title: 2008/211/CE: Decisión del Consejo, de 18 de febrero de 2008 , sobre los principios, las prioridades y las condiciones de la Asociación Europea con Bosnia y Herzegovina y por la que se deroga la Decisión 2006/55/CE

text:
               19.3.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 80/18

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 18 de febrero de 2008
   sobre los principios, las prioridades y las condiciones de la Asociación Europea con Bosnia y Herzegovina y por la que se deroga la Decisión 2006/55/CE
   (2008/211/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Reglamento (CE) no 533/2004 del Consejo, de 22 de marzo de 2004, sobre el establecimiento de asociaciones en el marco del Proceso de Estabilización y Asociación (1), tal como ha sido modificado, y, en particular, su artículo 2,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Consejo Europeo de Salónica de 19 y 20 de junio de 2003 refrendó la introducción de las Asociaciones Europeas como instrumento para materializar la perspectiva europea de los países de los Balcanes Occidentales.

               (2)

               El Reglamento (CE) no 533/2004 dispone que el Consejo debe decidir los principios, las prioridades y las condiciones que figurarán en las asociaciones, así como los ajustes correspondientes. También establece que el seguimiento de las Asociaciones Europeas se llevará a cabo en el marco de los mecanismos establecidos en el Proceso de Estabilización y Asociación, en particular en los informes anuales de situación.

               (3)

               El 30 de enero de 2006, el Consejo adoptó la segunda Asociación Europea con Bosnia y Herzegovina (2).

               (4)

               El documento de la Comisión sobre la estrategia de ampliación y principales retos 2006-2007 indicaba que las asociaciones se actualizarían a finales de 2007.

               (5)

               El 17 de julio de 2006, el Consejo adoptó el Reglamento (CE) no 1085/2006 (3) por el que se establece un Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP), que constituye el nuevo marco para la asistencia financiera de preadhesión.

               (6)

               Conviene, por lo tanto, adoptar una Asociación Europea revisada que actualice la asociación actual con el fin de definir nuevas prioridades para proseguir los esfuerzos, basándose en las conclusiones del Informe de Situación de 2007 sobre los preparativos efectuados por Bosnia y Herzegovina con vistas a una mayor integración en la Unión Europea.

               (7)

               A fin de preparar su ulterior integración en la Unión Europea, las autoridades competentes de Bosnia y Herzegovina deberán elaborar un plan con un calendario y medidas específicas para abordar las prioridades de esta Asociación Europea.

               (8)

               Deberá derogarse la Decisión 2006/55/CE.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Los principios, las prioridades y las condiciones de la Asociación Europea con Bosnia y Herzegovina figuran en el anexo.
   Artículo 2
   La aplicación de la Asociación Europea será evaluada mediante los mecanismos establecidos en el Proceso de Estabilización y Asociación, así como por el Consejo sobre la base de los informes anuales de la Comisión.
   Artículo 3
   Queda derogada la Decisión 2006/55/CE.
   Artículo 4
   La presente Decisión surtirá efecto a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2008.

            Por el Consejo

            El Presidente

         D.RUPEL

      (1)  DO L 86 de 24.3.2004, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 269/2006 (DO L 47 de 17.2.2006, p. 7).

      (2)  Decisión 2006/55/CE del Consejo, de 30 enero 2006, sobre los principios, las prioridades y las condiciones de la Asociación Europea con Bosnia y Herzegovina y por la que se deroga la Decisión 2004/515/CE (DO L 35 de 7.2.2006, p. 19).

      (3)  DO L 210 de 31.7.2006, p. 82.

      ANEXO
      ASOCIACIÓN EUROPEA DE 2007 CON BOSNIA Y HERZEGOVINA
      1.   INTRODUCCIÓN
      El Consejo Europeo refrendó la introducción de las Asociaciones Europeas como instrumento para materializar la perspectiva europea de los países de los Balcanes Occidentales. La asociación revisada propuesta actualiza esta última, sobre la base de las conclusiones contenidas en el Informe de Situación de la Comisión de 2007 sobre Bosnia y Herzegovina. En él se identifican nuevas áreas de acción prioritarias y actuaciones pendientes. Las nuevas prioridades están adaptadas a las necesidades específicas y a la fase actual de preparación del país y se actualizarán según sea necesario. Se espera de Bosnia y Herzegovina que establezca un plan que incluya un calendario y medidas específicas para abordar las prioridades de la Asociación Europea. Asimismo, la asociación proporciona orientaciones para la asistencia financiera al país.
      2.   PRINCIPIOS
      El Proceso de Estabilización y Asociación sigue siendo el marco de la trayectoria europea de los países de los Balcanes Occidentales, hasta su futura adhesión. Las prioridades determinadas para Bosnia y Herzegovina se refieren a su capacidad para satisfacer los criterios establecidos en el Consejo Europeo de Copenhague de 1993 y las condiciones fijadas por el Proceso de Estabilización y Asociación, especialmente las definidas por el Consejo en sus conclusiones de 29 de abril de 1997 y de 21 y 22 de junio de 1999, en la Declaración final de la Cumbre de Zagreb de 24 de noviembre de 2000 y en el Programa de Salónica.
      3.   PRIORIDADES
      Las prioridades enumeradas en la presente Asociación Europea se han seleccionado partiendo del supuesto de que es realista esperar que Bosnia y Herzegovina las realice o las lleve sustancialmente adelante en el transcurso de los próximos años. Se distingue entre prioridades a corto plazo, realizables en el plazo de uno o dos años, y a medio plazo, realizables en un plazo de tres o cuatro años. Las prioridades se refieren tanto a la legislación como a su cumplimiento.
      Vista la necesidad de establecer prioridades, es obvio que hay otras tareas que Bosnia y Herzegovina deberá efectuar, que podrían llegar a ser prioridades en una futura asociación, en función de los progresos que realice el país.
      Entre las prioridades a corto plazo, las que son fundamentales han sido recogidas y agrupadas al comienzo de la enumeración. El orden en que figuran esas prioridades fundamentales no presupone su importancia.
      3.1.   PRIORIDADES A CORTO PLAZO
      Prioridades esenciales

                  —

                  Adoptar y comenzar a aplicar la legislación relativa a la reforma de la policía a nivel de Estado y de las Entidades, de acuerdo con los tres principios de la UE.

                  —

                  Cooperar plenamente con el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY), en particular desempeñando un papel dinámico en la detención de todos los encausados por el TPIY actualmente en libertad.

                  —

                  Adoptar la legislación de radiodifusión pública necesaria a nivel de la Federación de Bosnia y Herzegovina. Aplicar la reforma de la radiodifusión pública.

                  —

                  Poner en práctica la estrategia 2006 de reforma de la administración pública y garantizar que todos los ministerios e instituciones a nivel estatal cuentan con financiación adecuada, son operativos y están equipados convenientemente, en particular en lo que respecta a sus locales y recursos humanos.

                  —

                  Reforzar la capacidad administrativa como parte de los preparativos para aplicar los compromisos asumidos en el Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) y en el Acuerdo Interino (AI).

                  —

                  Proseguir los esfuerzos encaminados a la reconciliación entre los ciudadanos de los países de la región e incrementar los esfuerzos para encontrar soluciones definitivas a las cuestiones bilaterales pendientes, en particular las cuestiones de carácter fronterizo.

                  —

                  Realizar progresos significativos en la creación de un espacio económico único en Bosnia y Herzegovina que fomente la libre circulación de bienes, capitales, servicios y personas.

                  —

                  Reducir las rigideces estructurales que distorsionan el funcionamiento del mercado laboral, en particular la fiscalidad laboral, los niveles de transferencias sociales y los mecanismos de fijación de salarios, con el fin de mejorar los índices de actividad y de empleo.

                  —

                  Adoptar medidas para lograr estructuras institucionales más funcionales y sostenibles y garantizar un mayor respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales, en particular, mediante la aceptación y adopción de las modificaciones que sean necesarias en la Constitución de Bosnia y Herzegovina.

            Criterios políticos
      Democracia y Estado de Derecho
      Constitución/gobernanza

                  —

                  Seguir adoptando medidas para dotar a la Asamblea Parlamentaria de Bosnia y Herzegovina de recursos técnicos y humanos suficientes.

                  —

                  Garantizar una coordinación Estado-Entidad estructurada e institucionalizada mediante el establecimiento de mecanismos eficaces de coordinación política, legislativa y técnica entre el Estado y las Entidades.

                  —

                  Garantizar un seguimiento adecuado de los informes emitidos por las instancias superiores de auditoría de Bosnia y Herzegovina y tomar medidas contra los responsables de irregularidades.

            Parlamento/elecciones

                  —

                  Modificar la legislación electoral en lo que se refiere a los miembros de la Presidencia y los delegados de la Casa de los Pueblos de Bosnia y Herzegovina para garantizar el pleno cumplimiento del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de los compromisos derivados de la adhesión al Consejo de Europa.

            Administración pública

                  —

                  Dotar a la Oficina del Coordinador de la Administración Pública de todos los recursos humanos y materiales necesarios para que pueda llevar a cabo su labor.

                  —

                  Seguir mejorando los procedimientos de contratación basados en criterios objetivos y de mérito, garantizando la transparencia y la rápida designación de funcionarios públicos debidamente cualificados.

                  —

                  Armonizar la legislación relativa a la función pública con el fin de crear una función pública responsable y eficaz, cuya carrera se desarrolle con arreglo a criterios de profesionalidad.

                  —

                  Culminar la fusión de los defensores del pueblo de las Entidades y del Estado y garantizar que la Oficina estatal del Defensor del Pueblo cuenta con los recursos necesarios para funcionar adecuadamente.

            Sistema judicial

                  —

                  Reforzar la independencia y responsabilidad del sistema judicial y mejorar su eficacia, en particular, mediante la reducción de los asuntos pendientes.

                  —

                  Adoptar y comenzar a aplicar una estrategia para el desarrollo del sector judicial.

                  —

                  Garantizar una formación adecuada de la magistratura, en especial, en lo que respecta a la legislación sobre derechos humanos y las cuestiones relacionadas con la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación.

            Política de lucha contra la corrupción

                  —

                  Adoptar y aplicar un plan de acción detallado contra la corrupción, basado en la estrategia nacional de lucha contra la corrupción.

                  —

                  Aplicar las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y las obligaciones derivadas de los convenios internacionales sobre corrupción.

                  —

                  Perseguir enérgicamente la corrupción y adoptar una política de tolerancia cero contra la corrupción.

                  —

                  Garantizar la aplicación correcta de la legislación sobre conflictos de interés.

            Derechos humanos y protección de las minorías

                  —

                  Suprimir las disposiciones sobre la pena de muerte de la Constitución de la República Serbia.

                  —

                  Mejorar la aplicación de los convenios internacionales ratificados por Bosnia y Herzegovina, incluida la debida presentación de informes.

                  —

                  Mejorar el acceso a la justicia.

                  —

                  Reforzar la protección de los derechos de las mujeres y de los niños.

                  —

                  Acordar una reforma penitenciaria global y garantizar la construcción de una prisión del Estado.

                  —

                  Continuar mejorando el marco jurídico aplicable a las minorías para que cumpla plenamente los requisitos del Convenio Marco del Consejo de Europa para la Protección de las Minorías Nacionales y garantizar su aplicación en todo el territorio de Bosnia y Herzegovina.

                  —

                  Velar por el buen funcionamiento del Consejo de las Minorías Nacionales de Bosnia y Herzegovina y los organismos correspondientes a nivel de las Entidades.

                  —

                  Elaborar y aplicar todos los planes de acción sectoriales de la estrategia nacional para los romaníes, como parte de una estrategia global de alivio de la pobreza e inclusión social.

                  —

                  Continuar fomentando la desinstitucionalización, los servicios basados en la comunidad y la ayuda a las personas dependientes, también en el ámbito de la salud mental.

            Asuntos regionales y obligaciones internacionales

                  —

                  Contribuir a reforzar la cooperación regional, la reconciliación y las relaciones de buena vecindad, promoviendo, entre otras cosas, la transición del Pacto de Estabilidad a una estructura de cooperación más específicamente regional y aplicar de manera efectiva el Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio (ACELC).

                  —

                  Incrementar la cooperación con los países vecinos, sobre todo en lo que respecta a la cooperación transfronteriza, la lucha contra la delincuencia organizada, el tráfico ilícito y el contrabando, la cooperación judicial y la gestión de las fronteras.

                  —

                  Contribuir a solucionar las cuestiones fronterizas pendientes con los países vecinos.

                  —

                  Garantizar que el Fondo para el Retorno de los Refugiados cuente con una dotación financiera suficiente y sea plenamente operativo; contribuir a la plena aplicación de la Declaración de Sarajevo; finalizar el proceso de regreso de los refugiados y realizar progresos significativos en su integración económica y social.

            Criterios económicos

                  —

                  Reforzar la estabilidad macroeconómica garantizando una situación fiscal viable y utilizando instrumentos políticos prudenciales para mantener la estabilidad financiera frente al rápido desarrollo de la intermediación financiera.

                  —

                  Acelerar el proceso de privatización con el objetivo de transferir del 5 al 10 % del capital público al sector privado, aplicándose el umbral superior a nivel federal.

                  —

                  Desarrollar mecanismos de vigilancia fiscal basados en normas fiscales y cooperación institucional que promuevan la disciplina fiscal en las Entidades y entre las instituciones de las Entidades y las instituciones del Estado; garantizar un entorno adecuado para la cooperación institucional dentro del ámbito de un Consejo Fiscal Nacional operativo.

                  —

                  Finalizar la conciliación de la deuda interna de acuerdo con la capacidad de reembolso del presupuesto y reducir de forma duradera la deuda pública.

                  —

                  Mejorar la gobernanza corporativa logrando progresos sustanciales en la reestructuración y liquidación de las empresas públicas deficitarias.

                  —

                  Velar por el buen funcionamiento de los tribunales mercantiles y, en particular reforzar la capacidad de los tribunales para gestionar de modo más eficaz los procedimientos de quiebra y liquidación de empresas.

                  —

                  Dotar de mayor seguridad jurídica a los operadores económicos locales y extranjeros y mejorar el entorno empresarial.

            Normas europeas
      Mercado interior
      Libre movimiento de mercancías

                  —

                  Mejorar y aplicar el marco jurídico de estandarización, metrología, acreditación y certificación de productos para adecuarlo a las normas y mejores prácticas de la UE; lograr un mayor grado de aproximación de la reglamentación técnica al acervo: aumentar la capacidad de las infraestructuras e instituciones de control de la calidad y crear la base jurídica necesaria para los procedimientos de evaluación de la conformidad.

                  —

                  Seguir progresando en la adopción de las normas europeas.

                  —

                  Establecer un mecanismo interno de consulta y de notificación para la nueva reglamentación técnica antes de la adopción de medidas con repercusiones sobre los intercambios comerciales.

                  —

                  Garantizar el pleno funcionamiento del organismo de vigilancia del mercado y continuar adoptando medidas para establecer una estructura de vigilancia del mercado que se ajuste a los requisitos del acervo sobre la libre circulación de mercancías.

                  —

                  Adoptar la ley nacional de productos farmacéuticos y sanitarios y establecer un organismo farmacéutico estatal.

            Circulación de personas y servicios y derecho de establecimiento

                  —

                  Transferir la supervisión bancaria al nivel estatal (así como las actividades accesorias de supervisión) y garantizar el buen funcionamiento de tal organismo de supervisión, de acuerdo con los principios fundamentales de Basilea para una supervisión bancaria eficaz.

                  —

                  Adoptar legislación de carácter estatal sobre obligaciones.

                  —

                  Garantizar que el organismo de seguros de Bosnia y Herzegovina funciona adecuadamente y garantiza la existencia de un mercado interior único en el sector de los seguros.

                  —

                  Definir un marco legislativo y normativo coherente para los mercados de capitales, que garantice la existencia de un espacio económico único, y crear una estructura institucional adecuada para la coordinación de las políticas y la legislación de los mercados de capitales.

            Libre circulación de capitales.

                  —

                  Seguir avanzando en la eliminación de restricciones a las transferencias de capital al exterior.

            Aduanas y fiscalidad

                  —

                  Lograr un mayor grado de aproximación al acervo en cuanto a legislación y procedimientos en materia de aduanas y fiscalidad y garantizar la oportuna actualización del arancel aduanero de Bosnia y Herzegovina de acuerdo con la versión más reciente de la nomenclatura combinada.

                  —

                  Garantizar que el marco jurídico en materia de zonas francas sea compatible con las normas de la UE y que garantiza la supervisión adecuada de dichas zonas.

                  —

                  Garantizar la aplicación correcta de las normas de origen, incluida la acumulación diagonal.

                  —

                  Aplicar las normas de valoración aduanera de conformidad con las normas y prácticas internacionales.

                  —

                  Suprimir los impuestos con efecto equivalente a derechos de aduana (tarifas de aduana por la tramitación de declaraciones de aduana).

                  —

                  Mejorar en mayor medida la capacidad administrativa para aplicar la legislación en materia de aduanas y fiscalidad y luchar contra la corrupción, la delincuencia transfronteriza y la evasión fiscal.

                  —

                  Acordar una fórmula permanente para el reparto de los ingresos fiscales indirectos entre el Estado, las entidades y el distrito de Brčko.

                  —

                  Comprometerse a respetar los principios del Código de Conducta sobre la fiscalidad de las empresas y garantizar que las nuevas medidas fiscales se ajustan a ellos.

            Competencia

                  —

                  Mejorar la legislación antimonopolio existente de acuerdo con los requisitos del Acuerdo de Estabilización y Asociación y reforzar la capacidad administrativa del Consejo de la Competencia.

                  —

                  Acelerar los preparativos relativos a las ayudas estatales, en particular adoptando la legislación necesaria, estableciendo un organismo público funcionalmente independiente de supervisión de las ayudas y garantizando la transparencia de todas las ayudas concedidas en Bosnia y Herzegovina.

            Contratación pública

                  —

                  Garantizar el buen funcionamiento del sistema de contratación pública y aplicar adecuadamente la legislación y los procedimientos en materia de contratación pública. Continuar desarrollando la capacidad administrativa.

            Legislación en materia de propiedad intelectual

                  —

                  Garantizar la plena operatividad del Instituto de la Propiedad Intelectual para que desempeñe sus funciones de manera eficaz y aplicar y hacer cumplir el marco jurídico actual.

                  —

                  Preparar un plan de acción para la consecución de la capacidad necesaria para aplicar y hacer cumplir la legislación en materia de propiedad intelectual, prestando especial atención a la necesidad de facilitar formación especializada a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los jueces, fiscales y funcionarios de aduanas.

                  —

                  Mejorar la cooperación entre las fuerzas y cuerpos de seguridad y entre todas las partes interesadas pertinentes, con el objetivo de reforzar la aplicación de la legislación y comenzar a desarrollar campañas de sensibilización pública.

            Empleo y políticas sociales

                  —

                  Seguir desarrollando las políticas de integración y protección social.

                  —

                  Instaurar mecanismos de diálogo social.

                  —

                  Seguir realizando esfuerzos para mejorar la situación de las personas con discapacidades.

                  —

                  Desarrollar estructuras y capacidades administrativas adecuadas en el ámbito de la protección de los consumidores y de la salud.

            Educación e investigación

                  —

                  Aplicar la ley estatal sobre educación superior y preparar así el terreno para la aplicación de los elementos más importantes del Proceso de Bolonia y del Convenio de Lisboa sobre reconocimiento de cualificaciones.

                  —

                  Solucionar la fragmentación del sistema educativo y el solapamiento de funciones entre los distintos niveles organizativos. Consolidar el desarrollo de políticas y la planificación estratégica para mejorar la calidad de la educación.

                  —

                  Adoptar medidas para evitar la segregación de los niños en el colegio en función de su etnia.

                  —

                  Firmar y ratificar la Convención de la Unesco sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales.

                  —

                  Iniciar el diseño de una política de investigación integrada.

            Cuestiones relativas a la OMC

                  —

                  Continuar las reformas necesarias para satisfacer las normas y obligaciones de la OMC y seguir trabajando para lograr la adhesión a dicha organización.

            Políticas sectoriales
      Industria y PYME

                  —

                  Crear un marco legal e institucional coherente para las PYME a fin de aplicar correctamente la Carta de las PYME.

                  —

                  Adoptar la estrategia nacional propuesta para las PYME y establecer las capacidades mínimas necesarias a nivel estatal para garantizar una política relativa a las PYME coherente y coordinada en todo el país, que incluya un Organismo Nacional de las PYME y un foro de diálogo y consulta con las PYME.

                  —

                  Elaborar una política industrial global.

            Agricultura y pesca

                  —

                  Adoptar la Ley sobre Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural y garantizar un marco jurídico adecuado que permita una aplicación armonizada de la política agrícola, alimentaria y de desarrollo rural. Elaborar una estrategia agrícola global a nivel estatal.

                  —

                  Reforzar la capacidad administrativa a nivel estatal en materia de agricultura, alimentación y desarrollo rural a fin de coordinar de forma eficaz la aplicación de políticas en materia de desarrollo rural y de mercado en todo el país. Esforzarse en crear un Ministerio estatal de Agricultura, Alimentación y Desarrollo Rural con recursos suficientes para desempeñar sus funciones.

                  —

                  Garantizar la adopción de legislación que se ajuste a las normas europeas en los sectores veterinario, fitosanitario y de seguridad alimentaria y comenzar a aplicarla.

                  —

                  Potenciar la capacidad de los laboratorios y de inspección en los sectores veterinario, fitosanitario y de seguridad alimentaria, crear laboratorios de referencia y elaborar procedimientos de recogida de muestras de conformidad con los requisitos de la UE.

                  —

                  Mejorar el sistema de identificación de bovinos y registro de sus movimientos y comenzar la identificación del ganado porcino, ovino y caprino y el registro de sus movimientos.

            Medio ambiente

                  —

                  Aprobar una ley estatal de medio ambiente para crear un marco armonizado nacional de protección del medio ambiente.

                  —

                  Continuar aplicando la legislación sobre evaluación de impacto ambiental.

                  —

                  Ratificar y comenzar a aplicar los convenios internacionales pertinentes, incluidos los Convenios de Aarhus y de Espoo.

                  —

                  Crear y garantizar el buen funcionamiento del Organismo Estatal de Medio Ambiente.

                  —

                  Seguir reforzando la capacidad administrativa de las instituciones relacionadas con el medio ambiente, sobre todo a nivel estatal, y mejorar la comunicación y la coordinación entre dichas instituciones.

            Energía

                  —

                  Desde el 1 de julio de 2007, satisfacer las obligaciones derivadas del Tratado de la Comunidad de la Energía en lo que respecta a la plena aplicación del acervo sobre el mercado interior del gas y la electricidad y el comercio transfronterizo de electricidad.

                  —

                  Elaborar y aprobar una estrategia energética global.

            Política de transportes

                  —

                  Seguir aplicando los requisitos del Memorando de Acuerdo sobre el Desarrollo de la Red Principal de Transporte Regional de la Europa Sudoriental, incluido el Addendum relativo a un Espacio Ferroviario en la Europa Sudoriental. Coordinar y consolidar a nivel de Estado y Entidades la planificación de la infraestructura de transportes con el objetivo de establecer, de manera coherente, prioridades relativas a proyectos de transporte en la Red Principal de Transporte Regional de la Europa Sudoriental.

                  —

                  Aproximarse al acervo sobre transporte por carretera (normas técnicas y de seguridad, normas sociales y acceso al mercado).

                  —

                  Aplicar plenamente la ley estatal de ferrocarriles. Elaborar una Declaración sobre la red ferroviaria que contemple el libre acceso a la infraestructura ferroviaria.

                  —

                  Cumplir los compromisos contraídos en la primera fase transitoria del Acuerdo sobre el Espacio Aéreo Común Europeo, incluida la aplicación de la legislación aérea pertinente.

            Sociedad de la información y medios de comunicación

                  —

                  Aprobar la Ley del organismo de la sociedad de la información y crear dicho organismo.

                  —

                  Aplicar y hacer cumplir los reglamentos sobre telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas con el objetivo de crear un mercado totalmente liberalizado y competitivo. Establecer en ese mercado las garantías necesarias en materia de competencia.

                  —

                  Mantener la independencia de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones. Reforzar su capacidad administrativa.

            Control financiero

                  —

                  Elaborar y adoptar una estrategia de control interno de las finanzas públicas.

                  —

                  Adoptar y aplicar legislación en materia de control interno y auditoría del sector público.

            Estadísticas

                  —

                  Aplicar el Acuerdo con las entidades que participan en el sistema estadístico sobre la mejora de las actividades del Organismo de Estadística Central de Bosnia y Herzegovina, y mejorar el alcance y la calidad de las estadísticas, en particular, las estadísticas nacionales.

                  —

                  Mejorar la recopilación y el procesamiento de las estadísticas agrícolas, de acuerdo con las normas y la metodología de la UE.

                  —

                  Mejorar la calidad y la cobertura de las estadísticas sobre las cuentas públicas consolidadas.

                  —

                  Establecer el marco jurídico necesario para realizar el censo de población. Acordar una fecha para el censo y comenzar los preparativos para llevarlo a cabo.

            Justicia, libertad y seguridad
      Visados, control de fronteras, asilo y migración

                  —

                  Dotar al Departamento de Migración del Ministerio de Seguridad Nacional de recursos humanos adecuados y proporcionar al Departamento de Extranjeros las instalaciones, el equipamiento, el personal y la formación necesarios.

                  —

                  Adoptar una estrategia de migración a nivel estatal y la nueva Ley sobre la circulación y estancia de extranjeros.

                  —

                  Aplicar el acuerdo de readmisión CE/Bosnia y Herzegovina y negociar acuerdos de readmisión con los países de origen de los emigrantes en tránsito.

                  —

                  Garantizar que los centros de acogida cumplen las normas internacionales y asumir plenamente su financiación y gestión.

                  —

                  Adoptar y aplicar la estrategia nacional revisada para la gestión integrada de las fronteras (GIF), basada en las directrices de GIF para los Balcanes Occidentales, además del plan de acción nacional correspondiente.

                  —

                  Seguir mejorando los pasos fronterizos.

            Blanqueo de dinero

                  —

                  Dotar a la Unidad de Inteligencia Financiera de los recursos humanos necesarios.

                  —

                  Seguir mejorando la legislación contra el blanqueo de dinero, así como su aplicación y cumplimiento.

            Drogas

                  —

                  Elaborar una política antidroga a nivel estatal de conformidad con las normas de la UE.

                  —

                  Garantizar el pleno funcionamiento de una Oficina nacional de estupefacientes.

            Policía

                  —

                  Seguir reforzando la Agencia Nacional de Investigación y Protección, completando, en particular, la contratación de su personal.

            Lucha contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo

                  —

                  Preparar y aplicar todos los planes de acción previstos por la estrategia nacional de lucha contra la delincuencia organizada.

                  —

                  Actualizar y aplicar el plan de acción nacional de lucha contra la trata de seres humanos.

                  —

                  Ratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

                  —

                  Reforzar la lucha contra la delincuencia organizada y la cooperación internacional con las autoridades competentes.

                  —

                  Adoptar medidas adicionales para proteger a las víctimas de la trata de seres humanos y garantizar la aplicación adecuada de la legislación sobre protección de testigos.

                  —

                  Aumentar la capacidad de la Agencia Nacional de Investigación y Protección para luchar contra el terrorismo y reforzar la cooperación internacional en este ámbito, en particular, mediante la correcta aplicación de los convenios internacionales.

            Protección de los datos personales

                  —

                  Crear un organismo independiente de supervisión (agencia de protección de datos) dotado de las competencias y los recursos financieros y humanos suficientes.

            3.2.   PRIORIDADES A MEDIO PLAZO
      Criterios políticos
      Democracia y Estado de Derecho
      Constitución/gobernanza

                  —

                  Continuar el proceso de aceptación y adopción de las modificaciones que sean necesarias en la Constitución de Bosnia y Herzegovina para contribuir a crear estructuras institucionales más funcionales y fiscalmente sostenibles, mejorar el respeto a los derechos humanos y derechos fundamentales y apoyar el proceso de integración europea.

                  —

                  Continuar avanzando para asumir la plena responsabilidad nacional de la elaboración de políticas y la toma de decisiones.

            Administración pública

                  —

                  Poner en práctica la reforma de la administración pública y garantizar su viabilidad. Aumentar la capacidad para lograr una armonización jurídica gradual con el acervo y su aplicación.

            Sistema judicial

                  —

                  Poner en práctica la estrategia de desarrollo del sector judicial, consolidar un sistema judicial independiente, fiable y eficaz que garantice el Estado de Derecho y la igualdad de acceso de los ciudadanos a la justicia y garantice que los tribunales cuentan con el equipo técnico y los medios financieros necesarios para impartir justicia de modo eficaz y adecuado.

            Derechos humanos y protección de las minorías

                  —

                  Garantizar que la legislación nacional es plenamente compatible con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

                  —

                  Garantizar la protección de las minorías de acuerdo con las normas de la UE y las normas internacionales; aplicar plenamente la estrategia nacional en relación con los romaníes y sus planes de acción sectoriales; elaborar estadísticas que puedan constituir una base sólida para promover nuevos avances en materia de estrategias de inclusión social, planes de acción y su evaluación.

            Asuntos regionales y obligaciones internacionales

                  —

                  Seguir promoviendo el diálogo regional, la estabilidad, la buena vecindad y la cooperación.

                  —

                  Adaptar el acuerdo celebrado con los EE.UU. sobre las condiciones de entrega de personas al Tribunal Penal Internacional de acuerdo con los principios rectores de la UE adoptados por el Consejo Europeo en septiembre de 2002.

            Criterios económicos

                  —

                  Mejorar la calidad de las finanzas públicas mediante la reducción de la parte correspondiente al gasto público en el PIB, la reorientación de la composición del gasto en favor de partidas presupuestarias que fomenten el crecimiento y el refuerzo de la capacidad de planificación de la política económica.

                  —

                  Completar el proceso de privatización y liquidar las empresas públicas deficitarias restantes que no se puedan vender.

                  —

                  Mejorar la participación de la economía legal reduciendo las cotizaciones sociales y reformando el sistema de pensiones, y facilitar la movilidad laboral en todo el país.

                  —

                  Acelerar la desagregación de las industrias de red para abrir los mercados de electricidad, gas y telecomunicaciones a otros proveedores con vistas a aumentar la competencia y la asignación eficaz de recursos.

                  —

                  Proseguir las reformas en los ámbitos del registro de propiedad, cumplimiento de contratos, procedimientos de quiebra y registro, fiscalidad y concesión de licencias a las empresas a fin de mejorar el entorno empresarial y fomentar la iniciativa empresarial. Eliminar las reglamentaciones que se solapen impuestas por los distintos niveles de Gobierno y la doble imposición de las Entidades a las empresas.

            Normas europeas
      Mercado interior
      Libre circulación de mercancías

                  —

                  Continuar estableciendo infraestructuras de calidad aproximando al acervo la legislación en materia de normas, certificación, metrología, acreditación y evaluación de la conformidad, y transponiendo las directivas de nuevo enfoque y enfoque global y de antiguo enfoque.

                  —

                  Realizar nuevos progresos en la adopción de las normas europeas y acelerar los esfuerzos para convertirse en miembro de pleno derecho del Comité Europeo de Normalización, del Comité Europeo de Normalización Electrónica y del Instituto Europeo de Normalización de las Telecomunicaciones.

                  —

                  Establecer un sistema de vigilancia de mercado que se ajuste a las normas europeas.

            Aduanas y fiscalidad

                  —

                  Garantizar la aproximación continua de la legislación aduanera y tributaria al acervo y seguir aumentando la capacidad administrativa para aplicar dicha legislación y luchar contra la corrupción, la delincuencia transfronteriza y la evasión fiscal.

                  —

                  Mejorar la transparencia y el intercambio de información en la región y con la UE, a fin de facilitar el cumplimiento de las medidas preventivas de la elusión o la evasión de impuestos.

            Competencia

                  —

                  Aplicar la legislación en materia de ayudas estatales y garantizar el buen funcionamiento del organismo de supervisión de las ayudas.

                  —

                  Elaborar un inventario completo de ayudas estatales.

            Contratación pública

                  —

                  Garantizar que el marco jurídico aplicable a la contratación pública es compatible con el acervo y que los procedimientos de contratación pública se aplican correctamente.

            Empleo y políticas sociales

                  —

                  En el ámbito de la salud mental, desarrollar servicios comunitarios como alternativa a la institucionalización, teniendo en cuenta la asignación de recursos financieros suficientes para la atención a la salud mental.

            Educación e investigación

                  —

                  Adoptar medidas para mejorar el sistema de enseñanza, incluida la enseñanza primaria, y crear un sistema moderno de educación y formación profesional.

                  —

                  Promover la cooperación regional en el campo de la enseñanza superior.

            Estadísticas

                  —

                  Elaborar estadísticas económicas fiables y desarrollar la capacidad institucional para elaborar y publicar datos estadísticos básicos que se ajusten a las normas europeas, especialmente en lo que respecta a la contabilidad nacional, las estadísticas agrícolas, macroeconómicas y empresariales, y las estadísticas sociales, incluidas las de educación, empleo y sanidad.

                  —

                  Realizar el censo de la población.

            Políticas sectoriales
      Industria y PYME

                  —

                  Garantizar la aplicación de la Carta de las PYME.

                  —

                  Garantizar la aplicación de la política industrial.

            Agricultura y pesca

                  —

                  Aplicar la estrategia agrícola nacional global en todo el país.

                  —

                  Seguir reforzando la capacidad del Estado para coordinar y armonizar la política agrícola, de alimentación y de desarrollo rural, reforzar los mecanismos de aplicación y lograr una mayor aproximación al acervo.

                  —

                  Proseguir la adopción de legislación compatible con el acervo en los sectores veterinario, fitosanitario y de seguridad alimentaria, y desarrollar un sistema eficaz de control.

                  —

                  Evaluar la adecuación de los establecimientos agroalimentarios con los niveles de la UE y preparar e iniciar un programa para la mejora de estos.

            Medio ambiente

                  —

                  Seguir trabajando en la transposición progresiva del acervo, en particular, en materia de gestión de los residuos, calidad del agua y del aire, protección de la naturaleza y prevención y control integrados de la contaminación.

                  —

                  Poner en práctica planes estratégicos, así como estrategias de inversión, e incrementar las inversiones en infraestructuras de medio ambiente, haciendo especial hincapié en la recogida y el tratamiento de las aguas residuales, el suministro de agua potable y la gestión de residuos sólidos.

                  —

                  Garantizar la integración de los requisitos de protección del medio ambiente en la definición y aplicación de otras políticas sectoriales.

            Política de transportes

                  —

                  Crear las condiciones necesarias para la competencia en la red ferroviaria, en particular, mediante la instauración de instituciones para la regulación y la seguridad del transporte ferroviario.

                  —

                  Garantizar una mayor aproximación al acervo de la legislación de los transportes, sobre todo en cuanto a las normas técnicas y de seguridad (incluida la introducción del tacógrafo digital), la reglamentación social y la liberalización del mercado.

                  —

                  Poner en práctica los compromisos asumidos en el marco de la segunda fase de transición del Acuerdo sobre el Espacio Aéreo Común Europeo.

            Energía

                  —

                  Acelerar la reforma de los servicios públicos de energía, en particular, en los sectores del gas y de la electricidad, aplicar los planes de acción de las Entidades para la reestructuración del sector energético, desarrollar y aplicar planes concomitantes relativos a la reforma del sector del carbón, instaurar un operador de redes de transmisión y operadores de redes de distribución en el sector del gas, y desarrollar el mercado interior del gas.

                  —

                  Garantizar un sistema consolidado de regulación del gas y de la electricidad, preparado para dar cabida a otros sectores energéticos, de acuerdo con el Tratado de la Comunidad de la Energía y, paralelamente, garantizar que se abordan cuestiones relativas a los clientes socialmente vulnerables.

            Sociedad de la información y medios de comunicación

                  —

                  Aplicar plenamente la legislación de radiodifusión pública y finalizar la reforma estructural del sector de la radiodifusión pública.

                  —

                  Adaptar la legislación al marco reglamentario de la UE para redes de comunicaciones y servicios electrónicos y garantizar su aplicación y cumplimiento.

                  —

                  Adaptarse al Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza y a la Directiva «Televisión sin Fronteras».

            Control financiero

                  —

                  Aplicar el documento estratégico y el plan de acción en materia de control interno de las finanzas públicas.

                  —

                  Reforzar la capacidad operativa y funcional así como la independencia financiera de las instancias superiores de auditoría.

                  —

                  Desarrollar los procedimientos y las capacidades administrativas para garantizar la protección eficaz de los intereses financieros de la UE.

            Justicia, libertad y seguridad
      Visados, control de fronteras, asilo y migración

                  —

                  Aplicar políticas de visados, asilo y migración de acuerdo con las normas de la UE.

                  —

                  Seguir mejorando la gestión de las fronteras, haciendo especial hincapié en la infraestructura fronteriza y la vigilancia de la frontera verde.

            Blanqueo de dinero

                  —

                  Garantizar una mejora constante de los resultados en la lucha contra el blanqueo de dinero.

            Drogas

                  —

                  Garantizar que las fuerzas y cuerpos de seguridad están debidamente equipados para luchar contra el tráfico de drogas. Lograr una cooperación entre organismos e internacional satisfactoria que permita una mejora considerable de los resultados en este ámbito.

            Policía

                  —

                  Aplicar plenamente la reforma de la policía.

            Lucha contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo

                  —

                  Alcanzar resultados significativos en la lucha contra la delincuencia organizada, todo tipo de tráfico ilícito y terrorismo, y garantizar su oportuno procesamiento.

            Protección de los datos personales

                  —

                  Aplicar la Ley de Protección de Datos Personales de acuerdo con el acervo y velar por su eficaz seguimiento y aplicación.

            4.   PROGRAMACIÓN
      La asistencia comunitaria a los países de los Balcanes Occidentales en el marco del Proceso de estabilización y asociación se prestará mediante los instrumentos financieros existentes, en especial el Reglamento (CE) no 1085/2006 del Consejo (Reglamento IPA), y para los programas adoptados antes de 2007, el Reglamento (CE) no 2666/2000 del Consejo (1) (Reglamento CARDS). Los acuerdos de financiación sirven de fundamento jurídico para la ejecución de los programas concretos. En consecuencia, la presente Decisión no tendrá implicaciones financieras. Bosnia y Herzegovina puede asimismo tener acceso a la financiación concedida en el marco de los programas plurinacionales y horizontales.
      5.   CONDICIONES
      La ayuda a los países de los Balcanes Occidentales está supeditada a la condición de que se siga progresando en el cumplimiento de los criterios políticos de Copenhague y, en particular, en la realización de las prioridades específicas de la Asociación Europea. El incumplimiento de estas condiciones podría llevar al Consejo a adoptar las medidas pertinentes, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento (CE) no 1085/2006 o, en el caso de los programas anteriores a 2007, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 2666/2000. La asistencia comunitaria estará sujeta también a las condiciones definidas por el Consejo en sus conclusiones de 29 de abril de 1997, en particular, por lo que se refiere al compromiso de los beneficiarios de llevar a cabo reformas democráticas, económicas e institucionales. En cada uno de los programas anuales se incluyen también condiciones específicas. Tras las decisiones de financiación, se firmará con Bosnia y Herzegovina el acuerdo de financiación correspondiente.
      6.   SEGUIMIENTO
      La puesta en práctica de la Asociación Europea será objeto de seguimiento a través de los mecanismos establecidos en el Proceso de Estabilización y Asociación, en particular, los informes anuales de situación presentados por la Comisión.

         (1)  DO L 306 de 7.12.2000, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2112/2005 (DO L 344 de 27.12.2005, p. 23).


title: 2006/810/CE,Euratom: Decisión del Parlamento Europeo, de 27 de abril de 2006 , sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2004, Sección I — Parlamento Europeo

text:
               6.12.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 340/29

      DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

   de 27 de abril de 2006
   sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2004, Sección I — Parlamento Europeo
   (2006/810/CE, Euratom)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Visto el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2004 (1),

               —

               Vistos la cuenta de gestión y el balance financiero relativos al ejercicio 2004 (C6-0357/2005),

               —

               Visto el Informe anual del auditor interno,

               —

               Visto el Informe anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al ejercicio 2004, acompañado de las respuestas de las Instituciones (2),

               —

               Vista la declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad y legalidad de las operaciones correspondientes presentada por el Tribunal de Cuentas, de conformidad con el artículo 248 del Tratado CE (3),

               —

               Vistos el apartado 10 del artículo 272 y el artículo 275 del Tratado CE y el artículo 179 bis del Tratado Euratom,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y, en particular, sus artículos 145, 146 y 147,

               —

               Visto el artículo 13 de las Normas internas de ejecución del Presupuesto del Parlamento Europeo (5),

               —

               Visto el apartado 1 del artículo 147 del Reglamento financiero, conforme al cual todas y cada una de las Instituciones han de hacer todo lo posible por dar curso a las observaciones adjuntas a la decisión del Parlamento Europeo sobre aprobación de la gestión presupuestaria,

               —

               Vistos el artículo 71, el apartado 3 del artículo 74 y el anexo V de su Reglamento,

               —

               Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A6-0119/2006),

               A.

               Considerando que el Tribunal de Cuentas ha observado insuficiencias en los sistemas de control y supervisión (punto 9.16), si bien son en su mayoría de carácter formal; que el Tribunal de Cuentas afirma que los errores no han afectado en lo esencial a la legalidad y regularidad de los gastos administrativos de las operaciones subyacentes (punto 9.27),

               B.

               Considerando que el Reglamento financiero y el Reglamento del Parlamento Europeo en su versión modificada el 23 de octubre de 2002 (6) son aplicables a partir del 1 de enero de 2003 por lo que respecta a las normas procedimentales que regulan el procedimiento de aprobación de la gestión,

               C.

               Considerando que el Reglamento del Parlamento Europeo fue modificado el 23 de octubre de 2002 para establecer que la aprobación de la gestión se concede al Presidente y no al Secretario General,

               1.

               Aplaza la decisión de conceder a su Presidente la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto para el ejercicio 2004;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo Europeo, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Josep BORRELL FONTELLES

            El Secretario General

         Julian PRIESTLEY

      (1)  DO C 105 de 30.4.2004.

      (2)  DO C 301 de 30.11.2005, p. 1.

      (3)  DO C 302 de 30.11.2005, p. 100.

      (4)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (5)  PE 349.540

      (6)  DO C 300 E de 11.12.2003, p. 303.


title: 2012/261/UE: Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de abril de 2012 , relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006 , entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construcción de edificios, España)

text:
               17.5.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 130/21

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   de 19 de abril de 2012
   relativa a la movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, de conformidad con el apartado 28 del Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (solicitud EGF/2011/006 ES/Comunidad Valenciana - Construcción de edificios, España)
   (2012/261/UE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (1), y, en particular, su apartado 28,
   Visto el Reglamento (CE) no 1927/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2), y, en particular, su artículo 12, apartado 3,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) se creó para prestar ayuda adicional a los trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización, y para ayudarlos a reintegrarse en el mercado de trabajo.

               (2)

               El ámbito de aplicación del FEAG se amplió a las solicitudes presentadas a partir del 1 de mayo de 2009 a efectos de proporcionar apoyo a los trabajadores despedidos como consecuencia directa de la crisis financiera y económica mundial.

               (3)

               El Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 permite la movilización del FEAG dentro de un límite máximo anual de 500 millones EUR.

               (4)

               El 1 de julio de 2011, España presentó una solicitud de intervención del FEAG en relación con 1 138 despidos en 513 empresas cuya actividad corresponde a la división 41 («Construcción de edificios») de la NACE, revisión 2, en la región NUTS 2 Comunidad Valenciana (ES52), y la complementó con información adicional hasta el 25 de noviembre de 2011. La solicitud cumple los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1927/2006 para la fijación de las contribuciones financieras. En consecuencia, la Comisión propone movilizar un importe de 1 642 030 EUR.

               (5)

               Procede, por tanto, movilizar el FEAG para conceder una contribución financiera en respuesta a la solicitud presentada por España.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   En el marco del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2012, se movilizará el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización por un importe de 1 642 030 EUR en créditos de compromiso y de pago.
   Artículo 2
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Estrasburgo, el 19 de abril de 2012.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         M. SCHULZ

            Por el Consejo

            El Presidente

         N. WAMMEN

      (1)  DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

      (2)  DO L 406 de 30.12.2006, p. 1.


title: Decisión (PESC) 2017/1428 del Consejo, de 4 de agosto de 2017, en apoyo de la ejecución del Plan de Acción de Maputo para la aplicación de la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción

text:
               5.8.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 204/101

         DECISIÓN (PESC) 2017/1428 DEL CONSEJO
   de 4 de agosto de 2017
   en apoyo de la ejecución del Plan de Acción de Maputo para la aplicación de la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 28 y su artículo 31, apartado 1,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Unión Europea debe tratar de lograr un alto grado de cooperación en todos los ámbitos de las relaciones internacionales, entre otras cosas para mantener la paz, prevenir los conflictos y fortalecer la seguridad internacional, conforme a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.

               (2)

               El 12 de diciembre de 2003, el Consejo Europeo adoptó una Estrategia Europea de Seguridad en la que determinó los desafíos y amenazas mundiales y propugnó un orden internacional basado en normas, en un multilateralismo eficaz y en unas instituciones internacionales que funcionasen adecuadamente.

               (3)

               La Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (en lo sucesivo, «Convención») entró en vigor el 1 de marzo de 1999. Es el único instrumento internacional integral, que aborda todos los aspectos del problema de las minas antipersonal, desde su utilización, almacenamiento, producción, comercio y remoción hasta la asistencia a las víctimas. Desde el 1 de junio de 2013, todos los Estados miembros son parte en la Convención; el 1 de septiembre de 2016, 162 Estados han manifestado su consentimiento en obligarse por ella.

               (4)

               El 23 de junio de 2008, el Consejo adoptó la Acción Común 2008/487/PESC (1) en apoyo de la universalización y de la aplicación de la Convención.

               (5)

               El 3 de diciembre de 2009, en la segunda Conferencia de Examen de la Convención, los Estados parte en la Convención adoptaron el Plan de Acción de Cartagena (2010-2014) relativo a la universalización y la aplicación de todos los aspectos de la Convención. Adoptaron también la «Directiva de los Estados parte a la Dependencia de Apoyo» para la Aplicación de la Convención (DAA), en la que acordaron que la DAA debía dar asesoramiento y ayuda técnica a los Estados parte en lo relativo a la aplicación y a la universalización de la Convención, facilitar la comunicación entre los Estados parte y fomentar la comunicación y la información sobre la Convención dirigida tanto a los Estados que no son parte en ella como a la población en general. En su decimocuarta reunión, celebrada en 2015, los Estados parte adoptaron una Decisión sobre el fortalecimiento de la gobernanza financiera y la transparencia en la DAA, en la que se establecían las condiciones en las que la DAA podía emprender actividades o proyectos que no figurasen en su presupuesto anual, en particular a instancia de Estados parte o de terceros no signatarios de la Convención.

               (6)

               El 13 de noviembre de 2012, el Consejo adoptó la Decisión 2012/700/PESC (2) en apoyo de la aplicación del Plan de Acción de Cartagena 2010-2014.

               (7)

               En la tercera Conferencia de Examen de la Convención, celebrada en Maputo (Mozambique) en junio de 2014, los Estados parte adoptaron el Plan de Acción de Maputo, destinado a impulsar la aplicación de manera significativa y sostenible durante el período restante a la Convención hasta la siguiente conferencia de examen (2014-2019), y formularon una declaración conjunta en la que manifestaron su aspiración de alcanzar los objetivos de la Convención «tan cabalmente como fuera posible a más tardar en 2025».

               (8)

               En sus Conclusiones de los días 16 y 17 de junio de 2014, en la tercera Conferencia de Examen de la Convención, el Consejo de la Unión Europea recordó la unidad de la Unión a la hora de perseguir los objetivos de la Convención, indicando que la totalidad de los 28 Estados miembros eran ya Estados parte y que la Unión y sus Estados miembros tenían una larga trayectoria de apoyo al desminado y a la destrucción de las existencias de minas antipersonas y de asistencia a las víctimas de dichas minas. El Consejo reiteró en sus Conclusiones el firme apoyo de la Unión a los Estados parte para que puedan aplicar de forma total y efectiva la Convención, y su empeño en fomentar su universalización, en proporcionar recursos para financiar medidas en relación con las minas, y en ofrecer asistencia concreta y sostenible a las víctimas de las minas antipersonal y a sus familias y comunidades.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   1.   Con el fin de contribuir a la seguridad de las personas mediante la prestación de apoyo para la aplicación del Plan de Acción de Maputo (2014-2019), adoptado por los Estados parte durante la tercera Conferencia de Examen de la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (en lo sucesivo, «Convención»), en el marco de la Estrategia Europea de Seguridad y en consonancia con las decisiones pertinentes de la comunidad internacional, la Unión Europea perseguirá los objetivos siguientes:

               a)

               respaldar los esfuerzos de los Estados parte en la Convención para aplicar los aspectos del Plan de Acción de Maputo relativos al desminado;

               b)

               respaldar los esfuerzos de los Estados parte en la Convención para aplicar los aspectos del Plan de Acción de Maputo relativos a la asistencia a las víctimas;

               c)

               promover la universalización de la Convención;

               d)

               respaldar los esfuerzos de los Estados parte en la Convención para aplicar los aspectos del Plan de Acción de Maputo relativos a la destrucción de existencias;

               e)

               demostrar que la Unión y sus Estados miembros mantienen su adhesión a la Convención y su determinación de cooperar, prestándoles ayuda, con aquellos Estados que necesiten asistencia para cumplir los compromisos contraídos en virtud de la Convención, así como impulsar el liderazgo de la Unión en el empeño por hacer realidad el objetivo de la Convención de poner fin de manera definitiva al sufrimiento y las víctimas que causan las minas antipersonal.

         2.   Todos los objetivos mencionados en el apartado 1 se perseguirán de manera que refuercen un rasgo tradicional de la Convención, a saber, la asociación y colaboración entre Estados y organizaciones no gubernamentales y de otra índole, incluidos los representantes de las comunidades afectadas por las minas. Todas las acciones que se emprendan incluirán los aspectos relativos al género y a la diversidad a nivel de la concepción, gestión y ejecución.
   3.   Para alcanzar los objetivos mencionados en el apartado 1, la Unión acometerá los siguientes proyectos:

               a)

               desminado: prestar apoyo a la ejecución de la sección III del Plan de Acción de Maputo, para lo cual, entre otras cosas, se facilitarán y reforzarán las actividades nacionales de planificación y presentación de informes en cinco Estados parte (como máximo) cuyos próximos plazos a efectos de desminado finalizan en 2018, 2019, 2020 y posteriormente;

               b)

               asistencia a las víctimas: prestar apoyo a la ejecución de las acciones de asistencia a las víctimas del Plan de Acción de Maputo en un máximo de cinco Estados parte afectados. El proyecto ayudará a los Estados parte a integrar los aspectos de asistencia a las víctimas del Plan de Acción de Maputo en una política global vinculada con las políticas nacionales en materia de derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad. La finalidad del proyecto es empoderar a las víctimas de las minas, de modo que puedan convertirse en protagonistas activos de su propio desarrollo;

               c)

               para fomentar la universalización de la Convención, el proyecto apoyará a la Presidencia de la Convención y a un grupo especial de alto nivel a fin de lograr una implicación a alto nivel de los Estados que no sean parte en la Convención. Se ampliará el análisis sobre seguridad fronteriza iniciado en el marco de la Decisión 2012/700/PESC;

               d)

               destrucción de existencias: apoyo a la ejecución de las acciones de destrucción de existencias del Plan de Acción de Maputo;

               e)

               con el fin de demostrar la adhesión de la Unión y garantizar la proyección pública de dicha adhesión, se organizará un acto de lanzamiento para promover la presente Decisión y el apoyo de la Unión a la lucha contra las minas en general, y un acto de clausura para dar a conocer las actividades previstas en la presente Decisión y sus resultados, poniendo así de relieve la contribución de la Unión.

         4.   Las medidas que han de adoptarse para alcanzar los objetivos contemplados en el apartado 1 se describen de forma pormenorizada en el anexo de la presente Decisión.
   Artículo 2
   1.   La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, «Alta Representante») será responsable de la ejecución de la presente Decisión.
   2.   De la ejecución técnica de los proyectos mencionados en el artículo 1, apartado 3, se encargará la DAA, representada por el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra (en lo sucesivo, «CIDHG»).
   3.   La DAA desempeñará estas funciones bajo la responsabilidad de la Alta Representante. A tal fin, la Alta Representante concertará los acuerdos necesarios con el CIDHG.
   Artículo 3
   1.   El importe de referencia financiera para la ejecución de las medidas a que se refiere el artículo 1, apartado 3, ascenderá a 2 303 274,47 EUR.
   2.   Los gastos financiados por el importe indicado en el apartado 1 se administrarán de conformidad con las normas y procedimientos aplicables al presupuesto general de la Unión.
   3.   La Comisión supervisará la correcta gestión del gasto a que se refiere el apartado 1. Para ello celebrará con el Centro Internacional de Desminado Humanitario de Ginebra un acuerdo de financiación en el que se estipule que la DAA debe dar a las contribuciones de la Unión una proyección pública acorde con la cuantía de estas.
   4.   La Comisión procurará celebrar el acuerdo de financiación a que se refiere el apartado 3 lo antes posible tras la entrada en vigor de la presente Decisión. Informará al Consejo de cualquier dificultad que encuentre en ese proceso, y de la fecha de celebración del acuerdo de financiación.
   5.   La DAA desempeñará las funciones mencionadas en el artículo 2 con respecto a la Decisión sobre el fortalecimiento de la gobernanza financiera y la transparencia en la DAA, adoptada en la decimocuarta reunión de los Estados parte en la Convención, celebrada en 2015 (3).
   Artículo 4
   La Alta Representante informará al Consejo acerca de la ejecución de la presente Decisión, basándose en los informes periódicos que preparará la DAA. Esos informes servirán de base para la evaluación del Consejo. La Comisión proporcionará información sobre los aspectos financieros de la aplicación de la presente Decisión.
   Artículo 5
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
   Caducará a los 36 meses de la fecha de celebración del acuerdo de financiación a que se refiere el artículo 3, apartado 3, o a los seis meses de la fecha de su adopción si, dentro de ese plazo, no se hubiera celebrado acuerdo de financiación alguno.

      Hecho en Bruselas, el 4 de agosto de 2017.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. MAASIKAS

      (1)  Acción Común 2008/487/PESC del Consejo, de 23 de junio de 2008, en apoyo de la universalización y de la aplicación de la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, en el marco de la Estrategia Europea de Seguridad (DO L 165 de 26.6.2008, p. 41).

      (2)  Decisión 2012/700/PESC del Consejo, de 13 de noviembre de 2012, en el marco de la Estrategia Europea de Seguridad en apoyo de la aplicación del Plan de Acción de Cartagena 2010-2014, adoptado por los Estados Parte en la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (DO L 314 de 14.11.2012, p. 40).

      (3)  APLC/MSP.14/2015/L.1 — http://www.apminebanconvention.org/fileadmin/APMBC/MSP/14MSP/ISU_Financing_Decision_Draft_30Nov2015.pdf.

      ANEXO
      1.   Objetivo
      Contribuir a la seguridad de las personas mediante la prestación de apoyo para la aplicación del Plan de Acción de Maputo (2014-2019), adoptado por los Estados parte durante la tercera Conferencia de Examen de la Convención de 1997 sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción (en lo sucesivo, «Convención»), en el marco de la Estrategia Europea de Seguridad y en consonancia con las decisiones pertinentes de la comunidad internacional.
      2.   Descripción de los proyectos
      2.1.   Desminado: apoyo a la ejecución de la sección III del Plan de Acción de Maputo, con inclusión de las actividades nacionales de planificación y presentación de informes, como máximo en cinco Estados parte afectados
      2.1.1.   Objetivo del proyecto
      Ayudar a cinco Estados parte en la Convención, como máximo, a aplicar los aspectos del Plan de Acción de Maputo relativos al desminado.
      2.1.2.   Descripción del proyecto

                  —

                  La DAA prestará apoyo a cinco Estados parte, como máximo, para actividades de facilitación del diálogo entre las partes interesadas a escala nacional. Los próximos plazos de las actividades de desminado de los Estados parte que pueden acogerse a este proyecto expiran en 2018, 2019, 2020 y posteriormente. El Comité sobre la Aplicación del Artículo 5 creado en el marco de la Convención participará en la selección de los Estados parte beneficiarios.

                  —

                  La DAA facilitará los diálogos entre las partes interesadas a escala nacional, en colaboración, en particular, con los funcionarios pertinentes de las administraciones públicas, representantes de las poblaciones afectadas por las minas, donantes para acciones contra las minas, incluidas las entidades de la Unión pertinentes, las organizaciones de desminado, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (CIMT), las agencias de las Naciones Unidas y el CIDHG. Según corresponda, esos agentes clave participarán directamente en la ejecución del proyecto en las condiciones que se determinen en la declaración de incidencia presupuestaria. En el marco de cada diálogo se elaborará un documento de resultados pormenorizado en el que se ponga de relieve información geográfica específica sobre las zonas que aún requieren actividades de reconocimiento y remoción, las posibles metodologías aplicables a las zonas en que tales actividades están pendientes y los desafíos encontrados en el cumplimiento de las obligaciones de desminado, así como recomendaciones sobre el modo de superar esos desafíos, junto con plazos intermedios para afrontar los desafíos identificados. En los diálogos entre partes interesadas a escala nacional se incluirán los aspectos relativos al género y a la diversidad del desminado a nivel de la concepción, gestión y ejecución.

                  —

                  Se realizarán actividades de seguimiento, en un máximo de cinco casos, en respuesta a las recomendaciones de los documentos de resultados. Esas actividades de seguimiento consistirán en la prestación de apoyo técnico adicional a través de la DAA (por ejemplo, para la elaboración o actualización de planes nacionales de desminado, la preparación de una o varias propuestas de proyectos, etc.).

            2.1.3.   Resultados del proyecto

                  —

                  Los diálogos con las partes interesadas permitirán elaborar documentos pormenorizados de resultados en los que se expongan los desafíos pendientes y se definan objetivos, plazos y recomendaciones sobre ulteriores medidas.

                  —

                  Los Estados parte seleccionados para los diálogos entre partes interesadas a escala nacional podrán expresar con mayor precisión el grado de aplicación de la Convención y del Plan de Acción de Maputo y mejorar sus informes anuales a los Estados parte sobre el cumplimiento de sus obligaciones dentro de los correspondientes plazos.

                  —

                  Los Estados seleccionados tendrán un conocimiento más claro de las buenas prácticas en materia de creación y promoción de asociaciones, en particular con donantes y organizaciones de desminado, para asegurarse de que estos apoyen los esfuerzos que realizan a fin de cumplir sus obligaciones en el plazo más breve posible.

                  —

                  Los Estados seleccionados podrán expresar mejor tanto sus intenciones en lo que se refiere al cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción de Maputo y sus necesidades de apoyo, como por ejemplo, para la elaboración o actualización de planes nacionales de desminado, la preparación de propuestas de proyectos.

            2.1.4.   Beneficiarios

                  —

                  Los Estados parte en la Convención que están en proceso de aplicar las obligaciones de desminado dimanantes de la Convención.

                  —

                  Las mujeres, niñas, niños y hombres cuyas vidas se ven afectadas por la presencia o posible presencia de minas antipersonal, así como sus familias y comunidades.

                  —

                  Los expertos nacionales que trabajen en cuestiones relacionadas con el desminado.

                  —

                  Los Estados y organizaciones que apoyan la labor de desminado.

            2.2.   Asistencia a las víctimas: apoyo a la ejecución de las acciones de asistencia a las víctimas del Plan de Acción de Maputo en un máximo de cinco Estados parte afectados
      2.2.1.   Objetivo del proyecto
      En el Plan de Acción de Maputo se establece que la asistencia a las víctimas debe integrarse en políticas, planes y marcos jurídicos nacionales más amplios relativos a los derechos de las personas con discapacidad, la salud, la educación, el empleo, el desarrollo y la reducción de la pobreza. El proyecto ayudará a cinco Estados parte, como máximo, a integrar los aspectos de asistencia a las víctimas del Plan de Acción de Maputo en el contexto más general de las políticas nacionales en materia de derechos humanos y derechos de las personas con discapacidad. El objetivo del proyecto es permitir a las personas que han sufrido lesiones como consecuencia de la explosión de minas u otros restos explosivos de guerra, a los supervivientes, a las víctimas indirectas, tales como familiares de personas muertas por minas antipersonas y a las personas que viven en zonas minadas, de modo que puedan convertirse en protagonistas de su propio desarrollo. En los diálogos entre partes interesadas a escala nacional se incluirán los aspectos relativos al género y a la diversidad de la asistencia a las víctimas a nivel de la concepción, gestión y ejecución.
      2.2.2.   Descripción del proyecto

                  —

                  La DAA prestará apoyo a cinco Estados parte afectados, como máximo, para organizar diálogos entre interesados a escala nacional en Estados parte que:

                              a)

                              hayan intervenido en pocas actividades de asistencia a las víctimas y a los que se podría alentar por este medio a acometer tales actividades, o que

                              b)

                              hayan iniciado actividades para poner en práctica medidas de asistencia a las víctimas contempladas en el Plan de Acción de Maputo y que podrían aprovechar un diálogo entre partes interesadas a escala nacional para promover la puesta en práctica de las medidas de asistencia a las víctimas de dicho plan.

                        El Comité sobre la Asistencia a las Víctimas creado en el marco de la Convención participará en la selección de los Estados parte beneficiarios.

                  —

                  La DAA facilitará los diálogos entre las partes interesadas a escala nacional, en colaboración con entidades clave como los funcionarios pertinentes de las administraciones públicas, los donantes, incluidas las entidades correspondientes de la Unión, las agencias de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (CIMT) y la Coalición contra las Municiones de Racimo, y las organizaciones de personas con discapacidad. Los diálogos entre las partes interesadas a escala nacional darán lugar a un documento de resultados pormenorizado, elaborado en consulta con las partes, en el que se determinarán los desafíos y deficiencias en la ejecución de las medidas de asistencia a las víctimas definidas en el Plan de Acción de Maputo, y se formularán recomendaciones para hacerles frente y se fijarán objetivos.

                  —

                  Se realizarán actividades de seguimiento, en un máximo de cinco casos, en respuesta a las recomendaciones recogidas en los documentos de resultados. Dichas actividades pueden suponer la prestación por parte de la DAA de apoyo técnico adicional, como por ejemplo para la revisión de los planes nacionales, la preparación de una o varias propuestas de proyectos, etc.

                  —

                  La Decisión 2012/700/PESC sirvió para apoyar la Conferencia mundial celebrada en Medellín (Colombia) en abril de 2014, titulada «Tendiendo puentes entre mundos», cuyo objetivo era promover en la comunidad internacional una mayor comprensión del lugar de que ocupa la asistencia a las víctimas en contextos más amplios. A modo de seguimiento, la presente Decisión permitirá a la DAA, en colaboración con entidades clave como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, las entidades pertinentes de la Unión, la CIMT y la Coalición contra las Municiones de Racimo y las organizaciones de personas con discapacidad, organizar una conferencia internacional para expertos nacionales, reflexionar sobre los desafíos y las buenas prácticas en lo que respecta a la integración de la asistencia a las víctimas en los contextos más amplios de la discapacidad y el desarrollo a escala nacional. En particular, la conferencia internacional procurará reforzar los vínculos con quienes trabajan en favor de la aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y con los procesos de planificación orientados a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. La conferencia internacional aprovechará la labor realizada por el Comité sobre la Asistencia a las Víctimas creado en el marco de la Convención y por los representantes de otros órganos concernidos, tales como los coordinadores de asistencia a las víctimas de la Coalición contra las Municiones de Racimo y el Protocolo V (sobre los restos explosivos de guerra) de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

            2.2.3.   Resultados del proyecto

                  —

                  En el marco de los diálogos con las partes interesadas a escala nacional se elaborará un documento de resultados pormenorizado en el que se determinen los desafíos y deficiencias existentes, en el que se formulen recomendaciones dirigidas a los Estados seleccionados y se les propongan medidas concretas que puedan tomar para hacer frente a los desafíos observados en la aplicación de los compromisos de asistencia a las víctimas del Plan de Acción de Maputo.

                  —

                  El documento de resultados servirá de base para la elaboración de políticas nacionales y facilitará el diálogo y la cooperación con los donantes y los organismos de ejecución.

                  —

                  Las actividades de seguimiento que se realizarán en cinco Estados parte, como máximo, a fin de apoyar los esfuerzos acometidos para hacer frente a los desafíos y deficiencias determinados durante los diálogos entre partes interesadas a escala nacional aumentarán la capacidad de esos Estados parte para cumplir sus compromisos con arreglo al Plan de Acción de Maputo, como por ejemplo la revisión de los planes nacionales, la preparación de una o varias propuestas de proyectos.

                  —

                  Los diálogos entre partes interesadas a escala nacional darán proyección pública a la labor que se está realizando a escala mundial y a las mejores prácticas para hacer frente a las necesidades y garantizar los derechos de los supervivientes mediante marcos más amplios.

                  —

                  Los Estados seleccionados podrán expresar con más precisión el grado de cumplimiento del Plan de Acción de Maputo e informar sobre los planes para su aplicación.

                  —

                  Los expertos nacionales que participen en la conferencia internacional adquirirán una mayor comprensión del lugar de que ocupa la asistencia a las víctimas en la labor de aplicación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y del proceso de planificación para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas.

            2.2.4.   Beneficiarios

                  —

                  Los Estados parte en la Convención que hayan notificado que tienen a su cargo un número considerable de supervivientes de explosiones de minas terrestres.

                  —

                  Las mujeres, niñas, niños y hombres que han sido víctimas de minas terrestres y otros restos explosivos de guerra, así como sus familias y comunidades.

                  —

                  Los expertos nacionales que trabajen en cuestiones relacionadas con la asistencia a las víctimas.

            2.3.   Universalización de la Convención
      2.3.1.   Objetivo del proyecto
      Para avanzar hacia la universalización de la Convención, se apoyará mediante la presente Decisión a la Presidencia de la Convención y a un grupo especial de alto nivel a fin de lograr una implicación a alto nivel de los Estados que no sean parte. En este contexto se determinarán y abordarán los obstáculos que dificultan la adhesión a la Convención y se obtendrá información actualizada sobre el estado de las ratificaciones y adhesiones.
      2.3.2.   Descripción del proyecto

                  —

                  Un Grupo especial de alto nivel sobre la universalización de la Convención recibirá apoyo de la DAA, incluido apoyo de personalidades de alto nivel que establecerán contacto a nivel ministerial o superior con los dirigentes de como máximo cinco Estados que no sean parte en la Convención para tratar de la adhesión oficial a esta o de su aceptación y el cumplimiento de sus normas.

                  —

                  Se procurará obtener información actualizada de primera mano de Estados que no son parte en la Convención sobre los obstáculos que dificultan la adhesión, para incluir esta información en los documentos sustantivos que se preparen para la cuarta Conferencia de Examen, que se celebrará en 2019, elaborándose en particular un informe exhaustivo sobre los progresos realizados en la universalización de la Convención y de sus normas.

                  —

                  En colaboración con socios como el Centro de Ginebra para la Política de Seguridad o el Centro de Ginebra para el Control Democrático de las Fuerzas Armadas, se desarrollará el análisis sobre seguridad fronteriza iniciado en el marco de la Decisión 2012/700/PESC, para convertirlo en una herramienta en favor de la universalización que pueda utilizarse ante países que aún consideran las minas antipersonal un instrumento indispensable para la seguridad de las fronteras.

            2.3.3.   Resultados del proyecto

                  —

                  Se establecerá contacto a nivel ministerial o superior con un máximo de cinco Estados que no sean parte en la Convención para tratar con ellos la cuestión de la adhesión a la Convención.

                  —

                  Se obtendrá información actualizada sobre las políticas en materia de minas antipersonal de Estados que no son parte en la Convención. Dicha información servirá para elaborar un documento sustantivo dirigido a la cuarta Conferencia de Examen, en el que se incluirá un informe global sobre los progresos realizados en lo que respecta al objetivo de universalización de la Convención, y sobre los posibles avances ulteriores.

                  —

                  Se imprimirá nuevo impulso a las actividades de promoción que realizan los Estados parte en la Convención y las organizaciones no gubernamentales, mediante actividades de seguimiento ideadas sobre la base de las visitas del Grupo especial de alto nivel.

                  —

                  Se reunirán nuevos datos que se recopilarán en una publicación que trate de las percepciones más frecuentes en lo que respecta a los obstáculos que dificultan la adhesión a la Convención, que podrá utilizarse para apoyar la labor en pro de la universalización.

                  —

                  Los Estados que no son parte en la Convención con los que se haya establecido contacto a través de este proyecto habrán avanzado hacia la adhesión a la Convención y/o el respaldo a sus disposiciones.

            2.3.4.   Beneficiarios

                  —

                  Los Estados, distintos de los Estados parte, que aún no hayan ratificado, aprobado o aceptado la Convención o que no se hayan adherido a ella.

                  —

                  Los Estados parte en la Convención y las organizaciones no gubernamentales e internacionales que participen en las actividades de promoción de la universalización de la Convención.

            2.4.   Destrucción de existencias: apoyo a la ejecución de las acciones de destrucción de existencias del Plan de Acción de Maputo
      2.4.1.   Objetivo del proyecto
      Prestar asistencia a los Estados parte que hayan encontrado dificultades en cumplir las obligaciones en materia de destrucción de existencias de la Convención para superarlas.
      2.4.2.   Descripción del proyecto
      La DAA se comprometerá en determinar los desafíos fundamentales y definir posibles soluciones que permitan llevar a buen fin la labor de destrucción de existencias en los Estados cuyas obligaciones en la materia vencen próximamente o han vencido ya.
      2.4.3.   Resultados del proyecto
      Se adquirirá un mayor conocimiento de la situación en que se encuentran las actividades de destrucción de existencias y los desafíos que impiden llevarlas a buen fin.
      2.4.4.   Beneficiarios
      Los Estados parte en la Convención que están en proceso de cumplir las obligaciones de destrucción de existencias que les impone la Convención.
      2.5.   Demostrar la adhesión de la Unión Europea
      2.5.1.   Objetivo del proyecto
      Demostrar que la Unión y sus Estados miembros mantienen su adhesión a la Convención y a la ejecución del Plan de Acción de Maputo, y que apoyan a los Estados parte en el proceso de cumplimiento de las obligaciones fundamentales contraídas en virtud de la Convención.
      2.5.2.   Descripción del proyecto

                  —

                  Se organizará un acto de lanzamiento para promover la presente Decisión del Consejo y el apoyo de la Unión a la lucha contra las minas en general, y un acto de clausura para dar a conocer las actividades previstas en la presente Decisión y sus resultados, poniendo así de relieve la contribución de la Unión.

                  —

                  A lo largo de todo el período de ejecución de la presente Decisión se incluirá en el sitio web de la Convención, en las plataformas de los medios sociales y en la prensa nacional e internacional información destacada sobre las actividades previstas en la Decisión y sobre la adhesión de la Unión a la Convención.

                  —

                  Se adquirirá material de comunicación, por ejemplo carteles, anuncios, vídeos, material publicitario, para ponerlo a disposición de las partes interesadas y los socios que participen en el proyecto.

            2.5.3.   Resultados del proyecto

                  —

                  Los funcionarios de la Unión y de sus Estados miembros tendrán conocimiento de la presente Decisión y de las posibles relaciones de esta con su trabajo.

                  —

                  La adhesión de la Unión a la Convención y a la lucha contra las minas en general adquirirá proyección pública en los Estados parte de la Convención y entre todos aquellos que, en todo el mundo, se interesan por la seguridad de las personas en general.

                  —

                  Se logrará una mayor concienciación respecto de los objetivos de la Convención y el Plan de Acción de Maputo.


Avis juridique important

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31992D0396

92/396/CEE: Decisión del Consejo, de 20 de julio de 1992, relativa a la conclusión del Convenio internacional del caucho natural de 1987

Diario Oficial n° L 219 de 04/08/1992 p. 0056 - 0056 Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 19 p. 0246  Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 19 p. 0246

DECISIÓN DEL CONSEJO  de 20 de julio de 1992  relativa a la conclusión del Convenio internacional del caucho natural de 1987  (92/396/CEE)EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 113 y 116,  Vista la propuesta de la Comisión,  Considerando que el Convenio internacional del caucho natural de 1987, negociado dentro del programa integrado para los productos básicos [Resolución 93 (IV) adoptada en la cuarta Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones Unidas] entró en  vigor provisionalmente el 29 de diciembre de 1988;  Considerando que la Comunidad y la mayor parte de sus Estados miembros notificaron la aplicación provisional de este Convenio el 22 de diciembre de 1988;  Considerando que el objetivo del Convenio internacional del caucho natural de 1987 es, entre otros, contribuir a la estabilización del precio del caucho natural sin alterar las tendencias del mercado a largo plazo y conseguir un aumento equilibrado de  la oferta y la demanda de este producto;  Considerando que el Consejo internacional del caucho natural ha prorrogado el plazo para el depósito de los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación hasta el 31 de diciembre de 1992 para permitir así que los países miembros que aplican  provisionalmente este Convenio puedan ratificarlo, aceptarlo o aprobarlo;  Considerando que todos los Estados miembros han expresado su intención de aplicar el Convenio;  Considerando que procede aprobar el Convenio;  Considerando que conviene que la Comunidad y sus Estados miembros notifiquen simultáneamente al secretario general de la Organización de las Naciones Unidas su aceptación del Convenio,  DECIDE:  Artículo 1  Queda aprobado, en nombre de la Comunidad Económica Europea, el Convenio internacional del caucho natural de 1987.  La Comunidad Económica Europea y sus Estados miembros depositarán simultáneamente, como muy tarde el 31 de diciembre de 1992, ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, sus instrumentos de ratificación, de aceptación o de  aprobación.  El texto del Convenio se adjunta a la Decisión 88/107/CEE (1).  Artículo 2  Se autoriza al presidente del Consejo para que designe a las personas facultadas para depositar los instrumentos de aprobación en nombre de la Comunidad. Hecho en Bruselas, el 20 de julio de 1992. Por el Consejo  El Presidente  D. HURD   (1) DO no L 58 de 3. 3. 1988, p. 18.