Comisión judicial afirma que Pablo Escobar pagó US$2 millones por toma del Palacio de Justicia de Colombia en 1985
15 de noviembre de 2006 15 de noviembre de 2006Bogotá, Colombia — Un año después de haberse conformado, la llamada Comisión de la Verdad entregó este martes (14) su informe sobre la cruenta toma del Palacio de Justicia de Bogotá, perpetrada por la guerrilla del M-19 el 6 y 7 de noviembre de 1985, hecho que dejó como saldo 55 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema, y 10 desaparecidos, además de la destrucción parcial del edificio. El informe fue divulgado el miércoles (15). Los ex magistrados de la Corte Suprema José Roberto Herrera, Jorge Aníbal Gómez y Nilson Pinilla, quienes integran la Comisión, encontraron con base en la información recopilada que el extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar les pagó US$2 millones a los guerrilleros del M-19 por tomarse el Palacio, con el fin de presionar a los juristas de la Sala Constitucional que debatían la aprobación de la extradición. El M-19 fue declarado por la Comisión "primer responsable" del holocausto. Los otros dos responsables son el entonces presidente Belisario Betancur y el Ejército de Colombia. Añadieron que existen indicios de torturas y otras violaciones a los derechos humanos tanto por parte de los guerrilleros, que murieron todos, como de las Fuerzas Militares, que al mando del coronel Alfonso Plazas Vega ejecutaron una violenta retoma y quienes, a juicio de la Comisión, no diseñaron un plan que respetara las vidas de los secuestrados y, por el contrario, al parecer torturaron y mataron a algunas personas que salieron con vida del Palacio. En el informe se dice que "hubo indiferencia por parte de las autoridades que no escucharon el clamor de las víctimas para que se diera el cese al fuego". "El operativo fue tan intrépido como torpe", sostiene la Comisión. También afirma la Comisión que el presidente Betancur, al decidir no negociar con los insurgentes, a pesar de las súplicas telefónicas del inmolado presidente del tribunal Alfonso Reyes Echandía, se convirtió en un "espectador más" de los hechos, carente de liderazgo y de poder. Los magistrados instaron a los comandantes militares de la época a pedir perdón al país y a entregar toda la información acerca de hechos no aclarados, como el caso de los desaparecidos. Echandía y otros dos magistrados murieron por balas disparadas por los militares, según la Comisión. El magistrado Herrera confirmó las desapariciones forzadas de los empleados de la cafetería del Palacio y de evidencias contra los militares: "No se descarta que sus cadáveres hubieran sido llevados al [basurero] Mondoñedo o sepultados en fosas comunes [...] Se incineraron algunos cadáveres, se lavaron otros, se les despojó de sus prendas, se ordenó a algunos bomberos trasladarlos de la escena del crimen, junto con elementos materiales, algunos de los cuales se barrieron, quedando destruidas huellas o eliminadas valiosas pruebas". La revelación del informe de la Comisión coincide con el lanzamiento del libro Prohibido olvidar, escrito por la periodista Maureén Maya y el ex guerrillero del M-19 (movimiento que se desmovilizó en 1990) Gustavo Petro, hoy senador por el izquierdista Polo Democrático Alternativo, que incluye entrevistas y revelaciones sobre lo ocurrido en noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia. En el libro, un hombre que se identifica como aparente ex miembro del B-2, nombre que tenía entonces el servicio militar de inteligencia, y quien además supuestamente participó de la reacción militar ante la toma, afirma que los militares dieron la orden de matar a todos, civiles, guerrilleros y magistrados, para evitar que hubiera testigos de los delitos que los uniformados estaban cometiendo durante la recuperación del Palacio: "A nosotros nos dieron la orden de recuperar el Palacio a como diera lugar, y mi coronel nos dijo que nadie podía salir con vida del Palacio... La orden era matar [...] La orden era fumigar, no dejar de disparar ni un solo instante. Había mucho odio contra la gente de la guerrilla y esta era la oportunidad para masacrarlos. En cuanto a los señores magistrados y demás civiles yo no sabía bien por qué la orden de matarlos, pero me imaginaba que era porque después podían hablar y contar sobre los errores del Ejército, que se habían matado civiles y se habían ejecutado guerrilleros. Después de los años entendí que ellos también eran blancos directos, los magistrados eran considerados enemigos de las Fuerzas Armadas porque andaban molestando con el tema de los derechos humanos. El modo como los tanques se metieron al Palacio disparando demuestra que la intención era acabar con todo, edificio, guerrilla y civiles, ellos no importaban, había que acabar con todo". El miércoles (15) se conoció que la Fiscalía emitió medida de aseguramiento contra el coronel retirado Edilberto Sánchez Rubiano en relación con los hechos, por el delito de desaparición forzada. El ex militar, que en la actualidad es director de la cárcel de El Guamo (Tolima), afirmó que se entregará a las autoridades. Los familiares de los desaparecidos pidieron a las autoridades que no le concedieran medidas especiales, como la detención domiciliaria, al coronel Sánchez.
¿Cuándo fue tomado el Palacio de Justicia de Bogotá?
el 6 y 7 de noviembre de 1985