El punto de mira asciende un escalón más en la investigación del caso Villarejo y señala ya directamente a la cúpula política que ocupaba el Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP). El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado imputar a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad, por el espionaje ilegal al extesorero del PP Luis Bárcenas, según ha avanzado eldiario.es y han confirmado a EL PAÍS fuentes jurídicas. Esta decisión se adopta después de que dos altos mandos de la Policía Nacional, los comisarios Eugenio Pino y Enrique García Castaño, apuntasen en sus declaraciones como imputados —la última el pasado octubre— al antiguo dirigente popular por financiar esta actividad ilegal mediante el uso de fondos reservados de Interior y aparecieran recibos de las entregas con su firma.
La medida de García-Castellón implica un nuevo salto en las pesquisas sobre la bautizada como Operación Kitchen, el dispositivo de seguimiento activado por Interior contra el extesorero del PP al estallar en 2013 el escándalo de los papeles de Bárcenas que reveló la existencia de una caja b dentro del PP nacional. Por primera vez se imputa a un alto cargo del Gobierno popular de Mariano Rajoy dentro de la investigación que se instruye en la Audiencia Nacional como pieza separada de la Operación Tàndem, el macrosumario que trata de desentrañar los manejos del comisario jubilado José Manuel Villarejo y las actividades de la policía patriótica, el grupo de espionaje político creado en el seno de la Policía en la etapa de Fernández Díaz al frente de Interior.
Hasta este momento, el juez había fijado la diana más alta en la cúpula policial —con más de una quincena de agentes de la Policía Nacional imputados, entre ellos media docena de comisarios—. Pero el magistrado rompe ese tope con la citación de Francisco Martínez, quien tras dejar la política ha regresado a su puesto de funcionario del cuerpo de letrados de las Cortes Generales. Este diario ha intentado sin éxito recoger este miércoles la versión del exsecretario de Estado, que desde hace meses ha defendido su inocencia y ha tratado de desvincularse de la trama.
La imputación de Martínez se produce tras el interrogatorio como investigados de varios miembros de la cúpula policial en la Audiencia Nacional. El comisario Pino, que ocupaba el cargo de director adjunto operativo de la Policía Nacional, no solo admitió al juez que se desplegó el dispositivo de seguimiento a Bárcenas —pese a que el magistrado que instruía la causa contra el extesorero del PP ni lo autorizó ni fue informado de su existencia ni hallazgos—, sino también que se usó dinero público de esa partida para costear aquellas pesquisas ilegales. El alto mando policial enmarcó el operativo dentro de las investigaciones para recabar información sobre el escondite de la fortuna que se sospechaba que atesoraba el extesorero.
Entre los gastos bajo sospecha, señalados por los comisarios, se encuentran el abono de 2.000 euros mensuales al entonces chófer del antiguo dirigente del PP, Sergio Ríos, también imputado en la causa, para que facilitara información sobre los pasos de Bárcenas y su entorno. También se abonaron gastos a un preso que coincidió con el extesorero en su primera etapa en la cárcel de Soto del Real y para el supuesto asalto de la casa del político por un falso sacerdote.
Además, con estos fondos se adquirió un ordenador para volcar en él la información que los agentes habían obtenido de manera irregular de los teléfonos del extesorero y su mujer gracias a la colaboración del chófer de la pareja. El comisario García Castaño, que se encargó de realizar este espionaje, aseguró en dos ocasiones al juez García-Castellón que ese equipo informático, y toda la información que se grabó en su memoria, tenía precisamente como supuesto destinatario a Francisco Martínez.
El nombre de Francisco Martínez no solo ha salido a relucir durante la investigación de la Operación Kitchen, sino también en las pesquisas sobre la presunta guerra sucia urdida contra Podemos en 2016 por la policía patriótica, grupo de espionaje también investigado en el sumario del caso Villarejo. En abril de aquel año, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago —presunto integrante de ese grupo e imputado— viajó hasta Nueva York para recabar datos contra la formación de Pablo Iglesias por "mandato" del entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz. El policía se reunió allí con el exministro chavista Rafael Isea y, según consta en una grabación, le ofreció protección a cambio de que facilitara datos contra el partido de izquierdas. Este traslado se pagó con dinero público y no contaba con el aval de un juez o de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Justo en esas mismas fechas, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, firmó un permiso extraordinario de residencia a otro confidente venezolano clave en la guerra sucia contra Podemos.