ELCHE (EFE). Los placeros del mercado provisional de Elche han colgado una gran pancarta en ese emplazamiento para solicitar una vez más al gobierno local tripartito (PSPV-PSOE, Compromís y Partido de Elche) la construcción del nuevo edificio de abastos.
Con esta iniciativa, los placeros ubicados desde hace casi cuatro años en el mercado provisional, cercano al viejo inmueble de abastos, demandan al tripartito que se les escuche y acabar con "las mentiras", el "abuso de poder" y "las paralizaciones".
El proyecto del mercado central, adjudicado en la anterior legislatura gobernada por el PP, incluye la construcción de un nuevo edificio con un aparcamiento subterráneo, lo que ha suscitado las críticas de diversos colectivos ciudadanos y partidos políticos, como Compromís e Ilicitanos por Elche, que apuestan por la rehabilitación del inmueble ya existente.
El PSPV-PSOE también mostró su descontento por el proyecto cuando llegó al gobierno local. Posteriormente, el alcalde, el socialista Carlos González, afirmó que, "aunque el proyecto se adjudicó contra la opinión de la mayoría, el concurso público lo ganó una empresa, el contrato está firmado y es legal". Ahora, González ha vuelto a manifestarse en contra del proyecto ante la "incompatibilidad" con el Misteri y pretende rescindir el contrato con la adjudicataria Aparcisa.
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP y candidato a la Alcaldía, Pablo Ruz, ha asegurado que si logra la victoria en las elecciones de mayo próximo y los informes de Patrimonio son favorables, el proyecto del mercado central será una realidad en la próxima legislatura. Ruz ha acusado al alcalde de "falta de valentía", que le "impide ser libre de Compromís -su socio de gobierno y contrario a la construcción- y poner en marcha un proyecto que es legal".
Por su parte, la plataforma contraria al mercado, Salvem el Mercat, ha dirigido una escrito al Ayuntamiento para que abra expediente a la empresa adjudicataria Aparcisa por no haber derribado la terraza exterior en el mercado provisional, como se aprobó en la Junta de Gobierno del pasado mes de febrero. Y que tras el derribo, que se obligue a la empresa restituir la zona verde.