24 agosto, 2015 – Derecho por la vida\nSTS de 7 de febrero de 2012; Financiación del Bono Social; Principio de primacía y aplicación directa del derecho comunitario\nGeneral cuestión de inconstitucionalidad, cuestión prejudicial, impugnación indirecta, principio de primacía, Real Decreto-ley, TJUE\nSENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO. SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. SECCIÓN: TERCERA\nPresidente: Pedro José Yagüe Gil\nMagistrados: Manuel Campos Sánchez-Bordona. Eduardo Espín Templado. José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat. Dª. María Isabel Perelló Doménech\nVISTO por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, constituida en su Sección Tercera por los Magistrados indicados al margen, el recurso contencioso-administrativo ordinario número 1/419/2.010, interpuesto por IBERDROLA S.A., representada por el Procurador D. José Luis Martín Jaureguibeitia, contra la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial.\nSon partes recurridas la ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, representada por el Sr. Abogado del Estado; ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U., representada por el Procurador D. José Guerrero Tramoyeres; HIDROCANTÁBRICO DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U., representada por el Procurador D. Carlos Mairata Laviña; CIDE SOCIEDAD COOPERATIVA, representada por la Procuradora Dª Mercedes Caro Bonilla, y el GOBIERNO DE CANTABRIA, representado por el Sr. Letrada de sus servicios jurídicos.\nPRIMERO.- En fecha 15 de septiembre de 2.009 la representación procesal de la demandante interpuso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional recurso contencioso-administrativo contra la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir de 1 de julio de 2009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial, la cual había sido publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de junio de 2.009. El recurso fue admitido a trámite por la Sección Cuarta de la citada Sala por providencia de fecha 18 de septiembre de 2.009.\nSEGUNDO.- Tras recibirse el expediente administrativo previamente reclamado se acordó oír a las partes y al Ministerio Fiscal sobre la posible falta de competencia de la Sala de la Audiencia Nacional para conocer del recurso, dictándose auto en fecha 5 de enero de 2.010 -rectificado por otro de 26 de enero de 2.010- por el que así lo declara y acuerda remitir las actuaciones al Tribunal Supremo, junto con exposición razonada.\nRecibidas las actuaciones en esta Sala de lo Contencioso-Administrativo, se ha tramitado la cuestión de competencia número 20/2.010, finalizando ésta por auto de fecha 22 de julio de 2.010 de la Sección Primera que declara la competencia de la Sala para conocer del recurso, a cuya Sección Tercera se remiten las actuaciones para su tramitación.\nTERCERO.- Entregado el expediente administrativo a la parte actora para formular la correspondiente demanda, ha presentado el correspondiente escrito, al que acompaña documentación, en el que, previa alegación de las argumentaciones que considera oportunas, suplica que se dicte sentencia por la que se declare que la Disposición Adicional Segunda de la Orden impugnada y los preceptos que ésta desarrolla del Real Decreto-ley 6/2009 (su artículo 2.5 y Disposición Transitoria Segunda) son inaplicables por ser contrarios al Derecho comunitario o, subsidiariamente, en caso de no adoptarse dicho pronunciamiento, que se declare la nulidad de los mismos preceptos por ser contrarios a los artículos 9.3, 14 y 38 de la Constitución; solicita igualmente que en ambos casos acuerde el restablecimiento de la situación jurídica de la actora mediante el reconocimiento del derecho de las empresas de su grupo a ser indemnizadas por las cantidades abonadas para financiar el bono social hasta la fecha de ejecución de la sentencia estimatoria que se dicte. Mediante sendos otrosíes solicita que, caso de que la Sala lo considere necesario y en relación con los pedimentos del suplico, se planteen cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la posible incompatibilidad de la regulación del bono social con el Derecho comunitario o cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con objeto de que determine si el artículo 2.5 y la Disposición Transitoria Segunda del Real Decreto-ley 6/2009 vulneran los artículos 9.3, 14 y 38 de la Norma suprema. También a través de los correspondientes otrosíes manifiesta que debe considerarse indeterminada la cuantía del recurso y solicita que se acuerden el recibimiento a prueba del mismo, exponiendo los puntos de hecho sobre los que la misma debería versar, y la realización del trámite de conclusiones.\nCUARTO.- De dicha demanda se ha dado traslado a la Administración demandada, presentando el Sr. Abogado del Estado escrito contestándola en el que, tras las alegaciones oportunas, suplica que se dicte sentencia por la que sea inadmitido el recurso o, en su defecto y subsidiariamente, que sea desestimado, al ser la Orden recurrida plenamente conforme a Derecho. Mediante los correspondientes otrosíes manifiesta su oposición de los planteamientos de cuestión prejudicial y de cuestión de inconstitucionalidad solicitados por la actora, así como al recibimiento a prueba también por ésta solicitado en su demanda.\nPosteriormente se ha concedido plazo a los codemandados para contestar a la demanda, habiendo cumplimentado dicho trámite el Sr. Letrado de los servicios jurídicos del Gobierno de Cantabria mediante un escrito por el que expresa su adhesión a la contestación a la demanda efectuada por la Abogacía del Estado.\nAsimismo ha procedido la representación procesal de Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., a contestar a la demanda, suplicando en su escrito que se dicte sentencia por la que se desestime en su integridad el recurso; mediante otrosí manifiesta que considera innecesario el recibimiento a prueba interesado por la recurrente.\nNo habiendo presentado escrito de contestación a la demanda las representaciones de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. ni de Cide Sociedad Cooperativa, por providencia de 19 de enero de 2.011 se ha tenido por caducado dicho trámite.\nQUINTO.- En auto de 4 de febrero de 2.011 se ha fijado la cuantía del recurso como indeterminada y se acuerda el recibimiento a prueba del mismo, formándose a continuación con los escritos de proposición de prueba presentados por la demandante y por la codemandada Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U. los correspondientes ramos, procediéndose a la práctica de las admitidas.\nSEXTO.- Finalizada la fase probatoria se ha concedido a las partes plazo por el orden establecido en la Ley jurisdiccional para formular conclusiones, que han evacuado, a excepción de las codemandadas Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Cide Sociedad Cooperativa, a quienes se ha tenido por caducadas en cuanto a dicho trámite en resolución de 19 de mayo de 2.011, declarándose conclusas las actuaciones.\nSÉPTIMO.- Por providencia de fecha 17 de octubre de 2.011 se ha señalado para la deliberación y fallo del presente recurso el día 24 de enero de 2.012, en que han tenido lugar dichos actos.\nIberdrola, S.A., formula el presente recurso contencioso administrativo contra la Orden ITC/1273/2009, de 26 de junio, por la que se revisan los peajes de acceso a partir del 1 de julio de 2.009 y las tarifas y primas de determinadas instalaciones de régimen especial, de la que impugna las disposiciones adicionales segunda y tercera. De forma indirecta, la sociedad recurrente impugna el mecanismo de financiación del bono social regulado en el artículo 2.5 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social, así como por la disposición adicional segunda de la Orden que se recurre. Entiende que los referidos preceptos del citado Real Decreto-ley, desarrollados por las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Orden impugnada, son contrarios al derecho comunitario y a los artículos 9.3, 14 y 38 de la Constitución.\nEn síntesis, la recurrente considera que el sistema de financiación del bono social resulta discriminatorio para las empresas de generación eléctrica con respecto a otras empresas del sector; que carece de transparencia y resulta arbitraria la selección de las empresas que han de financiarlo y la cuantía con que deben hacerlo; que obstaculiza el establecimiento en España de nuevas empresas generadoras de electricidad; y, en fin, que restringe la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de la Constitución.\nSolicita en primer lugar la inaplicación de los citados preceptos del Real Decreto-ley 6/2009 por su contradicción con el derecho comunitario y, en caso de albergar dudas sobre dicha contradicción, el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Subsidiariamente, solicita la nulidad de la disposición adicional segunda de la Orden impugnada, precedida por el planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, a fin de declarar la inconstitucionalidad de los preceptos reseñados del referido Real Decreto-ley. En ambos casos se pide el restablecimiento de la situación jurídica de Iberdrola mediante el reconocimiento del derecho de las empresas de su grupo a ser indemnizadas por las cantidades abonadas para financiar el bono social hasta la fecha de ejecución de la sentencia estimatoria que se dicte.\nSEGUNDO.- Sobre las alegaciones de las partes.\nSegún se ha indicado, la actora considera contrario a derecho el hecho de ser sujeto pasivo del procedimiento de liquidación del bono social, tal y como establece la disposición adicional segunda de la Orden 1723/2009, así como los porcentajes de contribución asignados. Dicha obligación deriva, en última instancia, de lo previsto en una norma de rango legal, en concreto del artículo 2.5 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009, por lo que Iberdrola formula una impugnación indirecta de tales preceptos del Real Decreto-ley mediante el planteamiento, en su caso, de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o de una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.\nEntiende Iberdrola que el mecanismo de financiación del bono social regulado en los citados artículo 2.5 y disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009 es contrario al derecho comunitario por las siguientes razones: es contrario al régimen de libertad de establecimiento reconocido en el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea; vulnera la prohibición de discriminación entre las empresas eléctricas, en cuanto a sus derechos y obligaciones, recogida en el artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento y del Consejo, de 26 de junio de 2.003, relativa a las normas comunes para el mercado interior de electricidad; y es incompatible con el principio general de igualdad del derecho comunitario. En consecuencia, afirma, debería acordarse la inaplicabilidad de dicho sistema de financiación o, en caso de que esta Sala albergase dudas sobe la interpretación de las referidas disposiciones y principios comunitarios, debería plantear cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia.\nEn lo que respecta a la alegada inconstitucionalidad del sistema de financiación del bono social, la empresa recurrente considera que infringe los principios de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y de igualdad, recogidos en los artículos 9.1 y 14 de la Constitución respectivamente.\nLa vulneración de ambos preceptos se debería al trato desigual que se otorga a las empresas de generación frente a las que pertenecen a otros sectores del mercado eléctrico al imponerles la financiación del bono social; asimismo por la discriminación contra algunas generadoras, por la imposición a las mismas de porcentajes de financiación no justificados. Finalmente, se habría conculcado el derecho a la libertad de empresa garantizado en el artículo 38 de la Constitución, al intervenir de forma vinculante en la política de inversiones de las empresas.\nEl Abogado del Estado solicita en primer término la inadmisión del recurso, por estar dirigido en realidad contra una norma con rango de ley, el Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril. En relación con el fondo del asunto, el representante de la Administración explica el sentido del bono social como obligación de servicio público en el contexto de la actual crisis económica y de la necesidad de resolver el déficit de tarifa. La protección de los consumidores pertenecientes a colectivos vulnerables está permitida por la Directiva 2003/54/CE (art. 3.5 y 7). Para beneficiarse del bono social los consumidores deben estar acogidos a la tarifa de último recurso, y dado que ésta refleja costes reales, el bono social tampoco afecta a la competencia, puesto que la compensación que reciben las comercializadoras de último recurso cubre exactamente la diferencia entre el bono social y la tarifa de último recurso; con ello se cumplen las exigencias comunitarias para considerar que una obligación de servicio pública impuesta a una serie de empresas no constituye una ayuda de Estado. El Abogado del Estado explica que el bono social cumple con los condicionantes de claridad, transparencia, no discriminación y facilidad de control necesarios para cumplir con las exigencias del artículo 3.2 de la citada Directiva.\nEn cuanto a la concreta pretensión de la recurrente de que se anule la disposición adicional segunda de la Orden impugnada, el Abogado del Estado subraya que la misma se limita a dar cumplimiento a lo ordenado por el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2009, por lo que en realidad se está accionando contra éste, razón por la cual el recurso debe ser inadmitido o, en su defecto, desestimado.\nSe opone el Abogado del Estado al planteamiento de la cuestión prejudicial por ser innecesaria y no darse la circunstancias necesarias para tal planteamiento. Se opone asimismo al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad al no ser perceptible ninguna vulneración de preceptos constitucionales: la supuesta discriminación tropieza con la Directiva 2003/54/CE, con el artículo 9.f de la Ley del Sector Eléctrico y con el Real Decreto 485/2009, de 3 de abril; la alegada vulneración del principio de igualdad lo hace con la inexistencia de un supuesto válido de comparación y con el artículo 3.7 de la Directiva 2009/72/CE; y la supuesta violación de la libertad de empresa, con lo previsto por el artículo 10 de la Constitución y con el principio de que todo derecho implica un deber, por lo que entiende que si la actora no quiere financiar el bono social, debió quizás renunciar al valor de los derechos de gases de efecto invernadero; también chocaría con la jurisprudencia de este Tribunal y del Tribunal Constitucional.\nLas restantes partes codemandadas Hidrocantábrico Distribución Eléctrica, S.A.U., y el Gobierno de Cantabria se adhieren en lo substancial, a las alegaciones formuladas por el Abogado del Estado.\nTERCERO.- Sobre la financiación del bono social y el derecho comunitario.\nSobre la inadmisibilidad pretendida por el Abogado del Estado.\nDebemos rechazar en primer lugar la petición de la Abogacía del Estado de que se inadmita la demanda por ir dirigida contra una norma con rango de ley. La demandante explica expresamente que al impugnar el mecanismo de financiación del bono social aplicado en la disposición adicional segunda de la Orden ITC/1723/2009 se está impugnando de forma indirecta el artículo 2.5 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009, en cuya virtud se establecen las disposiciones aplicativas del bono social de la referida Orden. Así planteado el recurso, es claro que si bien esta Sala es competente para conocer de la impugnación de la citada Orden, al ser los dos preceptos impugnados de la misma una directa aplicación de lo dispuesto en los citados preceptos del Real Decreto-Ley 6/2009, no podría anular sin más los preceptos de la Orden impugnada: ello supondría desconocer o invalidar lo establecido en una norma con rango y fuerza de ley, lo que escapa a nuestra jurisdicción, según lo dispuesto por el artículo 1.1 de la Ley de la jurisdicción. Ahora bien, tampoco cabe duda, pese a la objeción formulada por el Abogado del Estado, de que si esta Sala considerase que los preceptos citados del Real Decreto-ley fuesen contrarios al derecho comunitario podría inaplicarlos por sí misma en virtud de los principios de primacía y aplicación directa del derecho comunitario según consolidada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que excusa toda ulterior explicación. Así lo ha hecho esta Sala en varias ocasiones y, muy recientemente, en nuestra Sentencia de 29 de junio de 2.011 (RCA 1/252/2.010). O bien, en los supuestos previstos por el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo 234 del Tratado de la Comunidad Europea), habríamos de formular cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión. Subsidiariamente, atendiendo a la pretensión deducida por la demandante, podría esta Sala plantear cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional en el supuesto de que entendiéramos que los preceptos del Real Decreto-ley que se aplican mediante los impugnados de la Orden contra la que se deduce el recurso son contrarios a la Constitución. Así pues, en ningún caso el hecho de estar impugnada de forma indirecta una norma con rango de ley supone la inadmisión del recurso, toda vez que éste se dirige contra una Orden ministerial, si bien la misma resulta ser en los aspectos impugnados, tal como se ha explicado, una directa aplicación del referido Real Decreto-ley.\nSobre la fundamentación de la alegación de discriminación.\nComo se ha indicado en el anterior fundamento de derecho Iberdrola considera que el sistema de financiación es incompatible con el derecho comunitario por una doble razón: por ser contrario a la libertad de establecimiento, por un lado, y por ser discriminatorio y vulnerar el principio general de igualdad, por otro. Examinaremos primero las alegaciones relativas a los principios de igualdad y no discriminación. Denuncia Iberdrola que el sistema implantado por el artículo 2.5 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009 y aplicado por las disposiciones adicionales segunda y tercera de la Orden impugnada supone una doble discriminación. En primer lugar, contra las empresas productoras de energía eléctrica, puesto que la financiación del bono social recae exclusivamente sobre dichas empresas y no sobre todas las que pertenecen al sector eléctrico. En segundo lugar, contra las concretas empresas enumeradas en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009 y ello por una doble razón: porque sólo se impone la carga de financiación del bono social a las empresas generadoras ahí relacionadas y porque las cantidades fijadas no se corresponden con ningún parámetro fijado de antemano, como pudiera serlo el de la cuota de mercado expresado en volumen de negocio. En todo caso, afirma la demandante, se trata de una obligación impuesta a algunas empresas generadoras en aras del interés económico general que vulnera la previsión del artículo 3.2 de la Directiva 2003/54/CE de que tales obligaciones han de ser transparentes, no discriminatorias y controlables.\nConfiguración del bono social.\nEl bono social se crea por el artículo 2 del reiteradamente citado Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. En la exposición de motivos se justifica el bono social en los siguientes términos: «Procede en segundo lugar establecer mecanismos adicionales de protección para colectivos vulnerables, imponiendo una obligación de servicio público, en el sentido del artículo 3 de la Directiva 2003/54/CE, a las comercializadoras de último recurso para que el tránsito a las tarifas de último recurso pueda ser realizado de una forma razonable para todos. La inminencia de la entrada en vigor del nuevo sistema de suministro y de tarifas de último recurso podría implicar que los consumidores más vulnerables sean los que soporten la mayor carga asociada a la eliminación del déficit de tarifa. La protección extemporánea impediría la suavidad del cambio por lo que se requiere la puesta en marcha de forma inminente de un bono social para proteger la seguridad jurídica y confianza legítima de los consumidores más desprotegidos. La financiación de este bono social será compartida por las empresas titulares de instalaciones de generación del sistema eléctrico. Ante la puesta en marcha de la tarifa de último recurso el próximo 1 de julio, se regula de forma transitoria el mecanismo de financiación del déficit y del bono social.»\nEl artículo 2 tiene el siguiente tenor: «Artículo 2. Bonificación en las facturas domésticas. 1. Se crea el bono social para determinados consumidores de electricidad acogidos a la tarifa de último recurso que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. A estos efectos, se establecerá un umbral referenciado a un indicador de renta per cápita familiar. En todo caso, se circunscribirá a personas físicas en su vivienda habitual. 2. El bono social se configura como una protección adicional del derecho al suministro de electricidad. Será considerado obligación de servicio público según lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 3. El bono social cubrirá la diferencia entre el valor de la Tarifa de Último Recurso y un valor de referencia, que se denominará tarifa reducida. Dicha tarifa reducida será la vigente aplicable al consumidor doméstico en la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto-ley y podrá ser modificada por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 4. El bono social será aplicado por el correspondiente comercializador de último recurso en las facturas, según las condiciones que se determinen por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 5. La financiación de este bono social será compartida por las empresas titulares de instalaciones de generación del sistema eléctrico. Por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se establecerán el procedimiento de liquidación y las aportaciones que correspondan a cada una de las empresas. El Ministro de Industria, Turismo y Comercio podrá exonerar a determinados titulares de instalaciones de generación del sistema eléctrico de la obligación de contribuir a la financiación del bono social cuando su volumen de negocios a escala nacional se sitúe por debajo de un umbral preestablecido por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. La declaración de exención sólo tendrá efecto para el período que en ella se especifique, y el titular de la instalación al que afecte deberá asumir la obligación de contribución a la financiación del bono social una vez transcurrido, salvo que el Ministro de Industria, Turismo y Comercio expresamente lo prorrogue. Las aportaciones recibidas se depositarán en una cuenta específica en régimen de depósito creada al efecto por la Comisión Nacional de Energía, que será responsable de su gestión. 6. La caracterización del bono social, su financiación, así como el régimen transitorio de financiación inicial, se revisarán por orden del Ministro de Industria, Turismo y Comercio, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos al menos cada cuatro años para adecuarlos a la situación del sector eléctrico.»\nComo se comprueba del tenor literal de la exposición de motivos y del propio precepto que se han reproducido, el bono social se concibe como un mecanismo de protección para los usuarios económicamente débiles integrantes de «colectivos vulnerables», en un momento en que se supone que la eliminación del déficit de tarifa y la necesidad de adaptarse cada vez de forma más completa a un mercado liberalizado de la electricidad va a implicar un mayor coste de ésta. Se define expresamente como una obligación de servicio público, en el sentido del artículo 3 de la directiva 2003/54/CE sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, impuesta a las empresas comercializadoras de último recurso. El mecanismo consiste en determinar un valor de referencia, denominado tarifa reducida, que será la que se aplique a los usuarios que integren determinados colectivos vulnerables, y que queda fijada por la tarifa vigente para el usuario doméstico en la fecha de entrada en vigor del propio Real Decreto-ley, aunque se prevé que pueda modificare en lo sucesivo por orden ministerial. Pues bien, el bono social cubre la diferencia entre dicha tarifa reducida, fijada por el Gobierno, y la tarifa de último recurso compuesta de forma aditiva por elementos que responden al coste efectivo de la electricidad, por lo que es presumible que se vaya incrementando progresivamente. De esta manera el incremento de la tarifa de último recurso iría generando una cantidad creciente a financiar equivalente al importe del bono social, en beneficio de los referidos usuarios de colectivos vulnerables. El elemento conflictivo y que da pie al presente recurso es, precisamente, el sistema de financiación del bono social, que según se anuncia en la exposición de motivos y prescribe el apartado 5 del artículo 2 del Real Decreto-ley «será compartido por las empresas titulares de instalaciones de generación del sistema eléctrico», defiriéndose al Ministro de Industria la regulación del procedimiento de liquidación y la fijación de las aportaciones que correspondan a cada una de las empresas. A este respecto se establece también que el Ministro puede exonerar, por períodos de tiempo determinados y renovables, de tal obligación de financiación a empresas generadoras «cuando su volumen de negocios a escala nacional se sitúe por debajo de un umbral preestablecido por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos».\nComo puede observarse, el apartado 2.7 deslegaliza la regulación del régimen del bono social cuya caracterización y financiación quedan deferidas a su revisión por orden del Ministro del ramo, previo acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Sin embargo, aparte la propia regulación del artículo 2 del Real Decreto-ley que acabamos de comentar, y a reserva de una reglamentación más detallada mediante una futura orden ministerial, la disposición transitoria segunda del propio Real Decreto-ley regula provisionalmente el bono social y especifica dos cuestiones de suma relevancia, los usuarios que tienen derecho al bono social y las empresas a las que se impone la financiación y sus respectivos porcentajes: «Disposición Transitoria segunda. Aplicación automática del bono social desde el 1 de julio de 2009. Hasta que se desarrolle lo previsto en el artículo 2, y a partir del 1 de julio de 2009, tendrán derecho al bono social los suministros de los consumidores, que siendo personas físicas, tengan una potencia contratada inferior a 3 kW en su vivienda habitual. También, tendrán derecho los consumidores con 60 o más años de edad que acrediten ser pensionistas del Sistema de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente y viudedad y que perciban las cuantías mínimas vigentes en cada momento para dichas clases de pensión con respecto a los titulares con cónyuge a cargo o a los titulares sin cónyuge que viven en una unidad económica unipersonal, así como los beneficiarios de pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez y de pensiones no contributivas de jubilación e invalidez mayores de 60 años. Asimismo, tendrán derecho los consumidores que acrediten ser familias numerosas y los consumidores que acrediten formar parte de una unidad familiar que tenga todos sus miembros en situación de desempleo. Por resolución del Secretario de Estado de Energía se determinará el procedimiento para acreditar las condiciones que dan derecho a la bonificación. Asimismo, a partir del 1 de julio de 2009, y hasta el momento en que tenga lugar la primera revisión que se establece en el artículo 2.6, el bono social se financiará a través de la aportación de cada una de las empresas según los porcentajes recogidos en la siguiente tabla:\nEndesa Generación, SA 36,77\nIberdrola Generación, SA 34,99\nGAS Natural S.D.G., SA 3,54\nUnión Fenosa Generación, SA 10,00\nHidroeléctrica del Cantábrico, SA 3,53\nE.ON Generación, SL 2,25\nAES Cartagena, SRL 2,07\nBizkaia Energía, SL 1,42\nCastelnou Energía, SL 1,58\nNueva Generadora del Sur, SA 1,62\nBahía de Bizkaia Electricidad, SL 1,42\nTarragona Power, SL 0,81\nDebe destacarse que pese a que el artículo 2 apunta como criterio de fijación del porcentaje de financiación el volumen de negocio de las empresas de generación, puesto que lo utiliza para determinar el umbral por debajo del cual podrían quedar exentas de la obligación de financiación, la disposición transitoria se limita a enumerar las empresas que han de financiar inicialmente el bono social y su porcentaje de financiación, sin indicar ni el umbral a partir del cual supuestamente se ha eximido a las restantes de participar en el mecanismo de financiación, ni el criterio para determinar los porcentajes de participación de las empresas a las que sí se incluye. Posteriormente, el Real Decreto-ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector eléctrico (disposición adicional segunda), ha extendido el plazo de 4 años para proceder a la primera revisión de la financiación del bono social hasta el 1 de enero de 2.014 y hasta dicha revisión resulta aplicable la financiación prevista en al disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009.\nPor otra parte, a reserva de la regulación por orden ministerial a la que se refiere el artículo 2.6 del Real Decreto-ley, la Secretaría de Estado de Energía dictó la resolución de 26 de junio de 2.009, por la que se determina el procedimiento de puesta en marcha del bono social, en la que se desarrollan las previsiones de la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley en lo que respecta a los colectivos beneficiados por el bono social.\nLa Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2.003, y los requisitos de no discriminación, transparencia y posibilidad de control de las obligaciones de servicio público.\nComo hemos visto, el legislador español, al aprobar el bono social, se ampara expresamente en la Directiva 2003/54/CE, de 26 de junio de 2.003, del Parlamento europeo y del Consejo, afirmando que el mismo se configura como una obligación de servicio público en el sentido del artículo 3 de la citada Directiva. Pues bien, la Directiva, en lo que atañe al tema establece lo siguiente: «Artículo 3. Obligaciones de servicio público y protección del cliente. […] 2. Dentro del pleno respeto de las disposiciones pertinentes del Tratado, y en particular de su artículo 86, los Estados miembros podrán imponer a las empresas eléctricas, en aras del interés económico general, obligaciones de servicio público que podrán referirse a la seguridad, incluida la seguridad del suministro, a la regularidad, a la calidad y al precio de los suministros, así como a la protección del medio ambiente, incluida la eficiencia energética y la protección del clima. Estas obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables, y garantizar a las empresas eléctricas de la Unión Europea el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores nacionales. En relación con la seguridad del suministro, la eficiencia energética y la gestión de la demanda, y con miras al cumplimiento de objetivos medioambientales, mencionados en el presente apartado, los Estados miembros podrán establecer una planificación a largo plazo, teniendo en cuenta la posibilidad de que terceros quieran acceder a la red. […] 5. Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables, incluidas medidas que les ayuden a evitar la interrupción del suministro. En este contexto, los Estados miembros podrán adoptar medidas para proteger a los clientes finales de zonas apartadas. Garantizarán un nivel elevado de protección del consumidor, sobre todo en lo que se refiere a la transparencia de las condiciones contractuales, la información general y los mecanismos de resolución de conflictos. Los Estados miembros velarán por que los clientes cualificados puedan cambiar de suministrador si así lo desean. Al menos por lo que respecta a los clientes domésticos, estas medidas deberán incluir las que se enuncian en el Anexo A. […]»\nLa empresa recurrente aduce precisamente, como ya se ha expuesto, que el sistema de financiación arbitrado por el artículo 2.5 del Real Decreto-ley 6/2009, cuyo mecanismo de liquidación se establece en la disposición adicional segunda de la Orden impugnada, es contrario a las exigencias de transparencia, ausencia de discriminación y posibilidad de control estipuladas en el artículo 3.2 de la referida Directiva.\nNo cabe duda de que el bono social debe considerarse como una medida de protección a los clientes finales socialmente vulnerables de las previstas en el apartado 5 del artículo 3 de la Directiva. En efecto, el apartado primero del artículo 5 del Real Decreto-ley y su desarrollo provisional por parte de la disposición transitoria segunda de la misma norma definen a los destinatarios del bono social como los usuarios de la tarifa de último recurso que pertenecen a los grupos siguientes: potencia contratada inferior a 3 kW, determinados pensionistas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en situación de desempleo. Semejante definición configura colectivos que, en principio, responden a una situación económica y social de vulnerabilidad, a pesar de determinadas insuficiencias de esta regulación provisional respecto al mandato del propio artículo 2.1 del Real Decreto-ley, en especial la falta de fijación de un umbral referenciado a un indicador de renta per capita familiar; mandato que tampoco ha sido cumplimentado por la ya citada Resolución de la Secretaría de Estado de Energía de 26 de junio de 2.009, que regula el mecanismo de puesta en marcha del bono social.\nTambién puede afirmarse que la obligación de financiación de una medida de protección de colectivos vulnerables que desarrolla la previsión del artículo 35 de la Directiva puede ser efectivamente comprendida entre las obligaciones de servicio público contempladas en el apartado 2 del mismo artículo 3 de la Directiva. Así, entre los supuestos de finalidades a que pueden responder las obligaciones de servicio público enumerados en el citado apartado (seguridad, regularidad, calidad y precio de los suministros y protección del medio ambiente, incluida la eficiencia energética y la protección del clima) se encuentra la del precio de los suministros. En este sentido la imposición a las comercializadoras de un precio fijo reducido y la consiguiente obligación de financiación a cargo de las empresas de generación puede ser comprendida entre las obligaciones de servicio público a las que se refiere la Directiva. Y no cabe duda además, de que esta concreta obligación de servicio público queda amparada por un expreso mandato como el formulado por el apartado 5 del artículo 3 al que ya nos hemos referido.\nAhora bien, aun siendo correcto que el Real Decreto-ley 6/2009 se ampara en la Directiva, debemos comprobar, sin embargo, si esta obligación de servicio público respeta las exigencias de no discriminación ex artículo 3.1 y 3.2 de la misma, pues es ésta precisamente la objeción que la empresa recurrente formula a la Orden impugnada e, indirectamente, al Real Decreto-ley. Pues bien, desde esta perspectiva, un examen detenido de la regulación que ya se ha expuesto revela que los referidos requisitos establecidos por la Directiva no han sido respetados y que tiene razón la actora al denunciar que el mecanismo de financiación del bono social -no el propio bono social- supone una obligación para las empresas generadoras obligadas a participar que debe calificarse de discriminatoria y no transparente, además de no resultar controlable ante la jurisdicción en sus parámetros esenciales.\nEn primer lugar es discriminatoria puesto que carga toda la financiación del bono social en unas empresas concretas de un sector (el de generación de energía eléctrica), sin que se explicite la razón por la que deba imponerse a dicho sector en general y a tales empresas en particular la prestación patrimonial que implica la financiación del bono social. Así, el Real Decreto-ley fija en su artículo 2.5 que la financiación del bono social «será compartida por las empresas titulares de instalaciones de generación del sistema eléctrico» y lo mismo se dice literalmente en el preámbulo, sin que conste ninguna justificación de porqué ha de ser dicho sector, de todo el mercado eléctrico, al que se le imponga dicha carga, y en vez de a todos los sectores empresariales intervinientes en dicho sector (generación, transporte, distribución) o a la generalidad de los usuarios, o a unos y otros o, simplemente, con cargo al presupuesto estatal, dado que en definitiva se trata de la financiación de una ayuda social. Seguramente el Gobierno español pueda optar, frente a otras soluciones presentes en derecho comparado, porque sea el propio sector eléctrico el que se haga cargo de dicha prestación social o, incluso, una parte de dicho sector; esto es, en forma alguna se rechaza en términos genéricos la capacidad del Gobierno para escoger tal opción. Pero en tales casos y de conformidad con la Directiva 2003/54 CE (hoy substituida en términos análogos, para lo que aquí importa, por la Directiva 2009/72/CE) para prever dicha ayuda social con cargo al sector eléctrico o a una parte del mismo resulta imprescindible que se aduzcan razones suficientes y razonables para ello, que en el presente caso no se expresan ni en la exposición de motivos ni en el texto del Real Decreto-ley, que permitan excluir un trato injustificadamente perjudicial (discriminatorio) para las empresas afectadas y que haga que las obligaciones impuestas sean transparentes y susceptibles de control en cuanto a su aplicación.\nPor otra parte y aunque no proceda ahora examinar esta medida desde una perspectiva constitucional interna, sin duda la obligación de financiación constituye una prestación patrimonial impuesta a unos sujetos particulares y como tal, está sujeta a la exigencia constitucional del artículo 31.3 de la norma suprema, que requiere que toda prestación de esa naturaleza debe establecerse «con arreglo a la ley». En este caso la previsión se establece directamente en un Decreto-ley, lo que resulta suficiente para cumplir con dicha exigencia constitucional respecto al rango normativo.\nEn lo que respecta a la imposición de la carga de financiación del bono social a una lista nominativa de empresas en la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley, nos encontramos con la misma falta de justificación y, consiguientemente, con una decisión igualmente discriminatoria y carente de transparencia. Es verdad que el tenor del artículo 2.5 del Real Decreto-ley, en su párrafo segundo, prevé que por debajo de un umbral a determinar por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio las empresas generadoras podrían quedar exentas de tal carga, lo que apunta claramente a que el criterio de distribución de la carga financiera del bono social debe ser el volumen de negocios a escala nacional. Pero si bien el Gobierno ha otorgado mediante el Real Decreto-ley la referida habilitación al Ministro, él mismo se ha considerado exento de la necesidad de justificar la inclusión de una serie de empresas para financiar el bono social y de excluir a las restantes fijando un umbral determinado con dicho criterio del volumen nacional de negocio, incumpliendo con ello la exigencia comunitaria de que la obligación de servicio público sea no discriminatoria, transparente y controlable. En definitiva, al no fijar dicho criterio ni especificar en virtud de qué parámetros precisos se atribuye el porcentaje de financiación concreto a cada una de las empresas afectadas se impide verificar y controlar a cada una de ellas la exactitud o corrección de tales porcentajes y, en todo caso, se les discrimina respecto a las no incluidas en el listado sin que se haya aplicado el propio criterio legal de fijar un umbral por debajo del cual las empresas quedarían exentas de semejante carga financiera.\nDebemos insistir en que la falta de transparencia, en el sentido de no especificarse las razones que han llevado al Gobierno español a decidir mediante el referido Real Decreto-ley que sea el sector de la generación, dentro de los que integran el mercado de la electricidad, el que haya de asumir la financiación del bono social, y que sean unas determinadas empresas generadoras y en porcentajes cuya razón última se desconoce quienes lo hagan ya en términos concretos, origina que tales decisiones o las consecuencias o aplicación de las mismas no puedan ser debidamente controlables ante los tribunales por los sujetos afectados, lo que incumple las exigencias de la Directiva 2003/54/CE.\nQueda por ver, antes de resolver sobre las consecuencias del incumplimiento de las exigencias de no arbitrariedad, transparencia y susceptibilidad de control contempladas por la referida Directiva, si no sería preciso plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Pues bien, consideramos que a la vista de la reciente Sentencia del Tribunal Europeo de 20 de abril de 2.010 (Asunto C-265/08, Federutility), la contradicción de la normativa española con la Directiva 2003/54 reiteradamente citada es clara y nos exime de dicho planteamiento. La referida Sentencia se refiere a la Directiva 2003/55, sobre el mercado interior del gas natural y que resulta, en lo que atañe a las cuestiones suscitadas en el presente asunto, completamente análoga a la 2003/54. En concreto, son coincidentes los artículos 3 de ambas Directivas, de forma que en ambas se admite en los mismos términos la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público y se prevé la protección de los colectivos vulnerables (Directiva 2003/54, apartados 2 y 5; Directiva 2003/55, apartados 2 y 3).\nPues bien, en la referida Sentencia comunitaria europea, ante la cuestión planteada por el Tribunal italiano de si resultaba compatible con la Directiva citada que la normativa nacional reconociese a la autoridad reguladora la facultad de fijar precios de referencia para los clientes domésticos que las empresas de distribución o vendedoras tuviesen que reflejar en sus ofertas comerciales en el marco de las obligaciones de servicio público, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que el objetivo último que se desprende de la citada Directiva es alcanzar progresivamente una liberalización completa del mercado del gas natural (parágrafo 18), pero que atendiendo al objetivo de que el servicio público se mantenga a un nivel elevado y se asegure la protección del cliente final, se pueden imponer -de conformidad con el artículo 3.2 de la Directiva- obligaciones de servicio público que pueden referirse al precio del suministro (parágrafos 20 y 21), por lo que «la Directiva 2003/55 permite, por consiguiente, y a condición de que se cumplan los requisitos que ella establece, una intervención del Estado miembro en la fijación del precio de suministro del gas natural al consumidor final después del 1 de julio de 2.007» (parágrafo 24).\nExamina a continuación los requisitos impuestos a una obligación de servicio público de esa naturaleza: una intervención justificada por el interés económico general (parágrafos 26 a 32), el respeto del principio de proporcionalidad (parágrafos 33 a 43) y finalmente, y esto es lo que directamente atañe el caso presente, «el carácter claramente definido, transparente, no discriminatorio y controlable de las obligaciones de servicio público y la necesidad de un acceso en igualdad de condiciones de las empresas de gas de la Unión a los consumidores», punto respecto al cual se afirma: «44 Por último, deben cumplirse igualmente los otros requisitos mencionados en el artículo 3, apartado 2, de la Directiva 2003/55, relativos al carácter claramente definido, transparente, no discriminatorio y controlable de las obligaciones de servicio público adoptadas con arreglo a dicha disposición, así como a la necesidad de un acceso en igualdad de condiciones de las empresas de gas de la Unión a los consumidores. 45 Respecto del carácter no discriminatorio de dichas obligaciones, corresponde al órgano jurisdiccional remitente comprobar si, habida cuenta del conjunto de medidas que puede adoptar en ese ámbito el Estado miembro de que se trata, la fijación de precios de referencia para el suministro de gas natural, como los controvertidos en el litigio principal, que se aplica de modo idéntico al conjunto de las empresas de suministro de gas natural, debe no obstante considerarse discriminatoria. 46 Así ocurriría si una intervención de ese tipo hiciera recaer la carga financiera resultante de la misma principalmente en algunas de esas empresas, en el caso concreto las que no ejercen igualmente actividad de producción/importación de gas natural.» (parágrafos 44 a 46)\nPor lo que el Tribunal concluye que «47 Por tanto, procede responder a las cuestiones planteadas que los artículos 3, apartado 2, y 23, apartado 1, de la Directiva 2003/55 no se oponen a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que permite determinar el importe del precio de suministro del gas natural mediante la fijación de precios de referencia, como los controvertidos en el litigio principal, después del 1 de julio de 2007, a condición de que esa intervención: – persiga un interés económico general consistente en mantener el precio de suministro del gas natural al cliente final en un nivel razonable, habida cuenta de que los Estados miembros deben conciliar, tomando en consideración la situación del sector del gas natural, los objetivos de liberalización y de la necesaria protección del cliente final perseguidos por la Directiva 2003/55; – sólo menoscabe la libre fijación de precios de suministro del gas natural después del 1 de julio de 2007 en la medida necesaria para alcanzar dicho objetivo de interés económico general y, en consecuencia, durante un período de tiempo necesariamente limitado; – esté claramente definida, sea transparente, no discriminatoria y controlable, y garantice a las empresas de gas de la Unión el acceso, en igualdad de condiciones, a los consumidores.» (parágrafo 47)\nLa aplicación de la anterior Sentencia al caso de autos nos lleva a entender que corresponde a esta Sala determinar si la obligación de servicio público consistente en financiar el bono social debe o no considerarse discriminatoria (parágrafo 45), habida cuenta, en especial, que dicha carga se impone a unas empresas en concreto -las de generación y, dentro de ellas, a unas concretas que se relacionan nominatim-, sin que resulte necesario plantear a tal respecto una cuestión prejudicial.\nLa conclusión afirmativa a que hemos llegado en este punto y que ya se ha expuesto, nos exime de examinar la otra alegación formulada por la actora en relación con el derecho comunitario referido a la libertad de establecimiento. Por otra parte, la contradicción detectada de la concreta regulación del mecanismo de financiación del bono social con el derecho comunitario nos exime asimismo de examinar la solicitud de una cuestión de inconstitucionalidad por la posible vulneración de diversos preceptos constitucionales.\nLas consideraciones expuestas en el anterior fundamento de derecho conducen, desde luego, a la estimación del recurso, aunque debemos precisar el alcance de esta estimación.\nDebemos determinar, en efecto, el alcance del fallo en lo que respecta a las dos normas impugnadas, directamente la Orden ITC/1723/2009, de 26 de junio, e, indirectamente, el Real Decreto-ley 6/2009. En cuanto a éste, procede declarar la inaplicación de los dos preceptos que se han examinado y que contienen la regulación relativa a la financiación del bono social contraria al artículo 3.1 y 2 de la Directiva 2003/54, el artículo 2, apartado 5, y la disposición transitoria segunda, en su último párrafo. No queda afectada, por tanto, la regulación del bono social y de sus beneficiarios, sino tan sólo el mecanismo de financiación.\nEn lo que respecta a la Orden ITC/1723/2009, quedan sin posible aplicación las disposiciones adicionales segunda y tercera, relativas respectivamente al mecanismo de liquidación del bono social y las tarifas de referencia para la aplicación del bono social, al quedar sin cobertura legal. No procede en cambio declarar su nulidad, puesto que en sí mismas no determinan qué empresas deben financiar el bono social, sino que prevén una mecanismo de liquidación que habría de aplicarse a las empresas de generación determinadas en la normativa reguladora del bono social, que en la actualidad es el artículo 2 y la disposición transitoria segunda del Real Decreto-ley 6/2009. Al quedar sin aplicación por su carácter discriminatorio el apartado 5 del referido artículo 2 y la disposición transitoria segunda, que son los preceptos que determinan las empresas que debían financiar el bono social, tampoco pueden ser aplicadas las referidas disposiciones adicionales de la Orden impugnada.\nSolicita también la parte recurrente que acordemos el restablecimiento de su situación jurídica individualizada mediante el derecho de las empresas de su grupo (Iberdrola Generación, S.A.U. y Tarragona Power, S.A.), a ser indemnizadas por las cantidades abonadas para financiar el bono social hasta la fecha de ejecución de la presente Sentencia. Habida cuenta de la estimación de su pretensión principal, que deja sin posible aplicación la obligación de servicio público consistente en la obligación de financiación del bono social, debemos acceder a esta solicitud y declarar, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 71.1.b) de la Ley de la Jurisdicción, el derecho de la recurrente a que se le reintegren las cantidades abonadas por dicho concepto hasta el momento de ejecución de esta Sentencia, a partir del cual deja de ser aplicable la actual regulación sobre financiación del bono social.\nEn aplicación de lo dispuesto en el artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción, no se imponen las costas.\nSE RECONOCE EL DERECHO de la recurrente a que le sean reintegradas las cantidades que haya abonado por sí o por alguna empresa de su grupo empresarial -Iberdrola Generación, S.A.U. y Tarragona Power, S.A.- en concepto de financiación del bono social.\nAsí por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial en la publicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Pedro José Yagüe Gil.-Manuel Campos Sánchez-Bordona.-Eduardo Espín Templado.-José Manuel Bandrés Sánchez-Cruzat.-María Isabel Perelló Doménech.-Firmado.-


Las joyas también salvan vidas. Joyerías Sánchez. Joya\nBlog Joyería Sánchez > Joyas > JOYAS QUE SALVAN VIDAS\n27 octubre, 2016 27 octubre, 2016 creativo@joyeriasanchez.com Belleza, Complementos hombre, Complementos mujer, Cuidados, Cultura/Ocio, DIY, Joyas, Joyerías Sánchez, Oro, Plata, salud\nUna Joya, una vida\nLa mayoría de las chicas llevan pendientes a diario, también algunos chicos. Combinamos collares, pulseras y anillos con la vestimenta que llevamos para vernos mejor. Sin embargo, una joya no solo sirven para lucirlas también pueden llegar a salvar la vida de una persona.\nSi una persona sufre una enfermedad, una alergia o toma a diario ciertos medicamentos es conveniente que lleve una identificación para que, en caso de accidente, puedan saberlo los servicios de emergencia. En ocasiones, en lugar de tener en la cartera un informe o papel donde lo acredite, cada vez es más habitual ver a una persona con un colgante o una pulsera con un grabado tipo “Alergia penicilina” o “Catalepsia”. Esto permite que las personas que le atiendan conozcan toda su información vital evitando así que surjan complicaciones mayores, se pueda identificar a la persona y contactar con sus familiares.\nEs importante que personas que sufren enfermedades como Alzheimer o demencia lleven consigo una placa identificadora con su nombre y el número de teléfono de un familiar. Igual ocurre con los niños, una pequeña pulsera con su nombre y el teléfono de sus padres para que, en caso de pérdida, pueda ser encontrado con mayor facilidad.\nEn Joyerías Sánchez tenemos una gran selección de joyas para grabar textos informativos. Una gran cantidad de nuestros clientes ya llevan su problema grabado en una joya como esta. No olvidéis la importancia de llevar una en caso de padecer una enfermedad o alergia, además también servirá para llevar un complemento que nos guste. ¡Ya lo sabes! Si presencias un accidente revisa bien las pulseras y los colgantes de las personas heridas por si llevan escrito su enfermedad, alergia o grupo sanguíneo para indicarlo a los servicios de emergencia. En caso de que no lleve nada mira en su cartera.\ninformacion joya joyeria moda placa salvavidas


06 de septiembre de 2019 - 17:09 - Por JAIME BAYLY\nMuchos años atrás, en 1992, me había quedado en Miami para enfrentar con curiosidad literaria y espíritu suicida al huracán Andrew, categoría 5, y la noche había sido una auténtica pesadilla, pues la virulencia de los vientos había roto las ventanas del edificio al pie de la bahía, revuelto el mobiliario del apartamento y, literalmente, hecho volar un colchón de dos plazas: nunca olvidaré aquella imagen, la de un colchón volando a las cuatro de la mañana, abducido por las fuerzas perniciosas del huracán, saliendo por las puertas de vidrio rotas de la terraza, alejándose de nosotros como en un cuento de alfombras voladoras o una película de terror. Al día siguiente, la piscina del edificio estaba llena de peces vivos, inundada por las olas chúcaras del mar. Sin luz, sin agua, sin un colchón donde descansar, sin poder caminar a una tienda cercana porque las calles estaban obstruidas por los árboles caídos y los postes de luz derribados, mi novia y yo hacíamos el amor, sudorosos, tendidos en la alfombra, como si fuésemos a morir aquella noche, como si ya no hubiese futuro para nosotros.\nRecordando todo aquello, no vacilé en decirle a mi esposa que no debíamos subestimar al huracán Dorian, que ya rozaba la categoría 5 y estaba peligrosamente cerca de la Florida, y debíamos alejarnos de Miami. Las gasolineras estaban colapsadas, los supermercados y las ferreterías agotaban sus reservas de agua, comida en lata, paneles de madera y grupos electrógenos, nuestros vecinos de la isla manejaban a la costa occidental de la Florida, o al norte, tan al norte como las Carolinas. Tuvimos la suerte de comprar cuatro boletos a Nueva York, saliendo esa misma tarde. Nuestra hija Zoe, de ocho años, fue al colegio, pero pasamos a buscarla al mediodía. Mi esposa Silvia decidió que nuestro perrito Leo se quedaría con Patricia, su cuidadora chilena, y la verdad es que me sentí un padre negligente y egoísta con mi hijo Leo, pero Silvia insistió en que Leo estaría mejor en Miami, bajo el cuidado profesional de Patricia, acompañado de otros perros que ya son sus amigos. Esa tarde abordamos el vuelo a Nueva York e insólitamente, tratándose de esa aerolínea, el avión despegó a tiempo, lo que me pareció un milagro. Tres horas después, estábamos en Nueva York.\nPor lo visto, yo había olvidado que la ciudad de Nueva York, quiero decir la isla de Manhattan, es siempre un huracán, el ojo de un huracán, y nadie pasa por allí sin sufrir los estragos más o menos perniciosos de su poderosa energía, de sus vientos díscolos e inasibles, del modo caprichoso como juega contigo, y te despeina, y te revuelve, y te deja aturdido y exhausto, como si hubieras estado media hora dando vueltas en una gigantesca secadora de ropa, y salieras mareado, arrugado, sin aliento. Eso mismo es la isla de Manhattan: una inmensa secadora de ropa a la que entras sin darte cuenta y de la que sales vapuleado como un harapo, un huracán que da vueltas sobre sí mismo y no se mueve, no se aleja, se instala allí para siempre y te hace girar frenéticamente como si fuera un tiovivo terrorífico. Yo debí recordar todo eso, pero lo había olvidado.\nPorque, puesto a recordar, Nueva York siempre me había dejado contuso, malherido, mínimamente despeinado. Cuando era reportero de televisión, con apenas veinte años, me había peleado con un presidente rencoroso que no quería darme una entrevista, porque me había atrevido a cuestionar su salud mental, y sus custodios me habían alejado a empellones de él, en los salones del hotel. En ese viaje, mi primero a Nueva York, un amigo del colegio, un chico lindo, me había pedido dormir en mi cama, pero yo, estúpidamente, cobardemente, me había negado, y todavía lo lamento: tenía miedo de que mis jefes del canal de televisión, que habían viajado conmigo, descubriesen que yo estaba durmiendo con un amigo: pude enamorarme de él, pero me negué a la posibilidad de un amor. Cuando regresé a Nueva York con mi novia Daniela y su madre, perdí mi pasaporte, lo dejé olvidado en un taxi, me sentí un idiota. Cuando volví para ver a un amigo, Jeffrey, al que había conocido en Austin, y del que estaba enamorándome, la primera noche que pasamos juntos fue tan violenta y deliciosa, tan prometedora y huracanada, que, a la mañana siguiente, cuando él se fue a trabajar, hice maletas y escapé al aeropuerto, huyendo de una pasión amorosa tan tormentosa, categoría 5, que me daba miedo, si seré cobarde. Perdí dos pasaportes más en Nueva York, no sé qué tiene esa ciudad que me roba los pasaportes. Me enamoré de un modelo que me invitó marihuana y luego me rechazó desdeñosamente, mofándose de mi gordura. Es decir que en Nueva York había perdido muchas veces los documentos y el honor, y siempre el sosiego, la tranquilidad, la paz interior.\n¿Por qué regresábamos entonces a Nueva York, si allí nos esperaba otro huracán, con toda probabilidad? Porque mis hijas mayores, Camila y Paola, viven en esa ciudad, y no las veía hacía cuatro meses. Las había visto en Lima, en abril, y las echaba de menos. Ellas estudiaron en universidades de Nueva York, se graduaron con honores, trabajaron en Manhattan, nada más acabar sus carreras. Camila está estudiando una segunda carrera, luego de haber trabajado en un banco de inversión. Paola trabaja en una empresa de tecnología. No viven juntas. Camila vive con amigas, Paola vive sola. Pero viven en el mismo barrio, en la parte baja de Manhattan, y se ven una o dos veces por semana. Yo les había transferido el dinero que les regalo cada semestre, es decir que estaba al día con ellas hasta fin de año. Mi esposa, conociéndome, me sugirió que no llevase cheques para no sucumbir a la tentación de regalarles más dinero, pero, débil como soy, llevé dos cheques en blanco, por las dudas. Hice bien. Las circunstancias inesperadas del viaje confirmaron que a ellas no les vendría mal un dinero adicional.\nTan pronto como llegamos al hotel donde nos alojamos siempre que visitamos esa gran ciudad, en la avenida Madison y la calle 76, a una cuadra del gran parque, les escribí a mis hijas, invitándolas a cenar esa misma noche, si les provocaba, si no estaban comprometidas. Camila no tardó en decirme que prefería vernos al día siguiente. Poco después, Paola confirmó que vendría a vernos. De inmediato, Camila, que juega en equipo con su hermana, se sumó al plan. Nuestra hija Zoe se quedó descansando con su nana Tamara en la habitación del hotel. La cena en el francés del hotel fue apenas regular, tirando a mala. El pollo y el pescado me parecieron discretos, solo se salvó el risotto de zapallito. Camila nos contó sus planes. Está estudiando una segunda carrera, cuatro años más, una campeona. Su gran pasión es ver documentales, los ha visto todos, tiene una gran curiosidad intelectual. Paola nos contó las peripecias que sufrió en un reciente viaje a Mallorca: la presión del vuelo le reventó un diente y luego, ya en la playa, le salió una muela del juicio, o sea que fue un viaje acontecido, adolorido. Saliendo de cenar, le prometí en voz baja que le pagaría todos los dentistas.\nLa noche siguiente cenamos en el Carlyle, y Zoe y su nana Tamara nos acompañaron. Silvia les regaló a mis hijas unas cosas lindas. Zoe les contó de sus enamorados del colegio y sus clases de karate. Camila mencionó que necesitaba comprar un colchón nuevo, ortopédico, firme, bueno para la espalda. Le dije que yo se lo regalaría. Paola dijo que pasaría las navidades en Lima y año nuevo con su novio en el Caribe. Nos contó que la madre de su novio había muerto de un infarto, cuando ella estaba en Mallorca, y por eso no había podido estar en los funerales. Silvia y yo le pedimos al camarero chileno Alberto lo de siempre: caviar y el lenguado. En la carta, el lenguado aparece como Dover Sole. Curiosamente, Silvia pidió “el dove”. Quiso decir “el sole”, pero dijo “el dove”. Nadie se rio. Pero “dove” en inglés es paloma, y la marca de un jabón. Yo supe, en ese momento, que mis hijas estaban riéndose por dentro y lo comentarían luego en el Uber: ¿viste que Silvia pidió paloma, qué chiste?\nPor eso, la noche siguiente, de nuevo en el Carlyle, les dije que Silvia y yo nos sentíamos abochornados por haber pedido paloma y no lenguado, más aún con la fama de comedores de paloma que tenemos los peruanos. Ellas se rieron a pierna suelta, todos nos reímos por haber pedido paloma en un restaurante tan elegante. Al final, les entregué a mis hijas una bolsa con regalos: perfumes, chocolates y dos cheques por la misma cantidad, uno para Camila, otro para Paola. Siempre que les regalo dinero, me pregunto cuánto debo darles, no es fácil precisar el monto justo, correcto. Sabía que le debía los dentistas a Paola y el colchón a Camila, pero ¿cuánto podía ser eso, exactamente? Arriesgué una cantidad, la misma para ambas, y dejé caer los cheques en la bolsa de regalos, sin decirle nada a Silvia, mi esposa. Al despedirnos, nos abrazamos y les recordé que me dijesen las fechas de sus viajes a Lima por navidades y al Caribe por año nuevo para sacarles los boletos enseguida. También les pedí que viniesen a vernos a Miami, sabiendo que eso no habría de ocurrir. Entrometiéndome en el ámbito de su libertad personal, le aconsejé a Camila que estudiase cine, documentales, su gran pasión, pero lo más probable es que no me haga caso. Me disculpé con Paola por no haber invitado a su novio, le dije que nos daba pereza hablar todo el tiempo en inglés, y ella me dijo: No te preocupes, en cinco años lo invitamos.\nLlegué al hotel y esperé a que me escribieran, agradeciéndome los cheques. No ocurrió. Les escribí, agradeciéndoles por haber cenado tres noches con nosotros. No tuve respuesta. Al día siguiente les escribí del aeropuerto, del avión, llegando a casa. Tampoco tuve respuesta. De inmediato me asaltó la duda: ¿estaban molestas o decepcionadas porque esperaban más dinero y el monto que yo había elegido era insuficiente? La duda me atormentaba, pero ya nada podía hacer. Les volví a escribir, preguntándoles si necesitaban más dinero para el dentista y el colchón. No tuve respuesta. Ha pasado una semana y todavía no me escriben. Me siento fatal. Quizás están contentas con los cheques, les di el dinero justo, pero no me escriben porque ya nos vieron, ya cobraron, ahora están ocupadas en sus cosas y se olvidan de escribirme. O tal vez están mortificadas porque piensan que el monto que elegí es demasiado acotado, un arrebato de tacañería, una mezquindad que ellas no merecían. He mirado precios de los colchones más caros y la plata que le di a Camila alcanzaría para el mejor, pero raspando. No sé cuánto gastó Paola en dentistas en Mallorca e Ibiza, debió de gastar una fortuna. Debí darles el doble, o el triple. Creo que el lunes les mandaré más dinero. No quiero que piensen que ahorro a expensas de ellas. Qué difícil es ser un buen padre, yo por lo visto no aprendo.\nUniversitarios venezolanos llaman a sumarse a protesta convocada por Guaidó\nvotarTotal 1237 votos


centralita virtual – Snell\nConsejos para elegir la mejor centralita para tu empresa\n¿Recibes un gran volumen de llamadas en el teléfono de tu empresa? ¿Quieres disponer de un buen servicio de atención al cliente? ¿Necesitas que la comunicación interna de tu negocio sea más fluida? Quizás debas plantearte la opción de tener una centralita. Esta decisión puede en un principio parecer complicada para aquellos que no están al día en este tipo de servicios, pero te aseguramos que no lo es.\nSnell pone a disposición de las empresas un servicio de centralita …


DO! Smart City Destaca los Desafíos de la Electromovilidad en Chile\nMesa de Trabajo de DO! Smart City Destaca los Desafíos que impone la Electromovilidad en Chile\nDurante sus intervenciones los expositores coincidieron en que el paradigma tradicional de la distribución energética está cambiando hacia un patrón bidireccional, donde productores y consumidores se funden para convertirse en “prosumidores”.\nLa electromovilidad presenta desafíos tecnológicos, operacionales, regulatorios y legislativos que deben ser resueltos en el más breve plazo, fue la principal conclusión a la que llegaron los participantes de la mesa de trabajo sobre el tema organizada por DO! Smart City (DSC).\nLa instancia, que tuvo su primera sesión en el marco del congreso DO! Smart City Santiago 2018, se reunió por segunda vez en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica, congregando a un variado grupo de representantes del sector púbico, del sector privado y de la academia, para analizar las oportunidades y retos de aplicarla electromovilidad en ambientes urbanos en Chile.\nEn este segundo encuentro participaron: Enzo Sauma, Director del Centro de Energía UC, Ingeniería 2030 y del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (CEDEUS), quien se refirió a los desafíos de la electromovilidad; Andrés Rebolledo, ex Ministro de Energía, que abordó el tema de la e-mobility; Leonardo Leyton, especialista senior de movilidad eléctrica de ENEL X, quien se centró en el desarrollo y perspectivas del mercado de la electromovilidad en Chile; y Eduardo Soto, CEO de Phineal, que trató el tema de Blockchain, energía solar y electromovilidad. Moderó la conversación Juan Carlos Muñoz, Director de CEDEUS.\nDurante sus intervenciones, los expositores coincidieron en que el paradigma tradicional de la distribución energética está cambiando hacia un patrón bidireccional, donde productores y consumidores se funden para convertirse en “prosumidores”. Ello impone el desafío tecnológico de incorporar energías renovables a nivel masivo; el reto operacional de resolver el tema de las estaciones y formato de carga de los vehículos eléctricos y del almacenamiento de baterías; como también el desafío regulatorio asociado a la discusión de la ley de eficiencia energética y la nueva ley de distribución eléctrica, sostuvieron.\nOtro tema abordado por el panel de expertos fue el de la progresión geométrica que describe el crecimiento de la electromovilidad en el mundo, que suma 4 millones de vehículos eléctricos en todo el planeta, de los cuales, una cuarta parte se vendió en 2017. Este rápido avance, explicaron, está dado por los avances tecnológicos principalmente en las baterías, que han disminuido considerablemente el precio de los vehículos eléctricos, los que podrían equiparar al de los convencionales en menos de una década.\nEn lo que respecta al abastecimiento para la electromovilidad, agregaron que nuestro país cuenta con importantes ventajas comparativas, debido a que cuenta con las mayores reservas de litio a nivel mundial y gran disponibilidad y variedad de energías no renovables.\nDSC a la Vanguardia\nSobre la temática abordada en esta nueva mesa de trabajo, Lorena Santana, Directora Ejecutiva de DO! Smart City (DSC),señaló que el objetivo de DSC es precisamente estar a la vanguardia de los tópicos que atañen a las ciudades inteligentes. “En ese sentido, la electromovilidad es un tema que ya se está haciendo realidad en Chile con el programa Tercer Milenio del Ministerio de Transportes, que incluye la incorporación de 200 buses y 60 taxis eléctricos a la red del Transantiago a partir de noviembre próximo”, señaló.\n“De ahí la importancia de reunir a los cuatro pilares que conforman a las smart cities, como son el sector público, el sector privado, la academia y el ciudadano organizado, para analizar iniciativas vinculadas al desarrollo de las mismas y generar soluciones y respuestas a los problemas que enfrentan hoy las ciudades y la ciudadanía”, destacó.\nPor último, Lorena adelantó que el próximo 25 de octubre se realizará una tercera mesa de trabajo que abordará la electomovilidad aplicada a la minería y el camino hacia el “cobre verde”.\nCuatro claves para obtener financiamiento a través ...\nEMPRENDEDORES: Nueva Convocatoria de Innovación Abierta InsureTech Seguros Falabella y ...


Venecia vuelve a tener agua cristalina por la cuarentena\nEstuve dando una gran dicción los humanos fuéramos realmente estuviéramos acabando el mundo así es como en esos días que visto un cambio significativo en la naturaleza y el medio ambiente te iba la 49 es humanos por el corona.\nPrueba de ello son los hermosos canales de Venecia Italia que hoy recobra su color cristalino. Entre las truchas calles de agua se pueden ver peces, animales, incluso algunas gaviotas se pasean por este lugar como si fuera parte de su terreno que un día le quitaron los humanos.\nEl principal motivo por el que las aguas se ven cristalinas es porque ya no hay paso de embarcaciones por este lugar. La ciudad que suele estar lleno de turistas, hoy ofrece una mirada muy diferente en tan sólo 15 días.\nPero Venecia no ha sido la única ciudad beneficiada ambientalmente por lacuarentena, ya que en el norte Italia lugar que oís epicentro del brote de coronavirus se produjo una disminución significativa en los niveles de dióxido de nitrógeno. Aunque la cuarentena a sido difícil sobrellevar para muchos humanos por lo menos para el medio ambiente a sido de gran ayuda.\nEntrada anterior Pingüino aprovechó cierre del acuario por coronavirus para conocer nuevos amigos\nSiguiente entrada Perrito llora porque no puede entrar al parque a jugar por la cuarentena


Sentenciado a cadena perpetua por asesinar a una mujer y sus hijas | EL SOL NewsSentenciado a cadena perpetua por asesinar a una mujer y sus hijas - EL SOL News\nEl implicado había sido condenado a la pena de muerte, pero al ser abolida deberá pagar con la cárcel el resto de su vida\nNEW HAVEN.- Un hombre condenado a la pena de muerte por asesinar a una mujer y a sus dos hijas durante una invasión de hogar en 2007 fue sentenciado de nuevo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad.\nLa pena por cárcel de por vida fue dictada porque el Estado abolió la pena de muerte en 2012.\nUn juez superior de New Haven sentenció a Joshua Komisarjevsky a seis cadenas perpetuas consecutivas.\nEl involucrado se convirtió en el tercer condenado a muerte de Connecticut, cuya sentencia fue cambiada a cadena perpetua desde que la Corte Suprema de Connecticut dictaminó el año pasado que la pena capital violaba la prohibición de la constitución del Estado al considerarla un castigo cruel e inusual.\nOtros ocho presos condenados esperan nueva sentencia.\nKomisarjevsky y Steven Hayes fueron condenados a la pena de muerte por asesinar a Jennifer Hawke-Petit y a sus dos hijas, Hayley de 19 años y Michaela de 11.\nEl doctor William Petit, esposo de Hawke-Petit y padre de las niñas, fue severamente golpeado, pero sobrevivió al ataque.\nHayes fue condenado de nuevo el mes pasado a cadena perpetua.\nLa familia Petit optó por no asistir a la audiencia del martes pasado porque no tenían nada que añadir a sus declaraciones sobre la primera condena de Komisarjevsky en 2012, manifestó el fiscal Gary Nicholson.\nPetit, que ahora es candidato a un asiento en la legislatura estatal, se apuso a la abolición de la pena de muerte en Connecticut.\nLos abogados de Komisarjevsky habían trabajado para evitarle la pena de muerte mediante la descripción de los abusos sexuales que sufrió cuando era niño.\nEl jurado y el juez, que habían sido sometidos a distintos tipos de pruebas incluyendo fotos de las camas carbonizadas, una cuerda utilizada para atar la familia y fotos de la autopsia, no se inmutaron y condenaron a la pena muerte a Komisarjevsky. Con la abolición de la pena capital, fue sentenciado a cadena perpetua.\nDe acuerdo con las investigaciones, Komisarjevsky había seguido a Hawke-Petit y a Michaela desde un supermercado hasta su casa.\nKomisarjevsky y Hayes regresaron a la casa Petit en medio de la noche mientras la familia dormía para entrar a robar.\nPetit fue golpeado y atado en el sótano. Michaela y Hayley estaban atadas a sus camas. Por la mañana, Hayes tomó a Hawke-Petit para obligarla a ir a un banco para retirar dinero.\nKomisarjevsky se quedó en la casa y atacó sexualmente a Michaela, mientras que Hayes fue declarado culpable de agredir sexualmente a la madre, según la declaración jurada.\nDespués de que Hayes y Hawke-Petit regresaron a la casa, Hayes la estranguló y le quitó la vida ahogándola con sus manos.\nKomisarjevsky y Hayes luego rociaron la casa y las camas con gasolina, le prendieron fuego y huyeron. Ellos fueron capturados después de chocar el automóvil que robaron de los Petit con una patrulla de la policía.\nLas niñas que permanecieron atadas en la casa murieron por inhalación de humo.\nPetit sobrevivió después de escapar del sótano, mientras la casa estaba en llamas, finalizaron las autoridades.


Vuelos baratos Barcelona Tucuman - B the travel brand\n>Vuelos baratos de Barcelona a Tucuman\nVuelos baratos desde Barcelona Tucuman\nB the travel brand te ofrece todas las ofertas de vuelos baratos de Barcelona a Tucuman.Utiliza nuestro buscador para encontrar los billetes de avión desde Barcelona más baratos del mercado. Buscamos en las principales aerolíneas incluyendo las compañías low cost.\n¡En B the travel brand disponemos de una amplia selección de vuelos baratos a Tucuman, utiliza nuestro buscador para encontrarlos. Buscamos ofertas en todas las aerolíneas, incluidos vuelos low cost y vuelos de última hora. Con B the travel brand, pagas siempre el mejor precio por tu billete de avión. Y si tienes flexibilidad de fechas para viajar, en nuestro calendario de precios de vuelos a Tucuman, encontrarás en un vistazo el día más económico para volar. Siempre con la garantía y la tranquilidad que sólo te ofrece tu agencia de viajes online preferida. Además, si reservas ahora tu billete de avión a Tucuman, participarás en nuestro concurso semanal. ¡Encontrar vuelos baratos a Tucuman nunca ha sido más fácil!\tVuelos baratos desde Barcelona


Homenaje a Chavela Vargas, Cesária Évora y Mercedes Sosa. Rebeldía, sentimiento y voz | Revista Pueblos\nÁfrica, América, Castellano, Cultura, Destacados, Género, Reseñas y críticas\nargentinacabo verdecesaria evorachavela vargasisabel duquemachismomercedes sosamexicomusicapobrezaPueblos en papel\nEntrada anteriorAsunción Balaguer: “Siempre ha sido una palabra milagrosa para poder respirar: ¡Libertad!”Entrada siguienteMandatarias de cine: mujeres y política en el séptimo arte\nUn pensamiento en “Homenaje a Chavela Vargas, Cesária Évora y Mercedes Sosa. Rebeldía, sentimiento y voz”\n14 de mayo de 2014 a las 06:43 hrs.\nSoy Caboverdiana y como no podria ser distinto una gran admiradora de esas tres fuerzas de la naturaleza. Enhorabuena por el articulo, me encantó , sobre todo por que nunca me habia parado a pensar sobre las similitudes entre esas tres vidas. Me gustaria, sin embargo, coregirle en un detallhe: – Cesária cantaba descalza para recordar a los niños pobres de su isla, San Vicente, que como ella misma en su infancia, no tienen (“tenían” ya que la realidad ya es bien distinta) zapatos. Esa atitud nada tiene que ver con los colonizadores portugueses. Enquanto al estilo musical, se llama “MORNA” y el aguardiente es “GROGUE”\nSaludos desde Brasil de una caboverdiana residente en España.


VIANDAS CADIZ Croqueta de rabo de toro con patatas “revolconas” - VIANDAS CADIZ\nTienes en casa una comida especial para amigos y aún no sabes qué ponerles de aperitivo o entrante. ¿Qué te parece impresionarles con una ricas croquetas de rabo de toro con patatas “revolconas”? Será todo un acierto y apenas te llevará 15 minutos tenerlas lista. Si no lo crees, sigue leyendo que te contamos cómo hacer este plato gourmet sin apenas pestañear.\nEl rabo de toro es el ingrediente principal de uno de los guisos más tradicionales de Córdoba. Encontrarás este estofado de carne con verduras en otras zonas Andalucía, a veces con el nombre de guiso de cola de toro. Comenzó siendo una receta de las clases populares, que cocinaban las partes del toro que se descartaban tras las corridas de toros. Hoy por hoy la podemos calificar de comida para sibaritas, siendo frecuente encontrar elaboraciones en las que la carne de toro se sustituye por carne de buey o ternera, mucho más fáciles de localizar en el mercado.\nEl guiso de rabo de toro suele llevar entre 2 ó 3 horas de cocción mínima para que quede jugoso. Después te quedaría por delante la fatigosa tarea de convertirlo en croquetas. Pero nada de esto tendrás que “padecer” si utilizas directamente nuestras croquetas de rabo de toro Viandas de Cádiz. Un apetitoso mordisco que preparamos para ti con una cremosa bechamel casera, listo para freírse en unos minutos. Sólo tendrás que preocuparte de servirlas con la guarnición adecuada. Nuestra sugerencia son unas patatas “revolconas” con panceta, ajo y pimentón. Un acompañamiento exquisito a la altura de las croquetas de rabo de toro. Tus amigos quedarán muy sorprendidos y estarán deseando que los vuelvas a invitar.\n12 croquetas de rabo de toro Viandas Cádiz\n30g de panceta adobada\nEn una sartén dorar la panceta picada muy pequeña junto con los dientes de ajo muy picados. Cuando doren a fuego medio-bajo. Añadir el pimentón fuera del fuego y la patata pelada y desmigada, mezclar el conjunto y reservar\nServir las croquetas acompañadas de las patatas y decoradas con cebollino fresco.


Sebastián viajó a Brasil sin apoyo para someterse a tratamiento médico\nEl menor a quien le extirparon por error un riñón sano, será admitido en el Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil de San Pablo.\nMar, 25 / Sep / 2018 11:54 am\nSebastián Justiniano, el niño de 3 años a quien le extirparon por error un riñón sano, aguardó la salida del avión de BoA que lo trasladó hacia el Estado de Sao Paulo, Brasil, donde continuará su tratamiento contra el cáncer.\nEl menor viajó en compañía de sus padres además de especialistas del Ministerio de Salud, que cubrirá los gastos.\nTe puede interesar: Reconocido periodista se ofrece para donar riñon a Sebástian\nFelipe Hurtado, abogado de la familia del menor, informó que Sebastián viajó en un vuelo comercial de Boliviana de Aviación (BoA) en compañía de sus padres, Daniela Poquiviquí y Ever Justiniano, además de dos especialistas del Ministerio de Salud (un nefrólogo y un pediatra de emergencia).\nAdemás para que no tenga complicaciones el pequeño, el lunes fue sometido a una sesión de hemodiálisis.\n"Lo importante es que se pueda controlar el cáncer en el niño, eso nos tiene muy preocupado y su traslado a Brasil nos llena de esperanzas. El tema de la radioterapia y la quimioterapia es muy fuerte para un niño", indicó Hurtado.\nLas enfermedades de Sebastián\nEl menor de 3 años padece de cáncer en los pulmones. Una situación similar tenía en su riñón izquierdo, el cual fue extraído, pero, por error, los médicos también extirparon el riñón derecho, que estaba sano.\nLos gastos médicos ¿quién los asume?\nCon relación a los gastos que erogarán durante la estadía de Sebastián en Brasil, el abogado de la familia indicó que el gobierno de Brasil se interesó en el caso y a través de una especie de favor, gracias a las gestiones de una funcionaria del Oncológico.\n"Pero de que alguien esté corriendo con los gastos en Brasil, no, nadie, para nada. Pero sí lo están haciendo algunas instituciones con relación a los pasajes, el tema del traslado nada más, porque inclusive el tema de la alimentación y hospedaje está corriendo por el hospital brasileño", reveló el abogado en una entrevista cedida a Unitel.\n#Ahora | Directora Ninoska Durán "Dando cumplimiento al compromiso asumido por el Gobierno Nacional y la visita realizada por el Ministro @ArceZaconeta acompañamos a la familia y brindamos todo nuestros espacios para que el niño pueda generar una vida de bienestar integral" pic.twitter.com/hdhFQEV6HY\n— Ministerio Justicia (@MinJusticiaBol) September 25, 2018\nSin embargo, la directora general de la Niñez del Ministerio de Justicia, Ninoska Durán, contradijo las declaraciones del abogado de la familia afectada al señalar que desde el Gobierno se gestionaron los pasajes aéreos para los doctores que acompañan a Sebastián, los padres y el mismo niño.\n"Se coordinó entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud y también la Cancillería para que puedan ser recibidos por la misión diplomática en San Pablo (Brasi)", indicó Durán, a través de un tuit del Ministerio de Justicia.\nLa vida de los esposos Daniela Poquiviquí y Ever Justiniano no es la misma desde el 14 de julio, cuando se enfermó Sebastián, pero su drama es mayor desde el 5 de septiembre, cuando le extirparon el riñón sano en vez del enfermo y luego, tras que el médico fue advertido del error, le sacó el que estaba comprometido con cáncer, por lo que ahora su función renal depende de la hemodiálisis.\nEl Sedes informó de que el Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil (Itase) ha solicitado el envío de muestras del riñón afectado por el cáncer para hacer nuevos estudios.\nNo dejes de leer: Bolivia: Extirpan por error un riñón sano a un niño con cáncer\nPaula Andrea Barajas Fuquen • Bolivia.com • Mar, 25 / Sep / 2018 11:54 am\nTAGS: Brasil, Viajes, Sebastián, Tratamiento, Cáncer, Niño


El eterno hogar de Dwyane Wade | ELJUEGODENAISMITH\n11 Nov, 2016 | Análisis, EEUU, Miami Heat, NBA\nDwyane Wade probó por primera vez cómo son los vestuarios visitantes del American Airlines Arena, quizás le sorprendió la gran diferencia existente entre el lujoso vestidor local y el de los rivales, pero hasta este momento jamás pudo comprobarlo. Sus trece años anteriores en la NBA siempre vistió la camiseta de los Heat, es un año diferente en Chicago.\nSi hubo un movimiento extraño en el pasado mercado de agentes libres en verano, ese fue el que terminó con Wade en su ciudad de origen, Chicago. Los Bulls se mostraron interesados, tal y como ya habían hecho anteriormente en alguna ocasión, y tan solo ofrecían siete millones más de lo que tenía sobre la mesa en caso de continuar en el sur de Florida. La propuesta de Pat Riley no era digna de un jugador franquicia, pero la negativa no venía por la vía económica, digamos que el dinero fue la gota que colmó el vaso en una relación que ya venía deteriorándose años atrás.\nEn 2010 comenzaron los problemas… y los éxitos. De hecho unos están vinculados con los otros. El famoso ‘Big-Three’ fue la razón por la que Wade aceptó rechazar dinero para él a cambio de construir un super equipo que marcaría una época en la NBA. Las llegadas de LeBron James y Chris Bosh supusieron la disputa de cuatro finales de manera consecutiva, y en dos de ellas lograron levantar el título. A Wade le costó dos millones de dólares que ninguno de sus otros dos compañeros tuvieron que ceder. Podríamos decir que valió la pena pero sí que creó un precedente.\nLlegó 2014 y LeBron James fue el primero en tomar la puerta de salida para regresar a su Cleveland natal, había una deuda demasiado grande y se marcó el objetivo de hacer campeón ahora a los suyos. Del ‘Big-Three’ al ‘Big-Two’ y de nuevo mucho dinero sobre la mesa. La franquicia pidió un esfuerzo para tratar de retener a LeBron y tanto Wade como Bosh cedieron, no sirvió de nada. Con el dinero no empleado se subió la ficha de Chris Bosh, pero no se atendió la deuda moral que quedaba con el jugador franquicia del equipo. Wade no estaba contento pero optó por seguir liderando al equipo en una muestra enorme de fidelidad: «He estado en los buenos tiempos y en los malos. Tengo confianza en la organización y el equipo que están construyendo». Llegó Luol Deng, pero jamás volvieron a ser candidatos al título. El primer año post-LeBron no se jugaron los Playoffs y el segundo sí, pero superando tan solo una ronda de postemporada.\nDespués de una carrera entera sin ser el jugador mejor pagado del equipo pese a ser el más importante de su historia, Dwyane Wade decidió salir a la agencia libre para preguntarle directamente a Miami cuánto le querían, obviamente en números. Era el año 2015 y las negociaciones fueron de todo menos fluidas, resultaba extraño ver tanta frialdad entre ambas partes teniendo en cuenta que había más de diez años de relación contractual tras aquellas negociaciones. No se firmó el contrato multianual que deseaba el jugador y sí un año único que le permitía regresar a la agencia libre este pasado verano, cuando entraba en acción el nuevo contrato televisivo. Fueron 20 millones de dólares por esa temporada.\nYa en 2016, la historia es de sobra conocida. En un afán por retener a Hassan Whiteside se olvidaron de Wade, y Wade se cansó de esperar. Una primera oferta más propia para un jugador de banquillo fue como una declaración de intenciones, los Heat le mostraban la puerta de salida al que había sido un jugador comprometido y con buen rendimiento durante 13 años. La ambición de Pat Riley por traer a Kevin Durant y retener al gigantón Whiteside acabó por romper un cuento de hadas. Dwyane Wade hacía las maletas y regresaba a Chicago, la ciudad en la que se crió.\nAtrás quedan trece años inolvidables para el público de Miami, que ovacionó al ahora jugador de los Bulls al saltar al campo, pero mucho más después de que se proyectara en el marcador un vídeo con las mejores imágenes de su trayectoria en el sur de Florida. Sus números son incuestionables, y es que Wade es líder absoluto del equipo en partidos jugados, minutos, victorias, tiros lanzados y convertidos, asistencias, lanzamientos libres, recuperaciones de balón y asistencias.\nDwyane Wade fue seleccionado por Miami en el Draft de 2003 y estuvo muy cerca de convertirse en un ‘one man club’ con los Heat. Es, sin lugar a dudas, el jugador más representativo en toda la historia de la franquicia, da igual que se haya marchado. Al menos este jueves el público de Miami sí le pagó como debía en gestos de cariño y aplausos, dejando claro cuál es su eterno hogar.\nAnteriorMiami recibe con honores a Dwyane Wade\nSiguienteCurry vuelve a las andadas con sus triples circenses\nKristaps Porzingis hace un completo: tapón y mate\nRussell Westbrook es el MVP del All Star Game con 41 puntos\nLas 100 mejores jugadas del 2016 en la NBA\nSergio Rodríguez: «La experiencia que tengo ahora es distinta a la que tenía en 2006»


A un ladrón de bicicletas | EL PAÍS Semanal | EL PAÍS\nA un ladrón de bicicletas\n¿Te puedo preguntar por qué? La última vez fue la canasta. Hoy, el asiento. Te robarías los pedales, si pudieras\n24 ago 2015-21:52 UTC\nHace unos meses, después de que se robaran por enésima vez el asiento de mi bicicleta, decidí escribirle una carta al ladrón del barrio. Les pedí a varias personas que me enviaran una línea dirigida a sus propios ladrones de bicicleta. Muchas personas respondieron. Con sus frases, compuse esta carta colectiva, que luego pegué por el barrio. En semanas subsecuentes, aparecieron por el barrio otras cartas, de otras personas cuyas bicicletas habían sido robadas. No ha habido robos en dos semanas. Reproduzco aquí un fragmento de la carta, en traducción de Elvira Liceaga, para que pueda ser utilizada de la forma que sea por todos a cuantos se les haya privado del privilegio de montarse un día a su bicicleta.\nDecidí escribirle una carta al ladrón del barrio. No ha habido robos en dos semanas\nQuerido ladrón de bicicletas: ¿Te puedo preguntar por qué? ¿Por qué te robas partes de mi bicicleta? La última vez fue la canasta. Hoy, el asiento. Te robarías los pedales, si pudieras. Te robarías la pintura y las calcomanías, si pudieras. Mi hija dice que debes de estar armando tu propia bicicleta con partes de las nuestras. Una vez robaste la bicicleta de mi madre. Tiene 64 años y esa era su primera bicicleta. Se le iluminaban los ojos cada vez que la montaba. El verano pasado te robaste la bicicleta de mi amiga. Te robaste su forma de transporte, pero además, una de sus pocas fuentes de alegría. ¿No tienes mejores cosas que robar? ¿No aprendiste nada de Vittorio de Sica, ordinario filisteo? Robar bicicletas es el crimen más antisocial que existe. Tal vez no te importe, pero me parece que deberías saberlo. No puedo pagar una nueva bicicleta todos los años. Pero todos los años repites la historia. Eres como el Pierre Menard de los ladrones de bicicletas. ¿Sabías que por robar una bicicleta son siete años de mala suerte? No me malinterpretes. No te deseo verdadero mal, pero espero que te raspes los tobillos con cada pedal que te topes.


Petición · No a la supresión de la subsidiación de préstamos VPO con carácter retroactivo. · Change.org\nCoordinadora Nacional de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos VPO ha iniciado esta petición dirigida a Iñigo de la Serna y\nExcmo. Sr. Ministro de Fomento:\nNO SE PUEDE suprimir la subsidiación de los préstamos VPO con carácter retroactivo a más de 300.000 familias.\nNO SE PUEDE suprimir la prórroga de estas ayudas. La disposición adicional segunda de la Ley 4/2013, que ha introducido su Gobierno, vulnera los principios más básicos de legalidad, seguridad jurídica e irretroactividad avalados por la normativa europea. Incumple los principios de buena fe y confianza legítima, y menoscaba el derecho a la vivienda que establece nuestra Constitución. Los afectados tenemos reconocidas estas ayudas en los visados de compraventa emitidos por la Administración. Suprimir la renovación significa suprimir retroactivamente unos derechos que tenemos adquiridos.\nNO SE PUEDE tampoco denegar la renovación de las ayudas, como hasta ahora ha ido haciendo su Ministerio, en base a unos criterios interpretativos del artículo 35 del RDL 20/2012. Y NO SE PUEDE dos años después rectificar los criterios y no admitir el daño innecesario provocado a las familias, que han tenido que acudir hasta ahora a la justicia para hacer valer su derecho, así como no dar la posibilidad de renovar a aquellos que, desinformados por la propia Administración, no ejercieron su derecho a la renovación.\nNO SE PUEDE ahora negarles de nuevo su derecho no abriendo un plazo extraordinario de 6 meses.\nNO SE PUEDE dejar ahora sin ayudas a miles de personas, más de 300.000 familias, que en su día accedieron a una VPO cumpliendo todos los requisitos legales. NO SE PUEDE dejar a los afectados sin las ayudas, NO PUEDEN HACER ESO.\nPor todo ello, le instamos a que dé marcha atrás en este atropello a los derechos adquiridos y reconocidos de todos los compradores de viviendas protegidas.\nLa Coordinadora Nacional de Plataformas de Afectados por la Supresión de la Subsidiación de Préstamos Protegidos VPO.


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