Colombia El Caso Del Naya | Colômbia | Agricultura\nColombia: El Caso Del Naya\nsalvarSalvar Colombia El Caso Del Naya para ler mais tarde\nLA CONSTITUCION NACIONAL EN SU PREAMBULO y SUS 10 PRIMEROS ARTÍCULO\nDesarraigo territorial de poblaciones indgenas, campesinas y afrodescendientes como un objetivo de guerra\nPedro Garca Hierro Efran Jaramillo Jaramillo\nInforme 2 IWGIA - 2008\nInforme IWGIA: El caso del Naya\nCopyright: El Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indgenas (IWGIA) y el Colectivo de Trabajo Jenzera Produccin editorial: Alejandro Parellada Revisin de textos: Marcela Velasco y Olga Silva Diseo de cartula: Editorial Cdice Ltda. Foto cartula: Carlos Gmez Fotos: Colectivo de Trabajo Jenzera, Damin Quiroga, Nolvira Soto y Jess Abad Colorado Impresin: Editorial Cdice Ltda. ISBN: 978-958-8262-59-8\nGRUPO INTERNACIONAL DE TRABAJO SOBRE ASUNTOS INDGENAS\nClassensgade 11 E, DK 2100 - Copenhague, Dinamarca Tel.: (45) 35 27 05 00 - Fax: (45) 35 27 05 07 E-mail: iwgia@iwgia.org - Web: www.iwgia.org\nCalle 26 No. 5-36 Torres del Parque Tel.: 2323092 E-mail: dirjenzera@etb.net.co colectivojenzera@yahoo.com Bogot, Colombia\nPg. PRLOGO ............................................................................................ INTRODUCCIN ................................................................................ EL PACFICO COLOMBIANO Y EL RO NAYA ........................... EL PROBLEMA DE LA TIERRA ....................................................... La cuenca del ro Naya y sus propuestas territoriales .................... Descripcin del problema y procedimientos legales activados ..... Dificultades para la continuidad del proceso .................................. CONVULSIN SOCIAL EN EL RO NAYA ................................... Entorno y caractersticas generales de la problemtica .................. La escalada de la violencia en el Naya .............................................. Preludios de una masacre anunciada ................................................ La masacre de abril 2001 ..................................................................... La situacin del Naya 7 aos despus .............................................. Procedimientos legales activados y dificultades del proceso de reparacin integral ............................................................................... CONCLUSIN FINAL........................................................................ CONTACTOS ....................................................................................... 40 46 48 4 6 10 16 18 19 24 28 28 31 32 34 38\nEL NA YA: UNA TRA GEDIA ANUNCIAD A NAY TRAGEDIA ANUNCIADA\nHace 17 aos, en 1991, dirigencias representativas de muy diversos sectores polticos y sociales de Colombia, incluyendo insurgentes recin llegados a la vida civil, firmaban acuerdos sobre las normas y principios que deban regular las relaciones sociales entre ciudadanos, y entre estos y sus instituciones. Tales acuerdos quedaran plasmados en la Constitucin de 1991, la nueva carta que adems de normas y derechos, propone una idea de pas que el Estado colombiano y los ciudadanos estamos convocados a construir. Segn el nuevo pacto, Colombia, antes vista como una nacin mestiza, se asume como pluritnica y multicultural. De este reconocimiento y valoracin positiva de las diferencias tnicas, raciales y culturales se deducen una serie de artculos en los cuales el sujeto portador de derechos y garantas constitucionales no es exclusivamente el ciudadano en singular, sino un colectivo sea este etnia o razaque se imagina y vive como comunidad. El cambio propuesto es contundente: estas identidades colectivas, antes objeto de exterminio o de disolucin por reir con la democracia liberal, se transforman en sujetos de proteccin constitucional y pasan a ser vistas, por el contrario, como aquellas poblaciones que con mayor contundencia encarnan la recin descubierta riqueza cultural de nuestro pas. Las consecuencias de tal revolucin jurdica y poltica no se hacen esperar. Conscientes de que la supervivencia de su cultura est indisolublemente ligada a su derecho al territorio, muchas poblaciones emprenden, adems de la movilizacin social, una accin de cabildeo por la tierra en los estrados judiciales. Es tal el xito de sus iniciativas que, como bien lo indica el informe, a marzo de 2006, en el Pacfico, aquellas instituciones del Estado colombiano comprometidas con la Constitucin, haban expedido 149 ttulos colectivos que comprendan la no despreciable rea de 5.128.830 hectreas. El pas comenzaba as a pagar parte de la deuda histrica que tena con estas comunidades subvaloradas culturalmente y discriminadas econmica y polticamente. Con todo, esta potencial reforma agraria, producto de la titulacin colectiva y de la aplicacin de mtodos pacficos y legales, esperanza de reparacin para tantas regiones, habra de convertirse al poco tiempo en motivo de persecuciones, exterminio y terror. Muchos de esos virtuales beneficiarios fueron, en efecto, condenados al desarraigo y, dispersos, luchan hoy a duras penas por sobrevivir. Simultneamente, en el Naya, acompaando el esfuerzo de sus habitantes por conseguir la titulacin, se inician varios dilogos intertnicos que encarnan lo mejor del espritu democrtico que inspira la nueva constitucin. De ellos surge precisamente la Unin Territorial Intertnica del Naya, UTINAYA, un conglomerado desde el cual se empiezan a tejer, no sin dificultades y roces, agendas y planes de vida compartidos. Desde ese escenario indito emprenden acciones conjuntas indgenas, colonos y poblaciones afrodescendientes. Pero en el Naya, a diferencia de otras regiones del Pacfico, las luchas por la titulacin ni siquiera se resolvieron en los estrados judiciales. La tierra, esa tierra en proceso de ser adjudicada por el propio Estado en zonas aledaas, se convertira, antes de culminado el proceso legal, en objeto de codicia de todos los actores armados. Una conquista social se converta en una maldicin.\nZona marginal y desconocida para la mayora de colombianos, en los aos noventa, el Naya se transforma en epicentro de una batalla sin cuartel y sin escrpulos entre paramilitares, E.L.N. y F.A.R.C., por la importancia estratgica que reviste en los clculos militares y econmicos. Para infortunio de los pobladores, los actores armados entraron como fuerzas expedicionarias que buscaban ante todo el dominio territorial, a costa de las comunidades desarmadas, sometidas por unos y otros a todo tipo de vejmenes. El punto culminante del terror se produjo en abril de 2001, cuando incursion una fuerza paramilitar compuesta por unos 400 hombres que, sin contemplacin alguna, violara, torturara y desmembrara vivos a muchos de sus habitantes. Es simple casualidad que una poblacin compuesta mayoritariamente de indgenas y afros fuese diezmada de manera tan brutal? La codicia por el territorio parecera combinarse en este caso con una mirada profundamente racista, arrastrando a los actores armados a comportarse como fuerzas de exterminio de las diferencias y llevndolos a perpetrar un verdadero genocidio. Frente a esta violencia desmesurada, dnde estaban las instituciones llamadas a honrar la constitucin de 1991? Unas trataron ciertamente de cumplir con su misin de proteccin, pero desde un lugar donde explcitamente aceptaban su propia derrota e incapacidad para detener la tragedia, que ya se cerna sobre la regin; otras, como los batallones del ejrcito acantonados en la zona, slo intervinieron en mayo de 2001, un mes despus, ya consumada la masacre. A excepcin de Guillermo Gaviria, en ese entonces Gobernador de Antioquia, otros funcionarios electos apenas se pronunciaron; y la opinin pblica, en lugar de expresar en las calles su solidaridad y su repudio, call. Dnde qued el sueo democratizador que inspir la Constitucin de 1991? A raz de estas incursiones armadas y para vergenza de las instituciones que no cumplieron con su misin de proteger, y de la ciudadana en general que no se moviliz ni dio muestras de indignacin, la deuda acumulada de Colombia frente a estas exclusiones, en lugar de disminuir en estos aos, se ha agravado. De ah el grito de estas comunidades por la justicia, la verdad y la reparacin, y por el reconocimiento y valoracin de sus diferencias. Estas poblaciones, fragmentadas hoy por la guerra, hace pocos aos compartan costumbres, hbitos y lengua, y se encontraban construyendo un destino en comn. Es preciso recuperar la unidad perdida, a fin de potenciar esta conversacin multicultural e iniciar una eficaz reparacin colectiva. sta tiene que pasar, desde luego, por la aceptacin de que los mejores guardianes de la riqueza y diversidad humana y ambiental de la regin son sus propios habitantes. Para el logro de esos objetivos deben contar con nuestro respaldo y la solidaridad de la nacin entera. Las instituciones, sobre todo aquellas que le apuestan a una salida democrtica al conflicto armado, deben ver en el Naya la oportunidad de demostrar, en los hechos, su compromiso con el sueo cristalizado en la Constitucin de 1991. No es justo que estas poblaciones tengan que buscar ms all de las fronteras la solidaridad que en Colombia les ha sido esquiva. Gonzalo Snchez Gmez* & Mara Emma Wills Obregn**\n* Gonzalo Snchez Gmez, Director de la Comisin de Memoria Histrica de la Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin, CNRR. ** Mara Emma Wills Obregn, Coordinadora del rea de gnero y disidencias sexuales de la Comisin de Memoria Histrica, de la CNRR.\nNos hemos convertido en un estorbo para todos en nuestras propias tierras, todo apunta a que nos vayamos vivos o muertos.\nEsta queja expresada por un indgena eperara siapidaara del ro Naya refleja el sentimiento de desconcierto de la poblacin comunitaria del Pacfico colombiano que se ve, cada vez con mayor violencia, forzada al desarraigo de sus territorios. Simultneamente a la culminacin de un histrico proceso de reconocimiento constitucional de derechos territoriales negados durante siglos, esta poblacin ha sufrido la abrupta irrupcin de fuerzas externas interesadas en impedir que esos derechos se lleguen a hacer efectivos en lo cotidiano. Los pobladores del Pacfico colombiano se enfrentan diariamente al terror y a la violacin de sus derechos individuales y colectivos. Terror y violacin que son protagonizados por intereses econmicos egostas que se lucran de los recursos del territorio y no escatiman medios violentos para lograr sus fines. Medios violentos que tambin son empleados por el Estado en aras de conseguir la paz. Una paz que no parece estar programada para los pobladores del Pacfico. Una paz que sin embargo nadie la necesita ms que ellos porque la guerra les viene quitando todo. Para buena parte de la ciudadana del resto de Colombia la agresividad de la accin oficial podra estar justificada por la necesidad. El presidente lvaro Uribe, con la contundencia de su posicionamiento beligerante y la pujanza de sus alianzas militares, infundi la esperanza de poder terminar, de una vez por todas y al precio que fuere, con la violencia presente en toda la historia moderna de Colombia. Extenuados por el conflicto y temerosos de que, una vez ms, se frustren sus esperanzas, muchos colombianos estn dispuestos a cerrar los ojos y a aceptar como buena la propaganda oficial que muestra los xitos de la poltica de seguridad estatal, pero oculta la grave situacin de las familias y las comunidades en las zonas de guerra. Si bien es cierto que existe una posicin crtica de ciudadanos colombianos con una visin ms realista de los hechos, lo comn es que centren sus denuncias en aquellos sucesos que evidencian crmenes de Estado, mostrando reserva sobre los cometidos por los dems actores armados. El centro de atencin de estos sectores crticos, muchos de ellos vinculados a la iglesia progresista, es la culpabilidad y principalmente, la culpabilidad estatal. Pero es poco frecuente encontrar anlisis donde el inters recaiga en la poblacin civil de la regin y en una descripcin de lo que hoy es su vida familiar cotidiana y las graves restricciones a su libertad, su alimentacin y su tranquilidad. Por lo general se les asigna el rol de vctimas en el inventario estadstico del holocausto o se les criminaliza como habitantes\nde zonas rojas. Pero la visin de los pobladores sobre el conflicto y sus propuestas de solucin no rebasan el mbito de la conversacin familiar, en voz baja y bajo el temor que infunden las redes clandestinas de informantes, que de grado o por fuerza, se han construido alrededor de todos los actores en contienda y que constituyen uno de los mecanismos permanentes del terror cotidiano. En efecto (y al margen de las diversas lecturas oficiales u oficiosas del conflicto en la que los diferentes actores justifican su accionar en el bienestar, la tranquilidad o la seguridad de la ciudadana), bajo la perspectiva de la poblacin regional, mayoritariamente afrocolombiana o indgena, se trata de una guerra contra la poblacin civil que es la que pone los muertos, la que ha sido despojada y desplazada, la que ha perdido el control territorial, la que diariamente se ve cooptada, desde uno y otro lado, a destruir una economa que les proporcionaba buena alimentacin, salud y tranquilidad familiar y sustituirla por otras, legales e ilegales, que amenazan su subsistencia a corto plazo. Una poblacin que ha visto quebrarse el solidario tejido social intertnico que construyeron por aos y que sufre la continua destruccin de un medio ambiente caracterizado por su exuberante biodiversidad y su correcto manejo secular. Las masacres de civiles son tan o ms frecuentes que los enfrentamientos de los grupos armados y la dinmica de los desplazamientos de poblacin civil tiene cifras estadsticas que escandalizan a las misiones de los organismos internacionales. Pero el sinsentido podra an ser mayor. Segn investigaciones o resoluciones procedentes de diversas fuentes (relatoras de Naciones Unidas, misiones de observacin, Corte Interamericana, Corte Constitucional colombiana) existen indicios de que estas graves violaciones de los derechos fundamentales de la poblacin autctona del Pacfico, catalogadas por los actores armados como daos colaterales de todo enfrentamiento armado, podran tener objetivos propios e independientes del conflicto armado interno. En efecto, para muchos analistas, y de acuerdo con aquellas investigaciones, el desarraigo territorial de la poblacin indgena, campesina y afrodescendiente de esta regin, podra ser un objetivo ms, y no una consecuencia inevitable, de la guerra. Numerosos hechos aislados podran estar vinculados entre s en un contexto ms amplio donde se perfila el desarraigo comunitario como un objetivo poltico comn a otros pases de la Regin como es el caso del Per. Desarraigar a la poblacin y cambiar el destino econmico del Pacfico colombiano parecen ser objetivos suplementarios de lo que para muchos podra llegar a tipificarse como un genocidio premeditado. Existen cada vez ms evidencias de los lazos entre la accin armada de los grupos civiles informales y el ascenso poltico de sus mentores; o entre el despojo de tierras comunitarias y la convalidacin de esa usurpacin al amparo de normas propuestas por congresistas vinculados, incluso judicialmente, con el accionar paramilitar. Desde la perspectiva de los pobladores autctonos de los ros del Pacfico colombiano el futuro es cada vez ms incierto y cada vez se alejan ms las posibilidades de disfrutar de los beneficios que le ofreca el reconocimiento\nconstitucional de sus derechos territoriales. En efecto, a la regin se le ha signado con un destino mercantil donde las comunidades nativas son un estorbo, como ellos mismos sealan. Su proyecto de vida, basado en una economa fundamentada en la soberana alimentaria, la autosuficiencia y el aprovechamiento simultneo de la oferta mltiple de los recursos de la biodiversidad regional, no interesa al Estado ni a sus aliados comerciales*. Por eso entre los mecanismos propuestos desde el gobierno para la pacificacin y reconciliacin del pas, la agenda de los comuneros no est contemplada. Ansiosos los colombianos por terminar de una vez con la violencia, ven con ojos resignados como se ofrece expresamente la impunidad y el olvido para los peores crmenes, incluyendo premios adicionales que implican el respeto por el botn de guerra, beneficios polticos o incluso recompensas econmicas. En aras de la reconcializacin todos salen gananciosos. lvaro Uribe, ms que su gobierno, cuenta hoy con un caudal poltico interno imponente, con alianzas slidas con los Estados Unidos y con recursos financieros suficientes para redoblar su capacidad militar, si bien comienza a ponerse en duda su correccin poltica. Los paramilitares y sus mentores de la parapoltica son tratados de forma benigna y las fortunas adquiridas, as como las propiedades arrebatadas a los campesinos y a las comunidades afrocolombianas andan por buen camino de la legalizacin. Los peores hombres de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, F.A.R.C. alcanzan no slo impunidad sino recompensas millonarias por atrocidades que avergonzaran la tica de cualquier ciudadano. Los nicos que no cuentan en las ofertas para la paz son los que han sufrido la peor parte en el conflicto: esto es, las comunidades campesinas, indgenas y afrodescendientes, aunque sean ellas las nicas que podran garantizar una paz duradera, justa y basada en objetivos democrticos y constitucionales. Escuchar sus propuestas es una obligacin de las instituciones del Estado y de la ciudadana colombiana. En este documento se trata de enfocar la problemtica general del Pacfico en una de sus cuencas, la del ro Naya, en la que se concentran todos los problemas que caracterizan a la regin. La cuenca del Naya est poblada por diferentes grupos socioculturales que haban organizado su convivencia sobre la base de relaciones territoriales muy satisfactorias en trminos de subsistencia. Dado que el Estado no se preocup por titular las tierras ancestrales de negros e indgenas, hoy esa convivencia est resquebrajndose con la llegada inconsulta de buen nmero de personas forneas que, con el propsito de cultivar la coca, introducen una diferente visin en la manera de aprovechar la naturaleza; en muy poco tiempo, la poblacin del Naya est sufriendo de hambrunas, dependencia alimentaria, destruccin de suelos y desestabilizacin social. Por otra parte, el Naya cuenta con una ubicacin y una estructura geogrfica privilegiada que incluye la cresta de la cordillera occidental que se abre al resto del pas y la desembocadura al ocano Pacfico, con ecosistemas muy variados y ricos en recursos. Pero es tambin un lugar de grandes ventajas estratgicas para los grupos armados, lo que ha generado un estado continuo de intranquilidad, masacres, asesinatos, desapariciones\nFoto Nolvira Soto.\nNios nasa del Alto Naya.\ny reclutamiento de jvenes con algunos momentos lgidos como la masacre del 2001. Violencia extrema de parte de todas las fuerzas en conflicto, desestructuracin de la economa local a causa de los cultivos de coca, desgarramiento del tejido social, exclusin territorial, marginacin de los servicios estatales, prdida de autosuficiencia alimentaria: son temas que caracterizan, entre otros, la actualidad del Pacfico colombiano y que en el ro Naya tienen una cabal expresin. Pero tambin en el Naya, como en otras cuencas del Pacfico, se reiteran diariamente esfuerzos e iniciativas para eludir los efectos de la guerra y para tratar de cimentar, a pesar de la violencia, formas nuevas de solidaridad y participacin ciudadana. Frente a quienes slo creen en la viabilidad de una solucin violenta para conseguir la finalizacin del conflicto armado, los habitantes del Naya, apoyndose en sus experiencias intertnicas y en el vigor de las culturas de sus etnias y pueblos, buscan convencer al Estado y a la ciudadana de Colombia de que existen otras vas para consolidar el arraigo de la poblacin, construir una cultura de la tolerancia, resistir a la violencia y dar un destino al Pacfico colombiano acorde con su potencial ecolgico.\nFundacin de la Unin Territorial Intertnica del Naya, UTINAYA, vereda La Paz, Alto Naya, 9 de agosto de 2003.\nEL P ACFICO COL OMBIANO Y EL RO NA YA PA COLOMBIANO NAY\nLa Regin del Pacfico colombiano se encuentra ubicada al occidente de Colombia. Limita en el Norte por la frontera con Panam, al Sur por la frontera con Ecuador, al Oriente por la cordillera occidental de los Andes y al Occidente por el ocano Pacfico. En 1993, un proyecto financiado por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, el proyecto Biopacfico, dio a conocer al mundo la importancia ecolgica del Choc Biogeogrfico 1, una de las regiones de mayor biodiversidad y pluviosidad del planeta, y los beneficios de concertar una estrategia de desarrollo regional de largo plazo basada en el aprovechamiento de una amplia gama de recursos (marinos, de fauna, mineros, fluviales, forestales) conjuntamente con una poblacin local que haba demostrado tener profundos conocimientos del ritmo de aprovechamiento apropiado a las caractersticas de los ecosistemas. Este fue el ltimo aporte de la comunidad cientfica colombiana al tratamiento econmico del Pacfico. Sus recomendaciones, en informes emitidos a partir de 1997, fueron soslayadas frente a otras prioridades menos cientficas pero supuestamente ms lucrativas a corto plazo teniendo a la vista las opciones de Colombia respecto al rumbo futuro de su economa. La firma de un Tratado de Libre Comercio, TLC, con EE.UU., la consiguiente necesidad de especializar el agro en productos de alta rentabilidad, y el hecho de que la regin estuviera frente al ocano Pacfico, puerta abierta a los nuevos grandes mercados internacionales, llevaron a asignar un nuevo rol al Pacfico. Un rol exportador que requiere de grandes proyectos de infraestructura portuaria y vial (que impactarn de manera irreversible la frgil y prdiga biodiversidad regional) y que orienta el uso del espacio a los servicios y a la produccin de cultivos agroindustriales en gran escala. En este nuevo escenario el inters recae en la participacin de grandes inversionistas de manera que la segunda recomendacin del proyecto Biopacfico, la participacin local, tambin resultaba inoperante, vislumbrndose una configuracin regional donde la poblacin autctona aparece como un eslabn intercambiable de los encadenamientos productivos transnacionales y donde su conocimiento ancestral sobre la biodiversidad regional resulta obsoleto. Contra esta visin se contrapone el profundo arraigo territorial de una poblacin conformada por afrocolombianos, en una gran proporcin2, y por pueblos indgenas embera, siapidaara, aw, tule y wounaan. En 1993 las comunidades negras, junto con los pueblos indgenas, obtienen importantes reconocimientos constitucionales y mecanismos legales para la legalizacin de sus territorios y se da inicio a un proceso entusiasta de reorganizacin interna donde emergen planes de vida de cada colectivo y donde se establecen agendas polticas propias que tratan de revertir siglos de exclusin.\nEl distanciamiento entre los objetivos neoliberales y los comunitarios respecto al destino econmico y ecolgico del Choc Biogeogrfico impulsa un conflicto que se ha ido agudizando desde hace treinta aos y hoy es uno de los factores de la inestabilidad regional. Desde la dcada de los ochenta, comienza a llegar a la regin una nueva clase empresarial ansiosa por invertir recursos provenientes del narcotrfico en tierras, ganadera, proyectos agroindustriales, extraccin de minerales y madera, camaroneras, pesqueras y otras modernas industrias. La presin sobre los territorios se hizo notar muy pronto y tambin el impacto sobre la subsistencia de la poblacin del Pacfico. Por su parte, otras iniciativas de Estado, como el Plan Colombia, orientado a la lucha contra las guerrillas y el narcotrfico, fue desplazando los cultivos cocaleros desde el Putumayo hacia Nario y desde all hacia el norte del litoral del Pacfico, favoreciendo su avance el creciente deterioro de las condiciones de subsistencia de los pobladores y la llegada de las F.A.R.C. y del Ejrcito de Liberacin Nacional, E.L.N., interesados, coincidentemente con el del resto de los actores forneos, en modificar una estructura productiva basada en la diversificacin por otra basada en monocultivos de alta rentabilidad pero altamente desestabilizadores para las economas familiares, hostiles con el medio ambiente y muy disfuncionales desde el punto de vista social.\nCampesina Alto Naya\nAvance de los cultivos de coca desde el Putumayo y su desplazamiento hacia el norte desde Nario, 2005\nEstos procesos, junto con la incidencia de una actividad militar y paramilitar disputando zonas de control con las guerrillas, han hecho del Pacfico un enclave altamente inseguro donde la ciudadana no encuentra salidas viables y donde el desarraigo territorial, por muerte fsica, desplazamiento, reclutamiento juvenil o reconversin de las economas (y consiguiente abandono de la autosuficiencia alimentaria), debilita da a da las esperanzas de la poblacin de llegar a vivir en paz en sus territorios.\nDentro de este marco general, la regin del Naya fue impactada, antes y ms intensamente que otras zonas del Pacfico por los procesos descritos, generndose condiciones adversas para el fortalecimiento de un proceso organizativo intertnico que plantea la visin de los problemas del ro desde una perspectiva global, vislumbrndose el Naya como una unidad territorial ligada por redes de solidaridad, de responsabilidades y de dependencias mutuas entre diferentes colectivos. En efecto, la organizacin intertnica UTINAYA (Unin Territorial Intertnica del Naya), desde esa perspectiva de cuenca, vena desarrollando con cierto xito una agenda basada en la integracin intertnica, la seguridad alimentaria, la seguridad territorial, la seguridad ambiental, la inclusin social y la recuperacin de la capacidad organizativa y de los mecanismos de interlocucin. Las violentas condiciones del Alto Naya presionaron sobre los pobladores, haciendo del cultivo de la hoja de coca casi la nica alternativa econmica para la poblacin indgena y campesina; las amenazas y desplazamientos forzados han ido debilitando el control colectivo del territorio, facilitndose la llegada de grandes contingentes de personas forneas interesadas en las tierras del Alto, Medio y Bajo Naya; la ocupacin progresiva de las bocanas de los ros y de los manglares por actores externos ha llevado al estrangulamiento de la economa de la poblacin de las bocanas del Naya, basada en la pesca y el aprovechamiento de los recursos de los manglares. Estos impactos en cada tramo de la cuenca estn generando su desarticulacin y su complementariedad. Las relaciones con actores y\nParticipacin de UTINAYA en marcha indgena del Cauca, septiembre de 2004.\nproblemticas diferentes en cada caso provocan escisiones entre los diferentes colectivos y dificultan la recuperacin de las condiciones para la gobernanza interna, colocando a la poblacin a merced de actores y decisiones externas. La cuenca hidrogrfica del ro Naya est ubicada entre los departamentos del Valle y Cauca, limita por el Oriente con los cerros San Vicente (3.000 m.s.n.m.) y Cerro Naya, (2.650 m.s.n.m.) sobre la cordillera occidental; por el Occidente con el ocano Pacifico; por el Norte por la divisoria de aguas de los ros Yurumangu y Naya, y por el Sur con la de los ros Naya y San Juan de Micay. Comprende un rea aproximada de 300.000 hectreas y se encuentra bajo la jurisdiccin de los municipios de Buenaventura en el departamento del Valle, y Lpez de Micay y Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Se trata de una de las cuencas con mayor poblacin, cuya distribucin aparece en el cuadro de la pgina siguiente. En general casi todos estos pobladores, con excepcin de los indgenas eperara siapidaara, llegaron all a recomponer social y econmicamente sus vidas diferencindose nicamente en las pocas de arribo y las pertenencias tnicas y culturales. Los primeros asentamientos conocidos fueron los enclaves mineros basados en la esclavitud de poblacin negra. Abolida la esclavitud en 1851, la poblacin negra se distribuy por toda la regin, estableciendo poblados en la parte baja y media del ro Naya. En la parte alta, la poblacin mayoritaria est representada por indgenas nasa (paez), procedentes de los resguardos de la cordillera central llegados a comienzos de los aos cincuenta del siglo pasado, huyendo de La violencia3. Tambin viven en la parte alta del ro Naya un nmero significativo de familias campesinas blancas y mestizas de otras zonas del pas, expulsadas por la violencia o por la adversa estructura de tenencia de la tierra en sus regiones de origen.\nPoblacin de la cuenca del ro Naya\nSector Alto Naya Identidades Indgena nasa Poblacin 3.200 Arraigo Proceden de resguardos de la Cordillera Central desplazados por la violencia (aos 50) Colonizacin (diferentes pocas) Desplazamientos recientes Cimarronaje en asentamientos mineros a partir del siglo XVII y cadenas migratorias posteriores - Extraccin recursos bosque, ro y manglar. - Agricultura de subsistencia. - Agricultura complementaria de mercado. - Extraccin de oro - Extraccin de recursos del bosque, ro y manglar Agricultura de subsistencia Economa bsica - Cultivo de coca - Cultivos de pancoger (precaria) - Extraccin de recursos del bosque Tipo de organizacin Cabildo\nCampesino afrocolombiano Campesino mestizo Desplazados Medio y Bajo Naya Afrocolombianos ribereos (negros comunitarios)\n805 313 1.200 17.000\nJuntas de Accin Comunal No determinada Consejos comunitarios\nIndgenas Eperara siapidaara\nRegin de asentamiento tradicional (expandido por la costa Sur)\nResguardo y organizacin tradicional\nFuente: Colectivo de Trabajo Jenzera.\nCoexisten organizativamente el consejo comunitario del Ro Naya (afrodescendientes), los cabildos (indgenas) y diversas juntas de accin comunal (campesinos). UTINAYA fue un intento de coordinacin de todas estas instancias.\nNios pescadores del Naya.\nFoto Damin Quiroga.\nCuenca del ro Naya\nCuenca hidrogrfica del ro Naya\nLa acertada resolucin de los dos principales procesos legales que el ro Naya tiene pendientes en la actualidad podra llegar a proveer los mecanismos necesarios para reiniciar el camino hacia la normalidad de la vida comunitaria en el ro. Uno de ellos es el proceso de titulacin territorial. El otro es la resolucin de la forma de aplicar la reparacin de los daos originados por la masacre de abril del 2001. En ambos casos se trata de evitar dar un tratamiento individual a las reivindicaciones y proceder con seriedad a plantear soluciones que propicien el mejoramiento colectivo de las actuales condiciones del Naya como hbitat comn de un conjunto de colectivos de diferente composicin tnica vinculados por un sentido de pertenencia, una identidad y un arraigo territorial de larga data.\nLa regin territorio del Pacfico recibi un mensaje de esperanza cuando la Constitucin Poltica de Colombia de 1991 determinaba, junto a la territorialidad colectiva de los pueblos indgenas (resguardo), el derecho al reconocimiento de la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras de asentamiento tradicional. La ley 70 de 1993 y el Decreto Reglamentario 1745 de 1995 concretaban mecanismos operativos para hacer valer ese derecho. La territorialidad de las comunidades negras estuvo inspirada en la de los pueblos indgenas al tener connotaciones similares en relacin al aprovechamiento de los recursos de una manera flexible, desconcentrada y extensiva en grandes ecosistemas considerados como un todo. En base al tradicional manejo de las actividades productivas con la lgica de ro, las cuencas fluviales se convirtieron en la figura escogida para definir el modo de poblamiento y apropiacin territorial que mejor se adecuaba a las prcticas tradicionales de estos colectivos y que permita integrar las diferentes poblaciones que compartan el espacio. Este aprovechamiento complementario de la oferta de los diferentes tramos de la cuenca (minera artesanal, cacera y recoleccin en la parte alta, agricultura, aprovechamiento forestal en la parte media y actividades de pesca y recoleccin de moluscos en la bocana del ro), permita un abastecimiento suficiente de alimento y ofreca la base para una moderna economa basada en la sustentabilidad y diversificacin de los usos de la naturaleza. Desde el punto de vista social, la cuenca era un espacio propicio para el fortalecimiento de una identidad local y para el desarrollo de unas relaciones intertnicas muy funcionales al ecosistema. El respaldo legal que ofreca la nueva Constitucin supona, no obstante un atrevido golpe a la estructura de la propiedad agraria en Colombia, caracterizada por una concentracin desmedida (el 0,4% de los propietarios agrcolas controlan el 61% de los predios rurales, mientras que las tres cuartas partes de los propietarios poseen el 10% de los predios), por la permanente exclusin de los sectores populares y por el consecuente enfrentamiento violento alrededor de la cuestin agraria, como una constante histrica. No fue por tanto una conquista fcil pues se trataba de reconocer derechos territoriales, no ya a una pequea ciudadana indgena, sino a un grupo humano que se sita alrededor del 85% de la poblacin de la regin. Es decir, converta prcticamente al Pacfico en una regin organizada econmicamente alrededor del respeto por la biodiversidad, el carcter colectivo de la propiedad, la multiculturalidad, modelos productivos diversificados y moderada intensidad de los aprovechamientos. Apoyados en este reconocimiento constitucional, las comunidades negras iniciaron un intenso proceso de titulacin que benefici a 60.418 familias con la expedicin de 149 ttulos colectivos hasta marzo de 2006, alcanzando una cobertura de 5.128.830 hectreas.\nSin embargo, muy pronto el entusiasmo se trocaba en drama, pues este logro constitucional coincide con la escalada de violencia dirigida a desalojar a los pobladores para cambiarle el uso econmico a los territorios. En el ro Baud se entregan los primeros ttulos el 23 de mayo de 1996 y una violenta acometida de las fuerzas paramilitares obligaba a huir a los sobrevivientes el da 4 de junio. Del mismo modo, en el Bajo Atrato se entreg el primer ttulo colectivo en 1996 a la Asociacin Campesina del municipio de Riosucio, ACAMURI, e inmediatamente se forz al desplazamiento violento de la poblacin. El 24 de febrero de 1997 la poblacin afrocolombiana de los ros Cacarica, Salaqu y Truand es agredida durante cuatro das por una fuerza combinada del Batalln 35 y fuerzas civiles denominadas Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab, A.C.C.U. Los ataques, por tierra, aire y agua forzaron al desplazamiento de miles de comuneros. En Jiguamiand y Curvarad su peticin de titulacin coincidi con agresiones violentas de fuerzas combinadas, civiles y militares, y una vez obtenido el reconocimiento de sus territorios colectivos, en el 2001, las incursiones armadas, los asesinatos indiscriminados o selectivos, las desapariciones, el acoso y victimizacin de los dirigentes y las coacciones han sido pan de cada da.\nFoto Jess Abad Colorado.\nPodra continuarse con una larga lista de hechos similares y existe informacin prolija en diferentes documentos4. Sucesos como estos han despoblado cuencas enteras y mantienen en suspenso a la poblacin de otras. La Comisin y la Corte Interamericana5, que dictaron medidas cautelares y provisionales para algunos de estos casos, sealan en varias de sus reso-\nluciones indicios de vinculacin entre las agresiones y el consiguiente desplazamiento forzado, con el despeje de reas para la siembra de palma aceitera y otros productos agroindustriales. Compras amaadas y redimensionamientos fraudulentos de las tierras adquiridas a supuestos vendedores informales permitieron a personas vinculadas con los paramilitares6 hacerse con miles de hectreas de estas comunidades agredidas7. El retorno y la restitucin de tierras a los comuneros se ven frustrados por el hecho de que grandes extensiones de sus tierras ya han sido puestas en produccin por empresarios palmicultores. La Fiscala investiga actualmente numerosos casos de estos empresarios relacionados con la accin paramilitar. De hecho, la poblacin de las comunidades agredidas han puesto de manifiesto en las audiencias que el acoso paramilitar fue acompaado de graves amenazas para contribuir a la siembra de palma u otros productos desestabilizadores de la tradicional autosuficiencia econmica. Una induccin criminal a la dependencia alimentaria y a la integracin a las cadenas productivas promovidas desde el gobierno como contribucin a la modernidad del agro colombiano. El nuevo Estatuto de Desarrollo Rural (Ley 1152 de 2007), as como la debilidad de los procedimientos de restitucin previstos por la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), parecen destinados a consolidar el despojo de las tierras colectivas con argumentos economicistas que justificaran el lavado de escrituras irregulares en beneficio de quienes usurparon tierras comunitarias. La legitimidad de este Estatuto ha sido puesta en duda puesto que varios de sus principales promotores estn siendo judicializados por mantener vnculos con las fuerzas paramilitares; no obstante su vigencia responde a la aceptacin de un objetivo que tiene todos los visos de estar en la agenda econmica del propio Estado: el desarraigo territorial y la desintegracin social de las comunidades campesinas, indgenas y negras de la Regin del Pacfico. En cualquier caso, las comunidades todava buscan la titulacin colectiva de sus tierras como el nico mecanismo que les permite entrever la posibilidad de un futuro digno en su propia tierra. Y, a pesar de que el nuevo marco normativo y la explcita voluntad poltica del gobierno es contraria a ese anhelo de la ciudadana afrodescendiente e indgena, veintisiete solicitudes de titulacin quedan an pendientes de resolucin por un total de 454.152 hectreas8. Son las de mayor complejidad, en las subregiones de mayor inters econmico. Una de ellas, posiblemente la que est encontrando mayores resistencias, es la del ro Naya.\nLa cuenca del ro Naya y sus propuestas territoriales\nA pesar de los esfuerzos organizativos y un entusiasta acompaamiento, el Naya es una de las pocas cuencas que no lleg a ser titulada, siendo uno de los enclaves de mayor poblacin y arraigo en el Pacfico. El problema radica en una disputa con la universidad del Cauca que esgrime contra el derecho de ms de 20.000 vivientes, disponer de un dere-\ncho minero otorgado por el General Santander en 18279 en prenda por adeudos originados en la utilizacin de activos de la Universidad durante la guerra de la independencia10. Se trata de un derecho no utilizado en dos siglos11 ni reivindicado sino al momento de iniciarse el proceso de titulacin colectiva en el Naya. La ilgica pretensin de la Universidad ha debido justificarse ticamente con un supuesto inters ecolgico por la creacin de un corredor biolgico que unira los parques nacionales naturales de Munchique en el Cauca y Farallones de Cali en el Valle a travs del ro Naya. Si se considera que la poblacin local vincula el retraso de la legalizacin de los territorios colectivos con la situacin actual de la poblacin de la cuenca, que muchos consideran al borde del genocidio, la pretensin de la Universidad es, adems de injusta, irresponsable. No obstante para muchos comuneros el inters no es ecolgico sino que, de manera similar a lo que ocurre en el resto de los territorios de las comunidades negras, est vinculado con intereses econmicos. La problemtica territorial del Naya es muy compleja y la apuesta territorial de UTINAYA no se orienta hacia una agenda territorial definida por un pueblo o un sujeto especfico. El sujeto es plural y eso ubica la problemtica en un contexto novedoso aunque cada vez ms habitual en regiones afectadas por la intensa dinmica demogrfica de la ltima dcada. Se trata de configurar territorialidad en trminos pluritnicos. Para los lderes de los cuatro colectivos tnicos, no sirve un mosaico de piezas independientes sino que se trata de construir una unidad espacial de convivencia coherente y til para todos los pobladores a partir de la constatacin de que, en las actuales circunstancias, la suerte de cada grupo arrastra la de los dems.\nDescripcin del problema y procedimientos legales activados\nHasta el momento ninguno de los colectivos cuenta con ttulos de propiedad salvo el resguardo eperara siapidaara de Joaquincito. La casi totalidad de la cuenca fue reclamada como propiedad por la Universidad del Cauca, universidad estatal cuya posicin como propietario es vulnerable desde muchos puntos de vista. Adems un rea de 17.278 hectreas en la zona alta de la cuenca est incluida en el parque nacional Farallones de Cali. Por su parte la ley 70 y sus reglamentos no da una solucin cabal a la integridad territorial compatible con las prcticas tradicionales de la poblacin afrocolombiana, al dejar fuera del derecho de propiedad colectiva, reas importantes desde el punto de vista cultural y econmico, como son los manglares o la costa pesquera que, en el mejor de los casos, se dan en usufructo a las comunidades vecinas.\nLa propuesta territorial original de UTINAYA se bas en la visin de un territorio integral para la cuenca constituido por los siguientes componentes:   Acuerdo de lmites internos entre los diferentes colectivos. Ttulo colectivo en favor del consejo comunitario de las comunidades negras del Naya con base en los procedimientos establecidos en los reglamentos de la Ley 70 (comunidades negras). Ampliacin del resguardo indgena eperara siapidaara de Joaquincito, de acuerdo con la Ley 21 de 1991 y otras normas administrativas (territorios indgenas). Constitucin del resguardo indgena nasa (paez) del Alto Naya. Constitucin de una zona de reserva campesina para los campesinos del Alto Naya, de acuerdo con el Decreto 1777 de 1996 y la Ley 160 de 1994. Establecimiento y registro de un ordenamiento y un estatuto territorial compartido que cubra a todos y que especifique acuerdos, regulaciones y servidumbres mutuas. Establecimiento y registro de las frmulas de gobernanza territorial intertnica. Lobby para el establecimiento de frmulas legales que permitan viabilizar en el futuro una figura jurdica correspondiente al territorio integral intertnico que se propone.\nLa pretensin territorial conjunta era cercana a las 300.000 hectreas. En el ordenamiento jurdico colombiano no exista, ni existe an, una figura que propiciase una titulacin en bloque a favor de diferentes sujetos jurdicos colectivos. Cada grupo de poblacin se deba entonces referir a una legislacin especfica para acceder al derecho a la tierra. Algunos grupos, como los campesinos, no contaban en realidad con ninguna frmula\nEncuentro intertnico para acordar propuesta territorial.\nlegal de acceso a propiedad colectiva, salvo la figura de zona de reserva campesina que tuvo una aplicacin muy limitada. El procedimiento legal de acceso a tierras previsto para cada tipo de sujeto jurdico puede llegar a ser conflictivo y producir resultados desequilibrantes ya que cada legislacin especializada propicia una exclusividad que no se condice con la realidad y la racionalidad interna del poblamiento y los usos tradicionales en el ro Naya. Cada procedimiento tiene sus propias dificultades, sus fuentes de financiamiento, un propio ritmo y duracin de gestin de manera que los recelos de cada grupo respecto a los avances del resto podran propiciar la desunin y el conflicto. Al estar vinculada cada institucin jurdica (el territorio colectivo de las comunidades negras o el resguardo) con una serie de derechos, oportunidades o privilegios para los grupos especficos a que est dirigida, los menos favorecidos (campesinos mayormente) podran considerar riesgoso un avance de los mejor ubicados legalmente; por su parte aquellos que podran acceder a determinados beneficios (como las transferencias de recursos de la nacin, en el caso de los resguardos indgenas), podran tener inters en avanzar su propuesta en solitario. Estos disensos son manipulables y pueden hacer muy frgil la unidad si no hay conciencia de su existencia. Es por todo ello que UTINAYA propuso la concertacin de un trabajo en conjunto entre todos los colectivos donde la propuesta catastral fuera nica, si bien acomodndose la gestin de cada componente a la legislacin que lo posibilitara. Con todo, el proceso se concibi como una iniciativa nica, incidiendo todos los colectivos al unsono frente a los diferentes organismos competentes para conducir la gestin en paralelo, sin atrasos ni ventajas para ninguno de ellos. La propuesta, una leccin para toda Colombia de lo que podra llegar a ser un tratamiento racional de la cuestin agraria en un contexto intertnico solidario, tuvo enfrente muchos obstculos y el retraso de su gestin va restndole posibilidades frente a la situacin cada vez ms precaria e insegura de la tenencia de tierras en el Naya y el progresivo quebrantamiento del tejido intertnico como efecto de la accin de actores externos. De acuerdo a la decisin de actuar en conjunto, el Consejo Comunitario del Naya present su propuesta de titulacin ante el INCORA en 1999; por su parte el cabildo de Joaquincito solicit la ampliacin de su Resguardo. El resguardo de la Paila, a pesar de estar ubicado fuera de la cuenca del Naya, solicit ampliacin sobre el territorio del Naya. A su vez, los comuneros indgenas del Alto Naya iniciaron la constitucin de su resguardo quedando nicamente por fuera del proceso la poblacin campesina del Alto Naya. El INCORA realiz en el 2003 un estudio tcnico-jurdico previo. El estudio12 aclara que de las 117.750 hectreas pretendidas por la Universidad del Cauca tan slo sustenta documentacin vlida sobre 90.409, siendo as que 29.051 hectreas fueron ya extinguidas por el INCORA mediante Resolucin 5593 del 24 de octubre de 1972 confirmada por fallo del Con-\nsejo de Estado del 6 de junio de 1976, a las familias Diago y Olano y 17.278 hectreas no pueden ser propiedad de la universidad por su propia naturaleza jurdica (parque nacional de Farallones de Cali). Adems existen 43.614 hectreas extinguidas a las familias Arroyo, Arboleda, Valencia y Rodrguez y otras 23.469 hectreas, que quedaron por fuera del Decreto 2118 de 1944. Segn el informe del organismo oficial la resolucin 332, que ratificaba el derecho de la universidad dejaba a salvo los derechos de los colonos y agricultores vivientes en la cuenca. Son esos denominados colonos y agricultores los que hoy han conquistado derechos territoriales constitucionales como pueblos indgenas y comunidades negras o grupos tnicos. Si tenemos en cuenta que las modalidades de titulacin colectiva y la concepcin territorial que hoy propone la Constitucin, el moderno derecho internacional y las sentencias de la Corte Suprema de Colombia, superan las antiguas concepciones de la propiedad privada, el derecho al reclamo del Naya no debera ser obstaculizado de acuerdo a esa salvedad de la norma. En el informe se distingue adems el carcter de bien fiscal y no de bien de uso pblico de los terrenos que posee la universidad y en esa calidad y en ejercicio de su autonoma administrativa y financiera podra cederlos a otra entidad de derecho pblico como el organismo encargado de la titulacin de tierras en el pas de acuerdo a la normativa vigente en el momento. Por su parte, y a la luz de los artculos 58, 64 y 65 de la Constitucin Poltica de 1991 y del artculo 52 de la Ley 160 de 1994, el organismo competente podra adelantar validamente un proceso de extincin del derecho de dominio de los terrenos de la universidad del Cauca, por la ausencia de explotacin por un trmino de 3 aos continuos, ya que el artculo 52 de la Ley 160 de 1994 hizo extensivo el procedimiento de extincin a todo tipo de propietario, incluyendo a las entidades de derecho pblico. El informe recomendaba seguir la siguiente ruta:\nClarificar la propiedad para resolver la oposicin segn los trminos de los artculos 48 numeral 1 de la Ley 160 de 1994 1 al 17 del Decreto 2663 de 1994. Solicitar a la oficina de registro de instrumentos pblicos de Buenaventura la cancelacin de los folios de matrculas inmobiliarias de los bienes sobre los cuales procedi el proceso de extincin de dominio contra Diago y Olano. Avanzar en la adjudicacin parcial de las reas que ya no sean propiedad de la Universidad del Cauca. Titulacin colectiva al consejo comunitario del ro Naya una vez resuelta la oposicin; mientras se fueran adelantando trabajos sobre la titulacin de las tierras de la hoya que no pertenecan a la universidad de las que 67.083 hectreas (ha.) ya estaban plenamente identificadas (23.469 hectreas del decreto 2118 y 43.614 ha. extinguidas anteriormente) y 29.051 ha. extinguidas recientemente y que deban ser\nubicadas y delimitadas en concertacin con la Universidad; a medida que avanzaron los procesos de clarificacin y extincin se iran incorporando al ttulo colectivo parcial del consejo comunitario del Naya.\nAmpliacin del resguardo indgena eperara siapidaara de Joaquincito, en la parte baja del ro que no ofrece problemas, pues las reas donde esta constituido este resguardo y sobre las que solicita su ampliacin, estn por fuera de la zona descrita por el Decreto 2118 de 1944 como cuenca hidrogrfica del ro Naya y en consecuencia no hace parte del predio de propiedad de la Universidad del Cauca. Constitucin del resguardo indgena del Alto Naya que podra ir avanzando de manera parcial y en procesos acumulativos como los descritos para el consejo comunitario del Naya, partiendo de las 17.278 hectreas que corresponden al parque nacional natural de Farallones de Cali, ya que estas se encuentran por fuera del predio de propiedad de la Universidad del Cauca y adems estn dentro de las reas extinguidas antiguamente a familias particulares.\nPor su parte, y despus de la resolucin de medidas cautelares en favor del Naya en enero del 2002 por la Comisin Interamericana, el Estado colombiano se comprometi a cumplir con un plan que inclua la titulacin colectiva como parte de los mecanismos de prevencin ante nuevos hechos de violencia, pero no dio ninguna seal posterior de inters por el tema. Por consiguiente, en septiembre del 2004 el consejo comunitario interpuso una accin de cumplimiento contra el INCODER que fue resuelta negativamente por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, decisin que fue apelada en el 2005. Actualmente, se encuentra en revisin la decisin ante el Consejo de Estado. En el ao 2005 se adelant el procedimiento de clarificacin de la propiedad y el peritaje (con base en la Ley 160 de 1994 y el Decreto 2464 de 1998), proceso en que fue determinante la incidencia de UTINAYA. Ambos informes eran el paso previo a la extincin de dominio cuya resolucin se emiti en diciembre del 2006 pero fue recurrida por la Universidad del Cauca. En noviembre del 2007 queda firme la resolucin y se ordena la continuacin del trmite y la realizacin de una inspeccin ocular para determinar si el predio haba o no sido utilizado por la Universidad y observar en directo quines eran los que haban explotado o conservado el predio y en qu forma. En los primeros meses del 2008, los abogados contratados por el consejo comunitario para dar seguimiento al proceso, han sido amenazados de muerte y se han visto obligados a abandonar la zona13 con lo que la poblacin comienza a dar seales de desaliento frente a una demora que evidencia razones econmicas y polticas aunque se ampara en supuestas razones jurdicas, tcnicas, sociales y financieras.\nAsamblea de UTINAYA. Abogada Olga Silva explica el procedimiento de clarificacin de la propiedad de los terrenos del Naya.\nDificultades para la continuidad del proceso\nPara los lderes de UTINAYA y el Colectivo de Trabajo Jenzera, las dificultades principales que se entrevn en el momento actual seran las siguientes: El nuevo ambiente poltico, la nueva normativa y los cambios institucionales crean dificultades crecientes para la culminacin del proceso\nEn efecto, el moderno paquete normativo del gobierno Uribe, muy similar en sus objetivos al que Alan Garca ha impulsado en el Per tras la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, es agresivamente liberal y contrario a la propiedad colectiva basada en el reconocimiento de derechos ancestrales; pero sobre todo, contrario a la autosuficiencia alimentaria y al arraigo territorial de la poblacin local. A la nueva proyeccin econmica asignada a los grandes espacios baldos, eriales o abandonados, le conviene una poblacin local intercambiable y muy dependiente del mercado respecto a la satisfaccin de las necesidades bsicas, de manera que se puedan cambiar a favor de la rentabilidad empresarial las condiciones de empleo. Normas como el Estatuto de Desarrollo Rural, la Ley Forestal, de momento declarada inexequible por sentencia judicial, el Cdigo de Minas o la ley 811 de Encadenamientos Productivos, son propuestas destinadas a reemplazar a los sujetos colectivos de arraigo tradicional por empresas inversoras como actores decisorios en la regin. Muy especialmente, en el nuevo Estatuto de Desarrollo Rural se crean dispositivos que pueden llegar a dificultar de manera concluyente la propuesta de titulacin unificada, al menos en la forma en que fue presentada originalmente por los habitantes del ro Naya.\nEntre otras cosas, y tan slo a manera de ejemplo:   Se prohbe, arbitraria y anticonstitucionalmente, constituir o ampliar resguardos indgenas en la regin de la costa Pacfica y el Atrato. Las reservas campesinas, en cuanto figuras que posibilitaban la propiedad colectiva de comunidades campesinas, desaparecen y se proyectan como un mecanismo de adjudicacin individual en baldos. Otras posibles alternativas para estos grupos, como su inclusin dentro de los resguardos indgenas, quedan expresamente descartadas. Se anulan ciertas alternativas recomendadas por el INCORA, como la renuncia y transferencia de propiedad de parte de la Universidad al disponer que aquellos predios transferidos al Estado por cualquier entidad pblica o privada deben ser adjudicados mediante convocatoria pblica a particulares (aunque no aquellos que resulten de procesos de extincin de dominio cuyo destino preferente es precisamente dotar a campesinos sin tierra o etnias). Se declaran como no adjudicables los baldos situados a cinco kilmetros de los parques nacionales o aquellas reas seleccionadas por entidades pblicas para adelantar planes viales o de significacin econmica o social, lo que da un margen de arbitrariedad muy amplio al gobierno. En fin, se disponen plazos perentorios a las gestiones en curso y se modifica sustancialmente el aparato institucional transfiriendo competencias a organismos no slo sin experiencia en este tipo de procesos, sino que han sido creados especialmente para llevar a cabo una otra poltica de tierras, con propsitos muy distantes de los que se sealan en la Ley 70 y que muchos consideran como una verdadera contrarreforma agraria.\nEn cualquier caso, las normas del Estatuto de Desarrollo Rural no pueden negar derechos constitucionales y an dejan un amplio margen para proceder a la titulacin del Naya por componentes. Para el caso del Naya existen adems condicionantes especficos que obligaran al Estado colombiano a proceder a la titulacin de la tierra de acuerdo con las iniciativas a las que el propio gobierno se comprometi tras la resolucin de las medidas cautelares dispuestas por la Comisin Interamericana tras la masacre del 2001 y cuyo incumplimiento facilitara la admisibilidad del caso ante la Corte. Hay que aadir que la Ley 21, que ratifica el Convenio 169 de la Organizacin Internacional del Trabajo, OIT, es muy precisa al exigir la adopcin de medidas especiales, incluso normativas, si fueran necesarias para el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indgenas (y de las comunidades negras, por extensin)14. Por ltimo conviene sealar que en una situacin como la que atraviesa Colombia, donde en aras de la pacificacin y la conciliacin se est haciendo trizas el ordenamiento constitucional y normndose excepcionalmente a favor de grupos y personas que han cometido los ms graves\ndelitos de lesa humanidad, resultara altamente sospechoso que se opongan pequeas trabas administrativas o legales al reconocimiento de derechos constitucionales de una de las poblaciones que ms ha sufrido con el conflicto y que cuya seguridad est hoy bajo seguimiento de los organismos del sistema interamericano de justicia. La vinculacin del Naya y de su territorio a procesos fuera del control de la poblacin incide negativamente en el reconocimiento de los derechos colectivos\nLa zona alta del Naya es un lugar estratgico en cuanto va de paso desde la zona central de Colombia hacia las regiones abruptas y de difcil acceso de las selvas del Pacfico; su control es primordial como espacio estratgico desde un punto de vista militar15. En ese sentido, se trata de una regin en disputa que usualmente acarrea violencias y represalias de uno y otro lado; tambin est vinculada econmicamente a la violencia a travs de cultivos de uso ilcito. Es consecuencia de lo anterior, que se ocasionen graves impactos en la seguridad alimentaria, en la paz social y en el medio ambiente, ya que se utiliza a la poblacin como recurso econmico para mantener la insurgencia va el mantenimiento de cultivos de coca. A medida que se dilata la titulacin de tierras colectivas del Alto Naya, este proceso amenaza con extenderse progresivamente por el resto de la cuenca. Este hecho podra utilizarse (de hecho se utiliza)16, como argumento para desestimar la titulacin de las tierras colectivas por parte de las autoridades competentes. En efecto, la terrible escalada de sufrimiento colectivo que origina la presencia en la regin de los grupos armados, en particular cuando inducen coactivamente al cultivo de coca en la zona, introduce un elemento de mucho riesgo para los procesos de titulacin, puesto que las tierras dedicadas a cultivos ilcitos podran ser excluidas del derecho colectivo de los pueblos indgenas y comunidades negras por no cumplir la funcin social y ecolgica, ni responder a prcticas tradicionales, que son requisitos que prescribe la ley para la titulacin. De esta manera, la presencia de esta problemtica, una de las que ms lesiona los derechos humanos de la poblacin del Naya (y una de las que ms urge contrarrestar), lejos de impulsar la celeridad de los trmites de las gestiones que podran debilitarla paulatinamente, se convierte en un argumento utilizado para justificar la negativa al reconocimiento del derecho a la tierra. El gobierno debiera comprender la situacin de alto riesgo que vive la poblacin indgena, afrodescendiente y campesina del Naya y que es necesario y urgente evitar la consumacin de lo que para muchos alcanza niveles de genocidio. Un genocidio que se constituira con todos los elementos del tipo penal que lo definen17, al conocer el gobierno nacional, va las resoluciones y recomendaciones de la Comisin Interamericana, el nivel de riesgo al que est sometida la poblacin y la vinculacin existente entre la violencia en el Naya y la desproteccin legal de las tierras colectivas.\nCONVULSIN SOCIAL EN EL RO NA YA NAY\nEntorno y caractersticas generales de la problemtica\nLa violencia que ha caracterizado toda la historia moderna de Colombia est vinculada con la exclusin de grandes sectores de la poblacin rural respecto al acceso a los medios de produccin, muy especialmente la tierra. En los casos en que, por la dialctica que caracteriza esos ciclos, los sectores populares han accedido a la propiedad en virtud de reformas legales, los grupos de poder han impulsado, sea desde el propio gobierno o desde su periferia, un proceso de expulsin que, para tener xito, ha debido recurrir a la violencia. Cada ciclo irresuelto deja secuelas de violencia acumulativa que recrudece la modalidad de los enfrentamientos del prximo ciclo. La virulencia del conflicto en las ltimas dcadas, y la complejidad con que se presenta, influye en su tratamiento a travs de estrategias militares de carcter territorial, criminalizndose no ya a las propias fuerzas en combate, sino tambin las zonas de asentamiento o de influencia de esas fuerzas (Gray Zone), incluyendo a la poblacin civil que las habita y que sufre a diario las consecuencias del conflicto desde todos los frentes. Los gravsimos efectos de esta visin sobre los derechos humanos de la poblacin rural de Colombia son devastadores. La Consultora para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODHES califica la situacin como de violacin masiva de los derechos de la poblacin y as lo vienen confirmando el sistema interamericano de justicia y las diferentes instancias de veedura y control del sistema de Naciones Unidas.\nLas cifras de desplazados en los ltimos 20 aos supera los 4 millones de personas y de ellas, el 56% se producen, paradjicamente, en el marco de la estrategia de Seguridad Democrtica del actual gobierno18. En efecto, a pesar del alto nivel de subregistro, relacionado con el temor de que se vincule el hecho del desplazamiento con procedencia de zonas estigmatizadas, el Registro nico oficial de poblacin desplazada informa de que esta poblacin asciende a 2359.838 colombianos y aumenta a un ritmo de 160.000 personas por ao. Colombia es el primero en la lista de pases con mayor nmero de muertes violentas, antes que Rusia, Brasil y Estados Unidos19. Uno de cada cuatro colombianos, segn la misma fuente, muere de esa manera. E igual podra decirse de otras contingencias como desapariciones, destruccin de propiedades, violaciones a la libertad sexual, amenazas, detenciones masivas, confinamiento, restricciones al libre trnsito, etc.20. Si bien estos sucesos no son novedad en Colombia, el ciclo actual cuenta con algunas caractersticas que agravan el riesgo de la poblacin civil y lo diversifican, amenazando con dejar graves secuelas de cara a la conflictividad futura de Colombia. Algunas de ellas se encuentran en estrecha relacin y dependencia mutua:\nLa creciente importancia de los cultivos ilcitos como gua indispensable para la comprensin de la actualidad del conflicto y de sus secuelas sociales, econmicas y polticas. El narcotrfico ha desnudado buena parte de los discursos de las fuerzas en conflicto, incluyendo en muchos casos a las fuerzas del orden, haciendo coincidir frecuentemente los intereses de todas ellas21. La implicancia creciente del rol del narcotrfico en la explicacin del desarrollo del conflicto colombiano matiza el tipo de opresin a que es sometida la poblacin local y condiciona las posibles alternativas de solucin y su viabilidad. La incorporacin de fuerzas civiles bajo instruccin y control militar para intervenir en el conflicto armado. Estos grupos de civiles de autodefensa, creados e incentivados en su momento por el Estado, derivaron en una criminal fuerza paramilitar fuera de control que ha cometido algunos de los sucesos ms execrables del conflicto, introduciendo una variante de mayor confrontacin y de ms alto riesgo para la poblacin civil. Para muchos, esta fuerza ha cumplido el rol del trabajo sucio que las fuerzas regulares no hubieran podido llevar a efecto sin ponerse en evidencia, contando con carta blanca para sus atropellos y con la seguridad de que sus acciones quedaran impunes, lo que posteriormente se ha venido corroborando en los procesos de aplicacin de la denominada Ley de Justicia y Paz. Como en el caso anterior, este cruento enfrentamiento entre miembros de la sociedad civil, va a dejar secuelas de conflictividad pendiente para la futura Colombia.\nEl surgimiento de una nueva clase poltica y empresarial que, con recursos del narcotrfico en muchos casos y en muchos otros con el apoyo de paramilitares (en ocasiones ya comprobadas a nivel judi-\ncial), se ha infiltrado con fuerza en el entorno poltico e institucional colombiano y viene generando un marco normativo favorable a la impunidad e incluso al otorgamiento de beneficios para los involucrados en crmenes contra la humanidad, lo que les ha permitido conservar y reforzar una poderosa estructura econmica, ganar espacios polticos y legalizar la adquisicin delictiva de tierras usurpadas mediante la violencia. Esta nueva clase poltica puede generar graves problemas a Colombia una vez que se consolide en el poder, ya que es esencialmente corrupta, violenta y enemiga acrrima del Estado de Derecho. Uno de sus blancos viene siendo el poder judicial, una de las instituciones que, en medio del quebrantamiento institucional del pas, enorgullece a los demcratas. De acuerdo con lo expresado por la Corte Interamericana (caso de la Rochela vs. Colombia, en la que quince miembros del poder judicial fueron masacrados cuando cumplan labores de investigacin sobre hechos criminales de estas fuerzas paramilitares) existe un patrn sistemtico ya establecido de violaciones contra miembros de esta rama del gobierno, donde la fuerza pblica aparece apoyando, colaborando o manifestando aquiescencia22.\nEl desalojo y el desarraigo forzado del campesinado local como objetivo de guerra. En efecto, la urgente necesidad de lavar (legalizar) recursos econmicos obtenidos del narcotrfico ha concurrido con el inters del Estado de modernizar el agro colombiano, propiciando las condiciones previas para llevar a cabo dicho proyecto. La invitacin a los inversores, nacionales o externos, a invertir en modernos proyectos agroindustriales de alta rentabilidad (principalmente biocombustibles), requiere un previo despeje (de poblacin) de grandes extensiones de tierra para dichas inversiones. El conflicto colombiano, un conflicto surgido por la injusta distribucin de la tierra, ha resultado ser, paradjicamente, el motor de ese nuevo latifundio. Las fuerzas en conflicto, pero muy especialmente los paramilitares, han despejado ms de 6,8 millones de hectreas23. Segn una encuesta contratada por la Corte Constitucional24 el 73.4% de los desplazados que aparecen registrados oficialmente eran dueos o mantenan algn tipo tenencia sobre predios rurales. El 91% de los desplazados encuestados dijo no tener el plan de retornar por no existir condiciones de seguridad. El destino de esta poblacin rural, anclada culturalmente en el agro, son zonas urbanas donde ni hay empleo ni existe un futuro para esta inmensa masa de personas desarraigadas del campo. Este ciclo de narcotrfico-violencia-desalojo y usurpacin de tierras puede ser ajeno a la voluntad poltica del gobierno pero no as sus resultados que implican el desalojo de poblacin de sus tierras, para la implantacin de un modelo productivo moderno y liberal. Es por ello que la actuacin del Estado podra hasta parecer parcializada en beneficio de los violentos si se contempla la excepcionalidad con que se tratan sus peticiones de beneficios y la mezquindad, parsimonia y legalismo extremado con que se contemplan los reclamos de la poblacin campesina, afrodescendiente e indgena.\nLa consolidacin de hechos consumados que proponen las normas del Estatuto de Desarrollo Rural podra hacer pensar en una intencionalidad en la dilatacin de los procesos de titulacin de tierras colectivas de poblaciones con arraigo territorial, sobre todo en zonas de alto inters estratgico. Como se dijo en los otros puntos, la nueva configuracin del mapa de Colombia, surcado por rutas de migracin sin destino preciso, deja entrever que el prximo ciclo de la violencia puede tener expresiones ms desesperadas, si caben, que todas las anteriores.\nLa escalada de la violencia en el Pacfico\nHasta finales de la dcada del 80, el Pacfico colombiano todava se encontraba al margen del conflicto armado que caracterizaba a gran parte de la geografa colombiana. De ser una regin marginal, de escaso inters para el resto del pas, sin presencia del Estado y con muy reducidos recursos de comunicacin25, este remanso de paz26, empez a vivir a partir de 1990 procesos acelerados de transformacin econmica y social que la vincularan con el entorno violento del resto del pas. La alcanca de la patria, como la llamaba el Presidente Olaya Herrera en 1930, se abra para dar paso a la explotacin de sus recursos naturales, de gran inters para los inversionistas del interior del pas. Pero es partir de la llegada de los cultivos ilcitos a la zona y el aprovechamiento de su aislamiento para la produccin y trfico de drogas, y de contera para el refugio de grupos armados, que el Pacfico ingresa al escenario de la violencia con una especial crudeza. Esta situacin de violencia se agudiza en el Pacfico sur con las fumigaciones de las zonas cocaleras del Putumayo, que desplazan los cultivos ilcitos a la zona costera de Nario, emprendiendo un avance continuo hacia el norte del litoral, inducido por las fumigaciones y el desplazamiento masivo de pobladores de esas zonas27. En el Norte del Pacfico es la extraccin de recursos madereros y la colonizacin ganadera la que conectan al Pacfico con la dinmica del conflicto armado que vive Urab y el Medio Atrato. Esta situacin se torna cada vez ms violenta con el despeje de territorios para la siembra de palma aceitera. En el Naya, y como avanzada de los frentes cocaleros, fueron apareciendo las guerrillas armadas de las F.A.R.C. y el E.L.N., controlando y disputndose el control de zonas consideradas estratgicas, principalmente aquellas por donde se acceda a la comercializacin de productos en el Alto Naya y en los manglares de las bocanas de los ros. El clima de violencia fue imponindose progresivamente, impactando el entusiasmo de una poblacin que vena organizando y planificando su futuro, basndose en las conquistas histricas obtenidas en la nueva Constitucin nacional. Mediada la dcada de los aos 90, el Naya ya se encontraba en la mira de mltiples intereses econmicos y militares, debido a sus recursos made-\nreros y mineros y su estratgica ubicacin geogrfica para los grupos armados. De esa manera comienza a cerrarse este espacio de vida para la poblacin nativa que cada vez ms se ve afectada por el fuego cruzado de los enfrentamientos entre fuerzas que tenan sus propios intereses, al margen de los planes de vida de los pobladores de la cuenca. La llegada de nuevos migrantes, atrados por la bonanza de cultivos ilcitos, generaron cambios ms drsticos en la orientacin de la produccin y la coca fue introducindose de forma masiva en el Alto Naya, donde la poblacin sufra la presin directa de una guerrilla interesada en proveerse de esta materia prima y donde la produccin de alimentos decaa y la regin se tornaba en importadora masiva de alimentos. Esta situacin se complica an ms cuando hace presencia en la zona la guerrilla del Ejrcito de Liberacin Nacional, E.L.N., que empieza a ejercer un control territorial en la parte alta de la cuenca, hacia donde conducen personas secuestradas del Valle. Mientras las personas forneas que venan con inters de adquirir tierras para el cultivo de coca aumentaba, muchos nativos, ante el desencanto por el retraso de la titulacin colectiva de las tierras, el debilitamiento de la organizacin social por la frustrada gestin del ttulo colectivo y la escasez de alimentos, optaban por ceder sus parcelas para la siembra de coca.\nPreludios de una masacre anunciada\nDirigentes indgenas y campesinos han tenido grandes dificultades para organizar a sus comunidades alrededor de la necesidad de blindar sus territorios a la entrada de poblacin fornea que llega atrada por las rentas de cultivos ilcitos, pero tambin para impedir la entrada de actores armados28. Y pese a que para todos era claro que los principales escollos a superar eran la coca y la presencia de diferentes fuerzas armadas en conflicto, esas presencias se constituyeron precisamente en el argumento central para criminalizar la cuenca del Naya y dejar su poblacin civil a merced de las guerrillas, y la accin represiva del ejrcito. En medio de ese ambiente alterado, el E.L.N., con cierto predominio territorial en los aos 2000, hizo del secuestro una prctica habitual, enviando a la poblacin mensajes de manifiesta amenaza como en el caso de los concejales de Jamund, que fueron paseados a la vista de los comuneros. Otros secuestros connotados por esas fechas son los de la iglesia de La Mara en Cali y el secuestro de personas en el kilmetro 18 de la va CaliBuenaventura. Aunque era claro que los pobladores del Naya eran las vctimas efectivas de todas estas agresiones, su proximidad a las zonas de control de las diferentes facciones fue mirada con recelo tanto por la guerrilla y las fuerzas armadas del Estado. Pero tambin de los grupos paramilitares, que a comienzos del ao 2000 hacen presencia con la Compaa Huracanes del Bloque Farallones de Cali y el Bloque Calima de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, A.U.C. y se incorporan al conflicto en el\nNaya montando su base de operaciones en el corregimiento de Timba y controlando las veredas del municipio de Buenos Aires que son aledaas al Naya: La Esperanza, La Alsacia, El Ceral y el resguardo indgena de La Paila. Los paramilitares exacerban la violencia hasta niveles insoportables para los pobladores: controlando la principal va de acceso al Naya, limitando la entrada de vveres y medicamentos, cobrando impuestos, sometiendo la poblacin a la colaboracin (destruyendo los lazos de convivencia y confianza entre los pueblos del Naya), amenazando, desapareciendo y asesinando a muchos pobladores indgenas y campesinos. Las versiones de los pobladores hablan de una poca de terror, donde en un lapso de seis meses, hasta comienzos del 2001, fueron asesinados o desaparecidos cerca de 400 personas29, en su mayora raspachines (recolectores de hoja de coca). Entre los asesinados se encontraban tambin dirigentes campesinos e indgenas como Alcides Dagua, Jos Delio Yatacu, Ricardo Ziga y Alexander Aguilar, que aparecieron degollados y con evidentes signos de tortura. Pobladores de la zona, entrevistados por Ros y Lectamo, narraban as la realidad que estaban viviendo: Si el ro Cauca hablara, dira realmente cuantas personas cayeron y an siguen cayendo en su cauce. Los cadveres en los caminos y quebradas, muchos de ellos en pedazos, pertenecan a la vida cotidiana de los viajeros. Los pobladores cuentan que no se poda dar sepultura a las vctimas porque era un mensaje que nos mandaban y nadie poda tocar ese mensaje si no quera ser el siguiente30. Lo peor de todo es que no se pudo lograr que la Fiscala llegara a Timba, (ubicada a una hora de Cali), para verificar los asesinatos, documentar la violencia paramilitar o para hacer los levantamientos de muchos de los cadveres31. Mencionan los pobladores que durante esa poca de terror no tuvieron conocimiento de alguna accin que hubieran adelantado las gobernaciones del Valle del Cauca y del Cauca encaminada a brindar asistencia a la poblacin que se encontraba aislada como resultado de las acciones de los paramilitares, a pesar que durante esos seis meses se produjeron diversas alertas tempranas de parte de la Defensora. En octubre de 2.000 son rescatadas las personas secuestradas del Km. 18. Aunque las autoridades de las comunidades indgenas y campesinas del Alto Naya rechazan el secuestro y comunican al Estado y a la opinin pblica que son poblacin civil y que ms que tener alguna responsabilidad en los hechos, son vctimas de la situacin de conflicto armado que vive su regin, son por estos hechos y por sus pronunciamientos que son declarados objetivo militar por los tres actores armados que tienen ingerencia en el Naya: A.U.C., fuerzas armadas del Estado y E.L.N. En Noviembre del ao 2000, el E.L.N. declara objetivo militar a cinco comuneros de la regin, entre ellos al gobernador del cabildo indgena del Alto Naya. Uno de los amenazados abandona el Naya con su familia. El gobernador del Alto Naya, Elas Trochez, conform una comisin para tratar de prevenir una situacin que, de uno u otro lado, pareca estar a\npunto de estallar, pero fue asesinado el 12 de diciembre bajo la acusacin de ser colaborador de los paramilitares. Este hecho precipita la salida de los otros tres dirigentes. El E.L.N. durante este periodo (noviembre 2000-enero 2001) se muestra especialmente agresivo con los pobladores del Naya, maltratando a comuneros y despojndolos de sus pertenencias. Por su parte, las A.U.C. anunciaron a los pobladores de que deban desocupar la zona. En la regin del Alto Naya operaban para la poca la columna mvil Jacobo Arenas y los frentes XXX y VI de las F.A.R.C., el Frente Jos Mara Becerra del E.L.N., la Compaa Huracanes, del Bloque Farallones de Cali y el Bloque Calima de A.U.C., el Batalln Pichincha de la III Brigada del Ejrcito Nacional de Colombia y la Unidad de Soldados Campesinos, como parte del primer contingente en ejercicio del Pas. Una tal conjuncin de fuerzas armadas en conflicto fue determinando condiciones de vida insufribles para la poblacin del Naya. Prcticamente todas los bandos armados practicaron en su momento el reclutamiento forzoso, el control de los abastecimientos y del comercio local y el cobro de vacunas32, la extorsin, la amenaza y la implementacin coactiva de redes de confidentes, el confinamiento33 y, de parte de los grupos insurgentes, el secuestro y el asesinato de personas civiles. La tensin social que se viva tuvo su momento ms lgido en el ao 2001, como se relatar a continuacin.\nLa masacre de abril 2001\nTodos estbamos tranquilos, sin saber lo que pasaba, pero all en el Alto Naya a la gente asesinaban. Manolibe (decimero de Las Pavas).\nEl 24 de diciembre del 2000 se acercaron a la vereda de El Ceral personas de la Defensora del Pueblo y de la Defensa Civil de Santander de Quilichao y dijeron a la comunidad que deban huir con urgencia, porque los paramilitares iban a ingresar al territorio y esto causara enfrentamientos con la guerrilla, con posibles consecuencias nefastas para la poblacin civil. Tambin dijeron que las personas que no salieran seran directamente responsables de lo que les pudiera ocurrir. Trajeron volquetas y dos buses escalera. La gente, en medio de la incertidumbre, comenz a prepararse para un viaje de la desesperanza, llevando consigo la ropa que tenia puesta, dos mudas ms y algunos artculos de cocina (informaron los vecinos cercanos). Siendo las 3 de la tarde, estaban reunidos 266 personas de 57 familias. El gobernador del cabildo les inform que el sitio en que se iban a instalar sera el Resguardo de Tez en el municipio de Caloto, una comunidad Pez desplazada de Tierradentro en Junio de 1.994 por la avalancha del ro Pez en la que murieron ms de mil personas (.....) Los que se quedaron en su gran mayora fueron los mayores o ancianos y un gran porcentaje de la poblacin negra. Esa determinacin la tomaron porque no encontraron den-\ntro de sus organizaciones y comunidades vecinas quin los albergara o les colaborara en caso de desplazarse34. El 25 y el 27 de Diciembre, nuevas amenazas obligaron a otras familias a buscar refugio fuera del Naya. El 9 de Abril aproximadamente 400 paramilitares de las AUC salieron al paso de varios comuneros que venan del Naya, algunos de ellos para tomar la chiva (bus) para Timba y Santander de Quilichao35. Retuvieron a cerca de 80 de ellos a fin de permitir la entrada de todos sus hombres al Naya y avisando que al da siguiente tampoco habra paso para nadie, lo que alarm a los comuneros. Esa noche fueron llegando nuevas fuerzas de las A.U.C. a la entrada del Naya y desde las 8 de la maana del da 10 comenzaron a interceptar personas a las que les quitaban el dinero, dejando marchar a unas y reteniendo a 6 de acuerdo con un listado que portaban. De ellos 3 fueron desaparecidos y los otros tres fueron descuartizados vivos con motosierra (uno de ellos era el alguacil del cabildo indgena nasa del Alto Naya, Sr. Cayetano Cruz).\nLder afrocolombiano Manolibe se dirige a la Asamblea de UTINAYA en San Francisco del Naya.\nDespus de saquear la fonda Patio bonito, 200 hombres quedaron en la vereda controlando el paso. Otros 200 hombres comenzaron a descender hacia la vereda Ro Mina matando a cuanto civil se encontraban y arrojndolos por los abismos. El relato de esta excursin criminal que hacen los sobrevivientes a Ros y Lectamo es escalofriante. En el sitio Alto Sereno se detuvieron y despus de matar a 3 comuneros bajaron a un lugar llamado Benjamn y luego a Ro Mina, lugar de asentamiento principal del E.L.N., 20 de cuyos hombres se encontraban en el puesto. Unos y otros se eludieron con disparos al aire y no llegaron a enfrentarse pero si se encontraron ms tarde 4 cuerpos descuartizados de vecinos del lugar. El contingente paramilitar continu bajando por el camino real, matando ms personas y saqueando viviendas hasta llegar al casero de La Concepcin, ya en el Bajo Naya.\nFonda Patio Bonito, camino al Naya. Al fondo el monte tutelar cerro azul.\nEl contingente paramilitar que haba permanecido en Patio Bonito regres a La Silvia llevndose rehenes que nunca devolvieron y advirtiendo de que iban a volver y no queran ver a nadie a la maana siguiente y que no respondan por las vidas de quienes no hicieran caso a la advertencia. El da 11 comenzaron a escapar las personas cercanas a los lugares de la masacre desde Ro Mina, cargando con sus enseres bsicos. Se les iban juntando gente y al llegar a Alto Sereno ya aumentaban a ms de 300. Los nios comenzaban a llorar por el hambre que ya tenan y el pnico se apoderaba de los adultos cuando encontraban en el camino a sus familiares, vecinos y amigos descuartizados. A las 12 de la noche llegaron a La Silvia y de ah al corregimiento de Timba donde se concentraron los desplazados. De los lugares en que no haban llegado los paramilitares tambin se efectuaron desplazamientos masivos por el terror frente a los hechos. El jueves 12 de abril una caravana de 60 personas sali de las veredas de La Playa, El Playn, Miravalle, El Edn, Santa Elena, El Sina, etc, hasta llegar al sitio llamado Feliciano, donde haba cerca de otras 400 personas huyendo hacia Timba, Toez (Caloto) y Santander de Quilichao. Siete das despus de la tragedia no haba podido an ingresar ninguna comisin oficial y el gobernador del Cauca, expres sus quejas por la falta de respuesta del Ejrcito, que en ningn momento ofreci garantas para el ingreso de una comisin. Peor an, el comandante de la III Brigada del Ejrcito Nacional, Brigadier General Francisco Ren Pedraza, en alocuciones emitidas por los noticieros de televisin los das 12 y 13 de abril, daba reportes de tranquilidad en el rea, aunque se conoce de enfrentamientos entre grupos insurgentes irregulares por el dominio de la zona36. En contraste con esta negligencia e indolencia del Estado, la poblacin recuerda con agradecimiento al reconocido pacifista Guillermo Gaviria Correa, cuando en su calidad de gobernador del departamento de Antioquia, se puso al frente de la accin humanitaria para socorrer a los\npobladores del Alto Naya. Guillermo Gaviria coordin personalmente desde Timba, el rescate de las vctimas y el suministro de vveres y medicinas. Paradjicamente un ao despus Guillermo Gaviria sera secuestrado por las F.A.R.C. y meses despus asesinado por ellas, ante un intento de rescate. El Defensor del Pueblo del Cauca por su parte responsabiliz al Gobierno Nacional de lo sucedido37 y dijo que esta operacin militar de los grupos de autodefensa contra personas civiles, inocentes e indefensas, fue una masacre anunciada, (....) La masacre del Naya estaba advertida desde noviembre del ao pasado, cuando los 1.500 campesinos e indgenas que se asentaron en Santander de Quilichao y Buenos Aires, manifestaron su temor de regresar a sus tierras por la presencia permanente de las Autodefensas Unidas de Colombia y exigieron que no fuera retirado el Ejrcito38.\nFamiliares de las vctimas con Michael Frhling, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.\nEl 1 de Mayo del 2001, los diarios reportaron enfrentamientos entre el ejrcito y las A.U.C. en varios puntos del Bajo Naya y la captura de 46 paramilitares, que se produjo porque los paramilitares no pudieron regresar al Alto Naya, pues por all los estaba esperando un frente de ms de 200 hombres del E.L.N. y las F.A.R.C. La situacin oblig a que un grupo de 60 hombres de las A.U.C., Bloque Pacfico, se desviara por el ro vecino del Naya, el Yurumangu, mientras otros 60 integrantes se internaron en la zona comprendida entre los corregimientos de San Francisco del Naya y Puerto Merizalde. Precisamente en ese sector fue que se present un enfrentamiento con los militares, donde fueron dados de baja a cuatro miembros de las A.U.C. y capturados 4639. A esta tragedia que provoc el desplazamiento de indgenas, campesinos y afrocolombianos, se sumara la dinmica del grupo insurgente E.L.N., quien despus de irse de la regin, volvi para saquear las casas y bienes de la poblacin desplazada, al tiempo que autoriz a otros pobladores para hacer lo mismo.\nCuatro aos despus, en febrero de 2005 el juez especializado conden a los hombres del Bloque Pacfico capturados, autores de la masacre a una pena de 40 aos de prisin por los delitos de desplazamiento obligado, homicidio agravado y concierto para delinquir.\nLa situacin del Naya 7 aos despus\nSiete aos despus de la masacre an los hechos no estn debidamente investigados. Segn la fiscala, los muertos no suben de 50, los pobladores hablan sin embargo de que se cometieron ms de 100 asesinatos y que hay muchos desaparecidos y cuerpos sin enterrar que fueron lanzados a los abismos a lado y lado del escarpado camino real del Naya. En marzo del 2008 el jefe paramilitar, ver Veloza, alias H.H., jefe de los bloques Bananero y Calima, en versin libre ante un Fiscal de Justicia y Paz en Medelln, dijo que el coronel del ejrcito, Jaime Alberto Vargas, les despej el camino para la masacre. Segn el ex jefe paramilitar, el haba recibido la versin de que el Naya era una zona de la guerrilla, donde se cultivaba y se procesaba la coca y en cuyas selvas se confinaba a los secuestrados. Por eso se acord con el coronel Vargas, retirar la tropa para que sus jefes de escuadra alias Chilapo y Sisas, entraran a perpetrar la masacre. La investigacin seria y responsable de los hechos del Naya puede aportar elementos de exigibilidad en un posible proceso de reparacin integral as como fundamentar la consiguiente demanda ante la Corte Interamericana, caso de denegarse dicha reparacin a los pobladores afectados. La Comisin Nacional de Reparacin y Reconciliacin, CNRR, ya ha adelantado una oferta de reparaciones individuales en base a lo propuesto por la Ley de Justicia y Paz, que ha sido rechazada por los pobladores por no responder a sus expectativas. Entretanto la situacin social y econmica de la poblacin empeora. La propagacin local del cultivo de coca por toda la cuenca al margen de la violencia de la que se acompaa en el Naya, es muy nociva para quienes practican una economa basada en la autosuficiencia. De acuerdo al informe del Comit para la Eliminacin de la Discriminacin Racial de Naciones Unidas (1998) los cultivos ilcitos constituyen un factor altamente perturbador de las condiciones sociales, econmicas, culturales y ecolgicas en los territorios indgenas, que se suma a los factores de conflicto ya existentes de pobreza y dbil presencia institucional. En el caso del Naya, el hambre generalizada es una consecuencia, entre otras, de los profundos cambios en el uso del suelo y del deterioro agroecolgico de la cuenca40 y es hoy por hoy un factor de tensin insoportable para la mayora de las familias, principalmente aquellas que no viven de la produccin de coca41. Al igual que en otros lugares, la entusiasta agenda poltica de aos anteriores, iniciada con los encuentros intertnicos, que dio lugar a la creacin\nde UTINAYA, fue perdiendo vigencia ante el desasosiego generalizado y la bsqueda de reparacin individual, ms rpida, ms factible, ms barata para el Estado y con ms aceptacin en ONG que tramitan indemnizaciones.\nAsamblea de UTINAYA. pocas de entusiasta participacin por la defensa colectiva del territorio y de los intereses de los pueblos de la cuenca.\nLa situacin de los jvenes, muy especialmente, refleja la inviabilidad de las condiciones locales pues son ellos los que con mayor frecuencia son forzados a enrolarse como actores armados, sea por enganche forzoso del ejrcito o por presin de cualquiera de las otras fuerzas en conflicto42. La proporcin de jvenes en las estadsticas de muertes violentas es alarmante en todo el Pacfico e igual sucede respecto a la edad de los desplazados por la violencia.\nJvenes afrocolombianos. El desempleo campea en el Naya.\nPara los lderes locales, en el Naya no slo se busca desarraigar a la poblacin, haciendo insoportable la vida cotidiana, sino terminar con cualquier intento de que los pobladores, una vez expulsados, piensen en recuperar sus proyectos de vida en un momento posterior, y es por eso, segn esa opinin, que se mata a los jvenes y se les enrola coactivamente en las filas de uno u otra fuerza militar o grupo armado. En muchos casos, el desplazado, la vctima, en virtud de estos procesos, termina siendo victimario o desplazador de los pobladores en otras cuencas, perdindose el sentido de la identidad de pertenencia a un colectivo y la solidaridad entre paisanos43. Carlos Rosero lo expresa as: Los hilos secretos de las tramas de la guerra en Colombia, una de las tantas a las que los afrodescendientes han asistido con banderas que parecen propias, esta haciendo de ellos asesinos o asesinados, desplazados o desplazadores, pero en cualquier caso vctimas, abriendo la posibilidad de nuevas heridas y de un reciclaje constante y eterno de los odios44.\nProcedimientos legales activados y dificultades del proceso de reparacin integral\nFrente a la masacre y las permanentes violaciones de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos del Naya, el Consejo Comunitario y las diferentes organizaciones sociales de la regin han activado una serie de operativos. Cabe citar las misiones humanitarias (mayo del 2001), las denuncias ante la Comisin de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la realizacin de Audiencias Defensoriales para la constatacin de hechos. Tambin, a travs de las organizaciones de comunidades negras e indgenas de nivel nacional, se solicitaron y se llevaron a cabo visitas del Relator Especial de las Naciones Unidas contra la discriminacin racial y del Relator Especial de Naciones Unidas sobre pueblos indgenas. El informe de este ltimo45, que visit oficialmente a Colombia en marzo del 2004 por invitacin del gobierno colombiano, es muy duro y no obvia la resea de casos de masacres, asesinatos selectivos, descuartizamientos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, desplazamiento de comunidades, reclutamiento de jvenes y nios de ambos sexos y violaciones de mujeres, hechos estos protagonizados tanto por grupos paramilitares como por las guerrillas. Frente a esta situacin afirma que la voluntad del Estado para hacer valer los derechos humanos para estas poblaciones es muy dbil y describe situaciones en las que las fuerzas armadas han ingresado a los territorios indgenas no tanto como una fuerza de proteccin a una poblacin civil violentada en sus derechos, sino como una fuerza militar ingresando a territorio enemigo, acusando a las comunidades de estar suministrando vveres, medicamentos o prestando apoyo logstico a uno u otro de los diferentes grupos armados (A.U.C., F.A.R.C., E.L.N.)46. El informe hace recomendaciones al Gobierno Nacional, a todos los actores armados y a la comunidad internacional, que son de tono similar a las demandas de las organizaciones indgenas, entre ellas:\nLa necesidad de establecer zonas de paz indgenas, libres de cualquier presencia armada militar; priorizacin de la poblacin indgena desplazada movilizando ayuda internacional para la elaboracin de programas de emergencia; obligacin tanto del Estado como los grupos armados de respetar en todo momento el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos; sugiere al Estado que se cancelen los programas de red de informantes, soldados campesinos y soldados por un da para nios y jvenes, que constituyen piezas clave de la poltica de Seguridad Democrtica del gobierno de lvaro Uribe Vlez; los actores armados son urgidos a abandonar la prctica de reclutamiento de menores de edad y a devolverlos a sus hogares.\nComo una accin de proteccin a los pobladores, el Consejo Comunitario del Naya solicit medidas cautelares a la C.I.D.H. que fueron otorgadas el 2 de enero de 2002 en favor de los comuneros de los 49 caseros y comunidades ubicadas en la cuenca del Ro Naya, en razn de las amenazas recibidas por los aproximadamente 300 paramilitares asentados en la zona del norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, en los municipios de Timba, Surez y Buenos Aires. Es importante destacar, como puntos de la solicitud de la Comisin relativas a las medidas a adoptar por el Estado, adems de efectivas medidas de control perimetral por parte de la fuerza pblica con el fin de evitar incursiones armadas al Naya por las bocanas del mar, en consulta con el Consejo Comunitario, otras medidas de prevencin como la presencia de entidades como la Procuradura General de la Nacin y la Defensora del Pueblo, con sede en Puerto Merizalde, como mecanismos disuasivos y preventivos, el fortalecimiento del sistema de alerta temprana mediante la implementacin de sistemas de comunicacin efectivos y la investigacin y sancin de los responsables de las violaciones a los derechos de la poblacin. La Comisin ha continuado recibiendo permanentes denuncias por parte de las autoridades y lderes del Naya por actos criminales contra las comunidades beneficiarias de las medidas cautelares. Tanto las recomendaciones de los Relatores Especiales como las medidas solicitadas por la C.I.D.H. han sido, en lo esencial, desatendidas y la poblacin mantiene el mismo estado de tensin que antes de la masacre, siendo las violaciones rodeadas de circunstancias cada vez ms aterradoras y siniestras. El Consejo Comunitario del Naya y las dems instancias organizativas de los diferentes grupos de pobladores de la cuenca vienen gestionando medidas para obtener una justa reparacin por los hechos ocurridos durante la masacre del 2001 en virtud de la imputacin de responsabilidad por omisin del gobierno47. En efecto, los Principios bsicos sobre el derechos de las vctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y\nde violaciones graves del derecho internacional humanitario sealan la obligacin de los Estados, de adoptar disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones y proporcionar a las vctimas recursos eficaces, incluso reparacin48. De lo que se trata es de obtener una reparacin eficaz que remedie las violaciones y las repare en las formas siguientes: restitucin, indemnizacin, rehabilitacin, satisfaccin y garantas de no repeticin49. Es claro que la simple indemnizacin no cubre ms que una pequea parte del proceso de reparacin. La constitucin, posterior a la masacre, de una asociacin civil, la Asociacin de Campesinos e Indgenas Desplazados del Naya, ASOCAIDENA, conformada principalmente por personas que fueron tambin perturbadas por los actos intimidatorios de los paramilitares, con anterioridad a los actos de la barbarie de abril del 2001 y que hoy no radican en el territorio del Naya, podra afectar la reparacin integral en la forma que esperan los pobladores del Naya. En efecto, la asociacin est interesada en el cobro de indemnizaciones monetarias individuales que les permitan asentarse en otros lugares del pas. Para el Estado estos pagos individuales constituyen una solucin muy sencilla al problema. Pero para los pobladores radicados, y con arraigo territorial antiguo, esa solucin es muy limitada y les priva de la oportunidad de reconstruir algunos de los elementos que podran contribuir a fortalecer su resistencia en la actual coyuntura, reorganizar la solidaridad intertnica y el funcionamiento de las instituciones civiles y, en definitiva, restablecer las condiciones para una vida digna en el Naya. Es ms, para los lderes de las instituciones sociales del Naya, un posicionamiento favorable exclusivamente a las indemnizaciones individuales, estara introduciendo un nuevo elemento de discordia regional en lugar de contribuir a una reparacin efectiva. La garanta de no repeticin no se asegura con pagos individuales a personas coyunturalmente afectadas por la masacre. Sin negar ese derecho y tomando esos pagos como parte de la reparacin, los pobladores del Naya consideran que la reparacin integral que contribuya a evitar el sufrimiento de la poblacin pasa por cubrir cinco aspectos priorizados: 1. Titulacin plena, efectiva y rpida de la totalidad de la cuenca en base a la propuesta de territorio intertnico de las organizaciones locales\nEntendiendo que cualquier otra frmula de titulacin que genere desventaja o inconvenientes a los diferentes grupos o retrase la efectividad de sus derechos es una provocacin al conflicto, el territorio intertnico dara estabilidad a la propiedad colectiva y fortalecera la solidaridad de los diferentes grupos en el ro para poder hacer frente a la problemtica comn.\nCon la titulacin integral podran paralizarse (por ser nulas a partir de la titulacin colectiva), y revisarse todas las anteriores compra-ventas realizadas por coaccin o recuperar las tierras abandonadas por el terror y ocupadas por personas que, llegadas de fuera, constituyen uno de los nuevos contingentes poblacionales que facilita la expansin de los cultivos ilcitos. La restitucin de tierras ilegalmente vendidas, abandonadas o usurpadas y la reubicacin de los desplazados del ro es un acto de justicia que no puede trabarse por simples impedimentos administrativos. Por el contrario, el Estado debe prever medidas legislativas y administrativas especiales, e incluso excepcionales si fuera necesario, para acelerar ese proceso. El Representante Especial del Secretario General de Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas internamente desplazadas, advirti la importancia de tratar con rigor la cuestin de la apropiacin de las tierras por terceros durante el desplazamiento de la poblacin original50 y recomend adoptar medidas para declarar invlidos todos los ttulos de propiedad de las tierras adquiridas bajo coaccin e impedir las transacciones sobre esas tierras. 2. Identificacin colectiva y restablecimiento de las condiciones que permitan la reconstruccin de las economas familiares\nMuy especialmente urge introducir programas efectivos, en consulta con la poblacin, para recuperar los anteriores niveles de produccin agropecuaria que fortalezca un nivel adecuado de autosuficiencia alimentaria reavivando la diversidad productiva que constituye una prctica tradicional muy conveniente para el desarrollo local. Igualmente se requiere devolver a los pobladores el libre acceso a los recursos fluviales y martimos, especialmente la pesca y la recoleccin de alimentos del manglar. Complementariamente es preciso devolver al Naya su anterior libertad de comercio, restablecer el libre desplazamiento de las movilidades fluviales comunitarias y liberar a la poblacin del confinamiento, el racionamiento alimenticio y la inflacin. La alimentacin es hoy un problema crucial y urgente para evitar el desplazamiento masivo de la poblacin. Si bien puede ser necesario activar programas de ayuda alimentaria como emergencia transitoria, de lo que se trata es de recuperar soberana alimentaria con programas agrcolas de largo plazo que substituyan paulatinamente los cultivos ilcitos, sin destruir los suelos ni el medio ambiente y dando oportunidad a las familias a activar programas alternativos. Los cultivos ilcitos en el Naya no son fruto de una decisin delictiva colectiva, sino producto de la marginacin y del abandono de la poblacin a la accin de fuerzas coactivas muy desiguales y a las que los pobladores no pueden enfrentar por s solos al estar todava en un proceso de consolidacin organizativa. No se trata de un problema que se deba combatir militarmente sino de una situacin opresiva que debe encararse con una estrategia polivalente concertada con la poblacin.\nOtro problema vinculado con la reconstruccin de las economas familiares se refiere a la reparacin paulatina de las condiciones ambientales prevalecientes en el Naya antes del conflicto y que incluye la recuperacin de los manglares, el control de las extracciones madereras, una minera con lgica sustentable, la recuperacin de los suelos y la remediacin de la contaminacin de las aguas. 3. Restablecimiento y / o implementacin de servicios bsicos y reactivacin del accionar de las instituciones civiles del Estado\nSe requiere la reaparicin del Estado civil: una presencia estatal no conflictiva, esto es, no basada en la accin militar represiva contra una regin criminalizada sino en una accin cvica de apoyo a una poblacin afectada por una tragedia de grandes proporciones con prdidas de vidas, de condiciones de subsistencia, de libertad, de dignidad y de seguridad, es decir, privada de las garantas bsicas con que se justifica constitucionalmente la existencia del Estado y de la Sociedad. Muy especialmente se necesita elaborar un plan urgente y eficaz para establecer servicios de salud y de educacin hasta los niveles ms altos que sean posibles para evitar el desplazamiento de los jvenes a zonas urbanas de tan alto riesgo como Buenaventura. 4. Apoyo a la recuperacin de la dinmica social intertnica y a la reconstruccin del tejido social y la confianza y la solidaridad ciudadana\nEl xito en la consecucin de la titulacin integral se considera un primer paso para revertir el actual estado de abatimiento de la poblacin del Naya, para restituir la vitalidad de las instituciones y organizaciones civiles y para contribuir al restablecimiento de los procesos de desarrollo local que quedaron truncos por la violencia. Lo que ms necesita el Naya es la confianza en sus propios procesos organizativos, recuperar la capacidad de tomar decisiones colectivas y el reconocimiento del derecho a definir las prioridades de su desarrollo en la manera que el Convenio 169 de la O.I.T. lo establece. Este es un paso importante para restablecer, al interior de la cuenca y hacia los otros ros vecinos, los vnculos culturales, econmicos y polticos en los cuales se ha fundamentado la convivencia y el manejo responsable y compartido de sus territorios51. Las instancias del Estado deben considerar de nuevo a la poblacin del Naya, y a sus organizaciones representativas, no como antisociales bajo permanente sospecha sino como ciudadanos requeridos de apoyos especiales que les ayuden a salir de la penosa situacin en que hoy se encuentran. El proceso de interlocucin, gestin y ejecucin de las medidas de reparacin integral puede ser un mbito muy apropiado para el fortalecimiento de estas instancias colectivas y para el retorno de la poblacin a las tareas de la gobernanza local.\nMedidas de seguridad y procesos encaminados a una normalizacin y a una pacificacin progresiva de la vida social\nUn plan coordinado con la poblacin para emprender salidas al conflicto que no sean traumticas ni generen agresiones ni reacciones criminales contra las familias del ro. Un plan cuyo objetivo prioritario sea el de asegurar las personas y los bienes de la poblacin, la restitucin de sus tierras, el retorno seguro de sus desplazados y la reconstruccin de viviendas e infraestructura familiar y comunitaria. Las familias del Naya no pueden seguir siendo criminalizadas por vivir en su propio territorio, aunque sea hoy disputado por fuerzas externas, ni pueden ser sacrificados como daos colaterales de ninguna estrategia de seguridad democrtica, ni pueden ser expulsados a fin de poner en prctica un proyecto de modernizacin regional sobre la base de nuevos actores econmicos. Dentro de este plan, y entre otras medidas, se requiere dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la C.I.D.H. y los diversos relatores especiales de Naciones Unidas.\nCONCL USIN FINAL CONCLUSIN\nLa poblacin del Naya es una poblacin que busca el arraigo territorial con base en los derechos que la Constitucin Poltica de Colombia de 1991 les reconoci despus de muchos siglos de negacin. Por sus caractersticas geogrficas, de valor estratgico para unos, o por la calidad y variedad de sus recursos naturales que son apetecidos por otros, los pobladores de esta cuenca hidrogrfica del Pacfico, campesinos, comunidades afrodescendientes y pueblos indgenas, han sido involucrados en una guerra que busca substituirlos por productores forneos de cultivos ilcitos, cultivos agroindustriales o expulsarlos para disponer de los recursos naturales de uso tradicional. El desarraigo de la poblacin est en marcha con la implantacin de economas que hacen de la cuenca del Naya un lugar imposible para la vida, pero tambin a travs de campaas de exterminio sistemtico o masivo, como la de la masacre del ao 2001.\nUn barrio de Bajamar en Buenaventura. Estos barrios reciben la mayor parte de poblacin desarraigada de los ros. All se presenta el ndice ms alto de asesinatos de jvenes. Como reza el lema popular vuelve y juega: de estos barrios de Bajamar son de nuevo desalojados violentamente para dar paso a la modernizacin del Puerto. Foto Damin Quiroga.\nLa C.I.D.H. ha otorgado medidas cautelares a los comuneros del ro Naya en reconocimiento del alto nivel de riesgo de la poblacin y la violencia con que se han agredido sus derechos fundamentales de uno y otro lado de la contienda.\nEl Ro Naya y sus pobladores no pueden ser objeto de un trato represivo de parte del Estado porque no se trata de una poblacin que haya asumido voluntariamente posicionamientos en los procesos que se producen en su entorno. El margen estrechsimo de decisin que le toca a la poblacin en medio del terror est orientado por objetivos de sobrevivencia. Por el contrario es una poblacin profundamente afectada por la violacin sistemtica de sus derechos individuales y colectivos hasta lmites que inciden en el tipo penal del genocidio, tal y como es descrito por el derecho penal internacional. La poblacin del Naya necesita con urgencia recuperar la confianza en su futuro y para ello es indispensable la solidaridad de la sociedad y del Estado. Antes que una zona roja, el Naya es el hbitat de una poblacin que tiene mucho que aportar al futuro de Colombia. Una poblacin intertnica que pens su desarrollo en trminos de interculturalidad y tolerancia entre grupos de diferente origen y cultura. Su tenaz resistencia, en medio de la conflictividad desquiciada que le ha tocado vivir, es un ejemplo de perseverancia y de arraigo territorial que debe ser reconocido por la sociedad y el Estado colombianos. La existencia de dos procesos legales pendientes de resolucin: la titulacin integral de las tierras colectivas y el proceso de reparacin con motivo de la masacre del 2001, constituyen una oportunidad excepcional para revertir la situacin y comenzar un proceso que permita recuperar condiciones de vida digna para los pobladores del Naya. La opcin por una titulacin colectiva e integral de las tierras y territorios del Naya y la consideracin de una modalidad de reparacin de los daos colectivos que, sin desmedro de las indemnizaciones individuales que puedan reconocerse, integre la titulacin colectiva, la recuperacin de las economas familiares y la reconstruccin del medio ambiente, as como la recuperacin de la institucionalidad y la solidaridad intertnica, pueden abrir caminos nuevos para el Naya.\nCONT ACT OS CONTA CTOS\nConsejo Comunitario del Ro Naya. Cabildo indgena eperara siapidaara de Joaquincito. Cabildos indgenas nasa del Alto Naya. Juntas de Accin Comunal del Alto Naya. Unin Territorial Intertnica del Naya, UTINAYA. Consejos Comunitarios de Cabeceras, Cuellar, Malaguita y Cupica. Cabildo Mayor Wounaan del Bajo San Juan, CAMAWA. Organizacin Regional Indgena del Valle, ORIVAC. Asociacin de Cabildos Indgenas del Valle-regin Pacfico, ACIVA-rP. Proceso de Comunidades Negras, P.C.N. Palenque El Congal de Buenaventura. Comisin de Memoria Histrica Escuela de formacin intertnica para la resolucin de conflictos. Colectivo de Trabajo Jenzera.\nSan Francisco del Naya.\nNo preguntes por quin doblan las campanas, estn doblando por ti. John Donne\nNO TAS PIE DE PGINA NOT\nEsto es lo que Jorge Aramburu llama tener La desgracia de la buena suerte. Carlos Rosero: Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: La insistencia en lo propio como alternativa.El territorio Regin del Pacfico, es el ltimo de los casos en que unas tierras de negros o antesala del infierno, son colocadas, por su ubicacin estratgica, por sus recursos naturales y por su biodiversidad, en el centro del inters nacional e internacional. Choc Biogeogrfico es otro nombre que recibe el Pacfico, pues es un territorio de muchas regiones. El Choc biogeogrfico est comprendido en siete departamentos: Choc, Antioquia, Risaralda, Valle, Crdoba, Cauca y Nario. La mayor parte de este territorio corresponde al Departamento del Choc, del cual deriva su nombre. Dos de sus importantes ros (Atrato y Sin ) vierten sus aguas al ocano atlntico. De los aproximadamente 920.000 habitantes del Pacfico, 85% son afrocolombianos, 8% son indgenas y 7% son blancos y mestizos. Alrededor del 60% de la poblacin vive en cinco centros urbanos: Buenaventura, Quibd, Tumaco, Istmina y Guapi. La poblacin blanco-mestiza vive casi en su totalidad en estos centros urbanos. La casi totalidad de la poblacin indgena habita en pequeas comunidades a lo largo de los ros y es aproximadamente el 20% de la poblacin rural (Colectivo de Trabajo Jenzera , 2004). Confrontacin blica entre los dos partidos tradicionales (liberal y conservador) que en un lapso de 10 aos cobr la vida de cerca 300.000 campesinos. Jess Alfonso Flrez y Costanza Milln: Derecho a la alimentacin y al territorio en el Pacfico colombiano. Caso Jiguamiand y Curvarad. Resolucin de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 6 de marzo de 2003 y 7 de febrero de 2006. Algunas de ellas con asiento en el propio Congreso de la Repblica que permiti la reeleccin presidencial y que hoy han sido sentenciadas o cuentan con procesos judiciales abiertos. Solo en Jiguamiand y Curvarad se menciona la muerte de casi 150 personas y el desplazamiento forzado de otras 1,500. Jess Alfonso Flrez y Costanza Milln: Obra citada. Bogot, 2007. Confirmada, como adjudicacin, por Ley 95 de 1944 y ratificada por la Resolucin 332 del 23 de julio de 1955. Fernando Castrilln: La tierra un derecho que cobra vigencia, Semillas, junio 2007. La universidad ha dado seas de desconocimiento de la situacin en el Naya, tal como lo revela la carta de oposicin de fecha 11 de septiembre del 2000, donde el abogado de la universidad Dr. Jess Hernn Guevara alegaba (...) Seores del INCORA regional Valle, son 300 mil hectreas las que componen la cuenca del ro Naya, muchas de ellas, selva virgen e inexplorada, con el agravante de ser hbitat de enfermedades tropicales que imposibilitan casi por completo la sobrevivencia de ser humano alguno. Claramente la universidad desconoce que el Naya es una de las hoyas ms pobladas de toda la regin pacfica de Colombia. Utilizamos el resumen que realiz el Colectivo de Trabajo Jenzera del informe elaborado por Silvio Garcs, sin fecha. Informacin procedente de la Comisin Intereclesial de Justicia y Paz. La Corte Constitucional en sentencia T-955/2003 seal que el Convenio 169 era de plena aplicacin a las comunidades negras. En el mismo sentido se pronunci en el 2006 la Comisin de Expertos en Aplicacin de los Convenios de la OIT, incluyendo la aplicacin de las normas de este Convenio entre las recomendaciones efectuadas al gobierno colombiano en el caso de las comunidades de Jiguamiand y Curvarad. Son nudos estratgicos para marcar espacios de hegemona militar (por) dos cuestiones bsicas: 1. (representa) un obstculo funcional de un conjunto natural; 2. (favorece) un proceso de control estructural del espacio geogrfico Diego Henao: Extraos, nmadas y confinados, IWGIA, 2003. En la resolucin que desestima la accin de incumplimiento solicitada por el consejo comunitario del Naya contra INCODER se menciona precisamente la situacin conflictiva de la cuenca.\nConvencin para la Prevencin y la Sancin del Delito de Genocidio Artculo II En la presente Convencin, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuacin, perpretados con la intencin de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, tnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesin grave a la integridad fsica o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destruccin fsica, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de nios del grupo a otro grupo. Artculo III Sern castigados los actos siguientes: a) El genocidio; b) La asociacin para cometer genocidio; c) La instigacin directa y pblica a cometer genocidio; d) La tentativa de genocidio; e) La complicidad en el genocidio. Artculo IV Las personas que hayan cometido genocidio o cualquiera de los otros actos enumerados en el artculo III, sern castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares. Artculo V Las Partes contratantes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus Constituciones respectivas, las medidas legislativas necesarias para asegurar la aplicacin de las disposiciones de la presente Convencin, y especialmente a establecer sanciones penales eficaces para castigar a las personas culpables de genocidio o de cualquier otro de los actos enumerados en el artculo III. Artculo VI Las personas acusadas de genocidio o de uno cualquiera de los actos enumerados en el artculo III, sern juzgadas por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido, o ante la corte penal internacional que sea competente respecto a aquellas de las Partes contratantes que hayan reconocido su jurisdiccin. Artculo VII A los efectos de extradicin, el genocidio y los otros actos enumerados en el artculo III no sern considerados como delitos polticos. Las Partes contratantes se comprometen, en tal caso, a conceder la extradicin conforme a su legislacin y a los tratados vigentes. Fuente: Consultora para los derechos humanos y el desplazamiento (CODHES). Fuente: Instituto Nacional de Estudios Demogrficos (INED) de Francia. La informacin sobre la situacin de derechos humanos es abundante en Colombia. El informe del Relator de Naciones Unidos para Pueblos Indgenas o el del Alto Comisionado para los Refugiados, las resoluciones de la Comisin y las sentencias de la Corte Interamericana son otras fuente valiosas de informacin. Existen muchas versiones de alianzas entre las nuevas formas de presentacin del paramilitarismo (organizaciones como las denominadas guilas Negras u otras) y las propias guerrillas. El diario El Espectador de 25 de Enero 2008, informa del hallazgo de aparentes vnculos entre las F.A.R.C. y las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia, A.U.C. en algunas investigaciones de la Fiscala. El desmovilizado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, haba confesado en versin libre en Justicia y Paz, dos das antes de su extradicin a los EEUU, que sus hombres del bloque Hroes de Tolob, junto con militares, perpetraron la masacre de San Jos de Apartad el 21 de febrero de 2005. Esto fue corroborado por el capitn Guillermo Gordillo a la Fiscala: Ellos (los paramilitares) iban con nosotros (...) de esta operacin ya haban hablado haca rato y desde arriba con mandos superiores. El Tiempo, 18 de mayo de 2008. La sentencia que condena a los militares que masacraron, de manera premeditada, en Potrerito, Jamund, a 10 policas de un cuerpo elite encargado de un operativo antidroga, es una evidencia, entre muchas otras, de relaciones de mandos militares con redes de narcotrfico. Pero tambin existen aquellos casos en que la guerrilla le hace el trabajo sucioa algunos empresarios: Los indgenas Uwa (tunebos), que se han opuesto a la explotacin de petrleo en sus territorios, denunciaron a las F.A.R.C. de haber asesinado en febrero de 1999 a tres de sus asesores, los estadounidenses Terence Freitas, Laheenae Gay y la indgena Ingrid Washinawatok, para hacerle el favor a la empresa petrolera OXY. Ver sentencias caso La Rochela vs. Colombia, y otras sentencias (Ituango, Pueblo Bello, Mapiripan, 19 comerciantes). Hay que recordar que esta estrategia de intervencin en poltica utilizando medios coactivos es tambin practicada por las F.A.R.C. El asesinato de\ncongresistas, candidatos, autoridades locales u otros funcionarios, desde uno u otro lado, es un hecho reiterado que ubica los espacios polticos como de alto riesgo para las personas no comprometidas con los intereses de estas agrupaciones delictivas.\nSegn estimaciones del gobierno para 2004, en versin de la unidad de investigacin de el diario El Tiempo de 17 de febrero del 2008. Hay que tomar en cuenta que el desplazamiento de poblacin posiblemente se ha incrementado en los ltimos cuatro aos de violencia. De hecho CODHES informa que para el 2005 aument en un 8% esa cifra anterior. En versin de ese mismo diario. Algunos pobladores de la regin nos decan que el Pacfico colombiano ha estado tan olvidado por el resto del pas que ni la violencia le haba llegado y consideraban que esa era una de las nicas ventajas de la segregacin de la regin. Carlos Efrn Agudelo. El Pacfico colombiano: de remanso de paz a escenario estratgico del conflicto armado. Ibidem. En los ltimos aos, el desplazamiento est vinculado, en cifras proporcionalmente muy significativas, con las fumigaciones de las reas agrcolas en zonas de implantacin cocalera. Ver Flrez y Milln, obra citada. Es sabido que por su aislamiento y lo escarpado del terreno, esta regin del Pacfico ofrece grandes ventajas desde un punto de vista militar: repliegue tctico, corredor estratgico, zona de abastecimiento, y an como lugar de confinamiento para la poblacin vctima del secuestro poltico o extorsivo. Muchas personas no denunciaron por temor, otras simplemente recogieron a su familiar muerto y lo enterraban en un sitio de origen y otros estn desaparecidos. En estos dos ltimos casos se debe a que era una poblacin flotante (ya que la gran mayora de los asesinatos eran raspachines). Ros H. Aparicio, Lectamo, Floresmiro. Caracterizacin del desplazamiento indgena en el departamento del Cauca. ACNUR, ONIC, RSS. Popayn, dic. 2001. Ibidem. Ibidem. En el relato citado de Ros y Lectamo se describe como frecuente el cobro de impuestos a: los tenderos, los arrieros, los compradores y vendedores de pasta de coca, a los dueos de los cultivos de uso ilcito y a todas las personas que tuvieran negocios en la zona. Comenzaron a sancionar a los comuneros, algunos solamente se podan mover de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, a otros con multas y a perseguir a los mdicos tradicionales, los cuales son muy escasos en la zona. Ros y Lectamo, obra citada. Ros y Lectamo, obra citada. La mayora eran indgenas nasa que iban a pasar la Semana Santa con familiares y amigos en los resguardos de la cordillera central, de donde eran oriundos. Un comunero se quej ante dos sacerdotes que se hicieron presentes, comentando que la masacre se cometi cuando el mundo catlico estaba recordando la pasin y muerte de Cristo (jueves y viernes santos). Comunicado de organizaciones de ddhh (Asociacin Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS), Comit Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Corporacin para la Promocin y Defensa de los Derechos Humanos (REINICIAR)... Bogot D.C., Abril 14 de 2.001. El 2 de abril, la Comisin Interamericana de Derechos Humanos, C.I.D.H., haba hecho un llamado al gobierno de Colombia para que garantizara la seguridad de comunidades civiles en la zona. En marzo, diversas organizaciones de ddhh haban alertado a las autoridades acerca de la posibilidad de una masacre en la zona. En la Audiencia Pblica sobre el Naya convocada por la Defensora del Pueblo en Santander de Quilichao el 11 de abril de 2003, el defensor del Pueblo, Dr. Eduardo Cifuentes Muoz (ex magistrado de la Corte Constitucional, caucano y conocedor de la zona) declar ante la prensa colombiana, que la poblacin local le haba pedido reiteradamente proteccin a las autoridades colombianas en diciembre de 2000. Diario El Pas de Cali, 1 de mayo. Esto se origina en el aumento del rea destinada a la siembra de coca, a la disminucin de los productos de pancoger y a la contaminacin qumica del ro por el uso indiscriminado de insumos y precursores qumicos, para el procesamiento de la pasta de coca. Fernando Castrilln: Crisis de los sistemas productivos en los territorios colectivos del Pacfico Colectivo de Trabajo Jenzera, 2007: Todas las maanas en Puerto Merizalde, el principal poblado de la cuenca del Ro Naya, los nios hacen fila para comprar hojaldras, hechas de harina de trigo importada. All a pesar de la cercana al mar y a orillas de un ro con capacidad para\nalbergar una gran variedad de peces, se depende de alimentos procesados trados de Buenaventura. Ms arriba, en el Alto Naya las cosas son ms severas a nivel alimentario. Los pobladores de la regin, a excepcin de pocas familias indgenas, son importadores netos de alimentos. En la larga travesa de 10-12 horas que debe hacerse a pie desde la vertiente oriental de la cordillera occidental hasta los primeros poblados en la vertiente occidental de la misma, las comunidades entran huevos y pollos de raza Patterson producidos en granjas industriales, novillos, panela, frjoles, azcar, maz, chocolate, caf, aceites y otra cantidad de productos.\nEl reclutamiento de afrodescendientes por todos los actores armados y su utilizacin para actos de barbarie en regiones con poblamiento indgena, levanta de nuevo la imagen de los negros como demonios y amplia los abismos de la relacin entre comunidades que histricamente han estado subordinadas. Carlos Rosero, obra citada. Algunos de los paramilitares que cometieron la masacre fueron reconocidos por los pobladores. Unos haban sido vctimas de la guerrilla que ahora regresaban como victimarios. Otros se haban enrolado por sueldos que iban de 250.000 hasta 500.000, de acuerdo al rango (Efran Jaramillo. Anuario IWGIA 2002). Carlos Rosero. Obra citada. Derechos humanos y cuestiones indgenas. Informe del Relator Especial sobre la situacin de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indgenas, 10 de noviembre de 2004. Este tipo de acusacin contra los pobladores del Naya es permanente y similar a la que realizan los grupos guerrilleros y paramilitares que acusan a los pobladores de pertenecer al bando enemigo. En un documento de la Comisin Intereclesial de Justicia y Paz se relata la detencin por el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad) del abogado de derechos humanos Diego Figueroa que alegaba haber entrado como acompaante de las Comunidades del Bajo Naya, que realizara actividades de apoyo en desarrollo del proceso de titulacin colectiva de tierras; los agentes del DAS expresaron: Usted no sabe que esa regin es guerrillera y que la guerrilla all es la que ejerce control? Usted cree que la guerrilla le va a creer ese cuentico? Usted est mintiendo, diga la verdad(CIJP: Abuso de autoridad en Buenaventura contra integrantes de Justicia y Paz, 2005). En otro documento del Sistema de Informacin Epidemiolgica para la Poblacin Desplazada por la Violencia en el Valle (Hacia la construccin de un modelo piloto para el diseo e implementacin de un sistema de informacin de salud publica y vigilancia epidemiolgica en poblaciones desplazadas por violencia poltica 2002) que relata la masacre del Naya y la posterior persecucin y captura de paramilitares involucrados, se pone en boca de una comunera las razones de la masacre segn lo expresado por los victimarios Nos han dicho que tenemos que desocupar el Naya, dizque porque somos auxiliares de la guerrilla. Por su parte, pobladores y autoridades del Naya nos expresaron que las F.A.R.C. haban explicado como razn de la masacre de tres jvenes del ro, en Puerto Merizalde en 2007, el sospechoso hecho de poderse ellos mover con tranquilidad en zonas controladas por la armada. En todos los casos, el Naya es ubicado como zona enemiga desde uno y otro bando y sus habitantes sometidos al alto riesgo de esta presuncin. El delegado de la C.I.D.H. en su visita a Colombia el 2003 recibi a dirigentes del Naya que expresaron preocupacin por la falta de efectividad de las medidas cautelares. En esta ocasin el delegado expres su preocupacin por las continuas denuncias sobre aquiescencia o cooperacin de miembros de la fuerza pblica con las autodefensas en la comisin de actos de intimidacin y violencia contra personas o grupos de personas cobijadas por estas medidas y la falta de investigacin judicial efectiva que ha impedido esclarecimiento y reparacin de muchos de estos actos. Naciones Unidas, Resolucin 60/147 aprobada por la Asamblea General el 16 de diciembre de 2005, anexo Principios bsicos sobre el derecho de las vctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Ibidem. Naciones Unidas, Informe presentado por el Representante del Secretario General sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Sr. Walter Klin, Adicin Misin a Colombia, Consejo de Derechos Humanos. Cuarto perodo de sesiones, Tema 2 del programa provisional, A/HRC/4/38/Add.3, 24 de enero de 2007, prr. 54. Con miras a abrir este camino, diferentes organizaciones afrocolombianas, indgenas y campesinas del Pacfico deciden poner en marcha, con el acompaamiento del Colectivo de Trabajo Jenzera, la Escuela de formacin intertnica.\nDocumentos semelhantes a Colombia El Caso Del Naya\nMais de perhan67\nSin Garantias_S Hall\nUllberg VI Original\nNoche y Niebla n.49 – Enero a Junio de 2014\nAproximación a La Figura y Al Pensamiento de Saint-Exupery\nalfredo rat diaz\nPotencialidades para la paz de las organizaciones sociales y comunitarias