C-713 de 1998\n200Corte ConstitucionalCorte Constitucional20020037803CC-SENTENCIAC713199825/11/1998CC-SENTENCIA_C_713__1998_25/11/1998200378031998Sentencia C-713/98 CONSTITUCION POLITICA -Esfera pública y privada Se comprende que las relaciones entre lo público y lo privado, en consecuencia, no puedan en su integridad ser decididas desde el plano constitucional y que la definición de esa ponderación difícilmente pueda sustraerse a los órganos del sistema democrático encargados de formular y ejecutar políticas en los distintos campos de la vida social y económica. ORDEN CONSTITUCIONAL ECONOMICO La consagración de un título de la Constitución dedicado al régimen económico, pone de presente que en las normas constitucionales pueden encontrarse los criterios superiores llamados a orientar positivamente la vida económica y social, en modo alguno ajena al ordenamiento jurídico. Por consiguiente, los principios constitucionales en asuntos ligados a la economía, por establecer el marco para el ejercicio de la actividad económica tienen carácter vinculante, tanto para las autoridades públicas como para los particulares. En especial, dichos principios y reglas permiten confrontar en términos de validez las políticas económicas y sociales que adoptan el legislador y el gobierno, cuya discrecionalidad política forzosamente resulta limitada. Las normas de la Constitución que se refieren a la vida económica y social, plasman principios, reglas y, además, fijan metas. En su conjunto conforman un orden que se erige en patrón de validez constitucional de las políticas que se formulen y ejecuten por parte de los órganos del Estado y, al mismo tiempo, indican a éstos el sentido que debe inspirar el ejercicio diario de sus competencias. ESTADO SOCIAL DE DERECHO -Práctica del deporte como derecho constitucional El Estado Social de Derecho, de otra parte, incorpora como perteneciente a la política, esto es, no externo a la ley ni a sus órganos, un cúmulo de tareas y materias que en el pasado escapaban a la atención pública o sólo recibían un tratamiento marginal o incidental. Es el caso del deporte, en todas sus manifestaciones, cuya práctica se eleva a derecho constitucional y, por ende, exige del Estado políticas de promoción y control con miras a hacerlo efectivo. ACTIVIDAD EMPRESARIAL EN AMBITO DEPORTIVO El deporte, particularmente el que tiene carácter profesional, está directamente relacionado con los derechos laborales de los jugadores. Las organizaciones deportivas, con o sin ánimo de lucro, asumen una función y una dimensión empresarial que las pone en contacto con los restantes sujetos de derecho, lo que obliga a tomar cautelas en lo relacionado con el crédito público y el desenvolvimiento regular de las transacciones. La relación interna entre asociados y gestores de las empresas deportivas, no puede desconocer la conservación de la empresa ni la pureza del ideal deportivo. El conjunto de las organizaciones deportivas como depositarias de la buena fe de los aficionados y de los colectivos que en torno a ellas crean expectativas de diferente tipo, no pueden sin perjuicio para el deporte defraudar dicha confianza mediante actos lesivos de la dignidad deportiva y la buena administración de los intereses que ellas manejan. En fin, si es necesario abundar en la justificación de un régimen normativo dictado por el Congreso - aún en ausencia de una cuota de fomento económico -, basta agregar que el Estado debe garantizar que el ideal deportivo no sea mediatizado por organizaciones delictivas que pretenden trasladar a las empresas deportivas el fruto de su enriquecimiento ilícito ya sea para obtener un lucro fácil o para esconder y simular el ya turbiamente obtenido. ACTIVIDAD DEPORTIVA -Regulación legal La propia Constitución reclama del Estado un régimen jurídico para la actividad deportiva y que la ley al hacerlo en modo alguno penetra en un campo que le esté vedado. Igualmente, la expedición del indicado estatuto legal, no requería que previamente el Estado hubiese procedido a fomentar de manera material la actividad sobre la cual versaban las disposiciones demandadas. DEMOCRATIZACION DE LA PROPIEDAD DE CLUBES DEPORTIVOS La ley ha establecido que ninguna persona natural o jurídica podrá poseer más del 20% de los títulos de afiliación acciones o aportes de los clubes con deportistas profesionales. Esta disposición persigue, entre otras cosas, la democratización de la propiedad de los clubes con deportistas profesionales y, en consecuencia, debe ser aplicada de manera tal que consiga su objetivo. En este sentido, resulta claro que ninguna persona puede ser beneficiaria real - vale decir, directa o indirectamente propietaria - de más del 20% de los títulos de afiliación acciones o aportes de los clubes. Pero el legislador no se limitó a garantizar la democratización de la propiedad dentro de cada uno de los clubes, sino que buscó, adicionalmente, impedir que se produjera una concentración de la propiedad de las distintas asociaciones deportivas de la naturaleza de las que acá se estudian, en manos de pocas personas o grupos económicos. Para tal efecto, estableció que ninguna persona, natural o jurídica, podrá participar en la propiedad de más de un club del mismo deporte. A juicio de la Sala esta restricción persigue un fin constitucionalmente legítimo, cual es garantizar una adecuada competencia entre los distintos clubes y propender el no surgimiento de conflictos de intereses o, en general, manejos empresariales o de mercado ajenos a la práctica del deporte de que se trate, susceptibles de afectar, no sólo las condiciones necesarias para una sana competencia sino, incluso, los derechos de los propios deportistas. La regulación de un régimen especial de propiedad no debe sujetarse al trámite previsto para la adopción de leyes estatutarias. El derecho de propiedad como tal no tiene la naturaleza de derecho fundamental. De otro lado, el derecho al deporte con el cual se establece en este caso un conexidad próxima, tampoco puede en principio catalogarse como derecho fundamental. Referencia: Expediente D-2063 Actores: Jaime Castro y Néstor Raúl Correa\nJaime Castro | Néstor Raúl CorreaCONSTITUCIONALIDADEduardo Cifuentes MuñozDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29 y 30 de la Ley 181 de 1995.D2063Identificadores20020037804true57133Versión original20037804Identificadores\nNorma demandada: Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29 y 30 de la Ley 181 de 1995.\nCONSTITUCION POLITICA-Esfera pública y privada\nSe comprende que las relaciones entre lo público y lo privado, en consecuencia, no puedan en su integridad ser decididas desde el plano constitucional y que la definición de esa ponderación difícilmente pueda sustraerse a los órganos del sistema democrático encargados de formular y ejecutar políticas en los distintos campos de la vida social y económica.\nORDEN CONSTITUCIONAL ECONOMICO\nLa consagración de un título de la Constitución dedicado al régimen económico, pone de presente que en las normas constitucionales pueden encontrarse los criterios superiores llamados a orientar positivamente la vida económica y social, en modo alguno ajena al ordenamiento jurídico. Por consiguiente, los principios constitucionales en asuntos ligados a la economía, por establecer el marco para el ejercicio de la actividad económica tienen carácter vinculante, tanto para las autoridades públicas como para los particulares. En especial, dichos principios y reglas permiten confrontar en términos de validez las políticas económicas y sociales que adoptan el legislador y el gobierno, cuya discrecionalidad política forzosamente resulta limitada. Las normas de la Constitución que se refieren a la vida económica y social, plasman principios, reglas y, además, fijan metas. En su conjunto conforman un orden que se erige en patrón de validez constitucional de las políticas que se formulen y ejecuten por parte de los órganos del Estado y, al mismo tiempo, indican a éstos el sentido que debe inspirar el ejercicio diario de sus competencias.\nESTADO SOCIAL DE DERECHO-Práctica del deporte como derecho constitucional\nEl Estado Social de Derecho, de otra parte, incorpora como perteneciente a la política, esto es, no externo a la ley ni a sus órganos, un cúmulo de tareas y materias que en el pasado escapaban a la atención pública o sólo recibían un tratamiento marginal o incidental. Es el caso del deporte, en todas sus manifestaciones, cuya práctica se eleva a derecho constitucional y, por ende, exige del Estado políticas de promoción y control con miras a hacerlo efectivo.\nACTIVIDAD EMPRESARIAL EN AMBITO DEPORTIVO\nEl deporte, particularmente el que tiene carácter profesional, está directamente relacionado con los derechos laborales de los jugadores. Las organizaciones deportivas, con o sin ánimo de lucro, asumen una función y una dimensión empresarial que las pone en contacto con los restantes sujetos de derecho, lo que obliga a tomar cautelas en lo relacionado con el crédito público y el desenvolvimiento regular de las transacciones. La relación interna entre asociados y gestores de las empresas deportivas, no puede desconocer la conservación de la empresa ni la pureza del ideal deportivo. El conjunto de las organizaciones deportivas como depositarias de la buena fe de los aficionados y de los colectivos que en torno a ellas crean expectativas de diferente tipo, no pueden sin perjuicio para el deporte defraudar dicha confianza mediante actos lesivos de la dignidad deportiva y la buena administración de los intereses que ellas manejan. En fin, si es necesario abundar en la justificación de un régimen normativo dictado por el Congreso - aún en ausencia de una cuota de fomento económico -, basta agregar que el Estado debe garantizar que el ideal deportivo no sea mediatizado por organizaciones delictivas que pretenden trasladar a las empresas deportivas el fruto de su enriquecimiento ilícito ya sea para obtener un lucro fácil o para esconder y simular el ya turbiamente obtenido.\nACTIVIDAD DEPORTIVA-Regulación legal\nLa propia Constitución reclama del Estado un régimen jurídico para la actividad deportiva y que la ley al hacerlo en modo alguno penetra en un campo que le esté vedado. Igualmente, la expedición del indicado estatuto legal, no requería que previamente el Estado hubiese procedido a fomentar de manera material la actividad sobre la cual versaban las disposiciones demandadas.\nDEMOCRATIZACION DE LA PROPIEDAD DE CLUBES DEPORTIVOS\nLa ley ha establecido que ninguna persona natural o jurídica podrá poseer más del 20% de los títulos de afiliación acciones o aportes de los clubes con deportistas profesionales. Esta disposición persigue, entre otras cosas, la democratización de la propiedad de los clubes con deportistas profesionales y, en consecuencia, debe ser aplicada de manera tal que consiga su objetivo. En este sentido, resulta claro que ninguna persona puede ser beneficiaria real - vale decir, directa o indirectamente propietaria - de más del 20% de los títulos de afiliación acciones o aportes de los clubes. Pero el legislador no se limitó a garantizar la democratización de la propiedad dentro de cada uno de los clubes, sino que buscó, adicionalmente, impedir que se produjera una concentración de la propiedad de las distintas asociaciones deportivas de la naturaleza de las que acá se estudian, en manos de pocas personas o grupos económicos. Para tal efecto, estableció que ninguna persona, natural o jurídica, podrá participar en la propiedad de más de un club del mismo deporte. A juicio de la Sala esta restricción persigue un fin constitucionalmente legítimo, cual es garantizar una adecuada competencia entre los distintos clubes y propender el no surgimiento de conflictos de intereses o, en general, manejos empresariales o de mercado ajenos a la práctica del deporte de que se trate, susceptibles de afectar, no sólo las condiciones necesarias para una sana competencia sino, incluso, los derechos de los propios deportistas. La regulación de un régimen especial de propiedad no debe sujetarse al trámite previsto para la adopción de leyes estatutarias. El derecho de propiedad como tal no tiene la naturaleza de derecho fundamental. De otro lado, el derecho al deporte con el cual se establece en este caso un conexidad próxima, tampoco puede en principio catalogarse como derecho fundamental.\nReferencia: Expediente D-2063\nActores: Jaime Castro y Néstor Raúl Correa\nDemanda de inconstitucionalidad contra los artículos 29 y 30 de la Ley 181 de 1995.\nLas esferas pública y privada en la Constitución Política\nEl llamado orden constitucional económico\nPráctica del deporte y actividad empresarial en el ámbito deportivo\nSanta Fe de Bogotá, D.C., noviembre veinticinco (25) de mil novecientos noventa y ocho (1998)\nEn el proceso de constitucionalidad contra los artículos 29 y 30 de la Ley 181 de 1995.\n1. El Congreso de la República expidió la Ley 181 de 1995, publicada en el Diario Oficial N° 41.679, de enero 18 de 1995.\nLos ciudadanos Jaime Castro y Nestor Raúl Correa demandaron la inconstitucionalidad de los artículos 29 y 30 de la Ley 181 de 1995, por considerarlos violatorios de los artículos 13, 38, 52, 58, 189-24-26, 300-10, 333, 334 y 335 de la Constitución.\nEl Instituto Nacional del Deporte - COLDEPORTES -, por intermedio de su apoderado, intervino para defender la constitucionalidad de las normas acusadas.\nEl Procurador General de la Nación solicitó a la Corte que declarara la exequibilidad parcial del artículo 29 y la inexequibilidad del artículo 30 acusados.\n2. A continuación se transcriben las normas demandadas.\nArtículo 29.- Los clubes con deportistas profesionales deben organizarse como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro o sociedades anónimas.\nArtículo 30.- El número mínimo de socios o asociados de los clubes con deportistas profesionales estará determinado por el capital autorizado o el aporte inicial, según el caso, de acuerdo con los siguientes rangos:\nDe 3000 en adelante\nParágrafo: El salario mensual base para la determinación del número de socios, será el vigente en el momento de la constitución o de su adecuación a lo previsto en este artículo. Los clubes de fútbol profesional en ningún caso podrán tener un número inferior a dos mil (2000) socios o accionistas.\n4. En opinión del demandante, en la Carta se ha previsto una gradualidad en la injerencia estatal en las actividades particulares, cuyos extremos son la permisividad y la prohibición absoluta, para adelantar ciertas empresas. El criterio que explica la mayor o menor injerencia del estado en una actividad específica es el riesgo social asociado a ella. Así, en presencia de actividades riesgosas la Carta autoriza distintos niveles de control hasta alcanzar la prohibición, en tanto que las empresas poco riesgosas parten de la permisión hasta diferentes grados de inspección y vigilancia.\nHabida consideración del bajo nivel de riesgo que supone el ejercicio del deporte, la Carta ha previsto que el Estado se limite a fomentar su práctica y que ejerza una inspección y vigilancia circunscrita a la democratización de la estructura propietaria y orgánica de las personas jurídicas vinculadas al ramo. La inspección y vigilancia constituye un momento posterior que tiene por propósito verificar que el fomento haya tenido el efecto esperado, es decir, su eficacia.\n5. En las normas acusadas, que deben estudiarse de manera conjunta, se invierten las competencias estatales en materia deportiva, desconociendo los parámetros constitucionales. Así, en lugar de ejercer el fomento - estimular, a través de una participación modesta, una actividad - del deporte, el Estado interviene en este ámbito, al regular "todos aquellos aspectos que definen la existencia misma de los clubes".\nEn esta intervención, el legislador, además, desconoce el mandato del artículo 13 de la Carta, toda vez que somete a una misma regulación entes corporativos sujetos a distintos controles estatales, como ocurre con las asociaciones (sujetas a inspección y vigilancia -art. 189-26 de la C.P.-) y las sociedades mercantiles (sometidas a una fuerte intervención -art. 189-24 de la C.P.-).\nPor otra parte, desdibuja la competencia estatal de intervención y vigilancia en el ámbito deportivo, ya que (i) no prevé reglas relativas a la democratización de la estructura interna de los clubes deportivos, y, (ii) no impide que se concentre la propiedad de un mismo club, mediante la presencia de testaferros o familiares. Sobre esto último, debe tenerse presente que el inciso 2° del artículo 29, mientras prohibe la participación directa o indirecta en la propiedad de varios clubes, guarda silencio sobre la participación indirecta en un mismo club, en cuantía superior al 20% de los intereses asociados.\nA lo señalado debe sumarse el hecho de que la práctica del deporte es un derecho fundamental, como lo ha reconocido la misma Corte, de manera que resulta contrario al principio liberal de la Carta que el Estado se arrogue el derecho de regular el ejercicio de dicho derecho, so pretexto de establecer "quiénes y cuántos pueden jugar, o quiénes y cuantos pueden aprovechar el tiempo libre, o quiénes y cuántos pueden organizar clubes deportivos para jugar". El desconocimiento de los postulados constitucionales resulta patente si se tiene en cuenta que, contrariamente a lo que exige el artículo 13 de la Constitución, las normas acusadas restringen el derecho a conformar clubes profesionales de fútbol de manera tan grave que resulta imposible para muchos municipios colombianos conformar sus propios equipos. Lo anterior se constata al observar las estadísticas demográficas colombianas que muestran que existen varios municipios en los cuales es necesaria la asociación de todos sus habitantes, o de un altísimo porcentaje de ellos, para conformar el club.\nSostienen que en el presente caso, la Corte debe mantener la línea jurisprudencial desarrollada en materia televisiva, según la cual, no comporta violación a la obligación constitucional de intervenir en el espectro, el hecho de que la ley no fije límites a la propiedad accionaria, bajo el supuesto de que la organización interna propia de las sociedades anónimas es suficiente para garantizar la debida democratización del medio.\nEn efecto, habiendo la Corte avalado la fórmula legislativa en cuestión en un ámbito sometido a intervención estatal, cabría esperar la aplicación de la misma doctrina a asuntos en los cuales la competencia estatal se limita a la inspección y vigilancia.\nSe presenta, por otro lado, la anulación de las competencias territoriales en materia deportiva. La Ley 181 de 1995 reguló de manera integral el deporte, de suerte que no dejó espacio alguno para que los entes territoriales ejerzan la facultad reguladora, prevista en el numeral 10 del artículo 300 de la C.P.\nIntervención del Instituto Colombiano del Deporte - COLDEPORTES -\n6. En opinión del apoderado de COLDEPORTES los cargos de la demanda parten de una serie de equívocos. El primero de los cuales es desconocer la diferencia entre la práctica del deporte y la actividad empresarial en ese ámbito. El reconocimiento de dicha diferencia explica que el Estado esté facultado para fomentar la práctica del deporte y para ejercer, respecto de la actividad empresarial, variadas competencias que parten del establecimiento de un esquema único de organización empresarial (régimen asociativo o mercantil), y, de otro lado, se inspiran en un criterio de intervención gradual según el esquema corporativo adoptado.\nEl segundo equívoco tiene relación directa con el anterior. Las competencias territoriales, tanto en materia deportiva como en cualquiera otra, no pueden ejercerse por fuera del marco normativo. De allí que, al expedirse normas nacionales sobre la organización empresarial del deporte no se desconozca tales competencias. Por otra parte, los demandante olvidan que la misma ley y las normas que la han sucedido han precisado el margen de competencia territorial. Por este motivo, estima que respecto de este cargo, no se ha integrado debidamente la proposición jurídica.\nFinalmente, sostiene el apoderado que, el primer equívoco lleva a los demandantes a rechazar las condiciones de asociación en el fútbol profesional, ya que consideran excesiva la limitación impuesta para el ejercicio del derecho. Sin embargo, a su juicio, estos ignoran que dicha limitante no restringe el ánimo asociativo de los particulares y, por otra parte, que "la Constitución no determina que en materia de organización del deporte profesional deba existir un club por cada municipio del país".\n7. El Procurador General de la Nación considera que en materia deportiva se presenta un tratamiento Constitucional distinto al que tradicionalmente se da en otras áreas económicas. Así, respecto de la actividad misma, el artículo 52 de la C.P. dispone que el Estado debe ejercer una inspección que garantice que la propiedad y la estructura de los clubes deportivos sea democrática, en tanto que de conformidad con el artículo 189-24-26, se busca que los socios o asociados se ajusten a los requisitos legales de funcionamiento, conformación y de cumplimiento de sus cometidos sociales. Con todo, estas facultades no pueden anular "el fomento y patrocinio de la actividad deportiva".\nAhora bien, cuando el legislador dispone que los clubes deportivos deban adoptar alguna de las formas corporativas prescritas, no hace más que establecer las reglas a partir de las cuales se ejercen las competencias establecidas en los numerales 24 y 26 del artículo 189 de la C.P. En este orden de ideas, no es posible sostener que al establecer la exigencia anotada se desconozca la Constitución, toda vez que entidades de derecho privado, como lo relativo a las personas jurídicas, "cumplen funciones de interés público y social, que no pueden quedar al margen del control del Estado".\n8. En relación con las restricciones sobre la propiedad accionaria, deben distinguirse dos situaciones. De una parte, la regla sobre la propiedad en un mismo club y, por otra, la atinente a participación en varios clubes. En relación con la primera regla, que fija en 20% la participación máxima en un club deportivo profesional, esta se ajusta a los mandatos constitucionales. La Carta, en punto al deporte, quiso que su propiedad fuera democrática, para lo cual el legislador cuenta con una amplia discrecionalidad. Sostiene que es competencia de la Corte, en esta materia, determinar si las condiciones previstas por el legislador se ajustan a criterios de proporcionalidad y razonabilidad. En este sentido, manifiesta el Procurador, la limitante objetada se ajusta a lo estipulado en la Constitución, en la medida en que "evita que la propiedad de los clubes profesionales quede en poder de unos pocos".\nSobre el particular recuerda que la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio del control constitucional, se había pronunciado respecto de disposiciones de idéntico contenido. En su decisión, aquel tribunal puso de presente cómo el ejercicio del derecho de asociación debe sujetarse a las prescripciones positivas relativas a la constitución y mantenimiento de personas jurídicas, que es de resorte exclusivo del legislador.\nSin embargo, en criterio del Procurador, no puede decirse lo mismo de la segunda regla. "La prohibición de adquirir títulos de afiliación - sostiene el procurador - de otros clubes profesionales del mismo deporte, vulnera el núcleo esencial del derecho fundamental de constituir y pertenecer a otras instituciones gregarias de las misma especialidad deportiva, como genuina expresión de la autonomía privada y libre expansión de la personalidad de los asociados". La restricción no resulta proporcional a los fines de la norma, esto es, a la garantía de democratizar la estructura propietaria de los clubes deportivos, en la medida en que no hay razón que explique cómo ser propietario de intereses en varios clubes afecta el fin anotado. Por otra parte, impide la realización del propósito constitucional de fomento y promoción, ya que obstaculiza al sector privado, y al público, para que financie las actividades deportivas profesionales. Debe tenerse presente que en Colombia el Estado destina exiguos recursos al patrocinio del deporte profesional, razón por la cual "resulta inconstitucional que el legislador limite la iniciativa de la empresa privada, cuando busca aliviar la situación de varias entidades profesionales que ejecutan el mismo deporte".\nPor otra parte, la limitación misma desconoce los artículos 58 y 61 de la Carta pues "atenta contra el derecho a la propiedad e impide el acceso a la misma", sin mencionar el consiguiente menoscabo de la libertad económica. Por este motivo, la expresión "Tampoco podrá participar en la propiedad de más de un club del mismo deporte, directamente o por interpuesta persona", del inciso 2º del artículo 29 debe separarse del ordenamiento.\n9. La Corte ha señalado que la validez de las restricciones a los derechos fundamentales se explica en relación con el fin perseguido. Así, el objetivo del legislador al expedir el artículo 30 acusado era el de facilitar la conformación de nuevos equipos profesionales. Las pruebas aportadas al proceso muestran cómo la restricción no se ajusta al propósito superior de fomentar el deporte, como se evidencia al constatar que, con posterioridad a la expedición de la Ley 181 de 1995, únicamente se han formado 3 equipos profesionales de fútbol y 2 de baloncesto, sin mencionar la ausencia de conformación de equipos profesionales en otras disciplinas deportivas. Cabe entonces concluir que la norma no es idónea para alcanzar el fin perseguido.\nPor otra parte, si se tiene presente los datos demográficos y de pobreza en Colombia, resulta claro que únicamente en "algunas ciudades capitales de departamento, es teóricamente posible encontrar el número mínimo de personas que exige la norma acusada, para constituir un club deportivo". La norma discrimina a los municipios con una población menor a 100.000 habitantes y con niveles de pobreza y miseria del 30 al 40%, "donde es imposible congregar el número mínimo de afiliados y aportes que exige la ley para fundar corporaciones deportivas profesionales". Cabe resaltar que la discriminación se acentúa más "en el caso de los indígenas y las negritudes, que generalmente son las canteras de los grandes deportistas nacionales".\nCon todo, si bien es cierto que la ley no establece que en todos las regiones del país deba existir un club profesional, no resulta admisible que la ley establezca requisitos o condiciones de asociación que hacen nugatorios los derechos fundamentales de los asociados en punto al deporte.\nAún si se aceptara la constitucionalidad del inciso primero del artículo 30 de la Ley 181 de 1995, la misma no podría extenderse al segundo, ya que no resulta razonable y proporcionado, ante el objetivo propuesto por el legislador, imponer restricciones mayores para la conformación de equipos de fútbol. Restricciones que, por demás, son del todo discriminatorias para los pequeños y los más pobres municipios del país.\n10. Finalmente, en criterio del Procurador, se establece un trato discriminatorio entre los clubes profesionales que acogen el modelo asociativo y los que se someten al esquema de sociedad anónima, puesto que las restricciones del artículo 30 no se exigen de las segundas, las cuales, conforme a la ley comercial, deben contar, como mínimo, con 5 accionistas para cumplir su objeto social.\n11. La Corte solicitó a los Departamentos Administrativos de Planeación (DNP) y Nacional de Estadísticas (DANE), al Instituto Nacional del Deporte y a la Federación Colombiana de Fútbol, que remitieran información relativa a los cargos de la demanda. Dicha información será utilizada, en lo pertinente, en los fundamentos del presente fallo.\n2. Los cargos de los demandantes se apoyan en una serie de supuestos que es conveniente, en primer término, explicitar. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, en su concepto, no pueden ser objeto de intervención por parte del Estado, sino materia de fomento y de inspección, las que de otro lado sólo se aplican a las "organizaciones deportivas", no así a las personas naturales. La actuación estatal, además, cronológica y jurídicamente sería posterior a la primera, como que su ámbito lo constituye aquello que desde el punto de vista material ha recibido estímulo por la vía de los subsidios, concesión de ventajas de distinto tipo, asignación de beneficios etc. El régimen de la inspección se sujetaría entonces a una triple condición: (1) sólo se justifica como efecto de una previa acción estatal de fomento de una actividad privada [causa]; (2) su intensidad debe ser proporcional a la ayuda recibida, debiéndose evitar que el "costo de la ayuda para los particulares sea mayor que los beneficios que éstos reciben" [alcance]; (3) la inspección tiene como objetivo "evaluar si el fomento fue útil" [finalidad].\nLos demandantes, luego de establecer, como se ha indicado, que la actividad deportiva sólo puede ser objeto de fomento e inspección, precisan que para la actividad económica - dentro de la cual no incluyen la deportiva -, se contempla en la Constitución un régimen de intervención, que se estructura a modo de "equilibrada ecuación jurídica", semejante a la esbozada en punto a la inspección. El régimen de la intervención, desde este punto de vista, se caracterizaría por las siguientes notas: (1) la regla general está representada por la libertad económica de los particulares, al paso que la intervención del Estado en la economía tiene carácter de excepción [principio]; (2) frente a cada tipo de actividad, identificada según el patrón de riesgo que se asocia a su ejercicio, la Constitución consagra una modalidad específica de intervención que se realiza gradualmente y que, en consonancia con el peligro social envuelto, ha de traducirse exactamente en una escala que en un punto inicial se confunde con la permisión total y en el extremo con la prohibición total, pasando por estadios intermedios donde la reacción del Estado se calibra con arreglo a la mencionada pauta de riesgo [gradualidad y alcance de la intervención del Estado].\nSentadas estas dos premisas, la impugnación de las normas demandadas, se expresa en los diferentes cargos que se aducen contra ellas, los cuales ya fueron transcritos por la Corte. En resumen, los actores señalan: (1) la ley en lugar de "fomentar" la actividad deportiva, la hizo objeto de "intervención"; (2) el cometido de la ley ha debido ser integral y, por el contrario, la misma se limitó a "democratizar" la propiedad de las organizaciones deportivas, dejando intocada su "estructura"; (3) dado que los dos sujetos que desarrollan y gestionan la actividad deportiva son distintos - corporaciones y sociedades anónimas -, su régimen jurídico ha debido ser diferenciado; (4) en vista de que el "riesgo social" de la actividad deportiva es inferior del que surge de la explotación de canales de televisión privada por parte de las personas jurídicas que acceden al espectro electromagnético, viola la igualdad que la ley en este caso no exija límites a la concentración accionaria y, en cambio, en el primero sí los imponga; (5) la regulación legal del deporte tiene como efecto reducir hasta su entero "vaciamiento" la competencia que para dictar normas en la materia atribuye la Constitución a las entidades territoriales; (6) el requisito de contar con un número mínimo de dos mil socios para formar un club de fútbol profesional resulta excesivo y, por ende, violatorio de la igualdad y de los derechos fundamentales (arts. 13, 16 y 38 ); (7) las regulaciones legales, por comportar una injerencia mayúscula en la actividad deportiva, en el uso del tiempo libre y en la recreación, han debido tramitarse según el procedimiento de las leyes estatutarias; (8) los tratados internacionales suscritos por el país, relacionados con la libertad de asociación y la práctica del deporte, no establecen restricciones como las que introducen las normas demandadas.\nLa esfera pública y la esfera privada en la Constitución Política\n3. El planteamiento de los actores se encamina a fijar zonas de exclusión para la acción reguladora del Estado, lo mismo que a establecer condiciones de fondo para hacerlo cuando la última resulta constitucionalmente posible, en cuyo caso la Carta predeterminaría su exacto alcance con arreglo al criterio del riesgo vinculado a cada actividad privada en concreto.\nLa tesis general según la cual a partir de la Constitución puede derivarse la posibilidad y la medida de la respuesta que el Estado ha de ofrecer a las distintas actividades que desarrollan los particulares, encuentra asidero en la idea misma de Constitución como norma suprema ordenadora de la esfera pública y de la privada. La demarcación de ámbitos se realiza principalmente mediante la configuración de los órganos del Estado y el señalamiento de sus competencias y, de otra parte, a través de la consagración de derechos fundamentales y garantías sociales. No obstante, la delimitación constitucional tiene lugar básicamente en el nivel de los principios y no es ajena a la necesaria dinámica de la relación público-privado, cuya concreción histórica está sujeta a fuerzas, tensiones, ajustes y, en fin, a una fluidez que difícilmente puede ser captada de manera integral por el Estatuto Superior que sólo se limita a trazar, del modo indicado, las fronteras más visibles y esenciales para coordinar la búsqueda del bien común y el pleno desarrollo de la personalidad y de la libertad de los individuos y grupos sociales.\nDe ahí que buena parte de la cabal armonización de las esferas pública y privada sea el cometido propio de la ley, desde luego, obrando dentro del marco de la Constitución. Con este objeto al legislador la Constitución le asigna, en materia normativa, la función de interpretar, reformar y derogar las leyes, sin excluir en principio campo alguno (C.P. art. 150). La ley por esta razón, se erige en fuente ordinaria de deberes y derechos para los particulares (C.P. art., 6). La función legislativa, en un estrato normativo subordinado a la Constitución, prosigue la tarea iniciada por el Constituyente, de precisar conforme a los principios superiores, la relación de lo público y de lo privado en los diferentes campos en los que la misma esté en juego y tomando en cuenta las circunstancias que en cada momento se estimen relevantes.\nAsuntos que en el pasado no eran objeto de interés público y de regulación legal, pueden adquirir enorme importancia y exigir específica y adecuada ordenación por parte del legislador. Lo anterior simplemente indica que lo privado no siempre debe o puede permanecer por fuera de las coordenadas de la razón política, la que se alimenta concediendo interés público a lo que en otras épocas no trascendía los linderos de lo privado, o inversamente negando o renunciando al carácter público que exhibía temporalmente un asunto o materia. El mayor peso relativo de lo público o de lo privado y la forma de su entrecruzamiento, se libra a incontables e impredecibles avatares históricos que sirven de trasfondo a la constante afirmación y abandono de intereses, valores e ideas, muchas veces de signo opuesto, lo que se traduce en una evolución a veces pendular del cuadro de estas relaciones. Se comprende que las relaciones entre lo público y lo privado, en consecuencia, no puedan en su integridad ser decididas desde el plano constitucional y que la definición de esa ponderación difícilmente pueda sustraerse a los órganos del sistema democrático encargados de formular y ejecutar políticas en los distintos campos de la vida social y económica.\nEn este sentido puede anotarse que una serie compleja de factores han incidido en la ampliación de la esfera pública. Entre ellos bastaría mencionar los siguientes: la carencia de infraestructura para soportar la producción y el costo elevado de la misma; la especulación y el abuso derivado del poder ejercido por particulares dueños de posiciones de monopolio o de oligopolio; las exigencias crecientes de la población en todo lo relativo a la prestación a bajo costo y de manera generalizada de servicios básicos de salud, educación, vivienda, agua potable, etc; la penuria de zonas del país que demandan de constante estímulo con el fin de favorecer el empleo y la producción; los ciclos recesivos de la economía y las crisis empresariales, que imponen la actuación de los poderes públicos; en fin, la autonomía que debe construir un país para mantener la independencia relativa en el concierto internacional. El derecho público, en particular el derecho constitucional, ofrecieron un marco institucional idóneo a la asunción y ejercicio de las nuevas funciones que ampliaban la esfera de lo público, lo que es notorio desde la reforma constitucional de 1936. En la Constitución actual la expresa cualificación del Estado como social de derecho, se orienta a que éste despliegue su máximo potencial en orden a modificar las condiciones materiales de vida de las personas de modo que los derechos y las libertades puedan tener una aplicación real y efectiva en términos de una igual libertad para todos. Aunque la actualización concreta de las funciones del Estado social, que por lo dicho son connaturales al mismo, se confía a los órganos regulares y al proceso social y político, no cabe duda de que el impulso fundamental se origina en la Constitución y que se opone a su designio un Estado neutral y pasivo frente a las necesidades insatisfechas de la población. En otras palabras, mientras el presupuesto material para el ejercicio pleno de los derechos sea sólo virtual para una parte significativa de los habitantes del país, ya sea por la vía de la gestión directa o indirecta, de la regulación o de las políticas, no se ajusta a la fórmula política de la Constitución un Estado que cesa de perseguir activamente las finalidades que aquella encomienda a sus órganos.\nLo anterior no desconoce que fenómenos recientes como los desarrollos tecnológicos y la globalización de la economía, introducen modificaciones relevantes en el escenario donde obran los poderes del Estado y de los particulares. En efecto, los cambios que se perciben en distintos frentes de la producción, los servicios y los mercados, tienen efectos notorios en el empleo, en el florecimiento y decaimiento de ciertos sectores, en la pérdida de importancia y significación de antiguos monopolios estatales e, inclusive, hasta el lugar donde se producen los bienes o emiten los títulos financieros se torna relativamente indiferente. Es evidente, desde el punto de vista institucional, que la centralidad del Estado se reduce en este contexto y que sus poderes de intervención, dependiendo de la materia a la que se apliquen, se exponen a ver reducida su eficacia. De otro lado, es innegable aceptar la presencia de órganos supranacionales que en temas claves para la economía de los países ejercen poderes de la más alta significación. Se trata de un cambio de circunstancias que ha inducido a un mayor fortalecimiento y expansión de la esfera privada, pero que, en suma, por razón de los desequilibrios que se crean y, además, por las carencias sociales insatisfechas, no conduce necesariamente al eclipse del Estado y a la cesación de sus funciones, sino a una nueva configuración de lo público y lo privado, también gobernada en parte por la Constitución en lo que tiene que ver con el respeto a sus principios medulares.\nEl amplio poder de configuración normativa de que goza el legislador, podría empero llevarlo a ampliar la esfera de lo político hasta un punto en el que las personas y los grupos sociales se vieran reducidos a su mínima expresión. La consagración de derechos fundamentales, libertades públicas y garantías sociales en la Constitución Política, entre otras finalidades, persigue evitar que esto ocurra. La Constitución tiene el profundo significado de limitar el principio democrático - por definición expansivo - y, conforme a los criterios que en ella se plasman, determinar el parámetro que sirva para juzgar a la ley y orientar su sentido, de suerte que ámbitos intangibles de la persona humana y de la misma colectividad no sufran injusto menoscabo, así sea en aras del interés general.\nEs evidente que la actividad deportiva, como manifestación de la vida individual y social, se ubica en el campo de lo privado. La ley demandada se ocupa de regular varios aspectos de este comportamiento. La Constitución no contiene ninguna interdicción relativa a la materia deportiva como objeto propio de regulación legal. Además de la cláusula general de competencia, el legislador encuentra en el texto mismo del artículo 52 de la C.P., autorización suficiente para dictar normas en la mencionada materia. Lo que resulta decisivo será examinar si los preceptos legales desconocen los derechos fundamentales u otra pauta superior de valor constitucional, puesto que solo en ese caso ellos al trasladar indebidamente al campo de lo público una actividad privada o franquear irregularmente al Estado la intervención en esta última, violarían la Constitución Política.\n4. La regulación del deporte en cuanto valioso quehacer comunitario no puede ser extraño al Estado Social de Derecho, como contrariamente suponen los demandantes que supeditan la acción pública - inclusive puramente reguladora - a una previa tarea de estímulo o fomento. El Estado Social de Derecho, por definición, interviene en el entero proceso económico y social, lo que lleva a cabo no de manera puntual sino como función suya típica y constante, sin necesidad de que para hacerlo deba primero conceder ventajas a los particulares comprometidos con una determinada actividad social, como en este caso el deporte profesional que, además, en varios aspectos revela una acusada naturaleza empresarial. Esta forma de Estado supera la visión de la economía y de la sociedad como esferas puramente fácticas externas al derecho. La consagración de un título de la Constitución dedicado al régimen económico, pone de presente que en las normas constitucionales pueden encontrarse los criterios superiores llamados a orientar positivamente la vida económica y social, en modo alguno ajena al ordenamiento jurídico. Por consiguiente, los principios constitucionales en asuntos ligados a la economía, por establecer el marco para el ejercicio de la actividad económica tienen carácter vinculante, tanto para las autoridades públicas como para los particulares. En especial, dichos principios y reglas permiten confrontar en términos de validez las políticas económicas y sociales que adoptan el legislador y el gobierno, cuya discrecionalidad política forzosamente resulta limitada.\n5. Aunque la Constitución no sujeta la economía a un único modelo o esquema de desarrollo, lo que se libra a la opción democrática de cada momento histórico, en todo caso si determina un cierto orden o marco general que no puede ser desconocido. La Corte se ha referido en varias oportunidades a los principios que conforman el anotado orden económico [denominado, en un afán únicamente ilustrativo, "Constitución Económica"], de suerte que ahora sólo de manera resumida se aludirá a él: (1) la efectividad de los derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, obliga al Estado y a sus autoridades a propiciar un diseño de la economía y de los diferentes procesos sociales que resulte funcional a este propósito; (2) se garantiza la propiedad privada, asociativa y solidaria, pero se establece que ella tiene una función social y ecológica; (3) la calidad de los bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad debe ser objeto de regulación legal y de vigilancia pública; (4) el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, lo mismo que el ambiente sano, son elementos que integran el núcleo de derechos colectivos y se convierten por tanto en materia de regulación e intensa protección; (5) las políticas económicas, sociales y ambientales, se articulan a través de los planes de desarrollo, que deben ajustarse al concepto de "desarrollo sostenible"; (6) se garantiza la libertad económica y la iniciativa privada, dentro de los límites del bien común, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación; (7) se promueve el correcto y transparente funcionamiento de los mercados, como garantía y presupuesto de la libertad económica y del eficiente funcionamiento de la economía, para lo cual el Estado debe controlar los abusos que se cometan y que distorsionen sus mecanismos; (8) se ordena al Estado estimular y mantener altos niveles de productividad y competitividad; (9) se señala que la dirección de la economía estará a cargo del Estado y que éste intervendrá por mandato de la ley en el proceso económico con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas, la distribución equitativa de oportunidades y la preservación del ambiente sano; (10) la actividad financiera, bursátil, aseguradora y las demás relacionadas con el ahorro se someten a la vigilancia estricta del Estado y a las regulaciones que se dicten; (11) el Estado debe promover la democratización del crédito; (12) los monopolios públicos sólo pueden establecerse por la ley como arbitrios rentísticos, con una finalidad de interés público o social; (13) es deber del Estado asegurar la prestación de los servicios públicos a todos los habitantes del territorio nacional; (14) se considera que es objetivo fundamental de la actividad del Estado solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable, entre otras.\nLa enunciación anterior no es taxativa. Las normas de la Constitución que se refieren a la vida económica y social, plasman principios, reglas y, además, fijan metas. En su conjunto conforman un orden que se erige en patrón de validez constitucional de las políticas que se formulen y ejecuten por parte de los órganos del Estado y, al mismo tiempo, indican a éstos el sentido que debe inspirar el ejercicio diario de sus competencias.\n6. Al amparo de los criterios anteriores, debe afirmarse que no es de recibo el planteamiento de los actores según el cual el ejercicio de las funciones del Estado en el campo económico y social se establece a partir de la idea de riesgo y se acentúa en conformidad con el grado de peligro que pueda eventualmente representar para la sociedad. Desde luego la erradicación de los riesgos asociados a la actividad de los particulares y, cuando ello es posible, su control o prevención, siempre ha sido fuente de las más variadas intervenciones del Estado. Sin embargo, no es el único motivo de actuación estatal en lo que concierne con los particulares. La enunciación parcial de las funciones que la Constitución asigna a las autoridades y que tienen relación directa con la esfera de la economía y los servicios, en donde los particulares obran como actores u operadores principales, permite concluir con certeza que cuando el Estado en desarrollo de las mismas, asume el papel de gestor o regulador, lo hace en razón de varias causas y fines, entre los que cabe resaltar la efectividad de los derechos, la satisfacción de necesidades, el control del mercado y la prosecución de la justicia y el bienestar social.\nNo cabe duda alguna de que incluso asuntos extra-económicos, pueden en un momento dado, por razones de interés público, requerir atención del Estado, lo que explica que los temas que entran a la categoría de la política y terminan en consecuencia siendo objeto de tratamiento normativo, no se pueden excluir a priori y de manera definitiva - menos todavía se estima plausible sujetar la consideración política a la exigencia de que para permitirlo el Estado haya de girar primero contra su presupuesto y pagar una cuota de fomento -, como sostienen los actores. El ejercicio de la cláusula general de competencia de que goza el Congreso, mediante la cual se politizan los temas que interesan a la comunidad, no se supedita a la condición material consistente en efectuar previamente una erogación a cargo del tesoro; resulta suficiente que el discurso y la deliberación pública estimen necesario ventilar un asunto o problema y fijar en torno del mismo una determinada posición, siempre que ello no afecte los derechos fundamentales de sus miembros.\nEl Estado Social de Derecho, de otra parte, incorpora como perteneciente a la política, esto es, no externo a la ley ni a sus órganos, un cúmulo de tareas y materias que en el pasado escapaban a la atención pública o sólo recibían un tratamiento marginal o incidental. Es el caso del deporte, en todas sus manifestaciones, cuya práctica se eleva a derecho constitucional y, por ende, exige del Estado políticas de promoción y control con miras a hacerlo efectivo. El Estado Social de Derecho no se puede entender con los esquemas del Estado Policía. Su compromiso congénito con lo social y lo económico - corolario de su misión de construir las bases materiales para el ejercicio de una igual libertad como derecho de todos -, no se podría cumplir si se persistiera en la idea de una completa fractura entre el universo de lo público y lo privado. Sin perjuicio de la intangibilidad de los derechos constitucionales, corresponde por el contrario al Estado una función activa en la transformación económica y social, lo que obliga a renunciar a la idea de que éste enfrenta sistemas totalmente autónomos sujetos a reglas propias, extrañas e impermeables a la acción pública.\nLa lista taxativa de instrumentos de intervención que ha de usar el Estado frente a situaciones de riesgo, se informa en la filosofía ya superada del Estado Policía. Tal vez en dicho contexto podría tener asidero que la Constitución se ocupase de fijar criterios para controlar la oportunidad y alcance de cada paso dado por el Estado en el terreno de las actividades privadas o en aquellas desligadas de finalidades puramente económicas. En el Estado Social de Derecho, las finalidades del aparato público no se pueden desarrollar por fuera de los procesos económicos y sociales, con la consecuencia de que el ámbito de lo político necesariamente se amplía y adquiere una complejidad creciente, hasta el punto que resulta imposible precisar en cada caso el instrumento de acción estatal. Lo que hace la Constitución a este respecto es ofrecer al Estado un vasto arsenal de medios legítimos para cumplir con los fines que se le encomiendan. Para la efectividad de un determinado derecho constitucional o la consecución de una finalidad señalada por la Constitución, el Estado puede apelar entonces a la regulación, la gestión, la contratación, la puesta en marcha de un servicio público, la consagración de un procedimiento, la inspección etc.\nLa legitimidad de la actuación del Estado debe, por consiguiente, analizarse en cada caso concreto, puesto que no es la Constitución la que se anticipa a definir en detalle el medio apto para la realización del cometido estatal. En ocasiones, por ejemplo, el Estado puede limitarse a dictar reglas de comportamiento y a vigilar su cumplimiento, dejando que las instituciones del mercado funcionen por sí solas; pero, también, los mercados pueden ser objeto de intervención cuando muestren falencias o perjudiquen injustamente a los consumidores y alteren el correcto curso de los precios; inclusive, en algunas áreas de la vida económica y social, no es descartable que el mismo Estado asuma la gestión directa de un servicio o la producción de un bien o mercancía. La definición del medio - abstractamente previsto en la Constitución en algunos supuestos -, en definitiva corresponde a la decisión política de los órganos competentes e inexorablemente está vinculada a las opciones y valoraciones que en el debate público resulten mayoritarias.\nPor lo demás, la politización del deporte obedece a la misma Constitución que define su práctica como derecho social que debe hacerse efectivo por parte del Estado. Dentro del marco de la Constitución, no puede objetarse que la ley pretenda cumplir el mandato constitucional mediante la expedición de una ley que se ocupa de la materia. De otro lado, la actividad deportiva y las organizaciones que la promueven, se colocan en el centro de una actividad que reviste un marcado interés social. El deporte, particularmente el que tiene carácter profesional, está directamente relacionado con los derechos laborales de los jugadores. Las organizaciones deportivas, con o sin ánimo de lucro, asumen una función y una dimensión empresarial que las pone en contacto con los restantes sujetos de derecho, lo que obliga a tomar cautelas en lo relacionado con el crédito público y el desenvolvimiento regular de las transacciones. La relación interna entre asociados y gestores de las empresas deportivas, no puede desconocer la conservación de la empresa ni la pureza del ideal deportivo. El conjunto de las organizaciones deportivas como depositarias de la buena fe de los aficionados y de los colectivos que en torno a ellas crean expectativas de diferente tipo, no pueden sin perjuicio para el deporte defraudar dicha confianza mediante actos lesivos de la dignidad deportiva y la buena administración de los intereses que ellas manejan. En fin, si es necesario abundar en la justificación de un régimen normativo dictado por el Congreso - aún en ausencia de una cuota de fomento económico -, basta agregar que el Estado debe garantizar que el ideal deportivo no sea mediatizado por organizaciones delictivas que pretenden trasladar a las empresas deportivas el fruto de su enriquecimiento ilícito ya sea para obtener un lucro fácil o para esconder y simular el ya turbiamente obtenido.\n7. Si las normas demandadas se examinan no desde el ángulo focal del Estado Policía, sino del Estado Social de Derecho, se desvanecen los cargos que formulan los demandantes. La lógica inherente a esta modalidad de Estado se inscribe en la efectividad de los derechos fundamentales, económicos y sociales y, en general, en la búsqueda del bienestar general. Por lo tanto, la Constitución no se reduce a ofrecer simplemente la medida de la autoridad, cuyo ejercicio se estima excepcional; por el contrario, de ella surgen para el Estado deberes positivos de actuación, sin cuyo cumplimiento esta forma de Estado perdería su razón de ser. La regulación del Estado social de Derecho ordinariamente recae sobre actividades económicas o sociales, sin que ello tenga carácter extraordinario o desusado. Reitera la Corte que la propia Constitución reclama del Estado un régimen jurídico para la actividad deportiva y que la ley al hacerlo en modo alguno penetra en un campo que le esté vedado. Igualmente, la expedición del indicado estatuto legal, no requería que previamente el Estado hubiese procedido a fomentar de manera material la actividad sobre la cual versaban las disposiciones demandadas.\n8. Las normas demandadas se ocupan de regular algunos aspectos relativos a la propiedad de las organizaciones deportivas, justamente en desarrollo del precepto constitucional contenido en el artículo 52 de la Constitución. La circunstancia de que las mismas normas legales demandadas no establezcan criterios sobre la administración de los entes deportivos, no conduce a predicar su inconstitucionalidad por omisión. En el cuerpo de la Ley 181 de 1995, se contemplan suficientes previsiones sobre la gestión del deporte en todas sus modalidades. En el evento de que los administradores de las diferentes organizaciones, se aparten de las reglas de conducta impuestas por la ley se exponen a sufrir las sanciones que allí se tipifican. Pero, aún haciendo caso omiso del régimen legal a que se ha hecho alusión, no vulnera la Constitución que las disposiciones demandadas se refieran a la materia constitucional a que se contrae su objeto, dejando que otros apartes de la ley u otras leyes en el futuro se extiendan a otros puntos respecto de los cuales también el legislador es competente. En todo caso, pese a los vínculos que existen entre propiedad y administración, se trata de dos aspectos relativamente independientes.\n9. El juicio de igualdad, como lo ha sostenido esta Corporación, debe efectuarse con fundamento en un patrón de comparación que sea relevante. En lo atinente al deporte profesional, las normas demandadas no introducen un régimen diferenciado para los entes deportivos con ánimo de lucro y los entes deportivos sin ánimo de lucro, como quiera que en los extremos significativos a estas dos modalidades de articulación de los esfuerzos asociativos, las leyes especiales proveen las soluciones correspondientes. La ley demandada simplemente trata lo concerniente al desarrollo del objeto deportivo y, las disposiciones acusadas en particular, se circunscriben a establecer el régimen de propiedad. Como quiera que desde el punto de vista de la práctica deportiva profesional, la ley no encontró diferencias sustanciales decidió dictar un régimen de propiedad uniforme. La Corte no vislumbra que se haya violado la igualdad, puesto que el criterio de comparación tomado en la cuenta por el legislador no era, de una parte, arbitrario y, de otra parte, no arrojaba diferencias relevantes entre los dos tipos de entes.\n10. Tampoco considera la Corte que entre los entes deportivos y los concesionarios de canales de televisión privada, pueda establecerse un patrón de comparación que obligue a mantener idénticas limitaciones a la concentración accionaria. Se trata de dos actividades completamente distintas. Si bien en los dos campos, la Constitución ordena que se propenda a la democratización respecto de su acceso y del goce de los bienes que se derivan de las mismas, la forma de perseguir dicho objetivo no necesariamente debe ser coincidente. La democratización, como aspiración constitucional, no tiene la misma medida en todos los casos. De la Constitución no surge tal imperativo. Se está frente a un principio que debe ser desarrollado por el legislador hasta donde ello sea posible y dependiendo de las circunstancias y posibilidades presentes, que sin duda alguna no son iguales en todos los sectores de la vida económica y social del país.\nEl hecho de que para la conformación de los clubes profesionales de fútbol la ley exija 2.000 accionistas o socios y que para los restantes clubes de deportistas profesionales el número de miembros dependa del capital autorizado o del aporte inicial, no puede automáticamente trasladarse a otro tipo de actividad tan disímil como es la operación de un canal de televisión. En el caso del deporte profesional, el legislador ha juzgado que el mencionado número de socios o afiliados, asegura un nivel adecuado de democratización, tanto en razón de la naturaleza misma de la actividad como de las exigencias de orden económico necesarias para su normal funcionamiento. La ley no está aquí imponiendo las condiciones mínimas para que se configure el fenómeno asociativo como tal, sino fijando la medida de la democratización requerida por la Constitución para que la organizaciones deportivas se conviertan en espacio de participación abierto al mayor número de personas. La función específica atribuida al legislador no comporta injerencia indebida en una actividad reservada, sino concreción de una opción que ha sido decidida por el mismo Constituyente, la cual puede cumplirse como lo dispone la ley mediante la fijación de un rango de apertura democrática que asegura un grado apreciable de participación y en cierto modo evita que sólo unos pocos controlen las organizaciones del deporte profesional.\n11. La ley ha establecido que ninguna persona natural o jurídica podrá poseer más del 20% de los títulos de afiliación acciones o aportes de los clubes con deportistas profesionales. Esta disposición persigue, entre otras cosas, la democratización de la propiedad de los clubes con deportistas profesionales y, en consecuencia, debe ser aplicada de manera tal que consiga su objetivo. En este sentido, resulta claro que ninguna persona puede ser beneficiaria real - vale decir, directa o indirectamente propietaria - de más del 20% de los títulos de afiliación acciones o aportes de los clubes de que trata la norma demandada.\nPero el legislador no se limitó a garantizar la democratización de la propiedad dentro de cada uno de los clubes, sino que buscó, adicionalmente, impedir que se produjera una concentración de la propiedad de las distintas asociaciones deportivas de la naturaleza de las que acá se estudian, en manos de pocas personas o grupos económicos. Para tal efecto, estableció que ninguna persona, natural o jurídica, podrá participar en la propiedad de más de un club del mismo deporte. A juicio de la Sala esta restricción persigue un fin constitucionalmente legítimo, cual es garantizar una adecuada competencia entre los distintos clubes y propender el no surgimiento de conflictos de intereses o, en general, manejos empresariales o de mercado ajenos a la práctica del deporte de que se trate, susceptibles de afectar, no sólo las condiciones necesarias para una sana competencia sino, incluso, los derechos de los propios deportistas. Adicionalmente, la medida parece útil y necesaria para alcanzar tales finalidades y no resulta particularmente costosa en términos de los derechos fundamentales que, como el de la libertad de empresa o asociación, se ven limitados.\nAdicionalmente, se alega que los requisitos legales que consagra la disposición demandada, son inconstitucionales en la medida en que resultan tan gravosos que resultaría imposible para muchos municipios conformar sus propios equipos.\nEn criterio de la Corporación, el alegato mencionado confunde la obligación de las entidades territoriales de fomentar la recreación y la práctica del deporte (C.P. art. 52), con la posibilidad de crear clubes deportivos con deportistas profesionales, los que tienen una indudable dimensión empresarial. Es cierto que la norma demandada establece unos requisitos que no resulta fácil cumplir en el contexto social y económico de algunos municipios, pero ello no implica que las entidades territoriales no puedan, a través de otros múltiples y más eficaces mecanismos, cumplir el mandato contenido en el artículo 52 de la Constitución para garantizar el derecho de toda persona a la recreación y a la práctica del deporte. De otra parte, no encuentra la Corte que la Constitución consagre, directa o indirectamente, el derecho de los municipios a tener su propio club deportivo con deportistas profesionales, ni el derecho irrestricto de todas las personas a crear, en el municipio en el que habitan, un club de tales características.\nEn las condiciones planteadas, resulta evidente que la Corte no puede objetar el método escogido por el legislador para democratizar la propiedad de los clubes con deportistas profesionales, para garantizar una verdadera competencia entre éstos o para fomentar una adecuada concentración de los deportistas capaces de asumir competencias profesionales. En efecto, el principio democrático garantiza al legislador un margen razonable de apreciación y comprensión del objetivo constitucional, para lo cual debe tomar en consideración las circunstancias y posibilidades existentes.\n12. La regulación de un régimen especial de propiedad no debe sujetarse al trámite previsto para la adopción de leyes estatutarias. El derecho de propiedad como tal no tiene la naturaleza de derecho fundamental. De otro lado, el derecho al deporte con el cual se establece en este caso un conexidad próxima, tampoco puede en principio catalogarse como derecho fundamental.\n13. De otro lado, las disposiciones demandadas no desconocen la competencia de las entidades territoriales, para "regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los términos que determine la ley (C.P., art. 300-10). La política deportiva nacional, debe ser fijada por la ley, máxime cuando ella se ocupa de regular la estructura y propiedad de las organizaciones deportivas, en desarrollo del artículo 52 de la Carta. La función normativa de las entidades territoriales - en particular a las asambleas departamentales -, se cumple en el marco de la ley y se restringe a los asuntos más directamente vinculados con los aspectos locales del deporte que tengan incidencia dentro del departamento respectivo y de sus municipios.\n14. Finalmente, el cumplimiento del precepto constitucional sobre democratización de las organizaciones deportivas, lejos de violar los tratados suscritos por el país, se orienta a conferir efectividad a los derechos vinculados con la práctica del deporte. La profundización de la democracia es una exigencia que potencia tanto al individuo como a la sociedad en la que desarrolla su personalidad. Por consiguiente, la lucha contra la concentración de la riqueza y de las oportunidades, en todos los órdenes de la vida colectiva, no puede ser vista como restricción sino como presupuesto material del efectivo cumplimiento de los diferentes tratados sobre derechos humanos.\nPor lo expuesto, la Corte desestima los cargos de la demanda y procederá a declarar la exequibilidad de las normas acusadas.\nDeclarar EXEQUIBLES los artículos 29 y 30 de la Ley 181 de 1995.\nExequible Artículo 29 LEY_181_1995_18/01/1995\nExequible Artículo 30 LEY_181_1995_18/01/1995


Amor con hambre no dura por Paciano Padrón\nAmor con hambre no dura, por Paciano Padrón\nHasta el observador más desprevenido sabe que estamos en las puertas de una crisis alimentaria. Tal vez en vez de hablar de "riesgo de una emergencia nutricional", podemos confesar que estamos en ella, en el reino del hambre. Amnistía Internacional, con todo su prestigio mundial "pide reconocer la crisis humanitaria que padece Venezuela, la cual se evidencia en las insufribles largas colas para adquirir alimentos y medicinas". Amnistía Internacional va más lejos: "En Venezuela hay una situación prolongada de violación de derechos, no solo de la libertad de expresión y de la asociación pacífica, también de derechos económicos y sociales". La revuelta es general y el rechazo proviene de todos los sectores, incluidos los chavistas, porque amor con hambre no dura.\nNo hay peor ciego que quien no quiere ver. La Ministra de Salud, Luisana Melo, acaba de sostener que "en Venezuela no existe crisis en el sector salud",ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Chile, en la audiencia pública del 158° Período Extraordinario de Sesiones. O está ciega la ministra Melo o simplemente esta indigna funcionaria del régimen decadente debe salir; el pueblo está hambreado y no hay medicamentos, por decir lo menos, esa insensible funcionaria que niega la crisis en lugar de solicitar ayuda humanitaria, debe salir.\nSe calcula que este año el descenso del consumo de carne cae en el 85,7 %. Es bueno que el mundo sepa que "12,1 % de los venezolanos dejó de comer una o dos veces por día el año pasado, en 2015", la cifra hoy se ha duplicado. La encuesta Encovi reveló que "93 % de las familias más pobres no tuvieron suficiente dinero para su alimentación en 2015", en este 2016 el drama arropa a la golpeada clase media,que enfrenta los dos males: o no hay, o cuando hay no se dispone de dinero suficiente para comprarlo. Por supuesto que la salida de la crisis radica en una nueva política económica y social, en un gobierno que abandone el camino del retraso y asuma la producción como un desafío, porque el problema de Venezuela no está en mal distribuir lo poco que hay, sino en producir más y distribuir mejor, por los canales normales y no por las vías y vericuetos del control político. El último invento fue el de los CLAP, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción que por supuesto no son un sistema de abastecimiento alimentario, sino un mecanismo discriminatorio y arbitrario para ejercer el control político a través del hambre del pueblo.\nEl régimen ha demostrado durante largos años y hasta la saciedad que no sabe producir, que quiebra las empresas que llegan a sus manos, como ha demostrado su incompetencia absoluta en la distribución de los bienes de la cesta básica, a través de la destruida y ya sin aliento red pública de alimentos, MERCAL, PDVAL, Abastos Bicentenarios, mercados de cielo abierto y bodegas comunales, todo está pelado, ahí no hay nada. Ahora son las bolsas que reparten los CLAP, ellas llegan -a quienes llegan- incompletas y muy bajas en calorías, no mantienen un equilibrio para la alimentación de los venezolanos ni proveen los nutrientes esenciales, porque no contienen proteínas, como pescado y huevos, ni vitaminas y minerales, como frutas y vegetales.\nPersonalmente constaté que unas bolsas de comida distribuidas la semana pasada en La Pastora tenían un precio de 700 bolívares y contenían harina de maíz, pasta, leche, azúcar, caraotas y aceite. El precio no luce malo, lo malo es que no hubo para todos, lo malo es que debe alcanzar para una familia por un mes, lo malo es la corrupción brutal que existe en el sistema de distribución de alimentos por bolsa, es un sistema inauditable.\nLa indignación popular ya es absolutamente general, solo los grupos armados y pagados para aplaudir a Nicolás y darle loas al régimen de la decadencialucen contentos. Los chavistas bien paridos están avergonzados de la ineficiencia y la corrupción, de la falta de sensibilidad de un gobierno que solo vive para él, siendo su único objetivo mantenerse en el poder. Amor con hambre no dura. Las campanas están sonando.


Textil Be Happy para coche de paseo - La cuna de mi bebe\n> Juegos de Paseo>Pekebaby 1>Be Happy\nConquista el corazón de tu niño o niña con el excepcional repertorio BE HAPPY para coche de paseo. Posee un estilo ameno con sonrientes osos alienados como una gran familia. Diseñado por la empresa Pekebaby.\nFabricado con medidas universales para que se pueda acoplar a cualquier marca de carrito. Con apertura de ojales para poder atravesar los ...\nFabricado con medidas universales para que se pueda acoplar a cualquier marca de carrito. Con apertura de ojales para poder atravesar los cinturones. Material suave, confortable y de calidad.\nBe Happy Hay 10 productos.


Axel, Carlos Vives y Prince Royce, en el Carnaval de San Luis\nUna lista que promete.\nLa nueva edición del festejo se realizará el próximo fin de semana. Y contará con artistas internacionales y un crédito local de lujo.\nLos tres artistas que protagonizarán los shows. (Prensa Carnaval de San Luis)\nDesde hace seis años el Carnaval de San Luis es un evento único. Es la representación del carnaval de Río de Janeiro en las calles de Potrero de los Funes y cerca de 1.600 brasileños llegan para mostrar aquí lo más divertido y espectacular de su tierra. Pero los puntanos, lejos de quedarse con eso, apuestan a más. Y para eso confirmaron a tres artistas de nivel internacional: el sábado que viene actuará Axel, el domingo 22 lo hará el dominicano Prince Royce y el lunes 23 cerrará el colombiano Carlos Vives.\nEl año pasado, San Luis vivió una verdadera fiesta. (Prensa Carnaval de San Luis)\nVives, de 53 años, viene de ganar un nuevo Grammy americano con Más + Corazón Profundo en la categoría "Mejor álbum tropical latino" tras tener seis nominaciones. El mismo artista confirmó su presencia desde su cuenta de Twitter, que tiene 3.660.000 seguidores.\nRoyce, por su parte, es un cantante y compositor dominicano (aunque nacido en Nueva York) de 25 años que desplegó su bachata urbana (así se define su música) desde 2010 y ha llegado al estrellato por algunos hits como Darte un beso. Axel, en tanto, será el representante argentino.\nCarnaval De San Luis


Aurelio Tamayo no se queja, 'ta lleno de trabajo | Dia a Dia\nEl intérprete está muy agradecido con Dios, pues todo le va sucediendo de una manera increíble.\nAurelio Tamayo - Panamá - Cantante - fotografía - amor - Padre - Chollywood.\nMiércoles 28 de octubre de 2020 12:00 AM\nLes cuento que el cantante y fotógrafo aseguró que su estudio fotográfico está en su mejor momento. "Está casi lleno a diario, está en uno de sus mejores momentos después de pandemia, ya inicié a darle amor al apartamento".\nY eso no es todo, pues además de irle bien en lo profesional, en lo personal también pues sus pequeñas princesas están muy bien. " Mis hijas están muy bien de salud, creciendo, no les niego que me encantaría tenerlas conmigo todos los días pero bueno Dios sabe porqué hace las cosas, todos los días estoy pendiente de ellas, las veo lo más que puedo mientras esté este virus, he vuelto a componer y pronto estarán escuchando lo nuevo".\nHoy después de 4 años, volvemos a trabajar musicalmente. La Balada/Pop siempre ha sido parte de mi esencia, estoy muy contento de volver a la escena musical. Pronto les contaremos...\nUna publicación compartida de Aurelio Tamayo (@aureliotamayo) el 10 Oct, 2020 a las 10:38 PDT\nEs por ello que el intérprete está muy agradecido con Dios, pues todo le va sucediendo de una manera increíble.\n"Hay que ser agradecido, todo pasa por una razón y siempre vendrán cosas mejores, solo hay que tener fe", destacó.\nMire: Isabel Pantoja anuncia 'Canciones que me gustan', el disco 41 de su carrera\nAurelio estuvo comprometido con la madre de su última hija, Leribeth Solis. Este año la relación terminó.\nDebo ser muy agradecido con la vida, muy agradecido con todas las oportunidades que me está brindando. Mi sueño mas grande es ser un buen papá para ti y para Rafaella, escribió en su cuenta de Instagram.


El anhelado excelente trabajo ¿cuánto cuesta? | Con Criterio\nEl anhelado excelente trabajo ¿cuánto cuesta?Lectura de 2 min.\nPublicado por Henry Bin | 10 Ago 2018 | Actualidad\nTodos en la vida aspiramos con tener un excelente empleo, ¿no es así?, pero, ¿qué es la excelencia en el campo laboral?\nEs el que nos dé la oportunidad de crecer, tanto personalmente como profesionalmente”, es la respuesta espontánea de Dulce Muñoz, una chica de 21 años, que se desempeña en el área de control de calidad.\n¿Cuál es la diferencia entre bueno y excelente empleo?\nPatricia Castañeda, dedicada al área académica: para muchas personas puede ser un excelente empleo donde se pueda desarrollar de acuerdo a lo que estudió y a sus intereses, eso puede ser un excelente empleo. Porque de repente puede tener un empleo donde le pagan demasiado dinero pero está martirizado todo el tiempo.\nEn el mundo 3 millardos de personas siguen en busca del excelente empleo de acuerdo con un informe de la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo S.A. (CID Gallup). Que reveló en su informe 2018 que en Guatemala solo 5% de los trabajadores están ubicados en un “excelente empleo”, mientras que 12 % en un “buen empleo”.\nInfografía: CID-Gallup S.A.\n¿Tu actual trabajo, cómo lo consideras, bueno o excelente? Bueno, ¿Qué hace falta para que sea excelente? Creo que un poco de reconocimiento y motivación, responde, la joven, Dulce Muños.\n¿Su empelo lo considera bueno o excelente? Excelente, porque mi patrono es muy noble, tenemos bastantes beneficios y que realmente disfruto lo que hago, me siento rebien. Es la opinión de David Muñoz quien trabaja en área financiera.\nY ¿el excelente trabajo está al alcance?\n“Es difícil, no solo en Guatemala, en todas partes, es difícil que coincida la remuneración con lo que uno hace, con el gusto de hacer las cosas. Es lo que considera Castañeda.\nSí, en algunos países avanzados las estadísticas de excelentes empleos también son bajas, Taiwan 3 %, en Astralia 4%, y Nueva Zelanda 7%.\nLos trabajadores creen que el excelente trabajo se construye con las buenas relaciones en la empresa en donde ganen todos.\nAnterior Finca Masagua: allí cumplirá su primer año Esmeralda, la niña del volcán\nPosteriorAborto: el Congreso de Guatemala rehuye al tema


Bolivia: Decreto Supremo Nº 28540, 22 de diciembre de 2005\nQue el Capitulo V de la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 - Ley de Administración y Control Gubernamentales, establece la Responsabilidad por la Función Publica.\nQue la Prefectura del Departamento de Tarija mediante las Resoluciones del Consejo Departamental Nº 06/2005 y Nº 046/2005, ha resuelto modificar el presupuesto de Inversión Publica Prefectural con recursos provenientes de la partida 75200 (Transferencias de Capital a Inst. Privadas Sin fines de Lucro) para financiar proyectos de inversión pública en la presente gestión y autoriza la asignación de recursos en la Partidas 25800 y 46200.\nQue de acuerdo a las demandas y priorización de proyectos entre el Consejo Departamental, Unidades Ejecutoras y las comunidades beneficiarias, se acuerda financiar los costos de consultarías con la asignación de recursos a las partidas 25800 y 46200.\nQue en cumplimiento al Reglamento de Modificaciones Presupuestarias, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 27849 de 12 de noviembre de 2004, la Prefectura del Departamento de Tarija, ha realizado las modificaciones presupuestarias de incremento de los recursos y de la partidas 25800 y 46200.\nArtículo Único.- Se autoriza el incremento de la Partida de Gastos 25800 “ Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión” por Bs.805.694.- (OCHOCIENTOS CINCO mil SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 BOLVIANOS) y de la partida 46200 “Estudios y Proyectos para Inversión para Construcciones de Bienes de Dominio Público” por Bs.10.940.388.- (DIEZ MILLONES novecientos CUARENTA mil TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO OO/100 BOLIVIANOS) en el presupuesto de la Prefectura del Departamento de Tarija Gestión 2005, financiado mediante el traspaso presupuestario intraistitucional, de acuerdo a los Anexos presupuestarios adjuntos al presente Decreto Supremo.\nSe autoriza el incremento de la Partida de Gastos 25800 “Estudios e Investigaciones para Proyectos de Inversión” por Bs. 805.694 , y de la partida 46200 “Estudios y Proyectos para Inversión para Construcciones de Bienes de Dominio Público” por Bs. 10.940.388 , en el presupuesto de la Prefectura del Departamento de Tarija Gestión 2005.


Desde el Imperio Romano al Imperio taurómaco - Toros de Lidia\nEstás aquí:Inicio-Curiosidades-Desde el Imperio Romano al Imperio taurómaco\ntoros de lidia2017-12-07T18:42:20+00:007 diciembre, 2017|Curiosidades|\nEl anfiteatro romano de Arles fue construído en el 90 d.C. en el norte de la antigua colonia romana de Arelate, en plena Provenza Francesa, y formaba parte de un plan general de ampliación y embellecimiento de la villa. Por aquel entonces, Arelate rivalizaba en importancia con Massilia (Marsella) como gran colonia romana del sur de Francia, y durante un tiempo fue incluso más próspera e importante que ésta, puesto que Arles se alineó con Julio César, el triunfador de la segunda guerra de la República de Roma, mientras que Marsella lo hacía con su rival Pompeyo, y sufrió por ello las consecuencias.\nDentro de los profesionales y toreros franceses hubo muchos afincados en Arles (Pouly por ejemplo) pero a pesar de eso el primer verdadero profesional nacido en dicha ciudad fue el picador Michel Bouix. El primer Matador de Toros nacido en la ciudad es Antonio Losada y enseguida Juan Bautista. Pero no hay que olvidar todos los profesionales nacidos o afincados en Arles: la actual dinastía de los « Romero » (Marc Antonio, Christian, David), y los matadores o banderilleros Paquito, Alain y Luis Leal, Charlie Laloë « El Lobo », « Morenito de Arles », Tino Lopes, « Diamante negro »


Hostal Mai Chau - Bar Restaurant | Hostales.com\nHostales.com Mai Châu Hostal-hostel-albergue-juvenil Hostal Mai Chau - Bar Restaurant\nMai Châu - Hostal Mai Chau - Bar Restaurant\nBuen lugar para mochileros, bonito ...\nCama limpia, desayuno increíble por poco dinero ... siempre un servicio muy amigable y buen ambiente También buena comida a buen precio disponible\nEstaba limpio y en una excelente ubicación.\nEl desayuno fue increíble e incluido en el precio.\nMuy agradable estancia disfrutamos ...\nBonito lugar en una zona super bonita, tranquila y tranquila. El personal era muy servicial y amable.\nExcelente y cálida estadía en...\nEl lugar bastante auténtico. El personal muy cálido, amable y te ayudan en todo. En un pueblo tranquilo del área, donde se puede ver como es el día a día de la gente local en el campo vietnamita.\nLa hospitalidad, la humildad muy atentos en todo y dispuestos a ayudar...\nNombre del establecimiento: Hostal Mai Chau - Bar Restaurant\nHostal Mai Chau - Bar Restaurant


Sindicato de construcción más grande del Reino Unido lucha contra la represión sindical en proyecto ferroviario de alta velocidad |BWI Home\nHS2 es un nuevo proyecto ferroviario de alta velocidad que une Londres, Midlands, el norte y Escocia. Este proyecto dará servicio a más de 25 estaciones, incluidas ocho de las 10 ciudades más grandes de Gran Bretaña y que conectan a alrededor de 30 millones de personas.\nEl sindicato asegura que si bien varias empresas de riesgo compartido (JV, por sus siglas en inglés) involucradas en el proyecto ya han firmado acuerdos de acceso sindical con el sindicato, no todas han cumplido. Una de ellas es Skanska-Costain-Strabag, que se promociona como la más grande de las empresas de construcción de carácter JV, pero que al mismo tiempo obstaculiza el legítimo derecho de los sindicatos a acceder a los proyectos de construcción y al contacto con los trabajadores que construyen los túneles de Euston del proyecto HS2.\nUNITE respondió lanzando una campaña nacional en contra de las prácticas antisindicales de la empresa. Se organizó una manifestación el 6 de agosto en las afueras del proyecto liderado por Skanska-Costain-Strabag, en Euston, Londres. Sindicalistas de todo el país se unieron a la manifestación para protestar por el incumplimiento del acuerdo HS2 por parte del consorcio, al negarse a permitir el acceso de dirigentes sindicales al proyecto.\nSegún Jerry Swain, Oficial Nacional para Construcción de UNITE, el sindicato ha descubierto que a los trabajadores empleados en las instalaciones de Skanska-Costain-Strabag JV HS2 no se les paga las horas extras trabajadas, no tienen cobertura por muerte y lesiones graves, ni cuentan con el derecho a vacaciones pagadas. También se dijo que a los trabajadores se les pagaba a través de empresas de nómina y no por pago directo al obrero.\n"Ahora están rompiendo el acuerdo HS2 al no permitir el acceso de los líderes sindicales de Unite al proyecto; así que continuaremos protestando por el comportamiento inaceptable de esta empresa conjunta multinacional hasta que se den cuenta de que los acuerdos libremente concertados no pueden descartarse tan fácilmente", indicó Swain.\nLa Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM), el Sindicato Global que representa a 12 millones de trabajadores en todo el mundo, da todo su apoyo a UNITE. "Los sindicatos tienen derecho a acceder a los lugares de trabajo para llegar a los trabajadores, controlar sus condiciones laborales y garantizar que sus derechos estén plenamente protegidos y reconocidos. Negar el acceso es negar los derechos laborales. La ICM apoya plenamente la campaña de UNITE para detener la represión sindical y está lista para actuar con nuestros hermanos y hermanas del Reino Unido", aseguró el Secretario General de la ICM, Ambet Yuson.\nRegístrese para apoyar la lucha de UNITE por el acceso de los sindicatos a los lugares de trabajo y contra la represión sindical. Dé clic aquí.


El video juegos Tomb Raider Lara Croft fondo de pantalla 1680x1050 fondos de pantalla gratis\nEl video juegos Tomb Raider Lara Croft fondo de pantalla 1680x1050\nmda5 | 2016-05-19 , Juegos\nPuede descargar El video juegos Tomb Raider Lara Croft fondo de pantalla 1680x1050 HD fondo Juegos categoria gratis. Este fondo de pantalla está disponible en los formatos Puedes ver a continuación para pc, mac, tableta o móvil (Android, Windows, Iphone). Su resolución se resalta en verde. Si usted no encuentra la resolución exacto que está buscando, seleccione 'Tamano original' o una resolución más alta que puede encajar perfectamente en el escritorio. Haga clic en cualquier enlace de resolución para ver la vista previa y luego se puede guardar o descargar el fondo.\njuegos de vídeo Tomb Raider\nEl video juegos Tomb Raider Lara Croft chicas 3d 1680x1050 Fondos\nEl video juegos Tomb Raider Lara Croft tiburones trajes de neopreno fondo de pantalla 1280x1024\njuegos de video de doble pantalla de Tomb Raider Lara Croft 3200x1200 fondo de pantalla\nEl video juegos Tomb Raider Lara Croft fondo de pantalla 1920x1200\nEl video juegos Tomb Raider Lara Croft fondo de pantalla 1920x1080


Inicio » Espirómetros » New Spirolab\nEspirómetro portátil con oximetría opcional todo en uno. Rápido e intuitivo para profesionales modernos, cada función puede ser activada mediante un simple toque en la intuitiva barra de menú siempre presente en la pantalla.\nCategoría: Espirómetros Etiquetas: Espirometros, MIR, SEL, Spirolab\n• Rápida y silenciosa impresora interna con formatos de impresión configurables.\n• Pantalla táctil de 7 pulgadas en color\n• Base de datos de hasta 10,000 exámenes espirométricos o 900 horas de registro de la oximetría registrada conjuntamente con potentes y flexibles servicios de búsqueda.\n• Pruebas de espirometría: FVC, VC, IVC, MVV, comparación de PRE/POST broncodilatador con un amplio rango de parámetros seleccionables.\n• Funciones opcionales disponibles: Oximetría con sensor adulto o pediátrico.\n• Batería recargable de alta duración.\n• Disponible con ambos sensores de turbina: Desechable y reusable.\n• Comunicación en tiempo real Wireless al PC vía Bluetooth®\n• Software Winspiro PRO® PC: Incluye actualizaciones en línea y permite la visualización en tiempo real de las curvas Flujo/Volumen y Volumen/Tiempo y la comparación de PRE/POST Broncodilatador en el PC.\n• Spirometry test after drug administration: Reversibilidad del broncodilatador, provocación bronquial con la curva de respuesta del FEV1 con protocolos para Metacolina y Manitol.\n• Gráficos de tendencias del paciente para facilitar su seguimiento con motor de búsqueda para acceso instantáneo a la base de datos. Amplia selección de protocolos de comunicación.\nFoco Oftalmoscopio Halógeno 2,5V


El descargo de Morena Rial tras nueva pelea con Facundo Ambrosioni\nLa mediática publicó una historia en Instagram donde aclara que se puso nerviosa y llamó al 911.\nEl lunes por la noche Morena Rial llamó a la policía para que acudan a su casa en medio de una pelea con su pareja, Facundo Ambrosioni. La pareja vivió una fuerte discusión y, tras una llamada de la joven a 911, intervinieron cuatro patrulleros.\nLa hija del conductor de “Intrusos” y el futbolista se estaban dando una nueva oportunidad, ya que juntos son padres de Francesco Benicio, pero las cosas no salieron bien y terminaron nuevamente en un escándalo. Aunque esta vez, la joven no lo denunció en la Justicia.\nEn medio de todas las especulaciones, Morena decidió hacer su descargo desde las redes sociales. Allí defendió a su expareja y aseguró que no es un violento o golpeador, pidió que dejen de llamarlo de esa manera.\n"Voy a aclarar lo sucedido anoche, una sola vez y únicamente por este medio. Tuvimos una discusión con Facundo Ambrosioni, una pelea como cualquier pareja, pero al ser conocidos y al ser mediáticos, siempre es más de lo común todo", comenzó la joven.\nY admitió haber llamado al 911: "Es verdad que llamé a la policía porque no quería líos y quería las cosas lo más claro posible, porque al haber tenido un problema grande anteriormente… Eso no significa que él haya sido violento conmigo o con Fran". Se refiere a principios de año, cuando lo denunció por violencia y la Justicia le terminó dando una perimetral contra el deportista.\n"Quiero aclarar que es una pelea de pareja que no supe cómo sobrellevar la situación, me puse nerviosa y atiné a llamar al 911, pero realmente fue una gran equivocación exponer a mi hijo y pareja en esto", remarcó.\n"Dejen de decir que hubo violencia, que es violento o golpeador. Basta. No quería líos ni malos entendidos", pidió al final.


El PP exige que la rectora de la UIMP sea relevada "cuanto antes"\nAcusa a Morán de, con su gestión, haber "tirado por el suelo el prestigio" de la institución académica\npp debe comparecencia parlamento ser cantabria\nEl PP ha solicitado la comparecencia de la rectora de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), María Luz Morán, en el Parlamento de Cantabria para explicar el "mal funcionamiento" de los Cursos de Verano este año y, en general, de la institución académica desde que ésta llegó al cargo, convirtiéndose, según los 'populares', en una especie de "Escuela de Verano del PSOE".\nPara el PP, el relevo de Morán al frente de la institución académica debe producirse "cuanto antes", según ha señalado este martes en rueda de prensa su portavoz parlamentario, Íñigo Fernández.\n"La señora Morán ha tirado por el suelo el prestigio de la UIMP, ha renunciado a convocar, a reunir en Santander, a personalidades relevantes de todo el mundo para convertir la UIMP en una especie de Escuela de Verano del Partido Socialista. Solo han desfilado por aquí secretarios de Estado, directores generales del Gobierno socialista", ha criticado el parlamentario.\nY es que, según ha dicho, "no se puede hacer tanto por desprestigiar" la UIMP como ha hecho Morán en los dos años y medio que lleva al frente.\nFernández ha censurado diversos hechos ocurridos durante la etapa de Morán al frente de la UIMP en distintos ámbitos: económico, académico y de gestión.\nEl parlamentario popular, que ha puesto en duda la capacidad de Morán para dirigir la UIMP a la vista de lo ocurrido, ha señalado que desde que se puso al frente de la institución, se ha vivido, sobre todo en los últimos tiepos, la "fuga" de varios altos cargos y miembros del equipo rectoral --un gerente, tres vicerrectores, cuatro secretarios y un vicesecretario--.\nOtro hecho "no menos grave" ha sido, para el PP, el "escándalo" que ha supuesto que Morán suspendiera este verano un curso médico de la UIMP, a escasos días de comenzar, porque, según ha explicado Fernández, a juicio de la rectora no había suficientes mujeres profesoras en el mismo.\n"Se le explicó que era un tema muy específicos, con expertos internacionales muy concretos y que, en este caso, coincidía que eran hombres. No hubo manera y suspendió el curso unos días antes provocando un gran escándalo y un gran perjuicio para la institución", ha censurado.\nAdemás, se ha referido a la "polémica" que, según ha dicho, Morán está "decidida a mantener" con la fundadora de la Escuela de Música Reina Sofía y presidenta de la Fundación Albéniz, Paloma O'Shea, tras renunciar ésta última a ser nombrada como doctora honoris causa de la UIMP.\nEn otro orden de cosas, ha afirmado que la UIMP está en una situación "delicadísima", en "quiebra económica", y ello pese a que cuando la rectora llegó había, según Fernández, un remanente de Tesorería de casi 7 millones de euros. "¿Qué ha hecho con el dinero esta mujer? ¿Hundir la UIMP y arruinarla?", se ha preguntado.\nSin embargo, para Fernández "lo peor de todo" es la "dinámica general" en que ha entrado la institución, que, según ha dicho, ha pasado de reunir cada verano en Santander a premios Nobel, ministros, presidentes de Hispanoamérica, jefes de Estado y de Gobierno y a personalidades "relevantes" en "todos los ámbitos" y de "todo el mundo", a, desde la llegada de Morán, no traer "nada".\nFernández ha insistido en que este año, los cursos de verano de la UIMP tienen el "nivel más bajo" de la historia de la institución. "Y ya no podemos echarle la culpa a la pandemia", ha dicho.\nAdemás, el portavoz popular ha criticado el "enorme sectarismo ideológico" en la UIMP a la hora de elegir a los ponentes de los cursos, algo que, a su juicio, parece un "denominador común" de todos los actuales dirigentes del PSOE.\nSobre la comparecencia de Morán en el Parlamento, Fernández espera que la rectora acuda pese a que su cargo no depende del Gobierno de Cantabria sino de España.\nHa considerado Fernández que dado que la UIMP es una "institución importante" para la comunidad, Cantabria "no puede permanecer impasible", "callada" y "ajena" ante el "desprestigio" que, según ha dicho, está sufriendo la institución.\nAdemás, tras la solicitud de comparecencia de Morán, que espera que se produzca cuanto antes ante el inminente inicio del periodo de sesiones, el PP no descarta presentar otro tipo de iniciativas en torno al futuro de la UIMP.\nFernández ha señalado que el grupo popular en el Congreso también ha registrado una serie de preguntas al ministro de Universidades, Manuel Castells, de quien depende la rectora, "para que explique qué está pasando con la UIMP en Santander".\nFernández no cree que por parte del Gobierno de España haya una "decisión deliberada" de "desmantelar" la UIMP pero, a su juicio, queda demostrado que para el Ejecutivo central tampoco la institución es una "prioridad" a la vista de en qué manos la ha dejado.


TuSemanario: MONEDA ÚNICA EN CATALUÑA\nMONEDA ÚNICA EN CATALUÑA\nColau llevaba en el programa electoral la implantación de la moneda local para beneficiar al pequeño y mediano comercio de la ciudad. La idea no es nueva y ya la aplican con aceptación ciudadana municipios como Bristol o Toulouse (defendieron este lunes el Consistorio). Pese a ser una promesa electoral, el equipo de la alcaldesa mantiene desde hace meses que la moneda en Barcelona “está en fase preliminar”. “Es un proyecto a medio plazo que no tenemos definido, está en una mesa de trabajo”, ha explicado Jordi Vía ``el comisionado Economía Social y Cooperativa´´.\nFuentes cercanas al Banco de España precisan que cualquier moneda “informal, sin marco normativo, sin un regulador o una supervisión adecuada no es deseable”.\nPor ahora el Ayuntamiento no da detalles del funcionamiento de la moneda local, más allá de decir que su objetivo es apoyar al comercio de proximidad y fomentar que la riqueza y el empleo se queden en la ciudad. En su programa electoral, Barcelona en Común hablaba de la posibilidad de otorgar subvenciones.\nLas primeras pruebas se realizarán en el marco del test de implementar una renta mínima en la ciudad con 4,8 millones de euros de fondos europeos. También ha apuntado que el Consistorio estudia vincular el uso de la futura moneda a la creación de un nuevo operador energético como ha hecho Viladecans(en la periferia de Barcelona) donde parte del ahorro energético que se consiga se devolverá a los ciudadanos de forma que lo puedan cambiar por la moneda local y comprar en el comercio de proximidad. El calendario de implantación de la nueva moneda figura en el Plan de Impulso de la Economía Social. Este está presupuestado en 24 millones de euros destinados a fomentar un sector que el portavoz del gobierno (Gerardo Pisarello) ha recordado que representa el 8% del empleo de Barcelona y que todos los datos indican que resiste mejor las crisis.\nPublicado por EDU soto en 0:01