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En la misma línea, el representante de la patronal mexicana en el Comité Consultivo Económico e Industrial (BIAC), Francisco Garza, se mostró "muy satisfecho por la eliminación de ambigüedades" y estimó que se ha evitado el riesgo de que sindicatos estadounidenses hagan presiones desde su país para impedir que las empresas se instalen en México. Green explicó que el veto que mantenía su país tenía su razón de ser en que "México es uno de los países del mundo más abiertos en términos de inversión y de comercio, y no queremos hacer peligrar esa apertura". Comentó que sin las enmiendas de última hora, cabía la posibilidad de que "los estándares laborales y medioambientales fueran utilizados por algunas organizaciones para practicar nuevas formas de neo-proteccionismo". "México está en desacuerdo con que las inversiones" puedan escaparse "no por razones laborales o medioambientales, sino por razones de competencia", argumentó la responsable diplomática, que añadió que eso no significa que su país no está comprometido con el cumplimiento de las reglas laborales o de respeto del medio ambiente. La última revisión de las directrices del código- cuya primera versión data de 1976- comenzó en 1998 y en ella han participado, además de los países de la OCDE, Argentina, Brasil y Chile y Eslovaquia. El texto establece a nivel multilateral una serie de obligaciones, que no son jurídicamente vinculantes, para todas las compañías multinacionales de los Estados que las han suscrito, principalmente de carácter laboral, medioambiental, de competencia y de ética de negocios. En la revisión del texto ahora consensuado se incluyen recomendaciones sobre la supresión del trabajo infantil y del trabajo forzado y se incluyen las normas laborales fundamentales reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También aparece como novedad un reforzamiento del dispositivo de medidas para la protección del medio ambiente, una recomendación sobre derechos humanos y nuevos capítulos sobre la lucha contra la corrupción y la defensa del consumidor. Aunque el código de conducta no es jurídicamente vinculante, los Gobiernos de la OCDE se comprometen a promover su respeto.
¿A quiénes se aplican las obligaciones del texto?
todas las compañías multinacionales de los Estados que las han suscrito