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31996D0665

96/665/CECA, Euratom: Decisión de la Comisión de 15 de noviembre de 1996 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo Interino sobre Comercio y medidas de acompañamiento entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la República de Kazajstán, por otra

Diario Oficial n° L 306 de 28/11/1996 p. 0049 - 0049

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 15 de noviembre de 1996 relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo Interino sobre Comercio y medidas de acompañamiento entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la República de Kazajstán, por otra (96/665/Euratom, CECA) LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, el primer párrafo del artículo 95,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, el segundo párrafo del artículo 101,Considerando que, hasta que entre en vigor el Acuerdo de Asociación y de Cooperación firmado en Bruselas el 23 de enero de 1995, es conveniente aprobar el Acuerdo Interino sobre Comercio y las medidas de acompañamiento entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la República de Kazajstán, por otra, firmado en Bruselas el 5 de diciembre de 1995;Considerando que la celebración del Acuerdo Interino es necesaria para lograr los objetivos de la Comunidad fijados, especialmente, en los artículos 2 y 3 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y que el Tratado no prevé todos los casos que contempla la presente Decisión;Una vez consultado el Comité consultivo y con el dictamen conforme del Consejo, emitido el 13 de mayo de 1996,DECIDE:Artículo 1 Se aprueba en nombre de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica el Acuerdo Interino sobre comercio y las medidas de acompañamiento entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y la República de Kazajstán, por otra, así como el protocolo y las declaraciones.Los textos se adjuntan a la presente Decisión (1).Artículo 2 El Presidente de la Comisión iniciará el procedimiento de notificación previsto en el artículo 33 del Acuerdo Interino, en nombre de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica.Hecho en Bruselas, el 15 de noviembre de 1996.Por la ComisiónEl PresidenteJacques SANTER(1) DO n° L 147 de 20. 6. 1996, p. 2.


title: Decisión 2014/98/PESC del Consejo, de 17 de febrero de 2014 , por la que se modifica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue

text:
               20.2.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 50/20

      DECISIÓN 2014/98/PESC DEL CONSEJO

   de 17 de febrero de 2014
   por la que se modifica la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 15 de febrero de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/101/PESC relativa a medidas restrictivas contra Zimbabue (1).

               (2)

               El Consejo ha efectuado una revisión de la Decisión 2011/101/PESC, teniendo en cuenta la evolución política de Zimbabue.

               (3)

               Las medidas restrictivas deben prorrogarse hasta el 20 de febrero de 2015.

               (4)

               Debe también prorrogarse la suspensión de la prohibición de viajar y la congelación de los activos para la mayoría de las personas y entidades enumeradas en el anexo I de la Decisión 2011/101/PESC. Dichas medidas deben suspenderse asimismo por lo que respecta a otras personas concretas, también enumeradas en dicho anexo. Debe mantenerse la aplicación de la prohibición de viajar y la congelación de los activos por lo que atañe a dos personas y una entidad enumeradas en dicho anexo.

               (5)

               Procede por ello modificar la Decisión 2011/101/PESC en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La Decisión 2011/101/PESC queda modificada como sigue:

               1)

               En el artículo 4, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
               «5.   Los Estados miembros podrán conceder exenciones respecto de las medidas impuestas en el apartado 1 en los casos en que el viaje esté justificado por necesidades humanitarias urgentes o, en casos excepcionales, por razones de asistencia a reuniones intergubernamentales y a reuniones promovidas u organizadas por la Unión Europea en las que se mantenga un diálogo político que fomente directamente los objetivos políticos de las medidas restrictivas, incluidos la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho en Zimbabue.».

               2)

               El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 10
               1.   La presente Decisión entrará en vigor en la fecha de su adopción.
               2.   La presente Decisión se aplicará hasta el 20 de febrero de 2015.
               3.   En la medida en que se apliquen a personas y entidades enumeradas en el anexo II, las medidas a que se refieren el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5, apartados 1 y 2, quedarán suspendidas hasta el 20 de febrero de 2015.
               La suspensión se revisará cada tres meses.
               4.   La presente Decisión se mantendrá bajo constante supervisión, y se prorrogará o modificará, según proceda, si el Consejo estima que no se han cumplido sus objetivos.».

         Artículo 2
   Las personas que figuran en el anexo I de la Decisión 2011/101/PESC enumeradas en el anexo de la presente Decisión se añadirán al anexo II de la Decisión 2011/101/PESC.
   Artículo 3
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         A. TSAFTARIS

      (1)  DO L 42 de 16.2.2011, p. 6.

      ANEXO

                  Nombre (y, si procede, alias)

                  1.

                  Bonyongwe, Happyton

                  2.

                  Chihuri, Augustine

                  3.

                  Chiwenga, Constantine

                  4.

                  Mutasa, Didymus Noel Edwin

                  5.

                  Nyikayaramba, Douglas

                  6.

                  Shiri, Perence (alias Bigboy) Samson Chikerema

                  7.

                  Sibanda, Jabulani

                  8.

                  Sibanda, Phillip Valerio (alias Valentine)


title: Decisión 2014/157/PESC del Consejo, de 20 de marzo de 2014 , por la que se modifica la Decisión 2011/173/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Bosnia y Herzegovina

text:
               22.3.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 87/95

      DECISIÓN 2014/157/PESC DEL CONSEJO

   de 20 de marzo de 2014
   por la que se modifica la Decisión 2011/173/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Bosnia y Herzegovina
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 29,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 21 de marzo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/173/PESC (1).

               (2)

               Tras haberse revisado la Decisión 2011/173/PESC, conviene prorrogar las medidas restrictivas contempladas en ella hasta el 22 de marzo de 2015.

               (3)

               Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 2011/173/PESC en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   En el artículo 6 de la Decisión 2011/173/PESC, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

      «La presente Decisión será aplicable hasta el 22 de marzo de 2015.».

   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 20 de marzo de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         D. KOURKOULAS

      (1)  Decisión 2011/173/PESC del Consejo, de 21 de marzo de 2011, relativa a la adopción de medidas restrictivas en vista de la situación existente en Bosnia y Herzegovina (DO L 76 de 22.3.2011, p. 68).


title: 2012/597/UE: Decisión del Parlamento Europeo, de 10 de mayo de 2012 , sobre el cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010

text:
               17.10.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 286/280

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 10 de mayo de 2012
   sobre el cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010
   (2012/597/UE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Vistas las cuentas anuales definitivas de la Oficina Europea de Policía relativas al ejercicio 2010,

               —

               Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Oficina Europea de Policía correspondientes al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de la Oficina (1),

               —

               Vista la Recomendación del Consejo de 21 de febrero de 2012 (06083/2012 – C7–0051/2012),

               —

               Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185,

               —

               Vista la Decisión 2009/371/JAI del Consejo, de 6 de abril de 2009, por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol) (3), y, en particular, su artículo 43,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y, en particular, su artículo 94,

               —

               Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0111/2012),

               1.

               Aprueba el cierre de las cuentas de la Oficina Europea de Policía para el ejercicio 2010;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Director de la Oficina Europea de Policía, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Martin SCHULZ

            El Secretario General

         Klaus WELLE

      (1)  DO C 366 de 15.12.2011, p. 179.

      (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (3)  DO L 121 de 15.5.2009, p. 37.

      (4)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.


title: Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal

text:
               20.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 131/11

         DECISIÓN (UE) 2017/865 DEL CONSEJO
   de 11 de mayo de 2017
   relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 82, apartado 2, y su artículo 83, apartado 1, en relación con su artículo 218, apartado 5,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Unión participó junto con los Estados miembros como observadora de la negociación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo, «Convenio»), adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011. El Convenio quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011.

               (2)

               De acuerdo con el artículo 75 del Convenio, este está abierto a la firma de la Unión.

               (3)

               El Convenio crea un marco jurídico global y con múltiples aspectos para proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia. Su objetivo es prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica. Contempla un amplio abanico de intervenciones que van desde la recopilación de datos y la sensibilización a las medidas legales de penalización de las diversas formas de violencia contra las mujeres. Incluye, además, medidas de protección de las víctimas y servicios de apoyo y aborda la dimensión de la violencia de género en el ámbito del asilo y la migración. El Convenio establece un mecanismo de supervisión específico para garantizar la efectiva aplicación de sus disposiciones por las Partes.

               (4)

               La firma del Convenio en nombre de la Unión contribuirá a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los terrenos, que es uno de los objetivos y valores fundamentales de la Unión y uno de los principios que esta debe aplicar a todas sus actividades de conformidad con los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La violencia contra las mujeres es una violación de sus derechos humanos y una forma extrema de discriminación que no solo hunde sus raíces en las desigualdades de género sino que además contribuye a mantenerlas y reforzarlas. Al comprometerse a aplicar el Convenio, la Unión reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia contra las mujeres ejercida en su territorio y en todo el mundo, y refuerza su actual acción política y su marco jurídico material en el ámbito del Derecho procesal penal, lo que es de particular importancia para las mujeres y las niñas.

               (5)

               Tanto la Unión como sus Estados miembros tienen competencias en los ámbitos cubiertos por el Convenio.

               (6)

               El Convenio debe firmarse en nombre de la Unión en lo que respecta a asuntos que son de competencia de la Unión, en la medida en que aquel pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas. Lo anterior se aplica, en particular, a determinadas disposiciones del Convenio relativas a la cooperación judicial en materia penal y a sus disposiciones en materia de asilo y de no devolución. Los Estados miembros conservan su competencia en la medida en que el Convenio no afecte a normas comunes o altere el alcance de las mismas.

               (7)

               La Unión también tiene competencia exclusiva para aceptar las obligaciones establecidas en el Convenio con respecto a sus propias instituciones y administración pública.

               (8)

               Dado que la competencia de la Unión y las competencias de los Estados miembros están interconectadas, conviene que la Unión sea parte del Convenio junto con sus Estados miembros, de modo que juntos puedan cumplir las obligaciones que establece el Convenio y ejercer los derechos que les confiere, de forma coherente.

               (9)

               La presente Decisión se refiere a las disposiciones del Convenio relativas a la cooperación judicial en materia penal en la medida en que puedan afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas. No se refiere a los artículos 60 y 61 del Convenio, tratados por separado en una decisión del Consejo relativa a la firma que ha de adoptarse paralelamente a la presente Decisión.

               (10)

               Irlanda y el Reino Unido están vinculados por las Directivas 2011/36/UE (1) y 2011/93/UE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, y participan, por lo tanto, en la adopción de la presente Decisión.

               (11)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.

               (12)

               Procede firmar el Convenio.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se autoriza la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal, a reserva de su celebración (3).
   Artículo 2
   Se autoriza al presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para firmar el Convenio en nombre de la Unión.
   Artículo 3
   La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 11 de mayo de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. GALDES

      (1)  Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión marco 2002/629/JAI del Consejo (DO L 101 de 15.4.2011, p. 1).

      (2)  Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del Consejo (DO L 335 de 17.12.2011, p. 1).

      (3)  El texto del Convenio se publicará junto con la Decisión relativa a su celebración.


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31999D0723

1999/723/PESC: Decisión del Consejo, de 8 de noviembre de 1999, por la que se aplica la Posición común 1999/722/PESC del Consejo relativa al apoyo de la Unión Europea a la aplicación del Acuerdo de alto el fuego de Lusaka y el proceso de paz en la República Democrática del Congo

Diario Oficial n° L 286 de 09/11/1999 p. 0003 - 0003

DECISIÓN DEL CONSEJOde 8 de noviembre de 1999por la que se aplica la Posición común 1999/722/PESC del Consejo relativa al apoyo de la Unión Europea a la aplicación del Acuerdo de alto el fuego de Lusaka y el proceso de paz en la República Democrática del Congo(1999/723/PESC)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Vista la Posición común 1999/722/PESC relativa al apoyo de la Unión Europea a la aplicación del Acuerdo de alto el fuego de Lusaka y el proceso de paz en la República Democrática del Congo y, en particular, su artículo 3, en relación con el apartado 2 del artículo 23 del Tratado de la Unión Europea,Considerando lo siguiente:(1) De acuerdo con el artículo 3 de la Posición común 1999/722/PESC la Unión Europea se propone apoyar a la Comisión Militar Conjunta (CMC) creada en el Acuerdo de alto el fuego de Lusaka, para permitirle ejercer las funciones que especifique su Reglamento.(2) Por consiguiente, la Unión Europea se propone facilitar ayuda financiera y asistencia técnica para los aspectos no militares de las actividades de la Comisión Militar Conjunta,DECIDE:Artículo 11. La Unión Europea contribuirá al gasto operativo no militar de la Comisión Militar Conjunta para que ésta pueda desplegar sus observadores en la República Democrática del Congo durante un período de seis meses y ejercer las funciones que especifique su Reglamento.2. Los fondos se canalizarán a través de la Organización para la Unidad Africana (OUA) y estarán cubiertos por un acuerdo distinto con la OUA, que contendrá las disposiciones correspondientes al desembolso, la contabilidad y la revisión contable.Artículo 21. El importe de referencia financiera para los fines previstos en el artículo 1 será de 1200000 euros.2. El gasto financiado por el importe estipulado en el apartado 1 se gestionará siguiendo los procedimentos y normas aplicables al presupuesto general de la Unión Europea.Artículo 3La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.Expirará el 8 de mayo del año 2000.Artículo 4La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial.Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 1999.Por el ConsejoEl PresidenteS. NIINISTÖ


title: Decisión 2013/725/PESC del Consejo, de 9 de diciembre de 2013 , por la que se modifica y prorroga la Decisión 2012/173/PESC relativa a la puesta en marcha del Centro de Operaciones de la UE para las misiones y la operación de la política común de seguridad y defensa en el Cuerno de África

text:
               10.12.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 329/39

         DECISIÓN 2013/725/PESC DEL CONSEJO
   de 9 de diciembre de 2013
   por la que se modifica y prorroga la Decisión 2012/173/PESC relativa a la puesta en marcha del Centro de Operaciones de la UE para las misiones y la operación de la política común de seguridad y defensa en el Cuerno de África
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 42, apartado 4, y su artículo 43, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 16 de julio de 2012 el Consejo adoptó la Decisión 2012/389/PESC (1) que establece la Misión de la Unión Europea de desarrollo de las capacidades marítimas regionales en el Cuerno de África (EUCAP Nestor).

               (2)

               El 8 de octubre de 2013 el Comité Político y de Seguridad (COPS) acordó prorrogar el mandato del Centro de Operaciones de la UE para las misiones y la operación de la política común de seguridad y defensa (PCSD) en el Cuerno de África por un periodo de 12 meses.

               (3)

               Por consiguiente, la Decisión 2012/173/PESC del Consejo (2) debe modificarse y prorrogarse en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La Decisión 2012/173/PESC se modifica como sigue:

               1)

               El artículo 1, apartado 1, se sustituye por el siguiente texto:
               «1.   Se pone en marcha el Centro de Operaciones de la UE para el apoyo a las misiones y la operación de la PCSD en el Cuerno de África, a saber, la operación Atalanta, la EUTM Somalia y la EUCAP Nestor.».

               2)

               El artículo 2 queda modificado como sigue:

                           a)

                           El apartado 2, letra a), se sustituye por el siguiente texto:

                                       «a)

                                       recurriendo a sus conocimientos militares y conocimientos especializados de planificación, proporcionará apoyo directo al comandante civil de la operación para la planificación operativa y la realización de la EUCAP Nestor; ».

                           b)

                           El apartado 2, letra f), se sustituye por el siguiente texto:

                                       «f)

                                       facilitará la coordinación y mejorará las sinergias entre la operación Atalanta, la EUTM Somalia y la EUCAP Nestor, en el contexto de la Estrategia del Cuerno de África y en relación con el Representante Especial de la Unión Europea para el Cuerno de África.».

               3)

               El artículo 3 se modifica como sigue:

                           a)

                           El apartado 1 se sustituye por el siguiente texto:
                           «1.   Se nombra al Capitán (de navio) D. Ad VAN DER LINDE Jefe del Centro de Operaciones de la Unión Europea, para un período de dos años.».

                           b)

                           Se añade el siguiente apartado:
                           «1 bis.   El Consejo autoriza al COPS, de conformidad con el artículo 38 del TUE, a tomar decisiones en relación con el nombramiento de los futuros Jefes del Centro de Operaciones de la UE.».

               4)

               En el artículo 9, el párrafo segundo se sustituye por el siguiente texto:
               «La presente Decisión se aplicará del 23 de marzo de 2012 hasta el 22 de marzo de 2015.».

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 9 de diciembre de 2013.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         A. PABEDINSKIENĖ

      (1)  Decisión 2012/389/PESC del Consejo, de 16 de julio de 2012, sobre la Misión de la Unión Europea de desarrollo de las capacidades marítimas regionales en el Cuerno de África (EUCAP NESTOR) (DO L 187 de 17.7.2012, p. 40).

      (2)  Decisión 2012/173/PESC del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativa a la puesta en marcha del Centro de Operaciones de la UE para las misiones y la operación de la política común de seguridad y defensa en el Cuerno de África (DO L 89 de 27.3.2012, p. 66).


Avis juridique important

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32003D0001(01)

Decisión del Comité Político y de Seguridad FYROM/1/2003 de 18 de febrero de 2003 sobre la creación del Comité de contribuyentes para la operación militar de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia

Diario Oficial n° C 062 de 15/03/2003 p. 0001 - 0002

Decisión del Comité Político y de Seguridad FYROM/1/2003de 18 de febrero de 2003sobre la creación del Comité de contribuyentes para la operación militar de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia(2003/C 62/01)EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD,Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular el último apartado de su artículo 25,Vista la Acción Común 2003/92/PESC del Consejo sobre la operación militar de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia(1), y en particular su artículo 8 sobre la participación de terceros Estados,Considerando lo siguiente:(1) Con arreglo al artículo 8 de la Acción Común, el Consejo autorizó al CPS a adoptar las decisiones pertinentes sobre la creación de un Comité de contribuyentes para la operación militar de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia.(2) En las Conclusiones de los Consejos Europeos de Niza y de Bruselas se establecieron las modalidades de la participación de terceros Estados en operaciones de gestión de crisis y se decidió la creación de un Comité de contribuyentes.(3) El Comité de contribuyentes desempeñará un papel fundamental en la gestión cotidiana de la operación; el Comité será el foro principal en que los Estados contribuyentes tratarán colectivamente las cuestiones relativas al empleo de sus fuerzas en la operación; el Comité Político y de Seguridad, que ejerce el control político y la dirección estratégica de la operación, tendrá en cuenta las opiniones expresadas por el Comité de contribuyentes.(4) De conformidad con el artículo 6 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y aplicación de decisiones y acciones de la Unión Europea con implicaciones en el ámbito de la defensa ni participará tampoco en la financiación de la operación.HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:Artículo 1CreaciónSe crea por la presente Decisión un Comité de contribuyentes para la operación militar de la Unión Europea en la ex República Yugoslava de Macedonia (denominado seguidamente "el CdC").Artículo 2FuncionesEl mandato del CdC está fijado en las Conclusiones de los Consejos Europeos de Niza (7, 8 y 9 de diciembre de 2000) y Bruselas (24-25 de octubre de 2002).Artículo 3Composición1. El CdC constará de los miembros siguientes:- representantes de todos los Estados miembros de la UE, y- representantes de los terceros Estados que contribuyan a la operación.2. Los directores generales del EMUE y el comandante de la operación podrán también asistir a las reuniones del CdC o estar representados en ellas.Artículo 4PresidenciaDe conformidad con las Conclusiones de Niza y sin perjuicio de las prerrogativas de la Presidencia, el CdC para la presente operación estará presidido por el Secretario General/Alto Representante o su representante en estrecha consulta con la Presidencia, y asistido por el Presidente del CMUE o su representante.Artículo 5Reuniones1. El CdC será convocado periódicamente por la Presidencia. Cuando las circunstancias lo requieran, podrán convocarse reuniones urgentes a iniciativa de la Presidencia o a petición de un miembro.2. La Presidencia difundirá con antelación un orden del día provisional así como los documentos relativos a la reunión. Se difundirá un acta después de cada reunión.3. Podrá invitarse a representantes de la Comisión y a otras personas según convenga para partes concretas del debate.Artículo 6Procedimiento1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 y sin menoscabo de las competencias del Comité Político y de Seguridad y de las responsabilidades del comandante de la operación,- será necesaria la unanimidad de los representantes de los Estados que contribuyen a la operación cuando el CdC adopte decisiones sobre gestión diaria de la operación,- será necesaria la unanimidad de los miembros del CdC cuando el CdC formule recomendaciones sobre posibles ajustes del planeamiento operativo, y en particular de los objetivos.La abstención de un miembro no impedirá la unanimidad.2. La Presidencia dará constancia de la presencia de la mayoría de los representantes de los Estados con derecho a participar en las deliberaciones.3. Todas las cuestiones de procedimiento se resolverán por mayoría simple de los miembros presentes en la reunión.4. Dinamarca no tomará parte en ninguna decisión del Comité.Artículo 7Confidencialidad1. Las normas de seguridad del Consejo se aplicarán a las reuniones y trabajos del CdC. En particular, los representantes en el CdC deberán poseer autorizaciones de seguridad adecuadas.2. Las deliberaciones del CdC quedarán cubiertas por la obligación de secreto profesional, salvo que el CdC decida otra cosa por unanimidad.Artículo 8Entrada en vigorLa presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2003.Por el Comité Político y de SeguridadEl PresidenteT. Paraskevopoulos(1) DO L 34 de 11.2.2003, p. 26.


title: Decisión (UE) 2017/1592 de la Comisión, de 15 de mayo de 2017, sobre la medida SA.35429 — 2017/C (ex 2013/NN) ejecutada por Portugal relativa a la prórroga del uso de recursos hídricos públicos para la generación de energía hidroeléctrica [notificada con el número C(2017) 3110] (Texto pertinente a efectos del EEE. )

text:
               21.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 243/5

         DECISIÓN (UE) 2017/1592 DE LA COMISIÓN
   de 15 de mayo de 2017
   sobre la medida SA.35429 — 2017/C (ex 2013/NN) ejecutada por Portugal relativa a la prórroga del uso de recursos hídricos públicos para la generación de energía hidroeléctrica

         [notificada con el número C(2017) 3110]

   (El texto en lengua portuguesa es el único auténtico)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,
   Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular su artículo 62, apartado 1, letra a),
   Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con el artículo 108, apartado 2, del Tratado, y teniendo en cuenta dichas observaciones,
   Considerando lo siguiente:
   1.   PROCEDIMIENTO

               (1)

               El 18 de septiembre de 2012, la Comisión recibió una denuncia, presentada por ciudadanos particulares, sobre una supuesta ayuda estatal ilegal concedida por Portugal a EDP-Energías de Portugal, SA (1) (en lo sucesivo, «EDP»), relativa a los costes de transición a la competencia en Portugal y a la prórroga del uso de recursos hídricos públicos para la generación de energía hidroeléctrica.

               (2)

               El 30 de octubre de 2012, la Comisión transmitió la denuncia a las autoridades portuguesas y solicitó información adicional, que Portugal presentó mediante carta de 8 de enero de 2013. El 25 de enero de 2013 tuvo lugar una reunión con las autoridades portuguesas. Portugal presentó información complementaria el 7 de marzo de 2013.

               (3)

               El 18 de septiembre de 2013, la Comisión envió un escrito a la República Portuguesa en el que notificaba su decisión de incoar el procedimiento de investigación formal, de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del Tratado, solamente en lo que respecta a la prórroga del uso de recursos hídricos públicos para la generación de energía hidroeléctrica.

               (4)

               La Comisión recibió observaciones de Portugal el 21 de octubre de 2013, y el 29 de enero de 2014 se adoptó la rectificación pertinente.

               (5)

               La Decisión de la Comisión de incoar el procedimiento de investigación formal (2) (en lo sucesivo, «Decisión de incoación») se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el 16 de abril de 2014.

               (6)

               En mayo de 2014, la Comisión recibió observaciones de terceros.

               (7)

               Portugal envió el 3 de julio de 2014 su respuesta a las observaciones remitidas por terceros.

               (8)

               La Comisión solicitó información adicional por carta de 15 de abril de 2016. Portugal envió su respuesta el 19 de agosto de 2016.

               (9)

               La presente Decisión da por concluido el procedimiento de investigación formal incoado en virtud del artículo 108 del TFUE. No se pronuncia sobre la conformidad de la medida con otras disposiciones del Derecho de la UE, especialmente con las normas de la UE sobre contratación pública y en materia de defensa de la competencia, basadas en los artículos 106 y 102 del TFUE.

         2.   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

   2.1.   El mercado de la energía en Portugal

               (10)

               Antes de la liberalización del mercado de la electricidad en Portugal, en 2007, la electricidad producida en Portugal no se vendía directamente en el mercado, sino que era adquirida por el operador público de la red eléctrica, Rede Eléctrica Nacional, SA (REN) en virtud de contratos de adquisición de energía eléctrica a largo plazo (en lo sucesivo, «CAE»). De acuerdo con dichos CAE, REN estaba obligada a comprar una cantidad garantizada de electricidad a los productores autorizados a un precio garantizado que cubriese elementos de costes claramente definidos y por un período garantizado, en particular hasta 2027.

         2.2.   Decisión sobre los costes de transición a la competencia

               (11)

               Como consecuencia de la aplicación de la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), Portugal decidió proceder a la resolución anticipada de los CAE y a su sustitución por el pago de una compensación en concepto de costes de transición a la competencia [mecanismo de costes de mantenimiento del equilibrio contractual (en lo sucesivo, «CMEC»)]. El Decreto Ley n.o 240/2004, de 27 de diciembre de 2004, establece los parámetros y la metodología para calcular los CMEC.

               (12)

               Portugal notificó la medida de compensación de los costes de transición a la competencia el 1 de abril de 2004, sobre la base de la Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia (4) (en lo sucesivo, «CTC»). Estos CTC debían ser pagados mediante resolución anticipada de los CAE entre EDP y REN para 34 centrales eléctricas, de las cuales 27 centrales hidroeléctricas, teniendo en cuenta los costes que las inversiones anteriores supondrían en un mercado liberalizado. La Decisión sobre los costes de transición a la competencia afecta también a Tejo Energia y a Turbogás. Portugal notificó su intención de reconocer también CTC a Tejo Energia y a Turbogás. Estaba previsto que la medida se financiase mediante ingresos procedentes de una tarifa cobrada a los consumidores finales de electricidad en función de la potencia contratada.

               (13)

               En 2004, la Comisión adoptó las medidas de compensación de las pérdidas potenciales de tres empresas (5), entre las que se incluye el operador establecido, mediante la Decisión relativa a la ayuda estatal N 161/2004 — Costes de transición a la competencia en el mercado de la electricidad de Portugal (6).

               (14)

               Tal como se establece en la Decisión de la Comisión, la compensación de los CMEC abonada anualmente a EDP desde julio de 2007 se compone de dos tramos, a saber, un tramo fijo, que es una proporción del importe máximo anual calculado ex ante, y un tramo que tiene en cuenta el valor real de la diferencia entre los ingresos y los gastos reales de las centrales en cuestión, calculado al nivel consolidado del grupo de empresas, EDP en este caso. A comienzos de 2018, que será el undécimo año después de la fecha de la resolución anticipada de los CAE, se calculará un ajuste final del importe de los CMEC en función de los ingresos previstos hasta finales de 2027, que es la fecha final de aplicación del mecanismo CMEC, a raíz de la Decisión de la Comisión.

         2.3.   Prórroga del período de concesión

               (15)

               El acuerdo de resolución de los CAE de EDP en lo que respecta a las centrales hidroeléctricas se celebró en febrero de 2005, después de la adopción del Decreto Ley n.o 240/2004. El acuerdo de resolución de los CAE contiene una cláusula de efecto suspensivo sobre la resolución acordada. Dicha cláusula condiciona la resolución de los CAE al derecho de uso de los recursos hídricos públicos durante un período no inferior al final de la vida útil del equipo y las instalaciones de ingeniería civil. De cualquier forma, el derecho de uso de los recursos hídricos públicos sería concedido al productor de energía, es decir, EDP, por el mismo período.

               (16)

               En virtud de la Ley de Aguas portuguesa, la Ley n.o 58/2005, de 29 de diciembre de 2005, y del Decreto Ley n.o 226-A/2007, de 31 de mayo de 2007, relativo al régimen de utilización de los recursos hídricos, la utilización de los recursos hídricos públicos para la generación de electricidad está sujeta a una concesión. La elección de la entidad titular de la concesión tiene que realizarse mediante los procedimientos específicos previstos en la legislación. De acuerdo con el Decreto Ley n.o 240/2004 y el Decreto Ley n.o 226-A/2007, al final de la concesión, los activos relacionados con la actividad sujeta a concesión revertirán gratuitamente al Estado. No obstante, si la entidad titular de la concesión hubiera realizado inversiones permitidas por la entidad concedente que no fueran ni pudieran ser recuperadas, el Estado podrá reembolsar al titular el importe no recuperado o prorrogar la concesión por el plazo necesario para permitir la recuperación de las inversiones, no pudiendo tal plazo superar en ningún caso los 75 años (7).

         2.4.   Valor de la prórroga de las concesiones hidroeléctricas

               (17)

               Portugal realizó tres estudios que describen en detalle el cálculo del posible valor económico derivado de la prórroga en 2007. Los principales resultados de los estudios fueron los siguientes:

                           a)

                           REN estima el valor de la prórroga de la concesión en 1 672 millones EUR, sobre la base de un tipo de descuento único del 6,6 % que corresponde al valor que EDP comunicó para el coste medio ponderado del capital (en lo sucesivo, «CMPC»).

                           b)

                           La Caixa Banco de Investimento calculó un valor de entre 650 y 750 millones EUR, basándose en dos tipos de descuento: el valor residual de los CAE actualizado al porcentaje del 4,57 %, resultante de un diferencial de 50 puntos básicos respecto al tipo del 4,05 % de los bonos del Estado a 15 años; y el flujo de caja libre utilizando un factor que refleja el CMPC de EDP del 7,72 %, sobre la base de un modelo de evaluación de los bienes de capital alimentado con datos derivados indirectamente de estimaciones de los costes de capital de riesgo de operadores europeos similares.

                           c)

                           El Crédit Suisse First Boston («CSFB») calculó un valor de 704 millones EUR, suponiendo un precio de la electricidad de 50 EUR/MWh, sobre la base de una actualización de las tipos de descuento del 7,89 % para el CMPC y del 4,55 % para el valor residual, respectivamente. Como en el caso de la Caixa Banco de Investimento, el tipo para el CMPC se basa en un modelo de evaluación de los bienes de capital alimentado con datos derivados indirectamente de estimaciones de los costes de capital y de riesgo de operadores europeos similares.

               (18)

               El Decreto Ley n.o 226-A/2007 proporcionó una base jurídica a las cláusulas suspensivas de los CAE, prorrogando la duración de los derechos de uso de los recursos hídricos públicos correspondientes a centrales hidroeléctricas operadas por EDP cuyos CAE habían sido objeto de resolución por el Decreto Ley n.o 240/2004.

               (19)

               De conformidad con el artículo 91, apartado 6, del Decreto Ley n.o 226-A/2007, la transmisión de derechos en favor de los productores de electricidad (de hecho, EDP) quedaba supeditada al pago de un valor de equilibrio económico-financiero. Tal como se define en el artículo 92, apartado 1, del Decreto Ley n.o 226-A/2007, este valor corresponde, para cada central eléctrica, a la diferencia entre el valor de mercado de su explotación hasta el final del plazo prorrogado, expresado en términos de flujos de caja, y el valor residual de la inversión, según lo establecido en el CAE, actualizado con unos tipos de descuento adecuados para cada uno de estos componentes del precio. Esta disposición permitía que la operación no fuera considerada como una única inversión en términos financieros, dado que se utilizan distintos tipos de interés para la actualización de:

                           a)

                           el valor residual (a pagar a EDP);

                           b)

                           los flujos de caja libres de EDP resultantes de ventas posteriores de la electricidad generada por esas centrales hidroeléctricas (a pagar a Portugal por EDP y, en última instancia, por los consumidores).

               (20)

               De conformidad con las disposiciones del Decreto Ley n.o 226-A/2007, EDP abonó al Estado portugués la cantidad de 759 millones EUR a título del equilibrio económico-financiero de la prórroga de las 27 concesiones de centrales hidroeléctricas. Esta cifra incluye el importe de 55 millones EUR correspondiente al porcentaje de recursos hídricos. De ello se desprende que el importe neto de esta retribución pagada por EDP fue de 704 millones EUR.

         2.5.   Denuncia

               (21)

               La denuncia recibida en septiembre de 2012 afirmaba que Portugal había concedido a EDP ayudas estatales ilegales e incompatibles con el mercado interior, resultantes de las dos medidas siguientes:

                           a)

                           La compensación a favor de EDP relativa a costes de transición a la competencia anteriores a la liberalización del mercado de la electricidad, que la Comisión aprobó en su Decisión sobre la ayuda estatal N 161/2004-Costes de transición a la competencia en el mercado de la electricidad de Portugal (según lo mencionado en el considerando 12 (8)): el denunciante alega que, debido al cambio de circunstancias desde la adopción de la Decisión de la Comisión, así como a la incompatibilidad con las condiciones establecidas en la Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia (9), el importe de la ayuda aprobado en 2004 dejó de ser compatible con las normas de la Unión en materia de ayudas estatales.

                           b)

                           El bajo precio pagado por EDP a Portugal en 2007 por la prórroga, sin licitación pública, de las concesiones para la utilización de recursos hídricos públicos para la generación de energía hidroeléctrica, con el resultado de la pérdida de ingresos por el Estado en beneficio de EDP.

         2.6.   Decisión de incoación

               (22)

               En la Decisión de incoación, la Comisión refutó la parte de la denuncia relativa a la compensación de los costes de transición a la competencia y concluyó que no había motivos para considerar que la ayuda ya no era compatible con el mercado interior.

               (23)

               Sin embargo, la Comisión planteó dudas en cuanto a la posible ayuda estatal a EDP en la aplicación del régimen sobre el uso de los recursos hídricos. En su Decisión de incoación, la Comisión llegó a la conclusión preliminar de que el importe posiblemente reducido pagado por EDP por la prórroga de la concesión para el uso de recursos públicos hídricos en virtud del Decreto Ley n.o 226-A/2007 parecía, en caso de confirmarse, haber otorgado una ventaja económica selectiva a EDP.

               (24)

               Por lo que se refiere a la compatibilidad, la Comisión tenía dudas, en esta fase, sobre la existencia de una base jurídica adecuada para la compatibilidad de la posible ayuda estatal concedida a EDP con el mercado interior.

         2.6.1.   Ausencia de licitación

               (25)

               En primer lugar, la Comisión señaló que la adjudicación del uso de recursos hídricos públicos en régimen de concesión para la prestación de un servicio en un mercado puede no implicar una ventaja económica para el beneficiario, si dicha concesión se adjudicó mediante una licitación pública y no discriminatoria con la participación de un número suficiente de operadores interesados. Sin embargo, en el caso de autos, los acuerdos de resolución de los CAE prorrogaron de hecho, en cerca de 25 años por término medio, el derecho exclusivo de EDP para la explotación de las centrales eléctricas en cuestión sin mediar un procedimiento de licitación. En efecto, la organización de una licitación quedó excluida por las cláusulas suspensivas de los 27 acuerdos de resolución de los CAE entre REN y EDP.

               (26)

               Teniendo en cuenta la cuota significativa del mercado portugués que representan sus centrales eléctricas (27 %), la posición de EDP en el mercado portugués de generación y venta al por mayor (55 %) y el interés específico de las centrales hidroeléctricas en una cartera de producción de electricidad, la Comisión consideró que dichas cláusulas suspensivas pueden haber dado lugar a un efecto de exclusión del mercado de forma duradera para la entrada en el mercado de competidores potenciales que podían haber participado en una licitación pública. Por consiguiente, podría establecerse una ventaja económica que beneficiase indebidamente a EDP si el procedimiento de licitación hubiera tenido por resultado un precio más elevado del que pagó EDP, una vez deducido el valor residual debido a esta empresa.

         2.6.2.   Estudios económicos utilizados para estimar el precio de la transacción

               (27)

               En segundo lugar, en su Decisión de incoación, la Comisión consideró que la mejor solución, a falta de licitación, habría sido la de una negociación en condiciones normales de competencia entre las autoridades portuguesas y EDP. Portugal, en calidad de operador de mercado, habría intentado obtener un rendimiento elevado de los bienes públicos objeto de concesión. Con este planteamiento, la negociación con EDP basada en la evaluación realizada en 2007 (10) habría sido la más beneficiosa para Portugal, es decir, la evaluación propuesta por REN.

               (28)

               Como se indica en el considerando 44 de la Decisión de incoación, Portugal había acordado un precio final correspondiente a casi la mitad del precio estimado por REN. Si la evaluación propuesta por REN era la más rigurosa, parece poco probable que el Estado haya actuado como un operador de mercado en sus negociaciones con EDP.

         2.6.3.   Metodología financiera utilizada para determinar el precio de la transacción

               (29)

               En tercer lugar, se han planteado dudas acerca de la metodología utilizada para determinar el precio de la transacción. El método establecido en el Decreto Ley n.o 226-A/2007 sigue de cerca el planteamiento presentado por la Caixa Banco de Investimento, que utiliza dos tipos de descuento (11).

               (30)

               La Comisión expresó dudas sobre el hecho de que la no utilización del mismo tipo de descuento, basado únicamente en el coste del capital de EDP, como propone REN, pudiera dar lugar a una ventaja económica para EDP. La Comisión estimó que, si el tipo utilizado para actualizar el valor residual y los flujos de caja libres hubiera sido un tipo único de CMPC, basado en el coste de capital típico de un productor de electricidad europeo (7,55 %), EDP habría tenido que pagar 1 340 millones EUR, es decir, 581 millones EUR más de lo que realmente pagó.

               (31)

               Por consiguiente, en su Decisión de incoación, la Comisión consideró que a la vista de la elección realizada por las autoridades portuguesas de ampliar las concesiones en beneficio exclusivo de EDP y no mediante una licitación abierta a otros competidores, podría ser más adecuado utilizar un tipo de descuento basado en el CMPC real de EDP, a fin de reflejar mejor su propio coste de capital real. REN comunicó que el CMPC real de EDP en 2007 era del 6,6 %, y por tanto puede ser conveniente utilizar este valor en lugar del 7,55 %. Por consiguiente, la Comisión llegó a la conclusión de que era posible establecer la existencia de una ventaja económica que benefició indebidamente a EDP.

         3.   OBSERVACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS

               (32)

               Durante la investigación formal, la Comisión recibió observaciones de los denunciantes y de EDP.

               (33)

               Los denunciantes consideran que, mediante la prórroga de las concesiones, EDP se benefició de ayudas estatales. En su opinión, la medida constituye una compensación por la pérdida de ingresos.

               (34)

               En su respuesta de 19 de mayo de 2014, EDP sostiene, por el contrario, que la medida no constituye una ayuda estatal. En primer lugar, EDP sostiene que no obtuvo ninguna ventaja económica del reconocimiento, en 2007, del derecho de usar los recursos hídricos públicos hasta el final de la vida útil del equipo en las 27 centrales hidroeléctricas con CAE, por considerar que tal derecho se concedió en condiciones normales de mercado.

               (35)

               Según EDP, la existencia de una ventaja económica puede descartarse si el Estado actúa como un vendedor privado en una transacción en condiciones normales de competencia en un mercado abierto y procura obtener el mejor precio por el bien.

               (36)

               EDP sostiene que tiene derecho a recibir el valor residual de las centrales hidroeléctricas si los CAE se rescinden antes de la expiración del período de vida útil de las centrales. Por consiguiente, no sería económicamente viable para el Estado convocar una licitación pública en 2007 para la adjudicación de nuevas concesiones de recursos hídricos.

               (37)

               EDP sostiene que, si el Estado hubiera intentado obtener un valor más elevado que el indicado por los estudios independientes, EDP habría optado por no prorrogar el derecho de uso de los recursos hídricos y recibir inmediatamente el valor residual de las centrales eléctricas, como era su derecho.

               (38)

               Además, EDP considera que el estudio de REN sobre el valor económico de la prórroga de las concesiones incluye supuestos económicos y financieros inadecuados que reducen significativamente el valor de los derechos, lo que significa que EDP nunca habría aceptado los resultados de dicho estudio a efectos de una «negociación bilateral».

               (39)

               En consecuencia, EDP sostiene que la fijación unilateral del valor de la prórroga de las concesiones sobre la base de una metodología de evaluación objetiva es suficiente para evitar la existencia de una ventaja económica.

               (40)

               En segundo lugar, EDP sostiene además que la metodología establecida en el Decreto Ley n.o 226-A/2007 es objetiva y se basa en principios generalmente aceptados de cálculo económico. Su aplicación permite efectuar cálculos de compensaciones coherentes, justificables y no arbitrarios.

               (41)

               Por lo que se refiere a los tipos de descuento adecuados que deben utilizarse en los flujos financieros de cada una de las centrales, tanto la Caixa Banco de Investimento como CSFB concluyeron que el tipo de descuento del valor residual de las centrales debería reflejar el riesgo contractual inherente a este valor. EDP señaló que, desde su entrada en vigor en 1995, todos los CAE ya habían conferido a EDP el derecho a recibir de REN el valor residual de la central si el contrato se rescindiese antes de su expiración. Si EDP no estuviese interesada en prorrogar su derecho a utilizar recursos hídricos públicos, en ese caso podría recibir de REN el valor residual, en la fecha de expiración de cada uno de los CAE.

               (42)

               Asimismo, EDP aclara que el valor residual de las centrales hidroeléctricas que tiene derecho a recuperar es, en realidad, un crédito de EDP sobre el Estado, a través de REN, desde la entrada en vigor de los CAE en 1995. REN es una empresa controlada por el Estado portugués. El riesgo de que no cumpla sus obligaciones debe por tanto vincularse al riesgo de la deuda del Estado. EDP concluye que el tipo de descuento pertinente para actualizar dicho valor debe por tanto tener en cuenta únicamente el riesgo vinculado al incumplimiento por REN de esa obligación.

         4.   OBSERVACIONES Y RESPUESTAS DE PORTUGAL

               (43)

               Portugal respondió a las observaciones de las partes interesadas, pero se centró en la cuestión de los costes de transición a la competencia, sobre la cual la Comisión no había suscitado dudas.

               (44)

               En abril de 2016, la Comisión pidió a Portugal información adicional. Portugal respondió el 16 de abril de 2016, y presentó explicaciones jurídicas sobre las disposiciones del Decreto Ley n.o 240/2004 y los anexos de los contratos de concesión.

         5.   EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

   5.1.   Existencia de ayuda

               (45)

               Según el artículo 107, apartado 1, del Tratado, serán incompatibles con el mercado interior, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.

               (46)

               Para poder determinar si existe ayuda estatal, la Comisión debe evaluar si se cumplen las condiciones acumulativas previstas en el artículo 107, apartado 1, del Tratado (transferencia de fondos estatales, imputabilidad del Estado, ventaja selectiva, posible falseamiento de la competencia y repercusiones para el comercio en el interior de la UE) para la medida investigada.

         5.1.1.   Imputabilidad

               (47)

               En lo que respecta a la imputabilidad, cuando una autoridad pública concede una ventaja a un beneficiario, la medida es, por definición, imputable al Estado.

               (48)

               La prórroga del derecho de uso de los recursos hídricos públicos para la generación de energía hidroeléctrica en beneficio de EDP en calidad de entidad subtitular de la concesión de REN es el resultado de la aplicación del Decreto Ley n.o 226-A/2007, relativo al régimen sobre el uso de los recursos hídricos. Las disposiciones del Decreto Ley también establecen las normas que debe aplicar el Estado para determinar el pago efectuado por EDP, a cambio de los beneficios económicos de la prórroga. El Decreto Ley n.o 226-A/2007 es un acto público adoptado y aprobado por las autoridades portuguesas. De ello se desprende que las medidas de ayuda estatal contenidas en el mismo son imputables a la República Portuguesa.

         5.1.2.   Recursos estatales

               (49)

               En lo que respecta a la clasificación de los recursos estatales, la concesión de acceso al dominio público o a recursos naturales, o la concesión de derechos especiales o exclusivos sin una remuneración adecuada acorde con los precios de mercado, puede suponer una renuncia a ingresos públicos (12).

               (50)

               De conformidad con la Ley de Aguas n.o 58/2005 y el Decreto Ley n.o 226-A/2007, los recursos hídricos del territorio portugués pertenecen al Estado portugués y no pueden privatizarse ni ser propiedad de personas físicas o jurídicas. De ello se deduce que, en principio, los beneficios económicos que se deriven de la utilización de los recursos hídricos públicos proceden de recursos estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

               (51)

               Los recursos naturales con valor intangible, como el agua o el aire, pueden ser necesarios y, en ocasiones, esenciales para los ciudadanos. No obstante, en caso de que su explotación no sea comercializable o no se atribuya un valor económico a su uso, estos recursos no constituyen necesariamente un vehículo para asignar los beneficios económicos a que se refiere el artículo 107, apartado 1, del Tratado, y pueden no ser considerados recurso estatal. En este caso, la medida consiste en la concesión de un derecho de uso de recursos hídricos que forman parte del dominio público. La existencia de un precio de transacción pone de manifiesto que a este derecho se le concede un valor económico. Por consiguiente, la Comisión concluye que la medida implica el uso de recursos estatales.

               (52)

               El artículo 9 de la Directiva 2000/60/CE (13) del Parlamento Europeo y del Consejo establece el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, incentivos adecuados en las políticas de tarificación del agua para el uso eficiente de los recursos hídricos y una contribución adecuada del sector industrial, entre otros. Estas disposiciones del Derecho de la Unión admiten un valor económico a los diversos usos del agua. Además, en cualquier caso, en el caso de Portugal, las disposiciones del artículo 91 del Decreto Ley n.o 226-A/2007 determinan que el uso de recursos hídricos públicos para la generación de electricidad supone un valor económico cuantificable y comercializable en virtud de la legislación portuguesa.

               (53)

               De ello se deduce que la prórroga del derecho de uso de los recursos hídricos para la generación de energía hidroeléctrica en beneficio de EDP en calidad de entidad subtitular de la concesión de REN, tal como se establece en el Decreto Ley n.o 226-A/2007, implica aparentemente recursos estatales en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado.

         5.1.3.   Ausencia de ventaja

               (54)

               También puede establecerse sobre la base de otra metodología de evaluación normalizada y generalmente aceptada, si una transacción es acorde o no con las condiciones de mercado (14). Dicha metodología deberá basarse en datos disponibles objetivos, verificables y fiables (15), que deben ser suficientemente minuciosos y reflejar la situación económica en el momento en que se decidió la transacción, teniendo en cuenta el nivel de riesgo y las expectativas futuras (16).

               (55)

               En su Decisión de incoación, la Comisión expresó sus dudas sobre el hecho de si el valor económico de la prórroga de las concesiones, evaluado en 2007, podría haber sido subestimado debido al uso de diferentes tipos de descuento aplicados a sus dos componentes, el valor residual de los activos no amortizados y los flujos de caja libres generados por la explotación de las centrales.

               (56)

               El precio de la prórroga estimado en 2007 es de 704 millones EUR (excluidos los impuestos deducidos, por valor de 55 millones EUR) y tiene dos componentes. En primer lugar, está compuesto por los flujos de caja actualizados resultantes de la explotación de las centrales en el período 2020-2044 (17) (2 115 millones EUR, actualizados a 2007). En segundo lugar, está compuesto por el valor actual neto en 2007 del valor residual (1 356 millones EUR actualizados a 2007). Téngase en cuenta que EDP habría tenido derecho a recuperar el valor de estos activos, si Portugal decidiera no prorrogar la concesión.

               (57)

               La Comisión cuestionó en qué medida la aplicación de un factor de descuento inferior al valor residual de los activos no amortizados era aceptable desde el punto de vista metodológico (18).

               (58)

               A fin de reflejar el hecho de que el valor de esos activos no amortizados utilizados para la explotación de las centrales se conocerá en 2020, y por tanto, será menos incierto al ser objeto de un contrato con entidades controladas por el Estado portugués, los bancos utilizaron un tipo de descuento menos elevado que el CMPC aplicado a los flujos de caja, es decir, el tipo sin riesgo más un diferencial de 50-80 bpp (aproximadamente el 4,6 % frente al 7,8 % del CMPC). La aplicación de un tipo de descuento más bajo incrementa el valor actual neto del valor residual y disminuye el precio de la prórroga. Teniendo en cuenta que el valor residual no se ve afectado por la misma incertidumbre económica que los flujos de caja, cabe concluir que la aplicación del tipo sin riesgo está justificada.

               (59)

               Por otra parte, la utilización del CMPC para calcular el valor actual neto de los flujos de caja (generados entre 2020 y 2044 de media) responde a una práctica de mercado. Está justificada por el mayor riesgo operativo en el contexto de un mercado liberalizado, por la realización del mercado ibérico de la energía eléctrica (19) y por el desarrollo de un mercado de la energía más integrado a escala europea, lo que implica, en conjunto, más incertidumbres sobre la generación de liquidez. Por consiguiente, la aplicación del CMPC al valor actualizado de los flujos de caja está justificada.

               (60)

               La evaluación del CMPC fue realizada por la Caixa Banco de Investimento y por CSFB utilizando una combinación de un enfoque comparativo (CMPC de empresas similares en sectores similares) con un enfoque ascendente (nuevo cálculo del CMPC utilizando datos públicos obtenidos de Bloomberg). La Caixa Banco de Investimento y el CSFB estiman el CMPC en el 7,72 % y el 7,88 %, respectivamente. Este enfoque refleja la práctica de mercado y está en consonancia con planteamientos similares que la Comisión aceptó en otros asuntos (20).

               (61)

               La Comisión también expresó dudas sobre la posibilidad de que la metodología utilizada por REN, el operador de la red de transporte, para evaluar el precio de la prórroga, que da un precio más elevado (1 672 millones EUR), pueda considerarse como un enfoque mejor que las evaluaciones realizadas por las dos instituciones financieras (21).

               (62)

               Sin embargo, la metodología propuesta por REN no constituye una práctica de mercado. El precio de la prórroga propuesto no puede aceptarse por los siguientes motivos:

                           a)

                           REN aplicó un tipo de descuento único tanto para el valor residual como para los flujos de caja. Este tipo de descuento asume que el CMPC es el CMPC de EDP (6,6 %). El CMPC debería, sin embargo, tener en cuenta la rentabilidad requerida por un grupo de inversores de un determinado sector en un determinado país, para un determinado tipo de proyecto. Los CMPC se calculan en general sobre la base de un enfoque comparativo (CMPC de operadores comparables en el mercado) y un enfoque ascendente, incluyendo una estimación específica provisional de cada componente del CMPC (beta, prima de riesgo de mercado), que no se hizo en el estudio. Así pues, parece que el método de REN no utiliza la metodología comúnmente aplicada por el mercado.

                           b)

                           Además, la evaluación de REN no pudo ser utilizada por las autoridades portuguesas debido a su falta de independencia. De acuerdo con la normativa portuguesa, el valor de la concesión debe determinarse basándose en las evaluaciones realizadas por dos instituciones independientes, el CSFB y la Caixa Banco de Investimento en el caso de autos, y sus tasaciones fueron utilizadas para determinar el valor del precio de la prórroga. Como se ha indicado anteriormente, las tasaciones presentadas por el CSFB y la Caixa Banco de Investimento utilizaron una metodología adecuada. La Comisión no tiene razón alguna para considerar dichas evaluaciones inadecuadas para establecer el valor de mercado del período de prórroga de las concesiones.

               (63)

               En conclusión, tras un detallado análisis, la metodología utilizada por Portugal para evaluar el precio de la prórroga puede considerarse satisfactoria.

               (64)

               En caso de licitación, Portugal habría tenido que pagar a EDP el importe de los activos no amortizados al finalizar el período de concesión de los CAE (2020). En segundo lugar, el precio de la prórroga se basa en la hipótesis de que el precio de la electricidad es de 50 EUR/MWh. Debe señalarse que la compensación de los costes de transición a la competencia valorados en el mismo período se basaron en una estimación de 36 EUR/MWh. Si tal hipótesis se hubiese elegido para el cálculo del precio de la prórroga, Portugal habría tenido que soportar un precio negativo (– 15,4 millones EUR de valor actual neto). Por consiguiente, las hipótesis en términos de precios, en comparación con los supuestos utilizados en la Decisión sobre los costes de transición a la competencia, son sin duda más favorables al Estado portugués y reflejan un enfoque conservador adoptado por ambas instituciones financieras en su evaluación del precio de la prórroga.

         6.   CONCLUSIÓN

               (65)

               Por consiguiente, la Comisión concluye que la medida que confiere a EDP el derecho a explotar centrales hidroeléctricas por un período prorrogado mediante el pago de un importe de 704 millones EUR no cumple todas las condiciones acumulativas del artículo 107, apartado 1, del Tratado y, por tanto, no constituye ayuda estatal.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La medida ejecutada por Portugal en favor de EDP-Energías de Portugal, SA relativa a la prórroga del uso de recursos hídricos para la generación de energía hidroeléctrica no constituye ayuda estatal en el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
   Artículo 2
   El destinatario de la presente Decisión será la República Portuguesa.

      Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 2017.

            Por la Comisión

         Margrethe VESTAGER

            Miembro de la Comisión

      (1)  Anteriormente denominada «Electricidade de Portugal», hasta 2004.

      (2)  Ayuda estatal SA.35429 (2013/C) (ex 2012/CP) — Prórroga del uso de recursos hídricos públicos para la generación hidroeléctrica — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 117 de 16.4.2014, p. 113).

      (3)  Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 96/92/CE (DO L 176 de 15.7.2003, p. 37).

      (4)  Adoptada por la Comisión el 26 de julio de 2001 y comunicada a los Estados miembros mediante carta SG (2001) D/290869 de 6 de agosto de 2001.

      (5)  Concretamente, EDP, Tejo Energia y Turbogás.

      (6)  Decisión C(2004) 3468 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2004, relativa a la ayuda estatal N 161/2004, Costes de transición a la competencia a Portugal, DO C 250 de 8.10.2005, p. 9.

      (7)  Las autoridades portuguesas explicaron que el principio según el cual las inversiones no recuperadas son objeto de compensación cuando los activos en cuestión revierten al Estado al final de la concesión ya estaba previsto en la legislación portuguesa antes de la liberalización del sector.

      (8)  Decisión C(2004) 3468 de la Comisión, de 22 de septiembre de 2004, relativa a la ayuda estatal N 161/2004 — Costes de transición a la competencia en el mercado de la electricidad portugués (DO C 250 de 8.10.2005, p. 9).

      (9)  Adoptada por la Comisión el 26 de julio de 2001 y comunicada a los Estados miembros mediante carta SG (2001) D/290869 de 6 de agosto de 2001.

      (10)  Véase el considerando 16 de la Decisión de incoación.

      (11)  Véase el considerando 16 de la Decisión de incoación.

      (12)  Véase la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (DO C 8 de 11.1.2012, p. 4), punto 33, donde se hace referencia a la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de mayo de 2003 en el asunto Connect Austria Gesellschaft für Telekommunikation GmbH/Telekom-Control-Kommission y Mobilkom Austria AG, C-462/99, ECLI:EU:C:2003:297, apartados 92 y 93; y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 4 de julio de 2007 en el asunto Bouygues y Bouygues Télécom SA/Comisión, T-475/04, ECLI:EU:T:2007:196, apartados 101, 104, 105 y 111.

      (13)  Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (DO L 327 de 22.12.2000, p. 1).

      (14)  Véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 29 de marzo de 2007 en el asunto Scott/Comisión, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, apartado 134, y la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 2010, en el asunto Seydaland Vereinigte Agrarbetriebe, C-239/09, ECLI:EU:C:2010:778, apartado 39.

      (15)  Véase la sentencia del Tribunal de 16 de septiembre de 2004 en el asunto Valmont Nederland BV/Comisión, T-274/01, ECLI:EU:T:2004:266, apartado 71.

      (16)  Véase la sentencia del Tribunal de jueves, 29 de marzo de 2007 en el asunto Scott/Comisión, T-366/00, ECLI:EU:T:2007:99, apartado 158.

      (17)  2020 corresponde al año medio de finalización de los CAE y del período de compensación de los costes de transición a la competencia para las 27 centrales hidroeléctricas que participan en la transacción. 2044 es la fecha media del fin del período de prórroga de las concesiones de 27 centrales hidroeléctricas.

      (18)  Véase el considerando 51 de la Decisión de incoación.

      (19)  El Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica, o MIBEL, se define en el Acuerdo entre la República Portuguesa y el Reino de España para la constitución de un Mercado Ibérico de la Energía Eléctrica. El MIBEL se ejecutó a través de un conjunto de instrumentos legislativos aprobados en España (por ejemplo, la Orden Ministerial ITC/2129/2006, de 30 de junio de 2006) y Portugal (por ejemplo, la Orden Ministerial 643/2006, de 26 de junio de 2006).

      (20)  Véase, por ejemplo, el asunto de Ayuda estatal-Hungría-SA.38454 (2015/C) (ex 2015/N)-Posible ayuda a la central nuclear de Paks-Invitación a presentar observaciones en aplicación del artículo 108, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 8 de 12.1.2016, p. 2), y los asuntos T-319/12 y T-321/12-España y Ciudad de la Luz/Comisión, ECLI:EU:T:2014:604, apartado 40, T-233/99 y T-228/99-Länder Nordrhein-Westfalen/Comisión, ECLI:EU:T:2003:57, apartado 245.

      (21)  Véase los considerandos 48 a 51 de la Decisión de incoación.


title: 2008/567/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de julio de 2008 , relativa a la contribución de la Comunidad, para el año 2008, destinada a financiar acciones de la OIE en el ámbito del bienestar de los animales y la vigilancia y categorización de las enfermedades animales

text:
               10.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 181/55

      DECISIÓN DE LA COMISIÓN

   de 4 de julio de 2008
   relativa a la contribución de la Comunidad, para el año 2008, destinada a financiar acciones de la OIE en el ámbito del bienestar de los animales y la vigilancia y categorización de las enfermedades animales
   (2008/567/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Decisión 90/424/CEE del Consejo, de 26 de junio de 1990, relativa a determinados gastos en el sector veterinario (1), y, en particular, su artículo 20,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               De conformidad con la Decisión 90/424/CEE, la Comunidad puede tomar medidas, o asistir a los Estados miembros o a organizaciones internacionales para que las tomen, de carácter técnico y científico para el desarrollo de la legislación veterinaria comunitaria y para el desarrollo de educación o formación veterinaria.

               (2)

               Uno de los cinco grandes ámbitos de acción del Plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010 era seguir apoyando las iniciativas internacionales y emprender otras nuevas, con el fin de concienciar y alcanzar un mayor consenso en lo que se refiere al bienestar animal.

               (3)

               La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) es el organismo intergubernamental responsable de mejorar la salud animal en todo el mundo. En 2005, la OIE adoptó directrices sobre bienestar animal con respecto al transporte de animales por vía terrestre y por vía marítima, el sacrificio de animales para consumo humano y la matanza compasiva de animales con fines profilácticos. La OIE tiene la intención de seguir desarrollando esas directrices, adoptar otras nuevas y apoyar la aplicación de las ya adoptadas por parte de los países que la integran, en particular ofreciendo formación y orientación.

               (4)

               Los actos de formación y comunicación previstos por la OIE son necesarios para el desarrollo de la legislación veterinaria vigente y de la educación y la formación veterinarias en todos los países participantes. Las mejoras en terceros países están estrechamente vinculadas al desarrollo de la legislación veterinaria comunitaria y a la necesidad de que dicha legislación sea efectiva en la consecución de sus objetivos. Además, las actividades de formación y comunicación previstas responden al deseo de la mayoría de los ciudadanos europeos (2) de que las condiciones de bienestar de los animales en países que exportan a la Comunidad sean equivalentes a las que se aplican en el territorio de esta. La Comunidad debe, por tanto, contribuir a la financiación de estos actos.

               (5)

               La Segunda Conferencia Mundial sobre Bienestar Animal de la OIE «Putting the OIE Standards to work» tiene por objeto apoyar la aplicación a escala mundial de las directrices de la OIE relativas al transporte de animales por vía marítima y por vía terrestre, el sacrificio de animales para consumo humano y la matanza de animales con fines profilácticos. También busca reforzar el perfil del bienestar de los animales y animar a los veterinarios y servicios veterinarios a asumir una mayor responsabilidad en este campo.

               (6)

               La Segunda Conferencia Mundial sobre Bienestar Animal de la OIE podría tener una gran influencia en el desarrollo de la legislación veterinaria comunitaria. Sus objetivos coinciden con los del Plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010. Así pues, es conveniente que la Comunidad contribuya a la financiación de la Conferencia de la OIE.

               (7)

               En la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una nueva estrategia de sanidad animal para la UE (2007-2013) se considera la priorización de la intervención de la UE uno de los pilares de la nueva estrategia de sanidad animal. En este contexto, un estudio sobre el coste de la vigilancia y categorización de las enfermedades animales en el marco del seguimiento de la iniciativa global de sanidad animal por parte de la OIE permitiría contar con información que ayude a categorizar las enfermedades animales y a priorizar las medidas de vigilancia.

               (8)

               La OIE tiene un monopolio de facto en su sector, en el sentido del artículo 168, apartado 1, letra c), del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3); por lo tanto, no es necesaria una convocatoria de propuestas.

               (9)

               Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Se aprueba una contribución comunitaria, por valor de 100 000 EUR, para la financiación de un seminario de formación que va a organizar la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) acerca de la aplicación de las directrices de la OIE sobre el bienestar de los animales, no pudiendo sobrepasar la cofinanciación comunitaria el 65 % de los costes subvencionables totales.
   Artículo 2
   Se aprueba una contribución comunitaria, por valor de 200 000 EUR, para la financiación de la Segunda Conferencia Mundial sobre Bienestar Animal «Putting the OIE Standards to work» que la OIE va a organizar en 2008, no pudiendo sobrepasar la cofinanciación comunitaria el 50 % de los costes subvencionables totales.
   Artículo 3
   Se aprueba una contribución comunitaria, por valor de 200 000 EUR, para la financiación de un estudio sobre el coste de la vigilancia y la categorización de las enfermedades animales por parte de la OIE en 2008, no pudiendo sobrepasar la cofinanciación comunitaria el 67 % de los costes subvencionables totales.
   Artículo 4
   La participación financiera establecida en los artículos 1, 2 y 3 se financiará con cargo a la línea 17 04 02 01 del presupuesto de la Unión Europea para 2008.
   Para las contribuciones financieras previstas en los artículos 1, 2 y 3 se celebrará con la OIE un convenio de subvención sin convocatoria de propuestas, ya que la OIE es la organización intergubernamental responsable de la mejora de la salud animal en todo el mundo y posee un monopolio de facto.

      Hecho en Bruselas, el 4 de julio de 2008.

            Por la Comisión

         Androulla VASSILIOU

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 224 de 18.8.1990, p. 19. Decisión modificada en último lugar por el Reglamento (CE) no 1791/2006 (DO L 363 de 20.12.2006, p. 1).

      (2)  Eurobarómetro especial 270: Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare (Actitudes de los ciudadanos de la UE con respecto al bienestar animal), http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, p. 32.

      (3)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 478/2007 (DO L 111 de 28.4.2007, p. 13).


title: Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución

text:
               20.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 131/13

         DECISIÓN (UE) 2017/866 DEL CONSEJO
   de 11 de mayo de 2017
   relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 78, apartado 2, en relación con su artículo 218, apartado 5,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Unión participó junto con los Estados miembros como observadora de la negociación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (en lo sucesivo, «Convenio»), adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011. El Convenio quedó abierto a la firma el 11 de mayo de 2011.

               (2)

               De acuerdo con el artículo 75 del Convenio, este está abierto a la firma de la Unión Europea.

               (3)

               El Convenio crea un marco jurídico global y con múltiples aspectos para proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia. Su objetivo es prevenir, perseguir y erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas y la violencia doméstica. Contempla un amplio abanico de intervenciones que van desde la recopilación de datos y la sensibilización a las medidas legales de penalización de las diversas formas de violencia contra las mujeres. Incluye, además, medidas de protección de las víctimas y servicios de apoyo y aborda la dimensión de la violencia de género en el ámbito del asilo y la migración. El Convenio establece un mecanismo de supervisión específico para garantizar la efectiva aplicación de sus disposiciones por las Partes.

               (4)

               La firma del Convenio en nombre de la Unión contribuirá a la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres en todos los terrenos, que es uno de los objetivos y valores fundamentales de la Unión y uno de los principios que esta debe aplicar a todas sus actividades de conformidad con los artículos 2 y 3 del Tratado de la Unión Europea (TUE), el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La violencia contra las mujeres es una violación de sus derechos humanos y una forma extrema de discriminación que no solo hunde sus raíces en las desigualdades de género sino que además contribuye a mantenerlas y reforzarlas. Al comprometerse a aplicar el Convenio, la Unión reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres dentro de su territorio y en todo el mundo y refuerza su actual acción política y su marco jurídico material en el ámbito del Derecho procesal penal, lo que es de particular importancia para las mujeres y las niñas.

               (5)

               Tanto la Unión como sus Estados miembros tienen competencias en los ámbitos cubiertos por el Convenio.

               (6)

               El Convenio debe firmarse en nombre de la Unión en lo que respecta a asuntos que son de competencia de la Unión, en la medida en que aquel pueda afectar a normas comunes o alterar el alcance de las mismas. Lo anterior se aplica, en particular, a determinadas disposiciones del Convenio relativas a la cooperación judicial en materia penal y a sus disposiciones en materia de asilo y de no devolución. Los Estados miembros conservan su competencia en la medida en que el Convenio no afecte a normas comunes o altere el alcance de las mismas.

               (7)

               La Unión también tiene competencia exclusiva para aceptar las obligaciones establecidas en el Convenio con respecto a sus propias instituciones y administración pública.

               (8)

               Dado que la competencia de la Unión y las competencias de los Estados miembros están interconectadas, conviene que la Unión sea parte del Convenio junto con sus Estados miembros, de modo que juntos puedan cumplir las obligaciones que establece el Convenio y ejercer los derechos que les confiere, de forma coherente.

               (9)

               La presente Decisión se refiere únicamente a los artículos 60 y 61 del Convenio. No se refiere a las disposiciones del Convenio relativas a la cooperación judicial en materia penal, tratadas por separado en una decisión del Consejo relativa a la firma que ha de adoptarse paralelamente a la presente Decisión.

               (10)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, estos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Decisión y no quedan vinculados por ella ni sujetos a su aplicación.

               (11)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación.

               (12)

               Procede firmar el Convenio.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se autoriza la firma, en nombre de la Unión, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución, a reserva de su celebración (1).
   Artículo 2
   Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para firmar el Convenio en nombre de la Unión.
   Artículo 3
   La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 11 de mayo de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. GALDES

      (1)  El texto del Convenio se publicará junto con la Decisión relativa a su celebración.


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32000D0742

2000/742/CE: Decisión del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, relativa a la conclusión del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia

Diario Oficial n° L 299 de 28/11/2000 p. 0014 - 0014

Decisión del Consejode 16 de noviembre de 2000relativa a la conclusión del Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia(2000/742/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 170, en relación con la primera frase del apartado 2 y con el párrafo del apartado 3 de su artículo 300,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),Considerando lo siguiente:(1) La Comunidad Europea y la Federación de Rusia realizan programas específicos de investigación y desarrollo en diversos ámbitos de interés común.(2) La Federación de Rusia, por un lado, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otro, han firmado un Acuerdo de colaboración y cooperación(3) cuyo artículo 62 prevé la negociación de acuerdos específicos en los ámbitos científico y tecnológico.(3) El Consejo, mediante Decisión de 10 de noviembre de 1997, autorizó a la Comisión a negociar un Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia con un período de vigencia igual al del quinto programa marco, aprobado mediante Decisión n° 182/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo(4).(4) Procede aprobar el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia.DECIDE:Artículo 1Se aprueba en nombre de la Comunidad el Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la Comunidad Europea y el Gobierno de la Federación de Rusia.El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.Artículo 2El Presidente del Consejo llevará a cabo, en nombre de la Comunidad, la notificación contemplada en el artículo 12 del Acuerdo(5).Hecho en Bruselas, el 16 de noviembre de 2000.Por el ConsejoEl PresidenteR. Schwartzenberg(1) DO C 370 E de 26.10.1999, p. 22.(2) No publicado aún en el Diario Oficial.(3) DO L 327 de 28.11.1997, p. 3.(4) DO L 26 de 1.2.1999, p. 1.(5) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.


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32000D0068

Decisión nº 68/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por la que se modifica la Decisión de base relativa al programa Sócrates, con el fin de incluir a Turquía entre los países beneficiarios

Diario Oficial n° L 010 de 14/01/2000 p. 0001 - 0002

DECISIÓN N° 68/2000/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJOde 13 de diciembre de 1999por la que se modifica la Decisión de base relativa al programa Sócrates, con el fin de incluir a Turquía entre los países beneficiariosEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 149 y 150,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Comité Económico y Social(2),Visto el dictamen del Comité de las Regiones(3),Con arreglo al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado(4),Considerando lo siguiente:(1) Mediante la Decisión n° 819/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 1995(5), se creó el programa de acción comunitario Sócrates; en el que Turquía no participa.(2) Turquía es un país asociado cuyos vínculos con la Comunidad se han reforzado mucho con la entrada en vigor de la fase definitiva de la unión aduanera.(3) Es conveniente reforzar los vínculos económicos y comerciales instituidos por la unión aduanera con una cooperación más estrecha en el sector de la educación, de la formación y de la juventud.(4) Los plazos importantes que se han de prever, por una parte, entre la modificación de la Decisión por la que se establece dicho programa, objeto de la presente Decisión, y que permite la inclusión de Turquía, y la conclusión de las negociaciones sobre las modalidades (en particular financieras) de la participación de este país, y, por otra, entre la conclusión de tales negociaciones y su participación efectiva.(5) Sin embargo, una inclusión de principio, además de constituir una señal tangible de la voluntad varias veces reiterada por la Unión Europea de desarrollar una cooperación sectorial con este país, permite hacerse cargo de medidas preparatorias y de sensibilización, con vistas a una plena participación en el marco de dicho programa o en el contexto del futuro programa marco en curso de elaboración,DECIDEN:Artículo 1La segunda frase del apartado 3 del artículo 7 de la Decisión n° 819/95/CE se sustituirá por el texto siguiente: "El presente programa estará abierto a la participación de Chipre, de Malta y de Turquía sobre la base de créditos suplementarios según los procedimientos que se acuerden con dichos países tomando como punto de partida las reglas aplicadas a los países de la Asociación Europea de Libre Comercio y respetando lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento financiero vigente.".Artículo 2La presente Decisión tiene por objeto la participación de Turquía, en los plazos más breves posibles y de modo total o parcial, en el programa Sócrates, en su forma actual, en la medida en que las negociaciones lo permitan, así como el lanzamiento de toda medida preparatoria o de sensibilización con vistas a dicha participación o a la que se prevé en el contexto del futuro programa marco (2000-2004).Artículo 3La participación de Turquía en dicho programa tiene por objeto permitir auténticos intercambios entre los jóvenes de ambas Partes y el personal de acompañamiento, respetando sus diversidades lingüísticas, educativas y culturales, tal como lo prevé el apartado 1 del artículo 149 del Tratado, y los derechos de las minorías.Artículo 4Se comunicarán al Parlamento Europeo las diferentes medidas adoptadas para la aplicación de la presente Decisión.Artículo 5La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 13 de diciembre de 1999.Por el Parlamento EuropeoLa PresidentaN. FONTAINEPor el ConsejoEl PresidenteS. HASSI(1) DO C 186 de 26.6.1996, p. 8.(2) DO C 158 de 26.5.1997, p. 74.(3) DO C 293 de 13.10.1999, p. 23.(4) Dictamen del Parlamento Europeo de 25 de febrero de 1999 (DO C 153 de 1.6.1999, p. 19). Posición común del Consejo de 12 de julio de 1999 (DO C 249 de 1.9.1999, p. 1) y Decisión del Parlamento Europeo de 28 de octubre de 1999 (aún no publicada en el Diario Oficial).(5) DO L 87 de 20.4.1995, p. 10.