamiento de las fechas para responder a los cuestionarios, presentar información adicional, realizar visitas in situ o enviar observaciones o conclusiones, presentadas por cualquier parte interesada se dirigirán en primer lugar a los servicios de la Comisión responsables de la investigación. Tales solicitudes deberán presentarse con suficiente antelación a la fecha de expiración del plazo original. Cuando dichas solicitudes se denieguen o cuando la parte interesada en cuestión considere que la ampliación es demasiado breve, podrá presentar, antes de que expire el plazo original, una solicitud motivada al Consejero Auditor para que revise la cuestión. El Consejero Auditor, tras consultar con el Director responsable o con su delegado, podrá ampliar el plazo o rechazar la solicitud.
   2.   Los servicios de la Comisión no intervendrán en el asunto en cuestión antes de que el Consejero Auditor haya tomado una decisión.
   3.   El Consejero Auditor tomará una decisión teniendo en cuenta las circunstancias específicas de la solicitud y los límites temporales del litigio.
   Artículo 17
   Participación en las reuniones de los comités
   El Consejero Auditor podrá asistir a las reuniones de los comités. Cuando proceda, el Consejero Auditor podrá contestar a las preguntas de los Estados miembros, en la medida en que estas se refieran a la naturaleza de su intervención en el litigio.
   Artículo 18
   Informes del Consejero Auditor
   1.   Al final de cada año, el Consejero Auditor elaborará un informe anual. El informe anual contendrá información sobre los asuntos en los que ha intervenido el Consejero Auditor, el tipo de decisiones que ha tomado y de recomendaciones que ha impartido, así como cualquier sugerencia para mejorar los litigios comerciales. El informe estará dirigido al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial. El Director General de Comercio y las Direcciones afectadas recibirán una copia del informe.
   2.   Se enviarán a los Estados miembros y al Parlamento Europeo resúmenes del informe anual, que se publicarán en el sitio web del Consejero Auditor.
   3.   El Consejero Auditor elaborará informes periódicos destinados al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial, en los que resumirá sus actividades y las cuestiones surgidas en el transcurso de dichas actividades. Estos informes pondrán de relieve las principales cuestiones políticas, así como las decisiones tomadas y las recomendaciones impartidas por el Consejero Auditor, y referirán la manera en que los servicios de la Comisión responsables de la investigación han tenido en cuenta tales recomendaciones. Se enviará una copia de dichos informes al Director General de Comercio.
   4.   El Consejero Auditor informará sobre cualquier audiencia celebrada entre partes interesadas con intereses diferentes y, en el cumplimiento de su papel de asesor, podrá informar al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial y al Director General sobre cualquier otra cuestión que surja de un litigio comercial o que de alguna forma sea pertinente para la aplicación efectiva de los principios del Derecho de la Unión Europea en los litigios comerciales.
   5.   El informe final del Consejero Auditor sobre las audiencias entre partes se presentará al miembro de la Comisión responsable de Política Comercial, al Director General de Comercio y al Director responsable. Se comunicará a los representantes competentes de los Estados miembros y a las partes interesadas.
   Artículo 19
   Disposiciones transitorias
   La presente Decisión se aplicará a los litigios que estén en curso en el momento de su entrada en vigor y en los que no se haya llegado a ninguna conclusión definitiva.
   Las medidas de procedimiento adoptadas antes de la entrada en vigor de la presente Decisión seguirán teniendo efecto.
   Artículo 20
   Entrada en vigor
   La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 29 de febrero de 2012.

            Por la Comisión

            El Presidente

         José Manuel BARROSO

      (1)  DO L 55 de 5.3.2010, p. 60.

      (2)  DO C 83 de 30.3.2010, p. 391.

      (3)  DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.

      (4)  DO L 188 de 18.7.2009, p. 93.

      (5)  DO L 84 de 31.3.2009, p. 1.

      (6)  DO L 185 de 17.7.2009, p. 1.

      (7)  DO L 349 de 31.12.1994, p. 71.

      (8)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 21.

      (9)  DO L 162 de 30.4.2004, p. 1.

      (10)  DO L 211 de 6.8.2008, p. 1.

      (11)  DO L 201 de 26.7.2001, p. 10.

      (12)  DO L 65 de 8.3.2003, p. 1.

      (13)  DO L 8 de 12.1.2001, p. 1.


Avis juridique important

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32003D0465

2003/465/CE: Decisión del Consejo, de 16 de junio de 2003, relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y el Reino de Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas, convenidas en virtud del artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo

Diario Oficial n° L 156 de 25/06/2003 p. 0048 - 0048

Decisión del Consejode 16 de junio de 2003relativa a la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y el Reino de Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas, convenidas en virtud del artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo(2003/465/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad, y en particular su artículo 133, en relación con la primera frase del apartado 2 de su artículo 300,Vista la propuesta de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) El artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE) establece que las Partes se comprometen a proseguir sus esfuerzos con miras a conseguir una liberalización progresiva del comercio agrícola entre ellas.(2) El Reino de Noruega y la Comunidad Europea mantuvieron en 2002 negociaciones bilaterales sobre comercio agrícola, basadas en el artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que concluyeron satisfactoriamente el 18 de diciembre de 2002.(3) Procede aprobar el Acuerdo en forma de Canje de Notas alcanzado.DECIDE:Artículo 1Queda aprobado, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y el Reino de Noruega sobre preferencias comerciales adicionales en el sector de los productos agrícolas convenidas en virtud del artículo 19 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.Artículo 2Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a las personas facultadas para firmar el Acuerdo a fin de obligar a la Comunidad.Hecho en Luxemburgo, el 16 de junio de 2003.Por el ConsejoEl PresidenteG. Papandreou