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32000D0471

2000/471/CE: Decisión del Parlamento Europeo, de 13 de abril de 2000, por la que se aprueba la gestión de la Comisión en lo que se refiere a las decisiones sobre la liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA para los ejercicios 1993, 1994 y 1995

Diario Oficial n° 040 de 07/02/2001 p. 0403 - 0404

Decisión del Parlamento Europeode 13 de abril de 2000por la que se aprueba la gestión de la Comisión en lo que se refiere a las decisiones sobre la liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA para los ejercicios 1993, 1994 y 1995(2000/471/CE)EL PARLAMENTO EUROPEO,Vistas las cuentas de ingresos y gastos y los balances financieros correspondientes a los ejercicios 1993, 1994 y 1195 (C4-0128/1998 - C4-0372/1998 - C5-0167/2000),Vistos los informes de síntesis sobre los resultados de los controles de la liquidación de cuentas de la sección de Garantía del FEOGA para los ejercicios 1993, 1994 y 1995,Vistos el Informe anual del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 1997(1) y el Informe anual relativo a 1998(2),Vistos los Informes especiales del Tribunal de Cuentas para el ejercicio 1993(3) y sobre la gestión del comercio comunitario de cereales con restituciones a la exportación, regímenes especiales de importación y regímenes de ayuda regional(4),Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 276,Vistos el artículo 93 y el anexo V del Reglamento,Visto el informe de la Comisión de control presupuestario (A5-0095/2000),1. Constata que la corrección financiera para el gasto de 32397 millones de euros en el ejercicio 1994, adoptada el 23 de abril y el 30 de julio de 1997, ascendió a 744 millones de euros.2. Constata que la corrección financiera para el gasto de 33593 millones de euros en el ejercicio 1994, adoptada el 6 de mayo de 1998(5), ascendió a 308 millones de euros.3. Constata que la corrección financiera para el gasto de 34503 millones de euros en el ejercicio 1995, adoptada el 3 de febrero y el 28 de julio de 1999 y el 1 de marzo de 2000, ascendió a 595 millones de euros.4. Concede a la Comisión la aprobación de la gestión, sin perjuicio de nueva información relativa al asunto Fléchard, al régimen de restituciones a la exportación y al funcionamiento de la organización común de mercados para las decisiones de liquidación de cuentas para los ejercicios 1993, 1994 y 1995.5. Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de la presente Decisión.6. Encarga a su Presidenta que transmita la presente Decisión y la Resolución que contiene sus observaciones a la Comisión, al Consejo, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas y al Banco Europeo de Inversiones, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (serie L).El Secretario GeneralJulian PriestleyLa PresidentaNicole Fontaine(1) DO C 349 de 17.11.1998.(2) DO C 349 de 3.12.1999.(3) DO C 52 de 21.2.1997 y DO C 121 de 20.4.1998.(4) DO C 159 de 26.5.1997.(5) Decisión 98/358/CE de la Comisión (DO L 163 de 6.6.1998, p. 28).


title: DECISIÓN DEL CONSEJO de 26 de febrero de 1990 relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Suecia en el campo de la investigación médica y sanitaria (90/132/CEE) #

text:
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31990D0132

DECISIÓN DEL CONSEJO de 26 de febrero de 1990 relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Suecia en el campo de la investigación médica y sanitaria (90/132/CEE)  -

Diario Oficial n° L 074 de 20/03/1990 p. 0026

DECISIÓN DEL CONSEJO de 26 de febrero de 1990 relativa a la celebración del Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Suecia en el campo de la investigación médica y sanitaria (90/132/CEE) EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Econó- mica Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 130 Q,  Vista la propuesta de la Comisión (1),  En cooperación con el Parlamento Europeo (2),  Visto el dictamen del Comité Económico y Social (3),  Considerando que el Consejo aprobó, mediante Decisión 87/551/CEE (4), un programa de coordinación de investigación y desarrollo de la Comunidad en el campo de la investigación médica y sanitaria (1987-1991); que el apartado 2 del artículo 7 de dicha  Decisión autoriza a la Comisión a negociar acuerdos con Estados no miembros que participen en la cooperación europea en el campo de la investigación científica y tecnológica (COST) con vistas a asociarlos total o parcialmente a dicho programa;  Considerando que, mediante la Decisión 87/177/CEE (5), el Consejo aprobó, en nombre de la Comunidad Económica Europea, la celebración del Acuerdo-marco de cooperación científica y técnica entre las Comunidades Europeas y, entre otros, el Reino de  Suecia;  Considerando que conviene aprobar el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Suecia en el campo de la investigación médica y sanitaria,  DECIDE:    Artículo 1 Queda aprobado en nombre de la Comunidad el Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Económica Europea y el Reino de Suecia en el campo de la investigación médica y sanitaria.  Se adjunta a la presente Decisión el texto del Acuerdo.  Artículo 2 El presidente del consejo procederá, en nombre de la Comunidad, a la notificación prevista en el artículo 7 del Acuerdo (6).   Hecho en Bruselas, el 26 de febrero de 1990.  Por el Consejo El Presidente M. SMITH   (1) DO No C 223 de 30. 8. 1989, p. 27. (2) DO No C 304 de 4. 12. 1989, p. 33; y Decisión de 14 de febrero de 1990 (no publicada aún en el Diario Oficial). (3) DO No C 56 de 7. 3. 1990. (4) DO No L 334 de 24. 11. 1987, p. 20. (5) DO No L 71 de 14. 3. 1987, p. 29. (6) La Secretaría General del Consejo se encargará de publicar en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.


title: 2012/437/PESC: Decisión EU BAM Rafah/2/2012 del Comité Político y de Seguridad, de 24 de julio de 2012 , por la que se prorroga el mandato del Jefe de la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah), con carácter interino

text:
               27.7.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 200/18

         DECISIÓN EU BAM RAFAH/2/2012 DEL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD
   de 24 de julio de 2012
   por la que se prorroga el mandato del Jefe de la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah), con carácter interino
   (2012/437/PESC)
   EL COMITÉ POLÍTICO Y DE SEGURIDAD,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 38, párrafo tercero,
   Vista la Acción Común 2005/889/PESC del Consejo, de 25 de noviembre de 2005, por la que se establece una Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah) (1), y, en particular, su artículo 10, apartado 1,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En virtud del artículo 10, apartado 1, de la Acción Común 2005/889/PESC, el Comité Político y de Seguridad (CPS) está autorizado, con arreglo al artículo 38 del Tratado de la Unión Europea, a adoptar las decisiones oportunas con el fin de ejercer el control político y la dirección estratégica de la Misión EU BAM Rafah, incluida, en particular, la decisión relativa al nombramiento del Jefe de Misión.

               (2)

               A propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, el CPS nombró el 3 de julio de 2012 en la Decisión 2012/382/PESC (2), al Sr. Davide PALMIGIANI como Jefe de la Misión EU BAM Rafah, con carácter interino, para el período comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de julio de 2012.

               (3)

               La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha propuesto que se prorrogue por dos meses más el nombramiento del Sr. Davide PALMIGIANI como Jefe de la Misión EU BAM Rafah, con carácter interino, desde el 1 de agosto de 2012 hasta el 30 de septiembre de 2012.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se prorroga hasta el 30 de septiembre de 2012 el mandato del Sr. Davide PALMIGIANI como Jefe de la Misión de asistencia fronteriza de la Unión Europea para el paso fronterizo de Rafah (EU BAM Rafah), con carácter interino.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
   Será aplicable a partir del 1 de agosto de 2012.

      Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 2012.

            Por el Comité Político y de Seguridad

            El Presidente

         O. SKOOG

      (1)  DO L 327 de 14.12.2005, p. 28.

      (2)  DO L 186 de 14.7.2012, p. 30.


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E1999C0422(01)

Autorización de las ayudas estatales de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo EEE y con el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo - Decisión del Órgano de vigilancia de AELC de no plantear objeciones

Diario Oficial n° C 111 de 22/04/1999 p. 0009 - 0009

Autorización de las ayudas estatales de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo EEE y con el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del AcuerdoDecisión del Órgano de vigilancia de AELC de no plantear objeciones(1999/C 111/06)Fecha de la decisión: 16.12.1998Estado de la AELC: NoruegaAyuda n°: 98-008Título: Fusión y modificaciones de dos sistemas de ayuda existentes, "Subvenciones regionales de inversión" (ex ayuda 93-143) y "Subvenciones para el desarrollo de la actividad empresarial e industrial" (ex ayuda 93-153) en un nuevo sistema, "Subvenciones de desarrollo regional"Objetivo de la ayuda: Ayuda al desarrollo regionalFundamento jurídico: - Ley n° 97, de 3 de julio de 1992, sobre el fondo de desarrollo industrial y regional (SND)- Reglamentos SND de 4 de enero de 1993Intensidad: Subvenciones de inversión en la zona de objetivo:- A: 30 % ESN más prima PYME del 15 % bruto- B: 25 % ESN más prima PYME del 5 % bruto- C: 15 % ESN más prima PYME del 10 % brutoSubvenciones de investigación y desarrollo para las PYME hasta el 50 % brutoDuración: Del 1.1. al 31.12.1999


title: Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC n o  328/05/COL, de 20 de diciembre de 2005 , por la que se modifican por quincuagésima tercera vez las normas procesales y sustantivas en el ámbito de las ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo 18C: Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público

text:
               26.4.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 109/44

      DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC

      N
      o 328/05/COL
   de 20 de diciembre de 2005
   por la que se modifican por quincuagésima tercera vez las normas procesales y sustantivas en el ámbito de las ayudas estatales mediante la introducción de un nuevo capítulo 18C: Ayudas estatales en forma de compensación por servicio público
   EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,
   VISTO el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y, en particular, sus artículos 61 a 63 y su Protocolo 26,
   VISTO el Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (2), y, en particular, su artículo 24, su artículo 5, apartado 2, letra b), y el artículo 1 de la Parte I de su Protocolo no 3, y los artículos 18 y 19 de la Parte II de su Protocolo no 3,
   CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC aplicará las disposiciones sobre las ayudas estatales,
   CONSIDERANDO que, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, letra b), del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, el Órgano de Vigilancia de la AELC publicará avisos o directrices sobre asuntos relacionados con el Acuerdo EEE, si dicho Acuerdo o el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción expresamente así lo establecen, o si el Órgano de Vigilancia de la AELC lo considera necesario,
   RECORDANDO las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas estatales (3) adoptadas el 19 de enero de 1994 por el Órgano de Vigilancia de la AELC (4),
   CONSIDERANDO que, el 13 de julio de 2005, la Comisión Europea adoptó un marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (5),
   CONSIDERANDO que dicho marco también afecta al Espacio Económico Europeo,
   CONSIDERANDO que conviene garantizar la aplicación uniforme en todo el Espacio Económico Europeo de la normativa sobre ayudas estatales,
   CONSIDERANDO que, de conformidad con el punto II del epígrafe «GENERAL» que figura al final del anexo XV del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC deberá adoptar, previa consulta a la Comisión Europea, los actos correspondientes a los ya aprobados por esta,
   HABIENDO CONSULTADO a la Comisión Europea,
   RECORDANDO que el Órgano de Vigilancia de la AELC ha consultado a este respecto con los Estados de la AELC por carta con fecha de 19 de octubre de 2005,
   HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

               1)

               Las Directrices sobre ayudas estatales se modificarán mediante la introducción de un nuevo capítulo 18C, «Ayuda estatal en forma de compensación por servicio público». El nuevo capítulo figura en el anexo I de la presente Decisión. Se proponen las medidas apropiadas contenidas en el anexo I de esta Decisión.

               2)

               Se informará a los Estados de la AELC mediante una carta, que incluirá una copia de esta Decisión y del anexo a la misma. Se pide a los Estados de la AELC que manifiesten su acuerdo a la propuesta de medidas apropiadas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la presente propuesta.

               3)

               Se informará a la Comisión Europea, de conformidad con la letra d) del Protocolo 27 del Acuerdo EEE, mediante una copia de la presente Decisión y de su anexo I.

               4)

               La Decisión y su anexo I se publicarán en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

               5)

               En caso de que los Estados de la AELC acepten la propuesta de medidas apropiadas, se publicará un anuncio resumido en la sección EEE y en el Suplemento EEE al Diario Oficial de la Unión Europea (adjunto en el anexo II de la presente Decisión).

               6)

               El texto en lengua inglesa es el único auténtico.

      Hecho en Bruselas, el 20 de diciembre de 2005.

            Por el Órgano de Vigilancia de la AELC

         Einar M. BULL

            Presidente

         Kurt JÄGER

            Miembro del Colegio

      (1)  Denominado en lo sucesivo «el Acuerdo EEE».

      (2)  Denominado en lo sucesivo «el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción».

      (3)  Denominadas en lo sucesivo «las Directrices sobre ayudas estatales».

      (4)  Publicadas inicialmente en el DO L 231 de 3.9.1994, y en el Suplemento EEE al mismo no 32 en la misma fecha, modificadas en último lugar por la Decisión no 313/05/COL de 7.12.2005 (aún sin publicar).

      (5)  Marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público (DO C 297 de 29.11.2005, p. 4).

      ANEXO

         «18C.   AYUDA ESTATAL EN FORMA DE COMPENSACIÓN POR SERVICIO PÚBLICO (1)

         18C.1.   Objeto y ámbito de aplicación

                     (1)

                     Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (2), las compensaciones por servicio público no constituyen ayudas estatales a tenor del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, siempre que cumplan determinadas condiciones. Por el contrario, cuando las compensaciones por servicio público no cumplan estas condiciones y si se dan los criterios generales de aplicabilidad del artículo 87, apartado 1, estas compensaciones constituyen ayudas estatales. En opinión del Órgano de Vigilancia, esta jurisprudencia se aplica igualmente en el contexto del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE.

                     (2)

                     La Decisión 2005/842/CE de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (3), precisa las condiciones en las que algunos tipos de compensaciones por servicio público constituyen ayudas estatales compatibles con el artículo 86, apartado 2, del Tratado CE y exime de la obligación de notificación previa a las compensaciones que cumplan dichas condiciones. Esta Decisión no ha sido todavía incorporada al Acuerdo EEE (4). Las compensaciones por servicio público que constituyan ayudas estatales y no entren en el ámbito de aplicación de la Decisión 2005/842/CE seguirán sujetas a la obligación de notificación previa también tras la adopción de dicha Decisión. El objeto de las presentes Directrices es precisar las condiciones en las que estas ayudas estatales pueden ser consideradas compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE en virtud de su artículo 59, apartado 2.

                     (3)

                     Las presentes Directrices se aplican a las compensaciones por servicio público concedidas a empresas en relación con actividades sujetas a las normas del Acuerdo EEE a excepción de los sectores de los transportes y del servicio público de radiodifusión contemplados en las Directrices del Órgano de Vigilancia de la AELC sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (5).

                     (4)

                     Las disposiciones de las presentes Directrices se aplican sin perjuicio de las disposiciones específicas más estrictas relativas a las obligaciones de servicio público contenidas en la legislación y en las medidas sectoriales del EEE.

                     (5)

                     Las presentes Directrices se aplican sin perjuicio de las disposiciones vigentes sobre contratos públicos y competencia (en particular, los artículos 53 y 54 del Acuerdo EEE).

               18C.2.   Condiciones para la compatibilidad de las compensaciones por servicio público que constituyen ayudas estatales
         18C.2.1.   Disposiciones generales

                     (6)

                     En su sentencia Altmark (6), el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas estableció las condiciones necesarias para que las compensaciones por servicio público no constituyan ayudas estatales:

                                 “[…]

                                 En primer lugar, la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y estas deben estar claramente definidas […].

                                 […]

                                 En segundo lugar, los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, para evitar que esta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las empresas competidoras. […] Así, constituye una intervención financiera incluida en el concepto de ayuda de Estado en el sentido del artículo 87, apartado 1, del Tratado, la compensación por parte de un Estado miembro de las pérdidas sufridas por una empresa sin que se hayan establecido previamente los parámetros de tal compensación, cuando, a posteriori, se comprueba que la explotación de determinados servicios en el marco de la ejecución de obligaciones de servicio público no ha sido económicamente viable.

                                 […]

                                 En tercer lugar, la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable […].

                                 […]

                                 En cuarto lugar, cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones.”.

                     (7)

                     Cuando se cumplan estos cuatro criterios, la compensación por servicio público no constituye ayuda estatal y no se aplican el artículo 61 del Acuerdo EEE y el artículo 1 de la Parte I del Protocolo no 3 del Acuerdo entre los Estados de la AELC por el que se instituyen un Órgano de Vigilancia y un Tribunal de Justicia (en lo sucesivo, “el Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción”). Si los Estados de la AELC no respetan estos criterios y si se cumplen los criterios generales de aplicabilidad del artículo 61, apartado 1, del Acuerdo EEE, la compensación por servicio público constituye ayuda estatal.

                     (8)

                     El Órgano de Vigilancia considera que, en la fase actual de desarrollo del Acuerdo EEE, estas ayudas estatales pueden declararse compatibles con el Acuerdo EEE en aplicación del artículo 59, apartado 2, del mismo cuando sean necesarias para el funcionamiento de los servicios de interés económico general y no afecten al desarrollo de los intercambios en forma tal que sea contraria al interés de las Partes contratantes. Así pues, para alcanzar este equilibrio deben cumplirse las condiciones siguientes.

               18C.2.2.   Verdadero servicio de interés económico general a tenor del artículo 59 del Acuerdo EEE

                     (9)

                     Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, salvo en aquellos sectores en los que existen normas del Acuerdo EEE aplicables a este respecto, los Estados de la AELC disponen de un amplio poder de valoración en cuanto a la naturaleza de los servicios susceptibles de ser calificados servicio de interés económico general. Por lo tanto, la tarea del Órgano de Vigilancia consiste en velar por que ese poder de valoración se aplique sin error manifiesto en lo que se refiere a la definición de servicio de interés económico general.

                     (10)

                     Del artículo 59, apartado 2, del Acuerdo EEE se desprende que las empresas (7) encargadas de la gestión de servicios de interés económico general son empresas encargadas “de una misión particular”. Al definir las obligaciones de servicio público y de valorar si las empresas en cuestión cumplen estas obligaciones, se exhorta a los Estados de la AELC a que realicen una amplia consulta, prestando especial atención a los usuarios.

               18C.2.3.   Necesidad de un acto que concrete las obligaciones de servicio público y las modalidades de cálculo de la compensación

                     (11)

                     El concepto de servicio de interés económico general a tenor del artículo 59 del Acuerdo EEE implica que el Estado ha encomendado a las empresas en cuestión una misión particular (8). Las autoridades públicas son responsables —salvo en aquellos sectores en los que existan normas del EEE a este respecto— de establecer el marco de criterios y condiciones aplicables a la prestación de servicios, independientemente de la personalidad jurídica del prestador de servicios y de si estos se prestan en régimen de libre competencia. Por consiguiente, es necesario que exista una atribución de servicio público que defina las obligaciones recíprocas de las empresas en cuestión y del Estado. Por Estado se debe entender tanto el Estado central como las autoridades regionales y locales.

                     (12)

                     La responsabilidad del funcionamiento del servicio de interés económico general deberá atribuirse a la empresa en cuestión por medio de uno o varios actos oficiales cuya forma podrá ser determinada por cada Estado de la AELC. Este acto o actos deberán indicar concretamente:

                                 a)

                                 la naturaleza precisa y la duración de las obligaciones de servicio público;

                                 b)

                                 las empresas y el territorio afectados;

                                 c)

                                 los derechos exclusivos o especiales atribuidos a las empresas;

                                 d)

                                 los parámetros aplicados al cálculo, control y revisión de la compensación;

                                 e)

                                 las modalidades para evitar las compensaciones excesivas y reembolsar las que se hayan podido producir.

                     (13)

                     A la hora de definir las obligaciones de servicio público y de valorar si las empresas en cuestión cumplen estas obligaciones, se exhorta a los Estados de la AELC a que realicen una amplia consulta, prestando especial atención a los usuarios.

               18C.2.4.   Importe de la compensación

                     (14)

                     El importe de la compensación no puede superar lo necesario para cubrir los costes derivados del cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los correspondientes ingresos, así como un beneficio razonable por el desempeño de estas obligaciones. El importe de la compensación incluye todas las ventajas concedidas por el Estado o mediante recursos estatales de cualquier forma. El beneficio razonable puede incluir, total o parcialmente, los incrementos de productividad realizados por las empresas en cuestión durante un período convenido y limitado, sin menoscabar el nivel cualitativo de los servicios fijado por el Estado.

                     (15)

                     En cualquier caso, la compensación debe utilizarse realmente para el funcionamiento del servicio de interés económico general correspondiente. La compensación por servicio público concedida para el funcionamiento de un servicio de interés económico general pero utilizada en realidad para operar en otros mercados carece de justificación y por consiguiente constituye ayuda estatal incompatible. Sin embargo, la empresa que recibe una compensación por servicio público puede disfrutar normalmente de su beneficio razonable.

                     (16)

                     Los costes que deben tenerse en cuenta abarcan todos los soportados en concepto del funcionamiento del servicio de interés económico general. Cuando las actividades de la empresa en cuestión se limitan al servicio de interés económico general, pueden tenerse en cuenta todos sus costes. Cuando la empresa realiza también actividades ajenas al servicio de interés económico general, solo pueden tenerse en cuenta los costes vinculados al servicio de interés económico general. Los costes asignados al servicio de interés económico general pueden cubrir todos los costes variables causados por la prestación del SIEG, una contribución adecuada a los costes fijos que sean comunes al servicio de interés económico general y a otras actividades y una remuneración apropiada de los fondos propios en la medida en que se destine al servicio de interés económico general (9). Los costes relacionados con inversiones, especialmente las correspondientes a infraestructuras, pueden tenerse en cuenta cuando sean necesarios para el funcionamiento del servicio de interés económico general. Los costes asignados a posibles actividades ajenas al servicio de interés económico general deben cubrir todos los costes variables, una contribución adecuada a los costes fijos comunes y una remuneración apropiada del capital. Estos costes nunca pueden imputarse al servicio de interés económico general. El cálculo de los costes debe atenerse a los criterios antes definidos y basarse en principios contables generalmente aceptados, que deben comunicarse al Órgano de Vigilancia en el marco de la notificación a tenor de las disposiciones del artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo no 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

                     (17)

                     Los ingresos que deben tenerse en cuenta deben incluir al menos todos los ingresos procedentes del servicio de interés económico general. Si la empresa en cuestión dispone de derechos exclusivos o especiales vinculados a otro servicio de interés económico general que genera beneficios superiores al beneficio razonable, o si se beneficia de otras ventajas concedidas por el Estado, se deberán tener en cuenta, independientemente de su calificación con arreglo al artículo 61 del Acuerdo EEE, y se añadirán a sus ingresos. El Estado de la AELC también puede decidir que los beneficios procedentes de otras actividades ajenas al servicio de interés económico general deben destinarse total o parcialmente a la financiación del servicio de interés económico general.

                     (18)

                     Por beneficio razonable se debe entender un tipo de remuneración de los fondos propios que tenga en cuenta el riesgo, o la inexistencia del mismo, soportado por la empresa a causa de la intervención del Estado de la AELC, en particular, si este último concede derechos exclusivos o especiales. Normalmente, dicho tipo no debe superar el tipo medio registrado en el sector interesado durante los últimos años. En aquellos sectores en los que no existe una empresa comparable a la que tiene encomendada la explotación del servicio de interés económico general, puede hacerse una comparación con las empresas sitas en otros Estados del EEE o, en caso necesario, con empresas de otros sectores, siempre que se tengan en cuenta las características particulares de cada sector. Para determinar el beneficio razonable, el Estado de la AELC puede introducir criterios incentivadores, en función, concretamente, de la calidad del servicio prestado y de los incrementos de la eficiencia productiva.

                     (19)

                     Cuando una empresa realiza actividades que caen dentro y fuera del ámbito del servicio de interés económico general, la contabilidad interna deberá reflejar por separado los costes y los ingresos asociados al servicio de interés económico general y los correspondientes a otros servicios, así como los parámetros utilizados para la asignación de costes e ingresos. Cuando se encomiende a una empresa la gestión de varios servicios de interés económico general, ya sea porque la autoridad que atribuye el servicio de interés económico generales es diferente o porque la naturaleza del mismo es distinta, la contabilidad interna de la empresa debe permitir asegurarse de que no existe una compensación excesiva de cada servicio de interés económico general. Estos principios se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el acto mencionado en el punto 1 del anexo XV del Acuerdo EEE (Directiva 80/723/CEE de la Comisión, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, según ha quedado modificada) cuando se aplique dicho acto.

               18C.3.   Compensación excesiva

                     (20)

                     Los Estados de la AELC deben proceder, o hacer proceder, a un control regular de la inexistencia de compensación excesiva. La compensación excesiva que no sea necesaria para el funcionamiento del servicio de interés económico general constituye ayuda estatal incompatible que debe reembolsarse al Estado y, de cara al futuro, es necesario actualizar los parámetros utilizados para el cálculo de la compensación.

                     (21)

                     Cuando el importe de la compensación excesiva no supere el 10 % del importe de la compensación anual, dicha compensación excesiva podrá descontarse del año siguiente. Los costes de algunos servicios de interés económico general pueden variar considerablemente de un año a otro, especialmente en lo que se refiere a inversiones concretas. En estos casos, algunos años puede resultar necesaria excepcionalmente para el funcionamiento del servicio de interés económico general una compensación excesiva superior al 10 %. La situación concreta que pueda justificar una compensación excesiva superior al 10 % deberá explicarse en la notificación al Órgano de Vigilancia. Sin embargo, la situación deberá revisarse periódicamente en función de la coyuntura de cada sector y, en cualquier caso, a intervalos nunca superiores a cuatro años. Al término de ese período, cualquier compensación excesiva descubierta deberá ser reembolsada.

                     (22)

                     Una compensación excesiva puede utilizarse para financiar otro servicio de interés económico general explotado por la misma empresa, pero esta transferencia deberá constar en la contabilidad de la empresa en cuestión y deberá realizarse a tenor de las normas y principios establecidos en el presente marco, especialmente de los referentes a la notificación previa. Los Estados de la AELC deberán garantizar que dichas transferencias son objeto de un control adecuado. Se aplicarán las normas sobre transparencia establecidas en el acto mencionado en el punto 1 del anexo XV del Acuerdo EEE (Directiva 80/723/CEE de la Comisión, según ha quedado modificada).

                     (23)

                     El importe de una compensación excesiva no puede cederse a la empresa encargada del servicio de interés económico general so pretexto de que se trata de una ayuda compatible con el Acuerdo EEE (por ejemplo: ayudas en favor del medio ambiente, ayudas al empleo, ayudas a las PYME). Si el Estado de la AELC desea conceder tales ayudas, deberá respetar el procedimiento de notificación previa previsto en el artículo 1, apartado 3, de la Parte I del Protocolo no 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción. El pago de la ayuda no podrá producirse hasta que el Órgano de Vigilancia la haya autorizado. Si estas ayudas son compatibles con un reglamento de exención por categorías, deberán cumplirse las condiciones del correspondiente reglamento de exención por categorías.

               18C.4.   Condiciones y obligaciones impuestas en las decisiones del Órgano de Vigilancia

                     (24)

                     Según el artículo 7, apartado 4, de la Parte II del Protocolo no 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción (10), el Órgano de Vigilancia podrá disponer que su decisión positiva vaya acompañada de condiciones para que la ayuda pueda considerarse compatible con el funcionamiento del Acuerdo EEE y establecer obligaciones que le permitan controlar la observancia de dicha decisión. En el ámbito de los servicios de interés económico general, las condiciones y obligaciones podrán ser necesarias, en particular, para garantizar que la ayuda concedida a las empresas no da lugar en realidad a compensaciones excesivas. En este contexto, según la situación concreta de cada servicio de interés económico general, podrá ser necesario imponer obligaciones como, entre otras, la de presentar informes periódicos.

               18C.5.   Aplicación de las Directrices

                     (25)

                     Las presentes Directrices se aplicarán durante un período de seis años a partir de su adopción por el Órgano de Vigilancia. El Órgano de Vigilancia podrá, previa consulta a los Estados de la AELC y por motivos importantes relacionados con el desarrollo del funcionamiento del Acuerdo EEE, modificar las presentes Directrices antes de su expiración. Transcurridos cuatro años desde la publicación las presentes Directrices, el Órgano de Vigilancia realizará una evaluación del impacto basada en datos fácticos y en los resultados de las amplias consultas efectuadas por el Órgano de Vigilancia a partir, fundamentalmente, de los datos suministrados por los Estados de la AELC. Los resultados de la evaluación del impacto se pondrán a disposición de los Estados de la AELC.

                     (26)

                     El Órgano de Vigilancia aplicará las disposiciones de las presentes Directrices a todos los proyectos de ayudas que se le notifiquen y tomará una decisión sobre dichos proyectos tras la adopción de las Directrices, aunque los mismos hayan sido notificados antes de dicha adopción. Para las ayudas no notificadas, el Órgano de Vigilancia aplicará:

                                 —

                                 las disposiciones de las presentes Directrices si la ayuda se concedió después de la adopción de las mismas,

                                 —

                                 en los demás casos, las disposiciones vigentes en el momento de la concesión de la ayuda.

               18C.6.   Medidas apropiadas

                     (27)

                     El Órgano de Vigilancia propone, como medida apropiada a efectos del artículo 1, apartado 1, de la Parte I del Protocolo no 3 al Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, que los Estados de la AELC ajusten a las presentes Directrices sus regímenes vigentes relativos a la compensación por servicio público en el plazo de 18 meses a partir de la notificación de la decisión al Estado de la AELC. Los Estados de la AELC deben confirmar al Órgano de Vigilancia, en el plazo de un mes a partir de la fecha en la que se les notifique la decisión, su aceptación de la propuesta de medidas apropiadas. A falta de respuesta, el Órgano de Vigilancia entenderá que el Estado de la AELC en cuestión no acepta dichas medidas.

         (1)  El presente capítulo corresponde al marco comunitario sobre ayudas estatales en forma de compensación por servicio público, DO C 297 de 29.11.2005, p. 4.

         (2)  Sentencias en el asunto C-280/00, Altmark Trans GMBH y Regierungspräsidium Magdeburg/Nahverkehersgesellschaft Altmark GMBH (“Altmark”), Rec. 2003, p. I-7747, y en los asuntos acumulados C-34/01 a C-38/01, Enirisorse SpA, Rec. 2003, p. I-14243.

         (3)  Decisión de la Comisión, de 28 de noviembre de 2005, relativa a la aplicación de las disposiciones del artículo 86, apartado 2, del Tratado CE a las ayudas estatales en forma de compensación por servicio público concedidas a algunas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general (DO L 312 de 29.11.2005, p. 67).

         (4)  Por consiguiente, hasta que la Decisión se incorpore al ordenamiento jurídico del EEE, estos tipos de compensación por servicio público estarán sujetos a los requisitos generales de notificación establecidos en el artículo 1, apartado 3, de la Parte I y en el artículo 2 de la Parte II del Protocolo no 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción.

         (5)  Capítulo 24C de las Directrices sobre ayudas estatales.

         (6)  Véase la nota 2 anterior.

         (7)  La noción de “empresa” abarca cualquier entidad que practique una actividad económica, al margen del estatuto jurídico de dicha entidad y de sus modalidades de financiación. Por “empresa pública” se debe entender cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen, tal como se define en el artículo 2, apartado 1, letra b), del acto citado en el anexo XV del Acuerdo EEE, la Directiva 80/723/CEE de la Comisión de 25 de junio de 1980, relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así como a la transparencia financiera de determinadas empresas [DO L 195 de 29.7.1980, p. 35. Directiva modificada en último lugar por la Directiva 2000/52/CE (DO L 193 de 29.7.2000, p. 75), incorporada al anexo XV del Acuerdo EEE mediante la Decisión del Comité Mixto no 6/2001 (DO L 66 de 8.3.2001, p. 48, y Suplemento EEE no 12 de 8.3.2001, p. 6, entrada en vigor el 1.6.2002)].

         (8)  Véase, en particular, la sentencia en el asunto C-127/73, BRT/SABAM, edición especial española 1974, p. 157.

         (9)  Véanse los asuntos acumulados C-83/01P, C-93/01P y C-94/01P, Chronopost SA, Rec. 2003, p. I-6993.

         (10)  Que corresponde al Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 88 del Tratado CE.».


title: 2013/211/UE: Decisión del Banco Central Europeo, de 19 de abril de 2013 , sobre las denominaciones, especificaciones, reproducción, canje y retirada de los billetes en euros (BCE/2013/10)

text:
               30.4.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 118/37

         DECISIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
   de 19 de abril de 2013
   sobre las denominaciones, especificaciones, reproducción, canje y retirada de los billetes en euros
   (refundición)
   (BCE/2013/10)
   (2013/211/UE)
   EL CONSEJO DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL EUROPEO,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, el apartado 1 del artículo 128,
   Visto el artículo 16 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El ámbito de aplicación de la Decisión BCE/2003/4, de 20 de marzo de 2003, sobre las denominaciones, especificaciones, reproducción, canje y retirada de los billetes de banco denominados en euros (1), debe ampliarse para abarcar las futuras series de billetes en euros. Con este fin, la Decisión BCE/2003/4 precisa ciertas modificaciones técnicas. Además, a la luz de la experiencia adquirida en la aplicación e interpretación de la Decisión BCE/2003/4, es necesario clarificar y mejorar algunas de sus normas y procedimientos. Por tanto, es preciso refundir la Decisión BCE/2003/4 para incorporar esas modificaciones y en interés de la claridad y transparencia.

               (2)

               De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 16 de los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo (BCE) tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en euros en la Unión, mientras que el BCE y los bancos centrales nacionales de los Estados miembros cuya moneda es el euro (en lo sucesivo, «los BCN») pueden emitir estos billetes. Conforme al artículo 10 del Reglamento (CE) no 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998, sobre la introducción del euro (2), el BCE y los BCN ponen en circulación los billetes en euros.

               (3)

               El Instituto Monetario Europeo (IME) llevó a cabo los trabajos preparatorios de la producción y emisión de los billetes en euros, y, en particular por lo que se refiere a sus diseños, facilitó el reconocimiento y la aceptación de las nuevas denominaciones y especificaciones de los billetes en euros por los usuarios, al tener en cuenta los requerimientos concretos de carácter visual y técnico de asociaciones europeas de usuarios de billetes.

               (4)

               Como sucesor del IME, el BCE es el titular de los derechos de autor de los diseños de los billetes en euros que originariamente correspondían al IME. El BCE, y los BCN en nombre del BCE, pueden hacer valer sus derechos de autor frente a las reproducciones que se emitan o distribuyan contraviniéndolos, como las reproducciones que pueden menoscabar el prestigio de los billetes en euros.

               (5)

               El BCE y los BCN pueden introducir nuevas series de billetes en euros con elementos de seguridad mejorados que incorporen los avances en tecnología de billetes logrados desde la introducción de la primera serie.

               (6)

               El derecho del BCE y de los BCN de emitir billetes en euros comprende la facultad de tomar las medidas legales necesarias para proteger la integridad de los billetes en euros como medio de pago. El BCE debe tomar medidas para proporcionar un grado de protección mínimo en todos los Estados miembros cuya moneda es el euro, a fin de garantizar que el público pueda distinguir entre las reproducciones y los billetes en euros que hayan emitido el BCE y los BCN y que no sean falsos en el sentido del artículo 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1338/2001 del Consejo, de 28 de junio de 2001, por el que se definen las medidas necesarias para la protección del euro contra la falsificación (3) (en lo sucesivo, «los billetes en euros auténticos»). Por ello es necesario establecer normas comunes con arreglo a las cuales se permita la reproducción de los billetes en euros.

               (7)

               La presente Decisión no debe afectar a la aplicación de las leyes penales, en particular por lo que respecta a las falsificaciones.

               (8)

               Solo deben considerarse lícitas las reproducciones electrónicas de billetes en euros cuyo autor haya tomado las medidas técnicas adecuadas para impedir que el público pueda confundir las copias impresas de esas reproducciones con billetes en euros auténticos.

               (9)

               La facultad de tomar medidas para proteger la integridad de los billetes en euros auténticos como medio de pago comprende la facultad de establecer un régimen común en virtud del cual los BCN estén dispuestos a canjear los billetes en euros auténticos deteriorados. En dicho régimen común se designan determinadas categorías de billetes en euros que los BCN deben retener cuando les sean presentados para su canje.

               (10)

               La parte del billete en euros original que deba presentarse para que se autorice el canje está sujeta a requisitos de tamaño mínimos. Estos requisitos de tamaño deben expresarse en forma de porcentaje de la superficie del billete en euros original antes de su deterioro, a fin de evitar que se desvirtúen las medidas, por ejemplo en el caso de billetes deteriorados por encogimiento.

               (11)

               El Reglamento (CE) no 1338/2001 impone a las entidades de crédito y, en el ámbito de su actividad de pago, a otros proveedores de servicios de pago y a cualesquiera otras entidades que participen en la manipulación y entrega al público de billetes y monedas, la obligación de garantizar que verifican la autenticidad de los billetes y monedas recibidos y detectan las falsificaciones.

               (12)

               Puesto que en la comisión o tentativa de comisión de un delito pueden deteriorarse billetes en euros auténticos por el uso de dispositivos antirrobo, debe asegurarse en esos casos que solo la víctima del delito o tentativa de delito pueda canjear los billetes.

               (13)

               A fin de fomentar la correcta utilización de los dispositivos antirrobo por todas las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001, conviene que los BCN cobren a esas entidades y agentes una tasa que les compense por el análisis que efectúen con motivo del canje de billetes en euros auténticos deteriorados por el uso de dispositivos antirrobo.

               (14)

               Esa tasa no debe cobrarse cuando el deterioro sea consecuencia de un robo o hurto frustrado o consumado, y, para evitar el cobro de sumas insignificantes, solo debe cobrarse cuando se canjee un número mínimo de billetes en euros auténticos deteriorados.

               (15)

               Los billetes en euros auténticos deteriorados en grandes cantidades a consecuencia de la utilización de dispositivos antirrobo, deben presentarse para su canje, si lo exigen los BCN, en lotes de un número mínimo de billetes.

               (16)

               Para apoyar los esfuerzos por mejorar la seguridad del ciclo del efectivo y para evitar que se penalice el uso de dispositivos antirrobo, conviene hacer un abono en cuenta a las entidades de crédito y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001 que presenten para su canje billetes en euros auténticos deteriorados accidentalmente por dispositivos antirrobo, en la fecha de recepción de los billetes, de manera análoga a los depósitos de efectivo.

               (17)

               A fin de apoyar a la Unión Europea en la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo, conviene que el Eurosistema especifique la manera de tratar las solicitudes de canje de billetes en euros auténticos deteriorados por un valor mínimo de 7 500 EUR. Estas normas se aplican sin perjuicio de otras más rigurosas de identificación e información que adopten los Estados miembros al incorporar al derecho interno la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (4).

               (18)

               El derecho exclusivo del BCE de autorizar la emisión de billetes en euros en la Unión comprende la facultad de retirarlos y de establecer un régimen común en virtud del cual el BCE y los BCN los retiren.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Denominaciones y especificaciones
   1.   Los billetes en euros tendrán siete denominaciones comprendidas entre 5 y 500 EUR, con la representación del tema «Épocas y estilos de Europa» y las siguientes especificaciones básicas:

               Valor facial
               (EUR)

               Dimensiones (1a serie)

               Dimensiones (2a serie)

               Color dominante

               Diseño

               5

               120 × 62 mm

               120 × 62 mm

               Gris

               Clásico

               10

               127 × 67 mm

               127 × 67 mm

               Rojo

               Románico

               20

               133 × 72 mm

               133 × 72 mm

               Azul

               Gótico

               50

               140 × 77 mm

               140 × 77 mm

               Naranja

               Renacentista

               100

               147 × 82 mm

               Aún por decidir

               Verde

               Barroco y rococó

               200

               153 × 82 mm

               Aún por decidir

               Amarillo

               Arquitectura del hierro y del cristal

               500

               160 × 82 mm

               Aún por decidir

               Morado

               Arquitectura moderna del siglo XX

         2.   En las siete denominaciones de las series de billetes en euros figurarán puertas y ventanas en el anverso y puentes en el reverso, representativos en cada caso de uno de los períodos artísticos europeos antes citados. Otros elementos del diseño serán los siguientes:

               a)

               el símbolo de la Unión Europea;

               b)

               el nombre de la moneda en los alfabetos latino y griego y, además, en el caso de la segunda serie de billetes en euros, el nombre de la moneda en el alfabeto cirílico;

               c)

               las iniciales del BCE en las variantes lingüísticas oficiales de la Unión Europea; en el caso de la primera serie de billetes en euros, las iniciales del BCE se limitarán a las cinco variantes lingüísticas oficiales siguientes: BCE, ECB, EZB, EKT y EKP; en el caso de la segunda serie de billetes en euros, las iniciales del BCE se limitarán a las nueve variantes lingüísticas oficiales siguientes: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE y EBC;

               d)

               el símbolo ©, que indica que el BCE es el titular de los derechos de autor, y

               e)

               la firma del presidente del BCE.

         Artículo 2
   Normas de reproducción de los billetes en euros
   1.   Por «reproducción» se entenderá toda imagen tangible o intangible que consista total o parcialmente en un billete en euros según las especificaciones del artículo 1, o en partes de los elementos individuales de su diseño, como el color, las dimensiones, las letras o los símbolos, y que pueda asemejarse a un billete en euros auténtico o dar la impresión general de serlo, con independencia de:

               a)

               el tamaño de la imagen;

               b)

               el material o la técnica empleados para producirla;

               c)

               si elementos del diseño del billete, como pueden ser sus letras o símbolos, se han alterado o añadido.

         2.   Se considerarán ilícitas las reproducciones que el público pueda confundir con billetes en euros auténticos.
   3.   Se considerarán lícitas, por no conllevar el riesgo de que el público las confunda con billetes en euros auténticos, las reproducciones que cumplan los requisitos siguientes:

               a)

               las reproducciones impresas por una sola cara de un billete en euros conforme a las especificaciones del artículo 1, siempre que su longitud y anchura sean iguales o superiores al 125 %, o iguales o inferiores al 75 %, de la longitud y anchura del billete en euros respectivo conforme a las especificaciones del artículo 1;

               b)

               las reproducciones impresas por ambas caras de un billete en euros conforme a las especificaciones del artículo 1, siempre que su longitud y anchura sean iguales o superiores al 200 %, o iguales o inferiores al 50 %, de la longitud y anchura del billete en euros respectivo conforme a las especificaciones del artículo 1;

               c)

               las reproducciones de elementos individuales del diseño de un billete en euros conforme a las especificaciones del artículo 1, siempre que esos elementos no se representen sobre un fondo que se asemeje a un billete;

               d)

               las reproducciones por una sola cara de parte del anverso o del reverso de un billete en euros, siempre que esa parte sea menos de una tercera parte del anverso o reverso originales del billete en euros conforme a las especificaciones del artículo 1;

               e)

               las reproducciones hechas de un material claramente distinto del papel, cuyo aspecto sea notoriamente distinto del aspecto del material del que están hechos los billetes;

               f)

               las reproducciones intangibles disponibles electrónicamente en internet, por medios cableados o inalámbricos o por otros medios que permitan al público acceder a ellas desde el lugar y en el momento individualmente escogidos, siempre que:

                           —

                           la palabra SPECIMEN (muestra) aparezca, en diagonal sobre la reproducción, en letras del tipo Arial o de un tipo similar al Arial,

                           —

                           la resolución de la reproducción electrónica en su tamaño al 100 % no exceda de 72 puntos por pulgada (dpi).

         4.   En las reproducciones previstas en la el apartado 3, letra f),

               —

               la longitud de la palabra SPECIMEN será como mínimo igual al 75 % de la longitud de la reproducción,

               —

               la anchura de la palabra SPECIMEN será como mínimo igual al 15 % de la anchura de la reproducción,

               —

               la palabra SPECIMEN será de un color opaco que contraste con el color dominante del respectivo billete en euros de conformidad con las especificaciones del artículo 1.

         5.   Previa petición escrita, el BCE y los BCN confirmarán la licitud de las reproducciones que, no cumpliendo los requisitos del apartado 3, no sean susceptibles de ser confundidas por el público con billetes en euros auténticos de conformidad con las especificaciones del artículo 1. Cuando las reproducciones se hayan hecho o se vayan a hacer en el territorio de un solo Estado miembro cuya moneda es el euro, la petición escrita se dirigirá al BCN de ese Estado miembro. En los demás casos, la petición se dirigirá al BCE.
   6.   Las normas de reproducción de billetes en euros se aplicarán también a los billetes en euros que hayan sido retirados o hayan perdido su curso legal de conformidad con lo dispuesto en la presente Decisión.
   Artículo 3
   Canje de billetes en euros auténticos deteriorados
   1.   Los BCN, previa solicitud y con las condiciones establecidas en el apartado 2 y en la decisión del Consejo de Gobierno a que se refiere el artículo 6, canjearán en los siguientes casos los billetes en euros auténticos deteriorados:

               a)

               cuando se presente más del 50 % del billete;

               b)

               cuando se presente el 50 % del billete o menos, si el solicitante demuestra que el resto se ha destruido.

         2.   Además de las condiciones del apartado 1, se aplicarán al canje de los billetes en euros auténticos deteriorados las condiciones siguientes:

               a)

               en caso de duda acerca del derecho del solicitante respecto de los billetes, este presentará una identificación y una prueba de que es el propietario de los billetes o un solicitante autorizado por otra causa;

               b)

               en caso de duda acerca de la autenticidad de los billetes, el solicitante presentará una identificación;

               c)

               cuando se presenten billetes manchados de tinta, contaminados o impregnados, el solicitante presentará justificación escrita del tipo de mancha, contaminación o impregnación;

               d)

               cuando se presenten billetes deteriorados por dispositivos antirrobo, el solicitante presentará una declaración escrita sobre la causa de la neutralización;

               e)

               cuando los billetes hayan resultado deteriorados por dispositivos antirrobo a consecuencia de un robo, hurto u otro delito frustrado o consumado, los billetes solo se canjearán a solicitud del propietario o del solicitante autorizado por otra causa que hayan sido víctimas del delito frustrado o consumado a consecuencia del cual se hayan deteriorado los billetes;

               f)

               cuando los billetes hayan resultado deteriorados por dispositivos antirrobo y los presenten las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001, dichas entidades y agentes presentarán una declaración escrita sobre la causa de la neutralización, la referencia y características del dispositivo antirrobo, los detalles sobre la parte que presente los billetes deteriorados, y la fecha de su presentación;

               g)

               cuando hayan resultado deteriorados en grandes cantidades a consecuencia de la activación de dispositivos antirrobo, los billetes se presentarán, en la medida de lo posible y si lo requieren los BCN, en lotes de 100 billetes, siempre que la cantidad de billetes presentados sea suficiente para formar dichos lotes;

               h)

               cuando las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001 presenten para su canje, en una o varias operaciones, billetes deteriorados por un valor mínimo de 7 500 EUR, dichas entidades y agentes presentarán documentación sobre el origen de los billetes y la identificación del cliente o, en su caso, del titular real conforme a la definición de la Directiva 2005/60/CE. Esta obligación será también de aplicación en caso de duda sobre si se ha alcanzado el umbral de los 7 500 EUR. Las normas de este apartado se aplicarán sin perjuicio de normas de identificación e información más rigurosas que adopten los Estados miembros al incorporar al derecho interno la Directiva 2005/60/CE.

         3.   Sin perjuicio de lo que antecede:

               a)

               cuando los BCN tengan constancia o indicios suficientes de que el deterioro de los billetes en euros auténticos se ha causado intencionadamente, denegarán su canje y los retendrán a fin de evitar que vuelvan a circular o que el solicitante del canje los presente en otros BCN. No obstante, canjearán esos billetes cuando tengan constancia o indicios suficientes de que el solicitante del canje actúa de buena fe o cuando el solicitante pueda probar que actúa de buena fe. En principio, no se considerarán intencionadamente deteriorados los billetes que lo estén en menor medida, por ejemplo, por presentar anotaciones, números o frases cortas;

               b)

               cuando los BCN tengan constancia o indicios suficientes de que se ha cometido un delito, denegarán el canje de los billetes en euros auténticos deteriorados y los retendrán, a cambio de un justificante, como prueba que entregarán a las autoridades competentes para iniciar una investigación criminal o apoyar las que estén en curso. Salvo mejor decisión de las autoridades competentes, concluida la investigación, los billetes serán canjeables con las condiciones establecidas en los apartados 1 y 2;

               c)

               cuando los BCN tengan constancia o indicios suficientes de que los billetes en euros auténticos deteriorados presentan una contaminación que significa un riesgo para la seguridad e higiene, los canjearán si el solicitante presenta una evaluación de seguridad e higiene expedida por las autoridades competentes.

         Artículo 4
   Establecimiento de una tasa por el canje de billetes en euros auténticos deteriorados por dispositivos antirrobo
   1.   Los BCN cobrarán una tasa a las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001 que les soliciten, conforme al artículo 3, el canje de billetes en euros auténticos que hayan resultado deteriorados por dispositivos antirrobo.
   2.   El importe de la tasa será de 10 cents por cada billete deteriorado.
   3.   La tasa se cobrará únicamente en caso de que se canjee un mínimo de 100 billetes deteriorados. La tasa se cobrará por todos los billetes canjeados.
   4.   No se cobrará tasa alguna cuando el deterioro de los billetes sea consecuencia de un robo, hurto u otro delito frustrado o consumado.
   Artículo 5
   Abono del valor de los billetes en euros auténticos accidentalmente deteriorados por dispositivos antirrobo y presentados para su canje
   1.   Los BCN abonarán a las entidades y agentes económicos a que se refiere el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1338/2001 que tengan cuenta con ellos el valor de los billetes en euros auténticos accidentalmente deteriorados por dispositivos antirrobo que presenten para su canje, en la fecha de recepción de los billetes, siempre que:

               a)

               los billetes no hayan resultado deteriorados a consecuencia de un robo, hurto u otro delito consumado;

               b)

               el BCN pueda verificar de inmediato que la cantidad solicitada corresponde al menos aproximadamente al valor de los billetes presentados;

               c)

               se facilite cualquier otra información que requiera el BCN.

         2.   Toda diferencia que resulte después de la tramitación de la solicitud entre el valor de los billetes accidentalmente deteriorados presentados para su canje y el importe abonado antes de dicha tramitación se adeudará o abonará, según corresponda, a la entidad o agente económico solicitante.
   3.   La tasa a que se refiere el artículo 4 se calculará sobre la base del número real de billetes accidentalmente deteriorados objeto de tramitación por el BCN.
   Artículo 6
   Retirada de billetes en euros
   La retirada de un tipo o una serie de billetes en euros se regulará por una decisión del Consejo de Gobierno publicada para información general en el Diario Oficial de la Unión Europea y en otros medios de comunicación. La decisión abordará, como mínimo, los siguientes aspectos:

               —

               el tipo o serie de los billetes en euros que se retiran de la circulación,

               —

               la duración del período de canje,

               —

               la fecha en que el tipo o serie de los billetes en euros dejarán de tener curso legal,

               —

               el tratamiento de los billetes en euros presentados una vez que haya concluido el período de retirada o hayan perdido su curso legal.

         Artículo 7
   Entrada en vigor y derogación
   1.   Queda derogada la Decisión BCE/2003/4.
   2.   Las referencias a la Decisión BCE/2003/4 se entenderán hechas a la presente Decisión.
   3.   La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Fráncfort del Meno, el 19 de abril de 2013.

            Por el Consejo de Gobierno del BCE

            El Presidente del BCE

         Mario DRAGHI

      (1)  DO L 78 de 25.3.2003, p. 16.

      (2)  DO L 139 de 11.5.1998, p. 1.

      (3)  DO L 181 de 4.7.2001, p. 6.

      (4)  DO L 309 de 25.11.2005, p. 15.

      ANEXO

         CUADRO DE CORRESPONDENCIAS

                  Decisión BCE/2003/4

                  La presente Decisión

                  Artículo 1

                  Artículo 1

                  Artículo 2

                  Artículo 2

                  Artículo 3

                  Artículo 3

                  Artículo 4

                  Artículo 4

                  Artículo 5

                  Artículo 6

                  Artículo 6

                  Artículo 7


Avis juridique important

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42000D0422

2000/422/CE, CECA, Euratom: Decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembros, de 22 de junio de 2000, por la que se nombra un juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas

Diario Oficial n° L 164 de 05/07/2000 p. 0016 - 0016

Decisión de los representantes de los gobiernos de los Estados miembrosde 22 de junio de 2000por la que se nombra un juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas(2000/422/CE, CECA, Euratom)LOS REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 223,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y, en particular, su artículo 32 ter,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 139,Considerando que, en virtud de los artículos 5 y 7 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea y de las disposiciones correspondientes de los Protocolos sobre los Estatutos del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y como consecuencia de la dimisión del señor Günter Hirsch, procede nombrar un juez para el resto del mandato del señor Günter Hirsch,DECIDEN:Artículo 1Se nombra Juez del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas a partir de la fecha en que preste juramento y hasta el 6 de octubre de 2000 inclusive, a la señora Ninon Colneric.Artículo 2La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 22 de junio de 2000.El PresidenteV. Valente


title: 2012/96/UE: Decisión del Consejo, de 17 de febrero de 2012 , por la que se adapta y se prorroga el período de aplicación de las medidas oportunas establecidas por primera vez mediante la Decisión 2002/148/CE por la que se dan por concluidas las consultas iniciadas con Zimbabue con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-CE

text:
               18.2.2012

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 47/47

         DECISIÓN DEL CONSEJO
   de 17 de febrero de 2012
   por la que se adapta y se prorroga el período de aplicación de las medidas oportunas establecidas por primera vez mediante la Decisión 2002/148/CE por la que se dan por concluidas las consultas iniciadas con Zimbabue con arreglo al artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-CE
   (2012/96/UE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 217,
   Visto el Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (1), modificado por primera vez en Luxemburgo el 25 de junio de 2005 (2), y modificado por segunda en Uagadugú el 23 junio de 2010 (3), denominado en lo sucesivo «el Acuerdo de Asociación ACP-UE», y, en particular, su artículo 96,
   Visto el Acuerdo interno entre los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo, relativo a las medidas y los procedimientos que deben adoptarse para la aplicación del Acuerdo de Asociación ACP-CE (4) y, en particular, su artículo 3,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Mediante la Decisión 2002/148/CE del Consejo (5), se dieron por concluidas las consultas iniciadas con la República de Zimbabue en virtud del artículo 96, apartado 2, letra c), del Acuerdo de Asociación ACP-UE y se tomaron medidas oportunas, tal como se especifica en el anexo de dicha Decisión. Estas medidas se han prorrogado cada año desde entonces.

               (2)

               Mediante la Decisión 2011/106/PESC del Consejo (6), el período de aplicación de las medidas fue prorrogado por un nuevo periodo de 12 meses, hasta el 20 de febrero de 2012.

               (3)

               Entretanto, la formación de un gobierno de unidad nacional se reconoció como una oportunidad para restablecer unas relaciones constructivas entre la Unión Europea y Zimbabue y apoyar la aplicación de su programa de reformas.

               (4)

               Aunque, en general, la situación ha mejorado, la aplicación de las reformas políticas sigue siendo lenta, debiendo aplicarse todavía algunos puntos esenciales del Acuerdo de Asociación ACP-UE, a los que se había comprometido el gobierno de unidad nacional en el Acuerdo Político Global.

               (5)

               La Unión Europea reconoce los esfuerzos realizados por la Comunidad de Desarrollo de África Austral y por Sudáfrica, como facilitadores del Acuerdo Político Global, para establecer un entorno propicio para unas elecciones creíbles. La realización de un referéndum pacífico sobre la Constitución representaría una etapa importante de este proceso.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se mantienen las medidas contempladas en la carta que figura en el anexo de la presente Decisión como medidas pertinentes a tenor del artículo 96, apartado 2, letra c), del Acuerdo de Asociación ACP-UE.
   Dichas medidas se aplicarán durante un periodo de seis meses desde el 20 de febrero de 2012 hasta el 20 de agosto de 2012. Serán objeto de una revisión constante y volverán a evaluarse a la vista de avances concretos en la ejecución del Acuerdo Político Global y en la preparación de unas elecciones pacíficas y creíbles.
   La carta que figura en el anexo de la presente Decisión se dirigirá al Presidente de Zimbabue, Sr. Mugabe, con copia al Primer Ministro Tsvangirai, y al Sr. Welshman Ncube.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
   Artículo 3
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 17 de febrero de 2012.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. SAREEN

      (1)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 3.

      (2)  DO L 209 de 11.8.2005, p. 27.

      (3)  DO L 287 de 4.11.2010, p. 3.

      (4)  DO L 317 de 15.12.2000, p. 376.

      (5)  DO L 50 de 21.2.2002, p. 64.

      (6)  DO L 43 de 17.2.2011, p. 31.

      ANEXO

         CARTA AL PRESIDENTE DE ZIMBABUE

      La Unión Europea concede la máxima importancia a las disposiciones del artículo 9 del Acuerdo de Asociación ACP-UE. El respeto de los derechos humanos, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho constituyen elementos esenciales del Acuerdo de Asociación y, por lo tanto, el fundamento de nuestras relaciones.
      Mediante carta de 19 de febrero de 2002, la Unión Europea le informó sobre su decisión de dar por concluidas las consultas iniciadas en aplicación del artículo 96 del Acuerdo de Asociación ACP-UE y tomar ciertas medidas oportunas en el sentido del artículo 96, apartado 2, letra c), de dicho Acuerdo. Mediante cartas anuales, la última de ellas de fecha 23 de febrero de 2011, la Unión Europea le ha informado de sus decisiones de no revocar las medidas oportunas y de prorrogar su periodo de aplicación.
      Desde el comienzo, en 2009, la Unión Europea ha mostrado su satisfacción por los avances realizados por el gobierno de unidad nacional basados en el Acuerdo Político Global. La Unión Europea reitera la gran importancia que otorga al diálogo político contemplado en el artículo 8 del Acuerdo de Asociación ACP-UE, lanzado oficialmente conforme a la petición realizada por el Gobierno de Zimbabue en la reunión de la Troika ministerial UE-Zimbabue los días 18 y 19 de junio de 2009 en Bruselas. Según lo acordado por ambas partes, el objetivo de este diálogo político es normalizar progresivamente las relaciones entre la UE y Zimbabue a lo largo de la aplicación de las reformas previstas en el APG, preparando el camino para unas elecciones pacíficas y creíbles.
      Como parte del proceso general de reanudación de relaciones, la Unión Europea ha dado pasos para facilitar las medidas que deben aplicarse a Zimbabue. Las medidas oportunas se modificaron para permitir el apoyo a las instituciones y los procesos relacionados con la aplicación del APG. La Unión Europea ha facilitado asistencia financiera transitoria provisional en forma de paquetes a corto plazo.
      Desde entonces, la Unión Europea ha seguido apoyando los esfuerzos desplegados por el gobierno de unidad nacional para aplicar el Acuerdo Político Global y ha acogido con satisfacción los logros alcanzados en la estabilización de la economía y la restauración de los servicios sociales básicos. No obstante, la Unión Europea sigue esperando avances en varias de las reformas políticas del APG, como el proceso constitucional y las reformas necesarias para crear un entorno propicio para unas elecciones pacíficas y creíbles, así como progresos en los ámbitos del respeto de los derechos humanos y del Estado de Derecho. En este contexto, la UE acoge con satisfacción los esfuerzos dirigidos por la República de Sudáfrica y por la Comunidad para el desarrollo de África Meridional, y el establecimiento de una hoja de ruta acordada por todas las partes.
      La Unión Europea acoge con satisfacción las recientes declaraciones efectuadas por todas las partes de Zimbabue en contra de la violencia política, y mantiene la esperanza de que el reciente progreso social y económico se complemente con reformas políticas que conduzcan a unas elecciones pacíficas y creíbles.
      Con el fin de acompañar el proceso de transición, la Unión Europea ha decidido:

                  —

                  prorrogar las medidas oportunas establecidas en las Decisiones 2002/148/CE y 2010/97/PESC del Consejo por un periodo limitado de seis meses, reiterando la disposición de la Unión Europea a reconsiderar su posición en cualquier momento como consecuencia de medidas concretas a la hora de aplicar el Acuerdo Político Global y preparar las elecciones,

                  —

                  preparar un Documento de Estrategia Nacional en el marco del Fondo Europeo de Desarrollo para que sea firmado y aplicado tan pronto como las condiciones lo permitan.

            Mientras tanto, la Unión Europea seguirá ofreciendo ayuda transitoria a la recuperación económica, los sectores sociales y la aplicación del APG.
      Todas las demás medidas enumeradas en el anexo de la Decisión 2002/148/CE del Consejo seguirán aplicándose sin cambios. La Decisión del Consejo podrá, si varían las circunstancias, revisarse en cualquier momento antes del 20 de agosto de 2012.
      En virtud de todo lo que se acaba de exponer, la Unión Europea desea invitar al Gobierno de Zimbabue a un dialogo político intensificado con arreglo al artículo 8 del Acuerdo de Asociación ACP-UE con vistas a definir los pasos sucesivos hacia la normalización de las relaciones UE-Zimbabue. En este contexto, la Unión Europea espera con interés la visita a Bruselas del Comité de reanudación de relaciones con Zimbabue, que espera se pueda organizar dentro de poco tiempo.
      Reciba el testimonio de mi más alta consideración.

               Por la Comisión

            …

               Por el Consejo

            …


Avis juridique important

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31994D0355

94/355/CE: Decisión del Parlamento Europeo de 21 de abril de 1994 por la que se aprueba la gestión del Consejo de administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín) en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio de 1992

Diario Oficial n° L 156 de 23/06/1994 p. 0048 - 0049

DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO de 21 de abril de 1994 por la que se aprueba la gestión del Consejo de administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Dublín) en la ejecución de su presupuesto para el  ejercicio de 1992 (94/355/CE)EL PARLAMENTO EUROPEO,  - Visto el Tratado CE y en particular su artículo 206,  - Vista la rendición de cuentas de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo y el informe del Tribunal de Cuentas sobre esta materia (C3-0488/93),  - Vista la Decisión del Consejo de 21 de marzo de 1994 (C3-0149/94),  - Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A3-0181/94),  1. Toma nota de la siguientes cifras relativas a las cuentas de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo:    Ejercicio de 1992  "Ecus"" ID="1">Ingresos> ID="2">11 122 643,82"> ID="1">1. Subvenciones de la Comisión> ID="2">10 874 103,35"> ID="1">2. Intereses bancarios> ID="2">186 798,86"> ID="1">3. Otros> ID="2">61 741,61"> ID="1">Gastos"> ID="1">1.  Créditos presupuestarios definitivos> ID="2">10 785 000,00"> ID="1">2. Compromisos> ID="2">10 547 620,16"> ID="1">3. Créditos no utilizados> ID="2">237 379,84"> ID="1">4. Pagos> ID="2">8 646 761,76"> ID="1">5. Prórrogas de 1991> ID="2">2 064  216,81"> ID="1">6. Pagos con cargo a créditos prorrogados> ID="2">1 959 720,19"> ID="1">7. Créditos prorrogados y anulados (5-6)> ID="2">104 496,62"> ID="1">8. Prórrogas a 1993> ID="2">1 900 858,40"> ID="1">9. Anulaciones (1-4-8)> ID="2">237  379,84"> 2. Toma nota de que el 30 de junio de 1993 el Consejo adoptó el nuevo Reglamento financiero de la Fundación; pide a la Fundación que prosiga sus esfuerzos para actualizar sus procedimientos presupuestarios de conformidad con dicho Reglamento;  3. Insiste en que las subvenciones procedentes del presupuesto de la Comunidad Europea deben abonarse en plazos antes del 15o día de cada trimestre y de conformidad con las verdaderas necesidades; pide a la Fundación que garantice que sus previsiones  sobre las verdaderas necesidades de cada trimestre son lo más exactas posibles;  4. Toma nota de que no ha habido ninguna respuesta oficial del Gobierno irlandés a las repetidas propuestas de la Fundación encaminadas a lograr un acuerdo sobre la propiedad de los terrenos en los que se encuentra el nuevo edificio de la Fundación;  5. Pide, por tanto, a la Comisión que presente a la Comisión de Control Presupuestario, a tiempo para el procedimiento presupuestario de 1995, un informe en el que se describa la situación y se presenten propuestas relativas a la propiedad del terreno  en el que se asienta el nuevo edificio de la Fundación;  6. Toma nota de los datos detallados que se han facilitado en respuesta a la solicitud del Parlamento de un informe sobre la gestión por parte de la Fundación de los contratos durante el período comprendido entre 1983 y 1992; encarga a su Comisión de  Control Presupuestario que analice estos datos y le informe sobre los mismos; pide a la Fundación que de ahora en adelante informe cada año al Parlamento sobre la gestión de los contratos y pide al Tribunal de Cuentas que haga extensivo su control anual  a este sector;  7. Recuerda que, de conformidad con las nuevas disposiciones financieras de la Fundación, el Parlamento deberá incluir en sus decisiones de aprobación de la gestión una evaluación de la responsabilidad del Consejo de administración en la ejecución  presupuestaria durante el ejercicio en cuestión; pide por tanto al Tribunal de Cuentas que garantice que sus auditorías anuales proporcionen la información necesaria para que el Parlamento pueda cumplir esta obligación;  8. Aprueba la gestión de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio de 1992, sobre la base del informe del Tribunal de Cuentas;  9. Encarga a su Presidente que transmita la presente decisión al Consejo de administración de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que garantice su publicación  en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas (serie L).  Hecho en Estrasburgo, el 21 de abril de 1994.  El Secretario General Enrico VINCI El Presidente Egon KLEPSCH


title: 2011/158/UE: Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 15 de febrero de 2011 , relativa a la renovación del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)

text:
               15.3.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 67/26

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN
   de 15 de febrero de 2011
   relativa a la renovación del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)
   (2011/158/UE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO Y LA COMISIÓN,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Vista la Decisión de la Comisión 1999/352/CE, CECA, Euratom, de 28 de abril de 1999, por la que se crea la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (1), y, en particular, su artículo 4,
   Visto el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), y el Reglamento (Euratom) no 1074/1999 del Consejo (3), relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), y, en particular, su artículo 11, apartado 2,
   Vista la Decisión 2005/833/CE, Euratom del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 4 de noviembre de 2005, relativa al nombramiento de los miembros del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (4),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 11, apartado 2, de los Reglamentos (CE) no 1073/1999 y (Euratom) no 1074/1999 establece que el Comité de Vigilancia «estará compuesto por cinco personalidades externas independientes que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio en sus respectivos países de altas funciones relacionadas con el ámbito de actividades de la Oficina» y que dichas personalidades serán nombradas de común acuerdo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

               (2)

               Con arreglo al artículo 11, apartado 3, la duración del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia será de tres años, renovable una vez. La duración del mandato de los actuales miembros del Comité de Vigilancia expiró el 30 de noviembre de 2008. Continuaron ejerciendo sus funciones al término de su mandato con arreglo al artículo 11, apartado 4, de los mencionados Reglamentos.

               (3)

               Dado que la duración del mandato de los miembros del Comité de Vigilancia no debe superar los seis años, la duración del mandato de los actuales miembros, que permanecieron en funciones al término de su primer mandato, debe renovarse hasta el 30 de noviembre de 2011.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se renueva, hasta el 30 de noviembre de 2011, el mandato de los siguientes miembros del Comité de Vigilancia de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF):

               —

               Sr. Peter STRÖMBERG,

               —

               Sr. Kálmán GYÖRGYI,

               —

               Sra. Rosalind WRIGHT,

               —

               Sr. Luis LÓPEZ SANZ-ARÁNGUEZ,

               —

               Sra. Diemut R. THEATO.

         Artículo 2
   La Comisión notificará la presente Decisión a las personas interesadas.
   Artículo 3
   La presente Decisión surtirá efecto a partir del 1 de diciembre de 2008.
   Artículo 4
   La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 15 de febrero de 2011.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         J. BUZEK

            Por el Consejo

            El Presidente

         MARTONYI J.

            Por la Comisión

         Algirdas ŠEMETA

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 20.

      (2)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

      (3)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 8.

      (4)  DO L 312 de 29.11.2005, p. 49.