Guía Disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación [41001-23-31-000-2009-00083-01(45994)]\nArtículo _endnote_1 _endnote_2 _endnote_3 _endnote_4 _endnote_5 _endnote_6 _endnote_7 _endnote_8 _endnote_9 _endnote_10 _endnote_11 _endnote_12 _endnote_13 _endnote_14 _endnote_15 _endnote_16 _endnote_17 _endnote_18 _endnote_19 _endnote_20 _endnote_21 _endnote_22 _endnote_23 _endnote_24 _endnote_25 _endnote_26 _endnote_27 _endnote_28 _endnote_29 _endnote_30 _endnote_31 _endnote_32 _endnote_33 _endnote_34 _endnote_37 _endnote_38 _endnote_39 _endnote_40 _endnote_41 _endnote_42 _endnote_43 _endnote_44 _endnote_45 _endnote_46 _endnote_47 _endnote_48 _endnote_49 _endnote_50 _endnote_51 _endnote_52 _endnote_53 _endnote_54 _endnote_55 _endnote_56\nCOMPETENCIA PARA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FACTOR CONEXIDAD / REITERACIÓN JURISPRUDENCIAL\nEn relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado que "basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7 de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley (...) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley". NOTA DE RELATORÍA: Sobre la competencia para conocer el medio de control de repetición, consultar providencias de 11 de diciembre de 2007, Exp. 2007-00433-00, C.P. Mauricio Torres Cuervo; y de 13 de abril de 2016, Exp. 42354, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico.\nFUENTE FORMAL: CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 132 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 134B / LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 7\nTÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN REPETICIÓN - Eventos / PAGO DE LA CONDENA / PAGO POR CUOTAS DE LA CONDENA - Conteo del término desde el último pago / CONTABILIZACIÓN DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / VENCIMIENTO DEL TÉRMINO DE PAGO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA\nEn lo que tiene que ver con la oportunidad para ejercer la acción, tanto el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, como el numeral 9 del artículo 136 del C.C.A, disponen que la caducidad en materia de repetición debe contarse a partir del día siguiente al pago efectivo del crédito judicial. Sin embargo, en los eventos en los que el pago se realice por cuotas, el término corre desde la fecha del último pago. (...) En consecuencia, si la entidad pública paga la condena impuesta en su contra dentro del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4 del artículo 177 del C.C.A, el término de caducidad de la acción de repetición comenzará a contarse a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago; de lo contrario, los dos años deberán computarse desde el día siguiente al vencimiento del plazo legal para el pago.\nFUENTE FORMAL: / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 136 NUMERAL 9 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 177 INCISO 4 / LEY 678 DE 2001 - ARTÍCULO 11\nCONCEPTO DE ACCIÓN DE REPETICIÓN / DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / FINALIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN\nLa acción de repetición fue consagrada en el inciso 2° del artículo 90 de la Constitución Política y en el artículo 78 del C.C.A. como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de éste el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto. (...) Por su parte, la Ley 678 de 2001, (...) definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex funcionario público y en contra de los particulares que ejercen función pública que, a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa, den lugar a un reconocimiento indemnizatorio proveniente de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.\nFUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 90 INCISO 2 / CÓDIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - ARTÍCULO 78\nNORMATIVA APLICABLE DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY - Regla general. Norma rige hacia el futuro / VIGENCIA DE LA LEY PROCESAL / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO - Términos procesales se rigen por las leyes vigentes / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE O DOLO DEL AGENTE PÚBLICO / LEY 678 DE 2001\nEn relación con la aplicación en el tiempo de la Ley 678 de 2001, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que, con fundamento en la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, sus disposiciones se aplican para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos.\nNORMATIVIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - Hechos ocurridos antes de la Ley 678 de 2001 / VALORACIÓN DE LA CULPA GRAVE O DOLO DEL AGENTE PÚBLICO / APLICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL / RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL SERVIDOR PÚBLICO / MANUAL DE FUNCIONES\nEn cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido a otros preceptos y criterios. NOTA DE RELATORÍA: Referente a la normatividad aplicable en la acción de repetición para el análisis de la culpa grave o dolo del servidor público, consultar providencias de 8 de marzo de 2007, Exp. 30330, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; y de 16 de julio de 2015, Exp. 27561, C.P. Hernán Andrade Rincón\nFUENTE FORMAL: CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 6 / CONSTITUCIÓN POLÍTICA - ARTÍCULO 91 / CÓDIGO CIVIL / LEY 678 DE 2001\nPRESUPUESTOS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - Deber de acreditación / SENTENCIA JUDICIAL / ACUERDO CONCILIATORIO / CALIDAD DE SERVIDOR PÚBLICO / PAGO DE LA CONDENA / CULPA GRAVE / DOLO\nLa prosperidad de la acción de repetición está condicionada a la demostración de los siguientes requisitos: a) la existencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que le imponga a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero; b) la calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular que cumple funciones públicas; c) la realización efectiva del pago por parte del Estado y d) la cualificación de la conducta del demandado como dolosa o gravemente culposa. A continuación, se analizan cada uno de estos requisitos en el caso concreto.\nACCIÓN DE REPETICIÓN / INEXISTENCIA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN / PRUEBA DEL PAGO DE LA CONDENA EN LA ACCIÓN DE REPETICIÓN - No se acreditó la fecha o forma en que se realizó efectivamente el desembolso / IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN\n[D]el solo reconocimiento de la obligación a favor de (...) o del registro de una cuenta por pagar (pendiente para ese momento), pero sin la indicación de la fecha o forma en que se realizó efectivamente el desembolso de dichos recursos, no es posible dar por acreditado este requisito. (...) Por tanto, al no haberse demostrado el cumplimiento de este requisito, resulta innecesario continuar con el estudio de los restantes presupuestos de procedencia de la acción de repetición, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.\nACCIÓN DE REPETICIÓN / COMPULSA DE COPIAS / SOLICITUD DE APERTURA DE INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA / PROCESO DISCIPLINARIO / CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA / PODER DEL ABOGADO / DESCONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA PARA ACTUAR / REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD ESTATAL - No se acreditó la calidad de quien otorgaba el poder / DEBERES DEL ABOGADO / FALTAS DEL ABOGADO\nLa parte demandante y el Agente del Ministerio Público advirtieron algunas situaciones presentadas con uno de los apoderados del SENA. (...) 1) El abogado (...) presentó su poder para actuar como apoderado del SENA. (...) [E]l Tribunal Administrativo del Huila se abstuvo de reconocerle personería jurídica, toda vez que, omitió acreditar la calidad de representante legal de la entidad pública que otorgaba el poder. A pesar de lo anterior, no se advirtió en el expediente que hubiera allegado el certificado de existencia y representación legal del SENA. (...) 2) Sin que se le hubiera reconocido personería jurídica, (...) presentó sus alegatos de conclusión. (...) 3) El mismo abogado interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. (...) 4) Debido a las referencias inexactas realizadas por el abogado en la sustentación del recurso de apelación, se solicitó que fuera declarado desierto, al desconocerse las razones de su inconformidad con la sentencia recurrida. (...) Lo anterior evidencia, por lo menos preliminarmente, una actuación descuidada y contraria a los deberes profesionales de dicho abogado. Por tanto, se ordenará compulsar en su contra copias disciplinarias ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, con el fin de que se investigue su actuación dentro de este radicado.\nBogotá, D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil diecinueve (2019)\nRadicación número: 41001-23-31-000-2009-00083-01(45994)\nActor: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA\nDemandado: TULIO ARBELÁEZ GÓMEZ\nTemas: ACCIÓN DE REPETICIÓN – Motivación del recurso de apelación – Verificación de los presupuestos de procedencia de la acción de repetición: ausencia de demostración del pago de la suma objeto de condena.\nSíntesis del caso: Tulio Arbeláez Gómez, quien fungía como director general del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, declaró insubsistente, por medio de la Resolución No. 1171 de 17 de noviembre de 1998, el nombramiento de Mercedes Zambrano Trujillo, quien para ese momento desempeñaba el cargo de secretaria de la Dirección Regional del Huila. Debido a lo anterior, esta última promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de dicha entidad. Mediante Sentencia de 22 de mayo de 2006, el Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de dicha resolución y condenó, entre otras determinaciones, al pago de los salarios, prestaciones y demás emolumentos dejados de percibir por la demandante, desde la fecha de su retiro y hasta el reconocimiento de su pensión de jubilación. En cumplimiento de esta sentencia, el SENA profirió la Resolución No. 1466 de 2007 mediante la cual se reconoció y ordenó el pago de las sumas allí liquidadas.\nConoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA en contra de la Sentencia proferida el 19 de junio de 2012 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Huila, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.\nContenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión\nContenido: 1.1 Demanda y trámite de primera instancia; 1.2 Recurso de apelación y trámite de segunda instancia.\nDemanda y trámite de primera instancia\nEl 21 de enero de 2009, el apoderado del Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante, SENA), en calidad de demandante, interpuso acción de repetición en contra de Tulio Enrique Arbeláez Gómez, entonces Director General del SENA. En la demanda se solicitó que al demandado, 1) se le declarara responsable "de los perjuicios ocasionados (...) con motivo de la providencia de fecha 22 de mayo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual se declaró la nulidad de la Resolución (...) por medio de la cual se declaró la insubsistencia del nombramiento de la señora Mercedes Zambrano Trujillo, como Subdirectora grado 09, dependiente [del] (...) SENA Regional Huila" y 2) se le condenara a pagar la suma, actualizada, de $336.641.419.\nComo hechos de la demanda, la parte actora expuso, en síntesis, los siguientes:\n1) Mercedes Zambrano prestó sus servicios al SENA desde el 2 de mayo de 1970 y hasta el 17 de noviembre de 1998, período durante el cual ejerció varios cargos en la Regional del Huila.\n2) Mediante la Resolución No. 1171 de 17 de noviembre de 1998, proferida por el Director General del SENA, se declaró la insubsistencia del nombramiento de Mercedes Zambrano.\n3) Debido a lo anterior, Mercedes Zambrano presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual indicó que "su despido se debió a desviación de poder de parte del Director General, originada en motivos políticos pues la persona que la reemplazó era de la filiación del Director Regional, además de no cumplir con los requisitos exigidos para el cargo".\n4) Por medio de la Sentencia de 22 de mayo de 2006, el Tribunal Administrativo de Huila declaró la nulidad de la referida resolución, toda vez que no se expidió "bajo ciertos parámetros propios del mejoramiento de la prestación del servicio". Por el contrario, el nombramiento del nuevo funcionario, designado en reemplazo de Mercedes Zambrano, se realizó "bajo intenciones personalistas, caprichosas, arbitrarias y mezquinas, por lo que se considera una desviación de poder". Por esta razón, calificó la conducta del demandado como gravemente culposa.\n5) En contra de la anterior providencia, la entidad interpuso recurso de apelación, el cual no fue concedido. Debido a lo anterior, se interpuso recurso de queja, sin embargo, al no haber sido sustentado, por medio de providencia de 22 de febrero de 2007, la Sección Segunda del Consejo de Estado declaró precluída la oportunidad para su presentación.\n6) En cumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el SENA, mediante Resolución No. 1466 de 26 de julio de 2007, reconoció los salarios y prestacionales sociales a favor de la demandante. Posteriormente, por medio de la Resolución 712 de 2008 se reliquidó su pensión de jubilación y, finalmente, el 13 de marzo de 2008 se le canceló una suma de dinero por concepto de retroactivo pensional.\nEl 21 de enero de 2009, el apoderado del SENA presentó demanda de repetición ante el Consejo de Estado. Mediante Auto de 6 de febrero de 2009, esta Corporación ordenó remitir, por competencia, el expediente al Tribunal Administrativo de Huila. Esta última autoridad, por medio del Auto de 27 de febrero de 2009, admitió la demanda instaurada en contra de Tulio Arbeláez. Posteriormente, en contra de esta última providencia, el apoderado del demandado interpuso recurso de reposición, toda vez que, en su criterio, el poder no fue conferido en debida forma y en la demanda tampoco se identificó a la parte demandante y a su representante. Finalmente, mediante Auto de 15 de octubre de 2010, el Tribunal negó la petición anterior.\nEl 10 de noviembre de 2010, el apoderado del demandado contestó la demanda, en la que se opuso a las pretensiones formuladas por el demandante. Al respecto, presentó los siguientes argumentos: 1) Mercedes Zambrano fue nombrada en un cargo de libre nombramiento y remoción, por lo que su nominador tenía la discrecionalidad de prescindir de sus servicios cuando así lo requiriera, "sin el agotamiento de un debido proceso y sin necesidad de motivar el acto administrativo de la insubsistencia"; 2) la Ley 678 de 2001 no es aplicable a este caso, habida cuenta de la fecha de los hechos; 3) la actuación del entonces director estuvo desprovista de móviles políticos o personales y se ajustó a la Constitución y a la ley; 4) el funcionario que reemplazó a Mercedes Zambrano si cumplía con los requisitos exigidos por el manual general de funciones previsto por el Acuerdo 10 de 30 de abril de 1995 y 5) "[s]i el ISS pensionó la señora Zambrano, y si el SENA le descontó de la liquidación de la condena una gruesa suma con destino al ISS, no se entiende por qué razón el SENA le tenía que pagar suma alguna por pensión" (se trascribe).\nAdicionalmente, propuso como excepciones las siguientes 1) ineficacia del Acta No. 3 de 7 de julio de 2008, que plasmó la decisión del comité de conciliación de demandar a Tulio Arbeláez; 2) caducidad de la acción; 3) falta de legitimidad del SENA para demandar; 4) ineptitud de la demanda por no estar debidamente integrado el contradictorio por pasiva; 5) ausencia de móviles políticos y de desviación de poder en el nombramiento de Mercedes Zambrano; 6) buena fe del demandado; 7) cobro de lo no debido, 8) deficiencia de la defensa del SENA en el proceso principal y 9) cualquier otra que se pueda configurar en este caso.\nMediante Auto de 14 de abril de 2011, se abrió a pruebas el proceso y, por medio de providencia de 13 de julio de 2011, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.\nEl 19 de julio de 2011, la parte demandante presentó su escrito de alegación, en el que solicitó la resolución favorable de las pretensiones formuladas en la demanda. En su escrito, hizo referencia a los presupuestos de procedencia de la acción de repetición y, en concreto, al manual de procedimientos del SENA, contenido en el Acuerdo 25 de 1998. Sin embargo, en varios apartes de sus argumentos, hizo referencia a una resolución de insubsistencia distinta de la que es objeto de análisis en este caso.\nEl 25 de julio de 2011, la parte demandada presentó sus alegatos de conclusión, en los que solicitó inhibirse de dictar un fallo de fondo o, de manera subsidiaria, negar las pretensiones de la demanda. Al respecto, señaló que 1) la demanda adolecía de ineptitud sustantiva toda vez que no se precisó el título de imputación subjetiva (dolo o culpa grave) por el cual se solicitaba la condena y tampoco se probó el pago. Además, en relación con los presupuestos de la acción de repetición indicó que 2) no se demostró la existencia de una sentencia condenatoria impuesta en contra de la entidad, al no haber allegado al proceso la constancia de ejecutoria de dicha providencia; 3) no se acreditó el pago, toda vez que se carecía de una constancia de paz y salvo o la manifestación expresa del demandante o de su apoderado acerca del recibo a satisfacción de la suma objeto de la condena; 4) "[n]o se probó que el reembolso que se pide sea el producto de una actuación de mi representado" y, por último, 5) no demostró una actuación gravemente culposa o dolosa del demandado.\nDe acuerdo con la constancia secretarial de 1 de agosto de 2011, el Agente del Ministerio Público guardó silencio.\nEl 19 de junio de 2012, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila dictó sentencia de primera instancia, mediante la cual declaró no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada y negó las pretensiones de la demanda. En relación con los presupuestos de la acción de repetición, el Tribunal, inicialmente, encontró acreditados los requisitos relativos a la calidad del agente del Estado del demandado y la existencia de una condena judicial que impusiera a la entidad demandante la obligación de reparar los daños antijurídicos causados. Respecto del pago realizado por el SENA, señaló que "las Resoluciones No. 001466 de 2007 y 00712 de 2008 y las órdenes de pago ya reseñadas, tan solo constituyen un trámite administrativo que permite disponer el desembolso de una suma de dinero con cargo a un rubro presupuestal específico, pero no permite inferir que efectivamente se haya producido el pago a favor del beneficiario de la condena y consecuentemente que la entidad se encuentra a paz y salvo por tal concepto".\nNo obstante lo anterior, el Tribunal señaló que, en gracia de discusión, tampoco estaba demostrado el presupuesto relativo a la conducta gravemente culposa o dolosa del demandado. Al respecto señaló que, en la sentencia condenatoria, dictada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se concluyó que la resolución de insubsistencia referida se hubiera proferido con desviación de poder. Si bien, en dicha providencia, se indicó que la desvinculación de Mercedes Zambrano no tuvo como finalidad el mejoramiento del servicio, la parte demandante tampoco demostró que, en su expedición, el demandado hubiera perseguido otro propósito. Además, las restantes pruebas allegadas al trámite, incluido el testimonio de Miguel Alirio Argote, no dan cuenta de los alegados móviles políticos que habrían influido en la expedición de la resolución de insubsistencia.\n1.2. Recurso de apelación y trámite en segunda instancia\nEl 3 de julio de 2012, el apoderado de la entidad accionante interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. En su escrito sostuvo que el demandado actuó de manera contraria al ordenamiento, "desconociendo el mínimo deber de cuidado que debe tener todo funcionario público al momento de tomar una decisión administrativa que pueda afectar intereses". Además, descartó que se tratara de un comportamiento de buena fe, toda vez que "cuando se emite un acto administrativo en especial la insubsistencia de un funcionario, se debe medir y tener en cuenta las consecuencias inmediatas y mas aún las futuras", sin embargo, esa "prevención no se tuvo en cuenta, simplemente se tomo una decisión, sin tener la certeza jurídica de que se estaba actuando conforme a derecho, situación que nos llevó a que la sentencia ordenara no solo el reintegro sino las indemnizaciones que por naturaleza se derivan de este tipo de decisiones" (se trascribe). Por último, concluyó que el entonces Director General del SENA omitió los criterios básicos contenidos en el Manual General de Funciones y Requisitos Mínimos de la entidad, al nombrar, en reemplazo del anterior funcionario, una persona que no cumplía con el perfil del cargo para el que se le nombró.\nEn relación con el memorial de sustentación anterior, la Sala advierte que, en varios apartes de su escrito, el recurrente hizo referencia a hechos que no se relacionan con este caso, como, por ejemplo, a una resolución de insubsistencia o al nombre del demandante de nulidad y restablecimiento del derecho. Dado que algunos sujetos procesales solicitaron que esta Corporación se abstuviera de darle trámite al recurso de apelación, la Sala abordará este tópico en el análisis de fondo del caso.\nEl 16 de octubre de 2012, la Sala Sexta de Decisión Escritural, Despacho de Descongestión, del Tribunal Administrativo del Huila concedió el recurso de apelación, en el efecto suspensivo, y reconoció personería jurídica a Everardo Lozano Medina, como apoderado del SENA.\nMediante Auto de 6 de marzo de 2013, el despacho sustanciador de esta Corporación admitió el recurso de apelación y dispuso la notificación al Agente del Ministerio Público y a las partes. De acuerdo con la constancia secretarial de 3 de abril de 2013, se informó que las partes guardaron silencio.\nEl 26 de abril de 2013, el despacho sustanciador corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para rendir concepto. El 17 de mayo de 2013, la parte demandada presentó escrito de alegatos de conclusión, en el que señaló el incumplimiento del SENA de su carga de demostrar los requisitos relativos al pago efectivo de la condena y de la actuación dolosa o gravemente culposa del demandado.\nEl 19 de julio de 2013, la parte demandante presentó sus alegatos, en los que solicitó la resolución favorable de las pretensiones de la demanda. En su escrito, destacó el Acuerdo 25 de 1998, que contiene los requisitos mínimos para desempeñar el cargo del "nivel ocupacional de Directivo Grado 09" y la decisión adoptada por el Tribunal de primera instancia, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual se "declaró desviación de poder y que el nombramiento se realizó por motivos políticos".\nEl 1 de agosto de 2013, el Agente del Ministerio Público presentó su concepto en el que, inicialmente, expuso las razones por las cuales no debió admitirse el recurso de apelación, ni tampoco darle trámite, y, de manera subsidiaria, solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia. En relación con el primer aspecto, solicitó la declaratoria de nulidad del auto proferido por el Tribunal Administrativo del Huila mediante el cual se concedió el recurso de apelación, así como de la providencia mediante la cual esta Corporación admitió dicho recurso, toda vez que el abogado Everardo Lozano no tenía la capacidad procesal para interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Además, señaló que el escrito de sustentación del recurso no expresó de manera clara, concreta y precisa los motivos de su inconformidad con la sentencia recurrida.\nRespecto del análisis de fondo, señaló que la entidad demandante no logró demostrar el pago total de lo que se pretende recuperar, toda vez que si bien "hubo un proceso interno para cumplir con la condena judicial impuesta, en el expediente no aparece el paz y salvo o la constancia de recibo del pago (...) por parte del acreedor". Por otra parte, indicó que el proceso "carece de elementos" probatorios que den cuenta de una conducta dolosa o culposa grave del demandado, al haber expedido la aludida resolución de insubsistencia.\nMediante Auto de 3 de diciembre de 2018, el despacho sustanciador corrió traslado a las partes de la solicitud de nulidad presentada por el Agente del Ministerio Público. Mediante constancia secretarial de 16 de enero de 2019, se informó que las partes no hicieron ningún pronunciamiento dentro de este término.\nPor medio de Auto de 29 de enero de 2019, el despacho sustanciador declaró saneada la nulidad propuesta por el Ministerio Público.\nContenido: 2.1. Presupuestos procesales; 2.2. Análisis sustantivo - 2.2.1. Régimen legal en materia de repetición sobre hechos que tuvieron lugar antes de la Ley 678 de 2001 - 2.2.2. Presupuestos de la acción de repetición; 2.3. Consideración Final; 2.4. Costas.\nEl artículo 82 del C.C.A, norma vigente para el momento de la presentación de la demanda, dispone que "[l]a jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas (...)". En consecuencia, el presente asunto es de conocimiento de esta jurisdicción, toda vez que la entidad demandante, esto es, el SENA, es un establecimiento público del orden nacional, que, por tanto, reviste la naturaleza de una entidad pública.\nEn relación con la competencia para conocer de las acciones de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación ha considerado que "basta acudir en forma exclusiva al principio de conexidad, previsto como principal en el artículo 7  de la Ley 678 de 2001, sin perjuicio del criterio subjetivo de atribución de competencias que para los dignatarios con fuero legal contempla la misma ley ( [pár. 1]) y sin que se requiera establecer la cuantía de la demanda, según lo disponían los artículos 132 y 134B del C.C.A., antes de la entrada en vigencia de la citada ley".\nDe conformidad con lo anterior, el Tribunal Administrativo del Huila era el competente para conocer y decidir la controversia, dado que fue la Corporación judicial que profirió la sentencia por medio de la cual se le impuso al SENA la condena por cuyo pago se ejerció la acción de repetición.\nEn lo que respecta a la doble instancia para las demandas de repetición iniciadas en vigencia del Código Contencioso Administrativo, esta Corporación ha explicado que, a diferencia de las demandas dirigidas en contra de altos dignatarios del Estado (Artículo 7, parágrafo 1, de la Ley 678 de 2001), "de conformidad con la regla general que establece el transcrito artículo 31 constitucional, los fallos que se profieran (...) deben ser susceptibles de apelación, independientemente de la cuantía del proceso o de que el conocimiento del mismo corresponda, en primera instancia y por virtud del señalado criterio de conexidad, al Juez o Tribunal Administrativo, según el caso" (se trascribe).\nEn vista de que todas las demandas de repetición interpuestas en vigencia del Código Contencioso Administrativo se benefician de la doble instancia -excepto aquellas que expresamente se atribuyeron al Consejo de Estado en única instancia-, esta Corporación, con fundamento en el artículo 129 del C.C.A, es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el SENA.\nPor las razones expuestas, esta Sala concluye que es competente para conocer de este asunto, toda vez que se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo.\nEn lo que tiene que ver con la oportunidad para ejercer la acción, tanto el artículo 11 de la Ley 678 de 2001, como el numeral 9 del artículo 136 del C.C.A, disponen que la caducidad en materia de repetición debe contarse a partir del día siguiente al pago efectivo del crédito judicial. Sin embargo, en los eventos en los que el pago se realice por cuotas, el término corre desde la fecha del último pago.\nDada la coincidencia normativa, dichos preceptos fueron demandados ante la Corte Constitucional, la cual manifestó estarse a lo dispuesto en la Sentencia C-832 de 2001, que declaró la exequibilidad del numeral 9° del artículo 136 del C.C.A. "bajo el entendido de que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo".\nEn consecuencia, si la entidad pública paga la condena impuesta en su contra dentro del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4 del artículo 177 del C.C.A, el término de caducidad de la acción de repetición comenzará a contarse a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago; de lo contrario, los dos años deberán computarse desde el día siguiente al vencimiento del plazo legal para el pago.\nEn el presente caso, no existe certeza acerca de la fecha en la que se realizó el pago. Si bien, como se analizará más adelante, se aportó al proceso una certificación del grupo de tesorería de la entidad demandante, que podría tenerse como fecha del último pago realizado, dicha erogación no parece tener relación con las medidas de restablecimiento del derecho dictadas en la sentencia que declaró la nulidad de la aludida resolución de insubsistencia.\nPor otra parte, se allegó la Resolución No. 1466 de 26 de julio 2007, mediante la cual se dispuso dar cumplimiento a la sentencia judicial de nulidad y restablecimiento del derecho, así como la orden de pago de 10 de agosto del mismo año, con base en la cual se realizó la respectiva causación contable, pero sin que en este documento o en otro se advierta la fecha en que se realizó el desembolso de dichos recursos.\nPor tanto, dado que este tema constituye uno de los problemas jurídicos de fondo que deberá resolverse en este asunto, será abordado en el análisis sustantivo del caso, en el acápite siguiente.\nEn relación con la legitimación en la causa, el SENA actúa como parte activa dentro de esta controversia, toda vez que fue la entidad condenada a pagar los daños ocasionados a Mercedes Zambrano Trujillo mediante la Sentencia de 22 de mayo de 2006 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila.\nLa parte pasiva está integrada por Tulio Enrique Arbeláez Gómez que, en su condición de director general del SENA, profirió la Resolución No. 1171 de 17 de noviembre de 1998 mediante la cual se declaró insubsistente el nombramiento de Mercedes Zambrano como secretaria de la Dirección Regional del Huila.\nPor último, esta Sala debe pronunciarse sobre las peticiones formuladas por la parte demandada y el Ministerio Público de abstenerse de darle trámite al recurso de apelación, debido a su deficiente motivación. En su criterio, dado que el recurrente se refirió a hechos distintos (vgr. La resolución de insubsistencia, el funcionario que fue retirado del servicio, entre otros), no es posible conocer sus razones de inconformidad con la sentencia de primera instancia.\nSi bien, debido a posibles errores de transcripción, el recurrente hizo referencia a hechos o a medios de prueba que no corresponden a los que son objeto de análisis dentro de este proceso, lo cierto es que el recurrente cumplió con una carga mínima de argumentación, al exponer las razones de disenso en contra de la providencia recurrida. En efecto, tal como se indicó en el párrafo 19, el entonces apoderado de la parte demandante presentó sus argumentos que le permitieron concluir, contrario a lo sostenido por el Tribunal de primera instancia, acerca de la existencia de una conducta dolosa o gravemente culposa del demandante y, en particular, su actuación contraria al ordenamiento jurídico y al manual de funciones y requisitos de la entidad demandante.\nEl requisito de sustentación del recurso alude a un contenido argumentativo suficiente, que exprese, con meridiana claridad, las razones de inconformidad con la decisión objeto del recurso. En este caso, a pesar de las manifestaciones inexactas del recurso, que pueden generar confusión y desconcierto a las partes, el recurrente alcanzó a cuestionar parcialmente dicha sentencia, al exponer las razones por las cuales, en su criterio, el demandado actuó con desviación de poder, tal como se concluyó en la sentencia de nulidad y restablecimiento del derecho. Estas afirmaciones resultan coherentes con las pretensiones de la demanda, por lo que no se advierte ninguna vulneración del debido proceso y si, por el contrario, proporciona los elementos de juicio suficientes para resolver la controversia que se plantea en este caso.\nPor tanto, dado que la argumentación presentada en la sustentación del recurso ofrece el marco necesario para adelantar la actividad de revisión de la sentencia de primera instancia, se emitirá un pronunciamiento de fondo sobre la misma.\n2.2. Análisis sustantivo\n2.2.1. Régimen legal en materia de repetición sobre hechos que tuvieron lugar antes de la Ley 678 de 2001\nLa acción de repetición fue consagrada en el inciso 2° del artículo 90 de la Constitución Política y en el artículo 78 del C.C.A. como un mecanismo para que la entidad condenada por razón de una conducta dolosa o gravemente culposa de un funcionario o ex funcionario suyo pueda solicitar de éste el reintegro de lo que pagó como consecuencia de una sentencia, de una conciliación o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto.\nPor su parte, la Ley 678 de 2001, "por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición", definió la repetición como una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o ex funcionario público y en contra de los particulares que ejercen función pública que, a causa de una conducta dolosa o gravemente culposa, den lugar a un reconocimiento indemnizatorio proveniente de una condena contenida en una sentencia, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto.\nEn relación con la aplicación en el tiempo de la Ley 678 de 2001, la jurisprudencia de esta Corporación ha explicado que, con fundamento en la regla general según la cual la norma rige hacia el futuro, sus disposiciones se aplican para los hechos ocurridos a partir de su entrada en vigencia y hasta el momento de su derogación, sin desconocer que, excepcionalmente, puede tener efectos retroactivos. Así lo ha sostenido esta Corporación:\nEn cambio, si los hechos o actuaciones que dieron lugar a la imposición de la condena por cuyo pago se repite ocurrieron con anterioridad a la vigencia de la Ley 678 de 2001, la Sala, para dilucidar si se actuó con culpa grave o dolo, ha acudido a otros preceptos y criterios.\nEn efecto, con fundamento en lo expuesto por la Corte Constitucional en las Sentencias C-100 de 2001 y C-430 de 2000, que analizaron la constitucionalidad de los artículos 77 y 78 del C.C.A., respectivamente, esta Corporación ha sostenido que, además de la norma anterior, se "debe tener en cuenta las características particulares del caso que deben armonizarse con lo previsto en los artículos 6º y 91 de la Constitución Política sobre la responsabilidad de los servidores públicos, como también la asignación de funciones contempladas en los reglamentos o manuales respectivos. Es igualmente necesario, tener en cuenta otros conceptos como son los de buena y mala fe, que están contenidos en la Constitución Política y en la ley".\nEn ese orden de ideas, teniendo como referente la fecha en que ocurrieron los hechos que dieron origen a la presente demanda de repetición, esto es, el 17 de noviembre de 1998, fecha en la cual se expidió la resolución de insubsistencia del nombramiento de Mercedes Zambrano, las normas aplicables al caso concreto, en aspectos de orden sustancial, son las disposiciones de la Constitución Política, así como los artículos 77 y 78 del C.C.A.\n2.2.2. Presupuestos de la acción de repetición\nExistencia de una condena judicial o de un acuerdo conciliatorio que impuso a la entidad estatal demandante el pago de una suma de dinero\nEn relación con este requisito, obra en el proceso la Sentencia condenatoria proferida el 22 de mayo de 2006 por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila, mediante la cual declaró 1) la prosperidad de la excepción de "Indebida acumulación de pretensiones, por el no agotamiento de la vía gubernativa" propuesta por el SENA, respecto de la reliquidación de factores salariales solicitada en la demanda; 2) la no prosperidad de las excepciones de "Falta de Jurisdicción y Falta de Competencia" formuladas por el SENA y 3) la nulidad de la Resolución de Insubsistencia No. 1171 de 1998.\nAdemás, dispuso 4) el reintegro de Mercedes Zambrano al cargo que desempeñaba hasta la expedición del acto acusado, o a uno de igual o superior categoría, hasta el 23 de abril de 2003, fecha a partir de la cual quedó pensionada; 5) el pago, a favor de Mercedes Zambrano, de "todos los emolumentos salariales dejados de percibir desde la fecha en que se produjo su retiro del servicio y hasta cuando resultó pensionada, incluyendo el pago de primas, vacaciones, cesantías, y todas las demás prestaciones legales y extralegales a que tiene derecho debidamente actualizados"; 6) negar las demás pretensiones de la demanda y 7) dar cumplimiento a lo previsto por los artículos 176 y 177 del C.C.A.\nDe acuerdo con lo anterior, se encuentra probado este primer requisito de procedibilidad de la acción.\nLa calidad del demandado como agente o ex agente del Estado o particular que cumple funciones públicas\nEste requisito se encuentra debidamente acreditado en el proceso, con base en los siguientes elementos de juicio: 1) Certificación de 13 de octubre de 2000 en la que se informó que Tulio Arbeláez Gómez prestó sus servicios desde el 17 de septiembre de 1998 y hasta el 5 de octubre de 2000, como Director General Grado 11 del SENA; 2) Decreto de nombramiento No. 1852 de 8 de septiembre de 1998 y 3) Acta de posesión No. 097 de 17 de septiembre de 1998. Por lo anterior, la Sala encuentra acreditada su condición de agente del Estado.\nEl pago de la condena impuesta a la parte actora\nLos documentos allegados por la parte demandante para acreditar la existencia del pago constan de los siguientes:\n1) Resolución No. 1466 de 26 de julio de 2007 "[p]or la cual se reconoce y ordena el pago de salarios y prestaciones, en cumplimiento de sentencia judicial". Mediante este acto administrativo se ordenó el pago de la suma de $343.837.187 correspondiente a: $290.079.592 por conceptos de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir entre el 17 de noviembre de 1998 y hasta el 23 de abril de 2003, con las indexaciones e intereses legales; $18.162.816 por retención en la fuente y $35.594.779 por concepto de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social. Además, se ordenó la reliquidación de la pensión de jubilación reconocida por el SENA, "agregando el tiempo de servicios entre el 18 de noviembre de 1998 y el 23 de abril de 2003".\n2) Orden de pago No. 3335 de 10 de agosto de 2007 con base en la cual se realizó la causación contable de una cuenta por pagar por valor de $343.837.187.\n3) Resolución No. 712 de 14 de marzo de 2008 "[p]or la cual se resuelve el recurso de reposición de la señora Mercedes Zambrano Trujillo". Mediante este acto administrativo se modificó el numeral 2 de la Resolución No. 2273 de 12 de octubre de 2007 y, en su lugar, se reconoció la suma de $51.509.749 por concepto de retroactivo pensional, compuesto de la siguiente manera: $46.216.642 "por concepto del retroactivo pensional entre el 23 de abril de 2003 al 30 de septiembre de 2007" y $5.293.107 "que deben ser asignados a la Regional Huila para que haga el pago respectivo del ajuste de los aportes para el Sistema Integral de Salud a la E.P.S. a que esté afiliada la recurrente, teniendo en cuenta que de este valor debe deducir los pagos realizados por este concepto".\n4) Cálculo de la reliquidación pensional de Mercedes Zambrano para los períodos comprendidos entre el 23 de abril de 2003 y hasta septiembre de 2007, que dio como valor neto a cancelar la suma de $46.216.642.\n5) Orden de pago No. 1244 de 2 de abril de 2008 con base en la cual se realizó la causación contable de una cuenta por pagar por valor de $46.216.642.\n6) Certificación de 26 de agosto de 2008, suscrita por la coordinadora del grupo de tesorería del SENA, por medio de la cual se informó que "el día 04 de Abril de 2008, mediante orden de pago No. 1244 y comprobante de egreso No. 112-1466" se realizó el giro por valor de $46.216.642, mediante transferencia electrónica realizada a favor de Mercedes Zambrano. Para tal efecto, se acompañó la consulta de extractos del mes de abril de 2008 de la entidad, mediante la cual se realizó una operación débito, denominada como pago a terceros, por el valor anterior.\nAhora bien, de los documentos referidos en los numerales 1) y 2) se evidencia que la entidad demandante reconoció la existencia de la obligación a favor de Mercedes Zambrano, determinó su monto y realizó el registro contable de una cuenta por pagar, pero no se demostró que dicha prestación se hubiera pagado efectivamente. En efecto, en la Resolución No. 1466 de 2007 se trascribieron las órdenes dictadas por el Tribunal Administrativo del Huila dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por Mercedes Zambrano, se aludió a la ejecutoriedad de esta decisión judicial y se anexó la liquidación del crédito realizada por el Grupo de Relaciones Laborales de la Dirección General del Sena, razón por la cual dispuso "[r]econocer y ordenar pagar, la suma de (...) ($343.837.187), en cumplimiento de las sentencias judiciales mencionadas en la parte motiva de este acto administrativo, conforme a la liquidación anexa (...)".\nPor otra parte, en la orden de pago No. 3935, se evidencia el movimiento contable realizado por la entidad de una cuenta por pagar por valor de $343.837.187. Además, se advierte que las casillas de "[l]iquidación y causación Orden de pago" y de "causación contable" se encuentran suscritas por los respectivos funcionarios, sin embargo, en la casilla de "[s]e ordena el pago" está en blanco, la cual debió haber sido suscrita el Director General, Darío Montoya Mejía. Aparte de este documento, no se acompañó ninguna certificación que acreditara el pago, el comprobante de egreso, la consignación o trasferencia bancaria realizada por dicho valor.\nPor tanto, del solo reconocimiento de la obligación a favor de Mercedes Zambrano o del registro de una cuenta por pagar (pendiente para ese momento), pero sin la indicación de la fecha o forma en que se realizó efectivamente el desembolso de dichos recursos, no es posible dar por acreditado este requisito.\nLo anterior, contrasta con los documentos allegados respecto de la obligación reconocida a favor de Mercedes Zambrano por concepto de retroactivo pensional (numerales 3, 4, 5 y 6). En este caso, se allegó la resolución que reconoció la existencia de esta prestación, la orden de pago con base en la cual se registró el movimiento contable de una cuenta por pagar, la consulta de extracto que contiene la trasferencia electrónica realizada por ese valor y, por último, la certificación expedida por el grupo de tesorería del SENA, que informaba acerca del pago efectuado a Mercedes Zambrano, con la referencia del respectivo comprobante de egreso.\nNo obstante, la anterior erogación, a pesar de lo afirmado por la entidad demandante, no puede tenerse como pago, así fuere parcial, de la condena impuesta dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que se hizo bajo un concepto diferente.\nEn efecto, si bien la reliquidación pensional se realizó debido al pago de salarios y prestaciones por un período adicional (lo que aumentó el ingreso base de liquidación), no constituyó una medida de restablecimiento del derecho ordenada en la sentencia, por lo que su pago no se hizo en cumplimiento del fallo judicial sino que solo fue un efecto del mismo. Además, el reconocimiento del retroactivo pensional se hizo por un período distinto (23 de abril de 2003 al 30 de septiembre de 2007) al reconocido por la sentencia de 22 de mayo de 2006 (17 de noviembre de 1998 al 23 de abril de 2003), en atención a la Resolución No. 1477 proferida por el Instituto de Seguros Sociales, mediante la cual se reconoció la pensión de vejez a Mercedes Zambrano a partir del 22 de abril de 2003.\nPor tanto, al no haberse demostrado el cumplimiento de este requisito, resulta innecesario continuar con el estudio de los restantes presupuestos de procedencia de la acción de repetición, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.\n2.3. Consideración Final\nLa parte demandante y el Agente del Ministerio Público advirtieron algunas situaciones presentadas con uno de los apoderados del SENA, es decir, con el abogado Everardo Lozano Medina, que, en su criterio, constituyeron graves irregularidades que afectaron el curso normal de este trámite, así:\n1) El 18 de mayo de 2011, el abogado Everardo Lozano presentó su poder para actuar como apoderado del SENA. Mediante Auto de 20 de mayo de 2011, el Tribunal Administrativo del Huila se abstuvo de reconocerle personería jurídica, toda vez que, omitió acreditar la calidad de representante legal de la entidad pública que otorgaba el poder. A pesar de lo anterior, no se advirtió en el expediente que hubiera allegado el certificado de existencia y representación legal del SENA.\n2) Sin que se le hubiera reconocido personería jurídica, el 19 de julio de 2011, presentó sus alegatos de conclusión. Debido a la situación anterior, el Tribunal, en la sentencia de primera instancia, indicó que se tenía "por no presentado alegato alguno".\n3) El 12 de julio de 2012, el mismo abogado interpuso y sustentó el recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia. Debido a la solicitud de nulidad presentada por el Ministerio Público ante la carencia total de poder, mediante Autos de 3 de diciembre de 2018 y 29 de enero de 2019, el despacho sustanciador corrió traslado de dicha petición y declaró saneada la nulidad propuesta, respectivamente.\n4) Debido a las referencias inexactas realizadas por el abogado en la sustentación del recurso de apelación, se solicitó que fuera declarado desierto, al desconocerse las razones de su inconformidad con la sentencia recurrida.\nLo anterior evidencia, por lo menos preliminarmente, una actuación descuidada y contraria a los deberes profesionales de dicho abogado. Por tanto, se ordenará compulsar en su contra copias disciplinarias ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, con el fin de que se investigue su actuación dentro de este radicado.\nEn vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo establecido en el artículo 171 del C.C.A modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.\nEn mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sub Sección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,\nPRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia proferida el 19 de junio de 2012 por el Tribunal Administrativo del Huila, en cuanto negó las pretensiones de la demanda.\nSEGUNDO: NO CONDENAR en costas.\nTERCERO: ORDENAR el cumplimiento de esta sentencia en la forma y términos consignados en los artículos 177 y 179 del Código Contencioso Administrativo.\nCUARTO: COMPULSAR copias en contra del abogado Everardo Lozano Medina, ante el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila, con el fin de que se investigue disciplinariamente su actuación dentro del presente radicado, si hay lugar a ello.\nQUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría de la Sección DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.\nMARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ RAMIRO PAZOS GUERRERO\n Folios 6 al 18 del Cuaderno 1.\n Folios 87 y 88 del Cuaderno 1.\n Folios 99 y 100 del Cuaderno 1.\n Folios 131 y 132 del Cuaderno 1.\n Folios 140 al 142 del Cuaderno 1.\n Folios 144 al 154 del Cuaderno 1.\n Según lo dispuesto por el artículo 12 del Decreto 1214 de 2000, se debe adoptar la decisión de iniciar o no el proceso de repetición dentro de los 3 meses siguientes al pago total de la obligación y, en este caso, se superó dicho lapso.\n De acuerdo a lo previsto por el artículo 12 del Decreto 1214 de 2000, la demanda debía interponerse 3 meses después de haber tomado la decisión de iniciar el respectivo proceso de repetición.\n De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8 de la Ley 678 de 2001, el SENA tenía 6 meses, a partir del último pago realizado, para presentar la demanda de repetición y, después de esta fecha, solo lo podía hacer el Ministerio Público o el Ministerio de Justicia y del Derecho. Dado que nada de lo anterior ocurrió, el SENA no estaba legitimado para demandar.\n Debió convocarse al proceso a las divisiones, operativa y asesora, de la Dirección General del SENA, que tenían la responsabilidad de constatar el cumplimiento de los requisitos exigidos al funcionario que reemplazó a Mercedes Zambrano. Así lo prevé el Decreto 1120 de 1996.\n La resolución de insubsistencia se expidió en ejercicio de su facultad discrecional.\n El demandado firmó la resolución de insubsistencia, previa verificación, por parte de las dependencias correspondientes, de que el funcionario que reemplazó a Mercedes Zambrano cumplía con todos los requisitos que le eran exigibles para el desempeño del cargo.\n El SENA pretende reclamar el pago de la pensión y de su reliquidación, a pesar de que el ISS reconoció estas obligaciones.\n La defensa del SENA no se ejerció de manera competente, dado que no se demostró el cumplimiento de los requisitos por parte del reemplazo de Mercedes Zambrano y tampoco se ejerció el recurso correspondiente en contra del auto que negó el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia.\n Folios 240 al 242 del Cuaderno 2.\n Folio 650 del Cuaderno 4.\n Folios 652 al 654 del Cuaderno 4.\n Folios 658 al 666 del Cuaderno 4.\n Folio 713 del Cuaderno 4.\n Folios 801 al 828 del Cuaderno Principal.\n En concreto, respecto de las excepciones, señaló lo siguiente: 1) en relación con la ineficacia del acta del comité de conciliación y de la caducidad, señaló que el incumplimiento del término previsto por el artículo 12 del Decreto 1214 de 2000 no genera ninguno de esos efectos; 2) en cuanto a la falta de legitimidad del SENA para demandar, la Ley 678 de 2001 no es aplicable a este caso, debido a que los hechos que suscitaron el pago ocurrieron antes de su vigencia; 3) respecto de la indebida integración del contradictorio por pasiva, indicó que fue el aquí demandado quien firmó la resolución de insubsistencia y en quien recaía, como Director General, la función legal de decidir la situación jurídica y laboral de los servidores de la entidad. De todas maneras, de considerar que otros funcionarios eran los responsables, podía haberlos llamado en garantía y 5) en relación con las demás excepciones, indicó que, por aludir a cuestiones de fondo, serían analizadas posteriormente.\n Folios 834 al 837 del Cuaderno Principal.\n Así lo solicitó el Agente del Ministerio Público y el apoderado de la parte demandante. Precisamente, el 24 de julio de 2012, la parte demandada solicitó que se declarara desierto el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia. Lo anterior, toda vez que, el apoderado de la entidad demandante, carece de personería jurídica para actuar dentro de este trámite. Además, por su indebida motivación. Una petición similar fue reiterada mediante memorial de 30 de noviembre de 2012.\n Folio 846 del Cuaderno Principal.\n Folios 850 y 851del Cuaderno Principal.\n Folio 852 del Cuaderno Principal.\n Folio 853 del Cuaderno Principal.\n Folios 856 al 859 del Cuaderno Principal.\n Debido a la renuncia del apoderado del SENA, Everardo Lozano, el despacho sustanciador de esta Corporación, mediante Auto de 19 de junio de 2013, ordenó nuevamente correr traslado a la entidad demandante con el fin de que presentara sus alegatos de conclusión.\n Folios 869 al 872 del Cuaderno Principal.\n Folios 873 al 884 del Cuaderno Principal.\n Folios 894 y 895 del Cuaderno Principal.\n Folios 896 del Cuaderno Principal.\n Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Auto de 18 de agosto de 2009, exp. 11001-03-15-000-2008-00422-00(C); reiterada por esta Subsección, a través de fallo de 13 de abril de 2016, exp. 42.354, entre otras.\n Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de importancia jurídica proferida el 21 de abril de 2009, radicación 25000-23-26-000-2001-02061-01 (IJ).\n "COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión".\n Artículo 90. "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.\n Artículo 78. "Los perjudicados podrán demandar, ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo según las reglas generales, a la entidad, al funcionario o a ambos. Si prospera la demanda contra la entidad o contra ambos y se considera que el funcionario debe responder, en todo o en parte, la sentencia dispondrá que satisfaga los perjuicios la entidad. En este caso la entidad repetirá contra el funcionario por lo que le correspondiere".\n "(...) [S]in perjuicio de que dada la estrecha afinidad y el carácter civil que se le imprime a la acción se acuda excepcionalmente al Código Civil y a los elementos que la doctrina y la jurisprudencia han edificado en punto de la responsabilidad patrimonial, siempre y cuando, claro está, no resulte incompatible con la Ley 678 y los fundamentos constitucionales que estructuran el régimen de responsabilidad de los servidores públicos (artículos 6, 121, 122, 124 y 90 de la Constitución Política)". Cfr. Sentencias proferidas por el Consejo de Estado: 1) Del 8 de marzo de 2007 proferida por la Sección Tercera, radicación número: 250002326000200201304-01 (30.330) y 2) Del 16 de julio de 2015 proferida por la Sección Tercera, Subsección A, radicación número: 250002326000199902960-01 (27.561), entre otras.\n El artículo 83 Constitucional reza: "Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas".\n Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, Sentencia de 18 de junio de 2018. Exp. Nº 25000-23-26-000-2011-00516-02(54692).\n Folios 44 al 68 del Cuaderno 1.\n Folio 165 del Cuaderno 1.\n Folio 712 del Cuaderno 4.\n Folio 711 del Cuaderno 4.\n Folios 41 al 43 del Cuaderno 1.\n Folio 40 del Cuaderno 1.\n Folios 35 al 37 del Cuaderno 1.\n Algunos de los fundamentos fácticos de la Resolución No. 712 de 2008 son los siguientes: "Que el Instituto de Seguros Sociales mediante Resolución No. 001477 del 18 de marzo de 2005, reconoció pensión de vejez a la señora MERCEDES ZAMBRANO TRUJILLO, a partir del 22 de abril de 2003, por la suma de (...) Que mediante Resolución No. 001466 del 26 de julio de 2007, la Secretaría General reconoció y ordenó pagar a la recurrente los salarios y prestaciones dejados de percibir desde el 17 de noviembre de 1998 al 23 de abril de 2003, en cumplimiento a la sentencia proferida el 22 de mayo de 2006 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, Sala Tercera de Decisión, por lo cual se hizo necesario reliquidar nuevamente la pensión de jubilación mediante Resolución No. 002273 del 12 de octubre de 2007, estableciendo un nuevo valor de la diferencia pensional y ordenando reintegra unas sumas.// Revisado nuevamente el expediente administrativo, se establece que es procedente liquidar nuevamente las sumas que procede pagar a la recurrente en virtud de la reliquidación, teniendo en cuenta que por error involuntario de la administración, en las operaciones matemáticas de la Resolución No. 002273 del 12 de octubre de 2007, no se tuvo en cuenta la parte del retroactivo pensional reconocido por el ISS en la Resolución No. 001477 del 18 de marzo de 2005, que el SENA no le devolvió a la pensionada. Por lo anterior, se realizó nuevamente las operaciones matemáticas teniendo en cuenta el nuevo valor de pensión de jubilación que resultó de la reliquidación realizada en la Resolución No. 002273 de 2007, a lo cual se le resta lo que el SENA ha pagado, para así determinar la diferencia a favor de la pensionada, a cuyo total se le restará lo que ella ha recibido del ISS (...)".\n Folio 258 del Cuaderno 2.\n Folio 808 del Cuaderno principal.


Una semana para EuroTier | Magapor\nUna semana para EuroTier\nLa edición de 2018 de EuroTier contará nuevamente con la participación de Magapor, como no podía ser de otra forma.\nEl recinto ferial Hannover se prepara para acoger, del 13 al 16 de noviembre, la feria ganadera por excelencia en Europa. Está abierta a empresas de bovino, porcino, aviar, ovino y caprino, así como acuicultura, tanto alemanas como del resto del mundo. Para hacerse una idea de la magnitud y relevancia de la feria, en 2016 contó con la participación de 2638 empresas expositoras, de las cuales 1498 eran de fuera de Alemania. Así mismo, se espera una asistencia de más de 150.000 visitantes.\nEl evento está organizado por DLG, empresa especialista en el sector agrícola y ganadero.\nEncontrará al equipo de Magapor en el stand C07 del Hall 15, donde con gusto estaremos a su disposición para mostrarle nuestras últimas novedades en reproducción artificial porcina. De hecho, podrá ver in-situ y trabajando nuestro Sistema Integrado SIM. Pregunte también por las bolsas RTC con Control de Reprotóxicos y por nuestro lanzamiento este año, Spermax, diluyente de Alto Rendimiento de última generación.\nPara más información, ésta es la web de la feria en castellano. www.eurotier.com/int/espanol/\nMagapor2020-11-06T08:06:09+00:0006/11/2018|Sala de prensa|\n4 propósitos de año nuevo para mejorar el proceso de inseminación\nMaría Laborda obtiene una beca del comité olímpico\nAmpliamos plazo del VI Concurso de fotografía Magapor


“¡Por fin!”: vuelven las barras de los bares con el pase a la fase 3 | La Voz de Almería\n“¡Por fin!”: vuelven las barras de los bares con el pase a la fase 3\nLos bares de la capital abren sus barras para recibir a los clientes este lunes\nEn imágenes: ¡Por fin! Vuelven las barras de los bares\nM. R. C. / JA Barrios 17:00 • 08 jun. 2020\n"¡Por fin!". Esto es lo que muchos almerienses han dicho hoy al ver de nuevo las barras de los bares abiertas. Había quien ya ni se acordaba cómo se hacía eso de acodarse en la barra del bar, pero volver a hacerlo en Almería con el pase a la fase 3 ha sido un placer al que muchos se han acostumbrado rápido.\nCon restricciones y limitaciones para mantener a trabajadores y clientes seguros, los bares de Almería han dado un paso más hoy en la desescalada con la ampliación de las terrazas, más aforo en el interior y, lo más importante, el regreso de las barras.\nY es que los clientes lo echaban mucho de menos, en especial en algunos lugares emblemáticos de la ciudad, como Casa Puga, donde uno de los clientes que había vuelto a acodarse en la legendaria barra decía, mientras veía caer la bebida a su copa, que esto sí era volver a la normalidad. "Ni nueva normalidad ni nada, cuando se viene al Casa Puga lo que hay es normalidad total".\nPero desde buena mañana han sido muchos los que han acudido a disfrutar de desayunos y, en estos momentos, del tapeo, con la llegada de la fase 3. Porque han sido decenas de almerienses los que hoy han visto cómo, poco a poco, la pandemia va aminorando su presencia y los hábitos de antes regresan. Eso sí, con las mascarillas, los guantes y los geles desinfectantes como fieles compañeros de viaje en cada salida y en cada entrada y marcha de un cliente.\nBares Mascarillas Casa Puga


Minimalismo Archives - Nexo, Conexión con la vida\nEl minimalismo como herramienta\nEl minimalismo como herramienta El minimalismo como herramienta implica que NO es una moda. Es, una forma de vida que te ayuda a conseguir lo que quieres y te mantiene centrado y enfocado. Hemos hablado de minimalismo en varias entradas: En la primera de ellas os hable de mi experiencia con el minimalismo y de los […]\nEl minimalismo y el planeta El otro día hablamos de minimalismo, y me deje en el tintero el medio ambiente… como sí el medio ambiente se pudiera dejar en el tintero.¿Que hace el minimalismo por el medio ambiente? Reduce tu huella de carbono. Ese concepto abstracto al que aspiran todos los gobiernos. Aún así, […]\nLa preocupación por los objetos que tenemos en casa, el donde está esto, toca limpiar… es un gasto de energía. Energía que puedes usar en otra cosa. Por eso, hoy hablamos de minimalismo. ¿Qué es?; Ventajas; mi experiencia y mis recursos: Valedeoro.es Para mí, el minimalismo es una herramienta que nos ayuda a priorizar. Un hábito que puede […]


Moses Mehdi debuta en Poker Flat con Bushwick, tres pistas del club que detallan sus amplias influencias.\nMoisés Mehdi, nacido en Irán y criado en Alemania, tiene experiencia en hip-hop, house estadounidense y techno. Todos estos son evidentes en Bushwick, su debut excepcional para Poker Flat Recordings, tres pistas de música de vibey dance preparadas para el piso.\nTake It In está construido alrededor de una muestra volteada y en capas, producida en una computadora portátil después de una larga noche en un festival cerca de Berlín. La refrescante toma de Medhi de los resultados de producción en un ambiente de euforia e izquierda, la pista seguramente funcionará en un festival como en un sótano lleno de humo.\nEl Seek Note tiene un sentimiento más melancólico, nacido de un período de reflexión en la vida de Medhi, e influenciado por gente como Tale of Us. Es un entrenamiento de tecnología melódica muy producido, lleno de emoción, tensión y liberación. Mad Science también fue una producción ambientada en la computadora portátil de Medhi, que se inspira en cualquier parte. La progresión de acordes impulsa la pista, con excelentes percusiones de efervescencia y burbujas que proporcionan un contrapunto perfecto. Un EP inventivo e infeccioso de un talento fresco.


RoldáN, zoila teresa y otros s/ centro médico neuropsiquiátrico s. A. Y otros s/ daños y perjuicios” - página 2\nRoldáN, zoila teresa y otros s/ centro médico neuropsiquiátrico s. A. Y otros s/ daños y perjuicios”\ndescargar 137.48 Kb.\ntítulo RoldáN, zoila teresa y otros s/ centro médico neuropsiquiátrico s. A. Y otros s/ daños y perjuicios”\ntamaño 137.48 Kb.\nIII. Para encuadrar jurídicamente la responsabilidad de los centros asistenciales, se suele recurrir a la figura de la estipulación a favor de tercero (art. 504 del Código Civil), ya que entre el sanatorio o clínica (estipulante) y el médico (promitente) se celebra un contrato a favor del enfermo (beneficiario). Hay un doble juego de relaciones del que surge que las responsabilidades del galeno y del ente asistencial frente al paciente, son directas y de naturaleza contractual (Conf. Bueres, Alberto, "Responsabilidad civil de las clínicas y establecimientos médicos", págs. 26 y sigs.; Bustamante Alsina, Jorge, "Responsabilidad civil de los médicos en el ejercicio de su profesión", L.L. 1976-C-73; Boffi Boggero, Luis María, "Tratado de las obligaciones", Tomo 6, pág. 308).\nLa obligación de la clínica de prestar asistencia médica lleva implícita una obligación tácita de seguridad. Por ello, no sólo es responsable de que el servicio se preste, sino también de que ello ocurra en condiciones tales, en cuanto a la participación del médico y servicios auxiliares, que el paciente no sufra un daño por deficiencias en la prestación prometida. Pero ésta no es tampoco una obligación de resultado, sino de medios. Luego, la entidad únicamente responde cuando se haya incurrido en la omisión de la prudencia y diligencia que el caso requería.\nLa existencia de la obligación general de seguridad impuesta en forma tácita como accesoria de otras obligaciones contraídas contractualmente, puede hallar fundamento bastante en la primera parte del art. 1198 del Código Civil. Así puede entenderse como verosímil que cada parte ha confiado en que el cuidado y la previsión de la otra, la pondría a resguardo de los daños que pudiera causarle a su persona o a sus bienes la ejecución del contrato, en lo concerniente a la actividad de sus dependientes o la intervención de cosas de su propiedad o de su guarda (Conf. Bustamante Alsina, Jorge, "Teoría general de la responsabilidad civil", pág. 300).\nAhora bien, uno de los temas sobre el que no existen coincidencias doctrinales ni jurisprudenciales es el que se relaciona con la naturaleza de la obligación asumida por la clínica psiquiátrica.\nDe acuerdo con una posición, la hospitalización de un enfermo en una clínica psiquiátrica implica, para ésta, asumir una obligación determinada o de fines, porque la finalidad esencial de la internación consiste en garantizar la seguridad del propio enfermo, aun en contra de sí mismo. Se trataría entonces de una obligación de resultado, por lo que para liberarse, el deudor debe probar la ruptura del nexo causal (Conf. Mazeaud-Tunc, "Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil", pág. 236, t.1-V1).\nEs decir que en el caso de las clínicas psiquiátricas, la obligación de custodia del paciente que tienen las mismas en razón de su especialización, es una obligación de resultado. Debe afinarse el concepto de culpa, haciéndolas responsables de cualquier descuido en la atención adecuada, y ello por cuanto el paciente es aislado de su vida de relación y confiado ciegamente al establecimiento (Conf. CNCiv., Sala C, 17/6/80, LA LEY, 1980-C, 291).\nAfirmaba en su ilustrado voto el Dr. Durañona y Vedia que “Aun cuando se advierte por otros autores que la indudable inestabilidad de los pacientes, como asimismo los modernos tratamientos para lograr su curación, no permiten asegurar de modo absoluto ni su restablecimiento ni que ellos no sufran accidentes, entiendo que respecto a este último extremo no cabe dudar de que la dirección de la Clínica garantiza la integridad física de los enfermos. De modo tal que deba afinarse el concepto de culpa, haciéndola responsable de cualquier descuido en la atención adecuada y estimarse que en lo tocante a la seguridad por accidentes se trata de una obligación del primero de dichos órdenes”.\nProducido el evento dañoso para el paciente, sólo podría eximir su responsabilidad probando la ruptura del nexo causal.\nLa otra corriente sostiene, en cambio, que el deber es de medios y no de resultado. Las autoridades de un establecimiento de esta especialidad tienen serias dificultades para garantizar un resultado, frente a la inestabilidad psicológica de los pacientes. Además, las clínicas modernas de salud mental emplean tratamientos progresivos compuestos de fases sucesivas, hasta obtener la rehabilitación del enfermo (Conf. Vázquez Ferreyra, Roberto, “Prueba de la culpa médica”, pág. 176).\nLas tendencias suicidas son trascendentes a efectos de su cómputo en la confrontación de los estándares concretos y abstractos que llevarán a decidir sobre la culpa (circunstancias de personas según el art.512), que el deber de previsión es más riguroso en estos casos, y que incluso funcione lógicamente el principio del art. 909, última parte, en los contratos de prestación médica infungible (o de especial confianza). Sin embargo, no debe seguirse que hay que afinar la culpa, sea que este inseguro vocablo se interprete como un trastrueque del deber jurídico específico de medios en un deber de resultado, bien que con ello se pretenda sancionar una culpa levísima del personal del establecimiento (con lo cual se caería insensiblemente en la proscripta teoría de la prestación de la culpa) (Conf. Bueres, Alberto "Responsabilidad civil de los médicos", t.1, pág. 445).\nTambién se ha sostenido que el deudor de la atención-custodia –psiquiatra-institución-, asume una obligación de medios reforzada o agravada, en la que la prueba de la falta de culpa -conducta diligente- resulta bastante para la liberación del deudor, quien habrá cumplido en la medida en que acredite fehacientemente la previsión de los acontecimientos: adecuado deber de vigilancia en lo que respecta al personal y a la infraestructura, como una supervisión eficaz de los servicios de salud mental (Conf. Kraut, Alfredo, "Responsabilidad Civil de los Psiquiatras", ed. La Rocca, 1998).\nDe esta manera estará en cabeza del prestador médico la acreditación de su no culpa en la producción del evento dañoso.\nLa posibilidad de suicidio de un paciente en tratamiento constituye una escena especialmente temida por el terapeuta. Existen ciertas patologías en las que los índices de suicidio alcanzan cifras significativas, que requieren del profesional una mayor atención en el deber de evitar el daño. Cuando se trata de pacientes con tendencias suicidas se exige la adopción de medidas preventivas especiales, que pueden llevar inclusive a la internación en una institución especializada, a efectos de asegurar su integridad contrariando sus propósitos suicidas: el deber de seguridad recae entonces en la institución en forma exclusiva, de modo que en estas condiciones el suicidio del paciente con tendencias autolesivas pone en evidencia el incumplimiento de ese deber. La culpa queda plasmada con el dato de la muerte que el profesional debía preveer; la falta se infiere del daño (Conf. Kraut, Alfredo, "Responsabilidad Civil de los profesionales de la salud mental”, en Bueres-Highton, Código Civil..., Tomo 4-B, pág. 460).\nEs el diagnóstico adecuado lo que permite advertir, cuándo el paciente vulnerable presenta un alto riesgo suicida, factor que determina una serie de deberes concretos y lleva a adoptar las medidas idóneas de cuidado, que apuntan a la prevención y evitación del acto previsible, "empleando la debida atención y conocimiento de las cosas" (art. 904 del Código Civil). Estas conductas han de evaluarse mediante su comparación con las de un profesional diligente de la especialidad (art. 512), según el mayor deber de obrar con prudencia que imponen los contratos de confianza especial (arts. 902 y 909). Advertida la tendencia suicida o autoagresiva, nacen dos obligaciones principales de actividad: disponer los medios adecuados para preservar la vida del paciente -obligación de custodia- y suministrarle, en correspondencia, una terapia efectivamente idónea que facilite su recuperación clínica -deber de asistencia- (Conf. Kraut, Alfredo J., “Acerca del suicidio de pacientes psiquiátricos”, JA 2004-I-446).\nSe ha dicho que “Las medidas de resguardo de los hospitales y clínicas psiquiátricas apuntan al cumplimiento del deber de indemnidad del paciente internado, proveyendo a su seguridad y control en el marco de un plan terapéutico idóneo para el caso. La omisión de los cuidados pertinentes torna indiscutible la responsabilidad de la entidad” (Conf. CNCivil, Sala H, 15/10/1999, [elDial.com - AA2CB]\nExpresaba también el Dr. Durañona y Vedia en el voto antes recordado que “Si bien es cierto que cuando el paciente está poseído de una intención firme de auto eliminarse, su decisión va acompañada de una persistencia en acudir a las más variadas vías y de aprovechar circunstancias que a veces son imponderables, ello no conduce necesariamente a aligerar responsabilidades, ya que la obligación tendiente a evitar el suicidio requiere una diligencia especialísima exigible al médico tratante y a sus dependientes".\nLa conducta suicida no es una conducta aleatoria y ya desde sus primeras descripciones científicas se observó que hasta cierto punto se podía predecir, ya que se encontraba asociada a diversos factores sociales, psicológicos y biológicos. Conocer bien estos factores es de gran importancia para evaluar adecuadamente el riesgo autolítico de un individuo. Un autor (Mann JJ, Oquendo M, Underwood MD, Arango V. “The neurobiology of suicide risk: a review for the clinician”. J Clin Psychiatry 1999; 60 (Suppl 2): 7-11) formula un modelo de conducta suicida que consta de dos dimensiones interrelacionadas. La de los rasgos de la persona (genética, abuso de sustancias, personalidad border-line o impulsividad) y la de los desencadenantes o precipitantes (enfermedad psiquiátrica aguda o acontecimientos vitales adversos). Sugiere que deben coincidir, al menos un factor de cada dimensión, para que aumente el riesgo de suicidio. Esto explicaría por qué unos pacientes se suicidan y otros no, con la misma enfermedad psiquiátrica. El suicidio tiene una fuerte relación con la enfermedad mental. Estudios realizados han mostrado que un 90% de los suicidios tenían uno o más trastornos psiquiátricos y que a mayor número de patologías, mayor riesgo de suicido. La existencia de antecedentes personales de intentos autolíticos en el pasado, es uno de los factores de riesgo que más claramente se asocian a la posibilidad de un futuro suicidio consumado (Conf. García de Jalón, E.-Peralta, V., “Suicidio y riesgo de suicidio”(Suicide and risk of suicide), Unidad de Psiquiatría, Hospital Virgen del Camino. Pamplona).\nPor otra parte, destacaba Orgaz las dificultades con las que tropieza el intérprete a la hora de establecer algo aparentemente tan simple como la relación de causalidad. Decía este ilustre jurista que "cuando se sale de la superficie y se va al fondo de la cuestión, se advierte -como ocurre casi siempre con las cosas simples- una enorme dificultad para precisar lo que debe entenderse por causa de un daño. ¿Cuándo debe considerarse que la acción o la omisión de una persona han causado realmente un perjuicio? ¿Con qué criterio se puede determinar esta circunstancia, necesaria para que el perjuicio le pueda ser imputado jurídicamente a su autor? La respuesta a estas preguntas constituye uno de los problemas más debatidos en derecho, desde hace casi cien años" (Conf. Orgaz, Alfredo, “El daño resarcible”, pág. 56).\nNuestro Código Civil se ha enrolado en la teoría de la causalidad adecuada, en virtud de la cual no todas las condiciones son equivalentes ni conducen en la práctica al mismo resultado. Lo que permite diferenciar una causa de otra es lo que sucede en la generalidad de los casos. La causa se descubre "en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos: id quod plerumque accidit" (Conf. Goldenberg, “Relación de causalidad”, pág. 23).\nSegún esta concepción, la relación de causalidad que existe entre el daño ocasionado y el antecedente se da cuando éste lo produce normalmente, conforme al curso natural y ordinario de las cosas.\nPara saber cuándo un hecho acontece regularmente, se debe efectuar un juicio en abstracto, una prognosis, o prognosis póstuma, prescindiendo de lo efectivamente sucedido y atendiendo a lo que usualmente ocurre y al grado de previsión que cualquier hombre razonable podría haber tenido por razón de su profesión o de cualquier otra circunstancia. La función del juez consiste precisamente en realizar un pronóstico retrospectivo de probabilidad, preguntándose si la acción que está juzgando era por sí sola apta para provocar normalmente esa consecuencia (Conf. Yzquierdo Tolsada, Mariano, “Responsabilidad civil contractual y extracontractual”, p. 237).\nLa causa permite determinar a quién atribuirle un resultado dañoso. La muerte del paciente es en los hechos médicos y en estos casos, la consecuencia de su enfermedad mental. García Blázquez y Molinos Cobo señalan que "el suicidio es uno de los desenlaces, relativamente frecuente de ciertos enfermos mentales, especialmente de los depresivos profundos y constitucionales, de algunos esquizofrénicos y paranoicos..." (autores cit. por Cobas, Manuel O., “El suicidio de una paciente y la responsabilidad civil del Establecimiento Psiquiátrico”, RCyS 2006, 589).\nEn estos autos, la situación es muy clara, más allá de las interminables alegaciones de las partes acerca de los distintos dictámenes periciales, que en definitiva han obrado “ex post facto”, sin conocer al paciente y sobre la base de la fría escritura de las historias clínicas.\nA mi juicio nada es más valioso que lo expresado por la Dra. Demetria Casilda Petalas al fiscal Devoto cuando apenas unas horas después de descubierto el hecho se constituyó en la Clínica Neuropsiquiátrica San Gabriel: el paciente había reingresado a la clínica hacía unos días y estaba medicado por presentar un cuadro depresivo.\nMás aún, la misma profesional a las 7 y 15 horas de ese 19 de setiembre de 1999 dijo al Oficial Principal Ferreyra que el paciente Luna presentaba a su ingreso un cuadro de delirante con síndrome depresivo.\nNo se puede insistir entonces en esta alzada actuando con un mínimo de seriedad, con el argumento de que no existían síntomas de depresión a la fecha de la reinternación.\nNadie estaba en mejores condiciones para evaluar la situación mental de Luna que la Dra. Petalas, pues ella lo había recibido y confeccionado el informe inicial.\nDe todos modos, aun suponiendo que el paciente no haya exteriorizado el 16 de setiembre síntomas de depresión -lo que dudo y hasta descarto-, no se puede discutir ahora e intentar borrar de un plumazo en el afán de defender lo indefendible, la enorme cantidad de constancias obrantes en las historias clínicas, de las que surgen palmariamente no sólo los reiterados estados depresivos sino los intentos de suicidio, para más, valiéndose de cinturones y corbatas.\nPor ello, es evidente que constituyó un acto de suma imprudencia, permitir que Luna tuviera en su poder los dos elementos que le permitieron poner fin a su vida.\nNo se requiere ser psiquiatra para suponer que un anciano, que está pasando por un estado depresivo severo, que ha tratado de suicidarse en otras oportunidades acudiendo al método de ahorcamiento, que ha sido internado “engañado”, que se siente abandonado por su familia y que tiene dificultades para conciliar el sueño, aproveche la soledad, el silencio y la oscuridad de la noche, así como la ausencia de un contralor directo, para dirigirse al baño y consumar su propósito.\nEs cierto que aun sin cinturón o sin corbata, existían muchas otras maneras de “fabricar” el elemento que le permitiría colgarse, pero consentir que mantuviera aquéllos en su poder constituyó un modo de facilitar la concreción del propósito.\nSi bien es innegable el carácter aleatorio del resultado final (la salud del enfermo), en lo que respecta al deber de protección, se presume que el deudor diligente posee los instrumentos idóneos para preservar la integridad del paciente. De allí que si se daña dentro de la institución y se suicida, aparece indudable la relación causal entre las fallas en el cuidado (deber de vigilancia) y el resultado. Son pacientes cuya guarda (custodia) está a cargo de la institución y sus auxiliares o dependientes. En estas instituciones, según el riesgo del paciente, existen diferentes controles (pacientes con distintos niveles de restricción) (Conf. Kraut, Alfredo J., “Acerca del suicidio de pacientes psiquiátricos”, JA 2004-I-446).\nEn un caso sustancialmente parecido al presente se dijo que “El establecimiento de salud mental es responsable por la muerte de un paciente que se suicidó mientras estaba internado, pues si se considera que la obligación de seguridad era de fines, el acaecimiento del hecho permite concluir en su responsabilidad, mientras que si se considera que su obligación era de medios, surge evidente que no hubo una conducta diligente suya ni de su personal, considerando que se trataba de un paciente que padecía una afección psiquiátrica con tendencias suicidas y que había intentado igual acción en otras oportunidades” (Conf. CNCivil, Sala H, 17/07/2007, La Ley Online, AR/JUR/4487/2007).\nEn base a todo lo expresado y haciendo míos los términos del voto del Dr. Kiper transcriptos en el párrafo anterior, propongo a mis colegas desestimar las quejas formuladas por Centro Médico Neuropsiquiátrico S.A., en cuanto pretenden excusar la responsabilidad en que ha incurrido, debiendo hacerse extensiva esta conclusión a las expresadas por la aseguradora.


Pintura de fachadas Fortaleny 【693339923】【Tecnicos】\nPintura de fachadas Fortaleny\nCuando hablamos de Pintura de fachadas Fortaleny, nuestro equipo se encargará de realizar las labores de reparación de grietas, mantenimiento, pintura y todo tipo de reformas.\nNuestro equipo de alpinistas profesionales realiza Pintura de fachadas Fortaleny y tambien le puede ofrecer una revisión de su fachada para evitar accidentes peligrosos que puedan causar edificios con elementos susceptibles a descolgarse. Puedes contar con nosotros para evitar daños físicos a personas o elementos situados al exterior del edificio.\nNuestro equipo de alpinistas especializados en el sector de trabajos verticales, especialmente en Pintura de fachadas Fortaleny podrá visitar su propiedad sin coste alguno para poder facilitarle un presupuesto ajustado a sus necesidades. Nuestros presupuestos siempre son ajustados al tiempo necesario que requiere la reforma, ofreciendo un servicio rápido, seguro y de garantía.\nPara reparaciones, reformas y Pintura de fachadas Fortaleny contamos con personal experimentado. Con más de 10 años prestando servicio, cubrimos cualquier reparación o reforma que amerite su vivienda. Para contactarnos comuníquese a través del 693339923, podrá realizar consultas y solicitar cualquier información. De la misma forma, no olvide pedir su presupuesto de manera gratuita.\nEl mercado de reparaciones, reformas y Pintura de fachadas Fortaleny es muy amplio. Cubriendo todas las necesidades de nuestros usuarios contamos con personal especializado en todas las áreas.\nPrimeramente, refuerzos estructurales. En caso de si nuestra vivienda ha sufrido daños estructurales, como incendios o explosiones. Si hubo errores en el diseño o mano de obra. También si se han realizado remodelaciones o ampliaciones que puedan acabar afectando. Si suceden asentamientos del terreno. O si los materiales estructurales se han ido degradando con el paso del tiempo, es importante tomar en cuenta esto para todo tipo de trabajos tambien relacionados con Pintura de fachadas Fortaleny.\nPuede contactarnos a través del 693339923 si requiere más información para Pintura de fachadas Fortaleny; con gusto será atendid@ por uno de nuestros expertos. A su vez, solicite su presupuesto de manera gratuita y sin compromiso. No olvides seguirnos en Instagram e Facebook.


Libros del cielo: DIVERGENTE\nAcción | Supuesta distopía | Goodreads\nHacía tiempo que quería leer este libro por ser distópico -un género que adoro- y por tan buenas reseñas que tenía. Para los que no sepáis de que va es lo siguiente: la sociedad está dividida en 5 facciones: Abnegación, Cordialidad, Verdad, Erudicción y Osadía. Cada uno de los habitantes de cada facción es como si representaran un papel. pero no lo representan sino que cada persona es de una manera que encaja a la perfección con alguna de las facciones, no hay punto medio, o sí, de eso trata ser divergente, de no tener definida por una facción solamente. Así que, teóricamente, en nuestro mundo, todos somos divergentes ¿no? O al menos son las conclusiones que yo he sacado.\nLos que culpaban a la agresividad formaron Cordialidad\nLos que culpaan a la ignorancia formaron Erudición\nLos que culpaban el engaño formaron Verdad\nLos que culpaban el egoísmo formaron Abnegación\nY los que culpaban a la cobardía formaron Osadía.\nLos habitantes hacen una prueba cuando llegan a una edad que le dice según su mentalidad cuál es su facción y al día siguiente eligen si quieren continuar en la suya o cambiar a otra, claro que tendrán que seguir la iniciación de la facción elegida o se quedarán vagando sin facción. Aquí entra nuestra protagonista, Beatrice o Tris. Su prueba de actitud dice que es divergente, pero para ocultarlo, ya que no debe saberse, su prueba dice Abnegación para el resto de personas, la facción de la que provenía. Pero a la hora de la verdad Tris escoge Osadía y es ahí donde empieza todo.\nLo cierto es que todo lo de las facciones me ha gustado, es una idea diferente y original ya que cada facción está muy dedicada a sí misma y son la palabra que los define pero al extremo. Vaya que en Verdad todos dicen la verdad, en Abnegación todos son unos santos y así... Ha resultado curioso pero en cuanto a este punto me ha faltado explicación del por qué de las facciones, como se crearon y debido a qué. O no se sabe nada o damos por sentado que ha sido así desde el principio de los tiempos, cosa que no creo. Yo me lo imagino lo que pasaría, tengo una vaga idea pero no, no nos dice nada sobre la creación de las facciones, se centra solo en sus costumbres.\nLa parte de la iniciación de Osadía creo que es la que más me ha gustado al ser muchos retos los que se plantean y al aprender como funciona esa facción en particular. También conocemos mucho de Abnegación pues la propia protagonista nos recuerda que es lo que haría si hubiera elegido esa facción. Sin embargo Verdad y Cordialidad se dejan más de lado por lo que sabemos menos sobre ellos, facciones que existen pero que como si no existieran casi. En resumidas cuentas, me gustaba mucho lo que contaba de las facciones pero dejaban de lado unas más que otras.\nPor lo general resulta un libro muy ameno, se lee con asombrosa rapidez aunque es bastante predecible conforme se lee. Y me ha gustado, pero no como lo que es, me ha gustado por ser un libro de acción y aventura, la iniciación me gustó mucho, pero en el término distópico se queda un poco atrás, le falta varias explicaciones que dar y espero que la autora las de más adelante pues yo esto realmente no lo definiría como un libro distópico, tal vez en los siguientes libros parece que sí pueda introducirse más en el mundo distópico pero lo que es este... -¿He dicho mucho la palabra 'distópico'? XD- Sencillo y muy entretenido, con un toque de originalidad por lo de las facciones y una protagonista que demuestra con creces su valentía.\nLeeré el siguiente, y esperaré la distopía que parece estár fraguándose.\nYo a Cuatro no me lo imaginaba para nada así >.<\nPublicado por Lid a las 13:24:00\nVir 29 de marzo de 2014, 20:15\nYo quería leerlo antes de que saliera la película, pero no sé si me dará tiempo... La verdad es que me llama aunque yo creo que me pasará como a ti y no me parecerá taaaaan impresionante como lo ha puesto todo el mundo.\nTripoutro 29 de marzo de 2014, 20:48\nTodas las respuestas llegan en el momento adecuado, o al menos eso es lo que creo que sucede tanto con Divergente como con Insurgente *^*\nEl chico de los 6 31 de marzo de 2014, 2:10\nYo le di la máxima puntuación en mi blog porque creo que es un libro que a pesar de tener sus fallitos entretiene bastante y dentro de lo que cabe es bastante original aunque lo quieran comparar con otros. Yo también me quedé con ganas de saber más del por qué, así que estoy a la espera de leerme los otros dos libros a ver qué podemos sacar como conclusión jeje\nEl libro lo leí hace tiempo, y cuando terminé Allegiant me quede con ganas de más, la verdad. Yo tampoco me imaginaba a Tobias como ese actor...Ni a Tris, ni a Uriah, ni a nadie XD\nLittleReader 18 de abril de 2014, 17:17\nLo tengo esperando!!!! Hasta junio (cuando termine la sele) no podré ponerme con nada *--*\n:l No saben donde puedo encontrar la Trilogia completa??\nFascinada por los libros 5 de noviembre de 2014, 4:12\nme encanta este libro es uno de mis favoritos aunque sea un poco diferente de la pelicula la verdad me gusta mas el libro que la pelicula\nUsuarios 22 de marzo de 2015, 0:25\nPersonalmente a mi no me gusto, no se, me pareció que la protagonista es muy tonta, es decir la chica puede ser valiente y todo, pero toda la historia con Tobias, me aburrió, la verdad ni siquiera pude terminar de leerlos, llegue a leal, y no pase. Aunque me gustaría resaltar que si que me gusto el contexto, es decir, la parte de la revolución y eso si me gusto, me parece que la autora pudo haber trabajado mejor esa historia de amor, ya que como digo el contexto estaba muy interesante.


Libertad para Héctor Bautista. | Roblesmaloof's Blog\nLibertad para Héctor Bautista.\nHéctor es un joven “bloguero” promotor del software libre que trabajaba en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas (CONECULTA). Actualmente se encuentra bajo arraigo en Tuxtla Gutierrez Chiapas, bajo cargos fabricados, entre ellos, el de pornografía infantil. Puede ser el primer caso de criminalización de un bloguero en México simplemente por ser disidente del gobierno en turno. Por eso es importante, porque muchas personas escribimos en blogs y expresamos nuestras ideas en las redes sociales y de un momento a otro, por el enojo de un gobernante, podemos ser perseguidos.\nHace días regresé de Tuxtla Gutierrez Chiapas de un viaje de trabajo. Tuve la oportunidad de reunirme con personas del entorno cercano a Héctor. Conocí su caso por twitter y de inmediato me surgieron muchas dudas. Héctor forma parte de una comunidad muy activa de personas interesadas en las tecnologías de la información y el uso de las redes sociales en Chiapas, llamada “ChiapaTuit”. En esta red participan jóvenes estudiantes, periodistas, y ciudadanos, que sin más, conforman una identidad alrededor del internet. Una tribu digital conocida en todo el país. Hace varias semanas este colectivo se avocó a denunciar todos los baches que pululan en la capital del Estado gobernada por Jaime Vals, hijo del ministro de la Suprema Corte Sergio Vals (último que fué definitivo en la ascención de Sabines al poder). Ahí empezó el enojo del gobierno municipal y del gobernador Juan Sabines.\nPor sus habilidades en el manejo de los ambientes digitales Héctor Bautista capacitó a varios periodistas del estado para el uso de la nuevas tecnologías. Ha construído por lo tanto una relación de colaboración con quienes, en el ejericicio de su labor periodística, han denunciado los abusos y excesos de Juan Sabines. Ese fué su “delito”. Conforme fuí reuniendo testimonios de gente cercana a quienes conozco de tiempo, recordaba la vieja táctica autoritaria de golpear el entorno de un periodista, activista, o personaje público, cuando no pueden hacerlo directamente por el alto costo que una acción así tendría.\nEl 30 de septiembre fué publicado en el blog “Informe Chiapas” un artículo ( http://www.infochiapas.com/2010/09/deuda-publica-de-chiapas-la-mas-alta-en-16-anos/) que habla del endeudamiento histórico del gobierno de Juan Sabines (tema que deberíamos estar discutiendo). La nota no la escribió Héctor, pero el hospedaje de la página está registrado bajo su nombre. El 3 de noviembre a las 9:30 horas en un operativo encabezado por más de 20 polícías Héctor fué detenido en sus oficinas del CONECULTA, primero en calidad de presentado. Permaneció incomunicado durante el día. Al finalizar la jornada su situación cambió a la de probable responsable y se decretó su arraigo.\nPersonas cercanas con acceso al expediente del caso me informaron que la denuncia contra Héctor es del mismo día de su detención, hecha por un “ciudadano responsable”. ¿El mismo día? En este caso las autoridades actuaron con extrema celeridad nunca antes vista y en menos de 24 horas lograron integrar un expediente técnicamente complejo y lo suficientemente sólido para que un juez decretara el arraigo de Bautista. Vaya que justicia. No es ninguna novedad decir que Sabines cuenta con jueces a modo que otorgan arraigos sin problema alguno.\n17 Respuestas a “Libertad para Héctor Bautista.”\ndiciembre 4, AM a las 7:54 am\nla verdad somos parte de las injusticias que existen en nuestro país y con este caso de hector nos gustaría apoyarlo como, con que , por que esta pasando lo mismo con nosotros somos una organización que luchamos por la sociedad tuxtleca hemos sido amenazados, por unirnos y exigir los programas que a nivel nacional se clava el gobierno y nos tenemos que reunir a escondidas y cambiar los lugares de reuniones por estas amenazas que hemos recibido de parte de gente del gobierno, la organizacion se llama UPREZ reconocida a nivel nacional y pues le estamos dando extencion en chiapas gracias y éxito camarada( raza unida en resistencia )\ndiciembre 12, AM a las 12:54 am\nHOLA BUEN DIA TENGO UN BLOG EN INTERNET Y E VISTO LA NOTICIA TENGANLO POR SEGURO QUE DIFUNDIRE POR ACA Y HACELO CIRCULA POR TODA LA RED, SIN NOSOTROS LOS COMUNICADORES NO SON NADA, Y SE DEN CUENTA QUE EL CUARTO PODER ES MAS FUERTE DE LO QUE PIENSAN, AHI ESTA LA PRUEBA DEL ARRAIGO DEL COMPAÑERO, ¡CUAL ES EL MIEDO!,\ndiciembre 4, PM a las 8:50 pm\n¡Qué grave esta situación! Realmente es lamentable que se escuche una y otra vez que este tipo de cosas siguen sucediendo en nuestro país. Realmente la libertad de expresión es todavía una ilusión. El amendrentramiento de quienes atentan contra los intereses de los poderes políticos y fácticos es inaudito. Una y otra vez escuchamos de presos políticos y periodistas asesinados. Dado esto es aún más sorprendente que medios de comunicación como las revistas Contralínea o Proceso sigan adelante –no sin riesgos y dificultades–, lo cual hay que agradecer en su valentía.\nEstaré pendiente a ver qué se puede hacer por el compañero Bautista.\ndiciembre 12, AM a las 12:55 am\nHOLA BUEN DIA TENGO UN BLOG EN INTERNET Y E VISTO LA NOTICIA TENGANLO POR SEGURO QUE LO DIFUNDIRE POR ACA Y HACELO CIRCULAR POR TODA LA RED, SIN NOSOTROS LOS COMUNICADORES NO SON NADA, Y SE DEN CUENTA QUE EL CUARTO PODER ES MAS FUERTE DE LO QUE PIENSAN, AHI ESTA LA PRUEBA DEL ARRAIGO DEL COMPAÑERO, ¡CUAL ES EL MIEDO!,\ndiciembre 6, PM a las 5:41 pm\nQue poder tan grande es la internet que gracias a su presencia ya llegó la noticia acá, al norte del país. Sí, el gobierno represor debe temer a esta fuerza inmesurable.\nVamos a luchar de la misma forma que Héctor lo hizo: por internet.\n¡No queremos injusticias! Vamos a exigir su libertad, propagaremos este caso por medio de las redes sociales, por medio de e-mails, hasta las últimas consecuencias. La gente debe saberlo y debe reclamar al gobierno para que aprendan que no pueden seguir con estos atracos sin que haya consecuencias.\n¡Ánimo Héctor Bautista! Nosotros, los incanzables luchadores de la verdad, estamos de tu lado.\nPingback: Movilización para exigir liberación de Héctor Bautista « ContingenteMX\ndiciembre 13, PM a las 5:53 pm\nHéctor Bautista Fué liberado ayer, las presiones por diferentesmedios fueron determinantes.Hoy irémos a una movilización. Escribiré en mi blog al rato. Saludos.\nPingback: internet y sociedad de la información\nPingback: Helado de limón. « Roblesmaloof's Blog\nPingback: Internet para entrar y salir de la cárcel en México. « Roblesmaloof's Blog\nPingback: La “Oujia del Diablo” contra un activista digital | ADOLFO ZAPATA blog