La Función Pública ya investiga a los exfuncionarios de la Secretaría de Gobernación que –en el periodo de Osorio Chong– asignaron irregularmente cientos de contratos multimillonarios para beneficiar a decenas de empresas privadas sin licitación, bajo el falso argumento de la seguridad nacional.
A 2 años de los catastróficos sismos de septiembre –que cobraron la vida de 402 personas–, México sigue siendo altamente vulnerable. El riesgo sísmico se ubica en al menos siete fuentes peligrosas donde se acumula la energía: la Brecha de Guerrero, la zona trazada a lo largo de las costas del Pacífico –desde Jalisco hasta Chiapas–, Morelos, Puebla, el Estado de México, el Sur de Guerrero y el Norte de Oaxaca.
Los sismos no se pueden predecir. Por ello, la población tiene la obligación de prepararse para evitar tragedias. Las medidas de mitigación comienzan desde antes del sismo, con la elaboración de un plan familiar, un programa interno de protección civil, una maleta de vida…
En estas páginas se está publicando una relevante investigación de Miguel Badillo. En el reportaje seriado se da cuenta del uso faccioso y corrupto del concepto de seguridad nacional que se hizo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La investigación del periodista deja al descubierto los contratos, por cientos, que en nombre de la "seguridad nacional" mantenía ocultos la última administración priísta.
Continúa la falta de medicinas, vacunas e insumos necesarios para atender a los afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), quienes pagan sus cuotas y a los que el gobierno tiene la obligación de darles los servicios completos que garanticen su salud, si es que la Constitución está todavía vigente. Los niños con cáncer, las mujeres con esta devastadora enfermedad y la mayoría de quienes solicitan atención médica sufren las consecuencias de una maldad política y económica, al no comprar lo que necesitan esas dos instituciones.
Con las modificaciones a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, hechas en 1992 por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el proceso neoliberal de privatización del sector eléctrico del país dio inició al abrir las puertas de la industria nacionalizada por Adolfo López Mateos, en 1960, al capital privado.