title: Decisión (UE) 2017/899 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, sobre el uso de la banda de frecuencia de 470-790 MHz en la Unión

text:
               25.5.2017

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 138/131

         DECISIÓN (UE) 2017/899 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO
   de 17 de mayo de 2017
   sobre el uso de la banda de frecuencia de 470-790 MHz en la Unión
   EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,
   Vista la propuesta de la Comisión Europea,
   Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
   Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
   Previa consulta al Comité de las Regiones,
   De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               En el programa plurianual de política del espectro radioeléctrico, establecido en virtud de la Decisión n.o 243/2012/UE (3), el Parlamento Europeo y el Consejo fijaron como objetivos identificar al menos 1 200 MHz de espectro adecuado para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica en la Unión a más tardar para 2015, apoyar el desarrollo de servicios de radiodifusión innovadores garantizando la disponibilidad de suficiente espectro para la prestación por satélite y terrestre de dichos servicios si la necesidad está claramente justificada, y garantizar suficiente espectro para creación de programas y acontecimientos especiales («PMSE», por sus siglas en inglés).

               (2)

               En su Comunicación de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia para el Mercado Único Digital de Europa» , la Comisión destacó la importancia de la banda de frecuencia de 694-790 MHz (en lo sucesivo, «700 MHz») para garantizar la prestación de servicios de banda ancha en las zonas rurales asegurando el acceso y la conectividad, y señaló la necesidad de coordinar la liberación de dicha banda y de satisfacer, al mismo tiempo, las necesidades específicas de la distribución de servicios de radiodifusión. Reducir la brecha digital en cuanto a cobertura y conocimientos es un aspecto importante al que hay que dar prioridad sin crear nuevas divisiones cuando los usuarios empiecen a utilizar tecnologías nuevas.

               (3)

               La gestión efectiva del espectro es una condición previa para que se produzca la transición industrial hacia el sistema de comunicaciones digitales de quinta generación (5G), transición que situaría a la Unión en el centro de la innovación y crearía un entorno favorable al desarrollo de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, maximizando así el potencial de crecimiento de la economía digital. La economía de la Unión se articulará cada vez más en torno a la sociedad digital, lo que exige una cobertura total de red para desarrollar servicios relacionados con el internet de las cosas, el comercio electrónico y servicios europeos en la nube, y para obtener el máximo beneficio de la industria 4.0 en toda la Unión.

               (4)

               La banda de frecuencia de 700 MHz representa una oportunidad para armonizar y coordinar a escala mundial el espectro para la banda ancha inalámbrica, que ofrece economías de escala. Dicha banda debe hacer posible el desarrollo de nuevos servicios digitales innovadores en las zonas urbanas y en las zonas rurales o remotas, como la sanidad electrónica y la sanidad móvil, prestados con ayuda de teléfonos móviles, dispositivos de seguimiento de pacientes y otros dispositivos inalámbricos, así como el desarrollo de redes energéticas inteligentes.

               (5)

               En su Resolución de 19 de enero de 2016 sobre la iniciativa «Hacia un Acta del Mercado Único Digital», el Parlamento Europeo recordó a los Estados miembros su compromiso de alcanzar la plena implantación, a más tardar en 2020, de velocidades objetivo de 30 Mbps como mínimo, destacó que el espectro radioeléctrico es un recurso fundamental para el mercado interior en lo que respecta a las comunicaciones de banda ancha inalámbricas, al igual que la radiodifusión, además de ser esencial para la competitividad futura de la Unión, y pidió con carácter prioritario un marco armonizado y favorable a la competencia para la asignación de espectro y su gestión efectiva.

               (6)

               El espectro es un bien público. En la banda de frecuencia de 470-790 MHz, constituye un valioso activo para una implantación rentable de las redes inalámbricas con cobertura universal en interiores y exteriores. Ese espectro se utiliza actualmente en toda la Unión en televisión digital terrestre («TDT») y PMSE inalámbricos de audio. Como tal, constituye una condición previa para el acceso y la difusión de bienes culturales, información e ideas. Además, de forma paralela a las nuevas formas de distribución, fomenta el desarrollo de los medios de comunicación, de los sectores cultural, creativo y de la investigación, que recurren en gran medida a dicho recurso espectral para facilitar contenidos inalámbricos a los usuarios finales.

               (7)

               La asignación de la banda de frecuencia de 700 MHz debe estructurarse de forma que facilite la competencia y debe llevarse a cabo de modo que no merme la competencia ya existente.

               (8)

               En el caso de la región 1, que incluye la Unión, el Reglamento de Radiocomunicaciones de la Unión Internacional de Telecomunicaciones adoptado por la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones en 2015, prevé la asignación de la banda de frecuencia de 700 MHz a los servicios de radiodifusión y telefonía móvil (excepto el servicio móvil aeronáutico), a título coprimario. La banda de frecuencia de 470-694 MHz (en lo sucesivo, «inferior a 700 MHz») sigue estando atribuida exclusivamente a los servicios de radiodifusión, a título primario, y al uso en PMSE inalámbricos de audio, a título secundario.

               (9)

               El rápido aumento del tráfico inalámbrico de banda ancha y la creciente importancia económica, industrial y social de la economía digital requieren disponer de una mayor capacidad de red inalámbrica. El espectro en la banda de frecuencia de 700 MHz ofrece capacidad adicional y cobertura universal, en particular en zonas rurales, montañosas e insulares, y otras zonas remotas que plantean dificultades económicas, en zonas predeterminadas como prioritarias a escala nacional, incluidas aquellas a lo largo de las grandes rutas de transporte terrestre, y para uso en interior y para las comunicaciones entre máquinas de largo alcance. En este contexto, la adopción de medidas coherentes y coordinadas para una cobertura terrestre inalámbrica de alta calidad en toda la Unión, basadas en las mejores prácticas nacionales en materia de obligaciones en las licencias de los operadores, debe contribuir a alcanzar el objetivo, establecido en el programa plurianual de política del espectro radioeléctrico, de que todos los ciudadanos, en toda la Unión, tengan acceso a la banda ancha, tanto en el interior como en el exterior, a las mayores velocidades posibles, y como mínimo de 30 Mb/s, para 2020, así como a hacer realidad el ambicioso proyecto de la sociedad del gigabit en la Unión. Tales medidas promoverán servicios digitales innovadores y producirán beneficios socioeconómicos a largo plazo.

               (10)

               La 5G tendrá importantes repercusiones no solo para el sector digital sino para las economías en su conjunto. Especialmente en el contexto de la lenta implantación de la 4G y de los servicios correspondientes, el lanzamiento con éxito de la 5G en la Unión será crucial para el desarrollo económico y para la competitividad y la productividad de las economías de la Unión. Por tanto, es necesario que la Unión tome la iniciativa y garantice suficiente espectro para un lanzamiento y un desarrollo satisfactorios de la 5G. Además, a la hora de autorizar la utilización de la banda de frecuencia de 700 MHz, los Estados miembros deben considerar la oportunidad de velar por que los operadores de redes móviles virtuales puedan aumentar su cobertura geográfica. La Comisión, cuando lo solicite un Estado miembro y resulte factible, debe facilitar las subastas organizadas conjuntamente, contribuyendo así a creación de estructuras paneuropeas.

               (11)

               Compartir espectro dentro de una banda de frecuencias común entre, por una parte, el uso de banda ancha inalámbrica bidireccional destinado a zonas extensas (ascendente y descendente) y, por otra, el uso para radiodifusión televisiva unidireccional o PMSE inalámbricos de audio presenta problemas desde el punto de vista técnico cuando las respectivas zonas de cobertura se superponen o están próximas. Esto significa que reorientar el uso de la banda de frecuencia de 700 MHz para destinarla a los servicios bidireccionales de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrestres privaría a los usuarios de TDT y PMSE inalámbricos de audio de parte de sus recursos de espectro. Los sectores TDT y PMSE necesitan, por tanto, una regulación previsible a largo plazo en lo que se refiere a la disponibilidad de espectro suficiente, que les permita garantizar, por una parte, la prestación y el desarrollo sostenibles de sus servicios, en particular la televisión gratuita, al mismo tiempo que se asegura un entorno adecuado para las inversiones, y, por otra, la consecución de los objetivos de la política audiovisual nacional y de la Unión, como la cohesión social, el pluralismo de los medios de comunicación y la diversidad cultural. Puede que sea necesario adoptar medidas a escala de la Unión y nacional para asegurar recursos de espectro adicionales para el uso en PMSE inalámbricos de audio fuera de la banda de frecuencia de 470-790 MHz.

               (12)

               En su informe a la Comisión, Pascal Lamy, presidente del Grupo de alto nivel sobre el uso futuro de la banda UHF (470-790 MHz), recomendó que la banda de frecuencia de 700 MHz esté disponible para la banda ancha inalámbrica a más tardar en 2020 (con un margen de dos años). Dicha liberación contribuiría a lograr el objetivo de previsibilidad reglamentaria a largo plazo para la TDT, ya que la banda de frecuencia inferior a 700 MHz estaría disponible hasta 2030, aunque la situación se tendría que revisar a más tardar en 2025.

               (13)

               El Grupo de política del espectro radioeléctrico recomendó, en su dictamen sobre una estrategia a largo plazo sobre el futuro uso de la banda UHF (470-790 MHz) en la Unión, de 19 de febrero de 2015, la adopción de un enfoque coordinado en la Unión para que la banda de frecuencia de 700 MHz esté disponible para su uso efectivo por los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica a finales de 2020, señalando que los Estados miembros pueden decidir, basándose en motivos debidamente justificados, aplazar la disponibilidad de la banda por un máximo de dos años. Además, debe garantizarse hasta 2030 la disponibilidad de la banda de frecuencia inferior a 700 MHz para la prestación de servicios de radiodifusión.

               (14)

               Algunos Estados miembros ya han iniciado o completado un proceso nacional de autorización de la utilización de la banda de 700 MHz para los servicios bidireccionales de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrestres. Es necesario un enfoque coordinado con respecto al futuro uso de la banda de 700 MHz, que ofrezca además un entorno regulador previsible, conciliar la diversidad de los Estados miembros con los objetivos del mercado único digital y promover el liderazgo europeo en el desarrollo tecnológico internacional. En este contexto, debe obligarse a los Estados miembros a reorientar la utilización de la banda de frecuencia de 700 MHz en el momento oportuno de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho nacional.

               (15)

               Los Estados miembros deben poder aplazar, sobre la base de motivos debidamente justificados, la autorización del uso de la banda de frecuencia de 700 MHz para los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica más allá del plazo común de 2020 establecido en el ámbito de la Unión por un máximo de dos años. Los motivos de dicho aplazamiento admisibles deben limitarse a la existencia de cuestiones de coordinación transfronteriza que no se hayan podido resolver y que den lugar a interferencias perjudiciales, la necesidad y la dificultad de garantizar la migración técnica de una parte importante de la población hacia estándares de radiodifusión avanzados, el excesivo coste económico de la transición en comparación con los ingresos esperados de los procedimientos de adjudicación, y los casos de fuerza mayor. Los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo las interferencias perjudiciales en los Estados miembros afectados. En caso de que los Estados miembros decidan aplazar la autorización del uso de la banda de frecuencia de 700 MHz, deben informar de ello a los demás Estados miembros y a la Comisión, e incluir esos motivos debidamente justificados en sus hojas de ruta nacional. Dichos Estados miembros y todos los Estados miembros afectados por el aplazamiento deben cooperar entre sí para coordinar el proceso de liberación de la banda de frecuencia de 700 MHz e incluir información sobre esta coordinación en sus hojas de ruta nacionales.

               (16)

               El uso de la banda de frecuencia de 700 MHz por otras aplicaciones en países terceros, autorizado por los acuerdos internacionales o en partes del territorio nacional fuera del control efectivo de las autoridades de los Estados miembros, podría limitar el uso de la banda de frecuencia de 700 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrestres en algunos Estados miembros. Ello impediría a dichos Estados miembros cumplir con el calendario común establecido a escala de la Unión. Los Estados miembros afectados deben adoptar todas las medidas necesarias para reducir al mínimo la duración y extensión geográfica de estas limitaciones y solicitar la ayuda de la Unión cuando sea necesario, de conformidad con el artículo 10, apartado 2, de la Decisión n.o 243/2012/UE. Deben notificar también a la Comisión dichas limitaciones de conformidad con el artículo 6, apartado 2, y el artículo 7 de la Decisión n.o 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y publicar la información de conformidad con su artículo 5.

               (17)

               La presente Decisión debe entenderse sin perjuicio de las medidas adoptadas a nivel nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión, en aras de objetivos de interés general en lo que respecta al derecho de los Estados miembros a organizar y usar su espectro radioeléctrico con fines de orden público, seguridad pública y defensa.

               (18)

               El uso de la banda de frecuencia de 700 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrestres debe estar sujeto a un régimen de autorización flexible tan pronto como sea posible. Dicho régimen debe incluir la posibilidad de que los titulares de derechos de uso del espectro comercialicen y arrienden sus derechos en el marco de la aplicación de los artículos 9, 9 bis y 9 ter de la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5), teniendo en cuenta la obligación de promover una competencia efectiva sin distorsiones de la competencia en el mercado interior de los servicios de comunicaciones electrónicas, de conformidad con el artículo 5 de la Decisión n.o 243/2012/UE. Durante sus respectivas evaluaciones a efectos de la concesión de licencias de uso del espectro, los Estados miembros deben tomar en consideración la duración de las licencias, el plan empresarial de los operadores y su contribución a la consecución de los objetivos de la Agenda Digital, y la promoción de servicios digitales innovadores y de beneficios socioeconómicos a largo plazo.

               (19)

               Es importante lograr una regulación previsible a largo plazo para la TDT en lo que se refiere al acceso a la banda de frecuencia inferior a 700 MHz, teniendo en cuenta los resultados de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de 2015. En consonancia con los artículos 9 y 9 bis de la Directiva 2002/21/CE, los Estados miembros deben poder aplicar un planteamiento flexible cuando sea posible y poder autorizar la introducción de usos alternativos, tales como los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrestres en la banda de frecuencia inferior a 700 MHz de acuerdo con las necesidades nacionales en lo que respecta a la distribución de servicios de radiodifusión, incluso para iniciativas innovadoras impulsadas por los usuarios. Tales usos alternativos deben garantizar a la radiodifusión, en cuanto usuaria principal, el acceso ininterrumpido al espectro, en función de la demanda nacional. A tal fin, los Estados miembros deben promover la cooperación entre los organismos de radiodifusión, los operadores de radiodifusión y los operadores móviles a fin de facilitar la convergencia de las plataformas audiovisuales y de internet y el uso compartido del espectro. Al autorizar el uso dentro de la banda de frecuencia inferior a 700 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrestres, los Estados miembros deben garantizar que este uso no ocasione interferencias perjudiciales a la radiodifusión digital terrestre en los Estados miembros vecinos, tal como se dispone en el acuerdo alcanzado en la Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de 2006.

               (20)

               Los Estados miembros deben adoptar hojas de ruta nacionales coherentes para facilitar el uso de la banda de frecuencia de 700 MHz por los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica terrestres, garantizando al mismo tiempo la continuidad de los servicios de radiodifusión televisiva que desocupan la banda. Una vez adoptadas dichas hojas de ruta nacionales, los Estados miembros deben ponerlas a disposición de manera transparente en toda la Unión. En las hojas de ruta nacionales se deben abordar las actividades y el calendario de reprogramación de frecuencias, la evolución técnica de los equipos de red y de usuario final, la coexistencia entre equipos radioeléctricos y equipos no radioeléctricos, los regímenes de autorización existentes y nuevos, los mecanismos para evitar las interferencias perjudiciales con los usuarios del espectro en las bandas adyacentes y la información sobre la posibilidad de ofrecer una compensación por los costes de la migración, cuando estos existan, a fin de evitar, entre otras cosas, los costes para los usuarios finales o los organismos de radiodifusión. Cuando los Estados miembros tengan previsto mantener la TDT, en las hojas de ruta nacionales debe considerarse la opción de mejorar los equipos de difusión hacia tecnologías de mayor eficiencia espectral, tales como formatos de vídeo avanzados (por ejemplo, HEVC) o tecnologías de transmisión de señales (por ejemplo, DVB-T2).

               (21)

               El alcance y la articulación de la posible compensación por completar la transición en el uso del espectro, en particular para los usuarios finales, deben analizarse de conformidad con las disposiciones nacionales pertinentes, tal como establece el artículo 14 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y han de ser coherentes con los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con objeto, por ejemplo, de facilitar la transición en la utilización del espectro hacia tecnologías de mayor eficiencia espectral. La Comisión debe poder ofrecer orientación al Estado miembro que lo solicite para facilitar la transición en el uso del espectro.

               (22)

               La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, debe informar al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución de la utilización de la banda de frecuencia inferior a 700 MHz, a fin de asegurar que el espectro se emplee de manera eficiente, en consonancia con el Derecho de la Unión que sea aplicable. La Comisión debe tener en cuenta los factores sociales, económicos, culturales e internacionales que afecten al uso de la banda de frecuencia inferior a 700 MHz, así como la evolución tecnológica y los cambios de comportamiento de los consumidores, y los requisitos de conectividad para fomentar el crecimiento y la innovación en la Unión.

               (23)

               Dado que el objetivo de la presente Decisión, a saber, garantizar un enfoque coordinado del uso de la banda de frecuencia de 470-790 MHz en la Unión de conformidad con objetivos comunes, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a su dimensión y sus efectos, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

         HAN ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   1.   A más tardar el 30 de junio de 2020, los Estados miembros autorizarán el uso de la banda de frecuencia de 694-790 MHz (en lo sucesivo, «700 MHz») para los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, exclusivamente con arreglo a las condiciones técnicas armonizadas establecidas por la Comisión en virtud del artículo 4 de la Decisión n.o 676/2002/CE.
   No obstante, los Estados miembros podrán aplazar la autorización del uso de la banda de frecuencia de 700 MHz por un máximo de dos años, alegando uno o varios de los motivos debidamente justificados que se indican en el anexo de la presente Decisión. En caso de que se produzca dicho aplazamiento, el Estado miembro de que se trate informará en consecuencia a los demás Estados miembros y a la Comisión e incluirá dichos motivos debidamente justificados en la hoja de ruta nacional, adoptada de conformidad con el artículo 5 de la presente Decisión. En caso necesario, los Estados miembros llevarán a cabo el procedimiento de autorización o modificarán los derechos existentes pertinentes para el uso del espectro de conformidad con la Directiva 2002/20/CE, con el fin de autorizar dicho uso.
   El Estado miembro que aplace la autorización del uso de la banda de frecuencia de 700 MHz de conformidad con el párrafo segundo y los Estados miembros afectados por tal aplazamiento cooperarán entre sí para coordinar el proceso de liberación de la banda de frecuencia de 700 MHz para los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica e incluirán información sobre dicha coordinación en las hojas de ruta nacionales que adopten con arreglo al artículo 5.
   2.   A fin de autorizar el uso de la banda de frecuencia de 700 MHz de conformidad con el apartado 1, los Estados miembros deberán celebrar, antes del 31 de diciembre de 2017, todos los acuerdos de coordinación de frecuencias transfronterizos que sean necesarios en la Unión.
   3.   Los Estados miembros no estarán sujetos a las obligaciones establecidas en los apartados 1 y 2 en aquellas zonas geográficas en que la coordinación de frecuencias con países terceros siga pendiente, siempre que hagan todo lo posible por minimizar la duración y el alcance geográfico de tal falta de coordinación e informen anualmente de los resultados a la Comisión hasta que se hayan resuelto las cuestiones pendientes.
   El párrafo primero se aplicará a los problemas de coordinación del espectro en la República de Chipre derivados de que el Gobierno de Chipre no puede ejercer el control efectivo en parte de su territorio.
   4.   La presente Decisión se entiende sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a organizar y utilizar sus espectros para fines de orden público, seguridad pública y de defensa.
   Artículo 2
   Al reconocer derechos de uso en la banda de frecuencia de 700 MHz para sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica, los Estados miembros autorizarán la transferencia o arrendamiento de dichos derechos con arreglo a procedimientos transparentes en consonancia con el Derecho aplicable de la Unión.
   Artículo 3
   1.   Cuando los Estados miembros autoricen el uso o modifiquen los derechos de uso de la banda de frecuencia de 700 MHz, tendrán debidamente en cuenta la necesidad de alcanzar los objetivos de velocidad y calidad fijados en el artículo 6, apartado 1, de la Decisión n.o 243/2012/UE, incluida la cobertura en zonas predeterminadas como prioritarias a escala nacional, como las situadas a lo largo de las grandes rutas de transporte terrestre, con el fin que las aplicaciones inalámbricas y el liderazgo europeo en los nuevos servicios digitales contribuyan eficazmente al crecimiento económico de la Unión. Dichas medidas podrán incluir condiciones que faciliten o promuevan el uso compartido de la infraestructura de red o el espectro de conformidad con el Derecho de la Unión.
   2.   Al aplicar el apartado 1, los Estados miembros valorarán la necesidad de imponer condiciones a los derechos de uso de frecuencias dentro de la banda de frecuencia de 700 MHz y, cuando proceda, celebrarán consultas al respecto con las partes interesadas.
   Artículo 4
   Los Estados miembros garantizarán la disponibilidad, como mínimo hasta 2030, de la banda de frecuencia de 470-694 MHz (en lo sucesivo, «inferior a 700 MHz») para la prestación terrestre de servicios de radiodifusión, incluida la televisión gratuita, y para su uso en PMSE inalámbricos de audio, atendiendo a las necesidades nacionales y teniendo en cuenta al mismo tiempo el principio de neutralidad tecnológica. Los Estados miembros velarán por que cualquier otro uso de la banda de frecuencia inferior a 700 MHz en su territorio sea compatible con las necesidades nacionales de radiodifusión en el Estado miembro de que se trate y no cause interferencias perjudiciales a la prestación terrestre de servicios de radiodifusión en un Estado miembro vecino ni reclame protección frente a ella. Este uso se entenderá sin perjuicio de las obligaciones derivadas de acuerdos internacionales tales como los acuerdos transfronterizos de coordinación de frecuencias.
   Artículo 5
   1.   Lo antes posible y, en cualquier caso, a más tardar el 30 de junio de 2018, los Estados miembros adoptarán y harán público el plan y el calendario establecidos a escala nacional («hoja de ruta nacional»), incluidas las etapas pormenorizadas para el cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los artículos 1 y 4. Los Estados miembros elaborarán sus hojas de ruta nacionales después de consultar con todas las partes interesadas.
   2.   Con el fin de garantizar que el uso de la banda de frecuencia de 700 MHz sea conforme con el artículo 1, apartado 1, los Estados miembros incluirán en sus hojas de ruta nacionales, cuando corresponda, información sobre las medidas, incluidas las medidas de apoyo, destinadas a limitar el impacto del proceso de transición para el público y para el uso en PMSE inalámbricos de audio y a facilitar la disponibilidad oportuna de equipos y receptores de redes de radiodifusión televisiva interoperables en el mercado interior.
   Artículo 6
   Cuando proceda y con arreglo al Derecho de la Unión, los Estados podrán velar por que los costes directos que suponga, en particular para los usuarios finales, la migración o la reasignación del uso del espectro, sean compensados sin demora y de manera transparente, con el fin, entre otros, de facilitar la transición en el uso del espectro hacia tecnologías de mayor eficiencia espectral.
   A petición del Estado miembro interesado, la Comisión podrá ofrecer orientación sobre tal compensación, con el fin de facilitar la transición en el uso del espectro.
   Artículo 7
   La Comisión, en cooperación con los Estados miembros, informará al Parlamento Europeo y al Consejo de la evolución de la utilización de la banda de frecuencia inferior a 700 MHz, a fin de garantizar el uso eficiente del espectro, en consonancia con el Derecho de la Unión aplicable. La Comisión tendrá en cuenta los factores sociales, económicos, culturales e internacionales que afecten al uso de la banda de frecuencia inferior a 700 MHz, con arreglo a los artículos 1 y 4, así como la evolución tecnológica, los cambios de comportamiento de los consumidores y los requisitos de conectividad para fomentar el crecimiento y la innovación en la Unión.
   Artículo 8
   La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

   Artículo 9
   Los destinatarios de la presente Decisión son los Estados miembros.

      Hecho en Estrasburgo, el 17 de mayo de 2017.

            Por el Parlamento Europeo

            El Presidente

         A. TAJANI

            Por el Consejo

            El Presidente

         C. ABELA

      (1)  DO C 303 de 19.8.2016, p. 127.

      (2)  Posición del Parlamento Europeo de 15 de marzo de 2017 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 25 de abril de 2017.

      (3)  Decisión n o 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2012, por la que se establece un programa plurianual de política del espectro radioeléctrico (DO L 81 de 21.3.2012, p. 7).

      (4)  Decisión n.o 676/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, sobre un marco regulador de la política del espectro radioeléctrico en la Comunidad Europea (Decisión espectro radioeléctrico) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 1).

      (5)  Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva marco) (DO L 108 de 24.4.2002, p. 33).

      (6)  Directiva 2002/20/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización) (DO L 108 de 24.4.2002, p 21).

      ANEXO
      Motivos justificados para aplazar más allá del 30 de junio de 2020 la autorización del uso de la banda de frecuencia de 700 MHz para los sistemas terrestres capaces de prestar servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha inalámbrica (artículo 1, apartado 1)

                  1.

                  Problemas de coordinación transfronteriza no resueltos que tengan como resultado interferencias perjudiciales.

                  2.

                  Necesidad y dificultad de garantizar la migración técnica de una parte importante de la población hacia estándares de radiodifusión avanzados.

                  3.

                  Excesivo coste económico de la transición en comparación con los ingresos esperados de los procedimientos de adjudicación.

                  4.

                  Casos de fuerza mayor.


Avis juridique important

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31998D0382

98/382/CE: Decisión del Consejo de 5 de junio de 1998 relativa a los datos estadísticos que han de utilizarse en el cálculo de la clave para la suscripción de capital del Banco Central Europeo

Diario Oficial n° L 171 de 17/06/1998 p. 0033 - 0034

DECISIÓN DEL CONSEJO de 5 de junio de 1998 relativa a los datos estadísticos que han de utilizarse en el cálculo de la clave para la suscripción de capital del Banco Central Europeo (98/382/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 del artículo 29 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, anejo,Vista la propuesta de la Comisión (1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),Visto el dictamen del Instituto Monetario Europeo (3),Actuando de conformidad con el procedimiento establecido en el apartado 6 del artículo 106 del Tratado y en el artículo 42 del mencionado Protocolo,(1) Considerando que el Banco Central Europeo (BCE), se constituirá tan pronto como sea nombrado su Consejo ejecutivo;(2) Considerando que el capital inicial del Banco Central Europeo, que será operativo desde su creación, será de 5 000 millones de ecus;(3) Considerando que los bancos centrales nacionales serán los únicos suscriptores del capital y accionistas del Banco Central Europeo;(4) Considerando que la clave para la suscripción de capital del Banco Central Europeo se fijará una vez se haya constituido dicha institución;(5) Considerando que los datos estadísticos que hayan de emplearse para la determinación de la clave los suministrará la Comisión con arreglo a las normas adoptadas por el Consejo;(6) Considerando que es necesario definir la naturaleza y las fuentes de los datos que hayan de emplearse en la determinación de la clave, así como el método de cálculo de la ponderación de los bancos centrales nacionales en dicha clave;(7) Considerando que la Directiva 89/130/CEE, Euratom del Consejo, de 13 de febrero de 1989, relativa a la armonización del establecimiento del producto nacional bruto a precios de mercado (4) establece un procedimiento para que los Estados miembros determinen los datos relativos al producto nacional bruto a precios de mercado; que los Estados miembros deben tomar las medidas necesarias para que esa información sea transmitida a la Comisión,DECIDE:Artículo 1 Los datos estadísticos que hayan de emplearse para determinar la clave para la suscripción de capital del Banco Central Europeo serán facilitados por la Comisión de conformidad con lo dispuesto en los siguientes artículos.Artículo 2 La población y el producto interior bruto a precios de mercado, denominado en lo sucesivo «PIB pm», se definirán con arreglo al Sistema Europeo de Cuentas Económicas Integradas (SEC) en la versión que se utiliza a efectos de la aplicación de lo dispuesto en la Directiva 89/130/CEE, Euratom. Por PIB pm se entenderá lo definido en el artículo 2 de dicha Directiva.Artículo 3 Los datos sobre población serán los correspondientes al año 1996. Se utilizará la media del total de población registrado durante el año, con arreglo a la recomendación SEC.Artículo 4 Los datos sobre el PIB pm serán los correspondientes a cada uno de los años 1991 a 1995. Los datos sobre el PIB pm de los Estados miembros se expresarán en la moneda nacional a precios corrientes.Artículo 5 La Comisión (Eurostat) recabará de los Estados miembros los datos sobre población.Artículo 6 Los datos sobre el PIB pm correspondientes a los años 1991 a 1995 serán los resultantes de la aplicación de la Directiva 89/130/CEE, Euratom.Artículo 7 1. La parte de un Estado miembro en la población de la Comunidad será igual a su aportación a la suma de las poblaciones de los Estados miembros, expresada en porcentaje.2. Los datos sobre el PIB pm por año y por Estado miembro expresados en moneda nacional se convertirán a ecus. El tipo de cambio que se utilizará a tal fin será la media de los tipos de cambio de todos los días laborables del año. El tipo de cambio diario será el tipo calculado por la Comisión y publicado en la serie C del Diario Oficial de las Comunidades Europeas.3. La parte de un Estado miembro en el PIB pm de la Comunidad será igual a su aportación a la suma de los PIB pm de los Estados miembros correspondientes a cinco años, expresada en porcentaje.Artículo 8 La ponderación de un banco central nacional en la clave será igual a la media aritmética de los porcentajes del correspondiente Estado miembro en la población y en el PIB pm de la Comunidad.Artículo 9 En las sucesivas fases del cálculo se empleará un número de cifras suficiente para garantizar su exactitud. La ponderación de los bancos centrales nacionales en la clave se expresará con cuatro cifras decimales.Artículo 10 La Comisión comunicará los datos a que se refiere la presente Decisión al Banco Central Europeo tan pronto como sea posible tras su establecimiento.Hecho en Luxemburgo, el 5 de junio de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteG. BROWN(1) DO C 118 de 17. 4. 1998, p. 13.(2) Dictamen emitido el 28 de mayo de 1998 (no publicado aún en el Diario Oficial).(3) Dictamen emitido el 6 de abril de 1998 (no publicado aún en el Diario Oficial).(4) DO L 49 de 21. 2. 1989, p. 26.


title: 2011/279/UE: Decisión de la Comisión, de 13 de mayo de 2011 , por el que se acepta un compromiso ofrecido en relación con el procedimiento antidumping correspondiente a las importaciones de zeolita A en forma de polvo originaria de Bosnia y Herzegovina

text:
               14.5.2011

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 125/26

         DECISIÓN DE LA COMISIÓN
   de 13 de mayo de 2011
   por el que se acepta un compromiso ofrecido en relación con el procedimiento antidumping correspondiente a las importaciones de zeolita A en forma de polvo originaria de Bosnia y Herzegovina
   (2011/279/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (UE) no 1225/2009 del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea (1) (en lo sucesivo, «el Reglamento de base»), y, en particular, sus artículos 8 y 9,
   Previa consulta al Comité Consultivo,
   Considerando lo siguiente:
   A.   PROCEDIMIENTO

               (1)

               Mediante el Reglamento (UE) no 1036/2010 (2), la Comisión estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de zeolita A en forma de polvo originaria de Bosnia y Herzegovina

               (2)

               Tras la adopción de las medidas antidumping provisionales, la Comisión continuó investigando el dumping, el perjuicio y el interés de la Unión. La investigación confirmó las constataciones provisionales, según las cuales dichas importaciones eran objeto de un dumping causante de perjuicio.

               (3)

               Las constataciones y conclusiones definitivas de la investigación quedan recogidas en el Reglamento (UE) no 464/2011 del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por el que se establece un derecho antidumping definitivo y se percibe definitivamente el derecho provisional establecido sobre las importaciones de zeolita A en forma de polvo originaria de Bosnia y Herzegovina (3) (en lo sucesivo, «el producto afectado»).

         B.   COMPROMISO

               (4)

               Tras la adopción de las medidas antidumping provisionales, el productor exportador que cooperó de Bosnia y Herzegovina, Alumina d.o.o. Zvornik, junto con su empresa vinculada en la Unión, AB Kauno Tiekimas filialas (Kauno Tiekimas), situada en Kaunas, Lituania, ofrecieron un compromiso de precio de conformidad con el artículo 8, apartado 1, del Reglamento de base. En esta oferta de compromiso, ambas empresas ofrecieron vender el producto afectado a niveles de precios iguales o superiores a los necesarios para eliminar el efecto perjudicial del dumping descubierto en la investigación.

               (5)

               El precio mínimo de importación ofrecido por estas empresas se basaba en el valor normal calculado para el período de investigación.

               (6)

               La oferta de compromiso establecía también que Alumina d.o.o. Zvornik enviaría el producto afectado vendido directamente al primer cliente independiente de la Unión y la facturación a este cliente correría a cargo de Alumina d.o.o. Zvornik o de Kauno directamente. Además, las empresas ofrecieron establecer un vínculo entre las facturas de transferencia correspondientes al producto afectado emitidas por Alumina d.o.o Zvornik a Kauno Tiekimas y las facturas de reventa al primer cliente independiente de la Unión emitidas por Kauno Tiekimas.

               (7)

               Ambas empresas se comprometieron también a facilitar a la Comisión información periódica y detallada sobre sus ventas a la Unión, lo que permitirá a la Comisión comprobar adecuadamente el cumplimiento del compromiso.

         C.   COMENTARIOS DE LAS PARTES Y ACEPTACIÓN DEL COMPROMISO

               (8)

               La industria de la Unión indicó que no estaba de acuerdo en que se aceptara la oferta de compromiso, en particular con la fijación de un precio mínimo de importación. Alegó que los precios de la zeolita A en forma de polvo dependen del coste de las materias primas, en especial la sosa cáustica, y la energía y que se espera un aumento de los precios de mercado. A este respecto, hay que señalar que la información disponible sobre la evolución del coste de producción (que incluye las materias primas y los costes de energía) confirma que este ha evolucionado linealmente. La información recopilada durante toda la investigación indica que los precios de las materias primas principales no experimentaron cambios drásticos, con excepción de los de la sosa cáustica a mediados de 2009. Sin embargo esta tendencia se invirtió a finales de 2009 y los precios volvieron a la media existente durante mucho tiempo. Además, la energía no es una materia prima y no puede relacionarse con un precio mínimo de importación. La industria de la Unión cuestionó si podía considerarse que el productor exportador bosnio y su empresa vinculada de la Unión eran fiables en vista de su situación financiera. Sin embargo, no se facilitó información concreta y verificable que corroborara esta afirmación. Se cuestionó también la fiabilidad de las partes mencionadas porque habían declarado la importación del producto afectado en varios códigos CN. En relación con esta alegación hay que señalar que el producto afectado se clasifica actualmente en el código CN ex 2842 10 00 y que las empresas que ofrecen el compromiso no realizan la declaración en aduana. Se adujo también que el productor exportador bosnio puede vender otros productos en la Unión, aumentando así el peligro de compensación cruzada, y que la empresa vinculada de la Unión puede ofrecer una compensación a sus clientes de la Unión cuando vende el producto con arreglo al precio mínimo de importación. A este respecto, debe indicarse que la Comisión no ha establecido ningún peligro sistémico de compensación cruzada, en particular porque el mercado y los clientes de la zeolita A en forma de polvo están bien definidos. De hecho, los clientes que compran zeolita A en forma de polvo no adquieren otros productos fabricados por Alumina d.o.o. Zvornik, ya que operan en mercados completamente distintos de los de los clientes de los demás productos. Téngase en cuenta también que se vigilará estrechamente a todas las partes sujetas a esta oferta de compromiso. La industria de la Unión alegó asimismo que la oferta de compromiso no se presentó en el plazo previsto en el Reglamento de base. Con respecto a esta alegación, ha de decirse que la oferta se presentó de hecho en el plazo previsto en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento de base. La industria de la Unión hizo algunos otros comentarios sobre el método de cálculo del precio mínimo de importación y la supervisión de dicho compromiso que, sin embargo, no se consideraron pertinentes o justificados, ya que la Comisión aseguró que el precio mínimo de importación propuesto era conforme con sus prácticas administrativas en materia de ofertas de compromiso.

               (9)

               En consecuencia, el compromiso ofrecido por las dos empresas es aceptable.

               (10)

               Para que la Comisión pueda controlar eficazmente que las empresas respetan el compromiso, cuando se presente a la autoridad aduanera pertinente la solicitud de despacho a libre práctica, la exención del derecho antidumping estará supeditada a i) la presentación de una factura relativa al compromiso en la que consten, al menos, los datos que figuran en el anexo del Reglamento (UE) no 464/2011, ii) que las mercancías importadas estén fabricadas por Alumina d.o.o. Zvornik y sean enviadas directamente por esta empresa al primer cliente independiente de la Unión y facturadas a dicho cliente bien directamente por Alumina d.o.o. Zvornik o por Kauno Tiekimas, y iii) que las mercancías declaradas y presentadas en aduana correspondan exactamente a la descripción que figura en la factura relativa al compromiso. Si no se hace entrega de dicha factura o si esta no corresponde al producto presentado en aduana, deberá abonarse el tipo apropiado de derecho antidumping.

               (11)

               Para garantizar el cumplimiento del compromiso, en el Reglamento del Consejo mencionado en el considerando 3 se ha informado a los importadores de que el incumplimiento de las condiciones previstas en el mismo o la denuncia de la aceptación del compromiso por parte de la Comisión puede implicar que se contraiga una deuda aduanera por las transacciones correspondientes.

               (12)

               En caso de incumplimiento o denuncia del compromiso, o si la Comisión retira la aceptación del mismo, se aplicará automáticamente el derecho antidumping impuesto con arreglo al artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base, de conformidad con su artículo 8, apartado 9.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Se acepta el compromiso ofrecido por el productor exportador, junto con su importador vinculado en la Unión que se indica a continuación, en relación con el procedimiento antidumping correspondiente a las importaciones de zeolita A en forma de polvo originaria de Bosnia y Herzegovina.

               País

               Empresa

               Código Taric adicional

               Bosnia y Herzegovina

               Fabricado, enviado y facturado directamente por Alumina d.o.o., Zvornik, Bosnia y Herzegovina, al primer cliente independiente de la Unión.

               B115

               Bosnia y Herzegovina

               Fabricado y enviado directamente por Alumina d.o.o., Zvornik, Bosnia y Herzegovina, al primer cliente independiente de la Unión y facturado directamente por AB Kauno Tiekimas filialas, Kaunas, Lituania, al primer cliente independiente de la Unión.

               B116

         Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 13 de mayo de 2011.

            Por la Comisión

            El Presidente

         José Manuel BARROSO

      (1)  DO L 343 de 22.12.2009, p. 51.

      (2)  DO L 298 de 16.11.2010, p. 27.

      (3)  Véase la página 1 del presente Diario Oficial.


Avis juridique important

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31973D0415

73/415/CEE: Decisión de la Comisión, de 31 de octubre de 1973, relativa a la sección especializada "arroz" del Comité consultivo de los cereales

Diario Oficial n° L 355 de 24/12/1973 p. 0026 - 0027 Edición especial griega: Capítulo 03 Tomo 10 p. 0060  Edición especial en español: Capítulo 03 Tomo 7 p. 0102  Edición especial en portugués: Capítulo 03 Tomo 7 p. 0102

 DECISIÓN DE LA COMISIÓN    de 31 de octubre de 1973    relativa a la sección especializada « arroz »   del Comité Consultivo de los Cereales     ( 73/415/CEE )    LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ,    Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad   Económica Europea ,    Considerando que por Decisión de la Comisión ,   de 22 de julio de 1964 (1) , modificada por la   Decisión de 15 de mayo de 1970 (2) , se creó   una sección especializada « arroz » del   Comité Consultivo de los Cereales ;    Considerando que no ha parecido necesario modificar el   número de miembros y la distribución de los puestos   en el seno de dicho Comité tras la adhesión de   nuevos Estados miembros a la Comunidad ;    Considerando que conviene adaptar el texto de la   Decisión mencionada anteriormente sobre algunos   puntos de orden secundario ; que una preocupación   por la claridad lleva a proceder a una   refundición completa de dicho texto ,    DECIDE :    Artículo 1    El texto de la Decisión , de 22 de julio de 1964 ,   relativa a la creación de una sección especializada   « arroz » del Comité Consultivo   de los Cereales se sustituirá por el texto   siguiente :     « Artículo 1    1 . Se constituye ante la Comisión una sección   especializada « arroz » del Comité Consultivo de los   Cereales , más adelante denominada la sección .    2 . La sección « arroz » estará compuesta por   representantes de las siguientes categorías   económicas : Los productores agrícolas , las   cooperativas agrícolas , las industrias   agrícolas y alimentarias , el comercio de los   productos agrícolas y alimentarios , los trabajadores   del sector agrícola y alimentario , así como los   consumidores .    Artículo 2    1 . La sección « arroz » podrá ser consultada   por la Comisión sobre todos los problemas relativos   a la aplicación de los Reglamentos referentes a la   organización común de mercado en el sector del   arroz y , en particular , sobre las medidas que está   llamada a adoptar en el marco de dichos Reglamentos .    2 . El presidente de la sección « arroz » puede   indicar a la Comisión la procedencia de consultar a la   sección « arroz » sobre un asunto dimanante de la   competencia de esta última y con respecto a la cual   no se le hubiere dirigido una solicitud de dictamen .   El citado presidente realizará , en particular ,   lo antedicho a petición de una de las categorías   económicas representadas .    Artículo 3    1 . La sección " arroz " estará compuesta por   veintidós miembros .    2 . Los puestos se atribuirán en la forma   siguiente :     - ocho a los productores de arroz     - tres a las cooperativas arroceras     - dos a las industrias de los molinos arroceros     - uno a las industrias que utilicen arroz y   partidos     - dos a los negociantes de arroz     - cuatro a los trabajadores agrícolas y a los   trabajadores del ramo de la alimentación     - dos a los consumidores    Artículo 4    1 . Los miembros de la sección " arroz " serán   nombrados por la Comisión a propuesta de las   organizaciones profesionales constituidas a escala de la   Comunidad más representativa de las categorías   económicas mencionadas en el apartado 2 del artículo 1   y cuyas actividades entren en el marco de la   organización común del mercado del arroz . Sin embargo ,   los representantes de los consumidores se nombrarán a   propuesta del " Comité Consultivo de los   Consumidores " . Para cada uno de los puestos a cubrir ,   dichos organismos proponen dos candidatos de nacionalidad   diferente .    2 . El mandato de miembro de la sección " arroz "   tiene una duración de tres años y es renovable . Las   funciones ejercidas no son objeto de remuneración .    Tras la expiración del período de tres años , los   miembros de la sección " arroz " continúan en   funciones hasta que se proceda a su sustitución o   a la renovación de su mandato .    El mandato de un miembro finaliza antes de la   expiración del período de tres años por dimisión   o fallecimiento .    Puede ponerse asimismo fin al mandato de un   miembro cuando el organismo que hubiere presentado su   candidatura pidiera su sustiticuón .    El citado miembro será sustituido para la duración   restante del mandato , según el procedimiento   previsto en el apartado 1 .    3 . La lista de miembros se publicará por la   Comisión en el Diario Oficial de las Comunidades   Europeas , para información .    Artículo 5    La presidencia de la sección " arroz " se   asegurará por el Presidente del Comité Consultivo   de los Cereales .    La sección " arroz " elegirá , para un plazo   de tres años , dos vicepresidentes . La elección   tendrá lugar por mayoría de los dos tercios   de los miembros presentes .    La sección " arroz " puede , por la misma mayoría ,   agregar a otros miembros a la oficina . En este caso ,   la oficina estará integrada por el presidente ,   además de un representante de cada una de las   categorías económicas representadas en el seno de la   sección " arroz " .    Artículo 6    A petición de una de las categorías económicas   representadas , el Presidente podrá invitar a un delegado   de dicha categoría a asistir a las reuniones de la   sección " arroz " . En las mismas condiciones   podrá invitar a participar en las tareas de la sección   " arroz " , en su calidad de experto ,   a toda persona que tenga una competencia   especial acerca de uno de los temas inscritos   en el orden del día ; los expertos participarán   en las deliberaciones por la sola cuestión que haya   motivado su presencia .    Artículo 7    La sección " arroz " puede establecer grupos   de trabajo con el fin de facilitar sus tareas .    Artículo 8    1 . La sección " arroz " se reunirá en la sede   de la Comisión , a convocatoria de esta última . La   mesa se reunirá a convocatoria del Presidente , de acuerdo   con la Comisión .    2 . Los representantes de los Servicios interesados   de la Comisión participarán en las reuniones de la   sección " arroz " de la mesa y de los grupos de   trabajo .    3 . Los Servicios de la Comisión aseguran la   Secretaría de la sección " arroz " , de la mesa   y de los grupos de trabajo .    Artículo 9    Las deliberaciones de la sección " arroz " se   centran sobre las solicitudes de dictamen formuladas por   la Comisión . Dichas deliberaciones no van seguidas de   ninguna votación .    La Comisión , al solicitar el dictamen de la   sección " arroz " , puede establecer el plazo   en el que deberá formularse el dictamen .    Las tomas de posición de las categorías económicas   representadas figurarán en un informe transmitido a   la Comisión .    En el caso en que el dictamen solicitado fuese objeto   de un acuerdo unánime de la sección " arroz " ,   esta última establecerá conclusiones comunes que   se unirán al informe .    Los resultados de las deliberaciones se comunicarán   por la Comisión al Consejo o a los Comités de   Gestión , a petición de estos últimos .    Artículo 10    Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 214   del Tratado , los miembros de la sección " arroz "   estarán obligados a no divulgar las informaciones   de las que tengan conocimiento por los trabajos de la   sección " arroz " o de los grupos de trabajo ,   cuando la Comisión informe a estos últimos que el   dictamen solicitado o la cuestión planteada se centra   sobre una materia que ofrece un carácter confidencial .    En dicho caso , únicamente los miembros de la   sección " arroz " y los representantes de los   Servicios de la Comisión asistirán a las reuniones . »    Artículo 2    La presente Decisión entrará en vigor el   31 de octubre de 1973 .    Hecho en Bruselas , el 31 de octubre de 1973 .    Por la Comisión    El Presidente    François-Xavier ORTOLI    (1) DO n º 122 de 29 . 7 . 1964 , p. 2051/64 .    (2) DO n º L 121 de 4 . 6 . 1970 , p. 14 .


Aviso jurídico importante

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32004D0264

2004/264/CE: Decisión de la Comisión, de 18 de marzo de 2004, por la que se suspende el derecho antidumping establecido por la Decisión n° 2730/2000/CECA sobre las importaciones de coque de carbón en trozos de más de 80 mm de diámetro originarias de la República Popular China

Diario Oficial n° L 081 de 19/03/2004 p. 0089 - 0091

Decisión de la Comisiónde 18 de marzo de 2004por la que se suspende el derecho antidumping establecido por la Decisión n° 2730/2000/CECA sobre las importaciones de coque de carbón en trozos de más de 80 mm de diámetro originarias de la República Popular China(2004/264/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Visto el Reglamento (CE) n° 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea(1) ("Reglamento de base"), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1972/2002(2), y, en particular, el apartado 4 de su artículo 14,Previa consulta al Comité consultivo,Considerando lo siguiente:A. PROCEDIMIENTO(1) Mediante la Decisión n° 2730/2000/CECA(3), la Comisión estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de coque de carbón en trozos de más de 80 mm de diámetro originarias de la República Popular China, clasificado en el código NC ex 2704 00 19 ("producto afectado"). El importe del derecho antidumping es igual a la cantidad fija de 32,6 euros por tonelada de peso neto en seco.(2) Dado que, el 23 de julio de 2002, expiraba el Tratado por el que se establece la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, el Consejo, mediante el Reglamento (CE) n° 963/2002(4), modificado por el Reglamento (CE) n° 1310/2002(5), decidió que los procedimientos antidumping iniciados de conformidad con la Decisión n° 2277/96/CECA de la Comisión(6), cuya última modificación la constituye la Decisión n° 435/2001/CECA(7), y que aún estuvieran en vigor continuarían y se regirían por las disposiciones del Reglamento de base a partir del 24 de julio de 2002. De igual modo, a partir del 24 de julio de 2002, cualquier medida antidumping establecida a consecuencia de investigaciones antidumping pendientes debe regirse por las disposiciones del Reglamento de base.(3) En diciembre de 2002, la Comisión inició una reconsideración provisional a instancia de Eucoke-EEIG ("el solicitante"), presentada en nombre de unos productores que representaban una proporción importante del total de la producción comunitaria de coque de carbón en trozos de más de 80 mm de diámetro, de conformidad con el apartado 3 del artículo 11 del Reglamento de base.(4) Una vez que el solicitante hubo retirado la denuncia, la Comisión propuso al Consejo que la reconsideración provisional se diera por finalizada.(5) No obstante, en la investigación de la reconsideración provisional correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre de 2001 y el 30 de septiembre de 2002 ("período de investigación"), la Comisión fue informada de un cambio de las condiciones de mercado, ocurrido después de dicho período (es decir, entre el 1 de octubre de 2002 y el 30 de septiembre de 2003), que podía justificar la suspensión de las medidas vigentes con arreglo al apartado 4 del artículo 14 del Reglamento de base. Por consiguiente, la Comisión examinó si tal suspensión estaba justificada.B. JUSTIFICACIÓN(6) El apartado 4 del artículo 14 del Reglamento de base establece que, en interés de la Comunidad, las medidas antidumping pueden suspenderse si las condiciones del mercado han experimentado un cambio temporal en grado tal que el perjuicio tenga escasas posibilidades de volverse a producir como consecuencia de la suspensión, y siempre y cuando la industria de la Comunidad haya tenido la oportunidad de formular sus comentarios al respecto y éstos hayan sido tenidos en cuenta. El apartado 4 del artículo 14 especifica además que las medidas antidumping en cuestión pueden volver a aplicarse en cualquier momento si ya no existen razones para la suspensión.(7) Durante la investigación de la reconsideración provisional, varias partes interesadas alegaron que, desde el período de investigación, la situación del mercado había cambiado radicalmente. Las alegaciones se basaban en la escasez de suministro del producto afectado y los elevados precios que cobraban los operadores comerciales en el mercado comunitario.(8) Se concedió a todas las partes interesadas la oportunidad de presentar sus comentarios y todas ellas, si bien los usuarios en menor grado, cooperaron en la nueva investigación.(9) Según la información facilitada por un importador y confirmada por los usuarios, en el período examinado se produjo un aumento de entre el 20 % y el 50 % del precio del producto afectado importado de la República Popular China. La industria de la Comunidad confirmó también esta tendencia. La industria del acero, que no es parte interesada en este procedimiento, también informó de un aumento del 76 % de los precios de todos los tipos de coque.(10) Considerando que los usuarios comunitarios no compran el producto directamente a la República Popular China sino a operadores comerciales que no hacen una distinción exacta del origen del producto, la información sobre las cantidades del producto afectado se basó en los datos del informe The Coke Market Report, publicado en una revista especializada y reconocido como fuente fiable de información sobre el mercado del coque. Según esta publicación, las importaciones procedentes de la República Popular China pasaron de 15,5 millones de toneladas de todos los tipos de coque en 2002 a 12 millones de toneladas en 2003, lo que representa una disminución del 23 %. Esta disminución se debe principalmente a un cambio en la política de las autoridades chinas, que decidieron destinar la producción china al mercado interior, con objeto de atender una demanda nacional cada vez mayor, y reducir el número de licencias de exportación concedidas a los exportadores chinos. En 2004 se espera que las importaciones de la República Popular China disminuyan 6,5 millones de toneladas más, si bien esta información todavía no está confirmada ya que las autoridades chinas no han concedido aún las licencias. Se espera asimismo un aumento del 19 % del precio del producto teniendo en cuenta la disminución del número de licencias de exportación concedidas por las autoridades chinas. El notable cambio en el suministro del producto afectado se debe al cambio de la política aplicada por las autoridades chinas, por lo cual no hay datos que permitan a la Comisión considerar que dichos cambios sean permanentes.(11) Cabe observar que, desde la imposición de las medidas en 2000, la situación de la industria de la Comunidad ha mejorado. Las ventas y los volúmenes de producción han disminuido ligeramente, al igual que el consumo comunitario, pero los precios de venta han experimentado una subida considerable. Las inversiones han aumentado un tercio y el empleo un 10 %. Sólo se ha mantenido estable la cuota de mercado (33 %), pero ello se debe a la incorporación de nuevos países exportadores como la República Checa y Polonia, ya que la cuota de mercado china disminuyó más de 10 puntos porcentuales y representó un 9 % del mercado comunitario en el período de investigación. También han aumentado los beneficios, si bien no se ha alcanzado aún el margen del 10,5 % establecido en la Decisión n° 2730/2000/CECA. No obstante, la industria de la Comunidad ha ganado 17 puntos porcentuales desde 2000, llegando a ser rentable en el período de investigación. Además, respecto a la situación posterior a dicho período (es decir, del 1 de octubre de 2002 al 30 de septiembre de 2003), cabe observar que, aunque los productores comunitarios hayan registrado un aumento del 20 % de la producción y del 40 % de las ventas en el mercado comunitario, sólo producen una tercera parte de la demanda del producto afectado en dicho mercado, por lo cual las importaciones de la República Popular China siguen siendo vitales para su suministro.C. CONCLUSIÓN(12) En conclusión, habida cuenta del cambio temporal de las condiciones de mercado y, en concreto, de los elevados precios del producto afectado en el mercado comunitario, que están muy por encima del nivel perjudicial aducido en la investigación original, así como de la presunta escasez de suministro de dicho producto, se considera que el perjuicio relacionado con las importaciones del mismo de la República Popular China tiene escasas posibilidades de volverse a producir como consecuencia de la suspensión en interés de la Comunidad. Por tanto, se propone suspender las medidas en vigor durante un período de nueve meses, con arreglo al apartado 4 del artículo 14 del Reglamento de base.(13) De conformidad con el apartado 4 del artículo 14 del Reglamento de base, la Comisión ha informado a la industria de la Comunidad de su intención de suspender las medidas antidumping en vigor. La industria de la Comunidad ha tenido la oportunidad de formular sus comentarios al respecto y no se ha opuesto a la suspensión de dichas medidas.(14) Por consiguiente, la Comisión considera que se cumplen todos los requisitos para suspender el derecho antidumping establecido sobre el producto afectado con arreglo al apartado 4 del artículo 14 del Reglamento de base. El derecho antidumping establecido por la Decisión n° 2730/2000/CECA debe suspenderse durante un período de nueve meses.(15) La Comisión seguirá supervisando la evolución de las importaciones y los precios del producto afectado. En caso de que, en cualquier momento, vuelva a producirse un aumento de las cantidades del producto afectado procedentes de la República Popular China a precios objeto de dumping y, por tanto, un perjuicio para la industria de la Comunidad, la Comisión volverá a establecer el derecho antidumping y derogará la presente suspensión.DECIDE:Artículo 1Queda suspendido, durante un período de nueve meses, el derecho antidumping definitivo establecido en la Decisión n° 2730/2000/CECA sobre las importaciones de coque de carbón en trozos de más de 80 mm de diámetro, clasificado en el código NC ex 2704 00 19 (código TARIC 2704 00 19 10 ), originarias de la República Popular China.Artículo 2La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.Hecho en Bruselas, el 18 de marzo de 2004.Por la ComisiónPascal LamyMiembro de la Comisión(1) DO L 56 de 6.3.1996, p. 1.(2) DO L 305 de 7.11.2002, p. 1.(3) DO L 316 de 15.12.2000, p. 30.(4) DO L 149 de 7.6.2002, p. 3.(5) DO L 192 de 20.7.2002, p. 9.(6) DO L 308 de 29.11.1996, p. 11.(7) DO L 63 de 3.3.2001, p. 14.


Avis juridique important

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31998D0592

98/592/CE: Decisión del Consejo de 15 de octubre de 1998 por la que se concede asistencia macrofinanciera adicional a Ucrania

Diario Oficial n° L 284 de 22/10/1998 p. 0045 - 0046

DECISIÓN DEL CONSEJO de 15 de octubre de 1998 por la que se concede asistencia macrofinanciera adicional a Ucrania (98/592/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 235,Vista la propuesta de la Comisión (1),Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),Considerando que la Comisión ha consultado al Comité monetario antes de presentar su propuesta;Considerando que Ucrania está realizando reformas políticas y económicas fundamentales y está llevando a cabo esfuerzos sustanciales para aplicar un modelo de economía de mercado;Considerando que Ucrania y las Comunidades Europeas y sus Estados miembros han firmado un Acuerdo de asociación y cooperación que contribuirá al desarrollo de una plena relación de cooperación;Considerando que las autoridades de Ucrania han solicitado asistencia financiera a las instituciones financieras internacionales, la Comunidad y otros donantes bilaterales;Considerando que Ucrania ha concertado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa macroeconómico para el período que va de julio de 1998 a junio de 2001 basado en un «mecanismo ampliado de crédito» (EFF) de aproximadamente 2 300 millones de dólares estadounidenses; que se espera que Ucrania reciba del Banco Mundial préstamos vinculados a la política económica por 2 100 millones de dólares estadounidenses durante el período del programa;Considerando que, además de la financiación que podrían facilitar el FMI y el Banco Mundial, y una vez deducidos los compromisos no desembolsados de donantes bilaterales en el marco de anteriores programas, queda por cubrir un déficit de financiación residual de aproximadamente 2 200 millones de dólares estadounidenses durante el período del programa con objeto de respaldar los objetivos del programa de reforma del Gobierno; que se espera ayuda oficial y privada complementaria de otros donantes bilaterales;Considerando que, mediante las Decisiones 94/940/CE (3) y 95/442/CE (4), el Consejo aprobó una ayuda macrofinanciera en favor de Ucrania por un importe máximo de 285 millones de ecus en apoyo de anteriores programas macroeconómicos; que, sin embargo, se requiere más ayuda oficial en el contexto del presente programa para apoyar la balanza de pagos, consolidar el volumen de reservas y facilitar el ajuste estructural que necesita el país;Considerando que un nuevo préstamo a largo plazo de la Comunidad a Ucrania constituye una medida apropiada para contribuir a reducir las restricciones financieras exteriores del país;Considerando que las autoridades ucranianas, el Grupo de los Siete y la Unión Europea han adquirido compromisos en el marco del Memorándum de Acuerdo firmado el 21 de diciembre de 1995 cuyo objetivo consiste en el cierre de la central nuclear de Chernobyl el año 2000 a más tardar;Considerando que el préstamo de la Comunidad deberá ser gestionado por la Comisión;Considerando que, para la adopción de la presente Decisión, el Tratado no prevé más poderes de acción que los del artículo 235,HA ADOPTADO LA PRESENTE DEClSlÓN:Artículo 1 1. La Comunidad pondrá a disposición de Ucrania un préstamo a largo plazo por un importe máximo de 150 millones de ecus con un período máximo de vencimiento de diez años, a fin de garantizar las sostenibilidad de la balanza de pagos, reforzar el volumen de reservas del país y contribuir a la realización de las reformas estructurales necesarias.2. Con este fin, la Comisión está habilitada para, en nombre de la Comunidad Europea, tomar prestados los recursos necesarios que se pondrán a disposición de Ucrania en forma de préstamo.3. Este préstamo será gestionado por la Comisión en estrecha consulta con el Comité monetario y de conformidad con cualquier acuerdo que se celebre entre el FMI y Ucrania.Artículo 2 1. La Comisión está facultada para, previa consulta al Comité monetario, acordar con las autoridades ucranianas las condiciones de política económica asociadas al préstamo. Dichas condiciones deberán ser coherentes con los acuerdos a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 1.2. La Comisión, en colaboración con el Comité monetario y en estrecha coordinación con el FMI, deberá verificar a intervalos regulares que la política económica de Ucrania se ajusta a los objetivos de este préstamo y que se cumplen las condiciones del mismo.Artículo 3 1. El préstamo se pondrá a disposición de Ucrania en dos tramos como mínimo. Sin perjuicio del artículo 2, la liberación del primer tramo estará supeditada a una evolución satisfactoria del programa macroeconómico de Ucrania acordado con el FMI en el contexto del presente EFF o de un posterior acuerdo con tramos de crédito superiores.2. Sin perjuicio del artículo 2, el último o últimos tramos se liberarán a condición de que se continúen satisfactoriamente los acuerdos a que se hace referencia en el apartado 1 y, en cualquier caso, no antes de que haya transcurrido un período de tres meses tras la liberación del tramo anterior.3. Los fondos se harán efectivos al Banco Nacional de Ucrania.Artículo 4 1. Las operaciones de empréstito y de préstamo a que se hace referencia en el artículo 1 se llevarán a cabo utilizando la misma fecha de valor y no deberán involucrar a la Comunidad en la reestructuración de vencimientos, en ningún riesgo de cambio o de tipo de interés ni en ningún otro tipo de riesgo comercial.2. La Comisión adoptará las medidas necesarias, si Ucrania así lo solicita, para garantizar la inclusión de una cláusula de reembolso anticipado en las condiciones del préstamo y que ésta pueda aplicarse efectivamente.3. A petición de Ucrania, y cuando las circunstancias permitan una mejora en el tipo de interés de los préstamos, la Comisión podrá refinanciar la totalidad o parte de sus empréstitos iniciales o reestructurar las condiciones financieras correspondientes. Las operaciones de refinanciación o reestructuración se llevarán a cabo siguiendo las condiciones establecidas en el apartado 1 y no darán lugar a una ampliación del vencimiento medio del empréstito afectado ni a un aumento del importe del capital pendiente de reembolso en la fecha de la refinanciación o reestructuración (calculado aplicando el tipo de cambio vigente).4. Ucrania correrá con todos los costes en que incurra la Comunidad para realizar la operación a que hace referencia la presente Decisión.5. Al menos una vez al año, se deberá informar al Comité monetario del desarrollo de las operaciones a que se hace referencia en los apartados 2 y 3.Artículo 5 Al menos una vez al año, la Comisión transmitirá al Parlamento Europeo y al Consejo un informe en el que se evaluará la aplicación de la presente Decisión.Hecho en Bruselas, el 15 de octubre de 1998.Por el ConsejoEl PresidenteW. SCHÜSSEL(1) DO C 386 de 20. 12. 1997, p. 10.(2) DO C 80 de 16. 3. 1998, p. 29.(3) DO L 366 de 31. 12. 1994, p. 32.(4) DO L 258 de 28. 10. 1995, p. 63.


title: 2005/696/CE, Euratom: Decisión del Consejo, de 3 de octubre de 2005, por la que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para establecer las condiciones y límites del reexamen por el Tribunal de Justicia de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia

text:
               11.10.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 266/60

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 3 de octubre de 2005
   por la que se modifica el Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas para establecer las condiciones y límites del reexamen por el Tribunal de Justicia de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia
   (2005/696/CE, Euratom)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 225, apartados 2 y 3, y su artículo 245, párrafo segundo,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 140 A, apartados 2 y 3, y su artículo 160, párrafo segundo,
   Vista la petición del Tribunal de Justicia de 12 de septiembre de 2003,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo de 10 de febrero de 2004,
   Visto el dictamen de la Comisión de 11 de febrero de 2005,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El artículo 225, apartados 2 y 3, del Tratado CE, en su versión modificada por el artículo 2, punto 31, del Tratado de Niza, establece lo siguiente:
               «2.   El Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer de los recursos que se interpongan contra las resoluciones de las salas jurisdiccionales creadas en aplicación del artículo 225 A.
               Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia en virtud del presente apartado podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario.
               3.   El Tribunal de Primera Instancia será competente para conocer de las cuestiones prejudiciales, planteadas en virtud del artículo 234, en materias específicas determinadas por el Estatuto.
               Cuando el Tribunal de Primera Instancia considere que el asunto requiere una resolución de principio que pueda afectar a la unidad o a la coherencia del Derecho comunitario, podrá remitir el asunto ante el Tribunal de Justicia para que éste resuelva.
               Las resoluciones dictadas por el Tribunal de Primera Instancia sobre cuestiones prejudiciales podrán ser reexaminadas con carácter excepcional por el Tribunal de Justicia, en las condiciones y dentro de los límites fijados en el Estatuto, en caso de riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario.».

               (2)

               El artículo 140 A, apartados 2 y 3, del Tratado CEEA fue objeto de una modificación similar introducida por el artículo 3, punto 13, del Tratado de Niza.

               (3)

               Estas modificaciones fueron tomadas en consideración parcialmente en el artículo 62 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia, según el cual: «En los casos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 225 del Tratado CE y en los apartados 2 y 3 del artículo 140 A del Tratado CEEA, el primer abogado general podrá proponer al Tribunal de Justicia que reexamine la resolución del Tribunal de Primera Instancia cuando considere que existe un riesgo grave de que se vulnere la unidad o la coherencia del Derecho comunitario.
               La propuesta deberá presentarse en el plazo de un mes a partir del pronunciamiento de la resolución del Tribunal de Primera Instancia. El Tribunal de Justicia decidirá, en el plazo de un mes a partir de la propuesta que le haya presentado el primer abogado general, si procede o no reexaminar la resolución.».

               (4)

               Procede, de conformidad con la declaración no 13 aneja al Acta final del Tratado de Niza, establecer las disposiciones relativas al reexamen de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia dictadas en los recursos interpuestos contra las resoluciones de las salas jurisdiccionales y en materia prejudicial, precisando:

                           «—

                           el papel de las partes en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia, para garantizar la salvaguardia de sus derechos;

                           —

                           el efecto del procedimiento de reexamen sobre el carácter ejecutivo de la resolución del Tribunal de Primera Instancia;

                           —

                           el efecto de la resolución del Tribunal de Justicia sobre el litigio entre las partes.».

         DECIDE:
   Artículo 1
   Entre los artículos 62 y 63 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia se insertan los artículos siguientes:

      «Artículo 62 bis

      El Tribunal de Justicia se pronunciará sobre las cuestiones objeto del reexamen por un procedimiento de urgencia sobre la base de los autos remitidos por el Tribunal de Primera Instancia.
      Los interesados contemplados en el artículo 23 del presente Estatuto, así como en los casos previstos en el artículo 225, apartado 2, del Tratado CE y en el artículo 140 A, apartado 2, del Tratado CEEA, las partes en el procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia tendrán derecho a presentar al Tribunal de Justicia alegaciones u observaciones escritas sobre las cuestiones objeto del reexamen en un plazo fijado a tal efecto.
      El Tribunal de Justicia podrá decidir sobre la apertura de la fase oral antes de pronunciarse.
      Artículo 62 ter

      En los casos previstos en el artículo 225, apartado 2, del Tratado CE y en el artículo 140 A, apartado 2, del Tratado CEEA, la propuesta de reexamen y la decisión de iniciar el procedimiento de reexamen no tendrán efecto suspensivo, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 242 y 243 del Tratado CE. Si el Tribunal de Justicia declarase que la resolución del Tribunal de Primera Instancia vulnera la unidad o la coherencia del Derecho comunitario, el Tribunal de Justicia devolverá el asunto al Tribunal de Primera Instancia, que estará vinculado por las cuestiones de derecho dirimidas por el Tribunal de Justicia; el Tribunal de Justicia podrá indicar los efectos de la resolución del Tribunal de Primera Instancia que deberán considerarse definitivos respecto de las partes en el litigio. No obstante, si la solución del litigio se deriva, habida cuenta del resultado del reexamen, de las apreciaciones de hecho en las que se basa la resolución del Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de Justicia resolverá definitivamente el litigio.
      En los casos previstos en el artículo 225, apartado 3, del Tratado CE y en el artículo 140 A, apartado 3, del Tratado CEEA, a falta de propuesta de reexamen o de decisión de apertura de la fase de reexamen, la respuesta del Tribunal de Primera Instancia a las cuestiones presentadas surtirá efecto al vencimiento de los plazos previstos a tal efecto en el artículo 62, párrafo segundo. En caso de apertura de una fase de reexamen, la respuesta objeto del reexamen surtirá efecto al término de dicha fase, salvo decisión contraria del Tribunal de Justicia. Si el Tribunal de Justicia declarase que la resolución del Tribunal de Primera Instancia vulnera la unidad o la coherencia del Derecho comunitario, la respuesta del Tribunal de Justicia a las cuestiones objeto del reexamen sustituirá a la respuesta dada por el Tribunal de Primera Instancia.».

   Artículo 2
   La presente Decisión surtirá efecto el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Luxemburgo, el 3 de octubre de 2005.

            Por el Consejo

            El Presidente

         D. ALEXANDER