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Jessen se convirtió en un forense digital en 1988. Al principio resolvía problemas. Pronto descubrió que el lado más pingüe del negocio residía en causarlos. Mensajes que alguna vez se borraron bien borrados para eliminar sombras, se iluminaban gracias a su pericia y, además, valían mucho dinero en el sistema judicial estadounidense. Los jueces jalearon esta oportunidad para hallar pruebas acusadoras. Hoy en día, no hay juicio digno de tal nombre que no incluya varios mensajes de correo electrónico donde el culpable lo confiesa todo sin que Perry Mason tenga tiempo a intimidarlo con una insoportable mirada a los ojos. Jessen ha proporcionado a los jueces mensajes electrónicos donde empresarios, abogados, médicos o trabajadores explicaban trapicheos de todo tamaño y color, conspiraciones, instrucciones para eliminar pruebas, la sorpresa porque un paciente se había salvado tras una operación chapuza o, directamente, la planificación de chantajes a cadenas de supermercados. Como sucede en el caso de la reproducción asistida, la tecnología electrónica corre a tal velocidad que deja a la ley y al sentido común sin aliento. La creciente omnipresencia del correo electrónico como ubicuo medio de comunicación abre un abanico de problemas de gran calado para los que no hay respuestas a mano. El uso de esta herramienta desde el hogar, el espacio laboral (sea fijo o a distancia) o los ratos de ocio, plantea el dilema de quién es el propietario del mensaje en cada caso y qué tipo de legislación lo ampara. La aplicación de las normas al uso comienzan a rasgarse ante la penetración social del nuevo medio y la facilidad con que inaugura áreas insospechadas de privacidad que, a la vez, quedan inmediatamente expuestas a la vista de quien reclame un derecho para escudriñarlas. Y, al menos en EEUU, los jueces quieren formar parte del escuadrón de forenses digitales. Mientras tanto, las organizaciones defensoras de derechos civiles se aprestan a argumentar ante esos mismos jueces la necesidad de proteger la información personal y, por ende, al ordenador personal. Y, a la vista de la rápida evolución tecnológica, no será ésta la única prótesis electrónica que pedirá el amparo de la ley.
¿Qué aparato electrónico debe ser protegido igual que la información personal?
ordenador personal