title: Decisión (UE) 2016/634 de la Comisión, de 21 de enero de 2016, sobre la medida de ayuda SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 y ex CP 115/2004) ejecutada por los Países Bajos — Exención del impuesto de sociedades para empresas públicas [notificada con el número C(2016) 167] (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               27.4.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 113/148

         DECISIÓN (UE) 2016/634 DE LA COMISIÓN
   de 21 de enero de 2016
   sobre la medida de ayuda SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 y ex CP 115/2004) ejecutada por los Países Bajos — Exención del impuesto de sociedades para empresas públicas
   [notificada con el número C(2016) 167]
   (El texto en lengua neerlandesa es el único auténtico)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 108, apartado 2, párrafo primero,
   Visto el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, y en particular su artículo 62, apartado 1, letra a),
   Después de haber emplazado a los interesados para que presentaran sus observaciones, de conformidad con los artículos citados (1), y teniendo en cuenta dichas observaciones,
   Considerando lo siguiente:
   1.   PROCEDIMIENTO

               (1)

               En 1997, los servicios de la Comisión realizaron una encuesta sobre las normas tributarias especiales aplicables a las empresas públicas en los Estados miembros. En respuesta al cuestionario de la Comisión, las autoridades de los Países Bajos proporcionaron información sobre la Ley del Impuesto de Sociedades de los Países Bajos (Wet Vennootschapsbelasting 1969 –«la Wet Vpb 1969») mediante carta de 23 de enero de 1998.

               (2)

               El 2 de julio de 2004, los servicios de la Comisión pusieron en marcha un procedimiento por iniciativa propia, registrado con el número CP 115/2004, relativo a la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas de los Países Bajos establecida en la citada Wet Vpb 1969. Dichos servicios enviaron solicitudes de información los días 9 de julio de 2004, 22 de noviembre de 2004, 29 de junio de 2006 y 2 de julio de 2007, a las que las autoridades de los Países Bajos respondieron el 3 de septiembre de 2004, el 4 de abril de 2005, el 26 de septiembre de 2006, el 13 de diciembre de 2006, el 22 de enero de 2007 y el 27 de julio de 2007.

               (3)

               Mediante carta de 9 de julio de 2008 («la carta del artículo 17»), los servicios de la Comisión pusieron en marcha el procedimiento de cooperación previsto en el artículo 17, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 659/1999 (2) del Consejo («el Reglamento de procedimiento»). Los servicios de la Comisión informaron a las autoridades neerlandesas de que su punto de vista preliminar era que la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas contemplada en la Wet Vpb 1969 parecía constituir una ayuda estatal incompatible a efectos del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), y pidieron a las autoridades de dicho país que le remitieran sus observaciones al respecto, de conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de procedimiento.

               (4)

               En septiembre de 2010, después de haber enviado la carta del artículo 17, la Comisión recibió una denuncia relativa a la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas recogida en la Wet Vpb 1969. La denuncia en cuestión hacía referencia a un aeropuerto provincial, una entidad constituida como sociedad anónima que, supuestamente, no estaba sujeta al impuesto de sociedades. El denunciante argumentaba que, puesto que la situación de hecho y de derecho era comparable al asunto Schiphol (3), el aeropuerto debería haber sido incluido en la lista de empresas públicas indirectas sujetas al impuesto recogida en el artículo 2, apartado 7, de la Wet Vpb 1969. Los servicios de la Comisión incorporaron la denuncia al expediente que se estaba tramitando en el marco del procedimiento de cooperación.

         PROPUESTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS ADECUADAS

               (5)

               El 2 de mayo de 2013, la Comisión adoptó una decisión en la que proponía medidas adecuadas en virtud del artículo 18 del Reglamento de procedimiento, con el objetivo de abolir la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas recogida en el artículo 2, apartado 1, letra g), y en el artículo 2, apartados 3 y 7, de la Wet Vpb 1969. Con estas medidas se pretendía garantizar la aplicación del mismo régimen del impuesto de sociedades para las empresas públicas implicadas en el ejercicio de actividades económicas —a efectos del Derecho de la UE— que para las empresas privadas.

               (6)

               Se pidió a las autoridades neerlandesas que enviaran por escrito la aceptación incondicional e inequívoca de las medidas adecuadas propuestas por la Comisión en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de procedimiento.

               (7)

               Mediante carta de 24 de mayo de 2013, las autoridades neerlandesas informaron a la Comisión de que «[c]on sujeción a la aprobación parlamentaria, el Gobierno neerlandés tiene previsto adoptar una legislación en el plazo de 18 meses para garantizar que las empresas públicas que ejercen actividades económicas estén sujetas al impuesto de sociedades del mismo modo que las empresas privadas. Esta legislación entrará en vigor a más tardar en el próximo ejercicio fiscal. En la práctica, esto significa que la legislación entrará en vigor el 1 de enero de 2015 y surtirá efecto a partir del 1 de enero de 2016».

               (8)

               La Comisión consideró que la declaración recogida en la carta no constituía una aceptación incondicional, puesto que en ella únicamente se manifestaba una intención condicionada de adoptar la legislación.

               (9)

               En una carta de 11 de marzo de 2014, los servicios de la Comisión llamaron la atención sobre el carácter condicional de la aceptación y solicitaron a las autoridades neerlandesas que les indicaran, en el plazo de tres semanas a contar desde la recepción de la carta, si los Países Bajos aceptaban las medidas adecuadas de manera incondicional e inequívoca. Los Países Bajos no respondieron a esa carta.

         APERTURA DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

               (10)

               Por carta de 9 de julio de 2014, la Comisión informó a los Países Bajos de su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 108, apartado 2, del TFUE con respecto a la ayuda en cuestión («la decisión de incoar el procedimiento»).

               (11)

               La decisión de incoar el procedimiento se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea
                   (4). La Comisión instó a los interesados a que le remitieran sus observaciones.

               (12)

               Tras conceder una extensión del plazo inicial de respuesta el 27 de julio de 2014, la Comisión recibió las observaciones de los Países Bajos por carta de 10 de septiembre de 2014. La Comisión recibió asimismo las observaciones conjuntas de los interesados por carta de 19 de septiembre de 2014, y por carta de 3 de octubre de 2014 las remitió a los Países Bajos para que dicho país formulara sus observaciones al respecto. Las observaciones de los Países Bajos se recibieron por carta de 3 de noviembre de 2014.

         LEY DE MODERNIZACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE TRIBUTAR EN EL IMPUESTO DE SOCIEDADES

               (13)

               El 14 de abril de 2014, las autoridades neerlandesas pusieron en marcha una consulta pública sobre un proyecto de propuesta legislativa dirigido a modificar la Wet Vpb 1969. La propuesta tenía por objetivo modernizar la obligación de las empresas públicas de tributar en el impuesto de sociedades para crear unas condiciones equitativas entre las empresas públicas y privadas en lo que se refiere a este impuesto.

               (14)

               El 16 de septiembre de 2014 se presentó la propuesta legislativa al Parlamento neerlandés. El Senado aprobó la propuesta el 26 de mayo de 2015, y la nueva ley, denominada Wet Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen («la Wet Vpb 2015») fue sancionada el 4 de junio de 2015. La finalidad de la nueva ley es someter a las empresas públicas al impuesto de sociedades en las mismas condiciones que las empresas privadas, y se aplica por primera vez a los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2016. Las autoridades neerlandesas no notificaron la nueva ley a la Comisión con arreglo a lo establecido en el artículo 108 del TFUE.

               (15)

               No obstante, la Wet Vpb 2015 contiene algunas excepciones:

                           a)

                           mantiene expresamente la exención del impuesto de sociedades para determinadas empresas públicas, en particular para seis empresas que operan puertos marítimos públicos de los Países Bajos: Groningen Seaports NV, Havenbedrijf Amsterdam NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Havenschap Moerdijk, NV Port of Den Helder y Zeeland Seaports NV. También están exentos del impuesto los organismos que ejercen principalmente actividades de gestión, desarrollo u operación de un puerto marítimo. Para esos puertos de los Países Bajos, la exención del impuesto de sociedades continúa vigente hasta una fecha pendiente de determinar por las autoridades neerlandesas, algo que harán por Real Decreto (5);

                           b)

                           asimismo, se exime a las entidades que lleven a cabo actividades de docencia o investigación, siempre que cumplan determinadas condiciones (6).

               (16)

               Los servicios de la Comisión mantuvieron una reunión con las autoridades neerlandesas el 27 de agosto de 2015. Por carta de 10 de septiembre de 2015, las autoridades neerlandesas explicaron los motivos que, en su opinión, justificaban un período transitorio para la obligación de los puertos marítimos públicos de los Países Bajos de quedar sujetos al impuesto de sociedades.

               (17)

               Esta Decisión no aborda únicamente la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas vigente en el momento en que se adoptó la decisión de abrir el procedimiento de investigación formal, es decir, el 9 de julio de 2014, sino que también tiene en cuenta las modificaciones introducidas por la Wet Vpb 2015 en la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas neerlandesas recogida en el artículo 2, apartado 1, letra g), y en el artículo 2, apartados 3 y 7, de la Wet Vpb 1969. Esta Decisión se adopta sin perjuicio de la evaluación de cualesquier otras posibles evaluaciones de la Wet Vpb 1969, que quedan fuera del alcance de esta investigación. En particular, en esta Decisión no se evalúan las exenciones establecidas en los artículos 5 y 6 de la Wet Vpb 1969 ni en cualquier posible modificación de esta. La Decisión se limita a la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas recogida en el artículo 2, apartados 1, 3 y 7, de la Wet Vpb 1969 (7).

         2.   DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA

   2.1.   La Ley del impuesto de sociedades neerlandesa

               (18)

               En virtud de la Wet Vpb 1969, las sociedades de capital están sujetas al impuesto de sociedades en los Países Bajos.

               (19)

               Antes de la modificación del artículo 2, apartado 1, letra g), y del artículo 2, apartados 3 y 7, que introdujo la nueva ley, la Wet Vpb 1969 aplicaba un régimen del impuesto de sociedades diferente para las empresas públicas y las privadas. Las empresas privadas están sujetas al régimen general del impuesto de sociedades. Las personas jurídicas de Derecho privado constituidas para ejercer una actividad económica, como las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada tienen la plena obligación de tributar a este impuesto por sus beneficios totales. Las fundaciones y asociaciones que ejercen una actividad económica están sujetas al impuesto de sociedades [artículo 2, apartado 1, letra e), de la Wet Vpb 1969]. El ejercicio de una actividad económica se define en el artículo 4 de la Wet Vpb 1969 como cualquier actividad en la que exista competencia con otras empresas.

               (20)

               La Wet Vpb 2015 elimina la exención del impuesto de sociedades para la mayoría de las empresas públicas, en determinadas condiciones. Con este fin, modifica el artículo 2, apartado 1, letra g), y el artículo 2, apartados 3 y 7, de la Wet Vpb 1969 para que las empresas públicas queden sujetas a dicho impuesto. Sin embargo, las nuevas disposiciones mantienen la exención del impuesto de sociedades para los puertos marítimos y las instituciones de docencia e investigación que satisfagan determinadas condiciones (véase el considerando 15).

         2.2.   Exención prevista en la Wet Vpb 1969 para las empresas públicas

               (21)

               Las empresas públicas están sujetas a las normas especiales del impuesto de sociedades recogidas en el artículo 2, apartados 1, 3 y 7, de la Wet Vpb 1969 (8).

               (22)

               La Wet Vpb 1969 establece una distinción entre empresas públicas directas e indirectas. Una empresa pública directa forma parte de una persona jurídica de Derecho público. A modo de ejemplos de este tipo de empresas cabe citar las agencias municipales de promoción inmobiliaria, el servicio municipal encargado de la recogida de residuos, etc.

               (23)

               Una empresa pública indirecta es una organización (generalmente una sociedad anónima, una sociedad de responsabilidad limitada o una fundación) que se rige por el Derecho privado, pero sometida al control de una institución pública. Este es el caso a) si los únicos socios de la empresa son instituciones públicas neerlandesas, o b) en el caso de otras entidades de Derecho privado cuyo capital no está dividido en acciones o participaciones sociales (fundaciones y asociaciones), si el nombramiento y cese de directivos compete exclusivamente a instituciones públicas, y en caso de liquidación, sus activos se asignan exclusivamente a instituciones públicas.

               (24)

               De acuerdo con el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Wet Vpb 1969, las empresas pertenecientes a personas jurídicas de Derecho público solamente están sujetas al impuesto de sociedades si figuran incluidas en el artículo 2, apartado 3. Dicha lista exhaustiva incluye:

                           a)

                           explotaciones agrícolas;

                           b)

                           empresas industriales, a menos que se dediquen exclusivamente, o casi exclusivamente, al suministro de agua (9);

                           c)

                           empresas mineras;

                           d)

                           empresas comerciales que no se dediquen en exclusiva, o casi en exclusiva, al sector inmobiliario o a los derechos relacionados con bienes inmuebles (10);

                           e)

                           empresas de transporte, con la excepción de las que se dediquen exclusivamente, o casi exclusivamente, al transporte de pasajeros dentro de un municipio;

                           f)

                           cooperativas de ahorro y crédito hipotecario.

               (25)

               La lista de empresas recogida en el artículo 2, apartado 3, ha permanecido prácticamente inalterada desde la introducción de la Wet Vpb en 1969, que a su vez heredó las normas del impuesto de sociedades vigentes desde 1956. En particular, no incluye a ninguna empresa pública dedicada a la prestación de servicios. Por ejemplo, las empresas públicas dedicadas a la gestión de residuos o a servicios de restauración, las instituciones de crédito municipales, los puertos, aeropuertos, así como Holland Casino, la fundación que gestiona los casinos, están exentas del impuesto de sociedades en virtud del artículo 2, apartado 1, letra g) (11).

               (26)

               Las empresas públicas directas e indirectas solo están sujetas al impuesto de sociedades si cumplen los criterios que se establecen en el artículo 2, apartado 1, letra g), y lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, de la Wet Vpb 1969. Dicho de otro modo, las empresas públicas directas e indirectas son sujetos pasivos del impuesto de sociedades únicamente si figuran incluidas en el artículo 2, apartado 3, de la Wet Vpb 1969.

               (27)

               Aparte de las empresas públicas indirectas enumeradas en el artículo 2, apartado 3, de la Wet Vpb 1969 hay varias empresas públicas indirectas que, basándose en un análisis caso por caso, han tenido la obligación de tributar al impuesto de sociedades. Estas empresas se enumeran de forma pormenorizada en el artículo 2, apartado 7, de la Wet Vpb 1969:

                           a)

                           het Nederlands Meetinstituut NV;

                           b)

                           de NV Nederlands Inkoopcentrum (NIC);

                           c)

                           de Stichting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij;

                           d)

                           de Koninklijke Nederlandse Munt NV;

                           e)

                           los organismos en los que uno de los accionistas sea una persona jurídica propietaria de una empresa de distribución incluida en el ámbito de aplicación de la Ley sobre distribución de energía y los organismos que, junto con una persona jurídica como la descrita, formen un grupo en el sentido del artículo 24, letra b), del Libro 2 del Código Civil, en la medida en que el organismo en cuestión ejerza actividades que la persona jurídica accionista no pueda realizar por sí misma en virtud del artículo 12, apartado 1, de la Ley sobre la distribución de energía, a menos que el citado organismo se dedique exclusivamente, o casi exclusivamente, al suministro de agua;

                           f)

                           los organismos que ejerzan una actividad industrial en el sentido previsto en el artículo 2, apartado 3, inciso segundo, de la Wet Vpb 1969, con la excepción de los que se dediquen exclusivamente, o casi exclusivamente, al suministro de agua;

                           g)

                           NOB Holding NV;

                           h)

                           de NV Luchthaven Schiphol;

                           i)

                           de NV KLIQ;

                           j)

                           de NV Bank Nederlandse Gemeenten;

                           k)

                           de Nederlandse Waterschapsbank NV;

                           l)

                           Fortis Bank (Nederland) NV;

                           m)

                           ASR Nederland NV;

                           n)

                           ABN AMRO Group NV;

                           o)

                           de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV;

                           p)

                           Ultra Centrifuge Nederland NV;

                           q)

                           SNS REAAL NV,

                     y cualquier organismo entre cuyos accionistas figuren las empresas mencionadas anteriormente, así como aquellos cuyos directivos sean nombrados y cesados por dichas empresas, con la excepción de los organismos dedicados en exclusiva, o casi en exclusiva, al suministro de agua.

               (28)

               Esta lista ha sido objeto de modificaciones periódicas, y se han ido añadiendo determinadas empresas públicas indirectas. De lo contrario, tales empresas públicas indirectas no estarían sujetas al impuesto de sociedades, puesto que no figuran incluidas en la lista del artículo 2, apartado 3, de la Wet Vpb 1969. Por ejemplo, se añadieron las empresas siguientes:

                           a)

                           NOB Holding NV (1999);

                           b)

                           Weerbureau HWS BV (2002);

                           c)

                           Luchthaven Schiphol NV (2002), en respuesta a la decisión de la Comisión por la que se proponían medidas adecuadas en el asunto E45/2000;

                           d)

                           KLIQ NV (2002);

                           e)

                           Bank Nederlands Gemeenten (2005);

                           f)

                           Nederlandse Waterschapsbank NV (2005);

                           g)

                           ABN AMRO Group NV y SNS REAAL NV, tras su nacionalización.

               (29)

               Las empresas públicas indirectas que no figuran incluidas en la lista del artículo 2, apartado 7, de la Wet Vpb 1969 y que tampoco están incluidas en el ámbito de aplicación de su artículo 2, apartado 3, no están sujetas al impuesto de sociedades. Entre esas empresas están, por ejemplo, De Nederlandse Bank NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, NV Luchthaven Maastricht, Twinning Holding BV, NV Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij, NV Industriebank LIOF, NV Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV y Holland Casino (12).

         2.3.   Exención prevista en la Wet Vpb 2015 para las empresas públicas

               (30)

               En principio, la Wet Vpb 2015 pretende dar el mismo trato a las empresas públicas que a las privadas en lo que se refiere al impuesto de sociedades. En particular, dicha ley modifica el artículo 2 de la Wet Vpb 1969 con el fin de establecer la obligación de tributar por dicho impuesto para las personas jurídicas de Derecho público que ejerzan una actividad económica así como para las actividades económicas llevadas a cabo por el Estado.

               (31)

               No obstante, como ya se ha explicado en el considerando 15, la Wet Vpb 2015 contiene determinadas excepciones:

                           a)

                           la Wet Vpb 2015 introduce un nuevo artículo 6, letra c), en la Wet Vpb 1969. Esta disposición mantiene expresamente la exención del impuesto de sociedades para una serie de puertos marítimos públicos de los Países Bajos y para los organismos cuyas actividades consistan principalmente en la gestión, desarrollo u operación de un puerto de mar, siempre que se satisfagan determinadas condiciones (13);

                           b)

                           la Wet Vpb 2015 introduce asimismo un nuevo artículo 6, letra b), en la Wet Vpb 1969. Esta disposición exime del impuesto a las entidades docentes o a las entidades que ejerzan actividades de investigación, siempre y cuando el coste de la docencia e investigación se financie con cargo a recursos públicos, a las tasas educativas universitarias legalmente establecidas o a las tasas educativas universitarias a las que se refiere el capítulo 7, título 3, apartado 2, de la Ley de educación superior e investigación científica, a las tasas de matrícula a las que hace referencia el artículo 3 de la Ley de tasas de matrícula y cursos, a pagos procedentes del extranjero que, por su naturaleza y finalidad, sean equivalentes a las tasas de matrícula o a las tasas educativas universitarias, o a pagos realizados por instituciones de interés general por los que no se solicita una contraprestación contractual.

         3.   OBSERVACIONES DE LOS INTERESADOS

               (32)

               La Comisión recibió un documento elaborado conjuntamente por seis partes interesadas, concretamente seis operadores de puertos marítimos neerlandeses: Groningen Seaports NV, Havenbedrijf Amsterdam NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Havenschap Moerdijk, Port of Den Helder NV y Zeeland Seaports NV («los puertos marítimos interesados»).

               (33)

               En dicho documento, los puertos marítimos interesados aducen que la decisión de incoar el procedimiento es ilegal, puesto que los Países Bajos aceptaron incondicionalmente las medidas adecuadas y se comprometieron a adoptar en el plazo de 18 meses una legislación dirigida a garantizar que las empresas públicas queden sujetas al impuesto de sociedades en las mismas condiciones que las empresas privadas. Dado que el rechazo de una propuesta de la Comisión de adoptar medidas adecuadas constituye una condición previa para incoar el procedimiento de investigación formal, la decisión de incoar dicho procedimiento no debería haberse adoptado. Los puertos marítimos interesados consideran asimismo que, al no justificar los motivos de sus decisiones, la Comisión incumplió un principio fundamental del Derecho de la Unión recogido en el artículo 41, apartado 2, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

               (34)

               Según los puertos marítimos interesados, dichos puertos neerlandeses compiten directamente con otros puertos marítimos europeos, sobre todo con los ubicados entre Hamburgo y Le Havre, que se benefician de diversos tipos de ayudas públicas. El hecho de que las investigaciones de la Comisión sobre la tributación de los puertos europeos se haya llevado a cabo a ritmos diferentes y de que dichas investigaciones se hayan puesto en marcha en momentos distintos entraña el riesgo de otorgar una ventaja competitiva a los puertos de aquellos Estados miembros que se encuentran en una fase más temprana de la investigación. Esto contraviene el principio de igualdad de trato y la prohibición de discriminar por razón de nacionalidad. Los puertos marítimos neerlandeses interesados declaran que están dispuestos a cumplir las normas sobre ayudas estatales, pero únicamente con la condición estricta de que se apliquen unas condiciones equitativas a todos los puertos marítimos de todos los países europeos.

               (35)

               Los puertos marítimos interesados alegan que todos los puertos marítimos de los Países Bajos están sujetos en las mismas condiciones a la legislación actual neerlandesa relativa al impuesto de sociedades. En consecuencia, la exención de este impuesto aplicable a los puertos no les otorga una ventaja selectiva, no es discriminatoria y no falsea la competencia en el ámbito nacional.

               (36)

               De acuerdo con los puertos marítimos interesados, existen diferencias significativas en cuanto al importe de las ayudas públicas concedidas a los diferentes puertos marítimos comprendidos entre Hamburgo y Le Havre. La exención fiscal no da lugar a un trato preferente para los puertos marítimos de los Países Bajos sino, como máximo, a una posición ligeramente menos desfavorable de dichos puertos en comparación con la de otros países europeos. En consecuencia, la competencia no se ve falseada a escala europea, ni por el régimen del impuesto de sociedades objeto de esta Decisión ni por la nueva ley.

         4.   OBSERVACIONES DE LOS PAÍSES BAJOS

               (37)

               Los Países Bajos presentaron sus observaciones por carta de 10 septiembre 2014. Las autoridades neerlandesas plantearon exclusivamente objeciones de carácter procesal y no formularon observación alguna sobre la evaluación sustantiva de la ayuda estatal incluida en la decisión de incoar el procedimiento. Los Países Bajos sostienen que las autoridades neerlandesas aceptaron las medidas adecuadas de conformidad con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento de procedimiento.

               (38)

               Según los Países Bajos, el Reglamento de procedimiento no exige expresamente que las medidas apropiadas deban ser aceptadas de manera «incondicional» e «inequívoca», ni excluye el requisito de obtener la aprobación parlamentaria. Con independencia de si se incluye o no dicho requisito en la carta de aceptación, el Parlamento debe aprobar una propuesta gubernamental en la que se establezcan las medidas adecuadas. Las autoridades hacen referencia al artículo 4, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea, en el que se estipula que la Unión respetará las estructuras constitucionales fundamentales de los Estados miembros.

               (39)

               En opinión de las autoridades neerlandesas, la Comisión solo podría extraer la conclusión de que las medidas adecuadas han sido rechazadas (de hecho) una vez que el Gobierno haya presentado un proyecto de ley al Parlamento o cuando este rechace el proyecto. Solo entonces podría justificarse la incoación del procedimiento de investigación formal. Las autoridades neerlandesas sostienen que, a 9 de julio de 2014, esto no había ocurrido.

               (40)

               A juicio de dichas autoridades, la Comisión no indicó formalmente que no interpretara la respuesta de los Países Bajos como una aceptación de las medidas adecuadas. Las autoridades neerlandesas entienden que la carta remitida por la Comisión el 11 de marzo de 2014 no es una carta formal a efectos del presente procedimiento. La carta en cuestión estaba firmada por el Director General Adjunto e iba dirigida al Director General (en funciones) de Asuntos Fiscales del Ministerio de Hacienda de los Países Bajos. No se envió a través del canal oficial de la Representación Permanente, sino por correo electrónico.

               (41)

               En cuanto al fondo del asunto, las autoridades neerlandesas señalan que, desde su punto de vista, en la actualidad no se dan las condiciones equitativas deseadas a nivel europeo. Las autoridades del Estado miembro manifiestan asimismo que la posición de los puertos marítimos de los Países Bajos frente a los Estados miembros vecinos reviste la máxima importancia.

               (42)

               Las autoridades neerlandesas consideran que han aceptado las medidas adecuadas de 2 de mayo de 2013 y que se encuentran en proceso de adopción de las medidas necesarias. Por consiguiente, no ven ningún motivo para responder en términos sustantivos a la evaluación de la Comisión incluida en la decisión de incoar el procedimiento.

               (43)

               Las observaciones de los interesados se remitieron a los Países Bajos el 3 de octubre de 2014. Las autoridades neerlandesas respondieron mediante carta de 3 de noviembre de 2014. Las autoridades neerlandesas comparten el punto de vista de los puertos marítimos interesados de que los Países Bajos han aceptado las medidas adecuadas. Asimismo, se adhieren al punto de vista de los puertos marítimos interesados de que es crucial establecer unas condiciones equitativas para los puertos europeos. Según las autoridades neerlandesas, dichas condiciones equitativas no se dan en la actualidad. Las autoridades neerlandesas no formularon observación alguna sobre las observaciones sustantivas de las partes interesadas en relación con la evaluación de la ayuda estatal.

               (44)

               Por carta de 10 de septiembre de 2015, las autoridades neerlandesas señalaron que si la exención continuada del impuesto de sociedades para los puertos marítimos interesados debía considerarse una ayuda estatal incompatible, estaría justificado aplicar un período transitorio para la abolición de la medida. Las autoridades argumentaban que no era posible introducir la obligación de tributar por este impuesto para los puertos marítimos públicos neerlandeses para el 1 de enero de 2016. Exponían tres argumentos para justificar un período transitorio.

               (45)

               En primer lugar, la elaboración de un balance de situación para los puertos marítimos interesados a efectos fiscales constituiría una operación muy larga y compleja. En el balance de situación elaborado a efectos contables, los elementos del activo y el pasivo estaban valorados con arreglo al criterio de coste histórico, pero a efectos fiscales estaban valorados de acuerdo con su valor razonable de mercado. La determinación del valor razonable de mercado de activos y pasivos era un ejercicio complicado que requería un tiempo considerable. Esto se debía a que la mayoría de los activos de los puertos marítimos eran elementos no comercializables sujetos a un complejo sistema de relaciones de propiedad y derechos de uso entre diferentes personas jurídicas. El problema de la valoración podría afectar, por ejemplo, a activos tales como los muelles, carreteras, vías fluviales, vías ferroviarias, dársenas, edificios con funciones específicas o contratos de amarre. Los puertos actualmente obligados a tributar por el impuesto de sociedades —puertos pesqueros o deportivos de dimensiones reducidas— no podían tomarse como referencia, puesto que sus actividades diferían notablemente de las de los grandes puertos marítimos, involucrados fundamentalmente en el transbordo de mercancías y la gestión de las infraestructuras correspondientes.

               (46)

               En segundo lugar, los Países Bajos argumentaron que no existía una distinción clara entre las actividades económicas y no económicas de los puertos, y que la Comisión debería proporcionar orientaciones adicionales al respecto. Las autoridades neerlandesas y los puertos marítimos tenían dificultades para determinar qué actividades portuarias deberían considerarse actividades económicas o no económicas. Además, la Comisión no había establecido una delimitación coherente (ni existía certidumbre a escala europea) sobre las actividades portuarias que deben considerarse actividades económicas y las que deben considerarse tareas públicas.

               (47)

               En tercer lugar, las autoridades neerlandesas señalaron que era esencial que la Comisión garantizara unas condiciones equitativas entre los diferentes puertos competidores. Al no considerar justa la competencia entre los puertos marítimos europeos, las autoridades neerlandesas solicitaron a la Comisión que garantizara que todos los puertos de Europa, o al menos los que competían con los puertos marítimos de los Países Bajos, estuvieran sujetos al impuesto de sociedades.

               (48)

               Por último, las autoridades neerlandesas sugirieron que el 1 de enero de 2017 fuese la fecha en la que debería dejar de aplicarse por Real Decreto la exención del impuesto de sociedades para los puertos marítimos de los Países Bajos. Los puertos marítimos pasarían a ser sujetos pasivos del impuesto de sociedades el primer día del ejercicio fiscal que comience después del 1 de enero de 2017. En la práctica, esto significaría que los puertos marítimos de los Países Bajos quedarían obligados al pago del impuesto de sociedades a partir del 1 de enero de 2018.

         5.   RAZONES POR LAS QUE SE INCOÓ EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN FORMAL

               (49)

               Tanto las autoridades neerlandesas como los terceros interesados señalaron que la Comisión no tenía derecho a abrir el procedimiento de investigación formal. La Comisión no comparte este punto de vista. La Comisión tenía pleno derecho, por no decir que estaba obligada, a abrir el procedimiento de investigación formal, puesto que los Países Bajos no habían aceptado las medidas adecuadas de conformidad con el artículo 19, apartado 1, del Reglamento de procedimiento y no se había dado una respuesta plenamente satisfactoria a las preocupaciones planteadas en materia de competencia en la decisión en la que se proponían las medidas adecuadas.

               (50)

               Dado que las autoridades neerlandesas condicionaron su aceptación a la aprobación del Parlamento y que en la carta de las autoridades neerlandesas de 24 de mayo de 2013 estas manifestaban una intención y no un compromiso, la carta no constituía una aceptación incondicional e inequívoca a efectos de lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento de procedimiento.

               (51)

               El artículo 19, apartado 2, del Reglamento de procedimiento estipula que si el Estado miembro de que se trate no acepta las medidas adecuadas propuestas y la Comisión, tras examinar los argumentos del Estado miembro, sigue considerando que tales medidas son necesarias, la Comisión deberá abrir el procedimiento de investigación formal.

               (52)

               Además, del proyecto de propuesta legislativa se desprendía claramente que los Países Bajos no tenían la intención de abolir la exención del impuesto de sociedades para todas las empresas públicas. En consecuencia, la Comisión contaba con indicios evidentes de que los Países Bajos no iban a armonizar su ley plenamente con las normas sobre ayudas estatales.

               (53)

               Con respecto al argumento planteado por los Países Bajos de que la Comisión no había informado adecuadamente a los Países Bajos de que no consideraba su respuesta una aceptación en el sentido previsto en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento de procedimiento, la Comisión manifiesta que su carta de 11 de marzo de 2014 se envió a la autoridad nacional competente, fue recibida de hecho por dicha autoridad y fue debatida entre la Comisión y las autoridades neerlandesas. Los Países Bajos eran perfectamente conscientes de la evaluación de la Comisión y no pueden basarse en argumentos puramente formales en lo que se refiere al destinatario de la carta.

               (54)

               La Comisión incoó el procedimiento de investigación formal porque albergaba la preocupación de que el hecho de exonerar del impuesto a las empresas públicas involucradas en actividades económicas podría situar a estas empresas en una posición ventajosa frente a otras empresas sujetas al impuesto de sociedades en los Países Bajos. Las empresas públicas y privadas se encuentran de hecho y de derecho en una situación similar en lo que se refiere al objetivo de la ley del impuesto de sociedades de los Países Bajos, que es obligar a todas las sociedades de capital a tributar por sus beneficios.

         6.   EXISTENCIA DE AYUDA ESTATAL A EFECTOS DEL ARTÍCULO 107, APARTADO 1, DEL TFUE

               (55)

               El artículo 107, apartado 1, del TFUE, establece que cualquier ayuda otorgada por un Estado miembro o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falsee o amenace falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones, es incompatible con el mercado interior en la medida en que afecte a los intercambios comerciales entre Estados miembros.

         6.1.   Empresas

               (56)

               De acuerdo con la jurisprudencia consolidada, «[e]l concepto de empresa abarca cualquier entidad que ejerza una actividad económica, con independencia del estatuto jurídico de dicha entidad y de su modo de financiación» (14). A la hora de determinar si una entidad es o no una empresa, el hecho de que la entidad en cuestión no tenga fines lucrativos no resulta decisivo (15). Se entiende por actividad económica cualquier actividad consistente en ofrecer bienes y servicios en un mercado. Las entidades sin fines de lucro también pueden ofrecer bienes y servicios en un mercado (16).

               (57)

               Las autoridades neerlandesas no han cuestionado que las empresas públicas, incluidos los puertos públicos, puedan ofrecer bienes y servicios en el mercado además de las tareas que realizan habitualmente en calidad de autoridades públicas. Las autoridades neerlandesas han reconocido que, cada vez más, las empresas públicas ejercen actividades económicas. Además, los terceros interesados han reconocido expresamente que en los últimos años las actividades portuarias han evolucionado hasta convertirse en actividades económicas de pleno derecho. En consecuencia, las empresas públicas que desarrollan actividades económicas pueden considerarse empresas a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

               (58)

               Con respecto a la exención de las instituciones de docencia o de las que realizan actividades de investigación, recogidas en el artículo 6, letra b), de la Wet Vpb, y en su versión enmendada por la Wet Vpb 2015, los apartados 26 a 28 de la Comunicación relativa a los servicios de interés general (17) establecen que, de acuerdo con la jurisprudencia consolidada, «la educación pública organizada dentro del sistema nacional de educación financiada y supervisada por el Estado puede considerarse una actividad no económica». El hecho de que pueda exigirse una contribución en forma de tasas de matrícula no altera la naturaleza no económica del servicio. El artículo 6, letra b), de la Wet Vpb 1969 requiere claramente que el coste de la docencia o la investigación se sufrague con cargo a fondos públicos o a las tasas de matrícula legalmente establecidas. Por lo tanto, dada la naturaleza no económica de los servicios de docencia o investigación, las instituciones docentes no deben considerarse empresas a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

               (59)

               En cuanto a las instituciones de investigación, el apartado 29 de la Comunicación relativa a los servicios de interés general dispone que la investigación llevada a cabo en universidades y las actividades principales de las organizaciones dedicadas a la investigación quedan fuera del ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales.

         6.2.   Utilización de recursos estatales

               (60)

               De acuerdo con el artículo 107, apartado 1, del TFUE, la ayuda debe ser otorgada por un Estado miembro o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma. La pérdida de ingresos tributarios es equivalente al consumo de recursos estatales en forma de gasto presupuestario.

               (61)

               Tal como sostuvo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Banco Exterior de España, una medida en virtud de la cual las autoridades públicas concedan a determinadas empresas una exención fiscal que, aunque no implique una transferencia monetaria de recursos estatales, sitúe a las personas beneficiarias de la exención en una situación financiera más favorable que la de otros contribuyentes, se otorga «mediante fondos estatales» a efectos de lo dispuesto en el artículo 107, apartado 1, del TFUE (18).

               (62)

               Las autoridades neerlandesas renuncian a unos ingresos que constituyen recursos estatales al exonerar del impuesto de sociedades a las empresas públicas que ejercen actividades económicas, incluidos los puertos públicos. En consecuencia, la Comisión opina que la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas neerlandesas recogida en la Wet Vpb 1969 implica una pérdida de recursos estatales y, por tanto, es el Estado quien la financia por medio de recursos estatales. De forma análoga, la exención del impuesto de sociedades para determinados puertos marítimos de los Países Bajos recogida en la Wet Vpb 2015 implica una pérdida de recursos estatales y, por tanto, es el Estado quien la financia por medio de recursos estatales. Ni las autoridades neerlandesas ni los terceros interesados han cuestionado este extremo.

         6.3.   Existencia de una ventaja

               (63)

               Además, la ayuda debe proporcionar una ventaja financiera al beneficiario. El concepto de ventaja no solo engloba los beneficios positivos sino también aquellas intervenciones que, en sus diversas formas, reduzcan los gastos que se incluyen normalmente en el presupuesto de una empresa (19).

               (64)

               Las autoridades neerlandesas no han puesto en duda que una exención continuada del impuesto de sociedades para determinadas empresas públicas ofrezca una ventaja económica a dichas empresas.

               (65)

               En virtud de la Wet Vpb 1969, las empresas públicas están en principio exentas del impuesto de sociedades, mientras que las empresas privadas están en principio sujetas a dicho impuesto. Por lo tanto, las empresas públicas que ejercen actividades económicas se benefician de una clara ventaja fiscal. La Comisión señala que la nueva ley mantiene expresamente la exención del impuesto de sociedades para determinados puertos marítimos públicos de los Países Bajos, por lo que estos seguirán disfrutando de dicha ventaja. La exención fiscal reduce las cargas que normalmente se incluyen entre los gastos de explotación de una empresa que ejerce una actividad económica. En consecuencia, la exención proporciona una ventaja económica a las empresas públicas frente a las empresas sujetas al impuesto de sociedades en los Países Bajos, que no gozan de esta ventaja fiscal.

         6.4.   Falseamiento de la competencia y efectos en el comercio

               (66)

               En virtud del artículo 107, apartado 1, del TFUE, para que una medida sea considerada como una ayuda estatal debe afectar a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsear o amenazar con falsear la competencia. En el caso que nos ocupa, las empresas públicas que ejercen actividades económicas y que cumplen los requisitos para acogerse a la exención del impuesto pueden estar involucradas en intercambios comerciales en el seno de la Unión. Los puertos marítimos públicos, que continúan exentos en virtud de la Wet Vpb 1969 —incluso tras la modificación introducida por la Wet Vpb 2015— son claramente empresas públicas implicadas en intercambios comerciales entre Estados miembros. Por lo tanto, la Wet Vpb 1969, que otorga una exención fiscal a las empresas públicas, afecta necesariamente a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsea o amenaza con falsear la competencia. De manera similar, la exención del impuesto de sociedades que continúa vigente en la Wet Vpb 2015 para los puertos marítimos interesados afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros y falsea o amenaza con falsear la competencia.

               (67)

               Según los puertos marítimos interesados, la competencia no se ve falseada a escala europea, ni por el régimen del impuesto de sociedades objeto de esta Decisión ni por la nueva ley. Dichos puertos argumentan que los puertos marítimos situados entre Hamburgo y Le Havre reciben todo tipo de ayudas públicas. Por lo tanto, la exención fiscal no da lugar a un trato preferente para los puertos marítimos de los Países Bajos sino, a lo sumo, a una posición ligeramente menos desfavorable de dichos puertos en comparación con la de otros países europeos.

               (68)

               La Comisión no está de acuerdo con el argumento que esgrimen los terceros interesados. Una medida acordada por el Estado se considera que falsea o amenaza con falsear la competencia cuando es probable que mejore la posición competitiva del beneficiario frente a otras empresas con las que compite (20). En consecuencia, basta con que la ayuda permita al beneficiario mantener una posición competitiva más sólida de la que tendría si no se le hubiera proporcionado la ayuda. Así pues, el hecho de que algunos puertos marítimos europeos puedan recibir ayudas estatales no significa que la competencia no se vea falseada por una exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas en general, y para los puertos públicos en particular.

         6.5.   Selectividad

               (69)

               Para que una ayuda se considere estatal, debe ser selectiva (21), es decir, favorecer solo a determinadas empresas o producciones. De acuerdo con la jurisprudencia establecida (22), la selectividad material de una medida debe evaluarse en tres fases: en primer lugar, es necesario identificar el régimen habitual o «normal» («sistema de referencia») aplicable en el Estado miembro de que se trata. En segundo lugar, debe determinarse en relación con este régimen fiscal habitual o «normal» si cualquier ventaja otorgada por la medida fiscal en cuestión puede ser selectiva. Para ello es preciso demostrar que la medida se aparta del régimen ordinario mediante la diferenciación entre operadores económicos que, en vista del objetivo perseguido por dicho régimen, se encuentran en una situación comparable de hecho y de derecho. En tercer lugar, si se demuestra ese desvío, es necesario examinar si resulta de la naturaleza o la lógica del sistema tributario, y si puede estar justificada por la naturaleza o la lógica de dicho sistema tributario. En este contexto, corresponde al Estado miembro demostrar que el trato fiscal diferenciado se deriva directamente de los principios fundamentales o rectores de dicho sistema (23).

      Sistema de referencia

               (70)

               En el asunto que nos ocupa, el sistema de referencia debería definirse como el sistema neerlandés del impuesto de sociedades, como se establece en la Wet Vpb 1969. De la citada ley se desprende que, con arreglo a las reglas normales, las empresas establecidas en los Países Bajos están sujetas al impuesto de sociedades y deben tributar por los beneficios que obtengan.

               (71)

               Con respecto a la exención del impuesto de sociedades para los puertos marítimos interesados recogida en la Wet Vpb 2015, el sistema de referencia debería definirse asimismo como el sistema neerlandés del impuesto de sociedades, según se establece en la Wet Vpb 2015. De la citada ley se desprende también que, con arreglo a las reglas normales, las empresas establecidas en los Países Bajos están sujetas al impuesto de sociedades y deben tributar por los beneficios que obtengan.

      Excepción al sistema de referencia

               (72)

               En virtud de la Wet Vpb 1969, las empresas públicas, a diferencia de las privadas, están en principio exentas del impuesto de sociedades. Solamente están sujetas al impuesto las empresas públicas que figuran en la lista exhaustiva del artículo 2, apartado 3, de la Wet Vpb 1969 o que se mencionan en el artículo 2, apartado 7, de la misma.

               (73)

               La lista de empresas recogida en el artículo 2, apartado 3, de la Wet Vpb 1969 no ha cambiado desde 1956. Dicha lista no tiene en cuenta el hecho de que, desde 1956, las empresas públicas, tanto directas como indirectas, han ido intensificando de manera progresiva su oferta de bienes y servicios en el mercado, compitiendo con empresas privadas sujetas al impuesto de sociedades. En particular, existe una discrepancia entre las empresas enumeradas en el artículo 2, apartado 3, de la Wet Vpb 1969, y sujetas al impuesto, y el concepto de «actividad económica» en el Derecho de la UE. La ley actual permite que un número sustancial de empresas públicas que ejercen actividades económicas estén exentas del impuesto, si bien en vista del objetivo de la ley del impuesto de sociedades se encuentran, de hecho y de derecho, en la misma posición que las empresas privadas.

               (74)

               El hecho de que las autoridades neerlandesas, examinando cada caso por separado, hayan decidido que un número limitado de empresas públicas indirectas deban tributar al impuesto de sociedades no elimina la naturaleza selectiva de los regímenes fiscales actuales. Las autoridades neerlandesas reconocen que este enfoque basado en un análisis caso por caso no garantiza que todas las empresas públicas que ejercen actividades económicas vayan a estar también sujetas a dicho impuesto. La ley actual favorece claramente a las empresas públicas que desarrollan actividades económicas y que no están incluidas en la citada lista.

               (75)

               Por lo tanto, un alto número de empresas públicas (que ejercen una actividad económica) están exentas del impuesto de sociedades. La Comisión observa que, incluso con la nueva ley, esta exención fiscal seguirá vigente, en particular para los puertos marítimos interesados. Esto constituye una excepción al sistema general del impuesto de sociedades aplicable en los Países Bajos y otorga una ventaja selectiva a las empresas públicas que ejercen actividades económicas.

               (76)

               En virtud de la Wet Vpb 2015, las empresas públicas están en principio sujetas al impuesto de sociedades. Sin embargo, la ley exime del impuesto a determinados puertos marítimos públicos. La Wet Vpb 2015 permite que dichos puertos estén exentos del impuesto, pese a encontrarse de hecho y de derecho en la misma situación que otras empresas privadas y públicas en vista del objetivo de la ley del impuesto de sociedades, que es gravar los beneficios empresariales.

               (77)

               Las autoridades neerlandesas no han cuestionado que la exención del impuesto de sociedades conceda una ventaja selectiva a las empresas públicas. En cambio, los puertos marítimos interesados, que son los beneficiarios de la exención (aún vigente), niegan la existencia de una ventaja selectiva. Afirman que la actual legislación neerlandesa del impuesto de sociedades se aplica por igual a todos los puertos marítimos de los Países Bajos. En consecuencia, la exención del impuesto de sociedades aplicable a los puertos no les confiere una ventaja selectiva.

               (78)

               La Comisión no está de acuerdo con este argumento. En el Derecho de la UE relativo a las ayudas estatales, la selectividad debe evaluarse con base en una comparación interna en un Estado miembro entre las empresas que se encuentran de hecho y de derecho en una situación similar en vista de los objetivos de la legislación tributaria de que se trate. Las empresas cuyos beneficios se acogen a una exención del impuesto de sociedades, como sucede en el caso de los puertos marítimos interesados, disfrutan claramente de una ventaja selectiva en comparación con las empresas que desarrollan su actividad en el mismo sector y en otros sectores. En vista del objetivo de la ley del impuesto de sociedades, ambos grupos se encuentran de hecho y de derecho en una situación similar.

               (79)

               En ausencia de armonización de la tributación directa, la situación desde el punto de vista fiscal de los puertos ubicados en diferentes Estados miembros siempre será distinta en cierta medida. Por ejemplo, en cada Estado miembro se aplican diferentes tipos impositivos en el impuesto de sociedades. La jurisprudencia establece que un Estado miembro no puede justificar el mantenimiento de exenciones fiscales que constituyan ayudas estatales argumentando que otros Estados miembros pueden aplicar medidas similares (24).

      Justificación basada en la lógica del sistema

               (80)

               Dado que la Comisión considera que la exención fiscal en cuestión tiene prima facie carácter selectivo, deberá determinar, de acuerdo con la jurisprudencia de los tribunales europeos, si dicha exención puede estar justificada por la naturaleza o la lógica del sistema del que forma parte. Una medida que constituya una excepción a la aplicación del sistema tributario general puede estar justificada si el Estado miembro puede demostrar que la medida se deriva directamente de los principios fundamentales o rectores de su sistema tributario.

               (81)

               La existencia de exenciones similares para las empresas públicas en otros Estados miembros o la ausencia de condiciones equitativas a escala europea no justifican la inaplicación de la decisión de la Comisión en la que se proponen medidas adecuadas en relación con los puertos marítimos públicos. En virtud de la legislación de la UE sobre ayudas estatales, las empresas que se encuentran de hecho y de derecho en una situación comparable en vista del objetivo del sistema fiscal de un Estado miembro deberían recibir el mismo trato en dicho Estado miembro. Por lo tanto, en virtud de dicha legislación, la evaluación de la selectividad se basa en una comparación interna en un Estado miembro (25). En ausencia de armonización de la tributación directa a escala de la UE, la situación desde el punto de vista fiscal de los puertos ubicados en diferentes Estados miembros siempre será distinta en cierta medida.

               (82)

               Las autoridades neerlandesas no han proporcionado ningún argumento que justifique la exención con base en la lógica del sistema del impuesto de sociedades neerlandés. La Comisión tampoco ha podido encontrar dicha justificación por su parte. La lógica del sistema del impuesto de sociedades es gravar los beneficios empresariales. Dispensar a las empresas públicas que ejercen actividades económicas, incluidos los puertos marítimos públicos, un trato más favorable que a las empresas privadas no encaja en dicha lógica.

         6.6.   Conclusión

               (83)

               Por lo tanto, la Comisión concluye que la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas recogida en la Wet Vpb 1969 da lugar a un tratamiento fiscal diferenciado entre las empresas públicas y privadas que ejercen actividades económicas. Este trato diferenciado es imputable al Estado y se financia con recursos estatales, proporcionando a dichas empresas públicas una ventaja selectiva que no se puede justificar por la naturaleza ni el régimen general del sistema del impuesto de sociedades neerlandés. Además, este trato más favorable falsea la competencia y afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Por consiguiente, la exención fiscal otorgada a las empresas públicas constituye una ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE (26).

               (84)

               La Comisión reconoce que las modificaciones introducidas por la Wet Vpb 2015 eliminan la exención del impuesto de sociedades a partir del 1 de enero de 2016 para la mayoría de las empresas públicas neerlandesas, que inicialmente no tributaban en virtud del artículo 2, apartado 1, letra g) y del artículo 2, apartados 3 y 7, de la Wet Vpb 1969. Sin embargo, la Wet Vpb 2015 mantiene la exención del impuesto de sociedades para determinados puertos marítimos públicos, que ejercen actividades económicas. Este trato diferenciado es imputable al Estado y se financia con recursos estatales, proporcionando a dichas empresas públicas una ventaja selectiva que no se puede justificar por la naturaleza ni la lógica del sistema del impuesto de sociedades neerlandés. Además, este trato más favorable falsea la competencia y afecta a los intercambios comerciales entre Estados miembros. Por consiguiente, la exención fiscal otorgada a los puertos marítimos interesados constituye una ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE.

         7.   COMPATIBILIDAD

   7.1.   Artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE

               (85)

               Puesto que el régimen objeto de examen constituye una ayuda estatal a efectos del artículo 107, apartado 1, del TFUE, es preciso analizar si es compatible con el mercado interior al amparo de las excepciones que se establecen en el artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE.

               (86)

               Las autoridades neerlandesas no han proporcionado ningún argumento con respecto a la aplicabilidad de las excepciones descritas en el artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE a la exención general del impuesto de sociedades otorgada a las empresas públicas.

               (87)

               La Comisión considera que las excepciones contempladas en el artículo 107, apartado 2, del TFUE no son de aplicación en el caso que nos ocupa, puesto que la medida examinada no se ajusta a ninguno de los objetivos que se enumeran en dicha disposición. Más concretamente, dicha medida no parece guardar relación con ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales, con ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional ni con ayudas concedidas con objeto de favorecer la economía de determinadas regiones de la República Federal de Alemania.

               (88)

               El artículo 107, apartado 3, del TFUE dispone asimismo que podrán considerarse compatibles con el mercado interior las medidas siguientes: a) las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo de determinadas regiones, b) las ayudas para fomentar la realización de proyectos importantes de interés común europeo, c) las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, d) las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación del patrimonio, y e) las ayudas que determine el Consejo por decisión.

               (89)

               En cuanto a la posible aplicación de las excepciones que se establecen en el artículo 107, apartado 3, letras a) y e), del TFUE, la Comisión señala que la exención fiscal otorgada a las empresas públicas neerlandesas constituye una ayuda a la explotación y se otorga sin distinción alguna en cuanto a los objetivos que persigan las empresas en cuestión. En consecuencia, la Comisión considera que, con carácter general, no serán aplicables las excepciones recogidas en el artículo 107, apartado 3, del TFUE. Además, las autoridades neerlandesas no han proporcionado información que demuestre que dichas excepciones son aplicables en determinados casos concretos. Como resultado de ello, la Comisión ha llegado a la conclusión de que no resulta aplicable ninguno de los fundamentos establecidos en el artículo 107, apartado 3, del TFUE.

         7.2.   Artículo 106, apartado 2, del TFUE

               (90)

               Además de los fundamentos que se establecen en el artículo 107, apartados 2 y 3, del TFUE, la ayuda puede ser compatible también en aplicación del artículo 106, apartado 2, del TFUE, si el Estado ha confiado al beneficiario la gestión de servicios de interés económico general.

               (91)

               Las autoridades neerlandesas no han proporcionado información alguna de la que quepa concluir que la exención del impuesto de sociedades para (determinadas) empresas públicas puede estar justificada en virtud del artículo 106, apartado 2, del TFUE. La Comisión señala en ese sentido que, en cualquier caso, en el asunto que nos ocupa, la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas neerlandesas se otorga sin distinción en cuanto a los objetivos que persiguen las empresas en cuestión. Las autoridades neerlandesas tampoco han proporcionado ninguna información que permita aplicar el artículo 106, apartado 2, del TFUE en determinados casos específicos. En consecuencia, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el artículo 106, apartado 2, del TFUE no es aplicable.

         8.   PERÍODO TRANSITORIO PARA LOS PUERTOS MARÍTIMOS INTERESADOS

               (92)

               Cuando la Comisión adopta una decisión definitiva en relación con una ayuda estatal existente y concluye que la ayuda es incompatible con el mercado interior, la ayuda debe abolirse o modificarse en el plazo más breve posible. En esta fase del procedimiento no debería permitirse al Estado miembro, en principio, aplicar un período transitorio. En cualquier caso, no concurre ninguna circunstancia excepcional en el asunto que nos ocupa que pudiera justificar la aplicación de dicho período transitorio. Los argumentos expuestos por los Países Bajos no pueden ser considerados circunstancias excepcionales.

               (93)

               Con respecto al argumento de que la distinción entre actividades económicas y no económicas no está suficientemente clara en el caso de los puertos, la Comisión señala que las empresas públicas diferentes de los puertos también deben determinar qué constituye una actividad económica y qué constituye una tarea pública, y sin embargo no se ha aplicado ningún período transitorio en ese caso. Además, la Comisión ya ha adoptado más de veinte decisiones relativas a puertos, que ofrecen suficiente orientación acerca de las circunstancias en las que las actividades portuarias tienen la consideración de actividades económicas (27).

               (94)

               De forma similar, el argumento esgrimido sobre la necesidad de garantizar unas condiciones equitativas a escala de la UE no justifica la aplicación de un período transitorio. Como se ha explicado en el considerando 82, desde la perspectiva de las ayudas estatales, una exención fiscal en beneficio de los puertos públicos no se puede justificar por la existencia de medidas similares en otros Estados miembros o por la ausencia de unas condiciones equitativas a escala europea. En ausencia de armonización de la imposición directa en la UE, la situación de los puertos públicos desde el punto de vista fiscal puede presentar algunas diferencias entre unos Estados miembros y otros. Por lo tanto, la aplicación de las medidas adecuadas recogidas en la decisión de la Comisión de 2 de mayo de 2013 no debería depender del tratamiento tributario de los puertos públicos en otros Estados miembros.

               (95)

               En cuanto al argumento de los Países Bajos según el cual el hecho de someter a los puertos al impuesto de sociedades podría ser un ejercicio largo y complejo, la Comisión observa que las características específicas de los puertos no parecen sustancialmente diferentes de las que presentan los aeropuertos, y el aeropuerto de Schiphol pasó a estar sujeto al impuesto de sociedades seis meses después de la adopción de la decisión de la Comisión en la que se proponían medidas adecuadas (28). En todo caso, en la medida en que las características especiales de los activos de los puertos y la estructura de propiedad de dichos activos dificultan la elaboración de un balance de situación inicial a efectos fiscales, estas cuestiones podrían debatirse con las autoridades fiscales incluso después de que las entidades en cuestión queden sujetas al impuesto. Además, dado que el próximo ejercicio fiscal para los puertos marítimos afectados en los Países Bajos comenzará el 1 de enero de 2017, los puertos marítimos tendrán tiempo a fin de prepararse para la nueva situación. Por lo tanto, la Comisión considera que los argumentos referentes a las dificultades administrativas expuestos por los Países Bajos no justifican la aplicación de un período transitorio para los puertos marítimos interesados.

         9.   AYUDA EXISTENTE

               (96)

               Tras concluir que la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas es una ayuda estatal incompatible, la Comisión debe determinar si las medidas en cuestión constituyen una ayuda nueva o existente.

               (97)

               Una ayuda existente, según se define en el artículo 1, letra b), del Reglamento de procedimiento, es toda ayuda que existiese antes de la entrada en vigor del Tratado CE en los Países Bajos, o una ayuda autorizada anteriormente, o una ayuda considerada como ayuda existente con arreglo al artículo 15 del Reglamento de procedimiento, o una medida que en el momento en que se llevó a efecto no constituía una ayuda, y que posteriormente pasó a ser una ayuda debido a la evolución del mercado interior. Cualquier ayuda que no encaje en la definición de ayuda existente debe considerarse nueva ayuda en virtud del artículo 1, letra c), del Reglamento de procedimiento.

               (98)

               Las autoridades neerlandesas han afirmado que si la exención del impuesto para las sociedades de capital recogida en la Wet Vpb 1969 es una ayuda, constituye una ayuda existente.

               (99)

               La Comisión comparte esta posición. De la información proporcionada por las autoridades neerlandesas se infiere que la esencia de la exención fiscal para las empresas públicas recogida en la Wet Vpb 1969, según se establece en el artículo 2, apartado 1, letra g), y en el artículo 2, apartado 3, de la Wet Vpb 1969, existía con anterioridad a la entrada en vigor del Tratado CE en los Países Bajos. La Wet Vpb 1969, que se introdujo en 1969, recogía las disposiciones que ya estaban presentes en el código tributario de 1956 (antes de la entrada en vigor del Tratado CE), y posteriormente no se establecieron nuevas excepciones.

               (100)

               La Wet Vpb 2015 ha eliminado a partir del 1 de enero de 2016 la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas recogida en el artículo 2, apartado 1, letra g), y en el artículo 2, apartados 3 y 7, de la Wet Vpb 1969, pero mantiene expresamente las exenciones del impuesto de sociedades para determinados puertos marítimos públicos de los Países Bajos. La Comisión señala que, con respecto a esas empresas públicas, la nueva ley no ha modificado de manera fundamental la exención existente del impuesto de sociedades. No ha introducido ningún componente nuevo en la ayuda ni ha elevado el número de beneficiarios. En consecuencia, la Comisión concluye que la exención continuada del impuesto de sociedades para los puertos marítimos interesados ha conservado su naturaleza de ayuda existente.

         10.   CONCLUSIÓN

               (101)

               La exención del impuesto de sociedades para determinados puertos marítimos públicos constituye una ayuda estatal incompatible.

               (102)

               La Comisión toma nota de que la nueva ley Wet Vpb 2015, por la que se modifica la Wet Vpb 1969, eliminó la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas a partir del 1 de enero de 2016.

               (103)

               La Wet Vpb 2015 ha mantenido la exención del impuesto de sociedades para determinados puertos marítimos públicos neerlandeses. Los Países Bajos deberán eliminar esta exención en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificación de la presente Decisión, y el régimen del impuesto de sociedades modificado deberá aplicarse a más tardar de modo que surta efecto a partir del ejercicio fiscal siguiente a la adopción de esta Decisión.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   La exención del impuesto de sociedades en favor de Groningen Seaports NV, Havenbedrijf Amsterdam NV, Havenbedrijf Rotterdam NV, Havenschap Moerdijk, NV Port of Den Helder y Zeeland Seaports NV, con respecto a las actividades económicas de los puertos marítimos interesados, constituye una ayuda estatal y es incompatible con el mercado interior.
   Artículo 2
   Los Países Bajos eliminarán la exención del impuesto de sociedades para los puertos marítimos mencionados en el artículo 1 en el plazo de dos meses a contar desde la fecha de notificación de la presente Decisión, y el régimen del impuesto de sociedades modificado deberá aplicarse a más tardar de modo que surta efecto a partir del ejercicio fiscal siguiente a la adopción de esta Decisión.
   Artículo 3
   Los Países Bajos informarán a la Comisión, en un plazo de dos meses a partir de la fecha de notificación de la presente Decisión, de las medidas adoptadas en cumplimiento de la misma.
   Artículo 4
   El destinatario de la presente Decisión será el Reino de los Países Bajos.

      Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 2016.

            Por la Comisión

         Margrethe VESTAGER

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO C 280 de 22.8.2014, p. 68.

      (2)  Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DO L 83 de 27.3.1999, p. 1). El Reglamento (CE) n.o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, fue derogado por el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo, por el que se establecen normas detalladas para la aplicación del artículo 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO L 248 de 24.9.2015, p. 9). Este último Reglamento entró en vigor el 14 de octubre de 2015. Todas las etapas procesales que se siguieron en este procedimiento respondían a lo previsto en el Reglamento (CE) n.o 659/1999.

      (3)  Véase la decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001 en el asunto SA.16035 (ex E 45/2000) (DO C 37 de 11.2.2004, p. 13). La Comisión sostuvo que la exención del impuesto de sociedades para la empresa pública Schiphol Group constituía una ayuda existente.

      (4)  Véase la nota 1.

      (5)  Artículo I D (por el que se introduce un nuevo artículo 6, letra c), artículo II y artículo VIII, apartado 2, de la Wet Vpb 2015.

      (6)  Artículo I D (por el que se introduce un nuevo artículo 6, letra b) de la Wet Vpb 2015. El nuevo artículo 6, letra b), contiene además una exención para los hospitales universitarios que desarrollen las actividades a las que hace referencia el artículo 1.4, apartado 1, de la Ley de educación superior e investigación científica. El objetivo de esta exención es crear unas condiciones equitativas entre los hospitales públicos y privados. Está relacionada con la exención recogida en el artículo 5 de la Wet Vpb 1969, ajena al alcance del presente procedimiento, por lo que esta exención no se aborda en esta Decisión. Esta Decisión se adopta sin perjuicio de la evaluación de la exención prevista para los hospitales universitarios en la Wet Vpb 2015.

      (7)  Véanse la nota a pie de página 6 sobre la decisión relativa a las medidas adecuadas y la nota a pie de página 2 sobre la decisión de incoar el procedimiento.

      (8)  Los artículos 5 y 6 de la Wet Vpb 1969, en combinación con la orden de aplicación Uitvoeringsbesluit Vennootschapsbelasting de 1971, eximen del impuesto de sociedades a determinados organismos que persigan un fin social, que no tengan fines de lucro o que solamente tengan por objetivo la obtención de unos beneficios limitados. Entre ellas figuran los hospitales, los centros de atención a personas mayores, los servicios funerarios y las bibliotecas. Tal como observaba la Comisión en la carta del artículo 17, según el Derecho de la UE, los fines lucrativos no constituyen un criterio a la hora de decidir si una entidad es o no una empresa, y en algunos casos las exenciones contempladas en los artículos 5 y 6 de la Wet Vpb 1969 también podrían constituir ayudas estatales. Sin embargo, tales disposiciones no se analizan con más detalle en esta Decisión, que se limita a la exención del impuesto de sociedades para las empresas públicas recogida en el artículo 2, apartados 1, 3 y 7 de la Wet Vpb 1969.

      (9)  De acuerdo con la Wet Vpb 1969, el término «empresas industriales» incluye empresas dedicadas a la producción, transporte o suministro de gas, electricidad o calor, así como empresas dedicadas a la construcción o gestión de redes para el transporte de gas, electricidad o calor.

      (10)  Este apartado hace referencia a empresas dedicadas a la compraventa de bienes, en lugar de referirse con carácter general a empresas que ejercen actividades económicas en el sentido previsto en las normas de la UE. Las autoridades neerlandesas han confirmado que el artículo 2, apartado 1, letra g), de la Wet Vpb 1969 no se aplica a la prestación de servicios.

      (11)  En un oficio enviado a la OCDE y fechado en 2002 se mencionan también la educación superior (el alquiler de aulas y salas de reuniones o la combinación desleal de actividades de educación e investigación con actividades comerciales, por ejemplo en la investigación de mercados), la contratación de obras de construcción e instalación, las oficinas de ingeniería provinciales y municipales, el alquiler de salas de conferencias y de reuniones, las actividades paracomerciales en edificios municipales, la atención infantil subvencionada, la explotación comercial de puertos deportivos, los servicios de extinción de incendios y las asociaciones de crédito a la vivienda y recreativas. Véase OCDE, DAFFE/COMP/WD(2002)54, 19 de septiembre de 2002, párr. 7.

      (12)  Véase el documento parlamentario Belastingplicht overheidsbedrijven — Inventarisatie van de gevolgen van de ondernemingsvariant, 11 mei 2012, Kamerstukken II 31213, nr. 7, pp. 26 y 46.

      (13)  Estas condiciones son las siguientes: 1) que el nombramiento y cese de sus directivos competa exclusivamente, de forma directa o indirecta, a los operadores del puerto marítimo, y que en caso de liquidación sus activos se pongan exclusivamente a disposición de dichos operadores; 2) que todos sus accionistas, socios, participantes o miembros directos o indirectos figuren entre los operadores del puerto marítimo en cuestión.

      (14)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Klaus Höfner y Fritz Elser contra Macroton GmbH, C-41/90, EU:C:1991:161, apartado 21.

      (15)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Motosykletistiki Omospondia Ellados NPID (MOTOE)/Elliniko Dimosio, C-49/07, EU:C:2008:376, apartados 27 y 28.

      (16)  Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos acumulados 209/78 a 215/78 y 218/78 Heintz van Landewyck Sàrl y otros contra Comisión de las Comunidades Europeas,, EU:C:1980:248, apartado 21; Fédération française des sociétés d’assurance y otros contraMinistère de l’Agriculture et de la Pêche, C-244/94, EU:C:1995:392; y MOTOE, citada anteriormente, EU:C:2008:376, apartados 27 y 28.

      (17)  Comunicación de la Comisión relativa a la aplicación de las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales a las compensaciones concedidas por la prestación de servicios de interés económico general (DO C 8 de 11.1.2012, p. 4).

      (18)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Banco de Crédito Industrial, SA, hoy Banco Exterior de España, SA contra Ayuntamiento de Valencia, C-387/92, EU:C:1994:100, apartado 14.

      (19)  Sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg contra Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 30/59, EU:C:1961:2, y Adria-Wien Pipeline GmbH y Wietersdorfer & Peggauer Zementwerke GmbH contra Finanzlandesdirektion für Kärnten, C-143/99, EU:C:2001:598, apartado 38.

      (20)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto Phillip Morris Holland BV contra Comisión de las Comunidades Europeas, 730/79, EU:C:1980:209, apartado 11.

      (21)  Sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto República Italiana contra Comisión de las Comunidades Europeas, C-66/02, EU:C:2005:768, apartado 94.

      (22)  Véanse, entre otras, las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos República Portuguesa contra Comisión de las Comunidades Europeas, C-88/03, EU:C:2006:511, apartado 56, y Ministero dell’Economia e delle Finanze y otros contra Paint Graphos Soc. coop. arl y otros, C-78/08 a C-80/08, EU:C:2011:550, apartado 49.

      (23)  Sentencia dictada en el asunto Adria-Wien Pipeline, citada anteriormente, EU:C:2001:598, apartado 42.

      (24)  Sentencia del Tribunal General de 1 de julio de 2004 en el asunto Salzgitter AG contra Comisión Europea, T-308/00, EU:T:2004:199, apartado 42.

      (25)  Sentencia dictada en el asunto Salzgitter, citado anteriormente, EU:T:2004:199, apartado 81.

      (26)  En 2002, en un caso similar que afectaba a una exención del impuesto de sociedades durante tres años a determinadas empresas públicas italianas creadas por autoridades locales, la Comisión adoptó una decisión negativa con recuperación [Decisión 2003/193/CE de la Comisión, de 5 de junio de 2002, relativa a la ayuda estatal a las exenciones fiscales y préstamos privilegiados concedidos por Italia a empresas de servicios con accionariado mayoritariamente público C 27/99 (ex NN 69/98) (DO L 77 de 24.3.2003, p. 21)]. La decisión se vio confirmada por la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto A2A SpA, antes ASM Brescia contra Comisión Europea, C-318/09 P, EU:C:2011:856.

      (27)  Véase, por ejemplo, la Decisión de la Comisión de 15 de diciembre de 2009 en el expediente relativo a ayudas estatales C 39/2009 (ex N 385/2009) —Letonia—, financiación pública de infraestructura portuaria en el puerto de Ventspils (DO C 62 de 13.3.2010, p. 7); Decisión de la Comisión de 15 de junio de 2011 en el expediente relativo a ayudas estatales SA.30381 (N 44/2010) —Letonia—, financiación pública de infraestructura portuaria en Krievu Sala (DO C 215 de 21.7.2011, p. 2); Decisión de la Comisión de 22 de febrero de 2012 en el expediente relativo a ayudas estatales SA.30742 (N 137/2010) —Lituania—, construcción de infraestructura para la terminal del ferry en Klaipeda (DO C 121 de 26.4.2012, p. 1); Decisión de la Comisión de 2 de julio de 2013 en el expediente relativo a ayudas estatales SA.35418 (2012/N) —Grecia—, ampliación del puerto del Pireo (DO C 256 de 5.9.2013, p. 2); Decisión de la Comisión de 18 de septiembre de 2013 en el expediente relativo a ayudas estatales SA.36953 (2013/N) —España—, Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (DO C 335 de 5.9.2013, p. 5); Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 en el expediente relativo a ayudas estatales SA.37402 —Hungría—, desarrollo intermodal de la zona franca de Budapest (DO C 141 de 9.5.2014, p. 5); Decisión de la Comisión de 17 de octubre de 2012 en el expediente relativo a ayudas estatales SA.34501 —Alemania—, ampliación del puerto fluvial de Königs Wusterhausen/Wildau (DO C 176 de 21.6.2013, p. 1); Decisión de la Comisión de 1 de octubre de 2014 en el expediente relativo a ayudas estatales SA.38478 —Hungría—, desarrollo del puerto público de Győr-Gőnyű (DO C 418 de 21.11.2014, p. 9). Véase también la Decisión de la Comisión de 20 de octubre de 2004 en el expediente relativo a ayudas estatales N 520/2003 —Bélgica—, apoyo financiero a las obras de infraestructura en los puertos flamencos (DO C 176 de 16.7.2005, p. 12).

      (28)  Decisión de la Comisión de 3 de julio de 2001 en el expediente relativo a ayudas estatales SA.16035 (ex E 45/2000).


title: 2007/668/CE: Decisión del Consejo, de 25 de junio de 2007 , relativa al ejercicio por la Comunidad Europea, con carácter transitorio, de derechos y obligaciones equivalentes a los inherentes a la condición de miembro en la Organización Mundial de Aduanas

text:
               18.10.2007

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 274/11

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 25 de junio de 2007
   relativa al ejercicio por la Comunidad Europea, con carácter transitorio, de derechos y obligaciones equivalentes a los inherentes a la condición de miembro en la Organización Mundial de Aduanas
   (2007/668/CE)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 133, en relación con su artículo 300, apartado 2, párrafo segundo,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 19 de marzo de 2001, el Consejo decidió autorizar a la Comisión a negociar en nombre de la Comunidad Europea su adhesión a la Organización Mundial de Aduanas (1).

               (2)

               Está previsto que, en junio de 2007, en el marco de sus sesiones centésimo novena y centésimo décima, el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas modifique el Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperación Aduanera a fin de permitir que las uniones económicas o aduaneras en general, y la Comunidad Europea en particular, se adhieran a esta Organización en calidad de miembros.

               (3)

               Los Estados miembros de la Comunidad Europea deben respaldar el proyecto de modificación en cuestión, que permitiría, previa adopción por el Consejo de la Organización Mundial de Aduanas, la adhesión de la Comunidad al Convenio modificado.

               (4)

               A raíz de una serie de conversaciones exploratorias, la Comunidad Europea y la Organización Mundial de Aduanas analizaron la posibilidad de que la Comunidad Europea asumiera los derechos y obligaciones derivados de la pertenencia a dicha Organización, supeditándola a la ratificación, por todos los Estados miembros de la misma, de la modificación del Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperación Aduanera.

               (5)

               La Comunidad Europea está, en principio, en condiciones de asumir esos derechos y obligaciones en el marco del Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperación Aduanera en los ámbitos de su competencia.

               (6)

               Los Estados miembros de la Comunidad Europea mantienen su estatuto actual en el seno de la Organización Mundial de Aduanas.

               (7)

               Tanto la Comunidad Europea como sus Estados miembros son competentes en los ámbitos cubiertos por el Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperación Aduanera.

               (8)

               En las cuestiones que son de su competencia, debe adoptarse una posición de la Comunidad Europea. Por lo que respecta a las cuestiones que son competencia parcial de la Comunidad, sus Estados miembros deben esforzarse en adoptar una posición común a fin de garantizar la unidad en la representación exterior de la Comunidad Europea y de sus Estados miembros.

               (9)

               En vista de cuanto antecede, el Consejo debe adoptar medidas para el ejercicio por la Comunidad Europea, con carácter transitorio, de derechos y obligaciones equivalentes a los inherentes a la condición de miembro en la Organización Mundial de Aduanas, incluido el pago de una contribución anual.

         DECIDE:
   Artículo único
   1.   Los Estados miembros de la Comunidad Europea votarán a favor de la decisión del Consejo de la Organización Mundial de Aduanas en virtud de la cual se conceda a la Comunidad Europea, como medida transitoria, derechos equivalentes a los que disfrutan los miembros de la Organización Mundial de Aduanas, en las condiciones fijadas en ella.
   2.   La Comunidad Europea acepta los derechos y obligaciones equivalentes a los de los miembros de la Organización Mundial de Aduanas establecidos en la Decisión del Consejo de dicha organización, en el interim de la entrada en vigor de la modificación del Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperación Aduanera.
   3.   Se autoriza a la Comisión Europea a comunicar a la Organización Mundial de Aduanas que la Comunidad Europea acepta los derechos y obligaciones equivalentes a los de los miembros de la Organización Mundial de Aduanas y a presentar a dicha organización la declaración de competencia necesaria, que figura en el anexo.
   4.   La Comunidad Europea abonará una contribución anual a la Organización Mundial de Aduanas a fin de respaldar el trabajo de dicha organización y cubrir los gastos administrativos adicionales a partir del 1 de julio de 2007.

      Hecho en Luxemburgo, el 25 de junio de 2007.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         A. SCHAVAN

      (1)  La Organización Mundial de Aduanas se creó mediante el Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperación Aduanera (firmado el 15 de diciembre de 1950). El Convenio entró en vigor en 1952. En 1994, el CCA pasó a adoptar la denominación operativa de «Organización Mundial de Aduanas» a fin de reflejar mejor su alcance. En la actualidad este organismo cuenta con 171 miembros.

      ANEXO
      Declaración de competencia de la Comunidad Europea en los ámbitos cubiertos por el Convenio por el que se establece el Consejo de Cooperación Aduanera
      De conformidad con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, en su versión modificada, la presente declaración establece las competencias que los Estados miembros de la Comunidad Europea han transferido a dicha Comunidad en los asuntos regulados por el Convenio por el que se establece un Consejo de Cooperación Aduanera.
      La Comunidad Europea declara que, de acuerdo con los artículos 131 a 134 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, tiene competencia exclusiva en la política comercial común.
      La Comunidad Europea puede concluir acuerdos internacionales siempre que ya se haya utilizado la competencia interna para adoptar medidas de aplicación de políticas comunes o si el acuerdo internacional es necesario para lograr uno de los objetivos de la Comunidad. La competencia externa de la Comunidad es exclusiva en la medida en que un acuerdo internacional afecta a normas comunitarias internas o altera su alcance. En este caso, corresponde, no a los Estados miembros, sino a la Comunidad celebrar acuerdos con terceros Estados u organizaciones internacionales. En la lista de instrumentos jurídicos mencionados en el anexo de la presente Declaración figura la relación de medidas adoptadas en el ámbito aduanero por la Comunidad.
      Por su naturaleza, el ejercicio de las competencias transferidas por los Estados miembros de la Comunidad Europea a dicha Comunidad en virtud de los Tratados está sujeto a constantes cambios. Por consiguiente, la Comunidad Europea se reserva el derecho de adaptar la presente declaración.

         Anexo
         NORMATIVA CE
         Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de 1992, por el que se aprueba el código aduanero comunitario
         Decisión del Consejo, de 17 de marzo de 2003, relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto) (2003/231/CE)
         Directiva 2002/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, sobre las formalidades de información para los buques que lleguen a los puertos de los Estados miembros de la Comunidad y salgan de estos
         Decisión 80/271/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1979, referente a la celebración de los Acuerdos multilaterales resultantes de las negociaciones comerciales de 1973-1979 (DO L 71 de 17.3.1980, p. 1)
         Algunas decisiones del Comité mixto con terceros países, como por ejemplo la 2006/343/CE: Decisión no 2/2005 del Comité mixto CE-Islandia, de 22 de diciembre de 2005, por la que se modifica el Protocolo no 3 del Acuerdo, relativo a la definición de la noción de productos originarios y a los métodos de cooperación administrativa
         Decisión 87/369/CEE del Consejo, de 7 de abril de 1987, relativa a la celebración del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, así como de su Protocolo de enmienda
         Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
         Reglamento (CE) no 1549/2006 de la Comisión, de 17 de octubre de 2006, por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CEE) no 2658/87 del Consejo relativo a la nomenclatura arancelaria y estadística y al arancel aduanero común
         Artículos 26 y 133 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
         Reglamento (CE) no 2505/96 del Consejo, de 20 de diciembre de 1996, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autónomos para determinados productos agrícolas e industriales y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 3059/95, relativo a la apertura y modo de gestión de contingentes arancelarios comunitarios autónomos para determinados productos agrícolas e industriales (primera serie 1996)
         Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, de 22 de diciembre de 1995, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea
         Reglamento (CE) no 2026/97 del Consejo, de 6 de octubre de 1997, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Comunidad Europea, en su versión modificada
         Reglamento (CE) no 3285/94 del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, sobre el régimen común aplicable a las importaciones y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 518/94, en su versión modificada
         Reglamento (CE) no 515/97 del Consejo, de 13 de marzo de 1997, relativo a la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y a la colaboración entre estas y la Comisión con objeto de asegurar la correcta aplicación de las reglamentaciones aduanera y agraria
         Reglamento (CEE) no 3677/90 del Consejo, de 13 de diciembre de 1990, relativo a las medidas que deben adoptarse para impedir el desvío de determinadas sustancias para la fabricación ilícita de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas
         Reglamento (CEE) no 3769/92 de la Comisión, de 21 de diciembre de 1992, por el que se aplica y modifica el Reglamento (CEE) no 3677/90 del Consejo relativo a las medidas que deben adoptarse para impedir el desvío de determinadas sustancias para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
         Reglamento (CE) no 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países
         Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos
         Reglamento (CE) no 1889/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativo a los controles de la entrada o salida de dinero efectivo de la Comunidad
         Reglamento (CE) no 648/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, que modifica el Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se aprueba el código aduanero comunitario
         Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, de 2 de julio de 1993, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el código aduanero comunitario
         Convenio de 20 de mayo de 1987 entre la Comunidad Económica Europea, la República de Austria, la República de Finlandia, la República de Islandia, el Reino de Noruega, el Reino de Suecia y la Confederación Suiza, relativo a un régimen común de tránsito
         Decisión 93/329/CEE del Consejo, de 15 de marzo de 1993, por la que se aprueba el Convenio relativo a la importación temporal y se aceptan sus anexos


title: Decisión n.° H7, de 25 de junio de 2015, por la que se revisa la Decisión n.° H3, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) n.° 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (Texto pertinente para el EEE y para el Acuerdo CE/Suiza)

text:
               11.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 52/13

         DECISIÓN n.o H7
   de 25 de junio de 2015
   por la que se revisa la Decisión n.o H3, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo
   (Texto pertinente para el EEE y para el Acuerdo CE/Suiza)
   (2016/C 52/08)
   LA COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL,
   Visto el artículo 72, letra a), del Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (1), según el cual la Comisión Administrativa tiene la responsabilidad de resolver todas las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas de las disposiciones del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (2),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El apartado 8 de la Decisión n.o H3 (3) establece que dicha Decisión debe revisarse después de un año de la entrada en vigor del Reglamento (CE) n.o 883/2004 y del Reglamento (CE) n.o 987/2009.

               (2)

               En interés de la claridad, la terminología utilizada en la Decisión n.o H3 debe ser coherente. Por tanto, […] (No afecta a la versión española.). Cuando se usa la expresión «tipo de conversión aplicable», conviene sustituirla por «tipo de conversión publicado».

               (3)

               La redacción del apartado 6 de la Decisión n.o H3 ha dado lugar a dificultades de interpretación, y dicho apartado ha sido aplicado de maneras distintas por los Estados miembros. Por tanto, es necesario modificar esa disposición para aclarar el procedimiento que debe aplicarse.

         DECIDE:

               1.

               […] (No afecta a la versión española.)

               2.

               En el apartado 5 de la Decisión n.o H3, la expresión «tipo de conversión aplicable» se sustituye por «tipo de conversión publicado».

               3.

               El apartado 6 de la Decisión n.o H3 se sustituye por el texto siguiente:
               «A efectos de la aplicación del artículo 90 del Reglamento (CE) n.o 987/2009, la fecha que se tendrá en cuenta para determinar el tipo de cambio aplicable entre dos monedas será:

                           a)

                           en el caso de una solicitud de compensación con cargo a atrasos o pagos en curso, el día laborable inmediatamente anterior al día en que la parte solicitante envió la solicitud final de compensación con cargo a atrasos o pagos en curso; o bien

                           b)

                           en el caso de una solicitud de recuperación, el día laborable inmediatamente anterior al día en que la parte solicitante envió la primera solicitud de recuperación.

                     A efectos del presente apartado, se entenderá por día laborable un día que sea laborable en el Banco Central Europeo y en el que este publique el tipo de referencia diario para el cambio de divisas.».

               4.

               La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entrará en vigor a los veinte días de su publicación.

            La Presidenta de la Comisión Administrativa

         Liene RAMANE

      (1)  DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.

      (2)  DO L 284 de 30.10.2009, p. 1.

      (3)  Decisión n.o H3, de 15 de octubre de 2009, relativa a la fecha que debe tenerse en cuenta para determinar los tipos de conversión del artículo 90 del Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO C 106 de 24.4.2010, p. 56).