title: Decisión 2010/88/PESC/JAI del Consejo, de 30 de noviembre de 2009 , relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón

text:
               12.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 39/19

         DECISIÓN 2010/88/PESC/JAI DEL CONSEJO
   de 30 de noviembre de 2009
   relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, sus artículos 24 y 38,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               Los días 26 y 27 de febrero de 2009, el Consejo decidió autorizar a la Presidencia, asistida por la Comisión, a entablar negociaciones con vistas a la celebración de un Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón. Dichas negociaciones han concluido con éxito, y se ha redactado un Acuerdo.

               (2)

               En ausencia de tratados de asistencia judicial bilateral entre los Estados miembros y Japón, la Unión Europea trata de establecer una cooperación más eficaz entre sus Estados miembros y Japón en el ámbito de la asistencia judicial en materia penal.

               (3)

               Procede firmar el Acuerdo, a reserva de su celebración en una fecha ulterior.

         DECIDE:
   Artículo 1
   Queda aprobada, en nombre de la Unión Europea, la firma del Acuerdo de asistencia judicial en materia penal entre la Unión Europea y Japón, a reserva de la celebración de dicho Acuerdo.
   El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.
   Artículo 2
   Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la(s) persona(s) facultada(s) para firmar el Acuerdo en nombre de la Unión Europea, a reserva de su celebración.

      Hecho en Bruselas, el 30 de noviembre de 2009.

            Por el Consejo

            La Presidenta

         B. ASK

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               12.2.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 39/20

         TRADUCCIÓN
   ACUERDO
   entre la Unión Europea y Japón sobre cooperación judicial en materia penal
   LA UNIÓN EUROPEA
   y
   JAPÓN,
   DESEOSOS de establecer una cooperación más eficaz entre los Estados miembros de la Unión Europea y Japón en el ámbito de la asistencia judicial en materia penal,
   CON LA VOLUNTAD de que esa cooperación contribuya a la lucha contra la delincuencia,
   REAFIRMANDO su compromiso de respetar la justicia, los principios del Estado de Derecho y la democracia, así como la independencia judicial,
   ACUERDAN LO SIGUIENTE:
   Artículo 1
   Objeto y finalidad
   1.   Previa solicitud del Estado requirente al efecto, el Estado requerido le prestará asistencia judicial (denominada en lo sucesivo «asistencia») en lo que respecta a investigaciones, enjuiciamientos y otros procedimientos, incluidos los judiciales, en materia penal, conforme a lo dispuesto en el presente Acuerdo.
   2.   El presente Acuerdo no se aplicará a la extradición, al traslado de procedimientos en materia penal ni a la ejecución de condenas distintas del decomiso previstas en el artículo 25.
   Artículo 2
   Definiciones
   A efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

               a)

               «Partes contratantes», la Unión Europea y Japón;

               b)

               «Estado miembro», un Estado miembro de la Unión Europea;

               c)

               «Estado», un Estado miembro, o Japón;

               d)

               «objetos», los documentos, registros y otros elementos probatorios;

               e)

               «bienes», todo tipo de activos, tanto materiales como inmateriales, muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, así como los documentos o instrumentos jurídicos que acrediten la propiedad de dichos activos o un derecho sobre los mismos;

               f)

               «instrumento», todo bien utilizado o destinado a ser utilizado, de cualquier forma, total o parcialmente, para la comisión de un delito;

               g)

               «producto del delito», los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito;

               h)

               «embargo preventivo o incautación», la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover bienes, o la custodia o el control temporales de bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra autoridad competente;

               i)

               «decomiso», incluida la privación de derechos si procede, la pena o medida consistente en la privación con carácter definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra autoridad competente, adoptada a raíz de un proceso penal en relación con una o varias infracciones penales.

         Artículo 3
   Alcance de la asistencia
   La asistencia comprenderá las siguientes diligencias:

               a)

               toma de testimonio o declaración;

               b)

               facilitación de audiciones mediante videoconferencia;

               c)

               obtención de objetos, entre otras vías por medio de registro e incautación;

               d)

               obtención de registros, documentos y extractos de cuentas bancarias;

               e)

               registro de personas, objetos y lugares;

               f)

               búsqueda de paradero e identificación de personas, objetos y lugares;

               g)

               entrega de objetos que obren en posesión de las autoridades legislativas, administrativas o judiciales del Estado requerido así como de sus autoridades locales;

               h)

               notificación de documentos e información a una persona de una citación para que comparezca en el Estado requirente;

               i)

               traslado temporal de una persona detenida a efectos de su actuación como testigo o para otro fin probatorio;

               j)

               asistencia en procedimientos relativos al embargo preventivo o la incautación y al decomiso de productos o instrumentos del delito;

               k)

               cualquier otro tipo de asistencia que pueda prestarse conforme a la ley del Estado requerido entre un Estado miembro y Japón.

         Artículo 4
   Designación y responsabilidades de las autoridades centrales
   Cada uno de los Estados designará una autoridad central que será la responsable del envío y la recepción de solicitudes de asistencia, así como de responder a tales solicitudes, ejecutarlas o trasladarlas a las autoridades competentes para su ejecución conforme a la ley del Estado de que se trate. Tendrán la consideración de autoridad central las que se enumeran en el anexo I del presente Acuerdo.
   Artículo 5
   Comunicación entre las autoridades centrales
   1.   La autoridad central del Estado requirente transmitirá a la autoridad central del Estado requerido las solicitudes de asistencia con arreglo al presente Acuerdo.
   2.   Las autoridades centrales de los Estados miembros y de Japón comunicarán directamente entre ellas a los fines del presente Acuerdo.
   Artículo 6
   Autoridades competentes para presentar solicitudes
   Las autoridades que con arreglo a la ley de los Estados sean competentes para presentar solicitudes de conformidad con el presente Acuerdo figuran en el anexo II del presente Acuerdo.
   Artículo 7
   Legalización
   No será menester la legalización de los documentos transmitidos por un Estado conforme al presente Acuerdo que lleven el aval de la firma o el sello de una autoridad competente o de la autoridad central de aquel.
   Artículo 8
   Solicitudes de asistencia
   1.   El Estado requirente formulará una solicitud por escrito.
   2.   En caso de urgencia, el Estado requirente, previo contacto con el Estado requerido, podrá formular una solicitud por cualquier otro medio de comunicación fiable, incluido el fax o el correo electrónico. En tal caso, y si así lo exigiera el Estado requerido, el Estado requirente aportará sin demora una confirmación escrita complementaria de la solicitud.
   3.   Las solicitudes incluirán los siguientes datos:

               a)

               el nombre de la autoridad competente que efectúa la investigación, el enjuiciamiento u otro tipo de procedimiento, incluidos los procedimientos judiciales;

               b)

               los hechos pertinentes en relación con el objeto de la investigación, enjuiciamiento u otro procedimiento, incluidos los procedimientos judiciales;

               c)

               la índole de la investigación, el enjuiciamiento u otro procedimiento, y la fase en que se encuentran, incluidos los procedimientos judiciales;

               d)

               el texto o una declaración de la legislación pertinente, con mención de las sanciones aplicables, del Estado requirente;

               e)

               una descripción de la asistencia solicitada;

               f)

               una descripción de la finalidad de la asistencia solicitada.

         4.   En la medida en que resulte posible y pertinente para la asistencia solicitada, se incluirán en la solicitud los siguientes datos:

               a)

               información acerca de la identidad y el paradero de toda persona de la que se pretenda obtener un testimonio, la prestación de declaración o la entrega de objetos;

               b)

               una relación de las preguntas que habrán de efectuarse a la persona cuyo testimonio o declaración se pretende obtener;

               c)

               una descripción precisa de las personas o los lugares que habrán de someterse a registro, y de los objetos que habrán de buscarse;

               d)

               una descripción del motivo por el que el Estado requirente considera que los registros, documentos o extractos de cuentas bancarias solicitados son pertinentes y necesarios a efectos de la investigación de la infracción, y demás información que pueda facilitar la ejecución de la solicitud;

               e)

               información relativa a las personas, objetos o lugares que deban registrarse;

               f)

               información relativa a las personas, objetos o lugares que deban localizarse o identificarse;

               g)

               información acerca de la identidad y el paradero de la persona a la que deba enviarse un documento o efectuarse una notificación, de la relación de dicha persona con el procedimiento y de la forma en que deban efectuarse el envío o la notificación;

               h)

               información sobre las dietas y reembolso de gastos a los que tendrá derecho la persona cuya comparecencia ante la autoridad competente del Estado requirente se solicita;

               i)

               una descripción precisa de los productos o instrumentos, de su paradero y de la identidad de su propietario.

         5.   Las solicitudes incluirán también, en la medida en que ello resulte necesario, lo siguiente:

               a)

               descripción, en su caso, del modo o el procedimiento que habrán de emplearse en la ejecución de la solicitud;

               b)

               descripción de los motivos en caso de pedirse confidencialidad en relación con la solicitud;

               c)

               cualquier otra información que merezca ponerse en conocimiento del Estado requerido para facilitar la ejecución de la solicitud.

         6.   En caso de que el Estado requerido estime que la información recogida en una solicitud de asistencia no basta para legitimar la ejecución de la solicitud en cumplimiento de los requisitos del presente Acuerdo, podrá pedir que se le transmita información complementaria.
   Artículo 9
   Lengua
   Toda solicitud, y en su caso los documentos adjuntos a la misma, deberán ir acompañados de una traducción a la lengua oficial del Estado requerido o bien, en todos los casos o en los casos urgentes, a una de las lenguas especificadas en el anexo III del presente Acuerdo.
   Artículo 10
   Ejecución de las solicitudes
   1.   El Estado requerido ejecutará la solicitud sin dilación, de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente Acuerdo. Las autoridades competentes del Estado requerido harán cuanto esté en su mano para garantizar la ejecución de una solicitud.
   2.   Las solicitudes se ejecutarán aplicando medidas conformes con la legislación del Estado requerido. Se seguirá el modo concreto descrito en la solicitud a que se refieren el apartado 4, letra g), o el artículo 8, apartado 5, letra a), en la medida en que ello no sea incompatible con la legislación del Estado requerido y sea factible en la práctica. En caso de que la ejecución de la solicitud en el modo o el procedimiento descrito en la solicitud plantee un problema práctico al Estado requerido, este consultará al Estado requirente a fin de resolver el problema práctico mencionado.
   3.   Si estimara que la ejecución de una solicitud interferiría con una investigación, enjuiciamiento u otro tipo de procedimiento, incluidos los procedimientos judiciales, en curso en el Estado requerido, este podrá aplazar dicha ejecución. El Estado requerido informará al Estado requirente de los motivos del aplazamiento y consultará el procedimiento a seguir. En lugar de aplazar la ejecución, el Estado requerido podrá supeditar esta a los requisitos que se estimen necesarios, previa celebración de consultas con el Estado requirente. En caso de que el Estado requirente acepte estos requisitos, el Estado requirente habrá de atenerse a ellos.
   4.   El Estado requerido hará todo lo posible por mantener la confidencialidad del hecho de que se haya formulado una solicitud, de su contenido, del resultado de la ejecución de la solicitud y de cualquier otra información pertinente en relación con dicha ejecución, si así lo solicita el Estado requirente. En caso de que no sea posible proceder a la ejecución de una solicitud sin revelar esa información, el Estado requerido informará de ello al Estado requirente, que a su vez decidirá si procede en cualquier caso la ejecución de la solicitud.
   5.   El Estado requerido responderá a las indagaciones razonables del Estado requirente en cuanto a la fase en que se encuentra la ejecución de una solicitud.
   6.   El Estado requerido informará sin demora al Estado requirente del resultado de la ejecución de una solicitud, y le transmitirá el testimonio, las declaraciones o los objetos que haya obtenido a raíz de la ejecución, incluida toda reclamación de las personas cuyo testimonio, declaración u objetos se solicitan relativa a la inmunidad, incapacidad o privilegios con arreglo a la legislación del Estado requirente. El Estado requerido entregará los originales de los registros o documentos solicitados, o bien copias autenticadas, en caso de existir motivos razonables para ello. Si no pudiera ejecutar la solicitud, total o parcialmente, el Estado requerido informará al Estado requirente de los motivos que lo justifiquen.
   Artículo 11
   Motivos de denegación de la asistencia
   1.   El Estado requerido podrá negarse a prestar la asistencia si estima que:

               a)

               una solicitud se refiere a una infracción de carácter político o a una infracción vinculada a una infracción de carácter político;

               b)

               resulta probable que la ejecución de una solicitud cause perjuicio a su soberanía, seguridad, orden público u otros intereses esenciales. A efectos de la presente letra, el Estado requerido podrá considerar que la ejecución de una solicitud relativa a una infracción punible con pena de muerte con arreglo a la legislación del Estado requirente o, en las relaciones entre un Estado miembro, que figure en el anexo IV del presente Acuerdo, y Japón, una infracción punible con pena de prisión a perpetuidad con arreglo a la legislación del Estado requirente, podría causar perjuicio a los intereses esenciales del Estado requerido, a menos que el Estado requerido y el Estado requirente lleguen a un acuerdo sobre las condiciones en que puede ejecutarse la solicitud;

               c)

               existen motivos fundados para suponer que una solicitud de asistencia se ha formulado con el fin de enjuiciar o castigar a una persona por razón de su raza, religión, nacionalidad, origen étnico, opiniones políticas o sexo, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones;

               d)

               la persona objeto de investigación penal, de enjuiciamiento penal o de otros procedimientos, incluidos los procedimientos judiciales, en relación con los cuales el Estado requirente ha formulado una solicitud de asistencia, ha sido ya condenada o absuelta por los mismos hechos en virtud de sentencia firme dictada en un Estado miembro o en Japón;

               e)

               una solicitud no se ajusta a los requisitos del presente Acuerdo.

         2.   El Estado requerido podrá denegar la prestación de una asistencia que exigiría el empleo de medidas coercitivas conforme a su legislación si estima que la conducta objeto de la investigación, del enjuiciamiento o de otro tipo de procedimiento, incluidos los procedimientos judiciales, en el Estado requirente no constituiría una infracción penal con arreglo a la legislación del Estado requerido. En las relaciones entre Japón y dos Estados miembros, que se mencionan en el anexo IV del presente Acuerdo, podrá denegarse la prestación de asistencia si el Estado requerido estima que la conducta objeto de la investigación, del enjuiciamiento o de otro tipo de procedimiento, incluidos los procedimientos judiciales, en el Estado requirente no constituiría una infracción penal con arreglo a la legislación del Estado requerido.
   3.   No se denegará la asistencia alegando el secreto bancario.
   4.   Antes de denegar la asistencia al amparo del presente artículo, el Estado requerido mantendrá consultas con el Estado requirente en caso de que el Estado requerido estime que podrá prestar la asistencia supeditada a determinadas condiciones. En caso de que el Estado requirente acepte estas condiciones, el Estado requirente habrá de atenerse a ellas.
   5.   Si se denegara la asistencia, el Estado requerido deberá informar al Estado requirente de los motivos de la denegación.
   Artículo 12
   Gastos
   1.   Salvo acuerdo en sentido contrario de los Estados requirente y requerido, el Estado requerido se hará cargo de todos los costes relativos a la ejecución de una solicitud.
   2.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Estado requirente se hará cargo de:

               a)

               los honorarios profesionales de un perito;

               b)

               los gastos de traducción, interpretación y transcripción;

               c)

               las dietas y el reembolso de gastos derivados de los viajes de personas a que se refieren los artículos 22 y 24;

               d)

               los gastos de establecimiento de un enlace por videoconferencia y los gastos relativos al mantenimiento de un enlace por videoconferencia en el Estado requerido;

               e)

               los gastos de carácter extraordinario;

         salvo que el Estado requirente y el Estado requerido hayan acordado entre sí otra cosa.
   3.   En caso de que la ejecución de una solicitud implique gastos de carácter extraordinario, el Estado requirente y el Estado requerido celebrarán consultas para determinar en qué condiciones se ejecutará la solicitud.
   Artículo 13
   Limitaciones en cuanto a la utilización de los testimonios prestados, las declaraciones, los objetos y la información
   1.   El Estado requirente no utilizará los testimonios prestados, las declaraciones, los objetos ni ninguna información, incluidos los datos personales, facilitados u obtenidos de otro modo en virtud del presente Acuerdo para ningún fin distinto de la investigación, el enjuiciamiento u otro tipo de procedimiento, incluidos los procedimientos judiciales, descritos en la solicitud, sin el consentimiento previo del Estado requerido. Al dar este consentimiento previo, el Estado requerido podrá imponer las condiciones que considere apropiadas.
   2.   El Estado requerido podrá solicitar que los testimonios prestados, las declaraciones, los objetos y toda información, incluidos los datos personales, facilitados u obtenidos de otro modo en virtud del presente Acuerdo se traten como confidenciales o se empleen únicamente con arreglo a otras condiciones que estipule. Si el Estado requirente acepta ese trato confidencial o esas condiciones, deberá atenerse a ellas.
   3.   En circunstancias excepcionales, en el momento en que facilite los testimonios prestados, las declaraciones, los objetos o cualquier información, incluidos los datos personales, todo Estado podrá solicitar al Estado receptor de los mismos que le facilite información acerca del uso que de ellos se haya hecho.
   Artículo 14
   Transporte, conservación y devolución de objetos
   1.   El Estado requerido podrá solicitar que el Estado requirente transporte y mantenga los objetos facilitados en virtud del presente Acuerdo observando las condiciones especificadas por el Estado requerido, incluidas las condiciones que estime necesarias para proteger los intereses de terceros en los objetos que vayan a trasladarse.
   2.   El Estado requerido podrá pedir que el Estado requirente devuelva cualquier objeto que se le haya facilitado en virtud del presente Acuerdo, ateniéndose a las condiciones especificadas por el Estado requirente, una vez haya sido utilizado para el fin indicado en una solicitud.
   3.   El Estado requerido dará curso a toda solicitud formulada con arreglo a los apartados 1 o 2. En caso de haberse efectuado una solicitud de esta índole, el Estado requirente no examinará los objetos sin el consentimiento previo del Estado requerido en caso de que su examen vaya a dañar el objeto o sea susceptible de dañarlo.
   Artículo 15
   Toma de testimonio o declaración
   1.   El Estado requerido tomará testimonios o declaraciones. Para ello podrá recurrir a medidas coercitivas, siempre que estas sean necesarias y que el Estado requirente le facilite información que justifique el recurso a las mismas conforme a la legislación del Estado requerido.
   2.   El Estado requerido se esforzará en posibilitar la presencia de las personas que se indiquen en la solicitud para la obtención de testimonios o declaraciones en la ejecución de una solicitud, así como en permitir que esas personas interroguen a la persona cuyo testimonio o declaración se pretende conseguir. En caso de que no sea posible el interrogatorio directo, se permitirá a esas personas transmitir las preguntas que habrán de formularse a la persona cuyo testimonio o declaración se pretende conseguir.
   3.   En caso de que una persona cuyo testimonio o declaración se pretenda conseguir en virtud del presente artículo alegue una situación de inmunidad, incapacidad o privilegio a tenor de la legislación del Estado requirente, podrá tomarse no obstante testimonio o declaración, a no ser que la solicitud contenga una declaración del Estado requirente por la cual no pueda tomarse testimonio o declaración en caso de que se alegue la citada situación de inmunidad, incapacidad o privilegio.
   Artículo 16
   Audición por videoconferencia
   1.   Cuando una persona se encuentre en el Estado requerido y haya de ser oída como testigo o como perito por las autoridades competentes del Estado requirente, el Estado requerido podrá facilitar la toma de testimonio o de declaración de dicha persona por dichas autoridades competentes por medio de videoconferencia, en caso de que la audición sea necesaria para el procedimiento en el Estado requirente. Si es necesario, el Estado requirente y el Estado requerido mantendrán consultas a fin de facilitar la resolución de los problemas jurídicos, técnicos o logísticos que puedan plantearse en la ejecución de la solicitud.
   2.   Salvo que el Estado requirente y el Estado requerido hayan acordado otra cosa, la audición por videoconferencia se regirá por las siguientes normas:

               a)

               la autoridad del Estado miembro requerido identificará a la persona que vaya a ser oída especificada en la solicitud y la invitará a que se persone;

               b)

               la audición será dirigida personalmente por la autoridad competente del Estado requirente, o bajo su dirección, de conformidad con su propia legislación y con los principios fundamentales de la legislación del Estado requerido;

               c)

               la autoridad del Estado requerido estará presente durante la audición, asistida en su caso por un intérprete, y observará la audición. Si la autoridad del Estado requerido considera que durante la audición se infringen los principios fundamentales de la legislación del Estado requerido, tomará inmediatamente las medidas necesarias para asegurarse de que la audición prosigue de acuerdo con los mencionados principios;

               d)

               a petición del Estado requirente o de la persona que vaya a ser oída, el Estado requerido velará, en caso necesario, por que dicha persona cuente con la asistencia de un intérprete;

               e)

               la persona que vaya a ser oída podrá alegar la dispensa de declarar que tendría al amparo de la legislación, bien del Estado miembro requerido o bien del Estado miembro requirente. Podrán también tomarse otras medidas necesarias para proteger a la persona según se acuerde entre las autoridades del Estado requirente y del Estado requerido.

         Artículo 17
   Obtención de objetos
   1.   El Estado requerido obtendrá objetos. Para ello recurrirá a medidas coercitivas, que podrán incluir el registro y la incautación, siempre que estas sean necesarias y que el Estado requirente le facilite información que justifique el recurso a las mismas conforme a la legislación del Estado requerido.
   2.   El Estado requerido se esforzará en posibilitar la presencia de las personas que se indiquen en la solicitud para la obtención de objetos en la ejecución de una solicitud.
   Artículo 18
   Cuentas bancarias
   1.   El Estado requerido confirmará si una persona física o jurídica que sea objeto de investigación penal es titular o posee el control de una o más cuentas en los bancos especificados en la solicitud.
   2.   El Estado requerido facilitará los registros, documentos o extractos concretos de las cuentas especificadas, los registros de las operaciones bancarias que se hayan realizado durante un período determinado por medio de las cuentas especificadas en la solicitud o identificadas de conformidad con lo dispuesto en el apartado 1, así como los registros, documentos o extractos de toda cuenta remitente o receptora.
   3.   Las obligaciones impuestas en virtud del presente artículo solo se aplicarán en la medida en que la información obre en poder del banco en el que se tenga la cuenta.
   4.   El Estado requerido podrá supeditar la ejecución de una solicitud conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 al cumplimiento de las condiciones que aplique respecto de las solicitudes de obtención de objetos.
   Artículo 19
   Registro de personas, objetos o lugares
   1.   El Estado requerido llevará a cabo registros de personas, objetos o lugares. Para ello recurrirá a medidas coercitivas, siempre que estas sean necesarias y que el Estado requirente le facilite información que justifique el recurso a las mismas conforme a la legislación del Estado requerido.
   2.   El Estado requerido se esforzará en posibilitar la presencia de las personas que se indiquen en una solicitud para el examen de personas, objetos o lugares en la ejecución de la solicitud.
   Artículo 20
   Búsqueda de paradero o identificación de personas, objetos o lugares
   El Estado requerido pondrá el máximo empeño en la búsqueda de paradero o la identificación de personas, objetos o lugares.
   Artículo 21
   Entrega de objetos que obren en poder de las autoridades legislativas, administrativas, judiciales o locales
   1.   El Estado requerido facilitará al Estado requirente los objetos que obren en posesión de las autoridades legislativas, administrativas o judiciales del Estado requerido así como de sus autoridades locales y que sean accesibles al público en general.
   2.   El Estado requerido pondrá el máximo empeño en facilitar al Estado requirente objetos, incluidos los registros de antecedentes penales, que obren en posesión de las autoridades legislativas, administrativas o judiciales del Estado requerido así como de sus autoridades locales y que no sean accesibles al público en general, en el mismo grado y en las mismas condiciones en que tales objetos se pondrían a disposición de sus propias autoridades de instrucción y enjuiciamiento.
   Artículo 22
   Notificación o traslado de documentos y notificación de citaciones
   1.   El Estado requerido llevará a cabo la notificación o traslado de documentos, incluida la notificación de citaciones u otras diligencias que requieran la comparecencia de una persona ante la autoridad competente del Estado requirente, a personas que se encuentren en el Estado requerido. El Estado requerido notificará a las personas que se encuentren en dicho Estado las citaciones para comparecer ante la autoridad competente del Estado requirente.
   2.   Cuando una solicitud lo sea de notificación de un documento que requiera la comparecencia de una persona ante la autoridad competente del Estado requirente, la autoridad central del Estado requerido deberá recibir la solicitud como mínimo cincuenta (50) días antes de la fecha de comparecencia prevista. En caso de urgencia, el Estado requerido podrá renunciar a esta exigencia.
   3.   Si el Estado requirente tuviera conocimiento de que el destinatario no comprende la lengua en la que están redactados o a la que han sido traducidos los documentos notificados o enviados en el marco del apartado 1, el Estado requirente se esforzará por traducir los documentos, o al menos sus pasajes más importantes, igualmente a la lengua que el destinatario comprenda.
   4.   Los documentos notificados o trasladados de conformidad con el apartado 1 contendrán una declaración que indique que el destinatario podrá pedir a la autoridad competente que haya expedido el documento o a otras autoridades del Estado requirente información acerca de sus derechos y obligaciones fundamentales en lo que respecta a los documentos, en su caso.
   5.   Al informar del resultado de la notificación o traslado de documentos según el artículo 10, apartado 6, el Estado requerido demostrará su notificación o traslado por medio de un acuse de recibo fechado y firmado por la persona notificada o bien mediante una declaración del Estado requerido que certifique que la notificación o el traslado ha sido efectuado, con indicación de la fecha, el lugar y forma del mismo. A petición del Estado requirente, el Estado requerido informará sin demora al Estado requirente, siempre que sea posible, de la respuesta de la persona citada a comparecer ante la autoridad competente del Estado requirente según el apartado 1.
   6.   A la persona citada o requerida para comparecer ante la autoridad competente del Estado requirente según el apartado 1, pero que no haya comparecido ante dicha autoridad, no se impondrá sanción ni medida de privación de libertad alguna por motivo de su incomparecencia, ni se le impondrá por tal motivo sanción ni medida coercitiva de ningún tipo en el Estado requirente, aun en caso de indicación contraria en la solicitud o en los documentos que se le hayan notificado o trasladado.
   Artículo 23
   Garantía
   1.   La persona citada o requerida para comparecer ante la autoridad competente del Estado requirente en el marco del artículo 22, apartado 1:

               a)

               no estará sujeta a detención ni a otras medidas restrictivas de la libertad personal en dicho Estado por motivo de cualquier comportamiento o convicción anteriores a la salida del interesado del territorio del Estado requerido;

               b)

               no estará obligada a prestar declaración ni a colaborar en investigación, enjuiciamiento ni ningún otro procedimiento, incluidos los procedimientos judiciales, alguno que no sea el indicado en la solicitud.

         2.   En caso de que no sea posible prestar la garantía mencionada en el apartado 1, el Estado requirente hará constar ese extremo en la solicitud o en los documentos notificados o trasladados, para que se informe debidamente de ello al interesado y este pueda así tomar una decisión relativa a su comparecencia ante la autoridad competente del Estado requirente.
   3.   La garantía mencionada en el apartado 1 dejará de tener efecto en caso de que:

               a)

               el interesado, habiendo dispuesto de un plazo de quince (15) días consecutivos, contados desde la fecha en que la autoridad competente ya no requiera su presencia o desde el día en que no compareció ante dicha autoridad en la fecha de comparecencia prevista, en los que habría podido salir del Estado requirente, haya optado voluntariamente por permanecer en el mismo;

               b)

               el interesado, tras haber salido del Estado requirente, regrese al mismo.

         4.   En caso de que el Estado requirente tenga conocimiento de que la garantía a que se refiere el apartado 1 deja de tener efecto de conformidad con el apartado 3, letras a) y b), el Estado requirente informará de ello sin demora al Estado requerido, si el Estado requerido solicite dicha información y el Estado requirente lo estime necesario.
   Artículo 24
   Cesiones temporales de detenidos
   1.   Cuando se requiera la presencia en el territorio del Estado requirente de una persona que se encuentre detenida en el Estado requerido, para que preste declaración o a cualquier otro efecto probatorio, se la podrá trasladar de forma temporal al Estado requirente a tal efecto, siempre que medie consentimiento por parte del interesado y que exista acuerdo en tal sentido entre el Estado requirente y el Estado requerido, toda vez que la legislación del Estado requerido lo permita.
   2.   El Estado requirente mantendrá bajo su custodia a la persona trasladada a su territorio conforme al apartado 1, salvo que el Estado requerido le autorice a no hacerlo.
   3.   El Estado requirente devolverá inmediatamente al interesado al Estado requerido, si así se hubiera acordado previamente, o de lo contrario, según se acuerde entre el Estado requirente y el Estado requerido.
   4.   Se acreditará a la persona trasladada como tiempo de cumplimiento de la condena que se esté cumpliendo en el Estado requerido el tiempo transcurrido bajo custodia del Estado requirente.
   5.   La persona trasladada al Estado requirente de conformidad con el presente artículo dispondrá en el Estado requirente de la garantía prevista en el artículo 23, apartado 1, hasta su regreso al Estado requerido, salvo que la persona consienta en prestar declaración o en colaborar en alguna investigación, enjuiciamiento u otro procedimiento, incluidos los procedimientos judiciales, que no sea el indicado en la solicitud y que el Estado requirente y el Estado requerido estén de acuerdo en ello.
   6.   Cuando una persona no consienta en ser trasladada en virtud del presente artículo, no podrá aplicársele por tal motivo sanción alguna ni se la someterá a medida coercitiva alguna en el Estado requirente, aun en caso de indicación contraria en la solicitud.
   Artículo 25
   Embargo preventivo o incautación y decomiso de productos e instrumentos
   1.   En la medida en que su legislación lo permita, el Estado requerido colaborará en procedimientos relacionados con el embargo preventivo o incautación y el decomiso de los productos e instrumentos de infracciones penales.
   2.   Toda solicitud de decomiso con arreglo al apartado 1 irá acompañada de la resolución de un órgano jurisdiccional u otra autoridad judicial que imponga esa medida.
   3.   El Estado requerido que tenga bajo su custodia productos o instrumentos podrá transferir total o parcialmente dichos productos e instrumentos al Estado requirente, en la medida en que así lo permita la legislación del Estado requerido y en las condiciones que este estime oportunas.
   4.   En la aplicación del presente artículo se respetarán los derechos e intereses legítimos de terceros de buena fe con arreglo a la legislación del Estado requerido.
   Artículo 26
   Intercambio de información espontáneo
   1.   Sin que medie solicitud previa, los Estados miembros y Japón podrán suministrarse información relativa a asuntos penales en la medida en que lo permita la legislación del Estado transmisor.
   2.   El Estado transmisor podrá imponer condiciones a la utilización de la información por el Estado receptor. En tal caso, el Estado transmisor indicará con antelación al Estado receptor la índole de la información que va a facilitar y las condiciones que impondrá. Si el Estado receptor acepta esas condiciones, estará obligado por ellas.
   Artículo 27
   Relación con otros instrumentos
   1.   Ningún elemento del presente Acuerdo impedirá que un Estado solicite o preste asistencia con arreglo a otros acuerdos internacionales aplicables o conforme a sus leyes aplicables.
   2.   Ningún elemento del presente Acuerdo impedirá que un Estado miembro y Japón celebren acuerdos internacionales que confirmen, complementen, amplíen o amplifiquen sus disposiciones.
   Artículo 28
   Consultas
   1.   Cuando sea necesario, las autoridades centrales de los Estados miembros y de Japón se consultarán a fin de resolver cualquier dificultad que pudiera surgir en relación con la ejecución de una solicitud y facilitar una asistencia rápida y eficaz en el marco del presente Acuerdo, y podrán decidir las medidas que sean necesarias a tal propósito.
   2.   Las Partes Contratantes se consultarán, cuando proceda, sobre cualquier dificultad que pudiera surgir en relación con la interpretación o la aplicación del presente Acuerdo.
   Artículo 29
   Aplicación territorial
   1.   El presente Acuerdo será aplicable al territorio de Japón y, por lo que respecta a la Unión Europea,

               a)

               a los territorios de los Estados miembros, y

               b)

               a los territorios de cuyas relaciones exteriores sea responsable un Estado miembro, o a los países que no sean Estados miembros respecto de los cuales un Estado miembro desempeñe otras funciones en lo tocante a sus relaciones exteriores, siempre que así se acuerde mediante un canje de notas diplomáticas entre las Partes contratantes, debidamente confirmado por el Estado miembro de que se trate.

         2.   Toda Parte Contratante podrá denunciar la aplicación del presente Acuerdo a todo territorio o país al que se haya hecho extensible en virtud del apartado 1, letra b), mediante comunicación escrita con seis meses de antelación a la otra Parte Contratante por vía diplomática, con la debida confirmación entre el correspondiente Estado miembro y Japón.
   Artículo 30
   Estatuto de los anexos
   Los anexos del presente Acuerdo forman parte integrante del mismo. Los anexos I, II y III podrán modificarse de mutuo acuerdo por escrito de las Partes Contratantes sin enmienda del presente Acuerdo.
   Artículo 31
   Entrada en vigor y terminación
   1.   El presente Acuerdo entrará en vigor el trigésimo día siguiente a la fecha del canje por las Partes Contratantes de las notas diplomáticas que acrediten la finalización de sus procedimientos internos respectivos necesarios para dar efecto al presente Acuerdo.
   2.   El presente Acuerdo se aplicará a cualquier solicitud de asistencia que se presente en la fecha de su entrada en vigor o con posterioridad a la misma, con independencia de que los hechos pertinentes en relación con la solicitud se hubieran cometido antes de esa fecha, en esa fecha o con posterioridad a la misma.
   3.   Cada Parte Contratante podrá denunciar el presente Acuerdo mediante notificación por escrito a la otra Parte, y se hará efectiva la denuncia seis meses después de la fecha de notificación.

      EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.
      HECHO en doble ejemplar en lenguas inglesa y japonesa, siendo ambos textos igualmente auténticos, y firmado en Bruselas el treinta de noviembre de 2009 y en Tokio el quince de diciembre de 2009. El Acuerdo se redactará igualmente en lenguas alemana, búlgara, checa, danesa, eslovaca, eslovena, española, estonia, finesa, francesa, griega, húngara, italiana, letona, lituana, maltesa, neerlandesa, polaca, portuguesa, rumana y sueca y las Partes Contratantes autenticarán dichas versiones lingüísticas por medio de un canje de notas diplomáticas.

            Por la Unión Europea

            Por Japón

   ANEXO I

      LAS AUTORIDADES CENTRALES

   Las autoridades centrales de las Partes contratantes son las siguientes:

               el Reino de Bélgica: el Servicio Público Federal de Justicia, Departamento de Cooperación Penal Internacional;

               la República de Bulgaria: el Ministerio de Justicia;

               la República Checa:

                           —

                           antes de que el asunto se presente ante los tribunales (es decir, en la instrucción previa a la vista): la Fiscalía del Tribunal Supremo de la República Checa, y

                           —

                           una vez que el asunto se ha presentado ante los tribunales (es decir, en la fase de vista oral del proceso penal): el Ministerio de Justicia de la República Checa;

               el Reino de Dinamarca: el Ministerio de Justicia;

               la República Federal de Alemania: la Oficina Federal de Justicia;

               la República de Estonia: el Ministerio de Justicia;

               Irlanda: el Ministro de Justicia, Igualdad y Reforma de la Legislación o una persona designada por el Ministro;

               la República Helénica: el Ministerio de Justicia, Transparencia y Derechos humanos;

               el Reino de España: el Ministerio de Justicia, Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional;

               la República de Francia: el Ministerio de Justicia, Oficina de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal, Dirección de Asuntos Penales y Medidas de Gracia;

               la República Italiana: el Ministerio de Justicia, Departamento de Asuntos jurídicos – Dirección General de Asuntos Penales;

               la República de Chipre: el Ministerio de Justicia y Orden Público;

               la República de Letonia:

                           —

                           durante la investigación previa hasta el enjuiciamiento: la Policía del Estado,

                           —

                           durante la investigación previa hasta que se presenta el asunto ante los tribunales: la Fiscalía General, y

                           —

                           durante la vista oral: el Ministerio de Justicia;

               la República de Lituania:

                           —

                           el Ministerio de Justicia de la República de Lituania, y

                           —

                           la Fiscalía General de la República de Lituania;

               el Gran Ducado de Luxemburgo: el Fiscal general;

               la República de Hungría:

                           —

                           el Ministerio de Justicia y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y

                           —

                           la Fiscalía General;

               la República de Malta: la Fiscalía General;

               el Reino de los Países Bajos: el Ministerio de Justicia en La Haya;

               la República de Austria: el Ministerio de Justicia;

               la República de Polonia:

                           —

                           durante la instrucción: la Fiscalía nacional,

                           —

                           durante la vista oral: el Ministerio de Justicia;

               la República de Portugal: la Fiscalía General;

               Rumanía: el Ministerio de Justicia y Libertades civiles, Dirección general de Cooperación, Dirección de Derecho internacional y Tratados, División de Cooperación judicial internacional en materia penal;

               la República de Eslovenia: el Ministerio de Justicia, Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Jurídica Internacional;

               la República Eslovaca:

                           —

                           en la instrucción: la Fiscalía General,

                           —

                           en la fase de vista oral: el Ministerio de Justicia, y

                           —

                           para recepción: el Ministerio de Justicia;

               la República de Finlandia: el Ministerio de Justicia;

               el Reino de Suecia: el Ministerio de Justicia;

               el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: el Ministerio del Interior (Autoridad Central del Reino Unido), el Servicio de Aduanas e Impuestos de Su Majestad, la Oficina de la Corona y la Oficina del Fiscal de Escocia;

               Japón: el Ministro de Justicia y la Comisión Nacional de Seguridad Pública o las personas designadas por ellos.

         ANEXO II
   Por lo que se refiere al artículo 6 del presente Acuerdo, las autoridades competentes con arreglo a la legislación de los Estados para cursar solicitudes de asistencia de conformidad con el presente Acuerdo son las siguientes:

               el Reino de Bélgica: las autoridades judiciales: entiéndase como los miembros de la judicatura responsables de la administración de justicia, los jueces de instrucción y los miembros del departamento de la Fiscalía General;

               la República de Bulgaria: la Fiscalía del Tribunal Supremo de Casación de la República de Bulgaria en la fase de instrucción y los tribunales de la República de Bulgaria para los procesos penales que se hallen en fase de vista oral;

               la República Checa: fiscales y tribunales de la República Checa;

               el Reino de Dinamarca:

                           —

                           los tribunales de primera instancia, los tribunales superiores y el Tribunal Supremo,

                           —

                           el Departamento de la Fiscalía, que incluye:

                                       —

                                       el Ministerio de Justicia,

                                       —

                                       el fiscal jefe,

                                       —

                                       el fiscal, y

                                       —

                                       los comisarios de policía;

               la República Federal de Alemania:

                           —

                           el Ministerio Federal de Justicia,

                           —

                           el Tribunal Federal de Justicia, Karlsruhe,

                           —

                           el Fiscal general Federal ante el Tribunal de Justicia, Karlsruhe,

                           —

                           la Oficina federal de Justicia,

                           —

                           el Ministerio de Justicia de Baden-Württemberg, Stuttgart,

                           —

                           el Ministerio del Estado bávaro de Justicia y Protección de los consumidores, Munich,

                           —

                           el Departamento del Senado para la Justicia, Berlín,

                           —

                           el Ministerio de Justicia del Estado de Brandenburgo, Potsdam,

                           —

                           el Senador de Justicia y Constitución de la ciudad hanseática libre de Bremen, Bremen,

                           —

                           la Autoridad judicial de la ciudad hanseática libre de Hamburgo, Hamburgo,

                           —

                           el Ministerio de Justicia Integración y Europa de Hesse, Wiesbaden,

                           —

                           el Ministerio de Justicia de Mecklemburg-Vorpommern, Schwerin,

                           —

                           el Ministerio de Justicia de Niedersachsen, Hannover,

                           —

                           el Ministerio de Justicia del Estado federado de North-Rhine/Westphalia, Düsseldorf,

                           —

                           el Ministerio de Justicia del Estado federado de Rhineland-Palatinate, Mainz,

                           —

                           el Ministerio de Justicia del Estado federado de Saar, Saarbrücken,

                           —

                           el Ministerio de Justicia del Estado federado de Sachsen, Dresde,

                           —

                           el Ministerio de Justicia del Estado federado de Sachsen-Anhalt, Magdeburg,

                           —

                           el Ministerio de Justicia, Igualdad e Integración de Schleswig-Holstein, Kiel,

                           —

                           el Ministerio de Justicia de Thüringen, Erfurt,

                           —

                           los tribunales regionales superiores,

                           —

                           los tribunales regionales,

                           —

                           los tribunales locales,

                           —

                           los fiscales en los tribunales regionales superiores,

                           —

                           los fiscales en los tribunales regionales,

                           —

                           la Oficina central de las autoridades de Justicia de los Estados federados para la investigación de los crímenes nacional socialista, Ludwigsburg,

                           —

                           la Oficina federal de Policía criminal,

                           —

                           la Oficina central del Servicio alemán de investigación de Aduanas;

               la República de Estonia: jueces y fiscales;

               Irlanda: el Fiscal jefe;

               la República Helénica: la fiscalía del Tribunal de apelación;

               el Reino de España: magistrados y jueces de los tribunales penales, y fiscales;

               la República Francesa:

                           —

                           los primeros presidentes, presidentes, jueces y magistrados de los tribunales penales,

                           —

                           los jueces de instrucción de dichos tribunales,

                           —

                           los miembros del Ministerio Fiscal en dichos tribunales, a saber:

                                       —

                                       los fiscales generales,

                                       —

                                       los fiscales generales adjuntos,

                                       —

                                       los sustitutos de los fiscales generales,

                                       —

                                       los fiscales de la República y sus sustitutos,

                                       —

                                       los representantes del Ministerio Fiscal en los tribunales,

                                       —

                                       los fiscales de la República en los Tribunales de las Fuerzas Armadas;

               la República Italiana:

                           Fiscales:

                                       —

                                       el fiscal jefe,

                                       —

                                       el sustituto del Fiscal,

                                       —

                                       el fiscal jefe de las Fuerzas Armadas,

                                       —

                                       sustituto del fiscal militar,

                                       —

                                       fiscal general,

                                       —

                                       sustituto del fiscal general,

                                       —

                                       fiscal general militar,

                                       —

                                       sustituto del fiscal general militar,

                           Jueces:

                                       —

                                       juez de paz,

                                       —

                                       juez de instrucción,

                                       —

                                       juez de primera instancia,

                                       —

                                       tribunal ordinario,

                                       —

                                       tribunal militar,

                                       —

                                       tribunal de lo penal,

                                       —

                                       tribunal de apelación,

                                       —

                                       tribunal de lo penal de apelación,

                                       —

                                       tribunal militar de apelación,

                                       —

                                       tribunal de casación;

               la República de Chipre:

                           —

                           fiscal general de la República,

                           —

                           jefe de policía,

                           —

                           director de aduanas e impuestos especiales,

                           —

                           miembros de la Unidad de lucha contra el blanqueo de capitales (MOKAS), y

                           —

                           cualquier otra autoridad o persona habilitada para llevar a cabo investigaciones y procesamientos en la República de Chipre;

               la República de Letonia: investigadores, fiscales y jueces;

               la República de Lituania: jueces y fiscales;

               el Gran Ducado de Luxemburgo: autoridades judiciales: entiéndase miembros relevantes de la magistratura responsables de la administración de justicia, jueces de instrucción y miembros de la Fiscalía;

               la República de Hungría: fiscalías y tribunales;

               la República de Malta:

                           —

                           juzgado de paz,

                           —

                           tribunal de menores,

                           —

                           tribunal penal y tribunal penal de apelación,

                           —

                           fiscal general,

                           —

                           sustituto del fiscal general,

                           —

                           funcionarios de la Fiscalía General, y

                           —

                           magistrados;

               el Reino de los Países Bajos: miembros del poder judicial encargados de la aplicación de la ley, jueces instructores y miembros del Ministerio Fiscal;

               la República de Austria: tribunales y fiscales;

               la República de Polonia: fiscales y tribunales;

               la República Portuguesa: servicios fiscales en la fase de investigación, jueces de instrucción y jueces;

               Rumanía: tribunales y fiscalías de los tribunales;

               la República de Eslovenia:

                           —

                           jueces de tribunal local,

                           —

                           jueces de instrucción,

                           —

                           jueces de tribunal de distrito,

                           —

                           jueces de tribunal superior,

                           —

                           jueces del Tribunal Supremo,

                           —

                           jueces del Tribunal Constitucional,

                           —

                           fiscales de tribunal de distrito,

                           —

                           fiscales de tribunal superior,

                           —

                           fiscales del Tribunal Supremo;

               la República Eslovaca: jueces y fiscales;

               la República de Finlandia:

                           —

                           Ministerio de Justicia,

                           —

                           tribunales de primera instancia, tribunales de apelación y Tribunal Supremo,

                           —

                           fiscales,

                           —

                           autoridades policiales, autoridades aduaneras y la policía de fronteras en su condición de autoridades encargadas de las primeras diligencias en procesos penales en virtud de la Ley sobre investigaciones criminales preliminares;

               el Reino de Suecia: tribunales y fiscales;

               el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: tribunales y fiscales;

               Japón: tribunales, presidentes de tribunal, jueces, fiscales, asistentes de los fiscales y funcionarios de la policía judicial.

         ANEXO III
   Respecto del artículo 9 del presente Acuerdo, los Estados miembros y Japón aceptan las siguientes lenguas:

               el Reino de Bélgica: neerlandés, francés y alemán en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República de Bulgaria: búlgaro en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República Checa: checo en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               el Reino de Dinamarca: danés en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República Federal de Alemania: alemán en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República de Estonia: estonio e inglés en todos los casos;

               Irlanda: inglés e irlandés en todos los casos;

               la República Helénica: griego en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               el Reino de España: español en todos los casos;

               la República Francesa: francés en todos los casos;

               la República Italiana: italiano en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República de Chipre: griego e inglés en todos los casos;

               la República de Letonia: letón en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República de Lituania: lituano en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               el Gran Ducado de Luxemburgo: francés y alemán en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República de Hungría: húngaro en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República de Malta: maltés en todos los casos;

               el Reino de los Países Bajos: neerlandés en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República de Austria: alemán en todos los casos e inglés en los casos urgentes;

               la República de Polonia: polaco en todos los casos;

               la República Portuguesa: portugués en todos los casos e inglés o francés en los casos urgentes;

               Rumanía: rumano, inglés o francés en todos los casos. En lo que respecta a los documentos más largos, Rumanía se reserva el derecho, en cada caso concreto, de exigir una traducción al rumano o de realizar una con cargo al Estado requirente;

               la República de Eslovenia: esloveno e inglés en todos los casos;

               la República Eslovaca: eslovaco en todos los casos;

               la República de Finlandia: finés, sueco e inglés en todos los casos;

               el Reino de Suecia: sueco, danés o noruego en todos los casos, a no ser que la autoridad encargada de la aplicación permita otra cosa en casos concretos;

               el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: inglés en todos los casos;

               Japón: japonés en todos los casos e inglés en los casos urgentes. No obstante, Japón se reserva el derecho, en cualquier caso urgente concreto, de exigir una traducción al japonés de la solicitud del Estado requirente que no acepta la traducción al inglés en virtud del presente anexo.

         ANEXO IV
   Respecto del artículo 11, apartado 1, letra b), del presente Acuerdo, «un Estado miembro» al que se hace referencia en dicho apartado es la República Portuguesa.
   Respecto del artículo 11, apartado 2, del presente Acuerdo, los «dos Estados miembros» a los que se hace referencia en dicho apartado son la República de Austria y la República de Hungría.


title: Decisión (PESC) 2016/1908 del Consejo, de 28 de octubre de 2016, por la que se modifica la Decisión 2010/573/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra los dirigentes de la región de Transnistria de la República de Moldavia

text:
               29.10.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 295/78

         DECISIÓN (PESC) 2016/1908 DEL CONSEJO
   de 28 de octubre de 2016
   por la que se modifica la Decisión 2010/573/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas contra los dirigentes de la región de Transnistria de la República de Moldavia
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
   Vista la propuesta de la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 27 de septiembre de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/573/PESC (1).

               (2)

               A raíz de la revisión de la Decisión 2010/573/PESC, las medidas restrictivas contra los dirigentes de la región de Transnistria de la República de Moldavia deben prorrogarse hasta el 31 de octubre de 2017. El Consejo efectuará una revisión de la situación respecto a las medidas restrictivas transcurridos seis meses.

               (3)

               Procede, por lo tanto, modificar la Decisión 2010/573/PESC en consecuencia.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   En el artículo 4 de la Decisión 2010/573/PESC, el apartado 2 se sustituye por el texto siguiente:

      «2.   La presente Decisión será aplicable hasta el 31 de octubre de 2017. Estará sujeta a revisión continua. Se prorrogará o modificará, si procede, en caso de que el Consejo estime que no se han cumplido los objetivos de la misma.».

   Artículo 2
   La presente Decisión entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 28 de octubre de 2016.

            Por el Consejo

            El Presidente

         M. LAJČÁK

      (1)  Decisión 2010/573/PESC del Consejo, de 27 de septiembre de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra los dirigentes de la región del Trans-Dniéster de la República de Moldova (DO L 253 de 28.9.2010, p. 54).


Avis juridique important

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32000D0323

2000/323/CE: Decisión de la Comisión, de 4 de mayo de 2000, por la que se crea un Comité de los consumidores [notificada con el número C(2000) 408]

Diario Oficial n° L 111 de 09/05/2000 p. 0030 - 0031

Decisión de la Comisiónde 4 de mayo de 2000por la que se crea un Comité de los consumidores[notificada con el número C(2000) 408](2000/323/CE)LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,Considerando lo siguiente:(1) Es conveniente que la Comisión consulte a los consumidores sobre los problemas relacionados con la protección de los intereses de los consumidores a escala comunitaria.(2) Por la Decisión 95/260/CE(1) se creó un Comité de los consumidores, a fin de permitir a la Comisión conocer la opinión de los órganos representativos de los consumidores.(3) La Decisión n° 283/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de enero de 1999, por la que se establece un marco general para las actividades comunitarias en favor de los consumidores(2), permite la financiación de las organizaciones europeas de consumidores.(4) La experiencia adquirida en la actividad de este Comité indica que debería mejorarse su funcionamiento en lo que se refiere a su representatividad, a fin de que el nuevo Comité sea representativo de los consumidores de todos los Estados miembros de la Comunidad Europea, ya estén organizados a nivel nacional, regional o europeo.(5) Conviene dotar a este Comité de un estatuto basado en la experiencia adquirida.(6) La Comisión intentará alcanzar un equilibrio satisfactorio entre hombres y mujeres en este Comité.DECIDE:Artículo 11. Por la presente, la Comisión crea un Comité de los consumidores, denominado en lo sucesivo "el Comité".2. El Comité estará compuesto por representantes de organizaciones nacionales y europeas de consumidores.3. Las organizaciones nacionales de consumidores deberán ser representativas en términos de su número de miembros, tener como único o principal objetivo la defensa de los intereses de los consumidores y ser independientes de los medios comerciales.4. Las organizaciones europeas de consumidores serán las que cumplan los criterios establecidos en el artículo 5 de la Decisión n° 283/1999/CE.Artículo 2La Comisión podrá consultar al Comité sobre cualquier problema relacionado con la protección de los intereses de los consumidores a escala comunitaria.Artículo 3El Comité estará integrado por:- 15 representantes de las organizaciones nacionales de consumidores, uno por cada Estado miembro,- un miembro de cada organización europea de consumidores, tal como se establece en el apartado 4 del artículo 1.Los miembros del Comité representantes de las organizaciones nacionales de consumidores deberán informar y consultar a las asociaciones a las que representan en el Comité.Artículo 41. Los miembros del Comité que representen a organizaciones nacionales de consumidores serán designados por la Comisión a propuesta, en su caso, de los órganos nacionales instituidos por los Estados miembros para coordinar las asociaciones de consumidores.Si el órgano nacional de coordinación de las asociaciones de consumidores no pudiera presentar una propuesta única, deberá proponer a la Comisión una breve lista con un máximo de tres candidatos, de entre los cuales la Comisión designará al miembro del Comité.Cuando no existan tales órganos, la Comisión designará al miembro del Comité tras haber reunido a las organizaciones nacionales de consumidores y haberles pedido que indiquen un candidato. En caso de desacuerdo, deberán presentar una breve lista con un máximo de tres candidatos, de entre los cuales la Comisión designará al miembro del Comité.2. Los miembros de las organizaciones europeas de consumidores serán designados por la Comisión a propuesta de cualquier organización europea de consumidores que cumpla los criterios establecidos en la Decisión n° 283/1999/CE.3. Se nombrarán suplentes de los miembros citados en los apartados 1 y 2 en las mismas condiciones que los titulares. El miembro suplente sustituirá automáticamente al titular en caso de ausencia o impedimento de éste.Artículo 51. El mandato de los miembros será de tres años y podrá renovarse.Tras la finalización del período de tres años, los miembros seguirán en funciones hasta que se provea respecto a su sustitución o la renovación de su mandato.El mandato de los miembros concluirá antes de que haya transcurrido el período de tres años por dimisión o fallecimiento. También podrá ponerse fin a su mandato si el organismo que haya presentado su candidatura solicitara su sustitución. En tal caso, serán sustituidos por el tiempo que falte para terminar el período de tres años, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 1 del artículo 4.2. El Comité podrá invitar a participar en su trabajo, en calidad de experto, a cualquier persona que tenga conocimientos y experiencia particular sobre un punto del orden del día.Artículo 6Las funciones ejercidas no serán objeto de remuneración.Artículo 7La Comisión publicará la lista de los miembros y suplentes en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, a efectos de información.Artículo 8Las reuniones del Comité estarán presididas por un representante de la Comisión. La Comisión se hará cargo de la secretaría del Comité y de la organización de su trabajo.Artículo 9El Comité se reunirá en la sede de la Comisión, previa convocatoria de ésta, normalmente cuatro veces al año.Artículo 10Los debates del Comité se basarán en las peticiones de dictamen emitidas por la Comisión. Al solicitar un dictamen, la Comisión podrá fijar el plazo dentro del cual deberá emitirse el referido dictamen. Las posiciones adoptadas por los miembros serán reflejadas en el acta transmitida a la Comisión. Los dictámenes adoptados se adjuntarán al acta.Artículo 11Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 287 del Tratado, los miembros del Comité y sus suplentes estarán obligados a no divulgar las informaciones de que hayan tenido conocimiento por su trabajo en el Comité, si la Comisión les informara de que el dictamen solicitado o la pregunta planteada se refieren a un asunto confidencial.Artículo 12Queda derogada la Decisión 95/260/CE.Hecho en Bruselas, el 4 de mayo de 2000.Por la ComisiónDavid ByrneMiembro de la Comisión(1) DO L 162 de 13.7.1995, p. 37.(2) DO L 34 de 9.2.1999, p. 1.


Avis juridique important

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31969D0414

69/414/CEE: Decisión del Consejo, de 13 de noviembre de 1969, de creación de un Comité permanente de productos alimenticios

Diario Oficial n° L 291 de 19/11/1969 p. 0009 - 0010 Edición especial en finés : Capítulo 13 Tomo 1 p. 0114  Edición especial en danés: Serie I Capítulo 1969(II) p. 0487  Edición especial sueca: Capítulo 13 Tomo 1 p. 0114  Edición especial en inglés: Serie I Capítulo 1969(II) p. 0500  Edición especial griega: Capítulo 03 Tomo 5 p. 0003  Edición especial en español: Capítulo 13 Tomo 1 p. 0169  Edición especial en portugués: Capítulo 13 Tomo 1 p. 0169

DECISIÓN DEL CONSEJO de 13 de noviembre de 1969 de creación de un Comité permanente de productos alimenticios(69/414/CEE)  EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,  Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,  Visto el proyecto de decisión presentado por la Comisión,  Considerando que es conveniente crear, en aquellos casos en los que el Consejo atribuye competencias a la Comisión en el sector de los productos alimenticios, un comité compuesto por representantes de los Estados miembros, que garantice una estrecha  cooperación entre los Estados miembros y la Comisión y permita a ésta la consulta de expertos;  Considerando que es deseable, además, que dicha cooperación se extienda al conjunto de los sectores que son objeto de una reglamentación comunitaria en tales materias, y que es conveniente a tal efecto facultar a dicho comité para examinar cualquier  asunto relacionado con dichos sectores,  DECIDE:   Artículo 1  Se crea un Comité permanente de productos alimenticios, en lo sucesivo denominado el «Comité», compuesto por representantes de los Estados miembros y presidido por un representante de la Comisión.   Artículo 2  El Comité ejercerá las funciones que le atribuyan las disposiciones adoptadas por el Consejo en el sector de los productos alimenticios, en los casos y condiciones previstos por dichas disposiciones.  El Comité podrá examinar además cualquier otro asunto regulado por dichas disposiciones, que le someta su Presidente por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro.   Artículo 3  El Comité establecerá su reglamento interno.  Hecho en Bruselas, el 13 de noviembre de 1969.  Por el Consejo El Presidente L. DE BLOCK


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31996D0621

96/621/CE: Decisión del Consejo de 14 de octubre de 1996 sobre la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Turquía por el que se fija, desde el 1 de enero de 1994, el importe suplementario que debe deducirse de la exacción reguladora o de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comunitarias de aceite de oliva sin tratar originario de Turquía

Diario Oficial n° L 277 de 30/10/1996 p. 0038 - 0038

DECISIÓN DEL CONSEJO de 14 de octubre de 1996 sobre la celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Turquía por el que se fija, desde el 1 de enero de 1994, el importe suplementario que debe deducirse de la exacción reguladora o de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comunitarias de aceite de oliva sin tratar originario de Turquía (96/621/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 113 en relación con la primera frase del apartado 2 de su artículo 228,Vista la Decisión n° 1/77 del Consejo de Asociación CEE-Turquía, de 17 de mayo de 1977, sobre las nuevas concesiones a la importación en la Comunidad de productos agrícolas turcos, y, en particular, su Anexo IV,Vista la propuesta de la Comisión,Considerando que procede aprobar el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Turquía por el que se fija, desde el 1 de enero de 1994, el importe suplementario que debe deducirse de la exacción reguladora o de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comunitarias de aceite de oliva sin tratar originario de Turquía;Considerando que el Reglamento (CEE) n° 3813/92 del Consejo, de 28 de diciembre de 1992, relativo a la unidad de cuenta y a los tipos de conversión aplicables en el marco de la política agrícola común (1), suprime un factor de corrección de 1,207509 aplicable a los tipos de conversión agrícolas hasta el 31 de enero de 1995; que, habida cuenta del hecho generador del tipo de conversión agrícola, es preciso establecer un importe para el período que finaliza el 31 de enero de 1995 y otro para el que se inicia el 1 de febrero de 1995,DECIDE:Artículo 1 Se aprueba, en nombre de la Comunidad, el Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Comunidad Europea y la República de Turquía por el que se fija, desde el 1 de enero de 1994, el importe suplementario que debe deducirse de la exacción reguladora o de los derechos de aduana aplicables a las importaciones comunitarias de aceite de oliva sin tratar, originario de Turquía.El texto del Acuerdo se adjunta a la presente Decisión.Artículo 2 Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a la persona facultada para firmar el Acuerdo a fin de obligar a la Comunidad.Artículo 3 La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.Hecho en Luxemburgo, el 14 de octubre de 1996.Por el ConsejoEl PresidenteR. QUINN(1) DO n° L 387 de 31. 12. 1992, p. 1. Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 150/95 (DO n° L 22 de 31. 1. 1995, p. 1).


title: 2010/429/: Decisión de la Comisión, de 28 de julio de 2010 , por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) n ° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo [notificada con el número C(2010) 5139]  Texto pertinente a efectos del EEE

text:
               3.8.2010

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 201/46

         DECISIÓN DE LA COMISIÓN
   de 28 de julio de 2010
   por la que se autoriza la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 88017 x MON 810 (MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6) con arreglo al Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
   [notificada con el número C(2010) 5139]
   (Los textos en lenguas francesa y neerlandesa son los únicos auténticos)
   (Texto pertinente a efectos del EEE)
   (2010/429/UE)
   LA COMISIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
   Visto el Reglamento (CE) no 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (1), y, en particular, su artículo 7, apartado 3, y su artículo 19, apartado 3,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El 29 de noviembre de 2005, Monsanto Europe SA presentó a la autoridad competente de la República Checa una solicitud, de conformidad con los artículos 5 y 17 del Reglamento (CE) no 1829/2003, para comercializar alimentos, ingredientes alimentarios y piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON 88017 x MON 810 («la solicitud»).

               (2)

               La solicitud se refiere, asimismo, a la comercialización de productos distintos de los alimentos y los piensos que contengan o se compongan de maíz MON 88017 x MON 810 para los mismos usos que cualquier otro maíz, a excepción del cultivo. Por tanto, de conformidad con el artículo 5, apartado 5, y con el artículo 17, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1829/2003, incluye los datos y la información exigidos por los anexos III y IV de la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente y por la que se deroga la Directiva 90/220/CEE del Consejo (2), así como la información y las conclusiones de la evaluación del riesgo llevada a cabo conforme a los principios establecidos en el anexo II de la Directiva 2001/18/CE. Asimismo, incluye un plan de seguimiento de los efectos medioambientales, conforme al anexo VII de la Directiva 2001/18/CE.

               (3)

               El 21 de julio de 2009, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («EFSA») emitió un dictamen favorable de conformidad con los artículos 6 y 18 del Reglamento (CE) no 1829/2003. Consideraba que el maíz MON 88017 x MON 810 es tan seguro como su homólogo no modificado genéticamente en lo relativo a los efectos potenciales sobre la salud humana y animal o sobre el medio ambiente. Por lo tanto, concluía que no es probable que la comercialización de productos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON 88017 x MON 810 según se describen en la solicitud («los productos»), tenga efectos perjudiciales para la salud humana o animal ni para el medio ambiente, si se emplean para los usos previstos (3). En su dictamen, la EFSA analizaba todas las cuestiones y preocupaciones concretas planteadas por los Estados miembros en el contexto de la consulta de las autoridades nacionales competentes establecida por el artículo 6, apartado 4, y el artículo 18, apartado 4, del citado Reglamento.

               (4)

               Asimismo, la EFSA concluyó en su dictamen que el plan de seguimiento medioambiental presentado por el solicitante, consistente en un plan general de vigilancia, se ajustaba al uso previsto de los productos.

               (5)

               Teniendo en cuenta estas consideraciones, procede conceder la autorización para los productos.

               (6)

               Debe asignarse a cada OMG un identificador único, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 65/2004 de la Comisión, de 14 de enero de 2004, por el que se establece un sistema de creación y asignación de identificadores únicos a los organismos modificados genéticamente (4).

               (7)

               Sobre la base del dictamen de la EFSA, no se considera necesario establecer para los alimentos, los ingredientes alimentarios y los piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON 88017 x MON 810 requisitos de etiquetado específicos distintos de los previstos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003. Sin embargo, para garantizar que los productos se utilicen dentro de los límites de la autorización otorgada por la presente Decisión, el etiquetado de los piensos y otros productos, distintos de los alimentos o piensos, que contengan o se compongan del OMG cuya autorización se solicita, debe complementarse con una indicación clara de que los productos en cuestión no deben emplearse para el cultivo.

               (8)

               El titular de la autorización debe presentar informes anuales sobre la aplicación y los resultados de las actividades establecidas en el plan de seguimiento de los efectos medioambientales. Esos resultados deben presentarse de conformidad con la Decisión 2009/770/CE de la Comisión, de 13 de octubre de 2009, que establece los modelos normalizados para la presentación de los resultados del seguimiento de la liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados genéticamente, como productos o componentes de productos, para su comercialización, de conformidad con la Directiva 2001/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

               (9)

               El dictamen de la EFSA no justifica la imposición de condiciones o restricciones específicas a la comercialización, de condiciones o restricciones específicas de utilización y manipulación, así como requisitos de seguimiento postcomercialización para el uso de los alimentos y los piensos, ni de condiciones específicas para la protección de ecosistemas o del medio ambiente y zonas geográficas particulares, conforme al artículo 6, apartado 5, letra e), y al artículo 18, apartado 5, letra e), del Reglamento (CE) no 1829/2003.

               (10)

               Toda la información pertinente sobre la autorización de los productos debe introducirse en el Registro comunitario de alimentos y piensos modificados genéticamente, establecido en el Reglamento (CE) no 1829/2003.

               (11)

               En el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de estos, y por el que se modifica la Directiva 2001/18/CE (6), se establecen requisitos de etiquetado para los productos que contengan o se compongan de OMG.

               (12)

               La presente Decisión debe notificarse, a través del Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, a las Partes del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, con arreglo al artículo 9, apartado 1, y al artículo 15, apartado 2, letra c), del Reglamento (CE) no 1946/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, relativo al movimiento transfronterizo de organismos modificados genéticamente (7).

               (13)

               Se ha consultado al solicitante sobre las medidas establecidas en la presente Decisión.

               (14)

               El Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal no ha emitido ningún dictamen en el plazo fijado por su presidente.

               (15)

               En su reunión de 29 de junio de 2010, el Consejo no fue capaz de tomar una decisión por mayoría cualificada, ni en contra ni a favor de la propuesta. El Consejo indicó que su procedimiento en relación con este expediente había concluido. En consecuencia, compete a la Comisión adoptar las medidas.

         HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
   Artículo 1
   Organismo modificado genéticamente e identificador único
   Conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) no 65/2004, se asigna al maíz modificado genéticamente (Zea mays L.) MON 88017 x MON 810, según se especifica en la letra b) del anexo de la presente Decisión, el identificador único MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6.
   Artículo 2
   Autorización
   A los efectos del artículo 4, apartado 2, y del artículo 16, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003, quedan autorizados los siguientes productos, conforme a las condiciones establecidas en la presente Decisión:

               a)

               alimentos e ingredientes alimentarios que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

               b)

               piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

               c)

               productos, distintos de alimentos y piensos, que contengan o se compongan de maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, para los mismos usos que cualquier otro maíz, a excepción del cultivo.

         Artículo 3
   Etiquetado
   1.   A los efectos de los requisitos de etiquetado establecidos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003, y en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1830/2003, el «nombre del organismo» será «maíz».
   2.   En la etiqueta de los productos que contengan o se compongan de maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, a los que se refiere el artículo 2, letras b) y c), y en los documentos que los acompañen deberá figurar el texto «no apto para cultivo».
   Artículo 4
   Seguimiento de los efectos medioambientales
   1.   El titular de la autorización se asegurará de que se establezca y aplique el plan de seguimiento de los efectos medioambientales especificado en la letra h) del anexo.
   2.   El titular de la autorización presentará a la Comisión informes anuales sobre la aplicación y los resultados de las actividades establecidas en el plan de seguimiento de conformidad con la Decisión 2009/770/CE.
   Artículo 5
   Registro comunitario
   La información presentada en el anexo de la presente Decisión se introducirá en el Registro Comunitario de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente, establecido en el artículo 28 del Reglamento (CE) no 1829/2003.
   Artículo 6
   Titular de la autorización
   El titular de la autorización será Monsanto Europe SA, Bélgica, en representación de Monsanto Company, Estados Unidos.
   Artículo 7
   Validez
   La presente Decisión será aplicable durante un período de diez años a partir de la fecha de su notificación.
   Artículo 8
   Destinatario
   El destinatario de la presente Decisión será Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruselas, Bélgica.

      Hecho en Bruselas, el 28 de julio de 2010.

            Por la Comisión

         John DALLI

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 268 de 18.10.2003, p. 1.

      (2)  DO L 106 de 17.4.2001, p. 1.

      (3)  http://registerofquestions.efsa.europa.eu/roqFrontend/questionLoader?question = EFSA-Q-2006-020

      (4)  DO L 10 de 16.1.2004, p. 5.

      (5)  DO L 275 de 21.10.2009, p. 9.

      (6)  DO L 268 de 18.10.2003, p. 24.

      (7)  DO L 287 de 5.11.2003, p. 1.

      ANEXO
      a)   Solicitante y titular de la autorización:

                  Nombre

                  :

                  Monsanto Europe SA

                  Dirección

                  :

                  Avenue de Tervuren 270-272, 1150 Bruselas, Bélgica

            En nombre de Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Estados Unidos de América.
      b)   Designación y especificación de los productos:

                  1)

                  alimentos e ingredientes alimentarios que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

                  2)

                  piensos que contengan, se compongan o se hayan producido a partir de maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6;

                  3)

                  productos, distintos de alimentos y piensos, que contengan o se compongan de maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, para los mismos usos que cualquier otro maíz, a excepción del cultivo.

            El maíz modificado genéticamente MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, según se describe en la solicitud, se produce por cruces de maíz con los eventos MON-88Ø17-3 y MON-ØØ81Ø-6 y expresa las proteínas Cry3Bb1 y Cry1Ab, que confieren protección contra determinadas plagas de coleópteros y de lepidópteros, respectivamente, y la proteína CP4 EPSPS, que lo hace tolerante a los herbicidas a base de glifosato.
      c)   Etiquetado:

                  1)

                  A los efectos de los requisitos específicos de etiquetado establecidos en el artículo 13, apartado 1, y el artículo 25, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1829/2003, y en el artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1830/2003, el «nombre del organismo» será «maíz».

                  2)

                  En la etiqueta de los productos que contengan o se compongan de maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6, a los que se refiere el artículo 2, letras b) y c), de la presente Decisión, y en los documentos que los acompañen deberá figurar el texto «no apto para cultivo».

            d)   Método de detección:

                  —

                  Método basado en la RCP cuantitativa en tiempo real para los eventos específicos de maíz modificado genéticamente MON-88Ø17-3 y MON-ØØ81Ø-6, validados en el maíz MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6.

                  —

                  Validado en semillas por el Laboratorio Comunitario de Referencia establecido en el Reglamento (CE) no 1829/2003, y publicado en http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

                  —

                  Material de referencia: AOCS 0406-D (para el MON-88Ø17-3) accesible a través de la American Oil Chemists Society en la siguiente dirección: http://www.aocs.org/tech/crm/ y ERM®-BF413 (para el MON-ØØ81Ø-6) accesible a través del Centro Común de Investigación (CCI) de la Comisión Europea, Instituto de Materiales y Medidas de Referencia (IMMR) en la siguiente dirección: https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue

            e)   Identificador único:

      MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6.
      f)   Información requerida conforme al anexo II del Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica:

      Centro de Intercambio de Información sobre Seguridad de la Biotecnología, número de registro: véase [se completará cuando se notifique].
      g)   Condiciones o restricciones impuestas a la comercialización, la utilización o la manipulación de los productos:

      No se requieren.
      h)   Plan de seguimiento:

      Plan de seguimiento de los efectos medioambientales conforme al anexo VII de la Directiva 2001/18/CE.
      [Enlace: plan publicado en Internet].
      i)   Requisitos de seguimiento postcomercialización relativos al uso de los alimentos para el consumo humano:

      No se requieren.

         Nota: Es posible que los enlaces a los documentos pertinentes tengan que modificarse con el tiempo. Esas modificaciones se harán públicas actualizando el Registro Comunitario de Alimentos y Piensos Modificados Genéticamente.


               26.2.2016

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               C 75/169

         P7_TA(2013)0292
   Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen
   Decisión del Parlamento Europeo, de 2 de julio de 2013, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen (2012/2325(IMM))
   (2016/C 075/27)

      El Parlamento Europeo,

               —

               Visto el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Marine Le Pen, transmitido el 26 de noviembre de 2012 por el Ministro de Justicia de la República Francesa en conexión con un suplicatorio de 7 de noviembre de 2012 del Fiscal Jefe del Tribunal de Apelación de Lyon, y comunicado en el Pleno del 10 de diciembre de 2012,

               —

               Habiendo oído a Bruno Gollnisch, diputado al Parlamento Europeo, en nombre de Marine Le Pen, de conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento,

               —

               Vistos los artículos 8 y 9 del Protocolo no 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, así como el artículo 6, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los Diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976,

               —

               Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 12 de mayo de 1964, 10 de julio de 1986, 15 y 21 de octubre de 2008, 19 marzo de 2010, 6 de septiembre de 2011 y 17 de enero de 2013 (1),

               —

               Visto el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa,

               —

               Vistos el artículo 6, apartado 2, y el artículo 7 de su Reglamento,

               —

               Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0236/2013),

               A.

               Considerando que el Fiscal Jefe del Tribunal de Apelación de Lyon ha solicitado la suspensión de la inmunidad parlamentaria de una diputada al Parlamento Europeo, Marine Le Pen, en conexión con las acciones judiciales relativas a una presunta infracción;

               B.

               Considerando que, según el artículo 9 del Protocolo no 7 sobre los privilegios e inmunidades de la Unión Europea, los diputados al Parlamento Europeo gozan, en su propio territorio nacional, de las inmunidades reconocidas a los miembros del Parlamento de su país;

               C.

               Considerando que el artículo 26 de la Constitución de la República Francesa establece que ningún miembro del Parlamento francés podrá ser procesado, perseguido, detenido, preso o juzgado por opiniones o votos emitidos en el ejercicio de sus funciones;

               D.

               Considerando que Marine Le Pen está acusada de incitación al odio, discriminación o violencia contra un grupo de personas por motivo de su confesión religiosa, delito contemplado en el Derecho francés, concretamente en los artículos 24, apartado 8; 23, apartado 1, y 42 de la Ley de 29 de julio de 1881, y en el artículo 93, apartado 3, de la Ley 82-652 de 29 de julio de 1982, sancionado por el artículo 24, apartados 8, 10, 11 y 12, de la Ley de 29 de julio de 1881 y por el artículo 131-26, apartados 2 y 3, del Código Penal;

               E.

               Considerando que los supuestos actos no guardan una relación directa y manifiesta con el ejercicio por parte de Marine Le Pen de sus funciones como diputada al Parlamento Europeo, ni constituyen opiniones o votos por ella emitidos en el ejercicio de sus funciones de diputada al Parlamento Europeo en el sentido del artículo 8 del Protocolo no 7 sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea;

               F.

               Considerando manifiesto que la acusación no guarda relación con el cargo de diputada al Parlamento Europeo de Marine Le Pen;

               G.

               Considerando que no hay motivos para sospechar que exista fumus persecutionis;

               1.

               Decide suspender la inmunidad parlamentaria de Marine Le Pen;

               2.

               Encarga a su Presidente que transmita inmediatamente la presente Decisión y el informe de su comisión competente al Ministro de Justicia de la República Francesa y a Marine Le Pen.

      (1)  Sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de mayo de 1964, Wagner (101/63, Rec. 1964, p. 387); sentencia del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Wybot (149/85, Rec. 1986, p. 2391); sentencia del Tribunal General de 15 de octubre de 2008, Mote/Parlamento (T-345/05, Rec. 2008, p. II-2849); sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de octubre de 2008, Marra (C-200/07 y C-201/07, Rec. 2008, p. I-7929); sentencia del Tribunal General de 19 de marzo de 2010, Gollnisch/Parlamento (T-42/06, Rec. 2010, p. II-1135); sentencia del Tribunal de Justicia de 6 de septiembre de 2011, Patriciello (C-163/10, Rec. 2011, p. I-7565), y sentencia del Tribunal General de 17 de septiembre de 2013 Gollnisch/Parlamento (T-346/11 y T-347/11, aún no publicada en la Recopilación).