presentadas el 5 de abril de 2011 (1)\n«Competencia judicial y ejecución de resoluciones judiciales – Concepto de “materia civil y mercantil” – Reconocimiento y ejecución de una resolución judicial por la que se impone una “multa civil” – Directiva 2004/48/CE – Derechos de propiedad intelectual – Medidas, procedimientos y recursos en caso de violación de estos derechos – Condena en costas en el marco de un procedimiento de exequátur destinado a reconocer y ejecutar resoluciones judiciales por las que se preserva un derecho de propiedad intelectual»\n1. La presente petición de decisión prejudicial trae causa de un litigio entre Bayer CropScience AG (en lo sucesivo, «Bayer»), sociedad alemana, y Realchemie Nederland BV (en lo sucesivo, «Realchemie»), sociedad neerlandesa, ventilado ante los tribunales alemanes. Bayer reprochaba a Realchemie haber violado una de sus patentes. En el marco de ese procedimiento, el juez había impuesto a Realchemie el pago de una «multa civil», con arreglo al Derecho alemán. Al pretender que esta multa se ejecutara en los Países Bajos, Bayer solicitó que se reconociera y ejecutara en dicho Estado miembro la resolución judicial que imponía la multa e instó, a tal fin, un procedimiento de exequátur. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente (neerlandés) pide que se dilucide si una multa de esta naturaleza está incluida en la materia civil y mercantil conforme al artículo 1 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. (2)\n2. En segundo lugar, el órgano jurisdiccional remitente pide al Tribunal de Justicia que determine si el artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, (3) exige a los Estados miembros realizar una tasación de costas más onerosa para el demandado en el marco de un procedimiento de exequátur, destinado a reconocer y ejecutar resoluciones judiciales, dictadas en el Estado de origen, por las que se protege un derecho de propiedad intelectual.\n1. Reglamento nº 44/2001\n3. El objetivo del Reglamento nº 44/2001 es concretamente, a tenor de su segundo considerando, establecer «disposiciones mediante las que se unifiquen las normas sobre conflictos de jurisdicción en materia civil y mercantil, simplificándose los trámites para un reconocimiento y una ejecución rápidos y simples de las resoluciones judiciales de los Estados miembros obligados por el presente Reglamento».\n4. Los considerandos sexto y séptimo del Reglamento nº 44/2001 enuncian lo siguiente:\n«(6) Para alcanzar el objetivo de la libre circulación de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, es necesario y oportuno que las reglas relativas a la competencia judicial […] y a la ejecución de las resoluciones se determinen por un instrumento jurídico comunitario vinculante y directamente aplicable.\n(7) El ámbito de aplicación material del presente Reglamento debe abarcar lo esencial de las materias civil y mercantil, salvo determinadas materias claramente determinadas.»\n5. Los considerandos 16 y 17 del Reglamento nº 44/2001 declaran lo que sigue:\n6. El considerando 19 del Reglamento nº 44/2001 señala que «procede garantizar la continuidad entre el Convenio de Bruselas [de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (en lo sucesivo, “Convenio de Bruselas”) (4)] y el presente Reglamento y, a tal efecto, es oportuno establecer disposiciones transitorias. La misma continuidad debe aplicarse por lo que respecta a la interpretación de las disposiciones del Convenio de Bruselas por el Tribunal de Justicia».\n7. El artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 dispone que «el presente Reglamento se aplicará en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional. No incluirá, en particular, las materias fiscal, aduanera y administrativa».\n8. Según el artículo 32 del Reglamento nº 44/2001, «se entenderá por resolución […] cualquier decisión adoptada por un tribunal de un Estado miembro con independencia de la denominación que recibiere, tal como auto, sentencia, providencia o mandamiento de ejecución, así como el acto por el cual el secretario judicial liquidare las costas del proceso».\n9. El artículo 34, número 2, del Reglamento nº 44/2001 sienta el principio según el cual «las decisiones no se reconocerán […] cuando se dictaren en rebeldía del demandado, si no se hubiere entregado al mismo la cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse, a menos que no hubiere recurrido contra dicha resolución cuando hubiera podido hacerlo».\n10. El artículo 38, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001 prescribe que «las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias se ejecutarán en otro Estado miembro cuando, a instancia de cualquier parte interesada, se hubiere otorgado su ejecución en éste último».\n11. El artículo 49 del Reglamento nº 44/2001 preceptúa que «las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen».\n2. Directiva 2004/48\n12. El tercer considerando de la Directiva 2004/48 afirma que «sin medios eficaces de tutela de los derechos de propiedad intelectual, la innovación y la creación se desincentivan y las inversiones se reducen. Por consiguiente, es preciso garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual, que actualmente forma parte en gran medida del acervo comunitario, se aplique de manera efectiva en la Comunidad.»\n13. Los considerandos octavo a décimo de la Directiva 2004/48 indican lo siguiente:\n«(8) Las disparidades existentes entre los regímenes de los Estados miembros por lo que respecta a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual son perjudiciales para el buen funcionamiento del mercado interior y no permiten garantizar que los derechos de propiedad intelectual disfruten de un nivel de protección equivalente en toda la Comunidad. Esta situación no facilita la libre circulación dentro del mercado interior, ni crea un entorno favorable a una competencia sana.\n(9) […] Por consiguiente, la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en este campo se convierte en una condición esencial para el buen funcionamiento del mercado interior.\n(10) El objetivo de la presente Directiva es aproximar dichas legislaciones para garantizar un nivel de protección de la propiedad intelectual elevado, equivalente y homogéneo en el mercado interior.»\n14. El considerando 11 de la Directiva 2004/48 precisa que «la presente Directiva no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre cooperación judicial, competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Estas materias están reguladas con carácter general por instrumentos comunitarios, que, en principio, son igualmente aplicables a la propiedad intelectual».\n15. El artículo 1 de la Directiva 2004/48 estipula que ésta «se refiere a las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual».\n16. El artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48 dispone que, «sin perjuicio de los medios establecidos o que puedan establecerse en la legislación comunitaria o nacional, siempre que dichos medios sean más favorables a los titulares de derechos, las medidas, procedimientos y recursos que establece la presente Directiva se aplicarán, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate».\n17. El artículo 14 de la Directiva 2004/48, titulado «Costas procesales», establece que «los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora, salvo que sea contrario a la equidad».\n18. Los artículos 890 y 891 de la Zivilprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Civil alemana; en lo sucesivo, «ZPO») presentan la siguiente redacción:\nEjecución forzosa de la obligación de no hacer y de tolerancia\n1. En caso de que el deudor incumpla su obligación de no hacer o de tolerar un acto, será condenado por el juez de primera instancia, previa solicitud del acreedor, al pago de una multa civil o, si ésta no pudiere hacerse efectiva, a una pena privativa de libertad de seis meses de duración como máximo. El importe máximo de cada multa civil será de 250.000 euros y la duración máxima de la pena privativa de libertad será de dos años en total.\n2. La condena deberá ir precedida de un requerimiento del juez de primera instancia, previa solicitud, si no figura en la resolución que impuso la obligación.\n3. El deudor también podrá ser condenado, previa solicitud del acreedor, a constituir una garantía por los daños que pudieran resultar posteriormente de cualquier otro incumplimiento en un plazo determinado.\nProcedimiento, audiencia del deudor y tasación de costas\nLas decisiones basadas en los artículos 887 a 890 se adoptarán mediante resolución judicial. […]»\n19. El artículo 1 de la Justizbeitreibungsordnung (Ley alemana sobre recaudación de costas judiciales; en lo sucesivo, «JBeitrO») dispone:\n«1. Cuando se efectúe por autoridades judiciales federales, será conforme a la presente [JBeitrO] la recaudación de los siguientes créditos:\n(3) las multas civiles y las multas coercitivas;\n2. La [JBeitrO] se aplicará asimismo cuando las autoridades judiciales de los Länder procedan a la recaudación de los créditos enumerados en el apartado 1 en la medida en que resulten de una normativa federal.»\nC. Normativa neerlandesa\n20. De los autos se desprende que el Reino de los Países Bajos llevó a cabo la transposición del artículo 14 de la Directiva 2004/48 a su Derecho interno mediante el artículo 1019h de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa. Según el órgano jurisdiccional remitente, dicha disposición permite, en los asuntos en que es aplicable esta Directiva, una condena en costas más elevada que la condena ordinaria.\n21. El litigio principal entre Realchemie y Bayer ante el Hoge Raad der Nederlanden (Países Bajos) trae causa de un procedimiento incoado anteriormente en Alemania a instancia de Bayer.\n22. En el marco de un procedimiento sobre medidas provisionales, el Landgericht Düsseldorf (Alemania), a instancia de Bayer y mediante resolución de 19 de diciembre de 2005 (denominada «resolución de base»), prohibió a Realchemie, por violación de patente, importar, poseer y comercializar determinados plaguicidas en Alemania. Esta prohibición llevaba aparejada multas coercitivas. Además, Realchemie debía comunicar las transacciones comerciales relativas a tales plaguicidas y sus existencias quedaban sometidas a depósito judicial. Asimismo, mediante la resolución de base se condenaba en costas a Realchemie. (5)\n23. El 17 de agosto de 2006, a instancia de Bayer y sobre la base del artículo 890 de la ZPO, Realchemie fue condenada mediante resolución del Landgericht Düsseldorf al pago de una multa, denominada «civil», de 20.000 euros, que debía ingresar en la caja de dicho tribunal, por transgredir la prohibición impuesta en la resolución de base. Asimismo, mediante aquella resolución se condenaba en costas a Realchemie. (6)\n24. Mediante una nueva resolución de 6 de octubre de 2006, el Landgericht Düsseldorf impuso a Realchemie una multa coercitiva de 15.000 euros para incitarle a comunicar las transacciones comerciales a que se refiere la resolución de base. Además, Realchemie fue condenada a cargar con las costas correspondientes al procedimiento que dio lugar a la multa coercitiva. (7)\n25. Consta que estas seis resoluciones fueron notificadas a Realchemie.\n26. El 6 de abril de 2007, Bayer presentó una demanda ante el juez de medidas provisionales del Rechtbank ’s‑Hertogenbosch (Países Bajos) para que declarase ejecutorias en los Países Bajos las seis resoluciones adoptadas por el Landgericht Düsseldorf. Bayer solicitó también, en el marco de ese procedimiento, que se condenara en costas a Realchemie. El 10 de abril de 2007, el juez de medidas provisionales acogió la demanda de Bayer y condenó a Realchemie a cargar con las costas, fijadas en 482 euros.\n27. El 14 de junio de 2007, Realchemie interpuso recurso, con arreglo al artículo 43 del Reglamento nº 44/2001, invocando el motivo de denegación contemplado en el artículo 34, número 2, de dicho Reglamento. Aducía que la resolución de base, al igual que la resolución que impone la multa civil y la que impone una multa coercitiva, no pueden ser reconocidas y ejecutadas en otro Estado miembro, ya que fueron adoptadas sin que Realchemie participara en el procedimiento y sin vista oral. En lo que atañe a las decisiones sobre las costas, tampoco pueden ser reconocidas ni ejecutadas, puesto que son parte integrante de las tres resoluciones mencionadas. Por lo que se refiere, más concretamente, a la resolución que impone la multa civil, Realchemie sostuvo que debía denegarse la declaración de ejecutoriedad solicitada por Bayer, dado que la multa –recaudada de oficio por las autoridades judiciales alemanas, de conformidad con la JBeitrO– no beneficia a Bayer, sino al Estado alemán.\n28. El 26 de febrero de 2008, la Sala de lo Civil del Rechtbank ’s‑Hertogenbosch, tras oír a las partes, desestimó el recurso interpuesto por Realchemie, confirmó la resolución de 10 de abril de 2007 y condenó a Realchemie a cargar con las costas, fijadas en 1.155 euros. El Rechtbank ‘s‑Hertogenbosch consideró que, aun cuando habían sido dictadas a instancia de Bayer, las tres resoluciones controvertidas constituyen verdaderamente resoluciones judiciales en el sentido del artículo 32 del Reglamento nº 44/2001. Respecto de la resolución que impone la multa civil, el Rechtbank ‘s‑Hertogenbosch afirmó que el hecho de que el importe de 20.000 euros deba abonarse en la Gerichtskasse, es decir, en la caja del Landgericht Düsseldorf, no afectaba en modo alguno al derecho e interés de Bayer en que Realchemie ingresara efectivamente la multa en esa caja. En efecto, el objetivo de la multa es que la resolución de base sea acatada en interés de la parte vencedora, o sea, Bayer. Ésta, por tanto, tiene un interés real en instar en los Países Bajos la ejecución de la resolución que impone la multa. Por último, el Rechtbank ’s‑Hertogenbosch condenó en costas a Realchemie y las fijó con arreglo al régimen ordinario, en contra de la solicitud de Bayer de que se aplicara el artículo 1019h de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa o, en su defecto, el artículo 14 de la Directiva 2004/48.\n29. Dado que, conforme al artículo 44 del Reglamento nº 44/2001 y su anexo V, puede ser recurrida en casación la resolución que resuelve el recurso en virtud del artículo 43 de dicho Reglamento, Realchemie interpuso recurso de casación ante el Hoge Raad der Nederlanden con objeto de que se anulara la resolución del Rechtbank ‘s‑Hertogenbosch de 26 de febrero de 2008. Bayer se adhirió a la casación solicitando que se desestime el recurso de casación y que se condene a Realchemie a cargar con las costas efectivas, con arreglo al artículo 14 de la Directiva 2004/48, en relación con el artículo 1019h de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa.\n30. El abogado general del Hoge Raad der Nederlanden presentó sus conclusiones el 26 de junio de 2009, en las que propuso a dicho tribunal nacional plantear, antes de pronunciarse, varias cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia.\n31. Consecuentemente, el Hoge Raad der Nederlanden concretó dos extremos que requieren la interpretación del Tribunal de Justicia.\n32. Por una parte, respecto de la resolución que impone una multa civil, se pregunta si ésta pudiera estar comprendida en el ámbito de aplicación material del Reglamento nº 44/2001, habida cuenta de los elementos de Derecho público que la caracterizan. En efecto, tal multa constituye la sanción del incumplimiento de una prohibición judicial. La misma se impone por el juez alemán a instancia de una parte privada, pero debe abonarse, una vez que las autoridades del tribunal han procedido a su recaudación de oficio, en la caja del tribunal en favor del Estado alemán y no de la parte a cuya iniciativa se impuso.\n33. Por otra parte, el Hoge Raad der Nederlanden expresa dudas acerca de la aplicabilidad del artículo 14 de la Directiva 2004/48 al litigio principal. Si bien cabe considerar que esta Directiva pretende garantizar el respeto efectivo de los derechos de propiedad intelectual y que el reconocimiento y ejecución de una resolución relativa a tales derechos puede constituir una vertiente del respeto efectivo de los mismos, la Directiva 2004/48 dispone que las medidas, procedimientos y recursos que establece se aplicarán a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual. (8) Ahora bien, el procedimiento de exequátur, en tanto en cuanto consiste en la comprobación por el juez de que se reúnen los requisitos relativos al reconocimiento y a la ejecución, no está comprendido, a su parecer, en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.\n34. En consecuencia, al hallarse ante una dificultad de interpretación del Derecho de la Unión, el Hoge Raad der Nederlanden decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia, en virtud del artículo 234 CE, mediante resolución recibida en la Secretaría de dicho Tribunal el 21 de octubre de 2009, las dos cuestiones prejudiciales siguientes:\n«1) ¿Debe interpretarse el concepto de “materia civil y mercantil” del artículo 1 del Reglamento [nº 44/2001] en el sentido de que este Reglamento también es aplicable al reconocimiento y la ejecución de una resolución que comprende una condena al pago de una multa con arreglo al artículo 890 [de la ZPO]?\n2) ¿Debe interpretarse el artículo 14 de la Directiva [2004/48] en el sentido de que también es aplicable a un procedimiento de exequátur que tiene por objeto:\na) una resolución recaída en otro Estado miembro sobre la violación de un derecho de propiedad intelectual;\nb) una resolución recaída en otro Estado miembro por la que se impuso una multa coercitiva o una multa por infracción de una prohibición de violar un derecho de propiedad intelectual;\nc) decisiones sobre costas dictadas en otro Estado miembro y basadas en las resoluciones citadas en las letras a) y b)?»\n35. Realchemie, los Gobiernos neerlandés y alemán y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas ante el Tribunal de Justicia.\n36. En la vista celebrada el 25 de enero de 2011 formularon observaciones orales Realchemie, el Gobierno alemán y la Comisión.\n37. Tras exponer algunas observaciones preliminares, analizaré el régimen jurídico de la multa civil, tal como se configura en Derecho alemán, antes de apreciar sus elementos característicos a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.\n38. Mediante la primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pide que se dilucide si la resolución adoptada en Alemania que impone el pago de una multa civil a Realchemie, con arreglo al artículo 890 de la ZPO, puede ser reconocida y ejecutada en los Países Bajos sobre la base del Reglamento nº 44/2001. Por tanto, el Tribunal de Justicia debe determinar si tal multa está incluida en la materia civil y mercantil conforme al artículo 1 de dicho Reglamento.\n39. Con carácter previo, expondré dos series de observaciones.\n40. En primer lugar, procede recordar la continuidad existente entre el Convenio de Bruselas y el Reglamento nº 44/2001, como indica el considerando 19 de éste. (9) El Tribunal de Justicia dedujo lógicamente que, «en la medida en que el Reglamento nº 44/2001 sustituyó desde su entrada en vigor, en las relaciones entre los Estados miembros, al Convenio de Bruselas, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en lo tocante a las [normas de dicho Convenio] es igualmente válida para las [normas del citado Reglamento], cuando las normas del Convenio de Bruselas y las del Reglamento nº 44/2001 puedan calificarse de equivalentes». (10) Así sucede en el caso del artículo 1 del Reglamento nº 44/2001, cuyo tenor literal es idéntico al del artículo 1 del Convenio de Bruselas. Por tanto, la jurisprudencia basada en tal Convenio puede ser invocada eficazmente en el marco de la presente cuestión prejudicial. Lo mismo ocurre con los diferentes informes explicativos elaborados sobre esta materia. (11)\n41. En segundo lugar, señalaré que el artículo 1 del Reglamento nº 44/2001, en relación con el séptimo considerando de éste, que subraya la importancia de incluir en el ámbito de aplicación de dicho Reglamento «lo esencial de las materias civil y mercantil», aboga en favor de una interpretación de esta materia que permita abarcar lo que constituye su núcleo en el sentir de los Estados europeos y de la opinión pública europea. (12) Por consiguiente, la «materia civil y mercantil» constituye un concepto autónomo del Derecho de la Unión, independiente de las calificaciones nacionales que cada Estado miembro haga de los procedimientos y actos judiciales que pueden ser objeto de reconocimiento y de ejecución, y debe interpretarse remitiéndose a la génesis, objetivos y sistema del citado Reglamento. (13)\n2. El régimen jurídico de la multa civil en Derecho alemán\n42. El órgano jurisdiccional remitente, Realchemie y el Gobierno alemán coinciden en afirmar que la finalidad de la multa civil prevista en el artículo 890 de la ZPO es la ejecución forzosa de un derecho de tolerancia o de abstención, conforme al Derecho alemán, declarada previamente mediante resolución judicial. Si el obligado a abstenerse o a tolerar incumple su obligación, tiene que ser compelido a cumplir la obligación inicial, lo cual se lleva a cabo mediante la sanción prevista en el artículo 890 de la ZPO. Tal sanción puede adoptar dos formas, a saber, la multa civil o la pena privativa de libertad. Asimismo, según dicho precepto, el juez puede optar por imponer directamente una pena privativa de libertad sin necesidad de haber impuesto antes una multa civil.\n43. Asimismo, a tenor del artículo 890 de la ZPO, la sanción se impone a instancia del acreedor. Sólo puede imponerse una sanción si va precedida de un requerimiento que indique al deudor las consecuencias a las que se expone de no cumplir su obligación. (14) Una vez incumplida la obligación, a instancia del acreedor y tras oír al deudor, (15) el juez alemán puede imponer la sanción, que en el presente caso consiste en la imposición a Realchemie de una multa civil de 20.000 euros por incumplir la obligación dimanante de la resolución de base.\n44. Por consiguiente, dicha multa sólo pudo ser impuesta a instancia de Bayer. No obstante, la multa no se impone en su beneficio. La multa civil debe pagarse en la caja del tribunal en favor del Tesoro Público. Se recauda de oficio. El presidente del tribunal es el órgano encargado de la ejecución. (16)\n45. Realchemie añade, sin que las demás partes interesadas hayan formulado observaciones al respecto, que la resolución que impone la sanción no constituye, como tal, un título ejecutivo. Arguye que tal resolución tiene tan sólo carácter meramente declarativo. Concluye que, solamente cuando la multa civil es objeto de un cálculo de las costas procesales, con mención del acreedor, el importe y los plazos señalados, estamos ante un título ejecutivo, el único que puede ser reconocido y ejecutado en el Estado requerido. (17)\na) Carácter inoperante del criterio de lo principal y de lo accesorio\n46. Una de las peculiaridades de la situación controvertida en el litigio principal se debe al hecho de que el litigio en el que se inscribe la adopción de la resolución que impone la multa civil en Alemania se refiere a medidas provisionales.\n47. Ante tales medidas, el Tribunal de Justicia ha afirmado que «las medidas provisionales o cautelares son adecuadas para salvaguardar derechos de naturaleza muy variada, su inclusión en el ámbito de aplicación del Convenio viene determinada no por su naturaleza propia sino por la naturaleza de los derechos cuya salvaguardia garantizan». (18)\n48. En el caso presente, la resolución que impone la multa civil fue dictada en el contexto de un litigio «principal» relativo a la adopción de medidas provisionales para tutelar, con carácter preventivo, un derecho de propiedad intelectual, derecho de naturaleza manifiestamente civil. Dado que la resolución que impone la multa civil no puede adoptarse sin una resolución de base, la primera es accesoria de la segunda y su existencia depende de ésta. El carácter civil de la resolución de base determina la de la resolución que impone la multa civil. Así pues, tal como propone el Gobierno alemán, para responder a la primera cuestión prejudicial, bastaría comprobar si la resolución de base puede ser reconocida y ejecutada en virtud del artículo 1 del Reglamento nº 44/2001. Como así sucede efectivamente, la resolución que impone la multa civil quedaría incluida también en la materia civil y mercantil.\n49. Tal propuesta es atractiva por su simplicidad y eficacia. Con todo, debe rechazarse de inmediato pues la aplicación del criterio de lo accesorio choca con un elemento especialmente llamativo en el presente asunto. En efecto, la multa civil, como se ha señalado anteriormente, es una sanción según el Derecho alemán, pero no constituye su única forma, pues el juez alemán también puede imponer una pena privativa de libertad. Llevado al extremo, el razonamiento propuesto podría dar lugar a que se considerase que una pena privativa de libertad está incluida en el ámbito de aplicación del artículo 1 del Reglamento nº 44/2001 cuando se impone en el contexto de un litigio principal relativo a medidas provisionales adoptadas para que cese la violación de un derecho de carácter civil. Dado que tal supuesto queda evidentemente excluido, el Tribunal de Justicia debe adoptar otro criterio en el marco de su análisis.\nb) Influencia de la multa civil en la naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes del litigio o en el objeto de éste\ni) Directrices de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia\n50. Dado que el criterio específico deducido por el Tribunal de Justicia respecto de las medidas provisionales no tiene ninguna utilidad en el marco de la presente cuestión prejudicial, preciso es referirse a las directrices generales que dicho Tribunal ha establecido en el contexto de su jurisprudencia relativa al artículo 1 del Convenio de Bruselas.\n51. Así pues, de esta jurisprudencia reiterada se desprende que el concepto de «materia civil y mercantil» debe interpretarse en el sentido de que «determinadas categorías de resoluciones judiciales deben ser consideradas como excluidas del ámbito de aplicación del Convenio, en razón de los elementos que caracterizan la naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes del litigio o el objeto del mismo». (19) Estos dos criterios –naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes y objeto del litigio– han servido hasta ahora para marcar la frontera entre, por un lado, los litigios relativos a la materia civil y mercantil, dado que éstos estaban destinados a estructurar una relación jurídica de derecho privado, y, por otro, aquéllos incardinados en el ámbito de las relaciones de derecho público.\n52. En relación con el primer criterio, el Tribunal de Justicia ha afirmado que es preciso «identificar la relación jurídica que existe entre las partes del litigio y analizar el fundamento y las modalidades de ejercicio de la acción entablada». (20) De este modo, el Tribunal ha declarado que la relación jurídica entre las partes de un litigio era una relación de Derecho privado cuando enfrentaba a dos particulares y en la medida en que la parte que había entablado la acción había ejercitado así un cauce procesal del que disponía en virtud de la subrogación legal establecida en una norma de Derecho civil sin que esta acción se corresponda con el ejercicio de poderes exorbitantes en relación con las normas aplicables a las relaciones entre particulares. (21) Lo mismo se ha considerado de una acción dirigida no contra comportamientos o procedimientos que constituyan una manifestación de prerrogativas de poder público por una de las partes en el litigio, sino contra actos realizados por particulares. (22)\n53. Además, el mero hecho de que una de las partes del litigio sea un organismo de Derecho público no excluye automáticamente el litigio del ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001. El litigio queda excluido únicamente cuando la autoridad pública, parte de un litigio surgido con un particular, actúa en ejercicio del poder público. (23) En efecto, «la manifestación de prerrogativas de poder público por una de las partes en el litigio, en virtud de su ejercicio de poderes exorbitantes en relación con las normas aplicables a las relaciones entre particulares, excluye tal litigio del concepto de materia civil y mercantil en el sentido del artículo 1, apartado 1, del Reglamento nº 44/2001». (24)\n54. En cuanto al segundo criterio contemplado como tal, señalaré que el Tribunal de Justicia lo ha tratado mucho menos en su jurisprudencia. De manera completamente aislada, y en contradicción con su jurisprudencia anterior, este Tribunal afirmó, en una sentencia dictada en 1991, que «para determinar si un litigio está incluido en el ámbito de aplicación del [citado] Convenio, únicamente debe tenerse en cuenta el objeto de dicho litigio». (25) Desde entonces no se ha reiterado esta solución y el Tribunal de Justicia se ha limitado a declarar posteriormente que «si, debido a su objeto, un litigio está excluido del ámbito de aplicación del Convenio, la existencia de una cuestión previa sobre la que deba pronunciarse el juez para resolver el litigio no puede justificar la aplicación del Convenio, cualquiera que sea el contenido de la cuestión». (26) El Tribunal de Justicia reiteró ulteriormente su tesis básica haciendo referencia tanto a la relación jurídica entre las partes como al objeto del litigio. (27)\n55. Así pues, es a la luz de los elementos anteriores como debe comprobarse si ha habido manifestación de alguna prerrogativa de poder público en la instancia que dio lugar a la adopción de la resolución que impone la multa civil, apreciando la naturaleza de la relación jurídica entre las partes y el objeto del litigio.\nii) Aplicación en el presente asunto\n56. La Comisión sostuvo esencialmente que la resolución que impone la multa civil no podía considerarse aisladamente y que las partes en el procedimiento de base y en el que recayó la multa civil son las mismas, tanto más por cuanto Bayer es la única que puede iniciar la instancia relativa a dicha multa. El Gobierno alemán, por su parte, consideró que el derecho invocado es el consistente en que se respete el derecho de propiedad intelectual de Bayer y, por tanto, su fuente no está en un mero acto de poder público. En el marco de la instancia que da lugar a la imposición de la multa civil, el Estado alemán no hace sino ayudar al acreedor a que se respete su derecho y la multa refuerza la orden de cese. Por ello, el Derecho sustantivo contemplado en la resolución de base debe determinar la naturaleza del litigio.\n57. No puedo compartir este análisis.\n58. La multa civil, tal como se regula y aplica en Derecho alemán, presenta tanto elementos de naturaleza civil, correspondientes al Derecho privado, como elementos de Derecho público. Esta naturaleza heterogénea exige ponderar cada uno de esos elementos para responder a la cuestión planteada.\n59. Es verdad que la multa civil fue impuesta por incumplir Realchemie las obligaciones que le imponía la resolución de base. Ciertamente, el hecho de que Realchemie cumpla tales obligaciones va a contribuir a la protección provisional del derecho de propiedad intelectual de Bayer, que además es la única parte que puede instar al juez alemán la imposición de una multa civil.\n60. No obstante, no cabe ignorar el hecho de que, habida cuenta de la función y del objetivo perseguido por la multa civil, de su auténtico beneficiario y de sus modalidades de recaudación, los elementos de Derecho público son determinantes y abogan por la exclusión de la multa civil de la materia civil y mercantil conforme al artículo 1 del Reglamento nº 44/2001.\n61. En cuanto a la función y al objetivo de la multa civil, en mi opinión no basta concluir que ésta persigue únicamente el objetivo de la tutela efectiva del derecho de Bayer reconocido en la resolución de base. La situación es manifiestamente más ambigua.\n62. La multa civil es una medida coercitiva que, naturalmente, reviste carácter represivo. Las partes interesadas han debatido extensamente sobre si la multa civil tenía principalmente carácter preventivo o represivo, alegando que si primara el carácter preventivo la multa civil quedaría incluida en la materia civil y mercantil.\n63. A mi juicio, hay que distinguir dos fases: el carácter preventivo aflora en el período comprendido entre la adopción de la resolución de base –que contiene el requerimiento– y la incoación del procedimiento mediante el que se va a imponer la multa. Durante este lapso de tiempo, la parte perdedora, Realchemie, conoce perfectamente las consecuencias a las que se expone si no cumple las obligaciones impuestas en la resolución de base. La mera existencia del requerimiento puede bastar para disuadir al deudor de incumplir la orden dictada. En cambio, desde el momento en que el deudor incumple los términos de la resolución de base, es claro que la imposición de la multa civil reviste entonces un carácter esencialmente represivo. Por un lado, ni la función ni el objeto de la multa civil es reparar el perjuicio sufrido por Bayer o indemnizarla por la persistencia de la violación de su derecho de propiedad intelectual por parte de Realchemie, a pesar de las órdenes conminatorias de la resolución de base. Por otro, no se trata tanto del hecho de que Realchemie haya persistido en su supuesta (28) violación del derecho de Bayer lo que en tal caso se sanciona. Antes al contrario, el juez alemán, al imponer la multa civil, sanciona el incumplimiento de una orden dictada por las autoridades judiciales, en este caso la de cumplir las obligaciones contenidas en la resolución de base. Por tanto, el objeto de la instancia que ha dado lugar a la imposición de la multa civil es realmente la sanción, en sentido amplio, del incumplimiento culposo de una prohibición judicial. En consecuencia, ya no puede mantenerse que el criterio que debe primar es el del Derecho sustantivo de que se trata en la resolución de base, pues este criterio no incide en modo alguno en la imposición de la multa civil; lo único que cuenta es el hecho de que se ha producido un incumplimiento de una orden de hacer o de no hacer dictada por una autoridad judicial. Desaparece entonces el interés privado en favor del interés público consistente en el respeto de las resoluciones judiciales.\n64. Por ello, considero que no se puede afirmar que la naturaleza de la relación jurídica entre las partes del litigio no se ha modificado en el marco del procedimiento que dio lugar a la imposición de la multa, en relación con el procedimiento principal mediante el que se adoptó la resolución de base. Ciertamente, Bayer es quien debe solicitar la imposición de una multa. Es verdad que esta sanción sólo puede imponerse cuando el interés de Bayer en que se cumpla la resolución de base coincide con el interés del Estado en que se ejecuten sus resoluciones judiciales. Según la legislación alemana, la parte vencedora en el litigio de base podrá de este modo aportar su contribución a la consecución de un interés público iniciando el procedimiento relativo a la multa, pero se trata únicamente de una facultad y el juez no puede actuar de oficio para imponer la multa civil. No obstante, dicha facultad no es otra cosa que la manifestación del carácter profundamente mixto de la multa civil y no debe considerarse el elemento determinante.\n65. En efecto, una vez solicitada la imposición de la multa civil, Bayer ya no tiene ningún papel que desempeñar en la instancia, que le es ajena totalmente. Aunque, en un primer momento, la instancia de base puso en contacto a Realchemie y a Bayer como partes del litigio, respecto a la instancia que da lugar a la imposición de la multa, el litigio ya sólo afecta a Realchemie y al juez, es decir, al sujeto que ha incumplido la resolución judicial y a la autoridad que la adoptó. El litigio se ha deslizado ostensiblemente de una relación de Derecho privado estricto –la resolución del litigio de base entre Realchemie y Bayer– a una relación que presenta sin duda elementos de Derecho público, a saber, la sanción del incumplimiento de una resolución judicial.\n66. Este análisis se ve confirmado por el hecho de que Bayer no es el beneficiario de la multa civil, que debe ser ingresada en la caja del tribunal en favor del poder público. La recaudación de la multa civil corresponde exclusivamente a las autoridades judiciales, sin intervención alguna de la parte que instó el procedimiento. La combinación de estos elementos demuestra que la ejecución de la multa civil sirve para ejercitar la potestad del Estado de reprimir las acciones o inacciones contrarias a las órdenes dictadas, y no el derecho de Bayer a que se respete su derecho de propiedad intelectual.\n67. Sin llegar a pretender que la multa civil sea plenamente asimilable a una resolución de carácter penal, considero que las indicaciones del informe Schlosser (29) para explicar la distinción entre Derecho civil y Derecho penal pueden ser de utilidad y arrojar luz acerca de la postura que debe adoptarse ante un caso tan ambiguo. En el punto 29 de dicho informe, se indica que «los procedimientos y las resoluciones penales de todo tipo quedaban excluidos del ámbito de aplicación del Convenio. Esto se refiere no sólo al procedimiento criminal stricto sensu: los demás procedimientos represivos aplicables en caso de violación de órdenes y prohibiciones de interés público tampoco pertenecen al Derecho civil. En algunos casos puede ser bastante difícil calificar las penas de carácter privado que existen, bajo diversas formas, en muchos sistemas jurídicos […]. Como muchos sistemas jurídicos autorizan a los demandantes privados a intervenir también en un procedimiento público penal, no es posible utilizar como criterio de delimitación la naturaleza de la persona que ha entablado el procedimiento. El elemento determinante es saber si la sanción beneficia o no individualmente al demandante privado o a cualquier otra persona privada. Por esta razón, las resoluciones dictadas por los órganos jurisdiccionales laborales daneses y que condenan a que se pague una multa al demandante o a cualquier otra parte perjudicada individualmente pertenecen al ámbito del Convenio».\n68. Aplicado al presente caso, el informe Schlosser confirma mi planteamiento inicial. Nos hallamos efectivamente ante un procedimiento de carácter represivo, aplicable en caso de incumplimiento de una orden. El criterio de la persona que ha entablado el procedimiento debe considerarse secundario, pues el elemento fundamental es el que consiste en determinar a quién beneficia la sanción y si el pago de la multa se efectúa en beneficio del demandante, parte privada. En el caso de autos, el derecho de iniciativa corresponde a Bayer, pero no es dable afirmar que se beneficia de la sanción, ya que no se le abona la multa. En consecuencia, no se reúnen todos los requisitos para considerar que la multa civil está incluida en la materia civil y mercantil y, por tanto, en el ámbito de aplicación del Reglamento nº 44/2001.\nc) Análisis comparado de la multa civil y de la multa coercitiva prevista en el artículo 49 del Reglamento nº 44/2001\n69. Las partes interesadas discrepan también sobre la cuestión de si la multa civil puede considerarse una multa coercitiva conforme al artículo 49 del Reglamento nº 44/2001. El Gobierno alemán, en particular, considera que la analogía es perfectamente posible, ya que en Derecho alemán la multa coercitiva y la multa civil apenas se distinguen, pues ambas deben abonarse en beneficio del Estado y el propio texto de dicho Reglamento no distingue en función de que la multa coercitiva se abone al Estado o a un particular.\n70. Sin embargo, es preciso señalar que el artículo 49 del referido Reglamento no ha consagrado la concepción alemana de la multa coercitiva. Así lo indica, en cualquier caso, el punto 213 del informe Schlosser, según el cual la multa coercitiva consiste en que «el demandado es condenado a cumplir el acto de que se trate y, al mismo tiempo, a abonar una cantidad de dinero al demandante para el caso de incomparecencia de éste. […] No obstante, el Convenio no regula la cuestión de si puede procederse a tal ejecución en el caso de una multa coercitiva impuesta por la inobservancia de una resolución judicial, no en favor de la parte que solicita la ejecución, sino en beneficio del Estado». Así pues, aun cuando el Tribunal de Justicia considerase que la multa civil es asimilable a una multa coercitiva –lo cual dudo–, ello no permitiría resolver la cuestión basándose únicamente en el artículo 49 del Reglamento nº 44/2001, puesto que, según el informe Schlosser, el legislador de la Unión no ha pretendido abarcar con este medio las situaciones en que una multa coercitiva o una medida similar se abona en beneficio del Estado en caso de inobservancia de una resolución judicial.\n71. Además, el informe Pocar (30) precisa que el hecho de no incluir, entre las medidas del Reglamento nº 44/2001, las multas coercitivas abonadas al Estado por incumplimiento de una resolución judicial no se debe a que se ignore la existencia de tal mecanismo, sino, más bien, a la voluntad de los autores. Respecto del artículo 49 del citado Reglamento, dicho informe recuerda que «se ha señalado que esta disposición deja abierta la cuestión de si entran en su campo de aplicación las sanciones pecuniarias por desacato de resoluciones judiciales, cuyo importe no percibe el acreedor sino el Estado». (31) Continúa precisando que, «durante los trabajos de revisión se señaló que sería útil aclarar el texto a este respecto; sin embargo, el Grupo ad hoc prefirió no incluir expresamente las multas que percibe el Estado, porque una resolución en favor del Estado puede tener carácter penal, de modo que introducir un cambio en esta disposición podría equivaler a introducir un aspecto penal en un Convenio cuya materia es civil y mercantil. Por tanto, sólo puede considerarse que la disposición se refiere al pago de multas coercitivas al Estado cuando éstas sean claramente de carácter civil y siempre que su ejecución sea solicitada por una parte privada en el procedimiento para el otorgamiento de la ejecución de la resolución, con independencia de que el pago haya de ser al Estado». Ahora bien, como he demostrado, el carácter civil de la multa, en el sentido del artículo 890 de la ZPO, no es en modo alguno evidente.\n72. En relación con esta multa civil, señalaré asimismo que el objetivo de la multa coercitiva, en el sentido del Reglamento nº 44/2001 –que, por tanto, hay que distinguir de la concepción alemana– es incitar al demandado a que cese en la violación del derecho del demandante. Si bien la multa civil se impone por un importe fijo, la multa coercitiva consiste en el pago de una «cuantía de dinero por día de retraso con vistas a obligar al deudor a que cumpla sus obligaciones». (32) El deudor tiene la posibilidad de sustraerse al pago de la multa coercitiva, especialmente, cumpliendo sus obligaciones. En el marco de la multa civil, el comportamiento del deudor posterior a la imposición de aquélla no tiene ninguna incidencia; a partir del momento en que se impone, la multa civil debe pagarse, siendo irrelevante que el deudor cumpla finalmente sus obligaciones. Ello constituye un elemento crucial que, habida cuenta igualmente de las observaciones del informe Schlosser, debería convencernos de que no se puede responder a la cuestión planteada a la luz del artículo 49 del citado Reglamento.\n73. En atención a las consideraciones anteriores, propongo responder a la primera cuestión prejudicial que una resolución por la que el deudor de una obligación contenida en una resolución judicial previa es condenado, por incumplir tal obligación y a instancia de la otra parte del litigio, a ingresar en la caja del tribunal una multa, denominada «civil», con arreglo al artículo 890 de la ZPO, no está incluida en el concepto de «materia civil y mercantil» conforme al artículo 1 del Reglamento nº 44/2001.\n74. Si el Tribunal de Justicia debiera considerarlo de otro modo, y a pesar de que el órgano jurisdiccional remitente le haya planteado únicamente la cuestión del alcance del artículo 1 del Reglamento nº 44/2001, considero necesario que aquél recuerde a éste que no basta con que una resolución esté incluida en la materia civil y mercantil para ser reconocida y ejecutada en el Estado requerido. Por el contrario, el órgano jurisdiccional remitente debe comprobar, además, que la resolución objeto del procedimiento de exequátur ha sido adoptada, en el Estado de origen, respetando el derecho de defensa, que la misma es efectivamente un título ejecutivo y que la parte que solicita su reconocimiento y ejecución en el Estado requerido es verdaderamente una «parte interesada», en el sentido del artículo 38 del citado Reglamento.\n75. Sobre estos tres puntos, me limitaré a recordar los elementos de los autos a propósito de los cuales se debe llamar, en particular, la atención del órgano jurisdiccional remitente.\n76. En lo que atañe al respeto del derecho de defensa, el Tribunal de Justicia ya ha declarado que «todas las disposiciones del Convenio […] expresan la intención de velar por que, en el marco de los objetivos del Convenio, los procedimientos que conducen a la adopción de las resoluciones judiciales se tramiten respetando los derechos de defensa». (33) A este respecto, Realchemie afirma, en sus observaciones escritas, que la resolución de base fue dictada sin fase oral ni requerimiento previo. Por otra parte, asegura que sólo tuvo conocimiento de la resolución que impone la multa civil tras haber sido adoptada. No obstante, el artículo 891 de la ZPO, (34) de acuerdo con lo indicado por el Gobierno alemán, exige oír previamente al deudor cuando el juez tenga intención, instado por el demandante, de imponer una multa civil en virtud del artículo 890 de la ZPO.\n77. En cuanto al carácter ejecutorio de la resolución que impone la multa civil, Realchemie afirmó que ésta no es, como tal, un título ejecutivo, sino que únicamente el cálculo de las costas reviste ese carácter, especialmente por el hecho de que se menciona la identidad del acreedor –la autoridad pública–, a diferencia de dicha resolución. Interrogado el Gobierno alemán en la vista acerca de este extremo, no pudo ilustrar al Tribunal de Justicia. Por tanto, hay que limitarse a recordar que el artículo 38 del Reglamento nº 44/2001 prevé, a este respecto, que únicamente las resoluciones dictadas en un Estado miembro que allí fueren ejecutorias podrán ejecutarse en otro Estado miembro cuando se hubiere otorgado su ejecución en éste último, (35) y dejar al tribunal remitente la apreciación del carácter ejecutorio de la resolución controvertida.\n78. Por último, aun suponiendo que la resolución que impone la multa civil tenga efectivamente carácter ejecutorio en el Estado de origen, queda aún por resolver la cuestión de si Bayer puede solicitar su ejecución en el Estado requerido; en otros términos, si es una «parte interesada» en el sentido del artículo 38 del Reglamento nº 44/2001. Señalaré que la normativa alemana parece indicar claramente que el presidente del tribunal que adoptó dicha resolución es el único órgano encargado de la ejecución. De la lectura de los documentos obrantes en autos no se desprende de manera evidente que Bayer tenga derecho en Alemania a instar la ejecución de la referida resolución en nombre de la autoridad judicial. En estas circunstancias, el órgano jurisdiccional remitente deberá tener presente las indicaciones del informe Jenard según las cuales «la expresión “a instancia de la parte interesada” implica que el derecho de solicitar la ejecutoria pertenece a cualquier persona que pueda beneficiarse de la resolución judicial en el Estado de origen». (36)\n79. Habida cuenta de las incertidumbres y ambigüedades de que adolecen los autos –que se explican por haber optado el órgano jurisdiccional remitente por centrar su cuestión en el artículo 1 del Reglamento nº 44/2001–, el Tribunal de Justicia no dispone de los elementos necesarios para dar respuestas definitivas, pero deberá llamar la atención del órgano jurisdiccional remitente acerca de estos tres puntos en el supuesto de que debiera concluir, en contra de lo que propongo, que la resolución controvertida está realmente incluida en la materia civil y mercantil conforme al artículo 1 de dicho Reglamento.\n80. En su adhesión a la casación ante el órgano jurisdiccional remitente, Bayer solicitó que se desestimara el recurso de casación de Realchemie y que se condenara a ésta a cargar con las denominadas costas «efectivas», en virtud del artículo 14 de la Directiva 2004/48, en relación con el artículo 1019h de la Ley de Enjuiciamiento Civil neerlandesa, mediante el que se lleva a cabo la transposición del artículo de la Directiva en el Derecho neerlandés. Dicho artículo 1019h prevé una condena en costas más elevada que la ordinaria en los asuntos incluidos en el ámbito de aplicación de la citada Directiva. (37)\n81. Mediante la segunda cuestión planteada al Tribunal de Justicia, el órgano jurisdiccional remitente pide fundamentalmente que se dilucide si a las costas correspondientes a un procedimiento de exequátur entablado en los Países Bajos, en el que se solicita el reconocimiento y ejecución de seis resoluciones adoptadas en Alemania en el marco de un litigio relativo a la tutela de un derecho de propiedad intelectual, es aplicable el artículo 14 de la Directiva 2004/48, que obliga a los Estados miembros a garantizar que las costas procesales en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, en principio, a cargo de la parte vencida. Por tanto, se trata de determinar si tal procedimiento de exequátur está incluido en el ámbito de aplicación de dicha Directiva.\n82. Mucho antes de la adopción de la Directiva 2004/48, la Comunidad había celebrado el Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, (38) cuyo artículo 41 dispone que «los Miembros se asegurarán de que en su legislación nacional se establezcan procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual […] que permitan la adopción de medidas eficaces contra cualquier acción infractora de los derechos de propiedad intelectual». Con el objetivo de aumentar la eficacia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, el artículo 45 de dicho Acuerdo establece el principio según el cual las autoridades judiciales estarán facultadas para ordenar al infractor que pague al titular del derecho de propiedad intelectual violado las costas procesales en sentido amplio.\n83. La Directiva 2004/48, como recuerdan sus considerandos cuarto y quinto, se inscribe en la línea de las obligaciones internacionales de la Comunidad que acaban de mencionarse. Reconociendo la importancia de la protección de la propiedad intelectual para la promoción de la innovación y de la creación, así como para el desarrollo del empleo y la mejora de la competitividad, (39) el legislador de la Unión declaró la necesidad de «garantizar que el Derecho sustantivo de propiedad intelectual […] se aplique de manera efectiva en la Comunidad». (40) Al debilitar su contenido las disparidades entre los Estados miembros, (41) esta Directiva tiene por objeto garantizar a los titulares, mediante la aproximación de las legislaciones en la materia, el respeto de los derechos de propiedad intelectual, estableciendo las medidas, procedimientos y recursos necesarios al efecto. (42) Según el artículo 2 de dicha Directiva, «las medidas, procedimientos y recursos […] se aplicarán […] a todas las infracciones de los derechos de propiedad intelectual tal y como estén previstos en el Derecho comunitario o en el Derecho nacional del Estado miembro de que se trate». En el supuesto de que tales medidas, procedimientos y recursos sean necesarios para tutelar un derecho de propiedad intelectual, la citada Directiva establece que «los Estados miembros garantizarán que las costas procesales, siempre que sean razonables y proporcionadas, y demás gastos en que haya podido incurrir la parte vencedora corran, como regla general, a cargo de la parte perdedora.» (43)\n84. Dado que el objetivo del legislador de la Unión es proporcionar una mayor protección a los titulares de los derechos de propiedad intelectual, cabe afirmar que, dado que el litigio entre Bayer y Realchemie en Alemania tiene por objeto la protección de un derecho de propiedad intelectual, el procedimiento de exequátur iniciado en los Países Bajos a instancia de Bayer constituye una suerte de prolongación de dicho litigio y puede considerarse relativo, éste también, a la violación de un derecho de propiedad intelectual, en el sentido de la Directiva 2004/48, cuyo cese pretende Bayer mediante el reconocimiento del carácter ejecutorio de las resoluciones dictadas en Alemania. En consecuencia, estaríamos ante un procedimiento al que resulta aplicable dicha Directiva y por tanto su artículo 14.\n85. Con todo y con ello, este enfoque no me convence por tres razones principales.\n86. La primera de ellas es que, en mi opinión, no cabe afirmar que el objeto de un procedimiento de exequátur sea, propiamente dicho, la protección de un derecho sustantivo. Su objeto lo constituye, más bien, la comprobación de que se reúnen objetivamente los requisitos necesarios para el reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales de que se trate en el Estado requerido. Constituye una etapa previa a la fase de la ejecución, cuyo fin sí es efectivamente la protección del derecho de que se trate, iniciada en el Estado miembro de origen.\n87. La segunda razón es que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 está plenamente justificado por la naturaleza particular del contencioso relativo a los derechos de propiedad intelectual. La Comisión afirmó en sus observaciones escritas, fundadamente a mi juicio, que el objetivo del citado artículo 14 es que los titulares de derechos de propiedad intelectual no se vean disuadidos de ejercitar una acción judicial por el coste –potencialmente elevado– del procedimiento. La efectividad de los derechos de propiedad intelectual implica naturalmente su tutela judicial. Al establecer medidas, procedimientos y recursos necesarios al efecto y al sentar el principio de que las costas procesales deben correr a cargo, en principio, de la parte perdedora, la citada Directiva establece condiciones favorables para que los justiciables que puedan acogerse a las mismas entablen procedimientos judiciales. Por tanto, la razón de ser del referido artículo 14 reside en la peculiaridad de los procedimientos y medios de prueba en el ámbito de la propiedad intelectual, donde los gastos de investigación o de peritaje pueden ser muy elevados. (44) Ahora bien, el importe de los gastos efectuados en el marco de un procedimiento de exequátur no es comparable a los efectuados en el marco de un procedimiento que tiene por objeto la constatación de una violación de un derecho de propiedad intelectual y considero que no puede disuadir a una parte lesionada de iniciar tal procedimiento. (45) No es justificado reconocer ningún tipo de especificidad a los procedimientos de exequátur cuyo objeto son resoluciones dictadas en otro Estado miembro en relación con un derecho de propiedad intelectual.\n88. En tercer lugar, esta interpretación se ve confirmada por el considerando 11 de la Directiva 2004/48, según el cual ésta «no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre cooperación judicial, competencia judicial, reconocimiento y ejecución de las decisiones en materia civil y mercantil, ni tratar de la legislación aplicable. Estas materias están reguladas con carácter general por instrumentos comunitarios, que, en principio, son igualmente aplicables a la propiedad intelectual.» Si dicha Directiva no tiene por objeto establecer normas armonizadas sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil, considero por tanto que la misma no pretende, a fortiori, establecer una regla general para regular la condena en costas en el marco de un procedimiento de exequátur.\n89. El citado considerando 11 supone que la Directiva 2004/48 es aplicable sin perjuicio del Reglamento nº 44/2001. Según éste, tal examen debe limitarse a determinar si la resolución versa sobre materia civil y mercantil. Considerar que el artículo 14 de dicha Directiva exige una diferente tasación de las costas cuando se trata de reconocer y ejecutar una resolución relativa a la violación de un derecho de propiedad intelectual implica, de un modo u otro, un examen en cuanto al fondo de la resolución que excedería el mero control previsto en el artículo 1 del Reglamento nº 44/2001. El imperativo de simplificación y de celeridad del procedimiento de exequátur tal como se establece en dicho Reglamento (46) se vería igualmente comprometido, sin que ello esté especialmente justificado.\n90. Por todo ello, propongo que el artículo 14 de la Directiva 2004/48 sea interpretado en el sentido de que no es aplicable en el marco de un procedimiento de exequátur que tiene por objeto el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales relativas a la violación de un derecho de propiedad intelectual.\n91. Por todo cuanto antecede, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las dos cuestiones prejudiciales planteadas por el Hoge Raad der Nederlanden del siguiente modo:\n«1) La resolución judicial por la que el deudor de una obligación contenida en una resolución judicial previa es condenado, por incumplir tal obligación y a instancia de la otra parte del litigio, a ingresar en la caja del tribunal una multa, denominada “civil”, con arreglo al artículo 890 de la Zivilprozessordnung (Ley de Enjuiciamiento Civil alemana), no está incluida en el concepto de “materia civil y mercantil” conforme al artículo 1 del Reglamento (CE) nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.\n2) El artículo 14 de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual, debe interpretarse en el sentido de que no es aplicable en el marco de un procedimiento de exequátur que tiene por objeto el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales relativas a la violación de un derecho de propiedad intelectual.»\n3 –\tDO L 157, p. 45; corrección de errores en DO L 195, p. 16.\n4 Versión consolidada en DO 1998, C 27, p. 1.\n5 –\tMediante resolución de 29 de agosto de 2006, el Landgericht Düsseldorf fijó las costas en 7.829,60 euros.\n6 –\tMediante resolución de 19 de septiembre de 2006, el Landgericht Düsseldorf fijó las costas en 898,60 euros.\n7 –\tMediante resolución de 11 de noviembre de 2006, el Landgericht Düsseldorf fijó las costas en 852,40 euros.\n8 –\tVéase el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2004/48.\n9 –\tVéase el punto 6 de las presentes conclusiones.\n10 –\tSentencia de 23 de abril de 2009, Draka NK Cables y otros (C‑167/08, Rec. p. I‑3477), apartado 20.\n11 –\tComo el informe de Jenard, J., sobre el Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1979, C 59, p. 54; texto en español en DO 1990, C 189, p. 122) (en lo sucesivo, «informe Jenard») y el informe de Schlosser, P., sobre el Convenio de 9 de octubre de 1978 relativo a la adhesión del Reino de Dinamarca, de Irlanda y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte al Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, así como al Protocolo relativo a su interpretación por el Tribunal de Justicia (DO 1979, C 59, p. 71; texto en español en DO 1990, C 189, p. 184) (en lo sucesivo, «informe Schlosser»). Se tendrá en cuenta asimismo el informe explicativo de Pocar, F., sobre el Convenio relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil firmado en Lugano el 30 de octubre de 2007 (DO 2009, C 319, p. 1) (en lo sucesivo, «informe Pocar»), puesto que el Reglamento nº 44/2001 sirvió de base a este Convenio.\n12 –\tSentencia de 15 de febrero de 2007, Lechouritou y otros (C‑292/05, Rec. p. I‑1519), apartado 28.\n13 –\tA propósito del artículo 1 del Convenio de Bruselas, véanse las sentencias de 14 de octubre de 1976, LTU (29/76, Rec. p. 1541), apartado 3; de 16 de diciembre de 1980, Rüffer (814/79, Rec. p. 3807), apartado 7 y jurisprudencia citada, y de 21 de abril de 1993, Sonntag (C‑172/91, Rec. p. I‑1963), apartado 18. A propósito del Reglamento nº 44/2001, véanse las sentencias Draka NK Cables y otros, antes citada, apartado 19 y jurisprudencia mencionada, y de 23 de abril de 2009, Falco Privatstiftung y Rabitsch (C‑533/07, Rec. p. I‑3327), apartado 20 y jurisprudencia mencionada.\n14 –\tDe los autos se desprende que la resolución de base contenía efectivamente tal requerimiento dirigido a Realchemie.\n15 –\tArtículo 891 de la ZPO.\n16 –\tArtículo 1, apartado 1, número 3, de la JBeitrO.\n17 –\tDe las observaciones escritas de Realchemie se desprende que el órgano encargado de la ejecución de la multa civil realizó efectivamente un cálculo de las costas el 23 de agosto de 2006.\n18 –\tSentencias de 27 de marzo de 1979, de Cavel (143/78, Rec. p. 1055), apartado 8; de 26 de marzo de 1992, Reichert y Kockler (C‑261/90, Rec. p. I‑2149), apartado 32, y de 17 de noviembre de 1998, Van Uden (C‑391/95, Rec. p. I‑7091), apartado 33.\n19 –\tSentencias LTU, antes citada, apartado 4; de 14 de noviembre de 2002, Baten (C‑271/00, Rec. p. I‑10489), apartado 29; de 15 de mayo de 2003, Préservatrice foncière TIARD (C‑266/01, Rec. p. I‑4867), apartado 21, y Lechouritou y otros, antes citada, apartado 30.\n20 –\tSentencia de 5 de febrero de 2004, Frahuil (C‑265/02, Rec. p. I‑1543), apartado 20 y jurisprudencia citada.\n21 –\tIbídem, apartado 21.\n22 –\tSentencia de 28 de abril de 2009, Apostolides (C‑420/07, Rec. p. I‑3571), apartado 45.\n23 –\tSentencias, antes citadas, LTU, apartado 4; Rüffer, apartado 8; Sonntag, apartado 20; Baten, apartado 30; Préservatrice foncière TIARD, apartado 22; Lechouritou y otros, apartado 31, y Apostolides, apartado 43.\n24 –\tSentencias, antes citadas, Lechouritou y otros, apartado 33 y jurisprudencia mencionada, y Apostolides, apartado 44. Para un análisis sistemático de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre este particular, me remito a las conclusiones del Abogado General Ruiz-Jarabo Colomer presentadas en el asunto que dio lugar a la sentencia Lechouritou y otros, antes citada, y más concretamente al punto 37 y siguientes de dichas conclusiones.\n25 –\tSentencia de 25 de julio de 1991, Rich (C‑190/89, Rec. p. I‑3855), apartado 26. El subrayado es mío.\n26 –\tSentencia de 20 de enero de 1994, Owens Bank (C‑129/92, Rec. p. I‑117), apartado 34.\n27 –\tVéase la jurisprudencia citada en la nota 19.\n28 –\tEn efecto, no hay que perder de vista que la resolución de base es sólo una medida provisional, que resuelve por tanto con carácter preventivo una supuesta violación –no acreditada aún totalmente– de un derecho de propiedad intelectual por parte de Realchemie.\n29 –\tCitado en la nota 11.\n30 –\tCitado en la nota 11.\n31 –\tPunto 167 de dicho informe.\n32 –\tInforme Jenard, antes mencionado (p. 54).\n33 –\tSentencia de 13 de julio de 1995, Hengst Import (C‑474/93, Rec. p. I‑2113), apartado 16 y jurisprudencia citada.\n34 –\tVéase el punto 18 de las presentes conclusiones.\n35 –\tEl informe Jenard indica que tal carácter ejecutorio es una «cualidad del documento cuya ejecución se solicita [que] debe existir, en cualquier caso, con arreglo al derecho del país de origen de la resolución judicial y […] no hay razones para dar a una resolución extranjera derechos que no tiene en el país de origen» (p. 48). Véanse asimismo la sentencia de 29 de abril de 1999, Coursier (C‑267/97, Rec. p. I‑2543), apartado 23, y, citando al informe Jenard sobre este particular, la sentencia Apostolides, antes citada, apartado 66.\n36 –\tInforme Jenard, antes citado (p. 49).\n37 –\tDestacaré que en los autos no hay información sobre la redacción exacta de dicha disposición de Derecho neerlandés y, por tanto, sobre la diferencia existente entre la condena en costas ordinaria y la condena en costas regulada en el citado artículo 1019h.\n38 –\tEl cual constituye el anexo 1 C del Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio, firmado en Marrakech el 15 de abril de 1994 y aprobado por la Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en nombre de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los temas de su competencia, de los acuerdos resultantes de las negociaciones multilaterales de la Ronda Uruguay (1986-1994) (DO L 336, p. 1).\n39 –\tVéanse los considerandos primero y segundo de la Directiva 2004/48.\n40 –\tTercer considerando de la Directiva 2004/48.\n41 –\tVéanse los considerandos séptimo a noveno de la Directiva 2004/48.\n42 –\tArtículo 1 de la Directiva 2004/48.\n43 –\tArtículo 14 de la Directiva 2004/48.\n44 –\tComo recordó la Comisión en su exposición de motivos, véase la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas y procedimientos destinados a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual [COM(2003) 46 final], de 30 de enero de 2003 (p. 9).\n45 –\tPor otra parte, quisiera resaltar que en el asunto principal Realchemie fue condenada a cargar con las costas correspondientes al procedimiento de exequátur, aunque Bayer pretende una condena más elevada.\n46 –\tSentencia Draka NK Cables y otros, antes citada, apartados 26 y 30.


Aseguró que el peronismo en Catamarca logró mantener su porcentaje histórico. Y dijo que como presidente del PJ nacional irá "hasta el último pueblito de la Nación" para apoyarlo.\nLejos de reconocer el duro revés electoral del Frente Justicialista para la Victoria, el ex presidente de la Nación y actual titular del PJ, Néstor Kirchner, optó por minimizar el triunfo del Frente Cívico y Social. Y hasta prefirió reinstalar la pelea con el diario porteño Clarín, a quien reclamó esta vez el tratamiento que le dio el medio periodístico a la derrota que sufrió el peronismo catamarqueño apadrinado por él y su esposa Cristina Fernández.\nA su vez, cuestionó la "interpretación forzada" que se hace de su resultado y sostuvo que, pese al triunfo del Frente Cívico y Social, "el peronismo ha hecho una buena elección".


Toni Segarra. Un tipo que escribe anuncios | RTVE.es\nCon el anuncio del perro Pippin consiguió llevarse un Grand Prix en Cannes\n22.05.2017 | 21:00 horas\nPor JOSÉ MANUEL PINILLO / IMPRESCINDIBLES\nImprescindibles - Toni Segarra. Un tipo que escribe anuncios - avance\nUno de los mejores creativos publicitarios de nuestro tiempo: Toni Segarra. tve\nLa publicidad nos rodea. Forma parte de nuestras vidas, de nuestra memoria y de nuestra cultura, y es un puro reflejo de nuestra sociedad. Sin embargo, los que la piensan y hacen son unos grandes desconocidos.\nJugando con los mecanismos publicitarios como recurso narrativo nos adentramos en este medio a través del mejor director creativo de nuestro país: Toni Segarra.\nMiramos una media de cuatro horas de televisión al día. Esto significa que nos tragamos aproximadamente 45 minutos de publicidad cada día sólo en la televisión.\nLa publicidad provoca sentimientos encontrados . Por un lado se le reconoce una gran creatividad. Por otro no es juzgada positivamente.\n“La publicidad es, posiblemente, un mero espejo de la sociedad“\nA pesar de ello, la publicidad es, posiblemente, un mero espejo de la sociedad pues, no en vano, las marcas se preocupan de conocernos, captar nuestras inquietudes, preocupaciones y anhelos y servirnos sus productos empaquetados para que llenen nuestras (?) necesidades.\nEn 2009, Toni Segarra publicó sus reflexiones sobre el oficio de la publicidad tve\nYa sabemos por qué se hace la publicidad: para vender. Pero, ¿cómo se hace? ¿qué procesos se siguen? ¿como es la industria que hay detrás? Y, sobre todo, ¿quien la crea?\nLa publicidad a través de alguien que se ha dedicado a ella toda la vida, que ha reflexionado sobre ella y que ha triunfado en este medio sin rehuir los temas más polémicos. Uno de los mejores creativos publicitarios de nuestro tiempo: Toni Segarra.\nToni Segarra, en una reunión con su equipo de trabajo\nUno de los mejores creativos publicitarios de nuestro tiempo: Toni Segarra.\n¿Quién es Toni Segarra?\nToni Segarra es Toni Segarra y todos los que han trabajado en publicidad lo saben.\n“Con el anuncio del perro Pippin consiguió llevarse un Grand Prix en Cannes“\nCon el anuncio del perro Pippin consiguió llevarse un Grand Prix en Cannes, cuando ese premio era grande de verdad. Es el único español en la lista de las 100 top creative minds de la revista Shots. Según una encuesta realizada por la revista Anuncios entre la profesión, Toni Segarra es el mejor creativo español del siglo XX.\n“Toni Segarra es el mejor creativo español del siglo XX“\nSe licenció en filología hispánica porque iba para escritor. El grafismo le atrapó desde alguna revista alemana y comenzó junto a su hermano en esto de la publicidad a los 25 años. Primero fueron sólo textos y después la dirección creativa. Desde 1985 hasta hoy, Toni Segarra ha acumulado premios y más premios en un largo viaje por diferentes agencias: Vinizius, Vizeversa, Casadevall Pedreño SPR (él era la S), Delvico Bates y SCPF (él es la S).\n“En 2009, publicó sus reflexiones sobre el oficio de la publicidad“\nEn 2009, publicó sus reflexiones sobre el oficio de la publicidad: Desde el otro lado del escaparate, un libro en el que lamentablemente no desvela cómo metió en nuestras cabezas frases como:\n“Be water my friend” o\n“¿A qué huelen las nubes?”.\nGran Premio del Festival de Cannes, + de 37 Leones de oro, plata y bronce y + de 100 soles, el Gran Premio del Festival de Nueva York, Festival de Londres, el del FIAP, el de San Sebastián, Epicas, Clios, Laus, One Show, Communication Arts...\nTinc una idea - Persones: Toni Segarra, publicista: L'ofici de la persuasió


La ciudad acogió un encuentro andaluz de amigos del Land Rover (Vídeo) - Sanlúcar Digital\n25 de abril de 2022 Sanlúcar Digital Noticias, Sociedad\nSanlúcar se ha convertido, este año más que nunca, en lugar elegido por numerosos colectivos de toda la comunidad autónoma para sus encuentros anuales. Uno de ellos ha tenido lugar este fin de semana con el “IX Encuentro de Amigos del Land Rover Santana”, una reunión anual que en esta ocasión ha elegido Sanlúcar por haber sido elegida Capital Española de la Gastronomía.\nEste año han participado 50 Land Rover clásicos que estuvieron el viernes a modo de exposición en la zona de Bajo de Guía el viernes y en la Calzada el sábado y domingo, desde donde partió una caravana que recorrió distintos puntos de la localidad para dirigirse a La Algaida.\nLa delegada de Seguridad Ciudadana Teresa Rúa, dio la bienvenida a los participantes y fue la encargada de cortar la cinta que daba pie al recorrido por la calles de la ciudad.\nEl Palacio de Arizón acogía ayer la última de las actividades del proyecto integral del tejido asociativo de la delegación Leer Más\nEtiquetas IX Encuentro de Amigos del Land Rover Santana Teresa Rúa\nEl comercio local presenta la colección primavera verano de un desfile de moda este viernes\nMoreno adelanta las elecciones en Andalucía al 19 de junio en busca de un Gobierno sin Vox


"La Gran Recogida" se pone como reto conseguir 40.000 kilos de alimentos\nJueves, 02 Noviembre 2017 20:53\nLa Gran Recogida de Alimentos se desarrollará este año el 1 y 2 de diciembre en once supermercados de Soria y también en otros centros comerciales de catorce localidades de la provincia.\nEl Banco de Alimentos de Soria ha presentado esta mañana a los medallistas olímpicos sorianos Abel Antón y Fermín Cacho y a su entrenador Enrique Pascual Oliva como “padrinos” de la Gran Recogida 2017, que tendrá lugar los días 1 y 2 de diciembre en un total de 27 establecimientos, tanto de la capital como de la provincia.\nEn la presentación han intervenido, tanto los atletas de oro solidarios como el presidente del Banco Ángel Crespo.\nLos medallistas olímpicos y su entrenador se han mostrado dispuestos a colaborar en todo lo que sea animar a la población a participar como voluntarios y a los sorianos a donar alimentos que se destinarán a los más desfavorecidos.\nTras el arranque de campaña, el trio de “Padrinos” de la G.R. 2017 participará como cualquier voluntario más los días de la campaña en tiendas de la capital.\nDicen que “es obligado ayudar a los ciudadanos que lo están pasando mal”, que entre la capital y provincia alcanza la cifra de “unas 4.600 personas”, según el presidente de BALSO Ángel Crespo.\nEste año, por primera vez, para facilitar la tarea de inscripción los voluntarios que deseen colaborar en la recogida de alimentos podrán hacerlo a través de la página web: bancodealimentosdesoria.org.\nSólo hay que acceder al enlace INSCRIPCIÓN TURNOS GRAN RECOGIDA 2017.\nAsí mismo podrá tramitarse en el correo electrónico balso.soria@yahoo.es y en los teléfonos 975 10 00 20, 616 37 40 42 y 662 18 84 44.\nAdemás en la tienda de deportes “Antón&Cacho”, de El Collado 44, habrá unos boletines de inscripción para la recogida de datos personales.\nEl Banco de Alimentos necesita para los días de la Gran Recogida más de 250 voluntarios.\nId propio: 17172


Universidades en Rennes - Directorio - Listado - Guía - universidades - Ille y vilaine - Bretaña - Francia - Universitiesintheworld\nPágina principal › Por país › Francia › Bretaña › Ille y vilaine › Universidades en rennes\nUniversidades en rennes Ille y vilaine > Bretaña > Francia\nUniversidades en Rennes recomendadas:\n¿Tu universidad es un centro de referencia entre otras Universidades en Rennes? Seguramente la podrás encontrar en Universitiesintheworld haciendo una búsqueda por palabras claves. El resultado de tu búsqueda aparecerá en la parte más inferior de la página. Entra en el enlace que te proporcionamos y revisa la información de su registro. Si vislumbras algún error o hay algún dato importante omitido, facilítanos cualquier información y nosotros corregiremos estos fallos lo antes posible .\nTener las aulas con aforo completo es el objetivo de todas las universidades de Rennes. Si quieres captar alumnado para tu centro, lo primero que debes hacer es darlo de alta en esta página, añadiendo su información de la forma más completa y exacta posible. Las instituciones no paran de inventar estrategias para conseguir aumentar su cartera de estudiantes, y desde luego que tener tu centro registrado en Universitiesintheworld te dará muchos puntos de ventaja.\nRennes cuenta con 209375 habitantes y es un lugar a donde se mueve gente de todo el mundo para empezar su vida académica. Todas las Universidades en Rennes que puedes encontrar en el mapa que ves más abajo son opciones válidas para iniciar esta nueva etapa en tu vida, pero sabes que es ineludible tener que elegir una. Y es por esto que te facilitamos una vista panorámica de su ubicación, y así podrás averiguar la distancia que hay entre tu universidad de elección y el punto donde te encuentras o a dónde tienes pensado ir a vivir.\n¿Cuántas razones hay para que vengas a hacer un intercambio en Rennes? ¿Te suena esto como una aventura o un sueño que no sería finalmente capaz de realizar? Tú pones los límites que quieras en tu vida, pero si en este caso realmente quieres vivir esta fantástica experiencia, ¡empieza ya a organizar todos los detalles para cumplir tu sueño! Varias Universidades en Rennes ofrecen esta posibilidad y te pueden informar de todos los requisitos que debes cumplir antes de que finalmente te reciban. Solicítales información ahora mismo y no pierdas ni un minuto más pensando en si debería o no hacerlo. Si ya has llegado hasta aquí, está claro que esto es lo que realmente te gustaría hacer.\nUniversidades en Rennes por categoría\nLas universidades privadas de Rennes (Francia) proporcionan a su alumnado diversas facilidades para acceder más rápidamente a su primer empleo. Aulas no masificadas, con grupos reducidos, en las cuales encontrarás compañeros igual de interesados en aprender que tú, y un profesorado que se preocupa en atender a todas las necesidades de sus alumnos, dentro de clase o fuera de ellas, mediante tutorías\nEstudiar en instituciones públicas es la elección de la mayoría de los alumnos. Es una experiencia muy enriquecedora, porque además de aprender lo que necesitas para desarrollar tu oficio el día de mañana, puedes conocer a muchas personas y hacer muchos amigos para toda la vida. Haz click en el enlace que encuentras más arriba si quieres conocer todas las instituciones públicas de Rennes (Francia)\nInstituciones de educación superior en Rennes (Francia) que han obtenido mayores puntos en los principlaes indicadores de calidad de los últimos años. Calidad indiscutible de la educación y altas tasas de empleabilidad. Entra y conoce cuáles son estos centros de educación superior de excelencia\nEncuentra aquí las universidades baratas más relevantes y con mejor relación calidad-precio de Rennes (Francia). Ten en cuenta que puedes solicitar becas o ayudas al estudio dependiendo de en qué universidad te apuntes. Normalmente hay unos plazos para solicitar estas ayudas. Busca saberlos y estate pendiente para no perder de vista esta valiosa oportunidad\nUniversidades gratuitas en Rennes (Francia), para estudiantes de todo el mundo, donde no importa de qué país procedan. No tienes que pagar tasas de matrícula y puedes usufructuar de una educación superior de calidad. El algunos centros es posible que tengas que pagar tasas administrativas, pero de valor simbólico\nUniversidades acreditadas en Rennes (Francia) que ofertan una gran cantidad de títulos universitarios oficiales tanto de grado, como de posgrado, master o doctorado, en distintas disciplinas. Su calidad y acreditación se realizan mediante agencias estatales de confianza, para que no haya nada que te pueda hacer dudar de su fiabilidad\nMostrando 3 Universidades en Rennes\nMás destacados Universidades en Rennes\nrue du thabor, 35000 rennes, france 35000 Rennes ,Ille y Vilaine ,Bretaña ,Francia .\nListado de universidades próximos a Rennes\nUniversité Rennes II - Haute-Bretagne- (Situado a 90.58 Km)\nInstitut National des Sciences Appliquées de Rennes- (Situado a 3.01 Km)\n20 avenue des buttes de coesmes, 35708 rennes, france 35708 Les Gaudinais ,Ille y Vilaine ,Bretaña ,Francia .\nEcole Nationale Vétérinaire de Nantes- (Situado a 92.10 Km)\nEcole Nationale d'Ingénieurs des Techniques des Industries Agricoles et Alimentaires- (Situado a 92.10 Km)\nEcole Centrale de Nantes- (Situado a 96.30 Km)\nEcole Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'information- (Situado a 8.45 Km)\nCentre Universitaire de Technologie- (Situado a 96.39 Km)\nInstitut Catholique d'Arts et Métiers Nantes- (Situado a 93.81 Km)\nEcole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes- (Situado a 3.06 Km)\n11 allée de beaulieu, 35708 rennes, france 35708 Les Gaudinais ,Ille y Vilaine ,Bretaña ,Francia .\nUniversité de Nantes- (Situado a 100.60 Km)


Ayudas destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias - ayto-lena\nnull Ayudas destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias\nAyudas destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias\nEl día 27 de septiembre la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, a través del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias aprueba la convocatoriade ayudas urgentes destinadas a fomentar la contratación laboral de personas desempleadas del Principado de Asturias como medida de preparación de la recuperación y reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19\nLas empresas, las trabajadoras y trabajadores autónomos y las entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias y que, en su condición de empleadoras, contraten por cuenta ajena a partir del 1 de marzo de 2021 a personas en situación de desempleo en centros de trabajo ubicados en el Principado de Asturias. Serán subvencionables los contratos formalizados en el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2021 y el 10 de diciembre de 2021 (ambos inclusive).\nSe excluyen los siguientes supuestos de contratación:\na) Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en otras disposiciones normativas.\nd) Las contrataciones con trabajadores que hayan mantenido una relación laboral indefinida con la misma empresa en los cuatro meses previos a la contratación por la que se pretenda solicitar subvención.\nCada contratación incentivada deberá suponer un incremento neto de la plantilla media del código de cuenta de cotización de los 4 meses previos a la contratación subvencionada, en relación a los trabajadores incluidos en el mismo código cuenta de cotización ponderados por su porcentaje de jornada.\n-. El nivel de plantilla media del código de cuenta de cotización debe de mantenerse durante seis meses desde la contratación indefinida objeto de subvención.\n-. La obtención de la subvención conlleva la obligación de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras contratadas, por un periodo mínimo de 24 meses en el caso de la contratación indefinida y 12 meses en el caso de las contrataciones temporales.\nCuantía de las subvenciones y requisitos trabajadores:\na) Contrato indefinido: la ayuda será de 7.500 € por cada nuevo contrato suscrito con una persona en situación de desempleo, que se incrementará a 9.000 € en el caso de que la persona contratada sea parado de larga duración, mayor de 52 años, o joven inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (en adelante SNGJ).\nb) Contrato temporal: la ayuda será de 3.500 € por cada nuevo contrato suscrito con una persona en situación de desempleo, que se incrementará a 4.200 € en el caso de que la persona contratada sea parado de larga duración, mayor de 52 años, o joven inscrito en el SNGJ. Las cuantías fijadas se incrementarán en un 5% cuando la persona contratada sea mujer o el centro de trabajo esté ubicado en concejo de población inferior a 5.000 habitantes siendo ambos porcentajes acumulables (por lo tanto en el caso de un contrato celebrado con una mujer en un centro de trabajo de un concejo de población inferior a 5.000 habitantes el incremento será del 10%). Este porcentaje se elevará al 25% cuando la persona contratada sea mujer víctima de violencia de género.\nLos requisitos deben cumplirse a fecha de contrato:\na) Persona en situación de desempleo: persona no ocupada inscrita como demandante de empleo el último día del mes anterior al del inicio del contrato en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias.\nc) La edad en el caso de persona mayor de 52 años, lo será a la fecha del contrato de trabajo.\nd) La población del concejo será la que figure en las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2020.\nDesde el día siguiente a la publicación de la presente resolución y hasta el 10 de diciembre de 2021.\nBases reguladoras ayudas contratación 2021\nConvocatoria ayudas contratación 2021


Noticias, información y úlitma hora de las nueve provincias de Castilla y León La biomasa en Castilla y León evita la emisión de 859.156 toneladas de CO2, la contaminación de 572.769 vehículos en un año | Leonoticias\nCastilla y LeónLa biomasa en Castilla y León evita la emisión de 859.156 toneladas de CO2, la contaminación de 572.769 vehículos en un año\nLa biomasa en Castilla y León evita la emisión de 859.156 toneladas de CO2, la contaminación de 572.769 vehículos en un año\nPlanta de biomasa en Castilla y León.\nValladolid registra el mayor aumento de las nueve provincias en número de equipos, pero León concentra el 17% del total autonómico\nICAL Domingo, 3 septiembre 2017, 17:12\nLa utilización de biomasa como fuente de energía térmica en Castilla y León ha evitado la emisión de 859.156 toneladas de CO2, equivalente al dióxido de carbono que generan 572.769 vehículos durante un año, mientras que en la provincia de Valladolid fueron 121.955 toneladas las que contribuyeron a la reducción de gases de efecto invernadero en España, según informó hoy Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa, AVEBIOM, durante su visita a la exposición itinerante ‘Biomasa en tu casa’ situada esta semana en el recinto de la Feria de Muestras de Valladolid.\nJavier Díaz aseguró que estos datos, que ofrece el Observatorio de Biomasa gestionado por AVEBIOM, reflejan una reducción de las emisiones de CO2 en la provincia de Valladolid equivalente a la contaminación que producen 81.303 vehículos durante un año.\nSegún esos datos, Castilla y León contaba a finales de 2016 con 31.138 instalaciones de biomasa, 5.769 más que el año anterior (+22,8 por ciento), con una potencia instalada de casi 1,4 millones de KW.\nPor provincias, León es la que más instalaciones de biomasa operativas concentra (5.322, el 17 por ciento de todas las de Castilla y León). En términos absolutos es también la provincia en la que más aumentó el número de instalaciones en 2016 (con 944 nuevas) con respecto al año anterior.\nEn toda España operaban a finales del año pasado 198.887 equipos de biomasa de alto rendimiento, 38.851 más que en 2016 (+24 por ciento), con una potencia instalada total de 8.297,6MW, según el Observatorio de Biomasa.\nEl presidente de AVEBIOM valoró “muy positivamente las cifras del sector de la biomasa en 2016, ya que “se han superado los objetivos que nos habíamos marcado para el ejercicio”, pese a que en ese año se registraron algunas circunstancias que pudieron aminorar de alguna manera el ritmo de crecimiento del número de instalaciones.\nEntre ellas, se refirió, por ejemplo, a unas temperaturas más suaves de lo habitual en invierno, unos precios más bajos del gasóleo durante una buena parte del ejercicio y la propia inestabilidad política, que provocó una ligera contracción del consumo en general”.\nA finales de 2016 había 3.837 equipos de biomasa de alto rendimiento en otros tantos hogares o edificios de la provincia de Valladolid, el 12,3 por ciento del total en Castilla y León. Esta cifra refleja un incremento de 743 equipos sobre el año anterior, el mayor aumento registrado en las nueve provincias de Castilla y León (+24 por ciento), con una potencia instalada total de 212.023 kW (+11,5 por ciento), el 15 por ciento del total de Castilla y León, según el Observatorio de Biomasa.\nLa mayor parte de los equipos instalados durante el año 2016 fueron estufas de pellet (674), cuya tendencia de comercialización ha derivado hacia los grandes almacenes de bricolaje y continúa al alza con equipos cada vez de menor potencia, pero más tecnificados. La potencia media de las estufas comercializadas en 2016 ha sido de 11,3kW.\nTanto las primeras autoridades de Valladolid como de la Junta, que presidieron el acto de inauguración de la Feria de Muestras, coincidieron en calificar a Valladolid como “capital de la bioenergía”, tanto de España como del sur de Europa, debido a la concentración de actividades del sector y al importante desarrollo de instalaciones de biomasa en esta ciudad, con nuevas redes de calor y un importante incremento de estufas y calderas en hogares y centros de trabajo o de ocio.\nJunta De Castilla Y León, Castilla Y León, España, Europa, Contaminación\nEl Camino de Santiago en Castilla y León en 16 días IU atribuye el aumento del paro en un mes en que debería bajar a que sigue la crisis económica y social


PRIMER FORO DEDICADO A EXIN CASTILLOS Y EXINWEST • Ver Tema - Antigua fábrica de Elastolín\n[ +/- ] [ Fecha actual 26 Feb 2020 06:50 ]\nAntigua fábrica de Elastolín\npor Joaquin Morales » 24 May 2012 15:32\nHola aqui os pongo unas fotos de la antigua fábrica de juquetes de Hausser-Elastolin situada en Neustadt cerca de Coburg en Alemania.De aquí salían nuestros queridos personajes de Historex para Exin Castillos. Desconozco el año exacto de las fotos pero aproximadamente deben de ser de los años 50-60.\nRe: Antigua fábrica de Elastolín\npor ronie » 24 May 2012 18:16\nUn curioso aporte capi , seguro que te hubiese gustado conocer de cerca ese lugar....por cierto ¿aún existe?\npor Joaquin Morales » 24 May 2012 19:46\nClaro que me hubiera encantado ver sus entresijos no se si el edificio aún seguirá en pie, seguramente sí, los alemanes lo habrán reconvertido para cualquier otro uso\npor traianuss » 24 May 2012 23:01\nGracias por la fotos Capitan. La primera foto es de los años 30/40, ya que esta en el google. En este periodo, incluso en guerra, se seguian fabricando figuras e incluso piezas de aislante para utensilios belicos. La otra supongo que debe ser de los años 60/70.\nEn un foro de militaria vi hace tiempo una imagen de soldados alemanes en retirada y de fondo la "Hausser Elastolin Spielzeug Fabrik Neustadt " y seria del año 1945 y el edificio era igual que la primera foto.\nAqui una foto de como esta la fabrica en la actualidad.\npor ronie » 25 May 2012 00:13\npor Joaquin Morales » 25 May 2012 00:21\nParece que está bien conservada vamos que de abandonada tiene poco\nAhí va otra foto...\npor ronie » 25 May 2012 14:41\nCapitán Trueno escribió: Parece que está bien conservada vamos que de abandonada tiene poco\nBien conservada está, pero abandonada también....a no ser que todos los cristales que faltan en las ventanas los estuviese cambiando el cristalero en el momento de hacer la foto.... .....\npor Joaquin Morales » 25 May 2012 15:04\nSería verano y abrirían las ventanas para que entrara el fresco jejeje\npor traianuss » 25 May 2012 15:42\njajajaja, yo me limito a lo que lei en su momento. Su actividad como fabrica de juguetes ceso en 1983. Desde entonces no se a que se dedica la fabrica, pero textualmente lei que estaba abandonada aunque no lo parezca.\npor Galoor de Agaroth » 25 May 2012 20:20\nEs un lugar incríble esa fábrica...de culto je je\npor malu64 » 25 May 2012 22:37\nGracias capi desconocia esas fotos y donde estaba....\npor Joaquin Morales » 26 May 2012 09:51\nDe nada maripili


Una sociedad feminicida | Diario del Cauca\nUna sociedad feminicida\nMiércoles, Julio 1, 2020 - 08:50\nUna vez más se encendieron las alarmas entre las organizaciones defensoras de los derechos de la mujer en el Cauca. En menos de 24 horas fueron asesinadas tres mujeres en Páez-Belalcázar, Morales y la capital del departamento.\nEl caso de Páez se trata de una discusión de pareja que terminó mal. El hombre acabó con la vida de la mujer y arrojó su cadáver a un río en circunstancias que son objeto de investigación.\nEn Morales, en el centro del Cauca, fueron asesinados por un grupo armado al margen de la ley Rosalbina Becoche Yandi y Antonio Cuero, pobladores que participaban en un control de bioseguridad en el sector rural de este municipio del centro del Cauca. Rosalbina era madre comunitaria y líder de Familias en Acción.\nEn Popayán fue asesinada Yolanda Teresa Muñoz Luna, de 42 años de edad, por un pistolero que ingresó a su residencia, ubicada en el barrio Portal de las Ferias. Se sospecha de su expareja sentimental.Yolanda era una mujer trabajadora, independiente, muy conocida por la venta de la tradicional fritanga.\nCon estos tres casos ya son 13 las mujeres asesinadas en el Cauca desde que se estableció el aislamiento por la pandemia.\nTrece mujeres asesinadas, trece historias cortadas abruptamente, trece familias caucanas rotas por cuenta de la violencia.\nSomos una sociedad que maltrata y mata a sus niños y sus mujeres. En cada uno de estos homicidios salvajes y cobardes se siembra una semilla de violencia. Un mal para el futuro, un fruto defectuoso y amargo que acabaremos comiendo todos como sociedad.\nY la indignación general que se levanta cada vez que hay un caso de un nivel de maldad y brutalidad como el de la niña Yuliana Samboní que nos estremeció a todos, luego parece apagarse y los casos de homicidios se van amontonando en los juzgados en una especie de normalidad e indiferencia social.\nLos feminicidios tienen una impunidad de casi el 40 por ciento en Colombia. Según los especialistas el Estado sigue siendo inoperante para prevenir y judicializar el delito. Si esto no se ataja desde la primera infancia y se trata de romper una cadena de violencia que parte desde los hogares, seguiremos reproduciendo estos modelos perversos. Pero está también el tratamiento ‘secundario’ que se le da a este delito.\nDurante el aislamiento, el Observatorio Colombiano de las Mujeres, que inició labores en marzo, ha consolidado la naturaleza de las llamadas a la línea 155, incluyendo violencia intrafamiliar sin especificar cuál es la identidad de género de las víctimas. Según el Observatorio, se recibieron un total de 3951 llamadas entre el 25 de marzo y el 23 de abril del 2020, mientras que en el mismo periodo en 2019 fueron 1504.\nAlgo hay que hacer, y ese algo nos compete a todos, a la sociedad y al individuo. De lo contrario no esperemos gran cosa del futuro.\nLa apuñaló y la lanzó al río Cauca: Detuvieron al presunto asesino de Daniela Quiñones\nNo más feminicidios: Capturan a un hombre por asesinar a su pareja en Buenaventura\nAvanza la investigación de la muerte de Daniela Quiñones, la mujer hallada en el río Cauca\n¡Detéctelo! ¿Cómo saber si está siendo víctima de violencia simbólica?


Hallan cabeza humana con mensaje en Playa del Carmen – Noticaribe\nHome / Quintana Roo / Playa del Carmen / Hallan cabeza humana con mensaje en Playa del Carmen\nPosted on enero 26, 2020, 12:21 pm\nPLAYA DEL CARMEN, MX.- Una cabeza humana fue hallada esta madrugada en la entrada de un hotel en la colonia Ejidal de esta ciudad, sobre una cartulina con un mensaje con amenazas.\nLa cabeza se encontraba dentro de una bolsa negra de basura, a un costado de una cartulina blanca, ubicada en la calle 6 con la avenida 55, en la entrada del hotel Ángelus.\nApenas pasaba de la medianoche cuando un ciudadano, que advirtió que perros callejeros husmeaban la bolsa vio la cartulina y llamo al 911, llegando al poco tiempo las autoridades policiacas, que acordonaron la zona.\nFue hasta mucho después, con la llegada del Servicio Médico Forense, que se confirmó que al interior de la bolsa había una cabeza. Se trata del ejecutado número 11 en lo que va del año en Solidaridad. (Noticaribe)\nQUE LOS DIPUTADOS LOCALES “DAN ASCO”: Protestan taxistas de Playa del Carmen contra regularización de Uber\nDRAMÁTICO MOMENTO EN LA ZONA TURÍSTICA: Un migrante hondureño intenta suicidarse con un lazo de tendedero en uno de los puntos más concurridos por visitantes en Playa del Carmen


Home Noticias Artículos general_noticias Nuevo gps: Garmin DAKOTA\nEl Geocacher de la semana: RubGonMar\nNombre: Gonzalo Nieto\nEs algo sencillo, los integrantes del equipo. Mi hijo, yo y mi mujer. Rub – Gon - Mar\nLa verdad es que de momento no he tenido ninguna anécdota curiosa.\nLo mas, digamos original, que me ha pasado, ha sido encontrar a otros compañeros en el mismo\ncache que íbamos a buscar. Siempre es un momento de duda y de “¿serán como nosotros?”.\nCuéntanos el caché que más te ha gustado y porqué:\nEl grillo, en el Campo de las Naciones de Madrid. Por su originalidad y lo mucho que nos divertimos para poder sacarlo.\n¿Cuánto tiempo has dedicado a GEOGESTION?\nLa verdad es que no lo he calculado, pero muchísimo. Es un trabajo de meses y lo que queda aún.\n¿Qué mejoras tienes planeadas para el programa?\nAhora mismo, perfeccionar el sistema de acercamiento al cache en la parte de Mobile/PDA y posteriormente, un sistema de estadísticas en la parte del PC e intentar traducir el programa al Ingles para intentar su expansión.\nAdemás de todas las mejoras que los usuarios propongan.\nOtro hobby o afición que practiques:\nFutbol, padel, tenis, baloncesto, squash. Cualquier deporte al que tenga oportunidad de jugar.\nMatrix o El señor de los Anillos.


Frases célebres de Robert Anton Wilson.\nA los suicidas les encantan los puentes: es la salida más espectacular de este Teatro de Locos.”\nCuando el dogma entra en el cerebro, cesa toda actividad intelectual.\nDios mío, ¿es que no soy capaz de inventarme una fantasía paranoica tan absurda que no contenga algo de verdad?\nEl mundo no está gobernado por hechos objetivos y lógica sino por sistemas de creencias.\nEstoy de acuerdo con H.L.Mencken cuando dice que no es monoteísta porque le parece que el mundo está diseñado por un comité.\nPor aquella época yo era todo un degustador de religiones: las probaba todas y no me tragaba ninguna, un poco como el Adolphus de Major Barbara La comandante Bárbara de Bernard Shaw.\nSi no se mantiene un cierto grado de zeteticismo* con respecto a las ideas, por seductoras que sean, sucumbiremos a la hipnosis, como sucumbí yo cuando me metieron en un colegio católico para que formaran las monjas\nToda creencia encarcela”\nBueno, para citar a Bucky Fuller, parezco ser un verbo”. No puedo encontrar ningún Robert Anton Wilson constante. Parece ser un proceso de cambio todo el tiempo. Ciertamente no soy el tipo que era a los cuarenta, ciertamente no soy el chico que fui en la\nCuanto más perdonas, menos cargas tienes que llevar contigo