title: 2006/616/CE: Decisión del Consejo, de 24 de julio de 2006 , relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada en lo que se refiere a las disposiciones del Protocolo, en la medida en que estas entran en el ámbito de aplicación de los artículos 179 y 181 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea

text:
               22.9.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 262/24

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 24 de julio de 2006
   relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada en lo que se refiere a las disposiciones del Protocolo, en la medida en que estas entran en el ámbito de aplicación de los artículos 179 y 181 A del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
   (2006/616/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, sus artículos 179 y 181 A, en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo primero, y su artículo 300, apartado 3, párrafo primero,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Tras haber sido autorizada por el Consejo, la Comisión ha negociado, en nombre de la Comunidad, los elementos del Protocolo que son de competencia comunitaria.

               (2)

               El Consejo ha encargado a la Comisión que negocie la adhesión de la Comunidad a este acuerdo internacional.

               (3)

               La negociación ha concluido y los instrumentos resultantes han sido firmados por la Comunidad el 12 de diciembre de 2000, de conformidad con la Decisión 2001/87/CE del Consejo, de 8 de diciembre de 2000 (2).

               (4)

               Algunos Estados miembros son Partes del Protocolo, mientras que el proceso de ratificación está en curso en otros Estados miembros.

               (5)

               La celebración de la Convención se ha aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, mediante la Decisión 2004/579/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004 (3), lo que es condición para que la Comunidad Europea sea Parte del Protocolo, de conformidad con el artículo 37, apartado 2, de la Convención.

               (6)

               Se han cumplido las demás condiciones para que la Comunidad deposite el instrumento de aprobación, establecidas en el artículo 36, apartado 3, de la Convención y en el artículo 21, apartado 3, del Protocolo.

               (7)

               En la medida en que las disposiciones del Protocolo entran en el ámbito de aplicación de los artículos 179 y 181 A del Tratado, el Protocolo debería aprobarse en nombre de la Comunidad.

               (8)

               En la medida en que las disposiciones del Protocolo entran en el ámbito de aplicación de la parte III, título IV, del Tratado, la celebración del Protocolo en nombre de la Comunidad Europea debería aprobarse mediante una Decisión aparte del Consejo (4).

               (9)

               Al depositar el instrumento de aprobación, la Comunidad debe depositar también una declaración sobre el alcance de la competencia de la Comunidad Europea con respecto a las materias reguladas por el Protocolo, de conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Protocolo sobre el tráfico ilícito de migrantes.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Europea, el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada, tal como se establece en el anexo I.
   El instrumento de confirmación formal de la Comunidad comprenderá una declaración de competencia, de conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Protocolo, tal como se establece en el anexo II.
   Artículo 2
   La presente Decisión se aplicará en la medida en que las disposiciones del Protocolo entran en el ámbito de aplicación de los artículos 179 y 181 A del Tratado.
   Artículo 3
   Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona facultada para depositar el instrumento de confirmación formal a fin de obligar a la Comunidad.
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 2006.

            Por el Consejo

            El Presidente

         K. RAJAMÄKI

      (1)  Aún no publicado en el Diario Oficial.

      (2)  DO L 30 de 1.2.2001, p. 44.

      (3)  DO L 261 de 6.8.2004, p. 69.

      (4)  Véase la página 34 del presente Diario Oficial.

      ANEXO I

         PROTOCOLO
         contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
         PREÁMBULO
         LOS ESTADOS PARTE EN EL PRESENTE PROTOCOLO,
         DECLARANDO que para prevenir y combatir eficazmente el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire se requiere un enfoque amplio e internacional, que conlleve la cooperación, el intercambio de información y la adopción de otras medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómica, en los planos nacional, regional e internacional,
         RECORDANDO la Resolución 54/212 de la Asamblea General, de 22 de diciembre de 1999, en la que la Asamblea instó a los Estados miembros y al sistema de las Naciones Unidas a que fortalecieran la cooperación internacional en la esfera de la migración internacional y el desarrollo a fin de abordar las causas fundamentales de la migración, especialmente las relacionadas con la pobreza, y de aumentar al máximo los beneficios que la migración internacional podía reportar a los interesados, y alentó a los mecanismos interregionales, regionales y subregionales a que, cuando procediera, se siguieran ocupando de la cuestión de la migración y el desarrollo,
         CONVENCIDOS de la necesidad de dar un trato humano a los migrantes y de proteger plenamente sus derechos humanos,
         HABIDA CUENTA de que, pese a la labor emprendida en otros foros internacionales, no existe un instrumento universal que aborde todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes y otras cuestiones conexas,
         PREOCUPADOS por el notable aumento de las actividades de los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas tipificadas en el presente Protocolo, que causan graves perjuicios a los Estados afectados,
         PREOCUPADOS TAMBIÉN por el hecho de que el tráfico ilícito de migrantes puede poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes involucrados,
         RECORDANDO la Resolución 53/111 de la Asamblea General, de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió establecer un comité especial intergubernamental de composición abierta con la finalidad de elaborar una convención internacional amplia contra la delincuencia transnacional organizada y de examinar la posibilidad de elaborar, entre otros, un instrumento internacional que abordara el tráfico y el transporte ilícitos de migrantes, particularmente por mar,
         CONVENCIDOS de que complementar el texto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional con un instrumento internacional dirigido contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire constituirá un medio útil para prevenir y combatir esta forma de delincuencia,
         HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
         I.   DISPOSICIONES GENERALES
         Artículo 1
         Relación con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
         1.   El presente Protocolo complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y se interpretará juntamente con la Convención.
         2.   Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis mutandis al presente Protocolo, a menos que en él se disponga otra cosa.
         3.   Los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la Convención.
         Artículo 2
         Finalidad
         El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la cooperación entre los Estados parte con ese fin, protegiendo al mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho tráfico.
         Artículo 3
         Definiciones
         Para los fines del presente Protocolo:

                     a)

                     por «tráfico ilícito de migrantes» se entenderá la facilitación de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente permanente con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero u otro beneficio de orden material;

                     b)

                     por «entrada ilegal» se entenderá el paso de fronteras sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar legalmente en el Estado receptor;

                     c)

                     por «documento de identidad o de viaje falso» se entenderá cualquier documento de viaje o de identidad:

                                 i)

                                 elaborado o expedido de forma espuria o alterado materialmente por cualquiera que no sea la persona o entidad legalmente autorizada para producir o expedir el documento de viaje o de identidad en nombre de un Estado, o

                                 ii)

                                 expedido u obtenido indebidamente mediante declaración falsa, corrupción o coacción o de cualquier otra forma ilegal, o

                                 iii)

                                 utilizado por una persona que no sea su titular legítimo;

                     d)

                     por «buque» se entenderá cualquier tipo de embarcación, con inclusión de las embarcaciones sin desplazamiento y los hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como medio de transporte sobre el agua, excluidos los buques de guerra, los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean propiedad de un Estado o explotados por este y que en ese momento se empleen únicamente en servicios oficiales no comerciales.

               Artículo 4
         Ámbito de aplicación
         A menos que contenga una disposición en contrario, el presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen la participación de un grupo delictivo organizado, así como a la protección de los derechos de las personas que hayan sido objeto de tales delitos.
         Artículo 5
         Responsabilidad penal de los migrantes
         Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
         Artículo 6
         Penalización
         1.   Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material:

                     a)

                     el tráfico ilícito de migrantes;

                     b)

                     cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito de migrantes:

                                 i)

                                 la creación de un documento de viaje o de identidad falso,

                                 ii)

                                 la facilitación, el suministro o la posesión de tal documento;

                     c)

                     la habilitación de una persona que no sea nacional o residente permanente para permanecer en el Estado interesado sin haber cumplido los requisitos para permanecer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a cualquier otro medio ilegal.

               2.   Cada Estado parte adoptará asimismo las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito:

                     a)

                     con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;

                     b)

                     la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, la participación como cómplice en la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo, y

                     c)

                     la organización o dirección de otras personas para la comisión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del presente artículo.

               3.   Cada Estado parte adoptará las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para considerar como circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipificados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del presente artículo toda circunstancia que:

                     a)

                     ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la seguridad de los migrantes afectados, o

                     b)

                     dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos migrantes, en particular con el propósito de explotación.

               4.   Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que un Estado parte adopte medidas contra toda persona cuya conducta constituya delito con arreglo a su Derecho interno.
         II.   TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES POR MAR
         Artículo 7
         Cooperación
         Los Estados parte cooperarán en la mayor medida posible para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes por mar, de conformidad con el Derecho internacional del mar.
         Artículo 8
         Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar
         1.   Todo Estado parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque que enarbole su pabellón o pretenda estar matriculado en su registro, que carezca de nacionalidad o que, aunque enarbole un pabellón extranjero o se niegue a izar su pabellón, tenga en realidad la nacionalidad del Estado parte interesado, está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá solicitar la asistencia de otros Estados parte a fin de poner término a la utilización del buque para ese fin. Los Estados parte a los que se solicite dicha asistencia la prestarán, en la medida posible con los medios de que dispongan.
         2.   Todo Estado parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque que esté haciendo uso de la libertad de navegación con arreglo al Derecho internacional y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro Estado parte está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar podrá notificarlo al Estado del pabellón, pedirle que confirme la matrícula y, si la confirma, solicitarle autorización para adoptar medidas apropiadas con respecto a ese buque. El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado requirente, entre otras cosas, a:

                     a)

                     visitar el buque;

                     b)

                     registrar el buque, y

                     c)

                     si se hallan pruebas de que el buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar, adoptar medidas apropiadas con respecto al buque, así como a las personas y a la carga que se encuentren a bordo, conforme le haya autorizado el Estado del pabellón.

               3.   Todo Estado parte que haya adoptado cualesquiera de las medidas previstas en el párrafo 2 del presente artículo informará con prontitud al Estado del pabellón pertinente de los resultados de dichas medidas.
         4.   Los Estados parte responderán con celeridad a toda solicitud de otro Estado parte con miras a determinar si un buque que está matriculado en su registro o enarbola su pabellón está autorizado a hacerlo, así como a toda solicitud de autorización que se presente con arreglo a lo previsto en el párrafo 2 del presente artículo.
         5.   El Estado del pabellón podrá, en consonancia con el artículo 7 del presente Protocolo, someter su autorización a las condiciones en que convenga con el Estado requirente, incluidas las relativas a la responsabilidad y al alcance de las medidas efectivas que se adopten. Los Estados parte no adoptarán otras medidas sin la autorización expresa del Estado del pabellón, salvo las que sean necesarias para eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o las que se deriven de los acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes.
         6.   Cada Estado parte designará a una o, de ser necesario, a varias autoridades para recibir y atender las solicitudes de asistencia, de confirmación de la matrícula o del derecho de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización para adoptar las medidas pertinentes. Esa designación será dada a conocer, por conducto del Secretario General, a todos los demás Estados parte dentro del mes siguiente a la designación.
         7.   Todo Estado parte que tenga motivos razonables para sospechar que un buque está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por mar y no posee nacionalidad o se hace pasar por un buque sin nacionalidad podrá visitar y registrar el buque. Si se hallan pruebas que confirmen la sospecha, ese Estado parte adoptará medidas apropiadas de conformidad con el Derecho interno e internacional, según proceda.
         Artículo 9
         Cláusulas de protección
         1.   Cuando un Estado parte adopte medidas contra un buque con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo:

                     a)

                     garantizará la seguridad y el trato humano de las personas que se encuentren a bordo;

                     b)

                     tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner en peligro la seguridad del buque o de su carga;

                     c)

                     tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no perjudicar los intereses comerciales o jurídicos del Estado del pabellón o de cualquier otro Estado interesado;

                     d)

                     velará, dentro de los medios disponibles, por que las medidas adoptadas con respecto al buque sean ecológicamente razonables.

               2.   Cuando las razones que motivaron las medidas adoptadas con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo no resulten fundadas y siempre que el buque no haya cometido ningún acto que las justifique, dicho buque será indemnizado por todo perjuicio o daño sufrido.
         3.   Toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad con lo dispuesto en el presente capítulo tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no interferir ni causar menoscabo en:

                     a)

                     los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el Derecho internacional del mar, ni en

                     b)

                     la competencia del Estado del pabellón para ejercer la jurisdicción y el control en cuestiones administrativas, técnicas y sociales relacionadas con el buque.

               4.   Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo será ejecutada únicamente por buques de guerra o aeronaves militares, o por otros buques o aeronaves que ostenten signos claros y sean identificables como buques o aeronaves al servicio de un gobierno y autorizados a tal fin.
         III.   MEDIDAS DE PREVENCIÓN, COOPERACIÓN Y OTRAS MEDIDAS
         Artículo 10
         Información
         1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Convención y con miras a lograr los objetivos del presente Protocolo, los Estados parte, en particular los que tengan fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico ilícito de migrantes, intercambiarán, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos internos, información pertinente sobre asuntos como:

                     a)

                     los lugares de embarque y de destino, así como las rutas, los transportistas y los medios de transporte a los que, según se sepa o se sospeche, recurren los grupos delictivos organizados involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;

                     b)

                     la identidad y los métodos de las organizaciones o los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo;

                     c)

                     la autenticidad y la debida forma de los documentos de viaje expedidos por los Estados parte, así como todo robo o concomitante utilización ilegítima de documentos de viaje o de identidad en blanco;

                     d)

                     los medios y métodos utilizados para la ocultación y el transporte de personas, la alteración, reproducción o adquisición ilícitas o cualquier otra utilización indebida de los documentos de viaje o de identidad empleados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como las formas de detectarlos;

                     e)

                     experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y medidas conexas, para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, y

                     f)

                     cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad respectiva de prevenir, detectar e investigar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y de enjuiciar a las personas implicadas en ellas.

               2.   El Estado parte receptor de dicha información dará cumplimiento a toda solicitud del Estado parte que la haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su utilización.
         Artículo 11
         Medidas fronterizas
         1.   Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos a la libre circulación de personas, los Estados parte reforzarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos que sean necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito de migrantes.
         2.   Cada Estado parte adoptará medidas legislativas u otras medidas apropiadas para prevenir, en la medida de lo posible, la utilización de medios de transporte explotados por transportistas comerciales para la comisión del delito tipificado con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artículo 6 del presente Protocolo.
         3.   Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas, la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las empresas de transporte, así como los propietarios o explotadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.
         4.   Cada Estado parte adoptará las medidas necesarias, de conformidad con su Derecho interno, para prever sanciones en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el párrafo 3 del presente artículo.
         5.   Cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar medidas que permitan, de conformidad con su Derecho interno, denegar la entrada o revocar visados a personas implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo al presente Protocolo.
         6.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la Convención, los Estados parte considerarán la posibilidad de reforzar la cooperación entre los organismos de control fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo y manteniendo conductos de comunicación directos.
         Artículo 12
         Seguridad y control de los documentos
         Cada Estado parte adoptará, con los medios de que disponga, las medidas que se requieran para:

                     a)

                     garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje o de identidad que expida a fin de que estos no puedan con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita, y

                     b)

                     garantizar la integridad y seguridad de los documentos de viaje o de identidad que expida o que se expidan en su nombre e impedir la creación, expedición y utilización ilícitas de dichos documentos.

               Artículo 13
         Legitimidad y validez de los documentos
         Cuando lo solicite otro Estado parte, cada Estado parte verificará, de conformidad con su Derecho interno y dentro de un plazo razonable, la legitimidad y validez de los documentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
         Artículo 14
         Capacitación y cooperación técnica
         1.   Los Estados parte impartirán a los funcionarios de inmigración y a otros funcionarios pertinentes capacitación especializada en la prevención de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y en el trato humano de los migrantes objeto de esa conducta, respetando sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo o reforzarán dicha capacitación, según proceda.
         2.   Los Estados parte cooperarán entre sí y con las organizaciones internacionales competentes, las organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, según proceda, a fin de garantizar que en sus respectivos territorios se imparta una capacitación de personal adecuada para prevenir, combatir y erradicar las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, así como proteger los derechos de los migrantes que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha capacitación incluirá, entre otras cosas:

                     a)

                     la mejora de la seguridad y la calidad de los documentos de viaje;

                     b)

                     el reconocimiento y la detección de los documentos de viaje o de identidad falsificados;

                     c)

                     la compilación de información de inteligencia criminal, en particular con respecto a la identificación de los grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos de estar involucrados en las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, los métodos utilizados para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico, la utilización indebida de documentos de viaje o de identidad para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6 y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito de migrantes;

                     d)

                     la mejora de los procedimientos para detectar a las personas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida convencionales y no convencionales, y

                     e)

                     el trato humano de los migrantes afectados y la protección de sus derechos reconocidos conforme al presente Protocolo.

               3.   Los Estados parte que tengan conocimientos especializados pertinentes considerarán la posibilidad de prestar asistencia técnica a los Estados que sean frecuentemente países de origen o de tránsito de personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. Los Estados parte harán todo lo posible por suministrar los recursos necesarios, como vehículos, sistemas de informática y lectores de documentos, para combatir las conductas enunciadas en el artículo 6.
         Artículo 15
         Otras medidas de prevención
         1.   Cada Estado parte adoptará medidas para cerciorarse de poner en marcha programas de información o reforzar los ya existentes a fin de que la opinión pública sea más consciente de que las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo son una actividad delictiva que frecuentemente realizan los grupos delictivos organizados con fines de lucro y que supone graves riesgos para los migrantes afectados.
         2.   De conformidad con el artículo 31 de la Convención, los Estados parte cooperarán en el ámbito de la información pública a fin de impedir que los migrantes potenciales lleguen a ser víctimas de grupos delictivos organizados.
         3.   Cada Estado parte promoverá o reforzará, según proceda, los programas y la cooperación para el desarrollo en los planos nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta las realidades socioeconómicas de la migración y prestando especial atención a las zonas económica y socialmente deprimidas, a fin de combatir las causas socioeconómicas fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la pobreza y el subdesarrollo.
         Artículo 16
         Medidas de protección y asistencia
         1.   Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado parte adoptará, en consonancia con sus obligaciones emanadas del Derecho internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la legislación que sea necesaria, a fin de preservar y proteger los derechos de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, conforme a las normas aplicables del Derecho internacional, en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser sometido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
         2.   Cada Estado parte adoptará medidas apropiadas para otorgar a los migrantes protección adecuada contra toda violencia que puedan infligirles personas o grupos por el hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
         3.   Cada Estado parte prestará asistencia apropiada a los migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en peligro como consecuencia de haber sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
         4.   Al aplicar las disposiciones del presente artículo, los Estados parte tendrán en cuenta las necesidades especiales de las mujeres y los niños.
         5.   En el caso de la detención de personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, cada Estado parte cumplirá las obligaciones contraídas con arreglo a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (1), cuando proceda, incluida la de informar sin demora a la persona afectada sobre las disposiciones relativas a la notificación del personal consular y a la comunicación con dicho personal.
         Artículo 17
         Acuerdos y arreglos
         Los Estados parte considerarán la posibilidad de celebrar acuerdos bilaterales o regionales o arreglos operacionales con miras a:

                     a)

                     adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para prevenir y combatir las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo, o

                     b)

                     contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del presente Protocolo.

               Artículo 18
         Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito
         1.   Cada Estado parte conviene en facilitar y aceptar, sin demora indebida o injustificada, la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional de ese Estado parte o tuviese derecho de residencia permanente en su territorio en el momento de la repatriación.
         2.   Cada Estado parte considerará la posibilidad de facilitar y aceptar la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que, de conformidad con el Derecho interno, tuviese derecho de residencia permanente en el territorio de ese Estado parte en el momento de su entrada en el Estado receptor.
         3.   A petición del Estado parte receptor, todo Estado parte requerido verificará, sin demora indebida o injustificada, si una persona que ha sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo es nacional de ese Estado parte o tiene derecho de residencia permanente en su territorio.
         4.   A fin de facilitar la repatriación de toda persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y que carezca de la debida documentación, el Estado parte del que esa persona sea nacional o en cuyo territorio tenga derecho de residencia permanente convendrá en expedir, previa solicitud del Estado parte receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su territorio y reingresar en él.
         5.   Cada Estado parte que intervenga en la repatriación de una persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo adoptará todas las medidas que proceda para llevar a cabo la repatriación de manera ordenada y teniendo debidamente en cuenta la seguridad y dignidad de la persona.
         6.   Los Estados parte podrán cooperar con las organizaciones internacionales que proceda para aplicar el presente artículo.
         7.   Las disposiciones del presente artículo no menoscabarán ninguno de los derechos reconocidos a las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo por el Derecho interno del Estado parte receptor.
         8.   Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a las obligaciones contraídas con arreglo a cualquier otro tratado bilateral o multilateral aplicable o a cualquier otro acuerdo o arreglo operacional que rija, parcial o totalmente, la repatriación de las personas que hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
         IV.   DISPOSICIONES FINALES
         Artículo 19
         Cláusula de salvaguardia
         1.   Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a los demás derechos, obligaciones y responsabilidades de los Estados y las personas con arreglo al Derecho internacional, incluidos el Derecho internacional humanitario y la normativa internacional de derechos humanos y, en particular, cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su Protocolo de 1967, así como el principio de non-refoulement consagrado en dichos instrumentos.
         2.   Las medidas previstas en el presente Protocolo se interpretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria para las personas por el hecho de ser objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. La interpretación y aplicación de esas medidas estarán en consonancia con los principios de no discriminación internacionalmente reconocidos.
         Artículo 20
         Solución de controversias
         1.   Los Estados parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Protocolo mediante la negociación.
         2.   Toda controversia entre dos o más Estados parte acerca de la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados parte no han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cualquiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
         3.   Cada Estado parte podrá, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo respecto de todo Estado parte que haya hecho esa reserva.
         4.   El Estado parte que haya hecho una reserva de conformidad con el párrafo 3 del presente artículo podrá en cualquier momento retirar esa reserva notificándolo al Secretario General de las Naciones Unidas.
         Artículo 21
         Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
         1.   El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.
         2.   El presente Protocolo también estará abierto a la firma de las organizaciones regionales de integración económica siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo.
         3.   El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de integración económica podrán depositar su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
         4.   El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de todos los Estados u organizaciones regionales de integración económica que cuenten por lo menos con un Estado miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhesión, las organizaciones regionales de integración económica declararán el alcance de su competencia con respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas organizaciones comunicarán también al depositario cualquier modificación pertinente del alcance de su competencia.
         Artículo 22
         Entrada en vigor
         1.   El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día después de la fecha en que se haya depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente párrafo, los instrumentos depositados por una organización regional de integración económica no se considerarán adicionales a los depositados por los Estados miembros de tal organización.
         2.   Para cada Estado u organización regional de integración económica que ratifique, acepte o apruebe el presente Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u organización haya depositado el instrumento pertinente o en la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del presente artículo, si esta es posterior.
         Artículo 23
         Enmienda
         1.   Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del presente Protocolo, los Estados parte podrán proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda enmienda propuesta a los Estados parte y a la Conferencia de las Partes en la Convención para que la examinen y decidan al respecto. Los Estados parte en el presente Protocolo reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios de los Estados parte en el presente Protocolo presentes y votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
         2.   Las organizaciones regionales de integración económica, en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con arreglo al presente artículo con un número de votos igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen, el suyo, y viceversa.
         3.   Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados parte.
         4.   Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado parte noventa días después de la fecha en que este deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
         5.   Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para los Estados parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.
         Artículo 24
         Denuncia
         1.   Los Estados parte podrán denunciar el presente Protocolo mediante notificación escrita al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación.
         2.   Las organizaciones regionales de integración económica dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo hayan denunciado todos sus Estados miembros.
         Artículo 25
         Depositario e idiomas
         1.   El Secretario General de las Naciones Unidas será el depositario del presente Protocolo.
         2.   El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
         EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han firmado el presente Protocolo.

         (1)  Ibíd., vol. 596, nos 8638 a 8640.

      ANEXO II

         Declaración sobre la competencia de la Comunidad Europea con respecto a las materias reguladas por el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada
         El artículo 21, apartado 3, del Protocolo establece que el instrumento de adhesión de una organización regional de integración económica incluirá una declaración que especificará las materias reguladas por el Protocolo con respecto a las cuales los Estados miembros que son Partes del mismo han transferido competencias a dicha organización.
         El Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire se aplicará, por lo que se refiere a las competencias transferidas a la Comunidad Europea, a los territorios en los que se aplica el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en las condiciones establecidas en dicho Tratado, en particular, en su artículo 299 y los Protocolos anexos.
         La presente Declaración se entiende sin perjuicio de la posición del Reino Unido y de Irlanda en virtud del Protocolo por el que se integra el acervo de Schengen en el marco de la Unión Europea y en virtud del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anexos al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
         Asimismo, la presente Declaración se entiende sin perjuicio de la posición de Dinamarca en virtud del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.
         De conformidad con el artículo 299, la presente Declaración no es aplicable a los territorios de los Estados miembros en que dicho Tratado no se aplica y se entiende sin perjuicio de los actos o posiciones que puedan adoptar al amparo del Protocolo los Estados miembros en nombre e interés de dichos territorios. De conformidad con las disposiciones mencionadas anteriormente, la presente Declaración se refiere a las competencias que los Estados miembros han transferido a la Comunidad, de conformidad con los Tratados, en las materias reguladas por el Protocolo. El alcance y el ejercicio de tales competencias comunitarias están, por su propia naturaleza, sujetos a evolución continua, en la medida en que la Comunidad adopta nuevas normas e reglamentos pertinentes de modo que la Comunidad completará o modificará la presente declaración, si fuera necesario, de conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Protocolo.
         La Comunidad señala que tiene competencias en materia de cruce de fronteras exteriores de los Estados miembros, de establecimiento de procedimientos y normas en relación con la práctica de controles sobre las personas en dichas fronteras y de regulación de los visados para estancias no superiores a tres meses. La Comunidad es, asimismo, competente en materia de medidas de política de migración relativas a las condiciones de entrada y residencia, así como de medidas para combatir la inmigración y residencia ilegales, incluida la repatriación de residentes ilegales. Por otra parte, puede adoptar medidas para garantizar la cooperación entre los departamentos competentes de las administraciones de los Estados miembros, así como entre estos departamentos y la Comisión, en las materias mencionadas. En estos ámbitos, la Comunidad ha adoptado normas y reglamentos pertinentes y, por consiguiente, cuando haya adoptado dichas normas y reglamentos, solamente la Comunidad debe asumir compromisos externos con terceros Estados y organizaciones internacionales competentes.
         Además, la política comunitaria en el ámbito de la cooperación al desarrollo complementa las políticas que llevan a cabo los Estados miembros e incluye disposiciones para prevenir y combatir el tráfico ilícito de migrantes.


title: 86/578/CEE: Decisión del Consejo de 3 de noviembre de 1986 referente a la celebración del Protocolo adicional al Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la República de Singapur relativo al comercio de productos textiles, como consecuencia de la adhesión del Reino de España y de la República Portuguesa a la Comunidad

text:
29 . 11 . 86                               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   N° L 338 / 13
                                                   DECISION DEL CONSEJO
                                                    de 3 de noviembre de 1986
                 referente a la celebración del Protocolo adicional al Acuerdo entre la Comunidad Económica
                 Europea y la República de Singapur relativo al comercio de productos textiles, como
                 consecuencia de la adhesión del Reino del España y de la República Portuguesa a la
                                                             Comunidad
                                                          ( 86 / 578 / CEE )
EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,                                pea y la República de Singapur relativo al comercio de
                                                                        productos textiles , como consecuencia de la adhesión del
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica                 Reino de España y de la República Portuguesa a la Comu
Europea y , en particular , su artículo 113 ,                           nidad .
Vista la recomendación de la Comisión ,                                 El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión .
Considerando que es conveniente aprobar el Protocolo
adicional al Acuerdo entre la Comunidad Económica Euro
                                                                                Artículo 2
pea y la República de Singapur relativo al comercio de
productos textiles , con objeto de tener en cuenta la adhesión          El Presidente del Consejo procederá a la notificación prevista
del Reino de España y de la República Portuguesa a la                   en el artículo 4 del Protocolo adicional .
Comunidad ;
DECIDE :                                                                Hecho en Bruselas , el 3 de noviembre de 1986 .
                          Artículo 1                                                                                Por el Consejo
                                                                                El Presidente
Queda aprobado , en nombre de la Comunidad , el Protocolo
adicional al Acuerdo entre la Comunidad Económica Euro                                                                  A. CLARK


title: Decisión (UE) 2016/814 del Consejo, de 13 de mayo de 2016, por la que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones, propuesto por la República de Austria

text:
               24.5.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 133/8

         DECISIÓN (UE) 2016/814 DEL CONSEJO
   de 13 de mayo de 2016
   por la que se nombra a un suplente del Comité de las Regiones, propuesto por la República de Austria
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 305,
   Vista la propuesta del Gobierno austriaco,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 26 de enero de 2015, el 5 de febrero de 2015 y el 23 de junio de 2015, el Consejo adoptó las Decisiones (UE) 2015/116 (1), (UE) 2015/190 (2) y (UE) 2015/994 (3) por las que se nombra a los miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020.

               (2)

               Ha quedado vacante un puesto de suplente del Comité de las Regiones a raíz del término del mandato de D.a Elisabeth VITOUCH.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se nombra suplente del Comité de las Regiones para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2020, a:

               —

               Mag. Muna DUZDAR, Abgeordnete zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderats der Stadt Wien.

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 13 de mayo de 2016.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         E.M.J. PLOUMEN

      (1)  Decisión (UE) 2015/116 del Consejo, de 26 de enero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 20 de 27.1.2015, p. 42).

      (2)  Decisión (UE) 2015/190 del Consejo, de 5 de febrero de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 31 de 7.2.2015, p. 25).

      (3)  Decisión (UE) 2015/994 del Consejo, de 23 de junio de 2015, por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2015 y el 25 de enero de 2020 (DO L 159 de 25.6.2015, p. 70).


title: Decisión (UE) 2015/484 del Consejo, de 17 de marzo de 2015 , por la que se nombra a un miembro belga del Comité Económico y Social Europeo

text:
               21.3.2015

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 77/11

         DECISIÓN (UE) 2015/484 DEL CONSEJO
   de 17 de marzo de 2015
   por la que se nombra a un miembro belga del Comité Económico y Social Europeo
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 302,
   Vista la propuesta presentada por el Gobierno belga,
   Visto el dictamen de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 13 de septiembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/570/UE, Euratom, por la que se nombra a los miembros del Comité Económico y Social Europeo para el período comprendido entre el 21 de septiembre de 2010 y el 20 de septiembre de 2015 (1).

               (2)

               Ha quedado vacante un cargo de miembro del Comité Económico y Social Europeo a raíz del término del mandato de D. Tony VANDEPUTTE,.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se nombra a D. Rudi THOMAES, Administrateur délégué honoraire de la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB), miembro del Comité Económico y Social Europeo para el período restante del mandato, es decir, hasta el 20 de septiembre de 2015.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 17 de marzo de 2015.

            Por el Consejo

            El Presidente

         E. RINKĒVIČS

      (1)  DO L 251 de 25.9.2010, p. 8.


title: Decisión del Consejo, de 10 de noviembre de 2009, relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Protocolo entre la Comunidad Europea y la República Libanesa, que establece un mecanismo de solución de diferencias relativas a las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra

text:
               14.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 328/20

         DECISIÓN DEL CONSEJO
   de 10 de noviembre de 2009
   relativa a la celebración de un Acuerdo en forma de Protocolo entre la Comunidad Europea y la República Libanesa, que establece un mecanismo de solución de diferencias relativas a las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra
   (2010/771/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 133, leído en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo primero, primera frase,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 24 de febrero de 2006 el Consejo autorizó la Comisión a abrir negociaciones con sus socios de la región mediterránea para establecer un mecanismo de solución de diferencias en materia de disposiciones comerciales.

               (2)

               La Comisión ha mantenido negociaciones en consulta con el Comité establecido por el artículo 133 del Tratado y con arreglo a las directrices de negociación elaboradas por el Consejo.

               (3)

               La Comisión ha finalizado las negociaciones sobre la celebración de un Acuerdo en forma de Protocolo que establece un mecanismo de solución de diferencias relativas a las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra (1).

               (4)

               Procede aprobar dicho Acuerdo.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Se aprueba en nombre de la Comunidad el Acuerdo en forma de Protocolo entre la Comunidad Europea y la República Libanesa que establece un mecanismo de solución de diferencias relativas a las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra.
   El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
   Artículo 2
   Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar el Acuerdo en forma de Protocolo a fin de obligar a la Comunidad.

      Hecho en Bruselas, el 10 de noviembre de 2009.

            Por el Consejo

            El Presidente

         A. BORG

      (1)  DO L 143 de 30.5.2006, p. 2.
   TRADUCCIÓN
   Declaración conjunta
   de la Unión Europea y la República Libanesa
   con ocasión de la firma del Acuerdo en forma de Protocolo que establece un mecanismo de solución de diferencias aplicable a las diferencias sobre las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra
   Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, la Unión Europea sustituyó y sucedió a la Comunidad Europea y desde ese momento la Unión Europea ejerce todos los derechos y asume todas las obligaciones de la Comunidad Europea.
   Por consiguiente, las referencias a la «Comunidad Europea» que aparecen en el texto del susodicho Acuerdo, firmado en el día de hoy, deben, cuando corresponda, entenderse como referencias a la «Unión Europea».

      Hecho en Bruselas, el 11 de noviembre de 2010.

         Por la Unión Europea

         Por la República Libanesa

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               14.12.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 328/21

         PROTOCOLO
   entre la Comunidad Europea y la República Libanesa, que establece un mecanismo de solución de diferencias relativas a las disposiciones comerciales del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra
   LA COMUNIDAD EUROPEA,
   denominada en lo sucesivo «la Comunidad»,
   por una parte, y
   LA REPÚBLICA LIBANESA,
   denominada en lo sucesivo «Líbano»,
   por otra parte,
   HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
   CAPÍTULO I

      OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

   Artículo 1
   Objetivo
   El objetivo del presente Protocolo es evitar y resolver cualquier diferencia comercial entre las Partes con objeto de llegar, cuando sea posible, a una solución de mutuo acuerdo.
   Artículo 2
   Aplicación del Protocolo
   Las disposiciones del presente Protocolo se aplicarán respecto a cualquier diferencia sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones del título II (a excepción de los artículos 23, 24 y 25) del Acuerdo Euromediterráneo de Asociación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Libanesa, por otra (denominado en lo sucesivo «el Acuerdo de Asociación»), salvo que se especifique otra cosa (1). El artículo 82 del Acuerdo de Asociación se aplica a los conflictos sobre la aplicación e interpretación de otras disposiciones de dicho Acuerdo.
   CAPÍTULO II

      CONSULTAS Y MEDIACIÓN

   Artículo 3
   Consultas
   1.   Las Partes procurarán resolver toda diferencia sobre la interpretación y aplicación de las disposiciones contempladas en el artículo 2 iniciando consultas de buena fe, en el marco del Consejo de Asociación, para llegar a una solución de mutuo acuerdo rápida y equitativa.
   2.   Una Parte solicitará una consulta mediante una solicitud escrita a la otra Parte, con copia al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios, en la que indique toda medida en cuestión y las disposiciones del Acuerdo de Asociación que considera aplicables.
   3.   Las consultas se celebrarán en el plazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud y tendrán lugar, salvo que las Partes acuerden otra cosa, en el territorio de la Parte demandada. Las consultas se considerarán concluidas sesenta días después de la fecha de recepción de la solicitud, salvo que ambas Partes acepten continuarlas. Las consultas, en especial toda la información revelada y las posiciones adoptadas por las Partes durante dichos procedimientos, serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de cualquiera de las Partes en otros procedimientos.
   4.   Las consultas sobre asuntos de urgencia, incluidas las relativas a mercancías perecederas o estacionales, se celebrarán en el plazo de quince días a partir de la fecha de recepción de la solicitud, y se considerarán concluidas treinta días después de la fecha de recepción de la solicitud.
   5.   Si la Parte a la cual se presenta la solicitud no responde a la solicitud de consultas en el plazo de diez días laborables a partir de la fecha de su recepción, o si las consultas no se celebran en los plazos establecidos en el apartado 3 o el apartado 4, respectivamente, o si estas finalizan sin haberse llegado a una solución de mutuo acuerdo, la Parte demandante podrá solicitar la constitución de un panel arbitral con arreglo al artículo 5.
   Artículo 4
   Mediación
   1.   Si con las consultas no se llega a una solución de mutuo acuerdo, las Partes podrán acordar recurrir a un mediador. Las solicitudes de mediación deberán presentarse por escrito al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios y especificar la medida que haya sido objeto de consulta, así como las condiciones fijadas de mutuo acuerdo para la mediación. Ambas Partes se comprometen a considerar favorablemente las solicitudes de mediación.
   2.   Salvo que las Partes designen un mediador en los cinco días laborables siguientes a la fecha de recepción de la solicitud de mediación, los Presidentes del Subcomité de Industria, Comercio y Servicios, o su delegado/a, seleccionarán por sorteo un mediador de entre las personas que figuren en las listas contempladas en el artículo 19 y no tengan la nacionalidad de ninguna de las Partes. La selección se hará en el plazo de diez días laborables a partir de la fecha de recepción de la solicitud de mediación. El mediador convocará una reunión con las Partes a más tardar treinta días después de su designación. El mediador recibirá las alegaciones de las Partes a más tardar quince días antes de la reunión y podrá solicitar información adicional de las Partes o de expertos o asesores técnicos si lo considera necesario. Toda información obtenida de este modo deberá revelarse a cada una de las Partes y se les enviará para que formulen sus observaciones. El mediador presentará un dictamen a más tardar cuarenta y cinco días después de su designación.
   3.   El dictamen del mediador podrá incluir una recomendación sobre cómo resolver la diferencia en línea con las disposiciones contempladas en el artículo 2. El dictamen del mediador no será vinculante.
   4.   Las Partes podrán acordar modificar los plazos previstos en el apartado 2. El mediador podrá también decidir modificar estos plazos, a petición de cualquiera de las Partes o por propia iniciativa, habida cuenta de las dificultades particulares experimentadas por la Parte afectada o de la complejidad del asunto.
   5.   Los procedimientos relacionados con la mediación, en especial el dictamen del mediador y toda la información revelada, así como las posiciones adoptadas por las Partes en conflicto durante dichos procedimientos, serán confidenciales y no prejuzgarán los derechos de cualquiera de las Partes en otros procedimientos.
   6.   Si las Partes están de acuerdo en ello, los procedimientos de mediación podrán continuar durante el procedimiento arbitral.
   7.   Un mediador solo se sustituirá por los motivos y según los procedimientos detallados en las reglas 17 a 20 del reglamento interno.
   CAPÍTULO III

      PROCEDIMIENTOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS

      SECCIÓN I

         Procedimiento arbitral

   Artículo 5
   Inicio del procedimiento arbitral
   1.   Si las Partes no pueden resolver la diferencia a través de consultas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3, o de una mediación con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4, la Parte demandante podrá solicitar la constitución de un panel arbitral.
   2.   La solicitud de constitución de un panel arbitral se presentará por escrito a la Parte demandada y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios. La Parte demandante indicará en su solicitud las medidas específicas en cuestión y expondrá los motivos por los que considera que dichas medidas incumplen las disposiciones contempladas en el artículo 2. La constitución de un panel arbitral se solicitará a más tardar dieciocho meses a partir de la fecha de recepción de la solicitud de consultas, sin perjuicio del derecho de la Parte demandante de solicitar nuevas consultas sobre el mismo asunto en el futuro.
   Artículo 6
   Constitución del panel arbitral
   1.   El panel arbitral estará compuesto por tres árbitros.
   2.   En los diez días laborables siguientes a la recepción, por la Parte demandada, de la solicitud de constitución del panel arbitral, las Partes se consultarán para llegar a un acuerdo sobre la composición de dicho panel.
   3.   Si las Partes no llegan a un acuerdo sobre la composición del panel en el plazo fijado en el apartado 2, cualquiera de ellas podrá solicitar a los Presidentes del Subcomité de Industria, Comercio y Servicios, o al delegado de los Presidentes, que seleccione a los tres miembros por sorteo, de una lista creada con arreglo al artículo 19, uno entre las personas propuestas por la Parte demandante, uno entre las personas propuestas por la Parte demandada y uno entre las personas elegidas por las Partes para ejercer la función de Presidente. Si las Partes alcanzan un acuerdo para designar uno o dos miembros del panel arbitral, el o los miembros restantes se seleccionarán por el mismo procedimiento.
   4.   Los Presidentes del Subcomité de Industria, Comercio y Servicios, o el/la delegado/a de los Presidentes, seleccionarán a los árbitros en el plazo de cinco días laborables a partir de la fecha de la solicitud contemplada en el apartado 3, presentada por cualquiera de las Partes.
   5.   La fecha de constitución del panel arbitral será la fecha en que se designe a los tres árbitros.
   6.   Los árbitros solo se sustituirán por los motivos y según los procedimientos detallados en las reglas 17 a 20 del reglamento interno.
   Artículo 7
   Informe provisional del panel
   El panel arbitral presentará a las Partes un informe provisional que establecerá las evidencias de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes y la fundamentación de sus constataciones y recomendaciones a más tardar en el plazo de ciento veinte días a partir de la fecha de constitución del panel. Cualquiera de las Partes podrá presentar por escrito al panel arbitral una solicitud de reconsideración de aspectos concretos del informe intermedio en un plazo de quince días a partir de la notificación. Las constataciones del laudo final del panel incluirán un análisis de las alegaciones presentadas en la etapa de reconsideración provisional.
   Artículo 8
   Laudo del panel arbitral
   1.   El panel arbitral notificará su laudo a las Partes y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios en el plazo de ciento cincuenta días a partir de la fecha de constitución de dicho panel. Si considera que este plazo no puede cumplirse, el Presidente del panel arbitral deberá notificarlo a las Partes y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios por escrito, indicando las razones del retraso y la fecha en la que el panel prevé concluir su trabajo. El laudo no debe notificarse en ningún caso más tarde de ciento ochenta días a partir de la fecha de constitución del panel arbitral.
   2.   En casos de urgencia, incluidos los relativos a mercancías perecederas o estacionales, el panel arbitral hará todo lo posible por notificar su laudo en un plazo de setenta y cinco días a partir de la fecha de su constitución. En ningún caso debe tardar más de noventa días a partir de la fecha de su constitución. En el plazo de diez días a partir de su constitución, el panel arbitral emitirá un laudo preliminar sobre si considera urgente el caso.
   3.   El grupo arbitral, a solicitud de ambas Partes, podrá suspender su trabajo en todo momento durante un período acordado por las Partes, que no excederá de los doce meses, y reanudará su trabajo al final de dicho período acordado a solicitud de la Parte demandante. Si la Parte demandante no solicita la reanudación del trabajo del panel arbitral antes de que finalice el período de suspensión acordado, se terminará el procedimiento. La suspensión y finalización del trabajo del panel arbitral se entenderá sin perjuicio de los derechos de cualquier Parte en otro procedimiento sobre el mismo asunto.

      SECCIÓN II

         Cumplimiento

   Artículo 9
   Cumplimiento del laudo del panel arbitral
   Cada Parte adoptará las medidas necesarias para dar cumplimiento al laudo del panel arbitral, y las Partes procurarán llegar a un acuerdo sobre el plazo de cumplimiento del laudo.
   Artículo 10
   Plazo razonable de cumplimiento
   1.   En un plazo máximo de treinta días a partir de la recepción de la notificación del laudo del panel arbitral a las Partes, la Parte demandada notificará a la Parte demandante y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios el plazo que necesitará para cumplirlo (un «plazo razonable») si no puede cumplirlo inmediatamente.
   2.   En caso de desacuerdo entre las Partes sobre el plazo razonable de cumplimiento del laudo del panel arbitral, la Parte demandante, en el plazo de veinte días a partir de la recepción de la notificación realizada en virtud del apartado 1 por la Parte demandada, solicitará por escrito al panel arbitral que determine la duración de este plazo razonable. Dicha solicitud se notificará simultáneamente a la otra Parte y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios. El panel arbitral notificará su laudo a las Partes y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios en el plazo de treinta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
   3.   El plazo razonable podrá ampliarse por mutuo acuerdo de las Partes.
   Artículo 11
   Revisión de las medidas adoptadas para cumplir el laudo del panel arbitral
   1.   Antes del final del plazo razonable, la Parte demandada notificará a la otra Parte y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios las medidas que haya adoptado para cumplir el laudo del panel arbitral.
   2.   En caso de desacuerdo entre las Partes sobre la existencia o la coherencia de las medidas notificadas con arreglo al apartado 1 con las disposiciones contempladas en el artículo 2, la Parte demandante podrá solicitar por escrito al panel arbitral que se pronuncie sobre la cuestión. Dicha solicitud indicará la medida específica en cuestión y expondrá los motivos por los que considera que dicha medida incumple las disposiciones contempladas en el artículo 2. El panel arbitral notificará su laudo en el plazo de noventa días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. En casos de urgencia, incluidos los relativos a mercancías perecederas o estacionales, el panel arbitral notificará su laudo en un plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud.
   Artículo 12
   Soluciones temporales en caso de incumplimiento
   1.   Si la Parte demandada no notifica las medidas adoptadas para cumplir el laudo arbitral antes del final del plazo razonable, o si el panel arbitral establece que la medida notificada en virtud del artículo 11, apartado 1, no es compatible con las obligaciones de dicha Parte en virtud de las disposiciones contempladas en el artículo 2, la Parte demandada presentará una oferta de compensación temporal, si así lo solicita la Parte demandante.
   2.   Si no se alcanza ningún acuerdo sobre compensación en el plazo de treinta días a partir del final del plazo razonable o del laudo emitido por el panel arbitral con arreglo al artículo 11 en el sentido de que una medida de cumplimiento adoptada no es compatible con lo dispuesto en el artículo 2, la Parte demandante tendrá derecho, tras notificarlo a la otra Parte y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios, a suspender las obligaciones derivadas de cualquier disposición contemplada en el artículo 2, a un nivel equivalente a la anulación o al menoscabo causado por la infracción. La Parte demandante podrá aplicar la suspensión diez días laborables después de la fecha de recepción de la notificación por parte de la Parte demandada, a menos que la Parte demandada haya solicitado un arbitraje conforme al apartado 3.
   3.   Si la Parte demandada considera que el nivel de suspensión no es equivalente a la anulación o al menoscabo causado por la violación, podrá solicitar por escrito al panel arbitral que se pronuncie sobre la cuestión. Dicha solicitud se notificará simultáneamente a la otra Parte y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios antes del final del período de diez días laborables mencionado en el apartado 2. El panel arbitral, tras solicitar, si procede, el dictamen de expertos, notificará su laudo sobre el nivel de la suspensión de las obligaciones a las Partes y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios en el plazo de treinta días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Las obligaciones no se suspenderán hasta que el panel arbitral haya notificado su laudo, y toda suspensión será coherente con el laudo de dicho panel arbitral.
   4.   La suspensión de las obligaciones tendrá carácter temporal y solo se aplicará hasta que la medida considerada incompatible con las disposiciones contempladas en el artículo 2 se retire o modifique con objeto de que se ajuste a dichas disposiciones, tal como se establece en el artículo 13, o hasta que las Partes lleguen a un acuerdo relativo a la solución de la diferencia.
   Artículo 13
   Revisión de las medidas de cumplimiento tomadas tras la suspensión de las obligaciones
   1.   La Parte demandada notificará a la otra Parte y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios toda medida que adopte para cumplir con el laudo del panel arbitral y su solicitud dirigida a que finalice la suspensión de las obligaciones aplicada por la Parte demandante.
   2.   Si las Partes no alcanzan un acuerdo sobre la compatibilidad de la medida notificada con las disposiciones contempladas en el artículo 2 en el plazo de treinta días a partir de la fecha de recepción de la notificación, la Parte demandante solicitará por escrito al panel arbitral que se pronuncie sobre el asunto. Dicha solicitud se notificará simultáneamente a la otra Parte y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios. El laudo del panel arbitral se notificará a las Partes y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios en el plazo de cuarenta y cinco días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Si el panel arbitral determina que la medida de cumplimiento se ajusta a las disposiciones contempladas en el artículo 2, finalizará la suspensión de las obligaciones.

      SECCIÓN III

         Disposiciones comunes

   Artículo 14
   Solución de mutuo acuerdo
   Las Partes podrán llegar en cualquier momento a una solución de mutuo acuerdo de una diferencia con arreglo al presente Protocolo. Notificarán dicha solución simultáneamente al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios y al panel arbitral. Cuando se notifique la solución de mutuo acuerdo, el panel finalizará su trabajo y se terminará el procedimiento.
   Artículo 15
   Reglamento interno
   1.   Los procedimientos de solución de diferencias conforme al capítulo III del presente Protocolo se regirán por el reglamento interno anexo al presente Protocolo.
   2.   Las sesiones del panel arbitral estarán abiertas al público con arreglo a su reglamento interno, salvo que las Partes decidan lo contrario.
   Artículo 16
   Información y asesoría técnica
   1.   Por propia iniciativa o a petición de una Parte, el panel arbitral podrá obtener la información de cualquier fuente, incluso de las Partes, que considere conveniente para su procedimiento. En particular, el panel arbitral tendrá derecho a solicitar el dictamen pertinente de expertos, si lo considera conveniente. El panel arbitral consultará a las Partes antes de designar a dichos expertos. El panel no estará vinculado por el punto de vista de las Partes sobre los expertos. Toda información obtenida de este modo deberá revelarse a cada una de las Partes y se les enviará para que formulen sus observaciones.
   2.   Las personas físicas o jurídicas interesadas establecidas en las Partes podrán presentar observaciones amicus curiae a los paneles arbitrales de conformidad con el reglamento interno. Dichas observaciones se limitarán a los elementos factuales de la diferencia y no abordarán las cuestiones de Derecho.
   Artículo 17
   Normas de interpretación
   Los paneles arbitrales interpretarán las disposiciones contempladas en el artículo 2 de conformidad con las normas habituales de interpretación del Derecho público internacional, incluidas las que figuran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Los laudos del panel arbitral no podrán ampliar ni recortar los derechos ni las obligaciones que figuran en las disposiciones contempladas en el artículo 2.
   Artículo 18
   Decisiones y laudo del panel arbitral
   1.   El panel arbitral hará todo lo posible para adoptar todas las decisiones por consenso. No obstante, cuando no se pueda llegar a una decisión por consenso, la decisión sobre la cuestión examinada se tomará por mayoría de votos.
   2.   Los laudos del panel arbitral serán vinculantes para las Partes y no podrán crear derechos ni obligaciones para las personas físicas o jurídicas. El laudo establecerá las evidencias de hecho, la aplicabilidad de las disposiciones pertinentes del Acuerdo de Asociación y la fundamentación de sus constataciones y conclusiones. El Subcomité de Industria, Comercio y Servicios hará públicos los laudos del panel arbitral en su totalidad, salvo que decida lo contrario para garantizar la confidencialidad de la información comercial confidencial.
   CAPÍTULO IV

      DISPOSICIONES GENERALES

   Artículo 19
   Lista de árbitros
   1.   A más tardar seis meses después de la entrada en vigor del presente Protocolo, el Subcomité de Industria, Comercio y Servicios establecerá una lista de al menos quince personas con disposición y capacidad para ejercer de árbitro. Cada Parte propondrá como árbitros al menos a cinco personas. Ambas Partes también seleccionarán a cinco personas, que no tengan la nacionalidad de ninguna de las Partes, que actuarán como Presidentes del panel arbitral. El Subcomité de Industria, Comercio y Servicios garantizará que la lista se mantenga siempre a este nivel.
   2.   Los árbitros tendrán conocimientos especializados o experiencia en Derecho y comercio internacional. Serán independientes, actuarán a título personal, no aceptarán instrucciones de ninguna organización ni de ningún Gobierno, ni estarán afiliados al Gobierno de ninguna de las Partes, y respetarán el código de conducta que figura como anexo al presente Protocolo.
   3.   El Subcomité de Industria, Comercio y Servicios podrá establecer listas adicionales de al menos quince personas con conocimientos sectoriales especializados en los asuntos específicos amparados por el Acuerdo de Asociación o con experiencia en mediación. Cuando se recurra al procedimiento de selección del artículo 6, apartado 2, los Presidentes del Subcomité de Industria, Comercio y Servicios podrán utilizar una lista sectorial si ambas Partes están de acuerdo.
   Artículo 20
   Relación con las obligaciones derivadas de la OMC
   1.   El recurso a las disposiciones sobre solución de diferencias del presente Protocolo se entenderá sin perjuicio de cualquier acción en el marco de la OMC, incluidas las acciones de solución de diferencias.
   2.   Sin embargo, si una Parte incoa un procedimiento de solución de diferencias conforme al presente Protocolo o al Acuerdo OMC en relación con una medida concreta, no podrá incoar ningún procedimiento de solución de diferencias con respecto a la misma medida en el otro foro hasta que el primer procedimiento haya concluido. Además, una Parte no solicitará compensación por el incumplimiento de una obligación que sea idéntica en virtud del Acuerdo de Asociación y en virtud del Acuerdo OMC en ambos foros. En tal caso, una vez que se haya incoado un procedimiento de solución de diferencias, la Parte no presentará al otro foro una solicitud de compensación por el incumplimiento de la obligación idéntica en virtud del otro Acuerdo, a menos que el foro seleccionado, por razones procesales o jurisdiccionales, no se pronuncie sobre la solicitud de compensación.
   3.   A efectos del apartado 2:

               —

               un procedimiento de solución de diferencias conforme al Acuerdo OMC se considerará incoado cuando una Parte haya solicitado la constitución de un panel de conformidad con el artículo 6 del Entendimiento relativo a las Normas y Procedimientos por los que se rige la Solución de Diferencias de la OMC, y se considerará finalizado cuando el Órgano de Solución de Diferencias adopte el informe del panel o el informe del Órgano de Apelación, según proceda, con arreglo al artículo 16 y el artículo 17, apartado 4, de dicho Entendimiento,

               —

               un procedimiento de solución de diferencias conforme al presente Protocolo se considerará incoado cuando una Parte solicite la constitución de un panel arbitral de conformidad con el artículo 5, apartado 1, y se considerará finalizado cuando el panel arbitral notifique su laudo a las Partes y al Subcomité de Industria, Comercio y Servicios con arreglo al artículo 8.

         4.   Ninguna disposición del presente Protocolo impedirá a una Parte aplicar la suspensión de obligaciones autorizada por el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC. No se invocará el Acuerdo OMC para impedir a una Parte suspender las obligaciones derivadas del presente Protocolo.
   Artículo 21
   Plazos
   1.   Todos los plazos fijados en el presente Protocolo, incluidos los plazos para que los paneles arbitrales notifiquen sus laudos, se contarán en días naturales a partir del día siguiente al acto o hecho al que hacen referencia, salvo disposición en contrario.
   2.   Los plazos contemplados en el presente Protocolo podrán ser modificados de mutuo acuerdo entre las Partes. Las Partes se comprometen a considerar favorablemente las solicitudes de ampliación de cualquier plazo debido a dificultades que cualquier Parte tenga para cumplir los procedimientos del presente Protocolo. A petición de una Parte, el panel arbitral podrá modificar los plazos aplicables en los procedimientos, teniendo en cuenta el diferente nivel de desarrollo de las Partes.
   Artículo 22
   Reconsideración y modificación del Protocolo
   1.   El Consejo de Asociación podrá reconsiderar la aplicación del presente Protocolo y de sus anexos, a fin de decidir su continuación, modificación o finalización.
   2.   El Consejo de Asociación podrá decidir modificar el presente Protocolo y sus anexos. Cualquier modificación de ese tipo podrá estar sujeta al cumplimiento de los requisitos jurídicos internos de cada una de las Partes.
   Artículo 23
   Entrada en vigor
   El presente Protocolo será aprobado por las Partes de conformidad con sus propios procedimientos. Entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a la fecha en que las Partes se notifiquen mutuamente que los procedimientos a que hace referencia el presente artículo se han llevado a cabo.

      Firmado en Bruselas, en doble ejemplar, el 11 de noviembre de 2010 en lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, inglesa, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana, sueca y árabe, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

         За Европейския съюз
         Por la Unión Europea
         Za Evropskou unii
         For Den Europæiske Union
         Für die Europäische Union
         Euroopa Liidu nimel
         Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
         For the European Union
         Pour l'Union européenne
         Per l'Unione europea
         Eiropas Savienības vārdā
         Europos Sajungos vardu
         Az Európai Unió részéről
         Għall-Unjoni Ewropea
         Voor de Europese Unie
         W imieniu Unii Europejskiej
         Pela União Europeia
         Pentru Uniunea Europeană
         Za Európsku úniu
         Za Evropsko unijo
         Euroopan unionin puolesta
         För Europeiska unionen

         За Релублика Ливан
         Por la República Libanesa
         Za Libanonskou republiku
         For Den Libanesiske Republik
         Für die Libanesische Republik
         Liibanoni Vabariigi nimel
         Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου
         For the Republic of Lebanon
         Pour la République libanaise
         Per la Repubblica libanese
         Libānas Republikas vārdā
         Libano Respublikos vardu
         A Libanoni Köztársaság részéről
         Għar-repubblika tal-Libanu
         Voor de Republiek Libanon
         W imieniu Republiki Libańskiej
         Pela República do Líbano
         Pentru Republica Libaneză
         Za Libanonskú republiku
         Za Republiko Libanon
         Libanonin tasavallan puolesta
         För Republiken Libanon

      (1)  Las disposiciones del presente Protocolo se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 33 del Protocolo relativo a la definición de la noción de «productos originarios» y a los métodos de cooperación administrativa.
   ANEXOS

               ANEXO I

               :

               REGLAMENTO INTERNO DEL PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE

               ANEXO II

               :

               CÓDIGO DE CONDUCTA DE LOS MIEMBROS DE LOS PANELES ARBITRALES Y LOS MEDIADORES


title: Decisión de la Mesa, de 4 de mayo de 2009 , relativa a la Reglamentación del Parlamento Europeo sobre los cursos de lenguas y de informática para los diputados

text:
               29.8.2009

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 204/5

      DECISIÓN DE LA MESA

   de 4 de mayo de 2009
   relativa a la Reglamentación del Parlamento Europeo sobre los cursos de lenguas y de informática para los diputados
   2009/C 204/03
   LA MESA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
   Visto el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (1) y, en particular, los artículos 20 y 22,
   Vistas las Medidas de aplicación del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (2) y, en particular, los artículos 44 y 74,
   Vistos el artículo 8 y el artículo 22, apartado 2, del Reglamento del Parlamento Europeo,
   Considerando que las disposiciones de la Reglamentación relativa a los gastos y las dietas de los diputados al Parlamento Europeo (3) y, en particular, los artículos 22 y siguientes sobre los cursos de lenguas y de informática para los diputados, expirarán el día en que entre en vigor el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo y que, por lo tanto, es conveniente adoptar una nueva reglamentación en este ámbito,
   DECIDE:
   SECCIÓN 1

      DISPOSICIONES GENERALES

   Artículo 1
   Principios y definiciones
   1.   De conformidad con el artículo 44, apartado 1, de las Medidas de aplicación, los diputados podrán seguir los cursos de lenguas y de informática organizados por el Parlamento Europeo o por centros acreditados, en las condiciones previstas por la presente Reglamentación. Los diputados tendrán derecho al reembolso de los gastos en que hayan incurrido realmente por asistir a cursos de lenguas y de informática de acuerdo con los límites y requisitos establecidos a continuación.
   2.   Se considerarán «centros acreditados» aquellas escuelas, institutos o profesores/formadores autónomos que dispongan de las cualificaciones exigidas por la legislación nacional aplicable a los cursos impartidos para la enseñanza de la lengua o de las aplicaciones informáticas de conformidad con la configuración elegida por el diputado.
   Artículo 2
   Reembolso de los derechos de enseñanza
   1.   El reembolso de los derechos de enseñanza, incluidos, si procede, los gastos de matrícula, no podrá sobrepasar los 5 000 EUR por los cursos de lenguas y 1 500 EUR por los cursos de informática, con carácter anual. Dentro de estos límites, se podrá reembolsar un máximo de 500 EUR para la formación a distancia y el material de autoformación.
   2.   Durante un año electoral o cuando el mandato del diputado finalice en el transcurso de un ejercicio presupuestario, las cantidades máximas se repartirán a prorrata entre el diputado saliente y el diputado de nueva elección. Los importes que se perciban en exceso deberán reembolsarse o recuperarse.
   Artículo 3
   Modalidades de reembolso
   Los derechos de enseñanza, salvo los gastos de desplazamiento del profesor o los gastos de comisión, se reembolsarán previa solicitud por escrito del diputado, que deberá ir acompañada de los siguientes justificantes:

               1)

               la factura de los derechos de enseñanza, expedida y notificada en debida forma por el importe total, en la que figurará:

                           a)

                           el nombre del diputado;

                           b)

                           el nombre, dirección y estatuto jurídico del centro acreditado;

                           c)

                           el precio del curso en el que se desglosen por separado los derechos de enseñanza y cualquier otro gasto;

                           d)

                           el número de registro de IVA o, si el centro está exento de dicha obligación o del pago del IVA, el motivo de dicha exoneración;

                           e)

                           y si lo prevé la legislación aplicable, el número de registro mercantil o equivalente del centro acreditado;

               2)

               un certificado de asistencia expedido y debidamente certificado por el centro acreditado, en el que figuren el nombre del diputado, las horas de enseñanza con presencia real y las correspondientes fechas y horas;

               3)

               un justificante que demuestre que el centro está acreditado para impartir cursos, de conformidad con el artículo, 1, apartado 2.

         SECCIÓN 2

      CURSOS DE LENGUAS

   Artículo 4
   Cursos de lenguas organizados por el Parlamento Europeo
   Los diputados podrán seguir uno o varios cursos de las cinco lenguas de trabajo que se utilizan con mayor frecuencia (inglés, francés, alemán, italiano y español) con los profesores puestos a disposición por el Parlamento Europeo en función de su calendario de trabajo, en las instalaciones del Parlamento Europeo en Bruselas y Estrasburgo, con una tarifa horaria de 40 euros y dentro de los límites del importe mencionado en el artículo 2.
   Artículo 5
   Otros cursos de lenguas oficiales
   1.   Los diputados podrán estudiar las lenguas oficiales a las que se refiere el artículo 138 del Reglamento del Parlamento, las lenguas en que están redactadas las versiones que dan fe de los Tratados y las lenguas oficiales de los países candidatos oficialmente reconocidos.
   2.   Se reembolsarán a los diputados los derechos de enseñanza relativos a estos cursos dentro de los límites del importe mencionado en el artículo 2 y según las modalidades establecidas en el artículo 3.
   3.   Los diputados también podrán obtener el reembolso de los gastos de viaje y las dietas de estancia, además del importe mencionado en el artículo 2, cuando asistan a cursos en escuelas o institutos de idiomas, siempre y cuando:

               a)

               la escuela o el instituto de idiomas estén situados en territorio europeo (con exclusión de de los lugares habituales de trabajo del Parlamento y de las regiones situadas fuera del continente europeo);

               b)

               el diputado haya asistido a cursos en un Estado miembro distinto del Estado miembro en el que ha sido elegido, o en un país candidato oficialmente reconocido;

               c)

               la lengua estudiada sea lengua oficial de ese Estado miembro o país candidato;

               d)

               estos cursos prevean un mínimo de veinte horas lectivas por curso con un mínimo de 4 clases de 60 minutos o de 5 clases de 45 a 50 minutos al día. El curso deberá impartirse en días consecutivos que podrán interrumpirse como máximo durante dos días festivos (sin contar el fin de semana) en que el centro de enseñanza permanezca cerrado.

         4.   Los gastos de viaje se reembolsarán de conformidad con los artículos 13 y 15 y, mutatis mutandis, 17 de las Medidas de aplicación, por un máximo de dos viajes de ida y vuelta anuales. Los trayectos en taxi de una distancia máxima de 40 kilómetros efectuados para llegar al lugar del curso o para regresar de éste, se reembolsarán previa presentación de los justificantes en los que se especifique la distancia efectivamente recorrida.
   5.   Las dietas de estancia se reembolsarán con arreglo a la mitad del importe de base fijado en el artículo 24, apartado 2, de las Medidas de aplicación y por un máximo de 20 días anuales, siempre que el diputado pueda demostrar que los gastos de alojamiento estaban a su cargo. Para ello, el diputado deberá presentar la factura de alojamiento abonada en debida forma.
   6.   Durante un año electoral, el número de viajes de ida y vuelta y el número de días de dietas se prorratearán entre el diputado saliente y el diputado recientemente electo.
   7.   Los justificantes relativos a los gastos de viaje y dietas de estancia deberán presentarse junto con los relativos a los derechos de enseñanza.
   Artículo 6
   Cursos de otras lenguas
   Los diputados podrán seguir cursos de otras lenguas no contempladas en el artículo 5, apartado 1, siempre que tengan una relación directa con su actividad parlamentaria oficial y cuenten con la autorización previa del Cuestor responsable de la formación profesional. Sólo se reembolsarán a los diputados los derechos de enseñanza relativos a estos cursos dentro de los límites del importe mencionado en el artículo 2 y según las modalidades establecidas en el artículo 3.
   SECCIÓN 3

      CURSOS DE INFORMÁTICA

   Artículo 7
   Cursos organizados por el Parlamento
   Los diputados podrán seguir los cursos de informática organizados por el Parlamento en relación con el uso de las aplicaciones suministradas por éste.
   Los diputados no recibirán reembolso alguno por la asistencia a estos cursos.
   Artículo 8
   Otros cursos de informática
   Los diputados podrán seguir cursos de informática impartidos fuera del Parlamento en relación con las aplicaciones que utilicen en el ejercicio de su mandato.
   Sólo se reembolsarán a los diputados los derechos de enseñanza relativos a estos cursos dentro de los límites del importe mencionado en el artículo 2 y según las modalidades establecidas en el artículo 3, siempre que presenten una documentación detallada sobre el programa impartido
   SECCIÓN 4

      FORMACIÓN A DISTANCIA Y AUTOFORMACIÓN

   Artículo 9
   Definición
   Los diputados podrán seguir cursos a distancia de lenguas o de informática, incluidos cursos en línea, o adquirir el material destinado a la autoformación requerido por dichos cursos.
   Artículo 10
   Modalidades de reembolso
   1.   En relación con estos cursos, los diputados obtendrán el reembolso de la formación a distancia y/o del material de autoformación dentro de los límites de los importes mencionados en el artículo 2, con exclusión de los gastos de conexión o de comunicación informática.
   2.   El reembolso se efectuará según las modalidades establecidas en el artículo 3 y previa presentación:

               a)

               de documentación detallada sobre el programa de formación a distancia elegido o descripción del material de autoformación adquirido;

               b)

               y, en el caso de los cursos a distancia y/o en línea, de un certificado de asistencia expedido y debidamente certificado por el centro acreditado, en el que figuren el nombre del diputado, las horas de enseñanza con presencia real y las correspondientes fechas y horas.

         SECCIÓN 5

      DISPOSICIÓN FINAL

   Artículo 11
   Entrada en vigor
   La presente Reglamentación entrará en vigor, tras su publicación en el Diario Oficial, el mismo día que el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo.

      (1)  Decisión del Parlamento Europeo, de 28 de septiembre de 2005, sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (2005/684/CE, Euratom) (DO L 262 de 7.10.2005, p. 1).

      (2)  Aprobadas por la Mesa del PE el 19 de mayo de 2008 y el 9 de junio de 2008 (PE 388.087/BUR/GT/REV 13).

      (3)  Doc. PE 113.166/BUR/rev. XXV/01-2009.


               19.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 65/199

         P7_TA(2013)0249
   Nombramiento de un nuevo Comisario
   Decisión del Parlamento Europeo, de 12 de junio de 2013, por la que se aprueba el nombramiento de Neven Mimica como miembro de la Comisión (2013/0806(NLE))
   (2016/C 065/35)

      El Parlamento Europeo,

               —

               Vista el Acta de adhesión de Croacia, y en particular su artículo 21, apartado 1,

               —

               Vista la propuesta de nombramiento de Neven Mimica como miembro de la Comisión, presentada por el Gobierno de Croacia el 25 de abril de 2013,

               —

               Vista la carta del Consejo de 2 de mayo de 2013, por la que el Consejo consultó al Parlamento acerca de la decisión que debía tomarse de común acuerdo con el Presidente de la Comisión sobre el nombramiento de Neven Mimica como miembro de la Comisión,

               —

               Vistas la comparecencia de Neven Mimica de 4 de junio de 2013 ante la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, a la que se asociaron la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y el informe de evaluación realizada a raíz de dicha comparecencia,

               —

               Vistos el artículo 106 y el anexo XVII de su Reglamento,

               1.

               Aprueba el nombramiento de Neven Mimica como miembro de la Comisión por el resto del mandato de esta, hasta el 31 de octubre de 2014;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos de los Estados miembros y a la República de Croacia.