PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 054 del 03/05/2017\nOpinión Jurídica : 054 - J del 03/05/2017\nCargo: Jefa de Área, Comisión Especial de Asuntos Sociales\nFuncionarios: Evelyn Hernández KellyRonald Víquez Solís\nComisión Especial de Asuntos Sociales\nCon la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero al oficio número AL-CPAS-025-2017 del 07 de marzo de 2017, mediante el cual, solicita criterio técnico jurídico respecto al proyecto de ley denominado “Reforma al artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N° 8422, de 6 de 10 de 2004. Imprescriptibilidad de los Delitos de Corrupción”, el cual, se tramita en el expediente legislativo N° 20.246.\nDe previo a dar respuesta a su solicitud, le indico que de conformidad con el artículo 4° de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (Ley N° 6825 de 27 de setiembre de 1982, y sus reformas), sólo los órganos de la Administración Pública, por medio de sus jerarcas, pueden requerir el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría General de la República, por lo tanto, esta condición es ajena a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en un afán de colaboración con los señores Diputados, esta Procuraduría tramitará la consulta presentada, con la advertencia de que el criterio que se emite carece de efectos vinculantes, siendo su valor el de una mera opinión jurídica.\nII.- OBSERVACIONES AL PROYETO DE LEY\nEl proyecto legislativo sometido a consideración de la Procuraduría General de la República, pretende la modificación del artículo 62 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública (en adelante LCCEIFP),con el objeto de que los delitos contra los deberes de la función pública (Artículos 338 a 364 del Código Penal) y los previstos en la LCCEIFP (del artículo 45 al 60) no opere la prescripción, debido al impacto social que provocan y además, para evitar que, los propios actores, utilicen el poder que ostentan para dilatar el inicio de la acción penal, esperando con ello acogerse al beneficio de la prescripción.\nIII- NATURALEZA Y FUNDAMENTO DE LA PRESCRIPCIÓN\nSe entiende la prescripción como el límite impuesto mediante ley al ejercicio del poder penal del Estado que implica un doble efecto: por un lado, el castigo para los órganos encargados de la persecución penal por el retraso en el ejercicio de la acción penal y, por otro, un límite estatal o garantía para los ciudadanos frente a la actividad penal del Estado. De esta manera, se asegura que el poder estatal no podrá ser utilizado más allá de las fronteras de la necesidad social, y la persecución penal en su contra se decidirá en un plazo razonable. (Castro J y Herrera R, 2003, PP.231)\nLa prescripción se sustenta en el principio “pro homine” que tiene por finalidad limitar el“ius puniendi” del Estado. Es decir, el Estado renuncia a su “ius puniendi” por el transcurso del tiempo, generando la extinción de derechos u obligaciones por la inactividad del sujeto legitimado para ejercerlo.\nAhora bien, resulta necesario conocer cuál es el fundamento de la prescripción:\nNuestro máximo Tribunal Constitucional lo estableció en sentencia número 1995-2627 del 23 de mayo de 1995:\n“(…) el fundamento de la prescripción está en que con el transcurso del tiempo la pretensión punitiva del Estado se debilita y termina por considerarse inconveniente su ejercicio, tanto desde el punto de vista retributivo y de prevención, como en relación con los fines resocializadores de la pena. Se destruyen también, o se hacen difíciles de obtener las pruebas, dificultando la instrucción razonable de un proceso, perdiendo interés para el Estado la continuidad de su tramitación. (…)”\nSegún lo señalado supra, con el instituto de la prescripción, se pretende optimizar la eficiencia y la celeridad con que se llevan a cabo las investigaciones, lo que obliga a las autoridades a actuar con la mayor diligencia posible, para poder determinar con la rapidez debida, las responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes, evitando con ello posibles impunidades.\nIV. COMPETENCIA PARA ESTABLECER LOS TÉRMINOS DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN COSTA RICA.\nLa jurisprudencia de la Sala Constitucional ha señalado que la regulación de la prescripción de la acción penal de los delitos es un asunto de política criminal, por lo tanto, le compete a la Asamblea Legislativa la potestad de establecer los parámetros que considere adecuados.\nAsí lo reconoce en la sentencia número 1996-06472, del veintisiete de noviembre de 1996, en la que indicó que:\n“(…) III. El legislador a la hora de regular la prescripción de los delitos en nuestro país, por política criminal, escogió ciertos parámetros objetivos como el tipo de pena, el extremo mayor de la sanción, o bien topes máximos y mínimos en relación con el extremo mayor de la sanción, todo con el fin de procurar, de acuerdo a las características propias de cada delito, un normal desarrollo de la prosecución de la acción penal y del proceso en caso de que ésta llegue a ejercerse. Estimó el legislador que algunos casos, por su naturaleza, toman más tiempo para su denuncia, investigación y juzgamiento, que otros, como el de lesiones u otros menores que tienen un límite de prescripción de dos años. La fórmula que utiliza el legislador, a juicio de esta Sala, no es arbitraria, es sólo una entre muchas que pudo haber utilizado para fijar el tiempo -de acuerdo a cada delito-, que estima necesario para la denuncia, investigación y castigo. Bien pudo haber optado por topes fijos, máximos y mínimos para cada tipo de delito, o no tomar en cuenta el tipo de pena, pero optó por una regulación que al utilizar varios factores (tipo de pena, de delito, extremo mayor, etc) pudiera servir de parámetro para conciliar los intereses del Estado en la prosecución del delito, y los derechos del ciudadano frente su poder punitivo. No está obligado el legislador, a optar por una única fórmula que se aplique a todos los delitos por igual, porque como se explicó supra, lo que pretende este instituto es regular de una forma razonable el tiempo prudencial que el legislador considera propio para el ejercicio de la acción penal en cierto tipo de delitos. El hecho de que para delitos graves establezca un máximo de prescripción menor que el extremo mayor de la pena, mientras que no lo hace así para delitos menores en los cuales permite una prescripción mayor al extremo mayor de la pena, no implica una violación a la Constitución y obedece a la necesidad inicial de localizar las pruebas, depurarlas y escoger las que se relacionan con el tema probandi; de facilitar la preparación de la defensa y la eventual celebración de un debate, circunstancias que se superan con un plazo que el legislador estimó en dos años, razón por la que al transcurrir éstos pierde importancia este parámetro y se aplican otros como el tanto de pena a imponer, a efecto de fijar la prescripción de la acción penal.(…)” En el mismo sentido ver sentencia N° 2015-11480 del veintinueve de julio de dos mil quince.\nYa, este órgano asesor ante una consulta formulada referente a la ampliación de los plazos de la prescripción de la acción penal de los delitos sexuales, señaló:\n“(..) En razón de lo expuesto (….), así como los criterios de la Sala Constitucional, concluimos que la reforma del artículo 31 del Código Procesal Penal, -que pretende que se modifiquen los plazos de la prescripción de la acción penal triplicándolos, en el caso de los delitos sexuales en donde un menor de edad sea la víctima-, es una decisión de política criminal del Poder Legislativo (…)” (Opinión Jurídica N° OJ-090-2006, del 28 de junio de 2006)\nV. LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL Y EL DERECHO A SER JUZGADO EN UN PLAZO RAZONABLE:\nEl artículo 41 de la Constitución Política establece que toda persona tiene derecho a ser juzgado en un término razonable.\n“ARTÍCULO 41.- Ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes”.\nAsí lo reconoce el ente constitucional en la sentencia N° 2006-01029 de las catorce horas con treinta y cuatro minutos del primero de febrero del dos mil seis.\n“(…) Del derecho fundamental a ser juzgado en un plazo razonable\nEn un Estado de Derecho, fundado en la democracia republicana, el poder penal es siempre un poder especialmente limitado. Desde el punto de vista del Derecho de la Constitución, si bien se permite la aplicación del poder punitivo del Estado con el fin de otorgar protección a los bienes jurídicos de mayor trascendencia dentro de la convivencia social, lo cierto es que también se limita su extensión, sometiéndolo a los principios que la inspiran al servicio de la libertad, la igualdad, la justicia y la dignidad humana. Dentro de los límites del poder punitivo del Estado, se erige sin duda el límite temporal para el ejercicio de la acción penal, el cual pretende garantizar que el poder penal no sea utilizado más allá de lo que demanda la necesidad social. Ello por cuanto, la existencia de éste se justifica sólo en la medida en que resulte absolutamente indispensable para la tutela de los bienes jurídicos más valiosos. La persona que es sometida a un proceso penal tiene derecho a que el Estado dentro de un plazo razonable resuelva su situación jurídica; derecho que no es sólo para el inocente; sino además para el culpable que también tiene el derecho de saber si va a ser condenado y cuál es la consecuencia jurídica que se le va a imponer por su conducta. (…)” (En igual sentido ver Resoluciones Nº 2006-007914 del treinta y uno de Mayo del dos mil seis y N°2007-2057 del catorce de febrero del dos mil siete).\nDe igual modo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), aprobada mediante LeyLN° 4534 del 23 de febrero de 1970, establece una serie de regulaciones sobre el tema, que en lo que interesa señalan:\n1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable (…)\nDe las normas anteriores, así como de lo señalado por la Sala Constitucional, se desprende que efectivamente, toda persona ostenta un derecho -de raigambre constitucional- a que se les juzgue en un plazo razonable y a que no se les cause incertidumbre respecto a su situación jurídica.\nJustamente para eliminar esa incertidumbre, nuestro ordenamiento jurídico cuenta con el instituto de la prescripción, el cual tiene su sustento en el principio de seguridad jurídica, que consiste en la certeza que debe tener todo ciudadano, en cuanto a la limitación o afectación de sus derechos.\nLa Sala Constitucional, se ha referido a la prescripción y su relación con el principio de seguridad jurídica. En sentencia número 1995-2627 del 23 de mayo de 1995, explica la importancia de la temporalidad, es decir, el plazo que tiene toda persona para ser juzgada. Señaló además, que eliminar del todo la prescripción de la acción penal, podría constituir una violación al principio de seguridad jurídica.\n” (…) No existe, por otra parte, ninguna norma constitucional que obligue al Estado a seguir determinadas reglas en cuanto a la prescripción de los derechos y obligaciones, de tal forma que el problema planteado, deja de ser un tema de relevancia constitucional, con la salvedad señalada supra, de que se elimine del todo la prescripción de la acción penal, porque en ese caso, sí podríamos estar frente a una violación del principio de seguridad jurídica que exige certeza para el ciudadano, en cuanto a la limitación o afectación de sus derechos se refiere; desde este punto de vista, ningún ciudadano está obligado a soportar una afectación indefinida a un proceso penal.(…)” Lo resaltado es nuestro.\nEn la misma inteligencia, la resolución N°2002-3498 del 17 de abril del 2002, señaló que no existe un derecho constitucional a la prescripción; no obstante, sí existe el derecho a la seguridad jurídica, el cual implica que tanto la denuncia, la investigación y el juzgamiento tengan plazos definidos y limitados.\n“(…) no existe un derecho constitucional a la prescripción, sino más bien el derecho a la seguridad jurídica, a la legalidad, a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, principios que no resultan lesionados por el Estado en tanto los plazos establecidos para la denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos establecidos por el legislador sean razonables y estén definidos y limitados por la ley. (…)"\nIgualmente, la sentencia N° 2014-13820 del veinte de agosto de dos mil catorce, señala:\n“(…) una materia tan delicada como lo es el ius puniendi estatal, no puede quedar librada al legislador ordinario. De los principios constitucionales que consagra nuestra Carta Magna, particularmente el principio de seguridad jurídica, se puede inferir la necesidad que el ius puniendi del Estado se encuentre limitado (…)El Estado no puede actuar como perseguidor ad infinitum. Se trata de un poder que se integra dentro de la potestad represiva, que debe tener una limitación, dada su naturaleza y sus efectos (…)”.\nEn esta resolución queda plasmada la necesidad de que el Estado deba tener un límite al derecho punitivo, pues no puede concretarse como un perseguidor infinito, por lo que consecuentemente, es necesario que existan plazos determinados.\nVI. SOBRE LA IMPRESCRIPTIBILIDAD EN ANÁLISIS. LA EQUIPARACIÓN DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN CON LOS DELITOS DE LESA HUMANIDAD\nDe la parte dispositiva del proyecto se infiere que la iniciativa pretende equipar los delitos de corrupción con los delitos de lesa humanidad, siendo estos últimos imprescriptibles de acuerdo con la ley N° 8717 “Aprobación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad”, de 1969 donde establece:\nb) Los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en tiempo de guerra como en tiempo de paz, según la definición dada en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 8 de agosto de 1945 y confirmada por las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 3 (I) de 13 de febrero de 1946 y 95 (I) de 11 de diciembre de 1946, así como la expulsión por ataque armado u ocupación y los actos inhumanos debidos a la política de apartheid y el delito de genocidio definido en la Convención de 1948 para la prevención y la sanción del delito de genocidio aun si esos actos no constituyen una violación del derecho interno del país donde fueron cometidos”.\nDe conformidad con el artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, aprobado por Ley N° 8083, del 07 de febrero del 2001, los delitos de lesa humanidad corresponden a asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, tortura, Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, u otros motivos, desaparición forzada de personas, el crimen de apartheid, así como otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. No obstante, dichos actos deben cumplir con dos requisitos esenciales: que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque.\nSegún lo señalado por la Sala constitucional, el delito de lesa humanidad “no solamente afecta intereses individuales, sino los intereses de la humanidad entera, como especie. Se trata de delitos de la más perversa planificación y ejecución (….) Y, por eso mismo, la persecución de este tipo de delitos trasciende al interés de un Estado o país en particular, de manera que todas esas circunstancias ameritan que reciba ese tratamiento especial (Artículo VII). Es la calidad de los autores, la utilización de los medios, y la gravedad del delito en sí mismo que, como lo demuestran experiencias recientes del entorno Latinoamericano, van más allá del daño a las personas, que lo causan de forma inimaginable, hasta convertirse en tragedia para la sociedad entera de los países.” (Ver sentencias N° 1996-230 del 12 de enero de 1996 y la N° 2000-09685 del 01 de noviembre del 2000).\nAhora bien, en consideración a lo indicado supra, se concluye que la imprescriptibilidad de la acción penal, sería aplicable únicamente a aquellos delitos de suma gravedad, que atenten contra la integridad física o la vida humana como un derecho constitucional de primera generación y, también, que afecte de manera directa a una colectividad por las razones antes mencionadas.\nNótese que inclusive, la norma internacional en mención -Ley 8717-, considera que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad figuran entre los delitos de derecho internacional más graves, por lo que corresponderá al legislador debatir si los actos referidos como crímenes de lesa humanidad se pueden equiparar a toda la gama de los delitos de corrupción.\nResaltamos que, el Código Penal establece en su numeral 386 la pena para los crímenes de lesa humanidad e indica:\nArtículo 386.- Se impondrá prisión de diez a veinticinco años a quien cometa u ordene cometer, como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque, actos que puedan calificarse como crímenes de lesa humanidad, de conformidad con las prescripciones de los tratados internacionales de los cuales Costa Rica sea parte, relativos a la protección de los derechos humanos, y del Estatuto de Roma”.\nEste órgano asesor concuerda en que la corrupción es un fenómeno que incide negativamente y socava el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas.\nEl preámbulo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción reconoce que la corrupción amenaza la estabilidad política y el desarrollo sostenible de los Estados.\nAsimismo, que el enriquecimiento personal ilícito puede ser particularmente nocivo para las instituciones democráticas, las economías nacionales y el imperio de la ley.\nEl artículo 11 de nuestra Carta Magna, instaura el principio de legalidad como fundamento de toda actuación estatal. Esta primacía, obliga a los funcionarios públicos al cumplimiento de los deberes que la ley les impone.\nPor su parte, el deber de probidad (artículo 3 de la LCCEIFP) como eje orientador de toda la función administrativa, sin excepción indica:\n“Artículo 3º-Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”\nCabe mencionar además, que aquella conducta de los funcionarios públicos que encaje en un delito, es de por sí ilegal y contraria al ordenamiento jurídico.\nInteresa en este punto abordar el concepto de los intereses difusos. La Sala Constitucional ha venido perfilando dicho concepto, cuya titularidad pertenece a todos los costarricenses, atañe a la colectividad en su conjunto y subyace en cada uno de los habitantes de la República. Sobre este tema señala:\n"Los intereses difusos, aunque de difícil definición y más difícil identificación, no pueden ser en nuestra Ley -como ya lo ha dicho esta Sala- los intereses meramente colectivos; ni tan difusos que su titularidad se confunda con la de la comunidad nacional como un todo, ni tan concretos que frente a ellos resulten identificadas o fácilmente identificables personas determinadas, o grupos personalizados, cuya legitimación derivaría, no de los intereses difusos, sino de los corporativos o que atañen a una comunidad más o menos extensos y amorfos de personas que comparten un interés y, por ende, reciben un beneficio o un perjuicio, actual o potencial, más o menos igual para todos, por lo que con acierto se dice que se trata de intereses iguales de los conjuntos de personas que se encuentran en determinadas situaciones y, a la vez, de cada una de ellas. Es decir, los intereses difusos participan de una doble naturaleza, ya que son a la vez colectivos -por ser comunes a una generalidad- e individuales, por lo que pueden ser reclamados en tal carácter." (Sentencia número 93-03705, de las quince horas del treinta de julio de mil novecientos noventa y tres). (Resolución Nº 2008-016967 del doce de noviembre del dos mil ocho.)\nLa protección de los bienes colectivos consagrados en la Constitución Política y el reconocimiento amplio que de ellos reconoce y conceptualiza nuestra Sala Constitucional pone de manifiesto la vital importancia de la tutela de este tipo de derechos o intereses difusos:\n“(…). Esta Sala ha enumerado diversos derechos a los que les ha dado el calificativo de "difusos", tales como el medio ambiente, el patrimonio cultural, la defensa de la integridad territorial del país y del buen manejo del gasto público, entre otros. (…); del mismo modo, la defensa del buen manejo que se haga de los fondos públicos autorizados en el Presupuesto de la República es un interés de todos los habitantes de Costa Rica, no tan solo de un grupo cualquiera de ellos. (…)”. (Resolución N° 8239-2001, del 14 de agosto del 2001. En igual sentido las sentencias 15444-2008, del 15 de octubre del 2008, y 16967-2008, del 12 de noviembre del 2008).\nEl artículo 1 inciso 8 de Reglamento a la LCCEIFP, Decreto Ejecutivo N° 32333-MP-J, define la corrupción de manera general como el uso indebido del poder y de los recursos públicos para el beneficio personal, beneficio político particular o el de terceros.\nEl flagelo de la corrupción, provoca la pérdida de credibilidad y confianza en las Instituciones Públicas. Además, genera entre la ciudadanía la percepción de un sentimiento de frustración y de aumento de corrupción en los Entes Estatales.\nEs innegable que las personas que resultan más perjudicadas como consecuencia de los actos de corrupción cometidos por servidores públicos (Artículo N° 2 LCCEIFP) son, generalmente los más vulnerables, debido a que el dinero destinado para realizar distintas obras públicas (hospitales, escuelas, carreteras, entre otros) se desvía hacia las arcas de funcionarios corruptos y, de esta forma, se agrava la desigualdad social.\nEsta realidad es reconocida por el ente constitucional en Resolución Nº 2015-018946 del dos de diciembre del dos mil quince indica:”La corrupción produce degradación y desconfianza en las instituciones públicas, afecta la administración financiera pública, la gobernabilidad del sector financiero, debilita las inversiones privadas y la prestación de servicios sociales, como los programas de salud y educación de un país, generando efectos adversos sobre todo en las clases menos favorecidas”.\nNo queda duda que la corrupción daña la confianza del colectivo y produce un daño de grandes dimensiones, sobre todo, si se toma en consideración que la confianza en el sector público resulta esencial para el desarrollo social, económico y político de un país.\nNuestros Tribunales han reconocido que:\n“(…) Hechos como los que han sido demostrados en este proceso indudablemente constituyen delitos de corrupción en la función pública, lo que representa un gran problema en nuestra sociedad en tanto se concreta un deterioro de los valores éticos que a su vez tiene consecuencias directas en la eficacia del Estado que debe hacerle frente a esta carga sobre el sistema económico. Cuando un país se ve sometido a actos corruptos de sus funcionarios que tienen repercusión en el exterior, indudablemente eso genera un desprestigio que trae como consecuencia una disminución en la inversión, se disminuye la calidad de los servicios y se fomenta la dádiva como política a seguir para alcanzar la eficiencia. De acuerdo a estudios que se han hecho sobre el impacto en las naciones de la corrupción, se ha establecido que en aquellos lugares donde la corrupción es alta, la inversión desciende hasta un cinco por cientos como mínimo, de manera tal que la tasa de crecimiento económico se reduce en medio punto porcentual, produce el despilfarro debilitándose la economía y la confianza del público en las instituciones, socavándose las instituciones y redistribuyéndose la riqueza y el poder en forma injusta, poniéndose en marcha procesos de aprendizaje que van creando una cultura corrupta, de manera tal que se viene a distorsionar la realidad y se ven como legítimas conductas que no lo son. (...)” (Sentencia N° 341-2004 dictada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José)\nLa propia Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción enfatizó la preocupación con los Estados Parte por “la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”.\nSin embargo, declarar imprescriptibles todos los delitos cometidos en contra de los deberes de la función pública y los contenidos en la LCCEIFP, vendría a ser desproporcionado, pues a pesar de que cada uno de ellos constituye un quebranto al deber de probidad, los legisladores dispusieron diferentes penas para cada uno de ellos, en consideración a su gravedad o afectación al bien jurídico tutelado.\nA continuación se presenta un cuadro para ilustrar las penas establecidas a cada uno de dichos delitos:\nA-Delitos contenidos en el Código Penal, Ley 4573\nTÍTULO XV: DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA\nARTÍCULO 338.− Abuso de Autoridad.\n-Prisión de 3 meses a 2 años.\nARTÍCULO 339.− Incumplimiento de deberes\n-Pena de inhabilitación de 1 a 4 años.\nARTÍCULO 340.− Denegación de auxilio\nARTÍCULO 341.− Requerimiento de fuerza contra actos legítimos\n-Prisión de 3 meses a 3 años.\nARTÍCULO 344.− Nombramientos ilegales\n- De 30 a 90 días multa.\nARTÍCULO 345.− Violación de fueros\n- De 30 a 100 días multa.\nARTÍCULO 346.− Divulgación de secretos\nARTÍCULO 347.− Cohecho impropio\n-Prisión de 6 meses a 2 años.\nARTÍCULO 348.− Cohecho propio\n-Prisión de 2 a 6 años y con inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de 10 a 15 años.\nARTÍCULO 349.− Corrupción agravada\n-Prisión de 1 a 5 años.\n-Prisión de 3 a 10 años.\nARTÍCULO 350.− Aceptación de dádivas por un acto cumplido\n-Las penas establecidas en los artículos 338 y 339 disminuidas en un tercio.\nARTÍCULO 351.− Corrupción de Jueces\n-Prisión de 4 a 12 años\n-Prisión de 4 a 8 años.\nARTÍCULO 353.− Enriquecimiento ilícito\nARTÍCULO 354.− Negociaciones incompatibles\n-Prisión de 1 a 4 años.\nARTÍCULO 355.− Concusión\n-Prisión de 2 a 8 años.\nARTÍCULO 356.− Exacción ilegal\n-Prisión de 1 mes a 1 año.\nARTÍCULO 357. − Prevaricato\n-Prisión de 2 a 6 años\n-Prisión de 3 a 15 años\nARTÍCULO 358.− Patrocinio infiel\n-Prisión de 6 meses a 3 años.\nARTÍCULO 359.− Doble representación\n-De 15 a 60 días multa\nARTÍCULO 361.− Peculado\n-Prisión de 3 a 12 años\nARTÍCULO 362.−Facilitación culposa de substracciones\n-De 30 a 150 días multa.\nARTÍCULO 363.− Malversación\n-Prisión de 1 a 8 años.\nARTÍCULO 364.− Demora injustificada de pagos\n-De 30 a 90 días multa\nB-Delitos contenidos en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N°8422.\nCAPÍTULO V. Delitos.\nArtículo 45.- Enriquecimiento ilícito.\n-Prisión de 3 a 6 años\nArtículo 46.- Falsedad en la declaración jurada.\n-Prisión de 6 meses a 1 año.\nArtículo 47.- Receptación, legalización o encubrimiento de bienes\n-Prisión de 1 a 8 años\nArtículo 48.- Legislación o administración en provecho propio.\nArtículo 49.- Sobreprecio irregular.\n-Prisión de 3 a 10 años\nArtículo 50.- Falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados.\n-Prisión de 2 a 8 años\nArtículo 51.- Pago irregular de contratos administrativos\n-Prisión de 1 a 3 años\nArtículo 52.- Tráfico de influencias\n-Prisión de 2 a 5 años, pudiéndose elevar en un tercio, según lo dispuesto en el párrafo tercero.\nArtículo 53.- Prohibiciones posteriores al servicio del cargo\n-De 100 a 150 días multa.\nArtículo 54.- Apropiación de bienes obsequiados al Estado\n-Prisión de 1 a 2 años\nArtículo 56.- Reconocimiento ilegal de beneficios laborales\nArtículo 57.- Influencia en contra de la Hacienda Pública.\nArtículo 58.- Fraude de ley en la función administrativa\nArtículo 60.- Violación de la privacidad de la información de las declaraciones juradas.\nTomando en consideración los cuadros anteriores, se evidencia una diferencia marcada en el quantum de las penas a imponer para algunos de los delitos contenidos tanto en el Código Penal, como en la LCCEIFP.\nComo se observa, las sanciones varían, van desde la prisión e inhabilitaciones, hasta inclusive días multa, lo que podría ser un indicador de que no todos los delitos se pueden catalogar de “graves o muy graves”, con lo cual queda claro que el grado de intensidad de la afectación del bien jurídico protegido con la regulación penal no es el mismo, lo que se evidencia con las penas diferenciadas que se imponen para cada tipo de delito.\nInclusive en algunos supuestos no hay prisión y, las penas privativas de libertad contempladas, podrían llevar a sostener que no son calificadas de gravedad por el propio legislador; toda vez, que no son tan altas tal y como quedó demostrado.\nComo se logró observar, en los delitos funcionales, la pena más gravosa es la que está contenida en el artículo N° 357 del Código Penal (Prevaricato) que corresponde a prisión de 2 a 6 años o, de 3 a 15 años, en contraste con la señalada para los crímenes de lesa humanidad establecido en el numeral 386 del Código Penal, que va de 10 a 25 años, reflejando como se mencionó anteriormente, una gran diferencia en la pena a imponer a cada uno de ellos.\nPor tal razón, consideramos que resultaría desproporcional dar el mismo trato sobre los plazos de prescripción y equiparar todos los delitos cometidos contra la función pública y los contenidos en la LCCEIFP con los de lesa humanidad, siendo que estos últimos se consideran “gravísimos” según lo indicado líneas arriba.\nSe debe efectuar alguna distinción entre los distintos delitos que pueden encontrarse comprendidos dentro de tal categoría, atendiendo a su incidencia y gravedad.\nVII- PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL RESPECTO A LOS DELITOS CONTRA LOS DEBERES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS CONTENIDOS EN LA LCCEIFP.\nLa ley CCEIFP vigente desde el 06 de octubre de 2004, estipula en el artículo 62 la prescripción de la acción penal para los delitos contenidos tanto en dicho cuerpo normativo, como los relacionados con los delitos contra los deberes de la función pública, contemplados en el Código Penal:\nARTÍCULO 62.- Prescripción de la responsabilidad penal\nLa acción penal respecto de los delitos contra los deberes de la función pública y los previstos en la presente Ley, prescribirá en la forma establecida por la legislación aplicable; no obstante, regirán las siguientes reglas:\nEn razón de lo anterior, es necesario mencionar los artículos del Código Procesal Penal a los que hace referencia dicha norma:\nPlazos de prescripción de la acción penal\nb) A los dos años, en los delitos sancionables sólo con penas no privativas de libertad y en las faltas o contravenciones.”\n“Artículo 33.- Interrupción de los plazos de prescripción\nLa autoridad judicial no podrá utilizar como causales de interrupción de la prescripción otras distintas de las establecidas en los incisos anteriores.”\nEste marco regulatorio establece plazos de prescripción específicos y claros, así como los supuestos de interrupción, otorgando a la persona certeza del proceso en el cual el Estado podrá ejercer su poder punitivo.\nCon base en lo expuesto, el régimen de prescripción de la acción penal, aplicable en Costa Rica, establece una diferencia para los delitos sancionados con prisión, cuyo plazo no puede ser menor de tres años, ni mayor a diez años; y los delitos que cuentan con penas no privativas de libertad contarán con un plazo de dos años.\nEste cuerpo normativo, en su artículo 30, menciona la prescripción como una causa de extinción de la acción penal. Además, su numeral 34 señala que la prescripción no corre mientras el funcionario público siga ejerciendo su puesto.\nLos artículos anteriores evidencian que el legislador le ha dado un tratamiento distinto a los delitos cometidos contra la función pública. El jurista nacional Javier Llobet Rodríguez en su libro titulado “Proceso Penal Comentado” (Código Procesal Penal Comentado, 2009, cuarta edición), citando a Alberto Bovino, señaló:\n“Explica Alberto Bovino: “Este tratamiento diferenciado del régimen de la prescripción previsto para ciertos delitos respecto de los funcionarios públicos que intervienen como partícipes se justifica, entre otras razones, por la particular situación en la que se encuentra el funcionario mientras continúa desempeñando el cargo. Esa particular situación, en este sentido, contribuye a impedir u obstaculizar la detección o la persecución el ilícito. Por este motivo, se justifica que, mientras permanezca en el cargo, no corra el plazo de prescripción aplicable a las demás personas que no gozan de su posición” (Bovino. La suspensión…,p 89)”.\nEn igual sentido, la Sala Constitucional mediante la Resolución N° 07689 del 07 de mayo de 2008, indicó:\n“(…) g.-Sobre el artículo 62. Prescripción de la responsabilidad penal.\nEn este caso el reparo es que el artículo introduce una flagrante violación al principio de igualdad y al debido proceso al crear una regla particular para funcionarios públicos en materia de prescripción de la acción penal, con lo cual discrimina arbitraria e injustificadamente a los eventuales funcionarios investigados. El artículo 6 infine del Código Procesal Penal garantiza el principio de igualdad procesal dentro de toda investigación de esta naturaleza, además se define la regla general para todos los delitos previstos en el ordenamiento jurídico en materia de prescripción. La regla de la reducción a la mitad de los plazos de la prescripción del Código Procesal Penal se aplica para ilícitos muy graves, pero la normativa en cuestión, la regla de la reducción a la mitad de los plazos de la prescripción no se aplica, lo que crea una desigualdad entre imputados y torna la normativa en carente de razonabilidad. Una vez analizada la norma en cuestión, debe establecerse si el principio de igualdad, receptado en el artículo 33 de la Constitución Política, obliga a tener un solo procedimiento en cuanto a la prescripción penal en todos los delitos del ordenamiento jurídico. La conclusión es que no, pues el principio de igualdad acepta el trato desigual, para situaciones desiguales, siempre y cuando este no sea irrazonable o desproporcionado. El artículo 62 establece una diferenciación que no es irrazonable o desproporcionada, pues siendo el ilícito de corrupción un delito que se ejecuta, desde el poder que ostenta el funcionario público, tal condición le permite controlar y neutralizar la posible investigación, de manera que la especificidad de algunas causales de prescripción frente a otros infractores no resulta contraria a aquellos postulados. La ejecución de los actos de abuso de poder desde posiciones de poder es una condición que no poseen todos los infractores, los funcionarios públicos no obran manejando cosa propia o haciendo uso de un derecho propio, sino por mandato y en representación del pueblo, cuerpo político en quien reside la soberanía, por esa razón se justifica la variación de las causales de prescripción, caso contrario se podría convertir en fuente de impunidad (…)”. El resaltado es nuestro. (En el mismo sentido, ver la Resolución N° 2013-1011 del 23 de enero de 2013 de la Sala Constitucional)\nTal y como lo expuso el ente constitucional, “el principio de igualdad acepta el trato desigual, para situaciones desiguales, siempre y cuando éste no sea irrazonable o desproporcionado”; por lo tanto, no se puede juzgar a un funcionario público de la misma forma que todos los demás infractores, porque éste tiene una posición de privilegio ante el aparato estatal, que le podría permitir controlar y neutralizar la posible investigación o, retardar el inicio de sus procesos para favorecerse con la prescripción de sus delitos. También se podrían valer de su capacidad económica, conocimientos y manejo del sistema, así como de sus relaciones políticas, para tatar de evadir la acción de la justicia y su posible condena.\nAdemás, como bien se indica, para establecer el trato desigual se tienen que tomar en consideración los principios de razonabilidad y proporcionalidad a la hora de establecer los términos de prescripción de la acción penal. Entiéndase el derecho de razonabilidad que, cuando se impone una limitación a un derecho, trae consigo una justificación contundente. Asimismo, tiene que cumplir con tres presupuestos: necesario, idóneo y proporcional. Por proporcionalidad se entiende al juico que se hace entre la finalidad perseguida y el tipo de restricción que se impone o, en el caso concreto, que se pretende imponer. Así lo mencionó la Sala Constitucional en el voto N° 2007-18486 del diecinueve de diciembre del dos mil siete:\n“(…) El principio de razonabilidad surge del llamado “debido proceso sustantivo” que significa que los actos públicos deben contener un substrato de justicia intrínseca, de modo que cuando de restricción a determinados derechos se trata, esta regla impone el deber de que dicha limitación se encuentre justificada por una razón de peso suficiente para legitimar su contradicción con el principio general de igualdad, lo cual sin duda también resulta de plena aplicación en materia penal. Así, ha reconocido la Sala que un acto limitativo de derechos es razonable cuando cumple con una triple condición: debe ser necesario, idóneo y proporcional.\nLa necesidad de una medida hace directa referencia a la existencia de una base fáctica que haga preciso proteger algún bien o conjunto de bienes de la colectividad -o de un determinado grupo- mediante la adopción de una medida de diferenciación. Es decir, que si dicha actuación no es realizada, importantes intereses públicos van a ser lesionados. Si la limitación no es necesaria, tampoco podrá ser considerada como razonable, y por ende constitucionalmente válida. La idoneidad, por su parte, importa un juicio referente a si el tipo de restricción que será adoptado cumple o no con la finalidad de satisfacer la necesidad detectada. La idoneidad de la medida nos indicaría que pueden existir otros mecanismos que en mejor manera solucionen la necesidad existente, pudiendo algunos de ellos cumplir con la finalidad propuesta sin restringir el disfrute del derecho en cuestión. Por su parte, la proporcionalidad nos remite a un juicio de necesaria comparación entre la finalidad perseguida por el acto y el tipo de restricción que se impone o pretende imponer, de manera que la limitación no sea de entidad marcadamente superior al beneficio que con ella se pretende obtener en beneficio de la colectividad. De los últimos elementos, podría decirse que el primero se basa en un juicio cualitativo, en cuanto que el segundo parte de una comparación cuantitativa de los dos objetos analizados. (…)”\nUno de los parámetros para establecer la razonabilidad, es el principio de idoneidad el cual indica que se deben analizar todos los mecanismos posibles que pueden utilizarse para dar solución a la necesidad y de ahí, escoger el que menos derechos afecte.\nPara ello es necesario identificar claramente cuál es el fin que se persigue con la iniciativa que pretende declarar la imprescriptibilidad de los delitos contra los deberes función pública y los contenidos en la LCCEIFP.\nPara este órgano asesor es posible identificar dos fines claros: a) prevenir la corrupción y b) combatir su impunidad. Con el primero de ellos se pretende evitar o desincentivar la comisión de los mismos, lo que consecuentemente permitirá combatir la impunidad; es decir, un fin es complemento del otro.\nDado lo anterior se podría decir que establecer la imprescriptibilidad de dichos delitos podría constituir una medida idónea para enfrentar la lucha contra la corrupción, ya que la misma es preventiva y disuasoria.\nNo obstante, si la medida se analiza desde la finalidad de combatir la impunidad, no resultaría tan eficaz, toda vez que la sola regla no asegura que la investigación efectivamente se vaya a iniciar con la celeridad debida o, que se vayan a determinar las responsabilidades y penas que correspondan.\nEn este sentido es importante acotar que, la doctrina contribuye en el análisis de este tópico y considera, además de la iniciativa que nos ocupa, que podrían existir otras medidas alternativas para combatir la corrupción como lo serían: ampliar o duplicar los términos de prescripción, establecer la imprescriptibilidad solo para los delitos más graves cometidos en perjuicio de los deberes de la función pública, la inhabilitación perpetua, incrementar penas principales y accesorias, entre otros. La última propuesta, como se indicará en el próximo apartado, constituye una recomendación dada por el Mecanismo de Examen de la Aplicación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción a nuestro país.\nAsimismo con respecto al combate de la impunidad se han propuesto varias medidas tales como: establecer una regulación especial para investigar procesar y sancionar con celeridad los delitos que nos ocupan, instaurar a nivel administrativo o penal, sanciones a los jueces y fiscales que retrasen innecesariamente o archiven de forma irregular las investigaciones relacionadas con este tipo de delitos, implementar políticas educativas sobre ética en el ejercicio de la función pública , para concientizar tanto a la ciudadanía en general, como a los funcionarios, sobre sus derechos y obligaciones, entre otros.\nLas medidas anteriores podrían resultar menos gravosas, además de ir más acorde al principio de seguridad jurídica y al derecho de ser juzgado en un plazo razonable\nNo obstante, dichas propuestas no se analizarán porque no forman parte de la consulta planteada.\nVIII. SOBRE LAS CONVENCIONES ANTICORRUPCIÓN FIRMADAS POR COSTA RICA Y LA IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION PENAL DE LOS DELITOS CONTRA LOS DEBERES DEL LA FUNCIÓN PÚBLICA Y LOS CONTENIDOS EN LA LCCEIFP.\nSegún la exposición de motivos del presente proyecto, la propuesta encuentra fundamento, entre otras, en dos convenciones anticorrupción, a saber: la Convención Interamericana contra la Corrupción, Ley N.° 7670, del 28 de abril de 1997 y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Ley N.° 8557, de 29 de noviembre de 2006; sin embargo, ninguno de los dos instrumentos internaciones mencionados, establece la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción como parte de las normas a implementar por los Estados parte.\nEn abono a lo anterior, se debe indicar que la Procuraduría de la Ética Pública, por Decretos Ejecutivos números 33681 del 06 de marzo del 2007 y el N° 32090 del 21 de abril de 2004, fue designada como la Autoridad Central para canalizar la asistencia judicial recíproca y la cooperación técnica previstas en el marco de dichas Convenciones, y por lo tanto le corresponde realizar los informes correspondientes sobre su implementación en nuestra legislación.\nDe las dos Convenciones Internaciones, únicamente la de la UNCAC contiene dentro de sus disposiciones uno que expresamente hace alusión al plazo de la prescripción:\nCada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con arreglo a su recho (sic) interno, un plazo de prescripción amplio para iniciar procesos por desquiera (sic) de los delitos tipificados con arreglo a la presente Convención establecerá un plazo mayor o interrumpirá la prescripción cuando el ;sunto (sic) delincuente haya eludido la administración de justicia”\nComo se puede observar lo requerido es establecer términos amplios de prescripción, no necesariamente su imprescriptibilidad. A mayor abundamiento, en la evaluación realizada a nuestro país respecto a los Capítulo III (Penalización y aplicación de la ley) y IV (Cooperación internacional) finalizada en junio del año 2016, el Mecanismo de Implementación de dicho instrumento internacional no giró instrucción alguna respecto a lo estipulado en dicha norma.\nEmpero, consideramos necesario acotar que, en relación al artículo 30 de la UNCAC, el cual se refiere a la penalización de los delitos de corrupción, una de las recomendaciones girada por el Mecanismo de Examen de la Aplicación de dicha Convención, señaló que “De conformidad con su derecho interno, Costa Rica podría considerar la posibilidad de aumentar las penas en materia de delitos de corrupción, para asegurar su carácter disuasivo y preventivo”\nDe lo anterior se deduce que el Mecanismo lo que considera como una medida efectiva para disuadir la comisión de delitos de corrupción es el aumento de las penas, lo que en buena lógica y consecuencia, devendría en una ampliación de los plazos de prescripción de manera automática.\nIX. DERECHO COMPARADO\nA raíz del incremento de los delitos de corrupción contra la función pública varios países han tomado la iniciativa de declarar imprescriptibles algunos delitos de corrupción y contra la función pública. Para tales efectos, han tenido que reformar su marco jurídico incluso elevándolo a nivel constitucional; entre los cuales se mencionan: Ecuador, Bolivia y Venezuela. Por su parte Argentina y Perú están en vías de declararlo.\nA continuación una síntesis de las medidas adoptadas por cada uno de ellos.\nEl artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, 2008 indica:\n“Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado, estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles y, en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las calidades antes señaladas”\nEn la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el artículo N° 271 expresa:\n“No prescribirán las acciones judiciales dirigidas a sancionar los delitos contra los derechos humanos, o contra el patrimonio público o el tráfico de estupefacientes”.\nEl artículo 112 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el artículo 29 bis del Código de Procedimiento Penal, establecen una regla especial para los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico; dichos delitos son imprescriptibles.\nLos delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.”\n“Art. 29 Bis (Imprescriptibilidad) Código Penal\nDe conformidad con el artículo 112 de la Constitución Política del Estado, los delitos cometidos por servidoras o servidores públicos que atenten contra el patrimonio del Estado y causen grave daño económico, son imprescriptibles y no admiten régimen de inmunidad.”\nEl caso de Bolivia, se podría decir que es el Estado que ha tomado las medidas más severas no sólo por la imprescriptibilidad, sino además porque amplía el margen de delitos al no tipificarlos expresamente.\nEstablecer la imprescriptibilidad de la acción penal en los delitos contra la función pública y los contenidos en la LCCEIFP supondría equipararlos a los de lesa humanidad, sin tomar en consideración que la gravedad del daño producido y los bienes jurídicos tutelados con los tipos penales son diferentes.\nNi en la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, ni en la Convención Interamericana Contra la Corrupción se establece la imprescriptibilidad de la acción penal, más bien se ha dejado a cada Estado la decisión de ampliar los plazos de prescripción de acuerdo con su legislación interna.\nLa imprescriptibilidad, podría convertirse en lugar de una solución, en un problema; ya que, no contar con plazos definidos para resolver las causas judiciales, podría provocar grandes retrasos en el inicio de las investigaciones.\nPor otro lado, la imprescriptibilidad, contrario a lo señalado en el proyecto de ley, podría propiciar procesos de investigación muy amplios, provocando de esa forma que la calidad de las pruebas se pueda afectar.\nPara ser consecuente con la sentencia del Sala Constitucional número 6472 indicada supra, la prescripción debe estar relacionada con el tipo de pena, el extremo mayor de la sentencia (topes máximos y mínimos) para lograr un normal desarrollo de la prosecución penal y del proceso. El cuadro que se presentó en el apartado VI, podría servir de parámetro para conciliar los intereses del Estado en la prosecución del delito y los derechos del ciudadano frente a su poder punitivo.\nNo parece conveniente aplicar una única forma de prescripción a todos los delitos contra los deberes de la función pública y los contenidos en la LCCEIFP por igual, se recomienda considerar la gravedad del hecho y/o la pena de los delitos, ya que este puede ser un factor diferenciador.\nNuestro Tribunal Constitucional y los Tratados Internacionales firmados por Costa Rica han reconocido que el poder punitivo del Estado no debe ser utilizado más allá de lo que demande la necesidad social y de lo que resulte absolutamente indispensable para la tutela de los bienes jurídicos más valiosos.\nEn razón de lo anterior se tiene que:\n1-La prescripción de la acción penal establece que la potestad punitiva del Estado debe tener un límite.\n2-Toda persona tiene derecho a que se le juzgue en un plazo razonable y a que no se les cause incertidumbre respecto a su situación jurídica; por lo que, de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Constitucional que se citó sobre el artículo 41 de la Constitución Política, el presente proyecto de ley podría ser inconstitucional.\n3-Para establecer un trato desigual en cuanto al plazo de prescripción de los delitos cometidos contra la función pública y los contenidos en la LCCEIFP, se recomienda tomar en consideración los principios de razonabilidad y proporcionalidad, así como la gravedad del hecho y sus consecuencias.\nNo obstante lo indicado, la regulación de la prescripción de la acción penal de los delitos, es un asunto de política criminal; por lo tanto, le compete a la Asamblea Legislativa la potestad de establecer los parámetros que considere adecuados.\nEn la forma expuesta, dejamos rendido el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, respecto a la consulta sometida a nuestra consideración.\nLic. Ronald Víquez Solís Licda. Evelyn Hernández Kelly\nProcurador Director Abogada\nÁrea de la Ética Pública Área de la Ética Pública


Amino Hydro-32 es una fuente de aminoácidos puros hidrolizados en comprimidos de 2000mg de proteína de suero.\nAmino HYDRO 32 550 caps - AMIX\nAmino Hydro-32 es una fuente de aminoácidos puros hidrolizados en comprimidos de 2000mg de proteína de suero. La fórmula hidrolizada es la fórmula más pura para una absorción rápida y completa puesto que están pre-digeridos y el organismo humano no tiene que hacer esfuerzos para su completa absorción.\nLa fórmula hidrolizada es la fórmula más pura para una absorción rápida y completa puesto que están pre-digeridos y el organismo humano no tiene que hacer esfuerzos para su completa absorción. Este hidrolizado también contiene péptidos nombre que se le da a las pequeñas combinaciones de aminoácidos de 1 a 10 aminoácidos de rápida absorción.\nAmino Hydro-32 es de asimilación muy rápida y pasa directamente al torrente sanguíneo mejorando así la retención de nitrógeno y maximizando los beneficios. Es una excelente fuente de proteínas totalmente libre de grasas.\nAmino Hydro-32 no contiene en su composición aminoácidos de de menor calidad puesto que su composición es 100 % hidrolizado de suero.\nNo contiene grasas ni lactosa\nNo requiere de energía para la digestión\nDosis recomendada: tomar 3 comprimidos tres o cuatro veces al día entre comidas o después de los entrenamientos. Tomar con abundante agua.\nPresentación: 250 comprimidos y 550 comprimidos.\nEstás revisando: Amino HYDRO 32 550 caps - AMIX


Protesta policial: levantan las movilizaciones luego de acordar que no haya sanciones - Diputados Bonaerenses\nProtesta policial: levantan las movilizaciones luego de acordar que no haya sanciones\nEsta tarde el Ministro de Seguridad Sergio Berní prometio no tomar represalias por la manifestación y los efectivos se dirigieron a las sedes policiales.\nTAGS: MOVILIZACIóN, BONAERENSE, PROTESTA, POLICíAS, SALARIOS, AXEL KICILLOF, AUMENTO SALARIAL\nLos efectivos de la policía bonaerense levantaron esta tarde las protestas que mantenían en varios puntos de la provincia, con eje en el centro Puente 12 de La Matanza, tras valorar el incremento salarial anunciado por el gobernador Axel Kicillof y contar con la confirmación de que no serán sancionados por las movilizaciones.\nFinalmente, los policías levantaron las protestas y se dirigieron a las sedes policiales donde se desempeñan. "Se firmó un acta compromiso, que era lo que más pedían los compañeros, que asegura que ningún policía que hubiera participado de la protesta, tanto uniformado como franco de servicio, iba a recibir represalias", dijo el comisario de La Plata Carlos Maure.\n"Ya se levantó todo", confirmó a esta agencia una fuente policial del Centro de Coordinación Estratégica de la policía provincial en Puente 12 en La Matanza. Lo mismo ocurrió en otros puntos de la provincia como Adrogué, Lanús, La Plata y Bahía Blanca.\nPor otro lado, remarcaron también su expectativa de que "ahora" Kicillof "cumpla y haga una mesa de diálogo" y plantearon: "Podemos estar de acuerdo o no con el anuncio pero se logró algo muy bueno, es el primer paso".\nLuego de los anuncios se hizo presente en el lugar el jefe de la Estación Central de Policía de Bahía Blanca, comisario Gonzalo Bezos, quien solicitó a los efectivos que trasladaran los móviles y liberaran la calle.


Daily Mirror afirma que el técnico del City creía haberle convencido durante una reunión, pero el club inglés se retiró de la puja por uno de los objetivos del Barcelona\nFrenkie de Jong (Marcel Van Dorst - Marcel Van Dorst / EFE)\nEl futuro de Frenkie de Jong es noticia permanente. Aunque el jugador holandés del Ajax que quiere el FC Barcelona negó haberse comprometido con el PSG de cara a la próxima temporada, el Daily Mirror publicó como exclusiva que Pep Guardiola, técnico del Manchester City, se indignó al saber que había perdido al talentoso crack del Ajax, de 21 años, dado que su club se habría retirado de la puja.\nEsta información subrayó que Guardiola sentía que tenía al jugador bajo control tras hablar durante una cumbre secreta en Londres que se alargó durante tres horas y media. La reunión se habría celebrado tras la disputa del partido de selecciones entre Alemania y Holanda en noviembre.\nLa idea, de acuerdo a la misma versión, era que emisarios del City se presentaran en Amsterdam el jueves pasado para cerrar un traspaso por 75 millones de euros, pero finalmente ese viaje no se produjo porque apenas un día antes comunicaron al Ajax que suspendían la operación, circunstancia que el PSG aprovechó. Hace unos días, De Telegraaf, medio de comunicación holandés, avanzó que el club francés habría atado al futbolista por esa cifra, aunque tanto De Jong como su representante desmintieron que ya tengan tomada una decisión y elegido destino.\nUna de las razones que sugiere Daily Mirror en el replanteamiento del City en su interés por De Jong son los acusaciones de incumplimiento del Fair Play financiero denunciadas por Football Leaks, dado que la prepcupación prioritaria del club de Manchester sería lograr quedar limpio ante la UEFA de esa espasa de Da mocles.\nFrenkie de Jong: “También creo que 75 millones es mucho dinero”


ANA ROLLANDI LLEVÓ SU EXPOSICIÓN A BARRIO "PUEBLO VIEJO" | San Guillermo Noticias\nANA ROLLANDI LLEVÓ SU EXPOSICIÓN A BARRIO "PUEBLO VIEJO"\nEl lunes se llevó a cabo la muestra “Los sin voz” de la artista Ana Rollandi, en el salón de Juan Carlos Montenegro, en 20 de junio 180, Barrio Pueblo Viejo.\nEl lunes 9, desde las 14 hs y hasta las 18, se llevó a cabo la muestra “Los sin voz” de la artista Ana Rollandi, en el salón de Juan Carlos Montenegro, en 20 de junio 180, Barrio Pueblo Viejo.\nEl acto de apertura de la muestra se llevó a cabo a las 16hs, con la participación del Intendente Daniel Martina, del Secretario de Gobierno Luciano Fruttero , la fotógrafa y artista Ana Rollandi y la Coordinadora del área de Cultura Sonia Martina, entre otras autoridades y con el acompañamiento de un público numeroso, en su mayoría vecinos del Barrio Pueblo Viejo.\nLa exposición, que contiene imágenes de pobladores del Barrio Pueblo Viejo, conmovió a los vecinos que se acercaron a pasar la tarde y que compartieron anécdotas que enriquecieron cada una de las historias de los personajes retratados.\nDesde la Secretaría de Cultura queremos agradecer a la artista Ana Rollandi por su predisposición y colaboración constante para el desarrollo de la cultura en nuestra ciudad.\n"LLEGAMOS POR MÉRITO PROPIO Y QUEREMOS SOSTENERNOS"\nEl entrenador Eduardo Rodríguez, ex Unión de San Guillermo, se refirió a la preparación y los objetivos de Estudiantes tras haber haber ascendido a la Liga Argentina Femenina de vóley.


Hoteles, alojamientos Knyazhe - ViaMichelin HOTEL\nConexión a Internet (3) Aparcamiento (3) Traslado aeropuerto (1) Habitaciones para no fumadores (3) Piscina (2) Habitaciones familiares (2) Se aceptan animales de compañía (1) Restaurante (3)\n9.12 km - 1а Vul. Vodoprovidna, Snyatyn\nReserva un hotel en Knyazhe - hotel en Knyazhe con ViaMichelin\nEncuentra tu hotel en Knyazhe con ViaMichelin: hoteles, albergues, campings, complejos residenciales, hostales en Knyazhe. Reserva rápidamente tu habitación de hotel en Knyazhe con ViaMichelin.\n¿Cuántos alojamientos hay disponibles en Knyazhe para reservar en ViaMichelin?\nViaMichelin te ofrece 3 alojamientos Knyazhe. La reserva es rápida y no tiene ningún gasto adicional. Ventajas de reservar tu habitación en ViaMichelin: localización del establecimiento en el mapa ViaMichelin, posibilidad de reservar un hotel de la Guía MICHELIN o de ver los puntos de interés MICHELIN cerca de tu alojamiento (lugares turísticos, restaurantes de la Guía MICHELIN).\n¿Cuánto cuesta una noche en un alojamiento en Knyazhe?\nTe ofrecemos reservar tu alojamiento en Knyazhe desde 11 €.\n¿Cuáles son los hoteles más económicos en Knyazhe?\nHotel Zorepad, Laguna, Hotel Grand Aristocrate están entre los hoteles más económicos en Knyazhe. Puedes reservar tu habitación gratis. Para conseguir los hoteles más económicos, puedes ordenar tus resultados de menor a mayor precio.\n¿Cuáles son los hoteles más populares en Knyazhe?\nLaguna, Hotel Grand Aristocrate, Hotel Zorepad están entre los hoteles mejor puntuados por los viajeros que se han alojado en ellos. Puedes reservar tu habitación gratis. Para conocer los hoteles con mejor puntuación, puedes ordenar tus resultados por puntuación de los comentarios.\n¿Cuáles son los hoteles situados más cerca del centro de la ciudad en Knyazhe?\nLaguna, Hotel Zorepad, Hotel Grand Aristocrate están entre los hoteles más cercanos al centro de Knyazhe. Tienes la posibilidad de ver todos los alojamientos en el mapa de Knyazhe para seleccionar los que están situados más cerca del centro o bien los puntos de interés de la ciudad.\n¿Qué tipos de alojamientos pueden reservarse en Knyazhe a través de ViaMichelin?\nActualmente te proponemos 3 alojamientos en Knyazhe: 3 Hoteles.\n¿Se puede reservar un hotel con piscina en Knyazhe?\nTe proponemos 2 hoteles con piscina en Knyazhe. Haz clic aquí para reservar tu hotel con piscina.\n¿Se puede reservar un hotel con habitación familiar en Knyazhe?\nTe proponemos 2 hoteles con habitación familiar en Knyazhe. Haz clic aquí para reservar tu hotel con habitación familiar.


Corré la voz + Periodismo + Comunicación El zarateño Federico Pérez Ponsa debuta en el Mundial de Ajedrez 2021\nEl ajedrecista Federico Pérez Ponsa ya se encuentra en la ciudad de Sochi, Rusia, para competir en la Copa Mundial de Ajedrez 2021.\nEl joven de 27 años oriundo de Zárate tomó el vuelo el pasado jueves, aunque previamente junto a sus colegas tuvo complicaciones para embarcar. El personal del aeropuerto de Ezeiza manifestaba que precisaban de una visa para viajar a Rusia pero el documento de la Embajada de la Federación de Rusia en la Argentina señala que pueden ingresar al país "trabajadores de alta calificación en el deporte y sus familiares (esposos, progenitores, hijos, padres adoptivos, hijos adoptados) según el listado oportunamente presentado por un Órgano Federal de Poder Ejecutivo de Rusia".\nFederico manifestó a Corré la Voz que ya se encuentra alojado en un hotel de la ciudad de Sochi, tras realizar la acreditación al torneo y la prueba PCR que le solicitaron. Cabe resaltar que el pasado lunes, tres días antes de viajar, el joven recibió la segunda dosis contra el coronavirus para su tranquilidad y también la de su familia.\nDe los 206 jugadores participantes del torneo, Pérez Ponsa es el número 120. El representante del seleccionado argentino debutará este próximo lunes en el horario de las 09.00 hora Argentina, ante el búlgaro Monchil Nikolov. El ganador de este match estará enfrentando en segunda ronda al ruso Alexander Gris-chuk (37), actualmente octavo en el ránking mundial de FIDE.\nArgentina también tendrá a otros cuatro competidores en esta Copa del Mundo:\nAlan Pichot (GM, 2630) vs Sergio Minero (MI, 2365 de Costa Rica).\nSandro Mareco (GM, ELO 2629) vs Sami Khader (MI, 2382 de Jordania).\nLeandro Krysa (GM, 2527) vs Yasser Quesada (GM, 2565 de Cuba).\nCarolina Luján (IM, 2346) vs Gulrukhbegim Tokhirjonova (WGM, 2344 de EE UU).\nLa Copa Mundial de la FIDE 2021, en Sochi, será el torneo de su tipo más fuerte de la historia. La gran mayoría de los jugadores de la súper elite decidieron participar en el primer gran evento masivo de ajedrez clásico frente al tablero, después de un año y medio en el que la pandemia nos ha dejado con decenas de certámenes online, incluida una Olimpiada y el surgimiento de una nueva modalidad: el ajedrez "híbrido".\nEn Sochi jugará Magnus Carlsen por primera vez en una Copa Mundial desde 2017 y, sin dudas, la principal ausencia será la de su retador de la corona mundial: el ruso Ian Nepomniachtchi quien prefirió "saltarse" la Copa para concentrarse plenamente en el venidero match por el título. En la urbe rusa estarán desde Fabiano Caruana hasta el Gran Maestro más joven de la historia, el estadounidense Abhimanyu Mishra.\nEl certamen Abierto incluyó a 206 jugadores. De ellos, los 50 primeros del ranking quedaron «bye» en la primera ronda. Los otros 156 se enfrentarán en matches de dos partidas clásicas. Los vencedores avanzarán y así se formará un grupo de 128 ajedrecistas. Estos se irán eliminando, por el mismo formato (matches de 2 partidas clásicas, en caso de empate, dos partidas rápidas de 25 minutos, más 10 segundos de incremento. De persistir la igualdad, entonces dos partidas a 10 minutos, con 5 segundos de incremento. Luego, dos blitz de 5+3, hasta llegar al Armagedón).\nMientras, en el torneo Femenino competirán 103 jugadoras. 25 de ellas recibieron el «bye» y las otras 78 se enfrentarán en matches individuales, con formato similar al del certamen Abierto.\nLa gran ausente será la campeona mundial. Entre las principales jugadoras resaltan las rusas Aleksandra Goryachkina (2596) y Kateryna Lagno (2558), las hermanas ucranianas Mariya y Anna Muzychuk (2544 y 2535, respectivamente), Nana Dzagnidze (Georgia, 2524), Harika Dronavalli (India, 2515) y Tan Zhongyi (China, 2511).\nMás datos sobre el Campeonato Mundial de Ajedrez\nSede: Galaxy Entertainment And Leisure Complex, un espectacular sitio, ubicado a 40 kilómetros de Sochi\nControl de tiempo: El habitual, con partidas a 90 minutos para cada jugador, hasta el movimiento 40, con incremento de 30 segundos por movimiento. Luego, media hora hasta el final, con el mismo incremento por jugada.\nPenalidades: Si un jugador llega después de que haya comenzado la ronda, recibirá una multa de 500 dólares. Si demorara más de 15 minutos, ¡adiós!\nCombatividad: De acuerdo con el reglamento, la FIDE exigirá que ninguna partida concluya en tablas, antes del movimiento 30; pero… se mantiene la regla de las tablas por repetición de movimiento.\nEl fondo total de premios es de $1.892.500, y será distribuido como se muestra a continuación, los montos de las rondas 1-6 se refieren a los premios en efectivo que recibirán los jugadores eliminados (a los que la FIDE les aplicará una retención del 20%):\nRonda Número de jugadores Premio\nRonda 1 78 3.750$\nRonda 2 64 6.000$\nRonda 3 32 10.000$\nRonda 4 16 16.000$\nRonda 5 8 25.000$\nRonda 6 4 35.000$\n4º puesto 1 50.000$\n3º puesto 1 60.000$\n2º puesto 1 80.000$\n1º puesto 1 110.000$


Una boda de ensueño! - Opiniones del hotel Hotel Cortijo Bravo, Vélez-Málaga - Opiniones en TripAdvisor\nUna boda de ensueño! - Hotel Cortijo Bravo\n“Una boda de ensueño!”\nVer las opiniones más recientes Dimini\n1 opinión 2 votos útiles “Una boda de ensueño!”\nGracias, Dimini ¿Algún problema con esta opinión?\nDenunciar Pregunta a Dimini sobre Hotel Cortijo Bravo\nAlemán primero Danés primero Español primero Francés primero Inglés primero Holandés primero Cualquiera Todas las recientes en español Oles60\n23 votos útiles “Venido a menos...”\nGracias, Oles60 ¿Algún problema con esta opinión?\nDenunciar Pregunta a Oles60 sobre Hotel Cortijo Bravo\nGracias, ssuceda ¿Algún problema con esta opinión?\nDenunciar Pregunta a ssuceda sobre Hotel Cortijo Bravo\n20 votos útiles “Relación calidad/precio mejorable”\n¿Útil? Gracias, Jose M A ¿Algún problema con esta opinión?\nDenunciar Pregunta a Jose M A sobre Hotel Cortijo Bravo\nColaborador de nivel 322 opiniones 104 opiniones de hoteles\n156 votos útiles “Estupenda escapada”\nDenunciar Pregunta a Juan Carlos P sobre Hotel Cortijo Bravo\nN.° 3 de 6 en Torrox 873 opiniones\nN.° 2 de 5 en Torre del Mar 247 opiniones\nN.° 2 de 4 en Vélez-Málaga 297 opiniones\nTripAdvisor está orgulloso de ser socio de Venere, Booking.com, Hoteles.com, Odigeo, Muchoviaje y Expedia por lo que podrás hacer tus reservas para el Hotel Cortijo Bravo con confianza. Ayudamos a millones de viajeros cada mes a encontrar el hotel perfecto tanto para viajes de vacaciones como de negocio, siempre con los mejores descuentos y ofertas especiales.\nExplora hoteles similares Hotel Palacio Blanco 266 opinionesMostrar precios 2.3 km Hotel Avenida 8 opinionesMostrar precios 3.2 km Iberostar Malaga Playa 873 opinionesMostrar precios 15.4 km Ver todos los hoteles de Vélez-Málaga Qué hay cerca\nHoteles populares Hotel Malaga Nostrum\nLos viajeros también han mirado: Hotel Palacio Blanco 266 opiniones A 2.3 km Hotel Avenida 8 opiniones A 3.2 km Iberostar Malaga Playa 873 opiniones A 15.4 km MB Boutique Hotel 73 opiniones A 22.5 km BQ Andalucia Beach Hotel 247 opiniones A 6.4 km Hotel La Vinuela 297 opiniones A 10.1 km Hotel Dila 18 opiniones A 2.8 km La Posada Morisca 83 opiniones A 19.6 km El Patio Andaluz 33 opiniones A 2.2 km Escuela La Crujia 44 opiniones A 2.3 km La Casa de las Titas 19 opiniones A 2.4 km B & B Casa Africano 4 opiniones A 2.5 km Apartamentos Las Colinas 2 opiniones A 2.2 km


Páginas: 1 ... 136 137  139 140 ... 142 Ir Abajo\nAutor Tema: Motor Central Bafang (Leído 226049 veces)\n« Respuesta #2055 en: 10 de Enero, 2019, 09:05:53 am »\nSe puede saber que tipo de sensores hall (nombre o numeros y potencial) que van encima del bobinado del motor son los adecuados en el caso de que estén fundidos y haya que sustituirlos??\nHe tratado de ver algo y dado su pequeño tamaño y sin extraerlos no es posible ver nada\n« Respuesta #2056 en: 11 de Enero, 2019, 05:13:56 am »\nHola estimados amigos, ayer volví a desmontar el inducido del motor y el controlador para ver porque me seguía dando el error 08 (hall sensor), y ví que uno de los tres sensores que lleva este motor(48v750w) estaba en un costado sin la protección férrica que llevan y rozaba con la parte donde va anclado entre las delgas del inducido(dando el error 08) (Seguramente al poner yo el cuerpo de los imanes dentro del inducido debió rozar y daño el sensor,así que cuidado al poner los imanes). lo intenté arreglar poniéndole silicona para aislarlo pero como va anclado en la forma esquinada de la aleta pues no conseguí solucionarlo, al final decidí sacarlo y probar a ver si en una tienda de electrónica lo conseguía. Me dijeron que no tenían, pero insistiendo a ver si podía solucionarlo con algún otro modo, me sacó un kit de dos plaquitas de arduino, que llevan ese mismo sensor. Es un kit sensor magnético efecto hall con arduino, eso es lo que pone en el envoltorio, si os interesa os pondré una foto para que si os pasa sepáis como conseguirlo. hay que comprar, las dos porque van en un mismo kit. Me costó 4,15 euros, corté uno y lo probé y vi que tenía la forma perfecta y el tamaño aunque tuve que retocarlo con una lima muy fina en el costado de cartabón para que entrara bien pues no quería forzarlo y cargarmelo, así que me entró perfecto y no puede salirse porque al llevar esa forma entra adecuadamente ajustado. Lo soldé a la plaquita con dificultad pero fué perfecto, mejor no sacar los otros para no romperlos al sacarlos, yo como era el H1, estaba en una punta y sacando los tres tornillos, se puede levantar la plaquita suficiente para soldarlo. He podido solucionarlo ahora va perfecto, le puse en las patitas que lleva tres un trocito de plastico para que NO toque al inducido aunque lleva un papel blanco aislante pero me aseguré y un poquito de silicona para juntas y quedó perfecto. A ver si puedo poner la foto de las plaquitas.\n« Última modificación: 11 de Enero, 2019, 07:20:57 am por Manuel »\n« Respuesta #2057 en: 11 de Enero, 2019, 05:42:16 am »\nEsperamos ese report fotográfico\n« Respuesta #2058 en: 11 de Enero, 2019, 05:44:30 am »\na ver si ahora lo he conseguido.\n« Última modificación: 11 de Enero, 2019, 07:17:49 am por Manuel »\n« Respuesta #2059 en: 11 de Enero, 2019, 09:16:24 am »\nSobre sensores hall y su sustitución no he leído gran cosa, algo hay en este enlace en el cual recomiendan el Honeywell SS41\nActualmente no les necesito pero por si acaso he pillado en aliexpress la versión China\nRespecto a los que has comprado manuel, veo que estos recomendados tienen mayor pinza de voltaje\n« Respuesta #2060 en: 11 de Enero, 2019, 03:14:43 pm »\nEres un artista Manuel!!!!\n« Respuesta #2061 en: 16 de Enero, 2019, 09:30:36 pm »\nAlguno me podría indicar una bici de gravel susceptible de ser electrificada con un motor bafang? Imagino que es una pregunta muy rebuscada, pero el caso es que tengo el motor, la batería y todos los componentes eléctricos y estoy buscando a qué bici ponérselos!!\n« Respuesta #2062 en: 17 de Enero, 2019, 05:23:44 am »\nHola amigos, esta es la bici que ha quedado del montaje la bateria en bolsa me ha quedado justa pero perfecto.\n« Respuesta #2063 en: 17 de Enero, 2019, 05:29:51 am »\nHola Michelbayon, si quieres fotos del cuadro que he sacado yo, es un cube AMS100 proseries, doble suspension lo he cambiado porque era una talla demasiado grande para mi y no estaba agusto.\n« Respuesta #2064 en: 17 de Enero, 2019, 08:45:40 am »\nManuel te ha quedado muy bien, eres un artista.\nSobre Gravel no se gran cosa estoy comenzando a ver alguna entrando en pistas y sorprende\n« Respuesta #2065 en: 18 de Enero, 2019, 06:59:52 pm »\nBuenas tardes. Me llamo Xavi. Un saludo a tod@s. Me inicio en el foro decidido a montar un kit central Bafang.Despues de leerme todas las paginas de este post me surgen varias dudas.La primera de ellas es la medida del eje del pedalier.El cuadro donde tenia pensado instalar el kit mide 83 mm. y todos los kits que he encontrado son para ejes de pedalier de 68, 100 y 120.Alguien conoce algun kit que sirva para mi eje de pedalier? Se puede solucionar con espaciadores? Tengo que cortar el cuadro?No se si alguien mas se ha encontrado con este problema.Gracias de antemano por vuestra ayuda.\n« Respuesta #2066 en: 18 de Enero, 2019, 07:30:59 pm »\nOs dejo uns fotos aclaratorias\n« Respuesta #2067 en: 18 de Enero, 2019, 07:31:43 pm »\nEje del pedalier de 83 mm.\n« Respuesta #2068 en: 19 de Enero, 2019, 05:07:04 am »\nYo tuve que cortarlo porque cuando pedí el motor no tuve en cuenta ese detalle y me vino de 68mm y yo tenia la caja de 93 así que tuve que cortar un poco la caja en la parte del plato y fui al tornero y me hizo una balona (tuerca que me roscaba en el eje del motor) y así solucioné el problema, y la linea de cadena quedó perfecta. Si tú caja tiene suficiente para cortarle y que no toque los dientes del plato en el brazo de las punteras podrás solucionarlo.\n« Respuesta #2069 en: 19 de Enero, 2019, 07:52:22 am »\nLo que dice Manuel es una buena solución. Has de tener en cuenta que el lado que cortes sea el que mejor te viene para centrar la línea de cadena\nPáginas: 1 ... 136 137  139 140 ... 142 Ir Arriba


Homenaje a Delibes en los restos del antiguo monasterio de los Jerónimos\nRueda de prensa de presentación de las actividades celebrada este miércoles en el Palacio Los Verdugo.\nLos días 9, 16 y 24 de julio en Ávila.\nLos restos del antiguo monasterio de Los Jerónimos se convierten este mes de julio en escenario para varias actividades culturales programadas por el Ayuntamiento de Ávila, entre las que estará la Ronda Poética, que rendirá homenaje a Miguel Delibes.\nEl concejal de Cultura del Ayuntamiento de Ávila, Ángel Sánchez, acompañado por el coordinador de las actividades, José María Muñoz Quirós, y por la presidenta de la Asociación Musical Abulense Terpsícore, Alicia Quirós, ha presentado este miércoles las tres actividades que se van a llevar a cabo en los próximos días, que buscan no solo llamar al público a la participación en las mismas sino también valorizar los restos del monasterio de Los Jerónimos como escenario para diferentes actividades.\nCon el título de ‘Palabra y música en el monasterio de Los Jerónimos’, se llevarán a cabo tres actividades, los días 9, 16 y 24 de julio.\nLa primera de ellas, el 9 de julio, consistirá en la presentación de la revista Atticus, de origen vallisoletano, pero con colaboración de autores abulenses y que está considerada una de las publicaciones más importantes del panorama cultural español.\nPara esta presentación, se contará con un acompañamiento de imágenes y también de una página musical, de la mano de un dúo de piano y contrabajo integrado por Jesús Fernández y Rodrigo López, que interpretará música de jazz, blues y bossa nova.\nEl 16 de junio será el turno de la Ronda poética, en la que se recordará a Miguel Delibes, en el centenario de su nacimiento. Serán trece los poetas que se darán cita en esta actividad, no solo de origen abulense sino también de Asturias, Argentina, León o Toledo. Entre ellos, estarán Rafael Flores o Luis Carnicero, mientras que la página musical correrá a cargo del Dúo Aire, de música española, integrado por el guitarrista Javier Maíz y Alba San Genaro en la flauta travesera.\nLa tercera de las actividades se realizará el 24 de julio y consistirá en la presentación pública de la revista El Cobaya, editada por el Ayuntamiento de Ávila y que rinde homenaje al abulense José Jiménez Lozano en un número en el que también se incluye un homenaje a la poeta mexicana Minerva Margarita Villarreal y se incluye la última obra teatral de José Luis Alonso de Santos, Premio de la Crítica de Castilla y León 2020.\nTambién en esta ocasión se contará con una intervención musical, que correrá a cargo de un trío de viento que interpretará música clásica y estará integrado por Javier Gutiérrez (clarinete), Alba San Genaro (flauta travesera) e Isabel Gutiérrez (clarinete).\nEn todas las actividades, que tendrán lugar a las 21.30 horas y serán de carácter gratuito, se contará, además, con una introducción a cargo de Jesús María Sanchidrián, Cronista Oficial de Ávila, y de Armando Ríos, arquitecto, que situarán al público en el escenario del antiguo monasterio de Los Jerónimos con una breve charla sobre la importancia y recuperación de este espacio.


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