title: 2014/616/UE: Decisión del Parlamento Europeo, de 3 de abril de 2014 , sobre el cierre de las cuentas de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012

text:
               5.9.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 266/300

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 3 de abril de 2014
   sobre el cierre de las cuentas de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012
   (2014/616/UE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,

               —

               Vistas las cuentas anuales definitivas de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea relativas al ejercicio 2012,

               —

               Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea correspondientes al ejercicio 2012, acompañado de las respuestas de la Agencia (1),

               —

               Vista la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2014 (05849/2014 — C7-0054/2014),

               —

               Visto el artículo 319 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185,

               —

               Visto el Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3), y, en particular, su artículo 208,

               —

               Visto el Reglamento (CE) no 168/2007 del Consejo, de 15 de febrero de 2007, por el que se crea una Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (4), y, en particular, su artículo 21,

               —

               Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5),

               —

               Visto el Reglamento Delegado (UE) no 1271/2013 de la Comisión, de 30 de septiembre de 2013, relativo al Reglamento Financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 208 del Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y, en particular, su artículo 108,

               —

               Vistos el artículo 77 y el anexo VI de su Reglamento,

               —

               Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0184/2014),

               1.

               Aprueba el cierre de las cuentas de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2012;

               2.

               Encarga a su presidente que transmita la presente Decisión al director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Martin SCHULZ

            El Secretario General

         Klaus WELLE

      (1)  DO C 365 de 13.12.2013, p. 245.

      (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (3)  DO L 298 de 26.10.2012, p. 1.

      (4)  DO L 53 de 22.2.2007, p. 1.

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

      (6)  DO L 328 de 7.12.2013, p. 42.


title: Decisión 2013/44/PESC del Consejo, de 22 de enero de 2013 , por la que se modifica y prorroga la Decisión 2010/96/PESC, relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes

text:
               23.1.2013

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 20/57

      DECISIÓN 2013/44/PESC DEL CONSEJO

   de 22 de enero de 2013
   por la que se modifica y prorroga la Decisión 2010/96/PESC, relativa a una misión militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la formación de las fuerzas de seguridad somalíes
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 42, apartado 4, y su artículo 43, apartado 2,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 15 de febrero de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/96/PESC (1).

               (2)

               El 28 de julio de 2011, el Consejo adoptó la Decisión 2011/483/PESC por la que se modifica y prorroga la Decisión 2010/96/PESC (2) por periodo de un año.

               (3)

               El 14 de mayo de 2012, el Consejo subrayó la importancia de que las responsabilidades en materia de seguridad se trasladen en última instancia a las autoridades somalíes y de que, con tal finalidad, se incremente el apoyo internacional a las Fuerzas Nacionales de Seguridad Somalíes (FNSS). Elogió la contribución hecha a la seguridad de Somalia por los soldados somalíes a los que se ha impartido formación y se comprometió a seguir apoyando, mediante la misión militar de la UE, el desarrollo de las FNSS, incluyendo su estructura de mando y control, en cooperación con la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM), Uganda, los Estados Unidos de América y otros interlocutores pertinentes.

               (4)

               El Secretario General de las Naciones Unidas recomendaba en su informe al Consejo de Seguridad, de 1 de mayo de 2012, que se animara a la comunidad internacional a invertir seriamente en la recuperación y el desarrollo a largo plazo de Somalia, entre otros medios, ayudando a consolidar el sector de la seguridad.

               (5)

               La segunda Conferencia Internacional sobre Somalia, celebrada en Estambul los días 31 de mayo y 1 de junio de 2012 elogió a la Unión por su apoyo a la AMISOM y a las instituciones de seguridad somalíes. La Conferencia reconoció la necesidad de que la comunidad internacional siga apoyando el restablecimiento de un aparato de seguridad profesional, inclusivo, disciplinado y bien equipado, que incluya al ejército, la policía, la armada, la guardia costera y las agencias de inteligencia somalíes, y subrayó la necesidad de dotar a las fuerzas somalíes de un mando unificado.

               (6)

               El Presidente de la República de Somalia adoptó una política de seis pilares para fomentar la estabilidad, la recuperación económica, la consolidación de la paz, la prestación de servicios, las relaciones internacionales y la unidad, en la que la reforma del sector de la seguridad se considera un fundamento básico para establecer un Estado somalí viable y solicitó a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (Alta Representante) que continúe el compromiso de la Unión en apoyo de Somalia.

               (7)

               El Gobierno de Uganda manifestó su satisfacción con la asociación con la Unión, configurada en torno a la misión militar de la UE, y su voluntad de seguir cooperando en este contexto.

               (8)

               El 27 de noviembre de 2012, el Primer Ministro de la República de Somalia dirigió una carta de invitación a la Alta Representante en relación con el despliegue de la misión militar de la UE, acogiendo con satisfacción el apoyo de la Unión a la formación de las Fuerzas Armadas somalíes.

               (9)

               El 10 de diciembre de 2012, el Consejo aprobó el concepto revisado de gestión de crisis para la misión militar de la UE.

               (10)

               De conformidad con el artículo 5 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Dinamarca no participa en la elaboración y aplicación de decisiones y acciones de la Unión con implicaciones en el ámbito de la defensa. Dinamarca no participa en la aplicación de la presente Decisión y, por consiguiente, tampoco en la financiación de la presente misión.

               (11)

               Debe prorrogarse nuevamente la misión militar de la UE con un mandato modificado.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La Decisión 2010/96/PESC se modifica como sigue:

               1)

               El artículo 1 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 1
               Misión
               1.   La Unión efectuará una misión militar de formación, destinada a contribuir al desarrollo y al refuerzo de las Fuerzas Armadas Nacionales somalíes (en lo sucesivo, “FANS”) responsables ante el Gobierno Nacional somalí, que concuerde con las necesidades y las prioridades de Somalia.
               2.   Con objeto de alcanzar los objetivos establecidos en el apartado 1, se desplegará la misión militar de la UE en Somalia y en Uganda para supervisar, asesorar y apoyar a las autoridades somalíes con respecto al desarrollo de las FANS, la ejecución del Plan nacional de seguridad y estabilización y la realización de actividades de formación de las FANS. La misión militar de la UE estará dispuesta además a proporcionar apoyo, en consonancia con sus medios y capacidades, a otros interlocutores de la Unión en la ejecución de sus mandatos respectivos en el ámbito de la seguridad y la defensa en Somalia.
               3.   La ejecución de las actividades que se han de realizar en Somalia dependerá de las condiciones de seguridad en Somalia y de las directrices políticas que dicte el Comité Político y de Seguridad.».

               2)

               En el artículo 2, el apartado 1 se sustituye por el texto siguiente:
               «1.   Se nombra al General de Brigada Gerald AHERNE comandante de la Misión de la UE con efectos a partir del 1 de febrero de 2013.».

               3)

               El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 3
               Designación del cuartel general de la misión
               1.   El cuartel general de la misión estará situado inicialmente en Uganda, con vistas a su posible transferencia a Somalia en el curso del mandato, de conformidad con los documentos de planificación. Desempeñará sus funciones como cuartel general operativo y como cuartel general de la fuerza de la Unión.
               2.   El cuartel general de la misión incluirá una oficina de enlace en Nairobi y una célula de apoyo en Bruselas.».

               4)

               El artículo 7 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 7
               Coherencia de la respuesta de la Unión y coordinación
               1.   El Alto Representante garantizará la coherencia de la aplicación de la presente Decisión con el conjunto de la acción exterior de la Unión, incluidos los programas de desarrollo de la Unión.
               2.   Sin perjuicio de la cadena de mando, el comandante de la Misión de la UE recibirá orientación política local del Representante Especial de la UE para el Cuerno de África y de aquellas delegaciones de la Unión en la región que desempeñen un papel pertinente.
               3.   La misión militar de la UE mantendrá y mejorará la coordinación con la EUNAVFOR Atalanta y la EUCAP Nestor. El Centro de Operaciones de la UE, de acuerdo con su mandato establecido en la Decisión 2012/173/PESC del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativa a la puesta en marcha del Centro de Operaciones de la UE para las misiones y la operación de la política común de seguridad y defensa en el Cuerno de África (3), facilitará esta coordinación y el intercambio de información con objeto de acrecentar la coherencia, la eficiencia y las sinergias entre las tres misiones de la política común de seguridad y defensa y las operaciones en la región.
               4.   La misión militar de la UE trabajará en estrecha cooperación con otros interlocutores internacionales en la región, en particular con las Naciones Unidas, la AMISOM y los Estados Unidos de América y Uganda de conformidad con los requisitos que se acuerden con el Gobierno Nacional somalí.

               5)

               El artículo 10 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 10
               Disposiciones financieras
               1.   Los costes comunes de la misión militar de la UE se administrarán de conformidad con la Decisión 2011/871/PESC del Consejo, de 19 de diciembre de 2011, por la que se crea un mecanismo para administrar la financiación de los costes comunes de las operaciones de la Unión Europea que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa (Athena) (4) (en lo sucesivo, “Decisión Athena”).
               2.   El importe de referencia financiera para los costes comunes de la misión militar de la UE correspondientes al periodo que finaliza el 9 de agosto de 2011 ascenderá a 4,8 millones de euros. El porcentaje del importe de referencia indicado en el apartado 1 del artículo 25 de la Decisión Athena queda fijado en el 60 %.
               3.   El importe de referencia financiera para los costes comunes de la misión militar de la UE correspondientes al periodo del 9 de agosto de 2011 al 31 de diciembre de 2012 ascenderá a 4,8 millones de euros. El porcentaje del importe de referencia indicado en el artículo 25, apartado 1, de la Decisión Athena queda fijado en el 30 %.
               4.   El importe de referencia financiera para los costes comunes de la misión militar de la UE correspondientes al periodo que comienza el 1 de enero de 2013 ascenderá a 11,6 millones de euros. El porcentaje del importe de referencia indicado en el artículo 25, apartado 1, de la Decisión Athena queda fijado en el 20 %, y el porcentaje de los compromisos a que se refiere el artículo 32, apartado 3, de la Decisión Athena será del 30 %.

               6)

               El artículo 11 se sustituye por el texto siguiente:
               «Artículo 11
               Comunicación de información
               1.   El AR estará autorizado a comunicar a los terceros Estados participantes en la presente Decisión, cuando proceda y de conformidad con las necesidades de la misión, información clasificada de la UE elaborada a efectos de la misión, de conformidad con la Decisión 2011/292/UE del Consejo, de 31 de marzo de 2011, sobre las normas de seguridad para la protección de la información clasificada de la UE (5):

                           a)

                           hasta el nivel establecido en los acuerdos de seguridad de la información celebrados entre la Unión y el tercer Estado de que se trate;

                           b)

                           o hasta el nivel “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” en los demás casos.

                     2.   Se autoriza además al Alto Representante a comunicar a las Naciones Unidas y a la Unión Africana con arreglo a las necesidades operativas de la Misión, información clasificada de la UE hasta el nivel “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” elaborada a efectos de la misión, de conformidad con la Decisión 2011/292/UE. A tal efecto, se establecerán acuerdos entre el Alto Representante y las autoridades competentes de las Naciones Unidas y la Unión Africana.
               3.   En caso de necesidad operativa precisa e inmediata, se autoriza asimismo al Alto Representante a comunicar al Estado anfitrión toda información clasificada de la UE hasta el nivel “RESTREINT UE/EU RESTRICTED” elaborada a efectos de la misión, de conformidad con la Decisión 2011/292/UE. A tal efecto, se establecerán acuerdos entre el Alto Representante y las autoridades del Estado anfitrión.
               4.   Se autoriza al Alto Representante a comunicar a los terceros Estados asociados a la presente Decisión cualquier documento no clasificado de la UE relativo a las deliberaciones del Consejo sobre la misión y amparado por la obligación de secreto profesional con arreglo al artículo 6, apartado 1, del Reglamento interno del Consejo (6).
               5.   El Alto Representante podrá delegar dicha autorización, así como la facultad de celebrar los mencionados acuerdos, en miembros del personal del Servicio Europeo de Acción Exterior o en el comandante de la misión de la UE.

               7)

               En el artículo 12, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:
               «2.   El mandato de la misión militar de la UE terminará el 31 de marzo de 2015.».

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día de su adopción.
   La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de enero de 2013.

      Hecho en Bruselas, el 22 de enero de 2013.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. NOONAN

      (1)  DO L 44 de 19.2.2010, p. 16.

      (2)  DO L 198 de 30.7.2011, p. 37.

      (3)  DO L 89 de 27.3.2012, p. 66.».

      (4)  DO L 343 de 23.12.2011, p. 35.».

      (5)  DO L 141 de 27.5.2011, p. 17.

      (6)  Decisión 2009/937/UE del Consejo, de 1 de diciembre de 2009, por la que se aprueba el Reglamento interno del Consejo (DO L 325 de 11.12.2009, p. 35).».


title: 2006/38/CE: Decisión de la Comisión, de  22 de diciembre de 2005 , por la que se modifica la Decisión 1999/572/CE por la que se aceptan los compromisos ofrecidos con respecto a los procedimientos antidumping relativos a las importaciones de cables de acero originarios, entre otros países, de la India

text:
               26.1.2006

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 22/54

      DECISIÓN DE LA COMISIÓN

   de 22 de diciembre de 2005
   por la que se modifica la Decisión 1999/572/CE por la que se aceptan los compromisos ofrecidos con respecto a los procedimientos antidumping relativos a las importaciones de cables de acero originarios, entre otros países, de la India
   (2006/38/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Visto el Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) (en lo sucesivo, «el Reglamento de base»), y, en particular, sus artículos 8 y 9,
   Previa consulta al Comité consultivo,
   Considerando lo siguiente:
   A.   PROCEDIMIENTO PREVIO

               (1)

               En agosto de 1999, mediante el Reglamento (CE) no 1796/1999 (2), el Consejo impuso un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de cables de acero («el producto afectado») originarios, entre otros países, de la India.

               (2)

               Mediante la Decisión 1999/572/CE (3), la Comisión aceptó un compromiso relativo a los precios por parte de una empresa india, a saber, Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd. Entretanto, esta empresa ha cambiado de nombre y ahora se denomina Usha Martin Ltd («UML»). El cambio de denominación no ha afectado en modo alguno a las actividades de la empresa.

               (3)

               Como consecuencia de ello, las importaciones a la Comunidad del producto afectado de origen indio, producido por UML o por cualquier otra empresa del mundo a ella vinculada, y del tipo objeto del compromiso («el producto objeto del compromiso»), quedaron exonerados de los derechos antidumping definitivos.

               (4)

               A este respecto, cabe señalar que determinados tipos de cables de acero producidos por UML no fueron exportados a la Comunidad durante el período de investigación que dio lugar a la imposición de medidas antidumping definitivas y, por tanto, no figuraban en el ámbito de aplicación de la exención que autorizaba el compromiso. Por consiguiente, dichos cables de acero quedaron sujetos al pago del derecho antidumping en el momento del despacho a libre práctica en la Comunidad.

               (5)

               En noviembre de 2005, tras una reconsideración por expiración en virtud del artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) no 121/2006 (4), decidió que las medidas antidumping aplicables a las importaciones de productos originarios, entre otros países, de la India, deberían mantenerse.

         B.   INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
   1.   Obligaciones de las empresas respecto a los compromisos

               (6)

               El compromiso que ofreció UML obliga, entre otras cosas, a ella (y a cualquier otra empresa del mundo con ella vinculada) a exportar el producto objeto del compromiso al primer cliente independiente de la Comunidad a unos precios de importación mínimos iguales o superiores a los fijados en el compromiso. Estos precios mínimos eliminan el efecto perjudicial del dumping. En caso de reventas en la Comunidad al primer cliente independiente por importadores vinculados, los precios de reventa del producto objeto del compromiso, tras los ajustes correspondientes por gastos de venta, generales y administrativos y un beneficio razonable, deberán también alcanzar un nivel mínimo que elimine el efecto perjudicial del dumping.

               (7)

               Los términos del compromiso también obligan a UML a facilitar a la Comisión información periódica y detallada mediante un informe trimestral de sus ventas a la Comunidad (y de las reventas por sus partes vinculadas en la Comunidad) del producto afectado procedente de la India. Estos informes deben incluir los productos objeto del compromiso que se beneficien de la exención del derecho antidumping, así como los tipos de cables de acero no incluidos en el compromiso y que, por tanto, están sujetos al pago de derechos antidumping.

               (8)

               A menos que se indique otra cosa, la Comisión entiende que los informes de ventas de UML (y los informes de reventas de empresas vinculadas establecidas en la Comunidad) remitidos son completos, exhaustivos y correctos en todos sus detalles.

               (9)

               Con respecto a la exención de los derechos antidumping que ofrece el compromiso, UML también reconoce que estará condicionada a la presentación a los servicios aduaneros comunitarios de una «factura de compromiso». Además, la empresa se comprometió a no extender dichas facturas de compromiso para las ventas de los tipos de productos afectados no incluidos en el compromiso y que, por tanto, están sujetos al pago de derechos antidumping.

               (10)

               Otra de las condiciones del compromiso es que sus cláusulas y disposiciones serán de aplicación a cualquier empresa vinculada a UML del mundo.

               (11)

               Para asegurar el cumplimiento del compromiso, UML también aceptó facilitar toda la información que la Comisión considerara necesaria y que se efectuaran visitas de inspección in situ de sus locales y de los de cualquiera de las empresas relacionadas, a fin de verificar la exactitud y veracidad de los datos incluidos en los informes trimestrales mencionados.

               (12)

               A este respecto, las visitas de inspección fueron realizadas en los locales de UML en la India y en los de Brunton Wolf Wire Ropes FZE («BWWR»), empresa relacionada con UML en Dubai.

         2.   Resultados de la visita de inspección a UML

               (13)

               La inspección de los documentos contables de la empresa mostró que importantes volúmenes del producto afectado no incluidos en el compromiso, no habían sido incluidos en los informes de ventas trimestrales enviados a la Comisión. Además, los productos en cuestión habían sido vendidos por UML a sus importadores vinculados en el Reino Unido y Dinamarca e incluidos en facturas de compromiso.

               (14)

               Se considera que la eliminación de las ventas en cuestión de los informes de ventas y su inclusión incorrecta en facturas de compromiso constituyen incumplimientos del mismo.

         3.   Resultados de la visita de inspección a BWWR

               (15)

               Hay que señalar que el cable de acero acabado producido por BWWR ha pasado previamente por dos principales fases de producción: i) varios cables de acero son enrollados en lo que se denomina «trenzas» y ii) varias trenzas formadas por varios cables de acero son enrollados juntos para formar el cable de acero acabado.

               (16)

               La investigación de los locales de BWWR puso de manifiesto que importantes cantidades de trenzas de origen indio habían sido vendidas por UML a BWWR y que ésta había transformado las trenzas en cable de acero, vendiendo una parte a la Comunidad y a la exportación como originario de los Emiratos Árabes Unidos.

               (17)

               En vista de este proceso de transformación, se consideró necesario estudiar la cuestión del origen del cable de acero vendido por BWWR a la Comunidad. Por ello, se hizo referencia al artículo 22 del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario (5) (en adelante, «el código aduanero comunitario»), que establece que las normas de origen no preferenciales se aplicarán a las medidas distintas de las arancelarias que establecen las disposiciones en ámbitos específicos relacionados con el comercio de mercancías, como las medidas antidumping.

               (18)

               En los artículos 24 y 25 del código aduanero comunitario y en los artículos 35 y 39 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión (6), por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del código aduanero comunitario, figuran las disposiciones relativas a la determinación del origen no preferencial de los productos en cuya producción participa más de un país. En lo que respecta al concepto de «última transformación sustancial» a que se refiere el artículo 24 del código aduanero comunitario, en el caso de los cables de acero se considera que este producto ha experimentado su última transformación o elaboración sustancial cuando es clasificado en una partida arancelaria de cuatro dígitos (en adelante, «la partida de cuatro dígitos») del sistema armonizado, distinta de las partidas de cuatro dígitos en las que se clasificaron los materiales utilizados en la fabricación de dicho producto.

               (19)

               De acuerdo con lo anterior, la transformación de las trenzas indias, que se clasifican en la partida de cuatro dígitos 73.12, en cable de acero, clasificado también en la partida de cuatro dígitos 73.12, no confiere origen de los Emiratos Árabes Unidos al producto acabado, en este caso cable de acero, sino que conserva el origen indio.

               (20)

               Por consiguiente, el cable de acero vendido por BWWR y fabricado con trenzas de origen indio se considera de origen indio, por lo que deberá someterse a las medidas antidumping aplicables actualmente a las importaciones de origen indio. Por tanto, estos productos o están sujetos a las condiciones del compromiso o deberán pagar derechos antidumping cuando sean despachados a libre práctica en la Comunidad si no pertenecen a ninguna de las categorías de productos incluidas en el compromiso.

               (21)

               Además, se descubrió que los cables de acero en cuestión, que se consideraban de origen indio, vendidos por BWWR a la Comunidad no habían sido incluidos, ni por UML ni por sus empresas vinculadas, en los informes trimestrales sobre las ventas enviados a la Comisión, como tampoco habían sido declarados como de origen indio en el momento de su despacho a libre práctica en la Comunidad. A falta de la factura de compromiso, se deduce que tales importaciones a la Comunidad del producto afectado procedente de Dubai, considerado de origen indio, deberían haber estado sujetas al pago de derechos antidumping en el momento de su despacho a libre práctica en la Comunidad.

               (22)

               Además, se demostró que dichos cables de acero de origen indio fabricados en Dubai habían sido vendidos en el mercado comunitario por debajo de los precios de importación mínimos fijados en el compromiso de UML para los cables de acero en cuestión.

               (23)

               Por consiguiente, en vista de todas las conclusiones anteriores, UML fue informada de los hechos y consideraciones esenciales sobre cuya base la Comisión decidió retirar su aceptación del compromiso y en su lugar imponer un derecho antidumping definitivo. Se concedió un período en el cual podían realizarse observaciones, tanto por escrito como oralmente. UML remitió observaciones al respecto, tanto por escrito como oralmente.

         4.   Observaciones
   a)   Incumplimiento de las obligaciones de información

               (24)

               Sobre la cuestión del producto afectado exportado por UML y no incluido en los informes trimestrales sobre las ventas, se concluyó que, aunque los productos en cuestión figuraban en facturas de compromiso, fueron importados a la Comunidad en virtud de un régimen de perfeccionamiento activo, por lo que fueron despachados a libre práctica en la Comunidad previo pago del derecho antidumping, o reexportados fuera de la Comunidad. Por lo tanto, se sostuvo que la omisión en los informes del compromiso se debió únicamente a un error administrativo, que no había ocasionado perjuicio y que no se había producido ningún incumplimiento grave.

               (25)

               En apoyo de este argumento, UML consideró que el objetivo principal de un compromiso es garantizar que las ventas se realizan a unos niveles que eliminan el perjuicio. A este respecto, se sostuvo que, como dichas condiciones se habían cumplido plenamente, la exactitud de los informes tenía una importancia secundaria. De igual modo, en la medida en que los productos no incluidos en el compromiso pero que figuraban en las facturas del compromiso habían finalmente pagado el derecho antidumping o habían sido exportados fuera de la Comunidad, UML estimó que el espíritu del compromiso había sido respetado. Por lo tanto, en opinión de UML no se había producido ningún cambio en el statu quo del mercado de la Comunidad como consecuencia de sus acciones o de las acciones de sus empresas vinculadas en la Comunidad.

               (26)

               Como respuesta a estos argumentos, la Comisión podría estar de acuerdo en que la función de cualquier compromiso es eliminar el perjuicio del dumping. No obstante, no considera que la obligación de presentar informes correctos o la inclusión en las facturas de compromiso de productos no contemplados en el mismo tenga una importancia secundaria o inferior a cualquier otra disposición de un compromiso. La Comisión sólo podrá controlar de manera efectiva un compromiso y determinar si se está respetando y eliminar el perjuicio del dumping si dispone de todos los detalles de las ventas del producto afectado a la Comunidad. Si los informes de ventas son incompletos o inexactos se crean dudas sobre el respeto del compromiso en su conjunto por parte de la empresa. Por tanto, el cumplimiento de las formalidades en materia de presentación de informes debe considerarse parte de las obligaciones principales de las empresas en cuestión, en la medida en que dichas formalidades no sólo pretenden simplificar los procedimientos administrativos, sino que son también necesarias para el correcto funcionamiento del sistema de compromisos en su conjunto.

               (27)

               De ello se infiere que, respecto a la cuestión de si se ha mantenido el statu quo en el mercado comunitario (y, de forma implícita, si se ha perjudicado a la industria comunitaria), se estimó que los incumplimientos de las obligaciones de remitir informes ponen en peligro la eficacia del sistema de compromisos, el cual ha sido creado específicamente para defender a los productores de cables de acero del perjuicio que ocasiona el dumping. La falta de informes completos y fiables también genera dudas sobre si se han cumplido las disposiciones substantivas del compromiso y, por tanto, impide a la Comisión determinar si la empresa ha cumplido todas las obligaciones. Por consiguiente, la Comisión debe considerar que tales incumplimientos perjudican a los productores comunitarios.

               (28)

               Además, en virtud del compromiso, UML y sus empresas vinculadas tienen que respetar todas las diferentes disposiciones del mismo y adoptar medidas efectivas para garantizar su cumplimiento. En el caso que nos ocupa, no se realizaron las comprobaciones y procedimientos internos necesarios para que UML pudiera cumplir sus obligaciones de acuerdo con lo dispuesto en el compromiso.

               (29)

               Por consiguiente, los argumentos presentados por la empresa sobre las formalidades de presentación de informes no modifican la opinión de la Comisión en el sentido de que se ha producido un incumplimiento del compromiso.

         b)   Proporcionalidad

               (30)

               También se alegó que debería existir una relación razonable entre la acción adoptada por las instituciones comunitarias en el marco del sistema actual de compromisos sobre los precios para el producto afectado originario de la India y los objetivos de las medidas previstos (es decir, proporcionalidad).

               (31)

               En lo que respecta a la proporcionalidad, hay que señalar, en primer lugar, que de acuerdo con el artículo 8, apartado 7, del Reglamento de base, el incumplimiento de la obligación de suministrar la información pertinente (es decir, el no cumplimiento de cualquiera de las condiciones de suministrar información) será considerado como un incumplimiento del compromiso. Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8, apartado 9, del Reglamento de base, en caso de incumplimiento del compromiso se impondrá un derecho definitivo. Se considera que estos artículos subrayan la importancia per se de la obligación de suministrar información, lo que queda aún más evidente en el lenguaje claro y preciso del propio compromiso, en el que se establecen todas las obligaciones de información.

               (32)

               La jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia también ha confirmado este enfoque, al establecer que cualquier incumplimiento de un compromiso es motivo suficiente para justificar la retirada de la aceptación de un compromiso (7).

               (33)

               Por consiguiente, los argumentos presentados por UML sobre la proporcionalidad no modifican la opinión de la Comisión en el sentido de que se ha producido un incumplimiento del compromiso.

         c)   País en desarrollo

               (34)

               UML también alegó que como es un productor exportador situado en la India, país en desarrollo según la definición de la OMC, de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Acuerdo Antidumping de la OMC, esta condición deberá tenerse «particularmente en cuenta», por lo que la Comisión no debería retirar su aceptación del compromiso, dado que se trata de un primer caso de incumplimiento de importancia menor.

               (35)

               En lo que respecta a la cuestión de si la localización de UML en un país en desarrollo es un argumento para no retirar la aceptación de su compromiso, hay que recordar que UML es la empresa matriz de un grupo multinacional de empresas y uno de los mayores productores mundiales del producto afectado. Dada la aparente competencia de la gestión y de la estructura del grupo UML que la Comisión ha podido comprobar durante sus visitas de inspección, no resulta plausible que el cumplimiento de las obligaciones de información haya creado alguna dificultad a la empresa. Además, si una empresa propone un compromiso, tiene que garantizar su posterior cumplimiento de las obligaciones que de él se desprenden. Por tanto, los argumentos de la empresa sobre este punto quedan rechazados.

         d)   Origen no preferencial a efectos de importación

               (36)

               En lo que respecta al origen de los cables de acero exportados a la Comunidad procedentes de Dubai, fabricados a partir de trenzas de origen indio, UML alega que los productos en cuestión no conservaron el origen indio en la fase de transformación final (es decir, la torsión y transformación de las trenzas en cable de acero), sino que el origen de los Emiratos Árabes Unidos fue conferido a estos productos en virtud de dichas transformaciones finales.

               (37)

               A este respecto, UML alegó que la Comisión se equivocó al considerar que un cambio en la partida arancelaria de cuatro dígitos era el único factor determinante del origen no preferencial. UML alegó además que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 24 y 25 del código aduanero comunitario, un cambio en la partida de cuatro dígitos es sólo uno de los factores considerados y no necesariamente el definitivo, ya que el valor añadido local a los insumos importados es otro aspecto fundamental. A este respecto, se alegó que el valor añadido local en Dubai superaba el 25 %. Además, UML también sostuvo que la determinación del origen de los productos mediante la referencia a los cambios (o no) en la partida de cuatro dígitos es la posición de la Comunidad en las actuales negociaciones en la OMC sobre las normas de origen, pero no legislación comunitaria adoptada.

               (38)

               UML también declaró que no era consciente de las normas de origen no preferencial y que cuando se creó la fábrica de Dubai en 2003, la dirección del grupo, tanto en Dubai como en la India, dio por supuesto que los cables de acero fabricados en Dubai a partir de trenzas de origen indio adquirirían origen de los Emiratos Árabes Unidos.

               (39)

               Con respecto a estos argumentos expuestos por UML sobre el origen de los productos en cuestión exportados a la Comunidad desde Dubai, la Comisión desea señalar, en primer lugar, que si dos o más países participan en la producción de productos, para el origen no preferencial es el concepto de «última transformación sustancial» el que determina realmente el origen de los productos. No obstante, el criterio de última transformación sustancial se expresa, en general, de una de las tres maneras siguientes: i) mediante una norma que exige un cambio de la (sub)partida arancelaria en la nomenclatura del Sistema Armonizado, o ii) mediante una lista de actividades de fabricación o transformación que confieren o no a los productos el origen del país en el que estas operaciones se llevaron a cabo, o iii) mediante una norma de valor añadido.

               (40)

               En este caso, los cables de acero son uno de los productos incluidos en la norma que exige un cambio de la (sub)partida arancelaria. Por lo tanto, dado que como la partida de cuatro dígitos para los cables y trenzas de acero es la misma, el proceso de transformación efectuado en Dubai no modifica el origen indio para la determinación del origen no preferencial.

               (41)

               Además, aunque no era necesario abordar la cuestión del «valor añadido de los insumos importados» en Dubai, en aras de una buena organización administrativa, también se realizó un estudio de las cifras aportadas en apoyo de la alegación de UML en el sentido de que el valor añadido local en Dubai era substancial. Dicho estudio mostró que el valor añadido real en Dubai era, en cualquier caso, inferior al umbral del 25 % declarado por la empresa, cuando se expresaba como porcentaje del precio franco fábrica de los cables de acero.

               (42)

               En lo que respecta a la alegación de UML de que el cambio de la partida de cuatro dígitos es una posición negociadora de la Comisión en las negociaciones sobre el origen en la OMC y no legislación adoptada, cabe señalar que la norma de la partida de cuatro dígitos es una práctica ya consolidada en aplicación del artículo 24 del código aduanero comunitario. Como tal, es la norma que aplican las instituciones comunitarias y las autoridades aduaneras competentes de los Estados miembros para determinar el origen no preferencial de una serie de productos, entre los que figura el producto en cuestión.

               (43)

               Respecto a la declaración de que la empresa no conocía las normas de origen no preferencial, la Comisión reitera, en primer lugar, que UML es la empresa matriz de una amplia actividad multinacional que cuenta con centros de producción, distribución y representación comercial en todo el mundo. Dado el movimiento de materias primas, productos acabados y semiacabados entre empresas pertenecientes al grupo, resulta improbable que la empresa no conociera las normas de origen no preferencial ni el origen de productos fundamentales fabricados en uno de sus centros. Además, hay que señalar, en cualquier caso, que se considera que las empresas deben conocer el código y las normas aplicables y no pueden invocar ignorancia de los mismos como justificación del incumplimiento de las normas en vigor.

               (44)

               A la vista de lo anterior, la Comisión considera que los productos en cuestión exportados desde Dubai eran de origen indio, por lo que deberían haber sido objeto de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de cables de acero originarios de la India.

               (45)

               Por consiguiente, los argumentos presentados por la empresa respecto al origen de los productos en cuestión no fueron aceptados, por lo que la Comisión no modificó su opinión en el sentido de que se habían producido incumplimientos del compromiso.

         C.   MODIFICACIÓN DE LA DECISIÓN 1999/572/CE

               (46)

               En vista de lo anterior, se considera que la aceptación del compromiso propuesto por Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, ahora conocido como Usha Martin Ltd, deberá ser retirada. El artículo 1 de la Decisión 1999/572/CE por la que se aceptan los compromisos ofrecidos por Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd deberá modificarse en consecuencia.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Queda retirada la aceptación del compromiso relacionado con las importaciones de cables y cuerdas de acero ofrecido por Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd.
   Artículo 2
   El cuadro del artículo 1, apartado 1, de la Decisión 1999/572/CE se sustituye por el cuadro siguiente:

               País

               Fabricantes

               Código TARIC adicional

               Sudáfrica

                           Haggie

                           Lower Germiston Road

                           Jupiter

                           PO Box 40072

                           Cleveland

                           Sudáfrica

               A023.

         Artículo 3
   La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 22 de diciembre de 2005.

            Por la Comisión

         Peter MANDELSON

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 2117/2005 (DO L 340 de 23.12.2005, p. 17).

      (2)  DO L 217 de 17.8.1999, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1674/2003 (DO L 238 de 25.9.2003, p. 1).

      (3)  DO L 217 de 17.8.1999, p. 63. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1678/2003 (DO L 238 de 25.9.2003, p. 13).

      (4)  Véase la página 1 del presente Diario Oficial.

      (5)  DO L 302 de 19.10.1992, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 117 de 4.5.2005, p. 13).

      (6)  DO L 253 de 11.10.1993, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 883/2005 (DO L 148 de 11.6.2005, p. 5).

      (7)  Asunto T-51/96, Miwon Co. Ltd/Consejo [2000] apartado 52, Rec. 2000, p. II-1841.


title: Decisión del Órgano de Vigilancia de la AELC N° 45/98/COL de 4 de marzo de 1998 sobre la decimotercera modificación de las Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado

text:
23. 4. 98       ¬ ES ¬                 Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                L 120/27
                                    ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO
                 ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC
                        DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC
                                                      No 45/98/COL
                                                 de 4 de marzo de 1998
          sobre la decimotercera modificación de las Normas sustantivas y de procedimiento en
                                             materia de ayudas de Estado
          EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC,
          ha modificado las Normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado (1)
          adoptadas el 19 de enero de 1994 (2) y modificadas por última vez el 17 de diciembre de 1997 (3)
          como sigue:
          Las siguientes normas sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo y la lista de países
          cuyos riesgos son negociables (a los efectos de la aplicación de las normas en el capítulo 17A
          sobre el seguro de crédito a la exportación a corto plazo) se añadirán a las Directrices sobre
          ayudas de Estado como un nuevo capítulo, el capítulo 17A, y un nuevo anexo IX, respectiva-
          mente.
          «17A.    SEGURO DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN A CORTO PLAZO (1)
            17A.1. Introducción
            1.     Las subvenciones a la exportación influyen directamente sobre la competencia en el
                   mercado entre proveedores potenciales rivales de bienes y servicios. La Comisión y el
                   Órgano de Vigilancia de la AELC reconocen estos efectos perniciosos, por lo que
                   siempre han condenado estrictamente las ayudas a la exportación en el comercio dentro
                   del Espacio Económico Europeo (EEE) (2). Sin embargo, aunque el apoyo de los Estados
                   del EEE a sus exportaciones fuera del EEE puede afectar a la competencia en el seno de
                   este último (3), ni la Comisión ni el Órgano de Vigilancia de la AELC han intervenido de
                   forma sistemática en este ámbito con arreglo a las normas sobre ayudas de Estado del
                   Tratado (artículos 92 a 94) o del Acuerdo EEE (artículo 61 y artículo 1 del Protocolo no 3
                   del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción). Esto se debe a distintos motivos. En primer
                   lugar, las disposiciones del Tratado referentes al comercio exterior, es decir, los artículos
                   112 y 113, rigen este ámbito parcialmente. En segundo lugar, las ayudas a la exportación
                   a terceros países no sólo afectan a la competencia dentro de la Comunidad o del EEE
                   sino también a la competitividad de los exportadores EEE frente a la de los socios
                   comerciales de los Estados del EEE, que conceden ayudas similares. Por último, en el
                   marco de la OCDE y la OMC se ha avanzado en el control de las ayudas.
          (1) En adelante denominadas «Directrices sobre ayudas de Estado.».
          (2) DO L 231 de 3. 9. 1994, p. 1; suplemento EEE del DO 32 de 3. 9. 1994.
          (3) DO C 38 de 5. 2. 1998, p. 19; suplemento EEE del DO 5 de 5. 2. 1998, p. 214.
 ---pagebreak--- L 120/28    ¬ ES ¬               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                   23. 4. 98
         2.    Aunque, hasta el momento de la aprobación de la Comunicación relativa a las presentes
               Normas, la Comisión se ha abstenido de ejercer sus poderes de control de las ayudas de
               Estado en el ámbito de los créditos a la exportación y del seguro de crédito a la exporta-
               ción, las actividades del Grupo del Consejo sobre créditos a la exportación (4) y los liti-
               gios ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (5) reflejan, en opinión de
               la Comisión, que, al menos en el área del seguro de crédito a la exportación en opera-
               ciones a corto plazo, las distorsiones, reales o potenciales, podrían justificar la iniciativa
               de la Comisión con arreglo a las normas sobre ayudas de Estado sin necesidad de esperar
               a los avances que se produzcan en otros frentes.
         3.    El Acuerdo EEE no contempla una política comercial común frente a terceros países,
               por lo que no contiene disposiciones correspondientes a las de los artículos 112 y 113
               del Tratado CE. Por consiguiente, el Acuerdo EEE no restringe, del modo en que lo hace
               el Tratado CE respecto de los Estados miembros de la Unión Europea, la libertad de los
               Estados de la AELC de promover el comercio con terceros países, siempre que las
               medidas no afecten al comercio entre las Partes contratantes del Acuerdo EEE. Sin
               embargo, tal como se señaló arriba, medidas de este tipo pueden afectar a la competencia
               y al comercio dentro del EEE. Además, las distorsiones de la competencia pueden regis-
               trarse no sólo entre exportadores de distintos Estados del EEE en su comercio dentro y
               fuera del EEE, sino también entre empresas aseguradoras de crédito a la exportación que
               presten sus servicios en el EEE. El Órgano de Vigilancia, por consiguiente, considera
               que, por lo que respecta a la aplicabilidad del artículo 61 del Acuerdo EEE y del artículo
               1 del Protocolo no 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, la situación es semejante a
               la de la aplicación de los artículos 92 y 93 del Tratado CE. En otras palabras, las distor-
               siones reales o potenciales de competencia y comercio dentro del EEE exige la actuación
               del Órgano de Vigilancia con arreglo a las normas sobre ayudas de Estado.
         4.    El objeto de las presentes normas es suprimir estas distorsiones debidas a la ayuda de
               Estado en el sector comercial del seguro de crédito a la exportación en el que compiten
               los aseguradores de crédito a la exportación privados y los públicos o con apoyo público.
               Este sector comercial del seguro de crédito a la exportación se refiere a los seguros de
               riesgos de crédito a la exportación a corto plazo dentro del EEE y con muchos países
               terceros. Estos riesgos se denominan “negociables” y se definen más adelante en la
               sección 17A.2. La definición abarca actualmente sólo los riesgos denominados “comer-
               ciales”, en contraposición con los riesgos “políticos”, en el comercio dentro del EEE y
               con la mayoría de los países miembros de la OCDE que se enumeran en el anexo IX de
               las presentes Directrices. Aunque los Estados de la AELC han realizado importantes
               esfuerzos para eliminar las ayudas del sector comercial del seguro de crédito a la exporta-
               ción, el buen funcionamiento del Acuerdo EEE exige salvaguardar esta igualdad de
               condiciones en todas las circunstancias.
         5.    Las presentes normas no se refieren a los seguros de riesgos de crédito a la exportación a
               medio y largo plazo, que actualmente son en su mayoría no negociables. En este ámbito,
               los factores que han conducido a la Comisión y al Órgano de Vigilancia de la AELC a
               no hacer uso extensivo de sus poderes de control de las ayudas de Estado continúan
               estando en contra de tal iniciativa.
         6.    La sección 17A.2 de las presentes normas describe la estructura del mercado del seguro
               de crédito a la exportación, y por lo que se refiere al sector comercial o de mercado, en
               el que operan aseguradores privados y al que se refieren las presentes normas, establece
               una diferencia entre, por un lado, los aseguradores de crédito a la exportación privados y
               los públicos o con apoyo público. Asimismo explica por qué y en qué medida se aplican
               las disposiciones del Acuerdo EEE referentes a las ayudas de Estado. Por último, en la
               sección 17A.4, el Órgano de Vigilancia define las iniciativas que considera necesarias con
               objeto de garantizar la desaparición del sector comercial de las ayudas de Estado exis-
               tentes correspondientes a los tipos enumerados en la sección 17A.3 y solicita a los
               Estados de la AELC, con arreglo el apartado 1 del artículo 1 del Protocolo no 3 del
               Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, que tomen dichas iniciativas en caso necesario.
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          17A.2. Sectores comerciales y no comerciales del seguro de crédito a la exportación a
                 corto plazo
          1.     El informe del Grupo del Consejo sobre crédito a la exportación mencionado en la nota
                 a pie de página del apartado 17A.1.2 más arriba (en adelante “el informe”), sí como las
                 denuncias presentadas ante la Comisión por aseguradores privados de crédito a la expor-
                 tación y los litigios ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas muestran
                 que en algunos Estados miembros los mismos organismos “oficiales” de crédito a la
                 exportación que garantizan los riesgos a medio o largo plazo de los exportadores por
                 cuenta o con la garantía del Estado (6) ELC operan también por cuenta o con garantía del
                 Estado en algunos ámbitos del seguro de crédito a la exportación a corto plazo en los
                 que aquéllos compiten con los aseguradores privados que carecen de dichos vínculos
                 estatales. Del examen realizado previamente por el Órgano de Vigilancia de la AELC se
                 desprende que así ocurre en dos de los tres Estados de la AELC que son Partes del
                 Acuerdo EEE, es decir, Noruega e Islandia. Estos organismos “oficiales” de crédito a la
                 exportación pueden ser departamentos gubernamentales, empresas públicas o contro-
                 ladas por el Estado o empresas cuya propiedad o control están exclusivamente en manos
                 del sector privado. A los efectos de las presentes normas, estos organismos se denomina-
                 rán “aseguradores de crédito a la exportación públicos o con apoyo público”. Al igual que
                 los organismos “oficiales” que operan tanto a corto como a medio y largo plazo, algunos
                 aseguradores de crédito a la exportación de propiedad y control totalmente privados que
                 sólo ofrecen seguros a corto plazo pueden contar con el apoyo de sus Gobiernos
                 mediante garantías o contratos equivalentes de reaseguro en algunos de sus segmentos de
                 actividad comercial. También estos aseguradores deben considerarse “públicos o con
                 apoyo público”. Por otra parte, los aseguradores de crédito a la exportación que garan-
                 tizan principal o exclusivamente las operaciones a corto plazo y que no operan por
                 cuenta o con la garantía (7) del Estado en ninguno de los sectores de actividad se denomi-
                 narán “aseguradores privados de crédito a la exportación”.
          2.     El informe antes mencionado mostraba que cuando los aseguradores de crédito a la
                 exportación públicos o con apoyo público operaban por cuenta o con la garantía del
                 Estado en sectores del mercado a corto plazo, en los que competían con los aseguradores
                 privados, disfrutaban de ciertas ventajas financieras que podían falsear la competencia en
                 detrimento de estos últimos. Los aseguradores de crédito a la exportación públicos o con
                 apoyo público no tienen en ningún país el monopolio sobre las operaciones a corto
                 plazo.
          3.     Uno de los ámbitos más espinosos estudiados por el informe era el reaseguro por el
                 Estado, tanto directa como indirectamente. El informe señalaba la existencia de contratos
                 de reaseguro que suponían la cobertura del 100 % y equivalían a garantías como subven-
                 ción. Actualmente se reconoce que aquellos reaseguros en los que el Estado sólo parti-
                 cipa en un contrato de reaseguros del sector privado o viene a completarlo pueden
                 también suponer para los aseguradores que se beneficien de dicho contrato una ventaja
                 sobre los aseguradores privados que no gocen de dicha cobertura, falseando así la compe-
                 tencia.
          4.     A pesar de —los progresos recientemente realizados los aseguradores de crédito a la
                 exportación públicos o con apoyo público tienden cada vez más a desprenderse de sus
                 actividades a corto plazo vendiéndolas a empresas independientes o separando las respec-
                 tivas contabilidades— se ha señalado ya que continúa siendo necesario tomar una inicia-
                 tiva con objeto de crear la deseada igualdad de condiciones. La primera tarea consiste en
                 determinar aquellos sectores en los que existe un mercado competitivo. En el informe se
                 utilizaba como criterio decisivo para distinguir el sector de mercado la existencia o no de
                 un reaseguro privado disponible en casos generales y no sólo en casos individuales. Se
                 comprobó que, por lo general, la respuesta era afirmativa para los riesgos comerciales de
                 compradores privados, pero que para los riesgos políticos (incluyendo los riesgos de los
                 compradores públicos, los riesgos de transferencia de divisas y los riesgos de siniestros no
                 comerciales) la capacidad disponible no bastaba para considerar que la cobertura de
                 dichos riesgos constituía a todas luces una actividad de mercado. Basándose en el análisis
                 del mercado privado de reaseguros en comparación con los tres criterios de duración,
                 situación y naturaleza de los riesgos asegurados, el informe consideraba que los riesgos
                 “negociables” constituían riesgos comerciales con un período de riesgo normalmente de
                 tres años como máximo para las exportaciones a todo el mundo.
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          5.     Las observaciones posteriores presentadas por los Estados miembros de la Comunidad,
                 los Estados de la AELC, las asociaciones comerciales y los aseguradores señalaron que, en
                 términos generales, esta definición era demasiado amplia. La mayor parte de los que
                 presentaron sugerencias estaban de acuerdo con el informe en que los riesgos políticos
                 deberían quedar excluidos, dado que el mercado privado de reaseguros no era lo suficien-
                 temente amplio, y preferían un período de riesgo máximo de dos años para los riesgos
                 comerciales. Asimismo, parecía muy difícil reasegurar en el mercado privado el riesgo
                 comercial derivado de la mora en países que no pertenecen a la OCDE.
          6.     Habida cuenta de los estrechos vínculos existentes entre la mora y la insolvencial —dado
                 que es posible que los riesgos derivados de la mora acaben en insolvencia— y la consi-
                 guiente necesidad de clasificar ambos riesgos en la misma categoría (negociables o no
                 negociables), se considera prudente excluir todos los riesgos comerciales en países que
                 no pertenecen a la OCDE de la definición de “riesgos negociables” y del ámbito de apli-
                 cación de las presentes normas por el momento. Por último, parece que todavía existen
                 dificultades para obtener reaseguros privados de riesgos comerciales en algunos países de
                 la OCDE.
          7.     Habida cuenta de lo anterior, a los efectos de las presentes normas, los riesgos “negocia-
                 bles” se definen como riesgos comerciales de deudores no públicos (8) establecidos en los
                 enumerados en el anexo IX de estas Directrices. Para estos riesgos, el período máximo de
                 riesgo (es decir, fabricación más período de crédito con la fecha de comienzo normal de
                 la Unión de Berna y el plazo de crédito habitual) es inferior a dos años.
          8.     Todos los demás riesgos [es decir, políticos, catástrofes (9) y riesgos comerciales de los
                 compradores públicos de los países no enumerados en el anexo IX] se consideran no
                 negociables todavía.
          9.     A los efectos de las presentes normas, constituyen “riesgos comerciales”:
                 — la renuncia arbitraria de un contrato por el deudor, es decir, cualquier decisión arbi-
                     traria tomada por un deudor no público de interrumpir o rescindir el contrato sin
                     causa justificada,
                 — la negativa del deudor no público a aceptar los bienes a que se refiere el contrato sin
                     causa justificada,
                 — la insolvencia del deudor no público o de su garante,
                 — el impago por parte del deudor no público o por parte de un garante de una deuda
                     resultante del contrato, es decir, la mora.
         10.     La capacidad del mercado de los reaseguros privados está sujeta a variaciones. Esto quiere
                 decir que la definición de riesgos negociables no es inmutable y puede cambiar con el
                 tiempo; por ejemplo, puede ampliarse con objeto de abarcar los riesgos políticos. Por
                 consiguiente, el Órgano de Vigilancia deberá revisar la definición periódicamente y,
                 concretamente, al menos una vez al año. El Órgano de Vigilancia consultará con los
                 Estados de la AELC y otras partes interesadas al efectuar dicha revisión. En la medida de
                 lo necesario, las modificaciones de la definición habrán de tener en cuenta el alcance de
                 la normativa EEE que rige el seguro de crédito a la exportación con objeto de evitar
                 cualquier tipo de conflicto o de inseguridad jurídica.
          17A.3. Factores que falsean la competencia entre los aseguradores de crédito a la
                 exportación públicos o con apoyo público y los privados
          1.     Entre los factores que pueden falsear la competencia en beneficio de los aseguradores de
                 crédito a la exportación públicos o con apoyo público que aseguran riesgos negociables
                 se incluyen (10):
                 — las garantías estatales de hecho y de derecho sobre empréstitos y pérdidas. Dichas
                     garantías permiten a los aseguradores contraer préstamos a tipos inferiores a los tipos
                     normales del mercado o incluso es posible que no tengan que contraer ningún
                     préstamo. Además, eliminan la necesidad de los aseguradores de reasegurarse en el
                     mercado privado;
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                — cualquier diferencia, en comparación con los aseguradores privados, en lo que
                    respecta a la obligación de mantener reservas adecuadas. Cabe señalar que, cuando la
                    Directiva 73/239/CEE del Consejo (11) fue modificada por la Directiva 87/343/
                    CEE (12), quedaba entendido que la exclusión del seguro de crédito a la exportación
                    sobre operaciones por cuenta o con la garantía del Estado [letra d) del apartado 2 del
                    artículo 2 de la Directiva original] no incluía las operaciones en el sector de los
                    riesgos comerciales a corto plazo efectuadas por aseguradores de crédito a la exporta-
                    ción públicos o con apoyo público por su propia cuenta y sin la garantía del Esta-
                    do (13). Esto significa que, para asegurar riesgos comerciales a corto plazo, los asegura-
                    dores públicos o con apoyo público deben disponer de un determinado volumen de
                    fondos propios (margen de solvencia, incluyendo el fondo de garantía) y reservas
                    técnicas (concretamente una reserva de estabilización) y deben haber obtenido autori-
                    zación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y siguientes de la Directiva
                    73/239/CEE;
                — la reducción o la exención de impuestos pagaderos normalmente (por ejemplo, el
                    impuesto de sociedades y sobre pólizas de seguro);
                — la concesión de ayuda o las aportaciones de capital por parte del Estado. Por lo que
                    se refiere a estas últimas, hay que tener en cuenta el principio según el cual, a menos
                    que el Estado actúe como un inversor privado en una economía de mercado, las
                    inyecciones de capital constituyen ayuda de Estado (14); la prestación por el Estado de
                    servicios en especie tales como el acceso y la utilización gratuita de infraestructura o
                    instalaciones estatales o la información privilegiada (por ejemplo, información sobre
                    deudores obtenida por las embajadas) en condiciones que no reflejen su coste; y el
                    reaseguro por parte del Estado, ya sea directa o indirectamente a través de otro asegu-
                    rador de crédito a la exportación público o con apoyo público, en condiciones más
                    favorables que la ofrecidas en el mercado privado de reaseguros, que conduce a un
                    nivel de precios del reaseguro más bajos o a la creación artificial de capacidad que no
                    se obtendría en el mercado privado.
          2.    Los distintos tipos de trato enumerados en el punto 17A.3.1 suponen, o pueden suponer,
                para los aseguradores de crédito a la exportación beneficiarios una ventaja financiera
                frente a otros aseguradores de crédito a la exportación. Estas ventajas financieras conce-
                didas a determinadas empresas falsean la competencia y constituyen una ayuda de Estado
                a los efectos de apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.
          3.    El apartado 1 del artículo 61 se aplica a todas aquellas medidas que conceden una
                ventaja económica o financiera a determinadas empresas o productos y que suponen un
                coste o una pérdida para los fondos públicos, ya se real o potencial, y a cambio de la cual
                no se exige nada o poco al beneficiario, en tanto en cuanto dichas medidas afectan al
                comercio entre las Partes contratantes y falsean o amenazan con falsear la competencia al
                favorecer a determinadas empresas o la fabricación de determinados bienes (15).
          4.    Las ventajas financieras enumeradas en el punto 17A.3.1, por lo que se refiere a los
                riesgos negociables según se definen en los puntos 17A.2.7 a 17A.2.9, afectan al
                comercio de servicios dentro del EEE. Además, dan lugar a variaciones en la cobertura
                del seguro de riesgos negociables en distintos Estados del EEE, falseando así la compe-
                tencia entre empresas de los Estados del EEE y produciendo efectos secundarios sobre el
                comercio dentro del EEE independientemente de si corresponde a exportaciones dentro
                o fuera del territorio de las Partes contratantes (16). Las excepciones establecidas en el
                artículo 61 del Acuerdo EEE no se aplican a la ayuda para el seguro de riesgos negocia-
                bles. Los efectos de distorsión de esa ayuda dentro del EEE sobrepasan cualquier posible
                interés nacional o común del EEE en prestar apoyo a la exportación. La opinión anterior
                ha sido confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-63/89, que
                se refería directamente al aspecto contemplado en las presentes normas. El Tribunal
                mantuvo que, aunque la Directiva sobre armonización parcial de las reservas de estabili-
                zación de empresas aseguradoras, por la que se eximía las operaciones de seguro de
                crédito a la exportación por cuenta o con la garantía del Estado, no era contraria de la
                ley, los factores que falseaban la competencia entre los aseguradores de crédito a la
                exportación privados y los aseguradores públicos o con apoyo público “podrían justificar
 ---pagebreak--- L 120/32     ¬ ES ¬                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 23. 4. 98
                el inicio de las acciones legales que permiten sancionar el incumplimiento de dichas
                normas” (17) (el artículo 92 del Tratado CE). En su sentencia en el asunto C-44/93, el
                Tribunal entendió que dichas ventajas constituyen una ayuda de Estado y confirmó que
                la Comisión podía tomar medidas para garantizar su supresión.
         17A.4. Medidas necesarias para eliminar el falseamiento de la competencia en el
                seguro de crédito a la exportación a corto plazo por lo que se refiere a los
                riesgos negociables
         1.     La ayuda de Estado correspondiente a los distintos tipos de trato enumerados en el punto
                17A.3.1, concedida a aseguradores de crédito a la exportación públicos o con apoyo
                público para los riesgos negociables definidos en los puntos 17A.2.7 a 17A.2.9, puede
                falsear la competencia y, por lo tanto, no podría ser objeto de una exención con arreglo a
                las normas sobre ayudas de Estado del Acuerdo EEE.
         2.     Por consiguiente, se solicita a los Estados del a AELC que, de conformidad con el apar-
                tado 1 del artículo 1 del Protocolo no 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción, modifi-
                quen cuando sea necesario sus sistemas de seguro de crédito a la exportación para riesgos
                negociables, de tal forma que, antes del 1 de enero de 1999, se ponga fin a la concesión
                de los siguientes tipos de ayudas de Estado a aseguradores de crédito a la exportación
                públicos o con apoyo público correspondientes a dichos riesgos:
                a) garantías estatales sobre empréstitos o pérdidas;
                b) exención de la obligación de constituir reservas adecuadas y de las demás obligaciones
                    enumeradas en el segundo guión del punto 17A.3.1;
                c) reducción o exención de impuestos u otros gravámenes pagaderos normalmente;
                d) concesión de ayuda a aportaciones de capital u otras formas de financiación en
                    circunstancias en las que un inversor privado que actuase en unas condiciones
                    normales de mercado no hubiera invertido en la empresa o en condiciones que no
                    aceptaría un inversor privado;
                e) prestación, por parte del Estado, de servicios en especie, tales como acceso y utiliza-
                    ción de infraestructuras e instalaciones estatales, o información privilegiada (por ejem-
                    plo, información sobre deudores obtenida por embajadas), en condiciones que no
                    reflejan su coste, y
                f) reaseguro por parte del Estado, ya sea directa o indirectamente a través de otro asegu-
                    rador de crédito a la exportación público o con apoyo público, en condiciones más
                    favorables que las ofrecidas en el mercado privado de reaseguros, que conduce a un
                    nivel de precios del reaseguro más bajos o a la creación artificial de capacidad que no
                    se obtendría en el mercado privado.
         3.     No obstante, hasta que se efectúe la revisión mencionada en el punto 17A.4.6, seguirán
                permitiéndose los contratos complementarios estatales de reaseguro vigentes durante el
                período intermedio, siempre que:
                — el reaseguro estatal constituya un elemento minoritario en el paquete global de rease-
                     guro del asegurador,
                — cuando los contratos de reaseguro del asegurador combinen riesgos negociables y no
                     negociables y, por lo tanto, cualquier reaseguro estatal lleve consigo inevitablemente
                     riesgos negociables, el nivel de reaseguro estatal de riesgos negociables no exceda del
                     que hubiera estado disponible en el mercado privado de reaseguro si se hubiese
                     tratado de reasegurar únicamente dichos riesgos,
                — el reaseguro estatal no permita al asegurador operaciones de compradores indivi-
                     duales que superen los límites establecidos por los reaseguradores privados partici-
                     pantes,
                — se pueda demostrar que la prima del reaseguro estatal refleja el riesgo, que se ha
                     calculado utilizando técnicas comerciales de mercado, y que, cuando exista una tarifa
                     de prima de mercado equivalente, es, por lo menos, igual a dicha tarifa,
                — el reaseguro estatal de riesgos negociables esté abierto a todos los aseguradores de
                     crédito que satisfagan los criterios habituales pertinentes.
 ---pagebreak--- 23. 4. 98      ¬ ES ¬                Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 L 120/33
          4.      Para poder cumplir los puntos 17A.4.2 a 17A.4.3, los aseguradores de crédito a la expor-
                  tación públicos o con apoyo público deberán, como mínimo, tener una administración y
                  llevar una contabilidad separadas de sus seguros de riesgo negociables y no negociables
                  por cuenta o con la garantía del Estado, en la que se demuestre que no disfrutan de
                  ayuda de Estado en sus seguros de riesgo negociables. La contabilidad de las operaciones
                  aseguradas por cuenta propia del asegurador deberá ajustarse a lo dispuesto en el acto
                  mencionado en el punto 12b del anexo IX del Acuerdo EEE (18).
          5.      Además, cualquier Estado de la AELC que cubra mediante un reasugro a un asegurador
                  de crédito a la exportación mediante la participación o implicación en contratos de
                  reaseguro del sector privado que abarquen riesgos negociables y no negociables habrá de
                  demostrar que dichos contratos no contienen elementos de ayuda de Estado en los
                  términos de la letra f) del punto 17A.4.2.
          6.      A este fin, el Órgano de Vigilancia de la AELC, en estrecha relación con los Estados de
                  la AELC, supervisará permanentemente, a partir de la publicación de las presentes
                  normas, dichos contratos basándose en informes semestrales presentados por los Estados
                  de la AELC interesados y, a finales de febrero de 1999, realizará una revisión exhaustiva
                  de los mismos. Esta revisión tendrá en cuenta los conocimientos y experiencias adqui-
                  ridos entre tanto en relación con el funcionamiento del mercado de seguros de crédito a
                  la exportación a corto plazo y la intervención de los Estados de la AELC en el mismo a
                  partir de los informes de ejecución presentados con arreglo al punto 17A.4.14, de la
                  primera revisión anual que se efectuará con arreglo al punto 17A.4.15 y de cualquier
                  notificación sobre la utilización de la cláusula de salvaguardia contemplada en los puntos
                  17A.4.8 a 17A.4.13. Si de la revisión se desprendiese que los contratos existentes en un
                  Estado de la AELC constituyen una ayuda de Estado, se exigirá a dicho Estado que
                  ponga fin a los mismos a más tardar a finales de 1999.
          7.      En las circunstancias que se enumeran a continuación en los puntos 8 a 13 (cláusula de
                  salvaguardia), se podrá establecer una excepción al principio de que el seguro de crédito
                  a la exportación para riesgos negociables únicamente deberá ser contratado con asegura-
                  dores de crédito a la exportación públicos o con apoyo público si se les priva de las
                  ventajas financieras contempladas en el punto 17A.4.2, en relación con el punto 17A.4.3.
          8.      El algunos países es posible que, debido a una falta de capacidad de asegurar o reasegurar
                  de los aseguradores privados de crédito a la exportación o de aseguradores públicos o con
                  apoyo público que operen por su propia cuenta, no exista temporalmente cobertura de
                  los riesgos negociables de crédito a la exportación. Por consiguiente, estos riesgos se
                  considerarán temporalmente no negociables.
          9.      En estas circunstancias, estos riesgos no negociables temporalmente pueden ser inscritos
                  en la cuenta de un asegurador de crédito a la exportación público o con apoyo público
                  de riesgos no negociables asegurados por cuenta o con la garantía del Estado. En la
                  medida de lo posible, el asegurador ajustará sus tarifas de primas correspondientes a
                  dichos riesgos a las tarifas aplicadas por los aseguradores privados de crédito a la exporta-
                  ción para el tipo de riesgo de que se trate.
          10.     Cualquier Estado de la AELC que tenga la intención de utilizar esta cláusula de salva-
                  guardia notificará al Órgano de Vigilancia de la AELC su proyecto de decisión. Esta noti-
                  ficación incluirá un informe de mercado que demuestre la inexistencia de cobertura para
                  los riesgos en el mercado privado de seguros aportando pruebas de ello procedentes de
                  dos importantes y renombrados aseguradores internacionales privados de crédito a la
                  exportación y de un asegurador nacional de crédito, justificando así el uso de dicha cláu-
                  sula. También se podrá demostrar la inexistencia de cobertura en el mercado privado de
                  seguros mediante el informe de un consultor independiente que el Órgano de Vigilancia
                  considere fiable e imparcial. Además, en la notificación se incluirá una descripción de las
                  condiciones que el asegurador de crédito a la exportación, público o con apoyo público,
                  se proponga aplicar a dichos riesgos.
           11.    En un plazo de dos meses a partir de la recepción de la notificación, el Órgano de Vigi-
                  lancia examinará si el uso de la cláusula de salvaguardia se ajusta a las condiciones antes
                  descritas y si es compatible con el Acuerdo EEE.
 ---pagebreak--- L 120/34      ¬ ES ¬                   Diario Oficial de las Comunidades Europeas                               23. 4. 98
          12.      Si el Órgano de Vigilancia considera que se cumplen las condiciones para el uso de la
                   cláusula de salvaguardia, su decisión sobre la compatibilidad se limitará a un período de
                   dos años a partir de la fecha de la decisión, siempre que las condiciones del mercado que
                   hayan justificado el uso de la cláusula de salvaguardia no hayan cambiado durante ese
                   período.
          13.      Asimismo, el Órgano de Vigilancia podrá, en consulta con los Estados de la AELC,
                   revisar las condiciones de uso de la cláusula; también podrá decidir su supresión o susti-
                   tución por otro sistema adecuado.
          14.      Las presentes normas se aplicarán a partir del 1 de enero de 1998 y hasta el final del año
                   2002. Los Estados de la AELC deberán informar al Órgano de Vigilancia de la AELC, en
                   el plazo de dos meses a partir de la notificación de las presentes normas, si aceptan sus
                   recomendaciones. A más tardar el 1 de enero de 1999, los Estados de la AELC habrán de
                   comunicar al Órgano de Vigilancia las medidas que hubieren adoptado para ajustarse a
                   las mismas. Si de dichos informes o de cualquier otro medio se desprendiese que los
                   sistemas vigentes en los Estados de la AELC continúan conteniendo elementos de ayuda
                   de Estado, el Órgano de Vigilancia examinará dicha ayuda con arreglo al artículo 61 del
                   Acuerdo EEE y al artículo 1 del Protocolo no 3 del Acuerdo de vigilancia y jurisdicción y
                   de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente.
          15.      El Órgano de Vigilancia, en cooperación con los Estados miembros y las partes interesa-
                   das, revisará la definición de riesgos negociables y la aplicación de las presentes normas,
                   teniendo en cuenta la evolución del mercado y, en su caso, la normativa EEE. Toda
                   información recibida por el Órgano de Vigilancia de los Estados de la AELC y de las
                   partes interesadas relacionada con dicha revisión se pondrá a disposición de todos los
                   demás participantes en la misma, siempre que el suministrador de la información lo
                   permita.
         (1) El presente capítulo se corresponde con la Comunicación de la Comisión a los Estados
             miembros con arreglo al apartado 1 del artículo 93 del Tratado CE, por la que se aplican los
             artículos 92 y 93 del Tratado al seguro de crédito a la exportación a corto plazo (DO C 281
             de 17. 9. 1997, p. 4).
         (2) En su séptimo informe sobre la política de competencia (1977), punto 242, la Comisión
             manifestó que las ayudas a la exportación en el comercio intracomunitario “no pueden ser
             objeto de una excepción independientemente de su intensidad, motivo o fines”.
         (3) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-142/87: Bélgica contra Comisión
             (Rec. 1990, p. I-959). Véase también el asunto C-44/93: Assurances du Crédit contra OND y
             Bélgica (Rec. 1994, p. I-3829, punto 30).
         (4) “L’assurance crédit et le marché unique 1992 (court-terme)”, informe presentado al grupo de
             coordinación, ponente: P. Callut.
         (5) Véanse los asuntos C-63/89: Assurances du Crédit y Cobac contra Consejo y Comisión (Rec.
             1991, p. I-1799) y C-44/93: Assurances du Crédit contra OND y Bélgica (Rec. 1994, p.
             I-3829).
         (6) En algunos casos, la actividad comercial a medio y largo plazo no está garantizada sino que
             está protegida por un amplio contrato de reaseguro con el Gobierno.
         (7) O con contratos de reaseguro equivalentes.
         (8) O de garantes no públicos. Un deudor o garante público es aquel que, de una forma u otra,
             representa a la propia autoridad pública y no puede ser declarado insolvente ni judicial ni
             administrativamente. A los efectos de las presentes normas, las empresas públicas o bajo
             control público establecidas en los países enumerados en el anexo IX cuyos riesgos son nego-
             ciables y sujetas a lo dispuesto en el Derecho de sociedades se considerarán deudores/ga-
             rantes no públicos.
         (9) Es decidir, guerra, revolución, desastres naturales, accidentes nucleares, etc., no los denomi-
             nados “riesgos de catástrofe comercial” (acumulaciones catastróficas de pérdidas por parte de
             países o compradores individuales) que puedan quedar cubiertos por un reaseguro de exceso
             de pérdida y que constituyen riesgos comerciales.
 ---pagebreak--- 23. 4. 98        ¬ ES ¬               Diario Oficial de las Comunidades Europeas                                 L 120/35
          (10) La vinculación, por parte de un asegurador de crédito a la exportación público o con apoyo
               público, de seguros de riesgos no negociables a la aceptación de la cobertura de riesgos nego-
               ciables puede infringir el artículo 54 del Acuerdo EEE. Dicho comportamiento podría ser
               perseguido por el Órgano de Vigilancia de la AELC o la Comisión y denunciado ante los
               tribunales y las autoridades nacionales competentes.
          (11) Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las
               disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de
               seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio (DO L 228 de 16. 8. 1973, p. 3);
               véase el punto 2 del anexo IX del Acuerdo EEE.
          (12) Directiva 87/343/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, por la que se modifica, en lo que
               se refiere al seguro de crédito y al seguro de caución, la primera Directiva 73/239/CEE sobre
               coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a
               la actividad de seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio (DO L 185 de 4. 7.
               1987, p. 72); véase el tercer guión del punto 2 del anexo IX del Acuerdo EEE.
          (13) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-63/89: Assurances du Credit y
               Cobac contra Consejo y Comisión, p. 1848, punto 22 (véase la nota pie de página 5).
          (14) Véanse los capítulos 19 y 20 de las presentes Directrices sobre ayudas de Estado.
          (15) Véase la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto 30/59: Steenkolenmijnen contra Alta
               Autoridad, (Rec. 1961 p. 1, punto 19); asunto 173/73: Italia conta Comisión (Rec. 1974, p.
               709); asunto 730/79: Philip Morris contra Comisión (Rec. 1980, p. 2671).
          (16) En su sentencia en el asunto C-142/87: Bélgica contra Comisión (véase la nota a pie de
               página correspondiente al punto 17A.1.1 más arriba), el Tribunal de Justicia mantuvo que no
               sólo la ayuda para exportaciones intracomunitarias sino también para las extracomunitarias
               puede repercutir sobre la competencia y el comercio intracomunitario. Ambos tipos de
               operación están asegurados por aseguradores de crédito a la exportación por lo que la ayuda
               concedida a ambos tipos de exportación puede producir efectos sobre el comercio y la
               competencia intracomunitarios.
          (17) Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-63/89 [véase la nota a pie de página corres-
               pondiente al punto 17A.1.3 más arriba (punto 24)]. El Abogado General Sr. Tesauro en su
               dictamen en el presente asunto manifestó que cuando existe competencia entre aseguradores
               de crédito a la exportación públicos o con apoyo público y privados “es muy dudoso que los
               Estados miembros puedan legalmente ofrecer una cobertura financiera a los operadores
               públicos. De hecho, semejante intervención podría resultar incompatible con las normas
               sobre las ayudas públicas [. . .]” (Rec. 1991, p. I-1835, punto 15).
          (18) Directiva 91/674/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1991, sobre las cuentas anuales y
               las cuentas consolidadas de las empresas de seguros (DO L 374 de 31. 12. 1991, p. 7), adap-
               tada a los efectos del Acuerdo EEE por la Decisión del Comité Mixto del EEE no 7/94 (DO L
               160 de 28. 6. 1994; suplemento EEE del DO 17 de 28. 6. 1994).».
                                                        «ANEXO IX
          LISTA DE PAISES CUYOS RIESGOS SON NEGOCIABLES A LOS EFECTOS DE LA
          APLICACIÓN DE LAS NORMAS EN EL CAPITULO 17A SOBRE SEGURO DE
                              CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN A CORTO PLAZO
          Países que son Partes contratantes del Acuerdo EEE
          Bélgica
          Dinamarca
          Alemania
 ---pagebreak--- L 120/36       ¬ ES ¬           Diario Oficial de las Comunidades Europeas                    23. 4. 98
         Grecia
         España
         Francia
         Irlanda
         Italia
         Luxemburgo
         Países Bajos
         Austria
         Portugal
         Finlandia
         Suecia
         Reino Unido
         Islandia
         Liechtenstein
         Noruega
         Países miembros de la OCDE que se consideran países cuyos riesgos son negociables
         Australia
         Canadá
         Japón
         Nueva Zelanda
         Suiza
         Estados Unidos de América».
         Hecho en Bruselas, el 4 de marzo de 1998.
                                                       Por el Órgano de Vigilancia de la AELC
                                                                    El Presidente
                                                                   Knut ALMESTAD


Avis juridique important

|

31977D0455

77/455/CEE: Decisión del Consejo, de 27 de junio de 1977, por la que se modifica la Decisión 75/365/CEE que crea un Comité de altos funcionarios de la salud pública

Diario Oficial n° L 176 de 15/07/1977 p. 0013 - 0013 Edición especial en finés : Capítulo 6 Tomo 1 p. 0209  Edición especial griega: Capítulo 05 Tomo 2 p. 0182  Edición especial sueca: Capítulo 6 Tomo 1 p. 0209  Edición especial en español: Capítulo 06 Tomo 2 p. 0014  Edición especial en portugués: Capítulo 06 Tomo 2 p. 0014

 DECISIÓN DEL CONSEJO    de 27 de junio de 1977    por la que se modifica la Decisión 75/365/CEE que   crea un Comité de altos funcionarios de la salud pública     ( 77/455/CEE )    EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica   Europea ,    Vista la propuesta de la Comisión ,    Considerando que , por su Decisión 75/365/CEE (1) , el   Consejo creó un Comité de altos funcionarios de la salud   pública , que tiene por misión determinar y analizar las   dificultades que pudiera plantear la aplicación de las   directivas adoptadas en materia de derecho de establecimiento   y de libre prestación de servicios de los médicos , así   como reunir toda información oportuna sobre las condiciones   en que se preste la asistencia médica en los Estados   miembros y emitir dictámenes que permitan orientar los   trabajos de la Comisión para introducir eventuales   modificaciones en dichas directivas ;    Considerando que la aplicación de las medidas adoptadas   por el Consejo en el ámbito del ejercicio efectivo del   derecho de establecimiento y de libre prestación de   servicios , así como en el de la coordinación   de las disposiciones legales , reglamentarias y   administrativas relativas a las actividades de los   enfermeros responsables de cuidados generales puede   plantear problemas que , asimismo , parezca indicado examinar   en común ;    Considerando que es asimismo conveniente tomar en   consideración , en este contexto , los problemas que   pudieran plantearse para otras categorías del personal   que presta cuidados de enfermería ;    Considerando que resulta oportuno encargar esta misión   al Comité de altos funcionarios de la salud pública ,   creado por la Decisión 75/365/CEE ;    Considerando que , por tanto , es conveniente ampliar el   mandato de dicho Comité ,    DECIDE :    Artículo único    Se sustituye el texto del artículo 2 de la Decisión   75/365/CEE por el siguiente :     « Artículo 2    El Comité tendrá por misión :     - determinar y analizar las dificultades que pudiera   plantear la aplicación de las Directivas 75/362/CEE (2) ,   75/363/CEE (3) , 77/452/CEE (4) y 77/453/CEE (5) ,     - reunir toda la información oportuna sobre las   condiciones en que los médicos presten asistencia médica   general y especial en los Estados miembros ,     - reunir toda la información oportuna sobre las   condiciones en que los enfermeros responsables de cuidados   generales presten asistencia en los Estados miembros ,     - emitir dictámenes que permitan orientar los trabajos   de la Comisión para introducir eventuales   modificaciones en las Directivas antes citadas . »    Hecho en Luxemburgo , el 27 de junio de 1977 .    Por el Consejo    El Presidente    J. SILKIN    (1) DO n º L 167 de 30 . 6 . 1975 , p. 19 .    (2) DO n º L 167 de 3 . 6 . 1975 , p. 1 .    (3) DO n º L 167 de 30 . 6 . 1975 , p. 14 .    (4) DO n º L 176 de 15 . 7 . 1977 , p. 1 .    (5) DO n º L 176 de 15 . 7 . 1977 , p. 8 .


Avis juridique important

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31990D0253

90/253/Euratom, CECA, CEE: Decisión de la Comisión, de 29 de mayo de 1990, por la que se adaptan los coeficientes correctores aplicables a partir del 1 de marzo de 1990 a las retribuciones de los funcionarios de las Comunidades Europeas destinados en un país tercero

Diario Oficial n° L 143 de 06/06/1990 p. 0014 - 0015

*****DECISIÓN  DE LA COMISIÓN  de 29 de mayo de 1990  por la que se adaptan los coeficientes correctores aplicables a partir del 1 de marzo de 1990 a las retribuciones de los funcionarios de las Comunidades Europeas destinados en un país tercero  (90/253/Euratom, CECA, CEE)  LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado por el que se constituye un Consejo único y una Comisión única de las Comunidades Europeas,  Visto el Estatuto de los funcionarios de las Comunidades Europeas establecido por el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE, Euratom, CECA) no 3728/89 (2), y, en particular, el segundo párrafo del artículo 13 de su Anexo X,  Considerando que por el Reglamento (Euratom, CECA, CEE) no 1051/90 del Consejo (3), se fijaron en aplicación de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 13 del Anexo X del Estatuto, los coeficientes correctores que se aplicarán a partir del 1 de enero de 1990, a las retribuciones pagadas, en la moneda del país de destino, a los funcionarios destinados en terceros países;  Considerando que en el transcurso de los últimos meses la Comisión ha realizado diversas adaptaciones de estos coeficientes correctores (4), de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 13 del Anexo X del Estatuto;  Considerando que es conveniente adaptar a partir del 1 de marzo de 1990 algunos de estos coeficientes correctores, desde el momento en que, habida cuenta de los datos estadísticos de que dispone la Comisión, la variación del coste de la vida, medida con arreglo al coeficiente corrector y al tipo de cambio correspondiente, ha demostrado ser, por lo que respecta a determinados países terceros, superior a un 5 % desde que se fijaron o adaptaron por última vez,  DECIDE:  Artículo único  Con efectos a partir del 1 de marzo de 1990, se adaptan, como se indica en el Anexo, los coeficientes correctores aplicables a las retribuciones de los funcionarios destinados en terceros países, pagadas en la moneda del país de destino.  Los tipos de cambio empleados para el pago de estas retribuciones serán los utilizados para la ejecución del presupuesto de las Comunidades Europeas del mes anterior a la fecha a partir de la cual surta efecto la presente Decisión.  Hecho en Bruselas, el 29 de mayo de 1990.  Por la Comisión  António CARDOSO E CUNHA  Miembro de la Comisión  (1) DO no L 56 de 4. 3. 1968, p. 1.  (2) DO no L 364 de 14. 12. 1989, p. 1.  (3) DO no L 108 de 28. 4. 1990, p. 1.  (4) Véase la página 12 del presente Diario Oficial.  ANEXO  1.2 //  //  // País de destino  // Coeficiente corrector  //    //   // Brasil   // 44,12   // Corea del Sur   // 94,17  // Egipto   // 57,26   // Jordania   // 65,62   // Líbano  // 31,52   // Perú   // 203,37   // Polonia   // 4,85  // Siria   // 142,70   // Somalia   // 24,18   // Tanzania  // 28,40   // Uganda   // 77,31   // Uruguay   // 52,50  // Venezuela   // 56,67   // Yugoslavia   // 43,44   // Zambia   // 75,60   //    //