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Tras estas cifras hay un enorme sacrificio que hasta hace poco era ignorado por el establishment español y catalán. Parece que algo está cambiando. En Catalunya, el Govern y la oposición han entrado en una dinámica de ver quién ofrece mayores subvenciones a las familias y escuelas de infancia (de 0 a 3 años), intervenciones en las que la Generalitat, por cierto, tiene un déficit considerable. Este debate es un paso positivo pero insuficiente. La sociedad española, incluyendo la catalana, se merece un debate sobre si debe o no establecerse un nuevo derecho de ciudadanía que incluya el acceso a los servicios de ayuda a la familia-- escuelas de infancia y servicios domiciliarios--, que sería equivalente al ya existente de acceso a la sanidad y a la educación y que se financiaría con fondos públicos y aportaciones privadas. Cuando asesoré en las primarias del PSOE a Josep Borrell, esta fuerza política aceptó la propuesta de establecer tal derecho de ciudadanía (que debiera realizarse en dos legislaturas) y más tarde el candidato Joaquín Almunia la incorporó como suyas. El PP prácticamente copió tal propuesta, que ha permanecido en un cajón de sastre, paralizada, sin que la oposición haya denunciado este incumplimiento. En Catalunya, el debate sobre tal derecho no ha aparecido todavía. Creo que debiera iniciarse, porque una condición para que tales servicios se desarrollen es que exista una presión popular, resultado de que la ciudadanía sea consciente de que tiene el derecho de tener tales servicios, exigiéndolos con igual contundencia que ahora se exige la mejora de la sanidad o de la educación, forzando una presencia mediática semejante a la que tiene el AVE o el cuarto cinturón de Barcelona, puesto que la incidencia de estos servicios profamilia en la mejora de la calidad de vida de nuestra ciudadanía es mayor que la de aquellas intervenciones públicas.
¿Quién omitió la implementación de planes de asistencia?
PP