title: Decisión (PESC) 2016/565 del Consejo, de 11 de abril de 2016, por la que se modifica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán

text:
               12.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 96/41

         DECISIÓN (PESC) 2016/565 DEL CONSEJO
   de 11 de abril de 2016
   por la que se modifica la Decisión 2011/235/PESC relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 12 de abril de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/235/PESC (1).

               (2)

               Sobre la base de la revisión de la Decisión 2011/235/PESC, el Consejo ha decidido que procede prorrogar hasta el 13 de abril de 2017 las medidas restrictivas que se establecen en dicha Decisión.

               (3)

               El Consejo ha llegado asimismo a la conclusión de que deben actualizarse las informaciones relativas a determinadas personas incluidas en el anexo de la Decisión 2011/235/PESC.

               (4)

               Además, ya no existen motivos para que se mantenga a dos personas en la lista de personas y entidades sujetas a medidas restrictivas que figura en el anexo de la Decisión 2011/235/PESC, por lo que procede suprimir sus nombres de la lista.

               (5)

               Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 2011/235/PESC en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   En el artículo 6 de la Decisión 2011/235/PESC, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

      «2.   La presente Decisión será aplicable hasta el 13 de abril de 2017. Estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, según convenga, en caso de que el Consejo estime que no se han cumplido los objetivos de la misma.».

   Artículo 2
   El anexo de la Decisión 2011/235/PESC se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.
   Artículo 3
   La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Luxemburgo, el 11 de abril de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M.H.P. VAN DAM

      (1)  Decisión 2011/235/PESC del Consejo, de 12 de abril de 2011, relativa a medidas restrictivas dirigidas contra determinadas personas y entidades habida cuenta de la situación en Irán (DO L 100 de 14.4.2011, p. 51).

      ANEXO

                  1)

                  Las entradas relativas a las siguientes personas se suprimen de la lista que figura en el anexo de la Decisión 2011/235/PESC:

                              5.

                              HAMEDANI Hossein

                              71.

                              SHARIFI Malek Ajdar

                  2)

                  Las entradas relativas a las siguientes personas que figuran en la lista del anexo de la Decisión 2011/235/PESC se sustituyen por las siguientes:

                     Personas

                                 Nombre

                                 Datos de identificación

                                 Motivos

                                 Fecha de inclusión en la lista

                                 «1.

                                 AHMADI-MOQADDAM Esmail

                                 Lugar de nacimiento: Teherán (Irán) —
                                 Fecha de nacimiento: 1961

                                 Asesor principal de asuntos de seguridad del jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas. Antiguo jefe de la Policía Nacional de Irán hasta principios de 2015. Fuerzas bajo su mando efectuaron ataques brutales contra manifestaciones pacíficas, así como un violento ataque nocturno en las residencias de estudiantes de la Universidad de Teherán el 15 de junio de 2009.

                                 2.

                                 ALLAHKARAM Hossein

                                 Lugar de nacimiento: Najafabad (Irán) —
                                 Fecha de nacimiento: 1945

                                 Jefe de Ansar-e Hezbollah y coronel del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cofundador de Ansar-e Hezbollah. Bajo su mando, esta fuerza paramilitar fue responsable de una represión extremadamente violenta de estudiantes y universidades en 1999, 2002 y 2009.

                                 4.

                                 FAZLI Ali

                                 Comandante adjunto de las fuerzas Basij, antiguo jefe del Cuerpo Seyyed al-Shohada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, provincia de Teherán (hasta febrero de 2010). El Cuerpo Seyyed al-Shohada se encarga de la seguridad en la provincia de Teherán y desempeñó bajo su responsabilidad un papel decisivo en la brutal represión de manifestantes en 2009.

                                 8.

                                 MOTLAGH Bahram Hosseini

                                 Jefe del mando del ejército y de la Escuela de Estado Mayor (DAFOOS). Antiguo jefe del Cuerpo Seyyed al-Shohada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, provincia de Teherán. Bajo su responsabilidad el Cuerpo Seyyed al-Shohada desempeñó un papel decisivo en la organización de la represión de las manifestaciones.

                                 10.

                                 RADAN Ahmad-Reza

                                 Lugar de nacimiento: Isfahán (Irán) —
                                 Fecha de nacimiento: 1963

                                 Tiene a su cargo el Centro de Estudios Estratégicos de la fuerza policial iraní, organismo vinculado a la policía nacional. Director del centro de estudios estratégicos de la policía, antiguo jefe adjunto de la Policía Nacional de Irán hasta junio de 2014. Como tal, desde 2008, Radan ha sido responsable de la ejecución por las fuerzas policiales de las palizas, asesinatos, detenciones y arrestos arbitrarios de manifestantes.

                                 12.4.2011

                                 14.

                                 SHARIATI Seyeed Hassan

                                 Consejero y miembro de la 28.a sección del Tribunal Supremo. Antiguo jefe de la Judicatura de Mashhad hasta septiembre de 2014. Se han celebrado bajo su supervisión juicios sumarios en sesión cerrada, sin respetar los derechos fundamentales del acusado y sobre la base de confesiones conseguidas bajo presión y tortura. Al emitirse masivamente las órdenes de ejecución, las penas de muerte se dictaron sin observar los debidos procedimientos de audiencia.

                                 12.4.2011

                                 16.

                                 HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI)

                                 Responsable de seguridad adjunto del Tribunal Revolucionario de Teherán. Antiguo juez del Tribunal Revolucionario de Teherán, sala 26. Se encargaba de los casos de los detenidos relacionados con la crisis postelectoral y amenazaba regularmente a las familias de estos a fin de obtener su silencio. Ha cumplido un papel determinante en la emisión de órdenes de detención para el Centro de Detención de Kahrizak. En noviembre de 2014, las autoridades iraníes reconocieron oficialmente su papel en las muertes de detenidos.

                                 12.4.2011

                                 17.

                                 SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

                                 Jefe de la organización de propaganda islámica en la provincia de Khorasan-Razavi. Antiguo juez del Tribunal Revolucionario de Teherán. Se han celebrado en su jurisdicción juicios sumarios en sesiones a puerta cerrada, sin respetar los derechos fundamentales del acusado. Al emitirse masivamente las órdenes de ejecución, las penas de muerte se dictaron sin observar los debidos procedimientos de audiencia.

                                 23.

                                 PIR-ABASSI Abbas

                                 Antiguo juez del Tribunal Revolucionario de Teherán, sala 26. En la actualidad probablemente se encuentre en fase de traslado a otra función. Se encargó de los casos relacionados con el período postelectoral, dictó largas penas de prisión en juicios injustos contra activistas de los derechos humanos y varias penas de muerte contra manifestantes.

                                 12.4.2011

                                 24.

                                 MORTAZAVI Amir

                                 Jefe adjunto de la Unidad de Asuntos Sociales y prevención de la delincuencia en el sistema judicial en la provincia de Khorasan-Razavi. Antiguo fiscal adjunto en Mashhad. Ha actuado como fiscal en juicios sumarios en sesiones a puerta cerrada, sin respetar los derechos fundamentales del acusado. Al emitirse masivamente las órdenes de ejecución, las penas de muerte se dictaron sin observar los debidos procedimientos de audiencia.

                                 26.

                                 SHARIFI Malek Adjar

                                 Juez del Tribunal Supremo. Antiguo jefe de la Judicatura de Azerbaiyán Oriental. Fue responsable del juicio de Sakineh Mohammadi-Ashtiani.

                                 34.

                                 AKBARSHAHI Ali-Reza

                                 Director general del Cuartel General de Control de Drogas de Irán (conocido por Cuartel General Antinarcóticos). Antiguo jefe de la Policía de Teherán. Bajo sus órdenes, la policía fue responsable de utilizar métodos extrajudiciales con los sospechosos detenidos o en prisión preventiva. La Policía de Teherán estuvo implicada en las cargas contra las residencias de estudiantes de la Universidad de Teherán, en junio de 2009, ocasión en que, según la comisión del Parlamento iraní (Majlis), la policía y los Basij provocaron heridas a más de 100 estudiantes.

                                 10.10.2011

                                 40.

                                 HABIBI Mohammad Reza

                                 Antiguo fiscal adjunto en Isfahán. En la actualidad probablemente se encuentre en fase de traslado a otra función. Cómplice en procesos con denegación a los acusados de su derecho a un juicio justo, como p. e. a Abdollah Fathi, ejecutado en mayo de 2011, después de que Habibi ignorara su derecho a ser oído y a alegar razones de salud mental, durante su juicio celebrado en marzo de 2010. Cómplice, por consiguiente, de una grave violación de las garantías procesales, contribuyendo así a un uso excesivo y en incremento de la pena de muerte, que ha desembocado en un grave aumento de las ejecuciones desde principios de 2011.

                                 10.10.2011

                                 43.

                                 JAVANI Yadollah

                                 Lugar de nacimiento: Isfahán —
                                 Fecha de nacimiento: 1956

                                 Consejero del representante del Líder Supremo ante el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Habla con frecuencia en los medios de comunicación como representante del sector duro del régimen. Fue uno de los primeros oficiales de alto rango que pidió la detención de Moussavi, Karroubi y Khatami. Ha apoyado reiteradamente el uso de la violencia y de técnicas drásticas de interrogatorio contra manifestantes tras las elecciones (justificando confesiones grabadas en televisión), incluyendo ordenar el maltrato extrajudicial de disidentes mediante publicaciones transmitidas al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y al Basij.

                                 10.10.2011

                                 50.

                                 OMIDI Mehrdad

                                 Jefe de los Servicios de inteligencia de la policía iraní. Antiguo jefe de la Unidad de Delincuencia Informática de la policía iraní. Es responsable de miles de investigaciones y acusaciones contra reformistas y opositores políticos que utilizan internet. Responsable, por consiguiente, de graves violaciones de los derechos humanos en la represión de personas que han reivindicado sus derechos legítimos, incluida la libertad de expresión.

                                 10.10.2011

                                 59.

                                 BAKHTIARI Seyyed Morteza

                                 Lugar de nacimiento: Mashad (Irán) —
                                 Fecha de nacimiento: 1952

                                 Funcionario del Tribunal Religioso Especial. Antiguo ministro de Justicia de 2009 a 2013.
                                 Durante su mandato como ministro de Justicia las condiciones de los presos en Irán se situaron muy por debajo de las normas al respecto internacionalmente aceptadas y se produjeron malos tratos generalizados de los presos. Además, desempeñó un papel determinante en la amenaza y el hostigamiento a la diáspora iraní al anunciar la instauración de un tribunal especial específicamente encargado de los iraníes residentes en el extranjero. Asimismo supervisó el notable aumento de ejecuciones en Irán, inclusive ejecuciones secretas no anunciadas por el gobierno y ejecuciones por delitos relacionados con estupefacientes.

                                 10.10.2011

                                 61.

                                 MOSLEHI Heydar
                                 (alias: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

                                 Lugar de nacimiento: Isfahán (Irán) —
                                 Fecha de nacimiento: 1956

                                 Asesor de Jurisprudencia Suprema en el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Jefe de la organización de publicaciones sobre el cometido de los clérigos en la guerra. Antiguo ministro de los Servicios de Inteligencia (2009-2013).
                                 Bajo su dirección, el Ministerio de los Servicios de Inteligencia mantuvo las prácticas de persecuciones y detenciones arbitrarias a gran escala de manifestantes y disidentes. Dicho Ministerio sigue dirigiendo el Pabellón n.o 209 de la Prisión de Evin, donde se mantiene presos a muchos activistas en razón de actividades pacíficas de oposición al Gobierno en el poder. Interrogadores del Ministerio de los Servicios de Inteligencia han sometido a presos del Pabellón n.o 209 a golpes y maltrato emocional y sexual.

                                 10.10.2011

                                 62.

                                 ZARGHAMI Ezzatollah

                                 Lugar de nacimiento: Dezful (Irán) —
                                 Fecha de nacimiento: 22 de julio de 1959

                                 Miembro del Consejo Supremo del Ciberespacio y del Consejo de la Revolución Cultural. Jefe de la Sociedad de Radiodifusión de la República Islámica de Irán (siglas en inglés: IRIB) hasta noviembre de 2014. Durante el desempeño de su cargo fue responsable de todas las decisiones relativas a la programación. La IRIB ha emitido confesiones forzadas de detenidos y una serie de «juicios espectáculo» en agosto de 2009 y diciembre de 2011. Estos constituyen una violación manifiesta de las disposiciones internacionales sobre garantías procesales.

                                 23.3.2012

                                 63.

                                 TAGHIPOUR Reza

                                 Lugar de nacimiento: Maragheh (Irán) —
                                 Fecha de nacimiento: 1957

                                 Miembro del Consejo Supremo del Ciberespacio. Miembro del Ayuntamiento de Teherán. Antiguo ministro de Información y Comunicaciones (2009-2012).
                                 Como ministro de Información, era uno de los máximos funcionarios encargados de la censura y el control de las actividades en internet y también de todo tipo de comunicaciones (en particular la telefonía móvil). Durante los interrogatorios de los presos políticos, los interrogadores se valen de los datos personales, correos electrónicos y comunicaciones de aquellos. En varias ocasiones desde las últimas elecciones a la Presidencia y durante las manifestaciones callejeras, las líneas móviles y los mensajes de texto fueron cortados, los canales de televisión vía satélite fueron interferidos, internet fue suspendida localmente o por lo menos retrasada.

                                 23.3.2012

                                 64.

                                 KAZEMI Toraj

                                 Jefe del Centro de Investigación de la Delincuencia Organizada designado por la UE (conocido por Centro del ciberdelito o policía cibernética). En esta función anunció una campaña de reclutamiento de piratas informáticos al servicio del Gobierno para controlar mejor la Información en internet y atacar a los sitios “peligrosos”.

                                 23.3.2012

                                 69.

                                 MORTAZAVI Seyyed Solat

                                 Lugar de nacimiento: Farsan, Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Sur) (Irán) —
                                 Fecha de nacimiento: 1967

                                 Alcalde de la segunda ciudad más grande de Irán, Mashad, en la que se realizan periódicamente ejecuciones públicas. Ministro adjunto de Interior, encargado de asuntos políticos. Responsable de dirigir la represión de personas que se han expresado en defensa de sus derechos legítimos, incluida la libertad de expresión. Nombrado posteriormente jefe del comité electoral iraní en las elecciones legislativas de 2012 y en las elecciones presidenciales en 2013.

                                 23.3.2012

                                 73.

                                 FAHRADI Ali

                                 Fiscal de Karaj. Responsable de graves violaciones de los derechos humanos, actuó en particular como fiscal en procesos que desembocaron en penas de muerte. Durante su mandato de fiscal se llevó a cabo en la región de Karaj un elevado número de ejecuciones de las que es responsable.

                                 23.3.2012»


title: Decisión de la Comisión, de 16 de diciembre de 2009 , que modifica la Decisión 2002/622/CE por la que se crea un Grupo de política del espectro radioeléctrico (Texto pertinente a efectos del EEE)

text:
               18.12.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 336/50

      DECISIÓN DE LA COMISIÓN

   de 16 de diciembre de 2009
   que modifica la Decisión 2002/622/CE por la que se crea un Grupo de política del espectro radioeléctrico
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2009/978/UE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Vistos el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Decisión no 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (1), estableció el marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Unión Europea a fin de asegurar la coordinación de los planteamientos políticos y, en su caso, las condiciones armonizadas que permitieran la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico necesarios para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior en ámbitos de la política de la Unión tales como las comunicaciones electrónicas, los transportes, y la investigación y el desarrollo. Dicha Decisión recuerda que la Comisión podrá organizar consultas para tener en cuenta las opiniones de los Estados miembros, de las instituciones de la Unión Europea, de la industria y de todos los usuarios del espectro radioeléctrico afectados, tanto comerciales como no comerciales, así como de otras partes interesadas, sobre los avances tecnológicos o sobre cualquier cambio en el mercado o en la reglamentación que pueda afectar al uso del espectro radioeléctrico. En virtud de estas disposiciones, la Comisión adoptó, el 26 de julio de 2002, la Decisión 2002/622/CE (2), por la que se creaba un Grupo de política del espectro radioeléctrico (en lo sucesivo denominado «el Grupo»).

               (2)

               Con ocasión de la revisión de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (3), pareció necesario modificar la Decisión 2002/622/CE a fin de adaptar las tareas del Grupo a este nuevo marco regulador.

               (3)

               Por consiguiente, procede modificar en consecuencia la Decisión 2002/622/CE.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La Decisión 2002/622/CE queda modificada como sigue:

               1)

               El artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 2
               Tareas
               El Grupo ayudará y asesorará a la Comisión sobre asuntos de política del espectro radioeléctrico, sobre la coordinación de planteamientos políticos, sobre la preparación de los programas plurianuales de política del espectro radioeléctrico y, en su caso, sobre unas condiciones armonizadas en relación con la disponibilidad y el uso eficiente del espectro radioeléctrico necesario para el establecimiento y funcionamiento del mercado interior.
               Además, el Grupo asistirá a la Comisión para proponer objetivos políticos comunes al Parlamento Europeo y al Consejo, cuando resulte necesario para garantizar la coordinación eficaz de los intereses de la Unión Europea en las organizaciones internacionales competentes en materia de espectro radioeléctrico.».

               2)

               En el artículo 4, se inserta el párrafo segundo siguiente:
               «Cuando el Parlamento Europeo y/o el Consejo hayan solicitado a la Comisión Europea un dictamen o un informe del Grupo sobre asuntos de política del espectro radioeléctrico relacionados con las comunicaciones electrónicas, el Grupo adoptará el dictamen o el informe de acuerdo con las mismas normas contenidas en el párrafo precedente. Estos dictámenes e informes serán transmitidos por la Comisión a la institución solicitante. Cuando proceda, podrán revestir la forma de una presentación oral al Parlamento Europeo y/o al Consejo por el presidente del Grupo o por un miembro designado por el Grupo.».

         Artículo 2
   Entrada en vigor
   La presente Decisión entrará en vigor el vigésimo día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 16 de diciembre de 2009.

            Por la Comisión

            El Presidente

         José Manuel BARROSO

      (1)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 1.

      (2)  DO L 198 de 27.7.2002, p. 49.

      (3)  DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.


Aviso jurídico importante

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E1999C0149

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC nº 149/99/COL, de 30 de junio de 1999, por la que se introducen directrices sobre la aplicación de las Normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas y por la que se modifican por decimonovena vez las Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales

Diario Oficial n° L 137 de 08/06/2000 p. 0020 - 0027

Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELCN° 149/99/COLde 30 de junio de 1999por la que se introducen directrices sobre la aplicación de las Normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas y por la que se modifican por decimonovena vez las Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatalesEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico europeo(1) y, en particular, en sus artículos 61 a 63,Visto el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre el establecimiento de una Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia(2) y, en particular, el artículo 1 de su Protocolo 3,Considerando que, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC dará efecto a las disposiciones referentes a las ayudas estatales;Considerando que, de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 5, del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC publicará avisos y directrices sobre asuntos tratados en el Acuerdo EEE, si dicho Acuerdo o el Acuerdo de vigilancia y jurisdicción expresamente así lo establecen, o si el Órgano de Vigilancia de la AELC lo considera necesario;Recordando las Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales(3), adoptadas el 19 de enero de 1994 por el Órgano de Vigilancia de la AELC(4);Considerando que la Comisión Europea aprobó el 11 de noviembre de 1998 una comunicación relativa a la aplicación de las Normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (DO C 384 de 10.12.1998);Considerando que debe garantizarse una aplicación uniforme de las normas sobre ayudas estatales del EEE en todo el Espacio Económico Europeo;Considerando que, según el punto II del título "General" al final del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC, deberá adoptar, previa consulta con la Comisión Europea, los actos correspondientes para mantener idénticas condiciones de competencia;Habiendo consultado a la Comisión Europea;Considerando que es necesario proporcionar orientaciones a las autoridades nacionales, indicando los principios y las normas por los que se regirá el Órgano de Vigilancia de la AELC al aplicar las Normas sobre ayudas estatales del EEE a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas;Considerando que el Órgano de Vigilancia de la AELC ha consultado a los Estados de la AELC sobre la introducción de las nuevas directrices en reuniones multilaterales sobre ayudas estatales celebradas el 26 de octubre de 1998 y el 23 de febrero de 1999, así como por escrito,DECIDE:1. Las Directrices sobre ayudas estatales se modificarán con la introducción de un nuevo capítulo 17B, relativo a la aplicación de las Normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas, según figura en el anexo I de esta decisión.2. La Decisión, incluido el anexo I, se publicará en la sección del EEE y en el suplemento del EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.3. Se informará a los Estados de la AELC mediante una copia de la Decisión, con inclusión del anexo I.4. Se informará a la Comisión Europea, de conformidad con la letra d) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE, mediante una copia de la Decisión, con inclusión del anexo I.5. El texto de la presente Decisión en la lengua inglesa es el único auténtico.Hecho en Bruselas, el 30 de junio de 1999.Por el Órgano de Vigilancia de la AELCEl PresidenteKnut Almestad(1) En lo sucesivo denominado "el Acuerdo EEE".(2) En lo sucesivo denominado "el Acuerdo de vigilancia y jurisdicción".(3) En lo sucesivo denominadas "las Directrices sobre ayudas estatales".(4) Normas inicialmente publicadas en el DO L 240 de 15.9.1994 y en el correspondiente suplemento EEE n° 34 de la misma fecha, cuya última modificación (la decimoctava) fue adoptada mediante la Decisión n° 113/99/COL de 4 de junio de 1999 (véase la página 00 del presente Diario Oficial).ANEXO I"17B. APLICACIÓN DE LAS NORMAS SOBRE AYUDAS ESTATALES A LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LA FISCALIDAD DIRECTA DE LAS EMPRESAS(1)17B.1. Introducción(1) Las directrices de este capítulo forman parte del objetivo general de clarificar y de reforzar la aplicación de las Normas sobre ayudas estatales con el fin de reducir distorsiones de la competencia en el Espacio Económico Europeo. El principio de incompatibilidad con el funcionamiento del Acuerdo EEE y las excepciones a este principio se aplican a las ayudas 'bajo cualquier forma', que pueden incluir determinadas medidas fiscales. Sin embargo, en el caso de las medidas fiscales, la calificación de ayuda en virtud del apartado 1 del artículo 61, del Acuerdo EEE requiere ciertas aclaraciones que se incluirán en las presentes directrices. Estas aclaraciones son especialmente importantes si se tienen en cuenta los requisitos de procedimiento que resultan de la calificación de ayuda y de las consecuencias del incumplimiento de estos requisitos por los Estados de la AELC.(2) A raíz de la realización del mercado único y su amplificación al EEE, incluida la liberalización de la circulación de capitales, también se ha considerado necesario examinar los efectos específicos de las ayudas concedidas en forma fiscal, así como precisar sus consecuencias en cuanto a la evaluación de su compatibilidad con el Acuerdo EEE.(3) El Tribunal de la AELC ha declarado(2) que, por regla general, los sistemas fiscales de los Estados de la AELC/EEE no están cubiertos por el Acuerdo EEE. Esto significa que corresponde a cada Estado diseñar y aplicar un sistema fiscal acorde a su política. El Tribunal de la AELC ha declarado además que en ciertos casos, sin embargo, tal sistema fiscal puede tener como consecuencia su inclusión en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE. Estas directrices tienen como objeto clarificar en qué casos se darán tales consecuencias.(4) Además del objetivo de transparencia y de previsibilidad de las decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC, las presentes directrices tienen también por objeto garantizar la coherencia y la igualdad de trato entre los Estados del EEE. Con referencia a las normas de procedimiento para las ayudas nuevas y existentes, el Órgano de Vigilancia se propone aplicar estas nuevas directrices teniendo en cuenta cada caso particular, con el fin de examinar la compatibilidad de las nuevas disposiciones fiscales de los Estados de la AELC con las normas sobre ayudas estatales del Acuerdo EEE, así como de confiar en ellos para el estudio de la ayuda estatal existente.17B.2. Competencias en virtud del Acuerdo EEE(1) Corresponde al Órgano de Vigilancia de la AELC revisar la compatibilidad de la ayuda concedida por los Estados de la AELC/EEE con las Normas sobre ayudas estatales de dicho Acuerdo. Las disposiciones primarias sobre ayudas estatales del EEE son idénticas en general a las del Tratado CE(3). Según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, la naturaleza fiscal de una medida no la libera de la aplicación del artículo 87 del Tratado CE (antiguo artículo 92). El concepto de ayuda estatal derivado del Acuerdo EEE debe interpretarse de la misma manera en todo el EEE; también cuando la ayuda toma la forma de medidas fiscales.(2) Por otra parte, las distorsiones de la competencia derivadas de nuevas ayudas estatales de este tipo deben ajustarse a un sistema de autorización previa por parte de la autoridad de vigilancia competente, según lo establecido en el artículo 62 del Acuerdo EEE, con sujeción a la revisión por parte de la jurisdicción competente. De conformidad con el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, los Estados de la AELC deberán notificar las nuevas medidas de ayudas estatales al Órgano de Vigilancia de la AELC. Los Estados de la AELC no pueden ejecutar sus proyectos de ayuda sin su autorización. El Órgano de Vigilancia examina la compatibilidad de las ayudas, no en función de su forma, sino de sus efectos. En caso de que estime que las ayudas son incompatibles con el Acuerdo EEE, podrá exigir al Estado en cuestión su modificación o supresión. En los casos en que la ayuda se haya ejecutado ya, infringiendo las normas procesales, y cuando el Órgano de Vigilancia estime que tal ayuda no es compatible con el Acuerdo EEE, el Estado de la AELC en cuestión deberá en principio recuperarla del beneficiario o beneficiarios.17B.3. Aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE a las medidas fiscales(1) Según el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE '[...] serán incompatibles con el funcionamiento del presente Acuerdo, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre las Partes contratantes, las ayudas otorgadas. Por los Estados miembros de las Comunidades Europeas, por los Estados miembros de la AELC o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la competencia favoreciendo a determinadas empresas o producciones'. Al aplicar las Normas del EEE en materia de ayudas estatales, el carácter fiscal de una medida es irrelevante, ya que el artículo 61 se aplica a las medidas de ayuda 'bajo cualquier forma'. Para ser calificada de ayuda a los efectos del artículo 61, una medida debe satisfacer acumulativamente los criterios que se especifican a continuación.(2) En primer lugar, la medida debe ofrecer a sus beneficiarios una ventaja que aligere las cargas que, por regla general, gravan sus presupuestos. Tal ventaja puede obtenerse al reducir la carga fiscal de la empresa de diferentes maneras y, en particular, mediante:- la reducción de la base imponible (deducciones especiales, amortización extraordinaria o acelerada, inscripción de reservas en el balance, etc.),- la reducción total o parcial de la cuantía del impuesto (exención, crédito fiscal, etc.),- el aplazamiento, la anulación o incluso el reescalonamiento excepcional de la deuda fiscal.(3) En segundo lugar, la ventaja debe ser concedida por el Estado o mediante fondos estatales. Una disminución de los ingresos fiscales equivale al consumo de fondos estatales en forma de gastos fiscales. Este criterio se aplica también a las ayudas concedidas por entidades regionales o locales de los Estados de la AELC(4). Por otra parte, el Estado puede intervenir mediante disposiciones fiscales de naturaleza legislativa, reglamentaria o administrativa y también mediante prácticas de la administración fiscal.(4) En tercer lugar, dicha medida debe afectar a la competencia y los intercambios entre los Estados miembros. Esta condición parte de la base de que el beneficiario de la medida ejerce una actividad económica, independientemente de su estatuto jurídico o de su medio de financiación. Según jurisprudencia reiterada y a efectos de esta disposición, la condición de que la ayuda repercuta en los intercambios comerciales se cumplirá, a partir del momento en que la empresa beneficiaria ejerza una actividad económica que sea objeto de intercambios entre las Partes contratantes. El mero hecho de que la ayuda consolide la posición de esta empresa frente a otras empresas competidoras en los intercambios dentro del EEE permite considerar que existe una repercusión sobre estos últimos. En esta constatación no influirá el hecho de que la ayuda sea relativamente escasa(5), el beneficiario tenga una talla modesta, posea una cuota muy reducida del mercado del EEE(6), no tenga una participación activa en las exportaciones(7) o incluso de que la empresa exporte casi toda su producción fuera del EEE(8).(5) Por último, la medida debe ser específica o selectiva en el sentido de favorecer a 'determinadas empresas o producciones'. Este carácter de ventaja selectiva puede ser resultado de una excepción a las disposiciones fiscales de naturaleza legislativa, reglamentaria o administrativa, como también de una práctica discrecional por parte de la administración fiscal. No obstante, el carácter selectivo de una medida puede estar justificado 'por la naturaleza o la organización general del sistema'(9). Si así fuese, la medida escaparía a la calificación de ayuda establecida en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo. Estos aspectos diversos se desarrollan en los puntos que figuran a continuación.17B.3.1. Distinción entre ayudas estatales y medidas generales(1) En principio, las medidas fiscales abiertas a todos los agentes económicos que actúan en el territorio de un Estado de la AELC constituyen medidas generales. Deben estar realmente abiertas a cualquier empresa sobre la base de la igualdad de acceso y su alcance no puede ser reducido de facto, por ejemplo, a causa de la discrecionalidad del Estado en su concesión o debido a otros factores que puedan restringir su efecto práctico. Esta condición no limita, sin embargo, la capacidad de los Estados miembros para escoger aquella política económica que juzguen más apropiada y especialmente para repartir como estimen oportuno la carga fiscal impuesta sobre los diferentes factores de producción. Siempre que se apliquen de la misma manera a todas las empresas y a todas las producciones, no constituyen ayudas estatales:- las medidas de pura técnica fiscal (por ejemplo, fijación de los tipos impositivos, normas de depreciación y normas en materia de aplazamiento de pérdidas, y disposiciones tendentes a impedir la doble imposición o la evasión fiscal),- las medidas destinadas a lograr un objetivo de política económica general mediante la reducción de la carga fiscal vinculada a determinados costes de producción (por ejemplo, investigación y desarrollo, medio ambiente, formación y empleo).(2) El hecho de que determinadas empresas o sectores se beneficien más que otros de algunas de estas medidas fiscales no significa necesariamente que dichas medidas entren en el ámbito de aplicación de las Normas de competencia en materia de ayudas estatales. De esta manera, las medidas destinadas a reducir la fiscalidad del trabajo en cualquier empresa tienen un efecto relativamente más importante en las industrias que necesitan una gran cantidad de mano de obra que en aquéllas que necesitan mucho capital, sin constituir necesariamente por ello ayudas estatales. Además, los incentivos fiscales destinados a las inversiones medioambientales, en investigación y desarrollo o formación sólo favorecen a las empresas que llevan a cabo tales inversiones, sin por ello constituir necesariamente ayudas estatales.(3) Según una sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en 1974(10), constituye ayuda estatal toda medida destinada a eximir, parcial o totalmente, de las cargas resultantes de aplicar normalmente el sistema general a las empresas de un sector determinado 'sin que esta exención pueda quedar justificada por la naturaleza o la organización general del sistema'. Además, la sentencia precisa que 'el artículo 92 (ahora, tras la modificación, artículo 87; con texto añadido) no hace distinción alguna según las causas o los objetivos de las intervenciones, sino que las define en función de sus efectos'. Por otra parte, también indica que el hecho de que dicha medida aproxime las cargas de dicho sector a las de sus competidores en otros Estados miembros no le exime del carácter de ayuda. Tales divergencias entre los sistemas fiscales no pueden corregirse con medidas unilaterales dirigidas a las empresas más afectadas por las disparidades entre los sistemas fiscales.(4) El principal criterio para aplicar el apartado 1 del artículo 61, del Acuerdo EEE a una medida fiscal es que esta medida establezca una excepción a la aplicación del sistema fiscal a favor de determinadas empresas de un Estado de la AELC. Por lo tanto, conviene determinar, en primer lugar, el régimen común aplicable. A continuación, debe examinarse si la excepción a este régimen o las diferencias en el mismo están justificadas 'por la naturaleza o el sistema general' del sistema fiscal, es decir, si derivan directamente de los principios fundadores o orientadores del sistema fiscal del Estado en cuestión. De no ser así, constituirían ayuda estatal.17B.3.2. El criterio de selectividad o de especificidad(1) La práctica decisoria de la Comisión y del Órgano de Vigilancia de la AELC hasta el momento pone de manifiesto que sólo las medidas cuyo alcance se extiende a todo el territorio del Estado son a las que no se puede aplicar el criterio de especificidad establecido en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE. Las medidas de alcance territorial regional o local pueden favorecer sin duda a determinadas empresas, siempre que se cumplan los principios contemplados en el anterior punto 17B.3.1.4(11). El Acuerdo EEE califica a su vez de ayuda aquellas medidas destinadas a favorecer el desarrollo económico de una región. Para este tipo de ayudas, prevé, en virtud de las letras a) y c) del apartado 1 del artículo 61, la posibilidad de conceder excepciones al principio general de incompatibilidad enunciado en el apartado 1 de dicho artículo.(2) El Acuerdo EEE establece claramente que una medida sectorialmente específica corresponde al ámbito del apartado 1 del artículo 61. El apartado 1 del artículo 61 expresamente incluye la frase 'favoreciendo a determinadas [...] producciones' entre los criterios para la determinación de la existencia de ayuda sujeta a la supervisión del Órgano de Vigilancia. Con arreglo a una práctica y a una jurisprudencia perfectamente asentadas, se consideran constitutivas de ayuda las medidas fiscales que tengan principalmente por efecto favorecer a uno o varios sectores de actividad. Lo mismo puede decirse de las medidas que favorezcan exclusivamente a los productos nacionales exportados(12). Por otra parte, la Comisión de las Comunidades Europeas y el Órgano de Vigilancia de la AELC consideran ayuda cualquier medida dirigida al conjunto de sectores sometidos a la competencia internacional(13). Por consiguiente, las excepciones respecto del tipo básico del impuesto de sociedades a favor de todo un sector económico constituyen, salvo en determinados casos(14), ayuda estatal, como ha decidido la Comisión(15) con relación a una medida relativa al conjunto del sector manufacturero(16).(3) En varios Estados miembros se aplican normas fiscales diferentes según el régimen jurídico de las empresas. Determinadas empresas públicas se acogen, por ejemplo, a exenciones de impuestos locales o impuestos de sociedades. Estas normas, que favorecen a aquellas empresas que poseen el régimen jurídico de empresa pública y ejercen una actividad económica, pueden constituir ayuda estatal en virtud de lo dispuesto en el artículo 61 del Acuerdo EEE.(4) Algunas ventajas fiscales se circunscriben en ocasiones a determinadas formas de empresa, determinadas funciones (servicios intragrupo, intermediación o coordinación) o la producción de determinados bienes. Al favorecer a determinadas empresas o producciones, pueden ser constitutivas de ayudas estatales, en aplicación del apartado 1 del artículo 61.17B.3.3. Prácticas administrativas discrecionales(1) Las prácticas administrativas discrecionales de algunas administraciones fiscales también pueden dar lugar a la aplicación de medidas que se encuadren en el ámbito de aplicación del artículo 61. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas reconoce que el tratamiento de los agentes económicos de forma discrecional puede conferir a la aplicación individual de una medida general la calidad de medida selectiva, especialmente en el caso de que la facultad discrecional vaya más allá de la simple gestión de los ingresos fiscales aplicando criterios objetivos(17).(2) Si bien, en la práctica cotidiana, se han de interpretar las normas fiscales, éstas no pueden permitir un tratamiento discrecional de las empresas. En principio, toda decisión administrativa que se aparte de las normas fiscales aplicables para favorecer a determinadas empresas da pie a la presunción de ayuda estatal y ha de ser analizada en profundidad. Las decisiones administrativas, en su calidad de procedimientos destinados a ofrecer una mera interpretación de las normas generales, no dan lugar, en principio, a la presunción de ayuda. No obstante, la opacidad de las decisiones de las administraciones y el margen de maniobra del que pueden disponer hacen presumir que ése es al menos su efecto en algunos casos. Ello no impide que los Estados de la AELC puedan ofrecer a sus contribuyentes seguridad jurídica y previsibilidad en la aplicación de las normas fiscales generales.17B.3.4. Justificación de la aplicación de una excepción por 'la naturaleza o la organización general del sistema'(1) El carácter diferencial de determinadas medidas no implica necesariamente que sean ayudas estatales. Tal es el caso de las medidas cuya racionalidad económica las hace necesarias o funcionales con respecto a la eficacia del sistema fiscal(18). No obstante, corresponde al Estado de la AELC ofrecer tal justificación.(2) La progresividad de un baremo impositivo sobre los ingresos o los beneficios se justifica por la lógica redistributiva del impuesto. La diferenciación de los métodos de cálculo de la amortización de los bienes y de la valoración de existencias puede ser inherente a los sistemas fiscales a que pertenecen. Por último, algunas condiciones pueden estar justificadas por diferencias objetivas entre los contribuyentes. No obstante, si la administración fiscal puede establecer de forma discrecional plazos de amortización o métodos de valoración diferentes, por empresas y sectores, en ese caso se puede presumir la existencia de ayuda. Esta presunción también existe si la administración fiscal trata las deudas fiscales individualmente, persiguiendo un objetivo distinto del de la optimización de la recaudación de las deudas contraídas por la empresa de que se trate.(3) Es evidente que el impuesto sobre los beneficios sólo puede percibirse si se obtiene algún beneficio. De esta manera, por la naturaleza del sistema fiscal, se puede justificar el hecho de que las empresas sin ánimo de lucro, como es el caso de las fundaciones o las asociaciones, estén nominalmente exentas de imposición, si no pueden producir beneficios. Además, por la naturaleza del sistema fiscal también se puede justificar el hecho de que en el caso de ciertas cooperativas que distribuyen a sus miembros todos sus beneficios, éstos no estén gravados como tales, si se exige el pago del impuesto a sus miembros.(4) Se ha de distinguir, por una parte, entre los objetivos asignados a un determinado régimen fiscal (en particular, los objetivos sociales o regionales) y, por otra, los objetivos inherentes al propio sistema fiscal. En general, la razón de ser de los sistemas fiscales es obtener ingresos para financiar los gastos del Estado. Las empresas deben pagar el impuesto una sola vez. El hecho de tener en cuenta los impuestos pagados al Estado en el que la empresa tenga su residencia fiscal es, por lo tanto, inherente a la lógica del sistema fiscal. En cambio, resultan difíciles de justificar algunas excepciones a las normas fiscales argumentando la lógica de un sistema fiscal. Tal sería el caso, por ejemplo, de que las empresas no residentes (off-shore) recibieran un trato más favorable que las empresas residentes o que se concedieran ventajas fiscales a las sedes centrales o a las empresas que ofrecieran determinados servicios (por ejemplo, financieros) dentro de un grupo(19).(5) Es posible que determinadas disposiciones específicas que no contengan elemento discrecional alguno que permita, por ejemplo, fijar el impuesto de forma global se justifiquen por la naturaleza y la organización general del sistema, especialmente en caso de que tengan en cuenta determinados requisitos contables y la importancia del factor inmobiliario en los activos que son propios de determinados sectores; estas disposiciones no constituyen por tanto ayuda estatal. Por último, la lógica que subyace en determinadas disposiciones específicas en materia de fiscalidad de la pequeña y mediana empresa, es comparable a la que justifica la progresividad de un baremo impositivo.17B.4. Compatibilidad de las ayudas estatales que adoptan forma fiscal con el funcionamiento del Acuerdo EEE(1) Si una medida fiscal constituye ayuda con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 61, puede no obstante acogerse, al igual que las ayudas concedidas bajo otros conceptos, a una de las excepciones al principio de incompatibilidad con el funcionamiento del Acuerdo previstas en los apartados 2 y 3 de dicho artículo. Además, si el Estado ha asignado al beneficiario, ya sea una empresa privada o pública, la gestión de servicios de interés económico general, la ayuda también puede acogerse a lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo(20).(2) Sin embargo, el Órgano no puede autorizar las ayudas contrarias a las normas del Acuerdo, en particular, las relativas a la prohibición de las discriminaciones fiscales y al derecho de establecimiento(21). Estos aspectos de la ayuda pueden ser objeto, de forma paralela, de un procedimiento distinto en virtud del artículo 31 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción. Según la jurisprudencia, aquellos aspectos de una ayuda ligados indisolublemente al objeto de la misma y que infrinjan disposiciones específicas del Acuerdo distintas de las disposiciones sobre ayudas estatales deben examinarse a la luz del procedimiento del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, en el marco de un examen de conjunto de la compatibilidad o incompatibilidad de la ayuda.(3) Cuando se concede una ventaja fiscal para fomentar que las empresas emprendan determinados proyectos (en particular, de inversión) y la importancia de la misma está limitada por los costes de realización de dichos proyectos, la ventaja no difiere de una subvención y como tal hay que considerarla. Sin embargo, estos regímenes deben establecer unas normas que sean suficientemente transparentes para que sea posible cuantificar la ventaja percibida.(4) Sin embargo, la mayoría de las disposiciones de bonificación fiscal tienen un carácter general: no están relacionadas con la realización de proyectos específicos y reducen los gastos corrientes de la empresa sin que sea posible evaluar el volumen exacto en el marco del examen previo efectuado por el Órgano de Vigilancia. Tales medidas constituyen 'ayudas de funcionamiento'. Las ayudas de funcionamiento están prohibidas en principio. En la actualidad, el Órgano de Vigilancia sólo las autoriza de forma excepcional y en determinadas condiciones, como, por ejemplo, en la construcción naval y para determinadas ayudas destinadas a la protección del medio ambiente(22), así como en regiones acogidas a la excepción de la letra a) del apartado 3 del artículo 61, siempre que estén debidamente justificadas y que su nivel sea proporcional a las deficiencias que intentan paliar(23). En principio, (salvo las dos categorías de ayudas que se mencionan a continuación) deben ser decrecientes y limitadas en el tiempo. Actualmente, también pueden autorizarse ayudas de funcionamiento en forma de ayuda al transporte en determinadas zonas nórdicas con muy escasa población y grandes dificultades de acceso. Las ayudas de funcionamiento sólo pueden autorizarse si constituyen ayudas a la exportación entre los Estados miembros. Por lo que respecta a las ayudas estatales destinadas al transporte marítimo, son de aplicación las normas específicas para este sector(24).(5) Para que el Órgano de Vigilancia las pueda considerar compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE, las ayudas estatales que se utilicen para impulsar el desarrollo económico de determinadas regiones han de ser proporcionadas y adecuadas a los objetivos buscados. La concesión de excepciones en función de criterios regionales exige que el Órgano de Vigilancia se asegure, en particular, de que dichas medidas:- contribuyen al desarrollo regional y corresponden a actividades que tengan un impacto local. En el caso de que la implantación de actividades off-shore no tenga grandes externalidades en la economía local, no contribuirá, por lo general, satisfactoriamente a su desarrollo,- corresponden a desventajas regionales reales. Cabe preguntarse por la existencia de desventajas regionales reales para aquellas actividades en las que apenas se tengan en cuenta los costes suplementarios, como por ejemplo, los de transporte para las actividades relacionadas con las finanzas, que favorecen la evasión fiscal,- se examinan en el contexto del EEE(25). El Órgano de Vigilancia, a este respecto, deberá tener en cuenta los efectos negativos que puedan tener dichas medidas en el comercio entre las Partes contratantes.17B.5. Procedimientos(1) En aplicación del apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, los Estados de la AELC están obligados a notificar al Órgano de Vigilancia todos los 'proyectos destinados a conceder o modificar ayudas' y no están autorizados a ejecutarlos sin su autorización previa. Este procedimiento concierne a todo tipo de ayuda, incluidas las ayudas fiscales.(2) Si el Órgano de Vigilancia comprueba que una ayuda estatal que se ha llevado a cabo sin cumplir este precepto no puede acogerse a ninguna de las excepciones previstas por el Acuerdo y, por lo tanto, es incompatible con el funcionamiento del mismo, debe exigir que dicho Estado miembro la recupere, salvo en el caso de que esta exigencia sea contraria a algún principio fundamental del Derecho del EEE; en particular, las expectativas legítimas a que puede dar lugar la actuación del Órgano de Vigilancia. En caso de que se trate de una ayuda estatal que adopte la forma de ayuda fiscal, la cuantía que se ha de recuperar se calcula comparando el impuesto efectivamente pagado y el que se debería haber pagado si se hubiese aplicado la norma correspondiente. A esta cuantía de base habrá que sumar los intereses que se adeuden. El tipo de interés que deberá aplicarse es el tipo de interés de referencia determinado sobre la base de las disposiciones del punto 33.2 de las presentes Directrices.(3) En virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, el Órgano de Vigilancia 'examinará permanentemente junto con los Estados de la AELC los regímenes de ayuda existentes en dichos Estados'. Este examen se realiza también para las ayudas estatales que adopten la forma de ayuda fiscal. Para poder llevarlo a cabo, se pide a los Estados de la AELC que faciliten anualmente al Órgano de Vigilancia informes sobre sus regímenes de ayudas estatales vigentes. En caso de reducciones fiscales o de exenciones impositivas parciales o totales, los informes deben ofrecer una estimación de las pérdidas de ingresos presupuestarios. A raíz del examen, si el Órgano de Vigilancia estima que el régimen no es o ha dejado de ser compatible con el Acuerdo, puede proponer al Estado de la AELC que lo modifique o suprima.17B.6. Aplicación(1) Tomando como base las orientaciones definidas en el presente capítulo y una vez que se publique, el Órgano de Vigilancia procederá a examinar los proyectos de ayudas fiscales que le sean notificados, así como las ayudas fiscales que se hayan aplicado ilegalmente en los Estados de la AELC. También revisará los regímenes vigentes. Estas Directrices tienen un carácter indicativo y no exhaustivo. El Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta las circunstancias específicas de cada caso.(2) El Órgano revisará la aplicación de las Directrices de este capítulo dos años después de su publicación.".(1) Este capítulo está basado en la Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las Normas sobre ayudas estatales a las medidas relacionadas con la fiscalidad directa de las empresas (DO C 384 de 10.12.1998, p. 3), teniendo en cuenta el especial alcance y objetivos del Acuerdo EEE.(2) Tribunal de la AELC, sentencia de 20 de mayo de 1999 en el asunto E-6/98 (aún no comunicada).(3) Así pues, el artículo 61 del Acuerdo EEE y el artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción son esencialmente idénticos a los artículos 87 y 88 (antiguos artículos 92 y 93), respectivamente, del Tratado CE. La única excepción es que la exención contenida en la letra d) del apartado 3 del artículo 87 [antigua letra d) del apartado 3 del artículo 92] del Tratado CE, relativa a las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, introducida por el Tratado de la Unión Europea (Tratado de Maastricht) no se incluye en el Acuerdo EEE. No obstante, esto carece de relevancia en el presente contexto.(4) Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el asunto 248/84: Alemania contra Comisión (Recopilación 1987, p. I-4013).(5) Con la excepción, no obstante, de que la ayuda cumpla la regla de minimis. Véase el capítulo 12 de las presentes Directrices sobre ayudas estatales.(6) Asuntos acumulados C-278/92, C-279/92 y C-280/92: España contra Comisión (Recopilación 1994, p. I-4103).(7) Asunto 102/87: Francia contra Comisión (Recopilación 1988, p. I-4067).(8) Asunto C-142/87: Bélgica contra Comisión (Recopilación 1990, p. I-959).(9) Asunto 173/73: Italia contra Comisión (Recopilación 1974, p. I-709).(10) Mientras que los artículos 94, 96 y 97 (antiguos artículos 100 a 102) del Tratado CE facultan a las instituciones comunitarias a tomar acciones respecto a las divergencias entre los sistemas fiscales de los Estados miembros, el Acuerdo EEE no tiene disposiciones de este tipo.(11) En el caso de las contribuciones empresariales a la seguridad social en Noruega, el Órgano de Vigilancia estableció que la diferenciación regional de los tipos de dichas contribuciones constituía ayuda estatal, puesto que favorecía a empresas situadas en determinadas regiones (Decisión n° 165/98/COL de 2 de julio de 1998, DO L 32 de 3.12.1998). Noruega impugnó esta opinión y recurrió la decisión ante el Tribunal de la AELC (asunto E-6/98). Mediante sentencia de 20 de mayo de 1999, el Tribunal de la AELC sentenció a favor del Órgano de Vigilancia.(12) Asuntos acumulados 6/69 y 11/69: Comisión contra Francia, (Recopilación 1969, p. 561).(13) Decisión 97/239/CE de la Comisión, de 4 de diciembre de 1996, en el asunto 'Maribel bis/ter', (DO L 95 de 10.4.1997, p. 25) (actualmente sub iudice, asunto C-75/97). Decisión n° 16/96/COL del Órgano de Vigilancia de la AELC, de 7 de febrero de 1996, por la que se proponen medidas adecuadas a Islandia respecto a las ayudas estatales en forma de impuesto a la seguridad social diferenciado por sectores.(14) Véase el anterior punto 17B.3.4 (5).(15) Decisión de la Comisión, de 22 de julio de 1998, en el asunto 'Irish Corporation Tax' [SG(98) D/7209], aún no publicada.(16) Entre los casos en que el Órgano de Vigilancia de la AELC ha aplicado hasta ahora normas sobre ayudas estatales respecto del tratamiento fiscal figuran los siguientes: exención fiscal a los envases de vidrio mediante la exención del impuesto básico sobre envases no reutilizables de bebidas (ayuda 95-002, DO C 212 de 17.8.1995 y DO L 124 de 23.5.1996), medidas fiscales en favor del sector del transporte marítimo de Noruega (ayuda 97-001, DO C 337 de 5.11.1998) y participación pública en acuerdos relativos a la construcción o funcionamiento de una fundición de aluminio en Grundartangi, Islandia (ayuda 97-008, DO C 337 de 5.11.1998).(17) Asunto C-241/94: Francia contra Comisión (Kimberly Clark Sopalin) (Recopilación 1996, p. I-4551).(18) Esto suele reflejarse en el hecho de que tales medidas no se aplican únicamente a sectores específicos, se basan en criterios o condiciones horizontales y objetivas y no están limitadas en el tiempo; véase la Decisión 96/369/CE de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, relativa a una ayuda fiscal en forma de amortización en beneficio de las compañías aéreas alemanas (DO L 146 de 20.6.1996, p. 42).(19) En cambio, los derechos o cargas exigidos por las autoridades públicas a las empresas con tipos diferentes correspondientes al servicio u otros beneficios que reciben no suponen ayuda estatal.(20) Sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el asunto T-106/95: FFSA y otros contra Comisión (Recopilación 1997, p. II-229); Auto del Tribunal de Justicia en el asunto C-174/97 (Recopilación 1998, p. I-1303).(21) Asunto 74/76: Iannelli contra Meroni (Recopilación 1997, p. 557); véanse también los asuntos 73/79 'Sovraprezzo' (Recopilación 1980, p. 1533), T-49/93 'SIDE' (Recopilación 1995, p. II-2501) y los asuntos acumulados C 142 y 143/80 'Salengo' (Recopilación 1981, p. 1413). Véanse también las Decisiones del Órgano de Vigilancia de la AELC nos 40/95/COL (DO C 212 y Suplemento EEE al DO n° 30, 17.8.1995) y 106/95/COL (DO L 124 y Suplemento EEE n° 23, 23.5.1996: exención fiscal a los envases de vidrio mediante la exención del impuesto básico sobre envases no reutilizables de bebidas, Noruega.(22) Véase el capítulo 15 de las presentes Directrices.(23) Véase el capítulo 25 de las presentes Directrices.(24) Véase el capítulo 24A de las presentes Directrices.(25) Véase el asunto 730/79: Philip Morris contra Comisión (Recopilación 1980, p. 2671).