BOE.es - Documento BOE-T-1993-13768\nPleno. Sentencia 156/1993, de 6 de mayo. Recurso de inconstitucionalidad 2.401/1990. Promovido por el Gobierno de la Nación contra el artículo único del texto refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, aprobado por Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, del Gobierno Balear, en la medida en que da redacción a los artículos 2, párrafo primero y 52 de dicho cuerpo normativo.\n«BOE» núm. 127, de 28 de mayo de 1993, páginas 85 a 96 (12 págs.)\nEl Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, Presidente; don Luis López Guerra, Vicepresidente, don Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz Eimil, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Vicente Gimeno Sendra, don José Gabaldón López, don Julio González Campos, don Pedro Cruz Villalón y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, ha pronunciado\n1. Mediante escrito presentado en este Tribunal con fecha 17 de octubre de 1990, la Abogacía del Estado interpuso, en la representación que le es propia, recurso de inconstitucionalidad contra los arts. 2 y 10 de la Ley del Parlamento de Baleares 8/1990, de 28 de junio, publicada en el <Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma> núm. 86, de 17 de julio de 1990. Se impugnó el primero de dichos preceptos en la medida en que otorga nueva redacción al art. 2, párrafo primero, de la Compilación de Derecho Civil de Baleares y el segundo en cuanto introduce un nuevo precepto(art. 52) en la referida Compilación. Se invocó el art. 161.2 de la Constitución.\nEn la fundamentación del recurso se comenzó citando lo dispuesto en el art. 149.1.8 C.E. en orden a la atribución al Estado de competencia exclusiva sobre la legislación civil, <sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan>. Es claro, para la Abogacía del Estado, que la Constitución ha limitado el reconocimiento de la potestad normativa de las Comunidades Autónomas al condicionarla al dato histórico de la existencia efectiva de tales derechos forales o especiales al promulgarse la norma fundamental. Según este modo de reconocimiento, el Derecho foral podrá ser modificado y desarrollado, pero siempre a costa de sus propios preceptos y nunca con menoscabo del Derecho común, porque ahí se encuentra el límite de otra competencia atribuida explícita y exclusivamente al Estado. Ello no significa que queden vaciados de contenido los enunciados competenciales de las Comunidades Autónomas previstos en sus Estatutos en materia de Derecho foral, ni que éste quede condenado a anquilosarse en fórmulas de Derecho no escrito. Lo que ocurre es que la vigencia efectiva de las instrucciones forales es lo que marca la pauta de las propias competencias autonómicas.\na) Artículo 2 de la Ley 8/1990. Este precepto atribuye nueva redacción al art. 2, párrafo primero, de la Compilación de Derecho Civil de Baleares y su contenido es el siguiente: <Las normas del Derecho Civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad Autónoma y serán de aplicación a quienes residan en él sin necesidad de probar la vecindad civil. Se exceptúan los casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado, deban aplicarse otras normas>. La norma sustituye como criterio determinante para la aplicación del Derecho común o del foral la vecindad civil por la residencia administrativa. No se trata de que se presuma que los residentes tengan la vecindad civil balear, sino que es la pura residencia la que se tiene en consideración para la aplicación o inaplicación del Derecho civil foral balear. Así, la Exposición de Motivos de la Ley impuganada señala que <las personas que residen habitualmente (en Baleares) deben quedar liberadas, lógica y legalmente, de probar su vecindad civil balear, o sea, la correspondiente al territorio dentro del cual la Comunidad Autónoma promulga sus propias normas con plena eficacia jurídica>. Se observa por el Abogado del Estado que el ámbito de aplicación del Derecho civil balear venía, hasta la promulgación de la nueva Ley, determinado por el art. 1 de la Compilación (redactado por la Ley 5/1961), de conformidad con el cual <El Derecho Civil Especial de Baleares tendrá aplicación en el ámbito que comprende la actual jurisdicción de la Audiencia Territorial de Palma de Mallorca>. No se alteraban, en absoluto, las reglas del Código Civil relativas a la vecindad civil.\nEs competencia exclusiva del Estado el establecimiento de reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, lo que comprende las reglas sobre la interpretación de las normas (STC 83/1986, fundamento jurídico 3.). La misma interpretación del término <aplicación> lleva a entender que el establecimiento del criterio determinante para la aplicación del Derecho foral corresponde realizarlo al Estado (art. 149.1.8 C.E.). Se señala, a este respecto, que el art. 14.1 del Código Civil dispone que <la sujeción al Derecho civil común o al especial o foral se determina por la vecindad civil>, determinándose en el número 3 del mismo precepto que la residencia continuada en territorio de Derecho foral durante dos o diez años, según exista o no manifestación expresa de voluntad del residente, es un medio para la adquisición de la vecindidad civil de dicho territorio. En todo caso, se harán constar las declaraciones correspondientes a dicha adquisición en el Registro Civil.\nPor ello, la residencia no es, por sí misma, elemento suficiente para determinar la aplicación del Derecho civil común o foral. Ese elemento es la vecindidad civil, que habrá de ser acreditada mediante la correspondiente inscripción en el Registro civil. Es evidente, por ello, que el criterio introducido por el inciso primero, párrafo primero, del art. 2 del nuevo texto de la Compilación (la residencia) vulnera las reglas contenidas en la legislación del Estado para la aplicación del Derecho foral, violando así el art. 149.1.8 C.E., inconstitucionalidad que se produce a pesar de la salvedad -antes reseñada- introducida por el inciso segundo, que no supone, realmente, una excepción a la regla general que se consagra sobre la aplicación y eficacia del Derecho civil balear, pues en él se regula una materia distinta: El Derecho interregional o internacional privado que tiene por objeto resolver los conflictos de leyes cuando exista un elemento sujeto a otro Derecho foral o al común, o sujeto a un Derecho extranjero, materia en la que resulta directamente aplicable el art. 149.1.8 C.E., que atribuye competencia exclusiva al Estado para establecer las normas de resolución de los conflictos de leyes. No obstante, al establecer como excepción al criterio determinante de la aplicación de la normativa civil foral <los casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado deban aplicarse otras normas>, se está aludiendo a materia distinta, también de exclusiva competencia estatal y se está introduciendo ambigüedad en el precepto. Alude, a este respecto, el Abogado del Estado a la doctrina constitucional sobre la garantía de la certeza del Derecho en la legislación y concluye con la observación de que el precepto impugnado, tras establecer una regla para la aplicación y eficacia del Derecho foral distinta a la prevista en el Código Civil, salva los supuestos en que con arreglo al Derecho interregional o internacional privado deba aplicarse otra norma, lo que supone aludir -se dice- a una regla competencial distinta, introduciendo oscuridad en el precepto y perturbando la seguridad jurídica (art. 9.3 C.E.). Por todo ello, el art. 2 de la Ley 8/1990, en cuanto confiere nueva redacción al art. 2, párrafo primero, de la Compilación de Derecho Civil de Baleares, ha de ser declarado inconstitucional.\nb) Artículo 10 de la Ley 8/1990. Este precepto da la siguiente redacción al art. 52 de la Compilación del Derecho Civil de Baleares: <En los testamentos otorgados ante Notario no será necesaria la presencia de testigos, excepto en los casos siguientes: a) Cuando el Notario no conozca al testador. b) En el caso de que el testador sea ciego o enteramente sordo. c) Cuando el testador no pueda o no sepa firmar. d) En los supuestos en que el Notario lo considere necesario o lo manifieste el testador. En todos estos supuestos los testigos, en número de dos, no tendrán la obligación de conocer al testador, excepto en el caso a) y podrán serlo los empleados del Notario. En todo lo demás se observarán las formalidades previstas en el Código Civil>.\n2. Mediante providencia de 29 de octubre de 1990, la Sección Segunda acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad y dar traslado de la demanda y documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Consejo de Gobierno y Parlamento de Baleares, al objeto de que, en el plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimaren convenientes. Se acordó, asimismo, comunicar la suspensión, desde la fecha de su impugnación, de la vigencia y aplicación de los preceptos objeto del recurso. Se dispuso, por último publicar en el <Boletín Oficial del Estado> y en el <Boletín Oficial de la Provincia de Baleares> la formalización del recurso y la suspensión acordada.\na) Se comenzó por señalar que la demanda no cuestiona la competencia autonómica para que el Parlamento balear aprobara la Ley 8/1990, sino la nueva redacción dada por el art. 2 al art. 2, párrafo primero, de la Compilación, así como el texto del art. 52 de ésta, introducido por el art. 10.\nb) Los Derechos forales -se dice a continuación- aparecen como <Derecho común> en sus propios territorios. Así, superada la construcción del legislador del primer Código Civil (1888), el legislador de 1974, al remodelar el título Preliminar del Código, parte de la equivalencia o igualdad de rango de los plurales ordenamientos civiles coexistentes en el país. Así lo refleja el propio epígrafe del Capítulo Quinto del Título Preliminar (<Ambito de aplicación de los regímenes jurídicos civiles y coexistentes en el territorio nacional>) y así se pronuncia, también, el párrafo 2. del art. 13, al proclamar el <pleno respeto a los Derechos especiales o forales de las provincias o territorios en que están vigentes>, rigiendo <el Código Civil como Derecho supletorio, en defecto del que lo sea en cada una de aquéllas según sus normas especiales>. La Constitución de 1978 culmina el proceso de reconocimiento, pero, sobre todo, de posibilidad de dinamización y desarrollo de los Derechos civiles regionales, observando la representación actora, tras citar los art. 137, 147.1, 147.1.d y 149.1.8 C.E., que el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares otorga a la Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de <conservación, modificación y desarrollo de los Derechos civiles especiales de la Comunidad Autónoma> (art. 10.11), regula su eficacia (art. 7) y el respeto a las normas que en el mismo se establezcan acerca de la determinación de sus fuentes de Derecho (art. 47.1.). La Constitución muestra una indudable y clara voluntad no sólo de mantenimiento, sino de reconocimiento de unos ordenamientos jurídicos civiles privativos, sistemas abiertos y susceptibles de expansión en torno a un conjunto de principios que los definen y vertebran. La Norma fundamental quiere que sean las propias Comunidades Autónomas, a través de sus órganos legislativos, las que hagan realidad la <puesta al día> y desarrollo de unos Derechos civiles que vieron históricamente cegadas sus fuentes de creación.\nTras exponer diferentes posiciones doctrinales sobre el alcance de la competencia autonómica, se concluye, en cuanto a este punto, destacando lo reservado <en todo caso> a la competencia exclusiva del Estado por el art. 149.1.8 C.E. y que sería de relieve en la presente impugnación: Reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas, ordenación de los instrumentos públicos y normas para resolver los conflictos de leyes.\nSi, como afirma la demanda, se hubiera sustituido como punto de conexión para resolver los problemas de aplicación del Derecho civil balear en conflicto con el Derecho común o con otro Derecho civil especial o foral la vecindad civil por la residencia, estaríamos en presencia de una vulneración del límite reservado a la competencia exclusiva del Estado consistente en adoptar las <reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas>, lo que se concreta en los art. 14 y 16 del Código Civil. En tal caso, la norma sería inconstitucional.\nSin embargo, es reiterada doctrina constitucional la que afirma la necesidad de agotar la posibilidad de una interpretación <concorde a la Constitución> de la norma antes de su expulsión, por inconstitucional, del ordenamiento. Se observa -dicho esto- que el precepto impugnado debe ser interpretado teniendo en cuenta, por un lado, la consideración del Derecho civil de Baleares como común o normal en su territorio y, por otro, el precedente inmediato contenido en el art. 7 del Estatuto de Autonomía. Este precepto, refiriéndose no sólo a las normas y disposiciones de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma, sino también a su Derecho Civil especial, pregona, como regla general, que <tendrá eficacia territorial> sin perjuicio, en lo que aquí importa, de las situaciones que se hayan de regir por el Estatuto personal o por otras normas extraterritoriales. La doctrina que ha examinado esta norma ha destacado que la excepción en favor del estatuto personal debe considerarse, para delimitar el ámbito de aplicación del Derecho civil balear, regla general, que supone la remisión al Título Preliminar del Código Civil, lo que conlleva vaciar de contenido la anunciada regla general de eficacia territorial. En sus líneas fundamentales esta doctrina es correcta, si bien se le ha de dotar de un contenido, que no es otro que el de establecer un criterio de territorialidad residual y subordinado al estatuto personal, que conduce a la vecindad civil del Título Preliminar del Código, para los supuestos en que exista duda o no pueda probarse cual sea aquélla, todo lo cual es consecuencia obligada de la configuración del Derecho civil balear como ordenamiento jurídico <común> y <propio> en su ámbito territorial. En definitiva, la eficacia territorial del art. 7 del Estatuto constituye una lex fori residual y subordinada a que no pueda determinarse el estatuto personal que, aunque se enuncia como excepción, se configura, en realidad, como regla general para resolver los conflictos de leyes y el ámbito de aplicación del Derecho civil balear.\nPodría argumentarse -se añadeque ello supuso la derogación, en el ámbito territorial de Baleares del art. 14.5 del Código Civil (hoy art. 14.6, tras la reforma de la Ley 11/1990), según el cual <en caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento>, pero ello es un efecto perfectamente posible para una Ley Orgánica aprobada por el Parlamento de la Nación, como es la 2/1983, que aprobó el Estatuto de Autonomía para las Islas Baleares. Ninguna dificultad constitucional hay para que el legislador estatal, que puede afectar a la materia de <reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas> o a las <normas para resolver los conflictos de leyes>, pueda, al aprobar el Estatuto de Autonomía (ley estatal) incidir sobre la regulación anterior. Bastará aludir al art. 147.1 C.E., que configura los Estatutos, dentro de los términos de la Constitución, como <norma institucional básica de cada Comunidad Autónoma>, que el Estado <reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico> para confirmar su potencialidad formal, como norma estatal, para modificar, incluso, el Título Preliminar del Código Civil. Conviene recordar, para ratificar lo expuesto, que el art. 6.2 del Estatuto para las Islas Baleares y el art. 7.2 del Estatuto de Autonomía de Cataluña modificaron, en su respectivo ámbito territorial, el art. 15.1 del Código Civil, en cuanto establecía que <la adquisición -por un extranjero- de la nacionalidad española lleva aparejada la vecindidad civil común, a menos que ...>, otorgando una clara e injustificada prevalencia al Código Civil frente a los otros ordenamientos civiles españoles.\nEl art. 2.1, objeto del presente recurso, reproduce el art. 7 del Estatuto de Autonomía, con idéntica estructura, tratándose, pues, de un caso particular de ley autonómica de acogida, denominadas también de reenvío, recepticias o de transcripción: Una ley autonómica que, en vez de innovar la realidad jurídica preexistente, se limita a recoger una norma estatal (art. 7 del Estatuto de Autonomía). El precepto impugnado contiene una regla general de eficacia territorial, a la que debe atribuirse idéntico alcance residual que al establecido para la misma en el art. 7 del Estatuto y una excepción, que remite a las normas del Derecho interregional, que, en realidad, constituye la regla general y conduce al Título Preliminar del Código Civil y, en concreto, a los arts. 14 y 16 y a la vecindad civil como punto de conexión para determinar la sujeción al Derecho civil común o en los distintos derechos civiles, especiales o forales. El inciso <... y serán de aplicación a quienes residan en él sin necesidad de probar su vecindidad civil ...> constituye sólo una especificación de la <eficacia territorial> remitida a la residencia, que debe entenderse <habitual> (en el sentido del art. 40 del Código Civil), sin que, en modo alguno, quepa referido a la residencia o vecindad administrativa, como pretende la representación del Estado y mucho menos concluir que la residencia administrativa sustituye a la vecindidad foral como punto de conexión para resolver los conflictos de leyes. Así, la innecesariedad de probar la vecindidad civil es, no sólo lógica, sino, además, consecuencia inmediata de la predicada eficacia general territorial y del carácter de ordenamiento común que debe atribuirse al Derecho civil balear. Ello queda ilustrado por lo expuesto en la Exposición de Motivos de la propia Ley.\nArgumenta también en favor de lo anterior lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 2, redactado según Ley 8/1990, que para <la vecindad y conflictos interinsulares> se remite a las <normas del Código Civil y demás disposiciones de aplicación general>, corroborando con ello que la <excepción> del párrafo primero, al remitir a las normas de Derecho interregional, constituya <regla general> para resolver el conflicto de leyes determinando como punto de conexión la <vecindad civil>.\nPor todo lo expuesto, debe declararse la constitucionalidad del art. 2 de la Ley 8/1990, en cuanto confiere nueva redacción al art. 2, párrafo primero, de la compilación de Derecho Civil de Baleares, interpretado del modo que se ha realizado.\nLa frase <allí donde existan> que aparece en el art. 149.1, 8, C.E. debe reconducirse a la previa existencia de un Derecho civil especial o foral, pero no cabe extenderla a la acreditación de los distintos aspectos de una institución jurídica. No existe duda, dicho ésto, acerca de la existencia de unos principios propios el Derecho sucesorio balear, que se asientan en el Derecho romano justinianeo (necesidad, universalidad y perdurabilidad de la institución de heredero), principios contradictorios con los que disciplinan el régimen sucesorio del Código Civil. A la sucesión testada se destina el capítulo tercero del título II, del libro I (arts. 14 a 50), y el capítulo tercero del título II, del libro III (arts. 77 a 84), que, si bien no contenían particularidades acerca de las formalidades aplicables al otorgamiento de testamiento, no pueden interpretarse como una <renuncia eterna> a completar la regulación de una institución propia, en función de los principios que informan el sistema y de la adecuación a nuestra propia realidad social. La sumisión al Código Civil de este aspecto parcial de la sucesión testada (formalidades de los testamentos), formulada en 1961, no conlleva un seguimiento automático e imperativo de cualquier modificación legislativa que se incorporara a su texto y, si ello es así, también debe serlo que la posibilidad de <desarrollo>, constitucional y estatutariamente contemplada, conlleva la potestad legislativa para completar y adecuar a la realidad social aspectos parciales de una institución propia, aunque en 1961 se difiriera su regulación a los preceptos del Código Civil, en aras a una finalidad explícita de acercamiento al Derecho civil común que se impuso a la redacción de las compilaciones y cuyo solo enunciado resulta hoy insostenible. Por lo demás, sólo las formalidades <externas> del testamento se remitieron, en 1961, a la regulación del Código Civil, mientras que la Compilación estableció formalidades <internas> del testamento, que afectaban incluso a su validez, como es la necesidad de designación del heredero en forma clara, que indique con toda certeza la persona instituida (art. 14).\nLa redacción del art. 52, que introduce el art. 10, está, pues, amparada por la posibilidad de <desarrollar> el Derecho Civil de Baleares. Queda por examinar si su contenido, como pretende la representación actora, supone <ordenación de los instrumentos públicos>, lo que queda, <en todo caso>, reservado al Estado por el art. 149.1, 8, C.E.\nLa ordenación de los instrumentos públicos, sean judiciales, administrativos o notariales, y estos últimos sean escrituras públicas o actas, constituye una regulación de carácter adjetivo o formal, perfectamente deslindable de la regulación sustantiva de la materia que constituye su contenido, en nuestro caso, el testamento, incluyendo las solemnidades formales que se impongan <por razón de la materia>. La competencia exclusiva reservada al Estado para la ordenación de los instrumentos públicos a fin de preservar la unidad de su régimen jurídico en todo el territorio nacional (STC 14/1989) debe venir referida a la naturaleza, contenido, requisitos internos y formales de su validez y eficacia, como tratamiento genérico en cuando <instrumento público>, pero no puede extender sus efectos a la regulación de las muy diversas materias que se incorporan a aquél, ni siquiera en orden a las solemnidades externas e internas que la materia incorporada requiera. Esta interpretación queda corroborada -se dice- por la no interposición de recurso de inconstitucionalidad contra el art. 101 de la Ley 13/1984, sobre la Compilación del Derecho Civil de Cataluña, ni tampoco contra el art. 90 de la Ley 3/1985, de las Cortes de Aragón, sobre la Compilación del Derecho Civil de Aragón, y ello pese a que, en uno y otro texto, se introducían modificaciones en relación a la intervención de testigos en testamentos notariales.\nMediante <otrosí> se señaló que la providencia de admisión a trámite del recurso determinó la suspensión de los preceptos impugnados <desde la fecha de su impugnación>, que fue el 17 de octubre de 1990, publicándose dicha providencia en el <Boletín Oficial del Estado> correspondiente al día 13 de noviembre. Así, desde el 17 de octubre hasta el 13 de noviembre se otorgaron en Baleares un número importante de testamentos según lo dispuesto en el impugnado art. 52, sin que existiera la menor posibilidad de conocimiento de la interposición del recurso de inconstitucionalidad. Aumenta así la inseguridad jurídica, al referirse el efecto suspensivo a la fecha de interposición del recurso y no a la de la publicación de su admisión a trámite en el <Boletín Oficial del Estado>, situación que no vendría exigida ni por el art. 30 de la LOTC ni por el art. 161.2 C.E. Se pidió, por ello, que se dejara sin efecto la providencia de admisión, en cuanto concreta los efectos de la suspensión de vigencia a la fecha de interposición del recurso de inconstitucionalidad, no a la de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.\na) Ha de reconocerse de plano la existencia de un Derecho Civil propio de las islas Baleares, con antecedentes de reconocimiento en el Código Civil hasta la reforma de 1974 y la Compilación de 1961, superada en contenido por la jurisprudencia que ha ampliado lo disuesto en su Disposición final primera. Como indica la Exposición de Motivos de la Ley impugnada <nuestro Derecho no sólo se ha de interpretar, sino que se ha de integrar tomando en consideración los principios que lo informan, así como las Leyes, costumbres, jurisprudencia y doctrina jurídica de cada una de las islas>.\nEl recurso es celoso en la guarda del Derecho común -se dice- porque vela en defensa de un posible menoscabo que no se da en nuestro caso, pues, como queda explicado en la exposición de motivos, el Derecho foral de las islas Baleares no constituye <normas de excepción frente a las del Código Civil, sino sencillamente un Derecho diferente: Son el Derecho común, que tiene vigencia prioritaria>.\nb) El art. 2 de la Ley impugnada pregona el ámbito de aplicación del Derecho Civil de las islas Baleares y se adecúa en su totalidad al art. 7 del Estatuto de Autonomía para las islas Baleares (Ley Orgánica 2/1983), que no ha sido declarado inconstitucional. Este precepto estatutario dice que las normas y disposiciones de los poderes públicos en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada materia y ofrece una presunción de dispensa de prueba de la vecindad civil balear, pero no pretende trastocar el sistema fundamental en virtud del cual tiene lugar la aplicación de diferentes ordenamientos jurídicos vigentes en españa que, evidentemente, está basada en la vecindad civil de los destinatarios de las normas. Lo único que ocurre es que se presume que los residentes tienen, de entrada, la vecindad civil balear y que, por tanto, si no se alega o prueba la existnecia de otra vecindad distinnta, se entiende que se les debe aplicar el Derecho de las islas Baleares.\nLa vecindad civil es regulada por los arts. 14 y 15 del Código Civil y, entre otros derechos patrios, por la Compilación de Navarra (Leyes 11 y 15), la Compilación de Cataluña (art. 3) y la compilación de Vizcaya (art. 5, e)). La Constitución no contempla de manera explícita el tema y por ello los Estatutos catalán y vasco imbrican el concepto de vecindad civil en el de ciudadanía. Tras citar diferentes opiniones doctrinales al respecto, se concluyó afirmando que nada hace suponer que con el precepto impugnado se violenten en absoluto las previsiones constitucionales, por lo que la impugnación ha de ser desestimada.\nc) Según la exposición de motivos de la Ley 8/1990, el art. 52 se encamina a la simplificación de formalidades en los testamentos notariales, simplificación que no suprime, en todos los casos, los testigos. La Compilación de Derecho Civil de Cataluña regula (art. 101) que en los testamentos ante Notario se observarán las formalidades exigidas por el Código Civil salvo respecto de los testigos, que serán siempre dos. Se trata de una diferencia notable con el Código Civil, tanto como la supresión misma de la presencia de testigos. El precepto no ha sido declarado inconstitucioonal. Igual ocurre con el art. 90 de la Compilación del Derecho Civil de Aragón.\nLa innovación introducida por el legislador balear está, sin duda, contenida en el término <desarrollo> utilizado por la Cosntitución. Así se debe interpretar el precepto, teniendo también en cuenta el papel que juega la instrumentalidad de su contenido desde sus cualidades extrínsecas para concluir que tampoco se violenta la Constitución con la norma recurrida.\nEn <otrosí> se adujo que la suspensión de los preceptos objeto del recurso desde la fecha de su interposición había provocado una situación de alarma e inseguridad jurídica para los otorgantes de testamentos y para los Notarios, razón por la que se solicitó la revocación del Acuerdo adoptado en el sentido de que la suspensión operase, no desde el momento de la interposición del recurso, sino desde la fecha de su publicación en el <Boletín Oficial del Estado>.\n7. Mediante providencia de 26 de noviembre, la Sección Segunda acordó oir al Abogado del Estado para que, en el plazo de cinco días, expusiera lo que estimare procedente acerca de lo pedido en los otrosís de los escritos de las representaciones de la Comunidad Autónoma respecto del momento en que se han de entender producidos los efectos de la suspensión de los preceptos impugnados.\nMediante Auto de 11 de diciembre, el Pleno del Tribunal acordó rectificar la providencia de 29 de octubre de 1990 en el sentido de que la suspensión de la vigencia de los preceptos impugnados se produce para las partes del recurso desde la fecha de interposición y para los terceros desde que el acuerdo aparece publicado en el <Boletín Oficial del Estado>.\nPor escrito registrado el día 17 de diciembre, el Abogado del Estado formuló recurso de súplica frente al Auto anterior, pidiendo se confirmara en sus propios términos la providencia de 29 de octubre de 1990 ó, subsidiariamente, se rectificara dicha providencia en el sentido de que los efectos generales de la suspensión del art. 52 de la Compilación del Derecho Civil de las islas Baleares deben entenderse producidos a partir del día 13 de noviembre de 1990, fecha de publicación en el <Boletín Oficial del Estado> de la repetida suspensión, publicándose en el mismo <Boletín Oficial del Estado> y en el de la Comunidad Autónoma la estimación de este recurso.\n8. Mediante escrito registrado el día 29 de noviembre de 1990, el Abogado del Estado solicitó que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto frente a los arts. 2 y 10 de la Ley 8/1990, se entienda presentado contra el artículo único del Decreto legislativo 79/1990, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares (publicado en el "Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma" de 2 de octubre de 1990), en la medida en que redacta los arts. 2 y 52 de dicho cuerpo normativo. Se hizo notar que dicho texto refundido reproduce literalmente los dos preceptos de la Ley 8/1990 en su día impugnados, así como lo prevenido en la Disposición final primera del propio Decreto Legislativo, de conformidad con la cual <las normas del Derecho Civil Especial Balear escrito, consuetudinario, principal o supletorio vigentes a la promulgación de esta Compilación, quedan sustituidas por las contenidas en ella.>\nPor providencia de 5 de diciembre de 1990, la Sección Segunda accedió a lo solicitado por el Abogado del Estado en el sentido de entender referido el presente recurso de inconstitucionalidad contra el artículo único del Decreto Legislativo 79/1990, del Gobierno Balear, por el que se aprueba el texto refundido de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares, en la medida en que redacta los arts. 2 y 52 de dicho cuerpo normativo, siendo dicha redacción idéntica a la que se atribuyó a los mismos arts. 2 y 52 de la referida Compilación por la Ley 8/1990. Se acordó, asimismo, dar traslado al Parlamento y al Gobierno de Baleares para que por plazo común de quince días alegaran lo que estimasen procedente con respecto a lo pedido en dicho escrito, teniéndose por ya presentadas las alegaciones que dichas partes formularon al evacuar el traslado conferido en la providencia de 29 de octubre. Se dispuso que la eficacia de la suspensión de los artículos impugnados acordada en la citada providencia de 29 de octubre debe entenderse referida a los arts. 2 y 52 de la Compilación aprobada por Decreto Legislativo 79/1990. Se ordenó, por último, la publicación en el <Boletín Oficial del Estado> y en el de Baleares de lo acordado.\nLa representación del Gobierno de la Comunidad Autónoma mediante escrito registrado el día 21 de diciembre, manifiesto que nada tenía que oponer a lo dispuesto en la providencia de 5 de diciembre de 1990, ya que, en efecto, el objeto del recurso de inconstitucionalidad mantiene idéntico contenido, al no existir variaci\nón alguna entre la redacción dada a los arts. 2 y 52 de la Compilación de Derecho Civil de las Islas Baleares por la Ley 8/1990, y por el Decreto Legislativo 79/1990.\n9. Mediante providencia de 7 de febrero de 1991, la Sección Segunda, próximo a finalizar el plazo de cinco meses que señala el art. 161.2 de la Constitución, acordó oír a las partes al objeto de que, en el plazo común de diez días, expusieran lo que estimasen procedente acerca del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados.\n1. Se formula este recurso contra dos preceptos (arts. 2, párrafo primero, y 52), de la Compilación de Derecho Civil de Baleares, aprobado, en su día, por la Ley 5/1961, adoptada e integrada después, con modificaciones, en el ordenamiento balear por la Ley 8/1990, del Parlamento de la Comunidad Autónoma, y objeto, en fin, de refundición por el Decreto Legislativo 79/1990, texto, este último, frente al que se ha de entender dirigido, como en los antecedentes se ha expuesto, el recurso de inconstitucionalidad.\nLa controversia, tal como se plantea por las partes, se fundamenta en la norma constitucional (art. 149.1.8), que ordena la distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas sobre la <legislación civil>, y también en lo dispuesto, en desarrollo de tal precepto, por el art. 10.22 del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (E.A.B., en adelante). Importa recordar, por tanto, que el citado art.149.1.8 de la Constitución atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la <legislación civil>, sin perjuicio, añade el precepto, <de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los Derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan>. Son de competencia estatal <en todo caso>, concluye esta norma, <las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de Derecho foral o especial>. Sobre la base de lo dispuesto en este art. 149.1.8, el E.A.B. atribuyó a la Comunidad Autónoma, en su art. 10.22, <competencia exclusiva> para la <conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales de la Comunidad Autónoma>. Estas son, pues, las normas, constitucionales y estatutarias, que se aducen por las partes como medida de la constitucionalidad de las disposiciones legales impugnadas en el presente recurso.\nUno y otro de los preceptos objeto del recurso plantean, desde luego, problemas específicos, pero ello no es obstáculo para que hagamos aquí, respecto de ambos, un sucinto recordatorio de la doctrina constitucional relativa a la articulación de competencias, en orden a la legislación civil, entre el Estado y las Comunidades Autónomas, tal como se recoge muy particularmente en la reciente STC 88/1993. De los pronunciamientos entonces realizados es preciso recordar, por lo que ahora importa, lo siguiente:\na) El art. 149.1.8 de la Constitución, tras atribuir al Estado competencia exclusiva sobre la <legislación civil>, introduce una garantía de la foralidad civil a través de la autonomía política, garantía que no se cifra en la intangibilidad de los Derechos civiles especiales o forales, sino en la previsión de que los Estatutos de las Comunidades Autónomas en cuyo territorio aquéllos rigieran a la entrada en vigor de la Constitución puedan atribuir a dichas Comunidades competencia para su <conservación, modificación y desarrollo>. Tales son los conceptos, dijimos también entonces (fundamento jurídico 1.), que dan positivamente la medida y el límite primero de las competencias así atribuibles y ejercitables, de modo que la ulterior reserva al Estado, por el mismo artículo 149.1.8., determinadas regulaciones <en todo caso> sustraídas a la normación autonómica no puede ser vista como norma competencial de primer grado que deslinde aquí los ámbitos respectivos que corresponden al Estado y que pueden asumir ciertas Comunidades Autónomas, pues a aquél la Constitución le atribuye ya la <legislación civil>, sin más posible excepción que la <conservación, modificación y desarrollo> autonómico del Derecho civil especial o foral. El sentido de esta segunda reserva competencial en favor del legislador estatal no es otro, pues, que el de delimitar un ámbito dentro del cual nunca podrá estimarse subsistente ni susceptible, por tanto, de conservación, modificación o desarrollo, Derecho civil especial o foral alguno, ello sin perjuicio de lo que en el último inciso del art. 149.1.8 se dispone en orden a la determinación de las fuentes del Derecho.\nb) Nos ocupamos también en la STC 88/1993 del alcance de los conceptos, constitucionales y estatutarios, de <conservación, modificación y desarrollo> de los Derechos civiles especiales o forales. Esta última noción, la de <desarrollo> es, como después se verá, la que aquí más importa y sobre ella declaró el Tribunal (fundamento jurídico 3.) que la Constitución permite, al emplearla, que los Derechos civiles especiales o forales preexistentes puedan ser objeto de una acción legislativa que haga posible su crecimiento orgánico, reconociendo así la norma fundamental no sólo la historicidad y la actual vigencia, sino también la vitalidad hacia el futuro de tales ordenamientos. Ese crecimiento, con todo, no podrá impulsarse en cualquier dirección ni sobre cualesquiera objetos, pues no cabe aquí olvidar que la posible legislación autonómica en materia civil se ha admitido por la Constitución no en atención a una valoración general y abstracta de lo que pudieran demandar los intereses respectivos (art. 137 C.E.) de las Comunidades Autónomas, en cuanto tales, sino a fin de garantizar, más bien, determinados Derechos civiles forales o especiales vigentes en ciertos territorios. Es claro, en todo caso, que la noción constitucional de <desarrollo> permite una ordenación legislativa de ámbitos hasta entonces no normados por aquellos Derechos, y así esta competencia no queda rígidamente vinculada al contenido actual de las Compilaciones o de otras normas de los ordenamientos civiles o especiales; cabe, por ello, que las Comunidades Autónomas dotadas de Derecho civil o foral o especial regulen <instituciones conexas> con las ya reguladas en la Compilación, dentro de una actualización o innovación de los contenidos de ésta, según los principios informadores peculiares del Derecho foral.\nLos criterios generales que así derivan de nuestra jurisprudencia en orden a las competencias relativas a la <legislación civil> son premisa obligada para el enjuiciamiento de las disposiciones objeto de este recurso.\n<Las normas del Derecho civil de Baleares tendrán eficacia en el territorio de la Comunidad Autónoma y serán de aplicación a quienes residan en él sin necesidad de probar su vecindad civil. Se exceptúan los casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado, deban aplicarse otras normas.\nLa vecindad y los conflictos interinsulares de normas se regularán por el Código Civil y demás disposiciones de aplicación general.>\nEl precepto, según la demanda, habría incurrido en inconstitucionalidad por vulnerarse o invadirse con él la exclusiva competencia del Estado para la adopción de <las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas> (art. 149.1, 8. C.E.), toda vez que, -se arguye-, la norma impugnada viene a sustituir la vecindad civil (art. 14.1 del Código Civil) por la residencia administrativa como criterio para la aplicación del Código Civil o de los Derechos civiles especiales o forales en las distintas partes del territorio nacional y a ignorar, con ello, que la residencia sólo da lugar a la adquisición de la vecindad civil con arreglo a lo establecido en el art. 14.5 del propio Código, esto es, por residencia <continuada> durante dos o diez años, siempre y cuando el interesado, en el primer caso, manifieste su voluntad de cambiar de vecindad civil y se haga constar tal declaración en el Registro Civil. Esta inconstitucionalidad, a juicio del Abogado del Estado, no quedaría empañada por lo prevenido en el segundo inciso del párrafo primero del art. 2, pues al disponer allí la norma que <se exceptúan los casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado, deban aplicarse otras normas> se está regulando, en rigor, otra materia, la de los conflictos de leyes a que puede dar lugar la coexistencia de distintos ordenamientos. Para la demanda, en todo caso, este último inciso, puesto en relación con el texto que le precede, introduciría una grave inseguridad jurídica y conculcaría, por ello, lo dispuesto en el art. 9.3. de la Constitución.\nLa defensa de la regla impugnada que han hecho las representaciones de la Comunidad Autónoma se ha articulado en torno a dos argumentos principales. De conformidad con el primero, el párrafo impugnado del art. 2 no podría ser declarado inconstitucional, pues este precepto admite una interpretación conforme a la Norma fundamental, con arreglo a la cual la aplicación del Derecho civil balear a los residentes <sin necesidad de probar su vecindad civil> expresaría, tan sólo, una presunción de que aquéllos, los residentes, ostentan tal vecindad, lo que estaría lejos de significar una sustitución del criterio general para la aplicación de un ordenamiento u otro previsto en el art. 14.1 del Código Civil (aunque sí pudiera entrañar, se apunta, la modificación de lo prevenido en el núm. 6 de dicho art. 14, de conformidad con el cual <en caso de duda prevalecerá la vecindad civil que corresponda al lugar de nacimiento>). La segunda argumentación sostiene la validez constitucional del precepto en la medida en que el mismo deriva de lo dispuesto en el art. 7 del E.A.B., cuyo texto es el siguiente: <Las normas y disposiciones de los poderes públicos de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y su Derecho civil especial tendrán eficacia territorial, sin perjuicio de las excepciones que se puedan establecer en cada materia y de las situaciones que se hayan de regir por el estatuto personal o por otras normas extraterritoriales>. Las representaciones del Parlamento y del Gobierno balear consideran que la disposición impugnada trae causa directa del precepto estatutario transcrito, al que ningún reproche de inconstitucionalidad cabría hacer con fundamento en el art. 149.1, 8., de la Constitución, pues el Estatuto ha sido aprobado mediante Ley Orgánica del Estado.\nA partir de los argumentos así expuestos, debemos proceder al enjuiciamiento que se nos pide, no sin antes determinar el alcance o sentido de la regla impugnada y precisar, en relación con ello, cual sea el precepto constitucional que haya de ser medida de su validez:\na) El inciso del párrafo primero del art. 2 frente al que se dirige muy en primer lugar esta impugnación prescribe que las normas del Derecho civil de Baleares serán de aplicación a quienes <residan> en el territorio de la Comunidad Autónoma, <sin necesidad de probar su vecindad civil>. Si este enunciado legal se pone en relación con el que le sigue en el mismo párrafo primero y con el texto, también, del párrafo segundo del propio art. 2 cabría identificar el sentido de la norma no en el designio de sustituir, sin más, el criterio de la vecindad civil a efectos de la <sujeción al derecho civil común o al especial o foral> (art. 14.1 del Código Civil), sino en el propósito de introducir, más bien, la presunción de que los residentes en el territorio autonómico ostentan aquella vecindad a la que liga del precepto del Código recién citado la aplicación, en su caso, del Derecho civil propio de Baleares. Que la norma busca introducir una presunción de tal carácter es algo que se indicaba ya en la Exposición de Motivos de la Ley del Parlamento balear 8/1990 (las personas que residan habitualmente en las islas, se dijo allí, <deben quedar liberadas, lógica y legalmente, de probar su vecindad civil balear>) y sólo de este modo cabe entender, por lo demás, que el mismo párrafo primero del art. 2 se remita in fine a las normas del <Derecho interregional (...) privado> y que el párrafo segundo del propio precepto contenga otra remisión al <Código Civil y demás disposiciones de aplicación general> en lo relativo, precisamente, a la <vecindad>. Cuestión ya distinta es, desde luego, que unas remisiones y otras resulten coherentes, en la economía general del precepto, con la presunción así establecida. Para situar los términos del enjuiciamiento que sigue basta con constatar, sin embargo, que el precepto impugnado afecta al régimen de determinación de la vecindad civil, vecindad que constituye criterio para apreciar la sujeción a cualquiera de los regímenes jurídicos civiles coexistentes en el territorio nacional y punto conexión, así para la identificación de la <ley personal> en los conflictos de leyes que surjan de aquella coexistencia (arts. 14.1 y 16.1, 1., del Código Civil).\nb) Lo que queda dicho permite ya identificar con precisión cuál sea la norma constitucional que, dentro del art. 149.1, 8., ha de resultar medida de validez de la impugnada. Aunque unas partes y otras han argumentado, sobre todo, a partir de la norma que atribuye al Estado, en aquel precepto, competencia exclusiva para la adopción de las <reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas>, es lo cierto que el precepto constitucional de referencia ha de ser aquí, por más preciso y ajustado al objeto de la norma impugnada, el que, en el mismo art. 149.1, 8., afirma la competencia estatal, también exclusiva, en orden a <las normas para resolver los conflictos de leyes>. La disposición impugnada afecta, sin duda, a la vecindad civil y al constituir ésta, según se recordó, punto de conexión para la determinación del estatuto personal es claro que mediante aquélla se viene a incidir sobre un aspecto nuclear del Derecho interregional, sector éste del ordenamiento al que la norma constitucional se refiere (junto al Derecho internacional privado) con la expresión <normas para resolver los conflictos de leyes>.\nLo que hemos de considerar es, en suma, si el precepto impugnado ha conculcado o no lo dispuesto en la norma constitucional que sienta la exclusiva competencia del Estado en todo lo relativo a las <normas para resolver los conflictos de leyes>. Como habrá también ocasión de señalar, esta norma constitucional preserva, muy destacadamente, la seguridad jurídica en el tráfico interregional, de tal modo que la invocación por la demanda de tal principio (art. 9.3 C.E.) bien puede considerarse ahora como especificación o concreción de la tacha genérica que así se opone a la disposición objeto del recurso.\n3. Hemos de partir de la firme premisa de que la Constitución reserva a la exclusiva competencia del Estado la adopción de las <normas para resolver los conflictos de leyes> (art. 149.1.8. y STC 72/1983, fundamento jurídico 5.), atribución competencial ésta cuyos contornos o límites no es preciso definir ahora de manera acabada, porque no hay duda alguna de que se integra en todo caso en ella la adopción de las normas de conflicto y la definición de cada uno de sus elementos, entre los que se cuenta, y con la mayor relevancia, la determinación de los puntos de conexión que lleven a la aplicación, en supuestos de tráfico jurídico interregional, de uno de los ordenamientos civiles que coexisten en España. La Norma fundamental -siguiendo en esto el precedente del art. 15.1. de la Constitución republicana- optó, inequívocamente, por un sistema estatal y, por tanto, uniforme de Derecho civil interregional y excluyó, en la misma medida, que pudieran las Comunidades Autónomas establecer regímenes peculiares para la resolución de los conflictos de leyes, ya por la vía de articular puntos de conexión diversos a los dispuestos en la legislación general ya, en otra hipótesis, por medio de la redefinición, alteración o manipulación de tales puntos de conexión. Esta es, en definitiva, una materia enteramente sustraída por el art. 149.1.8. a la acción normativa de las Comunidades Autónomas y atribuida <en todo caso> a la legislación del Estado.\nResulta obligado, siendo esto así, compartir el reproche que el recurso formula contra el art. 2 de la Compilación del Derecho civil de Baleares. En efecto, cabe estimar que al prescribir tal norma que ese ordenamiento sea aplicable a quienes residan en el territorio de la Comunidad Autónoma <sin necesidad de probar su vecindad civil> se está adoptando, sin sombra de duda, una regla cuyo objeto es la propia vecindad civil como punto de conexión para la determinación de la ley personal; cuando esta materia corresponde al legislador estatal, quien en el Derecho interregional ha basado la aplicación de la ley personal en la noción de vecindad civil (art. 16.1.1. del Código Civil) y, a este fin, ha establecido un régimen legal específico de su adquisición y pérdida (arts. 14 y 15 del mismo Código). Esto es, se está regulando una materia por entero ajena, como hemos dicho, a las competencias autonómicas y en la que, por lo mismo, las disposiciones de las Comunidades Autónomas no pueden, so pena de incurrir en invalidez, sino reiterar -en su caso y si así lo exigiera la sistemática de la legislaciónlo establecido en la normativa dictada por el Estado.\nEl legislador balear, sin embargo, no lo ha hecho así, pues lo establecido en el segundo inciso del párrafo primero de este art. 2 viene a otorgar a la <residencia> un valor presuntivo de la vecindad civil. Y al ser evidentes las diferencias que existen entre la mera residencia como noción de hecho y la vecindad civil en cuanto noción jurídica, así como entre el régimen de adquisición y pérdidas de una y otra circunstancia personal, la consecuencia que se produce es tanto la alteración o modificación del régimen de la vecindad civil establecido en los arts. 14 y 15 del Código Civil -con olvido, en particular, tanto de la presunción establecida en el art. 14.6 de este cuerpo legal, extremo señalado por el propio Gobierno balear- como de lo dispuesto en el art. 16.1.1. del Código al determinar cual es la ley personal aplicable en los conflictos interregionales.\nA lo que cabe agregar, además, que también se producen otras consecuencias no menos importantes por haber basado el legislador balear tal presunción en la circunstancia de la mera residencia. En primer lugar, la quiebra de la unidad del sistema estatal del Derecho interregional va acompañada, correlativamente, de una disparidad respecto al ámbito de aplicación en el espacio de los distintos Derechos civiles coexistentes en España, ya que si la común conexión art. 16.1.1. -la vecindad civil- asegura un igual ámbito de aplicación de todos los ordenamientos civiles, no ocurre otro tanto en el caso del Derecho civil balear, cuyo ámbito se amplía considerablemente en virtud de la disposición aquí impugnada, al introducir un punto de conexión distinto. Basta observar, en efecto, que el Derecho civil balear sería aplicable como ley personal no sólo a todos los residentes en el territorio de dicha Comunidad Autónoma sino tambén (en atención al criterio de la vecindad civil previsto en el art. 16.1.1. del Código Civil) a los no residentes en la Comunidad que ostente la vecindad civil balear mientras que la aplicación de cualquier otro ordenamiento civil común o foral, coexistente en España, sólo se produce en virtud de la vecindad civil de interesado. En segundo lugar, y centrándonos en la aplicación del Derecho civil balear como ley personal por la residencia en esa Comunidad, preciso es admitir que la facilidad para adquirir o perder la mera residencia entraña, por sí misma, la posibilidad de que la legislación balear resulte aplicable sin que el interesado tenga su centro de vida o arraigo suficiente en el territorio de dicha Comunidad. Lo que indudablemente afecta de modo negativo a la estabilidad y permanencia que tradicionalmente se ha considerado que son inherentes a la ley personal, dadas las materias que ésta rige según el art. 9.1 del Código Civil (<la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte>). Siendo de observar, al respecto, que la adquisición de la vecindad civil precisa una residencia <continuada> de dos o diez años, según medie o no expresa declaración por el interesado e inscrita en el Registro Civil, favorable al cambio de vecindad (art. 14.5 del Código Civil). Por lo que cabe concluir, en definitiva, que el régimen legal de la vecindad civil establecido en la normativa estatal resulta así alterado por la regla aquí impugnada y, con ello, se violenta la unidad del régimen jurídico relativo al punto de conexión determinante de la ley personal en los conflictos interregionales; unidad de régimen que, como hemos dicho, ha sido inequívocamente establecida por el art. 149.1.de la Constitución.\nConclusión de inconstitucionalidad tan clara no puede quedar empañada por la invocación que las representaciones de la Comunidad Autónoma han hecho de lo dispuesto en el art. 7 del E.A.B., de conformidad con el cual, y en lo que aquí interesa, el Derecho civil especial de Baleares tendrá <eficacia territorial>, sin perjuicio -añade el precepto- <de las excepciones que se puedan establecer en cada materia y de las situaciones que se hayan de regir por el estatuto personal o por otras normas extraterritoriales>. Cualquiera que sea la razón de ser de este precepto, es patente que el mismo se limita a enunciar un principio general -la eficacia territorial de todas las normas autonómicas- y a excepcionar del mismo, junto a otras hipótesis, <las situaciones que se hayan de regir por el estatuto personal>, de modo que la norma nada dice sobre la definición o el reconocimiento de la vecindad civil, sino que, más bien, remite implícitamente a la legislación estatal reguladora de la misma. No cabe ver in nuce en este art. 7, por lo tanto, una regla como la contenida en el precepto que ahora hemos de estimar insconstitucional y pretender tal cosa supone tanto como sugerir, en definitiva, una interpretación contra Constitutionem en este punto, del Estatuto de Autonomía: el art. 149.1.8. de la Constitución reclama, como hemos visto, una regulación estatal -y, por lo tanto, uniforme- de los conflictos de leyes en materia civil y resultaría incompatible con tal exigencia la interpretación que viera en los Estatutos de Autonomía (en el art. 7 del E.A.B., en este caso) una vía para la fragmentación de tal régimen común del Derecho interregional. La regla estatutaria invocada no permite, en todo caso, semejante interpretación.\nSe impone, por todo ello, la declaración de inconstitucionalidad del precepto en su inciso <y serán de aplicación a quienes residan en él sin necesidad de probar su vecindad civil> del art. 2, párrafo primero, de la Compilación del Derecho Civil de Baleares. Esta declaración de inconstitucionalidad no ha de afectar al resto del enunciado del precepto ni, por lo tanto, a su último inciso (<se exceptúan los casos en que, conforme al Derecho interregional o internacional privado, deban aplicarse otras normas>), frente al que, depurado así el vicio apreciado, no cabe ya reproche alguno de inconstitucionalidad.\n<En los testamentos otorgados ante Notario no será necesaria la presencia de testigos, excepto en los casos siguientes:\nEn todos estos supuestos los testigos en número de dos no tendrán la obligación de conocer al testador, excepto en el caso a), y podrán serlo los empleados del Notario.\nEn todo lo demás se observarán las formalidades previstas en el Código Civil).>\nLa inconstitucionalidad de este precepto se afirma en la demanda sobre la base de dos argumentaciones distintas. Según la primera, la disposición sería inválida porque tendría por objeto una materia -la intervención de testigos en testamentos notariales- acerca de la cual la Compilación balear no contenía especialidad alguna al tiempo de entrar en vigor la Constitución, lo que llevaría -a partir de las premisas de las que parte en este punto el recurso- a calificar de extralimitación competencial el anunciado de este art. 52. La segunda argumentación se articula a partir de un razonamiento bien distinto: tras constatar la Abogacía del Estado que la regulación del otorgamiento de testamentos ante Notario en el Código Civil difiere de la contenida en la regla impugnada, se afirma la invalidez de ésta por versar sobre una materia -<ordenación de instrumentos públicos>que corresponde <en todo caso> a la exclusiva competencia del Estado, según el art. 149.1.8 de la Constitución.\nEsta diversidad de argumentos requiere respuestas diferenciadas. Consideraremos en primera lugar, por tanto, si la materia regulada en el art. 52 de la Compilación puede ser calificada, a efectos competenciales, como <ordenación> de los <instrumentos públicos>, pues, si así fuera, resultaría ya ociosa cualquier ulterior indagación sobre el alcance, en este caso, de la competencia que asumió la Comunidad Autónoma, mediante el art. 10.22 de su Estatuto, para la <conservación, modificación y desarrollo de los derechos civiles especiales> vigentes en su territorio. Sólo si aquella calificación no fuera procedente se impondría determinar si el precepto impugnado puede estimarse ejercicio legítimo de la citada competencia estatutaria.\n5. El Estado ostenta <en todo caso> competencia exclusiva para la ordenación de los instrumentos públicos (art. 149.1.8 C.E.), lo que supone, como es obvio, que ninguna disposición autonómica podrá, sin incurrir en inconstitucionalidad, proceder a dicha <ordenación>. Lo que sí es ya cuestión de interpretación es cuál sea el alcance positivo de esta competencia estatal, problema hasta ahora no planteado ante este Tribunal y que tampoco tiene que ser ahora resuelto, en términos generales y abstractos, en el presente proceso, pues para responder a la alegación, en este punto, de la Abogacía del Estado bastará con apreciar si lo regulado por el art. 52 de la Compilación balear (la intervención de testigos en los testamentos notariales) constituye, desde la perspectiva jurídico-constitucional, parte de aquella <ordenación> de los <instrumentos públicos> que la Constitución reserva en exclusiva al Estado. Una primera consideración -ésta sí de alcance general- se impone antes de emprender tal examen, pues es preciso advertir, desde el principio, que el intérprete ha de cuidar aquí de salvar la concordancia entre la exclusiva competencia del Estado en este ámbito y la que pueda ostentar determinada Comunidad Autónoma para legislar sobre institutos jurídicos integrados en su Derecho civil propio, o conexos con el mismo, lo que significa, ante todo, que no será aceptable un entendimiento tan lato de aquella competencia estatal que venga a impedir toda ordenación autonómica sobre actos o negocios jurídicos con el solo argumento de que unos u otros pueden o deben formalizar mediante instrumento público. Semejante inteligencia de la competencia estatal está más que implícita, hay que reconocerlo, en la motivación en este punto del recurso y desde ahora hay que decir que un tal entendimiento de lo que sea <ordenación> de los <instrumentos públicos> no se compadece con las exigencias de una interpretación integrada y armónica de las competencias estatales y autonómicas sobre la legislación civil.\nSe dice en el recurso, con cita del art. 144 del Reglamento Notarial (Decreto de 2 de junio de 1944), que los testamentos notariales <son> instrumentos públicos, afirmación de la que se hace derivar que la regulación de la intervención de testigos en estos testamentos constituye un supuesto de <ordenación> de aquellos instrumentos, enteramente ajena, por consiguiente, a la competencia que sobre su Derecho civil propio ostenta la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. El Tribunal, sin embargo, no puede compartir este razonamiento ni aceptar, por lo tanto, que lo regulado en el art. 52 de la Compilación balear afecte a la invocada competencia del Estado:\na) La regulación sobre la intervención de testigos en los testamentos ante Notario forma parte en nuestro ordenamiento de la legislación civil testamentaria, no de la legislación notarial, localización sistemática ésta que no puede dejar de tenerse en cuenta a la hora de identificar el ámbito de las categorías jurídicas (ordenación de los <instrumentos públicos>, en este caso) empleadas por el art. 149.1 de la Constitución con fines de articulación competencial. Es de relevante consideración, a este respecto, lo dispuesto en los arts. 143 y 180 del ya citado Reglamento Notarial. El párrafo segundo del primero de estos preceptos remite a la <legislación civil> para todo lo relativo a la <forma>, <requisitos> o <solemnidades> de los <testamentos y actos de última voluntad> y declara el carácter meramente supletorio, en estos ámbitos, de la legislación notarial. El art. 180, de otra parte, dispone, en lo que ahora importa, que <en la autorización de las escrituras públicas no será necesaria la intervención de testigos instrumentales>, salvo las excepciones que la propia norma establece; se exceptúan de esta regla -concluye el párrafo primero del art. 180- los testamentos, <que se regirán por lo establecido en la legislación civil>.\nb) La integración en la legislación civil sobre testamentos -no en la ordenación de los instrumentos públicos- de todo lo relativo a los testigos testamentarios resulta corroborada, por lo demás, a la vista de la consideración doctrinal, prácticamente unánime, sobre el carácter de la intervención de testigos en este acto jurídico. Tal intervención, cuando la ley la exige, constituye una formalidad o solemnidad propia del testamento, sin que los testigos instrumentales realicen, en modo alguno, funciones que puedan ser calificadas de <notariales>, pues el testamento es autorizado sólo por el funcionario interviniente, único depositario de la fe pública. Han sido y son imperativos propios de la legislación sobre testamentos y no de la notarial -esto es lo que ahora importa descartar- los que han llevado al legislador a requerir la presencia de testigos en los testamentos ante Notario.\nc) Es preciso reparar, por último, en que ni siquiera el Código Civil impone hoy ya la exigencia de intervención de testigos instrumentales en los testamentos ante Notario con carácter general. Acogiendo, sin duda, las críticas doctrinales antes aludidas, la Ley 30/1991 -posterior a la adopción del precepto impugnado- vino a modificar, entre otras disposiciones del Código Civil, su art. 697, con arreglo a cuya vigente redacción la concurrencia al acto de otorgamiento de dos testigos idóneos sólo es preceptiva en tres supuestos concretos: cuando el testador declare que no sabe o no puede firmar el testamento; cuando el testador, aunque pueda firmarlo, sea ciego o declare que no sabe o no puede leer por sí el testamento y, en fin, cuando el testador o el Notario lo soliciten. Se confirma así la orientación de nuestra legislación, que considere al presencia testifical en el acto de testar ante Notario como un requisito de ciertos testamentos, no como una condición o formalidad inherente a la incorporación del testamento mismo a un instrumento público.\n6. Ahora hemos de juzgar tan sólo la constitucionalidad de la especialidad contenida en el art. 52 de la Compilación balear. Visto que esta Compilación no contaba, antes de la introducción de la norma impugnada, con regla alguna relativa a la intervención de testigos en los testamentos notariales, la cuestión se ciñe a determinar si el nuevo texto del art. 52 puede ser considerado o no como <desarrollo>, en el sentido constitucional y estatutario, de los Derechos civiles especiales de la Comunidad Autónoma (art. 10.22 E.A.B.). El criterio para la resolución de la impugnación formulada es el que queda dicho, no el de la mayor o menor similitud o divergencia entre el precepto impugnado y la regulación contenida, sobre la misma materia, en el Código Civil.\nEs correcta, como hemos dicho, la afirmación del Abogado del Estado según la cual la Compilación balear no contenía, en el momento de entrar en vigor la Constitución, especialidad alguna en materia de intervención de testigos en los testamentos notariales. No es aceptable, sin embargo, la conclusión jurídica que se hace derivar de tal constatación, pues, según quedó expuesto en el fundamento 1. de esta Sentencia, las competencias autonómicas para <desarrollar>, en lo que aquí interesa, el propio Derecho civil pueden dar lugar a la actualización y crecimiento orgánico de éste y, en concreto, a la regulación de materias que, aun ausentes del texto originario de la Compilación, guarden una relación de conexión suficiente con institutos ya disciplinados en aquélla o en otras normas integrantes del propio ordenamiento civil.\nAsí ocurre, sin duda alguna, en el presente caso. La regulación de las sucesiones -y, dentro de ella, de la sucesión testada- forma parte principalísima del Derecho civil propio de las Islas Baleares y así se reflejó en el texto inicial de la Compilación (Ley 5/1961), que recogió las normas aplicables en la materia en Mallorca (libro primero, título II y, en especial, capítulo tercero), en Menorca (libro segundo, art. 65) y en Ibiza y Formentera (título II y, en especial, capítulo tercero). Ninguna de estas regulaciones contempló, cierto es, especialidad alguna en lo que se refiere a la intervención testifical en los testamentos notariales, pero no cabe negar que la norma que sobre esta materia contiene el actual art. 52 de la Compilación guarda una evidente conexión orgánica con aquellas regulaciones originarias y basta con reconocerlo así para concluir en que, al adoptar tal precepto, los órganos de la Comunidad Autónoma no han venido a ordenar un ámbito enteramente ajeno al hasta entonces regulado por el Derecho civil propio de las Islas ni han incurrido, por ello, en un desbordamiento competencial que permitiera calificar de inconstitucional a esta norma legal. La competencia autonómica para el <desarrollo> del Derecho civil, especial o foral, ampara, como al inicio de esta Sentencia quedó dicho, regulaciones de este género que, partiendo de institutos ya integrados en el propio ordenamiento civil, disciplinen aspectos en conexión con ellos aunque ausentes, hasta entonces, del texto de la Compilación. Se impone, rechazar, por tanto, la impugnación formulada contra el art. 52 del Texto refundido de la Compilación.\n1. Estimar, en parte, el recurso de inconstitucionalidad y declarar la inconstitucionalidad, y consiguiente nulidad, del inciso <y serán de aplicación a quienes residan en él sin necesidad de probar su vecindad civil> del art. 2, párrafo primero, de la Compilación del Derecho Civil de Baleares, según la redacción dada al mismo por el artículo único del Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre.\n2. Desestimar, en lo demás, el recurso de inconstitucionalidad.\nDada en Madrid, a seis de mayo de mil novecientos noventa y tres.-Firmado.-Miguel Rodríguez Piñero y Bravo-Ferrer.-Luis López Guerra.-Fernando García-Mon y González-Regueral.-Carlos de la Vega Benayas.-Eugenio Díaz Eimil.-Alvaro Rodríguez Bereijo.-Vicente Gimeno Sendra.-José Gabaldón López.-Julio González Campos.-Pedro Cruz Villalón.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Rubricados.\nCORRECCIÓN de errores en Suplemento al BOE núm. 171, de 19 de julio de 1993 (Ref. BOE-T-1993-18893).\nDICTADA en el recurso 2401/1990 (Ref. BOE-A-1990-27305).\nla inconstitucionalidad y nulidad del inciso mencionado del art. 2 de la Ley 8/1990, de 28 de junio, en la redacción dada por el Decreto Legislativo 79/1990, de 6 de septiembre (Ref. BOE-A-1990-19960) y (Ref. BOIB-i-1990-90001).


Hotel Real De Poqueira - Capileira - Granada\nC/ Real, 1, 18413 Capileira, Granada\nBuena ubicación para moverse por toda la zona.\nSi buscas un hotel donde poder realizar rutas de sendereo o pasar unas vacaciones únicas el Hotel Real de Poqueira de 3 estrellas te ofrecerá todo lo que están buscando. El Hotel Real de Porquera se situá en Capileira Granada en pleno corazón de Sierra Nevada, Reserva natural de la Biosfera declarado por la UNESCO cerca de la iglesia de la localidad. De reciente construcción en el año 2012, cuenta con tres plantas, con unto total de 19 habitaciones. Es un complejo vacacional presenta una arquitectura de estilo rural con fachada de ladrillo se encuentra rodeado de un jardín Si desea degustar la gastronomía Granadina el restaurante del hotel Rural de le servía comida casera típica de la Zona de la Alpujarra. Cuenta con y acceso a Internet inalámbrico gratuita. Las habitaciones están climatizadas, televisión de pantalla plana y baño completo con secador de pelo y artículos de tocador. La Alpujarra grandina es ideal para realizar rutas de senderismo, paseos a caballo, y diversas excursiones el personal del hotel le dará información y le proporcionará todo lo necesario para estas actividades. Los huéspedes pueden practicar senderismo, excursiones en quads, así como rutas ideales para practicar en bicicletas contando la recepción con servicio de alquiler y paseos a caballo en la zona. El personal del hotel puede proporcionarle información turística y organizar actividades. Este hotel se encuentra junto a la iglesia de la localidad, y está a 70 km de Granada. Las playas de Motril se encuentran a 1 hora en coche.\nInformación general y Cómo llegar Hotel Real De Poqueira


Acción del precio en opciones binariasQué recursos de formación ofrece IQ OptionEstrategias de reto de mercadoCalculadora Forex pivot pointCómo dar tus primeros pasos en ForexLa mejor estrategia en opciones binariasSeñales de Forex por IQ OptionPrevision mercado Forex\nRafael Alberto Alva Calderon\n4 Octubre 2018 Guía Para Dummies\n2 – Abre una cuenta demo en un broker online y empieza a invertir sin poner en riesgo tu dinero, operando con dinero virtual. Se pueden abrir operaciones si hay tres cuatro señales como cómo comprar bitcoins en México mínimo, pero prepárese para esperar una dos semanas hasta conseguir beneficios. EUR/AUD, EUR/CAD – Existen peligros muy serios en el la operativa con estos 2 pares de divisas, por ello forex broker españa no se lo recomiendo en ningún caso. Para resumir, a los primeros 6 pares (en ellos se opera contando con el dólar americano) se les llama pares primordiales, porque con ellos negocia la mayoría del mundo. Sin embargo, ten en cuenta lo que siempre decimos: No es bueno quedarse demasiado tiempo utilizando la cuenta Demo de tu bróker. Nadie opera igual con dinero real que con dinero virtual. Si quieres aprender a operar de verdad, tienes que hacerlo con dinero de verdad.\nTalvez a melhor estratégia de Forex a longo prazo, a estratégia de Bollinger Daily A estratégia Ichimoku SAR, dinâmica com os seus sinais na unidade de tempo H4 A estratégia Price Action Inside Bar e Outside Bar. Costa Rica es un oasis de tranquilidad reconocido por su dedicación a la conservación del medio ambiente. Más info.\nEntonces, ¿dónde te deja esto? ¿Dónde crees que estás en este momento en tu vida cuando se trata de aumentar tu nivel de conciencia? ¿Cuál es tu nivel de conciencia? Sé honesto contigo mismo. Por ejemplo, si tienes sobrepeso, ¿mereces tener sobrepeso o, en su lugar, te esfuerzas por alimentarte saludablemente y haces ejercicio regularmente? En relación al trading, ¿estudias el mercado, tomas cursos, buscas mentores y aprendes a analizar los gráficos todos los días de forma que tu nivel de conocimiento aumente? ¿Realmente estás haciendo lo que necesitas hacer para alcanzar tus metas? La idea del empresario es poner al servicio de las empresas la experiencia que adquirió a lo largo de los años y ya tiene algunos proyectos en marcha.\nLo cierto es que es rápida y sencilla de usar, además de que ofrece múltiples funciones y herramientas para que realicemos las mejores inversiones dentro del panorama financiero.\nSiempre se deben realizar operaciones de compra y venta basándose cómo comprar bitcoins en México en lo que se ve, nunca en lo que se cree o intuye. Si algo está subiendo, por ejemplo el dólar estadounidense, hay que operar en función de lo que está pasando nunca pensando en lo que ha ocurrido en otros momentos. Su primer Volkswagen se lo regaló su padre cuando él tenía 16 años y este era un Golf GTI mk2 del año 1992.\nEn la cartera ha llevado Planas el triángulo jóvenes y mujeres, agua y digitalización como estructura de trabajo para revitalizar un territorio rural que se desangra más rápido cuanto más grave es el abandono de la actividad, la falta de infraestructuras, la dificultad de las explotaciones para ser rentables. guía práctica.\nPara invertir desde Venezuela no tendrás ningún problema, puesto que a día de hoy los brókers ofrecen sus servicios de manera internacional, y salvo algunos que no aceptan clientes residentes en los Estados Unidos, en los países de Latinoamérica no tenemos ese problema. Tanto es así que llegó un momento en el que pude dejar mi profesión de toda la vida y emprender con este negocio a tiempo completo como medio de vida. Estas divisas de Bankinter Broker son futuros sobre divisas que siendo reales van al mercado, un mercado controlado, mientras los Cfds sobre divisas son mercados OTC, sin regulación.\nCómo comprar bitcoins en México, Cómo funcionan las opciones binarias\nLas mejores funcional Herramientas de análisis gráfico, cotizaciones en tiempo real y cómo comprar bitcoins en México en streaming y alertas personalizables.\nDesde tu portafolio puedes modificar los datos de las operaciones, a qué precio has abierto, el precio actual, etc.\nLa seguridad es uno de los aspectos más importantes que debemos conocer si elegimos un sistema de estas características, por este motivo, hay que saber todas las medidas que utiliza para que podamos operar de la mejor forma posible. Aprende a analizar las oportunidades de inversión en los mercados financieros teniendo en cuenta el comportamiento económico global y las decisiones de inversión de los inversores profesionales. Calcular la volatilidad puede ser un ejercicio útil para cualquiera que comercie acciones u opciones. En términos simples, la volatilidad se refiere a la estabilidad del precio de una acción. Si reacciona a cambios en el mercado más que otras compañías de cómo comprar bitcoins en México la misma industria, puede decirse que es altamente volátil. La volatilidad histórica se refiere a la volatilidad pasada de una acción, y la implícita intenta postular el futuro. Si puedes seguir instrucciones, puedes aprender cómo calcular la volatilidad implícita, a través del uso de una función de Excel.\n16 Setiembre 2018 Marcela Celeste Yalle De La Cruz\n27 Mayo 2019 Patricia Diana Gonzales Guevara\n26 Julio 2019 Luis Daniel Sosa Cueva


Fwd: Asesinan a un sujeto cuando almorzaba en una fonda de la Peralvillo | Cuspide\nHome / Uncategories / Fwd: Asesinan a un sujeto cuando almorzaba en una fonda de la Peralvillo\nFwd: Asesinan a un sujeto cuando almorzaba en una fonda de la Peralvillo\n. 7:01 Edit\nEn lo que se presume fue una agresión directa, un hombre fue ejecutado a balazos al interior de una cocina económica, en calles de la colonia Peralvillo, en la alcaldía Cuauhtémoc. Policías capitalinos montaron un dispositivo para localizar al agresor quien tras efectuar el ataque huyó del sitio.\nLos primeros reportes dieron a conocer que la tarde de este jueves, el terror se desató entre vecinos y comensales de una fonda en calle Tetrazzini casi esquina con Beethoven, cuando un sujeto abrió fuego en contra de un hombre de la tercera edad, para después escapar del sitio a toda prisa, para perderse entre las calles aledañas.\nUna llamada al número de emergencia 911, reportando la balacera movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) sector Tlatelolco, hasta el punto, donde observaron a un hombre inconsciente tendido en piso del local entre sillas y mesas, con lesiones visibles en el tórax por disparo de arma de fuego, por lo que solicitaron apoyo médico.\nHasta el lugar arribó una ambulancia adscrita a la emergencia, paramédicos revisaron al Carlos "N" de aproximadamente 60 años, pero solo pudieron confirmar que ya había fallecido, pues las balas que habían hecho blanco en su cuerpo ya le habrían arrebatándole la vida.\nUna mujer quien mencionó ser esposa del ahora occiso, dio a conocer que recibió una llamada por parte de oficiales para que acudiera al punto, pues su esposo había tenido problemas, pero nunca imagino que al llegar se encontraría con la noticia de su muerte.\nTambién mencionó que su esposo había ido a la Basílica de Guadalupe y que de regresó paso a la fonda donde trabaja su hermana para comer.\nSu cónyuge pese a sentirse mal y estar temblando por la noticia, además de sufrir de diabetes y de un riñón, no quiso la asistencia médica que le brindaban, para esperar a que sacaran el cuerpo de su esposo.


Travel Report Bodas extremas - Travel Report\nTravel Report » Entradas » Bodas extremas\n¿Alguna vez has pensado en casarte en algún lugar distinto al tradicional? Estas parejas ya lo hiceron, ¡ve que hicieron el día de su boda! Te comparto el artículo que encontré en la red.\nSegún dicta la tradición, casarse es un ritual que celebra el amor de dos personas que decidieron pasar juntos el resto de su vida. Sin embargo, no todos están dispuestos a aceptar esta premisa, y por el contrario, prefieren aplicar sus métodos poco ortodoxos. Aquí te presentamos 7 ejemplos de bodas extremas.\nHace mucho que las bodas extremas dejaron de ser una exuberancia, cada vez son más las personas que se animan a sumar una cuota de riesgo y peligro al día más importante de sus vidas.\n¿Qué estarías dispuesto a hacer por amor? ¿Saltar de un paracaídas? ¿Sumergirte en el fondo del mar? ¿Escalar un edificio? Independientemente de tu decisión, recuerda que esta vida está hecha para disfrutarla con gran intensidad, y así fue como estas siete parejas decidieron darse el “Sí, acepto” de la manera más alucinante.\n1. Esta es una pareja recién casa que decidieron celebrar el acontecimiento más importante de su vida esquiando por la ladera, en el corazón de una estación de esquí en Loveland, Colorado.\n2. Esta pareja se conoció mientras compartía su pasión por el paracaidismo, y para honrar el lugar donde se conocieron, Gail y Phil Mathis decidieron casarse lanzándose de un helicóptero en Middletown, Ohio.\n3. Este no es precisamente el lugar más romántico para casarse, pero esta pareja de novios encuentra algo atractivo en la “Colina de las Cruces”, un sitio de peregrinación ubicado al norte de Lituania que se caracteriza por la enorme cantidad de cruces que hay en todo el camino.\n4. Esquiar no sólo es un deporte extremo, también es la mejor manera de liberarse de tanto estrés. Es por eso que Jannette Burr y Hans Sachs se tomaron esta foto donde se dan un beso apasionado y pasean por un esquí acuático.\n5. Dos acuaristas celebraron la ceremonia de su boda bajo un gigantesco acuario en Londres. El mar es testigo del inmenso amor que siente el uno por el otro.\nEl café es la estrella del cine Ciudades menos recomendadas para visitar con coche\n10 hoteles imperdibles para casarte en...


¿Cómo lograr que tus clientes adquieran un plan más completo en tu gimnasio?\nMuchas veces pensamos que tener más y más clientes es la clave para el crecimiento de nuestro centro fitness. Sin embargo, lo cierto es que tus clientes fijos, esos que renuevan constantemente los planes contigo, que se involucran en las actividades de tu centro, que quieren más de tu servicio y están dispuestos a pagar, son los clientes que necesitas para crecer.\nEllos te van a ayudar a mejorar a la vez que mantienes la rentabilidad de tu centro deportivo. Cómo enganchar a esos clientes y lograr que adquieran planes más completos es el reto que te vamos a ayudar a superar en este post.\nConoce muy bien a tus clientes\nAntes de empezar a desarrollar cientos de estrategias y planes, en ocasiones confusos para tus clientes, lo primero que debes hacer es aprender de ellos.\nEso significa que entiendas cómo piensan: cómo se sienten,cuáles son sus motivaciones para acercarse a tu centro deportivo, qué aspiran lograr. Esta será la información básica de tus clientes. Una herramienta que puedes utilizar para conocer més sobre tus clientes, es el buyer pesona y aquí puedes conocer todo sobre ella.\nLuego explora ideas más profundas, cómo sus intereses, sus hábitos, su grupo familiar, qué le gusta, qué le disgusta, qué esperan al comprar un producto o servicio, etc.\nPara que preguntar no parezca demasiado intrusivo, crea una relación amistosa con tus clientes al formar una comunidad. Usa los registros y las inscripciones para completar su perfil, haz encuestas después de cada actividad, habla con tus usuarios, pregunta y aprovecha los recursos que te brinda la tecnología.\nDemuéstrales cuánto te importan\nUna vez que conoces muy bien a tus clientes, es el momento de demostrárselos. Esto significa que utilices la información que obtienes a tu favor y al de ellos.\nUn ejemplo sencillo sería que si muchos de tus usurarios piden una clase en horario nocturno quizás sea el momento de darles lo que quieren. Crea planes, programas y servicios que les ayuden en el logro de sus objetivos personales con respecto a su bienestar integral.\nPor supuesto que estos datos tienen como último fin lograr más ventas mientras ganas la confianza de tus clientes.\nUsa un Customer Relationship Management (CRM)\nEl principal obstáculo que puedes tener en la gestión de los datos de tus usuarios es que la información esté desordenada y sea difícil de interpretar para generar acciones.\nAl apoyarte en un CRM vas a tener los datos de tus clientes en un solo lugar, podrás acceder a ellos cuando quieras, de forma organizada, filtrados, presentados prolijamente, listos para ser interpretados y guiarte en el camino hacia la satisfacción de tus atletas. También puedes aprovechar el software para centros deportivos de Fitco y así tener todos los datos de tus clientes en un solo lugar.\nEl CRM también te servirá para crear contenido en tus redes sociales que enganche, landing pages e emails que conviertan al ser dirigidos a segmentos de clientes específicos creados en función de sus necesidades.\n¿Cómo enganchar a tus clientes?\nHablemos un poco de las estrategias que los expertos del marketing siempre utilizan para lograr enganchar a los clientes. En tu caso,tendrás que ajustar cada una de estas estrategias a las características de usuarios y a los servicios de tu centro fitness.\n1. A todos nos encantan las pruebas gratis\nLas pruebas gratis son ideales al momento de probar una nueva clase, un nuevo producto o servicio. Nadie se resiste a las muestras gratis así que son un win-win.\nEste tipo de acciones son una oportunidad para mostrarle atu cliente cuánto te esmeras por mejorar, por ofrecerles servicios adicionales y, si demuestras que resuelve una necesidad o es de interés particular para tu cliente, alucinará con la idea y pagará por ella. Aquí te explicamos más sobre la estrategia de pruebas gratis para el crecimiento de tu negocio.\n2. Diseña un programa de referidos\nLos programas de referidos se basan en ofrecerles un beneficio adicional a tus usuarios por hacer que un conocido se convierta en cliente de tu gimnasio. Una excelente forma de generar ventas, nada mejor para generar confianza que la recomendación de tus clientes..\nPara que el programa de referidos funcione, debes asegurarte de que tus usuarios se sientan muy bien con tu centro deportivo.\nTus clientes solo van a referir cuando noten que si traen aun amigo, esa persona va a vivir una experiencia tan agradable como la que ellos experimentan cada vez que entran a tu gimnasio.\n¿Cómo saber si tus atletas están preparados para referir? Pregúntales, usa encuestas de satisfacción, sabrás cuántas referencias eres capaz de adquirir. Aquí te explicamos más sobre estudios de mercado para centros fitness.\n3. Sorprende a tus clientes\nOtro elemento que siempre funciona para enganchar a tu comunidad es sorprenderlos. Puedes aplicar esta estrategia de diversas maneras,ten en mente que el objetivo es generar un efecto “wow” o de deleite para tu cliente.\nEsto lo puedes generar con algo tan sencillo como: después de suscribirse a un plan reciben una camisa deportiva o material POP, de utilidad para la vida en el gimnasio, que tenga el logo de tu centro y una tarjeta de bienvenida.\nPequeñas acciones como estas marcan una gran diferencia en la experiencia de tu cliente. Pasarás de ser un gimnasio más en el que renovó la suscripción a ser el centro fitness al que siempre quiere pertenecer.\n4. Comunicación directa y continua\nLa mejor forma de hacer que tus clientes se sientan enganchados con tu centro deportivo es que demuestres que estás allí para escucharlos. Esto va más allá de obtener información para desarrollar servicios o planes y generar ventas.\nSe trata de una buena comunicación a lo largo de toda la experiencia de uso de tu cliente. De nada sirve que el registro sea una maravilla, pero cuando cambies una clase tus atletas sean los últimos en enterarse o que las clases sean lo máximo, pero la gestión administrativa sea un desastre.\nEste tipo de problemas los podrás solventar o limitar con una constante comunicación con tus clientes. Gracias a la tecnología las herramientas para comunicarse sobran, en este sentido es importante que selecciones una vía que tus usuarios usen.\nLas aplicaciones son las herramientas preferidas por estos tiempos, con nuestro sistema Fitco tienes acceso a un canal de comunicación directa, ¡incluso puedes tener una aplicación personalizada!\n5. Asegúrate de tener clientes felices\nEste punto se relaciona con el anterior en cuanto a la comunicación, aunque va un poco más allá.\nSi algún cliente presenta inconvenientes en tu centro fitness, debes buscar la manera de solucionarlo y que el cliente se sienta complacido con la atención y la vía de resolución utilizada.\n¿Por qué? Un cliente feliz va a invitar a un amigo para que vaya a tu centro deportivo y te recomienda a un par de conocidos, esto sumaría al menos unas tres buenas referencias. Por su parte un cliente molesto le dirá a 10-12 personas que se aleje de tu centro deportivo.\nEn fin, mientras más satisfechos estén tus atletas con la experiencia que brindas mejor le irá a tu centro deportivo y más planes completos lograrás vender.\nEnganchar a tus clientes resulta sencillo, cuando los conoces, piensas en sus necesidades y con la ayuda de estrategias de marketing les ofreces soluciones efectivas.


Batman: ¡este villano que soñamos con ver algún día en el cine! - NakaManga\nBy Lupita, on noviembre 19, 2020 - Marvel, nolan\nBatman es a menudo citado como el superhéroe más querido entre los fanáticos de los cómics, y el Caballero de la noche de Gotham le debe mucho a sus muchos antagonistas. Si muchos de ellos ya han tenido una encarnación en el cine, hay uno que soñamos con ver aparecer algún día en la gran pantalla.\n¡Un villano emocionante!\nLa famosa frase de Alfred Hitchcock, «Cuanto más exitoso sea el villano, más exitosa será la película.«, encuentra su ilustración más bella en el universo de Batman. El famoso justiciero es hoy inseparable de sus principales antagonistas, qué son el Joker, el Pingüino, el Hombre Misterioso o incluso Catwoman. Y sus aventuras cinematográficas corroboran esta hipótesis. A pesar del innegable talento de Michael Keaton y Christian Bale, que interpretaron respectivamente a Batman en las películas de Tim Burton y Christopher Nolan, reconocemos que las verdaderas estrellas de la película son quienes interpretan a los villanos: Jack Nicholson (el Joker en hombre murciélago), Danny DeVito (El pingüino en Batman, el desafío), Liam Neeson (Ras-al-Ghul en El comienzo de batman), Heath Ledger (El Joker en El caballero oscuro) y Tom Hardy (Bane en El caballero oscuro se levanta).\nEsto todavía es cierto en el avance de la película. El batman de Matt Reeves, con Robert Pattinson en el papel principal. Si la interpretación del actor británico ya es impresionante, todo el tráiler parece girar en torno al villano principal de la película: La Esfinge, que será interpretado en pantalla por Paul Dano. También mencionaremos a Colin Farrell, cuya impresionante transformación para jugar a The Penguin ha hecho que fluya mucha tinta.\nSin embargo, hay un villano que nunca hemos visto en el cine.y, sin embargo, soñamos con ver algún día en una de las aventuras cinematográficas de Batman: el batman que ríe. Creado en 2018 (lo que explica por qué nunca lo hemos visto en el cine), en Batman: metal por Scott Snyder y Greg Capullo, Batman Who Laughs es un antagonista absolutamente emocionante.\nThe Laughing Batman aparece en Tierra-22. Se trata de un Batman tomado de una locura asesina, después de haber sido torturado por el Joker y haber sido contaminado por su temida toxina. Este «Batman Jokerizado» se le ocurre matar a los miembros de la familia Batman uno por uno y conquistar el DC Multiverse. Al centrarse en la primera historia de The Batman Who Laughs, a saber, el asesinato de varios miembros de la familia Batman, Warner podría producir su primera película de terror ambientada en el Universo DC. Una película de terror de tipo slasher, que evoca tanto Gritar y Viernes 13.\nLa empresa también parece completamente justificada. En primer lugar porque Warner parece haber elegido cambiar de opinión. Si el estudio no abandona el DCEU, iniciado por el Hombre de Acero de Zack Snyder (2013), lanzó la producción de películas ambientadas en universos paralelos, sin vínculo directo con su universo extendido. Con cierto éxito, dada la enorme popularidad de la película bufón (2019) y la acogida que recibió el primer tráiler de la película El batman. Además, estas dos películas parecen confirmar que Warner está decidido a hacer que estas películas independientes del Universo Extendido de DC sean obras artísticas y exigentes, no confinadas solo al género superheroico: la película bufón fue una fábula social y depresiva, tanto como un homenaje al cine de Martin Scorsese (Conductor de taxi, El Valse des Pantins), que no se sabía que fuera soluble en un universo superheroico, dadas sus declaraciones sobre adaptaciones de cómics; lo mismo para El batman, que también parece ser una fábula social, que rinde homenaje a varias décadas de thrillers, de En el calor de la noche por Norman Jewison (1967) en Se7en por David Fincher (1995). De hecho, que Warner se atreva a producir una película de terror superheroica nos parece totalmente coherente.\nEspecialmente en lo Si el mercado de la adaptación de cómics está bien establecido, el género debe cambiar.. Marvel ya ha comenzado, desde hace varios años, una apariencia de mutación: la película sublime Logan tendido hacia el occidental desesperado; ambas películas Consorcio inactivo jugar con los códigos de las adaptaciones de los cómics y hacerlos estallar con una impertinencia pocas veces vista en este tipo de producciones; y la pelicula Los nuevos mutantes ya estaba tratando de llegar a una fusión entre el género superheroico y el género de terror. Disney también ha comenzado a mutar las películas de Marvel dentro del propio Marvel Cinematic Universe. Su próxima serie de Disney +, WandaVision, rendirá homenaje a las comedias de situación de la década de 1950; la película Doctor Strange en el multiverso de la locura debería incorporar algunos elementos horribles. En un momento en que el público parece expresar cada vez más su cansancio de ver siempre las mismas películas calibradas en el cine, Warner tiene todo el interés en atreverse, en ser atrevido, como lo había sido con la película. bufón. Y una adaptación de Batman que ríe parece un camino interesante a seguir.\nAnime y dramas: cansados y acosados, el 30% de los actores pensaría en el suicidio


CMAJ Trangoworld 2012: 107 Km de pura aventura…\nESTE 2012, DE NUEVO, “AMENAZA DE LLUVIA TORRENCIALES”\nEsta vez, los meteorólogos, si que acertaron de lleno. Tanto, que algunos temían que la organización tomara la determinación de anularla… El lema de la prueba: Cuerpo, Mente y Alma en Javalambre, lo dice todo y, sería un agravio, dejar la palabra aventura “muda”.\nLa aventura de esta edición, algunos, ya la comenzaron mucho antes de la prueba, como José Luis Fariña Arévalo que, desde Málaga, junto con su familia, pudo ir sorteando los cortes de carretera, por desprendimientos e inundaciones… sumándole 6 horas más a su desplazamiento hasta Alfondeguilla, la población donde se daba la salida de esta singular prueba.\nAsí, algunos, cargados de muchos miedos y otros de sueño, comenzaron, desde el Refugio SerRa, su reto hacia Javalambre, la cumbre más alta de Teruel.\nSin embargo, la lluvia, después de tantas sequias vividas, hizo que los participantes se tomaran mejor de lo esperado, las fuertes tormentas que les tocó vivir durante horas.\nA partir de Pina de Montalgrao, kilómetro 58, la lluvia cesó, pero comenzó a golpear el viento: suave al principio y frío e intenso a falta de 20 Km. Por si esto fuera poco, se sumó, otra incondicional, la niebla, que limitaba la visibilidad más allá de 3 metros, mermando el avance de los participantes.\nAún en estas pésimas condiciones meteorológicas, Roberto Gil López (Castellón), Chabi Vicente Ripoll (Teruel) Miguel Ángel Soriano Albiñana (Valencia), por este orden, fueron los participantes, que dominaron la CMAJ Trangoworld de este 2012, primero, formando grupo hasta Matet: kilómetro 28 y, después en solitario, cada uno a su ritmo, distanciándose cada vez más entre ellos, hasta la llegada, al punto de meta, el Refugio Rabadá y Navarro (Camarena de la Sierra). Realizando, respectivamente, unos tiempos de: 16:25 h, 18:30 h, 19:25h.\nLa única fémina que participó: María Mir Saura (Castellón), terminó como una campeona la prueba, invirtiendo un tiempo de 27 h.\nEl resto de participantes, demostraron estar a la altura de las circunstancias. Muestra de ello, es el tesón que mantuvieron durante las más de 24 h. que estuvieron frente a todo tipo de adversidades.\nUna vez más, la organización, pudo estar al pie del cañón, superando todas las vicisitudes que se iban presentado a lo largo del recorrido, durante más de 28 horas; gracias al equipamiento técnico que Trangoworld les proporciona, sin duda alguna, adecuado para este tipo de aventuras.


Nuevo año, nuevas formas | ACEF.- UDIMA | Asociación de Antiguos Alumnos CEF.- UDIMA\nNuevo año, nuevas formas\nEnviado por ACEF en Jue, 15/12/2016 - 10:25\nSerá una casualidad pero coincidiendo con la llegada de la Navidad, tiempo que se asocia siempre a la concordia, se están instaurando unos modos más “relajados” a la hora de enfocar la gobernabilidad de nuestro país. En estas líneas que habitualmente os escribo me he declarado siempre partidario de la negociación y el consenso, por lo que hay que alegrarse de que nuestra clase política sude todo lo que sea necesario para llegar a acuerdos en temas que no hace mucho parecían imposibles de solucionar.\nNada mejor en esta época del año que una inyección de optimismo. Y si hemos de desear algo para el nuevo año 2017 es que se pueda mejorar poco a poco todo aquello que pueda ser mejorado, en beneficio del mayor número posible de nuestros conciudadanos. Solo si ponemos todos algo de nuestra parte se podrá conseguir y nos alejaremos de extremismos y líneas rojas que solo conducen a un enfrentamiento poco fructífero.\nOs presentamos un nuevo número de nuestra revista, confeccionada como siempre con la colaboración de todos vosotros. Entre otros muchos temas ofrecemos un interesante artículo del profesor Juan José Pintado sobre la generación “millennial” o una entrevista con el conocido chef Mario Sandoval, además de dar cuenta de actividades de nuestra asociación y del CEF.- y la UDIMA. El pasado mes de octubre un grupo de alumnos y profesores del Máster en Práctica de la Abogacía viajaron a Nueva York con un objetivo académico y cultural; de ello da cuenta en un artículo Lorena Garrido Martínez, alumna del máster.\nAnte la ya próxima Navidad solo me queda desearos que disfrutéis al máximo en la compañía de vuestros familiares y amigos. Pero también sería interesante que nos acordáramos y ayudáramos a aquellos que no pueden gozar de estas fiestas con la misma alegría y disponibilidad que nosotros. Se trata de restar un poco para que otros sumen mucho.\nOs deseo a todos unas felices fiestas y un próspero 2017.


English | Português Nro del 04 de Junio de 2012\tPORTADA\nAndrew Wong, con niños de la etnia inuit en cabo Dorset, cerca del extremo meridional de la isla Baffin.Crédito: Cortesía A. WongReportajesEl futuro reclama un ombudsman en Río+20Por Stephen LeahyUn ombudsman de las futuras generaciones puede contrarrestar la naturaleza cortoplacista de los ciclos electorales de los gobiernos, al defender intereses y necesidades de las generaciones venideras. Caficultora Lourdes Altamirano, de la cooperativa nicaragüense Aldea Global, que elabora el café Tierra Madre. Crédito: Cortesía de Intermón OxfamAcentosRecesión española respeta economía solidariaPor Inés BenítezQuienes se dedican a promover el comercio justo en la España de la recesión creen que esta ayuda a una reactivación de la conciencia crítica del consumidor.\nCrédito: Claudius/IPSGrandes PlumasLa crisis ambiental y la económica están entrelazadasPor Maurice Strong *Paradójicamente, si no se actúa con decisión para frenar el cambio climático, la reducción de las emisiones de gases invernadero podrá ocurrir por el colapso de la economía mundial, advierte en esta columna Maurice Strong.\nEcobreves ARGENTINA: Diseñan ladrillos de cenizas volcánicas Arquitectos de Argentina diseñaron ladrillos para la construcción de viviendas utilizando las abundantes cenizas caídas desde hace un año en el sur de este país por la erupción del complejo volcánico chileno Puyehue-Cordón Caulle.\nHONDURAS: Comunidades plantan árboles La capital de Honduras y la sureña ciudad de Choluteca encabezan un proyecto de conciencia ambiental basado en la reforestación de nacientes de agua y zonas deforestadas.\nBRASIL: Mata Atlántica sigue perdiendo bosques Entre mayo de 2010 y el mismo mes de 2011, se perdieron 133 kilómetros cuadrados del devastado bioma boscoso costero de Brasil, según datos de la Fundación SOS Mata Atlántica y del Instituto Nacional de Investigaciones Aeroespaciales.\nMÉXICO: Crean instancia de diálogo climático Cinco organizaciones de la sociedad civil formaron la Mesa Nacional Indígena-Campesina para tomar decisiones sobre cambio climático, deforestación y degradación del suelo.