Jornada de paro en justicia española
21 de octubre de 2008 Entre un 73% según el Ministerio de Justicia de España y el 90% según los convocantes, han seguido la jornada de paro de tres horas convocada por el Colegio de Secretarios Judiciales por la suspensión de empleo y sueldo de dos años a una secretaria judicial por no tramitar el expediente de ingreso en prisión de un delincuente que mató posteriormente a una niña. Secretarios y jueces ha acusando a las autoridades de injerencia en el poder judicial. Por autonomías, la repercusión más alta se ha producido en Cantabria, con el 80,35% y la menor en el País Vasco, con el 58,24%. Al mismo tiempo y por las mismas causas, los jueces han convocado una jornada de paro encubierto, también de tres horas, convocando Juntas de Gobierno de 10:00 a 13:00 horas, tiempo durante el cual no han atendido otras tareas de sus puestos. También la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo se han sumado a las críticas. La Audiencia ha señalado que rechazaban "las constantes injerencias de los responsables políticos en las facultades disciplinarias que competen exclusivamente al Poder Judicial". El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, criticó con dureza a secretarios y jueces por organizar en paro, quien declaró que "si alguien pretende ser intocable, no lo va a conseguir", en referencia a la responsabilidad por los actos que derivaron en sanciones, calificando a los organizadores de ser "un movimiento corporativo difícilmente explicable en términos de racionalidad". El detonante fue el asesinato de una niña -conocido como Caso Mari Luz-, que fue asesinada por un delincuente que había sido condenado con anterioridad a prisión en la Audiencia de Sevilla, pero cuyo ingreso no se produjo por no tramitarse el expediente. Tras el asesinato se descubrió que el culpable estaba en libertad en situación irregular, por lo que el Consejo del Poder Judicial sanciono con una multa al juez responsable y el Ministerio de Justicia con dos años de suspensión de empleo y sueldo a la secretaria judicial.
¿Dónde ha tenido menos efecto la protesta?
el País Vasco