constitución politica del estado de hidalgo 2006\nCONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA EL ESTADO DE HIDALGO.\nÚLTIMA REFORMA PUBLICADA EN EL PERIÓDICO OFICIAL: 17 DE JULIO DE 2006\nLey publicada en el Periódico Oficial, el 1 de octubre de 1920.\nNICOLAS FLORES, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO\nDE HIDALGO, A SUS HABITANTES, SABED:\nQue el H. Congreso del Estado, ha tenido a bien expedir el siguiente\nDECRETO NUM. 1108\nLa XXV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en ejercicio de la\nfacultad que le concede el artículo 105 de la Constitución del Estado, de 15 de septiembre de\n1894, y con sujeción a los trámites que el mismo artículo previene, decreta la reforma de dicha\nConstitución, en los términos siguientes:\nESTRUCTURA POLÍTICA FUNDAMENTAL\nArtículo 1o.- El Estado de Hidalgo, como integrante de la Federación, es libre y soberano en\ntodo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los preceptos de la Constitución\nArtículo 2o.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como Ley Suprema,\nesta Constitución y las Leyes que de ellas emanen integran el orden jurídico del Estado de\nArtículo 3o.- Las Autoridades y los servidores públicos del Estado no tienen más facultades\nque las que expresamente les concedan la Constitución Política de los Estados Unidos\nMexicanos, esta Constitución y las Leyes que de ellas emanen.\nEl Estado podrá, en los términos de Ley, convenir con la federación la asunción por parte de\naquel, del ejercicio de funciones de dicha federación, la ejecución y operación de obras y la\nprestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.\nArtículo 4.- En el Estado de Hidalgo, todo individuo gozará de las garantías y derechos que\notorga esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales\nno podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que ella misma\nArtículo 4 Bis.- El derecho de petición, será atendido por los Funcionarios y Empleados\nPúblicos, cuando se formule por escrito o por los medios que al efecto prevenga la Ley, de\nmanera pacífica y respetuosa. En materia política, sólo podrán hacer uso de este derecho los\nA toda petición, deberá recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya dirigido, la\ncual tiene obligación de hacerlo conocer al peticionario en breve término.\nToda persona, tiene derecho a acceder a la información pública, conforme a la Ley de la\nArtículo 5.- Sin distinción alguna, todos los habitantes del Estado tienen los derechos y\nobligaciones consagrados en esta Constitución.\nEl varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la\nToda persona tiene derecho a decidir, de manera libre, responsable e informada, sobre el\nnúmero y espaciamiento de sus hijos.\nLos niños, niñas, adolescentes y personas con capacidades diferentes, tienen derecho a la\nsatisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para\nLos ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado\nproveerá lo necesario para garantizar el respeto a la dignidad de la niñez, los adolescentes y\nlas personas con capacidades diferentes y el ejercicio pleno de sus derechos.\nEl Estado otorgará facilidades a los particulares, para que se coadyuve al cumplimiento de los\nEs deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus\nnecesidades y a la salud física y mental. La ley determinará los apoyos a la protección de los\nmenores, a cargo de las instituciones públicas.\nEl Estado de Hidalgo tiene una composición pluricultural y reconoce los derechos a preservar la\nforma de vida y el bienestar y desarrollo de los grupos sociales de culturas autóctonas, dentro\nde sus propios patrones de conducta, en cuanto no contraríen normas de orden público, así\ncomo a que se consideren tales rasgos culturales en la justipreciación de los hechos en que\nparticipen, mediante criterios de equidad. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de las\nlenguas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social de las\ndiversas comunidades que lo integran y garantizará a sus componentes el efectivo acceso a la\njurisdicción del Estado. Los Poderes del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias,\ntomarán en cuenta las prácticas y las costumbres jurídicas de las comunidades indígenas en\nlos términos que las propias leyes establezcan.\nToda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, así\ncomo el deber de conservarlo. Las Autoridades Estatales y Municipales instrumentarán y\naplicaran en el ámbito de su competencia los planes, programas y acciones destinadas a la\npreservación, aprovechamiento racional, protección y resarcimiento de los recursos naturales\nen su Territorio, asi como para prevenir, y sancionar toda forma de contaminación ambiental.\nArtículo 6.- El patrimonio familiar será inalienable, imprescriptible e inembargable y se instituirá\ncomo una protección a la familia, conforme lo determinen las leyes locales.\nArtículo 7.- Todo individuo tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto se\npromoverá el empleo y la organización social para el trabajo, sin contravenir las bases\nestablecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de\nella se deriven.\nEl trabajo se entenderá como un derecho y una obligación que debe de cumplirse\nresponsablemente, en beneficio de la sociedad.\nLa ley determinará cuales son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las\ncondiciones que deban llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlos.\nArtículo 8.- Todos los habitantes del Estado tienen derecho a la alimentación, a la salud, a\ndisfrutar de una vivienda digna y decorosa, y en general, al bienestar y a la seguridad individual\ny social, como objetivos de la permanente superación del nivel de vida de la población. La ley\ndefinirá las bases y formas para conseguir estas finalidades en concurrencia con la Federación.\nArtículo 8 Bis.- Todos los habitantes de la Entidad tienen derecho a la educación que imparta\nel Estado, la que será pública, gratuita, laica y democrática, considerando a la democracia no\nsolamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida\nfundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Tenderá a\ndesarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentar en él, el amor a la\npatria y la conciencia de la solidaridad social en lo nacional y en lo internacional, dentro de la\nEl Estado procurará el acceso a programas de becas para los alumnos más destacados en su\ndesempeño académico dentro de las instituciones de educación pública, así como de aquellos\nque su condición económica les impida la conclusión de estudios profesionales.\nArtículo 9.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma, ni ejercer violencia para\nreclamar su derecho.\nToda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos\npara impartirla en los plazos y términos que fijen las Leyes, emitiendo sus resoluciones de\nmanera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia,\nLas leyes locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia\nde los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.\nQueda prohibida la pena de muerte o cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.\nToda persona reducida a prisión tiene derecho a la readaptación social y a los beneficios que\nde ella resulten, sobre las bases del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y\nreestructuración de su personalidad inspirados en un criterio de justicia social, eliminando todo\nconcepto de venganza colectiva, con el objeto de restablecer su dignidad.\nEl Gobierno del Estado creará instituciones especiales para el tratamiento de los menores\nArtículo 9 Bis.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, es un organismo\ndescentralizado de la Administración Pública del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio\npropios, de carácter autónomo y de servicio gratuito encargado de la defensa y promoción de\nlos derechos humanos en el Estado.\nSin perjuicio de las facultades y obligaciones de los órganos y de las instancias legales que\nésta Constitución establece y garantiza para la administración y procuración de justicia, ésta\nComisión conocerá de las violaciones de derechos humanos provenientes de las actividades\nde la Administración Pública Estatal y Municipal y de los actos administrativos de cualquier otra\nautoridad pública de la Entidad. En su caso formulará recomendaciones públicas no\nLos derechos humanos a que se refiere el párrafo anterior, son los reconocidos como garantías\nindividuales y sociales establecidas en la Constitución y por las Leyes que de ellas emanen, así\ncomo los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales suscritos y\nratificados por los órganos correspondientes del Poder Federal.\nLa organización, facultades y obligaciones, así como la competencia de ésta Comisión serán\nreguladas por la Ley Orgánica correspondiente.\nArtículo 10.- Para garantizar el interés social, en todo momento, el Estado tendrá facultades de\nfijar el uso y destino de la tierra a efecto de que los asentamientos humanos cumplan con lo\nestablecido por el Plan Estatal de Desarrollo y con la Planeación del Desarrollo Urbano. Así\nmismo podrá reglamentar el uso del suelo conforme a la vocación productiva de la tierra a fin\nde hacer operativos los programas garantizando el bienestar social.\nArtículo 11.- Son habitantes del Estado quienes temporal o definitivamente establezcan su\ndomicilio en la Entidad, así como aquéllos que tengan intereses económicos en la misma.\nArtículo 12.- Son obligaciones de los habitantes del Estado:\nI.- Cumplir con los preceptos de esta Constitución, los de las leyes, reglamentos, y\ndisposiciones que de ellos emanen, así como respetar a las autoridades;\nII.- Contribuir a los gastos públicos del Estado y del Municipio en que residan o tengan bienes,\nen la forma proporcional y equitativa que dispongan las Leyes;\nIII.- Contribuir a que los satisfactores y servicios que se generen en la Entidad, se destinen\npreferentemente a resolver las necesidades del Estado;\nIV.- Tener un modo honesto de vivir;\nV.- Dar auxilio a las autoridades en caso de urgencia, o cuando éstas lo requieran y sea\nVI.- Si son extranjeros, contribuir a los gastos públicos de la manera que dispongan las Leyes,\nobedecer y respetar a las instituciones, leyes y autoridades del Estado, sujetándose a los fallos\ny sentencias de los Tribunales competentes, absteniéndose de invocar o intentar el uso de\notros recursos que los que se concedan a los mexicanos.\nDE LOS HIDALGUENSES\nArtículo 13.- Son hidalguenses:\nI.- Los nacidos en el territorio del Estado;\nII.- Los mexicanos y mexicanas que tengan domicilio establecido y una residencia efectiva de\ncinco años por lo menos, dentro del territorio del Estado y manifiesten su deseo de adquirir tal\nIII.- Los mexicanos y mexicanas que habiendo contraído matrimonio con hidalguenses, residan\ncuando menos tres años en el Estado y manifiesten su deseo de adquirir esa calidad.\nArtículo 14.- Son vecinos del Estado los que tuvieren, por lo menos, un año de residencia en\nArtículo 15.- La calidad de hidalguense a la que se refieren las fracciones II y III del artículo 13\nse pierde por ausentarse de la Entidad durante más de dos años consecutivos, excepto cuando\nla causa sea:\nI.- El desempeño de cargos públicos o de elección popular;\nII.- La realización de estudios profesionales, científicos o artísticos, efectuados fuera de la\nEntidad por el tiempo que lo requieran; y\nIII.- Por el desempeño de actividades administrativas o docentes que aporten beneficios a la\nIV.- Por desempeñar sus actividades laborales en el extranjero.\nDE LOS CIUDADANOS HIDALGUENSES\nArtículo 16.- Son ciudadanos del Estado, los Hidalguenses que habiendo cumplido 18 años,\ntengan un modo honesto de vivir.\nArtículo 17.- Son prerrogativas del ciudadano del Estado:\nII.- Ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro\nempleo o comisión, reuniendo las condiciones que establezca la Ley;\nIII.- Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos\npolíticos del Estado;\nIV.- Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición, conforme a la Ley.\nArtículo 18.- Son obligaciones de los ciudadanos del Estado:\nI.- Inscribir sus bienes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito\nJudicial que les corresponda, así como registrarse en el Catastro de la Municipalidad,\nexpresando la industria, profesión o trabajo del que subsistan;\nII.- Inscribirse en los Padrones Electorales, en los términos que determine la Ley de la materia;\nIII.- Alistarse en la Guardia Nacional;\nIV.- Votar en las elecciones populares, en los términos que señale la Ley;\nV.- Desempeñar los cargos de elección popular que en ningún caso serán gratuitos; y\nVI.- Desempeñar gratuitamente los cargos consejiles del Municipio donde resida, así como las\nfunciones electorales y censales.\nEl incumplimiento de alguna de estas obligaciones se sancionará con suspención de la\nciudadanía hasta por un año.\nArtículo 19.- La ciudadanía hidalguense se pierde:\nI.- En los casos de pérdida de la nacionalidad o de la ciudadanía mexicana;\nII.- Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena esa sanción; y\nIII.- Por adquisición expresa de otra ciudadanía.\nArtículo 20.- Las leyes determinarán a qué autoridad le corresponde resolver la suspensión,\npérdida o recuperación de los derechos ciudadanos, en los términos y requisitos con que ha de\ndictarse el fallo respectivo y el tiempo que durará la suspensión.\nArtículo 21.- Los derechos de ciudadanía hidalguense se restituyen:\nI.- Por recobrar la nacionalidad o ciudadanía mexicana, volviendo a residir en el Estado de\nII.- Por cumplimiento de la pena o por haber finalizado el término o cesado las causas de\nsuspensión y rehabilitación.\nArtículo 22.- Los hidalguenses serán preferidos para toda clase de concesiones y para todo\nempleo, cargo o comisión del Gobierno en que sea indispensable la calidad de ciudadano.\nDEL TERRITORIO DEL ESTADO\nArtículo 23.- El Territorio del Estado es el expresado en el Supremo Decreto de Erección de 15\nde enero de 1869, y se integra con los 84 Municipios que a continuación se enumeran: 1.Acatlán, 2.- Acaxochitlán, 3.- Actopan, 4.- Agua Blanca de Iturbide, 5.- Ajacuba, 6.-Alfajayucan,\n7.- Almoloya, 8.- Apan, 9.- Atitalaquia, 10.- Atlapexco, 11.- Atotonilco El Grande, 12.- Atotonilco\nde Tula, 13.- Calnali, 14.- Cardonal, 15; Cuautepec de Hinojosa, 16.- Chapantongo, 17.Chapulhuacán, 18.- Chilcuautla, 19.- El Arenal, 20.- Eloxochitlán, 21.- Emiliano Zapata, 22.Epazoyucán, 23.- Francisco I. Madero, 24.- Huasca de Ocampo, 25.- Huautla, 26.- Huazalingo,\n27.- Huehuetla, 28.- Huejutla de Reyes, 29.- Huichapan, 30.- Ixmiquilpan, 31.- Jacala de\nLedezma, 32.- Jaltocán, 33.- Juárez Hidalgo, 34.- La Misión, 35.- Lolotla, 36.- Metepec, 37.Metztitlán, 38.- Mineral del Chico, 39.- Mineral del Monte, 40.- Mineral de la Reforma, 41.Mixquiahuala de Juárez, 42.- Molango de Escamilla, 43.- Nicolás de Flores, 44.- Nopala de\nVillagrán, 45.- Omitlán de Juárez, 46.- Pacula, 47.- Pachuca de Soto, 48.- Pisaflores, 49.Progreso de Obregón, 50.- San Agustín Metzquititlán 51.- San Agustín Tlaxiaca, 52.- San\nBartolo Tutotepec, 53.- San Felipe Orizatlán, 54.- San Salvador, 55.- Santiago de Anaya, 56.Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero, 57.- Singuilucan, 58.- Tasquillo, 59.- Tecozautla, 60.Tenango de Doria, 61.- Tepeapulco, 62.- Tepehuacán de Guerrero, 63.- Tepeji del Río de\nOcampo, 64.- Tepetitlán, 65.- Tetepango, 66.- Tezontepec de Aldama, 67.- Tianguistengo, 68.Tizayuca, 69.- Tlahuelilpan, 70.- Tlahuiltepa, 71.- Tlanalapa, 72.- Tlanchinol, 73.- Tlaxcoapan,\n74.- Tolcayuca, 75.- Tula de Allende, 76.- Tulancingo de Bravo, 77.- Villa de Tezontepec, 78.Xochiatipan, 79.- Xochicoatlán, 80.- Yahualica, 81.- Zacualtipán de Ángeles 82.- Zapotlán de\nJuárez, 83.- Zempoala, 84.- Zimapán.\nLas adiciones o supresiones a los nombres de los Municipios se podrán realizar a iniciativa de\nlos Ayuntamientos respectivos y con aprobación del Congreso, debiendo, preferentemente,\nrespetarse los nombres tradicionales.\nArtículo 24.- La soberanía del Estado, reside esencial y originariamente en el pueblo\nhidalguense, quien la ejerce por medio de los poderes constituidos en los términos de esta ley\nLa renovación de los poderes legislativo y ejecutivo, así como de los Ayuntamientos se\nrealizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:\nI.- Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas\nespecíficas de su intervención en el proceso electoral y los que cuenten con registro nacional o\nestatal tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.\nLos partidos políticos tienen como fin promover la participación ciudadana en la vida\ndemocrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y como\norganizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,\nde acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan, mediante el sufragio universal,\nlibre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los\nII.- La ley garantizará que los partidos políticos cuenten equitativamente con elementos para\nllevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los\nmedios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la\nmisma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos\npolíticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos\nprevalezcan sobre los de origen privado.\nLa ley electoral fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos\npolíticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las\naportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia\ndel origen y uso de todos los recursos con los que cuenten y asimismo, señalará las sanciones\nque deban imponerse por el incumplimiento de éstas disposiciones.\nIII.- La organización de las elecciones estatales y municipales es una función del Estado, que\nse realiza a través de un organismo público, autónomo, de carácter permanente, denominado\nInstituto Estatal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya\nintegración participan los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.\nEn el ejercicio de esta función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,\nequidad y objetividad serán principios rectores.\nEl Instituto Estatal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones,\nfuncionamiento y profesional desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección,\nejecutivos, técnicos y de vigilancia.\nSerá facultad del Consejo General del Instituto Estatal Electoral convocar a elecciones\nextraordinarias, cuando procedan.\nEl Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le\ndetermine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía\nelectoral, los derechos y prerrogativas de los partidos políticos, al padrón y lista de electores,\nimpresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los\ntérminos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las\nelecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, así como la regulación de la\nobservación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las\nsesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán en los términos que señale la ley.\nIV.- Para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un\nsistema de medios de impugnación en los términos que señale esta Constitución, y las leyes\nrespectivas. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales,\nfijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas y\ngarantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de\nasociación, en los términos de esta Constitución. Correspondiendo al Tribunal Electoral la\naplicación del sistema mencionado.\nEn materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirán efectos\nsuspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.\nLa Ley Electoral tipificará los delitos y determinará las faltas en esa materia, así como las\nsanciones que por ellos deban imponerse.\nArtículo 25.- El Estado adopta para su régimen interior la forma de Gobierno republicano,\ndemocrático, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial y de su\norganización política y administrativa, el Municipio Libre.\nArtículo 26.- El Poder del Estado, en el ejercicio de sus funciones, se divide en Legislativo,\nNo podrán reunirse dos o más Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el\nLegislativo en un solo individuo.\nLos Poderes colaborarán entre sí para el eficaz cumplimiento de las funciones del Estado.\nArtículo 27.- Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial residirán en la ciudad capital,\nLa sede de cualesquiera de los Poderes podrá trasladarse a otro sitio, con la aprobación del\nCongreso, siempre que las circunstancias lo justifiquen.\nArtículo 28.- El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en un órgano que se denominará\n“CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO”.\nDE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS E INSTALACIÓN DEL CONGRESO\nArtículo 29.- El Congreso se integra con dieciocho Diputados de mayoría electos por votación\ndirecta, secreta y uninominal en dieciocho distritos electorales y once Diputados de\nrepresentación proporcional, quienes como resultado de la misma elección se designarán\nmediante el procedimiento que la Ley de la materia establezca.\nArtículo 30.- Los Diputados de mayoría relativa y de representación proporcional, son\nrepresentantes del pueblo y tienen la misma categoría e iguales derechos y obligaciones.\nPor cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente y la elección se hará por fórmula.\nLos diputados tienen la obligación de informar en el primer trimestre de cada año, sobre las\nactividades desempeñadas durante su ejercicio constitucional.\nArtículo 31.- Para ser Diputado se requiere:\nI.- Ser hidalguense;\nII.- Tener 21 años de edad como mínimo;\nIII.- Tener una residencia efectiva no menor de tres años en el Estado; y\nIV.- (DEROGADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 1995)\nArtículo 32.- No pueden ser electos Diputados:\nII.- Quienes pertenezcan al estado eclesiástico;\nIII.- Los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, los Magistrados del Tribunal Superior de\nJusticia, del Tribunal Fiscal Administrativo, los Consejeros del Consejo de la Judicatura, el\nProcurador General de Justicia del Estado, el Subprocurador General de Justicia y los\nServidores Públicos de la Federación, residentes en el Estado, que no se hayan separado de\nsus respectivos cargos, cuando menos sesenta días antes del día de la elección.\nLos Magistrados del Tribunal Electoral del Estado, el Subprocurador de Asuntos Electorales y\nlos Consejeros Ciudadanos del Instituto Estatal Electoral, tampoco podrán serlo, a menos que\nse separen de su cargo un año antes del día de la elección;\nIV.- Los Jueces de Primera Instancia y los Administradores de Rentas, en la circunscripción en\nla que ejerzan sus funciones y los Presidentes Municipales en el Distrito del que forme parte el\nMunicipio de su competencia, si no se han separado unos y otros de sus cargos cuando menos\nsesenta días naturales antes del día la elección; y\nV.- Los Militares que no se hayan separado del servicio activo, cuando menos seis meses\nArtículo 33.- Los Diputados al Congreso del Estado, no podrán ser reelectos para la\nLegislatura siguiente. Los Suplentes podrán ser electos para la Legislatura inmediata, con el\ncarácter de Propietarios, siempre que no hubiesen estado en ejercicio durante la última\nLegislatura, pero los Diputados Propietarios no podrán serlo en la Legislatura subsecuente con\nel carácter de Suplentes.\nArtículo 34.- Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño\nde su cargo y no podrán ser reconvenidos o enjuiciados por ellas.\nEl Presidente del Congreso, velará por el respeto al fuero constitucional de los Diputados y por\nla inviolabilidad del Recinto Oficial.\nArtículo 35.- Los Diputados en ejercicio, no podrán desempeñar ningún empleo, cargo o\ncomisión de los Gobiernos Federal, Estatal o Municipal, salvo el académico o de beneficencia\npública. La violación de esta disposición, será sancionada con la perdida del cargo de\nArtículo 36.- El Congreso se renovara en su totalidad cada tres años, debiendo de tomar\nposesión de su cargo los integrantes de la nueva Legislatura, el día primero de abril del año\nArtículo 37.- (DEROGADO, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 1995)\nArtículo 38.- El Congreso tendrá durante el año, dos períodos ordinarios de sesiones, como\nEl primero se iniciará el primer día de abril y concluirá a más tardar el último de julio. El\nsegundo comenzará el primer día de septiembre y terminará a más tardar el último de\nLos períodos no podrán prorrogarse más allá de la fecha de su terminación.\nArtículo 39.- El Congreso podrá celebrar sesiones extraordinarias a convocatoria de la\nDiputación Permanente por sí o a solicitud formulada por el Gobernador del Estado.\nArtículo 40.- Los Diputados que falten a una Sesión sin causa justificada o sin permiso del\nPresidente de la Directiva, no tendrán derecho a percibir la dieta correspondiente al día de su\nArtículo 41.- Cuando algún Diputado deje de asistir a tres Sesiones consecutivas, sin previa\nautorización del Presidente de la Directiva o causa justificada, se llamará al Suplente\nrespectivo, quien ejercerá las funciones durante el resto del periodo de Sesiones\nArtículo 42.- Durante el Primer Período Ordinario de Sesiones, el Congreso se ocupará\nprioritariamente de examinar, calificar y en su caso, aprobar, las Cuentas Públicas del Estado y\nde los Municipios, correspondientes al año inmediato anterior.\nEn el Segundo y para que rijan el año siguiente, se ocupará prioritariamente de examinar y\naprobar en su caso, la Ley de Ingresos del Estado y las de los Municipios, así como el\nPresupuesto de Egresos del Estado, que el Gobernador deberá enviarle a más tardar el quince\nArtículo 43.- El Gobernador del Estado asistirá a la apertura del primer período ordinario de\nsesiones. Podrá asistir también cuando lo solicite para informar sobre asuntos de su\ncompetencia y que así lo acuerde el Congreso del Estado.\nArtículo 44.- Las sesiones serán publicas, excepto cuando se traten asuntos que exijan\nreserva o así lo determine la Ley Orgánica del Poder Legislativo y su respectivo reglamento.\nArtículo 45.- El Congreso se reunirá en la capital del Estado, pero podrá cambiar\ntemporalmente su sede, si así lo acuerdan las dos terceras partes de la totalidad de los\nDiputados, notificando lo anterior a los otros Poderes.\nArtículo 46.- La Ley Orgánica del Poder Legislativo fijará las demás formalidades de\ninstalación, funcionamiento y clausura de los trabajos del Congreso.\nDE LA INICIATIVA Y FORMACIÓN DE LAS LEYES Y DECRETOS\nArtículo 47.- El derecho de iniciar las Leyes y Decretos, corresponde:\nIII.- Al Tribunal Superior de Justicia en su ramo;\nIV.- A los Ayuntamientos;\nV.- Al Procurador General de Justicia del Estado en su ramo y\nVI.- A los ciudadanos del Estado y personas morales domiciliadas en la Entidad, por conducto\nde los Ayuntamientos o de los Diputados de sus respectivos distritos electorales.\nArtículo 48.- Toda iniciativa de Ley o Decreto presentada, deberá pasar a la comisión o\nArtículo 49.- Las iniciativas se sujetarán al trámite que señala la Ley Orgánica del Poder\nArtículo 50.- El día señalado para la discusión de un dictamen, se dará aviso al autor de la\nIniciativa, a fin de que si lo estima pertinente, pueda participar en ella por sí o por medio de\nArtículo 51.- Aprobado un Proyecto de Ley o de Decreto por el Congreso, se remitirá al\nGobernador para su promulgación y publicación. El Gobernador, dentro de los diez días hábiles\nsiguientes, podrá devolverlo con las observaciones que considere pertinentes.\nEl Proyecto de Ley o de decreto devuelto al Congreso deberá ser discutido nuevamente, y si\nfuere confirmado por los dos tercios del número total de Diputados, volverá al Gobernador,\nquien deberá promulgarlo sin más trámite.\nArtículo 52.- El Gobernador no podrá hacer observaciones a los Proyectos de Ley o de\nDecretos del Congreso, cuando:\nI.- Se trate de adiciones o reformas a esta Constitución;\nII.- Hayan sido dictados en ejercicio de la facultad de revisar la cuenta general del Estado y de\nIII.- Hayan sido dictados en uso de la facultad de conceder o negar licencia al Gobernador, a\nlos Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo, del\nTribunal Electoral, al Procurador General de Justicia y al Subprocurador de Asuntos\nIV.- Hayan sido dictados en funciones del Colegio Electoral, Gran Jurado u Órgano de\nV.- Hayan sido dictados baja la facultad de expedir su Ley reglamentaria y disposiciones\nArtículo 53.- Se tendrá por aprobado, todo Proyecto de Ley o Decreto no devuelto por el\nGobernador, en el plazo de diez días hábiles a que hace referencia el Artículo 51, a no ser que\ndurante este término, el Congreso hubiere entrado en receso, en cuyo caso, la devolución\ndeberá hacerla el primer día de sesiones del período siguiente.\nArtículo 54.- Desechado un proyecto de Ley o Decreto no podrá ser propuesto de nuevo en el\nmismo período de sesiones.\nArtículo 55.- Toda resolución del Congreso no tendrá más carácter que el de Ley, Decreto o\nAcuerdo económico. Los trámites para la formación de los decretos serán los mismos que se\ndeterminarán para las leyes; los de los acuerdos económicos serán determinados por la Ley\nOrgánica del Poder Legislativo.\nArtículo 56.- Son facultades del Congreso:\nI.- Legislar en todo lo que concierne al régimen interior del Estado;\nII.- Expedir las Leyes que sean necesarias para hacer efectivas las facultades otorgadas por\nesta Constitución a los Poderes del Estado;\nIII.- Expedir las leyes reglamentarias y ejercer las facultades que le otorga la Constitución\nGeneral de la República;\nIV.- Iniciar Leyes y Decretos ante el Congreso General;\nV.- Expedir y aprobar su Ley reglamentaria, así como la Ley que regule las facultades y\norganización interna del Órgano de Fiscalización Superior, conforme a las bases establecidas\nEl Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, es el órgano técnico responsable\nde la revisión y fiscalización de las Cuentas Públicas del Estado y de los Municipios, de\nacuerdo a la Legislación correspondiente;\nVI.- (DEROGADA, P.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 1995)\nVII.- Recibir la protesta al cargo de Diputados, Gobernador, Magistrados, Consejeros del\nConsejo de la Judicatura, Procurador General de Justicia y Subprocurador de Asuntos\nVIII.- Aprobar en su caso, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a los Magistrados del\nTribunal Superior de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo, así como conocer de su renuncia\nNombrar de las listas propuestas por el titular del Ejecutivo, al Procurador General de Justicia\ndel Estado y al Subprocurador de Asuntos Electorales, así como conocer de su renuncia o\nIX.- (DEROGADA, P.O. 9 DE MAYO DE 1998)\nX.- Nombrar al ciudadano que debe suplir al Gobernador Constitucional, en caso de falta\ntemporal o definitiva de éste;\nXI.- Conceder a los Diputados, Gobernador, Magistrados, Consejeros del Consejo de la\nJudicatura, Procurador General de Justicia y Subprocurador de Asuntos Electorales, licencia\npara separarse de sus cargos, en los términos establecidos por esta Constitución;\nXII.- Expedir las leyes que rijan el patrimonio del Estado y el de los Municipios;\nXIII.- Resolver los conflictos que se susciten entre dos o más municipios del Estado, así como\nentre los Ayuntamientos y el Ejecutivo del Estado, exceptuando los de carácter judicial;\nXIV.- Dar posesión a los Diputados suplentes en caso de inhabilitación o licencia de los\nXV.- Nombrar al Titular del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado y al\nSecretario de Servicios Legislativos;\nXVI.- Decretar se tramite la reivindicación de los bienes Estatales y Municipales, sin perjuicio de\nlas facultades que para ello correspondan al Poder Ejecutivo del Estado y a los gobiernos\nXVII.- Recibir y aprobar en su caso, informes y la cuenta justificada que está obligada a rendir\ntoda persona física o moral que recibida a cualquier título, fondos del Erario Público,\ncomprendidos en el presupuesto de egresos del año correspondiente;\nXVIII.- Declarar, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, la suspensión o la\ndesaparición de ayuntamientos; suspender o revocar el mandato de alguno o algunos de sus\nmiembros por cualquiera de las causas graves que las leyes prevengan, siempre y cuando sus\nmiembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que\na su juicio convengan, dentro de los términos de ley.\nXIX.- (DEROGADA, P.O. 19 DE ABRIL DE 2004)\nXX.- (DEROGADA, P.O. 9 DE MAYO DE 1998)\nXXI.- Hacer comparecer a los servidores públicos titulares de dependencias o directores y\nrepresentantes legales de Entidades de la Administración Pública del Estado, al Procurador\nGeneral de Justicia del Estado y al Subprocurador de Asuntos Electorales, para que informen\nde los asuntos de su competencia;\nXXII.- Expedir las leyes que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores y\nentre los Municipios y sus respectivos trabajadores con base en lo dispuesto en el Artículo 123\nde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones\nXXIII.- Expedir leyes sobre planeación del desarrollo estatal,\nXXIV.- Legislar en materia de protección al ambiente y preservación y restauración del\nequilibrio ecológico, en el ámbito de competencia del Estado y de sus Municipios;\nXXV.- Nombrar a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado y a los Consejeros\nElectorales del Instituto Estatal Electoral, así como al Consejero de la Judicatura, en los\ntérminos establecidos en las leyes de la materia. Asimismo conocerá de su renuncia.\nXXVI.- Expedir el Decreto para dar a conocer en todo el Estado, la declaración de Gobernador\nElecto que hubiere hecho el Consejo General del Instituto Estatal Electoral;\nXXVII.- Declarar si ha lugar o no a proceder penalmente contra los servidores públicos que\nhubieren incurrido en delito del orden común en los términos del artículo 153 de esta\nXXVIII.- Constituirse en órgano de acusación para conocer de las faltas graves administrativas\ncometidas por los servidores públicos y,\nXXIX. Expedir leyes sobre la organización, administración y procedimientos municipales en\nlas que se establezcan:\na) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento\nadministrativo, incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las\ncontroversias entre dicha administración y los particulares, con sujeción a los principios de\nigualdad, publicidad, audiencia y legalidad;\nb) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de\nlos ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o\npara celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al\nperiodo del Ayuntamiento;\nc) Las normas de aplicación general para los convenios que celebren los gobiernos\nmunicipales con el gobierno del Estado para que éste se haga cargo de algunas de las\nfunciones relacionadas con la administración de las contribuciones municipales, o para que\naquél, de manera directa o través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma\ntemporal de algunos servicios públicos o funciones municipales o para que se presten o\nejerzan coordinadamente por el Estado y el propio municipio o para que los municipios asuman\nfunciones, ejecuten u operen obras y presten servicios públicos, que la Federación haya\ndelegado en los Estados, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario.\nd) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio\nmunicipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la propia Legislatura del Estado\nconsidere que el municipio de que se trate está imposibilitado para ejercerlos o prestarlos;\nen este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento respectivo, aprobada por\ncuando menos las dos terceras partes de sus integrantes;\ne) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o\nf) Las normas que regulen los procedimientos para la solución de los conflictos que surjan entre\nlos municipios y el Ejecutivo del Estado o entre aquellos, con motivo de los actos derivados de\nlos incisos c) y d) de esta fracción.\nXXX. Aprobar, por el voto de las dos terceras partes del total de sus miembros, los convenios\nde asociación que suscriban los municipios del Estado de Hidalgo con aquellos que\npertenezcan a otra entidad federativa,\nXXXI.- Revisar, fiscalizar y dictaminar las Cuentas Públicas de los Poderes del Estado, de los\nAyuntamientos, de los Entes Públicos Paraestatales y Paramunicipales y demás sujetos de\nPara la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, el Congreso se apoyará en el Órgano de\nFiscalización Superior, el cual cuenta con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus\natribuciones y para decidir sobre su organización interna y funcionamiento. Se encargará de\nrevisar sin excepción, la Cuenta de las Haciendas Públicas; el manejo, custodia y la aplicación\nde fondos y recursos de los Poderes del Estado, a través de la Cuenta Pública Estatal, de los\nAyuntamientos y demás sujetos de revisión, así como de verificar el cumplimiento de los\nobjetivos contenidos en los planes y programas establecidos en los términos de las Leyes\nEl Órgano de Fiscalización Superior, establecerá y difundirá las normas, procedimientos,\nmétodos y sistemas contables y de auditoría para la revisión de las Cuentas Públicas;\nasimismo formulará las recomendaciones, que sobre el particular procedan a los sujetos de\nEn el cumplimiento de sus funciones, tendrá atribuciones para investigar los actos u omisiones\nque impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, control,\nadministración y aplicación de fondos y recursos Federales en los términos convenidos con\ndicho ámbito, de los Poderes del Estado, de los Ayuntamientos y demás organismos\nautónomos del Estado y sujetos de revisión establecidos en la Legislación aplicable: Efectuará\nvisitas domiciliarias, únicamente para exigir la exhibición de los documentos indispensables\npara la realización de sus investigaciones.\nDeterminará los daños y perjuicios que afecten a las Haciendas Públicas Estatal o Municipales\no al patrimonio de las Entidades Estatales o Municipales y fincará a los responsables, las\nindemnizaciones y sanciones correspondientes; en su caso, promoverá ante Autoridades\ncompetentes el fincamiento de otras responsabilidades o las acciones a que se refiere el Título\nDécimo de esta Constitución y podrá presentar denuncias y querellas penales, conforme a la\nLa revisión de Cuenta Pública, tendrá por objeto determinar los resultados de la gestión\nfinanciera, verificar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto aprobado,\nconforme a las disposiciones aplicables, así como comprobar el cumplimiento de los objetivos\ncontenidos en los planes, programas y subprogramas. El Órgano de Fiscalización Superior\ntiene la obligación de entregar al Congreso del Estado, el informe del resultado de la revisión\nde la Cuenta Pública, a más tardar en la segunda quincena del mes de junio, del año siguiente\nal de su Ejercicio. Si de la revisión que se realice aparecieren diferencias entre las cantidades\ncorrespondientes a los ingresos o a los egresos, con relación a los conceptos y las partidas\nrespectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos\nrealizados, habrá lugar a determinar la responsabilidad de acuerdo con la Ley.\nEl Órgano de Fiscalización Superior, también informará al Pleno del Congreso, a través de la\nComisión Inspectora, de las Cuentas que se encuentren pendientes o en el proceso de\nrevisión, explicando la razón por la que no se han concluido.\nXXXII.- Las demás facultades que le sean concedidas por esta Constitución.\nArtículo 57.- Durante los recesos del Congreso, habrá una Diputación Permanente, compuesta\nde nueve Diputados con el carácter de Propietarios y dos como Suplentes.\nArtículo 58.- La Diputación Permanente será electa por el Congreso, en la última Sesión de\ncada período de Sesiones Ordinarias.\nArtículo 59.- Son facultades de la Diputación Permanente:\nI.- Convocar a sesiones extraordinarias por si o a solicitud formulada por el Gobernador del\nII.- Conceder licencia al Gobernador del Estado cuando sea por un lapso mayor de un mes y a\nlos Diputados, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo\ny del Tribunal Electoral, así como a los Consejeros del Consejo de la Judicatura, al Procurador\nGeneral de Justicia y al Subprocurador de Asuntos Electorales, cuando sea por un periodo\nmayor de tres meses;\nIII.- Recibir la protesta al Cargo de Gobernador y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia,\ndel Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, Consejeros del Consejo de la\nJudicatura, así como al Procurador General de Justicia y al Subprocurador de Asuntos\nIV.- Resolver asuntos de su competencia y recibir durante el receso del Congreso del Estado\nlas iniciativas de Ley y proposiciones que le dirijan, turnándolas para dictamen a fin de que se\ndespachen en el período inmediato de sesiones;\nV.- Conocer las propuestas de nombramiento de los Consejeros Ciudadanos del Consejo\nGeneral del Instituto Estatal Electoral y las de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado\ny de su licencia o renuncia, en los términos que establezca la Ley de la materia;\nVI.- Nombrar con carácter interino al Auditor Superior del Órgano de Fiscalización Superior del\nCongreso del Estado;\nVII.- Nombrar Gobernador Provisional en los casos previstos por esta Constitución;\nVIII.- Conocer en su caso, la propuesta del Ejecutivo para nombrar a los Magistrados del\nTribunal Superior de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo, de la renuncia de estos a su\nencargo. Así como la lista de propuestas que presente el titular del Ejecutivo para el\nnombramiento de Procurador General de Justicia del Estado y de Subprocurador de Asuntos\nElectorales, y de su renuncia o remoción;\nIX.- Autorizar cualquier tipo de enajenación de los bienes inmuebles propiedad del Estado ;\nX.- Asumir la función de Comisión Instaladora de la Legislatura entrante y\nXI.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución.\nArtículo 60.- La Diputación Permanente dará cuenta en la segunda sesión del Congreso, del\nuso que hubiere hecho de las facultades consignadas en el artículo anterior.\nArtículo 61.- Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominara\nGobernador Constitucional del Estado de Hidalgo, quien durará en su encargo 6 años,\ndebiendo tomar posesión el 1º de Abril del año correspondiente y nunca podrá ser reelecto.\nArtículo 62.- La elección del Gobernador será directa, secreta, uninominal y por mayoría en\ntodo el territorio del Estado, en los términos de la Ley de la materia.\nArtículo 63.- Para ser Gobernador del Estado, se requiere:\nII.- Ser hidalguense por nacimiento o con residencia efectiva no menor de cinco años\ninmediatamente anteriores al día de la elección;\nV.- No ser militar en servicio activo o ciudadano con mando de los cuerpos de Seguridad\nPública; en ambos casos, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la elección;\nVI.- No ser Servidor Público Federal o Local, Secretario de Despacho del Ejecutivo, Procurador\nGeneral de Justicia del Estado, Subprocurador General de Justicia, Magistrado del Tribunal\nSuperior de Justicia, del Tribunal Fiscal Administrativo, Consejero del Consejo de la Judicatura,\nDiputado Local o Presidente Municipal en funciones, a menos que se hayan separado de su\nencargo, noventa días naturales antes de la fecha de la elección.\nNo ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado, Subprocurador de Asuntos Electorales o\nConsejero Ciudadano del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, a menos que se\nseparen de su cargo un año antes de la fecha de la elección.\nArtículo 64.- Para suplir las faltas temporales del Gobernador no mayores de 6 meses, el\nCongreso del Estado nombrará un Gobernador Interino. En caso de darse la solicitud de\nlicencia estando en receso el Congreso, la Diputación Permanente convocará de inmediato a\nuna sesión extraordinaria del Congreso, para cumplir esta finalidad.\nEl Gobernador del Estado, electo popular, ordinaria o extraordinariamente, en ningún caso y\npor ningún motivo, podrá volver ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de Interino,\nProvisional, Sustituto o Encargado del Despacho.\nTampoco podrá ser electo Gobernador Constitucional, el ciudadano que hubiere sido\ndesignado Gobernador Interino, Provisional o Sustituto.\nA).- El Gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de\nfalta absoluta del constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;\nB).- El Gobernador Interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualesquiera denominación,\nsupla las faltas temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos\naños del período.\nArtículo 65.- Al tomar posesión de su cargo el Gobernador rendirá la protesta ante el Congreso\ndel Estado en los términos siguientes:\n“PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS\nESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE HIDALGO Y LAS LEYES QUE DE\nELLAS EMANEN, Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL CARGO DE\nGOBERNADOR DEL ESTADO, QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO, MIRANDO EN TODO\nPOR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN Y DEL ESTADO DE HIDALGO, SI ASÍ NO\nLO HICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE”.\nArtículo 66.- En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurrida en los dos\nprimeros años del período respectivo, si el Congreso estuviere en período ordinario, convocará\ninmediatamente a sesión y concurriendo cuando menos las dos terceras partes del número\ntotal de sus miembros, designará en votación secreta y por mayoría de votos, un Gobernador\nInterino, notificando lo actuado al Consejo General del Instituto Estatal Electoral, requiriéndole\nconvocar a elecciones extraordinarias para elegir al Gobernador Constitucional que habrá de\nconcluir el período correspondiente.\nSi el Congreso del Estado, no estuviere en período ordinario de sesiones, la Diputación\nPermanente nombrará desde luego un Gobernador Provisional y convocará inmediatamente a\nsesión extraordinaria al Congreso, para que este a su vez, designe al Gobernador Interino,\nconforme lo que previene el párrafo primero de este artículo.\nCuando la falta absoluta de Gobernador ocurriere en los cuatro últimos años del período\nrespectivo, si el Congreso del Estado se encontrare en sesiones, designará en votación secreta\ny por mayoría absoluta de votos de los diputados presentes, al Gobernador sustituto que habrá\nde concluir el ejercicio constitucional, concurriendo cuando menos las dos terceras partes del\nnúmºero total de sus miembros, si el Congreso del Estado no estuviere reunido, la Diputación\nPermanente nombrará un Gobernador provisional y convocará inmediatamente al Congreso del\nEstado a sesión extraordinaria para que, erigido en Colegio Electoral, haga la designación del\nGobernador, en los términos ya señalados.\nArtículo 67.- Si al iniciarse un período constitucional no se presenta el gobernador electo, o la\nelección no estuviera hecha y declarada, el Gobernador cuyo mandato haya concluido cesará\nen sus funciones. En tal caso se procederá conforme a los párrafos primero y segundo del\nArtículo 68.- Para ser Gobernador sustituto, interino o provisional, son indispensables los\nmismos requisitos señalados por el artículo 63 de esta Constitución, con excepción de los\nseñalados en la fracción VI del mismo Ordenamiento legal.\nArtículo 69.- El ciudadano electo para suplir las faltas temporales o absolutas del Gobernador,\nrendirá la protesta constitucional ante el Congreso del Estado, si éste estuviere en receso, la\nDiputación Permanente lo convocará a una sesión extraordinaria para tal efecto.\nArtículo 70.- El Gobernador del Estado, podrá ausentarse de la Entidad, sin licencia del\nCongreso o de la Diputación Permanente, por un plazo que no exceda de treinta días.\nDE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL GOBERNADOR\nArtículo 71.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:\nI.- Promulgar y ejecutar las Leyes y Decretos, proveyendo en la esfera administrativa lo\nnecesario para su exacta observancia;\nIII.- Cuidar de que se instruya a la Guardia Nacional, de acuerdo con lo previsto en el artículo\n73 fracción XV de la Constitución General de la República;\nIV.- Solicitar al Congreso de la Unión el consentimiento al cual se refiere la fracción II del\nArtículo 118 de la Constitución General;\nV.- Informar al Congreso, por escrito o verbalmente, por conducto del Secretario del ramo,\nsobre los asuntos de la administración, cuando el mismo Congreso lo solicite;\nVI.- Remitir al Congreso el 15 de febrero de cada año, la cuenta general del Estado,\ncorrespondiente al año anterior;\nVII.- Facilitar a los Poderes Legislativo y Judicial los elementos necesarios para el ejercicio\nexpedito de sus funciones;\nIX.- Cuidar del orden y la tranquilidad pública del Estado,\nX.- Mandar las fuerzas de seguridad pública del Estado y dictar órdenes a las policías\nmunicipales en los casos que considere como de fuerza mayor o alteración grave del orden\nXI.- Resolver las dudas que tuvieren los agentes de la Administración Pública, sobre la\naplicación de las Leyes a casos particulares;\nXII.- Nombrar y remover libremente a los Secretarios de Despacho y a todos los empleados y\nfuncionarios, que conforme a la Constitución y a las leyes, no deban ser nombrados por otra\nXIII.- Nombrar a los funcionarios y agentes integrantes de las fuerzas de seguridad pública\nEstatal y a los responsables de los servicios públicos del gobierno, que en todos los casos se\nconsiderarán como empleados de confianza;\nXIV.- Nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Tribunal Fiscal\nAdministrativo con la aprobación del Congreso del Estado y recibir sus renuncias para\ntramitarlas en términos de Ley;\nXV.- Iniciar ante el Tribunal Superior de Justicia, la separación de los servidores públicos del\nPoder Judicial que observen conducta inconveniente;\nXVI.- Proponer al Tribunal Superior de Justicia, la modificación de la división y límites de los\nDistritos Judiciales, a fin de enviar en su caso la correspondiente iniciativa al Congreso;\nXVII.- Conceder licencia a los servidores públicos que se expresan en la fracción XII, en los\ntérminos que fijen las leyes;\nXXI.- Registrar títulos para el ejercicio de una profesión a las personas que hayan obtenido el\nderecho a él, conforme a las Leyes de la materia;\nXXII.- Conceder indulto con justificación, a los condenados por sentencia ejecutoriada\nemanada de los Tribunales del Estado;\nXXIII.- Nombrar representantes del Estado para los negocios en los que éste tenga interés y\nque deban ventilarse fuera del mismo;\nXXIV.- Cuidar de los distintos ramos de la administración, procurando que los caudales\npúblicos estén siempre asegurados y se recauden e inviertan con arreglo a las Leyes;\nXXV.- Concurrir ante el H. Congreso el día primero de abril de cada año, para dar cuenta del\nestado que guardan los diversos ramos de la Administración Pública, excepto el último año del\nEjercicio Constitucional, en el cual el informe se rendirá el día primero de marzo. Cuando por\ncausas de fuerza mayor, no fuera posible rendirlo en éstas fechas, el H. Congreso expedirá el\ncorrespondiente Decreto, fijando el día y hora para este acto;\nXXVI.- Solicitar del Congreso autorización para el arreglo de los límites de la Entidad con los\nEstados Limítrofes y una vez aprobado el arreglo por la Legislatura, dirigirse al Congreso de la\nUnión, para los efectos de dar cumplimiento a los Artículos 73 fracción IV y 116 de la\nConstitución General de la República;\nXXVII.- Delegar en cualquiera de los organismos o servidores de la administración pública\nestatal, el ejercicio de las facultades mencionadas anteriormente en la fracción XXVI;\nXXVIII.- Nombrar a los miembros del Consejo Tutelar para Menores en los términos que\nXXIX.- Conceder amnistía cuando así lo amerite, siempre que se trate de delitos de la\ncompetencia de los Tribunales del Estado;\nXXX.- Solicitar la protección de los Poderes de la Unión, de conformidad con el artículo 122 de\nla Constitución General de la República;\nXXXII.- Ejercer las facultades que le otorga la Constitución Federal en relación con la Guardia\nXXXIII.- Facilitar a la Procuraduría General de Justicia, los elementos necesarios para el\nejercicio expedito de sus funciones;\nXXXIV.- Representar al Estado en las comisiones tanto federales, como interestatales\nXXXV.- Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del Estado, en los términos que\ndispongan las leyes;\nXXXVI.- Contratar empréstitos con aprobación del Congreso del Estado, para la ejecución de\nobras que estén destinadas a producir directamente un incremento en los ingresos del erario;\nXXXVIII.- Presentar al Congreso del Estado, a más tardar el 15 de Diciembre de cada año, la\niniciativa de Ley de Ingresos y el presupuesto de Egresos del Estado, que deberán regir en el\nXXXIX.- Presentar al Congreso, al término del período constitucional del Gobernador, una\nmemoria sobre el estado que guardan los asuntos públicos;\nXL.- Mantener a la Administración Pública en constante superación, adecuándola a las\nnecesidades técnicas y humanas de la Entidad;\nXLI.- Gestionar ante las dependencias federales lo necesario, a efecto de que se cumplan\ntotalmente en el Estado las Leyes, impuestos o derechos que emanen de la Constitución\nXLII.- Retener las cantidades que le correspondan al Estado, como participación convenida con\nla Federación o por virtud de un mandato legal\nXLIII.- Promover el desarrollo económico del Estado, buscando siempre que sea compartido y\nequilibrado entre los centros urbanos y los rurales;\nXLIV.- Fomentar en el Estado, la creación de industrias y empresas, buscando la participación\narmónica de todos los factores de la producción, estableciéndose especialmente el equilibrio\nentre el campo y los centro urbanos.\nXLV.- Planificar y regular el crecimiento de los centros urbanos, otorgando los servicios\nnecesarios, a fin de propiciar el espíritu de solidaridad en la convivencia social y el desarrollo\npleno y armónico de la población;\nXLVI.- Recabar las participaciones que correspondan a los Ayuntamientos, que por cualquier\ntítulo se perciban, para entregarlos a la Hacienda Municipal;\nXLVII.- Conducir y promover el desarrollo integral del Estado, de conformidad con los objetivos\ny prioridades de la planeación del desarrollo estatal; así como elaborar, con la participación de\nlos municipios, los planes y programas, para promover e impulsar el desarrollo regional.\nXLIX.- Otorgar patentes de Notario, con sujeción a la Ley respectiva;\nL.- Tomar las medidas necesarias en los casos de desastre y situaciones económicas difíciles\nLI.- Decretar expropiaciones por causa de utilidad pública, mediante el pago de las\nindemnizaciones que correspondan conforme a le Ley; y\nLIII.- Las demás que le confiera esta Constitución y la General de la República.\nArtículo 72.- El titular del Ejecutivo, previa consulta a las agrupaciones de abogados\nregistradas en la Entidad, someterá al Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su\ncaso, la lista de propuestas de candidatos para ocupar los cargos de Procurador General de\nJusticia del Estado y Subprocurador de Asuntos Electorales, cuyos nombramientos deberán\nresolverse en el término de diez días.\nSi el Congreso o la Diputación Permanente en su caso, nada resolvieren dentro del plazo\nseñalado, el titular del Ejecutivo nombrará al Procurador General de Justicia y Subprocurador\nde Asuntos Electorales hasta en tanto el Congreso nombre a los titulares, quienes deberán\nrendir la protesta de Ley ante el Congreso del Estado.\nArtículo 73.- La Administración Pública del Estado, será centralizada y paraestatal de acuerdo\na la Ley Orgánica que expida el Congreso, la que establecerá las dependencias y entidades\nnecesarias para el despacho de los asuntos del Ejecutivo Estatal y los requisitos que deberán\ncumplir los servidores públicos.\nEn todo caso, las dependencias de la Administración Pública centralizada y las entidades de la\nAdministración Pública paraestatal deberán planear, programar y conducir sus actividades con\nsujeción a los objetivos y prioridades de la planeación de desarrollo estatal.\nArtículo 74.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981)\nArtículo 75.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981)\nArtículo 76.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981)\nArtículo 77.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981)\nArtículo 78.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981)\nArtículo 79.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981)\nArtículo 80.- (DEROGADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981)\nArtículo 81.- El Gobernador podrá delegar en cualquier funcionario, las facultades otorgadas a\nél, así como a las dependencias del Ejecutivo.\nDE LA PLANEACIÓN ESTATAL DEL DESARROLLO\nArtículo 82.- Corresponde al Gobierno Estatal la rectoría del desarrollo de la Entidad, para\ngarantizar que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, la ocupación y\nuna mas justa distribución del ingreso, permitiendo el ejercicio de la libertad y la dignidad de los\nindividuos, grupos y clases sociales, dentro de lo que prescribe la Constitución General de la\nRepública, la particular del Estado y las Leyes que de ellas emanen.\nEl Estado programará, planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica en la\nEntidad, y regulará fomentará las actividades que demande el interés público sin menoscabo\nde las libertades y derechos que otorgan esta Constitución y la General de la República.\nArtículo 83.- En el desarrollo estatal concurrirán con responsabilidad, los sectores público,\nsocial y privado. Así mismo, el sector público del Estado podrá participar por sí o con los otros,\nde acuerdo con la Ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias de desarrollo del Estado,\nde conformidad con la legislación correspondiente.\nLa Federación podrá concurrir al desarrollo de la Entidad, en forma coordinada con el Estado,\nen los términos que señalen los convenios correspondientes y los Objetivos Nacionales y\nArtículo 84.- En un sistema de economía mixta, el Gobierno Estatal, bajo normas de equidad\nsocial, producción y productividad, dará protección, apoyo, ayuda y estímulos a las empresas\nde los sectores social, y privado, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público,\ncuando contribuyan al desarrollo económico y social, en beneficio de la colectividad,\nprocurando que en el aprovechamiento de los recursos se cuide su conservación y el medio\nArtículo 85.- El desarrollo integral del Estado se llevará a cabo mediante un sistema de\nplaneación democrática, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad a dicho\nLos objetivos de la planeación estatal estarán determinados por los principios rectores del\nproyecto nacional, contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así\ncomo en los fines contenidos en esta Constitución, teniendo a conservar, en todo caso, la\nautonomía de la entidad, e impulsar la democratización política, social y cultural de la\nArtículo 86.- La planeación será democrática. Por medio de la participación de los diversos\nsectores del Estado, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad, para incorporarlas\nal Plan y a los programas de desarrollo.\nHabrá un Plan Estatal de Desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas\nsectoriales, institucionales, operativos, regionales, municipales, y especiales que se elaboren\nArtículo 87.- La ley determinará las características del sistema estatal de planeación\ndemocrática, los órganos responsables del proceso de planeación, las bases para que el\nEjecutivo Estatal coordine mediante convenios con los Municipios y el Gobierno Federal,\ninduzca y concerté con los sectores social y privado, las acciones a realizar para su\nelaboración y ejecución. La Ley señalará la intervención que el Congreso tendrá en la\nAsí mismo, la Ley facultará al Ejecutivo Estatal para que establezca los procedimientos de\nparticipación y consulta popular en el sistema estatal de planeación democrática y los criterios\npara la formulación, instrumentación del Plan y los Programas de Desarrollo.\nArtículo 88.- (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987)\nArtículo 88 Bis.- (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987)\nArtículo 88a.- (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987)\nArtículo 88b.- (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987)\nArtículo 88c.- (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987)\nArtículo 88d.- (DEROGADO, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987)\nArtículo 89.- El Ministerio Público, representante del interés social, es una institución de buena\nfe, con autonomía técnica y administrativa para garantizar su independencia en la emisión de\nlas determinaciones de su competencia.\nArtículo 90.- Son facultades y obligaciones del Ministerio Público: velar por la legalidad como\nprincipio rector de la convivencia social, mantener el orden jurídico, ejercitar la acción penal,\nexigir el cumplimiento de la pena, cuidar de la correcta aplicación de las medidas de política\nanticriminal que establezca el Ejecutivo del Estado y proteger los intereses colectivos e\nindividuales contra toda violación de las leyes, así como las establecidas en su Ley Orgánica.\nArtículo 91.- El Ministerio Público estará presidido por un Procurador General y su\norganización estará determinada por la Ley Orgánica correspondiente.\nArtículo 92.- Para ser Procurador General de Justicia del Estado y Subprocurador de Asuntos\nElectorales, se requiere:\nI.- Ser hidalguense en pleno goce de sus derechos;\nII.- Ser licenciado en derecho con título legalmente expedido y acreditar un ejercicio profesional\nde 5 años, cuando menos;\nIII.- Tener un modo honesto de vivir; y\nEl Procurador General de Justicia y el Subprocurador de Asuntos Electorales, duraran en su\ncargo tres años; deberán rendir la protesta de Ley ante el Congreso del Estado o la Diputación\nPermanente en su caso, pudiendo ser ratificados por el primero.\nSolo podrán ser removidos en los términos previstos por esta Constitución; por la comisión de\ndelitos; por faltas establecidas en las leyes vigentes y por incumplimiento grave de sus\natribuciones de ley calificado así, por el pleno del Tribunal Superior de Justicia, a solicitud del\nCongreso o a virtud de la demanda que al efecto formule el titular del Ejecutivo ante el\nArtículo 93.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en un Tribunal Superior de\nJusticia y Jueces del Fuero Común, en un Consejo de la Judicatura, en un Tribunal Fiscal\nAdministrativo y en un Tribunal Electoral, en los términos de ésta Constitución y su Ley\nSerá representante del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, quien desempeñe el cargo de\nEl desempeño de la función jurisdiccional, en los asuntos del fuero común, lo mismo que en los\ndel orden federal, en los casos que expresamente traten las leyes, corresponde a:\nI.- El Tribunal Superior de Justicia y jueces del fuero común;\nII.- El Tribunal Fiscal Administrativo;\nIII.- El Tribunal Electoral y\nIV.- Los demás funcionarios y auxiliares de la administración de justicia en los términos que\nestablezcan las Leyes.\nLa administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, con excepción del Tribunal Superior\nde Justicia, el Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal Electoral, estará a cargo del Consejo\nde la Judicatura, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución,\nLos Magistrados y los Jueces en el Estado, tendrán independencia en el ejercicio de su función\njurisdiccional. Los Consejeros del Consejo de la Judicatura ejercerán su función con\nArtículo 94.- El Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Fiscal Administrativo y el Tribunal\nElectoral estarán integrados por el número de magistrados que establezca la Ley Orgánica del\nLos magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Fiscal Administrativo, serán\nnombrados por el Gobernador del Estado con la aprobación del Congreso o de la Diputación\nPermanente en su caso, en los términos de esta Constitución.\nLos Magistrados del Tribunal Electoral serán nombrados por el Congreso del Estado o por la\nDiputación Permanente, en su caso, a propuesta de los Partidos Políticos.\nPara el trámite de renuncias de los magistrados del Poder Judicial, se seguirá el mismo\nprocedimiento que para su nombramiento.\nArtículo 95.- Para ser magistrado del Poder Judicial, se requiere:\nI.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento e hidalguense, en pleno ejercicio de sus derechos\nciviles y políticos;\nII.- No tener más de sesenta y cinco años de edad, ni menos de treinta y cinco, el día de la\nIII.- Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título profesional de\nabogado expedido por la Autoridad o Corporación legalmente facultada para ello;\nIV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena\ncorporal de más de un año de prisión; pero si se trate de robo, fraude, falsificación, abuso de\nconfianza u otro que lastime seriamente la fama en el concepto público, inhabilitará para el\ncargo, cualquiera que haya sido la pena; y\nV.- Haber residido en el País durante los últimos cinco años, salvo el caso de ausencia en el\nservicio de la República por un tiempo menor de seis meses.\nLos nombramientos de los Magistrados serán hechos preferentemente entre aquellas personas\nque haya prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que\nlo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión\nVI.- No ser ministro de algún culto religioso;\nVII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular en los últimos seis\nVIII.- No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal\nde algún partido político en los últimos seis años y\nIX.- Contar con credencial para votar con fotografía.\nLo previsto en las fracciones VII, VIII y IX, no será aplicable a los magistrados del Tribunal\nSuperior de Justicia y Tribunal Fiscal Administrativo.\nLos nombramientos de los magistrados y jueces serán hechos preferentemente entre aquellas\npersonas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de\njusticia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes, en otras ramas\nde la profesión jurídica.\nArtículo 96.- Los nombramientos de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Tribunal\nFiscal Administrativo, que el Gobernador someta al Congreso del Estado o a la Diputación\nPermanente, en su caso, será aprobados o no dentro del improrrogable término de diez días.\nSi el Congreso del Estado o la Diputación Permanente en su caso, nada resolvieren dentro del\nplazo señalado, se tendrán por aprobados los nombramientos y el o los designados entrarán a\ndesempeñar sus funciones.\nEn caso de que no se aprueben dos nombramientos sucesivos respecto a una misma vacante,\nel Gobernador del Estado hará un tercero, que surtirá efecto desde luego, como provisional y\nserá sometido a la consideración del Congreso del Estado en el siguiente período de sesiones.\nDentro de los primeros diez días de sesiones del Congreso del Estado se deberá aprobar o\nrechazar el nombramiento; si nada se resuelve el Magistrado nombrado provisionalmente\ncontinuará en sus funciones con el carácter definitivo, y el Gobernador hará la declaratoria\nSi el Congreso desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado\nprovisional y el Gobernador someterá nuevo nombramiento en los términos que se indican en\nLos magistrados que integren al Tribunal Electoral serán electos de acuerdo al siguiente\nI.- Cada partido político con registro, tendrá derecho a presentar una lista de cuatro candidatos;\nII.- Aquellos candidatos que obtengan el consenso de todos los partidos políticos serán\nIII.- En caso de no existir consenso o éste sea parcial, el Congreso del Estado solicitará a las\nasociaciones de abogados reconocidas por la Dirección de Profesiones y al Colegio de\nNotarios de la entidad, propongan una lista de cuando menos el doble de candidatos al número\nde magistrados que se pretenda cubrir y\nIV.- Las propuestas serán presentadas al Congreso del Estado, para elegir por votación de por\nlo menos las dos terceras partes de los Diputados presentes, al número de magistrados que\nfaltare por designar.\nArtículo 97.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal Fiscal\nAdministrativo, durarán en el ejercicio de su cargo seis años a partir de su nombramiento;\npodrán ser reelectos y si lo fueren sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que\ndetermina esta Constitución y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del\nEstado. La duración de los magistrados del Tribunal Electoral en el ejercicio de su cargo, se\ndeterminará por lo dispuesto en la ley orgánica.\nArtículo 98.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal Fiscal\nAdministrativo y el Tribunal Electoral, así como los Consejeros del Consejo de la Judicatura,\notorgarán la protesta de Ley ante el Congreso del Estado.\nLos Jueces protestarán ante el Consejo de la Judicatura y los demás funcionarios y empleados\nde la Administración de Justicia, rendirán protesta ante la autoridad de la cual dependan.\nEn escrutinio secreto, los magistrados de cada Tribunal, nombrarán de entre ellos al que será\nPresidente, quien durará en su cargo un año, pudiendo ser reelecto. Estos funcionarios\ndeberán rendir un informe sobre el estado que guarda la administración de justicia, en los\ntérminos establecidos en la ley orgánica.\nArtículo 99.- A.- Son facultades del Tribunal Superior de Justicia:\nI.- Conocer de las controversias en que el Estado fuere parte, salvo lo dispuesto por la\nII.- Resolver las controversias que se susciten en materia civil, familiar y penal;\nIII.- Conocer de las controversias que resulten por la aplicación de leyes federales, en los casos\nque establezca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;\nIV.- Conocer de los recursos de apelación, queja y cualesquiera otros señalados en las leyes\nV.- Conocer de los conflictos de competencia que se susciten entre los jueces;\nVI.- (DEROGADA, P.O. 17 DE JULIO DE 2006)\nVII.- (DEROGADA, P.O. 17 DE JULIO DE 2006)\nVIII.- (DEROGADA, P.O. 17 DE JULIO DE 2006)\nIX.- Erigirse en órgano de sentencia en los juicios políticos;\nX.- Informar al Gobernador o al Congreso, para determinar los casos de indulto, rehabilitación y\ndemás que las leyes determinen, previos los trámites y con los requisitos que ellas\nXI.- Conocer de las acusaciones o quejas que se presenten en contra del Presidente del\nTribunal Superior de Justicia y demás Magistrados, haciendo la substanciación\ncorrespondiente, de acuerdo con el procedimiento que señale esta Constitución y las Leyes\nXII.- Resolver los conflictos de carácter judicial que surjan entre los municipios, entre éstos y el\nCongreso y entre aquéllos y el Ejecutivo estatal y\nXIII.- Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen.\nI.- Dirimir las controversias que se susciten en materia fiscal y administrativa entre la\nAdministración Pública Estatal o Municipal y los particulares. En ningún caso podrá sustituirse a\nla autoridad administrativa;\nII.- Conocer de los recursos que establezca la ley de la materia y\nIII.- Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen.\nC.- Son facultades del Tribunal Electoral resolver en forma definitiva en los términos de esta\nConstitución y según lo disponga la ley sobre:\nI.- Las impugnaciones que se presenten en las elecciones de Gobernador, Diputados y\nayuntamientos del Estado;\nII.- Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral estatal, distintas a las\nseñaladas en las fracciones anteriores, que violen normas que no se ajusten al principio de\nIII.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-electorales de\nlos ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los\nasuntos políticos del Estado, en los términos que señalen las leyes aplicables y\nIV.- Las demás que le confieran esta Constitución y las leyes que de ella emanen.\nArtículo 100 Bis.- Los Consejeros deberán reunir como requisitos:\nArtículo 100 Ter.- El Consejo de la Judicatura funcionará en pleno y en comisiones y tendrá\nI.- Discutir, aprobar y modificar en su caso, el Proyecto de Presupuesto de Egresos que para el\nEjercicio anual proponga el Presidente del Consejo, el que será sometido a la aprobación del\nII.- Nombrar, adscribir, ratificar y remover Jueces de Primera Instancia, de acuerdo a lo\nestablecido en la Ley;\nIII.- Nombrar y remover, de conformidad con lo establecido en la Ley, a los funcionarios y\nempleados del Poder Judicial, con excepción de los del Tribunal Superior de Justicia, del\nTribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral.\nIV.- Determinar la creación de nuevos Juzgados.\nV.- Implementar las medidas adecuadas para la formación de funcionarios y el desarrollo de la\ncarrera judicial, con base en los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad,\nprofesionalismo e independencia.\nVI.- Expedir los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento. El Tribunal Superior de\nJusticia podrá solicitar al Consejo, que expida los acuerdos generales que considere\nnecesarios, para el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional, así como revisar y revocar\nlos acuerdos del Consejo;\nVII.- Conocer de las acusaciones o quejas que se presenten en contra de los funcionarios y\nempleados del Poder Judicial, con excepción de los Magistrados del Tribunal Superior de\nJusticia, del Tribuna Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, haciendo la substanciación\nVIII.- Las demás que señale la Ley.\nDEL PATRIMONIO Y LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO\nArtículo 101.- Los bienes que integran el patrimonio del Estado son:\nI.- De dominio público; y\nII.- De dominio privado estatal.\nArtículo 102.- Son bienes del dominio público del Estado de Hidalgo:\nI.- Los de uso común sitios dentro del territorio Estatal, que no pertenezcan a la Federación o a\nII.- Los inmuebles destinados por el Estado a un servicio público y los que se equiparen a éstos\nconforme a la legislación ordinaria;\nIII.- Las tierras y sus componentes y las aguas, situadas dentro del territorio del Estado, que no\npertenezcan a la Federación, a los Municipios o a otras personas físicas o jurídicas, conforme\nse defina por la ley que expida el Congreso del Estado;\nIV.- Los inmuebles de propiedad del Estado que por su naturaleza no sean normalmente\nV.- Los demás que con ese carácter señale la Legislación ordinaria.\nArtículo 103.- Son bienes de dominio privado estatal, los que le pertenecen en propiedad y los\nque en el futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en las fracciones del artículo anterior.\nArtículo 104.- Los bienes del dominio público del Estado son inalienables, imprescriptibles e\ninembargables. Para su disposición por el Gobierno del Estado, se requiere su previa\ndesincorporación del dominio público, la que podrá ser decretada por los Poderes Ejecutivo y\nLegislativo del Estado.\nArtículo 105.- La Hacienda Publica del Estado está constituida por:\nI.- Los ingresos que determine la Ley de la Materia y demás normas aplicables; y\nII.- Los ingresos que se perciban por concepto de convenios, participaciones, legados,\ndonaciones o cualesquiera otras causas.\nArtículo 106.- La administración de la Hacienda Pública estará a cargo del Gobernador, por\nconducto de la dependencia que señale la Ley Orgánica de la Administración Pública del\nArtículo 107.- La ley de la materia determinará la organización y funcionamiento de las oficinas\nde Hacienda en el Estado.\nArtículo 108.- Los recursos económicos de que dispongan el Gobierno del Estado, así como\nsu Administración Pública Paraestatal, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez,\npara satisfacer los objetivos a los que están destinados.\nLas adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de\nservicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o\nllevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública para que\nlibremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto\npúblicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a\nprecio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.\nCuando las licitaciones a que se hace referencia en el párrafo anterior no sean idóneas para\nasegurar dichas condiciones, las Leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas,\nrequisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y\nhonradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado.\nEl manejo de los recursos económicos estatales se sujetarán a las bases de este artículo.\nLos servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos\ndel Título Décimo de esta Constitución.\nArtículo 109.- Si al iniciarse el año fiscal no se hubiere aprobado el presupuesto general\ncorrespondiente, en tanto se expida éste, continuará vigente el del año inmediato anterior.\nArtículo 110.- Las cuentas de los caudales públicos, deberán glosarse sin excepción, por el\nÓrgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.\nArtículo 111.- No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o\nArtículo 112.- Todo empleado de Hacienda que deba tener a su cargo el manejo de fondos del\nEstado, otorgará previamente fianza suficiente para garantizar su manejo en los términos que\nla Ley señale.\nEl Gobernador cuidará de que el Congreso del Estado conozca de la fianza con que los\nempleados de la Tesorería General caucionen su manejo.\nDE LA JUSTICIA DELEGADA DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO\nArtículo 113.- (DEROGADO, P.O. 9 DE MAYO DE 1998)\nArtículo 114.- (DEROGADO, P.O. 9 DE MAYO DE 1998)\nDEL MUNICIPIO LIBRE\nArtículo 115.- El Municipio Libre es una Institución con personalidad jurídico- política y territorio\ndeterminado, dotado de facultades para atender las necesidades de su núcleo de población,\npara lo cual manejará su patrimonio conforme a las leyes en la materia y elegirá directamente\na sus autoridades.\nEl desarrollo social y económico del Municipio se llevará a cabo en forma planeada. Los planes\ny programas estatales respetarán la libertad de los gobiernos municipales.\nLos Municipios participarán en la formulación de planes de desarrollo regional que elaboren la\nFederación o el Gobierno Estatal, en los términos que señale la Ley.\nCada Municipio deberá formular y expedir su Plan y Programa de Desarrollo Municipal en los\ntérminos que fijen las leyes.\nArtículo 116.- La competencia que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y\nla presente Constitución Política del Estado de Hidalgo, otorgan a los Municipios, se ejercerá\npor el Ayuntamiento en forma exclusiva.\nDE LA CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS\nArtículo 117.- El territorio del Estado de Hidalgo se divide en ochenta y cuatro municipios con\nlas cabeceras que se señalan en la ley de la materia.\nArtículo 118.- Para la creación de Municipios en la Entidad se requiere la aprobación del\nConstituyente Permanente del Estado y la concurrencia de los siguientes elementos:\nI.- Que sea conveniente para satisfacer las necesidades de sus habitantes;\nII.- Que el territorio donde se pretenda erigir un nuevo Municipio, sea capaz de cubrir sus\nnecesidades y atender a sus posibilidades de desarrollo futuro;\nIII.- Que los recursos para su desarrollo potencial le garanticen posibilidades económicas para\nprestar en forma adecuada los servicios públicos y ejercer las funciones que están a su cargo,\nen los términos que fije la ley;\nIV.- Que su población no sea inferior de cien mil habitantes.\nV.- Que la comunidad en la que establezca su cabecera cuente con más de diez mil habitantes;\nVI.- Que el territorio que constituya el nuevo Municipio sea por lo menos de 500 kilómetros\nVII.- Que la población que se señala en la fracción IV, tenga equipamiento urbano adecuado\npara sus habitantes; y\nVIII.- Que previamente se escuche la opinión de los Ayuntamientos de los Municipios que\nresultaren afectados en su territorio, su economía y su población, con la creación del nuevo\nArtículo 119.- El Constituyente Permanente del Estado podrá declarar la supresión de un\nmunicipio y la consecuente fusión de sus elementos, cuando en él dejen de concurrir las\ncondiciones requeridas para su supervivencia, en los términos de las fracciones del artículo\nArtículo 120.- El Ejecutivo del Estado, podrá promover, en coordinación con los Ayuntamientos\nrespectivos, la fusión de comunidades para crear otras de mayor extensión, que permitan\nintegrar a los núcleos aislados de población, con el objeto de ejecutar programas de desarrollo\nestatal y regional.\nArtículo 121.- Los conflictos de límites que se susciten entre las diversas circunscripciones\nmunicipales, se podrán resolver mediante convenios que al efecto celebren con la aprobación\nCuando dichas diferencias tengan carácter judicial, conocerá de ellas el Tribunal Superior de\nArtículo 122.- Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular\ndirecta y no habrá autoridad alguna intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.\nArtículo 123.- El Ayuntamiento es el órgano de Gobierno municipal a través del cual, el\npueblo, en ejercicio de su voluntad política, realiza la autogestión de los intereses de la\nArtículo 124.- Los Ayuntamientos se integran por un Presidente, los Síndicos y los Regidores\nque establezca la Ley respectiva.\nEn la elección de los Ayuntamientos se aplica el principio de representación proporcional de\nacuerdo a las reglas que establezca la ley de la materia.\nArtículo 125.- Los presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos\npopularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.\nLas personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna\nautoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la\ndenominación que les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los\nfuncionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser\nelectos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter\nde suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios, a menos que\nhayan estado en ejercicio.\nArtículo 126.- En caso de falta absoluta del Ayuntamiento, si conforme a esta Constitución y a\nla ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones,\nel Congreso del Estado designará entre los vecinos al Concejo Municipal que concluirá el\nperiodo respectivo; este Concejo estará integrado por el número de miembros que determine la\nley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.\nEn caso de falta absoluta del Ayuntamiento en el primer año, el Congreso designará un\nConcejo Municipal interino y notificará lo actuado al Consejo General del Instituto Estatal\nElectoral, para que éste convoque a elecciones extraordinarias para elegir al Ayuntamiento que\ndeba terminar el período.\nSi la falta absoluta del Ayuntamiento acontece en los dos últimos años, el Congreso nombrará\nun Concejo Municipal sustituto que termine el período.\nSi el Congreso no estuviere en período ordinario, la Diputación Permanente lo convocará a\nsesión extraordinaria para los efectos anteriores.\nHay falta absoluta de Ayuntamiento cuando no se hubieren efectuado las elecciones, se\nhubiesen declarado nulas, no se presente el Ayuntamiento a rendir la protesta, por renuncia\nmayoritaria de sus miembros, por haber sido desaparecidos los Poderes municipales o por\nmuerte o incapacidad absoluta de la mayoría de sus integrantes.\nSi alguno de los miembros del Ayuntamiento deja de desempeñar su cargo, será sustituido por\nsu suplente, o se procederá según lo disponga la ley.\nArtículo 127.- Los Ayuntamientos serán electos por sufragio directo, libre y secreto. Durarán\nen su encargo tres años y tomarán posesión el 16 de enero del año correspondiente.\nLos miembros del Ayuntamiento se elegirán por planillas, en los términos de la ley, por cada\nmiembro propietario, se elegirá su suplente.\nII .- Ser vecino del municipio correspondiente, con residencia no menor de dos años\nIII.- Tener, al menos 21 años de edad en el caso del Presidente y de los Síndicos y de 18 años\nde edad en el caso de Regidores, al día de la elección.\nIV.- Tener modo honesto de vivir;\nV.- No desempeñar cargo o comisión del Gobierno Federal, Estatal o Municipal, en la\ncircunscripción del municipio, a menos que se separen de aquéllos cuando menos con sesenta\ndías naturales de anticipación al día de la elección, a excepción de los docentes;\nVI.- No ser ministro de culto religioso alguno, ni pertenecer al estado eclesiástico;\nVII.- Saber leer y escribir y\nVIII.- En el caso de Los Magistrados del Tribunal Electoral, el subprocurador de asuntos\nelectorales y los consejeros ciudadanos del Consejo General del Instituto Estatal Electoral,\ndeberán separarse de su encargo cuando menos un año antes del día de la elección.\nArtículo 129.- La elección de los miembros de los ayuntamientos será declarada válida o nula\npor el organismo electoral que señale la ley.\nArtículo 130.- Ningún ciudadano puede excusarse de atender el cargo de Presidente, Síndico\no Regidor, salvo causa justificada, sancionada por el Ayuntamiento.\nArtículo 131.- Los Ayuntamientos electos se instalarán en ceremonia pública y solemne. El\nPresidente entrante rendirá la protesta de ley en los términos siguientes:\n"PROTESTO GUARDAR Y HACER GUARDAR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS\nESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LA DEL ESTADO DE HIDALGO ASÍ COMO LAS\nLEYES QUE DE ELLAS EMANEN Y DESEMPEÑAR LEAL Y PATRIÓTICAMENTE EL\nCARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL QUE EL PUEBLO ME HA CONFERIDO,\nMIRANDO EN TODO POR EL BIEN Y PROSPERIDAD DE LA NACIÓN, DEL ESTADO\nDE HIDALGO Y DEL MUNICIPIO DE (nombre oficial del Municipio). SI ASÍ NO LO\nHICIERE, QUE EL PUEBLO ME LO DEMANDE".\nArtículo 132.- A continuación el Presidente municipal tomará la protesta a los demás\nintegrantes del Ayuntamiento.\nDEL PATRIMONIO Y DE LA HACIENDA MUNICIPAL\nArtículo 133.- Los bienes que integran el patrimonio municipal son:\nI.- De dominio público y\nII.- De dominio privado municipal.\nArtículo 134.- Son bienes de dominio público municipal:\nII.- Los inmuebles destinados a un servicio público, los expedientes de las oficinas y\nIII.- Los muebles e inmuebles que sean insustituibles; archivos, libros raros, obras de arte,\nhistóricas y otros previstos por las leyes federales sobre municipios y zonas arqueológicas,\nartísticas e históricas.\nArtículo 135.- Son bienes de dominio privado municipal, los que le pertenecen en propiedad y\nlos que en el futuro ingresen a su patrimonio, no previstos en las fracciones del artículo\nArtículo 136.- Los bienes de dominio público municipal son inalienables, imprescriptibles e\ninembargables y no están sujetos a acción reivindicatoria alguna o de posesión provisional o\ndefinitiva, mientras no varíe su situación jurídica.\nArtículo 137.- Los bienes de dominio privado podrán ser enajenados mediante acuerdo del\nAyuntamiento. Toda enajenación de bienes inmuebles deberá ser aprobada por el voto de las\ndos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, respetando los procedimientos\nseñalados por la ley.\nDe los actos mencionados en el párrafo anterior, el Ayuntamiento informará al Congreso del\nEstado a través de la Cuenta Pública.\nArtículo 138.- La Hacienda de los Municipios del Estado se formará con las percepciones que\nestablezca su Ley de Ingresos y demás disposiciones relativas, así como las que obtengan por\nconcepto de participaciones de impuestos federales y estatales, convenios, legados,\ndonaciones y por cualesquiera otras causas y en todo caso, los Ayuntamientos:\nI.- Administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes\nque les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que la Legislatura\nestablezca a su favor;\nII.- Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezca el Estado sobre\nla propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora,\nasí como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles;\nIII.- Recibirán las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los\nMunicipios con arreglo a las bases, montos y plazos, que anualmente se determinen por la\nLegislatura del Estado; y\nIV.- Dispondrán de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.\nLas Leyes locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las contribuciones a\nque se refieren las fracciones II y IV de este artículo en favor de personas físicas o morales, ni\nde instituciones oficiales o privadas. Sólo estarán exentos del pago correspondiente los bienes\nde dominio público de la Federación, del Estado o de los municipios, salvo que tales bienes\nsean utilizados por entidades paraestatales, paramunicipales o por particulares, bajo cualquier\ntítulo, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público.\nAl presentar la Ley de Ingresos Municipal, los Ayuntamientos propondrán a la Legislatura del\nEstado las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las\ntablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las\ncontribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en su demarcación territorial.\nLa Legislatura del Estado analizará y en su caso aprobará la Ley de Ingresos de los Municipios;\nasimismo revisará y fiscalizará sus cuentas públicas.\nLos Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a\ninversiones públicas productivas, conforme a las bases, conceptos y montos anuales que fije la\nLegislatura del Estado a través de una Ley.\nDE LAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES\nArtículo 139.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:\nB). Alumbrado público;\nD). Mercado y Centrales de Abasto;\nH). Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados\nUnidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito;\nI). Protección de la flora, la fauna y el medio ambiente;\nJ). Los sistemas necesarios para la seguridad civil de la población;\nK). Fomentar el turismo y la recreación; y\nL). Las demás que la Legislatura del Estado determine, según las condiciones territoriales y\nsocioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.\nLos Municipios, en el desempeño de las funciones o la prestación de los servicios a su cargo\ny sin menoscabo de las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos\nMexicanos y esta Constitución les reconocen, deberán observar lo dispuesto por las leyes\nEl Ejecutivo del Estado asumirá una función o servicio municipal cuando, no habiendo convenio\nalguno, la Legislatura del Estado considere que un municipio determinado esté imposibilitado\npara ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud previa del Ayuntamiento\nrespectivo, aprobada por las dos terceras partes de sus integrantes. La ley establecerá los\nprocedimientos y condiciones para asumir estos;\nArtículo 140.- Los Municipios del Estado previo acuerdo entre sus Ayuntamientos y con\nsujeción a la Ley que al efecto expida la Legislatura del Estado, podrán coordinarse y\nasociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las\nfunciones que les correspondan.\nCuando los municipios del Estado de Hidalgo pretendan asociarse con otros de distinta entidad\nfederativa para los fines mencionados en el párrafo anterior, deberán contar con la autorización\ndel Congreso del Estado, la que deberá ser aprobada por el voto de las dos terceras partes de\nlos diputados presentes.\nLos Ayuntamientos podrán celebrar convenios con el Gobierno del Estado para que éste, de\nmanera directa o a través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de\nuna función o de un servicio público municipal o bien, para que éstos se ejerzan o se presten\nen forma coordinada por la Administración Pública del Estado y por el propio Municipio.\nSi para la ejecución de los convenios a que se refiere el presente artículo se utilizan créditos\ncuyo vencimiento sea posterior al término del período del Ayuntamiento, la celebración de los\nactos jurídicos correspondientes deberá ser previamente aprobada por las dos terceras partes\nde los miembros del Ayuntamiento; además, si el crédito se obtiene teniendo como aval al\nEjecutivo del Estado, el Gobernador le informará al Congreso del Estado para que éste vigile\nDE LAS BASES DE FUNCIONAMIENTO DE LA\nArtículo 141.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:\nI.- Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, esta\nConstitución y las Leyes, Decretos y disposiciones federales, estatales y municipales;\nII.- Expedir y aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal emita el Congreso del\nEstado, los bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones\nadministrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen\nla administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios\npúblicos de competencia municipal y aseguren la participación ciudadana y vecinal;\nIII.- Conceder licencia al Presidente Municipal hasta por treinta días y llamar a quien debe\nsuplirlo; si la licencia fuese por un periodo mayor, conocerá de ella y resolverá el Congreso del\nEstado, escuchando previamente la opinión del Ayuntamiento;\nIV.- Designar al Regidor que deba sustituir al Presidente Municipal, en caso de falta absoluta\nde éste y de su suplente y llamar a los suplentes de los Síndicos o Regidores en los casos de\nfalta absoluta de éstos;\nV.- Establecer en el territorio del Municipio, las Delegaciones y Subdelegaciones que sean\nVI- Participar con las autoridades federales y estatales en las funciones de su competencia,\natendiendo a lo establecido por el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales,\nregionales y especiales, así como el del municipio;\nVII.- Proceder conforme a la Ley sobre monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e\nhistóricas con auxilio del organismo correspondiente, así como ordenar la suspensión\nprovisional de las obras de restauración y conservación de bienes declarados monumentos y\nque se ejecuten sin autorización, permiso o cumplimiento de los requisitos establecidos en las\nLeyes y decretos correlativos;\nVIII.- Promover el mejoramiento de los servicios y el acrecentamiento del patrimonio municipal;\nIX.- Formular anualmente su proyecto de Ley de Ingresos, que será sometido a la aprobación\ndel Congreso del Estado;\nX.- Analizar y Aprobar en su caso, el Presupuesto de Egresos, que cada año le será\npresentado por el Presidente Municipal, así como la cuenta comprobada de gastos mensuales\ndel ejercicio en curso, en los términos que señale la ley.\nXI.- Rendir al Congreso del Estado, por conducto de la Diputación Permanente, en su caso,\ndentro de los dos primeros meses de su ejercicio fiscal, la Cuenta Pública del año anterior, en\nla que se incluirán los ingresos, egresos y el estado que guarda la deuda municipal;\nXII.- Vigilar el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales,\nregionales y especiales en lo que respecta a su municipio, así como cumplir su Programa\nMunicipal de Desarrollo;\nXIII.- Promover el desenvolvimiento material, social, cultural, artístico, deportivo, científico,\ntecnológico y educativo en general, en la comunidad, defendiendo y preservando su ecología a\ntravés de programas concretos;\nXIV.- Mantener actualizada la Estadística del municipio;\nXV.- Facultar al Presidente municipal para que pueda celebrar contratos con particulares e\ninstituciones oficiales, sobre asuntos de interés público, requiriéndose la aprobación de las dos\nterceras partes de los miembros del Ayuntamiento en la enajenación de bienes inmuebles\npropiedad del municipio o para comprometer a éste por un plazo mayor al periodo del gobierno\nmunicipal en funciones.\nXVI.- Admitir o desechar la licencia que soliciten los Síndicos o los Regidores;\nXVII. Ejercer, en los términos de las leyes federales y estatales respectivas, las atribuciones\na).- Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal;\nb).- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;\nc).- Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, los cuales deberán estar en\nconcordancia con los planes generales de la materia. Cuando la Federación o el Estado\nelaboren proyectos de desarrollo regional deberán asegurar la participación de los Municipios;\nd).- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus\ne).- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;\nf).- Otorgar licencias y permisos para construcciones;\ng).- Participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas y en la\nelaboración y aplicación de Programas de ordenamiento en esta materia;\nh).- Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte publico de pasajeros\ncuando aquellos afecten su ámbito territorial;\ni).- Celebrar convenios para la administración y custodia de las Zonas Federales.\nEn lo conducente, los ayuntamientos podrán expedir los reglamentos y disposiciones\nadministrativas que sean necesarios de conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del\nartículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.\nXVIII.- Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales del Estado de\nHidalgo y otra u otras entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad\ndemográfica, el Estado y los municipios respectivos planearán con la Federación y él o los\notros Estados y sus municipios y regularán en el ámbito de sus competencias, de manera\nconjunta y coordinada, el desarrollo de dichos centros, con apego a la Ley Federal de la\nmateria, observando las normas vigentes en el Estado y\nXIX.- Las demás que le concedan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y\nTITULARES DEL GOBIERNO MUNICIPAL\nArtículo 142.- Corresponde al Presidente, Síndicos y Regidores, el ejercicio exclusivo del\nGobierno Municipal, así como la representación de los intereses de la comunidad, en sus\nrespectivos ámbitos competenciales.\nArtículo 143.- El Presidente municipal tendrá a su cargo la representación del gobierno del\nmunicipio y la ejecución de las resoluciones del Ayuntamiento.\nArtículo 144.- Son facultades y obligaciones del Presidente municipal:\nI.- Cumplir y proveer a la observancia de las leyes federales y estatales, así como los\nII.- Cumplir con el Plan Estatal de Desarrollo, el del Municipio y los programas sectoriales,\nregionales y especiales aprobados, proveyendo su observancia respecto a los que se refiera a\nsu municipio. A más tardar 90 días después de tomar posesión de su cargo, el Presidente\nmunicipal deberá presentar un Programa de Desarrollo Municipal congruente con el Plan\nIII.- Ejecutar los reglamentos y acuerdos expedidos por el Ayuntamiento;\nIV.- Presidir las sesiones del Ayuntamiento y participar en las deliberaciones y decisiones, con\nvoto de calidad en caso de empate;\nV.- Rendir anualmente al Ayuntamiento el día 16 de enero de cada año, un informe detallado\nsobre el estado que guarda la administración pública municipal; cuando por causas de fuerza\nmayor no fuera posible en esta fecha, se hará en otra, previa autorización del Ayuntamiento\nque expedirá el acuerdo, señalando fecha y hora para este acto, sin que exceda del 31 de\nVI.- Proponer al Ayuntamiento la designación de Comisiones de Gobierno y Administración\nentre los Regidores;\nVII.- Presentar al Ayuntamiento el proyecto de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos\ndel Municipio para cada ejercicio fiscal, para los efectos previstos por esta Constitución y las\nleyes, así como la cuenta mensual de egresos;\nVIII.- Nombrar y remover libremente a los directores de las dependencias y entidades de la\nadministración pública municipal, a los delegados y subdelegados y demás personal\nadministrativo, de acuerdo con las disposiciones aplicables;\nIX.- Convocar al Ayuntamiento a sesiones conforme a la ley respectiva;\nX.- Tener bajo su mando los cuerpos de seguridad pública y tránsito, en los términos del\nreglamento correspondiente, salvo en los casos señalados en los párrafos segundo y tercero\nde la presente fracción.\nEl Gobernador del Estado podrá dictar ordenes a las policías municipales en casos que\nconsidere como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.\nEl titular del Poder Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los municipios\ndonde residiere habitual o transitoriamente;\nXI.- Solicitar la autorización del Ayuntamiento para ausentarse del municipio\nXII.- Presentar ante el Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado, su\nDeclaración Patrimonial Inicial, dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la toma de\nposesión; de modificación anual durante el mes de mayo de cada año y de conclusión de\nencargo, dentro de los treinta días hábiles siguientes y\nXIII.- Las demás que esta Constitución y las leyes le confieran.\nArtículo 145.- Los Síndicos tienen a su cargo la vigilancia de la Hacienda Pública municipal y\nademás las siguientes facultades y obligaciones:\nI.- Comparecer ante las autoridades judiciales, en los asuntos que revistan interés jurídico para\nII.- Tramitar ante las autoridades correspondientes, los asuntos de su competencia;\nIII.- Presidir la Comisión de Hacienda municipal y revisar las cuentas de la tesorería, mismas\nque deberá dar a conocer en forma mensual a la Asamblea Municipal;\nIV.- Concurrir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto y percibir su dieta de asistencia\nque señale el Presupuesto de Egresos del Municipio;\nV.- Los Síndicos no podrán, en ningún caso, desempeñar cargos, empleos o comisiones\nremunerados en la Administración Pública Municipal y\nVI.- Las demás que le confieren las Leyes y los Reglamentos y Acuerdos del Ayuntamiento.\nArtículo 146.- Los Regidores ejercerán las funciones que les confieran esta Constitución y las\nleyes, teniendo las facultades y obligaciones siguientes:\nI. Asistir a las sesiones del Ayuntamiento, con voz y voto. Los Regidores percibirán la dieta de\nasistencia que señale el Presupuesto de Egresos del Municipio.\nII.- Vigilar la correcta observancia de las disposiciones y acuerdos del Ayuntamiento;\nIII.- Someter a la consideración del Ayuntamiento, proyectos de acuerdos y programas\ncorrespondientes a su esfera de competencia;\nIV.- Cumplir con las funciones inherentes a sus comisiones, e informar al Ayuntamiento de sus\nV. Realizar sesiones de audiencia pública para recibir peticiones y propuestas de la comunidad.\nLos Regidores no podrán, en ningún caso, desempeñar cargos, empleos o comisiones\nremunerados en la administración pública municipal.\nArtículo 147.- Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas, salvo que por acuerdo de las dos\nterceras partes de sus integrantes se acuerde que sean privadas, debiendo mediar causa\njustificada para esa decisión.\nArtículo 148.- Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por\nla ley que expida la Legislatura del Estado con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la\nDE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS\nArtículo 149.- Para los efectos de la responsabilidad se reputarán como servidores públicos a\nlos representantes de elección popular, a los miembros del poder Judicial, a los presidentes\nmunicipales, a los funcionarios y empleados, así como a los servidores del Instituto Estatal\nElectoral y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de\ncualquier naturaleza en la administración pública estatal y municipal y a todos aquellos que\nmanejen o apliquen recursos económicos estatales o municipales, quienes serán responsables\npor los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.\nEl Gobernador del Estado, será responsable por violaciones a la Constitución Política de los\nEstados Unidos Mexicanos y a las leyes federales que de ésta emanen, por traición a los\nintereses del Estado, por delitos graves del orden común, así como por el manejo indebido de\nfondos y recursos de esta Entidad Federativa.\nArtículo 150.- Serán sujetos de juicio político: los Diputados al Congreso Local, los Presidentes\nMunicipales, los Síndicos Procuradores, los Regidores, los Magistrados del Tribunal Superior\nde Justicia del Estado, del Tribunal Fiscal Administrativo y del Tribunal Electoral, los\nConsejeros del Consejo de la Judicatura, los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el\nProcurador General de Justicia, el Subprocurador de Asuntos Electorales, el Oficial Mayor y los\nCoordinadores que nombre el Ejecutivo, el Consejero Presidente, los Consejeros Electorales y\nel Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral, los Directores Generales o sus\nequivalentes, de los Organismos Públicos Descentralizados, Empresas de Participación Estatal\nMayoritaria, Sociedades y Asociaciones asimiladas a éstas, Fideicomisos Públicos de esta\nEntidad Federativa y Jueces de Primera Instancia, por las acciones u omisiones indebidas en\nque incurran en el tiempo de su encargo y serán responsables por la comisión de los delitos del\nOrden Común que se cometan durante su gestión.\nPara proceder por responsabilidad en la comisión de delitos del orden común contra los\nservidores públicos comprendidos en el párrafo anterior, cometidos durante el tiempo de su\nencargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes\nen sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado.\nLas sanciones que se impondrán mediante juicio político, cuando los servidores públicos, en el\nejercicio de sus funciones, por sus actos y omisiones perjudiquen a los intereses públicos\nfundamentales o a su buen despacho, consistirán en la destitución del servidor y en su\ninhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier\nnaturaleza en el servicio público.\nArtículo 151.- La comisión de delitos del fuero común por cualquier servidor público, será\nperseguida y sancionada en los términos de la Legislación Penal, y tratándose de delitos cuya\ncomisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales,\ndeberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido o con la necesidad de satisfacer los daños\ny perjuicios originados por su conducta ilegal. Las sanciones económicas no podrán exceder de\ntres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.\nSe aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que\nafecten la legalidad y eficiencia que deban de observar en el desempeño de sus empleos,\ncargos o comisiones.\nLos procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas, se desarrollarán pronta y\nexpeditamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta, sanciones de la misma\nArtículo 152.- Las Leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se debe\nsancionar penalmente por causas de enriquecimiento ilícito a los servidores públicos, que\ndurante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por sí o por interpósita persona\naumenten substancialmente su patrimonio, adquieran o se conduzcan como dueños sobre\nbienes, cuya procedencia no pudieran justificar lícitamente.\nLas Leyes penales en estos casos, sancionarán con el decomiso y con la privación de la\npropiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.\nArtículo 153.- Siempre que se trate de los funcionarios mencionados en los Artículos 149\npárrafo primero y 150 párrafo primero, y el delito fuere del orden común, el Congreso del\nEstado erigido en gran jurado declarará por mayoría absoluta de los miembros presentes, si ha\nlugar o no a proceder en contra del acusado. En caso afirmativo, por esta sola declaración,\nquedará separado de su cargo y sujeto a la autoridad judicial competente.\nSi la resolución de la Cámara fuese negativa, se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero\nno será obstáculo para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el\ninculpado haya concluido el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los\nfundamentos de la acusación.\nArtículo 154.- En las faltas graves administrativas cometidas por los mismos funcionarios a\nque se refiere el precepto legal anterior, conocerá la Legislatura del Estado; tanto en este caso,\ncomo en los que especifica el Artículo que precede a éste, conocerá el Congreso como órgano\nde acusación y el Tribunal Superior de Justicia del Estado como Jurado de Sentencia, con\nsujeción a lo previsto en la ley reglamentaria de la materia.\nEn las demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para ningún servidor público del\nEl procedimiento de juicio político, sólo podrá iniciarse durante el período en que el servidor\npúblico desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se\naplicarán en un período no mayor de un año, a partir de iniciado el procedimiento.\nEl finiquito que expida el Congreso del Estado, a los funcionarios que manejen fondos públicos,\nse otorgará a través del Órgano de Fiscalización Superior dentro del plazo de cinco años, una\nvez aprobada la Cuenta Pública y sin causas de responsabilidad supervenientes.\nLa responsabilidad por delito del orden común, cometido durante el tiempo del encargo por\ncualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados\nen la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se\ninterrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los cargos a que hacen\nreferencia los artículos 149 y 150 de esta Constitución.\nLa Ley de Responsabilidades de los servidores públicos del Estado, señalará los casos de\nprescripción de la responsabilidad administrativa, tomando en cuenta la naturaleza y\nconsecuencia de los actos u omisiones ilícitos. Cuando dichos actos u omisiones fueran\ngraves, los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.\nArtículo 155.- Los servidores públicos, cuando así lo establezca la Ley, antes de tomar\nposesión de su cargo, otorgarán protesta de guardar y hacer guardar la Constitución General\nde la República, la de la Entidad y las leyes que de ellas emanen.\nArtículo 156.- Nadie puede a la vez ejercer en el Estado dos o más cargos de elección\npopular, pero el interesado podrá escoger cualquiera de ellos.\nTodo cargo o empleo público de la Entidad es incompatible con cualquiera otro del Estado,\ncuando por ambos se perciba sueldo, excepto en el caso de que se trate de los ramos de la\ndocencia o de la beneficencia.\nArtículo 157.- Todo servidor público tendrá derecho a percibir el emolumento que la ley\nDE LA REFORMA E INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN\nArtículo 158.- Esta Constitución puede ser adicionada o reformada. Las iniciativas que tengan\neste objeto deberán estar suscritas por el Gobernador o por tres Diputados cuando menos, por\nel Tribunal Superior de Justicia, o por diez Ayuntamientos como mínimo, o por el Procurador\nGeneral de Justicia en su ramo. Estas iniciativas se sujetarán a los trámites establecidos para\nla expedición de leyes señalados por esta Constitución, pero requerirán de la aprobación\ncuando menos de los dos tercios del número total de Diputados.\nAprobada la iniciativa en la Cámara de Diputados deberá someterse a la sanción de los\nayuntamientos y se tendrá por aprobada definitivamente, cuando así lo expresen la mayoría de\nArtículo 159.- Esta Constitución mantendrá su vigencia aun cuando por alguna rebelión se\ninterrumpa su observancia. En caso de que por algún trastorno público se establezca un\ngobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo recobre su\nlibertad, en atención a que se mantiene la vigencia de esta Constitución con arreglo a ella y a\nlas Leyes que en su virtud se hubiesen expedido, serán juzgados tanto los que hubieran\nfigurado en el gobierno de la rebelión como los que hubieran cooperado con éste.\nArtículo 1°.- Esta Constitución se protestara con toda solemnidad en todo el Estado, quedando\nderogada desde luego la anterior, así como sus adiciones y reformas.\nArtículo 2°.- En tanto se expidan las leyes orgánicas relativas, continuaran rigiendo en el\nEstado, las vigentes en la actualidad así como los decretos y reglamentos que no se opongan a\nla presente Constitución ni a la General de 5 de febrero de 1917.\nArtículo 3°.- El periodo Constitucional de la actual legislatura, terminara el último día de febrero\nde 1921; el del Gobernador, el 31 de marzo del mismo año y el de los Magistrados del Superior\nTribunal de Justicia, el 4 de mayo de 1923.\nArticulo 4°.- Para las próximas elecciones de Gobernador del Estado, no regirá lo dispuesto por\nlas fracciones III y IV del articulo 48 de esta Constitución. Por esta sola vez, podrán ser electos\nGobernador del Estado, los militares y funcionarios comprendidos en estas disposiciones,\nsiempre que se hayan separado de sus respectivos puestos, los primeros y de todo servicio los\nsegundos, a mas tardar treinta días después de promulgada esta Constitución.\nDado en el Salón de Sesiones de la H. Legislatura del Estado, en Pachuca de Soto, a los\nveinte días del mes de septiembre de mil novecientos veinte.\nPor el Distrito Electoral número 3 (Tulancingo), Felipe de J. Espinoza, Diputado Presidente.Por el Distrito Electoral número 1 (Pachuca), Ernesto Castillo, Diputado Vicepresidente.- Por\nel Distrito Electoral número 2 (Tezontepec), Alberto Vargas.- Por el Distrito Electoral número 4\n(Tula de Allende), Pablo Salinas Gil.- Por el Distrito Electoral número 5 (Huichapan), Jesús V.\ny Villagrán.- Por el Distrito Electoral número 6 (Apam), Lic. Manuel María Lazcano.- Por el\nDistrito Electoral número 7 (Huejutla), Sebastian Amador.- Por el Distrito Electoral número 8\n(Actopan), Crisóforo Aguirre.- Por el Distrito Electoral número 9 (Ixmiquilpan), Daniel\nBenítez.- Por el Distrito Electoral número 11 (Molango), Ciro C. Lozano.- Por el Distrito\nElectoral número 15 (Zimapán), Gabriel Sánchez.- Por el Distrito Electoral número 16\n(Tenango de Doria), Juvencio Vargas.- Por el Distrito Electoral número 14 (Atotonilco el\nGrande), Lauro González, Diputado Secretario.- Por el Distrito Electoral número 12\n(Zacualtipan), José M. Campos, Diputado Secretario.\nPor tanto, mando se imprima, publique solemnemente por Bando y circule para su fiel\nPalacio del Poder Ejecutivo, en Pachuca de Soto, a veintiuno de septiembre de mil novecientos\nveinte.- Nicolás Flores.- Lic. Eduardo Suárez, subsecretario, Encargado del Despacho de la\nN. DE E. A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBEN LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE LOS\nP.O. 8 DE MAYO DE 1924.\nEL DECRETO DE REFORMAS CON ANTELACIÓN CITADO, NO SEÑALA DISPOSICIONES\nTRANSITORIAS EN RELACIÓN CON LA PUESTA EN VIGENCIA DE LOS TEXTOS\nMODIFICADOS, EN CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE A LAS\nREGLAS GENERALES DE INTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PREVISTAS EN EL\nARTÍCULO 3º DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO.\nP.O. 16 DE ENERO DE 1925.\nMODIFICADOS, EN CONSECUENCIA, SERÁN APLICABLES SUPLETORIAMENTE LAS\nP.O. 16 DE MAYO DE 1927.\nP.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 1927.\nArtículo 2º.- Este decreto comenzará a surtir sus efectos desde el año de 1928.\nP.O. 8 DE OCTUBRE DE 1929.\nTRANSITORIO.- Este decreto empezará a surtir sus efectos, desde la fecha de su publicación.\nP.O. 16 DE MARZO DE 1930.\nI.- Estas reformas empezarán a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación en el\nII.- El primer período de cuatro años que deberán durar los Magistrados del Tribunal Superior\nde Justicia, comenzará el día primero de abril del corriente año, y otorgarán la protesta de ley\nante el Ejecutivo del Estado.\nP.O. 16 DE ENERO DE 1931.\nTRANSITORIO.- Continúa en vigor el decreto 170 de 8 de mayo de 1930.\nP.O. 8 DE OCTUBRE DE 1932.\nTRANSITORIO.- Esta Ley comenzará a surtir sus efectos desde la fecha de su publicación.\nP.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 1935.\nP.O. 16 DE MARZO DE 1936.\nP.O. 24 DE MARZO DE 1936.\nP.O. 16 DE JUNIO DE 1936.\nP.O. 1 DE JUNIO DE 1937.\nTRANSITORIO.- Este decreto comenzará a surtir sus efectos desde el primero de junio de este\nP.O. 16 DE DICIEMBRE DE 1937.\nP.O. 24 DE ENERO DE 1939.\nP.O. 1 DE FEBRERO DE 1943.\nP.O. 1 DE ABRIL DE 1944.\nUNICO.- Este Decreto empezará a surtir sus efectos a partir del día primero de abril próximo.\nP.O. 8 DE MAYO DE 1944.\nEl presente decreto deberá publicarse en el Periódico Oficial del estado y las reformas\nConstitucionales a que se refiere surtirán sus efectos a partir de la renovación de los próximos\nP.O. 1 DE ABRIL DE 1945.\nArtículo 1º.- Las reformas a los artículos 58 y 59 empezarán a surtir sus efectos a partir del día\nprimero de abril de mil novecientos cuarenta y cinco.\nArtículo 2º.- La reforma al Artículo 74 empezará a surtir sus efectos para la integración de las\npróximas asambleas municipales.\nP.O. 16 DE JUNIO DE 1946.\nP.O. 8 DE SEPTIEMBRE DE 1946.\nTRANSITORIO UNICO.- Estas reformas entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación\nen el Periódico Oficial del Estado.\nP.O. 16 DE NOVIEMBRE DE 1947.\nTransitorio Unico.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el\nP.O. 24 DE FEBRERO DE 1948.\nArtículo 1o.- Se derogan todas las Leyes y disposiciones que estén en contradicción con las\nArtículo 2o.- El Congreso del Estado deberá de expedir las Leyes reglamentarias necesarias\npara cumplir con lo ordenado en las mismas reformas.\nArtículo 3o.- Las anteriores reformas entrarán en vigor en todo el Estado, a los quince días de\nsu publicación en el Periódico Oficial del Estado.\nP.O. 16 DE SEPTIEMBRE DE 1948.\nP.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 1948.\nDECRETO QUE REFORMA AL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL\nTRANSITORIO.- Este Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su\nDECRETO QUE MODIFICA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL\nTransitorio.- Este Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su publicación el\nen Periódico Oficial del Estado.\nP.O. 24 DE FEBRERO DE 1952.\nDECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXVI DEL ARTÍCULO 53 DE LA CONSTITUCIÓN\nTransitorio.- Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Periódico\nDECRETO QUE REFORMA AL ARTÍCULO 67 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL\nP.O. 1 DE ABRIL DE 1953.\nTransitorio:- Este Decreto entrará en vigor a los diez días después de su publicación en el\nP.O. 8 DE JULIO DE 1953.\nArtículo Transitorio:- Las anteriores reformas y adiciones entrarán en vigor treinta días después\nde su publicación en el Periódico Oficial del Estado.\nP.O. 8 DE OCTUBRE DE 1953.\nTransitorio Único.- Este Decreto empezará a surtir sus efectos diez días después de su\nP.O. 24 DE NOVIEMBRE DE 1953.\nTRANSITORIO:- Este Decreto empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha de su\nP.O. 24 DE DICIEMBRE DE 1953.\nTransitorio.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el\nP.O. 24 DE MAYO DE 1954.\nP.O. 8 DE ENERO DE 1957.\nÚnico.- Este Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Periódico\nP.O. 1 DE NOVIEMBRE DE 1960.\nP.O. 8 DE JUNIO DE 1961.\nÚnico.- Esta reforma entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Periódico\nP.O. 8 DE NOVIEMBRE DE 1969.\n4o.- Este Decreto entrará en vigor el 1o. de enero de 1970.\nP.O. 8 DE ENERO DE 1970.\n4o.- Este decreto entrará en vigor el 15 de enero de 1970.\nP.O. 1 DE FEBRERO DE 1970.\n1o.- Este Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial con las\nexcepciones que se señalan en los artículos siguientes.\n2o.- El artículo 18 que se reforma, surtirá efectos para las próximas elecciones de Diputados,\npor lo que en su oportunidad la Comisión Estatal Electoral, con apoyo en el artículo 11 fracción\nX de la Ley para la Renovación de Poderes Locales y Ayuntamientos, hará la división de los\nDistritos Electorales Locales.\n3o.- Asimismo el artículo 42 que se reforma, entrará en vigor una vez que el H. Congreso del\nEstado se encuentre formado por 15 Diputados por lo menos.\n4o.- La reforma al artículo 61 entrará en vigor, al día siguiente de la publicación en el Periódico\nOficial de la Ley Orgánica del Poder Judicial.\n5o.- El Título VI del Ministerio Público se integra al Título IV del Poder Ejecutivo, para formar el\nCapítulo III y consecuentemente el Título VII de los municipios, le corresponderá el Título VI; el\nTítulo VIII de la Hacienda Pública del Estado, será el Título VII; el Título IX que trata de la\nresponsabilidad de los funcionarios pasará a ser el Título VIII; el Título X de la Reforma e\nInviolabilidad de esta Constitución, le corresponde el Título IX; y el Título XI que trata de las\ndisposiciones Generales le corresponde el Título X.\nP.O. 1 DE DICIEMBRE DE 1971.\nÚnico.- Este Decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Periódico Oficial del\nP.O. 1 DE JUNIO DE 1973.\nÚnico.- Este Decreto entrará en vigor el día 3 de junio del presente año, en que se conmemora\nel CXII Aniversario de Don Melchor Ocampo.\nP.O. 24 DE DICIEMBRE DE 1973.\nP.O. 1 DE MARZO DE 1975.\nTransitorio Único.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial\nP.O. 24 DE MARZO DE 1975.\nArtículo 1o.- Todas las actuaciones realizadas por el Ejecutivo Estatal en materia de permuta y\nenajenación a título gratuito u oneroso de bienes inmuebles propiedad del Estado, con\nanterioridad a la vigencia de la presente reforma, se ratifican y convalidan.\nArtículo 2o.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir de la fecha de su publicación en el\nP.O. 15 DE SEPTIEMBRE DE 1975.\nTransitorio Único.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el\nP.O. 24 DE JUNIO DE 1976.\nTransitorio.- Este Decreto entrará en vigor el día 3 de junio próximo.\nP.O. 24 DE ABRIL DE 1978.\nÚNICO.- Este Decreto surtirá sus efectos a partir del 15 de marzo próximo del año en curso.\nP.O. 1 DE JULIO DE 1978.\nÚnico.- Este Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del\nP.O. 1 DE NOVIEMBRE DE 1979.\n1o.- En tanto se promulga la Ley Electoral del Estado, se faculta al H. Congreso para fijar el\nnúmero de Regidores en cada Municipio, conforme a la cantidad de habitantes en cada uno de\n2o.- Estas reformas y adiciones serán protestadas con toda solemnidad en el Estado,\nquedando derogadas las disposiciones que se les opongan.\n3o.- En tanto se expidan las Leyes Orgánicas relativas, continuarán en observancia las\nvigentes, así como los Decretos y Reglamentos que no se opongan a la presente Constitución\nni a la General de la República.\n4o.- Estas reformas y adiciones constitucionales entrarán en vigor quince días después de su\npublicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.\nP.O. 24 DE MARZO DE 1981.\nArtículo Único.- Este decreto surtirá sus efectos legales a partir del día de su publicación en el\nPeriódico Oficial del Gobierno del Estado.\nP.O. 1 DE JUNIO DE 1981.\nÚNICO.- Este Decreto empezará a surtir sus efectos legales a partir del día siguiente de su\nP.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1981.\nÚNICO.- Estas reformas entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el\nP.O. 24 DE MARZO DE 1982.\nÚNICO: El presente Decreto entrará en vigor a partir de la fecha de su publicación en el\nP.O. 16 DE MAYO DE 1982.\nÚNICO.- Estas reformas entraran en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el\nPeriódico Oficial del Gobierno del Estado, una vez cumplidos los requisitos establecidos por los\nArtículos 51 y párrafo segundo del 158 de la propia Constitución Política del Estado.\nP.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1982.\nÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el “Periódico\nOficial” del Gobierno del Estado de Hidalgo y cumplido el requisito establecido en el párrafo\nsegundo del Artículo 158 de la propia Constitución Política del Estado.\nP.O. 16 DE AGOSTO DE 1983.\nÚNICO.- Estas modificaciones entrarán en vigor a partir del día siguiente de su publicación en\nel Periódico Oficial del Gobierno del Estado, una vez cumplidos los requisitos establecidos por\nlos Artículos 51 y párrafo segundo del Artículo 158 de la propia Constitución Política del\nP.O. 8 DE JUNIO DE 1984.\nÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico\nOficial del Gobierno del Estado.\nP.O. 16 DE JULIO DE 1986.\nÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico\nP.O. 16 DE ENERO DE 1987.\nÚNICO.- Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el\nP.O. 24 DE SEPTIEMBRE DE 1987.\nPRIMERO.- El presente Decreto de reformas entrará en vigor al día siguiente de su publicación\nen el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.\nSEGUNDO.- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que se encuentren en funciones\nal entrar en vigor el presente Decreto, serán inamovibles y sólo podrán ser privados de sus\npuestos en los casos que señalan la Constitución Política del Estado y la Ley de\nResponsabilidades delos Servidores Públicos del Estado.\nP.O. 1 DE OCTUBRE DE 1987.\nARTICULO PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación\nen el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.\nARTICULO SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo\ndispuesto por este Decreto.\nP.O. 12 DE NOVIEMBRE DE 1987.\nARTICULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones legales que se opongan al presente\nP.O. 16 DE JUNIO DE 1988.\nÚNICO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico\nP.O. 25 DE MARZO DE 1991.\nPRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el\nSEGUNDO.- Las atribuciones que se encomiendan al Poder Ejecutivo en materia inmobiliaria,\nse ejercitarán por el mismo aplicando en lo conducente las disposiciones legales vigentes en\ntanto se expidan las leyes reglamentarias respectivas o, en lo conducente, las reformas que\ncorrespondan a dicha legislación vigente.\nTERCERO.- Se derogan las disposiciones que se opongan el presente Decreto.\nP.O. 23 DE OCTUBRE DE 1991.\nÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el\nPeriódico Oficial del Gobierno del Estado de Hidalgo.\nP.O. 22 DE JUNIO DE 1992.\nÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Periódico\nP.O. 20 DE JULIO DE 1992.\nP.O. 6 DE SEPTIEMBRE DE 1993.\nP.O. 2 DE AGOSTO DE 1995.\nP.O. 14 DE NOVIEMBRE DE 1995.\nP.O. 9 DE MAYO DE 1998.\nPRIMERO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el\nSEGUNDO.- Hasta en tanto sea expedida la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, serán\naplicables las leyes orgánicas y demás ordenamientos aplicables a cada Tribunal.\n|P.O. 29 DE MARZO DE 1999.\nARTÍCULO 3º DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE PARA EL ESTADO DE HIDALGO.|\n/P. O. 26 DE FEBRERO 2001\nPRIMERO.- ESTE DECRETO ENTRARA EN VIGOR AL DIA SIGUIENTE DE SU\nPUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO.\nSEGUNDO.- EL CONGRESO DEL ESTADO DEBERÁ ADECUAR LAS LEYES DEL ESTADO\nCONFORME A LO DISPUESTO EN ESTE DECRETO A MAS TARDAR EL 20 DE MARZO\nEN TANTO SE REALIZAN LAS ADECUACIONES A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO\nANTERIOR, SE CONTINUARAN APLICANDO LAS DISPOSICIONES VIGENTES.\nTERCERO.- A LOS FINES DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO QUINTO TRANSITORIO\nDEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTICULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN\nPOLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL\nDE LA FEDERACIÓN EL 23 DE DICIEMBRE DE 1999, EL CONGRESO DEL ESTADO Y LOS\nMUNICIPIOS DE LA ENTIDAD ADOPTARAN LAS MEDIDAS CONDUCENTES A FIN DE QUE\nLOS VALORES UNITARIOS DE SUELO QUE SIRVEN DE BASE PARA EL COBRO DE LAS\nCONTRIBUCIONES SOBRE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA SEAN EQUIPARABLES A LOS\nVALORES DE MERCADO DE DICHA PROPIEDAD Y PROCEDERÁN A REALIZAR LAS\nADECUACIONES A LAS TASAS APLICABLES PARA EL COBRO DE LAS MENCIONADAS\nCONTRIBUCIONES, A FIN DE GARANTIZAR SU APEGO A LOS PRINCIPIOS DE\nPROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD.\nLOS MUNICIPIOS PODRÁN CONVENIR CON EL EJECUTIVO DEL ESTADO, A TRAVES DE\nLA DEPENDENCIA COMPETENTE, LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS PARA\nCUMPLIR CON LO DISPUESTO EN ESTE ARTICULO TRANSITORIO.\nCUARTO.- TRATÁNDOSE DE FUNCIONES Y SERVICIOS QUE CONFORME AL PRESENTE\nDECRETO SEAN COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS Y QUE A LA ENTRADA EN VIGOR\nDEL MISMO SEAN PRESTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO EN FORMA\nEXCLUSIVA O DE MANERA COORDINADA CON LOS MUNICIPIOS, ESTOS PODRÁN\nASUMIRLOS, PREVIA APROBACIÓN DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE. EL\nGOBIERNO DEL ESTADO DISPONDRÁ LO NECESARIO PARA QUE LA FUNCIÓN O\nSERVICIO PUBLICO DE QUE SE TRATE SE TRANSFIERA AL MUNICIPIO DE MANERA\nORDENADA, CONFORME AL PROGRAMA DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE, EN\nUN PLAZO MÁXIMO DE 90 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA\nEN EL CASO DEL INCISO A) DEL ARTICULO 139 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL\nESTADO LIBRE Y SOBERANO DE HIDALGO, UNA VEZ PRESENTADA LA SOLICITUD\nCORRESPONDIENTE POR PARTE DEL MUNICIPIO DE QUE SE TRATE, EL GOBIERNO\nDEL ESTADO, DENTRO DEL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, PODRÁ\nSOLICITAR AL CONGRESO DEL ESTADO, QUE PERMANEZCAN EN SU ÁMBITO DE\nCOMPETENCIA LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE EL CITADO INCISO, CUANDO LA\nTRANSFERENCIA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AHÍ MENCIONADO AFECTE, EN\nPERJUICIO DE LA POBLACIÓN, SU PRESTACIÓN. LA LEGISLATURA ESTATAL\nRESOLVERÁ LO CONDUCENTE.\nEN TANTO SE REALIZA LA TRANSFERENCIA A QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO,\nLAS FUNCIONES Y SERVICIOS PÚBLICOS SEGUIRÁN EJERCIÉNDOSE O PRESTÁNDOSE\nEN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES VIGENTES.\nQUINTO.- EL EJECUTIVO DEL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS REALIZARAN LOS ACTOS\nCONDUCENTES A EFECTO DE QUE LOS CONVENIOS QUE, EN SU CASO, HUBIESEN\nCELEBRADO CON ANTERIORIDAD, SE AJUSTEN A LO ESTABLECIDO EN ESTE\nDECRETO Y A LAS LEYES ESTATALES QUE SE EXPIDAN DE CONFORMIDAD CON EL\nSEXTO.- SE DEROGAN TODAS LAS DISPOSICIONES QUE SE OPONGAN AL PRESENTE\nN. DE E. ARTÍCULO TRANSITORIO PARA EL ARTÍCULO 30\nP.O. 9 DE DICIEMBRE DE 2002.\nÚNICO.- Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial\ndel Gobierno del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.|\nN. DE E. ARTÍCULO TRANSITORIO PARA EL ARTÍCULO 128\nP.O. 31 DE MARZO DE 2003\nN. DE E. ARTÍCULO TRANSITORIO PARA EL ARTÍCULO 4 BIS\nP.O. 11 DE AGOSTO DE 2004\nPeriódico Oficial del Estado de Hidalgo.\nN. DE E. ARTÍCULO TRANSITORIO PARA EL ARTÍCULO 38\nP.O. 19 DE ABRIL DE 2004.\nPRIMERO.- Publíquese el presente Decreto en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo.\nSEGUNDO.- El presente Decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el\nP.O. 8 DE MAYO DE 2006\nDECRETO QUE ADICIONA UN PÁRRAFO\nÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Periódico\nOficial del Estado de Hidalgo.\nDECRETO QUE REFORMA LA FRACCIÓN XXXI, DEL ARTÍCULO 56 Y EL PÁRRAFO\nTERCERO DEL ARTÍCULO 154 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO.\nP.O. 17 DE JULIO DE 2006\nÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el\nEvaluación de las posibilidades de potabilización de las aguas\nJUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE HIDALGO\nAmpliaciones • Poderes • CEE (Comunidad Económica Europea) • Instituciones\nEducación, lectura e industria editorial en el Estado de Hidalgo\nWilliam Ríos Hidalgo\nExpansión Sinética de Policromía en Movimiento • Transparencias en Degradaciones y Contrastes\nARTÍCULO ÚNICO: Se adicionan los artículos 7º con un tercero y un\nRevolución mexicana • Ejército Trigarante • Evolución histórica • Grito de Dolores • Insurgencia