Derogada- Ley de la Policía de Puerto Rico\nLey Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, derogada.\nPara establecer la Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996 y derogar la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974" y enmendar el Apartado (7) del inciso (e) del Artículo 5 y el Artículo 5A de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada.\nArt. 1. -[Derogado] -Título Breve- (25 L.P.R.A. sec. omitida)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 1; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2017, ley 20 – Esta ley 20 del 10 de abril de 2017, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley 53 de 1996 completa.\nSe deja publicada para propósitos de derechos adquiridos y educativos.\n-1996, ley 203 – Véase la Exposición de Motivos y otros artículos de otras leyes enmendados relacionados con esta ley.\nArt. 2. -[Derogado] -Definiciones- (25 L.P.R.A. sec. 3101)\n(a) "Agente de la Policía" significa todo miembro de la Policía nombrado como tal, luego de aprobar el adiestramiento básico dispuesto por el Superintendente.\n(b) “Agente de Protección Escolar” significa el miembro de la Policía nombrado como tal que tiene la responsabilidad de ejercer las tareas de vigilancia dirigidas a mantener el orden y proteger la vida y propiedad de la comunidad escolar.\n(c) "Cadete" significa todo miembro de la Policía que no haya cumplido el requisito de adiestramiento básico. El Superintendente garantizará mediante Reglamento el derecho de los miembros de la Fuerza a recibir los beneficios de clasificación que conlleva el adiestramiento, cuando por razones de servicio dichos miembros no pueden asistir a la Academia en la fecha más cercana a su reclutamiento.\n(d) "Consejo Comunitario de Seguridad" significa el cuerpo integrado por ciudadanos voluntarios que conjuntamente con la Policía unen esfuerzos en la cruzada contra el crimen, para propiciar con sus servicios una mejor calidad de vida y un mayor bienestar en la comunidad donde se desempeñan.\n(e) "Gobernador" significa el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.\n(f) "Junta" o "Junta de Evaluación" significa la Junta de Evaluación Médica de la Policía de Puerto Rico, creada en el Artículo 19 de esta Ley.\n(g) "Miembro de la Policía" incluye únicamente al personal que directamente desempeña tareas encaminadas a la investigación criminal, mantener el orden público, proteger la vida y propiedades de los ciudadanos, y demás deberes similares que se imponen o que en el futuro se impongan a la Policía de Puerto Rico.\n(h) "Municipios" incluye los municipios de Puerto Rico y su capital, San Juan.\n(i) "Oficiales" significa Coroneles, Tenientes Coroneles, Comandantes, Inspectores, Capitanes y Tenientes.\n(j) “Personal Civil”- Significa todo aquel empleado reclutado por el Superintendente para realizar labores de apoyo a los miembros de la Policía. Los empleados civiles que, por la naturaleza de sus funciones están expuestos a los riesgos de un miembro de la Policía y mueran en el cumplimiento del deber, serán acreedores de todos los derechos y beneficios de un miembro de la fuerza que muere en el cumplimiento del deber. Estos beneficios incluyen toda compensación que se haga a viudas o viudos, así como a hijos o hijas a las que son acreedores los miembros de la fuerza, que existen en nuestro ordenamiento jurídico para éstos y los que se establezcan en el futuro. El Superintendente establecerá por reglamento, el personal que por la naturaleza de sus funciones será acreedor de estos beneficios."\n(k) "Piloto" significa todo aquel empleado reclutado por el Superintendente a funciones de piloto o copiloto y que esté especialmente entrenado y cualificado en el manejo de naves aéreas, conforme a los requisitos establecidos por la Administración Federal de Aviación del Departamento de Administración Federal de los Estados Unidos de América y por el Superintendente. Estos deberán tener vigentes las licencias correspondientes al tipo de nave para la cual estén asignados a pilotar, cumplir con las horas de vuelo requeridas y mantener una condición física y mental óptima para desempeñar estas funciones.\n(l) "Policía", "Cuerpo", "Organización", "Fuerza", significa la Policía de Puerto Rico.\n(m) "Policía Auxiliar" significa aquel ciudadano voluntario acreditado por la Policía como tal, sujeto a las normas que establezca el Superintendente. Sus servicios ayudarán en la lucha contra el crimen y en pro del bienestar de los ciudadanos. No recibirán remuneración alguna por sus servicios.\n(n) "Reservista" significa todo empleado especial contratado por disposición del Artículo 31 de esta Ley.\n(o) "Superintendente" significa Superintendente de la Policía de Puerto Rico.\n(p) "Superintendente Auxiliar" significa el empleado designado por el Superintendente para dirigir alguna de las superintendencias auxiliares y que ocupe dicha posición conforme al Artículo 8 de esta Ley.\n(q) "Superintendente Asociado" significa Superintendente Asociado de la Policía de Puerto Rico.\n(r) "Menor" significa toda persona que no haya cumplido los dieciocho (18) años de edad.\n(s) "Plan AMBER " significa la alerta nacional para atender casos de emergencia relacionados con el secuestro de un menor.\n(u) Director General de la Policía Auxiliar” significa el ciudadano nombrado por el Superintendente de la Policía en calidad de administrador y supervisor de las operaciones de los Policías Auxiliares. Este estará sujeto a la autoridad del Superintendente, según se dispone en esta Ley.\n(v) “Oficiales Auxilares” significa el conjunto de rangos que ostenten los Policías Auxiliares, según se establece en esta Ley.\n(w) “Sargento Auxiliar” significa Policía Auxiliar que haya sido ascendido a Sargento Auxiliar, luego de haber cumplido con los requisitos que establezca la Junta Ejecutiva.\n(x) “Teniente Segundo Auxiliar” significa Sargento Auxiliar que haya ascendido al rango de Teniente Segundo Auxiliar, luego de haber cumplido con los requisitos para este rango, conforme a los criterios establecidos por la Junta Ejecutiva.\n(y) “Teniente Primero Auxiliar” significa Teniente Segundo Auxiliar que haya ascendido al rango de Teniente Primero Auxiliar, luego de haber cumplido con los requisitos para este rango, conforme a los criterios establecidos por la Junta Ejecutiva.\n(z) "Capitán Auxiliar" significa Teniente Primero Auxiliar que haya ascendido al rango de Capitán Auxiliar.\n(aa) “Inspector Auxiliar” significa Capitán Auxiliar que haya ascendido al rango de Inspector Auxiliar, mediante designación hecha por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico y que cumpla con los requisitos del rango establecidos por la Junta Ejecutiva.\n(bb) “Comandante Auxiliar” significa Inspector Auxiliar que haya ascendido al rango de Comandante Auxiliar, mediante designación hecha por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico y que cumpla con los requisitos del rango establecido por la Junta Ejecutiva.\n(cc) “Teniente Coronel Auxiliar” significa Comandante Auxiliar que haya ascendido al rango de Teniente Coronel Auxiliar, mediante., designación hecha por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico."\n(dd) “Coronel Auxiliar” significa Oficial cuyo rango es permanente mediante designación hecha por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 2; Septiembre 6, 1996, Núm. 203; 2002, ley 290, adicionados los incisos (u) y (v); 2004, ley 106; Agosto 4, 2004, ley 189, art. 1, inciso (j); Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 1, añade los incisos (q), (r ), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z) y son renumerados por el editor como incisos (t) al (cc), ya que los incisos (q), (r) y (s) ya existían; Octubre 26, 2009, Núm. 132, art. 8, añade un nuevo inciso (t) y renumerados todos los siguientes; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2009, ley 132 – Esta ley 132 añade un inciso (t) y renumera todos los siguientes.\n-2004, ley 468 – añade los incisos (q), (r), (s), (t), (u), (v), (w), (x), (y), (z).\nNota del editor: Son renumerados como incisos (t) al (cc), ya que los incisos (q), (r) y (s) ya existían.)\n-2004, ley 189 - Esta enmienda el inciso (j).\n-2004, ley 106 – Esta ley adiciona el inciso (b) y renumera todos los incisos siguientes.\n-2002, ley 290- La ley Núm. 290 de 2002 añade los incisos (u) y (v) sin tomar en cuenta que no existían los incisos (q) a (t), por esta razón se han designado los nuevos incisos (u) y (v) como (q) y (r) respectivamente.\nArt. 3. -[Derogado] -Policía de Puerto Rico; creación, deberes- (25 L.P.R.A. sec. 3102)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 3, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 4. -[Derogado] -Policía de Puerto Rico; dirección y autoridad- (25 L.P.R.A. sec. 3103)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 4, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 5. -[Derogado] -Superintendente; facultades, atribuciones y deberes- (25 L.P.R.A. sec. 3104)\n(c) Reglamentará los requisitos de reclutamiento, adiestramiento e ingreso a la Fuerza y ejercerá el poder nominador. Además, establecerá mediante reglamento los requisitos de readiestramiento de los miembros de la Policía de Puerto Rico. Se dispone que dicho readiestramiento será compulsorio cada dos años, luego de haber entrado al servicio, y se limitará a la división de trabajo a la cual esté asignado el oficial de la Policía.\nEn el caso de mujeres policías embarazadas que así lo soliciten, el Superintendente de la Policía vendrá obligado a reubicarlas temporeramente a la unidad de trabajo más cercana a su residencia, una vez presenten un certificado médico que acredite su estado de gestación. Disponiéndose, que una vez culmine con el tiempo de la licencia de maternidad a la que tiene derecho, ésta se reincorporará a la unidad de trabajo de procedencia, según lo requieran las necesidades de servicio.\n(g) Nombrará todo el personal civil de la Policía conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, según enmendada, conocida como "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico" y la Ley de Retribución Uniforme, Ley Núm. 89 de 12 de julio de 1979, según enmendada. También nombrará a los policías auxiliares que para todos los efectos de esta Ley no se consideran miembros de la Fuerza ni empleados civiles. Estos actuarán como ciudadanos que, a requerimiento del Superintendente o delegado debidamente autorizado, voluntariamente presten sus servicios a la Policía en la lucha contra el crimen. Estarán cubiertos por la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo". Además, estarán incluidos en el concepto de "funcionarios estatales" mientras se encuentren en el desempeño de sus deberes como tales y gozarán de la absoluta protección y beneficios que por ley se proveen.\n(n) Desarrollará, en coordinación con el Comisionado de la Comisión Federal de Comunicaciones en Puerto Rico, la implantación del Plan AMBER, del Plan SILVER y del Plan Mayra Elías; además, promoverá su adopción entre los distintos sistemas de televisión por cable, servicio satelital y emisoras de radio y televisión locales, hasta tanto la Comisión Federal de Comunicaciones no lo haga mandatorio mediante la aprobación de la reglamentación correspondiente.\n(p) Como parte de sus funciones como custodio de la seguridad pública:\n1. establecerá enlaces y mantendrá la coordinación entre las agencias de seguridad estatales, federales y entidades internacionales, para estructurar y viabilizar un esfuerzo conjunto de vigilancia de las costas, aeropuertos y puertos marítimos y compartir e intercambiar información y datos necesarios para proteger las fronteras de Puerto Rico contra la penetración de drogas a la Isla;\n2. promoverá la coordinación entre las agencias de seguridad estatales y federales para la detección de las empresas criminales , el lavado de dinero y el tráfico de armas de fuego, cuando estas empresas y actividades ilícitas estén relacionadas con el tráfico ilegal de drogas;\n3. coordinará los planes de acción y esfuerzos de los organismos gubernamentales relacionados con el control del tráfico ilegal de drogas; y\n4. asesorará al Gobernador y a la Asamblea Legislativa sobre mecanismos para el control de tráfico ilegal de drogas dirigido a la Isla y cada enero, rendirá un informe anual sobre las gestiones realizadas al amparo de este inciso a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico y al Gobernador de Puerto Rico, al comenzar la primera sesión ordinaria del año.\n(q) Asegurará que se establezca y mantenga un registro de la incidencia criminal en el País, así como unas estadísticas por cada área contenida en las Regiones Policíacas, sobre los delitos reportados detallados según la naturaleza del mismo y los récords porcentuales en materia de esclarecimiento de actos delictivos. Estas estadísticas deben servir para permitir al Superintendente establecer estrategias que le permitan combatir adecuadamente la criminalidad, así como implantar iniciativas preventivas en aquellas áreas de mayor incidencia delictiva. El Superintendente deberá preparar un informe mensual de los delitos reportados detallados según la naturaleza de los mismos y los récords porcentuales en materia de esclarecimiento de actos delictivos.\n(r) Se faculta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a coordinar y establecer en conjunto con los municipios la creación de las áreas especializadas aquí descritas de la Policía Municipal; emitir las correspondientes certificaciones a los miembros de estos Cuerpos; ratificar cualquier Reglamento sobre los asuntos relacionados con los Cuerpos de la Policía Municipal; y velar por que se cumplan con las disposiciones de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía Municipal de Puerto Rico”.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 5, ef. Julio 1, 1996; 2002, Núm. 290, adicionado el inciso (n); 2004, Núm. 106, adiciona inciso (o); 2004, Núm. 242, art. 1 adicionado el inciso [p]; adicionado en Agosto 13, 2005, Núm. 53, art. 2, reasignado como inciso [q]; Noviembre 4, 2005, Núm. 137, art. 1, redesigna el segundo inciso (o) como inciso (p) y lo enmienda; Enero 4, 2006, Núm. 1, art. 1, para corregir y aclarar las disposiciones de los incisos; Mayo 23, 2008, Núm. 70, art. 6, enmienda el inciso (n); Julio 29, 2008, Núm. 132, art. 1, enmienda el inciso (c) para añadir las últimas dos oraciones; Octubre 26, 2009, Núm. 132, art. 9, enmienda el inciso (n); Julio 29, 2010, Núm. 107, art. 7, añade el inciso (r); Junio 18, 2012, Núm. 120, , art. 1, añade el segundo párrafo del inciso (d) ; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2016, ley 187 – Esta ley 187 enmienda el inciso (n) de este articulo para añadir el Plan Mayra Elías.\n-2012, ley 120 – Esta ley 120 añade el segundo párrafo al inciso (d).\n-2010, ley 107 – Esta ley 107 añade el inciso (r) e incluye el siguiente artículo relacionado:\nArtículo 8.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. No obstante, se concede al Superintendente de la Policía de Puerto Rico ciento veinte (120) días para que en coordinación con los respectivos municipios recertifique a los Policías Municipales en atención a las nuevas atribuciones y facultades aquí conferidas. Una vez recertificados los Policías Municipales podrán asumir las nuevas atribuciones y facultades conferidas que ameriten recertificación por virtud de esta Ley.\n-2009, ley 132 – Esta ley 132 enmienda el inciso (n).\n-2008, ley 132 – Esta ley enmienda el inciso (c) para incluir las últimas dos oraciones. Readiestramiento compulsorio cada dos años.\n-2008, ley 70- Esta ley enmienda el inciso (n) de este artículo e incluye otros artículos relacionados al sistema AMBER.\nVease la Ley Núm. 70 de 2008 para la Ley del sistema AMBER.\n-2006, ley 1- se redesigna el segundo inciso (o) como inciso (p) y el inciso (p) como inciso (q) con el propósito de aclarar las disposiciones de los incisos.\n-2005, ley 137 – Esta ley redesigna el segundo inciso (o) como inciso (p) y lo enmienda e incluye los siguientes artículos para que sean aplicados.\n“Artículo 2.‑ Los informes mensuales a confeccionarse por virtud del Artículo 1 de esta Ley deberán estar accesibles electrónicamente dentro de los treinta (30) días a partir de la vigencia de esta Ley.”\n“Artículo 3.‑ Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”\n-2005, ley 53- Esta ley adiciona un nuevo inciso (o), fue reasignado como [q], ya que el inciso (o) fue incluido por una ley anterior.\n-2004, ley 242- Esta ley adiciona un nuevo inciso (o), fue reasignado como [p], ya que el inciso (o) fue incluido por una ley anterior.\n-2004, ley 106 – Esta ley adiciona el inciso (o).\n-2002, ley 290 –Esta ley adiciona el inciso (n) y la ley Núm. 290 de 2002 también establece lo siguiente: “Artículo 3.‑ Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación a los únicos fines de que el Superintendente de la Policía de Puerto Rico adopte la reglamentación necesaria para implantar las disposiciones de esta Ley. Sus restantes disposiciones entrarán en vigor noventa (90) días luego de su aprobación.”\nArt. 6. -[Derogado] -Superintendente; facultades especiales- (25 L.P.R.A. sec. 3105)\n(1) En los casos de ascenso por mérito, siempre que el candidato hubiese completado por lo menos doce (12) años de servicio en la Fuerza y haya evidenciado productividad y demostrado liderato, eficiencia, buena conducta e iniciativa. Además, los candidatos a ascenso por mérito deberán cumplir con lo siguiente:\n(a) No ser objeto de una investigación administrativa en la Policía de Puerto Rico u objeto de una investigación criminal.\n(b) No haber incurrido durante los últimos cinco años en violaciones al Código de Ética aplicable a los servidores públicos, establecido al amparo de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como la “Ley de Ética Gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".\n(c) No haber sido convicto por delito grave o menos grave que implique depravación moral.\nEl Superintendente de la Policía queda facultado para establecer, mediante reglamento, requisitos adicionales pertinentes a la consideración de ascensos por mérito. Disponiéndose, que en dicho reglamento se especificará qué actos o eventos serán considerados para un ascenso por mérito.\nAdemás, tendrá la facultad y la discreción de otorgar ascensos entre aquéllos que cumplan con los requisitos para ascender por mérito o entre aquéllos que figuren en el Registro de Elegibles para ascenso, conforme al Artículo 15 de esta Ley.\n(2) Siempre que hubieran completado quince (15) años de servicio o más en la Fuerza, pero vayan a ser retirados por imposibilidad física o mental resultante de la prestación de un servicio extraordinariamente meritorio o excepcional; o cuando vayan a ser retirados por años de servicio; o póstumamente cuando fallezca en el cumplimiento del deber. Estos ascensos tendrán efectividad dentro de los ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de retiro. En el caso de los fallecidos en el cumplimiento del deber, el ascenso póstumo decretado por el Superintendente tomará vigencia inmediata.\n(3) En los casos de ascensos por retiro o mérito, las plazas que ocupen los miembros de la Fuerza así ascendidos pasarán por conversión a la nueva categoría. Una vez las plazas convertidas queden vacantes pasarán automáticamente al rango existente antes de la conversión.\n(b) El Superintendente tramitará y desembolsará al cónyuge supérstite o en su ausencia, a los dependientes del policía que falleciere en el cumplimiento del deber, un pago correspondiente a doce (12) mensualidades del salario bruto que devengue este último para cubrir necesidades urgentes de la familia. Además de dicho pago, el Superintendente está autorizado a sufragar los gastos del servicio fúnebre del Oficial de la Policía fallecido en el cumplimiento de su deber hasta un máximo de dos mil dólares ($2,000).\n(c) El Superintendente tramitará y desembolsará al cónyuge supérstite o en su ausencia, a los dependientes del policía que falleciere por muerte natural o por un accidente de tránsito no relacionado a sus funciones, un pago correspondiente a seis (6) mensualidades del salario bruto que devengue este último para cubrir necesidades urgentes de la familia. Disponiéndose, que en los casos de muerte natural o de accidente de tránsito no relacionado al cumplimiento del deber, el policía deberá haber tenido un expediente administrativo:\n1. Libre de investigaciones en curso por faltas graves;\n2. no estar cumpliendo sanciones por la comisión de una falta grave; y\n3. no haber cumplido una sanción por falta grave durante los últimos dos (2) años.\nLa Superintendencia Auxiliar de Responsabilidad certificará que el expediente administrativo cumpla con las disposiciones que surgen de esta Sección. Además, si el Oficial de la Policía fallece en un accidente de tránsito, se tendrá que evidenciar que el accidente no fue causado por negligencia o intención del Oficial y que no conducía bajo los efectos de alcohol o sustancias controladas.\nEste pago de estos beneficios se efectuará con cargo a los gastos de funcionamiento de la Policía de Puerto Rico, y no más tarde de los quince (15) días laborables siguientes a la fecha en que fallezca el miembro de la Fuerza. El trámite de estos beneficios será independiente de cualquier otra compensación o beneficio a que tengan derecho el cónyuge o los dependientes de estos servidores públicos.\n(d) La determinación del Superintendente sobre si la muerte de un miembro de la Policía o personal civil ocurrió en el cumplimiento del deber tendrá supremacía sobre cualquier otra decisión administrativa a esos efectos emitida por algún funcionario de agencia, corporación pública o cualquier otra instrumentalidad de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo aquella tomada a base de lo dispuesto en el inciso (1) del Artículo 2 de la Ley Núm. 127 de 27 de junio de 1958, según enmendada. De igual forma, se autoriza al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a expedir una certificación relacionada con la muerte de un policía o personal civil ocurrido en el cumplimiento del deber. Dicha certificación deberá ser emitida en un término de sesenta (60) días contados a partir de la muerte del policía o del personal civil. Esta certificación será considerada por todas las agencias, corporaciones públicas o cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que venga obligada a pagar una indemnización por la referida muerte. A partir de que dicha certificación sea final y firme, en un término que no excederá los sesenta (60) días, las agencias, corporaciones públicas o cualquier otra instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico vendrán obligadas a cumplir con dicho pago. Disponiéndose, que en caso de que la viuda o beneficiarias no hayan recibido el pago dentro del referido término, se fijará un recargo mensual ascendente al 0.5 % del total del pago de la indemnización.\n(e) Cuando designe a un miembro de la Fuerza para dirigir cualquier negociado o área policíaca, fijará el salario de ese policía. Cuando el salario fijado a ese policía designado resulte menor al de cualquier otro miembro de la Policía o empleado civil de carrera que quede bajo su supervisión, el Superintendente podrá autorizar un diferencial de hasta diez (10) por ciento al salario del designado por encima del salario de carrera más alto en esa superintendente auxiliar, negociado o área policíaca. El salario que resulte de esta disposición, nunca será igual o mayor al que recibe el Superintendente Auxiliar y solamente podrá ser disfrutado mientras se desempeñe en la posición de confianza para la cual fue designado por el Superintendente. Una vez finalizada su designación, regresará al rango permanente que le corresponda, el sueldo asignado al mismo y el paso automático de no haber estado en el máximo de la escala de rango que ocupaba antes de pasar al puesto de confianza.\n(f) Tendrá la facultad de llevar a cabo las gestiones para lograr el buen funcionamiento del Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico, a través del cual se promoverá el estudio y trabajo sujeto a las necesidades de servicio, para facilitar la superación profesional de miembros de la Uniformada. Disponiéndose además que a través del programa de profesionalización de la Policía de Puerto Rico, el Superintendente deberá cumplir con la política pública y con los requisitos de educación continua para todos los miembros de la Policía de Puerto Rico, según establecidos en esta Ley y en la Ley Núm. 103-2010.\n(g) El Superintendente tendrá la facultad de establecer por reglamento las condiciones en que los miembros de la Fuerza podrán ascender por mérito hasta el grado de Capitán mediante ascensos especiales por méritos y/o por heroísmo. En ningún caso se asignará más de un rango en el término de dos (2) años y nunca más de dos (2) veces mediante el mecanismo de ascenso por mérito en toda la carrera.\n(h) El Superintendente tendrá la facultad para exigirle a los miembros del Cuerpo la aprobación de un examen psicológico por lo menos cada tres (3) años, para que mantengan los parámetros establecidos al momento de ser reclutados para formar parte de la Policía de Puerto Rico.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 6; Enero 10, 1999, Núm. 39, sec. 1, enmendado el inciso (c), ef. 90 días después de Enero 10, 1999; 2002, Núm. 10, adicionada inciso (f); Marzo 27, 2004, Núm. 85, inciso (b); 2004, Núm. 108 adiciona el inciso (g); Agosto 4, 2004, Núm. 189, art. 2, inciso (b) y (c); Eliminado el inciso (g) en Agosto 26, 2005, Núm. 97, art. 1; Diciembre 8, 2006, Núm. 261, art. 1, enmienda el inciso (b), efectiva el 1 de julio de 2006; Diciembre 3, 2007, Núm. 171, Art. 1, adiciona inciso (h); Julio 16, 2008, Núm. 114, art. 1, enmienda el inciso (b); Agosto 13, 2009, Núm. 73, art. 1, enmienda el inciso (a); Mayo 4, 2012, Núm. 79, art. 1, enmienda el inciso (b), efectiva retroactiva al 1 de enero de 2012; Julio 30, 2014, Núm. 112, art. 1, enmienda el inciso (e) y reenumera el inciso (h) como inciso (g); Julio 29, 2015, Núm. 138, art. 1, enmienda el inciso (b); Diciembre 14, 2015, Núm. 217, art. 1, añade un nuevo inciso (c) para corregir un error técnico de la Ley Núm. 138 de 2015, efectivo el 29 de julio de 2015; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2015, ley 217 – Esta ley 217 añade un nuevo inciso (c) para corregir un error técnico de la ley Núm. 138 de 2015.\nNota del editor- Al añadir un nuevo inciso (c) y no quitar derechos adquiridos que es la intención de la ley, según la exposición de motivos, no reenumeró los siguientes artículos (c) al (g), por lo que se reenumeraron como inciso (d) al (h).\n-2015, ley 138 – Esta ley 138, enmienda el inciso (b), aunque la ley dice inciso (a).\nNota del editor- El primer párrafo del inciso (b) el beneficio fue aumentado a 12 meses por la Ley Núm. 79 de 1912 y esta Ley Núm. 138 del 2015, lo reduce a 6 meses por error. Según la exposición de motivos de la ley, la intención legislativa no fue reducir el beneficio, sino, añadir los siguientes párrafos al inciso (b) para añadir otros beneficios similares a los dependientes del policía que falleciere por muerte natural o por un accidente de tránsito no relacionado a sus funciones. El párrafo por error incluido lee como sigue:\n[El Superintendente tramitará y desembolsará al cónyuge supérstite o en su ausencia, a los dependientes del policía y del personal civil que falleciere en el cumplimiento del deber, o como consecuencia del mismo, un pago correspondiente a seis (6) mensualidades del salario bruto que devengue este último, para cubrir necesidades urgentes de la familia. Este pago se efectuará con cargo a los gastos de funcionamiento de la Policía de Puerto Rico, y no más tarde de los dos (2) días laborables siguientes a la fecha en que fallezca el miembro de la Fuerza. Además de dicho pago, el Superintendente está autorizado a sufragar los gastos del servicio fúnebre del Oficial de la Policía fallecido en el cumplimiento de su deber hasta un máximo de dos mil dólares ($2,000).]\n-2014, ley 112 – Esta ley 112, enmienda el inciso (e) y reenumera el inciso (h) como inciso (g).\n-2012, ley 79 – Esta ley 79, enmienda el inciso (b) de este articulo.\n-2009, ley 73- Esta ley 73, enmienda el inciso (a)(1) de este artículo.\n-2008, ley 114 – Esta ley enmienda en inciso (b) e incluye los siguientes artículos relacionados:\nArtículo 2.- Si cualquier parte de esta Ley fuese declarada nula por un tribunal de jurisdicción competente, este fallo no afectará ni invalidará el resto de la Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen judicial.\n-2007, ley 171 – Esta ley adiciona un nuevo inciso (h) e incluye los siguientes artículos relacionados:\n“Artículo 3.- Se faculta a la Policía de Puerto Rico a adoptar la reglamentación necesaria para cumplir con los propósitos de esta Ley, sujeto a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”. A estos fines, podrán enmendarse los reglamentos ya existentes al amparo de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996”.”\n“Artículo 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente.”\n-2006, ley 261 – Esta ley enmienda el inciso (b) de este artículo.\n-2005, ley 97 – Esta ley eliminó el inciso (g).\n-2004, ley 189 – Esta ley enmienda los incisos (b) y (c).\n-2004, ley 108 – Esta ley enmienda el inciso (g)\n-2004, ley 85 – Esta ley enmienda el inciso (b)\n-2002, ley 10 – Esta ley adiciona el inciso (f) al Artículo 6 y enmienda los Artículos 12, 15(a) y 38 de esta ley.\n-1999- ley 39 – Esta ley enmienda el inciso (c)\n1. Ley Núm. 106 de 4 de mayo de 2004- Esta Ley establece la siguiente facultad al Superintendente: [Véase Ley original y texto completo]\n“Artículo 12.- El Superintendente de la Policía queda facultado a establecer mediante acuerdo con el Secretario de Educación las normas para viabilizar que los miembros del Cuerpo de Seguridad Escolar, creado por virtud de la Ley Núm. 26 de 5 de junio de 1985, que interesen convertirse en Agentes de Protección Escolar reciban prioridad para tal transferencia, siempre y cuando cumplan cabalmente con los requisitos establecidos para ingresos a la Policía de Puedo Rico. Excluyéndolos del requisito de edad requerida para ingresar a la uniformada.\nArtículo 13.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”\n2. Ley Núm. 32 de 8 de enero de 2004- Esta Ley establece la facultad de reglamentar el procedimiento: [Véase Ley original y texto completo]\n“Sección 2.-Se autoriza al Superintendente de la Policía de Puerto Rico, a que mediante reglamentación, establezca el procedimiento a seguir para el cambio de núm. de placa, aquí dispuesto.\nSección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.”\nArt. 6-A. -[Derogado] -Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico.\nSe crea el Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico, como parte integral de la estructura de la Policía de Puerto Rico, el cual proveerá educación y adiestramiento en diversas materias, entre ellas ciencias policiales, técnicas de investigación, entrenamiento táctico, técnicas de supervisión y relaciones humanas, ética en el desempeño de sus funciones, protección de los derechos civiles, con el fin de ofrecer destrezas necesarias a las fuerzas de seguridad para prevenir y combatir la actividad delictiva. El Superintendente de la Policía designará un funcionario de confianza de la Policía de Puerto Rico, quien lo asistirá en la ejecución e implementación del Programa. El referido funcionario podrá ser un Superintendente Auxiliar o cualquier otro funcionario dentro de la estructura gerencial de la Policía. No obstante, ello no implicará que se delega la facultad de despedir o nombrar personal, ni el poder de aprobar reglamentación.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53; Julio 30, 2014, Núm. 112, art. 2, añade este nuevo artículo 6-A; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 6-B. -[Derogado] -Objetivos del Programa\nEl Programa tendrá como misión alcanzar los siguientes objetivos:\n(a) Garantizar que los cadetes y los miembros de la Policía cuenten con la adecuada formación técnica, científica, táctica, ética y humanística, para que los mismos estén aptos para desempeñarse en las áreas de seguridad pública.\n(b) Velar por la implementación de un currículo académico que refleje las últimas y más desarrolladas técnicas de enseñanza en el ámbito policiaco.\n(c) Asegurarse que los cadetes y miembros de la Uniformada adquieran los conocimientos y las destrezas necesarias que le permitan desempeñarse efectivamente en la lucha contra el crimen y la seguridad pública.\n(d) Fomentar que el cadete y el miembro de la Policía cuenten con una visión integrada de los componentes del sistema de justicia en Puerto Rico.\n(e) Concientizar al candidato a ser policía de que el problema de la criminalidad en Puerto Rico afecta a todos los sectores de la sociedad, por lo cual se requiere un interés humano, realista y científico, así como actitud, visión y capacidad de solucionar problemas de manera rápida y efectiva.\n(f) Exigir que todo candidato a ser policía posea un grado asociado o un bachillerato concedido por una universidad licenciada por el Consejo de Educación de Puerto Rico y acreditada por “Middle States Commission on Higher Education”.\n(g) Desarrollar en el estudiante los más altos valores morales, de disciplina y profesionalismo en el desempeño de su labor como agente del orden público.\n(h) Elaborar un programa de educación continua, según requerido en esta Ley y en la Ley 103-2010.\n(i) Coordinar el adiestramiento rutinario de los miembros de la Uniformada y cualquier otro programa de educación que le sea requerido y resulte necesario para el buen desempeño de la Policía de Puerto Rico.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53; Julio 30, 2014, Núm. 112, art. 3, añade este nuevo artículo 6-B; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 6-C. -[Derogado] -Funciones y Poderes del Superintendente de la Policía con respecto a la implementación del Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico\nEl Superintendente tendrá las siguientes funciones o deberes respecto a la implementación del Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico:\n(a) Formular, aprobar y adoptar reglamentos para regir sus actividades y funcionamiento interno.\n(b) Organizar la manera en que se pondrá en vigor el programa, nombrar su personal y contratar los servicios de peritos, asesores y técnicos necesarios para ejercer las facultades que se establecen para el Programa en virtud de esta Ley.\n(c) Otorgar contratos y formalizar los acuerdos necesarios o convenientes para el ejercicio de sus funciones académicas.\n(d) Con los objetivos dispuestos en esta Ley, podrá aceptar donaciones, asignaciones legislativas, fondos del Gobierno de Estados Unidos de América, transferencias de agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas, así como de municipios.\n(e) Cobrar por los servicios que preste y utilizar dichos ingresos para fortalecer los ofrecimientos basados en el programa y cualquier otro fin cónsono con los objetivos del mismo. A tales efectos, se emitirá una reglamentación que contendrá todo lo relacionado a los costos por crédito académico, laboratorios, talleres, cuotas de admisión, readmisión, graduación, y cualquier otro costo por servicio que se ofreciere para la implementación del programa, cuando ello aplicare. No se permitirá el cobro por los servicios que se presten a la propia Policía de Puerto Rico u otra agencia del Gobierno Central. Sin embargo, ello no impedirá el cobro a los municipios conforme a las disposiciones de la Ley Núm. 19 de 12 de mayo de 1977, según enmendada.\n(f) Arrendar las facilidades que se utilizan para la implementación del programa, conforme a la reglamentación que apruebe para ello.\n(g) El Superintendente podrá establecer y mantener acuerdos con universidades licenciadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico y acreditadas por el “Middle States Commission on Higher Education”, mediante los cuales, estas últimas podrán ofrecer cursos básicos de adiestramiento a aquellas personas que interesen ingresar en la Policía de Puerto Rico, así como cursos de educación continuada para los agentes de la Policía. Del Superintendente llevar a cabo estos acuerdos, será él quien autorice el currículo a implementarse en dichos cursos básicos de adiestramiento y readiestramiento y velará porque los mismos cumplan con todos los requerimientos establecidos por el programa para la profesionalización de la Policía de Puerto Rico.\n(h) El Superintendente podrá convalidar los cursos ofrecidos por universidades licenciadas por el Consejo de Educación de Puerto Rico y acreditadas por el “Middle States Commission on Higher Education” que sean compatibles con los cursos de adiestramiento necesarios para ser Policías de Puerto Rico.\n(i) Establecer y mantener acuerdos con conferenciantes, instituciones de educación superior y centros de estudios en Puerto Rico o el exterior para que asistan en el desarrollo y el mejoramiento de los currículos de enseñanza necesarios para implementar el Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53; Julio 30, 2014, Núm. 112, art. 4, añade este nuevo artículo 6-C; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 6-D. -[Derogado] -Fondo Especial del Programa de Educación de la Policía\nSe autoriza al Secretario de Hacienda a crear el Fondo Especial del Programa de Educación de la Policía, en el cual ingresarán los fondos que genere por el arrendamiento de su propiedad, o por el cobro de servicios conforme sea autorizado a través de ésta o cualquier otra ley, en aquellos casos en que aplicare. El mismo podrá ser utilizado para fortalecer los ofrecimientos del programa, para cualquier asunto administrativo que el Superintendente estime necesario y cualquier otro fin cónsono con los objetivos del programa. A su vez, el Fondo podrá nutrirse de donativos provenientes de personas o entidades privadas, asignaciones legislativas, y fondos provenientes del Gobierno Federal.”\n(Junio 10, 1996, Núm. 53; Julio 30, 2014, Núm. 112, art. 5, añade este nuevo artículo 6-D; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 7. -[Derogado] -Superintendente Asociado; creación, facultades, poderes y deberes- (25 L.P.R.A. sec. 3106)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 7, ef. Julio 1, 1996; Octubre 7, 2009, Núm. 113, art. 1, enmienda el inciso (c) para añadir la segunda oración; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 8. -[Derogado] -Superintendentes Auxiliares; creación, propiedades del cargo- (25 L.P.R.A. sec. 3107)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 8, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 9. -[Derogado] -Miembros de la Fuerza; ingreso y reingreso- (25 L.P.R.A. sec. 3108)\n(c) El ingreso del Agente de Protección Escolar a la Fuerza estará condicionado al cumplimiento de un periodo probatorio de un (1) año, durante el cual la persona podrá ser separada del servicio si a juicio del Superintendente demuestra ineptitud para ser miembro de la Policía, o sus hábitos y confiabilidad no justifican que continúe en el Cuerpo. Cualquier periodo de ausencia que exceda de treinta (30) días estará excluido del cómputo del tiempo de este periodo probatorio. Cada seis (6) meses, el Superintendente evaluará la labor realizada por estos agentes que estén en periodo probatorio y enviará copia de esta evaluación a las partes interesadas. Disponiéndose, además que la edad para ingresar como Agente de Protección Escolar será de 18 años hasta 35 años de edad.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 7, ef. Julio 1, 1996; 2004, ley 106, adiciona el inciso (c) ; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2004, ley 106- Esta ley adiciona el inciso (c).\nArt. 10. -[Derogado] -Jornada de trabajo- (25 L.P.R.A. sec. 3109)\n(a) La jornada legal de trabajo de la Policía será no mayor de ocho (8) horas diarias, ni mayor de cuarenta (40) horas a la semana. Los miembros de la Policía que presten servicios de naturaleza administrativa, ejecutiva y de supervisión y los que estén sometidos a cursos de entrenamiento ofrecidos o auspiciados por la Policía, estarán excluidos de las disposiciones de este inciso, correspondiendo al Superintendente la fijación de sus respectivos horarios de trabajo, tanto diaria como semanalmente y la concesión de días libres. Los demás miembros de la Policía que trabajen en exceso de la jornada aquí establecida, tendrán derecho a que se les pague las horas trabajadas en exceso de tal jornada a razón de tiempo y medio. Disponiéndose, que todo miembro de la Policía que trabajen en exceso de la jornada legal tendrá la opción de sustituir el pago en metálico de las horas extras a que tenga derecho por su equivalente en tiempo compensatorio.\n(b) El Superintendente determinará mediante reglamento el procedimiento para la autorización, justificación y pago de horas extras. Toda solicitud de pago por horas extras que no cumpla con todos los requisitos dispuestos en el reglamento será nula y no procederá su pago. El pago de las horas extras trabajadas a partir del 1 de enero de 2010 deberá hacerse dentro de un término máximo de cuarenta y cinco (45) días. A partir del 1 de enero del 2013, el ingreso devengado por concepto de las horas extras trabajadas por un miembro de la Policía de Puerto Rico, según éste funcionario es definido en el Artículo 2 de esta Ley, no estará incluido en el ingreso bruto y estará exento de tributación.\n(f) Para los efectos de cualquier intervención a los fines del cumplimiento de las disposiciones de esta Ley, los miembros de la Policía conservarán su condición como tales en todo momento y en cualquier sitio en que se encontraren dentro de la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, aún cuando estuvieren francos de servicio. A esos efectos, tendrán todos los deberes y atribuciones que por las disposiciones de esta ley se imponen a los miembros de la Policía. No obstante lo aquí dispuesto, los miembros de la Policía, sujeto a la previa aprobación del Superintendente, podrán dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada, siempre y cuando dichas funciones no sean contrarias a los objetivos y propósitos que por las disposiciones de esta ley se le confieren a la Policía de Puerto Rico.\nLos miembros de la Policía autorizados por el Superintendente de la Policía a dedicarse en su tiempo libre a otras tareas, oficios o profesiones en la empresa privada, no incompatibles con los objetivos o propósitos de esta Ley, podrán utilizar su arma de reglamento en el desempeño de tales funciones siempre que esta actividad esté protegida por un seguro de responsabilidad.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 10; Agosto 14, 1998, Núm. 245, sec. 1, enmendado el inciso (a); Diciembre 10, 1999, Núm. 337, sec. 1, enmendado inciso (f); 2003, ley 67 inciso (b); Marzo 11, 2011, Núm. 31, enmienda el inciso (b); Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2013, ley 58 – Esta ley 58 enmienda el inciso (b) primer párrafo, concede un beneficio a los policías. Establecer que las horas extras pagadas no estará incluido en el ingreso bruto y estará exento de tributación desde el 1 de enero de 2013. También, enmienda el Código de Rentas Internas, Sección 1031.02.\n-2011, ley 31- Esta ley 31 enmienda el inciso (b) de este artículo para reducir el termino máximo de 60 a 45 días.\n-1999, ley 337 -En esta Ley Núm. 337 de 10 de diciembre de 1999 se incluyen las siguientes secciones relacionadas:\n“Sección 2.-Se enmienda el Artículo 6 de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, para que se lea como sigue:\n“Artículo 6.-Acciones no Autorizadas\nNada de lo dispuesto en esta Ley autoriza las acciones por daños y perjuicios contra el Estado por acto u omisión de un funcionario, agente o empleado:\n(f) en el desempeño de labores no oficiales por miembros de la Policía aunque estén autorizadas por el Superintendente de la Policía; allí donde el Estado no haya sido negligente, de conformidad con la facultad que confiere a éste la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada.”\nSección 3.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.”\nArt. 11. -[Derogado] -Uniforme y Equipo- (25 L.P.R.A. sec. 3110)\n(b) Las piezas de vestir del uniforme y el equipo de los miembros de la Fuerza serán suministrados por la Policía. El Superintendente establecerá por reglamento el uniforme y el uso apropiado del mismo. Por uniforme se entenderá la tela para la chaqueta, camisa, pantalón, botas o zapatos, gorra, capa, insignias y colores correspondientes que vienen obligados a utilizar los miembros del Cuerpo de conformidad con el Reglamento. Disponiéndose, que se considerarán parte integrante del uniforme de los miembros de la Fuerza un distintivo en tela o placa con el número de identificación del agente y el distintivo o placa indicando su apellido y que dichos miembros vendrán obligados a mostrar prominentemente y en forma claramente visible dichos distintivos o placas en todo momento mientras se encuentren en servicio activo, irrespectivamente de la vestimenta que constituya el uniforme o el equipo utilizado por el agente. No constituirá eximente o motivo para incumplir este requisito que el uniforme o equipo utilizado dificulte la exhibición del distintivo o placa con el apellido o el número de identificación, viniendo obligado el Superintendente de la Policía a tomar las providencias necesarias para asegurar que el uniforme y el equipo aprobados para uso de los agentes cumplan con el requisito establecido en esta disposición de ley, excepto los agentes encubiertos o en ropa civil en aquellos casos en que el Superintendente determine que la identificación de un agente afecte el cumplimiento de sus deberes o la seguridad de éste.\n(e) Cualquier persona que incurriese en la violación de lo dispuesto en los dos párrafos precedentes, será culpable de delito menos grave y convicta que fuere será castigada con una multa máxima de cinco mil (5,000) dólares o reclusión por un término no mayor de seis (6) meses, o ambas penas a discreción del tribunal.\n(f) Al fallecimiento en servicio activo de cualquier miembro de la Policía que haya servido honrosamente durante quince (15) años a ese Cuerpo, su núm. de placa será retirada y no le será asignado a ninguna otra persona, con excepción de algún descendiente directo, que siendo miembro de la Policía de Puerto Rico, solicitare cambiar su número de placa por la de su antepasado. En caso de que el miembro de la fuerza fallecido tenga dos (2) o más dependientes que pudieran reclamar el núm. de placa, se entregará al que de todos haya ingresado a la Policía de Puerto Rico en primer orden, teniendo éste la facultad de renunciar a este derecho a favor del descendiente que le siga en orden de preferencia. Se dispone, además, que al fallecimiento en el cumplimiento del deber de cualquier miembro de la Policía, su placa será entregada al cónyuge supérstite o en ausencia de éste, a sus padres o dependientes. Cualquier persona excepto lo dispuesto en el párrafo precedente, que utilice dicha placa como distintivo o identificación como miembro activo de la Policía, incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será castigada con multa máxima de quinientos (500) dólares o reclusión por un término no mayor de seis (6) meses o ambas penas a discreción del Tribunal."\n(g) El Superintendente de la Policía podrá por medio de reglamentación, autorizar a los miembros de la Policía que se acojan al retiro por años de servicio y que estén autorizados a tener y poseer un arma de fuego, a adquirir un arma del Depósito de Armas de la Policía, a valor depreciado. Los fondos recaudados por concepto de la venta de tales armas a los policías que se acojan al retiro por años de servicio ingresarán en un fondo especial para sufragar la compra o adquisición de nuevas armas de fuego para la Policía de Puerto Rico, en sustitución de las vendidas a policías que se acojan al retiro en virtud de esta disposición.\n(h) El Superintendente determinará mediante la aprobación del reglamento la vestimenta que habrá de constituir el uniforme oficial del Agente de Protección Escolar 1 y II, así como los deberes y responsabilidades que se le asignarán a los mismos.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 11; Junio 5, 1997, Núm. 15, art. 1, enmienda el inciso (b); Julio 3, 1999, Núm. 141, art. 1.; 2004, ley 32, inciso (f); 2004, ley 106 adiciona el inciso (h); Diciembre 13, 2007, Núm. 191, art. 1, enmienda el inciso (e) para aumentar la multa a $5,000.00; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 12. -[Derogado] -Rangos; uniformidad- (25 L.P.R.A. sec. 3111)\n(1) Agente de Protección Escolar I: Significará el miembro de la Policía nombrado en periodo probatorio, para ejercer las tareas de vigilancia encaminadas a mantener el orden y proteger la vida y propiedad de la comunidad escolar.\n(2) Agente de Protección Escolar II: Significará el miembro de la Policía que ha aprobado el periodo probatorio, para ejercer las tareas de vigilancia encaminadas a mantener el orden y proteger la vida y propiedad de la comunidad escolar.\n(3) Cadete: Miembro de la Policía, según se define en el Artículo 2, inciso (b) de esta Ley.\n(4) Agente de la Policía: Miembro de la Policía, según se define en el Artículo 2, inciso (a) de esta Ley y que como mínimo posea un Grado Asociado, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.\n(5) Sargento: Agente de la Policía que haya sido ascendido a Sargento luego de haber aprobado los exámenes, cumplido con los requisitos conforme a la reglamentación establecida por el Superintendente y que como mínimo posea un Grado Asociado, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, o mediante ascenso por mérito según establecido por el Artículo 6 de esta Ley. El rango de Sargento constituye la primera línea de supervisión en el sistema uniforme de rangos en la Policía de Puerto Rico.\n(6) Teniente Segundo: Sargento que haya ascendido al rango de Teniente Segundo luego de haber aprobado los exámenes, los requisitos para este rango, conforme a la reglamentación establecida por el Superintendente y que como mínimo posea un Grado Asociado, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, o mediante ascenso por mérito según establecido por el Artículo 6 de esta Ley.\n(7) Teniente Primero: Teniente Segundo que haya ascendido al rango de Teniente Primero luego de haber aprobado los exámenes y los requisitos para este rango, conforme a la reglamentación establecida por el Superintendente y que como mínimo posea un Grado Asociado, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, o mediante ascenso por mérito según establecido por el Artículo 6 de esta Ley.\n(8) Capitán: Teniente Primero que haya ascendido al rango de Capitán luego de haber aprobado los exámenes, los requisitos para este rango, conforme a la reglamentación establecida por el Superintendente y que como mínimo posea un Grado de Bachiller, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, o mediante ascenso por mérito según establecido por el Artículo 6 de esta Ley.\n(9) Inspector: Capitán que haya ascendido al rango de Inspector mediante designación hecha por el Superintendente con la confirmación del Gobernador, según el Artículo 5, inciso (e) de esta Ley y que como mínimo posea un Grado de Bachiller, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.\n(10) Comandante: Inspector que haya ascendido al rango de Comandante mediante designación hecha por el Superintendente con la confirmación del Gobernador, según el Artículo 5, inciso (e) de esta Ley y que como mínimo posea un Grado de Bachiller, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.\n(11) Teniente Coronel: Comandante que haya ascendido al rango de Teniente Coronel mediante designación hecha por el Superintendente con la confirmación del Gobernador, según el Artículo 5, inciso (e) de esta Ley y que como mínimo posea una Maestría o su equivalente, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.\n(12) Coronel: Oficial cuyo rango es permanente mediante designación hecha por el Superintendente con la confirmación del Gobernador, según el Artículo 5, inciso (e) de esta Ley y que como mínimo posea una Maestría o su equivalente, otorgado por un colegio o universidad certificada o acreditada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 12, ef. Julio 1, 1996; 2002, ley 10; 2004, ley 106 adiciona apartados (a)(1) y (a)(2) y renumera todos los apartados siguientes; Marzo 26, 2010, Núm. 35, sec. 3, deroga el artículo 12 anterior e incluye un nuevo artículo 12; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2010, ley 35 – Esta ley 35 deroga el artículo 12 anterior, incluye un nuevo artículo 12 e incluye las siguientes secciones relacionadas:\nSección 4.-Para todos los fines legales las enmiendas contenidas en las Secciones 1 y 2 de esta Ley a la Ley Núm. 227 de 23 de agosto de 2004 tendrán efectividad retroactiva al 23 de agosto de 2004 y toda acción o decisión tomada o derecho adquirido al amparo de dicha Ley desde esa fecha en lo relacionado a las escalas salariales de los miembros de la Policía mantendrá su validez.\nSección 5.-Para todos fines legales, no obstante lo dispuesto en la redacción original de la Ley Núm. 227 de 23 de agosto de 2004, entre dicha fecha de vigencia y la fecha de vigencia de esta Ley se considerará en vigencia el Artículo 12 de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según aprobado y posteriormente enmendado por las leyes Núm. 10 de 5 de enero de 2002 y Núm. 106 de 4 de mayo de 2004 en lo relacionado con la escala de rangos del Cuerpo de la Policía, y toda acción o decisión tomada o derecho adquirido a su amparo mantendrá su validez.\nSección 6.-Esta Ley entrará en vigor inmediatamente tras su aprobación.\nArt. 13. -[Derogado] -Fijación y Aplicación de Escalas de Retribución Mensual- (25 L.P.R.A. sec. 3112)\n(a) Esta Ley se conocerá como "Ley de Aumento a los Miembros del Sistema de Rango de la Policía de Puerto Rico".\nA partir del 1ro. de octubre de 2004, las escalas de retribución de los miembros de la Policía serán las siguientes.\nESCALAS DE RETRIBUCION MENSUAL PARA LOS RANGOS DE LOS MIEMIBROS DE LA POLICIA DE PUERTO RICO\n*Nota del editor: Error en la tabla según aprobada y publicada- El segundo número 2480 duplicado en la columna 3 de Teniente Segundo debe pertenecer a la columna 4 y los siguientes salarios de esa categoría deben moverse una columna hasta completar la columna 7.\nESCALA SOBRE EL TIPO MÁXIMO\nTIPOS SOBRE EL MÁXIMO\nLAS ESCALAS DE RETRIBUCION MENSUAL PARA LOS MIEMBROS DE LA POLICIA QUE OSTENTEN UN RANGO DE PILOTO AL 30 DE JUNIO DE 1995, SERAN LAS SIGUIENTE A PARTIR DEL 1RO. DE JULIO DE 1996\nA TODOS LOS TIPO MINIMO SE LE AUMENTARON $500.00 Y\nSE RECONOCE EN UN INCREMENTO % RAZONABLE\n(b) Escalas de retribución mensual para los Agentes de Protección Escolar 1 y II:\nLAS ESCALAS DE RETRIBUCIÓN MENSUAL PARA LOS RANGOS DE\nAGENTE DE PROTECCIÓN ESCOLAR SERÁN LAS SIGUIENTES:\nAgente Policía Escolar I 1200 1218 1236 1255 1274 1293 1313 1333 1353 1373 1394 1415 1436\nAgente Policía Escolar II 1393 1414 1435 1457 1479 1501 1524 1547 1570 1594 1618 1642 1667\nc) Para la fijación de la retribución de los miembros de la Policía regirán las siguientes disposiciones:\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 13, ef. Julio 1, 1996; 2004, ley 106 adiciona el inciso (b) y renumera el inciso (b) como (c); Agosto 23, 2004, Núm. 227, art. 1 inciso (a); Agosto 13, 2009, Núm. 71, art. 1, añade el inciso (11), efectiva el 1 de julio de 2010, año fiscal 2010-2011; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.).\n-2009, ley 71 – Esta ley 71 añade el inciso (11) a este artículo e incluye los siguientes artículos relacionados:\n-2004, ley 227 - Véase la Exposición de Motivos y los artículos 2 al 5 de esta ley para las cantidades de aumento y la fecha de vigencia.\nArt. 14. -[Derogado] -Pagos Suplementarios- (25 L.P.R.A. sec. 3113)\n(3) Por servicios que constituyen un riesgo extremo para la vida del miembro de la Fuerza concernido Hasta tres (3) pasos\n(4) Por servicios en funciones de piloto y co-piloto de naves aéreas Entre $200 y $1,500\n(5) Por servicios como mecánico de naves aéreas Entre $150 y $500\n(6) Cuando por exigencias del servicio tengan que vestir ropas civiles para el cual recibirán pagos trimestrales $200 anuales.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 14, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 15. -[Derogado] -Ascensos- (25 L.P.R.A. sec. 3114)\n(a) Los ascensos en rangos podrán concederse por razón de mérito o mediante la aprobación de exámenes hasta el rango de Capitán, excepto en los casos dispuestos en esta Ley. Los casos de ascensos por actos de heroísmo se otorgarán de acuerdo a la reglamentación que establezca el Superintendente y serán efectivos al surgir la vacante para el rango correspondiente.\nLos criterios para ascensos por méritos serán establecidos por reglamentación del Superintendente de la Policía, a tenor con las disposiciones del Artículo 6 de esta Ley y teniendo en consideración las siguientes disposiciones:\n(1) Los policías que ascenderán a través del principio de mérito lo harán mediante evaluaciones, tomándose en consideración la experiencia, productividad, análisis de su historial de trabajo, resultados de adiestramientos y el liderato demostrado a través de su desempeño como agente del orden público, tomándose en consideración también su desempeño con la comunidad y buena conducta, de modo que sean los más aptos los que ocupen posiciones de dirección y supervisión en la Policía.\n(d) Una vez el aspirante haya aprobado el examen y todos los requisitos necesarios para formar parte del registro de elegibles, no se le podrá negar el ascenso de haber el puesto disponible y existan los recursos fiscales para cubrir el efecto presupuestario del ascenso. Solamente podrán tomarse en cuenta para el rechazo del ascenso, aquellas querellas o investigaciones administrativas que se desprendan del expediente anterior al candidato haber aprobado el examen. Si surgiere cualquier querella o investigación con posterioridad a la aprobación del examen, pero antes de formalizarse el ascenso, no se nombrará a nadie al rango que corresponda hasta tanto se dilucide la investigación administrativa. En caso de que el resultado de la investigación exonere al miembro de la Policía imputado, éste tendrá derecho a ocupar el rango para el cual aprobó el examen, sujeto a las disposiciones de este inciso.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 15, ef. Julio 1, 1996; enmendada en el 2002, Num. 10; Agosto 13, 2009, Num. 73, art. 3, enmienda el inciso (a); Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2009, ley 73 – Esta ley 73, enmienda el inciso (a) de este artículo.\n-2000, ley 182 - En la Ley Núm. 182 de 21 de agosto de 2000 estableció lo siguiente para la lista de ascenso a capitán vigente:\n“Artículo 1.- Se dispone que para todos los miembros de la Fuerza que hubiesen ingresado a partir del 1 de enero de 1982, los requisitos de preparación universitaria que se establecen en la Ley 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, no serán aplicables a los miembros de la Fuerza que estuviesen en el registro de elegibles para ascenso al rango de Capitán al 31 de diciembre de 1999. Se faculta expresamente al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a promover al rango de Capitán a los miembros de la Fuerza cualificados y en el registro de elegibles al 31 de diciembre de 1999, conforme a la disponibilidad de plazas.\nArtículo 2.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”\nArt. 15A. -[Derogado] -Traslados.- (25 L.P.R.A. sec. 3114-A)\nSerá política pública de la Policía de Puerto Rico, implantada a través de la sana discreción del Superintendente, la rotación de sus miembros a fin de capacitarlos en la mayoría de las variadas funciones operacionales que desempeña esta agencia.\nEl Superintendente tendrá amplia facultad y discreción para considerar y ordenar los traslados de cualquiera de los miembros de la Fuerza que entienda necesarios para la mejor utilización y distribución del recurso humano.\nTodo traslado, salvo aquellos que se realizan por petición del miembro de la Policía, se presumirá que obedece a la exigencia del servicio.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, ef. Julio 1, 1996; Adicionado en el 2000, ley 71; enmendado en el 2001, Num. 185; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 16. -[Derogado] -Aumento de Plazas- (25 L.P.R.A. sec. 3115)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 16, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 17. -[Derogado] -Seguro de Vida; descuento de nómina- (25 L.P.R.A. sec. 3116)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 17, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 17-A. -[Derogado] – Cotización al Seguro Social Federal de nuevos miembros de la Uniformada; descuento de nómina:\nSe autoriza al Secretario de Hacienda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a que deduzca la cantidad mínima requerida por la Sección 107 de la Ley Pública 734 de 28 de agosto de 1950, según enmendada, para la cotización del Seguro Social Federal de la nómina de todo nuevo o nueva Agente que ingrese a la Uniformada a partir del 1 de julio de 2015.\nEstá obligación será compulsoria para todo nuevo agente de la Policía de Puerto Rico y no aplicará a los empleados civiles de la Uniformada.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 17, ef. Julio 1, 1996; Marzo 24, 2015, Núm. 38, art. 1, añade este nuevo art. 17-A, efectivo el 1 de julio de 2015; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 18. -[Derogado] -Licencias- (25 L.P.R.A. sec. 3117)\nNo más tarde de treinta (30) días después de ser referido el caso, el médico de la Policía y el médico del Fondo del Seguro del Estado deberán certificar si el miembro de la Policía padece una lesión grave o leve y si la misma es temporera o permanente y si incapacita al miembro de la Policía. Ambos deberán certificar si el empleado padece de una lesión grave o leve que sea permanente, ambas por un período prolongado, para que tenga el derecho concedido por la presente ley.\n(b) En el caso en que la lesión sea certificada por el médico de la Policía y el médico del Fondo del Seguro del Estado como grave o leve sea permanente, ambas o por un período prolongado, conforme la definición de dichos términos expuestos en la presente ley, pero que no incapacite al miembro de la Fuerza, la Policía de Puerto Rico, en primer lugar se le proveerá acomodo razonable reconociéndosele los derechos conforme a la Ley Pública 101-336 de 26 de julio de 1990, conocida como "Americans with Disabilities Act of 1990", según enmendada. La persona concernida tendrá derecho, conforme a su capacidad, en caso de que no cualifique para acomodo razonable en la Policía de Puerto Rico a que se le reubique en cualquier otro puesto en el servicio público, para el cual reúna los requisitos mínimos establecidos para el mismo. Para fines de los procedimientos de reclutamiento y selección, se respetarán las disposiciones de personal de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975, Ley de Personal del Servicio Público, aplicables a cada agencia o administrador individual en particular.\n(C) Se concederá licencia militar a los miembros de la Fuerza que pertenezcan a la Guardia Nacional o a los Cuerpos de Reserva de las Fuerzas Armadas durante el período que estuvieren prestando servicio temporeros ordenados o autorizados por virtud de las disposiciones de las leyes de los Estados Unidos o del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Esta licencia no será deducible de la licencia regular autorizada en el inciso (a) de esta sección.\nSe excluye de esta disposición todo período de tiempo en que un miembro de la Fuerza asista a cursos de estudios auspiciados por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos y la Guardia Nacional de Puerto Rico.\nDisponiéndose que en aquellos casos no relacionados con el trabajo, como lo son los de violencia doméstica e intentos suicidas, tanto el Psiquiatra como los Psicólogos de la Unidad de Tratamiento y Evaluación Médica, determinarán, siguiendo el debido procedimiento administrativo, si la condición mental del paciente es una crónica o difícil de superar, que pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía, sus compañeros de trabajo, su familia o la suya propia de ser el caso, el Superintendente procederá a decretar la separación del uniformado del Cuerpo de la Policía. El policía tendrá derecho a apelar este dictamen. Una vez se determine en el trámite apelativo, que el policía no tiene una expectativa de mejorar su condición mental, el Superintendente no podrá, en ningún caso, admitir el reingreso del ex funcionario como miembro de la Uniformada. Se dispone además como medida de precaución y seguridad, que en aquellos casos en los que un policía diagnosticado con problemas de violencia, pero no separado del Cuerpo, luego de confirmado tanto por el Psiquiatra de la Unidad Psico-Social como el de la Junta de Evaluación Médica, que su condición emocional es una con expectativa de mejoría, no estará autorizado a portar su arma de fuego, hasta tanto su condición sea diagnosticada como estable por los Profesionales de la Salud Mental indicados en las disposiciones de esta Ley.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 18; Junio 18, 1999, Núm. 134, sec. 1, enmendado subinciso (b) de (B); Agosto 24, 2000, Núm. 186, art. 1; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-1999, ley 134 -En esta Ley Núm. 134 de 18 de junio de 1999 también incluyeron las siguiente secciones: “Sección 2.- Para propósitos de esta ley los siguientes términos tendrán la definición que adelante se esboza:\nLesión leve permanente: daño o detrimento físico o mental causado por una herida, golpe o enfermedad que no imposibilita totalmente el desenvolvimiento eficaz de la persona para realizar las funciones básicas de su puesto.\nLesión grave permanente: daño o detrimento físico o mental causado por una herida, golpe o enfermedad que imposibilita totalmente el desenvolvimiento eficaz de la persona para realizar las funciones básicas de su puesto o que de permanecer la persona en su puesto le resulte en eventual menoscabo.\nPeríodo prolongado: Aquel término de tiempo que exceda los días acumulados por enfermedad o noventa (90) días, lo que resulte mayor.\nSección 3.- Estas definiciones se interpretarán en armonía con las leyes o reglamentos de la Policía de Puerto Rico y la Ley del Fondo del Seguro del Estado; y en todo caso se buscará la interpretación más favorable al trabajador.\nSección 4.- Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”\nArt. 19. -[Derogado] -Junta de Evaluación Médica, creación y facultades- (25 L.P.R.A. sec. 3118)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 19, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 19A. -[Derogado] -Unidad de Tratamiento y Evaluación Sico-Social. (25 L.P.R.A. sec. 3118-A)\nSe crea en cada área policial una Unidad de Tratamiento y Evaluación Sico-Social, adscrita a la Policía de Puerto Rico.\nCada Unidad de Tratamiento y Evaluación Sico-Social se compondrá de tres (3) miembros en propiedad, a saber: un sicólogo clínico, un trabajador social y un siquiatra a tiempo parcial, de entre los cuales el Superintendente de la Policía nombrará el Director de la Unidad. Además, cada unidad contará con un ayudante administrativo y el personal clerical necesario, según las necesidades de cada área policial.\nLa Unidad de Tratamiento y Evaluación Sico-Social tiene como función realizar periódicamente una evaluación sico-social a cada miembro de la policía de cada área policial y brindar consejería y tratamiento a los policías involucrados en casos de violencia doméstica o violación a derechos civiles, que confronten dificultades personales o laborales que afecten su estabilidad emocional, productividad y relaciones interpersonales, y cuando en el transcurso de sus funciones, enfrenten situaciones de violencia. Esta Unidad podrá intervenir a solicitud del miembro de la Policía afectado o a solicitud del Director de Unidad, quien notificará por escrito las razones de su solicitud.\nCada unidad se reunirá todas las veces que fuere necesario para determinar los casos que deben someterse a un plan de tratamiento y los que deben referirse a la Junta de Evaluación Médica. Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros en propiedad y serán estrictamente confidenciales.\nEl Director de cada unidad referirá a la Junta de Evaluación Médica aquellos casos en que se recomiende la separación temporera o el retiro del servicio de un miembro de la Policía. También referirá aquellos casos de los miembros de la Policía que se nieguen a someterse a un plan de tratamiento conforme la recomendación de la Unidad de Tratamiento y Evaluación Sico-social (U.T.E.S.S.). En caso de que la persona referida persista en su negativa a someterse al plan de tratamiento, se le notificará al Superintendente, quien determinará las sanciones a ser impuestas por tal incumplimiento.\nEn adición a lo anterior, se faculta al Superintendente de la Policía de Puerto Rico para que, a través de cada Unidad de Tratamiento y Evaluación Sico-Social existente, establezca acuerdos de colaboración con las escuelas de psicología, psiquiatría, trabajo social y profesiones relacionadas al cuidado de la salud mental de Puerto Rico, públicas o privadas, a los fines de que se desarrollen e implanten programas de ayuda para la salud mental de los miembros de la Policía de Puerto Rico. En estos programas podrán participar los estudiantes de psicología, psiquiatría, trabajo social, entre otros programas afines, quienes podrán prestar servicios a los miembros de la Policía de Puerto Rico bajo la supervisión de un profesional autorizado a ejercer servicios de salud mental en Puerto Rico.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, adicionado como art. 19A en Enero 14, 1999, Núm. 48, sec. 1; Diciembre 3, 2007, Núm. 171, Art. 2 enmienda los primeros tres párrafos; Agosto 6, 2008, Núm. 168, art. 1; Agosto 11, 2011, Núm. 177, art. 1, enmienda en términos generales; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2011, ley 177 – Esta ley 177 enmienda este artículo 19A e incluye los siguientes artículos relacionados:\nArtículo 2.-El Superintendente de la Policía deberá adoptar la reglamentación que estime pertinente a los fines de hacer cumplir los términos de esta Ley y las condiciones bajo las cuales un miembro de la Policía se podrá beneficiar de los servicios que se ofrezcan por virtud de esta Ley.\n-2008, ley 168 – Esta ley sustituye el artículo completo e incluye los siguientes artículos relacionados:\n-2007, ley 171- Esta ley enmienda los primeros tres párrafos e incluye los siguientes artículos relacionados:\n-1999, ley 48 – En esta Ley Núm. 48 de 14 de enero de 1999, también establece lo siguiente:\n“Sección 2.-Los fondos para la creación de la Unidad de Tratamiento y Evaluación Sico-Social en cada área policial, serán cargados al Presupuesto General de la Policía de Puerto Rico.\nSección 3.-Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.”\nArt. 20. -[Derogado] -Municipios; Asistencia y Hospitalización- (25 L.P.R.A. sec. 3119)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 20, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 21. -[Derogado] -Uso de armas de reglamento para propósito de práctica- (25 L.P.R.A. sec. 3120)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 21, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 22. -[Derogado] -Normas Aplicables a Determinadas Gestiones de Miembros de la Policía- (25 L.P.R.A. sec. 3121)\n(c) Los miembros de la Policía que estén en servicio podrán recibir descuentos en establecimientos de comida siempre y cuando dicho establecimiento así lo ofrezca voluntariamente. Ningún miembro de la Policía podrá ofrecer ningún servicio a cambio de recibir dicho descuento.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 22, ef. Julio 1, 1996; Julio 29, 2011, Núm. 167, art. 3, añade el inciso (c); Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2011, ley 167 – Esta ley 167 añade el inciso (c) e incluye los siguientes artículos relacionados:\nArtículo 7.- Se ordena a la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y la Agencia de Recursos Naturales, al Cuerpo de Oficiales Correccionales a establecer un reglamento conforme a lo establecido en esta Ley.\nArt. 23. -[Derogado] -Medidas Disciplinarias; trámite de faltas leves y graves- (25 L.P.R.A. sec. 3122)\n(1) El castigo a imponerse por faltas leves podrá ser uno de los siguientes: suspensión de empleo y sueldo que no exceda de treinta (30) días, prestación de servicios comunitarios, o una combinación de cualesquiera de las anteriores. En los casos de suspensión de empleo y sueldo, el Superintendente de la Policía, con el consentimiento por escrito de la parte querellada, podrá conmutar hasta un máximo de dos (2) ocasiones en período de cinco (5) años, el castigo impuesto al miembro de la policía y cargarlo en todo o en parte a las licencias de vacaciones u horas extras a que el mismo tenga derecho.\n(5) Cuando un miembro de la Fuerza estuviere suspendido de empleo y sueldo, por cualquier concepto, estará inhabilitado para ejercer sus funciones como tal. Tampoco disfrutará de los derechos y privilegios que por ley se conceden a miembros de la Policía mientras dure dicha suspensión.\n(8) Todo miembro de la Fuerza contra quien se haya dictado una decisión adversa por el Superintendente, podrá apelar el caso ante la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación, creada mediante la Ley Núm. 32, aprobada el 22 de mayo de 1972, [1 LPA secs. 171 et seq.] ante la cual tendrá derecho a vista conforme a los términos de dichas secciones. La apelación deberá presentarse dentro de los treinta (30) días de recibir la notificación de castigo.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 23; Julio 15, 1999, Núm. 146, sec. 1; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 23-A. -[Derogado] -Trámite de faltas leves y graves - Términos máximos\nNo obstante a lo dispuesto en el Artículo 23 de esta Ley, se establece que cualquier trámite de falta leve, incluyendo su investigación y adjudicación final, comenzado contra un miembro de la Fuerza, no podrá excederse de un término máximo de ciento ochenta (180) días y que cualquier trámite de falta grave, incluyendo su investigación y adjudicación final, no podrá excederse de un término máximo de un (1) año. Dichos términos comenzarán a decursar una vez la Policía de Puerto Rico reciba una querella contra un miembro de la Fuerza o se advenga en conocimiento de la posible comisión de un acto que conlleva una sanción punible por el Reglamento promulgado en virtud del Artículo 23 de esta Ley. Empero, en casos de circunstancias excepcionales que no estén bajo el control del Superintendente de la Policía, los términos aquí dispuestos podrán extenderse.\nAdemás, se ordena al Superintendente de la Policía a enmendar el Reglamento Núm. 6505 de 16 de agosto de 2002, conocido como “Reglamento para el Trámite de Querellas Administrativas contra Miembros de la Fuerza y Personal Civil que Labora en la Policía de Puerto Rico”, a los fines de que se establezcan mecanismos ágiles y expeditos que aseguren al miembro de la Fuerza que se le brindarán todas las garantías procesales necesarias para recibir un trámite justo acorde con las disposiciones de esta Ley.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53; Marzo 21, 2011, Núm. 35, art. 1, adiciona este nuevo Artículo 23-A; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 24. -[Derogado] -Acciones Civiles contra Miembros de la Fuerza- (25 L.P.R.A. sec. 3123)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 24, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 25. -[Derogado] -Intervención en Nombramiento de Policía- (25 L.P.R.A. sec. 3124)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 25, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 26. -[Derogado] -Prohibición para Organizar otros Cuerpos de Policía- (25 L.P.R.A. sec. 3125)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 26, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 27. -[Derogado] -Agentes encubiertos; disposiciones especiales- (25 L.P.R.A. sec. 3126)\n(e ) Bajo ninguna circunstancia una persona menor de dieciocho (18) años podrá ser reclutada por la Policía de Puerto Rico para realizar las labores de un agente encubierto.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 27, ef. Julio 1, 1996; 2003, Núm. 6, adicionado inciso (e) ; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.).\nArt. 28. -[Derogado] -Agentes Especiales- (25 L.P.R.A. sec. 3127)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 28, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 29. -[Derogado] -Contratación de servicios policíacos- (25 L.P.R.A. sec. 3128)\nEl Superintendente contratará la prestación de servicios de seguridad, adicionales a los ya prestados por la Fuerza, con los municipios, departamentos, instrumentalidades y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así mismo, el Superintendente contratará la prestación de servicios de seguridad con empresas privadas. La contratación de estos servicios con empresas privadas, tales como dueños y concesionarios de espectáculos artísticos, culturales o de entretenimiento, sólo podrá llevarse a cabo cuando ello no afecte los servicios regulares de la Policía. No podrán ser contratados servicios que envuelvan conflictos obrero-patronales, ni servicios de guardaespaldas.\nLos fondos necesarios para sufragar los servicios que se hubieren de prestar a tenor con lo dispuesto en esta sección serán pagados o afianzados en su totalidad y por adelantado al formalizarse el acuerdo que cubra los mismos. El Superintendente regulará mediante reglamento el procedimiento y tarifa a pagarse por la contratación de los servicios de seguridad.\nLos fondos que por tal concepto reciba la Policía de Puerto Rico se contabilizará en los libros del Secretario de Hacienda en forma separada de cualesquiera fondos de otras fuentes que reciba dicha agencia a los fines de que se facilite su identificación y uso por parte de la Policía de Puerto Rico.\nEstos fondos se contabilizarán sin año económico determinado y se regirán conforme a las normas y reglamentos que adopte el Superintendente en consulta con el Secretario de Hacienda y en armonía con las disposiciones vigentes para la administración de fondos similares. Los gastos de este fondo deberán estar íntimamente relacionados con la aplicación de este Artículo. Tales fondos podrán ser transferidos a las partidas correspondientes del presupuesto funcional de la Policía en cualquier Año Fiscal. Igualmente, podrán transferirse gastos de conformidad con las necesidades presupuestarías de dicho año y únicamente si están íntimamente relacionados con las operaciones objeto de este Artículo. Disponiéndose que, no obstante a lo dispuesto en este Artículo, para el Año Fiscal 2015-2016 se transferirán de este fondo, la cantidad de un millón de dólares ($1,000,000), que se encuentran contabilizados en la cuenta número 0400000-253-081-1998, o cualquier otra dirigida a estos fines dentro del sistema de contabilidad del Departamento de Hacienda, al “Fondo de Responsabilidad Legal 2015-2016”.\nEstarán exentos del pago por el uso de efectivos policíacos aquellas empresas que presenten actividades sin fines de lucro y las empresas de espectáculos especiales para niños.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 29; Enero 8, 1998, Núm. 14. art. 1; Julio 2, 2015, Núm. 105, art. 25, enmienda los últimos dos párrafos; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 30. -[Derogado] -Protección a Gobernador, Superintendente, funcionarios y ex-funcionarios- (25 L.P.R.A. sec. 3129)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 30, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 31. -[Derogado] -Reservistas- (25 L.P.R.A. sec. 3130)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 31, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 32. -[Derogado] -Policías Auxiliares- (25 L.P.R.A. sec. 3131)\nPara efectos de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", los miembros de los Consejos de Seguridad y las personas particulares que actúen como policías auxiliares estarán incluidos en el concepto de funcionarios estatales mientras se encuentren en el desempeño de sus deberes como tales y el Superintendente podrá establecer los distintivos a ser utilizados por estos funcionarios estatales. En caso de accidente o enfermedad en el traba lo y a los efectos del pago de dicta o compensación como tales, se estimará el salario semanal correspondiente a la compensación mínima establecida por ley. El Superintendente pagará una prima anual para esos propósitos al Fondo del Seguro del Estado, negociará los términos de la cubierta de protección para los voluntarios que a requerimiento del Superintendente, o un delegado debidamente autorizado por éste, presten servicios en cualquier lugar que se les asigne. Los costos de dicha prima se consignarán anualmente en el presupuesto funcional de la agencia." Para efectos de la Ley Núm. 45 de 18 de abril de 1935, según enmendada, conocida como "Ley de Compensaciones por Accidentes del Trabajo", los miembros de los Consejos de Seguridad y las personas particulares que actúen como policías auxiliares estarán incluidos en el concepto de funcionarios estatales mientras se encuentren en el desempeño de sus deberes como tales y el Superintendente podrá establecer los distintivos a ser utilizados por estos funcionarios estatales. En caso de accidente o enfermedad en el traba lo y a los efectos del pago de dicta o compensación como tales, se estimará el salario semanal correspondiente a la compensación mínima establecida por ley. El Superintendente pagará una prima anual para esos propósitos al Fondo del Seguro del Estado, negociará los términos de la cubierta de protección para los voluntarios que a requerimiento del Superintendente, o un delegado debidamente autorizado por éste, presten servicios en cualquier lugar que se les asigne. Los costos de dicha prima se consignarán anualmente en el presupuesto funcional de la agencia.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 32, ef. Julio 1, 1996; Diciembre 29, 2000, Núm. 460, art. 1; Septiembre 8, 2004, Núm. 262, art. 1, efectiva 30 días después de su aprobación; Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 2; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 33. -[Derogado] -Policías Auxiliares requisitos de ingreso y exclusiones.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53; Adicionado en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 34. -[Derogado] -Policías Auxiliares Deberes y Responsabilidades\nArt. 35. -[Derogado] -Creación de la Junta Ejecutiva de los Policías Auxiliares\nArt. 36. -[Derogado] - Rangos de los Policías Auxiliares\n(i) Coronel Auxiliar\nArt. 37. -[Derogado] - Programa de Adiestramiento\nUna vez nombrado el candidato por el Superintendente de la Policía de Puerto Rico, éste deberá recibir un adiestramiento inicial en el Programa para la Profesionalización de la Policía de Puerto Rico, equivalente a doce (12) semanas, sobre las funciones y deberes de los Policías Auxiliares, según el programa aprobado por el Superintendente.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53; Adicionado en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Julio 30, 2014, Núm. 12, art. 6, enmienda en términos generales; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 38. -[Derogado] - Uso de Arma Personal o Asignada\nArt. 39. -[Derogado] - Uniforme e Identificación\nArt. 40. -[Derogado] - Privilegios y Beneficios Adicionales\nArt. 41. -[Derogado] - Disposiciones Generales Policías Auxiliares\nc) El uso de equipo y licencias especiales de la Policía de Puerto Rico por parte de algún Policía Auxiliar, estará sujeto a los reglamentos de la Policía y requerirá la autorización del Superintendente Auxiliar de la Policía Auxiliar.\nArt. 42. -[Derogado] -Consejos Comunitarios de Seguridad; creación- (25 L.P.R.A. sec. 3132)\nPor la presente se crean los consejos comunitarios de seguridad al servicio de los ciudadanos. Estarán integrados por vecinos de la comunidad a la cual habrán de prestar servicios voluntarios. El Superintendente determinará mediante reglamentación interna los distintivos a ser utilizados, los requisitos de ingreso, las obligaciones, responsabilidades y conducta de éstos; así como los programas, formación, adiestramientos y educación continua en justicia criminal, seguridad pública y otros asuntos relacionados, coordinadamente con el Colegio Universitario de Justicia Criminal de Puerto Rico que preside, según la Ley 155-1999, según enmendada.\n(h) Rendir un informe anual al finalizar cada año fiscal, a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre la relación de consejos comunitarios de seguridad por municipio. De igual forma, el informe debe contener los logros del año fiscal finalizado, al igual que las metas y objetivos del próximo año fiscal.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 33, ef. Julio 1, 1996; 2003, Núm. 11, enmienda en términos generales; Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3, renumerado como art. 42; Septiembre 13, 2012, Núm. 241, art. 1, se añaden los nuevos incisos (e), (f) y (g), y se redesigna el actual inciso (e), como (h); Julio 30, 2016, Num. 93, art. 1, enmienda en terminos generales; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2016, ley 93 – Esta ley 93, art. 1, enmienda este articulo en términos generales.\nArt. 43. -[Derogado] -Banda de la Policía- (25 L.P.R.A. sec. 3133)\n(a) Por la presente se provee para la organización de una banda que se denominará "Banda de la Policía de Puerto Rico", cuya organización y composición se determinará en el Reglamento de la Policía, así como las reglas para su gobierno y administración. Por lo menos cincuenta por ciento (50%) del tiempo hábil de trabajo de los integrantes de la banda, se dedicarán a labores regulares propias de la Policía.\nc) Se autoriza al Superintendente de la Policía a cobrar un estipendio mínimo, equivalente a los gastos necesarios incurridos por la Banda de la Policía, por su participación en actividades que no sean de carácter oficial protocolario.\nEl Superintendente reglamentará el procedimiento y tarifa a pagarse por la utilización de los servicios de la Banda de la Policía.\nLos recaudos que por tal concepto reciba la Policía de Puerto Rico, ingresarán al Fondo General del Tesoro Estatal en forma separada de cualesquiera fondos de otras fuentes que reciba dicha agencia, para la utilización y uso de la Banda de la Policía de Puerto Rico, en el desarrollo de actividades, ensayos y adquirir instrumentos.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, ef. Julio 1, 1996; adicionado el inciso (c ) en el 1998, Núm. 198; renumerado como Artículo 43 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 44. -[Derogado] -Cuerpo de Capellanes de la Policía; creación- (25 L.P.R.A. sec. 3134)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 35, ef. Julio 1, 1996; renumerado como Artículo 44 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 45. -[Derogado] -Medallas por Valor- (25 L.P.R.A. sec. 3135)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 36, ef. Julio 1, 1996; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 46. -[Derogado] -Derechos Adquiridos- (25 L.P.R.A. sec. 3136)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 37, ef. Julio 1, 1996; renumerado como Artículo 46 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 47. -[Derogado] -Disposiciones Transitorias- (25 L.P.R.A. sec. 3137)\n(C) Se dispone que a partir del lro. de enero de 1977, será requisito indispensable para ser elegible a los rangos de Teniente Coronel y Coronel haber cursado y aprobado, no menos de sesenta y cuatro (64) créditos universitarios en un colegio o universidad licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Comenzando el 1ro. de enero de 1979, será requisito de elegibilidad para los rangos de Coronel y Teniente Coronel el poseer el Grado de Bachiller, otorgado por un colegio o universidad licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Los requisitos de preparación universitaria que aquí se establecen, no serán aplicables a los miembros de la Fuerza que hubieren ingresado antes de 31 de diciembre de 1994.\nSe dispone que a partir del 1ro. de enero de 2000, será requisito de elegibilidad para los rangos de Coronel y Teniente Coronel, el poseer una Maestría o su equivalente, otorgado por un colegio o universidad licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico; para los rangos de Comandante, Inspector y Capitán el poseer el Grado de Bachiller, otorgado por un colegio o universidad licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, para los rangos de Teniente Primero, Teniente Segundo, Sargento y Agente de la Policía, el poseer un Grado Asociado, otorgado por el Colegio Universitario de Justicia Criminal u otro colegio o universidad licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Los requisitos de preparación académica que aquí se establecen no serán aplicables a los miembros de a Fuerza que hubiesen ingresado antes de 31 de diciembre de 1994.\nAquellos candidatos que hayan sido reclutados según lo dispuesto por la Ley Núm. 208 de 2003, tendrán que completar el Grado Asociado en el Colegio Universitario de Justicia Criminal, o en una universidad pública o privada licenciada por el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, en un término de seis (6) años, a contarse desde que dicho candidato completó el currículo especial. Los cadetes que no cumplan con los requisitos aquí establecidos dentro del período probatorio, no podrán convertirse en Agentes de la Policía de Puerto Rico.\n(D) Será requisito indispensable para ser elegible al rango de Agente de Protección Escolar I haber aprobado cursos en técnicas para intervenir con adolescentes y otros adiestramientos necesarios para el eficaz desempeño de sus funciones. El Superintendente determinará el número exacto de créditos y cursos que tendrá que aprobar cada aspirante. Además, tiene que poseer un diploma de cuarto año o su equivalencia y cumplir con los demás requisitos establecidos en la norma de reclutamiento. Para el rango de Agente de Protección Escolar II, será requisito haber aprobado el periodo probatorio como Agente de Protección Escolar 1 y cumplir con los demás requisitos esbozados en la norma de reclutamiento. Para competir para el rango de agente, deberá poseer un Grado Asociado y un año de experiencia como Agente de Protección Escolar II.\n(E) Las agencias y compañías privadas de seguridad, contarán con un período de gracia de un año, a partir de la vigencia de esta Ley, durante el cual no le aplicarán las disposiciones del inciso (d) del Artículo 11 de esta Ley, durante el cual descontinuarán la práctica de permitir a sus empleados utilizar uniformes o parte del mismo, en cuanto a su color y combinación de prendas exteriores, o de equipo, incluyendo el diseño, color e insignias de los vehículos de motor, igual o similar al prescrito para el uso de la Policía.\n(F) A partir de la vigencia de esta Ley, todo miembro de la Policía mantendrá inalterado el rango y la escala de retribución que posean en ese momento, con excepción de las siguientes equivalencias en los rangos:\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 38; Julio 25, 1997, Núm. 44, sec. 1, inciso (c); Febrero 19, 2000, Núm. 50, art. 1; Diciembre 29, 2000, Núm. 461, sec. 1; 2002, ley 10; 2003, ley 208 inciso (c); 2004, ley 106 adiciona inciso (d) y renumera los incisos siguientes; Junio 11, 2004, ley 145, art. 1 enmendado el inciso (c) ; renumerado como Artículo 47 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; enmendado el inciso (C) en Agosto 2005, Núm. 97, art. 2; Abril 15, 2008, Núm. 40, art. 1. enmienda el inciso (C); Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 48. -[Derogado] -Efecto presupuestario- (25 L.P.R.A. sec. 3138)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 39, ef. Julio 1, 1996; renumerado como Artículo 48 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 49. -[Derogado] -Separabilidad- (25 L.P.R.A. sec. omitido)\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 40, ef. Julio 1, 1996; renumerado como Artículo 49 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 50. –[Enmiendas]-\nSe enmienda la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, Arts. 5 y 5-A, conocida como la Ley del Sistema de Retiro de Los Empleados del Gobierno Véase esta ley\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 41, ef. Julio 1, 1996; enmendado en el 1996, ley 203; renumerado como Artículo 50 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3.)\n–1996, ley 203 – En esta ley Núm. 203 de 1996 enmiendas los títulos de este artículo referente a la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, enmendada.\nArt. 51. -[Derogado] -Derogación-\nSe deroga, en su totalidad, la Ley Núm. 26 de 22 de agosto de 1974, según enmendada, conocida como la "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1974", a partir de la vigencia de esta Ley.\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 42, ef. Julio 1, 1996; renumerado como Artículo 51 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\nArt. 52. -[Derogado] -Vigencia-\n(Junio 10, 1996, Núm. 53, art. 43, ef. Julio 1, 1996; renumerado como Artículo 52 en Septiembre 23, 2004, Núm. 468, art. 3; Abril 10, 2017, Núm. 20, art. 9.01, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley completa.)\n-2017, ley 20 – Esta ley 20, art. 9.01 del 10 de abril de 2017, efectiva 90 días después de su aprobación, deroga esta ley 53 de 1996 completa.\nEsta ley 53 de 1996 se deja publicada para propósitos de derechos adquiridos y educativos.\n-1996, ley 53, Exposición de motivos\nLey Núm. 182 de 21 de agosto de 2000.\nArtículo 1. Aplicación de los requisitos de preparación universitaria. (25 L.P.R.A. sec. 3139)\nSe dispone que para todos los miembros de la Fuerza que hubiesen ingresado a partir del 1ro de enero de 1982, los requisitos de preparación universitaria que se establecen en las [25 LPRA secs. 3101 a 3138] de este título, no serán aplicables a los miembros de la Fuerza que estuviesen en el registro de elegibles para ascenso al rango de Capitán al 31 de diciembre de 1999. Se faculta expresamente al Superintendente de la Policía de Puerto Rico a promover al rango de Capitán a los miembros de la Fuerza cualificados y en el registro de elegibles al 31 de diciembre de 1999, conforme a la disponibilidad de plazas.\n(Agosto 21, 2000, Núm. 182, art. 1.)\n(Agosto 21, 2000, Núm. 182, art. 2.)