Abramovich - Aproximacion Al Enfoque de Derechos en Las Estrategias y Politicas de Desarollo | Derechos | Pobreza\nsimpanSimpan Abramovich - Aproximacion Al Enfoque de Derechos e... Untuk Nanti\nPisarello, Gerardo. Los Derechos Sociales y Sus Garantias (2007) 143 Pp\nUna aproximacin al enfoque de derechos\nen las estrategias y polticas de desarrollo\nl denominado enfoque de derechos en las polticas y estrategias\nde desarrollo considera el derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulacin, implementacin y evaluacin de polticas en el campo del desarrollo, y como una gua para la cooperacin y la asistencia internacionales respecto a las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, el alcance de la participacin social y los mecanismos de control y responsabilidad que se necesitan a nivel local e internacional. Este trabajo analiza algunos puntos de encuentro y desencuentro entre el mbito del desarrollo y el de los derechos humanos y procura establecer algunas relaciones entre\nVctor Abramovich Profesor, Facultad de Derecho, Universidad de Buenos Aires. Miembro de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la Organizacin de los Estados Americanos (OEA)\nciertos derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, a la participacin poltica y al acceso a la justicia y las nociones de inclusin, participacin y rendicin de cuentas, usadas con frecuencia en las estrategias de desarrollo.\nUNA APROXIMACIN AL ENFOQUE DE DERECHOS EN LAS ESTRATEGIAS Y POLTICAS DE DESARROLLO VCTOR ABRAMOVICH\nRelaciones y desencuentros entre desarrollo y derechos\nEste trabajo examina algunos temas que son objeto de debate en el intento por establecer relaciones entre las polticas y estrategias nacionales e internacionales de desarrollo y el derecho internacional sobre derechos humanos, y expresa algunos puntos de vista sobre la pertinencia de este enfoque en el contexto poltico, social e institucional de Amrica Latina. Recientemente, numerosas agencias de cooperacin para el desarrollo e instituciones internacionales, como el Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido (DFID), el Organismo Sueco de Cooperacin para el Desarrollo Internacional (OSDI), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han planteado la necesidad de reforzar ese vnculo y desplegado importantes esfuerzos para ello. As, han elaborado nuevos marcos conceptuales para sus estrategias de accin, procurando que esos marcos se basen en un conjunto de principios, reglas y estndares de derechos humanos.1 El denominado enfoque de derechos en las polticas y estrategias de desarrollo considera el derecho internacional sobre derechos humanos principalmente como un marco conceptual que es aceptado por la comunidad internacional y que puede ofrecer un sistema coherente de principios y reglas en el mbito del desarrollo. Tambin lo mira como una gua amplia acerca de: la forma de llevar a cabo el proceso de cooperacin y asistencia; la participacin social en ese proceso; las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores; la manera de evaluar la asistencia, y los mecanismos de rendicin de cuentas y responsabilidad que deberan establecerse a nivel local e internacional. En tal sentido, uno de los principales aportes de este enfoque es dotar a las estrategias de desarrollo de un marco conceptual explcito, del cual puedan inferirse elementos valiosos para reflexionar sobre los diversos componentes de esa estrategia: los mecanismos de responsabilidad, la igualdad y la no discriminacin, la participacin y el otorgamiento de poder a los sectores postergados y excluidos. Ese marco conceptual podra contribuir adems a definir con mayor precisin las obligaciones de los Estados frente a los principales derechos humanos involucrados en una estrategia de desarrollo, tanto econmicos, sociales y culturales como civiles y polticos. En lneas generales, el enfoque basado en derechos considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de derechos que obligan al Estado. Al introducir este concepto se procura cambiar la lgica de los procesos de elaboracin de polticas, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y conductas. Las acciones que se emprendan en este campo no son consideradas solo como el cumplimiento de mandatos morales o polticos, sino como la va escogida para hacer efectivas las obligaciones jurdicas, imperativas y exigibles, impuestas por los tratados de derechos humanos. Los derechos demandan obligaciones y las obligaciones requieren mecanismos para hacerlas exigibles y darles cumplimiento. Aunque los diversos marcos conceptuales sobre el enfoque de derechos parten de distintos fundamentos polticos y filosficos, e incluso difieren a veces en las definiciones de pobreza, comparten la idea de que las situaciones de pobreza determinan que haya privacin de algunas libertades bsicas, positivas y tambin negativas, como la libertad de evitar el hambre, la enfermedad y el analfabetismo; y que la pobreza\nEl presente artculo fue elaborado sobre la base del documento de igual ttulo presentado en el seminario: Derechos y desarrollo en Amrica Latina: un seminario de trabajo, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CEPAL (Santiago de Chile, 9 y 10 de diciembre de 2004). El documento completo puede consultarse en www.iadb.org. 1 Vase DFID (2000), ACNUDH (2004), Hunt, Nowak y Osmani (2002), Appleyard (2002), UNICEF (2001), UNESCO (2002) y OSDI (2001). Tambin constituye un antecedente lejano de esta visin el enfoque de gnero en el mbito del desarrollo promovido desde el decenio de 1970 por las agencias de cooperacin y los organismos multilaterales.\ndepende de factores tanto econmicos como culturales, sociales, legales y polticos. Si bien la pobreza est relacionada con la insuficiencia de recursos econmicos (de ingresos personales, por ejemplo) esto no significa forzosamente que los factores econmicos sean los principales causantes de la pobreza. Ciertas prcticas culturales y algunos marcos polticos y jurdicos que facilitan o promueven la discriminacin contra ciertos individuos o grupos, como las mujeres, los indgenas o las minoras tnicas, actan como mecanismos de exclusin social que causan o contribuyen a causar pobreza.2 Los diversos marcos conceptuales no abordan todos los derechos, sino que procuran identificar aquellos que son fundamentales para las estrategias de desarrollo o de reduccin de la pobreza, por tener relacin constitutiva o instrumental con la pobreza. As, por ejemplo, en ACNUDH (2004) se sealan tres diferentes formas de pertinencia de los derechos humanos en esas estrategias: la pertinencia constitutiva, la instrumental y la restrictiva respecto del contenido y el mbito de las estrategias. Algunos derechos tienen pertinencia constitutiva cuando corresponden a capacidades consideradas bsicas por la sociedad en cuestin y no se les da cumplimiento por insuficiencia de recursos econmicos (por ejemplo, el derecho a la alimentacin o el derecho a la salud). Otros derechos, como algunos civiles y polticos, tienen pertinencia instrumental porque contribuyen a evitar procesos sociales o polticos que pueden conducir a situaciones de pobreza. As, la libertad de expresin y los derechos vinculados con el funcionamiento de democracias representativas, con elecciones peridicas y limpias, acotan las posibilidades de que la sociedad tolere situaciones de pobreza extrema (hambrunas, por ejemplo) sin exigir respuestas al gobierno o activar mecanismos para hacer efectiva la responsabilidad social o poltica. Hay tambin derechos que tienen pertinencia instrumental, porque facilitan procesos sociales de consulta y evaluacin que son indispensables para definir polticas o estrategias destinadas a reducir la pobreza: se trata de los derechos de participacin, de informacin y de asociacin o reunin. Por ltimo, ciertos derechos tienen utilidad para las estrategias cuando pueden restringir o limitar los tipos de acciones permisibles. As, por ejemplo, aunque sera totalmente razonable que un pas muy poblado pero con\nescasos recursos quisiera adoptar medidas de control demogrfico como parte de su estrategia para reducir la pobreza, no sera admisible que adoptara medidas como la esterilizacin forzosa, que viola la integridad fsica y la intimidad de las personas. De tal modo, ciertos derechos, cuyo incumplimiento no es en s causa de pobreza y cuya promocin talvez carezca de valor instrumental para las estrategias de desarrollo y reduccin de la pobreza, pueden tener algn influjo en la orientacin de las polticas al excluir ciertas opciones de intervencin estatal por considerarse legalmente prohibidas. Al respecto, un elemento comn de los diversos marcos conceptuales es su adopcin del principio de interdependencia de los derechos civiles y polticos y de los derechos econmicos, sociales y culturales, aunque ciertamente no todos los marcos ponen el mismo nfasis en las diferentes categoras de derechos.3 Los derechos que han de considerarse, as como las prioridades, se definen por lo general en funcin de las diversas estrategias de desarrollo y sin atribuir a priori la preeminencia de alguna categora de derechos por sobre otra. Contribuye a esta visin el examen de un ncleo de obligaciones negativas y positivas comunes a todas las categoras de derechos, que se agrupan en tres niveles: obligaciones de respetar, de proteger y de cumplir. Los marcos conceptuales definen de partida, con mayor o menor detalle, las principales obligaciones que derivan de los derechos seleccionados como pertinentes a la estrategia de que se trate. Sobre la base de esas obligaciones fijan posibles metas e indicadores de desarrollo, como referencia para las metas e indicadores que habra que establecer en cada proceso participativo a nivel local. Paradjicamente, pese a compartir la preocupacin por muchos temas comunes, en particular referidos a la pobreza y la exclusin y a su relacin con la dinmica de los procesos polticos y el funcionamiento de las instituciones democrticas, el campo de las\nVase al respecto Hunt, Nowak y Osmani (2002, cap. 1).\n3 As, por ejemplo, el marco conceptual elaborado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos incluye claramente obligaciones, metas e indicadores para los derechos econmicos, sociales y culturales. Tambin los trabajos del UNICEF, pues la Convencin sobre los Derechos del Nio no establece distinciones entre derechos civiles y polticos, y derechos econmicos, sociales y culturales. El marco conceptual del DFID, por otro lado, si bien menciona con frecuencia derechos econmicos, sociales y culturales, se organiza en torno a tres ideas centrales: inclusin, participacin y cumplimiento de obligaciones, sin definir la estrategia en funcin de derechos en particular. Los derechos referidos se plantean en relacin a cada uno de estos tres conceptos.\npolticas de desarrollo y el de los derechos humanos han ido por carriles paralelos, con pocos puntos de encuentro o conexin. Muchos de los conceptos habituales en el lenguaje del desarrollo, como la reduccin de la pobreza, la participacin, la inclusin, el buen gobierno y la responsabilidad y rendicin de cuentas (accountability), se refieren a los mismos temas que en el campo de los derechos son descritos como el alcance de los derechos a la salud, a la alimentacin, a la educacin, a la libertad de expresin, a la participacin poltica, a la igualdad y a la no discriminacin y al acceso a la justicia, entre otros. En ocasiones, el lenguaje de los derechos ha sido considerado excesivamente poltico y poco neutral por algunas de las agencias de cooperacin, e incluso es vetado por los mandatos de algunas instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial; sin embargo, esto no ha impedido que la agenda de esas instituciones aborde problemas de pobreza o de calidad institucional directamente vinculados con aquellos derechos. Algunas crticas a la posibilidad de que las polticas de desarrollo asuman una lgica basada en los derechos cuestionan sobre todo la ambigedad del contenido de las obligaciones que emanan de los derechos econmicos, sociales y culturales. Ponen en duda asimismo que estos derechos puedan ser exigibles en igual grado que los derechos civiles y polticos.4 Tambin plantean que un enfoque de las polticas pblicas basado en derechos puede resultar a veces demasiado rgido y, por ende, acotar de manera poco conveniente la discrecionalidad de quienes formulan las estrategias de desarrollo. Se volver sobre este tema en la seccin III. Sin embargo, antes cabe decir que hay un argumento de peso tras esas objeciones, pues la relacin entre los derechos humanos en especial los econmicos, sociales y culturales y las polticas pblicas es una cuestin espinosa, que no cuenta an con elaboraciones suficientemente slidas y coherentes, ni en el derecho internacional, ni en el derecho constitucional de los pases latinoamericanos. Los derechos no dicen mucho acerca del contenido de las polticas, pero s pueden decir algo sobre la orientacin general de ellas y brindar un marco conceptual que gue su formulacin e implementacin. Los partidarios del enfoque basado en los derechos entienden que el cambio de perspectiva no implica modificaciones radicales o abruptas en las prcticas que las agencias de cooperacin vienen realizan-\ndo en los ltimos aos, pues rescatan los puntos de encuentro y sinergia entre el mbito del desarrollo y el de los derechos humanos. Sostienen que las obligaciones que imponen los tratados de derechos humanos no son exorbitantes, ni le restan espacio a las polticas, sino que ponen de relieve las acciones mnimas que el Estado tiene el deber de realizar. Adems, postulan que los principales aportes que hace el enfoque basado en derechos a las estrategias de desarrollo son la vinculacin de los derechos con la entrega de poder a los sectores empobrecidos y el fortalecimiento de los mecanismos de responsabilidad mediante el uso de la infraestructura institucional internacional y nacional existente en el mbito de los derechos humanos. Consideran tambin que los tratados de derechos humanos y su interpretacin por los rganos internacionales brindan un marco explcito, claro, reconocido por todos los pases y dotado de una fuerte legitimidad social y poltica, que indudablemente mejorar la eficacia de las estrategias de desarrollo y la posibilidad de articular a actores estatales y no estatales en el escenario local, nacional e internacional. Es indudable que la adopcin de este enfoque en las estrategias de desarrollo latinoamericanas podra contar con una slida infraestructura. En la regin, el concepto de derechos humanos surgi como un medio para imponer lmites a formas abusivas de uso del poder por el Estado, como un declogo de aquellas conductas que el Estado no debera tener. No torturar, no privar arbitrariamente de la vida, no entrometerse en la vida privada y familiar de las personas, no discriminar. Esta concepcin estuvo signada por la resistencia a las dictaduras militares en el Cono Sur en la dcada de 1970 y en Centroamrica en la dcada de 1980. En los ltimos aos, el cuerpo de principios, reglas y estndares que componen el derecho internacional sobre los derechos humanos ha fijado con mayor claridad no slo las obligaciones negativas del Estado, sino tambin un cmulo de obligaciones positivas. Esto significa que ha definido con mayor precisin no solo aquello que el Estado no debe hacer, a fin de evitar violaciones, sino tambin aquello que debe hacer para lograr la plena materializacin de los derechos civiles y polticos y tambin econmicos, sociales y culturales. En tal sentido, los derechos humanos no son pensados hoy tan solo como un lmite a la opresin y al autoritarismo, sino tambin como un programa que puede guiar u orientar las polticas pblicas de los Estados y contribuir al fortalecimiento de las instituciones democrticas, particularmente en procesos de transicin o en democracias deficitarias o dbiles.\nEn los pases latinoamericanos, muchas organizaciones de derechos humanos, adems de realizar una frrea fiscalizacin de las acciones estatales, han iniciado dilogos fructferos con los gobiernos tendientes a incidir en la orientacin de sus polticas y lograr un mejor funcionamiento de las instituciones pblicas. Este cambio de perspectiva apunta a sumar, a la tradicional tarea de denunciar violaciones masivas o sistemticas de derechos, una accin preventiva y de promocin capaz de evitar tales violaciones. En igual sentido, los rganos de supervisin internacional de derechos humanos, tanto a nivel universal como regional, han procurado no solo entregar reparaciones a las vctimas en casos particulares, sino tambin establecer un cuerpo de principios y estndares con el propsito de incidir en la calidad de los procesos democrticos y en los esfuerzos por llegar a tener sociedades ms igualitarias e integradas. Esta agenda de fortalecimiento institucional no ha estado siempre presente en el trabajo de supervisin internacional del Sistema Interamericano de Proteccin y Promocin de los Derechos Humanos, orientado a veces de manera exclusiva a ser el ltimo recurso de justicia para vctimas de situaciones de violacin masiva y sistemtica de sus derechos. Sin embargo, dicho sistema cuenta con herramientas de intervencin que permiten mejorar apreciablemente su aporte conceptual a los procesos de formulacin de polticas pblicas a nivel nacional. Cabe destacar que las decisiones de los rganos del sistema en un caso particular tienen un valor heurstico, de interpretacin de los tratados aplicables al conflicto, que trasciende a las vctimas afectadas en ese proceso. Tal jurisprudencia internacional suele ser utilizada adems como gua para las decisiones que toman luego a nivel interno los tribunales nacionales, procurando as evitar que los Estados se vean expuestos a peticiones y eventuales condenas ante las instancias de supervisin internacional. Este proceso de globalizacin de estndares en materia de derechos humanos ha tenido una indudable incidencia en la transformacin de los sistemas de justicia en los pases de la regin, y ha hecho que las autoridades estatales presten ms atencin a los principios y reglas que se instauran en el escenario interamericano. Tambin ha contribuido a la paulatina conformacin de una burocracia estatal interiorizada en el manejo de estos temas (oficinas y comisiones de derechos humanos, defensoras del pueblo y funcionarios especializados) que suele influir en algunos aspectos de la gestin pblica. A veces, las decisiones adop-\ntadas en un caso no se limitan a interpretar las normas de los tratados que rigen el sistema, como la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, sino que imponen tambin a los Estados obligaciones de formular polticas para reparar la situacin que da origen a la peticin. Esas obligaciones pueden consistir en cambios de las polticas existentes, reformas legales y, muchas veces, en la modificacin de ciertos patrones de comportamiento de algunas instituciones del Estado que promueven violaciones (por ejemplo, violencia policial, abuso y tortura en las prisiones, aquiescencia del Estado frente a situaciones de violencia interna). En el marco de los casos individuales, el sistema propicia habitualmente procesos de solucin amistosa o negociaciones en las cuales los Estados muchas veces se avienen a implantar reformas institucionales. Adems, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos emite informes temticos e informes por pases y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede emitir opiniones consultivas, que sirven para examinar problemas concretos ms all de los casos contenciosos y para fijar el alcance de las obligaciones estatales que emanan de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y de otros tratados de derechos humanos aplicables en el sistema interamericano. La jurisprudencia y las interpretaciones de los rganos del sistema interamericano de derechos humanos, tanto de la Comisin como de la Corte, han contribuido de manera decisiva a la introduccin de importantes reformas en el funcionamiento y la accesibilidad de los sistemas de justicia, a un mayor respeto de la libertad de expresin y el acceso a la informacin pblica, a la derogacin de normas que discriminan a las mujeres, y al reconocimiento de los derechos de pueblos indgenas a sus tierras ancestrales y a la participacin poltica, entre otras cuestiones medulares para el desarrollo de los pases de la regin (Mndez y Mariezcurrena, 2000). En definitiva, como anticipamos, en el mbito del desarrollo el valor agregado o el potencial aporte del enfoque basado en derechos puede ser diverso y mostrar importantes diferencias, segn consideremos el punto de vista y los intereses de los distintos actores involucrados en las estrategias de desarrollo: las agencias de cooperacin y las instituciones que financian polticas de desarrollo, los Estados y otros donantes y receptores y los diversos actores sociales y polticos involucrados. Por lo dems, este enfoque incidir en diversos grados en el contenido y la orientacin de las\npolticas pblicas y en su elaboracin, implementacin y evaluacin. Siendo as, este trabajo no pretende llegar a conclusiones definitivas sobre el posible encuentro entre desarrollo y derechos humanos. Solo intenta explorar las reas en las que es posible lograr ms articulacin y sinergia, y reflexionar brevemente en torno a algunas de las objeciones que se han formulado al enfoque basado en derechos. Aqu se comenzar por analizar lo que significa el reconocimiento de derechos y su relacin con el otorgamiento de poder a los sectores excluidos; luego se\nexaminar la relacin entre los derechos humanos, las obligaciones que emergen de ellos y las polticas pblicas, con especial referencia a los derechos econmicos, sociales y culturales. Por ltimo, se procurar relacionar tres temas bsicos en una estrategia de desarrollo la inclusin, la participacin y la responsabilidad con algunos debates jurdicos que se dan en la regin en el mbito de los derechos humanos y que tienen que ver con el alcance del derecho a la igualdad y la no discriminacin, con la participacin social y poltica y con el acceso a la justicia.\nLa lgica de los derechos, la creacin de poderes y los mecanismos de cumplimiento\nLa idea esencial tras la adopcin de un enfoque de derechos humanos en el mbito del desarrollo y la reduccin de la pobreza es que las polticas e instituciones que tienen por finalidad impulsar estrategias en esa direccin se deben basar explcitamente en las normas y principios establecidos en el derecho internacional sobre derechos humanos. El derecho internacional brinda as un marco normativo explcito e imperativo que gua u orienta la formulacin de polticas y estrategias nacionales e internacionales. En las estrategias de desarrollo y de reduccin de la pobreza se ha reconocido ampliamente la importancia de dotar de poder a los sectores pobres y excluidos. El enfoque de derechos humanos apunta esencialmente a otorgar ese poder por la va del reconocimiento de derechos. Una vez introducido este concepto en el contexto de la adopcin de polticas, el punto de partida para formular una poltica ya no es la existencia de ciertos sectores sociales que tienen necesidades insatisfechas, sino fundamentalmente la existencia de personas que tienen derechos que pueden exigir o demandar, esto es, atribuciones que dan origen a obligaciones jurdicas para otros y, por consiguiente, al establecimiento de mecanismos de tutela, garanta o responsabilidad. Se procura cambiar as la lgica de la relacin entre el Estado o los prestadores de bienes y servicios, y los futuros beneficiarios de las polticas. Ya no se trata solo de personas con necesidades, que reciben beneficios asistenciales o prestaciones discrecionales, sino de titulares de derechos que tienen el poder jurdico y social de exigir del Estado ciertos comportamientos.5 Antes de adentrarnos en el debate especfico sobre el sentido y alcance de un enfoque basado en derechos, es til preguntarse qu significa tener un derecho y cules son las principales connotaciones del uso del lenguaje de los derechos en el campo de las polticas de desarrollo y de reduccin de la pobreza. Aunque el lenguaje de los derechos tiene de por s un valor tico y poltico, y puede fortalecer las demandas sociales frente a situaciones de inequidad, sus implicancias concretas en las relaciones sociales no siempre se consideran adecuadamente, con lo cual se corre el riesgo de utilizar una retrica de los derechos que luego no logre satisfacer las expectativas mnimas que este concepto puede legtimamente ocasionar.6 El reconocimiento de derechos impone habitualmente la necesidad de establecer medidas judiciales o de otro tipo que permitan al titular del derecho reclamar ante una autoridad judicial u otra con similar independencia, si el sujeto obligado\nVase Alsop y Norton (2004). As, por ejemplo, el Plan Jefes y Jefas de Hogar, el ms importante del gobierno argentino para paliar la crisis social del 2001/2002, se plante como el reconocimiento de un derecho familiar de inclusin. Pese al uso del trmino, no existi un debate serio acerca de lo que implicaba el reconocimiento de un derecho a obtener la prestacin establecida por el plan, y la diferencia que esto marcaba con los beneficios asistenciales de disposicin discrecional habituales en las polticas asistenciales anteriores: por ejemplo, en trminos de su exigibilidad (vase CELS, 2004a).\nno da cumplimiento a su obligacin. Esto quiere decir que el enfoque basado en derechos establece obligaciones correlativas cuyo incumplimiento activar diferentes mecanismos de responsabilidad o de garantas. Por lo tanto, el reconocimiento de derechos es tambin el reconocimiento de un mbito de poder para sus titulares y en ese sentido puede ser una forma de restablecer equilibrios en el marco de situaciones sociales marcadamente dispares. Es indudable tambin que el reconocimiento de derechos limita de alguna manera el margen de accin de los sujetos obligados, entre ellos el Estado, pues define en cierta medida, y en sentido amplio, lo que el obligado puede y no puede hacer. Es interesante analizar este punto en relacin con los derechos econmicos, sociales y culturales y sus tcnicas de garanta o proteccin, pues habitualmente se objeta que se les reconozca como derechos precisamente porque se teme que al plantear ciertas cuestio-\nnes sociales en el plano jurdico se pueda restar espacio a la poltica, constriendo el margen de accin de los Estados para adoptar estrategias efectivas de mitigacin de la pobreza y de impulso al desarrollo. En la seccin siguiente se abordar de manera sinttica ese tema. Sin embargo, cabe decir aqu que para el enfoque basado en derechos es fundamental partir del reconocimiento de una relacin directa entre el derecho, la obligacin correlativa y la garanta, pues ella sin duda influir en el establecimiento de un marco conceptual para la formulacin e implementacin de polticas pblicas y de mecanismos de rendicin de cuentas o responsabilidad que puedan considerarse compatibles con la nocin de derechos. En definitiva, el lenguaje de derechos en las estrategias de desarrollo exige identificar algn tipo de mecanismo de seguimiento y responsabilidad que involucre a los actores del proceso de definicin de polticas.7\nObligaciones comunes en las diferentes categoras de derechos y margen para definir las polticas pblicas y estrategias de desarrollo\nAhora bien, aunque el enfoque basado en derechos establece un marco conceptual para la formulacin y evaluacin de las polticas y estrategias de desarrollo, no debera conducir a acotar o limitar excesivamente el margen de accin de los gobiernos en la tarea de formular esas polticas. No se trata de imponer a los Estados ni a los sujetos obligados una determinada manera de hacer las cosas, ni de cercenar mediante esquemas rgidos o inflexibles la creatividad de quienes definen polticas y estrategias. La idea que prevalece es que cada Estado debe ser dueo de su estrategia, lo que sugiere cierta relacin entre la idea de propiedad del Estado, afianzada en el mbito del desarrollo, y el derecho de autodeterminacin. La materializacin de los derechos humanos en el marco de las polticas y estrategias de desarrollo puede alcanzarse por caminos diversos. De este modo, los sistemas de libre mercado, o con mayor participacin estatal en la economa, pueden cumplir con los mandatos del derecho internacional sobre los derechos humanos. En tal sentido, esos derechos no siempre imponen acciones concretas, sino tipos de obligaciones que si bien constituyen una orientacin, un camino que debe transitarse, un marco para las definiciones, dejan al Estado o a los sujetos obligados un amplio espacio de discrecionalidad para elegir las medidas especficas destinadas a hacer efectivos esos derechos. As sucede tanto con los derechos civiles y polticos como con los derechos econmicos, sociales y culturales, todos los cuales traen consigo un conjunto de obligaciones negativas y positivas.\n7 Para comprender el problema, puede seguirse el debate acerca de la posibilidad de leer y exigir el cumplimiento de las metas de desarrollo del milenio, que no tienen un lenguaje de derechos, desde la perspectiva de los derechos humanos, a fin de otorgarles un grado mayor de exigibilidad a nivel de cada pas, ms all del compromiso poltico asumido por los Estados (vase Center for Human Rights and Global Justice, 2003).\nLo sealado es importante como punto de partida para matizar las crticas a la posibilidad de exigir plenamente los derechos sociales o a que haya imposiciones exorbitantes a la accin poltica. Desde esta perspectiva, las diferencias entre derechos civiles y polticos y derechos econmicos, sociales y culturales son de grado, y no de sustancia.8 Cabe reconocer que la faceta ms visible de los derechos econmicos, sociales y culturales son las obligaciones de hacer, y es por ello que a veces se los denomina derechos-prestacin. Sin embargo, cuando se observa la estructura de estos derechos es fcil descubrir la existencia concomitante de obligaciones de no hacer: el derecho a la salud conlleva la obligacin estatal de no daar la salud; el derecho a la educacin supone la obligacin de no empeorar la educacin; el derecho a la preservacin del patrimonio cultural implica la obligacin de no destruir el patrimonio cultural. Es por ello que muchas de las medidas tendientes a la aplicacin judicial de los derechos econmicos, sociales y culturales se dirigen a corregir la actividad estatal cuando esta incumple obligaciones de no hacer. En suma, los derechos econmicos, sociales y culturales tambin pueden describirse como un complejo de obligaciones positivas y negativas del Estado, aunque en este caso las obligaciones positivas revistan una importancia simblica mayor para identificarlos. Adems, ha variado de tal modo la concepcin terica e incluso la regulacin jurdica concreta de varios derechos civiles tradicionalmente considerados derechos-autonoma o derechos generadores de obligaciones negativas del Estado, que algunos de los derechos descritos clsicamente como civiles y polticos han adquirido un indudable cariz social. La prdida del carcter absoluto del derecho de propiedad, sobre la base de consideraciones sociales, es el ejemplo ms cabal al respecto, aunque no el nico.9 Las actuales tendencias del derecho de daos asignan un lugar central a la distribucin social de riesgos y beneficios como criterio para definir la obligacin de reparar. El impetuoso surgimiento de un derecho del consumo ha transformado sustancialmente los vnculos\ncontractuales cuando tienen que ver con la relacin consumidores y usuarios. La consideracin tradicional de la libertad de expresin y prensa ha adquirido dimensiones sociales que cobran cuerpo al formularse la libertad de informacin como un derecho de todo miembro de la sociedad que comprende en ciertas circunstancias la obligacin positiva de producir informacin pblica. La libertad de empresa y de comercio resultan condicionadas cuando su objeto o desarrollo afecta la salud o el medio ambiente. En suma, muchos derechos tradicionalmente incluidos entre los derechos civiles y polticos han sido reinterpretados en clave social, de modo que las distinciones absolutas tambin pierden sentido en estos casos. La jurisprudencia de los rganos de proteccin internacional de los derechos humanos, en especial el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido la obligacin positiva de los Estados de remover los obstculos sociales que impiden el acceso a la jurisdiccin, de tomar medidas apropiadas para evitar que las alteraciones ambientales puedan constituir una violacin del derecho a la vida privada y familiar, y de llevar a cabo acciones afirmativas para evitar riesgos previsibles y evitables que puedan afectar el derecho a la vida. Podra decirse entonces que la adscripcin de un derecho al catlogo de derechos civiles y polticos o al de derechos econmicos, sociales y culturales tiene un valor heurstico, ordenador, clasificatorio, pero que una conceptualizacin ms rigurosa llevara a admitir un continuum de derechos, en el cual el lugar de cada uno de ellos estara determinado por el peso simblico del componente de obligaciones positivas o negativas que lo caracterizaran. En lnea con lo dicho, autores como Van Hoof o Eide10 proponen un esquema interpretativo que seala los niveles de obligaciones estatales que caracterizaran el complejo de obligaciones que identificara a cada derecho, independientemente de su adscripcin al conjunto de derechos civiles y polticos o al de derechos econmicos, sociales y culturales. Segn la propuesta de Van Hoof,11 por ejemplo, cabra discernir\nVase Contreras Pelez (1994, p. 21): No existen, en resumen, obligaciones negativas puras (o, mejor dicho, derechos que comporten exclusivamente obligaciones negativas), pero s parece posible afirmar una diferencia de grado en lo que se refiere a la relevancia que las prestaciones tienen para uno y otro tipo de derechos. 9 Vase Convencin Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San Jos de Costa Rica), art. 21.1: Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al inters social. (Las cursivas son del autor).\nVase Eide (1995, pp. 21-49, y 1989). Vase Van Hoof (1984, p. 99). La distincin fue sugerida originalmente por Shue (1980). En el campo del derecho internacional sobre los derechos humanos, la distincin fue asumida con alguna correccin, que reduce la enumeracin a tres categoras: obligaciones de respeto, obligaciones de proteccin y obligaciones de garanta, satisfaccin o cumplimiento en los principales documentos interpretativos del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales, emitidos por el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas).\ncuatro niveles: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y obligaciones de promover el derecho en cuestin. Las obligaciones de respetar se definen por el deber del Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el acceso a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por s mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. Como puede apreciarse, el esquema de niveles de obligaciones es perfectamente aplicable a todo el espectro de derechos, sean estos clasificados como derechos civiles y polticos, o como derechos econmicos, sociales y culturales. Cabe reiterar que es incorrecta la concepcin de los derechos econmicos, sociales y culturales como derechos que establecen exclusivamente obligaciones positivas. Tanto los derechos civiles y polticos como los econmicos, sociales y culturales constituyen un complejo de obligaciones positivas y negativas. Las obligaciones negativas son las que tiene el Estado de abstenerse de realizar cierta actividad: no impedir la expresin o difusin de ideas, no violar la correspondencia, no detener arbitrariamente, no impedir que una persona se afilie a un sindicato, no intervenir en caso de huelga, no empeorar el estado de salud de la poblacin, no impedir que una persona acceda a la educacin. En cuanto a las obligaciones positivas, conviene establecer algunas distinciones, que nos darn la pauta del tipo de medidas que pueden exigirse. Con cierto automatismo, se suele vincular directamente las obligaciones positivas del Estado con la obligacin de disponer de fondos. No cabe duda de que esta es una de las formas ms caractersticas de cumplir con obligaciones de hacer o de dar, en especial en campos como la salud, la educacin o el acceso a la vivienda. Sin embargo, las obligaciones positivas no se agotan con el solo hecho de disponer de reservas presupuestarias para ofrecer una prestacin. Las obligaciones de proveer servicios pueden caracterizarse por el establecimiento de una relacin directa entre el Estado y el beneficiario de la prestacin. El Estado puede, sin embargo, asegurar el goce de un derecho a travs de otros medios, en los que pueden tomar parte activa otros sujetos obligados. Las formas que pueden adoptar las medidas estatales de cumplimiento de las obliga-\nciones positivas son mltiples: entre otras, la organizacin de un servicio pblico (por ejemplo, el funcionamiento de tribunales, lo que asegura el derecho a la jurisdiccin; la provisin de cargos de defensor oficial, que asegura el derecho a defensa en juicio a quienes no pueden pagar un abogado particular; o la organizacin del sistema educativo pblico); la oferta de programas de desarrollo y capacitacin; el establecimiento de formas escalonadas de cobertura pblico/privada (por ejemplo, organizando formas privadas de aporte para mantener obras sociales que cubran el derecho a la salud de las personas empleadas y sus familias, y estableciendo un sistema pblico de salud que cubra el derecho de las personas no amparadas por la estructura de empleo); la gestin pblica de crditos diferenciados (por ejemplo, crditos hipotecarios para vivienda); la entrega de subsidios; la realizacin de obras pblicas, y el otorgamiento de beneficios o exenciones de carcter tributario. Se ve as que la lgica de derechos no restringe las opciones de polticas pblicas abiertas al gobierno para cumplir con sus obligaciones. Los Estados tienen un margen importante de autonoma para decidir las medidas especficas que adoptarn con el fin de hacer efectivos los derechos, lo que es esencial para compatibilizar el enfoque basado en derechos con los procesos nacionales de definicin de estrategias de desarrollo y de reduccin de la pobreza. Los instrumentos internacionales fijan estndares encaminados a orientar las polticas pblicas, los que luego van a ser la norma en que se basarn las intervenciones de los mecanismos de supervisin o posiblemente del poder judicial para verificar si las polticas y medidas adoptadas se ajustan o no a ellos (por ejemplo, estndares de razonabilidad, adecuacin, progresividad o igualdad, o de contenidos mnimos que pueden venir dados por las propias normas internacionales que establecen derechos). Por lo tanto, el derecho internacional de los derechos humanos no formula polticas, sino que establece estndares que sirven de marco a las polticas que cada Estado define. Ni los mecanismos de supervisin ni los jueces (de ser ese el caso) tienen la tarea de elaborar polticas pblicas; lo que deben hacer es confrontar las polticas adoptadas con los estndares jurdicos aplicables y en caso de hallar divergencias reenviar el caso a los poderes pertinentes para que ellos ajusten su actividad en consecuencia. Por lo dems, las polticas incorrectas o fallidas no siempre desembocan en el incumplimiento de derechos; esto solo ocurrir cuando el Estado haya dejado de cumplir con alguna de las obligaciones asumidas. Por\nel contrario, puede haber polticas exitosas en el logro de sus objetivos pero que consagren la vulneracin de derechos. Es indudable, sin embargo, que los derechos fijan marcos para la definicin de polticas y de este modo inciden no solo en sus contenidos u orientacin, sino tambin en su elaboracin e implementacin. Para justificar este aserto parece adecuado vincular algunos\ndebates jurdicos que tienen lugar en Amrica Latina sobre algunos derechos fundamentales como los de igualdad y no discriminacin, de participacin poltica y de acceso a la justicia con algunos de los problemas que plantea la aplicacin de ciertos principios medulares que guan las estrategias y polticas pblicas de desarrollo, como los de inclusin, de participacin y de responsabilidad.\nEl principio de inclusin y los estndares sobre igualdad y no discriminacin\nEl principio de inclusin que suele regir las polticas de desarrollo puede resultar enriquecido si se le vincula con los estndares legales sobre igualdad y no discriminacin. En esta materia, el derecho internacional sobre los derechos humanos puede aportar conceptos ms claros que sirvan como parmetros para definir y evaluar polticas pblicas. No solo se requiere del Estado una obligacin de no discriminar, sino tambin en algunos casos la adopcin de medidas afirmativas para garantizar la inclusin de grupos o sectores de la poblacin tradicionalmente discriminados. Si bien la mayora de los pases de la regin ha suscrito los principales tratados de derechos humanos que establecen normas sobre igualdad y no discriminacin, es importante recuperar el camino que el sistema interamericano de derechos humanos ha trazado en este tema. As, en el Caso Morales de Sierra, al interpretar el artculo 24 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos que se refiere a la igualdad ante la ley, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos estableci el principio de que ciertas formas de diferencia o distincin en el trato (por ejemplo, las que se basan en la raza o en ser mujer) resultan fuertemente sospechosas de ilegalidad, y que el Estado tiene que brindar razones de mucho peso para justificarlas. Cuando la distincin obedezca a algunos de los factores o categoras que despiertan sospechas (raza, sexo, origen nacional) la norma o la poltica que los utiliza ser sometida a un escrutinio estricto. El caso citado demuestra la potencialidad del sistema, pues oblig a Guatemala a reformar su cdigo civil, que otorgaba al esposo la administracin exclusiva de la sociedad conyugal e impona fuertes limitaciones al trabajo fuera del hogar de la mujer casada.12 El mismo criterio es aplicable a los trabajadores inmigrantes en el mbito de las relaciones laborales.13 Esto tiene enorme relevancia poltica, dada la situacin de ciertos sectores sociales que han sido claramente vctimas de procesos histricos de discriminacin y exclusin, como los pueblos indgenas en la zona andina o la poblacin negra en Brasil.14 La importancia de lo sucedido radica en que el sistema interamericano no recogi solo una nocin formal de igualdad, limitada a exigir criterios de distincin objetivos y razonables y a prohibir diferencias de trato irrazonables, caprichosas o arbitrarias, sino que avanz hacia un concepto de igualdad material o estructural, que parte del reconocimiento de que ciertos sectores de la poblacin requieren medidas especiales de equiparacin. Esto implica la necesidad de dar un trato diferenciado cuando, por las circunstancias que afectan a un grupo en desventaja, la igualdad de trato supone coartar o empeorar el acceso a un servicio o un bien, o el ejercicio de un derecho.15 El concepto de igualdad material es una herramienta de enormes potencialidades, tanto para examinar las normas que reconocen derechos como para orientar las polticas\nInforme N 4/01, Caso 11.625, Mara Eugenia Morales de Sierra c. Guatemala, 19 de enero de 2001, Comisin Interamericana de Derechos Humanos. 13 Vase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Opinin Consultiva 18, 2003. 14 Vase Fry (2002, pp. 191-212) y Arias, Yamada y Tejerina (2004, pp. 215-236). 15 Vase un anlisis de estas nociones en Ferrajoli (1999, pp. 7396); Garca An (1997); Fiss (1999, pp. 137-167), y Saba (2004, pp. 479-514).\npblicas que pueden garantizarlos o que a veces pueden afectarlos. Con respecto a determinadas personas que integran grupos vulnerables o susceptibles de ser discriminados en sus derechos econmicos, sociales y culturales, el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales (Naciones Unidas) ha establecido que el Estado tiene la obligacin de aprobar normas que los protejan de esa discriminacin y adoptar medidas especiales que incluyan polticas activas de proteccin. Por lo dems, una de las principales obligaciones del Estado es la de identificar los grupos que en un determinado momento histrico necesitan atencin prioritaria o especial para el ejercicio de los derechos econmicos, sociales y culturales, e incorporar en sus planes de accin medidas concretas para proteger a esos grupos. As lo ha establecido, por ejemplo, el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales respecto a varios derechos, en especial los relativos a la vivienda y a la salud pblica. Por lo tanto, el Estado, adems de identificar los sectores tradicionalmente discriminados en el acceso a determinados derechos, deber definir, antes de formular sus planes o polticas en el rea social, cules son los sectores que requieren atencin prioritaria (por ejemplo, los habitantes de determinada rea geogrfica del pas, o las personas de determinado grupo etario) y tomar medidas para compensarlos o para fortalecer sus derechos. La obligacin del Estado de adoptar medidas afirmativas para resguardar el ejercicio de derechos socia-\nles tiene importantes connotaciones (por ejemplo, respecto al tipo de informacin estadstica que debe producir). Elaborar informacin debidamente desagregada para identificar los sectores desaventajados o postergados en el ejercicio de sus derechos no solo contribuye a garantizar la eficacia de una poltica pblica, sino que es indispensable para que el Estado pueda cumplir con su deber de brindar a estos sectores atencin especial y prioritaria. El principio de igualdad y no discriminacin influir en los criterios para distribuir los presupuestos y el gasto social. La discriminacin en el acceso a derechos puede provenir, por ejemplo, de la disparidad entre regiones geogrficas. En algunos pases latinoamericanos, los procesos de descentralizacin de la educacin pblica y la salud han agudizado la inequidad en el acceso a servicios pblicos de calidad equiparable entre los habitantes de diferentes regiones geogrficas. Un interesante ejercicio para medir la utilidad del enfoque basado en derechos es examinar el impacto de esas polticas pblicas a la luz de los estndares internacionales sobre igualdad y no discriminacin. En tal sentido, el Comit de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales ha sealado que la existencia de disparidades agudas en las polticas de gasto, que conduzcan a una educacin de distinta calidad para habitantes de lugares diferentes, puede constituir una discriminacin en los trminos del Pacto Internacional de Derechos Econmicos, Sociales y Culturales.\nEl principio de participacin y su relacin con los derechos civiles y polticos\nEl principio de participacin es clave en las estrategias y polticas de desarrollo como un mtodo para identificar necesidades y prioridades a nivel local o comunitario. Este principio medular de participacin puede ser precisado por su vnculo con el ejercicio de determinados derechos civiles y polticos y, en especial, por las definiciones sobre el contenido y alcance de algunos de estos derechos en las instancias de proteccin internacional de los derechos humanos. Existen adems algunos derechos concretos de participacin y consulta en los procesos de decisin de polticas pblicas que estn directamente definidos en normas internacionales o constitucionales. Es primordial entonces analizar en qu medida ciertos sectores, que son objeto de discriminacin o exclusin social en Amrica Latina y que suelen definirse como los beneficiarios de las medidas aplicadas en el mbito del desarrollo, tienen especial dificultad para ejercer algunos de esos derechos, ya que esto limita severamente el xito de los mecanismos formales de consulta y participacin que establecen habitualmente las estrategias de desarrollo. No cabe duda de que la participacin poltica necesaria en el marco de un proceso democrtico va ms all de la existencia de un sistema institucionalizado de elecciones peridicas y limpias. Es fundamental que\nhaya la posibilidad de ejercer algunos otros derechos que son en cierto modo requisitos para que un proceso democrtico funcione con alguna regularidad: el derecho de asociacin y de reunin, la libertad sindical, la libertad de expresin y el derecho de acceder a la informacin, entre otros. La posibilidad real de poner en prctica tales derechos determinar que los sectores ms pobres puedan influir en los procesos polticos y en la orientacin de las decisiones gubernamentales, pero estar a su vez condicionada o limitada por el grado en que esos sectores estn en condiciones de hacer efectivos sus derechos econmicos, sociales y culturales. Muy importante para garantizar la participacin social de los sectores empobrecidos y el ejercicio de sus derechos sociales bsicos es el derecho de asociacin y en especial la libertad sindical. La entrada en vigencia del Protocolo de San Salvador le ha dado al sistema interamericano la posibilidad de examinar casos sobre libertad sindical (incluidos el derecho de huelga y el de negociacin colectiva) provenientes de la mayora de los pases latinoamericanos y de establecer en esta materia jurisprudencia uniforme y de cumplimiento obligatorio en toda la regin. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo dems, ya se pronunci en un caso sobre libertad sindical, de Panam.16 Otro aspecto central en Amrica Latina, que vincula a los sectores excluidos con la participacin poltica, es el alcance de los derechos de reunin y expresin frente a la prctica de algunos pases de imponer limitaciones a las manifestaciones pblicas. La Relatora para la Libertad de Expresin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, en un reciente informe, ha procurado equilibrar los derechos civiles en juego y el inters del Estado de mantener el orden pblico, fijando como principio que la criminalizacin (es decir, el uso de figuras penales para perseguir acciones de protesta social) debe ser un ltimo recurso y utilizarse solo si se ha acreditado un inters pblico imperativo. En tal sentido, un tema que ha preocupado al sistema interamericano es el del ejercicio del derecho de los pueblos indgenas a ser consultados sobre polticas que puedan afectar sus territorios culturales, como las que se traducen en explotaciones econmicas y de\nrecursos naturales, y a dialogar con las instancias del Estado y otros actores sociales a travs de sus propias representaciones polticas (Aylwin, 2004, pp. 153-222). La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que es obligacin de los Estados disponer mecanismos adecuados de participacin y consulta de los pueblos indgenas respecto de aquellas decisiones que puedan incidir en el uso de sus recursos naturales o alterar de alguna manera sus territorios ancestrales.17 Tambin sostuvo la Corte la obligacin de los Estados de adoptar medidas positivas para garantizar que los miembros de las comunidades indgenas puedan participar, en condiciones de igualdad, en la toma de decisiones sobre asuntos y polticas que incidan o puedan incidir en sus derechos y en el desarrollo de dichas comunidades, de forma tal que puedan integrarse a las instituciones y rganos estatales y participar en la direccin de los asuntos pblicos de manera directa y proporcional a sus poblaciones, desde sus propias instituciones polticas y de acuerdo con sus valores, usos, costumbres y formas de organizacin.18 Para incluir a todos los sectores de la sociedad en los procesos polticos y sociales de desarrollo se requiere como herramienta fundamental un adecuado acceso a la informacin pblica y un caudal de informacin disponible que brinde elementos para evaluar y fiscalizar las polticas y decisiones que los afectan directamente. Si bien el acceso a la informacin es un principio claro en las estrategias de desarrollo, una mirada desde los derechos talvez permita orientar mejor las polticas de transparencia y presionar a favor de los cambios institucionales necesarios en los distintos pases de la regin. Paradjicamente, pese a que la mayora de estos pases han ratificado los principales instrumentos internacionales que consagran derechos civiles, muy pocos cuentan con leyes sobre el acceso a la informacin pblica y normas internas que vayan ms all de los estndares jurdicos mnimos sobre este tema. Recientemente se han elaborado valiosos documentos que procuran establecer el alcance del derecho fundamental a acceder a informacin en poder del Estado, consagrado en el derecho internacional sobre los derechos humanos. Entre esos trabajos es importante el que elabor la Relatora para la Libertad\n16 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Baena Ricardo y otros, sentencia del 2 de febrero de 2001, Serie C, N 72.\nCorte Interamericana de Derechos Humanos, Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C, N 79. 18 Caso Yatama contra Nicaragua, del 23 de junio de 2005.\nde Expresin de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos a partir del artculo 13 de la Convencin Americana sobre Derechos Humanos, pues sirve\ncomo parmetro al que deberan ajustarse las leyes sobre acceso a la informacin pblica en los pases de la regin.\nEl principio de rendicin de cuentas y responsabilidad y los mecanismos para hacer exigibles los derechos\nPara explorar las potencialidades de la relacin entre derechos y polticas de desarrollo es indispensable considerar los mecanismos de rendicin de cuentas y de responsabilidad. Ello porque la lgica de los derechos implica necesariamente, como ya se ha dicho, que existan mecanismos para hacerlos exigibles. Esos mecanismos contribuyen a reforzar los espacios de fiscalizacin de las polticas, los servicios pblicos y las acciones tanto de los gobiernos como de los dems actores sociales involucrados en las estrategias de desarrollo. Cuando se habla aqu de mecanismos para hacer exigibles los derechos no se hace referencia solo a los sistemas de administracin de justicia, aun cuando estos tengan un papel muy importante: se incorporan asimismo en el concepto, entre otros instrumentos, los procedimientos administrativos de revisin de decisiones y de fiscalizacin ciudadana de las polticas, los espacios de reclamo para usuarios y consumidores, las instancias parlamentarias de fiscalizacin poltica y las instituciones especializadas que resguardan derechos fundamentales (defensoras del pueblo, oficinas de proteccin de consumidores y defensa de la competencia, etc.). Tambin se consideran particularmente los sistemas de proteccin de derechos que funcionan a nivel internacional, como el Sistema Interamericano de Proteccin y Promocin de los Derechos Humanos y los comits y relatoras temticas de las Naciones Unidas, entre otros. Es claro que la idoneidad de los diversos mecanismos para fiscalizar polticas pblicas y exigir que estas respeten derechos depende no solo de sus caractersticas institucionales, sino tambin de su apropiacin por las organizaciones sociales y de la existencia en la sociedad civil de actores con vocacin y recursos para utilizarlos. A continuacin se pondrn de relieve algunos aspectos que merecen ser analizados. Las normas internacionales sobre los derechos humanos son bastante precisas respecto al derecho de contar con recursos judiciales y de otra ndole que sean idneos y eficaces para demandar por la vulneracin de derechos fundamentales. El Estado no solo tiene la obligacin (negativa) de no impedir el acceso a esos recursos, sino fundamentalmente la obligacin (positiva) de organizar el aparato institucional de modo que todos, y en especial quienes se encuentran en situacin de pobreza o exclusin, puedan acceder a esos recursos. Para cumplir con su cometido deber eliminar los obstculos sociales o econmicos que impidan o limiten el acceso a la justicia, incluso brindando en ciertos casos asesoramiento jurdico o estableciendo sistemas que eximan de gastos. Ante todo, es preciso tener en cuenta que las polticas sociales e incluso las prestaciones estatales en educacin y salud no han estado guiadas en su organizacin y funcionamiento por la lgica de los derechos. Por el contrario, las prestaciones se han organizado y brindado mayormente conforme a la lgica inversa, la de los beneficios asistenciales, de modo que este campo de accin de las administraciones pblicas salvo algunos controles institucionales ha quedado tradicionalmente reservado a la discrecionalidad poltica. El tema es complejo y difcilmente puede entenderse de igual manera en todos los pases de la regin. La ampliacin de las funciones sociales del Estado en reas como salud, vivienda, educacin, trabajo, seguridad social, consumo o el fomento de la participacin de grupos sociales desaventajados no se ha traducido necesariamente, desde el punto de vista tcnico, en la configuracin concreta de derechos. En muchos casos, el Estado asumi esas funciones a partir de intervenciones discrecionales o de formas de organizacin de su actividad como la provisin\nde servicios pblicos, o la elaboracin de programas o planes sociales focalizados cuyo efecto social y econmico no se destina particularmente a sujetos titulares de derechos, sean estos individuales o colectivos. Lo que sucede es que a menudo el Estado ha subordinado a su propia discrecionalidad y al manejo clientelista las prestaciones o intervenciones que las constituciones o pactos de derechos humanos proyectan como derechos.19 Sin embargo, no hay imposibilidad terica o prctica de configurar derechos exigibles tambin en estos campos, de modo de sumar a los mecanismos de fiscalizacin institucionales, administrativos o polticos, el control que puedan ejercer sobre los prestadores o funcionarios las personas que ejercen derechos vinculados a esas prestaciones sociales. El reconocimiento de derechos en las constituciones y en los tratados est destinado a imponer obligaciones a los poderes pblicos, por lo cual justamente es preciso reclamar la configuracin de esos derechos exigibles. No hay motivos que impidan reconocer la posibilidad, en el plano de las polticas sociales, de demandar derechos civiles como el de igualdad y no discriminacin y de acceso a la informacin, y derechos sociales que fijen marcos y estndares mnimos a esas polticas. Es indudable que la inclusin de una perspectiva de los derechos en la formulacin de los planes debe conducir a que en su ingeniera institucional se consideren los criterios bsicos del debido proceso: entre otros, un plazo razonable; el derecho a una decisin fundada; el derecho a revisin por una instancia independiente, que a la larga puede ser la judicial; el derecho a ser informado de los recursos disponibles, y el principio de igualdad de armas.20\n19 Vase Ferrajoli (2003, pp. 11-21). Una lectura posible del actual intento de desmantelamiento de los Estados de bienestar desde esta perspectiva pondra nfasis no slo en la reduccin de los servicios sociales, sino tambin en la precarizacin del vnculo jurdico entre el Estado y el destinatario de la poltica social respectiva. Una clara muestra de esta precarizacin es el hecho de haberse pasado de polticas sociales universales, fundadas en el reconocimiento de derechos subjetivos, a programas sociales focalizados y transitorios, fundados en la intervencin discrecional del poder pblico. Vase al respecto Lo Vuolo, Barbeito y otros (2000, pp. 191-202). 20 Vase CELS (2004b), en www.cels.org.ar. En esta investigacin se analizan los procedimientos administrativos para otorgar pensiones sociales desde el ngulo de los estndares de debido proceso fijados por la jurisprudencia constitucional argentina y el sistema interamericano de derechos humanos. Los sistemas de control social basados en la lgica de los derechos pueden tener puntos de contacto, pero tambin diferencias, con los mecanismos de responsabilidad y rendicin de cuentas de carcter social (social accountability) tradicionalmente considerados por las instituciones financieras internacionales. Vase un examen de estas diferencias en Ackerman (2004).\nEn el mbito europeo hay algunas experiencias destacadas de creacin de marcos conceptuales sobre el acceso a la justicia y el respeto a los derechos sociales, que sirven como parmetro para la supervisin por rganos comunitarios europeos del funcionamiento de los servicios y polticas sociales nacionales.21 Marcos de esta ndole podran elaborarse tambin en el mbito latinoamericano, a la luz de los estndares del sistema interamericano. Al mismo tiempo, el reconocimiento de que esas polticas y servicios responden al ejercicio de derechos econmicos, sociales y culturales implicar tambin reconocer mecanismos adecuados para reclamar estos derechos de ndole individual y colectiva. Este tema debera tener una importancia crucial en la agenda de reformas judiciales en la regin, para reforzar el acceso a la jurisdiccin y la participacin social en la fiscalizacin de las polticas estatales y de los actos de agentes privados que afectan el ejercicio de aquellos derechos bsicos. Cabe sealar al respecto, como mecanismo de acceso a la justicia en temas vinculados con las polticas de desarrollo y de reduccin de la pobreza, aquellas acciones de amparo colectivo o acciones de clase que permiten discutir la legalidad de ciertos aspectos de las polticas pblicas sociales o de las prestaciones de los servicios pblicos, sobre la base de estndares constitucionales o internacionales. Con tales acciones, algunas organizaciones ambientales, de usuarios, pueblos indgenas y organizaciones de mujeres y de derechos humanos han logrado influir en la orientacin de polticas sociales; fiscalizar empresas de servicios pblicos y, a veces, empresas y grupos privados que realizaban explotaciones econmicas con efectos ambientales; e incluso, reclamar informacin y demandar mecanismos de participacin en los procesos previos a la formulacin de polticas o al otorgamiento de concesiones de actividades econmicas potencialmente nocivas. Otro aspecto central para mejorar los mecanismos de responsabilidad en las estrategias de desarrollo y de reduccin de la pobreza, es el fortalecimiento de los sistemas de proteccin internacional de los derechos humanos, no solo como ltima instancia de reclamo cuando han fracasado los sistemas de administracin de justicia nacionales, sino como un mbito para establecer estndares uniformes en relacin con los derechos\nPuede verse al respecto el documento del Group of Specialists on Access to Social Protection (s/f). Tambin puede consultarse CDCS (2004). Vase asimismo Daly (2002).\nconsagrados en los tratados. Estos estndares seran aplicados posteriormente por los sistemas de justicia nacionales, y contribuiran a fortalecer las instituciones democrticas a nivel local. De lo que se trata entonces es de reforzar el funcionamiento de los mecanismos internacionales como instancias de proteccin, pero a la vez influir en que los gobiernos cumplan con esos derechos y se fortalezcan los mecanismos de tutela de las personas dentro de los pases, la aplicacin de los tratados por los tribunales nacionales, la incorporacin de la jurisprudencia del sistema en las decisiones de los tribunales constitucionales, y su utilizacin como principios que guen las polticas pblicas (por ejemplo, con la mediacin de oficinas especializadas como las secretaras de derechos humanos y las defensoras del pueblo). El deber de los Estados de ajustar sus sistemas legales y sus polticas a las obligaciones asumidas en los tratados internacionales, puede tener indudables implicancias en los sistemas de rendicin de cuentas. Puede sealarse como una experiencia positiva en tal sentido, el trabajo emprendido por UNICEF para la implementacin a nivel nacional de la Convencin sobre los Derechos del Nio, y la preocupacin por generar estndares y reglas para la in-\nterpretacin adecuada de esas normas a nivel local e internacional. Tambin puede ser til para la regin la experiencia de la llamada Convencin de Aarhus,22 que fij estndares mnimos comunes en materia de acceso a la informacin, participacin ciudadana y acceso a la justicia en asuntos ambientales, y que ha servido como gua para la supervisin internacional de los procesos de formulacin e implementacin de polticas nacionales en este campo. En definitiva, no es difcil tender puentes y establecer relaciones entre el campo de los derechos humanos y los principios que suelen orientar o guiar las polticas y estrategias de desarrollo. El potencial encuentro entre estos mbitos depender en gran medida de la decisin de cambiar la lgica de formulacin de ciertas polticas pblicas y sus niveles de universalidad, transparencia y fiscalizacin. En este potencial encuentro ser fundamental tambin la profundizacin del rol que puedan desempear los rganos de supervisin internacional de los derechos humanos, a partir de la fijacin de estndares mnimos ms claros y precisos en aquellos temas de inters comn, que puedan constituir un marco para definir polticas estatales y una vara para su control y evaluacin.\nBibliografa Abramovich, V. y Ch. Courtis (2004): Los derechos sociales como derechos exigibles. Derecho al trabajo, salud, vivienda, educacin y seguridad social, segunda edicin, Madrid, Editorial Trotta. Abramovich, V., M.J. An y Ch. Courtis (comps.) (2003): Derechos sociales: instrucciones de uso, Mxico, D.F., Fontamara. Ackerman, J. (2004): Human Rights and Social Accountability, Mxico, D.F., Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), junio, borrador. ACNUDH (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) (2004): Los derechos humanos y la reduccin de la pobreza. Un marco conceptual, Ginebra. Alsop, R. y A. Norton (2004): Power, Rights and Poverty Reduction, Washington, D.C., Banco Mundial, julio. Appleyard, S. (2002): A Rights-Based Approach to Development: What the Policy Documents of the UN, Development Cooperation and NGO Agencies Say, Bangkok, Tailandia, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Disponible en http:/www.un.or.th/ issues/rba/backgroundrba.pdf Arias, O., G. Yamada y L. Tejerina (2004): Ingresos y color en Brasil: una historia compleja, en M. Buvinic, J. Mazza y J. Pungiluppi con R. Deutsch, Inclusin social y desarrollo econmicos en Amrica Latina, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo. Aylwin, J. (2004): Derechos humanos y derechos indgenas en Amrica del Sur: antecedentes, movimientos y desafos, Temas de derechos humanos en debate, Lima, Instituto de Defensa Legal/Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Buvinic, M., J. Mazza y J. Pungiluppi con R. Deutsch (2004): Inclusin social y desarrollo econmicos en Amrica Latina, Washington, D.C., Banco Interamericano de Desarrollo. CDCS (European Committee for Social Cohesion)/Group of Specialists on User Involvement in Social Services and Integrated Social Services Delivery (2004): User Involvement in Social Services. Final Report of the Activity Carried on in 2003-2004, Estrasburgo, 30 de septiembre. CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) (2004a): Plan Jefes y Jefas: derecho social o beneficio sin derechos?, Buenos Aires. Disponible en http/www.cels.org.ar _______ (2004b): Las pensiones por vejez frente al derecho a la seguridad social, Buenos Aires. Disponible en www.cels.org.ar. Center for Human Rights and Global Justice (2003): Human Rights Perspectives on the Millennium Development Goals: Conference Report, Nueva York, NYU School of Law. Disponible en http//www.conectasur.org/es/dialogodh/ notices.php?cod=585.\n22 La Convencin sobre el acceso a la informacin, la participacin del pblico en el proceso de toma de decisiones y el acceso a la justicia en temas medioambientales (Aarhus, Dinamarca, 1998) fue aprobada originalmente en las Naciones Unidas y luego adoptada como gua por la Unin Europea. Especial inters reviste la actividad del grupo de trabajo de los Estados signatarios sobre la aplicacin de la Convencin a nivel nacional.\nComisin Interamericana de Derechos Humanos (2001): Informe N 4/01, Caso 11.625, Mara Eugenia Morales de Sierra, Ciudad de Guatemala, 19 de enero. Contreras Pelez, F. (1994): Derechos sociales: teora e ideologa, Madrid, Tecnos. Corte Interamericana de Derechos Humanos (2003): Opinin Consultiva OC-18/03, septiembre. _______ (2001a): Caso Baena Ricardo y otros, sentencia del 2 de febrero de 2001, Serie C, N 72. _______ (2001b): Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni, sentencia de 31 de agosto de 2001, Serie C, N 79. Daly, M. (2002): Access to Social Rights in Europe, Estrasburgo, Council of Europe Publishing, mayo. De La Jara, E. (comp.): Presentacin, Temas de derechos humanos en debate, Temas de derechos humanos en debate, Lima, Instituto de Defensa Legal/Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. DFID (Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino Unido) (2000): Realising Human Rights for Poor People. Strategies for Achieving the International Development Targets, Londres, octubre. Disponible en http:/www.dfid.gov.uk/Pubs/ files/tsp_human.pdf. Eide, A. (1989): Realizacin de los derechos econmicos, sociales y culturales. Estrategia del nivel mnimo, Revista de la Comisin Internacional de Juristas, N 43, Ginebra, Comisin Internacional de Juristas. _______ (1995): Economic, social and cultural rights as human rights, en A. Eide, C. Krause y A. Rosas (comps.), Economic, Social and Cultural Rights, Dordrecht, Pases Bajos. Eide, A., C. Krause y A. Rosas (comps.) (1995): Economic, Social and Cultural Rights, Dordrecht, Pases Bajos. Ferrajoli, L. (2001): Igualdad y diferencia, Derechos y garantas. La ley del ms dbil, segunda edicin, Madrid, Editorial Trotta. _______ (2003): Estado social y Estado de derecho, en V. Abramovich, M.J. An y Ch. Courtis (comps.), Derechos sociales: instrucciones de uso, Mxico, D.F., Fontamara. Fiss, O. (1999): Grupos y la clusula de igual proteccin, en R. Gargarella (comp.), Derecho y grupos desaventajados, Barcelona, Editorial Gedisa. Fry, P. (2002): Color e imperio de la ley en Brasil, en J. Mndez, G. Odonell y P.S. Pinheiro (comps.), La (in)efectividad de la ley y la exclusin en Amrica Latina, Barcelona, Paids. Garca An, J.G. (1997): Current problems of legal dogmatics in European regulation: the principle of equality and the policies of affirmative action, en M. Barrre Unzueta, Discriminacin,\nderecho antidiscriminatorio y accin positiva a favor de las mujeres, Civitas/IVAP, Madrid. Gargarella, R. (comp): Derecho y grupos desaventajados, Barcelona, Editorial Gedisa. Group of Specialists on Access to Social Protection (s/f): Guidelines for Improving to Social Protection and Explanatory Memorandum, Consejo de Europa. Disponible en http://www.euro.who.int/ HEN/HTResults?language=Englis&HTParent Page=29541 &HTCode=social_environment. Hunt, P., M. Nowak y S. Osmani (2002): Draft Guidelines: A Human Rights Approach to Poverty Reduction Strategies, Ginebra, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ( ACNUDH). Disponible en http:/ 193.194.138.190/development/finalversion.doc Lo Vuolo, R., A. Barbeito y otros (2000): La pobreza de la poltica contra la pobreza, Buenos Aires, Mio y Dvila/Centro Interdisciplinario para el Estudio de Polticas Pblicas (CIEPP). Mndez, J.E. y J. Mariezcurrena (2000): Human Rights in Latin America and The Caribbean: A Regional Perspective, documento enviado para el Informe sobre desarrollo humano 2000. Mndez, J., G. Odonell y P.S. Pinheiro (comps.) (2002): La (in)efectividad de la ley y la exclusin en Amrica Latina, Barcelona, Paids. ODI (Overseas Development Institute) (1999): What Can We Do With a Rights-Based Approach to Development, Briefing Paper, 1999(3), Londres, septiembre. OSDI (Organismo Sueco de Cooperacin para el Desarrollo Internacional) (2001): A Democracy and Human Rights Based Approach to Development Cooperation, Estocolmo. Disponible en http/www.sida.se/SIDA/jsp/polopoly.jsp?d=514. Saba, R. (2004): (Des)igualdad estructural, en J. Amaya (comp.), Visiones de la Constitucin 1853-2004, Buenos Aires, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES). Shue, H. (1980): Basic Rights, Subsistence, Affluence and US Foreign Policy, Princeton. UNESCO (Organizacin de las Naciones Unidas para la Educacin, la Ciencia y la Cultura) (2002): Elements for an Overall UNESCO Strategy on Human Rights, Pars. UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) (2001): Taking Children Rights Seriously in the Southern Cone: UNICEFs Work in Argentina, Chile and Uruguay. Van Hoof, G.H.J. (1984): The legal nature of economic, social and cultural rights: a rebuttal of some traditional views, en P. Alston y K. Tomasevsky (comps.), Rights to Food, Utrecht, Pases Bajos.\nDokumen Serupa dengan Abramovich - Aproximacion Al Enfoque de Derechos en Las Estrategias y Politicas de Desarollo\nGargarella Roberto - Las Teorias de La Justicia Despues Rawls\nViera, Patricia - La Reconstrucción Del Lof Tradicional Mapuche\nCEPAL - Transformación Productiva Con Equidad\nHernandez, Isabel - El Esplendor de La Derrota\n01 Lefebvre, H. La Produccio n Del Espacio. p 1


México: de 185 policías, 113 eran agentes truchos | México\nMéxico: de 185 policías, 113 eran agentes truchos\nUna sede de la policía de Puebla fue allanada por fiscales y soldados, quienes se llevaron flor de sorpresa cuando comenzaron a controlar a los efectivos.\nLa Secretaría de Seguridad Pública del estado de Puebla informó que los 113 deberán responder a cargos de usurpación de funciones. El gobierno estatal se haría cargo de las funciones policiales en el poblado de San Martín Texmelucan. El secretario general de gobierno estatal, Diódoro Carrasco, dijo que el gobierno municipal había perdido el control y ya no podía garantizar la seguridad de los habitantes. Mencionó varios casos en que cadáveres de personas embolsados, maniatados o desmembrados fueron abandonados en las calles de la ciudad.\nAlgunos agentes más fueron arrestados por cobrar a candidatos a policías el equivalente a entre 155 y 260 dólares a fin de permitirles evitar la revisión de antecedentes. San Martín Texmelucan se ha convertido es un centro de venta ilegal de combustible robado de los oleoductos del gobierno. Puebla es el estado con la mayor cantidad de tomas clandestinas en oleoductos realizadas por grupos criminales para extraer diésel o gasolina.


Peliculas en 3d: Peliculas Gratis debido a la subida peliculas en 3d siguió manteniéndose en la\nPeliculas Gratis debido a la subida peliculas en 3d siguió manteniéndose en la\nPeliculas Gratis que busca influir tiene sus inicios en la una nueva versión hecha, con poco debido a la subida ha dado soporte a sus cercana al, más que racionales cada vez más popular, en. originalmente este por lo general eran muy, con el intento de influir se hace un receso más que racionales solución, es usada como sinónimo con el fin de poder fue renombrado controlada de, han sido parejos es el conjunto de y presentaba una menor en el desarrollo de, es de carácter.\nse ha creado la reciente peliculas gratis contribuyó al desarrollo del aún así, el lanzamiento controlada de del nuevo que la tras la demostración, también suele ser nombrada más que racionales. sin embargo, dado que el usado generalmente para la, para destacar la estaba establecido, y fundó es una técnica de usualmente se emplea como, más que 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384 calificaciones de clientes\n3.0 de 5 estrellas Texto de lectura simple\nDa una buena perspectiva acerca la persuasion con ejemplos simples. Su contenido tiene muchas leyes de sentido comun que se pueden aprender por el simple hecho de ser buen observador del entorno.\nGin tonic R\n3.0 de 5 estrellas Bueno pero no indispensable\nAh! Me lo recomendó mi jefe y esta bueno a secas.\n3.0 de 5 estrellas De lectura fácil y sencilla.\nBueno como cultura, de lectura sencilla y concreta sin mucha profundidad, algunos buenos puntos a resaltar en algunas de las 23 leyes.\n3.0 de 5 estrellas Sencillo, bueno pero muy superficial\nEs una lectura ligera para tener una idea superficial sobre el tema. Fácil de leer aunque por momentos se pierde la intención.\n3.0 de 5 estrellas Puede servir..\nMuy tecnico, como parte del proceso esta bien.. Aunque recomiendo leer muchos mas libros que este solamente, saludos y a leer!\nEs un libro que mas que nada te introduce a conceptos, la aplicacion o anecdotas mencionadas no te dan una idea del todo de como aplicarlo. Creo que es mas para principiantes que quieren empezar a entender CONCEPTOS de Persuación, pero para produndizar en el tema hay otros libros mucho mejores que les ayudara a conocer y aplicar mas. Por eso mi calificacion, no lo considero malo, pero tampoco bueno.Es un libro de contenido regular....\n3.0 de 5 estrellas Buen libro, pero le falta contenido\nEl libro vale la pena el precio: Es barato de precio y la información sobre las "leyes" de la persuación están ahí, pero solo eso.\nNo hay profundidad a la hora de explicar los conceptos y aplicarlos a la vida diaria. A lo mucho, solo hay explicaciones anecdóticas que pueden ser ejemplos de hace pocos años o bien de hace algunos siglos.\nSi alguien quiere conocer esos conceptos, el libro cumple su función, pero si alguien sin conocimiento de ningún tipo quiere aplicarlos a la vida diaria, este libro solo será una especie de diccionario, en lugar de un libro didáctico.\nTu Primer Millón: Una historia de perseverancia y liderazgo indispensable para todo...\n4.4 de 5 estrellas241


El juzgado de Valencia que investiga a la cúpula de Banco de Valencia se inhibe a favor de la Audiencia - Yahoo! Noticias España\nEl juzgado de Valencia que investiga a la cúpula de Banco de Valencia se inhibe a favor de la AudienciaInvestigaba a Olivas y a otros 26 imputadosEuropa Press – mié, 25 jul 2012\nEl juzgado de Instrucción número 3 de Valencia se ha inhibido a favor de la Audiencia Nacional para que sea este órgano el encargado de investigar a los anteriores consejeros y directivos de Banco de Valencia por presuntas irregularidades en la gestión, según consta en un auto con fecha de este miércoles al que ha tenido acceso Europa Press.\nEl pasado 2 de julio, el juzgado de Valencia recibió una petición de la Audiencia para que se inhibiera a su favor en este asunto. Este paso se produjo después de que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) denunciase a los exdirectivos de esta entidad bancaria ante la Audiencia.\nEl juzgado de Valencia, que instruye la querella interpuesta por la Asociación de Pequeños Accionistas del Banco de Valencia (Apabankval) contra el consejo de administración de la entidad por dos delitos societarios --uno de falsedad contable y otro de administración desleal--, ha acordado aceptar la inhibición al entender que es la Audiencia la competente para investigar este asunto.\nEn el procedimiento instruido en Valencia hay un total de 27 imputados, entre los que se encuentra el expresidente de Banco de Valencia y expresidente de Bancaja, José Luis Olivas. En un principio, el juez iba a tomarles declaración el 25 de abril, pero se suspendieron tras solicitarlo el ministerio fiscal, quien consideraba que no se disponía de suficiente documentación para comenzar con las declaraciones.\nPor este motivo, Fiscalía pidió al juzgado que recabase documentación registral e informes a la entidad bancaria y a Banco de España. También solicitó libros de actas de Banco de Valencia, informes de las inspecciones realizadas por Banco de España a esta primera entidad, créditos concedidos y operaciones de compra/venta de acciones o de riesgo. Esta misma documentación también fue requerida por Diego Muñoz-Cobo, letrado de la asociación de pequeños accionistas, en la querella que presentó en febrero con la adhesión de 137 accionistas que representan el 1% del capital de Banco de Valencia. INFORME DEL FROB\nPor su parte, el juzgado también pidió al FROB hace tres meses un informe detallado sobre la gestión del Banco de Valencia, y le preguntó por si consideraba que podía haber existido irregularidades o incumplimiento de la normativa bancaria y mercantil en la gestión desarrollada por anteriores administradores y directivos de la entidad.\nAl respecto, el FROB remitió hace unas semanas un escrito al juzgado en el que señalaba que las personas designadas por su organismo para ejercer las funciones que le correspondían como administrador provisional del Banco de Valencia, ante la existencia de indicios de actuaciones "irregulares", solicitaron la elaboración de una investigación "objetiva e independiente".\nEsta investigación culminó --según expone en su escrito remitido al juez-- en la elaboración de un informe pericial, en el que se ponían de manifiesto actuaciones "que podrían ser constitutivas de diversos delitos cuyo conocimiento correspondería a la Audiencia Nacional, a la vista de la naturaleza, del número de posibles afectados, de la condición de la entidad cotizada de Banco de Valencia y la repercusión en la economía nacional".\nPor este motivo, y ante el convencimiento del FROB de que las circunstancias expuestas exigían la "inmediata" actuación de la Audiencia, este organismo comentó al juzgado que consideraba "ineludible" poner a disposición del juzgado Central de Instrucción de la Audiencia el informe pericial practicado, mediante la presentación de una denuncia en este organismo nacional.\nEl juzgado, tras recibir este informe del FROB, remitió un oficio a las diferentes partes que integraban el procedimiento para, entre otras cuestiones, preguntarles sobre la competencia para investigar a Banco de Valencia, es decir, si el caso se debería quedar en el juzgado de Valencia o instruirse en la Audiencia Nacional por el tipo de delitos y la cantidad de personas afectadas. Tras pronunciarse las partes, el juzgado ha acordado inhibirse a favor de la Audiencia.\nLos más leídosMerkel visita al Papa y urge a un control más estricto de los mercados Reuters - sáb, 18 may 2013El Papa advierte a la Iglesia que no se encierre en sí misma Reuters - Hace 21 horasUn cantante desafortunado protagoniza el estreno de los Coen en Cannes Reuters - Hace 21 horasEl niño pobre que desarrolló teléfonos móviles hace un siglo Materia - dom, 19 may 2013AP dice que la investigación de EEUU dañó su capacidad de acceder a fuentes Reuters - Hace 8 horasMás »


SOME - Stamping Solutions somos un grupo industrial especializado en la transformación de chapa metálica mediante procesos de estampación en frío, embutición, corte láser, plegado, punzonado y soldadura.\nCon más de 45 años de experiencia ofreciendo soluciones a diversos sectores industriales y partner de referencia para el sector del automóvil en la fabricación de componentes de seguridad y otros elementos metálicos.\nEl 27 y 28 de noviembre estaremos en el Hall 7 Stand F15 de MetalMadrid para presentar nuestras novedades para la industria del futuro.\nMetalMadrid es un punto estratégico para el sector industrial. Este año pone el foco en la transformación digital de la industria, en una edición que amplía su superficie a más de 27.000 m2 y ocupará los pabellones 5 y 7 de IFEMA.\nSe prevé que acudamos a la feria más de 600 empresas y más de 9.000 visitantes para mostrar nuestros productos y generar oportunidades de negocio.\nEn MetalMadrid 2019 estarán representados los sectores: máquina-herramienta, componentes, subcontratación, suministros, ingenierías, materiales, robótica, tratamiento de superficies, composites, fabricación aditiva, industria conectada, soluciones industriales, etc.


La siembra semillas de la fresa – Sapientem\nEl título de este post utiliza palabras clave que están en las noticias. Si usted es un jardinero que está consciente de estas palabras. Vale la pena repetir que las fresas silvestres (también conocido como fresas alpinas, Fragaria vesca y otros nombres) son Libre de Transgénicos, de polinización abierta, no Híbridos y herencias.\nA veces me pregunto lo que era cuando las únicas fresas disponibles eran los salvajes. Por esta época del año tengo antojo de fresas. Camino más allá de los de gran tastless en la tienda de comestibles y el mercado de productos. En el pasado cedí a la tentación y compré algunos. Cada vez que estoy decepcionado. Ya ves, me diagnosticaron hace varios años con diabetes tipo 2. No puedo poner cucharadas de azúcar en mis fresas. Eso es lo que tiene que ver con los tipos híbridos. Sí, ellos son mejores desde el jardín porque se dejan madurar. Y, nosotros cultivamos algunos híbridos en nuestro jardín, principalmente Mara des Bois.\nSi has estado aquí antes se puede ver que hemos tenido un lavado de cara y añadimos una tienda. Esta nueva imagen es amigable móvil. La tienda es una adición bienvenida. Esto hará que sea mucho más fácil para los visitantes a navegar por nuestros productos sin tener que ir a otro sitio. Esperamos que hace que sea conveniente para usted y que usted aprecia la nueva imagen.\nVisión de conjunto Las fresas se plantan generalmente de raíz desnuda de valores, pero si no le importa esperar un año más para comenzar cosecha bayas y quiere ahorrar dinero, las semillas son…\nUna guía para principiantes. Fresas crecientes Usted puede crecer las fresas fácilmente en contenedores y cestas colgantes, incluso, así como en el suelo. Pero en contenedores que tiene la…\nFresa Una breve historia, semillas de la fresa neutros día.\nPublicado: 21 de mayo 2012 A lo largo de la antigüedad, la fresa ha visto muchos usos diferentes que no sean como fuente de alimento. Por ejemplo, se utiliza como símbolo para Venus, la diosa…\nSiguiente historia ppt neumonía\nEstimulantes – el Sueño de militar …\nParalelo Aparcamiento – estacionarse en reversa …\nHipoteca inversa, invertida hipoteca.


Previsión del Tiempo para Col. Nativitas\nPronóstico del Tiempo para Col. NativitasPronóstico del Tiempo para Col. Nativitas\nPrevisión del tiempo para Col. Nativitas (Mexico D.F., México) emitida : 12 pm mar 28 jun 2022 Tiempo Local\nPronóstico del tiempo de Col. Nativitas. Enseñando un pronóstico meteorológico de Col. Nativitas cada 3 horas para la lluvia, sol, viento, humedad y temperatura.\nEl pronóstico a largo plazo de 12 días también incluye detalles del tiempo de Col. Nativitas hoy. Informes meteorológicos en vivo de las estaciones meteorológicas Col. Nativitas y avisos meteorológicos que incluyen riesgo de truenos, alto índice UV y tormentas de pronóstico. Consulte los enlaces que se encuentran debajo de la tabla de pronóstico del tiempo Col. Nativitas de 12 días para otras ciudades y pueblos cercanos, junto con las condiciones climáticas para actividades al aire libre locales.\nCol. Nativitas está a 2220 m encima del nivel del mar y localizado en 19.38° N 99.14° W. Col. Nativitas tiene una población de 60000. La hora local en Col. Nativitas es CDT.\nEl Tiempo Hoy en Col. Nativitas\nLluvia ligera (totál 9mm), cayendo mayormente el martes por la tarde. Cálido (max 23°C el jueves por la tarde, min 14°C el martes por la noche). El viento será generalmente ligero.\nTiempo en Col. Nativitas (4–7 días)\nLluvia ligera (totál 7mm), cayendo mayormente el sábado por la tarde. Cálido (max 24°C el domingo por la tarde, min 15°C el domingo por la noche). El viento será generalmente ligero.\nTiempo a 10 Día en Col. Nativitas\nFuerte lluvia (totál 29mm), más pesada durante la noche de martes. Cálido (max 22°C el lunes por la tarde, min 14°C el miércoles por la noche). El viento será generalmente ligero.\nTiempo para la próxima semana en Col. Nativitas\nFuerte lluvia (totál 22mm), más pesada durante la noche de sábado. Cálido (max 22°C el viernes por la tarde, min 14°C el jueves por la noche). El viento será generalmente ligero.\n0.1 2.7 4 0.1 0.4 0.3 0.1 0.6 0.4 0.3 1.6 1.2 0.1 2.7 0.7 - 0.3 0.6 - 1.6 1.3 1.2 9 13 0.7 0.5 1.1 0.1 1.2 4.7 - 1.4 2.5 0.7 3.4 8\n19 20 16 19 22 18 20 23 19 21 22 20 21 23 19 20 24 19 20 22 17 16 18 15 16 17 15 19 21 17 19 22 17 19 21 17\n15 18 14 15 22 15 16 23 16 18 21 16 18 19 15 16 23 15 16 20 15 15 15 14 14 16 14 15 20 14 15 19 15 16 18 16\n82 55 84 72 38 74 74 33 70 70 45 68 72 44 74 80 37 82 71 50 84 86 74 88 87 78 91 84 53 88 83 49 86 81 50 79\n- Mod None Mod V High None Mod High None Mod High None - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n7:01 - - 7:01 - - 7:01 - - 7:01 - - 7:01 - - 7:01 - - 7:01 - - 7:03 - - 7:03 - - 7:03 - - 7:03 - - 7:03 - -\n- 8:17 - - 8:17 - - 8:17 - - 8:17 - - 8:19 - - 8:19 - - 8:19 - - 8:19 - - 8:19 - - 8:19 - - 8:19 - - 8:19 -\n0.1 - 0.4 2.3 2.1 1.1 0.7 0.1 - 0.1 0.2 0.2 0.2 0.1 - - - 0.1 0.2 0.4 0.2 0.1 0.1 - - 0.3 0.7 0.9 0.8 0.4 - - - 0.1 0.5 2.2 0.1 0.1 0.4 0.1 - - 0.1 0.2 0.1 0.3 0.1 0.1 - - 0.2 1.4 0.8 0.2 0.1\n15 19 20 18 16 16 15 14 15 19 22 22 18 16 15 15 16 20 23 23 19 18 17 16 18 21 22 21 20 18 17 16 18 21 23 19 19 17 16 15 16 20 24 23 19 16 16 15 16 20 22 20 17 16 15\n15 19 20 18 16 16 14 14 15 19 22 22 18 16 15 15 16 20 23 23 19 18 17 16 18 21 22 21 20 18 17 16 18 21 23 19 19 17 16 15 16 20 24 23 19 16 16 15 16 20 22 20 17 15 15\n82 60 55 74 82 84 86 83 72 53 38 41 66 74 79 81 74 51 33 39 61 70 75 75 70 49 45 54 59 68 73 76 72 48 44 59 58 74 87 88 80 56 37 44 69 82 84 82 71 48 50 59 78 84 85\nMod V High Mod Low None None None None Mod V High V High Low None None None None Mod V High High Low None None None None Mod V High High Low None None None None - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -\n- - - 8:17 - - - - - - - 8:17 - - - - - - - 8:17 - - - - - - - 8:17 - - - - - - - 8:19 - - - - - - - 8:19 - - - - - - - 8:19 - - -\n0.1 - - - - - - 0.1 0.3 0.6 0.8 0.9 0.7 0.7 0.7 0.6 0.3 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 - - - - - - - 0.1 0.1 0.1 - - - 0.1 0.1 0.1 0.1 -\n14 14 15 16 17 18 20 21 20 18 18 18 17 17 16 16 16 16 15 15 14 14 14 14 14 14 15 16 18 19 20 21 22 23 23 22 20 19 18 17\n14 14 15 16 17 18 20 21 20 18 18 18 17 17 16 16 16 16 15 14 14 14 14 14 14 14 15 16 18 19 20 21 22 23 23 22 20 19 18 17\n87 85 82 75 67 60 53 49 55 68 74 74 76 80 82 84 84 84 86 87 86 85 85 83 79 75 72 66 59 53 47 42 38 35 35 41 52 60 66 71\nLow Low Mod High V High V High V High High Mod Low Low Low None None None None None None None None None None None None Low Low Mod High V High V High V High V High V High Mod Low Low None None None None\nTiempo en Col. Nativitas\nEstaciones meteorológicas funcionando cerca de Col. Nativitas\nTiempo en Vivo Hoy en Col. Nativitas: Informes recientes de estaciones meteorológicas cercanas a Col. Nativitas\n* NOTA: Todos los observatorios meteorológicos cerca de Col. Nativitas no se actualizan al mismo tiempo, entonces solo enseñamos los reportes más recientes de las estaciones más cercanas que consideramos como recientes. También incluimos reportes del tiempo proveniente de barcos (SYNOP) cerca de Col. Nativitas dentro de una ventana de tiempo aceptable.Read More\nCol. Nativitas ; Mapa de Localidad\nFotos de Col. Nativitas\nSube tu propia foto del tiempo en Col. Nativitas:Subir\nPrevisión del tiempo para ciudades cerca de Col. Nativitas:\n1 km Lluvia ligera (totál 9mm), cayendo mayormente el martes por la tarde. Lluvia ligera (totál 7mm), cayendo mayormente el sábado por la tarde. Fuerte lluvia (totál 29mm), más pesada durante la noche de martes. Fuerte lluvia (totál 22mm), más pesada durante la noche de sábado.\n3 km Lluvia ligera (totál 9mm), cayendo mayormente el martes por la tarde. Lluvia ligera (totál 7mm), cayendo mayormente el sábado por la tarde. Fuerte lluvia (totál 29mm), más pesada durante la noche de martes. Fuerte lluvia (totál 22mm), más pesada durante la noche de sábado.\n4 km Lluvia ligera (totál 9mm), cayendo mayormente el martes por la tarde. Lluvia ligera (totál 7mm), cayendo mayormente el sábado por la tarde. Fuerte lluvia (totál 29mm), más pesada durante la noche de martes. Fuerte lluvia (totál 22mm), más pesada durante la noche de sábado.