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El ministro egipcio del Interior, general Habib Al Adli, justificó la ampliación por otros tres años del estado de emergencia, vigente en el país desde 1981, al considerar que es necesario para luchar contra el terrorismo. "El estado de emergencia se amplió como medida para asegurar lo conseguido en los últimos años, incluido el mantenimiento de la estabilidad y la limitación de los efectos de la violencia y el crimen organizado", afirma Al Adli, en una entrevista publicada hoy, viernes, por el diario egipcio de propiedad estatal "Al Ahram". Para el ministro, "la contención del terrorismo en Egipto no significa que haya desaparecido del país". "Nadie puede proclamar que el terrorismo se ha acabado en Egipto", dijo en referencia a los grupos integristas islámicos que, desde hace ocho años, mantienen la lucha armada como método para derrocar al régimen actual e imponer otro de estricta obediencia coránica. El Parlamento egipcio, en el que más del 95 por ciento de los diputados pertenece al gobernante Partido Nacional Democrático (PND), decidió la semana pasada ampliar otros tres años el estado de emergencia en todo el país, vigente desde que hace 19 años fue asesinado el anterior presidente, Anuar Sadat. Pese a que Adli insiste en que el estado de emergencia "no supone una limitación para las libertades públicas, la democracia y la libertad de expresión", los partidos opositores, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y otros grupos comprometidos con las libertades públicas han recurrido la ley ante los tribunales. Estas organizaciones consideran que el estado de emergencia es utilizado por el régimen, que encabeza el presidente, Hosni Mubarak, como arma para combatir a la oposición y reprimir a los defensores de los derechos humanos, al conceder a las autoridades el derecho a actuar y practicar detenciones indefinidas sin control judicial. Miles de integristas islámicos, violentos y contrarios a la violencia, se encuentran encarcelados en Egipto sin juicio merced a esta ley e incluso algunos destacados sindicalistas y defensores de los derechos humanos están procesados por tribunales militares y de seguridad del Estado bajo esta legislación.
¿Cuál es grupo político con más representación parlamentaria?
Partido Nacional Democrático (PND