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31999D0325

1999/325/CE: Decisión del Consejo, de 10 de mayo de 1999, por la que se concede ayuda macrofinanciera a Bosnia y Herzegovina

Diario Oficial n° L 123 de 13/05/1999 p. 0057 - 0059

DECISIÓN DEL CONSEJOde 10 de mayo de 1999por la que se concede ayuda macrofinanciera a Bosnia y Herzegovina(1999/325/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 308,Vista la propuesta de la Comisión(1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo(2),(1) Considerando que la Comisión ha consultado al Comité monetario antes de presentar su propuesta;(2) Considerando que Bosnia y Herzegovina ha emprendido una serie de reformas políticas e institucionales fundamentales orientadas a establecer políticas e instituciones comunes; que está realizando importantes esfuerzos tendentes a promover la reforma económica y a implantar una economía de mercado abierta, lo cual es fundamental para crear empleo, mejorar las condiciones de vida de la población y posibilitar el regreso de los refugiados y las personas desplazadas;(3) Considerando que, de acuerdo con el enfoque regional definido por el Consejo, conviene apoyar la labor encaminada a asegurar la estabilidad política y económica de Bosnia y Herzegovina, a fin de permitir el desarrollo de una estrecha relación de cooperación con la Comunidad;(4) Considerando que la ayuda financiera, de carácter excepcional, de la Comunidad debería contribuir a sustentar el establecimiento de políticas e instituciones comunes en Bosnia y Herzegovina acordes con lo previsto en el acuerdo de paz de Dayton, así como a reforzar la confianza mutua y a favorecer un acercamiento de Bosnia y Herzegovina a la Comunidad;(5) Considerando que Bosnia y Herzegovina ha acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un conjunto global de medidas de estabilización y reforma que vendrán respaldadas por un Acuerdo de Derechos de Giro (ADG) de doce meses en el tramo de crédito superior; que el ADG irá seguido de un Servicio Financiero Reforzado de Ajuste Estructural (SRAE) o será sustituido por dicho instrumento;(6) Considerando que Bosnia y Herzegovina ha acordado con el Banco Mundial un conjunto de medidas de ajuste estructural que vendrán respaldadas por la concesión de dos préstamos de ajuste estructural en condiciones sumamente ventajosas destinados a la reforma de la hacienda pública y a la privatización de empresas y bancos;(7) Considerando que las autoridades de Bosnia y Herzegovina han solicitado ayuda financiera a las instituciones financieras internacionales, la Comunidad y otros donantes bilaterales; que, al margen de la financiación que puedan conceder el FMI y el Banco Mundial, queda por cubrir un importante déficit residual de financiación en los próximos meses a fin de reforzar la situación de las reservas del país y sustentar los objetivos que persiguen las reformas acometidas por las autoridades;(8) Considerando que en la cuarta conferencia de donantes de fondos en favor de Bosnia y Herzegovina, celebrada los días 7 y 8 de mayo de 1998, la comunidad internacional se felicitó de los acuerdos celebrados con las instituciones de Bretton Woods y decidió apoyar con firmeza los programas de reforma económica y de reconstrucción del citado país mediante compromisos de contribución en firme;(9) Considerando que las autoridades de Bosnia y Herzegovina se han comprometido al cumplimiento, por parte de todos los organismos públicos de Bosnia y Herzegovina, de la totalidad de las obligaciones financieras pendientes frente a la Comunidad Europea y al Banco Europeo de Inversiones, y a constituirse garantes de las obligaciones aún no vencidas;(10) Considerando que la concesión por la Comunidad de la presente ayuda macrofinanciera de carácter excepcional a Bosnia y Herzegovina tiene por objeto aliviar la presión financiera externa que sufre el país, al tiempo que contribuye a sostener la balanza de pagos y a reforzar la situación de las reservas;(11) Considerando que, por ser Bosnia y Herzegovina un país de renta baja con derecho a optar a los préstamos y ayudas sumamente ventajosos del Banco Mundial y del FMI, la ayuda macrofinanciera deberá revestir un alto grado de liberalidad;(12) Considerando que dos de las prioridades que se fijaron en la Conferencia de paz celebrada en Madrid en diciembre de 1998 fueron el fortalecimiento de las instituciones comunes de Bosnia y Herzegovina y la reforma de su sistema económico;(13) Considerando que en la declaración de la Unión Europea, de 8 de junio de 1998, sobre Bosnia y Herzegovina se reconoce la vocación europea del país;(14) Considerando que la inclusión de un componente de subvención en la referida ayuda se entiende sin perjuicio de las facultades de la Autoridad Presupuestaria;(15) Considerando que es conveniente que la gestión de la ayuda corra a cargo de la Comisión;(16) Considerando que, para la adopción de la presente Decisión, el Tratado no prevé poderes distintos a los conferidos por el artículo 308,DECIDE:Artículo 11. La Comunidad concederá a Bosnia y Herzegovina una ayuda macrofinanciera de carácter excepcional consistente en un préstamo a largo plazo y una subvención directa, con vistas a garantizar una situación sostenible de la balanza de pagos y consolidar las reservas del país.2. El componente de préstamo de la ayuda se elevará, como máximo, a 20 millones de euros de principal y tendrá una duración máxima de quince años, con un período de carencia de diez años. A tal fin, la Comisión queda habilitada para obtener, mediante empréstito en nombre de la Comunidad Europea, los recursos necesarios, que se pondrán a disposición de Bosnia y Herzegovina en forma de préstamo.3. El componente de subvención de la ayuda alcanzará, como máximo, 40 millones de euros para el período 1999-2000.4. La ayuda financiera de la Comunidad será administrada por la Comisión en estrecha colaboración con el Comité Económico y Financiero y de forma coherente con cualquier acuerdo a que lleguen el FMI y Bosnia y Herzegovina.5. El desembolso efectivo de la citada ayuda estará supeditado al cumplimiento, por parte de todos los organismos públicos de Bosnia y Herzegovina, de la totalidad de las obligaciones financieras pendientes frente a la Comunidad Europea y al Banco Europeo de Inversiones, y a que Bosnia y Herzegovina se constituya garante de las obligaciones aún no vencidas.Artículo 21. La Comisión queda facultada para acordar con las autoridades de Bosnia y Herzegovina, tras consultar al Comité Económico y Financiero, las medidas económicas e institucionales a que se supedita la ayuda macrofinanciera de la Comunidad, que deberán ser coherentes con los acuerdos mencionados en el apartado 4 del artículo 1.2. La Comisión comprobará periódicamente, en colaboración con el Comité Económico y Financiero y en coordinación con el FMI, que la política aplicada por Bosnia y Herzegovina en el plano económico e institucional se ajusta a los objetivos de la ayuda macrofinanciera y se cumplen las condiciones a que está sujeta.Artículo 31. El componente de préstamo y el componente de subvención de la referida ayuda se pondrán a disposición de Bosnia y Herzegovina en dos tramos sucesivos, como mínimo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 y en el apartado 5 del artículo 1, el primer tramo se desembolsará una vez realizada una primera evaluación satisfactoria del ADG de 12 meses concertado por el FMI y Bosnia y Herzegovina.2. El segundo tramo se desembolsará siempre que se cumpla lo dispuesto en el artículo 2 y que los resultados de la aplicación del ADG concertado con el FMI sean satisfactorios, y no antes de que hayan transcurrido tres meses desde el desembolso del primer tramo.3. Los fondos se abonarán al Banco Central de Bosnia y Herzegovina.Artículo 41. Las operaciones de préstamo y empréstito citadas en el apartado 2 del artículo 1 se efectuarán utilizando la misma fecha de valor y no obligarán a la Comunidad a intervenir en la reprogramación de vencimientos, ni a asumir riesgos de tipos de interés o de cambio, u otro tipo de riesgos comerciales.2. La Comisión adoptará las medidas necesarias, si Bosnia y Herzegovina así lo solicita, para incluir en las condiciones de préstamo una cláusula de reembolso anticipado, así como para su ejercicio efectivo.3. A petición de Bosnia y Herzegovina y cuando las circunstancias permitan obtener mejores tipos de interés para los préstamos, la Comisión podrá proceder a refinanciar total o parcialmente sus empréstitos iniciales o a reestructurar las condiciones financieras correspondientes. Dicha refinanciación o reestructuración deberá efectuarse con arreglo a las condiciones fijadas en el apartado 1 y no deberá tener como efecto la ampliación de la duración media del empréstito considerado o el incremento del importe del capital pendiente en la fecha en que se efectúe la refinanciación o reestructuración, calculado según el tipo de cambio vigente en esa fecha.4. Todos los gastos a que haya de hacer frente la Comunidad en la formalización y realización de la operación a que se refiere la presente Decisión correrán a cargo de Bosnia y Herzegovina.5. Al menos una vez al año se informará al Comité Económico y Financiero de las operaciones mencionadas en los apartados 2 y 3.Artículo 5Al menos una vez al año, la Comisión remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evalúe la aplicación de la presente Decisión.Hecho en Bruselas, el 10 de mayo de 1999.Por el ConsejoEl PresidenteH. EICHEL(1) DO C 396 de 19.12.1998, p. 16.(2) Dictamen emitido el 12 de marzo de 1999 (no publicado aún en el Diario Oficial).


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31980D0271

80/271/CEE: Decisión del Consejo, de 10 de diciembre de 1979, referente a la celebración de los Acuerdos multilaterales resultantes de las negociaciones comerciales de 1973-1979

Diario Oficial n° L 071 de 17/03/1980 p. 0001 - 0002 Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 9 p. 0003  Edición especial griega: Capítulo 11 Tomo 19 p. 0003  Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 9 p. 0003  Edición especial en español: Capítulo 11 Tomo 12 p. 0038  Edición especial en portugués: Capítulo 11 Tomo 12 p. 0038

 DECISIÓN DEL CONSEJO    de 10 de diciembre de 1979    referente a la celebración de los Acuerdos   multilaterales resultantes de las negociaciones   comerciales de 1973-1979     ( 80/271/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea y , en particular , su artículo 113 ,    Vista la recomendación de la Comisión ,    Considerando que las negociaciones comerciales   multilaterales abiertas , en el marco del GATT ( Acuerdo   General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ) , en   aplicación de la Declaración de los ministros adoptada   en Tokyo el 14 de septiembre de 1973 , han conducido al   establecimiento de los Acuerdos multilaterales indicados   a continuación :     - Protocolo de Ginebra ( 1979 ) anexo al Acuerdo   General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y   Protocolo Adicional al Protocolo de Ginebra ( 1979 )   anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros   y Comercio ;     - Convenio relativo a la carne de bovino ;     - Acuerdo internacional de los productos lácteos ;     - Acuerdo sobre obstáculos técnicos al   comercio ;     - Acuerdo sobre compras del sector público ;     - Acuerdo relativo al comercio de las aeronaves   civiles ;     - Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación   de los artículos VI , XVI , y XXIII del Acuerdo   General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ;     - Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI   del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y   Comercio y apéndices anejos al mismo ;     - Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de   licencias de importación ;     - Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII   del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio   y Protocolo anejo al mismo ;    Considerando que el conjunto de concesiones y   compromisos recíprocos negociados por la Comunidad y   los países que participan en las negociaciones , tal   como quedan recogidos en los Acuerdos multilaterales   antes citados , constituyen un resultado aceptable ,    DECIDE :    Artículo 1    1 . Quedan aprobados en nombre de la Comunidad   Económica Europea , el Protocolo de Ginebra ( 1979 )   anexo al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y   Comercio y el Protocolo Adicional al Protocolo de   Ginebra ( 1979 ) anexo al Acuerdo General sobre Aranceles   Aduaneros y Comercio .    2 . Quedan aprobados en nombre de la Comunidad   Económica Europea , los Acuerdos siguientes :     - Convenio relativo a la carne de bovino ;     - Acuerdo internacional de los productos lácteos ;     - Acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio ;     - Acuerdo sobre compras del sector público ;     - Acuerdo relativo al comercio de las aeronaves   civiles ;     - Acuerdo relativo a la interpretación y aplicación   de los acuerdos VI , XVI , y XXIII del Acuerdo General   sobre Aranceles Aduaneros y Comercio ;     - Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI   del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y   Comercio y apéndices anejos al mismo ;     - Acuerdo sobre procedimientos para el trámite de   licencias de importación ;     - Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII   del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y   Comercio y Protocolo anejo al mismo ;    3 . Los textos de los Acuerdos citados en el presente   artículo figuran anejos a la presente Decisión .    Artículo 2    Se autoriza al Presidente del Consejo a designar a la   persona facultada para proceder a los actos previstos   por los Acuerdos citados en el artículo 1 , con   objeto de obligar a la Comunidad Económica Europea .    Hecho en Bruselas , el 10 de diciembre de 1979 .    Por el Consejo    El Presidente   T. HUSSE


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32003D0457

2003/457/CE: Decisión del Consejo, de 13 de mayo de 2003, relativa a la firma del Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel

Diario Oficial n° L 154 de 21/06/2003 p. 0079 - 0079

Decisión del Consejode 13 de mayo de 2003relativa a la firma del Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel(2003/457/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 170, en relación con la primera frase del párrafo primero del apartado 2 del artículo 300,Vista la propuesta de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) Mediante la Decisión 1999/224/CE(1) de 22 de febrero de 1999, el Consejo celebró un Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel, que entró en vigor el 8 de marzo de 1999. Este Acuerdo asocia al Estado de Israel a todas las actividades de los programas específicos del quinto programa marco de investigación, desarrollo tecnológico y demostración de la Comunidad Europea.(2) En el apartado 4 del artículo 12 de dicho Acuerdo se establece que "el presente Acuerdo podrá volverse a negociar o renovarse en las condiciones que se decidan de mutuo acuerdo cuando la Comunidad adopte un nuevo programa marco plurianual de investigación y desarrollo".(3) El 5 de noviembre de 2002, el Consejo autorizó las negociaciones para la renovación del Acuerdo actual, previendo también la negociación de una aplicación provisional del Acuerdo renovado. Esta aplicación provisional permitiría a las entidades israelíes participar en las primeras convocatorias de propuestas del sexto programa marco.(4) Las negociaciones culminaron en un proyecto de Acuerdo, rubricado el 17 de diciembre de 2002 por los representantes autorizados de las dos Partes.(5) A reserva de su posible celebración en fecha posterior, procede firmar el Acuerdo rubricado el 17 de diciembre de 2002 y prever su aplicación provisional a partir de su firma.DECIDE:Artículo 1Queda aprobada, en nombre de la Comunidad, la firma del Acuerdo de cooperación científica y técnica entre la Comunidad Europea y el Estado de Israel, a reserva de la decisión del Consejo relativa a la celebración de dicho Acuerdo.El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.Artículo 2Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar, el Acuerdo en nombre de la Comunidad Europea, a reserva de su celebración.Artículo 3El Acuerdo se aplicará provisionalmente a partir de su firma.Hecho en Bruselas, el 13 de mayo de 2003.Por el ConsejoEl PresidenteA.-A. Tsochatzopoulos(1) DO L 83 de 27.3.1999, p. 50.


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31991D0408

91/408/CEE: Decisión del Consejo, de 22 de julio de 1991, relativa a la concesión de una ayuda financiera en favor de Israel y de la población palestina de los territorios ocupados

Diario Oficial n° L 227 de 15/08/1991 p. 0033 - 0035 Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 17 p. 0054  Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 17 p. 0054

DECISIÓN DEL CONSEJO  de 22 de julio de 1991  relativa a la concesión de una ayuda financiera en favor de Israel y de la población palestina de los territorios ocupados  (91/408/CEE)EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 235,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),  Considerando que la Comunidad desea llevar a cabo una acción de ayuda financiera en favor de Israel y de la población palestina de los territorios de la orilla occidental del Jordán y de la franja de Gaza ocupados por Israel (denominados en lo sucesivo  « territorios ocupados »), con el fin de contribuir a reducir las consecuencias negativas resultantes de las hostilidades del conflicto del Golfo;  Considerando que la situación económica y la capacidad financiera de Israel y de los territorios ocupados, respectivamente, es de tal naturaleza que la ayuda financiera a Israel debería hacerse en forma de préstamos con bonificación de intereses para  apoyar la balanza de pagos a medio plazo, mientras que la destinada a la población palestina de los territorios ocupados podría hacerse en forma de ayudas no reembolsables;  Considerando que la Comunidad debe disponer de los medios necesarios para ejecutar dicha ayuda financiera;  Considerando que en materia de bonificación de intereses y de ayudas no reembolsables conviene establecer los medios financieros comunitarios necesarios para realizar esa acción y que los créditos efectivamente disponibles se determinarán en el  procedimiento presupuestario respetando las perspectivas financieras anejas al acuerdo interinstitucional sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario, de 29 de junio de 1988 (3);  Considerando que la distribución de los fondos entre Israel y las poblaciones palestinas de los territorios ocupados se basa en una evaluación de las necesidades respectivas establecida de acuerdo con la importancia de los efectos socioeconómicos del  conflicto, de las poblaciones afectadas y de la comparación de los niveles de vida;  Considerando que el préstamo en favor de Israel deberá ser financiado mediante un empréstito comunitario en el mercado de capitales y que dicho préstamo ha de ser gestionado por la Comisión;  Considerando que la ejecución de tal acción podría contribuir a la realización de los objetivos de la Comunidad;  Considerando que el Tratado no prevé, para la adopción de la presente Decisión, más poderes de acción que los del artículo 235,  DECIDE:  Artículo 1  La Comunidad llevará a cabo una ayuda financiera en favor de Israel y de las poblaciones palestinas de los territorios ocupados compuesta de la forma siguiente:  - 160 millones de ecus en forma de un préstamo, acompañado de una bonificación de intereses de 27,5 millones de ecus, y  - 60 millones de ecus en forma de ayudas no reembolsables.  Artículo 2  1. La ayuda financiera en favor de Israel se pondrá a disposición de este país en forma de préstamo a medio plazo de un importe de 160 millones de ecus de principal y tendrá una duración máxima de 7 años.  2. El préstamo incluye una bonificación de intereses a cargo del presupuesto general de las Comunidades Europeas.  El importe de los gastos comunitarios necesario para la financiación de esta bonificación asciende a 27,5 millones de ecus en 1991.  3. El préstamo y la bonificación correspondiente se conceden en las condiciones y de acuerdo con las disposiciones del artículo 3.  Artículo 3  1. A fin de llevar a cabo la operación de préstamo contemplada en el artículo 2, la Comisión, en nombre de la Comunidad Económica Europea, queda facultada para obtener los recursos necesarios en los mercados de capitales, previa consulta al  Comité monetario.  2. La Comisión, previa consulta al Comité monetario, estará habilitada para negociar con las autoridades israelíes las modalidades de pago del préstamo, así como las condiciones en las que éste estará acompañado con vistas a garantizar que la  utilización del producto de este préstamo corresponda a los objetivos de la presente acción, destinada a reducir en Israel las consecuencias socioeconómicas negativas del conflicto del Golfo.  El préstamo puesto a disposición de Israel se abonará al Banco Nacional de Israel y a los únicos fines contemplados en el párrafo primero.  3. La Comisión, en relación con las autoridades israelíes y previa consulta al Comité monetario, determinará las modalidades del pago de la bonificación de intereses a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 y tomará las medidas adecuadas para su  ejecución.  4. Las operaciones de préstamo y empréstito a que se refiere el apartado 1 se efectuarán utilizando la misma fecha de valor y no involucrarán a la Comunidad en la reprogramación de vencimientos, ni en ningún riesgo de cambio o de tipo de interés, ni en  ningún otro tipo de riesgo comercial.  5. La Comisión adoptará las medidas necesarias, si Israel así lo desea, para incluir en las condiciones de préstamo una cláusula de reembolso anticipado, así como su ejercicio efectivo.  6. A petición de Israel y cuando las circunstancias permitan una mejora del tipo de interés de los préstamos, la Comisión podrá proceder a refinanciar total o parcialmente sus empréstitos iniciales o a reestructurar las condiciones financieras  correspondientes. Dicha refinanciación o reestructuración deberá efectuarse con arreglo a las condiciones fijadas en el apartado 4 y no deberán tener por efecto la ampliación de la duración media del empréstito o el incremento del importe del capital  pendiente en la fecha en que se efectúe la refinanciación o reestructuración, calculado según el tipo de cambio vigente en dicha fecha.  7. Todos los gastos conexos realizados por la Comunidad en la formalización y realización de la operación a que se refiere la presente Decisión correrán a cargo de Israel.  8. Se informará al Comité monetario del desarrollo de las operaciones mencionadas en los apartados 5 y 6.  Artículo 4  1. La ayuda financiera en favor de las poblaciones palestinas de los territorios ocupados se concederá en forma de ayudas no reembolsables El importe de los gastos comunitarios que se estima necesario para financiar estas ayudas asciende a  60 millones de ecus en 1991.  Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos destinados a aliviar los problemas socioeconómicos (sanidad, educación, vivienda) a los que debe hacer frente la población como consecuencia del conflicto del Golfo, incluida la asistencia técnica necesaria  para llevar a cabo esta acción.  La ejecución de las ayudas se efectuará en base a las orientaciones generales según el procedimiento establecido en el artículo 5.  2. La Comisión velará para que los fondos pagaderos con arreglo a las ayudas a que se refiere el apartado 1 sean utilizados de conformidad con las finalidades de la presente Decisión por los beneficiarios, que deberán presentar un programa de  utilización, así como un informe sobre la utilización efectiva elaborado a posteriori.  Artículo 5  1. La Comisión contará con la asistencia de un Comité compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.  2. El representante de la Comisión presentará al Comité un proyecto de las medidas que se habrán de tomar. El Comité dictaminará sobre este proyecto en un plazo que el presidente podrá fijar en función de la urgencia de la cuestión de que se trate. El  dictamen se emitirá según mayoría prevista en el apartado 2 del artículo 148 del Tratado para la adopción de las decisiones que el Consejo debe tomar a propuesta de la Comisión. En las votaciones que se celebren en el seno del Comité, los votos de los  representantes de los Estados miembros se ponderarán con arreglo a las disposiciones del artículo citado anteriormente. El presidente no participará en la votación.  3. La Comisión adoptará las medidas previstas cuando sean conformes al dictamen del Comité.  Cuando las medidas previstas no sean conformes al dictamen del Comité o en caso de ausencia de dictamen, la Comisión someterá sin demora al Consejo una propuesta relativa a las medidas que deban tomarse. El Consejo se pronunciará por mayoría  cualificada.  Si transcurrido un plazo de dos meses a partir del momento en que la propuesta se haya sometido al Consejo, éste no se hubiere pronunciado, la Comisión adoptará las medidas propuestas.  Artículo 6  La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo, a más tardar el 30 de junio de 1992, un primer informe sobre la ejecución de la ayuda financiera prevista en la presente Decisión. Asimismo se presentará un informe final tan pronto  como haya terminado la operación. Hecho en Bruselas, el 22 de julio de 1991. Por el Consejo  El Presidente  P. DANKERT   (1) DO no C 111 de 27. 4. 1991, p. 3. (2) DO no C 183 de 15. 7. 1991. (3) DO no L 185 de 15. 7. 1988, p. 33.


title: Decisión (UE, Euratom) 2015/1701 del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2013

text:
               30.9.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 255/393

      DECISIÓN (UE, EURATOM) 2015/1701 DEL PARLAMENTO EUROPEO
      de 29 de abril de 2015
      sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión para el ejercicio 2013
      EL PARLAMENTO EUROPEO,

                  —

                  Vistas las cuentas anuales definitivas de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión relativas al ejercicio 2013,

                  —

                  Visto el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión correspondientes al ejercicio 2013, acompañado de las respuestas de la Empresa Común (1),

                  —

                  Vista la declaración (2) sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes, presentada por el Tribunal de Cuentas para el ejercicio 2013 de conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

                  —

                  Vista la Recomendación del Consejo de 17 de febrero de 2015 sobre la aprobación de la gestión de la empresa común relativa a la ejecución del presupuesto correspondiente al ejercicio 2013 (05306/2015 — C8-0049/2015),

                  —

                  Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

                  —

                  Visto el artículo 106 bis del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,

                  —

                  Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3),

                  —

                  Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (4), y, en particular, su artículo 208,

                  —

                  Vista la Decisión 2007/198/Euratom del Consejo, de 27 de marzo de 2007, por la que se establece la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión y por la que se le confieren ventajas (5), y, en particular, su artículo 5, apartado 3,

                  —

                  Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6),

                  —

                  Visto el Reglamento Delegado (UE) no 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7),

                  —

                  Vistos el artículo 94 y el anexo V de su Reglamento,

                  —

                  Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0108/2015),

         1.

            Aprueba la gestión del director de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión en la ejecución del presupuesto de dicha empresa para el ejercicio 2013;

         2.

            Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

         3.

            Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma, al director de la Empresa Común Europea para el ITER y el desarrollo de la energía de fusión, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

               El Presidente

            Martin SCHULZ

               El Secretario General

            Klaus WELLE

         (1)  DO C 452 de 16.12.2014, p. 44.

         (2)  DO C 452 de 16.12.2014, p. 45.

         (3)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

         (4)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

         (5)  DO L 90 de 30.3.2007, p. 58.

         (6)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

         (7)  DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.


Avis juridique important

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31977D0271

77/271/Euratom: Decisión del Consejo, de 29 de marzo de 1977, relativa a la aplicación de la Decisión 77/270/Euratom por la que se faculta a la Comisión para contratar empréstitos Euratom con vistas a contribuir a la financiación de las centrales nucleoeléctricas

Diario Oficial n° L 088 de 06/04/1977 p. 0011 - 0011 Edición especial griega: Capítulo 10 Tomo 1 p. 0121  Edición especial en español: Capítulo 12 Tomo 3 p. 0026  Edición especial en portugués: Capítulo 12 Tomo 3 p. 0026  Edición especial en finés : Capítulo 10 Tomo 1 p. 0013  Edición especial sueca: Capítulo 10 Tomo 1 p. 0013

 DECISIÓN DEL CONSEJO    de 29 de marzo de 1977    relativa a la aplicación de la Decisión   77/270/Euratom por la que se faculta a la Comisión   para contratar empréstitos Euratom con vistas a   contribuir a la financiación de las centrales   nucleoeléctricas     ( 77/271/Euratom )     EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea   de la Energía Atómica ,    Vista la Decisión 77/270/Euratom del Consejo , de   29 de marzo de 1977 , por la que se faculta a la Comisión   para contratar empréstitos Euratom con vistas a   contribuir a la financiación de las centrales   nuecloeléctricas (1) y , en particular , su artículo 1 ,    Considerando que es conveniente fijar en 500 millones   de unidades de cuenta europeas el importe máximo de   los empréstitos que la Comisión está facultada a   contratar en nombre de la Comunidad Europea de la   Energía Atómica ;    Considerando que es conveniente que la Comisión   informe al Consejo , a su debido tiempo , de que el   importe de las operaciones efectuadas ha alcanzado los   300 millones de unidades de cuenta europeas , con el   fin de que el Consejo pueda pronunciarse sobre la   fijación de un nuevo importe , a la luz de la experiencia   adquirida ,    DECIDE :    Artículo único    Los empréstitos previstos en el artículo 1 de la   Decisión 77/270/Euratom , podrán contratarse hasta un   importe total de 500 millones de unidades de cuenta   europeas ; la unidad de cuenta europea ha sido   definida por la Decisión 75/250/CEE (2) .    Cuando el importe de las operaciones efectuadas   alcance 300 millones de unidades de cuenta europeas ,   la Comisión informará de ello al Consejo que , por   unanimidad , se pronunciará sobre la fijación de un   nuevo importe en el plazo más breve posible .    Hecho en Bruselas , el 29 de marzo de 1977 .    Por el Consejo    El Presidente    T. BENN    (1) DO n º L 88 de 6 . 4 . 1977 , p. 9 .    (2) DO n º L 104 de 24 . 4 . 1975 , p. 35 .


title: Decisión (UE, Euratom) 2017/1543 de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, de 6 de septiembre de 2017, por la que se nombra un juez del Tribunal General

text:
               14.9.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 236/22

         DECISIÓN (UE, Euratom) 2017/1543 DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS
   de 6 de septiembre de 2017
   por la que se nombra un juez del Tribunal General
   LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 19,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 254 y 255,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y en particular su artículo 106 bis, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 48 del Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, modificado por el Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo (1), dispone que el Tribunal General estará compuesto por cuarenta y siete Jueces a partir del 1 de septiembre de 2016. El artículo 2, letra b), del citado Reglamento establece la duración del mandato de los siete Jueces adicionales de modo que el final de sus mandatos coincida con las renovaciones parciales del Tribunal General que tendrán lugar el 1 de septiembre de 2019 y el 1 de septiembre de 2022.

               (2)

               En este contexto, se ha propuesto la candidatura de D. Geert DE BAERE para el puesto de Juez adicional del Tribunal General.

               (3)

               El comité constituido por el artículo 255 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se ha pronunciado sobre la idoneidad de D. Geert DE BAERE para el ejercicio de las funciones de juez del Tribunal General.

               (4)

               Procede nombrar a D. Geert DE BAERE para el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión y el 31 de agosto de 2022.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se nombra a D. Geert DE BAERE juez del Tribunal General para el período comprendido entre la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión y el 31 de agosto de 2022.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 6 de septiembre de 2017.

            La Presidenta

         K. TAEL

      (1)  Reglamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, por el que se modifica el Protocolo n.o 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (DO L 341 de 24.12.2015, p. 14).


title: 2005/140/CE: Decisión de la Comisión, de 30 de marzo de 2004, sobre el régimen de ayudas a determinadas empresas de la minería del carbón en la Comunidad Autónoma de Castilla y León [concedido por España para los años 2001 y 2002] [notificada con el número C(2004) 927] (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               19.2.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 48/30

      DECISIÓN DE LA COMISIÓN

   de 30 de marzo de 2004
   sobre el régimen de ayudas a determinadas empresas de la minería del carbón en la Comunidad Autónoma de Castilla y León [concedido por España para los años 2001 y 2002]
   [notificada con el número C(2004) 927]
   (El texto en lengua española es el único auténtico)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2005/140/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 88, apartado 2, párrafo primero,
   Después de haber emplazado a los interesados para que presenten sus observaciones, de conformidad con el (los) citado(s) artículo(s) (1) y teniendo en cuenta dichas observaciones,
   Considerando lo siguiente:
   1.   Procedimiento

               (1)

               Por carta de 19 de junio de 2000, que fue registrada por la Comisión con la referencia N/776/2000, España comunicó a la Comisión un proyecto de medidas de incentivos mineros de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. El proyecto de medidas en favor de la industria minera contenía determinados regímenes de ayudas a la industria del carbón previstos en la Decisión no 3632/93/CECA de la Comisión, de 28 de diciembre de 1993, relativa al régimen comunitario de las intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del carbón (2).

               (2)

               En su notificación de 19 de junio de 2000, España informaba a la Comisión de que la ayuda notificada que tenía intención de conceder la Comunidad Autónoma de Castilla y León se coordinaría con las ayudas que concede el Gobierno de España.

               (3)

               Por carta de 25 de septiembre de 2000, España comunicó a la Comisión que, habiendo transcurrido tres meses sin que la Comisión hubiera manifestado su posición sobre este asunto, las autoridades competentes tenían la intención de poner en aplicación estas medidas si, transcurridos quince días hábiles desde esta comunicación, no se adoptaba ninguna decisión con arreglo a lo dispuesto en el artículo 9, apartado 4, de la Decisión no 3632/93/CECA.

               (4)

               Por carta de 17 de julio de 2002, la Comisión solicitó a España información sobre las ayudas concedidas por la Junta de Castilla y León a la industria del carbón, en los años 2000, 2001 y 2002, indicando las empresas beneficiarias, los importes de la ayuda y su objeto, así como su clasificación dentro de las categorías previstas en la Decisión no 3632/93/CECA. En su información, España debería precisar también la relación de estas ayudas con los objetivos y criterios generales establecidos en el artículo 2 y con los planes notificados por España a la Comisión de conformidad con el artículo 8 de la Decisión no 3632/93/CECA.

               (5)

               Por carta de 5 de septiembre de 2002, España notificó a la Comisión las ayudas concedidas a las empresas del carbón de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los años 2000, 2001 y 2002. España presentó dicha notificación de conformidad con las reglas de procedimiento del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (3). En su notificación España se refería a la Decisión no 3632/93/CECA aunque el 23 de julio de 2002 tanto dicha Decisión como el Tratado CECA habían expirado.

               (6)

               Por carta de 19 de febrero de 2003, la Comisión informó a España de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE contra las medidas de ayuda a la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, la formación y la seguridad. La decisión también incoaba el procedimiento contra las medidas de ayuda para cubrir gastos excepcionales, pero dichas medidas no están cubiertas por la presente Decisión.

               (7)

               La decisión de la Comisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
                   (4). La Comisión invitó a los interesados a presentar sus observaciones sobre la ayuda/medida en cuestión.

               (8)

               No se han recibido observaciones de ninguna de las partes interesadas. España envió información adicional en fechas 21 de marzo de 2003, 9 de abril de 2003 y 12 de diciembre de 2003.

         2.   Descripción detallada de la ayuda
   2.1.   Tipos de ayuda

               (9)

               Los tipos de ayuda son los siguientes:

                           a)

                           ayudas a la investigación y al desarrollo (I+D), previstas en el artículo 6 de la Decisión no 3632/93/CECA;

                           b)

                           ayudas para la protección del medio ambiente, previstas en el artículo 7 de la Decisión no 3632/93/CECA;

                           c)

                           ayudas para la formación minera;

                           d)

                           ayudas para la seguridad minera.

         2.2.   Fundamento jurídico

               (10)

               Constituyen fundamento jurídico de las ayudas contempladas, las órdenes de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por las que se regula la concesión de incentivos mineros, de fechas 20 de octubre de 2000 (ayudas año 2000), 19 de diciembre de 2000 (ayudas año 2001) y 19 de diciembre de 2001 (ayudas año 2002).

         2.3.   Beneficiarios

               (11)

               Constituyen los beneficiarios de las ayudas contempladas, todas las empresas mineras (empresas grandes y PYME) y asociaciones de empresas de la minería del carbón de la Comunidad de Castilla y León sujetas a la Decisión no 3632/93/CECA con el objetivo de promover y desarrollar el uso del carbón. El número estimado de empresas o entidades beneficiarias de estas ayudas es de 50.

               (12)

               Castilla y León es una comunidad autónoma que puede acogerse a la ayuda del artículo 87, apartado 3, letra a), del Tratado CE, y ha sido clasificada como una de las regiones seleccionables para dicha ayuda en el período 2000-2006.

         2.4.   Presupuesto

               (13)

               Para financiar las ayudas notificadas se previeron los siguientes importes:

                                       —

                                       2001:

                           9 015 181,56 EUR [1 500 000 000 pesetas españolas (ESP)],

                                       —

                                       2002:

                           9 015 181,56 EUR (1 500 000 000 ESP),

                           Total:

                           18 030 363,12 EUR (3 000 000 000 ESP).

         2.5.   Duración del régimen:

               (14)

               El régimen finalizó el 23 de julio de 2002.

         2.6.   Objeto de la ayuda

               (15)

               Constituyen el objeto de la ayuda, las medidas contempladas en los considerandos 15 a 18 y en primer lugar las ayudas a la investigación y desarrollo (I+D) siguientes:

                           —

                           incentivar la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en empresas que nunca han realizado este tipo de actividades, o aumentar éstas en empresas que ya suelen realizarlas habitualmente,

                           —

                           mejorar las condiciones de seguridad y salubridad del trabajo en las minas,

                           —

                           optimizar el aprovechamiento de las reservas y recursos mineros, mejorando los métodos de explotación y beneficio de los mismos,

                           —

                           promover la innovación tecnológica dirigida a la mejora del impacto ambiental de las explotaciones,

                           —

                           fomentar la introducción de mejoras tecnológicas dirigidas a incrementar el valor añadido del producto, a facilitar su introducción en los nuevos mercados o a incrementar la productividad,

                           —

                           potenciar la tecnología aplicable al equipo y proyectos destinados a la explotación, tratamiento y utilización de las sustancias minerales.

                     Son proyectos prioritarios subvencionables por este régimen de ayudas los que se enmarquen en alguna de las siguientes líneas prioritarias:

                           —

                           reducción del riesgo de accidentes catastróficos, explosiones, incendios, etc. y eliminación de las causas de accidentes graves y con alta frecuencia,

                           —

                           estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial minera.

               (16)

               Las ayudas para la protección del medio ambiente siguientes:

                           —

                           disminución del deterioro que las actividades mineras y metalúrgicas causan en el medio ambiente,

                           —

                           restauración del medio ambiente en zonas afectadas por antiguas actividades mineras,

                           —

                           recuperación de sustancias minerales o metálicas a partir de escombreras.

                     Son proyectos prioritarios subvencionables por este régimen de ayudas los que se enmarquen en alguna de las siguientes líneas prioritarias:

                           —

                           adaptación de la calidad de las emisiones a la atmósfera y a los cauces públicos de las empresas mineras a la normativa obligatoria vigente en materia de protección al medio ambiente, siempre que las instalaciones de la misma funcionaran desde, al menos, dos años antes de la entrada en vigor de las mencionadas normas obligatorias,

                           —

                           mejora del nivel de protección del medio ambiente sustancialmente superior al previsto en las normas obligatorias para las empresas mineras,

                           —

                           desarrollo de medidas correctoras sobre el entorno ya deteriorado,

                           —

                           desarrollo de estudios y proyectos tecnológicos que contribuyan a disminuir el deterioro que las actividades mineras y metalúrgicas causan en el medio ambiente.

               (17)

               Las ayudas para la formación minera consisten en proyectos formativos que desarrollen actividades de formación cuyo objetivo fundamental sea conseguir una buena cualificación técnica de los trabajadores del sector, a efectos de minimizar la accidentalidad en las explotaciones mineras.

               (18)

               Las ayudas para la seguridad minera consisten en los proyectos de inversión encaminados a conseguir una mejora de la seguridad de las instalaciones mineras, por encima del nivel mínimo exigido por la normativa aplicable.

         2.7.   Forma de la ayuda

               (19)

               La ayuda ha adoptado la modalidad de subvención a fondo perdido.

         2.8.   Costes subvencionables

               (20)

               Constituyen costes subvencionables las ayudas contempladas en los considerandos 20 a 23 y en primer lugar las ayudas a la I+D siguientes:

                           a)

                           gastos de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar dedicado exclusivamente a la actividad de investigación). Se subvencionan estos costes en función del grado de dedicación efectiva a la actividad de I+D subvencionada;

                           b)

                           costes de equipamientos, material, terrenos y locales utilizados exclusiva y permanentemente (salvo en caso de cesión sobre una base comercial) para actividades de investigación. Son subvencionables los costes de adquisición de activos fijos materiales que se ubiquen en la región de Castilla y León, nuevos o de primer uso. Dichos activos y equipamientos, así como las instalaciones y equipamientos auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento de los mismos, deberán ser utilizados exclusiva y permanentemente (salvo en caso de cesión a título oneroso) para la actividad de I+D;

                           c)

                           costes de los servicios de asesoría y similares utilizados exclusivamente para la actividad de investigación (incluidas la investigación, los conocimientos técnicos, las patentes, etc.) y adquiridos a fuentes externas. Son subvencionables todos estos costes siempre que se justifique su directa y necesaria relación con la actividad de I+D;

                           d)

                           gastos generales suplementarios directamente derivados de la actividad de investigación. Son subvencionables todos estos costes siempre que se justifique su directa y necesaria relación con la actividad de I+D;

                           e)

                           otros gastos de explotación (por ejemplo, coste de los equipamientos, suministros y productos similares) directamente derivados de la actividad de investigación. Son subvencionables todos estos costes siempre que se justifique su directa y necesaria relación con la actividad de I+D.

               (21)

               Las ayudas para la protección del medio ambiente subvencionables son los costes de inversión adicionales en terrenos, edificios, instalaciones y bienes de equipo necesarios para cumplir los objetivos medioambientales.

               (22)

               Las ayudas para la formación minera subvencionables son los costes del personal docente, gastos de desplazamiento de los beneficiarios de la formación; gastos de consumos y amortización de los instrumentos y equipos en proporción a su utilización exclusiva para el proyecto de formación en cuestión; otros costes de personal hasta alcanzar el total de los costes subvencionables anteriormente mencionados.

               (23)

               Las ayudas para la seguridad minera consistentes en:

                           a)

                           adquisición de equipos que mejoren la seguridad de las instalaciones mineras;

                           b)

                           gastos encaminados a mejorar la seguridad de las instalaciones y de sus trabajadores;

                           c)

                           estudios relativos a la mejora de la seguridad de las instalaciones mineras.

         2.9.   Intensidad de la ayuda

               (24)

               La intensidad de la ayuda se contempla en los considerandos 24 a 27 y en primer lugar en cuanto a las ayudas a la I+D consiste en la cuantía bruta de las ayudas a la investigación y al desarrollo siguiente:

                           —

                           para investigación industrial, hasta el 60 % de las inversiones y gastos aprobados como subvencionables. Si el solicitante es una pequeña o mediana empresa (PYME), el importe de la ayuda podrá alcanzar el 70 % de los costes subvencionables del proyecto,

                           —

                           para estudios de viabilidad técnica previos a actividades de investigación industrial minera, el límite máximo admisible será el 75 % de los costes subvencionables del proyecto.

               (25)

               En cuanto a las ayudas para la protección del medio ambiente, por lo que respecta a los proyectos destinados a la protección del medio ambiente, la intensidad máxima de las ayudas podrá alcanzar, en términos de subvención neta equivalente, los porcentajes máximos sobre inversión realizada que resulten del mapa de ayudas regionales autorizado por la Comisión Europea para el período 2000-2006, conforme a lo dispuesto en el anexo II de la Orden. En el caso de las PYME, las cuantías de la subvención podrán ser incrementadas en los siguientes porcentajes:

                           —

                           en las ayudas a la inversión que contribuyan a la adaptación de las empresas a las nuevas normativas obligatorias en materia de medio ambiente, un 15 % bruto de los costes subvencionables,

                           —

                           en las ayudas a la inversión que permitan obtener un nivel de protección ambiental superior al exigido por las normas obligatorias, un 20 % bruto de los costes subvencionables,

                           —

                           en las ayudas a la inversión que mejoren el nivel de protección ambiental a las empresas en los sectores en que no existen normas obligatorias, un 20 % bruto de los costes subvencionables.

               (26)

               Las ayudas para la formación minera consisten en que la cuantía bruta máxima de las ayudas en materia de formación minera es del 80 % de los costes subvencionables.

               (27)

               Las ayudas para la seguridad minera consisten en los proyectos de seguridad minera, cuya intensidad bruta máxima podrá alcanzar el 100 % de los costes subvencionables.

         2.10.   Acumulación de la ayuda

               (28)

               Todas las ayudas previstas en este régimen serán acumulables con cualesquiera otras ayudas públicas para diferente finalidad, siempre que se respeten los límites máximos fijados en la propuesta de régimen de ayudas. En todo caso, el importe de las ayudas que se conceden al amparo del régimen no podrá ser, en ningún caso, de tal cuantía que aisladamente, o en concurrencia con otros incentivos, subvenciones o ayudas, de otras administraciones públicas u otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la inversión, gasto o actividad a desarrollar por el beneficiario.

               (29)

               La acumulación de las ayudas se contempla en los considerandos 29 a 32 y en cuanto a las ayudas a la I+D consiste en las ayudas para proyectos de investigación y desarrollo que serán acumulables con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objeto y finalidad. En caso de acumulación de ayudas, la financiación pública total no podrá exceder el límite del 75 % de los costes subvencionables.

               (30)

               En cuanto a las ayudas para la protección del medio ambiente, consiste en las ayudas para proyectos de protección del medio ambiente que serán acumulables con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objetivo y finalidad, siempre que el total acumulado no supere los límites señalados en el apartado 6.1, letra b), de las Bases Reguladoras de la Orden.
               La intensidad máxima de las ayudas podrá alcanzar, en términos de subvención neta equivalente, los porcentajes máximos sobre inversión realizada que resulten del mapa de ayudas regionales autorizado por la Comisión Europea para el período 2000-2006, es decir:

                           —

                           35 % para Burgos y Valladolid,

                           —

                           37 % para Palencia y Segovia,

                           —

                           40 % para el resto de provincias,

                           —

                           estos porcentajes podrán incrementarse hasta en un 15 % en términos brutos, cuando se trate de pequeñas y medianas empresas (PYME).

                     La cuantía de la subvención, señalada en los párrafos anteriores, podrá ser incrementada para las PYME en los siguientes porcentajes:

                           —

                           en las ayudas a la inversión que contribuyan a la adaptación de las empresas a las nuevas normativas obligatorias en materia de medio ambiente: un 15 % bruto de los costes subvencionables,

                           —

                           en las ayudas a la inversión que permitan obtener un nivel de protección ambiental superior al exigido por las normas obligatorias: un 20 % bruto de los costes subvencionables,

                           —

                           en las ayudas a la inversión que mejore el nivel de protección medioambiental a las empresas en los sectores en que no existen normas obligatorias: un 20 % bruto de los costes subvencionables.

               (31)

               En cuanto a las ayudas para la formación minera consiste en las ayudas para proyectos de formación minera que pueden combinarse con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objetivo y finalidad, siempre que acumuladamente no superen los límites señalados en el apartado 6.1, letra c), de las Bases Reguladoras de la Orden Ministerial española, es decir, el 100 % de los costes subvencionables.

               (32)

               En cuanto a las ayudas para la seguridad minera:

                           Las ayudas para proyectos de seguridad minera pueden combinarse con cualesquiera otras ayudas públicas para el mismo objetivo y finalidad, siempre que acumuladamente no superen los límites señalados en el apartado 6.1, letra b), de las Bases Reguladoras de la Orden, es decir, el 100 % de los costes subvencionables.

         3.   Comentarios de España

               (33)

               España presentó a la Comisión información adicional y argumentos acerca del régimen de ayudas, integrados fundamentalmente por los siguientes elementos.

               (34)

               El régimen de ayuda para los años 2001 y 2002 fue notificado correctamente y estaba completo. Se ha facilitado a la Comisión toda la información necesaria, por lo que, en opinión de España, no era necesario incoar el procedimiento. La ayuda concedida debía haber sido considerada ayuda existente. Por consiguiente, España solicita el cierre del procedimiento y una decisión positiva. España considera que el hecho de que la Comisión esperase mucho tiempo, hasta el 17 de julio de 2002, para formular observaciones a la notificación, es contrario a los principios de una buena administración y de la seguridad jurídica.

               (35)

               La Comunidad Autónoma de Castilla y León nunca tuvo intención de aplicar un régimen que no fuera compatible con el mercado común. La Comunidad Autónoma actuó de buena fe y de forma muy transparente. Debido a la ausencia de reacciones de la Comisión a la notificación, estaba justificado que la Comunidad Autónoma de Castilla y León llegara a la conclusión de que el régimen era compatible con el mercado común y podía ser aplicado.

               (36)

               España considera que las medidas no confieren ninguna ventaja a las empresas de la minería del carbón, porque se destinan a cubrir los costes excepcionales del proceso de reestructuración. Las ayudas a la investigación y desarrollo, a la protección del medio ambiente, a la formación y a la seguridad minera son conformes a los regímenes de ayudas estatales relativos a dichas cuestiones. En relación con la ayuda a la investigación y desarrollo, España confirmó que la definición de investigación industrial se ajusta a la definición del anexo I del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo.

               (37)

               Por lo que respecta a la ayuda medioambiental, España facilitó a la Comisión información adicional acerca de las diversas categorías de ayuda, las normas nacionales y comunitarias que habían de ser respetadas, las minas de carbón que se beneficiarían de dicha ayuda y la especificación de los costes relativos a la rehabilitación de las instalaciones industriales contaminadas. España describió las medidas objeto de la ayuda de forma detallada. España confirmó el hecho de que la ayuda del 15 % de los costes subvencionables para cumplir las nuevas normas estaba estrictamente limitada a objetivos medioambientales. En el cálculo neto de la ayuda se han tenido en cuenta los beneficios obtenidos como resultado de la inversión. En el cálculo de los costes subvencionables, se ha tenido en cuenta el mayor valor potencial de las zonas rehabilitadas.

               (38)

               Por lo que respecta a la ayuda a la formación, España consideraba que los importes de las subvenciones eran muy reducidos y por consiguiente no podrían falsear la competencia. En relación con la ayuda para la seguridad minera, España hace hincapié en que la seguridad en las minas no siempre es suficiente y por lo tanto es necesario conceder ayudas para este aspecto. Los costes relativos a esta cuestión son excepcionales y tienen que ser cubiertos.

               (39)

               España corrigió algunos importes que habían sido concedidos a diversas empresas de la minería del carbón. Se habían deslizado algunos errores en las cifras presentadas en fases anteriores.

         4.   Evaluación del régimen de ayudas

               (40)

               La Comisión limita su evaluación a las medidas de ayuda relacionadas con la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, la formación y la seguridad. Las medidas de ayuda para cubrir los costes excepcionales, que también fueron objeto de la Decisión de 19 de febrero de 2003 para incoar el actual procedimiento de investigación, serán objeto de otra Decisión. Aunque en esta Decisión se evaluará el régimen de ayudas, la Comisión se referirá también a casos individuales puesto que la ayuda ha sido ejecutada por España.

         4.1.   Aplicación del Reglamento (CE) no 1407/2002

               (41)

               Habida cuenta de que tanto el Tratado CECA como la Decisión no 3632/93/CECA expiraron el 23 de julio de 2003, la compatibilidad de las medidas notificadas ha de ser evaluada a partir del Reglamento (CE) no 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón (5). El apartado 2 del artículo 14 de dicho Reglamento no es de aplicación.

               (42)

               En cualquier caso, el cambio de marco legislativo del Tratado CECA al Tratado CE no produce conflicto en el examen de la ayuda concedida por la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Las disposiciones relevantes del Reglamento (CE) no 1407/2002 y de la Decisión no 3632/1993/CECA son casi iguales y un examen basado en el marco legislativo del Tratado CECA no hubiera llevado a un resultado diferente.

         4.2.   Aplicación del artículo 87, apartado 1

               (43)

               Para determinar si las medidas del régimen constituyen una ayuda de acuerdo con el artículo 87, apartado 1, del Tratado, debe establecerse si favorecen a determinadas empresas, si las ayudas son otorgadas por los Estados miembros mediante fondos estatales, si las medidas en cuestión falsean o amenazan con falsear la competencia y si pueden afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

               (44)

               La primera condición del artículo 87, apartado 1, se refiere a la posibilidad de que las medidas favorezcan a determinados beneficiarios. Es necesario determinar, en primer lugar, si las empresas beneficiarias obtienen un beneficio económico y, en segundo lugar, si este beneficio se concede a un tipo específico de empresa. La ayuda proporciona evidentes beneficios económicos a sus beneficiarios, ya que constituye una subvención directa que cubre gastos corrientes que las empresas hubieran tenido que sufragar. Además, las medidas en cuestión se destinan únicamente a empresas de la minería del carbón de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Por consiguiente, favorecen a determinadas empresas más que a sus competidores, es decir, son selectivas.

               (45)

               La segunda condición del artículo 87 se refiere a que las ayudas hayan sido otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales. En este caso concreto, la existencia de fondos estatales queda demostrada por el hecho de que la medida se financia en realidad con cargo al presupuesto público de una autoridad regional.

               (46)

               De acuerdo con la tercera y cuarta condiciones del artículo 87, apartado 1, del Tratado, la ayuda no debe falsear ni amenazar con falsear la competencia ni afectar o ser capaz de afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En el caso que nos ocupa, las medidas sí que amenazan con falsear la competencia, ya que fortalecen la posición financiera y el campo de actuación de las empresas beneficiarias en relación con sus competidores que no obtienen esos beneficios. A pesar de que el comercio intracomunitario de carbón es muy pequeño y las empresas afectadas no exportan, la producción nacional se beneficia del hecho de que las empresas establecidas en los demás Estados miembros tienen menos posibilidades de exportar sus productos al mercado español. Además, estas medidas también falsean la competencia y afectan al comercio entre Estados miembros en la medida en que son complementarias con otras medidas aprobadas por el gobierno español.

               (47)

               Por estos motivos, se aplica a las medidas que nos ocupan el artículo 87, apartado 1, del Tratado y sólo podrán ser consideradas compatibles con el mercado común si reúnen las condiciones para constituir una de las excepciones previstas en el Tratado.

               (48)

               Las excepciones previstas en el Tratado se recogen en Encuadramientos para estas tres categorías de ayuda, enumerados en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1407/2002:

                           —

                           Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo [Comunicación 96/C 45/06, de 17 de febrero de 1996 (6), modificada por la Comunicación 98/C 48/02, de 15 de febrero de 1998 (7) y la Comunicación 2002/C 111/03, de 8 de mayo de 2002 (8)],

                           —

                           Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente [Comunicación 2001/C 37/03, de 3 de febrero de 2001 (9)],

                           —

                           Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (10).

         4.3.   Notificación de las ayudas

               (49)

               En lo que se refiere a la notificación de las ayudas que los Estados miembros tienen la intención de conceder a la industria del carbón, de acuerdo con el artículo 8 de la Decisión no 3632/93/CECA, España notificó a la Comisión el 31 de marzo de 1998 el Plan de modernización, de racionalización, de reestructuración y de reducción de actividad 1998-2002 derivado del plan 1998-2005 de la industria minera del carbón y del desarrollo alternativo de las comarcas mineras, que recibió opinión favorable de la Comisión en su Decisión 98/637/CECA (11). En este plan el Gobierno de España contempla intervenciones financieras para cubrir las ayudas previstas en los artículos 3, 4 y 5 de la Decisión no 3632/93/CECA en el marco de los planes citados.

               (50)

               De conformidad con el apartado 10 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1407/2002, que coincide con el apartado 1 del artículo 9 de la Decisión no 3632/93/CECA, los Estados miembros notificarán todas las ayudas financieras que tengan la intención de conceder en favor de la industria del carbón a lo largo del año siguiente. Por carta de 19 de junio de 2000, España notificó medidas de ayuda a la Comisión. La Comisión no formuló observaciones a esta notificación dentro del plazo prescrito en el apartado 4 del artículo 9 de la Decisión no 3632/93/CECA y en consecuencia la ayuda correspondiente al año 2000 se considera autorizada, como ya se concluyó en la decisión de 19 de febrero de 2003, por la cual la Comisión abría el procedimiento de investigación formal. Sin embargo, tal como se concluyó también en la Decisión de 19 de febrero de 2003, España no respetó sus obligaciones de presentar una notificación previa para los años 2001 y 2002. En consecuencia, las ayudas que Castilla y León ha concedido los años 2001 y 2002 y que figuran en la notificación de España de 5 de septiembre de 2002, deben ser consideradas como ayudas no notificadas.

         4.4.   Evaluación de las ayudas a la investigación y al desarrollo (I+D)

               (51)

               La Comisión examinó estas medidas de ayuda a la luz del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo. En el período cubierto por las ayudas tal Encuadramiento está incluido en las Comunicaciones de la Comisión siguientes: 96/C 45/06, de 17 de febrero de 1996, 98/C 48/02, de 13 de febrero de 1998, y 2002/C 111/03, de 8 de mayo de 2002.

               (52)

               Se trata de las siguientes ayudas:

                           (en EUR)

                           Expediente

                           Año

                           Empresa

                           Ayuda

                           186/01

                           2001

                           Carbones de Arlanza SA

                           14 514,44

                           136/02

                           2002

                           Alto Bierzo SA

                           133 829,29

                     Las ayudas para I+D concedidas por la Junta de Castilla y León han sido sometidas a un proceso abierto de licitación y se destinan a facilitar el desarrollo de la actividad minera del carbón en las mejores condiciones de seguridad y sin alterar las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.

               (53)

               Los proyectos que han sido financiados tenían como finalidad la adquisición de nuevos conocimientos que serán útiles para el desarrollo de nuevos procesos extractivos o para producir una mejora significativa en los procesos existentes. Estos proyectos fueron seleccionados porque se consideró que podrían incrementar la percepción técnica, organizativa o científica del proceso extractivo o de cualquier tecnología relevante, así como adaptar un proceso o tecnología e incrementar su eficacia. Con esta medida no se pretendía subvencionar experimentos prácticos. Estos proyectos desempeñarán una función crucial en la búsqueda de nuevas soluciones. La intención de las autoridades españolas era llevar a cabo o acelerar estos cambios que constituyen una importante contribución a los objetivos del gobierno de contar con una industria minera más eficaz y competitiva y que no se habrían llevado a cabo ni aplicado a gran escala sin una ayuda financiera del gobierno. A la vista de estas consideraciones, la Comisión considera que dichas actividades se ajustan a la definición de investigación industrial del anexo I del Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo. Los resultados finales de estas actividades de investigación se utilizarán para desarrollar planes de proyectos para procesos extractivos nuevos o modificados.

               (54)

               Los gastos subvencionables son conformes a los gastos definidos en el anexo II del Encuadramiento. La intensidad de la ayuda es baja y en ambos casos la ayuda se concede a las PYME. La intensidad de la ayuda no excede los límites contemplados en la sección 5 del Encuadramiento. De acuerdo con lo dispuesto en la sección 6 del Encuadramiento, la ayuda debe servir de incentivo para que las empresas mineras lleven a cabo actividades adicionales de I+D y además debe estimular a las empresas que nunca habían efectuado este tipo de actividades. Como los beneficiarios son PYME, la Comisión presume, de conformidad con el punto 6.4 del Encuadramiento, que la ayuda constituye el incentivo necesario.

               (55)

               En consecuencia, la Comisión debe llegar a la conclusión de que el régimen de ayudas a la investigación y al desarrollo se ajusta al citado Encuadramiento.

         4.5.   Evaluación de la ayuda para protección del medio ambiente

               (56)

               La Comisión analiza este tipo de medidas de ayuda de acuerdo con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente.

               (57)

               Teniendo en cuenta la información presentada por España, la Comisión considera que el régimen de ayuda se destina, entre otras cosas, a ayudar a las PYME a adaptarse a las nuevas normas comunitarias durante un período de tres años a partir de la adopción de nuevas normas comunitarias obligatorias, a ayudar a la inversión en ausencia de normas comunitarias obligatorias y a ayudar a la inversión destinada a adaptarse a normas nacionales más estrictas que las normas comunitarias vigentes. El régimen autoriza esta ayuda hasta un máximo del 15 % bruto de los costes subvencionables, lo cual se ajusta a las Directrices. La Comisión considera que las inversiones en cuestión son conformes a la sección E.1.6 de las Directrices. Por lo que respecta a la contaminación de las aguas, las inversiones son indispensables para controlar la circulación de las aguas procedentes de las minas abandonadas. La finalidad de estas inversiones es, entre otras cosas, controlar las capas freáticas subterráneas, evitar inundaciones y contribuir a la circulación sin riesgos del agua procedente de las minas. Esta agua ha de respetar las normas de calidad contempladas en la legislación española. La Comisión considera que en la definición de los costes que pueden optar a la financiación relativa a las inversiones se prevé que en el cálculo neto de la ayuda se cuenten los beneficios obtenidos como resultado de la inversión. Este elemento se ajusta al punto 37 de las Directrices. De acuerdo con el punto 38 de las Directrices, los costes subvencionables tienen en cuenta el mayor valor potencial de las zonas rehabilitadas. Por lo que respecta a la rehabilitación de las minas, los costes subvencionables se limitan a los costes de la explotación minera, incluidos el personal, los materiales y la amortización de la maquinaria necesaria para evitar la emisión de gases y líquidos de las explotaciones subterráneas, para evitar el acceso a las explotaciones mineras peligrosas y la contaminación de los caudales hídricos, así como para la regeneración de escombreras. En este sentido, el régimen es conforme al punto 36 de las Directrices.

               (58)

               Las siguientes ayudas concedidas por Castilla y León:

                           (en EUR)

                           Expediente

                           Año

                           Empresa

                           Ayuda

                           17/01

                           2001

                           MSP

                           580 027,42

                           477/01

                           2001

                           Mina la Sierra

                           5 395,65

                           607.1/01

                           2001

                           Carbones San Isidro y María

                           8 106,12

                           17/02

                           2002

                           MSP

                           136 450,88

                     se refieren a la rehabilitación medioambiental de explotaciones a cielo abierto y, en el caso del expediente 607.1/01, a la inversión en un centro de transformación y línea eléctrica.

               (59)

               Una vez examinada la información remitida por España, la Comisión considera que las intervenciones realizadas por empresas que contribuyan a subsanar los daños ambientales mediante el saneamiento de instalaciones industriales contaminadas pueden entrar en el ámbito de aplicación de estas Directrices. Los costes de la rehabilitación medioambiental son costes históricos. Como resultado del abandono de las actividades extractivas, el agua de las minas se desbordará. Debido a la estructura del suelo y a las diversas corrientes, en muchas ocasiones no está claro qué mina es responsable de esta agua que puede poner en peligro el medio ambiente y que ha de mantenerse bajo control. En consecuencia, no es posible identificar al responsable de la contaminación. Por otra parte, a menudo las minas han cambiado de propietario o las minas ya no existen. Por lo tanto, la Comisión considera que no puede atribuirse a las empresas mineras que trabajan actualmente en las minas la responsabilidad económica. Así pues, en estos casos el régimen de ayuda para cubrir los gastos de la rehabilitación de las minas es conforme con las Directrices.

               (60)

               Las siguientes ayudas concedidas por Castilla y León:

                           (en EUR)

                           Expediente

                           Año

                           Empresa

                           Ayuda

                           137/01

                           2001

                           Alto Bierzo, SA

                           93 825,20

                           237/01

                           2001

                           Antracitas de Arlanza

                           9 916,70

                           607.2/01

                           2001

                           Carbones San Isidro y María

                           8 119,04

                           1147/01

                           2001

                           Coto Minero del Sil

                           60 101,21

                           2117.1/01

                           2001

                           Unión Minera del Norte

                           55 934,56

                           2117.2/01

                           2001

                           Unión Minera del Norte

                           136 506,80

                           27/02

                           2002

                           Hullera Vasco Leonesa

                           292 504,00

                           137/02

                           2002

                           Alto Bierzo, SA

                           15 879,22

                           1147.1/02

                           2002

                           Coto Minero del Sil

                           68 582,02

                           1147.2/02

                           2002

                           Coto Minero del Sil

                           47 856,86

                     se refieren a trabajos de rehabilitación o de seguridad de escombreras, de protección de los cauces de los ríos, así como de recuperación de terrenos del entorno exterior de antiguas minas. En relación con estos casos individuales, la Comisión considera también que el deterioro medioambiental fue producido a lo largo de muchos años, que no existían normas de rehabilitación o que incluso los responsables no son claramente identificables. Por consiguiente, la Comisión considera que no se puede hacer sufragar los costes a las empresas mineras arribas citadas, que explotan las minas en la actualidad. De conformidad con el punto 38 de las Directrices, la intensidad de las ayudas no supera el 100 % de los costes subvencionables y no incluye el 15 % del importe total de las obras. Los costes subvencionables son equivalentes al coste de las obras menos el incremento del valor del terreno.

               (61)

               Las siguientes ayudas concedidas por Castilla y León:

                           (en EUR)

                           Expediente

                           Año

                           Empresa

                           Ayuda

                           2111.1/01

                           2001

                           Unión Minera del Norte

                           109 569,31

                           2111.2/01

                           2001

                           Unión Minera del Norte

                           230 183,55

                           2111.3/01

                           2001

                           Unión Minera del Norte

                           121 656,87

                           2111.4/01

                           2001

                           Unión Minera del Norte

                           303 840,71

                           2111.5/01

                           2001

                           Unión Minera del Norte

                           306 940,49

                           891/02

                           2002

                           Campomanes Hermanos

                           89 232,00

                           2111.1/02

                           2002

                           Unión Minera del Norte

                           35 526,45

                           2111.2/02

                           2002

                           Unión Minera del Norte

                           75 452,05

                           2111.4/02

                           2002

                           Unión Minera del Norte

                           118 602,83

                           2111.5/02

                           2002

                           Unión Minera del Norte

                           205 304,23

                           2111.6/02

                           2002

                           Unión Minera del Norte

                           248 210,85

                           2111.7/02

                           2002

                           Unión Minera del Norte

                           626 746,00

                           211.1/02

                           2002

                           Viloria Hermanos SA

                           87 880,00

                           211.2/02

                           2002

                           Viloria Hermanos SA

                           87 880,00

                     aunque fueron notificadas por España como ayudas destinadas a cubrir cargas excepcionales producidas por la reestructuración [artículo 7 del Reglamento (CE) no 1407/2002], se destinan principalmente a fines de protección del medio ambiente, ya que su objetivo es la recuperación del suelo en la superficie de las minas y la demolición de instalaciones fijas en la superficie para contribuir a paliar los efectos sobre el medio ambiente de las minas de carbón abandonadas. En la época en que se realizaron estas obras no había normas relativas a la restauración de las instalaciones afectadas.

               (62)

               La Comisión considera que el carácter especial de la minería implica que una gran parte de la contaminación actual, provocada por gases y aguas procedentes de las minas o de depósitos exteriores de escombros, proviene de actividades del pasado. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, se trata de reparar el impacto de la antigua actividad minera, la ayuda ha de ser considerada un coste histórico y no es posible identificar a un responsable claro de la contaminación. En consecuencia, la ayuda se destina a la rehabilitación medioambiental en las regiones mineras. El daño medioambiental infligido a la calidad del suelo o a las aguas superficiales o subterráneas entra en el campo de aplicación de las Directrices. La intensidad de estas ayudas no supera el 100 % de los costes subvencionables y no incluye el 15 % del importe total de las obras. Los costes subvencionables, que son el coste de las obras menos el incremento del valor del suelo, también son conformes a las Directrices.

               (63)

               A la vista de lo anteriormente expuesto y una vez examinada la información remitida por España, la Comisión llega a la conclusión de que el régimen de ayuda para la protección del medio ambiente es compatible con las citadas Directrices comunitarias.

         4.6.   Evaluación de la ayuda para la formación minera

               (64)

               De conformidad con el Reglamento (CE) no 1407/2002 sobre las ayudas estatales a la industria del carbón y, en particular, con arreglo al artículo 3, apartado 1, y a su considerando 21, la ayuda a la formación puede concederse siempre y cuando dicha ayuda se conceda de acuerdo con las exigencias y criterios establecidos por la Comisión para esta clase de ayudas. Por consiguiente, la Comisión ha evaluado la compatibilidad de estas medidas de ayuda con las disposiciones del Reglamento (CE) no 68/2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación. España tuvo que notificar estas medidas porque las condiciones para la exención de la obligación de notificar previstas en dicho Reglamento no son aplicables a las ayudas estatales a la industria del carbón.

               (65)

               En el caso de las ayudas siguientes:

                           (en EUR)

                           Expediente

                           Año

                           Empresa

                           Ayuda

                           183/01

                           2001

                           Carbones de Arlanza SA

                           6 436,84

                           453/01

                           2001

                           Mina Adelina SA

                           4 376,33

                           473/01

                           2001

                           Mina la Sierra SA

                           6 565,49

                           1353/01

                           2001

                           Minas de Valdeloso SL

                           7 867,25

                     Una vez examinada la información remitida por España, y teniendo en cuenta que España garantizaba que las intensidades máximas de la ayuda, contempladas en el artículo 4, habían sido respetadas en la aplicación del régimen, la Comisión considera que las medidas de ayuda a la formación minera que ha concedido la Comunidad de Castilla y León no producirán falseamiento de la competencia y pueden ser autorizadas en base al Reglamento arriba citado. En este sentido, el régimen contiene una referencia a dicho Reglamento.

         4.7.   Evaluación de la ayuda para la seguridad minera

               (66)

               Una vez examinada la ayuda y la información facilitada por España, la Comisión considera que esta ayuda tiene que ser evaluada en base al Reglamento (CE) no 1407/2002 sobre las ayudas estatales a la industria del carbón.

               (67)

               Las siguientes ayudas concedidas por Castilla y León:

                           (en EUR)

                           Expediente

                           Año

                           Empresa

                           Ayuda

                           182/01

                           2001

                           Carbones de Arlanza SA

                           39 630,74

                           452/01

                           2001

                           Mina Adelina SA

                           23 991,44

                           472/01

                           2001

                           Mina La Sierra SA

                           12 020,24

                           502/01

                           2001

                           Minex, SA

                           120 202,42

                           602.1/01-LE

                           2001

                           Carb. San Isidro y María

                           30 050,61

                           602.3/01 PA

                           2001

                           Carb. San Isidro y María

                           13 044,13

                           1352/01

                           2001

                           Minas de Valdeloso SL

                           35 520,76

                           452/02

                           2002

                           Mina Adelina SA

                           16 224,00

                           502/02

                           2002

                           Minex SA

                           64 835,64

                           1142/02

                           2002

                           Coto Minero del Sil

                           383 920,19

                     se refieren a los costes en que las empresas tienen que incurrir para mejorar las condiciones de seguridad y salubridad. Dichos costes no están relacionados con la producción corriente y se destinan a inversiones en equipos y labores mineras. En este sentido, la Comisión considera que los importes que se han concedido no rebasan los costes de las obras de seguridad y llega a la conclusión de que estas medidas son conformes al artículo 7 de dicho Reglamento y al punto 1, letra g), de su anexo, en lo relativo a la definición de los costes a que se hace referencia en el artículo 7. Partiendo de esta base, la Comisión llega a la conclusión de que la ayuda para la seguridad minera es conforme con dicho Reglamento.

         5.   Conclusión

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   El régimen de ayudas para la investigación y el desarrollo, la protección del medio ambiente, la formación y la seguridad minera ejecutado por España en favor de empresas mineras del carbón en la Comunidad Autónoma de Castilla y León en los años 2001 y 2002 fundamentado en las Órdenes de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo por las que se regula la concesión de Incentivos Mineros de 19 de diciembre de 2000 y de 19 de diciembre de 2001 es compatible con el mercado común con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 3, del Tratado.
   Artículo 2
   El destinatario de la presente Decisión será el Reino de España.

      Hecho en Bruselas, el 30 de marzo de 2004.

            Por la Comisión

         Loyola DE PALACIO

            Vicepresidenta

      (1)  DO C 105 de 1.5.2003, p. 2.

      (2)  DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.

      (3)  DO L 83 de 27.3.1999, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003. Véase a tal efecto la «Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA» (DO C 152 de 26.6.2002, p. 5).

      (4)  DO C 105 de 1.5.2003, p. 2.

      (5)  DO L 205 de 2.8.2002, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Acta de adhesión de 2003. Véase, asimismo, el punto 47 de la «Comunicación de la Comisión relativa a determinados aspectos del tratamiento de los asuntos de competencia resultantes de la expiración del Tratado CECA».

      (6)  DO C 45 de 17.2.1996, p. 5.

      (7)  DO C 48 de 13.2.1998, p. 2.

      (8)  DO C 111 de 8.5.2002, p. 3.

      (9)  DO L 37 de 3.2.2001, p. 3.

      (10)  DO L 10 de 13.1.2001, p. 20. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 363/2004 (DO L 63 de 28.2.2004, p. 20).

      (11)  DO L 303 de 13.11.1998, p. 57.