Juana Rivas no ha sido condenada por proteger a sus hijos, como aseguran de forma demagógica quienes justifican su conducta, sino por no atender las resoluciones judiciales. Ningún delito justifica otro delito. Y éste es precisamente uno de los pilares del Estado de derecho. Juana Rivas está pagando ahora las consecuencias de un pésimo asesoramiento legal, que le llevó el verano pasado a permanecer un mes en paradero desconocido con sus hijos, de 4 y 12 años, desatendiendo los requerimientos judiciales que le obligaban a entregarlos al padre, el italiano Francesco Arcuri, condenado en 2009 por un delito de malos tratos. La sentencia del Juzgago de lo Penal 1 de Granada, hecha pública ayer, supone un duro varapalo para la madre al condenar a Rivas a cinco años de prisión, a la privación de la patria potestad durante seis años y al pago de una indemnización de 30.000 euros a Arcuri.
El magistrado Manuel Piñar Díaz se expresa en términos muy severos en la sentencia. Considera como hechos probados que, tras el episodio de malos tratos de 2009, "no se ha acreditado ningún otro posterior", por lo que desacredita la denuncia que presentó Rivas en julio de 2016. El magistrado descalifica los informes periciales aportados por ella y no ahorra adjetivos para describir la actitud de Rivas, a la que califica de "cínica". Considera que arengó de forma torticera "a una multitud irreflexiva y visceral", que "vilipendió [a su ex marido] de forma despectiva (...) como una especie de monstruo" y que "explotó el argumento del maltrato". Asimismo, censura la "desmesurada campaña mediática", apoyada por los organismos públicos.
El caso de Juana Rivas ha generado un hondo impacto social y político por las circunstancias dramáticas que lo rodean. Este periódico defiende la necesidad de atender la violencia de género como una cuestión de Estado. Pero ello no es óbice para recalcar que ningún comportamiento justifica el incumplimiento de las resoluciones judiciales. Podemos calificó la sentencia de "barbaridad", Cs baraja "mejorar" la regulación legal en estos casos y el PSOE considera justificado su indulto en caso de sentencia firme. Cabe exigir responsabilidad y mesura. Hay que dejar a la Justicia hacer su trabajo. Sin interferencias ni coacciones de tintes populistas.