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VICENÇ Navarro POR UN NUEVO DERECHO DE AYUDA A LA FAMILIA. La institución familiar debe tener acceso a servicios públicos para los infantes de 0 a 3 años, para la tercera edad y para las personas con discapacidades. Existe en España un contraste entre un discurso que considera retóricamente la familia como el centro de nuestra sociedad y la gran escasez de iniciativas gubernamentales en favor de la misma. España es uno de los países con menor número de servicios de apoyo a la familia y con menor gasto social de apoyo a tal institución. Algunos datos confirman esta realidad. El porcentaje de la población de la tercera edad (más de 65 años) que tiene algún tipo de servicios domiciliarios en nuestro país ayudando a las familias en el cuidado de ancianos y personas con discapacidades es sólo del 1,4% (en Catalunya es el 1,5%), contrastando con Suecia (30%), país que ha estado gobernado 48 años, desde la segunda guerra mundial, por opciones socialdemócratas. Pero incluso otros países donde la socialdemocracia ha sido menos influyente, como Francia, Holanda y Reino Unido, tienen unos porcentajes mayores de población anciana (7%, 8% y 9%, respectivamente) que recibe servicios domiciliarios que ayudan a las familias. Una situación igualmente deficitaria nos la encontramos en los servicios para la infancia. Por ejemplo, sólo el 2% de niños de 0 a 3 años en España están atendidos en escuelas de infancia de financiación pública, comparado con un 33% en Suecia, un 23% en Francia y un 30% en Bélgica. Incluso Italia, otro país que no se caracteriza por su sensibilidad pública hacia la familia, tiene un 6% de infantes cubiertos.
¿Qué porcentaje de niños de 0 a 3 años disfrutan de los servicios de asistencia públicos en Bélgica?
un 30%