title: Decisión de la Comisión, de 24 de enero de 2017, por la que se crea el Grupo de Expertos de la Comisión «Plataforma de bienestar animal» (Texto pertinente a efectos del EEE. )

text:
               31.1.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 31/61

         DECISIÓN DE LA COMISIÓN
   de 24 de enero de 2017
   por la que se crea el Grupo de Expertos de la Comisión «Plataforma de bienestar animal»
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2017/C 31/12)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) establece que al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros deben tener plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional.

               (2)

               De conformidad con el artículo 11, apartado 2, del TFUE, las instituciones han de mantener un diálogo abierto, transparente y regular con las asociaciones representativas y la sociedad civil.

               (3)

               El artículo 26 del TFUE dispone que la Unión debe adoptar las medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento, lo que comprende la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales.

               (4)

               El artículo 38 del TFUE encomienda a la Unión la tarea de definir y aplicar una política agrícola común.

               (5)

               El artículo 179 del TFUE establece que la Unión ha de tener por objetivo fortalecer sus bases científicas y tecnológicas, mediante la realización de un espacio europeo de investigación. El artículo 180, letra b), del TFUE dispone que la Unión debe promover la cooperación en materia de investigación, de desarrollo tecnológico y de demostración de la Unión con los terceros países y las organizaciones internacionales.

               (6)

               En 2011, la Comisión creó un Grupo de Expertos en bienestar animal (1) que la asesorase sobre la legislación relativa al bienestar de los animales y para facilitar el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas al respecto.

               (7)

               El Parlamento Europeo (2) y el Consejo de la Unión Europea (3) han pedido que la Unión cree una Plataforma de bienestar animal que favorezca el diálogo entre las partes interesadas para compartir experiencias, conocimientos y puntos de vista.

               (8)

               En respuesta a dichas peticiones, se constituye un nuevo grupo de expertos denominado «Plataforma de bienestar animal» («la Plataforma») para asistir a la Comisión y contribuir a mantener un diálogo sistemático sobre asuntos de la Unión directamente relacionados con el bienestar animal, tales como la observancia de la legislación, el intercambio de conocimientos científicos, las innovaciones y las buenas prácticas e iniciativas de bienestar animal, o las actividades internacionales al respecto. La Plataforma también debe asistir a la Comisión en otros asuntos de la Unión que pueden guardar relación con los de bienestar animal, como el comercio, las resistencias bacterianas, la seguridad de los alimentos, la investigación o el medio ambiente. Dado que la Plataforma tendrá el mismo mandato que el actual grupo de expertos sobre bienestar animal, no es necesario mantener este último.

               (9)

               La Plataforma debe tener en cuenta las actividades de otros grupos de trabajo o redes de diálogo al respecto, tales como los de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y los de la plataforma regional de bienestar animal para Europa, de la Organización Mundial de Sanidad Animal.

               (10)

               La Plataforma debe componerse de representantes de las autoridades competentes de todos los Estados miembros, de organizaciones empresariales implicadas a nivel de la Unión Europea en la cadena alimentaria y en la cría de animales con otros fines ganaderos, de otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan a nivel de la Unión Europea por el bienestar animal, así como de centros académicos y de investigación científica en bienestar animal. La participación en la Plataforma debe estar abierta también a expertos de las autoridades competentes de terceros países que sean partes contratantes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE), así como de organizaciones intergubernamentales internacionales.

               (11)

               Resulta oportuno establecer normas relativas a la divulgación de información por parte de los miembros de la Plataforma.

               (12)

               Los datos personales deben procesarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

               (13)

               Procede fijar un período para la aplicación de la presente Decisión. La Comisión considerará a su debido tiempo la oportunidad de una prórroga de la Decisión,

         DECIDE:
   Artículo 1
   Objeto
   Se crea un grupo de expertos denominado «Plataforma de bienestar animal» («la Plataforma»).
   Artículo 2
   Funciones
   Las funciones de la Plataforma serán las siguientes:

               a)

               ayudar a la Comisión a elaborar e intercambiar acciones coordinadas para contribuir a la puesta en práctica y aplicación de la legislación de la Unión Europea sobre bienestar animal, así como a la comprensión, tanto dentro como fuera de la Unión, de la legislación de la Unión y de la normativa internacional sobre bienestar animal;

               b)

               facilitar el desarrollo y la aplicación de compromisos voluntarios para que las empresas mejoren el bienestar animal;

               c)

               contribuir a promover las normas de la Unión sobre bienestar animal para valorizar el valor de mercado de los productos de la Unión a escala mundial;

               d)

               fomentar el diálogo entre las autoridades competentes, las empresas, la sociedad civil, el mundo universitario, los científicos y las organizaciones intergubernamentales internacionales sobre temas de la Unión relacionados con el bienestar animal;

               e)

               promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas, conocimientos científicos e innovaciones relacionadas con el bienestar animal de interés para la Unión;

               f)

               compartir información sobre la elaboración de políticas en los ámbitos y las actividades mencionadas.

         Artículo 3
   Consulta
   La Comisión podrá consultar a la Plataforma toda cuestión de bienestar animal de interés para la Unión.
   Artículo 4
   Composición
   1.   La Plataforma estará formada por un máximo de setenta y cinco miembros.
   2.   Formarán parte de la Plataforma los siguientes miembros:

               a)

               las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea y de los países del EEE que tengan competencias en materia de bienestar animal;

               b)

               las organizaciones empresariales y profesionales a nivel de la Unión implicadas en la cadena alimentaria en cuanto al suministro de animales o productos de origen animal, y en la en la cría de animales con otros fines ganaderos;

               c)

               organizaciones de la sociedad civil que trabajen a nivel de la Unión Europea por el bienestar animal;

               d)

               expertos independientes de centros académicos y de investigación científica sobre bienestar animal con repercusiones en las políticas de la Unión;

               e)

               organizaciones intergubernamentales internacionales que trabajan por el bienestar animal (5),

               f)

               la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

         3.   Los miembros a que hace referencia el apartado 2, letra d), serán nombrados a título personal y actuarán con independencia y en defensa del interés público.
   4.   Los miembros a que hace referencia el apartado 2, letras b) y c), serán seleccionados de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 5. Las organizaciones nombrarán a sus representantes en la Plataforma a un alto nivel, velando por que sean permanentes y aporten un nivel suficientemente alto de conocimientos especializados. La Comisión podrá rechazar a un representante nombrado por estos miembros si, por motivos justificados especificados en la convocatoria de solicitudes de la Plataforma, considera el nombramiento inapropiado. En tal caso, se pedirá a la organización en cuestión que designe a otro representante.
   6.   Los miembros a que hace referencia el apartado 2, letras a), e) y f), nombrarán a sus representantes responsables en la Plataforma velando por que aporten un nivel suficientemente alto de conocimientos especializados.
   7.   Los miembros que ya no puedan contribuir de manera efectiva a las actividades de la Plataforma y que, en opinión de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria, no cumplan lo establecido en el artículo 339 del TFUE o que dimitan, dejarán de ser invitados a participar en las reuniones de la Plataforma y podrán ser sustituidos por el resto de su mandato.
   Artículo 5
   Proceso de selección
   1.   La selección de los miembros de la Plataforma a que hace referencia el artículo 4, apartado 2, letras b) a d), se llevará a cabo mediante convocatoria pública de candidaturas, que se publicará en el Registro de grupos de expertos y demás entidades similares de la Comisión («el Registro de grupos de expertos»). La convocatoria de candidaturas podrá también publicarse por otros medios, como sitios web específicos.
   En la convocatoria de candidaturas se establecerán claramente los criterios de selección, entre ellos la experiencia requerida y los intereses representados en relación con el trabajo por realizar. El plazo mínimo de presentación de solicitudes será de cuatro semanas.
   2.   Los miembros a que hace referencia el artículo 4, apartado 2, letra d), deberán revelar cualquier circunstancia que pueda dar lugar a un conflicto de intereses. En particular, la Comisión exigirá a estas personas que presenten, como parte de su solicitud, una declaración de intereses (DDI) en el modelo estándar de formulario DDI para grupos de expertos, y un curriculum vitae actualizado. Para poder ser nombrado miembro a título personal, será necesario presentar un formulario DDI debidamente cumplimentado. La evaluación del conflicto de intereses se realizará de acuerdo con las normas horizontales de la Comisión sobre grupos de expertos («las normas horizontales») (6).
   3.   Para que puedan ser nombradas las organizaciones a que hace referencia el artículo 4, apartado 2, letras b) y c), será necesaria la inscripción en el registro de transparencia.
   4.   Los miembros a que hace referencia el artículo 4, apartado 2, letras b) a d), serán designados por el Director General de Salud y Seguridad Alimentaria entre los solicitantes con competencias adecuadas en los ámbitos mencionados en el artículo 2 que hayan respondido a la convocatoria de candidaturas.
   5.   Los miembros serán nombrados hasta el 31 de diciembre de 2019. Seguirán en ejercicio hasta que finalice su mandato. Su mandato podrá ser renovado.
   6.   En cuanto a los miembros a que hace referencia el artículo 4, apartado 2, letra d), el Director General de Salud y Seguridad Alimentaria designará suplentes, en las mismas condiciones que los miembros, que sustituirán automáticamente a los miembros en caso de ausencia o impedimento. El Director General establecerá asimismo una lista de reserva de candidatos adecuados, una vez que estos hayan dado su acuerdo, que podrá servir para designar a los miembros sustitutos.
   Artículo 6
   Presidencia
   La Plataforma estará presidida por el Director General de Salud y Seguridad Alimentaria o su representante.
   Artículo 7
   Funcionamiento
   1.   La Plataforma actuará a petición del Presidente, de conformidad con las normas horizontales.
   2.   La Plataforma se reunirá, en principio, al menos dos veces al año en la sede de la Comisión, y siempre que esta lo considere oportuno.
   3.   Los servicios de la Comisión prestarán los servicios de secretaría. Podrán asistir a reuniones de la Plataforma y de sus subgrupos los funcionarios de otros departamentos de la Comisión con interés en el trabajo de la Plataforma.
   4.   De común acuerdo con la Presidencia, la Plataforma podrá decidir, por mayoría simple de sus miembros, abrir al público sus deliberaciones.
   5.   Las actas de la deliberación sobre cada punto del orden del día y las conclusiones de los debates serán pertinentes y completas. Las actas serán elaboradas por la Secretaría bajo la responsabilidad del Presidente.
   6.   La Plataforma adoptará sus informes o conclusiones por consenso. En caso de votación, se decidirá su resultado por mayoría simple de los miembros. Los diputados que hayan votado en contra tendrán derecho a adjuntar al correspondiente informe o conclusión un documento resumiendo los motivos de su posición.
   Artículo 8
   Subgrupos
   1.   El Director General de Salud y Seguridad Alimentaria podrá crear subgrupos para examinar cuestiones específicas sobre la base de un mandato establecido por la Comisión. Los subgrupos desarrollarán sus tareas de conformidad con las normas horizontales e informarán a la Plataforma. Se disolverán en el momento en que hayan cumplido su mandato.
   2.   Los miembros de los subgrupos que no sean miembros de la Plataforma serán seleccionados mediante una convocatoria pública de solicitudes, de conformidad con el artículo 5 y con las normas horizontales (7).
   Artículo 9
   Expertos invitados
   El Presidente podrá invitar de forma ocasional a participar en los trabajos de la Plataforma o de sus subgrupos a expertos con competencias específicas en una cuestión del orden del día.
   Artículo 10
   Observadores
   1.   Podrá concederse a particulares, organizaciones y entidades públicas el estatus de observador, de conformidad con las normas horizontales, bien por invitación directa o bien mediante una convocatoria pública de solicitudes.
   2.   Las organizaciones o entidades públicas nombrados observadores designarán a sus representantes.
   3.   Los observadores y sus representantes podrán ser autorizados por el Presidente a participar en los debates de la Plataforma y proporcionar conocimientos especializados. Sin embargo, no tendrán derecho de voto ni participarán en la redacción de los informes o las conclusiones de la Plataforma.
   4.   La Plataforma no tendrá más de cinco observadores.
   Artículo 11
   Reglamento interno
   A propuesta del Presidente y de acuerdo con él, la Plataforma adoptará su reglamento interno por mayoría simple de sus miembros, sobre la base del modelo de reglamento interno de los grupos de expertos, de conformidad con la normas horizontales.
   Artículo 12
   Secreto profesional y tratamiento de la información clasificada
   Tanto los miembros de la Plataforma y sus representantes como los expertos invitados y los observadores están sujetos a la obligación de secreto profesional que establecen los Tratados y sus disposiciones de aplicación para los miembros y el personal de las instituciones, así como las normas de la Comisión en materia de seguridad relativas a la protección de la información clasificada de la Unión, establecidas en las Decisiones de la Comisión (UE, Euratom) 2015/443 (8) y (UE, Euratom) 2015/444 (9). En caso de que no respeten esas obligaciones, la Comisión podrá adoptar todas las medidas pertinentes.
   Artículo 13
   Relación con el Parlamento Europeo
   Se mantendrá informado al Parlamento Europeo de los trabajos de la Plataforma. A petición del Parlamento Europeo, y de conformidad con los procedimientos establecidos en el Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (10), la Comisión podrá invitar al Parlamento a enviar expertos a las reuniones.
   Artículo 14
   Transparencia
   1.   La Plataforma y sus subgrupos se registrarán en el Registro de grupos de expertos.
   2.   Se publicarán en el Registro de grupos de expertos los datos siguientes de la composición de los grupos:

               a)

               los nombres de las personas designadas a título personal;

               b)

               la lista de organizaciones miembros; los intereses representados;

               c)

               los nombres de otras entidades públicas;

               d)

               los nombres de los observadores.

         3.   La Comisión publicará todos los documentos pertinentes (tales como los órdenes del día, las actas y las contribuciones de los participantes) en el Registro de grupos de expertos o introduciendo en el mismo un enlace a un sitio web específico en el que pueda encontrarse la información. El acceso a sitios web específicos no estará supeditado a que el usuario se registre ni a ninguna otra restricción. Más concretamente, los órdenes del día y otros documentos de referencia importantes se publicarán a su debido tiempo antes de la reunión, seguidos por la rápida publicación de las actas. Solo se harán excepciones a la publicación cuando se considere que la divulgación de un documento supone un perjuicio para la protección de un interés público o privado, tal como se define en el artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo (11).
   Artículo 15
   Gastos de las reuniones
   1.   Los participantes en las actividades de la Plataforma y de los subgrupos no serán remunerados por los servicios que presten.
   2.   Los gastos de desplazamiento y estancia de los participantes en las actividades de la Plataforma y de los subgrupos serán reembolsados por la Comisión. El reembolso se efectuará de acuerdo con las disposiciones en ella vigentes y dentro del límite de los créditos disponibles que se hayan atribuido a sus departamentos en virtud del procedimiento anual de asignación de recursos.
   Artículo 16
   Aplicabilidad
   La presente Decisión se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2019.

      Hecho en Bruselas, el 24 de enero de 2017.

            Por la Comisión

         Vytenis ANDRIUKAITIS

            Miembro de la Comisión

      (1)  Grupo de Expertos en bienestar animal E02668.

      (2)  Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2015, sobre una nueva estrategia para el bienestar de los animales 2016-2020 [2015/2957(RSP)].

      (3)  3 464.a sesión del Consejo (Agricultura y Pesca), de 17 de mayo de 2016.

      (4)  Reglamento (CE) n.o 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos datos (DO L 8 de 12.1.2001, p. 1).

      (5)  como la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) o la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO);

      (6)  Decisión de la Comisión, de 30 de mayo de 2016, por la que se establecen normas horizontales sobre la creación y el funcionamiento de los grupos de expertos de la Comisión.

      (7)  Véanse los artículos 10 y 14.2 de las normas horizontales.

      (8)  DO L 72 de 17.3.2015, p. 41.

      (9)  DO L 72 de 17.3.2015, p. 53.

      (10)  DO L 304 de 20.11.2010, p. 47.

      (11)  Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43).


title: 2011/652/: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2011 , relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 , entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2010/007 AT/Steiermark y Niederösterreich, de Austria)

text:
               7.10.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 263/9

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   de 27 de septiembre de 2011
   relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2010/007 AT/Steiermark y Niederösterreich, de Austria)
   (2011/652/UE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (1), y, en particular, su apartado 28,
   Visto el Reglamento (CE) no 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2), y, en particular, su artículo 12, apartado 3,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para prestar ayuda adicional a los trabajadores despedidos a raíz de importantes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial como consecuencia de la globalización, y para ayudarlos a reincorporarse al mercado laboral.

               (2)

               El ámbito de intervención del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 para incluir a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis económica y financiera mundial.

               (3)

               El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

               (4)

               El 9 de marzo de 2010, Austria presentó una solicitud para movilizar el FEAG en relación con una serie de despidos que tuvieron lugar en 54 empresas activas en la División 24, «Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones», de la NACE, Revisión 2, en las regiones austriacas limítrofes NUTS 2 de Estiria (Steiermark, AT22) y Baja Austria (Niederösterreich, AT12), y la fue complementando con información adicional que abarca hasta el 27 de enero de 2011. Dicha solicitud cumple los requisitos para fijar el importe de las contribuciones financieras de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1927/2006. Por consiguiente, la Comisión propone conceder un importe de 8 284 908 EUR.

               (5)

               Procede, por tanto, movilizar el FEAG para proporcionar una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por Austria.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por un importe de 8 284 908 EUR en créditos de compromiso y de pago.
   Artículo 2
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Estrasburgo, el 27 de septiembre de 2011.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BUZEK

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. DOWGIELEWICZ

      (1)  DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

      (2)  DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


title: Decisión 2014/821/PESC del Consejo, de 4 de noviembre de 2014 , relativa a firma y celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania sobre el estatuto de la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania)

text:
               21.11.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 334/1

         DECISIÓN 2014/821/PESC DEL CONSEJO
   de 4 de noviembre de 2014
   relativa a firma y celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania sobre el estatuto de la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 37, en relación con el artículo 218, apartados 5 y 6, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 22 de julio de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/486/PESC (1).

               (2)

               En la misma fecha, el Consejo adoptó la Decisión por la que se autoriza la apertura de negociaciones con Ucrania para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania relativo al estatuto de la Misión de la Unión Europea sobre Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) en Ucrania.

               (3)

               La Unión Europea y Ucrania han negociado un Acuerdo sobre la Misión de Asesoramiento de la Unión Europea para la Reforma del Sector de la Seguridad Civil de Ucrania (EUAM Ucrania) («el Acuerdo»).

               (4)

               Debe aprobarse el Acuerdo,

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Queda aprobado, en nombre de la Unión, el Acuerdo entre la Unión y Ucrania sobre el estatuto de la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania).
   El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
   Artículo 2
   Se autoriza al presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para firmar el Acuerdo a fin de vincular a la Unión.
   Artículo 3
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 4 de noviembre de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         S. GOZI

      (1)  Decisión 2014/486/PESC del Consejo, de 22 de julio de 2014, relativa a la Misión asesora de la Unión Europea para la reforma del sector de la seguridad civil en Ucrania (EUAM Ucrania) (DO L 217 de 23.7.2014, p. 42).


title: Decisión del Consejo, de 24 de septiembre de 2012 , por la que se nombra a un miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos

text:
               25.9.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 288/4

         DECISIÓN DEL CONSEJO
   de 24 de septiembre de 2012
   por la que se nombra a un miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos
   2012/C 288/03
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por el que se crea la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (1), y en particular su artículo 79,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 79 del Reglamento (CE) no 1907/2006 dispone que el Consejo debe nombrar como miembros del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos («el Consejo de Administración») a un representante de cada Estado miembro.

               (2)

               Mediante su Decisión de 7 de junio de 2007 (2), el Consejo nombró a 27 miembros del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos.

               (3)

               El Gobierno húngaro ha informado al Consejo de su intención de sustituir al representante húngaro del Consejo de Administración y ha presentado la candidatura de un nuevo representante, que debe ser nombrado para un período que concluirá el 31 de mayo de 2013.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se nombra a D.a Krisztina CSENGŐDY, de nacionalidad húngara, nacida el 9 de enero de 1961, miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos, en sustitución de D. Zoltán ADAMIS, para el período comprendido entre el 25 de septiembre de 2012 y el 31 de mayo de 2013.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 24 de septiembre de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         S. ALETRARIS

      (1)  DO L 396 de 30.12.2006, p. 1.

      (2)  DO C 134 de 16.6.2007, p. 6.


title: Decisión 2012/372/PESC del Consejo, de 10 de julio de 2012 , por la que se modifica y prorroga la Decisión 2010/330/PESC sobre la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq, EUJUST LEX-IRAQ

text:
               11.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 179/22

         DECISIÓN 2012/372/PESC DEL CONSEJO
   de 10 de julio de 2012
   por la que se modifica y prorroga la Decisión 2010/330/PESC sobre la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq, EUJUST LEX-IRAQ
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 28, su artículo 42, apartado 4, y su artículo 43, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 7 de marzo de 2005, el Consejo adoptó la Acción Común 2005/190/PESC sobre la Misión Integrada de la Unión Europea por el Estado de Derecho en Iraq, EUJUST LEX (1).

               (2)

               El 14 de junio de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/330/PESC (2), que prorrogaba la Misión hasta el 30 de junio de 2012.

               (3)

               Según las recomendaciones de la revisión estratégica, la misión debe prorrogarse por un período de 18 meses adicionales.

               (4)

               EUJUST LEX-IRAQ se llevará a cabo en el contexto de una situación que puede deteriorarse y que podría obstaculizar el logro de los objetivos de la acción exterior de la Unión que se indican en el artículo 21 del Tratado,

               (5)

               Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 2010/330/PESC en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La Decisión 2010/330/PESC se modifica de la siguiente manera:

               1)

               En el artículo 2, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente:
               «4.   Las actividades de formación tendrán lugar en Iraq y en la región, así como en la Unión. EUJUST LEX-IRAQ dispondrá de oficinas en Bruselas y Bagdad, incluido un centro de enlace en Basora, y en Erbil (región de Kurdistán).».

               2)

               En el artículo 2, se suprime el apartado 5.

               3)

               En el artículo 6, el apartado 5 se sustituye por el texto siguiente:
               «5.   Todo el personal llevará a cabo sus funciones y actuará en interés de la Misión. Todo el personal respetará las normas mínimas y principios de seguridad estipulados en la Decisión 2011/292/UE del Consejo, de 31 de marzo de 2011, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (3).

               4)

               El artículo 10 queda modificado como sigue:

                           a)

                           el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
                           «1.   El Comandante civil de la operación dirigirá las medidas de planeamiento y seguridad y garantizará que sean ejecutadas de forma correcta y eficaz para la EUJUST LEX-IRAQ de conformidad con los artículos 4 y 8.»;

                           b)

                           se suprime el apartado 4;

                           c)

                           el apartado 8 se sustituye por el texto siguiente:
                           «8.   El personal y los formadores y expertos de EUJUST LEX-IRAQ seguirán una formación obligatoria en materia de seguridad y se someterán, cuando así convenga, a exámenes médicos antes de su despliegue o de su viaje a Iraq.».

               5)

               En el artículo 11 se inserta el apartado siguiente:
               «2 bis.   El importe de referencia financiera destinado a cubrir los gastos relacionados con la Misión para el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 30 de junio de 2013 será de 27 150 000 EUR.».

               6)

               En el artículo 16, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:
               «Se aplicará a partir del período comprendido entre el 1 de julio de 2010 y el 31 de diciembre de 2013.».

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
   Será aplicable desde el 1 de julio de 2012.

      Hecho en Bruselas, el 10 de julio de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         A. D. MAVROYIANNIS

      (1)  DO L 62 de 9.3.2005, p. 37.

      (2)  DO L 149 de 15.6.2010, p. 12.

      (3)  DO L 141 de 27.5.2011, p. 17.».


Avis juridique important

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32002B0453

2002/453/CE: Decisión del Parlamento Europeo, de 25 de abril de 2002, sobre la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000, sección II, "Consejo"; sección IV, "Tribunal de Justicia"; sección V, "Tribunal de Cuentas"; sección VI, "Comité Económico y Social"; sección VII, "Comité de las Regiones"; sección VIII, "Defensor del Pueblo Europeo", y sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para los ejercicios 1996-1999, sección VI, "Comité Económico y Social"

Diario Oficial n° L 158 de 17/06/2002 p. 0066 - 0076

Decisión del Parlamento Europeode 25 de abril de 2002sobre la decisión relativa a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2000, sección II, "Consejo"; sección IV, "Tribunal de Justicia"; sección V, "Tribunal de Cuentas"; sección VI, "Comité Económico y Social"; sección VII, "Comité de las Regiones"; sección VIII, "Defensor del Pueblo Europeo", y sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para los ejercicios 1996-1999, sección VI, "Comité Económico y Social"(2002/453/CE)EL PARLAMENTO EUROPEO,- Vista la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 2000 [SEC(2001) 530 - C5-0240/2001, C5-0241/2001, C5-0242/2001, C5-0243/2001, C5-0244/2001],- Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2000, acompañado de las respuestas de las instituciones (C5-0617/2001)(1),- Vista la declaración de fiabilidad relativa a la fiabilidad de las cuentas y la legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (C5-0617/2001),- Vista la Recomendación del Consejo de 5 de marzo de 2002 (C5-0124/2002),- Visto el apartado 10 del artículo 272 y el artículo 275 del Tratado CE,- Vistos los apartados 2 y 3 del artículo 22 del Reglamento financiero,- Visto el informe de la Comisión de control presupuestario (A5-0094/2002),- Visto el segundo informe de la Comisión de control presupuestario (A5-0113/2002),A. Considerando que incumbe al Parlamento realizar un seguimiento del uso eficiente del presupuesto de la Unión Europea sobre la base de los Informes del Tribunal de Cuentas y que esta evaluación debería incluir una valoración de la manera en que se gasta el dinero de los contribuyentes y una estimación de la eficacia y del impacto del presupuesto comunitario en la ejecución de las políticas y objetivos establecidos en los Tratados y en el Derecho derivado;B. Considerando que la noción de relación costes-beneficios es de vital importancia a la hora de evaluar los resultados de todas las instituciones de la UE;C. Considerando que el Parlamento, en su Resolución de 4 de abril de 2001, decidió posponer su decisión respecto a la aprobación de la gestión del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999, sección VI parte A "Comité Económico y Social"(2), tras aplazamientos similares en los ejercicios 1996, 1997 y 1998;D. Considerando que el Tratado de Niza modificó la descripción de los miembros del Comité Económico y Social (CES) de manera que en el futuro esta institución, si se ratifica el Tratado de Niza, estará constituida por "representantes de los diferentes componentes de carácter económico y social de la sociedad civil organizada" (artículo 257 del Tratado CE) y que para el Comité de las Regiones (CdR) se establece explícitamente en dicho Tratado que sus miembros tienen que ser titulares de un mandato electoral en un ente regional o local u ostentar responsabilidad política ante una asamblea elegida (artículo 263 del Tratado CE);E. Considerando que en su Resolución de 31 de mayo de 2001 sobre el Tratado de Niza y el futuro de la Unión Europea(3) (apartado 24) el Parlamento acoge con satisfacción las disposiciones relativas al CES "que resulta reforzado como representante de los diversos sectores de la sociedad" y al CdR que ve reforzada la legitimidad democrática de sus miembros;F. Considerando que el Reglamento (CE, CECA, Euratom) n° 2673/1999 del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, por el que se modifica el Reglamento financiero, de 21 de diciembre de 1977, aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas(4) que entró en vigor el 1 de enero de 2000 establece que el presupuesto del Defensor del Pueblo Europeo constituirá en el futuro una sección independiente (sección VIII) en el presupuesto general de la Unión Europea;G. Considerando que, de conformidad con el apartado 5 del artículo 22 del Reglamento financiero, el Defensor del Pueblo Europeo tiene que ser tratado, a los efectos del Reglamento financiero, como una institución de las Comunidades;H. Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo, aunque es nombrado por el Parlamento Europeo, es completamente independiente en el desempeño de sus funciones y, desde el año 2000, disfruta de plena autonomía presupuestaria, lo que justifica una decisión de aprobación de la gestión separada de la correspondiente a la Secretaría General del Parlamento Europeo,Asuntos generales que afectan a todas las instituciones1. Toma nota de las observaciones del Tribunal de Cuentas (apartado 7.3 del Informe Anual) en el sentido de que el planteamiento general adoptado por las instituciones con respecto al análisis de la gestión presupuestaria no informa a los lectores de las características más significativas del gasto del ejercicio; conviene con el Tribunal en que las instituciones deberían facilitar en el futuro un análisis más global, centrado en las principales tendencias en los gastos y en los elementos patrimoniales fundamentales, e identificar indicadores clave de economía y eficiencia;2. Apoya la recomendación del Tribunal (apartado 7.66) de que las instituciones presentes en Bruselas deberían estudiar la posibilidad de crear una estructura común que se encargue de los diversos aspectos técnicos y financieros de las cuestiones inmobiliarias; insta a las Instituciones a que prosigan sus esfuerzos para crear una estructura común en Luxemburgo;3. Pide a todas las instituciones que se ajusten a las recomendaciones del Tribunal (apartado 7.35) de modificar la manera en la que presentan su presupuesto para distinguir entre los alquileres, los gastos de adquisición y los demás tipos de gastos, como los cánones enfitéuticos, cuando exista una opción de compra;4. Recuerda el párrafo 2 del artículo 24 del Reglamento financiero, que establece que los interventores elaborarán un informe anual sobre su trabajo; pide que estos informes anuales correspondientes a cada una de las instituciones se envíen lo antes posible a su Comisión de control presupuestario para que puedan ser tenidos en cuenta en la preparación de la siguiente decisión de aprobación de la gestión;5. Recuerda el apartado 4 del artículo 24 bis del Reglamento financiero, que establece que los auditores internos elaborarán un informe anual de auditoría interna sobre sus actividades, a la atención de su institución; pide que estos informes se envíen a su Comisión de control presupuestario para ayudar a esta comisión a realizar sus evaluaciones en el contexto de la aprobación de la gestión;6. Toma nota de que el octavo párrafo del artículo 24 del Reglamento financiero exige que "las medidas relativas a su nombramiento, ascenso, sanciones disciplinarias o traslados y a las diversas modalidades de interrupción o de cese de funciones deberán ser objeto de decisiones motivadas, que serán comunicadas, con carácter informativo, al Parlamento, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas."; insiste en que toda esta documentación se envíe a su Comisión de control presupuestario en el contexto de sus responsabilidades en la aprobación de la gestión;Sección II - Consejo7. Toma nota de la respuesta que el 25 de enero de 2002 dio el Presidente del Comité de representantes permanentes al cuestionario enviado por la Comisión de control presupuestario el 6 de diciembre de 2001, y de la información adicional recibida con posterioridad;8. Agradece las respuestas dadas por el Consejo en relación con los aspectos presupuestarios de la política exterior y de seguridad común; constata que una parte sustancial del presupuesto del Consejo se destina actualmente a actividades en los ámbitos de asuntos exteriores, seguridad y defensa y de justicia y asuntos internos, y que los gastos en dichos ámbitos no están sometidos al mismo control minucioso por el que deben pasar los gastos administrativos y de operaciones de las demás instituciones;9. Admite que en el pasado el Parlamento Europeo y el Consejo no han supervisado con atención la ejecución de sus respectivas secciones del presupuesto; considera que, a la vista del carácter cada vez más operativo del gasto, financiado con cargo al presupuesto administrativo del Consejo, en los ámbitos de los asuntos exteriores, la política de seguridad y defensa y la justicia y los asuntos de interior, debería aclararse el alcance de este acuerdo con objeto de distinguir entre gastos administrativos tradicionales y operaciones en estos nuevos ámbitos políticos;Sección IV - Tribunal de Justicia10. Celebra que por primera vez el balance financiero incluya el valor de los edificios arrendados por el Tribunal de Justicia con opción de compra;11. Toma nota con satisfacción de la respuesta del Tribunal de Justicia en el sentido de que con ocasión de la elaboración del balance para el ejercicio de 2001 se introducirá una corrección en el valor neto contable con el fin de tener en cuenta la sobreestimación del valor de los edificios (cálculo incorrecto de la amortización) señalada por el Tribunal de Cuentas (apartado 7.14);12. Toma nota de la observación del Tribunal de Cuentas (apartado 7.14) de que no puede garantizarse la fiabilidad del valor de otro inmobilizado material que aparecen en el balance financiero, es decir, 9800000 euros en total; toma nota de que el Tribunal de Justicia aborda este punto en sus respuestas;13. Señala a la atención la aparente contradicción existente entre la declaración del Tribunal de Cuentas (apartado 7.14) en el sentido de que el Tribunal de Justicia todavía no ha aplicado el nuevo sistema de gestión de inventario ni ha procedido a un inventario físico completo y las respuestas de Tribunal de Justicia al Informe Anual de 2000 y al cuestionario remitido por la Comisión de control presupuestario;14. Señala que las respuestas del Tribunal de Justicia hacen, sin embargo, referencia a incoherencias entre el inventario físico y los datos registrados en el nuevo sistema informatizado;15. Pide al Tribunal de Justicia, en interés de la clarificación, que presente un informe completo a la Comisión de control presupuestario antes del 1 de julio de 2002 en el que se exponga la posición actual en relación con su sistema de gestión de inventario;16. Recuerda que en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión para 1999 examinó el Informe Especial n° 5/2000 del Tribunal de Cuentas sobre los gastos inmobiliarios del Tribunal de Justicia(5) y pidió que se le informara de las conclusiones del experto designado conjuntamente con las autoridades luxemburguesas antes de la primera lectura del proyecto de presupuesto para 2002;17. Toma nota de que, de conformidad con el apartado 7.67 del Informe Anual del Tribunal de Cuentas, estas investigaciones relativas a anomalías de facturación no se iniciaron hasta junio de 2001 y de que el Tribunal de Justicia(6) espera que se completen durante el primer semestre de 2002;18. Pide al Tribunal de Justicia que remita el informe del experto sobre las anomalías de facturación tan pronto como esté disponible a la Comisión de control presupuestario, junto con el informe separado del experto en el que se determinan elementos de gasto que no deberían estar incluidos en el estado final de cuentas;19. Observa que el Tribunal de Cuentas (apartado 7.27 del Informe Anual) detectó cinco casos en que los motivos para solicitar la exención de los procedimientos de licitación eran cuestionables, de los cuales cuatro se referían al Tribunal de Justicia, y un caso (también referente al Tribunal de Justicia) en que un contrato se escindió en varios contratos; toma nota de las respuestas del Tribunal de Justicia, que justifican los procedimientos seguidos en los cinco casos; apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas (apartado 7.30) de que "todas las instituciones deberían aplicar los mismos umbrales a la hora de decidir si una adjudicación de contratos de servicios o suministros recae dentro del ámbito de las Directivas 92/50/CEE y 93/36/CEE sobre adjudicación de contratos públicos";20. Constata el alargamiento de los plazos en la realización del trabajo jurisdiccional del Tribunal de Justicia y el aumento de los asuntos pendientes; pide al Tribunal de Justicia y al Tribunal de Cuentas que profundicen en las evaluaciones precisas de las causas de estos fenómenos, con el fin de distinguir lo que se deriva de procedimientos jurisdiccionales previstos por el Tratado, de disfunciones administrativas susceptibles de ser corregidas y de insuficiencia de medios en personal y material;Sección V - Tribunal de Cuentas21. Toma nota del informe(7) del revisor independiente (KPMG Audit, Luxemburgo) sobre las cuentas del Tribunal de Cuentas relativas al ejercicio 2000;22. Subraya que, aunque el Tribunal de Cuentas proporciona una declaración única de fiabilidad basada en las cuentas consolidadas para todos los ingresos y gastos de la Comunidad de conformidad con el apartado 1 del artículo 248 del Tratado, esta declaración de fiabilidad contiene no obstante observaciones relativas a la legalidad y la regularidad de las operaciones llevadas a cabo por las instituciones individuales (apartado 7.6); pide al Tribunal, en interés de una mayor transparencia, que examine la posibilidad de emitir una declaración de fiabilidad separada para cada institución en su próximo Informe Anual;23. Acoge con satisfacción la adición en el apartado 1 del artículo 248 del Tratado de Niza de una disposición destinada a que la declaración de fiabilidad pueda "completarse con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de la actividad comunitaria";24. Pide al Tribunal de Cuentas que adapte la declaración de fiabilidad a un instrumento que permita a las autoridades encargadas de la aprobación de la gestión y a las autoridades presupuestarias comparar y seguir los progresos en la gestión financiera y el control de las horas extra, preferiblemente en forma cuantitativa;25. Insta al Tribunal a que llegue a un acuerdo con la Comisión sobre una metodología común para calcular los índices de error por Dirección General o por categoría de gastos; sugiere al Tribunal que utilice los datos de los Estados miembros derivados de los controles obligatorios en el ámbito de la agricultura y de los Fondos estructurales con el fin de incrementar las muestras; espera que el Tribunal publique un índice de errores global e índices de errores por Dirección General o por categoría de gastos en el contexto de la aprobación de la gestión de 2001;26. Celebra que, en lo que respecta a la solicitud del Parlamento de "identificar públicamente" a los Estados miembros específicos culpables o sospechosos de insuficiencias en la protección de los intereses financieros de la Unión, el Informe Anual de 2000 y los Informes Especiales publicados durante el año ya contengan referencias a Estados miembros individuales; lamenta que el Tribunal(8) no considere apropiado relacionar en un anexo al informe anual los errores individuales identificados en cada Estado miembro de una manera fácilmente legible;27. Celebra la prioridad que el Tribunal otorga a la mejora de la presentación de sus observaciones de auditoría en sus informes para hacerlos más accesibles a los consumidores utilizando títulos más informativos y recomendaciones más claramente identificadas, pero va a esperar a que se haya actuado a ese respecto antes de pronunciarse sobre su éxito;Solicitudes al Tribunal de Cuentas28. Toma nota de que, al tomar posesión de su cargo, los Miembros del Tribunal, de acuerdo con su código de conducta, rellenan un formulario que contiene información sobre sus intereses y activos financieros que se remite al Presidente del Tribunal; considera que estas declaraciones, al igual que las de los diputados al Parlamento Europeo y de los Miembros de la Comisión, deberían publicarse en Internet tal como se solicitó en el apartado 18 de la Decisión del Parlamento, de 4 de abril de 2001, por la que se aprueba la gestión en lo que se refiere a la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999 de la sección IV, "Tribunal de Justicia", sección V, "Tribunal de Cuentas" y sección VI, "Comité de las Regiones"(9); pide al Tribunal, en su nueva composición tras los nuevos nombramientos hechos con efectos a partir del 1 de enero de 2002, que adopte una decisión formal sobre este asunto y la comunique por escrito a la Comisión de control presupuestario antes del 1 de julio de 2002;29. Pide al Tribunal que incluya en su programa de trabajo para 2003 un calendario en el que se indique la terminación prevista de los informes especiales del Tribunal;30. Recuerda el apartado 19 de su Decisión antes mencionada, de 4 de abril de 2001, en el que pedía al Tribunal que ampliara sus actividades de auditoría al Consejo, de forma que, en su caso, en el marco del procedimiento de aprobación de la gestión, el Parlamento pudiese formular observaciones sobre la ejecución del presupuesto de dicha institución;31. Toma nota con satisfacción de que el informe anual para 2001 contiene observaciones relativas al Consejo (gastos de misión, inscripción de la amortización de los inmuebles en el balance financiero) a las que el Consejo se ha mostrado dispuesto a responder (apartados 7.2 y 7.12);Sección VI - Comité Económico y Social (CES)Coste-beneficio32. Subraya que el Parlamento tiene la responsabilidad de garantizar que el contribuyente europeo esté bien servido y tiene asimismo el deber de asegurar una buena relación costes-beneficios;33. Destaca que en estos últimos años el papel representativo de algunas de las organizaciones representadas en el CES se ha canalizado cada vez más a través del Parlamento Europeo;34. Señala que el Protocolo Social, al que se hace por primera vez referencia en el Tratado de Maastricht y que se incorporó posteriormente al Capítulo Social del Tratado de Amsterdam (artículo 138), establece que los interlocutores sociales serán consultados a la hora de formular las políticas;35. Señala que el CES puede sólo ser consultado sobre la formulación de las políticas y puede emitir recomendaciones, pero que el diálogo social puede llevar por el contrario a disposiciones vinculantes;36. Expresa su inquietud, por un lado, por el hecho de que los interlocutores sociales se muestren críticos sobre la falta de recursos a su disposición para el diálogo social y, por otro, señala que en 2000 el presupuesto final del CES era de 80976436 euros, esperándose que la ampliación incremente sus gastos anuales(10) hasta 99,6 millones de euros para 2004 (aunque en este importe se incluyan gastos conjuntos con el Comité de las Regiones);37. Señala que es la primera vez que el Parlamento tiene la oportunidad de evaluar la relación costes-beneficios en lo que se refiere al CES desde la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y desde que se ha establecido el diálogo social;38. Reconoce que el Comité Económico y Social puede actuar como foro para grupos de interés que de otra manera no podrían hacer oír sus voces en el contexto de la UE;39. Considera que se plantea realmente el interrogante de mantener al mismo tiempo el CES y el diálogo social desde el punto de vista de la relación costes-beneficios;40. Señala que la responsabilidad de nombrar los miembros del Comité Económico y Social recae en los Estados miembros; insta a los Estados miembros a que examinen detenidamente su representación en el CES en el contexto de la próxima renovación de sus miembros;41. Considera que los miembros del CES deben realizar mayores esfuerzos para asegurar que la información acerca de las actividades del CES llega a los movimientos de masas, por ejemplo, a los sindicalistas en los Estados miembros;42. Insta al CES a que continúe sus esfuerzos hacia la modernización;43. Pide al CES que refuerce sus esfuerzos con vistas a consultar a la red más amplia posible de contactos nacionales con el fin de aumentar la visibilidad del CES;44. Pide a la Comisión que reflexione de nuevo sobre la eficacia y la relevancia del CES en relación los aproximadamente 300 órganos y comités consultivos que se agrupan alrededor de la Comisión, con objeto de evitar solapamientos y doble trabajo;Informe de la OLAF45. Recuerda que en procedimientos de aprobación de la gestión relativos a ejercicios anteriores el Parlamento decidió aplazar su decisión en lo que respecta al CES para los ejercicios 1996, 1997, 1998 y 1999 a la espera de que se aclararan las irregularidades relativas al pago de las dietas de viaje para los miembros en 1995-1996;46. Llama la atención sobre el apartado 2 de su Resolución, de 7 de octubre de 1998, destinada a informar al Comité Económico y Social sobre los motivos por los que se aplaza la decisión de aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1996, sección VI, parte A, "Comité Económico y Social"(11) en la que el Parlamento pide que la cuestión se someta al Tribunal de Cuentas y a la UCLAF con dos objetivos:i) comprobar la fiabilidad del nuevo sistema de reembolso recomendado por el Tribunal de Cuentas y las condiciones de recuperación de los importes pagados indebidamente;ii) permitir que se identifique plenamente el grado de implicación o de responsabilidad administrativa por lo que se refiere a la contabilización, el compromiso, las órdenes de pago y la liquidación de los gastos;47. Toma nota de que, a raíz de la mencionada Resolución de 7 de octubre de 1998:- el Tribunal de Cuentas confirmó en su Informe Anual para 1999 de que entre finales de 1998 y principios de 2000 el CES puso gradualmente en práctica las medidas recomendadas en su dictamen n° 7/98(12) con respecto a la reforma de sus normas y disposiciones para el pago de las dietas a sus miembros;- el 30 de julio de 2001 la OLAF(13) terminó el informe final que contiene sus conclusiones y recomendaciones con respecto al reembolso de los gastos de viaje de los miembros del CES en 1995 y 1996;48. Lamenta, sin embargo, que la OLAF no se mostrara dispuesta a proporcionar una copia del informe final al presidente de la Comisión de control presupuestario;49. Señala que, siguiendo sus prácticas habituales, la OLAF remitió su informe al CES entendiendo que era responsabilidad del CES pasarlo al Parlamento Europeo;50. Toma nota de la constatación del Comité de vigilancia de la OLAF (Protocolo de la reunión del Comité de vigilancia de los días 15 y 16 de enero de 2002), en el sentido de que la OLAF no pudo gestionar el caso de forma adecuada y su investigación supuso un fracaso en todos los sentidos;51. Se suma a la petición del Comité de vigilancia de la OLAF de que las razones de dicho fracaso deben ponerse de manifiesto sin paliativos, y constata que hasta ahora no se ha manifestado ninguna explicación al respecto digna de credibilidad, y que:a) los investigadores se vieron al parecer impedidos por sus superiores jerárquicos para enviar un cuestionario a todos los miembros afectados del CES;b) que la OLAF no ha preguntado ni siquiera a los 60 miembros del CES más afectados;c) la OLAF no ha preguntado a los directores generales ni a los secretarios generales del CES, responsables en el período de que se trata, pese a la acusación implícita de que no sólo han protegido y encubierto los fraudes realizados con los reembolsos de los gastos de viaje durante años y a gran escala, sino que además animaron expresamente en parte a los miembros del CES a realizar las manipulaciones;d) no se recurrió a tiempo a las autoridades judiciales belgas, sino cuando los investigadores de la OLAF, según propias declaraciones, ya sabían que el asunto había caducado y que los tribunales no tendrían más remedio que archivarlo;52. Pide al Comité de vigilancia de la OLAF que informe a la Comisión de control presupuestario del resultado de sus investigaciones al respecto; espera que se incoen procedimientos disciplinarios, en caso de que se confirmen las sospechas de que los responsables de la OLAF han hecho gala de imprudencia grave y algunos funcionarios hayan torpedeado, con toda intención, las investigaciones;53. Considera que deben establecerse procedimientos para que la comisión competente del Parlamento pueda obtener de la OLAF el acceso a informes relacionados directamente con el procedimiento de aprobación de la gestión; reconoce la necesidad de que dicha información sea tratada de forma confidencial cuando se hayan abierto investigaciones judiciales análogas; pide a la OLAF que presente propuestas relativas a la forma de compartir tal información en el futuro, lo que podría estar sujeto en caso necesario a las salvaguardias apropiadas;54. Elogia al Presidente y al Secretario General actuales del CES por su disposición a facilitar una copia del informe de la OLAF, aunque sobre una base confidencial, y toda la demás documentación solicitada por el presidente de la Comisión de control presupuestario y el ponente;55. Lamenta que el informe de la OLAF haya tardado tanto y que haya llegado demasiado tarde para permitir aplicar sus recomendaciones con vistas a recuperar otros importes abonados a sus miembros o para desarrollar procedimientos disciplinarios contra funcionarios;56. Toma nota de que las autoridades judiciales belgas decidieron en agosto de 2001 archivar el asunto sin otros efectos sobre la base, entre otras cosas, de que los hechos revelados eran ahora suficientemente antiguos como para haber prescrito con arreglo al estatuto belga en materia de limitaciones;57. Toma nota de que el informe revela serios motivos de inquietud como la incapacidad de la OLAF para entrevistar en su calidad de ordenadores a los Secretarios Generales del CES en funciones en el momento de los hechos en cuestión e inmediatamente después; lamenta que en lo que respecta a sus conclusiones sustantivas el informe no permita que se determine plenamente el grado de responsabilidad administrativa;58. Señala que el propio CES hubiera podido remitir el asunto a la UCLAF o a las autoridades judiciales belgas cuando fue informado por primera vez de los resultados de las investigaciones de su interventor en 1996, pero que no lo hizo;59. Lamenta que se haya dejado pasar tanto tiempo así como la falta aparente de cualquier esfuerzo real por parte de los que ocupaban puestos de responsabilidad en el CES en el período en cuestión para adoptar medidas tempranas para poner remedio a ello a pesar de tenían claramente conocimiento de la gravedad de las irregularidades relativas al reembolso de los gastos de viaje en 1995-1996;60. Lamenta que la OLAF se haya visto obstaculizada en el desarrollo de sus investigaciones por la reticencia de determinadas líneas aéreas de confirmar que determinados viajes específicos reclamados por los miembros del CES se hubieran realmente realizado; considera que no es aceptable que se frustren de esta manera las investigaciones legítimas de la OLAF; pide a la OLAF que presente propuestas para hacer frente más enérgicamente a estas situaciones en caso de que se reprodujeran en el futuro;61. Reconoce que los miembros del CES no reciben ninguna remuneración por parte de dicha institución por sus actividades en su nombre con excepción del reembolso de los gastos de viaje y estancia;62. Toma nota, en lo que respecta al ejercicio 2000 y al período transcurrido hasta la fecha, de que el CES ha iniciado un programa sustancial de modernización(14) que incluye:- la reorganización de sus órganos de toma de decisiones incluida una reducción del número de miembros de la Mesa,- un incremento del número de controles administrativos del reembolso de los gastos de los miembros,- la generalización de los pagos por transferencia bancaria,- unos trabajos preparatorios sobre la elaboración de un estatuto de los miembros,espera que el Comité Económico y Social siga actuando así en los próximos años;63. Constata que el CES no ha llevado a cabo todos los esfuerzos posibles para limitar los daños originados a los contribuyentes y repararlos en la medida de lo posible; recuerda en este contexto que:a) el CES ha calculado unos daños demasiado bajos, habida cuenta de que los fraudes se han venido realizando durante años, y que sólo por lo que respecta a 1995 y 1996 se debería haber exigido el reembolso de 830185,77 euros;b) de hecho sólo se han reembolsado 167432,39 euros y el CES parece haber renunciado a recuperar el resto;Sección VII - Comité de las Regiones (CdR)64. Toma nota de las respuestas del Comité de las Regiones al Informe Anual del Tribunal de Cuentas (apartado 7.22) en el sentido de que con frecuencia el CdR no puede utilizar los resultados de las licitaciones convocadas por otras instituciones por razones formales o porque no se han tenido en cuenta las necesidades específicas del Comité;65. Pide a las instituciones mayores, en interés de la economía y de la eficiencia, que hagan un mayor uso de las licitaciones interinstitucionales y que garanticen, en las fases preparatorias de las mismas, en la medida de lo posible, que se tomen debidamente en cuenta las necesidades específicas de las instituciones menores; pide a todas las instituciones que examinen la viabilidad de utilizar procedimientos de licitación de otras instituciones sobre la base del "reconocimiento mutuo";66. Toma nota de que a partir del 1 de enero de 2000 la estructura organizativa común con el CES ha quedado sustituida por un acuerdo de cooperación entre los dos Comités que mantiene las operaciones conjuntas en la mayoría de los departamentos pero establece la autonomía en los departamentos de finanzas y personal; pide al CdR que presente a la Comisión de control presupuestario y a la Comisión de presupuestos antes del 1 de julio de 2002 un informe en el que se evalúen las ventajas presupuestarias de mantener unos departamentos de finanzas y personal separados para los dos Comités;Política inmobiliaria (CES y CdR)67. Toma nota de que el 15 de diciembre de 2000 el CES y el CdR firmaron sendos contratos que establecían un arrendamiento de 27 años con opción de compra respectivamente para los edificios Belliard y Montoyer;68. Celebra la respuesta al apartado 7.33 del CES y del CdR en el sentido de que el valor de los edificios Montoyer y Belliard se inscribirá en su balance para 2001, junto con el anticipo de 26 millones de euros ya abonado;69. Recuerda la conclusión del Tribunal de Cuentas (apartado 7.68) de que "los Comités (CES y CdR), en el momento de la renovación y de la renegociación del contrato del edificio Belliard, anteriormente ocupado por el Parlamento, se han visto en una situación difícil por la obligación que les impuso el Parlamento de retomar este edificio, por el que el Parlamento había firmado un contrato de arrendamiento vigente hasta 2007";70. Recuerda que, en el apartado 9 de la mencionada Resolución de 4 de abril de 2001 por la que se aplaza la aprobación de la gestión para 1999 para el CES, el Parlamento se comprometió "a examinar las condiciones de dicho acuerdo en el procedimiento de aprobación de la gestión del próximo año";71. Señala que las características esenciales del acuerdo global eran las siguientes:- el Parlamento quedaba liberado de su obligación de continuar arrendando el edificio Belliard hasta 2007,- los propietarios reembolsarían el alquiler abonado por el Parlamento en lo que respecta al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2001,- los dos Comités reembolsarían los alquileres abonados por el Parlamento durante 2000,- el Parlamento quedaría liberado de su obligación de dejar los edificios en su estado original al término de su arrendamiento,- los dos Comités ocuparían a finales de 2003 o principios de 2004 un edificio adaptado a sus necesidades con instalaciones técnicas modernas y conforme a unas normas ecológicas severas,- las condiciones implicaban un anticipo de 26 millones de euros destinado a financiar las necesidades específicas de los dos Comités en un edificio totalmente renovado por los propietarios y un pago indexado anualmente de 8,28 millones de euros (reducido a 6709288 euros durante el período de las obras de renovación),- los Comités tendrían la opción de adquirir la plena propiedad por 1 euro;72. Recuerda que, mediante carta de 17 de octubre de 2000, el presidente y el ponente de la Comisión de presupuestos informaron al CES y al CdR de que la firma del contrato se ajustaba a los principios establecidos por el Parlamento el 28 de marzo de 2000 cuando aprobó la prórroga de 26 millones de euros destinada a financiar las necesidades específicas funcionales de los dos Comités, por lo que la Comisión de presupuestos no manifestó ninguna objeción en relación con la firma por ambos Comités de unos contratos de arrendamiento de 27 años para los edificios Belliard y Montoyer;73. Llama la atención, sin embargo, sobre la observación formulada por el Tribunal de Cuentas [apartado 7.27c] en el sentido de que el contrato de arrendamiento incluía también obras de renovación que no se habían licitado; toma nota de que las respuestas de ambos Comités no abordan este punto;74. Observa que los dos Comités respondieron a la sugerencia del Tribunal de Cuentas (apartado 7.68) de que el contrato debería renegociarse inmediatamente para permitir la opción de un pago anticipado en condiciones económicamente razonables; toma nota, sin embargo, de que los propietarios no se mostraron dispuestos a ofrecer unas condiciones aceptables y de que los dos Comités suspendieron por consiguiente las negociaciones;75. Señala que, aunque los contratos firmados el 15 de diciembre de 2000 tienen la ventaja de ofrecer a ambos Comités unos locales actualizados adaptados a sus necesidades que serán totalmente de su propiedad a la larga y eliminar de las cuentas del Parlamento la carga presupuestaria de un edificio que ya no resultaba necesario tras la inauguración del edificio D3 (edificio Spinelli), el edificio Belliard habrá estado desocupado durante unos seis años pero habrá tenido que seguir pagando el alquiler con cargo al presupuesto comunitario desde septiembre de 1997 hasta finales de 2003 o principios de 2004;76. Observa además que el traslado al edificio Belliard generará otras consecuencias financieras, a saber:- el coste de las mudanzas desde los locales actuales del CES y del CdR al edificio Ravenstein,- el coste de restaurar el edificio Ravenstein antes de devolvérselo a los propietarios tras 40 años de ocupación,- los puestos adicionales necesarios para gestionar el proyecto Belliard en los organigramas de los Comités;77. Toma nota de que como consecuencia de la instalación del CES en el edificio Belliard los propietarios han evitado una situación en la que hubieran recuperado en 2007 un edificio obsoleto contaminado por amianto(15) y que, por consiguiente, hubiera exigido una renovación total exclusivamente a su cargo para poder ser alquilado de nuevo;78. Apoya la recomendación del Tribunal de Cuentas (apartado 7.66), acogida con gran satisfacción por las instituciones en sus respuestas, de que se establezca una estructura común que se encargue de los diversos aspectos técnicos y financieros de las cuestiones inmobiliarias para las instituciones de la UE en Bruselas y en Luxemburgo;Sección VIII - Defensor del Pueblo Europeo79. Recuerda que en el apartado 41 de su Decisión de 4 de abril de 2001 sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 1999, sección I, Parlamento Europeo/Defensor del Pueblo Europeo (anexo)(16) el Parlamento destaca la necesidad de evitar la anulación de una parte significativa de los créditos disponibles para el Defensor del Pueblo Europeo;80. Toma nota de que en la ejecución por el Defensor del Pueblo del presupuesto de 2000 la proporción de créditos iniciales anulados fue del 17,52 % (1999: 14,46 %; 1998: 8,58 %), lo que representa una tendencia al alza; reitera su solicitud de que el Defensor del Pueblo mejore la utilización de los recursos puestos a su disposición por la Autoridad Presupuestaria;Decisiones de aprobación de la gestión81. Aprueba la gestión del Secretario General del Comité Económico y Social en la ejecución del presupuesto para los ejercicios 1996 y 1997;82. Aprueba la gestión del Secretario General del Comité Económico y Social en la ejecución del Presupuesto para los ejercicios 1998 y 1999;83. Aprueba la gestión del Secretario del Tribunal de Justicia, de los Secretarios Generales del Tribunal de Cuentas, del Comité Económico y Social y del Comité de las Regiones y del Defensor del Pueblo en lo que respecta a la ejecución de sus presupuestos para el ejercicio 2000.84. Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al Defensor del Pueblo Europeo y que la publique en el Diario Oficial (serie L).El Secretario GeneralJulian PriestleyEl PresidentePat Cox(1) DO C 359 de 15.12.2001.(2) DO C 21 E de 24.1.2002, p. 236.(3) DO C 47 E DE 21.2.2002, p. 108.(4) DO L 326 de 18.12.1999, p. 1.(5) DO C 109 de 14.4.2000.(6) Respuestas al cuestionario, apartado 4.3.(7) DO C 312 de 7.11.2001.(8) Respuestas al cuestionario, apartado 6.1.(9) DO L 160 de 15.6.2001, p. 38.(10) Informe del CES a las autoridades presupuestarias, octubre de 2001.(11) DO C 328 de 26.10.1998, p. 115.(12) Dictamen n° 7/98 sobre la eficacia de los métodos de recuperación aplicados por el CES y sobre el nuevo sistema introducido en el CES para la administración y el reembolso de los gastos de viaje.(13) La unidad de investigación que sustituyó a la UCLAF con efectos a partir del 1 de julio de 1999 (http://europa.eu.int/comm/dgs/olaf/mission/en.htm).(14) "El CES en la vía hacia a la modernización", octubre de 2000.(15) "Informe sobre los progresos del CES/CdR a la Comisión de presupuestos", 6.10.2000 y 14.6.2001.(16) DO L 160 de 15.6.2001, p. 25.


title: Decisión 2014/213/PESC del Consejo, de 14 de abril de 2014, por la que se modifica la Decisión 2010/638/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República de Guinea

text:
                  15.4.2014

                  ES

                  Diario Oficial de la Unión Europea

                  L 111/83

         DECISIÓN 2014/213/PESC DEL CONSEJO
         de 14 de abril de 2014
         por la que se modifica la Decisión 2010/638/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República de Guinea
         EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
         Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
         Considerando lo siguiente:

                     (1)

                     El 25 de octubre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/638/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra la República de Guinea (1).

                     (2)

                     En vista de la evolución de la situación en la República de Guinea, debe levantarse el embargo de armamento y el embargo de equipos que puedan utilizarse para la represión interna.

                     (3)

                     Procede por lo tanto modificar la Decisión 2010/638/PESC en consecuencia.

               HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

            Artículo 1
            Se suprimen los artículos 1 y 2 de la Decisión 2010/638/PESC.

            Artículo 2
            La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

            Hecho en Luxemburgo, el 14 de abril de 2014.

                  Por el Consejo

                  El Presidente

               C. ASHTON

            (1)  DO L 280 de 26.10.2010, p. 10.