title: 2008/511/CE: Decisión del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2007, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2005

text:
               15.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 187/92

         DECISIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 24 de abril de 2007
   sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2005
   (2008/511/CE)
   EL PARLAMENTO EUROPEO,
   Vistas las cuentas anuales definitivas del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia relativas al ejercicio 2005 (1),
   Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales definitivas del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia relativas al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas del Observatorio (2),
   Vista la Recomendación del Consejo de 27 de febrero de 2007 (5711/2007 — C6-0080/2007),
   Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 276,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3), y, en particular, su artículo 185,
   Visto el Reglamento (CE) no 1035/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997, por el que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (4), y, en particular, su artículo 12 bis,

   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (5), y, en particular, su artículo 94,
   Vistos el artículo 71 y el anexo V de su Reglamento,
   Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0118/2007),

               1.

               Aprueba la gestión del Director del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional en la ejecución del presupuesto del Centro para el ejercicio 2005;

               2.

               Presenta sus observaciones en la Resolución que figura a continuación;

               3.

               Encarga a su Presidente que transmita la presente Decisión y la Resolución que forma parte integrante de la misma al Director del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia, al Consejo, a la Comisión y al Tribunal de Cuentas, y que disponga su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea (serie L).

            El Presidente

         Hans-Gert PÖTTERING

            El Secretario General

         Harald RØMER

      (1)  DO C 266 de 31.10.2006, p. 46.

      (2)  DO C 312 de 19.12.2006, p. 93.

      (3)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).

      (4)  DO L 151 de 10.6.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1652/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 33).

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.
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               15.7.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 187/93

         RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO
   de 24 de abril de 2007
   que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión por la que se aprueba la gestión del presupuesto del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia para el ejercicio 2005
   EL PARLAMENTO EUROPEO,
   Vistas las cuentas anuales definitivas del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia relativas al ejercicio 2005 (1),
   Visto el Informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales definitivas del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia relativas al ejercicio 2005, acompañado de las respuestas del Observatorio (2),
   Vista la Recomendación del Consejo de 27 de febrero de 2007 (5711/2007 — C6-0080/2007),
   Visto el Tratado CE y, en particular, su artículo 276,
   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (3), y, en particular, su artículo 185,
   Visto el Reglamento (CE) no 1035/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997, por el que se crea un Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (4), y, en particular, su artículo 12 bis,

   Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Comisión, de 19 de noviembre de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero marco de los organismos a que se refiere el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (5), y, en particular, su artículo 94,
   Vistos el artículo 71 y el anexo V de su Reglamento,
   Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A6-0118/2007),

               A.

               Considerando que el Tribunal de Cuentas declara que ha obtenido garantías suficientes de que las cuentas anuales correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2005 son fiables y de que, con la excepción de una serie de irregularidades que se han observado en la adjudicación de los contratos, las operaciones correspondientes son, en su conjunto, legales y regulares,

               B.

               Considerando que el 27 de abril de 2006 el Parlamento aprobó la gestión del Director en la ejecución del presupuesto del Observatorio para el ejercicio 2004 (6) y que en la resolución que acompaña a la decisión del aprobación de la gestión, el Parlamento, entre otras cosas,

                           —

                           expone su preocupación acerca del alto nivel de prorrogas canceladas, en particular en el título I (gastos de personal),

                           —

                           expresa su preocupación por las irregularidades señaladas por el Tribunal de Cuentas en relación con las licitaciones y la las adjudicación de contratos,

         Cuestiones generales relativas a la mayoría de las agencias de la UE que precisan una concesión individual de la aprobación de la gestión del presupuesto

               1.

               Considera que el creciente número de agencias comunitarias y las actividades de algunas de ellas no parecen integrarse en un marco de orientación global y que las misiones de algunas agencias no siempre reflejan las necesidades reales de la Unión ni las expectativas de los ciudadanos, y constata que, en general, las agencias no tienen siempre buena imagen ni buena prensa;

               2.

               Insta a la Comisión, por consiguiente, a que defina un marco de orientación global para la creación de nuevas agencias comunitarias y a que presente un estudio coste-beneficio antes de crear una nueva agencia, velando siempre por evitar la duplicación de actividades entre las agencias o con las misiones de otras organizaciones europeas;

               3.

               Pide al Tribunal de Cuentas que emita su dictamen sobre el estudio coste-beneficio antes de que el Parlamento tome su decisión;

               4.

               Pide a la Comisión que presente cada cinco años un estudio sobre el valor añadido de cada una de las agencias existentes; pide a todas las instituciones pertinentes que, en caso de evaluación negativa del valor añadido de una agencia, adopten las medidas oportunas reformulando el cometido de dicha agencia o clausurándola;

               5.

               Lamenta, habida cuenta del creciente número de agencias reguladoras, que las negociaciones sobre el proyecto de acuerdo interinstitucional para el encuadramiento de estas agencias todavía no hayan dado resultados, y pide a los servicios competentes de la Comisión que, en concertación con el Tribunal de Cuentas, hagan todo lo posible para que se alcance rápidamente ese acuerdo;

               6.

               Constata que la responsabilidad presupuestaria de la Comisión exige una vinculación más estrecha entre las agencias y la Comisión; pide a la Comisión y al Consejo que adopten todas las medidas necesarias para conceder a la Comisión, antes del 31 de diciembre de 2007, una minoría de bloqueo en el seno de los órganos de supervisión de las agencias reguladoras y que prevean esta posibilidad desde el principio en caso de creación de nuevas agencias;

               7.

               Insta al Tribunal de Cuentas a que prevea en su informe anual un capítulo adicional dedicado a todas las agencias que deben recibir la aprobación de la gestión del presupuesto en el marco de las cuentas de la Comisión a fin de disponer de una visión mucho más clara de la utilización de los fondos de la UE por parte de las agencias;

               8.

               Recuerda el principio según el cual todas las agencias comunitarias, subvencionadas o no, están sometidas a la aprobación de la gestión por parte del Parlamento, incluso si en virtud de su texto constitutivo interviene una autoridad de aprobación de la gestión;

               9.

               Pide al Tribunal de Cuentas que someta a todas las agencias a auditorías de resultados y que informe a las comisiones competentes del Parlamento, incluida la Comisión de Control Presupuestario;

               10.

               Observa que el número de agencias crece sin cesar y que, de conformidad con la responsabilidad política de la Comisión sobre el funcionamiento de las agencias, que va mucho más allá de un simple apoyo logístico, resulta cada vez más necesario que las direcciones generales de la Comisión responsables de la creación y supervisión de las agencias desarrollen un enfoque común sobre éstas; considera que una medida pragmática con vistas a la adopción de un enfoque común de la Comisión para todas las cuestiones relativas a las agencias podría ser el establecimiento de una estructura similar a la creada por las agencias para la coordinación de las direcciones generales implicadas;

               11.

               Pide a la Comisión que mejore la asistencia administrativa y técnica a las agencias teniendo en cuenta la creciente complejidad de las normas administrativas de la Comunidad y los problemas técnicos existentes;

               12.

               Constata que ninguna agencia comunitaria cuenta con un órgano disciplinario, y pide a la Comisión que adopten las medidas pertinentes para que se establezca rápidamente un mecanismo de este tipo;

               13.

               Se congratula de las grandes mejoras conseguidas en cuanto a la coordinación entre agencias, lo que les permite abordar problemas recurrentes y lograr una coordinación más eficiente con la Comisión y el Parlamento;

               14.

               Considera que la creación de un servicio común de apoyo por parte de varias agencias, destinado a ajustar los sistemas informáticos de gestión financiera a los de la Comisión, constituye una medida que debe proseguirse y ampliarse;

               15.

               Pide a las agencias que mejoren su cooperación y evaluación de resultados con los actores pertinentes; insta a la Comisión a que adopte los medios que juzgue necesarios para ayudar a las agencias a valorizar su imagen y a mejorar la visibilidad de sus actividades;

               16.

               Pide a la Comisión que presente una propuesta de armonización sobre la presentación de los informes de actividades de las agencias y para la elaboración de indicadores de resultados que permitan comparar su eficiencia;

               17.

               Insta a las agencias a que presenten al comienzo de cada ejercicio los indicadores de resultados que permitan evaluar su actividad;

               18.

               Pide a todas las agencias que recurran en mayor medida a la fijación de objetivos SMART que permitan una planificación y ejecución más realista de las tareas;

               19.

               Conviene con el Tribunal de Cuentas en que la Comisión también es responsable de la gestión (financiera) de las agencias; insta, por tanto, a la Comisión que controle y, cuando proceda, oriente y asista en la gestión de las distintas agencias, en particular en lo relativo a la correcta aplicación de los procedimientos de licitación, la transparencia de los procedimientos de contratación, la buena gestión financiera (infrautilización y sobreestimación) y, especialmente, la correcta aplicación de las normas relativas al marco de control interno;

               20.

               Considera que en los programas de trabajo de las agencias debería exponerse su contribución en términos operativos y cuantificables y tomarse debidamente en consideración las normas de control interno de la Comisión;

         Cuestiones específicas

               21.

               Observa que, a pesar de un porcentaje de compromiso de los créditos superior al 90 % durante el ejercicio 2005, el porcentaje de prórroga de los compromisos, en el caso de los gastos de funcionamiento, supera el 50 % y que, en general, el porcentaje de anulación de los créditos prorrogados es elevado (entre un 15 % y un 25 % según los títulos); pide al Observatorio que mejore la programación de sus gastos y el seguimiento de su ejecución; destaca que deben justificarse y documentarse las transferencias entre líneas presupuestarias de acuerdo con las disposiciones vigentes;

               22.

               Observa que no se ha introducido la gestión por actividades pese a la disposición que prevé dicha introducción en el Reglamento financiero del Observatorio, a semejanza de las medidas aplicadas en este sentido en el presupuesto general con vistas a mejorar el seguimiento de las actividades; pide al Observatorio que presente un programa de trabajo que exprese en términos operativos y cuantificables su contribución a la realización de los objetivos fijados;

               23.

               Observa que el Observatorio no dispone de un sistema de programación y gestión de sus adquisiciones de equipamientos y que no procede a un control regular de su inventario, a pesar de que dicho control mejoraría la fiabilidad; pide al Observatorio que corrija esta situación;

               24.

               Observa que el sistema de control interno del Observatorio presenta determinadas insuficiencias, como, por ejemplo, la falta de descripción de los circuitos financieros aplicados por el ordenador, la falta de validación por parte del contable de los sistemas de información del contable por el ordenador y sus delegados y la falta de aplicación rigurosa del principio de separación de funciones, en particular, entre las funciones de inicio y verificación; pide al Observatorio, en relación a los compromisos, que incluya criterios de buena gestión financiera en la lista de asuntos cubiertos por las verificaciones ex ante;

               25.

               Pide al Observatorio que aplique plenamente la norma según la cual los miembros de los tribunales de concursos han de tener siempre un grado equivalente o superior al del puesto que debe cubrirse;

               26.

               Observa que las licitaciones convocadas por el Observatorio son poco explícitas en cuanto al nivel mínimo de calidad que deben alcanzar las ofertas y a la ponderación del factor precio; pide al Observatorio que aplique de forma rigurosa las normas relativas a las licitaciones.

      (1)  DO C 266 de 31.10.2006, p. 46.

      (2)  DO C 312 de 19.12.2006, p. 93.

      (3)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 (DO L 390 de 30.12.2006, p. 1).

      (4)  DO L 151 de 10.6.1997, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1652/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 33).

      (5)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 72.

      (6)  DO L 340 de 6.12.2006, p. 80.


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32000D0278

2000/278/CE: Decisión del Consejo, de 16 de marzo de 2000, relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas

Diario Oficial n° L 089 de 11/04/2000 p. 0006 - 0007

Decisión del Consejode 16 de marzo de 2000relativa a la aprobación, en nombre de la Comunidad Europea, del Tratado de la OMPI sobre derecho de autor y del Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas(1)(2000/278/CE)EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, el apartado 2 de su artículo 47, y sus artículos 55 y 95, en relación con la primera frase del apartado 2 del artículo 300 y el párrafo segundo del apartado 3 del mismo artículo,Vista la propuesta de la Comisión(2),Visto el dictamen favorable del Parlamento Europeo(3),Considerando lo siguiente:(1) El Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (TDA) y el Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (TF), adoptados en Ginebra el 20 de diciembre de 1996 bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual contribuirán a garantizar un nivel de protección equilibrado de las obras y otras materias, permitiendo al mismo tiempo el acceso del público a los contenidos que puedan emitirse en las redes.(2) Los poderes de que dispone la Comunidad para celebrar o acceder a acuerdos internacionales o tratados no derivan únicamente de una atribución explícita del Tratado, sino que pueden resultar también de otras disposiciones del Tratado y de actos adoptados por las instituciones de la Comunidad en virtud de dichas disposiciones.(3) El contenido del TDA y del TF está incluido, en gran parte, en el ámbito de aplicación de las Directivas comunitarias que existen en la materia.(4) En consecuencia la aprobación del TDA y del TF es competencia que comparten la Comunidad y sus Estados miembros.(5) Conviene, por consiguiente, que el TDA y el TF se aprueben en nombre de la Comunidad, en lo referente a asuntos correspondientes a sus competencias.(6) La Comunidad ya ha procedido a la firma del TDA y del TF, sujeta a la celebración definitiva.(7) En la medida de lo posible, el depósito de los instrumentos de celebración de la Comunidad deberá tener lugar simultáneamente al depósito de los instrumentos de ratificación de los Estados miembros.DECIDE:Artículo 11. Queda aprobado, en nombre de la Comunidad y en lo referente a asuntos que correspondieren a sus competencias, el Tratado de la OMPI sobre derecho de autor (TDA).2. Queda aprobado, en nombre de la Comunidad y en lo referente a asuntos que correspondieren a sus competencias, el Tratado de la OMPI sobre interpretaciones o ejecuciones y fonogramas (TF).3. Los textos de los Tratados se adjuntan a la presente Decisión.Artículo 2Se autoriza al Presidente del Consejo a depositar los instrumentos de celebración ante el Director General de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a partir de la fecha en la que los Estados miembros tuvieren que aplicar las medidas adoptadas por el Parlamento Europeo y el Consejo necesario para la adaptación de la legislación comunitaria vigente a las obligaciones derivadas del TDA y del TF.Artículo 31. Se autoriza a la Comisión a representar a la Comunidad en las sesiones de las Asambleas previstas por el TDA y el TF.2. La Comisión negociará en las Asambleas del TDA y del TF, en nombre de la Comunidad, todas las cuestiones que son competencia de la Comunidad de acuerdo con las normas aplicables del Tratado CE, y en particular su artículo 300.3. La posición que la Comunidad haya de adoptar en las Asambleas será preparada por el Grupo de trabajo competente del Consejo.Hecho en Bruselas, el 16 de marzo de 2000.Por el ConsejoEl PresidenteF. Seixas da Costa(1) Se informa al lector de que la página 1 del DO C 103 de 11 de abril de 2000 contiene dos declaraciones que se refieren a la presente Decisión.(2) DO C 165 de 30.5.1998, p. 8.(3) Dictamen emitido el 16 de febrero de 2000 (aún no publicado en el Diario Oficial).


title: 2005/668/CE: Decisión de la Comisión, de 22 de septiembre de 2005, por la que se aprueba la entrada en funcionamiento del consejo consultivo regional de las aguas noroccidentales en virtud de la política pesquera común

text:
               24.9.2005

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 249/18

         DECISIÓN DE LA COMISIÓN
   de 22 de septiembre de 2005
   por la que se aprueba la entrada en funcionamiento del consejo consultivo regional de las aguas noroccidentales en virtud de la política pesquera común
   (2005/668/CE)
   LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
   Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
   Vista la Decisión 2004/585/CE del Consejo, de 19 de julio de 2004, por la que se crean consejos consultivos regionales en virtud de la política pesquera común (1), y, en particular, su artículo 3, apartado 3,
   Vista la recomendación transmitida el 27 de junio de 2005 por Irlanda en nombre de Bélgica, Francia, Irlanda, los Países Bajos, España y el Reino Unido,
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (2), y la Decisión 2004/585/CE establecen el marco para la creación y funcionamiento de los consejos consultivos regionales.

               (2)

               En virtud del artículo 2 de la Decisión 2004/585/CE se crea un consejo consultivo regional que cubre las aguas noroccidentales en las zonas CIEM (3) V (excepto Va y únicamente aguas comunitarias en Vb), VI y VII.

               (3)

               De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de la Decisión 2004/585/CE, los representantes del sector pesquero y otros grupos interesados presentaron a Bélgica, Francia, Irlanda, los Países Bajos, España y el Reino Unido una solicitud relativa al funcionamiento del citado consejo consultivo regional.

               (4)

               Tal como exige el artículo 3, apartado 2, de la Decisión 2004/585/CE, los Estados miembros interesados han procedido a determinar si la solicitud relativa al consejo consultivo regional de las aguas noroccidentales se ajusta a las disposiciones de la citada Decisión. El 27 de junio de 2005, los Estados miembros interesados transmitieron a la Comisión una recomendación sobre dicho consejo consultivo regional.

               (5)

               La Comisión ha evaluado, a la luz de la Decisión 2004/585/CE y de los objetivos y principios de la política pesquera común, la solicitud presentada por las partes interesadas y la recomendación, y estima que el consejo consultivo regional de las aguas noroccidentales está en condiciones de entrar en funcionamiento.

         DECIDE:
   Artículo único
   El consejo consultivo regional de las aguas noroccidentales, creado en virtud del artículo 2, apartado 1, letra d), de la Decisión 2004/585/CE, entrará en funcionamiento a partir del 26 de septiembre de 2005.

      Hecho en Bruselas, el 22 de septiembre de 2005.

            Por la Comisión

         Joe BORG

            Miembro de la Comisión

      (1)  DO L 256 de 3.8.2004, p. 17.

      (2)  DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.

      (3)  Tal como se definen en el Reglamento (CEE) no 3880/91 del Consejo, de 17 de diciembre de 1991, relativo a la transmisión de estadísticas de capturas nominales por parte de los Estados miembros que faenan en el Atlántico nororiental (DO L 365 de 31.12.1991, p. 1).


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E1996C0053

DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC Nº 53/96/COL de 15 de mayo de 1996 relativa a la octava modificación de las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado

Diario Oficial n° L 245 de 26/09/1996 p. 0020 - 0027

DECISIÓN DEL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELC N° 53/96/COL de 15 de mayo de 1996 relativa a la octava modificación de las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado EL ÓRGANO DE VIGILANCIA DE LA AELCha modificado las normas sustantivas y de procedimiento en materia de ayudas de Estado (1), aprobadas el 19 de enero de 1994 (2) y cuya última modificación la constituye la Decisión n° 23/96/COL (3).El capítulo 14 de las Directrices sobre ayudas de Estado se sustituirá por el texto siguiente:«14. AYUDAS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO (1)14.1. Introducción1) Es un hecho ampliamente reconocido que la investigación y el desarrollo pueden contribuir al crecimiento económico, al aumento de la competitividad y al fomento del empleo. Las Partes contratantes del Acuerdo EEE se han fijado como objetivo común fortalecer la base científica y tecnológica de la industria europea y propiciar su competitividad a nivel internacional. A tal fin, la parte VI del Acuerdo contiene disposiciones pormenorizadas destinadas a reforzar y ampliar la cooperación en el marco de las actividades comunitarias, tales como las relacionadas con la investigación y el desarrollo tecnológico (IDT).2) Los Estados de la AELC contribuyen a la aplicación del Cuarto Programa Marco comunitario de investigación y desarrollo (1994-1998) mediante su participación en los proyectos específicos que en él se integran. Los Estados de la AELC contribuyen a financiar los programas y, por consiguiente, pueden acceder plenamente a los mismos y formar parte integrante de los comités de la CE que asisten a la Comisión Europea en su gestión. En relación con los proyectos, las instituciones, empresas, organismos y nacionales de los países de la AELC deben disfrutar de los mismos derechos y obligaciones, inclusive en lo referente a la explotación de los resultados, que sus socios de los Estados miembros de la CE.3) Las medidas adoptadas por las Partes contratantes de Estado del Acuerdo EEE en apoyo de la investigación y el desarrollo han de ser compatibles con el funcionamiento del Acuerdo. Las normas sobre ayudas de Estado de este Acuerdo deben aplicarse de manera constructiva a fin de fomentar la cooperación, que contribuye a desarrollar y difundir nuevas tecnologías, respetando al mismo tiempo las normas de propiedad intelectual. Al controlar las ayudas de Estado, ha de tenerse presente la necesidad de poner a disposición de los sectores que contribuyan a mejorar la competitividad de la industria europea los oportunos recursos.4) El Órgano de Vigilancia de la AELC suele mostrarse favorable a las ayudas de Estado de I+D. Esta actitud obedece a varios motivos: los objetivos de tales ayudas, las necesidades de financiación y los riesgos, a menudo considerables, de las actividades de I+D y, dado que este tipo de proyectos está bastante alejado del mercado, la improbabilidad de que las ayudas falseen la competencia y el comercio.14.2. Aplicabilidad del artículo 61 del Acuerdo EEE a las ayudas de I+D14.2.1. Definición de las etapas que comportan las actividades de I+D1) Cuanto más próxima se halle la I+D de la comercialización, mayor puede ser el efecto falseador de la ayuda de Estado. A fin de determinar la proximidad del mercado de la actividad de I+D, el Órgano de Vigilancia de la AELC establece una distinción entre investigación fundamental, investigación industrial y actividad de desarrollo precompetitiva.2) Las siguientes definiciones, que se corresponden con las establecidas en el Acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias de la OMC, pretenden servir de ayuda para que los Estados de la AELC realicen sus notificaciones. Su carácter es indicativo y no normativo:- Por investigación fundamental se entiende la actividad destinada a ampliar los conocimientos científicos y técnicos no relacionados con objetivos industriales o comerciales.- Por investigación industrial se entiende la investigación planificada o los estudios críticos destinados a la adquisición de nuevos conocimientos que puedan resultar de utilidad para desarrollar nuevos productos, procesos o servicios o mejorar considerablemente productos, procesos o servicios existentes.- Por actividad de desarrollo precompetitiva se entiende la materialización de los resultados de la investigación industrial en un plano, esquema o diseño de productos, procesos o servicios nuevos, modificados o mejorados, destinados a ser vendidos o usados, incluida la creación de un primer prototipo no comercializable. Puede abarcar también la formulación conceptual y el diseño de otros productos, procesos o servicios y los proyectos de demostración inicial o los proyectos piloto, siempre que éstos no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o su explotación comercial. No incluye las modificaciones habituales o periódicas efectuadas en productos, líneas de producción, procesos de fabricación, servicios existentes y otras operaciones en curso, aun cuando dichas modificaciones puedan representar mejoras.3) La innovación no constituye una categoría diferenciada de I+D. Las ayudas para actividades que puedan considerarse innovadoras pero que no pertenezcan a ninguna de las categorías mencionadas en el punto 2 del apartado 14.2 sólo son admisibles si se atienen a la política del Órgano de Vigilancia de la AELC en materia de ayudas a la inversión.14.2.2. Actividades de I+D de los centros públicos de investigación y contratos de I+D1) La financiación pública de actividades de I+D efectuadas por centros públicos de enseñanza superior o de investigación sin fines lucrativos no entra generalmente en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.2) Si los resultados de los proyectos de I+D financiados con fondos públicos y realizados por tales centros se ponen a disposición de la industria europea de forma no discriminatoria, el Órgano de Vigilancia de la AELC considerará, en principio, que no se ha concedido ayuda de Estado en el sentido de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.3) Cuando se trate de actividades de I+D realizadas por centros públicos de enseñanza superior o de investigación sin fines lucrativos por cuenta de empresas o en colaboración con éstas, el Órgano de Vigilancia de la AELC considerará que no existe ayuda de Estado a efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE siempre que:a) los centros públicos de enseñanza superior o de investigación sin fines lucrativos participen en los proyectos de investigación como lo haría una empresa comercial, esto es, por ejemplo, cobrando una remuneración por sus servicios con arreglo a precios de mercado;o siempre que:b) - las empresas participantes en la investigación sufraguen íntegramente el coste del proyecto; o- los resultados que no generen derechos de propiedad industrial puedan ser objeto de una amplia difusión y los posibles derechos de propiedad industrial sobre los resultados de la I+D se cedan por completo a los centros públicos sin fines lucrativos; o- los centros públicos sin fines lucrativos reciban de las empresas participantes una compensación equivalente al precio de mercado, por los derechos de propiedad industrial derivados del proyecto de investigación de los que éstas sean titulares, y los resultados que no generen derechos de propiedad industrial puedan difundirse ampliamente entre terceros interesados.4) Las autoridades públicas podrán encomendar a empresas actividades de I+D o comprarles directamente los resultados. Si no media un procedimiento abierto de licitación, el Órgano de Vigilancia de la AELC considerará que puede existir ayuda de Estado a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE. Si estos contratos se adjudican en condiciones de mercado, en particular previo procedimiento abierto de licitación con arreglo a la norma a que se refiere el punto 5b del Anexo XVI del Acuerdo EEE (2), se presumirá, en general, que no existe ayuda de Estado a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE.14.3. Evaluación de las ayudas de I+D a la luz del artículo 61 del Acuerdo EEE1) Cuando cumplan las condiciones establecidas en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE y, por tanto, deban ser examinadas por el Órgano de Vigilancia de la AELC, las ayudas para I+D concedidas a empresas podrán considerarse compatibles con el funcionamiento del Acuerdo EEE en virtud de alguna de las excepciones señaladas en el apartado 3 del citado artículo.2) En todos los casos en que, tras haber procedido a su examen, el Órgano de Vigilancia de la AELC concluya que el objetivo de la ayuda considerada es potenciar la realización de un importante proyecto de interés común europeo, la ayuda podrá disfrutar de la exención prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 61.3) El interés europeo del proyecto deberá demostrarse de forma concreta; por ejemplo, deberá probarse que el proyecto representa un gran avance con respecto a programas específicos comunitarios o europeos de I+D.4) Hasta ahora, la Comisión Europea ha recurrido escasas veces a la excepción prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE (que se corresponde con la letra b) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE). Se ha comprobado que, en materia de investigación y desarrollo, esta exención puede aplicarse sobre todo a proyectos transfronterizos importantes tanto desde el punto de vista cualitativo como, en principio, cuantitativo (por ejemplo, proyectos relacionados con la definición de normas industriales destinadas a lograr que la industria europea disfrute de todas las ventajas del mercado único y del Acuerdo EEE) (3).5) Si la ayuda de Estado de I+D no puede acogerse a la exención prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 61, puede, no obstante, ser compatible con el Acuerdo EEE en virtud de lo dispuesto en la letra c) de dicho apartado, en la que se establece una exención para aquellas ayudas que faciliten el desarrollo de determinadas actividades económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común.6) Al examinar la aplicabilidad de la letra c) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC prestará especial atención al tipo de investigación, los beneficiarios, la intensidad de la ayuda, la disponibilidad de los resultados y otros factores pertinentes que se mencionan en los apartados 14.5 a 14.7.14.4. Requisitos específicos de notificación1) De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, las ayudas de Estado de I+D han de notificarse al Órgano de Vigilancia de la AELC. El Anexo I de las presentes Directrices contiene una lista de los datos que han de facilitarse en las notificaciones de ayuda de Estado. La sección II del Anexo I enumera otros datos que deben proporcionarse en relación con las ayudas de I+D. Asimismo, el punto 8 del apartado 14.4 que figura a continuación contiene una serie de requisitos adicionales para los grandes proyectos de I+D, y los puntos 6 y 7 del apartado 14.4 establecen excepciones a la norma general relativa a la notificación de los aumentos de presupuesto y las prórrogas de los regímenes de ayuda existentes.2) El Órgano de Vigilancia de la AELC procura conseguir un máximo de transparencia en la aplicación de los regímenes de ayuda. Para ello, deben determinarse perfectamente los objetivos, los beneficiarios, etc. Asimismo, deben indicarse las diversas categorías de costes que las ayudas pretenden reducir y éstas han de concederse de tal forma que pueda calcularse su intensidad con respecto a dichos costes, según se enumeran en la siguiente sección 14.6.3) En el caso de los proyectos de I+D puede autorizarse cualquier tipo de ayuda. No obstante, los Estados de la AELC deben permitir al Órgano de Vigilancia de la AELC calcular el equivalente de subvención de la ayuda cuando ésta no se conceda en forma de subvención, para lo cual le facilitarán toda la información necesaria.4) Cuando un Estado de la AELC considere que es aplicable la letra b) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE, deberá examinar si se cumplen las condiciones pertinentes y demostrarlo al Órgano de Vigilancia de la AELC en su notificación.5) Lo dispuesto en el capítulo 11 de las presentes Directrices en relación con el procedimiento acelerado de aprobación de los nuevos regímenes de ayuda a las PYME y la modificación de regímenes existentes se aplicará íntegramente a las ayudas de Estado de I+D, al igual que la norma de minimis establecida en el capítulo 12.6) El Órgano de Vigilancia de la AELC considera, además, que no es necesario notificar un aumento del presupuesto anual de un régimen de ayuda de I+D autorizado si dicho aumento, expresado en ecus, no excede del 100 % (en valor nominal) del importe anual inicial, siempre y cuando el régimen sea de duración indefinida o, si es de duración limitada, el aumento se produzca dentro de su período de vigencia.7) Las prórrogas con o sin aumento presupuestario (dentro del límite del 100 % antes mencionado) que no conlleven ningún cambio de las condiciones de aplicación de los regímenes de ayuda aprobados con anterioridad y que se ajusten a las presentes normas sólo habrán de volver a notificarse a partir del quinto año siguiente a la expiración del período de vigencia del régimen inicial. No obstante, los Estados de la AELC vendrán obligados a informar previamente al Órgano de Vigilancia de la AELC de tales refinanciaciones o prórrogas y seguir presentándole un informe anual sobre la aplicación de los correspondientes regímenes.8) Las concesiones individuales de ayuda en virtud de un régimen de ayuda de I+D autorizado por el Órgano de Vigilancia de la AELC no requerirán, en principio, notificación. No obstante, a fin de poder evaluar las ayudas de elevado importe concedidas con arreglo a regímenes aprobados y la compatibilidad de las mismas con el funcionamiento del Acuerdo EEE, el Órgano de Vigilancia de la AELC exige que le sea notificado previamente todo proyecto concreto de investigación de un coste superior a 25 millones de ecus (30 millones de ecus para los proyectos Eureka) (4) y al que esté previsto conceder ayuda cuyo equivalente bruto de subvención supere los 5 millones de ecus.9) Las concesiones individuales de ayuda al margen de todo régimen de I+D autorizado deberán notificarse en la forma habitual, de conformidad con lo previsto en el apartado 3 del artículo 1 del Protocolo 3 del Acuerdo de Vigilancia y Jurisdicción, salvo que se trate de ayudas de minimis.14.5. Intensidad de la ayuda14.5.1. Normas básicas1) La intensidad de ayuda admisible será determinada por el Órgano de Vigilancia de la AELC en cada caso particular. Al realizar su evaluación, el Órgano de Vigilancia tomará en consideración la naturaleza del proyecto o programa, los factores de política general relacionados con la competitividad de la industria europea, el riesgo de falseamiento de la competencia y las repercusiones para el comercio entre las Partes contratantes. Tras una evaluación general de tales riesgos, el Órgano de Vigilancia de la AELC considera que la investigación fundamental y la industrial pueden recibir ayudas de mayor intensidad que las actividades de desarrollo precompetitivas, que están más estrechamente vinculadas a la comercialización de los resultados de la I+D y que, de subvencionarse, podrían con mayor probabilidad falsear la competencia y el comercio.2) La financiación pública de la investigación fundamental que normalmente llevan a cabo de forma independiente los centros de enseñanza superior o de investigación sin ánimo de lucro no constituye ayuda de Estado a efectos de lo previsto en el apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo del EEE.3) En los casos excepcionales en que la investigación fundamental sea realizada por empresas o por cuenta de las mismas, y pese a que la ayuda entraría en el ámbito de aplicación del apartado 1 del artículo 61 del Acuerdo EEE, podrá admitirse una intensidad bruta de ayuda de hasta el 100 %, dado que este tipo de investigación dista considerablemente de la fase de comercialización y que los resultados están, en principio, disponibles para su explotación de forma no discriminatoria y en condiciones de mercado.4) Para considerarse investigación fundamental, los trabajos no habrán de estar vinculados a ningún objetivo industrial o comercial de una empresa concreta y deberá garantizarse una amplia difusión de los resultados.5) Como norma general, la intensidad bruta de ayuda para investigación industrial no deberá exceder del 50 % de los costes subvencionables del proyecto (tal como se definen en la siguiente sección 14.6).6) Los estudios de viabilidad técnica previos a las actividades de investigación industrial podrán recibir ayuda por un importe equivalente al 75 % de su coste, mientras que los estudios previos a las actividades de desarrollo precompetitivas podrán subvencionarse por el equivalente al 50 % de los costes; estos límites se han fijado a la luz de la escasa incidencia de estas ayudas en la competencia y los intercambios.7) Las actividades de desarrollo precompetitivas se efectúan en una fase cercana a la de comercialización, por lo que existe un mayor riesgo de que falseen la competencia y el comercio dentro del EEE. La intensidad bruta de ayuda admisible para tales actividades queda fijada en un 25 % de los costes subvencionables (tal como se definen en la siguiente sección 14.6).14.5.2. Intensidad de la ayuda en circunstancias específicas1) Tal como se ha señalado en el punto 3 del apartado 14.4 anterior, los Estados de la AELC pueden utilizar todas las formas de ayuda que deseen para promover las actividades de I+D. En el caso de anticipos reembolsables exclusivamente cuando la investigación produzca los resultados esperados, la intensidad admisible (en equivalente bruto de subvención) será la indicada en las presentes Directrices para las diversas fases de la investigación. En el supuesto de que la investigación fracase, el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá autorizar una mayor intensidad de ayuda, puesto que el fracaso del proyecto reduce el riesgo de falseamiento de la competencia y el comercio.2) Al notificar ayudas reembolsables, los Estados de la AELC deberán informar al Órgano de Vigilancia de la AELC de los importes y los procedimientos exactos de reembolso; el Órgano de Vigilancia evaluará las condiciones previstas en función de cada caso.3) Con el fin de fomentar la difusión de los resultados de la investigación, el Órgano de Vigilancia de la AELC considera que las ayudas destinadas a respaldar el depósito y la renovación de patentes por parte de las PYME (tal como se definen en el capítulo 10 de las presentes Directrices) pueden ser de la misma magnitud que las que respalden las actividades de investigación que den origen a dichas patentes.4) En el caso de las ayudas de Estado para proyectos de I+D realizados conjuntamente por centros públicos de investigación y empresas, la suma de la ayuda directa del Gobierno para un proyecto específico y, cuando constituyan ayudas (véanse los puntos 1 a 3 del apartado 14.2.2 anterior), las aportaciones de los centros públicos de investigación al mismo proyecto no podrá rebasar los límites antes señalados.5) En lo que respecta a los trabajos de I+D que abarcan al mismo tiempo investigación industrial y actividades de desarrollo precompetitivas, la intensidad de ayuda admisible no deberá, en general, rebasar la media ponderada de las intensidades autorizadas para ambos tipos de investigación.14.5.3. Incremento de las intensidades básicas1) Sin perjuicio del examen de cada caso concreto que, tal como se ha indicado en el punto 1 del apartado 14.5.1, se efectuará normalmente, las intensidades señaladas en los apartados 14.5.1.5) a 14.5.2.4) podrán rebasarse en las siguientes circunstancias:- cuando la ayuda se destine a las PYME (5): incremento de 10 puntos porcentuales;- cuando el proyecto de investigación se lleve a cabo en una de las regiones contempladas en la letra a) del apartado 3 del artículo 61: incremento de 10 puntos porcentuales;- cuando el proyecto de investigación se lleve a cabo en una de las regiones contempladas en la letra c) del apartado 3 del artículo 61: incremento de 5 puntos porcentuales.2) Estos incrementos regionales podrán ser de mayor magnitud, habida cuenta de los límites aplicables a las ayudas regionales a la inversión y la necesidad de estimular las inversiones inmateriales, sin superar, no obstante, los límites fijados en el punto 7 del apartado 14.5.3 siguiente.3) Cuando el proyecto de investigación se inscriba en los objetivos de un proyecto o programa específico emprendido dentro del actual programa marco de investigación y desarrollo de la Comunidad Europea, se autorizará un incremento de 15 puntos porcentuales.4) El incremento será de 25 puntos porcentuales cuando el proyecto suponga también una colaboración transfronteriza efectiva entre empresas y organismos públicos de investigación o entre al menos dos socios independientes de dos Estados signatarios del Acuerdo EEE, y cuando sus resultados sean objeto de una amplia difusión y de publicación, sin perjuicio de los derechos de propiedad intelectual e industrial.5) Cuando el proyecto de investigación no se inscriba en los objetivos de un proyecto o programa específico emprendido dentro del actual programa marco de investigación y desarrollo de la Comunidad Europea, el Órgano de Vigilancia de la AELC autorizará un incremento de hasta 10 puntos porcentuales siempre que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones:a) que el proyecto suponga una colaboración transfronteriza efectiva entre al menos dos socios independientes de los Estados signatarios del Acuerdo EEE, especialmente si se lleva a cabo en el contexto de la coordinación de las políticas nacionales de IDT;b) que el proyecto suponga una colaboración efectiva entre empresas y organismos públicos de investigación, especialmente si se lleva a cabo en el contexto de la coordinación de las políticas nacionales de IDT;c) que los resultados del proyecto sean objeto de una amplia difusión y de publicación, se concedan licencias sobre patentes o se adopten otras medidas adecuadas en condiciones análogas a las previstas para la difusión de los resultados de las actividades de IDT de la Comunidad Europea.6) El Estado de la AELC interesado deberá facilitar al Órgano de Vigilancia de la AELC la información necesaria para que pueda comprobar si se cumplen estas condiciones.7) La suma de los incrementos señalados en los puntos 1 a 5 del apartado 14.5.3 y de los porcentajes mencionados en el punto 5 del apartado 14.5.1 y en el punto 4 del apartado 14.5.2 no podrá dar lugar a una intensidad bruta de ayuda superior al 75 % para la investigación industrial y al 50 % para las actividades de desarrollo precompetitivas. Estos límites deberán respetarse en todos los casos.14.5.4. Aplicación de los límites de ayuda previstos en las normas de la OMC1) Cuando una ayuda de Estado de I+D pueda acogerse a la exención prevista en la letra b) del apartado 3 del artículo 61 del Acuerdo EEE, su intensidad bruta no podrá rebasar los límites autorizados por las Normas sobre subvenciones de la OMC (75 % para la investigación industrial y 50 % para las actividades de desarrollo precompetitivas).2) Los límites antes señalados en relación con las ayudas de I+D se aplican a las ayudas de Estado. No obstante, al examinar las ayudas de I+D, el Órgano de Vigilancia de la AELC debe tener en cuenta los efectos sobre la competencia y el comercio de la acumulación de ayudas de Estado con la financiación obtenida a través de la participación de los Estados de la AELC en programas comunitarios, de acuerdo con lo dispuesto en la parte VI y en los Protocolos 31 y 32 del Acuerdo EEE. Cuando las nuevas medidas de ayuda prevean la posibilidad de una cofinanciación de este tipo, los Estados de la AELC deberán señalarlo en su notificación al Órgano de Vigilancia de la AELC, indicando asimismo las disposiciones adoptadas para garantizar que no se superen los límites de ayuda global.3) En caso de acumulación de la cofinanciación mencionada en el punto 2 del apartado 14.5.4 con ayuda de Estado, la financiación pública total no podrá exceder del 75 % para la investigación industrial y del 50 % para las actividades de desarrollo precompetitivas.4) Podrá autorizarse una intensidad bruta del 75 % para la investigación industrial y del 50 % para las actividades de desarrollo precompetitivas (intensidades máximas no recurribles del Acuerdo de subvenciones y medidas compensatorias de la OMC), si existen proyectos o programas similares de competidores situados fuera del territorio de aplicación del Acuerdo EEE que hayan recibido (en los tres últimos años) o que vayan a recibir ayudas de una intensidad equivalente para ambos tipos de investigación.5) El Estado de la AELC interesado facilitará al Órgano de Vigilancia de la AELC la información necesaria para evaluar la situación, y, en particular, la necesidad de contrarrestar la ventaja competitiva de que disfruta un competidor en un tercer país.14.6. Costes de I+D que se incluirán en el cálculo de la intensidad de la ayuda1) A efectos del cálculo de la intensidad de las ayudas de I+D se tomarán en consideración los costes señalados a continuación (cuando sean imputables también a otras actividades, especialmente a otros trabajos de I+D, se desglosarán por tipo de actividad):- gastos de personal (investigadores, técnicos y demás personal auxiliar dedicado exclusivamente a la actividad de investigación);- costes de instrumental, equipos, terrenos y locales utilizados exclusiva y permanentemente (salvo en caso de cesión comercial) para la actividad de investigación;- coste de los servicios de asesoría y similares utilizados exclusivamente para la actividad de investigación, incluidos la investigación, los conocimientos técnicos, las patentes, etc., adquiridos a fuentes externas;- gastos generales suplementarios directamente derivados de la actividad de investigación;- otros gastos de funcionamiento (por ejemplo, costes de material, suministros y productos similares) directamente derivados de la actividad de investigación.14.7. Efecto de incentivación de las ayudas de I+D1) Las ayudas de Estado de I+D deben servir de incentivo para que las empresas lleven a cabo actividades adicionales de I+D, además de las que realizan habitualmente. También pueden estimular a las empresas que no realizan este tipo de actividades a emprenderlas. Cuando este efecto de estímulo no sea patente, el Órgano de Vigilancia de la AELC podrá adoptar una actitud menos favorable de lo habitual frente a tales ayudas.2) Para comprobar si, merced a las ayudas previstas, las empresas llevan a cabo labores de investigación que no habrían realizado en otras circunstancias, el Órgano de Vigilancia de la AELC debe tomar debidamente en consideración una serie de factores cuantificables (tales como la evolución de los gastos de I+D, del personal dedicado a actividades de I+D y del porcentaje de los gastos de I+D con respecto al volumen total de negocios), los altibajos del mercado, los costes adicionales derivados de la colaboración transfronteriza y otros factores pertinentes señalados por el Estado de la AELC que realice la notificación. Podrán aceptarse, asimismo, los proyectos de ayuda que contribuyan a ampliar el ámbito de la investigación o a acelerarla.3) Por consiguiente, el Órgano de Vigilancia de la AELC invita a los Estados de la AELC a demostrar, tanto al notificar las ayudas de I+D como al presentar sus informes anuales sobre la aplicación de los regímenes aprobados, que la ayuda constituye un incentivo necesario y no es, en modo alguno, una ayuda de funcionamiento.4) El Órgano de Vigilancia de la AELC podrá considerar que la ayuda constituye un incentivo necesario cuando el beneficiario sea una PYME con arreglo a la definición establecida en el capítulo 10 de las presentes Directrices.5) El Órgano de Vigilancia de la AELC dará especial importancia a las condiciones contempladas en los puntos 2 y 3 del apartado 14.7:- cuando se trate de proyectos concretos de investigación en una fase cercana a la de comercialización realizados por grandes empresas;- en todos los casos en que una parte significativa de los gastos de I+D se haya realizado ya antes de presentar la solicitud de ayuda.14.8. Informes anuales1) De forma general, el Órgano de Vigilancia de la AELC exigirá un informe anual sobre la aplicación de cada régimen de ayuda aprobado. Basándose en dichos informes, el Órgano de Vigilancia podrá supervisar la asignación de las ayudas y, si fuese necesario, proponer las medidas oportunas, cuando considere que el régimen falsea o amenaza con falsear la competencia de forma contraria al interés común, por ejemplo, mediante una excesiva concentración en determinados sectores o empresas.2) Los informes deberán ajustarse a los requisitos establecidos en los Anexos III y IV de las presentes Directrices.14.9. Aplicación y período de vigencia1) Las ayudas de Estado de I+D en el sector de la construcción y la reparación navales se regirán por las normas contenidas en el texto pertinente sobre ayudas a la construcción naval a que se hace referencia en el Anexo XV del Acuerdo EEE.2) El Órgano de Vigilancia de la AELC revisará las presentes normas en un plazo de cinco años. Asimismo, podrá modificarlas en cualquier momento, en colaboración con los Estados de la AELC, si resulta necesario por motivos relacionados con la política de competencia o para adaptarlas a la evolución que pueda producirse en la Unión Europea.(1) Este capítulo se corresponde con el Encuadramiento comunitario sobre ayudas de Estado de investigación y desarrollo (DO n° C 45 de 17. 2. 1996, p. 5).(2) Directiva 92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de servicios (DO n° L 209 de 24. 7. 1992).(3) Así, la Comisión ha decidido declarar de interés europeo común una serie de proyectos Eureka en el terreno de la electrónica (EU 127 JESSI, EU 102 EPROM, EU 147 DAB, EU 43 ESF) y de la televisión de alta definición (EU 95 HDTV).(4) El Órgano de Vigilancia de la AELC se propone modificar en un futuro el procedimiento de notificación aplicable a los proyectos Eureka, proponiendo las medidas oportunas a tal fin.(5) Véase la definición en la sección 10.2 de las presentes Directrices.».Hecho en Bruselas, el 15 de mayo de 1996.Por el Órgano de Vigilancia de la AELCKnut ALMESTADPresidente(1) En lo sucesivo denominadas «Directrices sobre ayudas de Estado».(2) DO n° L 231 de 3. 9. 1994, p. 1.(3) DO n° L 140 de 13. 6. 1996, p. 54.


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31968D0411

68/411/CEE: Decisión del Consejo, de 27 de noviembre de 1967, por la que se celebran determinados Acuerdos multilaterales firmados con ocasión de la Conferencia de negociaciones comerciales de 1964-1967

Diario Oficial n° L 305 de 19/12/1968 p. 0001 - 0017 Edición especial en finés : Capítulo 11 Tomo 1 p. 0020  Edición especial en danés: Serie II Tomo I(2) p. 0144  Edición especial sueca: Capítulo 11 Tomo 1 p. 0020  Edición especial en inglés: Serie II Tomo I(2) p. 0228  - 0240 Edición especial griega: Capítulo 11 Tomo 1 p. 0071  Edición especial en español: Capítulo 11 Tomo 1 p. 0039  Edición especial en portugués: Capítulo 11 Tomo 1 p. 0039

DECISIÓN DEL CONSEJO  de 27 de noviembre de 1967  por la que se celebran determinados Acuerdos multilaterales firmados con ocasión de la Conferencia de negociaciones comerciales de 1964-1967  (68/411/CEE)   EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, sus artículos 111, 114 y 228,  Vista la Decisión del Consejo, de 9 de mayo de 1963, por la que se autoriza a la Comisión a tomar parte en la Conferencia de negociaciones comerciales de 1964-1967 celebrada bajo los auspicios de las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,  Visto el informe de la Comisión,  Considerando que se adjuntan al Acta Final, de 30 de junio de 1967, el Protocolo de Ginebra (1967), el Acuerdo Adicional a dicho Protocolo relativo principalmente a los productos químicos, el Memorándum de Acuerdo sobre los elementos de base para la negociación de un Acuerdo mundial de los cereales, y el Acuerdo sobre la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio;  Considerando que, en aplicación de la Decisión del Consejo de 27 de junio de 1967, los Acuerdos anteriormente contemplados fueron firmados en nombre de la Comunidad, supeditándose a su celebración;  Considerando que el conjunto de concesiones y de compromisos recíprocos negociados por la Comunidad Económica Europea y los países participantes en las negociaciones constituye un resultado aceptable,  DECIDE:         Artículo único   Quedan celebrados en nombre de la Comunidad Económica Europea los Acuerdos siguientes:    - Protocolo de Ginebra (1967) adjunto al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio,  - Acuerdo Adicional al Protocolo de Ginebra (1967), adjunto al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, relativo principalmente a los productos químicos,  - Memorándum de Acuerdo sobre los elementos de base para la negociación de un Acuerdo mundial de los cereales,  - Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio.    Los textos de dichos Acuerdos figuran en los Anexos A, B, C y D, respectivamente.       Hecho en Bruselas, el 27 de noviembre de 1967.   Por el Consejo El Presidente   H. HÖCHERL    ANEXO A PROTOCOLO DE GINEBRA (1967) ANEJO AL ACUERDO GENERAL SOBRE LOS ARANCELES Y EL COMERCIO   Las Partes Contratantes del Acuerdo General sobre los Aranceles y el Comercio y la Comunidad Económica Europea que han participado en la Conferencia de negociaciones comerciales de 1964-67 (que de ahora en adelante denominaremos «los participantes»).  Habiendo procedido a negociar, de acuerdo con el párrafo 6 del artículo XXIV, con el artículo XXVIII (bis), con el artículo XXXIII y con otras disposiciones del Acuerdo General sobre los Aranceles y el Comercio (que de ahora en adelante denominaremos el «Acuerdo General») aplicables a la materia,  Han acordado, por medio de sus representantes, las disposiciones siguientes:     I. Disposiciones relatives a las listas      1. La lista de un participante aneja al presente Protocolo se convertirá en la lista de dicho participante aneja al Acuerdo General, el dia en que el presente Protocolo entre en vigor para el mencionado participante de acuerdo con el párrafo 6 del presente texto.       2. Cada participante asegurará que cada tasa estipulada en la columna de su lista que indica la tasa concedida (que de ahora en adelante denominaremos la «tasa final») cobre efectividad, si no el 1º de enero de 1968, si al menos el 1º de enero de 1972 a lo más tardar. Durante el periodo comprendido entre el 1º de enero de 1968 y el 1º de enero de 1972, cada participante lievará a cabo - salvo que se estipule claramente lo contrario en su lista - reducciones de tasa que no serán inferiores, ni intervendrán en fechas posteriores, a las reducciones y fechas estipuladas en alguno de los apartados siguientes:     a) Todo participante que empiece a rebajar sus derechos el 1º de enero de 1968, realizará en dicha fecha una reducción que equivalea a un quinto del total necesario para alcanzar la tasa final. Los otros cuatro quintos se rebajarán, por partes iguales, los primeros de enero de los años 1969, 70, 71 y 72.       b) Todo participante que empiece a rebajar sus derechos el 1º de julio de 1968 o en una fecha comprendida entre el 1º de enero y el 1º de julio de 1968, reducirá en dicha fecha dos quintos de la reducción total necesaria para llegar a la tasa final ; y los otros tres quintos los reducirá, por partes iguales, los primeros de enero de los años 1970, 71 y 72.        3. Todo participante, una vez que su lista aneja al presente Protocolo se haya convertido en lista aneja al Acuerdo General, conforme al párrafo 1 del presente Protocolo, tendrá en todo momento la facultad de suspender o de retirar, total o parcialmente, la concesión recogida en dicha lista relativa a cualquier producto en el que un participante o Goberno que tenga un interés de proveedor principal, que haya negociado a fin de lograr su accesión en el curso de la Conferencia de negociaciones comerciales de 1964-67 (que de ahora en adelante denominaremos «Gobierno accedente»), y cuya lista aneja al presente Protocolo o al Protocolo accesión del Gobierno accedente no se haya convertido aún en lista aneja al Acuerdo General ; sin embargo:    a) Toda supresión de concesión así efectuada deberá ser notificada por escrito a las Partes Contratantes dentro de los treinta días siguientes a la fecha en que se realice dicha supresión.       b) La intención de retirar una concesión deberá ser notificada por escrito a las Partes Contratantes con un mínimo de treinta días de antelación sobre la fecha prevista para efectuar la retirada.       c) A petición de alguna de las Partes, se procederá a realizar consultas con cualquier participante o con cualquier Gobierno accedente cuya lista se haya de convertir en lista aneja al Acuerdo General y tenga un interés sustancial en el producto de que se trate.       d) Cualquier suspensión o retirada así efectuada dejará de aplicarse a partir del día en que la lista del participante o del Gobierno accedente, que posea el mencionado interés de proveedor principal, se convierta en lista aneja al Acuerdo General.          4.   a) En todos aquellos casos en los que los apartados b) y c) del párrafo primero del artículo II del Acuerdo General mencionan la fecha del dicho Acuerdo, la fecha aplicable, en lo que se refiere a cada producto que constituye el objeto de una concesión recogida en una lista aneja al presente Protocolo, será la fecha del presente Protocolo, sin perjuicio de cualquier obligación vigente en dicha fecha.  4.  b) En el caso del párrafo 6, apartado a), del artículo II del Acuerdo General, que menciona la fecha del dicho Acuerdo, la fecha aplicable, en lo que se refiere a una lista aneja al presente Protocolo, será la fecha del presente Protocolo.      II. Disposiciones finales    5.   a) El presente Protocolo quedará abierto a la aceptación de los participantes, mediante firma u otro procedimiento, hasta el 30 de junio de 1968.  5.   b) El plazo durante el cual el presente Protocolo quedará abierto para ser aceptado por un participante, podrá ser prorrogado hasta el 31 de diciembre de 1968 como máximo, por decisión del Consejo de Representantes. La mencionada decisión deberá estipular las reglas y las condiciones de la puesta en vigor de la lista aneja al presente Protocolo relativa al mencionado participante.  6. El presente Protocolo entrará en vigor el 1º de enero de 1968 para los participantes que lo hayan aceptado antes del 1º de diciembre de 1967 ; para los participantes que lo acepten después de esta fecha, entrará en vigor según la fecha de aceptación de cada uno ; sin embargo, el 1º de diciembre de 1967, a lo más tardar, los participantes que hayan aceptado el presente Protocolo o que estén entonees dispuestos a aceptado, examinarán si constituye un número lo suficientemente amplio como para que esté justificado el empezar a rebajar los tipos de arancel conforme a lo establecido en el párrafo 2 ; si consideran que no constituyen un número lo suficientemente amplio, dirigirán una comunicación en este sentido al Director General, el cual invitará a los participantes a examinar la situación a fin de  reunir el máximo número de aceptaciones en el plazo más breve posible.  7. El presente Protocolo quedará depositado en poder del Director General de las Partes Contratantes, que remitirá, a la mayor brevedad posible, a cada una de las Partes Contratantes del Acuerdo General y de la Comunidad Económica Europea una copia autenticada del presente Protocolo y una notificación de cada una de las aceptaciones hechas al mencionado Protocolo, conforme al párrafo 5 anteriormente citado.  8. El presente Protocolo será registrado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.   Hecho en Ginebra el 30 de junio de 1967, en un único ejemplar, en lenguas francesa e inglesa, salvo que se disponga otra cosa en lo que se refiere a las listas a este documento, haciendo igualmente fe ambos textos.      Anexo Listas de las concesiones de las Partes Contratantes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea del Carbon y del Acero (1)     (1)Estas listas figuran en los volúmenes I a V de la publicación de los instrumentos jurídicos que recogen los resultados de la Conferencia de negociaciones comerciales de 1964-1967, publicada en Ginebra el 30 de junio de 1967. Para las listas CEE y CECA (DO nº L 305 de 19.12.1968, pp. 21 y 170).     ANEXO C MEMORÁNDUM DE ACUERDO SOBRE LOS ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA NEGOCIACION DE UN ACUERDO MUNDIAL DE LOS CEREALES  Los Gobiernos de Argentina, de Australia, de Canadá, de Dinamarca, de los Estados Unidos de América, de Finlandia, de Japón, de Noruega, del Reino Unido, de Suecia y de Suiza, así como la Comunidad Económica Europea y sus Estados miembros han convenido las disposiciones siguienties:    Artículo 1  Cada signatario del presente Acuerdo se compromete a negociar sobre la base más amplia posible, con ocasión de una Conferencia que deberá reunirse a tal fin lo más pronto posible, un Acuerdo mundial de los cereales, que contenga las disposiciones enunciadas en el artículo 2 ; a actuar con diligencia en aras de una pronta conclusión de la negociación y, una vez finalizada esta última, a esforzarse por obtener la aceptación del Acuerdo lo antes posible con arreglo a sus procedimientos constitucionales.    Artículo 2 PRINCIPALES ELEMENTOS PARA UN ACUERDO MUNDIAL DE LOS CEREALES   I. Disposiciones relativas a los precios  1. El baremo de los precios mínimos y máximos, base f.o.b. puertos del Golfo, durante la vigencia del presente Acuerdo se establece como sigue: >PIC FILE= "T0001662">    2. Los precios mínimos y máximos para los trigos especificados de Canadá y de Estados Unidos de América, f.o.b. puertos del Noroeste de la costa del Pacífico, serán inferiores en 6 centavos a los indicados en el apartado 1.   3. El baremo de precios mínimos podrá ajustarse con arreglo a las disposiciones de la Sección IV.   4. El precio mínimo y el precio máximo para el trigo FAQ de Australia, f.o.b. puertos australianos, serán inferiores en 5 centavos a los equivalentes c. & f., puertos del Reino Unido, del precio mínimo y del precio máximo del trigo Hard Red Winter nº 2 (corriente), de los Estados Unidos de América, f.o.b. puertos del Golfo, tal como se especifican en el apartado 1, utilizándose para el cálculo las tarifas de transportes practicadas en el momento considerado.  5. Los precios mínimos y máximos para el trigo de Argentina, f.o.b. puertos argentinos, para los destinos en la orilla del Océano Pacífico o del Océano Indico, serán los equivalentes c. & f. Yokohama de los precios mínimos y de los precios máximos, f.o.b. puertos del Noroeste de la costa del Pacífico, del trigo Hard Red Winter nº 2 (corriente) de los Estados Unidos de América, tal como se especifican en el apartado 2, utilizándose para el cálculo las tarifas de transporte practicadas en el momento considerado.   6. Los precios mínimos y máximos para      - los trigos especificados de los Estados Unidos de América, f.o.b. puertos de la costa atlántica de los Estados Unidos y de los Grandes Lagos y puertos canadienses del San Lorenzo,           - los trigos especificados de Canadá f.o.b. Fort William/Port Arthur, puertos del San Lorenzo, puertos atlánticos y Fort Churchill,           - el trigo de Argentina, f.o.b. puertos argentinos, para los destinos distintos de los especificados en el apartado 5,             serán los equivalentes c. & f. Amberes/Rotterdam del precio mínimo y del precio máximo especificados en el aparatado 1, utilizándose para el cálculo las tarifas de transporte practicadas en el momento considerado.   7. Los precios mínimos y máximos, para la calidad standard del trigo de la CEE serán los equivalentes c. & f. país de destino, o c. & f. puerto idóneo para la entrega en el país de destino, de los precios mínimos y de los precios máximos del trigo Hard Winter nº 2 (corriente) f.o.b. Estados Unidos de América, tal como se especifican en los apartados 1 y 2, utilizándose para el cálculo las tarifas de transporte practicadas en el momento considerado y aplicando los ajustes de precios correspondientes a las diferencias de calidad que se hayan convenido en el baremo de equivalencia.   8. Los precios mínimos y los precios máximos para el trigo sueco serán los equivalentes c. & f. país de destino, o c. & f. puerto idóneo para la entrega en el país de destino, de los precios mínimos y de los precios máximos del trigo Hard Winter nº 2 (corriente), f.o.b. Estados Unidos de América, tal como se especifican en los apartados 1 y 2, utilizándose para el cálculo las tarifas de transporte practicadas en el momento considerado y aplicando los ajustes de precio que correspondan a las diferencias de calidad convenidos, indicados en el baremo de equivalencias.    II. Compras comerciales y compromisos de aprovisionamiento    1. Cada uno de los países miembros se compromete, con ocasión de sus exportaciones de trigo, a hacerlo a unos precios compatibles con la escala de precios.   2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del presente artículo, cada uno de los países miembros que importe trigo se obliga a comprar, a lo largo del año agrícola, la mayor proporción posible del total de sus necesidades comerciales de trigo a los países miembros. Dicha proporción deberá determinarse en una fase posterior y dependerá de la medida en la que los demás países se adhieran al Acuerdo.   3. Sin perjuicio de las restantes disposiciones del presente Acuerdo, los países exportadores se obligan solidariamente a poner a disposición de los países importadores, a lo largo del año agrícola, y a unos precios compatibles con el nivel de precios, cantidades de su trigo suficientes para responder de forma regular y continua a las necesidades comerciales de dichos países.   4. Cualquier país miembro podrá, cuando se den circunstancias extraordinarias, probadas de forma satisfactoria, ser relevado parcialmente por el Consejo del compromiso enunciado en el apartado 2.   5. Cada uno de los países miembros se compromete, con ocasión de sus importaciones de trigo procedentes de países no miembros, a hacerlo a unos precios compatibles con la escala de precios.    III. Función de los precios máximos   1. La función de los precios mínimos se adecuará, en general, a la que se indica en el Convenio Internacional del Trigo de 1962.   2. Se adoptarán disposiciones para que la Secretaría del Consejo de los Cereales proceda a un examen permanente de la situación en lo que se refiere a los acuerdos relativos a los precios máximos, y para que se adopten las acciones necesarias.   3. El trigo durum y el trigo de semilla certificado serán excluidos del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a los precios máximos.    IV. Función de los precios mínimos  El objetivo del baremo de los precios mínimos es contribuir a la estabilidad del mercado, permitiendo determinar el momento en que el nivel de los precios del mercado del trigo alcance el mínimo de la escala, o se aproxime al mismo. Dada la fluctuación, con arreglo a las condiciones de la competencia, de las relaciones de precios entre las distintas clases y calidades de trigo, la revisión y ajuste de los precios mínimos se realizarán sobre la base de los precios siguientes:    1. Si la Secretaría del Consejo de los Cereales, con ocasión de su examen permanente de la situación del mercado, considera que se da o que puede darse de forma inminente una situación que puede comprometer la realización de los objetivos del Acuerdo en lo que se refiere a las disposiciones relativas a los precios mínimos, o si cualquier país miembro denuncia dicha situación a la Secretaría del Consejo, el Secretario Ejecutivo convocará al Comité de revisión de precios en el plazo de dos días y dirigirá al mismo tiempo una notificación a todos los países miembros.       2. El Comité de revisión de precios examinará la situación de éstos para llegar a un acuerdo sobre las medidas que deberán adoptar los participantes a fin de restablecer la estabilidad de los precios y mantenerlos al nivel mínimo o por encima de dichos niveles ; notificará al Secretario Ejecutivo la fecha en la que se adoptará el acuerdo, y las medidas adoptadas para restablecer la estabilidad del mercado.       3. Si, transcurrido un plazo de tres días, el Comité de revisión de precios no hubiere logrado llegar a un acuerdo sobre las medidas que deban adoptarse para restablecer la estabilidad del mercado, el Presidente del Consejo convocará al Consejo dentro de los dos días siguientes, para examinar qué otro tipo de medidas pueden adoptarse. Si, antes de que el Consejo haya dedicado más de tres días al examen de la cuestión, cualquier país miembro exportare u ofreciere trigo a un precio inferior a los precios mínimos fijados por el Consejo, éste decidirá si las disposiciones del Acuerdo han de ser suspendidas y, en caso afirmativo, en qué medida.       4. Cuando un precio mínimo haya sido ajustado con arreglo a las disposiciones anteriores, el ajuste dejará de aplicarse cuando la Comisión de revisión de precios compruebe que no se dan ya las circunstancias que lo habían motivado.       5. El trigo desnaturalizado quedará excluido del ámbito de aplicación de las disposiciones relativas a los precios mínimos.          V. Ayuda alimentaria internacional   1. Los países que son Partes del presente Acuerdo han acordado facilitar, con carácter de ayuda alimentaria a los países en desarrollo, trigo, cereales secundarios o su equivalente en efectivo, hasta un total de 4,5 millones de toneladas métricas anuales. Los cereales que se incluyan en el programa deberán ser aptos para el consumo humano, y de una clase y calidad aceptables.   2. La contribución mínima de cada país que sea Parte del presente Acuerdo queda fijada como sigue: >PIC FILE= "T0001663">   Los países que se adhieran al Acuerdo podrán realizar contribuciones sobre las bases que convengan.   3. La contribución en efectivo de un país cuya contribución al programa se realice, en su totalidad o en parte, en efectivo, se calculará evaluando la cantidad de cereales fijada para dicho país (o la parte de dicha contidad de cereales que no se entregue en especie) a razón de 1,73 dólares estadounidenses el bushel.   4. La ayuda alimentaria en forma de cereales se prestará con arreglo a las modalidades siguientes:       a) Ventas contra moneda del país importador, que no sea transferible ni convertible en divisas o en mercancías y servicios destinados a ser utilizados por el país contribuyente (1);           b) Donaciones de cereales o donaciones en efectivo, empleadas para la compra de cereales en beneficio del país importador.             Las compras de cereales se realizarán en los países participantes. En la utilización de las donaciones en efectivo, se tratará fundamentalmente de facilitar las exportaciones de cereales de los países participantes en desarrollo. A tal fin, se establecerá una prioridad, con objeto de que por lo menos un 25 por 100 de la contribución en efectivo para la compra de cereales para la ayuda alimentaria, o la parte de dicha contribución que sea necesaria para comprar 200 000 toneladas métricas, se dedique a la compra de cereales producidos en los países en desarrollo. Los países donantes entregarán sus contribuciones en cereales en forma de partidas a plazo, f.o.b.   5. Los países que sean Partes del Acuerdo podrán especificar, en los que se refiere a su contribución al programa de ayuda alimentaria, uno o más países beneficiarios.   VI. Disposiciones varias  Cualquier acuerdo sobre los cereales deberá incluir, en particular, disposiciones aceptables que hagan referencia a cuestiones tales como los derechos en materia de voto, la definición de las transacciones comerciales, las orientaciones relativas a las transacciones no comerciales, las salvaguardias para las transacciones comerciales y determinadas disposiciones relativas a la harina de trigo, que tomarán en consideración el carácter especial del comercio international de la harina.  VII. Duración  El Acuerdo permanecerá en vigor durante un período de tres años.  VIII. Adhesión  Las cláusulas y las condiciones de adhesión para los países que no sean signatarios originarios del presente Acuerdo se determinarán en futuras negociaciones.  IX. Negociaciones futuras  Las futuras negociaciones no podrán en modo alguno suponer una amenaza para los compromisos suscritos en el marco del presente Memorándum de Acuerdo.    Artículo 3  El presente Memorándum de Acuerdo quedará abierto a la aceptación mediante firma el 30 de junio de 1967, y entrará en vigor cuando haya sido aceptado por los Gobiernos de Argentina, Australia, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos de América, Finlandia, Japón, Noruega, el Reino Unido, Suecia y Suiza, así como por la Comunidad Económica Europea y sus Estados miembros.    Artículo 4   El presente Memorándum de Acuerdo será depositado ante el Director General de las Partes Contratantes, que remitirá sin demora una copia certificada conforme del mismo a cada Parte Contratante del Acuerdo General, así como a la Comunidad Económica Europea.    Artículo 5  El presente Memorándum de Acuerdo será registrado con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Hecho en Ginebra, el treinta de junio de mil novecientos sesenta y siete, en un sólo ejemplar en lenguas francesa e inglesa, siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.  (1)En circunstancias excepcionales podrá concederse una excepción de hasta un 10 por 100.


title: Decisión del Consejo, de 6 de diciembre de 2007 , relativa a la adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio de 18 de diciembre de 1997 , celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras

text:
               12.1.2008

               ES

               Diario Oficial de la Unión Europea

               L 9/21

      DECISIÓN DEL CONSEJO

   de 6 de diciembre de 2007
   relativa a la adhesión de Bulgaria y Rumanía al Convenio de 18 de diciembre de 1997, celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras
   (2008/39/JAI)
   EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
   Visto el Tratado de la Unión Europea,
   Visto el Tratado de adhesión de Bulgaria y Rumanía,
   Vista el Acta de adhesión de Bulgaria y Rumanía (en lo sucesivo, «el Acta de adhesión») y, en particular, su artículo 3, apartado 4,
   Vista la recomendación de la Comisión,
   Visto el dictamen del Parlamento Europeo (1),
   Considerando lo siguiente:

               (1)

               El Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (2) (en lo sucesivo, «el Convenio») se firmó en Bruselas el 18 de diciembre de 1997 y entrará en vigor 90 días después de la fecha en que realice la notificación el Estado, miembro de la Unión Europea en la fecha en que el Consejo adopte el acto por el que se celebra el Convenio, que proceda en último lugar a dicha formalidad.

               (2)

               De conformidad con el artículo 32, apartado 4, del Convenio, hasta que entre en vigor dicho Convenio, cualquier Estado miembro podrá, en el momento de proceder a la notificación mencionada en su artículo 32, apartado 2, o en cualquier otro momento ulterior, declarar que, en lo que le concierne, el Convenio se aplicará a sus relaciones con los Estados miembros que hayan hecho la misma declaración.

               (3)

               Tras su adhesión a la Unión Europea, la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Eslovenia y Eslovaquia han depositado sus instrumentos de adhesión al Convenio.

               (4)

               El artículo 3, apartado 3, del Acta de adhesión establece que Bulgaria y Rumanía han de adherirse a los convenios y protocolos concluidos entre los Estados miembros y enumerados en el anexo I del Acta de adhesión, entre los que figura el Convenio relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras. Estos convenios y protocolos deben entrar en vigor en Bulgaria y Rumanía en la fecha fijada por el Consejo.

               (5)

               De conformidad con el artículo 3, apartado 4, del Acta de adhesión, el Consejo debe efectuar todas las adaptaciones que sean necesarias como consecuencia de la adhesión a dichos convenios y protocolos.

         DECIDE:
   Artículo 1
   El artículo 31, apartado 1, del Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras se sustituye por el texto siguiente:

      «1.   El presente Convenio se aplicará a los territorios de los Estados miembros que formen parte del territorio aduanero de la Comunidad, incluidos, en lo que respecta a la República Federal de Alemania, la isla de Helgoland y el territorio de Büsingen (en el marco de y según el Tratado entre la República Federal de Alemania y la Confederación Suiza sobre la inclusión del municipio de Büsingen/Alto Rin en el territorio aduanero de la Confederación Suiza, de 23 de noviembre de 1964 o en la versión actual) y, en lo que respecta a la República Italiana, los municipios de Livigno y Campione d'Italia, así como a las aguas territoriales marítimas, las aguas interiores marítimas y los espacios aéreos vinculados a dichos territorios de los Estados miembros.».

   Artículo 2
   El Convenio, en su versión modificada por la presente Decisión, entrará en vigor para Bulgaria y Rumanía en la fecha de entrada en vigor del Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32, apartado 4, del Convenio.
   Artículo 3
   Los textos en lenguas búlgara y rumana del Convenio serán auténticos en las mismas condiciones que los textos en las demás lenguas del Convenio (3).
   Artículo 4
   La presente Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

      Hecho en Bruselas, el 6 de diciembre de 2007.

            Por el Consejo

            El Presidente

         A. COSTA

      (1)  Dictamen de 24 de octubre de 2007 (no publicado aún en el Diario Oficial).

      (2)  DO C 24 de 23.1.1998, p. 2.

      (3)  Los textos en lenguas búlgara y rumana del Convenio se publicarán en una edición especial del Diario Oficial en una fecha posterior.