title: Decisión (UE) 2017/984 del Consejo, de 8 de agosto de 2016, por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo

text:
               10.6.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 148/38

         DECISIÓN (UE) 2017/984 DEL CONSEJO
   de 8 de agosto de 2016
   por la que se formula una advertencia a España para que adopte medidas dirigidas a una reducción del déficit que se considera necesaria para poner remedio a la situación de déficit excesivo
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 126, apartado 9,
   Vista la recomendación de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Con arreglo al artículo 126 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros deben evitar déficits públicos excesivos.

               (2)

               El Pacto de Estabilidad y Crecimiento tiene por objetivo lograr unas finanzas públicas saneadas como medio de reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, sostenible y generador de empleo. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento incluye el Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo (1), que se adoptó con objeto de fomentar la rápida corrección de los déficits públicos excesivos.

               (3)

               El 27 de abril de 2009, el Consejo declaró, de conformidad con el artículo 104, apartado 6, del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), que en España existía un déficit excesivo y emitió una recomendación para que este país lo corrigiese en 2012 a más tardar, de conformidad con el artículo 104, apartado 7, del TCE. Desde entonces, el Consejo ha dirigido tres nuevas recomendaciones a España (el 2 de diciembre de 2009, el 10 de julio de 2012 y el 21 de junio de 2013) sobre la base del artículo 126, apartado 7, del TFUE, que ampliaban el plazo para la corrección del déficit excesivo hasta 2013, 2014 y 2016, respectivamente. En las tres recomendaciones, el Consejo consideraba que España había tomado medidas efectivas, pero que habían surgido factores económicos adversos e inesperados con importantes efectos desfavorables en la hacienda pública (2).

               (4)

               Con arreglo al artículo 126, apartado 8, del TFUE, el 12 de julio de 2016 el Consejo decidió que España no había tomado medidas efectivas para seguir la Recomendación de 21 de junio de 2013 del Consejo.

               (5)

               De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, en el supuesto de que un Estado miembro participante no aplique las medidas o de que, a juicio del Consejo, se compruebe que son inadecuadas, este ha de adoptar de inmediato una decisión conforme a lo establecido en el artículo 126, apartado 9, del TFUE.

               (6)

               La Comisión ha actualizado sus previsiones de la primavera de 2016 con la información disponible hasta el 19 de julio de 2016. Sobre esa base, las previsiones de crecimiento real del PIB para 2016 se han revisado al alza 0,3 puntos porcentuales en comparación con las previsiones de primavera, hasta el 2,9 %, y a la baja para 2017 (2,3 % frente al 2,5 % de la primavera). Para 2018, se prevé que el PIB real crezca un 2,1 %. Frente a ello, en 2015 el crecimiento fue del 3,2 %. Así pues, el crecimiento económico disminuirá pero permanecerá sólido, beneficiándose todavía de las reformas emprendidas en respuesta a la crisis y de la satisfactoria finalización del programa de ayuda financiera. La recuperación sigue yendo acompañada de una fuerte creación de empleo, en un contexto de moderación salarial continuada, y continúa beneficiándose de las reformas del mercado de trabajo. Los bajos precios del petróleo también favorecen el crecimiento. Al mismo tiempo, se espera que la inflación sea del — 0,3 % en 2016. Sin embargo, existen riesgos de revisión a la baja de las previsiones de crecimiento, especialmente a partir de 2017, relacionados, entre otros elementos, con el resultado del referéndum en el Reino Unido sobre la pertenencia a la Unión, que ha aumentado la incertidumbre, con posibles implicaciones negativas para el comercio y la demanda interna.

               (7)

               Según las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión, se espera que el déficit público disminuya al 4,6 % del PIB en 2016, al 3,3 % del PIB en 2017 y al 2,7 % del PIB en 2018 (frente a los objetivos del programa de estabilidad del 3,6 %, el 2,9 % y el 2,2 % del PIB en 2016, 2017 y 2018, respectivamente, y una previsión de déficit del 3,9 % del PIB en 2016 y del 3,1 % del PIB en 2017 en las previsiones de primavera). La previsión de déficit más elevada se explica, en parte, por el hecho de que las previsiones actualizadas de la Comisión tienen en cuenta una cantidad menor de medidas de contención del gasto, tanto en la administración central como en la de las Comunidades Autónomas en respuesta a la recomendación de la Comisión de marzo de 2016 (0,2 % del PIB), frente a las previsiones del programa de estabilidad (0,4 % del PIB), debido a que algunas de esas medidas aún no se han especificado suficientemente para ser incluidas en las previsiones de la Comisión, sobre la base de la hipótesis habitual de mantenimiento de la política. Sin embargo, la mayor parte de las diferencias se deriva de los cambios introducidos en el marco jurídico del impuesto sobre sociedades, que conducirían a unos menores pagos anticipados por las empresas («pagos fraccionados») en 2016. Los menores pagos fraccionados no se cuantificaron en el programa de estabilidad y solo se observaron en abril, en el momento de abonarse el primer tramo, tras la fecha límite de las previsiones de primavera. Las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión estiman ese déficit en un 0,5 % del PIB en 2016. Dado que los cambios mencionados provocan una demora permanente en el pago de los impuestos, pero no un cambio del tipo impositivo o de la base imponible, no afectarán a los ingresos procedentes de los impuestos sobre la renta de las sociedades en un nuevo estado estable (a partir de 2017). Se traducen en una pérdida temporal de ingresos fiscales en 2016, que ha sido tratada como un acontecimiento excepcional en las previsiones de primavera actualizadas. Para 2017, las diferencias entre las previsiones de primavera actualizadas y el programa de
               estabilidad se derivan de la peor situación de partida y del hecho de que las medidas de ahorro adoptadas en respuesta a la Recomendación de la Comisión de marzo de 2016 todavía no se han especificado suficientemente para ser tenidas en cuenta sobre la base de la hipótesis habitual de mantenimiento de la política. Se espera que el déficit estructural aumente un 0,4 % y un 0,1 % del PIB en 2016 y 2017, respectivamente, y que no varíe en 2018. Sin embargo, en 2016, el incremento previsto del déficit estructural está impulsado en parte por el hecho de que las actuales perspectivas para la inflación y el crecimiento del PIB nominal son más bajas que el escenario en que se basaba el presupuesto de 2016, lo que ha afectado negativamente a los ingresos públicos estructurales sin posibilidad de ajustar el gasto.

               (8)

               La ratio deuda pública bruta y PIB pasó del 36 % en 2007 a alrededor del 99 % en 2014. En 2015 la ratio de deuda se mantuvo más o menos estable, dado que las ventas netas de activos financieros contrarrestaron el impacto negativo provocado por el aumento del déficit a un ritmo más rápido que el crecimiento del PIB nominal. Según las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión, se espera que el ratio de deuda alcance un máximo del 100,6 % del PIB en 2017, mientras que, según las previsiones de primavera, se esperaba que la deuda alcanzase un máximo del 100,3 % del PIB en 2016. Aunque España no parece enfrentarse a riesgos inmediatos de tensiones presupuestarias derivadas de esta elevada ratio de deuda, los riesgos de sostenibilidad de la deuda aumentarán significativamente a medio plazo si no mejora la situación presupuestaria. A más largo plazo, los riesgos para la sostenibilidad de las finanzas públicas se reducirán gracias al impacto positivo de la disminución de los gastos relacionados con el envejecimiento.

               (9)

               De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1467/97, en la decisión por la que se recomiende la adopción de medidas encaminadas a la reducción del déficit excesivo de conformidad con el artículo 126, apartado 9, del TFUE, el Consejo ha de instar al Estado miembro a alcanzar objetivos presupuestarios anuales que, sobre la base de las previsiones subyacentes a la recomendación, permitan una mejora anual mínima equivalente al 0,5 % del PIB, como valor de referencia, del saldo presupuestario ajustado en función del ciclo, tras deducir las medidas puntuales y otras medidas de carácter temporal. Sin embargo, el hecho de que dicha decisión se adopte en el segundo semestre del año amplifica el esfuerzo presupuestario necesario para alcanzar una mejora anual determinada del saldo estructural. Por otra parte, es importante tener en cuenta que la hipótesis de partida para la nueva senda de ajuste se inicia con un deterioro del 0,4 % del PIB del déficit estructural, que, al menos en parte, es el resultado de una inflación que ha resultado inferior a lo previsto en el escenario en que se basa el presupuesto de 2016 — una situación que se encuentra en gran medida fuera del control del Gobierno. Por todo ello, parece conveniente no solicitar medidas estructurales adicionales en 2016.

               (10)

               Considerando que no procede solicitar nuevas medidas estructurales en 2016, conceder a España un año adicional para la corrección de su déficit excesivo, lo que se ajusta a la norma en virtud del Reglamento (CE) n.o 1467/97, requeriría una mejora anual del saldo estructural en 2017, lo cual tendría un impacto demasiado negativo en el crecimiento. Por lo tanto, parece adecuado ampliar a dos años el plazo para que España ponga fin a la situación de déficit excesivo.

               (11)

               Por lo tanto, una senda de ajuste creíble y sostenible exigiría a España alcanzar un déficit público del 4,6 %, del 3,1 % y del 2,2 % del PIB en 2016, 2017 y 2018, respectivamente, lo cual es coherente con un deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018. Estos objetivos presupuestarios también tienen en cuenta la necesidad de compensar los efectos secundarios del saneamiento presupuestario sobre las finanzas públicas, a través de su impacto en la economía en general.

               (12)

               Con objeto de alcanzar dichos objetivos, se consideran necesarias medidas estructurales adicionales con un impacto estimado del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018. Los ahorros para 2017 y 2018 podrían incluir, entre otros puntos, la reducción del número y el alcance de los gastos fiscales, en particular los tipos reducidos del IVA, a fin de lograr el ajuste estructural requerido.

               (13)

               Además, el estricto cumplimiento a todos los niveles de la Administración de los mecanismos preventivos y correctores previstos en la Ley de Estabilidad española podría contribuir a una corrección oportuna y duradera del déficit excesivo. Esto podría conseguirse mediante una mayor automaticidad en su aplicación. Por otra parte, la contribución de la norma de gasto de la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas podría reforzarse aclarando mejor la cobertura y la definición de las categorías de gasto necesarias para su cálculo y pidiendo explícitamente a las administraciones públicas incumplidoras que compensen los desvíos de gastos en el año siguiente a aquel en el que se produzcan.

               (14)

               España también debe prestar la debida atención a los aspectos cualitativos de las finanzas públicas, incluida su política de contratación pública. Ha sido significativo el número de irregularidades con un impacto en la aplicación de la legislación sobre contratación pública de la UE puestas en conocimiento de la Comisión durante los últimos años. Los datos ponen de manifiesto que existen divergencias en la ejecución de los contratos públicos en las entidades y autoridades de contratación y que la falta de suficientes mecanismos de control a priori y a posteriori obstaculiza la aplicación correcta y uniforme de la legislación en materia de contratación pública. España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un uso relativamente elevado del procedimiento negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros. Esto se traduce en una competencia limitada de las empresas de otros Estados miembros y, con frecuencia, en adjudicaciones directas, con consecuencias en términos de aumento del gasto de las administraciones públicas. El uso limitado de instrumentos de contratación centralizada o conjunta impide que las mejoras de eficiencia contribuyan a los ahorros presupuestarios. La falta de un organismo independiente encargado de garantizar la eficacia y el cumplimiento de la legislación en materia de contratación pública en todo el país obstaculiza la aplicación correcta de las normas de contratación pública y puede generar oportunidades para cometer irregularidades, lo cual tiene efectos negativos sobre la situación de la hacienda pública española.

               (15)

               Para facilitar el éxito de la estrategia de saneamiento presupuestario, también será importante respaldar dicho saneamiento con extensas reformas estructurales, en la línea de las recomendaciones formuladas por el Consejo a España en el contexto del Semestre Europeo de 2016 y, en particular, las relativas a la corrección de sus desequilibrios macroeconómicos.

               (16)

               De conformidad con el artículo 126, apartado 9, del TFUE, el Consejo puede, como parte de su decisión de formular una advertencia en virtud de dicha disposición, solicitar al Estado miembro en cuestión que presente informes sobre el esfuerzo de ajuste conforme a un calendario específico. Con arreglo al artículo 5, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, el informe del Estado miembro debe incluir los objetivos relativos al gasto y a los ingresos públicos y especificar las medidas de política fiscal por el lado tanto del gasto como de los ingresos, así como información sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones específicas del Consejo. A fin de facilitar el seguimiento de la fecha límite para el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en la presente Decisión, así como el plazo para la corrección del déficit excesivo, España debe presentar un informe de ese tipo a más tardar el 15 de octubre de 2016, al mismo tiempo que su proyecto de plan presupuestario para 2017.

               (17)

               España también debe presentar informes a la Comisión y al Comité Económico y Financiero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 473/2013 del Consejo (3), de acuerdo con las normas establecidas en el Reglamento Delegado (UE) n.o 877/2013 de la Comisión (4). El informe debe presentarse por primera vez el 15 de enero de 2017 a más tardar y a partir de entonces con una periodicidad trimestral.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   1.   España debe poner fin a la situación actual de déficit excesivo en 2018 a más tardar.
   2.   España debe reducir el déficit público al 4,6 % del PIB en 2016, al 3,1 % del PIB en 2017 y al 2,2 % del PIB en 2018. Esa mejora del déficit público es coherente con el deterioro del saldo estructural del 0,4 % del PIB en 2016 y una mejora del 0,5 % del PIB tanto en 2017 como en 2018, basadas en las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión. España también debe utilizar todos los ingresos inesperados para acelerar la reducción del déficit y de la deuda.
   3.   Además de los ahorros ya incluidos en las previsiones de la primavera de 2016 actualizadas de la Comisión, España adoptará y aplicará completamente medidas de saneamiento por un importe equivalente al 0,5 % del PIB, tanto en 2017 como en 2018.
   4.   España debe estar preparada para adoptar otras medidas si se materializan los riesgos para los planes presupuestarios. Las medidas de saneamiento presupuestario garantizarán una mejora duradera del saldo estructural general de las administraciones públicas que favorezca el crecimiento.
   5.   España adoptará medidas para reforzar su marco presupuestario, en particular con vistas a incrementar la automaticidad de los mecanismos para prevenir y corregir las desviaciones de los objetivos de déficit, deuda y gasto y reforzar la contribución de la norma de gasto de la Ley de Estabilidad a la sostenibilidad de las finanzas públicas.
   6.   España establecerá un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y una elevada competencia. Dicho marco debe incluir mecanismos adecuados de control a priori y a posteriori para la contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la normativa.
   Artículo 2
   El Consejo establece el plazo del 15 de octubre de 2016 para que España adopte medidas efectivas y, de conformidad con el artículo 5, apartado 1 bis, del Reglamento (CE) n.o 1467/97, presente al Consejo y a la Comisión un informe sobre las medidas adoptadas en respuesta a la presente Decisión. En el informe se incluirán los objetivos relativos al gasto y a los ingresos públicos, y se especificarán las medidas discrecionales por el lado tanto del gasto como de los ingresos, así como información sobre las medidas adoptadas en respuesta a las recomendaciones específicas del Consejo para reforzar su marco presupuestario y su política de contratación pública, de conformidad con el artículo 1, apartados 5 y 6.
   Artículo 3
   El destinatario de la presente Decisión es el Reino de España.

      Hecho en Bruselas, el 8 de agosto de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. LAJČÁK

      (1)  Reglamento (CE) n.o 1467/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo (DO L 209 de 2.8.1997, p. 6).

      (2)  Todos los documentos relacionados con el procedimiento de déficit excesivo de España pueden consultarse en: http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/deficit/countries/spain_en.htm

      (3)  Reglamento (UE) n.o 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 140 de 27.5.2013, p. 11).

      (4)  Reglamento Delegado (UE) n.o 877/2013 de la Comisión, de 27 de junio de 2013, por el que se completa el Reglamento (UE) n.o 473/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre disposiciones comunes para el seguimiento y la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios y para la corrección del déficit excesivo de los Estados miembros de la zona del euro (DO L 244 de 13.9.2013, p. 23).


title: 2004/714/CE: Decisión del Parlamento Europeo, de 21 de abril de 2004, sobre la aprobación de la gestión del Director de la Fundación Europea de Formación en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2002

text:
               21.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 330/46

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO,
   de 21 de abril de 2004,
   sobre la aprobación de la gestión del Director de la Fundación Europea de Formación en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2002
   (2004/714/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,
   Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los estados financieros de la Fundación Europea de Formación correspondientes al ejercicio 2002, acompañado de las respuestas de la Fundación (1) (C5-0641/2003),
   Vista la Recomendación del Consejo de 9 de marzo de 2004 (C5-0144/2004),
   Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 276,
   Vistos el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185, y el Reglamento (CE) no 1648/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1360/90 por el que se crea la Fundación Europea de Formación (3), y, en particular, su artículo 11,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y, en particular, su artículo 94,
   Vistos el artículo 93 bis y el anexo V de su reglamento interno,
   Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A5-0212/2004),

               1.

               Aprueba la gestión del Director de la Fundación Europea de Formación en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2002;

               2.

               Presenta sus observaciones en la Resolución que forma parte integrante de la presente Decisión;

               3.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que contiene sus observaciones al Director de la Fundación Europea de Formación, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Secretario General

         Julian PRIESTLEY

            El Presidente

         Pat COX

      (1)  DO C 319 de 30.12.2003, p. 47.

      (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (3)  DO L 245 de 29.9.2003, p. 22.

      (4)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
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               21.4.2004

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 330/47

         RESOLUCIÓN
   del Parlamento Europeo con las observaciones que acompañan a la Decisión sobre la aprobación de la gestión del Director de la Fundación Europea de Formación en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2002
   EL PARLAMENTO EUROPEO,
   Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre los estados financieros de la Fundación Europea de Formación correspondientes al ejercicio 2002, acompañado de las respuestas de la Fundación (1) (C5-0641/2003),
   Vista la Recomendación del Consejo de 9 de marzo de 2004 (C5-0144/2004),
   Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 276,
   Vistos el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (2), y, en particular, su artículo 185, y el Reglamento (CE) no 1648/2003 del Consejo, de 18 de junio de 2003, por el que se modifica el Reglamento (CEE) no 1360/90 por el que se crea la Fundación Europea de Formación (3), y, en particular, su artículo 11,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4), y, en particular, su artículo 94,
   Vistos el artículo 93 bis y el anexo V de su reglamento interno,
   Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A5-0212/2004),

               A.

               Considerando que el Tribunal de Cuentas declara, en su mencionado informe, que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2002 son fiables y de que las operaciones subyacentes son, en su conjunto, legales y regulares,

               B.

               Considerando que el Parlamento, de conformidad con el artículo 185 del nuevo Reglamento financiero, ejerce por primera vez sus competencias de aprobar la gestión del Director de la Fundación en lo que atañe a la ejecución de su presupuesto,

               C.

               Considerando que, al inaugurar esta nueva relación con la FEF, la comisión competente del Parlamento ha recibido información de la Fundación en respuesta a las preguntas que se le remitieron,

               1.

               Constata los siguientes importes en las cuentas de la Fundación Europea de Formación para los ejercicios financieros 2002 y 2001:
               Cuenta de gestión de los ejercicios 2002 y 2001
                      (5)

                           (1000 EUR)

                           2002

                           2001

                              Ingresos

                           Ingresos propios

                           Subvenciones de la Comisión

                           13 179

                           16 800

                           Ingresos varios

                           23

                           47

                           Ingresos financieros

                           140

                           290

                              Total ingresos (a)

                              13 342

                              17 137

                              Gastos

                              Personal — Titulo I del presupuesto

                           Pagos

                           10 153

                           9 746

                           Créditos prorrogados

                           215

                           356

                              Funcionamiento — Título II del presupuesto

                           Pagos

                           805

                           862

                           Créditos prorrogados

                           559

                           541

                              Actividades operativas — Titulo III del presupuesto

                           Pagos

                           2 307

                           2 572

                           Créditos prorrogados

                           2 591

                           2 595

                              Total de gastos (b)

                              16 631

                              16 672

                              Resultado del ejercicio (a - b)
                               (6)

                              -3 289

                              465

                           Saldo prorrogado del ejercicio anterior

                           4 055

                           3 352

                           Anulaciones de créditos prorrogados del ejercicio anterior

                           424

                           258

                           Ingresos de reutilización del ejercicio anterior no utilizados

                           0

                           0

                           Reembolsos a la Comissión

                           -3 352

                           0

                           Diferencias en el tipo de cambio

                           6

                           - 20

                              Saldo de ejercicio

                              -2 155

                              4 055

         Ejecución presupuestaria — Auditoría y control

               2.

               Toma nota de las críticas del Tribunal de Cuentas de que el volumen de prórrogas en créditos de funcionamiento sigue siendo elevado y de su observación de que la Fundación debe mejorar el control de su programa; observa también la respuesta de la Fundación a este respecto, en la que se sugiere que cabe esperar una reducción del nivel de prórrogas en el ejercicio posterior a 2002 y que la introducción de créditos de pago plurianuales ayudaría a resolver este problema;

               3.

               Invita a la Fundación a explicar su análisis de las opciones brindadas por el nuevo Reglamento financiero, con vistas a reducir las prórrogas y cumplir mejor con el principio de anualidad;

               4.

               Observa con satisfacción el plan de la Fundación de adoptar 24 normas de control interno con vistas a cumplir plenamente esas normas antes de finales de 2004; observa también las medidas tomadas para establecer un instrumento de auditoría interna; hace hincapié en la importancia de la cooperación con el Servicio de Auditoría Interna de la Comisión;

               5.

               Observa que la subvención comunitaria a la Fundación se abona en tramos periódicos; observa también el comentario de la Fundación, en sus respuestas al cuestionario, en el sentido de que los retrasos en los pagos de los tramos dieron lugar a problemas de liquidez; estima que tales situaciones pueden tener efectos negativos en la ejecución del programa de trabajo;

               6.

               Insta a la Comisión y a la Fundación a mejorar su coordinación y a evitar, mediante una solución adecuada, que tales problemas se repitan; insta a la Comisión a informar a su comisión competente sobre el problema y sobre las medidas tomadas para poner remedio a la situación;

         Estados financieros

               7.

               Toma nota de la respuesta de la Fundación a la observación del Tribunal de Cuentas sobre la presentación de los fondos de convención de la asistencia técnica de Tacis, Phare y Tempus que administra en sus estados financieros relativos al ejercicio 2003; observa la voluntad expresada por la Fundación, tras consultar con la Comisión, de encontrar una solución adecuada en respuesta a la observación del Tribunal;

         Legalidad y regularidad de las operaciones correspondientes

               8.

               Insta a la Fundación a velar, en cooperación con la Comisión, por que se dé el curso adecuado a la observación del Tribunal de Cuentas en relación con los controles que deben aplicarse para asegurarse de que sólo reciben subsidios de desempleo los antiguos empleados de la Fundación con derecho a ello;

         Otros aspectos

               9.

               Toma nota de la buena disposición de la Fundación a hacerse cargo de tareas adicionales; reitera su llamamiento a la Comisión para que aproveche la experiencia de la Fundación en un contexto geográfico más amplio que el actual y para facilitar asistencia técnica a programas tales como Tempus y Erasmus Mundus;

               10.

               Toma nota del Informe de situación resumido sobre la cooperación entre la Fundación y el Cedefop, de 23 de septiembre de 2003, que brinda una exposición de las iniciativas conjuntas y las acciones llevadas a cabo para preparar la participación de los países candidatos en las actividades del Cedefop a partir del momento en que sea efectiva la ampliación; hace hincapié en la necesidad de que prosiga la acción conjunta; insta a la FEF, al Cedefop y a la Comisión a informar al Parlamento, una vez que sea efectivo el ingreso de los «Diez», sobre los resultados de la transferencia de trabajo de la FEF a estos países bajo la responsabilidad del Cedefop;

         Cuestiones horizontales relativas a las agencias y a la Comisión

      Aplicación del nuevo Reglamento financiero — Auditoría y control internos

               11.

               Reitera la posición adoptada en sus Resoluciones (7) que acompañan a la Decisión sobre la aprobación de la gestión de las agencias en la ejecución de su presupuesto para el ejercicio 2001 en lo que se refiere a la aplicación del nuevo Reglamento financiero; pide a la Comisión y a las agencias que mantengan su cooperación, en particular en materia de contabilidad, auditoría interna y procedimientos de gestión y de control, de manera que se establezca un marco armonizado coherente para el funcionamiento de las agencias;

               12.

               Recuerda que en su resolución de aprobación de la gestión para el ejercicio 2001 expresó su preocupación por la falta de controles sobre las agencias por parte del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión (SAI); manifiesta su grave preocupación porque dichos controles no parecen haberse llevado a cabo durante este año; pide a la Comisión y al SAI que expliquen las razones de esa falta de controles y que aporten datos sobre el número de personas con las que cuenta el auditor interno para realizar controles en las agencias; espera que la Comisión y en particular el SAI indiquen cómo garantizar que se lleven a cabo controles suficientes y correctos en los organismos descentralizados;

               13.

               Subraya que es fundamental pedir a las agencias que se sometan a los poderes de investigación de la OLAF en las mismas condiciones que las instituciones (8); pide al Tribunal de Cuentas que facilite información, con la suficiente antelación para la adopción de la resolución de aprobación de la gestión, sobre si los organismos comunitarios que han suscrito el Acuerdo interinstitucional, de 25 de mayo de 1999 (9), relativo a las investigaciones internas efectuadas por la OLAF, lo han hecho en los mismos términos que se indican en el anexo de dicho Acuerdo;

         Gestión financiera

               14.

               Toma nota de que, en algunas respuestas de las agencias al cuestionario, relativas a la manera en que podría afrontarse el problema recurrente de las importantes prórrogas de créditos, se mencionan las posibilidades que ofrece el nuevo Reglamento financiero, que permite utilizar los créditos disociados; pide a las agencias que expongan mejor su análisis y que indiquen, en particular, cuáles de sus actividades son de carácter plurianual y podrían financiarse con dichos créditos;

               15.

               Pide a la Comisión que presente su posición sobre este particular y que, en el caso de que considere que esta solución no es viable, ponga de relieve alternativas que permitan reducir las prórrogas de créditos de forma sustancial;

         Análisis de las agencias

               16.

               Subraya que, antes de tomar la decisión de crear una agencia, la Comisión debe realizar un riguroso análisis de la necesidad y del valor añadido de las funciones que desempeñará dicha agencia, teniendo en cuenta los principios de subsidiariedad, rigor presupuestario y simplificación de los procedimientos;

               17.

               Pide a la Comisión que realice un estudio general de las actividades que realizan actualmente los diferentes organismos comunitarios, y que podrían solaparse o servir los mismos objetivos, para proponer soluciones apropiadas, incluida la posible fusión de agencias;

               18.

               Manifiesta su preocupación por el desequilibrio existente entre gastos administrativos y gastos operativos en numerosas agencias, puesto que los gastos administrativos superan a los gastos operativos; pide, por lo tanto, a la Comisión y a las agencias que establezcan objetivos y un calendario para reducir el nivel de los gastos administrativos y su proporción con respecto a los gastos totales; toma nota de que numerosas agencias ven oportunidades en este sentido, como se enumera en el cuestionario;

               19.

               En relación con las respuestas al cuestionario relativas a la cooperación interinstitucional, anima a las agencias a mejorar la cooperación entre ellas para satisfacer sus necesidades en sectores específicos (por ejemplo, en el desarrollo de programas informáticos) y reducir los costes antes que adoptar soluciones que se pensaron inicialmente para la Comisión, pero que con frecuencia han demostrado ser demasiado pesadas y complicadas para las necesidades específicas de las agencias;

               20.

               Anima a las agencias a que establezcan y desarrollen una relación de trabajo estrecha con las comisiones parlamentarias competentes; pide a sus comisiones permanentes competentes en el ámbito de actividad de cada una de las agencias que coordinen su acción con la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Control Presupuestario a fin de garantizar un seguimiento eficaz de la actividad de las agencias;

         Nuevas fuentes de financiación

               21.

               Acoge con satisfacción las respuestas e ideas que emergen del cuestionario en relación con otras posibles fuentes de financiación; toma nota de que numerosas fuentes y propuestas actuales se refieren al arrendamiento de edificios y locales y a la venta de publicaciones e información; observa que, por razones de independencia, entre otras, no todas las agencias están en condiciones de aceptar nuevas fuentes de financiación; subraya las economías de escala y los beneficios financieros de la participación de países terceros en las actividades de determinadas agencias; pide a la Comisión y a las agencias que presenten propuestas constructivas en relación con el futuro desarrollo de nuevas fuentes de financiación adicional, que podrían elevar su nivel de autofinanciación;

               22.

               Acoge con satisfacción las contribuciones financieras aportadas por algunos Estados miembros o regiones a las agencias situadas en su área geográfica; considera importante que el Consejo y la Comisión soliciten dichas contribuciones, especialmente cuando se creen nuevas agencias;

         Marco operativo armonizado

               23.

               Recuerda su posición (10) en el sentido de que la variedad de tipos de estructura de las agencias existentes «es poco transparente e inteligible y que no se justifica ni siquiera atendiendo a la diversidad de los cometidos»; pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis de todas las agencias actuales con el fin de proponer, si procede, modificaciones de sus instrumentos básicos (11) con el fin de adaptarlos a los modelos que cubrirá el futuro marco reglamentario; encarga a sus comisiones competentes que realicen un seguimiento de este análisis global que debería llevarse a cabo lo antes posible tomando en consideración las cuestiones horizontales mencionadas en la presente resolución de aprobación de la gestión;

               24.

               Pide a la Comisión que presente las propuestas adecuadas encaminadas a crear dicho marco armonizado para las agencias, con antelación o, al menos, en paralelo a la presentación de las propuestas legislativas relativas a las nuevas agencias; insiste en que un acuerdo interinstitucional en el que se expongan detalladamente unas orientaciones comunes es la condición necesaria para crear el marco armonizado;

         Política de personal

               25.

               Toma nota de que, en aplicación del nuevo Reglamento financiero, es la Autoridad Presupuestaria quien establece las plantillas de personal de las agencias; destaca la importancia de esta modificación para el procedimiento de aprobación de la gestión de las agencias en los próximos años en lo que se refiere a la supervisión de la aplicación del Estatuto de los funcionarios en materia de contratación, política de promociones, índices de puestos vacantes y política de contratación;

               26.

               Toma nota de que, en respuesta a un cuestionario presentado durante el procedimiento presupuestario para el ejercicio 2004, se ha demostrado que en varias agencias el promedio de años de espera para obtener una promoción es considerablemente inferior al existente en la Comisión, que los índices de puestos vacantes son considerablemente superiores en comparación con otras instituciones y que varios de los nuevos puestos solicitados no se ofrecen en el grado inferior; considera que la política de personal debería constituir una parte importante de un análisis de las agencias actuales;

               27.

               Considera que la política de personal de las agencias debería respetar el Reglamento financiero, el Estatuto de los funcionarios y las mejores prácticas generalmente aplicadas por las instituciones; considera que se ha pedido a la Comisión que indique, antes del procedimiento presupuestario para el ejercicio 2005, las orientaciones sobre política de personal, en particular el índice de puestos vacantes, el índice de promociones, el nivel de contratación y una descripción de carrera estándar;

               28.

               Recuerda el principio de que, en la medida de lo posible, las agencias deberían emplear personal con contratos temporales con el fin de mantener la flexibilidad y la eficiencia;

               29.

               Manifiesta su preocupación por las graves anomalías detectadas en relación con los procedimientos de selección del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías entre las que figuran: falta de precisión en las instrucciones, actas de los comités de selección incompletas y el hecho de que los criterios para evaluar a los candidatos no estuvieran previamente definidos (12); manifiesta su preocupación por el hecho de que esto podría no ser un caso aislado y de que las agencias en general podrían tener dificultades para gestionar estos procedimientos bastante complejos de manera justa y transparente;

               30.

               Considera que los procedimientos de selección organizados por las agencias deberían cumplir las mismas normas que los que organiza la Oficina de Selección de Personal de las Comunidades Europeas (EPSO) y que no deberían ser percibidos como una puerta trasera para una entrada fácil en la función pública europea;

               31.

               Pide a la Comisión que presente propuestas para garantizar que las agencias reciban la ayuda adecuada por parte de la EPSO cuando organicen procedimientos de selección y que exista un mecanismo que dé validez al resultado de dichos procedimientos externamente antes de que se verifique la contratación.

      (1)  DO C 319 de 30.12.2003, p. 47.

      (2)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

      (3)  DO L 245 de 29.9.2003, p. 22.

      (4)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

      (5)  La cuenta de gestión y el balance sólo tienen en cuenta las actividades específicas de la Fundación excluyendo los programas gestionados por la Comisión u otros organismos.

      (6)  Cálculo efectuado conforme al artículo 15 del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo (DO L 130 de 31.5.2000, p. 8).

      (7)  DO L 148 de 16.6.2003, p. 83.

      DO L 333 de 20.12.2003, p. 53 (apartado 18).

      (8)  Textos aprobados de 13 de enero de 2004, P5-TA(2004) 0015.

      (9)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 15.

      (10)  P5-TA(2004)0015 (apartados 13 y 14).

      (11)  P5-TA(2004)0015 (apartado 24).

      (12)  Véase el apartado 13 del Informe Especial del Tribunal de Cuentas relativo al ejercicio 2002 (p. 64).


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32004D0575

2004/575/CE: Decisión del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por los buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del mar Mediterráneo, del Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación

Diario Oficial n° L 261 de 06/08/2004 p. 0040 - 0040

 Decisión del Consejo  de  29 de abril de 2004  relativa la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por los buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del mar Mediterráneo, del Convenio de Barcelona para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (2004/575/CE)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 1 de su artículo 175, en relación con la primera frase del apartado 2 del artículo 300 y el párrafo primero del apartado 3 del artículo 300,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo(1),

Considerando lo siguiente:

(1) La política comunitaria de medio ambiente contribuye a realizar los siguientes objetivos: la conservación, la protección y la mejora de la calidad del medio ambiente y el fomento de medidas a escala internacional destinadas a hacer frente a los problemas regionales o mundiales del medio ambiente.

(2) La Comunidad Europea es Parte contratante del Convenio para la protección del mar Mediterráneo contra la contaminación (en lo sucesivo  «el Convenio de Barcelona» ), aprobado por la Decisión 77/585/CEE del Consejo(2) y de su reforma de 1995, aprobada por la Decisión 1999/802/CE(3). La Comunidad también es Parte contratante de cuatro Protocolos del Convenio de Barcelona, entre los que figura el Protocolo sobre cooperación para combatir en situaciones de emergencia la contaminación del mar Mediterráneo causada por hidrocarburos y otras sustancias perjudiciales, aprobado por la Decisión 81/420/CEE del Consejo(4).

(3) La Comisión ha participado, en nombre de la Comunidad Europea, en las negociaciones del Protocolo sobre cooperación para prevenir la contaminación por los buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación en el mar Mediterráneo, basándose en el mandato de negociación recibido del Consejo el día  25 de enero de 2000 .

(4) El  25 de enero de 2002 , la Comunidad firmó en Malta dicho Protocolo.

(5) El nuevo Protocolo lleva a cabo una actualización de los instrumentos jurídicos del Convenio de Barcelona, con el fin de incluir la cooperación en materia de prevención de la contaminación por los buques, lograr una cooperación más eficaz para abordar los incidentes de contaminación y fomentar el cumplimiento de las normas internacionales aplicables.

(6) El Protocolo que no afecta al derecho de las Partes de adoptar medidas más estrictas de conformidad con el Derecho internacional, contiene las medidas necesarias para evitar cualquier incoherencia con la legislación vigente de la Comunidad, en las materias reguladas por el Protocolo.

(7) En consecuencia, la Comunidad deberá aprobar el Protocolo.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:

Artículo 1

Se aprueba, en nombre de la Comunidad Europea, el Protocolo del Convenio de Barcelona sobre cooperación para prevenir la contaminación por los buques y, en situaciones de emergencia, combatir la contaminación del mar Mediterráneo, denominado en lo sucesivo  «el Protocolo» .

El texto del Protocolo figura anexo a la presente Decisión.

Artículo 2

Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para depositar, ante el Gobierno de España, en nombre de la Comunidad Europea, el instrumento de aprobación del Protocolo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 23 del mismo.

Hecho en Luxemburgo, el  29 de abril de 2004 .

 Por el Consejo

 El Presidente

M. Mc Dowell

(1) Dictamen emitido el  10 de febrero de 2004  (no publicado aún en el Diario Oficial).

(2) DO L 240 de 19.9.1977, p. 1.

(3) DO L 322 de 14.12.1999, p. 32.

(4) DO L 162 de 19.6.1981, p. 4.


Avis juridique important

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32000D0804

2000/804/CE: Decisión del Consejo, de 4 de diciembre de 2000, relativa a la celebración de Acuerdos sobre el comercio de productos textiles con determinados terceros países (República de Bielorrusia, Reino de Nepal, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, República Popular de China, Ucrania y República Árabe de Egipto)

Diario Oficial n° L 326 de 22/12/2000 p. 0063 - 0064

Decisión del Consejode 4 de diciembre de 2000relativa a la celebración de Acuerdos sobre el comercio de productos textiles con determinados terceros países (República de Bielorrusia, Reino de Nepal, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, República Popular de China, Ucrania y República Árabe de Egipto)(2000/804/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 133, en relación con la primera frase del párrafo primero del apartado 2 de su artículo 300,Vista la propuesta de la Comisión,Considerando lo siguiente:(1) La Comisión ha negociado en nombre de la Comunidad Europea Acuerdos sobre comercio de productos textiles con determinados terceros países.(2) Dichos Acuerdos se han aplicado provisionalmente en condiciones de reciprocidad(1).(3) El Acuerdo sobre el comercio de productos textiles, en forma de Canje de Notas, con la República de Kazajstán ha sido firmado el 27 de junio de 2000, está supeditado a su celebración.(4) Estos Acuerdos deben ser aprobados.DECIDE:Artículo 1Los Acuerdos enumerados en el anexo de la presente Decisión quedan aprobados en nombre de la Comunidad.Artículo 2Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona o personas facultadas para firmar los Acuerdos, con la excepción del Acuerdo relativo a Kazajstán(2), a fin de obligar a la Comunidad.Artículo 3La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Bruselas, el 4 de diciembre de 2000.Por el ConsejoEl PresidenteH. Védrine(1) Decisión del Consejo (Reino de Nepal): 2000/72/CE (DO L 32 de 7.2.2000, p. 1) y Decisiones del Consejo (República de Bielorrusia): 1999/869/CE (DO L 336 de 29.12.1999, p. 26); (Antigua República Yugoslava de Macedonia): 1999/875/CE (DO L 344 de 31.12.1999, p. 1); (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán): 1999/867/CE (DO L 343 de 31.12.1999, p. 1); (República Popular de China): 1999/876/CE (DO L 345 de 31.12.1999, p. 1); (Ucrania): 1999/871/CE (DO L 337 de 30.12.1999, p. 43); (República Árabe de Egipto): 2000/3/CE (DO L 2 de 5.1.2000, p. 68).(2) El Acuerdo relativo a Kazajstán ya ha sido firmado el 27 de junio de 2000, supeditado a su celebración.ANEXO- Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Bielorrusia por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Bielorrusia sobre el comercio de productos textiles, en régimen de aplicación provisional en virtud de la Decisión 1999/869/CE del Consejo(1).- Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Nepal sobre el comercio de productos textiles, en régimen de aplicación provisional en virtud de la Decisión 2000/72/CE del Consejo(2).- Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre el comercio de productos textiles, en régimen de aplicación provisional en virtud de la Decisión 1999/875/CE del Consejo(3).- Acuerdos en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y determinados terceros países (Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán) sobre el comercio de productos textiles, en régimen de aplicación provisional en virtud de la Decisión 1999/867/CE del Consejo(4).- Acuerdo en forma de Canje de Notas por el que se modifican los Acuerdos entre la Comunidad Europea y la República Popular de China sobre el comercio de productos textiles, en régimen de aplicación provisional en virtud de la Decisión 1999/876/CE del Consejo(5).- Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y Ucrania por el que se modifica el Acuerdo entre la Comunidad Europea y Ucrania sobre el comercio de productos textiles, en régimen de aplicación provisional en virtud de la Decisión 1999/871/CE del Consejo(6).- Memorándum de Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Árabe de Egipto sobre comercio de productos textiles, en régimen de aplicación provisional en virtud de la Decisión 2000/3/CE del Consejo(7).(1) DO L 336 de 29.12.1999, p. 26.(2) DO L 32 de 7.2.2000, p. 1.(3) DO L 344 de 31.12.1999, p. 1.(4) DO L 343 de 31.12.1999, p. 1.(5) DO L 345 de 31.12.1999, p. 1.(6) DO L 337 de 30.12.1999, p. 43.(7) DO L 2 de 5.1.2000, p. 68.


title: Decisión n°  1149/2007/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de septiembre de 2007 , por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico Justicia civil, integrado en el programa general Derechos fundamentales y justicia

text:
               3.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 257/16

      DECISIÓN N
      o 1149/2007/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

   de 25 de septiembre de 2007
   por la que se establece para el período 2007-2013 el programa específico Justicia civil, integrado en el programa general Derechos fundamentales y justicia
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 61, letra c), y su artículo 67, apartado 5,
   Vista la propuesta de la Comisión,
   De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (1),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               La Comunidad se ha fijado el objetivo de mantener y desarrollar un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del cual se garantice la libre circulación de personas. Con este propósito, la Comunidad ha de adoptar, entre otras, medidas en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil necesarias para el buen funcionamiento del mercado interior.

               (2)

               En consonancia con otros programas anteriores, como el programa Grotius (2) y la acción Robert Schuman (3), el Reglamento (CE) no 743/2002 del Consejo (4) estableció, para el período 2002-2006, un marco general comunitario de actividades con el fin de facilitar la cooperación judicial en materia civil.

               (3)

               El Consejo Europeo de Bruselas de los días 4 y 5 de noviembre de 2004 adoptó el Programa de La Haya: consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (5) (en lo sucesivo, «el Programa de La Haya»).

               (4)

               En junio de 2005, el Consejo y la Comisión adoptaron el plan de acción por el que se aplica el Programa de La Haya (6).

               (5)

               Los ambiciosos objetivos fijados por el Tratado y el Programa de La Haya deben alcanzarse mediante el establecimiento de un programa flexible y eficaz que facilite la planificación y aplicación correspondientes.

               (6)

               El programa Justicia civil debe incluir tanto iniciativas desarrolladas por la Comisión, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, como acciones de apoyo a las organizaciones que promueven y facilitan la cooperación judicial en materia civil y acciones de apoyo a proyectos específicos.

               (7)

               Un programa general en el ámbito de la justicia civil destinado a mejorar la mutua comprensión de los sistemas jurídicos y judiciales de los Estados miembros permitirá reducir los obstáculos a la cooperación judicial en materia civil, lo que mejorará el funcionamiento del mercado interior.

               (8)

               Según el Programa de La Haya, la consolidación de la confianza recíproca requiere de las autoridades judiciales y de los distintos ordenamientos jurídicos un esfuerzo manifiesto de mejora de la comprensión mutua; las redes europeas de autoridades públicas nacionales merecen especial atención y apoyo a este respecto.

               (9)

               La presente Decisión debe contemplar la posibilidad de cofinanciar las actividades de determinadas redes europeas cuando los gastos obedezcan al logro de un objetivo de interés europeo general. No obstante, dicha cofinanciación no debe implicar que un futuro programa vaya a abarcar dichas redes, ni suponer un perjuicio para otras redes europeas respecto al apoyo que pudieran recibir para sus actividades de conformidad con la presente Decisión.

               (10)

               Cualquier institución, asociación o red que reciba una subvención al amparo del programa Justicia civil debe reconocer el apoyo comunitario recibido de conformidad con las orientaciones sobre visibilidad que ha de establecer la Comisión.

               (11)

               La presente Decisión establece, para toda la duración del programa, una dotación financiera que, con arreglo al punto 37 del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (7), constituye la referencia privilegiada para la Autoridad Presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual.

               (12)

               Dado que los objetivos de la presente Decisión no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

               (13)

               El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (8) (en lo sucesivo, «el Reglamento financiero») y el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (9), que protegen los intereses financieros de la Comunidad, deben aplicarse teniendo en cuenta los principios de simplicidad y coherencia en la elección de los instrumentos presupuestarios, de la limitación del número de casos en que la Comisión tiene la responsabilidad directa de la aplicación y gestión, así como de la necesaria proporcionalidad entre la magnitud de los recursos y los costes administrativos vinculados a su utilización.

               (14)

               Deben también tomarse medidas apropiadas para prevenir irregularidades y fraudes y deben darse los pasos necesarios para recuperar los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal empleados, de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades (10), el Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (11), y el Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (12).

               (15)

               El Reglamento financiero exige que las subvenciones de funcionamiento estén cubiertas por un acto de base.

               (16)

               Las medidas necesarias para la ejecución de la presente Decisión deben ser aprobadas con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (13), distinguiendo entre las medidas sujetas al procedimiento de gestión y aquellas sujetas al procedimiento consultivo, que, en ciertos casos, es el más adecuado para lograr una mayor eficacia.

               (17)

               De conformidad con el artículo 7, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE, la Comisión debe informar al Parlamento Europeo sobre los trabajos del comité relativos a la aplicación del presente programa. En particular, el Parlamento Europeo debe recibir el proyecto de programa anual cuando este se someta al comité de gestión. Además, el Parlamento debe recibir los resultados de las votaciones y las actas resumidas de las reuniones de dicho comité.

               (18)

               De conformidad con el artículo 3 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Reino Unido e Irlanda han notificado su deseo de participar en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

               (19)

               De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Decisión y, por tanto, no queda vinculada por esta ni sujeta a su aplicación.

               (20)

               El Comité Económico y Social Europeo ha emitido un dictamen sobre la presente Decisión (14).

               (21)

               A fin de garantizar la ejecución efectiva y oportuna del programa, la presente Decisión debe aplicarse a partir del 1 de enero de 2007.

         DECIDEN:
   Artículo 1
   Establecimiento del Programa
   1.   En virtud de la presente Decisión se establece el programa específico Justicia civil (en lo sucesivo, «el Programa»), integrado en el programa general Derechos fundamentales y justicia, con el fin de contribuir al progresivo establecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia.
   2.   El Programa cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2013.
   3.   En la presente Decisión se entenderá por «Estado miembro» cualquier Estado miembro con excepción de Dinamarca.
   Artículo 2
   Objetivos generales
   1.   El Programa perseguirá los siguientes objetivos generales:

               a)

               fomentar la cooperación judicial para contribuir a la creación de un auténtico espacio judicial europeo en el ámbito civil basado en el reconocimiento mutuo y la confianza recíproca;

               b)

               fomentar la eliminación de los obstáculos para el buen funcionamiento de los procesos civiles transfronterizos en los Estados miembros;

               c)

               mejorar la vida diaria de los particulares y empresas, permitiéndoles hacer valer sus derechos en toda la Unión Europea y facilitando, en particular, su acceso a la justicia;

               d)

               mejorar los contactos, el intercambio de información y la creación de redes entre las autoridades legislativas, judiciales y administrativas y los profesionales de la justicia, incluido mediante el apoyo a la formación judicial, con objeto de mejorar el entendimiento mutuo entre estas autoridades y los profesionales.

         2.   Sin perjuicio de los objetivos y prerrogativas de la Comunidad, los objetivos generales del Programa contribuirán al desarrollo de las políticas comunitarias, y más concretamente a la creación de un espacio judicial.
   Artículo 3
   Objetivos específicos
   El Programa perseguirá los siguientes objetivos específicos:

               a)

               favorecer la cooperación judicial en materia civil, con vistas a:

                           i)

                           garantizar la seguridad jurídica y mejorar el acceso a la justicia,

                           ii)

                           fomentar el reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en asuntos civiles y mercantiles,

                           iii)

                           eliminar los obstáculos a los litigios transfronterizos que generan las disparidades en las disposiciones y procedimientos de Derecho civil y promover la compatibilidad necesaria de las legislaciones a este efecto,

                           iv)

                           garantizar una adecuada administración de la justicia mediante la eliminación de los conflictos de competencia;

               b)

               mejorar el conocimiento recíproco de los ordenamientos jurídicos y de los sistemas judiciales de los Estados miembros en materia civil, y promover y reforzar la constitución de redes, la cooperación mutua, el intercambio y la difusión de la información, la experiencia y las mejores prácticas;

               c)

               velar por la adecuada ejecución, la correcta y concreta aplicación y la evaluación de los instrumentos comunitarios en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil y mercantil;

               d)

               mejorar la información sobre los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y el acceso a la justicia;

               e)

               promover la formación de los profesionales del Derecho sobre el Derecho comunitario y de la Unión;

               f)

               evaluar las condiciones generales necesarias para reforzar la confianza recíproca, respetando plenamente la independencia del poder judicial;

               g)

               facilitar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil creada en virtud de la Decisión 2001/470/CE del Consejo (15).

         Artículo 4
   Acciones
   Con el fin de alcanzar los objetivos generales y específicos definidos en los artículos 2 y 3, el Programa apoyará, en las condiciones fijadas en los programas de trabajo anuales a que se refiere el artículo 9, apartado 2, los siguientes tipos de acciones:

               a)

               acciones específicas iniciadas por la Comisión, tales como: estudios y trabajos de investigación; encuestas y sondeos de opinión; definición de indicadores y metodologías comunes; recogida, elaboración y difusión de datos y estadísticas; seminarios, conferencias y reuniones de expertos; organización de campañas y actos públicos; creación y actualización de sitios web; elaboración y difusión de material informativo; apoyo y gestión de redes de expertos nacionales, y actividades de análisis, seguimiento y evaluación, o

               b)

               proyectos transnacionales específicos de interés comunitario presentados por una autoridad o cualquier otro órgano de un Estado miembro, una organización internacional o no gubernamental y que, en cualquier caso, suponga la participación de al menos dos Estados miembros, o de al menos un Estado miembro y otro Estado, que puede ser un Estado adherente o un Estado candidato, o

               c)

               acciones de apoyo de las actividades de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que persigan objetivos de interés general europeo relacionados con los objetivos generales del Programa en las condiciones establecidas en los programas de trabajo anuales, o

               d)

               subvenciones de funcionamiento destinadas a cofinanciar aquellos gastos derivados del programa de trabajo permanente de la red europea de Consejos Superiores de la Magistratura y de la red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea que estén motivados por un objetivo de interés europeo general, promoviendo para ello el intercambio de opiniones y experiencias en materia de jurisprudencia y en relación con la organización y funcionamiento de los miembros de dichas redes en el ejercicio de sus funciones judiciales o consultivas por lo que se refiere a la legislación comunitaria.

         Artículo 5
   Participación
   1.   Las acciones del Programa estarán abiertas a los siguientes países: los países adherentes, los países candidatos y los países de los Balcanes Occidentales que participan en el proceso de estabilización y asociación en las condiciones previstas en los acuerdos de asociación o sus protocolos adicionales relativos a la participación en programas comunitarios ya celebrados o en vías de celebración con estos países.
   2.   Podrán asimismo asociarse a los proyectos profesionales del Derecho de Dinamarca, de los países candidatos a la adhesión que no participan en el Programa, cuando ello pueda contribuir a preparar su adhesión, u otros terceros países que no participan en el Programa, cuando ello contribuya a la finalidad de los proyectos.
   Artículo 6
   Grupos destinatarios
   1.   El Programa va dirigido, entre otros grupos, a los profesionales del Derecho, a las autoridades nacionales y a los ciudadanos de la Unión en general.
   2.   A los efectos de la presente Decisión, se entenderá por «profesionales del Derecho» los jueces, fiscales, abogados, procuradores, notarios, personal académico y científico, funcionarios ministeriales, secretarios judiciales, oficiales de justicia, intérpretes judiciales y demás profesionales que ejercen actividades relacionadas con la justicia en el ámbito del Derecho civil.
   Artículo 7
   Acceso al Programa
   El Programa estará abierto a la participación de instituciones y organizaciones públicas o privadas, incluidas las organizaciones profesionales, las universidades, los centros de investigación, los centros de formación en cuestiones jurídicas y judiciales para profesionales del Derecho, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales de los Estados miembros.
   Artículo 8
   Tipos de intervención
   1.   La financiación comunitaria podrá adoptar las siguientes formas jurídicas:

               a)

               subvenciones;

               b)

               contratos públicos.

         2.   Las subvenciones comunitarias se adjudicarán normalmente sobre la base de una convocatoria de propuestas y se concederán en forma de subvenciones de funcionamiento y subvenciones para actividades concretas. El porcentaje máximo de cofinanciación estará especificado en los programas de trabajo anuales.
   3.   Por otro lado, estarán previstos gastos para medidas complementarias, a través de la realización de contratos públicos, en cuyo caso los fondos comunitarios se destinarán a la compra de bienes y servicios. Esto abarcará, entre otras cosas, los gastos en acciones de información y comunicación, y la preparación, aplicación, seguimiento, comprobación y evaluación de proyectos, políticas, programas y legislación.
   Artículo 9
   Medidas de ejecución
   1.   La Comisión prestará la ayuda financiera de la Comunidad de acuerdo con el Reglamento financiero.
   2.   A efectos de la aplicación del Programa, la Comisión adoptará, dentro de los límites de los objetivos generales establecidos en el artículo 2, un programa de trabajo anual en el que precisará sus objetivos específicos y sus prioridades temáticas, las medidas complementarias previstas en el artículo 8, apartado 3, así como, en su caso, una lista de otras acciones.
   3.   El programa de trabajo anual se establecerá de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 10, apartado 2.
   4.   Los procedimientos de evaluación y adjudicación de las subvenciones para actividades concretas tendrán en cuenta, entre otras cosas, los siguientes criterios:

               a)

               conformidad de la acción propuesta con el programa de trabajo anual, los objetivos fijados en los artículos 2 y 3 y los tipos de acciones establecidos en el artículo 4;

               b)

               calidad de la acción propuesta en cuanto a su concepción, organización, presentación y resultados previstos;

               c)

               importe de la financiación comunitaria solicitada y adecuación de dicho importe a los resultados previstos;

               d)

               incidencia de los resultados previstos en los objetivos fijados en los artículos 2 y 3 y en las acciones mencionadas en el artículo 4.

         5.   Las solicitudes de subvenciones de funcionamiento contempladas en el artículo 4, letra d), se examinarán a la luz de los siguientes criterios:

               a)

               su pertinencia en relación con los objetivos del Programa;

               b)

               la calidad de las actividades previstas;

               c)

               el probable efecto multiplicador de tales actividades en los ciudadanos;

               d)

               la cobertura geográfica de las actividades previstas;

               e)

               la implicación de los ciudadanos en las estructuras de los organismos en cuestión;

               f)

               la relación coste-beneficio de la acción propuesta.

         6.   La Comisión examinará cada una de las acciones propuestas presentada en virtud del artículo 4, letras b) y c). Las decisiones relativas a estas acciones se adoptarán de conformidad con el procedimiento contemplado en el artículo 11, apartado 2.
   Artículo 10
   Comité de gestión
   1.   La Comisión estará asistida por un comité de gestión.
   2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
   El plazo contemplado en el artículo 4, apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
   Artículo 11
   Comité consultivo
   1.   La Comisión estará asistida por un comité consultivo.
   2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.
   Artículo 12
   Complementariedad
   1.   Se buscarán sinergias y complementariedades con otros instrumentos comunitarios, en particular con el programa específico Justicia penal, integrado en el programa general Derechos fundamentales y justicia, y con los programas generales Seguridad y defensa de las libertades y Solidaridad y gestión de los flujos migratorios. La información estadística sobre la justicia civil se elaborará en colaboración con los Estados miembros, recurriendo, en su caso, al Programa Estadístico Comunitario.
   2.   Excepcionalmente, el Programa podrá compartir recursos con otros instrumentos comunitarios, en particular con el programa específico Justicia penal, integrado en el programa general Derechos fundamentales y justicia, con el fin de ejecutar acciones que respondan a los objetivos de ambos programas.
   3.   Las operaciones financiadas en el marco de la presente Decisión no recibirán ningún apoyo financiero para los mismos fines de otros instrumentos financieros comunitarios o de la Unión. Los beneficiarios del programa proporcionarán a la Comisión información sobre cualquier financiación recibida con cargo al presupuesto general de la Unión Europea o procedente de otras fuentes, así como sobre las solicitudes de financiación en curso.
   Artículo 13
   Recursos presupuestarios
   1.   La dotación financiera para la aplicación de la presente Decisión se fija en 109 300 000 EUR para el período indicado en el artículo 1.
   2.   Los recursos presupuestarios destinados a las acciones previstas en el Programa se consignarán como créditos anuales en el presupuesto general de la Unión Europea. La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales disponibles dentro de los límites del marco financiero.
   Artículo 14
   Seguimiento
   1.   La Comisión velará por que para cualquier acción financiada por el Programa, el beneficiario presente informes técnicos y financieros sobre los avances realizados y que, tres meses después de concluida la acción, se presente un informe final. La Comisión determinará la forma y el contenido de los informes. La Comisión pondrá los informes a disposición de los Estados miembros.
   2.   Independientemente de los controles que efectúe el Tribunal de Cuentas en colaboración con las instituciones o servicios de control nacionales competentes en aplicación del artículo 248 del Tratado, y de cualquier inspección realizada en virtud del artículo 279, apartado 1, párrafo primero, letra b), del Tratado, los funcionarios o agentes de la Comisión podrán efectuar controles in situ, incluidos por muestreo, de las acciones financiadas por el Programa.
   3.   La Comisión velará por que los contratos y acuerdos resultantes de la aplicación del Programa prevean, en particular, la supervisión y el control financiero por parte de la Comisión (o de sus representantes autorizados), en caso necesario mediante controles in situ, y la fiscalización por el Tribunal de Cuentas.
   4.   La Comisión velará por que el beneficiario de una ayuda financiera conserve a disposición de la Comisión todos los justificantes de los gastos relacionados con la acción durante un período de cinco años a contar desde el último pago correspondiente a dicha acción.
   5.   Sobre la base de los resultados de los informes y controles por muestreo a que hacen referencia los apartados 1 y 2, la Comisión se asegurará de que, en caso necesario, se adapten la cuantía o las condiciones de adjudicación de la ayuda financiera aprobada inicialmente, así como el calendario de los pagos.
   6.   La Comisión velará por que se adopte cualquier otra medida necesaria para comprobar que las acciones financiadas se realizan correctamente y de conformidad con las disposiciones de la presente Decisión y del Reglamento financiero.
   Artículo 15
   Protección de los intereses financieros de la Comunidad
   1.   La Comisión se asegurará de que, en la ejecución de las acciones financiadas con arreglo a la presente Decisión, los intereses financieros de la Comunidad queden protegidos merced a la aplicación de medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, la realización de controles efectivos, la recuperación de las cantidades pagadas indebidamente y, en caso de que se detectaran irregularidades, mediante la imposición de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, de acuerdo con lo dispuesto en los Reglamentos (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 y (CE) no 1073/1999.
   2.   Por lo que se refiere a las acciones comunitarias financiadas en virtud de la presente Decisión, los Reglamentos (CE, Euratom) no 2988/95 y (Euratom, CE) no 2185/96 se aplicarán a toda violación de las disposiciones del Derecho comunitario, incluidos los incumplimientos de una obligación contractual expresamente estipulada sobre la base del Programa y resultante de un acto u omisión por parte de un agente económico que, a través de un gasto injustificado, tenga o pueda tener por efecto causar un perjuicio al presupuesto general de la Unión Europea o a presupuestos gestionados por las Comunidades Europeas.
   3.   La Comisión velará por que se reduzca, suspenda o recupere el importe de la ayuda financiera concedida para una acción si descubre irregularidades, como la inobservancia de las disposiciones de la presente Decisión o de la decisión individual, contrato o convenio por el que se concede la ayuda financiera, o si tiene constancia de que, sin pedir la aprobación de la Comisión, se han introducido en la acción modificaciones incompatibles con la naturaleza o condiciones de ejecución del proyecto.
   4.   En caso de incumplimiento de los plazos o cuando el estado de realización de una acción solo permita justificar una parte de la ayuda concedida, el beneficiario presentará a la Comisión sus observaciones en un plazo determinado. Si el beneficiario no aporta una justificación válida, la Comisión velará por que se pueda cancelar el resto de la ayuda financiera y se exija el reembolso de las cantidades ya abonadas.
   5.   La Comisión velará por que toda cantidad indebidamente pagada le sea reembolsada. Las cantidades no reembolsadas puntualmente en las condiciones establecidas por el Reglamento financiero devengarán intereses.
   Artículo 16
   Evaluación
   1.   El Programa será objeto de un seguimiento periódico con el fin de comprobar la ejecución de las actividades desarrolladas en el marco del mismo.
   2.   La Comisión garantizará la realización de una evaluación periódica, independiente y externa del Programa.
   3.   La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

               a)

               una presentación anual sobre la ejecución del Programa;

               b)

               un informe intermedio de evaluación sobre los resultados obtenidos y sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos de la ejecución del Programa, con inclusión del trabajo realizado por los beneficiarios de las subvenciones de funcionamiento a que se refiere el artículo 4, letra d), a más tardar el 31 de marzo de 2011;

               c)

               una comunicación sobre la prosecución del Programa, a más tardar el 30 de agosto de 2012;

               d)

               un informe de evaluación a posteriori, a más tardar el 31 de diciembre de 2014.

         Artículo 17
   Publicación de las acciones
   La Comisión publicará anualmente la lista de las acciones financiadas al amparo del Programa con una breve descripción de cada proyecto.
   Artículo 18
   Visibilidad
   La Comisión establecerá directrices para garantizar la visibilidad de la ayuda financiera concedida con arreglo a la presente Decisión.
   Artículo 19
   Entrada en vigor
   La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
   Será aplicable a partir del 1 de enero de 2007.

      Hecho en Estrasburgo, el 25 de septiembre de 2007.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         H.-G. PÖTTERING

            Por el Consejo

            El Presidente

         H.-G. LOBO ANTUNES

      (1)  Dictamen del Parlamento Europeo de 14 de diciembre de 2006 (no publicado aún en el Diario Oficial), Posición Común del Consejo de 13 de junio de 2007 (DO C 171 E de 24.7.2007, p. 1) y Posición del Parlamento Europeo de 11 de julio de 2007 (no publicada aún en el Diario Oficial). Decisión del Consejo de 18 de septiembre de 2007.

      (2)  Acción Común 96/636/JAI, de 28 de octubre de 1996, adoptada por el Consejo sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea por la que se aprueba un programa de fomento e intercambios para profesionales de la Justicia («Grotius») (DO L 287 de 8.11.1996, p. 3); Reglamento (CE) no 290/2001 del Consejo, de 12 de febrero de 2001, relativo a la renovación del programa de fomento e intercambios para profesionales de la justicia en el ámbito del Derecho civil (Grotius-civil) (DO L 43 de 14.2.2001, p. 1).

      (3)  Decisión no 1496/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, por la que se establece un programa de acción para una mayor sensibilización de las profesiones jurídicas al Derecho comunitario (Acción Robert Schuman) (DO L 196 de 14.7.1998, p. 24).

      (4)  DO L 115 de 1.5.2002, p. 1.

      (5)  DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.

      (6)  DO C 198 de 12.8.2005, p. 1.

      (7)  DO C 139 de 14.6.2006, p. 1.

      (8)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).

      (9)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 478/2007 (DO L 111 de 28.4.2007, p. 13).

      (10)  DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.

      (11)  DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

      (12)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

      (13)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisión modificada por la Decisión 2006/512/CE (DO L 200 de 22.7.2006, p. 11).

      (14)  DO C 69 de 21.3.2006, p. 1.

      (15)  DO L 174 de 27.6.2001, p. 25.


title: 2014/307/UE: Decisión del Consejo, de 13 de mayo de 2014 , relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE con respecto a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

text:
               29.5.2014

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 160/31

         DECISIÓN DEL CONSEJO
   de 13 de mayo de 2014
   relativa a la posición que se ha de adoptar, en nombre de la Unión Europea, en el Comité Mixto del EEE con respecto a una modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades

      (2014/307/UE)

   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 166, apartado 4, su artículo 167, apartado 5, primer guion, su artículo 173, apartado 3 y su artículo 218, apartado 9,
   Visto el Reglamento (CE) no 2894/94 del Consejo, de 28 de noviembre de 1994, relativo a determinadas normas de desarrollo del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (1), y, en particular, su artículo 1, apartado 3,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Protocolo 31 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo contiene disposiciones y medidas específicas sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades.

               (2)

               Conviene ampliar la cooperación de las Partes contratantes del Acuerdo EEE para incluir el Reglamento (UE) no 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (2).

               (3)

               Para que esta cooperación ampliada pueda efectuarse a partir del 1 de enero de 2014, es preciso modificar en consecuencia el Protocolo 31 del Acuerdo EEE.

               (4)

               La posición de la Unión en el seno del Comité Mixto del EEE debe basarse por ello en el proyecto de Decisión adjunto.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La posición que ha de ser adoptada en nombre de la Unión en el Comité Mixto del EEE sobre la propuesta de modificación del Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades, se basará en el proyecto de Decisión del Comité Mixto del EEE adjunto a la presente Decisión.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor en la fecha de su adopción.

      Hecho en Bruselas, el 13 de mayo de 2014.

            Por el Consejo

            El Presidente

         E. VENIZELOS

      (1)  DO L 305 de 30.11.1994, p. 6.

      (2)  Reglamento (UE) no 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE y no 1041/2009/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 221).

         PROYECTO

      Decisión del Comité Mixto del EEE No …/2014
      de
      por la que se modifica el Protocolo 31 del Acuerdo EEE sobre la cooperación en sectores específicos no incluidos en las cuatro libertades
      EL COMITÉ MIXTO DEL EEE,
      Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo («el Acuerdo EEE»), y, en particular, sus artículos 86 y 98,
      Considerando lo siguiente:

                  (1)

                  Conviene ampliar la cooperación de las Partes contratantes del Acuerdo EEE para incluir el Reglamento (UE) no 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE y no 1041/2009/CE (1).

                  (2)

                  Para que esta cooperación ampliada pueda efectuarse a partir del 1 de enero de 2014, es preciso modificar el Protocolo 31 del Acuerdo EEE.

            HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
      Artículo 1
      En el artículo 9, apartado 4, del Protocolo 31 del Acuerdo EEE, se añade lo siguiente:

                  «—

                     32013 R 1295: Reglamento (UE) no 1295/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, por el que se establece el Programa Europa Creativa (2014 a 2020) y se derogan las Decisiones no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE y no 1041/2009/CE (DO L 347 de 20.12.2013, p. 221).
                  Liechtenstein estará exento de la participación en este programa, y de la contribución financiera al mismo.».

            Artículo 2
      La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de la última notificación efectuada en virtud del artículo 103, apartado 1, del Acuerdo EEE (2).
      Será aplicable a partir del 1 de enero de 2014.
      Artículo 3
      La presente Decisión se publicará en la sección EEE y en el Suplemento EEE del Diario Oficial de la Unión Europea.

         Hecho en Bruselas, el

               Por el Comité Mixto del EEE

               El Presidente

               Los Secretarios

               del Comité Mixto del EEE

         (1)  DO L 347 de 20.12.2013, p. 221.

         (2)  [No se han indicado preceptos constitucionales.] [Se han indicado preceptos constitucionales.]


title: Decisión (UE, Euratom) 2016/1432 del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, de 19 de agosto de 2016, por la que se nombra al director de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

text:
               27.8.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 232/10

         DECISIÓN (UE, Euratom) 2016/1432 DEL PARLAMENTO EUROPEO, DEL CONSEJO Y DE LA COMISIÓN
   de 19 de agosto de 2016
   por la que se nombra al director de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas
   EL PARLAMENTO EUROPEO, EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica,
   Visto el Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas (1), y en particular su artículo 6, apartado 3,
   Vista la lista de candidatos elaborada el 14 de julio de 2016 por el comité de selección compuesto por los secretarios generales del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión, tras una convocatoria abierta de candidaturas, para el nombramiento del director de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 6, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 establece una Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas.

               (2)

               El artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 dispone que el director de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas sea nombrado por un período de cinco años no renovable de común acuerdo por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   1.   Se nombra al Sr. D. Michael ADAM director de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas por el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2016 y el 31 de agosto de 2021.
   2.   El director será nombrado agente temporal en el grado AD 12, escalón 1.
   3.   El nombramiento queda supeditado a la firma por parte del director propuesto de la declaración de independencia y de inexistencia de conflicto de intereses que figura en anexo a la presente Decisión.
   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 19 de agosto de 2016.

            Por el Parlamento Europeo

            El presidente

         M. SCHULZ

            Por el Consejo

            El presidente

         M. LAJČÁK

            Por la Comisión

            El vicepresidente primero

         F. TIMMERMANS

      (1)  DO L 317 de 4.11.2014, p. 1.

      ANEXO
      El abajo firmante, …, declara haber tomado nota de lo dispuesto en el artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE, Euratom) n.o 1141/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y declara que ejercerá la función de director de la Autoridad con total independencia y cumpliendo plenamente lo dispuesto en dicho Reglamento. Cuando actúe en nombre de la Autoridad, no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna institución o gobierno ni de otros órganos, oficinas o agencias. Se abstendrá de toda acción que sea incompatible con la naturaleza de sus funciones.
      Declara que, a su leal saber y entender, no se encuentra en una situación de conflicto de intereses. Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones de director de la Autoridad se vea comprometido por razones de orden familiar, vida personal, afinidades políticas, nacionales, filosóficas o religiosas, interés económicos o por cualquier otro motivo de comunidad de intereses con un destinatario. En particular, declara no ser diputado al Parlamento Europeo, ni ser titular de un mandato electoral, ni estar empleado o haberlo estado nunca en un partido político europeo o en una fundación política europea.
      Hecho en Bruselas, el

            [FECHA + FIRMA

            del director propuesto]