title: 2004/15/: Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n o  15/04/COL, de  18 de febrero de 2004 , por la que se enmiendan por cuadragésimo primera vez las normas procesales y sustantivas en el ámbito de las ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo 9C: Secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal

text:
               8.6.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 154/27

      DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

      N
      o 15/04/COL
   de 18 de febrero de 2004
   por la que se enmiendan por cuadragésimo primera vez las normas procesales y sustantivas en el ámbito de las ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo 9C: Secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal
   EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,
   Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1) y, en particular, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26,
   Visto el Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre la creación del Órgano de Vigilancia y del Tribunal de Justicia (2) y, en particular, su artículo 24, la letra b) del apartado 2 de su artículo 5 y el artículo 1 de la parte I de su Protocolo 3 (3),
   Considerando que, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC ha de hacer efectivas las disposiciones sobre las ayudas estatales,
   Considerando que, de conformidad con la letra b) del apartado 2 del artículo 5 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC publicará notificaciones o impartirá directrices sobre asuntos regulados por el Acuerdo EEE si este Acuerdo o el de Vigilancia y Jurisdicción expresamente así lo establecen o si el propio Órgano de Vigilancia lo considera necesario,
   Recordando las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado (4) aprobadas el 19 de enero de 1994 por el Órgano de Vigilancia de la AELC,
   Considerando que la Comisión Europea publicó una nueva Comunicación C(2003) 4582 relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal el 1 de diciembre de 2003 (5),
   Considerando que dicha Comunicación también afecta al Espacio Económico Europeo,
   Considerando que conviene garantizar la uniforme aplicación en todo el Espacio Económico Europeo de la normativa sobre ayudas estatales,
   Considerando que, de conformidad con el punto II del epígrafe «GENERAL» que figura al final del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC tiene que aprobar, previa consulta a la Comisión Europea, los actos correspondientes a los ya aprobados por ésta,
   Habiendo consultado a la Comisión Europea,
   Recordando que el Órgano de Vigilancia de la AELC consultó al respecto a los Estados miembros de la AELC en la reunión multilateral que celebraron el 3 de febrero de 2004.
   HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               1)

               Las Directrices sobre ayudas estatales se modificarán añadiendo un nuevo capítulo 9C titulado «Secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal».

               2)

               El nuevo capítulo 9C de las Directrices sobre ayudas estatales figura en el anexo de la presente Decisión.

               3)

               Se informará a los Estados de la AELC mediante carta, a la que se adjuntará una copia de la presente Decisión y del anexo.

               4)

               Se informará a la Comisión Europea, de conformidad con la letra d) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE, mediante una copia de la presente Decisión y de su anexo.

               5)

               La Decisión y su anexo se publicarán en la Sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

               6)

               El texto en lengua inglesa es el único auténtico.

      Hecho en Bruselas, el 18 de febrero de 2004.

            Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

         Hannes HAFSTEIN

            Presidente

         Bernd HAMMERMANN

            Miembro del Colegio

      (1)  En lo sucesivo denominado Acuerdo EEE.

      (2)  En lo sucesivo denominado Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción

      (3)  Cabe recordar que las modificaciones del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción entraron en vigor el 28.8.2003, tras el Acuerdo de 10.12.2001 entre los Estados de la AELC, relativo a la modificación del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre la creación del Órgano de Vigilancia y del Tribunal de Justicia. Estas modificaciones incorporaron al Protocolo 3 el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del (antiguo) artículo 93 del Tratado CE.

      (4)  Directrices para la aplicación e interpretación de los artículos 61 y 62 del Acuerdo EEE y del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, adoptadas y publicadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC el 19.1.1994, publicadas en el DO L 231 de 3.9.1994, Suplemento EEE no 32, cuya última modificación la constituye la Decisión no 198/03/COL del Órgano de Vigilancia de 5.11.2003, pendiente de publicación, en lo sucesivo denominadas «Directrices sobre ayudas estatales».

      (5)  Comunicación de la Comisión C(2003) 4582 de 1 de diciembre de 2003 relativa al secreto profesional en las decisiones sobre ayuda estatal, publicada en el DO C 297 de 9 de diciembre de 2003, página 6.

      ANEXO
      9C.   SECRETO PROFESIONAL EN LAS DECISIONES SOBRE AYUDA ESTATAL
      9C.1.   Introducción

                  1)

                  La presente Comunicación establece las modalidades prácticas que el Órgano de Vigilancia de la AELC aplicará al gestionar las peticiones de los Estados miembros, como destinatarios de las decisiones sobre ayuda estatal, en el sentido de considerar que determinadas partes de tales decisiones deben estar cubiertas por la obligación de secreto profesional y por lo tanto no deben ser hechas públicas con motivo de la publicación de la decisión.

                  2)

                  Esto implica dos aspectos:

                              a)

                              determinar la información que podría estar cubierta por la obligación de secreto profesional,

                              b)

                              establecer el procedimiento aplicable cuando se presentan tales peticiones.

            9C.2.   Marco jurídico

                  1)

                  El artículo 122 del Acuerdo EEE, cuyo texto corresponde al artículo 287 del Tratado CE, estipula que «Se exigirá de los representantes, delegados y expertos de las Partes Contratantes, así como de los funcionarios y otros agentes empleados en el marco del presente Acuerdo, incluso después del cese de sus funciones, que no revelen información alguna amparada por la obligación de secreto profesional, en particular la información referente a las empresas, sus relaciones comerciales o los componentes de sus costes.».

                  2)

                  Este requisito también está reflejado en los artículos 24 y 25 de la Parte II del Protocolo 3 relativo a las funciones y poderes del Órgano de Vigilancia de la AELC en el ámbito de las ayudas de Estado (1).

                  3)

                  El artículo 16 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción dispone que «Las decisiones del Órgano de Vigilancia estarán motivadas.».

                  4)

                  La primera frase del apartado 1 del artículo 6 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción estipula además, por lo que se refiere a las decisiones de incoar los procedimientos de investigación formal que «La decisión de incoar el procedimiento de investigación formal deberá resumir las principales cuestiones de hecho y de derecho, incluir una valoración inicial de la Comisión en cuanto al carácter de ayuda de la medida propuesta y exponer las dudas sobre su compatibilidad con el mercado común.».

            9C.3.   Determinación de la información que puede ser cubierta por el secreto profesional

                  1)

                  El Tribunal de Justicia ha establecido que aunque el artículo 287 del Tratado CE haga fundamentalmente referencia a información suministrada por empresas, la expresión «en especial» indica que el principio en cuestión es general y se aplica también a otra información confidencial (2).

                  2)

                  Por lo tanto se concluye que el secreto profesional cubre tanto secretos comerciales como otra información confidencial.

                  3)

                  No hay ninguna razón por la que las nociones de secreto comercial y otra información confidencial deban interpretarse con un significado diferente al que les es dado en el contexto de procedimientos antimonopolio y de concentración de empresas. El hecho de que en estos procedimientos los destinatarios de la decisión de la Comisión sean empresas, mientras que en los de ayuda estatal se trate de Estados miembros, no constituye un obstáculo para un planteamiento uniforme a la hora de determinar lo que puede constituir secretos comerciales u otra información confidencial.

            9C.3.1.   Secretos comerciales

                  1)

                  Los secretos comerciales se limitan a información relativa a una actividad empresarial que tenga un valor económico real o potencial y gracias a cuyo conocimiento otras empresas podrían obtener un beneficio económico. Ejemplos típicos de secretos comerciales son: métodos de evaluación de costes de fabricación y distribución, secretos y procesos de producción (un secreto, plan con valor comercial, fórmula, o un proceso o dispositivo utilizados para fabricar, preparar, montar o tratar mercancías comerciales y que puede considerarse como producto final de una innovación o de un esfuerzo sustancial), fuentes de suministro, cantidades producidas y vendidas, cuotas de mercado, listas de clientes y distribuidores, planes de comercialización, estructura de los costes de producción, política de ventas, e información sobre la organización interna de la empresa.

                  2)

                  En principio los secretos comerciales sólo pueden hacer referencia al beneficiario de la ayuda o a otro tercero y sólo pueden concernir a la información presentada por el Estado de la AELC (o el tercero). Por lo tanto, las declaraciones del propio Órgano de Vigilancia (por ejemplo, la expresión de dudas sobre la viabilidad de un plan de reestructuración) no pueden ser cubiertas por la obligación de secreto profesional.

                  3)

                  El simple hecho de que la divulgación de información pudiera causar daño a la empresa no es en sí mismo suficiente para considerar que tal información debe ser considerada como secreto comercial. Por ejemplo, una decisión del Órgano de Vigilancia de incoar el procedimiento de investigación formal en un caso de ayuda de reestructuración puede expresar dudas sobre determinados aspectos del plan de reestructuración habida cuenta de la información que el Órgano de Vigilancia ha recibido. Tal decisión podría, además, afectar a la posición crediticia de dicha empresa. Sin embargo esto no lleva necesariamente a la conclusión de que la información en la que la decisión se basó debería haberse considerado como secreto comercial.

                  4)

                  Generalmente el Órgano de Vigilancia aplicará la siguiente lista no exhaustiva de criterios para determinar si se puede considerar que la información constituye un secreto comercial:

                              a)

                              En qué medida la información es conocida fuera de la empresa.

                              b)

                              Hasta qué punto se han tomado en la empresa medidas para proteger la información, por ejemplo mediante cláusulas de no competencia o de confidencialidad impuestas a los empleados, etc.

                              c)

                              El valor de la información para la empresa y sus competidores.

                              d)

                              El esfuerzo y la inversión dedicados por la empresa para adquirir la información.

                              e)

                              El esfuerzo que otros deberían hacer para adquirir o copiar la información.

                              f)

                              El grado de protección ofrecido a tal información por la legislación del Estado de la AELC concernido.

                  5)

                  En principio el Órgano de Vigilancia considera que la siguiente información no está cubierta normalmente por la obligación de secreto profesional:

                              a)

                              La información públicamente accesible, incluso cuando sólo lo fuera mediante pago a servicios informativos especializados o cuando su conocimiento sea generalizado entre especialistas del ámbito (por ejemplo, conocimientos comunes entre ingenieros o médicos). Igualmente, el volumen de negocios no se considerará normalmente como secreto comercial pues es una cifra publicada en las cuentas anuales o conocida de otro modo por el mercado. Las peticiones de confidencialidad referentes a cifras de volumen de negocios que no sean de dominio público tendrán que motivarse y serán evaluadas para cada caso concreto. El hecho de que la información no esté públicamente disponible no implica necesariamente que pueda considerarse como secreto comercial.

                              b)

                              La información histórica, en especial la de antigüedad superior a 5 años.

                              c)

                              Información estadística o general.

                              d)

                              Nombres de beneficiarios de la ayuda, sector de actividad, objetivo e importe de la ayuda, etc.

                  6)

                  Toda petición de derogación de estos principios en casos excepcionales deberá ser objeto de una motivación detallada y específica.

            9C.3.2.   Otra información confidencial

                  1)

                  En los casos antimonopolio y de concentración la información confidencial incluye ciertos tipos de información comunicados al Órgano de Vigilancia a condición de que se respete la confidencialidad (verbigracia, un estudio de mercado encargado por una empresa constituida como parte en el procedimiento y que es de su propiedad). Parece conveniente aplicar un planteamiento similar a las decisiones relativas a ayudas estatales.

                  2)

                  Sin embargo en el ámbito de las ayudas estatales puede haber algunas formas de información confidencial que no están necesariamente presentes en los procedimientos antimonopolio y de concentración, en concreto secretos de Estado u otra información confidencial relativa a la organización del Estado. Generalmente, teniendo en cuenta la obligación por parte del Órgano de Vigilancia de motivar sus decisiones y el requisito de transparencia, tal información sólo podrá estar cubierta por el secreto profesional en circunstancias muy excepcionales. Por ejemplo, la información relativa a la organización y los costes de los servicios públicos no se considerará normalmente como «otra información confidencial», aunque puede constituir un secreto comercial si se cumplen los criterios fijados en la sección 9C.3.1.

            9C.4.   Procedimiento aplicable
      9C.4.1.   Principios generales

                  1)

                  La tarea principal del Órgano de Vigilancia es reconciliar dos obligaciones opuestas: motivar sus decisiones de conformidad con el artículo 16 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción y por lo tanto asegurarse de que contienen todos los elementos esenciales necesarios, y salvaguardar la obligación de secreto profesional.

                  2)

                  Además de la obligación básica de motivar sus decisiones, el Órgano de Vigilancia tiene que tener en cuenta la necesidad de aplicación efectiva de las normas sobre ayuda estatal (entre otras cosas, dando a Estados miembros, beneficiarios y partes interesadas la posibilidad de presentar observaciones o de recurrir sus decisiones) y de transparencia de su política, y por lo tanto hay que reconocer un interés predominante por hacer públicos los argumentos de fondo de sus decisiones. Como principio general, las peticiones de trato confidencial sólo serán aceptadas cuando sean estrictamente necesarias para proteger secretos comerciales u otra información confidencial que merezca una protección similar.

                  3)

                  Los secretos comerciales y otra información confidencial no disfrutan de una protección absoluta. Esto significa, por ejemplo, que podrían divulgarse cuando son esenciales para motivar las decisiones del Órgano de Vigilancia, lo que implica que la información necesaria para identificar una medida de ayuda y a su beneficiario no puede ser cubierta normalmente por la obligación de secreto profesional. Del mismo modo, la información necesaria para demostrar que se cumplen las condiciones del artículo 61 del Acuerdo EEE no puede ser cubierta normalmente por la obligación de secreto profesional. Sin embargo la Comisión considerará cuidadosamente si la necesidad de publicación es más importante, dadas las circunstancias específicas de un caso, que el perjuicio que podría derivarse para el Estado de la AELC o la empresa implicados.

                  4)

                  La versión pública de una decisión del Órgano de Vigilancia sólo podrá suprimir datos de la versión adoptada por razones de secreto profesional. Los párrafos no podrán desplazarse y no podrá añadirse o alterarse ninguna frase. En los casos en que el Órgano de Vigilancia considere que determinada información no puede revelarse, podrá añadirse una nota a pie de página parafraseando la información no revelada o indicando una gama de magnitudes o tamaños, en caso de que ello resulte útil para la comprensión y coherencia de la decisión.

                  5)

                  No serán aceptadas las peticiones de no revelar el texto completo de una decisión o de partes sustanciales de la misma cuando ello menoscabe la comprensión de la motivación del Órgano de Vigilancia.

                  6)

                  En caso de que exista un denunciante, el Órgano de Vigilancia tendrá en cuenta el interés de éste al establecer las razones por las que el Órgano de Vigilancia adoptó determinada decisión, sin necesidad de recurrir a la jurisprudencia del Tribunal (3). Por lo tanto las peticiones de los Estados de la AELC para que las partes de las decisiones referidas a inquietudes de los denunciantes estén cubiertas por la obligación de secreto profesional deberán estar particularmente bien motivadas y ser persuasivas. Por otra parte, normalmente el Órgano de Vigilancia no revelará información cubierta por la obligación de secreto profesional cuando existan sospechas de que la denuncia se ha presentado fundamentalmente para obtener acceso a la información.

                  7)

                  Los Estados de la AELC no podrán invocar el secreto profesional para negarse a facilitar la información que el Órgano de Vigilancia considere necesaria para el examen de las medidas de ayuda. A este respecto se tendrá en cuenta el procedimiento establecido en el Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (en particular el apartado 2 del artículo 2 y los artículos 5, 10 y 16 de la parte II del Protocolo 3).

            9C.4.2.   Procedimiento

                  1)

                  Actualmente el Órgano de Vigilancia notifica sus decisiones al Estado de la AELC concernido sin demora y le ofrece la oportunidad de indicar, normalmente en un plazo de 15 días laborables, la información que considera cubierta por la obligación de secreto profesional. Este plazo puede ampliarse con el consentimiento del Órgano de Vigilancia y del Estado de la AELC.

                  2)

                  Cuando el Estado de la AELC concernido no indique qué información considera cubierta por la obligación de secreto profesional en el plazo establecido por el Órgano de Vigilancia, la decisión será normalmente hecha pública en su integridad.

                  3)

                  Cuando el Estado de la AELC concernido desee que determinada información sea cubierta por la obligación de secreto profesional, deberá indicar de qué pasajes se trata y exponer los motivos por los que solicita la no divulgación de cada uno de ellos.

                  4)

                  El Órgano de Vigilancia examinará la petición del Estado de la AELC sin demora. En caso de que el Órgano de Vigilancia no acepte que ciertas partes de la decisión estén cubiertas por la obligación de secreto profesional, expondrá las razones por las que, en su opinión, estas partes no pueden eliminarse en la versión pública de la decisión. A falta de una justificación aceptable del Estado de la AELC para su petición (es decir, una motivación que no sea manifiestamente irrelevante o incorrecta), el Órgano de Vigilancia no estará obligado a especificar las razones por las que estas partes no pueden eliminarse de la versión pública de la decisión, salvo haciendo referencia a la falta de justificación.

                  5)

                  Si el Órgano de Vigilancia decide cubrir ciertas partes por la obligación de secreto profesional sin responder íntegramente a la petición del Estado miembro, notificará su decisión al Estado de la AELC, acompañada de un nuevo borrador en que se indiquen las partes omitidas. En caso de que el Órgano de Vigilancia acepte que las partes indicadas por el Estado de la AELC estén cubiertas por la obligación de secreto profesional, el texto de la decisión se publicará de conformidad con el artículo 26 de la parte II del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, omitiendo las partes cubiertas por la obligación de secreto profesional. Tales omisiones se indicarán en el texto (4).

                  6)

                  El Estado de la AELC tendrá 15 días laborables tras la recepción de la decisión del Órgano de Vigilancia en la que éste motive su denegación de no revelación de determinadas partes, para aportar elementos adicionales que justifiquen su petición.

                  7)

                  Cuando el Estado de la AELC no reaccione en el plazo establecido por el Órgano de Vigilancia, éste publicará normalmente la decisión según lo indicado en su respuesta a la petición original del Estado de la AELC.

                  8)

                  Los eventuales elementos adicionales aportados por el Estado de la AELC en el plazo establecido serán examinados por el Órgano de Vigilancia sin demora. En caso de que el Órgano de Vigilancia acepte que las partes indicadas por el Estado miembro sean cubiertas por la obligación de secreto profesional, se publicará el texto de la decisión en las condiciones antes mencionadas.

                  9)

                  En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo, el Órgano de Vigilancia procederá a publicar su decisión de incoar inmediatamente el procedimiento de investigación formal. La decisión del Órgano de Vigilancia deberá resumir las cuestiones pertinentes de hecho y de derecho, incluir una valoración inicial del carácter de ayuda de la medida propuesta y exponer las dudas sobre su compatibilidad con el mercado común, incluyendo la información esencial que permita a terceros y a los otros Estados de la AELC presentar observaciones pertinentes. El deber del Órgano de Vigilancia de proporcionar tal información esencial prevalecerá normalmente sobre cualquier demanda de protección de secretos comerciales u otra información confidencial. Además redunda en el interés de las partes beneficiarias e interesadas acceder a tal decisión lo más rápidamente posible, por lo que permitir cualquier retraso a este respecto comprometería el proceso de control de la ayuda estatal.

                  10)

                  En caso de que no sea posible alcanzar un acuerdo sobre las peticiones de aplicación del secreto profesional a determinada información en las decisiones de no plantear objeciones y en las decisiones de archivar el procedimiento de investigación formal, el Órgano de Vigilancia notificará al Estado de la AELC su decisión final así como el texto que prevé publicar, dándole otros 15 días laborables para enviar sus comentarios. A falta de una respuesta pertinente el Órgano de Vigilancia procederá a publicar el texto según los procedimientos habituales.

                  11)

                  El Órgano de Vigilancia está revisando actualmente sus modalidades de notificación de la ayuda estatal. Para evitar correspondencia innecesaria con los Estados de la AELC y retrasos en la publicación de decisiones, en el futuro se propone incluir en el formulario una pregunta sobre si la notificación contiene información que no debe publicarse y las razones para ello. Solamente si se contesta afirmativamente a tal pregunta el Órgano de Vigilancia se pondrá en contacto con el Estado de la AELC. Del mismo modo, en caso de que el Órgano de Vigilancia solicite información adicional el Estado de la AELC, tendrá que indicar en el momento de facilitarla si no debe publicarse y las razones para ello. Si el Órgano de Vigilancia utiliza en su decisión la información así identificada por el Estado miembro, comunicará la decisión adoptada al Estado de la AELC exponiendo las razones por las que, en su opinión, estas partes no pueden eliminarse en la versión pública de la decisión, según lo establecido anteriormente.

                  12)

                  Una vez que el Órgano de Vigilancia haya decidido el texto que publicará y que haya notificado al Estado de la AELC su decisión final, deberá ser éste quien decida si considera o no oportuno recurrir a los procedimientos judiciales disponibles, incluidas las medidas cautelares, en los plazos previstos en el artículo 36 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

            9C.4.3.   Terceros

                  1)

                  Cuando terceros distintos del Estado de la AELC concernido (por ejemplo, denunciantes, otros Estados de la AELC o beneficiarios) presenten información en el contexto de procedimientos sobre ayuda estatal, las presente directrices se aplicarán mutatis mutandis.

            9C.4.4.   Aplicación a tiempo

                  1)

                  Las presentes directrices no pueden, ni pretenden, establecer normas legales obligatorias sino que simplemente explican por adelantado, en interés de una buena gestión, la forma en que el Órgano de Vigilancia se propone abordar el problema de la confidencialidad en los procedimientos sobre ayuda estatal. Por regla general, si no puede alcanzarse un acuerdo, la decisión del Órgano de Vigilancia de hacer pública determinada información puede ser objeto de procedimientos judiciales específicos de apelación. Como estas directrices únicamente se refieren a asuntos procesales (y en gran medida sólo resumen la práctica existente), se aplicarán con efecto inmediato, incluso a las decisiones de no plantear objeciones (5) adoptadas antes de la entrada en vigor de las modificaciones (6) del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, a las cuales pretendan acceder terceros.

         (1)  Cabe recordar que las modificaciones del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción entraron en vigor el 28.8.2003, tras el Acuerdo de 10.12.2001 entre los Estados de la AELC, relativo a la modificación del Protocolo 3 del Acuerdo entre los Estados miembros de la AELC sobre la creación del Órgano de Vigilancia y del Tribunal de Justicia. Estas modificaciones incorporaron al Protocolo 3 el Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del (antiguo) artículo 93 del Tratado CE.

         (2)  Asunto 145/83 ADAMS c. Comisión [RTJ] 1985, 3539, párrafo 34, y asunto T-353/94 Postbank c. Comisión [RTJ] 1996, II-921, párrafo 86.

         (3)  Asunto C-367/95 P Comisión c. Sytraval [RTJ] 1998 I-1719, párrafo 64.

         (4)  Mediante corchetes […] e indicando en una nota a pie de página «cubierta por la obligación de secreto profesional».

         (5)  Las decisiones de incoar el procedimiento de investigación formal y las decisiones finales adoptadas antes de esa fecha ya fueron publicadas en la Sección EEE del Diario Oficial de las Comunidades Europeas (denominado Diario Oficial de la Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Niza). Antes de la publicación los Estados de la AELC pudieron indicar si alguna información estaba cubierta por la obligación de secreto profesional.

         (6)  Véase la nota 1.


title: 2011/199/UE: Decisión del Consejo Europeo, de 25 de marzo de 2011 , que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro

text:
               6.4.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 91/1

         DECISIÓN DEL CONSEJO EUROPEO
   de 25 de marzo de 2011
   que modifica el artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en relación con un mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro
   (2011/199/UE)
   EL CONSEJO EUROPEO,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 48, apartado 6,
   Visto el proyecto de revisión del artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea presentado al Consejo Europeo por el Gobierno belga el 16 de diciembre de 2010,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
   Visto el dictamen de la Comisión Europea (2),
   Tras obtener el dictamen del Banco Central Europeo (3),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 48, apartado 6, del Tratado de la Unión Europea (TUE) permite que el Consejo Europeo, pronunciándose por unanimidad previa consulta al Parlamento Europeo y a la Comisión, así como en ciertos casos al Banco Central Europeo, adopte una decisión que modifique la totalidad o parte de las disposiciones de la tercera parte del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Tal decisión no puede aumentar las competencias atribuidas a la Unión por los Tratados y su entrada en vigor está supeditada a la posterior aprobación por los Estados miembros, de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.

               (2)

               En la sesión del Consejo Europeo de los días 28 y 29 de octubre de 2010, los Jefes de Estado o de Gobierno convinieron en la necesidad de que los Estados miembros estableciesen un mecanismo permanente de crisis para salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto, e invitaron al Presidente del Consejo Europeo a emprender consultas con los miembros del Consejo Europeo en relación con una modificación limitada del Tratado, necesaria para ello.

               (3)

               El 16 de diciembre de 2010, el Gobierno belga presentó, de conformidad con el artículo 48, apartado 6, párrafo primero, del TUE un proyecto de revisión del artículo 136 del TFUE consistente en añadir un apartado a tenor del cual los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto y en el que se declara que la concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones estrictas. Al mismo tiempo, el Consejo Europeo adoptó unas Conclusiones sobre el futuro mecanismo de estabilidad (apartados 1 a 4).

               (4)

               El mecanismo de estabilidad será el instrumento necesario para hacer frente a casos de riesgo para la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto como los experimentados en 2010 y, de ese modo, contribuirá a preservar la estabilidad económica y financiera de la propia Unión. En su sesión de los días 16 y 17 de diciembre de 2010, el Consejo Europeo convino en que, como este mecanismo tiene por objeto salvaguardar la estabilidad financiera de la zona del euro en su conjunto, el artículo 122, apartado 2, del TFUE ya no será necesario para tal fin. Por consiguiente, los Jefes de Estado o de Gobierno convinieron en que no se utilice con este propósito.

               (5)

               El 16 de diciembre de 2010, el Consejo Europeo decidió consultar, de conformidad con el artículo 48, apartado 6, párrafo segundo, del TUE, al Parlamento Europeo y a la Comisión en relación con el proyecto. También decidió consultar al Banco Central Europeo. El Parlamento Europeo (1), la Comisión (2) y el Banco Central Europeo (3) dictaminaron sobre el proyecto.

               (6)

               La modificación se refiere a una disposición de la tercera parte del TFUE y no aumenta las competencias atribuidas a la Unión por los Tratados.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se añade al artículo 136 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea el siguiente apartado:

      «3.   Los Estados miembros cuya moneda es el euro podrán establecer un mecanismo de estabilidad que se activará cuando sea indispensable para salvaguardar la estabilidad de la zona del euro en su conjunto. La concesión de toda ayuda financiera necesaria con arreglo al mecanismo se supeditará a condiciones estrictas.».

   Artículo 2
   Los Estados miembros notificarán sin demora al Secretario General del Consejo que se han completado los procedimientos de aprobación de la presente Decisión de conformidad con sus respectivas normas constitucionales.
   La presente Decisión entrará en vigor el 1 de enero de 2013, siempre que se hayan recibido todas las notificaciones a que se refiere el párrafo primero, o, en su defecto, el primer día del mes siguiente al de la recepción de la última de dichas notificaciones.
   Artículo 3
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 25 de marzo de 2011.

            Por el Consejo Europeo

            El Presidente

         H. VAN ROMPUY

      (1)  Dictamen de 23 de marzo de 2011 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (2)  Dictamen de 15 de febrero de 2011 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (3)  Dictamen de 17 de marzo de 2011 (no publicado aún en el Diario Oficial).


title: 2007/818/CE: Decisión del Consejo, de 8 de noviembre de 2007 , relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre readmisión de residentes ilegales

text:
               19.12.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 334/25

         DECISIÓN DEL CONSEJO
   de 8 de noviembre de 2007
   relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre readmisión de residentes ilegales
   (2007/818/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 63, apartado 3, letra b), en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo primero, primera frase, y su artículo 300, apartado 3, párrafo primero,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad Europea un Acuerdo con la República de Montenegro sobre readmisión de residentes ilegales.

               (2)

               Este Acuerdo se firmó, en nombre de la Comunidad Europea, el 18 de septiembre de 2007 sin perjuicio de su eventual celebración en una fecha ulterior, de conformidad con una Decisión adoptada por el Consejo el 18 de septiembre de 2007.

               (3)

               El Acuerdo debe ser aprobado.

               (4)

               El Acuerdo instaura un Comité mixto de readmisión que podrá adoptar su reglamento interno. Procede establecer un procedimiento simplificado para determinar la posición de la Comunidad en este caso.

               (5)

               De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido ha notificado su deseo de participar en la adopción y en la aplicación de la presente Decisión.

               (6)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Irlanda participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

               (7)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y no está vinculada ni sujeta a su aplicación.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Por la presente se aprueba en nombre de la Comunidad el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre readmisión de residentes ilegales.
   Se adjunta a la presente Decisión el texto de dicho Acuerdo.
   Artículo 2
   El Presidente del Consejo procederá a la notificación prevista en el artículo 22, apartado 2, del Acuerdo (2).
   Artículo 3
   La Comunidad estará representada por la Comisión en el Comité mixto establecido por el artículo 18 del Acuerdo.
   Artículo 4
   La Comisión, previa consulta a un comité especial designado por el Consejo, adoptará la posición de la Comunidad en el Comité mixto de readmisión en lo que se refiere a la adopción del reglamento interno de este Comité, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, apartado 5, del Acuerdo.
   Artículo 5
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 8 de noviembre de 2007.

            Por el Consejo

            El Presidente

         R. PEREIRA

      (1)  Dictamen emitido el 24 de octubre de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (2)  La fecha de la entrada en vigor del Acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea por la Secretaría General del Consejo.
   ACUERDO
   entre la Comunidad Europea y la República de Montenegro sobre readmisión de residentes ilegales
   LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES,
   LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo «la Comunidad»,
   y
   LA REPÚBLICA DE MONTENEGRO, denominada en lo sucesivo «Montenegro»,
   DETERMINADAS a intensificar su cooperación con el fin de combatir más eficazmente la inmigración ilegal;
   DESEOSAS de establecer, por medio del presente Acuerdo y sobre una base de reciprocidad, procedimientos rápidos y eficaces de identificación y retorno seguro y ordenado de las personas que no cumplen o han dejado de cumplir los requisitos de entrada, estancia o residencia en el territorio de Montenegro o de uno de los Estados miembros de la Unión Europea, y facilitar el tránsito de estas personas en un espíritu de cooperación;
   DESTACANDO que el presente Acuerdo no afectará a los derechos, obligaciones y responsabilidades de la Comunidad, de los Estados miembros de la Unión Europea ni de Montenegro emanados del Derecho internacional y, en particular, del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 y de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 de julio de 1951;
   CONSIDERANDO que las disposiciones del presente Acuerdo, que se inscribe en el ámbito del título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, no se aplican al Reino de Dinamarca, de conformidad con el Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:
   Artículo 1
   Definiciones
   A los efectos del presente Acuerdo, se entenderá por:

               a)

               «Partes contratantes»: Montenegro y la Comunidad;

               b)

               «nacional de Montenegro»: toda persona que posea la nacionalidad de la República de Montenegro, de conformidad con su legislación;

               c)

               «nacional de un Estado miembro»: toda persona que posea la nacionalidad de un Estado miembro, tal como se define a efectos de la Comunidad;

               d)

               «Estado miembro»: cualquier Estado miembro de la Unión Europea, salvo el Reino de Dinamarca;

               e)

               «nacional de un tercer país»: toda persona que posea una nacionalidad que no sea la de Montenegro o de uno de los Estados miembros;

               f)

               «apátrida»: toda persona que carezca de nacionalidad;

               g)

               «permiso de residencia»: permiso de cualquier tipo expedido por Montenegro o uno de los Estados miembros que da derecho a una persona a residir en su territorio. No se incluyen los permisos temporales de estancia en su territorio relacionados con la tramitación de una solicitud de asilo o de una solicitud de permiso de residencia;

               h)

               «visado»: autorización expedida o decisión adoptada por Montenegro o uno de los Estados miembros, exigida con el fin de entrar en su territorio o transitar por este. No incluye el visado de tránsito aeroportuario;

               i)

               «Estado requirente»: Estado (Montenegro o uno de los Estados miembros) que presenta una solicitud de readmisión de conformidad con el artículo 7 o una solicitud de tránsito de conformidad con el artículo 14 del presente Acuerdo;

               j)

               «Estado requerido»: Estado (Montenegro o uno de los Estados miembros) que recibe una solicitud de readmisión de conformidad con el artículo 7 o una solicitud de tránsito de conformidad con el artículo 14 del presente Acuerdo;

               k)

               «autoridad competente»: toda autoridad nacional de Montenegro o de uno de los Estados miembros encargada de aplicar el presente Acuerdo de conformidad con su artículo 19, apartado 1, letra a);

               l)

               «tránsito»: paso de un nacional de un tercer país o de un apátrida por el territorio del Estado requerido mientras viaja del Estado requirente al país de destino;

               m)

               «readmisión»: traslado por el Estado requirente y admisión por el Estado requerido de las personas (nacionales del Estado requerido, nacionales de terceros países o apátridas) que hayan entrado, permanecido o residido en el Estado requirente de manera ilegal, de conformidad con lo dispuesto en el presente Acuerdo.

         SECCIÓN I
   OBLIGACIONES DE READMISIÓN DE MONTENEGRO
   Artículo 2
   Readmisión de sus propios nacionales
   1.   Montenegro, previa solicitud por un Estado miembro y sin más trámites que los especificados en el presente Acuerdo, readmitirá en su territorio a cualquier persona que no cumpla o haya dejado de cumplir los requisitos vigentes para entrar, estar o residir en el territorio del Estado miembro requirente, siempre que se demuestre o se presuma sobre la base de indicios, que la persona en cuestión es un nacional de Montenegro.
   2.   Montenegro también readmitirá:

               —

               a los hijos solteros menores de las personas mencionadas en el apartado 1, independientemente de su lugar de nacimiento o nacionalidad, a menos que tengan un derecho independiente de residencia en el Estado miembro requirente,

               —

               a los cónyuges, que posean otra nacionalidad, de las personas mencionadas en el apartado 1, a condición de que tengan derecho a entrar y permanecer o reciban el derecho a entrar y permanecer en el territorio de Montenegro, a menos que tengan un derecho independiente de residencia en el Estado miembro requirente.

         3.   Montenegro también readmitirá a las personas que hayan sido privadas o hayan renunciado a la nacionalidad de Montenegro al entrar en el territorio de un Estado miembro, a no ser que ese Estado miembro les haya al menos prometido la naturalización.
   4.   Cuando Montenegro haya dado una respuesta positiva a la solicitud de readmisión, la misión diplomática competente o la oficina consular de Montenegro expedirá inmediatamente y, a más tardar, en un plazo de tres días laborables, el documento de viaje requerido para el retorno de dicha persona, con una validez mínima de tres meses. Si, por razones jurídicas o fácticas, el interesado no puede ser trasladado dentro del período de validez de ese documento de viaje que se expidió inicialmente, la misión diplomática competente o la oficina consular de Montenegro expedirá, en el plazo de 14 días civiles, un nuevo documento de viaje con el mismo período de validez. Si Montenegro no expide, en el plazo de 14 días civiles, el nuevo documento de viaje, se considerará que acepta el uso del documento de viaje normalizado de la UE a efectos de expulsión (1).
   5.   En caso de que la persona que deba readmitirse posea la nacionalidad de un tercer Estado además de la nacionalidad montenegrina, el Estado miembro requirente tomará en consideración la voluntad de la persona de ser readmitida en el Estado de su elección.
   Artículo 3
   Readmisión de nacionales de terceros países y apátridas
   1.   Montenegro, previa solicitud por un Estado miembro y sin más trámites que los especificados en el presente Acuerdo, readmitirá a cualquier nacional de un tercer país o apátrida que no cumpla o haya dejado de cumplir los requisitos vigentes para entrar, estar o residir en el territorio del Estado miembro requirente siempre que se demuestre, o se presuma sobre la base de indicios, que tal persona:

               a)

               es titular o, en el momento de la entrada, era titular de un visado o permiso de residencia válido expedido por Montenegro, o

               b)

               ha entrado ilegal y directamente en el territorio de los Estados miembros tras haber permanecido en el territorio de Montenegro o transitado por él.

         2.   La obligación de readmisión a que se refiere el apartado 1 no se aplicará si:

               a)

               el nacional de un tercer país o apátrida solo ha estado en tránsito aéreo en un aeropuerto internacional de Montenegro, o

               b)

               el Estado miembro requirente ha expedido al nacional de un tercer país o apátrida un visado o permiso de residencia antes o después de haber entrado en su territorio, a menos que:

                           —

                           esa persona sea titular de un visado o permiso de residencia, expedidos por Montenegro, que expire más tarde que el expedido por el Estado miembro requirente, o

                           —

                           el visado o permiso de residencia expedido por el Estado miembro requirente se haya obtenido utilizando documentos falsos o falsificados, o mediante declaraciones falsas, o

                           —

                           el interesado no cumpla cualquiera de los requisitos a los que se subordine el visado.

         3.   Montenegro también readmitirá, previa solicitud de un Estado miembro, a los antiguos nacionales de la República Socialista Federativa de Yugoslavia que no hayan adquirido ninguna otra nacionalidad y cuyo lugar de nacimiento y de residencia permanente el 27 de abril de 1992 estuviera en territorio de Montenegro, a condición de que esto último pueda ser confirmado por las autoridades montenegrinas en la fecha de la presentación de la solicitud de readmisión.
   4.   Cuando Montenegro haya dado una respuesta positiva a la solicitud de readmisión, el Estado miembro requirente expedirá a la persona readmitida un documento de viaje normalizado de la UE a efectos de expulsión (1).
   SECCIÓN II
   OBLIGACIONES DE READMISIÓN DE LA COMUNIDAD
   Artículo 4
   Readmisión de sus propios nacionales
   1.   Un Estado miembro, previa solicitud de Montenegro y sin más trámites que los especificados en el presente Acuerdo, readmitirá en su territorio a cualquier persona que no cumpla o haya dejado de cumplir los requisitos vigentes para entrar, estar o residir en el territorio de Montenegro siempre que se demuestre, o se presuma sobre la base de indicios, que la persona en cuestión es un nacional de ese Estado miembro.
   2.   Un Estado miembro también readmitirá:
   a los hijos solteros menores de las personas mencionadas en el apartado 1, independientemente de su lugar de nacimiento o nacionalidad, a menos que tengan un derecho independiente de residencia en Montenegro,
   a los cónyuges, que posean otra nacionalidad, de las personas mencionadas en el apartado 1, a condición de que tengan derecho a entrar y permanecer o reciban el derecho a entrar y permanecer en el territorio del Estado miembro requerido, a menos que tengan un derecho independiente de residencia en Montenegro.
   3.   Un Estado miembro también readmitirá a las personas que hayan sido privadas o hayan renunciado a la nacionalidad de un Estado miembro al entrar en el territorio de Montenegro, a no ser que Montenegro les haya al menos prometido la naturalización.
   4.   Cuando el Estado miembro requerido haya dado una respuesta positiva a la solicitud de readmisión, la misión diplomática competente o la oficina consular de dicho Estado miembro expedirá inmediatamente y, a más tardar, en un plazo de tres días laborables, el documento de viaje requerido para el retorno de dicha persona, con una validez mínima de tres meses. Si, por razones jurídicas o fácticas, el interesado no puede ser trasladado dentro del período de validez del documento de viaje que se expidió inicialmente, la misión diplomática competente o la oficina consular de dicho Estado miembro expedirá, en el plazo de 14 días civiles, un nuevo documento de viaje con el mismo período de validez.
   5.   En caso de que la persona que deba readmitirse posea la nacionalidad de un tercer Estado además de la del Estado miembro requerido, Montenegro tomará en consideración la voluntad de la persona de ser readmitida en el Estado de su elección.
   Artículo 5
   Readmisión de nacionales de terceros países y apátridas
   1.   Un Estado miembro, previa solicitud de Montenegro y sin más trámites que los especificados en el presente Acuerdo, readmitirá a cualquier nacional de un tercer país o apátrida que no cumpla o haya dejado de cumplir los requisitos vigentes para entrar, estar o residir en el territorio de Montenegro, siempre que se demuestre o se presuma sobre la base de indicios, que tal persona:

               a)

               es titular o, en el momento de la entrada, era titular de un visado o permiso de residencia válido expedido por el Estado miembro requerido, o

               b)

               ha entrado ilegal y directamente en el territorio de Montenegro tras haber permanecido en el territorio del Estado miembro requerido o transitado por él.

         2.   La obligación de readmisión a que se refiere el apartado 1 no se aplicará si:

               a)

               el nacional de un tercer país o apátrida solo ha estado en tránsito aéreo en un aeropuerto internacional del Estado miembro requerido, o

               b)

               Montenegro haya expedido al nacional del tercer país o apátrida un visado o permiso de residencia antes o después de entrar en su territorio a menos que:

                           —

                           el interesado sea titular de un visado o permiso de residencia, expedido por el Estado miembro requerido, que tenga un período de validez más largo que el expedido por Montenegro, o

                           —

                           el visado o permiso de residencia expedido por Montenegro se haya obtenido utilizando documentos falsos o falsificados, o mediante declaraciones falsas, o

                           —

                           el interesado no cumpla cualquiera de los requisitos a los que se subordine el visado.

         3.   La obligación de readmisión prevista en el apartado 1 incumbirá al Estado miembro que haya expedido un visado o permiso de residencia. Si dos o más Estados miembros han expedido un visado o un permiso de residencia, la obligación de readmisión prevista en el apartado 1 incumbirá al Estado miembro que haya expedido el documento cuyo período de validez sea más largo o, si uno o varios de ellos ya han expirado, el documento que siga siendo válido. Si ya han expirado todos los documentos, la obligación de readmisión prevista en el apartado 1 incumbe al Estado miembro que haya expedido el documento cuya fecha de expiración sea más reciente. En caso de que no puedan presentarse tales documentos, la obligación de readmisión del apartado 1 incumbirá al Estado miembro de la última salida.
   4.   Cuando el Estado miembro haya dado una respuesta positiva a la solicitud de readmisión, Montenegro expedirá a la persona readmitida el documento de viaje requerido para su vuelta.
   SECCIÓN III
   PROCEDIMIENTO DE READMISIÓN
   Artículo 6
   Principios
   1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el traslado de una persona que deba ser readmitida en virtud de una de las obligaciones enunciadas en los artículos 2 a 5 del presente Acuerdo requerirá la presentación de una solicitud de readmisión a la autoridad competente del Estado requerido.
   2.   No se necesitará solicitar la readmisión cuando la persona que debe readmitirse sea titular de un documento válido de viaje y, en su caso, un visado o permiso de residencia del Estado requerido válidos.
   Artículo 7
   Solicitud de readmisión
   1.   Toda solicitud de readmisión deberá contener la siguiente información:

               a)

               datos del interesado (por ejemplo, nombre, apellidos, fecha de nacimiento y, si es posible, lugar de nacimiento y último lugar de residencia) y, en su caso, los datos de los hijos menores solteros y/o cónyuges;

               b)

               mención de los medios que proporcionen pruebas o indicios de la nacionalidad, tránsito, requisitos de readmisión de nacionales de terceros países y apátridas y entrada y residencia ilegales;

               c)

               fotografía de la persona que debe readmitirse.

         2.   En la medida de lo posible, la solicitud de readmisión deberá contener también la siguiente información:

               a)

               una declaración que indique que la persona que debe ser trasladada puede necesitar asistencia o cuidados, si el interesado ha dado su consentimiento expreso a esta declaración;

               b)

               cualquier otra medida de protección o seguridad o información referente a la salud de la persona, que pudiera ser necesaria en ese caso particular de traslado.

         3.   En el anexo 6 figura un formulario común que deberá utilizarse para las solicitudes de readmisión.
   Artículo 8
   Medios de prueba de la nacionalidad
   1.   La prueba de la nacionalidad a efectos del artículo 2, apartado 1, y el artículo 4, apartado 1, puede aportarse en particular mediante los documentos enumerados en el anexo 1, aunque su período de validez haya expirado. Si se presentan tales documentos, los Estados miembros y Montenegro reconocerán mutuamente la nacionalidad sin más indagaciones. La prueba de la nacionalidad no puede aportarse mediante documentos falsos.
   2.   Los indicios de nacionalidad a efectos del artículo 2, apartado 1, y el artículo 4, apartado 1, pueden aportarse en particular mediante los documentos enumerados en el anexo 2, aunque su período de validez haya expirado. Si se presentan tales documentos, los Estados miembros y Montenegro considerarán demostrada la nacionalidad, a menos que puedan probar lo contrario. Los indicios de la nacionalidad no pueden probarse mediante documentos falsos.
   3.   Si no puede presentarse ninguno de los documentos enumerados en los anexos 1 o 2, las representaciones diplomáticas y consulares competentes del Estado requerido concernido, tomarán medidas, previa petición, para entrevistar sin demora injustificada a la persona objeto de la readmisión, a más tardar en el plazo de cinco días laborables a partir del día de la petición, con el fin de determinar su nacionalidad.
   Artículo 9
   Medios de prueba relativos a los nacionales de terceros países y apátridas
   1.   La prueba de los requisitos para la readmisión de los nacionales de terceros países y apátridas establecidos en el artículo 3, apartado 1, y el artículo 5, apartado 1, se aportará en particular mediante los medios de prueba enumerados en el anexo 3; no podrá aportarse mediante documentos falsos. Los Estados miembros y Montenegro reconocerán mutuamente cualquiera de estas pruebas sin más indagaciones.
   2.   Los indicios de los requisitos para la readmisión de los nacionales de terceros países y apátridas establecidos en el artículo 3, apartado 1, y el artículo 5, apartado 1, se aportarán en particular mediante los medios de prueba enumerados en el anexo 4; no podrán aportarse mediante documentos falsos. Cuando se presenten tales indicios, los Estados miembros y Montenegro considerarán que se cumplen los requisitos, a menos que puedan probar lo contrario.
   3.   Los documentos de viaje del interesado en los que no figure el visado o el permiso de residencia exigido en el territorio del Estado miembro requirente probarán la ilegalidad de la entrada, presencia o residencia. Asimismo, la declaración del Estado requirente de que se ha comprobado que el interesado no se hallaba en posesión de los documentos de viaje, visado o permiso de residencia exigidos constituirá un indicio de la ilegalidad de la entrada, presencia o residencia.
   4.   Las pruebas de los requisitos para la readmisión de antiguos nacionales de la antigua República Socialista Federativa de Yugoslavia establecidos en el artículo 3, apartado 3, se aportarán en particular a través de los medios de prueba enumerados en el anexo 5 bis; no podrán aportarse mediante documentos falsos. Tales pruebas serán reconocidas por Montenegro sin más indagaciones, a condición de que las autoridades montenegrinas puedan confirmar la residencia permanente a 27 de abril de 1992 en la fecha de la presentación de la solicitud de readmisión.
   5.   Los indicios de los requisitos para la readmisión de antiguos nacionales de la antigua República Socialista Federativa de Yugoslavia establecidos en el artículo 3, apartado 3, se aportarán en particular a través de los medios de prueba enumerados en el anexo 5 ter; no podrán aportarse mediante documentos falsos. Cuando se presenten tales indicios, Montenegro considerará que se cumplen los requisitos, a menos que pueda probar lo contrario.
   6.   Si no puede presentarse ninguno de los documentos enumerados en los anexos 5 bis o 5 ter, las representaciones diplomáticas y consulares competentes de Montenegro, tomarán medidas, previa petición, para entrevistar sin demora injustificada a la persona objeto de la readmisión, a más tardar en el plazo de tres días laborables a partir del día de la petición, con el fin de determinar su nacionalidad.
   Artículo 10
   Plazos
   1.   La solicitud de readmisión deberá presentarse a la autoridad competente del Estado requerido en un plazo máximo de un año desde el momento en que la autoridad competente del Estado requirente haya tenido conocimiento de que un nacional de un tercer país o apátrida no cumple o ha dejado de cumplir los requisitos vigentes en materia de entrada, presencia o residencia. Cuando haya obstáculos jurídicos o fácticos para responder a la solicitud dentro de plazo, este se ampliará, previa solicitud del Estado requirente, pero solamente hasta que hayan desaparecido los obstáculos.
   2.   La solicitud de readmisión siempre debe contestarse por escrito en el plazo de 12 días civiles. Este plazo empieza a correr en la fecha de recepción de la solicitud de readmisión. Si no hay respuesta dentro de este plazo, se considerará aprobado el traslado.
   3.   En los casos en que haya obstáculos jurídicos o fácticos para contestar a la solicitud en el plazo de 12 días civiles, previa petición debidamente motivada este plazo podrá ampliarse un máximo de seis días civiles. Si no hay respuesta dentro del plazo ampliado, se considerará aprobado el traslado.
   4.   La denegación de una solicitud de readmisión deberá motivarse.
   5.   Después de concederse el acuerdo o, en su caso, tras la expiración del plazo establecido en el apartado 2, se trasladará al interesado en el plazo de tres meses. A petición del Estado requirente, el plazo se prorrogará mientras persistan los obstáculos jurídicos o fácticos.
   Artículo 11
   Modalidades de traslado y medios de transporte
   1.   Antes de devolver a una persona, las autoridades competentes de Montenegro y del Estado miembro interesado acordarán previamente por escrito la fecha del traslado, el punto de entrada, las eventuales escoltas y otros datos pertinentes para el traslado.
   2.   El transporte podrá ser aéreo, marítimo o terrestre. El retorno por vía aérea no se restringirá a las compañías aéreas de Montenegro o de los Estados miembros y podrá efectuarse utilizando vuelos regulares o vuelos charter. Cuando el retorno se efectúa con escolta, esta no estará restringida al personal autorizado del Estado requirente, siempre que se trate de personas autorizadas de Montenegro o de cualquier Estado miembro.
   Artículo 12
   Readmisión por error
   El Estado requirente aceptará el retorno de toda persona readmitida por el Estado requerido si se acredita, en un plazo de tres meses contados a partir del traslado de la persona en cuestión, que no se cumplen los requisitos establecidos en los artículos 2 a 5.
   En estos casos las disposiciones procedimentales de este Acuerdo se aplicarán mutatis mutandis y se proporcionará toda la información disponible relativa a la identidad y nacionalidad reales de la persona cuyo retorno deba aceptarse.
   SECCIÓN IV
   OPERACIONES DE TRÁNSITO
   Artículo 13
   Principios
   1.   Los Estados miembros y Montenegro deberían limitar el tránsito de nacionales de terceros países o de apátridas a los casos en que estas personas no puedan ser devueltas directamente al país de destino.
   2.   Montenegro autorizará el tránsito por su territorio de nacionales de terceros países o apátridas si un Estado miembro así lo solicita, y los Estados miembros autorizarán el tránsito por su territorio de nacionales de terceros países o apátridas si Montenegro así lo solicita, siempre que quede garantizada la continuación del viaje a otros Estados de tránsito y la admisión por el Estado de destino.
   3.   Tanto Montenegro como un Estado miembro podrán denegar el tránsito:

               a)

               a un nacional de un tercer país o apátrida cuando corra realmente el riesgo de ser sometido a tortura o a un trato o castigo inhumano o degradante, o a la pena de muerte, o a la persecución por su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular o convicción política en el Estado de destino u otro Estado de tránsito, o

               b)

               a un nacional de un tercer país o apátrida cuando vaya a ser objeto de procesamiento o sanciones penales en el Estado requerido o en otro Estado de tránsito, o

               c)

               por razones de salud pública, seguridad nacional u orden público, u otros intereses nacionales del Estado requerido.

         4.   Montenegro o un Estado miembro podrán revocar una autorización expedida si aparece o sale a la luz alguna de las circunstancias mencionadas en el apartado 3 que pueda obstaculizar la operación de tránsito, o si ya no está garantizada la continuación del viaje a eventuales países de tránsito o la readmisión por el país de destino. En ese caso, el Estado requirente recibirá de vuelta al nacional del tercer país o apátrida, necesariamente y sin demora.
   Artículo 14
   Procedimiento de tránsito
   1.   Toda solicitud de operación de tránsito deberá remitirse por escrito a las autoridades competentes del Estado requerido y contener la siguiente información:

               a)

               tipo de tránsito (por vía aérea, marítima o terrestre), otros posibles países de tránsito y destino final previsto;

               b)

               datos personales del interesado (por ejemplo, nombre, apellidos, apellidos de soltero, otros nombres apodos o alias utilizados, fecha de nacimiento, sexo y, en la medida de lo posible, lugar de nacimiento, nacionalidad, lengua, y tipo y número del documento de viaje);

               c)

               punto de entrada previsto, fecha y hora del traslado y si se recurre a escoltas;

               d)

               una declaración de que desde el punto de vista del Estado requirente se cumplen las condiciones del artículo 13, apartado 2, y que no hay razones conocidas para su denegación de conformidad con el artículo 13, apartado 3.

         El formulario común que se usará para las solicitudes de readmisión figura como anexo 7.
   2.   El Estado requerido informará en el plazo de cinco días civiles y por escrito a las autoridades del Estado requirente de la admisión, y confirmará el punto de entrada y la fecha y hora previstas para la admisión, o bien de la denegación de la admisión y sus motivos.
   3.   Si la operación de tránsito se efectúa por vía aérea, se eximirá a la persona objeto de readmisión y a la eventual escolta de la obligación de obtener un visado de tránsito aeroportuario.
   4.   Las autoridades competentes del Estado requerido, tras consultarse mutuamente, asistirán las operaciones de tránsito, en particular mediante la vigilancia de las personas de que se trate y el suministro de equipos adaptados a tal fin.
   SECCIÓN V
   COSTES
   Artículo 15
   Costes de transporte y tránsito
   Sin perjuicio del derecho de las autoridades competentes a recobrar de la persona que debe readmitirse o de terceros los gastos asociados a la readmisión, todos los gastos de transporte causados por la readmisión y las operaciones de tránsito con arreglo al presente Acuerdo hasta la frontera del Estado de destino final serán soportados por el Estado requirente.
   SECCIÓN VI
   PROTECCIÓN DE DATOS Y CLÁUSULA DE COMPATIBILIDAD
   Artículo 16
   Protección de datos
   La comunicación de datos de carácter personal solo tendrá lugar si resulta necesaria para la aplicación del presente Acuerdo por las autoridades competentes de Montenegro o de un Estado miembro, según el caso. En cada caso particular, el procesamiento y el tratamiento de los datos de carácter personal se regirá por la legislación nacional de Montenegro y, cuando el responsable del tratamiento de los datos sea una autoridad competente de un Estado miembro, por las disposiciones de la Directiva 95/46/CE (2) y la legislación nacional adoptada por el Estado miembro en aplicación de esa Directiva. Además, se aplicarán los siguientes principios:

               a)

               los datos de carácter personal se tratarán de forma leal y lícita;

               b)

               los datos de carácter personal deben recabarse para el propósito especificado, explícito y legítimo de aplicar el presente Acuerdo y no ser tratados por la autoridad comunicante ni por la autoridad receptora de una manera incompatible con ese propósito;

               c)

               los datos de carácter personal serán adecuados, pertinentes y proporcionados a los fines para los que se recaben o procesen ulteriormente; en particular, los datos de carácter personal comunicados solo podrán referirse a la información siguiente:

                           —

                           datos de la persona objeto de traslado (por ejemplo, apellidos, nombres, cualquier nombre anterior, otros nombres, apodos o alias utilizados, sexo, estado civil, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad actual y cualquier nacionalidad anterior),

                           —

                           pasaporte, documento de identidad o permiso de conducir (número, período de validez, fecha de expedición, autoridad expedidora, lugar de expedición),

                           —

                           escalas e itinerarios,

                           —

                           otra información necesaria para la identificación de la persona objeto de traslado o para el examen de las condiciones de readmisión impuestas por el presente Acuerdo;

               d)

               los datos de carácter personal deberán ser exactos y, cuando sea necesario, actualizarse;

               e)

               los datos de carácter personal deberán ser conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos o para los que se procesen ulteriormente;

               f)

               tanto la autoridad comunicante como la autoridad receptora tomarán todas las medidas razonables para asegurar debidamente la rectificación, supresión o bloqueo de los datos personales, cuando su tratamiento no cumpla con lo dispuesto en el presente artículo, en particular, por no ser adecuados, pertinentes, exactos, o ser desproporcionados con la finalidad del tratamiento. Ello incluirá la notificación a la otra Parte de toda rectificación, supresión o bloqueo;

               g)

               previa petición, la autoridad receptora informará a la autoridad comunicante del uso de los datos comunicados y de los resultados obtenidos;

               h)

               los datos de carácter personal podrán comunicarse solamente a las autoridades competentes. La comunicación ulterior a otros organismos requerirá el consentimiento previo de la autoridad comunicante;

               i)

               tanto la autoridad comunicante como la autoridad receptora están obligadas a consignar por escrito la comunicación y la recepción de los datos de carácter personal.

         Artículo 17
   Cláusula de compatibilidad
   1.   Este Acuerdo no afectará a los derechos, obligaciones y responsabilidades de la Comunidad, los Estados miembros y Montenegro derivados del Derecho internacional y, en particular, de:

               —

               la Convención de 28 de julio de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados en su versión modificada por el Protocolo de 31 de enero de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados,

               —

               los convenios internacionales que determinan el Estado responsable de examinar las solicitudes de asilo presentadas,

               —

               el Convenio Europeo de 4 de noviembre de 1950 para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

               —

               el Convenio de 10 de diciembre de 1984 contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes,

               —

               los convenios internacionales sobre extradición y tránsito,

               —

               los convenios y acuerdos internacionales multilaterales sobre la readmisión de extranjeros.

         2.   El presente Acuerdo no impedirá en ningún caso el retorno de una persona en virtud de otras disposiciones oficiales o acuerdos informales.
   SECCIÓN VII
   EJECUCIÓN Y APLICACIÓN
   Artículo 18
   Comité mixto de readmisión
   1.   Las Partes contratantes se prestarán mutuamente asistencia para la aplicación y la interpretación. A tal efecto, crearán un Comité mixto de readmisión (en lo sucesivo, «el Comité») encargado, en particular, de las siguientes tareas:

               a)

               supervisar la aplicación del presente Acuerdo;

               b)

               adoptar las decisiones necesarias para la ejecución uniforme del presente Acuerdo;

               c)

               mantener intercambios regulares de información sobre los protocolos de aplicación celebrados por cada uno de los Estados miembros y Montenegro de conformidad con el artículo 19;

               d)

               proponer modificaciones del presente Acuerdo y sus anexos.

         2.   Las decisiones del Comité serán vinculantes para las Partes contratantes.
   3.   El Comité estará compuesto por los representantes de la Comunidad y de Montenegro; la Comunidad estará representada por la Comisión.
   4.   El Comité se reunirá cuando sea necesario a petición de una de las Partes contratantes.
   5.   El Comité establecerá su reglamento interno.
   Artículo 19
   Protocolos de aplicación
   1.   A petición de un Estado miembro o Montenegro, Montenegro y un Estado miembro elaborarán un protocolo de ejecución que comprenderá normas sobre:

               a)

               la designación de las autoridades competentes, los puntos de paso fronterizo y el intercambio de los puntos de contacto;

               b)

               las condiciones de los retornos con escolta, incluido el tránsito con escolta de nacionales de terceros países y apátridas;

               c)

               los medios y documentos que se añadan a los enumerados en los anexos 1 a 5.

         2.   Los protocolos de aplicación citados en el apartado 1 solo entrarán en vigor después de que el Comité de readmisión establecido en virtud del artículo 18 haya recibido la correspondiente notificación.
   3.   Montenegro acepta aplicar cualquier disposición de un protocolo de aplicación elaborado con un Estado miembro también en sus relaciones con cualquier otro Estado miembro a petición de este último, sujeto a la viabilidad práctica de su aplicación.
   Artículo 20
   Relación con acuerdos bilaterales de readmisión o arreglos de los Estados miembros
   Las disposiciones del presente Acuerdo tendrán prioridad sobre las disposiciones de cualquier acuerdo o arreglo bilateral relativo a la readmisión de residentes ilegales que se haya celebrado o vaya a celebrarse con arreglo al artículo 19 entre los distintos Estados miembros y Montenegro, en la medida en que lo dispuesto en estos últimos sea incompatible con el presente Acuerdo.
   SECCIÓN VIII
   DISPOSICIONES FINALES
   Artículo 21
   Ámbito de aplicación territorial
   1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el presente Acuerdo se aplicará en el territorio en el que es aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en el territorio de Montenegro.
   2.   El presente Acuerdo no se aplicará en el territorio del Reino de Dinamarca.
   Artículo 22
   Entrada en vigor, duración y denuncia
   1.   El presente Acuerdo será ratificado o aprobado por las Partes contratantes con arreglo a sus procedimientos internos.
   2.   El presente Acuerdo entrará en vigor el primer día del segundo mes tras la fecha en que las Partes contratantes se notifiquen entre sí que se han completado los procedimientos mencionados en el apartado 1.
   3.   El presente Acuerdo se celebra por tiempo ilimitado.
   4.   Mediante una notificación oficial a la otra Parte contratante y previa consulta al comité mencionado en el artículo 18, cualquiera de las Partes contratantes podrá suspender temporalmente la aplicación del presente Acuerdo total o parcialmente respecto a nacionales de terceros países y apátridas, por razones de seguridad, protección del orden público o de la salud pública. La suspensión entrará en vigor el segundo día tras la fecha de tal notificación.
   5.   Cualquiera de las Partes contratantes podrá denunciar el presente Acuerdo mediante una notificación oficial a la otra Parte contratante. El Acuerdo dejará de aplicarse a los seis meses de la fecha de tal notificación.
   Artículo 23
   Anexos
   Los anexos 1 a 7 formarán parte integrante del presente Acuerdo.

      Hecho en Bruselas, el dieciocho de septiembre de dos mil siete, por duplicado, en todas las lenguas oficiales de las Partes, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

         За Европейската общност
         Por la Comunidad Europea
         Za Evropské společenství
         For Det Europæiske Fællesskab
         Für die Europäische Gemeinschaft
         Euroopa Ühenduse nimel
         Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
         For the European Community
         Pour la Communauté européenne
         Per la Comunità europea
         Eiropas Kopienas vārdā
         Europos bendrijos vardu
         Az Európai Közösség részéről
         Għall-Komunitá Ewropea
         Voor de Europese Gemeenschap
         W imieniu Wspólnoty Europejskiej
         Pela Comunidade Europeia
         Pentru Comunitatea Europeană
         Za Európske spoločenstvo
         Za Evropsko skupnost
         Euroopan yhteisön puolesta
         För Europeiska gemenskapen
         Za Evropsku Zajednicu

         За Република Черна гора
         Por la República de Montenegro
         Za Republiku Ċerná Hora
         For Republikken Montenegro
         Für die Republik Montenegro
         Montenegro Vabariigi nimel
         Για τη Δημοκρατία του Μαυροβουνίου
         For the Republic of Montenegro
         Pour la République du Monténégro
         Per la Repubblica del Montenegro
         Melnkalnes Republikas vārdā
         Juodkalnijos Respublikos vardu
         A Montenegrói Köztársaság részéről
         Għar-Repubblika ta' Montenegro
         Voor de Republiek Montenegro
         W imieniu Republiki Czarnogóry
         Pela República do Montenegro
         Pentru Republica Muntenegru
         Za Čiernohorskú republiku
         Za Republiko Črno goro
         Montenegron tasavallan puolesta
         För Republiken Montenegro
         Za Republiku Crnu Goru

      (1)  De conformidad con el formulario establecido en la Recomendación del Consejo de la UE de 30 de noviembre de 1994.

      (2)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31).
   ANEXO 1
   LISTA DE DOCUMENTOS CON VALOR DE PRUEBA DE LA NACIONALIDAD
   (ARTÍCULO 2, APARTADO 1, ARTÍCULO 4, APARTADO 1, Y ARTÍCULO 8, APARTADO 1)
   En los casos en que el Estado requerido sea uno de los Estados miembros:

               —

               pasaportes de cualquier tipo (nacionales, diplomáticos, de servicio, colectivos y sustitutivos, incluidos los pasaportes infantiles),

               —

               documentos de identidad de cualquier tipo (incluidos los temporales y provisionales),

               —

               cartillas y documentos de identidad militares,

               —

               libretas de inscripción marítima, tarjetas de servicio de capitanes.

         En los casos en que el Estado requerido sea Montenegro:

               —

               documentos de viaje (pasaportes nacionales y pasaportes colectivos) expedidos por el Ministerio del Interior de la República de Montenegro después del 15 de junio de 1997 («pasaportes azules») y documentos de viaje (pasaportes diplomáticos y pasaportes de servicio) expedidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República de Montenegro, así como los documentos de viaje que se expedirán de conformidad con la nueva Ley de Documentos de Viaje,

               —

               documentos de identidad expedidos por el Ministerio del Interior de la República de Montenegro después del 1 de mayo de 1994, así como los documentos de identidad que se expedirán de conformidad con la nueva Ley de Documentos de Identidad,

               —

               cartillas y documentos de identidad militares del ejército de Montenegro,

               —

               libretas de inscripción marítima, tarjetas de servicio de capitanes.

         ANEXO 2
   LISTA DE DOCUMENTOS CON VALOR DE INDICIO DE LA NACIONALIDAD
   (ARTÍCULO 2, APARTADO 1, ARTÍCULO 4, APARTADO 1, Y ARTÍCULO 8, APARTADO 2)
   En los casos en que el Estado requerido sea uno de los Estados miembros o Montenegro:

               —

               fotocopias de cualquiera de los documentos enumerados en el anexo 1,

               —

               permiso de conducir o fotocopia del mismo,

               —

               partida de nacimiento o fotocopia de la misma,

               —

               cualquier otro documento formal expedido por las autoridades del Estado requerido que pueda ayudar a determinar la nacionalidad del interesado,

               —

               certificados de ciudadanía u otros documentos oficiales que mencionen o indiquen la ciudadanía.

         En los casos en que el Estado requerido sea Montenegro:

               —

               pasaportes expedidos por el Ministerio del Interior de la República de Montenegro antes del 15 de junio de 1997 («pasaportes rojos») y fotocopias de los mismos,

               —

               documentos de identidad expedidos por el Ministerio del Interior de la República de Montenegro antes del 1 de mayo de 1994 y fotocopias de los mismos.

         ANEXO 3
   LISTA COMÚN DE DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PROBATORIOS DE LOS REQUISITOS PARA LA READMISIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES Y APÁTRIDAS
   (ARTÍCULO 3, APARTADO 1, ARTÍCULO 5, APARTADO 1, Y ARTÍCULO 9, APARTADO 1)

               —

               sellos de entrada/salida o inscripción similar en el documento de viaje del interesado u otra prueba (por ejemplo, fotográfica) de entrada/salida,

               —

               billetes nominativos y/o listas de pasajeros de transportes por avión, tren, autocar o barco que demuestren la presencia y el itinerario del interesado en el territorio del Estado requerido,

               —

               declaraciones oficiales realizadas, en particular, por funcionarios de fronteras y otros testigos que puedan acreditar que el interesado cruzó la frontera,

               —

               declaración oficial del interesado en procedimientos judiciales o administrativos que indiquen la presencia o itinerario del interesado en el territorio del Estado requerido.

         ANEXO 4
   LISTA COMÚN DE DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN INDICIOS DE LOS REQUISITOS PARA LA READMISIÓN DE NACIONALES DE TERCEROS PAÍSES Y APÁTRIDAS
   (ARTÍCULO 3, APARTADO 1, ARTÍCULO 5, APARTADO 1, Y ARTÍCULO 9, APARTADO 2)

               —

               descripción expuesta por las autoridades pertinentes del Estado requirente, del lugar y circunstancias en que el interesado fue interceptado tras entrar en el territorio de ese Estado,

               —

               información relativa a la identidad y/o a la estancia de una persona proporcionada por una organización internacional (por ejemplo, ACNUR),

               —

               informes/confirmación de la información por miembros de la familia, compañeros de viaje, etc.,

               —

               documentos nominativos, certificados y facturas de cualquier clase (por ejemplo, facturas de hotel, tarjetas de citas con médicos o dentistas, tarjetas de acceso a instituciones públicas o privadas, contratos de alquiler de coches, recibos de tarjetas de crédito, etc.) que demuestren claramente que el interesado permaneció en el territorio del Estado requerido,

               —

               información que demuestre que el interesado ha recurrido a los servicios de un mensajero o de una agencia de viajes.

         ANEXO 5
   LISTA DE DOCUMENTOS QUE SE CONSIDERAN PRUEBAS O INDICIOS DE LOS REQUISITOS PARA LA READMISIÓN DE ANTIGUOS NACIONALES DE LA ANTIGUA REPÚBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DE YUGOSLAVIA
   (ARTÍCULO 3, APARTADO 3, ARTÍCULO 9, APARTADO 4, Y ARTÍCULO 9, APARTADO 5)
   Anexo 5 bis (documentos que se consideran pruebas)

               —

               certificados de nacimiento o fotocopias de los mismos expedidos por la antigua República Socialista Federativa de Yugoslavia,

               —

               documentos públicos o fotocopias de los mismos expedidos por Montenegro, la antigua República Federal de Yugoslavia, la antigua Unión Estatal de Serbia y Montenegro o de la antigua República Socialista Federativa de Yugoslavia que consignen el lugar del nacimiento y/o el lugar de residencia permanente de acuerdo con del artículo 3, apartado 3.

         Anexo 5 ter (documentos que se consideran indicios)

               —

               otros documentos o certificados o fotocopias de los mismos que indiquen el lugar de nacimiento y/o el lugar de residencia permanente en el territorio de Montenegro,

               —

               declaración oficial del interesado en procedimientos judiciales o administrativos.

         ANEXO 6

   ANEXO 7

   DECLARACIÓN CONJUNTA SOBRE EL ARTÍCULO 2, APARTADO 4, Y EL ARTÍCULO 4, APARTADO 4
   Hasta el establecimiento de las representaciones consulares diplomáticas de la República de Montenegro en el territorio de los Estados miembros de la UE, los documentos de viaje del artículo 2, apartado 4, serán expedidos por la misión diplomática u oficina consular de la República de Serbia, de conformidad con el artículo 6 del Memorando de Acuerdo entre la República de Montenegro y la República de Serbia, o por las misiones diplomáticas u oficinas consulares de otros Estados que representen a Montenegro.
   Si el Estado miembro requerido no tiene ninguna misión diplomática u oficina consular en la República de Montenegro, el documento de viaje que debe expedirse de conformidad con el artículo 4, apartado 4, será expedido por la misión diplomática u oficina consular del Estado miembro que represente a ese Estado miembro requerido. El documento de viaje se expedirá en nombre del Estado miembro requerido, previa autorización.
   DECLARACIÓN CONJUNTA REFERENTE A LOS ARTÍCULOS 3 Y 5
   Las Partes se esforzarán por devolver a su país de origen a cualquier nacional de un tercer país que no cumpla o haya dejado de cumplir los requisitos jurídicos vigentes para entrar, estar o residir en sus respectivos territorios.
   DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA AL ARTÍCULO 3, APARTADO 1
   Las Partes acuerdan que una persona «entra directamente» del territorio de Montenegro a efectos de las presentes disposiciones si tal persona llega por vía aérea, terrestre o marítima al territorio de los Estados miembros sin pasar por un tercer país. Las estancias por tránsito aeroportuario en un tercer país no se considerarán entrada.
   DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A DINAMARCA
   Las Partes contratantes toman nota de que el presente Acuerdo no será aplicable en el territorio del Reino de Dinamarca, ni a los ciudadanos del Reino de Dinamarca. Por consiguiente, procede que Montenegro y Dinamarca celebren un acuerdo sobre readmisión en los mismos términos que el presente Acuerdo.
   DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A ISLANDIA Y NORUEGA
   Las Partes contratantes toman nota de las estrechas relaciones que existen entre la Comunidad Europea e Islandia y Noruega, especialmente en virtud del Acuerdo de 18 de mayo de 1999 relativo a la asociación de estos países a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen. En estas circunstancias, procede que Montenegro celebre un acuerdo sobre readmisión con Islandia y Noruega en los mismos términos que el presente Acuerdo.
   DECLARACIÓN CONJUNTA RELATIVA A SUIZA
   Las Partes contratantes toman nota que la Unión Europea, la Comunidad Europea y Suiza firmaron un acuerdo relativo a la asociación de Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen. Procede, una vez que este acuerdo de asociación entre en vigor, que Montenegro celebre un acuerdo sobre readmisión con Suiza en los mismos términos que el presente Acuerdo.